Clásico de obligada lectura para los que deseen conocer a fondo la revuelta de los comuneros. El libro ayuda a alejarnos de los estereotipos que, a lo largo del tiempo, han querido mostrarnos a los comuneros como románticos liberadores del pueblo oprimido, o como poco menos que brutos xenófobos y fanáticos que se oponían a la modernidad. Esta obra de Pérez abunda en datos, y detalla bien el contexto histórico, económico y social en que se produce la revuelta. Se detallan bien todas las partes de la contienda, no sólo la de los rebeldes. Muestra la complejidad de los acontecimientos, puesto que ni los comuneros eran un grupo homogéneo de personas, ni la revuelta siguió siempre la misma dirección, a pesar de mantener cierta coherencia. Un libro tal vez muy especializado, pero que se lee con deleite.

Joseph Pérez

La revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521)

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hermes10 26.10.14

Título original: La révolution des «Comunidades» de Castille (1520-1521)

Joseph Pérez, 1970

Traducción: Juan José Faci Lacasta

Ilustraciones: Antonio Gisbert, Los comuneros, detalle de Juan Padilla

Diseño de portada: Martí Llorenz

Editor digital: hermes10

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LOS COMUNEROS EN 1976

Este libro se acabó de escribir en 1969; el texto es el mismo que el de la edición francesa que se publicó a fines de 1970. Han pasado cinco años pero no veo motivo para revisar lo que pensaba entonces y sigo pensando ahora del movimiento comunero. Mi interpretación queda fundamentalmente la misma, a pesar de algunas rectificaciones secundarias que voy a señalar a continuación y que no modifican las líneas generales de lo que tengo escrito. Conviene tener en cuenta ahora nuevos datos sobre la gobernación del reino en tiempo de las Comunidades[1], sobre lo acontecido en la ciudad de León[2] y en la provincia de Guipúzcoa[3]; se hace imprescindible sobre todo la consulta del inteligente libro de Juan Ignacio Gutiérrez Nieto que, aparte de un fino y completísimo estudio sobre la historiografía de las Comunidades, llama poderosamente la atención sobre la importancia de los movimientos antiseñoriales en la contienda[4]. Quiero dejar sentada mi adhesión a tal planteamiento, lo cual creo que no será ninguna novedad para nadie.

¿Significa esto que todo esté resuelto? En absoluto. El tema de los comuneros sigue interesando e intrigando. Luis López Álvarez le dedica un largo y emocionante romance, buena prueba de que Padilla, Bravo y Maldonado viven todavía en la memoria colectiva del pueblo castellano[5]. Desde el campo de la investigación histórica, el último simposio de estudios toledanos que se celebró en abril de 1975 ha permitido una fecunda confrontación que el profesor Manuel Fernández Álvarez ha sabido valorar[6]. Varias ponencias, entre ellas las de Eloy Benito Ruano y de Benjamín González Alonso, plantearon un problema de fondo sobre la interpretación general del fenómeno comunero. La primera ve en las Comunidades una consagración de actitudes anteriores, una continuidad más bien que una ruptura en el devenir histórico de Castilla: el movimiento arranca de una plataforma medieval. Las observaciones de Benjamín González Alonso establecen un paralelismo entre la sentencia compromisoria de 1465 y lo ocurrido en 1520: en ambos casos, se dan peticiones que son reflejo del respectivo contexto histórico; la comparación permite destacar el profundo legalismo de los comuneros: ellos no propugnan la sustitución del orden legal vigente; exigen sólo que se respeten las leyes, los fueros, las libertades. Ellos no discuten la superioridad de la real pragmática: quieren que el rey apruebe sus proyectos, lo cual significa el reconocimiento de la autoridad absoluta del rey. Lo mismo Eloy Benito Ruano que Benjamín González Alonso ponen pues en duda el aspecto revolucionario y moderno de las Comunidades; Pierre Chaunu, en una obra reciente, llega a conclusiones semejantes[7].

Mi propia ponencia en Toledo pretendía precisamente llamar la atención sobre este problema: tradición e innovación. El lenguaje de los comuneros es evidentemente arcaizante; ellos se refieren a leyes, conceptos, teorías que pertenecen a la época medieval; de eso no me cabe la menor duda. Pero ¿significa esto que los comuneros estén prisioneros del pasado? No lo creo por dos motivos.

El primero es circunstancial. Tácticamente un revolucionario puede tener interés, no en ocultar sus intenciones, sino en presentarlas como la mera continuación del pasado. Todas las revoluciones buscan así una repristinación, un retorno a un estado que se considera ideal y traicionado por abusos recientes. En este sentido los comuneros procuran entroncar con una tradición legalista anterior, conclusiones semejantes.

Pero hay más: más importante que el derecho es la manera de llevarlo a la práctica. Y la práctica de los comuneros difiere mucho de su teoría. Su teoría es la que apunta Benjamín González Alonso: respeto de las leyes, reconocimiento de la autoridad real que tiene que aprobar las propuestas de la Junta. La práctica es la que revelan, por ejemplo, las discusiones con el Almirante de Castilla: está claro que lo que pretenden en realidad los comuneros es obligar al rey a conformarse con la Junta, imponerle la reorganización del reino. El Almirante está conforme con muchas peticiones de los comuneros, con casi todas; pero se opone a ellos en «la forma del pedir»: para el Almirante, conviene suplicar al rey; para los comuneros, el rey está obligado a aceptar lo que propone, lo que le impone el reino. En la «forma del pedir» va envuelta una práctica que no deja lugar a dudas: la teoría puede considerarse como aparentemente respetuosa de la tradición, pero la práctica tiene un carácter marcadamente revolucionario, ya que implica la subordinación del rey al reino. La tradición encubre la innovación. Sigo pensando que las Comunidades presentan un carácter moderno. Por eso no he creído oportuno revisar mi posición de 1969. El lector y la crítica tienen ahora la palabra.

INTRODUCCIÓN

¿Por qué haber dedicado un libro tan voluminoso a un acontecimiento que ocupa tan corto espacio de tiempo en la historia del Dieciséis español? La revuelta de las comunidades comenzó en Toledo, en abril de 1520. Prosiguió todavía hasta febrero de 1521 en Toledo; ¿qué supone un año, o todo lo más 22 meses, en la vida de una nación?

Y, sin embargo, este acontecimiento tuvo una profunda influencia en el destino posterior de España. Durante más de doscientos años pareció haber sido olvidado, perdido en los fastos del Siglo de Oro. Pero en el siglo XVIII se inicia la crítica de los Habsburgos y el liberalismo militante del siglo XIX redescubre a los comuneros, convierte en mártires a sus jefes y enarbola la bandera de su nombre para luchar contra el absolutismo. Villalar se convierte, así, en un dato histórico de importancia nacional y Padilla, Bravo y Maldonado son promovidos al papel de grandes hombres y de precursores. Su derrota señala el comienzo de la decadencia, el fin de la libertad y de las independencias nacionales; un soberano extranjero utiliza para su provecho personal los recursos de una España sometida. Le consigue un imperio pero también la ruina[8].

Tal es la imagen que aporta la tradición liberal y que se impuso durante más de una centuria hasta que una serie de ensayistas, primero, y de historiadores, después, la ponen en cuestión. Ganivet sugirió, en 1898, la tesis que más tarde desarrollaría el doctor Marañón. Según ella, no eran los progresistas los comuneros, como se había pensado antes, sino Carlos V, preocupado por conseguir la apertura de España a las nuevas corrientes del mundo moderno, a los valores europeos y que se vio obligado, por tanto, a romper la resistencia de los campeones del pasado, de la tradición y de las viejas costumbres. Después de Villalar comienza la era gloriosa de España, su preponderancia en Europa y el brillo del Siglo de Oro. Manuel Azaña y Noel Salomón, el primero en una crítica despiadada a Ganivet, el segundo en un trabajo escrito en 1946 y que no ha sido publicado, volvieron a aceptar, en sus líneas esenciales, la interpretación liberal. Posteriormente, la autoridad del doctor Marañón puso fin a la discusión para el gran público culto y para los medios universitarios. Siguiendo sus teorías, y sin pestañear ante el anacronismo, situaron a los comuneros a la derecha y a Carlos V a la izquierda.

Así pues, el hispanista se encontraba en 1956 con dos imágenes antitéticas, diametralmente opuestas pero que, no obstante, concordaban en un punto: ambas concedían una importancia determinante al episodio de las Comunidades; Villalar señalaba el principio de una transformación importante. Fue precisamente la coincidencia respecto a la importancia crucial del acontecimiento y la divergencia respecto a su interpretación las que llamaron nuestra atención. ¿Qué es lo que desaparece y qué es lo que nace en 1521? ¿Qué significación hay que conceder a esta revuelta que sigue inmediatamente al advenimiento al trono del emperador? ¿Se trataba de un preludio al Siglo de Oro o del último destello de una independencia que se extingue? ¿Supuso esta guerra civil una verdadera modificación de los destinos de España? Y en caso afirmativo, ¿en qué sentido?

Habíamos interrogado a los historiadores y éstos se contradecían. Habíamos leído las crónicas pero hacía falta interpretarlas. Decepcionado por unos y otras decidimos tratar de examinar el problema desde una posición más próxima, volviendo a las fuentes, y así pudimos constatar que se hallaban todavía sin explotar y que a menudo se citaban sin haberlas consultado. ¿Se podría al menos aceptar la narración de los hechos? Pronto comprobaríamos que no. En un principio habíamos pensado que podríamos partir del relato de los hechos realizado por los historiadores y los cronistas, para dedicarnos esencialmente a su interpretación. Pero luego descubrimos las lagunas existentes en la cronología y los errores de la historiografía.

Habíamos leído a propósito de la Junta de Ávila que ésta había agrupado desde principios de agosto de 1520 a los delegados de quince ciudades; pero pudimos constatar que solamente cuatro ciudades habían enviado a sus representantes. Los historiadores dedicaban gran atención a la traición de don Pedro Girón, pero tras el examen atento de los documentos su defección nos parecía mucho menos evidente. He aquí, pues, que nos hemos visto obligados a escribir una nueva crónica de los acontecimientos, a precisar la cronología y a establecer los hechos que queríamos interpretar. Hemos dedicado a esta tarea varios capítulos del libro. Los consideramos de utilidad ya que presentan una introducción indispensable al estudio de la geografía, la sociología y la ideología del movimiento comunero, así como a sus consecuencias y sus repercusiones.

La interpretación que aquí ofrecemos no es fruto de una idea preestablecida sino que fue modelándose a medida que avanzábamos en nuestra investigación. De las dos teorías contrarias, la que más nos seducía en principio era la de los liberales, ya que la considerábamos más plausible a pesar de sus evidentes anacronismos. Las obras que habíamos consultado y el trabajo de archivo demostraban que los comuneros no eran representantes de una ideología feudal, que combatían a la nobleza tan encarnizadamente como al poder real y que en conjunto representaban, en efecto, a las clases medias o tercer estado tan caros a los liberales del siglo XIX. Al mismo tiempo presentíamos que la interpretación liberal concedía una excesiva importancia al aspecto político de la lucha de las Comunidades. Nos parecía indudable que los factores económicos habían tenido también una influencia nada despreciable en el curso de los acontecimientos. Los primeros resultados de nuestro trabajo nos permitieron formar una hipótesis de partida. Así, constatamos que los comuneros no presentaron un frente unido y que ciertas regiones y ciudades se unieron desde un principio a la rebelión permaneciendo fieles hasta el final, mientras que otras se separaron muy pronto o se negaron a adherirse a ella. Especialmente, las posiciones de Burgos y Segovia nos extrañaban profundamente. Burgos, ciudad mercantil, había abandonado muy pronto la causa de la Junta, y, por su parte, Segovia, ciudad manufacturera, había persistido en su actitud hasta el final. ¿No sería posible que detrás del episodio de las Comunidades existieran intereses económicos opuestos, los de los exportadores de lana y de los grandes comerciantes contra los productores y, en definitiva, el centro contra la periferia?

Para verificar esta hipótesis hemos intentado, ante todo, concretar de la manera más precisa posible el área geográfica de la rebelión y su sociología. ¿Quiénes formaron parte de las huestes comuneras y quiénes no?, y ¿qué razones impulsaban a unos y a otros? Asimismo, para llegar a comprender lo que sucedió era necesario analizar la situación económica y social de Castilla en la década de 1520. En este sentido, la bibliografía presenta lagunas importantes que han dificultado enormemente nuestra labor. Ramón Carande ha realizado un brillante estudio de la economía castellana en el reinado de Carlos V, pero su obra aporta datos decisivos especialmente para el período posterior a 1525. Sin embargo, faltan estudios rigurosos para el período inmediatamente anterior, que era el que realmente nos interesaba. En la actualidad existen obras importantes sobre la Castilla de los Reyes Católicos, pero generalmente se detienen a la muerte de Isabel (1504), y los trabajos consagrados a la regencia de Cisneros descuidan los aspectos económicos. Nuestras investigaciones nos inclinan a situar los pródromos de la crisis que estalló con motivo de la partida del emperador, en fecha anterior a 1520, e incluso a 1516. Por desgracia no existen estudios precisos, con datos y bien documentados sobre el período 1504-1520 ó 1525, que podrían habernos servido de referencia. En consecuencia nos hemos visto obligados a improvisarlos, y a ellos hemos dedicado la primera parte de nuestro libro. Naturalmente, los resultados que ofrecemos presentan un carácter provisional ya que nos adentramos en un terreno, la economía, que no nos es familiar. No tienen otra pretensión que la de plantear ciertos problemas y ofrecer algunas sugerencias.

Conforme proseguíamos nuestra tarea investigadora, algunas de las hipótesis formuladas iban siendo confirmadas. Especialmente, los historiadores Giménez Fernández y Maravall llegaban a conclusiones muy similares a las nuestras. Esto nos animó a llevar hasta el final nuestro trabajo y a presentar los resultados y conclusiones definitivos de nuestra encuesta. En lo esencial vemos a los comuneros en forma muy similar a como los veían Martínez de la Rosa o Ferrer del Río. Sin duda, eran miembros de las capas medias de la sociedad que se levantaron contra la nobleza y el poder real; pero sus motivaciones nos parecen más complejas. No fueron realmente los abusos de la administración del grupo de consejeros flamencos venidos con el emperador lo que les impulsó a la rebelión sino, ante todo, las profundas contradicciones de la sociedad castellana, que quedaron patentes tras la desaparición de los Reyes Católicos: crisis política, económica y social que opone el centro a la periferia, los productores a los exportadores, las clases medias a la aristocracia. En este sentido, la victoria de Carlos V comprometió el destino de Castilla durante un largo período. Creemos que la tentativa de los comuneros, pese a la brevedad, a su duración y al fracaso final, merecía un estudio en profundidad. Pero, quizás hemos concedido excesiva importancia al acontecimiento. Esto es el lector quien debe juzgarlo.

PRIMERA PARTE

CASTILLA EN 1520

La revolución que vamos a estudiar en este libro tuvo por escenario las mesetas de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, dos conjuntos geográficos perfectamente caracterizados, separados por altas montañas, al norte, de la región del Cantábrico, y que quedan limitados en el Sudeste por el ensanchamiento disimétrico de Sierra Morena. Sobre esta masa cuadrangular que constituye la meseta con su monótono horizonte dominado por sierras de una altura superior a los 2000 metros en muchas ocasiones, y con sus inmensas superficies de erosión de una altitud media superior a los 600 metros, se ventiló, en las primeras décadas del siglo XVI, el destino de la España de los Tiempos Modernos. Fue en la región comprendida entre el Duero y el Tajo en la que los comuneros intentaron imponer sus destinos y donde fracasaron en su intento. En ella se hallaban, a comienzos del siglo XVI, las tierras productoras de trigo, las ciudades más importantes y la red de caminos más tupida de la Península. También en ella se concentraba la mayor densidad de población en torno a diversos polos de crecimiento. Por razones históricas seculares esta zona sé había convertido en el crisol de España, y desde el último tercio del siglo XV unos reyes inteligentes habían comenzado a explotar los recursos de una economía y de una demografía en expansión para fundar un estado moderno y dinámico. La guerra civil que estalló en 1520 nos obliga a plantearnos una serie de interrogantes: ¿Qué era verdaderamente Castilla en los albores del siglo XVI? ¿Quién participaba en la vida política y en qué condiciones? ¿Se agrupaba la nación en torno a unas cuantas ideas directrices fundamentales, y de ser así, cuáles eran éstas? Es imprescindible reflexionar sobre estas cuestiones si se quiere llegar a comprender la profundidad de la crisis de 1520. Ante todo debemos tratar de realizar una estimación de la población castellana, sobre todo en las ciudades, núcleo de desarrollo del movimiento comunero. ¿Hasta qué punto esta revolución, esencialmente urbana, manifiesta una vitalidad y un dinamismo propios de los centros con mayor densidad demográfica? La constatación de la aparición de ciertas divisiones en el seno del movimiento desde fecha muy temprana nos llevó a formular una hipótesis de trabajo: posiblemente, estas divergencias ocultan oposiciones fundamentales, de orden económico. Para poder verificar esta hipótesis había que analizar primero la situación de la economía castellana a comienzos del siglo XVI. En este punto se plantea una interrogante a la cual hemos tratado de encontrar respuesta: ¿Era compatible la protección de la Mesta y de las exportaciones de lana con el deseado desarrollo de la industria textil? ¿No surgiría antes o después un conflicto de intereses entre los exportadores y los industriales? Allí donde veamos que aparece esta oposición entre ambos grupos habremos de considerar su influencia sobre los acontecimientos políticos de 1520-1521. Sin pretender adentrarnos en el terreno de la historia económica, que no conocemos bien, nos ha parecido necesario reflexionar sobre estos problemas que afectan directamente a nuestras hipótesis de trabajo. Hemos tratado de realizar una aproximación general a la organización de la vida tanto en la ciudad como en el campo; cuáles eran los polos de crecimiento y las opciones económicas posibles a principios del siglo XVI; y, finalmente, cuáles eran las fuerzas sociales activas en este momento.

1. UN PAÍS EN EXPANSIÓN

Todos los historiadores están de acuerdo en aceptar el desarrollo de la economía castellana a partir de la segunda mitad del siglo XV y muy especialmente durante el reinado de los Reyes Católicos, que supieron aprovechar las oportunidades de una coyuntura favorable. Pierre Vilar ha resumido en una frase la conclusión a la que han llegado todos los investigadores: «Durante todo el último tercio del siglo XV la historia de Castilla sugiere sin cesar el empleo de una misma palabra: la palabra expansión[9]».

En efecto, en la doble monarquía de los Reyes Católicos fue Castilla, sin lugar a dudas, la que ocupó el lugar más importante, por razones esencialmente demográficas y económicas. El hecho más sobresaliente fue el crecimiento del centro en contraste con la periferia, crecimiento que comenzó en el siglo XV y que se prolongó aproximadamente hasta el último tercio de la centuria siguiente. Han sido numerosas las discrepancias que han surgido entre los historiadores a la hora de determinar el alcance y la naturaleza de esta expansión. No vamos a intentar aquí participar en un debate para el cual no estamos suficientemente preparados, pero resulta obligado que dediquemos nuestra atención a algunos problemas por su posible incidencia sobre la crisis de 1520.

I. LA TIERRA Y LOS HOMBRES

1. Movimiento de población

Los estudios demográficos no pueden ser de una gran precisión para las sociedades antiguas. En muchos casos hay que contentarse con aproximaciones más o menos satisfactorias. Los censos, cuando existen, responden a necesidades y preocupaciones fiscales o militares. En España, no ofrecen, pues, más que el número de personas sometidas a los impuestos, los pecheros. Otra dificultad no menos importante se plantea por la manera de realizar los cálculos. Las cifras que se conservan son las de los vecinos, o fuegos, y es necesario multiplicarlas por un coeficiente adecuado a fin de obtener la cifra real de habitantes. Los historiadores no se muestran de acuerdo a la hora de señalar este coeficiente. Bennassar y Domínguez Ortiz afirman que a las ciudades debe aplicarse un coeficiente más elevado que para el campo y proponen respectivamente las cifras de 5 y 4. Parece que, para el conjunto del territorio castellano 4,5 es el más adecuado y, de hecho, es el que aceptan los mejores historiadores[10].

Para la época que estamos estudiando no disponemos más que los censos de Quintanilla (1482), y los de 1530 y 1541. Todos han sido aceptados con reservas por los historiadores que han tratado de interpretarlos y corregirlos[11].

Alonso de Quintanilla trató de calcular la población de manera que proporcionara una base estadística sólida para el reclutamiento militar. Para el conjunto de las regiones de la Corona de Castilla (Castilla propiamente dicha, León, Toledo, Murcia y Andalucía a excepción de Granada) da una cifra de 1.500.000 vecinos, lo que supone cerca de siete millones de habitantes, cifra considerada de manera casi unánime como excesivamente exagerada.

El censo de 1530 no incluye más que a los pecheros y además excluye a varias regiones (Orense, Mondoñedo, Tuy, Granada). Da la cifra de 686.641 vecinos, que Carande estima muy inferior al número real.

Al igual que el anterior, el censo de 1541 se refiere sólo a los pecheros, cuyo número establece en 891.454. Tras las rectificaciones que ha llevado a cabo el profesor Carande, se puede estimar en 1.254.333 vecinos la población de los dominios castellanos, lo que supone 5.600.000 habitantes, cifra que Pierre Vilar cree que debe ser aumentada hasta 6.300.000.

Considerando estos diversos elementos, parece interesante tener en cuenta las cifras sugeridas por Felipe Ruiz Martín: según él, Castilla contaría con 4.500.0000 habitantes en los albores del 1500 y 6.500.000 a finales de la centuria[12]. En 1520, su población rondaría, pues, los cinco millones de habitantes. Todos los historiadores admiten, en efecto, la tendencia al incremento de la población durante la mayor parte del siglo XVI. Este considerable crecimiento demográfico debe ser matizado, no obstante, por algunas consideraciones particulares:

1. ° Castilla era una zona mucho más poblada que Aragón. Tanto las cifras globales como las densidades eran en ella superiores. La población de Castilla debía representar un 77,1 por 100 de la población total de España[13]. Tal es el factor de base que marca la supremacía del centro sobre las regiones periféricas —y especialmente sobre Cataluña— en el Siglo de Oro.

Con una densidad de población de 26 habitantes por kilómetro cuadrado, la meseta de Castilla la Vieja se convierte no sólo en el centro de gravedad política, sino también en el centro de gravedad humana de la Península. Sería extraño que ambos hechos no estuvieran ligados entre sí. Por el contrario, Cataluña, con menos de 11 habitantes por kilómetro cuadrado, era un punto demográficamente débil, escribe Pierre Vilar, que añade:

«En el curso del siglo XVI la densidad de la población catalana no alcanza (independientemente del margen de error posible) la mitad de la densidad humana en los dominios de Castilla. Hemos de reconocer que para explicar la ausencia de los catalanes en las empresas imperiales hay que considerar este contraste demográfico, tanto como una exclusividad jurídica tan rápidamente transformada por obra de tantos extranjeros[14]».

2. ° Ya desde el siglo XV comenzó a manifestarse un importante movimiento migratorio desde las regiones del Norte hacia el Sur. Cientos de familias abandonan las pobres regiones del norte de España para asentarse en la meseta castellana y, más aún, en Andalucía. Así se forman fuertes densidades de población en esta última región así como en las dos Castillas[15].

3. ° Finalmente, existía una clara tendencia a la concentración urbana. La industria, el comercio y las mansiones señoriales atraían con fuerza a los campesinos que no podían lograr su subsistencia en los campos superpoblados. Desde la época de los Reyes Católicos, ciudades como Burgos, Valladolid y sobre todo Sevilla no cesaban de crecer. «En Castilla la Vieja —escribe Bennassar— las localidades más importantes se expansionan, mientras las más pequeñas quedan despobladas, y este movimiento se prolonga aproximadamente hasta la década de 1590». A continuación ofrecemos la distribución de la población en las principales ciudades castellanas de acuerdo con el censo de 1530 (la cifra de los vecinos ha sido multiplicada por 5[16]).

COMARCAS | Habitantes
Alcalá de Henares | 8180
Ávila | 9185
Baeza | 14.265
Burgos | 8600
Ciudad Rodrigo | 5415
Córdoba | 33.060
Guadalajara | 3080
Jaén | 23.125
Madrid | 4060
Medina de Rioseco | 11.310
Murcia | 13.560
Palencia | 7500
Plasencia (1520) | 7000
Salamanca | 13.110
Santiago (1557) | 5380
Segovia | 15.020
Sevilla | 45.395
Soria | 4040
Toledo | 31.930
Úbeda | 14.100
Valladolid | 38.100
Zamora | 4755

Basándose en el censo de 1541, Alvaro Castillo ha calculado las densidades de población de las diferentes regiones de Castilla, y éstas son las cifras que propone[17]

COMARCAS | NÚMERO DE HABITANTES POR Km2
Burgos | 11,6
León | 10,1
Zamora | 9,7
Soria | 14,2
Valladolid-Palencia | 24,2
Palencia | 22,1
Salamanca | 10,8
Segovia | 20
Ávila | 17,4
Guadalajara | 9,3
Madrid | 7,4
Toledo | 10,3
Granada | 6,6
Cuenca | 8,7
Murcia | 33
Jaén | 12,2
Córdoba | 113
Sevilla | 113

Vemos cómo las comarcas de Valladolid, Palencia, Segovia y Ávila, núcleo en el que se desarrolló la revolución de las Comunidades presentaban las densidades más fuertes de toda la región. Es un hecho que debemos tener en cuenta.

2. El campo

La inmensa mayoría de la población vivía en el campo o gracias al cultivo de la tierra. Más tarde nos ocuparemos del problema planteado por el conflicto entre la ganadería y la agricultura. En este apartado trataremos de describir a grandes rasgos las condiciones de vida en el campo.

Preguntémonos ante todo, ¿a quién pertenecía la tierra? En la mayoría de los casos se hallaba concentrada en una minoría de grandes propietarios, señores laicos o eclesiásticos, pero también empezaba a aparecer, en la proximidad de las ciudades, una propiedad burguesa, llamada a tener un desarrollo importante en el curso del siglo XVI.

La nobleza era dueña de inmensos dominios repartidos por todo el territorio, más fragmentados en la Meseta norte y mucho más concentrados en el sur, donde extendían los grandes latifundios[18]. Desde el siglo XIII, por lo menos, la propiedad territorial de los señores se hallaba disociada en dos elementos constitutivos del señorío de la época clásica: el elemento económico, que el señor explotaba directamente a título de colonos —los solariegos—; y el elemento jurisdiccional, sobre el cual el señor recibía una serie de impuestos, pero cuya posesión —ya que no su propiedad— no le pertenecía. Los problemas específicos derivados de la recompensa y de la subsiguiente repoblación habían provocado la aparición en Castilla desde fecha muy temprana de una clase de campesinos libres, numéricamente muy importante, y absolutamente original en la Europa feudal. El contrato de enfiteusis permitía a los colonos establecerse en un dominio que trabajaban para sí mismos a cambio del pago de un derecho de entrada y de un censo anual. La posesión, en este caso, no significaba propiedad, pero el campesino gozaba de una relativa libertad respecto a su señor, que se limitaba a percibir un cierto número de impuestos y a hacer uso de algunos privilegios. En Castilla, existían, pues, en el siglo XVI, dos tipos de señores: los señores territoriales y los señores jurisdiccionales, aunque la mayoría pertenecían a la segunda categoría. Son los llamados señores de vasallos, término que expresa de manera perfecta la situación real, ya que sugiere que el señor ejercía derechos sobre los hombres, no sobre la tierra que éstos ocupaban, y cuando se vendía un señorío de este tipo su precio variaba en función del número de vasallos[19]. La jurisdicción no coincidía, pues, forzosamente, con la auténtica propiedad territorial. No era menos considerable el número de dominios dependientes de una u otra forma, en las provincias de la corona de Castilla, de la aristocracia.

El clero constituía el segundo gran propietario del reino. Monasterios, comunidades religiosas e iglesias poseían una parte muy considerable del suelo y los miembros del clero figuraban en un puesto importante entre los que explotaban los recursos agrícolas del país[20]. Así, por ejemplo, los clérigos de Palencia —que, sin duda, no eran los más ricos— de los que nos habla un documento de los años 1520: «Son allí muchos y tratan en pan y en vino y tienen en abundancia casas, tierras y viñas y otras muchas heredades[21]».

También entre los señores eclesiásticos existía la distinción entre dominios de plena propiedad y dominios jurisdiccionales. Por lo demás y gracias a la práctica de las donaciones, el patrimonio territorial de la Iglesia no cesaba de aumentar en proporciones que llegaron a inquietar a las autoridades del reino[22].

Existía todavía otra categoría de propietarios, mucho menos numerosa que las anteriores y que había hecho su aparición durante el siglo XV. Se trata de una serie de ciudadanos enriquecidos por el comercio, la manufactura o los cargos públicos que comenzaron a adquirir tierras en las áreas próximas a las ciudades. Esta tendencia cobraría gran importancia en tiempos de Carlos V y Felipe II, pero de hecho había comenzado ya a manifestarse durante el siglo XV. Hemos podido confirmarla especialmente en la región de Segovia. En 1499, 1501, 1502, Iñigo López Coronel, regidor de Segovia, compra de manera sistemática lotes de tierra en las aldeas de Bernardos y Miguel Añez: una obrada aquí, media obrada allá, cuando no olares en otra parte; asimismo compra viñedos, campos, un poco en todas partes. En conjunto, estas posesiones fragmentadas debían constituir un dominio importante e Iñigo López Coronel se convirtió así en uno de los más ricos propietarios de tierra de toda Castilla[23]. Tal es el caso también del mercader Antonio Suárez, del bachiller Alonso de Guadalajara y del regidor Pedro de La Hoz, que compraron muchas tierras en los alrededores de Segovia entre los años 1513 y 1520[24]. De este modo se fue formando una propiedad «burguesa», mucho menos importante, desde luego, que la propiedad señorial y eclesiástica pero que no deja de tener importancia, por cuanto se trataba frecuentemente de tierras bien situadas y de las que sus propietarios pretendían obtener el mayor beneficio posible.

También la propiedad comunal de las ciudades y aldeas (baldíos, propios, dehesas boyales, prados, concejiles, ejidos, montes, etc.) excitaba la codicia de los propietarios. Muchas veces se veía, por tanto, diezmada, debido a las enajenaciones de los nobles, miembros del clero, ciudadanos o campesinos ricos, casi siempre con la complicidad de los regidores y de las autoridades municipales[25].

Eran, pues, los nobles y eclesiásticos quienes detentaban, principalmente, la propiedad territorial, seguidos a considerable distancia por la burguesía urbana. Tan sólo una minoría de campesinos ricos eran propietarios de la tierra que trabajaban (son los pequeños especuladores que vendían sus predios a los ciudadanos de Segovia a los que hemos hecho referencia más arriba). Podría generalizarse la conclusión de N. Salomón sobre la situación en Castilla la Nueva en el reinado de Felipe II: la propiedad campesina experimentó una gran disminución durante los siglos XV y XVI[26]. La consecuencia lógica es que la inmensa mayoría de la población rural la formaban asalariados (jornaleros, braceros, trabajadores) que únicamente contaban con su fuerza de trabajo, o arrendatarios. Solamente una pequeña minoría de los labradores poseían sus propios instrumentos de trabajo y una minoría todavía más reducida era propietaria —los llamados «herederos» en la región de Segovia— y tenía posibilidades de escapar a la mediocridad y de alcanzar un cierto bienestar[27].

Esta masa campesina, miserable las más de las veces, ve cómo se abaten sobre ella toda clase de cargas: derechos señoriales, diezmos, impuestos sobre la tierra, usura…

Hemos dicho anteriormente que la Reconquista y la repoblación habían favorecido la emancipación precoz de la mayor parte de los campesinos castellanos. Aquellos que ocupaban las tierras jurisdiccionales de un señor, los vasallos, estaban sometidos a una serie de tributos, especialmente el fuero y la martiniega, cuya finalidad era poner de manifiesto los derechos jurídicos del señor sobre quienes estaban sometidos a ellos. Estos derechos constituyen el simple reconocimiento del pacto que les liga al señor. No tenían nada que ver con un arriendo o con impuesto sobre la tierra[28]. Así, Fray Diego de Almaraz, comendador de Zamayón, recibía anualmente, en 1520, diez maravedís y dos cornados por vecino (cinco maravedís y un cornado si se trataba de una viuda) en su aldea de Insbado, cerca de Salamanca; y en Zamayón, cada vecino le entregaba tres fanegas de trigo en concepto de pensión, cinco maravedís en concepto de humazgo (dos y medio las viudas); en Cubo el comendador recibía una fanega de trigo por vecino, y una gallina que le había de ser entregada el día de Navidad —aunque aquí las viudas no pagaban nada al igual que los pobres y los alcaldes—. En Santis la martiniega se elevaba a cinco maravedís y dos cornados, estando exentos las viudas, alcaldes e hidalgos[29]. Por lo que respecta a León, Ramir Núñez de Guzmán percibía un fuero de sesenta maravedís por año sobre cada vecino (las viudas pagaban solamente la mitad) además de diez carretas de madera por aldea[30]. No conocemos en detalle los tributos que pagaban los vasallos del conde de Salvatierra; sabemos únicamente que para la ciudad de Salvatierra estos derechos se descomponían de la siguiente manera:

—Pedido: 11 200 maravedís por año;

—pecho de los labradores fuera de los muros: 7200 maravedís;

—renta que solían dar al dicho conde los labradores de las aldeas cuando él o su muger estouiesen aquende Ebro: una gallina y una carga de madera por vecino y por año;

—ciertos yantares de los labradores de las dichas aldeas.

En Gaona el mismo conde ingresaba tres mil maravedís de pecho por año, a los cuales había que añadir la renta de semoyo que pagaban los veinte campesinos más acomodados, los buenos hombres, y que consistía en nueve cargas de trigo, nueve de cebada de la medida toledana y sendas gallinas. En el valle de Cuartango, sometido también a la jurisdicción del conde, recaudaba los derechos siguientes:

—Pecho: 23200 maravedís por año;

—renta de los carneros: 1300 maravedís por año;

—renta de las alcaldías: 2800 maravedís por año;

—renta del semoyo que cada pagador de los hombres buenos del dicho valle paga: 3 celemines de trigo e otro tanto de cebada (el número de pagadores se elevaba a doscientos cincuenta);

—servicio: 80 fanegas de trigo, 70 de cebada; yantares y cenas[31].

Estos ejemplos nos permiten hacernos una idea de la forma en que los derechos señoriales gravaban a los vasallos. Estas cargas no constituían un peso insuperable[32]. Hemos de buscar, por tanto, en otra parte, las razones que impulsaban a tan elevado número de campesinos, a principios del siglo XVI a escapar en cuanto tal cosa les resultaba factible, a la tutela de los señores para pasar a los dominios reales (realengos[33]). Se trata sin duda de que el régimen señorial, por sus abusos y por su falta de justicia era considerado en todas partes como una opresión intolerable[34]. Este parece ser un sentimiento muy extendido incluso entre los campesinos acomodados como lo muestra el caso a que hace referencia Las Casas cuando en 1518 trataba de reclutar emigrantes para las Indias. Se le presentan algunos viejos de más de setenta años que habitaban en territorio señorial, y Las Casas pregunta a uno de ellos: «Vos, padre, ¿a qué queréis ir a las Indias, siendo tan viejo y tan cansado? Respondió el buen viejo: A la mi fe, señor, a morirme luego y dejar mis hijos en tierra libre y aventurada».

Otros candidatos a la partida vuelven a utilizar la fórmula: dejar nuestros hijos en tierra libre y real[35]. Debemos tener en cuenta esta aspiración a la libertad, a una vida menos constreñida, cuando nos encontremos con el movimiento antiseñorial que, a partir de septiembre de 1520 vino a completar la revolución de las Comunidades[36].

Todavía existía otra clase de cargas que pesaba sobre todas las categorías de campesinos, independientemente de su status personal o de su condición: se trata del diezmo eclesiástico que gravaba todas las producciones de la ganadería y de la agricultura[37]. Este impuesto no era estrictamente eclesiástico, ya que los señores o el fisco recibían una tercera parte de él aproximadamente. Son las llamadas tercias señoriales o reales que suponían un ingreso sustancial en las arcas del tesoro real[38]. El diezmo suponía una carga muy pesada para el campesinado. No poseemos cifras exactas para los primeros años del siglo, pero en tiempos de Felipe V ascendía en Castilla la Nueva —según N. Salomón— a diez o veinte veces el conjunto de los derechos señoriales[39].

A los diezmos hay que añadir los impuestos reales, que afectaban indistintamente a los pecheros, sobre todo a los campesinos. Los principales eran los servicios ordinarios o extraordinarios[40]. La percepción del servicio se realizaba generalmente por el sistema del repartimiento, es decir, dividiendo la cantidad total del impuesto que luego se repartía por provincias, ciudades y aldeas. Algunas localidades gozaban de exenciones y las cantidades que deberían corresponderles se añadían a las que ya pagaban las comunidades sometidas al derecho común[41]. En el nivel más bajo de la escala, finalmente, había que repartir entre los habitantes la suma que correspondía pagar a cada localidad. Aquí se dejan sentir las presiones sobre las autoridades o los funcionarios encargados de elaborar las listas de los contribuyentes, el padrón. Nobles y eclesiásticos se hallaban dispensados del impuesto. Elaborar el censo de los contribuyentes —pecheros— y de los privilegiados —hidalgos— no parecería tarea difícil, al menos en las aldeas. En realidad, incluso en ellas los notables y los plebeyos más ricos trataban de comprar un privilegio de exención (carta de hidalguía) o bien se las arreglaban por medio de complicidades para hacerse tachar de la lista de los pecheros y pasar a convertirse en hidalgos de hecho, etapa ciertamente importante en el proceso que permitiría a sus descendientes, una o dos generaciones más tarde, reivindicar la hidalguía completa[42]. Pero si los ricos pueden escapar al pago de los impuestos, no cabe duda de que éstos han de constituir una carga aún más pesada para los pobres, y de esta manera los servicios ordinarios y extraordinarios abrumaban cada vez más a la masa campesina. La misma palabra «servicio» se hizo muy impopular[43] como comprobaremos al estudiar la causa inmediata del estallido del conflicto de las Comunidades, pues fue el servicio votado en las Cortes de La Coruña la señal del comienzo de la revuelta en los territorios sometidos directamente a la autoridad real (realengos[44]).

Aparte de los derechos señoriales, los diezmos y los impuestos, los campesinos propietarios —y ya hemos visto que constituían la gran mayoría— tenían que pagar el precio del arriendo, la renta territorial del suelo que trabajaban. En muchos casos, esta renta se pagaba a principios de siglo únicamente en especie, en medidas de trigo o de cebada (pan mediado, trigo y cebada). Otras veces —las menos— consistía en una cantidad de dinero. Lo más frecuente era, sin embargo, que el propietario exigiera recibir una parte en dinero y otra en especie[45] De esta manera podía disponer de numerario sin ser, tampoco, víctima de la inflación y del alza de los precios. Para los campesinos, la renta constituía la carga más gravosa de cuantas pesaban sobre él. Según N. Salomón, en Castilla La Nueva, en la época de Felipe II[46], era tres o cuatro veces superior al importe del diezmo.

La acumulación de todas estas contribuciones suponía una carga insostenible. En total, en la segunda mitad del siglo XVI, el campesino veía cómo le desaparecía por este concepto más de la mitad de la cosecha[47]. Con la cantidad restante tenía que alimentarse él y su familia, preparar las semillas para la siembra y completar y renovar su campo y sus instrumentos de trabajo. En muchos casos el único modo de resolver la situación era solicitando un préstamo, con lo cual añadía una carga más a las muchas que ya pesaban sobre él. Es así como se produce una gran expansión de los censos en la Castilla del Siglo de Oro[48]. Pero ¿revistió una gran importancia este tipo de préstamo hipotecario, en un principio instrumento de crédito agrícola, a principios del siglo XVI? Entre los comuneros de 1520, cuyos ingresos hemos podido conocer, encontramos numerosos propietarios de censos, pero estos censos estaban establecidos generalmente sobre las casas. No obstante, algunos miembros de las clases medias comenzaron a especular también con las dificultades del campesinado[49] De cualquier modo, estos empréstitos, estuvieran o no muy extendidos, contribuyeron a hacer todavía más precaria la condición de los campesinos. En un corto plazo de tiempo, los intereses incrementaban sus ya pesadas cargas, y en caso de insolvencia, el acreedor recuperaba sus fondos apropiándose de la tierra.

No seguiremos detallando la gran miseria que existía en el campo. En un cuadro detallado habría que incluir también los excesos que cometían los ejércitos en sus desplazamientos, las requisas, los bonos de alojamiento y muchas otras exacciones[50]. Sin duda, Pedro Martínez de Maricara pensaba en todas estas calamidades cuando se lamentaba en 1511: Ningún labrador irá al infierno, lamentación que le valió, por lo demás, ser condenado por el Santo Oficio… Al decir esto pensaba que los campesinos sufrían ya sobre la tierra el rigor de las penas del infierno[51].

3. Las ciudades

En el siglo XVI la ciudad y el campo aparecen estrechamente asociados. La ciudad desborda ampliamente al campo. Un gran número de ciudadanos poseen, explotan o hacen explotar sus propiedades, situadas lo más cerca posible de las ciudades. De ellas obtienen el trigo y el vino que almacenan en su granero y en su bodega[52]. Y, recíprocamente, el campo penetra en la ciudad en forma de espacios vacíos —jardines, cercados, prados, viñas— que son como fragmentos del campo aislados en el centro del medio urbano y que existen incluso en las ciudades en pleno desarrollo, como lo demuestra el caso de Valladolid, estudiado con gran atención por B. Bennassar[53]

Fueron las condiciones económicas de la época las que impusieron esta asociación entre el campo y la ciudad. Debido a la inexistencia de medios de transporte rápidos y cómodos, la ciudad dependía del campo para su aprovisionamiento. Se fue formando así, desde los primeros siglos medievales, una especie de unidad orgánica entre cada ciudad y su territorio circundante, unidad que en Castilla adquirió muchas veces carácter institucional. En efecto, las ciudades extendían en ocasiones su jurisdicción hasta áreas muy alejadas con la intención de formar entidades administrativas originales, a las que B. Bennassar propone llamar «imperios urbanos». Segovia presenta, en el siglo XVI, el ejemplo perfecto de esta cooperación con su Comunidad de ciudad y tierra que se extendía más allá de la región de Segovia, prolongándose al otro lado de la Sierra de Guadarrama hasta las inmediaciones de Toledo. Muchas ciudades conservaban, así, un alfoz de dimensiones considerables. El de Valladolid englobaba todas las aldeas situadas en cinco leguas a la redonda, a excepción de ciertos enclaves señoriales o reales. El municipio de la capital mantenía con las aldeas sometidas a su jurisdicción relaciones análogas a las de un señor con respecto a sus súbditos, lo que explica las disputas que surgían en ocasiones entre la ciudad con su medio rural, con su «tierra», como lo designaban[54].

El crecimiento demográfico y las dificultades por las que atravesó el campesinado explican en parte el auge de todas las ciudades, típico del siglo XVI[55]. Muchos señores comenzaron a residir en las ciudades, donde podían encontrar tiendas mejor provistas y condiciones de vida más agradables, al menos durante el invierno, ya que generalmente seguían conservando sus casas en el campo[56]. Muchas veces, los municipios no acogían con agrado a estos recién llegados, en quienes veían —recordando las luchas políticas del siglo XV— elementos rivales e incluso enemigos en potencia. Así se explica, por ejemplo, que el conde de Benavente tuviera que realizar numerosas diligencias antes de poder terminar el palacio que estaba construyendo en Valladolid, ya que le acusaban de querer erigir una verdadera fortaleza en pleno corazón de la ciudad[57].

La ciudad atraía también a gentes del campo en situación de paro, que llegaban a la ciudad con la esperanza de encontrar un empleo entre el numeroso personal doméstico que contrataban la aristocracia y la burguesía urbana o bien en los nuevos talleres que iban apareciendo como consecuencia del desarrollo de las actividades industriales y artesanales y que ofrecían el atractivo de un salario más elevado. No obstante, eran muchos los emigrantes del campo que no encontraban trabajo y que iban de ciudad en ciudad mezclados con los enfermos y los mendigos, cuya suerte compartían. Desde 1518, las Cortes se inquietan ante el fuerte incremento de la mendicidad y piden que se tomen medidas para que se pudiera fijar en algún sitio a esta masa de hombres errantes. Así se planteó un grave problema social, preludio de la campaña por la reorganización de los sistemas de beneficencia que tantas polémicas suscitó en tiempos de Carlos V[58]. Las ciudades acogían, así, a una población flotante, de recursos inciertos, que agrupaba a todos los que, vagamente, se designaba con el nombre de pobres y entre los cuales estaban tanto los ociosos forzosos y los parados como los marginados de todo tipo: mendigos de ocasión o profesionales, ladrones, vagabundos y prostitutas independientes o reunidas en casas de placer y a las que con cierto eufemismo se les daba el nombre de mugeres enamoradas[59]. De entre estas multitudes urbanas, numerosas e inciertas, respecto a su futuro, los comuneros iban a reclutar fácilmente manifestantes y soldados, militantes convencidos o mercenarios.

El crecimiento de las ciudades planteó una serie de problemas a las autoridades que aquí nos limitaremos tan sólo a señalar ya que la obra capital de B. Bennassar sobre Valladolid hace innecesario que entremos en detalles. En primer lugar había que resolver el aprovisionamiento de la ciudad[60]. En los años de buena cosecha, el campo circundante proveía granos, legumbres, carne y vino en cantidades suficientes, aun cuando ciertos comercios de alimentación, especialmente las carnicerías, fueran objeto de una reglamentación estricta[61]. En caso de escasez, las autoridades municipales se veían obligadas a tomar una serie de medidas excepcionales, entre otras las de prohibir a los campesinos de la «tierra» que vendieran sus productos a las ciudades vecinas. Si a pesar de esto subsistía la penuria, entonces había que pensar en conseguir trigo de otros lugares, lo que no siempre resultaba factible. Frecuentemente se recurría al expediente de la compra abundante de trigo en época de abundancia a fin de constituir reservas —depósitos—, para prevenir la escasez y la consecuente elevación de los precios, pero esta precaución se revelaba a menudo insuficiente[62].

El problema del alojamiento era mucho menos grave, y no faltaban capitales para la industria de la construcción, al menos durante la primera mitad del siglo XVI[63]. Quienes poseían terrenos en inmediata proximidad a la ciudad preferían dedicarlos a la construcción que hacerlos cultivar[64]. El negocio de la construcción representaba, en efecto, una excelente inversión, como puede constatarse examinando los inventarios de los bienes confiscados a los comuneros en 1522-1523. Eran muchos quienes obtenían beneficios del alquiler de una o varias casas, pero existían también individuos que se convertían en grandes propietarios de inmuebles. Este es el caso de Luis de Quintanilla, en Medina del Campo, que recibía en concepto de varios alquileres unos cinco o seis mil maravedís cada año; y del licenciado Bernaldino, propietario de diez casas en Valladolid y de otras varias en Salamanca que le reportaban una renta anual de 22.000 maravedís; y sobre todo de don Pedro Maldonado, que cada año obtenía del alquiler de sus dieciocho casas de Salamanca cerca de 55.000 maravedís[65]. Los mismos u otros comuneros poseían también censos sobre casas, que debían representar el interés de préstamos para la construcción o para la compra de bienes inmuebles[66]. Cuando se pusieron a la venta los bienes confiscados a los comuneros, las casas alcanzaron a veces precios muy elevados si se hallaban bien situadas y estaban en buen estado: en Ávila, la residencia del carpintero Blas se vendió en 12.000 maravedís, la del tejedor Pedro Calero en 10.000, pero por la casa del notario Juan de Mirueña se ofrecieron 55.000 maravedís[67]. En Segovia, ciertas casas de señores burgueses, bien situadas, se adjudicaron por sumas mucho más importantes: 200.000 maravedís por la de Diego de Peralta, reconstruida recientemente y situada en la parroquia de la Trinidad; 300.000 por la de Juan de Solier; 400.000 por la de Iñigo López Coronel[68]. En Valladolid, la casa de Alonso de Saravia se vendió por 450.000 maravedís, pero un comprador ofreció 750.000[69]. Todas estas casas se vendieron en subasta pública a un precio muy por debajo de su valor real, tal como demuestra el último ejemplo que hemos citado. Por tanto, hacia 1520, la construcción y los bienes inmuebles suponían una inversión segura, signo inequívoco de un crecimiento urbano del que más adelante destacaremos otros aspectos al estudiar la importancia de las ciudades en la vida económica del país[70].

II. —LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS

A partir del siglo xv Castilla experimentó un notable crecimiento económico que no había de detenerse hasta las postrimerías del siglo XVI[71]. No poseemos ni los conocimientos ni los medios necesarios para presentar un cuadro completo de esta expansión en un período —el reinado de los Reyes Católicos— que los historiadores todavía no han estudiado en profundidad[72].

Nos limitaremos, por tanto, a resumir los resultados conseguidos y a ofrecer nuestra opinión personal para intentar analizar los dos grandes problemas que a principios del siglo XVI parecían comprometer el futuro de Castilla: las dificultades de la agricultura y los obstáculos a la industrialización.

Las numerosas obras que se han consagrado a este tema constituyen el más claro exponente de la importancia que se concede a los problemas agrarios en la España del Siglo de Oro[73]. La importante obra de N. Salomón sobre el tema campesino en la comedia pone de manifiesto que la vida rural era un rasgo fundamental de la civilización de España en los dos primeros siglos de la Edad Moderna[74]. Y, sin embargo, no podemos negar nuestra ignorancia respecto a las condiciones en que se desarrollaba la vida cotidiana. Ramón Carande comienza su capítulo dedicado a La labranza reconociendo este hecho, inquietante para un erudito tan preocupado siempre por los textos y los documentos:

Del régimen de los cultivos, de la extensión de las superficies dedicadas a las principales semillas, del volumen de la producción de cualquiera de ellas, de las alternativas del mercado, no sé nada completo, con certidumbre. Nos faltan, también, aportaciones puntuales acerca del desarrollo del área cultivada y del producto obtenido, a medida que operara la demanda con intensidad; asimismo, desconozco la naturaleza y el alcance de las mejoras introducidas; ignoro, en suma, casi todo lo que de una manera terminante y directa pudiera señalar los rasgos y las circunstancias de la campiña que presiento en situación más bien aflictiva[75].

Desde que Carande escribiera estas líneas, B. Bennassar ha realizado una importante aportación sobre la gran mutación vegetal que afectó a la Meseta dándole el aspecto que posee en la actualidad. En efecto, fue en el siglo XVI cuando se constituyó en sus líneas esenciales el actual paisaje castellano. Los robles que recubrían la Meseta fueron desapareciendo progresivamente bajo los efectos de las nuevas roturaciones que acompañaron al avance de la Reconquista y la repoblación. El desarrollo de la ganadería y la práctica de la trashumancia provocaron un nuevo retroceso del bosque, y la gran demanda de madera de construcción a finales del siglo XV acabó de destruir esta vegetación primitiva. Los pinos sustituyen en la actualidad a los robles[76].

En los restantes aspectos nos hemos de limitar a intentar un mero estudio aproximativo. ¿Qué sabemos, por ejemplo, de las técnicas agrícolas sino que seguían siendo muy rudimentarias? Herrera señalaba, en 1513, que la mula comenzaba a sustituir al buey como animal de tiro. Por otra parte, el laboreo del suelo seguía siendo muy superficial y la falta de abono impedía incrementar la fertilidad del suelo[77].

Por lo que respecta a los cultivos, seguían obteniéndole gran número de productos sin que existiera una auténtica especialización. Herrera se lamentaba de ello en 1513, pero la situación no había variado sensiblemente en el reinado de Felipe II[78]. Los cereales, la vid y el olivo eran los cultivos más importantes. «Campos de trigo y viñedos, tal es —escribe Bennassar— (…) la dualidad esencial de las campiñas vallisoletanas», y lo mismo dice N. Salomón respecto a Castilla la Nueva en 1580[79]. Las dos Castillas constituían los grandes centros de producción cerealista, sobre todo la Tierra de Campos, en torno a Palencia, la región de Toledo y la Mancha[80]. Sin embargo, no era mucho lo que el trigo reportaba a los campesinos. En época de buena cosecha, los precios se hundían; en caso de escasez los campesinos se veían obligados incluso a comprar grano para la siembra; y en todo momento, los especuladores, regatones, se las arreglaban para dominar los resortes del mercado. Con demasiada frecuencia, los campesinos, endeudados y empobrecidos, tenían que vender el trigo antes de la cosecha a unos precios ínfimos. Los especuladores lo almacenaban para revenderlo posteriormente a precios más elevados. Fue para evitar este tipo de prácticas abusivas por lo que los Reyes Católicos decidieron establecer, en 1502, la tasa del trigo, pero, al parecer, la medida no tuvo el efecto deseado ya que la ley fue violada constantemente. He aquí la conclusión desengañada de un contemporáneo: «Es triste cosa tratar el labrador en solo pan, que si hay mucho vale poco y si vale mucho no tenéis sino necesidad de comprarlo».

No es extraño, pues, que muchos campesinos, desmoralizados, decidieran abandonar el campo, como se lamentan las Cortes de 1506[81], o dedicaran sus esfuerzos, cuando les era posible, a cultivos más remuneradores, como la viña y el olivo, ya antes incluso de la fuerte demanda de aceite y vino que iba a provocar la apertura del mercado americano, y con mayores razones después. En Valladolid, desde los años 1520-1530, el vino comenzó a ser mucho más cotizado que el trigo, lo que provocó un movimiento de conversión de las tierras en favor de la vid[82].

Por estas razones que hemos apuntado, la producción de cereales era casi siempre deficitaria, pese a que a comienzos del siglo hubo algunos años de buenas cosechas que permitieron a Castilla exportar trigo[83]. Lo normal era que hubiese que recurrir a las importaciones[84]. Para conseguir un aumento de la producción se intentó la puesta en cultivo de nuevas tierras pero pronto se plantearon dos obstáculos importantes: uno de orden técnico, la ley de los rendimientos regresivos[85], y otro de orden jurídico y social: la oposición de la Mesta, la corporación de los ganaderos.

La ganadería no entra necesariamente en conflicto con la agricultura. Al contrario, ambas actividades pueden complementarse perfectamente, proporcionando los rebaños a los campesinos los abonos necesarios para la tierra y preciosos recursos complementarios (lana, carne, leche y queso). Es otro tipo de ganadería el que puede dificultar el progreso de la agricultura: la trashumancia. En Castilla, durante toda la Edad Media, junto a la ganadería estante se desarrolló también la práctica de la trashumancia[86]. En un principio se vio favorecida por las vicisitudes mismas de la Reconquista, ya que las continuas escaramuzas guerreras no permitían el normal desarrollo de la agricultura a causa de la incertidumbre que pesaba sobre el campo. La ocupación de territorios inmensos y débilmente poblados se acomodaba perfectamente a una actividad como la trashumancia, que tomaba muchos de sus rasgos del nomadismo. Posteriormente, motivos fiscales impulsaron aún más a la Corona a mantener e incrementar la protección concedida a la ganadería, pues no en vano la exportación de lana suponía al Estado la obtención de unos ingresos importantes. En tales condiciones, la corporación de ganaderos de corderos trashumantes, la Mesta, se convirtió en el reinado de los Reyes Católicos en una institución temible, cuyo poder amenazaba tanto a la ganadería estante como a la agricultura. Los alcaldes entregadores de la Mesta eran los encargados de hacer respetar sus privilegios, como el derecho de posesión, que dificultaban la protección de las cosechas o la extensión de las superficies cultivadas. Así, desde finales del siglo XV, la Mesta, presidida por un miembro del Consejo Real, constituye una especie de Estado dentro del Estado que sale fácilmente vencedora en todos los conflictos planteados con los agricultores, aislados en su impotencia y víctimas de una legislación desfavorable. La Mesta se oponía especialmente a cualquier roturación de nuevas tierras, y esta oposición salía generalmente triunfante, lo cual, evidentemente, no podía constituir un estímulo para el desarrollo de la agricultura[87].

A pesar de todas estas dificultades, parece que se consiguió llegar a un cierto equilibrio entre la ganadería y la agricultura a principios del siglo XVI[88], entre el crecimiento demográfico y la extensión de los campos de trigo; según F. Ruiz Martín, la ruptura no se produjo hasta después de 1578[89]. Como dice Braudel[90], la tierra seguía siendo la ambición de los hombres en el siglo XVI, preocupados y deseosos de invertir su dinero en el campo, pero esto no impedía el estancamiento en que había caído el campo ni el creciente empobrecimiento del campesinado. Lo que en realidad buscaban los letrados y los ciudadanos cuando adquirían tierras o censos era acceder a un tipo de vida señorial que les apartara de la actividad productora y les permitiera vivir del trabajo de otros. El campesinado de Castilla, explotado, endeudado y muchas veces en una situación de miseria total, no tenía razones para estar satisfecho de su suerte. En el invierno de 1520-1521, el obispo Acuña no iba a tener dificultades para movilizar a los campesinos y lanzarlos en masa al asalto de los castillos de los nobles[91].

2. Manufactureros y exportadores

Todos los historiadores señalan la renovación artesanal y manufacturera, común a toda España pero especialmente notable en Castilla, que caracteriza a la primera mitad del siglo XVI. Las dificultades aparecen cuando se intenta analizar los detalles de este acontecimiento todavía mal conocido[92]. La existencia de una materia prima abundante y de excelente calidad en las elevadas mesetas castellanas hubiera debido producir el desarrollo de una importante industria textil, pero los esfuerzos realizados en este sentido no fueron lo suficientemente continuados como para superar todas las dificultades existentes. Desde el siglo XV al menos, ya se trabajaba la lana en numerosos lugares de Castilla, incluso en los pequeños pueblos y aldeas. En los primeros años del siglo XVI se destacan claramente algunos centros importantes: Segovia, Toledo, Córdoba y Cuenca. Es en ellos donde se producía el mayor número de artículos y a los precios más elevados. Según un documento de 1515, la industria textil empleaba en la provincia de Segovia a más de 20.000 personas que procesaban más de 40.000 arrobas por año. Hubiera habido trabajo para muchas más, pero como señala este documento, no se pueden aver más[93]. Segovia aparece tradicionalmente como capital de una industria textil que parece en expansión. Toledo, Córdoba y Cuenca le siguen inmediatamente detrás y también ofrecían productos muy apreciados[94]. Otras ciudades, menos importantes, poseían también talleres que se esforzaban por satisfacer las necesidades de una clientela menos exigente: Zamora, en la que existía un barrio entero reservado a los tejedores y en la que la corporación más destacada era la de los pañeros[95]; Palencia, Medina de Rioseco, Dueñas, Ampudia, Toro, Valladolid y muchas otras ciudades o aldeas fabricaban productos más o menos acabados, que luego eran terminados en centros más importantes[96].

El número de disposiciones legislativas que afectaban a la industria textil es claro exponente de la posición que ocupaba ésta a principios del siglo. Las ordenanzas de Sevilla de 1511, precedidas por una serie de encuestas previas, reúnen y completan todas las disposiciones anteriores[97], sometiendo a una reglamentación muy estricta todos los estadios de la producción, desde la preparación de la lana bruta hasta la venta del producto. Por este procedimiento se trataba de garantizar al consumidor la máxima calidad del producto, pero es discutible que esta legislación tan minuciosa resultara eficaz y, además, en ocasiones abortaba la iniciativa privada debido a la imposición de limitaciones demasiado rígidas. En efecto, un cuerpo de inspectores —veedores— vigilaba la aplicación de estas reglas y, a juzgar por la acritud de las disputas que acompañaban en todas partes su designación, debían mostrarse muy severos en el ejercicio de sus funciones[98].

En el plano local, la profesión se organizaba sobre la base de corporaciones o cofradías que agrupaban a los miembros de la misma especialidad: tundidores, pelaires, tejedores, cardadores, tintoreros etc[99]. A veces coexistían en el mismo lugar corporaciones rivales, como sucedía en Palencia, donde en 1508 se enfrentan en proceso, los oficiales del menester del oficio de los texedores (…) antiguos y los otros oficiales nuevos del dicho oficio. Los tejedores antiguos, agrupados en la cofradía del Ángel, pretendían nombrar unilateralmente los veedores, contraviniendo así la ley que exigía que los veedores fueran elegidos de entre todos los tejedores syn hazer diferencia de viejos e nuevos. Hay que decir, de paso, que la cofradía del Ángel había renunciado a percibir el tradicional derecho de entrada de 500 maravedís y que aceptaba en su seno a escuderos, labradores e incluso letrados, que no tenían nada que ver con la profesión, con el único motivo de ampliar el número de sus afiliados:

Estos son cofrades porque heredaron la cofradía de sus padres[100].

También en Toro existían dos cofradías de tejedores, la de la Concepción de Nuestra Señora —la más reciente y numerosa, con sesenta afiliados— y la cofradía de San Frutos[101].

Algunos testimonios de la época nos permiten calcular el grado de concentración de la industria textil en Segovia. Existía, en efecto, un número bastante elevado de pequeños talleres familiares que trabajaban por cuenta de empresarios, que disponían de capital, los mercaderes o hacedores de paños. Estos capitalistas, generalmente propietarios de casas y oficios, daban trabajo a los artesanos. Es lo que los economistas llaman Verlagssystem o trabajo a domicilio y que Braudel propone traducir por «sistema de anticipos»:

El mercader, el emprendedor o Verleger proporciona al artesano la mercancía que ha de trabajar y le paga un salario[102].

Un documento de 1524 revela que treinta o cuarenta capitalistas dominaban la industria textil de Segovia y empleaban a los dos tercios de la población trabajadora de la ciudad[103]. Las relaciones entre los empresarios y los trabajadores a domicilio no siempre eran buenas. En Segovia, en 1512, tenemos noticias de un enfrentamiento entre los hacedores de paños y los texedores e tintoreros sobre las condiciones del ejercicio de la profesión[104]. Asimismo, los peynadores, cardadores e hilanderos de Ávila se quejaban, en 1513, de la competencia desleal que les hacían algunos ricos mercaderes[105]. Los tejedores de Cuenca exigieron, en 1514, un aumento de sus salarios, que debían entregárseles en dinero y no en especie como hasta aquel momento y para apoyar sus reivindicaciones comenzaron una especie de huelga:

los texedores texían mal los dichos paños (…) por hazer en cuatro días lo que avían de hazer en ocho, aviendo consideración al poco precio que se les dava[106].

Estos antagonismos, signo inequívoco de un malestar social producido quizás por las dificultades económicas, no son muy diferentes de la agitación que sufren las ciudades industriales de Castilla desde los primeros momentos del conflicto de las Comunidades.

No cabe duda de que a comienzos del siglo XVI la industria textil castellana atravesaba por una época de crisis. Excepción hecha de Segovia, la calidad de los productos dejaba mucho que desear, a pesar de los esfuerzos de la legislación[107]. A principios de siglo se prohibió la fabricación de paños berbíes y de frisas, artículos de escasa calidad y que se estropeaban en seguida, y el problema es que multitud de pequeños centros industriales no producían otra cosa. Vemos cómo en 1501 los tejedores de Jaén se quejan amargamente[108], mientras que los de Burgos les imitan en 1515 y no debieron ser los únicos[109]. Por lo general, en todas partes, la reglamentación establecida para mejorar la calidad de la producción suscitó fuertes protestas. Los artesanos pedían derogaciones y obtenían prórrogas, renovadas una y otra vez, de tal modo que la ley era letra muerta en muchas ocasiones. Lo mismo sucedía con respecto al número de hilos de la cadena de urdimbre. La ley exigía un mínimo de 1600 hilos (paños diezyseisenos), pero la mala calidad de la lana que se tejía en Zamora no permitía fabricar más que dozenos (1200 hilos). En tales circunstancias, obligarles a aplicar el reglamento hubiera sido reducirlos al paro: si los dozenos se les quitasen se destruirían. Por esta razón en 1520 se les concedió una prórroga de dos años para que tuvieran tiempo de readaptarse, prórroga que se renovó en 1522, 1523, 1525[110]… Lo mismo sucedió en Toro, donde los talleres sólo tejían paños dozenos, los únicos que la baja calidad de la lana local permitía fabricar y los únicos, también, que por su bajo precio podían estar al alcance de una población de recursos modestos[111].

Estos ejemplos que acabamos de citar nos ilustran sobre uno de los defectos de la industria textil castellana: con demasiada frecuencia producía artículos de calidad inferior con los que se satisfacía la demanda de la porción menos favorecida de la población. Pero la clientela acomodada tenía unas exigencias distintas y prefería los buenos velartes, los veintidosenos y veinticuatrenos de Segovia. Por desgracia, los talleres segovianos no bastaban para satisfacer plenamente la demanda del mercado interior, y, en 1515, los hacedores de paños nos explican por qué: con demasiada frecuencia se veían obligados a trabajar con lana de mala calidad:

Obrándose de lana vasta, como comúnmente se hazen en estos reynos, porque faltando el cimiento de la buena lana, ningún obraje sobre él puede ser bueno.

Hubiera sido necesaria una ley que obligara a los fabricantes a utilizar preferentemente lana de buena calidad para los productos más selectos. Esta lana existía en abundancia en Castilla, era la de los merinos, tan apreciada en el extranjero. Pero precisamente por esto se destinaba casi exclusivamente a la exportación[112].

Nos hallamos aquí ante uno de los problemas más graves que tenía planteados la industria textil castellana.

Una compleja organización rodeaba, en efecto, el mercado de la lana a principios del siglo XVI[113]. Importantes intereses se hallaban en juego en torno a este producto que desde hacía mucho tiempo constituía la principal riqueza del país. Los mercaderes trataban de comprar la lana con adelanto, antes del esquileo hacia el mes de septiembre o en Todos los Santos, o incluso al comienzo de la cuaresma. De este modo se aprovechaban de las dificultades estacionales de los pequeños propietarios necesitados de numerario, en aquel momento, para efectuar los pagos de los impuestos sobre el ganado trashumante y sobre el alquiler de las dehesas. Los mercaderes recibían la lana después del esquileo, generalmente, en mayo[114]. Los mercaderes de Burgos, que actuaban a veces en nombre de extranjeros, se convirtieron en maestros en este tipo de operaciones, pero también podían encontrarse extranjeros entre los compradores —sobre todo genoveses—, que preferían hacer los tratos directamente, así como segovianos[115]. De esta guisa, los grandes negociantes se aseguraban un cuasi-monopolio sobre las compras de lana en general y sobre todo sobre las calidades más apreciadas, especialmente la lana de Cuenca[116].

Por lo que respecta a los vendedores, los grandes propietarios, aunque no eran más que una minoría, eran quienes fijaban los precios, ya que disponían de la mayor parte de la producción.

Una vez entregada, la lana pasaba a los talleres de los apartadores y a los lavaderos para ser limpiada y lavada. A continuación se almacenaba en las lonjas antes de enviarla a los industriales, extranjeros o nacionales Una vez entregada, la lana pasaba a los talleres de los apartadores y a los lavaderos para ser limpiada y lavada. A continuación se almacenaba en las lonjas antes de enviarla a los industriales, extranjeros o nacionales[117].

A comienzos del siglo XVI, la lana representaba el producto fundamental del comercio exterior de Castilla. La mayor parte de la producción se destinaba a la exportación. Una serie de agentes giraban visitas de manera sistemática a los mercados de La Rochelle, Rouen, Londres, Brujas y Florencia[118]. Los Países Bajos, en particular, eran clientes importantes desde hacía mucho tiempo, y los lazos dinásticos que se establecieron entre los soberanos de ambas coronas a finales del siglo XV no hicieron más que reforzar esta secular corriente de intercambios. Los comerciantes de Burgos desempeñaban un papel preponderante en este comercio. Activos y emprendedores, consiguieron en 1494 la creación de un consulado que les aseguraba el monopolio del gran comercio lanero para la Europa del Norte. Los armadores vascos se consideraron heridos en sus intereses y en 1499 obtuvieron satisfacción parcial a sus demandas mediante un compromiso con Burgos. El año 1511 fue testigo de un contraataque de los vascos que obtuvieron también la creación de un consulado en Bilbao; esta vez fue Burgos la que propuso llegar a un acuerdo, y así, en 1513 se llega al reparto de beneficios que se había decidido en 1499. Esta lucha de influencias da fe de la importancia de los intereses en juego. De hecho, eran los burgaleses los auténticos amos de la ruta del Norte, la que conducía la lana castellana hacia el norte de Europa por los puertos del Cantábrico. Así se estableció un eje comercial Segovia-Medina del Campo-Burgos-Bilbao, en torno a la exportación de las lanas merinas, eje dominado casi completamente por los mercaderes de Burgos[119]. Los genoveses, por su parte, encaminaban sus compras de lana hacia los puertos mediterráneos.

¿Qué lugar podían ocupar los manufactureros castellanos en un mercado tan decididamente organizado con miras a la exportación? En 1462 se había prohibido que las exportaciones de lana superaran los dos tercios de la producción; el resto se reservaba, en principio, para la industria nacional. El cupo siguió siendo el mismo durante un siglo e incluso muchas veces no se respetó. Para Carande, el hecho de que a pesar del incremento demográfico y de la demanda que supuso la apertura del mercado americano, los industriales castellanos no pretendieran aumentar el porcentaje de lana reservado para ellos, es índice indudable del estancamiento de la industria textil en Castilla[120]. No estamos totalmente de acuerdo con Carande y en los capítulos siguientes haremos algunas puntualizaciones a sus afirmaciones. Los industriales castellanos intentaron ciertamente luchar contra los exportadores, pero no elevaron sus protestas hasta después de la muerte de Isabel. ¿Quizás porque sabían que la reina estaba totalmente decidida a que las cosas siguieran como hasta entonces? Efectivamente, demasiados intereses se conjugaban en favor de la exportación de la lana: los aristócratas, propietarios de grandes rebaños y de pastos, los comerciantes, y la Corona —a causa de los impuestos que cobraba sobre el ganado trashumante y de los pastos de los Maestrazgos— formaban una coalición muy poderosa frente a la cual poco podían hacer los pañeros del reino, aislados y minoritarios. La Mesta, además, se convierte en portavoz de todos aquellos que se benefician del comercio de la lana[121]. Fue, pues, en la década de 1520 cuando esta institución alcanzó el cenit de su poder[122]. No cabe duda de que este poder tan considerable suscitaba inquietudes, rivalidades y oposiciones. Así, vemos cómo en 1520 se enfrentan hermanos de la Mesta burgaleses contra otros segovianos[123]. Sin embargo, la Mesta sabía defender sus intereses y ligar sus propios intereses al interés general[124]. Estos intereses coincidieron también con los de ricos capitalistas extranjeros que iban a convertirse en banqueros del emperador. Todo, pues, se alía contra los intereses de los pañeros y las medidas en favor de la industria textil se encuentran con obstáculos insuperables. Nuevamente, en el reinado de Carlos V volverá a aparecer la misma conjunción de intereses haciendo fracasar todo intento de modificar el porcentaje de producción dedicado a la exportación[125]. Como pone de manifiesto Luis Ortiz hacia 1550, esta política conduce a España al subdesarrollo al reducirla al papel de suministradora de materias primas; los españoles descubrirían muy pronto, con gran amargura, que los extranjeros les explotaban del mismo modo que ellos estaban explotando las riquezas de las Indias[126].

¿Deseó la monarquía, y más concretamente los Reyes Católicos, imponer esta opción económica de una manera consciente? Es posible que haya no poco de verdad en la afirmación de Hábler, según la cual, Isabel, y posteriormente Carlos V, pusieron en práctica una política opuesta a los intereses de la agricultura y de la industria, en tanto que Fernando el Católico hubiera deseado favorecer la industrialización[127]; no hay que olvidar que fue precisamente durante la regencia de Fernando, como veremos más adelante[128], cuando los pañeros se empeñaron en una lucha desigual contra los exportadores, recibiendo el apoyo de la Corona. En realidad, como escribe Pierre Vilar, los soberanos arbitran siempre en favor de los intereses más fuertes:

Basta con hacer referencia a la cronología de la actividad naval de los puertos cantábricos y vascos, a la historia de la Mesta del siglo XV, a las fechas en que los castellanos se elevan al primer rango en las plazas flamencas a costa de catalanes y aragoneses para adivinar que los favores de los Reyes Católicos (y esta es una ley general) se orientaron hacia las fuerzas ya creadas y no hicieron sino consagrar sus posibilidades para el futuro[129].

A comienzos del siglo XVI la relación de fuerzas no parece ser favorable al desarrollo de la industria textil que experimenta por tanto un cierto estancamiento. La falta de capitales y de obreros cualificados, así como la negativa a establecer medidas proteccionistas condenaron a esta industria, ya desde el reinado de los Reyes Católicos, a producir en cantidad insuficiente productos de escasa calidad, incapaces de competir con los productos extranjeros[130]. F. Ruiz Martín cree adivinar una crisis pasajera en la economía castellana entre 1512 y 1518. Esta contracción habría afectado especialmente a la industria textil segoviana, lo que explicaría, a su vez, la reacción de los industriales contra los exportadores durante este período y la fuerte participación, dos años más tarde, de los pelaires, cardadores, tintoreros y tundidores en la revuelta de las Comunidades[131].

III. —LOS POLOS DE CRECIMIENTO

Fue a lo largo de los siglos XIV y XV cuando Castilla consiguió su aplastante superioridad sobre los restantes reinos de la Península, que no habría de perder hasta el siglo XVII[132]. En el interior de Castilla, el desarrollo no parece haber llevado el mismo ritmo en todas partes. La expansión favorecía a ciertas áreas y parecía olvidar a otras. ¿Era acaso el clásico conflicto entre el Norte y el Sur[133]? Sólo en parte, ya que el Sur estaba conociendo desde el siglo XV y en torno a la ciudad de Sevilla, una gran prosperidad que la demanda del mercado americano iba muy pronto a incrementar considerablemente. Como sucedía en el resto de Europa en la misma época, fue el comercio la actividad que puso en marcha el movimiento de la economía y que luego, en una segunda fase, abrió el camino para la industria[134]. En torno a las ciudades se organizó la vida económica de la región y, más tarde, de la nación. Ya hemos apuntado más arriba el movimiento que a finales del siglo XV y principios del XVI condujo al desarrollo de las ciudades en detrimento de las campiñas circundantes. Expondremos ahora la diversidad de funciones que realizaban estas ciudades, y la división del trabajo que en ellas existía, desde los primeros años del siglo XVI y que desembocó en la constitución de tres amplias zonas de desarrollo en el reino de Castilla.

1. Burgos y la Castilla del Norte

En las páginas precedentes ha quedado en claro el papel que desempeñaba Burgos en el comercio internacional, sobre todo en la exportación de las lanas merinas[135]. Desde los primeros siglos de la Reconquista, Burgos, Caput Castellae, había detentado la primacía que le otorgaba su condición de capital política. Excelentemente situada sobre la ruta del Camino de Santiago, la ciudad veía cómo afluían a ella los peregrinos y comerciantes, lo que le permitía mantener su primacía sobre las restantes ciudades castellanas y al mismo tiempo entrar en contacto con los poderosos países del Norte de Europa. A estas razones históricas hay que añadir el poderoso incentivo económico que suponía el comercio de la lana. Gracias a su situación, en proximidad a los puertos cántabros y vascos y no lejos de las grandes cañadas de la Mesta, Burgos pudo establecer relaciones mercantiles con el Norte de Europa y especialmente con Flandes, principal razón de su extraordinario florecimiento. Los años transcurridos desde finales del siglo XV hasta mediados del XVI constituyeron la etapa de mayor esplendor de la ciudad burgalesa, esplendor que se manifestó más en el volumen de los negocios que en el crecimiento demográfico. Las manifestaciones arquitectónicas de la época, como siempre sucede, revelan una extraordinaria prosperidad: el retablo de San Nicolás, la cartuja de Miraflores, la Casa del Cordón, la capilla del Condestable, el arco de Santa María y, en general, todas las grandes muestras arquitectónicas de la vieja ciudad castellana, datan de esta época de grandeza excepcional y dan testimonio de la riqueza y el fasto de su aristocracia y de su burguesía[136]. En torno a la iglesia de San Llorente se agrupaban las residencias de los grandes magnates de la lana, tenía su sede el Consulado y estaba situada la Llana, centro neurálgico del gran comercio. Una población activa y amistosa para el forastero, leal para con los soberanos, un patriciado culto y devoto, tal era la estampa que ofrecía a Lucio Marineo Sículo la ciudad, hacia 1530, en su momento de mayor esplendor[137].

Burgos debía en gran parte su fortuna a la temprana colaboración que estableció con los puertos de la costa cantábrica. Si Burgos poseía la lana, Bilbao disponía de los barcos necesarios para transportarla[138]. Comerciantes y armadores se repartían la tarea y, luego, las ganancias. Los marinos vascos habían adquirido desde hacía mucho tiempo una experiencia y una técnica depurada de la navegación en alta mar. En conexión con la actividad pesquera se desarrollaron los astilleros navales, bien aprovisionados por la riqueza forestal del interior del país y por la abundancia de mineral de hierro de Vizcaya. Una parte de este mineral era tratado in situ y alimentaba una próspera industria de anclas, armas y herramientas, mientras que el resto se exportaba a Inglaterra. Los marinos vascos establecieron también, por su cuenta, estrechas relaciones con Francia. Así se confirmó la vocación marinera de Bilbao. Los armadores no se resignaban fácilmente a desempeñar el papel de brillantes segundos de los burgaleses, como lo demuestra la fundación del consulado de Bilbao en 1514, seguida muy pronto de un acuerdo de cooperación que asoció íntimamente a los dos grupos rivales en la explotación de la ruta marítima del Norte.

La importancia creciente del País Vasco no debe hacernos olvidar el papel, aunque secundario nada despreciable, de los restantes puertos de la costa cantábrica. Bilbao sustituyó fácilmente a Santander como salida al mar de la España interior, pero La Coruña gozaba de una situación estratégica que le permitió compartir con Sevilla, en la década de 1520, los beneficios del comercio con las Indias[139]

Así pues, a principios del siglo XVI, las provincias del Norte —como señala P. Chaunu— ocupaban un lugar relevante en el conjunto de la economía española[140]. Fue a través de ellas como Castilla participó plenamente del gran comercio internacional entablando relaciones con el Norte de Europa.

2. La zona central de Castilla

Si bien es cierto que, geográficamente, Burgos pertenece a la Castilla interior, económicamente se hallaba abocada hacia su fachada marítima del Norte. La auténtica zona central de Castilla comienza más al Sur, en la región de Valladolid, que era, en el siglo XVI, «la verdadera tierra de los hombres, la gran región urbana[141]».

Sobre Valladolid, su precoz expansión, su lento pero regular crecimiento todo ha sido dicho en la gran obra de B. Bennassar que demuestra cómo la ciudad supo encontrar su vía original hacia el desarrollo a pesar de tantos «enlaces frustrados» y quizás a causa de estos fracasos. Valladolid no iba a ser nunca una ciudad comerciante como Burgos, ni industrial como Segovia, ni financiera como Medina del Campo, ni universitaria como Salamanca… Y, sin embargo, su notable personalidad hizo de ella, hasta que Madrid le tomó el relevo, la verdadera capital política de Castilla, una ciudad de funcionarios, de letrados, agrupados en torno al tribunal de justicia, la cancillería. Fue también ciudad de ricos hombres y de renteros, lo que explica el gran número de cambistas y el artesanado de lujo en ella aposentados[142]. Desde principios de siglo, Valladolid trató de desarrollar una vocación comercial atrayendo las grandes ferias que se celebraban en lugares dispersos próximos a ella: Medina de Rioseco, Villalón, Medina del Campo, ciudades privilegiadas en las que los soberanos, fieles a una vieja tradición medieval, habían concentrado el tráfico mercantil para poder controlarlo mejor. Valladolid, sin duda, desconocía la fuerza de sus rivales, especialmente Medina del Campo, apoyada por la Corona[143].

Medina de Rioseco era feudo de los Enríquez, que en 1477 habían obtenido el privilegio de organizar dos ferias anuales de treinta días de duración, la primera después del domingo de Pascua y la segunda después del 15 de agosto. Por esta razón, Medina de Rioseco se convirtió en el siglo XVI en la ciudad señorial más rica de España[144].

Villalón organizaba también dos ferias de treinta días —en cuaresma y en junio— que los condes de Benavente, señores de la villa, defendían porfiadamente contra la competencia de Medina del Campo[145]. Se hacía uso de todos los medios al alcance, incluso la coacción, para atraer a los comerciantes[146]. La reina Isabel suprimió la feria de cuaresma en 1502, pero tuvo que compensar por esto al conde de Benavente, que recibió entonces la Escribanía Mayor de Rentas, sinecura altamente lucrativa. Durante dos años, esta feria se añadió a las que ya se celebraban en Medina del Campo. Tras la muerte de Isabel, el conde volvió a organizar en Villalón su feria de cuaresma y Felipe el Hermoso y luego Fernando el Católico aceptaron los hechos consumados. Sin embargo, la situación volvió a cambiar al advenimiento de Carlos V. El 9 de agosto de 1518, el Consejo Real se negó a confirmar este privilegio so pretexto de que perjudicaba al tesoro real, privado de las alcabalas correspondientes, así como a terceros —o sea, la ciudad de Medina del Campo—. De nuevo se ofreció al conde de Benavente la misma compensación, la Escribanía Mayor de Rentas, estimada en 16.000 ducados, además de una suma en metálico de 8000 ducados[147]. El conde no se dio por satisfecho y antes de finales de año había conseguido el restablecimiento de la feria, pese a la oposición de Medina del Campo[148], pero conservó la Escribanía esta vez, por la que comenzó a pagar 15.000 ducados al tesoro real. Tales episodios de esta guerra económica dicen bien de la importancia de los intereses en juego. Más tarde, el conde confesaría que entre el privilegio de las ferias y una recompensa de dos millones de maravedís no hubiera dudado en elegir: hubiera conservado las ferias[149].

El éxito relativo de Medina de Rioseco y de Villalón no debe llevarnos a engaño. Desde las postrimerías del siglo XV, Medina del Campo, ciudad real y protegida por Isabel, se había convertido en la capital económica del reino, con sus dos ferias anuales[150]. En mayo y en octubre la ciudad se llenaba de comerciantes llegados de toda España y del extranjero. El mercado de la lana ocupaba el lugar más importante, por el volumen de los negocios contratados, pero los artículos de seda y de cuero constituían objeto también de importantes negociaciones, sin hablar de muchas otras transacciones, desde las piedras preciosas hasta los esclavos. Negociantes, cambistas, financieros y Banqueros afluían a la ciudad dándole una animación extraordinaria y asegurándole una gran prosperidad[151]. Era lógico que las autoridades municipales defendieran sus privilegios encarnizadamente y que trataran de atraer a los comerciantes con múltiples agasajos y garantías[152]. Las ferias constituían el gran negocio de Medina del Campo. A partir del reinado de Carlos V adquirieron una nueva dimensión convirtiéndose en el centro donde se concertaban los intercambios de país a país y las cuentas entre particulares. Medina del Campo se transformó, así, en centro financiero de importancia internacional[153].

En torno a Valladolid gravitaban otras ciudades en pleno desarrollo, como Palencia, en el centro de la rica región cerealista de la Tierra de Campos; Zamora y Toro, que estaban conociendo un principio de industrialización[154]; y más alejadas, Salamanca y Segovia.

Salamanca obtenía su prestigio y su riqueza, fundamentalmente, de la Universidad, con mucho la más importante de España con sus siete mil estudiantes —cifra que nos aporta Lucio Marineo Sículo y que parece un tanto exagerada—. Esta población estudiantil, siempre turbulenta, había de proporcionar dirigentes y auxiliares a la Comunidad[155]. Pero ¿eran las escuelas universitarias la única razón de la prosperidad de Salamanca a principios del siglo XVI? La ciudad desarrollaba también un activo comercio al por menor, como lo demuestra la existencia de varias sociedades comanditarias. Así, un licenciado de Trujillo se asocia con dos comerciantes de Salamanca invirtiendo una suma de 100.000 maravedís en el comercio de paños y de seda. En el contrato se detalla que el radio de acción de esta sociedad no debe sobrepasar los límites de la ciudad:

En esta cibdad e no en la mar, salvo en esta dicha cibdad e no en otra parte.

Al cabo de dos años, la compañía será disuelta y el licenciado recuperará su capital después de haberse repartido las ganancias o las pérdidas. Tales asociaciones no eran raras en Salamanca[156]. Hay que señalar también la existencia de una pequeña industria local: curtido, cuero y textil, que contribuía a dar vida a la capital intelectual del reino.

En cuanto a Segovia, era la ciudad industrial por excelencia en esta Castilla del interior, con las dificultades que ya hemos apuntado anteriormente. Además de la industria textil, poseía una importante industria de sombreros de origen muy antiguo, el trabajo del cuero, las papelerías y la Casa de la Moneda[157], todo lo cual contribuía a dar a Segovia una fisonomía muy original en estos primeros años del siglo.

Carecemos de información adecuada sobre la vida de ciudades como Ávila. Parece que en ella, como en otras ciudades del interior, la economía no se desarrolló al ritmo que hubiera exigido el crecimiento demográfico. Los documentos contemporáneos insisten en el hecho de que la población estaba formada por gentes modestas con ingresos poco importantes. Así, vemos cómo en 1513 los jergueros y picoteros de Ávila se quejaban de los impuestos que hacían recaer sobre ellos las autoridades municipales. Su clientela no disponía de recursos importantes, por lo cual les resultaba difícil elevar los precios de los artículos[158].

Al sur del Guadarrama, Toledo era la gran metrópoli de Castilla la Nueva, rival de Burgos desde el punto de vista político y quizás, durante los primeros años del siglo XVI, también en el campo económico. Es P. Chaunu quien señala:

Durante mucho tiempo el principal centro de exportación de productos manufacturados en dirección a América estará situado en la región de Toledo[159].

Esto dice de la importancia de esta ciudad en la economía general del país. Toledo era uno de los centros principales de la industria sedera española. La industria de la seda y la de los tejidos ocupaban, a comienzos del siglo, a más de diez mil personas. Si añadimos a ellas una confección antigua y de gran fama (bonetes, vestidos), un artesanado numeroso y un comercio floreciente, bastante concentrado y cuyos representantes se negaban a ser confundidos con los vulgares traperos al detalle, tendremos, en la época anterior a la decadencia —que señala ya el Memorial de Luis Ortiz— lo esencial de la actividad toledana en los primeros años del siglo XVI[160].

Toledo ejercía su influencia sobre una extensa área de Castilla la Nueva. Si Madrid vivía sobre todo de la agricultura y de un artesanado bastante empobrecido —los curtidores, sobre todo, se quejaban en 1510 de la fuerte alza que había experimentado el cuero[161]—, Guadalajara y Cuenca desarrollaban una actividad industrial (sedera y textil) ciertamente notable. Finalmente, la Universidad de Alcalá de Henares, de reciente fundación, situaba en las cercanías de Toledo un centro intelectual de primer orden.

Quizás podrá extrañar que hayamos agrupado a las dos Castillas, a pesar del obstáculo de la Sierra. Pero es que, las sierras, a veces muy elevadas, que rodean y dividen la Meseta, no constituían en estos primeros años del siglo XVI un obstáculo infranqueable. Por el contrario, la lectura de los textos y documentos nos sorprende ante el movimiento que existía en el centro de la Península. Carretas y caravanas de todo tipo transportaban de un extremo al otro de la Meseta las mercancías a través de rutas o caminos de muías, muy numerosos en el interior de Castilla.

El medio de transporte más usual era la muía. Según F. Braudel, más que otras causas, invocadas a menudo, sería el movimiento de «acarreo» de los arrieros el que habría hecho a España, al determinar las tendencias profundas de la economía del país. Su circulación, durante tanto tiempo dirigida hacia la vertiente oriental de la Península, hacia Barcelona y Valencia y luego hacia Málaga y Alicante, se volvió hacia el Norte a partir del reinado de los Reyes Católicos, descubriendo así la nueva tendencia de la economía castellana, cada vez más ligada a la Europa septentrional[162]. Y nada ilustra mejor este cambio de dirección que la extraordinaria red de caminos tejida en torno a Toledo y Valladolid, tal como aparece en el repertorio de Villuga de 1546. Criado de Val y Gonzalo Menéndez Pidal han mostrado la multiplicidad de comunicaciones existentes entre ambas Castillas a pesar del obstáculo aparente de la Sierra de Guadarrama, hecho esencial que nos interesa subrayar aquí, y que revela la unidad profunda entre los dos conjuntos geográficos, situados ambos en el corazón del movimiento de las Comunidades. Las comunicaciones desde Toledo a Segovia o a Valladolid nunca se verán interrumpidas. Veremos cómo mensajeros y refuerzos comuneros pasarán sin demasiadas dificultades la Sierra de Sur a Norte. Describimos a continuación las tres vías de comunicaciones fundamentales —siguiendo a Criado de Val—, cada una de las cuales comprendía, por otra parte, varios itinerarios posibles:

1. De Segovia a Toledo dos caminos se ofrecen al viajero: uno sigue el curso del rio Guadarrama y atraviesa la sierra por los puertos de Bermeo y Lozoya; a partir del siglo XV se prefería pasar por Madrid, bordeando el Manzanares.

2. De Segovia a Salamanca también dos rutas: una por Talamanca y la otra por Colmenar. Ambas franquean la sierra en Navacerrada y Cercedilla.

3. De Toledo a Valladolid, se podía elegir también entre el «camino de los carros», por el pueblo de Guadarrama y El Espinar, y el «camino de los caballos», más corto, por Los Toros de Guisando y Cebreros. Otra ruta seguía el curso del Jarama, atravesaba la sierra de Somosierra y conducía hasta Burgos[163].

De esta manera se estableció un eje de caminos Sur-Norte que unía las ciudades más activas de ambas Castillas con los puertos del Cantábrico. En cambio, al sur de Toledo, los medios de comunicación eran mucho menos abundantes[164]. El polígono Burgos-Zamora-Salamanca-Ávila-Toledo-Madrid-Valladolid se beneficiaba, así, de una red de caminos muy densa, muy superior a la de cualquier otra región de España. Las sucesivas capitales del movimiento comunero (Ávila, Tordesillas, Valladolid, Toledo) se hallaban situadas todas ellas en uno de los ejes de comunicación, hecho que, sin duda, no es fruto del azar.

3. Sevilla y Andalucía

El viajero que procedía de las tierras áridas de la Meseta central, se maravillaba ante la fertilidad de Andalucía:

Es tierra más fértil de pan y de todas las otras cosas, decía, admirado, Lucio Marineo Sículo y, poco tiempo después, Pedro de Medina comentaba:

Hay pueblos en el Andalucía que cogen cada día setenta mil botas de bino de a treinta arrobas cada una; de donde se lleva para Indias, Flandes, Inglaterra, de solo este pueblo (Jerez de la Frontera) cada año más de quatro mil botas.

Hay en España gran número de pueblos donde se coge mucho y muy buen aceite que se carga y lleva por mar a otros reinos (…). En una sola ciudad de Sevilla con su Axarafe se cogen en cada un año, habiendo fruto, setenta mil quintales de aceite, poco más o menos, de a diez arrobas cada quintal[165].

Andalucía producía en abundancia trigo, vino y aceite, los tres productos básicos de exportación alimentaria. Y esto explica el temprano crecimiento de Sevilla, mucho antes del descubrimiento de las Indias[166]. A mayor abundamiento, Sevilla y Cádiz gozaban de una situación estratégica, en el centro de las grandes corrientes comerciales del siglo XV que unían Italia con la Europa del Norte pasando por Portugal. He aquí por qué desde fecha muy temprana, los italianos se interesaron por la Baja Andalucía. Desde el siglo XV, hombres de negocios florentinos y genoveses se instalaron en Sevilla invirtiendo en ella importantes capitales y desarrollando una actividad comercial a la que pronto contribuyó de buen grado la aristocracia local[167]. Los viajes de descubrimiento, la colonización y la creación de la Casa de Contratación, con sede en Sevilla, estimularon, aún más, a finales del siglo XV y principios del XVI este movimiento de negocios. Una serie de razones históricas antiguas, acontecimientos políticos recientes y consideraciones técnicas contribuyeron, pues, a cimentar las bases de la prosperidad de Sevilla en el Siglo de Oro.

Por si faltara algo, el siglo XVI añadió a las glorías y a las riquezas de esta magnifica tierra el regalo de América. Por espacio de casi dos siglos, desde 1503, la América fue, en realidad, patrimonio de Sevilla. La América, es decir, la Casa de Contratación, las flotas que arribaban a las Indias y las que volvían del Nuevo Mundo cargadas con la plata de México o del Perú; los mercados de las densas y activas colonias abiertos al extranjero: todo quedó bajo el legítimo monopolio. ¿Por qué razones? En primer lugar, para gobernar más rigurosa y celosamente aquel tráfico, fuente de gran riqueza: era el punto de vista de los gobernantes. En segundo lugar, porque el camino de América dependía de los alisios y Sevilla estaba situada a la puerta misma de estos vientos. Pero detrás de esta singular fortuna, ¿no había como fundamento una ciudad privilegiada, admirablemente abastecida por las naves que descienden por el Guadalquivir y por los famosos carros tirados por dos pares de bueyes? Es la gran planicie vinícola y olivarera la que anima por debajo de cuerda el tráfico sevillano. Era el aceite y el vino de estos campos lo que los barcos del norte, bretones, ingleses u holandeses, venían a cargar a Sevilla, y no únicamente las lanas de Castilla, la sal de Sanlúcar —incomparable para la salazón del bacalao— y los productos importados de las Indias[168].

El reino de Castilla presentaba, pues, a comienzos del siglo XVI, tres zonas principales donde se concentraba la riqueza nacional: el Norte, en torno a Bilbao y Burgos; el Centro, con dos polos de atracción, Valladolid y Toledo; y el Sur, en torno a Sevilla. El siglo XV fue testigo del continuo crecimiento del Centro, lo que, no obstante, no fue óbice para la formación de las grandes fortunas andaluzas ni para el desarrollo del importante comercio lanero a partir de los centros Burgos-Bilbao. Ambas fachadas marítimas, la cantábrica y la andaluza, colaboraron con el núcleo central de la Península. El reinado de los Reyes Católicos consagró este equilibrio en el plano político[169]. Pero todo esto, herencia del pasado, empezaba a sufrir una transformación. Ya los movimientos de población dan fe del lento movimiento Norte-Sur que empezaba a producirse. El centro de gravedad de Castilla se desplazó hacia Sevilla; el eje Medina del Campo-Burgos-Bilbao perdió importancia frente al eje Burgos-Medina del Campo-Sevilla (escribe P. Chaunu), quien habla de «una captación de Castilla la Vieja hacia el Sur[170]». Fue en las primeras décadas del siglo XVI cuando esta tendencia se afirmó de manera decidida. Las regiones periféricas —Burgos y el Norte, Andalucía— no tenían razones para inquietarse. La primera podía contar con los beneficios que debían reportarle los nuevos lazos dinásticos con la Europa del Norte. En efecto, el advenimiento al trono español de Carlos V no podía sino beneficiar a los burgaleses, al intensificarse la corriente de intercambios comerciales con los Países Bajos. La segunda, sede desde 1503 de la Casa de Contratación, comenzó a beneficiarse de los tesoros americanos y del comercio con las Indias. Y, situada entre ambas, la Castilla interior, alejada de los grandes puertos, veía cómo se rompía el equilibrio que había existido durante el reinado de los Reyes Católicos. Para ella, el cambio de dinastía representaba una incursión hacia lo desconocido. Los conflictos que tuvieron lugar entre 1505 y 1520, entre la muerte de Isabel y la coronación de Carlos V, son consecuencia de la inquietud del centro político y geográfico frente al porvenir. Y en este sentido, ¿no podría representar el episodio de las Comunidades la expresión, en el plano político, de esta angustia del centro castellano ante las nuevas perspectivas nacidas del cambio de dinastía y de la concesión del monopolio americano a Sevilla? Fue el centro, en efecto, quien planteó la lucha a la Corona que, en cambio, encontró apoyo en Burgos y en Andalucía. Y, en definitiva, la derrota de Villalar no hizo sino precipitar la decadencia de la Mesta, debido a las fuertes indemnizaciones que había que pagar a los vencedores.

2. EL ESTADO Y LA NACIÓN

Los cronistas e historiadores forjaron, desde fecha muy temprana, un auténtico mito en torno a los Reyes Católicos y muy especialmente en torno a la reina Isabel. Según la interpretación tradicional, después de la turbulencia y la anarquía de los reinados precedentes, estos soberanos ejemplares habrían sentado las bases de la unidad nacional, restablecido la paz y el orden público y estimulado el desarrollo económico, restaurando además la autoridad del Estado en todos sus dominios y situando a España en el primer rango de las grandes potencias europeas. No ha sido sino en el curso de estos últimos años cuando se ha comenzado a abandonar esta visión ideal en favor de una interpretación más exacta de la realidad[171]. En el capítulo anterior presentábamos las razones profundas que hicieron posible la transformación del reino: el crecimiento demográfico y el desarrollo económico, bases de la futura grandeza de España. En este capítulo vamos a intentar analizar la verdadera dimensión del edificio político construido por Fernando e Isabel. ¿Sobre qué bases sociales descansaba el Estado? ¿Habría de ser duradero el equilibrio conseguido?

I. —LAS ESPAÑAS

«El estudio del concepto nación es el estudio de una psicología y de una estructura, a un tiempo», escribe Pierre Vilar[172]. Desde este punto de vista, España no existe todavía como nación a principios del siglo XVI. Sánchez Albornoz ha puesto en claro el hecho decisivo: fue la invasión musulmana la que destruyó la unidad de la Península[173]. La Reconquista fue obra de grupos de españoles divididos: asturianos, vascos, navarros, aragoneses. No obstante, la idea de una solidaridad de destino entre las diversas comunidades seguía subsistiendo, y los reyes de León trataron de explotarla en beneficio propio. Pero sólo lo consiguieron en parte. Castilla surgió del reino de León, lo absorbió después y terminó convirtiéndose en la fuerza política preponderante de la España cristiana. Aprovechando la coyuntura de la lucha contra el Islam y de la relajación de la administración castellana, Portugal consiguió erigirse en Estado independiente. En el Oriente peninsular, mientras tanto, una serie de matrimonios afortunados aseguró la fortuna política de los condes de Barcelona, que en 1137 se convirtieron en reyes de Aragón. Valencia, una vez reconquistada, completó el grupo de territorios que formaba la Corona de Aragón. Y así, paulatinamente cristalizó el fraccionamiento de la Península en grupos políticos distintos y antagónicos.

No obstante, y Sánchez Albornoz hace hincapié en este hecho, existía una indudable solidaridad, fruto de la tradición, de la lucha contra el Islam, que unía a los distintos grupos por encima de las barreras políticas. En el campo de la sensibilidad y de la psicología colectiva, los portugueses, castellanos y aragoneses, por ejemplo, tenían muchos rasgos en común, a pesar de todas las diferencias sociales, políticas y culturales. Todos se sentían fundamentalmente españoles, como lo pone de manifiesto el hecho de que en el siglo XV volviera a utilizarse la palabra España para designar el conjunto de toda la Península. En el siglo de Oro se conservó esta tradición. España se compone de varios reinos, escribía Maldonado: Castilla, León, Galicia, Portugal[174]… Pero he aquí cómo Mejía presentaba al infante don Miguel, hijo del rey Manuel, de Portugal y nieto de los Reyes Católicos:

luego en siendo nacido, por muerte de su madre fue auido por príncipe y succesor de los reynos de Castilla y Aragón por parte de sus abuelos, y de Portugal por su padre; ansí que lo fue de toda España[175].

Un siglo más tarde, Quevedo seguía refiriéndose a «España»:

Propiamente, España se divide en tres coronas: de Castilla, Aragón y Portugal[176].

Esta nostalgia de la unidad perdida debía contar, sin embargo, con las estructuras heredadas. En el curso de los siglos, la existencia de cuadros institucionales y económicos distintos y de intereses políticos y humanos diferentes y a menudo encontrados, debilitaron los lazos comunitarios de los pueblos de la Península. La voluntad de los soberanos, que prepararon pacientemente la unificación de las tres Coronas no obtuvo más que resultados parciales. Un gran paso, un paso decisivo en este sentido lo constituyó el matrimonio de Fernando de Aragón con Isabel de Castilla. Conviene no exagerar la importancia de este acontecimiento, pero tampoco hay que subestimarla. Se trató únicamente de una unión personal, en la que cada grupo de territorios conservaba sus propias instituciones, su administración, sus leyes, su moneda y sus aduanas. La unión descansaba en la autoridad y el prestigio personal de los soberanos y se fortaleció por medio de la realización de empresas comunes como la conquista de Granada, la exaltación religiosa y la política exterior. Es importante señalar también cómo las conquistas territoriales se asimilaban todavía a una u otra de ambas Coronas: las Canarias, Granada, las Indias y Navarra a Castilla; Nápoles a Aragón. La unidad nacional, por tanto, aún estaba lejos. Castellanos y aragoneses se sentían extranjeros los unos para con los otros. Los reyes podían esperar, es cierto, que las diferencias se verían atenuadas con el paso del tiempo, aunque el desequilibrio existente entre Castilla y Aragón, favorable a la primera, no parecía facilitar la armonización de los intereses. Debido a su mayor densidad de población, a su mayor dinamismo y a su superior prosperidad económica, Castilla ocupó desde el comienzo del reinado de los Reyes Católicos, un lugar preponderante en la monarquía dual[177]. Carlos V y Felipe II, que se apoyaron sobre todo en Castilla, no hicieron sino favorecer este contraste y esta preponderancia castellana.

Las amenazas de ruptura que surgieron a la muerte de Isabel son testimonio de la fragilidad de la unión. Fernando, reducido a simple monarca de Aragón, debió ceder el puesto en el gobierno de Castilla a Felipe el Hermoso, marido de Juana la Loca, heredera de los Reyes Católicos. Desaparecido Felipe, Fernando de Aragón regresó a Castilla en calidad de regente. Parece que albergaba intención de promover la separación de Castilla y Aragón, favoreciendo los intereses del hijo habido de su segundo matrimonio con Germana de Foix o los del infante Fernando, su segundo nieto, en detrimento del futuro Carlos V. Hay que esperar hasta 1516 para ver de nuevo reunidas a Castilla y Aragón bajo el mismo cetro con la llegada de Carlos de Gante a España. De hecho, los dos grupos de territorios continuaron coexistiendo sin llegar a fundirse verdaderamente. La crisis de los años 1520-1521 llevó esta situación hasta lo increíble: los movimientos de las Comunidades de Castilla y de las Germanías de Valencia, estrictamente contemporáneos, tenían numerosos puntos en común y, sin embargo, se ignoraron mutuamente. Es por esta razón por la que en este libro sólo los acontecimientos de Castilla van a retener nuestra atención. La revuelta de los Comuneros desafió la autoridad de Carlos V como rey de Castilla. Mediante ella se trató de modificar una situación específicamente castellana y no se interesó por los asuntos comunes más que de una manera puramente accesoria. Ningún otro episodio podría ilustrar mejor sobre la limitación de la obra unificadora de los Reyes Católicos.

II. —LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

El reinado de los Reyes Católicos no aportó ningún cambio sustancial en la organización de la sociedad. La sociedad continuó dividida, como antes, en órdenes estrictamente jerárquicos, aunque es cierto que estos órdenes sufrieron transformaciones en su composición que modificaron sus relaciones entre sí y su importancia en el conjunto de la nación. Si bien la nobleza conservó intactos su riqueza y su prestigio, su poder disminuyó de manera notable; en cuanto al clero, especialmente el alto clero, sufrió una democratización. Finalmente, aparecieron nuevas capas sociales: los hidalgos y los letrados, funcionarios asociados al Gobierno, en tanto que la burguesía mercantil no alcanzó a encontrar su puesto en la participación de las responsabilidades políticas.

1. El clero

Fue con respecto al alto clero donde los cambios fueron más espectaculares y más duraderos[178]. Desde el principio de su reinado, los Reyes Católicos exigieron al papa un derecho de supervisión sobre el nombramiento de los obispos. Después de no pocas gestiones y disputas consiguieron lo que solicitaban. En el plano estrictamente jurídico, el derecho de presentación (patronato) solamente era válido para los obispados de Canarias, Granada y América, pero en la práctica todos los obispos de España eran designados previo consentimiento de los monarcas. Esta reivindicación se explica por el doble carácter de los obispos, pastores y señores, a un tiempo investidos de obligaciones espirituales en su diócesis pero también de responsabilidades temporales a veces muy considerables. Así, por ejemplo, el arzobispo de Toledo dirigía un territorio muy extenso sobre el que ejercía poderes administrativos, judiciales y militares. Era él quien nombraba a los regidores, alcaldes, a los notarios y a los gobernadores militares de muchas ciudades y aldeas. Los Reyes Católicos, del mismo modo que impidieron toda intervención de la nobleza en los asuntos públicos, trataron de evitar los peligros de un «feudalismo episcopal» como lo llamaba el P. Azcona. Pero los monarcas se encontraban a veces impotentes para luchar contra este tipo de feudalismo, ya que los obispos podían refugiarse en todo momento tras su estatuto privilegiado (la libertad eclesiástica) o amenazar con la utilización de las armas canónicas (excomunión, interdicto, censura). Esta es la razón por la que Fernando e Isabel decidieron elegir ellos mismos a los titulares de las sedes episcopales en función de los criterios que finalmente acabaron por imponer. Ante todo, se esforzaron por excluir a los extranjeros (salvo excepciones) de los beneficios eclesiásticos, tanto por motivos de seguridad (los obispos disponían de plazas fuertes) como por razones financieras (para tratar de evitar la fuga de capitales al extranjero). Asimismo, rechazaron sistemáticamente a los candidatos de la alta nobleza. En este sentido, los Reyes Católicos introdujeron un cambio radical: los obispos dejaron de ser parientes o aliados de las grandes familias de la nobleza. Los obispos eran ahora letrados, elegidos preferentemente entre los antiguos alumnos del Colegio Mayor de San Bartolomé, y siempre de una moralidad irreprochable. Esta forma de actuación de los Reyes Católicos se debía tanto a su interés por elevar el nivel intelectual y moral del alto clero como a su deseo de transformar a los obispos en colaboradores devotos del Gobierno, lo que no equivale ciertamente a decir que crearon un clero a su medida. El clero siguió conservando, de hecho, grandes propiedades territoriales y una notable riqueza económica, pero ahora, lejos de suponer una amenaza para el Estado, se situó a su servicio, como lo demuestra el caso del cardenal Cisneros financiando con sus propios medios parte de la expedición a Oran. Era lógico que los Reyes Católicos encontraran en un clero reorganizado de esta manera y tan cuidadosamente reclutado, estrechos colaboradores, competentes y leales, que sin descuidar sus deberes de pastores, podían ocupar en caso necesario los más altos cargos de la Administración y actuar como verdaderos hombres de Estado. Cisneros nos ofrece de nuevo el mejor ejemplo.

Con respecto al resto de los componentes del clero, los Reyes Católicos trataron de afirmar su autoridad sobre un sector que trataba de conseguir cada vez una mayor independencia. En efecto, la existencia de tribunales reales y eclesiásticos planteaba un problema nada desdeñable en cuanto que todo miembro del clero era juzgado por los tribunales eclesiásticos. Fernando e Isabel se opusieron con firmeza a las tentativas de los jueces eclesiásticos por abusar de sus atribuciones. Impidieron también una práctica muy común, que los laicos se dirigieran a los tribunales eclesiásticos para que entendieran una causa que en realidad nada tenía que ver con su jurisdicción. Finalmente, en otro orden de cosas, intentaron limitar el número excesivo de «clérigos de corona», tonsurados que no tenían intención de recibir las órdenes sagradas pero que pretendían aprovecharse de las ventajas y privilegios inherentes a su condición de eclesiásticos.

En resumen, la actitud de los monarcas respecto al clero secular iba dirigida esencialmente a mantener las prerrogativas de la Corona y a reducir lo más posible los aspectos que escapaban a su autoridad directa. Por lo demás hay que decir que el bajo clero estaba lejos de ser un modelo de cualidades y de virtudes morales; el concubinato seguía siendo práctica corriente a pesar de las amenazas y, a veces, las venganzas de los maridos celosos[179].

Los Reyes Católicos estimularon también la reforma de las Órdenes Religiosas llevados de los motivos que les habían impulsado a intentar la reforma del alto clero: elevar el nivel intelectual y moral de sus miembros e impedir que las riquezas territoriales de los grandes monasterios constituyeran un peligro para el Estado. No cabe duda de que también en este aspecto consiguieron ver cumplidos sus deseos. De las órdenes religiosas surgieron numerosos consejeros, es decir, colaboradores de la monarquía. Muchos de ellos se dedicaron a una tarea de reflexión política sobre el nuevo Estado cuyos resultados habían de salir a la luz con motivo de la revuelta de las Comunidades.

2. La nobleza

¿Los Reyes Católicos pusieron coto al poder de la nobleza, como se afirma frecuentemente, o no? Es en este punto donde hay que introducir mayores matizaciones en el esquema tradicional. La aristocracia castellana se constituyó históricamente en dos etapas[180]. El proceso de la Reconquista favoreció ciertamente la formación de grandes dominios señoriales, especialmente en la mitad sur del país, pero fue sobre todo la crisis económica, social y política que siguió a la Peste Negra la que permitió la creación de la gran aristocracia castellana de los Tiempos Modernos. Los trabajos de Valdeón Baruque y de Suárez Fernández han descrito el proceso que desembocó en la constitución de las grandes familias nobles de la época clásica. La recesión demográfica y el incremento de los salarios fueron causa de la disminución de los recursos de la nobleza en la segunda mitad del siglo XIV, que intentó compensar sus pérdidas obteniendo concesiones de tierras o de rentas de parte de la monarquía. Por otra parte, los problemas políticos a los que se vio enfrentado Enrique II le llevaron a aumentar el poder de la aristocracia tradicional y a crear una nueva aristocracia. Las «mercedes enriqueñas» estaban dirigidas a la creación, por debajo de los nobles ya existentes, de una especie de nobleza de servicio, dispuesta a una estrecha colaboración con el rey. La consecuencia fue un enorme incremento del poder de la nobleza, contrapartida de la reorganización del reino, obtenida, por otra parte, al precio de la guerra civil. Las crisis del siglo XV no sirvieron sino para acentuar esta tendencia. Fue entonces cuando aparecieron las poderosas casas de los Velasco, Enríquez, Álvarez de Toledo, Javier Mendoza, Pacheco, Guzmán, Zúñiga, Ponce de León, etc., que sustituyeron en riqueza y prestigio a las viejas familias nacidas en los siglos XI y II. Estas grandes familias llenan los anales de la historia castellana del siglo XV. Las crisis políticas fueron causa de su aparición, primero, de su enriquecimiento después y, por último, de su habitual intervención en los asuntos del Estado. Sin duda, los Reyes Católicos no podían ignorar su existencia al advenimiento al trono.

No parece que los Reyes Católicos pusieran en práctica una política muy coherente respecto a estas familias aristocráticas de reciente creación[181]. En los primeros tiempos de su reinado se comportaron con extremo rigor con una parte de la nobleza de Galicia y Andalucía, pero ¿actuaron de la misma manera respecto a los nobles o adversarios políticos, culpables de haber participado en su contra en la guerra de Sucesión? Sería interesante examinar la cuestión con atención[182]. Mientras combatían a sus adversarios, los Reyes no dudaban en sustraer tierras al patrimonio real para crear feudos y recompensar a sus servidores leales, actitud que parece en franca contradicción con la que se les atribuye normalmente[183].

¿Trataron los Reyes Católicos de minar el poder económico de la nobleza? Siempre se cita, a este respecto, las decisiones tomadas a raíz de las Cortes de Toledo de 1480 que proseguían y completaban la obra comenzada en las Cortes de Madrigal de 1476. Se obligó a los nobles a restituir la mitad de las rentas y las tierras que habían usurpado desde 1464; esto representa una victoria muy importante para la monarquía[184]. No olvidemos sin embargo que la nobleza había adquirido la mayor parte de su fortuna territorial y mobiliaria antes de 1464. Es cierto que las decisiones de 1480 afectaron seriamente a la nobleza pero no le hicieron perder, ni mucho menos, su situación de clase preponderante.

Después de 1480, por tanto, la nobleza castellana conservó un potencial social y económico considerable que se vio además reforzado por la guerra de Granada, ya que a raíz de la conquista se crearon numerosos feudos[185]. Finalmente, las leyes de Toro de 1505 sobre los mayorazgos, acabaron de consolidar esta riqueza territorial al favorecer la concentración de propiedades y la formación de dominios inalienables[186].

Es necesario, pues, matizar la afirmación de que los Reyes Católicos pusieron coto al poder de la aristocracia. En su testamento, la reina Isabel se preguntaba si no habría sido demasiado complaciente respecto a la nobleza, y revocaba algunas concesiones de ciudades y fortalezas sustraídas al patrimonio real, al mismo tiempo que lamentaba haber autorizado tácitamente que los Grandes percibieran algunos tributos[187]. Los comuneros habrían de recordar esta confesión y estos escrúpulos de conciencia.

En realidad, el poder y el prestigio de la nobleza seguían siendo impresionantes a comienzos del siglo XVI. Según Marineo Sículo, las rentas de la nobleza suponían una tercera parte de los ingresos totales del país —repartiéndose el resto entre la Iglesia y el Estado— y poseía inmensos territorios[188]. No siempre se contentaba con el importe procedente de la renta territorial y los derechos señoriales. Muchos nobles obtenían también cuantiosos beneficios de sus rebaños de corderos y de la venta de la lana; poseían numerosos juros y percibían en ocasiones el importe de ciertos impuestos reales como la alcabala. El condestable de Castilla disponía de la mayor parte de las aduanas del Noroeste (diezmos de la mar[189]) y en el Sur los duques de Medina Sidonia comenzaron a participar también en actividades industriales y comerciales[190]. Así pues, la jerarquía nobiliaria se elevaba sobre una sólida base material. En la cima se hallaban los que en otro tiempo habían recibido el nombre de ricos hombres y a los que ahora se designaba con el nombre de Grandes, bien que el sentido de este título no apareció verdaderamente hasta 1520[191]. A continuación venían los títulos: duques, condes, marqueses cuyo origen no debía ser anterior al siglo XIV, enriquecidos gracias al comercio de la lana, a las mercedes enriqueñas y a las guerras civiles. En total, Grandes y Títulos representaban un centenar de familias, una minoría absoluta, por tanto, pero que era dueña de los dominios más extensos y de las rentas más cuantiosas, gozando de la mayor influencia social.

En contrapartida a su posición, esta minoría no desempeñó un papel político importante durante el reinado de los Reyes Católicos. El hecho decisivo, en este sentido, fue la reorganización del Consejo Real, decidida en 1480[192]. En este consejo, que se convirtió en el órgano central del Gobierno y en la más alta autoridad administrativa, los nobles se hallaban en clara minoría: solamente tres nobles formaban parte del consejo, junto a ocho o nueve letrados, dos prelados y el obispo presidente. La incorporación de los Maestrazgos a la Corona, realizada a partir de 1476, confirma la firme decisión de los soberanos de imponer su autoridad suprema a todos los órdenes de la sociedad, comprendida la aristocracia y las órdenes militares[193].

Sin embargo, la nobleza no se convirtió en una nobleza cortesana, dócil y domesticada[194]. Todavía no había perdido completamente el gusto ni el deseo de intervenir en la vida política. Cuando las circunstancias le parecieron favorables, a partir de 1504, adoptó una actitud turbulenta esforzándose por recuperar, en el plano político, la influencia perdida desde 1480. Uno de sus representantes resumió así los sentimientos profundos de su casta, pronta a aprovecharse de las crisis políticas para acrecentar su poder:

En los tiempos de paz pocos son los que ganan y en los tiempos rebueltos se hazen los onbres[195].

Más adelante tendremos ocasión de comprobar cómo entendía este axioma la nobleza castellana.

No resulta fácil clasificar los rangos inferiores de la clase nobiliaria. ¿A quién situar detrás de los Grandes y de los Títulos, a los caballeros o a los hidalgos? Y ¿cómo distinguir a unos de otros? Las definiciones de los viejos códigos de nobleza no pueden aplicarse para el siglo XVI pues la costumbre contribuyó a eliminar el rigor de las antiguas distinciones. Creemos que Domínguez Ortiz tiene razón cuando afirma que hay que situar a los caballeros antes que a los hidalgos[196]. No debemos tratar de buscar una definición demasiado exacta para el término caballero. Eran caballeros aquellos que habían sido armados como tales por oposición a los escuderos. Entraban de lleno en esta categoría los miembros de las órdenes militares, fueran o no titulares de una encomienda, fuente de prestigio y de riqueza a un tiempo. También eran caballeros los ciudadanos que mantenían armas y un caballo para combatir (caballeros villanos); en este sentido, el patriciado urbano estaba formado por caballeros que acabaron por integrarse plenamente en las filas de la nobleza. Pero, de hecho, estas distinciones no parecen haberse realizado en el siglo XVI. Se designaba entonces con el nombre de caballeros a la categoría de los miembros de la nobleza situados inmediatamente por debajo de los Grandes y los Títulos, independientemente de la manera en que habían accedido al grado de nobles[197].

La costumbre terminó por conceder a la palabra hidalgo un contenido que poco tenía que ver con el auténtico significado etimológico. Sobre este punto en el siglo XVI no cabía duda alguna: el hidalgo era el no-contribuyente, por oposición al pechero[198]. En este sentido todos los nobles eran hidalgos, pero no siempre era cierta la reciproca. Entre los hidalgos había nobles arruinados, hijos de familias venidas a menos, pero también funcionarios —pues algunos cargos conferían la hidalguía—, y burgueses que habían comprado, no exactamente un título de hidalguía, sino la exención de impuestos (más tarde, después de algunas generaciones podrían acceder a la nobleza cuando se hubiera olvidado el origen de su hidalguía). Los auténticos nobles arruinados y famélicos, más que los hidalgos, eran los escuderos, cuyo perfecto prototipo lo constituye el «amo» del Lazarillo de Tormes.

Por otra parte, los hidalgos no formaban de ningún modo un grupo social homogéneo y la nobleza les hacía objeto normalmente de su más profundo desprecio. En general, no se les permitía hacer uso del don precediendo a su nombre, distinción honorífica que en los primeros años del siglo XVI conservaba todavía su importancia a diferencia de lo que sucedería mas adelante[199]. Si bien el jefe de los comuneros de Salamanca era don Pedro Maldonado, los de Segovia y Toledo eran designados simplemente por sus nombres: Juan Bravo, Juan de Padilla, aunque la mujer de este último pertenecía a la alta nobleza (era una Mendoza) y se la designaba como doña María Pacheco. A este respecto, en esta obra hemos seguido la costumbre contemporánea, siempre muy estricta: cada vez que el nombre de un personaje vaya precedido de la palabra don, es porque así aparece en los textos y documentos de la época.

Del mismo modo y con la misma intensidad con que los Reyes Católicos desconfiaron de la alta aristocracia, favorecieron a la pequeña nobleza. Figuras prominentes en los cabildos municipales ya desde el siglo XIV[200], los caballeros y los hidalgos proveyeron a los Reyes Católicos los cuadros para el ejército, y constituían junto a los letrados una parte importante de la administración. De entre ellos se reclutaban fundamentalmente los corregidores. Falta todavía un estudio riguroso acerca de algunos de estos funcionarios, estudio que, sin duda, pondría de manifiesto cuánto debía la Castilla de los años 1500 a estos administradores, capaces muchas veces de conjugar el gusto por la cultura desinteresada con un profundo sentido de la responsabilidad, como es el caso por ejemplo de don Diego Osorio que fue corregidor, sucesivamente, de Salamanca, Cardona y Córdoba, letrado de fino espíritu y humanista a la vez que funcionario íntegro y consciente[201]. No pocos de estos funcionarios asociados a las tareas de Gobierno y rechazados por el nuevo monarca en 1517, se unieron a la Comunidad proporcionándole algunos de sus cuadros. Pero ¿eran todos ellos hombres resentidos como pretende Guevara? ¿No habría que ver también en su actitud la reacción de gentes indignadas porque un nuevo personal político, compuesto, a menudo, por extranjeros, ponía en cuestión una obra en la que ellos habían participado directamente y que les había otorgado el sentido del Estado? Más adelante volveremos a plantear el problema y trataremos de encontrar la respuesta verdadera.

3. Las capas medias de la población

En la Castilla del reinado de los Reyes Católicos se produjo la ascensión de una clase media que intentaba fundirse con la nobleza y que muchas veces lo lograba. Pero ¿llegó a existir una auténtica burguesía, coherente y consciente de sus intereses de clase?

Por lo general la dirección de las ciudades no estaba a cargo de burgueses. Desde hacía mucho tiempo el patriciado urbano estaba reservado a la pequeña nobleza de los caballeros, que había visto consolidar su posición durante el siglo XV.

¿Eran auténticos burgueses estos funcionarios y letrados que gozaron de una promoción tan importante en el reinado de los Reyes Católicos[202]?, creemos que no. Gente de origen modesto normalmente, acudían a las universidades donde conseguían el título de licenciados o doctores en derecho y a continuación hacían carreras en las administraciones o en los tribunales de justicia donde muchas veces conseguían amasar pequeñas fortunas no siempre por medios honrados. El mundo de los hombres de leyes comenzó a constituir una larga carrera: alcaldes, oidores y escríbanos formaban ya una cohorte importante a comienzos del siglo XVI. B. Bennassar nos ha dejado una perfecta descripción de su capital, Valladolid, sede de la cancillería que constituía el medio de vida para varios millares de personas[203]. Los cargos reportaban cuantiosos beneficios a sus titulares que se las arreglaban además para transmitirlos a sus herederos o para obtener mayores beneficios mediante su venta de una manera más o menos abierta: bastaba con renunciar en favor de un hijo o de cualquier otra persona; esto no podía engañar a nadie pero tampoco existía una seria oposición a esta práctica[204]. Gracias a los puestos que ocupaban, los letrados no encontraban dificultad en sustraerse al pago de los impuestos. Así comenzaban su camino hacia la hidalguía y quizás incluso hacia la nobleza. ¿Cómo podríamos considerarlos burgueses? No lo eran, desde luego, ni por temperamento ni por su género de vida.

Lógicamente, la burguesía habría que buscarla en las ciudades, entre los comerciantes y los manufactureros. De hecho, el desarrollo económico de Castilla, al que ya hemos hecho referencia en un apartado anterior, se vio acompañado por la ascensión social, más o menos rápida, de quienes habían sido sus impulsores así como sus principales beneficiarios. Pero no todos los comerciantes eran iguales. El término mercader designaba en Castilla al gran hombre de negocios, cuyas operaciones las realizaba a escala internacional, que era exportador e importador a un tiempo y que disponía de un importante capital que le permitía en ocasiones hacer las veces de banquero. Los demás comerciantes, los mercaderes de vara, se hallaban a mucha distancia de los anteriores[205]. Aquéllos son a los que ya hemos visto preocupados por asegurarse el monopolio del comercio de la lana. Forman parte de un mundo que conocemos mejor gracias a los trabajos de Carande, Lapeyre, Ruiz Martín y Basas Fernández. Los burgaleses se hallaban en el primer plano en este grupo, con sus familias especializadas en el comercio internacional: los Maluenda, Gauna, Miranda, Astudillo, Quintanadueñas; pero tampoco hay que olvidar a los Ruiz de Medina del Campo, a los comerciantes de Toledo y Sevilla, a los fabricantes de Segovia, Cuenca, Córdoba y Baeza, ni a los ganaderos de Soria y los agricultores de Salamanca, a los que se les puede asimilar en este grupo aunque no fueran propiamente comerciantes.

Sin duda, en ellos existía el germen de una burguesía, pero Castilla no era terreno abonado para su desarrollo. Y esto no era debido a que —como se ha repetido muchas veces— los castellanos mostraran menor disposición que otros pueblos para las actividades económicas, sino al hecho de que las circunstancias históricas les habían apartado durante mucho tiempo de esta clase de actividades. Sánchez Albornoz ha realizado importantes precisiones sobre este punto. Durante muchos siglos la Reconquista había movilizado a los habitantes de la Meseta en la lucha contra el Islam.

Durante siglos, durante muchos siglos, Castilla entera debió soñar con la, a un tiempo fácil y difícil, conquista de la riqueza a punta de lanza y con el emigrar hacia el Sur en busca de nuevas tierras bajo nuevos soles[206].

La guerra había absorbido las energías y despertado las ambiciones en perjuicio de las ocupaciones de tiempo de paz. Después de las grandes conquistas del siglo XIII, el comercio y la industria artesana conocieron un desarrollo prometedor. A finales del siglo XV el descubrimiento de América prolongó de manera inesperada la Edad Media. Eran los mismos métodos experimentados en la lucha contra el Islam los que ponían en práctica los conquistadores; los hidalgos sin fortuna y los aventureros que se embarcaban para las Indias repetían las gestas de sus antepasados, los miserables infanzones que se lanzaban a la aventura de la Reconquista. Otros grupos pasaron a ocupar los puestos que los castellanos estaban desdeñando en Castilla: los judíos, luego los conversos, y los extranjeros. Poco numerosos en conjunto, los comerciantes castellanos se sentían poderosamente atraídos hacia la nobleza. Así, las fortunas que habían conseguido en la práctica del comercio, las dedicaban a la compra de tierras, juros y censos. Su pensamiento no era distinto del sobrino de Simón Ruiz.

no quiere ser mercader, sino caballero[207].

Esta «traición de la burguesía» no fue, como ya sabemos, fenómeno único en Europa, pero puede afirmarse que tal vez comenzó en España antes que en otros sitios y alcanzó una mayor importancia[208].

Existía, pues, una burguesía en Castilla, pero era todavía muy débil. Por si fuera poco, las medidas tomadas contra los judíos y los conversos iban a debilitarla aún más. Más adelante estudiaremos con mayor detalle los problemas planteados por el establecimiento de la Inquisición y el clima de antisemitismo que existía en aquellos momentos en España. Por el momento nos limitaremos a decir que los judíos y los conversos ocupaban en la sociedad del siglo XV tres posiciones de suma importancia: eran financieros, empleados de los servicios públicos del Estado o de las ciudades y comerciantes o artesanos, es decir, que constituían un elemento importante en la incipiente burguesía castellana[209]. Se encontraban siempre reunidos en las ciudades: Burgos, Valladolid, Segovia, Toledo, Sevilla, etc., lo que equivale a decir en los centros donde se crea la fortuna burguesa[210]. Sus mismos apellidos (La Calle, Mercado, Franco) indican que se trataba de hombres de la ciudad, de la calle, del mercado, ciudadanos y burgueses[211]. Por tanto, la persecución de que eran objeto no podía dejar de afectar a la burguesía de la que formaban parte. ¿Sería esta quizás la finalidad de tales persecuciones? Esto lo discutiremos más tarde. Lo que es indudable, en todo caso, es que la expulsión de los judíos y los procesos inquisitoriales desorganizaron el comercio y provocaron una disminución del ritmo de los negocios en muchas ciudades. Pueden citarse, como ejemplo, los casos de Sigüenza, Zamora y, fuera de Castilla, el de Barcelona[212] ¿Crisis pasajera? Quizás, ya que no todos los comerciantes ni todos los burgueses eran judíos o conversos. No todos los conversos se veían perseguidos aunque todos vivían en la incertidumbre. No exageremos el papel de los judíos en la aparición del capitalismo ni en la evolución de la burguesía castellana; pero tampoco la dejemos en el olvido, y reconozcamos que con ellos desapareció o se debilitó una capa social particularmente activa en la economía y la sociedad[213].

Una nobleza poderosa, aunque políticamente aislada; unas clases medias en pleno desarrollo y una burguesía numéricamente débil y moralmente inquieta, tales eran las bases sociales sobre las que se edificó el Estado de los Reyes Católicos.

III. —EL ESTADO

Como dijo Marx, el Estado y la organización de la sociedad no son dos cosas distintas desde el punto de vista político. Las instituciones creadas por los Reyes Católicos fueron capaces de asegurar un equilibrio social interno entre los caballeros y los letrados directamente asociados al poder, las clases medias en expansión y la nobleza, excluida de la vida política activa pero reafirmada en sus intereses esenciales. La autoridad del Estado, restaurada y poderosamente afirmada, aglutinaba esta profunda solidaridad y daba sentido a la ideología colectiva que la inspiraba y en la que se identificaba la mayor parte de la nación, al menos quienes poseían el derecho de expresión.

1. La administración central

He aquí cómo Diego Hurtado de Mendoza celebraba, en la segunda mitad del siglo XVI, las excelencias de la administración de los Reyes Católicos:

Pusieron los Reyes Católicos el gobierno de la justicia y cosas públicas en manos de letrados, gente media entre los grandes y pequeños, sin ofensa de los unos ni de los otros, cuya profesión eran letras legales, comedimiento, secreto, verdad, vida llana y sin corrupción de costumbres; no visitar, no recibir dones, no profesar estrechura de amistades; no vestir ni gastar suntuosamente; blandura y humanidad en su trato; juntarse a horas señaladas para oír causas o para determinabas y tratar del bien público[214].

Este texto pone de manifiesto cómo la leyenda rodeó desde muy pronto al reinado de los Reyes Católicos para hacer de él el refugio de una sociedad y un gobierno modelos que ignoraban la corrupción y la prevaricación y en los que triunfaban la sabiduría y la virtud. La realidad histórica, mucho más compleja, fue sustituida por un estereotipo, consagrado por la tradición a través de los siglos y que dificulta todavía más el establecimiento de la frontera entre lo auténtico y lo imaginario.

Es bien cierto que los Reyes Católicos llevaron a cabo una reorganización concienzuda y profunda del reino, pero Castilla no conoció esta administración ideal, atendida únicamente por funcionarios honrados y dedicados al logro del bien público. Incluso pueden encontrarse en el gobierno y en la manera de llevar los asuntos públicos ciertos defectos de base que no revistieron gravedad mientras duró el gobierno personal de los dos monarcas pero que se hicieron evidentes a raíz de la muerte de Isabel.

Teóricamente, las Cortes de Toledo (1480) convirtieron al Consejo Real en el órgano central del gobierno y de la administración interna del reino. El Consejo, presidido por un obispo y formado por tres miembros de la nobleza y ocho o nueve letrados, era la más alta autoridad administrativa del país. Todos los documentos oficiales para tener validez legal debían llevar la firma de tres de sus miembros por lo menos…

Eran los secretarios reales quienes aseguraban el contacto entre los soberanos y el Consejo. Ellos preparaban el orden del día de las sesiones, redactaban los documentos objeto de su deliberación y estudiaban los asuntos más importantes antes de transmitirlos al Consejo. Los secretarios, colaboradores íntimos y cotidianos de los soberanos que depositaban en ellos plena confianza, resolvían en realidad todos los asuntos delicados.

El papel y la importancia del Consejo no hicieron sino disminuir cada vez más a la par que aumentaba el de los secretarios, que conocían en todo momento el pensamiento de los soberanos acerca de cada problema específico y que gracias a su gran experiencia de los asuntos políticos conseguían imponerlo casi siempre. Este eclipsamiento del Consejo era ya evidente antes de la muerte de Isabel como lo demuestra un informe redactado alrededor de 1503 y atribuido a uno de los consejeros, Galíndez de Carvajal. De hecho —dice el documento— el secretario Gaspar de Gricio es quien dirige toda la administración; el Consejo ha perdido su función. A su lado, otros secretarios —Hernando de Zafra, el tesorero Morales, Diego de la Muela— tienen un poder de decisión considerable: hacen lo que les parece sin notificarlo a nadie; aquí también, al Consejo se le mantiene al margen[215].

Esta desviación de la práctica del gobierno hacia una burocratización no se hizo patente hasta después de la muerte de la reina. En general, hasta 1504, la administración central, en manos de los letrados, no era objeto de muchas críticas. El Estado se limitaba a arbitrar entre los intereses particulares sin inclinarse por ninguno de los varios grupos de presión que trataban de imponer sus intereses. La situación cambió radicalmente a partir de 1504.

2. El gobierno de las ciudades

Los poderosos municipios que habían sido creados en la zona comprendida entre el Duero y el Tajo durante la Reconquista habían desempeñado un papel sumamente importante durante la Edad Media. La Corona había contado en diversas ocasiones con el concurso eficaz de sus milicias y de sus Cortes contra una nobleza ambiciosa y turbulenta[216]. Esta intervención de las ciudades en la vida política se manifestó una vez más con ocasión de la guerra civil que estalló tras el advenimiento de Isabel al trono. Durante los primeros años de su reinado, los Reyes Católicos trataron de seguir apoyándose en los municipios y en las Cortes para asegurar el orden público e imponer la reorganización del reino. Pero desde 1480 las ciudades parecieron renunciar a cualquier participación en la vida política aceptando dócilmente la tutela que la Corona ejercía sobre ellas. También las Cortes perdieron su importancia para no volver a ser reunidas más que muy de tarde en tarde. Esta situación señala el final de una etapa que había permitido a los soberanos obtener un estricto control sobre los municipios y sobre las Cortes.

La disminución de la importancia política de las Cortes fue una política deliberada de los soberanos. En materia de administración municipal se limitaron a sancionar un hecho consumado, el dominio de la pequeña nobleza en los concejos, y a generalizar la institución de los corregidores que algunos de sus predecesores ya habían comenzado a introducir.

El régimen de concejo abierto, en el que todos los ciudadanos participaban en la vida política local y en la elección de los cargos municipales había perdido toda su eficacia[217]. Poco a poco, los caballeros villanos se habían ido asimilando a la nobleza y trataban de conservar para sí las magistraturas. Las elecciones eran ocasión para que se entablaran sangrientos combates. Finalmente, fue Alfonso XI quien decretó la desaparición de los concejos abiertos y sus atribuciones pasaron a manos de regimientos restringidos en los que se trató ante todo de lograr un equilibrio entre caballeros y plebeyos. Los primeros acabaron por reservarse únicamente las funciones municipales que se dividían entre los antiguos clanes nobiliarios según una serie de reglas que todavía estaban en vigor a principios del siglo XVI. Eran estos los linajes de Segovia, Valladolid, Soria, Medina del Campo… Cuando un puesto de regidor se hallaba vacante, el clan interesado nombraba su candidato que era sometido a la aprobación real[218]. De aquí la Corona obtuvo un derecho de supervisión sobre el nombramiento de los regidores, quienes, frecuentemente se consideraban propietarios de su cargo, lo transmitían a sus herederos o lo vendían de una manera más o menos encubierta, con el consentimiento tácito de los soberanos que, de esta manera, se aseguraban el control sobre la vida política local[219]. Cuando el derecho de tutela no correspondía al rey sino a algún señor, el sistema experimentaba algunas variaciones. Los regidores, en tal caso, no obtenían su cargo de manera vitalicia, sino que eran renovados en sus cargos cada año[220].

Para evitar los efectos de una administración demasiado aristocratizada, se permitió en algunas ciudades que representantes elegidos por el pueblo se sentaran, con voz consultiva, junto a los regidores: éstos eran los jurados de Toledo, los procuradores mayores de Burgos o de Valladolid, encargados de controlar la gestión de los ediles y de denunciar los posibles abusos[221].

Los primeros corregidores aparecieron a principios del siglo XV. Al principio eran nombrados para algunos meses y con carácter provisional, siendo renovados en sus cargos, y tal fue la costumbre hasta que los Reyes Católicos generalizaron la institución y le dieron carácter permanente[222]. Los corregidores, funcionarios reales investidos de muy amplias responsabilidades, eran quienes dominaban la administración municipal. Sus atribuciones, judiciales, administrativas y políticas a un tiempo, hicieron de los corregidores agentes muy eficaces del poder central, que los reclutaba de entre las filas de la pequeña nobleza de los caballeros o bien entre los juristas salidos de las universidades. Cuando el corregidor pertenecía a la primera categoría era frecuente que tomara como adjunto a un letrado para que le ayudara en las tareas administrativas y judiciales. Fue a los corregidores, que eran elegidos cuidadosamente, al menos en un principio, a quienes debió la administración de los Reyes Católicos su reputación de integridad y eficacia, y es indudable que así quedará demostrado el día que se lleve a cabo un estudio sobre esta institución, todavía por hacer[223].

La institución de los corregidores completa un régimen municipal que los Reyes Católicos habían encontrado ya en funcionamiento y que pusieron al servicio de su política de centralización y de afirmación del poder real. Para dar un ejemplo, veamos a continuación cómo estaba administrada, a principios del siglo XVI, la ciudad de Toledo[224]. En la cima de la jerarquía municipal se hallaba el corregidor, rodeado de un equipo de magistrados: el alcalde de las alzadas, que entendía en alzada de ciertos asuntos; el alcalde mayor, el alguacil mayor, los dieciséis alguaciles menores, los cuatro alcaldes ordinarios, un alcalde de la Mesta, los alcaldes responsables de las fortalezas y de las puertas de la ciudad y los treinta escribanos del crimen. Todo este conjunto constituía el equipo ejecutivo. El regimiento, órgano deliberativo, se hallaba compuesto por veinticuatro regidores vitalicios, que cobraban mil maravedís por año. El colegio de los jurados era elegido por el pueblo, a razón de dos jurados por parroquia o colación, pero no se sabe con exactitud de qué forma se realizaba la elección. En total eran cuarenta y dos titulares que recibían un salario anual de quinientos maravedís. La asamblea de los magistrados municipales, de los regidores y de los jurados, presididos por el corregidor, formaba el ayuntamiento que se reunía tres veces por semana y que estudiaba todos los asuntos de interés para la marcha de la ciudad; el corregidor y los regidores eran los únicos que poseían derecho de voto; las decisiones se tomaban por mayoría de los dos tercios, pero los jurados podían realizar observaciones u oponerse a las decisiones que les pareciesen contrarias al interés general.

Este sistema se aplicaba, con diferencias de matiz, en todas las ciudades del reino. Su defecto fundamental era la falta de representatividad, ya que los regidores, que eran quienes poseían el derecho de decisión, eran vitalicios y podían transmitir el cargo a sus descendientes[225]. Además, este patriciado urbano se reclutaba en las filas de la pequeña nobleza: los caballeros villanos en un principio, que posteriormente se habían convertido en caballeros, es decir, en nobles. A diferencia de lo que sucedía en las ciudades italianas del siglo XV, no era la burguesía la que dirigía la vida en la ciudad sino una casta aristocrática totalmente disociada de las actividades productoras[226]. La designación de los jurados por elección no suponía más que una ligera mejora en esta situación. A comienzos del siglo XVI comenzaron a elevarse críticas sobre el sistema: se acusaba a los regidores de abusar de sus atribuciones para llenar sus arcas y de nombrar a meros comparsas para los cargos municipales. Estos cargos, pese a que su retribución era más bien escasa, reportaban importantes beneficios a sus titulares. La razón por la que se habían suprimido las elecciones era la de garantizar el orden y, en efecto, no parece que hubiera alteraciones del orden durante el reinado de los Reyes Católicos. Y, no obstante, los clanes no habían desaparecido ni perdido su virulencia. A partir de 1504 volvieron a producirse enfrentamientos y luchas armadas en el interior de las ciudades[227]. En resumen, el régimen municipal no planteó ningún problema a los Reyes Católicos, pero desde luego no fue unánimemente aceptado a causa de su carácter aristocrático y esclerosado. En este punto también, el gobierno personal de los Reyes Católicos ocultó los problemas que habrían de aparecer con toda su gravedad pocos años más tarde. La revuelta de los comuneros permitió la manifestación de este descontento ya que fue en primer lugar contra los regimientos tradicionales contra los que se dirigió la revisión del orden establecido.

3. Las Cortes

Las ciudades, aunque sometidas al rey individualmente gracias a la institución de los corregidores, podían oponerse a él teóricamente cuando se reunían para la sesión de las Cortes. Lo hubieran podido hacer si las Cortes hubieran sido verdaderamente representativas y si ellas hubieran sabido conservar su independencia. En principio las Cortes representaban al reino. Pero lo cierto es que en el siglo XVI su representatividad era muy limitada, debido fundamentalmente a dos razones: porque solamente una minoría de ciudades enviaban sus diputados a las Cortes y porque estos diputados se designaban de manera que no se interpusieran en los designios de la monarquía[228].

El ser convocado a las Cortes —tener voz y voto en las Cortes— era un privilegio celosamente defendido. Sólo dieciocho ciudades lo poseían: Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, León, Salamanca, Zamora, Toro, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Sevilla, Granada, Córdoba, Jaén y Murcia. Naturalmente, cada una de estas ciudades ostentaba la representación de la provincia de la que era capital; así, por ejemplo. Salamanca defendía los intereses de Ciudad Rodrigo y Zamora pretendía hablar en nombre de Galicia. Sin embargo, Santiago de Compostela hubiera deseado hacer oír su voz directamente. Las dieciocho ciudades antedichas se oponían con total unanimidad a esta reivindicación así como a cualquier otro proyecto de extender el privilegio de acudir a las Cortes[229].

Cada una de las ciudades enviaba dos procuradores. También en este punto jugaban los privilegios un papel importante. El modo de designación variaba, pero generalmente el colegio electoral era muy limitado y los elegibles pertenecían casi siempre al patriciado urbano. Así, en Segovia, desde 1433 sólo los caballeros o escuderos regidores podían ser procuradores; en Toledo los procuradores debían ser un regidor y un jurado[230]. Además, el poder central no dudaba en presionar para que fuera elegido un candidato que se sabía podría ser manejado más fácilmente. Los procuradores, pues, designados por regimientos aristocráticos, representaban a una minoría muy limitada de la población. Las ciudades, al mismo tiempo que elegían los procuradores, redactaban la lista de reivindicaciones que éstos habían de defender en las Cortes a cambio del voto de los impuestos. Los corregidores se oponían a todo mandato imperativo que pretendiera hacer depender la votación de los impuestos de la aceptación previa por el rey de las peticiones de las ciudades. Antes bien, los monarcas tenían la costumbre de redactar ellos mismos el mandato que sería confiado a los procuradores, medio infalible, desde luego, para evitar cualquier sorpresa desagradable[231]. Digamos finalmente, que era el poder real el que convocaba las Cortes, designaba el lugar de reunión y fijaba el orden del día. Se tomaban todas las precauciones necesarias para que las sesiones se desarrollaran de acuerdo con los deseos del soberano.

La atribución principal de las Cortes residía en la votación de los impuestos directos (servicios). Esto explica que desde los primeros tiempos del funcionamiento de la institución, las ciudades estuvieran representadas obligatoriamente. Ni el clero ni la nobleza, órdenes por lo demás privilegiados, acudían necesariamente a las Cortes, pero el rey los convocaba en determinadas circunstancias, por ejemplo cuando tenían que prestar juramento al heredero del trono. De hecho casi todos los procuradores eran hidalgos, es decir, privilegiados que estaban exentos del pago del servicio, lo cual no era óbice, paradójicamente, para que fijaran la cantidad del impuesto, las condiciones de su percepción (que podía prolongarse durante varios años) y las modalidades de su distribución territorial.

Estas prerrogativas fiscales hubieran podido hacer que las Cortes se convirtieran en un organismo parlamentario capaz de limitar el poder real. Pero el sistema de elección de los diputados y las costumbres adquiridas impidieron la evolución en este sentido. Las sesiones comenzaban siempre con una discusión sobre procedimiento. ¿Había que presentar las reivindicaciones antes de votar el servicio, o votar primero el servicio para examinar después las reivindicaciones? Tras algunas discusiones meramente formales los procuradores acababan siempre cediendo: votaban el impuesto y luego presentaban sus peticiones, procedimiento que eliminaba la posibilidad de realizar una presión eficaz sobre el rey. Esto explica que la participación de las Cortes en la elaboración de las leyes y en la vida política del reino, que había sido notable durante la Edad Media, fuera ahora cada vez menos importante. Concretamente en el reinado de los Reyes Católicos esta participación no podía ser más modesta[232]. Hay que acoger con evidente escepticismo las teorías de Martínez Marina que proyectaba en el pasado —según puntualizó Unamuno— una concepción moderna de la separación de poderes: a las Cortes el poder legislativo, y al rey el poder ejecutivo[233]. A pesar de algunas tímidas tentativas, las Cortes no hicieron un auténtico esfuerzo por arrogarse esta función legislativa.

Las Cortes conservaban, esto es cierto, un poder constitucional importante: tomaban juramento al soberano cuando accedía al trono; reconocían también al futuro heredero al trono. En conjunto, no obstante, su papel en la vida política del reino era más bien limitado. Además, los Reyes Católicos las convocaron muy irregularmente.

4. La ideología dominante

La exaltación religiosa y el prejuicio de la limpieza de sangre aseguraban, en el plano ideológico, la cohesión de la sociedad y de la nación.

Sánchez Albornoz ha sacado a la luz los fundamentos históricos del antisemitismo castellano[234]. Los judíos, dinámicos y emprendedores, habían alcanzado una posición preeminente en la sociedad medieval. Pobres, por lo general, cuando se habían asentado en el país, al cabo de algunas generaciones gozaban de una gran prosperidad material, eran propietarios de tierras y de enormes fortunas de dinero y se les admitía en el círculo de la nobleza y de la realeza que los utilizaban como médicos, astrólogos, y sobre todo como recaudadores de impuestos, especialización que se debió, no a una incapacidad congénita de los españoles para las técnicas financieras, sino a una serie de circunstancias históricas muy concretas. Los judíos se convirtieron así, de artesanos y comerciantes, en agentes del fisco por cuenta de los reyes y de los nobles, en banqueros y también en usureros:

En un magnífico y diabólico circulo vicioso, el arriendo de un impuesto enriquecía a un hebreo; su riqueza le permitía prestar al soberano una suma de dinero; para resarcirse de tal préstamo volvía a recaudar otra gabela, a crecer sus caudales, a conceder nuevos empréstitos (…). Y así proseguía ininterrumpidamente el movimiento circular que aumentaba la riqueza de la población hebraica y el monopolio por ella de la recaudación y arriendo de las contribuciones públicas[235].

Es así como se forma una oligarquía judía rica, escéptica y epicúrea que adula a los nobles y a los reyes y que ejerce sobre ellos una gran influencia. Su riqueza y sus lujos contrastan con las condiciones de existencia de la mayor parte de la población que ve cómo aumenta sin cesar el abismo entre su pobreza y la riqueza de los judíos, instrumentos y beneficiarios, a un tiempo, de la opresión fiscal. Desde luego, no todos los judíos eran poderosos ni explotadores, pero son los ejemplos de triunfo social los que atraen más la atención de la masa. Se ve en ellos a los recaudadores de impuestos, a los usureros, a los revendedores acusados de hacer subir los precios. Cuando sobrevenga una crisis aguda no se dudará un momento en señalar a los culpables: los judíos. Esta es la explicación de las matanzas de 1391, atizadas por las predicaciones inflamadas de los monjes mendicantes.

El terror provocado por esta serie de matanzas impulsó a muchos judíos a solicitar el bautismo. Así se formó una nueva minoría religiosa, la de los conversos o cristianos nuevos que muy pronto planteó también una serie de problemas insuperables. Muchos de los nuevos cristianos habían elegido la conversión para escapar a las persecuciones. Pasada la tormenta, volvían subrepticiamente a su antigua fe o ponían en práctica algunas de las costumbres de sus antepasados. Su bautismo les había asimilado a los cristianos, lo que les daba acceso a desempeñar funciones otrora prohibidas. Es así como pudieron entrar a formar parte de los regimientos de las ciudades, aliarse con las familias nobles o penetrar en las filas del clero, en las que llegaron incluso a desempeñar los puestos superiores de la jerarquía. En todas partes existían conversos, desde las esferas gubernamentales hasta las municipales, pasando por los medios eclesiásticos.

El odio popular se dirigía ahora tanto contra los judíos como contra los conversos. Los incidentes volvieron a ser numerosos. En el siglo XV hubo persecuciones antisemitas en Segovia, Toledo e incluso en otros lugares. Los Reyes Católicos, de quienes algunos sectores de la sociedad pensaban que favorecían a los judíos, se decidieron finalmente a firmar el decreto de expulsión en 1492[236]. Desde hacía diez años funcionaba ya el tribunal encargado de vigilar la pureza de la fe entre los conversos. La idea de fundar la Inquisición pudo provenir de los conversos mismos o no, pero lo importante es que comenzaba a imponerse con fuerza, poco a poco, a pesar de fuertes resistencias[237]. Se trataba en principio de solucionar el problema religioso planteado por la conversión de los judíos: asegurarse que los nuevos cristianos no volvieran en secreto al judaísmo y castigar a los culpables de realizar prácticas contrarias a la fe católica. Pero los conversos planteaban también un problema social dada la situación que ocupaban en la sociedad. ¿Cómo precisar, pues, la causa que determinó la creación del Santo Oficio? ¿Se trataba ante todo de defender la fe o de eliminar a una burguesía en formación que amenazaba ciertos intereses? Incluso aunque la Inquisición, tribunal eclesiástico que funcionaba bajo la dirección de las altas esferas del poder, no fuera fundada con el propósito decidido de arruinar el poder y el prestigio de los conversos, no es menos cierto que se convirtió rápidamente en instrumento eficaz en contra de estos elementos que adquirían creciente importancia en el concierto social[238].

En el plano político, la Inquisición escapaba a la jurisdicción de la Iglesia. Era un tribunal creado por iniciativa del Estado que era quien designaba sus miembros, y cuya finalidad declarada era la de extirpar la herejía, o, dicho de otro modo, apuntalar la unidad nacional en torno a la unidad de la fe, tarea que completó, algunos años más tarde, la expulsión de los judíos. La Inquisición no fue, pues, como pretende Caro Baroja, el fruto de una fatalidad ciega, sino la expresión más o menos consciente de la voluntad de mantener la cohesión nacional y quizás también el orden social tradicional[239].

CONCLUSIÓN

Los Reyes Católicos afirmaron indudablemente el poder, y la autoridad del Estado en todos los terrenos. Si durante tanto tiempo su labor ha sido aprobada y elogiada se debe a que este Estado era la expresión política de un equilibrio económico y social. La nobleza había sido apartada del poder pero su potencial territorial y su prestigio permanecían intactos. En cuanto a la burguesía, atacada en su minoría de origen judío, se vio también excluida de las responsabilidades políticas en las ciudades y en las Cortes, pero nada impedía sus fructíferas relaciones comerciales con el extranjero, establecidas desde hacía mucho tiempo. Los negociantes, la aristocracia y la Corona —ya lo vimos en el capítulo anterior— participaban de los beneficios de la exportación de la lana. La Mesta, portavoz de estos intereses, asociaba también a estos beneficios a los pequeños ganaderos. Los caballeros y letrados formaban los cuadros del Estado. La exaltación religiosa, el prejuicio de la limpieza de sangre y la noción de hidalguía parecían aglutinar a la gran mayoría de la nación junto con las grandes empresas de política exterior, el fin de la Reconquista, la política de Italia y la aventura de las Indias. Tal es la amplia base social sobre la que se levantaba el Estado de los Reyes Católicos[240]. No puede negarse, sin embargo, la existencia de ciertos defectos en el sistema: la nobleza no estaba definitivamente resignada a su aislamiento político; un fuerte antagonismo oponía, en el seno de la burguesía, a exportadores e industriales; los conversos no perdían la esperanza de atenuar los rigores de la persecución inquisitorial; las ciudades adolecían de una administración municipal excesivamente poco representativa; las Cortes, carentes también de contenido representativo, estaban reducidas a un papel meramente figurativo que no era definitivo; los campesinos formaban una masa silenciosa de víctimas sufrientes… Los Reyes Católicos prestigiaban el edificio político que ellos mismos habían creado. La crisis que se declaró a la muerte de la reina iba a poner en claro la fragilidad y los defectos de esta construcción.

3. LA CRISIS (1504-1517)

La muerte de Isabel abrió un período de inquietudes y conflictos que no terminó hasta 1522 con el regreso de Carlos V a España. En este lapsus de casi veinte años de duración, se resquebraja el equilibrio político y social alcanzado por los Reyes Católicos. Se pone en duda la legitimidad; la nobleza recobra una parte de su influencia política; en las ciudades se reproducen las antiguas luchas de clanes; los conversos denuncian los abusos del tribunal de la Inquisición. La burguesía se divide y en el Estado, quebrantado y dividido por la lucha de facciones, la Administración constituye el único elemento de continuidad y de estabilidad. No obstante, sus tendencias burocráticas y su corrupción provocan la desaprobación y el descontento. Hay que enmarcar la revuelta de las Comunidades en este proceso de descomposición del Estado. Constituye una tentativa por alcanzar nuevamente una situación política sana y estable. No sería posible explicarla desligada de la crisis que afecta al reino de Castilla desde 1504. En este capítulo intentaremos analizar los principales aspectos de esta crisis sin preocuparnos por reconstruir la historia de este período turbulento, preámbulo de la guerra civil de 1520-1521.

I. —EL PROBLEMA DINÁSTICO

La crisis que se desencadenó en 1504 fue ante todo una crisis del régimen. El futuro monarca Carlos V fue elevado al trono de Castilla en 1516 gracias a una serie de circunstancias y a la habilidad política de sus consejeros. Tales circunstancias fueron el conjunto de desgracias que sufrió la familia de los Reyes Católicos, la muerte de su hijo primogénito, don Juan, en 1497, la deficiente salud mental de su hija más joven, doña Juana, casada con Felipe el Hermoso, y la muerte de este último, quien en 1506 tomó posesión de una Corona que sólo habría de conservar algunos meses. No menos importantes fueron las maniobras políticas, ya que Carlos, antes de alzarse con el poder hubo de eliminar a dos rivales, pretendientes al trono como él: su madre y su hermano. Las fechas de 1504, 1506 y 1516 fueron jalones que prepararon el destino del futuro emperador, al mismo tiempo que obstáculos a superar antes de que pudiera gozar de una autoridad que incluso entonces no iba a ser unánimemente aceptada.

1. Juana la Loca

Jurídicamente, la sucesión de Isabel de Castilla no planteaba ningún problema. Fernando pasó a ser simplemente rey de Aragón y la Corona de Castilla —donde no regía la ley sálica— recayó, tras la desaparición del infante don Juan, en la princesa Juana, a la que todavía no se calificaba de loca pero sobre cuya salud mental circulaban insistentes rumores. El testamento de Isabel la Católica era expresión de esta situación jurídica y al mismo tiempo recogía las inquietudes acerca de su hija. Juana era designada como heredera legítima pero con una importante limitación: si por cualquier razón la reina no quisiera o no pudiera ejercer sus funciones, la regencia sería confiada a su padre, el rey de Aragón, hasta la mayor edad del infante Carlos de Gante, pero quedaba claro que Juana conservaría en tal caso todas las prerrogativas como «reina y propietaria de estos reinos[241]». De este modo se planteó un doble problema:

—Un problema personal: ¿estaba la nueva soberana en situación de desempeñar adecuadamente sus funciones?

—Un problema político: llegado el caso de que se admitiera la incapacidad de la reina, ¿quién debía ejercer el poder en su lugar?

El caso de Juana la Loca ha atraído la curiosidad de muchos. Historiadores serios o especialistas de lo anecdótico, novelistas e incluso cineastas se han interesado por este personaje histórico y no han dudado en ofrecer las interpretaciones más fantasiosas, más sensacionalistas. Se ha presentado a Juana como una hereje, víctima de la intolerancia religiosa, como una histérica a quien su sensualidad condujo a la locura o, finalmente, como una víctima de la razón de Estado[242]. Por nuestra parte, no vamos a ofrecer una nueva interpretación, pero sí hacemos ciertas puntualizaciones apoyándonos en testimonios plenamente fidedignos. La hija de los Reyes Católicos no carecía de inteligencia ni de sensibilidad. Hablaba con total soltura francés y latín, lo que provocaba la admiración de Luis Vives. Adoraba la música, tocaba varios instrumentos —especialmente el clavicordio, que todavía puede admirarse en Tordesillas— y tenía además buena disposición natural para otras artes como la danza[243]. Fue a partir de su matrimonio con Felipe el Hermoso en 1496, cuando comenzaron a aparecer los primeros síntomas de desequilibrio mental. Mujer de gran belleza, sufre al verse descuidada y más tarde engañada, por su marido. Se convierte en una mujer tremendamente celosa, hasta un punto casi enfermizo; no parece ser muy feliz en los Países Bajos, donde ha ido a vivir desde su matrimonio. Se cree rodeada de rivales que intentan suplantarla ante su marido y de espías que vigilan su correspondencia y sus conversaciones con sus compatriotas. Así, poco a poco huye de la compañía, las fiestas y los placeres para encerrarse en una vida solitaria que acentúa su natural tendencia a la melancolía. Esta situación inquieta profundamente a sus familiares, que son informados sobre su estado periódicamente. Cuando Juana y Felipe el Hermoso llegaron a España en 1502, los Reyes Católicos descubrieron los efectos de lo que nadie se atrevía todavía a llamar locura. Su hija sufría frecuentes ataques de celos y alteraciones de la voluntad lo suficientemente graves como para justificar las precauciones que aparecen en el testamento de la reina Isabel[244].

Sin embargo, las Cortes de Toro de 1505 no presentaron ninguna objeción a reconocer solemnemente a Juana como reina de Castilla. En la sesión celebrada el 23 de enero discutieron el problema de su estado de salud. Los procuradores se resistían a privar de todos sus derechos a la heredera del trono; para tratar de convencerlos se dio lectura a un informe redactado por Martín de Moxico, mayordomo de Juana, y que Felipe el Hermoso se había apresurado a difundir en España[245]. Pese a todo, las Cortes se negaron a declarar la incapacidad de la soberana. Por discreción, para evitar dar publicidad a la enfermedad de la reina, o por prudencia política, para prevenir el futuro, se limitaron a certificar que Juana no se hallaba en situación de desempeñar completamente sus funciones. En realidad, estas discusiones ocultan una serie de maniobras políticas. Fernando y Felipe el Hermoso, padre y marido de la reina respectivamente, luchan denodadamente por el poder. El primero se apoya en el testamento de Isabel la Católica que le confía la responsabilidad de la regencia. El segundo pretende reinar en nombre de su esposa. Ambos, de cualquier modo, deseaban que se aceptara la idea de que Juana se hallaba incapacitada para gobernar.

Abandonado por muchos de sus partidarios, el rey de Aragón cedió el puesto a Felipe el Hermoso. La discusión sobre la salud de la reina continuaba abierta. El almirante de Castilla, tras mantener una larga conversación con ella se negó a declararla loca y se opuso a la reclusión que para ella preparaba su marido y que había sido aceptada por numerosas personalidades políticas, especialmente Cisneros[246]. Desde 1506, la incapacidad de la reina aparece como un pretexto para eliminarla del poder o, al menos, para reducir considerablemente la importancia de su función política. En tales condiciones, una parte de la opinión de Castilla llegó a la conclusión de que Juana había sido víctima de una perversa maquinación, con su padre y su marido intentando hacerla pasar por loca a todo trance a fin de ocupar su puesto en el poder[247].

La repentina muerte de Felipe el Hermoso reavivó la discusión. Fue entonces cuando tuvieron lugar una serie de episodios que, deformados por la imaginación delirante de algunos biógrafos, acabaron de configurar la leyenda de la reina loca: Juana hundida, postrada, y abriendo en varias ocasiones el féretro de su esposo; el largo cortejo fúnebre atravesando Castilla durante la noche a la luz de las antorchas y tratando de evitar las aglomeraciones… Se ha hablado de necrofilia, de agorafobia, de tendencias morbosas… M. Prawdin ha puesto las cosas en su justo lugar. Es cierto que la reina hizo abrir el féretro en dos ocasiones, pero no para satisfacer una curiosidad morbosa sino para asegurarse de que los flamencos no habían robado el cuerpo como era su intención, al parecer. —De hecho esta explicación ya la encontramos en Mariana—. ¿Viaje macabro a través de España? A nadie se le había ocurrido reprocharle al rey de Aragón que condujera el cadáver de Isabel hasta Granada. ¿Juana prefería viajar de noche? Nada más normal para tratar de evitar el asfixiante calor del verano castellano. Finalmente, ¿se negaba a alojarse en los conventos de monjas? Ciertamente no lo hacía a causa de los celos sino debido a la presencia de los lansquenetes en su escolta[248].

Vemos, pues, cómo cada una de las situaciones por medio de las cuales se ha querido demostrar el desequilibrio mental de la reina tiene una explicación perfectamente plausible y racional. Es bien cierto que los contemporáneos prestaron mucha menos atención a estos hechos que los lejanos espectadores de los siglos XIX y XX, en esto estamos de acuerdo con M. Prawdin. Y, sin embargo, fue a partir de 1506 y a raíz de la muerte de Felipe el Hermoso cuando la reina comenzó a hundirse verdaderamente en una lenta decadencia física y moral. En un primer momento pareció intentar reaccionar contra su destino. En efecto, por primera vez realizó un acto de gobierno anulando todas las pensiones concedidas durante el reinado de su esposo, al mismo tiempo que destituía a los miembros del Consejo Real nombrados por él y restituía en sus puestos a los anteriores. Pero a continuación cayó en una especie de apatía total, negándose obstinadamente a estampar su firma en ningún documento[249]. La dirección de los asuntos del gobierno pasó entonces a manos de Cisneros quien llamó al rey de Aragón, que volvió así a encontrarse al frente de la política castellana, esta vez como regente. Y fue Fernando quien decidió finalmente el destino de su hija haciéndola encerrar —esta es la palabra exacta— en el castillo de Tordesillas bajo la custodia de mosén Luis Ferrer, funcionario con un acusado temperamento de carcelero[250]. La desventurada reina no volvería a abandonar esta residencia donde viviría hasta el final en un estado de aislamiento cada vez mayor, excepto durante el tiempo en que los comuneros trataron de conseguir su ayuda para el fortalecimiento de su causa. Quizás para protestar contra su reclusión, y más tarde por simple abandono, por desconsuelo, la reina se negaba a lavarse, a cambiarse de vestido e incluso en ocasiones a comer. Aquellos que, por convicción o por interés, consideraban que estaba loca, tomaban esta actitud como pretexto para prohibirle toda visita y agudizar aún más su aislamiento, lo cual provocaba, a su vez, nuevas manifestaciones de mal humor por parte de la reina frente a todos los que la rodeaban. Este círculo vicioso continuó durante largos años, hasta que la reina, sintiéndose traicionada, abandonada, olvidada de todos, terminó verdaderamente perdiendo la razón por completo[251]. Tal sería, según M. Prawdin, el secreto de Tordesillas. Fue la razón de Estado la que provocó el encierro de la reina y la que más tarde causó su locura. No nos cabe duda de que esta tesis, sólidamente cimentada, es la que más se acerca a la realidad, aunque quizás no presta la debida atención a las manifestaciones que revelan las alteraciones de la voluntad de la hija de los Reyes Católicos. Ciertamente, Juana no era capaz de mantener su atención, de tomar responsabilidades políticas. Esto lo reconocía Isabel en su testamento. Pero de ahí a mantenerla enclaustrada había un gran paso, que, sin embargo Fernando no dudó en dar, preocupado por proseguir la obra emprendida en 1474 y deseoso de no compartir con nadie el poder.

Sin embargo, entre 1506 y 1516 la situación no varió en absoluto desde el punto de vista jurídico. Legalmente, Juana seguía siendo la soberana legítima y en su nombre seguían tomándose todas las decisiones oficiales, pese a que nunca era consultada y a que la realidad del poder fuese ajena a ella definitivamente. Fernando, por su parte, era quien llevaba las riendas del gobierno en calidad de regente, de acuerdo con las instrucciones del testamento de Isabel.

La situación de Juana en nada mejoró a la muerte del regente, ocurrida en 1516. El cardenal Adriano, representante personal de Carlos de Gante en España, temía cualquier iniciativa encaminada a conceder a la reina un puesto responsable en el juego de las fuerzas políticas. El 2 de febrero de 1516 prohibió toda visita a Tordesillas y puso sumo cuidado para que en la villa no se produjera ningún acuartelamiento de tropas[252]. Pero pese a estas precauciones, el corregidor y la municipalidad de Tordesillas fueron objeto de fuertes presiones. Un grupo de enemigos de Cisneros estaba decidido a restablecer las prerrogativas de la reina. La noticia de la muerte de su padre fue acogida por Juana con entera frialdad. Un curandero se jactaba de poder conseguir la curación sin tocarla ni hacerla tomar ningún remedio, simplemente por medio de oraciones. Los encargados de su custodia decidieron permitir la experiencia, para lo cual fue trasladada a Valladolid. Finalmente, la guarnición de Tordesillas volvió a tomar el control de la situación y la reina regresó a su aislamiento[253].

Según el testamento de Isabel la Católica le correspondía al hijo mayor de Juana, Carlos de Gante, residente en Flandes, la dirección de los asuntos del reino como regente. La camarilla del joven príncipe entendía que a Carlos no sólo debía encargársele el gobierno de Castilla, sino que debía concedérsele inmediatamente el título de rey. Cisneros y el Consejo Real intentaron, aunque en vano, hacer comprender a la Corte de los Países Bajos los inconvenientes de tal operación. La muerte de Fernando el Católico —afirmaban— no implicaba ninguna modificación en el aspecto jurídico: Juana seguía siendo reina de Castilla pese a su incapacidad para gobernar. Carlos, por tanto, no podría acumular mayores poderes que los que había detentado su abuelo Fernando:

por el fallecimiento del Rey Católico, vuestro abuelo, vuestra alteza no ha adquirido más derecho de lo que antes tenía.

Oficialmente, el estado de salud de la reina nunca había sido confirmado, y además, su incapacidad no era total ni definitiva:

su alteza (doña Juana) no nació impedida del todo.

Por esta razón, Carlos no tenía ningún derecho a proclamarse rey en vida de su madre. Por lo demás, tampoco desde el punto de vista de la conveniencia política —seguían argumentando Cisneros y el Consejo Real— se justificaba esta medida. Carlos podría ejercer el poder, de cualquier modo, sin ninguna limitación, pero si se proclamaba rey podría provocar un conflicto en el país al herir los sentimientos de quienes, aun aceptando la incapacidad de la reina para las tareas de gobierno, se negaban a privarla de todos sus derechos[254].

Es decir, Cisneros y el Consejo Real consideraban la pretensión de Carlos inoportuna e ilegal. La Corte de Bruselas hizo caso omiso a estas advertencias y el 14 de marzo de 1516, Carlos es proclamado rey de Castilla y Aragón en una ceremonia solemne. Ocho días más tarde notificaba esta proclamación a Cisneros. A partir de entonces debía ser considerado rey con el mismo título que su madre, «juntamente con la católica reina, mi señora[255]». Era un auténtico golpe de Estado y como tal fue calificado en Castilla[256].

Cisneros, ante los hechos consumados, se inclinó a la voluntad de Carlos. ¿Qué otra cosa podía hacer? Mantener las reservas anteriores y oponerse al acto de Bruselas hubiera significado adoptar una actitud de franca hostilidad contra el nuevo soberano; supondría también la señal para que los descontentos comenzaran la rebelión. Para no aumentar las dificultades internas de Castilla, Cisneros se adhirió, pues, sin entusiasmo, a la decisión unilateral que Carlos había tomado siguiendo los consejos de su «entourage» y sin duda de su abuelo Maximiliano, que pensaba en su propia sucesión. Si Carlos era proclamado rey de Castilla, podría aspirar al trono del Imperio con más probabilidades de éxito. Por lo demás quedaba bien entendido que en los documentos oficiales castellanos habrían de figurar los nombres de los dos soberanos, siempre primero el de la reina. En principio, la reina conservaba por tanto sus prerrogativas. Sus derechos eran mantenidos de una forma teórica. Sin embargo, todo había cambiado desde el punto de vista jurídico; Carlos no era, como lo había sido su abuelo Fernando, regente del reino, sino rey con el mismo título que su madre. Muy pronto ésta sería totalmente olvidada, si bien su nombre siguió figurando durante algún tiempo en los documentos oficiales. Madrid y Toledo aceptaron la nueva situación sin demasiadas reticencias, pero en otros sitios Cisneros se encontró con mayores resistencias. Pero finalmente, todo el reino hubo de aceptar la evidencia del triunfo del golpe de Estado[257].

Esto no quiere decir, desde luego, que en Castilla se aprobara de manera general la decisión de Bruselas. La discreción —o mejor quizás el secreto— que rodeaba a la reina en Tordesillas suscitaba no pocos comentarios. Algunos se negaban a admitir la locura de la reina. Admitían que estaba enferma pero no creían que su enfermedad fuera incurable. Según ellos, si no se intentaba curar a la reina y se la mantenía en un aislamiento próximo a la reclusión era simplemente por razones de tipo político, para que otros pudieran reinar en su lugar. Fueran o no sinceras, estas opiniones alimentaban una oposición latente. La reina continuaba siendo un posible recurso en la medida en que seguía conservando, en principio, todos sus derechos. Los comuneros tendrían este hecho muy en cuenta a la hora de hacer frente al poder de su hijo.

2. El Infante Fernando

Desde el punto de vista de Carlos el golpe de Estado de 1516 se explica por razones distintas de la mera obtención de un título inseguro a añadir a un poder efectivo. Al producirse la muerte del rey de Aragón, Carlos residía en los Países Bajos; sus futuros súbditos no le conocían. En cambio, su hermano menor, Fernando, había sido educado en España, donde había vivido toda su vida. Desde hacía diez años y estimulado por ciertas disposiciones de Fernando de Aragón, se había ido formando un partido en torno a la persona del infante con ambiciones políticas para él en el caso de que Carlos se negara a abandonar los Países Bajos o llegara a Castilla demasiado tarde. Al proclamarse rey Carlos pretendía dar al traste con las maniobras de un posible rival, su hermano Fernando.

Tras la repentina muerte de Felipe el Hermoso, en 1506, los enemigos políticos de Fernando el Católico habían intentado conseguir el trono para el infante Fernando, que a la sazón contaba cuatro años de edad y que residía en la fortaleza de Simancas. Se trataba ante todo de tomar posiciones para limitar lo más posible las ambiciones del rey Católico, que sentía mucha mayor simpatía por su segundo nieto. La maniobra había sido desbaratada gracias a la sangre fría de la familia Guzmán, encargada de la tutela y de la educación del infante[258]. Desde estos momentos comenzó a formarse en torno a la figura del infante un partido ambicioso cuyas máximas figuras eran don Pedro Núñez de Guzmán, clavero de Calatrava, fray Álvaro Osorio de Moscoso, obispo de Astorga, y Sancho de Paredes, camarero del príncipe. Parece que la familia Guzmán contemplaba la idea de ver un día al infante Fernando desempeñando un papel político importante en el reino. Tal era también la idea del rey de Aragón. En su primer testamento, dictado en Burgos el 2 de mayo de 1512, éste designaba al infante como regente de Castilla y Maestre de las Órdenes Militares en caso de que el trono quedara vacante. Sin duda estas disposiciones no afectaban los derechos de su nieto primogénito. Carlos había sido reconocido como heredero del trono en 1510 por las Cortes de Madrid, que confirmaban así el juramento de las Cortes de 1506. El testamento de Burgos se limitaba a organizar la regencia[259]. Sin embargo, la decisión del rey de Aragón suponía un peligro real para el príncipe heredero. Investido de la autoridad suprema, el infante Fernando se beneficiaría desde el primer momento de una situación de hecho que sus partidarios podían llegar a convertir en una situación de derecho. De este modo, si Carlos tardaba demasiado en reivindicar sus derechos a la herencia española, su hermano Fernando tenía posibilidades de llegar a reinar en su lugar. ¿Era esta la intención de Fernando de Aragón? Al parecer, estaba convencido de que su nieto Carlos nunca vendría a España. Quizás deseaba, por tanto, que su nieto preferido, Fernando, fuera un día proclamado rey. Según el embajador de Venecia esto era indudable: el rey católico esperaba que a su muerte los Grandes de Castilla apoyaran la candidatura del infante Fernando[260]. De cualquier modo, lo que es incuestionable es que el testamento de Burgos no estaba dirigido a facilitar las cosas al heredero legítimo.

En Bruselas, mientras tanto, habían comprendido perfectamente el peligro. Desde 1510, Margarita de Austria mostraba su preocupación ante las maniobras de Fernando el Católico. Así, no dejó de hacer notar a Maximiliano, abuelo paterno de Carlos, la cuestión de la provisión de cargos de maestres de las Órdenes Militares, que podía resultar decisiva:

Pour riens du monde l’on ne doit demander que les maistrisatz de Saint-Jacques, Callatrave et Alcantre pour l’infante don Fernando (…) ayns pour monseigneur le prince (Charles), car si ledit infante les avoit, se seroit assez pour faire ledit prince quiete des royaulmes de par delá[261].

El emperador se resignó después a que el infante Fernando dispusiera de los maestrazgos. La Corte de Bruselas no estaba menos en guardia. Tal fue la causa de la misión confiada a Adriano de Utrecht, preceptor de Carlos, quien partió para España el 1 de octubre de 1515. Era importante hallarse en el escenario de los acontecimientos para defender los intereses del heredero, ante el rey Católico primero, y luego ante el Consejo Real, cuando se plantease la cuestión de la sucesión. Tras largas y difíciles negociaciones, Fernando consintió en modificar el testamento. Algunos días antes de su muerte, en enero de 1516, designaba como regente al cardenal Cisneros, en lugar del infante Femando, a fin de salvaguardar en la medida de lo posible, los derechos de Carlos a la Corona[262].

Pocas personas estaban al tanto de las últimas disposiciones de Fernando el Católico. Tanto era así, que los miembros de la casa del infante Fernando, una vez conocida la noticia de la muerte del rey de Aragón, convocaron a los miembros del Consejo Real con el propósito de hacerse cargo del gobierno del país, fiados de la validez del testamento de Burgos. Recibieron una respuesta en la que se ha querido ver, posteriormente, una profecía de la dignidad imperial de Carlos: non habemus regem nisi Caesarem[263]. No hubo por lo demás ningún intento serio para impedir el cumplimiento del testamento del rey Fernando y Cisneros comenzó a ejercer inmediatamente sus funciones de regente. El problema que seguía significando el infante Fernando no dejaba de preocupar al arzobispo de Toledo así como a Adriano de Utrecht, quien permaneció en España para velar por los intereses de su príncipe, con el rango de embajador. Este problema no quedaría resuelto hasta dos años más tarde, cuando Carlos, tras su llegada a España, decidió la marcha del país de su hermano[264].

El futuro Carlos V no se instaló, pues, sin problemas, como rey de Castilla. Antes de tomar posesión de su trono hubo de librarse de un rival, encarnado en la persona de su propio hermano y no pudo obtener el título de rey de Castilla sino al precio de un auténtico golpe de Estado. Estas querellas dinásticas privaron a Castilla durante más de diez años de la existencia de un poder estable y enérgico. Desde 1504 a 1517 se sucedieron una serie de gobiernos provisionales: reinado de Felipe el Hermoso, primera regencia de Cisneros, regencia del rey de Aragón, y segunda regencia de Cisneros. Cada una de estas etapas sucesivas fue testigo de nuevas esperanzas, ambiciones y oposiciones. No fue sino con la llegada de Carlos I a España en noviembre de 1517, cuando Castilla pareció salir de la crisis abierta a la muerte de Isabel, aunque esto no quiere decir que en aquel momento quedaran solucionados todos los problemas. En efecto, las luchas de los años 1504-1517 habían dejado sus secuelas que el rey y sus consejeros en el Gobierno no tardarían en descubrir. Una parte de Castilla no había olvidado las circunstancias en que Carlos se había proclamado rey despreciando los derechos de su madre. Esto convirtió al futuro emperador en un soberano rechazado por una fracción de sus súbditos antes de que comenzara su tarea de gobierno.

II. —LOS GRANDES CONTRA EL ESTADO

Los problemas planteados por la sucesión al trono de Castilla tras la muerte de Isabel la Católica no sólo interesaban a los juristas y a los eventuales candidatos al trono. Al margen de las cuestiones de derecho se enfrentaban los intereses de grupos y de clanes y se preparaban nuevas relaciones de fuerza. La nobleza, arrinconada desde 1480, se encontró de nuevo en 1504 en la misma situación que en otros tiempos le había permitido acrecentar su fortuna e imponerse como el principal poder en el Estado. En el pasado, los interregnos, las guerras de sucesión y las crisis políticas siempre le habían resultado enormemente beneficiosos. La muerte de Isabel suponía para la nobleza la oportunidad de volver a intervenir en los asuntos públicos. Hasta entonces se había mantenido en calma porque frente a ella se había alzado un Estado fuerte y eficaz. Cuando este Estado comenzó a presentar síntomas de debilidad, experimentó el deseo irrefrenable de contribuir a incrementar su debilidad y la ambición de convertirse en árbitro del conflicto entre los rivales.

1. El reinado de Felipe el Hermoso y la regencia del rey de Aragón

Fue inmediatamente después de la muerte de Isabel cuando comenzaron a surgir los problemas. Fue la nobleza andaluza la primera en manifestarse, pronunciándose contra el rey Fernando, el aragonés, el extranjero, que ya nada tenía que hacer en Castilla[265]. Otros grupos de aristócratas no tardaron en seguir sus pasos y en muy poco tiempo se produjo una auténtica movilización contra el rey Católico. Esta coalición se puso en bloque al lado de Felipe el Hermoso, extranjero también pero de quien se esperaba una cierta compensación para quienes le habrían llevado al poder. La nobleza no ignoraba que Fernando, a quien el testamento de Isabel le había confiado la regencia, contaba con numerosos partidarios en Castilla; era un motivo más para apoyar a Felipe el Hermoso. Este, para triunfar necesitaría el apoyo que le brindaba la alta nobleza, apoyo por el que evidentemente tendría que pagar un alto precio. Cuando Felipe desembarcó en La Coruña en abril de 1506 la nobleza se hallaba presente para rendirle homenaje. Una multitud de nobles le acompañó por los caminos de Galicia, y el cortejo que de esta guisa se dirigió hacia la parte central de la Península parecía avanzar al ritmo de una marcha triunfal[266]. El rey de Aragón, que también acudió a dar la bienvenida a su yerno, vio cómo de repente desaparecía su escolta. El mismo condestable, amigo de mucho tiempo, le abandonó. Muy pronto el rey Católico no encontró junto a él más que a unos cuantos amigos fieles, como el duque de Alba y algunos otros que todo le debían: don García López de Padilla, Pero López de Padilla, Hernando de Vega, la familia Guzmán[267]… No le quedaba pues otra alternativa que ceder el puesto a su rival y regresar a sus dominios, Aragón y el reino de Nápoles, ante el balance de fuerzas tan desfavorable. La nobleza no había tardado en definirse.

Naturalmente, el vencedor inauguró su reinado otorgando importantes recompensas a sus aliados, repartiendo entre ellos las sinecuras, las funciones públicas, los cargos. Los nobles se vieron así dueños de las ciudades más ricas, como Segovia, Toledo, donde el marqués de Villena, apoyado por los Ayala, consiguió instalar un corregidor afecto al nuevo soberano. Pero su triunfo no iba a durar mucho, porque el 25 de septiembre de 1506 moría repentinamente Felipe el Hermoso. Al instante, los vencidos de la víspera vuelven a levantar la cabeza. En Toledo, los Silvas llevan a cabo una sangrienta represalia contra sus enemigos; una tregua firmada el 12 de diciembre puso fin a las luchas de forma provisional[268]. La anarquía se enseñorea del reino y las facciones se entregan a una lucha encarnizada. Los más comprometidos partidarios del rey difunto, como don Juan Manuel, tienen que abandonar Castilla precipitadamente. Otros se reagrupan y consideran la posibilidad de acudir al emperador Maximiliano para evitar el regreso del rey de Aragón[269]. Finalmente, hay quienes aprovechan la situación para arreglar viejas cuentas. El duque de Medina Sidonia pone sitio a Gibraltar, plaza que Enrique IV había cedido a su familia pero que los Reyes Católicos le habían obligado a devolver a la Corona. El conde de Lemos, por su parte, se apodera de Ponferrada… El rey de Aragón resumía así la situación, en noviembre de 1507:

En cada parte del reino el que más podía tomaba y hacía el daño que quería[270].

Y el cronista Alcocer vuelve a emplear, para describir esta época de agitaciones, el mismo tono con el que en otro tiempo se describía los últimos años del reinado de Enrique IV:

Bien se puede decir que en este año de quinientos siete las tres lobas rabiosas andavan sueltas, que eran hambre, guerra y pestilencia: hambre a dos ducados la hanega de trigo; pestilencia: cada día morían en Toledo ochenta cuerpos y más; guerra: en toda Castilla peleaban de noche y de día y avía grandes debates[271].

Cisneros, y a continuación el rey de Aragón, invitado nuevamente a hacerse cargo de la regencia, lograron restablecer la normalidad. Al igual que había ocurrido en 1475, se organizan expediciones de castigo contra los feudos de los culpables, sobre todo en Andalucía, donde el marqués de Pliego, en particular, pagó cara su insumisión[272].

2. La regencia de Cisneros

La autoridad del Estado volvió a sufrir un nuevo debilitamiento en 1516. Inmediatamente después de la muerte de Fernando el Católico los incidentes y el desorden volvieron a aparecer en Castilla. Unas veces eran las ciudades que se levantaban contra los señores. Otras —las más— eran los nobles que intentaban alcanzar posiciones ambicionadas durante largo tiempo. Frente a la subversión que amenazaba con desintegrar el reino, Cisneros no vio otra solución sino la creación de una fuerza armada permanente que cuidara de hacer cumplir las decisiones de la justicia y de mantener el orden. La obra del conde de Cedillo, sólidamente documentada, nos ahorra el exponer en detalle la difícil lucha mantenida por Cisneros contra las diversas facciones, agravada por los obstáculos de todo tipo planteados por sus enemigos, con la abierta complacencia de la corte de Bruselas[273]. Recordaremos simplemente los principales episodios, que luego habrían de influir en el curso de los acontecimientos ulteriores.

La regencia comenzó con un levantamiento antiseñorial, limitado pero violento, contra aquellos que siempre habían permanecido fieles al rey Católico. La pequeña ciudad de Huéscar se sublevó contra el duque de Alba exigiendo convertirse en ciudad de realengo. Sin embargo, Cisneros pudo resolver fácilmente este problema[274]. No sucedió lo mismo con el conflicto de Málaga que estalló poco después contra los privilegios de uno de los magnates de la nobleza, el almirante de Castilla, don Fadrique Enríquez de Cabrera[275]. De hecho, la dignidad de almirante había perdido toda importancia real, pero a principios del siglo XVI su titular quiso volver a gozar de algunas de sus antiguas prerrogativas. Fue así como una serie de agentes del almirante se instalaron en Málaga pretendiendo recaudar una serie de impuestos sobre el comercio local, y sobre los asuntos judiciales que afectaran a las gentes de mar sobre todo el litoral. Isabel y Fernando autorizaron en parte sus pretensiones. Era el precio que tenían que pagar al almirante para recompensarle por su neutralidad y su apoyo a la Corona. Contrariamente a lo que muchos han afirmado, don Fadrique Enríquez de Cabrera no era más desinteresado que la mayor parte de los restantes miembros de la nobleza. Pero, más inteligente, quizás, prefería utilizar la persuasión y acudir a medios pacíficos para conseguir sus propósitos y aumentar sus beneficios. Este es el auténtico secreto de su «humanismo» y de su gusto por la conciliación. Más adelante nos ocuparemos de su actitud durante la guerra de las Comunidades. En 1516-1517 la población de Málaga se sublevó contra los elevadísimos impuestos que éste percibía. Lógicamente, no le faltó el apoyo de otros muchos grandes señores:

fueme offrecido de quantos señores auía en Castilla y en Andaluzía o de los más que me darían gente a sus costas para yr a reparar mi agravio[276].

Gesto, en verdad, muy notable de solidaridad que el almirante supo apreciar convenientemente, pero que se permitió el lujo de rechazar. Más tarde exhibiría esto como un mérito ante los comuneros. Enríquez sabía muy bien lo que hacía cuando rechazó la ayuda de los nobles. Cisneros, preocupado por hacer respetar escrupulosamente todos los derechos adquiridos y por impedir que nadie se tomara la justicia por su mano, obligó a la ciudad de Málaga a deponer su actitud tras una impresionante demostración de fuerza.

Las ciudades de Huéscar y Málaga se habían sublevado contra lo que consideraban injusticias impuestas por el rey Católico. Pero por lo general son los nobles los grandes protagonistas de todos los conflictos. Son ellos los que creen llegado el momento de solucionar por sí mismos sus problemas al margen de la ley. El primero en levantarse contra el Estado fue don Pedro Girón[277]. Hijo mayor del conde de Ureña, ambicionaba desde hacía mucho tiempo el ducado de Medina Sidonia, sobre el cual creía tener buenos derechos. Esta pretensión había encontrado la oposición del rey de Aragón quien también deseaba la posesión del ducado para ofrecérselo a su nieta doña Ana de Aragón, hija natural del arzobispo de Zaragoza. En enero de 1513 moría el duque de Medina Sidonia sin dejar heredero directo. En una acción relámpago, Girón se apoderó por las armas del feudo en litigio. Fernando, entonces, se lo arrebató entregándoselo a don Alonso de Guzmán, pobre personaje a quien casó con su nieta. A la muerte del rey de Aragón, Girón se apresuró a iniciar un nuevo ataque contra el ducado, y así el 14 de febrero de 1516 organizó una expedición contra Medina Sidonia y Sanlúcar. Cisneros entonces intervino obligando a Girón a retirarse. La cuestión quedó momentáneamente en suspenso y sería el rey Carlos quien se encargaría de pronunciar el veredicto definitivo.

Girón había actuado en forma aislada. Con ocasión del conflicto de Málaga la nobleza se había mostrado solidaria con el almirante, pero apareció dividida respecto a la cuestión de la adjudicación del título de prior de la Orden de San Juan y los beneficios correspondientes a esta dignidad[278]. Lo mismo sucedió a propósito de Beleña, que se disputaban el conde de La Corana y el duque del Infantado, y de Villafrades, objeto de un duro enfrentamiento entre los Velasco y los Quijada[279]. Los Velasco no dudaron en organizar una verdadera movilización del estamento señorial para asegurarse la posesión de esta ciudad. El domingo 25 de mayo de 1517 se reunían en Villafrades don Rodrigo Girón, don Beltrán de la Cueva y un representante del duque del Infantado; unos días antes habían llegado don Hernando Enríquez, el conde de Haro, el obispo de Zamora y muchos otros[280]. Naturalmente, todos estos señores no habían llegado solos. Cada uno de ellos se hallaba al frente de una pequeña mesnada. Aún se esperaban refuerzos más importantes ya que el condestable, gran organizador de este encuentro —qui gerit vicem omnium, escribía un familiar de Cisneros— había ido a solicitar el concurso del almirante de Castilla. No es difícil comprender la importancia de este acontecimiento, irrelevante en sí mismo, pero de gran trascendencia en el contexto. Si el poder real cedía en esta ocasión, nunca más podría volver a oponerse a los grandes señores; pero si se mantenía firme significaría la imposición de su autoridad durante mucho tiempo. Todos sus amigos y aliados aconsejaban a Cisneros que actuara con la máxima energía:

Parésceme que, castigado esto, queda paz para muchos años en este reyno, porque los Grandes conoscerán que deuen ser obedientes a la justicia y ellos y los medianos holgarán en sus casas y haziendas. Siéntenlo tan grauemente que no lo saben disimular. Oy se juntan en Portillo, a lo que aquí se dice, el condestable, duque de Alba y de Alburquerque y condes de Benavente y de Alúa (…). Yo digo que citra sanguinis effusionem qualquier castigo será grande exemplo y muy prouechoso a las cosas venideras.

También los municipios vecinos eran conscientes de la importancia del momento. Valladolid ofreció a Cisneros un contingente de hombres armados y la cancillería proyectó denunciar, en el curso de una solemne ceremonia, la felonía de los Grandes. Finalmente, el problema terminó sin una solución definitiva. Los nobles se negaron a combatir, Cisneros renunció a castigarles con la debida severidad y, en definitiva, el problema quedaría reservado al arbitraje del nuevo rey cuando estuviera ya en España.

3. La «Gente de ordenanza».

Las iniciativas de los grandes señores, la escasa obediencia que prestaban a los tribunales ordinarios a la hora de solucionar sus conflictos y la tendencia a tomarse la justicia por su mano, por medio de las armas, hacían correr al Estado un peligro permanente, ya que la falta de un soberano respetado por todos le impedía actuar con eficacia para evitar los desórdenes. Es por ello por lo que Cisneros pensó en crear una fuerza armada permanente que se encargara de poner coto a los desmanes subversivos, y sobre todo para controlar las veleidades de los nobles. Pero éstos impidieron la creación de la milicia. Es importante que dediquemos una cierta atención a esta cuestión ya que habría de tener consecuencias imprevisibles. En efecto, al contrario de lo que han afirmado muchos historiadores, este proyecto de Cisneros había comenzado a llevarse a la práctica: se habían reclutado los primeros contingentes de soldados y se habían comprado armas; soldados y armas que más tarde, en 1520, habrían de ser vistos a menudo en las filas de los comuneros.

Cisneros tomó la idea de un proyecto que ya había interesado a Fernando el Católico[281]. Su autor, Gil Rengifo, proponía formar una fuerza de intervención, poco numerosa pero bien equipada y mejor entrenada. Los privilegios que se concederían a los soldados los asimilarían a las filas de la pequeña nobleza. Rengifo pensaba que al otorgar estas ventajas se favorecería el reclutamiento entre las capas medias de la población y permitiría eliminar a los indeseables; por su parte, el Estado dispondría de un cuerpo plenamente eficaz y digno de toda confianza, que quedaría acantonado en la zona central del reino de manera que pudiera intervenir rápidamente en el momento y lugar en que su presencia fuera requerida.

Cisneros consideró este proyecto sumamente interesante y decidió ponerlo en práctica. Consultó para ello a Rengifo y antes del verano de 1516 había trazado las grandes líneas de la futura «gente de infantería» o «gente de ordenanza». Cada región habría de aportar un número diferente de hombres: Ávila y Segovia, dos mil hombres; Medina del Campo, León y Toledo, tres mil quinientos, etc. En total serían reclutados treinta mil hombres en todo el reino, que en lugar de concentrarse en un punto central como preveía el proyecto original, serían repartidos en pequeñas guarniciones, prestos a reagruparse cuando esto fuese necesario. De esta manera —pensaba Cisneros— el Estado dispondría en todas partes de los medios necesarios para superar cualquier tentativa de provocar desórdenes. Los reclutamientos de soldados serían voluntarios y sólo en caso necesario se recurriría al alistamiento obligatorio para completar los efectivos. Voluntarios o no, estos hombres deberían proceder de las clases medias (pecheros menores y medianos). Cisneros no quería para su ejército ni caballeros ni miserables. No recibirían soldada sino que se beneficiarían de una serie de exenciones fiscales (pechos reales y concejiles) asimiladas a la hidalguía. Se perseguía, pues, la creación de una nueva clase de caballeros, los caballeros pardos, dedicados por entero a la defensa del Gobierno y de la nación. Las ciudades serían las encargadas de suministrar las armas necesarias, que pagarían con sus propios fondos, las rentas y propios, o mediante impuestos excepcionales, la sisa o repartimiento. Las ventajas de este proyecto eran indudables: el Estado conseguía una fuerza de intervención eficaz que no le costaría un céntimo, salvo en caso de campaña, ya que los gastos de equipo corrían a cargo de los municipios.

Desde los primeros días del mes de junio comenzaron a actuar los capitanes encargados del reclutamiento. Cisneros envió instrucciones precisas a los corregidores a fin de que facilitaran su labor en la medida de sus posibilidades. Así vemos cómo, por ejemplo, Antonio de Espinosa, que había llegado a Córdoba el 5 de junio, se presentó al día siguiente a los miembros del concejo, que le dispensó una buena acogida:

fuemos luego por todas las calles y placas acostumbradas desta cibdad y con toda solenidad de tronpetas y atabales se apregonó la prouisión e instrucción.

Los miembros del municipio mostraron ciertas reservas. No les gustaba que se autorizase a los soldados a pasearse por la ciudad armados. Pedían que no se seleccionara a los malos ciudadanos (personas reboltosas e de mala vida) y sobre todo no aceptaban de buen grado todas las cargas que habrían de pesar sobre la ciudad. Sin embargo, Antonio de Espinosa no se recataba en mostrar su optimismo:

Creo que se hallará buena copia de gente, escribía el 10 de junio[282].

Tampoco Zamora planteó ningún problema. A lo sumo manifestó un cierto escepticismo. En un principio los reclutados no se tomaron las cosas muy en serio. En el primer ejercicio solamente 40 soldados, de los trescientos de que constaba el contingente de Zamora, hicieron acto de presencia. El corregidor amenazó entonces con imponer sanciones y en la siguiente convocatoria todo el mundo acudió a la cita[283]. También en Badajoz se desarrollaron los acontecimientos con toda normalidad[284].

No obstante, no fueron pocos los lugares donde los agentes reclutadores encontraron dificultades. En León, por ejemplo, el número de hidalgos era ya muy elevado y los privilegios prometidos no atraían a muchos ciudadanos[285] y también era este el caso de Salamanca. ¿Cómo pretender atraer, mediante exenciones fiscales a quienes ya gozaban de numerosos privilegios y ventajas?

Las libertades no hazen mucho al propósito desta cibdad, que aquy no velan ni rondan y tienen olvidada la pena de los vespedes porque a más de diez años que no entró aquí la corte; la moneda forera, dizen que nunca la pagaron, porque tienen previlejio. De manera, señor, que no aprovechan mis amonestaciones, con lo que estoy harto corrido porque pienso que en ninguna parte áy más mala dispusyción para esto que en esta cibdad, segund el mal despacho que hallo desta gente[286].

Burgos, ciudad eminentemente mercantil y pacífica, se inquietaba por los desórdenes que podría acarrear la presencia de un destacamento:

Por ser la principal gente que en ella está llana y rica e biuir de trato y si entrellos oviese gente estante de guerra abría de nescesidad alborotos y tuercas e ruydos y escándalos [287].

También Sevilla compartía estas preocupaciones. Su municipio prefería proveer ocho o diez mil soldados antes que ver cómo una fuerza armada se instalaba permanentemente en la ciudad[288].

En resumen, pues, en algunos sitios se toleraba el reclutamiento aunque sin gran entusiasmo, mientras que en otros se plantearon objeciones de más peso, de las que puede encontrarse un compendio en la memoria presentada por el municipio de Ávila[289]. En ella se manifestaba una triple disconformidad:

1. ° Contra el mismo principio que animaba el proyecto de Cisneros. Ávila contaba, entre su población, con numerosos caballeros y escuderos. Era, por tanto a ellos, y a nadie más que a ellos a quienes les correspondía llevar las armas y asegurar el mantenimiento del orden en caso necesario. ¿Qué confianza podían inspirar los hombres que se pensaba reclutar? Estos patanes —hombres de poca suerte— no podían ser más que ruines soldados, sin capacidad para nada a no ser para provocar desórdenes en la ciudad.

2. ° La forma de reclutamiento. En efecto, eximir de impuestos a los soldados implicaba incrementar las cargas fiscales de los demás contribuyentes, mientras que reclutarlos por la fuerza significaba autorizar los mayores abusos de parte de su capitán. Se intentaba atraer a la nueva milicia a los campesinos, asalariados y artesanos, lo cual perjudicaría incuestionablemente los intereses de los caballeros y propietarios que se verían privados de una parte importante de su mano de obra:

porque no avría quien las labrase [las heredades] e desta manera perderían sus rentas e estaría en manos del capitán dar e quitar rentas a quien quisiese.

Por otra parte —seguía diciendo el memorial— los hombres reclutados y armados de esta guisa, dada su extracción social (hombres de poco tener e baxa suerte) serían capaces de todo.

3. ° Las nuevas cargas que habrían de pesar sobre la ciudad, ya que era ella la que debía pagar las armas.

Hasta aquí, vemos cómo la formación de la nueva milicia provocó numerosas objeciones pero no se encontró con una oposición abierta. Pero la situación cambió en Valladolid, donde el capitán encargado de efectuar los reclutamientos no pudo cumplir su misión y se vio obligado a retirarse a causa de los desórdenes que estallaron en la ciudad[290]. Desde Valladolid el movimiento de resistencia se extendió a Arévalo y Medina del Campo, y los ecos de la insurrección a otras ciudades más alejadas como Ciudad Rodrigo[291]. Cisneros, a quien apoyaba la Cancillería, se mostró dispuesto a hacer frente a este desafío. Sus colaboradores más fieles no dejaron de animarle a no ceder en su propósito:

Yo conozco bien estas plátycas que pasan e con poca agua se mataría este fuego, escribía un regidor de Medina del Campo[292]. Sin embargo, los rebeldes de Valladolid no se rindieron a la voluntad de Cisneros y protestaron ante el rey la decisión de Cisneros. La corte de Bruselas cedió ante estas presiones y pidió al cardenal que renunciase a su proyecto, y en febrero de 1517 la milicia había sido disuelta oficialmente[293].

La oposición de Valladolid había hecho fracasar, pues, el proyecto de crear una fuerza de intervención al servicio exclusivo del Estado. ¿Cuáles eran los auténticos motivos de esta oposición y de esta resistencia tan tenaz? En primer lugar hay que citar las razones que ya hemos visto esgrimían otras ciudades: no se consideraban más que los inconvenientes que planteaba la creación de la milicia, las nuevas cargas que habrían de pesar sobre las ciudades. Fieles a una vieja tradición, los municipios se mostraban reticentes ante la creación de una fuerza armada permanente[294]. El principal fracaso de Cisneros fue el de no explicar suficientemente el alcance de su proyecto a los miembros del gobierno municipal y sobre todo el hecho de que los gastos recayeran sobre las ciudades. Pero lo cierto es que el Estado no estaba en situación de poder absorberlos. Es, pues, bien cierto que si el proyecto encontró fuertes resistencias por parte de las ciudades, no fueron ellas responsables únicas de su fracaso. El 11 de junio de 1516, Cisneros sabía perfectamente de dónde iba a proceder la resistencia más encarnizada al cumplimiento de su proyecto:

Con esta gente de cavallo y de pie que se ha hecho en el reyno, siéntenlo los Grandes sobremanera en ver al rey poderoso y que no terna dellos necesidad[295].

Si disponía de esta fuerza armada, el Estado podría prescindir de los nobles y en caso necesario incluso dirigirla contra ellos. Esta es verdaderamente la razón poderosa que impidió a Cisneros la ejecución de sus planes. Los Grandes no deseaban que el Estado pudiera disponer de una tropa a su servicio exclusivo, la cual hubiera podido abortar en su inicio cualquier tentativa de acción subversiva del orden establecido. Fueron los levantamientos que se produjeron en Valladolid la circunstancia inmediata que produjo la disolución de la milicia, pero estos levantamientos habían sido organizados, provocados y alentados por la alta nobleza, que inmediatamente aprovechó el pretexto para presionar en la corte de Bruselas. Los documentos publicados por Cedillo no dejan ninguna duda sobre este punto. Desde el principio hasta el final, en los acontecimientos de Valladolid fueron los nobles quienes llevaron la voz cantante —el almirante de Castilla y sus amigos, el conde de Benavente y el duque del Infantado, bien directamente o por medio de intermediarios[296]. Si las ciudades habían acogido el proyecto sin ningún entusiasmo, los nobles comprendieron que ellos iban a ser los grandes perjudicados. Por ello pusieron todos los medios a su alcance para lograr que no llegara a puerto.

En el momento de su suspensión el proyecto de Cisneros se hallaba ya en plena fase de realización. La oposición de Valladolid no debe hacernos olvidar que en los demás sitios el reclutamiento se llevaba a cabo normalmente a pesar de algunas leves resistencias. Estas tropas ya habían sido utilizadas para sofocar el levantamiento de Málaga contra el almirante de Castilla y para poner fin a los desórdenes desencadenados a raíz del conflicto surgido en torno al Priorato de San Juan[297]. Tras la disolución de la milicia, los soldados que ya habían sido reclutados pidieron que se cumplieran las promesas respecto a las exenciones fiscales que les habían sido hechas para conseguir su alistamiento. Fue necesaria una protesta de las Cortes y una ley, en 1518, para anular las hidalguías concedidas a estos caballeros pardos[298]. En cuanto a las armas quedaron en propiedad de los municipios que las habían adquirido. Los comuneros iban a apoderarse de ellas, lo que ha permitido a una corriente de opinión atribuir a Cisneros una responsabilidad indirecta en el conflicto de las Comunidades[299]. En realidad, el proyecto de Cisneros no sólo proporcionó armas a los comuneros sino también cuadros para sus filas. Juan Bravo, el futuro jefe comunero de Segovia, era uno de los capitanes encargados del reclutamiento de la gente de ordenanza, y, además, fueron muchos los hombres que se iniciaron de este modo, en 1516, en el manejo de las armas, y que cuatro años más tarde hicieron frente al poder real. Algunos funcionarios, como Francisco de Mercado o Gonzalo de Ayora, que habían apoyado plenamente a Cisneros y que eran corregidores de Ciudad Rodrigo y León respectivamente, conservaron de esta experiencia la amargura de haber visto cómo la nobleza abusaba de las ciudades y se oponía a los designios del Estado. Ellos también se unieron al movimiento comunero en 1520. Fue así como de manera totalmente fortuita, el episodio de las gentes de ordenanza sirvió para proveer a la Comunidad una parte de sus cuadros, tropas y armamento.

Finalmente, el fracaso del proyecto de Cisneros sirve para ilustrar cuál era el papel que desempeñaba la nobleza en el conjunto del Estado. Esta fuerza social no sólo representaba una amenaza para el orden público sino que, por su influencia sobre algunas ciudades y en los círculos de la Corte, tenía la fuerza suficiente para obstaculizar cualquier iniciativa tendente a limitar su poder. Durante la regencia de Cisneros, y mucho más aún que durante la del rey de Aragón, la alta nobleza castellana demostró que no había perdido un átomo de sus ambiciones y que únicamente un poder fuerte, como el de los Reyes Católicos, podía mantenerla a raya.

III. LA BURGUESÍA DIVIDIDA

Hemos visto en el capítulo anterior cómo los Reyes Católicos intentaron conseguir en el plano político un equilibrio entre los diversos intereses económicos de la nación: la Corona, la nobleza, los ganaderos de la Mesta y los grandes comerciantes que participaban en la explotación de la principal riqueza del reino, la lana, de cuya producción la mayor parte era destinada a la exportación, mientras que la industria textil nacional se reservaba tan sólo una tercera parte de ella. Este equilibrio se vio profundamente alterado entre 1504 y 1520. La burguesía aparece entonces dividida: los comerciantes del interior se oponen al monopolio de los burgaleses y de los extranjeros, y los industriales se enfrentan a los exportadores, a pesar de que se intenta buscar la fórmula de un nacionalismo económico fuertemente teñido de mercantilismo.

1.Las protestas contra los monopolios

El monopolio de hecho que ejercían los burgaleses y un núcleo de comerciantes extranjeros en la exportación de la lana levantó polvaredas de protestas de los comerciantes del interior a partir de 1504. Estos consideraban que se encontraban en una doble situación de inferioridad. En primer lugar porque tenían que contentarse con las lanas que les dejaran los burgaleses, más poderosos y mucho mejor organizados, y, además, a causa de la enorme distancia que les separaba de los puertos de embarque de la mercancía. El 28 de junio de 1512, Francisco de Segovia y Luis de Cuéllar, dirigieron al Consulado de Burgos una violenta requisitoria contra su reglamentación abusiva, en representación de los exportadores de Segovia. La posición de éstos era, en efecto, harto difícil, ya que toda la lana debía ser embarcada en los barcos fletados por el Consulado y en los puertos que éste designara. Ello determinaba la exclusión de los segovianos del gran comercio internacional:

Porque si nosotros oviésemos de cargar las dichas mercaderías e lanas en los puertos e naos que los dichos Prior e Cónsules quisiesen e afletasen sería destruirnos totalmente y quitar que no pudiésemos tratar ni tratásemos por mar, porque como la dicha cibdad de Segovia está muy lexos e apartada de la cibdad de Burgos e de los puertos de la mar, sy no oviésemos de cargar nuestras mercaderías saluo en las naos que los dichos Prior e Cónsules afletasen, ya ellos avrían cargado sus lanas e mercaderías quando nosotros no podríamos aver salido y así, quando enbiásemos a cargar nuestras lanas e mercaderías, estarían cargadas e llenas las dichas naos e, no podiendo nosotros cargar en otras naos, se nos quedarían nuestras lanas e mercaderías en los puertos perdidas[300].

Más al Sur, los comerciantes de Cuenca protestaban en 1513 contra el monopolio que detentaban los comerciantes genoveses:

Los mercaderes de la cibdad de Cuenca besamos las manos de vuestra alteza y le hazemos saber como los tratos y mercaderías de la dicha cibdad y de todo el obispado están perdidas y destruydas a causa que en ella biuen muchos ginoveses y otros estrangeros que no son naturales destos reynos, los quales compran lanas y ganados y otras mercaderías que se llevan fuera destos reynos[301].

Tanto en Segovia como en Cuenca, los comerciantes habían tomado conciencia de los intereses subyacentes en la política de exportación de lanas. La organización del mercado era excesivamente favorable a los burgaleses y genoveses. En esta ocasión se trató simplemente de la denuncia de una situación que se consideraba injusta sin que se hiciera ninguna propuesta para remediarla. Lo importante es que ésta era la primera grieta que aparecía en el edificio económico creado por los Reyes Católicos.

2. Manufactureros contra exportadores

La política económica alentada por los Reyes Católicos favorecía la exportación de la lana en perjuicio de la industria textil nacional. También en este punto surgieron a la luz las contradicciones a la muerte de Isabel la Católica. Los manufactureros protestaron contra los privilegios de los exportadores, exigieron con mucha mayor energía que antes la aplicación de la ley de 1462 sobre el porcentaje de la producción de lana que les estaba reservado y consiguieron una protección contra la competencia extranjera.

La primera victoria de los industriales fue la imposición de restricciones a las importaciones de tejidos extranjeros. En efecto, en contrapartida a las medidas dirigidas a mejorar la calidad de la producción nacional, comenzó a exigirse que los artículos extranjeros respondieran a las exigencias que imponían las reglamentaciones de los oficios castellanos. Los importadores se consideraron amenazados, hicieron numerosas gestiones y consiguieron sucesivas derogaciones que limitaran el alcance práctico de las medidas que se habían decretado. A juzgar por las protestas que se produjeron parece indudable que se había dado un primer paso hacia una política proteccionista[302].

Cisneros mantuvo en vigor esta legislación defraudando así las esperanzas que la muerte de Fernando el Católico había hecho nacer entre los importadores, que eran también —no lo olvidemos— exportadores de lana. Antes de ser rey de España, Carlos de Gante era soberano de los Países Bajos. Como tal no podía aceptar una política económica que para lograr el desarrollo de la industria castellana hubiera privado a la industria flamenca de las materias primas necesarias interrumpiendo una fructífera corriente de intercambios entre los dos países. Los burgaleses no dejaron de utilizar estos argumentos. Con gran astucia se dirigieron a Adriano de Utrecht y no a Cisneros, para manifestar su extrañera ante el hecho de que una vez muerto el rey de Aragón se siguieran manteniendo las limitaciones a la importación de los tejidos flamencos. Confiando en las seguridades que les había dado Adriano, los comerciantes de Burgos, una vez muerto Fernando el Católico, comenzaron a pasar sus pedidos como anteriormente:

Luego a la hora escribimos a Flandes que comprasen los paños como avían acostumbrado y los cargasen para acá y así lo hezieron y son venidos, a Dios loado, en salbamyento en estas naves que ha X días que partieron de Flandes[303].

Pero las autoridades del litoral cantábrico confiscaron el cargamento. ¿Qué había sucedido? Simplemente, que Adriano se había adelantado imprudentemente a los acontecimientos. Estaba convencido de que una vez desaparecido el rey de Aragón sería él quien detentaría la regencia en nombre de Carlos. No había contado con Cisneros, decidido a hacer valer sus derechos ejerciendo sus funciones como regente y que siguió aplicando la legislación anterior. Los burgaleses tendrían que esperar a que Carlos ejerciera como soberano efectivo de Castilla antes de volver a sus actividades normales. En 1516 se contentaron con protestar contra una reglamentación que perjudicaba sus intereses y con exponer el principio que animaba su política así como —tal creían ellos— la del nuevo rey:

El bien deste reyno y de Flandes es que los paños de aquella tierra entren en éstos[304].

La verdadera batalla entre productores y exportadores se entabló a propósito de la cantidad de lana destinada a la industria nacional. Desde la muerte de Isabel los comerciantes de Burgos estaban a la defensiva en este punto. En 1505, su Consulado elaboró un memorial con un título muy significativo: Memorial del Prior e Cónsules de los ynconbenientes que se syguen de tomar los pañeros la tercia parte de las lanas que los mercaderes tienen compradas[305]. Sin embargo, hasta 1514 no se tomaron medidas verdaderamente efectivas. De las múltiples gestiones que sin duda debieron realizar los productores para conseguir que el Gobierno prestara atención a sus demandas solamente hemos encontrado un texto del municipio de Cuenca. En él se exigía, el 21 de febrero de 1514, la estricta aplicación de la ley de 1462:

Para que los vezinos e moradores (…) no reciban daño de la saca que se haze de las lanas desta dicha cibdad (…) e deve de tener e guardar para los vezinos de la dicha cibdad e su tierra e obispado el tercio de las lanas que en ella se ouiere, conforme al tenor e forma de la ley destos reynos, porque, segund lo que se puede alcançar e saber, syn ninguna contradicción del dicho tercio, enteramente se puede proueer todos los oficiales e otras personas que biuen del oficio de las dichas lanas[306].

Los productores consiguieron el triunfo de su causa. Un texto del 8 de abril de 1514 volvía a poner en vigor la ley de 1462. En el prólogo de la circular dirigida al Consejo Real y a todas las autoridades del reino, pueden hallarse los principales argumentos que esgrimían los industriales:

Por parte de las personas que entienden en el hobraje de los paños en estos mis reynos y señoríos me fue fecha relación por su petición deziendo que a cavsa que muchos mercaderes e tratantes, hansy destos mis reynos como de fuera dellos, tienen por costumbre de comprar la mayor parte de las lanas que se desquitan de los ganados que ay en estos mis reynos e de dar dineros adelantados por ellas a los pastores e dueños de los ganados antes que las dichas lanas sean desquitadas porque no las vendan ni las den a otras personas algunas, ellos no hallan a conprar las lanas que han menester para sus hobrajes e que por esto dexavan de hacer e labrar mucha cantidad de paños de que redundaría mucho probecho e vtilidad a los vezinos de las cibdades e villas e lugares donde se fazen e labran los dichos paños e avn abría en estos mis reynos mucho más número de personas que entendiesen en el dicho hobraje de los que agora ay. E como quiera que [en] las leyes destos mis reynos está mandado que los vezinos de las cibdades e villas e logares destos mis reynos puedan tomar para sy la tergera parte de las lanas que en ellos se hendieren para se aprobechar deltas, asy en hazer los dichos paños como en otras cosas que tienen nescesidad, los mercaderes y personas que tienen por oficio de conprar las dichas lanas e de las llevar fuera destos mis reynos no se las quieren dar y que a esta cabsa a cesado e cesa mucho trato que ay en el hobraje de los dichos paños, e me suplicaron e pidieron por merced lo mandase probeer e remediar por manera que ellos y otras personas cualesquier que quisyesen fazer paños en estos mis reynos tobiesen abasto de las lanas que hobiesen menester para fazer e labrar los dichos paños e por falta dellos no cesase la dicha contratación[307].

Por su parte, los exportadores contraatacaron para defender su posición que veían amenazada. Nada impide —afirmaban— a los industriales comprar cuanta lana necesiten. Castilla produce lana suficiente para todos. Al reclamar la aplicación de la ley de 1462 lo que en realidad intentan los pañeros es apoderarse de lana que ha sido reservada y pagada por los exportadores. Estos temían además que la estricta aplicación de esta ley sería un modo de poner fin al monopolio del Consulado de Burgos y no estaban seguros, por otra parte, de que el tercio de la producción sería utilizado por los industriales y no comprado por especuladores que posteriormente lo revenderían a otros comerciantes[308]. En 1515 un decreto procuraba fuertes seguridades sobre este punto:

Que de aquí adelante los dichos pelayres e fazedores de paños puedan señalar e comprar adelantado la dicha tercia parte de las lanas que los dichos mercaderes e tratantes destos mis reynos tobieren conpradas e señaladas en cada vn año, desde los puertos adelante fazia Extremadura e reyno de Toledo e probincia del Andaluzía e reynos de Murcia e Granada e en la Mancha de Aragón e obispado de Cuenca, dende en fin del mes de mayo hasta en fin del mes de junio de cada vn año; e de los puertos a esta parte, fazia Burgos e Segouia e Soria e Molina, desde en fin del dicho mes de junio fasta el día de Santiago del mes de julio de cada año, por los prescios que los dichos mercaderes lo touieren conprado e señalado, con tanto que sea para que ellos lo labren e no para que ellos ni otros por ellos, por vía direte ni yndirete, lo puedan tornar a bender a otras personas ni personas algunas e que no puedan tomar ni señalar más de la dicha tercia parte de las dichas lanas, como la dicha ley lo dispone, e que pasados los dichos tiempos dende en adelante no puedan pedir ni tomar la dicha tercia parte de las dichas lanas que los dichos mercaderes e tratantes tobieren conpradas e señaladas en cada vn año e contra el tenor e forma de lo en esta mi carta contenydo[309].

De inmediato, los ganaderos acudieron en ayuda del Consulado. El 12 de marzo de 1515 la Mesta se manifestó claramente en contra de los pañeros a los que acusaba de plantear un falso problema. Hacer cumplir la ley de 1462 significaría asestar un golpe mortal a la ganadería y a la economía en general del país:

El Concejo de la Mesta vesan las reales manos de vuestra alteza y le hazen saber que a su noticia ha benido como algunos pañeros deste reyno han ganado algunas provisiones de su muy alto Consejo para que puedan tomar al tiempo del esquilo de los pastores la tercia parte de las lanas, alegando vna ley del señor rey don Enrique (…) en que dispone que aya de quedar en el reyno la tercia parte de las lanas. E es notorio como nosotros sabemos muy cierto, queda más de la mitad. Pero sy esta ley se entendiese que de cada logar quedase la tercia parte, quedarían más de las dos tercias, porque de muchas villas e logares destos reynos no se saca casy nada e todo se pone en obraje, pues si no se compensase lo vno con lo otro claramente la ley se prebaricaría por el eceso que sería mucho en nuestro perjuizio e dello se syguirían grandes ynconbenientes, porque tomando a los tratantes las dichas lanas que ellos tienen conpradas e pagadas mucho tiempo antes con que nosotros probeemos nuestras necesidades para meter los ganados a estremo, claro está que ellos las dexarán de señalar e comprar. Dexando ellos de las comprar, cesaría la entrada del ganado en estremo e de necesidad quedarían en la sierra e todo se perdería de manera que en las carnes abría grand carestía e en todos los otros esquilmos que de la obeja proceden e las deesas e rentas del reyno regibirían gran detrimento. Asy que pues a estos pañeros que agora piden esto no se les niega que ellos puedan señalar e conprar en el tiempo que los mercaderes e tratantes señalan e conpran e parece que ellos hazen más por malicia que por necesidad agora que las lanas balen más al esquilo que quando se señalaron, lo qual no hizyeran sy baxaran, como no lo han hecho fasta aquí, e la ley no dispone que señaladamente las ayan de conprar de nosotros syno de quyen las toviere quando fuese claro que no quedase la dicha tercia parte en el reyno, que es al contrario, por donde parece que claramente se haze ynjusticia a los que asy de nosostros las tienen conpradas, suplicamos a vuestra alteza que mande que nosotros seamos libres para las bender a quien quisiéremos e los que asy las conpraren de nosotros por el consiguiente, pues en cosa que tantos ynconbenientes se syguen no puede aver equibalente probecho, en lo qual vuestra alteza administrará justicia e a nosotros hará señalada merced[310].

El Consulado y la Mesta parecían estar llevando a cabo un combate en la retaguardia. En efecto, unos meses más tarde, en julio de 1515, comenzó la sesión de las Cortes. En contestación a los diputados que reclamaban la aplicación de la ley de 1462, el rey les aseguró de esta manera:

Quel Consejo está para mirar muy bien sobre ello e que no se dexará de entender sobre ello hasta que se provea como convenga al bien del regno[311].

Cuando se conoce la habilidad de los soberanos para eludir las preguntas embarazosas planteadas por las Cortes, no deja de sorprender el tono firme y resuelto de esta declaración.

3. Hacia una política económica nacional

Tanto sobre el problema de la competencia extranjera cómo respecto al volumen de las exportaciones de lana, los productores castellanos obtuvieron netas ventajas durante el período de regencia del rey de Aragón. Se produjo entonces un claro viraje de la política económica tradicional, basada en la exportación de materias primas y en la importación de productos manufacturados. Cisneros pretendió mantenerse fiel a esta nueva orientación. Hacia él se dirigieron, en 1516, una serie de observadores lúcidos que, cuarenta años antes del Memorial de Luis Ortiz, analizaron el subdesarrollo económico de Castilla y sugirieron los medios adecuados para superarlo. Dos memorias, en efecto, llamaron la atención sobre las perspectivas de Castilla cuando hubiera roto definitivamente con una política nefasta y contraria a los verdaderos intereses del país. No sabemos mucho acerca de sus autores, Pedro de Burgos y Rodrigo de Lujan, salvo que eran hombres de la Castilla interior. El primero era de Valladolid y en 1520 se uniría a la Comunidad, lo que es ciertamente interesante[312]; en cuanto al segundo, fue procurador por Madrid en las Cortes de 1515. Ambos exponen ideas similares que van mucho más allá de las recriminaciones habituales sobre el alza de los precios y la manera de evitarlo, impidiendo toda acuñación de moneda, por ejemplo. Muy al contrario, encontramos en ellos una lúcida teoría del subdesarrollo que nos hace pensar en el famoso Memorial de Luis Ortiz. Pedro de Burgos y Rodrigo de Lujan depositaban todas sus esperanzas en Cisneros, que les parecía el hombre más cualificado para comprender y promover una auténtica política nacional.

Pedro de Burgos comenzaba con este elogio del arzobispo de Toledo:

Viendo como no sin cabsa Vuestra Señoría es gouernador destos reynos e que ansimismo no pequeño deseo ha tenido e tiene de enriquecer e noblecer estos reynos e señoríos e dar horden para que las maldades e cosas yndevidas no ayan efecto, acordé de a Vuestra Señoría hazer relación de algunas cosas (…) e son tales que, remediadas, estos reynos e señoríos serán tan ricos e tan abundosos que no teman necesidad de reyno estraño ni falta ni defecto de nynguna cosa.

Tras este preámbulo, seguido de ciertas consideraciones técnicas sobre los medios de mejorar la calidad de los paños castellanos, Pedro de Burgos pasaba a considerar el problema central, la organización del mercado de la lana. En primer lugar atacaba a los comerciantes que compraban grandes cantidades de lana antes del esquileo y que luego fijaban los precios a su antojo:

Otrosí, que ninguno pueda comprar lana en todos estos reynos e señoríos para la tornar a revender a los que hazen paños. La cabsa es porque muchas diversas personas tienen por estilo e costumbre de comprar de quantas personas hallar puedan toda la lana y después, como las personas menudas e no cabdalosas no saben otro oficio ni trato sino de hazer paños, es por fuerca que de los tales regatones ayan de conprar la lana a mucho mayor prescio de como vale y desto resulta que los paños crezcan de cada día sin legítima cabsa en el valor, porque estos mercaderes, o regatones propiamente hablando, compran la lana vn año o dos antes que los ayan de rescibir e lo pagan luego, e a esta cabsa lo conpran muy barato (…) e después, viendo que en toda la comarca donde los tales biuen no ay lana alguna de vender saluo la que ellos tienen, revéndenla de tal manera que es desorden syn medida, e destos tales regatones ay en cada obispado de las cibdades e partes donde ay lana dos o tres, e por esto peresgen e son destruyelos más de diez mili personas que biuen de la dicha lana, e por esto el que oviere de conprar lana adelantada a de ser para labrarla en su casa e venderla en estos reynos en paños e no para reuenderla e así ninguna persona no conprará más lana de la que viere que puede labrar.

A continuación, Pedro de Burgos pedía que se prohibiera absolutamente la exportación de la lana de mejor calidad, la de Cuenca y la de Molina:

Que ninguna lanar fina no vaya fuera del reyno de la que enbiaren de Cuenca e de Molina. La cabsa es porque, vedando estas dichas lanas, se harían tantos paños e buenos que mediante Dios creo que de allá no vernán mejores paños que acá se hazen, segund que por los que en muchas partes destos reynos se hazen, que son tales e tan escojidos que quienquiera avrá plazer de los vestir.

Ciertamente, la lana de mejor calidad se destinaba a la exportación. La industria nacional, con la excepción quizás de Segovia, debía contentarse con la de calidad inferior, lo cual impedía a la mayor parte de los talleres producir artículos que resultaran competitivos. Señalemos a este respecto, que en septiembre de 1515 los segovianos, en nombre de todos los fabricantes del reino, utilizaron estos argumentos contra los acaparadores afirmando que era la organización monopolística del mercado de la lana la causa fundamental de los débiles progresos realizados por la industria nacional[313]. Seguidamente, en su memorial Pedro de Burgos realiza una enérgica crítica de la situación de subdesarrollo en que se hallaba Castilla que vendía sus materias primas e importaba productos manufacturados, abandonando así a los extranjeros todos los beneficios del proceso de transformación de la lana. Si Cisneros se decidiera a prohibir la importación de tejidos extranjeros —seguía diciendo Pedro de Burgos— Castilla tendría ante sí un brillante porvenir. Este párrafo, precedente del Memorial de Luis Ortiz, merece ser citado íntegramente:

Otrosy, que no entre paño que sea hecho fuera de los reynos e señoríos de sus altezas. La cabsa es porque mercaderes destos reynos lleuan lanas de Cuenca e de Molina e de otras partes a Flandes e a Pisa e a Florencia e a Génoua e a otras muchas partes, de que hazen paños y la costa de leuar e de ganar es mucha, porque cuando llega a poder del oficial y lo ha de hazer a pasado por tres o cuatro manos e con las muchas costas que sobre ello se hazen buenamente es medio por medio demasyado. Esto da cabsa Flandes e Inglaterra estar mucho poblados en hombres muy ricos e estos reynos pobres, teniendo, como Vuestra Señoría sabe, mucho pan e vino e carne e lana e lino e azeyte e todos los mantenimientos que son necesarios, porque a la ora que no entren paños se escusaría de sacar del reyno cada año dozientos cuentos e vernán a estos reynos oficiales estrangeros a cabsa que allá no ternán tanto que hazer e asentarán en diversas partes o en lugares que no se acostumbra hazer paños, que es en vna Medina e Valladolid e Salamanca e otros lugares e avn sería cabsa que a largos días, aviendo en los más de los lugares oficiales que los paños hazen, que no oviese tiendas de vara, que se pueden dezir regatones, porque de mejor precio daría el paño el oficial que lo haze que no el que le conpra para le reuender, y naturalmente hablando, digo que Castilla en el trato de los paños avía de ser Flandes y della se avía de bastecer Flandes e Francia e otros diuersos reynos e señoríos, e la cabsa es pues que en ella ay el cimiento que es lana y no en Flandes ni en Francia. Syguese que de aquí se avían de basteger de los dichos paños y no en estos reynos e señoríos de allá; donde se sygue que el prouecho de acá e de allá sería en estos reynos e a esta causa, como avrían muchos más paños e más mercaderes e más lanas e tratantes, pujarían e crecerían las alcaualas e rentas de sus altezas en mucho mayor contía de lo que oy día están.

Y Pedro de Burgos concluía diciendo:

Sy por ellas [estas leyes] estos reynos son regidos, digo que Castilla mana en oro[314].

También Rodrigo de Lujan veía en la presencia de Cisneros al frente del Estado la garantía de una gran prosperidad para Castilla:

Agora ha plazido a Dios poner la gouernación destos reynos en manos de Vuestra Reverendísima Señoría, que su fin e santo propósito es conservarlos y enriquecerlos e acrecentarlos, teniendo siempre zelo al seruicio de Dios y bien común.

Luján partía de una cuestión planteada en las Cortes de Burgos y que a él le parecía mal planteada: las medidas apropiadas para evitar la salida de dinero del reino, preocupación constante de los procuradores. Para él únicamente el desarrollo económico podría solucionar este problema:

Parescer de muchos ha sido y es que la cabsa de sacar la moneda fuera destos reynos procede de labrarse en ellos alta de ley y estar baxa de precio y que la sacan por respeto que en los otros reynos vale más y que el remedio sería subir la moneda en precio o baxarla en ley, que estas dos cosas salen a vn cuento. Y esta es vna opinión general en que, a mi parescer, todos están engañados, porque ni es aquélla la cabsa ni sería remedio a estos reynos hazer mudanca en la moneda, antes sería darles mucha confusión. La causa de salir la moneda fuera destos reynos, a mi parescer, procede de que valen mucho las mercaderías que entran en ellos y poco las que salen; de manera que vendidas las mercaderías que meten, a los mercaderes les sobran grandes caudales que en estos reynos no ay mercaderías en que los puedan emplear. Han de biuir con ellos; de nescesidad buscan vías y formas como los lleuan fuera del reyno a enplear en mercaderías que buelban al reyno en que ganen. Y que en estos reynos no ay mercaderías en que puedan sacar el balor de las que meten es vna cosa muy sabida y vna de las principales mercaderías que sacan es lanas, y ésta es al reyno tan perjudicial que sería harto mejor que no la sacasen, porque las pagan vn año y dos adelantadas y traen tanta diligencia a recogerlas que no dexan en el reyno en que puedan biuir los que en ellas quieren trauajar. Asy que teniendo la materia en estos reynos, llévanla a otros para que le den la forma, y quitan el modo de biuir a los naturales y danle a los estrenos, y ésta es harta causa de valer mucho las mercaderías que entran en el reyno y poco las que salen. Asy que conosciendo que el daño procede de valer mucho las mercaderías que entran y poco las que salen, parésceme que el remedio sería probeer que no entren en el reyno aquellas cosas de que menos nescesidad ay, porque no entrando, el valor de aquellas se escusará que no les sobre a los mercaderes en dineros, y no les sobrando no lo sacarán.

Luján enumeraba a continuación las importaciones de las que debería prescindirse: sederías, brocados, paños ingleses y sobre todo franceses (cuya importación empobrecía a España y enriquecía a Francia, que es nuestro capital enemigo); los tapices (en Flandes que la hacen (la tapicería) e la tienen varato y es la tierra muy fría no la gastan ni en toda la Cristiandad no se gasta la mitad de tapicería que en sola España); la pacotilla que venden los buhoneros (ay mucho género de cosas que son superfluas y que quien no las viere en diez años no las echará menos), etc., tanto más cuanto que la prohibición de realizar importaciones impulsaría a los fabricantes a instalarse en España (como no entrasen en el reyno, muchos de los maestros de León venían al reyno a haber sus oficios e quedarían los dineros en el reyno). También sería necesario prohibir la importación de libros:

son perjudiciales: mandando que no los metan, los que los ynprímen se vemán acá a ynprimirlos y no yrán nuestros dineros a Francia ha hazeraos la guerra; así como las especias que se compraban a Portugal, etc.

Tales restricciones a la importación servirían como revulsivo para la industria nacional. España, que recibía de las Indias grandes cantidades de metales preciosos, se convertiría entonces en una de las primeras potencias del mundo:

Así, que, para que estos reynos sean muy ricos, pues tienen mucha cabsa para ello, solamente es necesario mandar que no entre en ellos la muchedumbre de mercaderías entra, pues no ay nescesidad dellas y ponen al reyno nescesidad. Escusarse ya mucha parte de los yntereses que ganan ginobeses e florentinos en los canbios, que son por razón de valer mucho las mercaderías que entran en el reyno y poco las que salen; y proyendo en esto, estos reynos, a mi parescer, serían mucho más ricos que otros, porque tienen más causa para ello, porque demás de aver en ellos las cosas nescesarias tienen las Yndias de donde les viene ynfinito oro y a mi ver solamente falta yndustría con la qual son ricos otros reynos que tienen nescesidad de muchas cosas que sobran Castilla[315].

Tales son las grandiosas perspectivas que estos precursores de los arbitristas veían abrirse para Castilla bajo la brillante dirección de Cisneros. Estas dos memorias, pero especialmente la segunda, contienen los puntos esenciales de la doctrina mercantilista: incremento de las exportaciones que pueden resultar beneficiosas (productos manufacturados, artículos de lujo) y prohibición de la exportación de materias primas y de la importación de artículos de lujo o de productos que pueden fabricarse en el país[316]. El gobierno de Cisneros, provisional necesariamente ya que su vigencia había de terminar con la llegada de Carlos I, carecía de la entidad necesaria para tomar decisiones que pudieran comprometer los destinos del reino.

Hemos de concluir afirmando, en definitiva, que en el terreno decisivo de la economía nacional, durante el período 1504-1517 variaron los presupuestos que hasta entonces la habían sustentado. Los comerciantes de las ciudades del interior se enfrentan al monopolio del Consulado de Burgos y de los extranjeros, y los productores —instalados también en el interior de la Península— desafían a los exportadores. Es, en definitiva, el levantamiento de la burguesía de la zona central de Castilla contra las regiones periféricas más favorecidas. ¿Hay que situar a la revuelta de las Comunidades, cuyo núcleo de partida se sitúa en torno a Valladolid y Toledo, dentro de este movimiento de protesta del centro castellano? En caso afirmativo, esto prestaría al movimiento comunero una dimensión nueva que no ha aparecido hasta este momento.

IV —LA PARÁLISIS DEL ESTADO

Ya nos hemos referido anteriormente a la tendencia, que había comenzado en vida de Isabel la Católica, a transferir el poder efectivo del Consejo Real y la figura de secretarios reales. A partir de 1504 esta tendencia no hizo sino acentuar la inexistencia de una autoridad acatada por todos y el carácter provisional de los diferentes gobiernos que se fueron sucediendo (reinado de Felipe el Hermoso, regencias del rey de Aragón y de Cisneros) permitieron a un grupo restringido de altos funcionarios tomar en sus manos la dirección efectiva de los asuntos de Gobierno más importantes. De tal modo, el aparato administrativo dejó de representar, en el plano político, el conjunto de los intereses económicos y de las fuerzas sociales que daban su cohesión al Estado creado por los Reyes Católicos. También en este punto la muerte de Isabel dio al traste con un equilibrio interno. De manera creciente, la Administración se convirtió en terreno abonado donde se enfrentaban las facciones rivales, las contradicciones y antagonismos sociales. Finalmente, llegó a ser un simple grupo de presión que defendía sus propias prerrogativas y privilegios y donde fácilmente se confundía el bien común con los intereses personales. En nada cambiaba la situación el hecho de que la mayor parte de los funcionarios fueran letrados, de extracción modesta. El poder desmesurado que se les había otorgado y que ellos ejercían sin ningún control hacía posible toda clase de abusos y corrupciones, sobre todo durante este período de transición que comienza en 1504 y que no habrá de terminar hasta 1522 con la vuelta de Carlos V a España.

F. Márquez Villanueva propone incluso adelantar a 1497 el punto de partida de este proceso de lenta degradación del Estado[317]. Según esta tesis, la reina Isabel, profundamente afectada por la muerte del heredero del trono, don Juan, habría abandonado entonces una gran parte de sus actividades políticas y habría cerrado los ojos ante la ascensión a un primer plano de una serie de hombres nuevos, la mayor parte conversos aragoneses que habrían de permanecer en su función rectora durante largo tiempo[318]. Esta teoría ha de ser confirmada por un estudio más riguroso de los hechos, pero en principio parece interesante y podría explicar los escrúpulos de última hora que aparecen en el testamento de la reina, documento que analiza con gran lucidez la situación. Algunos funcionarios, afirma la reina, gozan de un poder excesivo. Habría que reducir su número y someter sus decisiones a un control mucho más estricto[319].

No importa cuál fuere la causa, lo cierto es que la crisis que se inauguró en 1504 acrecentó todavía más el poder de decisión de la burocracia. En 1517, un familiar de Cisneros dirigió una verdadera requisitoria contra la administración castellana, en la cual no dejaba de criticar, de paso, el descuido de los Reyes Católicos, crítica que resulta insólita en un período en que se ensalzaban en todo momento las excelencias del reinado precedente[320]. Según este documento, el defecto principal de la administración era el acaparamiento de funciones. Una misma persona podía ejercer varios cargos a la vez, lo cual era causa directa de una mala administración ya que el titular se veía en la necesidad de delegar en sus ayudantes la mayor parte de sus funciones, pagándoles además una cantidad ínfima para poder reservarse para sí la parte más importante de los ingresos. La mayor parte de las veces, estos ayudantes eran totalmente incompetentes (ya que los letrados exigían una remuneración adecuada[321]) y por otra parte sucumbían a la tentación de incrementar sus salarios de una forma más o menos honrada. La puerta quedaba así abierta a todo tipo de prevaricaciones[322]. La corrupción se enseñoreó de todos los niveles de la administración, pero era mayor entre los altos funcionarios que eran quienes detentaban todo el poder. Muchos de ellos habían llegado a la corte en un estado de total pobreza; al cabo de cuatro o cinco años hacían construir para ellos soberbias mansiones, compraban terrenos y formaban mayorazgos, al mismo tiempo, naturalmente, que llevaban un elevado tren de vida. Sus gastos —calculando las remuneraciones oficiales y las gratificaciones excepcionales que pudieran recibir— eran siempre muy superiores a sus ingresos. Es indudable pues, que sus compras, sus mayorazgos, las dotes para sus hijas, etc., los habían obtenido a expensas de las arcas del Estado, ilegalmente, o bien eran fruto de la corrupción[323]. Así se explican las colosales fortunas de los Conchillos, Fonseca, Alonso Gutiérrez de Madrid, de los hermanos Vozmediano, del licenciado Vargas, etc[324].

El caso de Francisco de los Cobos ilustra perfectamente estos abusos de la administración[325]. De origen muy modesto, Cobos, que ni siquiera era letrado, obtuvo primero un empleo sin importancia gracias a la recomendación de una de sus tías, casada con un secretario de la reina Isabel. Tuvo la fortuna de llamar la atención de Hernando de Zafra, secretario, quien le hizo nombrar escribano. Tras la muerte de Zafra, Cobos pasó al servicio de Conchillos, también secretario. A partir de entonces comenzó a acumular diversos cargos. En 1508 sucedió a Zafra como contador mayor de Granada. En el mismo año fue nombrado regidor de Úbeda, su ciudad natal; inmediatamente cedió el puesto a su padre y obtuvo la concesión de un nuevo regimiento. En 1511 le vemos como veinticuatro de Granada, título que en 1523 cedió a su sobrino adoptivo Hernando de Zafra, hijo de su primer protector. Apenas nombrado escribano de cámara en 1515, revendió el cargo con la esperanza, sin duda, de recibir otro más lucrativo. Cobos gozó, además, a partir de 1510, de una serie de atribuciones de primera importancia. Estaba a cargo del registro de todas las subvenciones, prebendas, gratificaciones y reconocimiento de deudas firmadas por el rey. Era un cargo de la máxima importancia que permitía a su titular conocer con el máximo detalle los salarios y emolumentos correspondientes a todas las funciones administrativas tanto en España como en Indias. Era el primero en informarse de las vacantes y por tanto podía indicar a sus amigos los puestos más lucrativos, y tratar de que los obtuvieran. Naturalmente, este tipo de servicios no quedaba sin retribución. Una de las quejas de Las Casas contra Conchillos sería precisamente que él y su adjunto, Cobos, eran los únicos que se ocupaban de las decisiones y nombramientos para los territorios del Nuevo Mundo y que Conchillos había obtenido de ello ganancias muy considerables.

Un número importante de funcionarios, que ocupaban sus cargos desde 1497, debían sus puestos al rey de Aragón. Muerto éste, Cisneros trató de poner en orden la administración. Especialmente, destituyó de sus cargos a Fonseca y Conchillos. Otros, por su parte, no esperaron a ser despedidos y abandonaron el país por propia voluntad. Tal es el caso de Cobos. Todos ellos volvieron a encontrarse en los Países Bajos, en el círculo del nuevo soberano, cuyos favores intentaron conseguir[326]. En Bruselas se enfrentaron a antiguos enemigos, los partidarios de Felipe el Hermoso que habían sido eliminados en 1506 y que desde entonces habían formado un partido activo, agrupados en torno a don Juan Manuel y al obispo Mota[327]. En 1516, los «felipistas» creyeron llegado el momento de su revancha, pero la llegada de los «aragoneses» les desconcertó profundamente. Entre ambos grupos se entabló entonces una lucha a muerte por el poder. Se trataba de conseguir la confianza del nuevo soberano y sobre todo de Chièvres, el favorito todopoderoso, ya que Carlos, demasiado joven aún, confiaba plenamente en él para todas las decisiones políticas[328].

Giménez Fernández ve en el grupo de conversos aragoneses que llegó a Bruselas a comienzos de 1516 a una serie de hombres dispuestos a suavizar los procedimientos inquisitoriales y quizás incluso a suprimir el Santo Oficio.

En efecto, entre 1504 y 1520 se realizaron vigorosos ataques contra la Inquisición, pero sería falso pensar que todos los conversos tenían depositadas sus esperanzas en el rey de Aragón. En realidad, los conversos no constituían un grupo homogéneo. Algunos formaban parte del círculo de Fernando el Católico, pero otros se unieron a Felipe el Hermoso que les había prometido algunas garantías. También respecto a este punto, la crisis abierta en 1504 dio al traste con el equilibrio anterior. Un número importante de conversos juzgaron que el momento era oportuno para conseguir variar el funcionamiento de la Inquisición, pero desde luego no todos ellos compartían las mismas ideas políticas ni militaban en el mismo campo[329].

Poco a poco, los «aragoneses» refugiados en Bruselas fueron escalando posiciones[330]. Sus consejos eran escuchados cada vez con mayor interés y finalmente parecieron conseguir una influencia decisiva sobre Chièvres, que, desde agosto de 1516, se alejó de Cisneros. Giménez Fernández, que no siente ninguna simpatía por los «aragoneses», atribuye este cambio de orientación a la corrupción y al espíritu de lucro de Chièvres: Conchillos, Fonseca y Cobos supieron excitar la ambición de los cortesanos por los tesoros de América y de Castilla, y la corte de Bruselas, cuyo único Norte lo constituían la riqueza y el interés, se confió a estos especialistas experimentados para entregarse a la explotación sistemática de Castilla. ¿Debemos pensar que fueron estos los únicos motivos que condujeron a la rehabilitación de los emigrados de 1516? De hecho, no estaban ni más ni menos corrompidos que otros funcionarios, pero a los ojos de Chièvres presentaban una gran superioridad: su gran experiencia en los asuntos de Castilla, adquirida tras quince años de ocupar cargos en la Administración les hacía mucho más útiles que los antiguos partidarios de Felipe el Hermoso, exiliados y sin auténtico contacto con su país desde 1506.

Lo cierto es que desde 1516, Castilla estuvo sometida a la acción de dos gobiernos diferentes. Cisneros ejercía en principio la regencia. La corte hubiera deseado confiar este cargo a Adriano de Utrecht, que a la espera de una mejor oportunidad debía contentarse con jugar un papel secundario cerca del arzobispo de Toledo[331]. Bruselas, al mismo tiempo, era sede de un gobierno paralelo, formado por Chièvres y los «aragoneses», a quienes se acababa de reintegrar en la administración. Esta dualidad presentaba notables inconvenientes. Toda iniciativa de Cisneros podía ser desacreditada en Bruselas, ya fuera acerca de la provisión de puestos vacantes, sobre problemas del mantenimiento del orden o cualquier decisión política en general. En cualquier momento, los descontentos tenían la posibilidad de protestar ante la Corte de Bruselas por las decisiones tomadas en la Península, lo cual no dejaban de hacer frecuentemente. En tales condiciones ningún Gobierno puede pretender un grado aceptable de eficacia. Fue gracias a esto como los nobles quedaron sin castigo por sus insurrecciones. Respecto a la cuestión del priorato de San Juan, a las pretensiones de don Pedro Girón y a muchos otros problemas, la corte, deseosa de contentar a todo el mundo, decidió retrasar cualquier decisión hasta la llegada del rey a España. Fue también la corte la que hizo renunciar a Cisneros al proyecto de la gente de ordenanza. Y lo que aún es más grave, muchos individuos que aspiraban a ocupar cargos públicos y beneficios eclesiásticos tomaron la costumbre de dirigirse directamente a la corte, donde sabían iban a hallar satisfacción (muchas veces a cambio de una cierta cantidad de ducados) sin consultar a Cisneros y en ocasiones incluso contra su voluntad. Por todo el reino comenzó a correr la voz de que en los Países Bajos oficios y beneficios se vendían al mejor postor, rumor que en muchos casos no estaba lejos de la realidad. La dualidad de gobiernos, dividido entre Cisneros y la Corte, llegó a producir una verdadera parálisis del Estado produciendo un malestar cada vez mayor en el país[332]. La corte ni siquiera trataba de resolver los problemas más urgentes. Chièvres, preocupado ante todo por fortalecer su autoridad, evitaba tomar cualquier tipo de decisiones para impedir que aumentara el número de descontentos. Se limitaba a retrasar la solución de los problemas para el momento en que el rey llegara a España, en un intento de ganar tiempo y aparecer, en la ocasión propicia, como arbitro de la situación, dueño absoluto de Castilla.

No obstante, la situación empeoró notablemente en Castilla en los últimos meses de 1516. Los nobles se hallaban en un estado de permanente agitación; las ciudades, afectadas por el reclutamiento de la gente de ordenanza y por el resurgimiento de la vieja rivalidad entre los clanes, atravesaban un período de inseguridad; por si fuera poco, una vertiginosa alza de los precios, en 1516-1517, particularmente sensible en la zona central de la Península, vino a añadirse a los factores de inquietud general[333]; en todas partes se lamentaba la ausencia de un poder fuerte, unánimemente respetado, capaz de poner fin a los abusos, de asegurar el orden público y de devolver al país la confianza en sí mismo. La irritación crecía por momentos ante la situación de un reino gobernado desde lejos por un soberano que no parecía tener prisa por hacerse cargo de sus funciones y por un equipo de gobierno que parecía más interesado en su provecho personal que en el bienestar de la nación. El Consejo Real resumía así este estado de ánimo suplicando al rey que apresurara su llegada:

todos vuestros súbditos generalmente (…) se tienen (…) por desamparados y casi huérfanos, careciendo de la presencia real de vuestra alteza[334].

Asimismo, las ciudades pidieron también al rey, en forma colectiva, que se hiciera cargo personalmente de sus responsabilidades. Este movimiento, expresión de un sentimiento espontáneo durante mucho tiempo compartido en el país, tomó rápidamente un aspecto claramente político —o quizás mejor, revolucionario— que acabó por deshacer por completo la obra de los Reyes Católicos. Después de la nobleza, recuperado su espíritu turbulento de otros tiempos, y tras la degradación de la autoridad del Estado, eran las Cortes las que proyectaban sustituir al poder real, en plena decadencia.

La iniciativa partió de Burgos y se apoyaba en el hecho de que el país vivía en la más total inseguridad desde hacía más de un año:

Adonde no ay paz, faltan todos los bienes y están todos los males.

Sólo la presencia del rey podría devolver la tranquilidad y restablecer la forma duradera del orden público. Pero el rey no parecía decidido a ir a Castilla:

Para creer que Su Magestad no está determinado de benir en este presente año a estos sus reynos ay muchos yndicios y tales que en ellos no se debe poner dubda.

En consecuencia, era necesario hacer comprender al rey la gravedad de la situación y convencerle para que abandonara al instante los Países Bajos:

Visto que ninguna cosa es vastante para suplir la falta que en estos reynos haze la presencia de su alteza, a esta cibdad, con mucha deliberación y consejo de muchos letrados y sabios y religiosos de grand conciencia, le paresció que lo que más convenía para hazer que el rey nuestro señor se determinase de benir a estos reynos es que, en nombre de todos ellos, se enbiase a su majestad vna enbaxada con personas de grand avtoridad para que solamente suplicasen a su alteza con mucha ynstancia por su bien aventurada venida y para que manifestasen a su alteza los grandes y peligrosos ynconvenientes que pueden subceder de su avsencia.

Para dar una mayor consistencia y solemnidad a esta gestión, Burgos propuso una reunión extraordinaria de las Cortes:

Y creemos que no se podría hazer syno conbocando a todas las cibdades que tienen boto en Cortes para que con acuerdo e poder de todas ellas la dicha enbaxada se hiziesse, porque ya V. R. Señoría [Cisneros] sabe quanto mayor abtoridad e fuerca terna la suplicación que juntamente por todos se hiziese que la que hizieran todos sy cada vno la haze por sy particularmente.

De esta guisa, sin preocuparse por la opinión de Cisneros, Burgos envió convocatorias para que las Cortes se reuniesen en Segovia, decisión totalmente ilegal y a la que se opuso el corregidor[335].

Cisneros, consciente del cariz revolucionario de esta iniciativa, intentó por todos los medios hacerla fracasar. También en Bruselas cundió la inquietud y desde allí se intentó impedir la celebración de la proyectada reunión prometiendo formalmente que el rey habría de llegar a España antes de fin de año[336]. Pero ni las amenazas ni las promesas pudieron convencer a los burgaleses para que renunciaran a su proyecto. La ciudad volvió a exponer todos sus argumentos en pro de una asamblea de ciudades que, lejos de poder constituir un peligro para el orden público, representaría, muy al contrario, la mejor de las garantías para el reino:

Especialmente porque su alteza tenga noticia e conocimiento de sus súbditos y naturales e provea de las dignidades eclesiásticas e seglares, encomiendas y tenencias y de personas para su Consejo e Chancillerías e corregimientos e para los otros oficios de su casa e corte e reyno en tales personas con quien las dichas dignidades, cargos e oficios estén bien proveydos, que es vna de las más principales cosas que los príncypes deven acatar para la buena govemación de los reynos que Dios les encomendó y estando su alteza trezientas leguas destos sus reynos no puede tener noticia de las personas que convengan para tantas cosas como de necesidad tiene de proveer. E asimismo, en absencia de su alteza, los mayores podrán tener atrevimiento de oprimir e fatigar a los menores y otrosí se podrían levantar bollicios (…). Otrosy, se ve clara e abiertamente toda la moneda de oro destos reynos sale e se va fuera dellos a la cavsa de estar su alteza fuera y este daño se a visto ya e ve por espiriencia, porque no se puede hallar pieça de oro por lo mucho que se a levado e lleva de cada día y es tanta la falta que ay del oro que ya los que lo an menester lo conpran e dan por vna pieca de oro más de lo que vale. Pues sy en tan vrebe se vee tan gran daño, ¿qué será sy su alteza mucho más se detiene? Y en ynbiar a suplicar a su alteza le plega venir a estos sus reynos no se comete mal caso, syno muy gran seruicio suyo, y esto no es llamar Cortes, porque limitadamente se les a de dar los poderes para que solamente den horden en enbiar a su alteza la enbaxada que en tal caso convenga, e deste ayuntamiento no puede recrecer ynconveniente porque las personas que se an de juntar an de ser pocas e sabias e prudentes, escogidas en todas las cibdades, e graves e de autoridad donde ningund escándalo pueda suceder, antes an de ser personas para que avnque los escándalos estuviesen nacidos avían de dar orden para escusarlos y quitarlos e no criarlos de nuevo, pues de cada cibdad avrá de yr vno de los más cuerdos del regimiento della, y los ayuntamientos donde suelen recrecer escándalos es quando se llega mucha gente popular e baxa e yndiscreta e no en ayuntamientos desta calidad. Pues dezir que cada cibdad escriva e enbie a suplicar al rey nuestro señor por su venida a estos sus reynos que tan necesaria es, muy notorio está quánto mayor e más fuerca tendría la enbaxada junta de todo el reyno hecha vn cuerpo que no de cada cibdad apartadamente por sy, e para cosa tan santa e necesaria en ninguna manera por derecho devino ni humano se puede vedar a los súbditos y naturales que no se junten para llamar a su rey e señor natural, estando absenté, ni ay razón que baste e quanto más que vuestra alteza puede mandar proveer de persona que esté presente quando el ayuntamiento de los procuradores de las cibdades se hiziere para que vea e mande que no se hable en cosa que no sea servicio de vuestra alteza e bien destos reynos[337].

Por mucho que Burgos cuidara de multiplicar sus precauciones, presentando su proyecto de manera que Cisneros lo acogiese con la mayor confianza posible, su iniciativa tenía un indudable carácter revolucionario, ya que en Castilla solamente el rey podía convocar a las Cortes. ¿Cuál fue la postura de las restantes ciudades frente a esta campaña de los burgaleses? Toledo no quería apartarse de la más estricta legalidad[338], mientras que León, Valladolid y Salamanca pretendían seguir adelante con el proyecto. En los primeros días del mes de junio de 1517 los representantes de cuatro ciudades se reunieron en Burgos. Eran los de Burgos, León, Valladolid y Zamora, mientras que Salamanca retiró a sus delegados tras haber recibido de nuevo seguridades de que el rey no tardaría en presentarse en España[339]. El día 3 de junio, la asamblea de Burgos tomó dos decisiones:

1. Redactó una carta al rey que se pasó a las ciudades que no habían enviado a sus representantes para que la firmaran.

2. Si esta súplica al rey no lograra los efectos deseados, se reunirían las Cortes el día 1 de octubre.

El primer punto recibió una amplia aceptación. Muy pocas fueron las ciudades que negaron su colaboración, como Ávila, con el poco convincente pretexto de que su regimiento no se hallaba al completo[340]; no sabemos cuál fue la decisión de Toledo, probablemente negativa. Las restantes ciudades enviaron al rey una carta redactada según el modelo salido de la asamblea de Burgos. A continuación ofrecemos algunos fragmentos de la carta firmada por Segovia. Prácticamente los mismos términos aparecen en la carta enviada por Murcia, lo cual es prueba de una estrecha colaboración entre las ciudades:

Traemos a vuestra real alteza a la memoria con quánta voluntad estos reynos, en absenta de tanta distancia de tierra, determinaron recebir y tener a vuestra real alteza por rey y señor, juntamente con la muy poderosa señora, la reyna, nuestra señora, vuestra madre, y an obedecido y cunplido vuestros mandamientos en todo, sin que vuestra alteza oviesse jurado las libertades y fueros destos reynos de España y previllejos de las cibdades dellos, lo qual jamás se hizo con príncipe heredero, avnque en estos reynos se hallase.

Hay en este texto una amenaza apenas velada: el reino no protestó cuando Carlos se proclamó rey, pero sería importante regularizar la situación lo más pronto posible convocando las Cortes, en presencia del rey. A continuación, se hacía referencia a las grandes sumas de dinero que habían salido hacia los Países Bajos. Se recordaba la necesidad de reservar los cargos públicos y los beneficios eclesiásticos únicamente a los castellanos, se protestaba contra las salidas de capital con destino a Roma y se insistía en la urgencia de encontrar soluciones adecuadas a estas situaciones anómalas[341].

Respecto al segundo punto acordado en la asamblea de Burgos (la posibilidad de una eventual reunión de las Cortes en Valladolid) las ciudades se mostraron divididas. La mayor parte de ellas afirmaron su convicción de que el rey no tardaría en llegar a España. Si no sucedía así, Madrid prestaría su adhesión al proyecto de Burgos, en tanto que Segovia prefería que la proyectada reunión (se evitó utilizar la palabra Cortes) se celebrara en presencia de Cisneros y del Consejo Real:

Sería esta congregación de más avtoridad y vtilidad donde el señor cardenal, como gouernador, y el Consejo Real estuviesen[342].

En el curso del verano, León, Burgos, Valladolid y Zamora continuaron manteniendo reuniones[343], pero, finalmente, la proyectada reunión perdió su razón de ser por cuanto se confirmaron las noticias sobre el inminente viaje del rey. Esta idea de convocar las Cortes de una manera ilegal tiene una gran importancia. Giménez Fernández ve en ella el preludio de la revolución de 1520[344]. En efecto, en 1517, como sucedería más tarde en los comienzos del movimiento comunero, las ciudades se basaron en el argumento de la ausencia del rey para exigir la reunión de las Cortes. En principio se trataba, en el primer caso, de convencer al rey para que apresurara su llegada, y en el segundo, de presentar una serie de urgentes reivindicaciones, considerando además que una gestión colectiva habría de resultar más eficaz que una serie de cartas dirigidas al rey individualmente. De hecho, la reunión de las Cortes aparece como el último recurso de que disponía el reino para hacer frente a una situación que se consideraba catastrófica. Según el pensamiento de los promotores de ambos movimientos, las Cortes tenían la vocación de representar al reino y dirigirlo en ausencia del soberano legítimo. Es ésta una pretensión, implícita en 1517, y abiertamente proclamada en 1520, que presta a las Cortes una importancia nueva. A los ojos de algunos, esta institución tiende a convertirse, de instrumento dócil en manos del poder real, en un organismo deliberativo que no necesitaría ser convocado por el rey y cuya misión sería la de expresar la voluntad nacional, y quizás imponerla. ¿Quiénes eran los que así pensaban? La carta dirigida por la ciudad de Burgos a Cisneros responde sin duda a esta pregunta. Burgos ha decidido convocar las Cortes —dice la carta— después de profundas reflexiones y tras haber recabado el consejo de juristas, científicos y miembros del clero (letrados, y sabios y religiosos); la similitud con el movimiento comunero es asombrosa: son los letrados, el clero, los intelectuales los que dirigen el movimiento, es decir, hombres a quienes la reflexión les llevaba a plantear en términos distintos y nuevos el problema de la organización y el funcionamiento del poder público en tiempos de crisis.

Otra analogía con la revuelta de las Comunidades es la actitud ambigua de la nobleza en los primeros momentos. En 1517, y más aún que en 1520, algunos elementos de la nobleza apoyaron las protestas de las ciudades. Quizás lo hacían para aumentar las dificultades del poder real y aparecer como salvadores de un trono que desde entonces les debería su reconocimiento. Esto es lo que sugiere un familiar de Cisneros cuando denuncia las maniobras del condestable de Castilla en Burgos:

Como el condestable de Castilla aia traido a Burgos muchos procuradores de ciudades y les aia persuadido estas juntas para hazer que el rey, nuestro señor, venga, si no, que no se le den dineros ni se le consienta que provea en nada, tiénelos en Burgos de su mano adonde agora están, y no hazen ninguna cosa ni mala ni buena sino lo que él les manda y ordena y iúntanse con él a hazer acuerdos y a escrevir cartas y so color de querer servir al rey, nuestro señor, quiérenle yr a la mano y quitarle el poder[345].

Es importante tener en cuenta la influencia que este texto atribuye al condestable sobre una parte de los regidores de Burgos. Esto aclara la actitud de la ciudad, en octubre de 1520, cuando presionada por el condestable, se separó de la Junta revolucionaria de Tordesillas[346]. Observemos también las secretas intenciones que en este texto se conceden a los iniciadores del movimiento de 1517. Lo que trataban de hacer era limitar los poderes del rey: yrle a la mano y quitarle el poder.

En 1517 fue Burgos la ciudad que tomó la iniciativa. Toledo manifestó una gran reluctancia e incluso se mostraba contraria al proyecto que se pretendía poner en práctica. En 1520, las posiciones variarían completamente, lo cual nos parece también muy significativo. Esto se explica porque en 1517, Burgos se sentía directamente amenazada por una situación que, de prolongarse, comprometería las bases de su prosperidad: las relaciones comerciales con el Norte de Europa, frenadas por Cisneros; el conflicto con los comerciantes e industriales del interior que evolucionaba favorablemente para estos últimos con la negativa de la corte a intervenir en él, reservándose su decisión para más adelante. Por el contrario, en 1520 todo eran ventajas para Burgos, de seguir bajo la tutela de un soberano que reinaba al mismo tiempo en Castilla y los Países Bajos y que, por tanto, suponía la mejor garantía para un desarrollo fructífero de los intercambios entre ambos territorios. Serían las ciudades del interior encabezadas por Toledo las que, en esta ocasión, se opondrían a Carlos V, a los flamencos y a sus cómplices castellanos. Por todas estas razones que hemos apuntado, el movimiento prontamente abortado de 1517 aclara perfectamente el proceso y la significación de la revolución de 1520.

CONCLUSIÓN

En el período 1504-1517 se rompió el equilibrio interno de la Castilla de los Reyes Católicos. Se desafía la legitimidad, y el Estado aparece en manos de facciones mezquinas y del aparato burocrático. Las diferencias que oponen a los comerciantes del interior con los de las regiones periféricas, a productores y exportadores, hacen surgir antagonismos sociales y contradicciones en el seno de la burguesía. En la zona central de la Península se desarrollan las premisas de un nacionalismo económico al que se intenta dar una expresión efectiva. En el plano político, vemos a las Cortes prestas a substituir al poder real y a adquirir una importancia nueva en el conjunto de la nación. ¿Permitirá el gobierno personal del rey, a partir del otoño de 1517, que Castilla salga de la crisis en la que se ha sumido y que recupere la unidad y cohesión perdida desde 1504?

4. CARLOS V

Carlos I llegó a España en octubre de 1517 para volver a partir en mayo de 1520 con objeto de recibir la corona imperial. Durante este primer período de permanencia del rey en la Península surgió entre los castellanos y él un desacuerdo fundamental, preludio de la revuelta que estalló poco después de su marcha. ¿Cómo explicar que un soberano a quien con tanta ansiedad se esperaba pudiera perder hasta tal punto la confianza de sus súbditos? La historiografía tradicional del movimiento comunero insiste en la xenofobia de los castellanos respecto a la nueva dinastía y al personal político que ésta introdujo en España. Es bien cierto que los flamencos daban la impresión de comportarse en España como si se tratara de un país conquistado, pero no todos los gobernantes del período 1517-1520 eran extranjeros. Muchos cargos de la administración estaban ocupados por los mismos hombres desde principios de siglo. Y además, un sentimiento de xenofobia no desemboca tan fácilmente en una revolución. Hemos de buscar, por tanto, causas más profundas para explicar los acontecimientos que se desarrollaron a la partida del rey en 1520. Castilla, sumida en profunda crisis desde 1504, creyó haber recobrado la estabilidad perdida con la llegada de Carlos en 1517. Fueron las esperanzas defraudadas de tantos castellanos y los nuevos problemas planteados por la elección imperial las causas que precipitaron al país en la guerra civil.

I. —LOS PRIMEROS CONTACTOS

1. El rey

Carlos había nacido en Gante, el 24 de febrero del año 1500. Apenas conoció a sus padres que permanecieron en España entre 1502 y 1504 y adonde volvieron en 1506. Su padre, Felipe el Hermoso, murió en septiembre de este mismo año. Para su madre comenzó entonces también el período de larga decadencia física y moral que había de dar con ella en Tordesillas. A pesar del deseo de las Cortes, en el sentido de que el heredero del trono de Castilla fuera educado en España[347][348], Carlos no abandonó los Países Bajos. La tutela del niño fue confiada primero a la viuda de Carlos el Temerario, Margarita de York. En 1507, su tía, Margarita de Austria, le llevó con ella a Malinas. Fue ella quien se ocupó de la educación del niño, una educación impregnada de cultura francesa y orientada exclusivamente hacia los valores borgoñones, sin tener en cuenta en absoluto la herencia española del futuro monarca. A pesar de los esfuerzos de su preceptor, Adriano de Utrecht, el archiduque Carlos, duque de Luxemburgo —éste fue su primer título— se demostró incapaz de aprender correctamente el latín. En conjunto, el joven príncipe se sentía más atraído por el ejercicio físico. Le gustaba la equitación, la caza y los torneos, con gran complacencia de su abuelo paterno, el emperador Maximiliano.

En 1509 entró en escena un nuevo personaje en el entorno del príncipe, el señor de Chièvres, Guillaume de Croy, a quien se nombró preceptor del príncipe. Chièvres, profundamente ambicioso e interesado, pronto se impuso por su inteligencia política y su fuerte personalidad. Hasta su muerte, acaecida en 1521, habría de ejercer una influencia decisiva sobre su pupilo. Nada podía hacerse sin su pláceme, hasta el punto de que en 1517 era el verdadero dueño de Castilla. Chièvres se encargó especialmente de orientar la educación política del príncipe. De tendencias francófilas, se opuso con prudencia a Margarita de Austria, quien se inclinaba más hacia Inglaterra. También dos españoles, Pedro Ruiz de la Mota y Alonso Manrique, entraron al servicio de Carlos en 1509, en calidad de limosnero y capellán; pero estos emigrados, antiguos partidarios de Felipe el Hermoso contra el rey de Aragón, no servían en modo alguno de contrapeso frente a la influencia del todopoderoso Chièvres a quien únicamente aconsejaban sobre los asuntos de España.

Todavía no había cumplido Carlos los quince años cuando fue emancipado y proclamado solemnemente duque de Borgoña. Esta ceremonia, en cuanto ponía fin a la tutela de Margarita de Austria, significó el triunfo político de Chievres. Hubo que constituir entonces la casa del nuevo duque, conforme a las tradiciones de la Corte de Borgoña. Borgoñones y flamencos se repartieron los puestos más ostentosos y más lucrativos en este tinglado pesado y costoso regulado por una estricta etiqueta. Junto a Chièvres, Antoine de Lalaing, Laurent de Gorrevod, Jean Le Sauvage, Jean de Carondelet, Charles de Lannoy, La Chaux, Marlian, los españoles eran una minoría: Juan de Zúñiga, don Diego de Guevara, Pero Vélez de Guevara, don Jorge de Portugal. El mantenimiento de esta enorme casa, las fiestas, los banquetes y las ceremonias absorbían una buena parte del presupuesto de la Corte. En 1517, Carlos introduciría en España este suntuoso ceremonial borgoñón, con su etiqueta y sus tradiciones dispendiosas, con gran escándalo de los castellanos, acostumbrados a una mayor modestia y a que la Corte llevara una vida menos brillante.

El nuevo soberano llegó, pues, a España con las costumbres y los gustos de un gran señor borgoñón. Amaba el lujo, los atavíos complicados, los banquetes refinados e interminables, las partidas de caza, las fiestas minuciosamente reglamentadas, las justas, los torneos, la vida brillante en la que había transcurrido su infancia en la Corte de Bruselas, en ese mundo feudal, aristocrático y caballeroso cuyos gustos e ideales compartía: cultura francesa, culto al honor, las proezas y la gloria tal como lo entendía la Orden del Toisón de Oro con sus tradiciones caballerescas. De este mundo heroico se hacía eco la consigna orgullosa Plus oultre que su médico Marlian procuró al joven duque de Borgoña y que recibiría unos años más tarde un alcance mucho mayor designando los territorios situados más allá de las columnas de Hércules[349].

Este mundo deslumbrante y desconcertante a un tiempo se dio a conocer a los castellanos, ante su estupefacción y admiración, a raíz de las grandes ceremonias organizadas en Valladolid en 1517 y 1518[350]. Los cuatro meses transcurridos entre el 18 de noviembre de 1517, fecha de la llegada del rey, y el 22 de marzo de 1518, cuando partió hacia Aragón, fueron de continuas y espléndidas fiestas en la ciudad: entrada solemne del soberano con arcos de triunfo, desfiles magníficamente organizados, ceremonias en honor de Adriano de Utrecht que recibió sus atributos de cardenal, torneos y justas, apertura de las Cortes con más fiestas y torneos en los cuales participó el rey personalmente, banquete ofrecido por la Chancillería, etc. Durante dos años, escribe Giménez Fernández, el soberano trataría así de volver a encontrar en España el lujo y los placeres de su infancia y de su adolescencia flamencas[351].

¿Qué lazos podían unir a la Corte con los castellanos, habituados a otras costumbres completamente distintas? Ni su educación ni las personalidades de su círculo habían preparado al rey para preocuparse con el debido interés de los súbditos españoles. Bien al contrario, y pese a las advertencias de Cisneros, parecía que Chièvres y sus colaboradores hubieran llegado a Castilla con la intención de sacar del país los mayores beneficios sin prestar la menor atención a sus intereses más legítimos y estimulados quizás —como opina Giménez Fernández— por los antiguos colaboradores del rey de Aragón, refugiados en los Países Bajos desde 1516 y preocupados por aquistarse a cualquier precio el beneplácito de la Corte[352].

Los cronistas e historiadores han interpretado de manera muy distinta los primeros actos de gobierno del nuevo soberano en Castilla, o quizás mejor, de Chièvres, quien desde el primer momento apareció como verdadero jefe del gobierno[353]. Cisneros tenía el propósito de presentarse ante el rey. ¿Se intentó por todos los medios, como algunos dicen, de evitar este encuentro? ¿Significaba la carta del 5 de noviembre el apartamiento del arzobispo de Toledo? ¿Sirvió esta carta para acelerar su muerte[354]? Sea como fuere, lo cierto es que una vez Cisneros hubo desaparecido, Chièvres se encontró con las manos libres para gobernar a su antojo. Al igual que había ocurrido en 1506 con motivo de la llegada de Felipe el Hermoso, una fracción de la nobleza se apresuró a presentarse ante el rey. En Aguilar de Campoo, en Becerril y en Ampudia, los nombres más ilustres de la aristocracia se honraron dando albergue al soberano, esforzándose por conseguir sus favores, al tiempo que se entablaba una lucha, silenciosa pero implacable, por el poder. Así proseguía el proceso comenzado en 1516 con la emigración de Conchillos y Cobos. Las afirmaciones de Giménez Fernández respecto a este punto nos parecen plenamente convincentes: Chièvres volvió a aceptar al personal político del rey de Aragón, mientras que los antiguos partidarios de Felipe el Hermoso fueron apartados de los puestos de responsabilidad así como los colaboradores de Cisneros. Los administradores flamencos se rodearon de un equipo de funcionarios dotados de una dilatada experiencia y de gran habilidad, lo que podría explicar su fácil triunfo y su influencia, y dispuestos a servir sin reticencias y sin escrúpulos a los nuevos dirigentes del país, dispuestos a todo con tal de conservar sus cargos. Fue gracias a ello que Chièvres pudo resolver sin demasiadas dificultades el problema dinástico en los primeros meses de su estancia en Castilla, consiguiendo, tras una visita a Tordesillas, que las Cortes concedieran su asentimiento al golpe de Estado de 1516 que había convertido a Carlos en soberano de España, aunque su madre seguía en vida.

2. El problema dinástico

Inmediatamente después de desembarcar en la costa de Asturias los colaboradores del joven monarca se lanzaron a la tarea de hallar una solución definitiva para el problema dinástico que —recordémoslo— presentaba dos aspectos principales:

1. Una cuestión de derecho: ¿Podía Carlos ser considerado rey de Castilla en vida de su madre?

2. Una cuestión de hecho, planteada por la presencia en Castilla del infante Fernando, en quien algunos veían un posible rival de su hermano[355].

Ya hemos reseñado cómo había solucionado la corte de Bruselas este problema de manera provisional en 1515-1516. Mediante negociaciones con Fernando de Aragón para marginar al infante Fernando; y por un golpe de Estado, ratificado por Cisneros, para proclamar rey a Carlos de Gante. A pesar de estos éxitos, la Corte temía el recibimiento que le haría el pueblo castellano. Esto explica las precauciones que se tomaron antes y después de desembarcar en las costas españolas, para consolidar una situación cuya fragilidad no se les escapaba.

La partida del infante Fernando

En enero de 1516, Cisneros no había tenido dificultades en aislar a los partidarios del infante, tanto más cuanto se esperaba la próxima llegada de Carlos. Con el tiempo, los partidarios de Fernando habían aumentado notablemente. Al núcleo primitivo se unieron los descontentos de toda clase, decepcionados por Cisneros o por la Corte de Bruselas, así como todos aquellos que se sentían inquietos ante la próxima perspectiva de ver el reino entregado a un soberano desconocido, extranjero y rodeado de cortesanos borgoñones y flamencos. En 1516-1517, la popularidad y prestigio del infante Fernando no dejaron de crecer; una parte de la nobleza dudaba y amenazaba con engrosar sus filas[356]. Nada puede mostrar mejor los, sentimientos de los castellanos respecto a los dos hermanos que los términos distintos que utilizaban para calificarlos: A Carlos se le designaba siempre con el nombre de príncipe, mientras que el título de infante quedaba reservado para su hermano menor. Fernando, sometido por Cisneros a una estrecha vigilancia, no dejaba de representar un peligro debido a la tardanza de su hermano en presentarse en Castilla para tomar posesión de su reino. Se afirmaba que la familia Guzmán tenía la intención de conducir al infante al reino de Aragón donde se le proclamaría rey; la viuda del rey Católico, Germana de Foix, pasaba por ser persona adicta a esa idea[357].

En la Corte de Bruselas, al mismo tiempo que se decidía la marcha hacia España, se pensó también en tomar medidas contra el infante. El 7 de septiembre, Cisneros recibió la orden de alejar a los Guzmán, quienes, sorprendidos, dejaron su lugar al marqués de Aguilar, al que se encargaba la tutela del infante hasta la llegada de sus nuevos preceptores, don Diego de Guevara y M. de La Chaux, dos personas allegadas a la Corte de Bruselas[358]. Desde junio de 1517, Chièvres tenía en mente que el infante abandonara España en cuanto su hermano llegara al país[359]. Sin embargo, para evitar una enérgica reacción por parte de los castellanos esta decisión se puso en práctica con unos meses de retraso. Las Cortes de Valladolid solicitaron que el infante permaneciera en España hasta que el soberano hubiera contraído matrimonio y la sucesión al trono estuviera asegurada[360], pero Chièvres permaneció inalterable en su decisión. Inmediatamente después que las Cortes hubieran sido disueltas, el infante abandonó España para no regresar nunca más[361]. De este modo, quedó decidido definitivamente el destino de ambos hermanos: Carlos, educado en Flandes, iba a reinar sobre un país que le era totalmente desconocido y en el que acabaria integrándose, mientras que Fernando habría de dirigir una serie de naciones que no conocía y que al principio mostrarían desconfianza hacia él. Por esta paradoja —advertía en 1525 el embajador Contarini— la Providencia parecía querer limitar el poder de los dos príncipes, obligándoles a encontrarse con oposiciones iniciales[362].

En España, la decisión provocó la desaprobación de una parte de la población y la indignación de algunos, como lo indica la proclama que aparecía en las puertas de la iglesia de San Francisco de Valladolid:

Ay de ti, Castilla, si consientes que se lleven al infante Fernando[363].

Luego, todo volvió al orden, al menos en apariencia. Dos años más tarde, casi todos los partidarios del infante iban a formar en las filas de los Comuneros. Por resentimiento, se ha dicho. Sin duda, pero también por las mismas razones políticas que antes les habían impulsado a apoyar la candidatura de un soberano nacional en contra de otro al que ellos consideraban extranjero. Su actitud en 1520, justifica retrospectivamente la prudencia de la Corte dos años antes. La autoridad moral de los comuneros hubiera sido enorme si hubieran podido apoyarse en el infante para oponerse a su hermano. Hemos de estar de acuerdo con lo que dice Sandoval al respecto: En tal caso, todo habría contribuido al éxito de la revolución, la impopularidad de la administración, la ausencia del rey, considerado extranjero y juguete de sus colaboradores, el fervor de los castellanos por el príncipe[364]…

El viaje a Tordesillas

Más que el problema de facto que representaba el infante Fernando, era la cuestión jurídica lo que verdaderamente preocupaba a los colaboradores del rey en los días posteriores a la llegada a la Península. Rápidamente se hizo saber que el rey deseaba encontrarse con su madre lo más pronto posible[365]. Su cortejo se encaminó por etapas hacia Tordesillas, evitando atravesar Valladolid. Todos los funcionarios que pedían instrucciones precisas, veían cómo sus audiencias quedaban relegadas para más adelante, reserva que contrasta enormemente con la intensa actividad de las jornadas siguientes a la etapa de Tordesillas. Todo esto es prueba indudable de la importancia que se concedía a este encuentro entre madre e hijo. Lo que Chièvres pretendía era asegurarse que la reina cedería, por así decirlo, sus prerrogativas reales, antes de que él se hiciese cargo de los asuntos del país. La Corte permaneció en Tordesillas desde el 6 al 11 de noviembre. Las entrevistas entre madre e hijo permanecen rodeadas del mayor secreto. Solamente sabemos que Carlos pasó únicamente breves momentos junto a su madre, en tanto que Chièvres, por su parte, mantuvo largas conversaciones con ella y que al terminar éstas, mostraba signos de gran satisfacción en su rostro[366]. Fue después de esta audiencia cuando Chièvres comenzó verdaderamente a gobernar. Parece pues, que el motivo del viaje de Carlos y su mentor a Tordesillas era conocer las verdaderas intenciones de la reina y su disposición hacia ellos. Sin duda, partieron de Tordesillas convencidos de que ella no habría de suponer ningún serio obstáculo para sus ambiciones políticas.

No obstante, nada había cambiado respecto a la situación anterior desde el punto de vista jurídico. La primera petición a las de Cortes de Valladolid, algunas semanas después de los acontecimientos de Tordesillas invitaba a Carlos a tratar a su madre según su rango, como a reina y señora destos reynos; en los actos oficiales el nombre de la reina debía preceder siempre al del rey. Esto equivalía a una advertencia por parte de las Cortes[367]. Las personalidades del entourage del rey no parecían tener ninguna preocupación respecto al futuro. Se limitaron a intensificar aún más el aislamiento de Juana. A mosén Luis Ferrer le sucedió como gobernador militar de Tordesillas el marqués de Denia, don Bernardo de Sandoval y Rojas, que estableció una vigilancia muy estricta en torno a la reina[368]. De hecho, los derechos de Carlos seguían siendo tan débiles como en 1516, y esto es lo que las Cortes habían tratado de recordarle con discreción. En el momento en que se produjera una crisis, la oposición al rey podía revestir una expresión mucho más enérgica. Tal fue lo que sucedió en los primeros momentos del movimiento comunero.

3. Las Cortes de Valladolid

La historiografía del siglo XIX concedió una excesiva importancia a las discusiones que se entablaron desde las primeras sesiones de las Cortes entre la presidencia y un grupo de diputados, encabezados por el representante de Burgos, el doctor Zumel. ¿Oposición liberal contra absolutismo? ¿Apego a las libertades tradicionales del reino, puesto de manifiesto por el juramento previo de respetarlas exigido al rey en términos vehementes? Nuevamente, M. Giménez Fernández ha puesto las cosas en su justo lugar[369]. Zumel no tenía nada de un tribuno de la plebe; era un hombre que pertenecía desde hacía mucho tiempo a la clientela del condestable de Castilla. Si Zumel representaba algo, no era otra cosa que los sentimientos de una fracción de la aristocracia castellana, inquieta por el lugar que ocupaban los flamencos en la administración y decepcionada por permanecer alejada del poder. Zumel protestaba porque un extranjero. Le Sauvage, ocupaba la presidencia de las Cortes al lado del obispo Mota, conforme a una decisión tomada mucho tiempo antes de la partida de la Corte hacia España el 26 de mayo de 1517[370]. En cuanto al juramento exigido al rey, Zumel se contentó finalmente con concesiones puramente formales antes de votar dócilmente el servicio, y no porque hubiera sido sobornado[371] —las gratificaciones a los procuradores eran algo habitual en las Cortes desde hacía mucho tiempo— sino porque debido a su composición, las Cortes no podían presentar una oposición seria. Carlos consiguió, pues, lo que deseaba: su reconocimiento como soberano y un subsidio importante, todo ello al precio de una serie de promesas vagas y formales.

No obstante, tampoco debemos subestimar la importancia de las Cortes de Valladolid. Lo que debe retener nuestra atención no es tanto la oposición verbal de Zumel como el hecho de que se recordaran algunos principios políticos y la reacción de algunos grupos de contestatarios tras la clausura de las Cortes. De hecho, las Cortes de 1518 prepararon el terreno para la revolución de las Comunidades, y, esto, de dos maneras:

1. º En primer lugar por el recuerdo de algunas exigencias fundamentales y de algunos principios políticos esenciales. Las Cortes pidieron que se prohibieran las salidas de dinero del país y que se reservaran las funciones públicas y los beneficios eclesiásticos a los castellanos, excluyendo de ellos a los extranjeros. Los procuradores no se hacían ninguna ilusión. Sabían perfectamente que el gobierno haría caso omiso de estas peticiones, pero, en todo caso, se sentían obligados a mostrarse como portavoces del descontento general. Cuando llegara el momento, los comuneros habrían de recordar de qué modo el rey había faltado a la palabra dada. Las Cortes reafirmaron también los derechos de la reina madre, superiores a los de su hijo. Tampoco esto importaba mucho al gobierno en 1518, pero más tarde, en 1520, bajo nuevas circunstancias, este punto jurídico habría de proporcionar armas a los rebeldes. Finalmente, las Cortes de 1518 definieron las relaciones entre el rey y la nación en términos que posteriormente los comuneros no tendrían más que desarrollar para acabar acusando al rey: el rey está al servicio de la nación (nuestro mercenario es); no puede hacer lo que le plazca. Tiene unos ciertos deberes que cumplir:

Consyderando que vuestra alteza, como sancto, justo, cathólico rey, primero deve e es obligado a socorrer e proveer en las cosas tocantes a sus pueblos, universydades e súbditos e naturales vasallos que a las cosas suias propias; pues aquestas, vuestra alteza, como rey e sennor soberano de todo y tan poderoso, se proberá a su voluntad, e las de vuestra alteza nos avemos de cunplir y guardar de nescesydad. E, muy poderoso sennor, ante todas cosas, queremos traer a la memoria de vuestra alteza, se acuerde que fue escojido e llamado por rey; cuia interpretación es regir bien, y porque de otra manera non seria ragir bien mas desypar e ansy non se podría decir nin llamar rey e el buen regir es facer justicia, que es dar a cada uno lo que es suyo, e este tal es verdadero rey, porque aunque en los reyes se halle y tengan otras muchas tuercas, como son linage, dignidad, potencia, honra, riquezas, deleites, pero ninguna destas es propia del rey, segund los decretos e auctorídades de doctores dicen, synon sólo facer justicia e juicio, e por esta e en nombre della dixo el sabio: «por mí loa reyes reynan…». Pues, muy poderoso sennor, sy esto es verdad, vuestra alteza, por hacer ésta reynar, la qual tyene propiedad que quando los súbditos duermen, ella vela, e ansy vuestra alteza lo deve hacer, pues en verdad nuestro mercenario es, e por esta causa asaz sus súbditos le dan parte de sus frutos e ganancias suias e le syruen éstas a las personas todas las veces que son llamados; pues mire vuestra alteza sy es obligado por contrato callado a los tener e guardar justicia[372]…

En sí misma, esta teoría no tenía nada de revolucionaria. Era la expresión del pensamiento político medieval, tal y como aún lo habían de expresar los teólogos españoles del siglo XVI: el rey no está por encima de la ley; la comunidad es siempre superior al rey; el poder del rey descansa en el pacto establecido entre él y su pueblo[373]. El recuerdo de estos principios tradicionales encabezando la declaración de 1518, tras los motivos por los cuales se intentaba justificar la reunión ilegal de las Cortes en 1517, nos parece significativo de una indudable evolución desde 1504: la desaparición primero, y más tarde el relativo descrédito que había sufrido el poder real tendían a reforzar el papel de las Cortes en el conjunto de la nación. La Santa Junta sabría sacar de esta tendencia las consecuencias lógicas.

2° Al dar ejemplo de sumisión, en un momento en que encontraba cada vez una mayor oposición en el país, las Cortes de 1518 sirvieron para poner en claro una cosa: no se podía esperar nada de esta institución, en tanto que siguiera siendo emanación de los regimientos aristocráticos tan poco representativos. Los comuneros sabrían sacar las consecuencias pertinentes, pero desde el momento de la clausura de las Cortes, se produjeron incidentes muy significativos en León. Los dos procuradores de la ciudad, Hernando de Villafañe y don Martín de Acuña, se vieron enfrentados a la oposición de varios grupos contestatarios, que intentaron, al mismo tiempo, modificar la composición del regimiento. Un grupo dirigido por don Gutierre de Robles y don Antonio de Quiñones, futuros jefes de la Comunidad en León, reprochó acremente su docilidad a los procuradores:

Nos acreminan públicamente que otorgamos al rey nuestro señor doscientos quentos de seruicio[374].

Los mismos que acusaron de traición a los procuradores acusaron también a los regidores que habían elegido tan mezquinos representantes:

Los que otorgaron [el servicio] e los regidores que les dieron poder para esto eran traydores.

Asimismo, un grupo de unos cincuenta escuderos y caballeros, reunidos en una iglesia, trataron de levantar a la población contra los notables de la ciudad y exigieron estar representados en el regimiento:

Dizen que han de procurar que entren y estén quatro dellos en el ayuntamiento porque los dichos regidores no tengan tanto poder y ayan quien contradigan los tales senadores[375].

Manifestación contra los procuradores acusados de traición por haber votado el servicio, voluntad de modificar la composición del regimiento, sin embargo no tuvieron lugar en León, en abril de 1518, las mismas escenas de violencia que dos años más tarde, en Segovia, tras la terminación de otras Cortes, iban a suponer la señal de comienzo de la revolución. Pese a tratarse de incidentes aislados, los acontecimientos de León dan testimonio de la existencia de un malestar profundo y del estado de ánimo de una minoría que se oponía al nuevo soberano. Los hombres, el vocabulario (denuncia como traidores), el pretexto (la votación del servicio), serían los mismos dos años más tarde, pero al servicio de un movimiento mucho más amplio y eficaz.

4. La codicia de los flamencos

Todos los historiadores que han estudiado el problema de las Comunidades se han referido ampliamente a la que ellos consideran causa fundamental de la rebelión: la rapacidad de los flamencos, desembarcando en España como aves de presa ocupando todos los cargos, sinecuras, prebendas y los ducados de oro, codicia que se hizo proverbial, ya que un siglo más tarde encontramos su huella en el Vocabulario de Correas:

Doblón de dos caras, norabuena estedes, pues con vos no topó Xevres[376].

En esta obra pretendemos demostrar que la revolución de las Comunidades no fue una simple explosión de xenofobia. De la misma manera que los abusos no pueden explicar la Reforma, tampoco la rapacidad de los flamencos puede explicar por sí sola la revuelta de 1520. Hecha esta salvedad, digamos, sin embargo, que es bien cierto que la Corte actuó en España como si se tratara de un país conquistado. Al historiador no le resulta difícil en absoluto ilustrar este frenesí de los flamencos, antes y después de su llegada a España, por repartirse los buenos puestos, las sinecuras y las rentas más sustanciosas.

El rey prometía cuantas veces se le pedía que reservaría los cargos públicos y los beneficios para los castellanos excluyendo de ellos a los extranjeros[377]; pero no por ello dejaba de mostrar una generosidad inagotable con respecto a los borgoñones y flamencos que habían llegado con él a España. ¿Debemos pensar que Carlos actuaba con falsedad? Ciertamente no. El rey actuaba de buena fe. ¿Acaso no había nacionalizado previamente a todos aquellos a quienes se aprestaba a colmar con sus favores? El cardenal de Croy fue naturalizado unos días antes de ser propuesto para el arzobispado de Toledo, y lo mismo se hizo con Jean de Carondelet, deán de Besancon, que iba a ser el encargado de administrar la diócesis. En 1518 y 1519, las cartas de naturaleza se multiplicaron. No sin cierto cinismo se señalaban en todas las cartas los motivos por los cuales esta medida resultaba indispensable:

Para tener oficios. Para que asy como natural dellos (nuestros reynos) podays aver e obtener en ellos qualesquier beneficio e beneficios de que fuésedes probeydo fasta en contía de doscientos ducados de renta, etc[378].

Desde Chièvres hasta el último de los gentileshombres flamencos y borgoñones, todos los recién llegados recibían la nacionalidad castellana antes de tomar posesión de sus cargos o de sus rentas. Nadie podría pues acusar a Carlos de haber faltado a su palabra: ningún oficio ni beneficio para los extranjeros… ¿A quién podía engañar esta maniobra? La hipocresía del procedimiento no hacía sino añadir nuevos motivos de indignación.

Olvidando los criterios aplicados por la reina Isabel para la nominación de los obispos, la Corte designó a varios prelados extranjeros: Marlian, médico del rey, fue nombrado obispo de Tuy; Adriano, obispo de Tortosa y cardenal; el sobrino de Chièvres, arzobispo de Toledo. Pero merece la pena que nos detengamos un momento en esta última promoción, que suscitó en Castilla una emoción profunda y duradera.

Algunas horas después de la muerte de Cisneros, la Corte ordenó la confiscación de todos los bienes del arzobispo. Francisco de Vargas fue enviado inmediatamente para vigilar la operación. Esta prisa en apoderarse de los despojos del difunto ya provocó comentarios poco favorables[379]. El acontecimiento trascendental era, sin embargo, la sucesión de Cisneros[380]. ¿En quién iba a recaer el arzobispado de Toledo, el más rico de toda España? El hijo natural del rey de Aragón, arzobispo de Zaragoza desde que contaba seis años de edad, creyó llegada su hora. En 1495, Isabel le había preferido a Cisneros. Nuevamente se hallaba en un primer plano[381]. Pero este beneficio despertaba la codicia de muchos. Muchos Grandes presentaron una candidatura, unos de un hijo, otros de un sobrino o de un primo… La Corte daba a todos ellos respuestas dilatorias, tomando por su parte precauciones: desde el 9 de noviembre prohibió al cabildo de Toledo que propusiera a su candidato para ocupar la sede vacante[382]. Muy pronto comenzó a sonar el nombre del cardenal de Croy, sobrino del todopoderoso Chièvres, y que había sido naturalizado castellano el 14 de noviembre. Decepcionados, aunque felices de que no se hubiera preferido para el puesto a un rival castellano, y preocupados ante todo por ganarse los favores de quien ejercía el poder efectivo, algunos nobles contribuyeron no poco a que triunfara la candidatura de Croy, suplicando al rey que nombrara para la sede de Toledo al sobrino de Chièvres. La tradición cita al marqués de Villena como el más decidido defensor de la causa del flamenco[383]. Desde el momento en que la noticia recibió confirmación oficial, la Corona se apresuró a enviar a Toledo al conde de Palma con la misión de apaciguar los ánimos y hacer frente a cualquier resistencia.

Fue así como Guillaume de Croy, obispo de Cambray, y cardenal desde abril de 1517, se convirtió, a los veinte años, en titular del más rico beneficio de España. Sus cualidades personales eran indudables: el alumno de Luis Vives era un buen humanista, a quien gustaba, cuando tenía ocasión, intercambiar correspondencia con Erasmo. ¿Pero, cómo no iban a sentirse decepcionados los castellanos por este nombramiento? La elección del cardenal de Croy no sólo hería el orgullo nacional; los aspectos económicos de la cuestión no eran menos importantes, ya que, a pesar de la petición de las Cortes, en febrero de 1518, y la respuesta, evasiva por lo demás, del rey[384], se sabía perfectamente que el nuevo arzobispo no habría de residir nunca en su diócesis. Se limitaría a retirar sus ingresos, que serían enviados al extranjero, con el mayor descontento de sus fieles.

Pero más que estos aspectos, de por sí graves, fueron las circunstancias de la elección las que más afectaron al cabildo de Toledo. Se tuvo conocimiento, en efecto, de que el papa había dado su aquiescencia al desmembramiento del arzobispado, viejo proyecto que encontró la aprobación de León X[385]. La diócesis de Toledo habría de ser dividida en tres, a la muerte del cardenal de Croy, y se crearía un arzobispado de Toledo reducido, además de otras sedes complementarias, una en Madrid y la otra en Talavera o en Alcalá de Henares. Fue contra esta disolución de la diócesis, más que contra la elección del cardenal de Croy, contra la que se levantó el cabildo el 13 de abril de 1518. Solamente un canónigo, don Pedro de Mendoza, se sometió a las decisiones del papa y del rey. Los demás exigieron la renuncia al proyecto de desmembrar la diócesis de Toledo. Finalmente, la Corte dio satisfacción a sus peticiones y el 20 de abril el cabildo accedió a reconocer al nuevo arzobispo, sin plantear nuevas objeciones[386]. Se temía que pudieran surgir disturbios en Toledo, adonde había acudido el marqués de Villena para presionar a los canónigos y a la población. Su intervención intempestiva fue bastante bien acogida por hombres como Pero López de Padilla, que se pusieron también a disposición de Chièvres y de su familia[387]. Esta actitud de los notables —¿dimisión o indignidad?— no debe, sin embargo, llamarnos a engaño. El nombramiento del cardenal de Croy contribuyó enormemente a enfrentar a muchos castellanos con el nuevo régimen, tanto por su importancia como símbolo como porque constituía una revelación de las intenciones de los nuevos dueños de Castilla de tratar al país como a un territorio conquistado.

La designación del cardenal de Croy para la sede de Toledo llama la atención en cuanto a la parte que se reservaba la familia Chièvres en la explotación del reino. Chièvres recibió para comenzar una sinecura muy lucrativa: contador mayor de Castilla, puesto que revendió, a su vez, en 1520, por la suma de treinta mil ducados, al duque de Béjar, don Alvaro de Zúñiga[388]. Poco después obtuvo el derecho de proveer todos los cargos de las Indias, privilegio desorbitado que sería limitado en 1520, y a partir de entonces sólo conservó —¡si es que se puede decir así!— el nombramiento para los cargos vacantes o de nueva creación, excepción hecha de los regimientos y de las escribanías[389]. Además de ello obtenía otras gratificaciones de menor cuantía[390]. El 21 de mayo de 1518, su mujer recibió un regalo auténticamente real: todas las perlas llegadas de Cubagua que se habían depositado en la Casa de Contratación, 274 marcos, 615 perlas preciosas[391]. Poco después marchó a acompañar a la infanta Leonor, que había partido para esposar al rey de Portugal. No regresó con las manos vacías. Ella y sus sobrinas regresaron cargadas de regalos por un valor superior a los 15.000 ducados, además de una renta vitalicia de 200.000 maravedís anuales, ofrecida por el rey de Castilla[392]. Charles de Croy, Philippe de Croy, el duque de Clèves, Jacques de Luxemburgo, Enrique de Nassau y otros familiares de Chièvres fueron también objeto de la generosidad real[393]. Al mismo tiempo, todos los cortesanos llegados de Flandes saqueaban sin escrúpulos el tesoro público, desde los más importantes (La Chaux, Le Sauvage, Laurent de Gorrevod[394]) hasta los servidores más humildes: el francés Joffre de Cotannes consiguió que se le otorgara la fortaleza de Lara, con gran escándalo de los burgaleses[395]; los Taxis obtuvieron el monopolio de los correos[396], etc. Todo el libro 37 de la colección de las Cédulas, en Simancas, no es más que una larga lista de las mercedes de las que se beneficiaban los flamencos y borgoñones, naturalizados normalmente de antemano. De no haber muerto su protector, Le Sauvage, también Erasmo hubiera recibido la prodigalidad de la Corona castellana en forma de un sustancioso beneficio, probablemente un obispado[397].

En esta carrera hacia los tesoros, América ocupaba un lugar importante a los ojos de los flamencos. Giménez Fernández ha descrito con suficiente amplitud el retorno a las prácticas más escandalosas tras el breve interludio que representó la regencia de Cisneros. Los Conchillos, Fonseca y Cobos agudizaban la rapacidad de Chièvres y sus compinches, indicando las presas más codiciadas a las que se debía conceder prioridad. Únicamente Le Sauvage es juzgado favorablemente por Las Casas y por su biógrafo, juicio, sin embargo, que no todos los contemporáneos compartían, pero su muerte, en junio de 1518, hizo desaparecer los últimos escrúpulos[398]. Hemos visto más arriba que Chièvres era el encargado, en principio, de proveer todos los cargos vacantes o por crear en América[399]. Jean de Witte, recibió el obispado de Cuba[400]; Barbier, capellán del canciller Le Sauvage, esperaba una diócesis que le había sido prometida en la costa de Paria y de Cumaná[401]; el rey concedió en calidad de feudo a Laurent de Gorrevod el Yucatán y Cuba, como si le hiciera merced de alguna dehesa para meter en ella su ganado, comenta Las Casas; no obstante, la donación fue anulada poco después[402].

Fue la trata de esclavos, llevada a cabo por Laurent de Gorrevod, asociado circunstancialmente a los comerciantes castellanos y genoveses la que pareció tener mayores consecuencias. El 18 de agosto de 1518, el rey autorizó al flamenco a introducir en las Indias 4000 esclavos negros, licencia que éste revendió por 25.000 ducados a Alonso Gutiérrez de Madrid y a los genoveses. Estos, por su parte, negociaron las autorizaciones por las que obtuvieron a razón de doce ducados y medio por esclavo, en lugar de los 2 ducados exigidos habitualmente por la administración, y este tráfico se prolongó hasta 1534. Gorrevod fue el principal beneficiario de este mercado de esclavos, primero en los Tiempos Modernos, pero también otros, como La Chaux y don Jorge de Portugal, participaron en él aunque con menores beneficios[403].

No debe extrañarnos, pues, que el espíritu de lucro estuviera presente en todas las esferas de la Administración. Cualquiera que contaba con una cierta autoridad se dejaba corromper y corrompía a los demás, a su vez. Tampoco los funcionarios castellanos podían hacer gala de una moralidad irreprochable; los que procedían de las regiones del Norte creían que todo les estaba permitido. Unos y otros se entregaron a partir de 1517 a todo tipo de transacciones deshonestas comerciando con los cargos públicos, con gran escándalo de algunos administradores todavía honrados y de la inmensa mayoría de la población, indignada y desmoralizada ante el espectáculo que se ofrecía a sus ojos[404].

5. El descontento en Castilla

El rey abandonó Valladolid el 22 de marzo de 1518 para ir a recibir el homenaje de sus súbditos aragoneses y catalanes. Tras él quedaba un reino en profunda decepción. La burguesía comerciante se irritaba al ver que se mantenían las restricciones a la importación de paños flamencos. El municipio de Medina del Campo reclamaba con insistencia la derogación de todas las medidas proteccionistas adoptadas ante las peticiones de los industriales:

La verdad es que el beneficio y probecho desta premática es de particulares y éstos son pocos, que solamente son los que hazen los paños, y el daño es muy general de todos los que los bisten.

Los precios subían a un ritmo vertiginoso:

El paño que solía valer tres mili maravedís bale oy cinco, mientras que la calidad era cada vez más pobre. Era urgente, por tanto —concluía el municipio— poner fin a esta política[405].

Satisfacer estas exigencias suponía granjearse el descontento de los manufactureros. Pero Carlos, que era rey, a un tiempo, de Castilla y de los Países Bajos, no podía desoír estas peticiones. Así, derogó las medidas proteccionistas y dejó entrever que examinaría con buena disposición los argumentos del Consulado de Burgos contra la ley de 1462[406]. Paulatinamente, los importadores y exportadores (que eran las más de las veces los mismos comerciantes) fueron recuperando todos sus privilegios y, el 18 de enero de 1520, el rey dio la seguridad de que las relaciones comerciales con los Países Bajos continuarían siendo objeto de un trato de favor por parte del Estado[407]. Asegurados los exportadores en sus intereses, fueron entonces los comerciantes del interior quienes comenzaron a mostrarse inquietos, y no sólo, como alguien ha dicho, porque los cambios de moda en el vestir perjudicaran sus intereses[408]. Incluso la Mesta parecía amenazada por la creciente hostilidad que se iba manifestando contra ella. Los ganaderos de la Mesta se quejaban de no beneficiarse de la protección de la Corona, como había sucedido anteriormente. Si hemos de creer en sus afirmaciones, la institución se hallaba al borde de la catástrofe en 1519[409]. En su mismo seno se produjeron enfrentamientos entre los «hermanos» de Burgos y los de Segovia[410]. Todo esto es síntoma de un profundo malestar que el nuevo gobierno de Castilla no había sabido superar.

En el plano de la política exterior, las tendencias francófilas de Chièvres herían profundamente los sentimientos de los castellanos, deseosos de defender las adquisiciones de los Reyes Católicos en Navarra y en el reino de Nápoles. El tratado de Noyon, firmado en 1516, concedía a Francisco I una serie de seguridades que amenazaban los intereses españoles en estos territorios. También en este punto, Chièvres y sus colaboradores se comportaron como borgoñones no importándoles sacrificar los intereses de Castilla.

Tan sólo los conversos depositaron su confianza en el nuevo soberano. Le Sauvage, comprado a precio de oro por los conversos, les prometió una reforma de la Inquisición, pero murió antes de haber puesto en marcha su proyecto[411]. Las negociaciones comenzaron nuevamente en 1519, por medio de Alonso Gutiérrez de Madrid[412]. En los restantes sectores de la sociedad el descontento era cada vez mayor. Los monjes mendicantes dieron a este descontento una expresión particularmente violenta en una serie de sermones que comenzó en Valladolid inmediatamente después de la marcha del rey. Los flamencos eran el blanco principal de sus ataques. Se les reprochaba duramente su codicia y el desprecio que mostraban por las costumbres de España, y sobre todo se les hacía responsables de haber levantado una barrera entre el rey y sus súbditos y de no tener en cuenta en absoluto los intereses del país. Bajo su gobierno, los cargos públicos eran vendidos al mejor postor, se había expulsado a los antiguos colaboradores de la Administración, y, en el exterior, se daba seguridades a Francia respecto a Italia y Navarra, sacrificando con toda impunidad la obra política de los Reyes Católicos. Algunos de estos monjes afirmaban que la solución a todos estos graves problemas radicaba principalmente en la constitución de un gobierno nacional cuyos miembros procediesen de las capas medias de la sociedad:

Los Grandes avyan de procurar que se juntasen con los procuradores del reyno y que de los medianos del reyno y no de los Grandes se escogiesen personas que entendiesen en la governación del reyno[413].

Llamada a las clases medias y condena de la alta nobleza, que en realidad se había condenado a sí misma por sus divisiones, su exclusiva preocupación por sus intereses particulares, su indiferencia ante el poder y su falta de reacción ante los abusos y los errores de una política nefasta. Estas conclusiones de los monjes mendicantes en sus sermones de Valladolid en 1518, serían compartidas, dos años después, por los comuneros. No obstante, también la alta nobleza se había visto decepcionada en sus expectativas. Contrariamente a sus esperanzas no ocupaba lugar alguno en la dirección de los asuntos de gobierno. Los grandes nobles abandonaron Valladolid, después de las fiestas y celebraciones, decepcionados y llenos de amargura, dice Santa Cruz[414]. Algunos incluso deseaban que su rey tuviera dificultades, una guerra, por ejemplo, «para que así fueran mejor tratados[415]».

Los monjes de Valladolid no atacaban la figura del rey. Solamente lamentaban que las personas de su círculo le aislaran de su pueblo y le aconsejaran tan mal. No obstante, estas precauciones oratorias no deben llamarnos a engaño. En 1519, Carlos no era una figura popular en Castilla, tal vez a causa de que sus súbditos no le conocían bien. Ni atractivo ni imponente en su aspecto, pálido, rubio, más bien pequeño de estatura, su acentuado prognatismo, que le obligaba a mantener la boca abierta durante mucho tiempo, provocaba burlas fáciles e irrespetuosas, que dicen bien a las claras hasta dónde llegaba la estima hacia su persona. Dado que no hablaba español, parecía frío y taciturno a los pocos castellanos que habían conseguido aproximarse a él, que además le consideraban poco inteligente[416]. Un necio, incapaz de tomar ninguna decisión, tal era la impresión que tenían sus súbditos en 1517-1518[417]. Además, carecía de una cualidad esencial, a la que los hombres del siglo XVI prestaban un gran valor sentimental: Carlos no era el señor natural —por nacimiento— de sus súbditos[418]. Nacido en el extranjero y rodeado de extranjeros, el rey no pudo o no supo conseguir la estima de su pueblo en este primer contacto.

Esperado con impaciencia por Cisneros y por sus súbditos, Carlos desembarcó por fin en España en octubre de 1517. Cisneros murió antes de poder conocer personalmente a su soberano y de poder explicarle en qué situación se hallaba el país. Los castellanos no habían obtenido ninguna ventaja con la llegada de su rey. Sólo podían ver a su rey de lejos, en las ceremonias y fiestas de Valladolid, en medio de una multitud de cortesanos, la mayor parte extranjeros. Carlos partió de Castilla cuatro meses más tarde. Había recibido el homenaje de la nobleza y de las Cortes, pero no había sido capaz de ganarse el afecto de sus súbditos.

II. —LA ELECCIÓN IMPERIAL

En tanto que Carlos visitaba Aragón y Cataluña, intentando conseguir en estos territorios su reconocimiento como rey y subsidios económicos, al precio de largas y laboriosas negociaciones, la atención de todas las potencias de Europa se dirigía hacia Alemania, donde la muerte del emperador Maximiliano iba a provocar, a no mucho tardar, un problema sucesorio. La elección del rey de España para el Imperio, al obligarle a recaudar fuertes tributos y a abandonar la Península al cabo de dos años y medio de permanencia en ella, sirvió para crear en Castilla nuevos motivos de descontento y proporcionó a la revolución que estaba preparándose sus fundamentos psicológicos y políticos. En efecto, para un gran número de castellanos, la dignidad imperial que había sido ofrecida a su rey significaba únicamente un aumento de las contribuciones y la prolongación durante un lapso indeterminado de una situación que se consideraba intolerable: el gobierno confiado de nuevo a una regencia, sometida a exigencias ajenas al país, cuando éste todavía no había superado la crisis abierta con la muerte de Isabel la Católica.

1. El Santo Imperio

Carlos, ya investido con los títulos de duque de Borgoña y rey de España, era también nieto del emperador Maximiliano y, por tanto, heredero de los Habsburgo[419]. Este título le daba pleno derecho a recibir las posesiones de esta familia en Alemania y Austria. Además podía esperar que, a la muerte de su abuelo, la dignidad imperial recayera sobre él, pero en este punto entraba en competencia con otros candidatos, ya que, el Santo Imperio Romano Germánico, amalgama de posesiones particulares, principados, señoríos, ciudades, etc., no pertenecía en plena propiedad a la dinastía de los Habsburgo. Desde la publicación de la Bula de Oro en 1356, siete electores se reunían para designar el emperador: los arzobispos de Maguncia, Colonia y Tréveris; el rey de Bohemia, el duque de Sajonia, el margrave de Brandeburgo y el conde palatino del Rhin.

Maximiliano deseaba que la dignidad imperial recayese en un miembro de su propia familia. En consecuencia, desde hacía tiempo había dirigido una campaña en favor de su nieto, el rey de España, entre todos los electores. El Imperio excitaba no poco la codicia de los diferentes países europeos por el prestigio y el poder que confería a su titular, especialmente si éste gobernaba ya sobre un extenso territorio. A la muerte de Maximiliano, el 12 de enero de 1519, la lucha por la dignidad imperial se presentaba cerrada e incierta. Francisco I y Enrique VIII se presentaron como candidatos, mientras que del lado de los Habsburgo se dudó un tanto en cuanto a la designación del candidato. Margarita de Austria prefería al infante Fernando, con la esperanza que encontrara menos oposición que su hermano, ya rey de España y duque de Borgoña, y cuyas posesiones mantenían cercada a Francia y se extendían por Italia. Carlos rechazó de inmediato esta sugerencia. Las pretensiones dinásticas, el espíritu de cruzada del caballero borgoñón y el ideal imperial le impulsaron a reivindicar personalmente la herencia de su abuelo.

El rey de España tenía frente a sí a las principales potencias europeas, temerosas de una excesiva concentración de títulos en manos de una sola persona. Todo dependía, en definitiva, de los electores, indecisos todavía, pero cuyos votos se sabía poder comprar pagando por ellos el justo precio. El monarca francés, Francisco I, ya había prometido grandes sumas de dinero a quienes votaran por él. Carlos se había decidido, en 1517, a seguir este ejemplo, siguiendo los consejos de su abuelo, quien le había dicho con crudeza:

Para atraerse a la gente es preciso arriesgar mucho y pagar mucho dinero antes de la operación.

Más que para una elección, los candidatos se preparaban, pues, para una gigantesca subasta pública. Era imprescindible conseguir los fondos necesarios. En el invierno de 1518-1519, Carlos entabló negociaciones con comerciantes alemanes, entre otros los Welser, florentinos y genoveses. Pero las sumas obtenidas por este procedimiento eran todavía insuficientes. Fue por eso por lo que en febrero de 1519 se dirigió a Jacobo Fugger, el banquero de Augsburgo, que puso a disposición del rey de España más de medio millón de florines renanos.

Gracias a este enorme apoyo financiero, Carlos fue elegido por unanimidad, el 28 de junio de 1519 en Francfort. Tomó su rango en la jerarquía imperial con el nombre de Carlos V. Triunfo para los Habsburgo, y triunfo también para la banca Fugger. El banquero se lo recordaría al vencedor orgullosamente en 1523:

Es de conocimiento público y claro como el día que vuestra majestad imperial no hubiera podido, sin mí, obtener la corona romana.

«Ni antes ni después de Carlos V —comenta Léon Schick— ningún emperador debió su título a tamaña corrupción electoral, nunca los factores influyeron tan poco en los príncipes alemanes como con ocasión de la votación de 1519». Juicio exacto en el fondo, aunque quizás excesivo en la forma. Brandi y Lucien Febvre, sin olvidar la importancia de la operación financiera de Francfort, señalan otros elementos que también influyeron en el triunfo de los Habsburgo. Indudablemente, el sentimiento nacional alemán —o de la forma en que esto pudiera llamarse entonces— deseaba el éxito del nieto de Maximiliano. He aquí lo que escribe Lucien Febvre:

En el momento decisivo, cuando llegó el momento de la votación, los pactos, convenciones y compras con dinero, nada de ello contó para nada. Una auténtica ola de nacionalismo germánico ahogó todas estas cosas tan insignificantes[420].

Fue en Barcelona donde Carlos recibió la noticia de su elección. Inmediatamente se dispuso a hacer frente a sus obligaciones. Dos de ellas, especialmente, iban a tener graves repercusiones en España y especialmente en Castilla:

1. Ante todo tenía que partir hacia Alemania para ser coronado en Aquisgrán. No sería sino después de esta ceremonia cuando se convertiría en emperador efectivo. La elección de Francfort solamente le había convertido en rey de romanos. ¿Podrían comprender sus súbditos españoles la necesidad de este viaje? ¿No experimentarían el sentimiento de que su rey les abandonaba, quizás de manera definitiva?

2. Para pagar los gastos del viaje y la deuda contraída con Fugger, Carlos necesitaba dinero de inmediato. Y esto poco después de que las Cortes le hubieran concedido un subsidio. ¿Consentirían las Cortes en un nuevo sacrificio financiero por una política que no interesaba directamente al renio? La recaudación de nuevos impuestos y la partida del rey hicieron renacer con nueva fuerza la oposición en Castilla, preparándola para la insurrección.

2. Las dificultades financieras

Carlos V siempre estuvo preocupado por sus dificultades financieras y por la imposibilidad de equilibrar su presupuesto. La obra de Ramón Carande nos aporta la demostración documentada de este hecho[421]. La norma era el déficit crónico y el recurso permanente de los préstamos. Apenas se había cancelado un crédito cuando ya había que pensar en otro más, y esto continuamente y de un extremo al otro del reino. Para poder pagar los gastos del viaje de 1517 fue necesario recurrir a los préstamos y abrumar a Cisneros con demandas de fondos[422]. En España, los enormes gastos de la Corte superaban con mucho los ingresos normales[423]. El 3 de mayo de 1519, Alonso Gutiérrez de Madrid hubo de aceptar el destinar todos los años 200.000 ducados sólo para los gastos de la casa real. En contrapartida podría disponer de los ingresos de los Maestrazgos y del oro procedente de América, cifra sin duda de excepcional importancia, ya que desde 1520 se le redujo a 100.000 ducados[424]. Estos no eran sino gastos normales. Las grandes empresas de la Corona exigieron cantidades mucho más considerables. Desde diciembre de 1518, en Zaragoza, se intentó por todos los medios conseguir dinero en previsión de la elección imperial[425]. Ya nos hemos referido al decisivo papel que jugó la banca Fugger en el triunfo del rey de España. La elección costó 850.000 florines renanos (el equivalente a más de 2100 kilos de oro fino), es decir, más de 800.000 ducados castellanos, adelantados en su mayor parte por los Fugger, que pronto comenzaron a pedir el reembolso de su préstamo[426]. Carlos V tenía también que preparar su próximo viaje a Alemania para recibir la corona imperial. El 29 de septiembre de 1519 se encargó a Fonseca que tomara todas las decisiones pertinentes en este sentido[427]. Nuevamente había que conseguir dinero para el viaje y la coronación. Para ello, la Corona se vio obligada, durante el verano de 1519, a imponer nuevas contribuciones sobre sus súbditos, sometidos ya a una fuerte presión fiscal.

El papa León X, favorable a la candidatura Habsburgo, autorizó al rey de España a que impusiera una contribución extraordinaria, un subsidio, sobre los ingresos del clero[428]. Carande, que calcula el montante de este impuesto en unos 22 millones de maravedís, estima que la bula debió ser firmada en 1519, sin poder precisar nada más. La idea de este impuesto databa ya de dos años atrás, ya que el clero había protestado vehementemente por el tributo que se le pretendía imponer. Incluso se había celebrado una asamblea general del clero castellano en Madrid, en septiembre de 1517, bajo la presidencia de Cisneros y en 1518 se habían producido diversos incidentes entre los poderes públicos y las autoridades eclesiásticas a propósito de este tema: sermones subversivos, interdictos, etc[429]. En 1519 se reunió en Barcelona una segunda asamblea general del clero, y esta vez, Carlos V pudo obtener la conformidad de los interesados. Acuerdo importante, de lo cual no dejan lugar a dudas los documentos conservados. Estas reticencias habrían de pesar mucho en el futuro. Estos movimientos de protesta de 1518-1519 eran un preludio de la actitud subversiva que un núcleo importante del clero iba a adoptar durante la revolución de las Comunidades, sin que pueda afirmarse que las consideraciones fiscales y materiales fueran la única causa de ella.

El subsidio del clero constituía una aportación importante, pero insuficiente. La Corte decidió, por tanto, recurrir a los impuestos para obtener los recursos indispensables. Ante todo se pensó en aumentar el rendimiento de la alcabala, impuesto interesante por dos motivos. En primer lugar, porque, a diferencia de lo que sucedía con el servicio, no era necesario el consentimiento de las Cortes para percibirlo y para aumentar su volumen, y en segundo lugar, porque la alcabala era el impuesto que aportaba los ingresos más importantes. El Estado cubría casi completamente con él sus necesidades normales[430]. Este impuesto indirecto era percibido de manera regular desde la época de los Reyes Católicos, aunque es bien cierto que Isabel manifestaba en su testamento ciertas dudas acerca de su legitimidad. Suponía aproximadamente el 10 por 100 de todas las transacciones. Ante este impuesto no existían privilegiados; pecheros e hidalgos lo pagaban igualmente. En efecto, raras eran las exenciones: las ferias y mercados francos y, con ciertas reservas, el clero. Su percepción la realizaban una serie de recaudadores que practicaban frecuentes exacciones y que, por tal motivo, eran detestados por la mayor parte de la población. Frecuentemente, para evitar estos abusos se recurría al encabezamiento, que consistía en repartir entre todos los habitantes la suma a pagar por una determinada circunscripción. Este sistema presentaba ventajas para los contribuyentes, que se veían libres así de la rapacidad de los recaudadores y también, si se aplicaba durante varios años, de las variaciones anuales, pero debido a este último hecho, el sistema comenzó a parecer poco apropiado a los responsables de la política financiera. En efecto, debido al alza de los precios y al crecimiento regular de la población, y, por ende, del volumen de las transacciones, el Estado dejaba de ingresar sumas importantes en concepto de la alcabala en caso de que la composición para la alcabala se realizase para un período bastante largo. Así se expresa en un informe sobre los encabezamientos, redactado al principio del reinado de Carlos:

Será grand bien encabezar las rentas pero ha de ser con tal moderación que el encabeçamyento no se faga ni perpetuo ni a luengo tienpo porque perdería el rey todo lo que pudiesen crescer y avmentar las rentas; pues poner en dubda el crescimyento sería cosa contra razón, así por la multiplicación de las gentes, con tal qual los gastos e espensas crescen, de lo qual resulta que han de crecer los tratos y comercios e por consguyente han de avmentarse y crescer los derechos de las alcabalas[431].

En tiempos de los Reyes Católicos solamente se habían realizado encabezamientos parciales, a partir de 1495. Durante la regencia de Cisneros se permitieron nuevos encabezamientos para períodos de cuatro años, renovables[432]. Al llegar a España, la Corte de Carlos se mostró sumamente descontenta por la amplitud de los plazos que se habían consentido sin su autorización y pretendió volver a revisar con toda atención las condiciones:

Por quanto yo soy ynformado que el Cardenal de España, ya difunto (…), sin nos lo consultar e sin aver para ello nuestra licencia, mandó encabezar muchos partidos de nuestras rentas, así las que estavan arrendadas y rematadas como otras en los concejos de las cibdades e villas e lugares (…) e que en muchos de los dichos partidos e rentas que se encabezaron se hazía e se ofrecían de hazer grandes pujas por algunos recabdadores e personas que nos querían servir e que sin enbargo de las dichas pujas mandó que se encabezasen e fueron encabezados en muy menores precios de lo que se pujavan o que valían por menos (…). Otrosy, soy ynformado que por la bondad de Dios nuestro señor, a cavsa de mi venida en estos mis reynos, se ha crescido e creze de cada día el valor de las dichas nuestras rentas, el qual crecimiento e lo que en ellas se pudiere pujar es muy nescesario para la sustentación de nuestro estado real por las grandes nescesidades e gastos que de continuo se ofrescen, e acatando que es cosa justa e muy necesaria que se procure e haga el crescimiento que buenamente se pudiere hazer en las dichas nuestras rentas e que lo que en contrario desto se hizo syn la dicha nuestra licencia, syendc; como es en daño e perjuizio nuestro e de nuestro patrimonio real, no pudo ni deve valer, antes es dino de ser emendado (…) declaramos e dezimos que los encabezamientos de nuestras rentas que están fechos en que espresa o tácitamente se hizo quita o abaxamiento del valor que valía o se pujava o pujaran las dichas rentas o algunas dellas sy a ello diera lugar, por cualesquier años que se otorgaron, que por otra nuestra cédula mandaremos nonbrar y especificar, que los tales encabezamientos no deven valer e queremos que no valan si no oviere para ello otro nuestro mandamiento o declaración, porque el dicho governador ni otra persona alguna no tenía poder para hazer mercedes ni quitas ni abaxamientos de las dichas rentas syno para las acrezentar e conservar e poner en ellas buen recabdo[433].

Pero, en contra de los deseos del rey, las Cortes de Valladolid le obligaron a respetar los encabezamientos autorizados por Cisneros[434]. No obstante, la Corte no renunció por ello a aumentar el rendimiento de alcabala. Solicitada su opinión, los contadores Rodrigo de la Rúa y Tello propusieron, en octubre de 1518, un incremento moderado que suprimiera las composiciones en vigor, con lo cual podría evitarse el descontento del reino:

Luego entendimos con algunas personas cerca dello y a otros esperamos que vengan aquí. Enbiamos a val. la relación de lo que acá podimos alcanzar. Parészenos buen seruicio, en especial que en las rentas que quedan de fuera de lo encabezado esperamos que avrá creszimiento y parészenos que desta manera no se podrían quexar los pueblos y si juntamente se arrendase toda la massa no dexarían de murmurar[435].

En este texto se preveía, por tanto, que un aumento de las alcabalas provocaría el descontento general y tal vez disturbios. Sin embargo, la Corte no pensaba en un ajuste limitado sino más bien en un aumento generalizado. La idea era suprimir casi por completo los encabezamientos y ofrecer la recaudación de la totalidad de las alcabalas al mejor postor. Así lo precisaba la cédula del 7 de julio de 1519, que abría las subastas:

Arrendamiento en el mayor precio que ser pudiese (…) en los mayores pujadores.

A continuación, la cédula definía la naturaleza de los impuestos que iban a ser arrendados:

Alcavalas, tercias, almoxarifazgos, diezmos e aduanas, salinas, mineros e otras rentas (…) que este presente año de quinientos e diez e nueve están arrendadas e enzabecadas, ecebto la provincia de Guipúzcoa e los otros partidos que están encabezados perpetuamente.

El arrendamiento se realizaría para un período de seis años. Fue Fernando de Cuenca, vecino de Santiago, quien consiguió el contrato, ofreciendo 800.000 ducados por año de bonificación[436]. Por las reacciones que provocó de manera inmediata, la puja de Barcelona abría la vía a la campaña de oposición que, partiendo de Toledo, iba a desembocar en la revolución de las Comunidades.

3. Toledo en la oposición

El descontento que, desde octubre de 1517 era cada vez mayor en Castilla cristalizó a partir del verano de 1519 en torno a dos aspectos principales: la partida inminente del rey y la cuestión de los encabezamientos. Tras las polémicas que suscitaban estos dos temas se iba formando en realidad una crítica rigurosa de la futura política imperial y un planteamiento nuevo de las relaciones entre el rey y la nación. Fue en Toledo donde se produjeron las más enérgicas protestas. El 19 de octubre de 1519, en una carta dirigida a Jaén se condenaba severamente la puja de Barcelona y la derogación de los encabezamientos[437]. Toledo utilizaba dos argumentos principales en favor del sistema de composición de las ciudades para la alcabala:

—Un argumento técnico: el encabezamiento sería más rentable para el rey. Esto, sin embargo, era bastante discutible, como hemos visto en un anterior apartado:

Su alteza no tendrá sus rentas tan sanas ni tan seguras en recabdadores como sobre los pueblos encabezados, como otras muchas vezes emos visto por ysperiencia las grandes quyebras que los recabdadores mayores de estos reynos han hecho e como los reyes de gloriosa memoria pasados perdieron muchas sumas de maravedís.

—Un argumento moral: el encabezamiento evitaba a las gentes humildes las extorsiones de los recaudadores:

Los grandes agravios y estorsyones que a los pueblos y gente menuda hazen los dichos arrendadores.

Este último argumento invita a realizar algunas reflexiones. Probablemente, los regidores de Toledo que redactaron esta carta eran sinceros en sus sentimientos de solidaridad hacia los económicamente débiles, pero en realidad tenían razones más concretas y menos altruistas para reclamar la vuelta al sistema de encabezamientos. Todo el mundo tenía que pagar la alcabala, eso es cierto, pero el sistema de encabezamiento favorecía sin lugar a dudas a los hidalgos frente a los pecheros, ya que gracias a este sistema veían su contribución reducida a una cantidad fija, inferior desde luego a lo que hubiera supuesto el porcentaje correspondiente a todas las transacciones efectuadas. Esta y no otra es la razón por la que las Cortes —donde solamente tenían cabida los privilegiados, los hidalgos— se mostraban favorables, constantemente, a los encabezamientos. Sobre este punto, Carande ha aportado datos que invalidan cualquier otra interpretación[438]. Añadiremos, además, que en el sistema del encabezamiento eran las ciudades las encargadas de efectuar el reparto del impuesto entre los habitantes; y decir las ciudades equivale a decir la oligarquía municipal, o sea, los privilegiados. Así, si bien los regidores de Toledo invocaban únicamente razones humanitarias en favor del encabezamiento, lo cierto es que al mismo tiempo estaban defendiendo unos intereses que les afectaban directamente. Por lo demás, ¿no era esto lo que decía inocentemente la crónica de Alcocer al explicar la indignación de Padilla ante los proyectos de los flamencos?

Xebres travajó por crecer las alcabalas y que los hidalgos pechasen[439].

Parecía lógico que el Gobierno, después de imponer sobre el clero una contribución extraordinaria y tras haber aumentado el importe de la alcabala, que nadie se escapaba de pagar, intentase también cargar la mano sobre los hidalgos.

Toledo anunció su intención de enviar una delegación ante el rey para obtener la vuelta al sistema de encabezamiento e invitó a Jaén —y seguramente a otras ciudades— a que se unieran a ella en sus peticiones. Efectivamente, un mes después, sus representantes, Gonzalo Gaitán y Diego Hernández Ortiz, partieron hacia la Corte. Carlos V se negó a recibirles para escuchar sus explicaciones, limitándose a tomar nota de sus protestas[440].

En los primeros días de noviembre, la campaña de Toledo se había extendido a todo el país. En una circular, Toledo pidió a las ciudades con representación en Cortes que se reunieran y adoptaran una actitud común respecto a dos puntos fundamentales: la marcha del rey y la organización del gobierno durante su ausencia, por un lado; y los problemas planteados por la elección del rey para la dignidad imperial, por otro. Ya no se trataba, pues, de los encabezamientos[441].

Dado que la dignidad imperial era superior a la de rey, la Cancillería decidió introducir modificaciones en los títulos con que tradicionalmente se designaba al rey. A partir de entonces, el título de emperador se mencionaría antes que el de rey de Castilla. Con el propósito de que los castellanos no se sintieran heridos en su orgullo nacional, se tuvo cuidado en precisar que ello no implicaba ningún matiz peyorativo, y se llegó finalmente a la fórmula que a continuación reproducimos, un tanto complicada, y que constaba en todos los documentos oficiales:

Don Carlos, rey de Romanos, semper augusto, electo emperador, y doña Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la gracia de Dios reyes de Castilla, etc.

Igualmente, a partir de entonces, al dirigirse a Carlos V habría que llamarle «Sacra Católica Cesárea Majestad». (S. C. C. M.) en lugar de «muy alto y poderoso señor» como se le designaba hasta entonces[442]. Toledo no parecía hallarse satisfecha ante los motivos que se invocaban para justificar estos cambios:

En lo de los títulos que su cesárea e católica majestad agora nuevamente se a yntitulado, sea seruido de guardar a estos reynos la preeminencia que los reyes pasados de gloriosa memoria, sus progenitores, han sienpre tenido y la reyna, nuestra señora, y su majestad tienen y guardar el estilo y horden en el título que hasta agora se a tenido.

¿Simple discusión formal? No ciertamente. Lo que Toledo quería decir era que la elección imperial no debía cambiar para nada la situación del reino. Castilla no debía ser asociada al Imperio, en una u otra forma. Toledo no quería conocer más que al rey de Castilla e ignoraba por completo al emperador. He ahí una grave diferencia entre el rey y la nación, que pronto habría de tener importantes consecuencias.

Más revolucionarios eran todavía los proyectos presentados por Toledo sobre la forma que habría de tomar el gobierno en tanto durase la ausencia del rey. Carlos iba a marchar tras haber pasado tan sólo algunos meses en Castilla, y el reino iba a encontrarse sumido en una situación anormal, preñada de inconvenientes, ya que el poder iba a ser ejercido por personas distintas del soberano. Era importante llamar la atención de Carlos para que supiera elegir las personas idóneas:

Suplicarle quiera dexar en la governación (…) en su avsencia personas muy dotas y discretas.

Y en este punto, Toledo introducía una reivindicación original:

Dando a los pueblos la parte que el derecho les da e le dieron los reyes pasados en los semejantes casos, quando fue necesario aver gobernadores.

No se precisaban en absoluto los precedentes históricos que se estaban invocando. ¿Existían realmente? Creemos que no. La alusión a estos precedentes pretendía ocultar una idea revolucionaria: había que asociar la nación (los pueblos) al gobierno. Nada decía Toledo sobre la forma que podría revestir esta participación de la nación en el poder. Lo importante es que la idea había sido planteada.

Tales eran los dos puntos que Toledo presentó a las ciudades representadas en las Cortes cuando solicitó que se unieran a ella para realizar una gestión colectiva cerca del rey. ¿Cuál fue la reacción en Castilla ante esta circular? Según los datos que poseemos, sólo diez de las dieciocho ciudades con representación en Cortes respondieron. Diez ciudades sorprendidas, a veces escandalizadas ante esta posición revolucionaria, pese a los intentos de suavizarla lo más posible. En Andalucía la actitud fue de rechazo, más o menos total. Córdoba manifestó su inquietud: No es esta la manera de dirigirse al rey. Hay que suplicarle respetuosamente que atienda una serie de reivindicaciones legítimas, pero no hay que pensar en tomar su lugar ni en imponerle soluciones. Sevilla reconoció que no todo funcionaba perfectamente bien en el reino, pero consideraba que la situación no era urgente: siempre habrá tiempo de dirigirse al rey, antes de su partida, durante una sesión de las Cortes, por ejemplo, si el rey se decide a reunirlas. Jaén, por su parte, prefería esperar el retorno del rey a Castilla antes de tomar una decisión. Granada respondió con una negativa categórica: sólo las Cortes tienen capacidad para discutir los problemas que plantea Toledo. En el fondo, Granada consideraba estas pretensiones inadmisibles:

En lo que toca a algunos capítulos de la carta de vuestra merced en que dize que se deve suplicar a su majestad que dé a las cibdades la parte que el derecho les da cerca del proveer sobre la forma de la gobernación, a esta cibdad le parece que en aquello no se deve de hablar[443].

Fuera de Andalucía, las respuestas expresaban ciertas reticencias pero no fueron tan negativas. Madrid y Soria pedían que se reflexionara a fondo el problema; Guadalajara se mostraba de acuerdo pero desearía que la gestión ante el rey contara con la unanimidad de las ciudades. Tan sólo Murcia, Cuenca y Segovia se declararon dispuestas a seguir a Toledo[444].

¿Por qué aparecía Toledo en estas circunstancias como una avanzada revolucionaria? Desde 1519 existía una mayoría de regidores dispuestos a emplearse a fondo en la lucha política. Eran éstos Hernán Pérez de Guzmán, Hernán Díaz de Rivadeneyra, Juan de Padilla, Hernando de Ávalos, Juan Carrillo, don Alonso Suárez de Toledo, don Pedro de Ayala, Antonio de la Peña y Gonzalo Gaitán[445]. Mucho se ha hablado, después de Santa Cruz, del resentimiento de Hernando de Ávalos contra el nuevo régimen. Antiguo partidario de Felipe el Hermoso, que le había nombrado corregidor de Jerez de la Frontera, Fernando el Católico le había expulsado de la Administración, a su vuelta. Reintegrado durante la regencia de Cisneros, Chièvres prescindió nuevamente de él, y a partir de entonces no perdió ocasión de combatir a la Corona. No se recataba en lanzar ataques de este tono: Chièvres es un tirano y un ladrón; los flamencos no son más que unos rapaces que acaparan los mejores puestos y ponen en subasta los cargos públicos; Chièvres ha comprado a los electores del Imperio y para pagar la deuda el rey va a pedir un nuevo servicio. Hecho esto, abandonará España para no volver nunca más[446]. En resumen, Hernando de Ávalos se limitaba a expresar en alta voz lo que muchos pensaban para sus adentros y lo que los monjes predicaban desde hacía algún tiempo en los pulpitos. Como antiguo corregidor, conocía mejor que nadie los sentimientos del pueblo y los abusos de la nueva Administración. Ávalos se hacía intérprete del descontento y éste era bastante intenso sobre todo en una ciudad como Toledo que se hallaba todavía conmocionada por el nombramiento de de Croy para el arzobispado, bien que los notables y el capítulo parecían haber aceptado el hecho consumado.

No obstante, la influencia de Hernando de Ávalos no puede explicar por sí sola la postura adoptada por sus colegas del regimiento. En realidad, Toledo, situada en el mismo corazón del reino, expresaba la inquietud de todas las ciudades del interior ante las perspectivas que se abrían tras la elección del rey de España para la dignidad imperial. Castilla —pensaban— se convertiría en un simple territorio marginal en la constelación de territorios a cuyo frente iba a encontrarse Carlos V. Es significativo el hecho de que Cuenca y Segovia se adhirieran sin reservas a la postura tomada por Toledo. He aquí la expresión del antagonismo entre el centro y las regiones periféricas al que ya nos hemos referido anteriormente[447]. La Castilla interior tomaba conciencia de las amenazas que se cernían sobre el futuro del país. La periferia, en cambio, mejor situada en la línea de las grandes corrientes del comercio, se sentía más confiada. Recordemos, a este respecto, de qué modo había reaccionado Andalucía frente a las propuestas de Toledo. Desconocemos los términos de la respuesta de Burgos a la circular de Toledo, aunque seguramente era negativa, pero sí sabemos que los comerciantes burgaleses se habían entrevistado con el rey, que les había dado toda clase de garantías. El 18 de enero de 1520, Carlos V expresó a Burgos su satisfacción ante la actitud de la ciudad frente a las pretensiones de Toledo. Su carta contenía un párrafo dirigido especialmente a los comerciantes:

Yo mandé ver las peticiones que me enbiaron con el licenciado de Béjar e que a ellas se probeyó (…) e que todas las otras cosas que les tocaren mandaré mirar con entera voluntad (…). Llegado allá [en Burgos] se verá lo demás e se probeerá en todo, asy en lo que les tocare en estos nuestros reynos como en los nuestros señoríos de Flandes donde tienen la mayor parte de su contratación[448].

Este texto es perfectamente claro. Carlos V se había decidido a examinar con buena disposición las reivindicaciones del Consulado de Burgos, concesión nada costosa para él, dado que al mismo tiempo satisfacía los intereses comerciales castellanos y los de sus súbditos flamencos. Burgos recibió, así, la seguridad de que las relaciones comerciales con Flandes se beneficiarían de un tratamiento privilegiado. Burgos, que en 1517 había tomado la iniciativa de pedir la convocatoria de una sesión ilegal de las Cortes en un momento en que la situación le parecía inquietante, no tenía ya motivos para temer por el porvenir. Pero Toledo, Cuenca y Segovia no podían compartir el mismo optimismo porque sus problemas eran distintos. De todos modos, no hay que pensar tampoco que toda la población de Burgos experimentara los mismos sentimientos que los comerciantes. También entre ella existían descontentos y, mientras unos se agitaban en los barrios populares, otros celebraban reuniones subversivas. Las autoridades mantenían una actitud vigilante. En caso necesario estaban dispuestas a imponer severos castigos[449]. Los notables, comerciantes y regidores no estaban dispuestos a hacer nada que pudiera contrariar al soberano. Prueba de ello la encontraremos en los debates que se entablaron para la preparación de las Cortes de 1520.

III. —LAS CORTES DE SANTIAGO DE LA CORUÑA

Desde finales del verano de 1519 y a fin de abortar la campaña llevada a cabo por Toledo, la Corte había dejado creer que iba a reunir las Cortes antes de la marcha del rey. Carlos V expondría entonces las razones que le obligaban a interrumpir su estancia en España. También se había insinuado que la sesión podría celebrarse en Burgos, ciudad que el rey todavía no había visitado[450]. Lo que no se decía, pero parecía evidente era que las Cortes, tras haber escuchado una exposición de política general, serían invitadas a votar un nuevo servicio. La preparación y el mismo desarrollo de esta sesión de las Cortes, en un clima fuertemente deteriorado por los sermones de los monjes y por la posición adoptada por Toledo, acabarian de levantar contra el rey a la mayor parte del país. Fue entre febrero y mayo de 1520, antes de la partida de la Corte, cuando se constituyó definitivamente en sus líneas maestras la ideología de la futura revolución comunera.

1. Preparación de las Cortes

El 12 de febrero de 1520 se realizó en Calahorra la convocatoria oficial de las Cortes, que deberían reunirse en Santiago el 20 de marzo siguiente[451]. Por todo el país comenzó entonces una campaña de agitación, señalada por diversos incidentes, en un clima enrarecido y cargado de amenazas.

La elección de Santiago causó gran extrañeza entre los más devotos partidarios del rey, a quienes se había hecho creer que las Cortes debían reunirse en Burgos. Extraños rumores comenzaron entonces a circular. Según uno de ellos, San Isidoro había profetizado la ruina del reino el día en que las Cortes se celebraran en Galicia[452]. De manera más seria, cundía la irritación ante la idea de que los procuradores fueran a reunirse, contrariamente a todas las tradiciones, a la lengua del agua[453], en el extremo del país y no dejaba de comprenderse perfectamente las razones que habían motivado la elección: tan pronto el servicio hubiera sido votado, el rey se embarcaría en La Coruña, donde Fonseca llevaba a cabo, desde hacía meses los preparativos de la flota. Si incluso los más fieles al monarca se habían sentido heridos, ¿qué decir de los demás?

La Corte prestó la mayor atención a la elección de los procuradores y a las instrucciones de las que serían portadores. Dio instrucciones a los corregidores para que ejercieran presión sobre los ayuntamientos a fin de que la oposición a la Corona en las Cortes fuera la menor posible[454]. Asimismo les envió un modelo del mandato que debería ser remitido a los procuradores y que las ciudades debían reproducir sin variar una sola palabra[455]. Algunos historiadores han visto en esto una innovación que no podía sino provocar la irritación de los interesados. De todos modos, hacía ya tiempo que las ciudades no disponían de entera libertad para la elección de sus diputados y para la redacción de los mandatos. Especialmente los Reyes Católicos se las arreglaban para elegir a ciertos representantes que la Corona consideraba poco peligrosos y para eliminar de las instrucciones que se les entregaban todo aquello que pudiera resultar incómodo para el poder real[456]. En 1520, lo que verdaderamente es sorprendente no es tanto el procedimiento como su brutalidad, su ausencia total de discreción. Los procuradores debían limitarse a votar con los ojos cerrados todo lo que les fuera propuesto por la Corona. Estas son las condiciones que se aplican a los esclavos comprados en la feria, fue el comentario en Valladolid[457]. Por otra parte, los debates que a propósito del papel de las Cortes se habían mantenido desde 1517 habían dejado sus huellas: una fracción importante de los regidores, en las ciudades, estaban convencidos de la necesidad de dotar a la institución de un mayor grado de autoridad y de responsabilidad.

De hecho, los corregidores tuvieron grandes dificultades para hacer aceptar en las ciudades el mandato imperativo que exigía la Corte. Numerosas presiones comenzaron a pesar sobre los regidores para animarles a resistir cuando se les veía dispuestos a no ceder ante las autoridades, o para amenazarles cuando parecían prestos a dar su conformidad. El rey recomendó a los corregidores que no permitiesen bajo ningún pretexto que ninguna persona ajena al ayuntamiento estuviese presente en él en el momento de la elección de los procuradores. El monarca pensaba ante todo en el clero al dar esta orden, ya que éste estaba participando activamente en muchas ciudades en lo que podríamos llamar la «campaña electoral[458]». El clero desempeñó un papel ciertamente importante en la preparación del clima revolucionario no sólo a través de sus sermones, que servían para avivar el descontento y para incitar a la resistencia, sino también de otra manera mucho más directa, aconsejando a los regidores que se mantuvieran firmes y elaborando un programa de reivindicaciones políticas. Ya nos hemos referido más arriba a los monjes de Valladolid que sugerían la formación de un gobierno nacional compuesto por miembros de las clases medias[459]. En febrero de 1520, fue de Salamanca de donde partieron las iniciativas revolucionarias.

En Salamanca, un grupo de franciscanos, agustinos y dominicos, a quienes se solicitó su parecer en la preparación de las Cortes, colaboraron estrechamente con los regidores. Con la influencia directa de estos religiosos se elaboró un programa concreto de reivindicaciones. Este programa, adoptado en su conjunto por la ciudad de Salamanca y comunicado a todas las ciudades interesadas, se convirtió en una verdadera carta de la oposición a las Cortes y, breves semanas después, de la revolución de las Comunidades[460].

Ante todo —afirmaban los monjes— es necesario confiar a los procuradores instrucciones muy precisas y no inconcretas, como sería el deseo de la Corte:

Enbien poder limitado.

Antes de votar el servicio, los procuradores exigirán al rey concesiones, y si no las obtienen, no votarán el servicio. ¿Cuáles eran tales reivindicaciones? En primer lugar los procuradores presentarían una petición de aplazamiento de seis meses, aplazamiento justificado por la importancia de los asuntos a discutir, que exigían una seria reflexión:

Por ser el negocio que en Cortes se ha de tratar tan arduo, tan nuevo y tan peligroso, requiere mucha deliberación; se dilaten las Cortes por medio año y que se tengan en tierra llana.

A continuación seguían una serie de reivindicaciones ya clásicas, como la prohibición de sacar dinero del país, la exigencia de reservar los oficios y beneficios a los castellanos y algunas otras que expresaban una inquietud nueva, por ejemplo, sobre la explotación de las riquezas de las Indias:

Que no se quite la contratación de las Yndias, yslas e tierra firme de Sevilla ni se pase a Flandes; que los oficios de las dichas yslas que no se den a extranjeros.

A esto seguía una declaración categórica; el rechazo del impuesto:

Que no se consienta en servicio ni en repartimiento quel rey pida al reyno.

Ciertamente, era imposible impedir la partida del rey, pero se le podía pedir que retrasase su viaje hasta haber contraído matrimonio y hasta que la sucesión del reino estuviese asegurada. De lo contrario debía exigirse el regreso del infante Fernando a España:

En caso que no puedan ynpedir su partida, requieran al rey nuestro señor, con el devido acatamiento, que se case y después que nos dexare subcesión se vaya y sy esto no oviere lugar, pidan e requieran buelba el ynfante.

Si el rey se negaba a tomar en consideración todas estas peticiones se le dirigiría una advertencia solemne previniéndole que las Comunidades (es decir, según el contexto, las ciudades y colectividades del reino) tomarían entonces todas sus responsabilidades, fórmula vaga pero a la que los acontecimientos posteriores iban a dar un sentido muy preciso; estas Comunidades —se añadía— no rendirían cuentas a los cortesanos sino únicamente a la nación (el reyno):

Sy esto no oviere lugar, le hagan un requerimiento con tres o quatro escrívanos que si algo se hiziere conplidero al bien destos reynos de que su alteza, a parecer de los que le aconsejan la partida, no se tenga por servido, que las Comunidades destos reynos no caigan por ello en mal caso, que más obligadas son al bien destos reynos en que biben que no a lo que pareciere a los que le aconsejan la partida y más es su servicio estar en ellos a governarlos por su presencia que no absentarse.

Las Comunidades tomarían sobre sí, también, la responsabilidad de velar por la independencia nacional; el reino se negaría a contribuir a sufragar los gastos que el rey pudiera hacer en otros territorios, ya que Castilla no era una colonia. Los monjes de Salamanca se adelantaban, así, a dar una respuesta al discurso que algunas semanas más tarde pronunciaría el obispo Mota ante las Cortes para exponer las líneas maestras de la política imperial:

En caso que no aproveche nada este requerimiento, pedir al rey nuestro señor tenga por bien se hagan arcas de thesoro en las Comunidades en que se guarden las rentas destos reynos para defendellos e acrescentarlos e desenpeñarlos, que no es razón Su Cesárea Magestad gaste las rentas destos reynos en las de los otros señoríos que tiene, pues cada qual dellos es bastante para si, y éste no es obligado a ninguno de los otros ni subjeto ni conquistado ni defendido de gentes estrañas.

En ausencia del rey, el Gobierno debería disponer de poderes muy amplios. Había que evitar que se reprodujera la penosa situación del período de regencia de Cisneros, cuando todas las decisiones se tomaban en el extranjero:

En caso, lo que Dios no quiera, questos reynos ayan de quedar en governadores (…), que se probea de governadores conforme a las leyes destos reynos e que les quede poder muy bastantísymo, tal que puedan proveer de los oficios, tenencias, dignidades e encomiendas, porque de otra manera serán muy vexados en enbiar por la provisión a Flandes o a Alemania.

Finalmente, se hacían otras críticas más tradicionales, pero dirigidas en un tono muy duro, contra los abusos de los comerciantes de indulgencias (echacuervos) y contra el modo en que el producto de las bulas era utilizado para fines distintos del establecido.

Tal era el programa que Salamanca encargó a sus procuradores que defendieran en las Cortes. Desde luego, la ciudad iba a soportar fuertes presiones para que renunciara a presentar tales reivindicaciones, pero todo el mundo en la ciudad, los regidores, el clero y la población, estaba dispuesto a resistir a cualquier tipo de amenazas:

Están muy determinados todos los regidores, pueblo e clerecía, de estar en esto hasta que les echen los muros acuesta. No verná tanto mal, por servicio de Dios.

Como conclusión, el clero de Salamanca invitaba a las demás ciudades a adoptar este programa y a no dejarse intimidar por los corregidores, que obedecían las órdenes del rey, aunque personalmente pudieran tener otras opiniones distintas que las que se les obligaba a imponer:

No curen en esto de la[s] justicia[s] que hazen lo quel rey les manda por temor servil y no porque les parezca ser conveniente.

Existía incluso un cierto interés por ver a los corregidores oponerse al programa de Salamanca. Los procuradores designados se mostrarían en tal caso aún más decididos a resistir a las presiones de la Corte:

Será muy más fructuoso sy es contradicho por la justicia porque más parecerá la voluntad de los que acá quedan, syendo contradicho, que de otra manera, y los procuradores ternán más cabsa de resystir y ternán alexados muchos ynconvenientes y peligros.

Tal fue la carta que el clero de Salamanca difundió por todo el reino con ayuda de los conventos y que, junto con los sermones que todos pronunciaban desde el púlpito, influyó notablemente en los regidores, llevándoles en ocasiones a modificar su postura[461]. Esto fue lo que sucedió en Zamora[462], y también en Ávila, donde todo se había desarrollado hasta entonces normalmente. Los regidores habían elegido procuradores dóciles y les habían confiado un mandato conforme al modelo oficial, cuando se presentaron los franciscanos. El ayuntamiento, entonces, convencido por sus argumentos, dio a sus representantes instrucciones muy precisas y contrarias a los deseos de la Corte[463]. También Madrid resistió las presiones oficiales y se situó al lado de Toledo, como a cabeça del reyno[464]. En Segovia, la situación era mucho más confusa. Ocho regidores votaron el mandato que proponía el corregidor. Este, considerando que esta mayoría era demasiado débil, intimidó a los siete regidores que se oponían a que se presentaran en la Corte y que se consideraran cesados en sus funciones. La sanción levantó fuertes protestas y para evitar más graves incidentes, el corregidor se avino a levantarla llegando además a un compromiso ambiguo: se aceptó el texto exigido por la Corte pero se añadieron unas instrucciones complementarias sobre las reivindicaciones que los procuradores presentarían al rey en las Cortes. Pero ¿hasta qué punto ligaban estas instrucciones a los procuradores? ¿Debían negarse a votar el servicio si el rey no las tomaba en consideración? El corregidor no tenía dudas acerca de estas cuestiones. Se trataba de presentar las reivindicaciones, no de conseguir, que el rey las atendiera[465]… . Esta ambigüedad permitió al corregidor enviar a las Cortes unos diputados dóciles para con la Corona, pero habría de tener trágicas consecuencias al menos para uno de ellos. Sería, en Segovia, una de las primeras víctimas de la revolución. Mientras tanto, en Toledo, la convocatoria de las Cortes había hecho que se intensificara la campaña emprendida en el otoño de 1519. La Corte había tratado por todos los medios volver a controlar la situación. El corregidor, el conde de Palma, había sido sustituido, por considerársele demasiado blando, por don Antonio de Córdoba, quien tenía orden de amenazar a los regidores que se mostraran reticentes[466]. La oposición, sin embargo, seguía creciendo y manifestándose. Dado que el rey se había negado a escuchar a una primera delegación, la ciudad decidió enviar una segunda, compuesta por dos regidores, don Pero Laso de la Vega y don Alonso Suárez de Toledo, y por dos jurados, Miguel de Hita y Alonso Ortiz, que partieron el 26 de febrero pese a la convocatoria de las Cortes. En efecto, Toledo se obstinaba en distinguir dos cosas claramente: las Cortes y su petición de audiencia al rey, a fin de exponerle las tribulaciones del reino:

Pareciónos que hera bien dividir estas cosas de la procuración de Cortes porque más libremente se despacharan, no teniendo los mensajeros otra cosa en que entender[467].

En cuanto a las instrucciones que la ciudad debía confiar a sus representantes en Cortes, no debían ser redactadas siguiendo el modelo preparado por la Corte. Don Pero Laso advirtió de esto a su colega Pero Ortega, encargado de convencer a los regidores de Valladolid de que adoptaran una actitud dura. Toledo no votaría el servicio:

Esta cibdad no otorgará el poder pa consentir seruicio en ninguna manera del mundo (…), porque paresce que nos contradyriemos sy tal se hiziese suplicar por vn cabo que no se fatygue el reyno con tantos seruicios y por otra parte consentylle en otorgalle[468].

No puede extrañar, en tales circunstancias, que el ayuntamiento de Toledo endureciera su posición. El 27 de febrero, por una importante mayoría (13 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones) se negó a acatar una orden del rey que le prohibía enviar a la Corte otros representantes que no fueran los procuradores. Por idéntica mayoría se rechazó el texto preparado por la Corte para fijar las atribuciones de los diputados. Padilla explicaba así su posición:

El [Padilla] sabe como cosa muy notoria que el reyno tiene mucha nescesidad, que avn las rentas hordinarias con trabajo se pagan (…) e no es en otorgar el poder para otorgar el servicio[469].

El corregidor, incapaz de oponerse a los contestatarios, propuso a la Corte que decretara duras sanciones contra ellos:

Lo de aquy, a mi ver, requyere ya rezyo castigo[470].

Su correspondencia con Cobos revela la importancia que había cobrado el movimiento de oposición. También aquí intervino el clero. El maestro don Francisco Álvarez Zapata estimuló a los canónigos a que apoyaran a los regidores, y, pese a algunas protestas, el cabildo hizo también causa común con el municipio. Los predicadores exhortaron a los regidores a mostrarse intransigentes y el corregidor, por su parte, hubo de reconocer su importancia: prohibir los sermones no serviría para nada; más valía cerrar los ojos:

Lo harían peor sy vieran que hago caso[471].

Entretanto, el rey había abandonado Aragón y se dirigía camino de Galicia. Entre el 19 y el 26 de febrero visitó Burgos, donde las autoridades municipales le eran fieles desde que se había dado a los comerciantes toda clase de garantías[472]. El 1 de marzo, Carlos fue recibido en Valladolid mucho menos calurosamente que en 1517. La preparación de las Cortes mantenía a la ciudad sumida en gran inquietud y agitamiento. El 17 de febrero, el regimiento había sugerido que se celebrara una sesión extraordinaria con participación de representantes de todas las clases sociales (cavalleros, religiosos, ciudadanos), pero el corregidor vetó su reunión unos días más tarde[473]. El día 27 los delegados de catorce cuadrillas (parroquias) de Valladolid, reunidos en asamblea general se pronunciaron con toda claridad contra un nuevo servicio y volvieron a sugerir nuevamente una reunión conjunta entre los regidores y representantes de la población[474]. El superior de los franciscanos comunicó al regimiento el contenido de la carta redactada por el clero de Salamanca[475]. Tal era la situación en Valladolid en el momento de la llegada del rey a la ciudad. La Corte entabló inmediatamente laboriosas negociaciones con los notables. Los regidores enviaron a Carlos V un memorial que contenía algunas reivindicaciones esenciales. Sobre todo, se exigía del rey la promesa de regresar a España en un plazo máximo de tres años[476]. Por toda la ciudad corrió el rumor de que los regidores habían capitulado en la cuestión del servicio. Otros rumores circulaban también, en el sentido de que el rey quería trasladar a su madre fuera de España, y se hablaba incluso de un complot contra los flamencos[477]… El día señalado para la partida del rey, el 4 de marzo por la tarde, las campanas de la iglesia de San Miguel tocaron a rebato. Una multitud en armas estaba invadiendo las calles lanzando llamadas a la revuelta:

Viva el rey don Carlos y mueran malos consejeros.

El rey y su cortejo se apresuraron a abandonar la ciudad, pese a la multitud que intentaba impedirles el camino y que hubo de ser disuelta por las tropas[478]. Por primera vez, el día 4 de marzo el descontento degeneró en revuelta, ante los ojos del rey:

Valladolid quedó muy alborotado y muy escandalizado, vnos de lo que habían hecho y otros de verlo hazer[479].

No obstante, la Corte no supo sacar ninguna lección de esta grave advertencia. Así lo pone de manifiesto el desarrollo de las Cortes, unas semanas más tarde.

2. Castilla y el Imperio

La corte llegó a Santiago el 26 de marzo y las Cortes se inauguraron el 31 bajo la presidencia del Gran Canciller, Gattinara, y del obispo de Badajoz, don Pedro Ruiz de la Mota[480]. Muy pronto se produjeron los primeros incidentes. En el momento de verificar los poderes de los diputados se presentaron don Pedro Maldonado y Antonio Fernández, representantes de Salamanca, a quienes se les negó el derecho de asistir a las Cortes en calidad de procuradores de esta ciudad so pretexto de que su mandato no emanaba del regimiento. Se recordó, a tal efecto, que en Salamanca una serie de personalidades ajenas al regimiento, especialmente una sección del clero, habían participado en la redacción de las instrucciones, a las que habían dado gran difusión por todo el reino:

El dicho poder no era de la justicia e regidores de la dicha cibdad de Salamanca ni fecho ni otorgado en el ayuntamiento della, ni por las personas que lo debían otorgar, por lo qual (…) no era bastante.

En tal tesitura llegó a Santiago un mensajero del corregidor de Salamanca, llevando un nuevo mandato, redactado según las normas, es decir, por el regimiento. No obstante, don Pedro Maldonado y su colega se negaron a utilizarlo, ateniéndose en todo momento a las instrucciones primitivas. Por ello, se les prohibió definitivamente el acceso a la sala de sesiones. Ambos se unieron a don Pero Laso de la Vega, que solicitaba insistentemente ser recibido por el rey pero que no era procurador por Toledo. Los dos procuradores por esta ciudad se abstuvieron de presentarse en las Cortes dado que habían recibido en su ciudad la orden formal de no votar el servicio. Las Cortes de 1520 se celebraron, pues, con la ausencia de los representantes de Toledo y Salamanca, dos ciudades a las que desde aquel momento podía calificarse de rebeldes[481].

Los procuradores se reunieron en las primeras horas de la tarde para escuchar el discurso del obispo Mota, encargado de exponer las razones que obligaban al rey a ausentarse de España y a decretar nuevos impuestos. Mota insistió, ante todo, sobre la gran dignidad de la personalidad de Carlos V:

Siendo, pues, el rey nuestro señor más rey que otro; más rey, porque tiene más y mayores reynos que otros; más rey, porque él solo en la tierra es rey de reyes; más rey, porque es más natural rey, pues es no sólo rey e fijo de reyes mas nieto y subcesor de setenta y tantos reyes.

Soberano de otros muchos territorios, sin embargo Carlos había elegido a Castilla para hacer de ella la base y garantía de todo su gran poder:

Este reyno es el fundamento, el anparo e la fuerza de todos los otros.

Por ello había decidido el rey unirse de manera especial a este país, hasta hacer de él su verdadera patria:

Determynó vivir e morir en estos reynos.

El rey no había tenido tiempo de visitar todo su reino ya que había tenido que acudir también a Aragón. Esto le apenaba, comprendía la tristeza de sus súbditos, tan distinta de la alegría con la que le habían recibido en 1517. Entendía perfectamente los motivos de esta tristeza:

No vee en vuestros rostros aquella alegría y biveza con que lo resciuystes, ni siente en vuestras personas aquel regocijo que suele tener el contentamiento, y este silencio paresce más de tristeza que de atención; cree que sea la causa desto que su partida os es tan grave como fue alegría su bien aventurada venida.

A continuación. Mota se refirió a lo esencial. Carlos había sido elegido emperador, no debido a las intrigas sino porque la Providencia así lo había provisto:

Muerto el emperador Maximiliano (…) ovo grand contienda en la elección del Ynperio, y algunos lo procuraron, pero quyso e mandólo Dyos que syn contradición cayese la suerte en su majestad, y digo que lo quyso Dios y lo mandó así porque hierra, a mi ver, quyen piensa ny cree quel inperio del mundo se puede alcanzar por consejo, industria ny diligencia humana; sólo Dios es el que lo da y lo puede dar.

Carlos había aceptado tal dignidad, pero en ningún modo por ambición personal, sino porque había pensado que no podía dar la espalda a sus responsabilidades, a su misión:

La acebtó [la elección], non por sy nyn para sy, que contento estaba con la grandeza de España (…) y con la mayor parte de Alemana, con la mejor parte de Italia, con todas las tierras de Flandes y con otro nuevo mundo de oro fecho para él, pues antes de nuestros días nunca fue nascido, pero acebtó este ynperio con obligación de muchos trabajos y muchos caminos, para desviar grandes males de nuestra religión cristiana, que si comenzara nunca oviera fin, ni se pudiera en nuestros días enprender la enpresa contra los infieles enemigos de nuestra santa fe católica, en la cual entiende con el ayuda de Dios enplear su real persona.

¡Qué gloria suponía esto para España!

Agora es vuelto a España la gloria de Spaña que (…) años pasados estovo adormida; dicen los que escribieron en loor del la que cuando las otras naciones enviaban tributos a Roma, España enviaba enperadores (…). Agora vino el ynperio a buscar el enperador a España y nuestro rey de España es fecho, por la gracia de Dios, rey de romanos y enperador del mundo.

Carlos V no podía retrasar más su partida. Únicamente tras haber recibido la corona imperial sería cuando podría disponer de la autoridad necesaria para llevar a cabo la misión que la Providencia le había confiado. Inmediatamente después regresaría a España, como mucho en el plazo de tres años. ¿Era, por ventura, el único rey en abandonar a sus súbditos por un período de tiempo limitado? Sin necesidad de remontarse a la Antigüedad, ¿acaso no había abandonado Alfonso X a sus súbditos para optar él también a la corona imperial? De no haber ido Fernando el Católico a Italia personalmente, ¿dispondría España en la actualidad importantes derechos sobre el reino de Nápoles? ¿Por qué, pues, reprochar a Carlos V lo que en sus predecesores se había considerado algo normal? Y más aún, cuando su ausencia iba a ser de corta duración, ya que en el plazo de tres años, a lo sumo, estaría nuevamente en España, que se convertiría en el núcleo central de todas sus posesiones:

Después destos tres años, el huerto de sus placeres, la fortaleza para defensa, la fuerza para ofender, su thesoro, su espada, su caballo e su silla de reposo y asiento ha de ser España.

Ahora el rey se veía en la imperiosa necesidad de solicitar nuevos impuestos para hacer frente a los gastos de la elección y del viaje así como para reforzar la seguridad del reino durante su ausencia. ¿Cómo podría Castilla negar al emperador los medios para poder cumplir su misión?

Más que otros conviénele sólo conservar la reputación y ninguna cosa en este mundo se la puede dar mayor que sepa todo el mundo que su Majestad parte de España con amor de sus vasallos y ellos quedan en gracia del, porque sola España es aquella que puede inpedir o adelantar la ventura de Su Majestad.

Tras el discurso de Mota, el propio monarca añadió unas breves palabras:

Todo lo quel obispo de Badajoz os ha dicho, os lo ha dicho por mi mandado, confirmando además tres puntos: 1) sentía tener que abandonar España, pero se veía obligado a hacerlo; 2) estaría de regreso en el plazo de tres años; 3) todos los cargos públicos recaerían sobre súbditos castellanos.

El discurso de Mota planteaba el problema del Imperio tal como se concebía en 1520 y las reacciones de los españoles ante esta institución. Desde hace más de treinta años, una viva polémica enfrenta a los historiadores que tratan de definir lo que suponía exactamente para Carlos V la idea del Imperio[482]. Existen fundamentalmente dos teorías contrapuestas:

1. El Imperio, concebido a la manera de la Edad Media como una autoridad superior a las diversas entidades nacionales, confería a su titular preeminencia sobre todos los reyes y una serie de responsabilidades peculiares: el emperador debía velar por los intereses comunes de la Cristiandad por encima de las ambiciones nacionales. Esta concepción desemboca en el viejo sueño del Dante, que habría sido revivido por Gattinara: la monarquía universal.

2. Para otros, el Imperio se proponía no realizar la unidad política de Europa, sino únicamente mantener la unidad espiritual de la Cristiandad, amenazada por las divisiones nacionales y por el peligro turco. Era imprescindible poner fin a las controversias que dividían a los príncipes cristianos y presentar un frente común ante el infiel.

El historiador debe averiguar cuál de las dos teorías inspiraba de hecho la política de Carlos V. A nuestro parecer, estas distinciones son excesivas. En todo caso se puede señalar una evolución, distinguir momentos en que el monarca parecía actuar guiado por los principios de la teoría territorial (la monarquía universal), mientras que en otras ocasiones predominaban las preocupaciones de índole espiritual. En conjunto, no obstante, resulta muy difícil separar con claridad ambas concepciones. Por mucho que Carlos V proclamara su desinterés y pidiera a los príncipes que se unieran contra el peligro turco que amenazaba con destruir la Cristiandad, estos príncipes no dejaron de interpretar sus llamadas como una intolerable injerencia en sus asuntos internos. Pese a la grandeza de los designios del emperador, la empresa no podía menos que parecer anacrónica en una época en que la división política de la Cristiandad era un hecho consumado constituyéndose grandes naciones, celosas por conservar su independencia, y cuando además el movimiento de Reforma se aprestaba a añadir nuevas causas de enfrentamiento entre los cristianos. Esta ambigüedad de la política imperial se hallaba ya presente en el discurso de 1520.

Es por esta razón por lo que no podemos suscribir de manera incondicional la tesis elaborada con fuerza y perseverancia por Menéndez Pidal, y cuyo fundamento es precisamente el discurso de 1520[483]. Según él, la concepción del Imperio que adoptara Carlos V no debía nada a las teorías de Gattinara. No era la monarquía universal lo que trataba de implantar el emperador. El joven soberano reanudó una tradición española, transmitida en los testamentos de los Reyes Católicos y resumida en febrero de 1516 por Pedro de Quintana en un informe en el que se encuentra la fórmula que expresa su idea esencial: paz entre cristianos, guerra contra infieles, fórmula que puede encontrarse, entre líneas, en el discurso del obispo Mota, aunque no figure en él de manera explícita. Esta tradición —afirma Menéndez Pidal— Carlos V la hizo suya íntegramente y constituyó la inspiración del discurso ante las Cortes. En él aparecen expuestas las grandes líneas de la política imperial: Carlos V decide hacer de España su verdadera patria; concibe su misión fundamentalmente como la salvación de la unidad espiritual de la Cristiandad; no hace ninguna alusión a la monarquía universal, y proclama que no intenta llevar a cabo nuevas expansiones territoriales.

Pero ¿cómo pasar por alto ciertas expresiones en este discurso, que resultan por lo menos ambiguas? Mota habla del Imperio del mundo que le ha sido conferido a Carlos V y presenta al emperador como rey de reyes…

Y, por otra parte, ¿hasta qué punto puede considerarse el discurso de Mota[484] como expresión definitiva del pensamiento de Carlos V? Había en él algunas frases que llaman la atención por su insistencia y por su acento de sinceridad: la promesa reiterada del regreso de Carlos a España en el plazo de tres años, donde permanecería luego hasta el momento de su muerte; la afirmación de que haría de la Península el centro de todos sus Estados, etc. Pero no debemos olvidar cuál era la verdadera finalidad de este discurso, que no era otra que el tratar de convencer a unos procuradores cuya hostilidad era conocida —y Mota lo reconocía en el primer pasaje del discurso— para que votaran unos impuestos sumamente impopulares. Es importante también hacer alguna reflexión acerca de la sinceridad del emperador. En las breves palabras que pronunció tras la intervención de Mota prometía solemnemente reservar los cargos públicos a los castellanos. Y, sin embargo, los procuradores iban a conocer el día mismo de la clausura de las Cortes, que, mientras durase la ausencia del soberano, el reino sería gobernado por el cardenal Adriano, un extranjero. Por todo ello, nos parece que no se puede conceder al discurso de 1520 una importancia excesiva, como hace Menéndez Pidal. Sin calificarlo tampoco de mero discurso de trámite, creemos que expone las grandes orientaciones de la política imperial, pero mostrando una clara ambigüedad respecto a algunas de sus implicaciones: ¿monarquía universal o preponderancia de las responsabilidades de orden espiritual? ¿Es realmente la expresión auténtica, precoz y definitiva del pensamiento del monarca? Decididamente, nosotros pensamos que no.

Hemos de añadir, además, que la idea imperial encontraba una fuerte oposición en España[485]. Fue un procurador de Burgos el que respondió al discurso de Mota, aprobando por completo todo cuanto acababa de decir. No debe sorprendernos, ya que el procurador en cuestión era Garci Ruiz de la Mota, hermano del obispo de Badajoz y portavoz de los intereses de Burgos, que Carlos V había decidido proteger. La verdadera respuesta al discurso de Mota debemos buscarla en el programa de los monjes de Salamanca, redactado algunas semanas antes: Castilla deseaba mantenerse plenamente independiente del Imperio; sus recursos no debían ser utilizados para financiar una política que no le inspiraba más que desconfianza y aversión. Mota había considerado oportuno recordar el ejemplo de Alfonso X, quien también había sido candidato al Imperio. Este precedente no haría sino provocar el sarcasmo por parte de los castellanos. Desde luego, no iba a servir para que abrazaran una causa que les era indiferente[486]. Incluso tras consumarse la derrota de las Comunidades, los hombres de Estado españoles no dejarían de condenar esta política de forma más o menos abierta[487].

3. La votación del servicio

La verificación de poderes de los procuradores, el discurso del obispo de Badajoz y la respuesta de uno de los representantes de Burgos ocuparon por completo la jornada del 31 de marzo. Al día siguiente se pasó a la discusión sobre el tema de los impuestos. Comenzó planteándose una controversia sobre cuestiones de procedimiento. Los representantes de León, apoyados por los de Córdoba, pretendían que se examinaran las reivindicaciones presentadas por las ciudades antes de pasar a la votación del servicio; por su parte, el Gran Canciller quería que se procediese al contrario. De hecho, las sesiones de las Cortes siempre comenzaban de la misma manera, con los procuradores exigiendo presentar sus peticiones antes de votar el impuesto. El rey se oponía a ello y tras una discusión de puro formalismo conseguía fácilmente hacer prevalecer su criterio. Sin embargo, en las Cortes de 1520 se alteró la tradición, porque una gran mayoría de las ciudades representadas (trece de las dieciséis efectivamente representadas[488]) se negaron a dar su brazo a torcer: la votación del servicio no tendría lugar hasta que se hubieran discutido las reivindicaciones presentadas. Discusión de procedimiento en la que en realidad se hallaba implicado —y de esto todos eran conscientes— el auténtico problema de fondo. Muchas de las delegaciones se negaban a votar el impuesto. La discusión prosiguió durante tres días (el 1, el 3 y el 4 de abril, ya que el día 2 no se celebró sesión) sin que la Cancillería consiguiera superar la corriente de hostilidad. AI cabo de las largas discusiones, siete ciudades continuaban insistiendo en que se llevara a cabo primero el examen de sus peticiones[489]. El día 4 de abril las Cortes quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.

¿Pensaba la Corte renunciar al servicio y recurrir a un nuevo préstamo para conseguir el dinero necesario[490]? Ciertamente se consideró esta solución, pero Chièvres todavía aparecía esperanzado[491]. Había que conseguir a cualquier precio el apoyo de la mayoría de los procuradores. Algunos de ellos se mostraban molestos por el mandato imperativo que habían recibido de sus representados. Un decreto del monarca sirvió para desligarles de todo compromiso[492]. A continuación se intensificaron las presiones sobre los más recalcitrantes: chantajes, amenazas y, sobre todo, corrupción[493]. Siempre había sido una práctica común que el rey concediera gratificaciones a los procuradores en prueba de su satisfacción; pero en las Cortes de 1520 esta práctica tomó unas proporciones desmesuradas. Al mismo tiempo se procuró apartar a los agitadores: don Pero Laso y los toledanos, qué, entre bastidores, estimulaban a los procuradores a mantener su resistencia[494].

Preparado así el terreno por parte de la Corona, las Cortes reanudaron sus sesiones el 22 de abril en La Coruña. La Cancillería accedió a realizar algunas concesiones. Anunció que el rey había firmado algunos decretos de los que se dio lectura a los procuradores: se renovaba la prohibición de sacar capitales fuera del país, la promesa de reservar los cargos públicos a los castellanos y de otorgar extensos poderes al futuro gobierno en tanto durase la ausencia del rey. El día 23, Gattinara exigió a los procuradores que se pronunciaran claramente sobre la cuestión de los impuestos sin recurrir a más maniobras dilatorias. Con gran sorpresa de su parte, pudo comprobar que las posiciones no eran diferentes. Siete ciudades, las mismas que antes, volvieron a expresar su deseo de que se examinasen previamente sus peticiones antes de pasar a realizar la votación del servicio. Gattinara se negó a entablar una nueva discusión, interpretando esta postura como una negativa a la votación del impuesto:

Lo susodicho se tomaba por última e postrimera respuesta e resultación de las dichas Cortes.

Antes de que terminara la sesión, los diputados de Valladolid rectificaron su voto: aceptaban la votación del impuesto. El 25 de abril, Gattinara convocó a los representantes de Zamora, que también se dejaron convencer, y el mismo día, don Rodrigo Mejía, uno de los dos representantes de Jaén (el otro había manifestado desde un principio una actitud favorable a la Corte) convino en modificar su postura. Finalmente, el día 19 de mayo, tras la clausura de las Cortes y en la víspera de la partida del rey, León acabó por declinar su actitud negativa.

Así pues, habían votado el servicio sin ninguna clase de reticencias, Ávila, Cuenca, Guadalajara, Jaén (con reservas, ya que uno de los procuradores no cedió en su postura negativa hasta el final), Segovia, Soria, Burgos, Sevilla y Granada. Eran por tanto, las ciudades ligadas a la exportación de la lana, además de Sevilla, la ciudad mercantil del Sur, y Granada, cuya delegación presidía Cobos, secretario del rey. Córdoba, Madrid, Murcia y Toro votaron contra el servicio, mientras Jaén estuvo dividida antes de inclinarse a los deseos del rey. Valladolid, Zamora y León cedieron en los últimos momentos y contra su voluntad. No nos parece significativa su actitud de última hora sino más bien la que mostraron en los primeros momentos. Finalmente, hemos de añadir las ciudades que no estuvieron representadas y que naturalmente estaban en la oposición: Toledo y Salamanca[495]. En líneas generales y pese a ciertas defecciones como la de Segovia (cuyos representantes iban a pagar cara su traición) la oposición agrupaba a las ciudades del interior, que no mantenían ningún tipo de contacto comercial con la Europa septentrional. Esta distribución de fuerzas viene a confirmar la tesis que exponíamos en un capítulo anterior acerca de los antagonismos sociales y económicos en Castilla. Los dos grupos que aparecen en las Cortes de 1520 prefiguran los dos campos antagónicos que iban a formarse en el conflicto de las Comunidades. Se podrá objetar que las Cortes eran muy poco representativas. Es cierto, y así lo hemos afirmado más arriba. ¿Por qué, pues, conceder tanta importancia a las Cortes de La Coruña? Lo que les presta su importancia es que la celebración de las Cortes había estado precedida de una larga campaña, por un movimiento que comenzó en 1518, y continuó en 1519 con los acontecimientos de Toledo, y tan sólo unas semanas antes de su reunión, el programa de los monjes de Salamanca había acabado de sensibilizar a la opinión ante los problemas vitales del país. Posiblemente, nunca hasta entonces la preparación de las Cortes había estado señalada por discusiones tan serias. Nunca hasta entonces los procuradores habían estado sometidos a semejantes presiones, no solamente por parte de la Corte sino también por parte de sus representados. Ya no eran únicamente un puñado de regidores los que se preocupaban por los problemas políticos suscitados por la preparación de las Cortes. La intervención de una sección del clero y de otras personalidades ajenas al regimiento modificó por completo las perspectivas. Los sermones de los religiosos sirvieron para tener a toda la población al corriente de cuanto estaba sucediendo. A lo largo de toda la historia de esta institución, las Cortes de 1520 fueron probablemente las más representativas debido a la presión constante que tuvieron que sufrir los procuradores por parte de sus conciudadanos. En estas Cortes se jugaba verdaderamente el destino del país y había que elegir claramente entre varias opciones tras la campaña de información que acababa de desarrollarse. Había que decidirse a favor o contra la integración en el Imperio; a favor o contra la independencia nacional en todos los terrenos: en el político, el diplomático y el económico. Finalmente, la Corona acabó consiguiendo lo que deseaba, nuevos impuestos que, sin embargo, se vería obligada a renunciar a percibir a consecuencia de una insurrección y de la guerra civil que se estaba preparando.

4. La organización de la regencia

El 25 de abril, Mota volvió a tomar la palabra en las Cortes para expresar a los procuradores el descontento del rey sobre la cuestión del servicio y para comunicarles las decisiones que se habían tomado sobre la organización del gobierno[496]. El Consejo Real se encargaría de velar por el respeto de las reglas judiciales. En las fronteras se habían situado hombres y material suficiente para su defensa; por lo demás, Castilla estaba en paz con todos sus vecinos, por lo que no debía temer que se produjera guerra alguna. Lo fundamental era el nombramiento del cardenal Adriano para ejercer el poder durante la ausencia del rey. No todo el mundo se mostró sorprendido ante esta decisión. Las personas allegadas a la Corte la esperaban desde hacía algunos meses[497]. Sin embargo en las Cortes se había manifestado repetidamente el repudio del país hacia el hecho de que los extranjeros ocuparan los cargos públicos, por lo cual se esperaba que Carlos V reflexionara antes de decidirse a ir contracorriente. Además, ¿no había dado seguridades sobre este punto en las breves palabras que pronunciara después del primer discurso de Mota? Murcia, Valladolid, Córdoba y León protestaron contra esta decisión del rey, que nuevamente había faltado a la palabra dada. Esto acabó por levantar contra el monarca a una gran parte del país[498].

La Corte, en realidad, tenía plena conciencia de sus actos. Lo que intentaba, ante todo, era apartar a la alta nobleza del poder[499]. Designar a uno de los Grandes para la responsabilidad del poder hubiera significado granjearse el descontento de todos los demás, tal era la división que reinaba en las filas de la nobleza, sin que, por otra parte, las clases medias se sintieran satisfechas[500]. Esta consideración ya había impulsado al rey Católico a elegir a Cisneros para la regencia en 1516. Pero en 1520 no existía en Castilla ninguna personalidad de la talla de Cisneros, capaz de imponerse sobre todos. Carlos V, dividido entre la preocupación de no herir los sentimientos de las Cortes y el deseo de apartar a la gran nobleza de las esferas del poder, se decidió entonces por el cardenal Adriano. Este residía en España desde 1515 y poseía una serie de cualidades personales que posiblemente harían olvidar su condición de extranjero. El rey estaba equivocado. Su decisión no sólo sirvió para provocar el enojo de las Cortes y de las clases medias sino que le enajenó, asimismo, a la nobleza[501]. En el último momento se decidió conceder importantes gratificaciones a un número de nobles; pero no era sino una pobre compensación para quienes soñaban con el poder y se habían visto relegados a un segundo plano[502]. La nobleza castellana, herida en su orgullo, no haría nada por defender los intereses de la monarquía en los primeros compases del movimiento comunero. En septiembre de 1520, Carlos V se vio obligado a aceptar lo que en mayo había rechazado: asociarla al poder a fin de conseguir su apoyo[503].

5. La revuelta de Toledo

Carlos V abandonó España el 20 de mayo. Desde hacía casi un mes Toledo se mostraba francamente rebelde a su autoridad. Después de la interrupción de las Cortes el 4 de abril, la Corte había tratado de variar la situación en el regimiento de esta ciudad, que se mostraba hostil hacia la política real. El corregidor animó al rey a actuar sin pérdida de tiempo: ¿no quería él tener el dominio de la situación[504]? Los regidores más activos de Toledo fueron llamados a Santiago: Padilla, Ávalos, Gonzalo Gaitán, al mismo tiempo que se enviaban nuevos regidores, de cuya fidelidad el monarca podía estar seguro. Su misión era la de intentar que se nombraran nuevos procuradores, más dóciles, antes de que se reanudasen las sesiones de las Cortes:

Para que, ydos éstos y venidos los otros, la ciudad revocase los poderes que había dado a don Pero Laso y a Alonso Suárez y se diesen otros a don Juan de Silva y a Alonso de Aguirre[505].

La maniobra fracasó lamentablemente y provocó una gran conmoción en Toledo. La orden del rey llegó el domingo de Pascua, el 15 de abril, y suscitó apasionados comentarios. Al día siguiente, cuando Padilla y sus colegas se aprestaban a partir, una gran multitud les rodeó, aclamándoles así:

Estos señores se avían puesto por la libertad deste pueblo[506].

La manifestación se convirtió en revuelta. La multitud se opuso a la partida de los regidores y se apoderó de las autoridades locales. A su vez, los predicadores comenzaron a exhortar a los toledanos a unirse contra los flamencos y sus cómplices. Lo que ya empezaba a llamarse «Comunidad», es decir, el poder popular, insurreccional, comenzó a adueñarse, uno tras otro, de todos los poderes municipales; los delegados de los diversos barrios de la ciudad (los diputados) formaron un nuevo consejo municipal con la intención de gobernar la ciudad en nombre del rey, de la reina y de la Comunidad[507]. Los regidores y caballeros contra los que se dirigía el tumulto popular, se refugiaron en el alcázar en torno a don Juan de Ribera adoptando una actitud amenazante hacia los insurgentes. La multitud rodeó entonces el alcázar y don Juan de Ribera, declarándose vencido, entregó la fortaleza sin resistencia[508]. El día 31 de mayo tuvo lugar en Toledo el último acto de esta revolución: el corregidor, desacreditado, impotente, abandonó la ciudad a la Comunidad victoriosa.

El rey, que había sido recibido con esperanza en octubre de 1517, había perdido poco a poco la confianza de sus súbditos. El pillaje de los flamencos había sido causa del descontento de una gran parte de la población contra el nuevo régimen. La elección al Imperio, lejos de halagar el orgullo nacional, proporcionó nuevos motivos de inquietud ante el anuncio de la próxima partida del rey y la perspectiva de un incremento de la presión fiscal. Una campaña, sabiamente orquestada por una sección del clero, sirvió para sensibilizar a todo el reino respecto a un cierto número de temas políticos (negativa a la integración en el Imperio) y revolucionarios (participación de la nación en el poder). La crisis abierta por la muerte de Isabel la Católica alcanzó en mayo de 1520 su punto culminante. De ello es prueba la desacostumbrada resistencia de las Cortes ante todas las presiones oficiales. La marcha del rey dejó el reino entregado a sus propios problemas, como ovejas sin pastor y sin tino[509]. La revolución comenzó triunfando en Toledo, desde donde iba a extenderse sobre una gran parte del país.

SEGUNDA PARTE LA REVOLUCIÓN

La revolución comenzó antes de la partida del rey, en Toledo, donde obtuvo un triunfo total en mayo de 1520. Desde el mes de junio se extendió por toda Castilla, deponiendo a las autoridades establecidas, reduciendo a la impotencia al poder real, o lo que de él quedaba. Durante los meses transcurridos desde septiembre a diciembre, parecía que la Junta de Tordesillas iba a ganar la partida. Pero la reorganización del ejército real y la intervención de la alta nobleza, indecisa hasta aquel momento, dieron la vuelta a la situación. Desde entonces, los comuneros no dominaban más que un territorio muy limitado, perdiendo a muchos de sus partidarios. Todavía fueron capaces de obtener éxitos militares relativos en Torrelobatón, pero poco después fueron completamente derrotados en Villalar. Toledo resistió todavía durante seis meses antes de capitular y entregarse a los vencedores.

Tal fue, a grandes rasgos, la evolución del movimiento insurreccional, entre junio de 1520 y febrero de 1522. Pese a que la historia de los acontecimientos ha sido relatada en múltiples ocasiones, nos ha parecido necesario reconstruirla por nuestra parte, para evitar errores aceptados corrientemente y para fijar una cronología, que muchas veces aparece confusa, lo que ha permitido algunas interpretaciones inexactas sobre una u otra actitud. En los tres últimos capítulos de esta segunda parte del libro, trataremos de precisar la originalidad del movimiento comunero, delimitando su área geográfica, señalando sus matices sociológicos y analizando sus estructuras, sus proyectos y su espíritu a fin de calibrar el sentido y la importancia de este episodio en el destino de la España moderna.

1. DE LA REVUELTA A LA REVOLUCIÓN

Junio de 1520 fue el mes de las revueltas en Castilla: contra los recaudadores de impuestos, contra las autoridades locales, contra el poder real. Estos tumultos populares eran la expresión violenta, a veces incluso sangrienta, del rencor y el descontento acumulados durante casi tres años. La acción de ciertos grupos decididos y bien organizados se esforzó por transformar estos levantamientos anárquicos en una verdadera revolución. Esta estalló finalmente en el mes de septiembre, gracias a los errores e indecisiones de un poder real cada vez más aislado, impotente y desacreditado.

I. —LAS REVUELTAS DE JUNIO DE 1520

El incremento de las alcabalas y la votación del servicio a pesar de la resistencia de las Cortes y de una intensa campaña por todo el país, desencadenaron, tras la marcha del rey, una oleada de indignación que descargó sobre los procuradores culpables de complacencia hacia las intenciones de la Corte, indignación sabiamente alimentada y exacerbada por una hábil propaganda cuya amplitud e importancia desazonaban a las autoridades.

1. La agitación antifiscal

Desde el momento de la clausura de las Cortes de La Coruña, una propaganda inverosímil circulaba por toda Castilla[510]. En ella se afirmaba que los procuradores, no contentos con votar un nuevo servicio, habían autorizado al rey a imponer una presión físcal desorbitada: todo hombre casado debería pagar un ducado por él, un ducado por su esposa, dos reales por cada niño, un real por cada sirviente, cinco maravedís por cada oveja o cordero, así como una cierta suma por las tejas de su casa. Al mismo tiempo, nuevos impuestos se aplicarían sobre los artículos de consumo corriente: la carne, el pescado, el aceite, la cera, los paños, el cuero, el hierro, el vino, las sardinas, las anchoas, etc. Sólo el pan, la seda, el oro y la plata escaparían a esta increíble presión físcal. Para dar mayor credibilidad a esta falsa propaganda, la lista de impuestos fue impresa y ampliamente difundida por todo el reino, con el fin de hacerla aparecer como un documento oficial [511]. No es difícil imaginar el efecto que una propaganda de esta clase pudo tener sobre una población bien dispuesta a recibirla, por otra parte, por la agitación que había precedido y rodeado a la celebración de las Cortes. Para dar todavía más fuerza a la idea de que estos rumores eran ciertos, el maquiavelismo de sus autores llegó incluso a enviar grupos de falsos recaudadores encargados de reclamar estos pretendidos impuestos.

No importa que el cardenal Adriano se apresurara a desmentir estas falsas e insidiosas afirmaciones. Una diabólica propaganda no cesaba de ampliar estos rumores. Todavía un año después, en abril de 1521, continuaban circulando estas noticias por el reino[512]. No importa cuál fuera el origen de esta campaña[513], lo cierto es que dio sus frutos, ya que levantó por todas partes la indignación de la población y preparó los espíritus para la rebelión, primero, y para la revolución, después.

Fue Segovia el escenario de los primeros y más violentos incidentes[514]. El 29 de mayo se celebró en la iglesia del Corpus-Christi la reunión anual de los cuadrilleros, encargados de la recaudación de los impuestos locales. Naturalmente no podían dejar de comentarse los acontecimientos de Toledo y La Coruña y, a continuación, se lanzaron duras acusaciones contra los representantes del poder central, el corregidor, a quien se acusaba de absentismo, y sus colaboradores, preocupados, ante todo, de obtener cuantiosos beneficios. Nada había de nuevo en estas críticas, que desde hacía tiempo eran recogidas por voces autorizadas en informes oficiales[515]. Nada hubiera sucedido quizás, de no haber sido por la indignada reacción de un funcionario subalterno, Hernán López Melón, quien denunció estos propósitos sediciosos como un crimen de lesa majestad ya que se osaba atacar a los representantes de la autoridad, y profirió veladas amenazas contra los calumniadores. La reacción de la población no pudo ser más fulminante. La multitud se apoderó de su persona, fue conducido fuera de la ciudad y linchado sin ningún tipo de procesamiento. Uno de sus colegas cometió la imprudencia de protestar contra este asesinato e inmediatamente corrió la misma suerte.

El día 30 de mayo, con la ciudad todavía en un estado de gran excitación por los acontecimientos de la víspera, Rodrigo de Tordesillas se dispuso a dar cuenta de su actuación como procurador en Cortes. La multitud se agolpó en torno a la iglesia de San Miguel donde el regimiento esperaba la llegada de Tordesillas para dar sus explicaciones. El procurador intentó valientemente hacer oír su voz, pero no se le quiso escuchar. La multitud destruyó el cuaderno que contenía la justificación de su actuación en las Cortes, le arrastró hacia la prisión entre golpes e insultos y acabó por estrangularle en plena calle. No contenta con esto, la multitud se ensaño con el cadáver, que fue colgado junto a las dos víctimas del día anterior[516].

En las reacciones violentas de la multitud en Segovia pueden distinguirse claramente los dos aspectos de un descontento exasperado que se vuelve, a un tiempo, contra la administración y la fiscalidad. Melón y Portal pagaron con su vida su solidaridad a la primera; la muerte de Tordesillas fue causada por haber votado el servicio. Su colega, Juan Vázquez del Espinar, más avisado, se abstuvo de aparecer por Segovia después de las Cortes. ¿A quién hay que atribuir la responsabilidad por estos actos de violencia? Los cronistas denuncian a los trabajadores de los talleres textiles, al populacho ciego. Pero un estudio más a fondo de los documentos revela el papel desempeñado por los observadores enviados por la ciudad para supervisar la actuación de los procuradores en las Cortes[517]. Algo parece seguro: ninguno de los futuros jefes comuneros de Segovia estuvo directamente implicado en los desórdenes del 29 y 30 de mayo, en los que hay que ver sobre todo una explosión de la pasión colectiva contra los cómplices —que así se les calificó— de los flamencos y de los cortesanos.

El mismo día en que tales acontecimientos se desarrollaban en Segovia, Zamora recibió sin ninguna demostración de afecto a sus dos diputados[518]. El movimiento fue menos espontáneo aquí; todo había sido preparado de antemano por el magnate del lugar, el conde de Alba de Liste, que se proponía acusar a los procuradores ante un tribunal formado por cuatro regidores:

Para que éstos les diesen el castigo que mereciesen.

Esta especie de comedia fue suficiente para dar satisfacción a la multitud encolerizada que exigía el castigo de los traidores, y pudo evitar violencias más graves. En efecto, el conde había redactado de antemano la sentencia que debía pronunciar el jurado improvisado:

El conde de Alva sacó vna sentencia que tenía ordenada, en que les condenava a los dichos procuradores a no avidos por ydalgos de ay adelante e desnaturados de la cibdad y ávidos por pecheros e que fuesen puestas dos estatuas de piedra en la plaza con sus nombres escritos por memoria.

Después de dudar un tanto, los jueces se avinieron a pronunciar esta sentencia, que solamente a medias daba satisfacción a la población, terriblemente excitada contra los procuradores, los cuales consiguieron huir de la ciudad. La multitud intentó destruir sus casas, pero la condesa de Alba de Liste y el obispo Acuña consiguieron apaciguarla[519]. La intervención del obispo no parece estar muy de acuerdo con los sentimientos que los cronistas oficiales atribuyen generalmente al terrible obispo de Zamora, y prueba que Acuña no estaba inclinado sistemáticamente hacia violencia.

Si en Zamora se consiguió evitar el estallido de la violencia, no sucedió lo mismo en Burgos, donde la agitación fue muy intensa durante varios días y donde se produjo casi exactamente el mismo proceso que había provocado las violencias en Segovia[520]. Todo comenzó el 10 de junio con una reunión de los delegados de las vecindades convocada por el corregidor para salir al paso a la campaña de falsos rumores sobre los impuestos. La discusión subió de tono rápidamente; a los ataques de que era objeto, el corregidor respondió con amenazas, lo que desencadenó la agitación del populacho. Los manifestantes destruyeron en la plaza los recipientes que servían para calcular la alcabala del vino, ocuparon la fortaleza y pusieron en fuga a las autoridades locales. Dueña de la ciudad, la multitud nombró entonces un nuevo corregidor, don Diego Osorio, hermano del obispo Acuña. Osorio, quien al parecer no hizo nada que justificara la confianza de la población en tales circunstancias, se mostró totalmente incapaz de apaciguar los ánimos. Los manifestantes se lanzaron al asalto de algunas mansiones, las de los notables especialmente impopulares. Garci Ruiz de la Mota, procurador y hermano del obispo Mota, pudo huir apenas con tiempo, mientras veía cómo se quemaba su casa que contenía algunos archivos del Estado y de los que sólo pudo ponerse a salvo una parte[521]. También Diego de Soria y Francisco de Castellón, recaudadores de impuestos, sufrieron las mismas tribulaciones. La ciudad de Burgos tenía una deuda que saldar con Joffre de Cotannes, el francés que se había hecho conceder por los flamencos la fortaleza de Lara. Su casa fue saqueada y Cotannes pudo escapar no sin antes proferir amenazas contra los marranos de Burgos. Poco después fue capturado y llevado a la ciudad, donde, pese a los esfuerzos de sus amigos y de Diego Osorio fue salvajemente golpeado provocándole la muerte y luego fue colgado por los pies.

Al igual que había sucedido en Segovia, en Burgos la multitud se apoderó de los representantes y colaboradores de la autoridad así como de los recaudadores de impuestos. No obstante, la revuelta, en la que los artesanos desempeñaron un papel de primera importancia, no degeneró en pillaje. Incluso la mansión de Mota fue quemada, pero en ningún momento pensaron los manifestantes en apoderarse de las grandes riquezas en ella acumuladas:

Sacándolo a la plaza, donde hicieron la hoguera, a la cual llevaron todo el mueble que se halló en su casa de ropa blanca y tapicería muy rica y vestidos y cuantas arcas había en ella. Y lo sacaron y lo quemaron públicamente sin se querer aprovechar de cosa alguna, que es harto de maravillar, considerada la condición de la gente baja[522].

La escena tenía, pues, un valor simbólico. Se pretendía castigar a los responsables de una política, no entregarse al pillaje.

No fue fácil evitar que las calles de Guadalajara se llenasen de sangre como había sucedido en las de Segovia y Burgos[523]. El 5 de junio, una multitud numerosa rodeó el palacio del duque del Infantado, exigiendo el castigo de los dos procuradores que habían representado a la ciudad, a los que se acusaba de traición. El duque suplicó encarecidamente a sus conciudadanos que no se entregaran a los excesos que habían tenido lugar en Segovia. Pero no pudo evitar la expulsión de los magistrados municipales, el ataque contra la fortaleza y el asalto contra las casas de los procuradores, que resultaron destruidas hasta los cimientos.

En las demás ciudades los incidentes no fueron de tanta gravedad. En León se entabló un fuerte altercado entre el conde de Luna, procurador, y Ramir Núñez de Guzmán, pero gracias a la influencia de Juan Ramírez, otro miembro de la poderosa familia de los Guzmán, la situación no degeneró en una rebelión abierta[524]. En Ávila, el día 5 de junio, Sancho Sánchez Cimbrón exigió en términos conminatorios a los procuradores que en el plazo máximo de diez días acudieran a dar cuentas de su gestión ante el regimiento[525]. No sabemos si realmente cumplieron con lo que se les exigía, pero de cualquier modo no existen pruebas de ningún acontecimiento grave en Ávila durante este primer período. Ningún incidente tuvo lugar en Valladolid, donde los procuradores explicaron su actuación ante los regidores y luego ante los delegados de las parroquias sin que en ningún caso hubiera gran animosidad contra ellos. Los rumores sobre los impuestos votados y sobre los acontecimientos de Segovia suscitaron animadas discusiones pero sin llegar a provocar alborotos. Parece que la presencia en esta ciudad del cardenal Adriano y del Consejo Real sirvieron de importante factor de moderación[526].

2. Las primeras manifestaciones de la Comunidad

Los cronistas e historiadores no han dudado en atribuir a los comuneros las responsabilidades por los desórdenes a los que hemos hecho referencia en el apartado anterior. Sin duda, confunden la revuelta con la revolución. Muy al contrario de lo que tantos afirman, nos sorprende la discreción y moderación de los futuros jefes comuneros con ocasión de los primeros incidentes. No fue el obispo Acuña sino el conde de Alba de Liste quien se puso al frente de los manifestantes de Zamora. Estas simples revueltas, expresión violenta de un descontento acumulado desde hacía tanto tiempo, y, por esta razón, absolutamente espontáneas, no en todos los casos desembocaron en una auténtica revolución cuyos fines eran otros que la agitación antifiscal, y que se traducía ante todo en la consecución de una asamblea municipal más representativa que el regimiento tradicional según el modelo propuesto por Toledo, donde eran los delegados de las vecindades los que dirigían la ciudad tras haber expulsado al corregidor, representante del poder central. Esto fue lo que sucedió en Segovia[527]; y fue también lo que se vislumbraba en Burgos, Zamora y Guadalajara, aunque en esta última ciudad la intervención de la nobleza modificara los presupuestos del problema.

En Zamora, la actitud del conde de Alba de Liste, tomando la iniciativa de las sanciones contra los procuradores le granjeó una gran popularidad y le permitió afirmar su autoridad en la ciudad. El supo aprovechar la agitación en su propio beneficio e impidió que degenerara en revolución, al menos durante este primer período[528].

En Burgos, don Diego Osorio, a quien los manifestantes concedieron el poder, comprendió la imposibilidad de restablecer la situación anterior. Por eso abandonó la ciudad y cedió su puesto al condestable de Castilla que se aprestó a ocupar el cargo directivo el 15 de junio, acudiendo a la llamada de los notables menos comprometidos con la Corte. Inmediatamente se organizaron asambleas populares como las que ya existían en Toledo y Segovia, y el condestable se vio obligado a contar con ellas durante varios meses. Prestó juramento de fidelidad a la comunidad, aduló los sentimientos de la población y, al mismo tiempo, comenzó a introducir armas y soldados en la ciudad para mantener el orden, mientras entraba en contacto con el gobierno central[529]. Su presencia impidió a Burgos formar en el campo de la revolución siguiendo la estela de Toledo.

En Guadalajara, los alborotos habían acabado situando en un primer plano a una serie de jefes populares, como el carpintero Pedro de Coca, el albañil Diego de Medina o el letrado Francisco de Medina, que arengó a la muchedumbre a la puerta de la iglesia de San Gil y consiguió que se proclamara jefe de la Comunidad al hijo primogénito del duque del Infantado, el conde de Saldaña. Pero el duque no tardó en volver a controlar la situación: hizo decapitar a uno de los responsables de esta iniciativa y alejó a su hijo, que parecía a punto de comprometerse. El 21 de junio el duque del Infantado anunció al cardenal Adriano que la situación era de total normalidad en Guadalajara, pero que creía necesario que se hicieran ciertas concesiones, sobre todo en el capítulo de los impuestos, si se querían evitar nuevos altercados[530].

Zamora, Burgos y Guadalajara, tres ciudades en las que la aristocracia dominaba la situación. Tras un primer momento en que parecieron participar en la agitación popular, los señores adoptaron una postura ambigua. Hicieron suyas algunas de las reivindicaciones populares y se presentaron al poder central como los únicos capaces de garantizar el mantenimiento del orden. No es difícil ver todos los beneficios que pensaban obtener de la operación: en el plano local, reforzaban su situación personal sobre unas ciudades a las que siempre habían pretendido dominar; en el plano nacional, se situaban en un papel de árbitros de las diferencias que enfrentaban al poder real con sus administrados. La nobleza mantuvo esta actitud un tanto equívoca hasta septiembre de 1520. La agitación antifiscal, incluso cuando no se vio acompañada de revueltas populares, sirvió, sin embargo, para crear una situación revolucionaria. Toledo iba a tratar de explotarla lo más posible contra el poder central.

II. —PODER LEGAL Y PODER REVOLUCIONARIO

La amplitud de las protestas contra los impuestos, rápidamente aprovechadas por Toledo en el plano político, colocaron al poder central en una situación muy delicada. El cardenal Adriano, encargado de llevar las riendas del gobierno, no poseía ni la autoridad moral ni la posibilidad jurídica necesaria para hacerle frente con una cierta eficacia. Probablemente, si se hubiera decidido a realizar ciertas concesiones en el momento oportuno, hubiera podido satisfacer las reivindicaciones más urgentes y aislar a los revolucionarios. Pero el cardenal había recibido una delegación de poderes muy limitada, por parte del rey, que le obligaba a consultar con el monarca antes de tomar cualquier decisión importante. Por otra parte, algunos miembros del Consejo Real, partidarios de la política de mano dura, le inducían a utilizar duras medidas represivas contra los agitadores de Segovia. Esta operación de castigo, muy mal organizada, acabó por levantar todo el país en su contra haciéndole perder cualquier vestigio de la autoridad que aún conservaba.

1. La Junta de Ávila

El 8 de junio Toledo propuso a las ciudades representadas en Cortes que se celebrara una reunión urgente con la finalidad de poner orden en el reino:

Porque con más reposo e acuerdo se ordenen las cosas que fueren servicio de Dios y de la majestad del rey, nuestro señor, e bien destos reynos.

Para calmar las aprensiones de algunos se evitaba enjuiciar negativamente la persona del rey:

Es el más bienaventurado príncipe que nunca hubo.

Sin embargo, había palabras muy duras para el círculo de sus colaboradores:

Nos quejamos de nuestra mala dicha o de no ser su majestad tan bien aconsejado en estas cosas como era razón[531].

Toledo fue más allá de estas simples generalidades y propuso cinco objetivos concretos:

1. Anular el servicio votado en La Corana.

2. Volver al sistema de encabezamientos.

3. Reservar los cargos públicos y los beneficios eclesiásticos a los castellanos.

4. Prohibir las exportaciones de dinero.

5. Designar la persona de un castellano para dirigir el país en ausencia del rey[532].

Estas reivindicaciones —el cardenal Adriano no se engañaba sobre esto— merecían una amplia aprobación en el reino, sobre todo las dos primeras[533]. Se guardaba rencor a los flamencos por haber entrado a saco en Castilla[534], y se acusaba al rey de haber descuidado los intereses de su reino y de sus súbditos:

Dizen, muy poderoso señor, que después que V. M. comenzó a reinar, ha mostrado poco amor y poca gana de aprobechar a estos reinos vuestros, estimando y teniendo a los naturales por estraños y ajenos de las dinidades, beneficios y oficios, dándolos y probeyéndolos a estranjeros, y sy algunos se han probeydo a los naturales, que han seido con mucha ynportunidad y a muchas costas[535].

Mientras tanto, desde el púlpito los predicadores incitaban al pueblo a la rebelión, como aquel domínico que, el 22 de julio en Valladolid, pronunció la apología de los toledanos y segovianos. No atacó al rey (verdadero rey destos reynos y propietario), pero no por ello dejó de denunciar la forma en que había conseguido la elección para el Imperio:

Ha conprado con dinero el ynperio.

Castilla se hallaba empobrecida, el rey estaba endeudado, mientras que los flamencos habían obtenido grandes riquezas[536].

Las reivindicaciones formuladas sin ambages ocultaban designios políticos más ambiciosos, en la línea de la carta —programa de los monjes de Salamanca, de la cual se tomó el espíritu y las principales disposiciones. La integración de Castilla en el Imperio se presentaba como una catástrofe nacional: grandísimo daño del reyno[537]. Había que defender, pues, incluso contra el rey si llegaba a ser necesario, los intereses del reino:

Dizen expresamente que las pecunias de Castilla se deuen gastar al prouecho de Castilla y no de Alemania, Aragón, Nápoles, etc., y que V. M. ha de gouernar cada una tierra con el dinero que della recibe. De manera que en efecto no quieren dexar nada para las consignaciones y libranças fechas para Alemania de ocho quentos (…). También dizen que, de los dineros del reyno, primero se ha de socorrer a las necessidades de aquél antes que se hayan de sacar por otras urgentes necessidades. Lo qual también parece a todos que de los dineros de V. Al. que aquí se coien se deuen tomar quantos abastaren para ataiar y quitar los peligros del reyno, para que el mesmo no se pierda, aunque V. M. fuese forzado a ello, pues es para tal efecto[538].

Aunque Carlos V. fuese forzado a ello: la nación pretendía sustituir al rey, y se le quería prohibir la libre disposición de los ingresos del Estado. A él se le concedería una cantidad fija para hacer frente a las necesidades de su rango.

A los prudentes parece que se debían dar gracias a Dios que pueda sacar V. a. los [dineros] que huuiese menester moderadamente para la sustentación de su estado[539].

A sugerencia de Toledo, algunas ciudades comenzaron ya a bloquear los ingresos normales del Estado. Había que impedir todo movimiento de numerario hacia los Países Bajos[540], justo en un momento en que el rey tenía nuevas y apremiantes necesidades de dinero[541]. ¿Cómo se podía aceptar que una parte del producto de los impuestos saliera hacia el extranjero cuando la protección del territorio nacional no estaba asegurada, por falta de dinero? En una sola expedición, los corsarios berberiscos acababan de hacer prisioneros a setenta hombres en la costa andaluza. ¿Qué hacían los barcos encargados de la protección de la costa? Se hallaban en el puerto debido a que carecían del equipo adecuado. Una nueva cuestión no menos insidiosa: ¿para qué se utilizaba el dinero de la cruzada, obtenido a costa de los pobres y destinado, en principio, a la lucha contra el infiel[542]?

Indudablemente toda esta propaganda acabó dando los frutos deseados:

Yo muchas veces en mí mesmo me maravillo y los del Consejo de V. A. que conmigo residen también stán en lo mesmo y espantados, que quasi todos justifican la parte del pueblo, diziendo que ellos hazen justa causa de descontentar y quexarse de tan perdida governación, en ditrimento y destrucción del reyno y que es menester poner mano para remediar, pues V. M. no lo ha fecho ni haze[543].

En rigor, no se podía negar la necesidad de poner en orden muchas cosas. Pero Toledo alimentaba, además, otras ambiciones. Se hablaba con insistencia de la posibilidad de convertir a las ciudades castellanas en ciudades libres a semejanza de Génova y las repúblicas italianas[544]. No era esta la primera vez que se consideraba en España una idea similar. Cuatro años antes, a raíz del conflicto en el que la ciudad de Málaga se enfrentó al almirante de Castilla, se había constituido una pequeña república autónoma[545]. En Ávila y Segovia se afirmaba que la finalidad esencial de la Junta sería la de acudir a Tordesillas a devolver a la reina todas sus prerrogativas[546]. Ni más ni menos, circulaba la idea de destronar a Carlos V. El marqués de Villena, que tenía ciertos contactos en el campo comunero, indicó al cardenal Adriano, el 7 de agosto, que tal era el designio de Toledo:

Ir contra el rey nuestro señor y contra su autoridad y gouierno y quitarle el nombre de rey, durante la vida de la reyna, nuestra señora, y que si algunas prouissiones diesse, como rey, que no se obedeciessen y que [si] algo hauría de scriuir, ser de ruego, como príncipe, y no de otra manera, y que no le acudiessen con las rentas reales y que si se le houiesse de dar algo dellas, fuesse como a príncipe y en poca quantidad[547].

Era, por tanto, algo muy distinto de una simple protesta contra la presión fiscal. Lo que se estaba preparando era una auténtica revolución. De este hecho se era perfectamente consciente en Castilla y fue por eso por lo que se cogió con ciertas reservas la sugerencia de Toledo de reunir en una asamblea a las ciudades. En cuanto el cardenal Adriano se enteró, envió una cédula a todas las ciudades interesadas para advertirlas[548]. Ávila cedió en seguida[549] y también Córdoba se negó a asociarse a Toledo, de una manera muy firme:

Nuestro propósito siempre ha sido en no hallarnos en junta alguna[550].

Murcia no deseaba de ningún modo situarse en un estado de rebeldía contra el rey y el gobierno[551]. En los primeros días del mes de julio, únicamente Salamanca, Segovia y Toro se mostraban dispuestas a apoyar el proyecto de Toledo y a aplicar el programa elaborado por los religiosos de Salamanca[552]. Mientras tanto, en Burgos la idea iba ganando terreno. El 29 de junio, el condestable, que trataba de ganar tiempo por cualquier medio, no veía el modo de oponerse al proyecto[553]. Fue entonces cuando al cardenal Adriano se le ocurrió la idea de que la reunión se celebrara en Valladolid, en su presencia, lo cual le daría la posibilidad de intervenir e impedir que se tomasen posiciones extremistas[554]. El 6 de julio, Burgos apremió al cardenal para que se adoptara esta solución. De cualquier forma, las ciudades estaban decididas a reunirse. ¿Por qué no hacía suyo el proyecto el cardenal, lo cual le quitaría el carácter de revolucionario[555]? No obstante, el cardenal dudaba a la hora de tomar la decisión. Cada vez más impaciente, Burgos pareció entonces adoptar definitivamente el punto de vista de Toledo. El 9 de julio en una carta dirigida a Toledo, y de la cual se enviaron copias a Segovia, Ávila, Zamora, Salamanca, Cuenca, Soria, León y Toro, la comunidad de Burgos dio cuenta del fracaso de las negociaciones con el cardenal Adriano y propuso que la Junta se reuniese a finales de mes en Segovia[556]. Sin embargo, el 17 de julio Toledo escribió en el sentido de que la Junta celebraría su primera sesión el día 1 de agosto, pero no en Segovia sino en Ávila[557]. Los miembros de la futura Junta entendían que, al elegir una ciudad fortificada, contarían con la posibilidad de resistir al poder central en caso de que éste decidiera reducir a los disidentes por la fuerza[558].

En realidad, la adhesión de Burgos fue tan sólo momentánea. El condestable acabó obteniendo un nuevo aplazamiento, a la espera de que el cardenal se decidiera a convocar una asamblea bajo su dirección en Valladolid[559].

A pesar de la defección de Burgos, la reunión de la Junta se llevó a cabo el 1 de agosto, tal como estaba previsto. Cierto es que las maniobras del poder central consiguieron en parte la finalidad deseada; solamente cinco ciudades enviaron sus representantes: Toledo, Segovia, Salamanca, Toro y Zamora[560], aunque la participación de esta última tuvo corta duración. En efecto, la actitud de Burgos y la influencia del conde de Alba de Liste decidieron a Zamora a retirar a sus delegados el día 10 de agosto[561]. La gran paradoja de esta Junta de Ávila fue la ausencia de toda representación de Ávila. Sin duda, aquí jugaron influencias contradictorias. Así interpretamos la decisión del cabildo catedralicio de anular la delegación de poderes concedida a tres de sus miembros para asistir a las deliberaciones de la Junta, a pesar de diversas peticiones. El cabildo autorizó únicamente a la Junta que se reuniera en el interior de la catedral, en la capilla de San Bernabé[562].

En definitiva, sólo cuatro ciudades, pues, aceptaron enviar sus representantes a la Junta de Ávila. Un número reducido, sobre todo si tenemos en cuenta que eran dieciocho las ciudades que tenían representación en Cortes y que todas ellas habían sido invitadas. Pero resulta quizás un número elevado si consideramos que a esta asamblea se le otorgaban intenciones claramente revolucionarias. La Junta no reconoció la autoridad del cardenal Adriano ni la del Consejo Real. Solamente respetaba una institución: la Chancillería de Valladolid, órgano del poder judicial. Los titubeos y las torpezas del cardenal Adriano iban a convertir a esta asamblea, en los últimos días del mes de agosto, en un auténtico gobierno revolucionario, reconocido como tal, de peor o mejor grado, por la mayor parte de las ciudades castellanas.

2. El gobierno real ante la revolución

Cuando el cardenal Adriano se instaló en Valladolid el 5 de junio de 1520[563], la agitación se enseñoreaba de Segovia, Zamora, Burgos y Guadalajara y amenazaba con extenderse a otras ciudades. En las jornadas siguientes, Toledo multiplicó sus llamadas a la revolución y su propaganda hizo mella incluso en las ciudades que habían permanecido leales. Aislado en Valladolid, pese a la presencia del Consejo Real, sospechoso de complacencia para con los flamencos, discutido por su calidad de extranjero, el cardenal veía cómo los resortes del Estado se le escapaban poco a poco: los corregidores fueron expulsados o reducidos a la impotencia; los recursos fiscales bloqueados; el día 1 de agosto la Junta le disputó abiertamente el poder. El cardenal se encontraba desamparado para hacer frente a esta situación. Carlos V le había confiado, el 18 de mayo, la tarea de gobernar el país durante su ausencia con el título de administrador y governador, pero en un documento anexo limitaba singularmente sus atribuciones[564]. Para cualquier asunto extraordinario, el cardenal debía consultar con el emperador, lo cual suponía un intercambio de correspondencia e imposibilitaba poder encontrar una solución rápida para los problemas urgentes[565]. Esta limitación de sus poderes explica las dudas del cardenal, cuya acción se orientaba en dos direcciones: concesiones a las ciudades que todavía permanecían leales a la Corona y represión contra las ciudades rebeldes.

El cardenal Adriano supo sacar inmediatamente la lección de los acontecimientos de junio: era necesario ceder sobre el problema del servicio y de los encabezamientos, y cuanto antes mejor. Este era un punto previo al restablecimiento del orden, que exigían todas las ciudades, rebeldes o no[566]. Después de numerosas peticiones en este sentido, el monarca dio su consentimiento, a finales de julio. El cardenal se apresuró a comunicar la buena nueva, anunciando a las ciudades leales y a las rebeldes que no tardarían en deponer su actitud, que el rey renunciaba al servicio votado en La Coruña y reducía la alcabala al volumen de 1518, autorizando nuevamente los encabezamientos[567]. De haberse tomado a comienzos del mes de junio, estas medidas hubieran tenido un resultado positivo, pero en agosto era demasiado tarde, ya que las concesiones se limitaban al aspecto fiscal, que había sido ya ampliamente superado. En efecto, la Junta de Ávila, que acababa de reunirse, planteaba ahora el problema de la reorganización total del gobierno y de una revisión completa de la política nacional. Para tratar de disuadir a las ciudades que dudaban sobre su adhesión a la Junta, el cardenal Adriano anunció que tenía la intención de convocar él mismo una asamblea en Valladolid para examinar globalmente todos los problemas que preocupaban al reino[568]. Así pudo ganar tiempo, unas semanas a lo sumo, pero las desastrosas consecuencias de la represión organizada paralelamente le hicieron perder los beneficios políticos de la operación.

A todos cuantos, en el círculo del cardenal, pretendían encontrar una solución política al problema, se oponían los partidarios de una línea de dureza, a cuyo frente se hallaba don Antonio de Rojas, arzobispo de Granada y presidente del Consejo Real, hombre duro, a quien Cisneros había juzgado sin miramientos[569]. Una carta del condestable resumía perfectamente la situación en junio de 1520:

El presidente del Consejo está muy mal comigo porque yo soy de boto que todo el reyno se sosegase castigando moderadamente y perdonando. El no ha querido syno degollando y abrasando, de manera que son mayores los casos que agora se hazen que los pasados y serán mayores los de aquí adelante. Direys a su magestad que si no va a la mano del presidente, questos reynos llevan camino de perderse[570].

El condestable aludía a la represión dirigida contra Segovia. De la intimidación se pasó a la expedición punitiva, pero lejos de doblegar a los rebeldes, no sirvió sino para incrementar su determinación, suscitando además, en torno a ellos, un movimiento de simpatía y más tarde de solidaridad, que preludiaba la guerra civil. El 10 de junio, el juez Ronquillo recibió la orden de abrir una investigación sobre el asesinato de Tordesillas[571], misión imposible de cumplir, dadas la circunstancias. Ronquillo se contentó con proferir amenazas que no hicieron más que exasperar a los segovianos. Finalmente, no pudiendo contener su irritación, transformó esta encuesta en expedición de castigo:

La qual [ciudad] avemos mandado castigar duramente e con todo rigor[572].

Segovia estaba, pues, amenazada con represiones colectivas. Desde Santa María de Nieva, donde había establecido su cuartel general. Ronquillo trató de aislar por completo a Segovia impidiendo el aprovisionamiento de la ciudad. Algunas escaramuzas le ganaron el repudio de los ciudadanos que se unieron más que nunca en torno a los jefes de la Comunidad y, en especial, de Juan Bravo, investido de responsabilidades militares[573]. Cuanto mayor era la presión que ejercía Ronquillo, más fuerte se hacía la determinación de los segovianos, que procedieron a procurarse armas comprándolas a los armeros de la ciudad[574]. Esta resistencia exasperó a Ronquillo y a las autoridades, y a finales de junio decidieron emplear medios más contundentes para acabar con ella:

Hemos acordado de enbiar a la dicha ciudad en fauor de la nuestra justicia toda la tente de pie y de cauallo que fuere menester[575].

A las peticiones de auxilio por parte de Segovia[576] respondió Toledo poniendo una milicia en pie de guerra a cuyo frente iba Juan de Padilla[577]. Por su parte, la Comunidad de Madrid, no contenta con protestar contra la represión, decidió recaudar un impuesto especial para la compra de armas y para reclutar soldados que acudirían a ayudar a los segovianos[578]. La operación represiva del mes de junio se convirtió así en una verdadera prueba de fuerza entre el poder real y las ciudades rebeldes, para quienes estos acontecimientos fueron ocasión de afirmar su solidaridad y su determinación.

En los últimos días de julio, el cardenal Adriano pensó en la posibilidad de utilizar contra Segovia la artillería real, que se encontraba, a la sazón, en Medina del Campo, aun a riesgo de que tal proyecto pudiera provocar un levantamiento de la ciudad de las ferias[579]. Por fin abandonó la idea para volver a considerarla tres semanas más tarde cuando llegaron noticias de que se aproximaba la expedición toledana comandada por Padilla. No sin fundamento, se temía un posible golpe de mano en Tordesillas, donde residía la reina. El problema de Segovia quedó entonces en un segundo plano. Antonio de Fonseca, jefe máximo del ejército real, recibió la orden de estar preparado para intervenir en cualquier momento. Los preparativos militares hicieron cundir la inquietud en Valladolid, donde se pensaba que el ejército se disponía a atacar Segovia[580]. Ronquillo se replegó hasta Arévalo donde se le unieron Fonseca y el grueso del ejército[581]. Fue entonces cuando Fonseca recibió la orden de dirigirse a Medina del Campo, tomar la artillería e impedir el paso a Padilla:

Apoderarse de aquella villa [Medina del Campo] e de la artillería e municiones della[582].

Fonseca se presentó a las puertas de Medina del Campo el 21 de agosto pidiendo que se le diese posesión de la artillería real. A pesar del apoyo que le prestó el corregidor, Gutierre Quijada, se encontró con una fuerte oposición: a la ciudad le repugnaba hacer entrega de unas armas que iban a emplearse para luchar contra Segovia. Durante toda la mañana, Fonseca parlamentó sin ningún resultado. Tras comprender que toda discusión era inútil, hizo avanzar sus tropas, pero la población les impidió el paso atravesándose en la carretera. Fonseca, entonces, dio la orden de ataque. Con el fin de distraer a la población, Fonseca —o uno de sus colaboradores quizás— provocó un incendio en la calle de San Francisco, pensando que la mayoría de la población abandonaría el combate para tratar de apagar el fuego, pero todo el mundo permaneció en su puesto. El incendio se extendió por una extensa zona de la ciudad, y luego al convento de San Francisco, donde los comerciantes almacenaban sus mercancías en los intervalos entre las ferias. Tras haber fracasado en su maniobra, Fonseca acabó retirándose, dejando tras de sí una ciudad medio destruida. Las llamas de Medina del Campo iban a provocar un nuevo incendio por toda Castilla[583].

III. —LA REVOLUCIÓN VICTORIOSA

El incendio de Medina del Campo suscitó por toda Castilla una unánime reprobación. En el plazo de sólo unos días, el cardenal Adriano y el Consejo Real perdieron la escasa autoridad que todavía poseían, mientras que la Junta rebelde se afirmó como el verdadero poder efectivo y, con el concurso del ejército de Padilla, preparó su transformación en poder legal. Muchas ciudades, hostiles o reservadas hasta aquel momento con respecto a la Comunidad, se unieron a ella. Fue en el mes de septiembre cuando la Comunidad se encontró en el apogeo de su poder.

1. El hundimiento del poder real

El incendio de Medina del Campo provocó gran indignación en toda Castilla, cuyo resultado fue que estallaran revueltas en muchas ciudades que hasta entonces habían permanecido en calma.

Mientras el regimiento de Medina del Campo se hallaba reunido para calcular el balance de la catástrofe, una muchedumbre de unas dos mil personas rodeó la sala de reunión. Dada la imposibilidad de hacer justicia en las personas de Fonseca y Ronquillo, exigió el castigo de los traidores que estaban dispuestos a entregar la artillería. El furor popular se centró sobre todo en la figura del regidor Gil Nieto, que fue acribillado a cuchilladas y golpes de lanza antes de ser arrojado por la ventana, todavía vivo. A continuación, su cabeza fue decapitada y colocada en el extremo de una pica, mientras su cadáver, arrastrado hasta el mercado, fue incinerado. Después de esto, el populacho enloquecido saqueó su casa[584]. Medina del Campo iba a permanecer hasta el final profundamente marcada por el recuerdo de las dramáticas jornadas de agosto.

Desde hacía tiempo, Valladolid trataba de romper las riendas, en expresión de Anghiera[585]. La ciudad estaba impaciente por adherirse al movimiento que estremecía a toda Castilla y se elogiaba abiertamente la actitud de Toledo y Segovia. Durante la noche del 22 de agosto, cuando se tuvo noticia del incendio de Medina del Campo, los habitantes de Valladolid dieron rienda suelta a sus sentimientos, durante tanto tiempo contenidos[586]. La multitud incendió las casas de Fonseca, del rico recaudador de impuestos Pero del Portillo y del procurador en Cortes Francisco de la Serna. El presidente del Consejo Real pudo conservar la vida gracias a una circunstancia puramente fortuita: vivía con el cardenal Adriano, personalidad a quienes los rebeldes respetaban, a pesar de que discutían su autoridad. Durante los días siguientes. Rojas se dio a la fuga, aterrorizado, junto a algunos de sus colaboradores, a quienes la población detestaba profundamente por haber aconsejado el movimiento represivo y por haberse hecho cómplices de los flamencos. Otros notables, que hasta aquel momento habían intentado mantener el orden, también huyeron de la ciudad. Valladolid se dio a sí misma un gobierno popular, una Comunidad, a imagen de las de Toledo y Segovia. Esta Comunidad, presidida por el infante de Granada, descendiente de los últimos reyes moros, estaba dominada, no obstante, por algunos notables cuya preocupación esencial era la de mantener el orden. El 25 de agosto, todos ellos prestaron juramento de fidelidad a la Comunidad[587], aunque no sin reservas, ya que este organismo, que se decía revolucionario, se apresuró a solicitar la investidura oficial al cardenal Adriano[588]. Esto, sin embargo, no inquietó a los comuneros auténticos, gozosos de que Valladolid hubiera dado el primer paso hacia la revolución, siempre el más importante. Indudablemente, la adhesión al movimiento de la gran ciudad de la Meseta, había de tener importantes repercusiones. Como se escribió desde Segovia, todo el reino tenía sus miradas puestas en Valladolid:

Ansí a de ser luz y claridad para la vista destos reynos[589].

En el plano político, la Junta de Ávila no tardó en obtener beneficios de la indignación general y del descrédito en que se veía envuelto el poder real. Muchas ciudades que se mostraban reticentes, anunciaron que enviaban una delegación a Ávila[590]. El cardenal Adriano intentó por todos los medios recuperar el control de la situación. Ante la imposibilidad de luchar contra la corriente general, hizo suyo el proyecto de convocar una asamblea que se celebraría en Valladolid bajo su presidencia[591]. La proposición llegó demasiado tarde. Fue en Ávila y no en Valladolid, donde se reunieron los representantes de las ciudades. El cardenal se rebajó incluso a negociar con la Junta rebelde en un intento de que aceptara trasladarse a Valladolid; pero la Junta no quiso escuchar a su enviado, Hinestrosa[592]. El incendio de Medina del Campo había acabado por arruinar el prestigio del cardenal y del Consejo Real[593]. El ejército real erraba por la campiña; hubo que licenciarlo el 30 de agosto[594]. Mientras tanto, Fonseca vio cómo todas las puertas se cerraban ante él. Ante la sola idea de que pudiera refugiarse en Plasencia, la ciudad entera se sublevó[595]. Fonseca acabó huyendo a Portugal, desde donde se dirigió a Alemania, uniéndose allí a la Corte. El cardenal Adriano había perdido, pues, en el plazo de unos pocos días, toda su autoridad y el licenciamiento del ejército real le privaba de cualquier medio de presión, justo en el momento en que las tropas de Padilla, acogido como un libertador, entraban en Medina del Campo y en Tordesillas.

2. Padilla en Tordesillas

Las milicias de Toledo, Madrid y Segovia se encontraban en las cercanías de Martín Muñoz de las Posadas en el momento en que Fonseca llevaba a cabo su desastrosa operación contra Medina del Campo. El 23 de agosto, obedeciendo órdenes de la Junta, se dirigieron hacia el Norte; al día siguiente entraban en Medina del Campo tomando posesión, en medio del entusiasmo general, de los cañones que algunos días antes habían sido negados al ejército real[596]. Al mismo tiempo, la población de Tordesillas se sublevó forzando las puertas del palacio. El marqués de Denia no tuvo más remedio que aceptar que una delegación visitara a la reina. Juana recibió noticia de los principales acontecimientos que habían tenido lugar en Castilla desde la muerte de su padre, y como respuesta solicitó ver al obispo de Málaga y a los licenciados Polanco, Aguirre y Zapata, miembros del Consejo Real[597]. Mientras tanto, los comuneros de Tordesillas llamaron urgentemente a Padilla para que acudiera a liberar a la reina de los «tiranos[598]». El miércoles, 29 de agosto, llegaron a Tordesillas los jefes militares de la Junta. Introducidos junto a la reina, le relataron de nuevo las tribulaciones que un gobierno detestable había provocado en el reino y le expusieron los fines de la junta de Ávila: poner fin a los abusos, devolver a la reina sus prerrogativas y protegerla contra los «tiranos». Juana se conmovió profundamente ante su declaración. Padilla desearía que la reina le diera una respuesta precisa:

Será bien declararnos su voluntad y lo que más sea su servicio que se haga e sy manda vuestra alteza que estemos aquí en su servicio. A lo qual su magestad respondió: sy, sy, estad aquí en mi servicio y avísame de todo e castigad los malos, que en verdad yo os tengo mucha obligación.

Palabras que inmediatamente tomó Padilla al pie de la letra:

Ansí se hará como vuestra magestad lo manda[599].

Los comuneros no cabían en sí de júbilo. Desde hacía siete años, la reina nunca había departido durante tanto rato con ningún visitante. Ahora podrían comenzar a pensar con serenidad en la reorganización del reino[600]. En su lucha por el poder, los comuneros tenían ahora una baza importantísima que jugar. La revolución planeada por Toledo tenía así posibilidades de llegar a puerto.

Por otra parte, también la popularidad de Padilla alcanzó su cénit después de celebrar esta audiencia con la reina[601].

El día 1 de septiembre, los dirigentes comuneros, Padilla, Bravo y Zapata volvieron junto a la reina que les concedió una audiencia de dos horas. Esta respondió afirmativamente a cuantas preguntas le fueron formuladas respecto a la eventualidad del traslado de la Junta de Ávila a Tordesillas:

Vengan aquí, que yo huelgo dello y de comunicar con ellos lo que conviene a mis reynos.

Padilla insistió nuevamente y la reina respondió una vez más:

Sí, vengan.

Se negó a firmar una orden pero sus palabras fueron anotadas por dos notarios dándose noticia inmediatamente a todas las ciudades representadas en Cortes[602]. No obstante, no fue sino tres semanas después cuando la Junta se trasladó a Tordesillas. Durante estos días los comuneros procuraron soslayar una serie de obstáculos, especialmente la presencia del marqués de Denia, a quien Carlos V había encargado la protección de la reina. Tras la llegada de Padilla, el marqués, a quien todos sus subordinados detestaban, fue hecho prisionero. Su expulsión iba a proporcionar a los elementos más moderados de la Junta la primera oportunidad de distanciarse de los dirigentes revolucionarios. Estos elementos moderados, obligados a unirse a la organización rebelde, pretendían permanecer en la medida de lo posible dentro del marco de la legalidad. El 1 de septiembre de 1520, Burgos dio a conocer su punto de vista a la ciudad de Valladolid: la Junta no debía intentar llevar a cabo ninguna modificación en Tordesillas[603] (ninguna mudanza), punto de vista que aparecía también reflejado el mismo día en una carta dirigida a Padilla:

Suplicamos a vuestra merced que las cosas de Tordesyllas estén en el estado en que las hallaron.

Más concretamente, Burgos pidió de manera formal que se mantuviera al marqués de Denia en Tordesillas. Al día siguiente era la Comunidad de Valladolid la que expresaba las mismas inquietudes: Valladolid aceptaría de buen grado el traslado de la Junta a Tordesillas pero insistía en que no se molestase al círculo de la reina[604].

Ante estas presiones, los responsables comuneros intentaron ante todo tranquilizar a los moderados: nada se haría sin la conformidad de la Junta. Mientras tanto, pedían que no se prestara atención a los rumores que pudieran propalar gentes mal intencionadas[605]. El día 6 la Junta anunció su próximo traslado a Tordesillas[606], decisión que, al día siguiente, quedó confirmada por una carta de Padilla, en la que decía además que era necesario velar por la reina, apartar de su lado a los «sospechosos[607]». Era esta la primera alusión oficial al problema planteado por la presencia del marqués de Denia. Los comuneros estaban decididos a vencer este obstáculo[608]. Una carta del 11 de septiembre, escrita por los procuradores de Valladolid, testimonia esta determinación. Estos procuradores parecían sin duda mucho más comprometidos con la causa de la Comunidad que sus representados. Así, comunicaron a la Comunidad de Valladolid —que deseaba ser consultada antes de que se tomara cualquier decisión importante (las cosas arduas)— que todo era importante desde el momento en que afectaba al interés del reino; la Junta —seguían diciendo— tenía razones poderosas (cabsas justas) para alejar al marqués de Tordesillas. Estas razones eran de dos clases: había unas que podían escribirse y otras que era mejor exponer de viva voz. He aquí aquellas que podían expresarse por escrito: la Junta no cesaba de recibir quejas contra el marqués. Se comportaba con la reina como un auténtico carcelero; el interés de la reina y del reino exigían que fuera expulsado; además era un elemento sumamente sospechoso. ¿Acaso no había suministrado un contingente para el incendio de Medina del Campo? ¿No se trataba de un amigo de Fonseca? ¿Se había preocupado en algún momento de atraer la atención de la reina hacia los peligros que amenazaban al país desde hacía tanto tiempo? Finalmente, era un enemigo mortal de la Junta que hubiera dado la mitad de su fortuna con tal de destruirla. La carta terminaba haciendo una precisión importante: la expulsión había sido decidida dos días antes con un solo voto en contra, el de Burgos[609]. Sería interesante conocer la segunda clase de motivos, los que los procuradores de Valladolid preferían exponer de viva voz. No resulta difícil imaginarlos: se trataba, fundamentalmente, de la completa restauración de los poderes de la reina.

Conminado a abandonar Tordesillas, el marqués de Denia se negó afirmando que puesto que había sido designado por el rey, únicamente una orden del rey le haría marchar de Tordesillas. Una comisión de la Junta, formada por el bachiller Alonso de Guadalajara, el comendador Diego de Almaraz y el dominico fray Pablo de León, procuradores de Segovia, Salamanca y León respectivamente, se trasladó a Tordesillas, en gran indignación ante la obstinación del marqués. El 19 por la mañana, la comisión entregó un ultimátum al marqués de Denia, en tanto que las tropas rodeaban el palacio: se le concedía únicamente media hora para marcharse. No habría de partir, sin embargo, hasta el día siguiente, cuando todos los procuradores se reunieron en Tordesillas[610].

Las vacilaciones del cardenal Adriano, sin capacidad de maniobra ante la estrecha delegación de poderes que le había confiado el rey y, sobre todo, las desastrosas consecuencias de una operación represiva mal organizada pudieron lograr lo que la propaganda de Toledo no había conseguido en parte. La Junta se había llegado a convertir en el único poder de hecho existente en Castilla. Sólo ella disponía de un ejército, en tanto que las tropas reales habían sido licenciadas; el apoyo de la reina, pese a las reservas que pudiera inspirar, le concedía una autoridad y un prestigio considerables. La situación parecía favorable para que la Junta pudiera convertir esta situación de hecho en situación de derecho convirtiéndose así en breve plazo en el gobierno legal del reino.

2. LA JUNTA DE TORDESILLAS

En septiembre de 1520, la Junta se afirmó como el único poder de hecho existente en Castilla. La revolución había ganado sobre el terreno y sólo le faltaba ahora regularizar esta situación e imponerse en las regiones que todavía se negaban a inclinarse ante ella. ¿Pero había renunciado el poder real a la lucha? ¿Aceptaba la Corte los hechos consumados? Y, en cuanto a los comuneros, ¿formaban realmente un bloque homogéneo, capaz de aglutinar a la gran mayoría del país? En los meses transcurridos entre septiembre y diciembre, la Junta conoció primero una serie de continuos éxitos: la euforia de las sesiones plenarias de Tordesillas, en torno a una reina recuperada; la dispersión del Consejo Real; la organización de un ejército y una administración revolucionarios, pero también se encontró con una serie de oposiciones cada vez más importantes mientras el poder real iba reconstruyéndose lentamente y encontrando apoyos cada vez más numerosos. ¿Quién sería el vencedor entre estos dos adversarios?, ¿el gobierno legal o el organismo revolucionario?

I. —LA SANTA JUNTA

La Junta General —tal era su título oficial, aunque se empezaba a llamarla también la Santa Junta, como alusión al carácter nacional y sagrado de su misión[611]— abandonó Ávila en septiembre respondiendo a la invitación efectuada por la reina. Llegó a Tordesillas el día 19 e inmediatamente se dispuso al trabajo.

1. Las primeras sesiones

Trece eran las ciudades representadas en Tordesillas: Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, León, Salamanca, Zamora, Toro, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Madrid. Para que todas las ciudades con derecho a voto en las Cortes estuvieran presentes allí únicamente faltaban Murcia y Andalucía (Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén). El área de influencia del movimiento comunero había de sufrir pocas modificaciones, y las regiones situadas al sur de Sierra Morena continuaron manteniéndose al margen.

El 24 de septiembre, los procuradores pidieron audiencia a la reina, ceremonia que reviste indudable interés político. Iba dirigida, en efecto, a establecer de manera solemne la autoridad moral de la Junta, consiguiendo el apoyo de la soberana[612]. Desde que Padilla había conseguido el asentimiento de la reina, la asamblea pretendía presentarse como una sesión extraordinaria de las Cortes. A tal fin modificó su título, pasando a llamarse Cortes e Junta general del reyno. La audiencia comenzó con un discurso de Pedro de Cartagena, procurador de Burgos, discurso cuyo contenido no nos ha llegado debido a que los encargados de transcribirlo no pudieron escucharlo bien:

No oímos lo que dijo.

Dado que todos los demás discursos fueron registrados perfectamente, cabe hacerse la pregunta de si acaso el de Cartagena no fue simplemente censurado. En efecto, Burgos se hallaba en la oposición y, sin duda, su representante expresó reservas u opiniones contrarias a la ortodoxia del movimiento que no se quería tuvieran gran publicidad.

A continuación tomó la palabra don Pero Laso de la Vega. En su parlamento recordó los esfuerzos de Toledo, desde 1519, por llamar la atención del gobierno sobre una situación que cada día iba siendo más difícil. Era gracias a la iniciativa de Toledo que los representantes del reino podían hallarse ahora reunidos en torno a Juana, su reina y señora natural. Uno tras otro, a continuación, todos los procuradores rindieron homenaje a su soberana. A continuación, el doctor Zúñiga, profesor de la Universidad de Salamanca, expuso los fines de la asamblea. Sus primeras palabras fueron para recordar y proclamar la soberanía de Juana. A continuación evocó la lamentable situación del reino, debido a la deficiente gestión de los asuntos públicos desde la muerte del Rey Católico y a la llegada del rey Carlos, rodeado de una multitud de extranjeros, estos flamencos a quienes la reina conocía mejor que nadie y que habían sacado casi todo el dinero del país. A continuación, el doctor Zúñiga hizo una llamada directa a la reina: también ella había sido víctima de la opresión, pero todos sus súbditos estaban dispuestos a obedecerla y a reconocerla como a su única soberana legítima; muy humildemente, el reino le suplicaba que inaugurara su reinado personal, que gobernara, que mandara en su reino, cosa que nadie en el mundo podía prohibirle hacer. Que no abandonara sus estados, sus súbditos, sus compatriotas, dispuestos a morir por defenderla.

La respuesta de doña Juana estaba llena de melancolía. Desde la muerte de Isabel —afirmó— había obedecido siempre a su padre, el rey de Aragón. En él había confiado todos los asuntos y había llorado su desaparición porque la vida del rey era más necesaria que la suya. Por otra parte, no había sabido de su muerte sino mucho tiempo después de que ocurriera, hecho que lamentaba pues hubiera querido contribuir en beneficio del reino en la medida de sus posibilidades. A continuación, Juana se lamentaba de su suerte. Nunca había visto en torno a ella más que enemigos que le mentían, que se mofaban de ella, en tanto que su deseo hubiera sido hacerse cargo de los asuntos públicos dentro de sus posibilidades. Por desgracia, el rey, su padre, la había dejado en Tordesillas, quizás porque acababa de contraer segundas nupcias, quizás por alguna otra razón. De cualquier modo, ella se había visto reducida a la impotencia:

No he podido más.

Cuando se enteró de que los extranjeros habían llegado a Castilla, sufrió una enorme pena porque pensó que habían venido para llevarse a sus hijos. Le extrañaba profundamente que sus súbditos no hubiesen castigado a los malhechores; nada más fácil:

Maravillóme mucho de vosotros no haber tomado venganza de los que habían hecho mal pues quienquiera lo pudiera.

Si ella misma se había mantenido apartada era para evitar que se pudiera hacer daño a sus hijos. Sin embargo, tenía derechos sobre el trono. ¿Por qué había sido tratada de esta manera? ¿Acaso no era hija de reyes? Se felicitaba del hecho de que los procuradores pretendieran poner fin a los abusos, pues no hacían sino cumplir con su deber. Ella les ayudaría hasta donde pudiera. Si algunas veces ella parecía abstraerse de cuanto sucedía en torno a ella —añadió— era a causa del dolor que sentía por la muerte de su padre. Pero en la medida de sus fuerzas habría de velar por sus súbditos. Finalmente, la reina pidió a los procuradores que designaran a cuatro de entre ellos para resolver con ella los asuntos del reino; ella les recibiría y trabajaría con ellos cuantas veces fuese preciso. En este punto, el confesor de la reina, fray Juan de Ávila, sugirió que la reina concediera una audiencia cada semana a estos procuradores, pero la respuesta de la reina fue que los recibiría cuantas veces fuera necesario, incluso cada día si era preciso.

El doctor Zúñiga manifestó su agradecimiento a la reina en nombre de sus colegas. Siguiendo el método habitual para registrar las decisiones de Juana, un notario hizo precisar: 1. º la voluntad de la reina de que la Junta se ocupara de los asuntos del reino; 2. º su deseo de recibir a una delegación de una manera regular. A estas dos preguntas, la reina respondió afirmativamente, pero se negó a nombrar ella misma esta delegación, como pidió don Pero Laso de la Vega. Era asunto de la Junta el designarla.

Es digno de reseñar el hecho de que el doctor Zúñiga no daba nunca a Carlos V el título de rey; siempre le llamaba nuestro príncipe, el hijo de vuestra alteza. La Junta se negó a reconocer el golpe de Estado de 1516, ratificado por Cisneros y más tarde por las Cortes de 1518. Carlos V no era sino un usurpador. Tras la audiencia del 24 de septiembre se plantean dos cuestiones sobre las cuales volveremos más adelante: ¿se hallaba la Junta en situación de imponer este punto de vista jurídico? ¿Estaba en condiciones la reina para desempeñar el papel que se le otorgaba? Y una cuestión, corolario de la anterior: ¿tuvo realmente las intenciones que se le atribuyeron? Este último punto puede ponerse en duda, ya que estos propósitos respondían demasiado exactamente a las preocupaciones y a los deseos de los jefes comuneros. Constituyen una expresión demasiado perfecta del punto de vista que la Junta iba a tratar de imponer en el curso de las semanas siguientes.

Al día siguiente, los procuradores se comprometieron solemnemente a cumplir, si fuera necesario con ayuda de las armas, la misión que se habían impuesto, misión definida en el preámbulo del juramento[613]:

Cortes e Junta General que el reyno haze por mandamiento e voluntad de la reyna nuestra señora, para el remedio, paz y sosiego e buena governación de sus reynos e señoríos.

Este documento no recogía la tesis jurídica propuesta el día anterior por el doctor Zúñiga y que había sido objeto de numerosas objeciones. El texto del 25 de septiembre asocia a la madre y al hijo, la reyna e rey nuestros señores, y parece, pues, en franco retroceso con respecto a los discursos anteriores. La declaración proclamaba la solidaridad del reino: cualquier sanción contra una de las ciudades representadas provocaría inmediatamente una reacción colectiva armada. La solidaridad contaría también para defender la obra de la Junta:

Para que las leyes destos reynos e lo que se asentare e concertare en estas Cortes e Junta sea perpetua [e] yndudablemente conservado e guardado.

No siempre se ha sabido captar el matiz revolucionario que encierra esta frase: significaba sustituir, al menos provisionalmente, la voluntad del soberano por la voluntad colectiva del reino, expresada por sus representantes.

El texto de este juramento fue comunicado inmediatamente a las ciudades representadas; el día 2 de octubre fue leído públicamente en la plaza mayor de Valladolid.

2. El Gobierno revolucionario

El 26 de septiembre, la Junta publicó un manifiesto en el que se hacían las consideraciones habituales sobre los fines del movimiento añadiendo una precisión de capital importancia: la Junta de Tordesillas declaraba asumir ella sola la responsabilidad del gobierno; el Consejo Real quedaba desposeído de sus funciones y la Junta se convertía en la única autoridad superior del reino, concentrando todos los poderes superiores del Estado[614]. En consecuencia, se rogaba a las ciudades que modificaran el mandato confiado a los procuradores. Estos deberían tener plenos poderes para poder hacer frente a las nuevas obligaciones. Unos días más tarde, la Junta procedió a llevar a cabo una operación preparada desde hacía un mes, pero que se había visto retrasada hasta entonces debido a oposiciones en el seno del movimiento: la expulsión del Consejo Real.

Por razones morales y políticas, los miembros del Consejo Real aparecían a los ojos de los comuneros como los símbolos de la corrupción y del desorden que caracterizaban al gobierno de Castilla desde 1516; «los del mal Consejo», tal era el título con el que designaban a los 26 miembros de esta institución[615].

Algunos de ellos habían aprovechado sus cargos para llenar sus bolsillos, y esto en ocasiones mucho antes de 1516: Fonseca, obispo de Burgos, especializado en los asuntos de Indias; Francisco de Vargas, uno de los hombres más corrompidos de toda la Administración, cuyos ingresos eran tan elevados como los de todos sus colegas juntos; Aguirre, expulsado por Cisneros debido a la malversación de fondos de la Inquisición y admitido nuevamente en la Administración por Chièvres; Beltrán y García de frutilla, que presumiblemente habían comprado su cargo en 1516; Mota, Puertocarrero y Fernando de Guevara (el hermano de fray Antonio) no eran acusados de robo, pero pertenecían desde hacía tiempo a la casa de Carlos y, por esta razón, eran sospechosos. Unos y otros (con escasas excepciones como el viejo Palacios Rubios) se habían comprometido con los flamencos, cuyos negocios habían encubierto y favorecido cuando no se habían lucrado con ellos directamente. Corrupción, venalidad, prevaricación, son palabras que vienen frecuentemente a la mente a la hora de catalogar a estos altos funcionarios.

Como cuerpo constituido, el Consejo Real tampoco puede escapar a la crítica. Tenía que haber llamado la atención del rey sobre la situación del país y haberle advertido contra ciertos errores. Sin embargo, prefirió servir de auxilio a los flamencos. Al partir, Carlos V le había encargado secundar al cardenal Adriano en su tarea. No sólo se había negado el Consejo Real a toda concesión, sino que incluso había impulsado aún más la represión; a él le cabía una importante responsabilidad en los acontecimientos que habían desembocado en el incendio de Medina del Campo. El Consejo Real aparecía, pues, ante la Junta como un obstáculo en la vía de la reorganización y la reconstrucción del país, sobre todo desde el momento en que la Junta decidió asumir todos los poderes.

Desde el 24 de agosto, la Junta ordenó la confiscación de los bienes de los miembros del Consejo Real y exigió su arresto, pero carecía todavía de la fuerza necesaria para imponer estas medidas[616]. Es bien cierto que Valladolid se había dado a sí misma una administración popular, pero ya hemos visto cómo los notables habían conseguido dominarla. Después de recibir seguridades, los altos funcionarios que habían huido cuando el populacho se apoderaba de sus bienes y amenazaba con atentar contra su vida, regresaron a sus puestos, pero el 7 de septiembre sus amigos les advirtieron del nuevo peligro que corrían. El presidente y algunos de sus colegas abandonaron entonces la ciudad, esta vez de manera definitiva[617]. A los demás, la Comunidad de Valladolid trató de protegerlos o, al menos, de retrasar cualquier acción contra ellos. Fue ella, no obstante, la que desencadenó el proceso que condujo a su eliminación de la escena política. El 11 de septiembre, el cardenal Adriano declaró que proyectaba trasladarse a Navarra para asegurar la protección de esta provincia contra una eventual invasión. La Comunidad de Valladolid transmitió esta información a la Junta acompañándola de un comentario favorable[618]. Dos días después llegó la respuesta de la Junta con instrucciones muy precisas: no se debía autorizar al cardenal Adriano y al Consejo Real a que abandonaran la ciudad; había que prohibir a todos los altos funcionarios que todavía permanecían en la ciudad que se reunieran, decisiones que fueron tomadas por unanimidad, con la excepción del voto contrario de Burgos. Dos autoridades se estaban disputando el poder —añadía la Junta—, una autoridad que se autoconsideraba la autoridad de derecho, el cardenal y el Consejo, y una autoridad de hecho, la Junta. Entre ambas no existía posibilidad alguna de compromiso, y la Junta intentaba poner fin a esta dualidad:

Es ynposible poderse proueer cosa para el bien de los negocios en que estamos sy ay otro Consejo ni manera de governación más de lo que el reyno tiene concertado e probeydo.

La Junta envió a Valladolid a Alonso de Vera, procurador de esta ciudad, para velar por el cumplimiento de las disposiciones y para advertir a los miembros del Consejo de la prohibición de reunirse: debían considerarse desposeídos de sus funciones y prepararse para rendir cuentas[619]. La Comunidad de Valladolid se negó a emprender una acción contra el Consejo, ante lo cual, la Junta envió un nuevo emisario, fray Alonso de Medina, que no tuvo mayor éxito que su predecesor[620]. Valladolid sugirió que dos miembros del Consejo acudieran a Tordesillas a fin de negociar un compromiso con la Junta[621]. La respuesta no se hizo esperar. La Junta quería escuchar a los miembros del Consejo, pero a título personal, no como miembros del Consejo Real:

Convenía primero que vengan suspendidos e no como superiores[622].

Punto de vista que posteriormente se desarrolló extensamente en una segunda carta:

Por muchas cabsas justas que nos mueven para el bien destos reynos, nos paresció y se determinó que todavía se compliese con effeto lo q a vuestras mercedes ya hemos escrito, que en ninguna manera esos señores se junten ni libren a manera de Consejo asta tanto que el reyno provea en saber y averiguar los culpados y se les dé la pena que merecen y los que no tovieren culpa el galardón que es razón. Y porque si la venida de esos señores, como piden, a estas Cortes e Santa Junta fuese como personas de Consejo, sería grand ynconviniente para el abtoridad del reyno que veniesen como superiores o yguales a dar cuenta del cargo e culpas que se presume q tienen, se acordó que después de aver depuesto su oficio que pretenden tener y quedar suspensos del, que vengan a buen ora y por la presente el reyno les asegura e da entera seguridad para su venida y estada y buelta.

La Junta, por tanto, no quería ver en los miembros del Consejo sino personas privadas, desprovistas de toda responsabilidad y de toda autoridad. Un tercer emisario, Francisco de Anaya, trató una vez más de convencer a la Comunidad de Valladolid[623]. Sin embargo, al mismo tiempo que él llegaban soldados a la ciudad[624]. Anaya se mostró mucho más persuasivo que los emisarios anteriores. Gracias a él, la Junta pudo finalmente hacer llegar a los miembros del Consejo el requerimiento del 14 de septiembre:

Requiero al dicho señor arçobispo e a los susodichos e a cada uno dellos estén en esta villa de Valladolid e no salgan della por ninguna manera para ir a Vizcaya ni Guipúzcoa ni montanyas ni a otra parte alguna hasta que por la dicha Junta e por los dichos señores que en ella residen sea mandado lo contrario e que, estando en esta dicha villa, no se junten so color de hacer consejo ni le hagan como hasta aquí lo han hecho, e que estén suspensos hasta que en la dicha Junta se determine lo que cerca desto se deba hacer[625].

Para dar más peso a esta conminación, la Junta envió a Valladolid un pequeño contingente armado, mientras fray Alonso de Medina pronunciaba un sermón particularmente violento:

Hera bien prender éstos del Consejo para que diesen quenta y se supiesen los robos de conprar oficios y beneficios y otros cohechos[626].

Presionada en sus últimos resortes, la Comunidad de Valladolid pretendió todavía liberarse de su responsabilidad. Organizó un referéndum sobre el arresto del Consejo. La votación se efectuó por cuadrillas. Los resultados ponen en claro que la influencia de la Junta distaba mucho de ser preponderante en Valladolid: de entre catorce cuadrillas consultadas, once se negaron a aceptar el principio de las sanciones contra los miembros del Consejo; solamente tres, aunque es cierto que las más importantes, se mostraron de acuerdo con las decisiones de la Junta[627]. Esta votación no sirvió para cambiar nada ya que la Junta se hallaba firmemente decidida a acabar con este asunto de una vez por todas:

Paréscenos cosa muy nescesaria acabar de una vez con estos señores y sacarlos de ay, porque sus maneras de negociar son de diversas maneras perjudiciales a nuestro santo propósito.

Los militares recibieron la orden de poner fin a su resistencia:

A esto fueron los señores capitanes a esa muy noble villa[628].

La operación se llevó a cabo el domingo 30 de septiembre; don Pedro Girón se destacó por su celo en conceder mano dura a los soldados de la Junta. La mayor parte de los altos funcionarios habían huido los días anteriores. Los soldados sólo arrestaron a una pequeña minoría, de entre ellos: el doctor Beltrán, Palacios Rubios, Cabrero, Tello:

Se los lleuaron presos públicamente y les sacaron desta villa con tronpetas y atabales[629].

La eliminación del Consejo Real dejó a la Junta las manos libres para organizar la administración a su antojo. Los sellos del Estado y los registros oficiales pasaron a Tordesillas[630]. Los comuneros no se contentaron con esto. Comenzaron a perseguir a los cómplices de los flamencos, al secretario Alcocer, por ejemplo, a quien se confiscó una suma de 4000 ducados, producto del tráfico con las funciones públicas[631]. Tamaña desventura incitó a los tesoreros a la prudencia. El 11 de septiembre, el secretario del marqués de Villena había pedido a la contaduría que registrara una carta por la que el emperador concedía a su señor una gratificación de un millón de maravedís; los funcionarios se negaron en redondo; por nada del mundo hubieran pagado una cantidad semejante; esto hubiera supuesto firmar su pena de muerte[632]. En efecto, la Junta acababa de publicar un decreto en el que se castigaba con la pena de muerte a quienes en un plazo de treinta días no denunciaran el tráfico con los cargos públicos del cual tuvieran conocimiento[633].

Al mismo tiempo, se abrió una encuesta sobre las finanzas públicas; se requisaron los registros de Vozmediano, contable de los fondos de la Cruzada y de las Órdenes Militares, y se proyectó pedir cuentas por la más ínfima suma enviada a los Países Bajos; se convocó a Tordesillas a todos los funcionarios encargados de las finanzas, con el ruego de que llevaran consigo todos los libros de cuentas y documentos que se hallasen en su poder[634]. El licenciado Bernaldino, brillante abogado en Valladolid, comenzó a instruir los procesos de los prevaricadores. La Junta estaba decidida a poner orden en las finanzas, que habían sufrido fuertes sangrías desde hacía cuatro años. Pidió a las ciudades que vigilaran atentamente los ingresos fiscales y los pusieran a buen recaudo hasta nueva orden:

Cobren todas las rentas reales (…) e asy cobrado no acudan con ellas a persona alguna fasta en tanto que por los procuradores del reyno (…) se determine[635].

Al atacar al Consejo Real, al preparar sanciones contra los funcionarios prevaricadores y al apoderarse de los registros oficiales, la Junta mostraba que estaba dispuesta a actuar como verdadero gobierno del país. A finales del mes de septiembre, comenzó a nombrar a sus primeros corregidores[636]. Los proyectos anunciados en junio, cuando Toledo lanzaba sus convocatorias, habían quedado muy atrás. Entonces no se había hablado más que de examinar la situación y de redactar la lista de reformas a emprender, de proponer reivindicaciones. La Junta se había convertido no sólo en un Gobierno sino también en una asamblea deliberante, pero esta transformación inquietaba a todos quienes fueran de la Junta, o incluso dentro de ella, se negaban a formar parte de una acción revolucionaria.

3. La Junta dividida

La acción contra el Consejo Real y las intenciones confesadas por la Junta pusieron a algunas ciudades en situación difícil. Durante mucho tiempo se habían negado a responder a la llamada de Toledo y a enviar sus procuradores a Ávila. Finalmente, se habían resignado a ello bajo la presión de los acontecimientos, tras el estallido revolucionario subsiguiente al incendio de Medina del Campo y para evitar mayores desórdenes, pero no aceptaban una serie de iniciativas que les parecían cada vez más peligrosas. La Junta de Tordesillas, apenas formada, sufrió en su seno profundas divisiones. Los revolucionarios anhelaban seguir adelante, aprovechar la gran corriente que les empujaba para romper definitivamente con el pasado y con el emperador para constituir lo más rápidamente posible un gobierno insurreccional. Por su parte, los moderados trataban de frenar el movimiento, asustados ante las perspectivas abiertas por los primeros. Unos y otros se enfrentaron a propósito de dos cuestiones: ¿debían devolverse a la reina todas sus prerrogativas políticas?; ¿que papel debía desempeñar la Junta en la vida política del país?

Juana la Loca

La primera cuestión volvía a poner sobre el tapete la solución acordada en 1516 al problema dinástico. Devolver a la reina sus derechos suponía privar a Carlos V de los suyos. El doctor Zúñiga defendió esta tesis jurídica, implícitamente, cuando el 24 de septiembre habló de la reina y del príncipe, su hijo; más exactamente, cuando denunció el golpe de Estado de 1516:

La Junta enbió a dezir a la reyna nuestra señora con el doctor de Salamanca que en mucho preiuizio de su alteza hauía usurpado Vuestra Magestad nombre o título de rey de Castilla[637].

Los primeros decretos de la Junta estaban redactados en nombre de la reina y de las Comunidades, sin mención alguna del rey[638]. Esta decisión provocó un gran debate. Toledo, Madrid y Segovia se mostraron favorables a la reina pidiendo que las actas oficiales continuaran redactándose de esta manera, mientras los procuradores de Valladolid, Burgos, Soria y Toro se negaron a admitir la tesis según la cual Carlos V era un usurpador[639]. Fueron estos últimos quienes finalmente impusieron su punto de vista y los documentos comenzaron nuevamente a ser redactados en nombre de la reina y del rey.

No obstante, los miembros revolucionarios de la Junta no habían perdido todas sus esperanzas. Nadie ponía en duda las prerrogativas que por derecho correspondían a la reina, pero eran muchos los que pensaban que Juana no se hallaba en posesión de todas sus facultades: el hecho de que se hallaba enferma había determinado que, su padre primero y su hijo después, ejercieran el poder en su lugar. Había que demostrar, por tanto, que Juana no se hallaba tan loca como se decía y era necesario cuidarla mejor de lo que se había hecho hasta entonces. Los comuneros hicieron suya con complacencia la tesis de un complot contra la reina. El deseo de apartarla del poder había llevado a hacerla pasar por loca y a mantenerla en prisión desde 1506:

Para quitar la infamia que desto ponen a los reyes don Fernando y don Phelipe, de gloriosa memoria, y también por lo que predican de Vuestra Majestad, con motiuo que no han tenido en esto la diligencia que era necesaria para que su alteza se curase y que la han tenido Vuestra Majestad y los susodichos abuelo y padre presa contra su voluntad en Tordesyllas para que pudiessen reynar, les dixe en mi carta que de balde se hauía fecho todo lo que en tiempo passado se procuró para la salud de su alteza[640].

Fue a causa de que el marqués de Denia formaba parte del complot por lo que habían decidido apartarle y sustituirle por un hombre de confianza, el comendador Quintanilla.

¿Loca, la reina? Id a verla y juzgad vosotros mismos, decían los comuneros a los escépticos. En realidad, las razones expuestas por la reina ante los procuradores el 24 de septiembre no dejaban de ser coherentes, al menos tal como se registraron. ¿Hizo verdaderamente tales declaraciones la reina? ¿No fueron un tanto modificadas antes de difundirlas para utilizarlas como propaganda para la causa comunera? Esto se ha dicho y no sería muy difícil creerlo, dada la identidad de sus declaraciones con los deseos de los comuneros más convencidos[641]. No obstante, lo cierto es que la reina recibía numerosas visitas desde el 29 de agosto: quienes esperaban encontrarse frente a una demente se sentían decepcionados; los fieles del rey se sentían extrañados ante la transformación que se había producido en ella. Juana se demoraba con los visitantes, parecía interesarse por cuanto se le decía, cuidaba de su persona: se lavaba y vestía correctamente. En resumen, estaba prácticamente desconocida[642]. Es bien cierto que a veces recaía en su estado de melancolía y volvía entonces a su costumbre anterior de abandono[643]. No hay duda —decían los comuneros— de que no goza todavía de una salud normal, pero pensamos cuidarla. La Junta encargó incluso a una comisión especial que se preocupara por esta cuestión. Por desgracia, el tratamiento no dio los resultados esperados. Los comuneros más convencidos tuvieron que rendirse muy pronto a la evidencia: la reina no volvería a recobrar completamente su salud mental[644].

Después de todo, decían algunos, aunque la reina no esté plenamente en situación de reinar, siempre podrá hacer tanto como su hijo. ¿Podía decirse, en efecto, que el rey gobernaba? Ciertamente, no. No hacía otra cosa que lo que otros le decían que hiciera:

Ya dizen que [la reyna] no puede hazer menos que vuestra alteza pues que Vuestra Magestad todo lo que ha fecho y haze es por mano de otros, consintiendo y firmando solamente lo que ellos han acordado y que asimismo lo podrá hazer la reina[645].

Por desgracia, la reina se negaba obstinadamente a firmar ningún documento. Los comuneros superaban esta dificultad haciendo que los notarios registraran sus palabras, pero esto no podía ser más que un procedimiento provisional; era imposible gobernar en estas condiciones. En vano se insistió ante ella, sirviéndose de promesas, amenazas. Todo fue inútil. Juana se negaba a firmar. Fue su obstinación la que salvó a Carlos V. De haber firmado su madre, Carlos hubiera perdido el reino[646]. En medio de su decepción, los comuneros pensaron en diversas soluciones, por ejemplo, casarla con el duque de Calabria[647]. Finalmente, la Junta debió renunciar a toda esperanza de oponer la reina legítima a su hijo. Los historiadores que, aún en la actualidad, creen que la reclusa de Tordesillas era una víctima de una maquinación política, consideran que la reina se negó, con pleno conocimiento de causa, a apoyar la revolución en curso. Los comuneros le ofrecían la libertad y el trono, pero luego hubiera tenido que compartir el poder con ellos, es decir, con la burguesía, y en contra de la nobleza, y esto era algo que Juana no podía admitir[648]. Creemos que esto significa otorgar a Juana una extraordinaria inteligencia política. Cabría preguntarse si los mismos comuneros tenían una visión de la situación tan clara y tan moderna. Sin duda, Juana adivinaba confusamente la gran importancia de lo que le pedían, pero creemos que no hasta el punto de sacrificar su libertad a unas ideas políticas. Son demasiados los testimonios que avalan nuestra creencia: Juana no se hallaba en situación de reinar; los comuneros que deseaban más ardorosamente otorgarle el poder hubieron de renunciar a su deseo. ¿No es ésta la mejor prueba de la incapacidad de la reina?

¿Asamblea consultiva o gobierno provisional?

Las iniciativas revolucionarias de la Junta —como ya se ha visto en las páginas precedentes— encontraban una oposición más o menos abierta por parte de algunas de las ciudades miembros de la Junta, especialmente Burgos y Valladolid. Estas dos ciudades presentan numerosas analogías en el movimiento comunero. Ambas se habían unido a la Junta en el último momento y sin entusiasmo; ambas se habían dado una administración municipal —a la que se había dado el nombre de Comunidad para satisfacer el gusto del momento— dirigida por aristócratas o notables cuya principal preocupación era mantener el orden público: el infante de Granada en Valladolid y el condestable de Castilla en Burgos, este último hasta el 8 de septiembre, fecha en la que una gran manifestación le obligó a abandonar la ciudad, sin que esta evicción cambiara en absoluto la situación local[649], ya que después del 8 de septiembre, igual que había sucedido antes, la Comunidad de Burgos permaneció en manos de los notables, que desconfiaban de los movimientos populares, susceptibles siempre de provocar desórdenes y violencias. En fin, Burgos y Valladolid, al entrar a formar parte de la Junta decidieron concertarse y adoptar una actitud común en las cuestiones fundamentales[650]. Como ciudades de gran importancia, ejercían una influencia decisiva sobre otras ciudades pequeñas, bloqueando así las iniciativas revolucionarias de Toledo, Salamanca y Segovia[651].

La discusión se centraba en torno al papel que debía desempeñar la Junta. ¿Debía limitarse a elaborar una lista de reivindicaciones que luego sería sometida al rey o podía decidir ella misma las medidas que debían tomarse para ponerlas luego en práctica? En otras palabras, ¿debía ser la Junta una simple asamblea consultiva sin poder real o, por el contrario, un verdadero gobierno provisional? Desde primeros de septiembre, Burgos adoptó una postura perfectamente definida. Había que atenerse estrictamente a las proposiciones planteadas por Toledo en el mes de junio: ponerse de acuerdo sobre las reformas necesarias y razonables y rogar al emperador que las tomara en consideración[652]:

Entendiessen en lo que se debiera hacer y aquello que fuesse justo y bueno hubiesen de suplicar a Su Magestad lo mandase hacer.

He aquí cuál debía ser el papel de la Junta. Todo lo demás no era de su incumbencia; era asunto de gobierno, y, por ende, de la competencia de las autoridades legítimas, el cardenal Adriano y el Consejo Real. La Junta no estaba cualificada para tomar decisiones en lugar del rey y sus representantes. Su tarea estaba perfectamente definida:

Suplicar a Su Magestad remediase las cosas pasadas y que el gobierno del reyno lo tenga quien quisiere su magestad.

…

Dejasen de entender en las cosas del govierno.

Burgos, pues, expuso claramente el problema y aportó una respuesta clara: asamblea consultiva, sí; gobierno revolucionario, no.

Burgos había elegido. Por su parte, Valladolid se planteó también la cuestión. Su Comunidad pidió a una serie de juristas que les dieran algunas aclaraciones sobre un cierto número de puntos:

1. Sy deven mandar a sus procuradores que sean en quitar los del Consejo o estorvalles que no usen de sus oficios y en pedilles cuenta como lo han vsado, syn embiar primero a suplicar al rey lo aya Su Magestad por bueno;

2. Yten, sy serán en consentir que se mude el título de las provisiones o en aprovallo, no nombrando en ellas al rey sino a la reyna e al reyno;

3. Yten, sy serán en que la Junta provea los cargos de la justicia, e las otras del reyno, asy como tenencias;

4. Yten, sy serán en que tomen las rentas reales e libren e paguen la casa real y todo en nombre del reyno, por comisión de la reyna nuestra señora, syn enbiar al rey sobre ello;

5. Yten, sy porpornán en la Junta que se deve suplicar al rey nuestro señor otorgue al reyno las cosas justas que le deve el reyno suplicar o si aprovarán que, sin suplicárgelo, ellos y el reyno lo manden y provean como les paresciere;

6. Yten, sy deve esta villa enviar personas della a besar las manos a la reyna nuestra señora y a ver su disposición y qué les manda[653].

Los puntos 2 y 6 planteaban el problema de la legitimidad de Carlos V; los puntos 1, 3 y 4 pueden asociarse al punto quinto, que resume toda la discusión: ¿tenía derecho la Junta a sustituir al rey y, por tanto, a constituirse en autoridad soberana y ya no en asamblea consultiva?

Burgos y Valladolid compartían, pues, las mismas preocupaciones, pero en la práctica les separaba un matiz importante: los procuradores de Valladolid votaban siempre, o la mayor parte de las ocasiones, con la mayoría. Se inclinaban ante el hecho consumado. Sin embargo, los de Burgos se oponían habitualmente a las iniciativas revolucionarias de la Junta. Y es que Burgos, tanto antes como después de la evicción del condestable de Castilla, permaneció en manos de los notables y de los comerciantes que la representaban en Tordesillas y que mantenían bien controlada a la población[654]. Por el contrario, en Valladolid, la Comunidad, aunque dirigida por el infante de Granada, debía tener en cuenta la existencia de una fuerte presión popular, estimulada por una parte del clero, los monjes, como fray Alonso de Medina, llegado a Valladolid para predicar en contra del Consejo Real, y por la presencia de los soldados de Padilla. Los procuradores de Valladolid, más comprometidos que los de Burgos, no dudaban en votar como Toledo, sin que la comunidad se atreviera a protestar por miedo a ser expulsada y sustituida por un equipo más radical. La Junta era conocedora de este hecho y aceptaba las reservas de Valladolid, que, por otra parte, se expresaban discretamente y no tenían consecuencia. Sin embargo, se irritaba ante la obstrucción sistemática de Burgos, que si bien no suponía un grave obstáculo al permanecer aislada, impedía al movimiento presentarse como manifestación unánime de la voluntad nacional. Esto era lo que la Junta reprochaba a Burgos el 20 de septiembre[655]:

Nosotros pensábamos que, venidos los procuradores de vuestras mercedes, todas las cosas se habían de probeer en mucha conformidad. Bien creemos, segund sus presonas son, que si vuestras mercedes les diese libertad, que harían lo que todos hacemos. Pero como de allá se les escribe cada día en contrarío de lo que acá se haze, no deben poder hazer menos. Y no enbargante que lo que toca a los del Consejo el reyno lo tiene probeydo como le pareció, sin boto dellos, tenemos por cosa muy recia que entre nosotros aya ninguna disconformidad, la qual antes que estos señores, vuestros procuradores, beniesen, nunca ovo. Pedimos por merced que vuestras mercedes deys horden como esto se enmiende de aquí adelante, porque tenemos por cosa muy grave que una cibdad sola, por prencipal que sea, contradiga lo que todo el reyno provee y haze. Y por esto ay necessidad que vuestra merced les ynbie poder bastante para botar e determinar en todas las cosas, porque [de] otra manera probeerse ha sin ellos.

Por esta carta podemos comprobar que fue el asunto del Consejo lo que hizo crecer la tensión. El 21 de septiembre, algunas horas después de la votación decisiva, los procuradores de Burgos analizaron la situación. Este estado de cosas —escribían— no podía durar. La Junta acababa de votar la revocación del Consejo, a pesar de la oposición de Burgos. No se trataba simplemente de un episodio aislado:

Cada ora, a nuestro ver, ay cosas de mucha novedad.

Su misión había dejado de tener objeto, dado que la Junta ostentaba el poder de hecho:

En esta santa Junta, no se piensa de proceder por aora por obra de suplicación sino en hazer de hecho y remediar el reyno de los daños pasados por el mal govierno.

Era necesario sacar las consecuencias oportunas:

Si estas instruziones nos tornan a embiar y nos mandan que no pasemos dellas, luego lo propornemos por escrito en Junta y lo requeriremos y, esto hecho, nos podemos bolber allá, que acá no habrá qué hazer sino estar por testigos de lo que los otros hazen. Y piense vuestra merced que lo que queremos pedir por vía de suplicación al rey nuestro señor, la Junta lo querrá hazer de suyo; y éste es su principal propósito y fin.

Hasta aquel momento Burgos, al menos públicamente (en lo público) aparecía solidaria de la Junta. Parecía haber llegado el momento de separarse de ella[656].

Sin embargo, la ruptura no se produjo todavía. ¿Fue quizá porque Burgos recibió seguridades? No; ciertamente la Junta no había renunciado a jugar el papel de gobierno revolucionario, pero las decepciones que estaba sufriendo por parte de la reina le impulsaron a hacer una concesión importante, al menos en apariencia. Convencida de que nada podía esperarse de Juana, la Junta se volvió hacia la persona de Carlos V. Así se decidió que una delegación iría a exponerle los fines y las reivindicaciones del movimiento[657]. Burgos naturalmente aprobó esta medida que siempre había deseado y de la que esperaba mucho: a saber, que el rey tuviera en cuenta las observaciones que se le iban a presentar, con lo cual los revolucionarios perderían su influencia; de este modo las cosas volverían a su cauce poco a poco. La Junta, por su parte, sustentaba el razonamiento opuesto: al aceptar las proposiciones de las ciudades, el rey se convertía en su prisionero. Por razones opuestas, Burgos y la Junta concedieron una importancia decisiva al éxito de esta misión. Para Burgos se trataba de poner fin a la revolución; para la Junta de darle la consagración definitiva por la capitulación del rey. Por lo demás, los acontecimientos iban a hacer perder todo interés práctico a esta discusión. La delegación de la Junta no sería recibida por el rey[658] y en Castilla la situación iba a evolucionar rápidamente, a partir del mes de octubre, introduciendo una modificación en la relación de fuerzas.

II. —LA RECONSTRUCCIÓN DEL PODER REAL

El 31 de agosto, el poder real, aislado, desarmado, parecía a punto de desaparecer. El cardenal Adriano, que representaba la legitimidad, se hallada descorazonado. Envió a la Corte un mensajero extraordinario, Rodrigo Niño, encargado de hacer al rey una exposición detallada de los acontecimientos. De su propia mano añadió en francés a la carta de credenciales:

Señor, las cosas de acá son mucho más graves y dañadas de lo que le escribo en mis cartas. Le suplico que oiga con toda confianza al mensajero[659].

Desde hacía tres meses, con valentía y lucidez, el cardenal no cesaba de llamar la atención del emperador acerca de la gravedad de los acontecimientos que estaban ocurriendo en Castilla. Los errores cometidos, las promesas violentadas habían impulsado al reino a la revuelta. Sólo si se adoptaban medidas radicales y de manera inmediata podría salvarse el trono de Carlos V. Finalmente, en septiembre, y después de mucho dudar, la Corte se decidió a adoptar estas medidas. Gracias a ellas y al miedo a la subversión social, se iba a modificar la relación de fuerzas y en el lapso de sólo algunas semanas se iba a producir la restauración del poder real sobre una parte del territorio.

1. La reorganización del gobierno

La corte recibió con gran inquietud las noticias procedentes de Castilla. Los españoles, primero el duque de Alba y luego, tras su llegada, Fonseca, el general cuyo desafortunado ataque contra Medina del Campo había precipitado los acontecimientos, comenzaron a urgir al rey a que regresara a España. Chièvres se mostró partidario de atenerse al programa establecido de antemano, reacio como era a hacer concesiones a los rebeldes. Violentas discusiones opusieron a los flamencos y españoles[660]. El nombramiento de un extranjero al frente del Gobierno, los impuestos votados en La Coruña y el aumento de las alcabalas habían servido para convertir el descontento general en rebelión abierta justificando además la reunión de la Junta. Durante el verano, la corte había cedido sobre el servicio y los encabezamientos[661]. Al parecer, pues, para desarmar a la oposición no era necesario sino ceder y darle satisfacción sobre el primero de los tres puntos que acabamos de citar. El 14 de septiembre, el Consejo Real aconsejó al emperador que asociara a un castellano a la labor de gobierno que desempeñaba el cardenal Adriano[662]. Cuando esta sugerencia llegó a su destinatario, Carlos V había tomado una decisión. El 9 de septiembre, designó al almirante y al condestable de Castilla para dirigir el país, junto al cardenal Adriano, que era conservado en su puesto. El día 21, Lope Hurtado llegó a España con este decreto[663].

El gobierno, reorganizado de este modo, recibió nuevas instrucciones. Se le recomendó instalarse en Valladolid, o si no, lo más cerca posible de Tordesillas. En efecto, la tarea más urgente era la de liberar a la reina. Una vez se hubiera conseguido esto, los virreyes reunirían las Cortes y procurarían disolver la Junta ejerciendo presiones sobre las ciudades en ella representadas. La Corte ignoraba todavía que la Junta se había instalado en Tordesillas y que invocaba la autoridad de la reina, pero había previsto esta eventualidad. Las instrucciones dejaban entonces a los virreyes el cuidado de tomar las medidas más adecuadas: ¿evitar la reunión de las Cortes?, o ¿convocarlas en Tordesillas, en nombre del rey y de la reina? Estas vacilaciones dan fe de la inquietud de la Corte ante el pensamiento de que los rebeldes pudieran restablecer las prerrogativas de Juana. Por lo demás, las instrucciones confirmaban las concesiones anteriores: renuncia al servicio de La Coruña y vuelta al sistema de encabezamientos. Un último artículo recomendaba a los virreyes que pusieran la máxima atención sobre la Inquisición: no se debía introducir ninguna modificación en el procedimiento en vigor[664].

Este programa, francamente pragmático y realista, se veía, sin embargo, dificultado en su aplicación por el hecho de que el rey limitaba estrechamente los poderes de sus representantes[665]. Los nombramientos para los cargos públicos y los beneficios eclesiásticos quedaban reservados para la Corte; no podía realizarse gasto alguno, salvo en caso de fuerza mayor, sin previa autorización; los virreyes no estaban cualificados para conceder el perdón a los rebeldes y, finalmente, cualquier acta de Gobierno debería llevar la firma de dos de los virreyes, por lo menos, so pena de nulidad. En lugar de conceder plena libertad a los virreyes para estudiar la situación y actuar en función de las circunstancias, la Corte parecía complacerse en multiplicar las limitaciones, las excepciones y las prohibiciones. Toda decisión importante debería además ser objeto de un intercambio de correspondencia complicado por la lentitud del correo. Esto suponía condenarse desde el principio a situarse siempre en retraso frente a los acontecimientos. El cardenal protestó, reclamando plenos poderes:

Por gracia de Dios, nuestra condición es tal que tarde o nunca hazemos provisión que pueda aprovechar con tiempo[666].

Todo fue en vano: los rebeldes tomaban a broma a estos virreyes que carecían de poderes:

Pregonan que tenemos poder para castigar y no para gratificar a nadie[667].

Posiblemente, el nombramiento de dos castellanos al frente del Gobierno hubiera podido variar el curso de los acontecimientos si se hubiera realizado antes. Pero en el mes de septiembre la Junta había llegado demasiado lejos como para retroceder. Rechazó a los nuevos virreyes igual que había rechazado al cardenal Adriano y no vio en el decreto del 9 de septiembre sino una maniobra de los flamencos o al menos de sus cómplices Mota, García de Padilla y Cobos, que lo habían refrendado. La Junta conminó al condestable a que no hiciese uso de los poderes que acababan de otorgársele[668]. Como comprobaremos, el hecho de que las personalidades elegidas perteneciesen a la alta nobleza debió parecerles inquietante a los miembros de la Junta. En cuanto al cardenal, no se hallaba molesto por tener que compartir sus responsabilidades con dos nuevos colegas, pero se mostró escéptico ante la eficacia de unas medidas que se habían tomado con tanto retraso. El almirante se encontraba en Cataluña y no se tenían noticias de él. El condestable, retirado en sus posesiones, en Briviesca desde su expulsión de Burgos, aceptó sin reticencias sus funciones, aunque preguntándose cómo podría cumplirlas. Carlos V deseaba que los virreyes residieran en Valladolid, pero tal cosa era imposible:

Yr allí era meterse en prisión como estaua el cardenal y Consejo.

El condestable decidió, pues, permanecer en Briviesca. Sus planes eran reunir un pequeño ejército y entrar en Burgos, en caso necesario por la fuerza. Entonces, el cardenal y el Consejo podrían unírsele allí[669].

Por otra parte, era necesario que el cardenal Adriano tuviera libertad de movimientos, lo que por el momento no sucedía. Los comuneros, es interesante subrayarlo, nunca habían atacado al cardenal. Siempre habían tenido hacia él consideración, no a causa de sus funciones, que siempre habían puesto en entredicho, sino en razón de su honestidad y de sus buenas cualidades. Sabían que él no tenía responsabilidad alguna en los abusos cometidos que habían provocado la revuelta; incluso, con frecuencia, el cardenal había denunciado con severidad estos abusos en su correspondencia con el rey. Los comuneros eran conscientes de esto, y así como denigraban a los flamencos, y muy especialmente a Chièvres, nunca habían condenado al cardenal Adriano. Únicamente se le reprochaba —aunque en el fondo era lo esencial— el que fuera extranjero y, por ende, que a pesar de serlo ocupara un cargo de autoridad en Castilla. La Junta atacó violentamente al Consejo Real, le conminó a dispersarse e incluso arrestó a algunos de sus miembros. Aparentemente ignoró al cardenal Adriano hasta un día del mes de octubre, en que un notario le advirtió que no interviniera en adelante en los asuntos del país:

Por parte de la mesma Junta se me ha presentado por escrivano un requerimiento para que, ni solo ni con otro, no me entremeta ni entienda más en la gouemación destos reynos[670].

Tal advertencia se hizo cuando los miembros de la Junta conocieron el nombramiento de otros dos virreyes. Desde hacía unos días el cardenal había decidido marchar de Valladolid. La expulsión del Consejo Real no le dejaba elección. Aislado y vigilado, ya no podía actuar con plena independencia. Sin embargo, le repugnaba la idea de una marcha precipitada, que podría parecer una huida. El día 1 de octubre, acompañado del nuncio y de los obispos de Lugo y Oviedo, abandonó su casa a pleno día y se puso en camino. El pequeño grupo que formaban —ciento cincuenta personas según Sandoval— no podía ir muy lejos. Las puertas de la ciudad estaban cerradas; era preciso parlamentar. La noticia se extendió y muy pronto acudieron tres mil soldados a cuyo frente estaban don Pedro Girón y Juan de Padilla. Con cortesía pero también con firmeza. Girón rogó al cardenal que no abandonara la ciudad. Nada pudo hacer éste sino dar media vuelta:

Y assy me stoy aquá, más con prisión que con libertad[671].

La prueba, pues, había sido hecha. La Junta no aceptaría que el cardenal abandonara Valladolid a menos que asintiera a residir en Tordesillas y, naturalmente, sin poderes. El cardenal, entonces, decidió salir de la ciudad al precio que fuese. No podría hacerlo con la cabeza alta como había sido su deseo. Tuvo que resignarse a la huida, una huida cuidadosamente preparada. El lunes 15 de octubre, a las nueve de la noche, disfrazado y acompañado únicamente por su capellán, el cardenal Adriano salió furtivamente de Valladolid. Dos mulas esperaban a alguna distancia de la ciudad; al día siguiente por la mañana, a las siete, los fugitivos llegaron a Medina de Rioseco[672].

2. Burgos contra la Junta

Ejercer presión sobre las ciudades representadas en la Junta, tal era la tarea que las instrucciones del 9 de septiembre encomendaban a los virreyes. El campo comunero contaba con bastiones sólidos: Toledo, Segovia y Salamanca, pero también tenía sus puntos débiles: Burgos y Valladolid. El poder real salió triunfante en Burgos pero fracasó en Valladolid.

Ya nos hemos referido a los puntos en los que Burgos disentía de los restantes miembros de la Junta. El desacuerdo estaba menos en el carácter de las reivindicaciones a presentar que en la manera de conseguir que se atendieran, cuestión formal que encubría el debate de fondo: reformas concedidas o impuestas, conquistadas; respeto por el orden político tradicional o revolución. Burgos se atenía a estos principios: La Junta propone, y el rey decide en último término y gobierna. La mayoría de la Junta pensaba de otra manera: la Junta no implora nada; exige e impone su voluntad al rey. El 18 de octubre Burgos expuso una vez más su postura, insistiendo en la necesidad de dar marcha atrás. ¿Acaso no había obtenido la Junta satisfacción en los puntos esenciales que se había propuesto en un principio? Tras haber cedido sobre el asunto del servicio y los encabezamientos, Carlos V acababa de nombrar dos virreyes castellanos; obstinarse en continuar adelante suponía —según Burgos— exponerse a perderlo todo. El condestable estaba reuniendo tropas para marchar sobre Tordesillas[673]…

La Junta respondió justificando su actuación en el pasado y avanzando todavía más en la vía de la revolución. Ciertamente, ella se había salido del papel que se había previsto para ella en un principio. La situación así lo exigía. ¿Es que era posible confiar en los culpables —el Consejo Real— para reparar los errores que habían cometido? ¿Los nuevos virreyes? Carlos V los había nombrado sin consultar al reino y, por tanto, eran inaceptables:

No creemos que su alteza aya proveydo cosa de nuebo acerca de la gobernación destos reynos, pues la cavsa de los daños pasados fue proveerla syn comunicarla con ellos[674].

Vemos con toda claridad qué es lo que deseaba la Junta. Pretendía todo el poder, comprendido el de designar (o al menos ser consultada) los gobernantes.

Burgos y la Junta hablaban idiomas distintos. Había que darse cuenta de esto. Desde hacía un mes. Burgos mantenía conversaciones con el condestable. ¿Qué pedía Burgos? En el fondo, lo mismo que la Junta, pero sin su insolencia. El Consejo Real no se equivocaba al respecto: ¿había que adoptar su programa para combatir a la Junta[675]? El condestable veía las cosas de distinta manera. Lo importante era conseguir a cualquier precio que Burgos se separara de la Junta:

Cobrar a Burgos de cualquier manera que sea.

Tampoco perdía el tiempo en discusiones. Concedía cuanto se le pedía. Siempre se podrá más tarde recuperar todo lo que se ha dado —escribía cínicamente al emperador—. No obstante, en el último momento un incidente retrasó la conclusión del acuerdo. Burgos pretendía que se le dieran garantías: el condestable tenía que comprometerse personalmente a conseguir del emperador la confirmación de todos los acuerdos pasados. Hasta tanto se produjera esta confirmación, el condestable entregaría a dos de sus hijos en calidad de rehenes y cedería en prenda una de sus fortalezas. Asimismo, debía abstenerse de hacer uso de sus poderes de virrey hasta que la Junta no hubiera respondido a la orden de abandonar Tordesillas y de no intervenir en lo sucesivo en el gobierno del país. Si la Junta se negase, entonces Burgos pasaría a combatirla con todas sus fuerzas[676][677]. Decidido a terminar con el asunto, el condestable firmó el 19 de octubre, pero tuvo la precaución de redactar una nota secreta para liberarse de toda responsabilidad. Así, el 1 de noviembre hacía su entrada en Burgos[678]. La ciudad había cambiado de bando. El condestable había cedido en todos los puntos, aunque no pensaba mantener ninguna de sus promesas[679]. ¿Se trataba acaso de un juego de engaños? Los burgaleses, por su parte, no buscaban más que una salida honrosa, separarse de la Junta sin dar la impresión de haber traicionado al movimiento comunero. Además, era importante conseguir el mayor número posible de concesiones para poder demostrar que esta táctica era más positiva que la de la Junta. ¿Quién había llevado a cabo las negociaciones del 20 de octubre? Por parte del condestable se había encargado de ellas el doctor Zumel, el mismo procurador que en las Cortes de 1518 había expresado con tanta elocuencia la protesta del reino contra el dominio de los flamencos. Sus interlocutores fueron todos los hombres de orden. En efecto, hacía tiempo que la Comunidad de Burgos estaba dominada por la burguesía comerciante:

Se hacía todo a gusto de los ricos, escribía Maldonado[680]. A comienzos del mes de octubre la Junta intentó variar la situación e instalar en Burgos un equipo menos sumiso a los notables. El licenciado Urrez debía provocar tumultos en la ciudad y abrir las puertas al obispo Acuña, quien, al frente de un pequeño grupo esperaba no lejos de allí. Pero la operación fracasó, Urrez fue hecho prisionero y Acuña tuvo que marcharse precipitadamente[681]. El condestable encontró, por tanto, interlocutores llenos de buena voluntad: toda la gente principal, es decir, fundamentalmente los grandes comerciantes y sus mandatarios: Francisco de Mazuelo, Pedro de Oña, Diego López de Soria, Pedro de Cartagena, Antonio Sarmiento, Juan de Rojas, Pedro Orense, etc[682]. Por su parte, la Junta sabía muy bien a quién correspondían las responsabilidades. Tras consumarse la ruptura, los soldados comuneros la emprendieron sin miramientos contra los comerciantes burgaleses y sus bienes. En contrapartida, el condestable pidió al emperador que se tratara a estos mercaderes con la mayor benevolencia en razón de los servicios prestados:

Ellos han pasado mucha fatiga por lo que toca a seruicio de Vuestra Majestad en esta cibdad y fuera della[683].

Disponemos de un testimonio directo acerca del estado de ánimo de los notables burgaleses en octubre de 1520: una carta de Francisco de Mazuelo —uno de los principales artífices de la renuncia de la ciudad— escrita muy posiblemente entre el 10 y el 15 de octubre, en el momento en que se discutían acaloradamente los términos del acuerdo[684]. En una forma un tanto deslavazada Mazuelo exponía en ella la dificultad en que se encontraba para hacer entrar en razón a un populacho apasionado, sobreexcitado por la propaganda de los comuneros. El tono familiar y algunas expresiones empleadas al referirse a la duquesa de Frías, esposa del condestable (mi señora, yo soi el que predico la ley de los dos, etc.) o al conde de Haro, hijo del condestable, permiten suponer que Mazuelo debía ser un criado del condestable, un hombre devoto del clan de los Velasco. El momento, escribía Mazuelo, era grave:

Burgos está ardiendo.

El enemigo se dedicaba a difundir opiniones contagiosas, que enficionan el aire. En Burgos se había conseguido hacer entrar en razón a los exaltados; era importante aprovechar el momento y no esperar a que la situación se deteriorase:

Pues tan bien está barbechado, mande senbrar y dexese Vuestra Señoría de otras razones.

Sin embargo, los notables encontraban dificultades para imponer su punto de vista; algunos burgaleses insistieron para que se añadiera un punto sobre la Inquisición (lo de la Ynquisición como en Aragón) en el texto de los acuerdos que se habían de concluir con el condestable. Tras una larga discusión, esta proposición no fue tenida en cuenta. Otra adición sugerida era esta:

El proceder contra los procuradores y otras personas que no se nonbran.

Se trataba de una acusación contra los procuradores en las Cortes de La Coruña, culpables de no haber hecho nada, bien al contrario, por defender los intereses del reino. Más adelante, Mazuelo enumeraba a los demás personajes a los que se había acusado: Chièvres, el obispo de Palencia, Pedro Ruiz de la Mota, Le Sauvage, La Chaux, Cobos, el secretario Villegas. Transijamos —proponía Mazuelo—; demos satisfacción al pueblo en lo referente a los procuradores y con respecto a los demás, digamos que se abrirá una encuesta. De hecho, esta fue la solución a la que se llegó en definitiva. El texto de los acuerdos exigía el castigo de los procuradores, pero no se mencionaba a los ministros ni a los altos funcionarios. Sin embargo, se introdujo un párrafo sobre los autores del incendio de Medina del Campo: Fonseca, Ronquillo, Gutierre Quijada. Una concesión más a la opinión pública.

Más adelante, Mazuelo preguntaba al condestable: ¿Todas estas concesiones, estas exigencias, os parecen excesivas? ¿Qué diríais si conocierais algunas otras?, esta, por ejemplo:

Que ningún realengo fuese a jurisdición de señorío. ¡Razonable fuera esto para la casa de Velasco!

—¿Y sabéis quien ha propuesto esto? —seguía Mazuelo—. Una vecindad generalmente devota del condestable. Naturalmente, Mazuelo rechazó esta sugerencia:

Échela [la vezindad] con todos los diablos, aunque hera de las principales, y dixe a la clara que no quería concierto por vn solo Dios.

Tales eran las ideas que cundían en las vecindades, en las reuniones públicas a las que se invitaba a los habitantes de las diversas parroquias de Burgos. Después de muchas discusiones, las once vecindades acabaron aprobando el principio y las bases del acuerdo con el condestable y el poder real. En seguida se pediría a las demás ciudades y a la Junta que aceptaran también este acuerdo. Pero —añadía Mazuelo una vez más— era preciso aprovechar estas buenas disposiciones si se quería poner fin a la fiebre revolucionaria. Aquí insertaba una curiosa comparación con el arrianismo y el Islam:

E miedo que no sea lo de Arrión que al principio no pusieron otra cosa syno aver división entre la persona del Padre y del Hijo y ser cada vna por sí, al modo de natura vmana, negando el Espíritu Santo, y de aquí vinieron a del todo adorar ydolos y no creer ninguna [cosa?] de sustancia del Padre ni del Hijo, y así quedaron sin ninguna creencia. Y así creo que pues tienen la reyna, no sé a lo que procederán [los comuneros]. Artos pensamientos pueden nazer dello, sy Mahomad en su principio fuera perseguido, pues lo comencé con espada y pocas letras y menos fundamento de fee, todo fuera ligero de atajar. Y miren que este fuego se enciende en el zemiento y anda en el sobrado; no acave de subir al tejado. Todos dizen que creen en Dios, cristianos y moros, y asi me parece que haze esta gente, que también dizen: Biba la reyna y el rey, y los otros otro tanto, sino que cada vno ba por diversos caminos.

La exposición es un tanto confusa, pero no resulta difícil reconstruir el razonamiento: igual que los arríanos, los comuneros habían comenzado por separar al rey de su pueblo. Poco a poco el mal se iba agravando y si se les dejaba actuar libremente pronto desaparecería la monarquía: ninguna creencia. Resultaba mucho más fácil extinguir el incendio ahora que estaba en sus comienzos. Los musulmanes y cristianos, ambos afirmaban creer en Dios, pero no hablaban del mismo Dios. Tanto los comuneros como sus enemigos hablaban de la monarquía, pero ¿tenían la misma idea sobre ella? Terminemos con ello lo más rápidamente posible —proseguía Mazuelo— antes de que la Junta tenga tiempo de afirmarse, antes que envíe al rey sus propias reivindicaciones; si el rey las aceptara, no podía excluirse que la Junta reconociese la autoridad de los nuevos virreyes, aunque aquélla desconfiaba de la alta nobleza: no los querrían tan grandes. Había que actuar, pues, con mayor rapidez que la Junta. Esta tenía aliados, pero Burgos constituía un elemento muy importante. Dependía de la habilidad del condestable que esta ciudad accediera a cambiar de bando; y la retirada de Burgos de las filas de la Junta acarrearía la de todas las demás ciudades del reino.

Estas consideraciones, expresadas tumultuosamente, traducían una inquietud auténtica. Los notables de Burgos se mostraban preocupados del cariz que estaban tomando los acontecimientos y del que podrían tomar en el próximo futuro. Los tiranos de la Junta habían hecho circular ideas peligrosas, subversivas. ¿Quién sabía cómo acabaría todo y si es que acabaría? De ahí la prisa por poner fin al problema antes de que el contagio socavara las estructuras de la sociedad. Era, en realidad, un reflejo de autodefensa el que impulsaba a las clases dirigentes de la ciudad de Burgos a aproximarse a la monarquía.

En el ánimo de quienes los habían firmado, los acuerdos de Burgos debían servir de modelo a las demás ciudades representadas en la Junta con el fin de facilitar su alineamiento junto al poder real. Se trataba de poner fin al movimiento insurreccional comenzado tras la clausura de las Cortes de La Coruña. Los notables de Burgos y el condestable esperaban que estos acuerdos servirían para minar inmediatamente la influencia de la Junta. Pero no fue así. Valladolid, a la que se esperaba convencer en primer lugar, se iba a convertir, fruto de la intensa propaganda de los comuneros, en el más sólido sostén de la Junta. Las presiones ejercidas por Burgos y por el condestable quedaron, pues, sin efecto. El 14 de noviembre, el condestable hubo de reconocer su fracaso. Aparte de Burgos ninguna otra ciudad se había separado de la Junta.

La Junta había organizado un ejército para hacer frente a cualquier tentativa de tomar represalias contra alguna de las ciudades:

Mas como a la mañana amanescía sereno y a la tarde estaua nublado, ni quisistes ayudarnos ni que os ayudásemos[685].

Burgos estaba recogiendo ahora los frutos de su oportunismo. La Junta no se equivocaba al afirmar que Burgos no hubiera podido obtener tantas concesiones del condestable a no ser por la intransigencia de la Junta y al precio de una traición:

Agora en pago de todo esto repreendeys las cosas pasadas y hechas por nosotros y dezis que estays concertados con el señor condestable.

Por otra parte, estas concesiones no tenían ningún valor:

Las libertades del reyno son aquéllas que aquí se han acordado (…) y no las que vosotros ay ordenays, porque aquí es la Junta general del reyno donde está la reyna, nuestra señora, y los procuradores de todas las ciudades[686].

Por otra parte, la Junta creía conocer a los responsables de la traición de Burgos. En su actuación sólo había influido el deseo de defender sus intereses personales. Tarde o temprano, Burgos reconocería su error y volvería nuevamente a asumir la defensa de los intereses generales del reino. Vemos aquí esbozada la táctica que tan buenos resultados iba a dar a la Junta en Valladolid: frente a los intereses particulares (personas particulares), hostiles a la Junta, apelar a las capas populares de la población, a la Comunidad:

Vuestra comunidad tenemos por cierto que se juntará con nosotros e con el bien común que procuramos.

La Junta no tenía intenciones de continuar una polémica con los dirigentes de Burgos, que no representaban a nadie más que a sí mismos:

Creemos que vuestras cartas no proceden ni vienen de la comunidad desa cibdad, no queremos maltratar a los ynocentes e hombres sin culpa a quien hauemos de yr [a] ayudar e fauorescer.

En cuanto al condestable, la Junta confesó que si el rey le hubiera designado como virrey desde el momento de su partida de La Coruña, se hubieran evitado muchos abusos. Ya era demasiado tarde; la situación era muy distinta. El reino estaba dispuesto a tomar sus responsabilidades y mantener al margen a los Grandes:

Conbiene que (…) no gane ningún Grande gracias con nosotros ni alce sus estados, como dize que hará, que basta lo que tiene tomado de la corona real sin que la acaben de disipar y destruyr.

Desconfianza respecto a los Grandes y afirmación del papel del pueblo, de las Comunidades, tales eran las dos ideas con las que finalizaba la Junta esta carta en la que se reconocía formalmente la ruptura con Burgos.

A esta carta respondió Burgos el 11 de noviembre denunciando nuevamente los excesos de la Junta[687]. Ya conocemos los puntos esenciales de esta argumentación. La Junta hubiera debido contentarse con estudiar un plan de reformas para ser sometido posteriormente al rey; no deberían haberse atribuido un poder soberano ni secuestrado a la reina, enferma e incapacitada para reinar, ni haber disuelto el Consejo Real. En definitiva, no hubiera debido comportarse a modo de una institución soberana en materia política:

Como si nunca houiese memoria de nuestro rey, no ynpedido y tan justiciero como Dios, demás de ser el mayor del mundo, por su infinita misericordia nos le ha dado.

Era ésta una afirmación de lealtad absoluta hacia Carlos V, al que la Junta pretendía excluir del trono o, por lo menos, privar de todo poder efectivo. ¿Qué buscaba la Junta? ¿La República? Si esta palabra no figuraba expresamente en la carta de Burgos, no cabe duda de que la idea quedaba apuntada:

Bien mirado, poco más se hizo quando Roma lanzó de sí sus soberbios reyes.

En cuanto al problema de fondo, Burgos se limitaba a devolver la moneda a la Junta. No era Burgos quien había cambiado:

Nosostros nunca fuymos mudables de aquello en que primero nos determinamos, que es para solamente el suplicar.

A los ojos de Burgos, si alguien había cambiado era realmente la Junta:

Donde, señores, os hazían procuradores que ayan fecho cosa que toda nuestra ciudad no la quiera.

En cuanto al párrafo en el que la Junta ponía en duda la representatividad de los dirigentes actuales de Burgos y apelaba a la Comunidad, Burgos replicaba con una acusación idéntica:

De una cosa estamos bien ciertos, que ni creemos que los que assí en esa Junta haueys excedido ni en esta carta que agora nos escríuistes (…) ni la antes désta, que ninguna dellas ha hemanado de la voluntad de los señores que os embiaron.

A continuación se hacía una larga crítica de la actuación de la Junta y de sus apóstoles, clara alusión a los monjes que se habían constituido en propagandistas del movimiento:

Esos gatos religiosos debríades, señores, quitar de entre vosotros, que es una causa de sembrar entre nosotros esta cizaña o vollicio y tan desvergonzadamente y sin ningún temor pedrican cosas falsas y que no se deuen permitir. Tan escandalosos omecidas querríamos que llegasen por estas partes para el tema de sus sermones en ellos executar.

Según Burgos, habían sido los monjes los responsables de que se produjera una escisión en el campo comunero; entre ciudadanos civiles hubiera sido posible entenderse respecto a proposiciones razonables, pero los monjes habían envenenado el ambiente. El principal reproche que Burgos hacía a la Junta era el haber pretendido usurpar los poderes del rey. ¿Se puede concluir, acaso, que la soberanía de la Junta respondía a una idea impuesta por los monjes? Señalemos, que al tratar sobre este punto, en la carta de Burgos se utilizaban violentas expresiones contra los monjes:

Estos tales, como animales dañados de mal contagioso, os yrán dañando. Bien creemos la pesquisa andará tras ellos e presto serán desarraygados estos falsos apóstoles, sombra de los que han de ser del Antecristo. Es mucho de mirar si son humanos, sabiendo su naturaleza de cada uno, porque es de presumir que son los mismos demonios que andan en figura de hombres.

¿Podía considerarse definitiva la ruptura entre Burgos y la Junta? Ya hemos visto cómo la Junta no desdeñaba la posibilidad de conseguir que la Comunidad de Burgos se sublevara contra sus dirigentes. Los acontecimientos de noviembre en Valladolid demostrarían que esto no era una simple bravata. Todavía el 28 de noviembre, el condestable no se atrevía a abandonar la ciudad por miedo a que los comuneros intentaran llevar a cabo un golpe de mano consiguiendo de nuevo una coyuntura favorable para sus intereses. Esta amenaza no dejaría de cernirse sobre Burgos hasta el momento de la derrota definitiva de la Junta. Sin embargo, nada grave se produjo en este sentido y la defección de la principal ciudad del norte de Castilla fue una fuente constante de inquietud para las filas comuneras.

3. Valladolid contra el poder real

Los sectores dirigentes de la ciudad de Valladolid no mostraban menor inquietud que los de Burgos ante la actitud cada vez más revolucionaria de la Junta de Tordesillas, pero se comportaron más prudentemente, ya que la expulsión de los miembros del Consejo Real y la huida del cardenal Adriano habían disminuido considerablemente su influencia. Añadiremos que la ciudad de Valladolid no se hallaba en una situación muy favorable para discutir con la Junta, debido a que sus mismos procuradores se mostraban como fervientes adeptos a cuanto se decidía en Tordesillas. Era una situación nada fácil de mantenerse. El día 6 de octubre, la junta local de Valladolid decidió ponerle fin. Así, destituyó a Alonso de Vera, el frenero, uno sólo, ciertamente, de los procuradores, pero el más revoltoso, el más ardiente devoto de las ideas de la Junta general[688].

La protesta de la Junta de Tordesillas fue fulminante. Primero por cuestiones generales: este cambio en la representación de una ciudad provocaba numerosos inconvenientes. Alonso de Vera realizaba su cometido de manera conveniente. Era muy estimado entre sus colegas:

También nos paresce que le hazen vuestras mercedes agravio en quitar un hombre que tiene tan buen zelo e yntención a la cosa pública syn legítima cabsa.

Pero el razonamiento esencial era otro: ¿por qué se había destituido a Vera? Valladolid no había considerado necesario hacer públicas sus razones, pero los letrados de la Junta, tras estudiar a fondo la cuestión, habían llegado a la conclusión de que esta revocación no tenía valor jurídico. Efectivamente, Vera había sido elegido procurador por un electorado muy amplio: el municipio, los delegados de los barrios y una asamblea popular (justicia e regidores y diputados e hasta multitud de honbres buenos de la comunidad). Únicamente quienes lo habían elegido podían revocar este mandato de representación. La destitución de un procurador era algo muy grave como para que se confiara a elementos irresponsables y posiblemente malintencionados:

Tanbién nos paresce que una cosa tan sustancial como es remover un procurador de Cortes, ques razón que se haga con voluntad de toda la villa y no de personas particulares que con algún odio se muevan a hazer esta mudanza.

En consecuencia, era necesario consultar al pueblo:

Pedimos por merced a vuestras mercedes que desta carta y de la voluntad que teneys deys cuenta y se lea a todas las quadrillas y que lo que se oviere de hacer sea con mucha conformidad de toda la villa, porque de otra manera no podría ser sino recrecerse materia de mucho escándalo y desasosiego.

Era el pueblo, consultado en sus asambleas o cuadrillas, quien debía constituirse en juez de esta cuestión. Además, todos los procuradores de la Junta de Tordesillas habían sido elegidos por asambleas populares y la Junta no veía razón para que Valladolid fuera una excepción:

Tanbién es bien que vuestra merced sea ynformado como todas las cibdades e villas que están en esta santa Junta traxeron procuradores señalados de comunidad e que no es razón que una comunidad tan grande y tan honrada como la de esa villa y que tanto han hecho en este santo propósito esté sin él[689].

Por tanto, la Junta trataba de llamar la atención del pueblo (la Comunidad) sobre las decisiones tomadas por algunos individuos bastamente representativos (personas particulares). Esta táctica le valió, tras algunas peripecias, la eliminación de sus adversarios en Valladolid.

El 11 de octubre se lanzó un nuevo ataque contra los notables de la ciudad de Valladolid a propósito del asunto Vera. La cuadrilla de Mercado, una de las más importantes de Valladolid, hizo saber a la Junta su desaprobación respecto a la destitución de Vera. Era esta una nueva ocasión de afirmar, de modo inequívoco y con determinación, el principio fundamental del movimiento comunero en lo referente a la administración interna: la soberanía pertenece al pueblo, representado en sus asambleas de barrios, y no a individuos aislados no importa cuáles sean sus títulos y funciones:

La principal cosa con que las cosas deste santo propósyto an venido en el estado presente a sydo proveherse lo que conbenía en cada cibdad con acuerdo e parecer de la comunidad generalmente, no de particulares, aunque tengan oficio que represente la general.

Conviene no confundirse respecto al sentido de la palabra Comunidad. Es del Tercer Estado del que aquí se habla, e incluso del pueblo bajo:

Pedimos por merced a vuestra merced tenga mucha consideración como syempre han hecho e no dar lugar a que (…) la libertad de los comunes sea supremida, pues en lo de hasta agora son ellos los a quien principalmente deve el reyno la conservación de sus libertades.

En conclusión, la Junta lamentaba que la delegación que había enviado a Valladolid no hubiera recibido una mejor acogida por parte de los notables[690].

El evidente propósito de la Junta era, pues, intimidar a quienes detentaban el poder en Valladolid y que se iban alejando de ella cada vez más. Al mismo tiempo, trataba de sacar el mejor partido posible de la autoridad que todavía ejercía sobre ellos para modificar en su beneficio la relación de fuerzas en la ciudad. Tal era la finalidad a que respondían los decretos del 12 y 13 de octubre.

La administración municipal había sido profundamente trastocada tras las revueltas de agosto. El antiguo regimiento había sido sustituido por dos comités (ayuntamientos), uno encargado especialmente de los asuntos militares y del mantenimiento del orden (las cosas tocantes a la guerra) y el otro de los asuntos políticos (la governación del pueblo); estos ayuntamientos estaban compuestos por delegados de las cuadrillas (diputados o cuadrilleros) y todo el conjunto tenía a su frente al infante don Juan de Granada, capitán general de la Comunidad de Valladolid. Habría que conocer exactamente la composición de estos dos ayuntamientos para hacerse una idea exacta del alcance político del decreto del 12 de octubre; no obstante, no hay duda respecto a la finalidad que perseguía: conseguir la división y debilitamiento de los elementos más moderados de Valladolid. El decreto establecía una separación total de ambos ayuntamientos. Los miembros de uno no podían asistir a las deliberaciones del otro, medida justificada por el deseo de asegurar una mayor eficacia de orden práctico. Por otra parte, la Junta había observado que algunos diputados eran extranjeros a la ciudad (estrangeros e non naturales), no habían nacido en Valladolid. La Junta prohibió que se les concediera puestos de responsabilidad. En lo sucesivo no podrían llegar a ser diputados. Debían ser sustituidos por otros ciudadanos de Valladolid, que ofrecieran plena garantía:

Que sean naturales desa dicha villa e aviles e suficientes y celosos del bien común.

El decreto finalizaba con una llamada de atención al pueblo para el caso de que los notables en el poder se rebelaran y se negaran a obedecer las disposiciones de la Junta:

Sy vos, los dichos capitán [general: don Juan de Granada] e diputados, hazer e conplir no lo quisiéredes, mandamos a las quadríllas de la dicha villa e comunidad que lo agan asy complir e guardar[691].

Fiel a su táctica, la Junta se proponía debilitar aún más la autoridad de los notables por medio de una llamada a la Comunidad. Y para evitar cualquier falsa interpretación, al día siguiente, la Junta precisó qué es lo que había que entender como ciudadanos de Valladolid:

Fue declarado que oviésedes por naturales, para usar el dicho oficio de diputados, los que fuesen naturales de origen e vezindad.

Era necesario, por tanto, haber nacido en Valladolid y tener fijado el domicilio en ella. El domicilio sólo no era suficiente[692].

El 13 de octubre, mediante un nuevo decreto, la Junta dio un paso más hacia la eliminación de todos sus enemigos en Valladolid, exigiendo la dimisión de don Juan de Granada. Una vez más, esta decisión respondía a un criterio de tipo práctico. Valladolid poseía dos capitanes generales; uno, don Juan de Granada, ejercía sus funciones en la ciudad (y —añadamos— era el verdadero jefe político desde los cambios introducidos en el sistema del regimiento); el segundo, Diego de Quiñones, estaba al frente del contingente militar que la ciudad puso a disposición de la unta. Según la Junta, este sistema acarreaba demasiados gastos. Uno de estos capitanes sobraba. En las demás ciudades se había recurrido al procedimiento de nombrar un solo capitán general, un militar que estaba al frente del contingente. La Junta pretendía que este sistema se generalizase y, por ello, invitaba a don Juan de Granada a presentar la dimisión:

Mandamos a vos, el dicho Ynfante don Juan de Granada, que no useys más del oficio y exercicio [y no exército como escribe Danvila] de ser capitán general[693].

Estos decretos levantaron una gran agitación en Valladolid. Las discusiones, las conversaciones privadas y las reuniones públicas se multiplicaron. Las cartas de la Junta eran leídas y comentadas con ardor, con pasión, en las plazas y las iglesias, lugares habituales de reunión[694]. Desde Tordesillas llegaron varios representantes de la Junta para apoyar a sus partidarios. Los archivos han conservado fragmentos de los vibrantes sermones de fray Alonso de Medina, llegado expresamente el domingo 14 de octubre, con Diego de Guzmán, procurador de Salamanca, y Hernando de Porras, procurador de Zamora. Estos propagandistas del movimiento celebraron diversas reuniones en las cuadrillas, donde explicaban y defendían las posiciones de la Junta y atacaban a los dirigentes locales. Algunos de sus oyentes pretendieron incluso pasar a la acción directa. Durante la noche acudieron a abuchear en su propia casa al infante de Granada, lanzando piedras contra las ventanas. El infante y sus allegados tomaron las armas, prestos a hacer frente a cualquier eventualidad, pero nada ocurrió finalmente. Al día siguiente, 15 de octubre, fray Alonso tomó la palabra en la principal iglesia de Valladolid, ante una parte de las cuadrillas; allí dio lectura a una serie de mensajes de la Junta y recordó todos los abusos que se habían cometido y que todavía se estaban cometiendo en el reino, invitando a la población a que se mantuviera en una actitud de extrema vigilancia[695].

En esta atmósfera de tensión se reunieron las cuadrillas el 15 y el 16 de octubre para examinar las proposiciones de la Junta. Tres fueron los puntos que se sometieron a votación popular: ¿debía suprimirse el puesto de capitán general que ocupaba el infante de Granada?; ¿había que prohibir a los no naturales de la ciudad que ejercieran responsabilidades políticas?; ¿debía deliberar por separado el comité militar y el comité político? Así pues, se pedía a la población que se pronunciara sobre los decretos de la Junta del 12 y 13 de octubre. La revocación del mandato del procurador Vera, sobre el cual también la Junta había pedido un voto, no figuraba en el orden del día. A pesar de la propaganda de la Junta y de los sermones de fray Alonso de Medina, los decretos fueron rechazados por la mayoría de las cuadrillas. Esta fue una derrota para la Junta, tanto más dolorosa por cuanto que ella contaba con conseguir el apoyo popular. La primera en reunirse fue la cuadrilla de Reojo, el 15 de octubre, en la iglesia de San Julián. Fue Hernando de Porras quien presentó y defendió las propuestas de la Junta. La cuadrilla aprobó que los diputados de la guerra deliberaran separadamente de los diputados de la villa. En cuanto a la cuestión del derecho de ciudadanía, afirmó que se atenía a la interpretación aportada por Hernando de Porras en nombre de la Junta. A este respecto, la Junta cedió un tanto en su postura, dado que el problema del derecho de ciudadanía había provocado numerosas críticas. Una aplicación demasiado estricta del decreto, no reconociendo como naturales de Valladolid más que a quienes hubieran nacido en ella y tuvieran acreditado su domicilio hubiera resultado muy difícil, por no decir imposible, ya que pocos ciudadanos reunían estas condiciones y Valladolid era una ciudad en pleno desarrollo. En cuanto al infante de Granada, la cuadrilla se negó a destituirlo de su cargo. Las restantes cuadrillas votaron al día siguiente, 16 de octubre. Las de San Martín y San Benito, reunidas en la iglesia de San Martín, contaban entre sus miembros a don Pedro de Bazán, don Juan de Mendoza, don Juan de Vivero, el licenciado Fernando Díaz de Burgos, el doctor Luis de Toro, etc. Estas dos cuadrillas rechazaron las propuestas presentadas y añadieron a sus consideraciones un voto agradeciendo su dedicación al cardenal Adriano y propugnando que se le permitiese el libre acceso a sus bienes que todavía permanecían bloqueados en Valladolid. La cuadrilla de la Costanilla, que celebró su reunión en la ermita de Nuestra Señora Santa María del Arrabal también rechazó las tres propuestas. Con respecto al derecho de ciudadanía, su voto confirmaba el crecimiento demográfico de Valladolid a principios del siglo XVI:

Dixeron que todos los que son casados e tienen fijos e mugeres e casas en esta villa, los tienen por naturales e que de otra manera no hallarían nadie que lo fuese porque esta villa es mucha parte de la gente que ha venido de fuera parte a vibir en ella e se an casado en ella.

La cuadrilla consideraba absurda la tercera propuesta:

Dixeron que esto es cosa muy perjudicial, porque no sabrían los [diputados] de la guerra lo que hordenavan los de la villa y viceversa, e desta manera abría discordia, porque syenpre las cosas arduas todas se consultan con las quadrillas, porque todas las quadrillas quieren saver lo que se haze.

Las palabras finales de esta última frase ponen de manifiesto el interés que una parte importante de la población se tomaba en las discusiones políticas. En la iglesia de San Miguel, donde se reunían las cuadrillas de la Quadra y del Saúco, las tres propuestas de la Junta fueron presentadas por el bachiller de Alcalá, diputado; un miembro de la Junta general, Diego de Guzmán, procurador de Salamanca, expuso el punto de vista de la asamblea de Tordesillas añadiendo algunas aclaraciones sobre la cuestión del derecho de ciudadanía, sin duda en el mismo sentido que lo hiciera su colega Porras, la víspera, ante la cuadrilla de Reojo. A continuación se retiró para permitir a los asistentes discutir y votar libremente. Su intervención no pareció causar un gran efecto. De entre los asistentes, solamente once personas aprobaron totalmente las propuestas de la Junta; todas las demás las rechazaron. Observemos, sin embargo, que estas cuadrillas votaron, antes de disolverse, una moción contra los candidatos a la emigración:

Otrosí, dixeron que por quanto a su noticia hera venido que algunos de los cavalleros principales desta villa se querían absentar della e dexarla sola, que les pidian e requerían que no se fuesen (…) con apercibimiento que les hazían que, yéndose, que les derribarían las casas e procederían contra ellos como contra personas que desanparan su naturaleza e pueblo.

Anotemos también los votos negativos de las cuadrillas de San Pedro y del Romo[696]. No conocemos el resultado de las deliberaciones de las restantes cuadrillas. Únicamente sabemos el resultado definitivo del escrutinio: de un total de catorce cuadrillas, once rechazaron los decretos de la Junta[697]. Apoyándose en la conclusión de esta votación, el infante de Granada declaró, el 17 de octubre, su intención de conservar su cargo de capitán general[698]. La Junta acababa de perder el primer envite y en un terreno que ella misma había elegido y para el cual se creía bien preparada.

La votación favorable de las cuadrillas dejó las manos libres al infante de Granada y le permitió hacer frente a las tentativas de intimidación de la Junta. En las dos semanas posteriores al escrutinio de los días 15 y 16 de octubre, los dirigentes de Valladolid multiplicaron sus gestiones para intentar llegar a un compromiso entre la intransigencia de la Junta y la lealtad de los altos funcionarios reales, refugiados en Medina de Rioseco.

Ante todo era urgente consolidar la victoria obtenida en la ciudad sobre los elementos más revolucionarios. Cierto que el infante podía contar con el apoyo de la mayor parte de la población. Pero existían síntomas numerosos que demostraban que la oposición no se hallaba indefensa. Decepcionados por la votación de las cuadrillas, los comuneros intentaron entonces hacerse con el poder mediante un golpe de fuerza, minuciosamente preparado. Una serie de artesanos, de entre los que destacan un barbero, Francisco de Camargo, y un bonetero, con la complicidad de algunos diputados, entre ellos don Luis Gómez de Mercado, se reunieron con grupos armados venidos expresamente de Tordesillas que acamparon discretamente en torno al monasterio del Prado, a las puertas de Valladolid. El jefe de estos grupos armados no era otro que el obispo de Zamora, a quien ya hemos mencionado anteriormente intentando organizar una expedición semejante en Burgos. El fogoso don Antonio de Acuña, con su cauallo y cosselete, aparece, pues, como el especialista de este tipo de golpes de mano. Cerca de él se mantenía fray Alonso de Medina, cuyas predicaciones no habían conseguido que la opinión pública se pusiese a favor de la Junta. Una operación de diversión distraería a las fuerzas del orden y, entretanto, el obispo de Zamora y sus hombres entrarían en la ciudad por una puerta que les abrirían sus cómplices. Inmediatamente detendrían a los enemigos de la Junta: el infante de Granada, Gonzalo Franco, y la mayor parte de los miembros de la junta local. Pero la filtración de información sobre el plan impidió que se llevara a cabo. El bachiller Pulgar y Saldaña, que se encontraban en Tordesillas, informaron en Valladolid que en torno al Prado se estaban produciendo concentraciones sospechosas de hombres armados. La alerta estaba dada. En la ciudad, una encuesta (ordenada según algunos después de las declaraciones de un monje que había violado el secreto de confesión) permitió la inmediata detención del bonetero, que confesó y fue colgado inmediatamente. Su principal cómplice, el barbero Camargo, huyó al monasterio del Prado, pero fue capturado, llevado a Valladolid, condenado a muerte y ahorcado también en la noche del miércoles 24 de octubre[699].

El descubrimiento de esta conjuración y el inmediato castigo de los culpables reforzó aún más la posición del infante de Granada. Él era considerado por los hombres del orden y por los partidarios del emperador, como el más firme baluarte contra la subversión:

El dicho ynfante lo haze muy bien y se ha puesto en muchos peligros en seruicio de Vuestra Alteza y crea Vuestra Magestad que, ahunque es capitán de Valladolid, que jamás se hizo con su voluntad desconcierto alguno en aquella villa; pero como no era parte para estorbarlo, érale forzado no contradezir la opinión del pueblo y dissimular muchas cosas que quisiera poner en execución para en castigo de los malos.

Esto escribía el cardenal Adriano tras los incidentes ocurridos a finales de octubre[700]. La suerte estaba echada, pues. El infante tenía las manos libres para actuar conforme a su voluntad. Sobre sus intenciones pocas dudas se podían tener: pretendía reducir a la Junta a un mero papel consultivo[701]. Tras asegurar su posición en Valladolid, hizo saber a la Junta que su posición personal era mucho más fuerte y que pensaba aprovechar este hecho. El 18 ó 19 de octubre, envió a Tordesillas una delegación formada por Cristóbal de Saldaña, Francisco Gómez y el bachiller Pulgar. Las instrucciones de las que eran portadores hacían una larga enumeración de las críticas que la ciudad dirigía a la Junta: la ciudad había sentido como una ofensa personal el arresto de los miembros del Consejo Real por Padilla y sus hombres así como los obstáculos puestos a la partida del cardenal Adriano por capitanes estranjeros, ya que consideraba a los miembros del Consejo Real y al cardenal Adriano como sus huéspedes. Asimismo, reprochaba vivamente a la Junta el haber enviado a ella a diversas personas con fines propagandísticos, como fray Alonso de Medina, que no habían hecho sino sembrar la discordia y la división. Lo cual, por otra parte, no había sido óbice para que las cuadrillas renovaran su confianza en el infante de Granada, lo que mostraba claramente el error de cálculo cometido por la Junta. Otro error —seguían diciendo las instrucciones— era el decreto sobre el derecho de ciudadanía. De atenerse estrictamente a la letra del decreto, tres cuartas partes de los habitantes de la ciudad serían considerados extranjeros. En esta cuestión, la Junta había demostrado no conocer exactamente cuál era la situación en Valladolid. La Junta se contradecía a sí misma, a menos que se tratara de un error del secretario: al mismo tiempo que pretendía quitar toda responsabilidad política a los no ciudadanos, quería que se reconociera como único capitán general de Valladolid a Diego de Quiñones, siendo así que este último no vivía en Valladolid más que desde hacía tres años. Valladolid veía en estos decretos, así como en las protestas contra la destitución del procurador Vera, una intervención inadmisible de la Junta en los asuntos internos de una ciudad. No, no era eso lo que Castilla esperaba de la Junta y era hora de que se dedicara a la tarea inicialmente prevista para ella. En todo caso, en el futuro, Valladolid no quería recibir orden alguna de la Junta en lo concerniente a la administración interna de la ciudad:

Ni se entremetan en lo que toca a las livertades e preminencias desta villa, en quanto es dexarles sus livertades de poner e quitar capitanes e procuradores e diputados, cada vez que quisieren.

Valladolid no quería volver a ver a fray Alonso de Medina ni a ningún procurador; si la Junta quería enviar algún mensaje, que lo hiciese llegar directamente a las autoridades responsables:

Con correos e con otras personas que no hagan más de dallas [las cartas] al ynfante e diputados, había que poner fin a los sermones, a las concentraciones populares y a las reuniones que organizaban los emisarios de Tordesillas y que no hacían sino provocar tumulto en la ciudad. No se quería volver a ver a ningún otro capitán ajeno a la ciudad, clara alusión a Padilla:

Por quanto se junta en su posada mucha gente dessasosegada e con su favor osan hazer e decir muchas cosas.

Por otra parte, Alonso de Vera ya no era procurador de Valladolid. ¿Por qué seguía asistiendo a las reuniones de la Junta? Finalmente, Valladolid pedía a la Junta que no prestase oídos a cualquier pretendido informador, frecuentemente con mala voluntad:

Lo otro, que no den crédito a personas partyculares e de poca autoridad e que van con falsas relaciones[702].

La Junta respondió, embarazada, con vanas excusas:

No es culpa desta santa Junta sino no estar antes ynformados de parte de vuestra merced como lo estávamos de otras personas e por relación de muchas peticiones que aquí se han dado que, aunque sonavan en nonbre desa comunidad e con mensageros que se nonbravan della, agora paresce aver sydo de partyculares.

Pero no volvería a suceder. En adelante la Junta pondría la mayor atención:

No se probeerá cosa que no se sepa certeficadamente que se pide por esa santa Junta o por toda la villa e quadrillas en concordia.

Era, pues, una capitulación en toda regla. ¿La expulsión del Consejo Real, la huida del cardenal Adriano?

Nuestra yntención fue santa e buena y que no sucediese en la horden no tenemos culpa dello.

¿El haber enviado a algunos procuradores y a Fray Alonso como propagandistas?

Pensamos ser nescesario [su yda] al bien e pacificación desa noble villa por las ynformaciones que allá nos avían dado, que agora conocemos ser de particulares e no de parte desa villa, e de lo acaescido por esta ocasyón nos pesa mucho.

Esto no volvería a suceder:

Quando necesidad oviere que vaya procurador, saberlo han vuestras mercedes primero, y del padre fray Alonso, estén seguros que por nuestro mandado no yrá allá si vuestras mercedes no lo enbían a pedir e que seamos ciertos que es de voluntad del ayuntamiento e toda la villa.

En cuanto a Alonso de Vera, no volvería a actuar en calidad de representante:

Luego se cunplió como vuestras mercedes lo escrivieron[703].

Lo pasado, pasado, concluía la Junta:

Todo lo pasado olviden y trabajemos en buena inteligencia en nuestra común tarea:

El bien universal e reparo del reyno en que consiste el verdadero servicio de la reyna e rey, nuestros señores[704].

Todas estas excusas y explicaciones eran la expresión de una inquietud: que Valladolid pudiera pasarse a las filas realistas a la vez que Burgos. Esto hubiera supuesto para la Junta un golpe mortal. La Junta, asesorada por informadores fidedignos[705] y sabiendo a qué atenerse tras la votación de las cuadrillas, contemporizaba, aunque con segundas intenciones. Recordemos que mientras se escribía esta carta que acabamos de citar, el obispo de Zamora estaba preparando su golpe de mano. Es posible que Acuña actuara sin una orden oficial, pero forzosamente la Junta tenía que conocer sus intenciones. Hay que concluir, pues, que le dejaba actuar sin impedimentos.

Todavía en el marco de las excusas presentadas por la Junta hay que citar la carta dirigida a Valladolid, el 27 de octubre, por don Pedro Girón, que hacía algunos días había sido nombrado jefe de las tropas de la Junta. Se había pronunciado el nombre de Girón a propósito del fracasado golpe de fuerza del obispo Acuña. Girón protestó enérgicamente:

Sola una cosa no quiero consentyr que se diga (…) y es que algunos que dizen no de buenas yntenciones esperavan mi favor.

Valladolid debía tener confianza. Además, las tropas de Girón iban a trasladarse de Sepúlveda a Tordesillas sin pasar por Valladolid[706].

He aquí, pues, hasta qué punto se había visto fortalecida la posición de los elementos moderados por la votación de las cuadrillas. Ahora, éstos podían intentar hacer entrar en razón a la Junta. El 17 de Octubre, la junta local de Valladolid decidió abrir una investigación sobre Saravia, acusado de corrupción[707]. Saravia, procurador en la Junta, compartía las ideas revolucionarias de Vera. También él temió ser revocado de su puesto. El 21 de octubre, adelantándose a los acontecimientos envió una carta de justificación a Valladolid. A propósito de los incidentes pasados —escribía— había reprochado duramente a quienes —asy legos como frayles— habían instado a fray Alonso de Medina a que acudiera a Valladolid. A continuación preguntaba por qué se desconfiaba de él en la ciudad. El podría haber arreglado las cosas si le hubieran tenido al corriente, pero en cambio le habían dejado sin instrucciones. Estaba en una situación paradójica —proseguía Saravia—, ya que a él, procurador de Valladolid, no se le advertía de la marcha de los asuntos en la ciudad:

Las más vezes la carta [de Valladolid a la Junta] hera leyda e yo no lo sabía que hera venida.

Sabía que se hablaba mal de él e intentaba justificarse:

Yo querría mucho llegar allá a dar quenta de lo hecho, porque me dizen que algunos hablan mal en ello, e sy este galardón se da a quien trabaja lo que yo por vuestro servicio, ques condenar syn oyr de quien lo ha dicho, razón temía yo de quexarme[708].

A Saravia no le faltaban razones para estar inquieto. El 25 de octubre se le ordenó regresar a Valladolid y se nombraron nuevos procuradores para representar a la ciudad en Tordesillas: don Bernaldino Pimentel y don Pedro de Bazán. Únicamente Jorge de Herrera, de entre los procuradores anteriores, conservaba su mandato[709]. Al día siguiente, la junta de Valladolid, alarmada por los rumores de un eventual traslado de la reina fuera de Tordesillas[710], envió a don Pedro de Bazán y a don Juan de Mendoza en misión informativa. Efectivamente, se pensaba trasladar a la reina a Valladolid, pero no se había decidido nada todavía[711].

Los esfuerzos realizados en Valladolid para sustraerse a la influencia política de la Junta eran seguidos con el máximo interés por cuantos en aquel momento formaban el partido del emperador. Burgos, que acababa de unirse a él, envió delegaciones y mensajes para comentar los acuerdos que acababa de concluir con el condestable. Muy particularmente insistió en un punto que revestía la misma importancia para Burgos que para Valladolid, dos ciudades que por su situación y por su importancia habrían de recibir frecuentemente la visita de la Corte: el condestable había prometido la livertad de huéspedes; en lo sucesivo no existiría obligación de alojar gratuitamente al personal de la Corte. Burgos proclamó que había roto definitivamente con la Junta:

En esta cibdad no se obedescerá mandamiento de la Junta ni se consentirá pregonar[712].

En otra carta, del 27 de octubre, se vertían amenazas precisas contra la Junta; Burgos estaba decidida a aliarse con los Grandes para formar un ejército y tratar de liberar a la reina de Tordesillas; pedía a Valladolid que se le uniera en esta empresa[713]. Estas llamadas de Burgos eran muy importantes pues el alineamiento de Burgos en el partido realista —pensaban los partidarios del emperador— iba a conseguir atraer a Valladolid en muy breve plazo:

Me han venido a certificar que Valladolid no esperava otra cosa syno que yo entrasse aquy [en Burgos] para concertarse, escribía el condestable después de haber regresado a Burgos[714]. Quizás el condestable iba demasiado deprisa, pero lo cierto es que, en conjunto, a finales de octubre, la situación era bastante optimista para los partidarios de Carlos V.

Por su parte, también el cardenal Adriano multiplicaba sus gestiones entre sus amigos de Valladolid. No pudo sino felicitarse de ver destituidos de sus puestos a los procuradores de la ciudad que se habían convertido en cómplices de los exaltados de Tordesillas, culpables, para él, de todas las ilegalidades cometidas. El cardenal sabía perfectamente que a Valladolid le repugnaba traicionar al rey:

Da gracias a la dicha villa porque han requerido a la Junta que no se entrometan en las cosas tocantes a la govemación ni en hacer corregidores ni en querer mandar, mas solamente en los remedios de los agravios del reyno.

El cardenal quería también refutar el razonamiento de cuantos aceptaban, sin aprobarlas, las ilegalidades de la Junta, porque creían que éste era el único medio eficaz de imponer al rey las reformas necesarias:

Crea esta dicha villa que mucho más presto otorgará [el rey] todas cosas razonables por medio de suplicación que de ynjurias; y el cardenal invitaba vivamente a Valladolid a que abrazara sin reservas la causa del rey:

Convernía questa dicha villa del todo se diese y sometiese al servicio de sus altezas, porque desta manera mucho más fácil y conplidamente obtendría y alcanzaría de sus magestades la dicha villa y estos reynos el bien común y provecho dellos.

Tal era la esencia de lo expuesto en Valladolid el 26 de octubre por Gómez de Santillán, en nombre del cardenal Adriano[715]. El 29 y el 30 de octubre el cardenal escribió personalmente a los dirigentes de la ciudad, tratando de reforzar sus sentimientos de lealtad hacia la corona[716].

También el almirante de Castilla, el tercero de los virreyes, hizo cuanto pudo para que Valladolid permaneciese en la fidelidad al soberano. Os engañan —escribía—; ninguna ley autoriza a las ciudades a tomar el lugar del rey:

Digo, señores, que os hagan creer que con el nombre de la reyna, nuestra señora, podeys governaros, quitar el reyno al hijo, ésta es falsa propusyción, que, no queriendo o no pudiendo governar, no ay ley en el reyno que diga que las comunidades tengan el cargo de suplir esta necesydad.

¿A quién benefician —continuaba— todos estos desórdenes?

¿Conviene al labrador, al mercader, al menestral, este fuego, esta rebuelta? ¿Suelen los pequeños crecer con las disensiones o enriquecer con la paz?

Acuérdense, señores, que en vuestra mano está la paz o la guerra, sy quereys aquellos que desean vuestro sosyego y no a los que sus culpas e yntereses propios os hazen herrar. En vuestra mano está ser pobres o ricos, ser remediados o destruydos, que sy quereys, por mano de vuestro rey alcancareys lo que os conviene.

A continuación el almirante hacía una descripción de lo que sería Castilla si no se restablecía la paz en seguida:

Quiero acordaros que si la cosa dura, que las ynpusiciones crecerán y, faltando esto, que la necesidad os porná en divisiones, quel labrador que no sembrase y el oficial que no labrare a de buscar de qué biba. De aquí nacerá robar y matar por los caminos y no tener seguridad en los lugares.

¿Qué sería el reyno después de una guerra civil? No importa cuál fuese el vencedor, todo serían ruinas y desolación. Pensad también —añadía el almirante— en la misión histórica de Castilla, barrera contra los infieles:

De Asia me ha venido nueva muy cierta de veynte e cinco del pasado que el Turco, sabido las cosas de España, salía poderoso sobre Rodas, y, llevando aquello, no abría en Ytalia cosa segura. Bien es que lo sepays, que España, que hera freno para moros y cristianos en el mundo y sostenía a todo en paz, perdiéndose ella, destruya todas las otras cosas[717].

El 30 de octubre, el cardenal Adriano manifestaba su deseo de que la ciudad de Valladolid realizara el papel de mediadora entre el poder real y la Junta de Tordesillas, y prometía toda su colaboración para una iniciativa de este tipo:

Querría mucho (…) que esa villa fuese medio entre su cesárea magestad y estos reynos para reduzir y asentar todo lo devido y honesto, y sy tuvieren, señores, por byen de entender en los desagravios, vean qué manera se a de tener, que en todo lo justo yo seré el primero que, señores, os asystiré en ello y conoscereys que, aunque fuese natural castellano, no lo haría con mayor boluntad.

Añadía, además, que estaba dispuesto a recibir a cualquier delegación que quisiera discutir con él los medios para poner fin a las querellas intestinas que aquejaban al reino[718].

En el momento en que el cardenal redactaba esta carta, una delegación salía de Valladolid con la intención de sondear a los adversarios y hacerles proposiciones concretas. Formaban parte de ella don Pedro de Bazán, el doctor Francisco de Espinosa, el bachiller Pulgar y Diego de Zamora. Estas personalidades tenían que tomar contacto con la Junta, en Tordesillas, y en Medina de Rioseco con el cardenal Adriano y con los miembros del Consejo Real que allí se habían refugiado. A ambas partes se les propuso un compromiso sobre las siguientes bases: en lo sucesivo la Junta no se ocuparía de asuntos políticos; una comisión, presidida por el cardenal Adriano y formada por dos miembros del Consejo Real, dos letrados designados por la Junta y otros dos por Valladolid, estudiaría las reformas que se consideraran necesarias antes de presentárselas al rey; la comisión celebraría sesiones secretas en un monasterio y debería terminar su trabajo en un plazo que se le marcaría; se concedería una amnistía general; todas las tropas, tanto de uno como de otro bando, serían licenciadas; la Junta de Tordesillas permanecería constituida hasta que la comisión consiguiera que el rey aprobara su plan de reformas; inmediatamente después sería disuelta[719].

En Medina de Rioseco se aceptó inmediatamente esta oferta de conciliación y este procedimiento. El cardenal Adriano, en testimonio de buena voluntad hizo incluso una concesión que él creía habría de impresionar favorablemente a sus adversarios: consintió en que la Junta designara no sólo los dos letrados que debían representarla en la comisión, sino también los dos miembros del Consejo Real[720].

Parecía, pues, posible llegar a un compromiso. Todo dependía de la actitud de la Junta. A los intentos de conciliación respondió ésta el 6 de noviembre con una larga justificación de sus acciones en el pasado, inspiradas por completo en una sola finalidad: el remedio destos reynos. Primero había sido necesario acudir en ayuda de Segovia, amenazada con crueles represalias; después, liberar a la reina y finalmente plantearse el problema fundamental: la reorganización del reino. Esto había exigido como paso previo la destitución del Consejo Real, responsable en gran medida de los errores cometidos. Ahora, los enemigos del reino levantaban la cabeza y reunían tropas. ¿Qué era lo que pensaban intentar? Sin duda, pretendían disolver la Junta por la fuerza y secuestrar nuevamente a la reina. Esa era la razón por la que la Junta, por su parte, había reclutado un ejército, y le extrañaba profundamente que Valladolid no hubiera enviado su contingente. En cuanto a las propuestas, al parecer no agradaron a la Junta que se limitó a dar respuestas evasivas:

Es todo cosa nueva y muy diferente de lo que fasta aquí. Cosas son de gran ymportancia sobre que conuiene mucho mirar.

No obstante, la Junta las transmitiría a todas las ciudades representadas en Tordesillas y organizaría sobre este tema un amplio debate al que serían invitadas todas las capas de la población (todos los estados de cada cibdad). Y a este respecto, planteó una insidiosa pregunta a Valladolid: ¿quién había elaborado estas propuestas?; ¿habían sido discutidas y aprobadas por todos los estados de Valladolid? En caso contrario, sería oportuno someterlas a la población lo más pronto posible[721].

La Junta intentaba tomarse la revancha sobre la derrota sufrida a raíz de la votación de las cuadrillas los días 15 y 16 de octubre. Los dirigentes de Valladolid se prestaron al juego. Cuando la delegación regresó a la ciudad, se convocó a las cuadrillas para que dieran su parecer sobre el contenido de las propuestas y sobre el resultado de las negociaciones en curso. Sobre lo que sucedió en Valladolid apenas disponemos de testimonios aparte del relato de Sandoval[722], confirmado en parte por las impresiones pesimistas del cardenal Adriano, el 13 de noviembre, y del condestable[723]. Violentas discusiones se entablaron entre los miembros de la delegación y los diputados —todos moderados— de un lado, y los ciudadanos de las cuadrillas de otro. En esta ocasión, las cuadrillas desacreditaron totalmente a sus diputados, a los que acusaron de haber actuado sin mandato. La situación había variado, pues, en favor de la Junta, cuyos partidarios pasaron a ocupar en seguida todos los resortes de mando en la ciudad. Los antiguos diputados fueron destituidos. Muchos abandonaron la ciudad y acudieron a Medina de Rioseco a enrolarse en el ejército de los virreyes[724]. El abismo entre los moderados y revolucionarios se hizo profundo y definitivo. Llegados a este punto, ya no era posible intentar ningún compromiso. Bien al contrario, todos comenzaron a prepararse para una lucha a muerte. Con el fin de preparar los espíritus y de hacer patente este propósito de ir hasta el final, la población de Valladolid fue invitada, los días 15 y 16 de noviembre, a prestar juramento de fidelidad a la Comunidad y al santo propósito perseguido por la Junta:

Con vínculo de juramento (…) juran (…) de tener e guardar e cumplir todo lo por ellos otorgado e declarado en sus quadrillas (…) e de ovedecer e conplir todo lo que por la Santa Junta fuere determinado (…) e que cada y quando supieren e syntieren que algunas personas hablan en daño de la Santa Junta o hazen algo, de hecho o de palabra, contra la dicha Santa Junta o contra esa noble villa de Valladolid, que luego lo manifestarán e declararán en la junta que en esta noble villa de Valladolid se haze[725].

El 17 de noviembre se reunió la nueva junta de Valladolid. En ella sólo había, ahora, fieles comuneros: don Alonso Enríquez, prior de Valladolid, los licenciados Bernaldino, Zapata, Villena, el bachiller de Alcalá, Jerónimo Francés, etc. El mismo día, el infante de Granada fue destituido de su cargo y tuvo que entregar el pendón de la ciudad al comendador Mudarra y a Juan López de la Puente[726]. El día 19, se nombró capitán general de Valladolid a Pedro de Tovar[727]. Se había hablado, en algún momento, de designar al obispo de Zamora para este puesto clave[728]. El 22 de noviembre, Saravia y Vera fueron elegidos de nuevo diputados de Valladolid en la Junta[729] y el 29 recibieron mandato de trabajar de acuerdo con el sentir de la mayoría en Tordesillas:

Asy en remediar e que se remedien todos los agravios (…) como para que lo mal hordenado en ellos [estos reynos] y en las justicias e oficiales (…) se hordenen como convenga al bien público (…); para que se desfagan y desaten las husurpaciones y tiranías, robos y cohechos que (…) se an fecho y para que sean castigados y se castiguen los que lo han fecho, e se prouea e hordene de aquí adelante la administración e governacion de la justicia.

En otro párrafo se aludía a las partes del patrimonio real que desde la muerte de Isabel la Católica se habían utilizado para fines particulares[730].

Anghiera, testigo ocular de los acontecimientos de Valladolid, no predecía nada bueno de esta exaltación y de esta fiebre revolucionaria. Los jefes comuneros —escribió Anghiera— lanzan invectivas contra el condestable, el conde de Benavente y otros señores. Se jactan de reducirlos a la mendicidad antes de la cosecha o las vendimias próximas. Pero estos propósitos podrían torcérseles rápidamente. En los dos campos, todo el mundo se prepara ahora para la lucha[731].

Desde finales de verano la relación de fuerzas había variado notablemente. La Junta no gozaba ya de la misma audiencia. Al precisar su programa y firmar su ambición de concentrar todos los poderes del Estado, había provocado la disidencia de Burgos, si bien había conseguido imponer sus métodos y puntos de vista en Valladolid. Lo que había perdido en extensión lo había ganado en cohesión. Ahora, libre ya de cualquier oposición interna, podía dedicar toda la energía contra sus enemigos. El poder real, por su parte, había hecho progresos. El cardenal Adriano había recuperado su libertad de movimientos y compartía ahora su responsabilidad con dos representantes de la alta nobleza; el condestable había conseguido ya que Burgos se separara de la Junta y podía confiar en que otras ciudades seguirían este ejemplo; pero, sobre todo, la actitud del condestable podía impulsar a los grandes señores a tomar partido en el conflicto que enfrentaba al poder real y a las ciudades.

III. —HACIA LA GUERRA CIVIL

Expulsar a los comuneros de Tordesillas, tal era el objetivo fundamental que Carlos V había encomendado a sus virreyes. No pocas fueron las precauciones que se tomaron hasta llegar a ese punto. De ambas partes se buscaban aliados, se reclutaban soldados, se proferían amenazas y también se discutía. Nadie parecía querer apresurarse. Las tropas reales acabaron entrando en Tordesillas, pero casi por azar, después de mucho dudarlo.

1. Portugal, la Junta y el emperador

Francia y Portugal no podían dejar de interesarse en el conflicto que más allá de sus fronteras enfrentaba a Carlos V con sus súbditos castellanos. Francisco I aprovecharía los acontecimientos para invadir Navarra en la primavera de 1521. ¿En connivencia con los comuneros, quizás? Este es otro problema al cual nos referiremos más adelante[732]. Portugal reaccionó mucho más rápidamente. A pesar de las peticiones de la Junta, no dudó en ningún momento sobre la conducta a seguir: apoyó resueltamente a Carlos V, primero descorazonando a los rebeldes que pretendían obtener su neutralidad y después proporcionando a los virreyes la ayuda financiera que les permitió superar el hundimiento total.

La Junta había procurado tranquilizar al reino vecino. El 8 de septiembre, un grupo de diputados (los de Burgos, Soria, León y Zamora) se entrevistaron con el embajador portugués acreditado en Valladolid, Joáo Rodrigues; estos diputados pretendían estrechar los lazos entre Castilla y Portugal, para lo cual proyectaron el matrimonio de la infanta doña Catalina con un príncipe portugués[733]. Un mes más tarde fue la Junta la que tomó oficialmente la iniciativa, enviando a Lisboa una misión diplomática dirigida por el deán de la catedral de Ávila, don Alonso de Pliego. Según los documentos que hemos podido encontrar al respecto, esta embajada no tenía otra finalidad —al menos confesada— que la de exponer al soberano portugués las razones que habían impulsado a los rebeldes a levantarse en armas contra Carlos V. Tal era el objeto de la carta que el deán de Ávila envió al rey Manuel[734]. Aunque la Junta había declarado que iba a enviar explicaciones similares a todos los príncipes cristianos, parece que Portugal fue el único en recibirlas, tratamiento de favor que se explica por el deseo de obtener la neutralidad del país vecino al que tantos lazos unían con Castilla:

Aunque a todos los príncipes en general se deba dar esta cuenta, mucho más a vuestra alteza por el deudo tan cercano que con la reina y rey, nuestros señores, tiene y por la mucha vecindad y comercio que entre estos reinos hay y por ser, como somos, una misma nación.

Para la Junta, todas las desgracias de Castilla habían comenzado el día en que Carlos, siguiendo el consejo de Chièvres, se había proclamado rey en vida de su madre, sin consultar al reino:

Sin haber respeto a que tan grandes cosas suelen los príncipes consultarlas con sus reinos.

Apenas llegados a Castilla, los extranjeros habían comenzado a saquear el país, apoderándose de las rentas de la Corona, mandando dinero al extranjero y vendiendo los cargos públicos:

Finalmente, que en ninguna cosa se han ocupado sino en buscar formas y vías exquisitas para despojar estos reinos.

Pero Chièvres y sus amigos no se habían contentado con esto. Se las habían arreglado para hacer partir al rey para perpetuar así la dependencia de Castilla:

Para que perpetuamente quedásemos sujetos a su governación y tributos de su nación.

El pretexto lo habían encontrado en la elección del rey para el Imperio, sin haber consultado previamente al reino:

La cual elección, el rey, nuestro señor, aceptó sin pedir parecer ni consentimiento de estos reinos.

Y es que se sabía que la dignidad imperial iba en contra de los intereses castellanos:

Por ser tan incompatible la governación de estos dos estados, por la necesidad que cada uno tiene, según su grandeza y autoridad, de tener presente su príncipe por no conocerse entre ellos superioridad ninguna para que el uno sea gobernado desde el otro por substituto.

Después de su elección, el rey había salido de Aragón, donde se encontraba, atravesó Castilla a toda prisa, como si estuviera en un país enemigo, y convocó las Cortes en La Coruña, unas Cortes de un tipo muy especial (unas Cortes arrebatadas): presiones, corrupciones, se había recurrido a todos los procedimientos a fin de obtener de los procuradores una votación favorable. Los castellanos, indignados, se habían enfrentado con los procuradores responsables de haber sacrificado los intereses del reino. Y reaccionando contra esto, los funcionarios reales, agentes y cómplices de los flamencos (factores de los que están en Flandes) se habían lanzado a una represión ciega y despiadada, sitiando Segovia e incendiando Medina del Campo. Había sido entonces cuando las ciudades, conscientes de su responsabilidad, se habían unido, primero contra la represión y luego para poner orden en el reino y devolver la paz y la prosperidad:

Visto por las ciudades de estos reinos que tienen voto en Cortes que las cosas de ellos iban en total destrucción, constreñidos y apremiados, no sin gran dolor y sentimiento, puesto a Dios delante de sus ojos, hicieron sus ejércitos para resistir que no fuesen adelante las opresiones y daños que el mal consejo y governación, o más propiamente tiranía, aparejaban de hacer cada día más, y asimismo enviaron sus procuradores de Cortes para que, juntos como estamos, diésemos la orden y forma que para el remedio de estos reinos viésemos ser necesaria y cumplidera para que la justicia sea administrada y las leyes guardadas y el rey nuestro señor hallase estos reinos ricos y prósperos cuando a Nuestro Señor pluguiese que venga, como los halló la otra vez que vino y no como ahora los dejó.

En esta carta, la Junta se permitió algunas libertades con la cronología: en realidad no había esperado a que ocurriese el incendio de Medina del Campo para reunirse. Por lo demás, de este documento obtenemos dos confirmaciones importantes:

1. Había sido ciertamente la elección imperial la causa desencadenante del movimiento de oposición: Castilla no estaba dispuesta a sacrificar sus intereses nacionales;

2. La Junta expone en esta carta más claramente que nunca una reivindicación política esencial: compartir el poder con el rey. Carlos debía haber consultado al reino antes de proclamarse rey y antes de presentar su candidatura para el Imperio. Eso en cuanto al pasado. En el presente, la Junta actuaba ya como asamblea investida de soberanía y era su intención continuar de esta manera. La carta, finalmente, exponía ciertas reservas respecto al modo en que Carlos se había proclamado rey en 1516, pero parecía aceptar los hechos consumados. Una última puntualización: la Junta se limitaba a informar al rey de Portugal sobre la situación. De ningún modo se ofrecía la Corona de Castilla al rey Manuel o a algún príncipe portugués, como se ha afirmado algunas veces[735].

En su respuesta al deán de Ávila, comunicada el 14 de noviembre, el rey de Portugal expresaba bien a las claras a los rebeldes cuál era su posición. Condenaba severamente a la Junta y le invitaba a demostrar inmediatamente mayor lealtad hacia el emperador[736]. De este modo, el rey Manuel confirmaba la actitud que había adoptado desde el primer momento: apoyo incondicional a Carlos V y a sus representantes[737]. Al tiempo que la Junta trataba de conseguir la neutralidad de Portugal, el condestable envió a Lisboa una misión que recibió la mejor acogida. Su misión era la de conseguir un préstamo de 50.000 ducados que el rey Manuel concedió sin ningún reparo dentro del mes de octubre[738]. Es importante insistir sobre la decisiva importancia de esta ayuda financiera, que, en definitiva, permitió a los virreyes superar una situación de enorme gravedad. Gracias al empréstito portugués, el poder real pudo reclutar y equipar el ejército que había de hacer frente a la Junta. Sin duda, las victorias de Tordesillas y de Villalar algunos meses más tarde pudieron producirse gracias al concurso financiero de Portugal concedido a los virreyes en el mes de octubre. No es, por tanto, extraño que éstos no cesaran de adular al rey Manuel. Carlos V era invitado constantemente a manifestarle su agradecimiento. El matrimonio del emperador con una princesa portuguesa sería —en opinión de los virreyes— la mejor manera de reforzar los lazos de amistad y solidaridad de ambas coronas y de los dos países. Así, comenzaron a instar a Carlos para que entablara negociaciones en este sentido[739]. Antes de finales del año 1520, Portugal dio un paso más en el camino de la cooperación con los virreyes, concentrando tropas en la frontera con Castilla y dando a entender que podría intervenir en cualquier momento en el conflicto si la situación así lo exigía y si el emperador se lo solicitaba[740]. Sin llegar a tal extremo, es incuestionable que Portugal aceleró la derrota de los comuneros. Quizás no sea incluso aventurado afirmar que permitió a Carlos V salvar su trono.

2. Los preparativos militares

Lo más urgente para los virreyes era, primero, encontrar el modo adecuado de defenderse para, después, pasar a su vez al ataque. Ante todo tenían que organizar un ejército, pues las escasas tropas con que contaba el poder real habían sido licenciadas a raíz del incendio de Medina del Campo[741]. En efecto, el Estado carecía de fuerzas regulares en número suficiente. En caso de necesidad podía recurrir a las milicias urbanas, que habían desempeñado un papel tan importante en el curso de las guerras civiles del siglo XV, o a los contingentes aportados por la nobleza: infantería, caballería pesada que en España se designaba con un nombre tomado de los franceses (gente de armas, hombres de armas) o por el armamento utilizado (lanzas); estos caballeros eran soldados que costaban una buena cantidad de dinero. Había que contar, por término medio, tres hombres para una lanza. Desde las postrimerías del siglo XV había hecho aparición una caballería ligera: los jinetes. Y, finalmente, las guerras de Italia habían generalizado la utilización de cuerpos mercenarios, a menudo extranjeros. No existía, pues, un ejército permanente; se reclutaban soldados en el momento de iniciar una campaña para licenciarlos una vez terminada, cuando su concurso ya no era necesario. Cisneros había pretendido crear una fuerza de intervención al servicio de la monarquía, la gente de ordenanza, pero ya vimos cómo tuvo que renunciar al proyecto ante la oposición de la alta nobleza. A comienzos del reinado de Carlos V, las únicas tropas regulares con que contaba el gobierno eran únicamente las que vigilaban las fronteras, los guardas del reino, cuerpo creado por los Reyes Católicos en 1493 y que estaba formado por unas treinta compañías de cien hombres cada una. Estas eran las tropas a cuyo frente se hallaba Fonseca y que habían sido licenciadas en agosto de 1520. Teóricamente, el rey podía contar aún con los reservistas de la época: los caballeros y escuderos ligados al Estado por una especie de contrato, que les reportaba un sueldo (acostamiento[742]).

A fin de cuentas no se trataba más que de un problema de fondos: para reclutar soldados era necesario poseer dinero para poder pagarles. Y ya hemos visto cómo el hundimiento del poder real no se manifestó solamente en el plano político: el dinero comenzó a dejar de circular; los comuneros se apoderaban del montante de los impuestos. Se podía recurrir a los ingresos procedentes de los Maestrazgos, destinados en principio a cubrir los gastos de la casa real. ¿Podía recurrirse a empréstitos o a la venta de juros? Los comuneros se oponían enérgicamente a este expediente, que hacía aumentar la deuda pública; amenazaron con los más severos castigos a los funcionarios que vendieran títulos y a los particulares que decidieran comprarlos. El dinero desaparecía y los banqueros se resistían a adelantar fondos incluso a intereses elevados. Y el cardenal Adriano calculaba en más de mil ducados diarios la cantidad necesaria para cubrir los gastos indispensables del ejército y atender al funcionamiento de los servicios públicos esenciales[743].

Una vez más hay que decir que fue la ayuda financiera de Portugal la que salvó al poder real de la catástrofe. Los 50.000 ducados prometidos no llegaron hasta diciembre, pero el acuerdo con el vecino país restableció la confianza ayudando a crear, incluso, un nuevo clima en Castilla. Por otra parte, y estimulados también por la reorganización del Gobierno, por su voluntad de luchar, y por los primeros éxitos conseguidos (alineamiento de Burgos junto al poder real), también los banqueros y elementos particulares comenzaron a adelantar fondos a partir del mes de octubre. Entre los prestamistas hallamos grandes señores: el duque de Béjar, los marqueses de Villena y de Tarifa, el conde de Ayamonte, etc., así como comerciantes burgaleses: Jerónimo de Castro, Francisco de Salamanca, Pedro Orense[744]. De este modo se revela una de las claves de la crisis de 1520: la Corona pudo superar la revuelta de las ciudades gracias a la alianza con dos grupos sociales, la alta nobleza y el gran comercio. No debemos olvidarlo a la hora de intentar una interpretación de conjunto del movimiento comunero. Poco a poco la situación fue haciéndose menos crítica para los virreyes; no llegaría a ser excelente, ni tan siquiera simplemente satisfactoria. Hasta el final de la rebelión, el poder real tuvo que hacer frente a sus problemas financieros, solicitar empréstitos y recurrir a diversos expedientes, pero en otoño la catástrofe había sido evitada. Así pues, el poder real, amenazado de asfixia, debió su salvación a la ayuda financiera de Portugal, de la alta nobleza y del gran comercio.

Tras haber conseguido, pues, poner nuevamente en marcha los resortes financieros, los virreyes podían comenzar a reclutar soldados. Tropas regulares poco numerosas, mercenarios, milicias urbanas, contingentes de la nobleza, tales eran los elementos que servían para constituir un ejército a principios del siglo XVI. Por supuesto, los virreyes no podían recurrir a las milicias urbanas, que formaban parte del bando opuesto. Pero no todas las ciudades —se podría objetar— formaban parte de la Junta. Algunas eran neutrales y otras decididamente hostiles a ella. Por cuestiones de táctica, tal vez, para no obligar a las ciudades a combatir con sus hermanas, pero también por miedo al contagio revolucionario, los virreyes no quisieran reclutar hombres de las ciudades leales al rey. Los combatientes que hubieran podido conseguir en las ciudades no hubieran sido elementos seguros. Podemos constatarlo a raíz de lo sucedido en la campiña castellana, donde el condestable hubo de renunciar a reclutar soldados, tan grande era el prestigio de la Comunidad. Fue en los lugares de señorío donde hubo que acudir a la búsqueda de tropas para combatir a la Junta, aunque también allí la palabra Comunidad suscitaba ecos peligrosos, y sobre todo en las provincias más alejadas de los núcleos revolucionarios, en algunas partes del País Vasco y en Navarra. Fue de estas regiones de donde surgió la gente de pie, los infantes, soldados de ocasión en quienes no se depositaba más que una confianza limitada. Quizás hubiera sido más seguro recurrir a mercenarios extranjeros. A principios de octubre, el condestable había pedido urgentemente un contingente de tres mil alemanes, en previsión de un pronto regreso de Carlos a Castilla. Pero, de repente, ya no se pudo contar con los alemanes. Fueron reclamados nuevamente, pero sin demasiada confianza y para subrayar mejor cerca de la Corte las dificultades encontradas. La infantería de los virreyes estaba formada, pues, únicamente por españoles, bajo la dirección del conde de Salinas. Veamos, en resumen, cuáles eran los efectivos a finales de noviembre, algunos días antes de la batalla de Tordesillas. El 28 de noviembre, el almirante hablaba de 3000 infantes muy buenos, reclutados en Galicia y en Asturias, además de otros 4000 hombres (¿menos eficaces?). El mismo día, los hermanos Vozmediano llegaban a un total de 8000 infantes. Finalmente, el día anterior a la batalla, el licenciado Vargas reseñaba 6500 infantes, aunque quizás se estaba refiriendo únicamente a los que debían hallarse en primera línea al día siguiente, sin contar las fuerzas de reserva. Parece lo más probable que la infantería realista estaría formada por unos 7 u 8000 hombres[745].

La infantería, cuerpo de desigual importancia y valor en razón de su reclutamiento, estaba destinada a ocupar el terreno. Para el ataque se contaba más bien con la caballería, el cuerpo de élite, formada por los elementos restantes de las fuerzas regulares y por los hombres aportados por los señores.

Una parte de las tropas permanentes que tras la partida de Carlos V había quedado en España, había sido utilizada durante el verano para ejercer presión sobre Segovia. Fueron estos regimientos los responsables del incendio de Medina del Campo, y la ola de indignación popular había sido tal que había sido necesario licenciarlos. Otra parte de los guardas del reino había constituido el grueso de la fuerza expedicionaria enviada a ocupar la isla de Djerba en 1519. Una vez efectuada su misión con éxito, esta tropa (la gente de los Gelves de la que hablan los cronistas), 800 lanzas en total, había desembarcado en Cartagena, en julio de 1520. Se había pretendido que interviniera contra los comuneros que habían puesto sitio al alcázar de Madrid, pero su jefe, Diego de Vera, se había negado a tomar parte en la guerra civil. Sus hombres —había pretextado— estaban cansados y, sobre todo, exigían que se les pagaran los retrasos de su soldada. A principios de otoño, estos hombres estaban acantonados en la zona de Sepúlveda. Allí recibieron la visita de delegaciones de los dos bandos opuestos, en petición de que se incorporaran a la lucha. Después de que la ciudad de Sepúlveda se alineara en el campo comunero, la Junta solicitó de don Carlos de Arellano que consiguiera la incorporación de esta tropa aguerrida. Por su parte, también el condestable comenzó a tratar con representantes de estos soldados. ¿Quién conseguiría sus propósitos? Ambos grupos rivales invocaron los grandes sentimientos: el interés del reino, el sentimiento de lealtad, etc., pero, en realidad, los soldados eran más sensibles a otros argumentos. Hacía tiempo que esperaban a cobrar sus soldadas. En definitiva, se unirían a quienes pudieran pagarles. De ambas partes se multiplicaban las promesas. Finalmente, el asunto terminó con la división de la tropa: la mitad de ella se unió a la Junta, mientras la otra mitad aceptó seguir al condestable[746].

Estos soldados reclutados de este modo por el condestable, y al mando de don Francés de Beamonte, se incorporaron a los grupos aportados por los señores. Y es que la alta nobleza, que hasta entonces se había mantenido a la expectativa, comenzaba a sentirse inquieta ante las consecuencias de un movimiento cuya dirección se le escapaba. En el plano político, las ciudades intentaban sustituir al poder real que reaccionó asociando a dos miembros de la aristocracia a la dirección de los asuntos de Gobierno. Carlos V procuró obtener el apoyo de los señores. En el aspecto social, el debilitamiento de la autoridad real permitió que se plantearan algunas reivindicaciones que comenzaban a amenazar directamente a la aristocracia territorial. El día 1 de septiembre, Dueñas se había sublevado contra su señor, el conde de Buendía. En otras partes se siguió este ejemplo y pronto se desarrolló en toda Castilla la Vieja un movimiento antiseñorial de gran alcance. Cierto que la Junta no había provocado estas revueltas de carácter social, pero tampoco podía desaprobar la acción de estos núcleos de población que se habían colocado bajo su protección, reclamando su apoyo. Fue para hacer frente a la subversión que amenazaba a sus feudos por lo que la nobleza acudió a las armas y se aproximó al poder real. Por su parte, la Junta comenzó a inquietarse ante los preparativos militares de los nobles y reaccionó haciendo suyas algunas de las reivindicaciones antiseñoriales. El conflicto fue poco a poco tomando la forma de un enfrentamiento entre los comuneros y algunos grandes señores, sin por ello perder su dimensión primitiva, es decir, la lucha entre las ciudades y el poder real. Fue así como Carlos V encontró unos aliados de los que hasta aquel momento había carecido. Con su intervención, la alta nobleza modificó los datos del problema. Lo que la impulsó a salir de su inactividad no fue el deseo de salvar al poder real sino la preocupación de conservar sus propios privilegios sociales, hecho que habría de pesar hasta el término de la guerra civil e incluso después[747].

En octubre se envió la orden de movilización a los caballeros e escuderos de acostamiento. Ignoramos hasta qué punto estas órdenes fueron atendidas, dado que los comuneros habían anunciado represalias para quienes sucumbieran a la tentación de unirse a los virreyes[748]. En todo caso, la nobleza de Castilla la Vieja no se dejó amedrentar y fue ella la que proporcionó los contingentes más numerosos y las fuerzas de choque. Muchos señores se situaron personalmente al frente de sus hombres y acudieron a ponerse a disposición del condestable y del cardenal Adriano. Los condes de Benavente y de Altamira y el marqués de Astorga fueron los primeros en llegar a Medina de Rioseco, seguidos del conde de Miranda, al frente de 200 lanzas; don Juan de Manrique, hijo del duque de Nájera, aportó 500 soldados; el marqués de Falces era esperado con 500 infantes, 80 lanzas y algunas piezas de artillería; el 15 de noviembre, el condestable anunció al cardenal Adriano la partida del conde de Haro, su hijo, con 700 caballeros, y del conde de Salinas, con 2500 infantes y quince cañones. Algunos días más tarde era el conde de Luna el que marchaba al frente de una fuerza de 1000 infantes y 800 lanzas[749]. A finales de noviembre, la flor y nata de la aristocracia de Castilla la Vieja se hallaba reunida en Medina de Rioseco, lugar de concentración de las tropas realistas. Según Santa Cruz, allí había:

Diez y seis señores de salva, sesenta caballeros de uno y dos quentos de renta y muchos de tres[750].

¿Qué efectivos suponían estas fuerzas de choque, esta caballería pesada? Al igual que en el caso de la infantería, las cantidades consideradas no concuerdan exactamente. En conjunto, es decir, contando a los veteranos de Djerba, se puede calcular un total de 2000 a 2200 lanzas, cantidad muy aproximada a la que señala Pero Mejía, quien debió tomar sus datos de una fuente fidedigna. Considerando que los soldados profesionales eran muy poco numerosos, llegamos a la conclusión de que fueron los nobles quienes aportaron la mayor parte de las tropas de élite, sin olvidar tampoco los hombres que había destinado a la infantería. Un Grande de España, el conde de Haro, primogénito del condestable de Castilla, fue designado general en jefe, el 29 de noviembre. Este nombramiento no fue del agrado de todos. Algunos consideraban que el conde era demasiado joven e inexperto, pero, en definitiva, era el hijo del condestable y no era posible discutir su elección[751].

La artillería suponía otro problema para los virreyes. El parque de artillería de Medina del Campo había caído en manos de los comuneros. Para conseguir los cañones necesarios para su ejército, los virreyes hicieron traer algunas piezas de Navarra y de Fuenterrabía, desguarneciendo en parte la frontera francesa. Además, consiguieron hacerse con algunos cañones más de aquí y de allá. En total, eran unos veinte los cañones que consiguieron poner a disposición de Miguel de Herrera, alcalde de Pamplona, a finales de noviembre[752].

En dos meses, pues, los virreyes habían conseguido organizar un ejército relativamente importante, concentrado en torno a Burgos y Medina de Rioseco. Este éxito se debió fundamentalmente a dos causas: financieramente, a la ayuda del rey de Portugal; política y militarmente al apoyo de la alta nobleza que proporcionó las fuerzas de choque, la caballería y una parte de la infantería. Hay que tomar, por tanto, las palabras de los cronistas al pie de la letra cuando hablan del ejército de los caballeros. Era ciertamente el ejército de la nobleza el que se disponía a entrar en batalla. ¿Para defender al poder real o sus privilegios de casta? Al alargarse, el conflicto había cambiado de significación. Tendremos la prueba de ello en las discusiones que precedieron a la batalla de Tordesillas.

Los preparativos militares de los virreyes no dejaron indiferentes a los comuneros. También ellos se pusieron a la tarea de organizar un ejército poderoso que pudiera hacer frente al de sus adversarios. Durante los meses de octubre y noviembre de 1520, los dos bandos desplegaron una intensa actividad, recogiendo fondos, reclutando soldados y organizándolos. El conflicto, que en principio se había planteado en un plano político, comenzó a adquirir aspectos militares cada vez más acusados.

No sólo los virreyes tenían que resolver problemas financieros. También los comuneros sentían preocupación por la cuestión económica. Durante el verano, algunas de las ciudades rebeldes habían organizado sus milicias. Estas tropas, poco numerosas y mal equipadas, estaban destinadas ante todo a asegurar el éxito de la revolución en el plano local. En principio, debían permanecer acantonadas en las ciudades. Sin embargo, ya habían tenido que decidirse a acudir en ayuda de Segovia. De Toledo habían salido los mayores efectivos y fue el jefe de la milicia toledana, Juan de Padilla, quien se había puesto al frente de este pequeño ejército. Se pensó entonces en una rápida campaña que permitiera enviar a los soldados de vuelta a casa lo más rápidamente posible. Después del incendio de Medina del Campo se encargó a estas milicias la misión de ocupar Tordesillas y luego la vigilancia de la seguridad de la Junta. Poco a poco, estas tropas fueron convirtiéndose en un ejército de carácter permanente, lo que planteó algunos problemas, como da fe esta carta de los capitanes toledanos escrita a fínales de septiembre: la ciudad de Toledo no había previsto más que una soldada muy modesta para los milicianos, como a hombres que aviamos destar en nuestras casas y que para dar a beuer a los conpañeros era aquello; pese a todo, los soldados habían aceptado partir en campaña, pero había pasado el tiempo y hacía ya dos meses que habían partido de Toledo sin recibir un sueldo más elevado. Lo más sencillo era considerar las cosas como eran. Estos hombres de las milicias se habían convertido en auténticos soldados; por lo tanto, se les debía pagar como soldados[753].

Esta solución de transformar a los milicianos en soldados asalariados se impuso desde el momento en que la Junta, inquieta ante los preparativos militares de sus enemigos, llegó a la conclusión de que necesitaba organizar un ejército eficaz. Para ello eran necesarios créditos. Ya no era posible recurrir a expedientes provisionales. El 27 de octubre eran los milicianos de Medina del Campo los que se quejaban de su situación. Iban a poner sitio a Alaejos, ciudad de Fonseca. En el momento de partir habían recibido la soldada de once días. Los once días habían pasado y Medina se declaraba impotente para adelantar más dinero:

No pueden dar vn maravedy; era la Junta la que debía hacer frente a las necesidades del ejército. A finales de noviembre fue Alonso de Cuéllar quien pidió dinero:

Aquí no ay vn real para hazer pólvora[754].

No obstante, los comuneros podían resolver más fácilmente que sus adversarios los problemas financieros. Les bastaba para ello tomarlo de los depósitos del Estado ya que disponían del producto de los impuestos. Las ciudades aportaron además otros ingresos suplementarios, en forma de impuestos sobre las mercancías (sisas). Algunas ciudades se mostraron reticentes al principio, como ocurrió en Valladolid en el mes de octubre. Pero desde que los comuneros consiguieron que la ciudad pasara a sus filas incondicionalmente, no hubo más problemas en ella. Valladolid creó nuevos impuestos para hacer frente a las necesidades del ejército como ya lo habían hecho otras ciudades rebeldes, como León[755].

Los productos de los impuestos y las imposiciones extraordinarias aseguraron, pues, a los comuneros el dinero necesario para equipar su ejército. Al igual que sucedía en las filas de sus enemigos, las tropas de élite estaban formadas por los veteranos de la expedición de Djerba. Ya hemos dicho anteriormente que aproximadamente la mitad de estos hombres se habían unido al condestable. El resto se puso a disposición de don Pedro Girón, que militaba en las filas de la Junta[756]. Las milicias urbanas formaban el grueso de la infantería, aunque también aportaron algunos efectivos a la caballería pesada. Disponemos de exacta información sobre la milicia de Valladolid, gracias a los informes analíticos de las sesiones de la Comunidad local que se conservan en Simancas. El 5 de noviembre la ciudad envió 150 lanzas a Tordesillas. Se tomaron importantes medidas de movilización y Valladolid pudo poner a disposición de la Junta contingentes cada vez más numerosos. Si aceptamos las afirmaciones del cardenal Adriano, hay que concluir que en Valladolid fueron movilizados todos los hombres en edades comprendidas entre los dieciocho y los sesenta años. También las restantes ciudades rebeldes reclutaron tropas aunque en número menor. Desde que se produjera el triunfo definitivo de la Comunidad de Valladolid, esta ciudad se había convertido en el núcleo central del movimiento revolucionario.

Una nota pintoresca en el ejército rebelde lo constituía el batallón de sacerdotes de la diócesis de Zamora, capitaneado por el obispo don Antonio de Acuña. La información que nos proporciona Guevara viene confirmada por los documentos de archivo. Eran en total unos trescientos los sacerdotes que se dirigieron a Tordesillas fuertemente armados. Para compensar esta movilización parcial del clero, Acuña autorizó a los párrocos que habían permanecido en la diócesis a decir tres misas o más en caso necesario. Este detalle es también rigurosamente auténtico. Es necesario añadir que a estos sacerdotes-soldados se les confiaron misiones en la retaguardia: formaron el grueso de la guarnición de Tordesillas, encargada de velar por la reina y la Junta. El obispo, sin embargo, no bromeaba con la disciplina. ¡Ay de aquellos a los que sorprendía leyendo el breviario[757]!

El reclutamiento, que se prolongó hasta finales de noviembre, modificó sensiblemente la fisonomía del ejército rebelde. Las milicias urbanas aportaron el grueso de los efectivos, pero la cuña de lanza de esta tropa estaba formada ahora por los veteranos de Djerba y por la caballería pesada, reforzada por el importante parque de artillería de Medina del Campo. Las compras de armas en el País Vasco y en Castilla computaron el armamento militar[758].

Pero no sólo la composición del ejército rebelde había variado; también los cuadros de mando exigían una reestructuración. Hasta entonces, Padilla, jefe de las milicias de Toledo, tenía autoridad sobre todas las tropas puestas a disposición de la Junta. En principio no había razón alguna por la que no pudiera seguir al frente del nuevo ejército. Pero Toledo ya no ocupaba el papel preponderante en el seno de la Junta y dos nuevas figuras comenzaban a destacar de manera decisiva en los organismos revolucionarios: don Pedro Girón y el obispo de Zamora. Ambos aspiraban a pasar al primer plano y muy pronto rivalizaron con Padilla.

Don Antonio de Acuña era hijo natural de Luis Osorio de Acuña, que fuera obispo de Burgos. Destinado a la carrera eclesiástica, comenzó recibiendo la dignidad de archidiácono de Valpuesta. Pero este hombre manifestó tanta capacidad, si no más, para ejercer las funciones públicas que para los ejercicios de piedad. También hay que poner de manifiesto la lucidez que mostró la reina Isabel en 1502 cuando se decidió a emprender la reforma de la orden de San Antón, formada por monjes y soldados. En efecto, junto al reformador, fray Juan Antonio de Ravena, encontramos a don Antonio de Acuña, como principal colaborador. A la muerte de Isabel, Acuña se alineó decididamente en el bando de Felipe el Hermoso, que disputaba el poder a Fernando el Católico. Aquél le encargó una misión diplomática en Roma, coyuntura que Acuña supo aprovechar para obtener del papa la titularidad del obispado de Zamora. Entre tanto se había producido la muerte de Felipe el Hermoso, y Fernando, que había vuelto a tomar las riendas del poder en Castilla, se negó a reconocer al nuevo obispo quien, por su parte, pretendió tomar posesión de su diócesis por la fuerza. Fue entonces cuando Acuña encontró en su camino por primera vez al alcalde Ronquillo, que más tarde le condenaría a muerte y le haría ejecutar. Fernando el Católico hubo de reconocer finalmente a Acuña como obispo de Zamora, pero nunca gozó de una situación de favor en vida del monarca. Al igual que muchos otros partidarios de Felipe el Hermoso, Acuña pensó que, con el advenimiento al trono de Carlos V la hora de la venganza había sonado para él. Inmediatamente se puso a disposición del nuevo equipo de gobierno, y se conserva una carta autógrafa suya a Chièvres en la que le solicitaba el cargo de embajador en Roma. Sus esperanzas se vieron defraudadas. Chièvres prefirió la alianza de los fernandistas. En 1520, Acuña era, pues, un resentido y no dejó escapar la ocasión que se le presentó con ocasión de la revuelta comunera. Consiguió que Zamora se uniera a la Junta y expulsó al conde de Alba de Liste de la ciudad, poniéndose a la entera disposición de los miembros de la Comunidad. Contaba entonces con más de sesenta años, pero no aparentaba su edad:

En el brío y las fuerzas, como si fuera de veinticinco, era un Roldán.

Escribe Sandoval. Así era, en pocas palabras, el hombre que deseaba ardientemente intervenir en las luchas que desgarraban a Castilla. En noviembre se hallaba lo suficientemente comprometido como para que el cardenal Adriano solicitara y obtuviera del papa un Breve condenando sus actividades[759]. También don Pedro Girón se había visto impulsado por el rencor a ingresar en las filas del movimiento. Ya hemos mencionado sus pretensiones sobre el rico ducado de Medina Sidonia, a las que se había opuesto el rey de Aragón[760]. Como Acuña, también esperaba que el nuevo soberano le haría justicia. En 1519, y como parte de sus intentos de conquistar los favores de la monarquía, escribió una carta a Chièvres congratulándose por la elección del rey al Imperio[761]. Tiempo perdido, ya que el rey abandonó España sin haberle dado satisfacción. Desde el mes de septiembre, Girón comenzó a asistir de forma regular a las sesiones de la Comunidad de Valladolid. Prestó su colaboración a Padilla con ocasión de la expulsión de los miembros del Consejo Real. Era, en suma, el único miembro de la alta nobleza que apoyaba a la Junta. Fue esta circunstancia, sin duda, la que decidió a sus miembros a designarle capitán general del ejército rebelde. Su presencia al frente del ejército daba prestigio a la rebelión que sus enemigos presentaban a veces como fruto de la acción de un conjunto de plebeyos. Además, este nombramiento podía impresionar favorablemente a los grandes señores que todavía no habían tomado partido; parecía significar que los comuneros no eran hostiles a la aristocracia. El 11 de octubre la Junta informó oficialmente mediante una circular, a todas las ciudades rebeldes, del nombramiento de don Pedro Girón como capitán general. Este nombramiento no se había producido con el asentimiento de todos los miembros de la Junta. Bien al contrario, serias reservas habían sido expresadas al respecto, y podemos hacernos una idea de estas reacciones al considerar las condiciones que Pedro Girón se vio obligado a aceptar: carecía de autoridad sobre las milicias urbanas, al menos por el momento. Girón —precisaba el documento de la Junta— era simplemente el jefe de los guardas, de los veteranos de Djerba. Además se le obligó a jurar que no utilizaría para fines personales las tropas colocadas bajo su dirección. Debía atenerse estrictamente a las órdenes de la Junta[762]. Indudablemente, la promoción de Girón no era del agrado de todos los comuneros; su adhesión a la Junta había despertado no pocas suspicacias. Desde el 17 de octubre, el cardenal Adriano pudo hacer balance de las reacciones provocadas por su nombramiento. Los diputados de Zamora abandonaron la Junta; los de Toro se dividieron, y los partidarios y adversarios de Girón estuvieron a punto de llegar a las manos. Padilla, por su parte, haciendo uso de la autonomía de que gozaban todavía las milicias, marchó despechado a Toledo con sus hombres. La Junta le instó para que regresara, pero en vano. Padilla prefirió ocuparse en extender la zona de influencia de la Comunidad en la región de Toledo[763]. Pareció desinteresarse de cuanto ocurría en la zona del Norte, y no habría de volver a intervenir activamente en la lucha sino después de que Girón desapareciera de la escena.

Podemos convenir en que la Junta salió perdiendo al sustituir a Padilla por Girón como jefe militar. Cierto que se había aquistado la adhesión de un gran señor, pero en circunstancias dudosas y al precio de defecciones y divisiones que no hicieron sino debilitar profundamente el movimiento. Padilla, comunero convencido desde un principio, había conseguido una gran popularidad y prestigio entre sus hombres y a los ojos de la población. Al desaparecer provisionalmente de la escena, se eclipsó también la influencia de Toledo en la revolución. Toledo había tomado la iniciativa en la rebelión, la había animado y había proporcionado los contingentes armados hasta entonces. En noviembre, Valladolid tomó el relevo convirtiéndose en el centro motor de la revolución.

Se puede calcular que la organización del ejército de la Junta concluyó en lo fundamental a mitad de noviembre. En efecto, fue el 18 de noviembre cuando la Junta redactó el documento que fijaba al ejército sus objetivos[764].

En este texto se hacían importantes precisiones sobre el mando de las fuerzas. La autoridad de Girón quedaba aumentada. Se le confirmaba en sus funciones de capitán general de sus altezas, pero esta vez sin limitaciones. Todo el ejército se ponía a sus órdenes incluidas las milicias urbanas. Era el fin de la autonomía de las milicias. La defección de Toledo no la hacía ya necesaria. Y, sin embargo, Girón seguía sin tener total libertad de movimientos. Una delegación de la Junta acompañaría al ejército en todos sus desplazamientos. De ella formarían parte don Pero Laso de la Vega, Diego de Guzmán, don Hernando de Ulloa, Alonso de Saravia y Gonzalo de Guzmán. Estos hombres, a los que bien podría considerarse como comisarios políticos, se encargarían de vigilar el cumplimiento de las instrucciones de la Junta. Posiblemente también tendrían como misión la vigilancia de Girón impidiéndole, si llegara el caso, tomar iniciativas políticas o militares que no contaran con la aquiescencia de la Junta.

A modo de preámbulo, la Junta exponía en estas instrucciones las razones que la habían obligado a la formación del ejército: los enemigos del reino, agrupados en torno al condestable, en Burgos, y del cardenal Adriano, en Medina de Rioseco, habían reunido tropas con la declarada intención de disolver la Junta. Dejarles actuar impunemente supondría dejar nuevamente el reino en manos de funcionarios corrompidos y permitir que cayera de nuevo en la servidumbre de la que la Junta había pretendido liberarlo. El ejército tenía, pues, una misión defensiva. Pero también se le daban instrucciones más concretas. Debía dirigirse hacia Medina de Rioseco, donde serían enviados emisarios para conminar al almirante de Castilla y a los habitantes a que expulsaran a los miembros del Consejo Real que allí se habían refugiado y a los soldados que se habían concentrado. En caso de respuesta negativa, el ejército debería obligarles a llevar a cabo lo ordenado, y, para ello, invadir la ciudad. Los altos funcionarios serían apresados y juzgados ante la Junta. En cuanto al cardenal Adriano, debería guardarse con él el respeto debido a un príncipe de la Iglesia, pero de todos modos se le prohibiría ejercer las funciones políticas que por su condición de extranjero le estaban vedadas en Castilla. Las mismas instrucciones eran válidas para el condestable. El ejército recibió también las instrucciones de incorporar al movimiento comunero la ciudad de Palencia y la Tierra de Campos. Se recomendaba a las tropas que por el momento no penetraran en los feudos de los señores, salvo en los del condestable y en los del conde de Alba de Liste, a quienes se había declarado enemigos del reino. A los jefes se les encarecía que velaran estrictamente por el mantenimiento de la disciplina. Cualquier tipo de pillaje o abuso con respecto a la población civil, así como las violaciones y los robos, serían severamente castigados[765]. Finalmente, se prohibía a los responsables militares tomar ninguna iniciativa por su cuenta. En caso de situaciones imprevistas, antes de tomar una decisión deberían consultar con la Junta.

Una semana más tarde, en cumplimiento de las instrucciones recibidas, las tropas avanzaron hacia Medina de Rioseco y don Pedro Girón estableció su cuartel general en Villabrágima[766]. ¿De qué efectivos disponía? Las cifras que han llegado hasta nosotros proceden del bando enemigo y no coinciden exactamente entre ellas, aunque es cierto que las diferencias son mínimas. En general, son menores que las proporcionadas por los cronistas[767].

Las diferencias entre las estimaciones numéricas de unos y otros observadores se explican también porque la situación variaba constantemente. A finales de noviembre, por ejemplo, don Pedro Girón recibió importantes refuerzos de Ávila, de León y sobre todo de Valladolid. En la víspera de la batalla de Tordesillas, contaba con 8 ó 9000 infantes y cerca de 900 lanzas. En cuanto a la capacidad bélica de estas tropas, las opiniones varían: el almirante sentía un gran desprecio por estos soldados de ocasión (peones faldudos que no valen quatro reales). El licenciado Vargas, establecía así, el 4 de diciembre, la relación de fuerzas: los nobles cuentan con mayor número de caballeros (2200 lanzas contra 900) pero su infantería es menos numerosa (6500 contra 9000); los comuneros disfrutan de una clara superioridad en cuanto a la artillería. Una pequeña guarnición está encargada de la protección de Tordesillas. Como ya hemos dicho anteriormente estaba formada por los trescientos curas de la diócesis de Zamora.

3. Vela de armas

A finales de noviembre, los dos ejércitos se hallaban ya, pues, frente a frente. Sin embargo, los adversarios se resistían a entablar combate. Intentaban convencer antes que vencer y ante todo asegurarse la cohesión en su propio bando. El nombramiento de Girón había provocado disensiones en las filas comuneras, pero los virreyes estaban lejos de formar un gobierno unido y sólido. Ni siquiera se hallaban juntos. Uno de ellos estaba en Burgos y los otros dos en Medina de Rioseco. En tales condiciones no resultaba sencillo llevar a cabo una acción común y eficaz. El condestable había previsto unirse al cardenal Adriano en cuanto hubiese asegurado la situación en Burgos, pero se vio enfrentado con dificultades inesperadas. Burgos esperaba que el emperador confirmase los acuerdos firmados en octubre, y dado que esta confirmación no llegaba, el condestable no se atrevía a abandonar la ciudad, por temor a que estallase una revuelta que podría provocar un cambio total en la situación[768]. Cierto que el cardenal podría haberse trasladado a Burgos pero rechazó esta posibilidad. Después de haber huido de Valladolid había encontrado refugio en Medina de Rioseco y no era su intención abandonarla. Y es que Medina de Rioseco distaba tan sólo unos treinta kilómetros de Valladolid, lo que permitía al cardenal observar todos los movimientos del adversario y aprovechar el momento oportuno para realizar una marcha sobre Tordesillas, objetivo esencial a los ojos del cardenal Adriano. Por otra parte, la ciudad de Medina de Rioseco pertenecía al almirante de Castilla. Poco a poco el gobierno central se organizó en torno a estos dos núcleos: Burgos y Medina de Rioseco, situándose los altos funcionarios en una u otra según sus afinidades personales.

Ciertamente, el azar no jugó un papel importante en esta distribución geográfica de los partidarios del emperador. En torno al condestable se concentraron los funcionarios considerados más intransigentes, y desde luego los más impopulares: el presidente del Consejo Real, Rojas, el licenciado Vargas, etc. Temerosos de la posible reacción popular no se atrevieron a establecerse en el interior de Burgos y permanecieron en los alrededores, bien protegidos, en las propiedades del condestable. Este había visto reforzada su autoridad en octubre. Carlos V, ignorando que el cardenal Adriano había conseguido salir de Valladolid, permitió al condestable que actuara por su cuenta sin haber obtenido el refrendo del segundo virrey, como lo proveían las instrucciones del 9 de septiembre. Inmediatamente, el condestable mandó hacer un nuevo sello y tomó las disposiciones para entrar en un enfrentamiento armado con los rebeldes[769]. En torno a él se agruparon los convencidos de la necesidad de una política de mano dura, persuadidos de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los comuneros.

En Medina de Rioseco se mantenían puntos de vista menos intransigentes. El cardenal vio reunirse con él a otros miembros del Consejo, menos comprometidos que los anteriores, como Zapata, Coalla, Cabrera, los tesoreros Alonso Gutiérrez y Juan de Vozmediano. Sin duda, Medina de Rioseco era una ciudad de señorío, hecho que aprovecharon los comuneros para denunciar la colusión entre la Corona y los señores, críticas que no alcanzaron gran virulencia por cuanto el dueño de la ciudad, el almirante de Castilla, no había precisado definitivamente su posición[770]. El almirante, que se encontraba en Cataluña en el mes de septiembre, no se apresuró a regresar a Castilla. No llegó a Medina de Rioseco hasta el 14 de noviembre. Este retraso era debido a razones de salud pero también, y de manera especial, a una serie de consideraciones políticas, como lo afirma el embajador portugués:

Del almyrante ay nueva que está mal dispuesto y que por esta causa no es venido. Dizen que él está puesto en no tomar la governación sin que primero el rey desagravie el reyno[771].

Como vemos, el almirante, a diferencia del condestable, no abrazaba la causa del emperador sin ciertas restricciones. Y desde que regresó a Castilla no se recató en expresar claramente su punto de vista. Estaba dispuesto a hacerse cargo de la misión que le había confiado Carlos V, pero con ciertas condiciones. Como algunos días más tarde escribió a Sevilla, se negaba a aceptar esta delegación de poderes a ojos cerrados. Esa era la razón por la que había retrasado su regreso: esperaba la respuesta de Carlos V a las cuestiones que le había planteado. No sabemos cuáles eran estas cuestiones, pero no cabe duda de que debieron molestar profundamente a la Corte, ya que el rey hizo que se leyeran dos veces ante él las cartas del almirante sin que se diera ninguna respuesta. De cualquier modo, al día siguiente de su llegada a Medina de Rioseco, el almirante mantuvo una larga conversación con el cardenal Adriano. En ella afirmó estar dispuesto a aceptar el cargo de tercer virrey, con dos condiciones:

1. Que se diese una respuesta a sus cartas;

2. Tener plenos poderes en Castilla:

Se le dé todo el poder cumplido sin restricción alguna y qual lo tiene Vuestra Majestad para consentir y perdonar, castigar, hacer mercedes y condenar.

El cardenal confesó al rey su opinión de que esta pretensión estaba perfectamente fundada. Sin embargo, se abstuvo de decírselo al almirante. Bien al contrario, deseoso de cumplir fielmente las consignas recibidas, hizo observar que el condestable se había contentado con los poderes limitados que se le habían concedido. Naturalmente —fue la respuesta del almirante— el condestable no tenía más remedio, no podía dar marcha atrás:

Porque toda su tierra se le leuantaua y que no tenía otro remedio para allanar y remediar aquello sino aceptando la dicha gouemación, cobrando con ella la autoridad que hauía perdido en Burgos y sus tierras.

El almirante, por su parte, dudaba a la hora de arriesgar todo por el emperador sin compensación, sin ninguna garantía:

Es más vezino al fuego y dize que no tiene cosa ninguna fuerte sino este lugar [Medina de Rioseco] y en fin me dixo que no tiene nada seguro en su tierra y que fácilmente lo perdería todo si se pusiesse contra estas comunidades, si ya de parte de Vuestra Majestad no se diesse grande y rezio poder, assí de dinero como de gente[772].

El almirante había sabido ver el juego de Carlos V, que quería apoyarse en los señores para luchar contra las ciudades. A través de él, una parte de la aristocracia aceptaba tomar los riesgos, pero en compensación exigía el poder, todo el poder, prenda de eficacia. En resumen, la aristocracia pretendía hacer pagar a la Corona el apoyo que iba a concederle. Trataba de presionar al emperador para obtener las máximas concesiones sin, por otra parte, enajenarse completamente a los comuneros. Política pues, de doble juego de una parte de la alta nobleza en estos momentos críticos. La prueba nos la proporciona el propio almirante de Castilla en una carta dirigida a la ciudad de Sevilla el 28 de noviembre: se considera como virrey y actúa como virrey aunque no hubiera aceptado todavía este título oficialmente:

He acordado de aceptar el cargo quando con detenello no pudiere traellos [los comuneros] a la razón. No firmo gobernador (…). Aunque no lo hago, en todas las cosas proveo como gobernador y lo haré siempre y muy presto lo aceptaré[773].

En noviembre, los señores todavía dudaban. Ciertamente, ya no podían elegir. Debían hacer frente a la subversión que había penetrado en sus propios feudos; sus intereses de casta coincidían con los del poder real. El condestable era su representante. Los demás, agrupados en torno al almirante, jugaban el papel de conciliadores, no por convicción sino porque lo consideraban interesante para su beneficio, por dos razones:

—Ante todo preferían una solución pacífica y negociada, la cual les permitiría salvar sus feudos. Temían que si el conflicto se prolongaba y degeneraba en una guerra civil, la subversión pudiera alcanzar a sus propios dominios.

—Un acuerdo negociado conseguido gracias a su intervención haría de estos señores los árbitros de las diferencias entre la corona y las ciudades. La aristocracia recuperaría entonces todo el poder político perdido desde el advenimiento al trono de los Reyes Católicos.

Creemos que ésta es la interpretación correcta del conflicto que a finales de noviembre enfrentó a los comuneros con algunos defensores del poder real. Esta confrontación se malogró, pero presenta para nosotros un interés excepcional ya que permite situar a plena luz el enfrentamiento político y aclarar el sentido de la revolución en curso.

La iniciativa de las conversaciones quedó en manos del almirante, ya que nadie podía mejor que él servir de interlocutor con la Junta. Como virrey designado, deseaba conocer exactamente la posición de sus enemigos antes de aceptar oficialmente el cargo. Actitud sumamente hábil que provocó la susceptibilidad de la Comunidad. En realidad, la Junta no hacía ninguna concesión al aceptar discutir con el almirante, simple particular dado que no había aceptado todavía su cargo; el almirante no representaba todavía a nadie, no comprometía a nadie. Los cronistas e historiadores han realizado un retrato idealizado del almirante. Lo han presentado como un espíritu superior, que tuvo la valentía de decir las verdades a todos, a la Junta denunciando sus excesivas pretensiones, y a Carlos V a quien reprochó su despreocupación y ligereza. Preocupado ante todo por conservar la paz, el almirante habría agotado todas las posibilidades de compromiso y sólo tras comprobar la inutilidad de sus tentativas habría permitido, con enorme tristeza, que decidieran las armas. Hay desde luego parte de verdad en este cuadro, pero descuida, sin embargo, un aspecto fundamental de la cuestión. Insiste únicamente en el carácter del almirante, su temperamento que le llevaba a la discusión ideológica. Y éste es un elemento desde luego importante. Pero se pierden de vista los condicionamientos sociológicos. El almirante era un Grande de España. En estos momentos decisivos representaba a una fracción de la aristocracia castellana, inquieta ante los progresos que realizaba el movimiento subversivo y que pretendía ponerle fin. En definitiva, toda la habilidad diplomática del almirante podría no ser más que una demostración de derrotismo o, en todo caso, de oportunismo. No quería negociar sino porque se daba cuenta de que no podía imponerse. Sabemos cuál era su estado de ánimo durante los meses de octubre y noviembre gracias a la correspondencia del cardenal Adriano. Al llegar a Castilla el almirante pudo constatar el prestigio de la Comunidad en todo el reino, un prestigio tal que todos parecían subyugados (embebecidos). El almirante consideraba que la situación era catastrófica. No se sentía ya seguro entre sus propios súbditos. Conclusión lógica: había que ganar tiempo; había que contemporizar con los rebeldes[774].

Vista desde este prisma, la política conciliadora del almirante no resulta muy distinta de la actitud más dura del condestable. Ambos querían llegar al mismo resultado pero utilizando métodos distintos. La oposición entre ellos era únicamente respecto a las vías y los medios, no sobre la meta a conseguir, que era idéntica: mantener y aumentar, si ello era posible, el poder social de la alta nobleza contra la subversión representada por la Junta. En esta lucha, la nobleza era solidaria con el poder real. Toda la habilidad diplomática del almirante iba a intentar, por tanto, socavar el prestigio y la autoridad de la Junta, primero en el exterior, actuando en las ciudades y luego, al fracasar esta maniobra, mediante discusiones directas.

Antes incluso de llegar a Castilla, el almirante entró en contacto con Valladolid, pieza maestra en el juego político. Era, sin duda, la ciudad más importante de cuantas apoyaban a la Junta. Si se podía conseguir apartarla de ella, todo hacía pensar que la Junta se hundiría rápidamente. Había, pues, que repetir la operación que con tanto éxito había realizado en Burgos el condestable. De las conversaciones iniciadas el 20 de octubre nos han quedado dos cartas que permiten conocer con precisión las propuestas del almirante[775].

Comenzaba el almirante recordando los lazos que le ligaban a Valladolid. Nadie deseaba con tanto ardor como él la felicidad y la prosperidad de la ciudad. Lamentaba no haber podido estar antes en Castilla, pues se hubieran podido evitar muchos errores. ¿Qué había sucedido? Los habitantes de Valladolid habían sido engañados; malos guías y falsos profetas habían levantado a la población contra la autoridad establecida, en nombre de la libertad, pero de una falsa libertad:

¿A qué llaman ellos livertad? A que no la tengan vuestros pensamientos de estar un momento solo en seguridad. ¿A qué llaman libres? A los que a sus males son sujetos.

Ciertamente, el reino tenía motivos para quejarse, pero no del rey, que era todavía muy joven y que había sido mal aconsejado. ¿Qué se podía hacer para resolver la situación? Reunir de nuevo al reino sin excluir a los Grandes (Grandes y pequeños) y sin tumultos elaborar una lista con todos los abusos que exigían una reforma; a continuación esta lista sería enviada al rey suplicándole respetuosamente que la tomara en consideración. Por el contrario, ¿qué habían hecho los malos dirigentes? Se habían levantado en armas contra el rey y habían encarcelado por su propia iniciativa a los miembros del Consejo Real. Habían hecho creer al reino que se podía gobernar en nombre de la reina sin tener en cuenta su estado de salud. Lo que en realidad pretendían era destronar a Carlos V: quitar el reyno al hijo. Este deseo reposaba en mentiras, en la más absoluta ilegalidad. ¿Cómo no habían visto los peligros de esta loca tentativa? ¿A quién aprovechaban todos estos desórdenes? Desde luego, no a los campesinos ni a los comerciantes o artesanos, que necesitaban de la paz para poder vivir. Si la agitación continuaba, pronto los impuestos aumentarían, surgirían las disensiones. Los campesinos no podrían trabajar la tierra, los artesanos quedarían sin trabajo, y como tendrían que seguir viviendo comenzarían los robos, los asesinatos. ¿Era esto lo que deseaban los habitantes de Valladolid? ¿Creían que su suerte se vería mejorada por haber cambiado a algunos regidores? Debían pensar, además, en la misión histórica de España como barrera contra el Islam. Y el almirante se hacía más insistente: escuchad, pues —escribía— a los que buscan vuestra dicha y no a estos hombres, prisioneros de sus propios errores y de sus intereses particulares, que os llevan al abismo. El almirante deseaba el interés del reino, y más concretamente de Valladolid. Que sus habitantes reflexionasen. Era mejor entenderse con el rey y solicitar su perdón. El almirante se ofrecía a intervenir como intermediario. Si los habitantes de Valladolid lo deseaban, él iría a la ciudad para trabajar con eficacia por la consecución de la paz y el mantenimiento del orden.

Separar a Valladolid de la Junta y de los jefes políticos de la Comunidad, tales eran los propósitos del almirante que, por otra parte, se comprometía a obtener el perdón del rey por poco que Valladolid se decidiese a solicitarlo. Era exactamente la misma operación que con tanto éxito había realizado el condestable en Burgos. Pero en Valladolid ya era demasiado tarde. La Comunidad se hallaba sólidamente instalada y resultaba imposible apartarla de los jefes que ella misma se había dado. Convencido de la imposibilidad de socavar la influencia de la Junta, apartando de ella a su miembro más importante, el almirante intentaría a continuación convencer a la propia Junta.

Aproximadamente tres semanas después del fracaso de las conversaciones con la ciudad de Valladolid, el almirante entró en contacto con la Junta. Fue hacia el 15 de noviembre cuando realizó las primeras propuestas. El deseo del almirante era dirigirse directamente a la Junta, reunida en asamblea general. Esta, sin embargo, se negó cortésmente; el almirante se entrevistaría únicamente con una delegación, en Torrelobatón, a mitad de camino entre Tordesillas y Medina de Rioseco[776]. Fue esta la primera decepción para el almirante. No puede manejarse lo mismo a una pequeña delegación que a una gran asamblea, en el seno de la cual se esperan encontrar complicidades. La Junta designó como miembros de esta delegación a don Antonio de Quiñones, Diego de Esquivel y fray Pablo de León, que figuraba como jefe de ella. Fue él quien tomó la palabra para contestar al almirante. Dos entrevistas tuvieron lugar en Torrelobatón, en fechas no precisadas, aunque muy probablemente en torno al 20 de noviembre. A ellas siguió un intercambio epistolar que permite hacernos una idea exacta de las discusiones y del desacuerdo final. Señalemos además que estas entrevistas de Torrelobatón fueron más que nada monólogos. En el primero de ellos, el almirante desarrolló extensamente su punto de vista, que la delegación de la Junta se limitó a escuchar, ya que no tenía autoridad para responder. El segundo corrió a cargo de fray Pablo, que se encargó de manifestar las opiniones de la Junta. De este intercambio de opiniones quedó en claro que ninguna de las dos partes estaba dispuesta a realizar concesiones importantes. En realidad, podría decirse que los interlocutores hablaban un lenguaje distinto. El almirante exponía puntos de vista completamente tradicionales mientras que fray Pablo estaba exponiendo ideas políticas revolucionarías. En tales condiciones, una entente resultaba prácticamente imposible. Algunos días después sobrevino la ruptura. Y, no obstante, estas conversaciones sirvieron al menos para situar el enfrentamiento en sus verdaderas dimensiones.

El almirante comenzó haciendo un poco de historia. El siempre había sacrificado todo a los intereses superiores del reino, y especialmente en tres ocasiones:

—A la muerte de Isabel la Católica, se unió al partido de Felipe el Hermoso para evitar que la guerra civil pudiera desgarrar a Castilla.

—Se había opuesto con todas sus fuerzas a que se llevase a cabo el internamiento de Juana, la hija de los Reyes Católicos.

—A la muerte del rey de Aragón había apoyado a Cisneros, que le pareció la única figura capaz de garantizar el orden público.

Una vez dicho esto, el almirante concedió que, efectivamente, la situación de Castilla, en 1520, exigía la realización de reformas inmediatas. La Junta obraba bien insistiendo en este punto. Por otra parte, todo el mundo, o casi, estaba de acuerdo en afirmar que los fines que la Junta perseguía eran conformes al interés del país. Las divergencias surgían a la hora de definir las vías y los medios por los cuales se esperaba alcanzar estos fines. ¿Cuáles eran, pues, los puntos de desacuerdo?

1. La Junta había reclutado tropas. ¿Acaso significaba esto que deseaba la guerra? Era imposible, dijo el almirante, discutir con calma en medio de un repiqueteo de las armas. A ello respondió la Junta que también el condestable había reunido un ejército.

2. La Junta estaba dispuesta a licenciar a su ejército, pero con dos condiciones: que el condestable hiciese lo mismo, por su parte y, sobre todo, que el condestable y el cardenal Adriano renunciaran a sus puestos de virreyes. Era demasiado tarde, contestó el almirante, pues desde el momento en que habían aceptado el cargo habían dejado de ser meras personas particulares para convertirse en depositarios del poder real. Además, ¿por qué no podía ser virrey el condestable? ¿Cuáles eran las leyes que se oponían a ello? Examinemos conjuntamente estas leyes, solicitó el almirante. La Junta —siguió diciendo— se refería a las leyes del reino pero en términos imprecisos. En realidad, lo que reprochaba al condestable era el haber sido designado virrey sin que el reino hubiera sido previamente consultado. La Junta no aceptaba este procedimiento: un gobernador que no fuese puesto a contento del reyno[777]. Y la misma actitud adoptaba respecto a los altos funcionarios: la Junta exigía que cesaran en sus actividades. ¿Pero, con qué derecho pretendía la Junta exigir esto?, preguntó el almirante. Dado que habían sido nombrados por el rey, sólo él podía destituirles. Que la Junta exigiera su dimisión significaba que se situaba por encima del rey. Y era éste el punto fundamental del debate:

Rezia cosa es que aquellos oficiales que el rey cría, vosotros digays que son desobedientes en no dexar los oficios por vuestro mandamiento, que es presuponer que el reyno manda al rey y no el rey al reyno. Cosa es que jamás fue vista.

3. La idea básica y fundamental del pensamiento político de los comuneros era, en efecto, que el reino se hallaba por encima del rey. Y esto podía verse también claramente —seguía el almirante— a propósito de los proyectos de reformas elaborados por la Junta. Estos proyectos se hallaban llenos de ideas interesantes, pero tenían un defecto: la Junta trataba de imponérselos al rey, cuando lo que tenía que hacer era suplicarle que concediera las reformas. De hecho, éstas no llegarían a ser efectivas hasta que no fueran sancionadas por el rey:

Mirá que la forma deshaze el buen propósito con que comentaste a entender en los remedios, los cuales no tienen fuerza si de mano o voluntad del rey no son otorgados, ecepto si de aquí a la fin del mundo no pensays tenerle ocupado el mando…

A menos que la Junta pretendiera prescindir del rey y estuviera pensando en una forma de gobierno republicano, al estilo de algunas ciudades italianas. Proyecto utópico y absurdo, exclamó el almirante. Era necesario un rey que detentase la autoridad suprema. Si la Junta destituía a Carlos V se vería en la necesidad de elegir otro monarca. Aunque él no estaba seguro de que tal fuera el pensamiento de la Junta. La idea de fondo era que la autoridad del reino estaba por encima de la del rey. Era éste un principio revolucionario y no es de extrañar que al almirante le costara admitirlo: cosa es que jamás fue vista. Contra tales aberraciones, el almirante no pudo menos de repetir una fórmula sagrada para él:

Esta trinidad de Dios, rey y reyno, que tan concebida en mí tengo[778].

Dios, el rey, el reino. El almirante no podía separar ninguno de estos términos de los otros dos, en tanto que la Junta no dudaba en situar al reino por encima del rey.

4. En todas estas discusiones, la Junta se identificaba con el reino. Pretendía representar la voluntad nacional. Era esto lo que negaba el almirante. Ni Andalucía, Galicia, Asturias ni el País Vasco estaban representados en la Junta. Esta estaba formada por diputados de algunas ciudades, pero ni siquiera podía decirse que representara a estas ciudades, ya que los diputados habían sido designados después de haber expulsado a los caballeros, que formaban un núcleo nada desdeñable de la población urbana:

Deverían vuestras cosas, señores, limitarse en esta parte diziendo: fulano y fulano, procuradores de tales cibdades, que aquí nos juntamos, e no firmemente llamaros procuradores de todo el reyno.

La Junta replicó que de las dieciocho ciudades con voto en Cortes, catorce estaban con ella. Esto le permitía considerarse representante de la mayoría del reino, y por ende, de la voluntad nacional.

El almirante resumió el debate de este modo:

Desseo saber sobre qué debatimos. ¿Quieren vuestras mercedes que guarde el rey essos privilegios? Nosotros también. ¿Que quereys que guarde nuestras leyes? Nosotros también. ¿Que quereys que nos la alargue en lo que fuere necesario al bien de la república y servicio de sus magestades? Y nosotros también. ¿Que quereys que, si ay otras leyes que sean para daño del reyno, que se limiten? Nosotros también. Pues si en todo estamos conformes con vosotros, ¿porqué no nos Concertamos en la forma del pedirlo para que tenga fuerça lo que se otorgare?

En definitiva, no era el programa de la Junta lo que espantaba al almirante, sino los métodos por los cuales pretendía llevarlo a la práctica. Estos métodos implicaban un pensamiento revolucionario que el almirante descubrió con terror. Jugando con las palabras, pudo incluso proponer a los comuneros una auténtica fraternidad[779]. Se daba perfecta cuenta de que todas las discusiones eran inútiles. Y situó exactamente el punto de ruptura cuando escribió:

Estos quieren ser reyes. Ya no hay nombre de rey[780].

Se estaba desarrollando una auténtica revolución política. No es de extrañar que Maravall, muy acertadamente, haya percibido en ella acentos muy modernos. En efecto, los conceptos de representación nacional, de soberanía nacional, eran los que inspiraban a los procuradores reunidos en Tordesillas. Y es natural que el mundo feudal, representado por el almirante, rechazara con horror estas ideas de los comuneros[781].

Las conversaciones entre el almirante y la Junta sirvieron para poner en claro la significación exacta de la revolución: los comuneros reivindicaban el poder, pretendían transferir la soberanía del rey al reino, representado por las Cortes. Otras dos tentativas, también abortadas, de llegar a un compromiso, confirman esta interpretación y la imposibilidad de conciliar a los dos bandos adversarios.

La primera, en realidad, quedó en un mero proyecto. En el mismo momento en que el almirante se disponía a establecer contacto con la Junta, el cardenal Adriano se planteó la posibilidad de evitar el enfrentamiento armado cediendo en parte a las exigencias de los rebeldes. En este sentido, proyectó renunciar a su cargo de virrey y trasladarse a Tordesillas para ofrecerse con el corazón abierto a los jefes comuneros. Estos acogerían, sin duda, favorablemente este gesto que fortalecería mucho su prestigio, al mismo tiempo que debilitaría al grupo de señores, dispuesto a hacerles frente con las armas. La dimisión del cardenal permitiría a los comuneros intensificar su campaña contra estos señores, a quienes querían apartar por completo de los asuntos públicos, y desembocaría en la eliminación total del Consejo Real. El cardenal era plenamente consciente de esta maniobra y, no obstante, dudaba. ¿No merecía la pena pagar este precio por conservar la paz? Finalmente, este proyecto no se llevó a la práctica[782].

Inmediatamente después del fracaso de las negociaciones emprendidas por el almirante, fue don Diego Ramírez de Villaescusa, obispo de Cuenca y presidente de la Chancillería de Valladolid, quien llevó a cabo una última tentativa de conciliación. Don Diego visitó tanto a los señores de Medina de Rioseco como a los jefes de la Comunidad, que entonces se hallaban concentrados en Villabrágima[783]. Fue probablemente esta iniciativa la que inspiró a fray Antonio de Guevara su moraleja sobre el pseudo-razonamiento de Villabrágima. El fracaso de don Diego fue total. No sólo no pudo convencer a ninguna de las dos partes sino que se ganó el odio perdurable de los nobles, furiosos de que les recordara algunas duras verdades. Don Diego era consciente del peligro: si el enfrentamiento llegara a producirse, la Corona saldría perdiendo, no importa cuál fuese el resultado de la lucha. Una victoria de la Junta supondría el debilitamiento de las prerrogativas de la Corona, mientras que el hundimiento de la Comunidad constituiría una victoria pírrica para el rey. En tal caso, los verdaderos vencedores serían los nobles, que desde luego se harían retribuir con largueza su cooperación militar. Es por eso que don Diego consideraba preferible, en interés del poder real, una discusión directa con la Junta, que evitaría que la alta nobleza desempeñara un papel demasiado importante. Juicio ciertamente exacto y profético el de don Diego, inspirado por una entrega sincera a los intereses de la Corona, pero la intervención del obispo de Cuenca llegó demasiado tarde. Ambos contendientes ni podían ni querían ya dar marcha atrás. Don Diego no pudo sino dar fe de las pretensiones revolucionarias de la Junta:

Ellos dezían que eran sobre el rey y no el rey sobre ellos.

Los comuneros no estaban dispuestos a ceder un ápice en sus exigencias, que se centraban en la disolución del Consejo Real, la dimisión de los virreyes nombrados por Carlos V y la designación de un gobernador del reino que ellos mismos se encargarían de señalar, y que podría ser don Pero Laso de la Vega[784]. Concesiones que, desde luego, sus adversarios no querían ni discutir. Así pues, fracasadas todas las tentativas de conciliación, era el momento en que las armas debían dar a conocer el vencedor.

Por lo demás, los comuneros no esperaron a que finalizaran las conversaciones con el almirante para declarar la guerra a los más fanáticos de sus enemigos. El 18 de noviembre, la Junta denunció como enemigos del reino y de las Comunidades al condestable y al conde de Alba de Liste. Al primero se le acusaba el haber aceptado el cargo de virrey a pesar de la oposición del reino, y de intentar proteger al Consejo Real; al segundo se le reprochaba el haber encarcelado a un emisario de la Junta llegado a comunicarle la orden de disolver sus tropas. Los bienes de ambos fueron confiscados[785].

Los virreyes, a su vez, actuaron de igual manera con los comuneros. El almirante puso fin a sus entrevistas con los delegados de la Junta con un requerimiento, que era en realidad una declaración de guerra: se comprometía a garantizar a los rebeldes el perdón del soberano y unas concesiones razonables si renunciaban a sus desorbitadas pretensiones. De lo contrario, se pondría al frente de un ejército contra ellos y los rebeldes perderían sus bienes, sus privilegios, sus franquicias y su vida[786]. Con su acción, el almirante pretendía tanto tranquilizar a los nobles como intimidar a los comuneros, pues en Medina de Rioseco comenzaba a parecer sospechosa la actitud del almirante, a quien se acusaba de demostrar una excesiva deferencia para con el enemigo:

No desea el daño que los contraríos merecen, escribía Lope Hurtado en un informe destinado al emperador; sirviendo a Vuestra Majestad querría contentar a las comunidades. Con dos daños mal se puede hazer cosa buena; y Lope Hurtado concluía diciendo que bajo ningún pretexto se le debían otorgar al almirante los plenos poderes que había reclamado, ya que no estaba claro cuál sería el uso que haría de ellos[787].

Así, pues, el resultado de las negociaciones de noviembre fue totalmente negativo en cuanto a la posibilidad de una conciliación entre los revolucionarios de la Junta y los defensores de las prerrogativas reales, preocupados especialmente estos últimos de conservar sus privilegios sociales. Ambos bandos ya habían conseguido organizar un ejército y abrigaban la esperanza de destrozar al enemigo en el campo de batalla. Ciertamente, esta perspectiva no podía facilitar una solución de compromiso.

4. La batalla de Tordesillas

A finales de noviembre, cuando ya todas las tentativas de llegar a una solución negociada habían fracasado. Y los dos ejércitos se encontraban frente a frente, entre Medina de Rioseco y Tordesillas. Parecía imposible ya poder evitar la guerra civil. Tras unas últimas escaramuzas, los adversarios se decidieron a entablar combate. Era la primera gran batalla de la guerra de las Comunidades.

Don Pedro Girón, siguiendo instrucciones de la Junta, había avanzado con su ejército, a finales de noviembre, hacia Medina de Rioseco, estableciendo su cuartel general en Villabrágima, una pequeña aldea situada al sudoeste de la ciudad. Otros destacamentos ocuparon Villafrechos, al oeste, Tordehumos, al sudoeste y Villagarcía y Ureña, al sur. Siempre siguiendo instrucciones de la Junta, Girón envió un emisario a Rioseco para conminar a la ciudad que expulsara a los miembros del Consejo Real y a los señores que en ella se habían concentrado. Estos se negaron a recibirle. Ambos ejércitos se hallaban sólo a una legua de distancia uno del otro. El cardenal Adriano consideraba que el enfrentamiento era inevitable. Pero los Grandes no respondieron a las provocaciones de los comuneros. Se limitaron a ocupar diversos pueblos a fin de cortar las líneas de comunicación del enemigo: La Mota, San Pedro de Latarce, Castromonte, Torrelobatón. El grueso de su ejército, mientras tanto, permaneció acantonado en Medina de Rioseco. Tal parecía que los nobles renunciaban a luchar[788].

Lo que sucedía era que el estado mayor de Rioseco se hallaba profundamente dividido respecto a la conducta a seguir. El cardenal Adriano era partidario de una acción rápida e inmediata. Tanto él como sus adláteres estaban convencidos de que su ejército gozaba de una situación favorable con respecto al enemigo. Una y otra vez insistían en la conveniencia de intentar derrotar al adversario mediante un ataque rápido, y en caso de que lograra escapar, de seguirle y marchar sobre Tordesillas o Valladolid. Esta actitud belicosa correspondía a los dirigentes, de los que no an de pelear, como señalaba irónicamente Hernando de Vega, y los responsables militares no dejaron de criticarla. El cardenal seguía insistiendo, mientras el almirante se encolerizaba ante esta postura. El conde de Benavente se refería con ironía a estos intelectuales que pretendían dar lecciones de estrategia:

Dixo que si pusiessen un dotor y vn licenciado atado a cada vandera de quantas avian de pelear, quél sería de boto que se diese la batalla, y no de otra manera.

En contra de la opinión del cardenal, pues, los Grandes rechazaron la batalla y prefirieron cortar las líneas de comunicación del enemigo. Ellos consideraban excesivamente arriesgado intentar un ataque por cuanto el enemigo se hallaba sólidamente atrincherado en Villabrágima y porque, además, los viñedos que poblaban la orilla izquierda del Sequillo constituían un terreno excelente para que la infantería de la Junta pudiera maniobrar a su antojo, y un terreno intransitable para la caballería, en la que se basaba fundamentalmente la fuerza de los nobles. Era mejor esperar una mejor oportunidad y hostigar entretanto al enemigo llevando a cabo golpes de mano contra su retaguardia.

En realidad —y esto lo repetía Lope Hurtado en todas sus cartas— los Grandes no deseaban luchar:

Falta la determinación del pelear.

Ni el condestable ni el almirante parecían deseosos de tomar las armas, poniendo como pretexto consideraciones tácticas, tras las cuales existían motivos menos confesables. El almirante, por ejemplo, no deseaba entablar batalla en su propio feudo, en los ricos ribazos y en la llanura de Rioseco. Todos dudaban en dar el paso que les convertiría en enemigos irreconciliables de las ciudades. El ver sus propios dominios amenazados por la subversión había sido la razón que les impulsara a tomar las armas, pero ¿no corrían el peligro de provocar una reacción antiseñorial todavía más fuerte si llegaban a cruzar las armas con las Comunidades? La situación actual les parecía, en definitiva, mucho más cómoda. Poseían tropas, y por tanto tenían los medios de defenderse en caso de ser atacados. De este modo ya constituían una amenaza para el enemigo. ¿Por qué, pues, debían ir más lejos? ¿Por qué forzar la situación y arriesgarse a perderlo todo?

Estas consideraciones en las que gravitaba un egoísmo de clase apenas disimulado, exasperaban e indignaban al cardenal Adriano, quien se enzarzó en violentas discusiones con el almirante y los demás Grandes reunidos en Rioseco. El cardenal denunció duramente esta actitud que dejaba en el olvido los intereses del Estado. El rey —argumentaba el cardenal— no podía mantener indefinidamente un ejército que le costaba más de 1500 ducados diarios. En consecuencia, había que poner fin a la rebelión en el más breve plazo posible. Y además, los nobles —seguía diciendo— se preocupaban ante todo de sus intereses particulares. Lo que deseaban era defender sus posesiones con las tropas y el dinero del Estado. Heridos en lo más profundo, sus interlocutores respondieron con la misma dureza. Uno de ellos dijo con cinismo:

Buena cosa es que nos perdamos nuestras cabecas para que Su Magestad ahorre dineros.

El enfrentamiento fue haciéndose cada vez más violento. El cardenal acusó después a los nobles de pretender alargar esta situación a propósito para que su concurso se hiciera indispensable. El levantamiento comunero les había ofrecido la oportunidad de intervenir activamente en la vida política, puesto que el rey necesitaba su colaboración para aplastar la insurrección. Ellos lo sabían, como también sabían que una vez desaparecido el peligro el rey volvería a enviarlos a sus ocupaciones habituales sin volver a ocuparse de ellos. Por ello pretendían alargar el conflicto con el fin de obtener los máximos beneficios de la situación:

Otros sospechan, y lo dizen a la clara, que buscan [los Grandes] que perpetuamente dure esta guerra para que Vuestra Magestad tenga necessidad de los seruicios dellos.

Frase clarificadora y que prefigura el modo que, en nuestros días, ha calificado M. Azaña la actitud de la alta nobleza en el curso de la guerra de las Comunidades:

Al brazo militar, o sea a los grandes y caballeros, les importaba que el César venciese, que no venciese demasiado y que no venciese en seguida[789].

El cardenal Adriano, profundamente afectado por todos los sórdidos cálculos de los nobles, ofreció una vez más su dimisión cuando un acontecimiento inesperado vino a modificar los planes de los militares. En la tarde del 2 de diciembre se observaron movimientos de tropas en el bando comunero; el ejército de la Junta estaba abandonando sus posiciones de Villabrágima.

Ante la sorpresa general, el 3 de diciembre el ejército de la Junta, tras abandonar definitivamente Villabrágima, se dirigió hacia el Oeste, en dirección a Villalpando, ciudad del condestable, que atacaron los comuneros y que se rindió sin resistencia. La primera reacción de los señores fue dirigir su ejército a Castroverde a fin de liberar Villalpando, pero en seguida recapacitaron. Las exhortaciones del cardenal Adriano habían dado sus frutos. ¿Iban a hacer prevalecer una vez más sus intereses particulares sobre los del Estado? En efecto, la ocasión les era sumamente propicia para apoderarse de Tordesillas, ya que, al dirigirse hacia el oeste. Girón había dejado libre la ruta del sur, la ruta de Tordesillas. El día 4 se puso en marcha el ejército de la nobleza y ocupó casi sin resistencia las posiciones abandonadas el día anterior por los comuneros. Tan sólo hubo algunas escaramuzas en Villagarcía, pero Castromonte, Peñaflor, Torrelobatón cayeron sin dificultad.

Palencia

Medina de Rioseco

Villabrágima

VALLADOLID

Toro

Tordesillas

Medina del Campo

El 5 de diciembre, los primeros destacamentos llegaron al alcance de Tordesillas —que se suponía mal defendida— a las diez de la mañana. Por su parte, el conde de Haro, general en jefe, llegó con el grueso del ejército hacia el mediodía. En seguida se envió un ultimátum a la ciudad y los comuneros pidieron un tiempo de plazo para responder. Sin duda, pretendían ganar tiempo, en espera de refuerzos. Los señores dieron un segundo ultimátum y, finalmente, hacia las tres y media y tras un intenso fuego de artillería, se lanzaron al asalto. La guarnición —defendida por 80 lanzas y 400 infantes, entre los cuales se hallaban los curas de Zamora— se defendió encarnizadamente. Tras una hora de combate incierto, los asaltantes consiguieron abrir brecha en la muralla y penetrar en la ciudad, pero el enemigo retrasaba su avance prendiendo fuego a las casas vecinas. No fue sino al atardecer cuando los nobles consiguieron entrar decididamente en la ciudad. La resistencia que encontraron fue feroz; en medio del tañir de las campanas y el resplandor de los incendios se entabló una tremenda lucha cuerpo a cuerpo en las calles. Poco a poco fueron quedando reducidos los últimos focos de resistencia. Y tras la lucha se produjo el pillaje. La ciudad fue totalmente saqueada por la soldadesca a excepción de las iglesias, los conventos y la residencia de la reina —si bien el personal al servicio de la reina no tuvo tanta suerte. ¡Incluso fue robada la montura de la infanta Catalina!—. Los Grandes no dejaron de sentir mala conciencia ante este desbordamiento y pretendieron justificarse afirmando no haber podido retener a sus hombres. El conde de Benavente castigó incluso a algunos soldados y se hizo la promesa de indemnizar a las víctimas, naturalmente a expensas del Estado[790].

La guarnición de Tordesillas, desbordada por un enemigo superior en número, esperó en vano la llegada de refuerzos. Sólo Suero del Águila llegó en el último momento en su ayuda con 100 lanzas, viniendo rápidamente desde Alaejos. Según todos los observadores, la ciudad se defendió con enorme decisión y la lucha duró más de seis horas. Sorprende, sin embargo, que esta resistencia a ultranza no provocara sino pérdidas relativamente poco importantes a los asaltantes: cincuenta bajas, entre muertos y heridos, según Lope Hurtado. ¿No podría pensarse que los nobles, para hacer brillar más su propio valor, hubieran exagerado la nota, exaltando en demasía el coraje del adversario?

El mismo día de la batalla, el almirante y el conde de Benavente enviaron un informe al emperador, aprovechando para incluir una lista de los nobles que habían participado en la operación. Los nombres más ilustres de Castilla figuraban en esta lista: los condes de Haro, de Benavente, de Alba de Liste, de Luna, de Miranda, los marqueses de Astorga, de Denia, Diego de Rojas, don Juan Manrique, hijo del duque de Nájera, don Beltrán de la Cueva, hijo primogénito del marqués de Aguilar, don Pedro Osorio, don Pedro de Bazán, don Juan de Ulloa, don Francisco Enríquez, el adelantado de Castilla, hermano del almirante, don Diego Osorio, don Luis de la Cueva, etc[791]. Previendo la posibilidad de que el rey se viera tentado a olvidarla, los nobles le recordaban sin tardanza la deuda que acababa de contraer con la aristocracia castellana.

En Tordesillas, los nobles encontraron, según ellos, una resistencia encarnizada, pero estaban convencidos de obtener la victoria porque el ejército de la Junta se hallaba ausente en el momento decisivo. Al abandonar Villabrágima. Girón había abierto a sus enemigos el camino de Tordesillas. Tal parecía que Girón hubiera querido dejar vía libre a los ejércitos reales. Es este el momento oportuno de plantearse esta cuestión: ¿era Girón un traidor o simplemente un inepto?

Girón fue un traidor, afirma fray Antonio de Guevara, quien comenta con complacencia su papel personal en este asunto. Sería, según él, después del fracaso de su razonamiento de Villabrágima cuando habría persuadido al general rebelde a cambiar de bando[792]. Girón, decepcionado ante la intransigencia de sus amigos políticos, se habría encontrado con el futuro predicador y en el curso de su conversación habría organizado la maniobra: Girón conduciría su ejército a Villalpando para permitir a las tropas reales que ocuparan Tordesillas. No es necesario repetir aquí las dudas que existen sobre la autenticidad del famoso razonamiento[793]; las mismas razones nos llevan a no aceptar sino con prudencia y escepticismo la tesis de Guevara sobre la traición de Girón. Del relato de Guevara y del de otros cronistas, así como del examen de otros documentos, podemos colegir que Girón mantenía relaciones con personalidades del bando enemigo. Nada más regresar a Castilla, el almirante había solicitado entrevistarse con el general rebelde; éste pidió a la Junta que le permitiese actuar libremente y, finalmente, Girón se negó a encontrarse con el almirante para evitar suspicacias entre los comuneros[794]. Por tanto, es indudable que había habido contactos entre Girón y el almirante. Pero ¿habían prosperado estos contactos? ¿Prometió Girón convertirse en un traidor, como afirma Guevara? Todos los cronistas e historiadores que aceptan sin reservas las afirmaciones de Guevara se olvidan de un detalle fundamental: posiblemente Girón traicionó la causa de la Junta —lo cual está aún por demostrar— pero nunca se pasó al otro bando, nunca se aprovechó de su defección.

Los virreyes le hicieron numerosas proposiciones después de Tordesillas, sin que Girón respondiera. Quería estar seguro, ante todo, de que Carlos V no le trataría con rigor por su actitud pasada. Tal era la situación el 23 de diciembre[795]. Si se intentaba obtener la colaboración de Girón, eso quiere decir que no había sido acordada de antemano. El cardenal Adriano y el almirante insistieron al emperador para que concediera su perdón al antiguo rebelde. ¿Quizás en razón de los servicios prestados en Tordesillas? Ciertamente no. Únicamente para evitar que pudiera volver a las andadas[796]. El almirante esperaba el regreso del monarca a España para hacer valer un argumento de peso: Girón habría estado en connivencia con él no para evacuar Villabrágima sino para evitar que su ejército acudiera en auxilio de Tordesillas[797]. Revelación importante, pero tardía y, por ende, sospechosa. ¿Por qué hacerla dieciocho meses después de ocurridos los acontecimientos? Girón habría de esperar durante mucho tiempo el perdón del emperador, pírrica recompensa para un hombre que tan grandes servicios habría prestado con su traición a la causa del rey.

¿Qué hizo Girón después de la toma de Tordesillas? En buena lógica, si había traicionado a la Junta, debería haberse despojado de las máscaras. Bien al contrario, comenzó a pensar en dirigirse a Valladolid para reorganizar su ejército y reemprender la lucha. ¿Habría ido un traidor a meterse en la boca del lobo, en Valladolid, nueva capital del movimiento comunero? Cierto que se le disuadió. Los simples soldados, los militantes —no los responsables— desconfiaban de él, le acusaban de negligencia (mala provisión) y hablaban de traición. Girón, entonces, prefirió dimitir, pese a la insistencia de don Pero Laso y de Acuña que le pedían que continuara en su puesto[798]. Girón se negó a escucharles y el 15 de diciembre comunicó a la ciudad de Valladolid su decisión irrevocable: a partir de entonces se mantendría al margen[799]. La Comunidad reaccionó informando al antiguo general en jefe que se estaban reuniendo fondos todavía para pagar a la tropa, le animaban a no desanimarse y le pedían que continuara la lucha[800]. ¿Son éstas acaso las palabras que se emplean para con un traidor o un sospechoso?

Más explícita todavía fue la carta que Valladolid dirigió a Girón el 7 de enero de 1521. En ella se felicitaba a don Pedro por seguir siendo fiel a los fines del movimiento y se le pedía que no tomara en consideración las afirmaciones de algunos imbéciles (personas simples); Girón no debía apartarse de su deber a causa de estos detractores de mala fe; además, la Comunidad de Valladolid se proponía refutar a los calumniadores[801]. Y fue para poner fin a los rumores sobre una posible traición de Girón por lo que Valladolid decidió, el 13 de enero, convocar a las cuadrillas a una reunión. En ella se leería la correspondencia entre Girón y la Junta y se defendería la reputación del antiguo general en jefe[802]. Las relaciones epistolares entre Girón y Valladolid continuaron de manera regular y no resultaría fácil detectar el menor asomo de segundas intenciones en estas cartas, intercambiadas mucho después de ocurridos los acontecimientos de Tordesillas[803].

En cuanto al órgano central del movimiento, la Santa Junta, dos hechos demuestran que tampoco estaba especialmente resentida contra Girón. El 12 de enero, dio orden de que se le restituyera una cantidad de dinero que había prestado; el 5 de febrero, se le autorizó a sacar de Medina del Campo seis quintales de pólvora[804]. Indudablemente, Girón seguía gozando de plena confianza por parte de la Junta, pese a haber decidido mantenerse al margen del conflicto. Citemos, además, una carta de Girón a la Junta, fechada en Peñafiel, el 4 de abril, que demuestra que los jefes comuneros tenían a don Pedro al corriente de la situación. Girón, por su parte, daba consejos e informaba sobre los movimientos del enemigo[805]. Hay que aceptar la evidencia: los comuneros no dejaron de mantener relaciones cordiales con Girón incluso hasta los momentos finales del conflicto. En efecto, el almirante da fe de que tras la derrota de Villalar y la ejecución de Padilla, Valladolid se puso en contacto con Girón para rogarle que se pusiera al frente de los insurrectos[806].

No podemos aceptar, por consiguiente, la leyenda elaborada por Guevara. Girón no fue considerado, en ningún momento, como un traidor por los responsables comuneros. Por algunos militantes sí, y no es difícil comprender por qué. Las tropas rebeldes, desmoralizadas, vencidas sin haber tenido siquiera ocasión de combatir, tras la derrota de Tordesillas creyeron encontrar una explicación simple y fácil: habían sido traicionadas por su jefe. ¿Acaso no era él un noble igual que sus enemigos? También don Pedro Maldonado, otro jefe militar de los comuneros, fue víctima de las mismas insinuaciones a causa de su parentesco con el conde de Benavente[807]. Pero superó esta prueba y volvió a asumir rápidamente su puesto en la lucha. Girón no quiso o no pudo recuperar su cargo. Sin duda, ocupaba un puesto demasiado alto, tenía demasiada responsabilidad en el fracaso del 5 de diciembre.

Aceptado el hecho de que Girón no traicionó a sus hombres, hemos de tratar de encontrar una explicación a sus acciones del 2 y 3 de diciembre, al abandonar Villabrágima camino de Villalpando, lo que dejó vía libre al enemigo hacia Tordesillas. ¿Ineptitud? Tal vez, pero Girón no era el único responsable del ejército comunero; el obispo Acuña desempeñaba una función importante y un comité de la Junta acompañaba siempre al general en jefe. ¡Demasiados ineptos o traidores…! Hay otra explicación que puede resultar verosímil. Girón y los demás responsables militares comuneros estaban convencidos de que sus enemigos no abandonarían Rioseco. Si estaban bien informados sobre el estado de ánimo que reinaba en Rioseco, debían saber que los Grandes no deseaban combatir. Ya mencionamos cómo Lope Hurtado así lo había comunicado al emperador: falta la determinación de pelear. Paradójicamente, el cardenal Adriano era el único, entre tantos guerreros, en desear entrar en la lucha lo más pronto posible. Los demás no pensaban más que en sus propiedades amenazadas y daban marcha atrás antes de dar el paso decisivo. Villalpando, feudo del condestable, no estaba lejos. Los comuneros debieron pensar que tendrían tiempo suficiente de ocuparlo a placer contando con la pasividad de un enemigo que continuamente vacilaba. Sus cálculos, si es que eran tales, no carecían de fundamento. Fue necesaria la energía del cardenal Adriano para que los militares del bando realista se decidieran a aceptar el combate. Si nuestra hipótesis es correcta, la toma de Tordesillas el 5 de diciembre, no habría sido debida ni a la traición ni a la ineptitud de Girón, ni tampoco al valor militar del conde de Haro, jefe de las tropas realistas. El responsable no sería otro que ese prelado obstinado, celoso en administrar debidamente los ducados de su rey: el cardenal Adriano.

CONCLUSIÓN

La toma de Tordesillas da fe de los cambios que se habían producido en Castilla desde el mes de agosto. El poder real, aislado, sin autoridad, sin dinero y sin ejército, fue, sin embargo, reconstruyéndose lentamente. El nombramiento de dos nuevos virreyes, elegidos entre los Grandes, las inquietudes de la alta nobleza, amenazada también, y el apoyo diplomático y financiero de Portugal permitieron resolver una situación que parecía desesperada. Sin embargo, el 5 de diciembre, el poder real no había ganado definitivamente la partida ni mucho menos. La nobleza estaba interesada en defender sus propios intereses antes que los del poder real; el ejército rebelde, bien que desmoralizado por la derrota y por la dimisión de su jefe, estaba intacto. La Junta había perdido un factor capital: no podría ampararse en la autoridad de la reina, pero en el período transcurrido entre septiembre y diciembre había adquirido un prestigio y una cohesión que la compensaban ampliamente de los fracasos sufridos. Burgos se había pasado de bando, pero Valladolid se había convertido en un sólido bastión de los intereses comuneros. La unanimidad aparente de los primeros momentos había dejado paso a una determinación, una energía y un rigor revolucionario más importantes. Los enfrentamientos con Burgos, Valladolid y el almirante habían permitido a los responsables comuneros precisar sus ideas, su programa y su doctrina. En diciembre, el movimiento de las Comunidades era plenamente consciente de sus verdaderas aspiraciones. Por otra parte, las revueltas antiseñoriales, que la Junta no había querido desautorizar, habían cambiado también los datos del problema: la revolución, que en un principio era meramente política, provocaba ahora reivindicaciones sociales que ponían en cuestión las estructuras heredadas del pasado. La alta nobleza y el gran comercio burgalés las experimentaron en sus carnes. Ya no se trataba tan sólo de un conflicto entre las ciudades y el poder real, sino de un enfrentamiento mucho más general que amenazaba con conmocionar el equilibrio político, económico y social de la nación.

3. DE TORDESILLAS A VILLALAR

Después de la toma de Tordesillas, las tropas realistas podían haber puesto fin a la rebelión. Para ello les hubiera bastado con explotar su victoria y haber marchado sobre Valladolid. Sus jefes prefirieron esperar, y, gracias a eso, la Junta tuvo tiempo de reconstruirse y de reorganizar el mando militar, afectado por la dimisión de Girón. Muy pronto, los comuneros reemprendieron la lucha con más energía que antes. Saquearon la Tierra de Campos y se apoderaron de Torrelobatón, pero tampoco ellos pretendieron dar un golpe definitivo. Parecía como si los dos bandos confiaran más en el enfrentamiento dialéctico que en las armas para tratar de imponer su punto de vista. En efecto, entre los meses de diciembre y abril se llevaron a cabo interminables negociaciones. En ambos bandos era difícil encontrar a quien verdaderamente deseara luchar. Los comuneros, agotados por estas dilaciones más que por los combates entablados, se hundieron en Villalar, derrota que provocó la inmediata dispersión de la Santa Junta.

I. —DE TORDESILLAS A TORRELOBATÓN

I. La Junta de Valladolid

La toma de Tordesillas afectó duramente a la Junta ya que trece diputados fueron hechos prisioneros por las tropas realistas. Los demás se dieron a la fuga. Poco a poco fueron reagrupándose en Valladolid, que iba a convertirse en la tercera capital del movimiento comunero. En Ávila se habían reunido los pioneros, los iniciadores; en Tordesillas creyó la Junta llegar a su fin; en Valladolid, libró un combate de retaguardia. Ya sin fe en la victoria, algunos de sus miembros buscaron una salida honrosa, pero debían contar con la vigilancia de la Comunidad de Valladolid, más popular en su reclutamiento, más dinámica y más radical, que rechazaba toda posibilidad de compromiso. Cuando la Junta volvió a reanudar sus trabajos, el 15 de diciembre, sólo diez ciudades estaban representadas en ella: Toledo, León, Murcia, Salamanca, Toro, Segovia, Cuenca, Ávila, Zamora y Valladolid[808][809]. Los procuradores de Madrid ocuparon su sitio unos días más tarde, pero los de Soria y Guadalajara no regresaron. De las catorce ciudades que habían enviado sus representantes a Tordesillas en septiembre, sólo once permanecían fieles al movimiento.

Tampoco en el plano militar era mejor la situación. El ejército había perdido a sus jefes. Girón había dimitido y Acuña, muy mahumorado, se retiró a Toro; las tropas comenzaron a dispersarse y miles de hombres permanecieron acantonados en Villalpando mientras los demás se concentraron en los alrededores de Valladolid. Las deserciones eran numerosas[810]. A comienzos del mes de enero, los efectivos comuneros se habían reducido a la mitad: la Junta no tenía bajo sus órdenes más que 400 lanzas y unos 3000 infantes[811].

La comisión de guerra de la Junta lanzó una llamada de alarma instando a las ciudades rebeldes a que intensificaran sus esfuerzos[812]. A este efecto, Toledo creó un impuesto especial, la sisa, cuyo importe (200 ducados diarios) sería destinado a reclutar tropas y comprar armas; además, cada parroquia de la ciudad tendría que aportar una pieza de artillería y, en los campos, uno de cada diez hombres sería movilizado como escopetero[813]. Salamanca hizo uso del importe de las alcabalas para formar un contingente[814]. Valladolid reclutó una tropa de 500 hombres al mando de don Juan de Mendoza, hijo del gran cardenal Pedro González de Mendoza, se requisaron armas, pólvora y balas de cañón y se prometieron recompensas a quien capturara espías del enemigo[815].

En seguida comenzaron a llegar refuerzos a Valladolid. De Toledo llegó una buena noticia: 1500 hombres estaban en camino, a los que se unirían los refuerzos de Madrid a su paso por esta ciudad. Al frente de estas tropas marchaban Zapata y Padilla. El retorno del más prestigioso de los jefes comuneros, apartado voluntariamente cuando la Junta le había postergado prefiriendo a Girón para el mando de las tropas, tenía gran valor simbólico. Con él se pensó que se volverían a vivir los grandes días de agosto y septiembre. Todo el mundo esperaba que la revolución iba a cobrar un nuevo empuje. El 31 de diciembre, la población de Valladolid dispensó una acogida delirante a Padilla, aclamado como si se tratara del Mesías[816]. La Comunidad de Valladolid no ahorró elogios sobre su valor, su talento y buena estrella (su ánimo, yndustria y buena dicha). ¿No era él el hombre que había de conducir al ejército a la victoria[817]? La presencia de Padilla a orillas del Pisuerga fue suficiente para transformar la situación. Los vencidos levantaron sus ánimos, mientras los vencedores comenzaron a sentirse inquietos[818]. La Junta emprendió inmediatamente la tarea de reorganizar el ejército; elaboró una previsión de las necesidades de armas y municiones, comenzó a velar por el pago de las soldadas, destituyó a algunos oficiales y nombró un nuevo comité de guerra formado por Padilla, Zapata, don Pedro de Ayala y Alonso de Saravia[819]. Un mes después de la toma de Tordesillas, el aparato militar de los comuneros estaba totalmente reconstruido.

Todos los testimonios que pueden recogerse sobre el estado de ánimo de los comuneros en los primeros días del mes de enero coinciden: la toma de Tordesillas no había acabado con la insurrección. Bien al contrario, los rebeldes parecían mostrar más decisión que nunca, denunciando con indignación la conducta de los Grandes. Incluso algunos les muestran dispuestos a invadir los feudos de la nobleza. Los comuneros estaban menos dispuestos que antes a hacer concesiones[820]. Los sacrificios que se imponían por su causa no dejaban de causar inquietud, pero el cardenal Adriano, por ejemplo, no podía menos que admirar su abnegación, con cierta amargura: estos hombres que se habían rebelado contra los nuevos impuestos exigidos por el rey, no dudan en aceptar de buen grado todo tipo de impuestos con la esperanza de verse más tarde, en caso de victoria, libres de cualquier servidumbre[821]… Diversas medidas expresan esta nueva determinación de los rebeldes: se discutió la oportunidad de confiscar la casa del conde de Benavente en Valladolid, se prohibió a los mercaderes que acudieran a las ferias en las ciudades de señorío, se confiscaron los juros de un cierto número de Grandes, entre otros el almirante, el conde de Benavente y el conde de Castro[822]. Simultáneamente se multiplicaron las escaramuzas en la región de Valladolid tomando el carácter de acciones de represalia contra los Grandes y sus aliados.

Los comuneros parecían dispuestos, pues, a la guerra total. Pero este ardor belicoso no era del agrado de todos en el bando comunero. Una fracción, en el seno de la Junta, comenzó a sentirse inquieta, protestando por los excesos y los pillajes. Probablemente se trataba de una reacción de hombres de orden, deseosos de llevar una guerra limpia, pero también y ante todo, era miedo a cortar de una vez por todas la posibilidad de compromiso con el enemigo, con los nobles. Resulta instructivo en este punto el debate que tuvo lugar entre los miembros de la Junta. El 14 de enero, el procurador de Segovia, Alonso de Guadalajara, protestó solemnemente contra los actos de pillaje. Dos días después le imitaron su conciudadano Alonso de Cuéllar y Pedro de Ayala. Fueron éstas las primeras manifestaciones de un malestar que a partir de ese momento no dejaría de pesar sobre la Junta. El día 18 hubo una nueva protesta contra los excesos cometidos por la tropa, a cargo del bachiller Guadalajara, a quien apoyaron Alonso de Cuéllar, Pedro de Ulloa y don Pero Laso de la Vega. En esta ocasión, un procurador defendió a la tropa: Hernán Gómez de Alcocer, quien expresó su confianza en los soldados que formaban el ejército comunero. Otro procurador, Pero Ortega, señaló que la Junta no tenía elección. O se hacía la guerra con todas las consecuencias o no se hacía. Habían sido las fuerzas enemigas quienes habían tomado la iniciativa en la ofensiva y habían impuesto ciertas formas de lucha. El 24 de enero y tres días más tarde, el 27, hubo nuevos debates sobre el mismo tema y con los mismos interlocutores[823].

A estos enfrentamientos hay que añadir las discusiones acerca de la suerte del doctor Tello y su familia. A comienzos del mes de enero, el obispo Acuña, que comenzaba entonces su campaña en Tierra de Campos, se había apoderado de la fortaleza de Fuentes de Valdepero, propiedad del doctor Tello situada entre Valladolid y Palencia. El doctor, su mujer y su yerno, Andrés de Ribera, habían sido hechos prisioneros. El doctor Tello, miembro del Consejo Real y comendador de la Orden de Santiago, había estado al servicio de Chièvres en 1519-1520 como responsable de las Finanzas. De él se decía que había amasado una fortuna considerable y que se había apoderado de importantes cantidades del tesoro del Estado[824]. He aquí el tipo de funcionario prevaricador contra el cual no cesaban de tronar los predicadores allegados a la Junta. Acuña no dudó en arrestarle y conducirle a Valladolid. Pero el doctor Tello era un prisionero embarazoso: símbolo de una administración maldita, no resultaba fácil concederle la libertad. Pero, por otra parte, era un individuo de gran poder. La facción moderada de la Junta se veía así en un apuro, pues se pensaba que su detención podría exasperar al enemigo e impulsarle a tomar represalias. El 15 de enero, la Junta se ocupó de su caso. Algunos procuradores sugirieron que se le encerrara en una torre, junto con su yerno, con estrecha vigilancia. El bachiller Guadalajara protestó inmediatamente: ¿por qué debían tomarse estas medidas tan rigurosas? El creía mejor esperar hasta conocer la suerte que esperaba a los procuradores que el enemigo había hecho prisioneros en Tordesillas. Si ellos eran tratados sin dureza, la Junta actuaría del mismo modo con el doctor. En caso contrario, siempre estaban a tiempo de encerrarlo en una torre. Al día siguiente, don Pedro de Ayala se adhirió a la opinión de su colega de Segovia. El consideraba que una torre no era una prisión adecuada (onesta) para un miembro del Consejo Real y por lo tanto se oponía a esta forma de encarcelamiento. El día 18, los procuradores se encontraron frente a un hecho consumado: uno de sus colegas, Diego de Guzmán, había ordenado el encarcelamiento del doctor en la torre del almirante. La Junta hubo de inclinarse al menos provisionalmente. Pero no por mucho tiempo, porque el día 28 ordenó que fuera trasladado, so pretexto de que su estado de salud no le permitía soportar las condiciones de insalubridad de su encierro. El doctor fue entonces invitado a considerarse prisionero en el lugar que se le indicó. Esto equivalía a ponerle en libertad bajo fianza, tanto a él como a su yerno. La cuestión de la suerte personal del doctor estaba, pues, solventada. Pero el asunto no estaba terminado, pues Acuña, no contento con apoderarse de la persona del doctor, se había apropiado de ocho mil ducados de su peculio personal y sus soldados se habían entregado al pillaje en la fortaleza de Fuentes de Valdepero. Nuevas protestas fueron elevadas de nuevo a la Junta. Los abusos debían ser castigados. Este último episodio de Valdepero se asoció a la discusión general sobre los abusos de la soldadesca, en la que, finalmente prevaleció la opinión de los miembros más moderados de la Junta. El 28 de enero, a petición de los procuradores de Segovia, la Junta decidió enviar una carta a los responsables del ejército, Padilla, Zapata y don Juan de Mendoza para prohibir formalmente todo acto de pillaje:

La determinación de la Santa Junta es que ningún lugar se saquee ni se robe ni se tomen bienes algunos. Pedimos por merced a vuestras mercedes e les requerimos e mandamos que ningún saco se haga ni se tomen ningunos bienes ni mantenimientos sy no fuere por prescio justo e porque desta Santa Junta no a avido comisión ni mandado para cosa que desta manera se hiziese, pedimos e mandamos a vuestras mercedes que todos los bienes que fueron tomados e saqueados al doctor Tello e Andrés de Ribera, su yerno, e a sus muger e hijos les sean bueltos libremente syn que falte cosa alguna e no lo haziendo protestamos que no sea a culpa ni a cargo desta Santa Junta ni personas particulares e procuradores que en ella asysten.

Fueron Diego de Guzmán, don Hernando de Ulloa, don Pedro de Ayala, Pedro de Ulloa, Juan Benito y don Pero Laso de la Vega, quienes más se empeñaron en que se aprobara este texto, que constituía un descrédito para el ejército. Después de leer la última frase surge la duda si lo que sus autores intentaban era poner coto a los abusos o más bien desembarazarse de toda responsabilidad en caso de que llegara el momento de atribuir culpas. Ese mismo día, los procuradores antes citados enviaron una nota similar al obispo Acuña. Este acababa de tomar el castillo de Tariego y se le comunicó que lo devolviera a su propietario, el conde de Buendía, que no estaba considerado como enemigo del reino. El debate, sin embargo, no había terminado. Nuevamente se suscitó el 2 de febrero. En esta ocasión fue Gonzalo de Guzmán quien mostró su indignación contra los buenos sentimientos de algunos de los miembros de la Junta. No quería oír hablar de restituciones, reparaciones, investigaciones o sanciones contra los soldados. En todo caso consentiría en ello el día que los Grandes hubieran indemnizado a las mujeres y a los habitantes de Tordesillas por los destrozos causados el 5 de diciembre. La argumentación impresionó a muchos miembros de la Junta, pero a petición de don Hernando de Ulloa, procurador de Toro, y de Francisco Maldonado, se puso fin a la discusión. Se decidió esperar el regreso de Acuña. Desde entonces, los procuradores se encontraron enfrentados por diversas cuestiones. El 13 de febrero, el bachiller Guadalajara protestó contra las requisas ordenadas por Acuña y Padilla, sobre los bienes depositados en los monasterios de Valladolid. Gonzalo de Guzmán le respondió con dureza. Lo que el bachiller estaba haciendo era dar un golpe mortal a la causa de los comuneros. En realidad lo que deseaba no era otra cosa que liberarse de toda responsabilidad. No obstante, el bachiller Guadalajara volvió a la carga al día siguiente, esta vez para protestar la confiscación de ciertos impuestos de la Corona[825].

Con lo dicho hasta aquí queda claro que algunos de los procuradores de la Junta frenaban la acción de los militares y de los militantes del movimiento. No hay que hacer demasiado caso de los escrúpulos morales que ponían como pretexto. Lo cierto es que una facción de la Junta se resistía a romper de forma definitiva con sus enemigos. Ha quedado claro también la preocupación de esta facción por desresponsabilizarse lo más posible de los actos de guerra cometidos por la tropa. La misma preocupación demostraron, por lo demás, respecto al plan de campaña del ejército.

Después de haber perdido Tordesillas, don Pero Laso de la Vega había decidido que el plan a adoptar por las fuerzas comuneras debía consistir fundamentalmente en la concentración del mayor contingente en Valladolid, después de destruir los puentes de Simancas y Tordesillas para asegurar la defensa de la ciudad, convertida en capital del movimiento, y asimismo en apoderarse de la fortaleza de Torrelobatón, estableciendo allí un centro de acción para cortar las vías de comunicación del enemigo[826]. Se trataba de un plan eminentemente defensivo cuya finalidad era mantener el potencial militar de la Junta al tiempo que se ejercía una presión sobre el enemigo, aunque sin pretender su total destrucción. Al parecer, el propósito último de la Junta era buscar la posibilidad de negociación desde una posición de fuerza. Enterado de estos proyectos, Padilla manifestó su disconformidad. El estaba dispuesto a luchar; su intención era vengar la derrota de Tordesillas. La Junta no se atrevió a enfrentarse con él abiertamente. En consecuencia, el 2 de enero publicó la siguiente declaración, tras una reunión de sus miembros:

Visto lo que los señores capitanes Juan de Padilla y Juan Zapata dizen que traen mandato de sus cibdades para yr sobre tomar la villa de Tordesillas, que a todos [los procuradores] les paresce muy bien que se tome Tordesillas y será cosa prouechosa y nescesaría al bien común destos reynos, pero que el quándo y cómo y de qué manera se deve hazer que lo remiten a los señores capitanes para que vean la horden, pues ellos son los que lo an de hazer[827].

La mayoría de la Junta apoyaba en apariencia los deseos de Padilla. Sin embargo, el texto votado el 2 de enero quedó en simple letra muerta. En efecto, el día 14, algunos diputados manifestaron su extrañeza ante el hecho de que aún no se hubiera comenzado a llevar a la práctica. El día 19, la Junta difundió nuevamente el texto del día 2 de enero sin variar una sola palabra. ¿No respondía quizás esta insistencia a un intento de contentar a los más exaltados? La Junta pretendió hacer suyas las intenciones de Padilla, pero a la hora de la verdad, las operaciones apenas avanzaban. La verdad la encontramos expresada sin ambages en la correspondencia del bando realista: los comuneros no se entendían ni se ponían de acuerdo sobre la conducta a adoptar. En Valladolid todo el mundo deseaba que se siguiera una táctica prudente, y que el ejército tratara de ocupar Simancas y Torrelobatón, en tanto que Padilla pretendía poner cerco a Burgos, es decir, volver a tomar la iniciativa, obligar al enemigo a combatir[828].

Podemos hablar, pues, de la existencia de dos facciones en el bando comunero. Por un lado quienes deseaban enzarzarse de inmediato en la lucha, por cuanto según ellos nada podía esperarse de los nobles, y cuyo máximo exponente en el plano militar era Padilla. De otra parte quienes pretendían ante todo ganar tiempo, los que temían el enfrentamiento armado y creían todavía en la posibilidad de un compromiso. Don Pero Laso de la Vega era su jefe de filas. Un mes más tarde, Padilla y don Pero Laso se verían enfrentados por el puesto de capitán general. Y no era únicamente una cuestión personal lo que opondría a estos dos hombres, como se ha dicho muchas veces, sino una divergencia fundamental sobre los fines que debía perseguir el movimiento, algo mucho más profundo que la mera discrepancia respecto a la táctica a seguir.

Lo cierto es que esta oposición había paralizado el movimiento. La Junta se hallaba dividida entre quienes postulaban imponer la revolución por la fuerza y los que rechazaban comprometerse demasiado abiertamente y preferían parlamentar con los partidarios del emperador. Pero estos últimos no osaban manifestar en público su deseo de buscar una solución de compromiso. De hacerlo así hubieran sido derrotados de inmediato. Por ello se veían obligados a mantener una actitud de prudencia. Admitían que el ejército rebelde entrara en liza pero protestaban si éste se comportaba con brutalidad y declinaban su responsabilidad. Y entre bastidores intentaban crear un clima favorable a la paz negociada. Bajo su influencia, la Junta continuó apoyando las acciones armadas, pero al mismo tiempo tanteó discretamente el terreno para entablar negociaciones. Al final acabaría siendo derrotada en ambos frentes, tanto el militar como el político.

2. El poder real después de Tordesillas

A la hora de explicar la rápida reorganización de las filas comuneras después de su derrota no podemos dejar de reconocer que sus enemigos les facilitaron no poco su tarea. En ningún momento trataron las tropas realistas de explotar su victoria. Simplemente, se contentaron con ocupar el terreno conquistado e instalar pequeñas guarniciones en los puntos estratégicos: Tordesillas, Simancas, Torrelobatón, Castromonte, Portillo, Arévalo y Villalba. El grueso del ejército fue licenciado y los señores regresaron todos a sus propiedades[829].

¿Cuáles eran las razones de esta desbandada? Ante todo las dificultades financieras. El ejército resultaba costoso de mantener y las arcas reales estaban vacías. Los virreyes no cesaban de pregonar su indigencia. Los comuneros requisaban todos los impuestos: rentas reales, alcabalas, servicio, cruzada… La única solución eran los préstamos, pero, no obstante, el bando realista andaba siempre escaso de numerario[830]. Como hicieran en el mes de octubre, los virreyes acudieron nuevamente a Portugal con la esperanza de encontrar la comprensión de su monarca. Un segundo préstamo de 50.000 ducados serviría para arreglar muchas cosas, pero el rey Manuel no parecía esta vez tan bien dispuesto hacia los representantes del emperador. Su embajador en Castilla le envió informes bastante pesimistas sobre la situación y sobre la actuación de los grandes señores. Quizás el soberano portugués estaba también algo resentido con el emperador, por no haberle expresado con más calor su gratitud por los servicios prestados en otoño. Lo cierto es que se negó a conceder un segundo préstamo limitando su apoyo a facilitar al ejército realista la pólvora que solicitaba para su artillería[831].

Al fracasar su gestión cerca del reino portugués, los virreyes se vieron forzados a licenciar una parte de sus tropas y a renunciar a los refuerzos que les habían ofrecido. El duque del Infantado, por ejemplo, envió 80 lanzas y les concedió autorización para reclutar en sus tierras a 20.000 soldados. ¡Para qué los queremos!, se lamentaba el almirante, si no podemos pagarles[832]. Los nobles estaban dispuestos a proporcionar soldados pero a condición de que el tesoro real se encargara de su soldada y de todos los gastos. El cardenal Adriano sabía perfectamente que los señores no luchaban por fidelidad al rey sino por defender sus feudos. Por tanto, pretendían cobrar por sus servicios, y a ser posible por adelantado. A finales de enero, el conde de Benavente declaró estar dispuesto a volver a la lucha pero con una condición: exigía que se le indemnizara de todos los gastos sufridos a raíz de la batalla de Tordesillas y de los destrozos que los comuneros habían causado en sus tierras. La defensa de sus dominios era la primera preocupación de los nobles. El mismo almirante, a quien muchos historiadores presentan como un hombre de espíritu superior y desinteresado, después de la acción de Tordesillas solicitó del condestable que le enviara refuerzos, pero no para marchar sobre Valladolid y aplastar a los rebeldes sino para defender su ciudad de Medina de Rioseco, con un cinismo que provocó la ira del cardenal Adriano[833].

¡Si por lo menos los señores se entendieran entre ellos! Por el contrario, siempre se estaban vigilando unos a otros y enfrentándose por las más nimias cuestiones. En grandes líneas formaron dos facciones: los fieles al condestable, los más numerosos, y quienes apoyaban al almirante. Entre ambos grupos surgían continuamente interminables discusiones. Todos querían dar su opinión y participar en las decisiones supremas. Si por una razón cualquiera se introducía una modificación en algún plan, todos se empeñaban en saber por qué[834]. ¿Cómo se podía mantener algo en secreto durante mucho tiempo en tales condiciones? Y no digamos nada de su proverbial vanidad y susceptibilidad. El condestable había impuesto el nombramiento de su propio hijo, el conde de Haro, para el cargo de general en jefe. El clan del almirante se dedicaba a espiar los menores movimientos del conde y el almirante no tuvo escrúpulo alguno en escribir al emperador su verdadero pensamiento: con el conde de Haro al frente de las tropas es como si no hubiera general en jefe[835]. Cierto también que el cardenal juzgaba severamente al conde. Le calificaba de indolente, negligente, hombre demasiado joven y sin experiencia. En su parecer cualquiera hubiera podido ocupar el puesto con más garantías que él. Además se preocupaba de ocultar las malversaciones y abusos de sus amigos: el conde de Oñate, por ejemplo, al frente de la guarnición de Simancas, manifestaba tener a 800 hombres bajo sus órdenes, cuando se comprobó que en realidad no eran más de 500. Sin embargo hubo que enviarle dinero para pagar a 800 soldados, porque el conde de Haro le cubría[836].

Los Grandes entre sí estaban enfrentados, y, sin embargo, se unían contra el cardenal Adriano, este civil que se atrevía a dar consejos a los militares; ese hombre inocente e ingenuo que hablaba del interés del país y del reino, cuando en torno suyo nadie se preocupaba más que de defender sus intereses particulares. El cardenal, preocupado por administrar de la mejor manera el tesoro real y deseoso de poner fin al conflicto lo más pronto posible, instó a los señores a explotar el éxito de Tordesillas y a perseguir al enemigo. Pero el almirante se negó en rotundo a librar batalla en las proximidades de Valladolid, donde se hallaban las tierras más ricas de su feudo, especialmente su ciudad de Medina de Rioseco. No podía arriesgarse a que en la lucha los elementos de ambos bandos pudieran saquear sus hermosas tierras. Siempre llegamos al mismo punto. Los señores no deseaban combatir porque temían la posibilidad de represalias contra sus feudos[837]. He aquí la explicación de que el ejército realista se contentara con ocupar algunas posiciones estratégicas en lugar de intentar dar el golpe de gracia a la rebelión.

Si eran incapaces de tomar la iniciativa en el plano militar, no congeniaban mucho mejor en el plano político. Dos días después de la toma de Tordesillas, el almirante se presentó ante la reina para exponerle la situación y solicitarle órdenes contra los comuneros. Había que instar a los rebeldes a que depusieran las armas. La reina se negó a firmar el decreto, pero dos escríbanos registraron su declaración. Inmediatamente, Hernando de Vega, los condes de Benavente y Miranda y el marqués de Astorga reprocharon duramente al almirante que se hubiera comportado con la reina como lo hicieran los comuneros. Su actitud equivalía a justificar y aprobar la conducta de la Junta que pretendía restablecer los derechos de Juana, sin tener en cuenta que no se hallaba en estado de reinar. El almirante se obstinó. No creía que la reina estuviera loca. Finalmente, ante la oposición de sus colaboradores antes citados, renunció a sus propósitos y destruyó el documento que había redactado[838]. Este incidente nos lleva a ocuparnos nuevamente de Juana la Loca. La reina había empezado a tomar gusto a los contactos de tipo político. El marqués de Denia que había vuelto a ocupar su puesto con ella tuvo que desplegar toda su energía y poder de convicción para conseguir que la reina regresara a su aislamiento de antaño[839]. Sin embargo, el marqués fue volviendo a establecer una guardia estricta en torno a ella. Tordesillas se convirtió otra vez en una prisión para la hija de los Reyes Católicos. Por mayor precaución, Carlos V ordenó al cardenal Adriano que acudiera a unirse con el condestable. Era importante que el Gobierno saliera de Tordesillas y se reagrupara en Burgos, después de dejar a la reina fuertemente vigilada. El Consejo Real no se hizo repetir la orden y aquellos de sus miembros que se hallaban en Medina de Rioseco se unieron a sus colegas en las cercanías de Burgos. El almirante, que tras la acción de Tordesillas había aceptado oficialmente el cargo de virrey, no les retuvo. Al contrario, les impulsó a partir por cuanto temía de su impopularidad. Creía que alejándolos de él se apuntaría un tanto ante los comuneros. Los miembros del Consejo Real comprendieron la maniobra y tomaron muy a mal estas insinuaciones:

Es cosa grave que el almirante llame sospechosos a los del Consejo por complazer a los de la Junta o por conformarse con lo que ellos dizen[840].

El almirante no había perdido todavía la esperanza de poder llegar a un acuerdo con los comuneros. Por ello se alegraba de que el Consejo Real abandonara la ciudad, donde su impopularidad era demasiado grande. Por su parte, el cardenal Adriano también quería obedecer las órdenes del emperador dirigiéndose a Burgos. Pero cuando comunicó al almirante sus intenciones, éste montó en violenta cólera. Para él, ir a Burgos significaba romper definitivamente con los elementos más sanos y más moderados de la Junta. Era comprometerse con los verdaderos responsables de la rebelión, los miembros del Consejo Real:

Ellos han destruydo el reyno.

El almirante decidió que si el cardenal Adriano acudía a Burgos, se desentendería desde aquel momento de todas sus responsabilidades de virrey. También el cardenal, tristemente decepcionado, consideró de nuevo la posibilidad de ofrecer su dimisión y trasladarse a Portugal hasta tanto la revuelta no fuera sofocada[841].

Lejos de poseer un espíritu caprichoso como se ha dicho en múltiples ocasiones, él era el único que se preocupaba seriamente por los intereses de su rey. Consciente de los errores cometidos por Carlos V, no dejaba de ver también con claridad los auténticos propósitos de los nobles, que cubrían sus sórdidas intenciones con la capa de los grandes sentimientos. Deseoso de salvar lo que todavía pudiera ser salvado, finalmente cedió a las presiones del almirante y no se movió de Tordesillas. Lógicamente, la división del Gobierno en dos puntos geográficos distintos, rivales entre sí, no podía dejar de acarrear cierta tirantez y enfrentamientos a veces violentos:

Ninguna cosa se haze ni provehe por el condestable que no parezca mal y no se contradiga por el cardenal y almirante. Cada uno piensa que las obras del otro destruyen el reyno[842].

Un mes después de la victoria de Tordesillas, el poder real se hallaba, pues, paralizado por las divisiones y ambiciones de sus representantes. No presentaba ni la cohesión ni la inteligencia política necesarias para luchar eficazmente contra el ejército de los rebeldes.

4. La reanudación de la lucha

En su interés de velar antes que nada por sus tropas y sus dominios, los señores se habían contentado con mantener guarniciones en diversos puntos de Castilla. Táctica ésta puramente defensiva que dejaba la iniciativa a los comuneros. Estos, recuperados en seguida de la desmoralización provocada por el episodio de Tordesillas, reemprendieron las acciones militares a comienzos del mes de enero. Durante tres meses, los rebeldes hostigaron las posiciones enemigas, sembraron el terror en la Tierra de Campos en una serie de operaciones bien dirigidas por Acuña, conocieron días de triunfo con la ocupación de Torrelobatón a cargo de Padilla y después no supieron sacar partido de su victoria para, finalmente, hundirse en el campo de batalla de Villalar.

El nombre del obispo Acuña llena las páginas de la crónica del mes de enero. Para unos era símbolo de una furia asesina y devastadora que nada respetaba, ni a los hombres ni las propiedades ni el carácter sagrado de los templos, y para otros estandartes de la emancipación social, de rebelión contra las servidumbres señoriales, de liberación, en suma.

Acuña quedó muy afectado por la derrota de Tordesillas. Este viejo soldado no pudo dejar de sufrir ante el ridículo de su poca gloriosa expedición hacia Villalpando, mientras el enemigo se apoderaba sin apenas obstáculos de la capital de las fuerzas insurrectas. Por ello se dirigió a Toro, en una especie de media retirada. Pero el ocio forzoso consumía a este enérgico hombre de acción, y a los pocos días volvía a estar de nuevo a disposición de la Junta, en Valladolid. Allí comenzó en seguida a entrenar las tropas, a predicar la revolución y a luchar con energía contra la desmoralización. Su dinamismo era verdaderamente impresionante y contagioso. El 23 de diciembre, la Junta le encargó la misión de intentar despertar el fervor revolucionario en la región de Palencia. Su tarea consistía en desterrar a los sospechosos, percibir los impuestos en nombre de la Junta y organizar una administración local devota de la causa comunera. Acuña partió inmediatamente. En efecto, quedan testimonios de su presencia en Dueñas donde inauguró su campaña de propaganda, y luego, el día de Navidad en Palencia donde designó un nuevo corregidor, Antonio Vaca de Montalvo, nombrado por la Junta. En la primera semana de enero se hallaba de vuelta en Valladolid. En poco más de una semana había sentado sólidas bases para la nueva estructura administrativa de Palencia y de la región, escrito a las behetrías de Campos y Carrión para intentar integrarlas en el movimiento, reclutando, además, tropas en nombre de la Junta y, sobre todo, había recaudado más de 4000 ducados en concepto de impuestos, pues gozaba de una habilidad diabólica para conseguir dinero. En resumen, en unos pocos días había enderezado la situación y exaltado los sentimientos revolucionarios en la región de Palencia de un modo hasta entonces desconocido[843].

Acuña, tras descansar unos días en Valladolid, se puso de nuevo en camino para completar su obra. Hacia el 10 de enero se hallaba otra vez en Dueñas. Entonces empezó la gran ofensiva contra los señoríos de Tierra de Campos. Los dominios de los señores fueron sistemáticamente devastados y las víctimas denuncian en términos vehementes el vandalismo, los actos de bandidaje cometidos durante esta campaña. Al paso del obispo —escribía el cardenal— se roba, se desfigura a las gentes, se cometen asesinatos, se roba en las iglesias, se martiriza a los clérigos y se cometen actos de herejía inusitados. Citemos como ejemplo, el resultado de la acción de las tropas en Fuentes de Valdepero: un millar de personas, procedentes de Medina del Campo, invadieron la aldea. A su frente marchaba un tal Larez, capitán del obispo. Todo fue saqueado, los bosques destruidos. Las pérdidas ascendieron a 20.000 ducados. No contento con esto, Acuña se apoderó de los señores del lugar, el doctor Tello y su yerno, Andrés de Ribera. A continuación se dirigió contra Cordovilla, propiedad del conde de Castro, prendiendo fuego al castillo[844]. Tal es el trágico testimonio de las víctimas; pero el populacho, por el contrario, veía en él a un libertador.

Después de las acciones en Cordovilla, Acuña recibió una noticia que podía cambiar el curso de los acontecimientos. El conde de Salvatierra, don Pedro de Ayala, adherido a la Junta desde hacía algunos meses, se dirigía hacia Medina de Pomar y Frías, al frente de un ejército de dos mil hombres. En su avance intentaba, al pasar, incitar a la rebelión a los habitantes de las Merindades. El feudo del condestable, pues, se hallaba directamente amenazado[845].

La misma situación personal del condestable se hizo sumamente precaria a consecuencia de este golpe imprevisto. Desde el mes de noviembre Burgos estaba esperando a que el rey confirmara las promesas realizadas en su nombre por el condestable como pago a que la ciudad desertara de las filas comuneras. Los ánimos, ante la tardanza, habían comenzado a excitarse y el condestable a duras penas podía controlar la situación. Fue necesario que parlamentara sin cesar con los cerrajeros y zapateros de la ciudad, que distribuyera numerosas gratificaciones y, como él mismo reconoce, no sin cinismo, mentir continuamente. Y posiblemente, todo esto en vano, ya que todos los expedientes iban agotándose y la sublevación podía producirse en cualquier momento. El cardenal Adriano y el Consejo Real compartían la preocupación del condestable que no dejaba de reclamar el envío de refuerzos para poder controlar la ciudad, a la vista de que no llegaba la carta del emperador confirmando las famosas concesiones de noviembre. El obispo de Burgos, Fonseca, imperturbable, partidario de la mano dura, era el único que aconsejaba a Carlos V no ceder un ápice. No podían hacerse concesiones a la rebelión[846].

Informados de la situación, Acuña y Salvatierra marcharon sobre Burgos, uno por el sur y otro por el norte. Su avance —pensaban ellos— serviría para dar coraje a los comuneros de la ciudad y precipitaría el esperado levantamiento. Conscientes del peligro, sus enemigos reaccionaron con rapidez. Desde Tordesillas, don Francés de Beaumont se dirigió hacia el norte y ocupó el castillo de Ampudia, golpe de audacia que desorganizó todo el dispositivo de los comuneros en la Tierra de Campos. Padilla partió apresuradamente de Valladolid, se unió a Acuña en Trigueros y sus dos ejércitos unidos (unos 4000 hombres) se lanzaron sobre el enemigo, que había abandonado Ampudia para refugiarse en la Torre de Mormojón. Esta última cayó sin oponer resistencia. A continuación, Padilla regresó hacia Ampudia, donde atacó el 16 de enero. Su población planteó una cierta oposición durante algunas horas y luego se avino a pagar un rescate de 2000 ducados para evitar el pillaje[847].

El contraataque de Padilla situó a Burgos en una situación crítica. Para ganar tiempo, el condestable entabló conversaciones con los elementos más renuentes de la población, proponiéndoles hacer algunas gestiones cerca de las ciudades rebeldes para conocer sus condiciones para un eventual cambio de bando. Maniobra dilatoria, muy mal acogida pero que permitió ganar algunos días. El conde de Salvatierra, el obispo de Acuña y Padilla continuaban avanzando hacia Burgos. En las ciudades los simpatizantes de los comuneros tomaron sus medidas, comunicando a Padilla que se presentase ante las puertas de la ciudad el 23 de enero, fecha que podemos aceptar en principio como la que se había fijado para el levantamiento. ¿Qué es, pues, lo que sucedió? ¿Hubo quizás alguna traición o provocación? ¿Acaso temieron los conjurados ser desenmascarados? Lo cierto es que la sublevación se produjo dos días antes de la fecha prevista. El día 21, al mediodía, los comuneros de Burgos, conducidos por un barbero, salieron a la calle. Inmediatamente se vieron enfrentados con las fuerzas del orden del condestable. En las primeras escaramuzas, el conde de Aguilar resultó ligeramente herido. Pero el factor sorpresa no tuvo el efecto deseado. En ambos bandos se produjo un reagrupamiento y, por la noche, se aceptó un alto al fuego provisional. Al día siguiente, el condestable destacó una fuerza considerable en el centro de la ciudad amenazando con utilizarla en caso de que los ciudadanos no depusieran su actitud. A cambio de algunas concesiones (la amnistía, un mercado franco por semana, aligeramiento de la servidumbre de las posadas durante los días de estancia de la Corte) exigió la capitulación total y el abandono del castillo de Burgos que todavía estaba ocupado por representantes del municipio desde las revueltas de junio de 1520. Los insurrectos, desconcertados y sumidos en una profunda desmoralización, aceptaron. Dos cuadrillas se negaron a ceder ante el chantaje, pero la masa de la población se sintió atemorizada por el aparato militar desplegado por el condestable. Ante todo, la población temía una prueba de fuerza porque acabaría en el aplastamiento de la rebelión y el saqueo de la ciudad, entregada a la acción irresponsable de la soldadesca. El condestable había triunfado. Todavía tuvo que parlamentar con los ocupantes del castillo, que se negaron a abandonarlo hasta el día siguiente por la mañana, pero su triunfo estaba asegurado. El 23 de enero su autoridad en la ciudad de Burgos era mayor de lo que había sido hasta entonces. Todos los centros vitales de la ciudad estaban ahora controlados por él, especialmente el castillo. Había sido además una victoria fácil por cuanto apenas había encontrado resistencia y las tropas del conde de Salvatierra, de Acuña y Padilla no habían osado realizar ningún movimiento. En adelante, Burgos no volvería a plantear problemas a los virreyes.

Grande fue la decepción ante estos acontecimientos en el bando comunero. El conde de Salvatierra temía incluso que el condestable se decidiera a salir de la ciudad para atacarles. Prefirió evitar el ataque. Se le prometió el perdón si desertaba: don Pedro de Ayala licenció sus tropas y regresó a sus propiedades. Desde luego, nadie creía en la sinceridad de su arrepentimiento, pero lo importante era que la amenaza que pesaba sobre Burgos se había podido soslayar[848].

Afectados por el fracaso de la conspiración, Padilla y Acuña detuvieron su avance. Padilla regresó a Valladolid, mientras que Acuña reemprendió sus ataques contra las propiedades señoriales de la Tierra de Campos: Paredes de Nava, Trigueros y Frechilla, donde se apoderó de los bienes del licenciado Lerma, alcalde de corte, Becerril, donde arrestó a la mujer y los criados del mismo individuo. Entre Burgos y Valladolid se levantaba la fortaleza de Magaz, defendida por Garcí Ruiz de la Mota, hermano del obispo Mota.

Era la única plaza fuerte que seguía en manos de los súbditos leales al emperador, en todo el país. Acuña la atacó el 23 de enero. No pudo vencer la resistencia de sus defensores por lo cual se ensañó con la población. No dejó nada, ni un brocado, ni un maravedí, ni una cabeza de ganado, escriben sus enemigos. Robó los crucifijos, los ornamentos de las iglesias, entre los cuales incluso el manto de la Virgen. A continuación. Acuña se dirigió a Frómista, ciudad del mariscal don Gómez de Benavides. Llegó allí el 1 de febrero. Los habitantes, aterrorizados, ofrecieron un rescate de quinientos ducados para escapar al pillaje, pero al final no pudieron reunir esa suma. En compensación, Acuña se apoderó de los crucifijos, los cálices y patenas de plata de las iglesias antes de regresar a Valladolid, donde ya se reclamaba su presencia[849].

De este modo, durante más de un mes, Acuña, investido con plenos poderes por la Junta, asumió una verdadera dictadura sobre la Tierra de Campos. Sus víctimas, como es natural, denunciaron sobre todo los crímenes y pillajes, que recuerdan el doloroso reinado de Enrique IV, antes de que los Reyes Católicos impusieran el orden en toda Castilla. No obstante, es interesante puntualizar quiénes eran estas víctimas. Acuña sabía muy bien a quién atacaba. En Tierra de Campos pretendía barrer el régimen señorial mediante la destrucción u ocupación de las plazas fuertes que dominaban la campiña como otras tantas amenazas para las poblaciones circundantes. Dio así al movimiento comunero una de las características más notables de su segunda etapa: el rechazo de un orden social basado en el régimen señorial. No sería cierto afirmar que Acuña sembró la desolación y la ruina en todas partes, sino sólo allí donde la resistencia de los señores era especialmente fuerte. ¿Cómo, si no, podría comprenderse el fervor revolucionario de los habitantes de cada lugar después de que Acuña hubiera pasado por allí? En efecto, las propias víctimas no podían dejar de reconocer que la propaganda de Acuña fue terriblemente eficaz. Sus discursos y sus actos —nos dicen— sublevan a las masas, muy en especial a los campesinos y el clero, sobre todo el clero rural. «Sus discursos y sus actos», en efecto, porque Acuña no se contentaba con hablar. También asestaba duros golpes a los señores, y esto era ante todo lo que explicaba su gran predicamento sobre la población rural. Acuña significaba para ellos la esperanza de una liberación social[850].

Por otra parte, Acuña aprovechó sus incursiones para incrementar el tesoro de guerra de la Junta. Y ello tanto por el saqueo de los castillos, iglesias y aldeas pertenecientes a los señores como por la recaudación de impuestos entre la población. Esto era una parte de su misión, que el obispo de Zamora supo cumplir de una forma perfecta[851].

5. La batalla de Torrelobatón

Las campañas dirigidas por el conde de Salvatierra y el obispo de Zamora eran algo más que simples maniobras de diversión, sin embargo, para la Junta, el escenario principal de las operaciones militares era siempre el triángulo formado por Valladolid-Medina de Rioseco-Tordesillas. Allí era donde se encontraba concentrado el grueso de las tropas enemigas, instaladas en una serie de plazas fuertes estratégicamente situadas desde donde dominaban la región y organizaban rápidas operaciones sobre los puntos de comunicación de las fuerzas comuneras a fin de impedirles recibir avituallamiento y refuerzos. La táctica adoptada por los nobles, tal como hemos explicado anteriormente, excluía el ataque directo, el despliegue masivo de fuerzas. Pero en cambio se prestaba perfectamente a las pequeñas escaramuzas. De vez en cuando, grupos armados de caballeros abandonaban sus guarniciones, atacaban la retaguardia del enemigo y regresaban inmediatamente cargados de botín y prisioneros. Fue sobre todo desde Simancas donde estas salidas eran cada vez más frecuentes. Acciones de poca monta que no afectaban seriamente al enemigo pero que servían para mantener entre sus filas un clima de inseguridad y amenaza permanentes. Así se comprende la insistencia de Valladolid en el sentido de que era necesario apoderarse de Simancas antes de pensar en emprender cualquier otra acción militar. Pero la plaza estaba fuertemente defendida, lo cual desalentaba a los posibles atacantes. A mediados de enero, los nobles conocieron una nueva inquietante: Padilla acababa de salir de Valladolid con un nutrido grupo de caballería y cinco mil infantes. Sin embargo, pronto se calmaron, al conocer sus intenciones. Trataba de reconquistar Ampudia, en un ataque conjunto con Acuña. Era ésta la operación en dirección a Burgos que ya hemos mencionado más arriba. Cuando Padilla regresó a Valladolid a finales de mes, la situación no había evolucionado. Si acaso, tenía tendencia a empeorar. Desde hacía varios días, los refuerzos que aportaban las ciudades de Ávila, Segovia y Salamanca se hallaban en Medina del Campo, pero al carecer de protección suficiente, nadie se atrevía a dirigirlos a Valladolid. El paso de Puente de Duero, especialmente, planteaba serios problemas. Padilla condujo entonces sus fuerzas hacia Medina del Campo, y gracias a eso, los refuerzos esperados pudieron llegar a Valladolid a principios de febrero. Entre los recién llegados se hallaba Juan Bravo, jefe de la milicia de Segovia. El ejército de la Junta seguía recibiendo refuerzos y comenzó a hablarse de nuevo de un posible ataque contra Simancas. En una carta fechada el 30 de enero y destinada a Toledo, Padilla anunciaba su intención de apoderarse de esta plaza, en cuanto pudiera reunir todas las milicias urbanas. La situación es crítica —escribía Padilla—; la situación de la zona circundante a Valladolid es más expuesta que la de los alrededores de Segovia en los meses de junio-julio de 1520[852].

Pese a estas resoluciones, los comuneros volvieron a posponer el ataque a Simancas, que decididamente, estaba fuera del alcance de sus posibilidades. En su defecto atacaron otros centros menos importantes pero que constituían una amenaza para Valladolid. El 19 de enero, la Comunidad de Valladolid ordenó hacer volar el puente de Boecillo, al sur de la ciudad. El 5 de febrero, decidió ocupar el castillo de Mucientes, al Norte, y confiarlo al cuidado de don Juan de Mendoza. Pero, dentro de la serie de medidas tomadas en aquel momento para garantizar la seguridad de Valladolid, llama ante todo nuestra atención la destrucción de Cigales. Cigales, propiedad del conde de Benavente, situado a unos diez kilómetros al norte de Valladolid, había sido ocupado por mil quinientos hombres en los primeros días de enero. Desde entonces, los comuneros lo utilizaban como base para muchos de sus movimientos. A principios de Febrero, cuando Padilla comenzó a reunir todos los efectivos con miras a una acción más enérgica, quedó claro que no sería posible mantener en Cigales una guarnición suficiente. La Comunidad de Valladolid pidió entonces a Padilla, el 7 de febrero, que destruyese el castillo y todas las defensas de Cigales. Padilla cumplió sus instrucciones al pie de la letra; sus hombres quemaron la casa del conde de Benavente y las reservas de trigo que tenía acumuladas. A continuación demolieron el castillo y las demás fortificaciones y cortaron los almendros y todos los árboles de la aldea. Esta acción, decidida unilateralmente por la Comunidad de Valladolid, despertó vivas protestas en la Junta General. Los portavoces de los elementos moderados, el bachiller Guadalajara y Alonso de Cuéllar, ambos procuradores de Segovia, comenzaron declinando su responsabilidad y la de la Junta, que no había sido consultada, y además propusieron enviar un magistrado para abrir una investigación en el lugar de los hechos. La mayor parte de los procuradores se mostraron de acuerdo con ellos, y el 11 de febrero, la Junta encargó al licenciado Rincón que se encargara de la investigación de lo acaecido en Cigales. Dos días más tarde se envió un emisario al conde de Benavente para presentarle las disculpas de la Junta. El asunto tendría más tarde implicaciones judiciales. Por el momento sirvió para poner en claro una vez más la división entre la mayor parte de los miembros de la Junta, muy reservados, por no decir atemorizados, cuando se trataba de combatir al enemigo con eficacia, y la Comunidad de Valladolid, cuya fe revolucionaria era mucho más ardiente, que no se veía detenida ante ningún tipo de escrúpulos y que estaba dispuesta a devolver golpe por golpe en todo momento[853].

Poco después, esta división se convirtió en oposición abierta a propósito del mando del ejército. Este ejército, reforzado hacía algo más de un mes por las milicias urbanas, soportaba de mala gana el confinamiento a que se veía sometido. La tropa ardía en deseos de hacer frente de una vez al enemigo. Sus capitanes compartían estos mismos deseos y creían necesario aprovechar el entusiasmo que animaba a sus hombres y que podría apagarse en caso de que no se les condujera a la lucha de inmediato. Todo el mundo estaba, pues, de acuerdo, a principios de febrero, sobre la necesidad de organizar un ataque a gran escala. El día 9, la Junta se reunió para designar a la persona que dirigiría la artillería en el curso de la proyectada operación. La cuestión era decidir si la artillería sería encomendada a los capitanes del ejército o a un procurador. La mayoría se inclinó por la segunda solución y se nombró para la misión a Diego de Esquina, procurador de Ávila. Pero el debate, que había comenzado a propósito de la artillería, se amplió a un tema más general. ¿Debía elegir la Junta un comandante en jefe de todo el ejército? Padilla se mostró partidario de que se mantuviera el sistema en vigor hasta entonces, es decir, la autonomía de las milicias urbanas, con todos los capitanes en un grado de igualdad, lo que no excluía la posibilidad de una acción concertada de todas las milicias en un momento determinado. De hecho, este sistema no se había aplicado durante el tiempo que Girón ejercía la autoridad suprema del ejército, pero precisamente, los comuneros no podían mostrarse satisfechos ante la organización del ejército con un jefe supremo. Padilla temía que la Junta pudiera designar para el cargo de comandante en jefe a un procurador que no haría sino dificultar la acción de los militares. Sin embargo, todos los demás capitanes se mostraron partidarios de contar con un mando unificado y Padilla tuvo que ceder. Sólo restaba, pues, señalar a la persona para el puesto. Requerido Padilla por sus colegas para que diera su opinión el primero, propuso la candidatura de don Pero Laso de la Vega. Los capitanes aceptaron esta elección que la Junta también estaba dispuesta a corroborar. Pero la Comunidad de Valladolid no quería oír hablar de don Pero Laso, a quien acusaban de indolencia y de jugar un doble juego. Así, los procuradores de Valladolid exigieron la designación de Padilla e instaron a la Junta a que le designara como capitán general. Los partidarios de don Pero Laso respondieron con un sólido argumento: era el ejército el que había propuesto a don Pero Laso. La Junta se había limitado a ratificar esta elección. Pedro de Losada, procurador de Madrid, manifestó prudentemente que él no estaba capacitado para designar al capitán general. No era competencia de la Junta. Los procuradores de Ávila, Diego del Esquina y Cristóbal Valero, manifestaron que las exigencias de Valladolid eran intolerables. La discusión prosiguió al día siguiente, 10 de febrero. Don Hernando de Ulloa suplicó a sus colegas que no cediesen ante la intimidación de Valladolid: de ningún modo debían proclamar a Padilla general en jefe, aunque no fuera más que para no dar la impresión de que se plegaban ante las presiones del exterior. Por fin, el conflicto terminó sin que nadie se saliera con la suya. Don Pero Laso no sería general en jefe, ni él ni nadie. En su lugar, un comité de guerra, formado por el obispo de Zamora y dos procuradores, Diego de Guzmán y Gonzalo de Guzmán, acompañaría al ejército en cada campaña para asegurar la coordinación. Como el obispo de Zamora acababa de partir hacia el reino de Toledo, la Junta conservaba, al menos teóricamente, el control supremo del ejército. De hecho. Padilla iba a desempeñar el papel de general en jefe sin título de tal, tanto por su autoridad como por su popularidad. Lo más digno de destacar en todo este asunto es que, hasta entonces, el conflicto latente entre la Comunidad de Valladolid y la Junta no había cobrado nunca tales proporciones. De forma cada vez más radical, el movimiento comunero estaba dividiéndose entre un ala dinámica, preocupada ante todo por la eficacia de sus acciones y que deseaba llegar hasta el final y una facción moderada, deseosa de no llevar las cosas demasiado lejos[854].

Una vez solucionado el problema del mando de las fuerzas, los comuneros ya podían pasar a la acción. El 17 de febrero, el licenciado Villena arengó en Valladolid a las tropas diciéndoles que se prepararan para emprender una operación de gran envergadura. Aquella misma tarde y al día siguiente, Padilla condujo la artillería a Zaratán, localidad situada a algunos kilómetros al oeste de Valladolid. Durante cuatro días no dejaron de afluir tropas a Zaratán. Hasta el último momento se mantuvo en secreto los pormenores de la acción. Los virreyes supieron de la concentración de las fuerzas comuneras, pero ignoraban por completo sus planes. En principio sospechaban de un eventual ataque contra Simancas, y se sintieron sumamente sorprendidos cuando supieron que el ejército rebelde había puesto cerco a Torrelobatón. Toda la operación había sido montada por Padilla, quien en una carta a Toledo, fechada el 2 de marzo, exponía la génesis y ejecución del plan. Padilla y los demás capitanes se sentían ansiosos por pasar a la acción. Pero ¿hacia dónde dirigir su ofensiva? No se podía pensar ya en Simancas, porque la fortaleza estaba demasiado bien defendida. Tordesillas podría constituir un objetivo de la mayor importancia, pero la ciudad estaba perfectamente fortificada y además, la presencia de un destacamento enemigo en Simancas hacía muy problemática la operación. Por otra parte, Padilla deseaba obtener un rápido triunfo que sirviera para reforzar la moral de las tropas y la de todo el movimiento. Fue entonces cuando pensó en Torrelobatón, situado a mitad de camino entre Medina de Rioseco y Tordesillas. La ciudad y su castillo dominaban la región y podían constituir una excelente base de partida para ulteriores acciones militares. Además, Torrelobatón pertenecía al almirante de Castilla y a Padilla no le desagradaba la idea de dar una lección a ese viejo zorro así como a los miembros de la Junta que se dejaban cautivar por sus bellas palabras. Veamos en qué términos se expresaba Padilla sobre el almirante:

Ya saue Vuestra Señoría como, prometiendo de no aceptarla [la gobernación], la aceptó, y la invención suya, que aunque tiene y ha tenido apariencias, más ha destruydo las cosas generales que lo de Ronquillo y Fonseca, porque aquellos consigo y con sus gentes públicamente destruían las cosas comunes, y éste ha tenido tal mafia que no solamente en las ciudades ha puesto diuisiones y ha querido desiuntar lo que para el vien común estava junto, mas en los hombres procura de hacer que esté la mano derecha contra la izquierda. Y como buen maestro, por donde saue que estas cosas se ganaron y se engrandecieron, por allí trauaxa de perderlas y aniquilarlas. Saue que la vnión nos ensalzó y procura desunirnos, porque ha sauido la verdad y es que no hay otra manera de deshacernos; porque si otra huviese, él la buscaría, y si mis palabras son verdaderas o livianas, la experiencia de las cosas nos lo muestra más de lo que yo quería, y por esto me parece que éste es el maior enemigo y que más daño haze. Fonseca y Ronquillo pelearon contra sí, consigo; éste ha peleado contra nosotros y nos ha de destruir.

Eran pues razones políticas tanto como estratégicas las que habían inducido a Padilla a elegir Torrelobatón como primer objetivo. El día 21, a medianoche, el ejército se puso en marcha. Al alba estaba en las puertas de Torrelobatón, donde se dio la alarma inmediatamente. Se envió un ultimátum a la guarnición cuya respuesta fue la de disputar contra los mensajeros e inmediatamente comenzó el asedio. La lucha fue dura, ya que la plaza se hallaba bien protegida: gruesas murallas, muy altas y bien conservadas, protegían por todas partes a la pequeña aldea. Dado que las dificultades iban a ser grandes, se autorizó a la tropa a saquear cuanto quisiera. Los combates se alargaron durante cuatro días, cuatro días en los cuales no llegó refuerzo alguno a ayudar a los defensores. Los escasos efectivos que partieron de Tordesillas con este fin hubieron de volverse atrás, ya que no contaban con infantería. El 25 de febrero, los comuneros entraron en la pequeña ciudad que fue entregada al pillaje, del que sólo se salvaron las iglesias. El castillo resistía aún. Los asaltantes amenazaron con ahorcar a todos los habitantes si no se rendía y finalmente capituló tras haber firmado un acuerdo por el cual podían conservar la mitad de los bienes que se hallaron en el interior del castillo[855].

La toma de Torrelobatón despertó el entusiasmo entre los comuneros[856] y provocó la inquietud y la discordia en las filas de la nobleza. El almirante, lógicamente, era el más afectado. Acusó formalmente a sus aliados de Tordesillas de no haber hecho nada para salvar la plaza, a pesar de sus llamadas de socorro[857]. El cardenal Adriano, por su parte, condenó la actitud del responsable de la guarnición que prefirió salvar su vida y su fortuna, pero también, de forma más general, la negligencia del conde de Haro, máximo responsable del ejército realista, y las divisiones de la nobleza[858]. El conde de Haro se defendió como pudo, apelando a la superioridad numérica de los comuneros que habían puesto en línea de combate a seis mil infantes, seiscientas lanzas y una potente artillería. Y sobre todo intentó cargar la responsabilidad sobre el almirante. Si él no se había apresurado a enviar refuerzos, fue porque el mismo almirante le comunicó en los primeros momentos del asedio que la situación no era tan grave como se podía haber pensado en un principio[859]. Estas discusiones ilustran perfectamente la importancia de la batalla. Los rebeldes exultaban de gozo, mientras sus enemigos eran presa de la desesperación.

II. —TENTATIVAS DE CONCILIACIÓN

El 27 de febrero, don Antonio de Rojas, arzobispo de Granada y presidente del Consejo Real, daba cuenta al emperador de la conquista de Torrelobatón por las fuerzas rebeldes. ¿Cómo se había podido producir esta derrota? Y lo cierto era que la plaza se hallaba bien fortificada…

Una cosa sola es muy notoria y por tal la escriuo a Vuestra Majestad; que entretanto que los traydores fueron y estauan sobre Torre de Lobatón, estauan en Tordesillas capitulando o contratando con el almirante don Pero Laso y otros de la Junta. Sólo Dios sabe en lo que entendieron[860].

Pérfida insinuación que expresa perfectamente la personalidad de su autor. Don Antonio de Rojas no era hombre de medias tintas; en lugar de atacar enérgicamente a los rebeldes, algunos perdían el tiempo y cometían la bajeza de negociar incluso con los traidores. El hecho, no obstante, es cierto: en el momento en que los comuneros caían sobre Torrelobatón, se estaban celebrando negociaciones. Y, en verdad, apenas se vieron interrumpidas por la lucha, siendo además la continuación de otras conversaciones anteriores. No es ésta la menor paradoja de esta guerra civil. Las grandes batallas fueron poco numerosas —Tordesillas, Torrelobatón, Villalar— pero las conversaciones y los contactos entre los dos bandos no cesaron en ningún momento. Tal parecía que ambos enemigos pretendían concentrar el mayor número de tropas posible, no para aplastar al otro sino para obligarle a concluir una paz de compromiso. Cierto también, que en ambos bandos existían los irreductibles, los partidarios de la mano dura, pero también los conciliadores, más o menos sinceros y más o menos convencidos.

1. Los argumentos de los nobles

Las negociaciones habían empezado antes de Tordesillas y continuaron después. En el seno de la Junta, replegada en Valladolid, los moderados temían una ruptura total con los Grandes. En el bando contrario, los nobles estaban lejos de formar un bloque compacto y homogéneo. Pese a su victoria en Tordesillas y quizás debido a ella, no dejaban de sentirse inquietos. Porque, en efecto, esta victoria había exasperado a los comuneros y había modificado los datos del conflicto. La rebelión ya no se dirigía únicamente contra el poder real sino también y cada vez más, contra los señores. Valladolid estaba dispuesta a invadir, a fuego y sangre, las tierras de la nobleza y, muy pronto, las expediciones de Acuña pusieron en claro que no se trataba tan sólo de vanas amenazas. Todos los señores comenzaron a temer las represalias contra sus feudos. Mientras tanto, el condestable velaba en Burgos por la integridad de sus dominios. Si esto sigue así —se quejaba el conde de Benavente— yo también acudiré con mis hombres a defender mi feudo y, si es necesario, llegaré a un entendimiento con las Comunidades. En verdad, las prerrogativas reales preocupaban muy poco a estos señores. El cardenal Adriano se daba perfecta cuenta de ello:

Agora cada uno de los Grandes quiere guardar lo suyo y derraman la gente para en guarda de sus tierras y assi hay pocos que sinceramente tengan fin y zelo entero al seruicio de Vuestra Majestad y bien público del reyno, de manera que creo que si no temiessen perder sus stados que pocos se declararían en servicio de Vuestra Majestad, de manera que las Comunidades fazen más con poca gente que nosotros con mucha.

Veo que los Grandes recelan y temen en mucha manera que sus tierras no se les alcen. Ellos quieren sentir a Vuestra Majestad y juntamente con esto assegurar sus casas, y quando todo no pudieren, más querrán, concordándose con los pueblos, guardar sus stados que sintiendo a vuestra alteza ponerles en peligro[861].

Estas inquietudes explican perfectamente la actitud de los señores tras los acontecimientos de Tordesillas. Debían mostrarse prudentes y hacer el menor daño posible a los comuneros por miedo a las represalias. Por tanto, en lugar de organizar un ataque decidido intentaron entrar en contacto con ellos para tratar de llegar a un acuerdo. Para ello hicieron creer a los rebeldes que estaban dispuestos a hacer concesiones. ¿Pero no sería el poder real el que sufriría las consecuencias de un acuerdo entre las Comunidades y la nobleza? Este era el temor del cardenal Adriano, pero los señores se adelantaron a esta crítica, afirmando que si el rey regresaba de inmediato, el conflicto quedaría solucionado sin tardanza. Veamos lo que el más importante de estos señores, el almirante de Castilla, hizo comunicar al monarca:

No es justo que los Grandes, que tan buena voluntad tyenen, queden tan desanparados del socorro de su venida que la necesidad les haga buscar remedio para sus estados como les parezca, que no le an hecho pequeño seruicio en dexallos aventurados y los enemigos a las puertas de sus casas por venir a tomar Tordesyllas. En conclusyón, que aueys de dezir a su alteza que, si luego no viene, que dé por perdida a Castilla y crea que nyngún Grande quedará que no se concierte con las Comunidades[862].

He aquí, pues, el verdadero alcance de los desinteresados sentimientos del almirante. Cierto que había hecho cuanto estaba en su mano para encontrar una solución pacífica al conflicto. Pero no a causa de los horrores de la guerra civil ni en pro del bien del país, como han escrito muchos historiadores impresionados por sus protestas de pacifismo y sus buenos sentimientos. Lo que en realidad buscaba el almirante era, pura y simplemente, conservar sus inmensos dominios y situarlos al margen de la guerra. Y no era el único en pensar de esta manera. En este contexto podemos comprender mejor por qué una facción de la nobleza se obstinó durante meses en negociar con los rebeldes. Sencillamente, trataba de defender sus intereses. Era el caso de cuantos tenían sus propiedades cerca de Valladolid y Palencia, al alcance de las tropas comuneras. Otros, como los de Galicia, los del reino de Toledo, Andalucía y Murcia (el duque del Infantado, el marqués de Villena y el marqués de Los Vélez, por ejemplo) podían permitirse el lujo de comportarse de otro modo, y prodigar sus consejos a unos y a otros. En realidad no arriesgaban nada, al menos por el momento. Y en el Norte, se hallaban los que no tenían ya elección, como el condestable y su familia, el marqués de Denia y los miembros del Consejo Real. Desde hacía tiempo habían sido declarados enemigos del reino y se hallaban, por lo tanto, a la defensiva. Naturalmente, estos contactos con los rebeldes les parecían una traición.

El conde de Haro, tan duramente criticado por los partidarios del almirante, pasaba al contraataque, por su parte. Es imposible luchar con garantías —escribía— en primer lugar por la falta de dinero, y además[863]. debido a los contactos que el almirante mantiene con las fuerzas enemigas El condestable afirmaba desconocer cuanto se tramaba en Tordesillas, así como lo relativo a las negociaciones con los rebeldes[864]. El marqués de Denia desaprobaba abiertamente la idea de una negociación[865]. En cuanto al Consejo Real, en quien los insurrectos veían el símbolo de la corrupción administrativa, tenía una sola idea: la guerra a ultranza[866].

El cardenal Adriano era el único que deseaba a un tiempo la paz y el mejor servicio al rey, sin ninguna segunda intención. No se oponía a las negociaciones. Incluso, al contrario, las apoyaba. Si se podía conseguir que los rebeldes cambiaran su forma de pensar, ¿por qué rechazar esta posibilidad? Pero, al mismo tiempo, era un celoso defensor de las prerrogativas reales. La paz, sí, pero no a cualquier precio. Así, no podía dejar de sentirse inquieto al observar al almirante dispuesto a llegar a un acuerdo a cualquier precio. Si esto sucedía, al cardenal no le quedaría otro camino que emprender la huida y encomendarse a la gracia de Dios, porque todos le considerarían entonces como un promotor de la guerra, un obstáculo para la paz[867]. En cuanto a la Corte, en Alemania, recibía información sobre la situación de forma regular. Nunca se ocultó el pensamiento de los medios oficiales: cualquier acuerdo con los rebeldes debería contar con la aprobación previa del rey. No se iba a ceder un ápice sobre las prerrogativas reales[868].

Hemos visto, pues, por qué una fracción importante de quienes habían permanecido fieles al emperador trataban con tanta insistencia de sondear las intenciones de los rebeldes y se esforzaban por alcanzar con ellos una paz negociada.

2. Los primeros contactos

Algunos de los procuradores de la Junta fueron hechos prisioneros después de la batalla de Tordesillas. Fue a través de ellos como el almirante entró en contacto con los rebeldes. El 7 de diciembre, uno de los procuradores prisioneros, Gómez de Ávila, fue puesto en libertad. Inmediatamente se dirigió a Villanubla, donde se hallaba a la sazón el estado mayor del bando comunero, especialmente don Pedro Girón, el obispo de Zamora y el comité de guerra de la Junta. Pero sus intentos de acercamiento fueron mal acogidos y al día siguiente regresó a Tordesillas para constituirse nuevamente prisionero. He aquí cómo daba cuenta el comité de guerra de esta tentativa:

Ellos [los procuradores que quedaron detenidos] nos escrivieron una carta con Gómez de Ávila toda de amonestaciones del mucho peligro que tenían sus vidas si hisiésemos daño en la tierra de los Grandes y que tomásemos medio por la mucha pujança de la otra parte, cosas todas muy diferentes de lo que ellos hazian, estando en su libertad. Fueron respondidos como convenía y Gómez de Ávila se fue, el qual creemos que no bolverá acá más con tales negociaciones, y crea Vuestra Señoría que si los enemigos no tuviesen temor no enbiaran los procuradores a tratar de paz en tiempo que tan cruda guerra an fecho[869].

Miedo ante las posibles represalias de los comuneros y deseo de concluir un acuerdo con los rebeldes, tal era el estado de ánimo de los nobles tras su victoria de Tordesillas.

Este fracaso de su primer contacto no llevó al desánimo al almirante, decidido a llegar a un acuerdo como quiera que fuese[870]. No obstante, todas sus gestiones topaban con la intransigencia de la Junta, que exigía la disolución del Consejo Real y se negaba a reconocer la autoridad de los virreyes designados por el emperador[871]. El almirante confesaba su perplejidad en una carta al condestable. ¿Y si decidían asociar a los comuneros al Gobierno? Dos de ellos podrían colaborar con el condestable y el cardenal Adriano en la resolución de los asuntos de gobierno hasta el regreso de Carlos V[872]. El cardenal Adriano rechazó de plano estas sugerencias. Una solución de este tipo no haría sino reforzar la autoridad de los rebeldes[873]. De todos modos, los miembros del Consejo Real no se hacían ilusiones. Estaban convencidos de que el almirante estaba dispuesto a sacrificarlos a la Junta con tal de salvar sus posesiones[874].

El almirante, considerando que las exigencias de la Junta eran demasiado duras, trató de cambiar de táctica. En lugar de tratar con la representación del movimiento sus siguientes pasos estuvieron dirigidos a intentar que algunas ciudades se separaran de la Junta. En los primeros días de enero ensayó un acercamiento a Toledo. Había sido esta ciudad la que desencadenara la revuelta; ¿por qué no podría iniciar ella el camino hacia la paz? Es en este momento cuando aparece por vez primera don Pero Laso de la Vega en su papel de mediador. Las negociaciones debieron ser intensas dado que se llegó incluso a preparar un proyecto de acuerdo. Don Pero Laso se comprometía a conseguir que la rebelión cesara en Toledo con ciertas condiciones: a él se le nombraría corregidor de la ciudad y se le devolverían además todos los salarios y juros que detentaba antes de que comenzara la revolución. Todos los titulares de los oficios municipales serían conservados en sus cargos; es decir, no se ejercería acción alguna contra él ni contra quienes habían participado en la rebelión. Su colaborador, Diego Hernández, debería recibir el rango de caballero. En cuanto a la ciudad de Toledo, don Pero Laso también formuló dos exigencias: los tribunales deberían estudiar la reclamación de Toledo en el sentido de que la ciudad tenía privilegios que la eximían del pago de la alcabala; y por otra parte, los bienes confiscados a los condenados no debían ser utilizados en adelante para pagar a los funcionarios de la Inquisición. Sobre este último punto, el almirante hizo un comentario: todos los males han surgido a causa de los conversos. Concederles alguna satisfacción, aunque mínima, podría ayudar a resolver las cosas. Finalmente, don Pero Laso propuso que, en la ausencia del rey, el gobierno fuera confiado a dos personas, una designada por el monarca y la otra por el reino, es decir, por la Junta[875].

¿Era posible el acuerdo sobre estas bases? El 13 de enero, el almirante parecía dispuesto a negociar. Esperaba la visita de cuatro representantes de Toledo. A poco que éstos se mostraran conciliadores, el almirante estaba decidido a garantizarles una amnistía total, aunque fuera únicamente por su iniciativa. Esto fue, al menos, lo que anunció al cardenal Adriano, que no dejó de manifestar su inquietud[876]. Pero no hubo caso. Toledo no quiso llegar a un acuerdo por separado. Se negó a romper su solidaridad con las demás ciudades. Las conversaciones no tuvieron continuación; no podía ser de otra manera. En este punto, lo que pedían los comuneros partidarios de la negociación eran garantías concretas sobre la suerte que les estaba reservada. Y era obvio que el almirante, ni ninguno de los virreyes, podía conceder tales garantías dada la gran limitación de sus poderes. Todo lo más, podían ofrecer su buena voluntad. En estas condiciones, no es extraño que los comuneros se sintieran escépticos.

Paralelamente fracasaron también las negociaciones entabladas con Ávila, por las mismas causas ya apuntadas en el caso de Toledo[877].

De cualquier modo, no puede decirse que estas primeras tentativas para poner fin al conflicto fueran completamente inútiles. En primer lugar, demostraron que algunos comuneros no rechazaban a priori la posibilidad de negociar. Don Pero Laso de la Vega acababa de dar un paso en dirección a los Grandes. No habría de ser el último. Por otra parte, quedó en claro que los revolucionarios no estaban dispuestos a tratar de forma aislada. La táctica del almirante, que aspiraba a dividirlos, se había demostrado inviable. En el futuro, si quería llevar adelante sus proyectos de negociación, tendría que resignarse a parlamentar con el conjunto del movimiento comunero. Llegamos, pues, de nuevo, al punto de partida: era con la Junta con la que se debía negociar y el almirante se orientó de nuevo en esta dirección[878].

3. Los buenos oficios del nuncio y del embajador portugués

A medida que transcurrían los días, las posiciones fueron endureciéndose y el país entero se sumergió en la guerra civil. Las tentativas del almirante y sus partidarios para encontrar una salida honrosa al conflicto chocaban constantemente con la intransigencia de los comuneros. Estos se sentían inclinados a rechazar al almirante ya que actuaba a la vez como juez y parte interesada, por cuanto el nuevo cariz que había tomado la rebelión suponía para él una amenaza como propietario de tierras señoriales. Cierto que el emperador le había nombrado como uno de sus representantes en Castilla, pero ¿hasta qué punto podía hablar en su nombre? Los poderes que le habían sido confiados, como a los demás virreyes, apenas le autorizaban a algo más que a tratar de restablecer el orden. En cuanto a los restantes problemas, su papel quedaba limitado a informar a la Corte y a sugerirle soluciones, pero sin tomar por sí mismo ninguna iniciativa. Entonces se pensó que quizás otras personalidades menos comprometidas oficialmente podrían tener más posibilidades de lograr un acuerdo. Fue por ello por lo que en enero intervinieron el nuncio apostólico y el embajador portugués.

Al parecer, el nuncio había mantenido buenas relaciones, al menos al principio, con los jefes de la insurrección aunque sin llegar, no obstante, a compartir sus puntos de vista[879]. Por su parte, el embajador portugués, asentado en Valladolid primero y más tarde en Tordesillas, había asistido en calidad de imparcial observador a la progresiva deterioración del clima político en Castilla desde el momento de la partida del emperador. Además, representaba a una monarquía cuyos favores trataban de ganarse ambas partes por razones obvias: una intervención directa de Portugal en los asuntos castellanos, en este momento crítico y en ausencia de Carlos V, podía ser decisiva. El embajador estaba, pues, en inmejorable posición para ofrecer sus buenos oficios.

¿Fue solicitada por los representantes del rey la intervención de estas dos personalidades? El cardenal Adriano asegura que no y que si finalmente aceptó que interviniera el nuncio, fue porque no tenía otra opción. Añade, además, que desconfiaba plenamente de su iniciativa. En cuanto al embajador portugués, habría actuado, según el cardenal, a petición de su soberano[880]. Nada podemos puntualizar por lo que respecta al nuncio, pero, en cambio, en lo tocante al embajador portugués, no hay duda: el cardenal Adriano y el almirante solicitaron oficialmente sus buenos oficios y rogaron al monarca del vecino país que le otorgara cartas credenciales en la debida forma con el propósito de amenazar a la Junta con la intervención directa de Portugal si persistía en su postura de rebeldía[881].

Los comuneros no parece que manifestaron oposición a la misión del embajador portugués, que llegó a Valladolid el 15 de enero[882]. En cuanto al nuncio, no sucedió igual. El día 6 de enero, una delegación de la Junta se entrevistó con él en el monasterio del Prado, situado fuera de Valladolid[883]. Al día siguiente, la Comunidad de Valladolid comunicó a la Junta que se oponía a que el nuncio entrara en la ciudad[884]. Tenía sus razones para oponerse. En efecto, a petición de Carlos V, el papa había firmado tres Breves contra los comuneros. El primero estaba dirigido al obispo de Zamora; el segundo ordenaba al cardenal Adriano que tomara medidas contra los eclesiásticos que apoyaban la rebelión y en el tercero se pronunciaban penas de excomunión contra colectividades y particulares eclesiásticos o laicos que en el plazo de tres días tras la notificación de este texto continuaran mostrándose rebeldes a la autoridad del rey, ponía a España entera en interdicto y se negaba la sepultura religiosa a los elementos recalcitrantes. En enero, todavía no se había tenido la posibilidad (o no se había considerado oportuno) de publicar estos Breves[885], pero su existencia era conocida, y en Valladolid se temía que el nuncio aprovechara su llegada a la ciudad para asestar un nuevo golpe al movimiento insurreccional haciendo uso de estos textos. Sin embargo, la Comunidad de Valladolid recibió seguridades al respecto y el 9 de enero aceptó por mayoría la presencia del nuncio en la ciudad si bien se le exigía juramento de que no hablaría con nadie sin previa autorización de la Junta y que no comunicaría texto alguno cuyo contenido pudiera perjudicar al reino, a la ciudad o incluso a personas particulares[886]. Sin embargo, estas condiciones no parecieron suficientes, pues al día siguiente, la Comunidad manifestó una serie de exigencias más concretas

1. El nuncio tenía que jurar que no llevaba ninguna bula, ningún Breve o carta del papa ni de ningún juez eclesiástico o prelado. En caso de que fuera portador de tales documentos, debía comprometerse a no hacer uso de ellos durante su estancia y a pedir al papa la anulación de los Breves.

2. Durante su estancia en Valladolid, el nuncio no mantendría conversaciones de carácter político más que con la Junta o con los jefes de la Comunidad de Valladolid debidamente acreditados.

3. El nuncio debía comprometerse a no transmitir a los Grandes información alguna sobre las actas de la Junta o de la Comunidad.

4. Finalmente, debería abandonar la ciudad cuando la Junta o la Comunidad lo considerasen oportuno[887].

Por su parte, los miembros de la Junta se comprometían a no entrevistarse con el nuncio sino en sesión de la Junta, a menos de ser expresamente autorizados para ello y especificando antes el objeto de la entrevista[888].

Tomadas todas estas precauciones, el nuncio pudo entrar en la ciudad y comenzar a informarse sobre las intenciones de la Junta al mismo tiempo que el embajador portugués. Señalemos que estas dos personalidades no actuaban concertadas. La misión del embajador parecía más concreta. Debía limitarse a informar a la Junta que su soberano deseaba ardientemente ver el fin de las hostilidades. La tarea del nuncio, en cambio, era más delicada ya que pretendía llegar a sentar las bases que permitieran un acuerdo entre ambos bandos. En la práctica, no obstante, ambos trabajaron conjuntamente, aunque es cierto que la mayoría de las veces era el nuncio quien parecía llevar la voz cantante. En el transcurso del mes de enero apareció un tercer mediador que vino a unirse a los dos primeros, el máximo rector de los dominicos, fray García de Loaysa, aunque desempeñó un papel secundario durante esta primera fase de las negociaciones.

Las discusiones adquirieron de inmediato un tono preciso. El 15 de enero, la Junta entregó al nuncio una copia de su proyecto, en 107 artículos, de reorganización del Estado, para que lo sometiera a la consideración de los virreyes de Tordesillas[889]. A éstos se les invitaba a dar su opinión sobre este proyecto indicando los puntos que les parecían adecuados, así como aquellos que, desde su punto de vista, debían sufrir alguna modificación. La Junta prometía prestar la mayor atención a sus puntualizaciones y estaba dispuesta a tenerlas en cuenta en la medida de lo posible. Después de haber deliberado, estaría en condiciones de enviar sus representantes a Tordesillas para firmar el acuerdo definitivo. El nuncio sugirió que hasta que llegaran noticias de los virreyes se suspendieran las hostilidades. Este procedimiento no fue del agrado del cardenal Adriano, que prefería encontrarse directamente en el menor plazo posible con fray Alonso de Medina o cualquier otro representante de la Junta. La discusión de los artículos conflictivos exigía, según pensaba el cardenal, una confrontación directa entre comuneros y virreyes. Estos, además, desearían que se les aclarara ciertos puntos del articulado. En resumen, el cardenal deseaba que un representante de la Junta se dirigiera de inmediato a Tordesillas a fin de comenzar inmediatamente las conversaciones con una garantía de eficacia. Pero la Junta no se declaró dispuesta a otro procedimiento que el propuesto por ella en un principio. No pensaba enviar ningún delegado más que en el último momento, el de la firma del acuerdo. Estas reticencias llevaron al cardenal a pensar que la Junta pretendía ante todo ganar tiempo y retener al nuncio el mayor tiempo posible, con la idea de que la presencia en Valladolid del legado del papa y del embajador portugués podría reforzar la autoridad y el prestigio de la Junta por todo el reino[890].

A causa de estas divergencias las conversaciones quedaron en suspenso. En realidad, nos parece improbable que simples cuestiones de procedimiento pudieran haber sido un obstáculo importante para la paz. Debemos pensar, sin temor a equivocarnos, que estas divergencias ocultaban una oposición irreductible sobre el objeto mismo de la negociación. Para el cardenal Adriano, celoso defensor de las prerrogativas reales, las conversaciones con la Junta debían limitarse a redactar una lista de reformas necesarias, una especie de catálogo de reivindicaciones que sería sometido a Carlos V. De este modo todo volvería a su correcto orden. El emperador ya no encontraría frente a sí a elementos rebeldes que pretendían tratar con él de igual a igual y decididos a imponerle una transformación del Estado, sino súbditos respetuosos que le proponían humildemente una serie de reformas que el rey podía, libremente, aceptar o rechazar según su voluntad. Desde el comienzo de la rebelión el cardenal no había pedido otra cosa sino que la Junta abandonara sus pretensiones revolucionarias y que se limitara a plantear sus reivindicaciones. De este modo sería escuchada e incluso, quizás, podría obtener satisfacción. La revolución de las Comunidades había trastocado la relación tradicional entre el rey y sus súbditos. Frente al poder real, la Junta se había afirmado como la expresión de la voluntad nacional. No proponía, sino imponía una serie de cambios. Era en este punto donde habían fracasado, en el mes de noviembre, las negociaciones entre el almirante y la Junta. No parecía haber razón para que los comuneros hubieran cambiado de forma de pensar en sólo dos meses. Para ellos no debían existir súbditos pasivos. Todos tenían que ser ciudadanos con derecho a manifestar su opinión sobre el modo en que estaban siendo gobernados. El cardenal Adriano, hay que decirlo, opinaba de un modo absolutamente diferente. Si aceptaba enviar representantes a discutir con la Junta no era para concluir un acuerdo con ella sino únicamente para comprobar si algunas de las proposiciones que le fueran transmitidas eran justas y suplicar a continuación al rey que las tomase en consideración[891]. El cardenal era perfectamente claro. En cualquier circunstancia, se negaba a negociar con rebeldes y, en último extremo, la decisión definitiva correspondía al rey.

No puede hablarse todavía de ruptura, pero lo cierto es que las conversaciones no adelantaban gran cosa. Algunas ciudades, consultadas por la Junta sobre las negociaciones en curso, no ocultaron su escepticismo. Conocemos la respuesta de Salamanca: la misión del nuncio y del embajador portugués favorece el juego de los Grandes que así pueden continuar la guerra contra las Comunidades por otros medios diferentes. Si se quiere que continúen las negociaciones, es necesario tener en cuenta una serie de puntos esenciales, continuaba Salamanca:

1. Ante todo, exigir la liberación de la reina, de modo que todo el mundo pueda visitarla y consultar con ella, dado que, a fin de cuentas, es la única legítima soberana.

2. Obligar a los Grandes a que regresen a sus dominios y licencien sus tropas.

3. Autorizar al reino (es decir, a la Junta) a que entre en contacto directo con el rey para exponerle los proyectos de reforma. Se puede, en todo caso, dar a conocer el contenido de estos proyectos a los Grandes y en caso de que les parezcan correctos, que unan su voz a la del reino. En caso contrario, deben mantenerse al margen. Además, el gobierno no ha de ser confiado a otra institución que no sea la Junta, expresión de la voluntad del reino. Para acallar los temores de la nobleza, se les puede garantizar la libre posesión de sus dominios hasta el regreso del rey. En este lapso de tiempo, la Junta negará su apoyo a todo aquel que se subleve contra sus señores. En cuanto a quienes ya se han rebelado contra ellos, deben también esperar el regreso del rey para someter su caso a los tribunales de justicia.

4. En ningún caso la Junta licenciará su ejército. Este ejército constituye la mejor garantía para el reino de que no se volverán a cometer los errores pasados[892].

Estas condiciones no podían facilitar el éxito de las negociaciones. En resumen, lo que Salamanca proponía era que se prohibiese a los nobles intervenir en los asuntos públicos y que quedase reservada para la Junta la labor del gobierno del país y del mantenimiento del orden. No era probable, desde luego, que los nobles aceptaran de buen grado estas pretensiones. No obstante, el 25 de enero, la Junta designó a dos procuradores, Diego de Guzmán y Alonso de Saravia, para que reanudaran los contactos con el nuncio. Asimismo, decidió informar cumplidamente a Juan de Padilla de cuanto estaba sucediendo[893]. En breve plazo, la Junta tenía que pronunciarse sobre dos aspectos distintos, pero que sus interlocutores de Tordesillas querían que fueran unidos: los contactos entre delegados de la Junta y representantes de los virreyes y la suspensión de las hostilidades. Era sobre este último punto sobre el que la Junta quería consultar a Padilla.

La respuesta de Padilla fue tajante. No rotundo a una tregua, que sólo favorecería al enemigo que aprovecharía la oportunidad para obtener refuerzos en Navarra[894]. Padilla se identificaba, pues, con la postura de Alonso de Vera y de los dirigentes más intransigentes de la Comunidad de Valladolid. Según ellos, los comuneros debían aprovechar su superioridad para apoderarse de Tordesillas y vencer toda oposición[895]. Estos hombres proclamaron sus puntos de vista en el momento en que la Junta se reunía para determinar su posición.

El 25 de enero, una gran mayoría de los miembros de la Junta se declararon a favor de la reanudación de las negociaciones. Respecto a la tregua, las opiniones estaban más divididas. Los procuradores de Segovia la veían con buenos ojos, los de Salamanca se oponían decididamente, pero en general muchos dudaban y pedían tiempo para reflexionar. Ante todo se preocupaban porque conocían la postura de Valladolid, ferozmente hostil a la idea de una tregua aunque fuera provisional. ¿No correría el riesgo la Junta de entrar en conflicto con los comuneros de Valladolid si decretaba la suspensión de las hostilidades? Gonzalo de Guzmán planteó el problema. Se declaró favorable tanto a una reunión conjunta con los representantes del poder real como a la idea de una tregua. Si veía que la tregua podía provocar disturbios en Valladolid, consideraría un cambio de postura. Finalmente, los procuradores se separaron sin haber llegado a una solución definitiva.

Al día siguiente, los procuradores de Valladolid no se presentaron a la reunión. En consecuencia se suspendió la sesión hasta el cabo de unas horas y finalmente hasta el domingo 27 de enero. Al parecer, algunos procuradores trataban de desresponsabilizarse, puesto que el secretario de la Junta, Lope de Pallares, insistió en que la presencia de todos era indispensable para la celebración de la siguiente sesión. Pero Ortega, procurador de Toledo, intentó excusarse so pretexto de que tenía que asistir al funeral de una sobrina[896]…

El 27 de enero, antes de que dieran comienzo las deliberaciones de la Junta, los dos procuradores de Valladolid, Alonso de Saravia y Alonso de Vera, expusieron la situación ante la asamblea de la Comunidad de Valladolid. Los Grandes —explicaron— han solicitado que se organice una reunión entre dos representantes de la Junta y dos de los virreyes, en terreno neutral. Asimismo, han propuesto que se decrete una tregua de ocho días. ¿Cuál es la opinión de la Comunidad al respecto? Unánimemente, los presentes se pronunciaron contra la tregua[897]. Por la tarde se reanudaron las actividades de la Junta y, conforme a las instrucciones recibidas, los representantes de Valladolid votaron a favor de la celebración de la entrevista pero contra la tregua, que les parecía contraria a los intereses del reino. Esta determinación induce a la reflexión: los procuradores no podían ignorar la determinación de la Comunidad de Valladolid. A fin de cuentas, la Junta acabó cediendo. Dio su aprobación a la celebración de una conferencia con los representantes de los virreyes e incluso nombró sus propios delegados al efecto, don Pero Laso de la Vega, Diego de Guzmán, en nombre de los caballeros, y Diego del Esquina en nombre de la Comunidad. En efecto, se había acordado previamente que a esta conferencia asistirían, por parte de la Junta, dos caballeros y un comunero propiamente tal. Fray Alonso de Medina fue encargado de comunicar al nuncio la decisión de la Junta, así como al embajador portugués y al general de los dominicos. En cuanto a la tregua, se comunicó a los intermediarios que la Junta no podía aceptarla por el momento por cuanto tenía que consultar con las ciudades. Respuesta cortés, que no engañaría a nadie y que por otra parte dejaba las puertas abiertas para el futuro. En la misma sesión, se encargó a Gonzalo de Guzmán que redactara una carta a los Grandes y a los prelados invitándoles a unirse a la Junta y colaborar con ella por el bien del reino[898].

Esta respuesta convenció a los virreyes de que la Junta estaba dispuesta a capitular pero que no había podido aceptar la tregua debido a la oposición e intransigencia de Valladolid. A la sazón, el cardenal y el almirante, convencidos de que la Junta se mostraría más conciliadora si no se veía sometida a presiones externas, enviaron un drástico ultimátum a la ciudad de Valladolid: invitaban a la ciudad a adoptar de inmediato una postura de obediencia y lealtad respecto al rey y sus representantes, a deponer las armas y a poner fin a toda agitación, o de lo contrario, la ley haría pesar sobre ella todo su rigor[899].

Lo que ambos virreyes pretendían era intimidar a los comuneros de Valladolid, amenazarles con la intervención directa a fin de que depusieran su actitud de intransigencia. Pero no consiguieron más que el efecto contrario. El 30 de enero, la Comunidad de Valladolid respondió con una violentísima requisitoria contra los nobles. En ella se decía que Valladolid nunca había dejado de servir al rey, y había sido precisamente porque quería ver reforzado el poder del rey por lo que se había alineado con la Junta y en contra de los nobles, que eran, y siempre habían sido, los enemigos del rey. Y Valladolid recordaba las guerras civiles del siglo XV y la guerra de sucesión que había precedido al advenimiento al trono de los Reyes Católicos. En todo momento, los Grandes habían tomado partido contra el poder real que, por su parte, había encontrado apoyo en las ciudades y las comunidades. ¿Quién sino el pueblo suministraba dinero al rey, y quién sino los Grandes le empobrecía? El pueblo continuaba pagando las alcabalas, destinadas en principio a llenar las arcas del rey, pero en muchos lugares eran los Grandes los que las percibían para su fortuna personal, privando al Estado de una parte importante de sus ingresos. El patrimonio real disminuía de día en día debido a las enajenaciones de la nobleza. Desde Valladolid a Santiago de Compostela, en una distancia de más de cien leguas, el rey no poseía más que tres aldeas, todo lo demás era propiedad de la nobleza que se había aprovechado de las dificultades de la Corona para engrandecer sus dominios. Esa era la auténtica causa de que el rey no poseyera fondos suficientes. Y por eso se veía obligado a crear sin cesar nuevos impuestos, porque sus ingresos normales habían ido a parar a manos de los señores. Y era esta situación la que las Comunidades no estaban dispuestas a seguir soportando. Las Comunidades no intentaban cercenar los ingresos del poder real, bien al contrario, pretendían incrementarlos poniendo coto a los abusos de la nobleza. ¿Cuál era la actitud de los nobles en el conflicto? Pretendían tomar la defensa del rey contra las Comunidades, pero en caso de victoria, los Grandes sabrían hacer pagar al rey con creces su colaboración. No sería el poder real el que saldría reforzado después de la crisis sino los nobles. Los únicos sinceros defensores del Estado eran las Comunidades, que no buscaban desmembrar el patrimonio real sino devolverle lo que le correspondía y que los nobles habían ocupado sin escrúpulos. El rey debía llegar a comprender el verdadero significado de esta crisis, apartar de su lado a los malos consejeros, escuchando las quejas del pueblo. Si esto hacía, sería obedecido, sería servido por todos y aumentaría su riqueza y poderío. Los Grandes hablaban de luchar contra las Comunidades. Sea, respondía Valladolid. Las Comunidades se defenderían, pasarían luego a la ofensiva y obligarían a los Grandes a restituir al Estado todos los dominios de los que injustamente se habían apropiado[900].

El tono de esta carta, las duras verdades que contenía y las amenazas contra los Grandes que en ella se vertían implicaban una feroz determinación. La Comunidad de Valladolid no estaba dispuesta a solicitar perdón. Además, el día anterior, 29 de enero, las cuadrillas se habían pronunciado en contra de la tregua. Las cuadrillas de Saúco y de la Cuadra se mostraron particularmente intransigentes:

Todos a grandes bozes dixeron que no querían paces ni treguas con los dichos cavalleros (…). Antes piden e requieren a los señores de la Junta que luego a la ora fagan correo al señor obispo de Zamora para que luego se venga con la gente a esta villa.

Sólo la cuadrilla de Romo se mostró dispuesta a aceptar una tregua de ocho días[901].

El desbordamiento de las pasiones en Valladolid y la torpeza de los virreyes que con su ultimátum habían predispuesto un poco más los ánimos contra toda solución de compromiso, llevaron a la Junta a endurecer su posición. Al finalizar la sesión del 27 de enero se había aprobado el envío de una carta a los Grandes y a los prelados para invitarles a unirse a la Junta en la búsqueda del bien común del reino. La carta, redactada por don Pero Laso y cuyos términos fueron aprobados por la Junta, el 30 de enero, constituía en realidad una severa advertencia a los nobles. Eran ellos los que dificultaban toda acción de paz. Pese a todas las advertencias en ese sentido se negaban a liberar a la reina, que seguía prisionera en Tordesillas contra su voluntad y sin consideración por su estado de salud ni por su calidad de soberana legítima del reino. Los Grandes cometían constantes atropellos de los que un día habrían de dar estricta cuenta. No obstante, en su deseo de alcanzar la paz y la tranquilidad, como en el reinado de los Reyes Católicos, la Junta les dirigía una última advertencia: les conminaba a ponerse de inmediato al servicio del rey y a restituir a la reina la libertad que requería su calidad de soberana, a deponer las armas y licenciar las tropas, porque de lo contrario, el rey, la reina y la Junta en su nombre les declararían la guerra como súbditos culpables del delito de desorden y de felonía[902].

Esta carta recuerda por su contenido, por el tono e incluso por sus expresiones, el ultimátum que el cardenal Adriano y el almirante habían enviado días antes a Valladolid. Sin duda ninguna, se trataba de una réplica cuidadosamente elaborada y sirvió para poner fin a las tentativas de paz iniciadas por el nuncio y el embajador portugués. Estos no pudieron hacer otra cosa más que abandonar la ciudad, no sin antes sufrir los efectos de la cólera popular. El nuncio, particularmente, se mostró muy afectado por los agravios recibidos: le fueron robados una parte de sus efectos personales, se le insultó hasta el punto de que pudiera haber creído estar entre los turcos, y, cuando quiso salir de la ciudad le registraron so pretexto de que podía llevar dinero escondido para los Grandes. Incluso, en dos ocasiones durante su estancia, se organizaron manifestaciones contra él, acusándole de traidor y de haber llegado con el propósito de intrigar pretextando la intención de entablar negociaciones con la Junta. Tampoco el embajador portugués recibió un trato de favor, siendo también acusado de realizar un doble juego.

En definitiva, los buenos oficios de estos dos hombres no sirvieron para nada, a no ser para excitar aún más los ánimos de los comuneros en Valladolid, donde no se hablaba más que de destrozar por completo al enemigo[903].

4. La mediación de fray Francisco de los Ángeles

Reanudación de los contactos

Tras el fracaso del nuncio y del embajador portugués, ambos bandos parecieron aceptar la idea de la lucha. Durante quince días no volvió a hablarse de posibles negociaciones. Pero a mediados de febrero se entablaron nuevas conversaciones. El día 13, el rey de Portugal se dirigió personalmente, por carta, a la ciudad de Valladolid invitándola a considerar la posibilidad de una solución negociada que en su opinión sería beneficiosa para ambas partes[904]. Dos días después se presentó en Valladolid fray Francisco de los Ángeles, un franciscano a quien Carlos V acababa de enviar a España para que impusiera el orden entre los miembros de su orden. Fray Francisco tenía parientes en el bando comunero. Su hermano, don Antonio de Quiñones, había sido representante de León en la Junta cuando ésta tenía su sede en Ávila; Ramir Núñez de Guzmán, el jefe comunero de León, se había casado con su hermana, doña María de Quiñones[905]. Por esta circunstancia, los virreyes creían que fray Francisco tenía más posibilidades de éxito que los intermediarios anteriores. Por otra parte, fray Francisco procedió en todo momento con enorme diplomacia. Era perfectamente consciente que las principales dificultades las plantearía la Comunidad de Valladolid. Así, cuando apenas acababa de llegar, e incluso antes de entrar en contacto con la Junta general, encargó a uno de sus colaboradores, fray Francisco de Espinosa, que se presentara ante la asamblea de la Comunidad de Valladolid para exponerle las ofertas de paz que le habían sido confiadas por el almirante. La asamblea reaccionó favorablemente ante esta atención e incluso llegó a discutir la posibilidad de enviar una delegación a la Junta para apoyar la gestión de los franciscanos. Pero el licenciado Villena y Alonso de Vera se opusieron a esta medida, afirmando que la Comunidad no debía actuar de intermediaria. Era el propio fray Francisco quien tenía que comparecer ante la Junta, la cual, después de escuchar sus propuestas, tenía, por su parte, que tomar una decisión. Entonces, la Comunidad de Valladolid intervendría para sopesar si las condiciones aceptadas eran adecuadas. Y, en cualquier caso, las negociaciones, en caso de que se reanudasen, no debían interrumpir las operaciones militares en curso. Estos hombres apuntaron también la idea de consultar, llegado el caso, a las cuadrillas[906]. No obstante, pese a estas reservas, la Comunidad de Valladolid no se opuso a la gestión de paz de los monjes franciscanos. La Junta no puso dificultades, tampoco, a la idea de un encuentro con los representantes de Tordesillas[907]. Al día siguiente otorgó un salvoconducto para los emisarios que designaran los virreyes, y, por su parte, lo mismo hizo el almirante para los delegados de la Junta, don Pero Laso de la Vega y el bachiller Alonso de Guadalajara[908]. Se acordó que estos últimos se instalarían en el monasterio de Santo Tomás, próximo a Tordesillas, mientras que los representantes del poder real, el licenciado Polanco y don Bernaldino Pimentel, residirían en el monasterio del Prado, no lejos de Valladolid. Las negociaciones parecían esta vez ir por buen camino, pero los comuneros de Valladolid seguían estando en guardia. El día 20 por la tarde, cuando fray Francisco de los Ángeles, de regreso de Tordesillas, apareció ante las puertas de la ciudad, los centinelas le registraron minuciosamente y le ocuparon todos los documentos de los que era portador. Inmediatamente se dio aviso a la Junta, que se reunió a las diez. El incidente quedó solucionado de inmediato pero subsistió un cierto malestar. Es claro que una fracción de los comuneros de Valladolid se mostraba siempre igualmente intransigente. El populacho (los menudos) en particular, no sentía ninguna simpatía por don Pero Laso y el bachiller Guadalajara, los negociadores designados por la Junta. Para evitar nuevos incidentes, la Junta decidió que don Pero Laso partiera discretamente. Su bagaje le llegaría unos días después. Cuando corrió por Valladolid, el día 21, la noticia de la marcha de los emisarios de la Junta, se extendió una gran agitación. La multitud se apoderó de los efectos personales de don Pero Laso que fueron sometidos al saqueo. Su cólera afectó incluso a los procuradores de la Junta. Nunca habían sido tan tensas como entonces las relaciones entre la Junta y la Comunidad de Valladolid. Algunos procuradores estaban dispuestos, incluso, a salir de la ciudad, pero la Comunidad se opondría a ello de forma categórica. Los procuradores de Toledo no ocultaron su decepción ante el rumbo que tomaban los acontecimientos, y uno de ellos, don Pedro de Ayala, denunció la colusión de Padilla con el populacho:

Aquél señor que de allá vino con la gente [Padilla] nos mete todo el trabajo que puede por deshacer la Junta y yo no sé qué ganancia le venía a él, que a mí paréceme que él queda perdido si nos vamos.

Este nuevo incidente también quedó solucionado de inmediato. La Comunidad presentó sus excusas y prometió colaborar con la Junta para castigar a los culpables. Esto no fue óbice para que la Junta se mantuviera alerta. Los zapateros de Valladolid —escribió una vez más don Pedro de Ayala—, la plebe (los menores) organizan continuas manifestaciones. Como son pobres, no pueden desear nada mejor que continuar dedicándose al pillaje. La Junta debe llevar a cabo un golpe de fuerza (dar un corte) para imponer la paz. Este es el interés de todos los hombres de bien y de los fíeles súbditos del rey (los buenos y celosos de nuestro señor). En cuanto a él mismo, concluía don Pedro, ya no se sentía seguro en Valladolid. Si las cosas continuaban así acabarían cortándole la cabeza[909].

Estas manifestaciones y amenazas que pesaban sobre la Junta, acusada más o menos abiertamente de preparar una capitulación, no podían augurar nada bueno para las negociaciones que acababan de comenzar. De todos modos, el proceso estaba en marcha. Don Pero Laso estaba ya en Tordesillas y se mostró satisfecho tras sus primeros contactos con el cardenal Adriano y el almirante; si dependiera de ellos, se alcanzaría inmediatamente un acuerdo. Pero hay que contar también —añadía— con la gente de Valladolid, que no deja de hostigarme en todo momento. Los problemas no los suscitan los notables, la gente de bien, sino algunos agitadores, individuos que se saben aprovechar de las circunstancias y que no tienen interés en que renazca la calma. Pero he aquí que en el momento en que comenzaba en Tordesillas la auténtica discusión, las noticias procedentes del frente de combate modificaron los presupuestos de la negociación: el almirante fue informado de que Padilla trataba de apoderarse de su ciudad de Torrelobatón. Don Pero Laso se defendió lo mejor que pudo, haciendo notar que hasta el momento no se había establecido tregua alguna en las hostilidades. No obstante, no pudo dejar de encontrarse en una posición un tanto incómoda, por cuanto, al parecer, no estaba al corriente de esta operación militar[910].

Tregua del 3 al 10 de marzo

¿Provocarían los acontecimientos de Torrelobatón el fracaso de las negociaciones? No podría haberse pensado de otro modo al comprobar la amargura del almirante tras este golpe que le afectaba tan directamente. Y, sin embargo, Torrelobatón contribuyó, paradójicamente, a favorecer los contactos y convirtió en algo aceptable a los ojos de los comuneros la idea de una suspensión temporal de las hostilidades. Diversas razones pueden explicar esta evolución, y la primera de todas, el hecho de que Padilla, opuesto hasta entonces a la idea de una tregua, se mostró dispuesto a aceptarla tras la conquista de Torrelobatón. Y no se trataba de una contradicción, por su parte. El 15 de febrero había definido así su postura:

Buscar con muestras de guerra caminos de paz verdadera.

A su parecer, sus enemigos hacían exactamente lo contrario:

Con muestras de paz buscan la guerra[911].

El 28 de febrero, Padilla se explayó extensamente en una carta a Toledo: él nunca se había negado a negociar con los prohombres realistas. Eso sí, quería hacerlo desde una posición de fuerza. Por eso siempre se había callado cuando se exponían ante él las perspectivas de una negociación (en realidad siempre se manifestó declaradamente hostil al cese de las hostilidades). Su postura le había costado muchas críticas. Sobre todo se le había acusado de actuar en beneficio propio, por ambición personal, ya que como jefe del ejército, la paz le hubiera perjudicado. Asimismo, en ocasiones se le había calificado de agitador. El había hecho caso omiso a estas acusaciones, esperando el momento oportuno para justificar su actuación. Tal momento había llegado ahora con la victoria de Torrelobatón. Ahora sí, era el momento adecuado para negociar con el enemigo, ya que la relación de fuerzas era favorable a los comuneros que, por consiguiente, podrían tratar de imponer sus condiciones. Padilla era sensible a los deseos de paz del reino entero y especialmente de Toledo así como a los desastres de la guerra que afectaban a todos por igual, ricos y pobres, culpables e inocentes, soldados y civiles, mujeres y niños. Era perfectamente consciente de sus propias responsabilidades, él que había sido uno de los iniciadores del movimiento insurreccional; nada mejor, en verdad, que poder alcanzar los fines previstos por medios pacíficos. En resumen. Padilla se declaró en esta ocasión favorable a la negociación e incluso a una tregua limitada, una tregua de ocho días. Entre otras cosas, este corto período de descanso sería muy beneficioso para que sus tropas recuperaran fuerzas[912].

La opinión de Padilla influyó, sin duda, en el ánimo de los dirigentes de la Comunidad de Valladolid. No en vano, desde hacía tiempo, Padilla se había convertido en ídolo de la ciudad; sus opiniones eran tenidas muy en cuenta y mantenía con la Comunidad relaciones constantes y cordiales, mucho más cordiales que con la Junta general a la que no dejaba de manifestar su desprecio cuando se presentaba la ocasión[913]. Por otra parte, la Comunidad de Valladolid comenzaba a sentirse inquieta ante las consecuencias de su postura intransigente. Ante las protestas de pacifismo manifestadas desde Tordesillas, corría el riesgo de ser considerada como el único obstáculo para la consecución de la paz si seguía manteniendo una actitud negativa a ultranza. Así pues, también ella experimentaba la necesidad de matizar un tanto su posición. En tal sentido estaba redactada la carta que Valladolid dirigió al almirante: Valladolid —se decía en la carta— no se opone a la paz. Lo cierto era que no quería la paz sino con ciertas condiciones[914]. Después de la ocupación de Torrelobatón, parecía llegado el momento de negociar. La cronología confirma sin lugar a dudas esta evolución. El 22 de febrero, por tanto, antes de los acontecimientos de Torrelobatón, fray Francisco se había entrevistado con los jefes de la Comunidad de Valladolid que se mostraron más intransigentes que nunca[915]. Sin embargo, el día 27 el cardenal Adriano comunicó al rey que se habían reanudado las negociaciones y que esperaba poder conseguir una tregua[916].

Efectivamente, la Junta había designado, el 22 de febrero, una delegación para que examinara, junto con los delegados realistas, los diferentes artículos de su proyecto de reforma del reino[917]. El día 27 decidió prolongar el mandato confiado a don Pero Laso de la Vega y al bachiller de Guadalajara[918]. El día 1 de marzo se consultó a las cuadrillas de Valladolid acerca del proyecto de tregua. No nos ha llegado el informe de las deliberaciones de todas las cuadrillas, pero todo parece indicar que las discusiones fueron apasionadas. Si es bien cierto que los jefes de la Comunidad se mostraron en general, favorables a la tregua, los informes de las reuniones de las cuadrillas revelan que las tropas estaban lejos de opinar del mismo modo. Algunas cuadrillas, como la de San Esteban, votaron una tregua de ocho días no renovable, pero otras, la de la Población o la de San Julián, por ejemplo, se opusieron a ella de forma tajante y se declararon en favor de la guerra a ultranza[919]. Pueden encontrarse ecos de tales discusiones y divergencias con ocasión de la asamblea que la Comunidad celebró al día siguiente. Algunos diputados se manifestaron en el mismo sentido que la Junta y los jefes militares, que habían aceptado la idea de una tregua. Tal fue, especialmente, la postura de Pedro de Tovar, del maestro Bustillo, el licenciado Bernardino Zapata y el licenciado Bernaldino. Otros se limitaron simplemente a comunicar la votación de sus cuadrillas, opuesta a la tregua: el canónigo Santander, el bachiller Vega o Alonso de Santiago. Un tercer grupo de diputados afirmaron estar dispuestos, personalmente, a votar en favor de la tregua pero dijeron no poder hacerlo por haber recibido un mandato imperativo en sentido contrario de sus cuadrillas respectivas. Tal era el caso, sobre todo, del bachiller Alcalá, representante de la cuadrilla de Saúco y Cuadra, y del doctor San Pedro Mudarra. En definitiva, en la asamblea pareció quedar claro que la mayor parte de los delegados de los distritos de Valladolid estaban dispuestos a aceptar la tregua, pero que sus representados se oponían a esta idea y les habían impuesto la obligación de votar en sentido contrario[920].

La Junta, por su parte, también se reunió el mismo día, para definir su postura al respecto. La mayoría de los diputados se pronunció a favor de una tregua limitada a ocho días y que sería aceptada con ciertas condiciones. Tan sólo los procuradores de Valladolid y el de Salamanca, Francisco Maldonado, votaron en contra[921]. Ignorando la determinación de Valladolid, la Junta dio poderes a don Pero Laso de la Vega y al bachiller Guadalajara para que firmaran un armisticio sobre las bases siguientes:

—Ante todo la Junta precisó que aceptaba la tregua para dar satisfacción al rey de Portugal (por respeto e servicio del señor rey de Portugal).

—La tregua duraría ocho días a partir del domingo, 3 de marzo. Las tropas deberían permanecer en el lugar en que se encontraran en el momento en que la tregua entrara en vigor.

—Los viajeros que circularan en son de paz, los civiles, no serían molestados.

—Durante toda la duración de la tregua, ningún infante, ningún caballero sería autorizado a pasar de un bando al otro. En caso de que tal cosa sucediera, los interesados serían devueltos a su punto de partida debidamente custodiados.

—Durante el período de duración de la tregua, ninguno de los dos bandos podría entrar en contacto con las ciudades del bando enemigo.

—Finalmente, la tregua no sería prolongada en ningún caso[922].

Estas condiciones fueron aceptadas por los virreyes. El cardenal Adriano hubiera preferido una tregua más larga, pero, de cualquier modo, ocho días podían ser de gran utilidad para ultimar ciertos preparativos militares[923].

Para que el armisticio se convirtiera en una paz duradera, sería necesario llegar lo más rápidamente posible a un acuerdo sobre las reivindicaciones formuladas por la Junta. Los negociadores comenzaron su labor, pero los comuneros encontraban grandes dificultades respecto a la aprobación de algunas de sus pretensiones. Lamentablemente, sus interlocutores eran poco concretos respecto a los artículos controvertidos. El licenciado Polanco y don Bernaldino Pimentel consideraban que algunos artículos eran francamente revolucionarios e inadmisibles. ¿Pero, cuáles? Propusieron ciertas enmiendas que la Junta se negó a tomar en consideración; ésta parecía dispuesta a exigir un acuerdo sobre todos los artículos sin excepción. Así, transcurridos los ocho días de tregua, no se vislumbraba la posibilidad de un acuerdo[924]. Al igual que había sucedido en el curso de discusiones precedentes, la dificultad estribaba en la divergencia respecto a los problemas de fondo: reformas otorgadas o bien impuestas; las relaciones entre el soberano y el reino representado por la Junta. Los virreyes no modificaron su postura: el procedimiento adecuado consistía en la elaboración de una lista de reivindicaciones para ser sometida al monarca, que tomaría, en definitiva, la decisión definitiva. También la Junta se mantuvo firme en sus principios: ella representaba al reino, que se hallaba por encima del soberano. Carlos V tenía que inclinarse ante la voluntad nacional. En cuanto al contenido de las reivindicaciones, el acuerdo era completo Los virreyes reconocían abiertamente que las proposiciones de la Junta eran muy razonables y casi siempre acertadas. Lo que impedía el éxito de las negociaciones era la cuestión del procedimiento y, en realidad, más allá del procedimiento, el pensamiento político que inspiraba a la Junta: la soberanía pertenece al reino, y, por tanto, a la Junta.

Regreso de fray Pablo de León y endurecimiento de la Junta

¿Se avendrían los comuneros a prolongar la tregua? En los primeros días del mes de marzo se produjo un endurecimiento en la posición de la Junta, al cual no debió ser ajeno fray Pablo de León. A este fogoso domínico se le había encargado la misión de acudir a la Corte para hacer llegar al rey la voz de la Junta. Una vez en Lovaina, fray Pablo se entrevistó con el obispo de Córdoba, quien no le ocultó la suerte que le esperaba si continuaba su viaje: no sólo no sería recibido por el rey sino que le haría encarcelar. Fray Pablo se vio, pues, obligado a dar media vuelta. Ya en Valladolid, en los primeros días de marzo, empleó toda su elocuencia para combatir a los tibios, a los timoratos decididos a parlamentar con el adversario. No hay acuerdo posible con estas gentes —proclamaba fray Pablo—. La revolución debe triunfar por la violencia. Además, el rey no va a regresar de inmediato a España. Es posible, incluso, que no vuelva nunca. Hay que redoblar la actitud vigilante y rechazar cualquier otra solución que no sea el triunfo absoluto de la Comunidad. No es difícil imaginar el efecto que tales diatribas ejercieron sobre la población de Valladolid, ya de por sí enemiga de las negociaciones[925]. La Junta, por su parte, se sintió más afectada por el rechazo del rey a sus emisarios. Grave error —afirmaba el almirante de Castilla—: Si el rey hubiera aceptado recibirles, seguramente podría haberles tranquilizado sin gran dificultad. Ahora, la Junta basa todas sus esperanzas en una victoria militar[926].

El 10 de marzo, los diputados de la Junta se reunieron en Zaratán en sesión extraordinaria en la que participaron también los responsables militares. Las negociaciones con los representantes del poder real iban por buen camino, pero aún quedaban algunos puntos por discutir. La cuestión a debatir en esta sesión era la prolongación de la tregua durante tres días más a fin de poder llegar a un acuerdo sobre los puntos en los que existía desacuerdo. Los representantes de León fueron los primeros en pronunciarse, y lo hicieron en forma afirmativa. Señalemos que uno de los procuradores no era otro que fray Pablo. ¿Cómo conciliar su decisión con la violenta actitud manifestada en los días precedentes? Probablemente, fray Pablo no era hombre inflexible. Hostil, en principio, a cualquier concesión, pensó, sin duda, que tres días más de tregua no podían perjudicar gravemente los intereses comuneros. Al contrario, a la expiración del nuevo armisticio se podría comprobar de manera definitiva si en Tordesillas se aceptaban las proposiciones de la Junta. En caso afirmativo, la Junta habría obtenido un triunfo en toda la línea. De lo contrario, a las fuerzas realistas les cabría la responsabilidad de la ruptura. Zamora votó en el mismo sentido que León, pero Valladolid, Salamanca y Ávila se mostraron decididamente contrarias a la renovación de la tregua. El diputado de Ávila fue particularmente duro. A su parecer, la tregua que acababa de expirar no había servido absolutamente para nada. Los restantes diputados se abstuvieron por el momento. Don Hernando de Ulloa manifestó su deseo de escuchar la opinión de los responsables militares antes de pronunciarse en un sentido u otro, dado que era una cuestión que les interesaba directamente. En el mismo espíritu, los procuradores de Segovia decidieron unir su voto al de Juan Bravo y don Pedro de Ayala al de Padilla. La decisión final correspondía, pues, a los militares. Juan Bravo, apoyado por Juan de Zapata, capitán de Madrid, y por Francisco Maldonado, capitán de Salamanca, aceptó los tres días de tregua propuestos. Por su parte, Pedro de Barrientos, capitán de Ávila, se adhirió a la opinión expresada por los procuradores de Ávila, es decir, votó en contra. Finalmente tomó la palabra Padilla para oponerse formalmente a un nuevo armisticio. Lo único que intentan los Grandes —afirmó— es ganar tiempo; esperan a que las tropas comuneras se dispersen. Rechazó, pues, la idea de la tregua por considerar que sus soldados abandonarían la lucha si dejaban de percibir sus soldadas. Don Hernando de Ulloa, procurador de Toro, afirmó estar de acuerdo con Padilla. En definitiva, la Junta se pronunció en contra de un nuevo armisticio, si bien es cierto que no todos sus miembros habían sustentado esta opinión[927]. Hemos de pensar que la intervención de Padilla resultó decisiva. Es de notar también el hecho de que la Comunidad de Valladolid no se soliviantó. Y es que, por primera vez, desde hacía mucho tiempo, la Junta se manifestó con toda energía contra la gente de Tordesillas.

Otros dos hechos dan fe del endurecimiento de la Junta: el proceso público contra los «enemigos del reino» y la defección de don Pero Laso.

El 7 de marzo, la Junta había confiado al doctor San Pedro, al licenciado Morales, fray Pablo de León y otro letrado, la labor de instruir el proceso de los «enemigos del reino». Se pensó en una celebración pública en la plaza mayor de Valladolid para dar más realce a la ceremonia. Francisco Maldonado fue encargado de la organización del acontecimiento[928]. Pero surgieron divergencias a la hora de elaborar la lista de los acusados. No había duda en cuanto al condestable y los miembros del Consejo Real, a quienes desde hacía tiempo se les consideraba enemigos del reino. Pero no existió la misma unanimidad a la hora de decidir la inclusión del almirante de Castilla y del conde de Benavente. Diego de Guzmán y Francisco Maldonado afirmaron que eran tan culpables como los demás, si no más. De la misma opinión fueron Hernando de Porras y Cristóbal Valero: ellos habían participado en el ataque a Tordesillas y habían permitido la reclusión de la reina. Y en el mismo sentido se manifestaron los procuradores de Valladolid y don Hernando de Ulloa. Cuando este punto parecía decidido, el procurador de Segovia, Alonso de Cuéllar, intentó retrasar la votación pretextando que faltaba la representación de algunas ciudades. Faltaban los representantes de Toledo, Cuenca y Murcia. Por otra parte, los procuradores de León manifestaron que se abstenían de votar. Alonso de Saravia intentó oponerse a esta maniobra y conminó a Alonso de Cuéllar y a los representantes de León a emitir su voto de inmediato[929]. Desconocemos el resultado final de las discusiones, pero lo que resulta evidente es que la voluntad de la mayoría se había manifestado en el sentido de incluir al almirante y al conde de Benavente entre los «enemigos del reino». En esta ocasión era la Comunidad de Valladolid la que parecía mostrarse moderada con relación a la Junta, ya que no deseaba que figuraran en la lista de traidores el almirante, el conde de Benavente, los miembros del Consejo Real que se hallaban a la sazón en los Países Bajos, así como tampoco los doctores Palacios Rubios, Tello y el licenciado Polanco, estos tres últimos miembros del Consejo pero que se habían negado a unirse en Burgos con los más odiados de los malos ministros. Además, el licenciado Bernaldino manifestó las mayores reservas sobre la competencia de la Junta en este asunto[930]. Ignoramos si la Junta tuvo en cuenta estas observaciones, pero en todo caso puede resultar interesante reflexionar sobre el sentido de esta intervención de la Comunidad de Valladolid. La Comunidad no enumeró las razones que motivaban su oposición. Es posible que otra circunstancia determinara su postura: la presencia de las tropas señoriales del almirante y del conde de Benavente en las cercanías de Valladolid constituía una amenaza permanente para la ciudad. ¿Fue quizás el temor a posibles represalias lo que hizo vacilar a la Comunidad? Fuera como fuese, lo cierto es que en última instancia se erigió un estrado en la plaza mayor de Valladolid y ante una gran concurrencia, la Junta condenó solemnemente a los virreyes, a Chièvres, a los Grandes fieles a Carlos V, a los miembros y funcionarios del Consejo Real y a un nutrido grupo de comerciantes burgaleses[931].

Lo que nos parece importante de los acontecimientos de esos días es la decidida voluntad de la Junta de continuar hacia adelante sin preocuparse por contentar al enemigo. La proclamación de Valladolid respondió a la acusación pública de los diputados de la Junta por parte del condestable y el Consejo Real. En aquel momento, la Junta se mostró dispuesta a abandonar cualquier idea de compromiso. El cardenal Adriano no dejó de mostrarse intranquilo ante la intransigencia de los comuneros que no querían oír hablar de tregua ni de conversaciones conjuntas sobre las reformas a emprender y que únicamente aceptaban una capitulación total por parte de los virreyes. El cardenal comenzó incluso a plantearse si no debería ceder, incluso sobre ciertos puntos directamente relacionados con las prerrogativas reales, so pena de asistir a un triunfo completo del movimiento de las Comunidades[932].

Traición de don Pero Laso de la Vega

La defección de don Pero Laso confirma el cambio que había tenido lugar en el seno de la Junta. Don Pero Laso decidió abandonar la Junta cuando se convenció de la imposibilidad de convencer a sus colegas y de llegar a un compromiso con Tordesillas. Hacía ya bastante tiempo que el procurador de Toledo pensaba que el movimiento comunero no tenía ninguna posibilidad de éxito, por lo cual encaminó todos sus esfuerzos a la consecución de una capitulación honrosa. No se olvide que en el mes de enero se había mostrado dispuesto a conseguir que Toledo ingresase en las filas realistas bajo ciertas condiciones. El 16 de enero comunicó al cardenal Adriano por medio del general de los dominicos, que estaba dispuesto a negociar un acuerdo[933]. Y desde aquel momento no cesó de abogar en la Junta por el término de las hostilidades y por el comienzo de negociaciones con los representantes del poder real. No cabe duda de que una serie de consideraciones personales influyeron no poco en esta evolución. El 14 de enero, el bachiller Guadalajara había elevado a la Junta una enérgica protesta ante la tendencia de un cierto número de procuradores que parecían no saber distinguir perfectamente entre las finanzas comunes de la Junta y sus propios recursos personales. Con frecuencia, la Junta les confiaba importantes sumas de dinero en razón de sus cargos, cuya utilización se olvidaban luego de justificar. Cierto que el bachiller Guadalajara no citó nombres concretos, pero don Pero Laso se sintió aludido. Inmediatamente presentó su dimisión, que fue rechazada por la Junta. Se le conminó incluso a permanecer en su cargo so pena de ver sus bienes confiscados y ser expulsado del reino de por vida[934]. Don Pero Laso siguió, pues, asistiendo a las sesiones de la Junta pero en simple calidad de observador, ya que no se consideraba a partir de entonces como procurador de Toledo[935]. No sabemos a ciencia cierta lo que había de verdad en las acusaciones de Guadalajara, pero lo cierto es que a partir de entonces don Pero Laso multiplicó sus esfuerzos para llegar a un compromiso con el bando enemigo. Don Pero, además de quedar un tanto aislado en la Junta a raíz de este asunto, era tremendamente impopular en Valladolid. La Comunidad de esta ciudad sentía mucho más aprecio por su compatriota Padilla y se opuso a que don Pero fuera nombrado como jefe del ejército. En definitiva, sus esfuerzos en pro de la paz le consiguieron la hostilidad permanente de una ciudad poco inclinada a las concesiones. Y no se perdió la oportunidad de demostrárselo cuando acudió a Tordesillas, a finales de febrero. En esta ocasión, él, negociador oficial, se vio obligado a ocultarse de los miembros de su propio campo, a abandonar la ciudad furtivamente. Una situación humillante. Y no sólo eso. La multitud, al no poder apoderarse de su persona, la emprendió con sus efectos personales. Este fue un golpe que no sirvió más que para reforzar su convicción: nada puede esperarse de este populacho enloquecido; lo mejor es entenderse lo más pronto posible con los virreyes. Cuando se hallaba ya en Tordesillas sufrió una nueva vejación: sin prevenirle, Padilla lanzó sus tropas al asalto de Torrelobatón, como para sabotear su misión. Poco después, don Pero Laso obtuvo un éxito notable, al conseguir la firma de la tregua. Pero ¿fue realmente gracias a su intervención? ¿No fue antes bien la opinión de Padilla la que decidió a la Junta a tomar la decisión?

Apenas habían comenzado las negociaciones cuando don Pero Laso sufrió una nueva decepción: el regreso de fray Pablo de León, sus vehementes sermones y el cambio de opinión de la Junta. Entonces comprendió que había perdido la partida y que la Junta se disponía a darle el golpe de gracia. El 11 de marzo, después de negarse a la prolongación de la tregua, retiró su confianza al bachiller Guadalajara, su acusador de antaño, convertido, desde hacía algunas semanas, en colaborador y amigo. Y algunos días después revocó el mandato de don Pero Laso[936]. No le quedaba pues otra salida sino arrojarse en brazos de los virreyes. Ya pensaba en ello desde hacía varios días. El 11 de marzo comentó con los colaboradores de don Hernando de Vega, que los procuradores de la Junta habían perdido el juicio y que acababa de romper con ellos. Hernando de Vega no quiso dar crédito a sus palabras y se negó a intercambiar con él más que palabras de cortesía[937]. Sin embargo, era cierto. Don Pero Laso estaba negociando su rendición. El almirante se comprometió a apaciguar la cólera del emperador y a conseguir para él una total amnistía. Por su parte, don Pero haría todo lo posible para privar a la Junta de sus mejores soldados, la caballería pesada de los veteranos de Djerba, y al mismo tiempo trataría de arrastrar tras él al mayor número posible de procuradores de la Junta[938]. Don Pero Laso fue, por tanto, mucho más lejos que don Pedro Girón, quien se había contentado con retirarse de toda actividad. El procurador de Toledo, sin embargo, traicionó totalmente a sus amigos y dio de ello pruebas inequívocas. El primer impulso del cardenal Adriano cuando el almirante le comunicó las intenciones de don Pero Laso fue negarse de plano. No se sentía capacitado para prometer a nadie una amnistía sin autorización expresa del soberano. Esta actitud sentó muy mal en los círculos de Tordesillas, en los que se acusó al cardenal de adoptar una postura negativa. En realidad, el cardenal no pretendía otra cosa que comportarse con honradez: no quería engañar a don Pero Laso prometiéndole un perdón que no estaba en su mano conceder[939]. Probablemente tenía también sus dudas acerca de la sinceridad de su arrepentimiento. De todos modos, lo cierto es que el cardenal abandonó en seguida su primera impresión. Se convenció de que don Pero Laso daba pruebas indiscutibles de haber pasado al bando enemigo sin segundas intenciones y el cardenal se decidió a defender con calor su causa ante el emperador[940]. Por lo que respecta a los comuneros, consideraron a partir de entonces como enemigo al antiguo miembro de la Junta. La Comunidad de Valladolid, especialmente, exigió un castigo inmediato y comenzó a seguir todos sus pasos con la esperanza de poder hacerle prisionero[941].

El bachiller Guadalajara siguió en su traición a don Pero Laso. El almirante le prometió el perdón, a cambio de lo cual, el bachiller trataría de conseguir que la ciudad de Segovia se separara de la Junta[942]. Pero, en vano. Segovia desautorizó inmediatamente a su antiguo representante y, en una carta dirigida a Valladolid, se declaró completamente de acuerdo con la actitud de la Junta y de la Comunidad con respecto a la tregua[943].

Hubiera sido lógico pensar en una ruptura total entre los comuneros y sus enemigos después de esta crisis. No fue así. Desde luego, las relaciones se hicieron más tensas, pero los contactos continuaron. El 15 de marzo, fray Francisco de los Ángeles no había perdido todas las esperanzas en el éxito de su misión de mediador. Estaba dispuesto a seguir adelante en su esfuerzo de conciliación a menos que el emperador se lo prohibiera formalmente[944]. De hecho, el 16 de marzo le hallamos nuevamente en Valladolid, donde la Comunidad local le dio a conocer la lista de sus reivindicaciones[945]. Algunos artículos fueron objeto de serias discusiones entre los comuneros, en particular el referente al gobierno del reino en ausencia del monarca. Era esta cuestión la que provocaba la más enérgica oposición de parte de los nobles. El éxito de la negociación dependía del modo en que se resolviese este problema[946]. El resumen de los debates de la Junta no llega más que hasta el 16 de marzo, pero gracias a las actas de la Comunidad de Valladolid, más completas, sabemos que este asunto figuraba todavía en el orden del día a finales del mes de marzo. Veamos, a continuación, las conclusiones que adoptó la Comunidad el 31 de marzo:

Quanto al capítulo de los gobernadores, visto el capítulo de molde y la respuesta de los señores de Tordesyllas e lo que a ello replican los señores de la Junta del reyno, a esta noble villa paresce que lo que dizen e responden los señores de Tordesyllas que su magestad ponga el governador o gobernadores a contentamiento del reyno se deve de acetar con tanto que este gobernador o gobernadores ansy puestos a voluntad del reino juren solenemente de guardar las leyes del reyno como su magestad lo tyene jurado e que guaradarán el servicio de Dios e de la reyna e rey nuestros señores e el bien universal y particular del reyno y que este gobernador o gobernadores ansy puestos a deseo e consentimiento del reyno e de la mayor parte del no se an de mudar ni poner otros salbo con la misma voluntad e consentimiento del reyno e de la mayor parte del.

Cierto que a este texto acompaña una nota afirmando que no debe ser tenido en cuenta, por cuanto provocó la oposición de muchos. Probablemente se consideró demasiado duro e inaceptable, por tanto, ya que en la lista de reivindicaciones que se entregó finalmente a fray Francisco de los Ángeles no se hacía ninguna referencia al nombramiento de los virreyes. El texto se limitaba a sugerir que estos virreyes fueran de origen castellano y que reuniesen las cualidades necesarias para velar por el bienestar del reino. La Comunidad de Valladolid parecía ahora tener grandes deseos de llegar a un acuerdo y multiplicó sus iniciativas. El día 18 exigió la presencia de todos los delegados de los barrios, así como la del maestro Bustillo, para participar en las sesiones en que se iban a discutir todos los puntos referentes a las negociaciones[947]. El día 20 designó una comisión especial para examinar las propuestas de los representantes del rey. De ella formaban parte el maestro Bustillo y los licenciados Bernaldino, Daza, Concha y Zapata[948]. Esta activa participación de Valladolid en las conversaciones en curso queda atestiguada por la presencia de tres representantes de la ciudad junto a los dos procuradores de la Junta que eran esperados en Tordesillas a partir del 20 de marzo, y para los cuales fueron solicitados salvo-conductos por parte de la Junta y la Comunidad. El cardenal Adriano volvió a concebir nuevas esperanzas: si conseguían concluir un armisticio de una duración importante, un mes o seis semanas, por ejemplo, resultaría más difícil, luego, la reanudación de las hostilidades[949]. El 2 de abril, la Comunidad de Valladolid manifestó su impaciencia por la lentitud con que se desarrollaban las negociaciones y encargó al maestro Bustillo y a los licenciados Morales y Portillo para que urgieran a los miembros de la Junta a conseguir de inmediato una paz duradera, y en caso de que fuera imposible, que se aceleraran los preparativos militares, pues todo el tiempo perdido hacía correr graves peligros al reino[950]. Existen documentos que atestiguan la presencia de una delegación de la Junta de Tordesillas desde el domingo de Ramos hasta el sábado de cuasimodo, es decir, desde el 31 de marzo al 13 de abril[951]. Y debió ser durante estas dos semanas cuando se concretaron los últimos puntos pendientes en la negociación. El 7 de abril, la Junta comunicó a la Comunidad de Valladolid, que las conversaciones habían llegado virtualmente a su fin[952]. El día 8 al mediodía, la Comunidad se reunió en sesión extraordinaria a la cual se invitó no sólo a los delegados de las cuadrillas sino también a elementos representantes del clero regular y secular, de la Universidad, y a otras personalidades importantes. El objeto de esta reunión era dar lectura al conjunto de reivindicaciones que la Junta y los virreyes habían acordado presentar conjuntamente a la aprobación del rey. Ninguna decisión sería tomada, sin embargo, hasta que las cuadrillas se pronunciasen al respecto[953]. En efecto, las cuadrillas fueron convocadas el 9 de abril, pero no conocemos el resultado de sus deliberaciones. Solamente nos ha llegado, y de forma fragmentaria, el informe de la reunión de la cuadrilla de Romo. Los asistentes aprobaron, en principio, las negociaciones que se habían celebrado con vistas a restablecer la paz, pero manifestaron que les parecía demasiado moderado el conjunto de las reivindicaciones referentes al Consejo Real:

Porque por esperiencia se a visto que de la mala governación e manera e modo que han tenido el presidente e los del Consejo a subcedido todo el daño e agrauio que el reyno a rescibido e porque cumple al servicio de Dios nuestro señor e de sus magestades que el presidente e las personas que estovieren en su Consejo sean personas que amen a este reyno e procuren el provecho del y gouiernen e aconsejen a su magestad como consejeros de rey tan crístianísimo católico e por lo dicho cumple que las dichas personas sean removidas e apartadas del lado de su magestad (…) porque el reyno los tiene por sospechosos, que reciben la paz por tanto que los dichos presidente e los del Consejo pasado sean removidos todos[954].

Nada de esto era recogido en la lista que se entregó después a fray Francisco de los Ángeles para que la presentara al rey[955]. En efecto, estas largas negociaciones, afectadas por diversos incidentes y peripecias, desembocaron en la redacción en conjunto de una lista de peticiones. Volveremos a considerar este programa cuando estudiemos el pensamiento político y las metas que se proponían los comuneros[956]. Lo que queremos hacer constar ahora es que este acuerdo, alcanzado después de tan arduas conversaciones, no sirvió absolutamente para nada. No supuso ningún avance importante hacia la solución del conflicto. La guerra continuó. Los virreyes habían dado, finalmente, una satisfacción parcial a los comuneros, pero continuaban considerando inaceptables algunos de los artículos[957]. Lógicamente, estos acuerdos provisionales hubieran debido desembocar en la suspensión de las hostilidades, al menos hasta conocer la decisión de Carlos V respecto a las reivindicaciones que le habían sido presentadas. Pero no sucedió así. Parecía como si ambas partes hubieran querido contar con el apoyo de la Ley pero sin prescindir por ello del uso de las armas para determinar el destino del país. Si la Comunidad de Valladolid dio en algunos momentos la impresión de haber perdido una parte de su intransigencia, fue por cansancio y también porque se hallaba seriamente preocupada por la situación militar que, desde Torrelobatón, era cada vez peor para los comuneros. Por lo que respecta a los virreyes, unas cuantas frases sacadas de la correspondencia del almirante en aquellas fechas, pueden servir para ilustrar su posición: no es momento ya para hacer concesiones sino para conducirse con rigor; será necesario, quizás, llegar a un acuerdo con los rebeldes para evitar lo peor, pero Carlos V debe estar tranquilo al respecto; las promesas que puedan hacerse no tendrán ningún valor ya que habrán sido obtenidas por la fuerza. Por otra parte, el almirante pensaba que el enemigo no deseaba verdaderamente la paz. Vemos, pues, cuál era el móvil que impulsaba al almirante a la hora de negociar: lo importante es ganar tiempo, el mayor tiempo posible[958].

El 21 de abril, don Pero Laso de la Vega conminó una vez más a la Junta y a Valladolid a deponer las armas[959]. Los virreyes estaban ultimando sus preparativos militares, porque se disponían a lanzar la ofensiva final contra los comuneros.

III. —VILLALAR

Desde el punto de vista militar, la situación había sido incierta durante mucho tiempo debido a la dispersión de los escenarios donde tuvieron lugar las operaciones militares. Estas se habían desarrollado preferentemente en tres puntos. En torno a Burgos se enfrentaban el condestable y el conde de Salvatierra, vuelto a la actividad desde el mes de febrero. En el reino de Toledo, el prior de San Juan hacía lo posible por resistir la presión del obispo de Zamora. Finalmente, en la zona central de Castilla, los partidarios y los enemigos de la Comunidad se vigilaban estrechamente. Fue aquí donde se ventiló la suerte de la rebelión. Los comuneros habían establecido allí su capital y sus principales bases de operaciones y se hallaban en una situación bastante sólida. El acto decisivo tuvo lugar cuando el condestable, abandonando su refugio de Burgos, se puso en ruta hacia Valladolid. Los tres escenarios de las operaciones se redujeron entonces a dos y los ejércitos realistas del norte y del centro, concentrados sobre el mismo objetivo, no tuvieron ninguna dificultad para aplastar a los comuneros en Villalar.

En esta singular guerra civil, una especie de fatalidad parecía pesar sobre los combatientes de ambos bandos: nadie parecía saber —o poder— explotar la victoria. La victoria de Tordesillas pareció ser negativa para los señores: después de ella se produjeron divisiones entre ellos, licenciaron una parte de las tropas y permitieron que el enemigo se rehiciera de su derrota para ser sorprendidos finalmente en Torrelobatón. Algo parecido sucedió a los comuneros: vencedores en Torrelobatón, perdieron luego un tiempo precioso, y cuando por fin intentaron reaccionar fue para caer en la trampa de Villalar.

En efecto, el aguerrido ejército que Padilla había conducido hasta las murallas de Torrelobatón no tardó en apaciguar su ardor. Amparados en la tregua, muchos soldados abandonaron su puesto y otros, como los de Madrid, cansados de esperar su soldada, se retiraron hacia sus casas[960]. El 3 de marzo, la Comunidad de Valladolid comenzó a dar órdenes para que los soldados que se hallaban en la villa sin permiso oficial, regresaran al frente de inmediato[961]. Más graves fueron los casos de deserción al bando enemigo. Así vemos cómo Alonso Rengifo de la Cerda fue detenido en marzo, cuando pretendía pasarse al enemigo llevando en su poder el importe del salario de los hombres que formaban su compañía[962]. Esta situación llevó a Francisco Maldonado a dar la voz de alarma el 5 de abril: cada día desaparece un mayor número de soldados[963]. Cierto que la Junta tenía siempre el recurso de acudir a las milicias urbanas para cubrir las necesidades, recurso que no dejó de utilizar. Para facilitar el reclutamiento de nuevos soldados, autorizó el saqueo de las propiedades de los Grandes, de los señores y, en general, de todos los enemigos del bien público y de la Comunidad, pues la Junta estaba dispuesta ahora a hacer la guerra a fuego y a sangre[964]. Con todo, las deserciones dan fe de un inquietante relajamiento de la disciplina. Hay que decir, también, que la autonomía de las milicias impedía un control estricto sobre los efectivos. El 11 de marzo, por otra parte, la Junta instó también a los jefes militares a que designaran un mando único para todas las tropas[965]. Si bien los documentos nada indican al respecto, todo lleva a pensar que los responsables militares designaron a Padilla para ejercer el cargo de general en jefe.

Padilla, entretanto, se hallaba acuartelado en Torrelobatón, donde decidió reforzar las defensas y la guarnición de la plaza. Desde allí intentaba de vez en cuando alguna incursión en las tierras del almirante de Castilla. La más importante de estas operaciones tuvo lugar a mediados de marzo cuando los comuneros se apoderaron de la ciudad y el castillo de Castromonte, situado a doce kilómetros al norte de Tordesillas[966]. ¿Ensayo para un ataque de mayor envergadura contra Medina de Rioseco? Esto era lo que temían los virreyes, pero Padilla parecía haber perdido todo el empuje que le animaba cuando salió de Valladolid. Y durante todo este tiempo, las tropas enemigas no habían permanecido inactivas. Constantemente atacaban los convoyes de avituallamiento destinados a Valladolid o a Medina del Campo. A comienzos de abril, era Medina del Campo la que sufría preferentemente los efectos de estos golpes de mano. El día 10 se temió incluso que los señores preparaban un ataque masivo contra la ciudad. Doscientos caballeros abandonaron Tordesillas y se emboscaron en las inmediaciones de Medina, en la ermita de San Cristóbal. Allí se les opuso un fuerte contingente comunero y debieron replegarse. Pero los rebeldes sufrieron fuertes pérdidas: treinta o cuarenta bajas entre muertos y heridos y varios prisioneros, entre ellos uno importante, Alonso de Quintanilla[967]. Este incidente se produjo al día siguiente de que el párroco don Alonso Fernando de Rincón elevara una protesta a la Junta, llena de amargura, en nombre de la villa de Medina del Campo. En esta nota se reprochaba con dureza la inactividad en que permanecía el ejército desde el episodio de Torrelobatón. Pongamos fin a la inacción —terminaba diciendo el párroco—; las indecisiones pueden asestar un golpe mortal a la causa que defendemos[968].

Esta advertencia llegó en un momento en que sobre el bando comunero pesaban las más graves amenazas. El condestable acababa de salir de Burgos y se disponía a establecer contacto con las tropas realistas de Tordesillas.

Fue la caída de Torrelobatón lo que decidió al condestable a prestar atención a las urgentes demandas de ayuda que le dirigían sus colegas de Tordesillas, y a acudir personalmente a llevarles refuerzos[969]. Pero tuvo que esperar todavía más de un mes para ejecutar sus planes, porque la situación en Burgos había vuelto a hacerse crítica en febrero a consecuencia de una nueva campaña del conde de Salvatierra. Este comenzó de nuevo a reclutar soldados y a mostrar una cierta agresividad. El Consejo Real envió a uno de sus secretarios, Antón Gallo, para entrevistarse con él, pero el conde se negó a recibirle y las razones de su rebeldía continuaron siendo un misterio para todo el mundo. ¿Eran quizás los efectos de la influencia del obispo de Zamora[970]? Desde Valladolid se enviaron varios emisarios para animar al conde de Salvatierra y a sus partidarios. Su objetivo consistía en impedir el paso a un importante convoy de artillería que procedente de Fuenterrabía acudía a reforzar al condestable. Para mayor seguridad, el convoy había sido conducido por mar hasta Santander, pero la rebelión de la Merindad de Campo impidió el paso por el Sur, por Reinosa. Entonces, el convoy debió ser desviado hasta Bilbao, también por mar, y ahora se intentaba hacerlo llegar a Burgos a través de Vitoria[971]. Y aquí era donde intervenía el conde de Salvatierra. Su misión consistía en impedir el paso del convoy, consiguiendo que las provincias vascas y las Merindades se levantaran en apoyo de la Junta. La operación constituyó un éxito total. El conde se apoderó de Vitoria, expulsó a los representantes de la administración real y el 8 de marzo atacó al convoy de artillería en su ruta hacia Burgos. Desbordado por el número de los enemigos, el pequeño contingente que protegía el avance del convoy sucumbió, aunque no sin antes tener tiempo de destruir los cañones para que no cayeran en manos del enemigo[972].

Este triunfo momentáneo de las fuerzas rebeldes retrasó la partida del condestable, que necesitaba tranquilizar la situación en Burgos. Procedentes de Navarra llegaron importantes refuerzos del duque de Nájera para hacer frente al conde de Salvatierra. Las tropas realistas reconquistaron Vitoria y se apoderaron de Salvatierra, que el conde trató en vano de recuperar; a continuación asolaron el valle de Cuartango, destruyeron el castillo de Morillas y, finalmente, el 19 de abril, los restos del ejército rebelde. Burgos se hallaba, pues, al margen de cualquier sorpresa[973]. Por otra parte, el condestable no esperó a la derrota total del conde de Salvatierra para dirigirse hacia el Sur.

El 4 de abril don Pedro Girón informó a la Junta de la inminente partida del condestable[974]. El día 8, el virrey se puso en camino. La Junta pidió a los habitantes de las Merindades que se levantaran contra él en connivencia con el conde de Salvatierra, y que le impidieran el paso luchando hasta la muerte[975]. Pero el conde se hallaba entonces librando sus últimos combates. El ejército que marchaba hacia el Sur era verdaderamente temible: tres mil infantes, seiscientas lanzas, dos cañones, dos culebrinas, cinco piezas ligeras de artillería. El 12 de abril, el condestable llegó a Castrojeriz[976] y tres días después se hallaba ante Becerril, donde la Junta tenía una guarnición al mando de don Juan de Figueroa y de don Juan de Luna. Al instante, los comuneros de Palencia y de Dueñas enviaron refuerzos, unos dos mil hombres, pero llegaron demasiado tarde. La ciudad fue saqueada y don Juan de Figueroa y don Juan de Luna fueron hechos prisioneros. La represión comenzó a caer sobre los vencidos: varias ejecuciones siguieron al avance triunfal del condestable. En Palencia comenzó a sentirse una gran inquietud y la Comunidad local lanzó una angustiosa llamada a la Junta[977]. Pero el condestable decidió no atacar Palencia y siguió su camino hacia el Sur, apoderándose de Palacio de Meneses. El 21 de abril estableció su campamento en Peñaflor donde se le unieron las tropas del almirante de Castilla y los señores de Tordesillas. Peñaflor no distaba más de una legua de Torrelobatón[978].

El avance del condestable, que no encontró ningún obstáculo importante, pareció sorprender a los comuneros. Cierto que la guarnición de Torrelobatón fue reforzada a toda prisa con contingentes llegados de Zamora, Salamanca, Medina del Campo y Valladolid, especialmente[979], pero al ejército de la Junta le faltaba la necesaria cohesión. El 15 de abril, Padilla se quejaba de que una serie de estúpidas discusiones sobre el mando de la artillería le impedían realizar su acción con eficacia y además reclamaba nuevos refuerzos[980]. Por lo demás, las victorias del condestable inquietaron a los comuneros, que veían ya soplar el viento de la derrota. Hecho significativo: Valladolid tuvo enormes dificultades para encontrar quien quisiera ponerse al frente del contingente que se enviaba a Padilla. Ofreció el puesto al regidor Luis Godinez, amenazándole con toda suerte de sanciones si se negaba a aceptar: la confiscación de sus bienes, la destrucción de su casa y la calificación de sospechoso. Pero no hubo manera. Godinez prefería perder la cabeza[981]. Finalmente fue un universitario quien tomó el mando del grupo expedicionario; el 18 de abril, Diego López de Zúñiga, colegial, prestó juramento de llegar hasta la muerte, si era necesario, al servicio del rey y del bien común[982]. Dos días después, las noticias procedentes del frente eran tan alarmantes, que este hombre tomó por sí solo la decisión de ponerse en marcha con este contingente, sin consultar a la Comunidad. El tiempo apremiaba[983].

Mientras tanto, en Peñaflor, los ejércitos del condestable y del almirante, ahora unidos, vigilaban estrechamente los menores movimientos de las tropas comuneras, encerradas en Torrelobatón. Padilla consideró la posibilidad de retirarse a Toro, para esperar allí los refuerzos y proceder a la reorganización de sus efectivos. Dejó pasar el 22 de abril limitándose a enviar patrullas para reconocer las posiciones del enemigo. Error fatal; sus adversarios se aprovecharon de este respiro para finalizar la concentración de sus fuerzas. No fue sino al día siguiente cuando Padilla abandonó Torrelobatón y se puso en marcha hacia Toro. Informados inmediatamente de sus movimientos, el condestable y el almirante se lanzaron en su persecución y le alcanzaron en un lugar próximo a la aldea de Villalar. Padilla contaba con unos seis mil hombres, entre los cuales 400 lanzas y mil escopeteros. La caballería realista (unas 500 ó 600 lanzas) atacó de inmediato sin esperar la llegada de la infantería. No permitió a los comuneros que se desplegaran. Cansados por una marcha precipitada y sufriendo las molestias de la lluvia, los soldados de Padilla fueron fácil presa de la caballería enemiga. Cuando llegó al lugar de la batalla la infantería del condestable, todo había terminado: los comuneros dejaban un millar de muertos, según unos, doscientos según otros; sus principales dirigentes fueron hechos prisioneros y los restos de su ejército fueron perseguidos por el conde de Haro hasta las inmediaciones de Toro[984].

Así acabó la rebelión de las Comunidades. Los nombres más ilustres de la nobleza castellana se hallaban presentes en aquella ocasión: el almirante de Castilla, el condestable, el duque de Medinaceli, los condes de Haro, Benavente. Alba de Liste, Castro, Osorno, Miranda, Cifuentes, los marqueses de Astorga y de Denia y una multitud de gentileshombres que no tardarían en reclamar recompensas y pensiones por su participación en la batalla final[985]. La presencia de todos estos aristócratas sobre el campo de batalla de Villalar no deja lugar a dudas sobre el significado del acontecimiento. El gran triunfador de aquel 23 de abril de 1521 no era tanto el poder real como la aristocracia, amenazada en su función política y desafiada como potencia económica y social. Como afirma Maravall, en Villalar comenzó una nueva fase ascendente para el sistema señorial en Castilla[986].

Villalar no cerraría el ciclo revolucionario. Durante otros seis meses, Toledo iba a resistir todavía. Pero los núcleos vitales del movimiento estaban heridos de muerte. A partir del 24 de abril, un tribunal constituido de inmediato por los jueces Cornejo, Salmerón y Alcalá, juzgó y condenó a la pena máxima, en presencia del cardenal Adriano, a los tres principales capitanes del bando comunero: Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. La sentencia fue ejecutada allí mismo[987]. La represión había empezado.

4. TOLEDO

La mayor parte de los historiadores consideran que la batalla de Villalar puso fin a la rebelión de las Comunidades, calificando a la resistencia de Toledo una simple peripecia, un combate por defender el honor. Ciertamente, nosotros no compartimos esta opinión. En Villalar desapareció la organización política de la revolución, la Santa Junta, que no volvería ya a reconstituirse. Asimismo, en Villalar perdió también el movimiento comunero uno de sus núcleos, el más importante, el más poblado, el más sólido: las tierras de Palencia, Valladolid y Segovia. La derrota y la ejecución de los tres capitanes del ejército comunero provocaron un movimiento de pánico al norte del Guadarrama y las ciudades fueron rindiéndose una tras otra. En el sur todo fue distinto. Allí se encontraba, en torno a Toledo, el segundo núcleo del movimiento, la cuna de la revolución. Fue de Toledo de donde salió, en 1519, la campaña contra la política imperial; fue Toledo quien, en 1520, convocó la Santa Junta y fueron los soldados de Toledo los que liberaron Tordesillas, aislaron al poder real e impusieron la voluntad de la Junta en Valladolid. Cuando marcharon de allí, en octubre de 1520, tras el nombramiento de Girón, la revolución estaba sólidamente asentada en toda Castilla la Vieja. Volvieron a ella en enero de 1521, tras la derrota de Tordesillas y su presencia sirvió para dar nuevo empuje al movimiento. Toledo, pues, dio la señal de partida de la revolución, la impuso y supo salvarla cuando parecía a punto de sucumbir. Tras la derrota de Villalar, la situación era mucho más grave que nunca pero no desesperada. En las riberas del Tajo los rebeldes disponían de un ejército intacto y de un general discutido, pero dinámico, Acuña, que gozaba de una popularidad considerable entre la población. Añadamos a estos datos las repercusiones de un acontecimiento exterior: la invasión de Navarra por las tropas francesas iba a obligar a los virreyes a dirigir sus fuerzas hacia el Norte, justo después de haber conseguido la victoria sobre los enemigos internos. Afirmémoslo una vez más: nada se decidió en Villalar. Toledo seguía manteniendo la antorcha de la revolución y podía tener esperanzas de trasladarla nuevamente, como había hecho ya en el mes de enero, al norte del Guadarrama.

I— DON ANTONIO DE ACUÑA

1. La sucesión del cardenal de Croy

El día 8 de enero de 1521, Juan Manuel, representante personal del marqués de los Vélez en la Corte, escribió desde Worms urgentemente una carta a su amo: el cardenal de Croy se halla gravemente enfermo.

Su fin se aproxima. Ya ha redactado su testamento incluso y no se habla más que de encontrar un sucesor para ocupar el arzobispado de Toledo; parece que tiene grandes posibilidades su hermano, arzobispo de Cambray; dos correos han sido ya enviados a Roma; en los círculos españoles de Worms, todo el mundo se sorprende de que el rey se preste a tales intrigas. Sin embargo, él no ignora que fue el nombramiento del cardenal de Croy como sucesor de Cisneros una de las principales causas desencadenantes de la insurrección castellana.

El cardenal de Croy moría dos días después, el 10 de enero de 1521[988].

La noticia se conoció en España a finales de mes. Don Francisco de Mendoza, administrador del arzobispado de Toledo, acusó su recibo el 29 de enero, en una carta fechada en Alcalá de Henares, que no denota ninguna inquietud particular[989]. Pero la situación evolucionó con enorme rapidez. En Toledo, no bien conocida la noticia del fallecimiento del cardenal de Croy, faltó el tiempo para buscarle un sucesor. La comunidad tenía un candidato, don Francisco de Mendoza, que no hay que identificar con el administrador del arzobispado al que hemos mencionado anteriormente. El hombre en quien pensaban los comuneros no era otro que el hermano de doña María Pacheco. Don Francisco, hijo del segundo conde de Tendilla, había estudiado Teología en la Universidad de Salamanca, dirigiéndose después a Roma, donde en 1521 desempeñaba el cargo de camarero del papa[990]. Sensible a las presiones que comenzaban a dejarse sentir, el cabildo de Toledo hizo una declaración solemne, conminando a las autoridades municipales a que no permitieran que nadie se mezclara en este asunto. La ciudad debía limitarse a escribir al emperador rogándole que presentara un candidato de nacionalidad española y con las cualidades necesarias para el desempeño de tan importante cargo. En la mañana del viernes, 2 de febrero, una gran parte de la comunidad se reunió delante de la sede del cabildo, exigiendo que se procediera a la inmediata designación del sucesor de De Croy. El cabildo respondió en forma dilatoria, pero entonces comenzaron a llover las amenazas: quien se oponga a la elección de don Francisco será castigado con la pena de muerte. Al mediodía, la comunidad invadió las inmediaciones de la catedral, ocupó todas las puertas, penetró en el interior del templo. La elección debía realizarse de inmediato (luego). Después de celebrar nuevas conversaciones, el cabildo consiguió de nuevo ganar un poco de tiempo, pero para entonces toda la ciudad se hallaba ya en un estado de gran agitación; doña María Pacheco contaba con el apoyo de la comunidad y de la mayoría de la población. Parecía imposible poder evitar el estallido de violentos desórdenes en los días sucesivos[991].

La proposición por parte de los comuneros del sucesor del desaparecido de Croy fue pues el motivo que provocó la reanudación de los disturbios en Toledo. El nombre del candidato, don Francisco de Mendoza, fue probablemente sugerido por su hermana, doña María Pacheco, sin siquiera haber consultado con el interesado. Carlos V, por lo demás, no le guardaría rencor en el futuro por esta designación involuntaria, ya que más tarde le nombró vicario general de sus ejércitos y en 1538 le designó para el obispado de Jaén[992]. En cuanto al otro don Francisco de Mendoza, el administrador, que gozaba desde hacía largo tiempo de la confianza de Chièvres, hubo de hacer frente a graves responsabilidades. En efecto, no sólo tenía que velar por el mantenimiento del orden en las ciudades y territorios del arzobispado y asegurar la percepción regular de las rentas, sino que además debía impedir cualquier atentado a las prerrogativas de la Corona y a los derechos de los herederos de de Croy, a la espera del nombramiento del nuevo prelado, cuestión sumamente delicada en aquel período de inquietudes, ante la pretensión de los comuneros de imponer su propio candidato.

¿Tenía acaso fundamentos legales esta pretensión? ¿Estaba capacitado el cabildo de Toledo para proceder a la elección por su propia iniciativa? El problema parecería absurdo en la actualidad, pero no lo era en estos años de principios del siglo XVI. Durante la Edad Media, las Decretales habían autorizado la elección de los obispos por los cabildos diocesanos. Pero el papado, sabiendo aprovechar las circunstancias favorables, fue consiguiendo imponer en todas partes sus propios candidatos. En muchas ocasiones, sin embargo, se encontraba con las ambiciones de los príncipes seculares, que poseían, en algunos casos, un derecho de patronato sobre las iglesias, es decir, que podían presentar a los miembros del clero que ellos deseasen como titulares de los beneficios eclesiásticos. Este derecho de patronato podía afectar a una catedral o una colegiata, pero en el caso de las sedes episcopales, los príncipes no podían presentar los futuros obispos sino en virtud de un privilegio explícito del papa. Naturalmente, esta situación teórica podía variar en la práctica, pero fue en torno a estos principios básicos en los que se centró una ardua disputa entre la curia romana y la Corona de Castilla a partir del siglo XV. Isabel la Católica, y después de una larga batalla diplomática con el papado, terminó por imponer de hecho su punto de vista: solicitar de Roma la investidura para los obispos que ella misma designaba, ignorando así el derecho de los papas a reservarse un número determinado de beneficios eclesiásticos y dando por supuesto el marginamiento de los cabildos en la elección de los prelados. Durante toda su vida, la reina luchó por obtener del papado los nombramientos de los obispos de acuerdo con este sistema, favorable, sin duda, a la Corona. Desde luego lo consiguió en gran medida, aunque no pudiera —cual era su deseo— ratificar este sistema por la consecución de un acuerdo duradero y definitivo. Este acuerdo lo conseguiría finalmente Carlos V en 1523, de parte del papa Adriano VI. Se trataba de la bula Eximiae devotionis affectus que otorgó a los reyes de España un verdadero privilegio de patronato y les autorizó a presentar sus candidatos en todas las diócesis del reino[993].

De este breve repaso histórico deducimos, pues, que el procedimiento para la designación de los obispos no estaba todavía establecido de una manera definitiva en 1521. Efectivamente, la reina Isabel había creado un precedente, pero el derecho de patronato de los reyes de España no estaba reconocido oficialmente todavía. En la práctica, la libre elección de los obispos por parte de los cabildos diocesanos había caído en desuso, pero sólo desde época relativamente reciente y sin que ningún texto escrito hubiera negado a estos cabildos sus privilegios canónicos. Los comuneros de Toledo tenían fundamentos, pues, para pensar que podían resucitar esta práctica medieval. Pongamos las cosas, no obstante, en su punto justo: era sobre todo por oportunismo y no por cuestiones doctrinales por lo que los rebeldes toledanos pretendían volver a las prácticas de antaño. Si parecían querer volver a poner en vigor un procedimiento ya olvidado era porque tal procedimiento era el único que les permitiría imponer su candidato, tanto contra Carlos V como contra el papa.

¿Es cierto que la Junta envió a Toledo al obispo de Zamora para contrarrestar las ambiciones de doña María Pacheco y para limitar su influencia en la ciudad? Así lo manifestó el propio Acuña en el curso de su proceso en 1524. Si había acudido a Toledo, declaró entonces, había sido para apartarse un tanto de la Junta, por una parte, y para vigilar de cerca la actuación de doña María Pacheco. Al parecer, el general de los dominicos, el licenciado Vargas, el doctor Manso, deán de Granada, y también don Pero Laso, adversario de Padilla, lo habían impulsado a partir. Siempre según la afirmación de Acuña, había dos facciones en la comunidad de Toledo. Por una parte, la aristocracia urbana y los comerciantes, o sea, las clases medias, que otorgaban su confianza a don Pero Laso de la Vega y a don Juan de Ayala (la parcialidad de cavalleros y mercaderes y otra gente llana del pueblo, gente honrada); y, de otro lado, el partido de Padilla y de su mujer, es decir, según Acuña, el populacho, los artesanos y obreros. A Acuña se le habría encargado la misión de apoyar a los primeros para eliminar al segundo grupo y preparar así la defección de Toledo de la causa comunera[994]. En apoyo de esta tesis podemos señalar la existencia de cierta desconfianza mutua entre Acuña y doña María Pacheco, lo que explicaría la prudencia del obispo de Zamora. En efecto, Acuña tardó más de un mes en llegar a Toledo, demorándose durante muchos días en las ciudades y aldeas del arzobispado, como si quisiera asegurar su popularidad antes de hacer su entrada en la capital. Y, no obstante, esta tesis encuentra también serías objeciones. Acuña no se dirigió a Toledo contra la voluntad de la Junta, sino por orden expresa de ella, y no se presentó en Toledo como moderador, intentando apartar a los habitantes de la ciudad de las filas de la comunidad, sino como agitador, como era habitual en él, como persona habituada a soliviantar y manejar a las masas. Y, desde luego, la población de Toledo que le acogió clamorosamente, no pareció sospechar en absoluto que pudiera estar llevando un doble juego. Y además, las afirmaciones de Acuña responden, parece claro, a la preocupación de intentar justificar sus acciones pasadas y encontrar atenuantes ante sus jueces. Por nuestra parte, nos interesa sólo una afirmación concreta en las declaraciones de Acuña: la rivalidad de los dos grupos comuneros, los moderados y los revolucionarios, representados respectivamente por don Pero Laso de la Vega y por Padilla y su mujer. En cuanto a Acuña dio siempre la impresión de encuadrarse en las filas del segundo grupo, excepto en la cuestión del arzobispado, en el que se opusieron abiertamente sus ambiciones personales y las de doña María Pacheco.

En todo caso, es muy posible que la Junta viera con suspicacia las iniciativas de doña María Pacheco; a raíz de las presiones ejercidas sobre el cabildo, fueron expulsados de la ciudad diez o doce canónigos a principios de febrero[995]. La misión encomendada a Acuña el 7 de febrero de 1521, no era nada concreta. El obispo debía dirigirse a la ciudad y al reino de Toledo y, a la espera de que fuera designado un nuevo arzobispo para ocupar la sede vacante, vigilar por el mantenimiento del orden[996]. Señalemos que las instrucciones no hablaban de asegurarse la posesión del arzobispado. Estas instrucciones generales dejaban a Acuña una gran libertad de movimientos. El debía decidir sobre la marcha y en función de la situación, la conducta a seguir. Hay un punto que no se mencionaba y al que sin embargo la Junta concedía una gran importancia: había que impedir a cualquier precio que las cuantiosas rentas del arzobispado pasasen a engrosar las arcas del enemigo; se trataba, por el contrario, de que sirvieran en la mayor medida posible, a las necesidades de la revolución. Y Acuña había dado prueba recientemente, en Tierra de Campos, de su habilidad para aumentar el tesoro de guerra de la Junta.

Acuña no partió de inmediato. Los días 11 y 12 de febrero, asistió todavía a las reuniones de la comunidad de Valladolid[997]. Por tanto, fue después del 12 cuando emprendió su marcha hacia Toledo. El acta de acusación levantada contra él en 1524 nos permite reconstruir con precisión su itinerario. Partiendo de Valladolid al frente de una tropa numerosa, el obispo de Zamora se dirigió en primer lugar hacia Buitrago, desde donde escribió a los canónigos de Toledo anunciándoles su próxima llegada. A continuación fue a Torrelaguna. La localidad formaba parte del arzobispado, y según el acta de acusación, Acuña habría empezado allí a desvelar sus intenciones. Habría afirmado o dejado entender, en efecto, que iba a instalarse en la sede de Toledo, y habría prometido, incluso, a sus fieles, diversos cargos en el arzobispado. Los mismos propósitos le habrían llevado después a Talamanca. En todas partes, después de haber entrado en los límites de la sede toledana, se hacía rendir honores: las campanas de la Iglesia sonaban cuando llegaba a una ciudad o a una aldea[998]. ¿Intentaba, pues, Acuña presentar de este modo su candidatura a la mitra? Ante todo, hay que distinguir entre los rumores propagados por sus partidarios, que no eran más que propaganda, y las instrucciones oficiales, más discretas o más prudentes. En los primeros días de marzo, el condestable se creyó en la obligación de denunciar las ambiciones de Acuña y mediante una cédula alertó a los habitantes de Toledo contra los proyectos de la Junta, que apuntaban a confiar el arzobispado a Acuña[999]. ¿Qué había de cierto en esto? El 11 de marzo, la Junta precisó por fin la misión confiada a Acuña. Por una parte, destituyó de su cargo a don Francisco de Mendoza, el administrador del arzobispado, y, por otra, encargó a Acuña que se hiciera cargo de la sede vacante, con orden de ocupar todos los castillos y velar por el mantenimiento de la tranquilidad pública[1000]. Este texto no hacía mención alguna sobre una eventual candidatura de Acuña al arzobispado, pero es muy posible que sus partidarios hubieran ido más lejos, presentando a Acuña como el arzobispo de Toledo. Esto explicaría, tanto las acusaciones hechas frecuentemente contra Acuña respecto a su ambición personal, como los testimonios de la época que no dejan lugar a dudas: en todas partes, Acuña se presentaba o se hacía presentar como el futuro arzobispo de Toledo. Para hacer aún mayor la confusión, los ayudantes de Acuña no habrían dudado en afirmar que actuaba con órdenes del rey de quien recibía instrucciones continuamente, y que era comisario del papa, distribuyendo, en nombre de este título, bulas y sentencias de excomunión entre sus adversarios[1001].

Por otra parte, el obispo de Zamora puso mucho cuidado en no hacer nada que pudiera acarrearle las iras de la aristocracia local. El hombre que en otro tiempo había sembrado el terror en los señoríos de Tierra de Campos, se mostró extraordinariamente prudente una vez hubo entrado en el reino de Toledo. Dos poderosos señores tenían allí sus propiedades: el duque del Infantado y el marqués de Villena. El primero habría tomado la iniciativa de entrar en contacto con Acuña con la intención de asegurarse contra cualquier riesgo de subversión en sus dominios; a cambio se habría mostrado dispuesto a prestar su apoyo a Acuña para permitirle ejercer sin obstáculos su función de administrador del arzobispado. Acuña le habría asegurado que no intentaría nada contra sus tierras, pero se habría negado, por prudencia, a concluir un acuerdo formal con el duque[1002]. Ciertamente, no conocemos estos contactos más que por el testimonio de Acuña, pero una cosa es cierta, el duque del Infantado esperó al último momento, la derrota de Villalar, para intervenir directamente, en Alcalá de Henares, por ejemplo, y restablecer la autoridad real. Esto presta crédito a las afirmaciones de Acuña. En lo que respecta al marqués de Villena, las relaciones habrían sido más tensas, pero un factor favorecía a Acuña. El marqués se sentía herido por el hecho de que Carlos V no le prestaba la menor atención, que no atendía a ninguna de sus sugerencias. Tampoco el marqués hizo nada por impedir la marcha triunfal de Acuña sobre Toledo, manteniendo en todo momento una actitud de altiva reserva[1003].

Conseguida así la neutralidad de los miembros más poderosos e influyentes de la aristocracia local, Acuña iba de éxito en éxito. Antes incluso de que apareciese en todas partes, ciudades y aldeas aclamaban a la Comunidad y cuando se presentaba, le recibían con los brazos abiertos[1004]. Los acontecimientos de Alcalá de Henares pueden servir de ejemplo.

Los sucesos de Alcalá de Henares, en 1521, han estado rodeados durante mucho tiempo de cierta confusión, porque en el mismo momento tuvieron lugar dos problemas distintos y terminaron mezclándose, embarullando aún más una situación ya de por sí compleja. Un problema de orden interno oponía desde hacía algún tiempo a una minoría de profesores agrupados en torno a los maestros Cueto y Licona, con el rector, quien se decidió a expulsarlos en abril de 1521. Después de la derrota de los comuneros, estos profesores trataron de rehabilitarse acusando al rector de haberles expulsado por no compartir sus ideas políticas y afirmando que se habían distinguido por su celo realista con motivo del paso de Acuña por Alcalá. Hasta hace poco tiempo no se conocían los hechos más que a través de una información tendenciosa abierta a petición de los maestros Cueto y Licona. Pero diversas investigaciones han tratado de averiguar con exactitud lo que realmente ocurrió, y el descubrimiento en Simancas de una segunda información con la intención de defender a la Universidad de la acusación de traición, nos permite en la actualidad reconstruir los hechos teniendo en cuenta los argumentos presentados por ambas partes[1005].

Un hecho parece seguro: la ciudad de Alcalá de Henares no esperó la llegada del obispo de Zamora para adherirse a la Comunidad. Esto ya se había hecho hacía tiempo, concretamente en septiembre de 1520, lo que, además era lógico, ya que Toledo y Madrid estaban demasiado próximas como para que su influencia no se dejara sentir en Alcalá. Varios emisarios de estas dos ciudades llegaron, pues, a Alcalá e informaran de los fines que perseguía el movimiento. Las autoridades municipales fueron sustituidas por hombres adeptos a la comunidad y la población prestó juramento de fidelidad a la comunidad en la iglesia de Santiuste. Don Francisco de Mendoza, administrador de la diócesis, que residía en Alcalá, dio su beneplácito a estos acontecimientos; él también prestó juramento, al igual que los demás e incluso más que los demás, pues parece que ciertos testigos le oyeron jurar en nombre de Dios y por la túnica de San Pedro, con la mano derecha sobre el pecho, que se hallaba más unido que nadie a la comunidad y que estaba dispuesto a morir por el más humilde de sus conciudadanos, y que sería el primero en dar la vida por la comunidad[1006]. Hasta entonces —habría añadido según los testigos— había administrado el arzobispado en nombre del cardenal de Croy; desde ahora actuaría en nombre del cardenal pero también en el de la comunidad[1007]. Pocos días después, un capitán de Buitrago llegó a Alcalá para reclutar soldados en nombre del rey, de la reina y de la Junta; él no se ocultó en ningún momento; su bandera flotaba en una de las ventanas de la casa donde se alojaba, el mesón de Carcaxena, y muchos hombres se ofrecieron voluntarios. Don Francisco de Mendoza les facilitó la tarea y además no se hizo mucho de rogar para prestar dinero a los comuneros de Madrid y de Toledo[1008].

Don Francisco se unió pues a la Comunidad en septiembre de 1520, aunque, no nos cabe ninguna duda, sin convicción. No es difícil imaginar sus reflexiones en aquel momento. El no era funcionario real; por lo tanto, el que afirmara unirse a la Comunidad no le comprometía seriamente. Por otra parte, por sí solo no podía pretender evitar el triunfo de la Comunidad. Negarse a ceder ante las circunstancias no hubiera servido más que para envenenar sus relaciones con quienes en aquel momento dominaban la situación, en tanto que actuando con oportunismo podía seguir sin problemas en su puesto de administrador. De hecho, los comuneros no se interesaron por Alcalá hasta febrero de 1521, probablemente a cambio de algunos suministros de trigo y de dinero[1009].

Pero todo cambió bruscamente en febrero de 1521. Don Francisco fue expulsado de Alcalá el día de la Candelaria[1010]. Nada tuvo que ver en esto Acuña. En ese momento, la fecha para la partida hacia Toledo no había sido todavía decidida oficialmente. Eran las circunstancias las que habían cambiado. Ya hemos visto la efervescencia que había producido en Toledo la muerte del cardenal de Croy; doña María de Pacheco había presentado la candidatura de su hermano. Ahora, don Francisco se veía requerido a tomar partido sin ambages. Hasta entonces, gracias a su condición de hombre de confianza de Chièvres y del difunto cardenal, había podido hacer su juego a cambio de algunos compromisos, pero ahora que la ambición amenazaba las rentas del arzobispado, el administrador no podía sino defender los intereses de los herederos del cardenal de Croy. Así pues, se vio obligado a ceder su plaza y a refugiarse en Guadalajara.

Mientras tanto, en Valladolid, la Junta decidió enviar a Acuña hacia Toledo. Acuña se puso en marcha. El domingo, 3 de marzo, el maestro Cueto advirtió al duque del Infantado de que el viernes anterior un pequeño destacamento, al mando del capitán Negrete, se había instalado en Alcalá, procedente de Madrid. Probablemente, su misión consistía en garantizar la seguridad del obispo de Zamora, cuya llegada a Alcalá era inminente. Varias celebraciones estaban previstas para su llegada, entre ellas una corrida de toros. La población se hallaba muy excitada; no se hablaba de otra cosa que de expulsar al vicario y nombrar en su lugar al rector de la Universidad, Juan de Hontañón, a quien todo el mundo consideraba simpatizante de Acuña[1011]. Este se hallaba en Torrelaguna y escribió una carta a Alcalá notificando su intención de pasar por la población. Los notables se desazonaron y enviaron a dos emisarios hasta Acuña para tratar de disuadirle, pero en vano. Las dos personalidades principales de la ciudad, don Alonso de Castilla y Pedro de Salazar, pidieron consejo al rector sobre la actitud a tomar. ¿Debían cerrar el camino al obispo de Zamora? La Universidad se negó a adoptar una postura y no se pronunció ni a favor ni en contra de Acuña. Su misión era únicamente espiritual. La Universidad no poseía otras armas que la oración; por tanto dejaba a las autoridades municipales la responsabilidad de tomar una decisión. Los enemigos del rector nunca pudieron demostrar que los maestros comuneros de la Universidad hubieran solicitado expresamente la presencia del obispo de Zamora. Bien al contrario, llama la atención la prudencia del rector en este asunto[1012].

Incapaces de cerrarle el camino a Acuña, los notables decidieron acogerlo sin reticencias. El jueves, 7 de marzo, llegaba a las puertas de la ciudad. Allí fue recibido por el vicario, Diego de Avellaneda, por don Alonso de Castilla, Iñigo López de Zúñiga y por los funcionarios municipales. Acuña hizo su entrada en la ciudad acompañado por el vicario y por don Alonso de Castilla, en medio de una multitud entusiasta que le acompañó hasta el lugar previsto para su alojamiento, la casa de Pedro del Castillo[1013]. ¿Se hallaba representada la Universidad en esta recepción? Cueto y Licona sostuvieron que los maestros Gavaldán y Ramírez habían acudido a recibir a Acuña en representación del colegio de San Ildefonso, pero nunca pudieron probarlo[1014]. La noche siguiente a la llegada del obispo, la ciudad entera se vio sacudida por una gran alegría. Las gentes paseaban por las calles gritando: «¡Comunidad! ¡Comunidad! ¡Acuña! ¡Acuña!», según unos[1015], y según otros: «¡Viva el arzobispo de Toledo, capitán de la Comunidad! ¡Viva el rector, obispo de Jaén! ¡Viva la Santa Comunidad! ¡Muerte a los traidores!», aunque en realidad no tenemos constancia de que se profirieran realmente estos últimos gritos[1016]. Las manifestaciones prosiguieron durante toda la noche, lo que no fue óbice para que Acuña dijera al día siguiente que nunca había dormido tan bien[1017]. Acuña, agradablemente sorprendido por este caluroso recibimiento, decidió prolongar su estancia en Alcalá hasta el domingo por la mañana[1018]. Al día siguiente de su llegada, los comuneros más fervientes creyeron llegado el momento de pasar a los asuntos más serios. Ante todo fue el juramento de fidelidad a la Comunidad pronunciado sobre una cruz que mantenía en sus manos el canónigo Francisco Ramírez, en la puerta de la iglesia de Santiuste[1019]. Se aprovechó la presencia del obispo de Zamora para poner al frente de la dirección del municipio a hombres seguros, menos atados al pasado que los que habían sido designados en septiembre. Acuña se constituyó en árbitro del debate y manifestó su confianza hacia las antiguas autoridades[1020].

Llegamos aquí al punto más controvertido: ¿cuál fue la actitud de la Universidad ante estos acontecimientos? Ante todo, debemos distinguir con todo cuidado entre la actitud oficial de la Universidad como organismo constituido y la postura individual de sus miembros, profesores y alumnos. Al parecer, el rector se comportó con gran prudencia. Ya hemos señalado su respuesta a los notables cuando le preguntaron respecto a la cuestión de permitir a Acuña la entrada en la ciudad. A pesar de todas las acusaciones que se han lanzado contra él, nadie ha podido probar que estuviera en connivencia con el obispo de Zamora. Es probable que, como toda la población, prestara juramento de fidelidad a la comunidad. Asimismo, tomó un doble compromiso en nombre de la Universidad: el de participar en la defensa de la ciudad en la medida compatible con el carácter y condición de los universitarios si un enemigo cualquiera tratara de apoderarse de ella, y el de procurar el bien común de la ciudad y no hacer nada en contra de ella. El rector pretextó haber firmado estos compromisos, poco significativos por otra parte, para no crearse problemas con los comuneros y tomó la precaución de informar inmediatamente sobre la situación al cardenal Adriano[1021].

También se reprochó al rector el haber acudido a visitar a Acuña. Es cierto, fue su respuesta, pero lo hizo con la intención de conseguir la liberación de Antonio de la Fuente, doctor en teología, a quien el obispo de Zamora había encerrado en un castillo, y la empresa se vio coronada por el éxito. Por tanto, ¿qué se le podía reprochar[1022]?

¿Existió intercambio de correspondencia entre el obispo de Zamora y el rector? El maestro Puxbert afirmó haber visto un correo que llevaba a este último las cartas de Acuña[1023]; esto, no obstante, no prueba nada, ya que desconocemos el contenido de las cartas. Hubiera podido ser mucho más grave, ya que poco después de la estancia de Acuña en Alcalá, el día de la batalla del Romeral, los hombres del prior de San Juan capturaron a un bachiller de unos treinta años de edad aproximadamente, a quien le encontraron cartas destinadas a Acuña. El prior examinó rápidamente las cartas y comprobó que procedían de la Universidad de Alcalá y que se trataba de un ofrecimiento de servicios. Dado que la batalla iba a comenzar, el prior entregó los documentos a un escudero, con el propósito de examinarlos después de la batalla con más calma. Por desgracia, este escudero resultó muerto en el curso de la lucha y las cartas desaparecieron[1024]. Por tanto, subsiste la duda en cuanto a si estas cartas habían sido remitidas oficialmente por la Universidad o bien únicamente por individuos pertenecientes a la Universidad, profesores o alumnos.

Finalmente, el rector afirmó siempre haber prohibido en varias ocasiones a los estudiantes que participaran en los desórdenes, callejeros[1025]. Es cierto que protegió a Hernán Núñez y Florián de Ocampo, los comuneros más activos de la Universidad[1026], pero no sabemos con seguridad si, tras la derrota de Villalar, encargó a Florián de Ocampo que acudiese a Madrid en busca de socorros[1027]. Cierto que se pudo ver al rector armado y montado en una mula el día en que el duque del Infantado se puso en camino hacia Alcalá para restablecer el orden en la villa[1028], pero también fue él el primero que manifestó la necesidad de aceptar la intervención del duque[1029].

De cualquier modo, pensamos que el rector Hontañón simpatizaba con la Comunidad. Son muchos los rumores que señalan en este sentido así como una serie de signos inequívocos como la protección que prestó a Hernán Núñez y a Florián de Ocampo. Pero el rector, y esto hay que decirlo para bien de su honor, consiguió evitar comprometer a la Universidad en cuanto tal en las luchas políticas. En conjunto consiguió su propósito y fue esto lo que hizo tan difícil a los maestros Licona, Cueto y Carvajal, demostrar que su arresto, el 12 de abril, y su expulsión del colegio, el 29 de abril, estaban inspirados en motivos políticos. No sería lógico, además, que el rector que tan prudente se había mostrado en los momentos de mayor virulencia de la agitación comunera, hubiera esperado a la derrota de la Comunidad para expulsar de la Universidad a sus enemigos políticos. Aunque se admita que la pasión política pudo jugar su papel en este asunto, el rector tomó todas las precauciones y pudo demostrar: 1. °, que el maestro Cueto había sido expulsado por Ciruelo, en virtud de sus poderes disciplinarios; 2. °, que Carvajal había violado las constituciones del colegio solicitando de Roma un Breve contra las autoridades del mismo; 3. °, que Licona había cometido una grave falta al perforar los muros que rodeaban al colegio para escapar. Al menos en apariencia, la política no influyó absolutamente nada en las desventuras de los tres profesores[1030].

Dicho esto, hemos de afirmar también que en la Universidad de Alcalá abundaban los comuneros. El ejemplo partía de arriba. Uno de los profesores más prestigiosos, el maestro Ciruelo, teólogo, matemático y astrólogo, no había dudado, el 29 de septiembre, en pronunciar desde su cátedra, a propósito del tema del salmo Exsurgat, una violenta diatriba contra los flamencos, comparándolos a bestias entregadas a los placeres de este mundo, lo cual había llenado de satisfacción a los comuneros. En la Junta se decía que un sermón de estas características era más útil a la causa del movimiento que un ejército de soldados[1031]. Pedro de Lerma, abad de la Colegiata y canciller de la Universidad, había sido aún más explícito en su apología de la revolución: los pueblos hacen los reyes y pueden, por tanto, destronarlos, dijo en la iglesia de San Ildefonso, tras lo cual proclamó su adhesión a la comunidad; no pensaba dejar de decir lo que consideraba cierto y justo, pesase a quien pesase[1032]. Y otro profesor, Almaraz, era considerado tan buen propagandista como el obispo de Zamora, lo que no era desde luego un elogio sin importancia[1033]. En mayo de 1521, cuando Juan de Medina fue designado para la cátedra de teología, sus discípulos manifestaron con bullicio su alegría, pero se encontraron con la oposición de otro grupo de estudiantes que comenzaron a lanzarles piedras y se armaron con escudos y espadas. El asunto tomó un aspecto claramente político, pronunciándose gritos contra los amigos de Medina: «Muerte a los traidores y a los enemigos del rey», lo cual nos permite sacar la conclusión de que Medina también había simpatizado con la Comunidad, o al menos tenía reputación de tal cosa[1034].

Eran muchos los estudiantes que compartían el celo de estos profesores. Maestros y alumnos comuneros se reunían frecuentemente en casa de fray Bernardino. Este no era otro que el hermano del gran Cisneros. Los cronistas nos lo presentan como un hombre poco brillante, medio loco, perezoso y violento (estuvo a punto de estrangular a su propio hermano en un ataque de cólera[1035]). Su temperamento impulsivo se acomodaba bien a esta agitación y ofrecía generosamente hospitalidad a los militantes comuneros de la Universidad. Allí se encontraban Zambranes, que ostentaba con orgullo su título de secretario de Acuña, los maestros Almaraz, Matátigui, Balbás, así como Alonso Pérez de Guzmán, hijo del jefe comunero de León, Ramir Núñez de Guzmán, Florián de Ocampo y Hernán Núñez, el comendador griego[1036]. Un día, Matátigui se precipitó en casa de Alonso Pérez de Guzmán dando gritos de alegría: «¡Bravo!, ¡eres capitán!»[1037]; efectivamente, el muchacho acababa de ser designado por sus compañeros jefe del grupo comunero de la Universidad. Los enemigos del rector pretendieron que esta elección había sido hecha por la asamblea de profesores[1038], cosa poco probable dada la extrema prudencia con que actuó el rector durante todo este tiempo.

Dos nombres eclipsan a todos los demás en el grupo de los universitarios comuneros, los de Florián de Ocampo y Hernán Núñez. El primero se hallaba en todos los alborotos[1039]. Cuando llegó a Alcalá la noticia de la derrota sufrida por Acuña en Romeral, Florián dedicó todos sus ímpetus a desmentirla, llegando incluso a blandir un puñal para hacer callar a los estudiantes que se felicitaban demasiado abiertamente por la noticia[1040]. Poco después, cuando Acuña fue conducido triunfalmente al trono arzobispal de Toledo, Florián pudo entonces jactarse ante sus compañeros, pero el rencor se mezcló con su alegría y propuso expulsar a todos los traidores, a todos los enemigos de la Santa Comunidad[1041].

Por su parte, su compañero Hernán Núñez, el comendador griego, hacía gala de un celo menos agresivo. En ocasiones no se privaba de proclamar a voz en grito su fe revolucionaria afirmando que se convertiría al Islam en caso de victoria de los Grandes y si veía que había todavía gentes que ganaban más de cien mil maravedís por año[1042]. Pero normalmente, su actividad era más cauta. Afirmando ser amigo íntimo de Acuña, mencionaba a sus interlocutores todos los beneficios que podrían obtener si se decidían a alinearse decididamente en el bando comunero, y distribuía en nombre del obispo de Zamora títulos de renta y prebendas. Insinuaba tentadoras proposiciones al oído de los vacilantes, recomendándoles que mantuvieran buenas relaciones con Acuña, que hablaran bien de él, ya que Acuña no tardaría en convertirse en arzobispo de Toledo, a pesar de Carlos V; si fuera necesario, ocuparía el arzobispado por la fuerza[1043]. Hernán Núñez actuaba, pues, a modo de agente electoral de Acuña. Tenía los bolsillos llenos de bonos en blanco que ofrecía a los nuevos adeptos. El maestro Puixbert afirmaba que eran falsos y que Hernán Núñez y Florián de Ocampo falsificaban la firma de Acuña[1044], lo que, por otra parte, podía ser cierto. En tal situación, en que los vacilantes veían cómo se les ofrecía dinero o prebendas, era natural que circularan los rumores más extravagantes. Así, se decía que Acuña había prometido al rector el cargo de Vicario de Alcalá y a muchos estudiantes convertirles en canónigos de Toledo[1045], y, según otros, en cuanto fuera arzobispo de Toledo procedería a modificar el estatuto de la Universidad. Alcalá se convertiría así, como Guadalupe, en una ciudad bajo la tutela de la Universidad y el rector se convertiría en el dueño de Alcalá, recibiendo además, en compensación a su celo, un obispado[1046]. Esto podría explicar los vítores en honor de Hontañón, «obispo de Jaén».

Los amigos de Acuña, acabamos de verlo, no retrocedían ante nada para conseguir la adhesión de las multitudes. Oficialmente, Acuña había llegado con la misión, encomendada por la Junta, de administrar el arzobispado de Toledo, pero sus partidarios trataban por todos los medios de incrementar sus poderes. Según ellos, la elección de Acuña para el arzobispado no era más que una simple formalidad y el interesado estaba dispuesto, en un momento dado, a acelerar las cosas. Así, todo el mundo fue acostumbrándose a esta idea y Acuña, sin haber presentado formalmente su candidatura, se acercaba poco a poco a Toledo como si efectivamente fuera a tomar posesión de la mitra, siendo recibido y aclamado en todas partes como el futuro arzobispo. Ahora podemos comprender por qué Acuña tardó más de un mes en llegar de Valladolid a Toledo. Tenía que preparar el terreno. En Toledo no sabía qué recibimiento le esperaba, ya que en esta ciudad, doña María Pacheco había propuesto como candidato a su propio hermano. Las brillantes recepciones de Torrelaguna, Talamanca y Alcalá eran otros tantos golpes asestados a los partidarios de doña María, ya que hacía que reluciera todavía más la popularidad de Acuña, en quien las multitudes, hábilmente manejadas, saludaban ya al arzobispo. Estas aclamaciones equivalían a la vox populi que designaba a Acuña. De su mano, Acuña se aproximaba, sin prisa pero sin pausa, hacia la capital. Parecía difícil que, llegado el día, el recibimiento de Toledo pudiera desmentir el entusiasmo de las ciudades y aldeas de todo el arzobispado. Sin embargo, el obispo de Zamora tenía que franquear todavía otro obstáculo: el ejército del prior de San Juan que se había interpuesto en su camino.

Don Antonio de Zúñiga, prior de la orden de San Juan, había sido nombrado por los virreyes, en enero de 1521, jefe de las fuerzas realistas en el reino de Toledo[1047]. Esta decisión, tomada en un momento en que la situación al sur del Guadarrama, sin ser de una calma total no presentaba ningún motivo de inquietud, parecía responder, por parte de los virreyes, al deseo de no dejar la iniciativa a los comuneros en esta región y a hacer pesar sobre su retaguardia una amenaza permanente. La llegada del obispo Acuña dio al traste con estos propósitos. Al ejército del sur se le encomendó la tarea de detener la marcha de Acuña y para ello se retomaron considerablemente los efectivos puestos a disposición del prior. A mediados de marzo, el prior contaba ya con cuatro mil infantes y cuatrocientas lanzas, le habían entregado ya veintidós mil ducados y en Tordesillas y Burgos se disponían a enviarle nuevas sumas de dinero para permitirle incrementar su potencial militar[1048].

La constitución de un poderoso ejército real al sur del Guadarrama no dejó de inquietar a la Comunidad de Toledo. Una asamblea general celebrada el 23 de febrero, aceptó incrementar el esfuerzo de guerra de la población. Cada parroquia se comprometió a aportar inmediatamente diez hombres y un cabo y se comenzaron a estudiar otras medidas más importantes de movilización, con el fin de poner a disposición de Gonzalo Gaitán, capitán y regidor de la ciudad, los medios para hacer frente a cualquier eventualidad[1049]. Pero estos medios habían de ser limitados. No olvidemos que las tropas de Toledo se hallaban en aquellos momentos guerreando en Valladolid, a las órdenes de Padilla. Los dirigentes de la ciudad intentaron también ganar tiempo entablando discusiones con el prior de San Juan. Este, a través del superior de San Juan de los Reyes sometió a la ciudad una serie de proposiciones. El prior negó que su intención fuera la de atacar Toledo; muy al contrario, su única preocupación era asegurar en todas partes el mantenimiento del orden. Para ello solicitaba la colaboración de la ciudad de Toledo y deseaba recibir seguridades en el sentido de que no se introduciría ninguna modificación en el estatuto de los pueblos y castillos dependientes del poder real, del arzobispado, de las Órdenes Militares o de la aristocracia. En resumen, Toledo debía comprometerse a respetar en todas partes el statu quo. El prior prometía atenuar la presión de sus tropas si se cumplían estas condiciones.

Toledo respondió a estas exigencias asegurando que no se intentaría ninguna acción subversiva contra la Orden de San Juan. En lo referente a los demás territorios, Toledo entendía que cada pueblo debía tener libertad para elegir su estatuto; Toledo no quería forzar a ninguna ciudad a que adoptase un régimen de comunidad, pero esperaba por parte del prior una postura similar: que dejase de hacer propaganda en las zonas rurales y que no molestase a los pueblos que se habían adherido a la Comunidad o querían hacerlo. En cuanto a los castillos situados en la región de Toledo, ya pertenecieran al dominio real, al arzobispado, a las Órdenes Militares o a los señores, la Comunidad estaba dispuesta a no atacarles a condición de recibir a cambio la misma garantía, en el sentido de que no debían servir de base para atacar a Toledo[1050].

En resumen, Toledo trataba de alejar el peligro que representaba el ejército del prior sin renunciar al mismo tiempo a hacer proselitismo, salvo en los dominios de la Orden de San Juan. Las negociaciones entre el prior y la ciudad de Toledo no quedaron interrumpidas y parecía factible alcanzar una posición de equilibrio sobre las bases anteriores. Pero la aparición de Acuña amenazaba destruir este equilibrio, porque Acuña, sintiéndose seguro ante las instrucciones recibidas por la Junta, no pensaba dejar a nadie más la responsabilidad del mantenimiento del orden. Acuña pensaba que el prior no tenía nada que hacer allí y al que había que marginar lo más pronto posible a fin de evitar que pudiera hacer ningún daño[1051].

Acuña abandonó Alcalá el 10 de marzo y se detuvo en Madrid solamente el tiempo suficiente para completar el armamento de su tropa, ya que continuamente recibía refuerzos a medida que proseguía en su avance. En Madrid, en Illescas y en Yepes no tuvo ninguna dificultad en reclutar soldados. El día 12 aceptó la invitación de Ocaña y fue huésped de la pequeña villa, sede de una importante encomienda de la Orden de Santiago. En el juicio seguido contra él en 1524, se acusó a Acuña de haber sublevado a la ciudad de Ocaña. Nos parece excesivamente exagerado hacer responsable al obispo de Zamora de cuantas sublevaciones se producían en los lugares por donde él pasaba. Al igual que había sucedido en Alcalá, Acuña no tuvo necesidad de intervenir en Ocaña porque hacía tiempo que la ciudad se había unido a la Comunidad. Gracias al celo revolucionario de los Osorio, Ocaña se había convertido en un centro revolucionario muy activo que trataba de ganar para la causa de la Comunidad a los dominios de la Orden de Santiago. Francisco Osorio se había otorgado a sí mismo el título de gobernador de los territorios de la Orden en Castilla. En cuanto a Juan Osorio, comendador de Dosbarrios, desempeñaba un papel de primera importancia en el desarrollo de las operaciones militares en torno a Ocaña, en connivencia con los súbditos rebeldes del conde de Chinchón. Así, en el mes de enero más de diez aldeas pertenecientes a la Orden habían pasado a engrosar las filas comuneras, en la Mancha y en las orillas del Tajo, y la situación preocupaba sobremanera al Consejo de las Órdenes. Juan Osorio llevaba a cabo su campaña con una tropa de ochenta caballeros; percibía los impuestos que iban a parar a las arcas de la Junta, la subversión amenazaba con extenderse a otros dominios de la Orden y existía incluso el proyecto de otorgar a Juan de Padilla la dignidad de maestre de la Orden de Santiago[1052][1053]. Una de las misiones del prior de San Juan era poner fin a las actividades de los Osorio. En tal situación, la invitación de Ocaña al obispo de Zamora, suponía una auténtica provocación. El prior aprovechó la ocasión para enfrentarse al mismo tiempo a Acuña y a los comuneros de Ocaña, cuya colusión resultaba evidente.

El día 3 de marzo se celebró una asamblea general de la Comunidad en la plaza pública de Ocaña. Fueron varios los oradores que aclamaron en sus discursos a los soldados que iban a luchar contra los «tiranos»; pero hacía falta dinero, y mucho dinero, para subvenir a las necesidades de las tropas. Los oradores propusieron apoderarse de las rentas en dinero, trigo o ganado, del rey, de la Iglesia, de los conventos, de las Órdenes Militares o de particulares, para poder reunir las sumas necesarias. Asimismo, se advirtió a todos cuantos pudieron querer oponerse a estas acciones que serían despojados sin piedad y pasados a cuchillo, y las picas, lanzas y escopetas que se veían en manos de los soldados apostados en las cuatro esquinas de la plaza eran prueba suficiente de que no se trataba de meras amenazas verbales. A continuación, por unanimidad de todos los asistentes, se decidió que la Comunidad debía intervenir todos los ingresos de la ciudad y de los restantes dominios de la orden y, en caso de necesidad, acudir a los tesoros de las iglesias[1054].

Esta proclamación y estas decisiones ponen de manifiesto la resolución decidida de Ocaña de hacer cuanto fuera posible para oponerse a los proyectos del prior de San Juan. Unos días más tarde hizo su entrada en la ciudad el obispo de Zamora. No permaneció allí muchos días. Informado de la presencia del prior en Corral de Almaguer, acudió allí de inmediato, pero su enemigo se había replegado hacia Tembleque. Acuña le envió un desafío que el prior no aceptó. Así, quedó establecida una tregua —¿oficial o tácita?— pero el prior se aprovechó de ella para lanzar un ataque de improviso. El choque tuvo lugar cerca de Lillo, en el Romeral. El obispo de Zamora, sorprendido por la violencia de los ataques, se defendió con energía, recibió dos heridas y devolvió golpe por golpe al enemigo. Finalmente, los combatientes se retiraron. No sabemos con exactitud quién fue el vencedor de la batalla[1055]. Los primeros informes llegados a Tordesillas daban la impresión de que el prior había aplastado a Acuña; se hablaba de seiscientas o setecientas víctimas, o incluso mil, en las filas comuneras. En realidad, las pérdidas fueron menores. Acuña, deseoso de conservar su prestigio de soldado imbatible, hizo todo lo posible por minimizarlas, pretendiendo incluso haber infligido una derrota al enemigo, propaganda psicológica de la que hemos visto huellas en Alcalá, donde Florián de Ocampo hacía callar incluso a punta de cuchillo a quienes en la Universidad proclamaban la derrota de Acuña.

Otros propagandistas iban todavía más lejos afirmando que Acuña se había salvado gracias a un auténtico milagro y que, por tanto, el verdadero vencedor no era el prior sino el obispo de Zamora. Al instante se imprimieron panfletos para propagar las buenas noticias entre las gentes del campo. Una vez más vemos en torno a Acuña a un equipo de propagandistas hábiles, capaces de transformar en victoria una derrota. Quizás no todo el mundo dio crédito a esta versión de los hechos, pero era suficiente la duda para atenuar el mal efecto que hubiera podido producir la batalla del Romeral entre la población del arzobispado. Y así, el obispo de Zamora pudo reemprender su marcha con una nueva energía. Lillo, Dosbarrios y Yepes recibieron sucesivamente su visita y los enemigos de la Comunidad, despojados de sus bienes, comprendieron que todavía había que tener miedo del temido prelado[1056]. Este se hallaba ya a las puertas de Toledo. A continuación iba a jugarse la partida decisiva para él.

2. Acuña en Toledo

El prior de San Juan, por su parte, no se sintió afectado ante la campaña de propaganda que pretendía convertir la batalla del Romeral en una victoria del obispo de Zamora. Para él, Acuña no suponía ya ningún peligro; era un hombre acabado que no pensaba más que en la huida. Veamos a continuación lo que escribió el prior al conde de Miranda el día 30 de marzo:

Después que despaché a Iñigo de Ayala, mi primo, por las postas, que fue Viernes santo [29 de marzo], para Vuestra Merced (…), la mesma tarde que partió, fui avisado como el obispo de Zamora ha huido de Yepes (…). Vnos dizen que va a Castilla; otro dizen que va a predicar su seta a Alcalá y a Madrid; otros dizen que se va a Francia y esto es lo que tengo por más cierto (…). Dios ha puesto la mano en todo esto, porque en verdad, segund el grand crédito que este obispo tenía y la mucha gente que en este reyno de Toledo le acudía y la grand soberbia con que entró en este reyno, no estaba en poder de honbres resistillo sy no lo oviera hecho Dios como tengo dicho (…). El obispo va el más amenguado y corrido honbre y abatido que jamás se vio (…). Hanme certificado de quien le ha tratado y hablado que después que le desbaraté está fuera de sy y no está en su juizio natural.

Mientras escribía estas líneas, el prior fue interrumpido por la llegada de un correo. Cuando reemprendió la escritura, el tono no era el mismo:

Estando escriuiendo ésta, me avisaron que ciertos comuneros de Toledo fueron tras el obispo y le metieron solo en Toledo, el qual no se dexó conocer de nadie hasta que llegó a Zocodover y allí, de que supieron que hera el obispo de Zamora, tomáronle muchos comuneros y lleváronlo a la yglesia mayor y asentáronlo en la sylla arzobispal y házenle capitán general.

Había, pues, que volver a empezar. Era necesario actuar y en seguida, proseguía el prior; y ante todo era necesario, era indispensable conseguir dinero para reemprender la lucha:

Demás desto, se ha de proveer en enbiar por las postas vna persona de autoridad al duque del Ynfantadgo de parte desos señores a requerille de parte de sus magestades y suplicalle de la suya dellos que luego a la ora se muestre con su casa y estado a resistir estas cosas que en Toledo se fabrican y a lo de Madrid, y esta persona que viniere no se ha de quitar del duque hasta que vea que envía la gente. Otra tal provisión, ni más ni menos, se ha de hazer para con el marqués de Villena.

¡Ah!, concluía el prior, si estas dos personas intervenían, todo se podría resolver en poco tiempo:

Mas como me dexan solo[1057]…

Mientras todo el mundo le creía huyendo, Acuña hacía, pues, una entrada teatral en Toledo. Todos los testimonios que pueden recogerse sobre este episodio coinciden. Lo realmente sorprendente es el extraordinario sentido de la puesta en escena que demuestran los partidarios del obispo. El día de Viernes Santo, 29 de marzo, Acuña penetró discretamente —o mejor, secretamente— en la ciudad acompañado tan sólo de algunos fieles bien armados. Una vez en el Zocodover, se quitó la capa, descubrió su rostro y gritó en voz alta: «¡Soy el obispo de Zamora! ¡Vivan el rey y la Comunidad! ¡Muerte a los traidores!». La multitud se reunió al instante. Más de dos mil personas le rodearon y comenzaron a aclamarle como el libertador de los pobres (remediador de los pobres) y le llevaron hasta la catedral donde se estaba celebrando el oficio de las Tinieblas. Acuña bajó de su caballo, se concentró durante un instante, pero la catedral estaba llena ya por la multitud de sus partidarios. Desde todas partes comenzaron a conducirle hacia el trono del arzobispo, donde finalmente se aposentó en medio del entusiasmo general[1058].

Entrada teatral y puesta en escena, ciertamente. Pero también había otras razones que impulsaban a Acuña a actuar de este modo. En su declaración en el proceso de 1524, Acuña afirmó haber hecho su entrada en Toledo con la oposición de doña María Pacheco[1059], y esta afirmación tiene una gran parte de verdad. Para doña María, Acuña era un rival. Temía que el obispo fuera capaz de subyugar por completo a una ciudad en la que hasta aquel momento la mujer de Padilla gozaba de una autoridad incontestada, y además le consideraba un competidor peligroso para el arzobispado, pues hasta el último momento, doña María no renunció a imponer la candidatura de su hermano, don Francisco de Mendoza. Dados estos presupuestos, Acuña estaba jugando una carta muy importante arriesgándose a entrar en Toledo. Podía haber procedido como en otras ciudades, anunciando previamente su llegada para conseguir un recibimiento triunfal, pero esto hubiera exigido un entendimiento previo con doña María Pacheco, una negociación que quizás le hubiera atado las manos en el asunto del arzobispado. En lugar de eso, la manifestación del día de Viernes Santo, espontánea en apariencia, había hecho de él el dueño de la situación. No debía nada a doña María Pacheco, y el pueblo de Toledo se había pronunciado llevándole literalmente hasta el trono de los arzobispos. Era de nuevo la vox populi la que había hablado, ¡y de qué modo! La suerte estaba definitivamente echada: Acuña sería candidato al arzobispado, pese a la oposición de doña María. Decididamente, los colaboradores del obispo de Zamora no tenían rival a la hora de manejar a las masas.

Todo indica que doña María Pacheco se vio sorprendida por los acontecimientos. Hasta el último momento dirigió su campaña a la elección de su hermano para la sede arzobispal. Desde el momento en que tuvo conocimiento de la llegada de Acuña al reino de Toledo, se dirigió a todas las ciudades y pueblos del arzobispado solicitando que enviasen delegaciones a Toledo para apoyar la candidatura de don Francisco de Mendoza, y a parecidas presiones sometió a los canónigos de la capital[1060]. El 12 de marzo, el administrador del arzobispado, el otro don Francisco de Mendoza, se mostraba convencido de que si se realizaba la elección, sería favorable al hermano de doña María, y escribió a Chièvres pidiéndole que interviniera urgentemente en Roma para evitar cualquier sorpresa[1061]. En los días siguientes se agudizó la enemistad entre Acuña y doña María Pacheco[1062]. Doña María parecía en situación de salir vencedora gracias a que su posición personal era muy sólida. Cierto que las visitas de Acuña por todo el reino de Toledo habían incrementado su popularidad, pero era en la propia capital donde debía tratar de imponerse sin llegar, por otra parte, a romper abiertamente con doña María. A la luz de estos razonamientos adquieren todo su significado los acontecimientos del Viernes Santo: llegado a Toledo sin el visto bueno y quizás incluso contra la voluntad de doña María, Acuña fue aclamado de forma espontánea. Por tanto, podía contar desde entonces con el apoyo de la población. El mismo día dio cuenta a la ciudad de Alcalá de Henares y, con seguridad, también a otras ciudades, del triunfal recibimiento de Toledo:

Parescióme de hazer saver a vuestras mercedes como a señores a quien yo tanto devo lo que oy ha subcedido y es que yo fui llamado por la honrada comunidad de la yllustre cibdad de Toledo para que juntos diéssemos orden en todo aquello que tocase a la república y asy, cumpliendo su mandamiento, vine a esta cibdad donde por todos los vecinos della fui muy bien rescebido y con mucha voluntad y favor me llevaron a la yglesia cathedral de la dicha cibdad y me hizieron asentar en la sylla arzobispal donde se hizo a consentimiento de todos el aucto de posesyón del arzobispado por ante notario público y otros, y de allí fuimos al cabildo de la yglesia, donde se hico el aucto en forma y como digo con gran voluntad de todo el pueblo. Y luego acordamos juntos dar orden como se haga la más gente que se pueda, asy de pie como de cauallo, asy en esta cibdad y en todas las villas e lugares amigas de la república, para cobrar los lugares que están tiranizados por los contrarios enemigos de nuestros propósytos. Creo que todo procede de Dios, al qual plega encaminar en todo como sea seruido y como nuestro santo propósyto vaya adelante como cosa tan santa[1063].

Acuña se limitó, por tanto, a dejar constancia de la voluntad popular. La partida había empezado bien para él pero todavía quedaba mucho por jugar. Todavía debía vencer dos oposiciones de distinta naturaleza, la de doña María Pacheco y la del cabildo de Toledo.

El obispo de Zamora se erigió en rival de doña María pero tuvo la habilidad de no dar publicidad a este enfrentamiento. Aparentemente, ambas figuras luchaban juntas por el triunfo de la Comunidad. Las discusiones entre ellos las mantenían en privado. En una carta del condestable, escrita inmediatamente después de la entrada de Acuña en Toledo, podemos leer una frase que indica cómo Acuña trató de reconciliarse con doña María Pacheco: Acuña se reservaría el arzobispado de Toledo y apoyaría la candidatura de Juan de Padilla para el cargo de maestre de la Orden de Santiago[1064].

No era la primera vez que se mencionaba la pretensión de Padilla de ocupar la dirección de la más prestigiosa de las Órdenes Militares de España. No tiene nada de sorprendente que la cuestión hubiera sido planteada de nuevo con ocasión de la entrada de Acuña en Toledo y para vencer la resistencia de doña María Pacheco. Muchos de sus contemporáneos se refirieron a la ambición y el deseo de dominio de la mujer de Padilla[1065]; viendo la imposibilidad de conseguir la sede arzobispal para su hermano, es muy posible que se contentara con exigir la dignidad de maestre de Santiago para su marido.

Con las Órdenes Militares sucedía algo parecido a los obispados. Su riqueza y su poder eran tan grandes que los Reyes Católicos trataron por todos los medios de asegurarse su control. Así, Fernando de Aragón se hizo nombrar sucesivamente maestre de las tres Órdenes. Pero estas concesiones del papado a los reyes de Castilla no adquirieron forma definitiva hasta 1523, cuando la bula Dutn intra retiró a los capítulos el privilegio de designar libremente a los maestres. A partir de entonces, esta dignidad quedó reservada, por derecho, a los reyes de España[1066]. Al igual que habían hecho en el asunto de los obispados, los comuneros intentaron oponerse a una evolución reciente y conseguir para uno de ellos el honor y el poder que suponían el cargo de maestre. En la correspondencia de los virreyes hallamos, en diversas ocasiones, alusiones a esta pretensión.

Al parecer, todo comenzó en octubre de 1520. Padilla, herido entonces por la designación de Girón para el mando de las tropas de la Junta, se retiró a Toledo, con la intención —según ciertos testimonios— de apoderarse por la fuerza del convento de Uclés y de hacerse nombrar allí maestre de la Orden de Santiago[1067]. Diego de Torremocha reveló algunos meses más tarde el alcance de la intriga. Esta relevante personalidad (era comendador de la Cámara de los Privilegios) llegó a Toledo a finales de octubre de 1520 para conocer las intenciones de los comuneros respecto a la Orden. Allí, un caballero, Pero Ruiz, le entregó una carta del prior de Uclés y el borrador de otra carta, enviada por el prior a Padilla y a su mujer. Diego de Torremocha acudió entonces a visitar a estos últimos, quienes le pusieron al corriente de lo que proyectaban. Habían entablado ya negociaciones para conseguir la anulación de las bulas que reservaban al rey de España las dignidades de maestre. Era el hermano de doña María Pacheco, don Francisco de Mendoza, quien llevaba a cabo estas gestiones en Roma. Pero para conseguir sus propósitos, era necesario que fueran personas ajenas a cualquier sospecha las que hicieran la petición al papa. Don Alonso Téllez Girón, Diego López de Ávalos, Alonso de Quintanilla y Gutierre Gómez de Fuensalida, todos ellos pertenecientes a los trece de Santiago, habían sido consultados en este sentido y habían prometido firmar la petición. Lo que Padilla y su mujer esperaban de parte de Diego de Torremocha y del prior de Uclés era que convocasen un capítulo cuando el papa hubiera firmado la revocación de las bulas, el cual designaría a Padilla maestre de la Orden. En recompensa, el prior de Uclés conservaría su cargo de por vida y Diego de Torremocha recibiría una encomienda con doscientos mil maravedís de renta. En cuanto abandonó Toledo, Diego de Torremocha se apresuró a dar cuenta de estas intrigas al Consejo de las Órdenes[1068]. Inmediatamente se tomaron precauciones y se reforzó la guarnición del convento de Uclés[1069].

A partir de aquel momento no volvió a hablarse más del asunto, pero no resulta absurdo pensar que Acuña volviera a plantearlo después de su llegada a Toledo. Es muy posible que el obispo de Zamora llegara a un compromiso con doña María sobre la base del arzobispado para Acuña, mientras que el cargo de maestre quedaría reservado para Padilla[1070]. Y esta hipótesis parece plausible pues a partir del 29 de marzo no se volvió a mencionar el nombre de don Francisco de Mendoza como candidato al arzobispado de Toledo. Doña María Pacheco parecía haber renunciado a ello, quizás precisamente por haber recibido compensaciones en forma de una promesa formal de otorgar a su esposo la dignidad de maestre. Cierto que durante el mes de abril no se dio ningún paso en este sentido, pero es que en aquel momento la cuestión de la sede arzobispal ocupaba por completo a Acuña y sus colaboradores. Lógicamente, la preocupación de dar una compensación a Padilla habría pasado a un segundo plano.

De cualquier modo, lo que queda suficientemente claro es el deseo de Acuña de no indisponerse con doña María Pacheco. El 30 de marzo, por ejemplo, un reducido grupo de comuneros fue a visitar a Acuña, manteniendo una larga conversación con él. Un poco después, el obispo de Zamora fue a casa de doña María, y después de esta entrevista, una muchedumbre de más de mil personas suplicó a Acuña que presentara su candidatura para ocupar la sede arzobispal y le nombró comandante en jefe de la comunidad de Toledo durante la ausencia de Juan de Padilla. Naturalmente, Acuña aceptó y se dirigió inmediatamente a la catedral donde proclamó con solemnidad que, requerido por toda la comunidad a aceptar el arzobispado, aceptaba la voluntad popular, tomando posesión de esta dignidad ante notario. Queda, sin embargo, una duda, que los documentos no nos han aclarado: ¿dijo Acuña que tomaba posesión del arzobispado o simplemente que se hacía cargo de su administración? Poco importaba en realidad. Lo cierto es que desde aquel momento tenía plena libertad de acción. A la salida de la catedral le esperaban dos lacayos que le acompañaron hasta su casa. Por la tarde, Acuña ofreció un banquete a sus más fieles partidarios. En una estancia contigua, una abigarrada multitud en la que predominaban elementos jóvenes gritaba sin cesar: «¡Viva el arzobispo!». Acuña se levantó de la mesa y ordenó que se sirviera comida a estos hombres, lo que hizo que los clamores fueran aún más fuertes. Acuña prometió a todo el mundo regalos, armas o caballos. Al atardecer de aquel 30 de marzo el triunfo de Acuña parecía, pues, total. No obstante, había que asegurarse de que doña María Pacheco no se hallaba despechada ante la defección de muchos de sus amigos, y especialmente Hernando de Ávalos, que se habían unido a Acuña. Al día siguiente por la mañana, día 31 y domingo de Pascua, la multitud se agolpó nuevamente ante la casa del obispo de Zamora, quien salió para dar un corto paseo por la ciudad. Era una nueva ocasión para hacerse aclamar como jefe de la Comunidad, como el hombre que conseguiría la salvación de la ciudad. A primeras horas de la tarde, el obispo de Zamora se dirigió a casa de doña María Pacheco, acompañado de Hernando de Ávalos y de otros comuneros influyentes. Permaneció allí durante varias horas y al parecer esta segunda entrevista pareció sellar su reconciliación. Todo malentendido habría sido superado y se habría llegado a un acuerdo completo para presentar a Acuña como administrador del arzobispado y como jefe de la Comunidad de Toledo[1071]. Ya no le quedaba, pues, al obispo de Zamora, más que convencer a los canónigos.

Acuña ha tomado posesión del arzobispado por la gracia de los judíos y del populacho de Zocodover, escribió el almirante de Castilla el 15 de abril. No obstante, quedaba todavía por hacer lo más importante. Por una parte, el cabildo de Toledo tenía que ratificar la decisión y proceder a una elección en regla, y en segundo lugar había que obtener la investidura canónica del papa. Respecto a este punto, Acuña, que había sido anteriormente embajador en Roma, contaba con los contactos que todavía mantenía en la curia y con su experiencia en los asuntos de Roma. A petición de Carlos V, León X había firmado el 5 de febrero de 1521 un breve que prohibía al cabildo de Toledo proceder a la elección de arzobispo, anulada la elección en caso de que la votación se hubiera realizado antes de la notificación del breve y reservaba explícitamente al papa la facultad de designar al nuevo prelado[1072][1073]. Es cierto que en el momento en que se redactó este breve Acuña no era candidato todavía. ¿Podría este hecho modificar el punto de vista de la curia? Se decía que Francia estaba dispuesta a prestar su apoyo al obispo de Zamora[1074]. Era una ocasión apropiada para que los diplomáticos pusieran en juego todas sus habilidades, pero ante todo, Acuña tenía que vencer las reticencias de los canónigos de Toledo.

Desde el mes de febrero se había comenzado a expulsar a los canónigos más devotos al poder real y a las prerrogativas de la Corona, los cuales se habían refugiado en Ajofrín. Chièvres siguió manteniendo con ellos y con sus colegas de Toledo un intercambio epistolar a través de don Francisco de Mendoza y en sus cartas no dejaba de animarles a mantenerse firmes[1075]. ¿Serían capaces de permanecer inquebrantables hasta el fin? Las copias de algunas cartas que se conservan en Simancas, dan fe de la prueba de fuerza que se entabló en el mes de abril entre Acuña y los canónigos[1076].

El primer contacto entre el obispo de Zamora y el cabildo tuvo lugar el jueves, 4 de abril. Con toda cortesía, Acuña solicitó que se le confiara la administración del arzobispado. Los canónigos hicieron esperar su respuesta hasta el domingo siguiente, y ésta fue negativa. Rogaron además a Acuña que no volviera a insistir sobre el tema, pues estaban dispuestos a morir antes que confiarle tales poderes[1077].

Acuña volvió a la carga el 9 de abril. Los canónigos se hallaban cantando en el coro cuando el obispo de Zamora les anunció su deseo de visitar la catedral y de saludarles. Los canónigos aceptaron recibirle, pero le rogaron que no acudiera con demasiados acompañantes. Acuña se presentó de inmediato, pero no solo. Los aledaños de la catedral estaban llenos de soldados. Los canónigos se mostraron desolados por no poder mostrar a Acuña la sala del tesoro, pero no podían encontrar la llave… Acuña se mostró un tanto enojado, pero ante el silencio de sus interlocutores, no insistió más. La conversación discurrió entonces por cauces más conciliadores. Acuña afirmó que sentía un gran afecto por todos los dignatarios de la catedral y se declaró dispuesto a probarlo, haciendo por ellos cuanto fuera necesario; se excusó por haber tardado tanto tiempo en acudir a visitarles, pero tenía tantas cosas a que atender… Pero no sólo habló el obispo de Zamora. Los canónigos le respondieron en el mismo tono. Don Francisco Álvarez Zapata le agradeció sus amables palabras, le devolvió cortesía por cortesía, procurando, no obstante, en todo momento, no hacerle ninguna promesa concreta. Mientras tanto, la muchedumbre se inquietaba en la calle; las picas y las escopetas brillaban al sol; el alboroto aumentaba. Acuña preguntó con toda ingenuidad a qué podía responder este tumulto. Uno de los canónigos quiso averiguar qué era lo que acontecía, pero apenas había abierto la puerta cuando más de doscientas personas intentaron invadir el recinto pidiendo que se otorgara inmediatamente al señor de Zamora la posesión del arzobispado. Entre los canónigos empezó a cundir el pánico, pero Acuña, comportándose de modo exquisito, hizo retirarse a los inoportunos visitantes. ¡Que esperen!, afirmó. Todavía no había expuesto el motivo de su visita. Hecha la calma de nuevo, Acuña tomó la palabra de nuevo, diciendo que para que pudiera restablecer el orden en el reino y entre la población, era necesario que el cabildo le nombrara administrador del arzobispado en el aspecto temporal y comandante en jefe en tanto durase la ausencia de Padilla. Fue nuevamente Álvarez Zapata quien le respondió. En un intento de ganar tiempo, con la esperanza de que el populacho (la gentálla) se cansara de manifestarse en el exterior, comenzó citando largamente a San Anselmo y a San Gregorio. Pero la muchedumbre, en la que abundaban los soldados, no daba señales de estar dispuesta a abandonar el lugar. El tumulto no hacía sino crecer; comenzaron a oírse ruidos de armas. Las horas pasaban así lentamente. De vez en cuando, mientras los canónigos se consultaban, Acuña salía fuera, so pretexto de calmar en lo posible la agitación del exterior. Lo cierto era, sin embargo, que cada vez que el obispo les dirigía la palabra, los manifestantes parecían redoblar su ardor. Acuña finalmente debió renunciar, o fingió renunciar y dirigiéndose a los canónigos les juró no poder contener por más tiempo a estas gentes que demostraban un estado tal de excitación que le hacía temer incluso por la vida de los canónigos. Estos, por su parte, permanecieron en un total mutismo. Acuña salió una vez más de la sala, adonde regresó con tinta y papel, tras de lo cual redactó el documento que debían firmar los canónigos. Estos le respondieron que era absolutamente imposible. El griterío de la multitud era cada vez mayor, hasta el punto de que resultaba difícil entenderse en el lugar donde se hallaba reunido el cabildo. Acuña supo conservar hasta el final una calma extraordinaria. Sin enervarse, llevó aparte a cuatro canónigos. Era necesario poner fin a la cuestión, les dijo, pues de lo contrario la situación podía empeorar. Dado que no le era posible obtener satisfacción completa a sus deseos, se contentaría con concesiones parciales. El cabildo aceptó entonces nombrar a Acuña comandante en jefe durante la ausencia de Padilla; en virtud de este mandato tendría plenos poderes para ocupar los castillos, ciudades y aldeas de todo el arzobispado. Se abrieron las puertas. La muchedumbre quería saber cuanto estaba pasando. Acuña dio seguridad a todo el mundo. Había obtenido lo que deseaba. A continuación estallaron los vivas, las campanas comenzaron a sonar, y las celebraciones duraron hasta bien entrada la noche[1078]. Por el contexto, Acuña resultaba el administrador en el plano temporal, y estos poderes le permitirían financiar con las rentas de la diócesis sus operaciones militares[1079]. Los canónigos hicieron redactar al secretario del cabildo un documento para protestar contra esta concesión, arrancada por la fuerza[1080]. La resistencia del cabildo llevó a Acuña a contentarse con esto, pero indudablemente esperaba obtener otras concesiones.

Después de los acontecimientos del 9 de abril, los canónigos parecieron quedar un tanto olvidados. Acuña partió en una expedición por los alrededores de Toledo donde en aquellos momentos se estaban librando duros combates, a los que haremos referencia más adelante. Este respiro duró hasta el sábado, 27 de abril, en que Hernando de Ávalos se presentó ante los canónigos para hablarles en nombre de la municipalidad y de doña María Pacheco. Todo va mal en Toledo —afirmó— desde que las relaciones entre el cabildo y los dirigentes municipales se han deteriorado. Este malentendido debe terminar y el cabildo queda invitado a colaborar con las autoridades. Ante todo, y para empezar, Hernando de Ávalos deseaba que se le entregaran las campanas ya inservibles con el propósito de fundirlas para fabricar balas. Los canónigos pidieron tiempo de pensarlo. Durante la entrevista un grupo de agitadores no dejó de gritar desde la calle contra los canónigos. Uno de ellos habló incluso de incendiar la catedral después de haber encerrado dentro a los sacerdotes. Al día siguiente, al mediodía, doña María Pacheco y Acuña exigieron que se les entregara la torre de la catedral. Varios comuneros armados se presentaron en casa de Álvarez Zapata, quien ante las amenazas se avino a firmar una declaración. Para evitar mayores males, aconsejaba al general que se entregara la torre a un canónigo hasta que el cabildo deliberara. Provisto de este documento, el canónigo Acebedo, que pertenecía a las filas comuneras, hizo entrar en la torre a los hombres de Acuña y de doña María.

El domingo 28 de abril, al finalizar el oficio de las Completas, una fuerza de trescientos hombres rodeó la catedral e impidió la salida a los canónigos presentes. Un grupo de soldados acudieron a buscar a su domicilio a los canónigos ausentes. De este modo quedaron reunidos todos los canónigos (a excepción de dos que se hallaban enfermos y de otro al que se olvidó ir a buscar); se les proporcionó la ropa adecuada y algo de comer, ya que debían pasar la noche allí encerrados. Ellos comenzaron a preguntarse qué sería lo que se esperaba de ellos, en tanto que los soldados que les custodiaban no dejaban de insultarles y de amenazarles con los peores tormentos. Al día siguiente por la tarde, el obispo de Zamora, Hernando de Ávalos y Acebedo, acompañados de otros comuneros, intentaron forzar la sala del tesoro. El archidiácono Medina hizo abrir la puerta. El obispo, Hernando de Ávalos y Acebedo entraron y tras registrar el cofre de los ornamentos parecieron quedar decepcionados al no poder encontrar dinero. Pronto observaron la presencia de otros cofres pertenecientes a personas privadas que, sin duda, los habían depositado allí pensando sería el lugar más seguro.

El grupo de asaltantes hizo saltar las cerraduras a martillazos para no encontrar otra cosa que simples papeles. Mientras tanto, los canónigos eran objeto de todo tipo de injurias. Les acusaban de corrompidos y pícaros, les insultaban diciéndoles que eran una colección de viciosos y finalmente les amenazaron con pasarles a todos a cuchillo. Luego se produjo la aparición de Acuña, quien desde el principio fue derecho al grano: quería ser administrador del arzobispado, y no únicamente en el dominio temporal sino también desde el punto de vista espiritual; quería ser nombrado arzobispo; y, finalmente, deseaba que se le entregara todo el dinero depositado en la catedral. Pero los canónigos no se dejaron intimidar. En su prisión, y disimulado en un breviario, habían podido conservar el breve de León X que les retiraba toda iniciativa para la elección del arzobispo, y se negaron firmemente a ceder a los deseos de Acuña. En la ciudad comenzó a parecer extraño lo que sucedía en la catedral. Algunas parroquias se agitaron y empezaron a celebrar reuniones. Acuña se apresuró a acallar las protestas, pero deseoso de evitar cualquier posible choque con la población, liberó a los canónigos no sin antes haberles hecho prometer que se reunirían de nuevo para proseguir las discusiones. Y ciertamente, el día 30 volvió a la carga decidido a no abandonar antes de conseguir la victoria. Todo fue en vano. Los canónigos no consintieron más que en designar a dos de entre ellos, el obispo Campo y Juan Ruiz, para negociar con la Comunidad la participación del cabildo en el esfuerzo de guerra. En todo lo demás se mantuvieron firmes. Conocían ya, además, la noticia de la derrota de Villalar y la ejecución de Padilla que sin duda les estimuló a no ceder a las presiones. En efecto, Acuña no insistió más y abandonó la persecución de los canónigos[1081].

Así pues, si bien es cierto que el obispo de Zamora había conseguido llegar a un entendimiento con doña María Pacheco[1082], no tuvo la misma fortuna a la hora de intentar vencer la resistencia del capítulo. Sólo dos canónigos parecieron unirse completamente a su causa. Acebedo y el licenciado Mazuezos. Todos los demás y especialmente don Francisco Álvarez Zapata —pese a simpatizar con los comuneros— se mantuvieron inquebrantables hasta el final.

El obispo de Zamora permaneció en Toledo más de un mes. Durante este período aportó nuevo vigor al movimiento comunero en el interior de la ciudad y al mismo tiempo combatió con energía a las fuerzas del prior de San Juan en el área próxima a la capital, hasta el momento en que tras la derrota de Villalar su autoridad fue puesta en tela de juicio.

Apenas llegado a Toledo, el obispo de Zamora comunicó a toda la población su propio dinamismo y su voluntad de lucha. En ningún momento habló de la posibilidad de llegar a un acuerdo con el prior de San Juan. Bien al contrario, Acuña sometió a la población de Toledo a un esfuerzo de guerra sin precedentes. Movilizó a todos los hombres entre los quince y los sesenta años e impuso contribuciones extraordinarias para financiar sus operaciones, sin que ninguna capa social quedara exenta de tales tributos: caballeros, escuderos, eclesiásticos, todos sin excepción tenían que pagar para cubrir las necesidades del ejército. En todas las parroquias, siete u ocho personas se encargaban de visitar casa por casa solicitando una cantidad fijada de antemano y si no encontraban el dinero ocupaban una mula, un vaso de plata, sacos de trigo, tapices, en suma todo lo que les parecía de algún valor. En esta serie de medidas destinadas a reforzar el presupuesto del ejército hay que insertar las visitas efectuadas por Acuña a la sala del tesoro de la catedral; al parecer, treinta mil ducados habrían sido exigidos al cabildo[1083].

Acuña abandonó Toledo el 12 de abril al frente de mil quinientos hombres. Inmediatamente se instaló en Yepes donde ya se hallaban acantonados los soldados de Gonzalo Gaitán[1084]. Desde allí comenzó a operar en las áreas rurales circundantes. Atacó y destruyó Villaseca y el feudo de don Juan de Ribera. Asimismo libró duros combates con las fuerzas del prior de San Juan en las orillas del Tajo, en Illescas y en la Sisla[1085]. Sus enemigos desplegaban contra él la misma violencia. Para dar una idea de la dureza de los combates que se entablaron en aquellos días en la zona próxima a Toledo, resumiremos brevemente los acontecimientos de Mora, que resultan especialmente significativos.

Los soldados del prior de San Juan intentaban tomar venganza de las destrucciones de Acuña en la región de Villaseca. Así, una fuerza compuesta por ochocientos infantes y doscientos caballeros apareció a las puertas de Mora. Su jefe, Diego López de Ávalos, consciente de su superioridad numérica, invitó a la villa a rendirse. Sus habitantes se negaron a ello y se aprestaron a defender la plaza con gran energía. Comenzada la batalla, los asaltantes, soldados aguerridos, no tuvieron dificultad en penetrar en la aldea, pero los defensores continuaron combatiendo casa por casa. Finalmente se agruparon en la iglesia, donde ya se habían refugiado las mujeres y los niños. Los hombres del prior incendiaron entonces las puertas de la iglesia y se precipitaron en su interior. Desgraciadamente, el incendio se extendió al coro donde se hallaban almacenadas grandes cantidades de pólvora. Una violenta explosión destruyó la mayor parte del edificio y el humo provocó la asfixia de los que no habían sido alcanzados por los escombros. Sólo algunas personas consiguieron escapar por las ventanas. El número de víctimas fue de más de tres mil, entre hombres, mujeres y niños[1086].

El desastre de Mora provocó una gran conmoción en Toledo en todos los sectores de la población y se comenzó a pensar en represalias contra los responsables y sus cómplices[1087]. Fue a raíz de este suceso cuando Acuña decidió reforzar más su ejército y a fin de procurarse las armas necesarias comenzó a ejercer presiones sobre los canónigos, de las que ya hemos dado cuenta anteriormente, con el fin de apoderarse del tesoro de la catedral. Pero al mismo tiempo. Acuña tenía que hacer frente a otras dificultades provocadas por las malas noticias llegadas de Castilla.

El viernes 26 de abril, llegaron a Toledo al atardecer las primeras referencias de la batalla de Villalar. Al día siguiente comenzó a circular el rumor de que Padilla, Bravo y Maldonado habían sido ejecutados. Los jefes comuneros se esforzaron por ocultar estas malas noticias e incluso llegaron a afirmar que la batalla había sido ganada por la Junta. Pero muy pronto comenzaron a llegar a la ciudad los supervivientes de la batalla y entre ellos llegó un colaborador de Padilla que confirmó lo que ya todo el mundo sabía: él personalmente había escuchado la sentencia contra Padilla y había sido testigo de su ejecución. En vano algunos partidarios de Acuña comenzaron a hablar de matarlo para hacerle callar. La certidumbre era ya insoslayable. El obispo de Zamora se dirigió entonces a casa de doña María Pacheco, donde ya estaba Hernando de Ávalos en gran duelo. Al anochecer, Acuña se personó en la catedral y ordenó que repicaran las campanas para anunciar oficialmente la muerte del invencible Padilla. Las campanas sonaron al mismo tiempo en todas las demás iglesias de Toledo. Toda la ciudad se declaró en duelo. Una multitud considerable —las dos terceras partes de la población, según un cálculo sin duda exagerado— comenzó a desfilar por las calles y ante la casa de Juan de Padilla. Hombres, mujeres y niños, de todas las clases sociales y todos llorando como si la desgracia les hubiera afectado personalmente. Nunca príncipe alguno —se decía en Toledo— ha sido llorado de este modo en esta ciudad. Los canónigos, prisioneros a la sazón por orden de Acuña, rezaron también por el alma del héroe desaparecido[1088].

Esta impresionante manifestación fue la última que reunió a la población en un impulso unánime. En efecto, el día 1 de junio un grupo de comuneros trataron de destruir la casa de don Pero Laso de la Vega, a quien se acusaba de haber otorgado su aquiescencia y de haber asistido a la muerte de Padilla. Acuña se movilizó de inmediato, se personó en la casa, impidió la demolición de la casa y se marchó dejando una protección de veinte ballesteros. Mandó publicar un edicto amenazando de muerte a todo aquel que participara en la destrucción de una casa cuyo propietario no hubiera sido debidamente juzgado[1089].

Era la primera vez que Acuña se oponía a los deseos de la población. Pero don Pero Laso era su amigo. Este enfrentamiento no habría de ser el último. La noticia de la derrota de Villalar había producido el desconcierto en Toledo y las decisiones de Acuña comenzaron a ser discutidas. Los comuneros que se habían unido a él un tanto contra su voluntad comenzaron a abandonar su postura de reserva. Tal fue el caso de Hernando de Ávalos; relegado hasta entonces a un segundo plano y sospechoso incluso de traición porque se atrevía a no obedecer ciegamente al obispo, su figura brilló con fuerza el 27 de abril y propuso un acuerdo a los miembros del cabildo. Y es que las persecuciones contra los canónigos no habían sido aprobadas de forma unánime. Acuña las hizo cesar pero sus relaciones con la Comunidad continuaron siendo bastante tensas.

En su deseo de volver a tomar el control de la situación, Acuña convocó una asamblea general el día 1 de mayo y pronunció un gran discurso: dado que Dios había llamado a Padilla a su lado, era a él, Acuña, y solamente a él, a quien correspondía proseguir la lucha y vengar su muerte; pero las cosas no podían seguir como estaban; había que actuar con prontitud y eficacia y dado que para cualquier decisión importante había de convocar a los cuarenta y dos delegados de la Comunidad, nunca se acababa de llegar a un acuerdo total; Acuña sugirió también la idea de concentrar el poder de decisión en un comité de cinco miembros; lo que le llevaba a proponer esta solución era que no veía otro medio de restablecer la situación; no le inspiraba ninguna ambición personal y todos podían ver cómo había sacrificado a la revolución su tranquilidad, sus riquezas e incluso su vida. La asamblea aprobó el contenido del discurso de Acuña y le confió a él mismo la labor de buscar los cinco miembros que habían de formar el nuevo comité, cosa que hizo con toda prontitud. Pero los responsables comuneros de Toledo reaccionaron inmediatamente. Uno de ellos, don Juan de Ayala, se presentó ante los delegados de la Comunidad protestando vivamente contra los procedimientos del obispo. Don Juan manifestó que él no tenía ni un maravedí; su padre, don Pedro de Ayala, diputado en la Junta, corría el riesgo de perder toda su fortuna por haber querido servir a la patria; a ambos no les quedaba nada para sacrificar sino su propia vida, que estaban dispuestos a ofrecer para la salvación de Toledo; pero ¿qué hacía Acuña mientras tanto? No trataba más que de engañar a la población. Los delegados, impresionados por estas palabras, se apresuraron a casa de Acuña y se enfrentaron a algunos de sus partidarios, entablándose una violenta discusión. Uno de los fieles de Acuña dijo que todos los toledanos eran unos traidores. La reacción de los delegados fue fulminante y sin que se pudiera explicar cómo ocurrió exactamente, el incidente se convirtió en una prueba de fuerza. Ambas partes apelaron a las armas. En casa de doña María Pacheco se reunieron los hombres que no estaban dispuestos a ceder, mientras en algunas parroquias circuló el rumor de que algunos traidores querían expulsar a Acuña de la ciudad y muchos voluntarios se dispusieron a defenderle. La confusión era total. Nadie sabía exactamente lo que sucedía, pero en las calles comenzaron a levantarse barricadas; el obispo y sus partidarios se atrincheraron sólidamente. Finalmente, las cosas se arreglaron. Los comuneros de Toledo se mostraron dispuestos a confiar plenamente en Acuña pero manifestaron su deseo de no ver en adelante junto a él a esos elementos extraños a la ciudad de cuyas iniciativas desconfiaban. Acuña replicó a esto diciendo que a la hora de combatir los toledanos le dejaban solo, mientras que estos extranjeros dejaban sus vidas en el campo de batalla. A continuación, fue a casa de doña María acompañado por los responsables comuneros, cada vez más divididos. Tuvo todavía otro altercado con don Juan de Ayala, que se enfrentó a él duramente. Don Juan afirmaba pertenecer a la buena Comunidad y consideraba que tenía responsabilidades para con la ciudad, a la que estaba más unido que nadie. Acuña departió con doña María Pacheco hasta la noche. La plaza y las calles circundantes se hallaban atestadas de manifestantes, un tanto inseguros, al no saber muy bien por qué se hallaban allí. Unos gritaban: «¡Padilla!»; otros, «¡Acuña!», y finalmente algunos, «¡Justicia!»[1090]

Estos incidentes señalan el fin de la influencia de Acuña en Toledo. Tras haber entrado clandestinamente en la ciudad contra la voluntad de los dirigentes comuneros, había podido imponerse gracias a su enorme popularidad entre la población. Para poder hacerle frente hubiera sido necesario contar con una personalidad tan brillante como la suya y fue esa la razón por la que doña María Pacheco instó a su marido a que regresara urgentemente a la ciudad[1091]. En definitiva. Acuña había podido dominar la situación en Toledo durante un mes. La derrota de Villalar y las ceremonias y celebraciones en honor de Padilla hicieron cambiar la situación al permitir a sus adversarios reaparecer en público. Algunos empezaron a pensar ya en solicitar la mediación del marqués de Villena para ahorrar a la ciudad más sufrimientos inútiles[1092]. Acuña había perdido la partida. Tras los sucesos del 1 de mayo no pensaba ya más que en la huida. Salió de Toledo de una forma bastante misteriosa y tres semanas después fue reconocido y arrestado en un pueblo de Navarra[1093].

II. —DOÑA MARÍA PACHECO

La derrota de Villalar y la ejecución de los jefes militares de la Junta causaron la confusión y el desconcierto en las ciudades rebeldes que, una tras otra, acabaron rindiéndose[1094]. En los primeros días del mes de mayo la totalidad de Castilla la Vieja se hallaba pacificada, pero al sur del Guadarrama existían todavía dos núcleos rebeldes, Madrid y Toledo. No parecía posible que su resistencia pudiera durar mucho tiempo; los virreyes, al frente de una fuerza importante, se dirigían hacia el sur. Pasando Valladolid, el 1 de mayo llegaron a Medina del Campo[1095] y alguno días más tarde entraron en Segovia[1096]. Aquellos que hasta aquel momento se habían mantenido vacilantes tomaron postura por los vencedores. El duque del Infantado restableció el orden en Alcalá de Henares en tan sólo unas horas[1097], el jefe comunero de Madrid, el bachiller Castillo, también se rindió y el 7 de mayo comunicó a los virreyes que estaba dispuesto a entregar la ciudad[1098]. Todo hace pensar que Toledo no habría tardado en seguir el ejemplo de Madrid de no haber surgido un acontecimiento imprevisto que obligó a los virreyes a interrumpir su marcha hacia el sur. En efecto, la invasión de Navarra por un ejército francés obligó al grueso de las fuerzas imperiales a retroceder apresuradamente hacia el norte. Se pensaba que el cansancio de la lucha y las tropas del prior de San Juan serían suficientes para reducir a los toledanos. Las nuevas circunstancias permitieron a doña María Pacheco volver a organizar a una ciudad totalmente desmoralizada y prolongar durante más de nueve meses la vida del movimiento comunero en Toledo.

1. La invasión de Navarra

La invasión francesa en Navarra tomó a los virreyes desprevenidos, pese a que se les había advertido varias veces al respecto. Desde el mes de septiembre de 1520 se hablaba en Castilla de las amenazas que pesaban sobre este reino[1099]. En enero de 1521, los virreyes obtuvieron información exacta sobre los preparativos militares que se estaban llevando a cabo en Béarn[1100]; el 4 de abril, don Pedro Girón comunicó información a la Junta en el mismo sentido[1101]. Los virreyes no tomaron en cuenta estas advertencias. El duque de Nájera, virrey de Navarra, no dejó de dar la alarma sobre la concentración de tropas francesas en Toulouse y Burdeos, sobre la llegada de una columna de artillería a Mont-de-Marsan y sobre el reclutamiento de soldados bearneses, agrupados en Mauléon. Pero nadie le hizo caso. No sólo no se le proporcionaron refuerzos sino que el condestable no dejó de pedirle tropas y cañones para emplearlos en el restablecimiento del orden en Castilla. Cierto es que Carlos V había apoyado las razones del condestable y por una orden oficial de la corte, el duque de Nájera había tenido que dejar desguarnecido el reino de Navarra para luchar contra los comuneros[1102]. Sin duda, el emperador y sus representantes en Castilla confiaban en poder aplastar la resistencia comunera antes de que el enemigo traspasara la frontera. Desde luego, era fácil prever que Francia no dejaría pasar una oportunidad tan favorable para solucionar ventajosamente la cuestión de Navarra. Carlos V, ocupado en Alemania, y Castilla desgarrada por la guerra civil, todo invitaba a Francisco I a pasar a la acción.

La familia de Albret nunca había renunciado a hacer valer sus derechos sobre el reino de Navarra, que Fernando el Católico se había anexionado en 1512, y Francia apoyaba más o menos abiertamente estas pretensiones[1103]. En uno de los artículos del tratado de Noyon (1516) se había previsto la celebración de conversaciones entre Carlos V y los representantes de Enrique de Albret para tratar de encontrar una solución aceptable para ambas partes; pero Carlos V debía contar con la opinión castellana, plenamente decidida a conservar Navarra, como lo demostraron las Cortes de Valladolid de 1518. Los embajadores navarros permanecieron durante varios meses en España, pero finalmente se marcharon con las manos vacías. Franceses y españoles se reunieron en Montpellier para estudiar la cuestión. La conferencia terminó el 10 de mayo de 1519 sin resultado positivo. La elección imperial acabó de situar a Francia en contra de España. En febrero de 1520, Francisco I urgió a Carlos V a que mantuviera los compromisos de Noyon. Era el anuncio de la ruptura. El enfrentamiento sólo tardaría un año más en producirse.

El 10 de mayo de 1521, un fuerte ejército francés formado por doce mil infantes, ochocientos caballeros y veintinueve piezas de artillería se lanzó al asalto de Navarra[1104]. A su frente se hallaba Andrés de Foix, señor de Esparre (el Asparros de las crónicas españolas). La Baja Navarra se levantó inmediatamente en apoyo del pretendiente Enrique de Albret; San Juan de Pie de Puerto capituló el 15 de mayo. El ejército invasor atravesó los Pirineos por Roncesvalles. La facción de los agramonteses, partidarios de los Albret, se unió a las fuerzas francesas. La población de Pamplona envió el 19 de mayo una delegación al señor de Esparre, y el mismo día, los procuradores de Pamplona prestaron juramento de fidelidad a Enrique de Albret[1105]. La guarnición española de Pamplona capituló al cabo de unos días de resistencia. El 29 de mayo, Tudela juró también fidelidad a Enrique de Albret; los franceses se apoderaron además de Estella.

En menos de tres semanas, todo el reino de Navarra había sido conquistado, pero el señor de Esparre cometió entonces una serie de equivocaciones de tipo político y militar que hicieron variar sustancialmente la situación. En primer lugar, la ausencia del joven rey de Navarra produjo el descontento entre la población. El general francés se negó a permitirle ir a Pamplona y se comportó como en un país conquistado. La población comenzó a sospechar que el rey de Francia quisiera conservar Navarra para sí. Esparre sometió a duro trato a los navarros que se habían comprometido al servicio de Castilla. Con esta actitud hizo que disminuyeran las adhesiones hacia su política y que creciera la hostilidad contra él. Por otra parte, licenció a los infantes, atravesó el Ebro e invadió la misma Castilla, llegando a sitiar Logroño. Pero por vez primera desde el 10 de mayo, se encontró con una seria resistencia.

Los virreyes, en efecto, reaccionaron sin tardanza enviando refuerzos, aportados con frecuencia por las ciudades que en otro tiempo habían combatido al poder real[1106]. Parece indudable que este ardor patriótico no fue siempre tan espontáneo como muchos han pretendido[1107]; de hecho, las ciudades intentaban que se olvidara el pasado y difícilmente podían oponerse a la leva de tropas. Algunos jefes comuneros aprovecharon también esta ocasión para redimirse y se enrolaron en la guerra de Navarra. Tal fue el caso, por ejemplo, de don Pedro Girón[1108]. Los franceses se encontraron, pues, con un ejército dispuesto a luchar contra ellos. El 11 de junio, Esparre levantó el sitio de Logroño y se batió en retirada, perseguido por las tropas castellanas. Se negó a pedir ayuda a los contingentes acantonados en Béarn a las órdenes de Enrique de Albret, pese a que iba a librar batalla contra un ejército tres veces superior en número, el 30 de junio en Noain. El ejército francés, sin poder disponer de la suficiente artillería, fue completamente derrotado. Sus pérdidas fueron de más de seis mil muertos y el mismo Esparre fue hecho prisionero. Navarra fue así reconquistada con la misma facilidad con la que había sido perdida.

No obstante, aún no se habían superado todos los peligros. Los virreyes reorganizaron la defensa de las fronteras y continuaron dirigiendo refuerzos a Navarra[1109]. Estas precauciones no resultaron innecesarias, pues a finales de septiembre los franceses atacaron de nuevo. Esta vez la ofensiva se lanzó contra el País Vasco. El castillo de Fuenterrabía fue conquistado el 17 de octubre. Esta segunda invasión fue rechazada casi inmediatamente. Los barcos españoles se encargaban de la vigilancia de la costa al mismo tiempo que comenzó en torno a Fuenterrabía un sitio que prosiguió hasta septiembre de 1524, fecha en que los franceses abandonaron la ciudad.

Estas dos invasiones francesas, unos pocos meses después de la otra, obligaron a los virreyes a prestar toda su atención y a concentrar sus fuerzas en el norte de la península. Esto permitió un respiro a los rebeldes toledanos, que vieron cómo se alejaba un peligro que les acechaba desde la derrota de Villalar. Los acontecimientos de Navarra les impulsaron a mantenerse firmes y a mostrarse particularmente exigentes en sus relaciones con los representantes del poder real[1110]. ¿Hubo realmente un acuerdo entre los comuneros y la monarquía francesa? Los cronistas, con ciertas reservas, y los historiadores parecen dispuestos a responder afirmativamente a esta pregunta[1111]. En la Corte de Carlos V se acusaba desde hacía tiempo a los franceses de no ser ajenos a los problemas que aquejaban a Castilla. En esta ocasión y fundándose en los informes recibidos desde España, se afirmó que la invasión de Navarra había sido solicitada o por lo menos estimulada por los comuneros[1112]. Los comuneros y los franceses habrían actuado de común acuerdo. ¿Cuáles fueron realmente, hasta dónde podemos conocerlas, las relaciones entre Francia y los insurrectos castellanos?

En septiembre de 1520, la Corte puso en guardia al cardenal Adriano contra las maniobras de los franceses: emisarios franceses habrían sido enviados a Castilla; Francisco I habría intentado una aproximación a diversas personalidades castellanas e incluso al mismo condestable de Castilla[1113]. A comienzos de 1521, don Pero Laso de la Vega informó al nuncio apostólico que un agente francés había permanecido durante más de quince días en Valladolid; al parecer habría propuesto a la Junta el apoyo militar de Francia a cambio de la neutralidad española en la invasión de Navarra[1114]. Dos meses más tarde, el duque de Nájera afirmó poseer informaciones en el sentido de que elementos franceses y comuneros estaban manteniendo conversaciones[1115]. Suponiendo que estas discusiones se celebraron verdaderamente, ¿desembocaron en algo positivo? Nada nos permite afirmar que así fuera. Cierto que muchos comuneros no ocultaban su simpatía por Francia donde encontraron refugio tras la derrota de Villalar[1116]. Asimismo, el obispo de Zamora fue hecho prisionero cuando intentaba pasar a Francia, ¿pero mantenía verdaderamente contactos con el enemigo como se sostenía entonces y como se le habría querido hacer confesar, incluso por medio de la tortura[1117]? Esto es, desde luego, mucho menos probable. Los documentos que hemos podido consultar no proporcionan ninguna prueba de que los comuneros hubieran llegado a ningún acuerdo con los franceses antes del 10 de mayo[1118]. Si nos atenemos a las actas de las sesiones, la Junta no llegó siquiera a discutir la cuestión. Por lo demás, nada más lógico que los franceses trataran de explotar la situación en el momento en que llevaron a cabo la invasión de Navarra[1119]. Lo que de ningún modo queda confirmado es que los comuneros hubieran solicitado su entrada en el país o les hubieran prestado ayuda para hacerlo.

Después de los acontecimientos del mes de mayo, las acusaciones de inteligencia con el enemigo recayeron de forma especial sobre doña María Pacheco. Circuló el rumor de que cuando fue hecho prisionero el señor de Esparre, en la batalla de Noain, se encontraron ciertos documentos que probaban de manera inequívoca la traición de la viuda de Padilla. En realidad, los documentos eran bastante imprecisos: Esparre se vanagloriaba, ante el rey de Francia, de haber intentado una aproximación con diversas ciudades que habrían respondido favorablemente. No se precisaba nada al respecto; los virreyes se limitaron a considerar que era probable que se hubiera llevado a cabo la traición[1120].

Durante el verano, los virreyes se hallaban desconcertados e irritados ante la obstinación de los toledanos, que resistían pese a ser constantemente acosados por las fuerzas del prior de San Juan. Para explicar esta actitud sospecharon de nuevo la posibilidad de que estuvieran manteniendo relaciones con el enemigo y que contaran con una nueva invasión por parte de Francia. El ataque de Fuenterrabía les reforzó en esta convicción[1121]. Poco después, una serie de hechos concretos confirmaron sus sospechas. Primero fue la captura de un antiguo sirviente de Padilla. ¿Qué podía estar haciendo aquel individuo en San Sebastián? ¿No estaría allí con la misión de informar al jefe de la expedición francesa sobre la situación de Toledo[1122]? Casi simultáneamente, y también en el País Vasco, fueron arrestados tres españoles que volvían de Bayona. Uno de ellos se hallaba en poder de un salvoconducto extendido por los franceses, así como de una carta de presentación para el obispo Acuña. Los tres agentes, convencidos de inteligencia con el enemigo, fueron ejecutados, pero antes de ello, dos de ellos confesaron y su declaración demostró de manera indudable que doña María Pacheco mantenía contacto con los jefes del ejército francés[1123].

El primero de estos agentes, Juan Cerón, era un mero comparsa. Domiciliado en Antequera, declaró haberse trasladado a Toledo el 24 de junio de 1521 y haber recibido diversas cantidades de dinero de la Comunidad. A finales del mes de agosto, salió de la ciudad con la intención de llegar hasta Francia, acompañado de un individuo llamado Robres, quien durante el viaje le contó que su misión era la de negociar con los franceses:

Andaba entendiendo entre las Comunidades y el rey de Francia y que el trato fue, segund él le dixo, que el rey de Francia abya de favorecer la comunidad y destruyr todos los Grandes de Castilla y para que toda Castilla quedara faborecida en su comunidad y que tubiesen confederación entre la dicha comunidad y el rey de Francia de ayudarse y estar en paz.

Ya en el reino de Aragón los dos viajeros encontraron a un tal Antón, quien se unió a ellos. Al parecer, el itinerario había sido minuciosamente preparado, y en una serie de lugares decididos de antemano una serie de contactos esperaban a los agentes para esconderles y guiarles. En el País Vasco, Cerón se extrañó al oír decir que Enrique de Albret se disponía a invadir Navarra. Entonces, Robres le replicó:

¿Pensays quel rey de Francia a de faborecer la comunidad por sus ojos bellidos syn que tome a Navarra que fue mal ganada? Sabed que no lo a de hazer de otra manera.

Los tres hombres se separaron entonces para atravesar la frontera y se encontraron de nuevo en Bayona, donde se les unió otro individuo, Córdoba, que era quien portaba las cartas de doña María Pacheco. Robres y Córdoba entregaron estas cartas a unos oficiales franceses quienes les entregaron a su vez respuestas por escrito, pidiendo además a Córdoba que transmitiera un mensaje verbal a la viuda de Padilla:

Quel mayor seruicio que doña María (…) podía hazer era que ella se pusiese en campo con su gente para juntarse con el exército de los franceses.

Córdoba convenció a Cerón para que regresara a España con él y le encargó de ir a visitar al obispo de Zamora en su prisión y animarle, informándole de que los franceses iban a atacar Fuenterrabía, a continuación Logroño, y que irían a liberarle. Efectivamente, Cerón, cuando fue capturado llevaba dos notas firmadas por Córdoba en las que pedía a Acuña que confiara en el portador.

Estos son los puntos esenciales de la confesión de Cerón. También Juan de Córdoba se mostró con ganas de hablar e incluso más explícito. Este húrgales había combatido en Noain contra las fuerzas francesas. A mediados de julio se dirigió a Toledo y se puso a las órdenes de doña María Pacheco, la cual, tres semanas después de su llegada, le encargó de una misión cerca del gobernador de Guyena, M. Destissac, a quien debía entregar una carta y comunicarle de viva voz que Toledo no se había rendido y que había llegado el momento oportuno para comenzar las hostilidades. Según Córdoba, la carta no decía nada más. Córdoba pretendió además haber llevado una carta para el señor de Esparre en la que doña María le comunicaba su alegría al saberle en libertad, y se lamentaba del accidente que había sufrido (Esparre había recibido en Noain un lanzazo que le había dejado ciego). Interrogado más exhaustivamente, Córdoba afirmó que ignoraba si en el momento de la invasión francesa del 10 de mayo, doña María ya mantenía contactos con Esparre. En Bayona, Córdoba transmitió sus mensajes y recibió en respuesta dos cartas cifradas para doña María. Estas cartas decidió quemarlas en el camino de vuelta al enterarse de que Toledo había concluido un acuerdo con el prior de San Juan. Córdoba precisó además que en Toledo todo el mundo desconocía estos contactos con los franceses; se trataba de una iniciativa personal de doña María, que se servía de su capellán para cifrar y descifrar su correspondencia. Córdoba confirmó, además, que había pedido a Cerón que acudiera a reconfortar a Acuña en su prisión[1124].

Estas declaraciones parecen ser completamente ciertas. En parte fueron confirmadas por testimonios posteriores sobre la situación en Toledo en el verano de 1521. Francisco de Marañón, regidor, interrogado en 1522 a propósito de una información abierta sobre la sucesión de Juan de Padilla, dio cuenta de una conversación que había mantenido con doña María el 21 de octubre de 1521. Doña María se mostró extrañada de no haber recibido noticia alguna del rey de Francia y le dijo que creía que sus mensajes habían sido interceptados. Estaba esperando dinero y letras de cambio que debían serle enviadas de Francia y que le permitirían organizar un ejército de dos o tres mil hombres para poder negociar con el prior de San Juan desde una posición de fuerza. Marañón informó también de la correspondencia que doña María mantenía con el marqués de Villena; era Sosa, el capellán de doña María, quien cifraba y descifraba esta correspondencia, como el testigo se lo había visto hacer en varias ocasiones[1125]. Estos detalles concuerdan plenamente con las declaraciones de Córdoba.

Parece pues indudable que doña María trató de establecer contacto con los franceses. El veredicto que la condenó a muerte en 1523 por contumacia, recalcaba especialmente en su contra el delito de inteligencia con el enemigo y, en este punto, la acusación estaba fundada en parte[1126]. Dicho esto, hay que constatar, además, tres hechos importantes:

—Todo indica que los contactos con los franceses no comenzaron hasta agosto de 1521;

—Los contactos fueron iniciados con la sola iniciativa de doña María Pacheco. No hay ninguna prueba en el sentido de que otros comuneros pudieran haberlos conocido y aprobado;

—Finalmente, las declaraciones de Cerón y Córdoba permiten afirmar que los objetivos que pretendían conseguirse con estas conversaciones eran limitados. Doña María se limitaba a informar a los franceses sobre la situación de Toledo. Ella pensaba, sin duda, que estos contactos desembocarían en acuerdos concretos, pero no hubo tiempo suficiente para llevar a buen término unas negociaciones tardías e improvisadas. Las declaraciones de Cerón y Córdoba sugieren las bases sobre las que hubieran podido entablarse las negociaciones.

A esto se limitó, pues, la complicidad que los franceses encontraron en los comuneros. Si Francia intentó aproximarse a los rebeldes, la Junta no pareció responder a sus intentos. E incluso por las actas de las sesiones celebradas por la Junta podemos pensar que ni siquiera se llegó a discutir la cuestión seriamente. Por tanto, la invasión de Navarra por Francia en mayo de 1521 no tuvo como finalidad el aportar una ayuda eficaz a los comuneros. Por lo demás, en caso de que así hubiera sido, la ayuda llegaba demasiado tarde. Probablemente, los franceses contaban con una menor resistencia de parte de un país que estaba saliendo de una guerra civil; quizás esperaban también que mediante su intervención los conflictos adquirirían nueva virulencia en el interior del país, pero ninguna prueba fehaciente nos permite afirmar que hubieran contado con complicidades. En los meses siguientes, la iniciativa partió de doña María Pacheco, pero los contactos fueron limitados y muy discretos[1127]. Ciertamente, los franceses tenían sus informadores[1128]; trataban de aprovecharse de las querellas intestinas y, por medio de cartas que fueron interceptadas, los virreyes sabían que mantenían correspondencia con algunos comuneros. ¿Con quiénes? El condestable confesó en noviembre de 1521 que desconocía su identidad[1129]. Por otra parte, la invasión de Navarra no modificó apenas el curso de los acontecimientos en Castilla. Únicamente permitió a doña María Pacheco prolongar durante algunos meses su resistencia.

2. La capitulación de Toledo

Ya hemos dicho que fue únicamente por iniciativa de doña María Pacheco por lo que se iniciaron los contactos con los franceses durante el verano de 1521. Y es que la viuda de Padilla desempeñó un papel fundamental en los meses siguientes a la derrota de Villalar. La llegada del obispo Acuña a Toledo la había relegado a un segundo plano, pero en mayo de 1521 volvió a tomar en sus manos la dirección del movimiento comunero con una autoridad acrecentada, casi dictatorial. Doña María se instaló en el alcázar y para insuflar nuevo coraje a la población hizo desfilar por las calles de la ciudad a sus partidarios al grito de «¡Padilla!, ¡Padilla!»[1130]. Ella designó a las autoridades municipales e implantó nuevos impuestos y contribuciones obligatorias[1131]. Sus hombres de confianza recorrían todas las parroquias para mantener el ardor militar entre la población y cuando la asamblea general de la Comunidad daba señales de debilidad, inmediatamente los fieles de doña María acudían apara asegurarse la mayoría[1132]. Ella dirigía, ella sola llevó las negociaciones con el prior de San Juan, y fue ella quien decidió la firma del acuerdo cuando la resistencia se hizo totalmente imposible[1133]. Hasta el desastre del 3 de febrero de 1522, doña María Pacheco fue la auténtica dueña de la ciudad; en ella se encarna la llama vacilante del movimiento comunero.

Su tarea no fue nada fácil. En mayo la población estaba desmoralizada. La derrota, la ejecución de Padilla, la deserción de Madrid habían provocado una tremenda angustia en la ciudad. La Comunidad parecía acabada; sólo pensaba ya en evitar lo peor, una represión sangrienta por parte de las tropas del prior, que se hallaban acampadas a sólo unas leguas de distancia. Los jefes comuneros pidieron a la duquesa de Maqueda, doña Teresa Enríquez, que actuara de intermediaria[1134]. En el mismo momento, el marqués de Villena ofreció sus buenos oficios, que fueron aceptados. La Comunidad le pidió que acudiera a Toledo a la mayor brevedad posible. El obispo Acuña, que se hallaba aún en la ciudad, envió al marqués una larga carta bastante confusa, pero no pareció negarse a aceptar su mediación[1135]. Esta situación tomó a los virreyes desprevenidos. Las restantes ciudades habían negociado su rendición directamente o bien por medio de personalidades locales. La intervención del marqués de Villena tenía un alcance muy distinto y gracias a ella, Toledo podía esperar condiciones más favorables. Los virreyes, un tanto desconcertados, permitieron al marqués que actuara según su propia iniciativa. El marqués se dirigió a Toledo donde entró en contacto con los dirigentes de la Comunidad. El obispo Acuña desapareció casi inmediatamente[1136]. El primer informe remitido el 15 de mayo era bastante positivo: la ciudad había designado representantes encargados de negociar su rendición. Esperaban solamente un salvoconducto para presentarse ante los virreyes[1137]. Pero estas buenas disposiciones no duraron mucho tiempo. La invasión de Navarra obligó a los virreyes a dirigir su ejército hacia el norte, y esta circunstancia llevó a los comuneros a endurecer su posición, pensando que con las fuerzas de que todavía disponía Toledo podía hacer frente a los ataques del prior de San Juan. Los virreyes, por su parte, no acababan de ponerse de acuerdo. ¿Era necesario obtener a cualquier precio la rendición de Toledo a fin de poder concentrar todos los esfuerzos en la lucha contra las tropas francesas, o, por el contrario, debía quedar una pequeña tropa en las inmediaciones de Toledo para imponer respeto a la población? Las rivalidades personales complicaron aún más la situación. Facciones opuestas se disputaban el mérito y el honor de conseguir la sumisión de Toledo; lo que trataban, en realidad, era de asegurarse una influencia preponderante en la ciudad. El marqués de Villena había dado un paso importante al acudir el primero, pero el clan de los Silva no tardó en reaccionar, multiplicando sus objeciones y tratando de impedir a toda costa que se otorgasen plenos poderes al marqués. Los virreyes no supieron escapar a estas discusiones, dudaban en la decisión a tomar, lo que les hizo perder un tiempo precioso. Cuando los delegados de Toledo obtuvieron, por fin, la necesaria autorización para acudir ante ellos, ofrecieron unas condiciones que parecieron inaceptables[1138].

En efecto, los toledanos pretendían conservar las instituciones nacidas en el curso de la revolución: la congregación de los representantes de los barrios, no importa qué nombre se diera a estos representantes, diputados o jurados. Lo esencial era que fueran renovados todos los años:

Lo que esa cibdad quiere es tener los oficios de diputados o de jurados, qualquier nonbre dellos quisieren dar, anales y no perpetuos.

El almirante no estaba dispuesto de ninguna manera a transigir:

Este nonbre de congregación hera odioso al reyno y a lo acaescido en él y hera representación de junta.

Las reivindicaciones planteadas por Toledo hacían referencia también a las alcabalas, los encabezamientos, las rentas intervenidas durante la rebelión. ¿Se obligaría a la ciudad a devolverlas? La discusión se centró después en torno a las sanciones contra los responsables del movimiento. Los virreyes pensaban castigar con dureza a unas veinte personas, cuyos bienes serían confiscados, y mandar al exilio a otras cincuenta. Los toledanos exigieron una amnistía total[1139], y urgieron a los virreyes a llegar a una decisión positiva, pero los, virreyes se resistían a hacer concesiones importantes. Por su parte, el marqués de Mondéjar intercedió en favor de su hermana, doña María Pacheco, comunicando a los virreyes que si le dejaban conservar los bienes de su marido no se opondría a la capitulación[1140].

Desde el primer momento el almirante se mostró decidido a llegar a un acuerdo, incluso aunque éste fuera favorable para los rebeldes, pensando que la situación de Navarra exigía poner fin de modo inmediato a la insurrección. Incluso llegó a enfrentarse a sus colegas acusándoles de interesarse por las confiscaciones de algunas grandes fortunas antes que por la defensa del reino:

Querés trocar a Navarra por quatro haziendas de cavallero[1141].

Mientras tanto, el marqués de Villena se impacientaba, deseoso de conocer la decisión de los virreyes[1142]. Finalmente, cansado de esperar, decidió abandonar la partida, no sin antes manifestar un cierto desprecio por quienes le habían embarcado en el asunto[1143]. No obstante, es cierto que algunos le acusaron de haber impedido con su intervención inesperada, la rendición de Toledo[1144]. Los virreyes, a la sazón en Logroño, ordenaron al prior de San Juan que prosiguiera las negociaciones, pero poco después anularon la orden[1145]. De cualquier modo, el momento oportuno para conseguir la sumisión de Toledo había pasado ya. A partir del 15 de junio se produjo la reacción de doña María Pacheco, que hasta entonces se había mostrado dispuesta a capitular. Se instaló en el Alcázar y volvió a tomar el control de la situación; ya no se pensaba en la rendición[1146].

Un mes después, doña Teresa Enríquez protagonizó un nuevo intento invitando a la Comunidad de Toledo a proseguir las negociaciones. Aseguró a los rebeldes que con el apoyo del marqués de Villena, podía comprometerse a conseguir una capitulación honrosa, con tal de que Toledo cediera un poco en algunos puntos. Algunas asambleas de los barrios acogieron favorablemente su iniciativa e incluso designaron a las personas encargadas de entrevistarse con el prior de San Juan. Pero doña María Pacheco rechazó con toda energía, incluso con brutalidad, toda idea de capitulación. Mandó prender a los hermanos Aguirre, difusores de las proposiciones del prior. Algunos jefes comuneros, y entre ellos Juan Gaitán, irritados por esta postura intransigente, y convencidos de la inutilidad de resistir, intentaron entonces oponerse a la viuda de Padilla, y los días 26 y 27 de julio organizaron una manifestación contra ella:

Yd al alcázar e dezid a doña María Pacheco a bozes como os morís de hambre, que aya por bien de procurar la paz porque esta cibdad no se pierda.

Pero doña María supo encontrar las palabras adecuadas para acallar a los manifestantes: también ella sufría; y después de todo, la situación no era tan desesperada; no faltaba el trigo en algunos graneros con el que poder alimentarse:

La dicha doña María le respondió que tanbién hera muerto su marido, que pues no comían ratones no se maravillasen, que harto pan e vino avía por la plaza.

Una contramanifestación popular restableció plenamente la autoridad de la viuda de Padilla:

El arrabal salió diziendo: mueran los judíos traydores que piden paz, e que salieron cien ganapanes e forasteros (…) e se juntaron con la dicha doña María Pacheco dixeron: ¡Padilla! ¡Padilla!

Los acontecimientos de los días 26 y 27 de julio produjeron la ruptura del grupo de comuneros encabezado por Juan Gaitán, con doña María Pacheco. Calificados entonces de sospechosos, tuvieron que ocultarse en los conventos, a la espera de la caída de la orgullosa mujer[1147].

Toledo se replegó entonces sobre sí misma, aunque sin romper totalmente sus lazos con el exterior. El marqués de Villena seguía en contacto con doña María a través de una correspondencia cifrada y por otra parte instaba a los canónigos y a los superiores de las comunidades religiosas a que hicieran uso de su influencia para moderar la intransigencia de los rebeldes. El duque del Infantado manifestó, a su vez, gozar de una buena posición para servir de intermediario[1148], y el clan de los Silva seguía manteniendo la esperanza de restaurar la legalidad en Toledo; don Juan de Ribera, hermano de don Hernando de Silva, se entrevistó en varias ocasiones con dos miembros de la Comunidad[1149]. Todas estas expresiones de buena voluntad —más o menos interesadas, es verdad— chocaron con la obstinación de doña María Pacheco. El prior de San Juan puso en práctica una táctica distinta, intentando aislar y reducir por hambre a la ciudad, para lo cual ante todo comenzó a patrullar constantemente por las zonas circundantes a Toledo, ayudado por los señores locales[1150]. Periódicamente, salían de la ciudad pequeños grupos de hombres armados que atacaban alguna aldea, se apoderaban del trigo y el ganado que podían encontrar y a continuación se replegaban antes de que el enemigo tuviera tiempo de reaccionar[1151]. La dispersión de las tropas del prior al tener que vigilar un amplio sector en torno a Toledo en ambas orillas del Tajo facilitaba notablemente la labor de los comuneros. Sin embargo, estos golpes de mano daban lugar algunas veces a escaramuzas que se transformaban en auténticas batallas. Un día, a principio de agosto, un contingente de Toledo fue atacado al oeste de Illescas por las fuerzas de Juan de Ribera, que consiguió cortarles la retirada; ambos bandos estuvieron vigilantes toda la noche y al amanecer los comuneros trataron de conquistar el castillo de Canales para refugiarse en él; el enemigo les atacó obligándoles a retirarse, pero no pudo explotar su victoria al carecer de tropas suficientes[1152]. El 10 de agosto, fue Orgaz, al sur de Toledo, el escenario de un nuevo enfrentamiento. Los comuneros sufrieron treinta bajas pero finalmente pudieron replegarse[1153]. No obstante, el más importante de estos choques se produjo el 17 de agosto, entre Illescas y Toledo. Mil quinientos comuneros fuertemente armados avanzaban escoltando un importante convoy de avituallamiento. El prior, que se encontraba en la orilla opuesta del Tajo, en Yepes, tuvo tiempo, al ser informado de este movimiento de hombres, de caer sobre la columna enemiga cuando estaba llegando al pueblo de Olías. Las bajas de los rebeldes fueron de casi mil hombres, entre muertos y prisioneros[1154]. El poeta Garcilaso de la Vega, que combatía en las filas del prior, resultó herido en el duro combate[1155]. Otros enfrentamientos de menor importancia siguieron produciéndose en los días siguientes, como el de Illescas el 29 de agosto[1156]. Gran importancia revistió, sin embargo, el que tuvo lugar el 16 de octubre. Los comuneros trataban de introducir en la ciudad un importante rebaño de vacas, corderos y ovejas y cuando se hallaban a escasa distancia del puente de Alcántara fueron atacados por el adelantado de Cazorla; cuatro mil hombres salieron entonces de Toledo para tratar de apoyar a sus compañeros. Al final, más de quinientos quedaron tendidos antes de poder alcanzar el puente de Alcántara[1157].

Este largo asedio acabó desmoralizando por completo a la población de Toledo, pero doña María Pacheco seguía mostrándose inflexible. La ciudad se preparó para afrontar una larga resistencia. Todos los conventos, tanto de hombres como de mujeres, recibieron la visita de varios inspectores que se hicieron con el oro y la plata que pudieron encontrar; las religiosas eran registradas minuciosamente y obligadas a entregar todas sus alhajas y dinero. La abadesa de la Concepción no pudo soportar este espectáculo y murió de la impresión y la ira. El 13 de septiembre la Comunidad lanzó una proclama ofreciendo a la venganza pública a un cierto número de traidores: don Juan de Ribera, don Hernando de Silva, el prior de San Juan, Juan Arias y los condes de Chinchón y de Orgaz. Invitaba a la población a ejecutarlos sin celebrar ningún tipo de proceso, o a apoderarse de sus bienes a quien pudiera dar con ellos. Todos los molinos situados entre Toledo y la Puebla de Montalbán fueron destruidos, y en el monasterio de San Juan de los Reyes se ocupó una suma de tres millones de maravedís, pese a que una parte de ese dinero pertenecía a un comunero ilustre, Hernando de Ávalos, quien, por otra parte, era considerado sospechoso desde hacía algún tiempo. Todos sus bienes fueron confiscados, hasta el orinalazo de asiento. Fue doña María Pacheco quien decidió, personalmente, que se aplicaran todas estas medidas:

Saca el oro e plata de los monesterios e los haze moneda e haze gente con ello[1158].

Fuera de la ciudad se solían exagerar estas noticias pintando un cuadro verdaderamente siniestro de la situación. El almirante hablaba de asesinatos, de violaciones, de la destrucción de conventos y de los peligros de toda clase que amenazaban el honor de las religiosas. También temía que se produjese una matanza de los conversos que habitaban Toledo. Cierto que tales excesos levantaban a una parte de la población contra doña María, pero no cabía hacerse ilusiones, pensaba el almirante, ya que los comuneros eran numerosos y muy obstinados:

Toledo es un pueblo muy grande (…) saldrán del doze o quinze mil hombres determinados a morir.

El almirante creía en la necesidad perentoria de poner fin a la sedición, para lo cual había que negociar con los rebeldes, dada la imposibilidad de vencerles por la fuerza[1159].

Desde el 1 de septiembre, el prior instaló su campamento en las mismas puertas de la ciudad, cerca de San Felices. Desde allí su artillería bombardeaba Toledo; todos los días se producían pequeños enfrentamientos[1160]. No obstante, los asaltantes no parecían en situación de obtener un triunfo inmediato. La lucha se anunciaba larga y la situación preocupaba cada vez más a los virreyes. El prior disponía de cuatro mil soldados de infantería y quinientos caballeros. Poder pagar de una manera regular a este ejército planteaba serios problemas y, muy a menudo, las tropas se veían obligadas a acudir al saqueo de muchas aldeas, ya amigas o enemigas, para poder garantizar su subsistencia. El 16 de septiembre, y deseosos de poner fin al conflicto, los virreyes solicitaron al prior que tratase de encontrar una solución pacífica[1161].

Don Esteban Gabriel Merino, arzobispo de Bari, se instaló entonces en el monasterio de Sisla y, en nombre del prior, entabló contacto con los rebeldes[1162]. Las primeras conversaciones fueron totalmente decepcionantes, ya que los toledanos no parecían dispuestos a ceder un ápice. Desde Burgos los virreyes intentaron el 4 de octubre una maniobra de diversión, invitando a los toledanos leales a abandonar la ciudad en el plazo de tres días si no querían correr el riesgo de ser confundidos con la masa de traidores[1163]. Pero nadie hizo caso de esta llamada. El 16 de octubre, el prior infligió una severa derrota, en las mismas puertas de la ciudad, a las tropas comuneras que dejaron quinientos muertos en el campo de batalla, pero siguió pensando que era imposible alcanzar una victoria militar:

No ostante esto, digo que agora conviene más que nunca tomarse asiento.

En efecto, la situación no era nada confortable para el prior, que carecía de dinero para pagar a las tropas, dispuestas a amotinarse en cualquier momento[1164].

Si el resultado de la acción del día 16 impulsó al prior a negociar, también pareció llevar a los toledanos a adoptar una posición más conciliadora. Y así, al día siguiente por la mañana, los representantes de la ciudad volvieron a encontrarse con el obispo de Bari y comenzaron en realidad las conversaciones. Esta vez, doña María transmitió proposiciones razonables para que fueran sometidas a los virreyes, pero el prior y el arzobispo estaban dispuestos a llegar a un acuerdo pacífico a todo trance. El tiempo, en efecto, apremiaba, todos los días se producían deserciones y la llegada del invierno hacía temer nuevas complicaciones; muy pronto sería imposible vadear el Tajo, debido a la crecida del caudal del rio, lo que obligaría a mantener dos ejércitos en vez de uno, uno a cada lado del rio, con el consiguiente aumento de los gastos[1165]. Los virreyes, siempre preocupados por la situación en el norte del país, se resignaron a negociar, incluso en condiciones desfavorables[1166].

No es extraño, pues, que las negociaciones avanzaran con rapidez. En menos de diez días desembocaron en un acuerdo relativamente favorable a los rebeldes, que fue firmado el 25 de octubre por el prior, de un lado, y por los representantes de la ciudad de Toledo por el otro: Rafael de Vargas, Antonio de Comontes y Clemente Sánchez, diputados de la Comunidad. Disponemos para el estudio de este acuerdo, de varios documentos que nos permiten valorar el contenido y seguir los pasos de las principales fases de la discusión, desde el momento de la derrota de Villalar hasta el 25 de octubre. Poseemos, en efecto

1. Las reivindicaciones que los toledanos exigían que fueran aprobadas para una eventual rendición. El rigor de este documento nos hace pensar que se trata de proposiciones transmitidas en el mes de mayo por el marqués de Villena y que los virreyes se negaron a tomar en consideración[1167].

2. Las condiciones presentadas en octubre al arzobispo de Bari. Fue este el texto fundamental que serviría de base al acuerdo del 25 de octubre[1168].

3. Las contrapropuestas del arzobispo de Bari[1169].

4. El texto del acuerdo del 25 de octubre de 1521[1170].

5. La provisión del 28 de octubre de 1521 por la que los tres virreyes ratificaban el acuerdo precedente, aunque modificando los términos en algunos puntos[1171].

El primer artículo daba satisfacción de tipo formal a los comuneros. Toledo podría continuar llamándose ciudad leal:

Declaramos a la dicha cibdad por leal e le confirmamos el renombre de muy noble e muy leal para agora e para siempre jamás.

Los virreyes no pusieron ninguna dificultad para que se reconocieran y garantizasen los privilegios, libertades e franquezas de la ciudad.

Asimismo, se mostraron generosos con los eclesiásticos que habían tomado parte en el movimiento de la Comunidad y respecto a los ataques y ofensas inferidos al clero durante los disturbios, aunque ciertamente la redacción definitiva era mucho menos precisa que la presentada en un principio por los toledanos. El acuerdo del 25 de octubre afirmaba que se pediría la absolución del papa.

Las opiniones estaban mucho más encontradas en todos los demás puntos y desde luego existían notables diferencias entre las proposiciones iniciales de los comuneros y los acuerdos definitivos.

Un grave conflicto había surgido entre el conde de Belalcázar y la ciudad de Toledo, que le había acusado de apropiación indebida de tierras comunales. Los tribunales habían apoyado las demandas de Toledo, y en el mes de mayo, la ciudad había exigido en términos conminatorios la ejecución de la sentencia:

Item, que se vea la sentencia que hay en favor de la cibdad, pasada en cosa juzgada, de la tierra de Toledo que posee el conde de Belalcázar y ejecutoria que sobrella hay y se ejecute brevemente y sin dilación en manera que la cibdad se apodere de lo suyo conforme a la dicha sentencia y no haya dilación ni gastos ni pleitos.

En las negociaciones de octubre, sin embargo, Toledo se mostró mucho menos firme sobre este asunto:

En lo que toca a la diferencia del conde de Belalcázar, que se hará justicia sumaria.

El prior se comprometió, tan sólo, a apoyar la reivindicación ante las autoridades competentes:

Nos, el dicho prior, decimos que prometemos de trabajar con toda instancia e a buena fee a suplicar así a sus magestades como a los señores gobernadores e a los señores del su muy alto Consejo e donde más convenga que se haga justicia con toda brevedad.

La provisión del 28 de octubre era todavía más vaga:

Dezimos asimismo que se suplicará a mí, el rey, para que yo mande hazer en ello lo que sea justicia.

Toledo no obtuvo, pues, al respecto ninguna garantía. Sin embargo, los derechos de Toledo parecían bien fundados, pues el almirante había solicitado al rey, el 10 de julio, que las tierras en litigio fueran confiscadas y anexionadas a su propio feudo[1172].

Los puntos estratégicos de la ciudad fueron objeto de violentas discusiones. En el mes de mayo, Toledo había declarado que debían permanecer en poder de la Comunidad hasta el regreso de Carlos V:

Que esté como está y las provea la congregación y comunidad fasta quel rey nuestro señor venga en persona y las provea.

En octubre, la ciudad no fue tan exigente:

Que se entreguen a personas naturales e vecinos de la cibdad e sospechosas [sic: probablemente debe leerse no sospechosas] a ella.

En el texto del acuerdo se reprodujo esta fórmula, mucho más moderada que la anterior, pero en la provisión de los virreyes fue sustituida por otra, más respetuosa con las prerrogativas reales:

En el entregar de las puertas y puentes y alcazar de la dicha cibdad, mandamos que se den y entreguen al nuestro regidor [sic: por corregidor] de la dicha cibdad para que ponga personas fiables y sin sospecha.

La ciudad había exigido, en mayo, que se la consultara sobre el nombramiento del futuro corregidor y de las restantes autoridades municipales:

Item, que el corregidor e alcalde mayor e alguazil mayor e alcalde de las alzadas se provean a contentamiento de la cibdad y congregación y comunidad.

Esta reivindicación fue olvidada en octubre:

Item, que el corregidor se les dará qual convenga a la cibdad e no sospechoso y el alcalde mayor no será sospechoso y el alcalde de las alzadas será puesto por el rey o por sus governadores e no por el corregidor y no sospechoso.

El acuerdo del 25 de octubre recogió íntegramente este artículo, pero la provisión adoptó también en este punto una redacción menos precisa:

Mandaremos luego nombrar corregidor e alcalde de las alzadas en la dicha cibdad que sean personas sin sospecha y quales convengan para nuestro servicio y paz y sosiego de la dicha cibdad.

La comunidad había expulsado de la ciudad, durante su período triunfal, a un gran número de sospechosos y de enemigos, mientras que muchos otros habían elegido voluntariamente el camino del exilio. El regreso de estos proscritos podía dar lugar, sin duda, a graves incidentes y arreglos de cuentas. Esa fue la razón por la que Toledo había propuesto en mayo que se esperase a la visita de Carlos V a la ciudad para permitir el regreso de los enemigos de la Comunidad. Pero también sobre este punto moderó sus pretensiones en el curso de las negociaciones mantenidas en octubre. Sólo algunas personas debían permanecer en el exilio por razones de orden público hasta el regreso del emperador. El riesgo de que se produjeran incidentes debía ser real por cuanto el prior aceptó esta proposición y los virreyes, por su parte, la ratificaron.

Los artículos que hemos analizado hasta aquí fueron modificados por los mismos representantes de la ciudad, conscientes de que la situación se había agravado considerablemente desde el mes de mayo. El prior se limitó, casi todas las veces, a tomar constancia de las nuevas proposiciones, y a pasarlas a los virreyes, que una vez ratificados los acuerdos procedieron a darles una forma menos concreta. Pero a continuación se plantearon dos puntos mucho más controvertidos: la amnistía y la rehabilitación de Padilla. La intransigencia de Toledo sobre estas dos cuestiones había provocado, en mayo, la ruptura de las conversaciones.

La ciudad había pedido entonces una amnistía total para todas las actuaciones llevadas a cabo durante la guerra civil. En un texto muy largo y explícito se trataba de prever todos los casos posibles y de evitar cualquier sanción. La amnistía debía extenderse a todos los habitantes de Toledo y a quienes al margen de la ciudad se hubieran enrolado al servicio de la Comunidad. Sin duda, este texto se había inspirado en la amnistía concedida a la ciudad en 1451 después de la revuelta de Pero Sarmiento en 1451[1173]. Los daños que hubieran podido causarse a terceros, deberían correr a cuenta del prior, o en su defecto, del Estado:

Item, que si satisfación hobiere de haber de daños de los terceros, que lo pague y haga el señor Prior de San Juan, pues ha guerreado crudamente a Toledo y su tierra, a todos los vasallos reales e a los mercaderes e caminantes (…); e que si el señor prior no lo pagare, que Su Majestad dé satisfacción a los tales terceros de sus daños, pues sin perjuicio de sus rentas reales ni de otras personas lo puede hacer, haciéndoles mercedes de rentas, oficios e beneficios.

Sin embargo, la ciudad renunció a exigir una amnistía general y aceptó que fueran excluidos de ella los diputados de la Junta, los funcionarios de la Junta y todos aquellos que habían participado en el arresto de los miembros del Consejo Real. Los virreyes estaban decididos a ir todavía más lejos y el arzobispo de Bari no se mostró muy optimista en su respuesta a las propuestas de la ciudad:

Porque en esto hay alguna duda de algunas personas ecebtuadas, quel dicho arzobispo procurará con todas sus fuerzas que sean menos que ser pudieren o no ningunas; y en lo que toca a las personas de fuera de la cibdad, que no tiene poder para hablar en elle ni le paresce que por agora se deba hablar.

Finalmente, el texto firmado el 25 de octubre excluía del beneficio de la amnistía:

Las personas que fueron procuradores e oficiales en la Junta e a la Junta de Tordesillas.

En cuanto a la satisfacción por los daños causados a terceros, Toledo se mostró, en octubre, mucho menos exigente. La ciudad se limitó a solicitar que se esperara al regreso del emperador para poner en marcha los procesos judiciales y que se tuviera a bien adoptar el principio de responsabilidad colectiva:

No se puedan pedir a persona alguna particular de la cibdad y su tierra cevil ni criminalmente sino a un procurador que la cibdad ponga, el qual oydo, si fuere condenado, la dicha cibdad sea obligado a pagarlo de la renta de sus propios, fórmula que se recogió al pie de la letra en el texto firmado por el prior y ratificado por los virreyes, que únicamente añadieron una precisión: la ciudad podría redimir las penas de carácter pecuniario mediante impuestos o contribuciones extraordinarias (sisa o repartimiento). El principio de la responsabilidad colectiva resultaba sumamente favorable para los comuneros más poderosos económicamente, dado que la cantidad total que importaban las multas sería dividida entre toda la población en vez de ser exigida únicamente a los principales responsables.

Toledo hubo de ceder, pues, en la cuestión de la amnistía, pero doña María Pacheco obtuvo satisfacción, en parte, en lo referente a Juan de Padilla. Cierto que no en los términos que se habían exigido en mayo, cuando lo que se intentó fue la total rehabilitación del jefe comunero e incluso la construcción de un monumento conmemorativo en la ciudad:

Que sus Majestades quiten cualquier mácula e infamia que al dicho Juan de Padilla e a su posteridad se le podría cabsar de la dicha sentencia e lo restituyan en su honra y fama, declarando no haber caido en el dicho caso, reponiendo la dicha sentencia e dándola por ninguna (…) e que se dé su cuerpo para lo traer libre e desenbargadamente a Toledo a le enterrar con sus antecesores (…) e que no se impida ni pueda impedir que se haga su memoria e bulto del dicho Juan de Padilla en lugares públicos de la cibdad.

Sin llegar tan lejos, el acuerdo del 25 de octubre era, no obstante, bastante favorable a los herederos de Padilla pues no hacía mención alguna a una confiscación de bienes por parte de la Corona. Si bien Padilla no era rehabilitado, doña María consiguió que se le concediera la posibilidad de solicitar la revisión del proceso de Villalar. Además, el cuerpo del jefe comunero sería trasladado a Toledo cuatro meses después de que el nuevo corregidor hubiera tomado posesión de su cargo. Los virreyes ratificaron estas disposiciones salvo la concerniente al traslado de los restos de Padilla. Seguramente temían que pudiera producirse una agitación popular en la ciudad con motivo de la llegada de los restos del héroe de Toledo. Decidieron que se depositara el cadáver en el monasterio de la Mejorada, próximo a Medina del Campo, y que transcurrieran por lo menos ocho meses antes de ser conducido a Toledo[1174].

Todas las restantes reivindicaciones presentadas por los delegados de la ciudad fueron rechazadas en forma más o menos evasiva.

La Comunidad había suprimido las alcabalas, ya que Toledo pretendía gozar de privilegios especiales de exención. El prior aceptó, en la hora de la firma del acuerdo, no tomar decisión alguna sobre este punto, esperando que en plazo no superior a cuatro meses tras la llegada del nuevo corregidor, se llegara a una determinación definitiva. Pero los virreyes se negaron a suscribir este compromiso:

En lo del capítulo de las alcabalas, mandamos que se vea por justicia lo más brevemente que ser pueda, y que entretanto que se determina se conserve la posesión nuestra y de nuestra corona.

Toledo deseaba conservar el régimen municipal que ella misma había instaurado. Desde los primeros compases del movimiento revolucionario, el antiguo regimiento había sido sustituido por una congregación formada por los diputados elegidos por las parroquias y a cuyo frente se hallaban los procuradores mayores, representantes de los tres órdenes de la sociedad, caballeros, cibdadanos e oficiales:

Item, que pues ha constado y consta los diputados que las perrochias han fecho e hacen anales e los procuradores generales de los tres estados que la copgregación elige han aprovechado e aprovechan al bien público de la cibdad, que los baya siempre e se provea como hasta aquí hasta que el rey nuestro señor venga en persona a esta cibdad e haga información de lo que al bien público conviene y provea lo que su servicio sea, por manera que la congregación tenga perpetuidad e los jurados que hoy son se consuman e dende en adelante sean diputados o jurados cadañeros.

El acuerdo de octubre preveía el mantenimiento del statu quo hasta que el emperador decidiese este problema. Los virreyes ratificaron esta concesión, pero con una serie de limitaciones que impedían de facto el funcionamiento eficaz de las instituciones municipales:

Otrosí, en lo que toca a los diputados, mandamos que los podáis tener hasta que yo, el rey, sea consultado sobre ello e mande lo que se deva hazer, pero que no se junten sin el corregidor de la dicha cibdad.

Poco antes de la derrota de Villalar, con ocasión de las diversas entrevistas mantenidas por los delegados de la Junta con los representantes de los virreyes, se había elaborado un conjunto de reivindicaciones de carácter general. Aunque Toledo hubiera deseado que se atendiera adecuadamente a estas reivindicaciones, de hecho hubo de conformarse con una promesa poco concreta:

Otrosy, en lo que pedís que los capítulos que estavan conferidos en la villa de Tordesillas que se suplicase a mí, el rey, que los concediese, los dichos nuestros governadores han procurado e procurarán sobre lo susodicho lo que convenga a nuestro servicio e al bien de nuestros reynos y desa cibdad y, después de venido yo, el rey, en ellos, con la gracia de Nuestro Señor los mandaré conceder y proveer lo que sea servicio de Dios y nuestro y bien y pro común de los dichos nuestros reynos.

Vemos, pues, cómo Toledo no pudo conseguir garantía alguna respecto a las alcabalas, el régimen municipal y las reivindicaciones de carácter general, contentándose con la seguridad de que estas cuestiones serían estudiadas más adelante. Ninguna de las conquistas alcanzadas por la Comunidad tenía posibilidad real de sobrevivir. En este sentido, el fracaso era total y el paréntesis abierto por la revolución volvía a cerrarse. Considerado en conjunto el acuerdo del 25 de octubre, vemos que se hizo posible gracias a una serie de concesiones mutuas en los dos puntos que en mayo habían impedido alcanzar una solución de compromiso. Doña María Pacheco obtenía satisfacción parcial en lo referente a la memoria de Padilla, en tanto que los virreyes conseguían la sumisión de Toledo sin conceder una amnistía general: los principales responsables del movimiento comunero no podrían escapar al castigo. No se trataba, sin embargo, de una capitulación sin condiciones. A corto plazo, el mérito mayor del acuerdo era que servía para poner fin al conflicto en el área del Tajo. Cuando la situación en el Norte fue menos comprometida, los virreyes encontraron puntos inaceptables en este texto y trataron de anularlo.

La noticia del compromiso alcanzado con las fuerzas realistas fue bien acogida en Toledo, donde la población manifestó abiertamente su alegría[1175]. El 30 de octubre, los diputados de la Comunidad acudieron a reunirse con el prior en la Sisla para ultimar las últimas disposiciones y preparar su retorno a la legalidad. Por mutuo acuerdo se decidió confiar el alcázar a un regidor, cuyo nombre era Peña[1176]. Al día siguiente, hizo su entrada en la ciudad el arzobispo de Bari y designó a los funcionarios municipales que deberían encargarse de la administración de la ciudad hasta que se nombrara un corregidor. Por su parte, los comuneros evacuaron el alcázar y los puentes[1177].

Todo parecía desarrollarse, pues, conforme a lo acordado y sin segundas intenciones. Pero a lo largo del mes de noviembre la situación comenzó a deteriorarse. Y es que los virreyes que nunca habían demostrado gran entusiasmo por la situación de compromiso que se había alcanzado —y que habían aceptado ante la imposibilidad de aplastar la rebelión por la fuerza de las armas— comenzaron a mostrar su disgusto en cuanto la presión de las tropas francesas se hizo menos agobiante en el norte de la Península:

Toledo se concertó con condiciones fuera de toda razón (…). Más se puede dezir tregua para que puedan proveerse de lo que han menester que obidiencia ni arrepentimiento de la trayción, se afirmaba en un informe[1178]. El 5 de diciembre, el cardenal Adriano mostró sus reservas acerca del acuerdo. El prior de San Juan —escribió el cardenal al emperador— había recibido la orden de negociar, pero ha ofrecido a los rebeldes condiciones excesivamente favorables.

Pero una retractación podía plantear serias dificultades:

Si ahora se entendiese en retractar aquello parecería escandaloso y pernicioso a todo el reyno.

Sin embargo, todo parecía apuntar hacia esta solución. El prior señaló que desde el 1 de noviembre se habían producido algunos incidentes en Toledo (nueuos delictos) que podrían servir como pretexto para denunciar el acuerdo[1179]. El 7 de diciembre, en una carta conjunta de los tres virreyes, éstos adoptaban una postura aún más dura. El acuerdo del 25 de octubre era calificado de inadmisible:

Quedamos muy espantados assí de no aguardar el prior nuestra respuesta como de haver hecho sin necesidad ninguna capitulación tan rezia y tan vergonzosa para todos aquellos que emos estado en seruicio de Vuestra Majestad, pues aprouado lo suyo por bueno, queda aprouado lo nuestro por malo y a todo el reyno larga libertad para errar.

Y había algo aún más grave:

No vemos cosa ninguna con que tengamos seguridad de la ciudad.

En efecto, los jefes de la Comunidad (doña María Pacheco/ Hernando de Ávalos, Juan Gaitán y Juan Carrillo) seguían gozando de gran preeminencia en Toledo, los diputados seguían desempeñando sus funciones y los comuneros conservaban todas sus armas —el prior les había entregado incluso los cañones ocupados hasta el 25 de octubre.

Cierto que el alcázar había sido evacuado, pero las puertas y los puentes de la ciudad habían sido confiados a ciudadanos de Toledo, en quienes no se podía confiar. La casa de doña María había sido transformada en plaza fuerte y en ella se almacenaban armas y pólvora en gran cantidad[1180]. Por fin, el 19 de diciembre, los virreyes ordenaron al prior de San Juan que denunciara los acuerdos y que exigiera a los toledanos una rendición incondicional:

Porque agora, a Dios gracias, cesa todo lo que por entonces movía a conceder lo que se concedió a la dicha cibdad porque ya el exército del rey de Francia se a deshecho (…) [el] prior deve procurar por todas las vías y maneras que puede de adelgazar la negociación por manera que la avtoridad de su magestad se guarde[1181].

Este texto nos ilustra perfectamente sobre las verdaderas intenciones de los virreyes. Dado que la situación militar en el Norte era satisfactoria, no había ya motivo para contemporizar con los rebeldes de Toledo. El 21 de diciembre se encargó oficialmente al arzobispo de Bari la administración de la ciudad hasta tanto se dispusiera el nombramiento de un corregidor[1182]. Probablemente fue entonces cuando llegó a Toledo el doctor Zumel para organizar la represión en la ciudad. Ambos funcionarios, y sobre todo el segundo, debieron recibir órdenes muy estrictas de imponer el orden legal sin ningún tipo de concesiones para con los rebeldes[1183]. Los representantes del poder real buscaban ahora la oportunidad que les permitiera denunciar el acuerdo.

Estos documentos aclaran sobre todo la situación que desembocó en la revuelta del 3 de febrero de 1522. Muestran claramente que los virreyes no estuvieron dispuestos en ningún momento a actuar de acuerdo con las cláusulas del tratado de pacificación del 25 de octubre. No hay prueba concluyente alguna que nos permita afirmar que fueron los virreyes los que deliberadamente provocaron la revuelta del 3 de febrero, pero lo cierto es que ésta no podía resultarles más beneficiosa: les evitó retractarse oficialmente de los compromisos contraídos, puesto que eran los comuneros quienes atentaban con las armas contra el poder real. Hay ciertos puntos oscuros en este incidente. Faltan los documentos que podrían permitir una reconstrucción exacta de la cronología de los acontecimientos y una delimitación de las responsabilidades. Los archivos tan sólo dan fe de la progresiva complicación de la situación en Toledo desde el 25 de octubre hasta el 3 de febrero.

Nada indica que los comuneros desearan la ruptura o revisión de un acuerdo que había puesto fin al conflicto en una forma muy honrosa para ellos. Por otra parte, el prior de San Juan había tenido palabras de elogio para doña María Pacheco, que, en el mes de octubre había contribuido a apaciguar los ánimos y se había mostrado dispuesta a colaborar con toda lealtad con las autoridades[1184]. En el período transcurrido entre el 1 de noviembre y el 3 de febrero, esta buena voluntad dejó paso a la desconfianza, a la irritación y finalmente a la cólera. Hemos encontrado documentos que ilustran esta evolución, aunque por desgracia poco precisos y sin fecha. Se trata ante todo de frases desengañadas, un tanto enigmáticas, sobre la dificultad, o mejor quizás la imposibilidad de preservar una paz en la que no hubiera ni vencedores ni vencidos[1185]. Se trata también de testimonios que nos muestran cómo la casa de doña María se iba convirtiendo en una especie de fortín. En ella se llegó incluso a instalar cañones pese a la vigilancia de las autoridades; allí se reunían los más devotos partidarios de la Comunidad y los fieles de doña María, al frente de los cuales figuraba constantemente Gutierre López de Padilla, hermano de Juan de Padilla. Estos comuneros, inquietos ante el rumbo que comenzaban a tomar los acontecimientos, hacían circular falsas noticias: el rey ha muerto, ya no existe rey; y comentaban con preocupación diversos rumores[1186]. Hay otros testimonios que prueban claramente que los comuneros temían y esperaban una denuncia unilateral de los acuerdos del 25 de octubre. Un día, el doctor Zumel, encargado del mantenimiento del orden, acudió al anochecer a casa de doña María. Al salir de la casa se encontró frente a una concentración de cien a ciento cincuenta personas y alguien le espetó amenazadoramente:

Guárdese lo capitulado, syno juro a Dios que de vn almena quedeys colgado[1187].

En otra ocasión, en circunstancias nada claras, los canónigos mandaron arrestar a un clérigo y le condujeron a la prisión del arzobispado. En mitad de la noche una pequeña patrulla partió del domicilio de doña María e intentó forzar la puerta de la prisión para liberarlo[1188].

Llegamos así a los acontecimientos del 3 de febrero de 1522, de los que a veces se ha dado una versión poco ajustada a los hechos, ateniéndose al relato del cronista[1189]. Son muchos los puntos que aún deben ser aclarados, pero la revuelta de febrero fue una consecuencia lógica del clima de desconfianza que se había ido creando en Toledo desde la llegada del doctor Zumel. Los virreyes habían dado instrucciones precisas al doctor en el sentido de restablecer por completo la autoridad del rey en la ciudad. Doña María Pacheco no estaba dispuesta, por su parte, a entregar sus armas hasta que Carlos V no hubiera ratificado personalmente el acuerdo de octubre. Juan Gaitán y Hernando de Ávalos trataron de convencerla de la inutilidad de toda resistencia. En la tarde del domingo, 2 de febrero, Gutierre López de Padilla y Pero Núñez de Herrera visitaron al arzobispo de Bari para transmitirle un mensaje de doña María Pacheco. El prelado intentó persuadirles de que lo más sensato era someterse a las exigencias de Zumel; la entrevista se prolongó hasta las tres de la madrugada, pero al parecer sin resultado positivo. Parecía imposible evitar un enfrentamiento armado; todas las calles adyacentes a la morada del arzobispo estaban ocupadas por soldados[1190]. Al día siguiente por la mañana, éste intentó una última gestión pidiendo a sus interlocutores de la víspera que se reunieran con él urgentemente. Pero Núñez respondió diciendo que ya no tenía objeto seguir parlamentando:

Dezyd al señor arzobispo que ya sabe que hemos derramado nuestra sangre en seruicio de sus magestades, que no llamándonos para que seamos contra esta casa [la de doña María] que luego yremos; pero que pues nos hallamos en esta casa, suplicamos a su señoría que no nos mande cosa contra ella, que en lo demás que ya sabe que le hemos de seguir e sentir[1191].

Estas palabras aportan luz sobre el contenido de la entrevista. El doctor Zumel deseaba la cabeza de doña María, último símbolo visible de la revolución. Los comuneros comprendían perfectamente que todo estaba perdido, pero se negaron a entregar a la viuda de Padilla; el último combate sería el combate del honor.

Durante toda la mañana del 3 de febrero se observaron preparativos para la lucha en ambos bandos. El arzobispo, con una fuerte escolta, se presentó en el ayuntamiento, donde presentó solemnemente sus atribuciones de gobernador de la ciudad e hizo proclamar por todas las plazas y las calles el texto del acuerdo firmado con la Comunidad. No parece que se tratara de los acuerdos del 25 de octubre a juzgar por los comentarios desfavorables que suscitó entre la población. Antes bien podemos pensar que se trataba de un nuevo texto que el arzobispo, el doctor Zumel y el prior habrían hecho firmar a los antiguos miembros de la congregación y que consagraba la derrota de la Comunidad. Doña María Pacheco escuchó desde su ventana esta proclama, acompañada por Gutierre López y Pero Núñez. No pudo contener su ira:

Que pregonavan papeles e que todo no hera nada.

He aquí la opinión de Gutierre López:

Dixo que pregonavan vino, que pluguiese a Dios no se tornase vinagre.

A continuación, doña María comenzó a arengar a la multitud concentrada delante de su ventana:

Mirad, hermanos, este perdón no es verdadero; mirad no os engañen, que quieren pregonar las alcavalas e sobre esto avernos de morir todos, e que se auía de dar parte a las parrochias.

Dezía doña María a la gente que allí estaua que el perdón que el arzobispo dezía que le viesen con los capítulos del perdón del prior e sy no hera asy que lo comunicasen con sus parrochias[1192].

El enfrentamiento se produjo al mediodía, cuando las autoridades ordenaron apresar a un agitador. Los comuneros ocuparon la calle con la manifiesta intención de oponerse a la ejecución. Diversos testimonios hacen referencia a concentraciones de hombres en la casa de doña María. El arzobispo de Bari envió un emisario a la condesa de Monteagudo, hermana de doña María, para que tratara de contener a la viuda de Padilla, que de otro modo provocaría su propia destrucción:

Que no se quisiesse destruyr.

Tanto la condesa como doña María exigieron la inmediata puesta en libertad del condenado. Pero Núñez de Herrera, provisto de un salvoconducto fue a parlamentar con el arzobispo. Pero vano. Los comuneros, entonces, se dirigieron a la prisión, produciéndose el enfrentamiento con los soldados que pretendían cerrarles el camino. Ambos bandos gritaban. Unos, «¡Padilla!, ¡Padilla!» y los otros, «¡Muerte a los traidores!». Se combatía en la calle, en casa de don Pero Laso de la Vega, en la de doña María. Parte del clero intervino en la refriega para apoyar la acción de las fuerzas del orden. La lucha se prolongó durante más de tres horas, hasta que la condesa de Monteagudo solicitó una tregua, concedida de inmediato, y que señaló la derrota de los comuneros[1193].

Vuelta la calma, durante la noche Gutierre López acudió nuevamente a entrevistarse con el arzobispo de Bari[1194]. No sabemos de qué pudieron hablar ambos enemigos. Ya no era momento de concluir acuerdo alguno, puesto que los comuneros habían sido completamente aplastados. Podemos pensar, más bien, que la conversación debió girar en torno a la suerte de los dirigentes comuneros, y especialmente respecto a la de doña María Pacheco. Esta consiguió escapar después del tumulto. Salió de la ciudad, disfrazada, y se refugió en Portugal. No es inverosímil que su partida se hubiera producido con el acuerdo tácito del arzobispo de Bari[1195].

El enfrentamiento del 3 de febrero y la huida de doña María sellan el fin del movimiento comunero en Castilla. La resistencia comunera cedió definitivamente en todas partes. Los canónigos de Toledo hicieron gravar una inscripción en el claustro de la catedral conmemorando el retorno de la paz a la ciudad[1196]. El doctor Zumel, encargado de llevar adelante la represión, tenía ahora plena libertad de acción. Su primera decisión fue demoler la casa de Padilla, donde mandó erigir una columna con una placa que recordaba las desgracias causadas en el reino por la instigación de Padilla y sus cómplices[1197]. Durante dos meses, Zumel persiguió despiadadamente a los comuneros que quedaban en la ciudad. En abril su labor había terminado. Toledo había vuelto al orden[1198].

5. GEOGRAFÍA DEL MOVIMIENTO COMUNERO

Podemos sentar de entrada esta premisa: ninguna región de España se vio libre por completo de la agitación de 1520-1521. Prácticamente en todas partes, las mismas causas engendraron la inquietud y el descontento: la partida del rey, la animadversión contra un virrey extranjero, los nuevos impuestos, las malas cosechas, el alza de los precios. En todas las regiones de la corona castellana se provocaron una serie de incidentes.

¿Es válido atribuir la responsabilidad de todos estos incidentes y levantamientos a la subversión de los comuneros? Todas las víctimas de estas inquietudes, los corregidores, jueces, recaudadores de impuestos, pequeños y grandes señores, todos los que vieron cómo se les oponían sus administrados, sus justiciables, sus contribuyentes o sus súbditos, tendieron a señalar en bloque a la Comunidad como la culpable de sus desgracias. Cierto que los comuneros supieron explotar en su provecho todos los descontentos. Su propaganda incidía en un terreno abonado; no es sorprendente, pues, que obtuvieran éxitos notables. Los contemporáneos comparaban a menudo la rebelión a una epidemia: enfermedad pegadiza[1199] de la que no se libraba ningún sector ni región alguna. Y no obstante, es importante dar al movimiento comunero una definición más precisa, so pena de verlo diluirse en un sinnúmero de pequeñas agitaciones locales mal coordinadas. Una simple revuelta no significaba que la ciudad en la que se produjera hubiera abrazado la causa comunera. Por consiguiente, no hablaremos de auténtico movimiento comunero sino en los lugares donde concurran dos circunstancias concretas:

1. La sumisión a la Junta General, reconociendo su autoridad en materia administrativa, fiscal, judicial, política, militar y religiosa;

2. La substitución de las autoridades locales por una administración revolucionaria de carácter más representativo.

Partiendo de tales presupuestos podemos afirmar que la rebelión se extendió preferentemente por las cuencas del Duero y del Tajo. Después de algunas vacilaciones, situó su capital en Valladolid, en el mismo corazón de Castilla la Vieja. Su influencia es menor cuanto más nos alejamos de este centro de gravedad. Galicia, Extremadura y Andalucía permanecieron relativamente en calma; el reino de Murcia y el País Vasco se vieron más intensamente afectados, y fueron las dos Castillas las que aportaron, hasta los últimos compases de la insurrección, los dirigentes, las tropas y el dinero. Así era ciertamente cómo uno de los virreyes, el condestable, veía la situación:

Todo quanto ay de aquí a la Sierra Morena, todo está levantado[1200], escribió el 30 de septiembre de 1520 desde Briviesca, mientras que el 3 de febrero decía en Burgos:

El daño está dende aquí a Toledo, que es lo del medio destos reynos[1201]

Así pues, la insurrección de las Comunidades aparece como un fenómeno típicamente castellano, con ciertos matices que habremos de tener en cuenta, ya que Burgos, la capital histórica de Castilla, desertó muy pronto del bando de la rebelión.

I. —Galicia

Galicia se mantuvo al margen de los graves problemas que se debatieron en las cortes de La Coruña. La partida del rey no provocó ninguna manifestación popular, y no fue sino en el mes de agosto cuando se dejaron sentir los primeros síntomas de descontento contra los nuevos impuestos. El 10 de agosto, la población de Santiago de Compostela recorrió las calles de la ciudad al grito de «¡Libertad! ¡Libertad!», en lo que no era la manifestación de una reivindicación de tipo político sino tan sólo la protesta contra una fiscalidad excesiva, como ya se precisaba en los informes, respecto a estos incidentes:

No querían ni avian de pagar el servicio.

La multitud se apoderó de la persona del procurador general de la ciudad y amenazó con colgarlo en la plaza del mercado en el lugar donde se realizaba la pesada del pescado. El arzobispo Fonseca consiguió apaciguar las iras llegando, incluso, a halagar la vanidad del populacho:

Salió a ellos llamándoles señores.

Al mismo tiempo se produjeron otros incidentes en Mondoñedo. En realidad, el descontento contra los nuevos impuestos no habría de cesar nunca completamente:

Antes se darían al rey de Francia que pagar el dicho servicio.

En abril de 1521, monjes y eclesiásticos volvieron a airear el tema de los impuestos:

Que no se pagase el servicio.

Un magistrado arrestó a algunos de estos predicadores y la situación volvió a la normalidad. En lo sucesivo los recaudadores pudieron realizar su tarea sin ser molestados[1202].

Simple agitación antifiscal, en suma. Galicia se agitó el 10 de agosto, es decir, antes del incendio de Medina del Campo, que en otras regiones contribuyó decisivamente a robustecer la autoridad de la Junta. Esta desde luego intentó ganar a Galicia para la causa, pero en vano. Sus emisarios ni siquiera fueron recibidos[1203]. No obstante, los magistrados y señores locales permanecían alerta, y a principios de diciembre de 1520, el arzobispo Fonseca convocó una asamblea general de los señores de Galicia. Todos asistieron a ella o enviaron una representación: el conde don Hernando de Andrade, el conde de Benavente, el marqués de Astorga, la condesa de Lemos, el conde de Altamira, el obispo de Lugo… en definitiva, «los señores e caballeros deste reyno de Galicia que en él tienen parte e vasallos».

La asamblea acordó el 4 de diciembre redactar un manifiesto. Era importante mantener a la provincia al margen del movimiento insurreccional, defender las prerrogativas reales, pero también hacer frente a la agitación antiseñorial. Todos estos aristócratas se comprometieron a defenderse mutuamente en caso necesario. En contrapartida, solicitaron para Galicia el derecho a tener representación en Cortes y el establecimiento en La Coruña de una casa de contratación para canalizar el comercio con América, similar a la que ya funcionaba en Sevilla[1204].

La Junta no llegó a tener nunca gran influencia en Galicia. El acuerdo del 4 de diciembre no iba dirigido tanto a defender el poder real —que no estaba seriamente amenazado— como a mantener y quizás reforzar un régimen señorial que comenzaba a ser discutido. Esto lo vio perfectamente el conde de Fuensalida, también aristócrata, pero que no tenía intereses en Galicia:

Es cierto que la mayor parte de tener alteración en él [el reino de Galicia] a sido la gana que los vasallos del arzobispo y conde don Fernando [de Andrade] y otros cavalleros an tenido de levantarse contra ellos y el muy buen aparejo que allavan en los vezinos para ayudarlos y como ay pocos lugares realengos y tienen temor por lo que han visto los tienpos pasados que estos señores han de meter la mano en usurpar algo de lo suyo (…). Estos capítulos [el manifiesto del 4 de diciembre] no fueron por el reyno syno por personas particulares.

Y Fuensalida proseguía: muchos piensan que el arzobispo Fonseca y el conde Andrade intentan aumentar su poder hasta llegar a dominar Galicia. Así, por ejemplo, el conde pretende percibir las alcabalas en Betanzos, ciudad real[1205].

Tal era la finalidad que perseguían los aristócratas gallegos. Temían —y no sin razón— una posible pérdida de sus derechos señoriales. En una ocasión un castillo del conde Andrade había estado a punto de ser tomado al asalto[1206], y en todas partes podía constatarse la mala disposición respecto al pago de los impuestos:

Comienzan a gustar de no pagar a sus señores ni las rentas reales[1207].

El 29 de marzo, el emperador tomó constancia en Worms del manifiesto del 4 de diciembre. Ciertamente felicitó a Galicia por su lealtad pero se abstuvo de hacer la menor promesa. Tanto en lo relativo a la representación en Cortes como a la creación de la casa de contratación de La Coruña, el emperador comunicó que no tomaría una decisión hasta su regreso a España[1208]. Por supuesto, Galicia no consiguió ninguna de las dos cosas.

Agitación antifiscal y movimiento antiseñorial —por una parte rápidamente controlados— a esto quedó limitada la agitación en Galicia en 1520-1521. Los comuneros supieron explotar en otros sitios estas dos causas de descontento, pero en Galicia ni siquiera demostraron el menor entusiasmo en hacerlo. Esta región quedó, pues, al margen del movimiento comunero. La organización señorial era en ella extraordinariamente fuerte y muy antigua, ya que se remontaba a los primeros siglos de la Reconquista. Según Valdeavellano, Galicia es incluso la única región de Castilla en la que puede hablarse con cierta justeza de la existencia de un verdadero régimen feudal[1209]. El factor predominante en la estructura de la propiedad era la gran posesión laica o eclesiástica; los realengos eran muy poco numerosos, y aislados de los centros castellanos. Podemos comprender pues, que las ideas de los comuneros, hombres libres que residían en ciudades libres, no hallaran en Galicia sino muy débil eco. Y cuando los gallegos intentaron levantarse contra la opresión señorial se encontraron ante ellos la muralla del poder de los señores, solidarios desde el 4 de diciembre para mantener el orden establecido.

II. EXTREMADURA

Esta provincia, más próxima que Galicia a los núcleos revolucionarios, no pudo mantenerse totalmente al margen de la guerra civil. La Junta General intentó difundir en ella sus hombres y sus ideas. En ocasiones obtuvo algunos éxitos locales, pero ni siquiera estas victorias están perfectamente claras. Tal es lo que puede colegirse del examen atento de los documentos que se conservan.

La subversión no llegó a triunfar en Trujillo. La ciudad prestó oídos sordos a los requerimientos de la Junta. Las facciones rivales que en otro tiempo se enfrentaban enconadamente cesaron momentáneamente en sus querellas; los virreyes temieron que el castillo pudiera llegar a caer en manos de los comuneros, pero la victoria de Tordesillas hizo reflexionar al alcalde. La ciudad escapó, pues, a la influencia de la Junta[1210].

También Badajoz se mantuvo fiel al poder real, a pesar de algunos enfrentamientos con el corregidor, cuya gestión fue duramente criticada por la población. Un regidor pidió incluso su sustitución. Los virreyes, antes de tomar una decisión, calcularon cuidadosamente los riesgos, por cuanto si acceder a esta petición significaba renunciar a su autoridad y ceder al chantaje, rechazarla hubiera significado —así lo creían— que la ciudad abrazara la causa de los rebeldes. Los virreyes destituyeron al corregidor, pero luego, ante las protestas del Consejo Real, le restituyeron en sus funciones. Pese a todo, Badajoz siguió acatando la autoridad del rey[1211].

Sin embargo, parece que Cáceres se unió a la Comunidad. No poseemos datos concretos al respecto, pero la existencia de una provisión del 15 de abril de 1522 que concedía la amnistía a la ciudad, a excepción de los rebeldes más comprometidos, no deja lugar a dudas: los comuneros llegaron a establecer en la ciudad su propia administración[1212]. Sería importante conocer datos más precisos para calibrar exactamente la amplitud de esta adhesión al movimiento revolucionario.

El caso de Plasencia, sobre el cual poseemos más información, permite apreciar con más rigor los límites de una adhesión aparente a la Comunidad. Los incidentes se desataron en la noche del 27 de agosto, cuando llegaron a la ciudad las noticias sobre el incendio de Medina del Campo[1213]. Grupos de hombres comenzaron a manifestarse por las calles a los gritos de «¡Comunidad!; ¡Comunidad!; ¡Viva la reyna e el rey, nuestros señores, e la comunidad!». En seguida se difundió la noticia de que Fonseca y Ronquillo marchaban hacia la ciudad, con la intención de refugiarse en el castillo, cuyo alcalde era un hombre a sueldo de Fonseca. La multitud se enfureció, pero necesitaba alguien que la dirigiera. Los personajes importantes de la ciudad se negaron a ponerse al frente. Entonces se impuso la figura de un joven de veinticinco años, Pero Fernández de Paniagua, que se declaró dispuesto a convertirse en portavoz de la población, procurador general de la comunidad:

Y entonces, con grita, la gente que allí se falló gelo agradeció mucho y entonces mandó repicar el dicho Pero Fernández la canpana de la yglesia de señor Santistevan e se repicó la canpana a las diez o onze de la noche e allí se entrará con todos los que se juntaron en la plaza, que fue mucha gente, y estando allí, a bozes, dixeron: Biva la reyna y el rey, nuestro señor, y el señor Pero Fernández.

Así fue Paniagua elegido por aclamación popular, «procurador para entender en el bien e pro común de la reyna e rey, nuestros señores, e de las Comunidades».

Inmediatamente, Paniagua acudió a casa del corregidor Rengifo y le conminó a adherirse a la Comunidad; ante su negativa, Paniagua le destituyó. Al día siguiente, Rengifo reconsideró su decisión y se avino a empuñar la vara, símbolo de sus funciones, en nombre del rey, la reina y de la Comunidad[1214]. Paniagua no se contentó con esto y dio las órdenes precisas para vigilar los movimientos de Fonseca, movilizó a todos los hombres con capacidad para empuñar las armas, organizó turnos de guardia en las puertas de la ciudad, obligó al recaudador de las alcabalas a entregarle los fondos necesarios y finalmente convocó a la población para proceder a la elección de diputados, que sustituirían en la administración municipal a los regidores. Fonseca y Ronquillo pasaron directamente a Portugal sin detenerse en Plasencia, pero la ciudad, pese a que no existía ya peligro inmediato, continuó organizada en comunidad. El 1 de septiembre los nuevos dirigentes tomaron contacto con la Junta de Ávila[1215] que nombró de inmediato un corregidor comunero, Diego de Anaya[1216]. Los diputados enviaron un emisario a Salamanca para estudiar el funcionamiento de la Comunidad local:

Acordará de enbiar el procurador e diputados a Salamanca vn mensajero para saber o viese cómo pasava en Salamanca e que lo truxese sabido porque ansí fiziesen en esta cibdad.

Pese a las amenazas del cardenal Adriano, parece que Plasencia se unió al bando rebelde[1217].

¿Pero era sincera esta adhesión? ¿Sería definitiva? Desde hacía mucho tiempo, Plasencia, como muchas otras ciudades en esta época se hallaba dividida en dos facciones rivales que se vigilaban estrechamente. De un lado, el clan de los Carvajal; de otro, el de los Zúñiga. Dos eclesiásticos eran las figuras prominentes: don Bernaldino de Carvajal, archidiácono, por el clan Carvajal, y el deán don Gómez de Jerez, por los Zúñiga. Ambos grupos se vieron sorprendidos por los acontecimientos; la manifestación del 27 de agosto no fue organizada por ninguno de los dos. No obstante, los Zúñiga se anotaron un punto positivo, por cuanto el joven procurador de la comunidad, Paniagua, pertenecía a su clientela. Los Carvajal, por su parte, se mantuvieron al margen.

Pese a que la Comunidad había triunfado en Plasencia, el castillo escapaba todavía a su control. El alcalde que lo detentaba en nombre de Fonseca, consciente de su debilidad, no se obstinó en ningún momento por conservarlo. El 17 de septiembre llegó a un acuerdo con la ciudad y se declaró dispuesto a someterse a la decisión de la Junta general, con la esperanza, sin duda, de que todo el mundo aceptara de buen grado su actitud conciliadora. La Junta no se contentó y recomendó a la comunidad local que destituyera al alcalde y confiara el castillo a un hombre de su confianza. Esta orden llegó a Plasencia el 23 de septiembre, domingo, al atardecer. Inmediatamente, los habitantes de Plasencia se reunieron en la iglesia de Santistevan, donde un escribano dio lectura a la provisión de la Junta. Algunos sugirieron que se procediera en aquel momento a la designación de un nuevo alcalde, proponiendo para el cargo a Paniagua, que ya era procurador. Este fue aclamado por una fracción de los asistentes, pero esta vez hubo protestas, pues había otros que preferían la elección de Luis de Trejo, diputado, «que hera cavallero e persona de hedad e casado». Se propuso entonces que, dado que no existía unanimidad de criterio, se procediese a convocar a la población por parroquias, como era la norma en todas partes, para proceder así a la elección. Paniagua se opuso rotundamente, afirmando que nada debía impedir a la asamblea llevar a cabo una votación allí mismo. La discusión subió de tono. Alguien pidió entonces que por lo menos se reuniera el regimiento y los diputados para examinar las diversas candidaturas. Pero Paniagua volvió a oponerse a esta sugerencia, «diziendo que heran bachillerías». La asamblea terminó en tumulto. Paniagua y Luis de Trejo se dirigieron entonces al castillo, pretendiendo ambos haber sido elegidos alcalde, y seguidos por sus respectivos partidarios, que no tardaron en llegar a las manos. De resultas del enfrentamiento hubo varios heridos. Un sector del clero organizó una procesión en pos del Santísimo Sacramento para apaciguar los espíritus. Por su parte, doña María Carvajal intervino en el conflicto, consiguiendo que ambos grupos acordaran una tregua. Finalmente, dos hidalgos neutrales tomaron posesión del castillo hasta tanto llegara la decisión de la Junta.

Los incidentes del 23 de septiembre no plantean ningún problema de interpretación. Aquella noche, en efecto, el archidiácono y el deán impulsaron a luchar a sus respectivas clientelas. No fue otra cosa, pues, que un enfrentamiento entre los dos clanes rivales. Los Carvajal, que no habían reaccionado con ocasión del nombramiento de Paniagua como procurador de la comunidad, se opusieron a que ocupara también el cargo de alcalde, pues esto hubiera supuesto entregar la ciudad al control de los Zúñiga. Fue por eso que decidieron promocionar la candidatura de uno de los suyos para el puesto. Y durante la noche del 23 de septiembre no dudaron en recurrir a la fuerza para impedir una victoria demasiado clara de sus adversarios.

Los Carvajal llevaron aún más lejos su contraataque, presentándose como los únicos comuneros sinceros de Plasencia. Veamos la profesión de fe de su jefe, el archidiácono, el 23 de septiembre:

Dizen los otros que vos no soys con la comunidad, y el dicho arcediano respondió que él hera con la comunidad e con los menores della e que no quería que la cibdad se enajenase, sino que fuese de sus altezas e esenta, y que él hera el menor de la comunidad e que él quería salir a la plaza en favor de la comunidad e de los menudos della.

Los Carvajal denunciaron a Paniagua a la Junta. No contentos con haberse opuesto a su designación para el puesto de alcalde, intentaron que se le desposeyera del título de procurador de la comunidad, que a sus ojos había obtenido demasiado fácilmente el 27 de agosto. Su portavoz expuso un sombrío panorama de la situación en Plasencia ante la comisión judicial de la Junta: la ciudad vivía presa del terror; temía las iniciativas de los Zúñiga; en cualquier momento podían correr ríos de sangre; el gran responsable de esta situación no era otro que Paniagua, un nombre a sueldo de Fonseca y de los Zúñiga, y muy unido al duque de Béjar, y que se había investido con el cargo de procurador sin haber sido elegido en la forma debida; este hombre se había comportado desde la jornada del 27 de agosto como un auténtico déspota:

Siendo procurador como se dezía, aviendo de hazer las cosas que convenía al bien común, las hazía él por su propia abtoridad sin tomar consejo con los diputados ni el parecer dellos, como hera obligado, mandando absolutamente en todo, ansí en las cosas de justicia como en las otras, como si fuese absoluto señor desta cibdad, e a esto le dava favor el deán de Plazencia donde comía e dormía continuamente.

Los Carvajal exigieron, pues, medidas urgentes. Diego de Anaya, el corregidor designado por la Junta, debía personarse de inmediato en Plasencia; había que proceder a la destitución de Paniagua; y, finalmente, era preciso que las parroquias eligiesen un nuevo procurador y un capitán que se encargara del mantenimiento del orden.

Paniagua negó que fuera amigo de Fonseca y del duque de Béjar. En cuanto a lo que se decía de que era demasiado joven, ¿acaso Padilla y don Pedro Maldonado no lo eran también? Ninguno de los dos tenía más de veinticinco años. Paniagua afirmó además haber sido nombrado correctamente procurador y alcalde. Para reforzar su posición reunió a sus partidarios el 7 de octubre en las iglesias de San Nicolás y Santa María, la catedral; todos los reunidos aseguraron a Paniagua que gozaba de toda su confianza y manifestaron su protesta respecto a la posible destitución de su procurador.

Era demasiado tarde, por cuanto la Junta ya se había pronunciado. El día anterior había decidido que la población debería proceder a una nueva elección para el cargo de procurador de la comunidad. Hasta tanto ésta se llevara a cabo, Paniagua quedaba suspendido de sus funciones. El 9 de octubre un correo llevó a Plasencia el texto de esta provisión, que fue proclamado inmediatamente por toda la ciudad. Los habitantes se reunieron en Santistevan y resultó elegido como procurador Martín Ruiz de Camargo. Únicamente dos votos consiguió Paniagua.

Al día siguiente, Paniagua protestó por esta elección, so pretexto de que los electores habían votado impulsados por el miedo, y de que únicamente representaban a una minoría de la población de Plasencia. La Junta solicitó entonces al corregidor que presentara un informe de la situación. La encuesta comenzó el 24 de octubre, y en sus conclusiones se afirmaba la necesidad de expulsar de la ciudad a cierto número de caballeros si se quería conservar el orden y la calma en los espíritus. Así, en noviembre, una pequeña fuerza venida de Salamanca a petición del corregidor procedió a la expulsión de algunos caballeros, todos ellos del clan de los Zúñiga[1218]. La Junta hacía, por tanto, responsable a Paniagua de todos los desórdenes ocurridos en la ciudad[1219]. Al mismo tiempo completó la implantación de la comunidad en Plasencia; autorizó a los regidores a mantenerse en su puesto, pero limitó considerablemente sus atribuciones, ya que a partir de ese momento quedaban sometidos a la autoridad de los diputados y del procurador, ambos elegidos democráticamente por la población:

Que los vecinos e regidores husasen de sus oficios lícita e devidamente en aquellos casos que tienen poder e que no se entremetiesen en cosa que tocase a la governación de la dicha cibdad syn acuerdo e parecer de los diputados e con la mayor parte dellos y el procurador acordare se cunpliese e se efectuase y que la Justicia executase lo que los dichos diputados e procurador acordasen[1220].

Estos proscritos, estos regidores, cuyos poderes quedaban restringidos, pertenecían la mayor parte al clan de los Zúñiga. En el mes de noviembre los Carvajal consiguieron aún mayores éxitos. Su jefe, el archidiácono, fue felicitado oficialmente por la Junta «por lo que trabaja por la comunidad», y los dirigentes de Tordesillas le confiaron atribuciones militares muy amplias, designándole como capitán de la ciudad y toda la tierra de Plazencia y avn de toda Extremadura. Además, en el caso de que se produjese el fallecimiento del obispo de Plasencia —gravemente enfermo entonces—, sería el archidiácono el encargado de la administración de la diócesis hasta que se designara un nuevo titular[1221].

Plasencia parecía, pues, totalmente sometida a la Comunidad. Cuando las tropas realistas se apoderaron de Tordesillas, en el mes de diciembre, la ciudad exhortó a la Junta a proseguir sus tareas en Valladolid y a tomar venganza de los grandes[1222]. Sin embargo, no debemos dejarnos engañar por este ardor revolucionario, en realidad vanas palabras.

¿Cuál fue la reacción de Plasencia cuando en marzo de 1521 la situación de los comuneros comenzó a hacerse más difícil? Cierto que continuó manifestando a la Junta su sentimiento de solidaridad, pero al mismo tiempo añadió que le resultaba imposible acudir en ayuda de Padilla. Tampoco podían aportar dinero, pues la cosecha había sido mala y había que pensar en comprar trigo. No podían enviar soldados porque Plasencia estaba rodeada de enemigos: Trujillo, Cáceres, Ciudad Rodrigo, el duque de Béjar, etc[1223].

El deán de Salamanca, comunero auténtico, no se dejó engañar. En este sentido, advirtió a Diego de Guzmán, diputado de Salamanca en la Junta, que no se podía contar en absoluto con la colaboración de Plasencia. Cierto que se había expulsado de la ciudad a los enemigos de la Comunidad, los contrarios del bien común, pero gracias a la intervención de las tropas de Salamanca. Además, con eso se había hecho el juego a los Carvajal, quienes, dueños absolutos de la ciudad, se habían mantenido en calma durante algún tiempo, para comenzar luego a hacer frente a Diego de Anaya, el corregidor; y ahora —abril— se negaban a ejecutar las órdenes de la Junta[1224].

Esta es la razón de que los Carvajal no fueran perseguidos con dureza en el momento de la represión, a pesar de la insistencia del licenciado Vargas, que tenía intereses en Plasencia. El almirante admitió que los Carvajal habían sido comuneros, mientras que los Zúñiga se habían mantenido leales al rey; pero había que tener presente las circunstancias, dado que ensañarse con una facción, aunque ciertamente culpable, significaría entregar la ciudad a los demás clanes, hazerlos señores. Lo más sencillo y lo más prudente era restablecer el statu quo ante[1225].

El ejemplo de Plasencia nos ilustra sobre lo que debió significar el episodio de las Comunidades en las ciudades divididas en clanes y facciones rivales: simplemente la ocasión para arreglar viejas cuentas. Tras las palabras solemnes y los gestos espectaculares de los Carvajal no anidaba una verdadera fe revolucionaria. Su único propósito era aplastar a la facción enemiga, para lo cual no dudaron en utilizar a la Comunidad. Conseguido su propósito, se las arreglaban para no pagar el precio convenido. Por lo demás, también los Zúñiga manifestaron en un principio poseer convicciones revolucionarias. Recordemos que fue uno de ellos, Paniagua, quien en el entusiasmo de los primeros días solicitó un nuevo corregidor a la Junta y acudió a Salamanca para observar el funcionamiento de las instituciones municipales revolucionarias. Los Carvajal fueron más lejos, pero en realidad el papel desempeñado por unos y otros podía haberse invertido perfectamente. Maravall parece comprender perfectamente los límites del compromiso de Extremadura con las ideas comuneras, cuando escribe que todo se redujo, a fin de cuentas, al enfrentamiento de las dos facciones rivales[1226].

III. —ANDALUCÍA

Ya se ha dicho más arriba: las ciudades de Andalucía se negaron resueltamente en julio de 1520 a enviar representantes a la Junta de Ávila[1227]. Los comuneros volvieron a insistir después de haberse trasladado a Tordesillas, enviando mensajeros, monjes, propagandistas, provisiones redactadas en nombre de la reina. Durante varios meses, la Junta se entregó a una intensa tarea de subversión al sur de Sierra Morena[1228], pero sin conseguir más que escasos resultados. A finales de noviembre el cardenal Adriano afirmaba:

Lo del Andalucía sta bueno y pacifico y en toda obediencia, ecepto Jahén, Úbeda y Baeza[1229].

¿Lealtad hacia el rey o prudente espera? Esta era la cuestión que se planteaba entonces Anghiera. Según este cronista, los andaluces se unirían al bando de los victoriosos[1230]. ¿Qué sucedió exactamente?

1. Jaén, Cazorla, Úbeda, Baeza

Jaén se sublevó el 19 de agosto, pero en circunstancias harto confusas. Hay quienes acusan a don Rodrigo Mejía de haber apoyado el movimiento; otros sostienen que Mejía no actuó sino para tratar de evitar lo peor, es decir, el establecimiento de un gobierno municipal revolucionario. En resumen, su actitud sería similar a la adoptada por el condestable en Burgos en el mes de junio[1231]. Esta situación equívoca se mantuvo durante varios meses. Jaén mantenía correspondencia con la Junta, pero sin decidirse a participar en ella enviando representantes. Sin embargo, la Comunidad dirigió, en principio, la ciudad. En noviembre se apoderó del castillo[1232], y al mismo tiempo una delegación de la ciudad se hallaba en Medina de Rioseco, y luego en Tordesillas, junto al cardenal Adriano, con el propósito de negociar su sumisión al poder real. Jaén solicitó, en efecto, amnistía total respecto a las responsabilidades derivadas de los incidentes del mes de agosto y la confirmación de sus privilegios (exención de alcabalas, mercado franco). El cardenal Adriano, por su parte, trataba de ganar tiempo. Así, en enero de 1521 seguían todavía las conversaciones, y Jaén comenzaba a impacientarse[1233]. En definitiva, no se llegó a un acuerdo positivo, pese a lo cual Jaén no se decidió definitivamente por la Junta. Hasta el final de la guerra civil constituyó, pues, un elemento de incertidumbre para los virreyes, con cuya lealtad no podían contar. No obstante, tampoco la Junta esperaba nada de Jaén, ciudad indecisa, no neutral en realidad, sino manteniendo una actitud que parece confirmar la opinión de Anghiera: expectativa, doble juego.

Cazorla, a poca distancia de Jaén, presentaba otros problemas. La ciudad y su territorio constituían desde los tiempos de la Reconquista una marca del arzobispado de Toledo en Andalucía. De hecho era un dominio señorial, cuyo titular, el adelantado, era nombrado por el arzobispo de Toledo. Cisneros había designado para este puesto a su sobrino, García de Villarroel. En 1518, el cardenal de Croy entregó este feudo a un flamenco, Charles de Lannoy, quien para acallar las susceptibilidades de los castellanos, lo entregó de nuevo a Villarroel, a cambio de una cumplida compensación: una pensión de 1500 ducados[1234]. En el momento de estallar el conflicto de las Comunidades era, pues, el sobrino de Cisneros el que ocupaba nuevamente el adelantamiento. Este, de carácter impulsivo, se ganó la enemistad de la población. En agosto de 1520 no pudo hacer otra cosa más que refugiarse en su castillo para escapar a las iras de sus súbditos[1235]. El marqués de Mondéjar consiguió resolver la situación, pero sólo con carácter provisional[1236]. Apenas restablecido en Cazorla, el adelantado se vio enfrentado a otro grupo de sus súbditos en Villacerrilla. Villarroel empleó mano dura: lanzazos, ahorcamientos. De repente, la aldea entera se sublevó, llamando en su ayuda a los comuneros de Baeza y Úbeda[1237]. Restablecida la calma, el adelantado acusó a los comuneros de todas sus dificultades[1238]. Nada menos cierto que esto. Todo indica que nos hallamos aquí ante un levantamiento contra un señor abusivo, que, sin embargo, no desembocó, como sucedió en muchos lugares de Castilla, en la adhesión a la Comunidad. Quizá con el tiempo la Junta hubiera podido explotar la situación en esta zona. En efecto, a la muerte del cardenal de Croy, los comuneros nombraron adelantado a Padilla[1239]; pero el desastre de Villalar puso fin a estas tentativas.

Úbeda y Baeza se sublevaron al mismo tiempo que Jaén[1240]. El corregidor no intentó resistir y abandonó sus poderes cuando en realidad nadie le obligó a hacerlo. He aquí su respuesta a los diputados de Baeza cuando éstos le pidieron que continuara al frente de su cargo:

Pues vosotros, señores, dezís que hareys más justicia que yo he hecho, cata aquí las varas; tras lo cual se marchó. No era a la Comunidad a la que temía el corregidor, sino más bien a la nobleza local, ya que poco antes de abandonar su puesto había expulsado al clan de los Molina. En el momento de dimitir de su cargo no se recató en expresar su desconfianza respecto a los nobles:

No daría las varas a ningún caballero syno a los diputados.

Dueños y señores de la ciudad, de esta guisa, los diputados de Úbeda eligieron el 20 de diciembre nuevos alcaldes y alguaciles, que pretendían actuar en nombre del rey, pero no de la Comunidad, y que protestaban cuando se les hablaba de comunidad:

Contradezían a las personas que dezían que esta ciudad estaba en comunidad. Nunca tuvieron nombre de comunidad[1241].

Úbeda envió observadores a la conferencia anticomunera de La Rambla, pero no firmó la declaración final[1242], lo que tampoco hizo Baeza, donde la situación era idéntica, con la diferencia de que a ella había acudido en el mes de diciembre para restablecer el orden el marqués de Mondéjar[1243]. Incluso después de Villalar ambas ciudades plantearon graves problemas a las autoridades andaluzas, deseosas de hacer desaparecer últimas secuelas del período revolucionario[1244]. Úbeda y Baeza parecían, así, entregadas a sí mismas. No obedecían al poder real, por cuanto el corregidor había abandonado su puesto y no había sido sustituido por otro; pero, por otra parte, tampoco se hallaban en el seno de la Junta, con la que ni siquiera habían mantenido contactos. No eran, pues, ni la Comunidad ni los virreyes, sino un poder completamente anárquico, el que en ellas dominaba.

De las informaciones incompletas y a menudo contradictorias que han llegado hasta nosotros podemos deducir que ambas ciudades se veían desgarradas por sangrientas luchas entre las facciones rivales. Los Carvajal, de Baeza, asesinaron a don Luis de la Cueva, jefe de los Benavides, y se ensañaron con sus adversarios[1245]; poco después, el comendador Lorenzo Noguera, regidor de Baeza, cayó en una emboscada y fue encontrado apuñalado; su viuda acusó de este crimen a los hermanos Pero Díaz de Guzmán y Diego de Guzmán[1246]. Era fácil y tentador para las víctimas atribuir todos estos sucesos a enfrentamientos de carácter político. Don Diego de Carvajal acusó a los hermanos don Diego de la Cueva y don Juan de la Cueva de haber sublevado las ciudades de Baeza y Úbeda. El único problema estribaba en que el primero de estos presuntos agitadores se hallaba en aquel momento de camino a Alemania. Sin embargo, Carvajal pretendía demostrar lo contrario al emperador[1247]. No es necesario intentar delimitar con exactitud las responsabilidades respectivas. Ni unos ni otros fueron verdaderos comuneros; ambos trataron de aprovechar la situación para solventar querellas seculares[1248] con la esperanza de que la situación política les aseguraría total impunidad y una influencia preponderante en la región.

2. Sevilla

Después de varios meses de calma absoluta, Sevilla vivió también su estallido revolucionario. El domingo 16 de septiembre de 1520, don Juan de Figueroa, hermano del duque de Arcos, se proclamó capitán general del rey e de la comunidad. Sus hombres recorrieron las calles de la ciudad leyendo proclamas en las que invitaban a la población a unirse a la comunidad. Don Juan destituyó a los funcionarios municipales y a continuación se dirigió hacia el alcázar acompañado de un grupo fuertemente armado. Una vez allí obligó al alcalde, don Jorge de Portugal, a abandonar su puesto, y estableció en él su cuartel general. Sorprendidas, en principio por este golpe de fuerza cuidadosamente preparado, al día siguiente las autoridades reaccionaron y con la ayuda del duque de Medina Sidonia, que puso a contribución todos sus efectivos, se lanzaron al asalto del alcázar, que fue reconquistado tras cuatro horas de duro combate. Don Juan de Figueroa fue hecho prisionero, entregado a la justicia y posteriormente sometido a una estricta vigilancia en casa de su hermano el duque de Arcos. Algunos meses más tarde le veremos integrado en las de la Comunidad en los campos de batalla de Castilla la Vieja[1249].

En apariencia, la interpretación de estos hechos es sencilla: Sevilla se declaró en comunidad un buen día, pero dado que las circunstancias eran desfavorables la situación volvió inmediatamente a la normalidad. Pero si consideramos más a fondo la cuestión, en realidad era algo mucho más complejo. ¿Fue en realidad un golpe de fuerza organizado por los elementos comuneros? Lo cierto es que los verdaderos protagonistas de los sucesos del 16 y 17 de septiembre fueron dos clanes rivales: don Juan de Figueroa, de la familia de Arcos, y el duque de Medina Sidonia, en tanto que los funcionarios reales no fueron otra cosa que meros comparsas. La rapidez con la que reaccionó el duque de Medina Sidonia demuestra que se sentía amenazado muy directamente. Desde hacía mucho tiempo su familia se encontraba enfrentada a la del duque de Arcos en su intento de dominar Sevilla. Nos sentimos inclinados a explicar la revuelta del 16 de septiembre como un simple episodio más del conflicto permanente que oponía a las dos grandes familias de la capital andaluza, ambas aquejadas por los difíciles problemas de adaptación que les planteaba la transformación económica de Sevilla. En efecto, las antiguas fuentes de ingresos, los acostamientos reales, estaban desapareciendo, al tiempo que los negociantes, enriquecidos por sus actividades comerciales, comenzaban a comprar los oficios municipales y a rivalizar con la vieja aristocracia en el gobierno de la ciudad[1250].

Desde el advenimiento al trono de Carlos V, la situación de los Medina Sidonia se había visto favorecida con respecto a sus rivales. Un cronista sitúa este acontecimiento en 1519, cuando la corte residía en Barcelona. Sería entonces cuando los ricos hombres de negocios sevillanos habrían comprendido la necesidad de ponerse del lado de los Medina Sidonia, y no ciertamente por el hecho de que los Arcos tuvieran escaso crédito en la Corte, sino más bien porque los Medina Sidonia se mostraban más favorables a ciertas operaciones. En Barcelona, en 1519, un grupo de conversos, dirigido por el veinticuatro Francisco del Alcázar, Hernán Suárez y Pedro de Alcázar, obtuvo la concesión de las alcabalas de Sevilla con una puja de 34.000 ducados. También durante este año el mismo grupo de conversos consiguió otro éxito importante: la autorización de exportar 80.000 cahíces de trigo andaluz. Fue entonces cuando el grupo de negociantes de Sevilla abandonó al duque de Arcos para acogerse a la protección del duque de Medina Sidonia. ¿Cómo no establecer una relación entre estos dos hechos? Bien Medina Sidonia apoyó con toda su influencia a los conversos para permitirles obtener la concesión de las alcabalas y la licencia de exportación, o bien los conversos no tenían necesidad de recomendación alguna, y serían entonces los Medina Sidonia quienes habrían comprendido la necesidad de colaborar con los más fuertes y ricos. Sea como fuere, lo cierto es que Medina Sidonia había pasado a figurar como protector y amigo de los conversos sevillanos[1251].

Estos dos acontecimientos acaecidos en Barcelona a los que hemos hecho referencia tuvieron dos importantes consecuencias en Sevilla:

1. ° En los círculos aristocráticos, los Ponce y la clientela del duque de Arcos, se desarrolló un sentimiento de fuerte hostilidad contra los conversos y Medina Sidonia, al ver cómo los primeros iban dominando poco a poco la administración municipal:

Ciertos cavalleros acordaron que hera bien que los confessos fuessen destruyaos y los que tenían oficios en el cabildo que fuessen dellos desposeydos, que los tales, pues heran hidalgos, no querían ser por confessos regidos[1252].

2. ° En cuanto a la población sevillana, los éxitos de los conversos redundaron en una presión fiscal más agobiante y en el alza del precio del pan. Durante el verano de 1520 no dejaban de comentarse en Sevilla los acontecimientos de Toledo y Segovia, pero en realidad lo que más preocupaba a los espíritus eran las crecientes dificultades económicas. Se intentaron revivir viejos privilegios que dispensaban a la ciudad de ciertos impuestos indirectos, y muchos núcleos de la población amenazaron con la sublevación si sus reivindicaciones no eran atendidas[1253]. En esto también se consideraba a los conversos como responsables directos.

El golpe de fuerza de don Juan de Figueroa surgió de la conjunción del descontento aristocrático contra los Medina Sidonia y los conversos, con el descontento popular contra el alza de los precios y también contra la situación preeminente de los conversos. El 2 de septiembre, don Juan de Figueroa y don Francisco Ponce de León, hermanos del duque de Arcos, se reunieron con un grupo de amigos en el convento de San Pablo, y posiblemente fue allí donde se decidió la acción del día 16. Sus intenciones eran explotar a fondo las iras populares, predicando primero la rebelión contra los impuestos[1254], canalizando luego la hostilidad contra los conversos[1255], para pasar finalmente a gobernar en nombre de la comunidad, comunidad ciertamente poco molesta, dado que sus núcleos de dirección se hallaban al norte del Guadarrama. Así —creemos— se explican las características del levantamiento del 16 de septiembre, atribuido demasiado a la ligera a la comunidad: su carácter aristocrático y demagógico a un tiempo, su aspecto de conspiración contra los conversos y también su rápida represión. Don Juan de Figueroa no se apoyaba en la población; era necesario algo más, ya lo veremos en Castilla, para asegurar la victoria de una auténtica revolución[1256].

No tardó Sevilla en volver a la normalidad. Algunos pagaron con su vida la participación en el levantamiento, mientras don Juan de Figueroa, el más comprometido, pero gozando de impunidad gracias a su cuna, se dispuso a entrar al servicio de los comuneros castellanos. Una comisión de investigación estuvo durante varios meses en la ciudad. No hemos encontrado resto alguno del dosier que sin duda debió reunir[1257]. En resumen, la situación no varió en absoluto. Los problemas económicos continuaron provocando el malestar entre la población, y las dos grandes familias no habían renunciado a su mutua rivalidad. Esto queda suficientemente demostrado por dos incidentes posteriores.

El duque de Arcos no estuvo implicado directamente en los acontecimientos del 16 de septiembre, pero su actitud debió resultar sospechosa, por cuanto Carlos V y los virreyes le pidieron que abandonara la ciudad. No hacía falta mucho para que la agitación surgiera nuevamente, y estuvo a punto de suceder el 3 de febrero. Ese día, el duque de Arcos, humillado por su exilio, decidió regresar a Sevilla, primero en secreto y luego con toda impunidad. Inmediatamente el duque de Medina Sidonia conminó al asistente de Sevilla a que aplicara las instrucciones oficiales y expulsara al recién llegado, muy capaz de provocar incidentes otra vez. La reacción del asistente no fue fulgurante, por cuanto no creía en las supuestas malas intenciones del duque de Arcos. Medina Sidonia decidió entonces actuar por su cuenta y, al igual que había sucedido en septiembre, las dos facciones rivales se vieron enfrentadas en diversos puntos estratégicos de la ciudad. Finalmente, el asistente, convencido de que no habría paz en Sevilla mientras uno de los dos se hallara en la ciudad, les invitó a ambos a abandonarla. Tras algunas protestas, los aristócratas obedecieron[1258].

He aquí la prueba de que la animosidad no había disminuido en los medios aristocráticos. En cuanto al descontento popular, se dejó sentir el 10 de marzo de 1521, cuando con ocasión de la celebración de la feria se produjo una manifestación, al parecer totalmente espontánea. El trigo escaseaba por lo que algunos propusieron ir a visitar a los ricos, todos ellos bien provistos:

Se juntó el pueblo a boz de comunidad y fueron a tomar el pan a los que lo tenían.

La autoridad arrestó a algunos de los manifestantes, ante lo cual se reunió una multitud evaluada en más de cuatro mil personas, exigiendo la libertad de los presos, que finalmente fue concedida. La población se reunió a boz de comunidad, dicen los documentos. Así pues, las dificultades económicas hubieran podido provocar una auténtica sublevación comunera de haber existido líderes capaces de arrastrar al resto de la población. Hemos de dejar constancia de que estos líderes no existieron no sólo en Sevilla, sino en toda Andalucía. Consecuencia importante de la revuelta del 10 de marzo fue la espectacular reconciliación de los duques de Arcos y Medina Sidonia, que decidieron olvidar momentáneamente sus diferencias para contribuir al mantenimiento del orden[1259]. Ambos aristócratas se sintieron solidarios frente a un movimiento que escapaba a su iniciativa y que podía significar un grave perjuicio para sus privilegios. ¿Puede haber una prueba más contundente de que la Comunidad —cuyo nombre resonó débilmente en Sevilla el 10 de marzo— constituía una amenaza de muerte para la aristocracia? No se trataba en esta ocasión de la farsa del 16 de septiembre, en que los nobles habían sido los solos protagonistas. En esta ocasión el peligro era auténtico. Podemos, pues, concluir que la nobleza sevillana se hallaba dividida en tanto que sus intereses de casta no se hallaban en juego; pero colaboraba en el momento en que aparecían a la superficie otras fuerzas sociales. Estas fuerzas, en Sevilla, intervinieron tarde, sin cohesión y sin los dirigentes adecuados. Estas son las causas de que la Comunidad nunca llegara a hacerse realidad.

3. Córdoba, Granada

Para terminar, examinemos la situación en las restantes ciudades de Andalucía, en las que, desde luego, las Comunidades no suscitaron otra cosa que sentimientos de hostilidad. La monografía de Rodríguez Villa sobre Córdoba, muy bien documentada, conserva todavía toda su vigencia. En ella pone en claro la que desde el principio fue actitud invariable de la ciudad: negativa a dejarse arrastrar a una situación ilegal y voluntad afirmada en diferentes ocasiones, de acatar la autoridad del emperador y de sus representantes. Incluso cuando a raíz del incendio de Medina del Campo el Consejo Real se sumió en un descrédito total y la autoridad de la Junta se afirmó de manera decisiva, Córdoba rechazó los requerimientos de Burgos y se ofreció a conceder asilo al cardenal Adriano y a los miembros del Consejo Real[1260]. Esto no significa exactamente que el mantenimiento del orden en Córdoba no presentara ningún problema; pero, desde luego, los intentos de algunos aristócratas agitadores fueron reprimidos sin dificultad. Sólo es necesario añadir algunos matices para completar el cuadro presentado por Rodríguez Villa[1261].

Algunos caballeros deseaban organizar una reunión pública para escuchar el informe de los procuradores, a su regreso de las Cortes de La Coruña. Don Francisco Pacheco, uno de los procuradores, desbarató la maniobra. Los caballeros adoptaron entonces una táctica distinta y decidieron presentar una lista de reivindicaciones contra el alza de los precios, así como restablecer antiguos privilegios, esperando así crear un clima favorable a la agitación. Se trataba de una provocación para movilizar a la población contra las autoridades:

Pedir algunas cosas (…) con yntención que les fuesen negadas para hazer so aquella color alborotar el pueblo; novedades que yntentavan de pedir so color de clavsulas de previllegios viejos y olvidados, de las quates fue vna el quitar de la sysa, como estonces se escrivió al cardenal.

Las autoridades consiguieron impedir cualquier reivindicación que pudiera haber resultado explosiva, sin que por ello se desencadenara una reacción. Esto demuestra que no faltaban en Córdoba motivos para el descontento; pero, al mismo tiempo, que la oposición era demasiado débil y aislada para poder crear serias dificultades a los responsables del mantenimiento del orden.

Entonces intervino el marqués de Comares, quien recibió en su casa a un conjunto de personas muy heterogéneo, caballeros y artesanos:

Recibió en su casa y conpañía algunos [caballeros] y esto se estendió a tanto que comencé a recibir e dar dineros a algunos de los menestrales de la cibdad, cosa no vsada ni vista en ella, los quales eran los que se avian movido a hazer el ayuntamiento de gente so color del recibimiento arriba dicho.

Mientras tanto, el marqués de Pliego, viejo enemigo de Comares, comenzó a sentirse inquieto ante estas idas y venidas y decidió instalarse en Córdoba para estar preparado para cualquier eventualidad. Al igual que vimos en Sevilla, dos familias rivales trataban también en Córdoba de sacar provecho de la situación política. Una de ellas acusó al adversario de provocar la agitación, y pretextando lealtad a la Corona se dispuso a declararle la guerra. Así lo entendió el corregidor, quien pidió al marqués de Comares y al de Pliego, así como al conde de Cabra, que abandonaran la ciudad junto con sus partidarios.

A partir de entonces Córdoba vivió en una calma absoluta hasta finales del invierno de 1520-1521, cuando el agustino fray Juan Bravo dio comienzo a una serie de sermones subversivos. El 8 de marzo, el regimiento ofreció una recompensa de cien ducados a quien apresara al fraile. Pero don Juan parecía inalcanzable. Las autoridades pensaron que trataba de organizar un complot, y sus, presuntos cómplices fueron castigados: un hidalgo, Pedro de Cotes, fue apresado y decapitado, mientras otros fueron descuartizados[1262]. Esta fue la única alarma seria que sufrió Córdoba en esa época, y desde luego no puede afirmarse con seguridad que los comuneros hubieran estado involucrados en ella.

En cuanto a las demás ciudades de Andalucía, no presentan ninguna señal especial de inquietud. En Granada el marqués de Mondéjar controlaba estrechamente la situación, y ofreció con eficacia su concurso para reprimir cualquier agitación en Cazorla, Baeza, Huéscar y Ronda[1263].

4. La liga de la Rambla

Andalucía no sólo se mantuvo al margen del movimiento de las Comunidades, sino que además tomó las medidas necesarias para resistir a la rebelión en forma colectiva. En este sentido hay que interpretar la formación de la liga de La Rambla en el curso del invierno.

Desde Granada, el marqués de Mondéjar no había dejado de alertar a la nobleza y a las ciudades andaluzas contra los intentos de seducción de los comuneros de la Junta[1264]. Sin embargo, la idea de agrupar a las ciudades leales a la causa del rey nació de Córdoba, posiblemente inspirada por su corregidor, don Diego Osorio, que no era otro que el hermano de Acuña[1265]. Así, desde octubre de 1520, Córdoba, Sevilla y Jerez decidieron concertarse para tratar de buscar los medios más eficaces en orden a combatir la propaganda revolucionaria[1266]. Se proyectó la formación de una liga de las ciudades andaluzas, como respuesta a la Junta de Tordesillas[1267]. A estas ciudades se les invitó a enviar sus representantes a La Rambla, pequeña localidad situada a sólo cinco leguas de Córdoba. Los trabajos de la asamblea comenzaron el 20 de enero de 1521 y condujeron a una declaración común que precisaba la posición de las ciudades leales de Andalucía frente a la rebelión. Sevilla, Córdoba, Jaén, Jerez de la Frontera, Ecija, Carmona, Cádiz, Antequera, Gibraltar, Andújar y Ronda, además de los territorios del maestrazgo de Calatrava situados en Andalucía, decidieron enviar sus representantes a La Rambla.

Después de una invocación a Dios y al apóstol Santiago, «patrón e defensor de las Españas», las ciudades representadas mencionaron la guerra civil que aquejaba a Castilla y proclamaron su firme intención de unirse para resistir lo más eficazmente posible a todo intento de subversión:

Acordaron de se juntar y juntaron (…) para se confederar e unir en el seruicio de sus magestades y en su obidencia e de sus gouemadores y para poner paz e sosiego en estos reynos del Andaluzía e Granada y de aquí procurar con todas sus fuerzas de remediar lo de Castilla y traerlo a este propósito.

A continuación reproducimos los puntos sobre los que la asamblea de La Rambla se mostró de acuerdo:

1. Fidelidad al emperador y a sus virreyes;

2. Mantenimiento del orden en las ciudades representadas;

3. Apoyo a los corregidores y a los representantes del poder real;

4. Proscripción de los agitadores;

5. Mantenimiento en sus funciones de los corregidores cuyo mandato llegara a su fin, a menos que fueran reemplazados inmediatamente, de forma que hubiera siempre en todas partes un representante del poder central;

6. Negativa a recibir las cartas de la Junta; y, por supuesto, con mayor motivo, a obedecer sus órdenes;

7. Alianza militar para hacer frente a un eventual ataque por parte de la Junta;

8. Alianza militar contra un posible levantamiento de los moriscos de Granada o contra una invasión de los musulmanes de África;

9. Alianza militar contra toda tentativa de subversión interna;

10. Precauciones contra las concentraciones de soldados que pudieran llevar a cabo los nobles;

11. Llamamiento a las ciudades rebeldes:

Que se escriva a las cibdades de Jaén y Vbeda y Baeca y Toledo e las otras del reyno que están en comunidad que se aparten de los alborotos y escándalos en que están e que vengan en seruicio de sus magestades y obidencia de sus governadores;

12. Llamamiento al rey:

Que supliquen al rey nuestro señor por su venida a estos reynos para que sea lo más breve que ser pudiere y que venga a desenbarcar por estos puertos desta Andalozía y no trayga ni venga con gente estrangera de guerra más de la nescesaría por la mar, porque para todo lo que a seruicio de su magestad conviene esta Andalozía tiene gente de cavallo y de pie toda la que fuere nescesaría para el seruicio de su alteza y pacificación destos reynos;

13. La declaración debería ser ratificada en todas las ciudades representadas;

14. La declaración sería sometida para su aprobación tanto al rey como a los virreyes;

15. La asamblea decidía enviar un emisario cerca del emperador;

16. La liga formada en aquel momento se disolvería en el momento del regreso del emperador;

17. Todas las ciudades quedaban invitadas a poner en pie de guerra un contingente de caballería y de infantería para así poder cumplir los compromisos contraídos. Estos contingentes quedaron fijados de la siguiente manera:

Comarcas | CABALLEROS | INFANTES
Sevilla | 250 | 1200
Córdoba | 250 | 1200
Jaén | 100 | 300
Jerez | 70 | 300
Écija | 70 | 300
Maestrazgo | 70 | 300
Carmona | 30 | 150
Cádiz | — | 100
Antequera | 30 | 150
Andujar | 20 | 100
Ronda | 20 | 100

En conjunto, se trataba, pues, de un ejército de 890 caballeros y 4200 infantes, el que debía ser puesto a disposición de la liga. Ecija manifestó algunas reservas respecto a esta declaración[1268]. Las demás ciudades parece que aprobaron sin restricciones los compromisos contraídos, incluso Jaén, que sin embargo se hallaba en una situación de semidisidencia[1269].

En la práctica, la liga no tuvo oportunidad de demostrar el alcance de su fuerza, ya que, como hemos visto, Andalucía ofrecía escasas posibilidades a los comuneros. Pero, en otro plano, la eficacia moral de la liga de La Rambla es incuestionable. Frente a ambas Castillas, cuna y escenario de la rebelión, Andalucía manifestaba su cohesión y su fidelidad hacia la figura del monarca, de los virreyes y de las autoridades locales, llegando incluso a constituir su propia liga contra los proyectos subversivos de la Junta de Valladolid. La liga, expresión a un tiempo de lealtad y garantía contra la subversión, contribuyó sin duda a mantener a Andalucía en el bando del poder real, haciéndole tomar conciencia de su poder contra cualquier ataque procedente del Norte. Al mismo tiempo constituía una amenaza permanente para las ciudades comuneras más próximas, por ejemplo Murcia[1270]. Los otros centros revolucionarios rechazaron todo contacto. Así, Toledo, a los requerimientos de la asamblea de La Rambla, que le pedía que atendiera a razones, respondió ocho días más tarde con violentas diatribas contra los virreyes y los miembros del Consejo Real[1271].

Los virreyes habían impulsado la constitución de la liga, pero no dejaban de sentir ciertas inquietudes. ¿Acaso no podía sentirse tentada la asamblea de La Rambla a seguir los pasos de la Junta de Ávila, expresando sus reivindicaciones y dificultando así su acción? Una vez conocida la declaración final, no dejaron de ocultar su satisfacción: por fin, el poder real podía contar con el apoyo colectivo de Andalucía[1272].

Antes, pero sobre todo después de la constitución de la liga, Andalucía formaba un bloque que difícilmente podía traspasar la propaganda comunera. En ocasiones se ha querido matizar esta afirmación. La zona del interior, se ha dicho, apoyándose en el ejemplo de Jaén, Úbeda, Baeza y Cazorla, se habría mostrado menos intransigente que el área litoral respecto a la revolución[1273]. Admitámoslo, pese a que cabría discutirlo, pues si nos atenemos a los acontecimientos, Sevilla no sufrió menor agitación que Jaén. En realidad, estamos tentados de afirmarlo, todas las sublevaciones que se desarrollaron en Andalucía en 1520-1521 revelan menos una actitud revolucionaria consciente que una oposición de individuos y facciones. Maravall, con su habitual intuición, nos ofrece una explicación posible: enfrentamientos entre bandos rivales como en Extremadura[1274]. Andalucía, en conjunto, no fue sensible a la propaganda comunera; ¿por qué?

¿Particularismo regional? ¿Negativa a unirse a un movimiento nacido al otro lado de las montañas y que pretendía establecer su autoridad sobre toda la Corona de Castilla? Una carta enviada por Granada a Córdoba y Sevilla demuestra que este argumento fue utilizado. No se nos ocurra seguir a los comuneros de Castilla, escriben los regidores de Granada; quizá sus intenciones son puras, pero ¿a dónde están llevando al país, sino a la guerra civil y a la anarquía? Sobre todo, añade Granada, ¿con qué derecho pretende la Junta dictar su ley en Andalucía?

Que piensen en Castilla mandar e governar en el Andaluzía como en pueblos subjetos a ella[1275]…

No podemos pensar, sin embargo, que fuera la susceptibilidad regional la causa de que Andalucía no se uniera a un movimiento organizado en el norte de la Corona castellana.

Hay quienes afirman también que los andaluces temían que la adhesión a la Junta pudiera hacer renacer la agitación en el seno de la inquietante minoría morisca de Granada[1276]. Cierto que este problema fue discutido en La Rambla, como lo atestigua la declaración final, pero no se le dio un énfasis especial. Nada prueba que esta aprensión, desde luego real, fuera determinante a la hora de elegir entre la Comunidad y el poder real.

Consideremos ahora otra minoría religiosa. A raíz de las investigaciones de Américo Castro hay quienes ven en la situación alcanzada por los conversos la clave de todos los problemas de la historia de España. Así, Gutiérrez Nieto dice: «Fracasado el movimiento comunero en Sevilla porque se había dirigido contra los conversos (…), y fracasada en Sevilla, la causa estaba perdida en el resto de Andalucía[1277]». Ante todo habría que demostrar que la revuelta de Sevilla fue dirigida por los comuneros, y pensamos que tras la argumentación que hemos desarrollado más arriba ha de subsistir cuando menos la duda sobre este punto. Por otra parte, no vemos razón para afirmar que el movimiento habría fracasado en Andalucía por el hecho de haber atacado a los conversos de Sevilla. Nadie puede dudar de que los conversos y sus problemas influyeron en la historia del movimiento comunero, pero sería demasiado simplista reducir los levantamientos de 1520-1521 a una pura lucha a favor o contra los conversos.

Maravall adelanta una hipótesis mucho más sólida cuando llama nuestra atención sobre las diferencias en la estructura social de Castilla y Andalucía. Al sur de Sierra Morena —afirma— los señores ejercían una influencia mucho más notable que al norte[1278]. No otra cosa era lo que decía el conde de Toreno en 1811 cuando al referirse al conflicto de las Comunidades oponía la apatía de Andalucía, región de grandes propiedades y de grandes familias nobles, a la efervescencia que reinaba en Castilla[1279]. El mismo fenómeno lo hemos observado en Galicia; pero, a diferencia de lo que sucedía en esta provincia, en Andalucía existían numerosas e influyentes ciudades de realengo. También es cierto, sin embargo, que la nobleza local tenía gran influencia en ellas, gracias a sus clientelas. Pese a todo, resulta difícil comprender que la Comunidad no reclutara mayor número de adeptos. En Castilla la aristocracia gozaba de una posición fuerte, pese a lo cual la propaganda revolucionaria alcanzó a las mismas propiedades del condestable, del almirante o del conde de Benavente.

Creemos, en definitiva, que si no puede negarse que la nobleza contribuyó a mantener el orden en Andalucía, éste tampoco se vio seriamente amenazado.

Las explicaciones precedentes no dan una idea exacta de las diferencias que existían entre Castilla y Andalucía en el momento en que se planteó el conflicto de las Comunidades. ¿Cómo explicar estas diferencias? Ya en 1517, las ciudades andaluzas se habían negado a secundar a las de Castilla en su petición de una reunión de las Cortes para encontrar solución a los graves problemas que aquejaban al país en ausencia del soberano. Ya hemos dicho antes que los acontecimientos de 1517 nos parecían el preludio del movimiento de las Comunidades[1280]. Esta continuidad entre 1517 y 1520 constituye posiblemente la clave para descifrar el enigma. En ambos casos, Andalucía pareció menos afectada por los problemas que sufría Castilla. La falta de actividad en el mercado interior debido a la ausencia de la Corte, el alza de los precios y la presión fiscal —incrementada para hacer frente a los gastos que exigía la política imperial— se dejaron sentir con menos intensidad en Andalucía, en la medida en que su economía estaba más abierta al mundo exterior y en que no tenía tanto que temer de una orientación política nueva. El comercio con las Indias, en el que muchos nobles participaban como exportadores de vino y de aceite, continuó enriqueciendo igualmente a los negociantes tras el advenimiento al trono de Carlos V. Los impuestos, aunque sin duda superiores, eran más fácilmente soportables por una burguesía mercantil en plena expansión y que además no se sentía amenazada ante las perspectivas de la nueva dinastía, decidida a incrementar los intercambios con la Europa del Norte[1281]. La Andalucía agrícola y comerciante no podía sino salir beneficiada, en tanto que Castilla, agrícola, pero también artesanal y con deseos de desarrollarse industrialmente, quedaba reducida al papel de suministrador de materias primas, quedando además al margen de las rutas comerciales mundiales que aseguraban la prosperidad de los grandes puertos oceánicos. Esto justifica, en nuestro parecer, no la apatía de los andaluces —está en ellos impreso el nombre de comunidá, escribió el almirante[1282]—, sino más bien la indiferencia de las capas medias de la población respecto a una crisis que no les afectaba directamente, y para con una revolución en la que no tenían nada que ganar. De nada sirvió, por ejemplo, que las gentes oprimidas de Sevilla se agitaran contra los ricos y los acaparadores, ya que no existieron dirigentes capaces de coordinar sus acciones y de establecer contacto con la Junta castellana.

IV. —MURCIA

Murcia, distanciada del centro castellano, pero limítrofe del reino de Valencia, donde en aquel momento estalló la revuelta de las Germanías, ocupó un lugar original en el movimiento comunero. Está ciudad se agitó muy pronto y en circunstancias muy particulares. La comunidad se hizo con el poder, pero tardó mucho tiempo en establecer contacto con la Junta General. El marqués de Los Vélez desempeñó un papel central y muy discutido en los acontecimientos de Murcia. Finalmente, tras la derrota de Villalar, Murcia sería una de las últimas ciudades en someterse al poder real.

1. La sublevación

Tres fechas jalonan el establecimiento de un poder comunero en Murcia: el 17 de mayo, el 25 de julio y el 4 de agosto[1283]. En Castilla fueron los impuestos votados en las Cortes de La Coruña la causa inmediata del levantamiento de una población descontenta, que recibió en medio de manifestaciones más o menos espontáneas a los procuradores a su regreso de las Cortes. En Murcia, en cambio, la agitación comenzó antes de la clausura de las Cortes y no estuvo dirigida contra la físcalidad, ni contra los flamencos, ni siquiera contra el poder real. Fueron una serie de circunstancias locales las que provocaron la subversión del orden establecido. En el mes de marzo, algunas personas fundaron en Murcia, y bajo la advocación de San José, una cofradía que reclutaba sus miembros entre los campesinos y artesanos. Esta cofradía no tardó en mostrar su verdadero carácter de organización política y social. El día de la Ascensión, 17 de mayo de 1520, a la salida de la misa se reunieron más de trescientas personas delante de la catedral, y desde allí comenzaron a desfilar por las calles, precedidos por un tambor y tres estandartes y a los gritos de: «Biva el rey y la justigia». En ese momento se hizo de dominio público que la cofradía estaba decidida a modificar el gobierno de la ciudad:

Publicando que la dicha hermandad se haze (…) contra los regidores e cavalleros de la dicha cibdad y que avían de hazer doze syndicos a onor de los doze apóstoles y un principal y cabeza a reverencia del nuestro señor Iesu-Christo para que los susodichos tuviesen sus capitanías y juntasen su gente a repique de canpana e quando algund agravio se hiziese requiriesen una y dos y tres vezes a la justicia que lo remediase y syno que ellos lo hiziesen.

Era, pues, una organización de defensa contra los privilegiados, los ricos, como lo demuestran numerosos incidentes:

Quando andavan de noche, si topavan algund honbre rico, dezían, dándole un garrote en tal parte: bien daría cien ducados;

Algunas personas de la dicha cofradía dezían que sería bien que diesen en los hidalgos de la dicha cibdad.

La manifestación del 17 de mayo, pacífica, pese a una cierta violencia verbal, aterrorizó a los regidores que acudieron a relatar lo acontecido al Consejo Real. Por su parte, la cofradía acusó ante el mismo organismo a regidores y jurados como culpables de los peores delitos. El Consejo Real decidió entonces enviar al alcalde Leguizamo para que abriera información y tomara las decisiones oportunas. Leguizamo se encontró entonces con una situación harto confusa. No se le escapó, sin embargo, el cariz subversivo de la cofradía:

Se avia echo cierta germanía a manera de la de Valencia contra los regidores y la gente principal.

Leguizamo no estableció, a pesar de eso, ninguna conexión con los acontecimientos que paralelamente se estaban desarrollando en Castilla; no hablaba de comunidad, sino de germanía, como en el cercano reino de Valencia. Leguizamo se jactaba de haber restablecido casi completamente el orden, y según él la situación hubiera vuelto en seguida a la normalidad de no haber sido por la presencia del marqués de Los Vélez. Este reprochó a Leguizamo el haber impuesto sanciones excesivamente severas que podían impulsar a la cofradía a cometer nuevos excesos. No sabemos con exactitud si actuaba en connivencia con los manifestantes del 17 de mayo, pero lo cierto es que éstos no sólo le trataban con todo miramiento, sino que incluso le preparaban un recibimiento triunfal para cuando regresara a la ciudad. Leguizamo estaba al corriente y temeroso de que esa manifestación pudiera dar al traste con la relativa situación de calma de los últimos días, requirió al marqués que hiciera su entrada en Murcia del modo más discreto posible. El marqués no quiso atender sus razones, y así, el 25 de julio se presentó ante las puertas de la ciudad, donde le esperaba una multitud entusiasta:

Entró con toda la germanía, aprobando lo que hazían y dándoles mucho fabor e andovo con ellos como si fuera su capitán por toda la cibdad.

Otra vez cundió el temor entre los regidores y la gente principal, pero sus adversarios se sentían muy seguros y se negaron a hacer cualquier concesión. Leguizamo todavía confiaba en poder evitar el enfrentamiento, pero no contaba con la colaboración necesaria. El 4 de agosto se originó un violento incidente cuando un núcleo de manifestantes intentó liberar a un prisionero. Leguizamo conminó entonces al marqués de Los Vélez a que le prestara su colaboración para que el poder real no fuera pisoteado en su persona, pero Vélez se negó con no muy sólidos pretextos:

Todo lo de acá está rebuelto e que la marquesa estava mal dispuesta e quél se hallaba mal dispuesto é tenia nescesidad de proveher sus fortalezas.

A continuación salió de la ciudad, dejando a Leguizamo que resolviera los problemas como mejor pudiera. En aquel momento se hallaban en la ciudad núcleos de soldados veteranos de la expedición a Djerba; Leguizamo se presentó ante su jefe, Diego de Vera, y le ordenó que se pusiera bajo sus órdenes para hacer frente a cualquier eventualidad. Pero Diego de Vera no se mostró entusiasmado ante la idea; no estaba dispuesto a hacer de policía:

El me dixo que la gente de armas no estava para eso.

Fracasadas todas sus tentativas, Leguizamo no tuvo más remedio que abandonar, dejando la ciudad en poder de los manifestantes.

Los regidores trataron de llegar a un acuerdo con los nuevos dueños de Murcia, pero éstos, aconsejados por Diego de Agüera y por el arcediano de Lorca, no aceptaron compromiso alguno. Los regidores y los jurados fueron expulsados de la ciudad, al igual que los caballeros y todos aquellos que se negaron a prestar juramento a la Comunidad. A partir de entonces, la ciudad estaría gobernada por un capitán y por los síndicos y diputados elegidos por la población, tal como lo había exigido la cofradía de San José durante el levantamiento de mayo[1284]. Las nuevas autoridades municipales proyectaban establecer contacto con la Junta castellana, pero antes había que superar algunas reticencias. Ningún representante asistió a las sesiones solemnes de la Junta de Tordesillas, los días 24 y 25 de septiembre de 1520. Fue un mes más tarde cuando Murcia envió a dos diputados a Tordesillas, don Juan Fajardo y el doctor Cabeza de Vaca[1285]. Este último sería hecho prisionero por las tropas realistas el 5 de diciembre, pero cuando la Junta se reorganizó en Valladolid don Juan Fajardo continuó asegurando la representación de Murcia hasta el fin de la guerra civil.

Desde Murcia la rebelión se extendió a Cartagena, a la porción oriental de los dominios de la Orden de Santiago, y sobre todo a Lorca, que se sublevó el 25 de junio, y donde, al igual que en Murcia, doce síndicos sustituyeron a los regidores en la administración de la ciudad[1286].

2. El protagonismo del marqués de Los Vélez

Los regidores expulsados de la ciudad denunciaron una y otra vez al marqués de Los Vélez como principal instigador de todos los incidentes de Murcia. La cofradía de San José se había constituido a inspiración suya; él era el responsable de la agitación permanente que sufría la ciudad desde el 17 de mayo; el 25 de julio el marqués fue recibido con todos los honores por los síndicos; después de la expulsión de los regidores prestó juramento de fidelidad a la comunidad:

Juró de ser con ellos; y fue él quien insistió para que Murcia enviara diputados a la Junta, diputados que además pertenecían a su clientela: don Juan Fajardo, «criado suyo», y el doctor Cabeza de Vaca, «casado con una criada suya». En resumen, el marqués de Los Vélez se comportaba como verdadero jefe de la comunidad de Murcia[1287].

No menos severo fue el alcalde Leguizamo respecto a la figura del marqués:

A mi no me hecho de Murcia la gente de la gemianía syno el marqués y Diego de Vera, y expuso todas sus quejas contra Los Vélez: se había negado a prestarle ayuda; intentó sustituir a las autoridades legítimas y proclamó su adhesión a la comunidad:

A dicho públicamente que sus pasados no le dexaron otra mejor herencia que conservar las comunidades; finalmente organizó una expedición armada contra la pequeña ciudad de Huéscar[1288].

Estas acusaciones causaron impresión, y en Worms la Corte quedó convencida de la responsabilidad del marqués[1289]. En la actualidad, Gregorio Marañon, con su gran talento, ha recogido algunas de estas acusaciones para apoyar su tesis, según la cual el marqués de Los Vélez era comunero[1290]. Sin embargo, en nuestra opinión, la causa no está aún vista para sentencia. Consideremos los hechos. Indudablemente, la cofradía de San José se halla en la base de todos los conflictos que se desarrollaron en Murcia; pero ¿era verdaderamente el marqués su principal inspirador? Sólo los regidores mantienen esta afirmación, pero su testimonio resulta francamente sospechoso. Ya que se veían enfrentados al mismo tiempo al marqués y a la cofradía, nada más fácil que establecer una conexión entre ellos. Pero no aportaron ninguna prueba para apoyar su acusación. En realidad, lo que se reprochaba al marqués era, en primer lugar, el mantener buenas relaciones con la Comunidad, así como haberse negado a colaborar con el alcalde Leguizamo y haber organizado una expedición contra Huéscar.

Creemos que lo de Huéscar fue una simple querella personal que el marqués decidió solucionar por su cuenta. Ya su padre había intentado apoderarse de la capital, próxima a su feudo de Vélez Blanco, y arrebatársela al duque de Alba. En 1520, el marqués creyó que la ocasión era propicia para engrosar sus dominios con una posesión que su familia ambicionaba desde hacía largo tiempo. Y estaba convencido de poder salir airoso, al amparo de las circunstancias, donde su padre había fracasado. No fue, pues, por simpatía hacia la Comunidad por lo que el marqués de Los Vélez decidió intentar el asalto de Huéscar[1291].

En cuanto a la negativa de prestar su colaboración al alcalde Leguizamo, podemos ver en ello la reacción natural de un gran señor preocupado por su prestigio: ¿puede imaginarle alguien al servicio de un simple funcionario —por muy alto que fuera su grado— y dispuesto a ejecutar sus órdenes? El marqués actuó movido por móviles mucho más complejos de los que revela Leguizamo en sus acusaciones. Era ante todo el rencor que Los Vélez, como tantos otros aristócratas, sentía hacia la Corte, que les mantenía apartados de los puestos de responsabilidad:

Después que vine a esta tierra y hablé con el marqués, nunca hallé en él voluntad para el servicio del rey nuestro señor e bien deste negocio, dándome muchas quexas de quán mal se avia hecho con él y de cómo no le avian guardado la palabra[1292].

El marqués sentía una enorme amargura y despecho contra los flamencos —dueños arrogantes del reino, que despreciaban a las rancias familias aristocráticas—, contra los letrados del Consejo Real, e incluso contra el rey, que pretendía prescindir de la colaboración de la nobleza. No es extraño, pues, que permaneciera al margen cuando las ciudades comenzaron a poner en tela de juicio las prerrogativas de la Corona. Era una actitud lógica y, de hecho, la mayor parte de los señores adoptaron la misma postura neutral en un conflicto que oponía a las ciudades y al poder real y que, al menos en un principio, no amenazaba los privilegios sociales de la aristocracia. Sólo cambiarían su postura cuando las Comunidades comenzaran a amenazar también sus privilegios. El marqués de Los Vélez sabía que manteniendo relaciones cordiales con los comuneros de Murcia libraba sus propiedades del peligro de subversión.

En efecto, los comuneros de Murcia nada reprochaban al marqués. Era a los regidores a quienes dirigían sus ataques, a los patricios que regían la ciudad según sus deseos y conveniencias. Esto, desde luego, favorecía al marqués, enfrentado también a los regidores que le impedían ejercer una influencia preponderante en Murcia. Y no ha de extrañarnos tampoco su enojo cuando Leguizamo trató de restablecer el orden en la ciudad. De no haberse presentado, él hubiera podido actuar de árbitro en el conflicto, obteniendo sin duda grandes beneficios. Tal era lo que explicaba, a su manera, el 2 de agosto, en una carta dirigida al cardenal Adriano: que le dejaran actuar sólo a él, que conocía perfectamente la situación en Murcia, y todo se resolvería satisfactoriamente; Leguizamo lo había embrollado todo; no sabía cómo tenía que comportarse[1293]. Por su parte, Leguizamo lo decía bien en claro en su informe: el marqués aspiraba a conseguir todo el poder; no hacía sino pedir «las varas de la justicia», lo cual Leguizamo no estaba dispuesto a consentir. Esa fue la causa de todas las disensiones surgidas entre el marqués y el alto funcionario, que éste resumió en una frase bien significativa:

Me parece quél quiere ser señor desta tierra[1294].

«Ser señor desta tierra», he aquí la explicación de la actitud de Los Vélez; y no sólo ser dueño de Murcia, sino también participar en los asuntos nacionales. El rey y sus flamencos no habían querido asociar al poder a la aristocracia, pero el conflicto de las Comunidades modificó sustancialmente los datos del problema, por cuanto aquélla encontró en esta coyuntura una ocasión propicia para imponerse. El marqués alabó, pues, a las Comunidades; de ahí su juramento de fidelidad y sus palabras sobre la tradición de sus antepasados de «conservar las comunidades». En realidad, no era otra cosa que el intento de constituirse en árbitro de la polémica entre las ciudades y la Corona. Cuando el desarrollo de la rebelión fuera contrario a sus expectativas, al resquebrajar en Castilla las bases del sistema señorial, el marqués variaría su actitud. No llegaría a enfrentarse a los comuneros de Murcia, que no amenazaban sus dominios —incluso procuró evitar una represión demasiado dura en Murcia—, pero trataría de obtener el agradecimiento del rey interviniendo activamente en la lucha contra las Germanías de Valencia[1295]. Pensamos que éstos son los verdaderos parámetros en los que debe situarse la simpatía y cooperación del marqués de Los Vélez con los comuneros de Murcia.

Desde el principio, la rebelión se presentó en Murcia en forma de un enfrentamiento de clases sociales que no apareció en Castilla hasta un momento posterior, y en contrapartida las reivindicaciones políticas y la agitación antifiscal pasaron a un segundo plano. Por ello, la situación de Murcia ha llevado a muchos a aproximarla más al movimiento de las Germanías de Valencia que a las Comunidades castellanas. Pero, pese a la existencia de relaciones esporádicas con la rebelión de Valencia[1296], los comuneros murcianos obedecieron en todo momento a la Junta de Tordesillas y, posteriormente, a la de Valladolid. Las circunstancias históricas que unieron al reino de Murcia con la Corona castellana fueron más fuertes que las afinidades sociales y geográficas.

V. —LAS PROVINCIAS VASCONGADAS

Los comuneros prestaron una gran atención al País Vasco. Fue en Vizcaya y Guipúzcoa donde las ciudades rebeldes se proveyeron de toda clase de armas: coseletes, arneses, escopetas, ballestas, lanzas, rodelas, pelotas de hierro, pólvora, etc[1297]. Pero ¿cuál fue la participación de las provincias vascas en el conflicto de las Comunidades, aparte de este aprovisionamiento de armas? La monografía de Ramírez Olano y González Echávarri, ya algo anticuada, trata de precisar este extremo. En ella se recogen los hechos principales, que gracias a los documentos del Archivo de Simancas podemos completar. Ambos autores distinguen una serie de matices regionales que pueden resumirse así:

—Vizcaya permaneció leal a la Corona y en calma;

—en Guipúzcoa tuvo lugar una agitación que nada debió a la influencia de la Junta de Castilla;

—únicamente Álava parece que participó en el movimiento de las Comunidades, pero el papel que en esta provincia desempeñó el conde de Salvatierra desvirtúa profundamente sus perspectivas[1298].

1. Vizcaya y Guipúzcoa

El 30 de julio de 1520 Bilbao envió una carta al emperador en la que le aseguraba la fidelidad de toda la provincia[1299]. Por lo que sabemos, los acontecimientos posteriores no desmintieron esta protesta de lealtad a la Corona. La crisis de la autoridad en el mismo centro de las tierras de la monarquía, la agitación en las regiones limítrofes, nada de eso afectó a Vizcaya, que conoció en 1520-1521 un período de paz ininterrumpida. Nadie, tampoco, intentó aprovechar las circunstancias para revivir antiguas querellas. La lucha secular que —según Unamuno— llena las páginas de la historia de Vizcaya entre la ciudad y la montaña, entre el agricultor y el comerciante, pareció interrumpirse momentáneamente en aquel período[1300]. Cierto que la sociedad de Vizcaya —así lo afirma una obra reciente— sufrió una profunda transformación en esta época. Los Reyes Católicos habían puesto fin a las luchas intestinas de las facciones rivales y la aristocracia urbana, dominada por nobles de origen rural, por los armadores y comerciantes, se volvió decididamente hacia el mar y las actividades comerciales. Bilbao comenzó a convertirse en un puerto de primera importancia en la exportación de la lana y del hierro, y los comerciantes burgaleses llegaron incluso a inquietarse en ocasiones ante el dinamismo demostrado por los vascos, que les disputaban abiertamente sus beneficios comerciales[1301]. Para Vizcaya, el advenimiento de Carlos V al trono, lejos de representar un peligro, ofreció la garantía de que los fructíferos intercambios comerciales con Flandes y con el Norte de Europa habrían de seguir desarrollándose. Las Comunidades, con su preocupación por una política más nacional, o más nacionalista, no podían sino constituir un motivo de inquietud para esta sociedad en plena expansión.

Por contra, Guipúzcoa se vio desgarrada por la guerra civil entre el otoño de 1520 y enero de 1521. Al igual que en las demás provincias vascas, existía en Guipúzcoa, desde el siglo XIV o incluso antes, una asociación de municipios, la Hermandad, que se reunía en intervalos no periódicos en asambleas generales, las juntas generales. Estas asambleas gozaban de poderes relativamente importantes, como el de exponer su opinión sobre el nombramiento de los corregidores. Fue precisamente el nombramiento de un corregidor la razón del conflicto en Guipúzcoa durante el verano de 1520[1302]. La junta general de la provincia celebrada después de la partida de Carlos V solicitó al cardenal Adriano que designara sin demora un corregidor para apaciguar las disensiones que comenzaban a dejarse sentir en el país. El cardenal nombró para el puesto al licenciado Acuña, miembro del Consejo Real. En ese momento llegó la noticia del incendio de Medina del Campo por las tropas de Fonseca. El Consejo Real, que había ordenado a Fonseca llevar a cabo esta expedición, cayó en un profundo descrédito, y no sólo entre los comuneros. En tales circunstancias, la elección de Acuña —miembro del Consejo Real— para ejercer el cargo de corregidor en Guipúzcoa se reveló muy desafortunada, especialmente por cuanto la Junta de Ávila aprovechó la coyuntura para organizar una amplia campaña contra el poder central. Nicolás de Insausti, en nombre de los comuneros castellanos, se trasladó a Guipúzcoa, tratando de conseguir aliados para su causa. Acuña fue objeto de violentas discusiones en la junta general de Azcoitia; el duque de Nájera haría alusión seis meses después a este auténtico «combate armado», calificándolo prudentemente como «diversidad de pareceres y votos[1303]». Lo cierto es que la mayor parte de Guipúzcoa no estaba dispuesta a aceptar a este corregidor.

Acuña pensaba que su sola presencia bastaría para acallar esta oposición. Conforme iba penetrando en la provincia, en Mondragón, en Azcoitia y en casi todas las localidades que visitaba, se le dispensaba una acogida poco favorable. Continuó adelante sin desanimarse, pero en todas partes se encontraba con idénticas manifestaciones de hostilidad. Finalmente consiguió llegar hasta San Sebastián, donde fue recibido con los honores propios de su rango y en donde se instaló. No puede decirse, sin embargo, que hubiera ganado la partida. Las ciudades guipuzcoanas se dividieron por su causa, y pronto se perfilaron claramente dos bandos antagónicos que se enfrentaron de palabra antes de tomar las armas:

—San Sebastián, Vergara, Fuenterrabía, Elgóibar, Rentería, Elgueta, Placencia y Salinas reconocían la autoridad de Acuña y formaron un grupo compacto en torno a él;

—en el campo contrario se alineaba la gran mayoría de la provincia: Hernani, Tolosa, Segura, Azpeitia, Mondragón, Deva, Villafranca, Motrico, Guetaría, Zumaya, Cestona, Zarauz, Eibar, Usúrbil, Olio, Oyarzun e Irún. El 4 de diciembre, los delegados de estas ciudades, reunidos en Hernani, conminaron a Acuña a abandonar inmediatamente la región. Al mismo tiempo, la junta de Hernani comenzó a presionar al grupo de San Sebastián, amenazando, intentando iniciar procesos y condenando[1304]. Acuña respondió con las mismas amenazas, los mismos procesos y las mismas condenas[1305]. Finalmente comenzaron las hostilidades cuando la junta de Hernani organizó una serie de expediciones de castigo contra San Sebastián, en las que muchas casas y bosques fueron incendiados, muchas personas atacadas y sus bienes confiscados. La oposición entre ambos grupos fue endureciéndose más y más; el 10 de enero de 1521 las ciudades de Hernani formaron una liga y reforzaron su solidaridad para hacer frente a cualquier eventualidad[1306].

Esta guerra fratricida inquietaba profundamente a todos, y fue así que las dos partes aceptaron en enero someterse al arbitraje del duque de Nájera, virrey de Navarra, quien giró varias visitas tanto a San Sebastián como a Hernani. Hecha la paz, el duque solicitó al licenciado Acuña, motivo directo del conflicto, que regresara a Castilla, y para evitar nuevos enfrentamientos decidió dejar momentáneamente a la provincia sin corregidor, esperando en el plazo de tres meses apaciguar por completo los ánimos de los dos bandos adversarios. Tras haber conseguido este armisticio el duque regresó a Pamplona, mientras en Guipúzcoa los dos grupos continuaron acusándose mutuamente, aunque sin que llegara a estallar de nuevo la guerra civil[1307].

Algunos han querido ver —tal es el caso de Danvila— en las dos facciones de Guipúzcoa la división entre comuneros y anticomuneros. La liga de Hernani sería, según esta tesis, la aliada de la Junta de Tordesillas, mientras que el grupo de San Sebastián representaría el elemento leal, fiel al corregidor. Fue así como en San Sebastián se expuso la situación: la liga de Hernani se había negado a aceptar al corregidor porque seguía instrucciones de la Junta castellana, que les llegaban por medio de Nicolás de Insausti en forma de misivas «muy largas y muy ordenadas»; la liga —seguía diciéndose en San Sebastián— esperaba conseguir un corregidor comunero, y era ella la que proporcionaba armas a las Comunidades de Castilla, al tiempo que ponía toda clase de obstáculos cuando se trataba de enviar refuerzos de artillería a los virreyes[1308]. No hay que decir que el licenciado Acuña apoyó vehementemente estas acusaciones y justificó la condena a muerte, dictada el 4 de diciembre, contra los bachilleres Juan López de Elduayen, Martín Sánchez de Ancheta y sus cómplices, por tres cargos principales:

—Inteligencia con la Junta de Tordesillas;

—constitución de una liga rebelde e incitación a la rebelión;

—reconocimiento de las instrucciones de la Junta de Tordesillas[1309].

Pese a todo, creemos que no se puede asimilar sin más la liga de Hernani a las Comunidades de Castilla. En primer lugar, resulta inaceptable la versión de los hechos ofrecida por San Sebastián y por Acuña, demasiado preocupados por sus propios intereses. No hay duda de que la causa del conflicto fue la negativa a aceptar al corregidor nombrado por el cardenal Adriano, circunstancia que coincidió con la misión de Nicolás de Insausti, confiada por la Junta de Tordesillas[1310]. Pero esta negativa se explica perfectamente, ya lo hemos dicho más arriba, por la personalidad del licenciado Acuña y por las circunstancias de su nombramiento. Como miembro del Consejo Real, Acuña no escapó al descrédito en que se vio envuelta esta institución a raíz del incendio de Medina del Campo. En el momento en que hizo su entrada en Guipúzcoa, la autoridad del poder central se hallaba en su punto más bajo, mientras la cotización de la Junta empezaba a subir como la espuma y muchos se preguntaban cuál sería el resultado del enfrentamiento entre los comuneros y el poder real. Casi todas las ciudades guipuzcoanas se limitaron a afirmar que les parecía harto inconveniente, dadas las circunstancias, el nombramiento de un miembro del Consejo Real para ejercer el cargo de corregidor; en ningún momento llegaron más lejos ni intentaron imponer un corregidor investido por los comuneros. El acta de constitución de la liga de Hernani, el 10 de enero, no dice una sola palabra sobre la guerra civil en que se veía envuelta Castilla; no contiene ninguna alusión, ni siquiera lejana, a lo que sucedía en el Sur. A mayor abundamiento, la liga no puso la más mínima objeción cuando el duque de Nájera ofreció actuar de mediador, y éste distaba de ser neutral en el conflicto de las Comunidades. Como virrey de Navarra, estaba asociado a los virreyes de Castilla, a quienes proveía de víveres, tropas y armas. La elección de esta figura como mediador demuestra, sin lugar a dudas, que la liga de Hernani no sentía una simpatía especial por los comuneros. Finalmente, cuando tras la conclusión del armisticio ambos bandos enviaron representantes a la Corte para exponer sus puntos de vista, los emisarios de la liga no fueron otros que Juan Martínez de Lasao y el bachiller Juan López de Elduayen, este último uno de los condenados a muerte por Acuña el 4 de diciembre, so pretexto de complicidad con la Junta de Tordesillas[1311]. Desde luego, un comunero no se hubiera metido tan fácilmente en la boca del lobo.

No se puede hablar, pues, más que de una relación puramente accidental entre la corta guerra civil desencadenada en Guipúzcoa y el conflicto de las Comunidades. ¿Cuáles eran las causas profundas de la oposición entre el grupo de San Sebastián y la liga de Hernani? ¿Se trataba acaso del enfrentamiento de las regiones del interior contra el litoral? No parece ésta una explicación plausible, por cuanto Elgóibar, Placencia y Vergara, lugares de tierra adentro, se asociaron con San Sebastián, mientras que Deva, Motrico, Zumaya, Guetaria, Zarauz e Irún, ciudades costeras todas ellas, formaron parte de la liga de Hernani. Sería necesario poseer datos más exactos sobre la historia de Guipúzcoa de principios del siglo XVI para poder explicar satisfactoriamente el conflicto del verano de 1520. En todo caso, nos parece incuestionable su falta de conexión real con las Comunidades de Castilla.

2. La provincia de Alava

Al igual que las demás provincias vascas, Álava poseía sus juntas de hermandad, con la particularidad de que el poder central se hallaba representado aquí por un diputado general que desempeñaba las funciones de corregidor. Este puesto era detentado desde 1498 por Diego Martínez de Álava, quien vio ampliadas sus atribuciones en 1504 y 1507. Tan larga presencia al frente de la dirección de la provincia no podía dejar de provocar descontentos y rencores. Diego Martínez de Álava, hombre de confianza de los soberanos y pariente del condestable de Castilla, se vio obligado a actuar en diversas ocasiones contra agitadores de todo tipo. En el pasado había adquirido gran prestigio, sobre todo, por sus acciones contra el más poderoso de los señores locales, don Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, cuya influencia en la provincia fue disminuyendo cada vez más a medida que se afirmaba la del poder real[1312].

Al parecer, el conde quiso aprovechar el desfallecimiento momentáneo del poder real, cuando emprendió en septiembre de 1520 una campaña de desprestigio contra el diputado general, a quien denunció ante la Junta de Tordesillas[1313]. La Junta, cuyas gestiones en Álava durante el verano no habían resultado positivas, no dejó pasar esta ocasión y ordenó a uno de los diputados de la hermandad, Antonio Gómez, que iniciara una investigación sobre Diego Martínez, a quien se acusaba de haber abusado de su cargo malversando fondos y cometiendo toda clase de desmanes[1314]. En varias ocasiones, una serie de emisarios llegaron a Vitoria desde Tordesillas llevando las órdenes de la Junta[1315].

Unidos por su enemistad común con respecto a Diego Martínez, los comuneros y el conde de Salvatierra colaboraron cada vez más estrechamente. El conde acusó a la hermandad y a la ciudad de Vitoria de falta de cortesía al negarse a considerar siquiera las órdenes procedentes de Tordesillas[1316]. Al fin y a la postre acabó consiguiendo la confianza de la Junta, que le nombró capitán general para el norte de España, título que le sería confirmado poco antes de la derrota de Villalar:

Capitán general (…) del Condado de Vizcaya e provincias de Guipúzcoa e Álava e de las cibdades de Vitoria e Logroño e Calahorra e Santo Domingo de la Calzada e de las siete Merindades de Castilla Vieja e de todas las otras cibdades, villas e logares e merindades e tierras e bailes que caen y están desde la cibdad de Burgos hasta la mar.

Al conde se le confiaban, pues, muy amplios poderes, ya que le asistía el derecho de nombrar corregidores, alcaldes, diputados y todos los funcionarios encargados de administrar justicia; asimismo, tenía atribuciones de carácter fiscal, quedando a su cargo el mantener a las ciudades y dominios que reconocían la autoridad de la Junta[1317].

En vano trató el condestable de conseguir que el conde rompiera su alianza con la Junta[1318], el cual en diciembre de 1520 dio nuevas muestras de hostilidad contra el poder real, al reclutar tropas en su feudo y tratar de sublevar a la población de la provincia[1319]. No nos ocuparemos de nuevo de la colaboración militar del conde con Padilla y con el obispo de Zamora, en enero de 1521, y cuyos puntos estelares fueron la batalla de Ampudia, el fracaso de la operación sobre Burgos, seguido de una especie de retirada por parte del conde, que pareció abandonar la Junta para volver nuevamente a la lucha el 8 de marzo, interceptando la artillería que desde Fuenterrabía venía en apoyo de las tropas realistas[1320]. Este audaz golpe de mano llevó a su punto más alto el prestigio del conde:

Así se va la gente tras él como si [no] fuese onbre como otro (…). Acúdenle tantos quantos quiere en esta cosa de comunidad (…). Piensan que haze milagros[1321].

Y, sin embargo, a partir de aquel momento el conde comenzó a fracasar una y otra vez. Las tropas realistas se apoderaron de la plaza fuerte de Salvatierra, mientras que el conde no consiguió entrar en Vitoria[1322]. El condestable liberó a sus súbditos de su autoridad y comenzó a atraerlos al patrimonio real[1323]. Los días 19 y 20 de marzo el conde fracasó ante la villa de Salvatierra, en tanto que las tropas realistas asolaron el valle de Cuartango y destruyeron el castillo de Morillas[1324]. Un mes después, Diego Martínez de Álava, su viejo enemigo, le asestó el golpe de gracia derrotando completamente a sus tropas, primero a las puertas de Salvatierra y luego en Vitoria[1325]. El conde, entonces, se mantuvo oculto, hasta que finalmente pidió asilo en Portugal.

No debemos engañarnos respecto a la rebelión del conde de Salvatierra y su alianza con la Junta. Sería erróneo pensar que la provincia de Álava aceptó la autoridad de los comuneros. En realidad, el conde nunca pudo ocupar la capital, Vitoria, que sirvió en todo momento de base a las tropas realistas. Es posible que de no haber mediado la sedición del conde la Junta hubiera hallado escaso apoyo en la región, pero hay bastante que decir acerca de esta sedición. ¿Cuáles fueron las verdaderas razones que impulsaron al conde de Salvatierra a secundar activamente un movimiento revolucionario que manifestaba tendencias desfavorables a la nobleza territorial? Ferrer del Río alega el temperamento díscolo e indisciplinado del conde, su carácter violento, del que su propia familia hubo de sufrir las consecuencias en varias ocasiones[1326]. Más importante nos parece el orgullo de casta de una aristocracia sometida durante largo tiempo por un poder real fuerte y que intentaba encontrar en esta provincia ese primer plano que un funcionario como Diego Martínez de Álava le había arrebatado[1327]. Seguramente, el conde creyó llegado el momento propicio para extender y consolidar su influencia en una zona que durante mucho tiempo había estado disputada por él mismo y el condestable de Castilla[1328].

Esta nos parece la explicación más plausible de la actitud del conde de Salvatierra. En cuanto a la Junta, consideraciones tácticas evidentes le impulsaron a aceptar esta alianza inesperada. En efecto, el conde suponía una amenaza para el condestable, impidiéndole dirigir toda su atención y su actividad bélica contra Valladolíd y los centros nucleares de la insurrección. La victoria de Villalar no fue posible sino después de haber conseguido eliminar al conde de Salvatierra. Una vez que éste hubo sido derrotado y su ejército desorganizado, nada impedía ya al condestable abandonar Burgos y conectar con las fuerzas del conde de Haro en la región de Valladolid[1329]. Por todas estas razones, no hay que conceder una gran importancia a las repercusiones del movimiento comunero en la región alavesa. Esta alianza antinatural entre la Junta y un gran señor feudal no podía responder más que a consideraciones tácticas. Ramírez Olano y González de Echávarri así lo piensan cuando escriben:

Por lo que respecta a Álava, podemos decir que el triunfo de los comuneros hubiera representado un aumento del poder señorial de las casas de Ayala e Infantado, con menoscabo de las atribuciones de las juntas generales de Hermandad[1330].

Concluyamos, pues, que ninguna de las tres provincias vascas tuvieron una auténtica participación en el conflicto de las Comunidades, pese a las engañosas apariencias en Guipúzcoa y más aún en Álava, en donde la sedición del conde de Salvatierra no debe hacer olvidar la pasividad en la que se mantuvo la mayor parte de la población en la lucha que la oponía a las fuerzas realistas.

VI. —CASTILLA LA NUEVA

Una vez en Castilla no es necesario preguntarse ya si nos hallamos en una zona revolucionaria. En efecto, aquí se hallaban los núcleos originales y la capital del movimiento comunero. Lo que tratamos de dilucidar es la profundidad de sus raíces y la influencia que ejerció fuera de los centros urbanos más importantes.

1. La región de Toledo

La situación es perfectamente clara en Toledo, punto inicial y final de la revolución[1331]. La mayor parte de los buenos, como decían los enemigos del movimiento, abandonaron la ciudad tras los acontecimientos de mayo de 1520, cuando la comunidad destituyó al corregidor y a los funcionarios reales. No hubo intento alguno de resistencia: entregaron el alcázar, las puertas y los puentes, puntos estratégicos, y se refugiaron en sus casas en el campo o en los castillos de la Sagra, dejando la ciudad en poder de los comuneros.

Durante algunos meses, los principales instigadores del movimiento —Padilla, Hernando de Ávalos, Juan Carrillo, los hermanos Gaitán…— dominaron la ciudad. En torno a estos regidores y caballeros comenzaron a destacarse una serie de nombres nuevos: el maestro Quílez, Moyano, el latonero Diego López… Los primeros se esforzaron por dar vida y poder al movimiento, tomando contacto con las ciudades de Castilla, convocando la Junta General y organizando la movilización general en solidaridad con Segovia, gravemente amenazada. Los segundos dominaban los barrios de Toledo y dirigían las asambleas de las parroquias, procurando en todo momento mantener vivo el fervor revolucionario entre la población. Doña María Pacheco servía como nexo de unión entre ambos grupos, y en su casa se reunían los notables que mantenían la relación con la Junta y las restantes ciudades rebeldes y los jefes de los barrios que se interesaban ante todo por los problemas concretos y cotidianos. Por el momento, doña María se mantenía a la expectativa, pero su autoridad se acrecentaba cada vez más en la ciudad.

Los notables triunfaron cuando la reina recibió en audiencia a Padilla y cuando la Junta se instaló en Tordesillas, pues estos hechos son en gran medida factura de los toledanos. Lógicamente —pensaban los responsables de los barrios— a este éxito político debía corresponder un nuevo avance de la revolución en Toledo. El 30 de septiembre se efectuaron una serie de concentraciones en la ciudad y varias delegaciones registraron los archivos, exhumando documentos que luego fueron examinados por los letrados, y obligaron a las autoridades a proclamar que en lo sucesivo Toledo quedará exenta del pago de las alcabalas y de todos los demás impuestos. Una multitud entusiasta incendió entonces los despachos donde trabajaban los funcionarios de la hacienda, los fieles, y donde percibían los derechos por los artículos de consumo corriente. Tampoco la Iglesia quedó al abrigo de este furor antifiscal. El licenciado Mejía tuvo que devolver los títulos que le autorizaban a cobrar impuestos especiales para el mantenimiento de la capilla de los Reyes Viejos, y al afirmar que no obraban en su poder fue a parar a la cárcel. Al mismo tiempo se fijó un precio máximo para todos los productos. Los comuneros desaprobaban estos actos, pero dejaban hacer[1332].

Después de esta victoria popular, la ciudad recuperó la calma. Un mes y medio después los canónigos escribían incluso que en Toledo la situación era más tranquilizadora que en otras partes y que no desesperaban de que la ciudad volviera de nuevo a la legalidad[1333]. Los acontecimientos que paralelamente tenían lugar en Castilla justifican en cierta medida el optimismo de los canónigos. La influencia de Toledo en la Junta, preponderante desde el primer momento, sufrió un eclipse cuando Padilla, despechado tras la designación de Girón como jefe del ejército, decidió regresar a su ciudad natal. A partir de entonces pasó al primer plano Valladolid. En enero. Padilla decidió volver —con una popularidad mayor si cabe— a los campos de batalla, pero Valladolid continuó desempeñando el papel de capital de la revolución, y constituyendo el lugar donde se ventilaba el destino de la insurrección. Al parecer, los toledanos no encajaron muy bien estos cambios, y algunos de sus jefes comenzaron a dudar de hallarse en el camino verdadero. Fue entonces cuando don Pero Laso de la Vega entró en conversaciones con los virreyes y se ofreció como mediador para conseguir la sumisión de Toledo[1334]. Don Hernando de Silva, exiliado desde mayo de 1520, reanudó sus contactos con algunos comuneros toledanos y comenzó a pensar en la posibilidad de regresar a la ciudad, mediante un acuerdo o por la fuerza si ello fuera necesario[1335].

Contra estos comuneros del grupo de los notables, dispuestos a abrazar la causa enemiga o al menos a negociar, se levantaron los jefes locales firmemente decididos a no aceptar una capitulación, más o menos disfrazada. El 23 de enero, miércoles, una manifestación popular demostró que el movimiento conservaba aún toda su vitalidad. En efecto, aquel día los comuneros más exaltados solicitaron al agustino fray Juan de Santa Marina que predicara desde el púlpito de la catedral para reavivar el ardor de sus paisanos. Ante la oposición de los canónigos, una multitud perfectamente ordenada y bien armada fue a buscar a su convento a Santa Marina, introduciéndole por la fuerza en la catedral. Los canónigos que habían mostrado mayor hostilidad fueron expulsados[1336].

Ocho días más tarde, para la Candelaria, un grupo de caballeros organizó una manifestación, quizá para contrarrestar esta prueba de fuerza. El grupo recorrió las calles de Toledo al grito de «Biva el rey y su justicia». Sin duda, lo que intentaban era poner fin a la preponderancia de los agitadores que dominaban la ciudad y que habían instalado su cuartel general en casa de doña María Pacheco. La operación fracasó porque los manifestantes no se decidieron a entablar batalla cuando comprobaron que los comuneros no se rendirían sin resistencia[1337].

A raíz de estos sucesos, el prestigio de doña María Pacheco cobró brillo más intenso entre los elementos populares de la Comunidad, mientras los caballeros fracasaron definitivamente en sus intentos de moderación. Fue entonces cuando Juan Gaitán comenzó a expresar sus reservas por los excesos que se cometían en Toledo: préstamos forzosos, registros, delaciones, medidas contra los sospechosos, etc. La llegada a la ciudad del obispo Acuña reforzó aún más al grupo de los exaltados y precipitó la ruptura con los moderados. Juan Gaitán vio cómo su casa era saqueada y tuvo que refugiarse en el convento de la Trinidad. Los moderados recobraron sus esperanzas tras la marcha de Acuña, pero allí estaba doña María Pacheco para abortar sus ilusiones, más intransigente que nunca, que no consintió en negociar con el prior de San Juan salvo cuando la situación era ya de extrema gravedad. Y todavía sería necesaria una lucha en las mismas calles de la ciudad para alejarla definitivamente de Toledo, el 3 de febrero de 1522[1338].

Pese a su situación geográfica, que la mantuvo alejada del escenario donde las armas dilucidaban el destino de la revolución, Toledo estuvo hasta el último momento dominada por la Comunidad, a pesar del antagonismo que poco a poco fue perfilándose entre moderados y exaltados. Antagonismo, por otra parte, que no fue exclusivo de Toledo y que habremos de encontrar en otras partes.

¿Se ocultaban quizás tras este antagonismo —primero entre partidarios y adversarios de la Comunidad y luego en el seno de esta última entre exaltados y moderados— antiguas rivalidades? ¿Fue un simple enfrentamiento entre las facciones de los Silvas y Ayalas que desde el siglo XV se disputaban el poder en Toledo? Esta hipótesis debe recabar nuestra atención por cuanto incluso recientemente algunos historiadores han querido reducir el conflicto de las Comunidades en Toledo a una simple escaramuza más de esta lucha secular, una nueva manifestación de las «inquietudes toledanas[1339]».

Desde el advenimiento de Carlos V al trono, los Silvas gozaban del favor de la Corte; incluso uno de ellos estaba al frente del alcázar. Los Silvas aparecen, pues, como víctimas de los comuneros de Toledo, que consideraron sospechosos a muchos de ellos y les obligaron a exiliarse. Todo resultaría sencillo si pudiéramos afirmar de forma terminante que los Silvas permanecieron fieles al poder real y que los Ayalas se aliaron a las fuerzas de la rebelión. En tal caso la insurrección en Toledo podría explicarse como un simple arreglo de cuentas entre los dos bandos. Pero los hechos demuestran que ambos grupos proporcionaron elementos a la insurrección. Examinando el «Perdón» de 1522 vemos cómo entre los proscritos de Toledo figuraban Hernando de Ayala, don Pedro de Ayala y Juan Carrillo, por parte del clan de los Ayala, y Hernando de Ávalos, Padilla, Gonzalo Gaitán y don Pero Laso de la Vega, en el grupo de los Silvas. Puede aducirse que algunos de estos personajes pudieron cambiar de bando. Pero consideremos el caso de la importante minoría de los conversos toledanos, protegidos tradicionalmente por los Silvas: ¿se puede pensar que los conversos cambiaron de bando o acaso que los Ayalas abandonaron su fervor antisemítico? ¿Hemos de concluir que los conversos fueron todos comuneros? Nada más falso.

No cabe duda, pues, de que el conflicto de las Comunidades no puede explicarse en Toledo desde la perspectiva de un mero enfrentamiento entre las grandes familias nobiliarias. Esto es cierto cuando nos referimos a Extremadura o Andalucía, regiones en las que —y esto creemos ha quedado claro— la Comunidad era algo importado y no respondía a un conjunto de reivindicaciones profundamente sentidas por parte de una élite inquieta y una masa de población bien dirigida. En Toledo, y esta afirmación puede hacerse extensiva a todo el ámbito de las dos Castillas, la Comunidad aparece como la consecuencia lógica de una protesta madurada durante mucho tiempo, como expresión de una serie de reivindicaciones, a menudo contradictorias, pero siempre concretas, que sumían en total confusión a los antiguos clanes nobiliarios. Martín Gamero estaba en lo cierto cuando tras un detallado examen escribía:

Las Comunidades no resucitaron los antiguos bandos, tal como estaban organizados antes de la concordia de 1506[1340].

En Toledo, la Comunidad dislocó antiguas perspectivas y colocó a los Silvas y a los Ayalas ante problemas nuevos. Es por eso que encontramos miembros de ambos grupos en las filas de la Comunidad, si bien la participación de los Silvas fue más numerosa, y que los hallamos, también entre los anticomuneros, predominando los Silvas en este caso, cosa lógica dado que ocupaban mayor número de cargos en la administración municipal antes de que estallara la sublevación. Sin duda, los odios antiguos no desaparecieron de la noche a la mañana; muchos enfrentamientos personales en el seno de la Comunidad tienen su origen en una antigua enemistad. Pero en general podemos afirmar que estas rivalidades pasaron a un segundo plano, ocultas tras las divergencias de orden político suscitadas a propósito de la orientación que debía seguir el movimiento. Padilla y don Pero Laso de la Vega se vieron enfrentados para el puesto de capitán general del ejército de la Junta, cuando en otro tiempo —en realidad hacía sólo algunos meses— se hallaban encuadrados en la misma facción. No queremos decir que Padilla o don Pero Laso hubieran roto con los Silvas; constatamos simplemente que su enfrentamiento expresaba opiniones diferentes sobre la dirección de las operaciones, sobre la actitud a adoptar respecto a los grandes y los virreyes y sobre la oportunidad de concluir una paz de compromiso; en definitiva, sobre el mismo sentido de la lucha y la suerte de la revolución. Los Silvas y los Ayalas, como tales, no tenían respuesta adecuada para estas cuestiones. No podemos decir tampoco que los Silvas, al principio favorables a la Comunidad, se apartaron de ella cuando su postura se radicalizó. Eso es cierto por lo que se refiere a don Pero Laso, pero no en el caso de Padilla. La división obedeció a opciones políticas concretas y no a la pertenencia de una u otra facción. Este hecho diferencia fundamentalmente a las dos Castillas, de las provincias que hemos considerado hasta ahora, en las que frecuentemente la oposición de comuneros y leales al rey ocultaba rivalidades de grupos. En los sitios en los que la Comunidad aparece en su aspecto auténticamente revolucionario las antiguas querellas desaparecen, manifestándose nuevos enfrentamientos, del tipo de los que hemos tratado de mostrar en Toledo, entre moderados y radicales, entre quienes deseaban mantener el movimiento dentro de los límites de las reivindicaciones prudentes y razonables y los que no temían lanzarse a buscar soluciones mucho más audaces. Los bandos pertenecen en realidad a una época anterior, en la que frente a un poder central débil y difuso algunas familias de privilegiados trataban de asegurarse los puestos importantes en la administración municipal, fuente de prestigio, de poder y de pingües beneficios económicos. En 1520-1521, con la institución de los diputados y la vuelta al sistema de concejos abiertos en el plano municipal, y con la pretensión de compartir el poder real a escala nacional, estas cuestiones no se planteaban ya del mismo modo. Probablemente, la victoria de las Comunidades, de haberse producido, hubiera conducido a un debilitamiento gradual de los bandos y los hubiera reducido a simple solidaridad familiar sin gran influencia sobre la vida política real.

2. Madrid, Guadalajara, Cuenca

La Comunidad de Madrid mantuvo en todo momento excelentes relaciones con la de Toledo. Toda decisión importante iba precedida de intercambio de misivas o de delegados entre ambas ciudades, y por lo general Madrid apoyaba las decisiones de Toledo. Desde junio de 1520, el bachiller Castillo, Juan Negrete y Zapata se erigieron en jefes indiscutibles de la Comunidad madrileña, pero durante el verano se cernió sobre la ciudad una amenaza constante. En Madrid, a diferencia de lo que había sido norma en otros sitios, el alcázar no fue ocupado desde el primer momento. La Comunidad pudo armar a la población apoderándose de las armas que la ciudad había adquirido en 1516-1517, cuando Cisneros trataba de organizar la gente de ordenanza[1341]. La presencia de un reducido destacamento en el alcázar suponía una gran dificultad para los insurgentes. Carlos V había confiado el alcázar de Madrid al licenciado Francisco de Vargas, uno de los funcionarios más importantes de la administración de la hacienda y, por ello, uno a quien los comuneros acusaban continuamente de todo tipo de desmanes y malversaciones. Vargas se hallaba ausente de Madrid cuando la Comunidad se hizo con el control de la ciudad, pero su casa se libró del pillaje general; su mujer y sus hijos se refugiaron entonces en el alcázar. En las semanas subsiguientes ambos bandos se mostraron poco decididos a forzar la situación; se trataba ante todo de ganar el mayor número de ciudades para su causa. El 21 de junio, la Comunidad de Madrid y el alcázar concluyeron un acuerdo provisional, en el cual la Comunidad se comprometía a no atacar el alcázar, mientras que, por su parte, el alcalde no llevaría a cabo acción alguna contra la ciudad ni contra la Comunidad y no reforzaría la guarnición[1342].

Apenas firmado, este acuerdo se demostró difícil de cumplir. Día a día los comuneros estaban ganando terreno en Castilla; en la región de Segovia se veían enfrentadas en una serie de operaciones las tropas realistas y las milicias urbanas, entre las cuales combatía un contingente madrileño; la Junta se reunió en Ávila y multiplicó sus quejas contra los malos ministros del rey. Madrid se decidió entonces a liberarse de la amenaza que significaba el alcázar. El asedio comenzó en julio y no fue demasiado sangriento. Los comuneros se limitaron a aislar a la guarnición y a privarla de todo aprovisionamiento de víveres y armas; esperaban que el tiempo se encargaría de vencer su resistencia, valientemente animada por doña María de Lago, la mujer de Vargas. El alcázar resistió en estas condiciones durante dos meses. Diego de Vera, jefe de la expedición a Djerba, entonces de paso en Madrid, se negó a acudir en su ayuda —no olvidemos que una parte de sus tropas pasaría más tarde a integrarse en el ejército de la Junta—. Después del incendio de Medina del Campo, cuando el cardenal Adriano decidió licenciar las tropas de Fonseca, doña María de Lago perdió sus esperanzas de recibir refuerzos. Finalmente, el alcázar se rindió el 31 de agosto. Sus ocupantes pudieron abandonar la ciudad libremente, y el bachiller Castillo tomó posesión de él en nombre de la Comunidad[1343].

Después de estos acontecimientos, la Comunidad de Madrid dominaba ya totalmente la ciudad. De lo que podemos colegir por las escasas referencias documentales que hemos podido encontrar, no tuvo que vencer ninguna oposición seria. En todas las circunstancias se puso de manifiesto la solidaridad con Toledo, especialmente cuando la Junta prefirió Girón a Padilla para el puesto de capitán general. A finales del invierno se cernieron sobre Madrid nuevas amenazas, cuando la muerte del cardenal de Croy planteó el problema del arzobispado de Toledo. Acuña acudió entonces a la ciudad del Tajo, y el duque del Infantado, que hasta entonces había mantenido una neutralidad bastante estricta, comenzó a realizar preparativos militares. ¿Sería quizá el preludio de un ataque en el que Madrid podría ser la víctima[1344]? En efecto, los virreyes animaban constantemente al duque para que interviniera al sur del Guadarrama y especialmente a que emprendiera una campaña de intimidación en Madrid[1345]. Sin embargo, éste evitó cualquier acción de fuerza y no intervino en ningún momento en la sumisión de Madrid tras la derrota de Villalar ni en la devolución del alcázar a Vargas, que se produjo el 15 de mayo de 1521[1346]. Muchos comuneros madrileños se trasladaron entonces a Toledo para seguir luchando allí, mientras que en Madrid la Comunidad se hundió definitivamente[1347].

Mucho más confusa es la situación en las restantes ciudades de Castilla la Nueva. Guadalajara, sometida de hecho, si no de iure, al duque del Infantado, mantuvo durante todo el conflicto de las Comunidades una actitud extraordinariamente prudente. El duque reprimió con gran dureza los desórdenes producidos en la ciudad el 5 de junio de 1520, pero en cambio toleró después los contactos que se establecieron con la Junta, en donde Guadalajara tenía sus representantes. Cuando Castilla quedó dividida en dos bandos cada vez más antagónicos, la ciudad se separó sensiblemente de los comuneros sin por eso alinearse tampoco claramente al lado de los virreyes. No rompió abiertamente con la Junta, pero sus diputados, hechos prisioneros por el ejército real en Tordesillas, no fueron sustituidos, a pesar de la continua insistencia de Valladolid. Guadalajara no abandonó su posición reservada hasta el fin de la guerra civil, pero esto no nos permite afirmar que las ideas revolucionarías encontraran en ella escaso eco. Argumento decisivo en la postura de Guadalajara fue la presencia dominante de un poderoso señor que impedía a la ciudad intervenir libremente en la crisis[1348].

Cuenca constituye otro ejemplo de situación ambigua, aunque por razones distintas. La ciudad estuvo representada siempre en la Junta desde septiembre de 1520 hasta abril de 1521, pero no pareció adherirse a las aspiraciones que en ella se expresaban. Ante todo trataba de defenderse de los aristócratas locales y aprovechar la crisis para obtener nuevos privilegios. En este sentido hay que ver su denuncia ante la Junta, el 26 de octubre, de las actividades de Rodrigo Manrique, comendador de Zalamea, que se había lanzado al asalto de la ciudad al frente de una fuerza de setecientos hombres, y que amenazaba con destruirla, lo mismo que Fonseca había hecho en Medina del Campo; un puñado de traidores les habían abierto las puertas de la ciudad, pero los asaltantes habían sido rechazados. A fin de evitar nuevos ataques, ya que Rodrigo Manrique seguía merodeando por los alrededores e impidiendo el normal aprovisionamiento de la ciudad, la Junta solicitó a los pueblos próximos a Cuenca que prestaran toda su ayuda a esta ciudad en caso necesario[1349].

Pero ¿existió verdaderamente una Comunidad en Cuenca? Nos asalta la duda cuando vemos a los virreyes tomando también medidas contra Rodrigo Manrique[1350], y sobre todo cuando comprobamos que la principal conquista de los comuneros en el plano municipal, la institución de los diputados elegidos por la población, fue legalizada por los virreyes, en noviembre de 1520, a petición de las autoridades locales. El cardenal Adriano opuso únicamente dos condiciones: estos funcionarios elegidos tomarían el nombre de jurados, menos revolucionario en el contexto de la situación, y además no tendrían derecho de voto. Simultáneamente, Cuenca obtuvo de los virreyes la autorización de poseer un mercado franco los jueves[1351]. Por otra parte, Cuenca no tuvo en cuenta en ningún momento las consideraciones de la Junta cuando ésta manifestó su extrañeza de que el corregidor siguiera desempeñando sus funciones; en opinión de la Junta, si la ciudad quería seguir teniendo un corregidor se podía designar para ese puesto a un hombre de confianza de los revolucionarios, pero en cualquier caso debía destituirse la figura designada por los virreyes[1352]. Incluso parece que en una ocasión soldados procedentes de Cuenca prestaron su colaboración al marqués de Moya para reprimir la rebelión de sus súbditos[1353]. De este modo, Cuenca hacía perfectamente el doble juego: mantenía buenas relaciones con la Junta, pero también con los virreyes; oficialmente se alineaba en las filas de la Comunidad, ya que sus diputados asistían a las deliberaciones de la Junta, pero en la práctica obedecía al corregidor representante de los virreyes. Tal parece como si Cuenca se sintiera ideológicamente unida a los revolucionarios, pero temiera comprometerse a fondo y quisiera pensar en el futuro. Quizá esta prudencia —o este maquiavelismo— podrían explicarse por el alejamiento relativo de la ciudad.

3. Las zonas rurales

Desde Toledo el movimiento se extendió muy pronto —en junio de 1520— a las ciudades de Illescas y Yepes, y luego en una segunda fase a Ocaña[1354]. En esta última localidad, sede de una importante encomienda de la Orden de Santiago, brilla con luz propia la figura de Juan Osorio, comendador de Dos-Barrios y sobrino de los hermanos Gaitán, los comuneros toledanos. Francisco Osorio, primo del anterior, se autotituló gobernador de la provincia y emprendió la labor de someter a la autoridad de la Junta los territorios que la Orden poseía en la Mancha y en las orillas del Tajo. Era entonces cuando Padilla, despechado por la decisión de la Junta, contemplaba el proyecto de convertirse en maestre de la Orden de Santiago. El otoño de 1520 fue, pues, testigo de una gran ofensiva de los comuneros contra las órdenes militares[1355]. Tras una serie de éxitos importantes al principio, la Comunidad perdió después la mayor parte del terreno conquistado, y en enero eran solamente dos regiones las que permanecían en poder de la revolución: Ciudad Real, al Sur, que los virreyes no supieron conservar[1356], y las áreas próximas a Toledo, donde Ocaña constituía un sólido bastión para los comuneros. Estos parecieron aceptar la situación y no intentaron nuevas operaciones hasta la llegada de Acuña. Una serie de acuerdos tácitos o explícitos fueron concluidos con los señores de la región, el marqués de Villena y el duque del Infantado, en virtud de los cuales la Comunidad se comprometía a no invadir sus dominios, mientras que los señores prometían mantener una actitud estrictamente neutral[1357]. El prior de San Juan, encargado de vigilar la región en nombre de los virreyes, apenas si encontró ocasión de intervenir; su ejército se contentaba con impedir toda infiltración subversiva más allá de una frontera imprecisa.

La llegada de Acuña puso fin a este frágil equilibrio. Conforme iba introduciéndose en tierras del arzobispado se iba ganando el apoyo de numerosas ciudades simpatizantes, en las que los comuneros habían creído prudente no intervenir. Este es el caso, especialmente, de Alcalá de Henares. En todas partes. Acuña ayudaba a vencer todos los temores, imponía su autoridad por la fuerza, emprendía las hostilidades contra el prior de San Juan y obligaba a los comuneros toledanos a abandonar su reserva. Sólo en un punto, aunque de extrema importancia, respetó Acuña el statu quo: se abstuvo de atacar los dominios del marqués de Villena y del duque del Infantado. Con el obispo de Zamora se inició una nueva fase que no terminaría, hasta bastante tiempo después de su marcha, con la sumisión definitiva de Toledo[1358].

El movimiento comunero pasó, pues, por las mismas vicisitudes, en la región de Toledo, que en el interior de la ciudad. En los primeros momentos se estableció con gran fuerza en Illescas, Yepes y Ocaña, se desbordó ampliamente hacia el Sur y el Este, pero experimentó luego un período de estancamiento coincidiendo con el momento en que en Toledo los moderados parecían presas de la inquietud. La llegada de Acuña se tradujo en el triunfo de la línea dura en la ciudad y por la reanudación de la lucha en el área circundante. Durante todo el verano de 1521 los comuneros toledanos, aislados y sitiados, no pudieron hacer otra cosa que prolongar una resistencia sin esperanza.

En el conjunto de Castilla la Nueva, el movimiento revolucionario, muy fuerte en Madrid y Toledo, veía disminuir su influencia conforme la distancia era mayor respecto a estos dos centros nucleares. Guadalajara y Cuenca no se decidieron a adoptar una postura definida, en tanto que Ciudad Real parece sometida a la Junta, aunque no sabemos hasta qué punto. Los señores de la región no salieron de su actitud de neutralidad sino en los últimos compases de la lucha. Durante el resto del tiempo se comportaron de manera muy prudente, sin tomar partido abiertamente por uno de los dos bandos. Y desde luego la Comunidad se abstuvo por completo de provocarles. Todo era distinto, sin embargo, al norte del Guadarrama.

VII. —CASTILLA LA VIEJA

Pese a que Toledo fue la cuna del movimiento, fue en Castilla la Vieja donde alcanzó su pleno desarrollo. A causa de los acontecimientos de Segovia y en torno a esta ciudad tuvieron lugar los primeros enfrentamientos entre el poder real y lo que muy pronto se iba a convertir en el gobierno revolucionario: la Junta, reunida primero en Ávila, luego en Tordesillas y por fin en Valladolid, que se convirtió en la capital del movimiento; en fin el triángulo Valladolid-Medina de Rioseco-Medina del Campo sirvió de campo de maniobra a los dos adversarios, y fue allí donde se libraron las tres batallas que marcaron el rumbo de esta guerra civil: Tordesillas, Torrelobatón y Villalar. Esta localización precisa implica que la Comunidad poseía allí soldados, dinero y armas en abundancia, así como una participación masiva de las poblaciones locales.

1. Salamanca y su contorno

Salamanca apoyó decididamente a Toledo en 1519. No olvidemos el papel que los franciscanos de esta ciudad desempeñaron en la campaña de oposición de 1519-1520. En las Cortes de La Coruña sus procuradores hicieron causa común con los de Toledo, y así, en el mes de junio de 1520, Salamanca se vio comprometida del modo más natural en el movimiento revolucionario, sin violencias ni manifestaciones particulares, nada que recuerde a la exaltación de Toledo en los primeros momentos con la expulsión de su corregidor, o de Segovia, donde resultó muerto un diputado y varios auxiliares de policía. A causa de esta aparente moderación, Salamanca desempeñó de buen grado el papel de conciliadora. Así, en el mes de julio el chantre de la catedral, el comendador de la Magdalena y el doctor Pero Bonal acudieron a visitar al cardenal Adriano, a quien trataron de convencer para que adoptase una actitud más benevolente con respecto a Segovia y la Junta[1359]. El clima se enrareció un tanto en Salamanca en la segunda quincena de julio. Grupos diversos comenzaron a reunirse para comentar los acontecimientos y exigir una adhesión más firme al movimiento, al tiempo que se discutía la posibilidad de enviar refuerzos a Segovia. Sobre este punto surgió una violenta oposición entre don Pedro Maldonado y un familiar del arzobispo de Santiago, Francisco de Rivas, cuya casa fue incendiada. El mismo día la mayor parte de los caballeros, duramente atacados, abandonaron la ciudad precipitadamente; el corregidor no tardó mucho en imitarlos[1360]. La Comunidad dominaba así la ciudad sin discusión y encargó a don Pedro Maldonado que ejerciera las funciones de corregidor; un tundidor, Valloria, desempeñaba un papel de primer orden en la ciudad[1361]. A partir de entonces. Salamanca, donde toda la población prestó juramento a la Comunidad[1362], iba a representar junto con Toledo, y muy pronto Valladolid, la línea más dura del movimiento comunero.

Salamanca prestó gran atención a la situación de las regiones vecinas, y especialmente de Ciudad Rodrigo, en la que dos facciones se disputaban el poder y la influencia. Los Águila habían ocupado el castillo y tenían la intención de mantenerse en él a pesar de la oposición de sus adversarios, los Pacheco y los Chaves[1363]. Unos y otros trataban de que la Junta interviniera en su favor; todos ellos se confesaban comuneros convencidos. Salamanca, que pretendía ostentar la representación de Ciudad Rodrigo en la Junta, intervino en la discusión, denunciando los manejos de los Águila, que permitían al corregidor que permaneciera en la ciudad y que eran los que en realidad dominaban la situación:

Tienen algo tiranizada aquella ciudad.

Requerida su intervención, la Junta ordenó a Antonio del Águila que devolviera el castillo a la Comunidad, la cual llamó en su apoyo a las tropas de Salamanca y del obispo de Zamora[1364]. El 3 de octubre se produjo una revuelta interna en la Comunidad de Ciudad Rodrigo, a resultas de la cual fueron elegidos nuevos diputados, que inmediatamente solicitaron la retirada de las tropas de Salamanca y Zamora y que aseguraron a la Junta la fiabilidad de Antonio del Águila y del corregidor. La Junta, influida por Salamanca, indicó a los diputados elegidos la necesidad de que fueran consecuentes con sus ideas: ya que pretendían representar a la Comunidad, debían acatar las órdenes de la Junta, expulsar al corregidor y entregar el castillo a personas dignas de toda confianza[1365]. Los Águila no tuvieron más remedio que ceder, y la Junta designó un nuevo corregidor. En diciembre, el cardenal Adriano confiaba en poder restablecer la autoridad real en Ciudad Rodrigo, nombrando un nuevo corregidor, pero un informe pesimista del Consejo Real nos hace pensar que en marzo la ciudad continuaba sometida a la influencia de los rebeldes[1366].

2. Zamora, Toro, León

En Zamora, el conflicto entre leales y revolucionarios se vio acompañado de la rivalidad entre el conde de Alba de Liste y el obispo de la diócesis, Acuña. Las ventajas fueron para el conde al principio. Más por habilidad que por verdadera convicción simuló compartir la indignación de sus conciudadanos contra la actitud de los procuradores en las Cortes de La Corona, con lo cual su posición resultó reforzada y consiguió que Zamora no enviara sus representantes a las primeras sesiones de la Junta en Ávila. Hacia mediados del mes de agosto su victoria parecía total, y se permitió incluso arrestar a los principales partidarios de la Comunidad, Juan de Porras y García Hernández de Ocampo, reduciendo al silencio a todos los demás[1367]. Pero cuando los vientos comenzaron a soplar a favor de la Junta, a raíz del incendio de Medina del Campo, Acuña, que se hallaba en Toro, pasó a la ofensiva. Denunció al conde como enemigo de la Comunidad y le acusó de gobernar Zamora a su voluntad. La Junta aceptó los puntos de vista de Acuña y le encargó entonces que liberara Zamora. El 30 de agosto la Junta conminó al conde de Alba de Liste y al prior de San Juan a abandonar la ciudad en el plazo de tres días, al cabo de los cuales Padilla partiría con un ejército en ayuda de Acuña[1368]. En vano los regidores de Zamora anunciaron el envío de una delegación; de nada les sirvió tampoco protestar que la ciudad no necesitaba ser liberada, por cuanto nadie la gobernaba despóticamente; tuvieron que ceder tras una nueva advertencia de Padilla y expulsar al conde y al prior[1369]. Pero Acuña no quedó satisfecho con esto, por cuanto aún quedaban núcleos que se oponían a la revolución, que dominaban el castillo y ocupaban el regimiento. El obispo exigió la constitución de una Comunidad similar a la que existía en otros lugares, en los cuales los regidores habían perdido todos sus privilegios. Acuña entró en Zamora con un pequeño ejército, y aunque los regidores trataron de hacerle frente; a finales de septiembre no tuvieron más remedio que ceder[1370]. La Comunidad quedó establecida en Zamora, y de inmediato expulsó a los partidarios del conde de Alba de Liste, expulsó al corregidor y designó en su lugar a Francisco de Ocampo, el cual, a causa de una enfermedad, fue sustituido después por Gallinato como autoridad suprema de Zamora[1371]. En los últimos días del invierno trató de nuevo el conde de apoderarse de la ciudad, para lo cual sobornó a un grupo de hombres que se comprometieron a entregarle el castillo. Pero la conspiración fracasó a causa de una indiscreción. Dos de los conjurados, Cristóbal Marín y Juan de Mercado, fueron juzgados públicamente en la plaza de Zamora, condenados a muerte y ahorcados el día 6 de abril. Otro tercer hombre, Diego de Toro, cuyo proceso no estaba terminado, se salvaría gracias a la derrota de Villalar[1372].

Cuando se preparaba para conquistar Zamora, Acuña se había instalado en Toro[1373]. Esta ciudad se adhirió desde muy pronto a la Comunidad, aunque sin incidentes. En efecto, durante tres meses Toro contó con dos corregidores: el doctor Valdivielso, nombrado por la Junta, expulsaba de la ciudad a los sospechosos y vigilaba los intereses de la Comunidad; mientras, don Carlos de Guevara, el antiguo corregidor, trataba de reprimir en lo posible el ardor militante de sus administrados[1374]. Esta situación, un tanto insólita, se mantuvo hasta el 15 de enero de 1521, cuando don Carlos hubo de abandonar Toro en el plazo de una hora, bajo la amenaza de ser condenado a muerte[1375].

Más al Norte, conocemos todavía poco la historia de la Comunidad de León, a pesar de la breve obra que le ha dedicado Díaz-Jiménez, que pese a su riqueza documental presenta a veces una visión algo fantasiosa de los acontecimientos[1376]. Dos figuras sobresalen sin duda sobre los demás: Ramir Núñez de Guzmán, jefe indiscutible de la Comunidad desde el primer momento hasta el final de la rebelión, y el dominico fray Pablo. La adhesión al movimiento no fue tan temprana como lo afirma Díaz-Jiménez. Durante todo el verano la influencia de los comuneros se vio contrarrestada por la del conde de Luna, quien, pese a su aparente y formal fidelidad a la Junta, no hacía más que presentar dificultades[1377]. No fue sino en octubre cuando, tras producirse la marcha del conde, la Comunidad pudo establecer el dominio efectivo en León, gracias sobre todo a la incesante actividad de Ramir Núñez y de fray Pablo[1378]. Sin embargo, a finales del invierno aparecieron nuevas oposiciones a la Comunidad, que exigió un nuevo juramento de fidelidad; ¿no sería quizá para intentar animar y controlar mejor a una población indecisa o cansada[1379]? Por otra parte, el clero, muy comprometido en un principio con el movimiento, parecía más reservado en marzo, y la popularidad de fray Pablo fue descendiendo en León al mismo tiempo que aumentaba en Valladolid. En conjunto, no obstante, la Comunidad de León no tuvo que hacer frente a una oposición verdaderamente seria. Y, paradójicamente, la ciudad se sirvió de este hecho como argumento, tras la derrota de Villalar, para solicitar una amnistía total, sin «exceptuados». En efecto, según expusieron los representantes de la ciudad a los virreyes, el triunfo de la Comunidad no había sido seguido de actos de violencia:

Ni muertes de hombres ni incendios ni derribo de casas.

Y si los virreyes intentaban delimitar demasiado estrictamente las responsabilidades, la ciudad correría el riesgo de quedar despoblada, por cuanto todo el mundo había sido comunero en mayor o menor grado[1380]. Ausencia de violencia y casi total unanimidad, pruebas concluyentes de que la Comunidad no encontró en León más que una débil oposición.

3. Ávila

Durante más de un mes la Junta tuvo su sede en Ávila, pero esta ciudad no estaba oficialmente representada en ella. Sus procuradores no fueron designados hasta el 10 de septiembre[1381]. Esta actitud demuestra claramente las reticencias de Ávila con respecto a las Comunidades, reticencias que habrían de seguir manifestándose hasta el fin de la crisis. Ávila estaba lejos de experimentar el entusiasmo que expresaban Toledo y Salamanca y del ardor revolucionario que se iba a manifestar poco después en Valladolid. En Ávila se dirigían más bien las miradas hacia Burgos, y como esta última ciudad se negó a colaborar en las primeras deliberaciones de la Junta, también Ávila se mantuvo al margen de la asamblea. Cuando finalmente Burgos, arrastrada por la oleada que agitó a toda Castilla tras los acontecimientos de Medina del Campo, se decidió por fin a apoyar el movimiento, Ávila también lo hizo, pero, al igual que Burgos, sus miras iban dirigidas más bien a redactar una lista de reivindicaciones que a enfrentarse con el poder real. Ávila proporcionó a los comuneros en el curso del otoño de 1520 sus diplomáticos más persuasivos, y quizá los más eficaces: el deán del Cabildo, que acudió a la Corte del rey de Portugal, y Sánchez Cimbrón, encargado de presentar a Carlos V los agravios de Castilla. Los comuneros de Ávila, resueltos cuando se trataba de suplicar y convencer, parecían dudar cuando había que luchar o tomar decisiones radicales. La defección de Burgos en octubre les sumió en una gran confusión[1382]. Seguramente, en Ávila se consideró la posibilidad de romper entonces con la Junta, pero todavía tenían la esperanza de poder evitar el enfrentamiento armado, y servir de intermediarios entre los extremistas y la administración real, volver la calma a los espíritus. Vana esperanza, porque en diciembre los dos bandos se encontraron en un primer combate, al pie de las murallas de Tordesillas; la Junta perdió a doce de sus hombres, entre los que se encontraba Suero del Águila, diputado de Ávila, a quien el almirante y el cardenal Adriano ordenaron poner en libertad, con gran escándalo del condestable y de los miembros del Consejo Real. ¿Indulgencia culpable para con un peligroso revolucionario? Hablemos más bien de una gran habilidad. El almirante pudo comprobar en el curso de sus entrevistas con el estado mayor de las fuerzas rebeldes, que éstas no ofrecían un frente unido, y muy probablemente conocía perfectamente el sentir de su prisionero y de la ciudad que representaba. Liberar a Suero del Águila suponía un duro golpe para la Comunidad, y la maniobra estuvo a punto de dar su fruto; Ávila estuvo a punto de abandonar la Junta en enero, precisamente a raíz de las gestiones de Suero del Águila. Y en los últimos días del mes de febrero la ciudad parecía perdida para la causa de la revolución[1383]. Sin embargo, la ruptura no llegó a consumarse, y Ávila permaneció constituida en comunidad hasta Villalar, a pesar de todas sus reticencias. ¿Por qué no se decidió a tomar la decisión suprema? La respuesta la encontramos en el mapa geográfico de Castilla. Ávila, separada de Burgos por la zona revolucionaria de Valladolid y de Tierra de Campos, no podía permitirse abandonar la Junta, pues de hacerlo se hubiera encontrado totalmente aislada y entregada a merced de las ciudades rebeldes: al Sur, el Guadarrama, y más allá, Madrid y Toledo; al Oeste, Salamanca; al Este, Segovia; al Norte, Medina del Campo. Por todas partes, auténticos bastiones comuneros rodeaban a Ávila. Antes que arriesgarse a un enfrentamiento abierto con fuerzas tan numerosas la ciudad prefirió esperar pacientemente el fin de las hostilidades.

4. Segovia.

Mucho más clara era la situación en Segovia. Muy pronto, la Comunidad, amenazada, desplegó todas sus energías para defenderse de Ronquillo y del ejército de Fonseca. Al igual que en Salamanca, una fracción de los caballeros, acusados de falta de entusiasmo, tuvieron que salir de la ciudad. Comerciantes e hilanderos sirvieron como administradores a la Comunidad. Posteriormente, en el momento de las represalias, afirmarían que no les quedaba alternativa, que fueron obligados a ocupar los puestos de responsabilidad. De los talleres de los artesanos y de las zonas rurales procedían los combatientes que Juan Bravo conducía hacia el Norte, a participar en la batalla, cuando no se hallaban ocupados vigilando el alcázar. En efecto, la Comunidad no dominaba enteramente Segovia, pues el alcázar, en poder de Diego de Cabrera, hermano del conde de Chinchón, suponía una amenaza constante para la ciudad. Los comuneros no lograron doblegarlo, a pesar del sitio cada vez más duro a que lo sometían, después del fracaso de las primeras tentativas. Pero ¿hicieron todo cuanto estaba en sus manos para apoderarse del alcázar? Podemos, cuando menos, ponerlo en duda. Al principio hubo numerosas escaramuzas en torno al castillo y a la catedral, próxima a aquél, y que resultó destruida. Pero luego ambos bandos parecieron contentarse con sus posiciones, con algunos débiles enfrentamientos cuando llegaban refuerzos del exterior para reforzar la guarnición o cuando los asediados trataban de romper el cerco para procurar su aprovisionamiento. Periódicamente, los virreyes planeaban también acudir en socorro del alcázar, impulsados por los mensajes del rey, pero Segovia quedaba muy alejada, y el ejército del conde de Haro apenas era suficiente para proteger Medina de Rioseco. Por otra parte, parece como si los comuneros tampoco desearan forzar la situación. ¿Cómo explicar si no que el grueso de las tropas de Segovia estuviera bichando en el Norte y que incluso algunos contingentes franquearan el Guadarrama para hacer frente, en apoyo de Aranjuez, a las tropas del conde de Chinchón? Sin duda, el alcázar no preocupaba a la Junta. El asedio mantuvo, sin embargo, la tensión en Segovia. Intensificó las sospechas contra los caballeros, a quienes se acusaba de acudir en ayuda de los sitiados, y así se reforzó la posición de los menos dispuestos a transigir con el enemigo[1384]. Hasta el último momento, Segovia se alineó junto a Salamanca, Valladolid y Toledo, o sea junto a los elementos más intransigentes de la revolución. Cierto que el cansancio de la larga lucha debió provocar algunos conflictos y oposiciones, pero no lo suficientemente fuertes como para resquebrajar las convicciones de la Comunidad. Según Colmenares, los superiores de las comunidades religiosas habrían intentado, instados de algunos ciudadanos celosos de paz, presionar, en los primeros días de 1521, tanto a los comuneros como a los virreyes[1385]. La tenacidad de los segovianos no se dejó conmover. En el mismo momento, en efecto, el clero local puso los tesoros de las iglesias a disposición de la Comunidad para permitirle seguir realizando su esfuerzo de guerra[1386]. Dos meses después, cuando el bachiller de Guadalajara, procurador de Segovia, siguió el ejemplo de don Pero Laso y traicionó a la Comunidad, su gesto no influyó para nada en sus conciudadanos, que continuaron la lucha con más ardor que nunca[1387].

La acción de los comuneros segovianos desbordó ampliamente el núcleo propio de su ciudad, extendiéndose por todo el ámbito de la «comunidad de ciudad y tierra de Segovia». En el nordeste provocaron en octubre la disidencia de Sepúlveda[1388]. Les encontramos también muy al Sur, más allá del Guadarrama, en los alrededores de Madrid, en Valdemoro y Ciempozuelos, y también cerca de Aranjuez, en Chinchón, donde acudieron a prestar ayuda a los súbditos rebeldes del conde de Chinchón. Asimismo, la Comunidad de Segovia hizo suyos los agravios acumulados contra la familia de los Cabrera desde la época de los Reyes Católicos[1389].

5. Aranda de Duero

No poseemos más que noticias bastante confusas acerca de Aranda. En octubre, el condestable se quejó enérgicamente porque la ciudad ponía toda clase de dificultades al conde de Miranda en su intento de reclutar soldados y porque había amenazado con la destrucción de las casas de quienes se prestaran a enrolarse en el ejército de los virreyes; sin embargo, dos semanas más tarde, la ira del condestable se había convertido en plácemes hacia las autoridades locales por el celo en el cumplimiento de sus órdenes[1390]. No obstante, no hay duda de que Aranda de Duero se enroló en las filas de los revolucionarios. Como prueba debe bastarnos el duro tributo que tuvo que pagar a la hora de la represión: quince proscritos es mucho para una ciudad tan pequeña; más que Toro y apenas menos que Zamora o Toledo. A principios de 1521 trató de justificarse en una carta al emperador por los desórdenes anteriores[1391]. ¿Pensaba tal vez la Comunidad en la probabilidad de una derrota definitiva tras la ocupación de Tordesillas? De cualquier forma, los comuneros parecen sólidamente instalados en Aranda en el momento de la batalla de Villalar, si bien eran criticados por proporcionar soldados y armas a la Junta[1392].

6. La Tierra de Campos

La monografía de Rodríguez Salcedo sobre los comuneros de Palencia nos permite conocer las vicisitudes del movimiento insurreccional con precisión en una región donde tantos ecos suscitó[1393]. Debemos distinguir tres etapas en la implantación del poder comunero en Palencia:

—Un largo período de indecisión, entre el mes de junio y el mes de noviembre; los comuneros obtuvieron de un corregidor atemorizado concesiones cada vez más importantes, tratando de obligarle a abandonar la ciudad, pero no se decidieron a declararse abiertamente a favor de la Junta.

—En noviembre y diciembre la Comunidad se instala y organiza en Palencia, pero sin excesiva firmeza.

—A partir de Navidad, Palencia se convierte finalmente en un bastión comunero, centro de reunión y de operaciones para las tropas que pululaban por Tierra de Campos y que protegían Valladolid contra cualquier ataque procedente del Norte, especialmente de Burgos, donde se hallaba el condestable.

Los acontecimientos de Palencia siguen el mismo ritmo del movimiento comunero en conjunto: la falsa unanimidad de los primeros meses, con todas sus ambigüedades; la fase de organización de noviembre, tras la defección de Burgos, caracterizada por los preparativos militares, pero también por el diálogo de sordos que se establece entre la Junta y el almirante; y, finalmente, tras la batalla de Tordesillas, la guerra civil.

1. En la primera fase, Palencia compartió el descontento general de Castilla, pero protestando de una manera especial contra, el privilegio reservado al obispo de nombrar los regidores. Era una vieja querella entre la ciudad y la autoridad eclesiástica que tomó un cariz distinto en el verano de 1520, debido a la personalidad del obispo: Mota, el hombre de confianza de los flamencos, el confidente del emperador, al que acompañó en su viaje por los Países Bajos y a Alemania. El corregidor, Sebastián de Mudarra, con la eficaz protección de Diego de Castilla, notable que gozaba de gran autoridad en Palencia, intentó evitar cualquier exceso e ilegalidad. Así, sugirió a los diputados nombrados por la población que presentaran sus reivindicaciones al cardenal Adriano, quien las haría llegar hasta la Corte. En efecto, el 25 de julio, el virrey, preocupado ante todo en aquel momento por evitar la ruptura de contacto con sus subordinados, recibió a una delegación a cuyo frente se hallaba don Diego de Castilla y pidió a la población de Palencia que esperase de forma pacífica la decisión del emperador sobre la cuestión de los regidores; el cardenal insistió en el hecho de que una actitud respetuosa hacia las autoridades legalmente designadas no podía sino impresionar favorablemente al soberano[1394].

Esta atmósfera de conciliación permitió al corregidor ganar un mes. Pero cuando se supo en Palencia que Medina del Campo había sido incendiada y que la Comunidad dominaba la ciudad de Valladolid, una manifestación bien organizada puso fin a la aparente tranquilidad, más o menos bien salvaguardada hasta entonces. El 23 de agosto, y pese a las protestas del vicario, los regidores nombrados por el obispo hubieron de ceder su puesto a otros nombrados por la población. Los nuevos regidores comenzaron a celebrar sus reuniones con la presencia de los diputados, reforzados con una representación del Cabildo de la catedral, desde el día 27 de agosto. Así, la ciudad había solucionado en su beneficio, sin esperar la decisión de Carlos V, el litigio que mantenía con el obispo. Cierto que el corregidor continuó presidiendo las asambleas municipales, pero esta primera ruptura con la legalidad le ponía en una situación difícil. El 30 de agosto no pudo impedir el envío de una delegación a la Junta.

A mediados de septiembre la situación se deterioró tremendamente. Por la ciudad comenzó a circular el rumor de que el castillo de Villamuriel, propiedad del obispo localizada al sur de la ciudad, se hallaba desguarnecido. ¿No sería conveniente ocuparlo antes de que cayera en manos de cualquier señor de la región? Mientras el corregidor y los diputados discutían el asunto, un grupo de individuos tocaron a rebato y reunieron a la población, invitándola a marchar sobre Villamuriel. Las autoridades acudieron de inmediato, pero ya no pudieron evitar el desastre: el castillo ya había sido incendiado[1395]. En los días siguientes, Garci Ruiz de la Mota, hermano del obispo, se hizo fuerte en su residencia de Magaz y adoptó una actitud hostil contra los habitantes de Palencia, dificultando el aprovisionamiento de la ciudad, atacando a los mercaderes, etc. Los sucesos de Villamuriel acabaron con la poca autoridad que todavía conservaba el corregidor. Mudarra lo comprendió claramente, y el 28 de septiembre solicitó autorización para ausentarse con el pretexto de resolver asuntos personales. Sin embargo, cedió ante la petición de los caballeros que temían ver cómo la ciudad caía en manos de gentes sin escrúpulos. Por su parte, los comuneros no parecían tener prisa por verle partir. Algunos días antes habían conseguido que Palencia llamara al cronista Gonzalo de Ayora, residente en Valladolid, pero casado con una palentina, para que actuara como representante de Palencia en la Junta. Poco a poco, los rebeldes iban asegurándose mayor influencia. En octubre el cardenal huyó de Valladolid, donde ya no se sentía seguro; hubiera deseado establecerse en Palencia antes que en Medina de Rioseco, ciudad de señorío, pero nadie demostró el menor entusiasmo en Palencia ante esta perspectiva. El corregidor no insistió.

2. Sin embargo, en Tordesillas todos se extrañaban. ¿Qué podía esperar Palencia para alinearse abiertamente con la Comunidad? A fin de superar las últimas oposiciones, la Junta envió a uno de sus mejores propagandistas, el monje agustino fray Bernaldino de Flores. Fray Bernaldino llegó a Palencia el 25 de octubre; se presentó ante los regidores y diputados y, sobre todo, tomó contacto con los numerosos simpatizantes de la Comunidad. Cuando consideró el momento oportuno exigió la convocatoria de una asamblea general de la población, con el propósito de que en ella se proclamara con aclamaciones la adhesión a la Junta. Pero sólo consiguió un éxito a medias, porque el corregidor y don Diego de Castilla conservaban todavía la autoridad sobre la población, aunque ésta era en su mayoría favorable a la Comunidad[1396]. Sin embargo, no puede decirse que la misión de fray Bernaldino fuera inútil. Los comuneros, a quienes animó a pasar a la acción, comenzaron a manifestar su irritación ante los obstáculos que encontraban los regidores. El corregidor pretextó entonces que asuntos importantes requerían su presencia en otra parte; nadie le detuvo esta vez. Delegó sus funciones en el licenciado Juan Núñez de Herrera, que éste aceptó sin entusiasmo, pero esta ficción no engañó a nadie. Se trataba simplemente de una transición antes de la instalación definitiva de una administración municipal revolucionaria.

Esta transición duró cerca de un mes y medio. Y es que Palencia ocupaba una posición de extrema importancia entre Burgos y Valladolid, y la ciudad temía que si se declaraba demasiado pronto o demasiado abiertamente por uno de los dos bandos pudiera provocar la cólera del otro y servir de campo de batalla para los dos ejércitos. De aquí las indecisiones. El 3 de noviembre, el ayuntamiento se vio en la tesitura de elegir entre dos proposiciones. Por una parte, don Diego de Castilla le conminó a reconocer a los virreyes como únicas autoridades legítimas de Castilla, y, por otra, un delegado llegado de Toro abogaba por la Junta. Tras una discusión confusa, los regidores y diputados retrasaron una vez más la decisión y pensaron en entrevistarse con representantes de Burgos y de Valladolid, tras lo cual consultarían con la población. Dos días después llegaron las respuestas, por supuesto contradictorias, de las dos ciudades, pero el ayuntamiento se negó una vez más a tomar partido.

Por fin, la Junta comenzó una nueva gestión y envió a Palencia a Cristóbal de Monzón y Gonzalo de Ayora. Una asamblea general celebrada el 23 de noviembre concedió plenos poderes a Gonzalo de Ayora, cuyos sentimientos comuneros son bien conocidos. Esto significaba la victoria de la Comunidad. Para guardar las apariencias, Ayora visitó sucesivamente Medina de Rioseco, Valladolid y Tordesillas, pero la situación estaba clara ya para todos. Además, comenzó a reclutar soldados para el ejército de la Junta. Los días 13 y 15 de diciembre, la Comunidad de Palencia adquirió su organización definitiva en torno a un «ayuntamiento y diputación de guerra» en la que formaban parte Gonzalo de Ayora y don Diego de Castilla; este último ostentó durante algunos días el cargo de capitán general, última concesión de los comuneros hacia los más moderados.

3. Dos días después de Navidad, Palencia dispensó una calurosa acogida al obispo de Zamora, enviado extraordinario de la Junta. Don Diego de Castilla no esperó a su llegada y marchó de la ciudad. Sabia decisión, pues Acuña hizo arrestar sin compasión a docenas de sospechosos. El 28 de diciembre dio posesión oficialmente al nuevo corregidor, Antonio Vaca de Montalvo, y a su adjunto, encargado de las cuestiones judiciales, el licenciado Martínez de la Torre, comunero de Palencia, a quien se otorgó también el cargo de alcalde del adelantamiento de Campos[1397]. Bajo la dirección de estas nuevas autoridades, Palencia atacó a fondo a los representantes del poder real, a los sospechosos y a los indiferentes. Así, cuando el Cabildo protestó por la detención de un canónigo, el corregidor le dirigió una seria advertencia, afirmando que ya se había mostrado excesiva tolerancia respecto a algunos canónigos que no ocultaban su hostilidad respecto a la Comunidad (No están bien en lo que toca al bien universal del reyno); si no cambiaban su postura, todos ellos serían considerados sospechosos[1398]. El 9 de diciembre, el Cabildo retiró su confianza a los dos canónigos que le representaban en el ayuntamiento, pero el chantre, don Pedro de Fuentes, no dejó por eso de acudir a las deliberaciones al lado de los diputados.

Una vez implantada sólidamente en Palencia, la Comunidad procedió a extender su influencia por la Tierra de Campos. Al Sur, Dueñas apoyaba el movimiento desde el mes de septiembre, y el obispo Acuña había visitado la aldea en diversas ocasiones[1399]. Al noroeste, Becerril recibió el 1 de enero un corregidor comunero, el bachiller Zembrano; Frechilla fue rodeada, y Magaz, saqueada. Toda la campiña que circunda a Palencia quedó así bajo la influencia de la Comunidad[1400].

Cuando Acuña abandonó la Tierra de Campos, Palencia manifestó cierta inquietud y solicitó a la Junta que mantuviera en esta zona un fuerte contingente militar, de artillería y «un buen caudillo o capitán que sea todo conbeniente para que resida y hande por aquellas partes, dando socorro quando fuese conbeniente». Y es que Palencia ocupaba una posición estratégica indudablemente de una gran importancia:

La dicha cibdad está en el paso y fundamento muy principal desta guerra, así para ofender a los enemigos como para se defender dellos y resistirlos el paso de arriba y de abaxo.

Además, Palencia necesitaba dinero y una autoridad fuerte para acabar con el pillaje de los enemigos (especialmente de Garci Ruiz de la Mota, asentado en su castillo de Magaz) y también el de las tropas amigas[1401]. Ante esta petición, presentada el 17 de febrero, la Junta envió a Palencia a don Juan de Mendoza con el título de capitán general y gobernador. El hijo del arzobispo de Toledo reforzó las medidas contra los sospechosos, decretó nuevos impuestos y reclutó más soldados. El 18 de marzo partió nuevamente en campaña. Esta vez el objetivo era Carrión, que hasta entonces no había atendido las indicaciones de la Junta. La ciudad abrió sus puertas a don Juan de Mendoza, quien al abandonarla el 25 de marzo dejó en ella numerosos simpatizantes[1402].

La campaña de don Juan de Mendoza en Tierra de Campos recuerda a la que había realizado el obispo Acuña dos meses antes en la misma región, aunque sus resultados no fueron tan espectaculares. Indudablemente, influía el cansancio de la población, a la que se había invitado a liberarse de sus señores y que sufría duramente el peso de la guerra con todos sus rigores: casas destruidas, cosechas perdidas, exacciones por parte de los soldados, tanto amigos como enemigos; y a la que además se exigía el pago de impuestos cada vez mayores para mantener el esfuerzo de guerra. Hay asimismo una cuestión de personalidad. Acuña había conseguido que las gentes aceptaran estos sacrificios y había podido reunir junto a sí y contra los señores a los campesinos en un movimiento liberador, sin por ello dejar de mostrar el mayor rigor contra los tibios y los sospechosos. Don Juan de Mendoza se sirvió del mismo método, pero no fue capaz de ganar sus corazones. Sus modales autoritarios y brutales levantaron contra él a sus administrados. Al cabo de poco tiempo los jefes comuneros no pudieron ignorar la impopularidad del capitán general. Presentada su queja ante la Junta, ésta hubo de llamar a don Juan. Palencia le vio partir con alivio y solicitó para sustituirle alguien más flexible, otra persona más aplacible a la gente[1403].

Le sucedió don Juan de Figueroa, el autor del frustrado golpe de fuerza en Sevilla, pero no tuvo tiempo suficiente para completar la obra de conquista sistemática de la Tierra de Campos. Ocupó las ciudadelas hostiles, como Tariego, que pertenecía al conde de Buendía[1404]. A principios de abril, el condestable se puso en marcha desde Burgos al frente de un ejército bien armado. El día 10 llegó a Castrojeriz, el 13 ocupó Torquemada, y al cabo de dos días tomó Becerril y capturó a don Juan de Figueroa. Dejando Palencia a su izquierda, enfiló hacia el Sur y la llanura de Villalar. Vaca de Montalvo, el corregidor, salió de Palencia el 26 de abril; sus colaboradores también emprendieron la fuga, al tiempo que regresaban los proscritos, los señores volvían a ocupar sus dominios, levantaban nuevamente las murallas de sus castillos y evaluaban los gastos de los destrozos que harían pagar duramente a sus súbditos. Al cabo de algunos días se habían desvanecido todas las esperanzas despertadas por la marcha triunfal de Acuña, y luego algo truncadas por don Juan de Mendoza, en esta región que fue, junto con las campiñas de Valladelid, el más sólido bastión del movimiento comunero.

7. Medina del Campo

Las destrucciones realizadas por el ejército de Fonseca el 21 de agosto de 1520 marcaron profundamente a Medina del Campo. A raíz de aquellos sucesos se extendió por la ciudad un clima de violencia y de odio; por todas partes se creía ver traidores y sospechosos. Un tundidor, Fernando de Bobadilla, se presentó en el regimiento, asesinó a Gil Nieto y comenzó a ejercer una sangrienta dictadura sobre sus conciudadanos, llenos de horror y de miedo, y divididos entre el odio hacia Fonseca y sus cómplices y el temor ante Bobadilla y sus esbirros[1405]. La Junta General, deseosa de poner fin a tales divisiones que amenazaban sumergir a la ciudad en un auténtico baño de sangre, se vio obligada a intervenir a mediados de septiembre para recordar que nadie estaba autorizado a administrar justicia por sí mismo:

Que ninguna persona (…) no sea osado de dezir que en esta villa ay traydores que ayan sido e sean contra el bien público desta dicha villa e que si alguna persona algo supiere que otra qualquier persona aya fecho o fíziere algo que sea contra la dicha villa e bien común, que lo diga e manifieste a la Junta para que, sabida la verdad, sea punido e castigado conforme a derecho.

Así se trataba de asegurar a quienes inquietaba el furor justiciero de los comuneros locales. Al mismo tiempo, la Junta ignoró las violencias cometidas desde el 22 de agosto y tomó bajo su protección a los nuevos dueños de la ciudad: Bobadilla, Sotomayor, Beldredo, Villafrades y Velasco[1406].

La Comunidad de Medina del Campo no dudaba en recurrir a las amenazas para convencer a los regidores más moderados. Algunos de ellos rechazaban la idea de mostrarse de acuerdo con los préstamos forzosos, por ejemplo, los doscientos sesenta ducados intervenidos en noviembre en la iglesia de San Antolín. Inmediatamente se les recordó la suerte que había corrido Gil Nieto:

El que no quisiere firmar ya sabe el despeñadero por donde echaron a Gil Nieto[1407].

Sin embargo, la calma fue renaciendo poco a poco en la ciudad. Bobadilla partió para conquistar el castillo de Alaejos, propiedad del traidor Fonseca, pero, capturado por los defensores, fue ahorcado sin ningún tipo de proceso previo. En Medina, el grupo de los caballeros que acataban la autoridad de la Junta constituían un elemento moderador importante. Finalmente, para acabar de restablecer la calma, la Junta designó un corregidor, Hurtado de la Vega.

La conquista de Tordesillas por las tropas realistas desencadenó una nueva oleada de violencia. Nuevamente comenzó a hablarse de traición; muchos querían vengar la muerte de Bobadilla y se irritaban ante la moderación de la Comunidad local. Quintanilla, que mandaba la guarnición de Tordesillas cuando las tropas reales ocuparon la ciudad, fue acusado de traición sin prueba alguna. Y esto por las acusaciones que se vertían en una carta anónima dirigida a la Comunidad el 2 de enero de 1521: el marqués de Denia, el almirante de Castilla y el conde de Benavente se hallaban en connivencia con Francisco de Mercado y Quintanilla, los cuales habían ayudado a los hermanos Grimaldi a encontrar el dinero necesario para pagar a las tropas realistas. ¿Por qué no se castigaba de una vez a estos odiosos traidores?:

Para mientes que éstos ya avían de ser muertos (…). Acá [en Tordesillas] se están riendo de vosotros como no aveys muerto esos traydores que os han vendido muchas vezes, que ansí hizo Quintanilla a Tordesillas que otramente no la tomaran.

La carta terminaba con una invitación al asesinato:

Dios nuestro señor os guarde de traydores, que muchos teneys en derredor (…). Ponés las manos e cochillos sobre ellos.

Y el denunciante invitaba a la venganza pública sobre los traidores y sospechosos, una lista con los nombres de más de cincuenta hombres y mujeres. Esta carta suscitó en Medina una emoción considerable. El corregidor hubo de llevar a la prisión, para protegerlos, a los caballeros más amenazados, que sin embargo eran comuneros convencidos: Francisco de Mercado y Gutierre de Montalvo. Un grupo, encabezado por un mercader, Sancho Ortiz, y un buhonero, Rodrigo de Palacios, se dirigió hacia la prisión con la intención de ejecutar a los traidores. Palacios soñaba con emular las hazañas de Bobadilla:

Dixo a unos onbres que le diesen fabor e ayuda e que haría un hecho que fuese más sonado que el que hizo Bobadilla en Gil Nieto. Le preguntaron los dichos a quyen él demandava el dicho fabor: dezidnos lo que quereys hazer; e que el dicho caxero respondió e les dixo: quyero matar a Quintanilla, que es el mayor traydor que ay en Medina.

Los manifestantes derribaron la puerta de la prisión y dieron muerte a Hernando de Carrasco, acusado de haber ayudado al banquero Grimaldi a conseguir fondos para los virreyes. Finalmente, el corregidor pudo restablecer la calma. A continuación abrió una información sobre los acontecimientos que acababan de producirse y que reveló las responsabilidades de Palacios; así se descubrió que él era el autor de la carta anónima:

El a rebuelto e alborotado esta dicha villa y por su causa a estado a punto de se perder, porque publicava que muchos caballeros e personas nobles e naturales desta dicha villa le heran traydores afín de les robar.

Palacios y sus cómplices intentaban por todos los medios poner en dificultades a la Comunidad, levantando a los campesinos contra los caballeros y a los pobres contra los ricos:

Muchas personas de poca suerte, por tener ocasyón de robar, dizen que hasen lo susodicho con fabor de comunidad e hazen distensio de comunidad de gente baxa a la otra comunidad de caballeros e gente onrada cibdadana que desea la paz e sosyego q gastan sus haziendas en defensyón della.

Es sobre todo Sancho Ortiz el que aparece como responsable de los desórdenes recientes. El 28 de enero, el corregidor le condenó a muerte en rebeldía, ya que el mercader había huido de la ciudad después del fracaso de su tentativa. La Junta reclamó información suplementaria, pero el corregidor confirmó su primera sentencia el 2 de marzo. Algunos días después, la Junta renovó su confianza en Francisco de Mercado[1408].

Estos incidentes constituyen una prueba concluyente del clima de tensión que reinó en Medina del Campo durante todo el tiempo de duración de la guerra civil. Los exaltados no dejaban de recriminar constantemente a los comuneros que ocupaban los puestos dirigentes por su moderación. Las amenazas proferidas contra Quintanilla y Mercado son expresión de la radicalización del movimiento. Después de la toma de Tordesillas, los nobles eran considerados fácilmente como sospechosos, aunque se tratase de caballeros que habían dado pruebas de su compromiso con la Comunidad. El licenciado Vargas resumió en una frase, el 2 de febrero de 1521, la situación de Medina del Campo:

Están los de Medina más perros I enemigos que los de Toledo ni de Segouia[1409].

Hasta Villalar, los comuneros de Medina del Campo no dejarían de apoyar a la Junta y de combatir las tropas reales. Desde la ocupación de Tordesillas se sentían directamente amenazados; fue entonces cuando levantaron el asedio de Alaejos, bloqueado desde fines de agosto[1410]. Esta gran inseguridad explica en cierta medida la exaltación y el furor asesino de algunos dolorosamente sorprendidos por la derrota de Tordesillas, para la cual no encontraban otra explicación que la traición.

8. Valladolid

Las vicisitudes del movimiento comunero en Valladolid se identifican con la historia de la revolución en Castilla la Vieja. Recordemos sus principales etapas. A un período de calma relativa, en el cual un grupo de notables se esforzó por contener las pasiones populares, siguió, tras el incendio de Medina del Campo, una violenta explosión de cólera que se centró en los antiguos procuradores en Cortes y en los recaudadores de impuestos. El infante de Granada, convertido en jefe de la Comunidad, consiguió restablecer el orden, y bajo su autoridad la Comunidad se enzarzó durante dos meses en una lucha constante contra los elementos más exaltados. En noviembre se produjo finalmente el triunfo definitivo de la Junta, y el infante de Granada se vio obligado a abandonar[1411]. A partir de entonces la Comunidad de Valladolid se convirtió en el más sólido bastión del movimiento comunero. Esto quedó patente después de la entrada de las tropas reales en Tordesillas. Valladolid acogió a la Junta y ejerció una estrechísima vigilancia sobre los traidores, los tibios y los indiferentes. La Comunidad se empeñó en una tarea incansable cerca de muchas otras ciudades para conseguir que formaran un bloque apiñado en torno a la Junta, para que expulsaran a los sospechosos y a los enviados del enemigo, cuyo único interés era meter cizaña entre la población. El licenciado Bernaldino era el responsable supremo de esta misión de propaganda[1412]. El único remedio para evitar las disensiones —afirmaba de continuo Valladolid— consiste en la unión en torno a la Junta:

La manera de cesar las dichas parcialidades nos parece que seria hazer lo que en esta villa hazemos, que es a ojos cerrados obedescer e complir lo que por la Santa Junta se ordena y manda[1413].

Cierto; obedecer a la Junta, pero no ciegamente, como sugiere esta última frase. Bien al contrarío, Valladolid seguía las deliberaciones y decisiones de la Junta con una vigilancia extrema. Tanto cuando se trataba de emprender negociaciones con el enemigo como de luchar contra los sospechosos o de designar los jefes del ejército, las cuadrillas vigilaban siempre las decisiones de los diputados, se opusieron en todo momento a cualquier concesión, tomaron partido por Padilla contra don Pero Laso de la Vega; en resumen, sometían a la Junta a un severo control que no dejaba de resultar irritante a los elementos moderados, obligados siempre a deliberar ante la atenta mirada de observadores prestos a denunciar el menor síntoma de desfallecimiento, la más mínima deferencia para con el enemigo. En realidad, más que en la Junta general, era en las cuadrillas de Valladolid donde se trazaba la trayectoria política del movimiento comunero; nada se hacía sin su conformidad, nada podía intentarse contra ellas. Para mantener el esfuerzo de guerra la Comunidad recurrió al expediente de los préstamos forzosos, se apoderó de los depósitos confiados a los conventos, estableció impuestos extraordinarios e incluso llegó a confiscar los cálices sagrados de las iglesias[1414].

Los virreyes trataron por todos los medios de doblegar esta feroz determinación, obligaron a la chancillería de Valladolid a abandonar la ciudad y ejercieron una presión insistente sobre la Universidad. El protonotario Frías, encargado de notificar estas disposiciones, y que se atrevió a entrar en Valladolid, escapó por poco a una muerte violenta. Esto, sin embargo, no fue óbice para que manifestara su optimismo: las gentes comienzan a reflexionar en Valladolid —escribió el 15 de febrero—; las tres cuartas partes de la población están cansadas de los excesos de la Comunidad y no esperan más que la ocasión propicia para sacudirse el yugo de su dominio; no son más de quinientos tunantes los que manejan todo en la ciudad; si el condestable se acerca a la ciudad no harán otra cosa que emprender la huida precipitadamente[1415].

Es totalmente cierto que Valladolid acabó considerando muy pesada la carga que tenía que soportar la ciudad: soldados, dinero; prácticamente ella sola tenía que cubrir las necesidades del ejército; se hicieron repetidas llamadas a las demás ciudades para que participaran de manera más efectiva en el mantenimiento del esfuerzo de guerra[1416], pero, pese a todo, Valladolid continuó hasta el último momento apoyando la causa de la Comunidad. Al final, Valladolid sufriría las consecuencias de su papel de capital y núcleo central de la revolución, pues sería con mucho la ciudad más duramente castigada por su participación en la guerra de las Comunidades[1417].

9. Burgos, Soria y las Merindades

Ya hemos expuesto en un capítulo anterior las circunstancias que impulsaron a Burgos a la ruptura con la Junta y a tomar partido por el poder real[1418]. La burguesía comerciante desempeñó un papel determinante en esta decisión. Desde el principio vio con malos ojos las violencias populares que ensangrentaban las calles de la ciudad, y se aproximó entonces a don Diego Osorio y luego al condestable de Castilla para que restablecieran el orden en la ciudad. En septiembre un nuevo levantamiento provocó la salida del condestable de la ciudad, pero los notables siguieron gozando de la máxima influencia. La Junta se esforzó por eliminarlos, trató de levantar contra ellos a la masa de la población, simpatizante de corazón con la revolución, y enfrentó a la verdadera Comunidad con los dirigentes que intentaban traicionarla. Pero todo fue en vano. Los comuneros no pudieron imponerse en Burgos y tuvieron que recurrir a la ayuda del exterior, las tropas de Acuña, que en dos ocasiones marcharon sobre Burgos para apoyar las maniobras de los conspiradores del interior. Estas tentativas de subversión fracasaron repetidamente; no sirvieron más que para mantener un clima de inseguridad en torno al condestable, aunque sin amenazar nunca seriamente su autoridad[1419]. El problema estriba en que los comuneros de Burgos no consiguieron provocar la división entre los notables como lo hicieron sus compañeros de Toledo, Salamanca, Valladolid o Segovia. El licenciado Vargas lo afirma con toda razón: si fracasó el levantamiento de enero no fue por otra causa sino que los conjurados no contaban con complicidad alguna en el seno de la burguesía:

No tenían personas principales que les gobernasen[1420].

En Burgos, los comerciantes formaron en todo momento un bloque compacto y sin fisuras. Supieron comprender en seguida cuál era el partido que podía garantizar sus intereses. Las concesiones que les hiciera el condestable y que fueron confirmadas en parte por el emperador les satisficieron plenamente: supresión de huéspedes forzosos con ocasión de la llegada de la Corte a la ciudad, mercado franco el martes y el sábado, sin hablar de lo más importante, el mantenimiento de los privilegios comerciales con las ciudades de la Europa del Norte. El obispo de Palencia conocía perfectamente a sus compatriotas cuando les propuso utilizar este argumento:

En estas tierras de Flandes siendo tan bien tratados los contratantes de aquella ciudad, con más privilegios y granquezas que los mesmos de la tierra[1421].

Para los comerciantes de Burgos la victoria de la Junta, ferozmente hostil contra Carlos V y su política exterior, habría comprometido sus relaciones comerciales. La Junta los denunció como traidores porque veía en ellos sus enemigos más decididos. Burgos, que en 1517 había tomado la iniciativa de reunir las Cortes ilegalmente, que había protestado en 1518 contra los extranjeros por medio de Zumel, se negaba en 1520 a hacer causa común con las ciudades del interior, y el mismo Zumel se convirtió en un encarnizado adversario de los comuneros. Actitud, por otra parte, muy lógica, pese a las apariencias. En efecto, en 1517, e incluso en 1518, los comerciantes tenían motivos para estar inquietos, dada la incertidumbre respecto a la política real; pero en 1520, recibidas toda clase de seguridades por parte de la Corte, era únicamente la Junta la que verdaderamente podía lesionar sus intereses. La crónica de Maldonado y la monografía de Salva sitúan el problema en su exacta perspectiva cuando evocan el enfrentamiento entre ricos y pobres en Burgos durante la época del conflicto de las Comunidades[1422]. No era exactamente una lucha de clases, sino de antagonismos sociales por razones bien concretas. La masa popular apoyaba a la Comunidad porque veía en ella un medio de protesta contra los abusos, contra la opresión fiscal y contra los notables; por su parte, los comerciantes, ricos, poderosos e influyentes, formaron bloque en torno al condestable, representante del poder real y garante de todo cuanto ellos deseaban: el orden, la tranquilidad y el comercio de exportación. Es demasiado simplista la tesis de quienes afirman que la actitud de Burgos en 1520 constituyó una reacción de celos ante la influencia preponderante de Toledo sobre el conjunto del movimiento comunero[1423]. Lo que estaba en juego era mucho más que puro chauvinismo regional. Eran una serie de intereses materiales los que se trataban de conservar y no una simple autoridad moral, muy dudosa por lo demás.

Soria siguió fielmente la actitud de Burgos, y el movimiento comunero no pudo triunfar en ella. La ciudad envió dos diputados a la Junta de Tordesillas —y uno de ellos, don Carlos de Arellano, demostró gran eficacia en su gestión para reclutar a los veteranos de Djerba—, pero pronto decidió limitar estrictamente sus poderes y actuar en todo momento en estrecha colaboración con Burgos y Valladolid. El 5 de octubre precisó su posición de manera inequívoca: la Junta debía limitarse a elaborar una lista de reivindicaciones que se sometería a la consideración del emperador, pero en ningún caso debía decidir o gobernar por sí misma[1424][1425]. Era el mismo punto de vista que defendían en aquel momento los representantes de Burgos. Cuando Burgos, consciente de su impotencia, abandonó la Junta, Soria le imitó de inmediato e incluso don Carlos de Arellano se unió al condestable en Burgos[1426]. Desde luego había en Soria comuneros que proyectaban subvertir el regimiento y asesinar a los notables más hostiles a sus ideas, pero los conjurados fueron denunciados antes de que pudieran poner en práctica su plan, proyectado para el 29 de septiembre. Dos de ellos fueron ahorcados y los demás salieron de la ciudad[1427]. Tras esta tentativa frustrada, Soria no colaboró en lo sucesivo con la Comunidad.

Al norte y este de Burgos se extendía el territorio de las Merindades de Castilla, antiguas divisiones administrativas sobre las cuales el condestable acabó imponiendo su autoridad[1428]. En el contexto del movimiento antiseñorial que siguió a la sublevación de Dueñas, las Merindades trataron de emanciparse de la tutela del condestable, animadas en su idea por la Junta. El 14 de noviembre redactaron una carta que se convirtió en un auténtico manifiesto contra el régimen señorial en general y de forma más concreta contra los privilegios del condestable[1429]. La Junta animó a las Merindades a destituir a los funcionarios nombrados por aquél y a negarse al pago de unos impuestos que les eran exigidos en nombre de una tradición que no reposaba más que en un claro abuso de poder[1430], y además designó sus propios recaudadores de impuestos. En marzo comenzó a ejercer sus funciones una administración disidente: el bachiller Zambrano estaba al cargo de la fachada marítima; el licenciado Urrez, de la región situada al norte de Palencia, y Diego Ramírez de Guzmán se instaló al norte de Burgos, en la zona de Medina de Pomar[1431]. Los habitantes de las Merindades, deseosos de escapar a la influencia del condestable y de volver al status de territorio de realengo, proporcionaron a la Junta una inestimable colaboración en contacto con el conde Salvatierra, creando continuas dificultades a las tropas reales de Burgos por lo menos hasta finales del mes de marzo de 1521.

VIII. —Conclusión

El movimiento comunero propiamente dicho se extendió, como hemos visto, por ambas partes de la Sierra de Guadarrama, en torno a dos núcleos principales: Toledo y Valladolid. La revolución se extendió hacia el Norte desde el Sur; partiendo de Toledo, alcanzó primero a Segovia, después Valladolid y luego Palencia. Madrid, Ávila y Medina del Campo, situadas en este eje Sur-Norte, se incorporaron rápidamente, y al Oeste, Zamora, Toro y, sobre todo. Salamanca compartieron las inquietudes, preocupaciones y proyectos de Toledo. Conforme nos alejamos de esta zona comprobamos que la revolución fue perdiendo su poder de atracción. Así, Cuenca, Guadalajara, Soria y León acataron la autoridad de la Junta, pero sin gran entusiasmo, y las tres primeras se apartaron pronto de ella. Al Norte, Burgos era francamente hostil. Las restantes provincias o bien se mantuvieron al margen o mantuvieron una actitud de extrema reserva o finalmente presentaron síntomas de agitación, pero no se adhirieron a la Junta más que accidentalmente (éstos son los casos de Murcia y del País Vasco).

El decreto de amnistía del 1 de noviembre de 1522 registra fielmente esta participación masiva de la zona central de Castilla en la revolución de las Comunidades. Palencia aportó el mayor contingente de proscritos, 34; a continuación vienen Salamanca, con 25 exceptuados; Segovia, 24; Ávila y Madrid, 22; Valladolid, 20; Medina del Campo, 19; León y Toledo, 18; Zamora, 16; Aranda de Duero, 15; Toro, 10; Murcia, caso especial, cuenta con doce proscritos, pero Guadalajara sólo cuatro; Sevilla, tres; Soria, dos, y Burgos, únicamente uno.

Toledo inauguró y cerró el ciclo revolucionario, en tanto que Burgos frenó primero el movimiento antes de oponerse a él decididamente. No es descabellado ver en el episodio de las Comunidades la ilustración de la interesante y fecunda tesis de M. Criado de Val. Es erróneo —piensa Criado de Val— considerar a Castilla como un bloque; de hecho, hay dos Castillas, concentradas en torno a Burgos y Toledo y profundamente distintas. La historia, la Reconquista y la repoblación marcaron a ambas con una serie de rasgos característicos que refleja la literatura: en el Norte triunfa la literatura épica, mientras al Sur florecen otros géneros más sofisticados y complejos, la obra de los arciprestes de Hita y de Talavera, la Celestina, el Lazarillo, Cervantes…

Frente a frente, las dos Castillas han opuesto durante varios siglos sus modos de ser, y, a pesar de ello, los términos de «Castilla» y de «castellano» les han sido aplicados sin apenas distinción por nuestros más altos historiadores y filólogos[1432].

Contrariamente a lo que se podría pensar —continúa Criado de Val—, la separación de las dos Castillas no es geográfica. Guadarrama no es un obstáculo que actúe a modo de separación; más bien al contrario; Segovia y Ávila, por ejemplo, se sentían mucho más unidas a Toledo que a Burgos:

El eje central de la Sierra lo constituye la ciudad de Segovia, centro medieval en el comercio de la lana y cruce caminero entre ambas Castillas. Aun cuando situada en la vertiente norte, la íntima relación de Segovia con Toledo permite su inclusión dentro del área medieval de Castilla la Nueva, como su cabeza de puente al otro lado de la Sierra

…

De muy distinto carácter y también en la vertiente norte de la Sierra, Ávila es el enlace entre Toledo y Salamanca[1433].

Tal es lo que muestran las peregrinaciones del arcipreste de Hita y los repertorios de caminos, especialmente el de Villuga en el siglo XVI.

Criado de Val encuentra profundas diferencias entre las dos Castillas, diferencias históricas, culturales y psicológicas:

Frente a la fuerte vinculación europea de Castilla la Vieja, la Nueva opone su extraño carácter mixto de rasgos orientales y occidentales, escéptico y picaresco, plagado de contradicciones y nunca enteramente cristianizado[1434].

Así, Toledo conserva una fisonomía original en España hasta la expulsión de los moriscos de 1609. Imbuida de la tradición visigótica, se rebela contra la autoridad del Califato de Córdoba, al igual que muchos siglos después se rebela contra el imperio de Carlos V:

Rebeliones frente al califato y Comunidades frente al imperio son signos de una misma tendencia. La dualidad histórica entre Toledo y Castilla se resuelve de acuerdo con estas directrices en una oposición regional y en la concurrencia política de dos ciudades, Toledo y Burgos, que aspiran, en la renovada unidad peninsular, a ser cabeza de la monarquía. En esta rivalidad no estará ausente la confusa estructura racial toledana, aceptada sólo en apariencia por la tolerancia alfonsí. La trágica lucha entre las minorías religiosas que acabó eliminando a los núcleos judíos e islámicos y el traslado de la corte a Madrid fueron los hechos decisivos que terminaron con la gran historia de Toledo[1435].

Con una gran dosis de inteligencia y de finura interpretativa, Criado de Val propone una interpretación sumamente sugestiva. Conservaremos de ella esta definición cultural más que geográfica de Castilla la Nueva, a la que se adhieren, a pesar del obstáculo aparente de la sierra, Segovia y Salamanca. ¿Puede bastar esta tesis para explicar el episodio de las Comunidades? Es indudable que el peso de la tradición y los hábitos psicológicos desempeñaron un papel importante en la división política de 1520-1521. ¿Fueron estas influencias determinantes? En cuanto a esto no estamos tan seguros. La tesis de Criado de Val, sugestiva cuando se trata de establecer los matices psicológicos y esbozar una historia de la cultura, resulta menos convincente cuando la trasladamos al dominio de los hechos políticos. Sin negar la influencia que esto pudiera tener, no creemos posible reducir la revolución de las Comunidades a una reacción de corte pasional, pese a la profundidad y a la fuerza que pudiera tener la tradición en la psicología colectiva.

La revolución de las Comunidades se originó y se desarrolló en la región que hemos definido como la más poblada y con mayor densidad de redes de comunicación de todo el reino de Castilla en los albores del siglo XVI[1436]. En ella se hallaban también algunos de los centros más activos de la naciente industria textil: Toledo, Segovia, Palencia y, más al Este, Cuenca. Desde principios del siglo esta zona estaba sufriendo una serie de dificultades económicas que le indujeron a protestar contra los privilegios de los comerciantes de la periferia, nacionales o extranjeros, respecto al comercio de la lana. Dos Castillas se van a ver enfrentadas, entonces, confirmando la división establecida por Criado de Val: la Castilla de los ganaderos y de los grandes comerciantes, simbolizada por Burgos, en plena expansión desde fines del siglo XV, que poseía un casi monopolio de la exportación de las lanas gracias a dos instituciones florecientes, dos poderosos sindicatos de intereses colectivos: la Mesta y el Consulado de Burgos; y la Castilla de los pequeños tenderos, de los comerciantes con un radio de acción muy limitado, de los artesanos y de los industriales molestos por la competencia extranjera y por la legislación favorable a los exportadores. Segovia se halla en el límite de las dos Castillas. La organización creada por los Reyes Católicos favorecía a la primera, aunque sin sacrificar completamente a la segunda. Pero el equilibrio quedó roto en 1504; surgen entonces los antagonismos. Burgos trata de conservar sus privilegios y sus buenas relaciones con Flandes, mientras la región del interior se inquieta y se considera sacrificada en el reparto de las oportunidades y los beneficios. Cuando se produjo el advenimiento de los Habsburgo, la ruptura se había consumado ya: Burgos propone una convocatoria de las Cortes en 1517, mientras Toledo se opone a ella; Segovia duda. En 1520, cuando Carlos V ha dado ya garantías a los exportadores, es Toledo la que se rebela y aglutina a las ciudades del interior contra el rey y contra Burgos. Andalucía, por su parte, favorecida desde hace mucho tiempo por el gran comercio internacional, no tiene motivos para inquietarse, ni en 1517 ni en 1520, y en ambas oportunidades adopta una actitud claramente reticente.

Para confirmar esta hipótesis, sugerida por la geografía de la revolución, examinemos a continuación la sociología y la ideología del movimiento comunero.

6. SOCIOLOGÍA DE LAS COMUNIDADES

Sandoval dio una imagen de la primera sesión de la Junta, celebrada el 29 de julio, que los historiadores liberales del siglo XIX habían de recoger con piedad. En la catedral de Ávila se hallaban reunidos los procuradores de Toledo, Toro, Zamora, León, Ávila y Salamanca. Don Pero Laso de la Vega ocupaba la presidencia, aunque no era él verdaderamente quien dirigía los debates:

Estaba en medio de los procuradores de la Junta un banco pequeño en el cual se sentaba un tundidor llamado Pinillos, el cual tenia una vara en la mano y ningún caballero ni procurador ni eclesiástico osaba hablar allí palabra sin que primero el tundidor le señalase con la vara. De manera que los que presumían de remediar el reino eran mandados de un tundidor bajo. Tanta era la violencia y ciega pasión de la gente común[1437].

Esta bella descripción está llena de errores. Ni León ni Ávila estaban representadas entonces en la Junta; Zamora reclamaría a los pocos días a sus procuradores. Por otra parte, Sandoval olvida mencionar la presencia de los segovianos, y además es harto improbable que don Pero Laso asistiera a las sesiones de la Junta[1438]. Finalmente, ¿de dónde obtiene la información sobre la presencia del tundidor Pinillos como moderador de las asambleas de la Junta?

Examinemos las Epístolas de Guevara. El futuro obispo de Mondoñedo se apenaba ante la suerte de Acuña, que frecuentaba a gentes tan poco recomendables:

Muy gran compasión me tomó quando este otro dia os vi rodeado de comuneros de Salamanca, de villanos de Sayago, de foragidos de Ávila, de homicianos de León, de bandoleros de Zamora, de perayles de Segovia, de boneteros de Toledo, de freneros de Valladolid, y de celemineros de Medina, a los quales todos tenéis obligación de contentar y no licencia de mandar.

¡Un prelado de la Santa Iglesia al frente de simples truhanes que en realidad eran quienes le mandaban a él! ¿Y qué decir del pobre Padilla, mezclado con la escoria del populacho? Veamos nuevamente la opinión de Guevara:

Cuando ogaño me fuisteis a hablar en Medina del Campo y fui con vos a ver el frenero y a Villoría, el pellejero, y a Bobadilla, el tundidor, y a Peñuelas, el perayle, y a Ontoria, el cerrajero, y a Méndez, el librero, y a Lares, el alférez, cabezas y inventores que fueron de los comineros de Valladolid, Burgos, León, Zamora, Salamanca, Ávila y Medina, yo, señor, me espanté y escandalicé[1439].

Hay motivos para poner en duda que Guevara coincidiera con Acuña y Padilla en Villabrágima o en alguna otra parte, pero no importa demasiado en realidad. Conservemos la imagen de estos jefes comuneros rodeados de un populacho arrogante y despótico.

Avancemos varios siglos y recojamos ahora las conclusiones de uno de los más grandes espíritus de nuestro tiempo, historiador de enorme talento y preocupado de no dejarse engañar por las apariencias erróneas. ¿Qué había en realidad tras el movimiento comunero? No ciertamente aspiraciones democráticas, sino una vuelta por la fuerza al feudalismo, una algarada feudal:

Según el tópico corriente, los comuneros eran, en gran parte, gente del pueblo que defendía sus libertades contra el rey tiránico; pero eran, en realidad, una masa inerte conducida por nobles e hidalgos apegados a una tradición feudal que les daba un evidente poder contra el monarca, al mismo tiempo que sobre el pueblo esclavizado.

La rebelión de las Comunidades representa el último intento de la Castilla feudal, medieval, para mantener sus privilegios, frente al poder real absoluto, unificador del país. Los comuneros fueron vencidos y, con ellos, el feudalismo de Castilla.

Los nobles e hidalgos que capitanearon la Comunidad se apoyaron, pues, en la multitud para resucitar una pasión de mando[1440].

¿Quién está en lo cierto, Guevara o Marañón? ¿Qué era la Comunidad, una insurrección popular o una fronda aristocrática?; y ¿quién dominaba el juego, el humilde tundidor o el orgulloso hidalgo?

I. «COMUNEROS». Y «CABALLEROS»

Tras el fracaso del golpe de fuerza de don Juan de Figueroa en Sevilla, el duque de Medina Sidonia escribía en estos términos al cardenal Adriano:

Mire Vuestra Señoría que esta comunidad no la comenzava a alzar un oficial ni un herrero, como han fecho en otras partes, syno vna persona de calidad y manera[1441].

Esto nos lleva a plantearnos de nuevo las premisas de Sandoval y de Guevara. La intervención de un aristócrata de alto rango es realmente sorprendente, y hay que tenerla en cuenta. ¿Puede generalizarse este ejemplo? ¿Cuál era la situación de la Comunidad con respecto a la aristocracia? ¿Cuál fue la reacción de la aristocracia ante los acontecimientos?

1. Las masas urbanas

El movimiento comunero aparece específicamente como un fenómeno urbano. En todas partes movilizó a la masa, mejor o peor organizada, mejor o peor encuadrada. Así fue como se produjeron los hechos en Toledo:

¡Comunidad! ¡Comunidad!, ¡libertad!, ¡libertad!, e que esto dezían los cardadores e capateros e vn borjahilador de seda[1442].

En estas manifestaciones, que degeneraban a veces en una revuelta abierta, dominaba el elemento popular, que imponía la ley de su número, atemorizaba a las élites, al patriciado, obligado a negociar y en ocasiones a huir. Y los testigos —a menudo las víctimas— evocan, después del tumulto, la humillación de los ricos y los poderosos, la dictadura de los miserables y de los desarraigados, forasteros e honbres pobres del arraval que andavan a hurtar e robar[1443]: gentes bárbaras, ansí oficiales como otras, con cobdicia sobrada, pensando ser parte en el reino, lo alborotaban[1444].

Los que regían e governavan, syn abtoridad ninguna; las personas baxas syn saber y syn prudencia, fechos gobernadores de los pueblos; los buenos, muy maltratados; los señores e grandes desacatados[1445].

Podríamos ofrecer multitud de citas similares, todas ellas procedentes de textos contemporáneos de los acontecimientos. Muchos no han captado más que este aspecto de la revolución de las Comunidades, la intervención masiva y no episódica, sino permanente, de lo que ellos llaman la plebe, el populacho, la canalla:

Gente dañada y desesperada, hombres condenados, ladrones, rufianes, y blasfemadores y otros qualesquier género de maluados y endemoniados[1446].

Los notables no tenían más remedio que contar con las opiniones y los deseos de sus conciudadanos. En Burgos fue el mismo condestable quien se vio en la necesidad de solicitar su parecer a los cerrajeros y zapateros[1447]; en Toledo, Juan Gaitán, aunque simpatizante comunero, vio cómo sus propuestas eran discutidas por un tejedor, un zapatero y varios pellejeros, que acabaron haciendo prevalecer su criterio[1448]. El patriciado urbano, acostumbrado a imponer sin trabas sus deseos, podía comprender que el pueblo se rebelara, que se diera al pillaje, que asesinara, a condición de que volviera de inmediato a su sumisión respecto a las autoridades constituidas; pero el populacho organizado, discutiendo los problemas del país en asambleas tumultuosas en las que la voz de un zapatero contaba tanto como la de un caballero, eso era lo que les resultaba inadmisible e impulsaba a tantos nobles a abandonar las ciudades sublevadas[1449].

De cualquier modo, la Comunidad no atacaba sistemáticamente a los patricios, a los ricos y a los poderosos, salvo en casos aislados, que las víctimas se ocupaban de difundir y exagerar a su modo. Denunciaba antes que a nadie a los flamencos, a sus cómplices, a los recaudadores de impuestos, los opresores y a los explotadores. Y en contrapartida aclamaba a los Padilla, don Pero Laso de la Vega y don Pedro Maldonado, que se unían a ella y acataban las reglas del juego, es decir, aceptaban discutir los asuntos públicos con el conjunto de la población, mucho menos anárquica de lo que afirmaban sus detractores. Estas masas urbanas —y esto no sólo en España, sino también en los demás países de Europa— eran incapaces de captar los matices demasiado sutiles; inflamadas por oradores populares, a menudo monjes, sabían lo que deseaban y lo que reprobaban; tenían sus aspiraciones, sus iras y sus odios. Quien no estuviera dispuesto a unirse a ellas debía aprestarse a huir[1450]. Por eso se irritaban muchas veces ante los escrúpulos de los notables, que se mostraban inquietos ante los excesos verbales y la violencia física. Los ricos y los poderosos se convertían a menudo en sospechosos, no a causa de su fortuna y de su autoridad, sino más bien porque con sus reticencias, sus indecisiones y sus advertencias daban la impresión de querer frenar el movimiento. Así, en cuanto ocurría un desastre o sufrían algún fracaso, estas masas urbanas estaban prestas a acusar de traición y doble juego a los nobles. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, tras el incendio de Medina del Campo y después de la ocupación de Tordesillas por las tropas realistas[1451]. La pasión cegó entonces a los manifestantes, que la emprendieron con los culpables o los sospechosos, o quienes ellos consideraban como tales.

Así se explica el cariz que tomaron los acontecimientos en las ciudades ganadas por el movimiento. Los notables debían apoyar las posiciones más radicales o mantenerse al margen, so pena de aparecer como traidores a la revolución. Muchos se negaban a aceptar tales compromisos o la complicidad silenciosa que se les exigía; no se avenían a renunciar a su prestigio, a su autoridad y a colaborar con elementos sociales inquietos, simples desgraciados a veces que nada tenían que perder, lo que les impulsaba a mostrarse aún más radicales. Es por eso que muchas veces la adhesión a la Comunidad se presenta como una elección a favor o contra los caballeros; es decir, a favor o contra la oligarquía urbana que desde hacía más de siglo y medio gobernaba las ciudades de Castilla sin demostrar excesiva preocupación por la masa de sus administrados[1452]. En las ciudades que acataban la autoridad de la Comunidad los regidores pasaban a un segundo plano. Generalmente no se les expulsaba, pero eran obligados a rendir cuentas y a compartir el poder con los diputados, elegidos por el pueblo, así como a informar en las asambleas generales, en las que todo el mundo tenía derecho a expresarse y a emitir su voto[1453]. La mayor parte de los caballeros se negaron a aceptar situación tan humillante y prefirieron salir de su ciudad a la espera de tiempos mejores. A la luz de estas reflexiones comprendemos mejor las palabras de Sandoval: Pinillos, el tundidor, es el símbolo de la revolución que había transferido el poder de manos de la oligarquía a la población, a la colectividad. Esta es una de las acepciones de la palabra comunidad: «los comunes», por oposición a la élite de los privilegiados, y dado que esta Comunidad se afirmaba generalmente contra el patriciado por medio de la reivindicación, pasamos así a un segundo sentido de la palabra: «comunidades», como revuelta popular, como insurrección. Esto no significa, sin embargo, que debamos aceptar al pie de la letra las afirmaciones de Guevara. Salvo en un caso —el de Bobadilla en Medina del Campo, y tan sólo durante algunas semanas— los artesanos a los que él hace referencia nunca desempeñaron el papel de dirigentes. Las masas urbanas rechazaron a las élites tradicionales, pero raras veces se dieron dirigentes procedentes de los sectores sociales más humildes. Estos jefes pertenecían generalmente a las capas medias de la población. Fue precisamente a causa de no haber podido contar con un auténtico dirigente de superior categoría social por lo que las masas sublevadas de Burgos fueron finalmente subyugadas por la oligarquía tradicional, a pesar de su fuerza y dinamismo[1454].

2. La nobleza, entre las «Comunidades» y el poder real

Así, los caballeros, entre los cuales se reclutaba el patriciado urbano, se encontraron enfrentados la mayor parte de las veces a los comuneros, por temperamento y porque eran las primeras víctimas de la revolución, ya que el poder escapaba de sus manos en las ciudades. Los caballeros no representaban más que una fracción de la aristocracia. ¿Cuál fue la reacción de los restantes nobles, de los grandes señores, los propietarios de grandes dominios? Desde los primeros compases de la revolución esta alta nobleza adoptó una actitud ambigua que confunde un tanto a los historiadores. Estos se han planteado fundamentalmente dos cuestiones a este respecto:

1. ¿Puede considerarse que una parte de la alta nobleza estuvo en el origen de esta sublevación?

2. Si ella no la provocó, ¿asumió acaso su dirección, al menos en el primer estadio?

La primera interrogante no es ni mucho menos nueva. Según una opinión transmitida por Maldonado, los Grandes serían responsables de la propaganda antifiscal que tan gran conmoción suscitó en toda Castilla y que en gran medida preparó el clima favorable para las revueltas de junio[1455]. En varias ocasiones vemos al cardenal Adriano reflexionando si acaso no sería la nobleza un impulso para que las ciudades se declararan en rebeldía:

Muchas causas tenemos de sospechar que esta tanta rebelión viene y toma principio de los Grandes.

…

Muchos temen que la rayz deste negocio trabe principio y fundamento de algunos Grandes[1456].

Incluso después de la conquista de Villalar, el cardenal seguía encontrando sospechosa la conducta de los Grandes, que se mostraban solícitos por proteger a algunos comuneros. ¿No estarían tratando quizá de proteger a antiguos cómplices?

Ellos querrían bien que todas cosas fuessen perdonadas para que con esto estouiessen seguros los que secretamente movieron estos tumultos[1457].

Según estos informes y otros rumores similares, la Corte atribuía la responsabilidad por las sublevaciones de junio al marqués de Villena, al de Los Vélez y al duque del Infantado, cuya actitud parecía poco clara[1458]. De hecho nunca se ha podido aportar prueba alguna que demuestre que estos aristócratas u otros hubieran fomentado la rebelión; ésta no era más que el desenlace final de una larga oposición, comenzada mucho tiempo antes de la marcha del rey y en la que los señores no tuvieron ninguna participación. Cierto que algunos Grandes se sentían satisfechos de ver al poder real en situación difícil, pero esto no significa que ellos hubieran provocado la sublevación en forma deliberada.

Examinemos ahora el segundo punto. Danvila afirmaba, en efecto, que los nobles, en una primera fase, se sirvieron del descontento popular para afirmar su autoridad. Posteriormente, desbordados por sus propias tropas, pasaron a oponerse a una revolución democrática que amenazaba directamente sus privilegios[1459]. Recientemente, Maravall ha expuesto un punto de vista parecido:

En un primer momento, el pueblo acude a los caballeros para que encaucen el movimiento. En Burgos, en Valladolid, en Guadalajara, en Zamora, en Murcia, en Jaén, así lo comprobamos, aunque luego ellos abandonen la parte de los rebeldes[1460].

Es ésta una afirmación demasiado apresurada. Ninguno de los ejemplos citados es verdaderamente significativo y, por otra parte, el término «caballeros» resulta un tanto equívoco. Si con él se quiere hacer referencia a la aristocracia urbana, ya hemos visto cómo, salvo algunas excepciones, fueron apartados por la fuerza o abandonaron las ciudades por propia voluntad. Y en cuanto a los Grandes y los señores, sucede justamente lo contrario; es decir, en las ciudades no se les ofrece el poder; son ellos quienes se hacen con él con la complicidad del patriciado y contra la voluntad de la Comunidad. No conocemos más que un caso —sobre el cual tenemos nuestras reservas— en que una ciudad sublevada habría acudido a solicitar la colaboración de un gran señor: se trata de Segovia, donde la Comunidad habría ofrecido al conde de Chinchón el puesto de capitán general. Pero, en todo caso, se trata de un testimonio aislado y tardío, que ningún otro hecho viene a confirmar. Y nos induce a ponerlo en duda el comprobar la animosidad del conde de Chinchón contra los comuneros segovianos, quienes desde los primeros compases de la rebelión le encerraron en el alcázar y saquearon sin miramientos sus propiedades[1461].

Desde luego, es cierto que entre junio y septiembre, a veces incluso durante más tiempo, los Grandes acumularon en sus manos el poder en todas las ciudades que cita Maravall, el condestable en Burgos, el duque del Infantado en Guadalajara, el conde de Alba de Liste en Zamora y el infante de Granada en Valladolid. El caso del marqués de Los Vélez en Murcia es más complejo; ya nos hemos ocupado oportunamente de él[1462]. Pero todas estas ciudades no estaban sometidas a la autoridad de la Junta; bien al contrario, en todas ellas los comuneros no pudieron alcanzar la victoria debido a la intervención de los Grandes. No confundamos —hay que decirlo una vez más— la revuelta con la revolución. Una revuelta no desemboca necesariamente en una revolución; tal fue el caso de Segovia, por ejemplo; y en otras ocasiones la revolución puede desencadenarse sin una agitación previa, como sucedió en Salamanca. Otras veces, incluso, una simple revuelta ofreció a los Grandes la oportunidad de intervenir so pretexto de mantener el orden, conservando el poder a cambio de una serie de concesiones meramente formales; tal parece ser la coyuntura de los ejemplos citados por Maravall. La revolución de las Comunidades se expresó en la base por la sustitución del regimiento tradicional por una organización más, representativa —la Comunidad— y en su manifestación externa por la adhesión al programa y a la autoridad de la Junta. Y en agosto solamente estaban en ella —lo hemos visto en un capítulo anterior cuando examinamos su constitución y composición— los representantes de cuatro ciudades: Toledo, Segovia, Toro y Salamanca. Ninguna de ellas figura en la lista elaborada por Maravall, y no ciertamente sin razón. Zamora había enviado sus procuradores, pero los retiró a petición del conde de Alba de Liste[1463]. Otras ciudades enviaron luego sus representantes a la Junta, pero era ya en el mes de septiembre, bajo la presión de las circunstancias, tras la gran conmoción que recorrió Castilla entera tras el incendio de Medina del Campo.

No creemos, pues, admisible calificar de comuneros al condestable o al conde de Alba de Liste por el simple hecho de que ocuparan una situación preeminente como detentadores de la autoridad en ciudades en las que se produjeron levantamientos contra el poder real, más aún si consideramos que esa autoridad la ejercían de forma más o menos subrepticia contra la Junta, órgano central de la revolución. Tampoco decimos, sin embargo, que estos Grandes fueran desde el primer momento hostiles a la Comunidad. La situación es mucho más compleja. La actuación de estos nobles parece estar guiada por dos preocupaciones esenciales:

1. Mantener el orden e impedir que los extremistas siguieran dominando la situación. Particularmente ilustrativo resulta el caso del duque del Infantado, en Guadalajara, el cual mandó a la horca a los revolucionarios más exaltados.

2. Establecer o consolidar su autoridad en una serie de ciudades que desde hacía mucho tiempo intentaban subyugar o en las que su dominio era ya efectivo.

Los Grandes, ni inspiradores ni dirigentes, mantuvieron, por tanto, una actitud expectante durante la primera fase de una sublevación que no iba dirigida contra ellos, sino contra el poder real y sus representantes. Esto queda reflejado en las palabras de Santa Cruz, que reproducimos a continuación, y en las que el término caballeros hace referencia a los grandes señores:

Ningún caballero les contradecía en público, antes muchos les favorecían en secreto, porque como les [sic: léase «como no les»] hablan tocado en sus tierras, no mostraban pena del levantamiento de las Comunidades[1464].

¿Qué motivos podrían haber impulsado a estos señores a intervenir en favor de la monarquía? Nada le debían; antes bien, acumulaban contra ella un profundo rencor desde hacía dos años. El nuevo soberano había decepcionado profundamente sus esperanzas. El embajador francés La Rochebeaucourt se hace eco del descontento existente entre los nobles desde la clausura de las Cortes de 1518; ¿acaso no había prometido Carlos «no enajenar ni un ápice de sus dominios?»[1465]. La nobleza hubiera deseado recibir gratificaciones, ser consultada por el soberano en las decisiones importantes; en cambio, había sido marginada, no se le había concedido nada de lo que reclamaba. El rey sólo escuchaba a los flamencos; en 1520 recogía así lo que Chièvres y sus cómplices habían sembrado. De esta amargura —o quizá sea mejor decir este rencor, este odio— de una fracción de la nobleza contra Chièvres existen numerosos testimonios. Señalaremos únicamente tres, los que nos parecen más significativos.

Septiembre de 1518. El condestable acudió a visitar a unos amigos en una localidad próxima a Burgos. Inmediatamente se dijo en la Corte que estaba actuando contra el rey. El condestable no estaba haciendo nada en contra del rey, y, sin embargo, como él mismo dice con gran amargura a Chièvres, no le faltaban motivos:

Para que veays, señor, quán mal pagado estoy de mis seruicios después que el rey nuestro señor vino en España.

Había solicitado una dote para su sobrina, doña Isabel de Velasco, pero no había obtenido ni un solo maravedí; Becerril había sido atribuido al duque de Nájera, contra todos los derechos adquiridos sobre esta villa por el condestable; desde hacía mucho tiempo los condestables percibían por su propia cuenta el servicio en sus dominios, pero a él se le había negado este privilegio; cuando comunicó su deseo de situar a su hijo en la Corte se le contestó con bellas palabras y promesas que nunca se habían hecho realidad; y tampoco había sido complacido en su deseo de ocupar el puesto de virrey de Navarra, prefiriendo el rey para ese cargo al duque de Nájera; y así un largo etcétera.

Vistos, señor, estos malos despachos tan syn merecellos, yo ni mi persona ni casa, no sé a que lo pueda atribuyr. He querido, señor, daros esta quenta tan larga y tan enojosa porque veays de la manera que soy tratado en toda manera de negocios[1466].

Y en cuanto al duque del Infantado, ¿tenía mejores razones para sentirse agradecido hacia la monarquía?

Se quexa que, a más de las mercedes que vuestra alteza le ha denegadas, ahún no pudo alcanzar paga de las cosas que se le deuen.

El duque acusaba personalmente a Chièvres, a quien consideraba responsable de todas sus desgracias:

Mosior de Xebres no merecía del ningún favor y que piensa que a causa suya se dio en La Coruña tan mala respuesta sobre sus cosas y por esto que si algo se hiziese contra el dicho Xebres no debria imputar ni tomarlo como si fuesse contra Vuestra Magestad[1467].

En definitiva, el duque no se sentía apenado por cuanto estaba ocurriendo. Chièvres se lo había ganado con su comportamiento. En el mes de septiembre, el duque hizo juramento de fidelidad a la Junta; en octubre, todo el mundo le consideraba en connivencia con los rebeldes[1468].

El caso del marqués de Los Vélez es aún más claro, pese a todo lo que se ha dicho, después de lo que escribiera Marañón al respecto sobre las simpatías del marqués hacia los rebeldes, al menos durante los primeros momentos[1469]. Veamos lo que nos dice el propio marqués:

Después que en estos reinos Vuestra Majestad sucedió, yo me moví a servirle sin miramiento suyo en algunas cosas que se ofrecieron por estas partes vecinas del reino de Murcia donde yo vivo y tengo mi naturaleza, poniendo mi persona y hacienda en ello con mucho fervor; y fui tan mal agradecido por los que han governado estos reinos de Vuestra Majestad y los negocios de su Corte que ni gracias de ello ni paga del dinero que gasté jamás me dieron; antes, podría decir, en verdad, que en lugar de ellos se me hicieron asaz desabrimientos e injusticias; y viendo esto, yo estaba determinado de no moverme a servir, a lo menos fuera de mi casa, sin ver especial mandato de Vuestra Magestad[1470].

He aquí, pues, lo sucedido. Cuando el rey llegó a España, el marqués de Los Vélez le ofreció sus servicios, que fueron rechazados. En consecuencia, decidió dedicarse únicamente a sus propios asuntos. Por tanto, no le concernía en absoluto la revuelta de los comuneros que ponía en peligro el poder real. El marqués, resentido con el rey, decidió no intervenir. Se trataba de un conflicto que oponía a las ciudades y al poder real. Como él mismo dice textualmente, esperaba que fueran a pedirle su colaboración personalmente (sin ver especial mandato de Vuestra Magestad). ¿Cuántos nobles no hicieron el mismo razonamiento que el marqués de Los Vélez?

La última vejación que habían tenido que sufrir los nobles fue la decisión del soberano, cuando se embarcó en La Coruña, de confiar el poder durante su ausencia a un miembro del clero, y por si esto fuera poco, además, extranjero[1471]. ¿Puede resultar extraño, así, que en tales circunstancias estos nobles se negaran a tomar partido por el poder real? Muchos de ellos sentían gran satisfacción al contemplar la situación comprometida en que las ciudades habían colocado a la monarquía. Esperaban que llegara el momento oportuno para intervenir, porque, en definitiva, ellos eran los árbitros de la situación. Si ellos se declaraban en contra de la Junta, inmediatamente variaría la relación de fuerzas, favorable hasta entonces a los rebeldes. Tal era el punto de vista que el cardenal Adriano expresaba en agosto:

El conseio de todos es que devemos requirir los Grandes porque nos asistan contra los pueblos rebueltos[1472].

A la luz de estas consideraciones cobra sentido la designación del condestable y el almirante para compartir el poder con el cardenal. Lo que el soberano deseaba era que la alta nobleza se decidiera a prestarle su apoyo contra los rebeldes[1473]. Por sí sola, esta decisión no fue suficiente para conseguir la solidaridad de la aristocracia. Más decisivos fueron, en este sentido, los acontecimientos que se desarrollaron en Castilla desde los primeros días de septiembre.

2. El movimiento antiseñorial

En tanto las Comunidades se limitaron a contestar el poder real, los Grandes no intervinieron en el conflicto, salvo en casos concretos y limitados. ¿Pero sería posible constreñir la revolución al plano político, como parecía desear la Junta?

Al amparo del gran movimiento de protesta contra todo tipo de abusos que se desencadenó en junio de 1520, la ocasión parecía propicia para exigir la reparación de los agravios sufridos anteriormente. Así pensaban los municipios de Madrigal, Arévalo y Olmedo. Mientras que en todas partes se expulsaba a los funcionarios del poder central, estas tres localidades enviaron varias delegaciones al cardenal Adriano para que designara nuevos funcionarios reales[1474]. ¿Simple paradoja? Solamente en apariencia. Estas ciudades acababan de expulsar a los funcionarios municipales, designados directamente por su señor, Germaine de Foix, viuda del Rey Católico. Se trataba de territorios separados del poder real desde hacía poco tiempo y que no parecían dispuestos por más tiempo a soportar el régimen señorial.

Germaine de Foix había casado con Fernando de Aragón en 1505. Este, en su testamento, dejaba a su viuda 30.000 ducados de renta anual, a obtener de las posesiones italianas de la Corona. En 1518, Germaine de Foix contrajo nuevas nupcias con el marqués de Brandeburgo, hermano de uno de los Electores del Santo Imperio, lo que explica la complacencia del joven monarca de España, que aspiraba al Imperio. Carlos confirmó la renta de 30.000 ducados y además, a pesar de las advertencias de Cisneros, cedió a Germaine, en plena soberanía, Arévalo, Madrigal y Olmedo. Naturalmente, esta generosidad no había sido del agrado de las poblaciones afectadas. El gobernador de Arévalo y de Madrigal, Juan Velázquez de Cuéllar, amenazó con hacer uso de la fuerza para impedir la donación, pero intervino Cisneros, consiguiendo hacer desistir de sus intentos a los más recalcitrantes. También Olmedo protestó y se le dio la promesa formal de que volvería a la jurisdicción real tras la muerte de Germaine de Foix, promesa que se confirmó —al tiempo que se hizo extensiva a Arévalo— en las Cortes de 1518[1475].

Los acontecimientos que se produjeron en toda Castilla en junio de 1520 parecieron ofrecer una coyuntura favorable para volver de nuevo a la carga. Las tres villas lanzaron un ultimátum al cardenal Adriano, advirtiéndole que caso de que no atendiera a sus muy razonables pretensiones no tendrían más remedio que echarse en brazos de la Junta. No es fácil comprender el embarazo del cardenal: ceder significaba inclinarse ante los hechos consumados; mientras que una negativa redundaría en indudable beneficio para los rebeldes. El Consejo Real reconoció que el Derecho amparaba a las tres ciudades[1476].

Arévalo, Madrigal y Olmedo actuaron con extraordinaria prudencia, evitando comprometerse con la Junta. Esta conducta se demostró acertada, por cuanto el 9 de septiembre de 1520 Carlos V devolvió las tres ciudades a la jurisdicción real[1477]. No debió arrepentirse el soberano por esta decisión, por cuanto las tres permanecieron leales a la Corona hasta el último momento. Arévalo se negó a recibir a Padilla, expulsó al licenciado Rincón, emisario de la Junta; hizo huir al comendador Contreras, corregidor designado por la Junta, y se preparó para la lucha si ello resultara necesario[1478]. Madrigal, por su parte, impidió por dos veces la entrada de Padilla en la ciudad, así como del corregidor que había nombrado la Junta, y se organizó para resistir a los comuneros[1479]. La misma actitud fue observada por Olmedo[1480]. Así pues, las gestiones de las tres ciudades para volver a convertirse en territorios de realengo habían sido coronadas por el éxito. La prudencia y habilidad demostrada en todo momento por los responsables de las tres villas influyeron no poco en esta victoria, favorecida, por lo demás, por la ausencia de la reina Germaine, que se encontraba con la Corte en el momento de producirse estos acontecimientos. Queda por decir tan sólo que también las circunstancias contribuyeron a provocar un retroceso del régimen señorial. ¿Intentarían también otras ciudades liberarse del yugo señorial? ¿Cuál sería entonces la reacción de los grandes señores? Los sucesos de Dueñas estuvieron mucho más preñados de consecuencias importantes.

Dueñas había sido una ciudad libre hasta 1440, fecha en que el monarca Juan II la cedió a la familia de los Acuña, a pesar de la oposición de la población. En 1475, los Reyes Católicos autorizaron la formación de un mayorazgo, quedando entonces Dueñas integrada en el feudo de los Acuña, convertidos en condes de Buendía. Sus habitantes no habían perdido, sin embargo, la esperanza de reconquistar legalmente su libertad, y así el 30 de marzo de 1504 presentaron sus quejas en la cancillería de Valladolid y solicitaron su reintegración al dominio real. Proceso interminable realmente, como muchos otros de la misma clase[1481]. También aquí la crisis de 1520 incitó a los interesados a tomarse la justicia por su mano.

El 1 de septiembre de 1520, en plena noche, un grupo de hombres fuertemente armados penetró en la mansión de los condes. El efecto de sorpresa fue total. Tras una corta resistencia, el conde y la condesa fueron hechos prisioneros y se vieron obligados bajo amenazas a firmar la orden de capitulación del castillo. A continuación fueron expulsados de la ciudad. Pero Niño, al servicio del conde y su hijo Rodrigo, parece que desempeñaron un papel de suma importancia en estos acontecimientos[1482].

La revuelta de Dueñas, lo mismo que la de Arévalo, Madrigal y Olmedo, hay que situarla en el contexto de un profundo movimiento de hostilidad contra el régimen señorial, que no debe ser confundido en ningún modo con el movimiento comunero propiamente dicho. Entre ambos no existe relación alguna de causa-efecto. En los primeros momentos las Comunidades no atacaron el régimen señorial; sin embargo, sí puede hablarse de concomitancia: la revuelta antiseñorial se desencadenó al amparo de la crisis producida por las Comunidades. En principio, la Junta trató de mantenerse al margen en el conflicto surgido entre los señores y sus súbditos, pero los acontecimientos iban a obligarle a tomar partido y, desde entonces, el movimiento comunero cambió de sentido.

En efecto, todo indica que los comuneros no son responsables en ningún modo de los acontecimientos de Dueñas. Y, además, los sublevados no hicieron otra cosa cuando se encontraron dueños de la ciudad que escribir al cardenal para que aceptara el hecho ya consumado de la reintegración de Dueñas en el patrimonio real. En cuanto al conde de Buendía, su reacción fue totalmente distinta, acudiendo a quejarse ante la Junta[1483]. No fue sino mucho más tarde cuando el conde pretendió atribuir a los comuneros la sublevación de Dueñas, afirmando entonces que todo había sido minuciosamente preparado, y que en agosto ya habían entrado en contacto con los comuneros de Toledo:

A consultar cómo y de qué manera se avía de levantar la dicha villa de Dueñas por comunidad.

Afirmación que los acusados negaron rotundamente:

Quando la dicha villa se avía querido alear, no avía sydo por vía de comunidad ni por azer mal ni daño a los conde e condesa, salbó por servir a Nos el rey y por querer ser nuestros vasallos y de nuestra corona real[1484].

Ante estos acontecimientos ocurridos en septiembre, la Junta se sentía un tanto indecisa respecto a la conducta a seguir. Por una parte, no le interesaba oponerse a la nobleza, pero por otra no le resultaba nada fácil prestar su ayuda a los señores para reducir a sus súbditos. Esta indecisión es muy significativa, y demuestra que la Junta no deseó una sublevación de estas características, que había de colocarla indefectiblemente en una posición difícil[1485]. En efecto, los nobles comenzaban a inquietarse; consideraban que los acontecimientos de Dueñas constituían una prueba respecto a las verdaderas intenciones de los comuneros. El 26 de septiembre, el conde de Oropesa instó a la Junta a intervenir, insistiendo sobre la trascendencia de la decisión que iba a tomar:

Yo creo que, cuando ésta llegare, segund va tarde, por cierta ocasión que se ofreció, ya vuestras mercedes avrán proueydo lo de Dueñas, pues el caso y las circunstancias del es de tanta grauedad, y ansí se deue creer que estará proueydo, pues es propio a la intención de vosotros y de vuestro ayuntamiento proueer los semejantes agrauios como los señores Conde e Condesa de Buendía an padescido y padescen, que de tan santa Junta no deue ni puede salir sino tal provisión qual convenga a servicio de Dios y bien vniuersal del reyno, ques el fin con que Dios os a juntado. Pido por merced a vuestras mercedes seays en que la villa de Dueñas se reduga a la obediencia de sus señores y proueays quel atrevimiento que tuuieron se castigue con tanto rigor como el caso requiere por satisfación de los que en sangre cabemos en esto y por el enxemplo que a de resultar dello en el reyno[1486].

La Junta se sintió, desde luego, enormemente turbada. Intentó por todos los medios dar seguridades a los nobles, y entre otras cosas tomó bajo su protección a los partidarios del conde de Alba de Liste, en Zamora, cuando se vieron amenazados por la Comunidad local[1487]. Escribió, asimismo, a algunos Grandes, por ejemplo al duque de Alburquerque, el 3 de octubre, para informarle sobre los fines que perseguía el movimiento: poner fin a los abusos y servir al interés general:

Servir a la reyna e rey, nuestros señores, e para bien e pacificación destos sus reynos;

…

Deshazer las tiranías pasadas y no consentir que las leyes destos reynos sean quebrantadas.

¿Qué podría ser más tranquilizador que esto para los señores? Asimismo se hizo una referencia a los acontecimientos de Dueñas. Se trataba de algo sin importancia que no debía tener mayores consecuencias. Por lo demás, la Junta aseguró que se encargaría de que el orden fuera restablecido en la ciudad:

Como vuestra señoría sabe, las cosas de los pueblos, en especial de la gente común, que no pueden ir con aquella horden que querríamos.

…

Con grandísima diligencia entendemos en la pacificación de todo.

Este incidente no debía ser causa de que los señores no se unieran al esfuerzo común:

Suplicamos a vuestra señoría ni [sic; parece que debiera leerse y] a otros señores que nos hagan merced de venir a estas Cortes porque como somos todos pequeños no querríamos juntarnos syno con quien toviésemos gran seguridad.

Tengamos muy en cuenta esta última frase. La Junta, que se abrogaba la representación de todo el reino, deseaba la colaboración de los Grandes, pero a condición de poder conservar toda su independencia, de no caer bajo el dominio de los Grandes. La carta termina con una llamada a la unión:

Pues vuestra señoría y los otros señores soys cabeza desta república, justa cosa es que para tan gran bien como se espera de la conformidad todos seamos un cuerpo y que con el parecer de vuestra señoría todas las cosas se ordenasen[1488].

Se aprecia claramente el deseo de la Junta de no aquistarse la enemistad de los señores, de hacerles participar en su juego, pero sin confiarles la dirección del movimiento. ¿Estaba a tiempo todavía de conseguir sus objetivos? Los acontecimientos de Dueñas se repitieron en seguida por toda Castilla. He aquí lo que opinaba el embajador portugués:

A seido muy mala materia para todos los Grandes y créese que si en esto no se provee tan rezio como conviene que ellos se verán en tanto trabajo y más de lo que ellos por ventura piensa, porque Medina de Ruyseco a muy pocos días que estuvo en punto de hazer otro tanto, y avn aora, según dizen, no está muy fuera dello; y ansimismo Villalpando, que es vn lugar, el más principal quel condestable tiene, está tanbien alborotado y no muy fuera de hazer lo que a echo Dueñas. De Nájera a venido nueva que es aleada por el rey. Parésceme que esta pestilencia es general y en la verdad todos los Grandes están con mucho recelo que sus vasallos se desvergüenzen, porque todos los lugares de los señores, vnos co otros, se cartea y no falta quien los atize a poner en estos pensamientos[1489].

Vemos a los Grandes y los señores a la defensiva. La amenaza se cernía en primer lugar sobre el condestable de Castilla. Sus dominios se extendían por la región de Burgos, sin un límite preciso. Jurídicamente, las Merindades no formaban parte de ellos, pero desde tiempos inmemoriales los condestables ejercían derechos señoriales sobre ellas. Periódicamente surgían protestas, la última de las cuales había ocurrido en 1513-1514. Un magistrado procedió entonces a realizar una información exhaustiva sobre el problema, consultando archivos e interrogando testigos, y su conclusión no podía haber sido más inquietante: los condestables carecían de título jurídico alguno que les otorgara derechos sobre las Merindades, y sin embargo habían actuado siempre como si formaran parte de su feudo[1490]. En septiembre de 1520 volvieron a producirse incidentes provocados por quienes rechazaban las posiciones establecidas. Y fue esta vez Haro la que se sublevó, donde la legitimidad de dominio del condestable era totalmente indiscutible[1491].

Por su parte, el conde de Benavente, amenazado también por el cariz de los acontecimientos, impidió que la sedición invadiera sus dominios. Enterado de que su ciudad de Castromocho contemplaba propósitos de rebeldía, acudió de inmediato y se entregó a una despiadada demostración de fuerza, destruyendo casas, azotando a los agitadores y llegando en su crueldad a cortar la lengua a seis de ellos. Pero fue inútil, pues a los pocos días también Portillo comenzó a agitarse dentro de sus tierras[1492].

Más al Norte, el duque de Nájera se vio también en dificultades: sus súbditos ocuparon la villa de Nájera, capturaron dos castillos y ahorcaron a uno de sus hombres de confianza. También él se mostró dispuesto a actuar sin contemplaciones. Dio una hora de plazo a los rebeldes para deponer su actitud, y no eran amenazas vanas, ya que había hecho llamar a la artillería y además contaba con la ayuda del condestable, del conde de Miranda y del conde de Aguilar. La rebelión pudo ser superada; ocho o nueve de los agitadores fueron ahorcados, pero el condestable impidió que se arrasara la villa como represalia por haberse sublevado[1493].

En el corazón de la fértil Tierra de Campos, Palencia compartía los sentimientos de los lugares de señorío a los que hemos hecho referencia. El señor jurisdiccional de Palencia era un eclesiástico, el obispo de la localidad. Desde que Palencia obtuviera su fuero del obispo don Raimundo, en 1181, una lucha permanente había opuesto al concejo y los obispos, generalmente ricos e influyentes[1494]. En marzo de 1517, con ocasión del nombramiento anual de los regidores por el obispo, estuvo a punto de estallar la rebelión. La Comunidad pretendía designar dos procuradores que se encargaran de velar por sus intereses, y ante la oposición del obispo se produjo una manifestación de más de cuatro mil personas contra los clérigos y los canónigos[1495]. En 1520 era obispo de Palencia don Pedro Ruiz de la Mota, el amigo de los flamencos y que gozaba de la misma impopularidad que estos últimos. El 23 de agosto la Comunidad designó nuevos titulares para sustituir a los regidores impuestos por el obispo. Pocos días después se reprodujeron las manifestaciones antiseñoriales, que ya se habían extendido por toda Castilla. Y es que Dueñas no estaba lejos de Palencia. Cerca de Palencia se hallaban enclavados dos castillos, Villamuriel y Magaz, propiedad también del obispo y símbolo de su poder. El 14 de septiembre, en circunstancias mal conocidas, una parte de la población de Palencia se dirigió hacia Villamuriel con la intención de sustituir al alcalde por un hombre más digno de confianza. Es posible que esto fuera un simple pretexto y que la multitud fuera conducida hacia Villamuriel por agitadores. Lo cierto es que el castillo fue destruido; los desperfectos provocados ascendieron a la cifra de 20.000 ducados. Según los testigos interrogados más tarde, a la hora de atribuir responsabilidades, la opinión general en Palencia era de satisfacción por la demolición de Villamuriel. Había incluso quienes lamentaban que Magaz no hubiera corrido la misma suerte:

No les pesava syno porque no avían derribado a Magaz[1496].

En un principio, todas las manifestaciones antiseñoriales tuvieron como marco Castilla la Vieja, pero posteriormente aparecieron también focos insurreccionales al sur de Guadarrama. El conde de Chinchón vio sus propiedades amenazadas. Los rebeldes recibieron todo su apoyo de los comuneros de Segovia, que no perdonaban a los condes de Chinchón el desmembramiento parcial de la Comunidad de ciudad y tierra realizado por los Reyes Católicos para constituir su feudo. El 13 de septiembre el conde se vio obligado a pedir refuerzos para hacer frente a los sublevados[1497]. Un cronista nos ha dejado el relato de los sucesos de Ciempozuelos, pequeña aldea de unos seiscientos vecinos:

Querían ser de la corona real.

El campesino más rico del lugar, hombre de probada prudencia («nunca le vieron hazer ni dezir ningund desconcierto») se puso al frente de los rebeldes y arengó en esta forma a sus compañeros:

Ea, hombres, todos procuremos por la libertad y viba el rey e la reyna e muramos todos contra Fernandillo, diciéndolo por el conde de Chinchón, su señor, y veamos qué nos hará.

El conde atacó la aldea, recuperó su feudo y castigó severamente a los culpables. El rico campesino que se había constituido en líder de la sublevación fue finalmente colgado[1498].

El verano de 1520 terminó, pues, en medio de un fuerte movimiento de hostilidad contra el régimen señorial. Los cronistas han dejado testimonio de él, pero en general atribuyen a los comuneros una responsabilidad directa en estas sublevaciones, lo que no está en absoluto demostrado[1499]. Ya lo hemos dicho antes, al referir el conflicto de Dueñas: la Junta se vio sorprendida e incluso molesta por la violencia de esta reacción antiseñorial. Y si le resultaba difícil oponerse a esta corriente popular espontánea, al mismo tiempo temía enajenarse la enemistad de los señores en bloque si apoyaba abiertamente la revuelta de los señoríos. No hay duda de que hubiera deseado poder evitar estas tensiones. Pero los hechos eran muy otros. En muchas regiones los señoríos aprovecharon la coyuntura de crisis para manifestar claramente su voluntad de ser integrados —o reintegrados— en el patrimonio real. La hora de las ambigüedades había pasado, y la Junta y las diferentes capas de la nobleza debían tomar postura. En especial, para los nobles había llegado el momento de la elección.

En efecto, el levantamiento antiseñorial obligó a los Grandes a interesarse más intensamente por la marcha de los acontecimientos. El movimiento comunero había impulsado —sin proponérselo— las iras antiseñoriales. Algunos nobles comenzaron a sentirse inquietos, pero todavía confiaban en que la Junta se negara a apoyar a los rebeldes; hemos visto, por ejemplo, que esto era lo que esperaban los condes de Buendía y de Oropesa. Otros instaron al rey a satisfacer las reivindicaciones de los comuneros. Tal era la actitud del duque de Béjar:

Dizen que los más que están en la Junta son personas onradas y hechuras de la casa real de vuestra alteza y deseosas del servicio de vuestra majestad[1500].

Algunos, en fin, los más directamente amenazados, pensaban en la necesidad de defenderse, ya que eran atacados; en aliarse con el poder real contra el enemigo común. Fue precisamente en el momento en que los señores estaban sumidos en la mayor inquietud cuando llegó a Castilla Lope Hurtado, portador de dos documentos importantes: el decreto que asociaba al gobierno al condestable y al almirante y un mensaje personal del rey invitando a los nobles a tomar partido de un modo definitivo contra los rebeldes[1501]. Las circunstancias no podían ser más favorables. Sólo un mes antes, Lope Hurtado se hubiera encontrado con una negativa cortés. Pero a finales de septiembre se encontró con unos interlocutores dispuestos a escucharle. El condestable aceptó, sin dudar un momento, la misión que le confiaba el rey. En su decisión influyó, quizá, su deseo de ayudar al rey; pero, sobre todo, el de defender la integridad de sus dominios. Esto era perfectamente conocido en la Corte; pero ¿qué importaban las motivaciones si se conseguía su colaboración[1502]? Otros Grandes comenzaron a reclutar tropas y fueron entonces los miembros de la Junta quienes se inquietaron ante estos preparativos militares. Cierto que los nobles pensaban en la defensa de sus feudos, pero ¿no se sentirían tentados, una vez restablecida su autoridad, a dirigir estas armas contra los comuneros? Así, la Junta conminó a los Grandes a poner fin a la concentración de tropas y prohibió taxativamente atender las órdenes de movilización que pudieran proclamar[1503]. La Junta afirmaba que su autoridad era suficiente para mantener el orden, y además la experiencia había demostrado en muchas ocasiones que la nobleza no intervenía en los asuntos públicos con otro interés que el de engrandecer sus dominios en detrimento de la Corona y del interés general[1504]. Las posiciones se endurecieron. Anghiera dejó testimonio de esta radicalización. La Junta acusó a la alta nobleza de usurpadora de los bienes del Estado, de querer actuar como lobos en medio de un rebaño[1505]. Los señores, pues, decidieron armarse porque desconfiaban de la Junta, mientras ésta acogió con inquietud estos preparativos militares y pasó a su vez al ataque en los términos más duros. Este cambio de actitud se dejó sentir especialmente en relación a Dueñas, respecto a la cual la Junta había mantenido una actitud indecisa. En octubre el panorama varió por completo. Dueñas se volvió decididamente hacia la Junta en demanda de ayuda y protección, denunciando en forma metafórica la alianza de los nobles con el rey en contra del pueblo menudo[1506]. Esta vez la Junta se colocó sin reservas junto a los rebeldes, prohibiendo a todos los pueblos afectados que entregaran los impuestos a los condes de Buendía[1507]. He aquí cómo resumía la situación el conde de Oñate:

Los de la Junta an mudado parecer: del pueblo que se levatare contra el señor, de le oyr en justicia y anparalle; y citó un incidente que ilustra perfectamente hasta qué punto se habían deteriorado las relaciones entre la Junta y los Grandes:

Al conde de Benavente enbiaron [los de la Junta] a dar quenta del castigo que avía hecho en Castromocho; respondió que le besasen en tal parte[1508].

3. La Junta contra los Grandes

Sin pretenderlo verdaderamente, la Junta se vio comprometida en noviembre en una lucha contra un núcleo de grandes señores, y esto la obligó a precisar con más exactitud sus objetivos. Estos se reducían, fundamentalmente, a imponer la supremacía política de un organismo representativo, no ya solamente contra el rey, sino contra los Grandes, con sus deseos, sus ambiciones y sus deseos de poder:

Demos a conocer a nuestros henemigos que nuestro propósito es justo y el suyo el que suelen tener en todas las otras cosas, que es aplicar para sy los señoríos con perjuycio nuestro y sujetarnos por lo que a ellos les cunple y hazemos de pueblos libres esclauos, lo qual la nobleza de España no deve consentyr; pues todos los otros reynos a quien nosotros vencimos son libres y biven por sus leyes, muy más razón es que lo biban los vencedores; en especial que en estos vencimientos no se halla que los Grandes ayan sydo parte en ellos ni su gente, saluo solamente los leales vasallos de sus altezas con sus personas y haziendas los an hecho en todas las partes de la cristiandad y an estendido nuestro renonbre por gran parte de los Ynfieles. Y que agora, como avernos dicho, quieran estos Grandes abatyrnos y sugetarnos, siendo como es por sus propios yntereses y anbiciones, so color de la corona real que nosotros avernos defendido y defendemos syenpre, que es una cosa terrible[1509].

El manifiesto del 14 de noviembre dirigido a las Merindades define con exactitud el sentido de la lucha: defensa del Estado respecto a los malos ministros y los Grandes, culpables ambos de servir a una serie de intereses particulares en detrimento de los verdaderos intereses de la Comunidad:

No consentir que ningún Grande, so esta color [ser governador], se apodere del reyno por los grandes males e daños que de aquí resultarían[1510].

Las nuevas perspectivas que se abrían en el conflicto tranquilizaban e inquietaban a un tiempo al cardenal Adriano. Dado que la Junta dirigía sus ataques ahora contra los Grandes más que contra el poder real, quizá sería el momento adecuado para concluir un acuerdo con ella. De lo contrario podría suceder que los Grandes llegaran a un entendimiento con los comuneros, aunando sus esfuerzos contra la monarquía:

Amenazan de dar sobre las villas y lugares destos Grandes y caualleros y si vuestra Magestad se detuviese mucho, concertarse hían con ellos para excusar la destrucción de sus estados y todos serían unos[1511].

Hasta el momento de la victoria de Villalar, el cardenal Adriano no dejaría de sentir la inquietud de una potencial alianza entre los Grandes y la Junta, movidos aquéllos de sus deseos de garantizar la integridad de sus dominios. Por eso aprobó todos los intentos por llegar a una solución pacífica del conflicto, aunque sin engañarse nunca respecto a los verdaderos sentimientos del almirante y los restantes señores[1512]. El rey, consciente del peligro, garantizó a la alta nobleza, indecisa a tomar partido por las posibles represalias de los rebeldes, la reparación de todos los gastos y quebrantos sufridos en sus propiedades, promesa que seguía siendo válida en caso de que se produjera un acuerdo entre la Corona y los comuneros[1513]. Esta actitud sirvió para afirmar los lazos entre los nobles y el rey. Contribuyeron con el dinero necesario y aportaron soldados y armas para formar un ejército que finalmente se puso en marcha el 5 de diciembre, después de haber retrasado el momento durante el mayor tiempo posible. Cuando los Grandes entraron en Tordesillas no se decidieron a sacar todas las consecuencias de su éxito y liquidar la rebelión. Eso hubiera significado otorgar al rey una victoria demasiado completa y exponerse, al mismo tiempo, a las represalias de los comuneros, que desde el 5 de diciembre organizaron una violenta campaña contra los nobles, acusando a los que habían ocupado Tordesillas, organizando la expedición de Acuña en Tierra de Campos y sobre todo denunciando el papel nefasto que la nobleza había desempeñado siempre en el pasado[1514]. A este respecto, constituye un documento de primera importancia la carta que envió la Comunidad de Valladolid al cardenal Adriano el 30 de enero. Los virreyes habían conminado a Valladolid a defender los intereses del rey, pues en caso contrario quedaría expuesta a todos los rigores de la guerra. He aquí cuál fue la respuesta de la Comunidad:

1. ° Respecto al primer punto, ¿qué era defender los intereses del rey, qué era exactamente estar al servicio del rey?

Claro consta que la fidelidad y lealtad que al rey se deve consyste en ovediencia de la persona real y pagándole lo que se le deve de lo tenporal y poniendo las vidas quando menester fuese.

Ninguna ciudad había perseguido nunca otros fines, y lo habían demostrado constantemente en el pasado. No podía decirse lo mismo de los Grandes:

¿Quién prendió al rey don Juan segundo syno los Grandes? ¿Quién lo soltó e hizo reynar syno las Comunidades? (…). Véase la historia qué claro lo dize. Subcedió al rey don Juan el rey don Enrique, su hijo, al qual los Grandes depusieron de rey, aleando otro rey en Ávila, y las comunidades y especialmente la nuestra de Valladolid le bolvieron su cetro y sylla real, echando a los traydores della. Bien saben vuestras señorías que al rey de Portugal los Grandes le metieron en Castilla porque los reyes de gloriosa memoria don Hernando e doña Ysabel (…) no reynasen; las Comunidades lo vencieron y echaron de Castilla e hizieron pacíficamente reynar sus naturales reyes; y no hallarán vuestras señorías que jamás en España haya habido desobediencia sino por parte de los caballeros, ni obediencia y lealtad sino por parte de las Comunidades, en especial de la nuestra.

Y si Vuestras señorías quisieren ver lo que toca a esta hacienda, verán claro que los pueblos son los que al rey enriquecen y los Grandes los que le empobrecen todo el reino. Vasallos, alcabalas y otras infinitas rentas que eran del rey y los pueblos las pagan, ¿quién las tiró a sus magestades sino los Grandes? Vean vuestras señorías cuan pocos pueblos quedan al rey, que de aquí a Santiago, que son cien leguas, no tiene el rey sino tres lugares, y los Grandes poniéndolo en necesidades y no sirviéndolo sino por sus propios intereses, le tomaron la mayor parte de sus reinos, donde viene que sus magestades, no teniendo lo temporal, que es lo que se les debe, son competidos a echar e imponer nuevos tributos y vejaciones en los reinos por los gobernadores (…), lo cual los pueblos y reinos contradicen, no para tirar rentas a sus majestades sino para acrecentárselas y reducirlas a su mandado que les conviene. Verán vuestras señorías al presente por experiencia que los Grandes que ahora ajuntan gente en este disimulado servicio le contarán tanta suma de dineros que casi no basta a pagarlo con el resto de su reino, y verán que los pueblos, sirviendo lealmente, procurando acrecentamiento de su estado y corona real, se contentarán con que sus majestades conocerán que no quisieron sus propios intereses sino sólo el servicio común de su reino y rey. Pues vean vuestras señorías cuál de estas partes se deba llamar leal, y quién quiere procurar con verdad lo que a su rey conviene. Vean que el reino que quiere que el rey sea rico ningún grande ni pequeño se le hubiese de levantar; lo que es de César se dé a César, como dice el Redentor, y no a los Grandes, como decimos, que desean sus propios intereses y que quieren acrecentar sus estados con disminución del real.

2. ° Sobre el segundo punto, Valladolid aceptaba el desafío. Que los Grandes pasaran al ataque. Desde luego, sería de su parte una guerra injusta y acabarían siendo vencidos:

Sabemos que de parte de vuestras señorías la guerra será ynjusta y de la nuestra será justa, pues por la livertad de nuestro rey e patria[1515].

Ningún otro documento podría ilustrar mejor que este texto la evolución del movimiento comunero desde junio de 1520. La revolución adquirió entonces un marcado carácter social, que le daba su verdadero significado: las Comunidades luchaban contra el poder real y contra la nobleza para tratar de imponer su supremacía política. La mayor parte de la nobleza se alineó entonces junto al poder real, pero el enfrentamiento con la Junta presenta matices regionales interesantes:

1° En torno a Burgos y Palencia, era una lucha sin cuartel; castillos destruidos, pillaje sistemático de los dominios de los señores. Estos ataques contra el régimen señorial eran muy populares, y Acuña era recibido en todas partes como liberador, como lo reconocen sus mismos enemigos[1516]. No estamos de acuerdo, pues, con la afirmación de Maravall de que los comuneros encontraron escasas simpatías entre la población rural[1517]. Al contrario, en las zonas donde pregonaron la revolución sus llamadas fueron escuchadas, y tal es el caso, por ejemplo, de las Merindades, de la Tierra de Campos y de Chinchón. El movimiento, esencialmente urbano al principio, se extendió ampliamente por las áreas rurales a partir de septiembre de 1520. Los señores de estas regiones no podían ya elegir. Eran atacados, y para defenderse no veían otra solución que aplastar al enemigo.

2. ° En la zona de Valladolid y Medina de Rioseco, el enfrentamiento entre los señores y los comuneros fue menos violento. Ambos ejércitos permanecían vigilantes, pero el almirante trataba de evitar por todos los medios un enfrentamiento que hubiera supuesto la destrucción de su feudo. Esta es la verdad respecto a su voluntad de conciliación hasta la toma de Torrelobatón e incluso después[1518].

3.° En la región de Toledo, el marqués de Villena, los duques del Infantado y de Béjar e incluso otros grandes señores no eran menos hostiles a los comuneros, pero llegaron a un acuerdo tácito con los rebeldes, acuerdo que Acuña rompería en sus líneas principales. Se trataba de una neutralidad armada: los comuneros no trataban de sublevar los señoríos, y los Grandes, por su parte, no hacían nada contra los rebeldes[1519].

Resumiendo, podemos sacar las siguientes conclusiones:

1. ° En contra de lo que pretende Marañón, es indudable que a partir del otoño de 1520 la revuelta de las Comunidades se presenta como un enfrentamiento entre la alta nobleza y las ciudades. El almirante de Castilla supo definir exactamente la situación:

En este reino, ubo dos partes; la una fue de comunidad; la otra de Grandes y caualleros[1520].

Esta situación no fue impuesta voluntariamente por los comuneros; les vino dada por la sublevación espontánea de las poblaciones sometidas al régimen señorial. La Junta encontró entonces la oportunidad de precisar el sentido de la lucha.

2. º Los Grandes se decidieron a entrar en lucha con los comuneros no para defender al poder real, sino para salvar sus dominios. Nadie se engañaba sobre este punto, especialmente el cardenal Adriano:

Los Grandes han servido a Vuestra Magestad en esta jornada [Villalar] no solamente por vuestro servicio mas ahún por temor que tenían a las Comunidades, ca tenían propósito de tomarles sus tierras y reducirlas a la corona[1521].

3. ° La rebelión fue domeñada por los Grandes y por nadie más que por ellos. Tordesillas y Villalar constituyen dos victorias de la alta nobleza, que no dejará de recordárselo al rey. El cardenal Adriano se creyó en la obligación de advertir al rey: los Grandes estaban dispuestos a hacerle pagar cara la victoria:

Cuanto a lo del acrecentamiento de sus casas, en alguna manera disminuye la gracia de sus merecimientos dellos que lo suyo guardavan a costa de Vuestra Magestad (…). Mucho querría que Vuestra Magestad de verdad supiese quántas espueladas han sydo menester en estas rebueltas y quántas faltas y tardanzas ha hauido algunas vezes, quando con poco gasto se pudieran remediar las cosas, y de qué manera se houo de dar certificación a algunos de la justicia de la guerra (…) y cómo sola la vergüenza les hizo poner en peligro sus personas[1522].

Y en cuanto a la lealtad de la alta nobleza, lo que en verdad le había impulsado a actuar era su egoísmo de casta. ¿Hacía falta una prueba? En mayo de 1521, las tropas francesas invadieron Navarra, en octubre ocuparon Fuenterrabía, y todo esto no fue sino motivo de satisfacción para los Grandes; ahora, esta nueva catástrofe nacional iba a constituir para ellos una nueva ocasión de enriquecerse:

Parece que a estos Grandes no pesa del triunfo de estos franceses, ahunque puede ser que sea a fin que con esto puedan mostrar sus sfuerzos echando fuera a los dichos franceses, o otramente que recreciendo las necesidades de Vuestra Magestad se puedan ellos acrescentar las mercedes que esperan de Vuestra Magestad.

…

Aparejamos otra vez exército mas muy a passo, para que de muchos se diga públicamente que a algunos de los sátrapas les place las necessidades de Vuestra Magestad y para que con esto vendan sus servicios caros, como en tiempos pasados se ha acostumbrado en Castilla. Plega a Dios que estos mesmos sátrapas no pongan secretamente el fuego que públicamente dessean que paresca querer ellos amatar[1523].

Pondremos punto final a esta cuestión reproduciendo las palabras de Manuel Azaña, que resume de forma magistral la actitud de la alta nobleza castellana en 1520-1521:

Al brazo militar, o sea a los Grandes y caballeros, les importaba que el César venciese, que no venciese demasiado y que no venciese en seguida[1524].

Fue indiscutiblemente esta reflexión la que impulsó la actitud de los nobles castellanos durante la crisis de las Comunidades.

II. —LOS COMUNEROS. CATEGORÍAS SOCIALES, FORTUNAS Y RENTAS

Ya hemos visto que en el seno de la nobleza se reclutaban los enemigos de la Comunidad. Examinemos ahora a los rebeldes. ¿Quiénes eran los comuneros? El análisis cuidadoso del Perdón general de 1522 nos permite aportar los primeros elementos para una respuesta. Doscientas noventa y tres personas quedaron excluidas de la amnistía, a las cuales podemos calificar como las más representativas de la rebelión. En efecto, Carlos V revisó personalmente con gran atención las listas de proscripción elaboradas por los virreyes antes de su regreso, añadiendo diversos nombres que habían sido olvidados deliberadamente. El Perdón refleja, pues, claramente, la fisonomía de la revuelta de las Comunidades; en él figuran los iniciadores, algunos de sus más ardientes propagandistas, los jefes militares y también los representantes en la Junta, los funcionarios por ella designados y los principales responsables locales[1525]. Veamos de manera más concreta quiénes formaban esta lista.

1. Las categorías sociales representadas en el Perdón

A). Nobles y caballeros

Nada más ambiguo que la noción de nobleza, que abarca situaciones sociales muy variadas, desde el Grande de España hasta el pobre escudero[1526]. Entre los exceptuados, que se aproximaban en mayor o menor grado a la nobleza, podemos distinguir tres grandes categorías:

1.° Los señores de vasallos. En este rango hay que situar a don Pedro Girón y al conde de Salvatierra, este último con 7000 vasallos (desconocemos las cifras relativas a Girón). Incluyamos también a Ramir Núñez de Guzmán, si bien como regidor pertenecía al patriciado urbano; pero con sus 1000 vasallos merece perfectamente el nombre de gran señor. También don Pedro Maldonado, don Antonio de Quiñones y Diego de Ulloa poseían vasallos (500, 300 y 115, respectivamente), pero estos tres personajes debemos más bien citarlos en el grupo de los caballeros de la oligarquía urbana. Descubrimos todavía otro nombre importante en el Perdón, el de la viuda de Padilla, la extraordinaria doña María Pacheco, hija del segundo conde de Tendilla, hermana del escritor Diego Hurtado de Mendoza y escritora ella misma, además de mujer de acción. ¿Fue acaso «la más célebre de las viragos españolas del siglo XVI», como la califica maliciosamente Morel-Fatio, la que impulsó a su marido a la rebelión, a ese marido con el que había contraído nupcias en 1510 y a quien aportó como dote cuatro millones y medio de maravedíes[1527]? Creemos que se ha exagerado un tanto la debilidad de carácter de Padilla. El joven caudillo que en enero de 1521 devolvió la esperanza a los comuneros y rechazó todo intento de compromiso da la impresión de ser perfectamente capaz de actuar por sí mismo, sin obedecer a la influencia de su mujer.

2.° Los caballeros. Situamos bajo esta denominación a los miembros de las órdenes militares y a los continos, es decir, a los segundones, a quienes el Estado pagaba regularmente y que servían en principio en la guardia real[1528].

Los exceptuados que pertenecían a las órdenes militares son: fray Diego de Almaraz, comendador de Zamayón, de la Orden de San Juan; el comendador Luis de Quintanilla, gran dignatario o «trece» de la Orden de Santiago y ayuda de cámara del infante don Juan (el hijo de los Reyes Católicos, muerto en 1497), corregidor de Úbeda y Baeza desde 1513 a 1516[1529]; Diego de Torremocha, comendador de la Cámara de los Privilegios, y los comendadores Hernando de Porras y Juan Gaitán, estos tres pertenecientes a la Orden de Santiago. Juan Gaitán, honbre sabio e avn algo letrado, había desempeñado las funciones de corregidor de Málaga en 1503, y más tarde, en 1516, antes de convertirse en tutor de Garcilaso de la Vega[1530].

Entre los continos hemos de citar a: don Juan de Figueroa, hermano de don Rodrigo Ponce de León; don Juan de Mendoza, tercer hijo del antiguo arzobispo de Toledo el gran cardenal don Pedro González de Mendoza, contino desde el 18 de diciembre de 1496[1531]; Francisco de Mercado, que pertenecía a la casa del infante Fernando antes de ser nombrado por Cisneros corregidor de Ciudad Rodrigo en 1516[1532]; Pero Ortega, jurado de Toledo, contino desde el 28 de agosto de 1506; Sancho de la Peña; Alonso de Quintanilla, hijo del comendador Quintanilla, ya citado; Francisco de Rojas; Alonso de Saravia, contino desde el 20 de febrero de 1489, corregidor de Logroño en 1507-1508, miembro efímero de la casa del infante don Fernando en 1517 y regidor de Valladolid hasta 1517, fecha en la que vendió su cargo a don Juan de Figueroa[1533]; Pedro de Sotomayor; Antonio de Villena y Juan Zapata. Otros continos figuraban en el Perdón General, a los que encontraremos en la siguíente categoría, la del patriciado urbano. Llegamos así a un total de dieciséis caballeros, cifra que podría ser elevada a treinta si se añaden a esta lista aquellos que si bien no pertenecían a las órdenes militares ni al cuerpo de los continos, eran auténticos caballeros. Es el caso de don Juan de Luna, don Carlos de Arellano, Diego de Esquivel (de la clientela del duque del Infantado), don Juan Fajardo, Gómez de Ávila, Gómez de Hoyos, Pero Bonal, Juan Negrete; el cuñado, don Antonio de Quiñones, y tres de los cuatro hijos de Ramir Núñez de Guzmán, que habían sido exceptuados: Alvar Pérez de Guzmán, Diego Ramírez de Guzmán y Juan de Guzmán (el cuarto, Gonzalo Núñez de Guzmán, figura en la lista siguiente como regidor de León). No olvidemos tampoco a los escuderos: el toledano Diego de Figueroa y Juan de Heván, mayordomo de don Pedro Maldonado.

3.° El patriciado urbano. Este elemento lo constituyen los regidores, asimilados desde hacía tiempo a los caballeros. Eran éstos:

—en Aranda de Duero, Alonso de Moradillo;

—en Ávila, Suero del Águila y Sancho Sánchez Cimbrón;

—en Guadalajara, Francisco de Medina, íntimamente vinculado a los duques del Infantado, y Juan de Urbina;

—en León, Ramir Núñez de Guzmán y su hijo Gonzalo; |

—en Madrid, Pedro de Losada;

—en Medina del Campo, el ya citado comendador Quintanilla;

—en Salamanca, Antonio Fernández, Diego de Guzmán, Francisco Maldonado y su primo don Pedro Maldonado;

—en Segovia, Juan Bravo, el bachiller Alonso de Guadalajara, Diego de (Heredia, Antonio de Mesa, Diego de Peralta y Juan de Solier[1534];

—en Sevilla, don Juan de Guzmán;

—en Toledo, Hernando de Ávalos, jefe del clan de los Ayala, nombrado por Felipe el Hermoso corregidor de Jerez de la Frontera, destituido por el rey de Aragón, reintegrado a su puesto por Cisneros en 1516 y cesado nuevamente por Chièvres; don Pedro de Ayala; Juan Carrillo; Gonzalo Gaitán; don Pero Laso de la Vega, hermano del poeta Garcilaso, antiguo alumno del humanista Anghiera[1535], y Juan de Padilla;

—en Toro, Diego de Ulloa y don Hernando de Ulloa;

—en Valladolid, Luis Godínez y Pedro de Tovar, corregidor de Camón en 1511[1536];

—en Zamora, Juan de Porras, hermano del comendador Hernando de Porras.

En total, veintinueve, y treinta y uno ya que hemos contado a Ramir Núñez de Guzmán entre los señores de vasallos y a Luis de Quintanilla entre los miembros de las órdenes militares.

En suma, sesenta y tres exceptuados (una quinta parte del total) se hallan más o menos ligados a la aristocracia, si bien la mitad de entre ellos pertenecían a la oligarquía urbana; más de una cuarta parte eran continos o caballeros de las órdenes militares. Es necesario hacer algunas puntualizaciones respecto de estos aristócratas:

1). La mayor parte de ellos desempeñaron un protagonismo político poco destacado en el movimiento comunero. Forman fundamentalmente los cuadros de las milicias urbanas y del ejército rebelde. Girón, el conde de Salvatierra, don Juan de Figueroa, don Juan de Mendoza, don Juan de Luna, Francisco de Mercado, Quintanilla, Juan Zapata, Suero del Águila, don Pedro Maldonado, Juan Bravo, don Juan de Guzmán, Padilla y Gonzalo Gaitán, particularmente, nunca participaron en las sesiones de la Junta. Son, ante todo, militares al servicio de la revolución.

2). Muchos de estos hombres se unieron a la Comunidad por razones que guardan escasa relación con la política. Forman lo que se ha denominado el grupo de los resentidos, relativamente numerosos, como sucede en todas las revoluciones, pero cuya importancia no debe exagerarse, como han hecho algunos historiadores. Guevara ha contribuido no poco a falsear la perspectiva. Según él, todo quedaría reducido a una cuestión de intereses individuales. Así, Acuña soñaba con llegar a ser arzobispo de Toledo; Padilla aspiraba a la suprema dignidad de la Orden de Santiago; Hernando de Ávalos no había perdonado a Chièvres que le hubiera expulsado de la administración, etc. Indudablemente existieron resentidos entre los comuneros, y especialmente en las filas de la nobleza. No hace falta que nos refiramos nuevamente a los motivos que guiaron la actitud de don Pedro Girón y del conde de Salvatierra; desde luego no fueron sus convicciones políticas las que determinaron su adhesión a la Comunidad[1537]. Pero, dejando aparte estos casos personales, podemos distinguir dos grandes grupos de resentidos: los antiguos partidarios del infante Fernando y los hombres que habían sido excluidos por Chièvres de la administración.

En 1516 se había formado un partido en torno al infante Fernando, al que creían perfectamente cualificado para suceder al rey de Aragón, con lo cual se pretendía evitar el advenimiento de una dinastía extranjera. En efecto, en 1516, y todavía en 1520, eran muchos los castellanos que consideraban a Carlos como extranjero[1538]. Tras ver sus esperanzas defraudadas, muchos de estos partidarios del infante guardaron un profundo rencor contra su hermano y contra los flamencos. En 1520 los encontramos formando en las filas de la Comunidad. Eran, entre otros, Suero del Águila, Francisco de Mercado, Alonso Saravia y su cuñado don Antonio de Quiñones y otros que no fueron perseguidos en 1521, pero que también eran comuneros. Pedro Núñez de Guzmán, por ejemplo, comendador mayor de Calatrava, era muy sospechoso; Alonso Pérez de Guzmán, otro hijo de Ramir Núñez, se había puesto al frente de un grupo de estudiantes comuneros en la Universidad de Alcalá de Henares, donde compartía los puntos de vista de otro Guzmán, Hernán Núñez, el Comendador griego. Marcel Bataillón pone en duda que se deba asimilar a este último a la familia Guzmán[1539].

El segundo gran núcleo importante de resentidos comprendía a todos aquellos a los que los flamencos habían apartado de la administración en 1517: Hernando de Ávalos, Juan Gaitán, Quintanilla, Saravia, Pedro de Tovar, Francisco de Mercado… No todos ellos eran antiguos partidarios de Felipe el Hermoso, como se ha afirmado en un deseo de simplificación excesiva. Don Pero Laso de la Vega, a quien se puede clasificar hasta cierto punto como víctima de los flamencos, pertenecía, al igual que su padre Garcilaso de la Vega, a la clientela del rey de Aragón. Por lo demás, los resentimientos personales no excluían necesariamente las convicciones políticas. Así, antiguos corregidores como Ávalos, Juan Gaitán, Mercado y Tovar pudieron alimentar un legítimo rencor al verse destituidos y desear al mismo tiempo una revisión a fondo de la administración, que los comuneros parecían dispuestos a llevar a cabo.

3). Por último, y esto no se ha puesto suficientemente de relieve, los aristócratas que se unieron a la Comunidad en la mayoría de los casos no le fueron fieles hasta el final. Girón se retiró después de la toma de Tordesillas; don Pero Laso de la Vega y el bachiller Guadalajara traicionaron a sus amigos en febrero de 1521; don Pedro de Ayala, Diego de Ulloa y Pedro de Losada continuaron en la Junta, pero sin ocultar su oposición; don Carlos de Arellano y Pedro de Sotomayor no asistieron a sus sesiones más que durante algunos meses; Juan Gaitán se sentía cada vez más a disgusto en Toledo, donde se le reprochaba su falta de entusiasmo y existían sospechas sobre su lealtad[1540]. Los virreyes defenderán luego a muchos de estos comuneros de ocasión: su escaso entusiasmo era la mejor prueba de la falta de firmeza de sus convicciones. Queda por citar el núcleo de los puros, de quienes se identificaron hasta el fin con la revolución y que, en no pocos casos, pagaron con su vida esta fidelidad. Fueron, desde luego, muy pocos: Padilla y su mujer, Saravia, Juan Bravo, don Pedro Maldonado y su primo Francisco Maldonado. Se puede poner en duda la identidad aristocrática de los tres citados en último lugar. Juan Bravo, gracias a su matrimonio con una Coronel, se había incorporado al círculo de los grandes negociantes de Segovia[1541]; los Maldonado pertenecían a una familia de universitarios de Salamanca; sin duda, don Pedro era también sobrino del conde de Benavente, que trató de salvarle la vida, aunque no obtuvo más que un aplazamiento; será decapitado en Simancas, al regreso de Carlos V. Esto ha llevado a Giménez Fernández a escribir, no sin razón:

Degollado (…) por haberse sentido más nieto de letrado que sobrino de Grande[1542].

En definitiva, la contribución de la aristocracia castellana a la revolución de las Comunidades resulta mucho menos importante de lo que se ha creído hasta ahora. Al examinar la cuestión con mayor atención nos damos cuenta de que entre los caballeros fueron muy pocos los auténticos comuneros: como jefes militares carecían de influencia en la Junta; como diputados, cambiaron varias veces de bando antes de que finalizara la guerra civil; y como simples simpatizantes eran objeto de continuas sospechas. Por lo demás, la presencia de estos aristócratas entre los proscritos no modifica en absoluto el fenómeno que se nos ha aparecido con perfecta claridad: el alineamiento en masa de la nobleza contra la Comunidad.

B). Las clases medias

Situamos en este apartado a cuantos no pertenecen a los órdenes privilegiados, que no son hidalgos ni eclesiásticos y que obtienen su medio de vida de la práctica regular de una determinada profesión.

Explotadores agrícolas. Un número relativamente elevado de exceptuados obtenían la mayor parte de sus ingresos de las tierras que hacían explotar a otros o que trabajaban ellos mismos directamente. No debe extrañarnos esta actividad por parte de muchos ciudadanos, ya que en el siglo XVI no existía todavía una clara separación entre el campo y la ciudad. No encontramos entre ellos a grandes propietarios. Nada sorprendente, tampoco, por cuanto los grandes explotadores de la tierra eran los señores —hostiles en su inmensa mayoría respecto a la Comunidad— o los caballeros. Podemos establecer una distinción entre:

—individuos que se hallaban al frente de explotaciones agrícolas de tipo medio: viñedos en la zona de Aranda de Duero y Medina del Campo; campos de trigo en Palencia, Salamanca, Toledo y Zamora; moreras en Murcia. Hay que citar entre ellos, en Salamanca: Alonso del Acebo, Francisco Minaya; en Segovia: Alonso Mejía; en Toledo: Montoya y Francisco de Rojas; en Zamora: Francisco de Ocampo; en Palencia: Andrés de Villadiego y Juan de San Cebrián; en Ávila: Cristóbal Álvarez, Alonso Álvarez de Cueto, Cristóbal de Henao, Alvaro Serrano; en Medina del Campo: Antonio de Montalvo; en las Merindades: Juan Núñez de Dobro, Pedro Ruiz, Juan Ruiz de los Linares, Rodrigo de Torres; en Murcia: Diego de Agüera, García Cabrero, Jaime Nadal, Pedro Sevillón.

—pequeños explotadores: en Palencia: Juan de Robladillo; en Salamanca: Pedro Giráldez; en Ávila: Juan de Palomares y Cristóbal Villarroel; en Madrid: Gonzalo de Cáceres, Francisco Marqués, Francisco de Roa y Francisco Serrano; en Medina del Campo: Alonso de Beldredo, Pero Bermejo y Bernaldino Vezado; en Aranda: Miguel de Alcocer, Alonso de Aranda, Bernaldino de Arauzo, Miguel Daza, Miguel de la Gallega, García Jimeno, Gaspar de Mansilla, Alonso de Moradillo, Sancho de la Peña, Francisco de Quemada, Pedro Sanz de Mendoza, Sebastián de Sinovas y Francisco de Torquemada; en Murcia: Rodrigo Muñoz y treinta y tres pequeños campesinos de las Merindades. En conjunto, pues, unos ochenta exceptuados obtenían sus ingresos fundamentalmente de las tierras situadas en torno a las ciudades o más alejadas, como las Merindades.

Artesanos e industriales constituían un grupo numeroso y dispar. Se contaban entre ellos: un tallista de piedra, Pascual de Jaén (Palencia); un alfarero, Alonso (Palencia); un ebanista, Juan de Osma (Ávila); un cerrajero, Juan de Sahagún (Palencia); un herrero, Gómez; un sillero, Galván (Segóvia); un empleado en fundiciones de cañones de Medina del Campo, Gerivas; tres carpinteros: Francisco de Paredes (Madrid), Blas (Ávila), Jerónimo (Zamora); varios artesanos del cuero: un curtidor, Pedro de Lezana (Madrid); tres pellejeros: Valloria (Salamanca), Carcaxona (Madrid) y San Cebrián; un guarnicionero, Alonso de Vera (Valladolid); tres zapateros: Alonso de Lezana (Palencia), Cimanes y Marquina; tres barberos: Pero Suárez de Argüello, Torrentes y Juan Diez. Los oficios artísticos estaban representados por Miguel de Aragón, un batidor de oro (Palencia) y el orfebre Pedro Velasco (Medina del Campo).

Los oficios textiles merecen una mención especial. Destacaba la presencia de dos sastres: Álvarez Castro y Rodrigo de Oviedo (León); cuatro pasamaneros: Cristóbal Ruiz (Palencia), Juan, Nicolás Vela y Sebastián (los tres de Madrid); un cintero, Pero Sánchez (Salamanca); un sombrerero, Luis (Ávila); un bordador, Cristóbal Vázquez de Benavente (León); cuatro hilanderos: Tomé Fernández (Ávila), Francisco Gómez Delgado (Palencia), Alonso de Arreo y Sacejo, ambos de Segovia; seis tejedores: Pero Calero (Ávila), Antonio y Lorenzo de Paz (Zamora), Alonso de Tordesillas (Palencia) y Juan Vázquez (Madrid), que también vendía tejidos; dos tundidores: Hontiveros (Ávila) y Bobadilla (Medina del Campo); un tintorero, Alonso Cantarero (Palencia). Hay que considerar como industriales más que como obreros textiles a los dos hermanos Esquina, de Segovia, que tenían bastidores y un taller de tinte, y a Luis de Cuéllar, también de Segovia, que era copropietario de un lavadero, pero cuya principal actividad era el comercio de exportación.

El comercio al por menor estaba representado por Juan de Cuenca (Palencia), Rodrigo Chichatos (Madrid), Sancho Ortiz (Medina del Campo), Pedro de Madrid, Juan Vázquez, Diego de Madrid y Gabriel López (Ávila).

De mayor importancia debían ser las casas de Juan Esteban Martínez (Aranda), Álvaro de Bracamonte (Ávila), Pero González (Salamanca) y, sobre todo, las de Luis de Cuéllar y Antonio Suárez, en Segovia, que dirigían compañías de comercio para la exportación. Todas ellas estaban especializadas en la venta de géneros textiles.

Como pertenecientes a la burguesía de los negocios se contaban Pero López de Calatayud el Joven (Valladolid), Iñigo López Coronel (Segovia) y Hernando de Madrid, cambista (Madrid).

Artesanos, comerciantes y burgueses (industriales o financieros) sumaban, pues, en total, unas sesenta personas, la sexta parte de los exceptuados.

Las profesiones liberales ostentaban la mayor representación en el Perdón. Había entre ellos:

—Tres boticarios: Jerónimo Francés (Valladolid), Antonio de Aguilar (Segovia) y Pedro de Dueñas (Palencia).

—Un cronista oficial: Gonzalo de Ayora, que se ocupó también de asuntos militares, protestó contra los abusos del inquisidor Lucero, en Córdoba, ejerció las funciones de corregidor en León, durante la regencia de Cisneros, antes de retirarse a Palencia, donde su opinión gozaba siempre de gran consideración[1543].

—Un grupo de cerca de veinte notarios: el bachiller Ventosilla y Francisco de Torquemada (Aranda); Gabriel Sanz y Juan de Mirueña (Ávila); Francisco Núñez y Juanín (Madrid); Rodrigo Núñez (Murcia); Hernando de Torquemada, Francisco Bernal y Andrés de Baltanas (Palencia); Antonio de Linares y Francisco de San Miguel (Salamanca); Antonio de Aranda y Francisco de Ruescas (Segovia); Antonio Rodríguez (Zamora)…

—Un núcleo de magistrados: el licenciado Gil González de Ávila, alcalde de casa y corte; Lope de Pallares, notario de la Cancillería de Valladolid; el licenciado Juan de Villena el Joven, oidor de la Cancillería de Valladolid; el bachiller Alcalá, funcionario asimismo de la Chancillería.

—Un brillante abogado de Valladolid, el licenciado Bernaldino de los Ríos, considerado como uno de los mejores juristas de España, hombre de diversos talentos y curiosidades múltiples. Era en su casa donde se reunían, en 1519, los alumbrados de Valladolid (la beata Francisca Hernández, el obispo Cazalla, Tovar, etc.)[1544].

—Universitarios: el doctor Alonso de Zúñiga, profesor en Salamanca; el doctor Juan González de Valdivielso, bedel de la misma Universidad (este cargo, de los más modestos en apariencia, reportaba a su titular la suma de 40.000 a 50.000 ducados); el bachiller Andrés de Toro, notario de la Universidad de Salamanca; el licenciado Bartolomé Rodríguez de Santiago, titular de una cátedra de Gramática en Soria.

Finalmente, la cohorte de cuantos habían pasado por las facultades de Derecho, algunos simples bachilleres, algunos ya con el «título muy trillado de licenciado[1545]». En total, hay que calcular en más de sesenta el número de los que quedaron excluidos de la amnistía, grupo importante no sólo cuantitativa, sino cualitativamente, ya que proporcionó a la revolución, junto con el estamento eclesiástico, sus cuadros políticos e ideológicos.

En definitiva, las dos terceras partes de los exceptuados pertenecían a las clases medias urbanas: ciudadanos que explotaban las tierras, artesanos, comerciantes y letrados.

C). El clero

La presencia de veintiún miembros del clero completa la fisonomía de las Comunidades que obtenemos del Perdón de 1521.

En primer lugar aparecía Acuña, el fogoso obispo de Zamora, a quien el embajador de Roma comparó, sin fundamento, con Lutero[1546]. Don Antonio de Acuña, hijo de Luis Osorio de Acuña, que fuera obispo de Segovia y luego de Burgos, nació en Valladolid y comenzó su carrera eclesiástica como archidiácono de Valpuesta. A la muerte de la reina Isabel pasó a nutrir las filas de los partidarios de Felipe el Hermoso, que le encargó una misión diplomática en Italia. Muerto Felipe el Hermoso, Acuña, que había obtenido del papa Julio II el obispado de Zamora, chocó con la oposición del rey de Aragón. Pese a ello, y a la intervención del juez Ronquillo —su viejo enemigo que más tarde le haría ejecutar en Simancas—, Acuña tomó posesión de su diócesis. En aquel momento se produjo, al parecer, la reconciliación con Fernando de Aragón, que utilizó sus servicios como emisario en Verán, tras la invasión española en Navarra[1547]. Al advenimiento de Carlos deseaba entrar de nuevo en el cuerpo diplomático; este extremo queda confirmado por una carta autógrafa en la que solicitaba a Fiebres el puesto de embajador en Roma[1548]. Sin embargo, en la Corte prefirieron para tal función a don Juan Manuel. ¿Fue, pues, la decepción lo que le impulsó a participar en la insurrección a partir de agosto de 1520? ¿Debemos incluirle entre los resentidos? Así lo da a entender una carta al obispo de Oviedo, escrita en septiembre de 1521, desde su prisión[1549]. Los auténticos motivos de Acuña son, sin embargo, un misterio. Resulta excesivamente simplista explicar su compromiso político, como lo hace Guevara, por el solo motivo de su ambición personal. Durante su campaña en Tierra de Campos desempeñó con excesiva devoción su papel de campeón de la Comunidad como para que pueda considerársele un simple caudillo militar. Prisionero de su personaje, Acuña es considerado el último representante de los prelados belicosos, pastores de almas y guerreros a un tiempo, en realidad más guerreros que pastores. Es la historia oficial la que así le describe. De haber salido victorioso, ¿tendríamos de Acuña esta imagen convencional? Probablemente, no. Después de todo, ¿no había mandado el mismo Cisneros un ejército al pie de las murallas de Orán?…

Además de Acuña, el clero secular se hallaba representado en el Perdón por don Alonso Enríquez, prior de Valladolid; Pero González de Calderas, abad de Toro; don Alonso Fernández del Rincón, abad de Medina del Campo; dos archidiáconos: Gil Rodríguez Juntero (Lorca) y don Francisco Zapata (Madrid); el maestrescuela de Valladolid, don Juan de Collados, y seis canónigos: don Francisco Álvarez Zapata, maestrescuela, y Rodrigo de Acebedo (Toledo); Juan de Benavente (León); don Pedro de Fuentes (Palencia); don Juan Pereira (Salamanca) y Alonso de Pliego (Ávila).

Las órdenes religiosas también aportaron un pequeño contingente a la rebelión en la persona de un tal Mínimo, no identificado, cuyos sermones inflamaban a las multitudes en Salamanca[1550]; dos franciscanos: fray Juan de Bilbao, guardián de Salamanca, y uno de los redactores de la carta de los frailes de Salamanca en febrero de 1520 y, por tanto, uno de los teóricos e iniciadores del movimiento, y fray Francisco de Santana; cuatro dominicos: fray Antonio de Villegas, fray Alonso de Medina, «hombre muy docto y de muy vivo ingenio», según Las Casas[1551], y teórico, asimismo, de la revolución; fray Alonso de Bustillo, titular de una cátedra de Teología en la Universidad de Valladolid[1552], y el misterioso fray Pablo de León. Durante mucho tiempo se le ha considerado el apóstol de Asturias, el autor de la Guía del Cielo, tratado de teología moral publicado a mediados del siglo XVI; recientemente, el padre Beltrán de Heredia lo ha puesto en duda. Según revelan sus investigaciones, habrían existido dos frailes dominicos del mismo nombre: fray Pablo de León el comunero, nacido entre 1470 y 1475, que habría tomado los hábitos en Salamanca el 14 de enero de 1491, y otro fray Pablo de León, de más edad, nacido diez años antes, prior de Toro, fundador del convento de Oviedo y autor —éste sí— de la Guía del Cielo[1553]. Hemos de confesar que estas precisiones, en lugar de disipar nuestras dudas, no han hecho más que aumentarlas. Ya no sabemos cuál de ellos es el comunero, si es que realmente existió… Último representante del clero regular en el Perdón, el canónigo de San Agustín fray Bernaldino de Flores resulta también un tanto pintoresco. Le encontraremos, diez años más tarde, enzarzado en una lucha muy diferente. Fue él quien denunció a Vergara a la Inquisición, y Vergara calificó de idiota a nuestro monje. Idiota, borracho, jugador, sin hacer mención de otros vicios que la decencia le obliga a silenciar. Siempre según Vergara, Flores se jactaba, al parecer, de haber incitado a los comuneros toledanos a asaltar un castillo al comentarles esta frase del Evangelio: ite in castellum quod contra vos est. Ignoramos si la anécdota es cierta o no[1554], pero lo que es indudable es que Flores era considerado como un propagandista peligroso. Al regreso de una misión en Palencia, fue hecho prisionero por las tropas realistas. Los comuneros pretendieron canjearlo por un prisionero importante, don Martín de Acuña, pero el cardenal Adriano se negó rotundamente:

Haría más daño y guerra que las mejores cien lanzas que tienen los contrarios[1555].

2. Fortunas y rentas

En las páginas anteriores nos hemos limitado a clasificar a los exceptuados en categorías sociales. La existencia de otros documentos sobre la represión (inventario de bienes bajo secuestro o confiscados) nos permiten completar este análisis[1556]. Hemos reunido la información obtenida —por desgracia, incompleta— en los cuadros de las páginas siguientes sobre la fortuna y las rentas de los principales responsables del movimiento. Las cifras que reproducimos constituyen los cálculos de los agentes del fisco encargados del secuestro o el total alcanzado por la venta de los bienes confiscados en subasta pública. En el segundo caso, proponemos una cantidad superior en un 25 por 100 al precio efectivo de adquisición. Tal es la diferencia media que hemos podido constatar —en los casos en que hemos contado con los dos datos— entre los cálculos oficiales y el importe efectivo de las ventas.

***

NOMBRES

FORTUNA (EN MARAVEDIES).

OBSERVACIONES

Villafrades (Medina del Campo).

51

Objetos pequeños.

Sacejo (Segovia) ..................

340

Muebles.

Torrentes (Guadalajara) .........

374

Muebles.

Chichatos (Madrid) ...............

500

Una cama, mercancía en tienda.

A. Páez (Salamanca)...............

642

Muebles.

Zavallos (Medina del Campo) ...

2.000

Muebles.

Tordesillas (Palencia) ............

2.184

Muebles.

Lezana (Palencia) ..................

2.384

Muebles.

C. Ruiz (Palencia) ...............

2.619

Muebles.

Aragón (Palencia)..................

2.736

Muebles.

Villagrán (Palencia) ...............

3.000

Muebles.

Velasco (Medina del Campo) ......

3.000

Muebles.

Luis (Avila) ........................

4.000

Muebles.

Melgar (Murcia) ..................

5.000

Casa, muebles, una parcela de tierra.

Galván (Segovia)..................

4.500

Muebles, casa.

P. de Lozana (Palencia)............

5.337

Casa, parcela de tierra.

Baltanás (Palencia) ...............

5.690

Muebles.

Gerónimo (Zamora) ...............

6.000

Casa.

J. de Osma (Avila) ...............

6.000

Muebles, casa.

Gómez Delgado (Palencia) .........

8.000

Instrumentos de trabajo (hilandero),

una viña.

F. de Quemada (Aranda) .........

10.000

Unas aranzadas de viña.

M. de Mesa (Segovia) ............

10.500

Muebles.

B. de Arauzo (Aranda) ............

12.000

Casa, viña.

P. Calero (Avila) ..................

12.500

Casa, telar (1.500 maravedíes).

B. Vezado (Medina del Campo) ...

13.020

Viñas.

Licenciado Espina (Palencia) ......

13.435

Muebles, viña.

......

000.000

........

Don Juan Fajardo (Murcia) ......

337.500

Casa, huerta, propiedad.

Pero González (Salamanca) ......

337.500

Siete casas, mercancías (paño, seda.

terciopelo).

A. Serrano (Avila) ...............

352.500

Casas, propiedades.

C. Alvarez (Avila) ...............

367.500

Propiedades, un molino.

Pedro de Madrid (Madrid) ......

375.000

Licenciado Villcna (Valladolid) ...

375.000

F. Pardo (Zamora) ...............

450.000

Licenciado Ternero (Salamanca) ...

480.000

Casa, propiedad.

A. de Arreo (Segovia) ............

562.500

Torno de hilar, casa, viñas, tierras.

Licenciado del Río (Segovia) ......

562.500

Casa, propiedad.

Doctor Zúñiga (Salamanca) ......

637.500

Casa, molino.

Bachiller A. de Toro (Salamanca).

637.500

Casa, propiedades.

Pero Bonal (Salamanca) .........

825.000

Propiedades.

A. Alvarez de Cueto (Avila) ......

1.125.000

Tierras, molino.

Gonzalo de Ayora (Patencia) ...

1.136.916

Cuatro esclavos, casa, propiedades.

Pero López de Calatayud (Valladolid).

1.312.500

Casas, propiedades, creencias, viñas.

A. de Aranda (Segovia) ............

1.500.000

Casas, propiedades.

J. de Solier (Segovia) ............

1.687.000

Casas, mesón, propiedades.

Ldo Lorenzo Maldonado (Salamanca).

1.875.000

Casas, propiedades.

Juan Negrete (Madrid) ............

2.000.000

Hernando de Madrid (Madrid) ...

2.000.000

Casa, viñas, tierras, casa de cambio.

I. López Coronel (Segovia).........

2.250.000

Muebles, libros, esclavos, viñas.

Gómez de Avila (Avila) .........

3.000.000

Dominios.

F. de Mercado (Mcd. del Campo).

3.487.500

Casas, tierras.

F. de Ocampo (Zamora) .........

3.708.000

Casas, tierras, huertas, viñas.

Gómez de Hoyos (Merindades) ...

4.500.000

Casas, tierras, ventas, molino, viñas.

P. de Sotomayor (Madrid) ......

4.500.000

Casas, dominios.

H. de Avalos (Toledo)............

7.500.000

Dominios, casas.

H. de Porras (Zamora)............

8.000.000

Dominios, casas, aceña, dehesa.

Diego de Guzmán (Salamanca) ...

8.250.000

Casas, dominios.

Don Pedro de Ayala (Toledo) ...

8.500.000

Casas, propiedades (viñas, olivares).

dehesas.

Lic. Bernaldino (Valladolid) ............

11.250.000

Objetos de plata, joyas,

casas, propiedades.

F. Maldonado (Salamanca) ............

16.500.000

Dominios, casas.

R. Núñez de Guzmán (León) ............

20.000.000

Casas, dominios.

L. de Quintanilla (Medina del Campo) ...

18.750.000

Casas, dominios.

Juan de Porras (Zamora) .........

19.750.000

1.400 ovejas, dominios, dehesas.

D. Pedro Maldonado (Salamanca).

56.250.000

Casas, dominios, etc.

FORTUNAS — RECAPITULACIÓN

Menos de 10.000 maravedíes | 20
de 10.000 a 50.000 maravedíes | 24
de 50.000 a 100.000 maravedíes | 10
de 100.000 a 200.000 maravedíes | 17
de 200.000 a 500.000 maravedíes | 21
de 500.000 a 1 millon maravedíes | 5
de 1 a 10 millones de maravedíes | 18
de 10 a 20 millones de maravedíes | 5
más de 20 millones de maravedíes | 1
Total | 121

*****

RENTAS ANUALES DE LOS EXCEPTUADOS

NOMBRES

RENTAS(EN MARAVEDIES).

OBSERVACIONES

C. de Villaroel (Avila) ............

2.625

F. de Lada (Toro) ...............

3.750

P. de Salamanca (Toro) ...

3.750

F. de Porras (Zamora) .....

4.000

Pedro de Ulloa (Toro) ...

4.500

Beldredo ........................

4.500

A. Sanz (Segovia) ...............

4.500

Esta cantidad no incluye los ingresos por su cargo de notario.

A. Carriazo (Toro) ...............

4.875

Hevan (Salamanca) .....

7.500

F. de Aguilar (Toro) ............

7.500

Ldo. Villena(Valladolid).

7.500

Censo sobre una casa: 1.000.

C. de Henao (Avila) ...

8.400

J. de Vega (Avila) ...............

9.375

A. del Acebo (Salamanca).

9.750

Mirueña (Avila) ..................

10.000

P. Merino (Toro) ..................

10.000

F. Pardo (Zamora) ...............

10.000

Pedr González(Salamanca).

11.250

Ldo del Río (Segovia).

11.250

S Pedro Mudarra (Valladolid).

12.000

J. de Herrera (Avila) ............

12.750

A. Mejía ...........................

15.000

F. Núñez..................

15.000

Ldo. Ternero(Salamanca).

15.000

C. Alvarez (Avila).........

20.625

Pedro Giráldez...............

22.500

A. Serrano (Avila) ...............

22.500

Doctor Zúñiga (Salamanca).

30.000

Doctor F. de Medina

37.500

De los cualrs. Censos = 5.000

G.* de Guzmán ..................

38.125

A. Alvarez de Cueto (Avila).

41.250

Br. A. de Toro (Salamanca).

45.000

Lic. L. Maldonado (Salamanca).

45.000

J. de Solier (Segovia).

48.750

P. López de Calatayud

49500

G. de Ayora (Patencia).

50.000

De los cuales, juros y censos = 6.000.

A. de Aranda (Segovia).

56.250

Doctor Valdivielso ...............

58.750

Gómez de Avila (Avila).

70.000

De los cuales, juros y censos = 37.000.

P.* Bonal (Salamanca).

75.000

Juan Bravo (Segovia).

100.000

De los cuales, juros - 20.000.

Suero del Aguila (Avila).

100.000

De los cuales, juros = 62.000.

F. de Ocampo (Zamora).

112500

F. Minaya (Salamanca).

131.250

F. de Mercado (Medina del Campo).

163.125

De los cuales, juros = 95.000; marti

niega de Med. del Campo=14360.

Saravia (Valladolid).

170.000

De los cuales, juros = 50.000.

Gómez de Hoyos

187500

H. de Porras (Zamora).

187500

J. Gaitán (Toledo).

200.000

De los cuales, juros - 6.600.

I. López Coronel ...

200.000

De los cuales, juros = 10.000; servicio

montazgo = 108.000.

D.* de Guzmán......

300.000

Don P. de Ayala ..................

337.500

De los cuales, juros = 216.000.

Lic. Bcrnaldino ..................

375.000

Dc los cuales, juros = 90.000.

F. Maldonado .........

375.000

R. Núñez de Guzmán

375.000

De los cuales, juros = 10518.

H. de Avalos .....................

400.000

Dc los cuales, juros = 276532.

Padilla ...........................

400.000

De los cuales, juros = 300.000.

J. de Porras .....................

428.000

De los cuales, juros = 2.000; portazgo

de Castronuevo = 10.000.

Don Pero Laso de la Vega

500.000

De los cuales, juros = 254.500.

Don Antonio de Quiñones

562.500

De los cuales, juros = 380.000.

Comendador Almaraz ....

637.500

Don Hernando de Ulloa ..

693.750

De los cuales, juros = 400.000.

L. de Quintanilla ......

750.000

De los cuales, censos = 50.000;

juros 155.000.

Diego de Ulloa .....

750.000

De los cuales, juros = 130.000;

Martiniega de Toro = 60.000.

Conde de Salvatierra ....

1.687500

Don Pedro Maldonado ...

2.844.773

De los cuales, juros = 197.273; alquiler

de casas = 48.000; censos = 12.000;

asuntos diversos = 712500.

RENTAS RECAPITULACIONES

Menos de 7500 maravedíes | 8
de 7500 a 15.000 maravedíes | 13
de 15.000 a 56.200 maravedíes | 15
de 56.200 a 200.000 maravedíes | 12
de 200.000 a 500.000 maravedíes | 10
de 500.000 a 1 millon maravedíes | 6
de 1 a 2 millones de maravedíes | 1
más de 2 millones de maravedíes | 1
Total | 66

Estos cuadros requieren ciertas puntualizaciones:

1). F. Braudel resume como sigue la situación del hombre activo en la cuenca del Mediterráneo: «por debajo de los 20 ducados anuales [7500 maravedíes] es miserable; de 20 a 40 ducados, «pequeño»; de 40 a 150 [56.250 maravedíes], "razonable"»[1557].

Estas cifras hacen referencia, más bien, a la segunda mitad del siglo; pero, con todo, ofrecen un punto de referencia interesante. Con referencia a otras informaciones de los primeros años del siglo XVI, podemos afirmar que los comuneros no eran muy ricos: de 121, 54 poseían bienes de un valor inferior a los 100.000 maravedíes; 36, de 66, disponían de una renta anual de menos de 150 ducados. Y, además, no hay que olvidar a los más pobres que no aparecen en estas listas, porque no poseían absolutamente nada; los agentes del fisco se limitaban a anotar al lado de sus nombres estas palabras bien elocuentes: «no tenía ni tiene bienes algunos». Es el caso del bachiller Ventosilla, de Aranda, bien que fuera letrado; de Alvaro Cohote, de Ávila; de varios exceptuados de León que no tenían más que unos viejos muebles y sus instrumentos de trabajo, y de la mayor parte de los obreros y artesanos. El guarnicionero Alonso de Vera, procurador en la Junta, revocado por la Comunidad de Valladolid el 6 de octubre de 1520 (si bien sería reelegido nuevamente un mes y medio más tarde), reclamaba su salario en estos términos:

Porque yo no tengo renta sino mi oficio, que dexé por servir a esta villa, y a mi casa y he comido mi hazienda asy halla como acá[1558].

¿Cuántos se hallaban en este mismo caso? Probablemente, muchos, por lo menos una tercera parte de los exceptuados, quizá más. La mayor parte de los proscritos de las Merindades eran campesinos que poseían una parcela de tierra y algunos animales: dos mulas, un buey y dos ovejas, unos; cuatro cerdos, cuatro cabras, otros; y otros, dos cerdos, una vaca y su ternero; una cerda, diez ovejas, dos mulas, un asno (una bestia asnal), etc. No puede hablarse de miseria, ni siquiera de pobreza, pero tampoco de riqueza.

2). Las grandes fortunas constituían la excepción. No deben llevarnos a engaño. No poseemos las cifras correspondientes a don Pedro Girón. El más rico de los exceptuados, don Pedro Maldonado, cuyos ingresos se acercaban a los tres millones de maravedíes, se hallaba muy por detrás del menos opulento de los trece Grandes citados por L. Marineo Sículo en la misma época: el duque de Arcos, cuyos ingresos ascendían a 25.000 ducados anuales, es decir, 9.375.000 maravedíes. Entre los exceptuados, los mayores ingresos eran los de los regidores y algunos letrados. Ramir Núñez de Guzmán, Padilla, Hernando de Ávalos, don Pero Laso de la Vega, don Pedro Maldonado, obtenían la parte más sustanciosa de sus ingresos de los dominios que poseían, de los juros, etc., pero el regimiento no les aportaba más que una ínfima parte, unos 3000 maravedíes anuales por regla general. Sin duda, no todos los regidores mantenían el mismo nivel de vida que los que acabamos de citar; pero, no obstante, el patriciado urbano llevaba en general un tren de vida elevado. Podemos pensar, por tanto, que las magistraturas locales ofrecían a sus titulares los medios para enriquecerse o constituían la consagración de una ascensión en la escala social. Lo mismo hay que decir de la inmensa mayoría de los caballeros que figuraban entre los exceptuados: sin disponer de los enormes recursos de la alta nobleza, estaban lejos del personaje del hidalgo pobre tan caro a la literatura del siglo XVI.

Algunos letrados gozaban de un nivel muy elevado: los doctores Valdivielso, Zúñiga y Medina, así como el licenciado Lorenzo Maldonado o el bachiller Andrés del Toro, parecían confortablemente instalados en la vida. Y otro tanto puede decirse del licenciado Bernaldino, una de las mayores fortunas de Valladolid. No olvidemos, finalmente, que los dos primeros Maldonado, Francisco y don Pedro, habían heredado una gran parte de su fortuna de su abuelo, el doctor Rodrigo Arias Maldonado de Talavera, el «doctor de la reina», profesor de la Universidad de Salamanca. Así se preparó, en los primeros años del siglo XVI, el fenómeno que B. Bennassar ha descrito en su libro sobre Valladolid, el gran centro judicial de Castilla: la ascensión y el triunfo de los letrados se tradujo también en un notable éxito económico[1559].

Esta confortable situación material de caballeros y letrados queda también expresada en los inventarios por la abundancia del mobiliario y de los objetos destinados a hacer más agradable la existencia de las amplias residencias ciudadanas: tapicerías, cuadros (de Nuestra Señora, de Santa Catalina, de la Magdalena, de San Juan, de la Natividad…), lencería fina, artículos de lujo (un barril de agua rosada, un peine de marfil, unas cuentas de azabache, con una cruz de oro, seys cucharas en dos piegas para hazer huebos estrellados, un Anus Dei labrado, un espejo, de hueso, todo ello en casa de Luis Cuéllar, en Segovia). Juan Bravo tenía en su casa un mono y un loro; Gonzalo de Ayora tenía también un loro verde; el bachiller Velasco tenía una vihuela y un pandero…

Muchos de estos privilegiados poseían buenos libros, y algunos, verdaderas bibliotecas. Por desgracia, los agentes del fisco se limitaban, a este respecto, a indicaciones muy breves: cinco librillos, una arca llena de libros, anotaron en casa de Antonio de Aranda; veinte libros, en latín y en castellano, en casa del licenciado Herrera; «hasta cinquenta libros encuadernados y una arca de libros para encuadernar», en casa del doctor Agüera; más de cient volúmenes de libros; no se contaró (licenciado Bernaldino); treinta y seis libros (licenciado Del Río); «libros latinos y de romances, veinte volúmenes de libros poco más o menos», entre chicos y grandes (Juan Bravo); tres libros grandes de molde, los dos de romance y el otro de latín, un libro de francés, una talega de cartas de amores (Iñigo López Coronel)… En algunos casos se citaba el título de los libros. Naturalmente, la mayor parte de los libros de estos letrados eran tratados jurídicos, sus instrumentos de trabajo: ochenta y tres «libros de leyes». (Juan Gaitán); Siete Partidas (Juan Cabeza de Vaca); los tratados de Bartole, de Nicolás de Tudeschis (comentario sobre las Decretales), de Juan de Platea (Apparatus Libri Institutionnum); el Fuero real de Castilla, editado en Venecia en 1491, con comentarios de Montalvo.

¿Qué otras obras leían los comuneros, al margen de los libros técnicos? Los libros de piedad eran relativamente numerosos. El más difundido era el Flos sanctorum, es decir, la Legende dorée, de Jacques de Vorágine. Citemos además el libro de Pedro Jiménez de Prejano, Lucero de la vida cristiana, manual de espiritualidad reeditado varias veces entre 1493 y 1543; estaba en casa de Francisco de Ruescas. El doctor Francisco de Medina poseía la Summa angélica del franciscano Ángel Carletti de Chiavaso. Dejemos constancia, también, de la existencia de obras de San Jerónimo en casa de Juan Vázquez, pañero de Madrid. El obispo de Zamora tenía un ejemplar de la Política, de Aristóteles, y la Gramática, de Nebrija; el licenciado Rodríguez de Santiago, la obra de Nebrija, la Consolación de Boecio, las Fábulas de Esopo y las Heroídas de Ovidio; Hernando de Ávalos tenía en su poder un curioso tratado de medicina. El Servidor[1560]. Estos datos, aunque fragmentarios e incompletos, permiten, no obstante, hacerse una idea de las preocupaciones de estos hombres, y ver en ellos algo más que feroces revolucionarios, condenados a una vida de proscritos después de consumarse el fracaso de su iniciativa.

3). Conviene notar, finalmente, la importancia de los juros en las fortunas más importantes: constituían más de la mitad de las rentas de Gómez de Ávila, Francisco de Mercado, Hernando de Ávalos, don Pedro de Ayala, don Hernando de Ulloa, don Antonio de Quiñones, don Pero Laso de la Vega, Padilla y Suero del Águila; la tercera parte de las rentas de Saravia; la cuarta parte de las del licenciado Bemaldino y de Quintanilla (junto con los censos); la sexta parte de las de Diego de Ulloa. Aparte de los censos y juros, los ingresos en concepto de bienes muebles escaparon a los cálculos de los funcionarios encargados de realizar el inventario de los bienes de los exceptuados. Esto explica que las cantidades calculadas para Juan Bravo, Iñigo López Coronel, Pero López de Calatayud y Luis de Cuéllar sean relativamente bajas. Respecto a Cuéllar se hacía constar tan sólo que dirigía una compañía comercial, y en cuanto a los demás, que tenían numerosos acreedores; se afirmaba que se investigaría más a fondo, pero no parece que esto llegara a hacerse. No disponemos del inventario de un gran comerciante segoviano, también exceptuado, Antón Suárez.

III. INTENTO DE DEFINICIÓN DE LA COMUNIDAD

La revolución de las Comunidades provocó la desconfianza y después la abierta hostilidad de la nobleza. Encontró sus cuadros dirigentes y sus partidarios más decididos entre las capas medias de la población de las ciudades. ¿Se podría, quizá, ir más lejos y definir la Comunidad como un enfrentamiento de clases rivales?

1. ¿Burguesía urbana?

Artesanos, comerciantes y letrados constituyen un número elevado de los exceptuados del Perdón de 1522. Maravall concluye, de este hecho, que la burguesía urbana desempeñó un papel primordial en el movimiento comunero. La expresión, sin embargo, nos parece un tanto ambigua, por cuanto en el siglo XVI la auténtica burguesía no aparece más que en las ciudades con una actividad comercial o industrial importante[1561]. Ya sabemos que en Burgos la burguesía se situó en contra de la Comunidad. Veamos lo que sucedió en otras ciudades. Disponemos de datos precisos respecto a Segovia, donde indudablemente los comerciantes e industriales adoptaron una actitud opuesta a la de sus colegas de Burgos. El Perdón denuncia como comuneros a dos grandes comerciantes: Luis de Cuéllar y Antonio Suárez. El primero, ya lo hemos visto, dirigía una compañía de comercio especializada en la exportación de lana. En cuanto a Suárez, asociado frecuentemente a otros negociantes, era uno de los grandes compradores de lana de la región de Segovia; importaba y revendía el pastel de Toulouse, artículo indispensable para la industria textil[1562]. Con sus actividades como exportador de lana, importador de pastel y asociado a la marcha de un número de talleres textiles, aparece como uno de los comerciantes más dinámicos de Segovia. Hemos de citar otro exceptuado segoviano, con intereses también en la industria textil: se trata del boticario Antonio de Aguilar. Durante los años 1520-1525, ya por propia cuenta o asociado con el mercader Antonio del Espinar, se dedicó a la venta de lana y de pastel a los artesanos[1563]. Hay otros dos documentos que confirman que éstos no eran casos aislados y que los medios de negocios segovianos adoptaron en conjunto una actitud favorable a la Comunidad, por la cual sufrieron fuertes presiones pecuniarias a la hora de la represión:

1). En abril de 1522 el fisco intentó recuperar el producto de los impuestos intervenidos por los comuneros en 1520-1521, comenzando a presionar para ello sobre los diputados, los delegados elegidos en las asambleas de barrio y que habían sustituido a los regidores en la gestión de los asuntos de la Comunidad. Estos diputados eran todos ellos mercaderes, negociantes que invertían sus capitales en la industria textil, veinte personas en total, de los que dependía la actividad económica de la ciudad y que amenazaron con exiliarse si se les seguía considerando responsables de los acontecimientos en el aspecto financiero[1564].

2). En la misma época, el conde de Chinchón emprendió una acción contra los comuneros que habían saqueado sus propiedades y destruido sus castillos y sus casas. La Chancillería de Valladolid fijó la cifra de las indemnizaciones que debía recibir en casi diez millones de maravedíes, a repartir entre todos los responsables: por una parte, los que habían tomado parte en la acción personalmente, y por otra, los que habían autorizado y dirigido la subversión en las propiedades del conde. Entre estos últimos encontramos a todos los grandes comerciantes segovianos: mercaderes propiamente dichos, hacedores de paños, pañeros y tintoreros. En total, cerca de una treintena de notables condenados a satisfacer indemnizaciones por un valor entre 2614 y 62.296 maravedíes. En esta lista figuraban Juan de Jimena, Juan de Riofrío, Lorenzo Temporal, Antonio Suárez, Antonio Gómez, García Núñez, Antonio del Moral, Pedro García de San Millán, Francisco de Segovia, el bachiller Antonio del Espinar (asociado al boticario Antonio de Aguilar), García de Salamanca, Juan de la Cruz, Diego de Riofrío, Francisco Sáez, Bartolomé Sánchez, Francisco de la Puente, Gumiel, Alonso de Madrigal, Alonso Maldonado, Juan Román, Luis de Cuéllar, Pedro de Buitrago, Antonio del Aguilar, Antón Ajenjo (que era texedor e agora es mercader), Luis de Sepúlveda, Francisco de Buitrago, Juan de Salinas, Pedro Muñoz, etc[1565].

De estos documentos podemos deducir que la burguesía mercantil e industrial de Segovia abrazó la causa de las Comunidades y ejerció responsabilidades políticas en el movimiento insurreccional. Cierto que, tras la derrota, trató de minimizar la importancia de su papel. Según ellos, todos estos negociantes habrían actuado movidos por el temor; amenazados de muerte y con diversas represalias, no habrían tenido otro remedio que aceptar los cargos que se les imponían. No debemos conceder excesiva importancia a estas justificaciones. Es indudable que sobre ellos debieron pesar ciertas amenazas, pero lo mismo sucedía en las demás ciudades, pese a lo cual los mercaderes burgaleses, por ejemplo, tomaron una postura abiertamente hostil a la Comunidad. Los burgueses de Burgos y Segovia adoptaron una posición política opuesta. Los primeros combatieron la revolución; los segundos la impulsaron y ocuparon en ella puestos de responsabilidad. Estas divergencias políticas expresan con exactitud la oposición de intereses económicos que separaban, al menos desde hacía quince años, a los comerciantes de las regiones periféricas de los del interior, a los exportadores de los productores, al Consulado de Burgos y a los hombres de negocios de Cuenca y Segovia[1566]. Y tras considerar la actitud de la nobleza, también hostil a las Comunidades, creemos poder formular una hipótesis: los grandes propietarios y los grandes ganaderos se aliaron, junto con los exportadores, a la Corona, que podía garantizar sus privilegios; por su parte, los sectores sociales que se sentían heridos en sus intereses por aquéllos, agrupados geográficamente en el centro de la península, fueron los que apoyaron la revolución. Para verificar esta hipótesis sería necesario poder contar para Salamanca, Toledo, Madrid, Ávila, Zamora, etc., con una información tan completa como la que disponemos en el caso de Burgos y Segovia. ¿Cuál fue la actitud que adoptaron en aquellas ciudades los comerciantes e industriales? Todo parece indicar que fue la misma que en Segovia[1567]. En muchos aspectos, Segovia parece una ciudad representativa de las dificultades con que topaba el desarrollo de la actividad económica en el centro castellano. Con esto no pretendemos decir que las contradicciones económicas entre el centro y la periferia puedan explicar por sí solas la revolución de las Comunidades, pero es indudable que estas contradicciones desempeñaron un papel muy importante —quizá determinante— en los acontecimientos políticos de los años 1520-1521.

2. «Letrados y frayles».

En 1538, el corregidor de Valladolid se expresaba en estos términos ante los procuradores tentados de no votar el servicio solicitado por el rey:

No enturbieys, señores, vuestras leales obras con consejos de personas apasionadas y anbiciosas, que los casos de honra y el seruicio de nuestro príncipe muy mejor se determinará por vuestros ánimos generosos que por el parecer de letrados y frayles, pues la ceguedad y pasión dellos fue el fundamento principal de las abominables alteraciones pasada[1568].

Idénticos temores expresaba el 25 de noviembre de 1520 el marqués de Mondéjar, virrey de Granada. Ante la solicitud del emperador de que la Chancillería de Granada se uniera a la lucha contra la subversión —por otra parte, nada seria en Andalucía— el marqués respondió:

No me pareció que convenía publicar esto ni he osado dar la carta que venía para los oydores, porque, miradas las cosas en el estado que acá están, el autoridad que yo perdiese sería perder la de vuestra Magestad y sería muy grande ynconveniente para lo que toca a su servicio, porque los oydores no han de sauer en estas cosas lo que sauen en uer y determinar plitos ni son todos tales personas como convernía que lo fuesen para el cargo que tienen ni están tan conformes que no conviniese seguir el parecer de los unos y yr contre el de los otros, pero sobre todo, seyendo mandado por ellos, no temía la abtoridad que conviene al servicio de vuestra Magestad que yo tenga. Todo esto se conoce y se siente acá de otra manera que de allá se puede juzgar. Tenga Vuestra Alteza por cierto que las cosas desta calidad y en este tiempo que las han de entender y remediar cavalleros y no letrados ni leyes[1569].

Hay que convenir en ello, pues. Los letrados, y de forma general los intelectuales, eran sospechosos. Hemos de analizar de qué y por qué.

El marqués de Mondéjar expresaba sus dudas acerca de la fidelidad de la Chancillería de Granada: más valía no ponerla a prueba. Este temor se explica perfectamente al conocer la actitud que adoptara una fracción de la magistratura respecto al movimiento comunero. Tres funcionarios de la Chancillería de Valladolid figuraban entre los exceptuados del Perdón: Pallares, el licenciado Villena y el bachiller Alcalá. Otros escaparon apenas a la represión, especialmente el licenciado Fernán González de Contreras, oidor, y, sobre todo, el presidente de este alto tribunal de justicia, don Diego Ramírez de Villaescusa, culpable de haber interpretado con demasiada lucidez las segundas intenciones de los nobles a raíz de su tentativa de conciliación a finales de noviembre de 1520[1570] Más que las actitudes individuales, lo que realmente llama la atención es el estado de ánimo general que reinaba en esta institución. La Cancillería era la única institución respetada por los comuneros. El 30 de junio de 1520 el cardenal Adriano resumía en estas palabras la posición de los rebeldes respecto al poder público:

No quieren obedecer al gouernador por vuestra alteza puesto y constituydo ni al Consejo Real mas tan solamente a las Chancillerías[1571].

Efectivamente, los más duros ataques de los comuneros iban dirigidos contra el Consejo Real, mientras que la Chancillería de Valladolid se hacía merecedora de todas sus consideraciones[1572]. Así, si bien los comuneros impedían el funcionamiento normal de las instituciones que no podían controlar directamente, el tribunal de justicia continuaba ejerciendo su actividad sin trabas de ningún tipo, situación paradójica a la que Carlos V pretendió poner fin ordenando, el 17 de diciembre de 1520, que los oidores salieran de Valladolid en el más breve plazo de tiempo[1573]. Esta orden les fue comunicada a los interesados durante el mes de enero. El condestable les ordenó retirarse a Arévalo[1574]. Los comuneros trataron de impedir su partida, se negaron a pagar sus salarios a los magistrados y comenzaron a pensar en la organización de un nuevo tribunal de justicia[1575]. Finalmente, la Cancillería acabó obedeciendo la orden del rey y abandonó Valladolid, pero los comuneros no guardaron rencor a sus miembros por esta decisión, y el 21 de febrero comenzaron de nuevo a satisfacer sus honorarios a los magistrados. La razón de esta actitud de los insurgentes reside en que la Chancillería —a diferencia del Consejo Real— no aparecía a sus ojos como responsable de los abusos y prevaricaciones que habían caracterizado los primeros años del reinado de Carlos V. Se esforzó en todo momento en cumplir lo más honestamente posible con su cometido, pese a las recomendaciones y favores de que se beneficiaban ciertos justiciables bien situados socialmente. En la reorganización emprendida por los comuneros algunos de los magistrados aportaron su colaboración, bien aceptando cargos ejecutivos, bien ofreciendo sus conocimientos jurídicos al servicio de la revolución. Esto puede explicar el gran número de letrados, bachilleres, licenciados o doctores que aparecen en las filas de los rebeldes.

Otro tanto hay que decir respecto a las universidades. Sin duda, la gran mayoría de los cuerpos docente y discente de la Universidad de Alcalá de Henares simpatizaba con la Comunidad. Esto quedó claramente demostrado con ocasión de la visita de Acuña a la ciudad[1576]. También la Universidad de Valladolid había sido ganada por las ideas revolucionarias; el condestable esperaba sofocar esta antorcha de la revolución ordenando su traslado a Madrigal[1577]. En 1522, las pasiones políticas hicieron temer serios tumultos a la hora de proveer las cátedras vacantes. Tanto en Valladolid como en Alcalá se enfrentaron abiertamente los antiguos partidarios y enemigos de la Comunidad[1578]. No poseemos información tan precisa acerca de lo sucedido en Salamanca, pero la presencia de los nombres de algunos universitarios en la lista de proscripción de 1522 nos induce a pensar que también allí las simpatías se decantaron muy pronto en favor de la Comunidad.

El clero se había sentido profundamente afectado ante las contribuciones financieras que pretendió imponerle el rey en 1519[1579]. Es por ello lógico que desde el primer momento se alineara con la oposición. Hay que distinguir, no obstante, entre el clero secular y el clero regular. Aquél se mostró sensible, ante todo, a las incidencias fiscales de la política imperial. Incluso antes de la partida del rey, en mayo de 1520, se hablaba insistentemente de celebrar una asamblea general del clero para protestar contra cualquier nuevo subsidio. Esta reunión no llegó a celebrarse[1580]. Desde las primeras manifestaciones del movimiento comunero los cabildos comenzaron a enviar en forma oficial a algunos de sus miembros para que les representaran en el seno de los organismos revolucionarios; éste es el caso de León, donde los canónigos Juan de las Alas y Juan de Benavente participaron en todas las sesiones de la comunidad local; y lo mismo sucedió en Ávila. Cuando en el otoño de 1520 se produjo la radicalización del movimiento comunero comenzaron a aparecer ciertas disensiones. Algunos canónigos de León manifestaron su inquietud ante las perspectivas de la revolución, protestaron contra algunos aspectos de la actuación de la Junta, renovaron con reticencias el mandato confiado a algunos de ellos, y Ramir Núñez de Guzmán, jefe comunero de León, denunció el 15 de diciembre la actitud poco favorable de algunos miembros del cabildo:

Algunos señores de la dicha iglesia no estaban bien en las cosas de comunidad e hacían e dezían algunas veces cosas en perjuycio de la dicha comunidad e de la Sancta Junta.

A comienzos del mes de enero, el corregidor comunero de Palencia atacaba en términos parecidos a algunos canónigos proponiendo que fueran exiliados:

No están en lo que toca al bien universal del reyno.

En Toledo, en el curso del mes de noviembre, los canónigos se desolidarizaron de la política puesta en práctica por la Junta, por lo cual se vieron duramente atacados e injuriados:

Soys unos rufianes e amancebados.

Esta oposición no hizo sino crecer con la llegada a Toledo de Acuña, que pretendió obtener para sí el nombramiento de administrador de la diócesis y que manifestó sus intenciones de imponerles gravosas contribuciones financieras. Una fracción de los canónigos toledanos, víctimas de esta persecución cada vez más violenta, abandonaron la ciudad y se refugiaron en un lugar próximo a ella, Ajofrín; no habían de volver hasta la derrota total de la revolución. En conjunto, la mayor parte de los canónigos tomaron postura contra la Comunidad. Tan sólo algunos elementos aislados adoptaron una actitud militante. En contrapartida, los curas de las zonas rurales, procedentes muchas veces de familias campesinas, fueron muy sensibles a la propaganda de Acuña, especialmente en Tierra de Campos[1581].

Si el clero secular, a excepción de algunas individualidades y de los curas de las zonas rurales, adoptó una actitud reservada con respecto a la Comunidad, los monjes participaron activamente en la revolución, especialmente los franciscanos y dominicos. Las relaciones entre los franciscanos y los comuneros fueron siempre muy cordiales, hasta el punto de que la Junta llegó incluso a criticar la designación de algunos frailes para ocupar el puesto de superiores, decidida durante el capítulo de Benavente. Los franciscanos respondieron el 17 de diciembre, haciendo una profesión de fe que no dejaba lugar al equívoco:

A todo el mundo consta quánto los predicadores de su provincia an trabajado por servicio de Dios y del bien común y que asy se hará de ay adelante y asi lo tomó el provincial a su cargo como la cosa más principal que en el mundo de muchos años acá se aya tratado[1582].

Para intentar poner coto a la intensa propaganda de los franciscanos, Carlos V envió a España a fray Pedro de Montemolin con la misión de moderar el celo de sus compañeros de Orden, y, al mismo tiempo, elevó una protesta al general de la Orden[1583]. A principios de 1521, fray Francisco de los Ángeles trató de imponer un tanto de prudencia entre sus monjes. El 15 de marzo se mostraba convencido de que los ánimos habían sido apaciguados y que solamente dos o tres religiosos continuaban militando junto a los revolucionarios[1584]. Su optimismo era excesivo; lo cierto es que los franciscanos dejaron en algunas ciudades, en Salamanca por ejemplo, el recuerdo de peligrosos y diabólicos revolucionarios[1585]. Todavía en 1523, fray Francisco de los Ángeles seguía recomendando a sus provinciales de España que mostraran una gran prudencia en la forma de abordar los problemas políticos[1586]. No obstante, no sería exacto pensar que todos los franciscanos eran favorables a la Comunidad. En varias ocasiones la Junta dirigió duros ataques contra ellos, especialmente contra fray Hernando de Zafra, provincial de la provincia de Santiago[1587]. Pero, en conjunto, la Orden proporcionó a los comuneros un concurso muy eficaz.

Tras los franciscanos fueron los dominicos quienes mostraron mayor celo en defender y propagar las ideas revolucionarias. Tampoco en este caso faltaron las advertencias de los superiores, que produjeron resultados variables. Algunos monjes, como fray Juan Hurtado de Mendoza, defendieron con toda devoción al poder real, pero su acción no podría borrar la mala impresión producida por las desviaciones de muchos otros. Esto es lo que pensaba el cardenal Adriano:

Orden es agramada de los crímenes y males que han fecho los frayles della y en castigarles será edificado todo el mundo[1588].

Las demás órdenes religiosas desempeñaron un papel mucho menos activo en el movimiento comunero. Entre los agustinos destaca la acción de fray Juan de la Parra, de fray Juan Bravo, de fray Luis Gaitán y de todos los monjes de Dueñas, quienes, tras la derrota de Villalar, huyeron de su convento, llevando consigo el botín depositado por el obispo de Zamora. Nada concreto nos dicen los documentos sobre el comportamiento de los Jerónimos; uno de ellos, fray Diego de Azpeitia, sirvió en varias ocasiones de contacto a Padilla[1589]. De las palabras de Sigüenza puede deducirse que la Orden observó una actitud de cautela durante este período, pero sin demostrar un celo excesivo por el servicio al rey[1590].

Resumamos, pues, que a pesar de las advertencias de sus superiores, no obstante la publicación por el papa de un breve en el que se condenaba con la pena de excomunión a los eclesiásticos comuneros[1591], los miembros del clero, y especialmente los religiosos, con los franciscanos y dominicos en primer término, prestaron a la rebelión un apoyo muy eficaz. Como propagandistas del movimiento no se recataron en denunciar a los flamencos y a sus cómplices, difundieron e hicieron acatar las consignas de la Junta, inflamaron a los tibios y trasladaron la antorcha de la revolución a todas las provincias, hasta el punto de provocar la exasperación de los representantes del poder real, incapaces de reaccionar ante una campaña tan insidiosa y eficaz. Habría que conseguir su muerte, dijo el almirante en un momento de ira[1592]. Y es que los monjes no fueron tan sólo propagandistas; todo nos induce a pensar que desempeñaron un papel importante en los pródromos de la crisis. Sus sermones subversivos de 1518 y 1519 prepararon los espíritus para los grandes acontecimientos revolucionarios que se producirían poco después. En las semanas que precedieron a la reunión de las Cortes de 1520 fue en los conventos donde acabó de perfilarse el programa político de la Comunidad y fueron los monjes los que le dieron difusión por todas las ciudades, fomentando la resistencia al poder central y favoreciendo la subversión. El corregidor de Valladolid estaba en lo cierto cuando afirmaba, en 1538, que los letrados y los monjes tuvieron una parte de suma importancia en el desencadenamiento de la revuelta. Supieron explotar el descontento real que iba ganando poco a poco a todas las capas sociales, analizaron la crisis que sufría la sociedad castellana y proporcionaron a los líderes de la rebelión las armas ideológicas y políticas de las que ellos carecían[1593]. En la revolución de las Comunidades ellos fueron los pensadores, los intelectuales, aportando las justificaciones ideológicas indispensables, desarrollando y propagando los puntos reivindicativos, fustigando a los enemigos y a los tibios y estimulando a los exaltados. Muchos de estos monjes constituirían pocos años más tarde el núcleo de los adversarios de Erasmo. Fue este hecho el que indujo a Marañón a calificar al movimiento comunero como xenófobo y retrógrado. Su argumentación nos parece poco convincente. En su enfrentamiento con Erasmo los monjes no trataban de defender sino unos moldes de pensamiento y de comportamiento rutinarios en el campo espiritual; contra Carlos V sustentaban una serie de teorías políticas sobre las relaciones entre el soberano y sus súbditos que presentan aspectos muy modernos —trataremos de demostrarlo en el capítulo siguiente—, si bien seguían anclados en el pensamiento más tradicional. Desde nuestro punto de vista no existe, pues, contradicción entre la actitud reaccionaria de los monjes antierasmistas de 1525 y su posición política avanzada en el conflicto de las Comunidades. En ambos casos se apoyaban en la tradición escolástica, pero el contexto político de 1520 otorga a esta tradición un aspecto innovador que no aparece en 1525, cuando la lucha se limita al terreno espiritual[1594]. En cualquier caso, la participación de los letrados, de los universitarios y de los monjes proporcionó a la revolución de las Comunidades una firme base intelectual e ideológica, lo que explica el atractivo que ejerció sobre muchos espíritus en 1520-1521 e incluso mucho tiempo después.

Los artesanos, comerciantes, burgueses, intelectuales y algunos caballeros, todos ellos con unos medios de vida y unos ingresos totalmente dispares, no constituían en absoluto una clase social homogénea. No comprendemos, pues, cómo Maravall ha podido ver en el conflicto de las Comunidades el esbozo de un enfrentamiento entre distintas clases sociales:

Los primeros atisbos de un planteamiento «clasista», sociológicamente definido como tal[1595].

El concepto marxista de clase social no puede aplicarse a la situación que estamos estudiando. Es imposible definir a los comuneros por el lugar que ocupaban en la producción, por su papel en la organización social del trabajo o por su relación con los medios de producción. Las mismas dificultades se plantean si se pretende acudir a otras definiciones —no marxistas— de clase social. No importa que el énfasis se ponga en la estratificación económica, en la estratificación política o en la estratificación profesional; en todos los casos aparecen importantes diferencias entre las distintas clases de comuneros. Tanto el nivel como el modo de vida, el carácter y cuantía de los recursos y el status jurídico varían profundamente, y es imposible determinar un denominador común que pueda aplicarse al conjunto de los exceptuados o incluso a un número relativamente elevado de ellos. Los comuneros formaban un grupo vario y dispar que resulta difícil agrupar en torno a una definición social[1596]. Más que a una clase bien definida nos recuerdan a los «sans-culottes» de la Revolución francesa, a los que unía menos una fraternidad de productores que una solidaridad de consumidores. A. Soboul ha definido a los «sans-culottes» por una sensibilidad política y no por la pertenencia a una misma capa social:

Formada por elementos heterogéneos, su único factor de unidad es la oposición a la aristocracia. La «sansculotterie», en la que se alineaban artesanos y comerciantes, procedentes de la pequeña burguesía y, incluso, de la burguesía media, cantaradas que compartiendo la existencia de los artesanos participan de la misma mentalidad, obreros de las pocas grandes empresas industriales que existían entonces en París, amén de intelectuales, artistas y un número de gentes dessarraigadas, no podía tener conciencia de clase ni un programa social coherente. Sus aspiraciones eran confusas y no estaban libres de contradicciones (…). Su originalidad residía en otro aspecto: en su comportamiento político[1597].

Más que la situación económica y social, era también su comportamiento político lo que caracterizaba a los comuneros. Se diferenciaban claramente con respecto a la nobleza. En este sentido, comunero era opuesto a caballero; con relación a las capas burguesas los límites eran menos precisos, pues si bien los grandes comerciantes de Burgos fueron anticomuneros, los de Segovia eran comuneros. En el seno de la Comunidad existía una coalición de elementos dispares, lo que explica las contradicciones internas y quizá también el fracaso final del movimiento. Por el contrario, los factores de unidad aparecen cuando analizamos su comportamiento político. Los comuneros deseaban limitar el poder real, dominar las ambiciones de la nobleza y organizar la vida municipal sobre una base más democrática con la participación de las capas sociales no privilegiadas. Este es el sentido exacto de la palabra comunidad. Designa al conjunto de la población, a los comunes, excluyendo a los privilegiados, y Piskorski está en lo cierto cuando da a esta palabra el sentido de tercer estado o estado llano, con todas las ambigüedades implícitas en esta expresión[1598]. En el contexto de los acontecimientos de 1520 la palabra comunidad aparece cargada de resonancias afectivas. Designa frecuentemente a los más humildes en la sociedad urbana. Comunidad e pobres; en esta expresión los dos términos parecen casi sinónimos[1599]. Esto explica un aspecto de la revolución descrito en numerosas ocasiones por Maldonado: pobres contra ricos, desheredados contra privilegiados. En la comunidad de una ciudad todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, el zapatero lo mismo que el Grande de España, y esto es lo que exaspera a la aristocracia. Los comuneros aspiraban a una mayor dignidad; pretendían ser tratados como ciudadanos, no simplemente como súbditos, tanto en las ciudades como en las zonas rurales sometidas al régimen señorial. ¿Reivindicación prematura? Sin duda. Fray Alonso de Castrillo presenta la rebelión de los comuneros como tai lucha de los gigantes contra los dioses:

Porque por los gigantes nacidos sin padres, entendemos la gente común de bajos estados de cuya generación ni parece fama ni título ni memoria, y por la conspiración y congregación de los gigantes contra el cielo y contra Júpiter, entendemos el concierto y la junta de las Comunidades, hecha contra la voluntad de su rey, a lo que parece, y por los montes que se juntaron para combatir el cielo y derribar de su silla al Dios Júpiter y echar de sus casas a los otros dioses menores, entendemos que juntando los pueblos, sobrepusieron cibdad sobre cibdad y añadieron soberbia contra soberbia, para ofender la voluntad de su rey, según que se nos figura, y para echar de sus casas a los otros dioses menores, que son los caballeros.

La comparación continúa. Sin duda, los comuneros presentaban una serie de reivindicaciones perfectamente legítimas. Su equivocación residió —según Castrillo— en no haber suplicado en vez de exigido. No quisieron o no supieron respetar las formas:

El acatamiento con que se debe pedir la justicia[1600].

APÉNDICE: CONVERSOS Y COMUNEROS

Hemos dudado a la hora de calibrar la necesidad de dedicar un apartado especial a los conversos y a su participación en la revolución de las Comunidades, pero creemos que no se puede eludir el problema, pese a que en nuestra opinión se trata de una cuestión mal planteada. No importa cuál sea la consideración que pueda merecer la obra de Américo Castro; no se pueden ignorar sus trabajos y su tesis sobre el lugar que ocuparon los cristianos nuevos de origen judío en la comunidad hispánica. Es sabido que, para Castro, España como colectividad histórica resulta de la yuxtaposición de tres castas sobre el suelo de la península: cristianos, moros y judíos, reservándose la primera la labor de dirección y quedando en manos de las otras dos el quehacer técnico y cultural. Las vicisitudes de la Reconquista y la conversión o expulsión de los judíos y musulmanes hicieron todavía más precaria la situación de las minorías religiosas, los cristianos nuevos, que se refugiaron desde entonces en formas de vida —«morada vital»— angustiadas, características de la cultura y la historia española de los tiempos modernos. La loable tarea de atraer la atención sobre la situación de los conversos en la comunidad hispánica ha llevado a Américo Castro a conceder una importancia excesiva al papel y a la acción de esta minoría y a minimizar todo estudio histórico que no tenga en cuenta esta situación y la angustia existencial de ella derivada. Partiendo de su punto de vista, el episodio de las Comunidades —como cualquier otro acontecimiento de la historia de España— sería incomprensible para quien no tuviera en consideración los problemas específicos de los conversos en la sociedad española del siglo XVI[1601]. Nosotros rechazamos este planteamiento. Sin negar la importancia de los cristianos nuevos ni su participación en la vida social y cultural de su época, nos parece excesivo pretender interpretar la historia de España única o principalmente en función de la situación de los conversos. Aceptamos que esta situación interviene como elemento de apreciación, de mayor o menor importancia según las circunstancias o los problemas, pero no vemos razón para atribuirle un papel determinante en su explicación. En el caso concreto de las Comunidades, a partir de ciertas opiniones contemporáneas y de algunos hechos concretos se ha concluido que la revuelta fue inspirada por los conversos o, cuando menos, que revela una vez más la angustia existencial de esta minoría. Nada de ello nos parece en absoluto convincente.

1. Las apreciaciones

Algunas son posteriores; otras, contemporáneas de los acontecimientos. Todas ellas tratan de imponer sobre los conversos la responsabilidad de la rebelión. Destacaremos las más significativas. El 7 de enero de 1521 el almirante de Castilla escribía en estos términos al emperador:

La verdad es que todo el mal ha venido de conversos[1602].

Poco tiempo después, el almirante insistía de nuevo cuando Acuña se trasladó a Toledo:

El obispo de Zamora tomo posesión del arzobispado con la autoridad de los judíos y villanos de Zocodover[1603].

El 25 de febrero de 1521, el obispo de Burgos se mostraba convencido de que los conversos formaban el núcleo de los revolucionarios irreductibles:

Todos los pueblos, digo la parte de los oficiales y cristianos viejos y labradores, ya conoscen el engaño y maldad en que los an puesto, que los conversos, como de casta dura de ceruiz, tan duros están como el primero día sy ossasen, y déstos los más declarados en cada lugar son los tornadizos. Ansí que Vuestra Sacra Cesárea Majestad no tiene otros deseruidores sino los enemigos de Dios y los que lo fueron de vuestros avuelos[1604].

El 26 de abril, los inquisidores de Sevilla expresaban la misma opinión:

Tiene por cierto que los que principalmente han sido cabsa de las de las alteraciones de Castilla han sido los conversos y personas a quien toca el oficio de la Ynquisición[1605].

Resultan muy interesantes estas palabras del condestable pronunciadas el 24 de mayo:

La raíz de la revuelta destos reynos an causado conversos[1606].

Los comuneros de Toledo libraron la última batalla saliendo derrotados:

En esta batalla fueron hallados muchos muertos sin prepucios, escribió el bufón del emperador[1607]. Finalmente, en 1547, el cardenal Silíceo, para demostrar la necesidad de promulgar un estatuto de pureza de sangre en su catedral, recuerda el precedente de las Comunidades:

Todo el mundo sabe en España (…) que la revuelta de las Comunidades fue provocada por instigación de judeo-cristianos[1608].

Y, por fin, he aquí las conclusiones de F. Márquez, expresadas recientemente:

En cuanto a haber sido las Comunidades una revuelta esencialmente conversa era cosa muy sabida en la época y que los estudios de última hora muestran cada vez con mayor claridad[1609].

¿Qué prueban estas afirmaciones? Por sí mismas, nada. No es precisamente a base de repetir una acusación como se le presta consistencia. Los contemporáneos se vieron sorprendidos por la violencia de la insurrección, que, a decir, de algunos, se propagaba como una epidemia. Necesitaban una explicación, un chivo expiatorio, y encontraron para ello a los conversos. Otros, por su parte, acusaban en su lugar a los resentidos. De esta manera se ahorraban la molestia de buscar otras razones más profundas y más serias. Pero, ciertamente, los historiadores no pueden contentarse con unos testimonios tan poco convincentes. Pasemos ahora al estudio de los hechos.

2. Los hechos

Gutiérrez Nieto ha tratado de presentarlos inteligentemente y de forma matizada, aunque no ha podido evitar algunas ambigüedades.

I. En primer lugar, constata la participación individual de muchos conversos en el movimiento comunero: la familia Coronel, en Segovia; la familia Álvarez Zapata, en Toledo; Pedro de Tovar y Alonso de Saravia, en Valladolid, etc. Podría ampliarse esta relación y hacer figurar en ella, por ejemplo, a Diego de Peralta, regidor de Segovia[1610], y a muchos otros. En ocasiones, Gutiérrez Nieto se contenta con simples aproximaciones. Cree poder identificar al bachiller Alcalá con un tal Diego de Las Casas que, en 1519, había realizado gestiones para tratar de suavizar el procedimiento inquisitorial; asimismo, aduce que el hecho de que al comunero Blas se le conociera con el mote de puto judío podría indicar que también él fuera un converso[1611].

No vamos a discutir aquí estas cuestiones genealógicas. Es evidente que muchos conversos fueron comuneros. Lo que en realidad nos interesa es determinar hasta qué punto influyó su origen a la hora de aceptar el compromiso político. ¿Se hicieron comuneros porque eran conversos? Esto es lo que habría que demostrar y lo que nadie ha podido demostrar hasta ahora. Sabemos que en Valladolid el infante de Granada fue expulsado por un grupo de exaltados formado por conversos: el licenciado Villena, Saravia, Tovar, el bachiller de Alcalá, etc[1612]. Pero ¿por qué se pretendía eliminar al infante y a los moderados de Valladolid? ¿Acaso porque eran hostiles a los conversos o simplemente porque constituían un freno para la revolución? Todos los documentos que hemos consultado nos inducen a responder afirmativamente al segundo interrogante; en ninguno de ellos se menciona que la pertenencia a un grupo racial concreto desempeñara un papel importante en los acontecimientos de Valladolid. Tampoco se puede afirmar que estos exaltados estuvieran imbuidos de mayor celo revolucionario que los demás por el hecho de ser conversos. En este episodio, como en muchos otros, vemos claramente la existencia de una rivalidad de signo político. No parece posible reducir estas luchas políticas a meros conflictos de clanes o de razas.

Muchos creen haber aportado pruebas decisivas cuando demuestran la presencia de conversos entre los comuneros. Este hecho —indiferente por sí mismo— no modifica en absoluto nuestra interpretación del movimiento. Podríamos elaborar una relación muy nutrida de conversos que lucharon contra la Comunidad: Villalobos, los Vozmediano, Alonso Gutiérrez de Madrid, muchos comerciantes burgaleses… Gutiérrez Nieto no ignora este hecho, pero pretende que estas excepciones —pues según él se trata de excepciones— no son representativas. Se trata de decisiones individuales que obedecen al interés personal o al deseo de integrarse en la comunidad de cristianos viejos[1613]. Es decir, los conversos no serían verdaderamente fieles a sí mismos sino cuando decidían abrazar la causa de la Comunidad. Si tomaban la postura contraría estaban traicionando a su casta. Esto, desde luego, habría que demostrarlo.

II. Se podrá argumentar que más que las ocasiones individuales lo que realmente cuenta es la pertenencia a un grupo concreto. Y así se pone de manifiesto que los conversos eran numerosos en Toledo, Valladolid, Segovia, Madrid, ciudades profundamente comprometidas en el movimiento comunero. Este argumento ya ha sido utilizado por Américo Castro, quien, además, añade otro: las profesiones de la mayor parte de los exceptuados eran las mismas a las que habitualmente solían adscribirse los conversos. No creemos que este hecho constituya una prueba fehaciente. Entre los exceptuados se contaba un cierto número de sastres, y los conversos ejercían frecuentemente esta profesión. ¿Podemos concluir de este hecho que todos los sastres eran conversos y, por ende, comuneros? El movimiento comunero, esencialmente urbano en un principio —lo que no quiere decir que se limitara exclusivamente a las ciudades, ya que desde el otoño de 1520 se extendió también por las áreas rurales[1614]—, contaba entre sus filas con numerosos conversos, cosa lógica si se tiene en cuenta que los cristianos nuevos residían preferentemente en las ciudades. Según la tesis de Gutiérrez Nieto, los conversos se habrían sentido impulsados —como grupo social— a tomar partido por la revolución, porque constituían una minoría oprimida, insatisfecha y dispuesta a aprovechar la menor oportunidad para protestar contra su situación[1615], y así, se cita el caso de Valladolid, Segovia, Madrid, Toledo… Respecto a Toledo se nos ocurre una objeción. ¿Cómo explicar que en agosto de 1521, en el momento en que el dominio de doña María Pacheco había llegado a su punto más alto, se temiese que en la ciudad pudiera desencadenarse una matanza masiva de conversos[1616]?

En cuanto a Burgos, donde los conversos también eran numerosos, constituiría la excepción a la regla. Los conversos habrían hecho prevalecer sus intereses de clase sobre su solidaridad racial[1617]. ¿Y qué decir de Sevilla, donde la revuelta se volvió contra los conversos? Según Gutiérrez, ésta fue precisamente la causa principal de su fracaso[1618].

Nos parece mucho más plausible admitir que las opciones políticas se adoptan no en función de consideraciones de casta, sino de situaciones históricas que se imponen a los individuos y a los grupos, no según su origen religioso o racial, sino según criterios sociológicos o ideológicos.

III. ¿Qué razones concretas habrían podido impulsar a los conversos, como grupo social, a desear el triunfo de la insurrección? Una sola se nos aparece: el deseo de suprimir la Inquisición o, al menos, de suavizar su procedimiento de actuación. ¿Se plantearon los comuneros esta cuestión? Sí y no. Examinaremos este aspecto con más detalle en el capítulo siguiente. Limitémonos a decir aquí que los comuneros estaban profundamente divididos por lo que se refiere a la Inquisición, como reconoce el mismo Gutiérrez Nieto. La Junta discutió este problema, del mismo modo que se ocupó de muchos otros. Pero, desde luego, no fue ése su principal caballo de batalla. Algunos conversos esperaban que la revolución victoriosa suprimiera el Santo Oficio; otros, sin embargo, juzgaban con el mismo rasero a la Comunidad y a la Inquisición[1619]. Algunos inquisidores fueron comuneros, como, por ejemplo, el licenciado Francés, en Valladolid[1620]. Se ha citado con frecuencia la gestión de Alonso Gutiérrez de Madrid, que ofreció a Padilla, en el curso del verano de 1520, un préstamo de 800 ducados sin interés; Padilla aceptó los fondos, pero se negó a aceptar un compromiso[1621]. Preguntemos una vez más: ¿qué puede demostrar esto? No era la primera vez que los conversos luchaban por atenuar los rigores del procedimiento inquisitorial[1622]; no puede extrañarnos que intentaran comprometer en su juego a Padilla y a otros líderes comuneros, y este hecho no permite deducir que la Comunidad, como movimiento, fuera portavoz de los deseos y esperanzas de los cristianos nuevos.

Tres puntualizaciones son necesarias para concluir y resumir nuestro punto de vista al respecto:

1. ° Las investigaciones genealógicas resultan útiles, pero no suficientes. Ofrecen un punto de partida, pero no constituyen una conclusión. Una vez que se ha determinado que un escritor o un político son conversos, es necesario investigar hasta qué punto su condición de converso influye y condiciona su visión del mundo, su creación literaria o sus puntos de vista políticos.

2. La angustia existencial a la que hace referencia Américo Castro respecto a los cristianos nuevos (vivir desviviéndose) es, desde luego, cierta, pero habría que ser algo más exacto sobre ella. ¿Tenía la misma influencia esta angustia vital sobre los conversos de principios del siglo XVI, como la tuvo sobre los que vivieron a finales de la centuria? Tenemos nuestras dudas sobre este punto. A principios del XVI el Tribunal de la Inquisición no era todavía una institución definitiva; era lógico confiar en atenuar el rigor de sus procedimientos, o incluso en suprimirla por completo, y no faltaron las tentativas en este sentido. No fue sino más tarde y de forma progresiva cuando el Santo Oficio se convirtió en una especie de fatalidad suspendida sobre la existencia cotidiana de los cristianos nuevos, amenazados en su situación social, en sus bienes, en su dignidad, en su honor y en su vida.

3. ° Los conversos no constituían un grupo social homogéneo. Unidos por una solidaridad de víctimas en potencia de la Inquisición y del prejuicio de la pureza de sangre, adoptaban posturas políticas divergentes en función de afinidades que nada tenían que ver con su condición de miembros de una minoría. No era su pertenencia a una casta lo que determinaba su elección política, sino su situación, sus intereses y su temperamento. Creemos que Maravall ha expresado de manera perfecta este punto de vista:

No cabe hacer ninguna caracterización del movimiento de las Comunidades entendida como revuelta de conversos o contra ellos. Se trata de algo mucho más hondo y general. Por esta misma razón, es natural que hubiera conversos entre los rebeldes. Los hay en todas las manifestaciones de la vida española, porque probablemente el factor judío no falta en ninguno de los aspectos de la cultura europea. Que psicológicamente, algunos judíos y conversos pudieran sentirse inclinados a la rebelión como reacción contra violencias sufridas, es cosa que podemos tener por segura. Pero esto no define el movimiento ni lo distingue de otros[1623].

Un punto debe quedar claro. No pretendemos negar la participación de los conversos en el movimiento comunero. Esto es algo lógico y normal en tanto en cuanto los comuneros se reclutaban en las ciudades y en los medios sociales en que la presencia de los conversos era notoria. Y más aún: admitimos que los conversos aportaron proporcionalmente mayor número de adeptos a la Comunidad que otras comunidades o grupos sociales —sobre esto el ejemplo de Segovia es particularmente significativo[1624]. Lo que aquí rechazamos es la idea de que los conversos, como tales, desempeñaran un papel determinante en el desencadenamiento y dirección de la revolución, y que sus preferencias políticas les fueran dictadas en función de su pertenencia a una minoría perseguida.

7. LA «COMUNIDAD». ORGANIZACIÓN Y TENDENCIAS

Crea Vuestra Majestad que esta cosa en que acá estamos es tan diferente de todas cuantas se an visto en España que los presentes que en ella nos hallamos no sabemos guiallas y pues esto es asy los que están allá absentes tampoco las podrán juzgar.

…

En el caso en que estamos sabemos tan poco los viejos y nascidos en la tierra como los que nunca la vieron, porque devajo de los pies se nos levantan a voz de comunidad los que pensamos que estauan más sosegados[1625].

En este capítulo trataremos de situar en su práctica cotidiana, su organización y tendencias, este aspecto revolucionario de las Comunidades ante el cual el condestable no podía sino mostrar su desconcierto.

I. —ORGANIZACIÓN Y TENDENCIAS

La Comunidad, paralelamente a su expresión como proyecto revolucionario, se organizó en la base como democracia directa. Es sobre este aspecto, el más cotidiano y, por ello, el más frecuentemente olvidado, sobre el que queremos insistir en primer lugar. Para la inmensa mayoría de quienes los vivieron, los acontecimientos de los años 1520-1521 supusieron un cambio radical. El pueblo intervino, muchas veces de forma tumultuosa, en la vida política. Se le pidió su opinión sobre los grandes temas, pero su interés primordial radicaba en la participación, en el plano local, en la administración de su propia comunidad. Las asambleas de barrio discutían tanto los problemas menores como las grandes cuestiones y ratificaban o rechazaban las decisiones tomadas por las jerarquías superiores y, en definitiva, sentían la sensación de participar de forma activa en el gobierno de la ciudad y en la elaboración de las grandes orientaciones políticas. De forma gradual, en todas las ciudades adheridas al movimiento insurreccional se fueron creando organismos de discusión, de gestión y de dirección originales, de estructura flexible, que frecuentemente variaban de una a otra localidad. Los principios generales eran los mismos en todas partes, pero su aplicación quedaba a la iniciativa de los interesados. Así, cada ciudad elaboraba su propio sistema de dirección y de consulta a la población. Los lugares más tardíamente incorporados a la insurrección se inspiraban en las formas elaboradas en otras partes, pero sin sentirse obligados a reproducir un modelo impuesto[1626]. Lo esencial era que el poder residiera en la base, en la comunidad, término de difícil definición, por cuanto era utilizado en sentidos distintos: tanto podía significar el conjunto de la población como tener un sentido más restringido para designar el órgano de dirección. Esta flexibilidad y esta variedad constituyen, a un tiempo, la riqueza y la complejidad de ese gran movimiento popular que fueron las Comunidades.

1. En todas las ciudades en las que triunfó la revolución, el regimiento tradicional, formado por notables que se transmitían su oficio de padre a hijo, se amplió en un organismo más representativo que podía recibir nombres distintos: congregación en Valladolid, Junta en Valladolid, Zamora y Palencia, e incluso comunidad en el sentido limitado de la palabra, en otras partes. Los regidores —al menos los que aceptaron el nuevo ordenamiento— continuaron formando parte de la asamblea municipal; se les invitaba a ella e incluso en ocasiones se les obligaba so pena de severas sanciones[1627]. Muy pocos fueron los casos en los que se les excluyó de la participación en las responsabilidades[1628]. Es cierto, sin embargo, que las más de las veces perdieron todo su prestigio y autoridad efectiva. A su cargo quedaba la gestión de los asuntos administrativos rutinarios, en tanto que quedaban completamente al margen de las responsabilidades propiamente políticas y de todo poder de decisión[1629].

Dos nuevas categorías pasaron a formar parte de la asamblea municipal:

—Los representantes de los «estados» tradicionales: clero, caballeros y escuderos, hombres buenos pecheros cuya participación era deseada por los nuevos dueños de la ciudad e impuesta en muchas ocasiones[1630]. Esta voluntad de asociar a todas las categorías sociales a las tareas comunes y a las responsabilidades políticas expresa una preocupación fundamental en los comuneros, de la cual encontraremos posteriormente otras manifestaciones: la de asegurar la cohesión de la ciudad mediante la unión y —si tal era posible— la unanimidad de sus habitantes en el seno de una comunidad orgánica, de la que quedaban excluidos los traidores y los sospechosos, quedando estos últimos al descubierto al negarse a tomar parte en la acción colectiva.

—A los representantes de los «estados» se añadían los elementos elegidos directamente por la población, los diputados, a razón de dos por parroquia o barrio (cuadrillas de Valladolid, colaciones de Segovia y de Ciudad Rodrigo, ochavas de Toro, parroquias de Toledo, vecindades de Burgos, etc.). Son estos diputados los que constituyen la originalidad del movimiento comunero en la base. Más que los regidores, relegados a funciones secundarias, más que los representantes de los «estados», cuya participación era fundamentalmente simbólica, eran ellos los que dirigían la ciudad y quienes detentaban los más amplios poderes. Ellos parecían ser los únicos con derecho a voto en los debates, en tanto que, salvo excepciones, los restantes miembros de la asamblea se limitaban a una labor consultiva[1631]. En los documentos de la época la adhesión de una ciudad a la Comunidad aparecía siempre como una transferencia de poderes del corregidor y del regimiento tradicionales a los diputados, y la Junta general concedía una gran importancia a su elección[1632]. Se preocupaba de que fueran elegidas para estas funciones personas verdaderamente representativas, pero al mismo tiempo pretendía asegurarse la colaboración de los más competentes. Una vez que alguien había sido elegido no resultaba fácil rechazar el nombramiento y declinar las responsabilidades[1633]. Todos los nuevos diputados prestaban juramento antes de comenzar sus funciones. A partir de entonces toda posible defección ulterior era considerada como una traición y exponía al interesado a las más graves sanciones. Los diputados eran revocables a voluntad por los electores o por la Junta[1634]. Estos representantes elegidos desempeñaban un papel esencial, en la doble esfera de líderes políticos y de representantes de la población. Eran ellos quienes convocaban las asambleas de barrio, exponían los problemas del momento, sometían a aprobación las decisiones adoptadas y escuchaban las opiniones contrarias. Era a ellos a quienes acudían los habitantes para comunicar con la Junta local[1635]. Finalmente, ellos velaban por la aplicación de las medidas políticas o administrativas que hubieran sido decretadas por la asamblea municipal.

Así formada, la asamblea municipal se reunía en forma regular, a veces incluso cada día, y presidida generalmente por una personalidad que podía ser el corregidor, en caso de que la Junta general hubiera designado un funcionario de tal rango, o de su equivalente: justicia mayor en Madrid, capitán general en Valladolid, caudillo en Zamora, aunque esto no era obligado. Ya designado por la Junta o elegido por la población, el corregidor no era, por derecho, el presidente del consejo municipal. Ciudades como Valladolid, Toledo, Segovia no tuvieron nunca corregidores durante el conflicto de las Comunidades. En Segovia era un sacerdote, Antonio Meléndez, quien presidía los debates de la junta local[1636].

Cada consejo poseía sus propios funcionarios y sus agentes ejecutivos: secretarios de las sesiones, encargados de preparar el orden del día y el acta de la sesiones; cuadrilleros, que vigilaban la aplicación de las decisiones; consejeros jurídicos (letrados), jueces, etc[1637]. En las grandes ciudades, un organismo restringido —emanación del consejo municipal o grupo autónomo— se ocupaba específicamente de los asuntos militares: organización y encuadramiento de las milicias, armamento, equipamiento, rondas y turnos de guardia, dirección de las operaciones militares, etc. Era éste el Consejo o Junta de guerra que funcionaba en Palencia, Toledo o Segovia, y que tenía tendencia a ir concentrando todos los poderes de dirección. En efecto, la Junta local conservaba gran autoridad sobre los contingentes militares, que ponía a disposición de la Junta general; ella los reclutaba, los pagaba, les daba las órdenes directamente y exigía que le informara de la situación; desde enero hasta abril de 1521 fue la Comunidad de Valladolid, mucho más que la Santa Junta, la que pasó a encargarse de las operaciones militares[1638].

En los sitios donde no existía un consejo restringido de estas características se constituían comisiones especializadas: asuntos generales, políticos, militares, contactos con la Junta general y con la población, etc[1639]. Las Juntas locales disponían de una amplia autonomía y no se limitaban a la mera discusión de los asuntos de interés local. En las grandes ciudades, los debates políticos que se celebraban en ellas eran numerosos y apasionados: Valladolid, Salamanca, Segovia, Toledo… Lejos de seguir ciegamente a la Junta general, estas asambleas locales vigilaban constantemente la acción de los diputados nacionales, ejercían sobre ellos una constante presión y les impulsaban a menudo a situarse en posiciones de vanguardia, luchando contra lo que les parecían concesiones o posiciones timoratas injustificadas. Ya hemos visto anteriormente cómo las cuadrillas de Valladolid obligaron a la Santa Junta a tomar medidas enérgicas contra los nobles y contra el poder real. Durante los últimos meses de existencia del movimiento comunero fue la Comunidad de Valladolid, antes que la Junta general, la que desempeñó el papel esencial en la lucha política, no sin que se produjeran constantes roces y fricciones con los diputados que consideraban estas intervenciones como presiones intolerables[1640].

2. La intervención de la población en la vida política se realizaba gracias a la institución de los diputados, elegidos y revocables, pero en ocasiones esta participación tomaba formas mucho más directas. Las sesiones de la Junta local eran públicas, y a ellas todo el mundo podía asistir, en principio, y dar su opinión. Esta vuelta a la práctica del concejo abierto de la época medieval no tuvo, al parecer, gran duración. En las semanas posteriores al levantamiento las asambleas municipales se reunían en medio de una multitud tumultuosa y tomaban sus decisiones en medio de la mayor confusión. Los secretarios de sesión debían anotar los nombres de los asistentes, en la medida de lo posible, y elaborar un resumen de los debates. ¿Cómo realizar su trabajo, cuando la gente entraba y salía sin parar y cuando todo el mundo hablaba al mismo tiempo[1641]? Muy pronto, pues, se establecieron reglas más estrictas. Solamente podían asistir a las reuniones de la asamblea municipal los que formaban parte de ella y un pequeño grupo de observadores, que normalmente permanecían en absoluto silencio[1642].

Por razones de eficacia, los comuneros renunciaron a los ayuntamientos públicos, pero no por ello dejó la población de estar directamente involucrada en la acción de sus representantes. Esta participación quedó institucionalizada mediante las asambleas de barrio, que se reunían a intervalos irregulares y debido a circunstancias diversas. Unas veces se trataba de simples reuniones informativas, en el curso de las cuales los diputados daban cuenta de su mandato o exponían problemas generales, pasando a veces la palabra a un representante de la Junta general (un diputado o un propagandista que habitualmente era un monje). En otras ocasiones se invitaba a la población a pronunciarse sobre una cuestión respecto a la cual el consejo municipal aparecía dividido; otras veces, en fin, la población tenía que votar sobre un aspecto de política general propuesto por la Junta general o por la asamblea local[1643].

Eran los diputados quienes se encargaban de convocar las asambleas de barrio a través del tañido de campanas o mediante el pregonero municipal[1644]. Los habitantes se reunían entonces en el local previsto para tal efecto, generalmente la iglesia parroquial. Los diputados exponían el objeto de la reunión y solicitaban la opinión de los asistentes. La votación ponía fin a la discusión[1645]. Después de la derrota de Villalar los miembros de la oposición (los contrarios) se quejarían amargamente de la forma en que se desarrollaban normalmente los debates y de la dictadura que ejercían los diputados y sus hombres de confianza. Unos individuos con aire amenazador, espada en mano y la escopeta al alcance, se situaban en las cuatro esquinas de la sala. En cuanto alguien se atrevía a expresar una opinión poco conforme a los deseos de los diputados, inmediatamente se levantaban frente a él y le obligaban a callar; así, los buenos —los contrarios— preferían callarse y asistir como mudos a estas asambleas, a las que no podían dejar de acudir so pena de ser calificados como traidores y sospechosos. En tales condiciones las decisiones se tomaban casi siempre por unanimidad[1646].

Naturalmente, aparece una notable hostilidad sistemática en estas descripciones, que expresan el punto de vista de enemigos políticos desengañados, de notables humillados al verse reducidos a un papel secundario, en el mismo plano que los simples zapateros o palafreneros. Lo cierto es que las discusiones políticas discurrían las más de las veces en un clima de gran libertad y que no siempre terminaban con una votación unánime o conforme a los deseos de los comuneros; en este sentido hemos dado diversos ejemplos en los capítulos anteriores[1647]. Los oradores más elocuentes no eran siempre los más atentamente escuchados. Incluso un asistente habitual a estas reuniones, Saravia, afirmaba que los malos discursos eran más eficaces porque los comuneros desconfiaban de las bellas palabras[1648]. Esto no se refería a los propagandistas habituales de la Junta general, los monjes, acostumbrados a hablar ante una audiencia popular y que contaban siempre con los recursos necesarios para provocar la aprobación y el aplauso general. Todo un arte que los militantes comuneros habían asimilado a la perfección era el de predisponer a su favor a la población cuando se iba a celebrar un debate importante[1649].

La vida política de la época de las Comunidades, a través de la Junta local, los ayuntamientos públicos y las reuniones de barrio era, así, de una gran originalidad. Los historiadores han insistido con un énfasis excesivo en el aspecto tradicional del movimiento, en el que no han visto más que una tentativa ilusoria de retornar a un pasado ya lejano: el concejo abierto medieval. Desde luego, no hay que minusvalorar el peso de la tradición sobre los comuneros, que se expresaba a veces en forma inocente:

La boz del pueblo que es boz de Dios; escribía la Comunidad de Jaén en septiembre de 1520[1650]. Pero, junto a estas reminiscencias medievales, creemos hallar también tendencias más modernas, un intento de democracia representativa por la institución de los diputados elegidos, diputados que la ciudad de Toledo hubiera deseado conservar después del fracaso de la rebelión y que aparecían a los vencedores como símbolo de una revolución deshonrada[1651]; una tentativa original de democracia directa que planteaba dificultades —dificultades que en ningún momento trataron de ocultar los responsables, que esperaban, sin embargo, poder educar políticamente a las masas[1652]—. Los comuneros trataron de poner fin a un sistema anticuado de gobierno municipal que reservaba el poder real a un grupo de privilegiados. La Comunidad era para ellos la colectividad, el conjunto de la población y, más concretamente, la masa anónima, excluida desde hacía mucho tiempo de toda forma de expresión política[1653]. La práctica política de las Comunidades nos recuerda a la de los «sans-culottes» de la Revolución francesa con sus asambleas comunales, sus asambleas de sección, sus presiones sobre los representantes elegidos, que podían ser revocados en cualquier momento, y por esa voluntad de sustituir «la noción abstracta de la soberanía ejercida a través de una asamblea nacional» «por la realidad concreta del pueblo congregado en sus asambleas de sección[1654]». La derrota de Villalar dio al traste con esta experiencia. A partir de 1521 los consejos municipales volvieron a quedar en manos de unos cuantos privilegiados desligados de la población, y las ciudades castellanas cayeron de nuevo en la apatía de la que las había sacado durante un tiempo la revolución de las Comunidades.

Si la tradición castellana de los concejos inspiró las tendencias democráticas de los comuneros, fue el modelo italiano el que se siguió a la hora de elaborar el amplio plan de descentralización. Ya hemos visto cómo cada comunidad elaboraba su propia organización política y conducía sus propios asuntos con gran autonomía, limitándose la Junta general a proveer las directrices generales y a ejercer las responsabilidades a escala nacional. Son muchos los detalles que nos impiden pensar en una tendencia de carácter espontáneo. Sin duda, los comuneros pretendían hacer de Castilla una federación de ciudades libres. Ya en 1516, Málaga, tras rebelarse contra el almirante de Castilla, pretendió gobernarse a la manera de Génova. En los momentos subsiguientes al estallido de la rebelión en Toledo, el marqués de Villena llamó la atención del cardenal Adriano respecto a las intenciones de los insurrectos, que invocaban el ejemplo de las ciudades italianas; pocos meses más tarde, el almirante de Castilla insistía sobre el mismo aspecto, y los cronistas, desde Guevara a Damián de Goes, se ocuparon del mismo tema: las ciudades sublevadas contemplaban transformarse en pequeñas repúblicas autónomas según el modelo de las ciudades italianas. Al igual que en Italia, las ciudades castellanas controlaban ya un territorio más o menos extenso, que se extendía mucho más allá del perímetro urbano. Lo que posiblemente interesó más a los comuneros era que en las comunas italianas —al menos así se lo parecía a ellos— nobles y plebeyos estaban igualmente asociados al gobierno de la ciudad, en tanto que en Castilla una evolución relativamente reciente había acabado reservando los cargos municipales a una pequeña minoría de privilegiados, totalmente desligados de las nuevas fuerzas económicas y sociales. El deseo de obtener una autonomía más amplia y la tendencia a democratizar la vida política se unieron, pues, para reforzar el principio que impulsaba a los comuneros a conceder mayor importancia a las instituciones de la ciudad y a levantar con ellas una especie de muralla contra la arbitrariedad y el autoritarismo del poder central. No es imposible, por otra parte —como cree Maravall—, que en medio de estas teorías se hubieran deslizado ciertas ideas republicanas difusas, reforzadas por la lectura de los autores clásicos. No obstante, la idea de un gobierno republicano no aparece en los comuneros; su meta debía ser más bien la creación de una monarquía muy descentralizada en la que las comunas autónomas habrían dispuesto de poderes autónomos muy amplios, dentro de unos límites compatibles con la existencia de un gobierno central, responsable de la dirección de la política nacional. Tal fue, en efecto, lo que se produjo en 1520-1521. Las comunidades locales desempeñaban un papel muy activo; la Junta general debía contar en todo momento con ellas y no trataba, por lo demás, de inmiscuirse en sus asuntos internos, salvo cuando se trataba de imponer un modelo de gobierno democrático, en contra de los privilegiados y de los caballeros.

3. La práctica revolucionaria de las Comunidades se organizó en función de dos temas estrechamente ligados entre sí: unidad y vigilancia. Unidad en torno a los principios y los fines de la revolución. Todas las clases sociales y todas las ciudades podían unirse al movimiento cuya fuerza procedía, desde el primer momento, de una amplia unanimidad. Conforme iba precisándose, el proyecto revolucionario encontró serias oposiciones que se trataron de superar. Las llamadas a la unión se completaron entonces con una advertencia contra los traidores y sospechosos que se descubrían a sí mismos al negarse a colaborar con sus conciudadanos. La revolución produjo así sus medios de coerción y sus propias formas de terror. El juramento era el símbolo de la unidad y la vigilancia. Inmediatamente después de quedar constituida, toda comunidad exigía un juramento de fidelidad colectivo, ceremonia solemne cuya finalidad era asegurar la cohesión del grupo e impedir, denunciándola antes de que se produjera, cualquier posible defección. Toda la población desfilaba ante la puerta de una iglesia y juraba sobre la cruz ser fiel en todo momento a la comunidad, obedecer a la Junta y denunciar a los traidores[1655][1656]. La causa de la revolución adquiría de este modo un carácter sagrado que queda perfectamente plasmado en los adjetivos utilizados: el santo propósito, la Santa Junta. El contrarrevolucionario que osaba violar el juramento, rompiendo la unanimidad del grupo, se excluía a sí mismo de la comunidad y quedaba expuesto a las represalias y sanciones. La delación era un elemento más del sistema revolucionario. En Toledo, doña María Pacheco contaba con un nutrido grupo de informadores y soplones (malsines) que se deslizaban en las reuniones y las concentraciones, escuchaban las conversaciones y vigilaban las maniobras de los sospechosos. En Madrid, un grupo de agentes especializados controlaban la correspondencia[1657]. Traidores y sospechosos eran sometidos a una vigilancia constante que no les dejaba otra alternativa posible que la huida. Enalmagrados, tal era el calificativo con el que se designaba a los sospechosos en Toledo, expresión característica que recuerda al color ocre (almagre) con el que se marcaba al ganado y con el que se embadurnaba las puertas de las casas de los judíos en el siglo XV. Los sospechosos eran, pues, marcados, vigilados[1658]. Cuando en una ciudad su número era demasiado elevado o cuando sus maniobras ponían en peligro el orden revolucionario, las autoridades pronunciaban contra ellos órdenes de destierro[1659]. Los traidores o los contrarrevolucionarios declarados se exponían a recibir sanciones mucho más fuertes. Generalmente, su casa era saqueada y destruida, sus bienes confiscados y vendidos en pública subasta y ellos eran hechos prisioneros, juzgados por tribunales populares y, en algunos casos, ejecutados[1660].

La vigilancia no se limitaba a mantener a raya a los sospechosos y a los enemigos internos, sino que se concretaba también en la protección de la ciudad contra cualquier ataque procedente del exterior. En todas partes se tomaban precauciones extraordinarias. Se reparaban las fortificaciones antiguas y se completaba el dispositivo de defensa de la ciudad: murallas, puertas, puentes, fortalezas, cuya vigilancia se confiaba a hombres de confianza. Las plazas fuertes de las cercanías de Valladolid fueron desmanteladas cuando se hizo imposible mantener en ellas una guarnición permanente[1661]. Todas las ciudades organizadas en comunidad se consideraban como en estado de sitio; las entradas y salidas eran vigiladas estrechamente. Todo viajero que no dispusiera de las autorizaciones pertinentes o que careciera de un salvoconducto en regla se exponía a que se le prohibiera la entrada en el recinto urbano; además, su equipaje era cuidadosamente registrado[1662]. Por la noche la vigilancia era aún más estricta. Grupos de hombres armados montaban guardia en los puntos estratégicos, patrullaban por las calles y a lo largo de las murallas; en cada barrio existía un grupo de vigilancia dispuesto a dar la alarma inmediata en caso de peligro[1663]. La población debía estar preparada para atender de inmediato una orden de movilización. Los diputados eran los responsables de los distintos barrios y conservaban las armas en sus casas, que eran rápidamente distribuidas llegado el momento. En las grandes ciudades (Valladolid, Madrid, Toledo) contaban con la colaboración de un capitán de barrio, quien, a su vez, tenía bajo su mando a una serie de jefes de patrulla, responsables de quince o veinte hombres cada uno. A la menor señal de alarma este dispositivo se ponía en marcha. El jefe de patrulla reunía a sus soldados, les conducía a presencia del capitán o del diputado, el cual les entregaba las armas. Inmediatamente, la tropa se ponía en marcha para rechazar al enemigo o realizar una incursión en tierras del adversario[1664]. Fue de este sistema del que se sirvió Toledo en el verano de 1521 para asegurarse el aprovisionamiento, cuando el ejército del prior de San Juan comenzó a cerrar el cerco en torno a la capital.

Este dispositivo militar completaba la labor de las milicias que existían en cada ciudad y que estaban a disposición de la Junta general. Toda la población participaba en el esfuerzo de guerra. Los hombres en edad comprendida entre los dieciocho y los sesenta años eran movilizados en la milicia o en las patrullas de barrio, y las viudas y ancianos contribuían a la defensa común aportando armas, pólvora o dinero destinado a adquirirlas[1665]. Los comuneros intervenían prioritariamente el dinero de los impuestos; a continuación, los bienes de los traidores y de los contrarrevolucionarios, que iban a buscar a los conventos donde generalmente los escondían[1666]. Cuando estas medidas eran insuficientes para hacer frente a las enormes necesidades financieras que exigía la continuación de las operaciones militares, se recaudaban impuestos excepcionales: impuestos extraordinarios (sisas) sobre los bienes de consumo, contribuciones especiales (repartimientos), préstamos forzosos por parte de los ricos. Asimismo, se ocupaban los Melles del clero en las iglesias y conventos[1667].

Por tanto, la revolución, que pretendía, entre otros objetivos, liberar al pueblo de la opresión fiscal y conducirle hacia formas de democracia directa o semidirecta, se veía obligada a poner en marcha un procedimiento coercitivo más de acuerdo con una organización dictatorial y a exigir constantemente nuevos y cada vez mayores impuestos. Esta paradoja no es exclusiva de las Comunidades. Algunos contemporáneos —no muchos, es cierto, y el cardenal Adriano entre ellos— admiraban esta abnegación de la población que aceptaba con tanta facilidad, al principio con entusiasmo, luego con resignación, tan duros sacrificios con la esperanza de conseguir un futuro mejor. Otros —los más— no dejaron de denunciar la tiranía de un puñado de agitadores que ejercían una tiranía despiadada y que aplastaban al pueblo con pesados impuestos so pretexto de liberarlo de los tiranos y los opresores[1668]. ¿Cuál era, en verdad, el futuro que los jefes revolucionarios ofrecían a sus partidarios? El análisis de las tendencias de la Santa Junta nos permitirá descubrirlo, al menos en parte.

II. —LA «SANTA JUNTA»

La asamblea que se había convocado y que se reunió en Ávila en agosto de 1520 se proponía, en principio, examinar la situación del reino y estudiar las reformas que debían ser emprendidas. En realidad, alimentaba mayores ambiciones, que salieron a la luz después de su traslado a Tordesillas en el mes de septiembre. Apoyándose en la autoridad de la reina, que había recogido Padilla en su entrevista con ella, la asamblea se proclamó entonces Cortes e Junta General del reino, título que habría de conservar hasta el fin de la guerra civil y que expresa el doble carácter de la institución. Como Cortes, la asamblea agrupaba a los procuradores de las ciudades representadas en las sesiones convocadas por el rey; sobre esta base, se consideraba cualificada para discutir las reformas que se debían implantar en el país. Como Junta general del reino, la asamblea actuaba como un auténtico Gobierno, concentrando todos los poderes del Estado, y aparecía como el órgano supremo de la revolución. Esta dualidad no fue formulada nunca claramente, pero se desprende de la práctica de actuación de la Santa Junta (tal era el nombre que se daba a sí misma y con el que la conocían sus partidarios) desde su asentamiento en Tordesillas, y los contemporáneos no se engañaron al respecto. Burgos aceptó el papel consultivo de la Junta —organismo de discusión y deliberación—, pero se negó a ver en ella un elemento ejecutivo, un gobierno revolucionario. Fue esta divergencia fundamental la que le sirvió de pretexto para romper —con los comuneros[1669]. Otros diputados compartían estas reticencias, aunque sin expresarlas con tanta claridad y, sobre todo, sin tomar una postura tan firme. Pero esta ambigüedad no dejaba de flotar sobre la asamblea; una parte de sus miembros se mostraría solidaria, en el futuro, de una línea de conducta que no aprobaba completamente.

A esta ambigüedad sobre la naturaleza y el objeto de la Junta se añadía una segunda causa de malestar que yacía en la misma composición de la asamblea. Elegidos para poner en marcha un programa reivindicativo, muchos procuradores no estaban dispuestos a desempeñar el papel que en realidad les correspondió: el de responsables políticos encargados de animar y dirigir la revolución. En agosto y septiembre de 1520 las ciudades enviaron a Tordesillas hombres representativos de todas las categorías sociales: regidores, caballeros, eclesiásticos, juristas, teólogos, hombres del pueblo (es decir, comuneros en sentido estricto), lo cual se comprende perfectamente por cuanto el primer objetivo de la Junta era el de restablecer el orden en el reino y, por tanto, necesitaba recoger la opinión de las personas más autorizadas y más representativas de los diversos medios sociales[1670]. Una especie de unión nacional quedó establecida a raíz de las primeras sesiones de la Junta y los jefes del movimiento no podían sino sentirse satisfechos por este amplio acuerdo que permitía aislar a los representantes del poder real.

Cuando la Junta se transformó en gobierno revolucionario sin dejar de ser una asamblea representativa y deliberadora y, sobre todo, cuando tras la aparente unanimidad de los primeros momentos comenzó a delinearse la rivalidad de los dos grupos antagónicos, muchos procuradores se encontraron cogidos en la trampa. Aceptaron asistir a las sesiones de la Junta arrastrados por la poderosa corriente que conmovió al país tras el incendio de Medina del Campo; la indignación contra los flamencos y sus cómplices se mezclaba con el entusiasmo popular y con la voluntad de reorganizar el país. Se sentían seguros de que el poder real se rendiría rápidamente y concedería las reformas solicitadas. Pero el núcleo inicial de la Junta planeaba explotar a fondo su victoria; Padilla se instaló en Tordesillas y la Junta decidió disolver el Consejo Real. Por su parte, el poder real se reorganizó: se nombraron nuevos virreyes y los señores comenzaron a distanciarse del movimiento antes de situarse abiertamente en su contra. Se preparaba una auténtica guerra civil. Se pretendía provocar una revoluciona. Algunos procuradores hubieran deseado retirarse, romper su compromiso, pero era demasiado tarde; ya eran prisioneros de su electorado, de un electorado que, al quedar reducido a una parte de la población, había endurecida tu postura. En agosto y septiembre casi todo el mundo (regidores, caballeros, clero, comunidad) había participado en la elección de los procuradores. En octubre-noviembre la situación era distinta: los caballeros habían huido de las ciudades, habían sido expulsados o bien se limitaban a mantenerse en silencio. Y en cuanto a los procuradores elegidos, renunciar a su misión hubiera sido como firmar su sentencia de muerte. Burgos no tuvo dificultad en reclamar a sus representantes, porque los notables conservaban intacta su influencia en la ciudad; pero Valladolid, tentada a seguir el ejemplo, hubo de rendirse a la evidencia: los moderados estaban en notable minoría. Los procuradores de Valladolid —Saravia, Vera— se contaban entre los más radicales de la Junta. Los notables, que todavía controlaban la ciudad en octubre, les destituyeron. No se hizo esperar la respuesta de la Junta general, protestando contra esta decisión, por su irregularidad. Los procuradores habían sido designados por un amplio cuerpo electoral (justicia, regidores, diputados e hasta multitud de hombres buenos de la comunidad) y no podían ser revocados salvo por quienes les habían elegido. Era tanto como situar al pueblo en contra de los notables, lo cual fue declarado abiertamente por la Junta:

También nos paresce que una cosa tan sustancial como es remover un procurador de Cortes que es razón que se haga con voluntad de toda la villa y no de personas particulares (…). Pedimos por merced a vuestra merced que desta carta y de la voluntad que teneys deys cuenta y se lea a todas las quadríllas y que lo que se oviere de hacer sea con mucha conformidad de toda la villa.

En este problema, como en toda circunstancia política, la última palabra correspondía a la comunidad, es decir, al pueblo reunido en sus asambleas de barrio, al pueblo por oposición a los notables:

También es bien que vuestra merced sea ynformado como todas las cibdades e villas que están en la Santa Junta traxeron procuradores señalados de comunidad y que no es razón que una comunidad tan grande y tan honrada como la de esa villa y que tanto ha hecho en este santo propósito esté sin él[1671].

El razonamiento fue también adoptado y desarrollado extensamente por los teóricos de la Junta:

Por los nobles señores [de] la quadrilla de Mercado, que tan principal es en esa muy noble villa, e asimismo [por] otra moltitud de vecinos [de] quadríllas, segund por sus firmas parece, hemos sydo ynfonrmados por sus cartas que la remoueción de procuradores que se haze o quiere hazer es contra su voluntad e parecer y porque, como vuestra merced sabe, la principal cosa con que las cosas deste santo propósito an venido en el estado presente a sy[do] en proveherse lo que conbenía en cada cibdad con acuerdo e parecer de la comunidad generalmente, no de particulares, aunque tengan oficio que represente lo general, pedimos por merced a vuestra merced tenga mucha consideración como syempre han hecho en no dar lugar a que en los casos generales en que ha de preceder voluntad en el revocar de todos los que fueron en otorgar se puedan señalar pasiones particulares que den cabsa a alborotos ni escándalos y la libertad de los comunes sea supremida, pues en lo de hasta ahora son ellos los a quien principalmente deve el reyno la conservación de sus libertades[1672].

Los moderados de Valladolid ganaron el primer asalto: el 25 de octubre, Saravia y Vera cedieron su puesto de procuradores a otros hombres menos comprometidos, don Bernaldino Pimentel y don Pedro de Bazán. Un mes más tarde, sin embargo, la comunidad se tomó la revancha, marginando al infante de Granada y a los suyos y enviando nuevamente a la Junta a Vera y Saravia[1673].

Muchos procuradores no compartían el ardor revolucionario que demostraban algunos de sus colegas. Pese a ello siguieron en su puesto, participando contra sus auténticos sentimientos en un movimiento que les superaba y que desaprobaban sin atreverse a decirlo abiertamente. Y es que se veían obligados a continuar en su puesto coaccionados por sus mandatarios que no eran ya electores complacientes como al principio —caballeros y comuneros mezclados—, sino auténticos militantes, encuadrados por diputados celosos e intransigentes. Uno se pregunta por qué esos procuradores reticentes y timoratos no fueron sustituidos por hombres más decididos. Efectivamente, ciertas ciudades intentaron nombrar nuevos representantes, lo que, sin duda, hubiera reflejado con mayor exactitud la evolución experimentada desde las primeras sesiones de la Junta, pero estas sugerencias fueron rechazadas enérgicamente por las comunidades de Valladolid y Segovia, dos de las más revolucionarias. El motivo que invocaron parece importante: había que mantener a toda costa la unidad —al menos aparente— en el seno del movimiento[1674]. La designación de nuevos procuradores hubiera significado admitir la existencia de desacuerdos y rivalidades en la Junta, confesar que la unidad del reino representada por la asamblea no era ni mucho menos tan perfecta como se pretendía dar a entender.

Por lo demás, tampoco era tan importante modificar la representación de algunas ciudades. Los procuradores, sometidos a la doble presión de sus electores y de la comunidad de Valladolid, sede de la Junta, acababan casi siempre inclinándose y aceptando las decisiones más extremistas[1675]. Esto explica la constante tensión entre la Junta general y la comunidad de Valladolid en la última etapa del movimiento comunero. La mayor parte de los procuradores deseaban llegar a un entendimiento con los nobles y el poder real, pero no se atrevían a proclamarlo abiertamente porque se sabían vigilados por las cuadrillas de Valladolid. Don Pero Laso de la Vega y el bachiller Guadalajara tomaron la decisión más lógica, dadas las circunstancias: traicionaron a la insurrección y se pasaron al bando contrario. Otros procuradores se limitaron a desaprobar las formas más brutales de la guerra (pillajes, detenciones arbitrarias) y a proseguir las negociaciones con el adversario con la esperanza de conseguir una paz de compromiso que permitiera volver a la unión nacional de los primeros momentos de la rebelión[1676].

Tan sólo un pequeño grupo de procuradores se identificaba plenamente con la revolución: Saravia, Vera, Francisco Maldonado, Gonzalo de Guzmán, Pero Ortega, fray Pablo de León… Apoyados por los jefes militares (Acuña, Padilla, Bravo, don Pedro Maldonado) y por las comunidades más poderosas (Valladolid, Toledo, Salamanca, Segovia, Zamora, Palencia…) practicaban con sus colegas la política de los hechos consumados y les obligaban a suscribir posturas las más de las veces poco concordes con sus más profundas convicciones. Gracias a su impulso, la Junta general continuó ejerciendo sus funciones y representando, a los ojos del enemigo, el gobierno revolucionario en forma colegial, esa hidra a la que se habían cortado varias cabezas a raíz de la conquista de Tordesillas, pero que se había reconstruido de inmediato en Valladolid, con mayor arrogancia si cabe, ese poder que, como Anteo, encontraba nuevas fuerzas reanudando el contacto con la comunidad, su tierra nutricia[1677].

Más adelante examinaremos el programa político de la Junta. Como centro del gobierno revolucionario, la asamblea organizó su trabajo de una forma bastante flexible en Tordesillas, para ser luego más estricta, al menos en apariencia, en Valladolid.

En esta última ciudad los procuradores, que se alojaban en casas confiscadas a los contrarrevolucionarios, celebraban sus sesiones en el palacio del comendador Ribera[1678]. Se reunían diariamente de nueve a once de la mañana y de dos a seis de la tarde; los que llegaban tarde debían entregar un bote de mermelada (diacitrón) en concepto de multa. Desde el 21 de febrero la sesión matinal se prolongó una hora más, comenzando entonces la de la tarde a las tres[1679]. La Junta siguió conservando el carácter de un gobierno colegial: carecía de presidente permanente y de comité de dirección; toda la correspondencia debía ser dirigida a la Junta en forma colectiva[1680]. El 16 de marzo, la cuestión de la presidencia quedó regulada de una forma muy democrática. Los procuradores presidirían en turnos de una semana, según el orden siguiente (¿determinado quizá por sorteo?): León, Zamora, Salamanca, Toro, Segovia, Ávila, Valladolid, Murcia y Toledo[1681]. A partir del 14 de febrero se adoptó un procedimiento similar para la firma de los documentos oficiales: todos los decretos debían llevar la firma de tres procuradores, que eran distintos cada semana. La primera semana fueron los procuradores de Toledo, Segovia y Murcia los encargados de esta labor; a continuación, los de Ávila, Salamanca y Toro; luego, los de León, Valladolid y Zamora, y, por último, los de Guadalajara, Madrid y Soria[1682].

El gobierno revolucionario no comenzó a funcionar realmente hasta finales del mes de septiembre, cuando Padilla se apropió del sello real que guardaba el Consejo Real. Se trataba de uno de los sellos acuñados con la efigie de la reina Juana entre 1506 y 1516[1683]. Este sello quedó en Tordesillas cuando la ciudad fue ocupada por las tropas realistas, pero una de las primeras preocupaciones de la Junta reorganizada en Valladolid fue la de acuñar un nuevo sello[1684]. Idéntico respeto por las formas jurídicas se revela en la forma de redactar los decretos (provisiones), emanados en nombre de la reina y el rey; pero si bien se conservaba en ellos la titulación tradicional, desapareció por completo cualquier alusión a la dignidad imperial de Carlos V. Sin duda, esto se debía a un compromiso y a una afirmación de principio. Los comuneros deseaban restablecer los derechos de la reina; prueba de ello lo encontramos en el sello elegido, que únicamente llevaba las armas de la reina; pero ante la imposibilidad de llegar hasta la victoria total en este aspecto, consiguiendo el derrocamiento de Carlos V, continuaron redactando los decretos en nombre de la reina y del rey con una omisión significativa: los comuneros se negaban continuamente a reconocer la dignidad imperial de su rey; para ellos, Carlos era simplemente rey de Castilla, al mismo tiempo que su madre, lo que suponía ya una concesión importante. Pero Ortega, procurador de Toledo, y dos altos funcionarios, Juan de Salcedo y Miguel de León, eran quienes se encargaban de dirigir los asuntos de la Chancillería.

Podríamos clasificar los actos de gobierno de la Junta en tres apartados:

1. ° Asuntos políticos y administrativos. Las provisiones de este tipo eran elaboradas por tres secretarios: Antonio Rodríguez, Lope de Pallares y Juan de Mirueña, el último solamente hasta enero. En Tordesillas eran casi siempre los mismos procuradores los que refrendaban estos documentos: don Hernando de Ulloa, de Toro; el comendador Almaraz y Diego de Guzmán, ambos de Salamanca; Hernando de Porras, de Zamora; don Pedro de Ayala, de Toledo; Diego de Esquivel, de Guadalajara; Diego del Esquina, de Ávila. En Valladolid, todos los procuradores, por turno, eran invitados a firmar los decretos en el orden que ya hemos indicado anteriormente, pero parece que este procedimiento no fue fielmente respetado. Francisco Maldonado se encargaba de la correspondencia y de los correos. Durante todo el tiempo que duró la guerra civil la Junta desplegó una intensa actividad administrativa. A ella competía el nombramiento de corregidores, gobernadores y alcaldes en todos los territorios que reconocían su autoridad. Sin embargo, concedía amplia autonomía a las comunidades locales, como ya hemos dicho en páginas precedentes. Para encargarse de los asuntos militares, la Junta designó en enero una comisión formada por dos procuradores (Alonso de Saravia y don Pedro de Ayala) y dos militares (Padilla y Juan de Toledo). Era una tentativa por volver a controlar la dirección del ejército y el desarrollo de las operaciones, pero lo cierto es que las milicias siguieron dependiendo en gran medida de las ciudades que las mantenían, las cuales pretendían participar en todas las iniciativas en este sentido. No obstante, la Junta contaba con varios contingentes a los que ella pagaba completamente: soldados de oficio (guardas) y tropas escogidas[1685]. Incapaz de imponer sus puntos de vista al conjunto del ejército, se limitó a fijar las directrices generales a sus jefes (Girón, Padilla, Acuña) y, a partir del mes de enero, a protestar contra los excesos cometidos por las tropas (pillajes, destrucción de las cosechas, etc.)[1686]. En la práctica, los capitanes obedecían a las comunidades locales más que a la Junta general. A partir de enero existió una mejor coordinación, necesaria por la evolución de la situación política (negociación con el enemigo, treguas diversas), aunque las divergencias y las discusiones en torno a las atribuciones de unos y otros no desaparecieron completamente en este período.

2. ° Las finanzas. Varios procuradores se hicieron cargo sucesivamente o simultáneamente de la responsabilidad de las finanzas: Alonso de Cuéllar, Gonzalo de Guzmán, Diego de Guzmán, Pedro de Ulloa, Francisco Maldonado y, en ocasiones, don Pero Laso de la Vega. No obstante, el nombre que más veces aparece en este tipo de documentos es el de Pero Ortega, procurador de Toledo, a quien se puede considerar como el ministro de Finanzas de la Junta. A su cargo estaba el presupuesto general, ayudado por personal especializado: Iñigo López Coronel, tesorero general y contador de la Junta de Tordesillas. Acusado de malversación, o al menos de negligencia, fue depuesto de su cargo en diciembre[1687] y sustituido por Juan Díaz de Canseco. Hernán Gómez de Alcocer se encargaba del pago de las soldadas al ejército[1688]. Dos secretarios —Francisco de Santamaría y Pero Alonso— completaban el cuadro de colaboradores de Ortega.

La Junta general sintió en todo momento gran preocupación por la situación financiera del reino, que consideraba catastrófica. En octubre confió a dos de sus miembros, el canónigo Juan de Benavente y Juan Solier, y a un especialista, Iñigo López Coronel, el encargo de llevar a cabo una exhaustiva información sobre la situación de las finanzas públicas. Debían realizar un cómputo exacto de los ingresos del Estado (rentas reales, tercias, alcabalas, pedidos, monedas, servicio, martiniegas, cruzada, décimas, maestrazgos, etc.) y elaborar un balance: ¿qué sumas se habían ingresado?; ¿cuándo?; ¿por quién?; ¿había habido gastos?; ¿quién había hecho tales gastos?; ¿qué sucedía con las soldadas?; ¿cuáles eran las sumas que aún no habían sido ingresadas?, etc[1689]. No sabemos si esta encuesta llegó a realizarse, pero desde luego la Junta tomó medidas restrictivas. Todos los ingresos del Estado quedaron bloqueados y no se podría hacer gasto alguno sin previa autorización[1690]. Esto permitió a la Junta disponer de una parte considerable de las rentas del Estado.

El presupuesto de la Junta no era muy complicado. En el capítulo de entradas existían tres fuentes de ingresos fundamentales:

—Los impuestos ordinarios se ingresaban cuando ya habían sido recaudados; algunas veces se encargaban agentes de la Junta de su recaudación[1691]. Cuando Acuña se trasladó al reino de Toledo la Junta destinó a Francisco Díaz para acompañarle con la misión de cobrar todos los ingresos del Estado al sur de Guadarrama[1692].

—Las confiscaciones de los bienes de los traidores y contrarrevolucionarios, que eran vendidos en subasta pública cuando se trataba de mobiliario o de bienes inmuebles, y que se intervenían directamente cuando se trataba de rentas inmobiliarias, como los juros. Estas medidas chocaron con la oposición de algunos procuradores moderados[1693].

—Los préstamos forzosos que se exigían a los banqueros, cambistas y hombres de negocio de Valladolid y Medina del Campo[1694]; las contribuciones de la Iglesia o de particulares, que no siempre eran de impuestos más o menos disimulados: Acuña adelantó el dinero para pagar la soldada de las tropas; Padilla hizo entrega de todos los objetos de plata que había en su casa para que se pudiera pagar al ejército[1695]…

En total, desde el 22 de diciembre de 1520 al 22 de abril de 1521, Canseco ingresó 4.429.140 maravedíes y medio. Más de las tres cuartas partes de esta cantidad se emplearon en pagar a las tropas y hacer frente a los gastos de guerra; el resto se utilizó en los gastos de funcionamiento (salarios de los funcionarios, correos, etc.)[1696].

3. ° La Junta, tribunal supremo de Justicia. El hecho de que la Junta interviniera en materia judicial no supuso una innovación tan importante como han pretendido muchos. Se limitó a ejercer prerrogativas que hasta entonces correspondían al Consejo Real, organismo administrativo y tribunal judicial a un tiempo, que juzgaba como tribunal de apelación casos ya considerados por otras jurisdicciones o se hacía cargo en primera instancia de procesos particularmente importantes. Los procuradores cuya firma aparecía más frecuentemente en documentos de este tipo son: don Pedro de Ayala, los doctores Zúñiga, Cabeza de Vaca y Martínez, el licenciado Santiago, el bachiller Guadalajara, don Hernando de Ulloa, don Juan Fajardo, al menos hasta que se produjo la ocupación de Tordesillas por las tropas realistas (5 de diciembre). A partir de entonces, la Junta, ante la creciente complejidad de los procesos a instruir, y ante la petición apremiante de Francisco Maldonado y de la comunidad de Valladolid decidió rodearse de un equipo de colaboradores técnicos: los doctores Olmedilla y Sampedro, los licenciados Daza, Burgos, Morales y Sancho Ruiz de Maluenda, los bachilleres Tordesillas y Pero Ramírez. Muchas veces había que recurrir a las amenazas para conseguir que estos juristas aceptasen sus cargos[1697].

La Junta entendía fundamentalmente en tres tipos de procesos:

—Procesos políticos: los de los Grandes responsables de la conquista y pillaje de Tordesillas, cuya instrucción fue confiada al obispo Acuña y al licenciado Villena[1698]; el de los traidores (Consejo Real, Grandes, altos funcionarios), instruido por el bachiller Tordesillas —acusador público—, el doctor Sampedro y el licenciado Morales[1699]; podemos situar también en este apartado las acciones legales derivadas de los conflictos políticos ocurridos en el verano de 1520[1700].

—Problemas de tipo administrativo: abuso de poder de los funcionarios, exenciones fiscales, etc[1701].

—Procesos civiles y criminales en número bastante considerable, pese a la advertencia que la Corte había hecho a los litigantes de que ningún asunto que se hubiera presentado ante los jueces comuneros podría ser juzgado luego por un tribunal regular[1702]. En julio de 1521, tres meses después de Villalar, Lope de Pallares continuaba registrando sumarios que le habían sido presentados cuando era secretario de la Junta, y pasándolos con sus observaciones a la Chancillería de Valladolid para que siguieran el proceso normal. Fue necesaria la indignada protesta del doctor Corral para que se pusiera fin a esta actividad judicial irregular que se realizaba debido a la fuerza de la costumbre[1703].

La Junta general, paralizada muchas veces a causa de las disensiones internas en el aspecto político, pero espoleada continuamente por las comunidades locales, llevó a cabo en muy poco tiempo un trabajo muy considerable en el plano administrativo, financiero y judicial, pese a los obstáculos de todo tipo que encontraba para su acción: vicisitudes políticas y militares que la obligaron a trasladarse en el mes de diciembre de Tordesillas a Valladolid; luchas políticas; necesidad de realizar al mismo tiempo trabajos muy numerosos y agotadores… Es imposible realizar un balance ni siquiera aproximativo de esta actividad, porque durante la represión fueron demasiadas las piezas que quedaron destruidas. Sin embargo, parece que, en conjunto, la Junta pudo cumplir de manera satisfactoria con sus responsabilidades políticas y administrativas. Creemos que este éxito relativo se debió en gran parte a dos motivos:

—En primer lugar, la amplia descentralización que se impuso con el triunfo de la revolución. Las comunidades urbanas gozaban de una amplia autonomía tanto en los asuntos políticos como en los de carácter administrativo, fiscal y militar. Normalmente se limitaban a comunicar a la Junta las decisiones más importantes, pero sin solicitar su aprobación o confirmación. Los corregidores no intervenían más que en casos muy concretos y la Junta los nombraba únicamente para las regiones más alejadas, poco seguras o divididas en el plano político. Las grandes ciudades como Valladolid, Segovia o Toledo no los tenían. En Salamanca, Zamora o Madrid había un funcionario al que se designaba con el nombre de corregidor, pero su nombramiento lo realizaba la comunidad local sin intervención del poder central.

—La dedicación y entrega que demostró en todo momento el personal político y administrativo. Hemos señalado en páginas anteriores cómo en el caso de algunos funcionarios fue necesario amenazarles con sanciones para inducirles a cumplir con su misión. Estos casos aislados no deben hacernos olvidar el celo que animaba a muchos comuneros en todas las esferas: diputados, capitanes, juristas…, al servicio de la revolución. La represión cortaría las ilusiones de estos hombres que en 1520-1521 se habían ejercitado en una forma de democracia, habían descubierto o reencontrado el gusto por la política, la práctica de la administración y el, sentido del Estado. Bien común, bien del reino, de la república, santo propósito; todas estas expresiones pertenecían a un vocabulario tradicional. Muchos de quienes las empleaban, a veces de una manera ingenua, les daban también un contenido, impreciso quizá, pero vivo y activo a fin de cuentas. Eran conscientes de estar realizando una tarea histórica, una obra grandiosa. La derrota y la represión subsiguiente privaron a Castilla de unos hombres que hubieran podido comunicar a la vida política de la nación y de la ciudad una animación que habían perdido hacía mucho tiempo. Después de 1521, al igual que había sucedido antes de 1520, Castilla no conocería más que unas monótonas sesiones de Cortes, en la cúspide una administración burocrática y en la base una minoría de notables estrechamente vigilados por los corregidores y desligados de la gran masa de la población.

III. —EL PROGRAMA DE LAS «COMUNIDADES»

¿Qué era lo que realmente querían los comuneros? ¿Qué instituciones y qué tipo de sociedad pretendían establecer en Castilla? Del relato de los acontecimientos al que hemos dedicado varios capítulos de este libro se desprenden una serie de tendencias e ideas directrices que los comuneros trataron de convertir en hechos concretos. Debemos volver nuestra atención a estos elementos para tratar de presentar una síntesis del pensamiento político de los rebeldes de 1520. Para conseguir mejor nuestro propósito analizaremos los documentos en los que formularon sus reivindicaciones, tanto inmediatas como a largo plazo. Son, esencialmente, los textos siguientes, citados por orden cronológico:

1. Capítulos de lo que ordenavan de pedir los de la Junta. El título es un tanto engañoso. Debió ser añadido posteriormente cuando este conjunto pasó a formar parte del dosier de la represión[1704]. No se trata exactamente de un proyecto formal, sino de una relación de las reivindicaciones planteadas como condición previa. ¿Pero condición previa a qué? El texto no lo dice, pero en la portada del documento se menciona el lugar de su publicación, lo cual nos permite realizar su datación y formular una hipótesis sobre su carácter. El lugar es Martín Muñoz de las Posadas, pueblo situado entre Ávila y Medina del Campo, en el que Padilla se detuvo antes de llegar a Tordesillas[1705]. Posiblemente, los procuradores de la Junta, después de partir de Ávila, se le unieron allí a mediados de septiembre. Esta indicación permite datar el documento entre finales de agosto y mediados de septiembre. Era el momento en que las adhesiones a la Junta eran constantes, en que los jefes del movimiento preparaban su traslado a Tordesillas y en que algunos planeaban restituir sus prerrogativas de soberana a Juana la Loca, negándose a reconocer los derechos de su hijo. El texto comienza refiriéndose al problema de la sucesión al trono con una referencia explícita a Carlos V (después dél). El documento acepta, pues, el hecho consumado, la proclamación de 1516[1706]. Sentado este punto de partida, podemos considerar dos hipótesis: bien los autores del documento imponen un cúmulo de exigencias, esperando la negativa de Carlos V a cualquier tipo de compromiso, lo que permitiría alejarlo del trono, o bien se trata de contrapropuestas formuladas por quienes consideraban que la reina estaba loca, y se resignaban a reconocer a su hijo, pero tratando de atarle las manos. Sea como fuere, nos encontramos, sin duda, frente a un anteproyecto bastante duro y de talante muy democrático que parece expresar la opinión de los comuneros más radicales, partidarios de limitar lo más posible los poderes del rey. Las reivindicaciones oficiales de la Junta se apartan bastante de este texto en varios puntos.

2. Las instrucciones enviadas por algunas ciudades a sus procuradores a finales del mes de agosto o comienzos de septiembre. Únicamente se han conservado tres documentos de esta clase: los redactados en Burgos, Valladolid y Jaén[1707]. Contemporáneas del texto anterior, estas instrucciones habían sido aprobadas por las comunidades locales en el curso de debates públicos en los que todo el mundo tenía derecho a participar. Son muchos los puntos comunes —si no en la forma sí, al menos, en el fondo— que aparecen en los proyectos de Burgos y Valladolid; ambos se inspiran claramente en un modelo común, que bien podía ser la carta programática que los monjes de Salamanca habían distribuido antes de las Cortes de La Coruña. Estas reivindicaciones, elaboradas y redactadas de forma adecuada por letrados afectos a la Comunidad, fueron sometidas para su aprobación a las asambleas de barrio, en las que dominaban los comuneros intransigentes que impedían una auténtica discusión. Esto es especialmente cierto por lo que se refiere al caso de Burgos. ¿Cómo se podría explicar, si no, que una Junta local en la que existía gran número de notables, amigos del condestable y pertenecientes al mundo de los negocios[1708], ratificara estas propuestas, en las que traslucía una profunda desconfianza hacia la nobleza y más concretamente hacia el condestable, y en las que se exponía con rigor una teoría del subdesarrollo acompañada de una exigencia radical en la forma de la prohibición pura y simple de todas las exportaciones de lana? Se hace imposible aceptar que los grandes negociantes burgaleses hicieran suyo este programa y que aceptaran con alegría ver cómo este proyecto era defendido en la Junta por tres hombres que también estaban ligados al mundo del gran comercio: Pedro de Cartagena, Francisco de Salamanca y Jerónimo de Castro. Para nosotros sólo hay una explicación plausible: los puntos esenciales de este programa fueron elaborados por hombres ajenos al gran comercio que defendían una especie de nacionalismo económico, y los notables de Burgos se vieron obligados a ratificarlo sin introducir reforma alguna. En este contexto se comprende claramente las precauciones de los redactores al introducir varios artículos que impedían a los procuradores introducir variación alguna en el texto sin previo conocimiento de la Comunidad. Se comprende también que estos procuradores no pusiesen entusiasmo en cumplir su mandato. Ante estas instrucciones que atacaban directamente a sus intereses iban a intentar por todos los medios, y con el apoyo del condestable, romper con la Junta y restablecer su autoridad en la ciudad[1709].

Las instrucciones de Valladolid, redactadas por el licenciado Bernaldino, parece que se discutieron de forma más seria y con mayor libertad. Hay un detalle que nos induce a pensar que esto fue así: el texto original contenía tres párrafos sobre la Inquisición que fueron suprimidos en la redacción definitiva[1710]. Estas instrucciones, más moderadas en conjunto, servirían de base al documento que citamos a continuación, que contenía el programa oficial de la Junta.

3. El programa de reformas elaborado en octubre por la Junta de Tordesillas, la cual encargó a tres de sus miembros que lo entregara a Carlos V. Este es el documento fundamental que expresa la opinión de la mayoría de la Junta y constituye una síntesis de las diversas propuestas presentadas por las ciudades[1711]. Como ya hemos dicho, este texto se inspira en gran parte en las instrucciones de Valladolid, reproduciendo íntegramente algunos pasajes de aquéllas. Esto, por lo demás, no debe resultar sorprendente si tenemos en cuenta que fue el licenciado Bernaldino quien se encargó de dar forma a ambos documentos[1712].

4. La lista de reivindicaciones elaborada en común por los representantes de la Junta y los del poder real durante las negociaciones celebradas en febrero-marzo de 1521, documento conocido como los Capítulos de fray Francisco de los Ángeles, del nombre del monje que actuó como mediador entre ambos bandos[1713]. En realidad, no es más que la reproducción del texto anterior, modificado para introducir las observaciones presentadas por los virreyes.

Hubo muchos más proyectos y programas que se redactaron e incluso se imprimieron durante el conflicto de las Comunidades. El celo purificador de los contrarrevolucionarios ha destruido la mayor parte de ellos, privándonos así de documentos quizá esenciales para conocer el pensamiento político de los comuneros[1714]. No obstante, los que han llegado hasta nosotros son de gran utilidad para hacer importantes precisiones y para poner en claro la originalidad del movimiento.

1. Las reformas políticas

Carlos V no era un monarca popular en 1520. Es la afirmación más amable que puede hacerse sobre él. Los comuneros compartían, desde luego, los sentimientos de la mayor parte de sus compatriotas, que no guardaban buen recuerdo de la breve estancia en España de su joven soberano. El cardenal Adriano no dudó en comunicárselo a su antiguo discípulo: no supo atraerse a sus súbditos y esto favoreció los planes políticos de la Junta[1715]. Los rumores más desfavorables circulaban sobre la persona del rey; ¿no se decía incluso que era hijo de una esclava[1716]? En un terreno de mayor seriedad, los comuneros le achacaban el haber apartado sistemáticamente a los castellanos de todos los cargos públicos, haber tratado a sus súbditos como enemigos, infieles, turcos[1717]… . A estas objeciones los letrados e ideólogos de la Junta añadían argumentos jurídicos: Carlos no poseía derecho alguno para ocupar el trono, por cuanto su madre todavía vivía. Por tanto, ponían en cuestión la proclamación de 1516, auténtico golpe de Estado que Cisneros consiguió fuese aceptado. Lo que las Cortes de 1518 y 1520 habían acabado por admitir era rechazado rotundamente por la Junta general o, al menos, por algunos de sus miembros. ¿Qué era lo que sucedía? Por razones sentimentales —Carlos V era impopular y, además, extranjero— y políticas a un tiempo, una minoría influyente trataba de destronarle.

Los motivos inversos llevaron a esta minoría a explotar a fondo el misterio que rodeaba a la reina Juana, recluida en Tordesillas. Así, aceptaron sin reparos los rumores que decían que era víctima de una maquinación. Se decía que estaba loca, ¿pero acaso alguien lo había demostrado? ¿Se había intentado curarla de verdad? Una propaganda hábilmente dirigida trató de interesar a la opinión por la suerte de la reina. La solución de todos los problemas radicaba en restituirle sus prerrogativas. Castilla sería entonces gobernada por una reina nacional y no por un extranjero cuya legitimidad suscitaba no pocas dudas. Seguramente, se pensaba también que la reina se mostraría agradecida a los comuneros que la habían liberado y no opondría seria resistencia a sus proyectos de reformas políticas. Todos estos sentimientos y segundas intenciones aparecen en el texto de las instrucciones de Valladolid:

Primeramente, que se sepa e aberigüe con mucha diligencia sy la enfermedad de la reyna, nuestra señora, es curable e, sy lo fuere, que con mucha diligencia se cure, porque sy a Nuestro Señor pluguiese darle entera salud, ella por sy regiese e governase estos sus reynos, porque nos paresce que ha ávido muy gran negligencia, e no sabemos que más digamos, en no se aver entendido en la cura de su real magestad, y que entretanto que se cura sea guardada e anparada e defendida por las Comunidades destos reynos e que ellas tengan la guarda de su persona real.

Yten, que de todo lo que fuera hordenado e acordado por la dicha Junta se dé noticia a la reyna, nuestra señora, y se le haga todo entender porque sy con su avtondad e voluntad e consentimiento se pudiese avtorízar sería gran vien y perpetua firmeza de lo así hordenado e seguridad de los pueblos y bien público destos reynos.

No hay duda sobre la claridad con que aparece expresado el deseo de ver a la reina desempeñando un papel político y aprobando, a la vez, las decisiones de la Junta.

El destronamiento de Carlos V y la rehabilitación de Juana la Loca fueron los temas objeto de viva discusión en la Junta en septiembre de 1520. Quienes se mostraban convencidos de la incapacidad de la reina hubieron de admitir que se llevase a cabo una tentativa: durante algunas semanas se cuidaría intensamente a Juana. Todo fue en vano, y después de una mejoría inesperada y pasajera la reina volvió a caer de nuevo en la apatía; se negó rotundamente a firmar ningún decreto. Incluso sus más ardientes partidarios debieron rendirse a la evidencia; había que abandonar toda esperanza de conseguir su curación y de poder confiarle responsabilidades[1718]. La Junta, entonces, hubo de limitarse a solicitar para ella un tratamiento adecuado con su rango, petición que ya se había expresado en las Cortes de Valladolid y La Coruña[1719].

Los comuneros aceptaron, pues, que Carlos continuara siendo rey, pero se mantuvieron inflexibles en un punto: únicamente le admitirían como rey de Castilla, pero no como emperador[1720]. El programa de Tordesillas incluía una petición al rey para que regresara a España en el plazo más breve posible:

No es costunbre de Spaña estar sin rey.

A este deseo, recogido textualmente en los Capítulos de fray Francisco de los Ángeles, la Junta añadió una exigencia: debía acabar de inmediato la presencia de extranjeros junto al rey, ya fueran cortesanos, extranjeros o, con mayor razón, soldados. Se esperaba así que sería más sensible a los problemas de su reino. En dos ocasiones desde el comienzo del siglo habían ascendido al trono de Castilla soberanos extranjeros —o considerados como tales—, situación intolerable que los comuneros no querían que se repitiese nuevamente. La Junta invitaba, por tanto, al rey a contraer matrimonio para asegurar su sucesión en breve plazo. Como esta cuestión interesaba directamente al reino, el matrimonio debería contar con la previa aceptación de la Junta o de las Cortes (a voto y parecer destos sus reinos). Las instrucciones de Valladolid, más concretas en este punto que el programa de Tordesillas, insistían en las ventajas que podía deparar la unión con la infanta de Portugal. Joven, bella, inteligente y rica, esta prometida ideal tenía además sangre castellana en sus venas, ya que era nieta de los Reyes Católicos. De esta manera, Castilla se aseguraría de que en el futuro la corona no recaería en la cabeza de un soberano extranjero[1721].

¿Quién ejercería el poder en su nombre hasta que se produjese el regreso del rey? La Junta otorgaba gran importancia a este punto, por dos razones:

1). Muchos comuneros tenían la convicción de que Carlos V no regresaría nunca a España[1722]. Esta convicción explica las extraordinarias precauciones que pretendieron tomar al respecto. El regente (gobernador) debería desempeñar el papel del rey, por lo que debía otorgársele una amplia delegación de poderes, que desde luego los comuneros no estaban dispuestos a conceder a cualquiera.

2). La Junta no veía con agrado a los virreyes que Carlos V había designado. Rechazó a uno de ellos —el cardenal Adriano— por su condición de extranjero, y a los otros dos —el condestable y el almirante—, porque pertenecían a la alta nobleza. Los comuneros desconfiaban profundamente de los Grandes, a los que trataban de apartar por todos los medios de las responsabilidades políticas y económicas. Estaban dispuestos a aceptar que un simple caballero desempeñara las más altas funciones del Estado, pero era de todo punto inadmisible que el puesto de regente recayera sobre un Grande de España. Por lo tanto, en la designación de los virreyes —era exigencia de la Junta— debería contarse con el acuerdo previo de las Cortes (puestos y elegidos a contentamiento del reino[1723]).

Las Cortes

En los proyectos elaborados por los comuneros las Cortes constituían la institución más importante del reino. Sus atribuciones limitaban notablemente el poder real. Diversas disposiciones tendían a hacer de ellas un organismo representativo y a prestarle una mayor independencia respecto al soberano.

¿Había que poner fin a la tradición según la cual el derecho de acudir a las Cortes era privilegio exclusivo de algunas ciudades? Esta cuestión fue, desde luego, planteada. Un proyecto preveía que a partir de entonces todas las diócesis de Castilla enviaran sus procuradores, excepto las de Galicia, a las que se consideraba demasiado reducidas, aunque también estarían representadas. El programa de la Junta no recogió esta sugerencia, y en él el derecho de acudir a las Cortes seguía siendo un privilegio adquirido de ciertas ciudades. Esta fidelidad a la tradición no impedía que la composición de las Cortes variara completamente. Cada ciudad pasaría a ser representada por tres procuradores: un representante del clero, un representante de los caballeros y escuderos y otro representante de la comunidad, es decir, de los no privilegiados. Los tres serían elegidos democráticamente[1724]:

Cada estado elija y nombre su procurador en su ayuntamiento, declara el programa de Tordesillas. Se trataba, en este sentido, de poner fin al monopolio que detentaban los regidores hereditarios. He aquí lo que decían al respecto las instrucciones de Valladolid:

Que los procuradores de Cortes que de aquí adelante se ovieren de ynbiar que sean helegidos por el concejo, justicia e regidores e comunidad de las cibdades e villas que los enbiaren, que sean de los más ydóneos e suficientes que se pudiesen aver y que harán lo que devan al bien público de las cibdades e villas que los enbiaren e del reyno, syn enbargo que aya costunbre de se helegir y nonbrar por linajes de las tales cibdades e villas, porque así conbiene que se haga, con tanto que no se puedan nonbrar para ello los que resydieren en la corte.

Siguen a continuación una serie de disposiciones destinadas a garantizar la independencia de los procuradores con respecto al soberano. El rey debía conceder entera libertad a las ciudades para que redactaran según sus deseos el mandato que luego confiarían a sus representantes. Estos recibirían una compensación económica con cargo al presupuesto municipal (salvo el representante del clero, de cuya remuneración se haría cargo el cabildo). Les quedaba prohibido recibir gratificaciones por parte del soberano:

Porque estando libres los procuradores de codicia y sin esperanza de recibir merced alguna, entenderán mejor lo que fuere servicio de Dios y de su rey y bien público.

Los procuradores tenían la obligación de dar cuenta de su mandato a sus electores en un plazo no superior a cuarenta días después de celebrada la sesión.

Así compuestas, las Cortes se reunirían de pleno derecho sin necesidad de ser convocadas por el soberano:

Que de aquí adelante, perpetuamente, de tres en tres años, las ciudades e villas que tienen voto en Cortes se puedan ayuntar e se junten por sus procuradores, que sean elegidos de todos tres estados, como de suso está dicho en los procuradores. Y lo puedan hacer en ausencia y sin licencia de sus altezas.

Las Cortes designarían ellas mismas al encargado de asumir la presidencia, fijarían el orden del día y decidirían la duración de la sesión:

Que las Cortes donde así fueren los procuradores tengan libertad de se ayuntar e conferir y platicar los unos con los otros libremente cuantas veces quisieren e que no se les dé presidente que esté con ellos, porque esto es impedirles que no entiendan en lo que toca a sus ciudades y bien de la república de donde son enviados.

Que los procuradores de Cortes elijan y tomen letrado o letrados de Cortes quales quisieren y que las ciudades o villas les paguen el salario competente y puedan quitar a su voluntad y poner otro cada vez que les pareciere y que el dicho letrado no pueda pedir ni haber merced de sus altezas ni de otra persona alguna por ellos, de manera que está instruido de suso en los procuradores de Cortes, e que no pueda estar con ellos otro letrado sino el que el reino eligiere.

Los poderes de las Cortes no quedaban claramente definidos. El contexto sugiere, sin embargo, que esta institución estaba destinada a desempeñar un papel político determinante. Ya hemos visto que las Cortes debían ser consultadas respecto al matrimonio del rey y que designarían al regente de acuerdo con el monarca. Por lo demás, el programa de Tordesillas se mostraba intencionadamente ambiguo; confiaba a las Cortes la responsabilidad de que se cumplieran las reformas decididas y de tomar todas las medidas que fueran de utilidad para el reino:

Vean y procuren cómo se guarde lo contenido en estos capítulos y platiquen y provean las otras cosas cumplideras al servicio de la corona real y bien común destos reinos.

La «Comunidad». Organización y tendencias

Platiquen y provean: Las Cortes no desempeñarían únicamente una función deliberadora y consultiva, sino que intervendrían también en el gobierno del país, al igual que la Junta general, en cuya praxis parecía inspirarse esta teoría. Por lo demás, otros proyectos eran mucho más explícitos que el programa de Tordesillas: toda declaración de guerra debía contar con la aprobación de las Cortes[1725]; las Cortes debían participar en el gobierno del país:

Entiendan en la governación del bien público destos reynos[1726].

Más adelante veremos que el papel tradicional de las Cortes —la votación del servicio— quedaba considerablemente reducido, por cuanto en el sistema que preveían los comuneros el servicio debía desaparecer. Así pues, lo que pedía la Junta era que se otorgara a las Cortes un amplio poder de control sobre la actividad del gobierno y sobre la vida política en su conjunto. Esta institución estaba llamada a convertirse en una asamblea de tipo parlamentario moderno, como lo ha comprendido perfectamente Pirskorski, quien hace llegar sólo hasta 1520 su historia de las Cortes. En efecto, el fracaso de las Comunidades precipitó la decadencia de este organismo, que vio perder definitivamente el escaso poder que todavía detentaba[1727].

Reforma administrativa

El papel preeminente reservado a las Cortes en la vida política del reino constituye la gran originalidad del programa de los comuneros en el plano político. Otros artículos contemplaban la reforma de la administración y de los organismos judiciales y se inspiraban en el doble propósito de reprimir los abusos del pasado e impedir que se reprodujesen en el futuro. Una sugerencia que luego no se tuvo en cuenta hacía del Consejo Real la autoridad suprema del reino y solicitaba que la nación participara indirectamente en la elección de sus miembros[1728]. El programa de Tordesillas nada dice sobre esta cuestión, ateniéndose solamente a las instituciones en vigor. La reorganización administrativa pretendida por la Junta obedecía a dos principios fundamentales: mejorar el reclutamiento de los funcionarios y controlar periódicamente su gestión.

Los comuneros deseaban eliminar, en primer lugar, las sinecuras y los empleos parasitarios creados para recompensar los servicios prestados a la Corona, en virtud de la regla:

Sea la provisión a los oficios, no a las personas.

Para ocupar los puestos vacantes serían preferidos los hombres de experiencia a los jóvenes recién salidos de las Universidades[1729]. Los funcionarios no debían permanecer demasiado tiempo en su puesto, con lo cual se conseguiría que no se considerasen como propietarios de su cargo[1730]. Se prohibiría estrictamente la acumulación y venalidad de los oficios. Una ciudad no tendría corregidor sino en el caso de que previamente lo hubiera solicitado, y aun en tal caso su permanencia en tal función sería por un tiempo limitado[1731].

Los funcionarios tendrían que dar cuenta de su gestión cada cuatro años; los prevaricadores serían revocados y sancionados. Esta regla se pretendía aplicar, naturalmente, a los funcionarios en servicio en 1520, especialmente a los miembros del Consejo Real, para quienes la Junta exigía un castigo ejemplar. Diversas disposiciones se esforzaban en reformar la organización de la justicia: los mismos magistrados no podrían juzgar en primera instancia y en apelación; el rey se abstendría de intervenir para trasladar un caso concreto a la competencia de otra jurisdicción, y de ninguna manera podría interferir en el curso normal de la justicia. A continuación se reglamentaban los estipendios y los derechos de los magistrados a fin de evitar cualquier abuso. Así, los jueces no podrían recibir el importe de las penas pecuniarias que hubieran decretado en sus sentencias ni recibir gratificaciones sobre los bienes confiscados. En fin, ningún castillo sería confiado a un gran señor.

Esta reforma administrativa y judicial se hacía eco de todos los abusos denunciados una y otra vez desde hacía casi quince años y que se pueden agrupar en torno a dos temas principales: la corrupción y el desorden de la administración, totalmente burocratizada, por una parte, y la lentitud y corrupción de la justicia, por otra. Ignoramos si las medidas preconizadas por los comuneros hubieran bastado para sanear las costumbres y prestar mayor eficacia a la función pública. Lo que es seguro es que nunca se trató de ponerlas en práctica, salvo la costumbre de la residencia y el control [1732]a posteriori de la gestión de algunos funcionarios que ya existían y que se mantendrían en el futuro. Cien años más tarde, los escritores satíricos todavía tomarían como blanco de sus críticas a los burócratas y hombres encargados de la justicia, a quienes acusaban de venderse al mejor postor y de interesarse en los asuntos únicamente en la medida en que los litigantes les hubieran garantizado una sustanciosa compensación. Lo cierto es que nada se hizo por corregir unos defectos evidentes y que la larga tradición y una casi total inmunidad hacían todavía más difícil de erradicar.

Clero. Inquisición

La Junta exigía que los obispos residieran en su diócesis y que todos los beneficios eclesiásticos quedaran reservados a los castellanos, regla que afectaba también a la función pública en su conjunto.

Una tradición que se remonta a la época misma de las Comunidades afirma que los rebeldes proyectaban suprimir la Inquisición o, al menos, hacer menos severo su procedimiento[1733]. La única indicación respecto a este tema se halla en un artículo del programa de Tordesillas sobre las confiscaciones de bienes, en el que se pide que los bienes confiscados no sirvan para remunerar a los jueces[1734]. No se nombraba directamente a la Inquisición, pero sabemos que ésta era una reivindicación expresada muchas veces por los conversos[1735]. Un artículo de las instrucciones de Valladolid insistía nuevamente en el problema de las confiscaciones de bienes y afirmaba que era deseable la desaparición de esta pena, salvo en dos casos concretos: crimen de lesa majestad y herejía[1736]. Estas mismas instrucciones de Valladolid contenían tres referencias sobre la Inquisición. Como ya hemos dicho anteriormente, estos párrafos desaparecieron en la redacción definitiva. ¿Qué se proponía en ellos? Lo ignoramos, y se podría hacer cualquier hipótesis. Pero ¿por qué suponer que eran contrarios a la Inquisición? Ello es posible, por supuesto, aunque no concuerda con el artículo al que nos hemos referido anteriormente, que se conservó en la redacción final y que no era precisamente favorable a los conversos, ya que preveía el crimen de herejía y la confiscación de bienes para quienes en él incurrieran.

Las instrucciones de Burgos, por su parte, proponían excluir de las funciones públicas a los descendientes de judaizantes condenados[1737]. Tal espíritu sería el que presidiría los estatutos de la pureza de sangre. En fin, ni los Capítulos de lo que ordenavan de pedir los de la Junta ni el programa de Tordesillas hacen referencia alguna a la Inquisición. Lo menos que puede decirse es que los comuneros no tomaron postura oficialmente sobre esta delicada cuestión. Esto, sin embargo, no ha impedido a Américo Castro escribir —sin citar su fuente—:

Una de las peticiones de los comuneros era que se quitasen de las iglesias los sambenitos con los nombres de las familias de los penitenciados por el Santo Oficio, un perenne testimonio de infamia[1738].

Se podrá argumentar, quizá, que los comuneros no deseaban descubrir de golpe todas sus intenciones. Es posible, en efecto, pero lo lógico es que esto no sucediera únicamente con respecto a la Inquisición, sino también en otros temas palpitantes, como las relaciones entre el rey y la nación. En cuanto nos apartamos del sólido terreno de los hechos, cualquier hipótesis es posible.

El Consejo Real acusó a los comuneros de interferir en el procedimiento del Santo Oficio[1739]. Y, sin embargo, los rebeldes daban la impresión de querer evitar este reproche. Tal es el sentido del debate que se entabló en el seno de la Junta general el 12 de febrero. Se acababa de descubrir en un convento de Zamora un importante depósito de dinero que pertenecía a la Inquisición, y se planteó la cuestión de si la Junta tenía derecho a hacerse cargo de estos fondos. Gonzalo de Guzmán, procurador de León, opinó que no había por qué sentir escrúpulos, dado que nunca se habían tenido a la hora de intervenir otros depósitos, desde luego con la intención de restituirlo en el menor plazo posible. Del mismo modo opinó Cristóbal Valero, procurador de Ávila, si bien planteó una pregunta previa: había que saber si los fondos del convento de Zamora estaban destinados a pagar al personal del Santo Oficio, pues en tal caso se interferiría en el normal funcionamiento del tribunal, lo que al procurador no le parecía razonable. A su argumentación se adhirió don Hernando de Ulloa. Los únicos que se opusieron fueron los procuradores de Madrid y Segovia, que no aceptaban por principio el sistema de préstamos forzosos, no importa cuál fuera su fuente. El procurador de Murcia, por su parte, se extrañó ante los escrúpulos de sus colegas. Si los comuneros no dudaban en apoderarse de los cálices sagrados y de los ornamentos de las iglesias para hacer frente a las acuciantes necesidades económicas, ¿por qué adoptar una postura diferente cuando se trataba de dinero de la Inquisición[1740]?

Vemos, por este ejemplo, cómo los procuradores de la Junta actuaban con toda prudencia. Parecían sentirse obligados a precisar que no pretendían en modo alguno dificultar el normal funcionamiento de la Inquisición; estaban dispuestos a renunciar a estos fondos, pese a la gravedad de la situación, antes que dar motivos a una tal acusación. Estos escrúpulos nos parecen excesivos en quienes —según se ha dicho— estaban determinados a suprimir el Santo Oficio. Posiblemente, fue un rumor de este tipo el que les impulsó a tomar tantas precauciones[1741]. Y eso pese a que en aquellos momentos no estaban para tener miramientos con unos u otros; la guerra estaba en todo su apogeo y se jugaban el todo por el todo.

Creemos importante dejar un punto en claro. No intentamos demostrar que los comuneros fueron defensores de la Inquisición; pretendemos, únicamente, como con respecto a los conversos, que no se conceda una importancia desmesurada a unas declaraciones aisladas sin auténtico fundamento. No suscribimos la afirmación de algunos historiadores, como Lea, de que los comuneros no alimentaban queja alguna contra la Inquisición[1742]. Su programa era de inspiración liberal en el amplio sentido de la palabra y, por ende, debían desaprobar los excesos del Santo Oficio, al igual que habían denunciado otros abusos. ¿Acaso no había encabezado un comunero —y de los más influyentes—, el cronista Gonzalo de Ayora, la protesta contra Lutero en Córdoba en 1505[1743]? No creemos que pueda irse más lejos, presentando a los comuneros como enemigos acérrimos de la Inquisición.

2. Reformas económicas

¿Tenían los comuneros un programa político coherente? Carande lo pone en duda. He aquí lo que ha escrito:

Si la rebeldía la hubiese causado el presentimiento del inmenso gasto que se avecinaba, buen fundamento hubiera tenido[1744].

Permítasenos discrepar de esta opinión. Cierto que los comuneros nunca expresaron sus ideas económicas con el mismo vigor y claridad que caracterizan sus reivindicaciones políticas; no podían prever las aventuras —grandiosas y costosas— en que Carlos V iba a arrastrar a Castilla, pero de algún modo las intuyeron. De forma imperfecta e incorrecta si se quiere —ya que los letrados de la Junta no estaban muy capacitados para analizar unos fenómenos económicos que se les escapaban— los comuneros denunciaron la orientación que la nueva dinastía estaba dando a la política castellana. Ya en 1516 algunos espíritus clarividentes del círculo de Cisneros se mostraban inquietos ante los enormes gastos de la Corte y las exportaciones de capitales con destino a los Países Bajos. Castilla —decían— estaba a punto de convertirse en una mera colonia de Flandes (sujeta al condado de Flandes). Nada más llegar a España el rey se encargó de confirmar esta impresión: fiestas, banquetes, gratificaciones, absorbieron una parte considerable de los ingresos del Estado. Ciertamente, se acogía con profundo desagrado que fueran extranjeros los principales beneficiarios de la generosidad real, pero también el volumen creciente de estos gastos de prestigio[1745].

La elección imperial acabó de confirmar en su inquietud a los más lúcidos: Castilla iba a sufrir nuevas —e importantes— cargas destinadas a financiar una política que no tenía en cuenta los intereses del país. Toledo comenzó entonces su campaña, preludio de la insurrección, como bien lo comprendieron los más avisados colaboradores del monarca[1746]. Carlos V no pudo convencer a sus oponentes; el discurso de Mota en las Cortes de La Coruña fue recibido con total escepticismo por los procuradores. Los nuevos impuestos fueron la causa inmediata de la revuelta, que, sin embargo, no puede reducirse a una simple agitación antifiscal. La campaña de Toledo y el programa de los monjes de Salamanca revelan las causas auténticas y más profundas. Lo que se denunciaba no era únicamente la presión fiscal, sino la política que los nuevos impuestos debían financiar y que se caracteriza por dos aspectos complementarios: aumento importante de los gastos del Estado en aras de una vida cortesana más brillante y fastuosa, y elección imperial que satisfacía la ambición personal del rey, pero desdeñaba los intereses de la nación. En ambos puntos la nueva dinastía parecía dispuesta a sacrificar el reino a sus propias exigencias de prestigio. Enfrentándose a estos proyectos de la monarquía, los comuneros entendían reivindicar los más altos derechos de la nación. El reino, representado por las Cortes, limitaría los poderes del soberano —tal era el programa político—; y velaría por sus propios intereses, reduciendo los gastos del Estado y defendiendo a este Estado (patrimonio real) contra todos los intereses privados —tal era el programa económico.

La defensa del patrimonio real

Los comuneros se sintieron escandalizados ante los enormes gastos de la Corte desde 1516, gastos que denunciaron calificándolos de un inmenso despilfarro, una dilapidación desconsiderada de la riqueza pública. Todos los ingresos del Estado no habían resultado suficientes; se había echado mano de los fondos de la Cruzada y de la herencia de Cisneros, se habían emitido juros, vendido bienes de la Corona y decretado nuevos impuestos, siempre impuestos. No parecía verse el fondo de este abismo, había que hacer algo. Fueron las Comunidades las que trataron de poner freno a tal situación[1747].

Ante todo, los comuneros exigían que los gastos de la Corte se redujeran a proporciones más modestas. En lugar del tren de vida fastuoso que exigía 150.000 maravedíes diarios, se debía volver a la situación anterior a 1516. Los Reyes Católicos se contentaban con una cantidad no superior a 15.000 maravedíes[1748]. Asimismo, se debían suprimir las sinecuras, los empleos inútiles y reducir el número de funcionarios, lo que repercutiría inmediatamente en el volumen total de los gastos del Estado. Algunos llegaron a solicitar incluso que se promulgasen leyes suntuarias[1749]. En reacción contra el despilfarro se pedía, por tanto, que se volviera a una política de austeridad, según el modelo del reinado de los Reyes Católicos, modelo desde luego muy idealizado. Estas reivindicaciones eran en gran parte utópicas. El Estado moderno —y esto lo comprendían perfectamente los comuneros sin querer darse cuenta de que era una tendencia irreversible— exigía una administración más compleja, un aparato burocrático más costoso que los Reyes Católicos ya habían comenzado a introducir[1750]. No olvidemos, sin embargo, que la preocupación fundamental de los rebeldes era la de poner fin al despilfarro provocado por la introducción del ceremonial borgoñón y por el lujo fastuoso de la Corte, que chocaba brutalmente con las costumbres anteriores.

Motivación esencial también en los comuneros —aunque en este caso se hallaba implicada ya toda una teoría política— era la de defender el patrimonio real incluso del mismo soberano si era necesario. El monarca no podría disponer a su antojo de los bienes de la Corona que no le pertenecían como patrimonio privado. Había que reducir —e incluso si era posible saldar completamente— la deuda pública, retirando los juros puestos en circulación desde 1516; anular las hidalguías y, en general, todas las gratificaciones concedidas a personas privadas desde la misma fecha[1751]. Asimismo, era necesario oponerse a la dilapidación del patrimonio real, y este punto hacía referencia en primer lugar a quienes se apropiaban de los bienes comunales[1752], pero también, y de manera especial, a los grandes señores que se aprovechaban de la generosidad culpable del rey para engrandecer sus dominios. Los comuneros no ocultaron sus intenciones; estaban dispuestos a obligar a los señores a devolver cuantos territorios habían ocupado amparándose en la complacencia del rey. No es difícil comprender, por tanto, por qué la alta nobleza se opuso con tanta energía a los rebeldes; era su misma existencia la que estaba poniendo en juego[1753]. Los grandes señores lo comprendieron perfectamente. Al tomar partido por el rey perseguían un doble objetivo: defender sus dominios amenazados, y luego, en caso de victoria, engrandecerlos con nuevas concesiones como pago a su colaboración. Esto es lo que el almirante exponía a Carlos V en 1522:

Si todos fuésemos iguales, no gratificando, Castilla fuera oy señoría y os quitara el reyno la comunidad[1754].

No gratificando: de hecho, el poder de la nobleza dependía directamente del soberano, de sus concesiones de favores y nuevas tierras. Eso era precisamente lo que los comuneros denunciaban; estaban en contra de una nobleza poderosa que sacaba partido de la debilidad del rey para arrancarle sin cesar nuevas concesiones. No se equivocaban al afirmar que, en definitiva, no pretendían otra cosa que reforzar el poder del rey; reforzarlo, sí, pero protegiéndolo incluso de sus propios errores, ejerciendo un control estricto en todo momento. La victoria de las Comunidades habría desembocado en la creación de un Estado fuerte, pero en el que el rey no hubiera sido más que el «primus ínter pares[1755]».

Pensamos también que los artículos del programa de Tordesillas que se ocupaban de los problemas coloniales se inspiraban en la misma preocupación de defender los derechos de la Corona contra los intereses individuales. Los comuneros se opusieron al sistema de encomienda menos por razones humanitarias que en virtud de consideraciones económicas. En efecto, la encomienda provocaba una pérdida de rendimiento en el trabajo y, por tanto, una disminución de los ingresos del Estado. Sólo algunos individuos se beneficiaban egoístamente del sistema. Dicho esto, añadamos que en el texto de la Junta quedaron reflejadas las polémicas que enfrentaron —antes y después del conflicto de las Comunidades— a los partidarios de Las Casas con los responsables de la política colonial (Fonseca, Cobos, etc.): los indios debían ser tratados como cristianos y hombres libres, no como meros esclavos. ¿Podemos pensar, siguiendo a Giménez Fernández, que este artículo fue redactado por un familiar de Las Casas[1756][1757]? Creemos que no. Los letrados de la Junta conocían perfectamente los términos del debate y compartían el punto de vista de los enemigos de Fonseca con tanta mayor complacencia por cuanto luchaban contra los mismos adversarios políticos; eran los mismos hombres los que estaban arruinando el reino y los que en las Indias preconizaban la explotación inhumana y a corto plazo de las riquezas naturales. En este aspecto, como en muchos otros, se acusaba al gobierno del soberano de sacrificar deliberadamente el interés general a los intereses particulares de un puñado de arribistas[1758]. Añadíase a todo ello otra preocupación de la Junta: la de un eventual traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a los Países Bajos, a la que desde luego se oponía con toda firmeza[1759].

Los impuestos

Las reformas precedentes (política de austeridad, supresión de los empleos inútiles, reducción de la deuda pública y defensa del patrimonio real) debían permitir —pensaban los comuneros— aliviar considerablemente la presión fiscal, que había llegado a ser insostenible desde 1516. En este terreno preconizaban la disminución del volumen de los impuestos y la supresión de los abusos en su recaudación[1760]. Dos tipos de exacciones les parecían particularmente intolerables: las practicadas en la venta de las indulgencias y las que acompañaban a la percepción de las alcabalas.

Denunciadas frecuentemente —antes y después de las Comunidades— las prácticas de los predicadores de la Cruzada, constituyeron el objeto de varios artículos del programa de Tordesillas. Ante todo, había que garantizar que el dinero recaudado por este concepto no fuera dedicado a fines distintos de los previstos en principio; además, había que acabar con los abusos, obligando a los predicadores a conocer perfectamente el tema del que hablaban e impidiéndoles presionar sobre los fíeles —tanto obligándoles a asistir a los sermones como amenazándoles con toda suerte de males en este mundo y en el otro—. Finalmente, se debía prohibir ese medio de fácil propaganda que consistía en declarar obsoletas las bulas anteriores, a fin de asegurarse mejor la venta de las nuevas. Lo cierto es que los comuneros, en este aspecto, no siempre se mostraron en sus actos consecuentes con su pensamiento. Sabemos, por ejemplo, que se hicieron con 6000 de las 27.000 bulas depositadas en el monasterio del Prado para distribuirlas en su propio beneficio[1761].

Respecto a las alcabalas, la Junta adoptó una actitud enérgica, exigiendo que de su percepción no se encargaran los recaudadores de impuestos, que su volumen total no superara la suma decretada en 1494 y que en ningún caso pudiera experimentar aumento alguno. A partir de entonces, las mismas ciudades se encargarían de percibir el impuesto mediante un encabezamiento universal —para todos los territorios, reales, señoriales y eclesiásticos— y perpetuo, reivindicación utópica que ningún soberano habría podido aceptar en forma tan radical. En efecto, si el volumen de las alcabalas se fijaba en una cantidad inamovible, el impuesto sería insensible a las alteraciones de la economía del país (demografía, aumento de los intercambios) y, lo que era aún más grave, el alza de los precios habría supuesto a corto plazo la pérdida de todo valor real. Tal fue, sin embargo, el sistema que preconizaron y llevaron a la práctica los comuneros[1762].

Llevando aún más lejos la utopía, la Junta llegó a reclamar la supresión pura y simple del impuesto directo —el servicio—, que en el sentir de los comuneros no tenía ya razón de ser. En un Estado liberado de todo tipo de gastos improductivos y parasitarios los impuestos indirectos debían ser suficientes para atender a todas las necesidades: las alcabalas percibidas por encabezamiento, multas, confiscaciones, ingresos de las salinas y Maestrazgos, aduanas, tesoros llegados del Nuevo Mundo… Esta proposición increíble fue sin embargo planteada con toda seriedad en el programa de Tordesillas[1763].

Y no fue esto lo peor. Muchos castellanos, poco sensibles a los matices, creyeron que lo que los comuneros proponían era la supresión de todo tipo de impuestos, tanto directos como indirectos. Pase para los mercados francos —en los que las transacciones no estaban sujetas a la alcabala— que las ciudades comenzaron a crear según su voluntad[1764]; pero es que eran todos los impuestos, comprendidas las alcabalas —pese a su reducción por el encabezamiento— los que una opinión ingenua y mal informada se negaba a satisfacer. ¿Por qué mecanismo pudo tomar cuerpo esta ilusión que habría provocado tremendos sinsabores de haber triunfado la Junta en el conflicto? No es difícil reconstruir el razonamiento que llevó a tal conclusión. Los comuneros denunciaron en todo momento a los señores que se habían apoderado de los dominios de la Corona y que en algunos casos habían llegado incluso a ingresar en sus arcas el importe de las alcabalas; anunciaron su intención de poner coto a estos abusos de poder y comenzaron invitando a las poblaciones afectadas a no pagar las alcabalas a los señores; en una segunda etapa sería al Estado a quien se pagaría el importe del impuesto[1765]. Sin duda, muchos castellanos no comprendieron perfectamente el razonamiento y se quedaron con la idea de que ya no tendrían que pagar más alcabalas[1766]. Los comuneros fundaban su propaganda en gran parte en la idea de libertad que había que entender en primera instancia —aunque no únicamente— en un sentido fiscal: los castellanos debían dejar de ser tratados como esclavos, abrumados por el peso de todo tipo de impuestos; la Junta les garantizaba un destino más humano y prometía respetar su dignidad. Muchos entendieron únicamente que se habían acabado los impuestos y aclamaron a Padilla como liberador y salvador[1767]. Toledo constituye un perfecto ejemplo. Desde el mes de septiembre de 1520, una multitud ingenua, pero resuelta, comenzó a reclamar la supresión inmediata y definitiva de las alcabalas. En vano, los letrados y caballeros de la comunidad trataron de hacerla entrar en razón. El pueblo —la gente menuda— se obstinaba proclamándose libre de todo impuesto[1768]. Por lo demás, en todas partes se exhumaron los viejos fueros en busca de vestigios de privilegios concedidos antiguamente por los reyes, con la intención de que recobraran su vigor[1769]. Una propaganda sumaria y mal interpretada atribuía a la Junta objetivos totalmente utópicos que nunca había llegado a proponer.

Creemos que un malentendido similar podría explicar las esperanzas de igualdad social que con tanta intensidad circularon por Castilla en la época de las Comunidades. Los jefes comuneros —al parecer, con toda sinceridad— hablaron de mejorar la suerte de los humildes y de compartir las cargas de forma más equitativa. Todo el mundo debía participar en el esfuerzo colectivo. La Junta decidió, por ejemplo, que los oidores de la Chancillería de Valladolid pagaran los impuestos extraordinarios de igual modo que los demás ciudadanos[1770]. Juan Gaitán, en Toledo, no veía por qué algunas categorías sociales debían quedar exentas de la sisa[1771]; el comendador griego, Hernán Núñez, soñaba en un mundo mejor en que habrían desaparecido las grandes fortunas[1772]. No hacía falta más para alimentar la idea de que los comuneros se proponían establecer una especie de comunismo, de igualitarismo total; falsa idea que no aparece en ningún documento oficial, pero muy extendida en los medios populares de las ciudades y el campo y que contribuyó en forma decisiva al éxito de la Comunidad[1773].

Convencidos de la necesidad de poner orden en las finanzas públicas, exhaustas por una gestión calamitosa, los comuneros creyeron que un Estado moderno podría contentarse con una fiscalidad indirecta cuyo volumen quedara fijado de una vez por todas. Esta visión utópica, mal interpretada, provocó entre sus partidarios unas esperanzas quiméricas que los jefes de la Junta, preocupados por una eficacia inmediata, no quisieron o no supieron desengañar. Lo mismo hay que decir sobre la idea de libertad que muchas veces fue interpretada en el sentido limitado de liberación fiscal, de supresión de todos los impuestos. Los comuneros insistieron continuamente en su propaganda en la idea de que pretendían liberar a los castellanos. Y fue precisamente en nombre de esa libertad por lo que empezaron su lucha contra los malos ministros y contra el mismo rey. Somos perfectamente conscientes de las ambigüedades que subyacen a la palabra libertad; la mayoría de las veces era sinónimo de exención fiscal, especialmente cuando era empleada en plural, pero el término acabó cargándose de más amplias resonancias. Los comuneros lucharon contra la opresión fiscal, pero también denunciaron la violación del contrato tácito que ligaba al rey con la nación; aspiraban a liberar a la patria de todo tipo de servidumbres, no solamente fiscales, y era ciertamente la voluntad de liberación la que animaba sus acciones y la que al mismo tiempo inquietaba a los soportes del orden establecido: el rey y los grandes señores. La llamada a la libertad, lanzada en primer lugar contra los impuestos excesivos, acabó dirigiéndose a todas las categorías de oprimidos: en las ciudades, a la masa de ciudadanos contra la minoría de los privilegiados; en los medios rurales, a los campesinos contra los malos ministros y los funcionarios prevaricadores o abusivos. Cometeríamos un grave error si olvidáramos estos matices que prestaron a la revuelta de las Comunidades el carácter de un poderoso movimiento de liberación de todas las servidumbres y opresiones, matices que no siempre fueron captados por los contemporáneos, pero que contribuyeron a asegurar a los comuneros, a pesar de sus excesos, una extraordinaria popularidad en gran parte del país.

Nacionalismo económico

La crisis que favoreció el estallido del conflicto de las Comunidades no fue solamente política; el equilibrio que en el Estado de los Reyes Católicos existía entre categorías sociales e intereses económicos contrapuestos se quebró a la muerte de Isabel, en 1504, y las contradicciones hasta entonces mitigadas u ocultas salieron a la luz. El éxodo rural, el alza de los precios, la lentitud administrativa y las dificultades de la industria, agravadas por la competencia extranjera, crearon una situación comprometida en Castilla, especialmente sensible en el centro de la península debido a la mayor concentración demográfica y al alejamiento de los puertos que mantenían una actividad económica en las regiones periféricas[1774]. El advenimiento de una dinastía extranjera en 1516 no hizo sino acentuar estas dificultades, evidenciando la dependencia de Castilla con respecto al extranjero. Los comuneros no olvidaron este aspecto de la crisis, pero no siempre supieron analizarlo correctamente.

Comprendían perfectamente que una mala gestión no podía explicar de manera satisfactoria el empobrecimiento del país, pero las soluciones propuestas no siempre atacaban las raíces del problema. Por ejemplo, atribuían el marasmo económico a las exportaciones masivas de moneda que habían llevado a la bancarrota a muchos comerciantes[1775]. Por tanto, reclamaron la puesta en práctica de tres medidas complementarias a fin de mantener a un nivel suficiente los signos monetarios en circulación: una aplicación más estricta de la legislación que prohibía la exportación de moneda, la devaluación y la acuñación de moneda de vellón. El alza de los precios constituía también una seria preocupación para los comuneros, pero no veían otra solución a este problema que la prohibición de la exportación de algunos productos (trigo, cueros, ganado), actitud de consumidores superados por la amplitud de un fenómeno que no llegaban a comprender.

Mayor interés presentan los artículos sobre el mercado de la lana y la protección de la industria textil. Al leer estos textos sacamos la impresión de que han sido redactados por gentes de la profesión, inquietos ante el monopolio de Burgos y el incremento de la competencia extranjera. Paradójicamente, como ya hemos dicho más arriba, fue la comunidad de Burgos la que presentó el análisis más sólido y preconizó las medidas más radicales. Los redactores de las instrucciones comenzaban su trabajo sentando el siguiente postulado: la exportación de la lana producía al país más inconvenientes que beneficios. Examinemos su argumentación. Si se prohibía la exportación de materia prima, ésta debería ser transformada en el país, elaborándose en España los tejidos y tapices que hasta entonces se importaban del extranjero. Sería suficiente atraer a especialistas extranjeros que formaran técnicamente a los obreros castellanos. El desarrollo de la industria textil permitiría la creación de gran número de nuevos puestos de trabajo (para el lavado, limpieza, cardado, peinado, hilado, tinte y tejido de la lana) y que a la población activa pudieran incorporarse incluso personas muy jóvenes o sin cualificar. La distribución de nuevos salarios mejoraría así el nivel de vida de la población y la miseria desaparecería. Si los castellanos iban a salir beneficiados de la industrialización, lo mismo podía decirse de las finanzas públicas. Los autores del texto evaluaban en 35.090 el total de balas de lana exportadas cada año. A un precio de 5000 maravedíes la bala, la suma total ascendía a 165 millones. Elaborando in situ la materia prima podrían fabricarse alrededor de 100.000 piezas de paño (tres por cada bala). A 5000 maravedíes la pieza se llegaría a la suma de 500 millones. Tales serían los beneficios de la industrialización del país, conseguida por la simple prohibición de la exportación de lana. Una simple operación de sustracción permite evaluar las ganancias de Castilla derivadas de la transformación in situ de la lana en lugar de exportarla en bruto al extranjero: 335 millones de maravedíes, distribuidos entre salarios, beneficios comerciales, etc. Se pondría fin a la necesidad de importar tejidos, el reino se enriquecería, al igual que sus habitantes, y el rey, por su parte, aumentaría su poder. ¿Y qué había que hacer para obtener tal resultado? No era necesario prohibir de manera definitiva todas las exportaciones de lana, sino simplemente aplazarlas durante un año. En el plazo de un año desde la operación del esquilado de las ovejas, la lana quedaría a disposición exclusiva de los industriales y artesanos nacionales. Transcurrido este plazo, la lana que no hubiera encontrado comprador podría ser vendida libremente a los exportadores[1776].

Este sugestivo proyecto recuerda al que ya en 1516 había sido propuesto a Cisneros. Al igual que aquél, se basaba en una teoría calculada del subdesarrollo que anunciaba las doctrinas mercantilistas. El programa de Tordesillas, sin ir tan lejos, se inspiraba en consideraciones análogas. Uno de los puntos que propugnaba era que el contingente de lana reservado para la industria nacional aumentara de un tercio hasta la mitad, reivindicación que recogía tanto los intereses de los exportadores como los de los fabricantes. La Junta preconizaba también medidas contra los que trataran de transgredir la ley. Para proteger los textiles castellanos de la competencia extranjera, el programa de Tordesillas exigía que los productos importados tuvieran las mismas cualidades que se exigían a los artículos nacionales, antigua reivindicación que había inquietado algunos años antes a los comerciantes burgaleses, importadores a la vez que exportadores[1777][1778].

Sin duda, los textos a los que acabamos de hacer referencia estaban inspirados por los industriales y artesanos de Segovia, Palencia, Cuenca…, en resumen, por los medios económicos que más tenían que perder ante la competencia extranjera y la situación de cuasimonopolio del Consulado de Burgos. En cambio, amenazaban directamente a cuantos participaban de los fructíferos beneficios del mercado de la lana: ganaderos, aristócratas propietarios de rebaños y pastos, comerciantes de Burgos y del extranjero, así como los industriales flamencos que compraban la lana castellana para transformarla y revenderla en forma de productos manufacturados. Así se confirma un hecho que ya hemos deducido al estudiar la localización y sociología de las Comunidades: la revuelta expresaba las inquietudes de las ciudades del interior, industriales y artesanales; las preocupaciones de las capas sociales medias con una organización más imperfecta y menos poderosas que la rica burguesía comerciante de las regiones periféricas. En la coalición que desde el otoño de 1520 se formó contra los comuneros se encuadraron cuantos poseían un interés común en la exportación de la lana, es decir, la aristocracia terrateniente, la burguesía burgalesa, el poder real, solidarios de aquéllos por dos razones: los derechos de aduana que percibía sobre las exportaciones y la protección que requerían los súbditos flamencos de Carlos V [1779].

3. El rey y la nación

Todo el mundo cree en Dios, moros y cristianos, pero ambos no se refieren al mismo Dios; todo el mundo grita: ¡Viva el rey! ¿Pero hablan acaso del mismo rey? Esta reflexión de un contemporáneo, en el otoño de 1520, sitúa el problema en el punto justo. ¿Tenían algo en común el concepto de la monarquía que sustentaban los comuneros y el sentido que prestaban a esta institución Carlos V y sus partidarios? Para responder a esta pregunta debemos reflexionar sobre el pensamiento político que inspiraba el programa de la Junta. Maravall ha facilitado notablemente nuestra labor; en lo esencial, todo queda perfectamente dicho en el libro que publicó en 1963 y cuyo subtítulo nos aclara la originalidad del movimiento comunero: una revolución moderna, posiblemente la primera en Europa occidental en la expresión de principios como la representación y soberanía nacionales, y no de una manera vaga e imperfecta, sino con toda claridad y rigor, con una coherencia y una lógica impecables[1780].

Carlos V comprendió en seguida el alcance revolucionario del movimiento al recibir en Worms una copia del programa de Tordesillas. Este texto le parecía la obra de rebeldes que exponían extensamente sus crímenes y que, lejos de implorar clemencia, pedían que se aprobaran sus actos y se legalizara su usurpación[1781]. Comentando el programa, Pero Mejía sacó esta conclusión: con este proyecto, los comuneros pretenden establecer una tutela sobre el rey, arrebatarle el poder efectivo[1782]. Es absolutamente cierto, en efecto, que la Junta depositaba el poder supremo en ella misma, en primer lugar, y a continuación, en las Cortes, que se erigían así en detentadoras de la soberanía del reino. El programa de Tordesillas no podía ser aceptado por el rey, y no tanto por las reformas preconizadas, se podían haber retocado, y además el almirante se había comprometido a conseguirlas todas, o casi todas[1783], sino por el procedimiento seguido al presentarlas y por la teoría política que las fundamentaba. La Junta no proponía; imponía, no dejando al rey otra alternativa que la de someterse y abdicar su autoridad o rechazar y acudir a la suerte de las armas. Fue precisamente el procedimiento y la teoría política de la Junta las que impulsaron a Burgos a apartarse del movimiento cuando se hizo evidente que la Junta no se contentaría con las reformas —si éstas se conseguían—, por importantes que fuesen. Era la Junta la que decidía en virtud de su propia autoridad. Fue esta misma actitud la que provocó el fracaso de cuantas tentativas de negociación se llevaron a cabo entre los dos bandos rivales; siempre se chocaba en el mismo punto, si la fuente de autoridad suprema era el rey o la nación. Si este programa de Tordesillas hubiera sido redactado doscientos o trescientos años más tarde lo hubiéramos calificado de proyecto constitucional, y ciertamente no nos habríamos equivocado.

El programa de Tordesillas iba precedido de una carta dirigida a Carlos V en la que la Junta precisaba el sentido de su actuación. Esta carta comenzaba recordando el contrato que ligaba al rey con sus súbditos y comentaba al respecto: el rey no está por encima de las leyes; está obligado a cumplirlas lo mismo que sus súbditos[1784]. Esta teoría del contrato no era nueva. Los letrados de la Junta la obtuvieron de la filosofía escolástica. Carlos V, educado en un contexto diferente, consideraba su reino como un bien patrimonial; no veía que pudiera existir contradicción o diferencia entre los intereses dinásticos y familiares y el interés nacional, entre el dominio público y el privado del soberano[1785]. Este malentendido se halla en el origen del grave desacuerdo surgido a propósito de la elección imperial y que el discurso de Mota ante las Cortes no consiguió desvanecer.

El rey y sus súbditos, ligados por un contrato tácito, tienen deberes recíprocos. El rey debe hacer justicia a sus súbditos, administrar el reino de acuerdo con el bien común y los intereses de la comunidad, a cambio de lo cual sus súbditos le deben obediencia y están obligados a proveer, mediante el impuesto, las necesidades del soberano y del Estado. ¿Y si el soberano incumple sus deberes? ¿Y si abusa de sus funciones dilapidando el patrimonio real? ¿Si sacrifica el bien común y el interés general a sus caprichos particulares, pidiendo, por ejemplo, impuestos desorbitados que no justifica la situación? Este era un caso previsto por los juristas. El rey se convertía entonces en tirano, y sus súbditos tenían derecho a rebelarse contra él[1786]. Desprecio del bien común, impuestos exagerados, tal era lo que los comuneros reprochaban a Carlos V en 1520. La Junta no lanzó contra él de una manera formal la acusación de tiranía, pero esta idea subyace implícita en todos los textos, y la palabra apareció en varias ocasiones escrita por la pluma de algunos propagandistas del movimiento[1787].

Los comuneros no se contentaron con recordar la teoría del contrato que ligaba al soberano con sus súbditos. Recogieron también en el pensamiento político transmitido por los teólogos una idea mucho más revolucionaria que pretendían implantar en la realidad: el rey y el reino no se hallaban en igualdad. En caso de conflicto entre ambos la última palabra correspondía al reino. Tal era lo que resumía la fórmula de Azpilcueta: el reino no es del rey, sino de la comunidad[1788]. Esto implicaba, por parte de los ciudadanos, responsabilidades políticas. Estaban obligados a velar por los intereses de la nación y defenderlos incluso contra el rey cuando ello fuera necesario:

Deben los súbditos guardar a su rey de sí mismo, que no haga cosa que no esté mal a su ánima ni a su honra ni daño ni mal estanza de sus reinos[1789].

Estas palabras de la Junta reproducían, suavizándolo un tanto, el preámbulo de las instrucciones de Valladolid, que era mucho más explícito:

De los leales vasallos e súbditos de la corona real destos reynos es desvelarse pensando en las cosas que bien están a su rey e señor natural e aquéllas procurarlas y allegarlas y las otras cosas que son contrarias, asy a la salud de su rey e bien de su ánima como lo que estuviese a mal estancia del reyno, lo deven estorvar por todas las maneras que pudieren, e los súbditos que asi no lo fízieren darían a entender que no amavan como devían a su rey y señor natural y serian por ello traydores y merescerían tal pena, segund que por las leyes destos reynos está asy determinado[1790].

Los comuneros invertían, pues, el razonamiento de sus adversarios: los traidores, los malos ciudadanos, no eran los que se negaban a obedecer ciegamente al soberano, sino quienes no asumían sus responsabilidades y se plegaban a todos los caprichos del príncipe. El deber de todo buen ciudadano consistía en oponerse a los designios del rey cuando tales designios pusieran en peligro los intereses del reino y de la comunidad. Ello implicaba una colaboración, un reparto de las responsabilidades entre el rey y el reino, como lo exigían los representantes de Toledo en marzo de 1520 y como lo propugnaba el manifiesto de los monjes de Salamanca en la misma época[1791]. Consecuentes con sus ideas, los comuneros deseaban que los virreyes no fueran designados por el soberano unilateralmente, sino tras haber consultado al reino. Esto suponía también —y sobre todo— que en caso de conflicto la última palabra debía corresponder al reino. Punto fundamental en el cual chocaron constantemente todas las tentativas de conciliación. Recordemos la indignación del almirante de Castilla en noviembre de 1520:

Rezia cosa es que aquellos oficiales que el rey cría, vosotros dygais que son desobedientes en no dexar los oficios por vuestro mandamiento, que es presuponer que el reyno manda al rey y no el rey al reyno. Cosa es que jamás fue vista[1792].

En último término, el reino estaba por encima del rey, la soberanía pertenecía a la nación (el reyno), que podía delegarla en el príncipe o recuperarla si consideraba que el monarca hacía de ella uso inadecuado. Los comuneros llevaron hasta sus últimas consecuencias la teoría del contrato, sustituyeron la voluntad del rey por la soberanía de la nación. Sin duda, el almirante era perfectamente consciente de ello cuando en noviembre consideraba que toda discusión era completamente inútil:

Estos quieren ser reyes. Ya no hay nombre de rey[1793].

Quedaba por precisar quién ejercería de hecho la soberanía. La nación (el reino) era un término vago. ¿Formaba parte de ella la alta nobleza? Respecto a este punto, la situación estaba clara. Los comuneros se negaban a asociar a la alta nobleza a las responsabilidades políticas. El poder pertenecía exclusivamente a las Comunidades, es decir, a las ciudades y a sus representantes, elegidos según el procedimiento al que ya hemos hecho referencia al hablar de las Cortes: si los caballeros y la pequeña nobleza eran llamados a elegir a sus procuradores, los Grandes quedaban excluidos formalmente de las asambleas políticas. Concretamente, la Junta general se consideraba cualificada para hablar en nombre del reino. Se afirmaba como la representación legítima de la nación. Este era otro punto que provocaba la indignación del almirante:

Devrían vuestras cosas, señores, limitarse en esta parte diziendo: fulano y fulano, procuradores de tales cibdades que aquí nos juntamos, e no firmemente llamaros procuradores de todo el reyno[1794].

La Junta replicó afirmando que representaba a la mayoría del reino y que, por tanto, expresaba válidamente la voluntad y la soberanía nacionales:

Maravillámonos de vuesa merced dezir que usamos de nombre impropio en pedir y proseguir nuestro sancto propósito en nombre de reyno, no estando aquí otras cibdades. Pues vuesa merced sabe y es notorio que los votos destos reynos son diez y ocho y dellos ay aquí los quatorze, que es mucha más de la mayor parte. E las otras fueron requeridas y son auidas por presentes, y si algunas dexan de venir es por estar opresas. Pero sabemos que han por bien las más dellas nuestro hecho, pues es remedio y reparo de todos[1795].

Partiendo de teorías tradicionales, desarrolladas ampliamente en los tratados escolásticos pero hasta entonces sin aplicación práctica, los comuneros elaboraron, pues, un pensamiento político coherente que hacía de la nación (el reino) la depositaría de la soberanía y voluntad nacionales. El contexto en el que se forjaba este concepto de nación, opuesto al rey y a la alta nobleza a un tiempo, no dejaba duda alguna sobre su significación revolucionaria.

La primera manifestación se produjo en 1517 cuando algunas ciudades de Castilla, inquietas ante la prolongación de una crisis, provocada y alargada por la ausencia del rey, pensaron en convocar una reunión ilegal de las Cortes. La ausencia del príncipe autorizaba a los súbditos a sustituirle para resolver los problemas más urgentes[1796]. Las decepciones subsiguientes a la llegada del rey, la elección imperial y la desesperación que provocó en el país, impulsaron iniciativas cada vez más revolucionarias. Poco a poco, una idea fue abriéndose paso: la nación debía tomar sobre sus hombros sus propios intereses, que podían no coincidir con los del príncipe. Las gestiones iniciadas por Toledo a partir del verano de 1519 hacían presagiar la que un año más tarde sería actitud de la Junta. En febrero de 1520 los monjes de Salamanca acabaron de dar forma a la doctrina política que había de inspirar a los rebeldes. No fue, pues, de modo fortuito que los comuneros llegaron a formular la teoría que hacía de la nación, representada en las Cortes, la depositaria de la soberanía. La crisis inaugurada en 1504 permitió que estas ideas maduraran lentamente para acabar imponiéndose como una solución posible. La nación no podía someterse ciegamente a un soberano ausente o débil y, además, como en el caso de Carlos V, extranjero. Debía velar por sus propios intereses reduciendo los derechos del príncipe. No era otra cosa que una monarquía templada, constitucional, lo que deseaban los comuneros. El soberano vería sus poderes estrictamente controlados y limitados por los representantes de la nación. Sentada esta premisa, ¿qué importancia pueden tener las lagunas que presenta el programa de Tordesillas, la conservación formal de algunos principios tradicionales como el que hacía del derecho de estar representado en Cortes un privilegio reservado únicamente a dieciocho ciudades, la timidez o el anacronismo de algunas reivindicaciones, especialmente en materia fiscal? Lo importante —creemos— es el carácter absolutamente innovador de este programa en el plano de la teoría política. Por primera vez en Europa, el concepto de nación se liberaba de su esterilidad tradicional y aparecía como un arma de lucha contra la monarquía y la aristocracia[1797]. En este sentido, las Comunidades de Castilla constituyen, en palabras de Maravall, la primera revolución de los tiempos modernos. Algunos teólogos españoles del siglo XVI continuaron desarrollando las ideas que habían servido de punto de partida a los comuneros, pero el contexto político creado por la derrota de Villalar les restó toda actualidad y eficacia. En la misma época, otros pensadores comenzaron a elaborar doctrinas que, insistiendo en los deberes y responsabilidades del soberano, trataban de justificar y ya no de combatir la práctica política del rey, intentando adecuar los hechos con el derecho[1798]. El fracaso de las Comunidades contribuyó en gran manera a acelerar este proceso en España.

TERCERA PARTE CASTILLA DESPUÉS DE VILLALAR

La represión comenzó inmediatamente después de la batalla de Villalar con la ejecución de los jefes militares de la insurrección e iba a proseguir durante varios años. En los primeros momentos, los virreyes, divididos entre el deseo de castigar a los responsables y la preocupación de no hacer caer a las ciudades en la desesperación, siguieron una política poco coherente. Enfrentados sobre la postura a adoptar, severos con algunos meros comparsas y sensibles a la protección de que gozaban algunos comuneros de renombre, se limitaron a restablecer el orden en el reino, lo que llevaron a cabo con éxito notable. A su regreso a Castilla, Carlos V se encontró con un país en el que todavía se veían huellas de la pasada conmoción, pero en el que el peligro de revueltas había desaparecido por entero.

Sin embargo, los virreyes dejaron a la Corte la responsabilidad de organizar la represión propiamente dicha. Los altos funcionarios que acompañaban al monarca no habían participado en los acontecimientos de 1520-1521. Su actitud fue de mayor dureza. Siguiendo sus instrucciones, las medidas adoptadas hasta entonces fueron modificadas y completadas hasta dar forma a un documento que se conoce con el nombre de Perdón de 1522 y que, en realidad, no era sino una relación de proscritos. Durante algunos meses, la justicia actuó con todo rigor. Las Cortes de 1523 manifestaron su inquietud ante la severidad de la represión y a partir de entonces se dulcificó un tanto el procedimiento, reduciéndose poco a poco el número de condenas.

La mayor parte de los juicios celebrados pronunciaron sentencias condenatorias de los antiguos rebeldes, decretando además la confiscación de sus bienes. La venta de estos bienes significó la introducción de cambios importantes en la estructura social castellana. Por otra parte, la importancia de las indemnizaciones a las víctimas de la rebelión y a la Hacienda Pública en compensación por las rentas del Estado intervenidas durante la revolución obligó a las ciudades a un esfuerzo financiero considerable, que se prolongó a lo largo de varios años y que no dejó de repercutir en la economía general del reino.

1. LA REPRESIÓN

I. —DE LA BATALLA DE VILLALAR AL REGRESO DE CARLOS V

1. Los problemas del mantenimiento del orden

A medida que las ciudades, una tras otra, fueron rindiéndose a la autoridad real, los virreyes se apresuraron a enviar a ellas corregidores para asegurar con mayor firmeza el control del poder central[1799]. No obstante, en ocasiones las circunstancias obligaron a hacer uso de procedimientos menos regulares. Los poderes que en otro tiempo habían detentado las Juntas locales pasaron entonces a manos de contrarrevolucionarios sin mandato de la población. En León, Ramir Núñez de Guzmán cedió su puesto al conde de Luna[1800]. El licenciado Peralta, que había llegado a Segovia en calidad de observador, se vio obligado —eso decía él— a asumir las funciones de corregidor para evitar nuevos desórdenes[1801]. Es cierto que en esta ciudad el corregidor designado por el poder central se negó a asumir las responsabilidades de su cargo:

Me e escusado de no tomar el corregimiento de Segovia porque me parece que no anda el mundo para desear estar en cargos de justicia[1802].

Ciertamente, el mantenimiento del orden planteó serios problemas en todas las ciudades. Estas se habían rendido y los comuneros más comprometidos habían huido (aunque no siempre), pero la población seguía mostrando su hostilidad contra el poder real. En Valladolid, por ejemplo, de donde se había expulsado a los vagabundos e indeseables (otras gentes de mal vivir[1803]), el almirante de Castilla no pudo entrar precisamente como liberador. Todo lo que encontró para recibirle fue una multitud silenciosa y aterrorizada ante el aparato policial del que aparecía rodeado el virrey[1804].

Las autoridades, por su parte, no dejaron de tomar precauciones. Así, una escolta de veinte hombres armados acompañaba siempre a los corregidores[1805]. A veces, pequeños grupos armados se instalaban en una ciudad a la que se consideraba sospechosa; una compañía de cien soldados ocupó Segovia durante cinco meses[1806]. En Valladolid, para desalentar todo posible movimiento de oposición por parte de la población, se exigió la entrega de cincuenta rehenes[1807], y el corregidor de Salamanca solicitó que se le enviaran cédulas en blanco para poder hacer frente a la eventualidad de unos monjes excesivamente reticentes[1808].

No fueron pocos los lugares donde se produjeron incidentes, poniéndose así de manifiesto hasta qué punto la victoria de las fuerzas del orden era todavía frágil. El primero de estos incidentes cronológicamente, y el más significativo también, tuvo lugar en Segovia en los primeros días de junio, con ocasión del traslado a la ciudad de los restos de Juan Bravo. En efecto, el 18 de mayo una cédula había autorizado a Jerónimo de Frías a exhumar el cuerpo del capitán comunero, enterrado en la iglesia de Villalar, para trasladarlo a Segovia[1809]. Lo que los virreyes habían pretendido que fuera un simple gesto pacificador se convirtió en una manifestación que estuvo a punto de desembocar en revuelta. Juan de Vozmediano, testigo ocular de los acontecimientos, nos ha dejado un relato, quizá parcial pero detallado, de los hechos. Los padres políticos de Juan Bravo, tanto los de su primera mujer, la familia Del Río, como los de la segunda, la familia Coronel, así como sus partidarios políticos (gente de poca suerte), pretendieron dar a los funerales el carácter de un homenaje solemne rendido al defensor de la comunidad. La ceremonia se celebró un domingo, el 2 o el 9 de junio. El cortejo fúnebre realizó un largo recorrido por los suburbios de la ciudad antes de llegar a la iglesia de Santa Cruz, situada extramuros, donde iba a celebrarse la inhumación. Al frente del cortejo marchaban hombres llevando crucifijos, miembros de cofradías, vestidos de luto y con antorchas en las manos. Por todas las calles corrían muchachas jóvenes (mochachas de mugeres pobres) que, según Vozmediano, habían sido contratadas para la ocasión; sus cabellos estaban revueltos y lanzaban continuos gritos de dolor:

Doleos de vos, pobrezitos, que éste murió por la comunidad.

Una multitud numerosa seguía el cortejo, emocionada y dispuesta a manifestar su furor —si hemos de dar crédito al almirante—. Uno de los espectadores habría sido despedazado por gritar:

Mira quál traen este traydor[1810].

Gonzalo de Herrera, yerno de Vozmediano, no pudo reprimir su cólera, y los hombres que había reunido bajo su mando en previsión de un posible tumulto arremetieron contra el cortejo, provocando una dispersión general. Por su parte, el corregidor envió patrullas por las calles y suburbios de la ciudad y consiguió restablecer la calma. Al día siguiente los contrarrevolucionarios, que se sentían en minoría, formaron un bloque compacto en torno al corregidor, jurando ante la cruz olvidar sus diferencias y prestarse socorro mutuamente. Pudieron contar con la ayuda de un poderoso aliado en la persona del conde de Chinchón, llegado a la ciudad durante estos acontecimientos. El jueves siguiente, la victoria de las autoridades y de los notables se afirmó con la ejecución de dos de los responsables de la organización de la ceremonia, que murieron en la horca. Vozmediano acabó solicitando con vehemencia que se expulsara de la ciudad a la mujer y a los parientes de Juan Bravo, ya que una fracción del pueblo (algunos menudos) demostraba gran afecto hacia ellos; mientras permanecieran en ella, la ciudad no podría verse libre de desórdenes semejantes[1811].

Después de conocer los acontencimientos de Segovia, no pueden extrañarnos las reticencias del corregidor de Salamanca cuando se le pidió autorización para inhumar el cadáver de Francisco Maldonado:

El cuerpo de Francisco Maldonado dizen que lo quieren traer a enterrar a esta cibdad; paréceme que Vuestra Señoría deve proveer que no se lo saque donde está y si aquí lo truxesen no consentiré syno que lo metan de noche y syn ponpa[1812].

Comprendemos también la inquietud de los virreyes cuando doña María de Pacheco pidiera, en octubre siguiente, que Padilla fuera inhumado en Toledo[1813]. Aunque muertos, los líderes comuneros eran todavía temibles.

Un mes después de la manifestación de Segovia estalló un serio tumulto en Madrid. El 7 de julio, unos trescientos cincuenta hombres, en su mayoría campesinos, se reunieron al parecer con la intención de incendiar la casa del corregidor para luego marchar sobre la prisión liberando a los presos políticos —especialmente Juan Negrete, antiguo jefe de la comunidad— y dar nuevo impulso al movimiento revolucionario interrumpido en Villalar. El problema era grave debido a la proximidad de Toledo, que todavía resistía a los ataques del ejército del prior de San Juan. El corregidor, alertado a tiempo, condujo a un lugar seguro a Juan Negrete y pudo dispersar fácilmente a los manifestantes. Uno de los agitadores, detenido en plena acción, fue colgado sin acusación ni juicio previo. Otro de ellos se refugió en una iglesia, donde las autoridades no dudaron en entrar para perseguirlo. El clero protestó de manera fulminante y excomulgó al corregidor y a sus ayudantes[1814].

Varios indicios nos permiten pensar que en Valladolid la comunidad no había sido aún completamente derrotada. Cierto que en las calles de la ciudad había renacido la calma: en este sentido, no hallamos mención de luchas callejeras, como había ocurrido en las semanas siguientes a la batalla de Villalar. Fue más bien en el seno del regimiento donde se enfrentaron los antiguos partidos antagónicos. El regidor Luis Godínez había sido uno de los máximos exponentes de la comunidad de Valladolid. Sin embargo, había conseguido beneficiarse de una cierta amnistía. Lejos de adoptar una actitud discreta como le aconsejaban las circunstancias, Godínez continuó asistiendo siempre en primer plano a todas las reuniones del regimiento, lo que provocó numerosos incidentes. Cada vez que aparecía, sus colegas, víctimas en otro tiempo del poder comunero, abandonaban visiblemente la sala de sesiones. De este modo, la gestión de los asuntos municipales se hallaba paralizada. Godínez mantuvo su actitud y acabó ganando la partida. El cardenal y el condestable se vieron obligados a recordar a los enemigos de aquél, el comendador Santisteban y el doctor Villarroel, y Verdesoto, que legalmente no existía cargo alguno contra el antiguo revolucionario, por lo cual no debían oponerse a su presencia en el regimiento[1815].

Godínez no fue el único en Valladolid en manifestar opiniones poco conformes con la nueva situación política. Otro comunero de renombre, don Juan de Mendoza, hijo del gran cardenal, se movía libremente por la ciudad haciendo observaciones que indignaban a los vencedores:

Que se mataría con quien dixese que lo que avían fecho las Comunidades no avia sydo bien fecho.

En el momento en que Castilla trataba de expulsar de Navarra al ejército francés invasor, don Juan se dedicaba a alabar las excelencias del rey de Francia.

Decía otras cosas en lor e fauor del rey de Francia.

El corregidor, colmada su paciencia, le conminó el 8 de julio a que abandonara la ciudad. Don Juan declaró que apelaría a su decisión, acudió a entrevistarse en forma amistosa con los oidores de la Chancillería y continuó recorriendo la ciudad sin preocuparse de la orden del corregidor. Este insistió nuevamente, amenazándole con la muerte si en el plazo de tres horas no había salido de Valladolid[1816]. Esta vez don Juan tomó en serio la amenaza y marchó a refugiarse en Francia.

Otro incidente se produjo en Cuenca en el mes de agosto, pero no resulta fácil decir si sus causantes fueron antiguos comuneros. El domingo, 4 de agosto, mientras realizaba su ronda habitual de vigilancia, un alguacil observó una aglomeración de gente un tanto sospechosa. Al aproximarse con los soldados de su escolta, los sospechosos se introdujeron en una casa de la vecindad. Los soldados rodearon la casa, la tomaron al asalto y dieron muerte a uno de ellos que resultó ser sobrino del regidor. Al día siguiente los padres de la víctima pidieron justicia; fue la señal de un nuevo tumulto. Al final el corregidor se vio obligado a desautorizar al alguacil e hizo detener a tres de sus soldados[1817].

Como vemos, pues, Villalar no puso fin a los conflictos en Castilla. Los espíritus seguían en tensión y los antiguos antagonismos no se habían superado; los comuneros derrotados conservaban todavía su prestigio y el menor incidente degeneraba en revuelta. Fue en medio de estas circunstancias difíciles cuando los virreyes comenzaron el proceso contra los responsables de la insurrección.

2. Las listas de proscritos

Mucho antes de la batalla de Villalar los virreyes se habían mostrado divididos respecto a la oportunidad y el alcance de la represión. ¿Convenía mostrarse indulgente con los rebeldes para poner fin lo más rápidamente posible a la guerra civil o, por el contrario, había que mantener una actitud de dureza que desalentara todo intento de subversión en el futuro? La historiografía tradicional nos ha legado una visión un tanto convencional de la postura de cada uno de los virreyes. El condestable, inflexible, riguroso, al menos hasta el regreso de Carlos V, para desaparecer entonces de la escena pública y desinteresarse del problema; el almirante, generoso, humano, preocupado por ganarse los corazones antes que tener que gobernar por el terror y aconsejando continuamente al soberano la clemencia, única manera de recobrar el amor de sus súbditos; entre ambos, el cardenal, inseguro e intentando mantener la armonía entre sus colegas. Esta visión no es completamente falsa, aunque hay que introducir importantes matices. El almirante no siempre siguió una política de apaciguamiento. Este gran señor feudal no perdonó muchas veces las ofensas; en 1521 no quiso olvidar el saqueo que los comuneros habían llevado a cabo en sus tierras de las cercanías de Valladolid, la destrucción de Torrelobatón y las cosechas perdidas. Dos meses antes de Villalar, el almirante propugnaba una actitud que al cardenal le parecía inadmisible y que calificaba de despiadada:

Los Grandes y caualleros que acá están no querrían que Vuestra Alteza diese el perdón general. El almirante dize ahora que le parece que se deue dar solamente a las ciudades y villas, pero no generalmente a todas las personas particulares porque conuiene mucho al seruicio y auctoridad de Vuestra Magestad que los más principales que han mouido y leuantado estas rebelliones y persisten en ellas sean muy bien castigados. No enbargante esto, digo que si con el perdón general estos reynos se pudiessen assossegar y assentar y reduzir a deuida obediencia, me parece que parece que Vuestra Magestad lo deuería conceder (…). Me parece cosa impía e inhumana que el almirante, viendo que el reyno se abrasa, acuerde más de dexarlo perder todo que supplicar a Vuestra Magestad por el dicho perdón general[1818].

La victoria limó las diferencias entre los virreyes y al final se impuso el punto de vista del almirante: no habría amnistía general y los jefes de la rebelión serían castigados. Sólo faltaba designar los culpables. Sin duda, un procedimiento judicial habría permitido descubrir exactamente a los culpables y delimitar las responsabilidades, pero habría resultado demasiado largo. Lo que los virreyes deseaban era, sin embargo, un castigo ejemplar e inmediato. Por ello, desde un principio decidieron acudir a otro expediente. En cada ciudad se castigaría a un número limitado de comuneros: los jefes, los agitadores, al menos en principio; al margen de estos exceptuados, que tendrían que responder por sus actos ante los tribunales, a los demás se les concedería el perdón, si bien no de modo inmediato, ya que los virreyes consideraban necesario exiliar provisionalmente a algunos individuos no exceptuados, pero cuya presencia podría constituir una seria amenaza para el orden público.

Durante los meses de abril y mayo los corregidores y los jueces desarrollaron una intensa actividad. En todas partes se elaboró una relación de culpables, a veces en condiciones que poco favorecían a los vencidos, a quienes evidentemente no se consultaba. Casi siempre eran los notables, antiguas víctimas de la revolución, ahora llenos de rencor, quienes decidían qué comuneros debían ser castigados en primer lugar. En Salamanca, por ejemplo, fueron solamente tres personas las que se encargaron de responder al juez Zárate a esta pregunta:

Dygan e declaren quiénes e quáles personas fueron los que más alborotaron e escandalizaron la cibdad de Salamanca e fueron más deservidores de sus magestades.

Así, se sometió a la atención de las autoridades una lista con 48 nombres, en muchos casos con argumentos poco concretos: ha sydo gran comunero, ha sydo alborotador y escandaloso[1819].

En ocasiones los investigadores trataban de actuar con objetividad, aunque no siempre lo conseguían. En Aranda de Duero se intentó en un principio clasificar a los culpables según los cargos que ocupaban en la comunidad: alcaldes, regidores, alguaciles, diputados, escribanos, capitanes, procuradores, etc.; pero como así no quedaban enumerados, ni con mucho, todos los comuneros, se estableció una nueva categoría: rebolbedores y alborotadores que an puesto la lengua en vuestra magestad y en sus visorreyes y provisiones. Se llegó así a casi setenta culpables, sin hablar de la masa anónima del pueblo: y otros ynfimos labradores y oficiales[1820].

Idénticos procedimientos y comentarios encontramos en otras ciudades[1821]. En ocasiones se trataba de influir en la decisión de las autoridades. La ciudad de León, por ejemplo, apoyada por el conde de Luna, hizo la observación de que en ella no se había cometido ningún crimen: ni muertes, ni casas destruidas, ni incursiones en las tierras de los grandes señores[1822]. En vano. León tuvo que entregar también su lista de responsables.

En general, las informaciones preliminares dieron un número demasiado elevado de culpables. Los virreyes se encargaron entonces de seleccionar entre ellos a los elementos más peligrosos sobre quienes recaería la justicia con todo su peso. Consideraciones de distintos tipos influyeron para apartar a unos de la lista fatal y añadir a otros, si bien es cierto que en esta segunda fase se atendió a un criterio más objetivo. En principio se excluyó de la amnistía a los comuneros que habían tomado parte en la detención de los miembros del Consejo Real, los que habían impedido al cardenal Adriano salir libremente de Valladolid en septiembre de 1520 y a los que se habían apoderado de la persona de la reina tras ocupar la ciudad de Tordesillas y, finalmente, a los jefes militares que habían combatido en Villalar[1823].

Sobre tales premisas, en el curso del mes de mayo todas las ciudades recibieron una carta de perdón de la que quedaron excluidos un cierto número de individuos. Muchas veces también, los virreyes decidían exiliar momentáneamente a antiguos comuneros no exceptuados[1824]. En todas partes, la elaboración de estas listas dio lugar a negociaciones de última hora. Muchos comuneros contaban con parientes y amigos en el bando de los vencedores e intentaban hacer uso de estas influencias para atenuar su culpabilidad y escapar a la proscripción. Así, Medina del Campo intervino en favor de Francisco de Mercado, de Luis de Quintanilla y del abad de Medina[1825]. La gestión no prosperó —al menos durante el mes de mayo—, pues más tarde Quintanilla encontró protectores más influyentes. Juan de Quirós, procurador de León en la Junta, se extrañaba de haber sido excluido de la amnistía mientras su colega Francisco Díaz se benefició de ella. Y ello pese a que sólo había asistido a las sesiones de la Junta durante unos quince días y en los últimos momentos de la rebelión[1826].

A veces, una anotación junto al nombre del culpable indicaba que las gestiones habían sido positivas[1827]. La mayor parte de las veces no queda huella alguna de estas luchas de influencias en las que sin duda se vio envuelta la redacción de estas cartas de amnistía. El tesorero Francisco de Vargas intervino en favor de la ciudad de Plasencia, a la que hubiera deseado ver perdonada sin restricción alguna. El almirante se opuso a ello por dos razones: en primer lugar la razón de Estado, ya que una ciudad en la que había existido mucha comunidad no podía beneficiarse de una amnistía total; la segunda razón pone de manifiesto una vez más cómo el almirante no merecía su reputación de generosidad y desinterés:

También pedía [yo] que hubiese exceptuados porque hubiese bienes para satisfazer los males que ellos mismos se hizieron[1828].

La condena de los exceptuados implicaba, en efecto, la confiscación de sus bienes y eran muchos los que, en el campo de los vencedores, contaban con tales confiscaciones para conseguir compensaciones —que, como veremos más adelante, el almirante no dejaría tampoco de reclamar—. La lealtad, el deseo de revancha, no sirven para explicarlo todo. Conviene no olvidar la codicia que animaba a los Grandes en el momento de repartirse los despojos. Esta referencia del almirante sobre los bienes de los exceptuados es reveladora respecto al espíritu que en muchas ocasiones debió presidir la elección de los nombres de los culpables.

La ciudad de Murcia, que junto con Cartagena y Lorca constituía un corregimiento especial, alejado de los centros castellanos de la rebelión, esperó durante mucho tiempo su carta de perdón. En esta región, la rendición a las tropas realistas estuvo acompañada de negociaciones y juegos de influencia muy intensos. Cuando por fin llegaron las cartas de amnistía, los regidores de Lorca estallaron indignados. ¡Murcia y Cartagena debían aportar un cierto número de exceptuados, en tanto que Lorca recibía una amnistía sin restricciones! Ello no podía ser debido más que a las maniobras del marqués de Los Vélez, que trataba de proteger a sus hombres:

Porque los oficiales de la comunidad de Lorca son criados y llevan acostamiento del dicho marqués[1829].

En conjunto hemos de decir, sin embargo, que las listas de proscritos elaboradas por los virreyes en mayo de 1521 no revelan grandes injusticias. Trataron de tener en cuenta muchos casos individuales y se esforzaron por delimitar exactamente las responsabilidades. Don Pedro Girón, que se había mantenido al margen de la guerra civil desde la conquista de Tordesillas, no fue perseguido. Don Pero Laso de la Vega y su colaborador el bachiller Guadalajara vieron recompensada su deserción; tampoco ellos figuraron entre las víctimas destinadas al castigo. Dicho esto, añadimos que ningún jefe comunero de importancia faltaba en la relación de los virreyes. El Perdón de 1522 firmado por el emperador sería mucho más riguroso, excluyendo a un número mayor del beneficio de la amnistía. Se basó en las listas de 1521, a las que se añadieron nombres nuevos.

3. Dificultades de la represión

Los procesos de los exceptuados deberían haber comenzado inmediatamente después de publicadas las listas de proscripción. De hecho, aunque sus bienes quedaron confiscados en seguida, la represión propiamente dicha se llevó a cabo con gran lentitud. Una serie de dificultades inesperadas obstaculizaron la labor de los jueces: o bien los presuntos culpables habían huido, o se habían refugiado en casa de amigos suyos desde donde ponían en marcha el juego de las influencias para intentar escapar al castigo; también en el bando de los vencedores surgían protestas y reclamaciones cuando se trataba de designar a los jueces. Por todas estas razones, la represión puesta en marcha por los virreyes careció de eficacia y se tradujo a fin de cuentas en un fracaso casi total: muy pocos comuneros fueron condenados antes del regreso de Carlos V y menos aún ejecutados.

Pese a las consignas que recibían en este sentido[1830], los corregidores dudaban a la hora de arrestar a los exceptuados:

Estos cavalleros tienen cada vno su amygo[1831].

¿Cómo estar seguro de que a quién se detenía hoy no se beneficiaría mañana de una medida de clemencia? En Segovia, por ejemplo, antes de que llegara a su fin el mes de mayo, el almirante concedió el perdón a uno de los exceptuados[1832]. Esto alimentó no pocas esperanzas. La Universidad de Salamanca se apresuró a apelar contra la revocación del doctor Juan Gómez de Valdivielso, bedel comprometido y buscado por las autoridades[1833]. Una represión demasiado dura podría tener desastrosas consecuencias. Esto era lo que trataban de exponer especialmente los representantes de la ciudad de León:

Los procuradores de León suplican a Vuestra Magestad les plega mandar dar por su cédula o provysión al corregidor de la dicha cibdad de León que no conozca en cosa alguna tocante a los que en aquella civdad e su tierra an seguido la opinión de la Junta de Comunidades por cosa alguna que ayan fecho o dicho en favor de la dicha Junta e comunidades hasta tanto que a Vuestra Magestad les plega mandar dar asyento en el perdón de aquella civdad, porque si otra cosa se hiziese antes del dicho perdón sería cavsa de despoblar la dicha civdad, porque por fuerza o voluntad mucha gente della a sydo en la opinión de la dicha Junta e asy los que la siguieron por fuerza como por voluntad todos temerán e se huyrán y la dicha civdad quedarya despoblada[1834].

Poco después, León volvió a insistir. Entre los exiliados de esta ciudad figuraba un tal Antón Alonso. Si se consumaba su partida, León quedaría desabastecida de carne. En efecto, Antón Alonso aprovisionaba a las carnecerías de la ciudad y trabajaba a precios muy razonables. ¿Qué pasaría ahora que se le prohibía residir en el territorio de León?… Naturalmente, el cardenal Adriano se vio obligado a suspender la orden de destierro por cuatro meses antes de ver a la población de León perecer de hambre[1835].

Sin duda, en muchas ciudades se plantearon casos parecidos. Añadamos a ellos la protección de que gozaban muchos exceptuados, las múltiples presiones que se ejercían sobre los corregidores y comprenderemos cómo se llegó a la situación que exponía el presidente del Consejo Real el 6 de agosto de 1521:

El Conseio está oy en tal punto que en ninguna cosa puede hazer justicia (…). También en muchos casos particulares están inhibidos hartos corregidores para que no hagan justicia[1836].

Es lógico, pues, que los corregidores se lo pensasen dos veces antes de decidirse a practicar una detención por miedo a que su decisión fuera revocada por las altas esferas. Un ejemplo notable en este Sentido lo constituye el asunto Negrete-Castillo. Juan Negrete y el bachiller Castillo habían sido los grandes dirigentes de la comunidad de Madrid. A tal título habían sido incluidos en la lista de exceptuados y el corregidor ejecutó su arresto con la complacencia de los notables locales, deseosos de hacerse con sus bienes so pretexto de la reclamación de daños y perjuicios que hacían a los dos culpables, considerados responsables de cuantas expoliaciones habían tenido lugar antes de Villalar. Pero Negrete y Castillo supieron maniobrar con habilidad. En efecto, si Madrid se había rendido sin problemas en lugar de imitar el ejemplo de Toledo, esto se debía a su intervención y, muy probablemente, ambos habían recibido seguridades en tal tesitura. El día 7 de junio el condestable ordenó al corregidor que pusiera a Castillo en libertad sin fianza; ocho días después un nuevo documento hacía lo propio con Negrete. Estas instrucciones fueron confirmadas el 23 de junio y 25 de julio[1837]. Negrete recibió la amnistía total el 8 de agosto de 1521[1838], pero la presión de los notables madrileños sobre el corregidor era de tal magnitud que los jueces locales decidieron mantenerle en prisión contraviniendo la orden de los virreyes[1839].

Otro exceptuado de Madrid, Pedro de Losada, tuvo mejor suerte. Gracias a la intervención del condestable se le concedió libertad provisional en octubre[1840]. Vemos, pues, cómo el ejemplo de relajación lo daban las altas esferas. Cada uno se esforzaba por salvar a «su» comunero y los mismos virreyes no dudaban en intervenir en favor de sus amigos.

Todo el mundo conocía perfectamente en Valladolid el papel preeminente que había desempeñado el licenciado Bernaldino en el seno de la comunidad, por lo cual apareció en la lista de los exceptuados. Sin embargo, a finales de mayo el célebre abogado encontró un encendido defensor en la persona de su antiguo cliente el condestable, que presentó así su causa en una carta a Carlos V:

Después que entré en Valladolid supe que el licenciado Bernaldino a servido más que enojado, y, demás de la información que tomé, lo e visto por testimonios signados de escríbanos dinos de fe e más, como en aquella congregación donde le llevaban contra su voluntad no avía seso, aprovechaba poco el suyo ni sus consejos. Suplico a Vuestra Magestad pierda enojo del y si justicia se le guarda como Vuestra Magestad lo mandará, más gracia merece que otro, porque, a la verdad, para ninguna cosa que buena fuese querían tomar su boto y desto yo hago cierto a Vuestra Magestad por lo que he visto[1841].

Tal fue lo que el condestable se atrevió a escribir sobre el licenciado Bernaldino, que había sido el consejero jurídico de la Junta y de la comunidad de Valladolid y uno de los ideólogos de mayor relieve del movimiento. Por supuesto, el cardenal Adriano se negó a apoyar las afirmaciones de su colega, pero el condestable continuó empeñado en salvar a su antiguo abogado, llegando incluso a emplear argumentos inesperados:

El condestable me dixo que todos los días offendemos a la divina magestad y que, queriendo nosotros perdonar, alcanzamos venia y que assí no deuríamos tanto encarecer el crimen de lesa magestad terrena. A esto le respondí que muchas cosas cometemos contra Dios y contra reyes que no son crímenes de lesa magestad[1842].

El licenciado Bernaldino no obtuvo el perdón, si bien escapó a la persecución, ya que el conde de Coruña, otro de sus clientes, se brindó a protegerle en su feudo[1843].

Tampoco los Grandes dudaban a la hora de acudir en ayuda de sus amigos comprometidos. El marqués de Astorga realizó continuas gestiones en favor de Juan de Las Alas, canónigo de León[1844]. El duque del Infantado solicitó gracia para un procurador de la Junta; el condestable parecía dispuesto a concedérsela, pero se encontró con la oposición decidida del cardenal Adriano[1845]. Juan de Solier, recomendado de Hernando de Silva, fue puesto en libertad sin fianza[1846]; e incluso el mismo rey de Portugal intercedió para conseguir la salvación de Juan de Porras[1847].

En verdad, la hora de la represión fue también la de las recomendaciones y la de las protecciones más o menos eficaces. ¿Quiénes eran, entre los vencedores, los que se prestaban más fácilmente a este juego? Muchas veces, precisamente aquellos a los que la historiografía tradicional presenta como los más inflexibles, por ejemplo, el condestable. En cambio, el almirante no ocultaba en esta época su indignación contra los Grandes que protegían a los comuneros:

Decí a su alteza que debe embiar una provisión en que manda que, so pena de perder los bienes y caer en mal caso, no tenga nadie en su casa los condenados porque están en cassa de Grandes i de otros[1848].

En la misma carta, el almirante encontraba escandaloso e indignante que don Pedro Maldonado estuviera aún con vida gracias a la protección del conde de Benavente[1849]. En cuanto al cardenal, perfectamente decidido sobre la conducta a seguir, preconizaba una represión limitada, pero enérgica:

Si el crimen de lesa magestad no es caso castigado, yo no sé qué es lo que quedará seguro; y añadía esta observación bien explícita acerca de las segundas intenciones de la nobleza:

Ellos [los Grandes] querrían bien que todas cosas fuesen [¿apagadas?] para que con esto estuviessen seguros los que secretamente movieron estos tumultos[1850].

A veces era otro el motivo que impulsaba a los virreyes a la indulgencia. Muchos antiguos comuneros, y entre ellos algunos exceptuados, habían solicitado unirse al ejército que en Navarra luchaba contra los invasores franceses. Sin duda, consideraban que ésta era una forma adecuada de reparar faltas pasadas y de atraerse los buenos deseos del emperador. Desde luego, los virreyes vieron con buenos ojos esta iniciativa, a pesar de las críticas insidiosas de algunos elementos irreductibles[1851]. Uno de los principales beneficiarios de este agradecimiento fue el comendador Luis de Quintanilla, quien luchó bravamente en Navarra y durante el sitio de Fuenterrabía. El condestable y el cardenal propusieron al emperador que examinara su caso con la mejor disposición[1852].

En resumen, por una u otra razón muchos exceptuados podían esperar salir bien librados. Lo esencial para ellos era no caer en manos de la justicia y esperar que sus protectores intercedieran en las altas esferas. Dado que los corregidores estaban al tanto de todos estos tejemanejes, tampoco mostraban un celo excesivo en la persecución de los culpables. No debe extrañarnos, pues, que un número tan importante de exceptuados tuviera tanta libertad de movimientos y, aparentemente al menos, se preocupara tan poco por su suerte. Muchos encontraban refugio en las tierras de los Grandes o en las iglesias y monasterios. Periódicamente, los virreyes o el Consejo Real llamaban la atención a los corregidores sobre estas situaciones inadmisibles y recomendaban al clero que no interfiriera en el curso normal de la justicia[1853]. La repetición de estas advertencias es prueba elocuente de su total ineficacia. En el momento en que el rey desembarcó en España eran muy pocos los exceptuados que llenaban las prisiones. La mayor parte de los encarcelados habían sido hechos prisioneros antes de Villalar.

4. Los resultados

Si grandes fueron las dificultades que tuvieron los vencedores para detener a los exceptuados, no fueron menores las que se encontraron a la hora de celebrar los procesos. El 26 de marzo de 1521 un documento había confiado la responsabilidad de la represión a los virreyes y al Consejo Real, texto ambiguo que no preveía los conflictos que podrían surgir entre las dos autoridades[1854]. El almirante no ocultaba la antipatía que le inspiraban los miembros del Consejo, a quienes juzgaba casi con tanta severidad como los comuneros. Ya antes de la batalla de Villalar el almirante y el Consejo se habían enfrentado a propósito de los procuradores de la Junta arrestados en Tordesillas. El Consejo quería juzgarlos en forma inmediata, en tanto el almirante prefería esperar, ya que temía que un juicio en plena guerra civil pudiera exasperar a los rebeldes en lugar de intimidarles. En aquel momento consiguió que el cardenal le apoyara[1855].

Consumada la victoria, ninguna razón de oportunidad parecía existir para que la justicia no siguiera su curso. Sin embargo, el enfrentamiento surgió nuevamente porque el almirante planteó una cuestión previa, apoyada al parecer por algunos aristócratas de la Corte, en particular el duque de Alba: ¿estaba el Consejo Real, dada su constitución, cualificado para juzgar a los comuneros? Desde el punto de vista jurídico, la respuesta no ofrecía dudas. Desde su reorganización por los Reyes Católicos, el Consejo Real detentaba prerrogativas judiciales al mismo tiempo que tenía competencia en los asuntos administrativos. El almirante no olvidaba, no obstante, que la rebelión había sido provocada en parte por la corrupción del personal político y que los miembros del Consejo Real habían sido acusados, no sin razón, de prevaricación y de haber encubierto con su autoridad las prácticas más deshonestas. Ello explicaba la hostilidad de los comuneros contra el Consejo.

Así, el almirante concluía que el Consejo no debía encargarse de la represión, pues en tal caso sería juez y parte:

El reyno no puede allanarse siendo juzgado por sus enemigos, y proponía una solución radical, cual era la renovación total del Consejo[1856]. El debate no oponía tan sólo al almirante y al Consejo, sino que dividía también a los virreyes. El condestable se había mostrado siempre favorable al Consejo y había protegido en su feudo al presidente y a los miembros más despreciados de esta institución cuando la Comunidad victoriosa les perseguía. Por tanto, salió en su defensa invocando como último argumento la razón de Estado:

Quanto al capítulo quel almirante habla en los del Consejo, digo yo, el condestable, que los tengo por buenos y nunca les vi azer cosa ynjusta y que, caso que fuesen malos, que en este tiempo no conviene al seruicio de Vuestra Magestad que se aga mudanza.

Esta fue la respuesta del almirante:

La causa porque digo que se muden los del Consejo es porque ellos están vezados de tratar las cosas con rigor y no saben compasar el tiempo, y puso como ejemplo la inoportuna expedición de castigo contra Segovia en junio de 1520, que había precipitado al reino en la guerra civil[1857].

El almirante afirmaba que los miembros del Consejo, en su inflexibilidad, no pensaban más que en ahorcar y degollar:

Conviene remediar lo del Consejo porque traen el cochillo en las manos y no es preso el onbre quando es degollado o ahorcado[1858].

Por eso el pueblo les odiaba. Encargarles de llevar a cabo la represión supondría multiplicar los motivos de descontento. Por lo tanto, era imprescindible cuando menos revocar a los personajes más odiados o encargar de la represión a una comisión mixta:

Querer que los enemigos del reyno sean juezes del, esto es ynhumanidad no pensada ni oyda. No digo que todo el Consejo se quite (…) mas digo que para ganar las voluntades del reyno conviene hazer alguna mudanca en aquella parte dellos que se hallaren agraviados del reyno, a quien el reyno tiene por enemigos por la culpa del mismo reyno (…). Si en lo del Consejo no acuerda de hazer lo que le he acordado, que deve el rey mandar que se tomen tres letrados del Consejo, los más desapasyonados, y tres de la Cancillería, y quéstos sean juezes de las cosas de los condenados y culpados[1859].

Desde luego, el almirante perdía el tiempo. La Corte apoyaba incondicionalmente al Consejo con el mismo énfasis con que los comuneros los habían atacado[1860]. Era, pues, el Consejo Real el organismo que debía encargarse de los procesos contra los exceptuados. Los corregidores, los jueces reales, a veces los jueces señoriales, juzgarían también a los rebeldes[1861], pero en última instancia sería el Consejo Real la suprema autoridad y podría ordenar la revisión del proceso si consideraba que las condenas no eran suficientemente duras[1862].

Por otra parte, es muy posible que la severidad del Consejo no tuviera otro efecto que el de limitar aún más la eficacia de la represión. En efecto, los culpables procuraban ocultarse por el temor a comparecer ante jueces poco imparciales, y los funcionarios subalternos, conscientes de tal situación, no mostraban gran celo por entregarles al verdugo. El Consejo Real se hallaba solo, completamente solo, en 1521 y tendría que esperar al regreso de Carlos V para organizar la represión como sus miembros pretendían; pero para entonces muchos rebeldes ya habían conseguido un refugio seguro.

El número de condenas y ejecuciones durante este primer período fue, pues, muy limitado. Los primeros en sufrir el castigo fueron los tres jefes comuneros capturados en Villalar. Al día siguiente de la batalla, Padilla, Bravo y Francisco Maldonado comparecieron ante los jueces reales Cornejo, Salmerón y Alcalá. Tras un proceso extraordinariamente breve, en que los jueces se limitaron a plantear algunas preguntas a los acusados —que no parece tuvieron ocasión de defenderse—, fueron condenados y decapitados inmediatamente:

En Villalar, a veinte e cuatro días del mes de abril de mil e quinientos e veinte e un años, el señor alcalde Cornejo, por ante mí, Luis Madera, escribano, recibió juramento en forma debida de derecho de Juan de Padilla, el cual, preguntado si ha seido capitán de las Comunidades e si ha estado en Torre de Lobaton peleando con los Governadores de estos reinos contra el servicio de sus magestades, dijo que es verdad que ha seido capitán de la gente de Toledo e que ha estado en Torre de Lobatón con las gentes de las Comunidades e que ha peleado contra el condestable e almirante de Castilla, gobernadores de estos reinos, e que fue a prender a los del Consejo e alcaldes de sus magestades. Los mismo confesaron Juan Bravo e Francisco Maldonado haber seido Capitanes de la gente de Segovia e Salamanca. Este dicho día, los señores alcaldes Cornejo, e Salmerón e Alcalá dijeron que declaraban e declararon a Juan de Padilla e a Juan Bravo e a Francisco Maldonado por culpantes en haber seido traidores de la corona real de estos reinos y en pena de su maleficio dijeron que los condenaban e condenaron a pena de muerte natural e a la confiscación de sus bienes e oficios para la cámara de sus majestades, como traidores (…). E luego incontinente se ejecutó la dicha sentencia e fueron degollados los susodichos[1863].

Poco después de Villalar, el deán de la catedral de Burgos arrestó a un conciudadano suyo, el licenciado Urrez, a quien la Junta había nombrado corregidor de la Merindad de Campos[1864]. Urrez debió ser juzgado y condenado en el curso de la semana siguiente, ya que un documento fechado el 28 de julio de 1521 le da por muerto[1865].

En el mes de agosto, y también en la región de las Merindades, Alonso de Saravia cayó por azar en manos de policías que perseguían a un ladrón. Trasladado a Reinosa, fue reconocido y llevado a Burgos, donde se le juzgó, siendo ejecutado el 19 de agosto. La acusación lo presentó como uno de los peores agitadores de la comunidad de Valladolid, lo que es exacto, profeta de maldad[1866].

Hay que esperar al mes de abril de 1522 para hallar testimonios de nuevas ejecuciones en virtud de las sentencias pronunciadas por los alcaldes de Corte o el Consejo Real; nos referimos a las de Diego Pacheco y el licenciado Alonso del Rincón[1867]. En conjunto, desde el 24 de abril de 1521 hasta el 16 de julio de 1522, fecha en que se produjo el regreso del emperador, la represión dirigida por el poder central no había hecho más que siete víctimas. Habría que añadir el nombre de Francisco Pardo, exceptuado de Zamora, que se suicidó en su celda, en junio de 1521[1868], y sobre todo a los comuneros condenados por tribunales extraordinarios —como el doctor Zumel en Toledo— y por la justicia señorial[1869]. Sabemos, en efecto, que algunos señores castigaron, a veces con gran dureza, a los súbditos que se habían sublevado contra ellos, sobre todo el condestable, el conde de Chinchón y el conde de Buendía. Sin embargo, ignoramos el número de víctimas que pudieron producir estas represalias[1870].

Es indudable que la justicia real se mostró más indulgente, ante todo porque ofrecía a los acusados mayores garantías. Con excepción de Padilla, Bravo y Francisco Maldonado, todos los demás culpables pudieron presentar su defensa contando con la colaboración de un abogado. Por otra parte, la justicia real sólo procesó a los exceptuados de las grandes ciudades, quienes, como ya hemos visto, gozaban muchas veces de una protección con la que no podía contar la masa anónima sometida a la justicia señorial. Si se producía algún error, los acusados tenían la posibilidad de apelar[1871] y, además, desde la publicación de las listas de proscripción los virreyes concedieron varías amnistías suplementarias[1872].

Aparte de las condenas a muerte seguidas de ejecución a las que ya hemos hecho mención, sólo tenemos constancia de otras tres sentencias pronunciadas contra exceptuados durante este período. Una de ellas fue la del doctor Zúñiga, profesor de la Universidad de Salamanca, cuyos bienes fueron confiscados y su cátedra declarada vacante[1873]. Las otras dos fueron las de Francisco de Ocampo, comunero de Zamora, el 23 de noviembre de 1521, y la de Juan Osorio, comendador de Dosbarrios, el 23 de junio de 1522; ambos fueron condenados a muerte[1874].

En todos los demás casos el proceso quedó en la etapa de instrucción del sumario. El 6 de noviembre de 1521 el Consejo Real citó a declarar a la mayor parte de los exceptuados[1875]. A partir de entonces, periódicamente se repitieron citaciones de este tipo[1876]. Ello no significa que la instrucción del sumario hubiera terminado. Al contrario, los fiscales continuaron preparando sus requisitorias, siguieron solicitando la declaración de nuevos testigos y reclamaron informaciones complementarías[1877].

Podemos concluir, pues, que el balance de la primera etapa de la represión es poco significativo: pocos procesos y aún menos ejecuciones. En algunas ciudades los vencedores tomaron medidas que demostraran espectacularmente la derrota de la Comunidad. El 13 de mayo de 1521 el corregidor de León recibió la orden de destruir hasta los cimientos la casa de Ramir Núñez de Guzmán[1878]. Ya hemos visto también cómo la casa de Padilla en Toledo siguió la misma suerte[1879]. De esta época datan los «escudos picados» que desfiguran los frontones de algunas mansiones importantes de Segovia y de otras ciudades: fue consecuencia del deseo de borrar de las fachadas las armas de los comuneros a quienes pertenecían[1880]. En el mismo espíritu hay que situar la búsqueda y destrucción sistemática en todas partes de los documentos emanados de las autoridades revolucionarias[1881]. Es así como muchos testimonios de enorme valor para conocer el pensamiento, las intenciones y realizaciones de las Comunidades han desapañado para siempre. Muy pocos escaparon a la destrucción, hasta tal punto que resulta necesario acudir a los documentos de sus enemigos para encontrar información sobre los comuneros.

Pese a todo, la Comunidad conservaba todavía parte de su prestigio. El 3 de junio de 1521, en Ávila, un monje agustino, fray Pedro de la Cruz, atacó duramente a los virreyes en un sermón pronunciado en el convento de Nuestra Señora de Gracia[1882]. En octubre se señala la celebración de reuniones sospechosas en Valladolid: algunos individuos al parecer mantenían propósitos hostiles al poder central y llevaban a cabo propaganda subversiva[1883]. La situación en Murcia era motivo de mayor inquietud, ya que la rebelión de las Germanías del reino de Valencia no había sido aún totalmente sofocada. Los antiguos funcionarios de la comunidad comenzaron a elogiar abiertamente a la revolución ya vencida; acogieron abiertamente a los comuneros huidos de Castilla y unos y otros mantuvieron a la ciudad de Murcia en un estado de agitación que podía degenerar en revuelta al menor descuido del corregidor[1884]. Señalemos, en fin, el caso de Francisco de Cigales, condenado por el corregidor de Salamanca por haber sostenido puntos de vista favorables a las Comunidades[1885]. Ciertamente, éstos no eran más que los últimos fulgores del incendio que había asolado a Castilla en 1520-1521. En general, un año después de Villalar los virreyes parecían controlar perfectamente la situación, si bien la represión no se había llevado a cabo más que de forma moderada.

II. —EL PERDÓN DE 1522

Carlos V desembarcó en España el 16 de julio de 1522 y se dirigió inmediatamente a Palencia, donde permaneció la Corte durante cerca de dos meses[1886]. Bajo la dirección personal del emperador, la represión contra los comuneros adquirió entonces un ritmo más intenso: en tres meses, casi cien condenas serían pronunciadas y más de quince exceptuados ejecutados. Carlos V decidió permanecer en Palencia hasta que los tribunales hubieran terminado la parte más importante de su tarea[1887]. Después de esto se trasladó a Valladolid, donde promulgó solemnemente el Perdón de Todos los Santos, una amnistía mucho más limitada que la de los virreyes.

1. Las ejecuciones de Palencia

Apenas llegado a Castilla, el soberano desvaneció las esperanzas que todavía conservaban algunos rebeldes, confiados en la protección de los virreyes o de amigos poderosos. Pronto quedó en claro que el emperador no estaba predispuesto a la clemencia. Don Pedro Girón y don Pero Laso de la Vega así lo comprendieron y desaparecieron de inmediato en la clandestinidad[1888]. Menos afortunados, los exceptuados que estaban en prisión —una minoría— fueron juzgados inmediatamente y un mes después del regreso de Carlos V subían al cadalso.

Un documento de trabajo, que creemos poder fechar en la segunda mitad de julio, contiene los principios en los que debía inspirarse la represión:

1). Los exceptuados serían juzgados rápidamente, pero se les garantizaría su derecho a defenderse; el Consejo Real conservaba la suprema responsabilidad de la represión, de la que daría cuenta personalmente al emperador:

Que no se sentencian syn que se haga relación con el Consejo para lo consultar con su magestad.

2). Los comuneros no exceptuados o amnistiados por los virreyes quedarían al margen de toda persecución; esta cláusula (comuneros amnistiados por los virreyes) no sería respetada.

3). Se requeriría a los Grandes y a cuantos mantenían bajo su protección a algún exceptuado que los entregaran a la justicia[1889].

El Consejo Real, sin esperar a la revisión de las listas de proscripción, pasó inmediatamente a examinar los casos de los comuneros que se hallaban en prisión, cuya suerte quedó decidida en pocas semanas. El más ilustre de los condenados de Palencia fue, sin duda, don Pedro Maldonado. Capturado en el campo de batalla de Villalar, debía haber sido ejecutado en principio con sus dos compañeros de armas, Padilla y Juan Bravo, pero su tío, el conde de Benavente, consiguió para él un aplazamiento, miniando en su lugar su primo, Francisco Maldonado. El conde de Benavente esperaba que el emperador mostraría clemencia hacia su sobrino y consiguió que su proceso quedara aplazado hasta el regreso de Carlos V. Sin embargo, tuvo que renunciar a la custodia de don Pedro; quien desde el 20 de mayo de 1521 pasó al castillo de Simancas[1890]. La leyenda cuenta que don Pedro Maldonado habría podido escapar fácilmente cuando era trasladado a Simancas y que habría renunciado a ello porque esperaba conseguir la gracia del soberano[1891]. Si esta anécdota es cierta, don Pedro sufrió bien pronto un enorme desengaño. En agosto de 1521 una orden formal de la Corte recomendaba al gobernador de Simancas que vigilara estrechamente a su prisionero[1892]. Un año después, el Consejo Real le juzgaba en Palencia, condenándole a muerte. El 13 o el 14 de agosto de 1522 don Pedro Maldonado salió de su prisión montado en una mula y encadenado para ser ejecutado en la plaza pública de Simancas[1893].

Algunos días más tarde tuvieron lugar otras ejecuciones en Medina del Campo. Se trataba de un grupo de procuradores de la Junta que habían sido hechos prisioneros a raíz de la ocupación de Tordesillas por las tropas realistas. Catorce procuradores habían caído entonces en poder de sus enemigos[1894]. Mucho se discutió entonces sobre su suerte, ya que el Consejo Real pretendía que fueran juzgados inmediatamente, a lo cual se opusieron el almirante y el cardenal. Durante algún tiempo se pensó en canjearlos por elementos leales en poder de la Comunidad; a fin de cuentas, el proyecto no prosperó, pero al parecer a los procuradores se les había tratado siempre con gran consideración. Muchos de ellos gozaron, de hecho, de una libertad más o menos vigilada, especialmente quienes contaban con la protección de un alto personaje, como Suero del Águila o don Antonio de Quiñones, sobrino del marqués de Astorga, o también el canónigo Juan de Benavente, recomendado del conde de Benavente[1895]. De tal suerte, siete de los detenidos habían permanecido en libertad sin fianza. Con ocasión de la guerra de Navarra algunos de ellos se alistaron en el ejército que luchaba contra los invasores franceses[1896]. Es probable que aprovecharan la ocasión para desaparecer, y a partir de entonces no volverían a ser vistos en Castilla.

Menos afortunados, sus colegas prisioneros iban a ser ejecutados tras un largo cautiverio. Cuando los virreyes decidieron destruir el castillo de Tordesillas, donde habían permanecido vigilados, se pensó en trasladarlos a Zamora o a Arévalo[1897]. Sin embargo, continuaron en Tordesillas hasta enero de 1522, fecha en que pasaron a La Mota, localidad próxima a Medina del Campo[1898]. Allí su suerte empeoró notablemente. Encadenados (con grillos e cadenas) dormían por la noche en una mazmorra y no podían recibir visitas, ni siquiera de sus abogados. El almirante y el condestable llegaron incluso a pedir al gobernador de La Mota que les tratara con mayor humanidad, que les autorizara a entrevistarse con sus abogados y que se les proveyera de algunos sirvientes para atender a sus necesidades[1899]; pero el Consejo Real permanecía vigilante y recomendó al gobernador que no relajara su custodia[1900].

En los primeros días de agosto de 1522 el Consejo Real condenó a muerte a los siete procuradores que todavía estaban encarcelados: Pedro de Sotomayor, Pero Merino, Juan de Solier, el licenciado Bartolomé Santiago, Pero Sánchez, Diego de Montoya y el doctor Juan Cabeza de Vaca fueron ejecutados en la plaza de Medina del Campo[1901].

Se atribuyen estas palabras al emperador, después de consumarse las ejecuciones del mes de agosto:

Eso basta ya, no se derrame más sangre[1902].

Si es cierto que Carlos V pronunció estas palabras, desde luego las cumplió, ya que no habría en el futuro más ejecuciones por la participación en la rebelión de las Comunidades; las dos excepciones aparentes (la muerte del conde de Salvatierra y la del obispo de Zamora) constituyen casos particulares a los que haremos referencia más adelante. No hemos encontrado testimonio de la condena de Antonio de Villena, Juan Repollo, Valloria, Francisco Gómez Delgado y Gerivas[1903], a quien el Perdón del 1 de noviembre presenta como «justiciados», pero podemos pensar que en cualquier caso habrían sido ejecutados en agosto en el mismo momento que todos los demás. Debemos añadir a estos nombres el de Juan de Bobadilla, que fue ahorcado en Alaejos en diciembre de 1520. Por el contrario, Francisco Pardo, a quien el Perdón presentaba también como «justiciado», se suicidó[1904]. En total fueron, pues, 21 comuneros los que pagaron con su vida la participación en la revuelta; ocho fueron ejecutados por orden de los virreyes y los demás un mes después del regreso de Carlos V. En esta relación no se incluyen las sentencias condenatorias pronunciadas por la justicia señorial, sobre las que no podemos pronunciarnos con objetividad al no existir la documentación necesaria. Por lo que respecta a la justicia real, el número de ejecuciones parece muy moderado si tenemos en cuenta la gravedad de la rebelión. No podemos estar de acuerdo con la afirmación de algunos historiadores liberales del siglo XIX que denunciaron con vehemencia el espíritu vengativo del emperador, el carácter sanguinario de la represión… El soberano estaba decidido a castigar, pero lo hizo de modo inmediato y con gran moderación. Se podría objetar, en todo caso, que sus víctimas fueron escogidas un tanto al azar; los jueces castigaron a los comuneros que tuvieron la desgracia de encontrarse en prisión al regreso del rey. Los más hábiles, los parientes o protegidos de los Grandes, corrieron mejor suerte, aunque el ejemplo de don Pedro Maldonado prueba que las recomendaciones no influyeron para nada en el monarca. Pese a ello, hemos de reconocer que en conjunto los protegidos de la aristocracia dejaron que se disipara la tormenta y finalmente escaparon al castigo supremo.

2. Los tribunales de Palencia y de Valladolid.

Instalado en Palencia, el Consejo Real llevó a cabo una intensa actividad durante todo el mes de agosto. Aparte de los procesos seguidos de ejecución de los que ya hemos hablado, pronunció además cincuenta condenas a muerte por rebeldía los días 23 y 24 de agosto. En esta lista aparecen algunas de las figuras más destacadas de la Comunidad: el licenciado Bernaldino, Alonso de Vera, Pero López de Calatayud el Mozo, Francisco de Mercado, el cronista Gonzalo de Ayora, Lope de Pallares, secretario de la Junta, el conde de Salvatierra, etc. A este último se le reprochaba especialmente haber ejercido las funciones de capitán general de la Junta desde Burgos a la mar, haber entregado a Padilla el castillo de Ampudia, haber vuelto a tomar las armas tras su pretendida rendición y haber sublevado a las Merindades, destruyendo la artillería real que el condestable dirigía desde Fuenterrabía, atacando Vitoria y poniendo sitio a Salvatierra. Por todos estos cargos, el Consejo Real pronunció contra él, además de la pena de muerte, la sentencia de confiscación de su feudo en beneficio de la Corona[1905]. Señalemos de paso que todas las condenas a muerte iban acompañadas de la confiscación de bienes. Más adelante nos ocuparemos de los problemas planteados por estas confiscaciones, de la suerte del conde de Salvatierra y de los cambios introducidos en la estructura social de Castilla como consecuencia de la represión.

Los veredictos de los días 23 y 24 de agosto fueron los últimos que pronunció el Consejo Real. En efecto, el 18 de agosto una provisión encargó a los alcaldes de casa y corte de las causas seguidas contra los comuneros[1906]. Ya el 23 de agosto los alcaldes Herrera, Leguízamo y Briviesca condenaron a muerte por rebeldía a Alvar Pérez de Guzmán[1907]. El 15 de octubre, reunidos en Valladolid, estos magistrados condenaron a muerte, nuevamente por rebeldía, a 21 comuneros que habían desempeñado en la insurrección un papel menos importante que los anteriores[1908]. A finales de mes los tribunales confirmaron una sentencia pronunciada el 23 de noviembre de 1521 por el adjunto del corregidor de Zamora contra Juan de Porras, que le imponía la pena de muerte por rebeldía[1909].

Así pues, en el momento de publicarse el Perdón general, más de cien exceptuados habían sido juzgados. Cierto que las cuatro quintas partes de ellos fueron condenados por rebeldía. Nuevos procesos se hallaban en preparación, entre los que sobresalen los de don Pedro Girón —que oficialmente no constaba en la lista de exceptuados—, don Carlos Avellano, don Juan de Figueroa, don Juan de Luna, del comendador Luis de Quintanilla, etc[1910].

3. El Perdón de Todos los Santos

Con anterioridad al regreso de Carlos V, en el círculo real se había planteado ya la conveniencia de proclamar una amnistía sobre los acontecimientos de 1520-1521. Cierto que los virreyes habían perdonado ya a varias ciudades, pero la Corte sólo se hallaba satisfecha a medias de su actuación y, por otra parte, pensaba que un texto solemne promulgado por el emperador en persona tendría mucho mayor alcance. Un documento de trabajo, sometido a la aprobación del consejo privado del soberano, planteaba la cuestión en estos términos:

Si será bien que, demás del perdón que los visorreyes han dado en nonbre de su magestad se enbiase un perdón general para todo el reyno en el qual se podrían exceptar los que ya están exceptados, porque sería darles a entender que su magestad tiene amor a aquellos reynos[1911].

Otro documento, redactado probablemente también antes de la entrada del rey en España, aportaba una respuesta de principio a la cuestión anterior:

Que se haga el perdón general a todo el reyno.

Se decidió, pues, que el emperador proclamara a su regreso una amnistía general de la que quedarían excluidos un cierto número de rebeldes designados nominalmente[1912].

Sin embargo, una vez llegado el rey a Castilla, el aparato del Estado pareció orientarse hacia una severa represión, aunque lo cierto es que no se había abandonado la idea del Perdón general. En efecto, el Consejo Real, al tiempo que instruía los procesos de los culpables, estudiaba las cláusulas de la futura amnistía que habían sido elaboradas por Cobos, el principal colaborador de Carlos V para los asuntos internos, lo que demuestra sin lugar a dudas el interés que Carlos V concedía a este tema. Varios puntos eran todavía objeto de discusión. ¿Debería tener en cuenta el perdón general las amnistías individuales concedidas por los virreyes? ¿Qué actitud había que adoptar con los Grandes que habían permitido la huida al extranjero a los prisioneros cuya custodia les había sido confiada? Cobos insistía en que se estudiara también la posibilidad de imponer sanciones colectivas contra las ciudades implicadas en la insurrección, suprimiendo sus privilegios[1913].

El examen de todos estos aspectos exigió más de tres meses de discusiones, en las que sólo participaron los colaboradores más íntimos de Carlos V y el Consejo Real. En ningún momento se pensó en solicitar la colaboración de los antiguos virreyes, el condestable y el almirante. Este último manifestaría luego su disconformidad con el Perdón, negándose a asistir a la proclamación de Valladolid. El 28 de octubre de 1522 el rey estampó por fin su firma al pie del documento preparado por Cobos y que ratificaron todos los miembros del Consejo Real, y el día de Todos los Santos se promulgó el Perdón en el curso de una ceremonia solemne en la plaza mayor de Valladolid. El emperador estaba situado sobre un estrado ante la puerta del convento de los franciscanos (en el emplazamiento de la actual cafetería El Norte). En torno a él se hallaban los altos dignatarios: el duque de Béjar, justicia mayor de Castilla; el arzobispo de Granada, presidente del Consejo Real; don García de Padilla, clavero de Calatrava; los miembros del Consejo Real; los licenciados Herrera, Ronquillo y Leguizamo, alcaldes de casa y corte, y un sinfín de Grandes y nobles, entre los que se hallaban el condestable, el duque de Alba, el marqués de Villena, etc. Entre estos altos personajes se destacó la figura de Cobos, a quien cupo el honor de dar lectura al documento que posteriormente se encargarían de difundir por todo el reino dos heraldos de armas. De la impresión del texto se encargó Arnao Guillen de Brocar, siendo enviado a todas las ciudades del reino, donde debería ser también proclamado, posiblemente a la misma hora que en Valladolid[1914].

El Perdón hacía, en primer lugar, un rápido relato de los acontecimientos ocurridos en Castilla entre el 1 de junio de 1520 y el 23 de abril de 1521: una serie de falsos rumores habían hecho creer a una población engañada que el emperador, antes de partir de España, había decidido abrumar a sus súbditos con impuestos desorbitados. A continuación, en algunas ciudades se habían constituido Juntas que expulsaron a los funcionarios nombrados por el soberano. Una Junta general se había abrogado las prerrogativas reales en materias de gobierno, legislación, finanzas y justicia. Bajo la autoridad de esta Junta un ejército rebelde había arrestado a los miembros del Consejo Real, apoderándose de la ciudad de Tordesillas, donde residía la reina, e impidiendo además al cardenal Adriano que abandonase libremente Valladolid, tras de lo cual había entablado batalla con el ejército organizado por los virreyes.

La gravedad de estos delitos autorizaba al emperador a castigar con la máxima dureza a todos los individuos y colectividades culpables de haber provocado o apoyado la insurrección. Sin embargo, el soberano estaba dispuesto a mostrarse clemente. No olvidaba que muchas ciudades le habían permanecido leales y que aquellas que se habían declarado en rebeldía finalmente habían depuesto su actitud, colaborando además positivamente a la expulsión del ejército francés invasor de Navarra. Por todas estas razones renunciaba a castigar a todos los culpables y a tomar medidas contra las ciudades, suprimiendo sus privilegios y el derecho que recaía en algunas de ellas de estar representadas en las Cortes. Vemos, pues, cómo la cuestión de las sanciones colectivas planteada por Cobos se resolvía en forma negativa. Al respecto, Cobos pensaba que se debía retirar a las ciudades rebeldes sus privilegios y franquicias o, cuando menos, restringirlos[1915]. El Consejo Real se manifestó decididamente contrario a esta medida[1916], aunque consideró que la ocasión era propicia para poner fin a ciertas anomalías. Zamora, por ejemplo, pretendía abrogarse la representación de Galicia en las Cortes. Esta provincia había permanecido leal al soberano en todo momento y había protestado mucho antes de la partida del rey en 1520 ante la colusión de Zamora con los procuradores de Toledo en las Cortes de La Coruña[1917]. Los virreyes aceptaron de buen grado las protestas de Galicia y parecieron dispuestos a retirar a Zamora su privilegio de representar a una circunscripción tan amplia[1918]. Pero, en última instancia, el emperador decidió renunciar a este tipo de sanciones, que, sin duda, hubieran levantado una oleada de protestas, haciendo quizá renacer la agitación en el reino.

Motivos parecidos debieron impulsar a Carlos V a rechazar cualquier otro tipo de sanciones colectivas, especialmente la supresión de las ferias de Medina del Campo y el traslado de la Chancillería de Valladolid a otra ciudad.

Ya el 13 de noviembre de 1520 el cardenal Adriano había sugerido que, como castigo a Valladolid, se instalara la Chancillería en otra ciudad:

Muchos son de parecer que sería gran expediente que Vuestra Magestad mandasse salir la Chancillería de Valladolid y mudarla en otro lugar, como otras vezes diz que se ha fecho, por los deméritos de aquella villa[1919].

La Corte vio con buenos ojos esta proposición, ya que el 17 de diciembre una cédula fechada en Worms ordenaba a los oidores y magistrados que abandonaran Valladolid en el plazo máximo de tres días tras la notificación de la orden. Los comuneros se opusieron a la marcha de los magistrados, de modo que la decisión del rey no pudo hacerse efectiva[1920][1921]. Como escribía el licenciado Vargas, la población de Valladolid se sintió muy afectada por la determinación del monarca respecto a la Chancillería:

An sentido en Valladolid lo de la Chancillería que les a llegado al alma[1922].

Y es que, en definitiva —y B. Bennassar lo ha demostrado de manera irrebatible—, la Chancillería contribuía de manera decisiva a la riqueza y prestigio de Valladolid[1923].

¿Iba a quedar sin efecto la orden del 17 de diciembre ante la derrota definitiva de los comuneros? ¿O había que entender que el rey estaba decidido a trasladar definitivamente a otra ciudad el alto tribunal? Tras la batalla de Villalar[1924], Burgos, dando como buena esta segunda hipótesis, había presentado su candidatura. Sin embargo, los virreyes no se mostraron dispuestos a mantener una medida adoptada en plena guerra civil y que además no había sido aplicada. Es fácil imaginar sus razones. Villalar no había puesto fin a todas las dificultades: Toledo resistía aún y un ejército francés amenazaba Navarra… Deseando no ofrecer nuevos pretextos de descontento, los virreyes anularon el 13 de junio de 1521 la orden de traslado de la Chancillería, que podría continuar normalmente sus trabajos en Valladolid, como lo había hecho hasta entonces[1925].

Este gesto pacificador fue muy bien acogido por los vallisoletanos[1926]. Por el contrarío, Carlos V no lo vio con buenos ojos, ya que unos días antes de que los virreyes tomaran su decisión una cédula fechada en Bruselas se extrañaba de que los magistrados no hubieran salido todavía de Valladolid como se les había indicado seis meses antes[1927]. Cuando la cédula llegó a España ya era demasiado tarde: los virreyes acababan de restablecer la Chancillería y ya no era posible volverse atrás, como le explicaron al soberano algunos días más tarde:

Quanto al capítulo que habla en la Chancillería, dezimos que porque convenía para asegurarse la villa de dexalla ally se hizo y quedó la villa tan contenta que creemos que no herrará y asymismo se nombró por presidente el obispo de Canarya porque es persona muy seruidor de vuestra magestad y sin ningún deudo en el reyno y onbre de bien[1928].

El nombramiento del obispo de las Canarias para ocupar el cargo de presidente se explica por el deseo de apartar a don Diego Ramírez de Villaescusa, obispo de Cuenca y presidente en funciones, sospechoso desde su intento de conciliación en noviembre de 1520[1929].

Parece que las razones de los virreyes prevalecieron, ya que no conocemos ningún documento posterior al 10 de agosto de 1521 que haga alusión a un eventual traslado de la Chancillería. Por tanto, respecto a este punto, el Perdón de 1522 dejó las cosas tal como estaban.

Al mismo tiempo que se proponía cambiar el emplazamiento de la Chancillería, se pensó también en ejercer una fuerte presión sobre Medina del Campo, amenazándola con suprimir sus famosas ferias:

Muchos son de parecer que (…) convendría que Vuestra Magestad mandase a Medina del Campo que, so pena de perdimiento del privilegio que tiene de la feria, tornase a su real obediencia[1930].

Medina del Campo tenía gran parte de responsabilidad en la prosecución de la guerra civil; ¿acaso no había entregado su artillería a los rebeldes después de negarse a ofrecerla a las tropas realistas? Estos eran los argumentos que exponía el licenciado Vargas en una carta al emperador:

Todo el daño que se recibe de los contrarios es causa Medina del Campo, porque les a dado toda el artillería que era muy buena y mucha pólvora y tráhelo todo Juan de Padilla y el obispo de Zamora y sobre esto están los de Medina más perros y enemigos que los de Toledo ni de Segouia. Parece acá que no ay cosa con que más los hiciesen venir a obidiencia que con vna prouisión de Vuestra Magestad en que los priua de las ferias para que no se hagan más allí, porque lo sentirán mucho como an sentido en Valladolid lo de la Cancillería[1931].

Una vez más, Burgos se mostró dispuesta a tomar el relevo de Medina del Campo[1932]. Es cierto, sin embargo, que en lo que respecta a esta población no se tomó una medida efectiva. Por otra parte, tanto los virreyes como la Corte debieron pensar que el incendio provocado en esta villa el 21 de agosto de 1520 era ya suficiente castigo para su rebeldía.

La situación respecto al derecho de voto en las Cortes, los privilegios particulares de las ciudades, etc., quedó tal como estaba tras el Perdón de 1522. En este sentido, la derrota de las Comunidades no provocó cambio alguno en la estructura tradicional de Castilla. En la postura de clemencia del emperador debió influir tanto el deseo de recuperar el amor de sus súbditos como el de no exasperar los ánimos abusando de la victoria.

Tras la renuncia al castigo colectivo de las ciudades y comunidades, sólo serían, pues, castigados los responsables del movimiento. Todos los demás crímenes cometidos durante la guerra civil serían perdonados, desde el delito de lesa majestad y traición hasta los asesinatos y ejecuciones sumarias. La amnistía no era válida más que en el terreno criminal: en quanto toca a lo criminal. En el aspecto civil, el Perdón reservaba a la Corona y a los particulares el derecho de reclamar indemnizaciones por los daños sufridos a consecuencia de la insurrección:

Daños e tomas de bienes e maravedís e otras cosas que a nos e a nuestros súbditos fueron fechos.

Estos tales daños e bienes queremos que se puedan pedir e demandar cevilmente.

En esta categoría quedaban enmarcadas las rentas del Estado intervenidas por los comuneros. Esta cláusula iba a dar pie a innumerables e interminables procesos a los que nos referiremos más adelante.

Definido así el alcance de la amnistía, el Perdón enumeraba a todos cuantos quedaban excluidos de él en razón de su responsabilidad especialmente grave. Era una larga relación de 293 comuneros encabezada por los nombres más relevantes (el conde de Salvatierra, don Pedro Girón) y que terminaba con tres oscuros criados y vasallos del duque de Nájera. En ella aparecían los jefes militares, los procuradores, los funcionarios de la Junta General o de las Juntas locales, los eclesiásticos comuneros, etc. Ya estudiamos con cierto detalle esta lista al analizar la composición social de la Comunidad.

Digamos aquí tan sólo que todas las categorías sociales se hallaban representadas en ella, pero que, en conjunto, el mayor número de víctimas correspondía a lo que podríamos llamar las capas sociales medias. En cuanto al origen geográfico de los exceptuados, ya hemos visto que reflejaba la localización de la rebelión en el corazón de Castilla la Vieja.

El Perdón general era mucho más riguroso que las amnistías parciales concedidas por los virreyes después de Villalar. En la lista fatal figuraban varios comuneros arrepentidos que habían abandonado la Junta o la habían traicionado. Nos referimos especialmente a don Pedro Girón y don Pero Laso de la Vega. A causa de ello, el almirante de Castilla guardaría un profundo rencor a Carlos V. Doscientos noventa y tres rebeldes quedaron excluidos nominalmente del beneficio de la amnistía, pero en realidad el número de exceptuados era más elevado, ya que el Perdón especificaba que la amnistía no se aplicaría a quienes hubieran sido condenados por rebelión hasta el 28 de octubre de 1522, incluso si la sentencia no había llegado a ejecutarse:

Por esta nuestra carta de perdón no se entiendan ser perdonados ni perdonamos a las otras personas que hasta el día de la data desta nuestra carta ayan sido y estén sentenciados, aunque no ayan sido hasta agora executadas las sentencias.

La amnistía tampoco beneficiaba a los oficiales del ejército real (tenientes de capitanes e alférez e veedores de nuestras guardas) que se habían pasado al bando de los rebeldes. Y en cuanto a los escuderos del ejército real que habían combatido en Villalar, solamente se les perdonaba parcialmente:

A los quales tan solamente remitimos e perdonamos la pena de muerte e perdimiento de los bienes de su patrimonio.

Tales eran las líneas maestras del Perdón general de 1522. En realidad, el período activo de la represión había terminado con las ejecuciones del verano anterior. Se decretarían todavía algunas condenas, pero también nuevas gracias y amnistías, con lo que el número de víctimas se iría reduciendo progresivamente.

III. —EL FIN DE LA REPRESIÓN

Veintidós rebeldes habían sido ejecutados ya en el momento en que se proclamó la amnistía de Todos los Santos. Sus nombres aparecían en el Perdón con la anotación de «justiciado». Hemos visto también que setenta y tres comuneros habían sido condenados a muerte por rebeldía[1933]. Quedaban, pues, por comparecer ante los tribunales las dos terceras partes de los proscritos. Muchos de ellos habían huido y serían juzgados por rebeldía. Los que fueron encarcelados o se entregaron voluntariamente a las autoridades con posterioridad al 1 de noviembre de 1522 se beneficiaron a menudo con circunstancias atenuantes. Los acusados, cuando eran juzgados personalmente, ya no eran condenados a muerte (más adelante examinaremos el caso particular del obispo de Zamora); los tribunales comenzaron incluso a pronunciar sentencias absolutorias y a reconocer la valides de las amnistías individuales concedidas por los virreyes con anterioridad al regreso de Carlos V. La represión fue haciéndose así menos dura. Un año después de la proclamación del Perdón, el emperador ofreció a los antiguos comuneros la posibilidad de reparar sus faltas a cambio de pagos de multas de composición más o menos elevadas, según los casos. Fueron muchos los rebeldes que aprovecharon esta oportunidad. En fin, las jurisdicciones especiales no mostraron tampoco gran severidad contra los eclesiásticos o los miembros de las Órdenes Militares comprometidos en la insurrección. El Perdón general inauguró, pues, el camino del apaciguamiento mucho más que el de la venganza.

1. Condenas y absoluciones

En los días que siguieron a la proclamación del Perdón nada hacía pensar que la represión se dulcificaría. Bien al contrario, el Consejo Real renovó la orden de detención de los exceptuados allí donde se encontraran[1934]. El fiscal Pero Ruiz, encargado de la acusación en los procesos seguidos contra los comuneros, ordenó una búsqueda intensiva de todos los documentos relacionados con la rebelión[1935]. Numerosos procesos se hallaban en curso de instrucción, destacando especialmente los de nueve comuneros en prisión[1936]; uno de ellos, el doctor Juan de Agüera, murió en prisión el 24 de abril de 1523, lo que elevó a cinco el número de procesos contra comuneros ya fallecidos, por cuanto los tribunales debían pronunciar condena para que se pudiera confiscar sus bienes; los restantes eran Francisco de Anaya e Iñigo López Coronel, que ya estaban muertos en el momento de la promulgación del Perdón, el licenciado Maluenda y Juan Carrillo.

Desde el 11 de noviembre de 1522 al 5 de junio de 1523 el Consejo Real, y más frecuentemente los alcaldes de corte, condenaron a muerte por rebeldía a cuarenta y tres exceptuados[1937]. En este número hay que señalar la presencia de figuras de segundo plano, pero también algunas de las grandes personalidades de la insurrección, como don Juan de Mendoza, don Antonio de Quiñones, Pero Ortega, Hernando de Ávalos, don Hernando de Ulloa, Suero del Águila, el doctor Zúñiga, don Pedro de Ayala, Diego de Ulloa Sarmiento, don Juan de Guzmán, Ramir Núñez de Guzmán, Diego de Guzmán, así como don Pero Laso de la Vega y el bachiller Guadalajara, a quienes el almirante había garantizado la inmunidad.

No debe llamarnos a engaño esta dureza, que sólo se aplicaba a los acusados que habían huido. Los demás se beneficiaron de una mayor clemencia e incluso de la indulgencia, por parte de los jueces. Ocho días después de la proclamación del Perdón, Juan de Salcedo compareció ante los alcaldes de corte. La sentencia no pudo ser más moderada: 20.000 maravedíes de multa, exclusión de los cargos públicos sin autorización especial del emperador y prohibición de residencia en la Corte y en Palencia durante un año[1938]. Dos meses después fue aún más indulgente la sentencia del juicio celebrado contra Pedro de Losada, antiguo procurador de Madrid en la Junta General. Los alcaldes tuvieron en cuenta la larga detención preventiva que había sufrido el acusado y únicamente le prohibieron por tiempo indefinido su aparición en la Corte y en Madrid; Losada perdió su puesto de regidor, pero sus bienes no fueron confiscados[1939]. Juan Esteban Martínez, mercader de Aranda de Duero, fue condenado al pago de 200 ducados de multa y a un año de exilio[1940]. El caso del licenciado Lorenzo Maldonado es más significativo. Había sido ya juzgado en Salamanca, el 8 de octubre de 1521, por el licenciado Medina, adjunto del corregidor, quien había encontrado circunstancias atenuantes en su caso, condenándole simplemente a la no residencia en Salamanca durante seis meses. Tras la llegada del emperador a Castilla, Maldonado se sintió atemorizado y decidió huir. Después de publicado el Perdón general, el Consejo Real le condenó a muerte por rebeldía. En julio de 1523, Maldonado se entregó a la justicia. El tribunal confirmó entonces el veredicto del licenciado Medina, a pesar de las alegaciones del fiscal Pero Ruiz, quien pretendió hacer valer la incompetencia del primer juez[1941]. Citemos finalmente a Bernaldino de Mesa, que se entregó en octubre de 1523, y respecto al cual los alcaldes se limitaron a prohibirle la residencia en Segovia por un lapso de tiempo indefinido[1942].

En otros dos procesos los alcaldes decretaron la absolución total de los acusados. Gabriel López y el licenciado Juan de Herrera eran ambos notarios de Ávila. Al primero se le acusaba de haber participado en los trabajos de la Junta local, desempeñando en ella el cargo de secretario de sesiones. Al segundo se le reprochaba el haber aceptado el cargo de juez. Ambos afirmaron que se habían visto obligados a aceptar estos puestos, bajo la amenaza de muerte. Excusa fácil, que muchos otros intentarían también utilizar. Esta explicación, sin embargo, pareció satisfacer a los alcaldes, que dejaron en libertad a los acusados, mientras que el Consejo Real les había condenado a muerte por rebeldía[1943]. En fin, los tribunales comenzaron a tener en cuenta las amnistías individuales concedidas por los virreyes antes del regreso del emperador a España. Tal fue especialmente el caso de tres exceptuados de Segovia: Antonio de Aguilar, Antonio Suárez y el licenciado Alonso del Río. Todos ellos decidieron entregarse a las autoridades, que luego les devolvieron la libertad[1944].

Vemos, pues, que el Perdón general no inauguró un período de grave represión. Al contrario, puso fin a las ejecuciones capitales y abrió el camino a la realización de juicios más moderados. El 5 de octubre de 1523, una provisión encomendó al corregidor de Toledo que revisara las severas sentencias pronunciadas un año antes por el doctor Zumel[1945]. Una vez más se trataba de atenuar la represión. Sin duda, es cierto que esta moderación sólo se aplicó con respecto a las figuras secundarias. ¿Se habrían mostrado tan indulgentes los tribunales si doña María Pacheco o don Pero Laso de la Vega hubieran decidido entregarse a la justicia? Nada parece más improbable. Por lo demás, las órdenes de detención recordaban de vez en cuando que la represión continuaba, pese a haber variado sus métodos[1946].

2. Las multas de composición

El 10 de junio de 1523, Carlos V advertía a su embajador en Roma. En efecto, corría el rumor de que el emperador pensaba perdonar a algunos comuneros a cambio de una pena pecuniaria. Eso era totalmente falso, y se instaba al embajador a obtener la extradición de los rebeldes refugiados en los Estados Pontificios, eclesiásticos en su mayor parte[1947]. Un mes más tarde, Gómez de Ávila pagó 7000 ducados al fisco, recuperando así sus bienes, que estaban a punto de ser vendidos en pública subasta[1948]. Los de Francisco Maldonado ya habían sido vendidos, pero sus herederos recibieron autorización para recuperarlos. Durante los meses de julio y agosto de 1523 el fisco renunció a poner a la venta los bienes de don Antonio de Quiñones, del comendador Almaraz y del licenciado Bernaldino[1949]. En todos estos casos, los interesados o sus herederos debieron pagar sumas importantes, pero a cambio la Corona renunció a sus derechos sobre la fortuna de los condenados. No se trataba, pues, de amnistiar a los exceptuados mediante el pago de una cantidad en metálico; estas medidas —por otra parte, individuales— no se referían más que a sus bienes. Pero se abrió así el camino hacia un procedimiento que permitiría a ciertos comuneros escapar definitivamente a toda acción judicial mediante el pago de una multa de composición.

¿Cómo explicar que Carlos V aceptara en tan poco tiempo una solución que en principio había rechazado categóricamente? La carta dirigida al duque de Sesa, embajador de España en Roma, es del 10 de junio; la primera multa de composición data del 11 de julio. Unos días más tarde, el 14 de julio, se inauguró en Valladolid la sesión de las Cortes, y ya en el discurso inaugural se hizo hincapié en las dificultades financieras: España tenía que hacer frente a la amenaza francesa; Fuenterrabía todavía se hallaba ocupada; la guerra parecía inevitable. Es probable que los responsables de la hacienda sugirieran al soberano que recurriera a las multas de composición para conseguir dinero en forma inmediata, esperando a la recaudación del servicio que debían votar las Cortes.

En los meses de julio y agosto no fueron sino medidas individuales, y que además concernían únicamente a exceptuados ya juzgados y condenados, a quienes la medida les permitía tan sólo evitar la confiscación de sus bienes. Muy distinto fue el alcance de la provisión de Pamplona del 4 de noviembre de 1523, que generalizaba este procedimiento. En el preámbulo se hacía alusión a una petición de las Cortes de Valladolid que no aparece en las actas publicadas de las Cortes[1950]. Es posible que se tratara de una sugerencia realizada al margen de las sesiones. En cualquier caso, eran las dificultades financieras las que obligaban al monarca a recurrir a este expediente:

Al tienpo que yo, el rey, celebré las Cortes en la villa de Valladolid, por los procuradores de las ciudades e villas (…), nos fue pedido y suplicado que, vsando de misericordia e piedad con las personas que a voz de comunidad nos desirbieron (…), oviésemos por bien de les remetir e perdonar los crímynes y ecesos que contra nuestro serbicio ovieron fecho e nos serviésemos dellos de algunas cantidades de maravedís para ayuda a los gastos grandes que abemos tenido e tenemos contra el rei e reino de Francia.

Don Antonio de Rojas, arzobispo de Granada y presidente del Consejo Real, y don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, recibieron, pues, una delegación de poderes para amnistiar a los exceptuados que se avinieran a satisfacer una multa de composición, cuyo montante sería discutido con los interesados. Esta amnistía sería total y no abarcaría tan sólo a los bienes como había sucedido en el caso de las medidas individuales adoptadas en el curso del verano:

El qual perdón podate fazer e fagays así del crimen contra sus personas como del derecho y abción que tenemos e nos pertenesce e puede pertenecer (…) a todos sus bienes muebles e raíces e semobientes.

En la práctica, sin embargo, lo cierto es que la provisión comprendía dos artículos que limitaban un tanto su alcance:

1.º La composición permitiría a los interesados volver a tomar posesión de los bienes que aún no hubieran sido vendidos o enajenados; no tendría efecto retroactivo, contrariamente a lo que había sucedido en julio con respecto a la herencia de Francisco Maldonado.

2.º La provisión no se aplicaría automáticamente a todos los exceptuados que lo solicitaran. Quedarían excluidos de los beneficios de este procedimiento los principales responsables de la revolución, a quienes se mencionaba en un documento anexo que no hemos podido encontrar.

La provisión fijaba un plazo de cuarenta días para que los exceptuados negociaran su amnistía con el arzobispo de Granada y el obispo de Burgos. Considerado este plazo como demasiado corto, una cédula posterior concedió otros cuarenta días suplementarios[1951]. Los interesados tenían, pues, de tiempo hasta el 23 de enero de 1524 para conseguir los beneficios de esta medida.

Entre el 27 de noviembre de 1523 y el 4 de enero de 1524, cerca de cincuenta exceptuados recurrieron a este nuevo expediente. Una comisión especial examinaba atentamente cada petición y elevaba las cantidades que consideraba demasiado bajas: por ejemplo, exigió 250 ducados en vez de los 50 que proponía Pero González, especiero de Salamanca; 150 en lugar de 90 para el bachiller Tordesillas; 100 en vez de 90 para Juan de Marquina, etc. A veces, la comisión se negaba a la concesión de un perdón total e inmediato. Por ejemplo, consideró que al bachiller Tordesillas, Juan de Marquina y al licenciado Manzanedo se les debía prohibir la residencia en Valladolid. En dos casos al menos, la comisión propuso la amnistía sin composición: para Francisco Serrano y Hernando de Rojas (tuvo poca culpa[1952]).

La composición podía ser total (persona y bienes) o parcial, cuando los bienes ya habían sido vendidos. En tal caso, el interesado recuperaba sus derechos como ciudadano. Gómez de Ávila y Garci López de Porras, que ya habían pagado para evitar, la confiscación de sus bienes antes de que se publicara la provisión del 4 de noviembre, satisficieron una nueva multa, quedando así al margen de cualquier procedimiento judicial. La composición más elevada (8000 ducados) la hubo de pagar Garci Gómez de Porras, y la menos importante (dos ducados), un oscuro exceptuado de Palencia a quien se designa de un modo bastante impersonal (el batidor). En total, fueron más de cincuenta mil ducados, es decir, casi veinte millones de maravedíes, los que ingresó el tesorero de la Corona, Juan de Vozmediano, en concepto de multas de composición. La provisión de Pamplona alcanzó, pues, ampliamente su meta en el aspecto financiero.

¿Quiénes fueron en realidad los que se beneficiaron de esta operación? Muchas veces simples comparsas que no habían desempeñado más que un papel de segundo plano en la insurrección, pero aparecen también figuras más importantes: muchos letrados como los doctores Martínez, Valdivielso y Francisco de Medina, el licenciado Manzanedo, el escribano Antonio de Aranda, el bachiller Tordesillas y también el bachiller de Guadalajara. Citemos además a don Pedro de Ayala, don Carlos de Arellano, Gómez de Ávila, Suero del Águila, todos los cuales habían ocupado puestos de responsabilidad en la administración revolucionaria. La provisión del 4 de noviembre de 1523 reintegró, pues, a la comunidad nacional a unos cincuenta exceptuados. Ya hemos dicho que al texto de la provisión se añadió un documento que no hemos podido encontrar. En él debía constar la lista de los comuneros a quienes no se les podía conceder el perdón. No resultaría difícil reconstruir esta lista, teniendo en cuenta el Perdón general y los rebeldes ejecutados, condenados a penas menores o amnistiados. Sin duda, figurarían en ella el estado mayor político, militar e intelectual de la insurrección: el conde de Salvatierra, don Pedro Girón, don Pero Laso de la Vega, doña María Pacheco, Ramir Núñez de Guzmán, Gonzalo de Ayora, etc. El emperador tardaría aún bastante tiempo en perdonar a algunos de estos proscritos. Otros —los menos— morirían en el exilio[1953].

3. Las jurisdicciones especiales

Hemos considerado hasta ahora únicamente el caso de los comuneros que se encuadraban en el derecho común. Pero un número importante de exceptuados gozaba de un estatuto personal privilegiado: eran los eclesiásticos y los miembros de las Órdenes Militares. A pesar de algunas protestas por parte del Consejo Real, todas las instrucciones preliminares de estos casos fueron transferidas a las jurisdicciones especiales, que en general se mostraron mucho más indulgentes que los tribunales ordinarios.

A). Las Órdenes Militares

Al número de proscritos de Medina del Campo los virreyes habían añadido al comendador Luis de Quintanilla, alto dignatario de la Orden de Santiago. Desde el 27 de mayo de 1521 la ciudad de Medina del Campo comenzó a interceder en su favor. Pero fue en vano. La invasión francesa de Navarra proporcionó a Quintanilla la oportunidad de rehabilitarse. Solicitó y obtuvo autorización para participar en la campaña al frente de un pequeño contingente reclutado a sus expensas[1954][1955]. Al mismo tiempo, los virreyes solicitaron a los licenciados Zapata y Polanco que examinaran los cargos que pesaban sobre él. El interesado protestó entonces vivamente. En su calidad de Trece de la Orden de Santiago exigió ser juzgado por el Consejo de las Órdenes. Así quedó planteado el caso de Quintanilla y, en consecuencia, el de todos los rebeldes que pertenecían a las Órdenes Militares. El 25 de agosto de 1521 la petición de Quintanilla obtuvo satisfacción, decidiéndose que fuera el Consejo de las Órdenes quien se encargaría de su proceso[1956]. De forma inmediata, el Consejo Real elevó una protesta a la que contestó el cardenal Adriano aduciendo dos tipos de razones para sustraer a Quintanilla de la competencia del derecho común:

1. Razones de derecho:

Ahora habernos llamado todos los comendadores de las Órdenes y los de la Orden de Santiago se quexan mucho, deziendo que sus priuilegios se les ronpen llamándose sus confrades delante otros jueces que de las Órdenes.

El cardenal consideraba que esta pretensión tenía fundamento jurídico: Fernando el Católico había confiado siempre al Consejo de las Órdenes todos los procesos en que se hallaba implicado un miembro de la Orden; Carlos V también había respetado esta jurisprudencia en 1518-1519.

2. Razones de hecho: el Consejo Real no ofrecía garantías totales de imparcialidad para instruir el proceso de Quintanilla[1957].

La cuestión estaba decidida: el Consejo Real no se haría cargo de ningún sumario en el que estuviera implicado algún miembro de las Órdenes Militares. Por lo demás, Quintanilla se aseguró la protección de los tres virreyes, y muy especialmente la del cardenal Adriano. El 15 de octubre de 1521 el Consejo de las Órdenes fue invitado a no iniciar el proceso hasta que el propio emperador hubiera decidido sobre este caso. Las gestiones en favor de Quintanilla se sucedieron: el almirante alabó los servicios prestados por Quintanilla y su hijo en la campaña de Navarra[1958][1959]; el cardenal intervino en el mismo sentido[1960], y el 12 de diciembre de 1521 los tres virreyes firmaron una carta dirigida a Carlos V en la que trataban que Quintanilla quedara libre de toda acusación por su actuación en el curso de la insurrección. Así, decían que si había permanecido en Medina en los primeros compases del movimiento comunero a ello le había impulsado el deseo de mantener el orden en la ciudad en la medida de lo posible; cuando finalmente comprendió que sus esfuerzos eran inútiles intentó abandonar la ciudad, pero los comuneros se lo impidieron:

Y asy por esto como porque no le matasen a su mujer e hijos como hizieron a otros, fuele forzado al principio mostrarse en algunas cosas fauorable a la comunidad; mas al cabo se salió de la dicha villa, con mucho peligro de su persona, tres meses antes que Juan de Padilla fuese desbaratado[1961].

La Corte no hizo caso alguno de la intercesión de los virreyes, pero mientras tanto en Castilla se siguió colmando de atenciones a Quintanilla. El 17 de diciembre de 1521 una cédula le autorizó a regresar a su casa de Medina del Campo[1962]; el 7 de enero de 1522 los contadores recibieron la orden de satisfacerle los mismos emolumentos que obtenía con anterioridad a la insurrección[1963]; el 30 de abril de 1522 el mismo Consejo Real firmó una provisión para que se respetaran sus privilegios de escribano mayor de Oviedo[1964]; y, finalmente, el 7 de julio, Quintanilla protestó enérgicamente cuando un juez demasiado celoso pretendió infligirle una multa para indemnizar a la ciudad de Alaejos, combatida en otro tiempo por los comuneros de Medina encabezados por Quintanilla[1965].

Así pues, un año después de Villalar, el comendador Quintanilla podía creerse al margen de toda persecución. El regreso de Carlos V dio al traste con esta ilusión. Al parecer, la Corte nunca se había manifestado en contra del trato de favor que los virreyes dispensaban a Quintanilla. Tal silencio podía considerarse como una tácita aprobación, pero apenas llegados a España los consejeros del rey no tardaron en anular, en este caso concreto y en muchos otros, la política puesta en práctica por los virreyes. De nada sirvió que la reina de Portugal intercediera personalmente ante Carlos V por Quintanilla, cuya mujer, doña Catalina de Figueroa, había sido educada en la corte de Lisboa[1966]. El comendador, cuyos protectores fueron apartados del poder, figuró entre los exceptuados del Perdón general, y el 30 de octubre de 1522, antes incluso de la proclamación oficial del Perdón, fue citado a comparecer ante los tribunales[1967].

Quintanilla reemprendió entonces la vida de proscrito, ocultándose entre sus amigos, a la espera de que decreciera la cólera del emperador. Mucho era lo que esperaba de sus buenas relaciones, pero sobre todo de su hijo Cristóbal, que pertenecía a la casa del infante Fernando, hermano del rey, y que había quedado completamente al margen de la rebelión. La correspondencia de Martín de Salinas, embajador de Fernando en España, ofrece numerosos testimonios de las gestiones de Cristóbal en favor de su padre[1968]. A comienzos de 1523, Cristóbal obtuvo una primera victoria: Quintanilla no sería sometido al derecho común; se decidió que el Consejo de las Órdenes entendiera en su proceso[1969].

Henos aquí, en apariencia, en la situación del año anterior. En realidad, sin embargo, se trataba de una concesión poco importante. En efecto, para juzgar a los exceptuados de las Órdenes Militares, Carlos V designó una comisión mixta de la que formaban parte tres miembros del Consejo Real (el doctor Guevara, los licenciados Acuña y Medina) y tres miembros del Consejo de las Órdenes (el doctor Tello y los licenciados Alarcón y Lujan[1970]). Ningún caballero formaba parte de esta comisión, cuyos componentes eran todos altos funcionarios; el poder real se aseguraba así desde el principio la última decisión.

Cristóbal de Quintanilla no perdió las esperanzas, y en junio de 1523 conservaba todavía ciertas ilusiones[1971]. Sin embargo, el 12 de julio, una cédula ordenaba el secuestro de los bienes del comendador, prueba de que la Corte no había renunciado a procesarle[1972]. El procedimiento seguía su curso con enorme lentitud, pues los componentes de la comisión mixta ni siquiera eran capaces de ponerse de acuerdo sobre el lugar donde debían reunirse. Cristóbal de Quintanilla volvió de nuevo a la carga, insistiendo para que se decidiera de una vez la suerte de su padre. El 12 de diciembre de 1523, Carlos V solicitó al arzobispo de Granada, presidente del Consejo Real, que convocara la comisión para que estudiara los casos que le fueran presentados, y especialmente el del comendador Quintanilla[1973]. Al mismo tiempo, el monarca exigió que se le presentara el sumario antes de la celebración del juicio[1974].

Sería necesario esperar aún otros seis meses antes de que se adoptara una solución definitiva. Cristóbal de Quintanilla consiguió atraerse el favor de doña Mencía de Mendoza, marquesa de Cénete, que acababa de contraer matrimonio con el conde de Nassau. La marquesa gozaba de crédito ante el rey, quien había actuado como testigo en su matrimonio. Aceptó interceder ante él, y el 12 de julio de 1524 Carlos V firmó el perdón para Quintanilla. Algunos días antes el comendador había acudido al convento de Uclés, constituyéndose en prisionero[1975]; el soberano había exigido, sin duda, esta formalidad antes de amnistiar al antiguo comunero.

Poseemos datos suficientes sobre el caso del comendador Juan Gaitán, desde que J. P. Le Flem descubriera su voluminoso proceso, tan característico de las dudas y lentitudes que acompañaron a la represión en el momento de juzgar a los notables[1976]. Juan Gaitán se entregó a las autoridades en Valladolid después de la promulgación del Perdón general. El 15 de noviembre de 1522, el fiscal Jaime Boti presentó la acusación ante el Consejo de las Órdenes, y dos días más tarde el acusado llevó a cabo su defensa. No solamente negaba haber sido comunero, sino que además trataba de demostrar que no había dejado de contribuir al restablecimiento del orden en Toledo. Tal fue lo que afirmó ante los dos miembros del Consejo que le interrogaron el 20 de noviembre, y lo que trató de demostrar citando a más de cuarenta testigos, entre los cuales se hallaba don Antonio de Zúñiga, prior de San Juan. Juan Gaitán aseveró haber permanecido en Toledo durante todo el tiempo que duró la insurrección, a petición del prior de San Juan, para evitar en lo posible los desmanes a los que se entregaba un populacho desenfrenado. El prior negó haber solicitado a Juan Gaitán que permaneciera en Toledo, pero en cambio reconoció que le había prestado algunos servicios. Juan Gaitán no dejó de enumerar algunos de estos servicios: había conseguido la liberación de varios prisioneros a los que los comuneros habían amenazado de muerte; había impedido el arresto del inquisidor Mariana, etc. Si todos los buenos de Toledo le hubieran imitado permaneciendo en sus puestos —continuó Juan Gaitán— la Comunidad no hubiera podido mantenerse firme durante tan largo tiempo. Pero la mayor parte de los caballeros habían huido vergonzosamente para salvar su vida y sus bienes, dejando la ciudad en manos de los peores bellacos. Juan Gaitán aseguró no haber tenido participación alguna en los acontecimientos de Toledo: no formaba parte de quienes habían destituido al corregidor, al cual él además le había salvado la vida; tampoco había tenido nada que ver en la supresión de las alcabalas, decretada por los comuneros, de la que incluso había sido víctima al perder su juro; no había tomado parte en ningún momento en las luchas que se desarrollaron en torno a Toledo ni tampoco en las patrullas de vigilancia por las puertas y calles de la ciudad; no había ejercido ningún cargo en la Comunidad; no se había entregado a ningún exceso, sino al contrario —y ello le había valido la enemistad del obispo Acuña y el ver cómo su casa era destruida por el populacho—; había tratado de eliminar a doña María Pacheco, y no ahorró esfuerzo alguno para que Toledo volviera al buen camino. En resumen, Gaitán se presentó como uno de los más eficaces agentes del poder real en Toledo durante la época de dominio de la Comunidad.

Por supuesto, el fiscal Jaime Boti presentó las cosas de manera muy distinta. Los cuarenta testigos citados por él pusieron en evidencia el papel de primera importancia que había ocupado Juan Gaitán en los sucesos de Toledo: instigador de la Comunidad, amigo de Padilla, de doña María Pacheco, de Hernando de Ávalos, colaborador de Acuña, cómplice de su hermano Gonzalo en los tumultos de Ocaña, etc. Sin embargo, no todos los testimonios fueron desfavorables al acusado. Nadie puso en duda su participación en la revolución, pero muchos reconocieron que Juan Gaitán había adoptado en todo momento una postura de moderación.

Juan Gaitán replicó a las acusaciones presentadas contra él rechazando a la mayor parte de los testigos citados por Jaime Boti: parientes, aliados o amigos de don Juan de Ribera, su mortal enemigo, estos testigos —afirmaba Gaitán— tenían enorme interés en conseguir su perdición. Y a continuación citó a comparecer a veintidós nuevos testigos para demostrar su actitud moderada durante la insurrección. Ciertamente, se habría visto en la necesidad de hacer concesiones a la Comunidad; ¿cómo podría haber actuado de forma distinta ante el clima de terror que reinaba en la ciudad cuando los comuneros exaltados amenazaban de muerte, saqueaban su casa, teniendo incluso que ocultarse durante dos meses en el convento de la Trinidad? Sin embargo, hasta el final, él había permanecido fiel al emperador. La prueba era que el 3 de febrero de 1522 se contaba entre quienes llevaron a cabo el asalto final contra doña María Pacheco. El juicio quedó visto el 24 de abril de 1523. En varias ocasiones, Juan Gaitán insistió para que el Consejo pronunciara su veredicto; su última petición en este sentido fue hecha el 31 de julio de 1523. Gaitán murió finalmente en prisión poco tiempo después. El 12 de febrero de 1524 fueron sus herederos quienes recordaron a las autoridades judiciales que la sentencia no había sido todavía pronunciada[1977]. El 26 de febrero de 1524 Carlos V solicitó examinar su sumario junto con el del comendador Quintanilla, y el 9 de diciembre de 1524 se pronunció la sentencia, por otra parte absolutoria[1978].

El mismo día, Carlos V firmó el perdón para don Diego de Almaraz, comendador de Zamayón (Orden de San Juan[1979]). El comendador Hernando de Porras había sido amnistiado el 12 de marzo de 1524[1980]. A excepción de fray Diego de Torremocha, comendador de la Cámara de los Privilegios de la Orden de Santiago, sobre el cual no poseemos ninguna información, todos los exceptuados de las Órdenes Militares fueron, por tanto, absueltos o perdonados.

B). El clero

Si en las Órdenes Militares el número de exceptuados era muy reducido, completamente distinta era la situación del clero: un obispo, dos maestrescuela, dos arcedianos, varios canónigos, dos franciscanos, cuatro dominicos, se vieron excluidos de los beneficios de la amnistía. El Consejo Real no pretendió hacerse cargo de estos procesos, si bien protestó contra la excesiva indulgencia que presidió las actuaciones contra los rebeldes adscritos a esta categoría. De pleno derecho, los eclesiásticos escapaban al poder temporal, pese a lo cual estaban previstas acciones contra ellos en el marco de un procedimiento especial, que al igual que había sucedido con la comisión mixta formada para juzgar a los acusados de las Órdenes Militares se iba a mostrar sumamente complaciente para con los interesados.

Más adelante examinaremos con detalle el caso del obispo de Zamora, desde luego único y especial. Con respecto a los demás eclesiásticos no se suscitó querella alguna sobre la jurisdicción. En el curso de una primera etapa el papa confió la represión al cardenal Adriano, inquisidor general. Después de la marcha del cardenal, que pasó a convertirse en el papa Adriano VI, esta responsabilidad recayó sobre el obispo de Oviedo, don Diego de Muros. Por su parte, los dos sucesivos comisarios apostólicos delegaron sus poderes. Fue así como los superiores de las congregaciones quedaron encargados de sancionar a sus hermanos de congregación.

En el caso de los agustinos, la represión fue confiada a su provincial fray Diego de la Torre[1981]. En agosto de 1522 le vemos solicitar la colaboración del brazo secular para detener a fray Juan de la Parra, que acababa de huir después de pasar cinco meses encerrado en un convento[1982]. Fray Juan no figuraba entre los exceptuados, por lo cual se suspendió la persecución contra él. Por contra, el Perdón general hacía mención de otro monje agustino, fray Bemaldino de Flores, que había sido hecho prisionero en octubre de 1520, después de llevar a cabo una misión en Palencia y cuando se aprestaba a continuar su propaganda subversiva por Tierra de Campos[1983]. Los Grandes sugirieron entonces que se le intercambiara por don Martín de Acuña, a quien los comuneros retenían en Valladolid, pero el cardenal Adriano se opuso a este intercambio en razón de la gran inteligencia de este monje[1984]. Encarcelado primero en Villalba, fray Bemaldino fue entregado finalmente en julio de 1522 al provincial de su Orden[1985]. Ignoramos la pena que le impusieron sus superiores. Fray Bemaldino habría de volver a destacarse años más tarde; fue este pintoresco párroco de Pinto, bebedor y libertino, quien en 1530 denunciaría a Juan de Vergara a la Inquisición[1986].

No conocemos ni siquiera el nombre de este fraile mínimo, exceptuado, a quien el corregidor de Salamanca había encarcelado en junio de 1521[1987]. Los franciscanos estaban representados en el Perdón general por fray Juan de Bilbao, antiguo superior de Salamanca, y fray Francisco de Santana. No parece que el primero fuera hecho prisionero como deseaba el Consejo Real[1988], y en cuanto al segundo, encarcelado en primera instancia en Madrid, se le pretendía trasladar en octubre de 1521 al castillo de Segovia[1989], pese a las instrucciones anteriores que recomendaban que fuera entregado a su Orden[1990]. La tarea de castigar a los comuneros franciscanos le había sido encomendada al padre Sierra, superior de Barcelona[1991].

Pero fue sobre todo entre los dominicos donde la rebelión encontró a sus más ardientes propagandistas, hasta el punto de que sobre la Orden pesaba un grave descrédito, como lo ponía de manifiesto el cardenal Adriano:

Orden es agrauiada de los crímines y males que han fecho los frayles della y en castigarles será edificado todo el mundo[1992].

Era el general de la Orden, fray García de Loaysa, el encargado de sancionar a los culpables[1993]. Loaysa tenía ante sí una labor nada fácil. Apenas investido, se vio acusado por el presidente del Consejo Real de complacencia y parcialidad:

Oy avernos visto en el Consejo dos traslados de dos prouisiones que agora nuevamente an dado los gouernadores; la una dieron el almirante y condestable; la otra el cardenal solo. Lo que contienen es que todos los frayles de la orden de Santo Domingo que an sido principales traydores de todos estos reynos sean remitidos al general de su orden, que es otro tanto como mandarlos soltar, para que tornen a prediquar antes de muchos días. Aquí teníamos preso a uno muy principal dellos y se llama maestro Bustillo; el cardenal manda que lo den al general y será para que le suelte y esto haze el cardenal como comisario apostólico. Todos los del Consejo estamos desesperados en ver estas prouisiones y otras tales[1994].

Sin embargo, desde septiembre de 1521 se podía citar como ejemplar la manera en que Loaysa se aplicaba a su tarea[1995]. Finalmente, sólo cuatro dominicos figuraron entre los exceptuados del Perdón general: fray Alonso de Bustillo, fray Pablo de León, fray Alonso de Medina y fray Alonso de Villegas. El único respecto al cual poseemos algunos datos —por otra parte, poco fidedignos— es fray Alonso de Medina, quien al parecer habría emigrado a Portugal, donde debieron andarle bien las cosas, amasando una pequeña fortuna como profesor de Teología y predicador; habría muerto en Zamora en 1542[1996]. Sea como fuere, parece que Loaysa llevó a feliz término su tarea: una represión discreta, pero eficaz, le permitió devolver a la Orden el prestigio perdido sin perder al mismo tiempo la confianza del emperador, del que más adelante se convertiría en confesor.

No resulta fácil en conjunto evaluar la represión de los monjes comuneros. En efecto, confiados casi inmediatamente a sus superiores, escaparon al control de las autoridades judiciales. Pasados los primeros meses después de la victoria de las fuerzas del orden perdemos su huella, y los cronistas de las Órdenes religiosas cubren con un espeso velo el delicado período de la rebelión de las Comunidades. Las más de las veces unas pocas frases resumen este acontecimiento y sus consecuencias[1997].

Poseemos más precisos datos sobre la situación en cuanto al clero secular. También en este terreno el cardenal Adriano, juez apostólico, delegó sus poderes y encargó a otros miembros del clero que llevaran a cabo la tarea de la represión, aunque sin renunciar completamente a intervenir. Conocemos los nombres de dos de estos responsables: don Diego Huidobro y el abad de Berlanga[1998]. Activa durante el verano de 1521, la persecución de los clérigos comuneros pareció detenerse posteriormente[1999].

El cardenal Adriano, responsable en último término de la represión del clero secular, se dedicó con ardor a esta tarea, que sin embargo debía repugnarle enormemente. Tal es al menos lo que se deduce a la luz de los acontecimientos posteriores. En efecto, cuando el cardenal se convirtió en el papa Adriano VI se desembarazó de la responsabilidad de la represión, descargándola sobre el obispo de Oviedo, don Diego de Muros, a quien los eclesiásticos comuneros se apresuraron a rechazar por sospechoso. Existía indudablemente cierto malestar y querellas personales que oponían en particular al almirante y al obispo de Oviedo durante los meses precedentes al regreso del emperador. El desacuerdo se agravó hasta el punto de que el obispo pareció desinteresarse de la represión:

Era contento y le plazía de muy buena voluntad dexarse de la dicha judicatura. Luego se desistió della para no entender más en las dichas causas.

El almirante sugirió entonces al papa que confiase la represión de los clérigos comuneros a los inquisidores diocesanos y que el sumario de Acuña fuera confiado a otro obispo[2000].

El regreso de Carlos V debería haber puesto fin a esta confusión. De hecho, el obispo de Oviedo reasumió entonces la plena responsabilidad de la represión del clero secular[2001]. Pero antes de que pudiera actuar con eficacia los más comprometidos de los eclesiásticos, que se habían colocado bajo la protección del nuevo papa, tomaron el camino del destierro y acudieron a refugiarse en Roma.

Elegido papa el 9 de enero de 1522, Adriano VI no abandonó España hasta agosto del mismo año. Gran número de eclesiásticos, cuando se supieron sometidos a la autoridad de don Diego de Muros, le hicieron participe de sus aprensiones. El 10 de junio, en una carta fechada en Zaragoza, Adriano VI exponía al emperador su problema de conciencia:

Algunos de los sacerdotes que contra Vuestra Majestad avían favorecido las partes de la comunidad, pretendiendo ser inocentes dello, han recorrido a Nos, pidiéndonos que se les assignasen jueces en nuestra corte, en presencia de los cuales puedan expurgar y desculparse de los dichos delitos, para que no sean diffamados de lo que se les da culpa, y si fueren hallados tenerla, sean castigados. A unos parece que les devemos echar de cabe Nos y de nuestra corte; pero, porque piden justicia y la decisión dello toca a Nos y somos el verdadero juez de ellos, no parece cosa razonable que no les oyamos, y a más desto, si los echássemos, también se irían a Francia y ayudarían a los enemigos. Aun dizen ser enemigos de aquellos que les daríamos juezes en el reyno, por lo qual han dañado a todos trahendo la comunidad a sedición y armas; y de derecho, quando por parte del culpado hay causa de inimicitia, aunque el juez dado no aya offendido a aquel, lo puede justamente recusar[2002].

Estas explicaciones no deben llamarnos a engaño. En realidad, Adriano VI ya había decidido proteger a los clérigos comuneros: don Pedro de Fuentes, chantre de Palencia; don Alonso Enríquez de Arellano, prior de Valladolid; don Juan de Collados, maestrescuela de Valladolid, y muchos otros menos comprometidos se embarcaron junto con el papa en agosto de 1522.

Esta huida y la protección manifiesta de la que gozaban los interesados provocó el descontento del emperador, quien desde entonces guardaría un profundo rencor hacia su antiguo preceptor. En noviembre de 1522 se envió a Roma una copia del Perdón por vía diplomática. El duque de Sessa, embajador en la Santa Sede, solicitó al papa la extradición de algunos eclesiásticos exceptuados[2003]. Poco tiempo después, un memorial escrito con firmeza resumía la postura del emperador:

Su Majestad está admirado de consentir su Beatitud que los comuneros exceptuados del perdón general que hizo residan en su corte, seyendo tan dignos de castigo y sabiendo su Beatitud que lo merecen; que parece queda autorizada la maquinación y maldad que cometieron en persona de su Beatitud, estando en el govierno d’España por absencia de Su Majestad, que pide y suplica a Su Beatitud sea servido permittir que puedan ser tomados y presos, se lleven donde según sus culpas meritamente se castiguen[2004].

Dado que estas gestiones no tuvieron efecto positivo, Carlos V instó al duque de Sessa a conseguir por cualquier medio que estos eclesiásticos salieran de Roma y se dirigieran a Nápoles, aunque naturalmente sin provocar ningún escándalo[2005]. A finales del año 1523 se intentó intimidar a los refugiados de Roma: si no regresaban inmediatamente a España la justicia confiscaría todos sus bienes[2006].

No contento con proteger a los clérigos que se habían refugiado con él, Adriano VI intervino además en favor de algunos otros que habían decidido permanecer en España. Fue así que tomó la defensa de don Alonso de Pliego, deán de Ávila, por resultar inocente[2007]. Sin embargo, existían cargos importantes contra el deán que le hacían figurar entre los proscritos: ¿acaso no había sido designado embajador de la Junta ante el rey de Portugal en octubre de 1520? No obstante, era cierto, como manifestaba Adriano VI, que había contribuido, después de Villalar, a la sumisión de la ciudad de Ávila al poder real. El papa llegó incluso a encargar a don Alonso de Pliego que entregara personalmente a las autoridades españolas las cartas de recomendación que le llegaban de Roma, lo cual suscitó una gran indignación en el círculo del emperador:

Para traer el despacho de Vuestra Beatitud, huviéramos holgado que se sirviera de otro correo que el deán de Ávila, por el exemplo que pueden tomar desto los otros culpados en las sediciones pasadas que están exceptados. Nos haremos Información de lo que conforme a justicia se deve hazer en su causa y avisaremos de ella a Vuestra Beatitud[2008].

¿Cuáles fueron las conclusiones de la investigación ordenada en 13 de marzo de 1523 en el marco de la información abierta contra el deán de Ávila[2009]? Lo ignoramos, así como la suerte que corrió este personaje.

Don Juan Pereyra, deán de Salamanca, fue al parecer más afortunado. A pesar de la orden de detención dictada contra él y contra otros clérigos el 25 de noviembre de 1522, le vemos en Salamanca en 1523, libre sin duda, aunque despojado de su prebenda de deán[2010]. El año siguiente, el monarca rechazó la petición de clemencia en favor del antiguo comunero presentada por el papa, por considerar que el deán había tomado una parte demasiado activa en la insurrección[2011]. No obstante, todo debió arreglarse satisfactoriamente para él, ya que el historiador moderno de Salamanca, Villar y Macías, nos informa de que fue perdonado y que a su muerte, ocurrida en 1529, era nuevamente deán del cabildo de la catedral[2012].

Según los datos de que disponemos, otros tres eclesiásticos exceptuados se hallaban todavía refugiados en Roma. Uno de ellos, don Juan de Collados, maestrescuela de Valladolid, fue perdonado en 1524; los otros dos —don Pedro de Fuentes, chantre de Palencia, y don Alonso Enríquez de Arellano, prior de Valladolid— murieron en el exilio en 1525[2013][2014].

Los eclesiásticos que habían permanecido en España salieron también bastante bien librados. No poseemos datos exactos, salvo respecto al maestrescuela de Toledo, don Francisco Álvarez Zapata. Juagado por el obispo de Oviedo, conforme al procedimiento previsto, fue declarado inocente. En su memoria del 30 de diciembre de 1523 resumía así su defensa:

No solamente no fuy con la comunidad, mas antes fuy contra ella como fiel seruidor de su magestad en dicho y en fecho y en consejo.

Se había opuesto a las pretensiones del obispo de Zamora y después de Villalar había contribuido al restablecimiento del orden en Toledo. Habría sido él, además, quien sugiriera a las autoridades la manera de expulsar a doña María Pacheco de la ciudad. Estos argumentos, brillantemente expuestos, convencieron a los jueces, que declararon la absolución del acusado[2015].

Por su propia autoridad, el cabildo de Toledo se había encargado de castigar al más rebelde de sus canónigos, Rodrigo de Acebedo. Encerrado durante largo tiempo en una dependencia de la catedral, el interesado había obtenido finalmente una especie de libertad vigilada, pero todas sus rentas fueron confiscadas, a pesar de sus protestas y de las gestiones que llevó a cabo cerca del pontífice. En septiembre de 1522, el Consejo Real reaccionó contra este abuso de poder y exigió que se le hiciera entrega del sumario para que fuera estudiado por el obispo de Oviedo[2016]. No poseemos testimonios que den fe del resultado del juicio, pero es indudable que Acebedo corrió tan buena suerte como los demás, ya que le veremos en 1530 al lado de fray Bernaldino de Flores, cuando la Inquisición comenzó a mostrarse interesada por el doctor Vergara[2017].

Don Alonso García del Rincón, abad de Medina, había militado resueltamente en el bando de la insurrección, de forma que tras la derrota de Villalar los virreyes le habían incluido entre los proscritos, a pesar de las protestas de sus protectores[2018]. Desde su refugio alejado de la ciudad, el abad multiplicó las gestiones ante el cardenal Adriano y vio cómo se le imponía un castigo poco riguroso: la obligación de permanecer durante algunos meses en un convento, y luego, en su abadía[2019]. Le quedaba prohibido residir en Medina del Campo, pero a principios de 1522 el abad debía haber recuperado gran parte de su antigua autoridad. Se le acusó entonces de alterar el orden público con sus maniobras y las de sus parientes y amigos; el Consejo Real le exigió que actuara con mayor discreción y le renovó la prohibición de alejarse de la residencia que se le había designado en La Huesca[2020]. A partir de entonces desaparecen las noticias de su paradero.

Tampoco sabemos nada respecto a la suerte de otros eclesiásticos exceptuados, como Juan de Benavente, canónigo de León; Pedro González de Valderas, abad de Toro; Gil Rodríguez Juntero, arcediano de Lorca, y don Francisco Zapata, arcediano de Madrid[2021].

En definitiva, podríamos afirmar que el clero no sufrió con rigor los efectos de la represión, a pesar del papel de primera importancia que muchas veces habían desempeñado en la rebelión. Cierto es que la ejecución del obispo de Zamora unos años más tarde nos obliga a matizar este juicio, si bien su caso presenta circunstancias muy particulares.

IV —epílogo

1. Los exiliados

Después de Villalar fueron muchos los comuneros que se refugiaron en Portugal. Entre estos emigrados figuraban algunos de los principales responsables de la insurrección, como Gonzalo de Guzmán, hijo de Ramir Núñez de Guzmán; don Hernando de Ulloa, Hernando de Porras, etc. Los virreyes, ocupados en liquidar las secuelas del movimiento insurreccional y en rechazar la invasión francesa en Navarra, parecían dar muy poca importancia a estas evasiones. Carlos V, por el contrario, se mostró mucho más firme y no dejaría de reclamar el castigo de los exiliados, antes y después de su regreso a España.

Fue, en efecto, Cristóbal Barroso, representante personal de Carlos V ante el rey de Portugal, quien solicitó la apertura de negociaciones para solucionar este punto, y no hay duda de que actuaba siguiendo instrucciones de la Corte[2022]. En los primeros días del verano de 1521 acudió a Logroño, residencia de los virreyes en aquel momento, intentando incrementar el celo de los altos funcionarios. Estos emprendieron la tarea sin excesivo ardor, buscando en los archivos en la esperanza de encontrar el texto de un acuerdo que obligara al rey de Portugal a conceder la extradición de los emigrados españoles; al mismo tiempo se discutió el problema con Joáo Rodrigues, embajador portugués, claramente hostil a los comuneros desde que éstos habían hecho fracasar su misión negociadora en Valladolid. Joáo Rodrigues no ocultó sus sentimientos: los comuneros no merecían que nadie se preocupara por su suerte, y el embajador recordó su actitud durante las conversaciones mantenidas en el mes de enero:

Yo les di cartas de vuestra alteza y les dixe buenas palabras de su parte, las quales ellos eran obligados a tener en mucho por la señalada merced que vuestra alteza les hazía en tomar cuydado dellos y de sus cosas. Dos vezes me respondieron no como ellos eran obligados, antes me dixeró palabras sobre los negocios en que yo les hablase tales que de vergüenza no las escriví los días pasados a vuestra alteza.

En conclusión, Joáo Rodrigues aconsejaba a su nuevo soberano que expulsara a los comuneros:

Mandar a éstos que luego se salga de su reyno, pues ay tantas razones y tan justas para que vuestra alteza lo haga[2023].

Sin embargo, estas gestiones no desembocaron en un resultado positivo. Los virreyes parecieron olvidarse del asunto. En Portugal, Juan III sucedió a Manuel I y el nuevo soberano parecía aún menos decidido que su padre a ceder a las presiones del emperador. Entretanto, nuevos comuneros habían buscado refugio en el vecino reino, especialmente, después de la caída de Toledo, doña María Pacheco y Hernando de Ávalos. A las representaciones castellanas, Portugal respondía tomando medidas a medias: ordenó a los exiliados políticos que abandonaran el país en el plazo de tres meses, pero transcurrido este período nada se hizo para obligar al cumplimiento de esta orden[2024].

Después del regreso de Carlos V, la diplomacia española multiplicó sus gestiones para obtener la extradición de los comuneros, casi todos refugiados en Braga y a quienes protegía abiertamente el embajador francés en Portugal. Las negociaciones no desembocaban en nada positivo. ¿Existían acuerdos que obligaran a Portugal a conceder la extradición de los castellanos? AI parecer, no, y en tales condiciones Juan III sentía ciertos escrúpulos a la hora de entregar a los refugiados:

El rey dice que pues no es él obligado a los entregar que parecería crueldad hacerlo y que éstos deven de tener algún refugio y que vale más que lo hallen en amigos de vuestra magestad que no que se vayan a sus enemigos[2025].

Impotente, el embajador de España en Portugal se limitaba, pues, a vigilar las idas y venidas de los comuneros: don Pero Laso de la Vega no se alejaba apenas de la ciudad de 0livencía; otros se mantenían en lugares próximos a la frontera y de vez en cuando, con la complicidad de algunos monjes, acudían a Castilla para solventar sus asuntos particulares[2026]. En varías ocasiones el Consejo Real trató en vano de echar mano a estos imprudentes[2027]. Doña María Pacheco y Hernando de Ávalos residían en Braga en condiciones muy precarias (pasan mucha necesidad); el bachiller de Guadalajara, que confiaba en poder conseguir el perdón, entró en contacto con el embajador en junio de 1523[2028]. En julio del mismo año, el bachiller se decidió por fin a regresar a España, con la idea de conseguir clemencia a cambio del pago de una multa de composición. Hay que decir que consiguió plenamente sus deseos[2029].

Todos estos refugiados eran objeto de una discreta vigilancia por parte de las autoridades portuguesas[2030]. Algunos de ellos continuaron, sin embargo, inquietando al gobierno español, especialmente don Pero Laso de la Vega, que mantenía estrechas relaciones con el embajador francés[2031]. ¿Preparaba quizá don Pero alguna oscura maniobra? En los primeros días del mes de julio de 1523 corrió el rumor de que acudía regularmente a Badajoz, donde se entrevistaba con los regidores de la villa[2032]. Algunos días después se supo que don Pero Laso se había hecho fuerte, con un centenar de hombres, en el castillo de Los Arcos, situado a poca distancia de Badajoz en territorio español. Indignado ante semejante provocación, el gobierno español decidió organizar una expedición de castigo, cuyo mando se confió al conde de Osorno, asistente de Sevilla[2033]. Don Pero, asustado ante la importancia del dispositivo militar puesto en marcha por las autoridades españolas, se apresuró a regresar a Portugal tratando de apaciguar la cólera del monarca; escribió al embajador español para disculparse:

Era verdad que él avya ydo a Los Arcos pero que avya sido con seys o siete y que su yda avya seydo para que el alcayde respondiese con mucho acatamiento y no a otra cosa[2034].

Por parte española no parecía haber mucha prisa por castigarle. El 1 de agosto, don Diego de Córdoba sustituyó al conde de Osorno al frente del contingente encargado de apoderarse del castillo de Los Arcos[2035]. Más de dos meses transcurrieron antes de que las tropas españolas pasaran a la acción y fue un tercer capitán general, don Beltrán de Robles, nombrado el 16 de septiembre, quien ocupó y destruyó finalmente el castillo sin ninguna oposición[2036].

Después del episodio de Los Arcos no hay testimonios de ningún otro incidente provocado por comuneros exiliados, cuya vida era cada vez más difícil. El doctor Medina visitaba frecuentemente al embajador español, el cual no podía hacerle ninguna promesa en firme[2037]; doña María Pacheco y Hernando de Ávalos vivían gracias a la caridad del obispo de Braga[2038]; todos los demás se hallaban dispersados a lo largo de la frontera. Eran ellos: don Pero Laso, don Juan Fajardo, Pero Ortega, Ramir Núñez de Guzmán y sus hijos, el doctor Valdivielso, el licenciado Villena, Hernando de Porras, Hernando de Ulloa, Pero Bonal, don Juan de Figueroa, don Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, Francisco Osorio, Suero del Águila, el comendador Almaraz, etc. Todos ellos habían depositado grandes esperanzas en la sesión de las Cortes, y cuando ésta transcurrió sin que resultase nada positivo para ellos comenzaron a confiar en la posibilidad de recurrir a las multas de composición. Estas palabras del embajador de España describen con exactitud su triste existencia de proscritos:

Entre miedo e esperanza pasan su vida[2039].

Es cierto que algunos de ellos, los menos comprometidos, obtuvieron el perdón a cambio de una multa de composición cuando el gobierno español decidió recurrir a este procedimiento. Fue concretamente el caso del bachiller de Guadalajara, de Suero del Águila y de algunos otros[2040]. Mientras tanto, los demás continuaron esperando la hipotética clemencia del emperador. El conde de Salvatierra, a quien el rey Juan III se había negado siempre a recibir a pesar de las gestiones de algunos aristócratas portugueses[2041], intentó un golpe de audacia. En enero de 1524 se presentó en Burgos con la esperanza de conseguir la gracia del emperador a través de una gestión personal. Apenas llegado a Burgos fue encarcelado, encadenado y tratado con gran severidad, en tanto el Consejo Real instruía su proceso[2042]. El conde no llegaría a comparecer ante el tribunal, ya que falleció el domingo 16 de mayo de 1524, y las autoridades exigieron que fuera enterrado con los grilletes en los pies[2043].

Muchas razones parecen indicar que Carlos V seguía inflexible. El 12 de febrero de 1524 el Consejo Real condenó a muerte por rebeldía a doña María Pacheco. Sin embargo, los exiliados seguían esperando que su suerte se dulcificara. Don Pero Laso, por ejemplo, se esforzó por atraerse al embajador español, el cual se negó a entrevistarse con él. El embajador francés le habría propuesto en varias ocasiones que entrara al servicio de su soberano[2044]:

El rey su señor le haría buen partido y mercedes.

El interesado declinó estas ofertas, pues todavía no había perdido completamente las esperanzas de poder regresar a España:

Don Pero Laso le avía dicho que él no tenía yntención de yr a Francia syno en desesperación de todas sus cossas y que ésta él no la tenía estonces, antes esperava perdón, pero que si todo le faltase que no dexaría de buscar a comer adonde lo hallase[2045].

En 1524 parecía que los dos gobiernos habían concluido un acuerdo tácito. Carlos V solicitó la extradición de los comuneros y el rey de Portugal sugirió a los menos comprometidos de los exiliados que regresaran a España para negociar allí su perdón. Juan Osorio partió el 22 de abril hacia Toledo, tras haberse entrevistado con el embajador de España, lo que permite suponer que su vuelta se realizó en connivencia con el gobierno español. Los demás siguieron en su destierro, pero podemos distinguir entre ellos dos categorías. Doña María Pacheco y sus amigos parecían completamente abandonados a su suerte en Braga:

Deven tener harta necesidad; escribía el embajador de España. Doña María no recibía más que una reducidísima ayuda de su familia; un bachiller de su círculo, Sosa sin duda, su capellán, se convirtió en maestro para aumentar los ingresos del grupo. En un segundo grupo hay que situar a quienes recibían ayuda de parte del gobierno portugués. Tal era el caso de Diego de Silva[2046] y también de don Pero Laso de la Vega, quien habría llegado incluso a contraer nupcias con una dama de la Corte[2047]. No creemos que esta discriminación fuera meramente fortuita. Bien al contrario, todo hace suponer que se realizó con el consentimiento previo del gobierno español, que pretendía delimitar las responsabilidades de unos y otros y señalar las diferencias entre quienes finalmente conseguirían el perdón de la Corte, como don Pero Laso, y los que, como doña María Pacheco, morirían en el exilio[2048].

2. El perdón de don Pedro Girón

En las páginas precedentes hemos hecho referencia a la condena a muerte de doña María Pacheco por rebeldía, pronunciada en 1524. En efecto, oficialmente la represión seguía su curso, si bien es cierto que no hizo nuevas víctimas. Una cédula fechada en Burgos el 17 de junio de 1524 recordaba el procedimiento en vigor: eran los alcaldes de casa y corte los encargados de instruir los procesos contra los exceptuados[2049]. Pero, en la práctica, estas autoridades sólo de cuando en cuando daban sus veredictos: Hernando de Ayala, Gonzalo Gaitán y Francisco de Guzmán fueron así condenados a muerte por rebeldía el 3 de junio de 1524[2050]. Otros procesos se hallaban en preparación contra algunos acusados que estaban en prisión: Juan Negrete, Gómez de Hoyos, Antón Malo, Pero Suárez de Argüello[2051]…

Los alcaldes de corte se esforzaron también por corregir los excesos más evidentes de la justicia señorial con respecto a los comuneros que no figuraban en la lista de los exceptuados. Diego de Palencia, a quien el conde de Buendía acusaba de haber sublevado su ciudad de Dueñas, fue condenado a un año de destierro, y tras su apelación su pena quedó reducida a tres meses de prohibición de residir en Dueñas[2052]. Por contra, los rebeldes de las Meríndades, duramente castigados por el condestable, fueron pura y simplemente perdonados[2053].

En el año 1524 no se efectuó ninguna amnistía de carácter general, pero los perdones individuales fueron numerosos. De ellos se beneficiaron don Antonio de Peralta, Diego de Ulloa Sarmiento, Juan de Porras, Luis Godínez, Pedro Tovar, Pero Bonal y, en fin, Cristóbal Álvarez, este último ya fallecido[2054].

En muchos casos, los acusados contaban con importantes recomendaciones o bien se amparaban en el perdón firmado por los virreyes con anterioridad al regreso de Carlos V. Quedaba lejos ya el rigor del monarca contra los comuneros, no importa cuál hubiera sido su participación en la rebelión, incluso si habían intentado rehabilitarse, obteniendo por ello garantías de parte de los virreyes. De este rigor, que había provocado la indignación del almirante, Pedro Girón había sido la víctima más ilustre. En 1524, su perdón simbolizó el cambio producido en el espíritu del emperador.

Sabemos cómo ocurrieron los hechos. Don Pedro Girón se había puesto en el otoño de 1520 a disposición de la Junta, que le había nombrado capitán general. Después de la conquista de Tordesillas por los Grandes, Girón desapareció de la escena y no volvió a intervenir en la guerra civil[2055]. ¿Esperaba quizá una indicación del emperador para tomar partido por los virreyes? Tal era lo que afirmaban el cardenal y el almirante, que reprochaban a Carlos V su silencio respecto a este hombre[2056]. Después de Villalar, Girón solicitó personalmente perdón al emperador[2057]. Participó en la campaña de Navarra contra los franceses y en julio de 1521 se pensó incluso en confiarle la dirección de las operaciones contra las Germanías de Valencia. No hubiera dejado de ser sorprendente ver al antiguo jefe comunero aplastando el movimiento paralelo de las Germanías[2058]. Los virreyes consideraban a Girón, desde hacía bastante tiempo, como un aliado incondicional que podría prestar mejores servicios si Carlos V consentía en olvidar el pasado[2059]. Sin embargo, el emperador seguía obstinadamente en su mutismo y Girón, decepcionado e inquieto, se retiró muy pronto a sus posesiones[2060].

Quizá esperaba Carlos V su regreso a España para realizar el gesto de clemencia que todo el mundo deseaba. Sabemos que el caso Girón figuraba entre los asuntos que se habían debatido en el seno del Consejo del soberano en los días precedentes a su llegada al puerto de Santander[2061]. El 6 de agosto de 1522, Girón escribió nuevamente al emperador excusándose por no haberse presentado todavía ante él y pidiendo respetuosamente su clemencia[2062]. En esta ocasión el emperador abandonó su mutismo, pero su respuesta consistió en una citación para declarar dirigida al antiguo comandante en jefe de la rebelión el 14 de agosto[2063]. Dos meses y medio más tarde, Girón figuraba entre los exceptuados del Perdón general. De este modo, Carlos V expresaba su determinación de castigar a todos los culpables, sin considerar cuan ilustre pudiera ser su nombre ni cuan intenso su arrepentimiento. Al mismo tiempo, desacreditaba con altivez a los virreyes por las decisiones que habían tomado durante su ausencia. El almirante, ya lo hemos dicho, reaccionó con gran amargura ante esta actitud del soberano.

¿Dónde se ocultó Girón después de la proclamación del Perdón? Ignoramos por completo los avatares de la vida clandestina que arrastró durante un año y medio. No debieron faltarle protectores, y, por otra parte, los jueces no mostraban ningún deseo de apresarle. Sin embargo, Girón no debió abandonar España. Podemos pensar que Carlos V no deseaba verdaderamente verle encarcelado y su actitud respondía más bien al deseo de demostrar su cólera, esperando conseguir el apaciguamiento de los espíritus.

A comienzos de 1523 el nombre de Girón fue pronunciado nuevamente: el emperador le condenó a servir durante seis meses en Orán[2064]. Girón, que sabía que este castigo era temporal y necesario antes de que se le concediera el perdón total, accedió a cumplir la condena. Un año después, durante las celebraciones de la Semana Santa, sus amigos multiplicaron las gestiones ante el monarca. La duquesa de Frías, esposa del condestable, rogó al conde de Nassau que intercediera ante el rey; ella misma habló también con Carlos V, al igual que el condestable[2065]. Finalmente, el 27 de marzo de 1524 Carlos V firmó el perdón de Girón[2066]. Después de este acontecimiento, la mayor parte de los responsables de la rebelión se beneficiarían de similares medidas de clemencia.

3. La amnistía de 1525

A partir del momento en que la represión dejó de hacer nuevas víctimas y el aparato judicial del Estado comenzó a ocuparse menos de perseguir a los exceptuados que de regularizar situaciones particulares, los comuneros que se hallaban desterrados o vivían en la clandestinidad no dudaron en constituirse en prisioneros cuando se sabían culpables de faltas menores. Se puede pensar, por otra parte, que las más de las veces no daban ningún paso sin cerciorarse de que su decisión no había de tener consecuencias negativas: parientes o amigos les informaban respecto a la disposición de las autoridades y les indicaban cuál era el momento más favorable. Los señores, más rencorosos, seguían indignándose ante estos hechos[2067]. Lo cierto es que a medida que el tiempo transcurría los antiguos comuneros, incluso los exceptuados, iban recuperando su lugar en la sociedad. Estos últimos continuaron siendo objeto de medidas individuales de clemencia. Durante el primer trimestre de 1525 se concedió el perdón a Francisco de Guzmán, Garcí López de Porras y Pedro Gómez[2068]. La única restricción se refería a los bienes de quienes ya habían sido condenados. Estos bienes pasaban a poder del Fisco, que los vendía en pública subasta. Si no se presentaba ningún comprador antes de la fecha de la amnistía de su propietario, éste podía recuperarlos; en caso contrario, la venta era considerada definitiva, a no ser que la cédula de gracia contuviera disposiciones en contrario.

En el caso de algunos exceptuados las condenas podían ser considerablemente atenuadas en el espacio de algunas semanas. Fue así como Francisco Gómez Herrero, condenado el 16 de febrero de 1525 a la prohibición de residencia en Cartagena por tiempo ilimitado, vio cómo esta pena le era reducida a dos años el 31 de marzo de 1525[2069].

En fin, en diversas ocasiones los jueces consideraron improcedentes los procesos de exceptuados fallecidos antes de ser condenados. Tal sucedió, por ejemplo, con Diego de Agüera y Alonso de Osuna[2070]. Esta decisión detenía el curso de la justicia y permitía a los herederos entrar en posesión de la herencia.

Los procuradores de las Cortes de Toledo, celebradas en 1525, no plantearon oficialmente cuestión alguna sobre la represión, pero los contactos que indudablemente se produjeron al margen de las sesiones indujeron al emperador a firmar, el 27 de agosto, 33 cédulas de gracia. Eran aún medidas individuales, pero es indudable que la Corte pretendía indicar así el fin de una etapa en la represión. Todas las cédulas reproducían la misma fórmula:

Por vos hazer merced e husando con vos de clemencia e piedad e porque Nuestro Señor perdone nuestras culpas e pecados…

Como había ocurrido en las amnistías precedentes, los bienes ya vendidos no podían ser devueltos a los interesados. Por el número de los beneficiados, los decretos del 27 de agosto constituyen la medida más importante desde el Perdón general. Recuperaron de este modo sus derechos cívicos una serie de individuos que en su mayor parte no habían desempeñado en la rebelión sino un papel de segundo plano: el bachiller de Alcalá, Antonio Álvarez Cueto, Álvaro de Bracamonte, Juan de Carcajena, Diego de Córdoba, Gerónimo Francés, Gonzalo Gaitán, Diego de Heredia, Pero Ortega, Lope de Pallares, Diego de Peralta, Alonso de Quintanilla, Diego Ramírez de Guzmán, etcétera. Veintinueve comuneros en total obtuvieron una amnistía completa. Otros cuatro, de mayor relevancia, recibieron un perdón con ciertas restricciones: Juan Osorio perdió definitivamente la encomienda de la que era titular en la Orden de Santiago; a don Juan de Figueroa se le prohibió la residencia en la Corte, en Sevilla, Córdoba, Granada y Jerez; don Hernando de Ulloa no podría permanecer en la Corte, en Toro y Valladolid, y don Juan de Fajardo, en la Corte y en el reino de Murcia[2071].

Antes de finalizar 1525 fueron amnistiados otros exceptuados. Se trata del bachiller Pedro de Tordesillas y el doctor Juan Gómez de Valdivielso. Hay que esperar hasta 1526 para ver el perdón de uno de los iniciadores de la insurrección: don Pero Laso de la Vega[2072].

El caso de don Pero Laso recuerda al de don Pedro Girón. Al igual que Girón, don Pero Laso había sido una de las personalidades más notorias del movimiento comunero, pero las responsabilidades de ambos eran muy distintas. Girón no había permanecido más que tres meses al servicio de la rebelión, en tanto que don Pero Laso, después de dirigir la campaña de oposición a Carlos V en 1519, se convirtió en uno de los artífices de la sublevación de Toledo y en organizador de la Santa Junta. Durante seis meses desempeñó un papel de primera importancia en el bando de los rebeldes. Es cierto que, a diferencia de Girón, también mostró veleidades contrarrevolucionarias, ya que unas semanas antes de Villalar traicionó a sus compañeros.

Estos matices no debieron escapar al emperador. Sopesados todos los factores, don Pero Laso tenía una más grave responsabilidad que Girón. Era normal, por tanto, que se le mantuviera durante más tiempo entre los proscritos, a pesar de las múltiples gestiones de los antiguos virreyes. En efecto, don Pero Laso se había beneficiado después de su rendición de la comprensión sin límites del cardenal Adriano, del condestable y el almirante. Sin citar las numerosas recomendaciones de clemencia dirigidas al emperador, vemos, en efecto, cómo el 1 de julio de 1521 los tres virreyes tomaron la defensa de don Pero, a quien algunas víctimas de los comuneros querían llevar ante la justicia[2073]. El texto más importante es la cédula del 28 de agosto de 1521, en la que los tres virreyes no sólo liberaban de toda culpa a don Pero Laso, sino que además consideraban su comportamiento desde la celebración de las Cortes de La Coruña como una excepcional contribución al mantenimiento del orden y al apaciguamiento de los espíritus. Merece la pena citar íntegramente este sorprendente documento, que constituye en algunos puntos un desafío a todo buen sentido:

Por quanto vos, don Pero Laso de la Vega e de Guzmán, y vos, el bachiller Alonso de Guadalajara, me aveys seruido ansy en avisar a mis visorreyes e governadores de lo que cunplía a mi servicio, estando vos, el dicho don Pero Laso, en la cibdad de Toledo, como después de salido della, y distes favor e ayuda a la justicia de la dicha cibdad y defendistes al corregidor dentro de vuestra cassa y no fuystes en ningund levantamiento de los que en la dicha cibdad se hizieron, antes los contradixistes y escusastes quanto en vos fue y me costa que no entrárades en la dicha cibdad, antes fuérades a cunplir el destierro que por mi mandado os fue puesto en la cibdad de Santiago syno que la comunidad de la dicha cibdad os metió forcablemete y contra vuestra voluntad y desta manera os hizieron venir a la que se dezía Junta, ansy a vos, como al bachiller Alonso de Guadalajara, de Segovia; y asymesmo, quando en la cibdad de Burgos por mi mandado se hizieron pregones y se hizo proceso contra algunas personas de las que estavan con las comunidades estáuades siruiéndome en la villa de Tordesillas y procurando como todas las cibdades que estavan en la opinión de la Junta fuesen reduzidas a mi servicio, y sé que al tiempo que os despedistes de los otros procuradores, vos y el bachiller Alonso de Guadalajara les dixistes e requeristes que viniesen a mi obidiencia y por no quererlo hazer os apartastes de su conpañía y sacastes mucha gente de cavallo de la que consigo tenían y la truxistes a mi servicio, y ansimismo, muchos de los procuradores que estavan en la dicha Junta se salieron por amor de vos Della, de la qual salida yo rescibí mucho servicio y fue mucha parte para que las cosas viniesen en el estado en que están y por la dicha salida pasastes mucho peligro de vuestras personas y haziendas, ansy en la villa de Valladolid y su comarca como en la dicha cibdad de Toledo y Segovia, y en esta guerra de Navarra, vos, el dicho don Pero Laso, con la dicha gente que sacastes y con la persona y de vuestros amigos y parientes me aveys seruido e os hallastes en la vatalla que se dio contra los franceses y en todas las otras cosas en que huvo nescesidad, sintiéndome bien y lealmente; y en remuneración destos seruicios (…) es mi merced y voluntad de vos asegurar y por la presente vos aseguro y tomo debaxo de mi anparo e palabra real a vuestras personas e bienes e haziendas e oficios (…) e mando a las justicias (…) que os guarden e cunplan este mi seguro e contra vuestras personas e bienes ni faziendas ni oficios no procedan por razón de aver sydo procuradores en la dicha Junta (…); por quanto lo más del tiempo que estuvisten en la dicha Junta fue avisando a mis visorreyes e governadores de las cosas que cunplían a mi servicio y procurando como los negocios ouiesen el fin que an ávido y todos los pueblos fuesen reducidos a mi obidiencia, lo qual teneys bien prouado, ansy ante el nuncio de nuestro muy santo padre y como con el enbaxador del Serenísimo rey de Portugal[2074]…

Al leer el documento nos damos cuenta de que la protección concedida a don Pero Laso de la Vega se extendía también a su fiel colaborador el bachiller de Guadalajara, amnistiado en 1524[2075]. El episodio de Gibraltar demuestra mejor si cabe hasta qué punto los virreyes habían tomado partido por don Pero Laso, despreocupándose totalmente de los proyectos del emperador. Don Pero Laso era alcalde del castillo de Gibraltar. Siguiendo instrucciones de la Corte, el marqués de Mondéjar, virrey de Granada, había ordenado ocupar el castillo el 29 de abril de 1521, confiándolo a la persona designada por el rey, Rodrigo de Bazán, a quien se nombró también corregidor de Gibraltar. En aquel momento, el marqués conocía ya la sumisión de don Pero Laso, lo que le planteó un problema: ¿no cambiaría la decisión de la Corte ante esta nueva circunstancia? En la duda, el marqués prefirió cumplir las instrucciones y esperar a una eventual contraorden[2076]. En cuanto le llegó la noticia de lo sucedido, don Pero Laso protestó enérgicamente y el 20 de junio de 1521 los tres virreyes solicitaron a Rodrigo de Bazán que se retirara y devolviera la plaza a los representantes de don Pero Laso[2077]. Al mismo tiempo, los virreyes se esforzaron por obtener de la Corte la correspondiente contraorden; el embajador portugués entregó, a petición de los virreyes, un certificado de buena conducta al antiguo comunero, que había sido uno de los pocos comuneros en atender sus sugerencias cuando sus tentativas de conciliación en enero de 1521[2078]. Rodrigo de Bazán se negó a cumplir los deseos de los virreyes; una provisión fechada el 31 de julio no tuvo mayor efecto que la primera[2079]. No contento con ello, el nuevo alcalde rompió en mil pedazos el decreto de los virreyes y ordenó encarcelar a los magistrados que se lo habían entregado; los virreyes encargaron entonces al corregidor de Ecija que abriera una información sobre estos hechos y entablar una acción judicial contra Bazán si persistía en su actitud[2080]. Rodrigo de Bazán acudió entonces directamente a la Corte, recordando que había llegado expresamente desde Worms con órdenes del emperador para efectuar la ocupación de Gibraltar. En recompensa solicitaba todos los bienes de don Pero Laso[2081]. La respuesta no se hizo esperar. Una cédula fechada en Bruselas el 26 de septiembre de 1521 protegía por completo a Bazán y otra del 6 de abril confirmaba la anterior y desautorizaba la actitud adoptada por los virreyes[2082].

A pesar de esta amarga decepción, los tres virreyes no perdieron la esperanza de conseguir el perdón para su protegido. Una de las primeras cartas del nuevo Papa, después de su elección, volvía a ocuparse de la cuestión:

Mucho ruego a vuestra majestad me embie perdón para don Pero Laso de la Vega y para el bachiller de Guadalajara de todo lo pasado, ca yo les he prometido de instar sobre ello a vuestra majestad.

El emperador se limitó a responder que estaba totalmente dispuesto a dar satisfacción al Sumo Pontífice, pero evitó hacer una promesa concreta[2083]. Adriano VI volvió a abordar la cuestión con Lachaux, representante personal de Carlos V[2084]. Pero fue en vano, pues, como había sucedido en el caso de Girón, el emperador se negó a reconocer la decisión de los virreyes y don Pero Laso apareció entre los exceptuados del Perdón general.

Ya hemos dicho que don Pero Laso encontró entonces refugio en Portugal, donde sus amigos hacían gestiones para conseguir clemencia para él[2085]. Después del incidente de Los Arcos, don Pero pareció estar dispuesto a permanecer para siempre en su país de destierro[2086]. La concesión del perdón a Girón debió, devolverle de nuevo la esperanza, pero Carlos V decidió esperar todavía varios meses antes de mostrar un gesto de clemencia. Finalmente concedió su gracia al exiliado, aunque sin autorizarle a regresar a España salvo para dirigirse al condado de Feria, al otro lado de la frontera. El 13 de mayo de 1526 esta restricción quedó suprimida en una cédula, prohibiendo únicamente al antiguo proscrito que residiera en la Corte y en Toledo[2087].

En las postrimerías de 1526 una nueva medida de clemencia afectó a don Pedro de Ayala, regidor de Toledo, a quien también le quedaba prohibido instalarse en la Corte y en Toledo[2088]. En 1525-1526 fueron suspendidos, por tanto, los procesos seguidos contra buena parte de los responsables políticos de la rebelión, los menos directamente comprometidos, los que habían hecho defección de la causa comunera o los que podían contar con la protección de personalidades influyentes en la Corte. Quedaban sometidos todavía —al menos teóricamente— a la represión los irreductibles, como doña María Pacheco y sus allegados, y la gran masa del movimiento comunero por la que nadie intercedía.

4. La amnistía de 1527

El nacimiento del futuro Felipe II constituyó la nueva ocasión para que el emperador examinase de nuevo la suerte de algunos exceptuados. Esta nueva amnistía fue muy limitada, tanto por el número de los afectados (sólo una docena de hombres aproximadamente) como por las consideraciones que influyeron a la hora de tomar la decisión. Se conservan en Simancas dos documentos de trabajo que sirvieron para preparar las medidas de clemencia de 1527; se trata de dos listas —que no siempre coinciden—, la segunda de ellas con anotaciones del presidente del Consejo Real. Estas listas sometían a la atención del emperador casos particularmente dramáticos, de una serie de exceptuados sin fortuna, quienes desde 1521 llevaban —al igual que sus familias— una existencia miserable; estos proscritos habían perdido sus recursos y erraban tristemente por el país sin poder encontrar ninguna ayuda. Tales eran Pero López de Zamora, gallinero, pobre; Alonso de Lorca, jornalero agrícola de las cercanías de Cartagena, que no pedía más que poder terminar sus días en un hospital; Diego de Figueroa, escudero pobre, de Toledo, por quien intercedía el arzobispo de Sevilla; Juan Vázquez, tejedor madrileño, quien según el informe no tenía con qué alimentarse, al igual que su conciudadano Francisco Serrano; Antón Gil, ya anciano, se había convertido en un pobre mendigo; Juan de Hevan, antiguo criado de Pedro Maldonado, a quien le resultaba casi imposible alimentar a sus numerosos hijos. Todos estos desheredados fueron amnistiados sin restricción de ningún tipo. A Sancho de Lares, cuya situación no era distinta, se le prohibió la residencia en la Corte.

Sin embargo, no se tuvieron en cuenta otros muchos casos igualmente trágicos: Francisco de Porras, cuya mujer e hijos morían de inanición desde que el cabeza de familia se había visto obligado a expatriarse; Esteban Martínez de la Torre, hombre muy pobre; Juan Rodríguez, pobre, de Cartagena, así como otros dos individuos cuyo nombre no aparece y a quienes se presentaba en estos términos:

Dos honbres que stan condenados a las galeras; el vno está malo de bubas e el otro sano; fueron remitidos de la cárcel de la corte a la cárcel de la Chancillería; están condenados por quatro años.

¿Cuáles fueron las razones por las que se perdonó a los primeros pero se condenó a los segundos? No podemos sino pensar que no se atendió únicamente a consideraciones humanitarias y que se tuvieron en cuenta además las responsabilidades respectivas. Así se explicaría que el Consejo Real fuera llamado a dar su parecer, lo cual hizo mostrándose implacable con ciertos hombres, Sancho Sánchez Cimbrón, Juan de Palomares, Juan de Mirueña, Hontiveros, cuyos nombres habían sonado fuerte en 1520-1521.

Dos exceptuados, Carlos de Salas y Juan Negrete, vieron reducidas sus penas. Ambos habían sido condenados a prohibiciones temporales de residencia. A fin de cuentas, tan sólo dos comuneros ilustres parece que alcanzaron la clemencia real en 1527. Se trata de Nicolás de Insausti y del antiguo cronista real, Gonzalo de Ayora. Es cierto que su papel durante la revolución había sido bastante modesto. A ambos se les prohibió simplemente su estancia en la Corte. Gonzalo de Ayora, en actitud desafiante, no querría beneficiarse de este perdón parcial y en 1536 seguía llevando todavía vida de proscrito, lo que no parecía pesarle demasiado[2089].

Los restantes exceptuados recomendados al emperador quedaron al margen del perdón: el hijo primogénito de Ramir Núñez de Guzmán, don Juan de Guzmán y Lope de Pallares. Este último ya había sido amnistiado, pero se le había desposeído de su gabinete de escribano, su único medio de vida. En 1527, su mujer y sus hijos suplicaron que se le restituyera en su actividad profesional:

Es pobre; mueren de hambre.

Pero fue en vano[2090].

A pesar de su alcance limitado, la amnistía de 1527 llama nuestra atención sobre los dramas humanos provocados por la represión, tanto más grave cuanto que se abatían sobre desheredados que carecían de toda protección. Los ricos y poderosos pudieron capear el temporal; tenían oportunidad de esperar en una clandestinidad o en un destierro más o menos confortable a que las gestiones emprendidas por sus amigos bien situados terminaran en éxito o, simplemente, a que se apagara la ira del emperador. Sin embargo, los rebeldes anónimos del movimiento comunero fueron las más de las veces tratados de forma implacable.

5. Balance final

La amnistía de 1527 fue la última, cerrando definitivamente el capítulo de la represión. Cierto que después de esta fecha siguieron incoándose procesos contra algún exceptuado[2091], pero fueron casos muy aislados y sin verdadero efecto práctico. El emperador renunciaba, pues, al castigo, pero también parecía decidido a no conceder más clemencia. Cuando las Cortes de 1528 le pidieron que pusiera fin a la represión de manera oficial declarando una amnistía general, Carlos V se negó a comprometerse a ello:

[Los procuradores] suplican a vuestra majestad sea servido de mandar perdonar todas las personas que faltan por perdonar de los que por vuestra majestad fueron perdonados ecebtados [sic] por cosas de comunidad e que por debdas civiles que se cabsaron en aquel tiempo ninguno sea preso, syno que le executen en sus bienes e non en las personas. A esto vos respondemos que lo mandaremos ver como convenga a nuestro servicio, teniendo respecto a lo que nos suplicays[2092].

Las Cortes proponían que se levantaran las prohibiciones de residencia que pesaban todavía sobre algunos hombres, como don Pero Laso de la Vega o Gonzalo de Ayora, y que se perdonara a una veintena de exceptuados, entre otros a Hernando de Ávalos, Juan de Mirueña, Sancho Sánchez Cimbrón, Francisco de Mercado, Alonso del Acebo y Alonso de Vera[2093]. Sólo Alonso del Acebo y Francisco de Mercado parece que conocieron la clemencia de Carlos V[2094]. Por el contrario, Alonso de Vera, antiguo procurador de Valladolid en la Junta, estuvo a punto de subir al cadalso en 1529. Pudo escapar al castigo supremo gracias a la presión de los procuradores y a la intervención personal de la emperatriz[2095].

¿Es cierto que fray García de Loaysa, confesor del emperador, perdió su puesto por haber solicitado con excesiva insistencia el perdón para doña María Pacheco[2096]? En todo caso, la viuda de Padilla murió en el exilio en marzo de 1531[2097]. Diez años habían pasado desde que el ejército de los comuneros había sido derrotado. Quedaban aún exceptuados en el exilio, fuera de la ley, a quienes se prohibía la residencia del país o que estaban condenados a penas de prisión. Carlos V se negaba sistemáticamente a conceder el perdón a los primeros, si bien renunció a seguir persiguiéndolos.

En las Cortes de Segovia de 1532 la misma respuesta negativa fue dada a una nueva petición de amnistía:

Mandaremos ver lo que conuiene cerca de lo que nos suplicays[2098].

Fue ésta la última vez que las Cortes intervinieron acerca de este tema. A partir de entonces las víctimas de la represión cayeron en el olvido. No obstante, desde hacía ya bastante tiempo Carlos V, seguía firme en los principios, toleraba en la práctica que los exceptuados todavía proscritos regresaran a sus casas con tal de que se mantuvieran en una discreta reserva[2099]. La revolución abortada de 1520 había de dejar profundas huellas en la vida política española, pero hacia 1530 podía considerarse clausurada la historia del movimiento comunero propiamente dicho.

De un total de 293 exceptuados, a quienes el Perdón de 1522 condenó a ser juzgados, únicamente 22 fueron ejecutados, 23 si contamos al obispo de Zamora, cuyo caso exige un estudio detallado. Veinte comuneros murieron en prisión antes de ser juzgados y cerca de 50 pudieron rehabilitarse mediante el pago de las multas de composición; absoluciones y amnistías sucesivas devolvieron gradualmente la libertad a cerca de 100 proscritos. Nos vemos obligados a dar cifras únicamente aproximativas, ya que las investigaciones no siempre permiten seguir la huella de cada uno de los exceptuados después de la promulgación del Perdón. No resulta difícil seguir el paradero de los notables, de los grandes nombres de la revolución, pero los humildes, los pequeños, desaparecen rápidamente en el olvido. A grandes rasgos fueron unos 100 comuneros o quizá menos los que finalmente pagaron poco o mucho su participación en la rebelión, pese a que no siempre se trataba de los mayores responsables. Los demás consiguieron salvar su vida y muchas veces también una parte de sus bienes y casi siempre obtuvieron una libertad más o menos vigilada. Tratándose de una revolución que puso en cuestión los mismos fundamentos del Estado y amenazó con subvertir el orden social establecido, la represión no fue excesivamente dura, al menos al nivel individual. No se puede decir lo mismo en el plano colectivo. En efecto, un hecho es incuestionable: los que consiguieron escapar al castigo quedaron apartados para siempre de los cargos públicos. Estos hombres habían demostrado tener el gusto de la acción y de la política. Muy a menudo se reclutaban entre las clases medias urbanas. No creemos que sea exagerado afirmar que Castilla perdió con el fracaso de las Comunidades una parte de su élite política, la más dinámica, ya que no la más ilustrada.

APÉNDICE: LA EJECUCIÓN DE ACUÑA

El proceso y ejecución del obispo de Zamora, acaecidos en 1526, constituyen el epílogo de la historia judicial de la represión. Ya hemos visto en las páginas precedentes que Carlos V se mostró más bien clemente con respecto a los insurrectos, pero castigó duramente a los comuneros encarcelados durante el verano de 1522. Multas de composición, disminución de las penas y perdones definitivos se sucedieron a continuación, reduciéndose poco a poco el número de proscritos. Uno tras otro, los grandes nombres de la rebelión se beneficiaron de estas medidas. Pero la clemencia del emperador tuvo sus límites. Don Pero Laso de la Vega y don Pedro Girón esperaron durante mucho tiempo la clemencia del monarca, doña María Pacheco y el obispo de Zamora no llegaron a conseguirlo nunca. Acuña se hallaba en prisión cuando Carlos V regresó a España. Lógicamente, Acuña debía haber compartido la suerte de don Pedro Maldonado y haber sido ejecutado en 1522, pero su calidad de príncipe de la Iglesia le permitió obtener un aplazamiento, que habríase podido quizá prolongar hasta asegurarle la inmunidad si él mismo no hubiera complicado la situación con una tentativa de huida seguida de asesinato. Fue esta circunstancia nueva la que decidió a Carlos V a pasar por encima de todas las inmunidades, ordenando la ejecución del obispo. En efecto, el emperador siguió personalmente hasta el último momento el proceso de Acuña, resistió a todas las presiones y recomendaciones y multiplicó las gestiones para superar los obstáculos de procedimiento. Finalmente ordenó la condena y ejecución del prisionero, dispuesto a regularizar de inmediato cuanto pudiera haber de irregular en su actuación.

Acuña, tras su detención, ocurrida en los últimos días del mes de mayo de 1521 cuando intentaba pasar a Francia, fue encarcelado primero en el castillo de Navarrete, cerca de Nájera. Sus carceleros se mostraron en todo momento amables con él, no olvidando que estaban tratando con un príncipe de la Iglesia, con un hombre que aún tenía muchas e importantes relaciones. El emperador pareció contrariado y finalmente encargó a su hombre de confianza, Diego de Hurtado, que hiciese una advertencia solemne al duque de Nájera para que extremara la vigilancia del prisionero. Diego Hurtado se mostró un tanto escéptico, pensando que la mejor solución sería trasladar a Acuña a una prisión del Estado. Pero esta decisión sería considerada por el duque como desconfianza hacia su persona y, por tanto, se dejaron las cosas como estaban[2100][2101]. Al mismo tiempo, Carlos V preparaba activamente el proceso de Acuña. Solicitó a Roma las autorizaciones pertinentes, que la Santa Sede se negó, no obstante, a conceder: el Papa pretendía entender personalmente en este caso, solución que hubiera agradado al acusado. Por su parte, el emperador deseaba que el proceso se celebrase en España, sin ninguna consideración especial hacia el obispo de Zamora, y si era necesario se sometería a Acuña a la tortura para obtener de él los nombres de todos sus cómplices. El Papa autorizó al cardenal Adriano a instruir el proceso, pero imponiendo dos condiciones: Acuña no sería torturado y el juicio definitivo sería celebrado en Roma[2102]. El obispo de Zamora se dio cuenta de que el tiempo trabajaba en su favor y empezó a multiplicar sus declaraciones y ofrecimientos de servicio. En presencia del obispo de Oviedo declaró no haber representado papel alguno en la insurrección comunera. Nunca había dicho o hecho nada en contra del emperador. Sus enemigos estaban lanzando contra él acusaciones calumniosas a las que él respondería adecuadamente[2103]. En sus afirmaciones ante el cardenal Adriano, Acuña fue mucho más sincero, limitándose a solicitar clemencia humildemente y prometiendo reparar sus faltas pasadas poniendo todo su talento a contribución del emperador.

En marzo de 1522 el cardenal Adriano, que acababa de ser elegido para el solio pontificio, pasó por Nájera antes de embarcarse para Roma. Allí fue objeto de insistentes peticiones de clemencia. Tanto el duque de Nájera como don Diego Osorio, hermano de Acuña, intercedieron por la suerte del acusado, pidiéndole muy especialmente que acudiera a visitarle a la prisión. Adriano VI estaba dispuesto a aceptar, pero Lope Hurtado de Mendoza llegó a tiempo de impedir este gesto que hubiera podido ser mal interpretado[2104].

Una vez en España, Carlos V decidió llevar el asunto personalmente. Ante todo ordenó el traslado de Acuña a Simancas, lo que fue considerado por los observadores como el preludio de un próximo castigo[2105]. En efecto, el emperador volvió a insistir ante Roma. Deseaba que el Papa diera plenos poderes a los obispos españoles para juzgar a Acuña, torturarle y hacer ejecutar la sentencia, pues consideraba inadmisible que tantos crímenes pudieran quedar impunes. El emperador dio a entender que si era necesario estaba dispuesto a actuar sin la autorización del Papa[2106]. A Adriano VI le repugnaba la idea de desentenderse del proceso. Estaba de acuerdo en que Acuña fuera juzgado en España, pero se negaba a permitir que el acusado fuera sometido a tortura. Por su parte, Carlos V estaba dispuesto a servirse de todos los medios a su alcance para arrancar a su prisionero una confesión completa[2107]. A principios de febrero de 1523, bien que seguían en curso las negociaciones con Roma, el obispo de Burgos, Fonseca, dio por comenzado el juicio. El propio Acuña designó también a sus abogados[2108]. Sin embargo, pasaron aún varias semanas hasta que el Papa accedió a las peticiones del emperador: Acuña sería juzgado en España y sometido a la tortura si ello se consideraba necesario. Esto es al menos lo que se deduce de las notas intercambiadas entre España y Roma a principios del verano[2109].

Las dificultades parecían, pues, superadas cuando la muerte de Adriano VI volvió a poner en cuestión todo el asunto. Fue necesario solicitar a su sucesor, Clemente VII, un nuevo Breve, que éste firmó el 28 de diciembre de 1523[2110]. Fue a don Antonio de Rojas, arzobispo de Granada y presidente del Consejo Real, a quien se encargó de instruir el proceso. El nuevo procedimiento comenzó el 12 de abril de 1524. El día 16, Pero Ruiz, especialista en los asuntos de las Comunidades, realizó la acusación y citó a Acuña a comparecer. El obispo desobedeció la orden. Por tres veces consecutivas sus abogados hicieron caso omiso de la citación. El 10 de mayo los jueces instaron a Acuña para que designara a sus abogados, cosa a la que éste accedió tres días después. La instrucción del sumario proseguía lentamente. Acuña fue torturado[2111]. Había llegado el momento de escuchar las declaraciones de los primeros testigos cuando Acuña dio un golpe teatral declarando que había decidido cambiar sus abogados. Luego se arrepintió de esta última decisión, pero puso en práctica una nueva fórmula dilatoria recusando a sus jueces, especialmente a don Antonio de Rojas. El tribunal no atendió a sus razones, por lo cual Acuña interpuso recurso. El 20 de julio se efectuaron por fin las primeras declaraciones de los testigos. Son varios los fragmentos que han desaparecido del proceso, conservado en Simancas. Lo que sabemos con certeza es que el 18 de octubre Acuña despidió nuevamente a sus abogados, después de haber intentado en vano vencer la obstinación del emperador[2112]. ¿Llegó hasta el final la acción judicial? ¿Fue condenado Acuña al término de este largo proceso, interrumpido por tantos incidentes? Parece que no, sin que pueda saberse con certeza lo que interrumpió definitivamente el proceso. Sin duda, el Papa se negó a que el juicio tuviese su lógica conclusión: la condena a muerte y ejecución del obispo de Zamora.

Fue una nueva circunstancia la que permitió la reapertura del proceso. En febrero de 1526, cansado de tan largo período en prisión, Acuña decidió intentar la evasión[2113]. Para ello se aseguró la complicidad de una esclava, de un caballerizo y del capellán de Simancas. De este modo pudo hacerse con un puñal y una gran piedra, que disimuló en una bolsa como si se tratara de su breviario. La ocasión favorable se le presentó en la tarde del 24 de febrero. Acuña se hallaba conversando con el gobernador de Simancas, Mendo Noguerol, cuando de repente tomó del brasero un puñado de cenizas ardientes, lanzándolo contra los ojos de su carcelero. A continuación le golpeó con la piedra y acabó de rematarlo a puñaladas. Entonces, cuando ya se disponía a abandonar su celda, apareció de improviso el hijo de Noguerol. Al ver al obispo cubierto de sangre, el joven adivinó lo que había sucedido y dio inmediatamente la alarma. Por su parte, Acuña perdió un tiempo precioso preparando la cuerda que había de servirle para deslizarse por el muro de la prisión. Cuando los guardias se precipitaron sobre él, no pudo ofrecer ninguna resistencia. A partir de aquel momento los acontecimientos se sucedieron con un ritmo mucho más rápido. El obispo de Zamora fue objeto de una vigilancia rigurosa[2114] y Carlos V confió el proceso al juez Ronquillo, antiguo enemigo de Acuña, magistrado íntegro y plenamente devoto del poder real. El 20 de marzo el obispo se negó a responder en el interrogatorio, pero sus jueces estaban dispuestos a actuar con rapidez. El 22 de marzo Acuña fue sometido a tortura y al día siguiente Ronquillo pronunció el veredicto. Acuña fue condenado a muerte por los delitos de traición y asesinato y la sentencia ejecutada el 24 de marzo. El verdugo ahorcó a Acuña al pie de los muros de Simancas, en el mismo lugar que había elegido para perpetrar su evasión. La sentencia y la ejecución fueron conformes a las Órdenes precisas del emperador[2115]; por lo demás, algunos días después, Cobos transmitió a Ronquillo el testimonio de la satisfacción del monarca[2116].

Cuando ordenó la reapertura del proceso de Acuña, Carlos V evitó cuidadosamente los inconvenientes de procedimiento que habían impedido hasta entonces la acción de la justicia. Situó al Papa ante los hechos consumados, sin disimular la gravedad de un gesto cuya responsabilidad aceptaba plenamente y que consideraba totalmente necesario[2117]. Se consideró incluso como excomulgado y, a la espera de la absolución papal, se abstuvo de acudir a la iglesia. El Breve de absolución no tardó en llegar, por lo menos en cuanto se refiere al emperador. Ronquillo y el verdugo tuvieron que esperar algo más, ya que no fue hasta septiembre de 1527, tras una ceremonia de expiación en la catedral de Palencia, cuando fueron absueltos de todas sus culpas por haber dado muerte al obispo de Zamora[2118] Ronquillo, sin embargo, no salió totalmente absuelto. Aplicando a su caso una vieja leyenda, la imaginación popular se apoderó de la figura del juez de Simancas, alma en pena que estaba destinada a expiar eternamente el pecado de haber causado la muerte de un obispo[2119]…

2. LAS REPERCUSIONES ECONÓMICAS DE LA REPRESIÓN

La represión no sólo revistió aspectos judiciales, sino que implicó también la confiscación de los bienes de los condenados. ¿Dónde fueron a parar estos bienes?; ¿quién los adquirió?; ¿qué beneficio obtuvo de esta operación el tesoro del Estado? He aquí una primera serie de preguntas a las que trataremos de dar una respuesta correcta. No obstante, podemos concluir sin miedo a equivocarnos que las confiscaciones no provocaron cambios importantes en la sociedad castellana, en primer lugar porque el número relativamente poco elevado de exceptuados (tanto menos cuanto que las grandes fortunas constituían la excepción) y en segundo lugar porque el juego de las sucesivas amnistías fue reduciendo gradualmente el volumen de los bienes a confiscar.

Otras consecuencias del conflicto de las Comunidades pesaron con mayor fuerza en la actividad del país a partir de 1521. Nos referimos ante todo a las indemnizaciones exigidas por el Fisco y por los particulares, el primero intentando recuperar los ingresos del Estado intervenidos por los rebeldes y los segundos en su esfuerzo por conseguir reparaciones por los daños sufridos durante la guerra civil. El Estado y los particulares atacaron a partir de 1521 a las ciudades rebeldes imponiéndoles nuevas cargas, a veces muy gravosas, de las que tardarían años en liberarse. F. Arribas Arranz señaló la importancia de esta contribución financiera, ilustrándola con un ejemplo concreto[2120]. En la segunda parte de este capítulo trataremos de analizar las repercusiones de la revuelta de las Comunidades sobre la vida económica castellana y, finalmente, dedicaremos la última parte a realizar un balance final.

I. —LAS CONFISCACIONES DE BIENES

El edicto de Worms, fechado el 17 de septiembre de 1520, no dejaba ningún resquicio de esperanza a los rebeldes. La Corona planeaba castigar severamente el crimen de lesa majestad condenando a muerte a los rebeldes y confiscando sus bienes, que podía asimilar al patrimonio real si se trataba de propiedades territoriales, feudos, o vender en beneficio del Estado. La aplicación de estos principios, simples en apariencia, iba a encontrar numerosas dificultades. Ante todo había que hacer el inventario de los bienes a confiscar, luego ponerlos bajo secuestro y confiar la gestión provisional de esos bienes a personas que ofrecieran plenas garantías, a la espera de que se produjera la condena de los acusados, condición imprescindible para que el Estado pudiera disponer de ellos. En una segunda etapa, la Administración se ocupó de la venta de los bienes secuestrados, pero ante todo tenía que pagar a los acreedores y restituir a las viudas o esposas la parte que les correspondía. La administración de los bienes bajo secuestro dio lugar a una multitud de procesos que retrasaron, a veces durante meses, la venta de estos bienes. Para complicar aún más las cosas, los virreyes y la Corte mantenían posiciones encontradas sobre la cuestión de las confiscaciones. Para la Corte, los bienes debían pasar a engrosar el patrimonio del Estado, mientras que los virreyes —o al menos dos de ellos, el condestable y el almirante— compartían la misma opinión, pero con un importante matiz: estos bienes debían servir al rey para recompensar a sus buenos servidores y para reparar las pérdidas sufridas por las víctimas de los comuneros[2121].

1. La administración de los bienes secuestrados

El 23 de mayo de 1521 los virreyes firmaron el decreto sobre los bienes de los exceptuados. Los corregidores quedaban encargados de realizar el inventario de estos bienes y de confiar su administración provisional a una serie de personas elegidas en función de su honorabilidad y solvencia. El obispo de Oviedo, don Diego de Muros, quedó encargado de supervisar todas las operaciones y de controlar todos los bienes secuestrados[2122]. La primera parte de este programa no planteaba serios problemas. En todas partes los corregidores elaboraron la lista de los bienes a secuestrar; el obispo de Oviedo centralizaba todas las informaciones, haciendo una clasificación por categorías: oficios, juros, castillos, ciudades, pueblos, etc[2123]. Este trabajo fue realizándose durante varios meses y no sería acabado hasta después del regreso del emperador, en primer lugar para tener en cuenta a los comuneros perdonados por los virreyes, pero a los que Carlos V excluyó de la amnistía de 1522, y además porque con bastante frecuencia los bienes escaparon a la vigilancia de las autoridades. Muchas veces se olvidaban de inventariarlos —voluntaria o involuntariamente—, y otras, parientes o amigos se las arreglaron para ocultarlos con la complicidad de algunos funcionarios o eclesiásticos, etc[2124].

A la hora de llevar a cabo el secuestro de los bienes se produjeron numerosos incidentes. En Segovia fue necesario interrumpir durante algunos meses las operaciones en curso a causa de la resistencia de la población[2125]. Mucho más graves fueron los acontecimientos de León y de la región de Zamora. El licenciado Lerma había sido encargado de requisar los bienes de Ramir Núñez de Guzmán. Cuando se presentó en León sé encontró con la resistencia tenaz de doña María de Quiñones, esposa del comunero, que se refugió en el castillo de Toral, dispuesta si era necesario a resistir un largo asedio. Acabó evacuando Toral, pero en febrero de 1522 seguía ocupando otro castillo de su marido, Aviados[2126]. Cerca de la frontera portuguesa, el castillo de Fermosell, propiedad del obispo Acuña y defendido por Carlos Osorio, que se negaba a rendirlo, daba refugio a varios comuneros de renombre: Juan y Hernando de Porras, el conde de Salvatierra, Pedro Carrillo… Fermosell resistió durante más de un año. Finalmente, el 16 de junio de 1522, Carlos Osorio aceptó entregar la plaza al conde de Alba de Liste, después de la partida hacia Portugal del conde de Salvatierra[2127].

Una vez secuestrados, los bienes de los exceptuados eran confiados a una serie de administradores que debían asegurar su conservación y percibir las rentas hasta la definitiva venta de los bienes en beneficio de las arcas del Estado. El obispo de Oviedo podía autorizar a los administradores a entregar a los exceptuados una parte de las rentas para que pudieran mantener a su familia, pagar a los abogados, hacer frente a las costas del juicio, etc[2128]. Las primeras divergencias surgieron respecto a lo que sobraba después de pagados estos gastos; el almirante deseaba con ello indemnizar a las víctimas de los comuneros. El obispo de Oviedo, amparándose en las órdenes de Carlos V, se negó a darle este fin, alegando el motivo ya conocido de que el rey no tenía obligación alguna de indemnizar a las víctimas. Durante el verano de 1521 este desacuerdo tomó la forma de un conflicto abierto entre el almirante y el obispo. Este último se quejaba de haber sido insultado en público por el almirante, que no cesaba de dificultar su misión. La Corte intervino apoyando al obispo, pero al mismo tiempo trató de rectificar lo que consideraba como negligencia o complacencia inadmisible por parte de don Diego de Muros[2129]. El regreso de Carlos V puso fin al conflicto. La Corte abrió una información respecto al modo en que se habían administrado los bienes secuestrados, descubriendo numerosas irregularidades[2130]. El 25 de septiembre de 1522, Juan de Lizarazo y el licenciado Villa recibieron plenos poderes para revisar las cuentas del obispo de Oviedo, que vio cómo su gestión era puesta en entredicho. Se le acusó de diversas negligencias: sumas entregadas indebidamente, ingresos no registrados, bienes dejados en total abandono… Finalmente, al obispo de Oviedo se le declaró culpable de todas las irregularidades comprobadas y fue condenado a repararlas con sus propios bienes[2131].

Antes de poder disponer libremente de los bienes confiscados, el Estado debía dar satisfacción a todos los derechohabientes: acreedores, viudas o esposas. La legislación castellana distingue dos bienes de la esposa, la dote que ha aportado en el momento del matrimonio y las arras, bienes que el marido le cede en plena propiedad en el momento de celebrarse los esponsales. El marido no dispone sino del usufructo de la dote y de las arras, que en ningún caso puede enajenar. En caso de disolución del matrimonio, estos bienes vuelven a la esposa o a sus herederos[2132]. Naturalmente, los ingresos producidos por estos bienes se añadían a éstos (bienes multiplicados) y tradicionalmente pertenecían también a la esposa. A partir del mes de mayo de 1521, los acreedores, viudas y esposas comenzaron a reclamar sus derechos. Muchos procesos se vieron así interrumpidos debido a la reclamación de unos millares de maravedíes o de centenas de ducados, y los jueces se sentían desbordados ante el número de expedientes que se añadían a los asuntos corrientes y a los procedimientos seguidos contra los rebeldes. La Administración no sabía cómo poner fin a esta marea que ahogaba a los tribunales de justicia y retrasaba la regulación definitiva de las secuelas de la represión, puesto que la venta de los bienes confiscados no podía tener lugar sino después de la liquidación de las deudas, dotes, arras y bienes multiplicados.

Fue primero a los corregidores a quienes los virreyes confiaron la resolución de estos problemas, pero no llegaron a cumplir perfectamente esta labor. El 7 de septiembre de 1521 una provisión les liberó de estas responsabilidades, pasándoselas en su lugar al Consejo Real[2133]. Esta vez fueron los justiciables quienes protestaron: ¿sería necesario llegar hasta Burgos, sede del Consejo Real, con todos los gastos que implicaba este desplazamiento, y prepararse a una larga espera para obtener unos pocos maravedíes, una pobre casa o una simple parcela de tierra? Los virreyes tuvieron que dar marcha atrás. Así, el 15 de octubre autorizaron a los corregidores a atender las reclamaciones por sumas no superiores a 50.000 maravedíes. Por encima de esta cifra, la competencia seguía correspondiendo al Consejo Real[2134]. Apenas se había hecho pública esta medida cuando un nuevo decreto volvió a trastrocar el procedimiento. El Consejo Real, abrumado por los expedientes que le llovían desde todas partes, se declaró impotente para atender a todo el trabajo. Así, el 24 de octubre de 1521 se dieron de nuevo plenos poderes a los corregidores para entender en todos los procesos sobre los bienes de los exceptuados[2135]. Durante casi un año funcionó este sistema, aunque con enorme lentitud. Los justiciables se impacientaban y los funcionarios encargados de las finanzas se sentían inquietos ante su deseo de poner a la venta en el menor plazo posible los bienes confiscados. Carlos V, el 26 de septiembre de 1522, decidió que fuera nuevamente el Consejo Real quien se ocupara de todos estos asuntos[2136]. Era el momento en que la represión, bajo el impulso de la Corte, caía con todo su rigor sobre los comuneros. Rápidamente se actualizaba y completaba la lista de los exceptuados, a la que se incorporaba a los rebeldes olvidados o perdonados por los virreyes; se preparaba el Perdón general, se instruían los procesos… Una vez más el Consejo Real se vio superado, y el 21 de abril de 1523 se adoptó finalmente la única solución razonable: en las principales ciudades se instalaron una serie de jueces extraordinarios (jueces comisarios) con la misión de acelerar y simplificar el procedimiento. Consciente de que el mantenimiento demasiado prolongado de los secuestros provocaba una desvalorización de los bienes y gastos considerables (salarios de los administradores, verificación de las cuentas, etc.), el emperador solicitó a los jueces extraordinarios que elaborasen en cada ciudad una lista de los bienes en litigio. Una vez hecho esto, atribuirían inmediatamente a los derechohabientes su parte correspondiente en cuanto se elaboraran, las actas notariales. Los interesados podrían apelar ante el Consejo Real; los bienes todavía en litigio serían conservados bajo secuestro, en tanto que los restantes se venderían en subasta pública[2137]. En el espíritu del legislador se contaba con que todo esto fuera regulado en un plazo de tiempo limitado, no superior a dos meses. De hecho, resultó necesario prolongar la misión de varios de estos jueces extraordinarios[2138]. Hemos de decir, sin embargo, que en conjunto este procedimiento resultó bastante eficaz, ya que numerosos litigios fueron resueltos, si no en los plazos fijados, sí al menos en los meses siguientes a la llegada de los comisarios. Sin embargo, en 1526 quedaba todavía un cierto número de sumarios sin resolver en la Chancillería de Valladolid, a la que se había confiado entretanto la resolución de estos casos después de la supresión de las jurisdicciones especiales[2139].

Sería imposible estudiar en detalle los numerosos procesos planteados por las viudas y esposas de los exceptuados. Digamos únicamente que debido a ellos el Fisco tuvo que renunciar a una parte y en ocasiones incluso a la totalidad de las ganancias que esperaba conseguir de la venta de los bienes. Así, por ejemplo, doña Isabel Osorio pretendió haber aportado a su marido, Francisco de Mercado, una dote evaluada en 2.232.500 maravedíes; todas las propiedades e inmuebles del comunero le fueron atribuidos en compensación[2140]. Don Diego Osorio reclamó y consiguió una parte de la herencia de su hermano, el obispo de Zamora[2141]. Doña Isabel Vázquez, esposa del cronista Gonzalo de Ayora, consiguió 700.000 maravedíes y la mitad de los bienes gananciales[2142]. Doña Madalena de Velasco, esposa de Suero del Águila, ganó también su juicio obteniendo 1.900.000 maravedíes de dote y mil florines de oro (arras[2143]). La herencia de don Pedro Maldonado y la de Saravia dieron lugar a sendos procesos en los que los litigantes obtuvieron satisfacción. Así, el fisco entregó a los hijos la casi totalidad de la fortuna de su padre[2144]; del mismo modo, las hermanas de don Pedro Maldonado recibieron rentas sustanciales prometidas por su abuelo, el doctor Rodrigo Maldonado de Talavera[2145]. Gutierre López de Padilla reivindicó el mayorazgo de su hermano, Juan de Padilla, y una sentencia de 1525 daba casi entera satisfacción a sus pretensiones con una restricción importante: la prohibición de que reconstruyera la casa del comunero en Toledo y la de hacer desaparecer la inscripción infamante que recordaba su traición. Durante más de treinta años, Gutierre López trató de vencer la resistencia del emperador en este punto, pero finalmente murió sin haber conseguido su propósito[2146].

Otro proceso opuso al fisco con doña María Coronel, hija de Iñigo López Coronel y viuda de Juan Bravo, ambos exceptuados. Doña María, apoyada por su hermano, el maestro Pablo Coronel, reclamó en primer lugar 5000 florines en concepto de la dote de su madre, que obtuvo por sentencia del 10 de octubre de 1523. El 21 de abril de 1523 había recuperado por la suma de 800.000 maravedíes las propiedades de su padre, y el 4 de febrero de 1524 rescató contra la suma de 400.000 maravedíes la casa que Iñigo López Coronel poseía en Segovia, parroquia San Miguel, cerca de la casa del bachiller Laguna. Quedaba por recuperar aún otra parte de la herencia: la mitad de los derechos de recaudación del servicio y montazgo, privilegio que los Reyes Católicos habían concedido a Iñigo López Coronel el 15 de junio de 1493 y que éste había cedido a su hija en concepto de dote en 1519 cuando contrajo matrimonio con Juan Bravo. El comisario encargado de los litigios sobre los bienes de los exceptuados se negó a aceptar esta petición; doña María apeló el 29 de febrero de 1524, ganando el nuevo proceso el 14 de agosto de 1526. Su segundo marido, Fadrique de Solís, solicitó la inmediata ejecución de la sentencia, que fue confirmada el 26 de octubre de 1526. La herencia del poderoso Iñigo López Coronel escapó así al fisco en su totalidad, a excepción del regimiento de Segovia, que había recibido Juan Bravo al casarse con doña María[2147].

2. La venta de los bienes

Los problemas jurídicos planteados por la administración de los bienes bajo secuestro explican la lentitud con que se llevaban a cabo las operaciones de venta en beneficio del tesoro real. Apremiados por la necesidad, los virreyes se decidieron durante el verano de 1521 a vender en subasta algunas grandes fortunas con la finalidad de procurarse los fondos necesarios para financiar el ejército que combatía en Navarra contra los franceses. Estas ventas improvisadas, acompañadas de importantes irregularidades, suscitaron la indignación del cardenal Adriano. El Consejo Real anuló las transacciones demasiado escandalosas; todas las operaciones quedaron entonces suspendidas hasta el regreso del emperador a España[2148].

Los responsables de las finanzas calculaban en 1522 que la venta de los bienes de los exceptuados reportaría al Estado casi tres millones de ducados. Menos optimista, un informe redactado en España con anterioridad a julio de 1522 reducía la cifra a 80.000 ducados; es cierto que esta cifra se considera como beneficio neto hecha la deducción de las cantidades destinadas a gratificar la lealtad de los Grandes y las indemnizaciones a las víctimas de los comuneros[2149]. El 25 de noviembre de 1522, la Corte dio sus instrucciones para la venta de los bienes. Deseosa de obtener el máximo beneficio, estableció tres categorías de bienes:

—los bienes muebles y perecederos serían vendidos inmediatamente en subasta pública; una circular del 3 de diciembre autorizó la venta de los bienes muebles no perecederos por un valor inferior a 50.000 maravedíes;

—las alhajas de oro y plata, las piedras preciosas y todos los objetos de valor serían conservados de momento hasta que el rey decidiera personalmente su destino final;

—los inmuebles y las propiedades serían alquilados hasta que se produjera su venta definitiva[2150].

Y es que estos bienes no encontraban fácilmente comprador, ya fuera porque el precio desanimaba a los compradores, ya porque diversas complicidades favorecían la recuperación de los bienes por parte de parientes próximos a los acusados. Por estas dos razones, la venta en subasta pública era falseada. Nadie pujaba, y en última instancia los bienes eran adjudicados por una suma muy inferior a su valor real y atribuidos a menudo a alguien que se apresuraba a cederlos a la esposa del comunero condenado[2151]. Las intrigas personales de Alonso Gutiérrez de Madrid, y sobre todo de Juan de Vozmediano, quien recibió plenos poderes para encargarse de la venta de los bienes de los exceptuados, hizo disminuir todavía más los beneficios del Estado. Todo ello explica que la venta de los bienes confiscados, reducida ya por el juego de las amnistías y las multas de composición, no reportara al tesoro público las grandes sumas que se habían calculado en 1522.

La primera venta constituyó el primer escándalo. El 20 de septiembre de 1521, el doctor Hernán Dalvárez Abarca compró por la suma de 4000 ducados todos los bienes de su yerno Francisco Maldonado. El cardenal Adriano puso el grito en el cielo: ¡el lote valía mucho más! Afortunadamente, en la venta se incluía una cláusula de rescate en beneficio del Estado. El Consejo Real se apoyó en ella para anular el contrato, y don Gutierre de Fonseca reembolsó al doctor Maldonado la cantidad que había pagado, entrando en posesión de la fortuna de Francisco Maldonado, a la espera de la decisión definitiva del emperador. Al final fue Rodrigo Arias Maldonado, hijo del comunero, quien adquirió los bienes el 26 de julio de 1523, por la cantidad de 15.000 ducados, y al no ofrecer una cantidad más elevada el conde de Osorno —al parecer también interesado en estos bienes—. Hay que añadir que, de estos 15.000 ducados, 6000 fueron entregados a doña Ana Ávalos, viuda del comunero, en concepto de dote[2152].

El 17 de enero de 1522, el obispo de Oviedo puso en venta los bienes de Saravia, siguiendo instrucciones de los virreyes. Don Pedro de Acuña adquirió la casa de Valladolid por 450.000 maravedíes, suma que a todo el mundo pareció irrisoria. En agosto de 1523 se procedió a una nueva subasta, en la que los herederos de Saravia, únicos interesados, ofrecieron 560.000 maravedíes. En estas condiciones el emperador adjudicó definitivamente la casa a don Pedro de Acuña, a condición de que hiciera entrega de una suma suplementaria de 110.000 maravedíes para alcanzar la cantidad total de la segunda subasta. Los restantes bienes de Saravia, ya lo hemos visto, sirvieron para aliviar la situación de sus hijos, que tenían derechos sobre ellos[2153].

Estas fueron las únicas ventas de importancia efectuadas por los virreyes. Las restantes operaciones son posteriores al regreso de Carlos V. Sería imposible detallarlas todas aquí; nos contentaremos, por ello, con hacer referencia a las más interesantes.

El 1 de febrero de 1523 don Juan de Ulloa compró por 4.250.000 maravedíes los bienes de su hermano don Hernando de Ulloa, pero ocho años más tarde se habría de ver obligado a restituirlos cuando el comunero fue definitivamente perdonado[2154]. El 23 de agosto, el secretario Luis de Lizarazo se convirtió en comprador de la fortuna de Juan de Setter y de Francisco de Mercado, por un total de 489.000 maravedíes[2155]. Dos días después, don Pedro de Bazán ofreció 15.000 ducados por los dominios de Hernando de Porras[2156]. En diciembre, doña Juana de Barros, mujer de Vozmediano, adquirió por 90.000 maravedíes una propiedad del bachiller Guadalajara evaluada en 350.000 maravedíes[2157]. Juan de Vozmediano hizo anular la venta de un molino que había pertenecido a Iñigo López Coronel, vendido por 150.000 maravedíes, y ofreció él mismo 605.000[2158]. El 3 de marzo de 1524, doña Sancha de Guzmán adquirió por 6000 ducados el dominio de Los Arcos, confiscado a su hijo don Pero Laso de la Vega[2159]. Los bienes de Hernando de Ávalos fueron desmembrados: Hernán Carrillo de Guzmán adquirió la propiedad de Totanes (1.400.000 maravedíes); la viuda de Conchillos, doña María Niño, obtuvo una dehesa por 915.000 maravedíes; los franciscanos del convento de San Antonio de Padua compraron la casa de Toledo por 937.500, y las restantes propiedades del comunero fueron a parar a manos de Fernando de Guzmán por la cantidad de 957.000 maravedíes[2160].

Respecto a los dominios señoriales confiscados, tres casos destacan sobre los demás: los feudos de don Pedro Maldonado, Ramir Núñez de Guzmán y del conde de Salvatierra. Las propiedades del primero pasaron en su mayor parte al conde de Monterrey, don Alonso de Acebedo y Zúñiga, quien ofreció 30.000 ducados; un regidor de Toro, Antonio de Deza, adquirió el pueblo de Avedillo por 550.000 maravedíes; los muebles y las pequeñas propiedades fueron atribuidos a la madre del comunero[2161].

El feudo de Ramir Núñez de Guzmán fue desmembrado. El conde de Valencia, don Enrique de Acuña, adquirió por siete millones de maravedíes la villa de Toral; el dominio de Vega del Condado pasó a don Juan de Ulloa, quien ofreció por él cerca de nueve millones (es cierto que la tercera parte de esta suma sería destinada a aliviar la situación de doña María de Quiñones, esposa del comunero); en fin, el resto fue vendido por 5000 ducados a Diego de Robles y a Francisco de León, quienes imaginamos debieron actuar en representación de doña María de Quiñones. Todas estas transacciones fueron puestas en cuestión en 1532, cuando el emperador ordenó la devolución de los bienes de Ramir Núñez a Martín de Guzmán, hijo primogénito del comunero, quedando a su cargo la indemnización de los antiguos compradores[2162].

La suerte del condado de Salvatierra parecía decidida desde hacía mucho tiempo. El 4 de enero de 1521 el cardenal Adriano propuso que quedara asimilado a la Corona sin desmembración alguna. Los vasallos del conde preferían con mucho esta solución antes que pasar a manos de un nuevo señor[2163]. En Worms, el 15 de mayo de 1521, Cobos firmó una cédula que incorporaba el condado a la Corona, con la promesa de no alienarlo, decisión que fue confirmada en varias ocasiones, y especialmente en julio de 1522[2164]. Este feudo suscitó, sin embargo, no pocas apetencias. En el curso del verano de 1521, Martín Ruiz de Avendaño recibió plenos poderes de los virreyes para administrar una parte de él. Ante la inquietud de los habitantes se les aseguró que era una medida destinada a garantizar los derechos de la Corona[2165]. Sin embargo, lo cierto es que se comenzaba a pensar en la desmembración del feudo con el propósito de llenar las vacías arcas del Estado. En el verano de 1523 esta decisión se concretó. Diego de Zárate adquirió por la suma de 600 ducados dos molinos, una forja y otras propiedades; Diego López de Castro compró también tierras, al igual que Agostín de Urbina; Pedro de Zuazola se convirtió en propietario de dos molinos[2166]. No se trataba, por el momento, más que de fracciones poco importantes, pero el 6 de diciembre de 1523 se puso a la venta la totalidad del feudo, a excepción de la villa de Salvatierra, que siguió asimilada al dominio real[2167]. Los habitantes del valle de Cuadrango entregaron una suma de 2.700.600 maravedíes para impedir que los derechos señoriales pasaran a algún otro señor, pero el valle de Orozco pasó a manos del licenciado Leguízamo por 1.900.000 maravedíes (de hecho, sólo tuvo que aportar 900.000 maravedíes, porque el emperador decidió regalarle el resto[2168]). El hijo del conde de Salvatierra, don Atanasio de Ayala, intentó comprar lo que quedaba de las posesiones de su padre antes de que fuera demasiado tarde, y seguramente hizo una propuesta concreta, ya que el 29 de julio de 1524 la venta fue suspendida y se dieron órdenes para que se le hiciera entrega de los bienes del comunero. No fue hasta febrero de 1525 cuando el emperador tomó al respecto una decisión definitiva. A cambio de la suma de 20.000 ducados, don Atanasio heredó todos los derechos y propiedades de su padre que no habían sido todavía enajenados, y se le facultaba para rescatar los demás bienes a los primeros compradores[2169].

En este caso, la solidaridad de casta influyó notablemente. En efecto, desde el 27 de diciembre de 1521, el duque de Nájera había defendido la causa del joven don Atanasio, a quien no se podía hacer responsable de los crímenes de su padre. Era inadmisible permitir que desapareciera esta gran casa. Cierto que el duque proponía una solución más honorable, cual era la de atribuir el feudo a don Atanasio y casarlo con la hija de un leal servidor[2170]… Carlos V prefirió obtener beneficio de la situación. Así se confirma la tendencia (quizá deberíamos decir la regla) apuntada por Guilarte: los feudos confiscados a un señor raramente pasaban a poder de la Corona; lo más frecuente era que se atribuyesen a un nuevo titular[2171]. En los casos de los comuneros la mayor parte de las veces los herederos acabaron entrando en posesión de las tierras de sus padres mediante el pago de una suma más o menos elevada. Hemos expuesto los ejemplos más significativos, pero es posible que se nos hayan olvidado otros. En 1525, el hijo de don Pedro de Sotomayor, exceptuado de Madrid, recuperó los derechos de los bienes de su padre mediante el pago de 2000 ducados[2172]. Una investigación más profunda revelaría probablemente que muchos de los bienes patrimoniales quedaron en poder de las familias que los poseían antes de producirse la sentencia condenatoria. En 1576, los descendientes de don Pero Laso de la Vega seguían siendo los señores de Cuerva y de Batres[2173], y, sin embargo, no consta el documento que anulaba la confiscación. No cabe duda de que los archivos ofrecerían después de 1530 numerosos ejemplos similares. En total, las multas de composición y las confiscaciones debieron reportar al Estado una cifra no inferior a los 80 millones de maravedíes, o sea algo más de 200.000 ducados. Cifra desde luego muy alejada de los tres millones de ducados que se habían calculado en 1522. Hay que tener en cuenta también las gratificaciones e indemnizaciones de las que hablaremos a continuación, y que redujeron aún más la parte del Estado.

3. El reparto de los despojos

Los comuneros acababan de ser derrotados en Villalar, pero Toledo todavía resistía, y un ejército francés había invadido Navarra. ¡Qué importaba eso! Los vencedores comenzaron de inmediato a exigir sus recompensas, alegando los daños sufridos y los servicios prestados. Uno reclamaba el cargo de regidor o el oficio de escribano que aún no había habido tiempo de confiscar a un rebelde; otro se contentaría con los bienes muebles de un vencido; un tercero, más ambicioso, esperaba obtener la fortuna de un Maldonado, de un Iñigo López Coronel o de un Hernando de Ávalos[2174]. Era algo así como la venta de la piel del oso. El 20 de abril de 1521 corrió el rumor de que Luis Godínez, comunero de Valladolid, había resultado muerto. Inmediatamente, su primo, Rodrigo Godínez, solicitó todos sus cargos y su fortuna, pretextando haber realizado importantes servicios a la causa del rey[2175]. Demasiado tarde, porque el secretario Zuazola se le había adelantado y fue a él a quien se concedieron los despojos de Godínez. Pero muy pronto se desvaneció su alegría, porque Godínez estaba aún con vida[2176]. Este ejemplo es típico de la fiebre que se apoderó de los vencedores después de la victoria de Villalar. Todo el mundo pretendía apoderarse de los oficios, los juros, las casas y las tierras de los exceptuados. Se reclamaban para uno mismo, para sus parientes, para sus amigos, para los amigos de sus amigos… Y, desde luego, no fue la alta nobleza la última en reclamar su parte del botín. Podría comprenderse quizá en los casos del almirante y el condestable, que habían luchado duramente contra los rebeldes, pero es que también el duque del Infantado, que se había destacado en todo momento por una gran prudencia, exigió su recompensa[2177]. Unos habían combatido en Villalar; otros, en Pamplona; pero todos se consideraban merecedores de un premio. Yo puse en fuga al conde de Salvatierra, afirmaba Martín Ruiz de Avendaño; no, fui yo, respondía el licenciado Aguirre:

El otro no tenía más del nombre de capitán general[2178].

Uno afirmaba haber capturado a Padilla, y una vez ejecutado el jefe comunero se consideró frustrado al no recibir el rescate con el que contaba; otro, por haber desarmado a Juan Bravo en el campo de batalla de Villalar, reclamaba su parte del botín; un tercero exigió un rescate de Francisco de Gricio, que combatía en Villalar en las filas de los rebeldes[2179]; otro, por fin, señalaba que tenía tres hijas casaderas[2180]… . Podían contarse por centenares los Grandes, caballeros o simples soldados que pretendían repartirse los despojos de los vencidos y que se los disputaban encarnizadamente, porque todos los bienes confiscados no eran suficientes para satisfacer las ambiciones de los vencedores.

Mucho antes de Villalar el cardenal Adriano había advertido al emperador contra los apetitos que veía despertarse en torno a él. Desde mayo de 1521 a enero de 1522 repitió una y otra vez sus consejos de prudencia: que Carlos V no cediera en absoluto hasta que llegara el momento oportuno; que se negara a aceptar el principio de que todo servicio debía de ser recompensado, toda expoliación reparada a expensas del Estado; de lo contrario, el patrimonio real sufriría un grave quebranto, al tiempo que no dejarían de existir muchos descontentos[2181]. A pesar de todas estas advertencias y de las órdenes formales del emperador los virreyes multiplicaban sus promesas y repartían el botín a unos y otros. ¿A quién se atribuyó el regimiento de Sánchez Cimbrón o la escribanía de Mirueña[2182]? Los funcionarios reales se negaban muchas veces a registrar estas gratificaciones; por su parte, el almirante y el condestable protestaban altivamente contra la ingratitud del soberano, que les debía la integridad de su reino y les trataba como advenedizos, les desautorizaba en sus decisiones y les humillaba[2183]. En efecto, Carlos V se sentía profundamente inquieto ante esta marea de reivindicaciones que se elevaba hasta él desde el corazón de Castilla. Tres meses antes de su regreso a España tomó una decisión enérgica, revocando en bloque todos los nombramientos aprobados por sus representantes[2184]. Fue la ruptura definitiva con el almirante de Castilla. El condestable, menos susceptible o más prudente, se conformó… Los pretendientes no renunciaron, sin embargo. El emperador se reservaba el derecho de considerar cada caso en particular y fue entonces hacia él a quien se dirigieron llenos de esperanza. Se jactaban incluso de poder engañarle más fácilmente que a los virreyes[2185]. Pero quienes así pensaban pronto sufrieron un gran desengaño. Carlos V estaba perfectamente informado respecto a los méritos de unos y otros, como algunos presuntuosos tuvieron ocasión de comprender muy pronto. Eran muchos los que entraban arrogantemente a entrevistarse con él para salir completamente confundidos, tras haber sido situados en su justo lugar[2186]. En las Cortes de Valladolid el emperador sentó dos premisas importantes:

1.º Ningún juez recibiría como importe de su salario los bienes de los condenados.

2° El mero hecho de haber combatido contra los comuneros no daba derecho automáticamente a una recompensa. Únicamente sería así en casos concretos que Carlos V decidiría personalmente[2187].

El emperador hizo, pues, una rigurosa selección en las numerosas peticiones que le asaltaban. Se negó a indemnizar a todas las víctimas de los comuneros, por cuanto éstas eran demasiado numerosas y el patrimonio real no podía hacerse responsable de los daños que él no había producido. Sólo recibieron gratificaciones quienes verdaderamente habían sufrido por su devoción al poder real: Gonzalo de Tordesillas, hijo del desafortunado procurador de las Cortes de La Coruña, linchado por la multitud en Segovia en mayo de 1520[2188]; doña María de Buizán, viuda de Gil Nieto, el regidor asesinado tras el incendio de Medina del Campo por haber pretendido hacer entrega de la artillería a Fonseca[2189]; el conde de Fuensalida, expulsado de su puesto por los comuneros de Toledo[2190]; y algunos otros cuyos méritos parecían menos evidentes. En cualquier modo, quedaba bien entendido que el favor real era una gracia y no un derecho[2191].

En el capítulo de las recompensas propiamente dichas encontramos en primer lugar las gratificaciones a ciertos jueces, a pesar de la promesa formal hecha a las Cortes: Cornejo, que había condenado a muerte a los tres capitanes de Villalar, recibió el regimiento de Francisco Maldonado (que los virreyes habían otorgado al suegro del comunero, el doctor Hernán Dalvárez Abarca[2192]); Ronquillo se convirtió en regidor de Segovia, ocupando el lugar de Juan de Solier[2193]… . A continuación figuraban los familiares del emperador: el aposentador Diego López de Orozco[2194], Leguizamón[2195], Juan de Vozmediano, que sustituyó a Juan Bravo como regidor de Segovia y recibió otras recompensas[2196] (¿acaso no se hallaba al cargo de responsabilidades financieras particularmente delicadas?); Alonso Gutiérrez de Madrid, por las mismas razones[2197]; el joven Garcilaso de la Vega, nombrado regidor de Toledo en lugar de Gonzalo Gaitán[2198]; Cobos, a quien se regaló un collar de oro capturado a Juan de Padilla[2199]…

En la carrera de los beneficios hemos de conceder una atención especial a las ambiciones suscitadas por el arzobispado de Toledo. El beneficio se hallaba vacante desde la muerte del cardenal de Croy en enero de 1521. Todo el mundo admitía que Carlos V no debía cometer el mismo error que en 1517, designando para el cargo a un extranjero. ¿Quién tendría la fortuna de ser el elegido? ¿Quién conseguiría hacerse con el beneficio más rico de España? Conocemos por lo menos siete candidatos que aspiraban con buenas razones al arzobispado, sin hablar por supuesto de los candidatos comuneros —don Francisco de Mendoza y Acuña—, eliminados de oficio al consumarse la derrota de su bando[2200].

El Consejo Real fue el primero en proponer un nombre. El 24 de enero de 1521, y por tanto poco después de conocerse la noticia de la muerte del cardenal de Croy, esta institución intentó una gestión colectiva en favor de la candidatura de su presidente, don Antonio de Rojas, arzobispo de Granada[2201]. Transcurrieron varios meses antes de que surgiera un nuevo candidato, el prior de San Juan, jefe de los ejércitos realistas que combatían a Toledo[2202]. La competencia se hizo entonces cada vez más cerrada, por cuanto el duque del Infantado reclamó el arzobispado para su propio hijo, apoyado incondicionalmente por el almirante[2203]. En junio de 1521 fue el condestable quien propuso el nombre de Juan Hurtado, ardiente dominico que había combatido sin tregua a los comuneros desde el púlpito[2204]. Dos meses después el condestable cambió de opinión, presentando entonces la candidatura de su propio hijo don Bernaldino; no imploraba el favor del emperador, sino que exigía lo que consideraba como una obligación en términos particularmente brutales[2205]. El almirante, que hasta entonces había apoyado al duque del Infantado, pasó a identificarse con su colega. En todas las crónicas, en toda la historia —escribía el almirante—, no era posible encontrar un combatiente de la talla del condestable. Dos batallas libradas y ganadas en menos de tres meses; dos reinos (Castilla y Navarra) salvados. ¿Quién podía decir más[2206]? El condestable, por su parte, no dejaba de cantar sus propias loas: la gloria del Gran Capitán había sido eclipsada; Gonzalo Fernández de Córdoba había conquistado Nápoles, pero él, el condestable, acababa de devolver al rey su propio reino; los cielos se escandalizarían si el rey le negaba la mitra de Toledo[2207]. Finalmente, también el cardenal Adriano tenía su propio candidato, el arzobispo de Santiago[2208]. Sancho García Tocino, un oscuro servidor, intentó por su parte jugar la carta de su hijo con argumentos que no carecían de fundamento: atribuir la mitra a un Grande supondría descontentar a todos los demás; para eliminarles, el emperador debía designar para el cargo a un plebeyo. ¿Qué importaba que pudieran indignarse y protestar? Eso duraría tan sólo algunos días, después de lo cual nadie hablaría de ello. ¿Acaso no habían surgido protestas cuando Cisneros fue promovido para la sede de Toledo? Lo cual, no obstante, no le impidió seguir siendo arzobispo hasta su muerte. Y Sancho García Tocino enumeraba sus méritos dignos del agradecimiento real, el más importante de los cuales era el haber servido como agente mediador (¿espía?) del cardenal Adriano durante la guerra civil. Y en cierta ocasión en que fuera capturado por los comuneros de Valladolid no había dudado en tragarse el mensaje que habría podido tener funestas consecuencias para los partidarios del rey de haber caído en manos del enemigo[2209].

Como ya sabemos, Carlos V no hizo caso ni al Grande de España ni al pobre Sancho García Tocino, sino que finalmente siguió el consejo de su antiguo preceptor. En efecto, fue Fonseca, arzobispo de Santiago, el designado para la mitra de Toledo después de la negativa de fray Diego Deza. La nobleza, que creía haber adquirido todos los derechos por su comportamiento en el curso de la guerra civil, se sintió nuevamente muy desengañada. Ingratitud real, sin duda, pero los señores también tenían motivos para no jactarse tanto de los servicios prestados a la monarquía. No corresponde a un rey ser deudor de sus súbditos, por importantes que éstos sean.

II. —LAS REPARACIONES

El Perdón general de 1522 y las amnistías posteriores tuvieron por efecto absolver a los insurrectos del crimen de lesa majestad, crimen por el que no podrían ser condenados en el futuro. Eso no quería decir, sin embargo, que los antiguos rebeldes quedaran al margen de todo procedimiento judicial. En efecto, Carlos V no había renunciado a que fueran reparados los daños causados al tesoro público y a los particulares en el curso del conflicto: fondos intervenidos por los comuneros, percepción de impuestos por la Junta General o las comunidades locales, casas saqueadas o destruidas, castillos incendiados y desmantelados, cosechas desperdiciadas, propiedades devastadas, fortunas privadas expoliadas, etc. Todos estos actos de pillaje, estos robos y destrucciones, no quedaban cubiertos por las amnistías, y las víctimas podían pedir reparación a sus causantes, fueran éstos exceptuados o no[2210]. Una nueva oleada de procesos inundó una vez más a las jurisdicciones competentes. Durante varios años las quejas se acumularon. Uno pretendía ser indemnizado por un caballo robado; otro exigía que se reconstruyera su castillo o su palacio; el fisco, por su parte, reclamaba también los impuestos que no habían sido recaudados… Y durante varios años centenares de castellanos y decenas de municipios se vieron obligados a pagar sumas considerables para hacer frente a los gastos de los abogados y a las costas de los juicios; y en caso de condena, indemnizaciones muy gravosas que se sumaban unas a otras. Apenas había terminado un proceso cuando comenzaba otro distinto; apenas se había podido liberar uno de una condena cuando se caía bajo la amenaza de una segunda, después una tercera, y así sucesivamente a lo largo de más de quince años. Para hacer frente a tan duras obligaciones las ciudades debieron multiplicar las cargas sobre la población, que venían a añadirse a los impuestos ordinarios. No pretendemos aclarar perfectamente este aspecto, sin duda el peor conocido de la historia de las Comunidades; sólo una investigación en equipo sería capaz de seguir en los legajos del Registro General del Sello, en Simancas, la huella de estos impuestos aplastantes, de estos interminables procesos que no acabaron hasta 1540 y a veces incluso más tarde[2211]. Debemos contentarnos con aportar algunos elementos de apreciación y algunas cifras, en su mayor parte inéditas. Tales cifras, si bien parciales, y estos elementos, servirán para dar una idea aproximada de las repercusiones de la guerra de las Comunidades sobre la economía castellana.

1. Las únicas reparaciones que no se prestaban a discusión —al menos en cuanto a su principio y su volumen— eran las que reclamaba el tesoro real. Los funcionarios hacían las cuentas y realizaban rápidamente un balance de las sumas que debían haber ingresado en concepto de impuestos (servicios, alcabalas, cruzada, etc.) y de la cantidad real que quedaba en caja. La diferencia constituía el total de las cantidades intervenidas por los comuneros. Así, Aranda de Duero debía restituir 283.500 maravedíes; Zamora, 1.149.619; Toledo, 1.355.954; Salamanca, 4.500.000, al igual que Madrid, etc[2212]. Las dificultades comenzaron a la hora de considerar las indemnizaciones debidas a los particulares.

Al igual que tras la derrota de Villalar se lanzaron sobre los despojos de los vencidos, los vencedores no tardaron tampoco en reclamar —¡y en qué forma!—[2213] la reparación por los daños sufridos y el reembolso de todos los gastos realizados. Ardían de impaciencia por apoderarse de sus fondos, se indignaban si los comuneros apelaban a las sentencias condenatorias y exigían una justicia más expeditiva. ¿Qué necesidad había de esos procesos largos y costosos, cuando los hechos estaban patentes y los culpables eran perfectamente conocidos[2214]? Los más poderosos, los mejor situados, tenían prioridad. Siguiendo instrucciones del condestable y del almirante, el obispo de Oviedo, depositario de los bienes secuestrados, concedió numerosas indemnizaciones durante el verano de 1521. Fue un inocente quien encendió la mecha. El duque de Nájera envió un memorial al cardenal Adriano en su deseo de que se le dispensara el mismo trato que al marqués de Astorga, a quien, en efecto, se le había recompensado de las pérdidas sufridas por sus tropas durante la batalla de Torrelobatón. El cardenal, ignorante del asunto, se indignó; luego se informó y descubrió la verdad: el condestable y el almirante habían sido quienes concedieran la indemnización al marqués; armas, caballos perdidos, todo había sido pagado a cuenta del tesoro real sin discusión ni comprobación alguna. La simple palabra de honor del interesado parecía haberles sido suficiente. En total eran más de tres mil ducados los que habían entregado a la guarnición de Torrelobatón, a los soldados que se habían dejado sorprender, negándose luego a combatir y que, en definitiva, no merecían otra cosa sino un castigo ejemplar. El cardenal, escandalizado, informó de la situación: el emperador no podía hacerse cargo de todos los gastos de los Grandes so pretexto de que habían combatido contra los comuneros[2215].

Tal era, sin embargo, lo que planeaba el almirante, quien desde el 15 de mayo de 1521 se dedicó a elaborar una detallada lista de todos los gastos que había tenido, voluminoso dosier en el que quedaba reflejado el menor desembolso. Podemos constatarlo fácilmente por algunos ejemplos del capítulo consagrado a los dispositivos militares de Medina de Rioseco, a partir de octubre de 1520:

Maravedíes

—Soldada de los centinelas y hombres de guardia 30.833

—Cera gastada por los vigilantes nocturnos, desde el 10 de noviembre al 31 de diciembre de 1520: 648 libras; 11 onzas; a razón de 55 maravedíes la libra 35.677

—Cera gastada por los mismos vigilantes desde el 1 de enero al 10 de abril de 1521 14.825 1/2

—Rondas nocturnas 47.011 1/2

—Espías y delatores contratados 27.045

—Madera para reparar las fortificaciones 156.807 1/2

—Salario de los obreros y carpinteros 266.450

—Gastos varios (cerraduras sustituidas, etc). 63.354

—Indemnizaciones a algunos ciudadanos cuyas casas había sido necesario destruir para completar el sistema de defensa 613.324

—Trabajos en el castillo 196.691

Etcétera.

En total, el almirante reclamaba 1.451.959 maravedíes por los gastos realizados en Medina de Rioseco, ciudad en la que no se había combatido y, en consecuencia, no había habido destrucciones[2216].

¿Cómo satisfacer estas reclamaciones? Todos los bienes de los exceptuados no hubieran sido suficientes para ello. El almirante, a quien se reputaba como persona desinteresada, proponía otra solución, consistente en la creación de un impuesto especial para la indemnización de las víctimas de los comuneros[2217]. Carlos V, sin embargo, advertido por el cardenal Adriano, no tardó en reaccionar, prohibiendo al obispo de Oviedo que dispusiera de los fondos que se le habían confiado. En ningún caso se le autorizaba para indemnizar a las víctimas con los bienes de los exceptuados, secuestrados en beneficio del Estado, y que no podían ser concedidos a los particulares[2218]; se iniciaron una serie de procesos para revisar las sentencias pronunciadas en este sentido antes del regreso del emperador[2219]. Eso no significaba que Carlos V quisiera desentenderse de los perjudicados en el conflicto, sino únicamente que se negaba a que fueran indemnizados con los fondos públicos (ingresos del tesoro o bienes confiscados a los exceptuados). Al mismo tiempo, en la preocupación por mejorar y acelerar los procedimientos, el monarca nombró ocho comisiones de información encargadas de instruir los procesos y de hacer justicia a las víctimas[2220]. La circular del 18 de noviembre de 1522 resumía las reglas que debían guiar la actuación de estas comisiones de información:

—Un solo proceso para cada caso; si los autores de un atentado (castillo o casa destruidos) eran varios, se debía mencionar sus nombres, y los jueces averiguarían si la acusación era cierta para cada uno de ellos;

—si la víctima era un señor, y alguno de sus súbditos había sufrido algún daño, los súbditos debían presentar la queja en forma individual, al mismo tiempo que su señor; en ningún caso se autorizaría que un señor actuara en nombre de sus súbditos;

—el juez trataría de evaluar con exactitud la cuantía de los daños causados. Si se trataba de castillos o casas tendría en cuenta los materiales que todavía podían ser utilizados en un nuevo edificio: piedra, madera, etc.; además se informaría de las indemnizaciones hechas ya a los litigantes en caso de que las hubiera habido;

—si la querella afectaba a un exceptuado, el juez debería determinar con precisión su parte de responsabilidad. Si el acusado ya había cometido el crimen de lesa majestad en el momento de cometer los hechos que se le reprochaban (era lo más frecuente) el sumario sería transmitido al Consejo Real;

—el juez pronunciaría una condena global, fijando el montante de la indemnización y la cantidad que correspondía satisfacer a cada acusado, teniendo en cuenta su responsabilidad y solvencia;

—los condenados podrían apelar ante el Consejo Real[2221].

Este procedimiento, simple en sus principios, no pudo resolver todos los problemas. Las ocho comisiones de investigación repartidas por toda Castilla no tenían ante sí una tarea fácil. Todos cuantos habían combatido contra los comuneros presentaron sus peticiones: el doctor Zumel, que reclamaba 147 marcos de plata que le habían sido robados en Valladolid; el comendador Ribera, expoliado por el obispo de Zamora[2222][2223]; Francisco Ramírez, en Zamora[2224]; Hernando de Villafañe, regidor de León, que pedía 500 ducados por su casa, saqueada e incendiada[2225]; don Juan de Silva, que había sufrido daños en sus tierras por un valor superior a 200.000 maravedíes[2226]; don Pedro de Zúñiga, cuya casa de Salamanca había sido destruida y que valía 4000 ducados[2227]; Juan de Vozmediano, por las pérdidas sufridas en Madrid y Toledo[2228]; los religiosos del convento de Santo Domingo el Viejo de Toledo[2229], etc.

Todos estos querellantes solicitaban sumas relativamente moderadas, pero que sumadas representaban un total considerable. A ellas había que añadir además otras indemnizaciones mucho más importantes, como los cien mil ducados que reclamaba la villa de Alaejos, sitiada durante varios meses por los comuneros de Medina del Campo, como represalia contra Fonseca, señor del lugar[2230]. La catedral de Segovia había sido el escenario de la batalla que libraron los dos adversarios que se disputaron el alcázar; había quedado totalmente destruida y su reconstrucción costaría más de siete millones[2231]. Una suma similar era la que solicitaba el obispo de Palencia para la reconstrucción de su castillo de Villamuriel[2232]. Como ya hemos dicho antes, los Grandes no fueron los últimos en reclamar sus derechos. El condestable exigió 1.800.000 maravedíes de las Merindades por los daños causados a Medina de Pomar, además de 1.125.000 maravedíes por gastos diversos[2233].

Tres ejemplos serán suficientes para darnos una idea de la importancia de las sumas reclamadas y del número de las personas y colectividades encartadas.

El 23 de mayo de 1521 el almirante ordenó que se abriera una información para precisar con exactitud el montante de los daños sufridos por su villa de Torrelobatón, que los comuneros habían tomado al asalto el 25 de febrero y que habían ocupado durante dos meses[2234]. Casas saqueadas, destruidas en su totalidad o en parte, muebles robados por los soldados, cosechas desperdiciadas, trigo y vino almacenado e intervenido, todo ello fue objeto de largas estimaciones. El castillo había sido incendiado y su reconstrucción costaría 536.885 maravedíes, más 379.160 maravedíes por los trabajos de albañilería. Por el saqueo y destrucción de un molino, una casa colindante y un huerto exigía 144.145 maravedíes en concepto de indemnización, además de 77.250 maravedíes, suma que hubiera reportado el molino de haber continuado la producción. El almirante pidió además 230.778 maravedíes en concepto de alcabalas y otros derechos que la ocupación le había impedido percibir. En total, sus reclamaciones ascendían a 14.683.217 maravedíes. ¿A quién exigir esta suma? Las pérdidas habían sido causadas por el ejército rebelde. Examinando la composición de este ejército se comprobó que había estado formado por contingentes de las ciudades de Zamora, Salamanca, Medina del Campo, Valladolid, Toledo, Segovia, Ávila, Madrid, Toro y León. Fue, pues, a estas ciudades a las que se hizo responsables en el aspecto pecuniario de la destrucción de Torrelobatón[2235].

El conde de Chinchón, por su parte, se había visto obligado a hacer frente durante varios meses a los comuneros de Segovia que asediaban el alcázar. Sus súbditos se habían rebelado contra él, saqueando y destruyendo sus propiedades de Chinchón, Odón, Ciempozuelos, etc. El conde murió poco después de finalizada la guerra, pero su viuda hizo la reclamación en nombre de su hijo, heredero del condado, y el 18 de julio de 1522 la máquina judicial se puso en marcha[2236]. Se trataba de obtener reparación por los daños sufridos por Segovia (alcázar y palacio del conde), Odón y Chinchón (dos castillos destruidos), sin hablar de los robos y destrucción de las cosechas. También aquí se hicieron cálculos: 47.386 maravedíes por el bosque de Valdemoro, devastado por los rebeldes; varios millones por los castillos, pero se dedujo el valor de la piedra y de una parte de la madera, todavía utilizable. La condesa reclamó 37 millones de maravedíes; los jueces le concedieron 11.540.287 maravedíes en 1524, pero hay que decir que las víctimas ya habían recuperado por su propia autoridad y sin esperar al veredicto quince millones. En la sentencia se citaban gran número de localidades condenadas a contribuir en la indemnización proporcionalmente a su población: Segovia, la tierra de Segovia, Casarrubios, Madrid, Ocaña, Yepes, Colmenar de Oreja, Chinchón, Valdelaguna, Villaconejos, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Valdemoro, Odón, Brunete, Sacedón, La Moraleja, Móstoles, Batres, etcétera. En 1528, tras la apelación, la Chancillería de Valladolid rebajó ligeramente el importe de la indemnización. Entonces, la condesa, descontenta, insistió de nuevo, y la sentencia definitiva del 30 de enero de 1531 le concedió 9.818.441 maravedíes.

El conde de Benavente también solicitó reparación por los daños sufridos en sus dominios[2237]. La información judicial, ordenada el 30 de septiembre de 1521 y comenzada el 4 de noviembre del mismo año, entraba en todos los detalles, apreciando hasta el menor perjuicio:

Maravedíes

—Por el castillo de Cigales, incendiado 3.750.000

—Por un bosque de encinas arrasado 2.250.000

—Por otras destrucciones en Cigales 562.500

—Por los daños causados a la población 6.000.000

—Por dos caballos robados a don Juan de Acuña 10.800

—Por veintiséis días que tuvo que pasar fuera de su casa el mismo hombre, perseguido por los rebeldes 6000

Después de Cigales se hacía referencia a Torremormojón:

—130 lanzas robadas 17.680

—Robo de menor cuantía cometido por los comuneros 750

—Espías y delatores 15.000

—Un bosque arrasado 100.000

Y así sucesivamente en una relación interminable, pues el dosier constaba de más de dos mil folios. El conde de Benavente murió sin ver el final de su proceso, pero su hijo siguió adelante, y el 28 de agosto de 1533 reclamó ante la justicia a los municipios de Madrid, Colmenar de Oreja, Chinchón, Ciempozuelos, Yepes, Valdemoro, Dosbarrios, Illescas y a una multitud de individuos cuya enumeración llenaba cinco folios. Muchos de estos individuos habían muerto antes de 1521, pero eso no importaba, pues se podía reclamar a sus herederos. Otros habían cambiado de domicilio o de nombre. Por todo ello la investigación prosiguió durante varios años, y no fue sino a partir de mayo de 1537 cuando fue posible hacer las reclamaciones a los acusados o a sus herederos.

Estos tres ejemplos sirven para dar una idea del rigor, de la minuciosidad y del encarnizamiento con que las víctimas de los comuneros exigieron reparación durante años. No había posibilidad de prescripción: si los responsables habían muerto se reclamaba entonces a sus herederos, y si eran insolventes la querella se volvía contra el municipio. Procesos de este tipo los hubo a centenares. A principios de 1522 seis jueces diferentes abrieron una información en Segovia: sobre el trigo robado al obispo de Burgos; sobre las alcabalas intervenidas; sobre el dinero del servicio; sobre el perjuicio causado al conde de Chinchón; sobre otras quejas. La población vivía en continua zozobra, y la actividad económica estaba totalmente desorganizada. Los que podían se apresuraban a abandonar la ciudad[2238]. De nada sirvió que las Cortes de 1528 propusieran que se pusiera fin a esta acumulación de procesos[2239], ni tampoco que en 1535 la ciudad de Toledo solicitara que acabaran las secuelas del conflicto de las Comunidades[2240]. Una cédula del 13 de marzo de 1560 nos revela que los condes de Buendía exigían aún reparación por las pérdidas sufridas en su villa de Dueñas cuarenta años antes[2241]…

2. En el plano de los principios todo estaba perfectamente claro: las víctimas tenían derecho a la reparación y los culpables eran responsables personalmente de las expoliaciones y depredaciones cometidas. Cuando estos culpables eran poco numerosos y solventes no había mayor problema. Fue así como Pantaleón Vieri denunció a los comuneros que en 1521 habían intervenido 505.000 maravedíes en efectivo depositados en un cofre en el convento de San Benito de Valladolid y obtuvo fácilmente satisfacción: el dinero le fue devuelto con intereses[2242]. Todo resultaba mucho más complicado, en cambio, cuando el culpable identificado era un exceptuado, porque en tal caso sus bienes ya habían sido confiscados en beneficio del Estado y las víctimas perdían toda esperanza de recuperar los gastos realizados, a menos que el azar les favoreciese como le ocurrió a Iñigo de Ortega. Este había reclamado 136 ducados a Francisco de Ocampo, comunero de Zamora. El corregidor reconoció la validez de su demanda el 24 de enero de 1522, pero Ocampo era exceptuado y toda su fortuna pertenecía al Estado. He aquí, no obstante, que en 1536 Ocampo entró en posesión de una herencia. Iñigo de Ortega supo aprovechar la ocasión, y tras un nuevo proceso consiguió sus ducados[2243].

Estos casos eran, sin embargo, poco corrientes. En la mayoría de los casos los culpables no eran fácilmente identificables, sino seres anónimos: los que asistían a las asambleas locales y decidían por aclamación intervenir el producto de los impuestos o exigir préstamos forzosos; los que atacaban las casas de los traidores, saqueándolas e incendiándolas; los soldados que se lanzaban al asalto de Torrelobatón o de Alaejos… ¿A quién hacer responsable de tales saqueos y destrucciones? ¿A los instigadores? A menudo, éstos eran exceptuados que, como tales, eran perseguidos por los tribunales reales y escapaban a la persecución por expoliación. El caso de Negrete es bastante representativo en este sentido. Condenado a reembolsar al Estado los 12.000 ducados intervenidos al fisco durante la guerra civil, la ciudad de Madrid se volvió contra Juan Negrete, jefe indiscutible de la comunidad local. Era él quien firmaba todas las órdenes, el que se había apoderado de ese dinero y lo había gastado; él disponía de una gran fortuna personal, por lo cual estaba en condiciones de satisfacer la reparación. Pero Negrete era exceptuado. Si su juicio resultaba condenatorio, sus bienes serían absorbidos por el Estado, y Madrid debería encontrar otros culpables que pagaran en su lugar[2244]. En Segovia fue a los antiguos diputados de la comunidad a quienes se exigieron responsabilidades económicas. Los interesados protestaron enérgicamente: ellos se habían visto obligados a aceptar los cargos bajo amenaza; se negaban a constituirse en responsables personales de cuanto había sucedido en la ciudad, y como en su mayor parte se trataba de ricos negociantes especializados en la industria textil, amenazaron con abandonar la ciudad si se persistía en perseguirlos. Sus talleres daban ocupación a la mayor parte de la población, que si se consumaba su amenaza se vería reducida al paro y toda la región pasaría por una grave crisis[2245].

En su deseo de asegurarse la indemnización, las víctimas se querellaban principalmente contra los comuneros económicamente fuertes, que protestaban en caso de ser condenados: ellos estaban dispuestos a pagar, pero no por todo el mundo[2246]. ¿Podía considerarse como responsables a los que asistían a las Juntas locales y aprobaban las medidas presentadas por los dirigentes? Para elaborar la lista de los asistentes se examinaban las actas que se habían podido conservar, pero surgían nuevas dificultades, por cuanto los escribanos no anotaban todos los nombres. Muchos de los asistentes votaban por aclamación y no figuraban en las actas de las sesiones. Por otra parte, los dirigentes no siempre asistían a las asambleas; ¿les garantizaría la impunidad esta circunstancia? En fin, las personas cuya presencia en las juntas locales era constatada afirmaban que se habían visto obligados a asistir para evitar las sanciones de los comuneros[2247]. Todos intentaban de este modo liberarse de las responsabilidades; a fin de cuentas, no se encontraba más que un reducido número de comuneros importantes que no podían sustraerse a las consecuencias de sus actos.

Quedaba entonces la posibilidad de actuar contra los municipios y hacerles responsables colectivamente de los actos cometidos por sus miembros. Esta solución suscitaba también recriminaciones. La Chancillería de Valladolid condenó a la villa de Toro a entregar 380.000 maravedíes a Pedro de Bazán, cuya casa había sido incendiada por los comuneros; el municipio expresó su desacuerdo, por cuanto eran los auténticos responsables, y no la ciudad, los que debían realizar la indemnización[2248]. Y no hablemos de los litigios cuando se pretendía recurrir al expediente de la responsabilidad colectiva. Alaejos presentó la voluminosa cuenta —varios millones de maravedíes— de los daños causados por los comuneros de Medina del Campo, pero los virreyes consideraban que la villa de las ferias había pagado un precio suficientemente alto por su participación en la insurrección con el incendio que la había destruido en agosto de 1520 y que las víctimas tenían que buscar otros culpables, las gentes de Ávila y de Valladolid que habían colaborado con los asaltantes. Sin embargo, era un hecho perfectamente conocido que las tropas de Medina del Campo eran las que habían atacado más duramente a Alaejos, por lo cual parecía que los máximos responsables iban a quedar al margen de la acción de la justicia. Después de no pocas dudas se autorizó a Alaejos a exigir reparación a Medina del Campo[2249].

Finalmente, ante la imposibilidad de encontrar a un número suficiente de culpables, se recurría al principio de la responsabilidad colectiva. Para pagar los impuestos intervenidos y los daños causados los jueces fijaron la suma total de las indemnizaciones, elaboraron una lista de los principales comuneros de la localidad, indicaron la suma a exigir a cada uno de ellos e invitaron a los municipios a recaudar la cantidad de una u otra forma; lo esencial era que el tesoro real y las víctimas fueran indemnizadas. Algunas ciudades ya habían elegido espontáneamente esta solución. En Toro, donde los culpables eran en su mayoría gentes muy pobres, el municipio decidió crear un impuesto especial para hacer frente a las reparaciones[2250]. Igualmente, Medina del Campo votó un impuesto extraordinario sobre la carne para indemnizar a algunas víctimas[2251]. La ciudad de Palencia llegó a un acuerdo con el obispo, por el que éste renunciaba a toda acción judicial mediante el pago de una suma de 925.000 maravedíes que el municipio trataría de recaudar entre todos los habitantes[2252]. En todas partes se acabó recurriendo a esta solución, única capaz de garantizar al Estado y a los particulares las enormes reparaciones exigidas. Las ciudades se comprometieron a hacer frente a todas las indemnizaciones reclamadas y para procurarse los fondos necesarios podían elegir la fórmula que consideraran más adecuada, ya la del repartimiento, utilizada para la percepción del impuesto, en el que los municipios decidían la suma que debía pagar cada contribuyente, o bien la sisa o impuesto extraordinario sobre las ventas, que fue el procedimiento al que se recurrió la mayor parte de las veces. En todas partes esta solución pareció la más aceptable para hacer frente a las responsabilidades económicas derivadas de movimientos de masas en los que era difícil, cuando no imposible, la identificación de los responsables individuales. Una vez admitido el principio de la responsabilidad colectiva el poder real dejó libertad a cada ciudad para fijar la modalidad: repartimiento, sisa sobre las ventas; se contentaba con introducir una condición, la de que no se podría imponer ninguna contribución sobre los habitantes de la ciudad que durante el conflicto se hallaban ausentes de la ciudad y combatían con las tropas realistas.

3. Vemos, pues, cuáles, eran los principios generales. El Estado y los particulares tenían derecho a exigir reparaciones. Los municipios se comprometían a recaudar los fondos necesarios por medio de contribuciones extraordinarias. No quedaba sino determinar la modalidad práctica para la recaudación: su montante y sobre todo las categorías sociales a las que se obligaría a contribuir. Se dejaba total libertad a los municipios, con la única restricción —acabamos de decirlo— de que no se exigiera dinero alguno a quienes habían luchado contra los comuneros. En la práctica surgieron nuevas dificultades a la hora de poner en práctica el procedimiento. Todo el mundo trataba de escapar al impuesto a título individual o como miembro de una categoría social privilegiada, y los tribunales se veían abrumados por apelaciones en este sentido que se sumaban a los procesos ya suscitados por la represión. En ocasiones, los municipios creaban comisiones especiales de arbitraje para examinar los casos particulares y evitar el recurso a la justicia[2253]. Pero estas comisiones no existían en todas partes y a los descontentos les quedaba siempre la posibilidad de solventar sus diferencias en las jurisdicciones ordinarias. Unos pretendían haber estado ausentes durante los acontecimientos, y no se les podía castigar por faltas que no habían cometido[2254]; otros se quejaban de haber sido víctimas de los comuneros y no sólo exigían no contribuir, sino además que se les indemnizara con una parte de las sumas recaudadas[2255].

Los casos individuales no planteaban excesivos problemas. Mucho más graves eran los conflictos planteados por los miembros de ciertas categorías sociales habitualmente privilegiadas en materia fiscal y por las áreas rurales sometidas a la jurisdicción de las ciudades. Unos y otros protestaban contra lo que consideraban una afrenta a sus privilegios o una flagrante injusticia.

Ya sabemos que las ciudades de Castilla ejercían su jurisdicción sobre un territorio a veces muy extenso, y naturalmente trataban de que esta zona rural contribuyera en los impuestos extraordinarios decididos para satisfacer las reparaciones. Pero dado que el conflicto de las Comunidades había nacido y se había desarrollado en el seno de las ciudades, ¿era legítimo penalizar a las zonas rurales cuando su participación en la insurrección había sido más bien limitada? Y, en caso afirmativo, ¿cómo debían repartirse las cargas? Estas cuestiones se plantearon al menos a dos municipios: Salamanca y Segovia, pero es probable que también surgieran en otras partes. Salamanca había decidido recurrir a la fórmula del repartimiento para recaudar la suma necesaria para las reparaciones (cuatro millones y medio de maravedíes). La ciudad pagaría una cuarta parte, encargándose del resto el área rural[2256]. Como es fácil imaginar, este reparto de las cargas levantó enérgicas protestas. Salamanca procedió entonces a una solución más equitativa, aumentándose su cuota hasta la mitad de la suma a recaudar. Esta solución tampoco satisfizo a los contribuyentes de la tierra de Salamanca, que en octubre de 1523 ya habían entregado 1.600.000 maravedíes y se negaban a seguir contribuyendo[2257].

En Segovia el problema se planteó en los mismos términos. ¿Quién pagaría la sisa? ¿La ciudad, la tierra, o ambos? ¿Y en qué proporciones? Cuestiones particularmente graves en Segovia, donde las cargas eran muy elevadas. Había que hacer frente a la devolución de los impuestos intervenidos, al importe de los daños causados a los particulares —sobre todo al conde de Chinchón—, afrontar la reconstrucción de la catedral, etc. En mayo de 1524 la tierra elevó una enérgica protesta, afirmando que no podía seguir contribuyendo. Se quejaba contra la ciudad, a la que acusaba de ser la única responsable de los hechos incriminados. Y es que la ciudad pretendía hacer pagar a los campesinos de la tierra las 10/11 partes del total. Sin embargo, adoptó la fórmula de la sisa, más equitativa en apariencia, ya que todo el mundo contribuía en función de las compras que realizara; pero la sisa se basaba sobre el pescado, el aceite, la sal, el jabón, géneros que los campesinos tenían que ir a comprar a la ciudad, y como eran más numerosos que los ciudadanos, de ahí que la sisa les afectara mucho más duramente. En enero de 1525 el conflicto seguía sin resolver, y ambas partes mantenían sus posiciones[2258].

En las ciudades que decidieron la creación de impuestos especiales para el pago de las reparaciones surgieron aún otras discusiones sobre quiénes debían obligarse a satisfacer la sisa. Tradicionalmente varías categorías de privilegiados se hallaban dispensados del pago de estos impuestos indirectos y podían comprar los artículos en tiendas especiales donde los géneros eran vendidos sin suplemento. En 1522, la mayor parte de los municipios decidieron suprimir estos privilegios dadas las circunstancias excepcionales y el volumen importante de las sumas a recaudar. Quedó así entendido que todo el mundo debía satisfacer la sisa, esentos y no esentos[2259]. Los escribanos de Zamora no lo aceptaron así y su corporación de Zamora siguió aferrada a sus privilegios, negándose a pagar toda clase de impuestos, directos o indirectos (ni pecho ni sisa[2260]). Los escribanos de Zamora debieron aceptar finalmente, pero no así la clientela del obispo de Burgos, probablemente porque había combatido contra los comuneros, y así, pese a las protestas del municipio de Toro, donde residían muchos de los interesados, éstos se vieron libres del pago de la sisa[2261]. Salamanca, que en un primer momento había decidido recurrir al repartimiento para conseguir los fondos, cambió de parecer en 1523, adoptando el sistema más flexible del impuesto sobre las mercancías, la sisa general, que todo el mundo debía pagar, privilegiados y no privilegiados. ¿Todo el mundo? La Universidad se negó a ello amparándose en su estatuto. Ella nunca había pagado ningún impuesto. La ciudad insistió. No se trataba de abolir los derechos adquiridos, sino, dadas las circunstancias, la Universidad podría hacer un esfuerzo, dado además que tanto alumnos como profesores habían prestado todos su apoyo a la Comunidad. El emperador, al enterarse del conflicto, apoyó sin reservas la decisión de los universitarios y mantuvo su postura a pesar de todos los argumentos en contrario[2262].

La mayor parte de las veces fue el clero el que demostró menos entusiasmo ante los sacrificios financieros. Para evitar los gastos de un proceso, la ciudad de Palencia y su nuevo arzobispo, don Antonio de Rojas, se pusieron de acuerdo amistosamente. La ciudad entregaría la suma de 925.000 maravedíes para la reconstrucción del castillo de Villamuriel. La suma se recaudaría mediante un impuesto especial que todo el mundo satisfaría. Inmediatamente surgió la protesta del clero, que no estaba dispuesto a renunciar a sus privilegios. Una larga controversia le opuso al municipio y finalmente se llegó a un acuerdo. El clero pagaría la sisa, pero la ciudad le devolvería la cantidad…, que el clero entonces distribuiría entre los pobres. Las dos partes quedaban así satisfechas: el municipio, ya que de este modo nadie quedaba exento, y el clero, que recuperaba la cantidad pagada, quedando así a salvo su honor[2263]. En otras partes el conflicto no se resolvió tan fácilmente. Los eclesiásticos de Toro comenzaron pagando la sisa, que creían sería de corta duración. Pero en 1525 se negaron a continuar con la contribución[2264]. En Zamora, en León, en Salamanca, las autoridades religiosas se sirvieron de todos los medios a su alcance para sustraerse al impuesto, entredichos, excomuniones lanzadas contra el municipio. Situación tanto más irritante por cuanto que en muchas partes el clero había participado muy activamente en la revolución[2265]. Finalmente, el clero obtuvo algunas derogaciones. En Segovia consiguió quedar dispensado del impuesto sobre la carne, el pescado y el vino, pero pagó la sisa sobre el pan, el vinagre, la madera, todos ellos artículos cargados y recargados de sisa, según un contemporáneo[2266].

Dado el estado actual de la documentación, resulta difícil realizar un balance de las repercusiones financieras de las Comunidades. Lo que resulta indudable es que las cargas pesaron muy duramente sobre la inmensa mayoría de la población de Castilla, si bien poco a poco fueron atenuándose un tanto. En principio se había fijado en siete millones de maravedíes la suma que Segovia debería pagar para la reconstrucción de la catedral destruida. Luego se rebajó hasta cinco millones, para quedar definitivamente en tres, quedando el resto a cargo del Estado[2267]. Esta cifra no era nada despreciable. Tengamos en cuenta que había que añadir además los impuestos intervenidos en 1520-1521, que serían por tanto pagados dos veces; las indemnizaciones debidas al conde de Chinchón y al almirante, a las que hemos hecho referencia en un apartado anterior y sobre las que poseemos datos muy precisos.

Hemos dicho que la sentencia definitiva, pronunciada en 1531, concedía al conde de Chinchón una indemnización de 9.818.441 maravedíes[2268]. Esta suma debía ser repartida entre varios centenares de comuneros y decenas de municipios, siendo éstos los más duramente afectados:

Maravedíes

Segovia 3.708.441

Tierra de Segovia 1.600.000

Madrid 800.044

Chinchón 500.000

Brunete 400.000

Ocaña 250.000

Colmenar de Oreja 185.000

San Martín de la Vega 180.000

Odón 150.000

Yepes 130.000

Por su parte, F. Arribas Arranz se ha dedicado a estudiar las reparaciones debidas al almirante de Castilla por las destrucciones de Torrelobatón[2269]. La comisión de información llegó a un total de 14.683.217, suma que el Consejo Real rebajó a siete millones, considerando las cargas que pesaban ya sobre los municipios afectados.

Maravedíes

Valladolid 1.100.000

Toledo 1.000.000

Medina del Campo 850.000

Salamanca 750.000

Segovia 750.000

Ávila 700.000

Zamora 600.000

Madrid 500.000

Toro 450.000

León 300.000

Las ciudades tenían libertad para recaudar estas sumas por el procedimiento que ellas deseasen, por repartimiento o por sisa, pero todas ellas prefirieron la segunda. La indemnización debía ser pagada en el plazo de cinco años, a contar desde el 1 de enero de 1533, a razón de dos pagos anuales, por San Juan y Navidad[2270]. En la práctica, sin embargo, los plazos fueron más largos. Segovia, Valladolid y León comenzaron a satisfacer su parte en julio de 1535; Toro, en julio de 1536; Salamanca, en agosto de 1536; Medina del Campo, en septiembre de 1536; Zamora, en octubre de 1536; Madrid, en enero de 1537; Ávila, en febrero de 1537, y Toledo, en marzo del mismo año. Salamanca fue la primera en liberarse, en 1538; a continuación Segovia, en 1539; Ávila, en 1540; Toledo, en 1541; Madrid, Valladolid, Toro y Zamora, en 1542, y finalmente León y Medina del Campo, en 1543[2271].

Estas cargas extraordinarias, que venían a añadirse a los impuestos ordinarios (servicios, alcabalas, etc.), acabaron representando una suma considerable. En grado mucho mayor que las multas y las confiscaciones de bienes contribuyeron a crear en la Castilla de las Comunidades —es decir, la Castilla industrial y artesanal— una situación catastrófica. No es exagerado afirmar que causaron un daño importante a la economía del país, arruinando las promesas de expansión que podían vislumbrarse antes de 1520. Los fabricantes de Segovia dieron la alarma en 1524. Ciertamente, estaban defendiendo sus intereses, pero de cualquier modo sus observaciones merecen ser analizadas. La sisa —afirmaban ellos— está desigualmente repartida; afecta menos a los artículos de consumo corriente: una blanca sobre dos libras y media de carne; en cambio, hace recaer un precio prohibitivo sobre las materias primas y los productos indispensables para la industria textil: jabón (200 maravedíes por carga), aceite (120 maravedíes por carga), madera (10 maravedíes por 100 pinazos), pastel (un real por carga), etc. Los fabricantes calculaban que la sisa les costaba seis veces más que la alcabala y que los treinta o cuarenta industriales de Segovia iban a pagar tanto como los 5000 vecinos de la ciudad. Mantener la sisa significaba herir de muerte a la industria textil segoviana, de la cual vivían los dos tercios de la población[2272]. De hecho, la sisa se mantuvo al menos hasta 1539; ciertamente no arruinó a la industria de Segovia, pero ¿se puede decir que la favoreció? Sumándose a las destrucciones de la guerra civil, a las malas cosechas de 1521[2273], al marasmo en que se hallaban los negocios en 1521 en Salamanca, León, Cuenca[2274], las reparaciones agravaron aún más la situación del país, impidiéndole rehacerse rápidamente al imponerle durante casi veinte años unas cargas aplastantes. La crisis de las Comunidades modificó profundamente la situación en Castilla, no sólo desde el punto de vista político, sino también —y quizá fundamentalmente— en el plano económico.

3. LA ESTELA DE LAS COMUNIDADES

Ese contagio revolucionario (enfermedad pegadiza) que constataba el condestable en todos los territorios de la Corona de Castilla ¿se extendió acaso en el espacio al mundo hispánico y, en el tiempo, dejó alguna huella en la sociedad española del siglo XVI? El poder real, al que se habían enfrentado las ciudades y las capas sociales medias de la población, ¿se vio obligado a hacer concesiones a la aristocracia, cuyo concurso le había permitido derrotar al enemigo? O, por el contrario, ¿adoptaron los vencedores algunas de las ideas que sustentaban los comuneros? ¿Hasta qué punto influyó la revuelta de las Comunidades en la España del Siglo de Oro?

I. —LAS COMUNIDADES Y EL MUNDO HISPÁNICO

Tras la ocupación de Torrelobatón por las tropas de Padilla, los virreyes se dirigieron hacia Aragón para reclutar nuevos soldados. Y tuvieron que hacerlo así porque los castellanos demostraban cada vez mayor reluctancia en combatir contra los comuneros; se esperaba que el reino vecino —leal hasta aquel momento— aportaría la infantería que era imposible encontrar en Castilla. No se exigieron sacrificios financieros a Aragón, ya que el dinero necesario se obtenía del impuesto de la Cruzada, en Castilla, y pese a estas precauciones la operación fracasó. El 20 de marzo de 1521 se originó un tumulto en Zaragoza cuando la población intentó impedir la partida del primer contingente de 600 hombres[2275]. ¿Manifestación de solidaridad con los comuneros castellanos? Tal es la opinión de Menéndez Pidal[2276], que nosotros no suscribimos. De ser así, otros signos hubieran confirmado esta solidaridad, signos que no aparecen en ningún momento. La revuelta de Zaragoza evidencia la repugnancia de los aragoneses no a aplastar las «libertades» castellanas, sino sobre todo —y quizá únicamente— a autorizar el reclutamiento de tropas destinadas a combatir fuera del reino de Aragón por intereses que no afectaban directamente a la seguridad nacional. Por otra parte, puso también en evidencia el aislamiento de los comuneros castellanos.

Durante el invierno de 1520-1521 cundió la agitación en Cataluña en protesta contra algunos impuestos, y el cardenal Adriano consideró prudente renunciar a los 12.000 ducados que se esperaban de esta región[2277]. Pero esto no era el preludio de una acción concertada con los comuneros. Al contrario, el municipio de Barcelona expulsó en abril a una delegación de la Junta y procuró que las Comunidades y Germanías no turbaran la paz del Principado, lealtad de la que trató de sacar provecho en 1522[2278]. Pierre Vilar ha descubierto en los catalanes de 1713 una especie de resentimiento ante la neutralidad observada por sus antepasados en 1520-1521, que permitieron que el poder real aplastara a los comuneros[2279].

Mucho más sorprendente nos parece la ausencia de todo contacto entre las Comunidades de Castilla y las Germanías de Valencia. Pese a cuanto se haya podido decir en sentido contrario, nos parece que existen muchos puntos comunes entre ambos movimientos: en Castilla, al igual que en Valencia, fueron los medios urbanos los que desencadenaron la insurrección y de las capas sociales medias salieron lo esencial de los cuadros políticos y de los militantes revolucionarios; las ideas de los rebeldes apuntaban hacia una especie de autonomía comunal, y, finalmente, fue a los grandes señores a quienes asestaron los golpes más duros[2280]. No podemos negar la existencia de ciertas divergencias: los letrados de la Junta ofrecieron a los comuneros un personal y una ideología política que parecen haber faltado a los agermanados, más preocupados por conseguir reivindicaciones sociales inmediatas, y, sobre todo, el contexto histórico y sociológico era notablemente distinto.

Pero pensamos que las similitudes superaban a las diferencias y que se habría podido producir una alianza, al menos táctica, entre ambos movimientos. Pero nada de ello sucedió y las Comunidades y Germanías se ignoraron mutuamente. Sería necesario esperar a la derrota de Villalar para ver a los rebeldes valencianos explotar tardíamente el prestigio de Padilla[2281].

Si, pese a la proximidad, las Comunidades apenas suscitaron ecos favorables en los países de la Corona de Aragón, ¿cómo podrían haber tenido una prolongación en Ultramar? La noticia de la sublevación de los comuneros habría llegado a La Española en abril de 1521, al mismo tiempo sin duda que la cédula del 29 de agosto de 1520, que dispensaba del pago del servicio a las ciudades de Indias[2282]. No parece que los acontecimientos de Castilla tuvieran repercusión en América. Únicamente, por los datos que disponemos, los soldados de Cortés en México pensaron en inspirarse en lo que sucedía en la metrópoli, sin, por otra parte, llevar muy lejos su tentativa. Esto ha bastado a Giménez Fernández para establecer una perfecta adecuación (perfecta isocronía) entre los comuneros castellanos que se quejaban de Antonio de Fonseca, incendiario de Medina del Campo, y los comuneros de Nueva España, levantados contra el hermano de aquél, don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos[2283]. No podemos suscribir la teoría del historiador español en este caso. Sólo un abuso del lenguaje permite asociar a unos y otros. Por otra parte, no se trataba de los mismos problemas ni de las mismas situaciones los que llevaron a Hernán Cortés a «pronunciarse» el 10 de julio de 1519 contra Diego de Velázquez y los que impulsaron a la asamblea de Tordesillas a elaborar, un año más tarde, un programa de reformas políticas. Nos parece que Giménez Fernández avanza por un terreno más sólido cuando atribuye a los disturbios políticos castellanos la disminución de la actividad en el puerto de Sevilla[2284]. A la inversa, es más que probable que los funcionarios reales de Ultramar —como afirmaba Hamilton— se sintieran indecisos a la hora de enviar los metales preciosos a Castilla en tanto la situación seguía siendo inestable. Esto explicaría perfectamente la caída brutal registrada durante el período 1521-1525 en las importaciones de oro y plata[2285].

Las Comunidades castellanas no despertaron muchos ecos en el mundo hispánico. Ni siquiera trataron de entrar en contacto con sus vecinos. El único movimiento de apertura importante —ya lo hemos visto— se hizo en dirección a Portugal y terminó en fracaso[2286]. Este infortunio debió descorazonar a los comuneros, convenciéndoles de que no debían confiar más que en sus propias fuerzas. Los contactos con Francia, si es que los hubo, fueron tardíos y poco serios[2287]. Señalemos, finalmente, la incitación a la revuelta lanzada, sin gran convicción y sin resultado, a las ciudades de los Países Bajos en otoño de 1520[2288]. En el plano diplomático, los comuneros dieron prueba, pues, de una extraña incapacidad, y ello pese a que no les faltaban hombres idóneos para llevar a cabo una campaña de propaganda al otro lado de las fronteras y pese a que se interesaban por los problemas de política exterior. En efecto, las instrucciones de Burgos recomendaban velar por la defensa de Nápoles, Sicilia, el Rosellón y Navarra[2289]; fue a la Junta de Tordesillas a la que la guarnición española de Argel se dirigió en septiembre de 1520 para obtener avituallamiento[2290]… . Apremiados por la urgencia, absorbidos por las necesidades del momento, los comuneros descuidaron sin duda la acción diplomática, que les hubiera permitido posiblemente encontrar apoyo para su lucha.

II. —CARLOS V Y LA NOBLEZA

El poder real estuvo a punto de hundirse bajo la presión de las ciudades rebeldes. Sólo el apoyo masivo de la alta nobleza pudo salvarle del desastre. Al margen de las responsabilidades políticas desde la época de los Reyes Católicos, tratarían los grandes señores de explotar una victoria que en gran medida era suya y de conservar la influencia sobre los asuntos del reino que las circunstancias le habían permitido adquirir. ¿Concedió acaso Carlos V a la aristocracia lo que negó a las Comunidades, es decir, la participación en las responsabilidades políticas? De un modo general, ¿hasta qué punto modificó la guerra civil de 1520-1521 la relación de fuerzas en Castilla?

La aristocracia estaba convencida de poder presionar a Carlos V desde el momento en que se decidió a intervenir en el conflicto. No en vano dos de los suyos, el almirante y el condestable, habían sido investidos de las más altas funciones del Estado. Sin embargo, el emperador, advertido por los numerosos informes que le llegaban de España, especialmente de su preceptor, Adriano de Utrecht, nunca perdió de vista los verdaderos motivos de la nobleza, que si abandonó su pasividad del primer momento no fue para acudir en socorro del poder real, sino para conservar la integridad de sus dominios y privilegios. Del mismo modo, tampoco se engañaba respecto a las pretensiones de los aristócratas castellanos después de conseguida la victoria, que no eran otras que obtener los mayores beneficios de los servicios prestados. Esta lucidez y desconfianza de Carlos V se manifestaron primero de una forma indirecta, luego más abiertamente, después de su regreso a España, con el apartamiento del poder de los antiguos virreyes.

Si Carlos V todavía creía en la eficacia política de los Grandes, la experiencia de los años 1520-1521 habría sido suficiente para abrirle los ojos. En septiembre de 1520 se había resignado, presionado por las circunstancias, a asociar a dos de ellos a las responsabilidades políticas. El condestable y el almirante no dejaron de denigrarse mutuamente y, lejos de constituir un frente común contra la rebelión, ni siquiera fueron capaces durante varios meses de concertarse para organizar la lucha. Uno se hallaba en Burgos y el otro en Medina de Rioseco y luego en Tordesillas, y esta dispersión geográfica significaba graves divergencias sobre la conducta a seguir. Dos políticas se oponían: una más enérgica, la del condestable; la otra más flexible en apariencia, la del almirante. Pero ambas estaban guiadas por consideraciones de casta más que por la preocupación de sofocar la rebelión. El condestable no podía soñar ya en pactar con el enemigo, mientras que el almirante esperaba, mediante una paz de compromiso, preservar sus dominios de la guerra civil. Fue necesario que ocurrieran los acontecimientos de Torrelobatón y que fracasaran las negociaciones en curso para que los dos Grandes unieran sus fuerzas contra los comuneros[2291].

Después de la victoria de Villalar los tres virreyes no volvieron a separarse, pero sus querellas no desaparecieron. El almirante envidiaba al condestable, que le parecía mejor situado en la Corte, lo que es cierto en la medida que Carlos V, deseoso de poner fin al conflicto, le otorgaba con más facilidad su confianza por cuanto éste siempre se mostró partidario de una política de mano dura[2292]. Advertido de la situación e intranquilo ante las consecuencias que estas divisiones podían tener en un país sacudido todavía por la rebelión, el emperador envió a España a un hombre de su confianza, Diego Hurtado de Mendoza, con la misión de poner fin a los conflictos entre ambos Grandes. Durante el verano de 1521 pareció, en efecto, que se estableció una cierta colaboración entre ambos[2293]. Pero no duró mucho; las discusiones comenzaron de nuevo en otoño y no habrían de cesar hasta el regreso del monarca a España[2294].

Más significativa todavía parecía la hostilidad del almirante con respecto al Consejo Real. Desde noviembre de 1520, el almirante no dejaba de denunciar a estos altos funcionarios, que en su opinión tenían gran parte de responsabilidad en el desencadenamiento de la revolución. Por la represión decidida contra Medina del Campo y Segovia habían hecho que ingresaran en el bando de la Junta ciudades y hombres hasta entonces indecisos, y por su negativa a toda concesión habían hecho imposible una paz de compromiso. Su sola presencia era ya un obstáculo para el apaciguamiento, ya que todo el mundo les calificaba —y no sin razón, según el almirante— de cómplices de los flamencos y malos ministros. La victoria de Villalar no puso fin a estas querellas. En agosto de 1521 el presidente del Consejo Real salió de Burgos precipitadamente para no tener que encontrarse con el almirante, que acababa de llegar a la ciudad[2295]. Ciertamente, el almirante no se equivocaba al señalar la impopularidad del Consejo y al pensar que sus miembros, desacreditados, constituían un obstáculo para el apaciguamiento. Sin embargo, creemos que tras este conflicto se ocultaba algo más: el odio del aristócrata, celoso de la autoridad de los letrados, ya que Carlos V no ocultaba que toda su confianza se hallaba depositada en el Consejo Real[2296]. Más que los hombres era la institución a la que se odiaba, una institución en la que los señores ocupaban un papel muy secundario desde el reinado de los Reyes Católicos y en la que los altos funcionarios salidos de las universidades detentaban extensos poderes. El Consejo Real representaba sin duda un obstáculo, pero no tanto para la vuelta a la calma cuanto para las ambiciones políticas del almirante, portavoz de la aristocracia castellana.

El divorcio que ya se apuntaba entre el emperador y los virreyes salió a la luz en 1522. Apenas regresado a España, Carlos V se apoyó en el Consejo Real, marginando a los virreyes. Sistemáticamente fue revisando todas las decisiones tomadas durante su ausencia, muchas de las cuales quedaron anuladas, otras confirmadas por nuevas cédulas, lo que hirió profundamente el orgullo del condestable y del almirante. El primero fue capaz de superar, pero el segundo, más sensible y ambicioso, no perdonó la afrenta y destiló su amargura en una correspondencia abundante e inútil —Carlos V no respondió a ninguna de sus cartas—, en la que aparece siempre el mismo tema: la ingratitud del rey[2297]. Dos quejas aparecían constantemente en esta correspondencia:

1.a El emperador se había negado a confirmar las decisiones de los virreyes, que se habían creído con autoridad suficiente para conceder el perdón a algunos rebeldes; el Perdón general había constituido para ellos una terrible humillación. Ya nos hemos referido en otro capítulo a este asunto[2298], pero sería quizá interesante volver a insistir, ya que son muchos los historiadores que cometen una grave contradicción al analizar la actitud del almirante a partir de esta época. Contrariamente a las ideas tan extendidas, el almirante no predicaba la clemencia a su rey; ¿acaso Carlos V se mostró implacable respecto a los rebeldes? ¿Se vengó cruelmente de sus enemigos? Quizá sería interesante releer lo que hemos escrito más arriba sobre la represión. En ninguna parte encontramos este baño de sangre que algunos historiadores decimonónicos veían correr en la Castilla de 1522. Por tanto, el almirante no podía deplorar una dureza que en realidad no existía. Detrás de las llamadas a la clemencia, tanto antes como después del regreso del monarca, vemos en realidad la amargura del gran señor, desautorizado por el emperador. Carlos V no tomó en consideración las amnistías concedidas por su virrey:

Vieron a Vuestra Magestad en aquel cadahalso con tanto triumpho I magestad hacer un perdón que deshizo el que con todo vuestro poder estaba hecho[2299].

¿A quién había perdonado el almirante? No a meros comparsas o ejecutantes, sino a jefes, aristócratas, especialmente a don Pedro Girón y don Pero Laso de la Vega. El amor propio herido y la solidaridad de casta explican perfectamente el resentimiento del almirante:

Yo he suplicado muchas veces a Vuestra Magestad que quiera perdonar a aquellos caualleros que io saqué, en tiempo que tan gran provecho os hice, de las Comunidades a vuestro servicio (…). Paréceme que me agrabia Vuestra Magestad condenándolos[2300].

Dejemos, por tanto, de ver en el almirante a un hombre indignado por el rigor de Carlos V. La represión no fue tan cruel, en conjunto, y la amargura del almirante se explica esencialmente por la humillación de verse desautorizado.

2.a La segunda queja del almirante se refería a la cuestión de las reparaciones. Pese a todas las solicitudes, el emperador se negó a cargar con los gastos realizados por los señores durante la guerra civil, limitándose a pagar a los virreyes sus emolumentos, al igual que a los demás funcionarios[2301]. En ningún momento pensó en recompensar a la nobleza por distribuciones de rentas o propiedades, ni siquiera las confiscadas a los exceptuados. Las puntualizaciones que hemos realizado en el capítulo anterior nos dispensan de tratar este aspecto de nuevo[2302]. En este punto también la decepción del almirante era tan grande como las promesas que había creído poder hacer y las ambiciones que alimentaba; la actitud de Carlos V daba razón retrospectivamente a cuantos acusaban a los señores de no pensar más que en sus intereses particulares:

A ninguno de los que tomaron la lanza en la mano no haveys fecho merced ninguna, de manera que justificó Vuestra Magestad la proposición de los dañados que decían que la questión era con los Grandes y no con Vuestra Magestad[2303].

Cuando el almirante denunciaba la ingratitud de Carlos V estaba expresando los sentimientos de una fracción importante de la aristocracia, decepcionada y frustrada. Martín de Salinas y el embajador portugués señalaron ambos esta amargura que se apoderó de los señores después del regreso del emperador: los Grandes han perdido su soberbia; abandonan la Corte uno tras otro, descontentos y heridos. Se les ha negado lo que consideraban como un derecho, su recompensa, y regresan a sus feudos a alimentar su rencor[2304].

El almirante compartía y expresaba el descontento de toda la alta nobleza. Se sentía más afectado por cuanto su ambición era de otro orden que la de todos sus amigos. Una carta le retrata perfectamente, la que envió a Carlos V el 20 de enero de 1522 y en la que explica que no quiere nada para sí mismo:

Soi el libre hombre de Hespaña, que ni tengo hixo ni hixa que me hagan trabaxar ni herrar I que tengo más estado que tubieron mis pasados (…). No tengo cobdicia sino de honra, sin ofensa de Dios i suia de V. Mt adquirida[2305].

El almirante tenía sed de honor y de consideración. Este poderoso señor ya tenía riqueza y prestigio. Le faltaba únicamente el poder, poder que Carlos V le había controlado tan estrechamente antes de retirárselo completamente. Es ahí donde deberíamos buscar el secreto de esta personalidad tan compleja siempre insatisfecha. Este gran señor, dotado de una sensibilidad y una inteligencia poco comunes, se interesó por todas las grandes cuestiones de su tiempo: la cultura, el humanismo, la renovación de las formas espirituales, sin dejar de ser al mismo tiempo un tirano que defendía palmo a palmo sus prerrogativas: en Málaga, en 1516; en Medina de Rioseco, en la víspera de su muerte[2306]. Tuvo otra gran pasión, la política, ya que se sentía con la capacidad del hombre de Estado, pero no tuvo ocasión de desempeñar el cargo que tanto le hubiera gustado, el de primer ministro, hombre de confianza del rey. No sólo se le negaron los plenos poderes en 1520-1521, sino que en 1522 se le apartó ignominiosamente sin siquiera querer escucharle. Lo que se concedió hasta al último de los corregidores se les negó a los virreyes de su majestad: la posibilidad de hacer un balance de su misión. Oigámosle:

Lo que se suele acostumbrar con un corregidor, el menor del reino, no quisso Vuestra Alteza ussar con nossotros, que era pedirnos quenta de lo passado I, si buena se diera, tomar nuestro parecer en lo presente; mas, como si hubiéramos deserbido, emos sido tratados igualándonos con los que no tenían oficios, de donde a nacido, paréceme, que la estancia aquí me es mui dañosa porque, según el crédito que tenía con la gente I lo que e serbido a Vuestra Magestad, aunque pocas veces os hablo, piensa la gente que todo es en cossas generales I que io aconsexo en lo que se hace, y como Vuestra Magestad sabe, ni io entiendo en nada ni debo de ser para nada I pues Dios no quiso que lo que yo pensaba alcançar para serviros, que era crédito, no lo tenga ni con él pueda servir a Vuestra Alteza ni a Dios ni hacer bien al reino ni a particulares, no abrá Vuestra Magestad por mal que lo que con tanto trabaxo I tan a mi costa me dio la buena fortuna no me lo haga perder la mala, sino que con estas buenas cebaduras de honra que, pasando de sesenta años, e ganado me pueda retraher a mi cassa a dar cuenta a Dios de mis culpas I a Vuestra Magestad suplico que me mande tomar residencia, porque si e por inadvertencia hecho o por malicia cossa que no deba la satisfaga[2307]… .

Este hombre, impulsado por un extraordinario orgullo[2308], no podía soportar verse apartado del poder, de los consejos del monarca, por una pléyade de cortesanos, de letrados, de mediocres y aduladores[2309]. Entre dos protestas contra la ingratitud de Carlos V repetía sus ofrecimientos de servicio, apenas disimulados:

¡Oh!, señor; ¡qué bien aventurado seria un príncipe que hallase y tubiese cabe sí quien siempre le dixese la verdad[2310]!

El retrato ideal que hace del consejero del príncipe no es sino el suyo[2311]. ¿Cómo podía Carlos V pasar sin un hombre de tal inteligencia política, de tanta amplitud de miras? Cansado de hacer ofrecimientos que no eran escuchados. En un estilo muy gráfico y enérgico explicaba a su joven soberano que España no podía ser gobernada desde lejos[2312]. Nada escapaba a su atención: las alcabalas pesaban demasiado sobre el país, por lo que convendría reducir su volumen[2313]; pero lo que más le atraía era sobre todo la gran política. Francia y España, unidas siempre por una amistad secular, se estaban desgarrando por el reino de Nápoles. Había que encontrar una solución a esta guerra fratricida que oponía a dos monarcas cristianos para dirigir todas sus fuerzas contra el enemigo común, el infiel:

Paz universal entre cristianos I guerra común a los infieles[2314].

Elevándose por sobre las preocupaciones mezquinas, el almirante asignaba una triple misión al emperador y a España:

—La una ganar la casa sancta;

—La otra, reformar toda la fe;

—La otra, reparar I remediar la Iglesia (…).

Crea Vuestra Alteza que estas tres cosas de Hespaña le combiene començallas[2315].

Todos estos consejos prácticos, estas consideraciones de alta política, estas perspectivas grandiosas las exponía el almirante para nada, por cuanto Carlos V no las tenía en cuenta. De cuando en cuando se pedía su opinión a este anciano solitario, pero no el emperador; era La Chaux quien le consultaba sobre las fortificaciones de Fuenterrabía; La Chaux, un simple segundo[2316]… . O bien se le rogaba que acompañara a la emperatriz que quería acudir a Tordesillas a visitar a Juana la Loca[2317], pobre consuelo para quien había soñado con dirigir el Estado. El año de la victoria de Pavía el almirante tomó de nuevo la pluma; convenía explotar la victoria y aplastar a Francia —escribió—. Pero una vez más nadie le hizo el menor caso[2318]. En 1529, una nueva gestión, sugiriendo que se rindiera Milán al duque de Sforza[2319]. Cuando Carlos V partió de España al año siguiente, el almirante creyó que su hora había llegado. Inmediatamente escribió una larga carta a la emperatriz sobre la mejor manera de gobernar el reino[2320], acto de ofrecimiento que resultó vano. Se dirigió entonces directamente al emperador: ¿acaso tenía en su haber algún demérito para que se le mantuviera al margen?; ¿se le podía culpar de alguna negligencia durante el período en que había actuado como virrey diez años antes? A fin de poder estar en paz consigo mismo, desearía que Carlos V le señalara las faltas cometidas y se las perdonara. Cobos se limitó a anotar al margen de la carta:

No ay necesidad de dar cédula que, en cuanto a la conciencia, Su Magestad le tiene por perdonado destos descuydos y negligencias[2321].

El almirante acabaría resignándose: no ocuparía las altas funciones con las que había soñado y acabaría sus días en medio de la mayor amargura[2322].

Hemos dedicado gran atención al destino del almirante de Castilla porque creemos que tiene un alto valor ejemplar. Con él era en realidad toda la alta nobleza castellana la que expresaba su amargura y decepción. El conflicto de las Comunidades había ofrecido la oportunidad de devolver a los grandes señores su puesto en el Estado, al que ellos creían tener derecho por su posición y por el apoyo prestado al poder real para sofocar la rebelión. El almirante, pues, no buscaba tan sólo su propia promoción; en realidad deseaba ver a toda la nobleza asociada al poder y a los honores:

No comience grandes cosas sin dar parte a los Grandes de su reyno, que assí lo hicieron sus passados y no se hallaron mal con ello[2323].

En la forma de la vida [del rey] se debría hacer porque se críassen los hixos I deudos de Grandes i caballeros a vuestra messa[2324].

Está Vuestra Magestad para proveer estas dignidades que están vacas. Quanto a Dios, anse de proveer a personas cathólicas I doctas, honestas I de buena vida, I hallándose estas calidades en las personas de claro linaxe es mexor la provisión[2325].

Carlos V decepcionó las ambiciones colectivas de la alta nobleza, al igual que las ambiciones personales del almirante. La nobleza no consiguió la posición privilegiada a la que aspiraba después de la derrota de las Comunidades. En el aspecto social, conservó e incluso mejoró su posición, y así, numerosos dominios fueron desgajados de la Corona y transformados en feudos durante toda la centuria[2326]; indudablemente, este esplendor del régimen señorial no fue ajeno a la derrota de los comuneros, y Maravall ha escrito no sin fundamento:

La victoria de Villalar (…) inicia la fase ascendente de la marea señorial en España[2327].

En el plano político, la Corona no aceptó compartir el poder con la aristocracia. Los Grandes se vieron confiar en ocasiones misiones diplomáticas o el mando de importantes contingentes militares, pero mucho más raramente responsabilidades políticas[2328]. Ya en los Problemas, de Villalobos, se daba fe de esta pérdida de influencia de la nobleza durante el reinado de Carlos V[2329]; esta tendencia tampoco escapó al embajador Contarini en 1525[2330]. En palabras de Lavisse, «la batalla de Villalar (…) fue una victoria de la aristocracia sobre las ciudades, pero de la que no se benefició más que el poder real[2331]».

III. —CASTILLA DESPUÉS DEL CONFLICTO DE LAS COMUNIDADES

Decepcionados los Grandes de las ventajas políticas que esperaban obtener por su intervención decisiva en favor del poder real, Carlos V se encontró solo frente a frente con los vencidos. Madurado por la prueba, pareció querer borrar lo más rápidamente posible las huellas de la rebelión sin brutalidad —pese a lo que muchos hayan dicho, la represión no fue demasiado encarnizada—, pero no sin firmeza. Ya antes incluso de su regreso a la península mandó reforzar la vigilancia a Juana la Loca, que había comenzado a realizar con agrado contactos de tipo político desde que los comuneros habían acudido a sacarla de su aislamiento; el marqués de Denia fue el encargado de mantenerla al margen del mundo exterior. La reina dejó de representar un peligro para su hijo y acabaría sus días casi completamente olvidada[2332].

Las escasas concesiones que los virreyes se habían visto obligados a hacer quedaron en simple letra muerta. En todos los terrenos asistimos a partir de 1522 al restablecimiento total del poder real. Burgos lo experimentó duramente en sus carnes. La ciudad esperaba sacar provecho de su lealtad hacia la Corona; no sólo no consiguió ninguna nueva ventaja, sino que perdió el precio que el condestable había pagado por su traición, ya que no conservó su mercado franco ni las exenciones en lo referente al alojamiento de los miembros de la Corte[2333]. Si tal sucedió con las ciudades que se habían mantenido leales, ¿cómo podría pensarse que el emperador tuviera en cuenta, ni siquiera mínimamente, las reivindicaciones planteadas por la Junta? Los virreyes habían apoyado algunas de ellas a raíz de las negociaciones celebradas en febrero-marzo de 1521 y habían encargado a fray Francisco de los Ángeles que las presentara al emperador. Pero éste se negó incluso a examinarlas. Prestarse a ello hubiera supuesto tanto como admitir que la rebelión había sido justificada, al menos en parte, cosa que Carlos V no había de reconocer jamás[2334].

El emperador se había enfrentado a una revuelta que trataba de limitar sus poderes; la victoria le dejaba las manos libres. En vano el procurador de Granada en las Cortes de 1523 pretendió que se introdujera cierta flexibilidad en el funcionamiento de esta institución, aplicando la lección de los acontecimientos de 1520[2335]. Las Cortes continuaron siendo lo que eran antes de 1520, una mera cámara de registro incapaz de expresar una oposición seria. Sometidas mucho más estrechamente que nunca al poder central, las Cortes perdieron toda eficacia política. El fracaso de las Comunidades tuvo por efecto el reforzar considerablemente el poder real que se proponían controlar. La vida política castellana perdió entonces todo interés. Los manuales franceses, incluso los más resumidos, consagran un apartado al conflicto de las Comunidades, que constituye las más de las veces la única referencia a la política interior de España durante el reinado de Carlos V. ¿Es acaso esta actitud demasiado esquemática? ¿O expresa en cambio el hecho de que la política interna de España perdió todo su interés y sentido tras el fracaso de las Comunidades[2336]?

¿No habría, pues, Carlos V aprendido nada, olvidado nada? ¿Era en 1522 el mismo que en 1517? Son varios los historiadores españoles —y de entre los más eminentes— los que piensan, en efecto, que el emperador aprendió perfectamente la lección que le ofrecieron los acontecimientos. Habría así concedido mayor importancia a la parte española de su herencia y habría tratado de limitar el abismo que le separaba de la nación. Los comuneros, vencidos en el plano militar y en el político, habrían obtenido de cualquier modo este resultado: el de aproximar Castilla a su rey[2337].

La primera prueba en este sentido la aportaría el matrimonio de Carlos V con una infanta portuguesa. Desde 1519 una amplia fracción de la opinión castellana deseaba esta unión. Incluso los comuneros la consideraban deseable, ya que veían en esta unión un seguro para el porvenir, la garantía de que la Corona no pasaría a una dinastía extranjera, ya que a la infanta portuguesa se la consideraba como española[2338]. Sus adversarios aristócratas compartían estas ideas y en noviembre de 1520 el cardenal Adriano resumía de este modo los sentimientos de los castellanos al respecto:

La voz común de todo el reyno es dessear que Vuestra Magestad se casasse con la señora ynfanta de Portugal, la qual diz que es muy prudente y de grandes virtudes y de muy buenas partes y que, a más desto, tiene muy hermoso gesto y gentil disposición[2339].

Después de 1522 las Cortes se mostraron partidarias de este matrimonio y el apoyo que Portugal había prestado a Carlos V durante la guerra civil parecía favorecer también el proyecto. Sin embargo, el embajador portugués se sentía escéptico en 1521, y no sin razón ya que el noviazgo con María Tudor tuvo lugar en 1522[2340]. Por fin, Carlos V casó con Isabel de Portugal; ¿lo hizo por razones sentimentales o en el deseo de complacer a la nación?; ¿o actuó en razón de consideraciones materiales, como la preocupación de asegurarse la alianza portuguesa y de conseguir ayuda financiera de Portugal? Realmente, los motivos no están perfectamente claros[2341]…

Carlos V se instaló en España en 1522, donde permaneció durante ocho años, dando así satisfacción a aquellos de sus súbditos que no parecían aceptar de buen grado ser gobernados por un soberano ausente. Al salir nuevamente de la península en 1530 confió la regencia a la emperatriz, medida que sin duda él consideraba que apaciguaría todas las inquietudes. Y, sin embargo, España y más concretamente Castilla no aceptaron de muy buen grado esta solución. La obra de J. M. Jover confirma las teorías sustentadas antes por Maravall: la política imperial no suscitaba ningún entusiasmo en España; a pesar de todos sus esfuerzos, a Carlos V le resultaba difícil superar las resistencias nacionales, las aspiraciones nacionales. España tuvo en todo momento la idea de que sus legítimos intereses se veían más o menos comprometidos por la política imperial de su soberano[2342]. Esto era lo que intuían los comuneros, y después de ellos muchos españoles pensarían —incluso en nuestros días— que el destino histórico de su país se vio brutalmente truncado por la intrusión de ese cuerpo extraño, la dinastía de los Habsburgo, en el organismo nacional. Ciertamente, Carlos V aportó grandeza a España, pero ¿a qué precio? Son muchos los que sitúan en 1520 el punto de partida de la decadencia de España, en la medida que ésta aparece ante sus ojos como el fruto de una política europea a la que se oponían los comuneros. En la misma perspectiva, a los Reyes Católicos —últimos soberanos auténticamente nacionales— se les rodea de una aureola mítica que les vale la admiración y el respeto de todos los españoles, sean cuales fueren sus sentimientos sobre el destino ulterior de su patria[2343].

IV. —ÚLTIMAS SECUELAS DE LAS COMUNIDADES

Maldonado esperó más de veinte años a publicar su diálogo sobre las Comunidades; en 1545 le parecía que, por fin, todas las pasiones se habían apagado:

Juzgué (…) que debía esperar a que se calmasen los ánimos y pasiones de los que habían hecho la guerra[2344].

¿Es que acaso la revuelta pertenecía ya al pasado? El silencio que cubre los acontecimientos de 1520 oculta, en realidad, una profunda inquietud. Así, vemos cómo en 1524 un predicador hizo afirmaciones un tanto audaces, ante lo cual se tomaron precauciones extraordinarias para cortar de raíz una posible agitación[2345]; cuando en 1538 surgió un conflicto entre el almirante y su ciudad de Medina de Rioseco, se temió de inmediato que se reprodujeran los tumultos de las Comunidades[2346]. Son muchos los signos que demuestran que el emperador no había olvidado, ya sea unas palabras irónicas sobre Garcilaso de la Vega[2347], o una reflexión más dura sobre Gonzalo de Ayora[2348], o incluso los consejos destinados al futuro Felipe II en 1551, consejos en los que aparecía una severa advertencia contra los descendientes de los comuneros[2349].

¿Hemos de ver en los clanes rivales que se disputaban el favor del rey en los años 1560 y 1570 el resurgimiento de las oposiciones de 1520? En 1578 el almirante de Castilla afirmaba que los hijos de los comuneros eran preponderantes en los consejos del rey[2350]. La acusación nos parece totalmente infundada y, por lo demás, Felipe II no era hombre que olvidara fácilmente las ofensas, incluso las que se habían hecho contra su padre[2351]. Creemos más correcto interpretar la frase en otro sentido: los comuneros combatieron contra el poder real, pero también contra los Grandes; quienes en 1578 luchaban por minimizar aún más la influencia política de la nobleza y concentrar en sus manos la realidad del poder no estarían haciendo, en suma, más que continuar la batalla entablada y perdida en 1521.

Y es que desde hacía mucho tiempo las palabras comunidades y comuneros habían perdido su significación histórica, aplicándose ahora a cualquier empresa subversiva contra la autoridad legítima, independientemente del contenido político que tuviera la subversión. Fue así como la rebelión pizarrista fue calificada de comunidad[2352]. Cervantes y Quevedo especialmente no daban un sentido distinto a las palabras comunero y comunidad[2353]. Sería necesario esperar al siglo XIX y al nacimiento del liberalismo en España para ver reaparecer la significación política de estos vocablos en un contexto completamente diferente[2354].

CONCLUSIÓN GENERAL

¿Debemos calificar al movimiento que acabamos de describir como revuelta o revolución? Américo Castro, en un artículo ya antiguo (1935), y antes Giménez Fernández se inclinaban por el primer término; Maravall, en cambio, suscribe decididamente el segundo en el mismo título de su libro. En nuestra opinión, creemos que él es quien está en lo cierto[2355].

Las revueltas estallan contra los abusos, protestan contra situaciones intolerables, pero no ponen en cuestión a la sociedad en sus principios fundamentales, ya sea porque no lo pretenden o porque sus líderes son incapaces de realizar proyectos constructivos y duraderos. Si la revolución se propone construir una sociedad nueva y modificar en profundidad las relaciones de fuerza y la organización de poder público, el movimiento comunero es sin duda una revolución, a condición de que se tenga la precaución de no atribuir a los comuneros la responsabilidad de cuantos conflictos surgieron en Castilla durante la ausencia de Carlos V. Distinguiendo levantamientos, desórdenes y auténtico proyecto revolucionario, hemos circunscrito el movimiento comunero a las zonas donde aparecían dos características esenciales: en el plano local, la sustitución de las instituciones de los antiguos regimientos aristocráticos por instituciones representativas; en el plano nacional, la adhesión a un gobierno revolucionario que se afirma como la expresión de la representación y de la voluntad nacionales frente al poder real y a la alta nobleza. En este sentido, la revolución de las Comunidades encontró su núcleo central y su terreno de elección, así como sus campos de batalla, en el centro de la península, a ambos lados de la sierra de Guadarrama, sin coincidir completamente con las viejas regiones históricas: las dos Castillas, pero con la excepción de Burgos, capital de Castilla la Vieja.

Esta revolución no fue fruto de una exaltación nacionalista ni de una oleada de xenofobia, producto del advenimiento de una dinastía extranjera. Sus raíces profundas hay que buscarlas en la crisis que se inauguró en Castilla a la muerte de Isabel la Católica. En 1504 quedó roto el equilibrio que asociaba en el Estado de los Reyes Católicos a intereses económicos y capas sociales antagónicas. La crisis dinástica impidió el mantenimiento de un poder real fuerte; una alta nobleza económica y socialmente muy poderosa intentó recuperar sus prerrogativas políticas; por su parte, las clases medias se hallaban divididas, unas tratando de mantener las posiciones alcanzadas mientras otras luchaban contra el cuasimonopolio de que gozaban las primeras. A esta oposición social se añadió una delimitación geográfica, prefigurándose así el futuro desarrollo de las Comunidades: el centro castellano se consideraba perjudicado con respecto a las regiones periféricas. El advenimiento de un soberano extranjero, la elección imperial y el anuncio de una política exterior que parecía apartarse completamente de las orientaciones tradicionales hicieron temer a los letrados y a las capas sociales medias que los intereses de Castilla iban a ser sacrificados. A una llamada de Toledo, fueron las ciudades del interior las que reaccionaron en primer lugar con la máxima energía.

Después de algunos meses de titubeo, la revolución adquirió su fisonomía definitiva:

—Geográficamente, oponía el centro a la periferia.

—Socialmente, agrupó en su torno a la burguesía industrial, en donde ésta existía (Segovia), a los artesanos, tenderos, obreros y letrados, capaces de captar el malestar social existente y de canalizarlo. Al mismo tiempo, la revolución vio cómo se levantaba contra ella a la burguesía mercantil y a la nobleza, dos categorías sociales cuyos intereses eran complementarios, asociadas a los beneficios del comercio de la lana; una fracción del campesinado aprovechó la coyuntura para tratar de liberarse de las servidumbres del régimen señorial.

—Políticamente, en fin, las Comunidades amenazaron los privilegios adquiridos por el patriciado urbano en la dirección municipal y elaboraron y pusieron en práctica una Constitución que limitaba estrechamente el poder real.

Maravall ha mostrado perfectamente el sentido de esta revolución política. Ante todo trataba de organizar un gobierno representativo, el gobierno de las clases medias, el gobierno de la burguesía, y esto en un país en el que la burguesía carecía de fuerza y estaba profundamente dividida. Esto —creemos— explica las contradicciones y el fracaso del movimiento. Dejando aparte el proyecto de constitución preparado por su Junta General, los comuneros fueron incapaces de presentar una auténtica alternativa política. Sus reivindicaciones políticas no fueron acompañadas de un programa económico que pudiera interesar a la burguesía mercantil. La suerte de la revolución se ventiló en el otoño de 1520, cuando los letrados de la Junta y los fabricantes segovianos perdieron el apoyo de Burgos: la burguesía mercantil, la única burguesía auténticamente fuerte en Castilla, no creyó en la victoria; la tentativa de la Junta le pareció una aventura sin auténticas posibilidades de éxito. Por ello prefirió la alianza con la Corona y con la alta nobleza, garantía de seguridad.

Más que una lucha de clases, la revolución de las Comunidades nos parece que ofrece el ejemplo de esos conflictos de intereses, de categorías, tal como los define P. Vilar[2356]. Opinamos, con Maravall, que las Comunidades constituyeron una revolución moderna, posiblemente la primera revolución moderna, pero también una revolución prematura, por cuanto trataron de dar el poder a una burguesía todavía débil o —en los sitios donde era fuerte y dinámica— que prefería la tutela de la Corona y la alianza con la aristocracia[2357].

El fracaso de esta tentativa incrementó aún más la debilidad de esa burguesía y comprometió sus posibilidades a largo plazo. Los fabricantes del interior, afectados por la represión y por sus repercusiones financieras, tendrán aún más dificultades para luchar contra el monopolio burgalés y contra la competencia extranjera. Castilla tardó más de veinte años en pagar las reparaciones que se le exigieron, y ¿qué economía podría resistir esto? La derrota de Villalar, al desalentar para un largo plazo una oposición verdaderamente seria, consagró el triunfo de la monarquía; la aristocracia, privada de los beneficios políticos que esperaba conseguir con su participación en el conflicto, se refugió en sus dominios y se dedicó a la defensa de sus intereses económicos: la marea señorial subirá durante todo el siglo XVI e incluso por más tiempo; la burguesía, dividida y vencida, continuó su «traición» invirtiendo su dinero en tierras; sus hijos abandonaron los negocios para entrar en las universidades, en los cargos públicos, en las órdenes, cuando no eran tentados por la aventura colonial o militar —Iglesia o mar o casa real—; el ideal de la renta se convirtió —como ha demostrado perfectamente B. Bennassar— en la principal preocupación de una sociedad, junto al ansia de consideración social —afán de hidalguía—, la obsesión de la pureza de sangre, valores que ponen de manifiesto el desconcierto de una sociedad cada vez más apartada de la realidad[2358].

Sin duda, la tradición liberal no erraba al situar la fecha de 1521 como el comienzo de la decadencia. Lo que desapareció en Villalar no fueron las «libertades» castellanas, es decir, franquicias anacrónicas[2359], sino quizá la libertad política y la posibilidad de imaginar otro destino distinto al de la España imperial con sus grandezas y sus miserias, sus hidalgos y sus picaros[2360]. Lo que durante el reinado de los Reyes Católicos y el gobierno de Cisneros se había preparado, una nación independiente y moderna, Carlos V lo abortó sin duda[2361].

FUENTES

A. FUENTES MANUSCRITAS

1. SIMANCAS (ARCHIVO GENERAL DE).

Patronato real. Gran parte de los documentos originales sobre las Comunidades han sido reagrupados en los seis primeros legajos de esta sección. Entre ellos se encuentra correspondencia oficial, y especialmente de los tres virreyes, de los corregidores, de funcionarios, y también de las ciudades y diversos personajes que se sumaron a la rebelión. En esta sección se han reunido también documentos de todo tipo sobre el movimiento (instrucciones enviadas a los diputados de la Junta, actas de asambleas de barrios, de la Junta de Valladolid y de las sesiones de la Junta general, libros de cuentas de la Junta, procesos instruidos por los rebeldes o contra ellos, listas de proscritos, inventarios de los bienes embargados a los comuneros, etc.).

Otras secciones suministran una abundante documentación sobre las Comunidades y la Castilla de 1500; aquí se citan las más importantes de las series consultadas:

Estado (correspondencia, informes, documentos varios sobre la rebelión y la represión).

Registro general del sello (documentos de carácter legislativo y administrativo).

Cámara de Castilla. Esta sección está en curso de reorganización; los primeros legajos han sido reagrupados y sus documentos clasificados por orden alfabético y repartidos en dos series: Personas y Pueblos. Los otros legajos (Memoriales) son una colección dispar pero rica en informaciones de todo tipo.

Cédulas (registros en los que están copiados los textos promulgados por el poder central).

Continos (todos los documentos referentes a esta categoría social han sido reagrupados por orden alfabético).

Quitaciones de corte (títulos de pago e informaciones varias sobre los funcionarios).

Casa y sitio reales (diversos documentos sobre los comuneros se han perdido en esta sección, especialmente los juicios de ciertos rebeldes).

Diversos de Castilla (como su nombre indica, esta serie agrupa documentos de todo tipo y de importancia desigual).

Libros de copias de documentos (copias de documentos cuyos originales a menudo han desaparecido).

Consejo Real (procesos instruidos por esta alta autoridad).

Contaduría mayor de cuentas. —Primera época: Legajos 281, 331, 332, 333, 334, 341, 342 (documentos financieros), 355, 357, 374, 377, 379, 380, 381 (inventarios de los bienes embargados a los comuneros), 408 y 411 (administración de los bienes embargados, multas, etc.).

Consejo y Junta de Hacienda.

Escribanía mayor de rentas.

Expedientes de hacienda (estas tres series últimas contienen documentos de orden económico y financiero).

2. MADRID

La Biblioteca Nacional conserva gran cantidad de manuscritos sobre la historia de Castilla en general y el episodio de las Comunidades en particular, aunque de importancia desigual: relatos, crónicas o fragmentos de crónicas, anales, correspondencias, misceláneas, etc. Hemos consultado especialmente los ms. 268, 269, 1167, 1751, 1752, 1778, 1779, 2578, 2803, 3449, 3825, 5572, 5738, 6301, 6425, 6426, 7899, 9693, 10122, 10475, 10817, 10857, 11325, 12179, 13153, 18446, 18632, 18634, 18736, 19699, 20063, 20067, 20476.

Archivo Histórico Nacional:

—Universidades-Alcalá.

—Órdenes militares, exp. 54483 (proceso Juan Gaitán).

Real Academia de la Historia. Hemos trabajado sobre todo en tres importantes colecciones (Salazar, Salva, Juan Sempere Guarinos), y accesoriamente en las colecciones García González y Tomillo, constituidas por documentos copiados en Simancas en el siglo XIX.

3. ESCORIAL

Documentos de origen diverso (papeles de Cobos, notas, informes). Hemos examinado muy especialmente los ms. K-III-31, M-II-22, V-II-3, Y-II-13, amp;-II-7, amp;-III-10.

4. SALAMANCA

Archivo Municipal (pocos documentos Interesantes, pues han desaparecido los registros de los años 1520-1521).

Archivo Histórico Provincial (registros notariales). Archivo de la Universidad.

5. SEGOVIA

Archivos privados de L. F. de Peñalosa (documentos sobre Juan Bravo y la familia Coronel).

Archivo Municipal (legajos 207 y 208: indemnizaciones a los condes de Chinchón).

Archivo Histórico Provincial (registros notariales).

6. VALLADOLID

Archivo Histórico Provincial (registros notariales).

Archivo de la Real Chancillería (numerosos procesos, con frecuencia del mayor interés, si bien hemos debido limitarnos a efectuar algunos sondeos, pues al no existir inventario la consulta resulta harto aleatoria).

7. LISBOA

Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Corpo Cronológico y Gavetas (correspondencia diplomática entre las autoridades portuguesas, por una parte, y la Junta general o los virreyes castellanos, por otra).

Biblioteca Nacional (correspondencia, informes, fragmentos de crónicas, misceláneas y notas diversas: hemos examinado sobre todo los ms. 411, 748, 886, 2632, 3382, 3776, 7629, 7638, 8526, 8571, 10693, 10702, 10768, 10851).

B. FUENTES IMPRESAS

1. CRÓNICAS

Alcocer (Pedro de). —Relación de algunas cosas que pasaron en estos reinos desde que murió la reina católica doña Isabel hasta que se acabaron las Comunidades en la ciudad de Toledo, ed. A. Martín Camero, Sevilla, Sociedad de Bibliófilos andaluces, 1872. (Alcocer conoce bien las cuestiones toledanas: estuvo al servicio de Pero López de Padilla, padre del comunero; fue también testigo ocular de cierto número de hechos; por ello su relato ofrece un interés especial en lo que respecta a la participación de Toledo en el movimiento y el papel de Padilla y de su mujer).

Anghiera (Pietro Martire d’). —cf. Mártir de Anglería (Pedro).

Carrillo (Juan). —Berdadera relación de las Comunidades, en El Bibliotecario y el Trovador español, Madrid, 1841. (Carrillo, comunero excluido del beneficio de la amnistía de 1522, debió de componer este opúsculo después de 1531: en efecto, en él se habla de la muerte de doña María Pacheco; su relato evoca casi exclusivamente el papel de Padilla y de su mujer).

Cartas de los secretarios del cardenal don Fray Francisco Jiménez de Cuneros durante su regencia en los años de 1516 y 1517, ed. V. de la Fuente, Madrid, 1875.

Castrillo (Alonso de). —Tractado de república, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1958. (Obra teórica compuesta y publicada en Burgos en 1521; hay en ella discretas alusiones a los acontecimientos).

Cisneros (Francisco Jiménez de). —cf. Jiménez de Cisneros (Francisco).

Colmenares (Diego de). —Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las historias de Castilla, Segovia, 1637. (Este relato debe ser manejado con precaución; Colmenares, que era segoviano, trata de salvar el honor de sus compatriotas y para ello se esfuerza por imputar la responsabilidad de los disturbios a elementos ajenos a la ciudad de Segovia).

Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, publicadas por la Real Academia de la Historia, t. IV, Madrid, 1882.

Cota (Sancho). —Memorias, ed. H. Keniston, Cambridge-Massachussetts, Harvard University Press, 1964. (Cota había entrado al servicio del futuro Carlos V en 1508; como cortesano expresa pocas opiniones, pero algunas de sus observaciones ofrecen un relativo interés).

Discurso de la Comunidad de Sevilla en 1520 por un clérigo apasionado de la casa de Niebla, ed. A. Benítez de Lugo, Sevilla, Sociedad de Bibliófilos andaluces, 1881. (Como sugiere el título, relato parcial de los acontecimientos de Sevilla).

Fernández de Madrid (Alfonso). —Silva palentina, ed. M. Vielva Ramos, 3 vols., Palencia, 1932-1942. (Canónigo de Palencia, el autor acumula las notas sobre el obispado y la región y proporciona así, en ocasiones, datos a menudo preciosos).

Fernandez de Oviedo (Gonzalo). —Quinquagenas, ed. V. de la Fuente, t. I, Madrid, 1880. (Sólo se ha publicado un volumen de este importante manuscrito que, en forma de diálogo, contiene un gran número de datos sobre las grandes familias de comienzos del siglo XVI).

Galíndez de Carvajal (Lorenzo). —Anales breves del reinado de los Reyes Católicos, en Codoin, t. XVIII, pp. 227-422. (Miembro del Consejo Real, Galíndez informa, aunque en forma más bien seca, de los acontecimientos que tuvieron lugar entre 1490 y 1518).

Giovio (Paolo). —Historia general…, trad. española, 2 vols., Salamanca, 1562-1563. (Pocas ideas originales, pero a veces algunas informaciones interesantes sobre este período).

Girón (Pedro). —Crónica del emperador Carlos V, ed. J. Sánchez Montes, Madrid, C. S. I. C, 1964. (Muy poca información sobre el período de las Comunidades).

Goes (Damiao de). — Chronica do felicissimo rei dom Emmanuel…, Lisboa, 1566. (Para las relaciones entre Castilla y Portugal en 1520-1521).

Gómez de Fuensalida (Gutierre). —Correspondencia de…, embajador en Alemania, Flandes e Inglaterra (1496-1509), ed. Duque de Berwick y de Alba, Madrid, 1907.

Guevara (Antonio de). —Libro primero de las Epístolas familiares, ed. J. M. de Cossio, 2 vols., Madrid, Aldus, 1950-1952. (Guevara está, en general, bien informado, pero sus afirmaciones sobre el papel que desempeñó él personalmente nos parecen bastante fantasiosas. Cabe esperar mucho del libro que prepara A. Redondo).

Guicciardini (Francesco). —Viaje a España, trad. española, Valencia, Castalia, 1952. (Relación del viaje que Guicciardini hizo a España en 1512 como embajador de Florencia; numerosas anotaciones interesantes).

Hernández Ortiz (Diego). —Memorias de las que obo en el reyno llamadas Comunidades, ed. del conde de Atares, en B. R. A. H., t. CXVI [1945], pp. 417-467, CXVII [1945], pp. 417-448, CXVIII [1946], pp. 479-545, CXIX [1946], pp. 341-352. (Hernández Ortiz fue uno de los delegados que Toledo envió ante Carlos V en el invierno de 1519-1520; amigo personal de don Pero Laso de la Vega, da una información parcial de los acontecimientos, pero no se puede pasar por alto el relato de este testigo ocular).

Illescas (Gonzalo de). —Segunda parte de la historia pontifical y católica…, Barcelona, 1606. (Informa de algunos hechos interesantes).

Jiménez de Cisneros (Francisco). —Cartas del cardenal…, ed. P. Gayangos y V. de la Fuente, Madrid, 1867.

López de Gomara (Francisco). —Annals of the Emperor Charles V, ed. R. B. Merriman, Oxford, 1912. (Obra muy desigual, que arroja poca luz sobre las Comunidades).

López de Villalobos (Francisco). — Algunas obras del doctor…, Madrid, Bibliófilos españoles, 1886. (La correspondencia de Villalobos de los años 1515-1520 es apasionante; siempre pintoresca, presenta de una forma muy vivaz las reacciones personales del gran médico frente a los acontecimientos que se desarrollaban ante su vista).

Maldonado (Juan). —El movimiento de España o sea Historia de la revolución conocida con el nombre de las Comunidades de Castilla, trad. española de J. Quevedo, Madrid, 1840. (La obra de este humanista, muy trabajada y escrita en latín en forma de diálogo, es un documento de primerísimo plano en el que el autor se esfuerza por comprender y juzgar desapasionadamente).

Mártir de Anglería (Pedro). —Epistolario, ed. y trad. de J. López de Toro, 4 vols., Documentos inéditos para la historia de España, t. IX-XII, Madrid, 1953-1957. (El célebre humanista residió en Valladolid en 1520-1521; observador perspicaz, suministra en su correspondencia latina informaciones y comentarios de un valor documental incontestable).

Mejía (Pero). —Historia del emperador Carlos V, ed. J. de Mata Carriazo, Colección de Crónicas españolas, t. VII, Espasa-Calpe, 1945. (Cronista oficial, Mejía dispuso de una documentación que utiliza concienzudamente, aunque su relato sigue siendo algo precipitado).

Osorio (Jerónimo). — De rebus Emmanuelis… gestis libri duodecim, Colonia, 1586. (Interesante por los informes de la Junta y de Portugal).

Padilla (Lorenzo de). —Crónica de Felipe I el Hermoso, en Codoin, t. VIII, pp. 5-267. (Obra discutible y discutida).

Pantigoso (Juan de). —Relación de la traslación que se hizo en la ciudad de Segovia de las reliquias de san Frutos…, ed. Lecea, en B. R. A. H., t. XIV [1889], pp. 214-253. (interesante por las informaciones que contiene sobre la situación en Segovia durante las Comunidades y posteriormente).

Salinas (Martín de). —Cartas al tesorero Salamanca y al infante don Fernando, publicadas por A. Rodríguez Villa. Cf. infra, p. 697, en la lista de obras consultadas, A. Rodríguez Villa, El emperador Carlos V y su corte. (Embajador del rey Fernando en la corte de Carlos V, Salinas informa de forma muy vivaz sobre la situación en Castilla tras el regreso del emperador: estado del país, represión, etc).

Sandoval (Prudencio de). —Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V, B. A. E., t. LXXX. (Sandoval, que escribe a comienzos del siglo XVII, ha reunido para componer su crónica una considerable documentación, a veces torpemente insertada, pero impresionante para la época: archivos, crónicas impresas o inéditas, papeles diversos. Su relato de las Comunidades, muy completo, es especialmente interesante, aunque haya que precisar la cronología, a menudo aproximada, o rectificar algunas afirmaciones. Bien informado, escrupuloso —¡salvo cuando se trata de citar sus fuentes!—, preocupado por ser imparcial, Sandoval constituye una referencia fundamental para la historia de las Comunidades).

Santa Cruz (Alonso de). — Crónica del emperador Carlos V, ed. Beltrán y Rózpide, 5 vols., Madrid, 1920-1925. (Muy documentada, esta crónica es también una de nuestras fuentes principales, por los mismos motivos que la precedente que, por lo demás, le debe mucho).

Sepúlveda (Juan Ginés de). — De rebus gestis Caroli Quinti, Madrid, 1780. (A pesar de sus méritos literarios y del talento de su autor, esta obra tiene una importancia secundaria para nuestro punto de vista, a excepción de ciertos detalles).

Sigüenza (José de). —Historia de la Orden de san Jerónimo, 2.a ed., t. II, N. B. A. E., t. XII, Madrid, 1909. (En este libro se ha buscado información sobre el papel de las órdenes religiosas durante las Comunidades; el resultado ha sido más bien decepcionante, dada la prudencia del autor).

Ulloa (Alfonso). —Vita dell’invitissimo e sacratissimo imperator Cario V, Venecia, 1566. (Despreciable en conjunto desde nuestro punto de vista, esta biografía contiene sin embargo algunas páginas que nos han sido de utilidad).

Villalobos. (Francisco López de). — Cf. López de Villalobos (Francisco).

Vital (Laurent). —Premier voyage de Charles-Quint en Espagne de 1517 á 1518, en Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, t. III, Bruselas, 1881. (Importante para conocer las reacciones de los castellanos ante su nuevo soberano y el círculo de sus allegados).

Zapata (Luis). —Miscelánea, en Memorial Histórico Español, t. XI, Madrid, Imprenta Nacional, 1859. (Anécdotas, detalles pintorescos o atrevidos).

Zúñiga (Francesillo de). —Crónica. B. A. E., t. XXXVI, pp. 9-54. (Obra burlesca, como era de esperar del bufón del emperador; obra malévola y malintencionada también, y dura para los vencidos; manejada con precaución, da sin embargo una idea general de ciertos aspectos y ciertos personajes).

2. COLECCIONES DE DOCUMENTOS

Colección de documentos inéditos para la historia de España, 112 vols., Madrid, 1842-1896.

Correspondance de l’empereur Maximilien Ier et de Marguerite d’Autriche, sa filie, gouvernante des Pays-Bas, de 1507 a 1519, publicada de acuerdo con los manuscritos originales por M. Le Gay, 2 vols., París, Renouard et Cie., 1839.

Danvila (Manuel). —Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla, 6 vols., Memorial Histórico Español, t. XXXV-XL, Madrid, 1897-1900. (Esta compilación sigue siendo, desgraciadamente, nuestra fuente principal para la historia de las Comunidades. Se han denunciado a menudo sus defectos: documentos transcritos sin cuidado, sin puntuación, sin método, sin discusión. ¿Había leído Danvila los textos que publicó? Se lo pregunta uno, dado que abundan los errores, algunos de ellos enormes. A pesar de esto, no se puede prescindir de esta masa indigesta; Danvila no lo dice todo, pero cita mucho y a menudo resume (¡ya veces, de qué modo!). Hay que remitirse, pues, a él constantemente, a condición de verificarlo todo, de controlarlo todo, de confrontarlo todo con el original; esto es lo que hemos tratado de hacer. Hemos decidido, pues, citar nuestras fuentes con una doble referencia: signatura de Simancas y remisión a Danvila, llegado el caso, por lo que se refiere a los documentos publicados por este último; pero el lector deberá recordar que entre el original y su transcripción por Danvila hay a veces diferencias considerables. Por supuesto, todas nuestras citas corresponden a los originales de Simancas).

Gachard (L. P.). —Correspondance de Charles-Quint et d’Adrien VI, Bruselas, 1859.

Letters and Papers, foreign and domestic of the reign of Henri VIII, conservados en los archivos públicos, el British Museum y otras partes de Inglaterra, ordenados y catalogados por J. S. Brewer, vol. III, partes I y II (1519-1523), Londres, 1867).

OBRAS CONSULTADAS

N. B. —La bibliografía sobre las Comunidades y sobre el reinado de Carlos V es inmensa; no tenemos la pretensión de haberlo leído todo. La lista que sigue alberga únicamente las obras que nos han servido para elaborar este libro.

Albi (Fernando). —El corregidor en el municipio español bajo la monarquía absoluta. Ensayo histórico-critico, Madrid, 1943.

Alcázar (Cayetano). —Las Comunidades de Castilla, en Escorial, t. XIV, marzo 1944, páginas 9-38.

Alcocer Martínez (Mariano). —Historia de la Universidad de Valladolid, 7 vols., Valladolid, 1918-1931.

Alonso Cortés (Narciso). —Centenario de los comuneros, en Miscelánea vallisoletana, 3.ª serie, Valladolid, 1921, pp. 147-155.

Alonso Getino (Luis). —Descubrimiento histórico. Un comunero intelectual. La protesta comunera de 1520-1521, en Ciencia tomista, t. XXXIII, 1921.

—Vida y doctrina del procurador de las Comunidades castellanas, fray Pablo de León, en Revista del clero leonés, León, VI, 1931, y Ciencia tomista, t. XLVII [1933], pp. 326-344, t. XLVIII [1933], pp. 289-302. Armstrong (Edward). —The Emperor Charles V, 2 vols., Londres, 1902. Arribas Arranz (Filemón). —Organización de la cancillería durante las Comunidades de Castilla, en Hispania, X, 1950, pp. 71 ss.

—Repercusiones económicas de las Comunidades de Castilla, en Hispania, XVIII, 1958, pp. 505-546.

Azana (Manuel). —Plumas y palabras, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, Compañía iberoamericana de publicaciones, 1930.

Azcona (Tarsicio de). —Isabel la Católica. Estudio crítico de su vida y su reinado, Madrid, Biblioteca de Autores cristianos, 1964.

Ballester y Castell (Rafael). —Las fuentes narrativas de la historia de España durante la Edad moderna (1474-1808), Fascículo 1. º: Los Reyes Católicos, Carlos V, Felipe II, Valladolid, 1927.

Basas Fernández (Manuel). —Mercaderes burgaleses del siglo XVI, en Boletín de la Institución Fernán González, Burgos, 1954, pp. 55-67 y 156-169.

—El mercader burgalés Gómez de Quintanadueñas, en Boletín de la Institución Fernán González, núm. 155, 1961, pp. 561-576.

—El Consulado de Burgos en el siglo XVI, Madrid, C. S. I. C, 1963.

Bataillon (Marcel). —Erasme et l’Espagne, París, 1937 (trad. castellana, México, F. C. E., 1966).

—«Sur Florián Docampo», en B. Hi., XXV [1923], pp. 33-58.

—«Les nouveaux chrétiens de Ségovie, en 1510», en B. Hi., LVIII [1956], pp. 207-231.

—Etudes sur Bartolomé de Las Casas, París, Centre de Recherches de l’Institut d’études hispaniques, 1965.

Baumcarten (Hermann). —Geschichte Karts V, 3 vols., Stuttgart, 1885-1892. Beltrán de Heredia (Vicente). —Domingo de Soto, Madrid, 1961.

—cf. León (Pablo de).

Benito Ruano (Eloy). —Toledo en el siglo XV. Vida política, Madrid, C. S. I. C, 1961. Bennassar (Bartolomé). —Valladolid au Siécle d’Or. Une ville de Castle et sa campagne au XVI siécle, París-La Haya, Mouton & Cía, 1967.

Blanco-González (Bernardo). —Del cortesano al discreto. Examen de una «decadencia», volumen I [único publicado], Madrid, Gredos, 1962.

Blázquez (Antonio). —Relación de los corregimientos del reino y del tiempo en que fue proveído cada uno y del salario y ayuda de costa que tiene (año de 1516), en B. R. A. H., LXXIV [1919], pp. 252-260.

Bo (Adriana) y Carlé (María del Carmen). —Cuando empieza a reservarse a los caballeros el gobierno de las ciudades castellanas, en Cuadernos de Historia de España, Buenos Aires, IV, 1946, pp. 114 ss.

Boissonnade (Pierre). —Histoire de la reunión de la Navarre á la Castille. Essai sur les relations des princes de Foix-Atbret avec la Frunce et l’Espagne (1479-1521), París, 1893.

Brandi (Karl). —Charles-Quint et son temps, trad. francesa de Guy de Budé, París, Payot, 1951.

Braudel (Fernand). —La Méditerranée et le monde méditerranéen a l’époque de Philippe II, 2. ed., 2 vols., París, A. Colín, 1966. (Trad. castellana, México, F. C. E., 2.ª ed. 1976).

Bullón (Eloy). —Un colaborador de los Reyes Católicos: el doctor Palacios Rubios y sus obras, Madrid, 1927.

—El concepto de la soberanía en la Escuela jurídica española del siglo XVI, Madrid, 1936.

Carande (Ramón). —Carlos V y sus banqueros: I. La vida económica en Castilla (1516-1556), 2.— ed., Madrid, 1965.

—II. La hacienda real de Castilla, Madrid, 1949.

—III. Los caminos del oro y de la plata, Madrid, 1967.

—Sevilla, fortaleza y mercado, en Anuario de Historia del Derecho español, II, 1924.

—El obispo, el concejo y los regidores de Palencia (1352-1422). Aportación documental sobre el gobierno de una ciudad en la Edad Media, en Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, IX, 1932, pp. 249-271.

—El crédito de Castilla en el precio de la política imperial, Madrid, 1949.

Carlé (María del Carmen). —Mercaderes en Castilla (1252-1512), en Cuadernos de Historia de España, XXI-XXII, 1954, pp. 146-328.

—Del concejo medieval castellano-leonés, Buenos Aires, Instituto de Historia de España, 1968.

Caro Baroja (Julio). —Los judíos en la España moderna y contemporánea, 3 vols., Madrid, Ed. Arión, 1961.

Carriazo (Juan de Mata). —Retratos literarios de la corte de los Reyes Católicos, en Archivo Hispalense, Sevilla, XXIV, 1956, pp. 217-238.

Castro (Américo). —La realidad histórica de España, México, Ed. Porrúa, 1962.

—La «Celestina» como contienda literaria (castas y casticismos), Madrid, Revista de Occidente, 1965.

Cedillo (conde de). —Cf. López de Ayala y Álvarez de Toledo (J.).

Chaunu (Huguette et Pierre). —Séville et l’Atlantique (1504-1650), 12 vols., París, 1955-1959.

Clemencin (Diego). —Elogio de la reina católica doña Isabel, Memorias de la Real Academia de la Historia, VI, Madrid, 1821.

Colmeiro (Manuel). —Historia de la economía política en España, 2 vols., Madrid, 1863.

Corominas (Pedro). —El sentimiento de la riqueza en Castilla, Madrid, Residencia de Estudiantes, 1917.

Costa (Joaquín). —Colectivismo agrario en España, Buenos Aires, Ed. Americalee, 1944.

Costes (Rene). —«Pedro Mexía, chroniste de Charles-Quint» en B. Hi, XXII, 1920, pp. 1-36, 256-268, y XXIII, 1921, pp. 95-110.

Criado de Val (Manuel). —Teoría de Castilla la Nueva. La dualidad castellana en los orígenes del español, Madrid, Gredos, 1960.

Diana (Manuel Juan). —Capitanes ilustres y revista de libros militares, Madrid, 1851.

Díaz-Plaja (Fernando). —La Historia de España en sus documentos. El siglo XVI, Madrid,

Instituto de Estudios Políticos, 1958.

Díaz-Jiménez y Molleda. —Historia de los comuneros de León y de su influencia en el movimiento general de Castilla, Madrid, 1916.

Domínguez Ortiz (Amantó). —Orto y ocaso de Sevilla, Sevilla, Imprenta de la Diputación Provincial, 1946.

—La esclavitud en Castilla durante la Edad Moderna, en Estudios de Historia Social de España, II, 1952, pp. 369-428.

—La clase social de los conversos en Castilla en la Edad Moderna, Madrid, C. S. I. C, 1955.

—La sociedad española en el siglo XVII, I, Madrid, CS. I. C, 1963.

Dolssinague (José María). —Femando el Católico y el cisma de Pisa, Madrid, Espasa-Calpe, 1946.

—La política exterior de España en el siglo XVI, Madrid, 1949.

—El testamento político de Fernando el Católico, Madrid, C. S. I. C., s. f. [1950].

Ehrenberg (Richard). —Le siécle des Fugger, París, S. E. V. P. E. N., 1955.

Elliot (J. H.) .-La España imperial. 1469-1116. Barcelona, Ed. Vimos Vives, 1965.

Espejo (C.) y Paz (J.) .-Las antiguas ferias de Medina del Campo, Valladolid, 1912.

Fernández Álvarez (Manuel). —Última bibliografía sobre Carlos V, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1958.

—Política mundial de Carlos V y Felipe II, Madrid, C. S. I. C, 1966.

—La España del emperador Carlos V, t. XVIII de la Historia de España, publicada bajo la dirección de R. Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 1966.

Fernández Duro (Cesáreo). —Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y su obispado, 4 vols., Madrid, 1882-1883.

Fernández de Retana (Luis). —Cisneros y su siglo, 2 vols., Madrid, 1929.

Ferrara (Orestes). —El siglo XVI a la luz de los embajadores venecianos, Madrid, La Nave, 1952.

Ferrer del Río (Antonio). —Decadencia de España. Primera Parte. Historia del levantamiento de las Comunidades de Castilla. 1520-1521, Madrid, 1850.

Finot (Jules). —Etude historique sur les relations commerciales entre la Flandre et l’Epagne au Moyen Age, París, 1899.

Fita (Fidel). —Los judaizantes españoles en los cinco primeros años (1516-1520) del reinado de Carlos I, en B. R. A. H., XXXIII [1898].

Floreto de anécdotas y noticias diversas que recopiló un fraile dominico residente en Sevilla…, Ed. F. J. Sánchez Cantón, Memorial Histórico Español, t. XLVIII, Madrid, 1948.

Font y Rius (José María). —«Les villes dans l’Espagne du Moyen Age. Histoire de leurs institutions administratives et judiciaires», en Recueils de la société Jean Bodin, VI, Bruselas, 1954.

Foronda y Aguilera (Manuel). —Estancias y viages del emperador Carlos V, s. 1., 1914.

Fuente (Vicente de la). — Historia eclesiástica de España, 2. ª ed., t. V, Madrid, 1874.

Ganshof (F. L.). —El feudalismo (con prólogo y epílogo de L. G. de Valdeavellano), Barcelona, Ed. Ariel, 1963.

García Chico (Esteban). —La ciudad de los Almirantes (Medina de Ríoseco), Valladolid, 1945.

—Lo que le costó a Medina de Ríoseco defenderse de los comuneros, en Simancas. Estudios de Historia Moderna, Valladolid, I, 1950, pp. 427-430.

Gil Ayuso (Faustino). —Textos y disposiciones legales de los reinos de Castilla impresos en los siglos XVI y XVII, Madrid, 1935. Gil Sanz (Alvaro). —Preliminar de las Comunidades. El cardenal Cisneros, en Revista de España, Madrid, t. LVIII, 1877, pp. 145-156.

Giménez Fernández (Manuel). —Hernán Cortés y su revolución comunera en la Nueva España, Sevilla, 1948.

—Bartolomé de Las Casas. I. El Plan Las Casas-Cisneros, Sevilla, 1953.

—Bartolomé de Las Casas. II. Capellán de S. M. Carlos I. Poblador de Cumana (1517-1523), Sevilla, 1960.

Girard (Albert). —«La population de l’Espagne dans les temps modernes», en Revue d’histoire moderne, III, 1928, pp. 420-436, y IV, 1929, pp. 3-17.

González López (E.) .-Los factores económicos en el alzamiento de las Comunidades de Castilla: la industria textil lanera, en Revista Hispánica Moderna, XXXI, 1965, pp. 185-191.

González Palencia (Ángel) y Melé (Eugenio). —Vida y obras de don Diego Hurtado de Mendoza, 3 vols., Madrid, 1941-1943.

Goris (J.-A.) .-Etude sur les colonies marchandes meridionales (Portugais, Espagnols et Italiens) a Anvers de 1488 á 1567, Lovaina, 1925.

Gossart (Ernest). —Espagnols et Flamands au XVI siécle. Charles-Quint, roi d’Espagne, Bruselas, 1910.

—Notes pour servir á l’histoire du régne de Charles-Quint, Académie Royale de Belgique, t. LV.

—«La domination flamande en Espagne (1517-1520)», extraído de la Revue de Belgique, 1877.

Gounon-Loubens (J.) .-Essai sur l’administration de la Castille au XVI siécle, París, 1860.

Grau (Mariano). —Cuando pasó el huracán del las Comunidades, en Polvo de Archivos, Segovia, 1951.

Guilarte (Alfonso María). —El régimen señorial en el siglo XVI, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1962.

Guillen (Claudio). —Un padrón de conversos sevillanos (1510), en B. Hi., LXV, 1963, páginas 49-98.

Gutiérrez Nieto (Juan Ignacio). —Los conversos y el movimiento comunero, en Hispania, XXIV, 1964, pp. 237-261.

Haebler (Konrad). —Zur Geschichte der kastilischen Comunidades. 1520-1521, en Historische Zeitschrift, t. XCV (LIX de la nueva serie), Munich-Berlín, 1905, pp. 385434.

—Prosperidad y decadencia económica de España durante el siglo XVI, trad. castellana, Madrid, 1899.

Hamilton (Bernice). —Political thought in Sixteenth century-Spain. A study of the political ideas of Vitoria, Soto, Suárez and Molina, Oxford, Clarendon Press, 1963. Hamilton (Earl J.) .-American treasure and the price revolution in Spain. 1501-1650, Harvard Economic Studies, vol. XLIII, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1934.

Hazañas y La Rúa (J.) .-La imprenta en Sevilla, 2 vols., Sevilla, 1945-1949.

Higes (V.) .-Soria en la época de las Comunidades, en Celtiberia, Soria, IV, 1954.

Hoefler (Constantin von). —Aufstand der castillianischen Stadle gegen Kaiser Karl V, Praga, 1876.

—Don Antonio de Acuña, Viena, 1882.

Homenaje de la Universidad de Granada a Carlos V, Granada, 1958.

Ibarra y Rodríguez (Eduardo). — El problema cerealista en España durante el reinado de los Reyes Católicos (1475-1516), Madrid, C. S. I. C., 1944.

Jover (José María). —Carlos V y los españoles, Madrid, Ed. Rialp, 1963.

Kamen (Henry). —La Inquisición española, Madrid, Alianza Editorial, 1973.

Keniston (Hayward). —Francisco de Los Cobos, secretary of the Emperor Charles V, University of Pittsburgh Press, s. f. [1960].

Klein (J.).-La Mesta, Madrid, Revista de Occidente, 1936.

Konetzke (Richard). —El imperio español. Orígenes y fundamentos, Madrid, 1946.

Laiglesia (Francisco de). —Estudios históricos. 1515-1555, 3 vols., Madrid, 1918-1919. Lapeyre (Henri). —Simón Ruiz et les asientos* de Philippe II, París, A. Colin, 1953.

—Une famille de marchands, les Ruiz, París-Burdeos, 1955.

—Les Monarchies européennes du XVI’ siécle. Les relations infernal tonales, Col. La Nouvelle Clio, núm. 31, París, P. U. F., 1967 (trad. castellana, Barcelona, Labor, 1969).

Larraz (José). —La época del mercantilismo en Castilla (1500-1700), 2.ª ed., Madrid, 1943.

Layna Serrano (Francisco). —Historia de Guadalajara V sus Mendozas en los siglos XV y XVI, 4 vols., Madrid, 1942.

Lecea y García (Carlos). —El licenciado Sebastián de Peralta. Bosquejo histórico-biográfico, Segovia, 1893.

—Relación histórica de los principales comuneros segovianos, Segovia, 1906.

León (fray Pablo de). —Guía del Cielo, Ed. V. Beltrán de Heredia, Barcelona, Juan Flors, 1963.

López de Ayala y Álvarez de Toledo (J.), conde de Cedillo. —Toledo en el siglo XVI, después del vencimiento de las Comunidades, Madrid, 1901.

—El cardenal Cisneros, gobernador del reino, 3 vols., Madrid, 1921-1928.

López Martínez (Nicolás). —Los judaizantes castellanos y la Inquisición en tiempo de Isabel la Católica, Burgos, 1954.

—La biblioteca de D. Luis de Acuña en 1496, en Híspania, XX, 1960, pp. 81-110.

Marañón (Gregorio). —Antonio Pérez, 2 vols., Madrid, 1954.

—Los castillos en las Comunidades de Castilla, Madrid, 1957.

—Los Tres Vélez. Una historia de todos, los tiempos, Madrid, Espasa-Calpe, 1960.

Maravall (José Antonio). —Carlos V y el pensamiento político del Renacimiento, Madrid, 1958.

—Las Comunidades de Castilla. Una primera revolución moderna, Madrid, Revista de Occidente, 1963.

Mariejol (Jean-H.) .-L’Espagne sous Ferdinand et Isabelle, París, 1892.

Márquez Villanueva (Francisco). —Conversos y cargos concejiles en el siglo XV, en R. A. B. M., 1957.

—cf. Talavera (fray Hernando de).

Martín Gamero (Antonio). —Historia de Toledo, Toledo, 1862.

Martínez Cardos (José). —Las Cortes de Castilla en el siglo XVI, en Revista de la Universidad de Madrid, 1957.

—La política carlina ante las Cortes de Castilla, en Revista de Indias, Madrid, t. XVIII, 1958, pp. 357-395.

Martínez Marina (Francisco). —Ensayo histórico-critico sobre la legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla, especialmente sobre el código de las Siete Partidas, Madrid, 1834, 2 vols.

—Teoría de las Cortes o grandes juntas nacionales de… León y Castilla. Monumentos de su constitución política y de la soberanía del pueblo…, 3 vols., Madrid, 1913.

Martínez de la Rosa (Francisco). —Bosquejo histórico de la guerra de las Comunidades.

—La viuda de Padilla, en Obras dramáticas, Clásicos Castellanos, t. CVII, Madrid, Espasa-Calpe, 1954.

Martínez de Velasco (Eusebio). —Comunidades, Germanías y asonadas, Madrid, 1884.

Mauro (Frédéric). —Le XVI siécle européen. Aspects économiques, Col. La Nouvelle Clio, núm. 32, París, P. U. F., 1966 (trad. castellana, Barcelona, Labor, 1969).

Medina (Pedro). —Obras, Ed. González Palencia, Madrid, C. S. I. C, 1944.

Menéndez PIDAL. (Gonzalo). —Los caminos en la historia de España, Madrid, Cultura Hispánica, 1951.

Menéndez Pidal (Ramón). —Los Reyes Católicos, en Archivum, Oviedo, I, 1951, pp. 3-27.

—Fray Antonio de Guevara y la idea imperial de Carlos V, en Archivo Iberoamericano, Madrid, VI, 1946, pp. 331-337.

—Carlos V y las Comunidades vistas a nueva luz documental, en El P. Las Casas y Vitoria, con otros temas de los siglos XVI y XVII, Col. Austral, núm. 1286, Madrid, Espasa-Calpe, 1958, pp. 65-98.

—España y su historia, 2 vols., Madrid, Minotauro, 1956-1957.

—Un imperio de paz cristiana, introducción al volumen XVIII de la Historia de España dirigida por el autor, Madrid, Espasa-Calpe, 1966, pp. xi-lxxii.

Mérimée (Paul). —«Guevara, Santa Cruz et le razonamiento de Villabrágima», en Hommage á Ernest Martinenche. Eludes hispaniques et américaines, París, s. f., pp. 466-476.

Merino Álvarez (Abelardo). —La sociedad abulense durante el siglo XVI. La nobleza, Madrid, 1926.

Merriman (Roger Bigelow). —Carlos V el emperador y el imperio español en el viejo y nuevo mundo, Buenos Aires-México, Espasa-Calpe Argentina, 1949.

Millares Carlo (Agustín). —índice y extractos de los libros de cédulas y provisiones del archivo municipal de Madrid (siglos XV-XVI), en Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, VI, 1929.

Miller (Townsend). —The Castles and the Crown. Spain: 1451-1555, Londres, 1963.

Morel-Fatio (Alfred).-Historiographie de Charles-Quint, París, 1913.

Moxó (Salvador de). —Los señoríos, en Hispania, t. XXIV, 1964, pp. 185-236.

Muñoz Rocatallada (Carmen). —Vida de doña María Pacheco, el último comunero, Barcelona, 1942.

Nadal (Jorge). —La población española (siglos XVI a XX), Barcelona, Ed. Ariel, 1966.

Ortega y Rubio (Juan). —Historia de Valladolid, 2 vols., Valladolid, 1881.

—Torpeza de los comuneros en Villalar, en Revista de España, t. CXLIV.

Ortiz (Luis de). —Memorial…, Ed. M. Fernández Álvarez (Economía, Sociedad y Corona, Madrid, 1963, pp. 375-462).

Otte (Enrique). —El joven Carlos y América, en Homenaje a don Ramón Carande, I, Madrid, 1963, pp. 155-171.

Palo meque Torres (Antonio). —Aportación al estudio del concejo señorial castellano durante los Reyes Católicos y los Austrias, en Instituciones económicas, sociales y políticas de la época fernandina, V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1962, pp. 261-295.

Paz y Melia (A.) .-Sales españolas, 2 vols., Madrid, 1890-1902.

—Padillas y Acuñas en la Comunidad de Toledo, en R. A. B. M., IX, 1903, pp. 403-419.

Peñalosa (Luis Felipe de). —Juan Bravo y la familia Coronel, en Estudios Segovianos, I, 1949, pp. 73-109.

Peña Marazuela (María Teresa de la) y León Tello (Pilar). —Inventario de los duques de Frías. I, Casa de Velasco, Madrid, 1955.

Pérez (Joseph). —«L’Université d’Alcalá de Henares en 1520-1521», en Mélanges offerts á Marcel Bataillon, Burdeos, 1962, pp. 214-222.

—«Pour une nouvelle interprétation des Comunidades de Castilla», en B. Hi., LXV, 1963, pp. 238-283.

—«Moines frondeurs et sermons subversifs en Castille pendant le premier séjour de Charles-Quint en Espagne», en B. Hi., LXVII, 1965, pp. 5-24.

—«Le razonamiento de Villabrágima», en B. Hi., LXVII, 1965, pp. 217-224.

—«La mort du chevalier d’Olmedo», en Mélanges á la mémoire de Jean Sarrailh, París, 1966, pp. 243-251.

Pfandl (Ludwig). —Philippe II, París, Hachette, 1942.

—Juana la Loca, su vida, su tiempo, su culpa, 7.ª ed. Col. Austral, núm. 17, Madrid, 1945.

Piles (Leopoldo). —Aspectos sociales de la Germania de Valencia, en Estudios de Historia social de España, II, 1952.

Pinel y Monroy (Francisco). —Retrato del buen vassallo, copiado de la vida y hechos de D. Andrés de Cabrera, primer marqués de Moya, Madrid, 1677.

Piskorski (Wladimir). —Las Cortes de Castilla en el período de tránsito de la Edad Media a la Moderna. 1188-1520, trad. castellana por C. Sánchez-Albornoz, Barcelona, 1930.

Poschmann (Adolfo). —El cardenal Guillermo de Croy y el arzobispado de Toledo, en B. R. A. H., LXXV, 1919, pp. 201-282.

Prawdin (Michael). —Juana la Loca, 2. ª ed., Barcelona, 1957.

Quintanilla (Mariano). —El episodio de las Comunidades, en Estudios Segovianos, VI, 1954.

Ramírez Olano (E.) y González de Echevarri (V.) .-La guerra de los comuneros en el país basco, San Sebastián, 1905.

Ranke (Léopold). —L’Espagne sous Charles-Quint, Philippe II et Philippe III ou les Osmanlis et la Monarchie espagnole pendant les XVI et XVII siécles, trad. francesa, París, 1845.

Redondo (Augustin). —«Luther et l’Espagne de 1520 á 1536», en Mélanges de la Casa de Velazquez, I, París, 1965, pp. 109-165.

Redonet (Luis). —Comentarios sobre las Comunidades y Germanias, en B. R. A. H., CXLV, 1959, pp. 7-87.

Rodríguez Salcedo (Stntrtao). —Historia de las Comunidades Palentinas, publicado aparte del número 10 de las Publicaciones de la Institución «Tello Téllez de Meneses», Palencia, s. f.

Rodríguez Villa (Antonio). —Córdoba y la guerra de las Comunidades, en Revista Europea, III, 1874-1875, pp. 553-562.

—Bosquejo biográfico de la reina doña Juana, Madrid, 1874.

—La reina doña Juana la Loca, Madrid, 1892.

—El emperador Carlos V y su Corte, en B. R. A. H., XLII [1903], pp. 468-481; XLIII [1903], pp. 5-240, 393-432, 465-511; XLIV [1904], pp. 5-36, 142-178, 197-246, 285-333, 365-414, 465-508; XLV [1904], pp. 16-143, 315-352, 369-405, 465-495; XLVI [1905], pp. 544, 109-136, 177-225.

—Artículos históricos, Madrid, 1913.

Ruiz Ayúcar (Eduardo). —El alcalde Ronquillo. Su época, su falta leyenda negra, Ávila, 1958.

Ruiz Martín (Felipe). —Un testimonio literario sobre las manufacturas de paños en Segovia por 1625, en Homenaje al profesor Marcos, II, 1966.

—Rasgos estructurales de Castilla en tiempos de Carlos V, en Moneda y Crédito, 1966, pp. 91-108.

—Lettres marchandes échangées entre Florence et Medina del Campo, Parts, S. E. V. P. E. N., 1965.

Sacristán (A.).-Municipalidades de Castilla y León, Madrid, 1877.

Sainz Rodríguez (Pedro). —Evolución de las ideas sobre la decadencia española, Madrid, Ed. Rialp, 1962. Salazar y Castro (don Luis de). —Las comendadores de la Orden de Santiago, 2 vols., Madrid, 1949.

Salomón (Noel). —La Campagne de Nouvelle Castille á la fin du XVI siécle d’aprés les«Relaciones topográficas», París, S. E. V. P. E. N., 1964.

—L’Envers du Siécle d’Or [inédito].

Salva (Anselmo). —Burgos en las Comunidades de Castilla, Burgos, 1895.

Sánchez Albornoz (Claudio). —España, un enigma histórico, 2 vols., Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1956.

Sánchez Alonso (Benito). —Fuentes de la historia española e hispanoamericana, 3.ª ed., 3 vols., Madrid, C. S. I. C, 1952.

—Historia de la historiografía española, 2 vols., Madrid, C. S. I. C, 1944-1950.

Sánchez Montes (Juan). —Actitudes del español en la época de Carlos V, en Estudios Americanos, III, 1951.

—Franceses, protestantes, turcos. Los españoles ante la política internacional de Carlos V, Pamplona, 1951.

—Sobre las Cortes de Toledo de 1538-1539. Un corregidor del imperio en un momento difícil, en Carlos V. Homenaje de la Universidad de Granada, pp. 595-663.

Sangrador Vítores (Matías). —Historia de la muy noble y muy leal villa de Valladolid, 2 vols., Valladolid, 1851-1854.

Schick (León). —Un grand homme d’affaires au debut du XVI siécle, Jacob Fugger, París, S. E. V. P. E. N., 1957.

Seaver (Henry Latimer). —The great revolt in Castille. A study of the Comunero movement of 1520-1521, Londres, 1928.

Serrano (Lucio). —Los Reyes Católicos y Burgos, Madrid, 1943.

Sicroff (A. A.) .-Les Controverses des statuts de «pureté de sang» en Espagne du XV au XVII siécle, París, 1960.

Suárez Fernández (Luis). —Nobleza y monarquía. Puntos de vista sobre la historia castellana del siglo XV, Valladolid, 1959.

Talavera (fray Hernando de). —Católica impugnación, prefacio de F. Márquez Villanueva, Barcelona, Juan Flors, ed. 1961.

Ternaux (Henri). —Les Comuneros, chronique castillane du XVI siécle…, París, 1834.

Tierno Galván (Enrique). —De las Comunidades o la historia como proceso, en Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político de la Universidad de Salamanca, números 16-19, 1957.

—¿Es el «Lazarillo» un libro comunero?, en Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político de la Universidad de Salamanca.

Tyler (Royall). —Charles-Quint, trad. francesa, París, Plon, 1960.

Ubieto (A.), Regla (J.) y Jover (J. M.) .-Introducción a la historia de España, Barcelona, Ed. Teide, 1963. Ulloa (Modesto). —La hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II, Roma, 1963.

Valdeavellano (L. G. de). —Las instituciones feudales en España, (Cf. Ganshof, F. L., El feudalismo).

Vera (Juan de). —Los Sudrez de la Concha y su capilla de Santa Cruz, en Estudios Segovianos, V, 1953. Vicens Vives (Jaime). —Aproximación a la historia de España, Barcelona, 1952.

—Historia económica de España, Barcelona, Teide, 1958.

—Historia social y económica de España y América, 5 vols., Barcelona, Teide, 1957-1959.

—Instituciones económicas, sociales y políticas de la época fernandina, Zaragoza, 1952.

Vilar (Pierre). —«Les primitifs espagnols de la pensée économique, "quantitativisme" et "bullionisme"», en Mélanges offerts á Marcet Bataillon, Burdeos, 1962, pp. 261-284.

—La Catalogne dans l’Espagne moderne, París, S. E. V. P. E. N., 1962, 3 vols.

—Crecimiento y desarrollo. Economía e historia. Reflexiones sobre el caso español, Barcelona, Ed. Ariel, 1964.

Villar y Macías (M.) .-Historia de Salamanca, 3 vols., Salamanca, 1887.

Villuga (P. J. de). —Repertorio de todos los caminos de España, Medina del Campo, 1546. Viñas Mey (Carmelo). —El problema de la tierra en España en los siglos XVI y XVII, Madrid, 1941.

ABREVIATURAS

A. H. N.: Archivo Histórico Nacional, Madrid.

A. H. P. Sa: Archivo Histórico Provincial de Salamanca.

A. H. P. Se: Archivo Histórico Provincial de Segovia.

A. H. P. V.: Archivo Histórico Provincial de Valladolid.

B. Hi: Bulletin Hispanique, Burdeos.

B. N. M.: Biblioteca Nacional de Madrid.

B. R. A. E.: Boletín de la Real Academia Española, Madrid.

B. R. A. H.: Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid.

C. C.: Archivos de la Torre do Tombo (Lisboa), Corpo Cronológico.

C. P.: Archivos de Simancas, Cámara-Pueblos.

Céd.: Archivos de Simancas, Cédulas.

C. M.: Archivos de Simancas, Contaduría Mayor de Cuentas.

Codoin: Colección de documentos inéditos para la historia de España.

C. R.: Archivos de Simancas, Consejo Real.

D.: Manuel Danvila: Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla.

D. C.: Archivos de Simancas, Diversos de Castilla.

E. M. R.: Archivos de Simancas, Escribanía Mayor de Rentas.

I. H. E.: Índice Histórico Español, Barcelona.

Mem.: Archivos de Simancas, Cámara de Castilla-Memoriales.

N. B. A. E.: Nueva Biblioteca de Autores Españoles.

P. R.: Archivos de Simancas. Patronato Real.

R. A. H.: Real Academia de la Historia, Madrid.

R. B. A. M.: Revista de la Biblioteca, Archivos y Museos, Madrid.

R. G. S.: Archivos de Simancas, Registro General del Sello.

JOSEPH PÉREZ. Laroque-d’Olmes, Ariège, Francia, 14 de enero de 1931, es hijo de emigrantes españoles de la localidad valenciana de Bocairente; en 1955 fue nombrado profesor agregado de español (1955) por la Escuela Superior de Saint Cloud. Entre 1989 y 1996 dirigió la Casa de Velázquez (Madrid). Se doctoró en historia en 1970 con una tesis sobre «La Revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521)», traducida al español en 1977. Fundador del centro hispanista La Maison des Pays Iberiques. Catedrático de civilización española e hispanoamericana y presidente honorario de la Universidad de Burdeos III; miembro del Directorio del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y doctor honoris causa de la Universidad de Valladolid, además cuenta entre otros honores con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, es Comendador de la Orden de Isabel la Católica y Oficial de la Legión de Honor francesa.

Ha escrito numerosos artículos, en especial en Bulletin Hispanique; hizo una edición de El caballero de Olmedo de Lope de Vega y está especializado en la formación y nacimiento del estado español moderno y en los de las naciones latinoamericanas. Entre sus libros destacan La emancipación de Hispanoamérica; Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, La España de Felipe II y Carlos V.

El 25 de enero de 2007 el pleno del Ayuntamiento de Bocairente, por unanimidad de sus miembros, acordó concederle el título de Hijo Adoptivo de Bocairente, lugar de nacimiento de sus padres y sus tres hermanos. El acto institucional se celebró el 30 de marzo de 2007 en el salón de Plenos de esta localidad.

OBRAS

La révolution des «Comunidades» de Castille (1520-1521). Bordeaux: Institut d’Etudes Ibériques et Ibero-Américaines de l’Université, 1970, traducido como La revolución de las comunidades de Castilla (1520-1521), Madrid: Siglo XXI de España, 1977

Los movimientos precursores de la emancipación en Hispanoamérica, Madrid: Alhambra, Madrid: Alhambra, 1977.

La España del siglo XVI, Madrid: Anaya, 1998

Histoire de l’Espagne, Paris: Fayard, 1997, traducida como Historia de España, Barcelona: Crítica, 1999.

Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, Fuenterrabía: Nerea, 2001

Historia de una tragedia: la expulsión de los judíos de España, Barcelona: Crítica, 1993

El humanismo de Fray Luis de León, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1994.

Lope de Vega, El caballero de Olmedo; edición, introducción y notas de Joseph Pérez. Madrid: Castalia, 1970

Charles Quint: empereur des deux mondes, París: Gallimard, 1994, traducido al español como Carlos V, Madrid: Temas de Hoy, 1999.

L’Espagne de Philippe II Paris: Le grand livre du mois, 1999; traducido al español como La España de Felipe II, Barcelona: Crítica, 2000.

L’Espagne des Rois Catholiques Paris: Bordas, 1971

L’Espagne du XVIe siècle Paris: Armand Colin, 1973.

Isabelle et Ferdinand, Rois Catholiques d’Espagne Paris: Fayard, 1988, traducido como Isabel y Fernando, los Reyes Católicos (Madrid: Nerea, 1997. ISBN 84-89569-12-6).

Crónica de la Inquisición en España, Barcelona: Martínez Roca, 2002.

Isabelle la Catholique: un modèle de chrétienté? Paris: Payot & Rivages, 2004 (Isabel la Católica: ¿un modelo de cristiandad? ALMED 2007 ISBN 978-84-935857-0-9).

Los judíos en España, Madrid: Marcial Pons, 2005 ISBN 84-96467-03-1.

La Inquisición española: crónica negra del Santo Oficio, Madrid: Martínez Roca, 2005 ISBN 84-270-3174-2.

De l’humanisme aux Lumières: études sur l’Espagne et l’Amérique, Madrid: Casa de Velázquez, 2000.

Historia de España (3.ª edición). Editorial Crítica. 2006. ISBN 9788484320913.

Mitos y tópicos de la historia de España y América. Algaba Ediciones. 2006. ISBN 9788496107694.

Teresa de Ávila y la España de su tiempo. Madrid: Algaba Ediciones. 2007. ISBN 9788496107809.

Joseph Pérez, Armando Alberola Romá, ed (1993). España y América entre la Ilustración y el liberalismo. Casa de Velázquez. ISBN 9788477840756.

Joseph Pérez, ed (1998). España y América en una perspectiva humanista. Casa de Velázquez. ISBN 9788486839802.

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Notas

[1] José Luis BUMVO CABRERO, «La gobernación del Reino en las Comunidades de Castilla», en Hitmuim, núm. 124, 1973, pp. 249-264 <<

[2] Eloy Benito Ruano «Nuevos documentos sobre el movimiento de las Comunidades en León», en Archivos leoneses, núms. pp. 57, 58. 1975. <<

[3] Tarsicio DE Azcona, San Sebastián y la provincia de Guipúzcoa durante la guerra de las Comunidades (1520-1521), San Sebastián, 1974. <<

[4] Juan Ignacio GUTIÉRREZ NIETO, Las Comunidades como movimiento antiseñorial, Barcelona, Ed. Planeta, 1973. <<

[5] Luis LÓPEZ ÁLVAREZ, LOS comuneros, Madrid, Edicusa, 1972. <<

[6] Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, «Derrota y triunfo de las Comunidades», en Revista de Occidente, agosto-septiembre 1975, núms. 149-150, pp. 234-249. <<

[7] Pierre CHAUNU, L’Espagne de Charles Quint, 2 vol., París, SEDES, 1973; véase sobre todo el tomo I, pp. 240 y 258. <<

[8] Para lo que sigue, cf. nuestro artículo «Pour une nouvelle interprétation des Comunidades de Castille», en B. Hi., LXV, 1963, pp. 238-283. <<

[9] P. VILAR, La Catalogue, I, p. 513. <<

[10] Sobre la demografía española en el siglo XVI, cf. R. CARANDE, Carlos V, I, pp. 57-71 y 488-492; F. BRAUDEI., El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, I, pp. 536 ss.; P. VILÁR, op. ctt. I, pp. 523 ss., y la puesta al día de J. NADAL, La población española (siglos XVI a XX), Barcelona, Ed. Ariel, 1966, elaborada en función del fenómeno en Cataluña, pero en la que se hacen interesantes precisiones sobre los fenómenos castellanos. Los trabajos anteriores de A. GIRARO y Ruiz ALMANSA son más discutidos y se les reprocha en general el proponer cifras de población demasiado elevadas. La actualización más reciente es la de F. Ruiz MARTÍN, «La población española al comienzo de los tiempos modernos», en Cuadernos de Historia, I, 1967, pp. 189-202. <<

[11] El informe de QUINTANILLA (que data de 1482 y no de 1492, como se ha dicho en ocasiones) fue publicado por CLEMENCÍN, Elogio, pp. 599-601. El censo de 1541 se ha publicado en Codoin, XIII, pp. 521-529. Tomás GONZÁLEZ (Censo de población de las provincias y partidos de la corona de Castilla en el siglo XVI, Madrid, 1829) hace referencias parciales al censo de 1530 (cf. K. HAEBLER, Die wirtschaftliche Blüte Spaniens im 16. Jarhundert und ihr Verfall, Berlín, 1888). <<

[12] F. Ruiz MARTÍN, síntesis de su comunicación en el coloquio «El tránsito de la Edad Media al Renacimiento en la historia de España», en Hispania, XXIV, 1964, p. 630. <<

[13] J. NADAL, op. cit., p. 21. <<

[14] Vilar, op. cit., p. 21 <<

[15] R. CARANDE. op. cit., 1, pp. 61-62. Sobre el crecimiento demográfico en Castilla la Nueva, cf. N. SALOMÓN. La Campagne, pp. 44 ss. <<

[16] CARANDE, ibid. Para la región de Valladolid, cf. B. BENNASSAR, Valladolid, pp. 171 SS.,, donde se señala el considerable progreso de la ciudad a partir del siglo xv. <<

[17] A CaSTILLO, Population et richesse en Castille dunuit la seconde moitié du XVI, en Atinóles, SC, 1965, pp. 719-733. <<

[18] Sobre este aspecto, y en general sobre los problemas planteados por el desarrollo histórico del régimen señorial en Castilla y la formación precoz de un campesinado Ubre, cf. C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, España, un enigma histórico; N. SALOMÓN, op. cit., pp. 158-160; A. M. GUILARTB, El régimen señorial, pp. 158 ss.; S. DE Moxó, LOS señoríos, pp. 230-234. <<

[19] A. M. GUILARTB, op. cit., p. 165. Cuando en 1523 el fisco vendió, después de habérsela confiscado, la villa de Babilafucnte, propiedad del comunero don Pedro Maldonado, «con su jurisdicción e renta de pan e maravedís e otras cosas, vasallos, martiniega, etc.», el precio se calculó atendiendo al número de vasallos, a razón de 10.000 maravedíes por vasallo (dos viudas contaban por un vasallo): cf. CM, leg. 379, s. f. <<

[20] cf. en Simancas Libros de copias, lib. 18, ff. 286 ss. (Relación de los lugares que tienen los monasterios de frayles y monjas destos reynos); lib. 18, ff. 328 ss. (Relación de los lugares que tienen las iglesias caíhedrales); lib. 18, ff. 33 ss. <<

[21] Menú, leg. 142, f. 199. <<

[22] «Que se ponga regla en los bienes raizes de los monasterios», tal fue una de las instrucciones de la Cnancillería de Valladolid transmitida a los embajadores castellanos en el Concilio de Letrán de 1512 (citado por DOUSSINAGUE, Fernando el Católico y el cisma). <<

[23] Segovia, Archivos Peñalosa, legajo Coronel. <<

[24] Sobre esta propiedad comunitaria, cf. COSTA, Colectivismo agrario; para la situación en el siglo XVI, cf. N. SALOMÓN, op. cit., pp. 154-156. La desmembración de estos territorios había comenzado en los albores del siglo XVI. Veamos un ejemplo: en 1501 se denuncia a los pastores de Plasencia por haber vendido bienes comunales. Para evitar estos abusos, los reyes Católicos autorizaron a los habitantes a nombrar todos los años un procurador «que supervisara la actuación de las autoridades municipales y diera cuenta a la Corte de las irregularidades observadas». (PR, leg. 4, f. 52). En el mismo orden de cosas, cf. Un proceso sobre los bienes comunales ocupados por particulares en Medina del Campo (CR, leg. 81, f. 8): «la justicia y regidores de Medina del Campo, con los lugares de su tierra y jurisdicción sobre las mercedes de sus montes y tierras que hacían a diferentes personas en contravención de una carta y sobrecarta que les prohibe dar términos de los públicos y concejiles». <<

[25] N. SALOMÓN, op. cit., pp. 176-184. <<

[26] Ibid., pp. 253 ss. cf. también CARANDE, op. cit., I, p. 121. Sobre los herederos de Segovia, cf. L. REDONET, Ordenanzas de la comunidad de ciudad y tierra de Segovia (1514), Madrid, 1932. <<

[27] N. SALOMÓN, op. cit., pp. 187 ss.; S. DE MOXÓ, op. cit., p. 211. <<

[28] CM, leg. 380, s. f <<

[29] Ibid., leg. 374, s. f. <<

[30] Ibid., leg. 357, s. f <<

[31] N. SALOMÓN, op. cit., pp. 213 ss. En algunos casos, estos derechos parecen más que nada simbólicos. Veamos, por ejemplo, los que percibía en 1520 Juan de Porras en Castronuevo, en la región de Zamora: «una gallina de servicio cada labrador y por navidad seis cántaros de vino de Madrigal y seis carneros», y también «de cada puerca que paría en Castronuevo un lechón». (*CM, leg. 379, s. f.). <<

[32] cf. Guilarte, op. cit., p. 195;Braudel, op. cit., II,. 76, quien sugiere esta explicación: «Probablemente porque el Estado monárquico mostrabamenos atención y tardaba más en revisar los viejos contratos, bajo el pretexto, válido o no, de que así lo exigían los cambios de la situación económica».<<

[33] cf. el proceso enfrentó en 1490 a un vecino de Trujillo con don Juan de Portocarrero, conde Medellín, «sobre haberle puesto preso con pretexto de que sublevaba sus vasallos contra W». (CR, leg. 56, f. 2); la queja de la villa de Salvatierra contra su señor en los primeros años del siglo (GUILARTE, op. cit., p. 245, nota 11); las protestas del adelantamiento De León, en 1519, contra el conde de Benavente y otros señores (Mem., leg. 134, s. f.); la denuncia presentada por los habitantes del valle de Carriedo contra el duque del Infantado, en 1505 (GUILARTE, op. cit., pp. 400-401), etc. <<

[34] Sobre este episodio GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Las casas, II pp. 629-535 <<

[35] Cf. infra, pp. 460 ss <<

[36] Sobre los diezmos, cf. N. SALOMÓN, op. cit., pp. 19 ss. <<

[37] Sobre las tercias reales, cf. CARANDE, op. cit., II, pp. 238 ss. Ejemplo de tercias percibidas por señores: el comendador de Zamayón obtenía «la tercia del diezmo de todo el pan». (CM, leg. 380, s. f.). <<

[38] N. SALOMÓN, op. cit., p. 227 <<

[39] N. SALOMÓN, op. cit., p. 227 <<

[40] «En el reyno ay muchos pueblos, como en Toledo, Valladolid, Burgos y otros, que por ser libres de pecho, padecen en los repartimientos los pecheros que biben en las tales comarcas, pues a ellos se carga lo que a los pueblos libres se quita». (Memorial de Luis ORTIZ, ed. por M. Fernández Álvarez p. 387). <<

[41] cf. la petición 65 de las Cortes de 1518: «hazemos saber a vuestra alteza que muchos labradores pecheros (…) ganan previllejios de vuestra alteza que sean aviaos por fidalgos e non pechen, lo que es en muy gran daño de los pueblos, porque todo aquello que aquel no pague, que es el más rico del lugar, carga sobre los pobres». (Cortes, IV, 278); la petición 28 de las Cortes de 1520 está redactada, en los mismos términos (ibid., 327). Sobre estas prácticas, cf. N. SALOMÓN, op. cit., pp. 228 ss. N. ALONSO CORTÉS (Pleitos de los Cepedas, en BRAE, XXV, 1946, pp. 85-110) relata las circunstancias un tanto sospechosas que permitieron al padre de Santa Teresa acceder a la hidalguía. Alonso Sánchez de Cepeda residía en Ávila desde hacía muchos años sin que hubiera pagado impuestos nunca. Era, por tanto, hidalgo de hecho, probablemente gracias a ciertas complicidades. En 1519, el concejo de Hortigosa, aldea de Ávila, le introdujo en la lista de los contribuyentes. El padre de Santa Teresa protestó contra esta novedad y presentó su caso ante la Cancillería de Valladolid, en la cual muchos testigos declararon que, efectivamente, los Cepeda nunca habían pagado impuestos; eran considerados como hidalgos aunque no lo fueran con arreglo a derecho. Ante esta extraña unanimidad (incluso los testigos de cargo citados por el concejo afirmaron que los Cepeda nunca habían pagado impuestos y que no debían ser obligados a ello en el futuro) la Chancillería pronunció el 16 de noviembre de 1520 una sentencia favorable a la hidalguía de los Cepeda, a pesar de las conclusiones del fiscal que pensaba que todo era una acción concertada para consagrar en el derecho una situación de facto: «Las partes contrarias e la parte del dicho concejo están concertados e son todos a una (…) e quieren e procuran de facerlos hidalgos». Plenamente satisfechos por el resultado, los Cepeda hicieron confirmar la sentencia y a partir de entonces su hidalguía se benefició de la autoridad de la cosa juzgada (ejecutoria). Ya no era posible volver a plantear un procedimiento jurídico por esta cuestión. He aquí, pues, un ejemplo que demuestra cómo en el siglo XVI era posible el convertirse en hidalgo con la sola condición de contar con el dinero y las amistades adecuadas. <<

[42] cf. RODRÍGUEZ SALCEDO, Comunidades palentinas, p. 170. No parece que los vasallos de los señores pagaran más impuestos que los campesinos establecidos en las tierras de realengo; antes bien, ocurriría lo contrarío: «así lo certifican varios testimonios (…) que denuncian la huida, impulsada en motivos fiscales, de los hombres de realengo a los territorios señoriales (…). Los hombres de éstos contribuían en menor medida que los pecheros de realengo». (GARANDE, op. cit., II, p. 524). A pesar de esto, es indudable que los inconvenientes del régimen señorial eran mucho más decisivos que las ventajas, lo que explica el movimiento general de migración hacia las tierras de realengo, que compensa con creces la tendencia inversa señalada por Carande. <<

[43] En la región de Segovia, Antonio Suárez e Iñigo López Coronel obligaban a que el pago de los cánones se realizara siempre en especie (Chancillería, protocolo 1, y CM, leg 381, s. f.). Posiblemente esto se puede aplicar también al bachiller de Guadalajara que vendió grandes cantidades de trigo en 1513 (Chancillería, prot. 1). También Pero López de Calatayud, en Valladolid, el licenciado Bernaldino, que poseía tierras cerca de Salamanca, Alvaro Serrano, en Ávila, y Diego de Ulloa, en Toro, recibían todos sus cánones en especie (CM, leg. 355 y 379, s. f.). En cambio, Juan Gaitán, de Toledo, alquiló una dehesa por 102.000 maravedíes, «pagados por San Miguel e Navidad e Pascua Florida de cada año» (ibid., leg. 377, s. f.); tal es el caso también, de Andrés de Ribera, de Valladolid, que poseía una dehesa «en término de Salvatierra, que renta 230.000 maravedíes en dineros». (AHPV, protocolo 32, f. 95); igualmente, en Medina del Campo, Luis de Quintanilla se hada pasar en dinero (ibid., prot. 6095, fs. 1187 y 1195). Los casos de pagos mixtos, en especie y tunero, eran lo más corriente: Pedro de Sotomayor, de Madrid, obtenía 290 fanega o el trigo, 194 de cebada y 6000 maravedíes de su dominio de la Zarzuela (CM, leg. MV, .£); Pedro Bonal, de Salamanca, exigía 900 fanegas de trigo, 100 de cebada, 4000 Maravedíes y 36 gallinas (ibid.); rentas de tipo mixto recibían también don Pedro Maldonado (ibid.), el licenciado Villena júnior (AHPV, prot. 30, f. 27) y el comendador de Zamayon, el cual alquiló, en 1523, una dehesa para un período de nueve años mediante el pago anual de 13.000 maravedíes, 210 fanegas, la mitad de trigo y la otra mitad de cebada, 2 puercos camperos (o su equivalente en dinero, a 300 maravedíes cada puerco), dos docenas de gallinas (AHPSa, prot. 2917, f. 733). <<

[44] En la región de Segovia, Antonio Suárez e Iñigo López Coronel obligaban a que el pago de los cánones se realizara siempre en especie (Chancillería, protocolo 1, y CM, leg 381, s. f.). Posiblemente esto se puede aplicar también al bachiller de Guadalajara que vendió grandes cantidades de trigo en 1513 (Chancillería, prot. 1). También Pero López de Calatayud, en Valladolid, el licenciado Bernaldino, que poseía tierras cerca de Salamanca, Alvaro Serrano, en Ávila, y Diego de Ulloa, en Toro, recibían todos sus cánones en especie (CM, leg. 355 y 379, s. f.). En cambio, Juan Gaitán, de Toledo, alquiló una dehesa por 102.000 maravedíes, «pagados por San Miguel e Navidad e Pascua Florida de cada año» (ibid., leg. 377, s. f.); tal es el caso también, de Andrés de Ribera, de Valladolid, que poseía una dehesa «en término de Salvatierra, que renta 230.000 maravedíes en dineros». (AHPV, protocolo 32, f. 95); igualmente, en Medina del Campo, Luis de Quintanilla se hada pasar en dinero (ibid., prot. 6095, fs. 1187 y 1195). Los casos de pagos mixtos, en especie y tunero, eran lo más corriente: Pedro de Sotomayor, de Madrid, obtenía 290 fanega o el trigo, 194 de cebada y 6000 maravedíes de su dominio de la Zarzuela (CM, leg. MV, .£); Pedro Bonal, de Salamanca, exigía 900 fanegas de trigo, 100 de cebada, 4000 Maravedíes y 36 gallinas (ibid.); rentas de tipo mixto recibían también don Pedro Maldonado (ibid.), el licenciado Villena júnior (AHPV, prot. 30, f. 27) y el comendador de Zamayon, el cual alquiló, en 1523, una dehesa para un período de nueve años mediante el pago anual de 13.000 maravedíes, 210 fanegas, la mitad de trigo y la otra mitad de cebada, 2 puercos camperos (o su equivalente en dinero, a 300 maravedíes cada puerco), dos docenas de gallinas (AHPSa, prot. 2917, f. 733). <<

[45] N. SALOMÓN, op. cit., pp. 238 ss <<

[46] Ibid., p. 250. <<

[47] Sobre los censos, cf. N. SALOMÓN, op. cit., pp. 245 ss, y B. BENNASSAR, op. cit., pp. 258 ss. <<

[48] Los censos sobre tierras de los que hemos encontrado mención son los percibidos por el licenciado Bernaldino (30 fanegas de trigo que obtenía en Salamanca; CM, leg. 355, sin folio), por Hernando de Paredes, de Madrid (400 maravedíes por las viñas; ibid., leg. 379, s. f.), por Gonzalo de Ayora, en Palencia (ibid.); por el licenciado Villena júnior (AHPV, prot. 30, f. 26). <<

[49] cf. Especialmente B. BLANCO GONZÁLEZ, Del cortesano al discreto, p. 166 y la nota de la p. 368; COLMEIRO, II, P. 94 <<

[50] S. CIRAC ESTOPANXN, Registro de los documentos del Santo Oficio de Cuenca y Sipierna. I, Cuenca-Barcelona, 1965, p. 93. <<

[51] L. FEBVRE, Combats pour l’histoire, París, A. Colín, 1953, p. 93 <<

[52] cf BERNASAR, op. cit, pp 137 ss. Algunos propietarios poseían jardín para su solaz además de huerto. He aquí el caso de huerta alquilada el 10 de abril de 1521, cerca de Valladolid por Luis de Quintanilla, el arrendatario aceptaba las siguientes condiciones —además de la renta, que consistía en la cuarta parte de los frutos y la mitad de la madera—, «que no tengo de labrar para hortaliza más que la mytad de huerta (…); curar la dicha huerta e árboles della (…); curar los dos verjeles (…); cabar todos los rosales (.) e dar las rosas a Luis de Quintanilla». (ASPV, leg. 6095. f. 907. <<

[53] Sobre Segovia, cf. E. TORMO, La comunidad de ciudad y tierra de Segovia, en BRAH, CXVIII, 1946; sobre Valladolid, cf. B. BENNASSAR, op. cit., pp. 26 ss; para Madrid, cf. la lista de las villas y lugares que eran de competencia de la Villa y tierra en 1594 en Estudios geográficos, núm. 84-85, 1961, p. 388; para Toro, Declaración de las aldeas que eran jurisdicción de Toro (RAH, col. Salazar, M.-L., f. 267). La «tierra» de una ciudad quedaba dividida en Mátanos por motivos administrativos y fiscales; al frente de cada sexmo se hallaba um minero o quadríllero (cf. el ejemplo de Palencia descrito por CARANDE, en RBAM, 1932, p. 251). Los trabajos de Johan PLESNER y de Nicolás OTTOKAR constatan en las ciudades medievales italianas la misma dependencia íntima y constante entre la ciudad y su distrito rural, el «contado», la misma unidad orgánica de la ciudad y el contado que encontramos en Castilla en el siglo XVI (cf. F. FEBVRE, Pour une histoire á pan entiére, París, 1962, p. 400). <<

[54] BRAUDEL, op. cit., I, p. 432. <<

[55] Ibid., pp. 447-449. <<

[56] A finales de 1515 o principios de 1516 el conde de Benavente comenzó la construcción de un palacio en Valladolid, «a la calle que dizen de la Puente». Los representantes de catorce quadrillas de la ciudad, después de unos primeros momentos de duda, se opusieron a este proyecto, «diziendo ser perjudicial y en gran daño y perjuizio la dicha casa de la dicha villa y de la comunidad della» y el corregidor, casi dos años más tarde, atendió a sus protestas y prohibió que continuaran las obras. El conde protestó afirmando que el palacio no tenía nada de una «casa fuerte»: «las tapyas della son delgadas y de teja y non lievan troneras ni bóvedas como los procuradores lo quisieron dezir sino toda obra muy llana». Intervino el rey y el 1 de febrero de 1515 el municipio de Valladolid aceptó reconsiderar la cuestión, pero al poco tiempo, Francisco de Saldarla, procurador mayor, acusó al conde de haberse servido de la corrupción para conseguir esa decisión: uno de sus más decididos partidarios «conpró el regimiento y se lo pagó el conde»; naturalmente, el palacio era una «casa fuerte», «la más fuerte que ay en estos reynós», afirmación quizás exagerada, y Saldaña añadió sobre la intervención del rey: «el día que vuestra alteza se determinare a dar licencia al dicho conde que alce el enbargo y continué la obra, aquel día le haze vuestra alteza asoluto señor de valladolid». Por supuesto, el conde de Benavente pudo llevar adelante su proyecto (cf. Céd., lib. 40, f. 274 r., y Mem., leg. 132, sin folio). <<

[57] cf. la petición 42 de las Cortes de 1518: «suplicamos a vuestra alteza que mande que non anden pobres por el reyno, synon que cada uno pida en su naturaleza, y los que estovieren dañados de las bubas estén en casa cierta y allí pidan para ellos». (Cortes, IV, 272). Sobre la polémica en torno a la reorganización de la beneficencia, cf. el resumen del curso dictado por M. BATAILLON en el College de France, en 1949, «Les idees du seiziéme siecle espagnol sur les pauvres, sur l’aumóne, sur l’assistance», en Annuaire du Collége de France, 1949, pp. 209-214, y la puesta al día de M. MOLHO en su interesantísima introducción de Romans picaresques espagnols (Bibliotheque de la Pléiade, Parte, Gallimard, 1968, pp. XIV ss). <<

[58] Es la expresión utilizada por un notario de Valladolid en 1517: «carta de poder de Ana Rodríguez, muger enamorada, vecina de Valladolid». (AHPV, leg. 29, f. 72). La prostitución debía ser un negocio altamente productivo a juzgar por la controversia que surgió a comienzos del reinado de Carlos V ciudad de Medina del Campo y dos importantes funcionarios: «Bartolomé Ruiz de Castañeda, vuestro secretario, dize que el rey Católico (…) hizo merced a Juan Ramírez y a él para que hiziesen en la villa de Medina del Campo vna calle de casas en que viviesen las rameras que veniesen a las ferias (…) para que lo que rentasen fuese suyo e de sus herederos e sucesores». La ciudad pensaba que estas concesiones eran excesivas, intentó entablar un proceso y acabó poniéndose de acuerdo con los interesados, que renunciaron a sus privilegios en favor de la ciudad. A cambio, el municipio les cedió en propiedad plena cincuenta obradas de tierras (CP, leg. 12, Medina del Campo, s. f.). <<

[59] cf. B. BENNASSAR, op. cit., pp. 53 ss., así como un artículo muy sugerente del mismo autor, «L’alimentation d’une ville espagnole au XVI’siécle», en Ármales, E. S. C, 1961. <<

[60] Casi siempre, las carnicerías constituían un servicio semipúblico que el municipio confiaba en adjudicación todos los años. En Segovia la adjudicación tenía lugar entre el 15 y el 20 de junio «de manera que para el día de San Juan de junio la ciudad esté probeyda de carne». (Mem., leg. 139, f. 333). Sobre el aprovisionamiento de carne cf. E. IBARRA y RODRÍGUEZ, «El problema de las subsistencias de España al comenzar la Edad Moderna. La carne», sacado del artículo publicado en los núms. 325 y 326 de la revista Nuestro Tiempo, Madrid, 1926. <<

[61] Fue por eso por lo que Cisneros creó un pósito en Alcalá de Henares el 13 de febrero de 1513, «por hazer bien e merced a esta dicha villa de Alcalá e al pueblo común della para las nescesidades que ocurren en el tiempo de la caristfa del pan (…), para evitar e quitar extrema necesidad en que las gentes se ven, especialmente los pobres, viudas e huérfanos e estudiantes». (Codoin, XIV, pp. 396-406). Sobre los pósitos en general, cf. E. IBARRA y Rodétamh, El problema cerealista. <<

[62] cf. B. BBNHIMIN. cit., pp. 291 ss. <<

[63] Don Alonso Niño de Castro poseía en 1520 tierras y huertas en Valladolid, «en la puerta del Caripo, en especial vna tierra allí junto a Santi Espíritu y vna huerta junto con la puerta de la villa y por estar tan cercanas a la villa rescibe en ellas tanto daño que avnque las labra casi no coge dellas fruto». En consecuencia, hubiera deseado destinar estas tierras a la construcción de viviendas, pero como se trataba de tierras de mayorazgo, el rey abrió una información para averiguar «cómo hera más útil y provechoso a su mayorazgo». Todos los testigos afirmaron que era más conveniente dedicar esos terrenos a la construcción: «la renta de los censos y edificios es más segura que labrar las dichas heredades». (Mem., leg. 137, f. 51). <<

[64] En cuanto a Luis de Quintanilla, cf. AHPV, prot. 6095, fs. 841 y 942 (el alquiler constaba las más de las veces de una renta en dinero y de un canon en especie, en general uno o varios pares de gallinas); para el licenciado Bemaldino, cf. CM, leg. 355; para don Pedro Maldonado, cf. CM, leg. 379, s. f. <<

[65] Es el caso de Pedro de Losada, regidor de Madrid (CM, leg. 379, s. f.), de Pedro de Sotomayor (ibid.), del licenciado Rincón (ibid, leg. 355, s. f.), de Juan Gaitán (ibid., legajo 377, s. f., etc. <<

[66] CM, leg. 355, s. f. <<

[67] Ibid., leg. 381, s. f. <<

[68] Ibid., leg. 355, s. f., y PR, leg. 4, f. 15. <<

[69] Cf. infra, pp. 39 ss <<

[70] Según F. Ruiz MARTÍN, la expansión se prolongó hasta 1586 aproximadamente (Rasgos estructurales, p. 93). <<

[71] cf. P. VILAR, op. cit. I, p. 510: «Desgraciadamente, no existe ningún estudio serio para llevar a cabo un balance, que seguramente sería positivo, del siglo XV castellano, tanto antes como durante el reinado de los Reyes Católicos». Las obras fundamentales (HAMILTON, CARANBE, BRAUDBL) sólo estudian los problemas económicos a partir del reinado de Carlos V. todo lo inmediatamente anterior está mucho menos estudiado. <<

[72] Gabriel ALONSO de HERRERA abre el camino con la Obra de agricultura, que se imprimió en Alcalá de Henares en 1511 y que sería reeditada varias veces a lo largo del siglo XVI sobre las obras dedicadas al estudio de los problemas agrarios, cf. F. TOLSADA PICAZO, Bibliografía española de agricultura, 1495-1900, Madrid, Instituto Nacional del Libro Español, 1953. <<

[73] N. SALOMÓN, Recherches sur le théme paysan dans la «comedia» au temps de Lope de Vega, Burdeos, Institut d’études ibériques et ibéro-américaines, 1965. <<

[74] CARANDE, op. cit., I, p. 115. <<

[75] B. BENNASSAR, op. cit., pp. 31 ss. <<

[76] CARANDE, op. cit., I, p. 121. <<

[77] N. SALOMÓN, La Campagne, p. 70. <<

[78] Ibid., pp. 93-96, y B. BENNASSAR, op. cit., p. 220. <<

[79] Sobre la Tierra de Campos, cf. las indicaciones que se pueden obtener en la Silva Palentina de Alonso FERNÁNDEZ DE MADRID; sobre la producción cerealística en Castilla la Nueva en la segunda mitad del siglo XVI, cf. N. SALOMÓN, op. cit., p. 83. <<

[80] CARANDE, op. cit., I, p. 124. <<

[81] Petición 18 de las Cortes de 1506: «dello se ha seguido mayor daño porque en muchas tierras se defiende que no se saque de vnas partes a otras e los que tienen mucho pan lo venden cocido a mayor prescio que está tasado e muchos dexan la labor por el baxo prescio; suplican a V. a. que se entienda en el remedio de lo vno e de lo otro, porque mediando, parescerá mucha prouisión y mayor abundancia de pan e porque los labradores e otras personas que lo solían labrar pornán mayor diligencia en la lauor e abrá más pan». (Cortes, IV, 228-229). <<

[82] CARANDE, op. cit., pp. 136-137; B. BENNASSAR, op. cit., pp. 288 ss. Respecto a los viñedos en España es útil la obra de Alain HUETZ DE LEMPS, Vignobles et vins du Nord-Ouesi de l’Espagne, 2 vols., Burdeos, 1967. <<

[83] E. IBARRA y RODRÍGUEZ, El problema cerealista, pp. 90 ss., que da fe, en las postrimerías del siglo XV y principios del siglo XVI de las exportaciones de trigo castellano hacia Aragón, Portugal, Francia e Italia y las protestas de las Cortes, que veían en ellas una de las causas del alza de los precios. <<

[84] CARANDE, op. cit. I, pp. 122-123. <<

[85] Ibid., pp. 121-122. <<

[86] Sobre la Mesta of. la obra ya clásica de KLEIN y las alusiones de CARANDE, op. cit., I, pp. 73 ss. <<

[87] cf. KLEIN y CARANDE. Numerosos documentos en Simancas. Para los primeros años del siglo XVI y para la región de Cuenca, cf. el largo proceso entablado entre la Mesta y los campesinos «que hablan roturado en la sierra de Cuenca», 1509-1514-1520 (CR, leg. 60, f. 9-1 y II); cf. también DC, lib. 8, f. 75 (quejas contra los alcaldes entregadores, 1516). <<

[88] B. BENNASSAR, para la región de Valladolid (op. cit., pp. 307 ss.), y N. SALOMÓN, para Castilla la Nueva (op. cit., p. 94), señalan ambos este equilibrio, esta relativa victoria de la agricultura sobre la ganadería. CARANDE es más escéptico sobre la situación en el reinado de Carlos V: «El constante litigio mantenido entre agricultores y ganaderos y la supremacía de la Mesta, que reclamaba tierras de pasto, sirvieron de freno a la expansión del cultivo» (op. cit., I, p. 134). <<

[89] «La carrera entre el aumento de bocas que comen, y comen fundamentalmente pan, y el aumento de granos que se recogen en Castilla, alcanza un inestable equilibrio en la primera mitad del siglo XVI —yo creo que la crisis no se produce hasta 1578». (F. Ruiz MARTÍN, Rasgos estructurales, p. 97). <<

[90] Op. cit., I, p. 562. <<

[91] Cf. infra, pp. 273 ss. <<

[92] cf. especialmente la opinión de dos de los mejores conocedores de la España clásica, Pierre VILAR, op. cit., I, p. 547, y CARANDE, op. cit., I, pp. 167-168. El libro ya antiguo de C. DE LECEA y GARCÍA, Recuerdos de la antigua industria segoviana, Segovia, F. Santiuste, 1897, resulta totalmente decepcionante. Esperamos con impaciencia el estudio que F. Ruiz MARTÍN ha prometido sobre la industria textil castellana y la obra de J. P. Le FLEM sobre Segovia. <<

[93] Petición de los mercaderes y hacedores de paños de Segovia, 24 de septiembre de 1515 (CP, leg. 19, Segovia, s. f.). Se puede apreciar el desarrollo de la industria textil en Segovia a principios del siglo XVI por el volumen de importaciones de pastel de Lauragais, producto utilizado para el tinte y que constituía desde 1460 el punto principal del gran comercio tolosino; los españoles eran importantes clientes desde el primer momento (cf. F. MAURO, Le Siezieme siécle, pp. 107 y 126 ss.). Mercaderes de Burgos, Diego de Bernuy, regidor, Francisco de Mazuelo, los hermanos Antonio y Andrés de Melgosa figuraban entre los principales importadores; entre 1514 y 1525, vendieron grandes cantidades de pastel a los segovianos, especialmente a Antonio Suárez quien, a su vez, los revendía a los artesanos (cf. AHPSe, registros del notario Buisán, prot., 20, fs. 45, 63, 67, 71, 94, 104, 125, 541, 546, 605. 610, 615; prot. 35, fs. 642 y 643; prot. 51, fs. 67, 76; registros del notario Ruescas, prot. 55, fs. 72, 85, 90, 92, 97, 102, 103, 110, 111, 119, 124, 131, 137, 141, 148, 159, etc.). <<

[94] Sobre la industria textil en Toledo, cf. CARANDE, op. cit., I, p. 189, y M. del Carmen CARLÉ, Mercaderes en Castilla, p. 198. Se puede citar también este pasaje del Crotalón, en el que se ve al héroe en el curso de una de sus reencarnaciones, que aparece en un taller de Toledo: «yo fue hija de vn pobre perayre en aquella ciudad de Toledo, que ganaua de comer pobremente con el trabajo continuo de vnas cardas y peynes; que ya sabes que se hazen en aquella ciudad muchos paños y bonetes; y mi madre por el consiguiente viuía hylando lana; y otras vezes labando paños en casa de hombres ricos mercaderes y otros ciudadanos». (NBAE, VVII, p. 197 a). Desde 1497, Cuenca poseía importantes talleres (CP, leg. 7, Cuenca, s. f.) y a finales del siglo XVI sus paños rivalizaban con los de Segovia, si hemos de creer en las afirmaciones de Sancho Panza: «más calientan cuatro varas de paño de Cuenca que otras cuatro de límiste de Segovia». (Quijote, II. p. 33). <<

[95] C. FERNÁNDEZ DURO, Memorias de Zamora, II, pp. 104-105, 182. <<

[96] CARANDE, op. cit, Í, p. 189; para la pequeña industria de la región de Palencia, cf. RGS, 11 de octubre de1525. <<

[97] Nueva recopilación, VII, tit. XII-XVII; cf. en Simancas el voluminoso Expediente para reformar las ordenanzas de los paños (CR, leg. 31, f. 15) que ha sido publicado ahora por M. de LA SATERRAÑA MARTÍN POSTIGO en Estudios Segovianos, XV, 1963, pp. 363-412. En el mismo orden de ideas, cf. el Parecer de Pedro de Buitrago, vecino de Segovia, sobre el obraje de tos paños bervies, s. a. (Estado, leg. 12, f. 100). Las Ordenanzas de 1511 son el resultado de una larga elaboración en la que participaron representantes de la profesión llegados de todas partes de Castilla (cf. CP, leg. 15; Palencia: elección, el 2 de mayo de 1509. de dos delegados de Palencia, el regidor Alonso de Huete y Bartolomé de Villamartín). <<

[98] En Ávila, proceso para la elección de veedores de tundidores (CP, leg. 2, Ávila, f. 265). proceso en Toledo, en 1513, entre el regimiento y los texedores sobre la misma cuestión (ibid., leg. 20, Toledo); nuevas protestas en Toledo, en 1516 (ibid). A veces se encargaba a un alto funcionario una función de inspección. Este fue el caso, por ejemplo, de don Diego Osorio, corregidor de Salamanca, en 1502, que acudió a Medina del Campo para comprobar la calidad de los paños puestos a la venta (ibid., leg. 12, f. 141). <<

[99] Sobre estas cofradías de obreros y artesanos, cf. el testimonio de Venegas (NBAE, XVI, 178 a). <<

[100] CP, leg. 15, Palencia. <<

[101] RGS, 15 de marzo de 1524. Otras cofradías elegidas al azar: la de Santisteban, que agrupaba a los pelaires de Cuenca en 1509 (CP, leg. 7, f. 87); la de San Román, en Ávila, en 1513, para los oficiales de cardar e peinar panos (ibid., leg. 2, f. 252), etc. <<

[102] Op. cit., I, 570. Sobre los hacedores de paños de Segovia, cf. CARANDE, qp. cit., I, pp. 172 ss. y las alusiones de F. Ruiz MARTÍN (Lettres mar chandes, XXXVIII, Rasgos estructurales, pp. 101 ss.), para quien la etapa siguiente, el factory system, no aparece hasta 1570 (Un testimonio, pp. 7-8). <<

[103] Lo que hacían Juan de Ximena, Pedro García de San Millán, Francisco de Segovia Bonifaz, Antonio del Espina y otros mercaderes, «que tienen el obraje de los paños», era protestar contra los impuestos extraordinarios que pretendía imponer la ciudad para pagar los daños causados durante el conflicto de las Comunidades (cf. infra, p. 658); los artículos necesarios para la industria textil (jabón, aceite, madera, pastel, etc.) estaban mucho más fuertemente gravados que los demás, de modo que los treinta o cuarenta fabricantes pagarían si no se tomaban disposiciones que modificaran tal situación, tanto como los 5000 vecinos de la ciudad (RGS, 29 de enero de 1524). <<

[104] CP, lea. 19, Segovia, s. f. <<

[105] Ibid., leg. 2, f. t. <<

[106] Ibid., leg. 7, Cuenca, f. 119. <<

[107] CARANDE, op cit I, pp. 171 ss. Los fabricantes segovianos defendían con extremado celo su marca, la famosa Puente. <<

[108] CP, leg. 9, Jaén, f. 245. <<

[109] He aquí la petición de Gonzalo de Valdivielso, prior de la freiría de los pañeros de Burgos: «en todos los tiempos antepasados se han hecho en esta cibdad mucha conpra de paños veruies e frisas y en el obramiento de los tales paños entran muchos oficios de que las dos tercias partes de las gentes de la cibdad se han mantenido e mantyenen (…); se obran de la lana grosera de la tierra, la qual syenpre se conpró cinco o ocho leguas alrededor de la cibdad». (CP, leg. 4, Burgos, s. f.). Quejas en Palencia, también, en 1502, a la hora de aplicar el reglamento (ibid., leg. 15, Palencia, s. f.). <<

[110] RGS, 11 de diciembre de 1523 y 2 de junio de 1525. <<

[111] RGS, 16 de febrero de 1519 y 16 de septiembre de 1519. <<

[112] CP, leg. 19, Segovia, s. f. <<

[113] Sobre el mercado de la lana, cf. CARANDE, op. cit. I, pp. 57 ss. y la obra de M. BASAS FERNANDEZ, El Consulado de Burgos. <<

[114] Práctica a la que hace referencia CARANDE, op. cit., M. BASAS FERNÁNDEZ, op. cit., y comentado por A. SAYOUS, La genése du systéme capitaliste, pp. 342 ss. <<

[115] El nombre que aparece más frecuentemente en los archivos notariales de Segovia es el del mercader Antonio Suárez, futuro comunero, que compraba, en la región de Buitrago, importantes cantidades de lana mucho antes de la esquila a otros mercaderes o artesanos: 1000 vellones el 4 de diciembre de 1517, a 38 maravedíes el vellón, a entregar para la festividad de San Juan de 1518 (400 vellones) y para San Juan de 1519 (600 vellones); el 9 de diciembre de 1517, compra de 10 arrobas de diez vellones cada una, a razón de 30 maravedíes el vellón, a entregar para San Juan de 1519, es decir, dieciocho meses después (AHPSe, notario Buisán, LI. 20, fs. 25 y 30); el 22 de abril de 1518, compra de 8 arrobas, a 250 maravedíes la arroba, a entregar para San Juan de 1519 (ibid., f. 246); el 15 de julio de 1518, compra de 150 vellones, a 40 maravedíes el vellón, para entregar a finales de mayo de 1519 (ibid., f. 386); el 9 de septiembre de 1518, compra de 90 arrobas, a 500 maravedíes cada una, con entrega a finales de mayo de 1519 (ibid., f.). 454); el 9 de septiembre de 1518, compra de 100 vellones, a 30 maravedíes el vellón, para entregar hacia San Juan de 1519 (ibid., f. 453), etc. Muchas veces, Antonio Suárez precisaba en sus contratos la calidad de la lana que deseaba: «lana mayor blanca» (ibid., f. 289); «lana mayor merino» (ibid., f. 246); «lana mayor merino fino syn hierro» (ibid., f. 241). Una vez lavada, revendía la lana: el 17 de agosto de 1518, dos contratos de venta mencionaban 272.450 y 272.440 maravedíes respectivamente (ibid., fs. 429 y 430); el 5 de octubre de 1518, dos ventas por valor de 31.414 y 199.360 maravedíes (ibid., fs. 574 y 579); el 14 de octubre de 1518, venta de 41.781 maravedíes de lana (ibid., f. 601); numerosos contratos en agosto de 1519 con sumas que variaban entre 3180 y 162.000 maravedíes (ibid., lib. 53, fs. 38 ss.). Sobre el papel de intermediarios desempeñado frecuentemente por los burgaleses, por encargo de los capitalistas extranjeros, cf. Ruiz MARTÍN, Lettres marchandes, XXXVÍI-XXXVIII. <<

[116] CARANDE, op. cit., I, pp. 100, 174. <<

[117] Antonio Suárez tenía su propio lavadero, «en el soto desta cibdad de Segovia»; hemos encontrado varios contratos firmados en octubre de 1518, especificando el precio que se había pagado a los artesanos: 2100 maravedíes al mes a García de Rueda y su hijo, Flandes (Mem., leg. 123, s. f.). También Diego de Castro trabajaba para la además de la comida (AHPSe, notario Buisán, lib. 20, f. 499); 1600 maravedíes al mes (ibid., I. 604); 1200 maravedíes al mes (ibid., f. 566). El bachiller Antonio del Espinar dirigía en Segovia una sociedad comercial («trato de lanas e tapicería e lienzos e sedas»), que se preocupaba también de preparar las lanas destinadas a la exportación: «lavar las lanas e adrecar para enbiar a exportación»; Bartolomé de Vergara, apartador de Segovia, se comprometió el 13 de julio de 1517 a «apartar y hazer el lavadero de las lanas que este presente año Diego de Castro, estante en la dicha ciudad tiene de hazer apartar y aderezar y lavar para Florencia y para Roán»; el contrato, que era muy detallado (preveía la duración de la jornada de trabajo, el peso de las balas de lana y los cuidados que debían prestarse a la lana, ya que la lana destinada a Florencia debía ser mejor cuidada que la que se enviaría a Rouen. etc.) fue publicado por L. LARIOS, en Estudios Segovianos, XIV, 1962, pp. 329-331. <<

[118] Carande, op. cit., I, pp. 100, 174. <<

[119] cf. La puesta al día de M. Mollet, «Le role internacional des marchands espagnola dans les ports occidentaux á l’époque des Rois Cathaloques» en Instituciones económicas, sociales y políticas de la época fernandina, Zaragoza, 1962, pp. 99-11 y los trabajos más antiguos de J. comunicaciones muy eficaz de modo que muchas veces incluso la correspondencia FlMOT (Etude historique sur les relations commerciales entre la Ftandre et l’Espagne au Moyen Age, París, 1899), J. MATHOREZ («Notes sur les rapports de Nantes avec l’Espagne», en B. Hi., XIV, 1912, pp. 119-126, 383-407, y XV, 1913, pp. 68-92-188-206) y J. A. GORIS (Etude sur les colonies marchandes meridionales [Portugais, Espagnols et Italiensl á Anvers de 1488 a 1567, Lovaina, 1925). Los mercaderes burgaleses contaban con una red de oficial utilizaba los servicios de sus agentes en Brujas (cf. Correspondencia de GOMEZ DE FUENSALIM, pp. 116, 125, 163, 167, 171). <<

[120] Sobre el primordial papel que representó el Consulado de Burgos en la exportación de lanas hacia el Norte, cf. M. BASAS FERNÁNDEZ, op. cit. Tomando como modelo este tráfico controlado por el Estado se creó a principios del siglo XVI la Casa de Contratación de Sevilla para canalizar el comercio con las Indias. <<

[121] Op. cit., I. p. 169. <<

[122] Sobre esta coalición de intereses, cf. CARANDE, op. cit., I, pp. 87, 98, 190; SÁNCHEZ ALBORNOZ, España, II, p. 313; M. BASAS FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 193 ss.; sobre las consecuencias que esta conjunción iba a tener a largo plazo en la economía española, cf. las reflexiones de M. TUNÓN DE LARA, Panorama actual de la economía española, París, Librería Española, 1962, pp. 34-40. <<

[123] En 1519, 1520 y 1526, el total de corderos de la Mesta sobrepasó los tres millones (KLEIN, op. cit., pp. 39-40). Las cifras citadas por CARANDE (op. cit., I, p. 112) confirman que el período de 1516 a 1527 constituyeron el apogeo del poder y la riqueza de la Mesta: <<

Años Corderos Producción de lana Valor.

1516-1527 2.898.653 579.730 arrobas 655.095 ducados.

1528-1537 2327.987 505.597 arrobas 581.437 ducados.

1538-1547 2.654.384 530.877 arrobas 706.066 ducados.

1548-1557 2. 583..883 516.777 arrobas 749.327 ducados.

[124] CARANDE, op. cit. I, p. 79, constata la creciente irritación de los municipios, que veían cómo disminuía su autonomía, en tanto la autoridad de la Mesta, cada vez más arrogante, no cesaba de incrementarse. Varios litigios dan fe de esa tensión entre los años 1515-1520: proceso de Murcia contra la Mesta «sobre el poner de alcalde de quadrilla en la dicha cibdad». (RGS, 19 de junio de 1516, documento clasificado erróneamente en el legajo de enero de 1518); litigios, asimismo, en Soria y Cuenca, en 1519 (Mem., leg. 132, s. f.). En 1519 pareció cobrar mayor auge la hostilidad contra la Mesta, hasta el punto de que su concejo afirmó, de forma, sin duda exagerada, que se encontraba al borde de la catástrofe: «el dho Concejo está totalmente destruydo»; su presidente, el doctor Palacios Rubios, miembro del Consejo Real, reunió un dosier muy voluminoso: «le son hechos muchos agrauios por los caminos donde van a los extremos y a las syerras. En las abdiencias no les quieren hazer justicia conforme a sus preuillegios; muéstranles mucho disfauor que, avnque lo solían tener en vida de los católicos reyes y conocían en todo el reyno que no avían de dar lugar a que les fuesen hechos agrauios, tenían harto que hazer; quánto más agora que todos les son contrarios». (Mem. leg. 132, sin folio, documento del 26 de julio ele 1519). Acerca de los conflictos entre hermanos de Burgos y Segovia en 1520, cf. Mem., leg. 141, f. 425. <<

[125] Alegato de la Mesta en 1520 (Mem., leg. 141, f. 469): «Considerando que los ganados, bacas y ovejas e carneros e cabras e yeguas y otros ganados que van y vienen a los extremos es vna de las principales hazlendas que tienen muy gran parte de las gentes destos sus reynos e donde todos ellos se proueen de carnes para comer e lanas para bestir e de calcado y otras muchas cosas necesarias e que sin aquellos los dichos reynos no se podrían rastener e que de allí depende la mayor parte de las rentas reales e que conviene a fe república de los dichos reynos que los dichos ganados e los dueños dellos e sus atos e cabañass sean anparados y defendidos…». <<

[126] Pragmática de 1991; ya anteriormente, Carlos V había pretendido elevar de un tercio a la mitad la cantidad de las lanas destinadas a la industria nacional (CARANDE, op. cit., I, pp. 109-110). Sobre un conflicto análogo entre exportadores de materias primas y productores en Cataluña, en 1590-1591, cf. FIERRE VILAR, op. cit., I, p. 560. <<

[127] Sobre el Memorial de Luis Ortiz, cf. CARANDE, op. cit., I, pp. 212-214 y J. LARRAZ, La época del mercantilismo, pp. 160 ss. En 1512, Guichardin evaluaba en 250.000 ducados anuales los derechos percibidos sobre la exportación de lanas y en 500.000 el beneficio que obtendría España cuando vendiera la materia prima al extranjero y la volviera a comprar en forma de productos manufacturados (citado por BLANCO-GONZÁLEZ, Del cortesano al discreto, p. 429). Muy pronto los españoles más avisados comprenderían que los países europeos explotaban a España al igual que España explotaba a las Indias: «nos tratan como a indios» (cf. P. VILAR, Les primitifs espagnots, pp. 261-284). <<

[128] K. HAEBLER, Prosperidad y decadencia. En el mismo sentido, KLEIN, op. cit., p. 50. <<

[129] Cf. infra, pp. 92 ss <<

[130] Op. ctt., I, p. 517. <<

[131] CARANDE, op. cit. I, pp. 168 ss., que explica de esta forma el estancamiento de la industria textil: «el favor que gozó la lana como exportación predilecta durante el reinado de los Reyes Católicos; el dispensado por Carlos al abastecimiento de la primera materia de la industria de sus tierras nativas; los compromisos derivados de las operaciones de crédito estipuladas con banqueros de otros países». Para C. SÁNCHEZ ALBORNOZ (España, un enigma histórico, II, pp. 312-313), la decadencia de la industria textil castellana se debía esencialmente a la participación cada vez más numerosa, de extranjeros en el mercado de la lana: «al ganadero se pagaban las lanas de 11 a 12 reales por arroba y el revendedor cobraba por ella de 29 a 30. Ese tremendo agio, al elevar el precio de la lana acaparada, privó de primera materia a los modestos tejedores de Castilla». ¿Se produjo una decadencia, en el reinado de Carlos V, con relación a la época de los Reyes Católicos? CARANDE afirma que no (op. cit., I, p. 87): «lo que sabemos no atestigua que durante el reinado de aquellos monarcas aumentase la actividad de los telares de paños que apenas satisfacían la demanda del país. Resuenan quejas por la falta de tejidos y por su mala calidad». En el mismo sentido, cf. AZCONA, Isabel, p. 364: «Es absolutamente exagerado afirmar que la manufactura textil castellana podía competir en producción, calidad y precios con la extranjera». <<

[132] Rasgos estructurales, pp. 93-103 <<

[133] Cf. VALDBÚN BMUQUB. Enrique II de Castilla.., <<

[134] «Barcelona, Bilbao, Medina del Campo, Segovia experimentaron una actividad industrial o comercial muy superior a cuanto se hallaba por debajo del paralelo de Toledo, excepción hecha de Sevilla». (F. MAURO, Le XVI’ siécle, p. 287). <<

[135] BRAUDEL, op. cit. I, pp. 427-428. <<

[136] Seguimos en este punto la exposición de M. BASAS FERNANDEZ, op. cit., pp. 29 ss. cf. también N. GONZÁLEZ, Burgos, ciudad marginal de Castilla, Burgos, 1958. <<

[137] CARANDE, op. cit. I, pp. 271-277. <<

[138] «La gente desta cibdad es muy amorosa con los estrangeros, muy fiel con sus reyes y sofrida con los huéspedes. No ay en ella gente ociosa ni baldía sino que todos trabajan, ansí mugeres como hombres y los chicos como los grandes buscando la vida con sus manos y con sudores de sus carnes. Vnos exercitan las artes mechánicas y otros las liberales (…). Los que rigen y gobiernan la república procuran el bien común y no hazen como otros muchos que buscando sus intereses destruyen a los pueblos». (L. MARINEO SÍCULO, Cosas memorables, f. XVI, r.). <<

[139] Respecto a lo que sigue, cf. CARANDE, op. cit. I, pp. 227-281 y 371-376. <<

[140] Sobre este proyecto, cf. CARANDE, op. cit., I, pp. 434 y 539 y el informe de DC (lib. 9, f. 2), s. d.: «las cabsas por do vuestra magestad verá que cunple a su servicio que lo de la negociación de lo de la especiería asiente la casa de la contratación della en la cibdad de La Coruña». <<

[141] P. CHAUNU, Séville, pp. VIII-1, 250-251. <<

[142] B. BENNASSAR, . cit., p. 18. <<

[143] Sobre Valladolid, cf. B. BENNASSAR, op. cit. Ibid., pp. 105411. <<

[144] Ibid., pp. 105-11 <<

[145] Miscelánea da, Zapata, p. 56; sobre las ferias de Medina de Rioseco, cf. H. LAFEYRB, Une famille de mmrchtmds p. 478. <<

[146] H. LAFEYRB, op. cit., pp. 479-480, y ESPEJO y PAZ, Las ferias de Medina del Campo, pp. 62-63. <<

[147] Ver, por ejemplo, la queja de los mercaderes de Valladolid, en 1491: «pesquisa sobre que les andaban sonsacando para que fuesen a la feria de Villalón». (CP, leg 21, f. 8). <<

[148] PR, leg. 59, f. 115, y CP, leg. 12, s. f. <<

[149] Cédula del 4 de diciembre de 1518; el rey reprocha al corregidor de Medina del Campo que haya cedido a la presión de sus administrados; le ordena que anuncie de inmediato la feria de Villalón (Ced., lib. 43, f. CXLIII, V.). <<

[150] Estado, leg. 2, f. 436. Sobre la polémica entre Villalón y Medina del Campo, cf. además otros documentos conservados en Simancas. Consejo y Junta de Haciendas, leg. 7 antiguo, s. f. <<

[151] Sobre las ferias de Medina del Campo; cf. ESPEJO Y PAZ, op. cit., y CARANDE, op. cit., I, pp. 324 ss. <<

[152] Cf. PEDRO DE MEDINA, Grandezas de España, 133b. Sobre ciertas prácticas fraudulentas, cf. Estado, leg. 1, f. 2. <<

[153] CARANDE, op. cit., I, 323-349. <<

[154] Los contratos de arrendamiento de las alcabalas de Palencia en 1510, 1511 y 1512 nos dan notocia de los principales recursos de la ciudad. He aquí las cifras para los diferentes artículos:

Trigo: 41.000 maravedíes Pescado: 100.250 maravedíes Paños: 202.000 maravedíes.

Vino: 215.000 maravedíes Frutas: 88.000 maravedíes Calzado: 70.000 maravedíes Carne: 268.000 maravedíes.

Según estas cifras, Palencia era una ciudad esencialmente agrícola, pero con una actividad artesana bastante importante (Expedientes de Hacienda, leg. 891). Por la misma época, éstas eran las cifras en Zamora, que nos permiten sacar la misma conclusión que en el caso de Palencia:

Trigo: 50.000 maravedíes Frutas: 98.400 maravedíes.

Vino: 450.000 maravedíes Paños: 212.000 maravedíes.

Carne: 380.000 maravedíes Calzado: 59.000 maravedíes.

Pescado: 116.000 maravedíes (ibid.).

En Zamora existía un artesanado variado: trabajo del cuero, relojes, espaderos, plateros cf. FERNANDEZ DURO, Memorias de Zamora, II, pp. 104-105); en 1514 se autorizó a varios extranjeros a que se instalaran en la ciudad para dedicarse a la industria de la seda (ibid., pp. 182-183).

<<

[155] Sobre Salamanca, cf. PEDRO DE MEDINA, op. cit.,132b, y MARINEO SÍCULO, op. cit., f. XI, r. Numerosas informaciones abiertas por el corregidor, don Diego Osorio, en 1502-1506, sobre alborotos provocados por estudiantes (CP, leg. 16). <<

[156] Contrato entre el licenciado Gonzalo de Reinoso, vecino de Trujillo y los hermanos Alonso y Francisco de Ledesma, mercaderes de Salamanca, el 31 de diciembre de 1517 (AHPSa, prot. 2913, f. 153). Este contrato seguía al que habían firmado las mismas personas cinco años antes y que había resultado beneficioso para ambas partes (ibid., f. 155). El mismo Gonzalo de Reinoso se hallaba ya asociado desde 1512 a Fernán Diáñez, mercader de joyas de Salamanca; el capital inicial era de 50.000 maravedíes; el 6 de mayo de 1515 las dos partes decidieron prolongar por un año la duración de la compañía (ibid., 2911, f. 365). También en Salamanca hay que señalar la «sociedad e conpañía» fundada para una duración de dos años el 1 de julio de 1516, por la viuda Juana García que entregó 20.000 maravedíes a Esteban de Tineo «para que los hecheys en paños e sedas» (ibid., prot. 2912, f. 1081); la compañía fundada con carácter perpetuo por la viuda Lucía Martín y su hija Isabel Sánchez, cada una de las cuales aportó 6000 maravedíes: «somos convenidas e concertadas de tratar en compañía en el trato de la fruta e telas e otras mercadurías» (ibid., prot. 2916, f. 121). <<

[157] Pedro de MEDINA, op. cit., 124 a, y María del Carmen CARLÉ, Mercaderes, pp. 202-203. <<

[158] CP, leg. 2, f. 255. <<

[159] Op. cit., pp. VIII-1, 187. <<

[160] Sobre las sederías de Toledo, cf. CARANDE, op. cit. I, p. 195, y las Ordenanzas sobre el labrar de la seda en Toledo (RGS, 13 de octubre de 1525). La cifra de 10.000 personas empleadas en esta industria nos la dan MARINEO SÍCULO (op. cit., f. XII, r.) y Pedro de MEDINA (op. cit., 120 b). Los grandes comerciantes de Toledo, «que tienen negociación de comprar en Valencia paños y venderlos en Toledo y en otras partes por entero, los quales son todos veynte», rechazaron, en 1520, someter sus mercancías al control de los veedores como lo hacían los traperos que vendían al detalle; ellos vendían «paños enteros» y no «a la vara» (cf. CP, leg. 20, s. f.). Luis ORTIZ atestigua la decadencia de la ciudad a mediados del siglo XVI: «esta ciudad solía ser muy próspera por los muchos tratos e oficios que tenía, en especial por los de las sedas que en él se labravan, que la mayor parte se a perdido y dexado, porque franceses y otras naciones lleuan a sus tierras las sedas en madeja, como salen yladas del capullo del gusano de seda, y allá ponen sus telares y labran y azen todo género de telas de seda, lo qual mezclan allá con telas falsas y lanas y proueydos de lo mejor, nos buelven lo falso después de tejidas con sotilezas e yndustrías no pensadas». (Ed. citada, p. 409). <<

[161] CP, leg. 10, f. 336. <<

[162] CARANDE, op. cit., I, p. 201 <<

[163] BRAUDEL, op. cit., I, p. 68. <<

[164] M. CRIADO DE VAL, Teoría de Castilla la Nueva, pp. 44 ss.; Gonzalo MENENDEZ PIDAL, Los caminos en la historia de España. <<

[165] N. SALOMÓN, op. cit., p. 114. <<

[166] L. MARINEO SÍCULO, op. cit., f. III, r.; Pedro de MEDINA, op. cit., 44 b. <<

[167] P. CHAUNU. op. cit., pp. VIII-1, 187-188. cf. también M. del Carmen CARLB, Mercaderes, pp. 206-207, y A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Orto y ocaso de Sevilla <<

[168] Cf. CARANDE, op. eit., I, pp. 281 ss. y 376 ss.; y, del mismo autor, Sevilla, fortaleza y mercado; C. VERUNKN, Les Origines de la civilisation atlantique. De la Renaissance á l’Age des Lamieres, París-Neuchatel, A. Michel-Baconniéne, 1966, pp. 28-29. <<

[169] BRAUDEL, op. cit., I, pp. 104-109. <<

[170] cf. Pierre VILAR, Le Déclin catalán du bas Moyen Age, recopilado en Crecimiento y desarrollo, pp. 417 ss. <<

[171] Muy pronto se impuso la interpretación mítica del reinado de los Reyes Católicos. Vamos a dar solamente dos ejemplos. El primero hace hincapié en la anarquía que habría asolado el reino de Castilla en el período anterior al advenimiento de la reina Isabel. El 16 de febrero de 1521, y debido a las incursiones del obispo de Zamora per Tierra de Campos, el cardenal Adriano resumía así el estado de ánimo en el círculo realista: «ya dizen que se roba acá como en tiempo del rey don Enrique». (PR, leg. 2, f. 1, carta publicada por D., III, 205). Pero el p. AZCONA (Isabel la Católica, pp. 52 ss.) ha demostrado que se ha exagerado no poco respecto a ese estado de anarquía por parte de los cronistas oficiales y especialmente de Hernando del Pulgar, en su deseo de exaltar la figura de la soberana.

El segundo ejemplo es más significativo. En 1539 con ocasión de las exequias de la emperatriz, el obispo de Nicaragua, predicador en aquella ocasión, estableció una comparación entre la reina Isabel y su nieta. Fray Juan de Salinas, que estaba entre la audiencia, lo encontró inadmisible y casi una blasfemia: «insufrible comparación a los oídos deste reyno». (Crónica de Pedro GIRÓN, pp. 317-318). A partir de entonces el panegírico de los Reyes Católicos te convirtió en un lugar común en la historiografía española. Para Cadalso, el apogeo, del poder de España hay que situarlo en 1516: «La monarquía española nunca fue má* feliz por dentro ni tan respetada por fuera como en la época de la muerte de Fernando el Católico». (Cartas marruecas, LXXIV). Sobre la revisión que está teniendo lugar en la actualidad, cf. especialmente los trabajos de Antonio de LA TORRE, J. VICENS VIVES (La vida y la obra del Rey Católico), J. A. MARAVALL («The origins of the modera State», en Cahiers d’Histoire mondiale, Neuchatel, VI, núm. 4, 1961, pp. 789-808) y sobre todo T. de AZCONA, Isabel la Católica. <<

[172] La Catalogne, I, p. 31. <<

[173] Sobre los párrafos siguientes, cf. SÁNCHEZ ALBORNOZ, España, un enigma histórico. II, p. 349. <<

[174] J. MALDONADO, El movimiento de España, p. 18 <<

[175] Historia, p. 17. <<

[176] España defendida, en Obras Completas, ed. Aguilar, II, 490 a. Algunos diputados de las Cortes de Cádiz sustentaban todavía esta concepción como lo atestigua el discurso pronunciado el 25 de agosto de 1811 por Borrul a raíz de la discusión del artículo 1.º (capítulo I del título I) de la Constitución. Este artículo quedó redactado así: «la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». Para Borrul, esta definición englobaba también a Portugal: «no pudiendo dudarse que el reino de Portugal desde los tiempos antiguos es y ha sido parte de la España». (Actas de las Cortes de Cádiz, antología publicada por É. Tierno Galván, Madrid, Taurus, 1964, p. 522). <<

[177] La expresión Tanto monta, que, por otra parte, no se cita correctamente para el propósito que se la quiere hacer cumplir, no tiene el significado que algunos han querido atribuirle de una igualdad de derechos entre los estados miembros de la monarquía dual ni entre los dos soberanos. Era simplemente el lema personal de Fernando, y explicaba el nudo gordiano que figuraba en las armas del rey de Aragón, emblema y comentario propuestos por Nebrija, en tanto que el de la reina era el haz de flechas: «la reina ha llevado siempre después en su lema un haz de flechas con el yugo de amor(…)». (Viaje de Antoine de Lalaing, 1501, en Viajes de extranjeros. I, 483 a). Un manuscrito de la Biblioteca del Escorial comenta así este emblema: «el rey don Fernando, postrero de Aragón, el Católico, trahía por empresa vn yugo con unos lazos cortados con una letra que dezía Tanto monta. Dize Quinto Curtió de Alessandre que no podiendo desatar los nudos que hizo Gordio que estauan en vn yugo con los lazos de las coyundas ha dado que quien lo desatasse sería señor de Asia. Cortó los nudos y dixo: Tanto monta cortar como desatar. Quiso mostrar el rey que sería señor del mundo como Alessandre y cortar las dificultades que lo estorvassen». (Escorial, ms. S-II-18, f. 590 r.). Juan Valera conocía el significado exacto del emblema (cf. su novela Morsamor, cap. V, en Obras Completas, Madrid, ed. Aguilar, 1958, II, p. 747 a). Fue a finales del siglo XIX cuando comenzó a citarse este lema de forma incorrecta («Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando») y se le atribuyó el sentido de una máxima de gobierno, error que se introdujo en los libros de texto y que no se ha rectificado hasta hace pocos años (cf. AZCONA, op. cit., pp. 219-220). Sobre, el predominio de Castilla, cf. supra, p. 11. Al excluir a los súbditos aragoneses del comercio americano la ley no hizo otra cosa que levantar acta de la verdadera relación de fuerzas y de la situación caótica del comercio catalán; cf. VILAR, op. cit., I, pp. 529 ss. Sin duda se pasó en seguida de este desequilibrio de hecho a la organización de la monarquía dual en torno a los valores e intereses propiamente castellanos; cf. J. CAMÓN AZNAR, Sobre la muerte del Príncipe don Juan, discurso de recepción en la Academia de la Historia, 1963: «existía como una consigna tácita de castellanización de la monarquía». <<

[178] Para los párrafos siguientes, cf. AZCONA, op. cit., pp. 429 ss. y 557-622. <<

[179] Sobre las «mancebas de clérigos», cf. AZCONA, op. cit., pp. 475 ss. Las represalias de los maridos burlados eran algunas veces crueles; esto queda demostrado por el misfortunio ocurrido en 1510 a un canónigo de Cervatos, que resultó mutilado a consecuencia de sus demasiado frecuentes aventuras amorosas (Mem., leg. 142, f. 73). <<

[180] Sobre este aspecto seguimos la argumentación de SÁNCHEZ ALBORNOZ, op. cit., II, pp. 7-103; S. de Moxó, Los señoríos, pp. 188 ss.; J. VALDEÓN BARUQUE, Enrique II de Castilla, y L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Nobleza y monarquía. <<

[181] Cf. AZCONA, op. cit., pp. 71 ss <<

[182] Este trabajo ha sido esbozado por GUILARTE, El régimen señorial, pp. 37, 311-312. <<

[183] AZCONA, op. cit., p. 340. <<

[184] Actas de Cortes, IV, pp. 59-67 y 166 ss. cf. ELLIOTT, La España imperial, pp. 87, 91, 115. <<

[185] GUILARTE, op. cit., p. 37. <<

[186] ELLIOTT, op. cit., p. 117; J. VICENS VIVES, Historia Económica de España, pp. 268-270. <<

[187] Párrafo citado por F. DlAZ PLAJA El siglo XVI, pp. 29-32. <<

[188] cf. VICENS VIVES, Historia económica de España, pp. 269-270; ELLIOT, op. cit., p. 116. Sobre el poder económico de la nobleza, cf. la obra, aún válida, de J. Gustav DROYSEN, Zwei Verzeichnisse Kaiser Karts V, Leipzig, 1854. <<

[189] Estos diezmos no retornaron a la Corona hasta 1559; cf. ULLOA, La hacienda, pp. 186-187. <<

[190] cf. GIMÉNEZ FERNANDEZ, Las Casas, II, p. 13, y R. KONETZKE, «Forchungsprobleme zur Geschichte der wirtschaftlichen Betaetigungen des Adels in Spanien», en Homenaje a don Ramón Carande, I, pp. 133-151. <<

[191] El término Grande sustituyó al de rico hombre a finales del siglo XV (esta palabra aparece en el testamento de la reina Isabel en 1504). Como dignidad reservada a una categoría especial de nobles, la Grandeza fue al parecer organizada por Carlos V después de 1520, quizás durante las celebraciones de la coronación; cf. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El XVII, I, pp. 215 ss., y la memoria inédita de nuestro amigo Henri PEYSSARD, Etude sur les Grands d’Espagne, dans les «Míémoires» de Saint-Simón. <<

[192] Actas, IV, p. 111. <<

[193] Hay que esperar a la publicación de la bula Dum intra, del 4 de mayo de 1523, para ver los Maestrazgos anexionados definitivamente a la Corona (cf. AZCONA, op. cit., pp. 727-371). <<

[194] ELLIOTT, op. cit., p. 117. <<

[195] Expresión del conde de Fuensalida en una carta del 16 de enero de 1505 (citada por J. M. DOUSSINAGUE, Femando el Católico y Germana de Foix, Madrid, 1944, p. 41). <<

[196] Op. cit., 1, p. 190. <<

[197] Sobre los caballleros en general, cf. el artículo publicado en la revista Hidalguía, XII, 1964, pp. 9-12; sobre los caballeros villanos, cf. SÁNCHEZ ALBORNOZ, op. cit., II, pp. 51 ss., y C. PESCADOR DEL Hoyo «La caballería popular en León y Castilla», en Cuadernos de Historia de España, XXXV-XXXVI, 1962, pp. 56-201. <<

[198] En las Cortes de 1538-1539, el duque de Nájera definió perfectamente la hidalguía: «la diferencia que hay entre hidalgo y pechero es servicio personal o pecunial y en esto nos conocemos los unos de los otros» (citado por SÁNCHEZ MONTES, Un corregidor, pp. 642-643). R. PRIETO BANCES pone en evidencia que los famosos hidalgos de Asturias eran simplemente, en muchos casos, gentes demasiado pobres como para pagar el impuesto («Los Hidalgos asturianos en el siglo XVI», en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, 1953, núm. 67, pp. 41-60; 1954, núm. 68, pp. 95-142; núm. 69, pp. 33-107). En el mismo contexto aparecerían en el siglo XVI los hidalgos de bragueta, padres de familia numerosa y, por tanto, exentos del pago de impuestos y que, por tanto, no pertenecían a la nobleza. <<

[199] cf. Diego de SOTO Y AGUILAR, «De la diferencia que hay entre el hidalgo y el escudero», en Hidalguía, III, 1955, p. 304. En el siglo XVI, cuando la hidalguía no indicaba más que una exención fiscal, la verdadera jerarquía nobiliaria pareció ser la siguiente: escudero, caballero, título, Grande; cf. este párrafo de la Guía del cielo del dominico fray Pablo de León: «un escudero desea comúnmente ser caballero y le parece que con aquello se contentaría; y después llega allí y luego desea ser conde o duque muy grande») (ed. del P. V. Beltrán de Heredia, Barcelona, Juan Flors, 1963, p. 51). El desprecio con que se consideraba a los escuderos en el siglo XVI aparece claramente reflejado en el Romancero; cf. A. RODRÍGUEZ-MOÑINO, Fuentes del ROMANCERO general, II, fs. 98-99; VIII, f. 129. etc. <<

[200] En 1499. en Alburquerque, sobre 221 hidalgos, sólo dos podían utilizar ese título (DOMÍNGUEZ ORTIZ, El XVII, p. 44). <<

[201] Cf. infra, pp. 63 ss. <<

[202] Sobre don Diego Osorio, hermanastro del obispo de Zamora don Antonio de Acuña, cf. M. BATAILLON, Erasmo y España, México, F. C. E., 1966, pp. 216, 222. 274. <<

[203] cf. BRAUDEL, op. cit., II, pp. 41-48, y M. de la SOTERRABA MARTIN POSTIGO, La cancillería castellana de los Reyes Católicos, Madrid, C. S. I. C, 1959. <<

[204] Op. cit., pp. 122-124, 365-372. <<

[205] BRAUDEL, op. cit., II, pp. 48-51; sobre la corrupción de los funcionarios en el reinado de los Reyes Católicos, cf. AZCONA, op. cit., p. 362. <<

[206] Sobre la burguesía castellana a finales del siglo XV y principios del XVI, cf. especialmente CARANDE, op. cit., I, pp. 153 ss., LAPEYRE, Une famille de marcharías, pp. 119-124; VILAR, Problems of formation of capitalism (recogida en Crecimiento y desarrollo, pp. 169 siguientes); F. Ruiz MARTÍN, Lettres marchandes, XXXV ss, y Rasgos estructurales, p. 105; R. PUIGGRÓS, La España que conquistó al Nuevo Mundo, México, 1961; y los trabajos de M. BASAS FERNÁNDEZ sobre los burgaleses. <<

[207] Op. cit., II, p. 47 <<

[208] Citado por H. LAPEYRE, op. cit., p. 95 <<

[209] BRAUDEL, op. cit., II, pp. 99-106. Los trabajos ya citados de BASAS FERNANDEZ y Ruiz MARTÍN (cf. supra, nota 36) demuestran que los comerciantes de Burgos fueron los primeros en llevar a cabo la traición. <<

[210] J. VICENS VIVES, Historia económica de España, pp. 270-271, y F. MÁRQUEZ VILLA-NUEVA, Conversos y cargos concejiles; DOMÍNGUEZ ORTIZ, La clase social de los conversos <<

[211] cf. sobre todo DOMÍNGUEZ ORTIZ, La clase social, p. 141; MÁRQUEZ VILLANUEVA, op. cit.; J. CARO BAROJA, LOS judíos. I, pp. 60-61; M. BATAILLON, Les nouveaux chrétiens de Ségovie; CL. GUILLEN, Un padrón de conversos sevillanos; León TELLO, «La judería de Ávila durante el reinado de los Reyes Católicos», en Sefarad, XXIII, núm. 1, 1963, pp. 36-53. <<

[212] J. CARO BAROJA, Op. cit., II, p. 13. <<

[213] cf. J. DE MATA CARRIAZO, «La Inquisición y las rentas de Sevilla», en Homenaje a don Ramón Carande, II, pp. 95-112; sobre la situación en Sigüenza (los cincuenta comerciantes más importantes de la ciudad, todos ellos conversos, fueron arrestados), cf. CR, leg. 3, f. 8; en Zamora, crisis pasajera después de la expulsión de los judíos (cf. C. FERNÁNDEZ DURO, Memorias de Zamora, II, p. 107); sobre Barcelona, cf. los ejemplos que presenta N. SALOMÓN en su estudio inédito L’envers du siecle d’Or (extractos citados por J. PÉREZ, Pour une nouvelle interorétation des «Comunidades», p. 262, nota). <<

[214] ¿Constituyó la expulsión de los judíos un freno para el desarrollo de la burguesía? CARANDE responde afirmativamente (op. cit. I, p. 155); BRAUDEL, sin embargo, afirma lo contrario (op. cit., II, p. 231). El problema permanece abierto a la discusión. <<

[215] Diego HURTADO DE MENDOZA, Guerra de Granada, lib. I, citado por E. BULLÓN, Un colaborador de los Reyes Católicos, pp. 5-6. <<

[216] Avisos de lo que convendría hacerse para evitar algunos abusos en el gobierno, en Codoin, LXXXVIII, pp. 504-506. <<

[217] cf. SANCHEZ ALBORNOZ, op. cit., II, pp. 67 ss., 78, 408. <<

[218] Sobre los párrafos siguientes, cf. J. GOUNON-LOUBENS, Essais sur l’administration de la Castille; A. Bo y M. del Carmen CARLE, Cuando empiezan a reservarse tos caballeros el gobierno de las ciudades castellanas; A. SACRISTÁN, Municipalidades de Castilla y León. <<

[219] Sobre los linajes de Valladolid, cf. BENNASSAR, op. cit., pp. 407411; de Soria, Céd., lib. XXXVI, f. 78 r.; de Segovia; A. REPRESA, Notas para el estudio.., y PEÑALOSA, La iglesia de San Juan; de Medina del Campo, CR, leg. 31, f. 3-II. <<

[220] Juan de Figueroa, regidor de Valladolid, compró en 1517 el regimiento de Alonso de Saravia (Céd., Iib. XXXIX, f. 72); Pedro Jiménez renunció a su regimiento de Burgos en beneficio de su padre el licenciado Cristóbal de Paz, en 1519 (Metn., leg. 133, f. 184); Gonzalo de Valle sucedió a su padre como regidor de Salamanca (RGS, 17 de abril de 1520), etc. Un documento de 1543 fija el precio de venta de cada uno de los regimientos de León en 1200 ducados, precio alcanzado por el último que se había vendido (CP, leg. 10, f. 163). <<

[221] Es el caso de Guadalajara, en donde el duque del Infantado designaba a las personas que debían desempeñar los cargos municipales (LAYNA SERRANO, Historia de Guadalajara, II, pp. 331-339), y de Palencia, donde el obispo ejercía la función de tutela (R. CARANDE, El obispo, el concejo y los regidores), lo que provocaba constantes conflictos, dado que la ciudad deseaba que tales funciones fueran desempeñadas por funcionarios designados por el poder real (Mem. leg. 158, f. 32, texto de 1523). <<

[222] A. SALVA, Remembranzas burgalesas, pp. 35-36 (sobre los procuradores mayores de Burgos). Esta institución no existía en todos los sitios; en Valladolid no comenzó a funcionar hasta 1517 (cf. BENNASSAR, op. cit.). En Falencia, la iniciativa de crear dos procuradores mayores provocó un grave conflicto con el obispo en 1517 (Metn., leg. 125, s. f.). <<

[223] CARANDE, El obispo..; A. SACRISTÁN, Municipalidades; ELLIOTT, op. cit., p. 97. <<

[224] El libro de F. ALBI resulta totalmente insuficiente en muchos aspectos. <<

[225] Según Pedro DE ALCOCER, Historia de Toledo, y MARTÍN CAMERO, Historia de Toledo, pp. 819 ss. <<

[226] En el siglo XVI solamente algunos concejos conservaron las costumbres democráticas de los primeros siglos de la Reconquista (cf. A. PALO MEQUE TORRES, Aportaciones). Por tanto, los conquistadores revivieron en América una tradición que había caído en desuso en Castilla hacía mucho tiempo (cf. F. X. TAPIA, Cabildo abierto colonial, Madrid, 1966). Algunas ciudades sometidas a un señor laico o eclesiástico conservaban aún un pequeño margen de libertad para la elección de sus magistrados. En Medina de Rioseco el regimiento saliente proponía cada año doble número de almirante de Castilla, señor de la ciudad, elegía dos alcaldes, seis regidores y el procurador general (Crónica, de Pedro GIRÓN, pp. 239-240); el mismo procedimiento se seguía en Alcalá de Henares: entre los candidatos propuestos, el día de San Martín el arzobispo de Toledo nombraba a los dos alcaldes, el alguacil, ocho regidores y tres escribanos (Estado, leg. 9, f. 28). <<

[227] CARANDE, op. cit., I, p. 154; SÁNCHEZ ALBORNOZ, op. cit., II, p. 157. <<

[228] Protesta en Ávila en 1519: «Muchos cavalleros desa dicha cibdad procuran que las fieldades se den a criados suyos e personas pobres». (RGS, 15 de enero de 1519). A mediados del siglo, Luis Ortiz acusaba a los regidores de ser responsables del alza de los precios debido a sus malversaciones: «dos causas son principales porque está todo encarecido en el reyno; es que se tiene entendido que los más de los regidores de los pueblos principales, por ser perpetuos, son ynteresados, vnos en las carnes, otros en los aceros, otros en sebo y otros en el pescado y azeyte; y finalmente en todo lo nezesario a la sustentación vmana; los quales, con sus yndustrias, encarecen las cosas en los excesiuos precios que al presente están. Y para remedio deste daño se deve proveer que los regidores y todos oficios de república sean cadañeros». (Memorial, ed. citada, p. 405). En general, los regidores recibían un salario modesto: 1000 maravedíes por año en Toledo (cf. supra, p. 65); lo mismo ocurría en Madrid, donde en 1520 solicitaron un aumento de sus retribuciones (Codoin, II, p. 311); pero el desempeño de estos cargos llevaba aparejado otras ventajas que compensaban sobradamente el inconveniente de un salario modesto; cf. el ejemplo de la familia Góngora, citado por R. JAMMES, Etudes sur Voeuvre poétique de Góngora, Burdeos, Instituí d’Etudes Ibériques et Ibéro-Américaines, 1967, p. 16, nota. Reanudación de las luchas de bandos a principios del siglo XVI, Silvas y Avalas en Toledo (cf. E. BENITO RUANO, Toledo, pp. 131-133); Guzmanes y Quiñones en León (cf. E. DIAZ JIMÉNEZ, Historia de los comuneros de León, pp. 47 ss., y CP, leg. 10, f. 131, documentos de 1508-1509); rivalidades también en Úbeda (GUILARTH, El régimen señorial, p. 51, nota), etc. <<

[229] Sobre las Cortes, la mejor obra sigue siendo todavía la de PISKORSKI. cf. también SXNCHEZ ALBORNOZ, op. cit., II, pp. 90 ss., y, del mismo autor, «Notas para el estudio del 'petitum’», en homenaje a don Ramón Carande, II, pp. 383-418. <<

[230] cf. la petición XIX de las Cortes de Burgos en 1512: «que su alteza no consienta que sea dado voz y voto en Cortes a alguna ciudad, porque sería en mucho prejuicio de las que lo tienen». (Actas, IV, p. 242). En 1557, Galicia ofreció 20.000 ducados a cambio del privilegio de estar representada en Cortes. Pese a tan importante suma de dinero, el rey no quiso contravenir la tradición (M. ULLOA, La hacienda, p. 41). <<

[231] Sobre Segovia, cf. COLMENARES, Aparato; sobre Toledo, cf. MARTÍN GAMERO, op. cit., p. 830; otros ejemplos, en PISKORSKI, pp. 53-54. <<

[232] Sobre las presiones ejercidas por los soberanos, cf. PISKORSKI, pp. 50-51; sobre el mandato elaborado por el poder real e impuesto a las ciudades, ibid., pp. 57-60, y J. SANCHEZ MONTES, Un corregidor, pp. 619-620, y las notas (costumbre atestiguada ya en 1502 y 1506). MARIANA (Del rey) lamentaba profundamente la escasa representatividad de las Cortes: «En Castilla, donde para favorecer los caprichos del rey y de otros pocos las Cortes, de las que se han excluido a los nobles y a los eclesiásticos que podían hacer sombra al gobierno, están compuestas de representantes de ciudades no elegidos, sino solamente nombrados por suerte y expuestos a toda clase de corrupciones y de presiones» (citado por A. MARONGIU, Soberanía e instituciones parlamentarias en la polémica política de los siglos XVI y XII, en Revista de Estudios Políticos, 1963, núms. 129-130, pp. 196-197). No debemos concluir de esto que las Cortes no se preocupaban por el interés general; durante la totalidad del siglo XVI protestaron por los abusos de la administración y las dificultades económicas (cf. CARANDE, op. cit., I, p. 162); pero su voz hubiera tenido mucha más fuerza si hubieran sido representativas. <<

[233] PISKORSKI, pp. 11, 126-137. <<

[234] «Martínez Marina, el teorizante de las Cortes de Cádiz, creía resucitar nuestra antigua teoría de las Cortes mientras insuflaba en ella los principios de la Revolución francesa, proyectando en el pasado el ideal del porvenir de entonces». (En torno al casticismo). Lo mismo opina TIERNO GALVÁN: «Las páginas XLI y XC de su Teoría de las Cortes son un esfuerzo continuo por demostrar con erudición y talento que en España ha existido estructura y mentalidad parlamentaria desde remotísima antigüedad». (Tradición y modernismo, Madrid, Tecnos, 1962, p. 149); «la minoría ilustrada que subsiste en España a comienzos del siglo XIX no vacila en inventarse una tradición liberal» (ibid., p. 151). <<

[235] SÁNCHEZ ALBORNOZ, op. cit., II, pp. 163-297, que no se limita simplemente a replicar a las afirmaciones de Américo Castro. Ibid., p. 225. <<

[236] Viaje de Nicolás de Popielvo, en 1484, en Viajes de extranjeros, I, p. 319 b (cf. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de la expulsión de los judíos, Valladolid, 1964). <<

[237] La Inquisición sería una idea elaborada por algunos conversos; tal es la tesis de Amador de los Ríos que recoge Américo CASTRO (La realidad histórica de España, pp. 48 ss.) y admitida por SÁNCHEZ ALBORNOZ (op. cit., II, p. 255). I. S. RÉVAH rechaza enérgicamente esta teoría (lección inaugural en el Collége de France, publicada en Les langues néo-latines, núm. 181, julio de 1967). Sobre el origen de la Inquisición, cf. AZCONA, op. cit., pp. 377-386. La bula de Sixto IV, autorizando el establecimiento del tribunal, data de 1 de noviembre de 1478; los primeros inquisidores fueron llamados en septiembre de 1480; ¿por qué se esperó tanto tiempo?; ¿se debió al deseo de agotar todos los medios pacíficos antes de adoptar medidas represivas?, o ¿acaso el problema era que había que vencer la resistencia de algunos conversos influyentes? Ambas explicaciones no son excluyentes; cf. MÁRQUEZ, introducción a H. DE TALAVERA, Católica impugnación, p. 6. <<

[238] No pretendemos simplificar una cuestión tan controvertida. En términos generales hay dos tesis opuestas: 1) fueron preocupaciones de tipo religioso las que inspiraron la acción de los Reyes Católicos; pensaban en la ineludible necesidad de preservar la unidad de la fe, garantía de la unidad nacional. Este es el punto de vista tradicional, expuesto en nuestros días por AZCONA, (op. cit., p. 367, 2). La Inquisición, con el pretexto de defender la fe, era en realidad un arma dirigida por la nobleza contra la burguesía. Es la tesis que sustentan varios historiadores, especialmente A. José SARAIVA, «L’Inquisition portugaise et les nouveaux chrétiens», en Annales, E. S. C, 1967, núm. 3, pp. 586-589, resumen de una obra que se publicará en breve; H. KAMEN, Histoire de Vlnquisition, y N. SALOMÓN (L’envers du Siécle d’Or, pasajes citados por J. PÉREZ, Por une nouvelle intérpretation des «Comunidades», pp. 261-262). Es evidente, pues, la existencia de preocupaciones de tipo religioso y también de tipo social. ¿Cuáles fueron las que primaron a la hora de tomar la decisión? Nosotros creemos que las segundas, si bien no siempre aparecieron claramente a los ojos de los inspiradores de la institución. F. MÁRQUEZ (introducción a H. DE TALAVERA, Católica impugnación, p. 45) centra exactamente el problema. El ve en la Inquisición «tanto una condescendencia demagógica como un arma eficacísima para vigilar la pujanza económica y política de la nueva clase», y añade: «no debe entenderse esto en el sentido de que la Inquisición fuera implantada con esa finalidad expresa y terminante. Nos referimos a lo que, política y socialmente, vino a constituir muy pronto, quizá sin que nadie se lo hubiera propuesto y fueran muy pocos los que lo advirtieran». <<

[239] «La Inquisición emanóla es (…) un producto del Destino; del Destino en el sentido antiguo de la palabra». (CARO BAROJA, LOS judíos, I, p. 140). Para AZCONA (op. cit., p. 385) es completamente erróneo pretender que la Inquisición fue un instrumento del que pretendieron servirse los Reyes Católicos para apuntalar su poder político. F. MÁRQUEZ no es tan indulgente, y creemos que su opinión está más próxima a la realidad: «La Inquisición no representa sino la característica intromisión del estado moderno en terrenos religiosos o ideológicos para identificarse o proscribir (…) determinadas ideologías, seleccionadas desde el punto de vista de fines políticos puramente materiales» (op. cit., p. 27, nota). <<

[240] P. VILAR, op. cit., I, pp. 518-519. <<

[241] Texto citado por F. DÍAZ PLAJA, El siglo XVI, pp. 32-37 <<

[242] Basándose en unos documentos que no leyó con atención y que interpretó incorrectamente, BERGENROTH (Supplement to volunte I and volunte II of Letters, despatches and State papers tating to the negotiations between England and Spain, preserved in the archives of Simancas and elsewhere, Londres, 1868) pretendió imponer la tesis de que Juana había sido víctima de la intolerancia religiosa. Sus opiniones heterodoxas habrían provocado el odio de sus parientes hacia ella y para castigarla no habrían vacilado en secuestrarla y someterla a tortura. M. GACHARD («Sur Jeanne la Folie et les documents qui ont été publiés récemment», en Bulletin de l’Académie Royale de Belgique, 2.ª serie, XXVII, núm. 3, 1869) refutó sin grandes dificultades esta interpretación «romántica». El tema de la herejía y de las torturas aparece nuevamente en la pésima novela de J. VILLARS (La reine folie d’amour. Le román de Jeanne de Castille, París, Robert Laffont, 1961), pero el autor se dedica especialmente a tratar un aspecto distinto de la heroína, su sensualidad. Con el título Locura de amor se produjo en los años cincuenta una película «histórica» en España sobre el drama de la hija de los Reyes Católicos. La mejor obra sobre Juana la Loca es la de A. RODRÍGUEZ VILLA (La reina doña Juana la Loca, Madrid, 1892), la primera en centrarse sobre el tema de la locura de amor. Pero A. RODRIGUEZ VILLA no se limita a ello y realiza una importante aportación documental. Hace muy poco, M. PRAWDIN ha vuelto a tratar el tema en todas sus facetas (Juana la Loca); para él, la reina fue víctima, fundamentalmente, de una maquinación política cuya finalidad era apartarla del poder. <<

[243] M. PRAWDIN, op. cit., p. 11. El texto de VIVES (Instrucción de la mujer cristiana) lo cita A. JIMÉNEZ, Selección y reforma. Ensayo sobre la Universidad renacentista española, México, 1944, p. 64. <<

[244] Cf. Correspondencia de GÓMEZ DE FUENSALIDA, passim; P. MEJÍA, 20, y el testimonio del embajador Quirini, en 1505, citado por O. FERRARA, El siglo XVI, p. 69. <<

[245] A. RODRÍGUEZ VILLA, op. cit., pp. 103-114. <<

[246] íbid., p. 176; cf. también el relato del almirante de Castilla en una carta a la Junta de Tordesillas de noviembre de 1520 (D, II, 547-548). Pero López de Padilla, padre del futuro comunero, que fue procurador en las Cortes de 1506 en representación de Toledo, figuraba entre quienes se oponían entonces a la reclusión de la reina (M. PRAWDIN, op. cit., p. 111). <<

[247] A. RODRÍGUEZ VILLA, op. cit., p. 178. <<

[248] M. PRAWDIN, op. cit., pp. 126-134. <<

[249] A. RODRÍGUEZ VILLA, op. cit., pp. 210-224. cf., además. Memorias de S. COTA, pp. 40-41: «la reyna no curava de la governación del reyno ni quería firmar carta ni otro despacho ninguno», eso, después de la muerte de su marido; y tras la desaparición de su padre: «estava todavía con aquella enfermedad y propósito de no querer governar». (76). <<

[250] cf. la carta de J. de Varacaldo a Diego López de Ayala, el 10 de junio de 1516: Mosén Luis Ferrer «a la clara decía públicamente de la reina —que ai desto mil testigos— las mayores inominias que jamás se dixeron de muger y vinyéndole a demandar de comer para la reina decía: a esa bestia, paja y cevada le aveis de dar que no otra cosa, que oyeron muchos que estovieron determinados de darle de puñaladas» (citado por M. GIMÉNEZ FERNANDEZ, Las Casas, I, p. 757. <<

[251] M. PRAWDIN, op. cit., pp. 144-145 y 184 ss. M. Prawdin comete un error: Juana no fue informada de la muerte de su padre por los comuneros, sino unos días después de que tuviera lugar el evento. En términos generales, nos da la impresión de que Prawdin margina los testimonios que constatan de manera indiscutible el desequilibrio nervioso de la reina. L. PFANDL (Philippe 11, p. 19) cree que Juana estaba aquejada de esquizofrenia, enfermedad que habría heredado de su abuela materna. La historiografía contemporánea, sin negar los aspectos patológicos del comportamiento de la reina en diversas ocasiones, se muestra más bien escéptica en lo referente a la locura y se inclina a aceptar la tesis de la maquinación política; cf. AZCONA, Isabel, p. 718. <<

[252] Cédula de Adriano de Utrecht al concejo de Tordesillas, el 2 de febrero de 1516: «yo vos encargo y mando que, syn mi especial licencia y mandamiento, no consyntays entrar en esa dicha villa ningund Grande ni gente que pueda cabsar en ella alguna alteración». (Ment., leg. 136, f. 24). <<

[253] Informe de doña María de Ulloa, condesa de Salinas, s. d. (Estado, leg. 3, f. 113). <<

[254] Carta de Cisneros y del Consejo Real al príncipe Carlos, el 4 de marzo de 1516 (SANTA CRUZ, I, pp. 108-110). Sobre este aspecto, cf. CEDILLO, Cisneros, I, pp. 142-147, y GIMÉNEZ FERNANDEZ, op. cit., I, pp. 72 ss. <<

[255] SANTA CRUZ. I, pp. 112-117; Memorias de S. COTA, pp. 77-78; A. FERNANDEZ DE MADRID, Silva Palentina, II, p. 81. <<

[256] Es el punto de vista de GIMÉNEZ FERNANDEZ (op. cit.) y, al parecer, también de MENÉNDEZ PIDAL: «fue el príncipe Carlos proclamado rey en desprecio al testamento del difunto». (Un imperio, p. XIV). <<

[257] cf. CEDILLO, op. cit., I, pp. 142-149, y la carta de Cisneros a Diego López de Ayala, el 12 de abril de 1516 (Cartas de CISNEROS, p. 109). Fue el 3 de abril el día en que Cisneros anunció la proclamación de Carlos como rey de Castilla; Toledo y Madrid aceptaron este hecho el 11 de abril; fue necesaria una gran insistencia por parte de Cisneros y del corregidor para que Zamora actuase de igual manera, cosa que no ocurrió hasta el 18 de mayo. <<

[258] SANDOVAL, 67-69. <<

[259] GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Anales breves, p. 339; cf. DOUSSINAGUE, El testamento, pp. 189-194. <<

[260] Marino SANUTO, Diarii, citado por R. B. MCRRIMAN. Carlos V, p. 18. <<

[261] Carta de Margarita de Austria al emperador Maximiliano, el 21 de mayo de 1510 (Correspondance del emperador Maximiliano, núm. 207, I, pp. 271-272). <<

[262] GALÍNDEZ DE CARVAJAL, op. cit., versión asumida por SANTA CRUZ (I, pp. 93-94) y por SANDOVAL (61-64). Sobre la partida de Adriano de Utrecht hacia España, cf. GACHARD, Correspondance, p. 231, nota. Las relaciones entre Fernando el Católico y el emperador Maximiliano hasta el acuerdo de diciembre de 1515, negociado por Adriano de Utrecht, que anunciaba la modificación del testamento de Burgos, han sido estudiadas por C. CORONA BARATECH, «Fernando el Católico, Maximiliano y la regencia de Castilla (1508-1515)», en Universidad (Zaragoza), núms. 3-4, 1961, pp. 311-374. <<

[263] SANDOVAL, 72 b; Codoin, I, p. 532. <<

[264] Cf. Infra, pp. 115-116 <<

[265] Cf. J. CEPEDA ADÁN, En torno al concepto del Estado, pp. 170 ss. <<

[266] «Era tan numerosa la concurrencia de los que iban a honrar a los nuevos príncipes que los caminos y dilatados campos apenas podían contener la multitud». (J. MALDONADO, El movimiento, pp. 24-25). <<

[267] Alcocer, 6. <<

[268] Ibid., pp. 20-21; MARTÍN GAMERO, pp. 934-935; HÖFLER, Acuña, pp. 78-79; E. BENITO RUANO, Toledo, 130 ss. <<

[269] Alcocer, p. 23; Santa Cruz, I, p. 24. <<

[270] Carta del rey de Aragón a su hija, doña Catalina, Burgos, noviembre de 1507, citado por F. Díaz Plaja, El siglo XVI, p. 65; cf., además, Santa Cruz, I, pp 26-36; P. Girón, Crónica, p. 5 <<

[271] Alcocer, p. 22 <<

[272] P. Mejía, pp. 45-46 <<

[273] Cedillo, Cisneros <<

[274] M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La España, p. 63. <<

[275] CEDILLO, op. cit., I, pp. 38 ss.; F. BEIARANO ROBI. ES, «El Almirantazgo de Granada y la rebelión de Málaga en 1516», en Hispania, XV, pp. 73-109. El almirante pretendía también obtener derechos sobre el comercio con las Indias; fue necesario otorgarle ciertas compensaciones para que renunciara a tal exigencia: 4000 ducados que recibió el 30 de marzo de 1517 y 173.373 maravedíes el 30 de abril de 1517 (cf. M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, op. cit., I, pp. 569 y 603). <<

[276] Carta del almirante a la Junta de Tordesillas, en noviembre de 1520 (D, II, 549). <<

[277] CEDILLO. op. cit., I, pp. 109 ss.; P. MEJIA, pp. 67-68; M. GIMÉNEZ FERNANDEZ, op. cit., II, pp. 944-945. <<

[278] CEDILLO, op. cit., I, pp. 109 ss.; SANTA CRUZ, II, pp. 140-143. <<

[279] CEDILLO, op. cit., I, pp. 118 ss.; SANTA CRUZ, I, pp. 146-147. <<

[280] Para lo que sigue, cf. Mem., leg. 122, f. 60. <<

[281] cf. la obra del conde de CLOUARD, Historia orgánica de las armas de infantería y caballería españolas, Madrid, 1853, y la exposición de CEPILLO, op. cit., I, pp. 49 ss. <<

[282] Carta de Antonio de Espinosa, PR, leg. 1, f. 99. <<

[283] Mem., leg. 118, f. 61. <<

[284] CP, leg. 3, s. f. (Badajoz). <<

[285] Ibid. leg. 10, f. 162. <<

[286] Carta de Bernardo de Loaysa del 15 de junio de 1516 (PR, leg. 2, f. 54). <<

[287] Carta del capitán Cristóbal Velázquez de Cuéllar del 23 de octubre de 1516 (CP, leg. 4, s. f. [Burgos]). <<

[288] M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, op. cit., II, p. 1229. Mem., leg. 146, f. 111. <<

[289] Mem., leg. 146, f. 111 <<

[290] CEDILLO, op. cit. I, pp. 49-55. <<

[291] Carta autógrafa de Francisco de Mercado, corregidor de Ciudad Rodrigo, a Cisneros, el 7 de octubre de 1516: «como quiera que los que somos cryados y servydores de Vuestra Señoría Reverendísima no tengamos otro fyn en nuestros ofycios tan princypal como pacificación y sosiego y este, en virtud suya, loores a Dios, se alcanca en estos reynos como vemos de tal manera que ellos deven mucho a Vuestra Señoría Reverendísima y él a Dyos, porque en su tyenpo y governación tanto byen sucede y les hace; a my, como a tal servydor y cryado, me a parecydo que acerca de la venida del comendador Quesada para hacer esta gente que Vuestra Señoría Reverendísima manda le devo escrevyr my parecer, el qual a sydo juntamente con el suyo éste: que este pueblo, con aver sucedido en Valladolyd lo que a pasado, está escandalicado y a my parecer de tal manera que nos paresció remedio convenible escrevyr a Vuestra Señoría Reverendísima como aquy, avnque se haga por fuerca o por voluntad toda la gente posyble, no avrá en la ciudad veynte onbres y es la cavsa porque en ella no ay ningún pechero ny onbre que pyense que son lybertades las que se les ofrecen, según las que ellos tyenen, y en la tyerra es la gente tan vil que todos son carvoneros y carreteros y gente muy miserable. Esto es quanto a asentar de grado. Y de premia, tómanlo tan acedo que nos pareció que servyamos a Vuestra Señoría Reverendísima en dylatarlo hasta ver otro su mandamiento que en esecutarlo, y sy otra cosa a Vuestra Señoría Reverendísima le parecyere, entonces avrá lugar de lo cumplir y hazerse como lo mandare». (Cámara-Personas). <<

[292] CP, lea. 12, s. f. <<

[293] La orden de poner fin al reclutamiento en León fue firmada el 11 de febrero de 1517 (Céd., lib. XXXV, f. 221 V.). Es probable que fuera una medida de carácter general. Fue el 24 de febrero el día en que Cisneros concedió la amnistía por la rebelión a Arévalo y Valladolid (PR, leg. 3, ff. 66, 189 y 190). <<

[294] Las Cortes medievales se habían opuesto siempre a la creación de un ejército permanente; ver, por ejemplo, las Cortes de Guadalajara, en 1390; cuando Alvaro de Luna insistió en este punto, las Cortes de Toro protestaron en 1426 por considerar el proyecto «caro, superfluo y dañoso para el reino». (PISKORSKI, pp. 191-192, nota). <<

[295] Carta de Cisneros a Diego López de Ayala, del 11 de junio de 1516, citada por M. GIMÉNEZ FERNANDEZ, op. cit., I, p. 455. Cisneros afirmaba: «Bastan las mili lancas que se han hecho, sin los hombres de armas y los continos y los de la guarda y más de otras mili langas que están en Navarra y los acostamientos, y con los veynte mili ynfantes de acostamiento que se hazen por las cibdades con ciertas libertades, syn costar nada a su alteza, salvo quando los llamaren; ay toda la gente y más de la que es menester, y acordamos de no hazer tantos, V todos de su voluntad vienen en ello y creemos que aún será más número». <<

[296] cf. SANTA CRUZ, I, pp. 119-120 y 135-137: la oposición procedía de los nobles. El papel que en este asunto jugó el duque del Infantado viene confirmado por una carta de Valladolid al duque, el 8 de enero de 1521: «desde el tiempo que esta villa estuvo determinada de no consentir el agrauio de los piqueros que el señor cardenal mandava hazer, quedó muy obligada al seruicio de Vuestra Señoría por el fauor que para el remedio deste agrauio en Vuestra Señoría halló». (PR, leg. 4, f. 49). Vemos, por tanto, que no fue únicamente la miopía de la burguesía, como cree MARAVALL (Comunidades, p. 97), la que hizo fracasar el proyecto. <<

[297] CARANDE, op. cit., I, pp. 16-17, y el documento (Estado, leg. 4, f. 31) publicado por CEDILLO (op. cit., II, p. 610) que demuestra que la gente de ordenanza se utilizó para apaciguar el conflicto planteado por la atribución del priorazgo de San Juan (carta del conde don Hernando de Andrade, capitán general de las milicias de ordenanza, a Cisneros el 3 de julio de 1517). La interpretación más plausible de este documento sería la siguiente: Cisneros habría hecho cesar el reclutamiento, pero sin disolver las unidades ya constituidas. Sería interesante estudiar a fondo esta cuestión analizando documentos existentes en Simancas. <<

[298] «En algunas desas dichas cibdades e villas e lugares se asentaron en la dicha ynfantería muchas personas, los quales diz que quieren gozar de las dichas esenciones e libertades». (RGS, 24 de marzo de 1518). Ese era, especialmente, el caso de Zamora: «porque la dicha vntentería de la dicha cibdad de camora está hecha e quieren gozar de las dichas preminencias y esenciones». (CP, leg. 23, s. f.). La ley XVI del título VI de la Nueva Recopilación anuló todas estas exenciones (cf. Hidalguía, XII, 1964, p. 374). <<

[299] cf. las observaciones de Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, publicadas por J. DE MATA CARRIAZO con el título Retratos literarios de la corte de los Reyes Católicos, en Archivo Hispalense, XXIV, 1956, núm. 77, pp. 217-238, y SANTA CRUZ, I, p. 348, sobre la suerte de las armas almacenadas en Madrid, y de las que los comuneros se apoderaron durante la noche del 4 de julio de 1520. En Zamora ya se habían recaudado 880 ducados para la compra de armas cuando llegó la orden de que se interrumpiera la formación de la milicia (Mem., leg. 118, f. 275). <<

[300] CP, leg. 19, s. f. Ibtd. leg. 7, f. 115. <<

[301] Ibid., leg. 7.f. 115 <<

[302] No hemos podido encontrar el texto de la pragmática, pero la lectura de varios documentos que solicitaban derogaciones permite deducir sus principales disposiciones. He aquí, por ejemplo, una petición de los comerciantes de Valladolid, el 12 de agosto de 1514: «por hazer bien e merced a estos sus reynos y a los mercaderes dellos, vuestra alteza dio licencia e facultad para que, sin embargo de la premática por vuestra alteza fecha en que manda que no se metan paños de fuera destos reynos, que por estos dos años se metiesen los paños como de antes solían entrar; e por virtud desto que vuestra alteza mandó, los mercaderes de Burgos y de otras partes meten paños de fuera destos dichos reynos y nos los venden a nosotros en fardeles, segund e en la manera que a ellos se los traen..» (ibid., leg. 21, s. f.). De igual modo, el municipio de Medina del Campo se quejaba del rigor de algunos funcionarios que se negaban a aceptar derogaciones: «plega saber que sobre algund movimiento o alteración que ha auido en esta villa e en la feria della a cabsa de la execución de la premática de los paños que don Diego Osorio, corregidor de la cibdad de Salamanca, vino a hazer contra la dispusición de vna cédula de suspensyón que vuestra alteza mandó a esta villa por aquesta feria de otubre.» (ibid., leg. 12, f. 27). <<

[303] Carta del Consulado de Burgos a Adriano de Utrecht el 19 de abril de 1516 (Estado, leg. 3, f. 37, publicado por CEDILLO, op. cit., II, pp. 150-151). <<

[304] Estado, leg. 3, f. 38, publicado por CEDILLO, op. cit., II, p. 140. <<

[305] CP, leg. 4, f. 211. M. BASAS FERNANDEZ (op. cit., pp. 233-234) es el único autor, creemos, que hace alusión a este conflicto entre exportadores y productores en los años 1505-1516. <<

[306] CP, leg. 7, f. 118. <<

[307] Carta acordada sobre las lanas (Mem., leg. 162, s. f.). <<

[308] CP, leg. 4, s. f. <<

[309] Ibid. Por lo demás, era lo que proponía el municipio de Cuenca (cf. supra, nota 66). <<

[310] Ibid., leg. 12, f. 82. <<

[311] Petición 14 (Actas de Cortes, IV, 254). <<

[312] Pedro de Burgos prestó juramento a la comunidad de Valladolid el 16 de noviembre de 1520 (PR, leg. 3, f. 126). <<

[313] «Otrosí, dicen que aviendo buenas lanas de las finas que ay en estos reynos se obran e obrarían mejores paños que en Flandes y en Frangía y tan buenos como en Florencia y a cavsa que los mercaderes que tratan fuera del reyno y estrangeros que están en él sacan las dichas lanas y las enbian fuera destos reynos no se pueden obrar tantos paños ni tales como se obrarían y por ser como son los dichos mercaderes onbres muy cavdalosos y ricos que conpran las lanas adelantadas vn año o dos antes no se pueden remediar los hazedores de paños, de que se siguen en estos reynos este daño y ynconviniente, que estos mercaderes que lie van estas lanas serán hasta ciento e cinquenta personas que enbian las dichas lanas a Francia e Bretaña e Génoua e Roan e otras partes, los quales sacan e lievan quatrocientas mili arrobas y en solos éstos se reparte el prouecho y éstos no sostienen en el dicho trato mili personas, que son solamente sus factores, hasta ponello en los puertos de la mar, y si quedasen las dichas lanas o a lo menos la mitad que es nescesaria en estos reynos se sosternían quatrocientas mili personas, porque en sola esta cibdad donde se obran quarenta mili arrobas, porque no se pueden aver más, se sostienen veynte mili personas y más gentes de treynta leguas en derredor que vienen y enbian por hilazas para ganar de comer, y tanbién las rentas de vuestra alteza valdrían mucho más obrándose las lanas en estos reynos donde se tornarían a vender los paños que dellas se hizieren y si las oviesen los que han menester se obrarían muchos más paños en esta cibdad y en muchos lugares e crecerían las poblaciones con los muchos oficiales que abría y personas que se darían al oficio, aviendo abundosamente lanas que obrar. Suplican a vuestra alteza lo mande proveer y remediar, mandando que en qualquier parte destos reynos donde se hiziere el desquileo, si el hazedor de paños quisiere la tal pila de lana al precio que estuviere vendida para fuera del reygno, gela entregue el pastor, y porque en esto, avnque por vuestra alteza fue proveydo del tercio de las lanas, ha ávido muchas maneras por donde no ha ávido efecto, poniendo escusas que ellos lo quieren para obrar o para tornar a vender en el reyno e los pastores esconden las lanas para hazelles plazer y es lo mejor lo que así esconden (…). Suplican a vuestra alteza todo lo remedie, mandando con grandes penas a los pastores que luego lo entreguen sin dilación e a las justicias do esto acaesciere que sin dilación ni plito hagan recibir el pago o lo depositen y entreguen las lanas a los hazedores de paños porque no cessen el obraje ni huelguen sus oficiales». (CP, leg. 19, s. f.). <<

[314] Memorial presentado por Pedro de Burgos al gobernador destos reynos sobre cosas que convenía proveer en materia de lanas, paños, etc. (DC, lib. IX, f. 38). <<

[315] Memorial que dio Luxán sobre lo de la moneda y otras cosas (Estado, leg. XII, 285). <<

[316] cf. la definición del mercantilismo de CARANDE, op. cit., I, pp. 147-148. <<

[317] Prólogo a TALAVERA, Católica impugnación, p. 18. <<

[318] GIMÉNEZ FERNANDEZ, op. cit., I, p. 8. <<

[319] Citado por F. DÍAZ-PLAJA, El siglo XVI, pp. 29-30. <<

[320] Memorial anónimo dirigido al rey don Carlos después de la muerte del cardenal Cisneros, publicado por CEOILLO, op. cit., III, pp. 656-659. <<

[321] Avisos de lo que convendría hacerse para evitar algunos abusos en el gobierno (Codoin, LXXXVIII, pp. 504-506): «que se mande a todos los corregidores caballeros que tengan tenientes letrados porque muchos, por más barato, ponen por tenientes escuderos». <<

[322] Memorial anónimo, ya citado: «Cisneros estaua en que ninguno tuuiese más de vn officio o vna tenencia porque el príncipe sería muy mejor seruido y escusaría mucha costa (…) y dezía que no se avía de consentir que lleuase vno trezientos o quatrocientos mili maravedís de vna tenencia I que nunca la viese ni supiese si estaua cayda I pusiese en ella vn escudero a quien daua muy poca cosa». <<

[323] Ibid: Cisneros «dezía que avnque los Reyes Católicos avían seydo tan excelentes e tan grandes príncipes avían tenido descuido y que estos reynos no avían tenido dueño que mirase por ellos, porque él sabía que muchos avían venido a la Casa Real con muy poca hazienda I que, puestos en officios, desde a quatro o cinco años, labrauan grandes casas, conprauan haziendas, hazían mayoradgos I demás desto el gasto ordinario que trayan era tanto que, hecha quenta de los acostamientos que tenían en los libros reales I de las mercedes que les avían hecho, era más su gasto ordinario, según era excessiuo, que montaua el acostamiento I mercedes, de manera que lo que conprauan e los mayoradgos que hazían e lo que dauan en casamientos o lo robauan al rey o al reyno, I que era grand cargo de conciencia del príncipe consentillo, demás del daño que venía a su hazienda, I dezía que avía oficiales que de industria hazían albaquías e debdas perdidas la hacienda del rey para pedillo después de merced ellos o otros que ellos echauan para sí I estaba en que si el príncipe no procuraua de entender las cosas de su hazienda por manera que los officiales conociesen que avía quien les mirase a las manos, sería muy grande el daño que recibiese». Cisneros condenaba también los matrimonios entre altos funcionarios e hijas de los Grandes: «tenía ansimismo por gran daño del reyno que persona del Consejo casase sus hijos con hijos o parientes de grandes, porque dezía que los Grandes no hazían estos casamientos sino para los tener por sus procuradores e abogados en sus negocios I que lo avía experimentado en el tiempo que tuuo la governación I estaua que en casando alguno del Consejo sus hijos desta manera le avían de enbiar a su casa». <<

[324] DC, lib. IV, f. 42 (sobre Alonso Gutiérrez de Madrid); Consejo y Junta de Hacienda, leg. 7 antiguo (sobre los hermanos Vozmediano). <<

[325] cf. H. KENISTON, Cobos. <<

[326] Cf. Memorias de S. COTA, pp. 72, 77; M. GIMÉNEZ FERNANDEZ, op. cit., I, pp. 56-57. <<

[327] Memorias de S. COTA, pp. 41-42; GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, op. cit., II, p. 39. <<

[328] GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, op. cit., I, pp. 6-22. <<

[329] Ibid., II, pp. 16-18; cf. también N. LÓPEZ MARTÍNEZ, Los judaizantes castellanos y la Inquisición en tiempo de Isabel la Católica, Burgos, 1954. Los conversos hicieron todo lo posible para convencer a Felipe el Hermoso (cf. E. GOSSART, Charles-Quint, roi d’Espagne, p. 12) y combatieron al rey de Aragón: «con los Grandes y con los conversos enemistan a v. al., diziendo que nosotros avernos dicho al rey Felipe de parte de V. al. que se guarde de creer a los Grandes y de creer ni acojer a los conversos. Son bien venidos los q dellos vyenen acá y claramente toda el aljama desama a V. al. y por otra parte yndinan al pueblo rústico diziendo q V. al. favoreze los conversos». (GÓMEZ DE FUENSALIDA, carta al rey de Aragón del 15 de mayo de 1505, Correspondencia, p. 360). Otros conversos realizaron gestiones cerca del rey de Aragón; cf. Memorial al rey Católico en que se ofrecían seiscientos mili ducados prestados si mandaba situar en rentas reales los salarios de los ministros del Santo Oficio, quedando los bienes confiscados por este tribunal en beneficio de dichas rentas (PR, leg. 28, f. 23). cf. también DC, lib. VIII, f. 86. De una manera general hemos de decir que encontramos la presencia de conversos en el seno de todos los partidos; cf. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, La clase social, p. 33, que ha señalado su papel en la agitación que surgió en Valladolid en contra de la gente de ordenanza. No obstante, seria erróneo pensar que los conversos constituían un grupo social, sobre todo político, homogéneo; este extremo es el que nos parece más discutible en las tesis de Américo Castro. <<

[330] GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, op. cit., I, pp. 235 y 261 ss. <<

[331] Sobre el enfrentamiento que se produjo entre Cisneros y Adriano de Utrecht respecto a sus respectivas atribuciones, que terminó con el triunfo del primero, cf. SANTA CRUZ, I, pp. 99 ss. y 123-124; oficialmente, Adriano tenía el rango de embajador del rey, con una retribución de 600.000 maravedíes anuales (GACHARD, Correspondance, pp. 231-233). <<

[332] CEDILLO, op. cit., I, pp. 168 ss. Sobre el sistema que se seguía para efectuar los nombramientos en los Países Bajos, cf. SANTA CRUZ, I, pp. 143-146. <<

[333] cf. CP, leg. 21, f. 41, sobre el alza de precios registrado en Valladolid durante este período. <<

[334] SANTA CRUZ, I, p. 150, cita también esta observación del Consejo Real: «ponen mala voz en el reino diciendo que vuestra alteza manda sobreseer la justicia, que es la cosa que más los pueblos y todos comúnmente sienten y de que las gentes reciben mayor quebranto» (p. 153). <<

[335] Carta de la ciudad de Burgos a Cisneros del 26 de febrero de 1517 (Mem., leg. 120, f. 102). Sobre este extremo, cf. CEDILLO, op. cit., I, pp. 329 ss. Cédula del 21 de abril de 1517 (Cédulas, lib. 39. f. 34 r.). <<

[336] Cédula del 21 de abril de 1517 (Cédulas, lib. 39. f. 34 r.) <<

[337] Mem., Ieg. 120, f. 84. <<

[338] Carta de Toledo al rey el 27 de marzo de 1517 (RAH, col. Salazar, G-23, f. 38 V.-39). Carta de Salamanca a los procuradores de Burgos, León, Zamora y Valladolid, el 10 de junio de 1517 (PR, leg. 3, f. 33). <<

[339] Carta de Salamanca a los procuradores de Burgos, León, Zamora y Valladolid, el 10 de junio de 1517 (PR, leg. 3, f. 33). <<

[340] Estado, leg. 3. fe. 315 y 316. <<

[341] Ibid., Ieg. 4, f. 53. <<

[342] Ibid., leg.— 3, f. 311. Este legajo contiene las respuestas de diferentes ciudades a las sugerencias de la asamblea burgalesa: Madrid (f. 310), Segovia (f. 311), Toro (f. 312), Granada (f. 313), Murcia (f. 314), Ávila (fs. 315 y 316) y Cuenca (f. 317). <<

[343] Carta de hermandad firmada por las ciudades de León, Burgos, Valladolid y Zamora, agosto de 1517, documento publicado por FERNANDEZ DURO, Memorias de Zamora, II, p. 295. <<

[344] Op. cit., I, p. 282, nota 789. <<

[345] Carta de Varacaldo a López de Ayala, 17 de junio de 1517, publicada por GIMÉNEZ FERNANDEZ, op. cit., I, p. 611. <<

[346] Cf. infra, pp. 203 ss <<

[347] Para lo que sigue, cf. BRANDI, R. TYLER, R. MENÉNDEZ PIDAL (Un imperio), R. CARANDE, op cit., I, pp. 13 ss. <<

[348] Petición de las Cortes de 1506, Actas, IV, 224. <<

[349] cf. M. BATAILLON, «Plus oultre», artículo recogido en Eludes sur Las Casas, pp. 109-114. La declaración de las Cortes de 1523 consagró la nueva dimensión de tan orgulloso lema. Carlos V, a quien se llamó desde Italia para ser coronado, prefirió regresar primero a España: «teniendo como tiene a estos reynos por cabeca, la grandeza e fuerca de los quales vasta, no sólo para sostener los otros que Dios le dio, mas avn para ganar otros de nuevo y en acrescentamiento de nuestra santa fé católica poner plus vltra sus colunas». (Actas, IV, 346). <<

[350] Cf. B. BENNASSAR, op. cit., pp. 474-477. Según SANTA CRUZ (I, p. 169), las celebraciones de Valladolid supusieron un desembolso de 40.000 ducados. <<

[351] Op. cit., II, p. 27. <<

[352] Ibid., p. 7. <<

[353] «Mosiur de Xebres governaua y guiava todas las cosas del príncipe, el qual fue muy poco grato a los cavalleros españoles primeros que venimos al servicio del príncipe». (Memorias de S. COTA, p. 73). «Todas o las más de las cosas remetía el rey a él [Xebres] y por sus manos se despachauan; y el Xebres seguiaua y auisaua de las cosas de España por el maestro Mota, obispo de Badajoz». (Pero MEJÍA, p. 84). <<

[354] Es el punto de vista que en nuestros días ha asumido con gran convencimiento M. GIMÉNEZ FERNANDEZ, op. cit., II, pp. 42-43. <<

[355] Cf. supra, pp. 73 ss. <<

[356] Sobre la popularidad del infante, cf. SANTA CRUZ, I, p. 182. El proceso contra Lope de Araoz, vecino de Oñate, en 1517, revela los sentimientos que abrigaban algunos castellanos con respecto a los dos hermanos. Se reprochaban al acusado sus palabras en febrero de 1517: «no avía nescesidad de venir el rey don Carlos a Castilla porque buen Ynfante se tenía para alear por rey». (PR, leg. 3, f. 157). <<

[357] En diversas oportunidades, Cisneros comunicó a la Corte las intrigas que se mantenían en torno al infante: cf. Cartas de Cisneros, pp. 103-105, 154, 167, 173; CEDILLO, op. cit., I, pp. 154-155; Cartas de los secretarios de Cisneros, p. 175. <<

[358] SANTA CRUZ, I, p. 155 <<

[359] cf. el discurso pronunciado por Jean Le Sauvage ante los Estados de Gante, el 16 de junio de 1517: «Et si le roi vous laisse scavoir que se, par cas d’adventure, ses affaires de par delá le empeschoient en sorte que si tost retourner ne pust comme bien le voul-droit, en ce cas et pour vostre consolation, il at intention de vous envoyer son trés-chier et bien-aymé frére don Fernand, le plus brief qu’il luy serat possible, affin que plus ioyeusement atiendes son rethour, qui serat quant ses affaires le polront porter». (Laurent VITAL, p. 29). <<

[360] Petición 3, Actas, IV, 262. <<

[361] El infante embarcó en Santander en mayo de 1518; cf. carta del marqués de Aguilar al rey, el 5 de mayo de 1518 y del alcalde Herrera a Chièvres, el 29 de mayo de 1518 (Estado, leg. 5, fs. 191 y 192). <<

[362] Citado por (…). El siglo XVI, p. 22. <<

[363] cf. ANGHIERA, 614, 615 y 619 (edición de J. López de Toro, III, pp. 309, 311, 318). Sobre el desa(…) en Castilla después de la partida del infante, cf. Memorias de S. COTA, p. 151, y (…). VITAL, pp. 234-235 y 273-274. <<

[364] Sandoval. <<

[365] Carta del rey al duque del Infantado, fechada en Aguilar el 26 de octubre de 1517 (RAH, col. Salazar, M- 13, 41 V.). <<

[366] cf. SANTA CRUZ, I, pp. 160-163; Laurent VITAL, pp. 132-133, 137. <<

[367] Actas, IV, p. 262. <<

[368] El marqués de Denia actuó según instrucciones formales del rey; cf. esta carta de Carlos V al marqués, el 19 de abril de 1518: «En lo de las pláticas que su alteza [doña Juana] hos dize, estad sobre aviso de le responder lo que conviene e por ser de la calidad que sabéis que son las cosas de su alteza, quando en semejante cosa hos hable, no consintays que ninguna destas mugeres ni otra persona esté delante ni que vos habléis ni escrivays cosa ninguna que toque a su alteza a otra persona syno a mí e siempre con mensajeros ciertos porque asy conviene». (Estado, leg. 5, f. 294). Y ésta fue la respuesta del marqués, el 27 de abril de 1518: «en lo que vuestra alteza manda que esté muy sobre aviso quando en algo me hablare [la reyna], asy se ha hecho y hará y vuestra alteza esté seguro que en todo se tiene e terná la manera que conviene a vuestro seruicio, asy en que no esté nadie delante quando su alteza me hablare como en tener el secreto que es razón y en os escreuir terne la orden que vuestra alteza manda, que avn quando escreuí a vuestra alteza [a] Aranda, de mi mano escreuí lo que vuestra alteza vyo, por no fiallo del que mescreuía y asy se a hecho, que cosa daquí no se a escrito syno al señor Ynfante, que sabiendo la señora Ynfanta su partida me pareció la deuía enbiar a vesitar (…) y sy cient años estouiera en estos reynos no le escriuiera ni dixiera vna palabra de lo daquí». (Estado, leg. 5, f. 290). <<

[369] Op. cit., II, pp. 101-102. <<

[370] Céd., lib. 36, f. 129 r. <<

[371] El 15 de marzo recibió una gratificación de 200 ducados (Ced., lib. 43, f. 2), pero Antonio de Fonseca percibió 4000 ducados y Diego de Soria 80.000 maravedíes (ibid., lib. 37, f. CCCXXXIX). <<

[372] Actas, IV, 260-261. <<

[373] cf. B. HAMILTON, Política thought. En las teorías políticas de la Edad Media, tales relaciones del rey con la nación se expresaban a veces mediante la metáfora del cuerpo y sus miembros; cf. J. BENEYTO PÉREZ, Ejemplos, imágenes y esquemas en la construcción política medieval, en Estudios dedicados a Menéndez tidal, t. V, Madrid, 1954, pp. 354-355; cf. también J. A. MARAVAU., Comunidades, pp. 81-82. <<

[374] Estado, leg. 5, f. 44. <<

[375] RGS, 30 de abril de 1518; cf. también Céd., lib. 42, f. 13, y lib. 38, f. CXII v. <<

[376] G. CORREAS, Vocabulario de refranes, ed. L. Combet, p. 337 b. La frase aparece en todos los cronistas con algunas variantes. Alcocer añade algunos detalles: «Este flamenco, monsiur de Gevres, una moneda que el rey D. Fernando y la reyna doña Isabel mandaron labrar, que era ducados de a dos, con dos caras, traía en la corte y en todas las más ciudades y villas de estos reynos quien recogiese y buscase estos escudos, y daba por cada uno veinte y tres reales, valiendo cada uno veinte y dos, de manera que en pocos días los consumió» (pp. 36-36). Alcocer atribuía sólo a Chièvres un calculo que en realidad hacían todos los mercaderes y todos los extranjeros y que se basaba en la diferencia de ley entre la moneda castellana y las extranjeras. <<

[377] DC, lib. II, fs. 7, 8 y 14; petición 5 de las Cortes de 1518 (Actas, IV, 263). <<

[378] Cid., lib. 36, f. 194 V.; lib. 37, f. VII; RGS, 2 de junio, 20 y 24 de julio, 7 y 28 de agosto, 15 de noviembre de 1518; 7 de enero, 19 de marzo, 13 de noviembre de 1519, etc. <<

[379] M. GIMÉNEZ FERNANDEZ, op. cit., I, p. 413, y II, p. 48; SANTA CRUZ, I, p. 168. ¿Fue en esta circunstancia cuando Ciruelo realizó su comentario del salmo Exsurgat que contenía violentos ataques contra los flamencos? Una serie de testimonios exactos permiten establecer que este sermón data de septiembre de 1520 y no de noviembre de 1517; cf. infra, página 329. <<

[380] cf. M. Giménez Fernández, op. cit. <<

[381] Memorias de S. COTA, p. 148. <<

[382] Don Francisco Álvarez Zapata, maestre escuela, para atenuar su responsabilidad en el conflicto de las Comunidades, pretendió más tarde que había impedido que sus colegas del cabildo de Toledo procedieran a una elección, en 1517, como pretendían (Defensa del maestrnemtla,, CM, leg. 377, s. f., pasaje citado por D., V. 467). <<

[383] SANTA CRUZ, I, p. 167-168; Pero MEJÍA, p. 183. <<

[384] Petición 5: «que el arzobispo de Toledo venga y resyda en estos reynos, porque aquí se gasten las rentas e se críen los naturales del reyno con su reverendísima señoría (…). A esto se vos responde (…) en lo que toca a la venida del reverendísymo cardenal de Croy, arzobispo de Toledo, nos, entendiendo ser cumplidero a nuestro servicio e a bien destos reynos, le teníamos ya escrito para que viniese y por vuestra suplicación le tornaremos a escribir de nuebo con mayor ynstancia». (Actas, IV, 263). <<

[385] cf. AZCONA, Isabel, pp. 428-429, y MARTÍN GAMERO, Historia de Toledo, p. 939. <<

[386] El 23 de abril de 1518, la Corte anunció al cabildo que había solicitado la anulación de la bula (Céd., lib. 43, f. XVII). Según POSCHMANN, no fue hasta el 23 de julio siguiente cuando el Papa renunció definitivamente al desmembramiento de la diócesis. <<

[387] Estado, leg. 5, fs. 2, 3 y 5 (cartas de Pero López de Padilla, de Gómez Carrillo y del marqués de Villena a Chièvres para comunicarle la buena noticia y atribuirse todo el mérito). <<

[388] M. de la SOTERRAÑA MARTÍN POSTIGO, «La cancillería castellana», en Hispania, XXIV, 1964, p. 521; carta del embajador inglés Spinelly a Wolsey, fechada en Burgos el 27 de julio de 1520, en Letters and Papers, III, núm. 925, p. 341. Como contador mayor, Chièvres recibía cerca de 300.000 maravedíes por año (Estado, leg. 7, f. 108). <<

[389] Antes que Chièvres otro flamenco, Jean de Luxembourg, había obtenido de Felipe el Hermoso el mismo privilegio; cf. E. Orre, El joven Carlos, pp. 156-160, 168-171. <<

[390] Por ejemplo, la renta vitalicia de 750.000 maravedíes anuales que se le concedió el 14 de marzo de 1520 (Consejo y Junta de Hacienda, leg. 6 antiguo). <<

[391] ANGHIERA, III, p. 235; E. Orre, op. cit., p. 161; M. BATAILLON, Etudes sur Las Casas, página 105. <<

[392] SANTA CRUZ, I, p. 185; carta de Spinelly a Wolsey, Barcelona, 20 de marzo de 1519 (Letters and Papers, II, núm. 130, p. 42); Céd., lib. 43, f. CXXXIX r. <<

[393] Céd., lib. 37, f. XL; RGS, 8 de enero de 1518; Mem., leg. 153, f. 170. <<

[394] Limitémonos a reseñar algunos ejemplos. El 23 de diciembre de 1517, Fernando de Córdoba, vecino de Málaga, sugirió a Jean Le Sauvage que reviviera en su beneficio una serie de antiguos derechos que los reyes musulmanes de Granada percibían en concepto de la exportación de pasas, almendras e higos; Le Sauvage se ocupó de que el rey le permitiese cobrar tales derechos y cedió tal privilegio a Fernando de Córdoba por un plazo de nueve años a cambio de 18.000 ducados (Consejo y Junta de Hacienda, leg. 4 antiguo, s. f.). La Chaux se atribuyó los ingresos de las minas de Fuenteovejuna (Ced., lib. 36, f. 115 r.). Laurent de Gorrevod se adjudicó todos los atrasos de la bula de la Cruzada: «todos los maravedís que debían los tesoreros y receptores e otras cualesquier personas de la Cruzada y compusiciones». (Codoin, XIII, pp. 569 ss.). <<

[395] Un ejemplo característico es la concesión del castillo de Lara, propiedad de la ciudad de Burgos, a Cotannes. El castillo había sido parte importante en el levantamiento de Burgos contra la Corte y los flamencos. Joffre de Cotannes era un francés establecido en Burgos desde hacía treinta años; se había casado con una burgalesa, se había construido una casa y había conseguido un puesto en la administración del rey de Aragón. Era un hombre que tenía, sin duda, gran vista para los negocios, como lo atestigua esta carta que le envió, en 1512, su amigo el doctor Villalobos, con ocasión de un viaje de Cotannes a los Países Bajos: «acá nos dizen que medrays poco y que no priuays nada, y estoy espantado de tan gran novedad, porque todos los puertos por do suele ir la priuanza tenéis tomados; vos soys castellano y soys francés; soys muy cuerdo y muy loco (…); soys amigo de bueno y amigo de ruynes; soys hombre y diablo (…); soys gentilhombre, burgués y mercader y oficial y pagés». (Algunas obras de VILLALOBOS, p. 1). En 1516, Cotannes fue de nuevo a los Países Bajos y recibió la confirmación de su cargo de furriel (Céd., lib. 36, f. 40 V.) y en la misma ocasión solicitó y obtuvo la custodia del castillo de Lara. La ciudad de Burgos protestó contra lo que consideraba una pretensión desorbitada y contraria a todas las costumbres. Cotannes, sin embargo, se obstinó en su propósito; la Corte firmó como mínimo dieciséis provisiones para exigir la devolución del castillo a Cotannes. Todo fue en vano; los burgaleses se indignaron, intentaron entablar un proceso, amenazaron con dar muerte a Cotannes. En noviembre de 1519, el corregidor resumía la situación en estas palabras: «la tenencia de Lara a Jufre toda esta cibdad la tiene por cosa muy agraviada para ellos, segund dizen; hanse alborotado sobre esto mucho». (PR, ltg. 2, f. 88). En los primeros momentos del movimiento comunero, Cotannes iba a pagar con su vida la pretensión de convertirse en alcalde de Lara. Sobre esta cuestión, cf. A. SALVA, Burgos, pp. 28-33; CR, leg. 82, f. 20; Mem., leg. 132, s. f. <<

[396] lor <<

[397] RGS, del 28 de agosto de 1518. <<

[398] M. GIMÉNEZ FERNANDEZ, op. cit., II, p. 34. Le Sauvage debió escuchar con atención a Las Casas, lo que explicaría el juicio favorable del dominico. Le Sauvage se mostró tan codicioso como sus colegas; de ello hemos dado ejemplos más arriba (nota 48). <<

[399] Cf. supra, p. 124 <<

[400] M. BATAILLON, Eludes sur Les Casas, p. 103. <<

[401] Ibid., p. 100. <<

[402] Ibid., pp. 101-103, y E. Orre, El joven Carlos, p. 159. <<

[403] E. Orre, ibid. Cf. además M. GIMÉNEZ FERNANDEZ, op. cit., II, p. 52; M. ULLOA, La hacienda, p. 260, y sobre todo el artículo de E. Orre en la selección ofrecida a Monseñor Antonio Griera, Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens. 22 Band, en Verbindund mit Wilhelm Neuss, Edmund Schramm und José Vives, Herausgegeben von Johannes Vincke, Münster, 1965, pp. 283-320. <<

[404] Sobre la corrupción de la administración flamenca y la venalidad de los cargos públicos, cf. SANTA CRUZ, I, p. 165; H. KENINSTON, Cobos, pp. 63-64. Por lo demás, la corrupción parece ser una tradición en la administración de los Habsburgo; cf. L. SCHICK, Jacob Fugger, pp. 43-44. <<

[405] Carta del 16 de aoviembre de 1518 (Mem., leg. 131, s. f.) <<

[406] CP, leg. 4, s. f. <<

[407] Céd., fib. 41, f. M. <<

[408] MARTÍN GAMERO, Historia de Toledo, p. 940. <<

[409] Cf. supra. p. 96. <<

[410] Mem., leg. 141, f. 425. <<

[411] ANGHIERA, III, pp. 319-320, 322-323; M. BATAILLON, Eludes sur Las Casas, p. 105. <<

[412] Floreto de anécdotas, p. 97; F. FITA, Judaizantes, p. 309 ss.; C. ALCAZAR, «Aportación a la polémica sobre la Inquisición española», en Revista de Estudios Políticos, XI, 1945, p. 146; PR, leg. 28, fs. 31 y 42. <<

[413] Cf. J. PÉREZ, Moines frondeurs. <<

[414] I, 182. <<

[415] Informe de los embajadores navarros sobre la misión de La Chaux en Francia, en mayo de 1518, citado por P. BOISSONNADE, Histoire de la reunión de la Navarre, pp. 521-523. <<

[416] cf. los retratos de S. COTA, Memorias, p. 142, y del secretario del cardenal de Aragón, Antonio de BEATIS, Voyage du cardinal d’Aragón en Allemagne, Hollande, Belgique, Frunce et Italie (1517-1518), París, Perrin, 1913, pp. 95-96. <<

[417] SANTA CRUZ, I, p. 166. La información abierta contra un tal Pero Cuello por «injurias contra el rey» aporta algunas precisiones interesantes. Se preguntó a los testigos «sy saben, vieron, oyeron dezir que, en ciertos días de los meses de octubre, novienbre e dezienbre del año pasado de mili quinientos e diez y siete e en ciertos días de los meses de henero e hebrero e marco deste presente año de mili e quinientos e diez e ocho (…) el dicho Pero Cuello, en la placa pública de la dicha villa de Poblacción e en el cementerio de la yglesya e en su casa e en otras muchas partes de la dicha villa, blasfemó del rey nuestro señor e dixo del muchas e diuersas vezes que hera un bobo rapaz e quel rey don Carlos nuestro señor no tenía juyzio natural e que no hera para gobernar e que no hazía más de lo que vn francés quería hazer, e dixo ansymismo, por vía descarnio, con hyra e henojo, respondiendo a ciertas personas que no dixiese aquello que hera un bobyto rapaz, deziendo: ¿qué rey e qué nada?, lo qual dixo muchas vezes con yra e henojo, con yntención de ynjuriar al rey nuestro señor e en menosprecio de la corona real». Los testigos confirmaron que Pero Cuello había dicho tales frases. De tal forma, un domingo, en el cementerio, cuando se comentaba el próximo viaje del rey, gritó: «que buen bobito aveys dicho» y añadió: «ablays del rey, quél no vendrá acá, porque es muy niño bojbUJo, Que no es para governar sy los cavalleros no lo goviernan». En diciembre de 1517, Pero Cuello fue a Valladolid, donde pudo ver al rey. A su regreso, sus amigos le pidieron detalles: «señor teniente, pues venys de ver al rey nuestro señor, ¿que nos dyreis dél?» y ésta fue su respuesta: «¿qué rey e qué nada? Vase como un pajezico con vna dama con vna varilla en la mano». (PR, leg. 6, f. 1). <<

[418] En El peregrino en su patria, Lope de Vega oponía en este aspecto a España y Francia «que siempre ha tenido rey de su nación» (citado por A. CASTRO, La realidad histórica de España, p. 94). <<

[419] Sobre lo que sigue, cf. K. BRANDI, pp. 92 ss.; L. SCIIICK, Jacob Fugger, pp. 159 ss.; R. MENÉNDCZ PIDAL, Un imperio, pp. XXII-XXIII; M. FERNANDEZ AI. VAREZ, La Expaña. pp. 99 ss. <<

[420] L. FEBVRE. Un destin. Martin Luther. Bruselas, París. Ed. du Sablón, 1945. p. 139. <<

[421] Céd., lib. 37, f. CIII r. y V. (liquidación de diversos créditos con fecha 26 de junio de 1517). <<

[422] R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros; sobre el déficit crónico, cf. t. II, pp. 96 ss. <<

[423] M. GIMÉNEZ FERNANDEZ, op. cit., II, p. 38. <<

[424] CARANDE, op. di., II, pp. 158-159 <<

[425] Ibid., I, p. 495. <<

[426] Sobre la deuda a los Fugger, cf. R. EHRENBERG, Le siècle des Fugger, París, SEVPEN, 1955, pp. 43-50; L. SCHICK, Jacob Fugger, pp. 178 y 182-183, y la aportación, en gran parte inédita y original de CARANDE, op. cit., II, pp. 382 ss. y, sobre todo, III, pp. 40-49. Aparte de los términos del acuerdo firmado en Worms el 4 de mayo de 1521, el emperador debía aún a los Fugger 600.000 florines; se comprometió a devolver esta suma con los ingresos procedentes del Tirol, en tanto que España saldaría el resto, es decir, 200.000 florines. Dado que en 1523 no había recibido nada aún, Fugger insistió de nuevo. Entonces recibió la garantía de los Maestrazgos por una renta anual de 50 millones de maravedíes; podía conservar para sí la mitad de esta suma como pago de sus créditos. Naturalmente, la revuelta de las Comunidades había retrasado notablemente los pagos; cf. la carta de Francisco de Vargas el 5 de octubre de 1521 (Estado, leg. 8, f. 260). Anteriormente se habían realizado ya algunos pagos: 70.000 ducados el 5 de mayo de 1519 (Céd., lib. 48, f. 17 r.). Sobre los prestamos contratados entre los Fugger, Welser, Mafeo de Tarsis y Vargas para los gastos de la coronación, cf. Consejo y Junta de Hacienda, leg. 7 antiguo. Hemos de anotar la contribución de los moriscos de Granada en febrero de 1520: 40.000 ducados, a cambio de que se mejorasen sus condiciones: «no se haga con nosotros más diferencia que con los otros cristianos viejos». (Consejo y Junta de Hacienda, leg. 7 antiguo). <<

[427] CARANDE, III, pp. 36-38 (gastos realizados en esta ocasión). <<

[428] Ibid., II, pp. 466-469. <<

[429] cf. J. PÉREZ, Moirres frondeurs, pp. 18-22, y el documento publicado por E. DÍAZ JIMÉNEZ, Historia de los comuneros de León, pp. 156-157 (protesta del cabildo de León y envío de una delegación a la asamblea de Madrid). <<

[430] E. DÍAZ JIMÉNEZ, op. cit., pp. 164-165. Don Francisco Álvarez Zapata, maestrescuela de Toledo, se jactó de haber dominado al clero (Defensa del maestrescuela, CM, leg. 377, sin folio, pasaje publicado por D., V, p. 469). <<

[431] Sobre las alcabalas y la cuestión de los encabezamientos, cf. CARANDE, op. cit., II. pp. 221 ss. <<

[432] PR, leg. 3, f. 145. <<

[433] CEDILLO, op. cit., I, p. 102. M. ULLOA (La Hacienda, p. 113) pretende, sin citar referencias, que Cisneros concedió entonces un encabezamiento general. No parece que esto sea exacto; los documentos que hemos consultado indican que se trató más bien de una serie de encabezamientos limitados (EMR, leg. 144 antiguo). <<

[434] Céd., lib. 37, f. CCLIII r.; otra copia en EMR, leg. 144 antiguo (documento del 30 de diciembre de 1517). <<

[435] Petición 14 (Actas, IV, 265): «Otrosy, suplican a vuestra alteza que todo lo del reyno que está encabezado lo esté, y los que se quisyeren encabezar lo puedan hacer en el precio que agora está, como siempre se ha hecho, guardando la cláusula del testamento de la reyna doña Isabel, nuestra señora, que en gloría sea, porque se dice que los dichos encabezamientos se quieren mudar, lo qual non creemos. —A esto vos respondemos que nos place que se haga ansy como lo pedís». <<

[436] Estado, leg. 2, f. 395 (documento del 10 de octubre de 1518). <<

[437] EMR, leg. 167 antiguo; Estado, leg. 7, f. 229. 91 PR, leg. 3, f. 55. <<

[438] Op. cil., H, pp. 230 ss. <<

[439] ALCOCER, pp. 37-38. <<

[440] Céd., lib. 39, f. 357 r.; Estado, leg. 9, f. 149. <<

[441] PR, leg. 3, f. 55. La carta no lleva fecha. La que publicaron SANTA CRUZ (I, pp. 220-221) y, después de él, SANDOVAL (194) está fechada el 7 de noviembre. Es probablemente el único detalle conocido de este documento, sin ninguna duda, apócrifo. Las respuestas recibidas por Toledo no guardan relación alguna con el texto de SANTA CRUZ; en cambio, repiten a veces palabra por palabra algunos pasajes de la carta que hemos citado nosotros. DANVILA (I, p. 95) se dio cuenta de que tales respuestas no podían estar hechas al texto de SANDOVAL y tuvo en sus manos una copia de la carta auténtica, del que da un breve resumen en la página 95; pero olvidando, en la página 224 sus dudas, de la página 95 no habla ya más que de la pretendida carta del 7 de noviembre, la que publicaron SANTA CRUZ y SANDOVAL. MOREL-FATIO, por la simple crítica interna del texto de SANDOVAL, sospechaba que era Guevara el verdadero autor de esa carta, en la que encontraba «las características especiales del estilo guevaresco: frases simétricas, con antítesis, asonancias y otros detalles perfectamente identificables». (Historiographie, pp. 37-40). <<

[442] cf. SANTA CRUZ, I, pp. 204-206 y estos dos documentos que se conservan en los archivos municipales de Madrid: «provisión del rey don Carlos declarando que al titularse primero emperador que rey no rebajaba la dignidad de la monarquía española», Barcelona, 5 de septiembre de 1519; «cédula sobre el mismo asunto», de la misma fecha. (A. MILLARES CARLO, índice y extractos.., p. 401, núm. 399 y 400. <<

[443] PR, leg. 3, f. 105, copias de respuestas dirigidas a Toledo por Jaén (16 de noviembre), Córdoba (18 de noviembre), Granada (2 de diciembre) y Sevilla (14 de diciembre). <<

[444] PR, leg. 3-, f. 106, respuestas de Madrid (11 de noviembre), Murcia (15 de noviembre), Guadalajara (16 de noviembre), Soria (22 de noviembre), Segovia (12 de diciembre) y Cuenca (16 de diciembre). <<

[445] cf. las actas de las sesiones del regimiento los días 21 de octubre, 2 y 5 de diciembre de 1519: a pesar de la oposición del corregidor y de una minoría, la asamblea municipal decidió continuar la acción que había emprendido (PR, leg. 3, f. 55). <<

[446] SANTA CRUZ, I, pp. 219-220. <<

[447] Cf. supra, pp. 92 ss. <<

[448] Céd., lib. 41, f. 84 v. <<

[449] Ibid., Iib. 41, f. 86 (carta al corregidor de Burgos, 27 de enero de 1520). <<

[450] Ibid., lib. 39, f. 356 v. (23 de diciembre de 1519). <<

[451] PR, leg. 79, f. 16 <<

[452] ANGHIERA, carta 667 (Iv, 22). <<

[453] Es la expresión que aparece en una carta de la Junta de Tordesillas escrita el 14 de noviembre de 1530 (D., II, 587). <<

[454] En Toledo, por ejemplo, se deseaba que fuera elegido don Gutierre de Guevara (Céd., lib. 49, f. CXLVIII v., 20 de febrero de 1520); presiones en Valladolid: ibid., lib. 44, f. CLXXIX v. (25 de febrero de 1520). <<

[455] PR, leg. 70-9, f. 18, y Actas de Cortes, IV, 288. <<

[456] Cf. supra, p. 67. <<

[457] ANGHIERA, carta 663 (IV, 14-15). <<

[458] Céd., lib. 39, fs. 356 V. y 357 r., para protestar contra la presencia de un monje en las sesiones del regimiento de Burgos (23 de diciembre de 1519). En León, el 19 de febrero, el capítulo de la catedral dio poderes a dos de sus miembros «para entender en los negocios de la comunidad desta cibdad». (E. DIAZ-JIMÉNEZ, op. cit., p. 167). <<

[459] Cf. supra, pp. 127-128, y J. PÉREZ, Moines frondeurs. <<

[460] Estado, leg. 16, f. 416, publicado con algunos errores de transcripción por DANVILA, I, pp. 272-274. Los principales redactores fueron: el superior de los franciscanos, fray Alonso de Bilbao, de los agustinos y de los dominicos; las firmas resultan difícilmente legibles; según GIMÉNEZ FERNÁNDEZ (op. cit., II, pp. 312 y 329) la primera sería la de fray Alonso de Medina. <<

[461] Sobre la capital importancia de la carta de los monjes de Salamanca en los pródromos del movimiento comunero, son numerosos los testimonios. Reproducimos varios de ellos en las notas siguientes. He aquí la declaración del clérigo Gómez de Sosa, de Toledo, en el proceso de Juan Gaitán, en 1523: «este testigo vido una carta fecha de Salamanca que la enbiava a Toledo antes que se levantase e revelase e que por ella dezían que no curasen de tomar consejo de justicia syno que fiziesen lo que avían de hazer, pero que no sabe sy la dicha carta hera del regimiento de Salamanca, saluo que hera de vnos letrados» (proceso Juan Gaitán, respuesta a la pregunta número 3). Fray Hernando de la Roca un monje franciscano, se había distinguido particularmente por sus sermones incendiarios; finalmente fue encarcelado (Estado, leg. 7, f. 232). En las Cortes de 1538-1539, todavía se evocaba la campaña de los monjes de 1520 (cf. 3. SANCHEZ MONTES, Un corregidor, pp. 656, 658-660). <<

[462] PR, leg. 3, f. 168. <<

[463] Ibid., leg. 1, f. 26. <<

[464] Ibid., leg. 2, f. 22. Fue el 28 de febrero el día en que los regidores votaron sobre el mandato de los procuradores: «no les davan poder para poder otorgar e consentir seruicio» (ibid., leg. 3, f. 172). El día anterior a la votación, don Francisco de Zapata, archidiácono, se había presentado en Toledo para expresar la absoluta solidaridad de la ciudad de Madrid (carta del corregidor de Toledo, ibid., leg. 1, f. 77). <<

[465] Ibid., leg. 69, f. 58 <<

[466] Céd., lib. 39, f. 361 r. (3 de enero de 1520) y lib. 49, f. CXLVI v. (31 de enero de 1520). <<

[467] Carta de Toledo a Madrid del 25 de febrero de 1520 (Codoin, II, pp. 306-307) y carta del corregidor de Toledo, el 27 de febrero (PR, leg. 1, f. 77; D., I, pp. 291-295). <<

[468] Carta del 21 de febrero de 1520 (PR, leg. 2, f. 46), publicada por DANVILA (D, I, pp. 281-282) con errores, de entre los cuales era éste el más grave: «en el día que partiéremos haremos otro a esa villa»; en realidad hay que leer correo <<

[469] PR, leg. 3, f. 55. Las dos abstenciones eran la de don Juan de Silva y Pedro de Herrera. La mayoría estaba constituida por Fernán Pérez de Guzmán, Fernán Díaz, Gonzalo Marañón, Antón Álvarez, Antonio de Baeza, Juan Niño, Hernando de Ávalos, Juan Carrillo, Gonzalo Gaitán, Juan de Padilla, don Pedro de Ayala, Antonio de la Peña, Juan Zapata. La minoría la formaban Pedro del Castillo, don Juan de Ribera, Lope de Guzmán y don Gutierre de Guevara. <<

[470] Carta a Cobos el 27 de febrero (PR, leg. 1, f. 77; D, I, pp. 289-290). <<

[471] Carta del corregidor al gran canciller el 27 de febrero (PR, leg. 1, f. 77; D, I, pp. 291-295). El obispo Campo y el canónigo Acebedo acudieron al ayuntamiento para expresar la solidaridad del cabildo de la catedral. Los predicadores citados con mayor frecuencia son el prior de San Pedro Mártir, un monje de San Juan de los Reyes y el obispo Campo. <<

[472] Cf. supra, p. 140. Sobre las fechas de la estancia en Burgos, cf. FORONDA, p. 161. <<

[473] Mem., Ieg. 136, f. 32. <<

[474] [474] PR, leg. 3, f. 169. <<

[475] Carta del corregidor a Cobos el 28 de febrero (PR, leg. 1, f. 1). cf. la declaración del obispo Acuña durante su proceso en 1524: «pocos días antes que su magestad se partiese de Valladolid avían venido a Valladolid ciertos capítulos hechos en la casa de Sant Francisco de Salamanca, firmados, segund dezían, por treze o quatorce guardianes y de ciertos regidores y cavalleros de la dicha cibdad, los quales capítulos dezían ser de agravios V enbiaron los dichos capítulos a efecto que se publicasen en la corte». (PR. leg. 4, f. 56). <<

[476] PR, leg. 3, f. 170. <<

[477] Memorias, de las q obo, p. 464, donde se atribuyen tales rumores a los mensajeros de Toledo que seguían en todo momento a la Corte con la esperanza de que se les concediera una audiencia. <<

[478] Santa Cruz, I, p. 224, y Sandovai., p. 202. <<

[479] MEJÍA, p. 136. La información abierta tras este alboroto no consiguió que salieran a la luz los nombres de los auténticos responsables. Lo que se hizo, por tanto, fue decretar sanciones contra meros comparsas que no habían tenido sino una participación secundaria en los acontecimientos; cf. SANDOVAI., p. 202 b, y Mem., leg. 165, s. f. <<

[480] Actas, IV, pp. 290 ss. <<

[481] Memorias de las q obo, p. 419. MEXÍA (p. 139) y SANDOVAL (p. 205 a) afirman que los procuradores de Salamanca abandonaron las Cortes después de los primeros debates. Pero de las actas de las sesiones (Actas, IV, 290 ss.) se desprende claramente que se les negó el derecho de acudir a las sesiones. Antes de que quedara abierta la sesión, el conde de Benavente, el conde de Villalba y algunas personalidades gallegas protestaron contra la pretensión de Zamora en el sentido de que hablaría en nombre de Galicia; ellos deseaban que Galicia tuviera su representación propia (SANDOVAL, p. 205). Dado que Zamora estaba aliada con Toledo, las villas de Betanzos y La Coruña habían expresado al rey su total lealtad (PR, leg. 3, ff. 166 y 167). <<

[482] Respecto a esta polémica remitimos a algunas exposiciones básicas: CERECEDA, «El diálogo Menéndez Pidal-Brandi-Rassow sobre la idea imperial de Carlos Quinto», en Razón y Fe, t. CXXXIV, 1936, pp. 411427; R. DEL ARCO Y GARA Y, La idea del imperio en la política y la literatura españolas, Madrid, 1944; M. FERNANDEZ ÁLVAREZ, Política mundial, pp. 51 ss. <<

[483] R. MENÉNDEZ PIDAL, Un imperio, pp. IX-LXII, expresión definitiva de una tesis expuesta anteriormente en una serie de artículos y trabajos. MENÉNDEZ PIDAL debe mucho a los trabajos de P. DOUSSINAGUE, que apuntan en el mismo sentido; cf. El testamento, pp. 11 ss.; Política exterior, pp. 10-12, 193-198. <<

[484] ¿De Mota o de Marlian? M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ (op. cit., II, pp. 342-343) afirma, sin aportar pruebas, que el discurso es de Marlian; Mota no habría hecho más que leerlo. No nos es posible dilucidar la cuestión. <<

[485] Sobre la resistencia que encontraba en España la idea de Imperio, cf. A. JIMÉNEZ, Selección y reforma. Ensayo sobre la Universidad renacentista española, México, 1944, fip. 139 ss.; y sobre todo, J. A. MARAVALL, Carlos V y el pensamiento.., pp. 68-69, 87-94, 67 ss., 235 ss. En 1520 encontramos la clara y brutal oposición de los valencianos, tal como lo expone ANGHIERA (carta 661, IV, 12): «el imperio no sólo no era conveniente para estos reinos sino tan siquiera para el propio rey, y acaso, por el contrario, resultara un perjuicio. Afirmaban que era libre y gozaba de sus prerrogativas; bajo el imperio se convertiría en una provincia miserable. Calificaban el nombre de imperio de hinchada ambición y de viento vano. ¿Por qué hemos de felicitar a nuestro rey, si las rentas del imperio son tan cortas, según dicen? ¿Si no ha de ganarse a ningún soldado alemán para hacer la guerra sino a costa de grandes dispendios? (…). ¡Pluguiera a Dios que tal fantasma hubiera caído sobre el francés! ¡Nosotros hubiéramos disfrutado de nuestra paz y de nuestro rey! (…). Se agotarán nuestras fuentes, se secarán nuestros campos, y nosotros pereceremos de hambre, mientras tierras ajenas se saturan de nuestro pan». <<

[486] El imperio nunca ha traído dicha a los reyes de Castilla, escribía el cardenal Adriano el 16 de noviembre de 1520: «si vuestra majestad no viene con toda celeridad y presteza, temo que hallará peor el reyno de lo que el rey don Alonso, quando boluió a estos reynos, después de la elección que stonces se hizo del para el Ymperio». (PR, lea. 2, f. 1; D, II, p. 503). <<

[487] La correspondencia de la emperatriz, en los períodos en que desempeñó la regencia es característica de tal hostilidad; cf. J. M. JOVER, Carlos V y los españoles, Madrid, ed. Rialp, 1963, 440 p. <<

[488] León, Córdoba, Jaén, Valladolid, Murcia, Toro, Segovia, Zamora, Guadalajara, Soria, Cuenca, Madrid, Ávila. <<

[489] León, Córdoba, Toro, Murcia, Zamora, Madrid, Valladolid; Jaén estaba dividida, pues uno de sus procuradores se adhirió al punto de vista de Gattinara mientras el otro persistió en su postura de oposición. <<

[490] SANTA CRUZ, I, p. 228. <<

[491] ANCHIERA, carta 666 (IV. 19). <<

[492] Céd., lib. XLI, f. 102 (3 de abril). <<

[493] Juan Álvarez de Toledo y Luis Pacheco, procuradores de Cuenca, recibieron 50.000 y 65.000 maravedíes, respectivamente; Francisco de la Serna, de Valladolid, 300 ducados; Diego Fernández Dávila, de Ávila, 150.000 maravedíes; Francisco Ramírez, de Zamora. 37.500; Rodrigo de Tordesillas y Juan Vázquez del Espinar, procuradores de Segovia, 300 ducados y 50.000 maravedíes, respectivamente (Mem., leg. 137, f. 48; Estado, leg. 9, f. 130). <<

[494] MEJÍA, p. 139; SANDOVAI., pp. 207-208. <<

[495] cf. los comentarios de B. BLANCO-GONZÁLEZ (Del cortesano al discreto, p. 517): «¿Puede concluirse de esto que en los argumentos empleados por los funcionarios reales para convencer a los recalcitrantes o dudosos (…) deben haber figurado, y en mucho, posibles represalias flamencas si éste [el subsidio] se negaba incondicionalmente?». Según Klein (pp. 279-290), la Mesta, irritada por las contribuciones que el rey le había exigido en 1518 y 1519, habría mantenido en las Cortes de 1520 la oposición al servicio, sin duda durante la primera parte de los debates; luego recibió quizá garantías y seguridades, lo que explicaría el alineamiento de las ciudades ganaderas, hasta entonces indecisas, en las filas realistas. <<

[496] Actas, IV, 312-320. <<

[497] A finales de 1519, la Corte dudaba entre el conde palatino y el cardenal Adriano (carta del embajador Spinelly a Wolsey el 11 de diciembre de 1519, en Letters and Papers, III, núm. 548, p. 188); el 16 de febrero de 1520, el embajador portugués ya no hablaba sino del cardenal Adriano (CC, part., 3 marzo, 7, doc. 50). <<

[498] Era falso, por lo tanto, afirmar, como se hizo en el discurso de apertura de las Cortes de 1523, que el cardenal Adriano había sido designado «a suplicación de los procuradores». (Actas, IV, 340). <<

[499] cf. la carta de Spinelly a Wolsey el 23 de diciembre de 1519 (Letters and Papers, III, núm. 560, p. 193). SANTA CRUZ, I, pp. 95, 228, 235; METÍA, p. 147. <<

[500] Los monjes de Valladolid, en 1518, atacaban a los nobles casi con la misma intensidad que a los flamencos; cf. supra, p. 128, y J. PÉREZ, Moines frondeurs. <<

[501] «Los más de los Grandes habían llevado muy a mal que, estando el rey en España, no hubiese comunicado con ellos casi nada acerca de los grandes negocios; ningún consejo les había pedido y al tiempo de su partida no les había confiado alguna parte del gobierno». (MALDONADO, p. 76). <<

[502] M. GIMÉNEZ FERNANDEZ, op. cit., II, p. 885, nota 2915; sólo uno rechazó las sumas de dinero que se le ofrecieron: el condestable. Juan Fernández de Madrid escribía a Palencia el 25 de abril: «ya se declaró por gobernador el cardenal; algunos grandes no consienten; no sé en lo que parará» (citado por RODRÍGUEZ SALCEDO, Comunidades palentinas, p. 13). <<

[503] Cf. infra, p. 199. <<

[504] Carta del 6 de abril (Consejo y Junta de Hacienda, leg. 5 antiguo). <<

[505] SANDOVAL, p. 206; MEJIA, pp. 140-145; SANTA CRUZ, I pp. 226-228. <<

[506] Se debe entender libertad en el sentido de exenciones fiscales. cf. AHN, proceso contra Juan Gaitán, declaración de Gómez de Sosa, respuesta a la pregunta número 5; CR, leg. 76, f. 8. <<

[507] SANDOVAL, pp. 210-211. <<

[508] AHN, proceso contra Juan Gaitán; RGS, 16 de mayo de 1520. <<

[509] Representación de la villa de Madrid a Carlos Quinto sobre los poderes dados a sus procuradores, ms. de la RAH publicado por FERRER DEL RÍO, pp. 352-354. <<

[510] cf. un panfleto anónimo de la Biblioteca del Escorial (ms. V-II-3, ff. 84 V. y 85 r.) reproducido en parte por J. QUEVEDO en apéndice a su traducción del libro de MALDONADO, pp. 288 ss. <<

[511] Ibid., y Cid., lib. LXI. f. 20; cf. también AHN, proceso contra Juan Gaitán: «hizieron ynprimir coplas de las ynpusiciones y cohechos que el rey nuestro señor quería que pagasen sus vasallos» (declaración de Fernando Alonso; respuesta a la pregunta número 3). <<

[512] Los primeros mentís datan del 11 de junio de 1520 (RGS); y se reprodujeron durante los días siguientes (RGS, 14 y 29 de junio de 1520). Los municipios de Medina del Campo, el 17 de junio (PR, leg. 2, f. SI) y de Córdoba, el 25 de junio de 1520 (Codom, CXII. p. 12) afirmaron estar convencidos de la falsedad de tales rumores, que siguieron circulando aún durante bastante tiempo, ya que el Consejo Real se vio obligado de nuevo a desmentirlos en abril de 1521 (RGS, 5, 18 y 23 de abril de 1521). <<

[513] MALDONADO (P. 77), el único cronista que hace explícitamente mención de esta campaña, se hace eco de los rumores que atribuían su origen a la nobleza: «Algunos juzgan que lo movieron los Grandes porque hablan sentido que el rey no les hubiese ensalzado como convenía y deseaban llegase ocasión en que el rey necesitase su apoyo. Otros creen que todo fue inventado por los que fueron gefes de los pueblos». Sobre el resentimiento que produjo esta campaña, cf. el testimonio del embajador Contarini, en 1525 (citado por O. FERRARA, El siglo XVI, p. 136). En las Cortes de 1538-1539 todavía se mencionaron estos acontecimientos (cf. SÁNCHEZ MONTES, Un corregidor.., p. 642, nota). <<

[514] SANTA CRUZ, I, pp. 235-237; MEJÍA, pp. 151-152; SANDOVAL, pp. 220-222; COLMENARES, pp. 467 ss. <<

[515] Cf. supra, p. 102. <<

[516] ANGHIERA (carta 671) no está de acuerdo con la cronología de los hechos propuesta por los cronistas. Según él, primero murió Tordesillas y más tarde fueron ejecutados Melón y Portal. <<

[517] «García del Esquina fue el que vino de La Coruña, que fue por la comunidad a ver lo que hazían los procuradores y alteró el pueblo contra Tordesillas». (Mem., leg. 145, f. 12). <<

[518] cf. MEJIA, p. 150; SANDOVAL, p. 233; RGS del 15 de junio de 1520, y sobre todo un documento menos conocido (Mem., les. 144, f. 16; D, IV, 528) que concreta las responsabilidades del futuro jefe comunero Juan de Porras; éste no tuvo dificultad en demostrar que no había desempeñado un papel de importancia en aquella ocasión. Todo había sido arreglado de antemano por el conde de Alba de Liste. <<

[519] ANGHIERA, carta 671. <<

[520] cf. MALDONADO, pp. 92-113; SANTA CRUZ, I, pp. 252-253; MEJIA, pp. 154-155; SANDOVAL, pp. 234-236; A. SALVA, Burgos.., pp. 78-94: Letters and Papers, III, núm. 883, p. 317 (carta de Spinelly a Wolsey, Bruselas, 27 de junio de 1520). <<

[521] Céd., lib. XLI, f. 148. <<

[522] SANDOVAL, pp. 235 b, 236 a. <<

[523] F. LAYNA SERRANO, Historia de Guadalajara.., III, pp. 386-387. <<

[524] SANDOVAL, 259 a, y carta del cardenal Adriano, 25 de junio de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, I, 378). <<

[525] Carta publicada por D, I, 393-394. <<

[526] Mem., leg. 137, f. 21. <<

[527] SANDOVAL, p. 222 a. <<

[528] FERRER DEL RÍO (p. 55, nota) se equivoca al considerar que desde aquel momento el conde de Alba de Liste se convirtió en un enemigo irreductible de la comunidad. En realidad, su situación no era muy distinta de la del condestable en Burgos. Ambos se pusieron al frente de un movimiento que no podían evitar les superara, en un intento de mantenerlo dentro de ciertos límites. Apoyaban algunas reivindicaciones, pero su principal preocupación era la de mantener el orden y la de asentar firmemente su autoridad en la ciudad. <<

[529] Cartas del cardenal Adriano, s. d., y del 25 de junio de 1520; informe de don Pedro de Guevara sobre la situación en Burgos, 24 de junio de 1520 (D, I, 374, 376-377. 387). <<

[530] cf. D, I, 373; ANCHIERA, carta 679 (IV, p. 41); carta del cardenal Adriano del 25 de junio de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, I, 378). <<

[531] Codoin, CXII, p. 9. La circular que ha publicado SANDOVAL (pp. 260-261) parece apócrifa; su estilo pomposo, rico en antítesis y en reminiscencias antiguas («otros Brutos de Roma, redemptores de su patria», etc.) recuerda al de Guevara, que bien podría ser su autor. <<

[532] Carta del cardenal Adriano, 10 de julio de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, I, 422); carta de Spinelly a Wolsey, Bruselas, 27 de junio de 1520 (Letters and Papers, III, núm. 883, p. 317). <<

[533] Carta del cardenal Adriano, 6 de julio de 1520 (D, I, 415). <<

[534] Los escasos flamencos que todavía permanecían en España tenían por única preocupación el ser olvidados. cf. la pintoresca carta de Villalobos a don Diego de Guevara, el 7 de junio de 1520: «aquí anda un cauallero flamenco que se llama Grupayn, que no osa mudarse de su lugar, como los niños que han meado en la cama, hasta que se seque; bebe el jarrazo del agua que le haze renegar de la leche que mamó; y por parecer castellano, da muías y quanto tiene y dize que cree en Dios a cada paso. Enviádnos acá de essos flamencos más brauos que en ocho días apriendan todo esto en las escuelas de la santa comunidad de Castilla». (Algunas obras.., pp. 47-48). <<

[535] Carta del condestable al emperador, 7 de julio de 1520 (PR, leg. L, f. 105). <<

[536] Carta del cardenal Adriano. 24 de julio de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, I, 438). Este monje, que resultó arrestado, fue liberado, sin embargo, algunos días más tarde; si hubiera que encerrar en prisión a todos los monjes que predican en contra del poder real.., (carta del cardenal Adriano, 31 de agosto de 1520; PR, leg. 2, f. 1; D, I, 493). <<

[537] Carta del cardenal Adriano, 25 de junio de 1520 (D, I, 379). <<

[538] Carta del cardenal Adriano, 10 de julio de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, I, 423). <<

[539] Carta del cardenal Adriano, 20 de julio de 1520 (D, I, 436). <<

[540] Tal fue lo que sucedió en Salamanca, Segovia (carta del cardenal Adriano, 25 de junio de 1520; PR, leg. 2, f. 1; D, I, 376) y en Madrid (D, VI, 268). <<

[541] Carta del cardenal Adriano, 10 de julio de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, I, 423). <<

[542] Carta del cardenal Adriano, 6 de julio de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, I, 417). Aparecen los mismos argumentos, los mismos ejemplos y a veces las mismas fórmulas que figuraban en la carta de los monjes de Salamanca; cf. supra, pp. 142 ss. <<

[543] Carta del cardenal Adriano, 10 de julio de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, I, 423). <<

[544] Carta del cardenal Adriano, 30 de junio de 1520 (D, I, 383). <<

[545] «Dan sus mandamientos y pregones como la comunidad de Génoua» (carta del bachiller Benavente a Cisneros, 23 de mayo de 1516, publicada por CEDILLO, Cisneros.., II, p. 226). Sobre los acontecimientos de Málaga, cf. supra, pp. 84-85. <<

[546] Según un informe del corregidor de Salamanca, el 18 de julio de 1520 (D, I, 433). <<

[547] Carta del cardenal Adriano, s. f. (PR, leg. 2, f. 1; D, I, 495). <<

[548] RGS, 14 de junio de 1520. <<

[549] D, I, 392. <<

[550] Cartas de Córdoba a Toledo, 15 de junio de 1520, y a Valladolid, 25 de junio de 1520 (Codoin, CXII, pp. 11-13). <<

[551] Deliberaciones del Concejo de Murcia, el 24 de julio, y la carta de Murcia a Toledo al día siguiente (Codoin, II, pp. 318 ss.). <<

[552] Carta del cardenal Adriano, 30 de junio de 1520 (D, I, 383): «teniendo por presupuesto todo lo concluydo en Salamanca». <<

[553] Carta del condestable al cardenal Adriano (D, I, 368). <<

[554] Cartas del cardenal Adriano, 6 y 10 de julio de 1520 (D, I, 417, 423). <<

[555] PR, leg. 1, f. 44. <<

[556] Codoin, II, p. 322. <<

[557] Ibid., p. 319 <<

[558] Tal es lo que sugiere SANTA CRUZ, I, p. 248. <<

[559] Esto es lo que sale a la luz de la correspondencia intercambiada entre las ciudades de Zamora, Soria y Valladolid en agosto (D, I, 534; PR, leg. 3, f. 49). <<

[560] El 24 de agosto de 1520, el cardenal Adriano escribió al emperador que la Junta reunía a representantes de Toledo, Segovia, Salamanca y Toro (D, I, 482). El 28 de agosto, Zamora anunció a Valladolid que iba a enviar nuevamente sus procuradores a Ávila para que la Junta fuera más representativa: «Pues esto ha de ser para bien general, no se ha de hazer con cuatro cibdades solas». (PR, leg. 3, f. 88). Estos dos documentos confirman, por tanto, que solamente cuatro ciudades acudían a las sesiones de la Junta. De esto se deduce la prudencia con la que se deben acoger las indicaciones de los cronistas. SANTA CRUZ (I, p. 251) afirma que, el 29 de julio, la Junta reunía representantes de Toledo, Toro, Zamora, León, Salamanca y Ávila. SANDOVAL (268 a) va aún más lejos, ya que cita, entre los participantes, a los delegados de las ciudades antedichas, además de los de Madrid, Guadalajara, Soria, Murcia, Cuenca, Valladolid, Burgos e incluso de una ciudad que nunca, había estado representada en Cortes, Ciudad-Rodrigo. El único historiador que se ha dado cuenta del error de SANDOVAL es K. HÄBLER (Zur Geschichte.., pp. 405-410), que observa, con toda razón que la Junta no quedaría definitivamente constituida sino el 25 de septiembre, en Tordesillas. <<

[561] La defección de Zamora se debió a una gestión de Burgos y a la influencia del conde de Alba de Liste (cartas del cardenal Adriano, 12 y 14 de agosto de 1520; PR, leg. 2, f. 1; D, I, 481-482). Zamora respondió el 12 de agosto a los reproches de la Junta, afirmando que creía que se trataba de una asamblea que se reuniría en presencia del cardenal Adriano: «pues ésta fue siempre nuestra yntención, la de agora no fue mudanza». (PR, leg. 3, f. 88). <<

[562] D, I, 552. <<

[563] Mem., leg. 149, f. 5. <<

[564] Documentos publicados por GACHARD (Correspondance.., p. 237) y por D (I, 536 ss.), pero con tremendos errores. <<

[565] Veamos un ejemplo. En junio, se indicó al cardenal Adriano que no resultaría dificil conseguir que don Pero Laso de la Vega, uno de los dirigentes de la comunidad en Toledo, abandonara la causa rebelde si se le prometía el perdón; pero éste era uno de los casos formalmente previstos en la delegación de poderes del 18 de mayo: todo lo referente a la rebelión de Toledo debia ser consultado con el emperador (PR, leg. 2, f. 1; D, I, 37-378). Hasta el 24 de agosto el cardenal Adriano no recibió autorización para conceder amnistías, bajo ciertas condiciones (RGS). <<

[566] Cartas del 25 y 30 de junio, 6, 20 y 24 de julio de 1520 (D, I, 378). <<

[567] Céd., lib. XLIV, f. CCCVII, y lib. LII, f. 34; RGS, 10 de agosto de 1520; PR, leg. 4, f. 24; EMR, leg. 178 antiguo. <<

[568] cf. D. I 483 y (…). <<

[569] «Es de muy mala condición y muy peruersa yntención y amigo de poner diüsión». (Cartas de Cisneros, p. 226). <<

[570] Carta al emperador, 24 de junio de 1520 (D, I, 386 ss.). <<

[571] RGS, 10 de junio de 1520. Hay que acoger con una actitud de prudencia la forma dramática en que SANTA CRUZ (I, pp. 237-241) y SANDOVAL (pp. 223 ss.) relatan los debates en el Consejo Real respecto a la postura a adoptar con Segovia. En general, no obstante, ambos cronistas resumen bien los argumentos a favor o en contra de la represión. <<

[572] RGS, 14 de junio de 1520 y 15 de junio de 1520. <<

[573] ANGHIERA, carta 679 (IV, p. 40), y MALDONADO, lib. III. <<

[574] cf. las ventas de armas realizadas por Juan de Marquina los días 2 y 3 de julio de 1520 (AHPSe, notario Ruescas, protocolo 55, ff. 263 ss.) que importaron cerca de 130.000 maravedíes (115 coseletes fueron vendidos entonces, a 1000 maravedíes cada coselete). <<

[575] RGS, 3 y 11 de julio de 1520. <<

[576] La carta de Segovia a Medina del Campo, fechada el 17 de agosto de 1520, que publica Sandoval, es desde luego apócrifa, pero es indudable que Segovia lanzó peticiones de ayuda; un inventario del siglo XVI, conservado en los archivos municipales de Palencia, demuestra que esta ciudad recibió, el 2 de agosto, una carta de Segovia que fue llevada por el arcipreste de Castromocho (RODRÍGUEZ SALCEDO, Comunidades palentinas, p. 24, nota 1). Juan Bravo en persona debió acudir a Toledo a solicitar ayuda: «vido en la dicha cibdad de Toledo a JuS Bravo e a vn Prior de Santa María de Nieva que venían a pedir socorro a la dicha cibdad, diziendo que pues ellos les avían puesto en que se levantase la dicha cibdad de Segovia que les socorriesen». (AHN, proceso contra Juan Gaitán, declaración de Gómez de Sosa, respuesta a la pregunta número 3). <<

[577] ANGHIERA, carta 679 (IV, p. 40). <<

[578] Actas de las sesiones de la comunidad, 15 y 29 de julio de 1520 (D, VI, 269 y 273). <<

[579] Carta del cardenal Adriano (D, I, 435). <<

[580] Carta del cardenal Adriano, 24 de agosto de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, I, 484). <<

[581] Carta de la Junta de Ávila a la ciudad de Valladolid, 21 de agosto (PR, leg. 1, f. 28). <<

[582] Provisión del 20 de agosto de 1520, reproducida en un texto del 1 de diciembre de 1525 (RGS). <<

[583] Sobre el incendio de Medina del Campo, cf. SANTA CRUZ (I, pp. 254-256), MEJÍA (pp. 161-162), SANDOVAL (p. 248) y numerosos documentos sobre los destrozos producidos y las pérdidas sufridas por los mercaderes y los particulares: Mem., leg 140, f. 8; Estado, leg. 7, ff. 255, 256, 257; PR, leg. 4, ff. 61 y 68, leg. 5, ff. 28 y 132 (255 folios), etc. Los daños se calcularon en más de 900.000 ducados; por lo menos 500 casas resultaron quemadas, 1000 según algunos cálculos. Medina del Campo sería reconstruida rápidamente; en 1525, un viajero italiano señalaba el impresionante número de edificios nuevos (cf. CARANDB, Carlos V, I, p. 324). Fonseca, acusado de haber provocado deliberadamente el fuego en la ciudad, afirmaba haber seguido estrictamente las órdenes recibidas. En 1525, en una carta del emperador se atribuía toda la responsabilidad a la resistencia obstinada de los habitantes y Fonseca quedaba al margen de una posible persecución judicial: «la quema de la dicha villa y los daños que della se siguieron, todo ello fue sin dolo ni culpa del dicho Antonio de Fonseca (…) por quanto todo ello nasció y succedió por dolo, malicia, culpa y rebelión de los vezinos de la dicha villa». (RGS, 1 de diciembre de 1525). <<

Notas1

[584] Queja de la viuda de Gil Nieto, doña María de Buizán, el 27 de mayo de 1521 (Mem., leg. 141, f. 440), relato que difiere notablemente del de los cronistas, SANTA CRUZ (I, pp. 259-260) y SANDOVAL (p. 272). cf. además ANGHIERA, carta 685 (IV, pp. 52 ss.). <<

[585] Carta 681. <<

[586] cf. las cartas del cardenal Adriano del 24 y 31 de agosto de 1520 (D, I, 483 y 490); del Consejo Real, el 31 de agosto de 1520 (PR, leg. 3, f. 191); quejas del comendador Santisteban, 7 de enero de 1521 (Mem., leg. 137, ff. 21 y 67); estos dos últimos documentos explican los sinsabores de este procurador en Cortes a quien el conde de Benavente y el duque de Alburquerque se negaron a acoger en sus dominios para no comprometerse; sus hijos, que habían quedado en Valladolid, sufrieron las iras del populacho que gritaba cuando pasaban: «mueran los hijos de traydor». <<

[587] Actas de las sesiones de la comunidad de Valladolid (PR, lee. 4, f. 54). <<

[588] Investidura que fue acordada en términos que disipan cualquier duda sobre los objetivos de esta comunidad dirigida por notables: el mantenimiento del orden (RGS, 30 de agosto de 1520). <<

[589] Carta del 28 de agosto (PR, leg. 5, f. 18). <<

[590] Valladolid (PR, leg. 4, f. 54), Zamora (PR, leg. 3, f. 88), León (PR, leg. 2, f. 51), etc. <<

[591] RGS, 31 de agosto de 1520. <<

[592] Ibid., 31 de octubre de 1520, y carta del cardenal Adriano del 9 de septiembre de 1520 (PR, leg. 2, f. (…), 17). <<

[593] Cf. esta carta de Falencia a Valladolid, el 29 de agosto de 1520 (PR, leg. 2, f. 111): «como en las alteraciones pasadas ayamos confiado en el reverendísimo cardenal visorrey con acuerdo de los de su muy alto Consejo diera orden en la pacificación que conplía, no ha pareszido que sanament lo ha podido hazer; de donde ha suscedido el tal nefando y desastrado caso qual la nobleza e mucha lealtad de la villa de Medina padesze». <<

[594] PR, leg. 1, f. 56, y leg. 2, f. 65. <<

[595] Ibid., leg. 3, f. 16. <<

[596] Carta de Padilla, Bravo y Zapata a la Junta, el 23 de agosto (D, I, 498). Padilla evitó pasar por Arévalo para evitar el pillaje que hubiera afectado a la población civil, pillaje inevitable si sus tropas hubieran pasado por el centro de los dominios de Fonseca: «fuera cosa ynposible escusar que nuestra gente no saqueara y quemara aquellos lugares y como esto sea cosa de grande ynportancia y nos paresca muy apartado de nuestro fin enplear nuestros sudores en saquear las aldeas, tovimos por mejor rodear algund poco que no desmandarnos a tan poca presa (…). Tanpoco abatimos tanto nuestros pensamientos a hazer que paguen los justos humildes por los pecadores tiranos, sovervios y crueles; la horden de las cosas demanda que primero se procure el remedio de los daños recebidos y después se castigue al dañador, y no que digan nuestros amigos que buscamos en la venganza de sus daños con nuestro prouecho». Cf. también la carta del cardenal Adriano del 31 de agosto de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, I, 490). <<

[597] «Entrevista que el teniente de corregidor de Tordesillas, por acuerdo del regimiento y comunidad de dicha villa, tuvo con la reina doña Juana, el 23 de agosto». (D, I, 467). Aquel a quien la reina continuaba llamando obispo de Málaga era don Diego Ramírez de Villaescusa, presidente de la Cnancillería de Valladolid, que desde 1517 era el obispo de Cuenca. La reina hacía mención de las personalidades que había conocido antes de su internamiento. Sin embargo, se negó a firmar nada; ya veremos más adelante cómo superarían esta dificultad los comuneros. <<

[598] RGS, 16 de octubre de 1521, y carta de Padilla, Bravo y Zapata a Valladolid el 27 de agosto de 1520 (PR, leg. 1, f. 28. y leg. 5, f. 18). <<

[599] «Plática que Padilla, Bravo y Zapata tuvieron con la reina en Tordesillas el 29 de agosto». (PR, leg. 4, f. 72); se había solicitado la presencia de un escribano para tomar nota de las palabras de la reina. <<

[600] Creemos aver (…) echado buen fundamento para la paz e sosiego e buena governación destos reynos (carta de Padilla, Bravo y Zapata a Valladolid del 30 de agosto de 1520; PR, leg. 5, f. 18; D, I, 472-473). <<

[601] Gonzalo de Ayora se proponía inmortalizar el nombre de Padilla, según un conjunto de cartas perdidas en la actualidad: «ay otra carta de Gonzalo de Ayora, coronista, para Juan de Padilla, en que profiere que como escritor razonable, cuidadoso del bien común, piensa dexar la memoria de Juan de Padilla inmortal, y lo mismo piensa hazer de todos los otros que en semejantes obras se enplean. Pide que le desagrauien de ciertos agrauios, que enbia en vna inclusa, y ésta no parece, y que tiene el zelo inflamado del seruicio de Dios y de sus altezas y bien común destos reynos y alguna abilidad para poder seruir en esta santa y gloriosa enpresa. Es hecho en Valladolid, vltimo de agosto». (PR, leg. 5, f. 19). <<

[602] PR, leg. 4, f. 73. Según el cardenal Adriano (carta del 4 de septiembre de 1520; PR, leg. 2, t. 1; D, II. 7-8), se habría presionado a la reina diciéndole que Fonseca iba a ir a buscarla para encerrarla en otro castillo. Según el embajador portugués (carta del 19 de septiembre de 1520; CC, Part. 1, marzo 26, doc. 69) sería Juana la que habría sugerido a los comuneros que un escribano registrara sus palabras: «tornó allí Juan de Padilla a suplicarle que le diese vna cédula firmada de su mano para que viniesen [los procuradores] (…). Respondió que luego viniese vn escriuano antella para escrevir y dar fe como ella mandava a los de la Junta que estavan en Ávila que vengan a Tordesillas». <<

[603] PR, leg. 1, f. 44. <<

[604] D, II, 43. <<

[605] Carta de los capitanes comuneros a Valladolid, el 3 de septiembre de 1520 (PR, leg. 5. f. 18; D, II, 44). <<

[606] Carta a Valladolid (PR, leg. 5, f. 18). <<

[607] Ibid. <<

[608] Carta de Hernando de Ulloa a Padilla, el 10 de septiembre de 1520 (PR, leg. 3, f. 62). <<

[609] PR, leg. 4, f. 50. Cf. también el acta de las sesiones de la comunidad de Valladolid (PR, leg. 4, f. 54); el 18 de septiembre se entregó un mensaje de Padilla: «tenía por sospechoso al marqués de Denia porque se carteava con algunos cavalleros». El voto contrario de Burgos confirmado por una carta del marqués de Denia, el 25 de septiembre de 1520 (Estado, leg. 10, f. 50). <<

[610] Sobre la expulsión del marqués de Denia, cf. el informe del marqués al emperador, el 22 de septiembre de 1520 (PR, leg. 3, f. 39; D, II, 69-70); el informe de los tres delegados a la Junta, el 18 de septiembre (PR, leg. 3, f. 56; D, II, 66-67). <<

[611] La expresión aparece por primera vez en una carta de los procuradores de Valladolid del 11 de septiembre de 1520 (PR, leg. 4, f. 50; D, II, 54). <<

[612] PR, leg. 4, f. 75; SANDOVAL, pp. 276 ss. Los procuradores de Zamora no estuvieron presentes en esta audiencia. <<

[613] PR, leg. 4, f. 76; D, II, 76 ss. Los procuradores de Guadalajara firmaron el documento como testigos, pero no prestaron juramento; sin duda, no tenían poder para hacerlo. <<

[614] PR, leg. 3, f. 192; D, II, 82 ss. <<

[615] Un documento del 30 de marzo de 1520 (Estado, leg. 7, f. 109) nos permite conocer la composición del Consejo Real con las remuneraciones para cada uno de sus miembros: 350.000 maravedíes para el presidente, don Antonio de Rojas; 150.000 para los fiscales Pedro Ruiz y Prado; 60.000 para Fortún García de Ercilla; 100.000 para los demás. Un informe confidencial, redactado después del regreso de Carlos V a España, hace consideraciones sobre cada uno de los titulares (BNM, ms. 5572, ff. 39 r. a 41 V.); los hemos seguido para caracterizar a algunos de estos personajes. <<

[616] Carta del 24 de agosto de 1520 (PR, leg. 4, f. 41); la comunidad de Madrid aplicó inmediatamente tales medidas; puso bajo secuestro los bienes e ingresos de Vargas y de Coalla (carta a la Junta, 4 de septiembre de 1520; PR, leg. 2, f. 66; D, II, 129-130). <<

[617] ANGHIERA, carta 686 (IV, p. 56), y carta del cardenal Adriano el 9 de septiembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 18). <<

[618] Carta a la Junta del 12 de septiembre de 1520 (D, II, 56-58). <<

[619] Carta de la Junta a Valladolid del 14 de septiembre de 1520 (D, II. 56-58). <<

[620] Carta de la Junta a Valladolid del 19 de septiembre (PR, leg. 5, f. 18). <<

[621] Carta de fray Alonso a la Junta del 20 de septiembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 80). <<

[622] Carta de los procuradores de Valladolid. el 21 de septiembre (PR, leg. 4, f. 50). <<

[623] Carta de la Junta a Valladolid del 21 de septiembre (PR, leg. 3, f. 56). <<

[624] Cf. carta del cardenal Adriano el 23 de septiembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 31). <<

[625] PR, leg. 3. f. 162; D, II, 63, y Cid., lib. LII, f. 74 r. (informe del Consejo Real, el 20 de septiembre). <<

[626] Carta del conde de Oñate al condestable, s. f. [27 de septiembre] (PR, leg. 3, f. 78). <<

[627] Ibid. <<

[628] Carta de Valladolid a la Junta, 27 de septiembre (PR, leg. 4, f. 50; D, II, 85-86). <<

[629] Carta del cardenal Adriano del 1 de octubre (PR, leg. 2 f. I:; D, II, 236). <<

[630] Informe de Lope de Hurtado al emperador, 30 de septiembre (PR, leg. 2, f. 36; D, II, 34). <<

[631] PR, leg. 4, f. 54; el denunciante (el bachiller Pulgar) recibió una bonificación de 200 ducados. <<

[632] Carta del cardenal Adriano el 14 de septiembre (PR, leg. 2, f. I; D, II, 21). <<

[633] Decreto proclamado el 27 de septiembre en Valladolid (PR, leg. 5, f. 18). <<

[634] Así fueron convocados Cristóbal Suárez, Juan de Samano, ayudante de Cobos para los asuntos de Indias; Martín Sánchez de Cazalla, tesorero pagador de las tropas reales; el contador Rodrigo de la Rúa, etc. (cartas del cardenal Adriano de los dias 14, 23 y 30 de septiembre; PR, leg. 2, f. 1); cf. también leg. 3, f. 164. <<

[635] PR, leg. 5, f. 53 (orden del 18 de septiembre). <<

[636] Carta del condestable de Castilla el 30 de septiembre (PR, leg. I. f. 105; D, II, 36-38). <<

[637] Carta del cardenal Adriano, el 13 de noviembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 481). La reina habría protestado personalmente contra quienes pretendían enfrentarla a su hijo: «la reyna nuestra señora dixo muy buenas cosas a los que estaban quando le dixieron que vuestra magestad se llamaba rey en perjuizio de su alteza; dixo que asy se acostunbraba por autoridad del reyno. Quando le dixeron que abía hecho muchos daños en él, dixo que no la rebolviese nadie con su hijo» (informe de Lope Hurtado, 10 de diciembre; PR, leg. 2, f. 36; D, II, 688-689). Sobre la sesión del 24 de septiembre, cf. supra, p. 184. Sobre el problema dinástico, cf. supra, pp. 73 ss. y 115 ss. <<

[638] «Las provisiones que se haze y los pregones que se da son en nobre de la reyna y no del rey» (carta del embajador portugués, 19 de septiembre de 1520; CC, Part. 1, marzo 26, doc. 69). <<

[639] Carta del cardenal Adriano, 23 de septiembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 30). <<

[640] Carta del cardenal Adriano, 13 de noviembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 482). Los sirvientes de la reina han contribuido no poco a acreditar la tesis del complot. Fueron ellos quienes aseguraron a los comuneros «que su alteza estaua buena e tenía salud e dispusyción para podar gobernar» (carta del marqués de Denia, 3 de abril de 1521; PR, leg. 3, f. 39); pero este argumento podía volverse contra el marqués, pues, ¿acaso sus sirvientes no estaban en buena situación para poder juzgar? Cf. también la carta del cardenal Adriano del 4 de septiembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 5): «Los criados y servidores de la reyna dizen públicamente que el padre y el hijo la han detenido tiránicamente y que es tan apta para gouernar como lo era en edad de quinze años y como lo fue la reyna doña Ysabel». <<

[641] SANDOVAL, p. 279 a. <<

[642] Cf. la carta del embajador portugués, 19 de septiembre de 1520 (CC, Part. 1, marzo 26, doc. 69): «[a] ávido acá muchas novedades y la más principal es ver lo que la reyna haze, que es oyr a muchas personas y responder [a] algunas dellas no muy fuera de propósito; y ansimismo en el trato de su persona, ansí en el vestir como en el comer como en la manera destar en su casa; se a mudado y es otra de lo que solía hasta aquí, porque a mandado vestidos y tocados nuevos y las casas donde está muy linpias y aderezadas. Todo esto es a todos tan nueva cosa que más no puede ser». El cardenal Adriano hubo de admitirlo también; la reina había cambiado; «en muchas cosas habla su alteza muy prudentemente». (13 de noviembre; PR, leg. 2, f. 1; D, II, 481); «oy me han dicho que su alteza se enpieza de vestir buenas ropas de atavío e hizo ataviar a la señora ynfanta para que salliesse con su alteza hasta el monasterio de Santa Clara». (16 de noviembre; PR, leg. 2, f. 1; D, II, 503). La Junta triunfó: «se a entendido con gran vigilancia e diligencia en la salud de su alteza e a placido a nuestro Señor que a fecho mucho fruto e su alteza está muy mejor e se trata e conversa, lo que no solía hacer, e esperamos en Nuestro Señor quiera hazer tanto bien e merced a estos sus reynos que por su clemencia ynfinita avrá por bien de le dar entera salud e aún nos paresce que sería razón que vuestras mercedes enbiasen sus mensajeros a visitar a la reyna nuestra señora porque pudiessen tener desto entera y verdadera ynformación». (Carta a las Merindades, 14 de noviembre; PR, leg. 4, f. 84; D, II, 588). <<

[643] Tras haber señalado los cambios que se habían producido en la persona de la reina, el embajador portugués añadía en la carta que hemos citado en la nota anterior: «mas en la verdad, avnque todo esto aora haze no dexa de ser la que solía. Todo su negocio es hablar algunas cosas bien, mas en fin nunca pone por obra ninguna dellas». <<

[644] Don Pedro de Ayala, el canónigo Juan de Benavente y don Fernán Diáñez de Morales, deán de Soria, procuradores de Toledo. León y Soria, respectivamente, «son las personas nombradas por las Cortes e Santa Junta para entender en lo que toca a la salud de la reyna». (PR, leg. 5, f. 10). El diagnóstico fue, desde luego, rápido. Pensaron que la reina estaba embrujada. «An enbiado por vn clérigo [a] Aragón que dizen que es onbre que sabe mucho de quitar espíritus, porque dizen por muy cierto que la reyna está tocada de este mal. Enpero aquí vino nueva a veynte e tres deste mes en como el clérigo avía hecho ciertos conjuros y que les parescia que aprouecharia muy poco, porque creya y tenía por cierto que la reyna no tenía mal ninguno de aquello que se quería yr porque le parescia que en su mal no avía remedio alguno, de lo qual todos los de la Junta están muy confusos» (carta del embajador portugués, 28 de octubre; CC, Part. 1, marzo 26, doc. 85). <<

[645] Carta del cardenal Adriano, 4 de septiembre (PR. leg. 2, f. 1; D, II, 10). <<

[646] Los comuneros cedieron ante todos los caprichos de la reina con la esperanza de que ésta firmara; alejaron a los sirvientes que la molestaban, pero todo fue en vano. El cardenal Adriano subrayó la importancia del momento (carta del 13 de noviembre de 1520; PR, leg. 2, f. 1; D, II, 481): «crea Vuestra Majestad que si firmase su alteza que sin duda alguna todo el reyno se perderá y saldrá de la real obediencia de Vuestra Majestad». Otro medio de presión que se pensó utilizar para intentar obtener una firma de la reina fue el de su traslado a Valladolid, Segovia o Toledo, no para tenerla como prisionera como algunos han dicho, sino porque a Juana no le disgustaba este proyecto: «Valladolid e otras cibdades enbiaron aquí sus mensajeros, los quales hablaron a su alteza e les dixo que hera verdad que ella avía dicho a los procuradores del reyno que aquí estavan por su mandado que quería salir e visitar sus reynos e que así lo haría estando sana, porque al presente se sentía flaca». (Carta de la Junta a las Merindades, 14 de noviembre; PR, leg. 4, f. 84; D. II, 590). <<

[647] No se trata de una acusación calumniosa contra los comuneros como lo creyó SANDOVAL (pp. 353 b-354 a), sino de una solución en la que se pensó, aunque no tuvo una acogida muy favorable; cf. METÍA, p. 193, y la carta del almirante a Sevilla, escrita el 6 de diciembre de 1520: «Tratan de casar a la reyna nuestra señora con el duque de Calabria y alzalle por rey». (RAH, Col. Salazar, N.-44; D, II, 684). Don Fernando de Aragón, duque de Calabria, era el primogénito de los reyes de Nápoles, que se habían visto despojados de su trono por los españoles en 1501. Estuvo en prisión en Játiva y fue liberado por Carlos V. En 1526 casaría con la viuda del rey Católico, Germana de Foix (cf. F. ALMELA I VIVAS, El duc de Calabria i la seva con, Valencia, Tipografía Moderna, 1958, p. 157). <<

[648] Cf. M. PRAWDIN, Juana la Loca, pp. 201-206: «lo trágico del destino de Juana es que en el momento crítico de su vida se encontró colocada en una situación en que lo único que podía salvarla era un acto revolucionario. Pero ella, que en toda su vida sólo había expresado un deseo, que todo quedara tal como estaba en tiempos de su madre, ¿cómo podía concebir que lo único capaz de devolverle la libertad, el reino y la corona fuera entregar el gobierno a la burguesía, anteponiéndola a la nobleza?». <<

[649] Cartas del cardenal Adriano, 14 de septiembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 20), y del embajador portugués, 19 de septiembre (CC, Part. 1, marzo 26, doc. 69); MALDONADO, pp. 144 y 148, y SANDOVAL, p. 318 b. <<

[650] Carta de Burgos a Valladolid del 1 de septiembre (PR, leg. 1, f. 44): «los procuradores de vuestras mercedes y los nuestros creemos que se conformarán». <<

[651] Los procuradores de Soria recibieron la orden de votar en el mismo sentido que los de Burgos y de Valladolid (carta de Soria a Valladolid, 4 de septiembre de 1520; PR, leg. 3, f. 49). <<

[652] Carta a Valladolid. D, II, 101. <<

[653] Memoria pa los letrados. Lo questa villa quiere saver en derecho, según leyes destos reynos, es.. (PR, leg. 5, f. 2). <<

[654] En efecto, estos procuradores fueron Jerónimo de Castro y Pedro de Cartagena, ambos en relación con la burguesía mercantil de Burgos; cf. M. BASAS FERNANDEZ, Mercaderes burgaleses, y MALDONADO, pp. 134-135. <<

[655] PR, Ieg. 2, f. 42; D, II, 107-108. <<

[656] PR, leg. I, f. 44; D, II, 108-109. <<

[657] El embajador portugués expone claramente en qué consistía esta táctica: «Lo que yo acerca desta Junta y de lo que en ella se a de hazer tengo sabido es que las cosas que en ella se an de hazer y pedir, que la mayor parte de ellas son muy justas y muy complideras para el bien destos reynos; para lo qual tienen acordado los de la Junta que si la reyna estuviere tal como muestra en las palabras y quisiere firmar, que husarán de lo que en la Junta se hiziere, y signo estuviere tal, como se cree que no estará, que enbiarán todos loa capítulos de lo que en ella se hiziere al rey para que los firme y confirme y aya por buenos». (19 de septiembre; CC, Part. 1, marzo 26, doc. 269). <<

[658] La delegación la Junta estaba formada por Antón Vázquez, Sancho Sánchez Cimbrón y fray Fabio de León. El primero de ellos, que se había adelantado, llegó a Worms, donde se hallaba la Corte, y fue detenido inmediatamente; los otros dos tuvieron conocimiento de ello en Bruselas y decidieron regresar (MEJÍA, pp. 202-203). <<

[659] D, I, 489. Rodrigo Niño, que había salido de Valladolid el 3 de septiembre, llegó hasta la Corte, en Bruselas, el día 14 (carta de Spinelly a Wolsey, 15 de septiembre; Letters and Papers. III. núm. 978, pp. 358-359). <<

[660] Cf. la correspondencia del embajador inglés Spinelly (Letters and Papers, III, pp. 341, 361, 385, 430, 1566-1567); SANTA CRUZ, I, p. 273; SANDOVAL, p. 266 b. <<

[661] Cf. supra, p. 174. <<

[662] Carta del cardenal Adriano, 14 de septiembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 22-23); al transmitir esta sugerencia, el cardenal se declaró dispuesto a retirarse simplemente si tal cosa era necesaria. <<

[663] Carta del embajador portugués, 23 de septiembre (CC, Part. 1, marzo 26, doc. 71). <<

[664] Escorial, ms. V-VII-3, f. 26, publicado por J. QUEVEDO en el apéndice de su traducción de MALDONADO, pp. 297 ss. Estas instrucciones, inspiradas por Cobos (en El Escorial se conserva el borrador autógrafo de Cobos), son mucho más realistas que los proyectos de Mota que, al lado de algunas medidas eficaces (amenazas a los mercaderes burgaleses de acabar con los privilegios de que gozaban para su comercio con Flandes), aconsejaba apelar a los buenos sentimientos: recordar a Valladolid las atenciones que Carlos V había demostrado al visitar en dos ocasiones esta ciudad; especialmente, recordar a los procuradores de la Junta los términos del discurso del monarca en La Coruña y que, sin duda, sería un método infalible de apaciguamiento (PR, leg. 3, f. 133). <<

[665] BNM, ms. E-189, f. 132 (D, II, 13-15). <<

[666] Carta del 13 de noviembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 484-485). <<

[667] Carta del 1 de noviembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 472-473). <<

[668] Cartas de la Junta a Valladolid el 30 de septiembre (D, II, 91) y del embajador portugués, el 23 de aeptiembre (CC, Part. 1, marzo 26, doc. 71). El nombramiento de dos nuevos virreyes habría incitado a la Junta a precipitar la disolución del Consejo Real (carta de don Pero Vélez de Guevara al condestable, PR, leg. 3, f. 78). El decreto del 9 de septiembre se hizo público en los últimos días del mes; un correo lo llevó a Palencia el 27 de septiembre (RODRÍGUEZ SALCEDO, Comunidades palentinas, pp. 52-53), a Ponferrada el día 30 (PR, leg. 3, f. 179); el concejo de Córdoba levantó acta de tal decreto el 8 de octubre (Codoin, CXII, p. 30). <<

[669] Informe de Lope Hurtado, el 23 de septiembre (PR, leg. 2, f. 36; D, II, 26-27). <<

[670] Carta del 8 de octubre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 282). <<

[671] Carta del 8 de octubre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 236-237); MEIÍA, p. 180; SANDOVAL, pp. 280-281. El cardenal había decidido permanecer en Valladolid el mayor tiempo posible para evitar lo peor; esperaba que en su presencia los comuneros no se atreverían a emprender acción alguna contra el Consejo Real (cf. su carta al rey de Portugal el 18 de septiembre; CC, Part. 1, marzo 26, doc. 65). <<

[672] Cf. las cartas del cardenal, el 17 de octubre (PR, leg. 2 f. 1; D, II, 260), y del condestable, los días 15 y 31 de octubre (PR, leg. 1, f. 105; D, II, 259, 268), que puntualizan los informes excesivamente fantásticos de SANTA CRUZ (I, p. 346) y de SANDOVAL (p. 281 b). <<

[673] Circular de Burgos a las ciudades representadas en la Junta, el 8 de octubre (PR, leg. 5, ff. 3 y 18; publicado por SANDOVAL, pp. 323-324, y D, II, 386); cartas de Burgos a la Junta, el 9 de octubre (Estado, leg. 10, f. 24) y 18 de octubre (PR, leg. 1, f. 44; D, II, 324). <<

[674] D, II, 402. <<

[675] Carta del condestable, el 21 de octubre (PR, leg. 1, f. 105; D, II, 269-270). <<

[676] Carta del 10 de octubre (PR, leg. 1, f. 105; D, II, 256-258). A. SALVA (p. 132) da prueba de una increíble ingenuidad cuando rechaza con indignación la idea de que el condestable hubiera acudido a procedimientos tortuosos para obtener la rendición de Burgos; he aquí, en sus propias palabras, cómo llevaba a cabo las negociaciones el condestable: «recibiendo a unos y dando dineros a otros» (carta del 8 de octubre, PR, leg. 1, f. 105; D, II, 254). <<

[677] A. SALVA, Burgos en las Comunidades, pp. 140-141. <<

[678] Ibid., pp. 142-144; PR, leg. 4, f. 12 (D, fl, 390-391); cartas del condestable, el 29 de octubre y el 3 de noviembre (PR, leg. 1, f. 105; D, II, 289 y 476). <<

[679] El condestable no se inmutó al decir que había aceptado firmar cualquier cosa: «cuanto quisieran». La cuestión era de suma importancia: «apartada Burgos de la Junta, su partido rescibe arta quiebra»; «de Burgos cuelgan todas las montañas y Vizcaya y Guipúzcoa y Álava». El condestable se sentía muy orgulloso por esta victoria diplomática conseguida a muy bajo precio («con tinta y papel»). El rey no debía inquietarse por las concesiones que él había hecho. Cuanto más importantes fueran éstas, mayores serían los motivos para que quedaran sin efecto: «mientras más rezias cosas os pidieren y les concediéredes, más razón terna Vuestra Magestad, venido a estos reynos, de hazer todo lo que paresciere que más convenga a vuestro servicio» (carta del 29 de octubre, PR, leg. 1, f. 105; D, II, 288 ss.). No había por qué sentir escrúpulos: «no tenga vuestra alteza en nada de otorgar ninguna cossa de las que le piden, asy de lo posible como de lo ynposible, pues no será llegado Vuestra Magestad con bien a estos reynos quando ellos mismos os supliquen que hagays lo que quisiéredes» (carta del 3 de noviembre; PR, leg. 1, f. 105; D, II, 475). <<

[680] P. 165. <<

[681] Cartas del cardenal Adriano, 1 de noviembre (PR, leg. 1, f. IOS; D, II, 240 y 253-254). <<

[682] Sobre estos hombres, el condestable envió a Carlos V un informe favorable. SANDOVAL añade a esta lista a los Castro, familia importante de grandes comerciantes (p. 322 b). <<

[683] Carta del condestable, 14 de noviembre (PR, leg. 1, f. 35; D, II, 496). <<

[684] PR, leg. 2, f. 78. <<

[685] Carta del condestable, 14 de noviembre (PR, leg. 1, f. 105; D, II, 494). <<

[686] Estado, leg. 8, f. 170; documento publicado con algunos errores que nosotros hemos corregido, por SANDOVAL (p. 325 b) y D (II, 366 ss.). <<

[687] Ibid., texto publicado por SANDOVAL (p. 327) y D (II, 369 ss.). <<

[688] PR, Icg. 4, f. 54 (6 de octubre de 1520). <<

[689] Carta de la Junta a Valladolid el 10 de octubre (PR, leg. 5, f. 18; D, II, 316). <<

[690] Carta de la Junta a Valladolid el 11 de octubre (PR, leg. 5, f. 18; D, II, 317). <<

[691] Provisión de la Junta, el 12 de octubre (PR, leg. 4, f. 77; D, II, 319). <<

[692] Provisión de la Junta, el 13 de octubre (PR, leg. 4, f. 78; D, II, 321). <<

[693] Provisión de la Junta, el 13 de octubre (PR, leg. 4, f. 79; D, II, 314). <<

[694] «Juntábase todo el pueblo a oir las cartas. Considere cada uno qué humos, qué palabras, qué bandos, qué pasiones se engendrarían, cuál, finalmente, sería la confusión de un lugar tan grande y noble, silla de los reyes de España, y los juicios que habría en las malas cabezas de la gente común». (SANDOVAL, p. 340 b). <<

[695] Estos detalles están tomados de la «Instrucción que la comunidad de Valladolid remitió a la Junta de Tordesillas y la contestación que ésta la dio en 20 de octubre». (PR, leg. 5, f. 18). Sobre los sermones de fray Alonso de Medina y el tumulto (grande alboroto) que provocaron, cf. también la carta del cardenal Adriano del 21 de octubre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 264). <<

[696] Actas de la votación de las quadrillas (PR, Ieg. 4, f. 55). <<

[697] Instrucción que la comunidad de Valladolid remitió a la Junta, que ya hemos citado (cf. supra, nota 85). <<

[698] Aceptación del cargo de capitán general de Valladolid del Infante de Granada, el 17 de octubre: «el señor ynfante dixo que, vistos los botos de las quadrillas, etc». (PR, leg. 5, f. 1). <<

[699] Sobre estos acontecimientos, cf. el relato que de ellos da la crónica del seudo-Ayora (ms. 3779 de la BNM; fragmento publicado por R. COSTES, en BH, 1921, pp. 103-105). Este relato queda totalmente confirmado por la carta del cardenal Adriano del 1 de noviembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 470), y por la carta de ANGHIERA (carta 695; IV, pp. 83-84). <<

[700] Carta del cardenal Adriano el 1 de noviembre (D, II, 471). <<

[701] «También me escribe el corregidor que Valladolid sta puesta en no obedecer a la Junta sino en lo que tocare y cumpliere justamente al remedio de los agravios» (carta del cardenal Adriano, 21 de octubre; PR, leg. 2, f. 1; D, II, 266). <<

[702] Instrucción que la comunidad de Valladolid remitió a la Junta.. (cf. supra, nota 85). <<

[703] En una carta dirigida a la ciudad de Valladolid, el 4 de noviembre, Vera precisaba que había cesado en su cargo el sábado anterior y reclamaba su salario: 25 ó 26 ducados (PR, leg. 5, f. 18; D, II, 5S9 ss.). <<

[704] Carta de la Junta a Valladolid, el 20 de octubre (PR, leg. 5, f. 18). <<

[705] «Esta villa está muy alterada de todo lo que allá se ha hecho»; «una cosa os suplico, que tengays manera como se torne a juntar esta villa, sy no, prometo a vuestras mercedes otra vez que veays aquí más alteración de la que yo os puedo escribir» (carta del licenciado Zapata a don Pero Lasso y a don Pedro de Ayala, fechada en Valladolid el 20 de octubre; PR, leg. 3, f. 89; D, II, 347). <<

[706] Carta de don Pedro Girón a Valladolid, fechada en Sepúlveda el 27 de octubre (PR, leg. 5, f. 18; D, II, 360). <<

[707] «Que se hiciesse información de ciertas cosas que Alonso de Sarabia había hecho en deservicio desta villa para que se diese parte a las quadrillas (…)». (PR, leg. 4, f. 54, 17 de octubre). «Y ahun diz que empiezan de tomar información contra Sarabia de algunas cosas que don Pedro Girón le ha dado de aforros de martas y piezas de plata y ahún de algunos centenares de ducados» (carta del cardenal Adriano, 21 de octubre de 1520; PR, leg. 2, f. 1; D, II, 265). <<

[708] Carta de Saravia a Valladolid, fechada en Tordesillas, 21 de octubre (PR, leg. 5, f. 18; D, II, 351). <<

[709] PR, leg. 4, f. 54, 25 de octubre. <<

[710] PR, leg. 5, f. 18 (D, II, 285); PR, leg. 5, f. 7 (D, II, 356); carta de Burgos a Valladolid, 27 de octubre (PR, leg. 5, f. 18; D, II, 393); ANGHIERA, carta 693 (IV, p. 79). <<

[711] Informe sobre la misión, redactado por don Pedro de Bazán y don Juan de Mendoza 26 de octubre (PR, leg. 5, f. 18). <<

[712] «Escritura que presentó Gómez de Santillán a Valladolid de lo que Burgos enviaba a decir», documento enviado al infante de Granada el 27 de octubre (PR, leg. 5, f. 18; D, II, 392). <<

[713] Carta de Burgos a Valladolid el 27 de octubre (PR, leg. 5, f. 18; D, II, 393). <<

[714] Carta del condestable, del 3 de noviembre (PR, leg. 1, f. 105; D, II, 477). <<

[715] PR, leg. 5, f. 18; D, II, 283. <<

[716] Cartas del cardenal a Valladolid, los días 29 y 30 de octubre (PR, leg. 5, f. 18; D, II, 294 y 295). <<

[717] Carta del almirante a Valladolid, fechada en Cervera el 23 de octubre (PR, leg. 5, f. 18; D, II, 278). <<

[718] Carta del cardenal Adriano a Valladolid, 30 de octubre (PR, leg. 5, f. 18; D, II, 295). <<

[719] SANDOVAL, pp. 337 b y 341. Fue el 29 de octubre cuando la comunidad de Valladolid decidió enviar una delegación a Tordesillas y a Medina de Rioseco (PR, leg. 4, f. 54). <<

[720] Carta del cardenal Adriano a Valladolid el 4 de noviembre (SANDOVAL, p. 344 b). <<

[721] Carta de la Junta a Valladolid el 6 de noviembre (SANDOVAL, p. 346; D, II, 310 ss.). <<

[722] Sandoval, p. 347. <<

[723] «La villa de Valladolid me hauía embiado sus mensaieros con ciertos capítulos, cuyos traslados vá con ésta, los quales yo, con consejo del Comendador Mayor, de Zapata y de Vargas, les otorgué con speranza que si la Junta les recusase que aquella villa más llana y fácilmente se apartaría de la Junta y se reduziría a toda obediencia, que esto prometieron de cierto los dichos mensaieros que a nos vinieron. Mas ha venido la cosa otramente de lo que se crehía y amonestando algunos a aquella villa y diziéndoles que conuiene al bien de la república que ella no falte a la Junta, ahora la mesma villa se ha confederado con la dicha Junta con más conformidad que hastaqui y más que otra universidad de todo el reyno» (carta del cardenal Adriano al emperador, 13 de noviembre de 1520; PR, leg. 2, f. 1; D, II, 483). En otra carta, el cardenal daba cuenta del fracaso de las gestiones del almirante (16 de noviembre; PR, leg. 2, f. 1; D, II, 501). «[La Junta] a alborotado a Valladolid de tal manera que está peor agora que ningund pueblo de los alterados» (carta del condestable 14 de noviembre; PR, leg. 1, f. 105; D, I, 495). <<

[724] SANDOVAL, p. 347 b. «Valladolid ha hechado todos los caualleros de la villa» (carta del cardenal Adriano, 20 de noviembre; PR, leg. 2, f. 1; D, II, 513). <<

[725] Juramentos de bu cuadrillas de Valladolid (PR, leg. 3, f. 126). Cf. también SANDOVAL, p. 349. <<

[726] PR, leg. 4, f. 54, sesión del 17 de noviembre. <<

[727] Ibid., sesión del 19 de noviembre. <<

[728] «Dízese que el obispo de Zamora ha de ser capitán general della [Valladolid]» (carta del cardenal Adriano, 20 de noviembre; PR, leg. 2, f. 1; D, II, 513). <<

[729] PR, leg. 4, f. 54, sesión del 22 de noviembre. <<

[730] PR, leg. 3, f. 127. <<

[731] ANGHIERA, carta 700 (IV, pp. 98-99). <<

[732] Cf. infra, pp. 350 ss. <<

[733] Carta del embajador portugués del 19 de septiembre (CC, Part. 1, marzo 26, doc. 69); la reunión se celebró a instancias del conde de Benavente. <<

[734] Texto publicado por SANTA CRUZ (I, pp. 329-333). De este documento, s. f., existe una traducción portuguesa en la Biblioteca Nacional de Lisboa (ms. 7638, doc. 56, ff. 103 r. a 107 V.) absolutamente idéntica al texto de SANTA CRUZ. La carta publicada por SANDOVAL (pp. 333 b-337) y fechada el 24 de octubre no añade nada sustancial, pero desarrolla con mayor extensión algunos puntos. No nos resulta fácil afirmar cuál de estos dos textos es más fiel al original. <<

[735] Afirmación que hacen dos cronistas portugueses: Damiáo DE GOES, Chrónica do felicissimo rei dom Emanuel, Lisboa, 1566, y H. OSORIO, De rebus Emmanuelis (…) gestis libri duodecim, Colonia, 1586 (BNM, Usoz-8508): «Simul et Hispaniae populi, qui a Carolo desciuerant, cum se viderent in extremo discrimine constitutos, ad eumdem regem legatos misere. Summa legationis haec erat, se tantis iniurijs vexatos estitisse, vt nd potuerint vilo modo tam indignas contumelias perferre. Se ciuitates e moenia etarces atque denique rerum suarum omnium potestate ili tradituros. Orare deinde et obsecrare, ut regnum illus opulentum, ipsius Emmanuelis studio vehementer incesum, suscipere vellet, et iniurias immeritis íllatas vindicare. Emmanuel munus oblatum repudiavit» (f. 344 V.). <<

[736] CC, Part. 1, marzo 26, doc. 94. En la misma época, un documento castellano desmiente todos los puntos de la carta de la Junta al rey de Portugal (Escorial, ms. V-Il-3, ff. 88 r.-89 V.). lor <<

[737] Cf. la correspondencia del embajador Joáo Rodrigues, especialmente su carta del 23 de septiembre (CC, 1, marzo 26, doc. 71) y la carta del cardenal Adriano al rey de Portugal (ibid., doc. 65) en agradecimiento al soberano por su colaboración. <<

[738] No hemos encontrado el texto del contrato financiero. Sabemos tan sólo que fue firmado antes del 26 de octubre, fecha de una carta de Mateo Rugel al secretario portugués Antonio Carneiro «sobre a grande obra que se tinha feito a el rei D. Carlos no empréstimo de dinheiro por ser a maior aflicto que tinha prezentemente». (CC, Part. 1, marzo 26, doc. 83). Se encargó a unos banqueros genoveses, los Grimaldi, que transfirieran los fondos a Castilla, pero la operación presentaba ciertas dificultades; cf. la información ordenada por la Junta (Estado leg. 8, f. 229) y la carta del condestable al rey de Portugal, el 11 de noviembre (CC, Part. 2, marzo 233, doc. 124). Cf. «Obrigazao que o condestavel, governador dos reynos de Castella em companhia do cardeal de Tortosa e almirante de Castella fez de 50.000 cruzados que el rey Ihe amprestou para os pagar pelo anno de 1521», s. d. (ibid., Part. 1, marzo 26, doc. 78). Carlos V se comprometió, el 13 de noviembre de 1520, a devolver el préstamo durante el año 1521 (B. N., Lisboa, ms. 886; pp. 20-22); el 19 de afocto de 1521, Portugal concedió un aplazamiento (CC, Part. 1, marzo 27, doc. 41). <<

[739] Cf. las cartas del cardenal de los días 13 y 17 de noviembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 485487 y 502-504) y del condestable, el 4 de diciembre (PR, leg. 1, f. 105; D, II, 623). Carlos V testimoniaría su gratitud al rey de Portugal en una carta fechada en Bruselas el 9 de julio de 1521 (CC, Part. 1, marzo 27, doc. 27). <<

[740] Dos mil quinientos caballeros y 14.000 infantes estaban dispuestos a intervenir; el rey Manuel no esperaba más que una señal para enviar este ejército a Castilla (cartas del cardenal Adriano, 23 de diciembre de 1520 y 4 de enero de 1521; PR, lea. 2, f. 1; D, II, 670, y III, 14-15). <<

[741] Cf. supra, p. 179. Algunos reprochaban vivamente al cardenal Adriano que hubiera licenciado el ejército de Fonseca; el cardenal respondió afirmando que no era posible actuar de otra manera (carta del 16 de enero de 1521; PR, leg. 2, f. 1; D, III, 3). <<

[742] Cf. CARANDE, Carlos V.., II, pp. 13-26 y 193-206. Sobre la gente de ordenanza, cf. supra, pp. 86 ss. <<

[743] Cf. la correspondencia del cardenal Adriano y del condestable: imposibilidad de encontrar dinero (12 y 31 de agosto; D, I, 479 y 491-492), de vender los juros: «en esta tempestá, el que conpra algo de la corona real, en el mesmo punto es enemigo de todo el reyno y mucho más el que lo vende». (16 de noviembre; PR, leg. 2, f. 1; D, II, 502); sobre la necesidad de utilizar las rentas de los Maestrazgos y las necesidades cotidianas evaluadas en mil ducados, cf. la carta del cardenal del 28 de noviembre (PR, lee. 2, f. 1; D, II, 516-519). <<

[744] Sobre el préstamo portugués, cf. supra, p. 229 y nota 128. El duque de Béjar adelantó la suma de mil ducados (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 628); otros préstamos de la aristocracia aparecen señalados por los hermanos Vozmediano (28 de noviembre, D, II, 580). Jerónimo de Castro mestó 890.000 maravedíes; Francisco de Salamanca, 1000 ducados; Pedro Orense, 1.155.080 maravedíes en especie (aportó toda la vestimenta del ejército realista) más 36.000 ducados (Codoin, II, pp. 334-336); el doctor Zumel prestó 15.000 ducados (carta de Vargas, 13 de diciembre; D, II, 694). El 17 de diciembre, Carlos V autorizó al condestable a vender juros por un valor de 100.000 ducados (DC, lib. XLVI, f. 69); los archivos del duque de Frías conservan la lista de préstamos contratados por el condestable (cf. PEÑA MARAZUELA, Inventario.., núm. 2467); cf., además, CARANDE. Carlos V.., III, pp. 50-51, 124. <<

[745] Cf. cartas del condestable, del 4 y 19 de octubre y 3 y 14 de noviembre (PR, leg. 1, f. 105: D, II, 240, 288, 476, 493-496); del cardenal Adriano, 13 y 16 de noviembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 482 y 503); del almirante, 28 de noviembre (D, II, 543-544); de los hermanos Vozmediano, 28 de noviembre (D, II, 578-580); de Vargas, 4 de diciembre (D, II, 718). <<

[746] Cf. las cartas del condestable de los días 4, 10 y 29 de octubre de 1520 (PR, leg. 1, f. 105; D, II, 240, 257 y 290) y las cédulas de los días 15 y 20 de octubre (Céd., lib. XLVI ff. 82 y 40 V.). El jefe de la tropa, Diego de Vera, se mantuvo, con gran dignidad, al margen de estos tejemanejes; el 12 de diciembre de 1520 escribió al duque de Nájera para explicar su posición. Es una carta notable en la que se expone el problema de conciencia de un militar español del siglo XVI ante las exigencias de la política. Diego de Vera afirma en ella que aprueba los propósitos de la Junta que le parecen beneficiosos para el interés del país, pero los medios para conseguirlos le parecen tortuosos. No entiende nada de política y prefiere no mezclarse en ella: «Mi cibdad [Ávila] me a competido a venir [a Tordesillas] (…). Ellos me mandan que yo me encargue de mi oficio para con ellos [los comuneros]. Yo no lo haré porque esta cosa en que entyenden es tan delycada que yo no la sé determinar. Bien alcanzo que el fin dellos e de todos ellos es derechamente servicio de Dios e del rey e bien destos reynos y quien esto estorva no creo que deve estar en la razón. Pero como yo no entiendo bien los modos con que a de venir el fin, no entiendo empacharme [?] de la vna ni de la otra parte. Solamente procuraré dos cosas con toda mi posibilidad: o estarme en mi casa, pues mi edad y trabajos lo an más menester que otra cosa, o procurar de me yr a este reyno [de Navarra] a estar con Vuestra Señoría. Para esto, estos señores procuradores del reino an elegido personas que comigo determinen la cosa. Don Pero Laso de la Vega es vno de los señalados. Es ido a Medina del Campo, no es venido; a cuya tardanza no lo e afinado. Tenga Vuestra Señoría por cierto que, a cabo de tantos años I de tantos trabajos, por la vida ni por la hazienda no haré cosa que cristiano e hidalgo no deva hazer». (PR, leg. 3, f. 80). Naturalmente, no se quiso comprender estos escrúpulos: el condestable denunció severamente lo que consideraba como una traición (carta del 14 de noviembre, PR, leg. 1, f. 105; D, II, 496). Sin embargo, el cardenal Adriano salió en defensa de este gran soldado, alabando su competencia en asuntos de artillería. No se le debe contrariar —escribió— ya que Francia o cualquier otro país le recibirían con los brazos abiertos. El cardenal mencionaba también los servicios que había prestado en Djerba: «sin él quizá todo fuera perdido». finalmente el cardenal justificaba plenamente la neutralidad de Vera en Madrid, en el momento en que los comuneros asediaban el alcázar; Vera no había hecho más que cumplir con las órdenes recibidas: «no tiene culpa ninguna en ello, que yo le screuí, con parecer de todos los del Consejo, que no hiciese cosa alguna a tuerca darmas» (carta del 4 de enero de 1521; PR, leg. 2, f. 1; D, III, 15). Hubo dos expediciones a la isla de Djerba; la primera en 1510, bajo la dirección de don García de Toledo, terminó en desastre (cf. SANTA CRUZ, I, pp. 41-43); la segunda, victoriosa, en 1519-1520, a las órdenes de Hugo de Moneada (cf. SANTA CRUZ, I, 208, 267-270, 499, y el relato de uno de los que intervinieron, Alonso Enríquez, en Codoin, t. LXXXV, pp. 1-425). <<

[747] Sobre la actitud de la nobleza en la crisis de las Comunidades, cf. infra, pp. 455 ss. <<

[748] Cf. Céd., lib. XLVI, ff. 81 V. y 54 r.; RGS, 9 de noviembre de 1521; RODRÍGUEZ SALCEDO, Comunidades palentinas, pp. 54-55. <<

[749] Las órdenes de movilización dirigidas a la nobleza (cartas de apercibimiento para los Grandes) fueron enviadas a finales de octubre (cf. carta del condestable, 29 de octubre, PR, leg. 1, f. 105; D, II, 291). Sobre la concentración de los señores y de sus tropas en Medina de Rioseco, cf. las cartas del cardenal Adriano, del 1 y 28 de noviembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 472 y 518), y del condestable, 14 y 15 de noviembre (573-574).PR, leg. 1, f. 105; 1), II, 493-499 y 573-574). <<

[750] I, p. 357. <<

[751] RGS, 29 de noviembre de 1520; carta del cardenal Adriano, 4 de diciembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 625); MEJÍA (p. 207) habla de «2100 hombres de cauallo hombres de armas y ginetes» y de «6000 infantes de sueldo, sin otra buena copia de gente de pie». <<

[752] Cartas del condestable, de los días 3 y 14 de noviembre (PR, leg. 1, f. 105; D, II, 476 y 495496), y del almirante, 28 de noviembre (D, II, 543-544). <<

[753] Carta de Antonio Téllez de Guzmán, Juan Zapata y Juan Carvajal, capitanes de Toledo, a Padilla, fechada en Castronuñio, el 22 de septiembre de 1520 (PR, leg. 3, f. 53). <<

[754] Cartas de Luis de Quintanilla y de Francisco de Mercado, el 27 de octubre (PR, leg. 3, f. 10), y de Alonso de Cuéllar a la Junta, 29 de noviembre de 1520 (PR, leg. 1, f. 82). <<

[755] Se advierten reticencias muy claramente en la carta de la Junta a la ciudad de Valladolid del 6 de octubre de 1520 (PR, leg. 5, f. 18; D, II, 312). En cambio, el acta de las sesiones de la comunidad de Valladolid demuestra que los impuestos se votaron sin que se plantearan dificultades después de la eliminación de los elementos hostiles a la Junta; cf. especialmente las deliberaciones de los días 31 de octubre a 19 de noviembre (PR. leg. 4, f. 54). Para León, cf. RGS, 11 de noviembre de 1520. <<

[756] Cf. la carta del cardenal Adriano, el 13 de noviembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II 482) y estas dos cartas de don Pedro Girón: el 18 de octubre escribió que con la ayuda de don Carlos de Arellano había conseguido la adhesión de 450 hombres darmas y 200 estradiotas (D, II, 326-327); el 27 de octubre anunció en Valladolid que había terminado de pagar a estos veteranos y que se iba a marchar de Sepúlveda hacia Tordesillas (PR, leg. 5, f. 18; D. II, 360). <<

[757] PR, leg. 4, f. 54, sesiones de los días 5, 21, 25, 26 y 27 de noviembre y 5 de diciembre; RGS, 25 de noviembre de 1520. <<

[758] Zamora movilizó a todos los hombres en edades comprendidas entre los dieciocho y los sesenta años (C. FERNÁNDEZ DURO, Memorias de Zamora, II, pp. 303-304): RGS, 28 de noviembre de 1520 (reclutamiento en la región de Palencia; cf. también RODRÍGUEZ SALCEDO, pp. 73-74). Se conservan, en Simancas, varias órdenes de la Junta sobre el reclutamiento de soldados en este período: PR, leg. 4, f. 14; PR, leg. 5, f. 51; PR, leg. 5, f. 69; PR. leg. 2, f. 14; D. LL 323. <<

[759] Cf. GUEVARA, Epístolas.., I, p. 293-294; SANTA CRUZ, I, p. 368. Detalle confirmado especialmente por el cardenal Adriano en su carta del 13 de noviembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 482) y por el almirante (carta a Sevilla, 28 de noviembre; D, II, 543-544). El reclutamiento sacerdotal de la época explica la facilidad con que Acuña pudo formar su batallón de sacerdotes-soldados; los sacerdotes sin vocación formaban legión y muchas veces manejaban mejor la espada que el hisopo (cf. AZCONA, Isabel.., pp. 469-471). <<

[760] Sobre las compras de armas en el País Vasco por cuenta de la Junta, cf. Céd., lib. XLVI, f. 289, y PR, leg. 5, f. 70; el 5 de octubre, la comunidad de Valladolid requisó 1000 coseletes y 1500 petos y escopetas (PR, leg. 4, f. 54). <<

[761] AZCONA, Isabel.., p. 587; Estado, leg. 5, f. 271; GIMÉNEZ FERNANDEZ, Las Casas, I, p. 57; SANDOVAL, p. 269 a; carta del cardenal Adriano del 13 de noviembre (PR, leg. 2, 1: D, II, 482). <<

[762] Cf. supra, p. 85. <<

[763] Estado, leg. 5, f. 273. <<

[764] PR, leg. 5, f. 18; D, II, pp. 318-319. <<

[765] En diversas ocasiones los jefes comuneros expresaron su deseo de evitar a la población civil las vejaciones múltiples de que la hacen objeto con frecuencia los ejércitos en campaña. Sí es cierto que no consiguieron evitarlas por completo, no se puede dejar de reconocer que trataron de limitarlas lo más posible; cf. cartas a la Junta para denunciar los excesos cometidos por soldados, en septiembre de 1520 (PR, leg. 3, f. 85) y sobre todo esta provisión, s. f.: «Cunple a nuestro seruicio que las gentes de guerra que por nuestro mandado están en la villa de Alaejos sobre la fortaleza sean corregidos y castigados porque los vecinos de la dicha villa no reciban dellos opresiones ni agrauios ni les sean tomados sus bienes y mantenimientos contra su voluntad»; la Junta envió a Alaejos a Pedro de Soto en calidad de alcalde e justicia para castigar a los soldados culpables (PR, leg. 5, f. 65). En el mismo sentido hay que ver estas resoluciones de la comunidad de Valladolid: «mandaron escrivir a don Juan de Figueroa y al maestre del campo de la gente de Madrid que tratasen bien a los vecinos de Cabezón». (PR, leg. 4, f. 54, sesión del 21 de enero de 1521); «mandaron escrivir al capitán Aldrete que tratase bien los vecinos y casas del logar de Renedo» (ibid., sesión del 31 de enero de 1521), etc. <<

[766] Carta del cardenal Adriano, 28 de noviembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 515). <<

[767] Sobre la relación de fuerzas antes de la batalla, cf.: 1). Carta del almirante a Sevilla, 28 de noviembre (D, II, 543-544), que da las siguientes cifras: del lado de la Junta, 400 o 500 lanzas. 4000 infantes, 6 piezas de artillería; del lado de los señores: 300 hombres de armas, 300 cavaltes ligeros, 400 ginetes, 3000 infantes muy buenos, 4000 soldados de infantería, más de veinte piezas de artillería, y se esperaban aún los refuerzos que debían enviar los condes de Haro y de Luna y el marqués de Denia. 2). Carta de los hermanos Vozmediano, del 29 de noviembre (D, II, 578-580), escrita después de la llegada de los condes de Haro y de Luna; según ellos, los señores contaban con 2000 lanzas y cerca de 8000 infantes. Los comuneros debían contar con 400 lanzas y 4000 infantes, pero esperaban refuerzos importantes. 3). Informe de Lope Hurtado, 29 de noviembre (PR, leg. 2, f. 36; D, II, 521), que da las cifras siguientes: comuneros, más de 600 lanzas y más de 7000 infantes (después de haber recibido 2000 hombres de Valladolid); señores, más de 1600 lanzas y 5000 infantes. 4). Carta del Comendador Mayor de Castilla, Hernando de Vega, al condestable, 1 de diciembre (D, II, 632, que señala la presencia, en el campo comunero, de «quatro piezas gruessas de artillería, dos cañones dos culebriñas y dizen que tienen otras, seis o siete piezas de falconetes». 5). Carta del licenciado Vargas al emperador, 4 de diciembre (publicada por RODRÍGUEZ VILLA, La reina doña Juana.., pp. 338-339): 2200 lanzas y 6500 infantes por parte de los señores; 900 lanzas y 9000 infantes por parte de los comuneros, que disponían además de un número importante de piezas de artillería. Se pueden comparar las cifras precedentes con las que da MEJÍA (pp. 204, 207): 10.000 infantes y 900 caballeros por parte de los comuneros; 2100 caballeros y 6000 por parte de los señores. <<

[768] Cartas del condestable del 15 de noviembre y 1 y 4 de diciembre (PR, leg. 1, f. 105; D, II, 573, 621 y 622-623). <<

[769] Ibid. y cartas de los días 7 y 29 de octubre y 3 y 15 de noviembre (D, II, 242, 288-291, 477 y 574). <<

[770] Cartas del cardenal Adriano de los días 17 y 21 de octubre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 261 y 266). La unta había solicitado a la ciudad de Medina de Rioseco que expulsara a los miembros del Consejo Real que se habían refugiado en ella (PR, leg. 5, f. 18; D, II, 283-284). El cardenal Adriano habla pensado en un principio instalarse en Palencia, pero luego renunció a ello ante el escaso entusiasmo que demostró la ciudad (RODRÍGUEZ SALCEDO, Comunidades palentinas, pp. 57 ss.). <<

[771] 28 de octubre (CC, Part. 1, marzo 26, doc. 85). <<

[772] Carta del cardenal Adriano, 16 de noviembre (PR, leg. 2 f. 1; D, II, 501-502). <<

[773] Carta del almirante a Sevilla, 28 de noviembre (D, II, 452 ss.). <<

[774] Carta del cardenal Adriano, 17 de noviembre (PR, lee. 2, f. 1; D, II, 501). <<

[775] Cartas del almirante de los días 19 y 23 de octubre (PR, leg. 5, f. 18; D, II, 334-335 y 278-281). <<

[776] Sobre esta negociación, cf. las cartas del cardenal Adriano de los días 17 y 20 de noviembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 501 y 514); del almirante a la Junta, s. d., y 22 de noviembre (D, II, 336-346 y 534-541); del almirante a Sevilla, 28 de noviembre (D, II, 542-546); de la Junta al almirante, 22 de noviembre (D, II, 531-534), y SANTA CRUZ, I. pp. 338-345. <<

[777] Carta de la Junta a las Merindades, 14 de noviembre (PR, leg. 4, f. 84; D, II, 589-591). <<

[778] MENÉNDEZ PIDAL cita esta fórmula de una forma inexacta: «Dios, rey y reyna», en lugar de «Dios, rey y reyno». (El Padre Las Casas.., reproducido en España y su historia, II, p. 84). <<

[779] Seamos hermanos más que hermanados, alusión a las Hermandades de la Edad Media, federaciones de ciudades contra el poder real o los señores. <<

[780] Carta del almirante al condestable, 30 de noviembre (D, II, 578). <<

[781] MARAVALL, Comunidades. <<

[782] Cartas del cardenal Adriano, 13 y 17 de noviembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 483 y 502-503). <<

[783] Cf. nuestro artículo «El razonamiento de Villabrágima». <<

[784] Carta del almirante a Sevilla, 28 de noviembre (D, II, 545). <<

[785] Cf. SANTA CRUZ, I, pp. 350-351, y carta del cardenal Adriano del 20 de noviembre (PR, Ieg. 2, f. 1; D, II, 513). <<

[786] D, II, 343-344. 518. <<

[787] Informe al emperador, 29 de noviembre (PR, Ieg. 2, f. 36; D, II, 521-523). <<

[788] Ibid., y carta del cardenal Adriano, 28 de noviembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 518); carta de Zamora a la Junta del 29 de noviembre (FERNÁNDEZ DURO, Memorias de Zamora, II, pp. 303-304); de Hernando de Vega al condestable, 1 de diciembre (D, II, 633). <<

[789] M. AZAÑA, Plumas y palabras, p. 59. <<

[790] Sobre la batalla de Tordesillas y sus preliminares, cf. carta del almirante y del conde de Benavente al emperador del 5 de diciembre (D, II, 631), informe del almirante (Estado, leg. 8, f. 161; D, II, 657), cartas del conde de Haro al condestable y al emperador (PR, leg. 1, f. 106; D, II, 566 y 679-680), carta del Comendador Mayor al emperador, del 6 de diciembre (D, II, 634-435); carta de Gómez de Santillán al cardenal Adriano, el 9 de diciembre (D, II, 696); informes de Lope de Hurtado al emperador, de los días 5, 6 y 10 de diciembre (PR, leg. 2, f. 36; D, II, 685-689), y el relato del conde de Haro (Estado, leg. 8, f. 29; D, III, 42-43). <<

[791] Carta del 4 [sic] para el 5 de diciembre (PR, leg. 1, f. 96; D, II, 630-631). <<

[792] GUEVARA se refiere en varias ocasiones a este episodio; cf. Epístolas.., I, pp. 292-301, 318-338 y 421. Otro cronista. Alcocer (p. 46), cree también en la traición de Girón: «él escribió a el condestable, su tío, y a el almirante que le ganasen perdón del rey y que le entregaría a Tordesillas y a la reina»; para aislar a Tordesillas, Girón habría procedido, en consecuencia, a saquear Villalpando, feudo del condestable, y éste habría aprobado esta maniobra.. Esto nos parece poco verosímil. Los restantes cronistas son más cautos. SANTA CRUZ (I, p. 369) sefiala la reacción de los comuneros, furiosos porque su ejército se dedicaba al saqueo de Villalpando mientras el enemigo se apoderaba de Tordesillas. MEJÍA cree saber («me han dicho a mí») que Girón cometió traición, pero tiene sus dudas: «cosa que no sé muy cierto no oso afirmarla aunque no faltaron yndicios para creerla»; y MEJÍA observa que Girón se vería excluido más adelante del beneficio de la amnistía (pp. 220-221). SANDOVAL duda entre dos explicaciones: algunos días antes de la batalla, Girón y Acusa se habrían encontrado con el almirante y el conde de Benavente en Villabrágima; estos habrían fingido que se pasaban al bando de la comunidad, lo que habría incitado a los jefes comuneros a dirigirse contra el condestable y a atacar Villalpando (pp. 360-361 a.). Esto parece increíble. Girón y Acuna no eran, probablemente, grandes estrtegas, pero no llevaban su ingenuidad hasta tal punto. Un poco más adelante (365-366 a.), SANDOVAL recoge los rumores sobre la traición de Girón: se trataría de un (…) doble entre el almirante, el conde de Benavente y Girón; pero SANDOVAL se extraña ante la ceguera de Acuña, que no participaba en el complot. En efecto, ¿por qué no protestó contra la maniobra de su colega? En la respuesta a esta pregunta radica toda la cuestión. En consecuencia, el problema dista mucho de ser tan claro como pretende GUEVARA. <<

[793] Cf. nuestro artículo «Le razonamiento de Villabrágima». <<

[794] Cf. cartas del cardenal Adriano de los días 16 y 20 de noviembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 501 y 514); ANCHIERA, carta 704 (IV, p. 105). Según MEJÍA (p. 204), Girón se habría entrevistado, efectivamente, con el almirante; esto habría llevado a la Junta a designar un comité de guerra con la misión de vigilar al general en jefe. <<

[795] Carta del cardenal Adriano (PR, lee. 2, f. 1; D, II, 669): «Ahunque según fama ha ronpido con las Comunidades, hasta aquí no se ha declarado ni determinado seruir con su persona y gente a vuestra alteza; mas, según entiendo por carta del almirante, él quiere venir al servicio de Vuestra Majestad (…) con tanto que vuestra alteza le perdone lo que ha fecho hasta aquí». <<

[796] Cf. carta del cardenal Adriano, 4 de enero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 11); del almirante, 23 de enero y 16 de marzo (PR, leg. 1, f. 96), etc. <<

[797] Carta s. d., posterior a la amnistía del 1 de noviembre de 1522, y de la cual fue excluido Girón (D, V, 226). <<

[798] Carta del embajador portugués, 3 de enero de 1521 (CC, Part. 1, marzo 26, doc. 117): «el obispo de Zamora y don Pero Laso y otras tres o quatro personas principales de la Junta fueron a hablar con él [Girón] y a pedirle y rogarle mucho que se quisiese tornar a juntar con ellos de la manera que antes estava». Acuña no fue considerado en ningún momento como un traidor o como un moderado, ¿habría insistido tanto de haber tenido dudas sobre la conducta de Girón? <<

[799] PR, leg. 3, f. 104. <<

[800] PR, leg. 4, f. 54, sesiones de los días 15 y 16 de diciembre de 1520. <<

[801] Carta de Valladolid a Girón, el 7 de enero de 1521 (PR, leg. 4, f. 49; D, III, 122): «recibimos la carta de Vuestra Señoría y por lo que por ella nos escrive, besamos las manos de Vuestra Señoría porque por ella demuestra e manifiesta la yntegridad que ha tenido e tiene al bien público destos reynos y desta villa, lo qual nosotros somos ciertos e satisfechos, e sy otras personas symples e ignoradas otra cosa han querido dezir, aquello toca muy poco a Vuestra Señoría y dello nos ha pesado y pesa mucho y lo reprehendemos e castigamos, y con lo que Vuestra Señoría haze los que algo han hablado quedan muy confusos. Suplicamos a Vuestra Señoría lo quiera continuar, pues que Vuestra Señoría no lo comencé por los detractores, no lo a de dexar por ellos». <<

[802] PR, leg. 4, f. 54, sesión del 13 de enero de 1521: «acordaron que se llamasen quadríllas y se diese traslado a todas de las cartas de don Pedro Girón y de los de la Junta». <<

[803] Ibid., sesiones del 19 de enero, 5 de febrero, en las que se decidió contestar a las cartas de Girón. Se conserva una de las cartas de Girón a la comunidad de Valladolid (PR, leg. 4, f. 49; D. III, 303). <<

[804] PR, leg. 4, f. 51, sesión del 5 de febrero de 1521: «dieron licencia para que don Pedro Girón saque de Medina del Campo por agora seys quintales de pólvora e que por agora no se puede dar más porque lo que queda es menester e que andando el tiempo se proveerá lo demás». Ignoramos el uso al que iba a destinar Girón toda esa pólvora. <<

[805] Carta de Girón a la Junta, Peñafiel, 4 de abril de 1521 (PR, leg. 2, f. 14; D, III, 613-615). La carta va acompañada de un informe de Girón sobre los movimientos de tropas realizados en la región de Burgos por el duque de Nájera y el condestable, que, al parecer, tendrían la intención de marchar en breve plazo sobre Valladolid. Asimismo, en este informe se dan noticias sobre la situación en Aranda de Duero. <<

[806] Carta del almirante al emperador, 7 de mayo de 1521 (D, IV, 16-17): «Valladolid y mucha parte del reyno, quando murió Juan de Padilla, Ilamavan a don Pedro Girón y que si él fuera, que tuviéramos agora más trabajos y que le mandamos en nombre de Su Magestad que no lo aceptase y él lo hizo». <<

[807] «Cuando la defección del bando comunero por don Pedro Girón, alzáronse sospechas contra varios gefes del partido popular y, por su parentesco con el conde de Benavente, tildaron algunos a don Pedro Maldonado; herido en su honra, el capitán salmantino renunció a su puesto, sucediéndole en él Francisco Maldonado, aunque por breve plazo, pues a instancias de Padilla, que conocía su lealtad, volvió a ocuparlo don Pedro». (VILLAR y MACÍAS, Historia de Salamanca, II, p. 187, sin indicación de fuentes). <<

[808] Son éstos: don Antonio de Quiñones y Juan de Benavente, procuradores de León; el comendador Almaraz y Pero Sánchez, procuradores de Salamanca; Solier, procurador de Segovia; Esquivel, procurador de Guadalajara; Sotomayor, procurador de Madrid; el doctor Cabeza de Vaca, procurador de Murcia; Diego de Montoya, procurador de Toledo; Gómez de Ávila, procurador de Ávila; Pero Merino, procurador de Toro; el licenciado Santiago, procurador de Soria, y el doctor Zúñiga, procurador de Salamanca (D, II, 690-691). <<

[809] PR, leg. 4, f. 51. <<

[810] Carta de Vargas, 13 de diciembre (D, II, 693). <<

[811] Carta del embajador portugués, 3 de enero de 1521 (CC, Part. 1, marzo 26, doc. 114). <<

[812] PR, leg. 4, f. 49. <<

[813] Informe de Lope de Hurtado, 10 de diciembre (PR, leg. 2, f. 36; D, II, 688); conclusiones del comité de guerra de la Junta, 6 de diciembre (PR, leg. 2, f. 41; D, II, 702), y carta de Hernando de Vega, 12 de diciembre (Estado, leg. 8, f. 17; D, II, 647). <<

[814] Mem., leg. 139, f. 309; D, III, 165. <<

[815] PR, leg. 4, f. 54, sesiones de los días 1, 3, 4, 5, 9 y 13 de enero. <<

[816] Cartas del embajador portugués, 3 de enero de 1521 (CC, Part. 1, marzo 26, doc. 114), y del cardenal Adriano, 4 de enero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 14): «hanle recibido allí con grandísima fiesta y solemnidad como si les viniera Dios del cielo». El 3 de enero, la Junta aprobó los gastos realizados para preparar el recibimiento de Padilla: «19 reales y medio que se gastaron en las hachas que se conpraron para recibir a Juan de Padilla». Algunos nobles no ocultaron su despecho; he aquí las sarcásticas declaraciones del conde de Benavente a un natural de Valladolid: «holgareys aora los de Valladolid, que viene Iohan de Padilla, vuestro Messías»; si Padilla era el Mesías, Acuña era Mahoma, siempre según el conde de Benavente: «y ¿qué faze allá vuestro Mahoma?». (Estado, leg. 8, f. 300). ANGHIERA, testigo ocular, señala también el júbilo popular con que se acogió el regreso de Padilla, el liberador de la patria, y que contrasta con la reserva de la Junta general (carta 710, IV, p. 121). <<

[817] PR, leg. 4, f. 49; D, III, 121. <<

[818] Carta del cardenal Adriano, 4 de enero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 14). <<

[819] PR, leg. 4, f. 51, sesiones de los días 22, 23, 25 y 28 de diciembre, 1, 2, 7 y 11 de enero. <<

[820] Carta del almirante, s. d. (PR, leg. 1, f. 96; D, III, 658). <<

[821] Carta del 26 de enero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 82). <<

[822] PR, leg. 4, f. 54, sesiones de los días 25 de diciembre y 7 y 8 de enero. <<

[823] PR, leg. 4, f. 51. <<

[824] cf. CARANDE, Carlos V.., II, p. 185. <<

[825] PR, leg. 4, f. 51. <<

[826] Nota, s. f., del almirante (PR, leg. 1, f. 96). Simancas estaba comunicada con Valladolid por un camino que seguía a lo largo de la orilla izquierda del Pisuerga. Es el actual camino viejo de Valladolid a Simancas, pero ahora la mayor parte del tráfico discurre por la carretera nacional, a lo largo de la otra orilla del rio. La destrucción de los puentes había aislado a Simancas, situada en la orilla derecha, de los grandes ejes viarios de la época; cf. B. BENNASSAR, Valladolid, pp. 79 ss. <<

[827] PR, leg. 4, f. 51, sesión del 2 de enero de 1521. <<

[828] Informe del conde de Haro, 16 de enero (Estado, leg. 8, f. 29, 30; D, III, 45). <<

[829] Cartas del embajador portugués del 3 de enero (CC, Part. 1, marzo 26, doc. 114); del condestable, 21 de diciembre (PR, leg. 1, f. 105; D, II, 655); carta anónima dirigida al condestable el 8 de diciembre (PR, leg. 3, f. 87); informe del conde de Haro, lo de enero (Estado, leg. 8, ff. 29, 30; D, III, 44). <<

[830] Cartas del cardenal Adriano de los días 4, 13 y 16 de enero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 11, 24 y 33); del condestable, 2 de enero (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 8): el banquero Nicolás Grimaldi prestaba dinero sin interés, etc. <<

[831] Cartas del embajador portugués, 1 y 3 de enero, y negativa del rey Manuel el 25 de enero (CC, Part. 1, marzo 26, doc. 111, 114 y 120); sobre las peticiones de pólvora (cien quintales), cf. las cartas del almirante y del cardenal al rey de Portugal, los días 2 y 15 de enero (ibid., doc. 85 y 95). <<

[832] Cartas del condestable, 21 de diciembre (PR, f. 105; D, II, 655), y de Lope Hurtado, 10 de diciembre (PR, leg. 2, f. 36; D II 690). <<

[833] Cartas del cardenal Adriano, 12 de diciembre, 26 de enero y 21 de febrero (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 642; III, 82 y 220): «estos Grandes no quieren fazer venir gente alguna sin que primero se les anticipe la paga de un mes o a lo menos de quince días»; «cada uno de los Grandes quiere guardar lo suyo y derraman la gente para en guarda de sus tierras»; «cada uno quiere goardar lo suyo y a costa del rey, que si fuera a la suya no me parecería mal», etc. <<

[834] Carta del cardenal Adriano, 4 de enero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 12). <<

[835] Estado, leg. 8, f. 161; D, II, 657. <<

[836] Cartas del cardenal Adriano, del 4 de enero, ya citada, y del 6 de febrero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 206). <<

[837] Cartas del licenciado Alarcón, 20 de enero (PR, leg. 1, f. 8; D, III, 52); del Consejo Real, 18 de enero (Estado, leg. 8, f. 34; D, III, 138); del cardenal Adriano, 16 de enero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 34-35). <<

[838] Cartas del comendador mayor al condestable y al emperador, 8 y 9 de diciembre (D, II, 638-640); del cardenal Adriano, 22 de enero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 59), y un informe anónimo al emperador, s. d. (PR, leg. 3, f. 96). <<

[839] Informe del marqués de Denia, s. d. (PR, leg. 4, f. 48); cf. otro informe del mismo marqués, s. d. (Estado, leg. 6, f. 5). <<

[840] Carta del Consejo Real al emperador, 18 de diciembre (PR, leg. 1, f. 45; D, II, 664-665). <<

[841] Cartas del embajador portugués, 11 de diciembre (CC, Part. 1, marzo 26, doc. 101); del cardenal Adriano, 22 de enero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 58-60); del almirante, 23 de enero (PR, leg. 1, f. 96; D, III, 73). <<

[842] Carta del doctor Beltrán, 13 de febrero (PR, leg. 1, f. 38; D, III, 217); sobre las discusiones entre el condestable y el Consejo Real, por una parte, y el almirante, de otra, cf. también las cartas de Polanco, 17 de enero (Estado, leg. 8, f. 32; D, III, 48-49), y del Consejo Real, 26 de marzo (PR, leg. 1, f. 45). La Corte era perfectamente consciente de los peligros que entrañaba esta situación, pero no veía el procedimiento para resolverla: «Las cosas que Vuestra Magestad ha de mandar proveer con mucha diligencia (…) que entre los visorreyes no ay conformidad e que el vno da prouisiones contrarias del otro». (PR, leg. 4, f. 33). <<

[843] Cartas del cardenal Adriano, 23 de diciembre y 4 de enero (PR, leg. 2, f. 1); del condestable, 2 de enero (PR, leg. 1, f. 105). cf. también las sesiones de la Junta (PR, leg. 4, f. 51) y RGS, 1 de enero de 1521. <<

[844] cf. las cartas del almirante, s. d., y del condestable, 25 de enero (D, III, 237 y 145-146); DC, lib. XXXIX (D, V, 617-618); sobre el ataque de Fuentes de Valdepero, cf. Estado, leg. 7, f. 115. <<

[845] Cartas del conde de Haro, 16 de enero (Estado, leg. 8, ff. 29, 30), y del condestable, 21 de enero (PR, leg. 1, f. 105). <<

[846] Cartas del condestable, 25 de enero (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 9); del cardenal Adriano, 16 de enero (PR, leg. 2, f. 1), y de Fonseca, 15 de enero (Estado, leg. 8, f. 28). <<

[847] Cartas del cardenal Adriano, 16 y 22 de enero (PR, leg. 2, f. 1); de Vargas, 22 de enero (Estado, leg. 8, f. 39), y de Lope Hurtado, 22 de enero (Estado, leg. 8, f. 38); cf. D, III, 37, 58, 67 y 62. <<

[848] Cartas del condestable, 21, 25 y 29 de enero (PR, leg. 1, f. 105); de Vargas, 22 y 23 de enero (Estado, leg. 8, ff. 39-40), y de Pero Jiménez, 24 de enero (Estado, leg. 8, f. 45); cf. D, III, 54, 148-151, 153, 65-66, 67-69, 77. Por otra parte, se conserva el requerimiento a la vecindad de Santiago, del 22 de enero, ultimátum del condestable a este barrio de Burgos, y probablemente a todos los demás (Estado, leg. 8, f. 181; D, III, 140-141). <<

[849] Cartas del condestable 1 y 11 de febrero (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 196 y 313-314); de Garci Ruiz de la (ME). Censor de Magaz, 24 y 25 de enero (Estado, leg. 8, fr. 48 y 53; D, III, 169-170); RGS, 22 y 23 de enero de 1521. Acuña fue reclamado el 27 de enero, «porque ocurría nescésidad de su persona». (PR, leg. 4, f. 53). <<

[850] Cartas del cardenal Adriano, 6 de febrero (PR, leg. 2, f. 1); de Pero Jiménez, 24 de enero (Estado, leg. 8, f. 45), y de Polanco, 18 de enero (Estado, leg. 8, f. 32); cf. D, III, 205, 76, 49-50. MALDONADO (pp. 220-222) reproduce un discurso ficticio de Acuña a las poblaciones rurales. <<

[851] Carta del condestable, 2 de febrero (PR. leg. 1, f. 105; D, III, 200). <<

[852] Cartas del cardenal Adriano, 16 de enero y 6 de febrero (PR, leg. 2, f. 1): del condestable, 25 de enero y 11 de febrero (PR, leg. I, f. 105); del conde de Haro, 3 de febrero (PR, leg. 1, f. 106); de Pedro de Barrientos a la Junta, 24 de enero (PR, leg. 1, f. 34); cf. D, III, 37, 40, 205, 146, 314, 202, 128. La carta de Padilla a Toledo aparece resumida en una correspondencia anónima, fechada en Toledo el 2 de febrero (Estado, leg. 13, f. 283). <<

[853] «cf. PR, leg. 4, f. 51; leg. 4. f. 53; leg. 4, f. 54; cartas del cardenal Adriano, 16 de enero y 11 de febrero». (PR; leg. 2, f. 1); del almirante, s. d.; del condestable, 22 de febrero (PR, leg. 1, f. 105); cf. Dr III. 39-40, 215, 244-245, 231. Una carta de Padilla a la ciudad de Toledo resume toda la cuestión (AHN, Col. Salazar, N-44, f. 177 V.; D, III, 325-326). Según lo que dice ANGHIERA (carta 713, IV, pp. 133-134), la decisión de la Junta de nombrar Jefe del ejército a don Pero Laso provocó un auténtico levantamiento en Valladolid; una gran multitud fue a buscar a Padilla y sin darle ni siquiera tiempo para vestirse se lo llevaron gritando «¡Viva Padilla! ¡Viva Padilla! Padilla será nuestro general», a pesar de las protestas de éste. <<

[854] Carta de Padilla a la ciudad de Toledo, el 2 de marzo (D, III, 506). <<

[855] Ibid., y cartas del cardenal, 21. 23 y 27 de febrero (PR, les. 2, f. 1); del condestable, 22 de febrero (PR, leg. 1, f. 105); cf. D, III, 218, 223, 238-240 y 230. <<

[856] PR, leg. 4, f. 51, sesión del 26 de febrero. <<

[857] Carta del condestable, 26 de febrero (D, III, 320-321). Tres meses después, el 11 de junio, el almirante protestaba todavía por el hecho de que no se hubieran llevado socorros a Torrelobatón (D, IV, 188). <<

[858] Cartas del cardenal Adriano, 7 de marzo y 27 de febrero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 392-393 y 238-240). <<

[859] Cartas de los días 25 y 28 de febrero (PR, leg. 1, f. 106; D, III, 234-235 y 260-261). <<

[860] PR, leg. 3, f. 23. <<

[861] Cartas del cardenal Adriano, 10 de diciembre, 21 de marzo, 21 de febrero, 23 de diciembre, 16 de enero (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 645, 670; III, 430. 220, 32-34), y del secretario Zuazola, 22 de enero (PR, leg. 1, f. 8; D, III, 71). <<

[862] Carta de credencial para don Luis de la Cueva, s. d. (PR, leg. 1, f. 96; D, II, 658-659). <<

[863] Carta del 16 de enero (Estado, leg. 8, ff. 29, 30; D, III, 43). <<

[864] Carta del 2 de febrero (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 199). <<

[865] Carta del 21 de febrero (PR, leg. 3, f. 39; b, III, 225). <<

[866] cf. la carta de don Antonio de Rojas, su presidente, citada en la nota 53, así como la del 10 de marzo de 1521 (PR leg. 3, f. 23; D, III, 483). cf. también la carta colectiva del Consejo al emperador, el 22 de abril (PR, leg. 1, f. 45; D, III, 647). <<

[867] Carta del 16 de enero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 40). <<

[868] Carta del condestable, 25 de enero (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 143). cf. también la respuesta del rey a una carta del marqués de Denia fechada el 21 de febrero (D, III, 229). <<

[869] La Junta de guerra a la Junta general, Villanubla, 9 de diciembre (PR, leg. 2, f. 41; D, II, 705-706). cf. también, sobre estas gestiones, las cartas de Gómez de Santillán al cardenal Adriano, el 9 de diciembre (D, II, 697-698), y de Lope de Hurtado al emperador, el 10 de diciembre (D, II, 688; PR, leg. 2, f. 36). <<

[870] Carta anónima que, por el contexto, puede fecharse en diciembre de 1520 (PR, leg. 3, f. 96; D, II, 771). <<

[871] Carta del embajador portugués, 3 de enero (CC). <<

[872] Carta del 21 de diciembre (PR, leg. 1, f. 96; D, II, 655). <<

[873] Carta del 23 de diciembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 670); cf. también la carta del embajador portugués, del 3 de enero (CC). <<

[874] Carta del 18 de diciembre (PR, leg. 1, f. 45; D, II, 665). <<

[875] Carta del almirante, 7 de enero (D, III, 21-22). <<

[876] Carta del 16 de enero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 40). <<

[877] Cartas del almirante, una de ellas s. d. (D, III, 225); la otra, del día 26 de enero (PR, leg. 1, f. 96; D, III, 79-80). <<

[878] No situamos en esta primera serie de contactos el intento de mediación de Burgos, en enero, realizado bajo los auspicios del condestable y del Consejo Real. No fue más que una maniobra dilatoria, cuya finalidad era la de retrasar la insurrección que se creía se estaba preparando en Burgos; cf. lo que hemos dicho más arriba (p. 275) y la confesión implícita del licenciado Vargas, reconociendo que el condestable se había prestado a este intento negociador porque sabía que acaBaria en un completo fracaso (carta del 22 de enero; Estado, leg. 8, f. 39; D, III, 65). <<

[879] En la Corte se rumoreaba que el nuncio hacía causa común con los comuneros; el cardenal Adriano se constituyó en garantía de su lealtad. cf. la carta del 4 de enero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 15). Es cierto que el nuncio mantenía correspondencia con la Junta; cf. PR, leg. 4, f. 51, sesión del 31 de diciembre: «fue cometido al padre maestro fray Alonso de Medina que responda a la carta que el nuncio escriuió a la Junta». <<

[880] Carta del cardenal Adriano, 12 de marzo (D, III, 396). La mediación del nuncio habría sido sugerida por Anghiera, que había entrado en contacto con Acuña, amigo suyo desde hacía largo tiempo, y con don Pero Laso de la Vega, antiguo alumno suyo (carta 709, IV, pp. 115-117). <<

[881] CC, Part. 1, marzo 26, doc. 110 y 113; se trata de dos cartas dirigidas al rey de Portugal, una por el cardenal Adriano y la otra por el almirante, fechadas, respectivamente, el 1 y el 2 de enero de 1521. Reproducimos los pasajes más interesantes: «hauemos pensado, el almirante e yo, hun medio y es que vuestra alteza, por nos hazer merced, mande embiar al dicho su embaxador vna carta en su crehenzia para los de la Junta para que de su parte les hable largamente»; «el embaxador de vuestra alteza estaua para yr a Valladolid a hablar con los de la Junta que allí están y yo [el almirante] gelo desvié porque en yr sin carta de Vuestra Alteza no le hiziesen algund desacato. A Vuestra Alteza suplico les escriua como poderoso señor dándoles a conoscer el servicio que le harán en venir en concierto con la magestad del emperador». <<

[882] Carta del cardenal 16 de enero (PR, leg. 2 f. 1; D. III, 39). El 31 de diciembre, la Junta había encargado al obispo de Zamora, a Diego de Guzmán y a don Hernando de Ulloa que llevaran una negociación secreta con Portugal (PR, leg. 4, f. 51). <<

[883] Se trata de don Pero Laso de la Vega, Gonzalo de Guzmán, Diego de Guzmán, don Hernando de Ulloa, el Bachiller Alonso de Guadalajara y fray Alonso de Medina (PR, leg. 4, f. 51, sesión del 5 de enero de 1521). <<

[884] PR, leg. 4, f. 54. <<

[885] cf. carta del cardenal, 13 de noviembre (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 482-483); en Simancas se halla una copia impresa del tercer breve (PR, leg. 4, f. 59). <<

[886] PR, leg. 4, f. 54, sesión del 9 de enero; cf. ANGHIERA, carta 710, IV, pp. 121-123. <<

[887] PR, leg. 4, f. 53, sesión del 10 de enero. <<

[888] PR, leg. 4, f. 51, sesión del 10 de enero. <<

[889] Ibid., sesión del 15 de enero. <<

[890] Carta del nuncio al cardenal y al almirante, 23 de enero (Estado, leg. 8, f. 43; D, III, 124-125), y carta del cardenal del 26 de enero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 82-83). <<

[891] Carta del cardenal, 30 de enero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 88). <<

[892] Carta de credencial de la ciudad de Salamanca enviada a Francisco Maldonado, 25 de enero (Mem., leg. 139, f. 309; D, III, 164-166). <<

[893] PR, leg. 4, f. 51, sesión del 25 de enero. <<

[894] Carta de Padilla a Toledo del 30 de enero, resumida en una carta anónima cuyo destinatario era don Hernando de Silva y que estaba fechada en Toledo, el 2 de febrero (Estado, leg. 13, f. 283). <<

[895] Carta del cardenal Adriano, 30 de enero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 87-88). <<

[896] PR, leg. 4, f. 51, sesión del 26 de enero. <<

[897] PR, leg. 4, f. 54, sesión del 27 de enero. <<

[898] Es la primera vez que aparece la palabra comunero en un texto oficial de la Junta; la oposición con «caballero» precisa el sentido (PR, leg. 4, f. 51, sesión del 27 de enero). <<

[899] S. d., D, III, 89-91. En una carta fechada el 13 de febrero, el rey de Portugal trataba también de presionar a Valladolid para que la ciudad aceptara una paz de compromiso (PR, leg. 3, f. 103). <<

[900] Carta de Valladolid al cardenal y al almirante, 30 de enero (PR, leg. 4, f. 49; D, III. 91-94). <<

[901] PR, leg. 3, f. 151. El cardenal Adriano trataba de que cayera el descrédito sobre este tipo de consultas populares: en cada cuadrilla, escribía el cardenal, se elige doce o quince individuos a qienes se les concede la palabra y que se oponen ferozmente a la tregua (carta del 6 de febrero; PR, leg. 2, f. 1; D, III, 205). <<

[902] PR, leg. 4, f. 51, sesión del 30 de enero. <<

[903] Carta del cardenal Adriano, 6 de febrero (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 204). cf. también una carta del almirante, s. d. (D, III, 251-252), y la carta 712 de ANO HIERA (IV, pp. 126-127). <<

[904] Resumido en PR, leg. 3, f. 103. <<

[905] Sobre fray Francisco de los Ángeles, cf. MESSEGUGR FERNÁNDEZ, «El padre Francisco de los Ángeles de Quiñones, O. F. M., al servicio del emperador y del papa (1526-1529)», en Hispania, XVIII, 1958, pp. 651-689. <<

[906] PR. leg. 4, f 53. sesiones de los días 15 y 16 de febrero. <<

[907] PR, leg. 4, f. 51, sesión del 15 de febrero. <<

[908] Ibid., sesión del 16 de febrero. <<

[909] Cartas de los procuradores de Toledo a Toledo y de don Pedro de Ayala a su hijo, ambas del 21 de febrero (PR, leg. 1, f. 31; D, III 327-328, 304-306). cf. también las deliberaciones de la comunidad de Valladolid, el 24 de febrero (PR, leg. 4, f. 53). <<

[910] Carta de don Pero Laso a Toledo, el 4 de marzo (D, III, 510-513). <<

[911] Carta a Toledo, el 15 de febrero (D, III, 326-327). <<

[912] Carta a Toledo del 28 de febrero (D, III, 307-309). <<

[913] PR, leg. 4, f. 51, sesión del 27 de febrero: «lo que los señores procuradores del reyno responden a esta muy noble villa de Valladolid a lo que dos diputados della les dixeron de su parte cerea de vna carta que el señor Juan de Padilla escriuió a la dicha villa es lo syguiente: que vieron la carta que el señor Juan de Padilla les escrute y que veen que él escriue a la dicha villa particularmente y no a esta santa Junta…». <<

[914] «Esta villa quiere la paz verdadera y no desimulada». (PR, leg. 4, f. 53, sesión del 19 de febrero). <<

[915] Carta del cardenal, 23 de febrero (PR, leg. 2, f. 1: D, III, 223-224). <<

[916] Carta del cardenal, 23 de febrero (PR, leg. 2, f. 1: D, III, 223-224). <<

[917] La delegación está compuesta por don Pedro de Ayala, Alonso de Saravia y el licenciado Bernaldino, como consejero técnico (jurista). (PR, leg. 4, f. 51, sesión del 22 de febrero de 1521). <<

[918] Ibid. <<

[919] PR, leg. 3, f. 151. <<

[920] PR, leg. 4, f. 53, sesión del 2 de marzo. <<

[921] PR, leg. 4, f. 51, sesión del 2 de marzo. <<

[922] Ibid. <<

[923] Carta del 7 de marzo (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 393). <<

[924] Cartas de don Bernaldino Pimentel y del licenciado Polanco, fechadas las dos el 12 de marzo (PR, leg. 3, ff. 3 y 5). <<

[925] Carta del cardenal, 7 de marzo (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 393). La influencia de fray Pablo en esa época, así como su papel en Valladolid, aparece claramente definida en la información abierta, en agosto de 1521, a petición del licenciado Francés (CR, leg. 652, f. 25); cf. especialmente la pregunta 10: «sy no fuera por el dicho fray Pablo, la villa se concertara», declaró uno de los testigos citados, el mercader Juan de Mendieta; «Fray Pablo dixo que hera ynposible vencer el señor condestable a las Comunidades» (declaración del licenciado Pedro de Quintanilla). Otros testigos dieron cuenta de la decidida oposición de algunos diputados de barrio a cualquier tipo de compromiso: «ovo algunos diputados que dixieron que quien ablase en medio o en concierto que le derribasen la casa». <<

[926] Carta del almirante, 16 de marzo (PR, leg. 1, f. 96; D, III, 415). <<

[927] PR, leg. 4, f. 51, sesión del 11 de marzo; cf. también la carta de don Hernando de Vega, comendador mayor de Castilla, el 11 de marzo (D, III, 474). <<

[928] PR, leg. 4, f. 51, sesión del 7 de marzo. <<

[929] Ibid., sesión del 16 de marzo. <<

[930] PR, leg. 4, f. 53, sesión del 17 de marzo. <<

[931] PR, leg. 4, f. 54, sesión del 16 de marzo. cf. también la carta del Consejo Real del 26 de marzo (PR, leg. 1, f. 45). En una carta anterior, fechada el 22 de marzo, el Consejo informaba que el estrado se había hundido en medio de la ceremonia, causando algunas víctimas entre los asistentes; naturalmente, el Consejo veía en esto un signo del cielo (ibid., D, III, 649). <<

[932] Carta del cardenal Adriano, 12 de marzo (D, III, 398). <<

[933] Carta del cardenal Adriano, 16 de enero (PR. leg. 2, f. 1; D, III, 40). <<

[934] PR, leg. 4, f. 51, sesión del 14 de enero. <<

[935] Un ejemplo: en la sesión del 28 de enero, don Pero Laso no votó en calidad de procurador de Toledo, sino «como natural destos reynos e vecino de Toledo» (ibid.). <<

[936] Ibid., sesión del 11 de marzo: «fue votado que el bachiller de Guadalajara no esté en la conferencia e se nonbre otro». No hemos encontrado documento alguno sobre las deliberaciones acerca de la revocación de don Pero Laso, pero esta revocación estaba ya decidida el 16 de marzo: «Gonzalo de Guzmán dixo que pide e requiere a los señores procuradores que pues quitaron el señor don Pero Laso e bachiller de Guadalajara, que estavan en la conferencia, que enbien otros procuradores que confieran». <<

[937] Carta de don Hernando de Vega, 11 de marzo (D, III, 474). <<

[938] Carta del almirante, 16 de marzo (PR, leg. 1, f. 96; D, III, 415). Don Pero Laso había negociado minuciosamente todos los extremos de su traición; cf. Capítulos de don Pero Laso de la Vega de las cosas que pidió en tiempo de las alteraciones pasadas por sus servicios (PR, leg. 4, f. 32; D, IV, 170-173). <<

[939] Carta del cardenal, 15 de marzo (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 411). <<

[940] cf. cartas del cardenal de los días 21 de marzo y 3 de abril (PR, leg. 2, f. 1; D, III. 430 y 558). <<

[941] PR, leg. 4r f. 53, sesiones de los días 19 y 31 de marzo. <<

[942] Carta del almirante, 16 de marzo (PR, leg. 1, f. 96; D, III, 415). <<

[943] Carta del 19 de marzo, PR, leg. 3, f. 102. <<

[944] Carta autógrafa al emperador; PR, leg. 1, f. 19. <<

[945] «Hizieron leer los capítulos delante del padre de los Ángeles». (PR, leg. 4, f. 53, sesión del 16 de marzo). <<

[946] PR, leg. 4, f. 51, sesión del 16 de marzo. Los registros que resumen las deliberaciones de la Junta se detienen en esta fecha. <<

[947] «Mandaron que no se entendiese ni platicase cosa alguna sobre lo de los capítulos syn que estovyesen presentes el señor maestrescuela e el maestro Bustillo e todos los deputados desta Junta e no en otra manera». (PR, leg. 4, f. 53, sesión del 18 de marzo). <<

[948] Ibid., sesión del 20 de marzo. <<

[949] Carta del cardenal Adriano, 21 de marzo (PR, leg. 2, f. I; D, III, 429-430). <<

[950] PR, leg. 4, f. 53, sesión del 2 de abril. <<

[951] Petición del bachiller Francisco Díaz de Campomanes para solicitar su perdón, después de Villalar, s. d. (Mem., leg. 153, f. 146). Francisco Díaz había sido designado, en el mes de marzo, procurador de León en la Junta y era uno de los dos emisarios enviados a Tordesillas en lugar de don Pero Laso y del bachiller de Guadalajara. <<

[952] PR, leg. 4, f. 53, sesión del 7 de abril. <<

[953] Ibid., sesión del 8 de abril. <<

[954] PR, leg. 3, f. 138. <<

[955] Capítulos de fray Francisco de los Ángeles (PR, leg. 3, f. 137; D, III, 262-277). <<

[956] Cf. infra, pp. 532 ss. <<

[957] Carta del licenciado Polanco al emperador, 15 de abril (PR, leg. 3, f. 5). <<

[958] «Que le acuerdo [al emperador] que ninguna cosa que firme, pues por fuerca lo hace, no vale en derecho y, si nos concertamos que es, teniendo por perdido el reyno, para salvárselo» (credencial del almirante para Angelo de Bursa, 28 de marzo; PR, leg. 1, f. 96; D, III, 437). cf. también otras dos cartas del almirante, los días 3 y 15 de abril (ibid., D, III, 559-560 y 598). <<

[959] PR, leg. 3, f. 103. <<

[960] cf. Pero MEJÍA (p. 241) y los documentos publicados por D, VI, 329 ss., sobre el contingente madrileño. <<

[961] PR, leg. 4, f. 54. <<

[962] PR, leg. 5, f. 38. <<

[963] Carta de Francisco Maldonado a la Junta el 5 de abril (D, III, 629). <<

[964] Se puede dar como ejemplo la cédula del 20 de abril autorizando al capitán García Suárez de Parada a reclutar doscientos «onbres de ynfanterfa abentureros» en la región de León: «Por ende, nos vos mandamos que gelos dexedes libremente hyr con vandera tendyda y pífano y atapbor segund costunbre de guerras e nos, por la presente, le damos poder e facultad para que los pueda hazer e rescibir, a los quales nos, por la presente, y el reyno en teatro nonbre, les damos poder e facultad para que puedan fazer e fagan guerra a todos los Grandes e caballeros e personas enemygas del bien público e santo propósito en que las cibdades, villas e logares destos nuestros reynos están, y en sus villas e lugares a fuego y a sangre (…) e les damos campo franco en ellas». (PR, leg. 5, f. 21). <<

[965] PR, leg. 4, f. 51, sesión del 11 de marzo. <<

[966] Carta del condestable, del 28 de marzo (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 440). <<

[967] Carta del conde de Haro, 14 de abril (PR, leg. 1, f. 106; D, III, 587-588). <<

[968] Carta del 9 de abril (D, III, 639-440). <<

[969] Carta del condestable, 27 de febrero (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 241). <<

[970] cf. RGS, 19 de febrero de 1521, y cartas del condestable de 4 y 12 de marzo (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 478 y 400). <<

[971] PR, leg. 4, f. 54, sesiones de los días 21 y 24 de febrero y 16 de marzo. cf. también la carta del condestable del 22 de febrero (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 230-231). <<

[972] RGS, 19 de marzo de 1521, y las cartas del condestable de los días 4 y 12 de marzo (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 478 y 400). <<

[973] cf. RAMÍREZ OLANO, La guerra de los comuneros, pp. 56 ss., y las cartas del condestable del día 28 de marzo (PR, leg. 1, f. 105); del Consejo Real, 22 de abril (PR, leg. 1, f. 45), y de la duquesa de Frías, 23 de abril (PR, leg. 1, f. 21); cf. D, III, 441, 648, 716 y 650. <<

[974] PR, leg. 1, f. D, III, 614). <<

[975] D, III, 631. <<

[976] Carta del condenable del día 12 de abril (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 583-584). <<

[977] El saqueo y la represión de Becerril fueron tales que los virreyes amnistiaron totalmente a esa localidad el 6 de mayo de 1521 (Céd., lib. XLVIII, f. 75 r.). Sobre la lucha en Becerril pueden hallarse otros detalles en la carta escrita por el municipio de Palencia, que se recibió por la Junta al día siguiente de los hechos (PR, leg. 2, f. 111). <<

[978] Carta del Consejo Real, 22 de abril (PR, leg. 1, f. 45; D, III, 646-647). <<

[979] Carta del almirante, 5 de abril (PR, leg. 1, f. 96; D, III, 564-565). <<

[980] Carta a la Junta, 15 de abril (D, III, 634). <<

[981] PR, leg. 4, f. 53, sesión del 13 de abril. <<

[982] Ibid., sesión del 18 de abril. <<

[983] Ibid., sesión del 20 de abril. <<

[984] Relato de la batalla por el conde de Haro en su carta del 24 de mayo (D, III, 747); del cardenal Adriano, carta del 25 de abril (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 749-750), y del almirante, 11 de junio (D, IV, 189-190). La noticia de la victoria de Villalar llegó a Brujas el 20 de mayo; fue un mercader de Burgos, hermano de Francisco de la Torre, quien la llevó (PR, leg. 4, f. 46). El conde de Haro da la cifra de dos mil muertos, mientras que los comerciantes de Burgos hablan de doscientos. Esta última cifra nos parece más verosímil; sin duda, el conde de Haro debió exagerar las pérdidas de las filas de los rebeldes para dar más importancia a la batalla y al papel desempeñado en ella por los señores. <<

[985] Cf. Los grandes y cavalleros que sirvieron a Vuestra Magestad en el convate de Tordesillas y en la batalla de Villalar, lista elaborada por el conde de Haro (PR, leg. 4, f. 64: D, IV, 38). <<

[986] Las Comunidades, p. 224. <<

[987] Casa Real, leg. 397, f. 695, documento que amablemente nos ha comunicado M. van Durme. En un principio se había decidido decapitar a Padilla, Bravo y don Pedro Maldonado, pero este último era el sobrino del conde de Benavente, que se opuso rotundamente a la ejecución. Se dio satisfacción al conde, pero el lugar de don Pedro lo ocupó su primo, Francisco Maldonado. No obstante, don Pedro no escapó al castigo; fue ejecutado en Simancas en 1522 (cf. infra, p. 586). Los cronistas refieren algunas anécdotas sobre los últimos momentos de los jefes comuneros; no podemos garantizar su autenticidad, aunque una tradición constante les presta una cierta consistencia. Cuentan que ante la protesta de Juan Bravo por la condena a muerte por traición, Padilla intervino: «señor Juan Bravo, ayer era día de pelear como caballero y hoy de morir como cristiano»; que Bravo solicitó morir el primero para no ver cómo Padilla subía al cadalso; que Padilla escribió sus cartas de despedida a su mujer y a la ciudad de Toledo (cf. SANDOVAL, pp. 437-439). Una copia de la carta a doña María Pacheco se encuentra en la B. N. de Lisboa (ms. 3776, f. 37 r. y V.), pero no se indica ni el nombre del autor ni el del destinatario. <<

[988] Cartas de Juan Manuel al marqués de Los Vélez, Worms, 8 y 11 de enero de 1521 (Estado, leg. 635, ff. 29 y 30). Estos dos documentos los conocimos gracias a las indicaciones de F. Ruiz Martín. <<

[989] Carta de don Francisco de Mendoza a Carlos V, Alcalá de Henares, 29 de enero de 1521 (Estado, leg. 8, f. 56). <<

[990] A. GONZÁLEZ FALENCIA, Vida de D. Diego Hurtado de Mendoza, I, p. 38. El segundo don Francisco de Mendoza que, en 1521, era administrador del arzobispado de Toledo, estaba emparentado con el primero. Se convertiría en obispo de Zamora; después, en 1528, obispo de Oviedo, y, finalmente, de Paencia (cf. A. POSCHMANN, El cardenal Guillermo de Croy.., p. 221, nota 1). <<

[991] Carta anónima a don Alonso de Ayala, s. f. (según el contexto, puede datarse en los últimos días de enero de 1521), PR, leg. 3, f. 55; D, III, 519; carta de un canónigo de Toledo a don Hernando de Silva, 2 de febrero de 1521 (Estado, lee. 3, f. 283); defensa del maestrescuela don Francisco Álvarez Zapata (D, V, 467). El 11 de septiembre de 1520, la Cancillería de Granada recomendó calurosamente al rey al primer don Francisco, el hermano de doña María Pacheco: «persona ydónea e suficiente (…); será tal persona qual cumpla a servicio de Vuestra Cesárea Magestad»; se le proponía para el arzobispado de Almería o el de Mondoñedo, ambos vacantes (PR, leg. 2, t. 20; D, II, 169-170). <<

[992] cf. POSCHMANN, op. cit., p. 272, y GONZÁLEZ PALENCIA, op. cit., I, p. 13. <<

[993] Sobre este punto seguimos la exposición de AZCONA, Isabel la Católica, pp. 425-448. <<

[994] PR, leg. 4, t. 56, declaración de don Antonio de Acuña. <<

[995] Carta del condestable, 11-12 de febrero de 1521 (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 315). <<

[996] «Mandaron dar provysiones para que el señor obispo de Zamora vaya a la cibdad e reyno de Toledo e entienda e provea como, en tiempo Que el arzobispado estoviere sede vacante, no aya escándalos ni alborotos syno que todo esté en paz y sosyego e se haga en todo ello como el reyno haría». (PR, leg. 4, f. 51, sesión del 7 de febrero de 1521). <<

[997] PR, leg. 4, f. 54 (sesión del 11 de febrero de 1521), y PR, leg. 4, f. 53 (sesión del 12 de febrero de 1521). <<

[998] PR, leg. 4, f. 56, f. 8. <<

[999] Céd., lib. XLVIII, f. 305. <<

[1000] «Mandaron que al obispo de Zamora se le enbie provisión (…) para que sea gobernador del arzobispado de Toledo en lo temporal e que don Francisco de Mendoza no lo sea e le eche de allí e tome las fortalezas e lo tenga todo en paz e buena gobernación». (PR, leg. 4, f. 51, sesión del 11 de marzo de 1521). Copia de la provisión: PR, leg. 4, f. 39 s. f. («Doña Juana e don Carlos […] a vos, D. Antonio de Acuña, obispo de Zamora, del nuestro Consejo, etc.»). <<

[1001] Carta del condestable, 17 de marzo de 1521 (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 422). <<

[1002] «Dize que no huvo para su yda otro ynducimiento de señores, mas dize que, pasando por tierra del duque del Ynfantazgo, que el duque del Ynfantazgo enbió al dicho obispo a requerirle de amistad y capitulación, principalmente queriendo asegurar sus tierras y ofreciéndole al dicho obispo de ayudarle en la governación del arcobispado, y dize el dicho obispo que le respondió que en sus cosas le avía de servir y no enojar, mas que hazer capitulación no convenía a su señoría ni al dicho obispo, avnque rescibiría del merced en lo que le ocurriese». (PR, leg. 4, f. 56, declaración de Acuña). <<

[1003] El cardenal Adriano aseguraba en una carta del 21 de febrero de 1521 que Acuña había entrado en contacto con el marqués de Villena (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 222). El rencor del marqués, vejado por el hecho de que se le mantuviera al margen, aparece claramente en estas cartas al rey, s. f. (D, III, 208-209). <<

[1004] Según don Francisco de Mendoza, «todos los pueblos del arzobispado están de comunidad» (carta del condestable, 25 de febrero de 1521; PR, leg. 1, f. 105; D, III, 237). cf. también la carta, s. f., del marqués de Villena (D, III, 518) y la provisión del condestable, del 26 de marzo de 1521: «trabaja de yndinar a los del pueblo contra los alcaldes del arzobispado». (RGS). <<

[1005] M. DANVILA (III, pp. 670-678) y M. BATAILLON (Sur Florián Docampo) han realizado la exposición de los acontecimientos de Alcalá, basándose especialmente en la información abierta a petición de los maestros Cueto y Licona después de la batalla de Villalar, información tendente a acusar al rector de la Universidad (CR, leg. 542). Nosotros hemos tratado de desenredar la madeja prestando atención a las luchas internas de la Universidad en esta época, que venia a incidir en las luchas políticas (cf. nuestro artículo «L’Université d’Alcalá de Henares en 1520-1521»). El P. V. BELTRAN DE HEREDIA ha consagrado unas excelentes páginas al mismo tema en su libro sobre Domingo de Soto (pp. 35-38). Finalmente, hemos encontrado en Simancas una información abierta a petición del rector, «para provar que el colegio estuvo en seruicio de sus altezas en tiempo de la Comunidad». (CR, leg. 448). Naturalmente, este documento es tan tendencioso como el anterior, pero en sentido inverso. La confrontación de ambos permite hacerse una idea más exacta de lo que realmente sucedió. <<

[1006] CR, leg. 448, declaración de Juan de Cavallas, oficial del dho colegio, confirmada con menos detalles por Alonso de Torres, librero, y el maestro Hernán Pérez (respuestas a la pregunta número 3). La sublevación de Alcalá ya era conocida en Valladolid el 19 de septiembre; se pensaba que don Francisco había sido expulsado, lo cual no era cierto (cf. la carta del embajador portugués, 19 de septiembre; CC, Part. 1, marzo 26, doc. 29). <<

[1007] Ibid., declaración del bachiller Malpartida (respuesta a la pregunta número 3). <<

[1008] Ibid., declaraciones de Antequera, Alonso de Torres y del maestro Pablo Núñez (respuestas a la pregunta número 3). <<

[1009] Estas buenas relaciones entre don Francisco de Mendoza y los comuneros quedan confirmadas por una carta autógrafa de Hernando de Torrejón al jurado Pero Ortega, fechada en Toledo el 1 de enero (¿o febrero?) de 1521 (PR, leg. 3, f. 59); el autor declara haber estado en Alcalá y haber entregado a don Francisco una carta de la Junta. En el texto no aparece signo alguno de animosidad, ni siquiera de desconfianza, en contra del administrador del arzobispado. <<

[1010] Carta del condestable, 11-12 de febrero de 1521 (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 315). La fecha exacta de la expulsión de don Francisco de Mendoza («el día de nuestra señora de la Candelaria») se halla precisada en la información a la que hemos hecho referencia más arriba (CR, leg. 448, declaración de Alonso de Torres, respuesta a la pregunta número 3). <<

[1011] Carta autógrafa del maestro Cueto al duque del Infantado (PR, leg. 1, f. 85). La fecha (3 de marzo de 1321) es la que propone M. BATAILLON artículo citado, p. 41, nota 3) y que, efectivamente, es la más probable. <<

[1012] CR, leg. 542, pregunta número 4: «se avía determinado en capilla por los colegiales que no favoresciessen al obispo ni a ninguna parte, sino que se estuviesen como en monasterio, porque no convenía a su ábito tomar armas» (declaración de Alonso Galindo, estudiante); el rector respondió a don Alonso de Castilla «que él no les podía ayudar sino con oraciones» (declaración de Bernardino de Deza, estudiante); «las armas del colegio eran oraciones» (declaración de Luis de Medina). En su declaración, don Alonso de Castilla confirmó también estos extremos. cf. también la declaración de Juan Díaz, clérigo racionero de Santíuste. <<

[1013] CR, leg. 448, respuestas a la pregunta número 4. <<

[1014] CR, leg. 542, pregunta número 5 y respuestas a esta pregunta. <<

[1015] CR, leg. 448, respuestas a la pregunta número 6. <<

[1016] Ibid., leg. 542, respuestas a la pregunta número 9. Según Hernán Ponce, estudiante, el rector no quería ser aclamado como obispo de Jaén: «una vez vida (…) que el dicho rector mandó a los estudiantes que estavan dando bozes, diziendo: ¡viva el rector, obispo de Jaén!, e les dixo el rector que no dixesen así sino: Biva Acuña, obispo de Zamora, e la villa e la santa Comunidad» (ibid., respuesta a la pregunta número 13). <<

[1017] Ibid., respuesta a la pregunta número 9. <<

[1018] Ibid., declaración de Francisco de Madrid, respuesta a la pregunta número 11. <<

[1019] Ibid., declaración de Francisco Ramírez, canónigo de Santiuste, respuesta a la pregunta número 11. <<

[1020] CR, leg. 448, declaración de Antequera (respuesta a la pregunta número 6), y leg. 542, declaración de don Alonso de Castilla, respuesta a la pregunta número 11. Es cierto que, según este último, después de la partida de Acuña los comuneros de Alcalá destituyeron nuevamente a estos funcionarios. En efecto, acusados de mantener relaciones con el duque del Infantado, el vicario Avellaneda y don Alonso de Castilla fueron maltratados; la casa del segundo fue saqueada y Guzmán de Herrera se convirtió en capitán de la comunidad de Alcalá (ibid., respuesta a la pregunta número 19). Es indudable que el acta de acusación contra Acuña falsea los hechos en lo que se refiere a su paso por Alcalá; he aquí, en efecto, lo que se lee: «en llegando a la villa de Alcalá de Henares (…) la levantó por la comunidad y consintió que robasen las cassas arzobispales de la dicha villa y hizo echar della a los seruidores de sus altezas, y fue a la yglesia de Santi Yuste de aquella villa y, estando él presente, hizo que todos jurasen la comunidad y la juraron en la cruz de la dicha yglesia, y quitó las varas de la justicia y puso otros juezes de su mano y hizieron allí muchos robos y agravios y delictos con su mandado y fabor y aviéndolo él por bueno». (PR, leg. 4, f. 56). <<

[1021] Una copia de la carta del rector al cardenal Adriano figura en el legajo 448 del CR: «Nouerit dominatio tua Rma. episcopum Zamorens. ad nos uenisse et universum populum in suam opiniones facile pellexisse ut cum toletans., matricensibus et alus sentiret; qui sumptis armis (…) mox nonnullos oppido pepulere qui in suspitionem illis veniebant. Ventum est ad nostram universitatem ut nos in eamdem sententiam traherent. Nos vero, titulo ecclie et letrarum nos protegente, egre uasimus eorum suspiiones. Tándem post longam altercationem statult universitatis paci et otio letrarum esse consulendum, doubus tantum articulis firmaba qui obedientie quam regís magestati debemus nihil officerent. Primus articulus fuit procurare commune bonum totius oppidi nec insidias illi moliri. Alter presidio adesae, quantum noster status et conditio patitur, si hestis ad muros impeteret. Rebus in hunc modum compositis et juramento firmatis, nostra universitas viuit pacata et tibi in dies obsequentior». La carta no aparece fechada. <<

[1022] CR, leg. 448, respuestas a la pregunta número 13. <<

[1023] CR, leg. 542, respuesta a la pregunta número 22. <<

[1024] cf. copia de una carta del prior de San Juan a don Francisco de Mendoza, fechada en Ocaña el 10 de junio de 1521 (CR, leg. 542). A este incidente alude la pregunta número 22 de la información solicitada por Cueto y Licona (CR, leg. 542); no se realizó ninguna respuesta exacta. <<

[1025] CR, leg. 448, respuestas a las preguntas números 5, 7, 8, 9 y 11. <<

[1026] El rector habría respondido a los notables que le solicitaban la detención de Hernán Núñez y de Florián, que no representaban verdaderamente a la comunidad de Alcalá, en tanto que Hernán Núñez y Florián eran la verdadera comunidad (CR, leg. 542, respuestas a la pregunta número 40). <<

[1027] Ibid., preguntas números 42 y 43 y las respuestas a estas preguntas <<

[1028] Ibid. <<

[1029] Ibid., declaración de Francisco de Madrid, respuesta a la pregunta número 42; punto confirmado en CR, leg. 448 (declaración del maestro Hernán Pérez, respuesta a la pregunta número 10). <<

[1030] CR, leg. 448, respuestas a las preguntas números 12, 14 y 15. En cambio, no tuvieron éxito los esfuerzos de Cueto y Licona para presentarse como buenos servidores del rey. No podían demostrar más que la existencia de relaciones epistolares con el duque del Infantado (CR, leg. 542, respuestas a las preguntas números 21 y 23). Sobre este asunto y sus consecuencias judiciales, cf. nuestro artículo ya citado y las puntualizaciones de V. BELTRÍN DE HEREDIA, Domingo de Soto. Numerosos documentos en Simancas: Consejo y Junta de Hacienda, leg. 6 antiguo (dos documentos); Mem., leg. 17, s. f. (dos documentos), leg. 140, f. 5; leg. 142, f. 187; leg. 143, s. f.; RGS, 15 de noviembre de 1520 y 24 de abril de 1526; Céd., lib. 52, fs. 133 r., 323 r. y 355 v. <<

[1031] CR, leg. 542, declaración del maestro Jerónimo Ruiz, respuesta a la pregunta número 47. Según la Parte octava de la Crónica Seráfica, impresa en 1737, fuente de FERRER DEL Río (p. 49, nota 1), este sermón habría sido pronunciado durante los funerales de Cisneros en noviembre de 1517. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ (Las Casas, I, p. 413) sigue esta fecha. El testimonio del maestro Jerónimo Ruiz, profesor de Alcalá, colega de Ciruelo y más próximo a los acontecimientos, nos parece más digno de confianza. <<

[1032] Ibid., declaración de Alonso Galindo, estudiante, respuesta a la pregunta número 47. <<

[1033] Ibid., declaración del maestro Jerónimo Ruiz, respuesta a la pregunta número 47 <<

[1034] CR, leg. 448, información anexa. <<

[1035] cf. FERNANDEZ DE RETANA, Cisneros, I, pp. 80-81 y 196-202, según las informaciones y los juicios de Alvar Gómez de Castro, M. BATAILLON (Erasmo…, p. 439, nota 8) identifica a este personaje con fray Bemaldino de Flores; pero fray Bemaldino de Flores estaba en la cárcel en el momento en que se desarrollaban los acontecimientos de Alcalá; cf. infra, página 437. <<

[1036] CR, leg. 542, declaración complementaría de Francisco Gómez, estudiante. <<

[1037] «Albricias, qué capitán soys» (ibid., declaración complementaria de Alonso de Cigales, estudiante, criado de Alonso Pérez de Guzmán). <<

[1038] Ibid., pregunta número 17. Las respuestas son evasivas y los testimonios se limitan a recoger los rumores que circulaban. <<

[1039] «Hazía muchos alborotos» (ibid., declaración complementaría de Rodrigo, alguacil de la Universidad). <<

[1040] Ibid., declaración del maestro Puxbert, respuesta a la pregunta número 47. <<

[1041] Ibid. <<

[1042] Ibid., declaración de Alonso de Ureña, clérigo (respuesta a la pregunta número 40) pero señalemos que él no había oído personalmente estas afirmaciones. <<

[1043] Ibid., numerosos testimonios: Hernán Núñez ofreció doscientos ducados y el mejor corregimiento del arzobispado a don Alonso de Castilla, que rehusó (declaración de don Alonso de Castilla, confirmada por Francisco de Madrid, en lo que respecta a los doscientos ducados, respuestas a la pregunta número 40). No todos se comportaron de igual manera. Así, Francisco de Baestán tenía en su poder dos cartas que le garantizaban cincuenta mil maravedíes de renta (ibid., declaración de Alonso de Prado, respuesta a la pregunta número 40); Francisco de Baena había recibido un ofrecimiento de treinta mil maravedíes de renta para sí y cincuenta mil para su hijo; era a él a quien Hernán Núñez le había aconsejado estar en buenas relaciones con Acuña, «porque el dicho obispo avía de ser arcobispo de Toledo, avnque le pesase al rey e a toda Castilla, porque lo quería tomar por fuerza» (ibid., declaración de Francisco de Baena, respuesta a la pregunta número 40). Citemos también a Pedro de la Torre, a quien Hernán Núñez propuso una renta de treinta mil maravedíes y un cargo de regidor vitalicio en Alcalá, además de veinte mil maravedíes de renta para su hijo, si aceptaba unirse a la comunidad (ibid., declaración de Pedro de la Torre, respuesta a la pregunta número 40); García de la Torre, a quien el comendador griego ofreció quince mil maravedíes y un cargo a su elección (ibid., declaración de García de la Torre, respuesta a la pregunta número 40). Según la información llevada a cabo el 31 de mayo de 1521 por el corregidor de Madrid, había un comisario no identificado que multiplicaba las promesas en Alcalá en nombre de Acuña: «tomó cargo con cartas de creencia de yncitar y levantar a los más principales (…) prometiéndole oficios y salarios». (D., VI, 297). <<

[1044] Ibid., respuesta a la pregunta número 40. <<

[1045] Ibid., declaración de Alonso Galindo, respuesta a la pregunta número 18. <<

[1046] Ibid., declaración de Francisco López, respuesta a la pregunta número 18. <<

[1047] RGS, 6 de enero de 1521. <<

[1048] Carta del almirante, 16 de marzo de 1521 (PR, leg. 1, f. 96; D, III, 418). <<

[1049] Acta de la asamblea general de la comunidad de Toledo, 23 de febrero de 1521 (RAH, col. Salazar, N-44, f. 177 r.; D, III, 329-330). <<

[1050] Propuestas hechas a Toledo por el prior de San Juan el 5 de marzo de 1521, y respuesta de la ciudad de Toledo (D, III, 513-517). <<

[1051] cf. FERNÁNDEZ DURO, Memorias de Zamora. II, p. 305. <<

[1052] cf. el acta de acusación (PR, Ieg. 4, f. 56) y resumida en una carta de Acuña a Valladolid, fechada el 12 de marzo de 1521 (PR, leg. 3, f. 103). Los grandes maestres de la Orden de Santiago gustaban de alojarse en Ocaña, donde poseían un palacio (Cf. SALAZAR Y CASTRO, LOS comendadores…, p. 238). <<

[1053] cf. carta del Consejo de las Órdenes, 15 de enero de 1521 (Mem., Ieg. 141, f. 257), y carta del cardenal Adriano, 4 de enero de 1521 (PR, Ieg. 2, f. 1; D, III, 11). Sobre las relaciones de Ocaña con la Junta, cf. D, II, 595: en noviembre de 1520 la adhesión a la Junta era total; después de la batalla de Tordesillas, los agentes comuneros registraron un descenso del entusiasmo pero creían poder resolver la situación en un sentido favorable a la Junta: en especial, no dudaban en que podían recoger fondos en abundancia; cf. carta de Rodrigo de Alarcón a Juan de Solier, 28 de diciembre de 1520 (PR, leg. 1, f. 9); cartas de Pedro de Castro a Pero Ortega, 20 y 31 de diciembre de 1520 (PR, leg. 1. f. 69), y cartas de Hernando de Torreión a Pero Ortega, 22 y 31 de diciembre de 1520, 1 de enero (¿o 1 de febrero?) de 1521 (PR, leg. 3, f. 59). La alianza con Toledo parecía reforzada en enero de 1521 (cf. D, III, 160). <<

[1054] Actas de la comunidad de Ocaña relativas a las órdenes de pago, copias certificadas como conformes, realizadas a petición de Alonso González de la Cámara, tesorero de las alcabalas en Ocaña, el 8 de julio de 1521 (Contaduría Mayor de Cuentas, 1.a época, leg. 342, s. f.). En virtud de las decisiones tomadas por la asamblea, el tesorero fue invitado, el 8 de marzo, a remitir cincuenta mil maravedíes a la comunidad: «manda la santa comunidad desta noble villa de Ocaña a Alonso González de la Cámara (…) que luego pague a la dicha comunidad cincuenta mili maravedíes de las rentas de las alcavalas de la dicha villa» (ibid.). <<

[1055] cf. las cartas del cardenal Adriano, 18 y 21 de marzo de 1521 (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 423-424 y 428-429), y carta del almirante del 19 de marzo de 1521 (PR, leg. 1, f. 96, ; D, III 425). <<

[1056] Pr, leg. 4, f. 56. Según una carta del cardenal Adriano (21 de marzo de 1521, PR, leg. 2, f. 1; D, III, 429), los comuneros de Valladolid y de Torrelobatón habían celebrado la victoria del obispo de Zamora en Romeral con grandes manifestaciones y juegos públicos. Según MALDONADO (pp. 230-238), Acuña había obtenido en verdad una gran victoria: «quedó dueño del campo»; MEJÍA cree en la derrota de Acuña (p. 246). <<

[1057] Mem., Ieg. 141, f. 220. La carta del prior incluía un informe de Diego López de Ayala sobre los acontecimientos ocurridos en Toledo, que se puede fechar con precisión el 20 de marzo de 1521. Como este informe es la fuente de que se sirve el prior en el momento de escribir la carta al conde de Miranda, se puede fechar esta carta el 30 o el 31 de marzo, lo más tarde. <<

[1058] Cartas del condestable, 7 de abril de 1521 (PR, leg. 1, f. 105; D, III 566-567) y del cardenal Adriano, 8 de abril de 1521 (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 569). Según el acta de acusación de 1524, Acuña habría gritado sobre el Zocodover: «Padilla, Padilla; yo soy el obispo de Zamora». (PR, leg. 4, f. 56). Esta es una indicación de extraordinario valor. Revela el deseo de Acuña de no aparecer como rival de Padilla en una ciudad donde este último contaba con muchos partidarios. cf. además AHN, proceso de Juan Gaitán, declaraciones de Rodrigo Maldonado, Francisco de Morales y Gómez de Sosa, respuestas a la pregunta número 14. <<

[1059] PR, leg. 4, f. 56. <<

[1060] Carta del condestable, 25 de febrero de 1521 (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 237). <<

[1061] «Entre otros despachos que se han de hazer a Roma es prevenir para lo de don Francisco de Mendoza es quien se tiene por cierto que, sy ay elección, ha de ser él por ser hermano de doña María de Pacheco» (carta de don Francisco de Mendoza, administrador del arzobispado, a Chièvres, fechada en Guadalajara, el 12 de marzo de 1521 (Pr, leg. 2, f. 86; D, III, 538). <<

[1062] «Acuña treuaia e insiste que el cabildo (…) le elija por arzobispo y doña María, mujer de Padilla, dizen que insiste por un hermano suyo que esta en Roma» (carta del cardenal Adriano, 28 de marzo de 1521; PR, leg. 2, f. 1; D, III, 435). <<

[1063] Carta a Alcalá de Henares, 28 de marzo de 1521 (Mem., leg. 158, f. 137; D, III, 539). Esta carta fue recibida en Alcalá con demostraciones de alegría y festividades públicas; se hicieron fuegos, bailes de hombres y mujeres; fue entonces cuando Florián de Ocampo reclamó ruidosamente que los traidores fuesen exiliados (CR, leg. 542, declaración de Pedro de la Torre, respuesta a la pregunta número 24). El 30 de marzo, Madrid festejó la noticia con una corrida de Toros (D, V, 532). <<

[1064] Carta del condestable, 28 de marzo de 1521 (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 441). <<

[1065] He aquí dos testimonios significativos: «era muger de gran corazón y fantasía y le paresía que avía de mandar a Castilla y ella fazía al Juan de Padilla, su marido, que fuese muy adelante con la Comunidad contra los caballeros». (Memorias de Sancho COTA, p. 156); «mujer hubo pocos días ha en España, y por ventura es viva, que por querer mandar en lo que no le venía por herencia, puso a su marido, siendo hombre pacífico y muy buen caballero, en parte donde perdió la vida en deservicio de su rey, por quien todo bueno es obligado a perderla; y al fin fue dicho de todo el mundo que con razón fue él castigado del rey, por no haberlo sido de él su mujer». (Luis VIVES, Instrucción de la mujer cristiana). Otra manifestación menos conocida de la ambición personal de Padilla, inspirada probablemente por su mujer, se refiere al adelantamiento de Cazorla. El 2 de enero de 1521, en Medina del Campo Padilla dio, en efecto, poder a su mujer para que tomara posesión en su nombre de este rico cargo: «Juan de Padilla, capitán general del exército (…) de Toledo, otorgo e conozco por esta carta que doy e otorgo mi poder (…) a vos, la señora doña María Pacheco, mi muger, o a quien su poder oviere, especialmente para que por mí e en mi nombre, como yo mismo, podades tomar e tomedes la posesyón virtual e corporal del adelantamiento de Cacorla e villas e fortalezas e de la justicia del dicho adelantamiento e cossas a él anexas e tocantes e pertenescientes (…) e podays quitar adalides e justicias en el dicho adelantamiento e poner adalides e justicias en el dicho adelantamiento e poner a la persona o personas que os pareciere (…) e cobrar todos e cualesquier maravedís» etc. (AHPV, protocolo 6095, f. 869, con firma autógrafa de Padilla). Los mismos poderes sobre el mismo asunto: ibid., f. 870. <<

[1066] AZCONA, Isabel.., pp. 727-731. <<

[1067] Carta del cardenal Adriano, 13 de noviembre de 1521 (PR, Ieg. 2, f. 1; D, III, p. 488). DANVILA comete un tremendo error de lectura al transcribir este documento. Habla del prior y del convento de Veles (?) pero se trata, evidentemente, del prior y del convento de Uclés, tan importante en la historia de la Orden de Santiago. <<

[1068] Declaración del comendador Diego de Torremocha, 14 de enero de 1521 (Estado, leg. 8, f. 26; D, III, 30-31). Se conocía con el nombre de treces a los trece dignatarios más altos de la Orden, nombrados por el gran maestre y los caballeros para velar por los asuntos de la Orden en el intervalo entre la celebración de los capítulos. <<

[1069] Carta del Consejo de las Órdenes, 15 de enero de 1521 (Mem., leg. 141, f. 257; D, III, 25-29). Vemos cómo se equivocaba FERRER DEL RÍO (p. 205, nota) cuando acusaba a Guevara de confabulación a propósito de las veleidades de Padilla sobre el maestrazgo de Santiago; una vez más, Guevara se presenta de nuevo como un cronista, quizás a veces fantasioso, pero siempre exactamente informado. Sobre esta cuestión, cf. la carta autógrafa del prior de Uclés «al muy magnífico señor el señor Juan de Padilla, capitán general de la Comunydad de Castilla»: «muy magníficos señores, Yo estoy determinado de no hazer en esto nada más de lo que le pareciere al comendador Torremocha. Vuestras mercedes hablen con él, que todo lo que el hiziere, aquello será bien hecho y yo no escederé dello en vn tilde y porque Pero Ruiz dirá en todo lo demás lo que acá pasa, a él me remito. Guarde Nuestro Señor las muy magníficas personas y estado de Vuestras Mercedes en su santo seruicio. Desde convento de Veles, XXVII de octubre DXX años. Semidor de v. m., El prior de Veles». (Estado, leg. 8, f. 146). <<

[1070] Otra alusión a la pretensión de Padilla de convertirse en Gran Maestre de la Orden de Santiago puede hallarse en una carta del almirante, fechada el 15 de abril de 1521 (PR, leg. 1, f. 96; D, III, 605). <<

[1071] Carta de Diego López de Ayala al conde de Miranda, fechada en Toledo el 30 de marzo de 1521 (Mem., leg. 141, f. 220). Veamos este párrafo sobre el desengaño de doña María Pacheco: «Diego López de Ribera me a dicho que a sabido muy cierto que doña María Pacheco no fue en la entrada del obispo y que se peló las barbas en ver la parte que es con la comunidad y que ve que le son contrarios en palabras y en obras Hernando e Ávalos y los otros sus servidores y dize que desto no tiene duda y por otra parte yo e visto estotro de arriba». En otra carta, escrita al día siguiente (ibid.), Diego López de Ayala aporta otra precisión sobre el encuentro entre Acuña y doña María el día 31: «acabando de comer, el obispo se fue a casa de Doña María y él y Hernando Dávalos y Antón Álvarez y alcalde mayor y Macuecos y Azevedo estuvieron con doña María hasta casi las tres y don Juan de Ayala que vino anoche; y dizen que se concertaron y están todos a una y que queda el obispo por capitán general y gobernador». El mismo día había corrido el rumor de que don Pero Laso de la Vega se hallaba en San Juan de los Reyes. Inmediatamente acudieron al lugar más de dos mil hombres armados; a pesar de las negativas de los monjes lo registraron todo, mirando incluso debajo de las camas, ya que en Toledo todo el mundo llamaba «el traidor» a don Pero Laso. <<

[1072] Carta del 15 de abril de 1521 (PR, leg. 1, f. 96; D, III 605). Mucho se ha especulado sobre esta frase y otras análogas, en las que ha pretendido verse la prueba de que el obispo de Zamora estaba en colusión con los conversos. Más adelante nos referiremos al problema de los conversos (cf. infra, pp. 502 ss); digamos ahora tan sólo que no nos parece que deba concederse excesiva importancia a una frase como la del almirante, que no es más que una simple ocurrencia del momento. <<

[1073] Citado por A. POSCHMANN, El cardenal de Croy…, p. 273. El breve fue recibido por don Francisco de Mendoza, administrador del arzobispado, a comienzos del mes de marzo (ibid.), breve que fue firmado a petición de Carlos V; cf. GACHARD, Correspondance…, páginas 243-244. <<

[1074] cf. POSCHMANN, op. cit., pp. 274-275. <<

[1075] PR, leg. 4, f. 58. <<

[1076] Esta correspondencia, agrupada en el legajo titulado Cartas de Toledo (PR, leg. 3, f. 109) no lleva amenudo ni fecha exacta, ni firmas ni indicación de los destinatarios. Según se desprende del contexto, estas cartas fueron escritas por los canónigos o por personas que estaban en estrecho contacto con ellos. El estilo es incisivo, con frecuencia irónico con respecto al obispo de Zamora o los jefes comuneros. He aquí la lista de estas cartas, que hemos tratado de fechar en la medida de lo posible:

—carta I, 16 de abril (fecha indicada en el documento);

—carta II, 16 de abril (id.);

—carta III, 16 de abril (id.);

—carta IV, 29 de abril (fecha probable), publicada por HOEFLER, Acuña, pp. 99-105;

—carta V. 30 de abril (id.), publicada por HOEFLER, ibid., pp. 106-108;

—carta VI, 1 de mayo (fecha probable), publicada por HOEFLER, pp. 109-112;

—carta VII, 2 de mayo (fecha probable), en HOEFLER, pp. 113-114;

—carta VIII, escrita por el obispo Campo, s. f. (después del 30 de abril), publicada por HOEFLER, p. 115;

—carta IX, escrita por el obispo Campo, s. f. (después del 30 de abril), publicada por HOEFLER, p. 116;

—carta X, carta del canónigo Palomeque, 4 de mayo (fecha indicada en el documento), publicada por HOEFLER, p. 117.

—carta XI, carta del canónigo Juan Ruiz, el viejo, 3 de mayo (fecha indicada en el documento).

En las notas siguientes, las referencias remiten a esta clasificación.

<<

[1077] PR, leg. 3, f. 109, carta III. <<

[1078] Ibid., carta I. cf. también la acusación lanzada contra Acuña en 1524 (PR, leg. 4, f. 56) en la que resulta un tanto confusa la cronología de los acontecimientos. <<

[1079] cf. especialmente Mem., leg. 137, f. 46: «lo q su magestad manda proveer para el remedio de la hazienda» (del arzobispado de Toledo). <<

[1080] J.-B. PÉREZ, Historia de los arzobispos de Toledo, citado por A. POSCHMANN, El cardenal Guillermo de Croy, pp. 277-278. <<

[1081] PR, leg. 3, f. 109, cartas IV, V VII. VIII y IX. <<

[1082] Acuerdo confirmado por el obispo Campo: «pidieron se hiziese postulación para el obispo de Zamora por quanto ay concordia entre doña María Pacheco y el obispo con ciertos regresos y pensyones, que es cosa de gran risa» (ibid., carta VIII). <<

[1083] Ibid., cartas I, II, IV y V. Sobre la movilización, cf. AHN, Proceso contra Juan Gaitán, declaración de Luis de Segovia, respuesta a la pregunta número 14. <<

[1084] PR, leg. 3, f. 109, cartas I y III. <<

[1085] cf. PR, leg. 4, f. 56; informe del prior de San Juan (Estado, leg. 8, f. 172; D, IV, 65-66), y carta de don Juan de Ribera, 24 de mayo de 1521 (PR, leg. 3, f. 20; D, IV, 84-86). <<

[1086] PR, leg. 3, f. 109, carta XI, relato del canónigo Juan Ruiz el viejo, que afirma haber obtenido tales informaciones de un testigo ocular. ANGHIERA habla de cinco mil víctimas (carta 719). En el acta de acusación contra Acuña se da la cifra de dos mil; en definitiva, este documento hace recaer toda la responsabilidad de la catástrofe sobre Acuña: «fue causa principal que los vezinos de la villa de Mora no se diessen al dicho Prior de San Juan ni se concertasen con él y que fuesen comunidad y ansy lo hizieron con su favor y consejo, y, syendo requeridos por el dicho Prior de San Juan y por el exército real, no lo quisieron hazer y retruxiéronse a la yglesia de la dicha villa, syguiendo la opinión y mandado del dicho obispo, y, desde la yglesia de la dicha villa, comenzaron a pelear y tirar tiros de pólvora y, ansy peleando, se encendió fuego en la dicha yglesia y se quemó la yglesia y más de dos mili personas, hombres y mugeres y niños que en ella estavan». (PR, leg. 4, f. 56). <<

[1087] PR, leg. 3, f. 109, cartas IV y VI. <<

[1088] Ibid., cartas IV, V, VI, VII y XI. He aquí los pasajes más significativos sobre el dolor de la población al conocer la noticia de la muerte de Padilla: «ríase hecho tanto sentimiento en la cibdad, que nunca por príncipe se hizo en el mundo. Están en su casa en su llanto las dos partes de la cibdad, asy ombres como mugeres, de tantos estados que vuestra merced se maravillaría. Cada vno, según lo que haze, paresce que sólo él lo perdió. Andan por las calles repartidas ynfinitas mugeres y mochachos con muy gran llanto, tan doblado en la yglesia mayor y todas las perrochias con mucha sollenidad» (carta VI); «el señor obispo de Zamora vino casi de noche y la primera cosa que mandó fue que tañesen por el ynuinctísimo Juan de Padilla que era fallecido y luego se comenzó tan gran llanto en toda la cibdad que era dolor de oyllo. Y asy Dios me ayude que a todos nos pesó en gran manera de su muerte, porque él no fue la causa dello. Anima eius requiescat m pace» (carta XI). <<

[1089] Ibid., carta VII <<

[1090] Ibid., cartas IV, V, VI y VII. <<

[1091] Ibid., carta III. <<

[1092] Ibid., cartas VIII y IX. <<

[1093] cf. cartas de la duquesa de Frías, Burgos, 25 de mayo de 1521: «el obispo de Zamora está preso». (PR, leg. 1, f. 21; D, IV, 47). «O qual bispo de Zamora vindo como sua estada em Toledo era perigrosa a sus vida, vi… (¿vistió?) ábito de frade muyto proue com dous homenz (…) encima de huma azemila con doze mil cruzados partió secretamente para se pasar em Navarra y dahy em Franza, I pasando a barca de Lodosa, abaixo de Calahorra, foy preso por pessoas que o conheceriáo rezando em hum breviario». (B. N. Lisboa, ms. 7638, folio 160 V.). <<

Notas2

[1094] El perdón de Valladolid se firmó el 26 de abril (Mem., leg. 142, f. 125). El 2 de mayo. Salamanca (PR, leg. 4, f. 19) y Segovia (Mem., leg. 139, f. 154) depusieron su actitud rebelde. Al día siguiente les tocó el turno a León (Menú, leg. 140, f. 75) y Medina del Campo (PR, leg. 4, f. 26), en tanto que los virreyes concedieron una amnistía a Palencia (Ced., lib. 48, f. 56 r.). Ávila había hecho acto de juramento de fidelidad al rey en una fecha indeterminada (PR, leg. 1, f. 28). <<

[1095] Cartas del cardenal Adriano de los días 25 de abril y 1 de mayo de 1521 (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 753 y IV, 7). <<

[1096] El día 11 de mayo, el almirante firmó en Segovia una carta para el monarca (D, IV, 18). <<

[1097] Carta del almirante del día 7 de mayo de 1521 (D, IV, 17). <<

[1098] Carta de don Juan de Acuña al arzobispo de Granada, 7 de mayo de 1521 (Estado, leg. 5, f. 124; D, IV, 77). <<

[1099] Carta del embajador portugués, 23 de septiembre de 1520 (CC, Part. 1, marzo 26, documento 69). <<

[1100] Carta de Pero Ximénez al emperador. Burgos, 24 de enero de 1521 (Estado, leg. 8. f. 45: D, III, 78). <<

[1101] Carta de don Pedro Girón a la Junta, 4 de abril de 1521 (PR, leg. 1, f. 14; D, III, 614). <<

[1102] Cf. P. BOISSONNADE, Histoire de la reunión de la Navarre a la Castille. Es sai sur les relations des princes de Foix-Albret avec la France et l’Espagne (1479-1521), París, A. Picard, 1893, pp. 545 ss. <<

[1103] Seguimos en esto a P. BOISSONNADE op. cit. Sobre la anexión de Navarra en 1512, cf. J. M. DOUSSINAGUE, Fernando el Católico y el cisma de Pisa, Madrid, Espasa-Calpe, 1946, pp. 323-333 y 403-404. Sobre los problemas planteados por la incorporación de Navarra a Castilla, se puede consultar también el artículo de M. TEJADA FERNÁNDEZ (acompañado de bibliografía) en la obra Fernando el Católico. Vida y obra, Zaragoza, 1955, pp. 264-266. <<

[1104] cf. P. BOISSONNADE, op. cit., pp. 545-558. <<

[1105] Archivos departamentales de los Bajos Pirineos, E-564: copia, elaborada en 1523, del acta por la que, en 19 de mayo de 1521, los habitantes reconocieron a Enrique de Albret como rey de Navarra con el nombre de Enrique II. Siguen las peticiones presentadas por la ciudad de Pamplona al señor del Esparre, «lugarteniente y capitán general del rey de Francia y del rey don Henrique». <<

[1106] «Todas las ciudades y villas que estauan rebelles enbian ya gente a costa dellas»; Valladolid envió 1200 hombres; Segovia, 1000; Salamanca, 500; Toro, 300; Palencia, 200; Madrid, 200; Burgos, 600. «Toledo diz que dará mil quinientos infantes y cient lanzas» (carta del cardenal Adriano, 11 de junio de 1521; D, IV, 199). En total, era un ejército de veinticinco mil hombres, cuyo reclutamiento habría sido de la siguiente forma: «In Spain the are 25,000 men going to recover Navarre. The cities Which nad rebelled have yelded and offer a good nomber of men». (Lorenzo Aleandri de Caleazzi to Luigi Aleandro de Galeazzi, Bruselas, 3 de julio de 1521; citado en Letters and Papers, III, núm. 1388, p. 560). <<

[1107] La ciudad de León se negó a enviar soldados so pretexto de que la región contaba con escasos recursos y que había sido devastada por efecto de la guerra civil (D, IV, 239). En Salamanca, el reclutamiento se encontró con una evidente mala voluntad; un primer contingente se hallaba muy descontento por la soldada concedida (carta de Hernando de Loaysa al secretario Castañeda, 15 de junio de 1521; D, IV, 236-237). Los oficiales y soldados de Segovia se dispersaron en la zona de Santo Domingo de la Calzada (carta de García de Casares al cardenal Adriano, 14 de julio de 1521; PR, leg. 2, f. 8). <<

[1108] Don Pedro Girón participó en la campaña de Navarra, luego en la de Fuenterrabía (carta del condestable al emperador, 5 de abril de 1522; Estado, leg. 27, f. 298; D, V, 80). <<

[1109] En julio y septiembre de 1521, los virreyes ordenaron a la ciudad de Madrid que enviara tropas: «que se envíe gente a Navarra». (Codoin, II, p. 315). Relato de la batalla de Nóain en las cartas del almirante y del cardenal al rey de Portugal, 1 de julio de 1521 (CC, Part. L, marzo 27, doc. 24). <<

[1110] Es el sentimiento del almirante (carta del 24 de mayo de 1521; Estado, leg. 5, f. 276) y de Diego Hurtado: «lo de Toledo está peor que nunca, porque con ver a los franceses en la parte que están, por daño que se les haze, ni quieren trato ni oyrlo hasta agora, y como vieron que yvan los gouernadores camino de allá y han parado, están muy más soberuios» (carta al emperador, Burgos, 18 de septiembre de 1521; Estado, leg. 9, f. 3). <<

[1111] cf. ANGHIERA: «LOS franceses, inducidos por la mayoría de los Junteros, principalmente por los toledanos, y de una manera particular por la esposa de Padilla, en la creencia de que este fuego iría en aumento, atravesaron los Pirineos» (carta 721; IV, p. 158). MALDONADO matiza mucho más: «También hubo algunos que sospecharon que el francés fue convidado por los gefes de los plebeyos». (266); «no dejaron de sospechar algunos que Antonio Acuña y María Pacheco habían solicitado a los franceses para que pasasen los Pirineos; pero no es verosímil que quisiesen llamar por señores a otros los que hasta los últimos días jamás habían dudado de la victoria, mayormente cuando después de diligentísimas investigaciones sobre el caso se descubrió que era una fábula». (270). De entre los historiadores modernos, el que admite más claramente la existencia de una colusión es DOUSSINAGUE: «Para juzgar a las Comunidades es indispensable tener presente este punto de vista internacional desde el cual se ve con claridad su partidismo que les fue llevando paulatinamente a poner la pasión de grupo por encima de los intereses nacionales; llegándose finalmente a aceptar una invasión extranjera a condición de destruir la autoridad del propio rey». (La política exterior de España en el siglo XVI, Madrid, Imprenta del Ministerio de Asuntos Exteriores, 1949, p. 136). <<

[1112] Desde que se conoció en la Corte la noticia del levantamiento, Chièvres comenzó a preguntarse si la revuelta no habría sido provocada por Francia (carta de Tunstal a Wolsey, Anvers, 25 de septiembre de 1520; Letters and Papers, III, núm. 991, p. 362). La Corte estaba convencida de que los comuneros de Toledo estaban induciendo a los franceses a invadir Navarra: «Escribes que los toledanos están puestos en tratos con los franceses para que traigan un ejército a Navarra a fin de hartar más plenamente los ánimos sediciosos», responde ANGHIERA al gran canciller (carta 695, IV, p. 84). Cuando se produjo la invasión, estos temores desde luego se confirmaron: «Charles makes two complaints against him [el rey de Francia]: 1) that he is the cause of the commotion in Spain; 2) and touching Navarre». (Instructions to de la Batye what he shall say to the king of England, Letters and Papers, III, núm. 1310, p. 521). Entre los agravios de Carlos V contra Francisco I, hay que destacar éste: «his intentions against Spain are clear from the invasion of Navarre, and his intelligence with the bishop of Samora and the rebel chiefs». (R. Wingfield and Spinelly to Wolsey, Bruselas, 22 de junio de 1521; Letters and Papers, III, núm. 1361, p. 545). A finales de año, el duque de Alba escribía todavía a la reina Catalina que el rey de Francia había inducido a las Comunidades a declararse en rebeldía y que había acudido en su ayuda; es probable, añadía, que en la actualidad mantenga el mismo tipo de relaciones con los rebeldes (28 de diciembre de 1521; Letters and Papers, III, núm. 1909, p. 816). Carlos V estuvo convencido en todo momento de la colusión de los comuneros con los franceses (cf. sus Mémoires, citadas por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La España, p. 189). <<

[1113] En el verano de 1520 el rey de Francia habría enviado emisarios a Castilla para ver si era posible conseguir organizar la huida del mariscal de Navarra, jefe de la fallida expedición de 1516 contra Navarra, y que desde entonces se hallaba prisionero en el castillo de Simancas. El rey advirtió al cardenal Adriano y añadió: «Después somos advertidos más particularmente y de parte muy cierta que el dicho rey de Francia no solamente ha enviado para esto personas propias en Castilla, más aun para ello y para poner mayor conmoción y alteración en los reynos de la que hay» (carta de Carlos V al cardenal Adriano, Bruselas, 27 de septiembre de 1520; RAH, col. Salazar, A-19, f. 249, publicado por MERRIMAN, Carlos V.., p. 71, nota). DANVILA publica esta carta (IV, p. 488), pero la fecha en septiembre de 1521, lo cual es absurdo. El contexto no deja duda posible acerca de ello. <<

[1114] «Yo he sabido del nuncio que en Valladolid le dixo el Pero Lasso que un camarero del rey de Francia ha stado en aquella villa secretamente más de quince días y que de parte del dicho rey ha offrescido a los de la Junta ochocientas lanzas con condición que si quisiessen entrar por el reyno de Navarra que no les hiziesen enpacho en la entrada por allí. No se sabe lo que le han respondido» (carta del cardenal Adriano, 6 de febrero de 1521; PR, leg. 2, f. 1; D, III, 204). <<

[1115] «He sydo avisado (…) que las Comunidades de Castilla traen ynteligencias con el rey de Francia (…). Todo esto que he dicho tengo por avisos de personas que he traydo en Francia y en Bearne y lo de las Comunidades de Castilla por persona natural deste reyno, ques de la parte del hijo del rey don Juan» (carta del duque de Nájera al emperador, 25 de marzo de 1521; Estado, leg. 344, f. 99; publicado por P. BOISSONNADE, op. cit., p. 666). <<

[1116] Después de Villalar, don Juan de Mendoza, hijo del cardenal Mendoza y comunero importante, había podido permanecer algunos días en Valladolid sin ser molestado; no dejaba de alabar al rey de Francia; pretendía haber solicitado a los virreyes un salvoconducto para dirigirse a Francia (carta del licenciado Villa al licenciado Zapata, 16 de agosto de 1521; PR, leg. 3, f. 81). De hecho, él y Diego Ramírez de Guzmán no tardaron en refugiarse en Francia (carta del obispo Fonseca, 9 de junio de 1521; Estado, leg. 9, f. 14; D, IV, 228). Nada prueba, no obstante, que estos comuneros francófilos se alegraran de la invasión de su país. Después de la batalla de Villalar, los jefes de la rebelión no tenían más que una proocupación: caer en el olvido. ¿Qué pensaban acerca de los acontecimientos de Navarra? No tenemos más que los testimonios de sus adversarios, que deben admitirse con reservas. Aportamos uno de los escasos documentos que nos permiten conocer la opinión de los vencidos. El licenciado Francés, funcionario de la Inquisición de Valladolid y comunero, habría afirmado, después del 10 de mayo: «que los Grandes avían querido perder a Navarra por vencer a las Comunidades». (Mem., leg. 140, f. 115). El licenciado Francés no estaba totalmente equivocado, ya que, en efecto, los virreyes habían dejado Navarra desguarnecida para contar con mayor número de efectivos con que hacer frente a los rebeldes comuneros. <<

[1117] Acuña «avía fecho concierto con el rey de Francia e se yva a meter en su reyno». (RGS, 6 de junio de 1521). ¿Estaba realmente concertado Acuña con el rey de Francia? He aquí lo que pensaban los virreyes: «nos parece que, atento lo que se halló en las cartas de los franceses y que se sabe que el obispo tenya aquí un sobrino que dizen que trataua, que ynportaría mucho quel cardenal le hiziese atormentar para saber esto». (Pamplona, 10 de agosto de 1521; Estado, leg. 5, f. 280). En realidad, los virreyes no contaban con ninguna prueba concreta; se trataba de meras sospechas. <<

[1118] El ms. 3779 de la BNM (seudo-Ayora) dice que la Junta escribió a los monarcas de Francia e Inglaterra al mismo tiempo que al rey de Portugal (pasaje citado por R. COSTES, BHi, 1921, p. 99); la correspondencia de la Junta con el rey de Portugal ha llegado hasta nosotros, pero no sucede lo mismo con la que mantuvo con los reyes de Francia e Inglaterra, si es que verdaderamente existió. Este punto no dejaba de intrigar a los virreyes; el cardenal Adriano esperaba con impaciencia las revelaciones que hubiera podido hacer el comunero Saravia antes de ser decapitado en Burgos: «no sabemos ahún lo que ha confesado. De lo que acerca desto supiéremos screuiré a Vuestra Magestad para lo qual hago toda diligencia en saber desta confessión qué tratos tuuo la Junta con el rey de Francia» (carta del 30 de agosto de 1521; D, IV, 394). Al parecer, Saravia nada confesó. <<

[1119] «Los franceses predican libertad», escribió el marqués de Villena con ocasión de la invasión de Navarra (Estado, leg. 2, f. 441). Según otros, los franceses gritaban: «Biva la Santa Comunidad de Castilla e el rey de Francia». (Memorias de Sancho COTA, p. 157). Según el mismo autor, se habrían encontrado a Padilla en Villalar cartas del rey de Francia en las que le comunicaba que no tardaría en acudir en su ayuda (p. 157), lo que no parece que sea cierto. <<

[1120] «Asseguran que en los archivos de Asparrose han sido halladas cartas de ella [doña María Pacheco] y de sus compañeros de rebelión alentando a los franceses para que vinieran». (ANGHIERA, carta 727, IV, p. 182). En realidad, he aquí lo que revelan los documentos de Esparre: «se halló otro capítulo que Vasparros escrevía al rey de Francia en que le dezía que tenía entelegencia con las ciudades de Castilla, e que yo lo creo y su alteza lo deve de creer» (carta del almirante, 10 de julio de 1521; D, IV, 279). Los comuneros estaban en colusión con el rey de Francia y con Enrique de Albret; un partidario del príncipe bearnés lo habría revelado, escribe el duque de Nájera el 22 de julio de 1521 (Estado, leg. 344, ff. 78 y 120, citado por P. BOISSONNADE, op. cit., p. 545). Dado que carecían de pruebas concretas, los virreyes no podían hablar de traición sino en términos de probabilidad: «quando Toledo vio a Navarra perdida y los franceses en el reygno, no oya concierto y piadosamente se puede creer que tratauan con Francia» (respuesta de los virreyes a Diego Hurtado, el 10 de agosto de 1521, Estado, leg. 5, f. 280). cf. también la carta del embajador portugués al rey de Portugal, el 7 de julio de 1521: «Crea Vuestra Alteza que si esta Vitoria no ovieran los governadores, que en Castilla oviera hartas novedades, segund se a visto por cartas que hallaron en poder del capitán general de los franceses, por las quales se halla que su venida dellos fue movida por ser llamados de personas particulares y esto hasta aora muy callado porque dizen que son de calidad que no conviene por aora hablar en ninguna dellas». (CC, Part. 1, marzo 27, doc. 26). <<

[1121] «Estando Toledo tan apretada no ay quien les haga hablar en concierto y cada hora piensan ser socorridos de Francia porque no faltan muchos que allá pasan y entrellos un Nicolás de Losarte» (carta de Diego Hurtado, 4 de septiembre de 1521, Estado, leg. 77, f. 8; D, IV, 458). En el mismo sentido, carta de los virreyes, fechada en Vitoria, 24 de octubre de 1521 (D, IV, 539). <<

[1122] Carta de don Juan de Acuña a los virreyes, fechada en San Sebastián el 22 de octubre de 1521 (D, IV, 615). <<

[1123] Carta del conde de Miranda, s. f. (D, IV, 598). <<

[1124] Las declaraciones de Juan Cerón y de Córdoba se hallan en Simancas, PR, leg. 3, f. 93; han sido utilizadas y publicadas por D, IV, 598-599 y 601-605. La declaración de Cerón fue realizada el 20 de octubre, y la de Córdoba, el 1 de noviembre de 1521. <<

[1125] CR, leg. 268, f. 21, declaración de Francisco de Marañón, respuesta a la pregunta número 4. <<

[1126] Cédula del 24 de enero de 1523: «e ansymismo me consta la dicha doña María Pacheco aver traydo tratos en Francia e aber seydo causa de meter los franceses en el reyno de Navarra». (CM, leg. 377; D, V, 380). <<

[1127] Tres cartas de espías franceses conservadas en la B. N. de París no contienen ninguna alusión a contactos con los comuneros; cf. TH. LECRAND, Lettres icrites de Pampelune par des espions franfais pendant la guerre de Navarre (juillet-aoüt 1521), en Révue du Béarn et du Pays Basque, t. II, 1905, pp. 251-259. <<

[1128] «El concierto que hizo Toledo con el prior, antes que lo supiésemos nosotros lo supo el almirante de Francia, segund nos dixo don Pedro de la Cueua» (carta de los virreyes, Vitoria, 7 de diciembre de 1521, Estado, leg. 9, ff. 142-143). <<

[1129] «Por carta de los franceses vimos que trayan cartas con las Comunidades de Castilla pero no sabemos con quién» (carta del condestable, noviembre de 1521; D, IV, 638). <<

[1130] CR, leg. 268, f. 21: «doña María (…) se fue al alcázar e se encastilló en él e que salía por las calles con mucha gente armada e apellidando: ¡Padilla! ¡Padilla!, e alborotaua la ciudad» (declaración de Diego de la Xara, alguacil, respuesta a la pregunta número 4). <<

[1131] Doña María «fazya e quitaua capitanes e puso sysas e derechos en la cibdad e mandava absolutamente» (ibid., declaración de Diego de Vargas, respuesta a la pregunta número 4). <<

[1132] «Sustentava todos los alborotos e alteraciones desta cibdad con sus criados alborotadores, echándolos por las perrochias, quitando e estorbando la paz e sosyego desta cibdad (…). Muchas vezes, vio el testigo, estando en la congregación, acordando de procurar la paz e el seruicio de su magestad e bien e pro de la cibdad e del reyno todos los diputados e mayor pte dellos, venir criados de la dicha doña María e otros alborotadores, sus allegados, e estorballo» (ibid., declaración de Diego de León, respuesta a la pregunta número 4). <<

[1133] «Todos los medios e partidos se platycavan con ella e los mensajeros que yvan de Toledo yvan de su parte» (ibid., declaración de Per Afán de Ribera, respuesta a la pregunta número 4). <<

[1134] Cartas de Toledo, 2 de mayo de 1521 (PR. leg. 3, f. 109); de don Juan de Acuña, 7 de mayo de 1521 (Estado, leg. 5, f. 124; D, IV, 77). Dos anécdotas demuestran claramente el desánimo que se apoderó de la población al conocer la muerte de Padilla. Francisco Molina, herrador, vecino de Sepúlveda, gritaba: «plegué a Dios que quien le mató pase por la misma manera». Esta indignación le valió el ser condenado a cien latigazos y a ser desterrado de la ciudad (Mem., leg. 139, f. 53; D, IV, 311). Alonso de Peralta, servidor de Padilla, fue aún más lejos; la Inquisición le condenó en 1526 por esta declaración: «Pues Dios había consentido matar a tal hombre como era Juan de Padilla, que él creía que no había Dios ni otra cosa que nascer e morir» (citado por PAZ Y MELIÁ, Padillas y Acuñas, p. 407, nota). J. CARO BAROJA (LOS judíos, I, p. 492) comenta así el caso de Peralta: «la fidelidad del criado, unida a la desbordante admiración hacia el amo famoso, le hacen llegar al ateísmo, cuando el amo es derrotado; y como consecuencia directa del ateísmo, a la negación de la inmortalidad del alma». Quizá esto sea llevar un poco demasiado lejos las implicaciones de un grito salido del corazón, en un estado de emoción. Sería interesante conocer la pena que le impuso la Inquisición. La popularidad de Padilla queda también puesta de manifiesto por el almirante (carta del 12 de mayo; D, IV, 18): «A de saber su alteza que tan vivo tienen oi en los pensamientos a Juan de Padilla como si le viesen como solían». <<

[1135] «El marqués entró, escusó que el obispo de Zamora no saquease la cibdad y las yglesias y fue causa que se fuese» (carta del almirante, 11 de junio de 1521; D, IV, 190-191). <<

[1136] Carta del marqués de Villena, Toledo, 15 de mayo de 1521 (Mem., leg. 140, f. 142; D, IV, 78-80). <<

[1137] No se ha querido confiar en el marqués de Villena, declaró el almirante, que añadía: «querían que el trato fuese por mano de los de Silva» (carta del 11 de mayo; D, IV, 21). <<

[1138] Carta del cardenal Adriano, Segovia, 23 de mayo de 1521 (D, IV, 30). <<

[1139] Carta de los negociadores toledanos, leída en Toledo el 9 de junio de 1521 (AHN, proceso contra Juan Gaitán). <<

[1140] El marqués de Mondéjar declaró haberlo intentado todo para hacer regresar a su hermana, doña María Pacheco, a posiciones de mayor flexibilidad: «escríbeme el que enbié que no ha podido acabar con mi hermana de sacarla de allí, como yo quería. La principal causa deve ser por remediar la hazienda de sus hijos. A mí me parece que para lo que cumple a seruicio del rey nuestro señor sería bien sacarla de allí y para azer merced a mí y a los otros debdos míos que avernos servido devría de pensar en lo que toca a la hazienda de sus hijos. Suplico a vuestra señoría reverendísima que a mí me haga merced de procurar questo de la hazienda de sus hijos de mi hermana se prouea» (carta al cardenal Adriano, 15 de junio de 1521; Mem., leg. 142, f. 40; D, IV, 256). <<

[1141] Carta del almirante, 11 de junio de 1521; el duque de Nájera había acudido a reclamar refuerzos para Navarra: «se fue syn él [el socorro] tenyendo por mayor caudal la azienda de quatro de Toledo que a Navarra y a Castilla». (D, IV, 190-191). A pesar de esta declaración tan explícita, el secretario Zuazola escribió que el almirante no quería ceder en absoluto sobre Toledo (carta del 28 de junio de 1521; PR, leg. 1, f. 81). ¿Hay quizá un lapsus y debe leerse condestable en lugar de almirante? <<

[1142] Carta del marqués de Villena, 22 de mayo de 1521 (D, IV, 82-83). <<

[1143] Carta del marqués de Villena, s. f.: «Ruy Sánchez de Toledo, lo que aves de dezir a su magestad es esto: que yo no entiendo dar satisfación a nynguno de los que an querido dar apasionados sentimientos a mi entrada en Toledo, syno a su cathólica magestad a quien yo tengo de satisfazer y seruir como lo e fecho tan conplidamente como devo (…), porque creo sabe bien que me moví a ello por el seruicio de Dios, de su magestad y por la carta que Mosior de Xebres me escriuió en su nombre y por los ruegos de todos sus seruidores que en la dicha cibdad estauan (…). Y que los que estoruaron que entonces no se tomase asiento con Toledo syguieron más sus proprios yntereses y pasiones que el seruicio de su magestad». (Estado, leg. 9, f. 148). Carlos V, por otra parte, agradecería posteriormente a Villena los servicios prestados (cédula del 8 de julio de 1521; Céd., lib. LVIII, f. 58). <<

[1144] «Toledo todavía está en rebelión. La cabsa de durar tanto fue meterse allí el marqués de Villena al tiempo que se metió», escribía el comendador mayor el 15 de julio de 1521 (Estado, leg. 7, f. 237). Más precisas fueron las acusaciones de Francisco de Marañón, regidor de Toledo: «el dicho señor marqués de Villena fue el primer movedor, después de la muerte del dicho Juan de Padilla, para que esta cibdad se tornase a alborotar». He aquí las razones: 1). Los virreyes reclamaban la cabeza de algunos culpables («pidieron ciertas cabezas»); doña María Pacheco habría dicho al marqués que aceptaba estas condiciones; ella lo resolvería todo («ella le daría el negoscio acabado»); pero había que guardar el secreto en tanto no se hubiera firmado el acuerdo. Pero el marqués no supo guardar silencio: «no obstante esto, se dio parte de todo esto por el dicho señor marqués de Villena a las perrochias, por lo qual el pueblo se puso en grande yndignación, como adelante se vio por yspiriencia». Este argumento no nos parece convincente. Debió ser más bien doña María la que se negó a sacrificar a algunos comuneros notables. 2). Los virreyes habían recomendado al marqués que difundiera la noticia de la invasión francesa; al mismo tiempo le pidieron que reclutara un pequeño contingente para combatir en Navarra. Nuevamente, el marqués no supo ser discreto. Leyó en público la carta de los virreyes; la conclusión de la población fue que la situación de los virreyes había empeorado. Tampoco este segundo punto es convincente. En efecto, ¿cómo se podía mantener en secreto la noticia de que los franceses habían entrado en Navarra? Por otra parte, difícilmente hubiera podido reclutar un ejército el marqués para expulsar a los franceses de Navarra sin revelar que Navarra había resultado invadida. 3). De cualquier modo, se reclutó un contingente en Toledo; al frente se hallaba Marañón, el cual lo puso inmediatamente a disposición del marqués. Según Marañón, no era difícil apoderarse de los puntos estratégicos de la ciudad y restablecer en ella el orden, gracias a estos soldados y con los hombres que el marqués podría introducir en Toledo por la puerta del Cambrón, que guardaba una persona de la plena confianza del marqués. El marqués consideró interesante esta proposición y solicitó que se le permitiera pensar sobre ella: «dixo que le parescía bien pero que aguardase fasta ver en qué parava la cosa». Fue entonces cuando doña María se instaló en el alcázar y reforzó su posición; ya no se podía intentar una operación contra ella (CR, leg. 268, f. 21, declaración de Francisco de Maraión; respuesta a la pregunta número 1). <<

[1145] Una provisión firmada en Logroño por el almirante y el condestable el 15 de junio de 1521 ordenaba al prior de San Juan que prosiguiera las negociaciones con la ciudad de Toledo hasta la conclusión de un acuerdo de sumisión (RGS). Esta orden debió ser anulada antes de ser enviada; en efecto, en la parte superior del documento se lee: nihil. <<

[1146] CR, leg. 268, f. 21, declaración de Francisco de Marañón, respuesta a la pregunta número 4. <<

[1147] AHN, proceso contra Juan Gaitán. <<

[1148] CR, leg. 268, f. 21, y carta del almirante, s. f. (PR, leg. 1, f. 96; D, IV, 392). <<

[1149] Carta de don Juan de Ribera al cardenal Adriano, Illescas, 5 de agosto de 1521 (PR, leg. 3, f. 20; D, IV, 411). <<

[1150] Don Juan de Ribera pidió refuerzos a Madrid en contra de Toledo. Doscientos hombres fueron puestos a su disposición bajo el mando del capitán Castilla, el 20 de julio de 1521 (Codoin, II, pp. 313-314). <<

[1151] Mensaje de Juan Arias Dávila al cardenal Adriano, 24 de agosto de 1521 (PR, leg. 4, f. 34; D, IV, 415-416). <<

[1152] Carta de don Juan de Ribera al cardenal Adriano, Illescas, 5 de agosto de 1521 (PR. leg. 3, f. 20; D, IV 412-413). <<

[1153] Cartas de don Juan de Ribera al cardenal Adriano, Illescas, 14 de agosto de 1521 (PR. leg. 3, f. 20; D, IV, 412-413). <<

[1154] Carta del prior de San Juan, 18 de octubre de 1521 (D, IV, 556-557). <<

[1155] La participación de Garcilaso en la lucha contra los comuneros queda atestiguada por una cédula del 11 de abril de 1522. Por otra parte, don Juan de Ribera certificó el 12 de mayo de 1522 que el poeta resultó herido en el rostro durante la batalla de Olías (Codoin, XVI, pp. 202-203). <<

[1156] Carta del prior de San Juan, 18 de octubre (D, IV, 556-558). <<

[1157] Carta del prior de San Juan a los virreyes, 16 de octubre de 1521 (D, IV, 554-555). <<

[1158] Cartas anónimas, escritas en Toledo los días 14 y 16 de septiembre de 1521 y destinadas a Hernán Vázquez, jurado (Estado, leg. 9, f. 88). <<

[1159] Carta del almirante, 10 de agosto de 1521 (Estado, leg. 5, f. 280). <<

[1160] Carta del prior de San Juan, 18 de octubre de 1521 (D, IV, 556-558), y memoria del marqués de Villena, s. f. (finales de octubre de 1521): «el señor prior de San Juan está sobre la ciudad y tiene su real cerca de San Helizes (…). Por la parte donde está tira a la ciudad con su artillería, aunque haze poco daño». (Estado, leg. 2, f. 441; D, IV, 564-565). <<

[1161] Sobre la crítica situación del ejército del prior, cf. la carta de Diego Hurtado a Carlos V, el 9 de septiembre de 1521 (Estado, leg. 9, f. 4; D, IV, 455-456). La orden de negociar que se le diera al prior había sido firmada en Burgos el 16 de septiembre de 1521: «que su alteza confirma y aprueva lo que fuere concedido y asentado por el prior de San Juan con la cibdad de Toledo». (RGS). Sobre la resignación de los virreyes, cf. la carta del condestable del 24 de septiembre de 1521: «Toledo está tan mala como suele. Al prior (…) emos enbiado poder para concertarse con ellos sy quisieren, guardando lo que conviene a la honra de Vuestra Magestad». (Estado, leg. 12, f. 236; D, IV, 487). <<

[1162] cf. la carta del arzobispo de Bari, La Sisla, 20 de septiembre de 1521 (Estado. leg. 8, f. 136; D, IV, 493-494). Don Esteban Gabriel Merino era arzobispo de Bari desde 1516, obispo de León desde 1517. En 1522, el papa Adriano VI le designó nuncio pontificio en Francia. De 1523 a 1535 fue obispo de Jaén (LAFUENTE, Historia eclesiástica…, V). <<

[1163] Provisión fechada en Burgos el 4 de octubre de 1521, y firmada por el cardenal y el condestable (RGS). Este documento excluía a un cierto número de personas de una eventual amnistía: don Pedro de Ulloa, Hernando de Ávalos, el doctor Martínez, Pero Ortega, Valbuena, Juan de la Torre, el bachiller García de León, Juan Carrillo, Gonzalo Gaitán, etc. <<

[1164] Carta del prior, 16 de octubre (D, IV, 554-555). <<

[1165] Carta del arzobispo de Bari a los virreyes. La Sisla, 18 de octubre de 1521 (PR, leg. 2, f. 90; D, IV, 559-560). <<

[1166] cf. cartas del cardenal Adriano (24 de octubre de 1521; D, IV, 543-546) y del condestable (25 de octubre; Estado, leg. 2, f. 253; D, IV, 553). <<

[1167] Lo que la muy noble cibdad de Toledo pide que se haga V conceda en su favor…, texto publicado por T. GONZÁLEZ, en Codoin, I, pp. 302-310. cf. también AHN, proceso contra Juan Gaitán. <<

[1168] PR, leg. 3, f. 153 (D, IV, 566-572). Este documento comprende: 1). Las propuestas de Toledo transmitidas en el mes de mayo por el marqués de Villena y que fueron examinadas en Ajofrín por los representantes de los virreyes. Estas proposiciones estaban redactadas a menudo en términos idénticos a los del documento citado en la nota precedente, lo que nos confirma la idea de que este último documento refleja la posición de Toledo a finales de mayo de 1521. 2). Las propuestas de Toledo en octubre de 1521. 3). Al margen de cada una de estas propuestas, las observaciones de los virreyes sobre cada artículo. Estas observaciones fueron transmitidas demasiado tarde como para que el prior y el arzobispo de Bari pudieran tomarlas en consideración. Tal era lo que escribió Diego Hurtado el 3 de noviembre: «vino un correo del prior en que dice que a veinte e cinco de octubre hizo el concierto con Toledo conforme a los capítulos que con este correo van, sin las adiciones que iban a las márgenes, porque como no eran llegadas no podía hacerlo sino sin ellas». (D, IV, 634). <<

[1169] Respuesta a los capítulos de Toledo (Codoin, I, pp. 310-313). <<

[1170] Existen dos copias de este documento; la copia de la RAH se ha publicado en Codoin, I, pp. 313-332; la copia de Simancas (PR, leg. 3, f. 154), más completa, ha sido publicada por D, IV, 573-585. <<

[1171] Provisión fechada en Vitoria, el 28 de octubre de 1521, firmada por los tres virreyes y certificada por cuatro miembros del Consejo Real (RGS). <<

[1172] D, IV, 278. <<

[1173] Esta amnistía fue firmada por Juan II en Torrijos el 21 de marzo de 1451; el texto de ella ha sido publicado por E. BENITO RUANO, Toledo…, pp. 216-220. <<

[1174] Naturalmente, el cuerpo de Padilla no fue nunca llevado a Toledo. La revuelta del 3 de febrero de 1522 proporcionó la excusa adecuada para no aplicar esta cláusula del acuerdo del 25 de octubre. Por otra parte, el rencor de Carlos V a su regreso a España llegó hasta pretender confiscar un trozo de brocado que doña María Pacheco había destinado a la sepultura de su esposo; cf. esta cédula dirigida al corregidor de Medina del Campo el 19 de diciembre de 1522: «Yo he sido ynformado que al tiempo que Juan de Padilla (…) fue justiciado, doña María Pacheco, su muger, enbió con vn Pero de Teva vn paño de brocado para ponello sobre la sepultura donde el dicho Juan de Padilla fue enterrado y que el dicho Pero de Teva lo dexó a vn frayle del monesterio de San Francisco desa villa e porque mi voluntad es que se trayga a esta mi corte yo os mando que os ynformays por todas las bías y maneras que os pareciere en cuyo poder quedó y está el dicho paño de brocado y hallándose lo enbieys a esta mi corte para que yo mande lo que del se haga». (Céd., lib. L, f. CCLI r.). <<

[1175] «An hecho muchas alegría y luminarias» (carta de Alonso Bonifaz a los virreyes. 30 de octubre de 1521; PR, leg. 1, f. 41; D, LV, 591). <<

[1176] Carta de Alonso Bonifaz a los virreyes. La Sisla, 31 de octubre de 1521 (PR, leg. 1, f. 41; D, IV, 588). cf. también esta carta del prior a los virreyes, s. f. (29 de octubre de 1521; PR, leg. 2, f. 90). Antonio de la Peña, regidor, había sido comunero, al menos al principio; se le había visto cabalgando en medio de un grupo de notables de la insurrección: «dixo este testigo que en el año de mili e quynientos e veinte años, este testigo vio en esta cibdad al dicho Gutierre López de Padilla que yva cavalgando con Juan de Padilla e yvan con Juan Carrillo, regidor, e Gonzalo Gaytán e Antón Áluarez e Pedro de Marañón el viejo e el licenciado Pedro de Herrera e el regidor Antonio de la Peña e el dicho Juan Carrillo, pasando los canbios de los plateros, alzó el brazo e dixo: dezyd todos como yo. Comunidad, Comunidad». (CR, leg. 268, f. 21; declaración de Gabriel Sereno, respuesta a la pregunta número 5). <<

[1177] «La cibdad fizo tantas alegrías como si les ouieran librado de cautivos» (carta del arzobispo de Bari, 1 de noviembre de 1521; PR, leg. 2, f. 90). <<

[1178] Relación de lo que pasa en Castilla (Estado, leg. 6, f. 38). <<

[1179] Cartas del cardenal Adriano, 5 de diciembre de 1521 (D, IV, 678-482). <<

[1180] Carta de los tres virreyes, 7 de diciembre de 1521 (Estado, leg. 9, ff. 142-143). <<

[1181] «Lo que vos, Hurtado Diez de Mendoza, aveys de hablar de mi parte al prior de San Juan». (Céd., lib. LX, f. 209 V., 19 de diciembre de 1521 D, IV, 697-698). <<

[1182] Provisión firmada en Vitoria el 21 de diciembre de 1521 <<

[1183] Zumel habia pronunciado diversas condenas a muerte; el Consejo Real solicitó, el 22 de enero de 1522, copia de las sentencias ya dictadas (RGS). Hay que señalar que, desde el 30 de octubre, se pensaba en la forma de cambiar el acuerdo en caso de que los virreyes se mostraran en desacuerdo: «ay mili agujeros como ser Vuestras Señorías servidos por donde tornar a salir sobre el corregidor y alcayde de la fortaleza y alcaydes de las puertas» (carta de Alonso Bonifaz a los virreyes, 30 de octubre, PR, leg. 1, f. 41; D, IV, 591). <<

[1184] «Doña María Pacheco, en esto vltimo, ha venido bien en la negociación del concierto y promete y se ofrece de hazer grandes cosas en servicio de sus magestades» (carta del prior, s. f., 29 de octubre; PR, leg. 2, f. 90). <<

[1185] «Le oyó dezir [a Hernando de Ávalos] vn día en la yglesia que nunca avría paz en sus días syno que toda la carne se avía de asar en vn asador e avía de ser toda vna». (CR, leg. 268, f. 21; declaración de Pero Jiménez de la Dueña, respuesta a la pregunta número 16). <<

[1186] Numerosos testimonios en CR, leg. 268, f. 21; cf. las declaraciones de Francisco Marañón, Per Afán de Ribera, Garca de León, Diego de Vargas, Antón Gómez de Gomara y Gabriel Sereno. <<

[1187] Ibid., declaración de Francisco Marañón, respuesta a la pregunta número 13. <<

[1188] Ibid. <<

[1189] Según el relato de un criado de doña María Pacheco, conservado en la biblioteca de El Escorial (ms. V-II-3, ff. 1 r. a 12 r.; existe una copia en la BNM, ms. 6426, ff. 337 ss.; el ms. de El Escorial ha sido resumido por J. QUEVEDO al final de su traducción de J. MALDONADO, pp. 332-336), el origen de la revuelta del 3 de febrero estaría en un trágico malentendido. Al conocer que el cónclave acababa de elegir papa al cardenal Adriano, el capítulo de Toledo organizó celebraciones y festejos populares; caballeros enmascarados recorrían las calles de la ciudad, por la noche, con antorchas. En medio de esta barahúnda, un niño, el hijo de un artesano, creyó que la situación era la misma que la del año anterior, y comenzó a gritar: «¡Padilla! ¡Padilla!». Inmediatamente, el niño fue duramente golpeado. La multitud se reunió entonces; el padre protestó y fue también hecho prisionero y condenado a morir colgado al día siguiente. Doña María y sus partidarios quisieron impedir la ejecución y fue así como estalló la revuelta. Esta versión, tan poco probable, es admitida sin discusión por MERRIMAN, Carlos V., p. 67. <<

[1190] CR, leg. 268, f. 21, declaraciones de Per Afán de Ribera (respuesta a la pregunta número 12), Diego de Vargas (respuesta a la pregunta número 12) y Diego de León; cf. también AHN, proceso contra Juan Gaitán. <<

[1191] CR, leg. 268, f. 21, declaración de García de León. <<

[1192] Ibid., declaraciones de Francisco Marañón y Per Afán de Ribera. <<

[1193] Ibid., declaraciones de Per Afán de Ribera, García de León y Rodrigo de Torres. <<

[1194] Ibid., declaración de Pero Jiménez de la Dueña. <<

[1195] «No se sabe hacia dónde escapó doña María con su hermana, la condesa de Monteagudo. Se supone que fue a Portugal». (ANGHIERA, carta 754, IV, p. 242). Relato de la huida en el ms. citado en la nota 202. <<

[1196] «Lunes, tres de febrero de mili e quinientos e veynte e dos, día de Sant Blas, por los méritos de la Sacrat. Virgen, nuestra señora, el deán e cabildo con todo el clero desta santa yglesia, cavalleros, buenos ciudadanos, con mano armada, juntamente con el arzobispo de Bari que a la sazón tenía la justicia, vencieron a todos los que con color de comunidad tenían esta cibdad tiranizada e plugo a Dios que ansy se hiziese en reconpensa de las muchas ynjurias que a esta santa yglesia e a sus menistros avían hecho e fue esta divina Vitoria cabsa de la total pacificación desta cibdad e de todo el reyno, en la qual con mucha lealtad por mano de los dichos señores fue sentido Dios e la Virgen nuestra señora e la magestad del enperador don Carlos semper augusto rey nuestro señor». (Estado, leg. 8, f. 180; D, V, 44). <<

[1197] CR, leg. 76, f. 8, pregunta número 4: «El doctor Zumel ha sentido muy bien en lo de Toledo e arado de sal las casas de Juan de Padilla» (nota del almirante, s. f.; D, IV, 364). <<

[1198] Carta de Toledo a Carlos V, el 7 de abril de 1522, para ensalzar los méritos del doctor Zumel y su rigor en la represión (PR, leg. 3, f. 55). cf. también esta carta del condestable del 25 de abril de 1522: «después q se vino el arzobispo de Bari quedó el doctor [Zumel] haziendo grandes justicias hasta que la allanó (…). Él es ya partido para acá». (Estado, leg. 27, f. 296; D, V, 81). <<

[1199] La expresión figura en una declaración (CR, leg. 6, f. 4). D, II, 36. <<

[1200] D, II, 36. <<

[1201] PR, leg. 1, f. 105, citado en D, III, 9. <<

[1202] D, V, 623-631. <<

[1203] Carta de La Coruña al emperador, 11 de diciembre de 1520 (PR, leg. 1, f. 79; D, II, 754-756). <<

[1204] PR, leg. 4, f. 1; D, II, 748-753. En su carta, que hemos citado en la nota precedente, La Coruña exponía los motivos que justificaban la creación de una casa de la contratación: «porque demás de ser gran servicio de Vuestra Magestad y provecho de los reynos y contratantes (…) y muy aparejado lugar, ansy por el sitio y oficiales para las naos que en ella ay como por las cosas que para fornymiento e bastimento dellas fueren necesarias se podieran aver muy mejor e más presto que en otra parte». <<

[1205] Carta del conde de Fuensalida al cardenal Adriano, Lugo, 5 de mayo de 1521 (PR, leg. 1, f. 29; D, IV, 156-157). <<

[1206] «Unos vasallos del conde le han ydo a cercar una fortaleza» (carta del almirante al emperador, 16 de marzo de 1521, PR, leg. 1, f. 96; D, III, 414). <<

[1207] Carta del almirante, 15 de abril de 1521 (PR, leg. 1, f. 96; D, III, 594). <<

[1208] PR, leg. 4, f. 31; D, III, 530-533. <<

[1209] L. G. DE VALDEAVELLANO, Instituciones, pp. 245-246. <<

[1210] cf. las cartas del condestable, 14 de noviembre de 1520 (PR, leg. 1, f. 105; D, II, 498), y del cardenal, 16 de enero de 1521 (PR, leg. 2. f. 1; D, III, 38-39). <<

[1211] cf. carta de Badajoz al emperador, 6 de febrero de 1521 (Estado, leg. 8, f. 278), y el punto de vista del almirante (D, III, 250). <<

[1212] RGS, 15 de abril de 1522. <<

[1213] Para lo que sigue, salvo las excepciones que se señalan en la nota, nos atenemos a las informaciones que proporciona el voluminoso dosier remitido a la Junta y que se conserva en Simancas (CR, leg. 4, f. 52) bajo el título Alborotos de Plasencia; algunos extractos han sido publicados por D, II, 139 ss.). <<

[1214] Relato confirmado por Gil Rengifo (carta al cardenal del día 28 de agosto de 1520, PR. leg. 3, f. 16). <<

[1215] Carta de Plasencia a la Junta, 1 de septiembre de 1520 (PR, leg. 3, f. 4; D, II, 134). <<

[1216] En su sesión celebrada el 4 de enero de 1521, la Junta elevó el salario del corregidor de Plasencia, Diego de Anaya, a 200.000 maravedíes anuales (PR, leg. 4, f. 51). <<

[1217] Provisión del cardenal; RGS, 3 de septiembre de 1520. <<

[1218] La expulsión estaba decidida ya el 22 de noviembre de 1520, fecha en la que algunos proscritos pidieron autorización a la Junta para regresar a Plasencia para solucionar sus asuntos personales; la Junta se remitió al corregidor respecto a la decisión a adoptar ante esta petición (Estado, leg. 7, f. 245). cf. además las quejas de los Zúñiga y otros proscritos contra los Carvajal, 14 de mayo de 1521 (Mem. leg. 140, f. 103). Sobre la participación de soldados de Salamanca en la expulsión de los Zúñiga, cf. Mem., leg. 141, f. 415, documento sin fecha. <<

[1219] Provisión, s. f., de la Junta, PR, leg. 5, f. 23. <<

[1220] cf. la queja de los regidores a la Junta, 10 de noviembre de 1520 (PR, leg. 3, f. 222, documento muy mal resumido por D, II, 598). <<

[1221] Memorial de las provisiones que se ha de mandar pa Plasencia (s. f., PR, leg. 5, f. 20). La suerte del obispado de Plasencia preocupaba a la Junta; temía que a la muerte del titular, el cardenal de Santa Cruz, pasara a un hijo del licenciado Vargas, a quien se habían hecho promesas en este sentido (Provisión, s. f., de la Junta, PR, leg. 5, f. 24). <<

[1222] Mensaje, s. f., de Plasencia a la Junta, después de la derrota de Tordesillas (PR, leg. 4, f. 52). <<

[1223] Carta de Plasencia a la Junta, 3 de abril de 1521 (PR, leg. 3, f. 4). <<

[1224] Carta del deán de Salamanca a Diego de Guzmán, 7 de abril de 1521 (PR, leg. 3, f. 34; D, III, 688-689). <<

[1225] El 15 de abril de 1521 el almirante afirmó que los Carvajal estarían bien dispuestos a abandonar el bando de las Comunidades a cambio de ciertas garantías (PR, Ieg. 1, f. 96; D, III, 606). Dado que la rendición no llegaba, el condestable encargó a don Pedro Manrique que reconquistara la ciudad (25 de abril de 1521, Cid., Ub. LVI, f. 71 v.). Sobre el desacuerdo entre el almirante y Vargas acerca de la amnistía y de la represión en Plasencia, cf. la carta dd almirante del 10 de abril de 1522 (Estado, leg. 10, f. 18). <<

[1226] MARAVALL, Comunidades, p. 33. <<

[1227] Cf. supra, p. 173. <<

[1228] Misión de propaganda de Francisco de Anaya a principios del otoño, señalada por P. MEJÍA, p. 184; cédulas del condestable, el 19 de octubre de 1520, para alertar al arzobispo de Sevilla y a los priores de los Dominicos de Sevilla y de Córdoba contra las predicaciones de los monjes de esta orden (Céd., lib. XLVI, f. 39 V.); cédula del condestable del 31 de octubre, denunciando las falsas provisiones que la Junta enviaba a las ciudades de Andalucía (Céd. Ub. XLVI, f. 59 v.). <<

[1229] Carta del cardenal Adriano, 28 de noviembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 517). <<

[1230] ANGHIERA, carta 709 (ed. citada, IV, p. 113). <<

[1231] cf. Pero MEJIA, p. 171, y CR, leg. 80-1-II, f. 4. r. <<

[1232] cf. D, I, 545, y carta del marqués de Mondéjar al emperador, 25 de noviembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 57; D, II, 606). <<

[1233] cf. D, II, 604, cartas del cardenal Adriano, 4 y 7 de enero de 1521 (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 13-14 y 176 ss.). <<

[1234] Cf. POSCHMANN, El cardenal Guillermo de Croy, p. 247. <<

[1235] Carta del presidente y de los auditores de la Chancillería de Granada al cardenal Adriano, 19 de agosto de 1520 (PR, leg. 2, f. 20). <<

[1236] Carta de los mismos al emperador, 11 de septiembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 20; D, II, 169); carta del marqués de Mondéjar, 25 de noviembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 57; D, III, 608). En el mismo momento, el adelantado se ofreció a los virreyes: éstos le dieron el título de capitán del rey, y él se comprometió a reclutar a sus expensas 200 lanzas para combatir a los rebeldes de Jaén y de Úbeda (carta del almirante al condestable, 21 de diciembre de 15301; PR, les. 1, f. 96; D, II, 656). <<

[1237] Carta del marqués de Mondéjar al emperador, 29 de diciembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 57; D, II, 761). <<

[1238] RGS, 24 de mayo de 1522. <<

[1239] POSCHMANN, El Cardenal de Croy, p. 247. <<

[1240] cf. Pero MEJÍA, pp. 171-172; y carta del presidente y de los auditores de la Chancillería de Granada al cardenal Adriano, 19 de agosto de 1520 (PR, leg. 2, f. 20). <<

[1241] CR, leg. 80, f. 1 (proceso emprendido contra Diego Fernández de la Barba, tesorero del municipio de Úbeda, por los gastos realizados en 1520-1521). <<

[1242] La presencia de observadores de Úbeda en la conferencia de La Rambla queda atestiguada por las declaraciones realizadas en el proceso al que hemos hecho referencia en la nota precedente. Sobre la negativa de Úbeda y Baeza a firmar la declaración final, cf. carta de Córdoba a los virreyes, 15 de mayo de 1521 (PR, leg. 1, f. 75). <<

[1243] Carta del presidente y de los auditores de la Cancillería de Granada al emperador, 11 de septiembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 20; D, II. 168-169). <<

[1244] Todo está tranquilo en Andalucía, excepto Úbeda y Baeza, escribía al emperador el 11 de mayo de 1521 don Pedro de Ribera, obispo de Lugo, que acababa de comenzar sus funciones como presidente de la Cnancillería de Granada (PR, leg. 3, f. 19); el 26 de julio, el secretario Zuazola exponía al cardenal Adriano hasta qué punto era preocupante la situación de Úbeda: «que está para saltar en el Andaluzía». (PR, leg. 1, f. 91). <<

[1245] cf. D, II, 273, y las indicaciones aportadas por A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El siglo XVII, p. 260, con referencias bibliográficas. <<

[1246] cf. el proceso abierto por la viuda doña María de Navarrete (CR, leg. 24, f. 2). El comendador Noguera había sido asesinado en enero de 1521 (Estado, leg. 8, f. 272). <<

[1247] Acusaciones de don Diego de Carvajal contra los hermanos Cueva, 2 de septiembre de 1521 (Estado, leg. 8, f. 129); justificaciones en sentido contrario de los dos hermanos el 7 de septiembre de 1521 (PR, leg. 1, f. 88); sobre las agitaciones de Úbeda, cf. además D, IV, 147-154 (encuesta del licenciado Sebastián de Bricianos ordenada por el Consejo Real el 6 de junio de 1522). <<

[1248] Sobre los bandos de Baeza en el siglo XV, cf. A. SERRANO DE HARO, Jorge Manrique, Madrid, Gredos, 1966, pp. 153-160. <<

[1249] Pero MEJÍA, pp. 173-174; información de lo ocurrido en Sevilla el domingo 16 de septiembre (PR, leg. 5, f. 14: encuesta abierta el 24 de noviembre de 1520 por el asistente de Sevilla a petición, de los hermanos García Tello y Juan Gutiérrez Tello, hijos de García Tello, veinticuatro, que querían que fuera hecho público su papel de primer orden en el restablecimiento del orden durante los días 16 y 17 de septiembre). cf. también los documentos publicados por J. HAZAÑAS y LA RÚA, La imprenta, I, p. 211. Un documento de 1536 señala la importancia estratégica de la atarazana de Sevilla, «ques la principal fuerza desta ciudad y de donde al (Estado, leg. 36, f. 228; hemos conocido este documento gracias a tiempo de las alteraciones de las Comunidades de hallí se cobró el alcázar» la gentileza de M. van Durme). <<

[1250] cf. GIMÉNEZ FERNANDEZ, Las Casas, II, p. 952. Documentos que determinan el papel que desempeñara el duque de Medina Sidonia en el restablecimiento del orden en septiembre: Estado, leg. 7, ff. 238, 239, 240. <<

[1251] Discurso de la comunidad de Sevilla, pp. 56-58, fuente principal de GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 952-953. Sobre los lazos que unían al duque de Medina Sidonia con los conversos de Sevilla, cf. C. GUILLÉN, Un padrón, p. 67. <<

[1252] Discurso de la Comunidad de Sevilla, pp. 56-57, fuente de GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 955-956. cf. también la carta de don Luis Cristóbal Ponce de León, duque de Arcos, al cardenal Adriano el 6 de diciembre de 1520: «se lebantó cierta diferencia entre los caballeros y otros cibdadanos de aquella cibdad que tienen oficio en el cabildo, diziendo que son hijos o nietos de reconciliados y que por leyes del reyno no los pueden tener». (PR, leg. 3, f. 6). <<

[1253] PR, leg. 5, f. 14, pregunta número 15 del interrogatorio: «estando en esta cibdad mucha copia de comunidad ayuntada con voluntad de dar vna petición a la cibdad para que les fuese guardado vn preuilegio que publicavan tener, el qual dezía que los excusava de pagar veyntena y almoxarifazgo, con propósito que si no les fuese concedido lo que pedían, de escandalizar el pueblo». <<

[1254] «Don Juan de Figueroa hizo otros actos de querer inducir los ánimos plebeyos a desechar el que llamaba yugo de impuestos y pechos». (Diego ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales eclesiásticos y seculares de Sevilla, t. III, Madrid, Imprenta Real, 1796, p. 317). <<

[1255] El 17 de septiembre de 1520 los tenderos de la rica calle comercial de Génova (muchos de ellos eran conversos) se unieron contra los posibles ataques de los hombres de don Juan de Figueroa: «se dice que ay voluntad determinada de robar e matar a los vezinos desta calle e de otras calles» (documento citado por J. HAZAÑAS y LA RÚA, La imprenta, I, pp. 212-213). <<

[1256] Para GIMÉNEZ FERNÁNDEZ no hay duda de que el movimiento del 16 de septiembre fue ante todo una conspiración aristocrática: «más que movimiento popular fue conspiración entre parte de la grandeza andaluza contra la hegemonía de la casa de Medina Sidonia». (Las Casas, II, p. 934); «extensa conspiración a la vez nobiliaria y demagógica de los Ponces contra los realistas Guzmán y de los cristianos viejos empobrecidos contra los ricos nuevos por lo común conversos» (ibid., p. 942); «instrumento de una conspiración de aristócratas arruinados que revistieron su actuación demagógica de la enseña de la comunidad» (ibid., p. 951-952). Sobre estos aspectos antisemíticos del movimiento, cf. C. GUILLÉN, art. citado, pp. 65 ss. <<

[1257] Un inculpado fue colgado el 13 de octubre, otro el 6 de noviembre (D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, op. cit., p. (300?); Alfoso Redomero fue condenado a muerte el 22 de octubre de 1520, pero apeló y se ignora si fue ejecutado (D, IV, 422-423). El 13 de octubre de 1520 el cardenal Adriano encargó a dos auditores de la Chancillería de Granada y a un alcalde que abrieran una encuesta sobre los acontecimientos de Sevilla (Céd. lib. XLIV, f. CCLX v.); desde Worms, la Corte ordenó el 20 de febrero de 1521 a sus magistrados que prosiguieran con la encuesta de forma exhaustiva: «no salgays della [Sevilla] hasta que agays justicia y sentencyeis e determineys todos los procesos». (Céd., lib. LIII, f. 190 r.). Los sermones del maestro Navarro habrían contribuido mucho a que renaciera la calma en los espíritus (carta del asistente de Sevilla al emperador, 27 de diciembre de 1520, D, II, 770). Sobre la vuelta del orden a la ciudad después del 16 de septiembre, cf. también PR, leg. 3, ff. 176, 177 y 178. <<

[1258] cf. D, II. 763-768, 345-352, 359-363. El duque de Medina Sidonia regresó a Sevilla un mes después (ibid., III, 426). No dejaba de quejarse de la actitud del asistente (Estado, leg. 8, ff. 57 y 58). Sobre este asunto, cf. además PR, leg. 3, f. 149, y Estado, leg. 8, f. 62. <<

[1259] Cf. Estado, leg. 8, f. 44 (D, III, 548); ibid., leg. 8, ff. 71 y 72, y las cartas del almirante del 19 de marzo (PR, leg. 1, f. 96; D, III, 426) y del condestable, el 28 de marzo de 1521 (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 442). <<

[1260] Cf. A. RODRÍGUEZ VILLA, Córdoba y la guerra de las Comunidades. <<

[1261] El relato que sigue está sacado de la creencia de don Francisco Pacheco, procurador en las Cortes de La Coruña, s. f. (PR, leg. 3. f. 185). cf. también D, II. 604-606. <<

[1262] cf. A. RODRÍGUEZ VILLA, op. cit., y D, V, 477. <<

[1263] Cf. Instrucción del marqués de Mondéjar para Francisco Verdugo de lo que ha de dezir a su magt., s. f. (PR, leg. 4, f. 10). Sobre la intervención del marqués de Mondéjar en Cazorla y Baeza, cf. supra, p. 392. A principios del mes de diciembre de 1520, unos setecientos u ochocientos hombres procedentes de la región de Murcia pusieron sitio a Huéscar; a finales de mes se había superado completamente el peligro; cf. las cartas del marqués de Mondéjar al emperador, 6 de diciembre (D, II, 758-759) y 29 de diciembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 57). En Ronda habían surgido ciertas dificultades entre el regimiento y el corregidor, pero se solucionaron rápidamente gracias a la intervención del marqués de Mondéjar; cf. su carta al emperador del 25 de noviembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 57; D, II, 606-607) y la petición del 2 de junio de 1521 firmada por un número de regidores (PR, leg. 3, f. 27). Surgieron otros alborotos, atribuidos sin fundamento a la comunidad, en Baza y Cádiz; cf. SANTA CRUZ, I, p. 370; RGS del 4 de abril de 1522 y D, IV, 145. <<

[1264] Cf. Lo que el marqués de Mondéjar enbió a dezir con criados propios a los cavalleros del Andaluzía, s. f. (PR, leg. 3, f. 160), y carta a las ciudades de Andalucía, 13 de octubre de 1520 (PR, leg. 4, f. 9). <<

[1265] cf. el proceso de residencia de don Diego Osorio, extractos publicados por D, V, 474-475. <<

[1266] A. Rodríguez Villa, op. cit. <<

[1267] Sobre la confederación de La Rambla, cf. especialmente Pero MEJÍA, pp. 229-231; RODRÍGUEZ VILLA, op. cit., pp. 42 ss.; ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales eclesiásticos, III, p. 315; J. GUICHOT Y SIERRA, Historia de Sevilla, Sevilla, 1896, t. II, p. 12; F. LEIVA Y MUÑOZ, Los comuneros de Córdoba, Córdoba, 1870, p. 135. Declaración final en Simancas, PR, leg. 4, f. 11; citamos esta declaración final según la excelente copia que se conserva en los archivos del duque de Medinaceli (Acuerdo de los procuradores de los lugares realengos de Andalucía que se juntaron en La Rambla en tiempo de la Comunidad, Caja 15, número 21), que nos ha proporcionado nuestro amigo P. Ponsot. <<

[1268] Carta de la ciudad de Ecija al emperador, 15 de febrero de 1521 (PR, leg. 1, f. 94). <<

[1269] D, III, 545. <<

[1270] «Estamos todos apercibidos y aparejados» (carta de Murcia a Valladolid, 23 de marzo de 1521; PR, leg. 2, f. 95). <<

[1271] cf. RODRÍGUEZ VILLA, op. cit., pp. 39-41, y Codoin, CXII, pp. 66 y 78. <<

[1272] Carta del condestable, 25 de febrero de 1521 (PR, leg. 1, F. 105; D, III, 236). <<

[1273] E. GONZÁLEZ LÓPEZ, LOS factores económicos, p. 188. <<

[1274] MARAVALL, Comunidades, p. 33. <<

[1275] «Lo que Granada enbió a dezir a las cibdades de Córdova e Sevilla…». (PR, leg. 2, f. 20; D, II, 203). <<

[1276] E. GONZÁLEZ LÓPEZ, op. cit., p. 189. <<

[1277] J. I. GUTIÉRREZ NIETO, LOS conversos, p. 247. <<

[1278] MARAVALL, Comunidades, p. 57: «incomparablemente mayor presión señorial». <<

[1279] Actas de las Cortes de Cádiz, 656. <<

[1280] Cf. supra, pp. 106 ss. <<

[1281] cf. GIMÉNEZ FERNANDEZ, Las Casas, II pp. 13-14 y 932. <<

[1282] 15 de abril de 1521 (PR, leg. I. f. 96; D. III, 594). <<

[1283] Este relato de los acontecimientos de Murcia se apoya en las siguientes fuentes: 1). SANTA CRUZ, I, p. 336. 2). Orden de la misión confiada al alcalde Leguizamo (RGS, 25 de junio de 1520). 3). Informes de Leguizamo al cardenal Adriano, 5 de agosto de 1520 PR, leg. 2, f. 48; D, I, 555-561); al emperador, 1 de octubre de 1520 (PR, leg. 2, f. 48; D, I, 439-441); s. f. (Estado, leg. 8, f. 169; D, II, 443-447). 4). Queja de los regidores y jurados de Murcia, s. f. (PR, leg. 2, f. 95). <<

[1284] RGS, 3 de octubre de 1521. cf. además las quejas de los anticomuneros, Pedro de Vélez y don Diego Dávalos (Mem., leg. 155 y 146, s. f.). <<

[1285] Carta de don Pedro Girón a don Pero Laso, fechada en Sepúlveda el 16 de octubre de 1520 (PR, leg. 2, f. 14; D, II, 324). <<

[1286] Según los informadores de Leguizamo, el marqués de Los Vélez «escrivía cada día cartas a la germanía de Cartagena esforzándola y enbiándoles a decir que estoviesen recios» (informe al cardenal Adriano, 5 de agosto de 1520; PR, leg. 2, f. 48; D, I, 561). Se reprochaba sobre todo a Cartagena: 1) «enviar gente sobre la ciudad de Huéscar»; 2) «quitar las varas a la justicia»; 3) «echar del reyno de Murcia al alcalde Leguizamo». (RGS, 13 de febrero de 1522). La agitación de la zona oriental del dominio de las Órdenes Militares aparece señalada en una carta del Consejo de las Órdenes al emperador, 15 de enero de 1521 (Mem., leg. 141, f. 257; D, III, 26). Los acontecimientos de la sublevación de Lorca se hallan relatados en RGS, 18 de julio de 1520; informe de los hechos y de la persecución de los regidores en RGS, 26 de octubre de 1524. <<

[1287] PR, leg. 2, f. 95 (queja de los regidores). <<

[1288] Informes de Leguizamo citados en la nota 85. <<

[1289] Carta de Juan Manuel al marqués de Los Vélez fechada en Worms, 11 de enero de 1521 (Estado, leg. 635, f. 30, documento que amablemente nos ha dado a conocer nuestro amigo Felipe Ruiz Martín). <<

[1290] G. MARAÑÓN, LOS Tres Vélez. <<

[1291] Sobre los acontecimientos de Huéscar, cf. SANTA CRUZ, I, p. 370; G. MARAÑÓN, op. cit., p. 121; carta del marqués de Mondéjar al emperador, 6 de diciembre de 1520 (D, II, 758-759). Algunos diputados de la ciudad de Murcia se opusieron al marqués de Los Vélez respecto al ataque contra Huéscar (PR, leg. 2, f. 95). Sin embargo, parece que la Junta hubiera aprobado la acción contra Huéscar (PR, leg. 4, f. 55, sesión del 3 de enero de 1521: «mandaron dar a los procuradores de Murcia todas las provisiones que pidieren cerca de lo acontecido sobre lo de Huéscar»). <<

[1292] Informe Leguizamo al cardenal Adriano, 5 de agosto de 1520 (PR, leg. 2, f. 48; D, I, 555 ss.). <<

[1293] Carta del marqués de Los Vélez al cardenal Adriano, 2 de agosto de 1520 (D, I, 555). <<

[1294] Informe Leguizamo al cardenal Adriano, ya citado, 5 de agosto de 1520. <<

[1295] Los comuneros de Murcia fueron amnistiados gracias a la intercesión del marqués de Los Vélez: cf. la protesta de los regidores contra esta amnistía, 20 de julio de 1521 (PR, leg. 2, f. 63; D, IV, 325-326); los regidores mostraron la carta del condestable al marqués fechada el 21 de Junio de 1521, en la que le comunicaba que la amnistía de Murcia era conforme a sus deseos. Sobre la participación del marqués en las operaciones de mantenimiento del orden en Valencia, cf. D, IV, 507-514. <<

[1296] La intervención de los comuneros de Murcia en el reino de Valencia está señalada en RGS, 30 de junio de 1522, y por M. FERNANDEZ ÁLVAREZ, La España, p. 206, que no cita las fuentes. <<

[1297] cf. la cédula del condestable del 21 de febrero de 1521, para poner fin a este tráfico (Céd., lib. XLVIII, f. 289 V.). cf. también infra, pp. 412-413 y nota 110. <<

[1298] E. RAMÍREZ OLANO y V. GONZÁLEZ DE ECHÁVARRI, La guerra de los comuneros en el país vasco. Cf. también Relación de lo que pasó en las montañas de Guipúzcoa y provincia de Álava y ciudad de Vitoria y condado de Vizcaya acerca de las llamadas comunidades. Relación enviada a Florián de Ocampo (RAH, col. Salazar, ms. G-49, ff. 442-449), así como los documentos citados en las notas siguientes. <<

[1299] PR, leg. 1, f. 40. <<

[1300] M. DE UNAMUNO, Paz en la guerra, cap. III. <<

[1301] Cf. supra, p. 40. Jote Ángel GARCÍA DE CORTÁZAR (Vizcaya en el siglo XV. Aspectos económicos y sociales, Bilbao, ed. de la Caja de Ahorros Vizcaína, 1966, p. 480). Trata, sobre todo, del último tercio del siglo xv. <<

[1302] Informe presentado al emperador por las ciudades de San Sebastián, Vergara, Fuenterrabía, Elgóibar, Rentería, Elgueta, Placencia y Salinas, s. f. [primer trimestre de 1521] (DC, leg. 6, f. 110). cf. también la carta del duque de Nájera al emperador, fechada en San Sebastián el 17 de enero de 1521 (D, III, 187-189). <<

[1303] DC, leg. 6, f. 111. <<

[1304] DC, leg. 6, f. 110. Las sentencias del licenciado Acuña fueron anuladas por el duque de Nájera el 12 de abril de 1521, por defecto de forma: «por no goardarse en ellas [las sentencias] la forma y orden judicial segund las leyes y ordenancas reales». (DC, leg. 6, f. 111). <<

[1305] lor <<

[1306] Copia en DC, leg. 6, f. 110. <<

[1307] Ibid. Cf. también las cartas del duque de Nájera, fechadas en San Sebastián el 17 de enero de 1521, y de Hernani, el 21 de enero de 1521 (D, III, 187-189 y 189-190). así como la carta del condestable del 29 de enero de 1521, en la que explicaba al emperador que después de la intervención del duque el orden había vuelto a la provincia (D, III, 153). El duque de Nájera pronunció su sentencia arbitral el 12 de abril de 1521 (DC, leg. 6, f. 111); sentencia aceptada aparentemente, por las dos partes (cf. carta de San Sebastián al emperador: «fueron comprometidas las diferencias que esta villa y las otras sus consortes tenían con la Junta de Hernani en manos del duque de Nájera, el qual pronunció la sentencia», 27 de mayo de 1521; D, IV, 131-132). <<

[1308] DC, leg. 6, f. 110. cf. también la carta de San Sebastián al emperador, del 2 de marzo de 1521 (D, III. 494-498). <<

[1309] Cf. supra, nota 107. <<

[1310] Todos los testimonios están de acuerdo sobre este punto: el grupo de San Sebastián (DC, leg. 6, f. 110), la liga de Hernani (ibid.) y el duque de Nájera (carta del 17 de enero de 1521; D, III, 187-189). <<

[1311] Carta de San Sebastián al emperador, s. f. [después de enero de 1521] (DC, leg. 6, f. 112). <<

[1312] RAMÍREZ OLANO y GONZÁLEZ DE ECHAVARRI, La guerra de los comuneros, pp. 28-29, 44-47. <<

[1313] Ibid., pp. 47-49. <<

[1314] Provisión de la Junta, 29 de octubre de 1520 (PR, leg. 4, f. 81). En el mismo sentido, numerosas provisiones de la Junta: el 29 de octubre de 1520 (PR, leg. 4, f. 82), el 14 de noviembre de 1520 (PR, leg. 4, f. 83), s. f. (PR, leg. 5, f. 54). <<

[1315] Carta del condestable, 14 de noviembre de 1520 (PR, leg. 1, f. 105; D, II, 497), y cédula del 10 de noviembre de 1520 (Céd., lib. XLVI, f. 76 r.). <<

[1316] D, II, 599. <<

[1317] Según RAMÍREZ OLANO y GONZÁLEZ DE ECHAVARRI, el nombramiento habría tenido lugar el 6 de noviembre de 1520 (op. cit., p. 48). El texto citado es el de una minuta de abril de 1521 (PR, leg. 4, f. 40). El conde de Salvatierra mantenía una correspondencia con la comunidad de Valladolid (PR, leg. 4, f. 54, sesión del 24 de noviembre de 1520). En una carta del 4 de enero de 1521, el cardenal Adriano sugería al emperador que procediese, tras la traición del conde, a confiscar su feudo para anexionarlo al dominio real (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 14-16). <<

[1318] El condestable había enviado un contino cerca del conde para intentar convencerle (cédula del 27 de noviembre de 1450; Céd., lib. XLVI, f. 128 V.). Un mes más tarde, el Consejo Real acusó al conde de traición y le conminó a presentarse en Burgos (RGS, 26 y 27 de diciembre de 1520, 7 de enero de 1521). Finalmente, en enero, el licenciado Leguizamo intentará aún una vez más llevar al conde por el buen camino (RGS, 21 de enero de 1521). <<

[1319] cf. D, II, 740-743; RAMÍREZ OLANO y GONZÁLEZ DE ECHAVARRI, op. cit. pp. 49-51, y carta de Diego Martínez de Álava, 31 de diciembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 76). <<

[1320] Cf. supra, pp. 274 ss. y 312. <<

[1321] Cf. supra, p. 312, y carta del condestable del 17 de marzo de 1521 (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 420-423). <<

[1322] Ramírez Olano y González de Echavarri, op. cit., p. 59. <<

[1323] Cédulas del 11 de marzo y del 17 de marzo de 1521, citadas por RAMÍREZ OLANO, op. cit., pp. 57-58. <<

[1324] Ibid., pp. 63-64, y carta del condestable del 28 de marzo de 1521 (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 441). <<

[1325] Cf. supra, p. 313. <<

[1326] FERRER DEL RÍO, p. 168. Una cédula fechada en Zaragoza el 9 de junio de 1518 hace alusión a los desmanes conyugales del conde: «de algunos años a esta parte, no trata a Madama de Salus, su muger, como es razón (…) ni le da los mantenimientos ni otras cosas que ha menester ni haze vida maridable con ella». Una provisión fechada en Medina del Campo el 1 de junio de 1518 condenaba al conde a entregar a su mujer 300.000 maravedíes anuales (RGS). En 1521, la esposa del conde, doña Margarita de Saluces, residía en Vitoria; estaba separada de su marido y el rey la había situado bajo la protección de Diego Martínez de Álava (cf. RAMÍREZ OLANO, op. cit., pp. 60 y 46, donde se encuentra alguna información sobre el carácter iracundo del conde). <<

[1327] Desde 1498, el conde había entrado varias veces en conflicto con las autoridades provinciales (RAMÍREZ OLANO, op. cit., pp. 40 ss.). «El conde fue el paladín de aquellos nobles que sintieron la nostalgia de las banderías y viéndose constreñidos (…), abatida su soberbia, soñaban con volver a tiempos pasados en que impusieron al pueblo su dura coyunda» (ibid., p. 31). En 1506, el rey había ordenado que se abriera una información para examinar las quejas formuladas contra el conde por sus súbditos (GUILARTE, El régimen señorial, p. 245, nota 1). <<

[1328] Desde finales del siglo XV, diversas disputas oponían al conde y al condestable en la región situada entre Ampudia y Cigales sobre ciudades, juros y derechos diversos (DC, leg. 39, f. 6). <<

[1329] Cf. supra, p. 313. <<

[1330] RAMÍREZ OLANO, op. cit., p. 104. <<

[1331] Sobre la situación de Toledo en la época de las Comunidades, numerosas indicaciones pueden hallarse en el proceso contra Juan Gaitán (AHN), especialmente para conocer los jefes comuneros locales, la declaración del maestro Pedro, herrador, testigo citado por Juan Gaitán, respuesta a la pregunta número 3. <<

[1332] Sobre los sucesos del 30 de septiembre de 1520, cf. Mem., leg. 143, s. f. (queja del capellán mayor e capellanes de la capilla que se llama de los Reyes Viejos), y la carta entristecida del licenciado Úbeda, responsable del mantenimiento del orden en Toledo, que resume la impresión desfavorable de Hernando de Ávalos, Juan Carrillo y doña María Pacheco, y que concluye con estas palabras: «la justicia es desacatada». (3 de octubre de 1520; PR, leg. 3, f. 61). cf. también AHN, proceso contra Juan Gaitán. Un privilegio del 30 de junio de 1468 dispensaba a Toledo de pagar la alcabala sobre el vino, el vinagre y el mosto (documento publicado por A. MARTÍN GAMERO, Historia de Toledo, pp. 1056-1057). El precio máximo sobre los géneros fue decidido el 19 de diciembre de 1520 (A. MARTÍN GAMERO, op. cit., p. 1081). <<

[1333] «Esta cibdad, aunque populosa y aparejada a mayores escándalos, ha estado e está muy menos turbada que otras y con mayor deseo de Vuestra Magestad en estos sus reynos y del sosiego y pacificación dellos» (carta del Cabildo de Toledo al emperador, 12 de noviembre de 1520; PR, leg. 4, f. 2; D, II, 593). <<

[1334] Cf. supra, p. 286. <<

[1335] «Don Hernando de Silva anda agora en ciertos tratos de entrar en Toledo por vía de concierto o a fuerza de armas. Hánle escrito agora algunos de aquella ciudad de todo lo que en ella pasa» (carta del cardenal Adriano, 11 de febrero de 1521; PR, leg. 2, f. 1; D, III, 215). <<

[1336] Sobre este incidente se encuentran numerosas declaraciones en el proceso contra Juan Gaitán; cf. también una carta anónima dirigida al jurado Pero Ortega, fechada el 24 de enero de 1521 (PR, leg. 2, f. 102). <<

[1337] cf. AHN, proceso contra Juan Gaitán, declaraciones del licenciado Alonso Ortiz, testigo citado por Juan Gaitán, respuesta a la pregunta número 17: «el día de la Candelaria fueron a sacar los dichos alborotadores de casa de doña María Pacheco»; según Rodrigo Maldonado, testigo de cargo citado por el fiscal Jaime Boti, Juan Gaitán se habría interpuesto entre los dos grupos y habría hecho fracasar, de este modo, la operación (respuesta a la pregunta número 7). <<

[1338] Cf. supra, pp. 350 ss. <<

[1339] La expresión es de E. BENITO RUANO, Toledo, pp. 160-162, que conecta el movimiento comunero con las luchas de bandos que forman la trama de la historia de Toledo en el siglo XV. Nosotros no creemos en absoluto en esta continuidad. En cuanto a las luchas de bandos, ¿cómo admitir que reflejaban únicamente realidades familiares sin relación ninguna con los problemas sociales de una gran ciudad? Sobre los bandos de Toledo, la mejor actualización es la de MARTÍN GAMERO, apéndice a la Relación de ALCOCER, pp. 94-102. <<

[1340] Op. cit., p. 101. <<

[1341] Sobre la gente de ordenanza, cf. supra, pp. 86 ss. Las armas se hallaban almacenadas en casa del licenciado Vargas, donde fueron a tomarlas los comuneros el 20 de junio de 1520 (cf. SANTA CRUZ, I, p. 348, y D, VI, 263-264). <<

[1342] Sobre el acuerdo entre la comunidad y la guarnición del alcázar el 29 de junio de 1520, confirmado al día siguiente por las asambleas parroquiales, cf. los documentos publicados por D, VI, 308-319. <<

[1343] cf. D, VI, 314-319. A pesar de la capitulación del 31 de agosto, algunos comuneros madrileños continuaron desconfiando del alcázar: ¿no iba a ser entregado al duque del Infantado? Por eso surgió la idea, que finalmente no se llevó a la práctica, de confiarlo a los labradores: «mucha razón es que miremos esto del alcácar que se pongan allí quatro o cinco labradores de muy buena fazienda y quel alcalde faga el pleito omenaje al rey y a la comunidad, porque en estos tres meses estamos en más peligro de todo el tiempo que avernos estado» (noviembre de 1520; D, VI, 285-286). <<

[1344] Carta de Madrid al duque del Infantado: «Aora nuevamente an sido ynformados como su señoría a fecho y faze mucho ayuntamiento de gentes y aún se dize ques contra esta villa (…). Suplico a su señoría faga con señalada merced a esta villa questos ayuntamientos de gentes cesen y les faga merced de enbiar a sus casas lo questá apercibido». (11 de marzo de 1521; D, VI, 290). <<

[1345] cf. cédula del 9 de abril de 1521 (Céd., lib. LII, f. 84 V.). <<

[1346] Los virreyes dieron al bachiller Castillo la orden de que evacuara el alcázar (12 de mayo de 1521); la orden fue ejecutada el 15 de mayo (D, VI, 346-349). <<

[1347] cf. pregón del corregidor de Madrid, 12 de julio de 1521 (D, VI, 298). <<

[1348] cf. LAYNA SERRANO, Historia de Guadalajara, III, pp. 69-83; carta de Valladolid a Guadalajara, el 8 de enero de 1521: «pedímosos, señores, por merced que enbien vuestros rocuradores a esta villa para que se junten con los otros procuradores». (PR, leg. 4, 49). <<

[1349] cf. deliberaciones de la Junta, sesión del 12 de febrero de 1521 (PR, leg. 4, f. 51) y provisión de la Junta con fecha del 13 de febrero (PR, leg. 5, f. 48). <<

[1350] Provisión del condestable a Rodrigo Manrique (RGS, 10 de enero de 1521). Una carta de Cuenca al emperador, s. f., atribuía la responsabilidad de cuantos tumultos se habían producido en la ciudad a la intervención de Rodrigo Manrique (PR, leg. 1, f. 84). <<

[1351] Provisión del cardenal Adriano sobre los jurados, 27 de noviembre de 1520; provisión sobre el mercado de los jueves, 1 de diciembre de 1520; Cuenca solicitó al emperador que confirmara estos dos privilegios, s. f. (PR, leg. 1, f. 84). <<

[1352] Deliberación de la Junta el 3 de enero de 1521 (PR, leg. 4, f. 51). <<

[1353] «Por tres vezes salió gente desta cibdad para restituir en su estado al marqués de Moya» (carta de Cuenca al emperador, 5 de abril de 1521; PR, leg. 1, f. 84). Esta acción de Cuenca cootn las maniobras subversivas podría responder a la provisión del Consejo Real en este sentido (RGS, 29 de enero de 1521). <<

[1354] Sobre el levantamiento de Illescas, cf. Céd., lib. XLIV, f. CCLI r. (cédula del 29 de junio de 1520), y RGS, 7 de agosto de 1520. La ciudad de Illescas pertenecía al arzobispado de Toledo. Sobre la situación de Ocaña, cf. RGS, 16 de julio de 1522. <<

[1355] Sobre Padilla y el maestrazgo de Santiago, cf. supra, pp. 333 ss. La situación de conjunto de las Órdenes Militares frente a las Comunidades se examina en una carta del Consejo de las Órdenes, el 15 de enero de 1521; en esta fecha la ofensiva de la Junta había sido claramente limitada (Mem., leg. 141, f. 257; D, III, 25-26). En la época de las Relaciones topográficas, la ciudad de Daimiel se jactaba aún de haber permanecido leal al rey en 1520, en tanto que el campo de Daimiel se unía a la Comunidad (Relaciones topográficas, Daimiel. Transcripción por Amalia SARRIA RUEDA, Ciudad Real, 1961, p. 21). En efecto, el campo de Daimiel era dominio de las Órdenes, y allí los comuneros obtuvieron un éxito total; el 1 de agosto de 1523, el emperador exigió una información exacta respecto a lo ocurrido allí (Céd., lib. LXIV, f. 230 V.). <<

[1356] Deliberación de la Junta el 28 de diciembre de 1520: «mandaron que se escriva a Cibdad Real graciosamente e se les haga saber lo que pasa». (PR, leg. 4, f. 51). ¿Fue efecto de esta propaganda? Tres meses después, el almirante consideraba que la ciudad de Ciudad Real estaba perdida para los virreyes: «estava buena; enbió aquí a pedir ciertas gracias. No se podieron hazer. Levantóse». (16 de marzo de 1521; PR, leg. 1, f. 96; D, III, 417). En enero, el Consejo Real se había enfrentado a la Mesta, que pretendía celebrar su consejo en Ciudad Real, porque consideraba que esta ciudad no ofrecía las necesarias seguridades (RGS, enero de 1521, no se cita el día). <<

[1357] «Los señores y los de las fortalezas que estavan alrededor de la dicha cibdad de Toledo tenporizavan con la dicha cibdad de Toledo (…) porque desta cibdad fueron mensageros al marqués de Villena e a otros señores a les requerir ciertas cosas e que traxero respuestas del dicho marqués e de los otros blanda e amorosa». (AHN, proceso contra Juan Gaitán, declaración de Sancho de la Peña de Espinosa, testigo citado por Juan Gaitán, respuesta a la pregunta número 7). <<

[1358] Sobre la movilización general decretada por Acuña en Toledo, cf. supra, p. 345, y AHN, proceso contra Juan Gaitán, donde se cita una deliberación de la congregación de los diputados de las perrochias, el día 1 de mayo de 1521; Juan Gaitán pidió con insistencia que se le enviaran refuerzos en hombres y dinero a su hermano Gonzalo que estaba combatiendo en la región de Ocaña. Ocaña se había rendido inmediatamente después de Villalar; su amnistía fue firmada el 26 de abril de 1521 (Céd., lib. LVI, f. 73). <<

[1359] El cardenal se limitó a decir a esta delegación que el emperador estaba dispuesto a renunciar al impuesto votado en La Coruña y a volver a los encabezamientos si Salamanca cesaba en su participación en el movimiento insurreccional (1 de agosto de 1520; Céd., lib. XLIV, f. CCLVII). El obispo Acuña había estado en Salamanca, en forma secreta, el 12 de julio (D, I, 433). <<

[1360] Informe del corregidor (D, I, 433, y Man., leg. 153, s. f.). Se observa en Salamanca una muy fuerte animosidad de los populares contra los caballeros (CR, leg. 456, f. 21). <<

[1361] Carta de Salamanca a la Junta, el 28 de agosto de 1520 (PR, leg. 3, f. 33). Sobre el papel que desempeñó Valloria, cf. CR, leg. 456, f. 21: «Valloria, que hera el que más mandava en esta ciudad…» (declaración de Clemente de Tapia, respuesta a la pregunta número 5). <<

[1362] Carta de Salamanca a Valladolid, 15 de octubre de 1520 (PR, leg. 3, f. 33; D, II, 406-409). <<

[1363] «En Ciudad Rodrigo ay gran alboroto, Aguilar y Silvas contra [Pachecos] y Chaves; enbió allá la junta no santa» (carta de Francisco de Mazuelo al condestable, s. f. [finales de septiembre de 1520], PR, leg. 2, f. 78). cf. también PR, leg. 2, f. 9, carta a Bartolomé de Castañeda, 8 de agosto de 1520. <<

[1364] Carta de Salamanca a la Junta, 25 de septiembre de 1520 (PR, leg. 3, f. 33). El 1 de octubre, la Junta emplazó a Antonio del Águila a que hiciera entrega del castillo a la Comunidad; ésta Comenzó el asedio (carta de Ciudad Rodrigo a la Junta. 2 de octubre de 1520; PR, leg. 1. f. 73; D. II, 413-414). <<

[1365] Sobre la elección de nuevos diputados, cf. PR, leg. 4, f. 13; sobre la protesta de estos nuevos diputados contra el movimiento de tropas llegadas de Salamanca, cf. la carta de Ciudad Rodrigo a Salamanca el 3 de octubre (PR, leg. 1, f. 73; D, II, 414-415): cf. además las cartas de Ciudad Rodrigo a la Junta, los dias 6, 9 y 11 de octubre de 1520 (PR, leg. 4, f. 62; D, II, 423 ss.); sobre las reclamaciones de los antiguos diputados apoyados por Salamanca, cf. la carta de Salamanca a la Junta el 4 de octubre de 1520 (PR, leg. 3, f. 33) y PR, leg. 4, f. 62. <<

[1366] cf. la carta del almirante al condestable, el 21 de diciembre de 1520, sobre la posibilidad de enviar un corregidor a Ciudad Rodrigo (PR, leg. 1, f. 96; D, II, 656); en cuanto al corregidor designado por la Junta, fue detenido, pero liberado inmediatamente por orden del almirante y del cardenal Adriano. Contra ello protestó el Consejo Real (carta al emperador, 26 de marzo de 1521; PR, leg. 1, f. 45). <<

[1367] Cf. supra, p. 173. La detención de Juan de Porras y de García Hernández de Ocampo aparecen mencionadas en la RGS, del 26 de agosto de 1520. <<

[1368] Provisión de la Junta contra el conde Alba de Liste y el prior de San Juan, 30 de agosto de 1520 (PR, leg. 1, f. 28; documento publicado por C. FERNÁNDEZ DURO, Memorias de Zamora, II, pp. 289-301). <<

[1369] Carta de Padilla, Bravo, Zapata y Quintanilla a la Junta, el 8 de septiembre de 1520: la Junta les había ordenado poner a disposición del obispo Acuña un número determinado de soldados «contra las personas que desobedeciesen los mandamientos de aquellos amigos de la Junta y que si fuere necesario ir nosotros con todo el ejército lo hiciéramos»; su carta acaba con estas palabras: «procure como aquella ciudad quede libre». (D, II, 117-120). Zamora respondió el 11 de septiembre, afirmando que la ciudad no era víctima de opresión alguna, pero que de todas formas había expulsado al conde y al prior (FERNÁNDEZ DURO, op. ctt., pp. 301-302). <<

[1370] Carta de Zamora a Acuña, s. f.: «suplicamos a vuestra señoría que se acuerde que es nuestro prelado». (PR, leg. 3, f. 88); respuesta de Zamora al ultimátum de Acuña, el 13 de septiembre (PR, leg. 3, f. 88). Algunos días después, Zamora capituló y expulsó a los últimos partidarios del conde. Esta medida fue considerada demasiado dura por la Junta, el 28 de septiembre (PR, leg. 6, f. 37; D I, 534 ss.). En Valladolid no se hacían ilusiones respecto a la forma en que terminaría el conflicto: «La mayor parte de la cibdad es contra el conde» (carta del embajador portugués, 23 de septiembre; CC, part. 1, marzo 26, doc. 71). <<

[1371] Chancillería de Valladolid, escribanía de Quevedo, fenecidos, leg. 108 (proceso contra Francisco de Ocampo). <<

[1372] cf. los documentos publicados por FERNÁNDEZ DURO, op. cit., II, pp. 303 ss. Sobre el proceso contra Cristóbal Marín y Juan de Mercado, cf. Mem., leg. 139, f. 5; sobre Diego de Toro, ibid., s. f. <<

[1373] Carta de Acuña a Valladolid, fechada en Toro el 9 de septiembre de 1520: reclutaba soldados, compraba armas para atacar a los «tiranos enemigos de la república y del servicio de la reyna» (carta citada y resumida por FERNÁNDEZ DURO, op. cit., II, p. 301). <<

[1374] cf. la carta del doctor Valdivielso a la Junta, 25 de octubre de 1520 (PR, leg. 3, f. 65), y carta de Toro a la Junta, 28 de noviembre, explicando que la ciudad no podía emplearse a fondo contra los Grandes a causa de la oposición del corregidor, leal al emperador (D, II, 610-611). <<

[1375] RGS del 12 de febrero de 1522 donde se cita la fecha y las circunstancias de la expulsión, 15 de enero de 1521, «poniéndole pena de muerte si dentro de vna ora no saliese de la dicha cibdad». <<

[1376] E. DÍAZ-JIMÉNEZ y MOLLEDA, Historia de los comuneros de León. <<

[1377] El 27 de septiembre, Ramir Núñez de Guzmán y el conde de Luna se enfrentaron al regimiento sobre el problema de la recaudación de los impuestos; ambos interpretaban de manera diferente una carta de la Junta; el primero pidió que se consultara a las parroquias, y como no entendiera su petición, abandonó la sala (PR, leg. 6, f. 23). <<

[1378] cf. la carta de León a la Junta, 26 de octubre (PR, leg. 1, f. 51) y carta del cardenal Adriano, el 26 de enero de 1521: «procurándolo Ramir Núñez de Guzmán, la ciudad de León ha pregonado guerra a fuego y a sangre contra todos los caballeros que siruen a Vuestra Magestad contra las Comunidades». (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 83). <<

[1379] cf. DÍAZ-JIMÉNEZ, op. cit., documento XLV, p. 192. El clero prestó este juramento el 9 de marzo (ibid., pp. 194-196, documento XLVIII). <<

[1380] D, IV, pp. 239-240: «por fuerza o por voluntad mucha gente de ella fue de opinión de la Junta». <<

[1381] PR, leg. 5, f. 138. <<

[1382] cf. la carta de Ávila a la Junta, 18 de octubre de 1520 (PR, leg. 1, f. 28). <<

[1383] Sobre las gestiones de Suero del Águila y de Diego de Vera para obtener la sumisión de Ávila, a finales de diciembre y principios de enero, cf. D, IV, 312. Valladolid se indignó al conocer que la comunidad de Ávila proyectaba enviar una delegación a Tordesillas a entrevistarse con los virreyes (carta de Ávila del 25 de enero de 1521; PR, leg. 4, f. 49). El 20 de febrero. Valladolid encargó al dominico Bustillo una misión de propaganda en Ávila: «mandaron escribir y escribieron a la ciudad de Ávila rogándoles estén en la unión que an estado y den crédito al maestro Bustillo que va en nonbre del reyno de desta villa». (PR, leg. 4, f. 53). <<

[1384] Sobre el asedio del alcázar y las luchas libradas en la catedral, cf. COLMENARES, pp. 472-473 y 478-479. cf. también Estado, leg. 7, f. 164, y PR, leg. 1, f. 98 (papel del licenciado del Espinar, que avituallaba a los sitiados); sobre los refuerzos, que no llegaron a enviarse, cf. las cartas del condestable, del 4 de diciembre de 1520 (PR, leg. 1, f. 105; D, II, 623), y del cardenal Adriano, 16 de enero de 1521 (D, III, 38 y 145). <<

[1385] Sobre este suceso, cf. la puesta al día aparecida en Estudios segovianos, XIV, 1962, página 293. <<

[1386] «En Segovia, diz que toman los calizes y cruzes de las arcas de las yglesias, las quales les dan los clérigos assí seglares como reglares de muy buena voluntad» (carta del cardenal Adriano, 26 de enero de 1521; PR leg. 2, f. 1; D, III, 82). <<

[1387] El 15 de abril, Segovia comunico a Valladolid que iba a enviar a la lucha a un nuevo contingente de 2500 hombres; la ciudad recomendó que no se cediera al chantaje del almirante: «nos parece (…) quel señor almirante quiere usar con el reyno de formas e cautelas para enflaquecer nuestro santo propósito, lo qual con ayuda de Nuestro Señor no podrá hacer». (D, III, 679). <<

[1388] Sobre la disidencia de Sepúlveda, donde habían acudido don Carlos de Arellano y don Pedro Girón para enrolar a los veteranos de la expedición a Djerba, que se encontraban acantonados en esa población, cf. Céd., lib. 46, f. 40 V., y lib. 46, f. 37 V. Segovia había enviado allí un emisario a mediados de octubre. Se trataba de Gabriel de Villarreal; cuando se presentó Girón en Sepúlveda, la ciudad decidió unirse de inmediato a la Junta (carta de Girón a Segovia, 28 de octubre de 1520; D, II, 406-408). <<

[1389] Sobre los combates que se entablaron en los dominios del conde de Chinchón y la participación de los segovianos, cf. PINEL y MONROY, Retrato del buen vasallo, pp. 339-340, y el ms. 3779 de la BNM (extractos publicados por R. COSTES, en B. Hi., 1921, p. 97). Ver también M. GRAU, Cuando pasó el huracán de las Comunidades. Sobre las diferencias con respecto a los sexmos de Casarrubios y Valdemoro, que se habían quitado a la comunidad de Segovia en 1480 para ser cedidos a la familia Cabrera, cf. M. GRAU, «Un pleito secular de la comunidad y tierra de Segovia.», en Estudios Segovianos, VI, 1954, pp. 243-276. <<

[1390] Cf. Céd. lib. 46, f. 54 r. (30 de octubre de 1520); carta del condestable, 14 de noviembre de 1520 (PR. leg 1, f. 105; D, II, 497-498). <<

[1391] Carta de Aranda al emperador, 9 de enero de 1521 (PR, leg. 1, f. 22). <<

[1392] Cartas de Aranqa la Junta, de los días 9 y 14 de abril de 1521 (PR, leg. 1, f. 22). Don Pedro Girón aseguró a la Junta, el 4 de abril, que Aranda le seguía siendo fiel (PR, leg. 2, f. 14; D. III, 614-615). <<

[1393] S. RODRÍGUEZ SALCEDO, Historia de las comunidades palentinas, trabajo que se basa en documentos de los archivos de Simancas y de Palencia. Seguimos fielmente esta monografía, excepto en los casos en que ofrecemos información complementaria, que se señalan en las notas. <<

[1394] cf. R. CARANDE, El obispo, el concejo y los regidores de Palencia. <<

[1395] cf. CR, leg. 79, f. 2, declaración de Alonso de Herrera. <<

[1396] Carta de fray Bernardino de Flores a la Junta, t. f. (PR, feg. 2, f. 2). Cuando repesaba después de esta misión, fray Bernaldino fue detenido y conducido a Medina de Rioseco, pero, contrariamente a lo que dice SANDOVAL (p. 280 a) no fue ejecutado. Alonso de Saravia, comunero de Valladolid, también había ido a Palencia en nombre de la Junta, probablemente durante el mes de noviembre. Poseemos su informe, s. f., que da fe de la importancia de los medios que se habían dispuesto, ya que Saravia disponía de cuatro secretarios para realizar su propaganda: «avnque a vuestra señoría parezca mucho estado tener quatro secretarios, todo fue menester». (PR, leg. 3, f. 43). <<

[1397] Cf. supra, p. 274, y las cartas del condestable, 2 de enero de 1521 (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 9), y del cardenal Adriano, 4 de enero de 1521 (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 12). RODRÍGUEZ SALCEDO cita la lista de los que fueron expulsados de la ciudad a raíz de la estancia de Acuña en Palencia (op. cit., p. 122). El nombramiento del licenciado de la Torre se realizó el 30 de diciembre: «que se diese provisión para que el licenciado de la Torre, vecino de Palencia, sea alcalde del adelantamiento de Campos con Palencia e que aya e lleve los dineros e salario que los otros alcaldes que an sydo en el dicho adelantamiento». (PR, leg. 4, f. 51). <<

[1398] Carta de Antonio Vaca de Montalvo a la Junta, s. f. (Mem., leg. 142, f. 141). <<

[1399] Sobre Dueñas, cf. infra, p. 462. <<

[1400] Nombramiento del bachiller Zambrano, el 10 de enero de 1521 (PR, leg. 4, f. 51). Zambrano había sido recomendado por la comunidad de Valladolid el 26 de diciembre de 1520: «se acordó que diesen algún cargo al bachiller Zambrano pues avía sido y hera servidor de la Junta». (PR, leg. 4, f. 54). La Junta había enviado asimismo al licenciado García Pérez de Urrezca como corregidor de la Merindad de Campo (PR, leg. 5, f. 47). En Paredes, la comunidad recibió el apoyo incondicional del licenciado Pero Gutiérrez de los Ríos, clérigo beneficiado de la yglesia de San Martín de la villa de Paredes (Mem., leg. 139, f. 108). Toda la región de las behetrías estaba bajo la autoridad de la Junta; cf. la provisión del 30 de abril de 1521: «por parte de la Junta aveys sido ynduzidos que vos junteys con ellos e con las cibdades e villas que so color de comunidades están rebeladas (…) e aveys repartido e repartys entre dos casas vn onbre para los enbiar…». (RGS). <<

[1401] Dos informes de Palencia a la Junta, fechados ambos el 17 de febrero de 1521 (Mem., leg. 139, fs. 304 y 305, publicados por RODRÍGUEZ SALCEDO, op. cit., pp. 169-172, y por D, Ifl, 334-336). <<

[1402] En el mes de noviembre, la Junta había tratado, en vano, de que Carrión se enrolara en sus filas (cf. RGS. 12 de noviembre de 1520, y carta del condestable, 14 de noviembre de 1520, PR, leg. 1, f. 105; D, II, 497). Sobre el levantamiento y la rendición de Juan de Mendoza, cf. las cartas del cardenal Adriano, 21 de marzo de 1521 (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 430) y del condestable, 28 de marzo de 1521 (PR, leg. 1, f. 105; D, III, 442). El licenciado Uceda había sido alcalde comunero de Carrión (RGS, 13 de julio de 1521). <<

[1403] Carta de Palencia a la Junta, 5 de abril de 1521 (PR, leg. 2, f. 111). <<

[1404] CR, leg. 451, f. 7. <<

[1405] Cf. supra, p. 178. Sobre la dictadura de Bobadilla, cf. ANGHIERA, IV, pp. 52-53. <<

[1406] PR, leg. 3, f. 161. <<

[1407] CR, leg. 161, f. 3, pregunta número 4. <<

[1408] Sobre los desórdenes del mes de enero, cf. PR, leg. 5, f. 133, y Mem., leg. 142, f. 140; D, III, 129-132, publica algunos extractos del primero de estos documentos. <<

[1409] Estado, leg. 8, f. 61. <<

[1410] Sobre el sitio de Alaejos, cf. PR, leg. 5, f. 75; D, II, 485, 611, III, 32, y COSTES, en B. HL, 1921, pp. 105-107. <<

[1411] Cf. supra, pp. 211 ss. <<

[1412] cf., PR, leg. 4, f. 49, y PR, leg. 4, f. 54, sesión del 2 de enero de 1521. <<

[1413] PR, leg. 4, f. 49, carta a Dueñas, 2 de enero de 1521. <<

[1414] Cf. supra, pp. 279 ss. <<

[1415] Carta del doctor Beltrán, Estado, leg. 8, f. 67; D, III, 299-300. <<

[1416] Cf. D, III, 465-466, 533-535. Naturalmente, la acción de la comunidad de Valladolid se ejercía también sobre toda la región vecina: Portillo, Fuensaldaña, Cabezón, etc. Todas estas localidades experimentaban intensamente su influencia y se sometían a su autoridad (Cf., PR, leg. 4 f. 54 passim). <<

[1417] La cifra que había que entregar al almirante por todos los daños causados en Torrelobatón era superior a un millón de maravedíes; cf. infra, p. 653. <<

[1418] Cf. supra, pp. 203 ss. <<

[1419] Cf. supra, pp. 205 y 276. <<

[1420] Estado, leg. 8, f. 40 (D, III, 68). <<

[1421] PR, leg. 3, f. 133. Sobre las concesiones cf. PR, leg. 1, f. 45; leg. 3, f. 134; leg. 4, f. 24 y leg. 4, f. 25. Entre aquellos de quienes el condestable dio buenas referencias al emperador, so pretexto de que habían facilitado su tarea, figuraban en un lugar importante algunos comerciantes, junto a otros caballeros (Estado, leg. 8, f. 160). Carlos V ya había escrito a algunas de estos notables, el 19 de agosto de 1520, para animarles a que permanecieran vigilantes (Céd., lib. 41, f. 149 r.); en una nueva carta escrita desde Colonia el 13 de diciembre de 1520, aseguró nuevamente a los comerciantes de Burgos que podían contar con su total comprensión y buena disposición (ibid., lib. 40, f. 320 V.); lo mismo ocurrió el 17 de diciembre, esta vez desde Worms (ibid., lib. 41, f. 183 r.). Muchos mercaderes de Burgos fueron denunciados en Valladolid, adjudicándoles el calificativo de traidores, en el curso de una solemne ceremonia (carta del Consejo Real, 26 de marzo de 1521, PR, leg. 1, f. 45). <<

[1422] MALDONADO, p. 218, opone a los artesanos y la confusa multitud del pueblo, sin gefe, a los mercaderes, el alto clero y los nobles. A. SALVA (Burgos en las Comunidades) se ocupa también de este tema. Cf. también GIMÉNEZ FERNANDEZ, Las Casas, II, p. 102, y MARAVALL, Comunidades, pp. 111, 142 y 144-145. Sobre la actitud de Burgos en 1517 y 1518, cf. supra, pp. 107 ss. <<

[1423] «En el abandono de la causa de las Comunidades por Burgos hay que ver, en su raíz, sus celos frente al caudillaje que en la revolución parecía asumir Toledo». (M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La España, p. 172). <<

[1424] PR, leg. 3, f. 49. <<

[1425] D, II, 429-430. <<

[1426] D, II, 498, y III, 161. Soria no contestó a la carta de Valladolid, que, con fecha del 8 de enero de 1521, le invitó a enviar nuevos representantes a la Junta (PR, leg. 4, f. 49). <<

[1427] PR, leg. 3. f. 38; RGS. 24 de mayo de 1521. <<

[1428] La información que se llevó a cabo en 1514 ofreció la conclusión de que el condestable no poseía derecho alguno que le autorizase a percibir derechos señoriales (portazgos, setenas, homicillos, sangres, fuerzas, etc.) en las Merindades, pero que una tradición muy antigua le autorizaba a hacerlo (CR, leg. 84, f. 2). <<

[1429] PR, leg. 4, f. 84: K. ti, 585 ss. <<

[1430] PR, leg. 3, f. 128, 130; PR, leg. 4, f. 51, sesión del 10 de febrero; RGS, 11 y 12 de enero de 1521, 18 y 22 de abril de 1521. <<

[1431] RGS, 21 y 27 de marzo de 1521, 18 y 22 de abril de 1521; D, II, 310-312 y 631-632; PR, leg. 3, fs. 14 y 131. PEREDA hace alusión a los ecos que tuvo la revuelta de las Comunidades en la Merindad de Campos, en la zona de Reinosa (Peñas arriba). <<

[1432] M. CRIADO DE VAL, Teoría de Castilla la Nueva, p. 13. <<

[1433] Ibid., p. 30. <<

[1434] Ibid., p. 70. <<

[1435] Ibid., p. 101. <<

[1436] Cf. supra, pp. 11 ss. <<

[1437] P. 268 a. <<

[1438] No hay duda de que asistía a las sesiones de la Junta en Tordesillas (cf. supra, p. 184) pero no es seguro que lo hubiera hecho en Ávila. <<

[1439] I, pp. 303 y 308-309. <<

[1440] G. MARAÑÓN, Antonio Pérez, I, p. 126; Los castillos, pp. 4 y 7; Los Tres Vélez, p. 45. <<

[1441] Carta del 18 de septiembre de 1520 (D, II, 187). <<

[1442] AHN, proceso contra Juan Gaitán, declaración de Francisco Ramírez de Sosa, alcalde ordinario, respuesta a la pregunta número 4. <<

[1443] Ibid., declaración de Juan de Toledo. <<

[1444] Crónica de D. Francesillo de ZÚÑIGA, p. 13 b. <<

[1445] Carta de Granada a Sevilla y Córdoba, s. f. (PR, leg. 2, f. 20; D, II, 203-204). <<

[1446] Carta del doctor Villalobos, 22 de enero de 1521 (Algunas obras, pp. 52-53). La misma opinión manifiesta SIGÜENZA: «Sucedió en este tiempo en España aquella afrentosa rebuelta que todos saben de las Comunidades; fue creciendo el furor y desatino de la gente popular, bestia sin freno, en las ciudades principales della, hasta llegar a hazerse guerras civiles, levantando banderas contra su rey y señor natural». (Historia de la Orden de San Jerónimo, p. 12 a). En el siglo XVII, GRACIAN veía las Comunidades como una empresa demagógica y anárquica (Criticón, col. «Austral», pp. 182-252). <<

[1447] «Es venida la cosa a tales términos que ninguna cosa de ninguna calidad que sea se despacha que no se comunique con quantos cerrajeros y capateros ay en la cibdad» (carta del condestable, 2 de enero de 1521; D, II, 9). <<

[1448] AHN, proceso centra Juan Gaitán, declaración del maestro Pedro, herrador. <<

[1449] «No aprovechava ningund bueno yr a la perrochia a dezir su yntención el más ruyn capatero que en ella lo contradixese valía más que lo que ninguna bueno dixese» (ibid., declaración de Sancho de la Peña de Espinosa). <<

[1450] Cf. E. J. HOBSBAWN, Les Primitifs de la révotte dans l’Europe modeme. Trad. francesa, París, Fayard, 1966, principalmente las pp. 127-143 (La joule urbaine et les émeutes). <<

[1451] Cf. supra, pp. 440 ss. <<

[1452] Cf. supra, pp. 63 ss. En septiembre de 1520, declaraba un testigo respecto a la situación en Palencia: «a la sazón, esta dicha cibdad no estava declarada por comunidad ni por los cavalleros». (CR, leg. 79-2, f. 126). <<

[1453] Cf. infra, pp. 509 ss. <<

[1454] Cf. supra, pp. 203 ss. <<

[1455] Cf. supra, pp. 163 ss. <<

[1456] Cartas del 30 de junio y del 1 de julio de 1520 (D, I, 384 y 424). <<

[1457] Carta del 24 de octubre de 1521 (D, IV, 548). <<

[1458] cf. la correspondencia del embajador inglés Spinelly en junio, julio, agosto y septiembre de 1520 (Letters and Papers, III, núms. 883, 925, 964 y 16 del apéndice, pp. 317, 340, 354 y 1. 571). <<

[1459] D, I, 458. <<

[1460] MARAVALL, Comunidades, p. 216. <<

[1461] Carta del licenciado del Espinar, 1 de junio de 1521 (PR, leg. I, f. 98); en la misma carta se describe extensamente el asedio del alcázar, comenzado en los primeros días de junio de 1520. <<

[1462] Cf. supra, p. 167. Para Murcia, cf. supra, pp. 404 ss. <<

[1463] Cf. supra, p. 173. <<

[1464] Santa Cruz, I, 337. <<

[1465] Citado por P. BOISSONNADE, Histoire de la reunión de la Navarre, p. 509. <<

[1466] Carta a Chiévres, 6 de septiembre [1518]; el análisis interno del documento permite fecharla en el año 1518: se afirma que el rey se encontraba en Zaragoza; la fecha propuesta por DANVILA (D, IV, pp. 467-469) es absurda. <<

[1467] Cartas del cardenal Adriano, 30 de junio y 1 de julio de 1520 (D, I, 384 y 424). <<

[1468] Cartas de los procuradores de Valladolid, 16 de septiembre de 1520 (D, II, 55-56) y de Francisco de Mazuelo al condestable s. f. (PR, leg. 2, f. 78). <<

[1469] Los Tres Vélez. <<

[1470] Carta al emperador, 18 de octubre de 1521, citada por MARAÑÓN, ibid., p. 53, nota 41. <<

[1471] Cf. supra, p. 156. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ (op. cit., II, p. 875, nota 2915) señala las gratificaciones concedidas a un cierto número de nobles antes de la partida del rey, en La Coruña, «obsequio con visos de compra», que sólo uno de ellos rechazó: el condestable. Contrariamente a las conclusiones del autor, estos donativos no modificaron sustancialmente los sentimientos de la nobleza, que permaneció en actitud pasiva en los principios de la revuelta. <<

[1472] Carta del 24 de agosto de 1520 (D, I, 482). <<

[1473] «It is now determined here that the Constable of Castile and the Admiral shall joint the cardinal of Turtosa in the government, as they will be able to bring many men against the commons, if necessary, and they will be more regarded than the cardinal, who is a stranger» (carta de Spineily a Wolsey, 12 de septiembre de 1520, Letters and Papers, III, apéndice núm. 14, p. 1568). <<

[1474] Cartas del cardenal Adriano, 25 y 30 de junio de 1520 (D, I, 374 ss y 385). <<

[1475] cf. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, op. cit., I, p. 660; SANTA CRUZ, I, pp. 126-127; Mem., leg. 119, f. 62; PR, leg. 59 f. 116, Actas de Cortes IV, p 265 (petición numero 13). <<

[1476] Carta del cardenal Adriano, 13 de julio de 1520 (PR, leg. 2. f. 1; D, I, 427-528). <<

[1477] RGS, 9 de septiembre de 1520. <<

[1478] «El movimiento de Arévalo no fue para juntarse con las Comunidades saluo para estar en el patrimonio y servicio de Vuestra Magestad». (Mem., leg. 206, f. 22). <<

[1479] Mem., leg. 141, f. 135, y leg. 142, f. 93. <<

[1480] Se conserva una copia de la carta de Olmedo a la Junta, fechada el 22 de agosto (PR, leg. 2, f. 101): en ella la ciudad se mostraba de acuerdo sobre los objetivos del movimiento, pero en términos muy generales y sin tomar ningún compromiso. La delegación que la pequeña ciudad envió en 1521 cerca de los virreyes, estaba formada, especialmente, por don Juan de Vivero, cuyo asesinato, seis meses después, inspiraría a Lope de Vega su comedia El caballero de Olmedo; cf. J. PÉREZ, L’assassinat du chevalier d’Olmedo. <<

[1481] Memorial ajustado (…) del pleito que se ha seguido en la Real Chancilleria de Valladolid (…) sobre incorporación a la corona de la villa de Dueñas.. Madrid, Viuda de Ibarra, 1789, separata reproducida por RODRÍGUEZ SALCEDO, Comunidades palentinas, p. 35. <<

[1482] DC, lib. 39 (D, V; 614 ss.). <<

[1483] RGS del 21 de agosto de 1524. <<

[1484] Ibid. <<

[1485] Carta de la Junta a su ejército, el 4 de septiembre de 1520 (PR, leg. 5, f. 6): «quanto a la carta del señor conde de Benavente sobre lo de Dueñas, nos paresce (…) lo apuntado muy bien, porque nuestra yntinción es de no dar fauor a ninguna persona contra perjuizio (…) ni querríamos crecer más en número de los adversarios ni tanpoco querríamos que ningund Grande ni señor tratase mal a sus vasallos y pues esto se escriuió a vuestras mercedes paréscenos que lo que devés proveer sobre ello es dar horden como la villa torne al estado en que estava y que la señora condesa no sea despojada syn ser oyda, pero esto sea de manera que la comunidad de la villa no puedan recibir daño ni ser castigado ningún particular por lo pasado, asegurándoles y prometiéndoles que qualquier cosa en que fueren agrauiados el reyno está muy aparejado para remediallo y hazer ygualmente justicia entre su señor y ellos». Poco después, la Junta recomendó que se mantuviera en funciones, de forma provisional, a los magistrados municipales nombrados por los rebeldes el 1 de septiembre «hasta que otra cosa (…) fuese mandado». (DC, leg. 39; D, V, 622). Después de Villalar, los responsables de la revuelta de Dueñas serían procesados ante la justicia por felonía respecto a su señor, no por atentar contra la seguridad del Estado; ninguno de ellos, por otra parte, figuraba en la lista de los comuneros excluidos de los beneficios de la amnistía de 1522. No fue el fiscal del rey quien presentó la acusación, como sucedió en todos los juicios de los auténticos comuneros; en todos estos casos actuó como acusador el conde de Buendía. Esto pone de manifiesto con toda claridad el deseo de la Corona de distinguir dos clases de delitos: los delitos de carácter político cometidos contra el Estado (revuelta de los comuneros) y los delitos cometidos contra particulares. Los acontecimientos de Dueñas quedaban encuadrados en esta segunda categoría. Las penas a que se condenó a los acusados fueron poco importantes: a Diego de Palencia se le prohibió la residencia en el territorio de Dueñas (sentencia pronunciada en Burgos, RGS del 20 de abril de 1524); Alonso de Dueñas fue absuelto, y, por lo que respecta a Pero y Rodrigo Niño, ignoramos cuál fue el veredicto definitivo. <<

[1486] PR, leg. 1, f. 14. <<

[1487] El 28 de septiembre (PR, leg. 6, f. 37). <<

[1488] Documento publicado por RODRÍGUEZ VILLA, La reina doña Juana, pp. 305-306. cf. también la carta del 1 de octubre, dirigida también al duque de Alburquerque (D, II, 305). <<

[1489] El 19 de septiembre de 1520 (CC, Part. 1, marzo 26, doc. 69). <<

[1490] CR, leg. 84, f. 2. <<

[1491] RGS de 18 de septiembre de 1520. <<

[1492] Carta del embajador portugués, 19 de septiembre (cf. supra, nota 53). El conde se jactaría más tarde de esta actuación represiva, que situaría entre los servicios prestados al emperador (Estado, leg. 8, f. 20). Pero, en realidad, ¿defendía al poder real o simplemente sus derechos señoriales? <<

[1493] Estado, leg. 7, f. 241, y la carta del embajador portugués del 23 de septiembre de 1520 (CC, Part. 1, marzo 26, doc. 71). <<

[1494] cf. CARANDE, El obispo, el concejo y los regidores de Palencia. <<

[1495] Mem., leg. 125, s. f., y leg. 119, f. 107. <<

[1496] CR, leg. 79, f. 2. <<

[1497] Mem., leg. 150, f. 244. <<

[1498] Ms. 3779 de la BNM, fragmento publicado por R. COSTES en B. Hi., XXIII, 1921, p. 97. <<

[1499] MEJÍA, p. 173; SANTA CRUZ, I, p. 337, da una información más matizada. <<

[1500] Carta al emperador, 27 de septiembre de 1520 (PR, leg. 3, f. 91). <<

[1501] Carta del embajador portugués, 23 de septiembre de 1520 (CC, Part. 1, marzo 26, doc. 71). Los archivos de los duques de Frías conservan copia de las cartas enviadas por Carlos V a algunas figuras de la aristocracia durante el período de la revuelta de las Comunidades; cf. PEÑA MARAZUELA, Inventarío, núm. 2466. <<

[1502] «Hears from de Duke of Alba that the Constable, to please the Emperor, had accept [ed] the gubernation for the preservation of his own and other lords land» (carta de Spinelly a Wolsey, 20 de octubre de 1520, Letters and Papers, III, núm. 1028, p. 377). <<

[1503] En este sentido, se encuentran numerosos documentos en Simancas: copia de una carta de la Junta que debía ser leída a viva voz en las plazas y mercados para que no se atendiera a las llamadas de los Grandes: «que ninguna persona de qualquier condición que sea fuese osado de acudir a ningund Grande o cauallero avnque biba con él e lleve su acostamiento». (Estado, leg. 7, f. 273). Esta carta iba dirigida a Zamora; otras, en el mismo talante y fechadas en octubre, fueron enviadas a Carrión (PR, leg. 5, 59). Asimismo, la Junta conminó al conde de Aguilar a que licenciara las tropas que había reclutado para prestar ayuda al duque de Nájera contra sus súbditos (PR, leg. 3, fs. 183-184). En octubre, resultó detenido un monje que había acudido a comunicar al conde de Alba de Liste la orden de la Junta de que dispersara a sus soldados (carta del cardenal Adriano, 1 de noviembre de 1520, PR, leg. 2, f. 1; D, II, 474). <<

[1504] Carta de la Junta a Valladolid, publicada por FERRER DEL Río, pp. 364-365, y D, II, 355. <<

[1505] Cartas 691 y 700, edición citada, IV, pp. 72 y 99. <<

[1506] Carta de la villa de Dueñas a don Pero Laso de la Vega, 22 de octubre de 1520 (PR, leg. 1, f. 93). El condestable había escrito a Dueñas para tratar de apartarla de la Junta; en nombre de la villaa. «el dicho Pero Niño escribió en respuesta que los testigos vieron leer en que dixo que el lovo e la pulpeja todos eran de una conseja y que el rey y los cavalleros estarán concertados para dar en los corderos». (DC, leg. 39, D, V, 621). <<

[1507] Mem., leg. 141. f. 245. <<

[1508] Carta del conde de Oñate al condestable (PR, leg. 3, f. 78). <<

[1509] Carta de la Junta a Valladolid, 2 de noviembre de 1520 (D, II, 525-526). <<

[1510] PR, leg. 4, f. 84 (D, II, 585 ss.). <<

[1511] Carta del 28 de noviembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 519). <<

[1512] Sobre estas negociaciones, cf. supra, pp. 282 ss. <<

[1513] Céd., lib. 56, f. 32 r., texto fechado en Maestricht, 15 de octubre de 1520. Igualmente, el edicto de Worms del 17 de diciembre de 1520 reprochaba a los comuneros que instigaran la rebelión en los señoríos (D, II, 506). <<

[1514] Sobre la composición del ejército real, la batalla de Tordesillas y la campaña del obispo Acuña en Tierra de Campos, cf. supra, pp. 226 ss. El 22 de diciembre, la Junta encomendó a Acuña y al licenciado Villena que instruyeran contra los Grandes que habían tomado parte en la batalla de Tordesillas (PR, leg. 4, f. 51). <<

[1515] PR, leg. 4, f. 49, texto publicado por D, III, 91-94, y SANTA CRUZ, I, pp. 425-427. <<

[1516] Cf. supra, p. 273. Sobre las victoriosas campañas de Acuña, cf. la carta de Polanco del 18 de enero de 1521 (Estado, leg. 8, f. 32; D, III, 49-50). <<

[1517] MARAVALL, Comunidades, p. 41. <<

[1518] Cf. supra, p. 283. Tres semanas antes de la batalla de Villalar el cardenal Adriano se quejaba aún de la actitud dubitativa de la alta nobleza: «algunos principales de los Grandes se hallan y están en mucha perplexidad, por donde certifico a Vuestra Alteza que si no viniesse para este mayo están determinados de tomar concierto con las Comunidades y guardar sus stados y dexar aparte lo de Vuestra Magestad». (3 de abril de 1521, PR, leg. 2, f. 1; D, III, 557). Nada mejor que esta carta anónima para demostrar que la alta nobleza comprendía perfectamente el peligro que representaba para ella la revuelta de las Comunidades: «Ya Vuestra merced tiene noticia del levatamiento de las Comunidades y que avnque fue el principio contra el rey, el medio y el fin y el daño todo hera contra los Grandes y señores y cavalleros del reyno para ponerlos en subjecjón y ygualdad de aquellos con quien no la deven tener pero Nuestro Señor, como es justo e misiricordioso y dende el principio hizo diferencia en todos estados, no permitió lo que contra sus mandamientos y ofensa se yntentava de hazer». (Estado, leg. 2, f. 447). <<

[1519] Cf. supra, pp. 322 ss. <<

[1520] Carta, s. f. (posterior al 1 de noviembre de 1522), D, V, 228. <<

[1521] Carta del 23 de mayo de 1521 (D, IV, 26). cf. también el testimonio de Zuazola, en enero de 1521 (D, III, 71). <<

[1522] Carta del 14 de agosto de 1521 (D, IV, 379). Las alusiones de la nobleza sobre los servicios prestados en Tordesillas y Villalar, las peticiones de recompensas: PR, leg. 4, f. 64 (D, TV, 38), y Estado, leg. 5, f. 280. <<

[1523] Carta del cardenal Adriano, 24 de octubre de 1521 (D, IV, 545 ss.). cf. además esta carta del cardenal del 4 de diciembre de 1520: «muchos dizen aquá que los Grandes quieren cobrar y defender sus lugares a costa de Vuestra Alteza y no guardar principalmente lo que toca al servicio de Vuestra Magestad y que a los que dan acostamientos en sus casas, aqui no les fueren pagar un maravedí de las suyas sino de lo de Vuestra Magestad. Otros sospechan y lo dizen a la clara que buscan que perpetuamente dure esta guerra para que Vuestra Alteza tenga necessidad de los sentidos dellos (…). Pluguiese a Dios que supiesse Vuestra Magestad por quiénes se ha dado principio a estas rebueltas y por quáles toman fondamiento y sustentación, que sabiéndolo, sumo que de pocos se fiaría (…). Otro de los Grandes dezía: buena cosa es que nos perdamos nuestras cabezas para que su magestad ahorre dinero». (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 626-628). <<

[1524] M. AZAÑA, Plumas y palabras, p. 59. Francois López nos señala un texto poco conocido de Forner en el que se destaca especialmente este aspecto de la revuelta de las Comunidades. Es un texto que no deja de resultar sorprendente para la época: «Las alteraciones de las Comunidades de Castilla en los primeros años del reinado de Carlos V se dirijieron más bien contra la opresión de los grandes que contra el monarca. Por esto se puso entonces la nobleza del lado del rey y le ayudó a subyugar a los pueblos; no en gracia del trono sino en apoyo de su prepotencia. Merece leerse una carta con que la ciudad de Valladolid contestó a los grandes que la instaron a que se redujese [se trata de la carta que citamos más arriba] (…). Allí se ve que los pueblos no querían ser dominados por muchos tiranos sino por un solo rey. Allí se ven en resumen los atentados y usurpaciones de la nobleza y se descubre el espíritu de equidad y proporción que mantiene a los pueblos en pacífica y gustosa obediencia». (FORNER, Discurso sobre el método de escribir y mejorar la Historia de España, en Obras de Don Juan Pablo Forner, recogidas y ordenadas por don Luis Villanueva, Madrid, 1844, pp. 130-131). <<

[1525] Sobre la represión y el perdón de 1522, cf. infra, pp. 567 ss. <<

[1526] Cf. supra, pp. 54 ss. <<

[1527] Sobre doña María Pachecho, cf. MOREL-FATIO, Doña María Pacheco, en BHI, V, 1903, pp. 301-304: L. VIVES, Instrucción de la mujer cristiana, libro II, cap. 9; A. GONZÁLEZ FALENCIA, vida de don Diego Hurtado de Mendoza, I, Madrid, 1941, pp. 39-43. <<

[1528] CARANDE, op. cit., II, pp. 199-202. <<

[1529] Cf. BLAZQUEZ, Relación de los corregidores: Mem., leg. 129, f. 298. <<

[1530] Creemos que se puede identificar con el futuro comunero al Juan Gaitán tutor de Garcilaso que apeló a la sentencia que condenaba al joven a tres meses de prohibición de residencia en 1519; c. f. I NAVARRO TOMÁS, introducción a las obras de Garcilaso, en la colección Clásicos Castellanos, t. III. Sin duda, habría que identificar también con el comunero al Juan Gaitán traductor de Ovidio, Horacio y San Jerónimo; el manuscrito de esta última traducción se halla en la BNM; cf. MENÉNDEZ PELAYO (Biblioteca de traductores españoles, II, pp. 124-125), que añade: «sospecho que Gaitán debió ser toledano». Sobre Juan Gaitán, cf. además CP, leg. 11, f. 58. <<

[1531] Continos, leg. 6. <<

[1532] Cámara-Personas. <<

[1533] Continos, leg. 8; Cid., lib. XXXIX, f. 72. <<

[1534] Existe otro individuo con el nombre de Juan de Solier, también de Segovia, pera que no tiene nada que ver con el Solier comunero. Para evitar cualquier contusión. Cobos le entregó un certificado en 1522. Este segundo Solier residió en la Corte entre 1520 y 1521 (cf. Casa Real, leg. 397, f. 1016). Sobre las familias Heredia y Peralta, cf. PEÑALOSA, Juan Bravo y la familia Coronel. <<

[1535] Codoin, XVI, pp. 9 ss. En su testamento, redactado en Barcelona el 25 de julio de 1529, Garcilaso mencionaba a los hijos de su hermano, el comunero: «en defecto de todos los dichos, mis hijos que agora son e de sus defendientes e de los hijos e hijas que en mi bida yo hubiere, questa dicha mejoría e legítima venga a don Garcilaso de la Vega, hijo mayor del señor don Pero Laso, mi hermano». El comunero figuraba también como testigo en la redacción de este testamento (cf. GARCILASO DE LA VEGA, Obras completas, ed. E. L. Rivers, Madrid, Castalia, 1964, pp. 206-208). <<

[1536] Codoin, XVI, pp. 9 ss. En su testamento, redactado en Barcelona el 25 de julio de 1529, Garcilaso mencionaba a los hijos de su hermano, el comunero: «en defecto de todos los dichos, mis hijos que agora son e de sus defendientes e de los hijos e hijas que en mi bida yo hubiere, questa dicha mejoría e legítima venga a don Garcilaso de la Vega, hijo mayor del señor don Pero Laso, mi hermano». El comunero figuraba también como testigo en la redacción de este testamento (cf. GARCILASO DE LA VEGA, Obras completas, ed. E. L. Rivers, Madrid, Castalia, 1964, pp. 206-208). <<

[1537] Cf. supra, pp. 239 y 415. <<

[1538] Cf. supra, pp. 79 ss. y 115 ss. <<

[1539] Sobre la familia Guzmán, cf. E. DÍAZ-JIMÉNEZ, Historia de los comuneros de León, pp. 51, 97 ss. Ramir Núñez había sido embajador en Génova en 1513-1514; cf. DOUSSINAGUB, Él testamento pp. 61 ss. Y 240 ss. Sobre los careos que pesaban sobre Pedro Núñez de Guzmán, cf. Estado, leg. 8, f. 35; Mem., les. 149, f. 15. Otro Guzmán cuya actitud parecía sospechosa era don Diego Ramírez de Villaescusa, obispo de Cuenca y presidente de la Chancillería de Valladolid; no se había apreciado su intento de mediación en noviembre de 1520 (cf. J. PÉREZ, El razonamiento de Villabrdgima, y supra, p. 251). Sobre Hernán Núñez, el comendador griego, y sus opiniones políticas, cf. supra, p. 330; ¿era miembro de la familia Guzmán?; cf. el último curso dictado por M. BATAILLÓN en el Collège de France, resumido por J. CORRALES EGEA en Insula., núm. 231 (febrero de 1966). <<

[1540] Pueden encontrarse numerosos testimonios en AHN, proceso contra Juan Gaitán. <<

[1541] cf. PEÑALOSA, JUAN Bravo y la familia Coronel. Juan Bravo habia desposado a doña Catalina del Río, hija de Diego del Río, quien le había dado tres hijos: Gonzalo Bravo del Río, Luis Bravo y doña María de Mendoza. Enviudó, y se volvió a casar en 1519 con doña María Coronel, hija de don Iñigo López Coronel, que era comunero y exceptuado; de esta segunda unión nacieron dos hijos: doña Andrea Bravo de Mendoza y Juan Bravo de Mendoza. <<

[1542] Op. cit., II, pp. 46-47. Los Maldonado eran nietos del doctor Rodrigo Arias Maldonado, llamado también Rodrigo Maldonado de Talavera, profesor de la Universidad de Salamanca. <<

[1543] cf. B. SANCHEZ ALONSO, Historia de la historiografía, I, p. 403; E. CAT, Essai sur Gonzalo de Ayora; Mem. leg. 119, f. 69; Céd., lib. XXXV, f. 221. <<

[1544] ANGHIERA, carta 701, ed. citada, IV, pp. 100-101; M. BATAILLON, Erasme, p. 191; J. E. LONGHURST, Alumbrados, erasmistas y luteranos en el proceso de Juan de Vergara, en Cuadernos de Historia de España, XXVII, p. 138. <<

[1545] La expresión es de M. BATAILLON, Eludes sur Las Casas, p. 2. <<

[1546] Cf. A. REDONDO, Luther en Espagne, p. 124. <<

[1547] P. BOISSONNADE, Histoire de la reunión de la Navarre, p. 336. <<

[1548] Estado, leg. 5, f. 271. <<

[1549] Estado, leg. 8, f. 128. <<

[1550] PR, leg. 1, f. 30. <<

[1551] GIMÉNEZ FERNANDEZ, ep. cit., II, p. 312. <<

[1552] Cf. M. ALCOCER, Historia de la Universidad de Valladolid, VI, p. 25. <<

[1553] cf. V. BELTRÁN DE HEREDIA, introducción a la reedición de la Guía del Cielo de fray Pablo de León, Barcelona, ediciones Juan Flors, 1963 <<

[1554] cf. M. BATAILLON, Erasmo…, pp. 438-441; LONGHURST, Alumbrados, en Cuadernos de Historia de España, XXVIII, pp. 163-164; XXXI-XXXII, pp. 346-347. La anécdota sobre el castillo se cuenta en la Miscelánea de ZAPATA, p. 391, donde el monje es llamado, por error, fray Bernaldino Palomo. <<

[1555] D, III, 205. <<

[1556] Estos inventarios se conservan en la sección CM. <<

[1557] Op. cit., I, p. 607. Para que sirva de comparación, he aquí algunos datos sobre las fortunas, los ingresos y el poder adquisitivo de los años 1520: 1). Según L. Marineo Sículo, los ingresos anuales de las principales familias de la aristocracia estaban establecidos de este modo a principios del siglo XVI: condestable de Castilla, 60.000 ducados, o sea 22.500.000 maravedíes; almirante de Castilla, duque de Alba y duque del Infantado, 50.000 (18.750.000); Medina Sidonia, 55.000 (20.605.000); Bejar, 40.000 (15.000.000); Nájera y Medinaceli, 30.000 (11.250.000); Alburquerque y Arcos, 25.000 (9.375.000); Maqueda, 30.000 (11.250.000); Escalona y Sesa, 60.000 (22.300.000) (citado por ELLIOTT, op. cit., p. 340). El padre de Santa Teresa, Alonso Sánchez de Cepeda, en 1507 era considerado rico; su fortuna se elevaba a un millón de maravedíes (tbid., p. 121). 2). El salario de los obreros de la industria textil de Segovia, en 1518, oscilaba entre 170 y 255 maravedíes mensuales (CARANDE, op. cit., I, p. 180). En la región de Valladolid, en 1520, un obrero dedicado a la viticultura ganaba 35 maravedíes por jornada de trabajo; un podador de viñas, 51 maravedíes; un vendimiador, 20 (B. BENNASSAX, op. cit., p. 295). Un alguacil de la Junta recibía un salario de tres reales diarios, o sea 102 maravedíes (PR, leg. 4, f. 54). 3). Precios: el alquiler de las casas oscilaba entre 500 y 8500 maravedíes, según la casa, la ciudad y el barrio; una joven esclava de doce años se vendía a 12.000 maravedíes; una esclava de edad madura, a 5000; una esclava blanca, 14.000. Un telar costaba 1300 maravedíes; una vihuela, 68 maravedíes. Estas últimas cifras proceden de ventas en subasta pública; por lo tanto, habría que elevarlas. <<

[1558] D, II, 560. <<

[1559] cf. B. BENNASSAR, op. cit., pp. 357 ss. Sobre el doctor Rodrigo Arias Maldonado, cf. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, II, p. 414; Miscelánea, de ZAPATA (p. 425), y GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Hernán Cortés, p. 28. <<

[1560] Las Siete Partidas fueron impresas por vez primera en Sevilla en 1491 (cf. CLEMENCÍN, Elogio, p. 475). Sobre las ediciones de Bartole (Bartolo de Sassoferrato, 1314-1357), célebre jurista, cf. H. LÓPEZ MARTÍNEZ, La biblioteca de don Luis de Acuña. La Summa Angélica del franciscano Carletti, canonista italiano, fue impresa en Venecia en 1486; se compraron cuatro ejemplares de ella en octubre de 1519 para los misioneros de América (cf. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, op. cit., II, p. 784). Sobre la difusión del libro de Jiménez de Prejano, cf. M. BATAIIXON, Erasmo…, p. 48. La Política de Aristóteles fue impresa en Sevilla en 1497 y en Zaragoza en 1509 (MENÉNDEZ PELAYO, Biblioteca de traductores españoles, III, p. 101, y IV, pp. 357-358). El Arte de Nebrija apareció en Salamanca en 1492. Circularon numerosas traducciones de la Consolación de Boecio: Tolosa, 1488; Sevilla, 1497-1499, 511-1518, etc. (cf. M. BATAILLON, op. cit., p. 50). Los cuatro libros de las fábulas de Esopo se publicaron en Zaragoza, en 1489, en traducción del infante don Enrique de Aragón, y posteriormente en Burgos, en 1496. Guillén de Brocar comenzó a imprimir en Valladcdid, en 1515, El compendio de los boticarios compuesto por el doctor Saladino, físico principal del Príncipe de Taranto, trasladado del latín en lengua vulgar castellana por el licenciado Alonso Rodríguez de Tudela, tratado conocido por el titulo de Servidor de Albucasis y que comprende tres apartados: preparación de las piedras y minerales; raíces, plantas y sus jugos; medicinas obtenidas de los animales (cf. M. ALCOCER, Historia de la Universidad de Valladolid, VII, pp. 317-318). <<

[1561] Sobre la burguesía castellana del siglo XVI, cf. supra, pp. 59 ss. El juicio de MARAVALL, en Comunidades, pp. 237-238. <<

[1562] Cf. supra, pp. 30 ss. Existen numerosos documentos sobre las actividades de Antonio Suárez, en torno a 1520, en AHPSe, protocolos de Buisán, 20, 50, 51 y 52; sobre su familia, cf. J. DE VERA, LOS Suárez de la Concha. <<

[1563] AHPSe, Buisán y Pedro Valera. protocolos 50 y 92. <<

[1564] RGS del 30 de abril de 1522. <<

[1565] Executoria afmter del conde de Chinchón, 10 de mayo de 1531 (Archivos Municipales de Segovia). Debemos a la gentileza y dedicación de J. P. Le Flem el haber podido obtener el microfilm completo de este documento, cuyos extractos hablan sido publicados por M. GRAU (Cuando pasó el huracán de las Comunidades). Muchos de estos mercaderes aparecen citados por CARANDE (op. cit. I, pp. 504 ss.) entre los hombres de negocios e industriales segovianos durante el reinado de Carlos V. <<

[1566] Cf. supra, pp. 92 ss. <<

[1567] En efecto, en todas las ciudades, numerosos comuneros aparecen catalogados como mercaderes, tintoreros o pañeros; pero ¿ocupaban en la vida económica un papel de tanta importancia como sus colegas segovianos? Esto es algo que los documentos no nos permiten afirmar. <<

[1568] Estado, leg. 45, f. 127; D, V, 597. <<

[1569] PR, leg. 2, f. 57; D, II, 608. <<

[1570] Cf supra, p. 251, y nuestro artículo «El razonamiento de Villabrágima». <<

[1571] D, I, 382. <<

[1572] cf. ANGHIERA, IV, (¿). 50, y la carta de Ávila a Valladolid del 27 de agosto de 1520 (PR, leg. 1, f. 28; b. I. 499-500). <<

[1573] PR, leg. 3, f. 136. <<

[1574] D, III, 83, 125. 153-154, 294-301. <<

[1575] cf. PR, leg. 3, f. 163, y leg. 4, f. 54 (sesiones de los días 25, 29 y 30 de enero, 1, 2, 5 y 21 de febrero de 1521); PR, leg. 4, f. 53 (sesiones de los días 29 de enero, 1 y 5 de febrero). <<

[1576] Cf. supra, pp. 325 ss <<

[1577] D, III, 145, 295, 299, y C. FERNÁNDEZ DURO, Memorias de Zamora, II, p. 305. Sobre la Universidad de Valladolid podemos citar las palabras del obispo de Burgos Juan Rodríguez de Fonseca, el 25 de febrero de 1521: «siendo quasi todos los colegiales de la opinión de la Comunidad». (PR, leg. 3, f. 21). <<

[1578] El bachiller Pedro de la Rúa, candidato a la cátedra de Gramática, tenía por coro petidores a los bachilleres Montoya y Juan Rodrigues, ardientes comuneros que contaban con los votos de sus amigos políticos (RGS del 20 de mayo de 1522). <<

[1579] Cf. supra, pp. 132 ss. <<

[1580] PR, leg. 3, f. 132 (La Coruña, 10 de mayo de 1520, cédula en la que se alertaba al clero de Sevilla sobre la proyectada asamblea); Cid., lib. XLIV, f. CCXL, V. (La CoruÑa, 19 de mayo de 1520, en la que se encomendaba al licenciado Herrera que tratara de impedir esta reunión). <<

[1581] Sobre los candidatos de León, cf. los documentos publicados por E. DÍAZ-GIMÉNEZ, op. cit., pp. 167-168, 170-171, 110-181, 184-189, 194-196, 200-202. Sobre Palencia, cf. RODRÍGUEZ SALCEDO, op. cit. pp. ti, 1546, y Mem., leg. 142, f. 141. Respecto a Toledo, cf. PR, leg. 4, f. 2; D, V, 466-467, y el proceso contra Juan Gaitán, en AHN. El 10 de febrero de 1522, el cardenal Adriano, que se había convertido en el papa Adriano VI, felicitó a los canónigos de Toledo por su comportamiento durante las revueltas de Castilla (GACHAKD, Correspondance, p. 258). La actitud del clero de la Tierra de Campos queda reflejada en una carta de Polanco del 18 de enero de 1521 (Estado, leg. 8, f. 32; D, III, 49-50). <<

[1582] PR, leg. 5, f. 19. <<

[1583] Cédula del 10 de noviembre de 1520 (Céd., lib. LIII, f. CXXV); la carta dirigida al R. P. Francisco Lichetto de Brescia, padre general de los franciscanos, y fechada el 29 de noviembre de 1520, ha sido publicada por M. de Castro en Archivo Ibero-Americano, XXI, 1961, pp. 134-135: «Officia quibus maiori nostri singulari cum pietati Ordinem fratrum Minorum Obseruantium complexi sunt testatissima ómnibus habentur. Quam obrem, non parunt admirati sumus ex his aliquos fuisse qui acceptorum benefíciorum et vite propositique sui in memores ea contra publicum populorum nostrum Hispaniae qui etem attentarint, que longe ab ea quam profitentur sanctitate aliena sunt. Ratio diuinarum humanarumque rerum deposcit vt qui amentia sua tantum processerunt comprimantur, sique furori temperare noluerint vt cum Fratrem Franciscum de Angelis, prouincialem ministrum, super his rebus in Hispaniam mittamus litteras iuxta exemplum quod his acclusum erit at eum scribat. Confidimus enim, interposita P. V. auctoritate tantum quantum opus sit propria posse. Agitur de re communi, recteque unusquisque fecerit qui eam quam poterit opem tulerit». <<

[1584] Carta autógrafa a Carlos V, PR, leg. 1, f. 19. Sobre la función conciliadora de fray Francisco de los Ángeles, cf. supra, pp. 296 ss. <<

[1585] «Más verdaderamente se pueden llamar diablos del infierno» (carta de Salamanca al cardenal Adriano, 13 de septiembre de 1521, PR, leg. 3, f. 33). <<

[1586] Cf. J. MESSEGUER FERNÁNDEZ, Programa de gobierno del P. Francisco de Quiñones [de los Ángeles], ministro general O. F. M. (1523-1528), en Archivo Ibero-Americano, XXI, 961, pp. 5-51: «occurrit et quoeundam ausus temerarius qui nomen suum magnificare moliti, contra beatissimi Patris nostri doctrinam, effrenatas in suis predicationíbus linguas solventes, in príncipes prelatosque atque ecclesiasticos alios verba stultissime iactant, non quidem edificationem nec populi utilitatem sed scandalum grave potius allatura». <<

[1587] Cf. Céd., lib. LIII, f. CXXV V. y CXLVH v.; lib. LVI, f. 58; RGS del 7 de noviembre de 1520; PR, leg. 3, f. 57. <<

[1588] Carta del 3 de noviembre de 1521, D, IV, 637. Según el condestable, los dominicos eran los principales propagandistas de los comuneros (Céd., lib. XLVI, f. 39), lo que, sin embargo, no le impidió salir en defensa de la orden, el 24 de mayo de 1521 (D, IV, 33). Sobre los esfuerzos de los superiores para intentar frenar el ardor combativo de los monjes, cf. las cartas del cardenal Adriano, 11 de febrero de 1521, y del condestable, 12 y 28 de marzo de 1521 (D, III, 216, 403 y 443). Sobre fray Juan Hurtado, cf. la carta de Diego Hurtado, 3 de noviembre de 1521 (D, IV, 634). <<

[1589] RGS del 23 de julio de 1521, 12 de agosto de 1522 y 24 de julio de 1523. <<

[1590] PR, leg. 4, f. 59; el breve fue publicado en enero de 1521. <<

[1591] «Para acertar en esto y sauer vivir entre la justicia y violencia sin defender a ésta, ni darle ocasión a aquella, era menester mucha discreción», etc. cf. SIGÜENZA, Historia de la Orden de Son Jerónimo, pp. 112 ss. <<

[1592] El 10 de agosto de 1521 se hablaba de torturar al obispo de Acuña para obtener de él información; el almirante lo aprobó, y añadió: «lo mismo devrían hazer a todos los flayres que predicavan aquella seta y matallos si se puede hazer con buena conciencia». (Estado, leg. 5, f. 280). <<

[1593] Cf. supra, pp. 128 y 145 ss. <<

[1594] ¿Pudieron ser estos monjes comuneros y adversarios de Erasmo a un tiempo? No es seguro. M. BATAILLON (op. cit., p. 224) cita tan sólo a dos antiguos comuneros entre los enemigos de Erasmo: fray Juan de San Vicente y fray Bemaldino de Flores. Se puede creer que algunos monjes se interesaban ante todo por las cuestiones políticas más que por los problemas espirituales. <<

[1595] Op. cit., p. 235. <<

[1596] Sobre las clases sociales y las diferentes definiciones que se pueden proponer de ellas, cf. M. DUVERGEK, Sociologie politique, París, P. U. F., 1967 (2.ª ed.), pp. 190 ss., y R. MOUSNIER, «La notion de classe sociale», en Cahiers Pedagogiques, enero de 1967, pp. 9-13. <<

[1597] A. SOBOUL, Les Sans-Culottes parisiens en Van II. Mouvement popuíaire et gouvernement révoluttonnaire, 2.ª ed., París, Librairie Clavreuil, 1962, pp. 473-474, y también las pp. 407, 427, 431-432. <<

[1598] Op. cit., p. 34. <<

[1599] RGS del 2 de julio de 1518. <<

[1600] Fray Alonso DE CASTRILLO, Tractado de República, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1958, pp. 10 ss. (La primera edición apareció en Burgos en 1521). <<

Notas3

[1601] A. CASTRO, La realista, p. 289, y, sobre todo, en el caso concreto de los comuneros, «La Celestina como contienda literaria (castas y casticismos)», Madrid, Revista de Occidente, 1965, pp. 43 ss. Y; 66-67; MARAVALL es acusado en este artículo de «anestesiar» el problema converso reduciéndolo tan sólo a sus aspectos sociológicos. He aquí el postulado de partida de CASTRO: «Me interesan las Comunidades y sus conexiones con la casta judeoespañola como un aspecto de la realidad de la historia española, imposible de explicar desde un punto de vista puramente sociológico y abstractamente europeo» (p. 49). <<

[1602] D, III, 22. <<

[1603] Citado por GUTIÉRREZ NIETO, LOS conversos, p. 240. <<

[1604] PR, leg. 3, f. 21. <<

[1605] PR, leg. 3, f. 110. <<

[1606] D, IV, 33. <<

[1607] Crónica de don Francesillo DE ZÚÑIGA, p. 14 b. <<

[1608] SICROFF, op. cit., p. 111. <<

[1609] Introducción a su edición de las obras de TALAVERA, Católica impugnación, p. 46, nota. <<

[1610] M. BATAILLON, Les Nouveaux Chrétiens de Ségovie, p. 227. <<

[1611] Artículo citado, pp. 241-242. <<

[1612] Ibid. <<

[1613] Ibid., p. 261: «El que, por otra parte, encontremos a conversos militando bajo las banderas realistas no contradice nuestra tesis, sino, por el contrarío, indirectamente la afirma, pues o tenían intereses con la corona (caso de los Vozmediano y Alonso Gutiérrez de Madrid) o con la nobleza (caso de Francesillo de Zúñiga y el doctor Villalobos), o detentaban intereses territoriales y nobiliarios (caso de los Cabrera, de Puñoenrostro, Cartagena, etc.) que no dudaron en anteponer a los otros, y quién sabe si no buscaban de esta manera, también, salvarse individualmente de su mancha, atrayéndose la voluntad regia». <<

[1614] A. CASTRO desconoce las repercusiones del movimiento comunero en las zonas rurales a partir de septiembre de 1520 (cf. supra, p. 460); he aquí lo que dice: «bien se sabía que los labriegos nada habían tenido que hacer con los revoltosos comuneros; fuera de aquéllos, ninguna otra clase, grupo u orden sociales ofrecían garantías hacia 1530 de estar inmunes de contaminación judaica». (La Celestina, pp. 53-55). <<

[1615] GUTIÉRREZ NIETO, artículo citado, p. 249: «que fueron [los conversos] un factor importante en los orígenes del alzamiento es más probable; razones para ello las tuvieron y muchas; era un grupo social que se encontraba hostigado y por lo mismo intranquilo, y frecuentemente la inquietud, el desasosiego busca la superación de este estado por la vía de las decisiones extremas. Además, el encontrarse desde los primeros momentos en la liza coversos no quiere decir que los judíos como grupo social fueran los promotores de la rebeldía. Lo más correcto es pensar que coincidieron con el resto de los grupos urbanos en una serie de intereses (…) a la vez que vieron en el movimiento la oportunidad de alcanzar reivindicaciones propias del grupo sociorreligioso». Un poco más adelante (p. 260), el mismo autor escribe que cualquier oportunidad podía favorecer a los conversos para mejorar su posición social. <<

[1616] Estado, leg. 5, f. 280: «Hablan en saquear los conversos y en degollarlos» (nota del almirante el 10 de agosto de 1521). <<

[1617] GUTIÉRREZ NIETO, artículo citado, p. 245. <<

[1618] Ibid., pp. 246-247: «Fracasado el movimiento comunero en Sevilla porque se había dirigido contra los conversos». Sobre el carácter antisemita del levantamiento de Sevilla, que, por otra parte, dudamos en asimilar al movimiento comunero propiamente dicho (cf. supra, p. 393), cf. C. GUILLEN, Un padrón de conversos sevillanos, p. 67. <<

[1619] Pedro de Cazalla se lamentó en 1530, cuando se vio alcanzado por los ataques de los inquisidores: «Pluguiese a Dios que viniese de Francia guerras o que duraran las Comunidades para que destruirán la Inquisición» (citado por M. BATAILLON, Erasmo, p. 181. nota 26). El mismo Cazalla declaró en otro momento: «que avia en el mundo tres santas que eran la Santa Cruzada e la Santa Junta e la Santa Inquysición, con las cuales se deservía mucho nuestro Señor e que se sustentavan de la señora avaricia» (citado por LONGHURST, Alumbrados…, en Cuadernos de Historia de España, XXVII, p. 148). En 1521, Francisco de Coca, de Cuenca, fue perseguido por la Inquisición, que le acusaba de haber hecho esta afirmación: «decir: tres cosas han perdido a Castilla, la Comunidad, la Cruzada y la Inquisición». (CIRAC ESTOPAÑAN, Registro general de los documentos del Santo Oficio de Cuenom y Sigüenza, Barcelona, 1965, t. I, p. 163). <<

[1620] Era fiscal de la Inquisición y hermano del boticario Jerónimo Francés, exceptuado (CR. leg. 652, f. 25; Mem., leg. 140, f. 115, y leg. 162, s. f.). <<

[1621] F. FITA, Los judaizantes. <<

[1622] Ibid. y supra, p. 127. <<

[1623] Las Comunidades, pp. 227-228. <<

[1624] En Segovia, la parroquia de San Miguel fue la que más tuvo que contribuir a la hora de indemnizar a los condes de Chinchón por los daños producidos por los comuneros; fue en ella donde se hallaban el mayor número de vecinos susceptibles de contribuir a los gastos. Por otra parte, era también la parroquia en la que, en 1510, existía mayor número de conversos, según los documentos publicados por M. BATAILLON (Les Nouveaux Chrétiens). <<

[1625] Cartas del condestable de Castilla al emperador, 1 de diciembre de 1520 y 22 de febrero de 1521 (PR, leg. 1, f. 105; D, II, 621, y III, 231). <<

[1626] El 5 de septiembre de 1520, la ciudad de Jaén envió mensajeros a Toledo con la orden siguiente: «den la letra de la cibdad de Jaén que llevan para Toledo e ayan respuesta della e con ella hagan luego mensajero e con él enbien memorial [de] toda la orden que tiene aquella cibdad e comunidad e de la manera que se entra en acuerdo para proveer lo que conviene al bien de la comunidad e si los diputados hazen cabildo juntamente con los regidores e la orden que se tiene en la guarda de la cibdad de día e de noche e de la administración de la justicia e de la manera que se tuvo en el juramento». (D, I, 544). <<

[1627] En Madrid, la comunidad exigió la presencia de los regidores en las reuniones del nuevo ayuntamiento (cf. D, VI, 265, 273, 280, 283 y 288). Lo mismo sucedió en Valladolid: «Los dichos señores diputados juntamente con el señor maestrescuela requirieron a los señores regidores Godínez e Pedrosa e alcalde Jerónimo que presentes estavan que se ayuntasen con ellos para que bean lo que pasa e se probea en pro e honra de la villa, protestando que harían bien e lo contraryo fazyendo que fuese a su culpa de la justicia e regimiento de la dicha villa e no a la suya». (PR, leg. 4, f. 53, sesión del 18 de marzo de 1521). Exactamente igual ocurrió al día siguiente: «estando juntos la justicia e regidores e diputados (…) los dichos señores diputados pidieron e requirieron a los dichos señores justicia e regidores que por quanto ellos se juntavan cada día para probeer en las cosas que tocavan a la buena governación desta villa e para las otras cosas que eran nescesaryas e tenían necesidad que los dichos justicia e regidores estoviesen presentes para lo probeer juntamente con ellos como conbenía al bien público desta villa, que los dichos se juntasen con ellos para probeer en lo susodicho con apercibimiento que se les hazía que sy algund daño e menoscabo a esta villa e vezinos della se le recresciesen a cabsa de no se hallar presentes e alguna cosa se dexase de probeer que sería e fuese a su culpa e cabsa e no a la de los dichos diputados» (ibid.). <<

[1628] Es el caso de Murcia, donde, desde los primeros momentos, la Comunidad expulsó de sus careos a los regidores: «al tiempo que esa dicha cibdad se alborotó y estovo por la comunidad, se echaron y desterraron della a los dichos regidores e jurados e personas que la governavan e que la dicha comunidad por su propia abtoridad y en nuestro deseruicio pusyeron syndicos e otras personas que se apoderaron del dicho regimiento e de los propios e rentas desa dicha cibdad e la regían e governavan». (RGS, 6 de abril de 1522). Era esa, por lo demás, una reivindicación esencial del movimiento en Murcia: «que los oficios de regimientos rodasen por todos y no fuesen perpetuos». (PR, leg. 2, f. 95). En Aranda de Duero, los regidores fueron también expulsados (RGS, 21 de enero de 1521); la ciudad pasó a ser administrada por diputados «a boz de regidor». En otros muchos sitios, algunos regidores continuaron en su puesto, si bien sus poderes quedaron muy limitados. En Toledo, los diputados sustituyeron a los jurados que, en principio, debía de representar precisamente a la población: «en todas las perrochias de la dicha cibdad hizieron diputados para sus propósitos syn tomar parescer de nynguno de los jurados». (AHN, proceso contra Juan Gaitán). «Y desta manera tenían su congregación y tenían sus escribanos y governavan la dicha cjbdad syn que ningún regidor ni jurado ni cavallero ni otra persona de buena yntención entendiese entre ellos» (ibid.). Esto último nos parece excesivo. Hay varios textos que demuestran que los regidores y los jurados adheridos a la comunidad seguían participando en las tareas del ayuntamiento de Toledo. Eso no obstante, es cierto que los comuneros deseaban ante todo confiar las responsabilidades de la gestión municipal a diputados elegidos y, en consecuencia, más representativos que los antiguos regidores: «mandavan en sus perrochias que no hiziessen jurados conforme a los previllegios e vso e costumbre salvo que oviese diputados como los avía o jurados anales e no de otra manera». (Instrucción de la Santa Junta a la ciudad de Plasencia, noviembre de 1520, PR, leg. 3, f. 122). <<

[1629] Eso era lo que estaba previsto expresamente por la Junta general «que los regidores husasen de sus oficios lícita y devidamente en aquellos casos que tienen poder e que no se entremetiesen en cosa que tocase a la governación de la dicha cibdad syn acuerdo e parecer de los diputados e con la mayor parte dellos y [que lo que] el procurador acordare se cumpliese e se efectuase y que la justicia executase lo que los dichos diputados e procuradores acordasen». (Instrucción de la Santa Junta a la ciudad de Plasencia, noviembre de 1520, PR, leg. 3, f. 122). <<

[1630] La participación del clero parece que fue, en general, de carácter voluntario; no obstante, el canónigo Diego de Valencia, de Zamora, afirmó a la pregunta de su abogado defensor que había sido obligado a unirse a la junta local (PR, leg. 2, f. 26, y Mem., leg. 139, f. 329); pero se trata de un texto tardío, y cabe preguntarse si no trataría más bien el canónigo de escapar a la represión. La presencia de caballeros era menos habitual; en algunas ciudades se consideraba incluso indeseable (en Ciudad Rodrigo, por ejemplo). <<

[1631] Salamanca: «los que a la sazón governavan la cibdad, que se dezían diputados, veyntes e congregación»; «los que entonces mandavan e govemavan la cibdad, que heran veyntes e diputados». (GR, leg. 456, f. 21); Segovia: «diputados e justicia e alguaziles». (RGS, 1 de abril de W2). En Valladolid, al maestro Bustillo, representante del clero y miembro asiduo y de gran ascendencia en la junta local, se le concedió, después de una deliberación, el derecho de participar en la votación: «mandaron que el maestro Bustillo tuviese boto en esta junta y pudiese botar y firmar en ella». (PR, leg. 4, f. 54, sesión del 16 de marzo de 1521); «mandaron que el reverendo padre maestro Bustillo tenga boto en esta junta e que pueda botar e firmar en ella en todas las cosas que en ella se propusieren e él se hallare presente e mandáronlo asentar en el libro porque ansí di xeron que conbiene al bien público». (PR, leg. 4, f. 53, 16 de marzo de 152l). El maestro Bustillo intervenía muchas veces con gran autoridad en las reuniones de la junta; cf. PR, leg. 4, ff. 53 y 54. <<

[1632] «Esta orden de quitar y poner las varas y hazer diputados siguieron en Zamora y en las otras cibdades que tanbién tomaron esta voz». (P. MEJÍA, p. 153). En Paredes, población próxima a Palencia, el licenciado Pero Gutiérrez de los Ríos, clérigo, impuso en esta forma los métodos revolucionarios: «que hiziessen diputados e quadrilleros e que oviesse otra manera de governación de otras personas para este mal propósito en la dicha villa de la que avía para la justicia y governación ordinaria». (Mem., leg. 139, f. 108). <<

[1633] Ejemplo de Ciudad Rodrigo a comienzos del mes de noviembre. La Junta general exigió la elección de diputados «personas aviles e suficientes (…) tomados de las perrochias de la dicha cibdad y elegidos por ellas». (PR, leg. 4, t. 13; D, II, 116 ss.). De hecho, el corregidor comunero debía velar para que se eligieran personas seguras para la comunidad: «que haga elegir y nonbrar por colaciones de los tres estados de escuderos y de oficiales y de labradores doze personas quales él viere que conviene al bien de la república, para que juntamente él y ellos miren por el servicio de su alteza e por la comunidad e por la paz e sosiego de la dicha cibdad» (ibid.). La elección tuvo lugar el 3 de octubre en la plaza pública: «juntos todos los vecinos desta cibdad». (PR, leg. 1, f. 73). «Ayuntáronse toda la comunidad por sus colaciones y cada colación traxese nonbradas las mejores personas que pudiese aver para diputados, los quales ansí lo hizieron, que todas las colaciones juntas en la yglesia de Sant Juan dieron sus nonbramientos e de aquellos fueron escogidas doze personas de todos estados sin la clerezía». (PR, leg. 4, f. 62). A estos doce elegidos se les confiaron plenos poderes «para que juntamente con el corregidor de la dicha cibdad ques puesto por la dicha comunidad entiendan en la administración e governación de la dicha cibdad». (PR, leg. 1, f. 13). El bachiller de Madrigal, que resulto elegido diputado de la cuadrilla de San Martín (Valladolid), intentó liberarse de su responsabilidad pretextando que sus numerosas ocupaciones le impedían dedicarse a las nuevas obligaciones; la junta local le amenazó con una multa de 50.000 maravedíes. El bachiller se resignó entonces pero afirmó que lo aceptaba en contra de su voluntad «por temor de las penas que le avían puesto». (PR, leg. 4, f. 53, sesión del 7 de abril de 1521). En Toledo, el doctor Martínez aceptó de mala gana sus funciones de diputado: «me querían fazer jurado de vna perrochia y no quise acetarlo y díxeles que no me hiziesen obispillo». (Mem., leg. 145, f. 5). <<

[1634] «Se nonbró por diputado de la quadrilla del Savco [Valladolid] Garcí Cocón el qual juró en forma». (PR, leg. 4, f. 54, sesión del 2 de enero de 1521); «fue recibido por diputado de la quadrilla de Santistevan el licenciado Morales e fizo la solenidad en forma» (ibid., 20 de febrero de 1521), etc. «Vista una petición que presentaron los de la quadrilla de Mercado, por hevitar los escándalos que se cavsan a cabsa del licenciado Villena, que luego Juan Gómez, diputado, allegue la quadrilla de Mercado e en ella heligan otro diputado en logar del licenciado Villena e que para helegirle que no consyentan que el licenciado Villena ni su hermano Antonio de Villena entren en la quadrilla» (ibid., 14 de marzo de 1521). Casos de diputados revocados por sus electores: «juntos todos los vecinos desta cibdad [Ciudad Rodrigo] en la piafa pública delta acordaron de revocar los diputados que tenían y nonbraron otros diputados muy en conformidad por sus colaciones los mas hábiles e sin parcialidad que se pudieren haber e de mejores intenciones e más abonados». (PR, leg. 1, f. 73). <<

[1635] «Qualquiera persona que quisiere hazer saber algo que cunpla a la comunidad desta villa [Madrid] o a alguna persona desta villa lo diga al diputado de su perrochia». (D, VI, 268-269). <<

[1636] El corregidor podía, en efecto, ser elegido por la población: «Los diputados, procuradores, que a la sazón heran (…) fueron a casa de Francisco de Ocampo [Zamora] e le dieron la vara de justicia e corregidor e alcalde mayor que se dezía». (Cnancillería de Valladolid, Escribanía de Quevedo, leg. 108). Sobre Segovia, cf. Mem., leg. 145, f. 12. <<

[1637] Cf. el ejemplo de Valladolid (PR, leg. 4, f. 54): nombramiento de un escribano, Juan de Prado, el 3 de septiembre; de un conserje, Cristóbal de Zamora, con una retribución mensual de 33 reales, el 11 de septiembre; de un alguacil, Juan de Turuégano, con 3 reales diarios, el 5 de octubre; de otro alguacil, Juan de Marquina, el 29 de diciembre; un secretario de sesiones. García de Escobedo y Suárez, el 11 de febrero, etc. Ya hemos dado más anriba un ejemplo de una consulta jurídica solicitada por la junta de Valladolid (cf. supra p. 197). <<

[1638] cf. RODKIGUEZ SAlcedo, Comunidades palentinas, pp. 76 ss. La Junta general deseaba repartir las tareas en Valladolid, entre una junta de la villa y una junta de la guerra; pero, en definitiva, no se hizo así (cf. supra, p. 213). Para Valladolid, cf. PR, leg. 4, f. 54 passim. <<

[1639] Aparece un testimonio de esta especialización en el informe analítico de la junta de Valladolid (PR, leg. 4, ff. 53 y 54). El 5 de febrero de 1521, el maestro Bustillo propuso una reorganización de la junta de Valladolid: «el maestro Bustillo, que hera vno locales disponían de una amplia autonomía y no se limitaban a la mera discusión de los asuntos de interés local. En las grandes ciudades, los debates políticos que se celebraban en ellas eran numerosos y de los dichos diputados, dio vna hoja de ciertos capítulos y en el primero dezía que oviese quatro personas que entendiesen en todo lo que tocase para las defensas de la villa; en el segundo, que nonbrasen quatro personas que fuesen del consejo de la guerra; en otro, que éstos fiziesen justicia a las partes en todo lo que se tomase de los contrarios; en otro, dize el consejo de la guerra: el capitán Juan López de la Puente, Tamayo (…); yten, que oviese quatro personas que recibiesen todas las peticiones que se diesen y dize al pie: el licenciado Concha, el licenciado Damián, el bachiller Vega; yten, que vna ora determinada cada día consultasen qué se faría o qué medio o maneras se podrían tener para alcancar el bien que deseavan y que se escribiera a cibdades e personas del reyno que a esto pudiesen ayudar; yten, que para el bien de los negocios dentro del cónclave oviese concordia e amor en todo; yten, que quando alguno propusiese o demandase alguna cosa que vno solo respondiese que se vería o proveería; yten, que jurasen que ninguno no diría fuera: yo no fui en tal boto; yten, la hora que avían de estar en las juntas; yten, que quando alguno se prendiese, que no lo pudiesen soltar los que no fueron en mandarle prender», etc. (PR, leg. 4, f. 54, sesión del 5 de febrero de 1521). <<

[1640] Cf. supra, pp. 280 ss., y D, III, 574. <<

[1641] Testimonio del secretario de las sesiones de Madrid: «no se podían escreuir todos los que allí yvan»; «como avía mucha gente y grand alboroto, uno solo que dixese: tómense dineros o énbyese gente, los que alborotavan dezían: sy, sy, fágase». (D, VI, 256 ss.). Los registros que contenían el desarrollo verbal de estas reuniones serían estudiados con avidez después de la batalla de Villalar para la instrucción de los procesos de los comuneros; cf. las gestiones del fiscal Pero Ruiz cerca del corregidor de Salamanca (RGS, 23 de agosto de 1522), así como ante todos los demás corregidores a fin de conseguir acceso al «libro en que asentavan todas las cosas que hazían [los comuneros] e ordenavan por donde seguían y governavan» (ibid., 25 de febrero de 1523). <<

[1642] Esto es lo que ocurre en Salamanca, por ejemplo (CR, leg. 32, f. 15) y en León (PR, leg. 6, f. 23). <<

[1643] Reuniones de información y de propaganda: las de fray Bemaldino de Flores o Saravia en Palencia (PR, leg. 2, f. 2, y leg. 3, f. 43). En caso de desacuerdo en el seno de la junta local, lo estipulado era que se recurriera al pueblo reunido por parroquias (León, septiembre de 1520, PR, leg. 6, f. 23). Proposiciones de la Junta general: por ejemplo, la reorganización de la comunidad de Valladolid en octubre de 1520 (cf. supra, p. 212), en virtud del principio: «las cosas arduas todas se consultan con las quadrillas porque todas las cuadrillas quieren saver lo que se haze». <<

[1644] PR, leg. 4, f. 52 (Plasencia); Chancillería de Valladolid, Escribanía Zarandona, legajo 295, fs. 5 ss. (Valladolid). Para Toledo poseemos dos testimonios de carácter opuesto: «quando algunas cartas de los cavalleros o de alguno que desease la paz venían, Ilamavan a campana la perrochia de la yglesia de San Salvador para ver lo que se contenía en las dichas cartas e que el dicho Juan Gaitán hablava primeramente porque a él davan las bozes e otras vezes decían que hablase el más chico de todos primero». (AHN, proceso contra Juan Gaitán). «Quando quieren hazer algund alboroto o afrenta a alguna persona que les es contraría a sus malos propósitos, éstos [los diputados] llaman las perrochias a canpana tañida, adeuda los oficiales y gente suelta, como amigos de bullicios e robos, dexan sus oficios e acuden a las yglesias, adonde de sus diputados son sobornados e predicados segund la opinión que llevan pa yndicar los corazones y tener sienpre el pueblo levantado syn temor que ay Dios ni rey ni justicia». (Mem., leg. 141, f. 464). <<

[1645] Cf. supra, p. 214 (cuadrillas de Valladolid). <<

[1646] «Vido muchas vezes, quando alguna cosa se avia de hazer en la dicha ciudad [Toledo] que tocase al bien de la paz, que entravan vna grand conpañía de alborotadores con otras gentes ceviles, con espadas sacadas y escopetas con mechas encendidas entrar en el ayuntamiento con mucho escándalo y estorvar la plátyca y hazer por fuerza lo que ellos querían». (AHN, proceso contra Juan Gaitán). «En hablando alguno fuera de su propósito, el más desarrapado dellos se alcava desde acullá, más bravo que un león e renegando de Dios, e luego los otros alborotadores le ayudavan de manera que ninguno bueno se osaba poner con ellos mas en tenporizar por miedo de la muerte o de ser robado» (ibid.). «Sy vno myrava e callava, dezian que hera de los traydores almagrados e sy hablava a su apetito dellos le dezian que todo aquello hera falso, en especial sy del tenían alguna sospecha (…), por manera que no sabia qué se hazer entrellos nyngund bueno» (ibid.). <<

[1647] Cf. supra, pp. 214 ss. <<

[1648] «A las diez oras del dia, ya tenía juntada la cibdad y hizeles vna habla, porque en estos tienpos de agora es mejor hablar mal que no bien». (Saravia a la Junta, s. r.: PR, leg. 3, f. 43). <<

[1649] He aquí cómo narra fray Bernaldino de Flores su campaña en Palencia en octubre en un momento en que los comuneros contaban con muchos enemigos influyentes en la ciudad: «como no quisyessen [los contrarios] que las provisyones de Vuestra Señoría [de la Junta] se leyessen en comunydad, allegando que es alborotar el pueblo, yo respondy que la creencya de Vuestra Señoría no se avya de leer en particular syno delante todos y tenya para esto prevenido los quadrylleros y muchos del común y oydo lo que yo dyxe dyeron todos bozes (…) que hyziesse ayuntamiento público y a su desplacer se hyzo pregonar que todos se llegasen; llegados los de mi creencia como Dyos me inspiró y todo el pueblo acudyó al reclamo (…)», etc. (PR, leg. 2, f. 2). Ver además los predicadores de Valladolid en agosto de 1520 (cf. D, I, 483). <<

[1650] Carta de la Junta, 4 de septiembre de 1520 (D, I, 548). <<

[1651] Era una de las reivindicaciones de los toledanos cuando comenzaron las negociaciones con los virreyes después de la batalla de Villalar (cf. sufra, p. 373): «lo que esta cibdad quiere es tener los oficios de diputados o de Jurados, qualquier nonbre dellos quisieren dar, anales y no perpetuos, después de las vidas de los que agora son»; a lo que respondió el almirante: «este nonbre de congregación hera odioso al reyno y a lo acaescido en él y hera representación de Junta». Naturalmente, los jurados tradicionales se oponían decididamente a esta reivindicación (cf. Mem., leg. 141, f. 464). <<

[1652] Diego de Guzmán, procurador de Salamanca en la Junta general, se quejaba de que no recibía dinero para sus gastos; el deán del capiíulo le respondió que le había sido imposible todavía convencer a los miembros de la asamblea municipal y a la población «las cosas de las comunidades son de calidad q nayde puede en ellas más de quanto haze y quiere siendo conforme a la voluntad de todos y como en este caso de vuestra merced aya ávido contrarias voluntades, como le he escrito, no se a podido más hazer». (PR, leg. 3, folio 34). <<

[1653] Tras recibir una carta de Burgos que se oponía violentamente a los argumentos de la Junta, Salamanca vio en ella la acción de un grupo de individuos aislados, de notables que no representaban en absoluto la opinión de la comunidad: «tenemos creydo que esta carta no es de la comunidad de Burgos, syno de personas particulares como en otras cibdades destos reynos a acaescido que tanbién nos an escripto personas particulares en nonbre de cibdad». (PR, leg. 3, f. 33). <<

[1654] cf. SOBOUL, Les Sans-Culottes, pp. 505, 517, 530. <<

[1655] «Escrivieron a la cibdad de Ávila estuviesen en la unión que avían estado y diesen crédito al maestro Bustillo que yva en nonbre del reyno y desta villa». (Comunidad de Valladolid, PR, leg. 4, f. 54, sesión del 20 de febrero de 1521). «El dicho Juan Gaytán traya vn papel en el seno que publicava que hera vna ley muy antigua de Roma y otra que dezia que hera ley de Partida y lévales por las yglesias e por algunos ayuntamientos de los cibdadanos e dezían que las dichas leyes mandavan que el cibdadano que no fuese con su cibdad y no la ayudase que muriese por ello y le derribasen la casa». (AHN, proceso contra Juan Gaitán). <<

[1656] Estos eran los tres puntos del juramento exigido a los habitantes de Valladolid los días 15 y 16 de noviembre de 1520 (PR, leg. 3, f. 126). En la mayoría de las ciudades, la ceremonia del juramento se celebró poco después de que los comuneros se hicieran con el poder. La Junta general insistió en que esta ceremonia se extendiera por todas partes: «requirió el señor Juan Zapata a los dichos señores [de la comunidad de Madrid] quel juramento que se enbió de la Junta para que se jurase en esta villa que ayer juró el dicho señor Juan Zapata e otras personas, que sus mercedes manden que todos los vecinos desta dicha villa fagan el dicho juramento». (19 de noviembre de 1520, D, VI, 251). Sobre este deseo de unanimidad, al que el juramento confería un valor religioso, y sobre sus corolarios (la vigilancia, la lucha contra los sospechosos, el terror), cf. A. SOBOUL, Les Sans-Culottes, pp. 558-561; A. DECOUFLÉ, Sociologie des révolutions (col. «Que sais-je?», núm. 1298, París, PUF, 1968, p. 85), y J. P. SARTRE, Critique de la raison dicdectique, I, Gallimard, 1960, pp. 439 ss. <<

[1657] «Doña María Pacheco tenya puestos por la dicha cibdad personas que heran malsynes para escuchar los que hablavan en paz e contra los alborotadores». (AHN, proceso contra Juan Gaitán). Sobre el control de la correspondencia en Madrid, cf. D, VI, 281. La delación estaba considerada como un deber cívico; el no denunciar a los traidores era un crimen susceptible de las penas más severas: «acordaron que se pregone públicamente que todas o qualesquier personas que tovieren e sopyeren de byenes de los enemygos del reyno e de los cavallero e personas que fueron en el robo y saco de Tordesillas lo vengan a declarar ante Lope de Rallares, secretario, e le darán al que lo manifestare su parte e no lo hazvendo cayga e yncurra en perdimiento de todos sus bienes para los gastos del reyno». (PR, leg. 4, f. 51, sesión del 30 de diciembre de 1520). <<

[1658] AHN, proceso contra Juan Gaitán. Sobre el sentido de las palabras almagre, enalmagrado, cf. Covarrubias Tesoro. <<

[1659] «Non oraron al licenciado Ávalos y Alonso de Vera para que tomasen ynformación de los que heran sospechosos al pueblo». (Comunidad de Valladolid, PR, leg. 4, f. 53, sesión del 20 de noviembre de 1520); «se dé provisión para que el señor obispo de Zamora vaya a la cibdad de Palencia e su tierra e partido e beetrías e otras partes e procure que todas las personas que en la dicha cibdad e sus contornos e otras partes oviere sospechosas e contrarias del bien común las pueda hechar e desterrar». (Junta general, sesión del 23 de diciembre de 1520, PR, leg. 4, f. 51). «Mandaron al jurado Pero Ortega que aya ynformación sy es enemigo del bien público el comendador Vivero e ávida se trayga aquí para que se vea» (ibid., sesión del 2 de marzo de 1521). Los exiliados podían apelar a la medida que les afectaba ante la Junta general: Rodrigo de Zúñiga estaba también autorizado a entrar en Valladolid, el 23 de diciembre, después de haber jurado fidelidad a la Junta (ibid.); pero la comunidad local no siempre actuaba de acuerdo con los principios de la Junta general; así, por ejemplo, la comunidad de Toro rechazó, el 2 de enero de 1521, levantar el exilio a Francisco Pelaz, a pesar del informe favorable que había dado la asamblea de Valladolid (Mem., leg. 142, f. 173). A veces, el exilio quedaba atenuado si un militante salía como garante de Tos sentimientos de los sentenciados: «los dichos diputados dixeron que no enbargante que avían mandado notificar a Jorge de Herrera y Juan de Herrera, su hijo, y a Alvar Pérez Osorío y a Juan de Estrada que saliesen fuera de las cinco leguas, pero que porque el bachiller Santisteban, vecino de Tudela, et García Gómez, regidor del dicho lugar, dezían que los tienen por buenos vecinos que les davan licencia e facultad para que estuviesen en el dicho lugar de Tudela y lo cunpliesen so la pena que les estava puesta». (PR, leg. 4, f. 54, sesión del 16 de febrero de 1521). Otras veces podía tratarse también de una medida destinada a proteger al sospechoso de un castigo mayor; cuando el corregidor comunero de Zamora, Francisco Docampo, desterró a Iñigo de Ortega, el 5 de octubre, le acompañó durante una parte del trayecto para evitar que fuera maltratado (Chancillería de Valladolid, Escribanía Quevedo, leg. 108). <<

[1660] «Fue mandado dar mandamiento para que las personas en cuyo poder están qualesquier byenes de los contrarios que lo entreguen a Canseco, tesorero, para que se vendan». (PR, leg. 4, f. 51, sesión del 10 de marzo de 1521). «Fue mandado librar mandamiento para que el jurado Pero Ortega dé e entregue a Juan Díaz de Canseco los bienes que en él fueron deposytados del comendador Vivero para que los venda en almoneda pública por quanto les consta ser culpado para la paga de gente de guardas» (ibid., sesión del 4 de marzo). Pedro de Ávila, que se había negado a adherirse a la comunidad de Ávila, vio cómo su casa era destruida, sus bienes confiscados y vendidos en pública subasta: «le han dexado con sólo lo que trae a cuestas» (carta del condestable, 14 de noviembre de 1520, D, II, 498). Durante el invierno de 1520-1521, la comunidad de Valladolid endureció notablemente su actitud con respecto a los traidores y sospechosos, lo que provocó numerosas disensiones en su seno; en abril, el maestro Bustillo y el bachiller Madrigal liberaron, por iniciativa propia, a unos cuarenta individuos que se hallaban detenidos; la comunidad protestó: «es gran menosprecio de la justicia e mandauan e mandaron que de aquí adelante ningún diputado vaya a la cárcel a vesytar saluo que los alcaldes hagan justicia»; Pedro de Tovar pidió que arrestaran a dos diputados (PR, leg. 4, f. 53, sesión del 21 de abril de 1521). Ejemplo de justicia popular: la sentencia que se pronunció en Zamora el 6 de abril. Pedro Carrillo fue acusado de haber intentado entregar el castillo de la ciudad al conde de Alba de Liste; las conclusiones de la información abierta y la confesión del culpable se hicieron públicas en la plaza de la ciudad, ante una mutitud de casi mil personas: «mucha gente del pueblo en la dicha placa esta van por quadrillas con sus dezenarios y a parecer de mí, el dicho escribano, serían más de mili onbres»; los jueces se dirigieron a la multitud preguntando cuál era la sentencia que se debía pronunciar; la respuesta de la muchedumbre, fue la muerte. La sentencia fue ejecutada inmediatamente (Mem., leg. 3, f. 5). <<

[1661] Sobre los trabajos de fortificación efectuados en Madrid, cf. D, VI, 252 y 286. Sobre la creación de puestos de guardia en las puertas de Valladolid y en los castillos de los alrededores, cf. PR, leg. 4, f. 54, passim. <<

[1662] «A este testigo [Alonso Granizo] le preguntaron, viniendo a entrar en la dicha cibdad [Toledo] (…) que quién bivía e que este testigo dixo que el rey e que entonces dixeron que quién más e que este testigo dixo que no sabie quién más e que entonces le dixeron que avía de dezir que el rey e la Comunidad». (AHN, proceso contra Juan Gaitán). Sobre el control de las entradas y salidas en Valladolid, hay numerosos ejemplos en PR, leg. 4, folio 54 passim. <<

[1663] Ejemplo de Madrid en D, VI, 289. <<

[1664] Para Toledo, cf. AHN, proceso contra Juan Gaitán: «En cada perrochia avian fecho un capitán»; «los vezinos de la dicha cibdad de Toledo estaban encuadrillados de veynte en veynte e de quinze en quinze e que cada quadrilla de éstas tenía un cuadrillero a quien todos los otros avían de obedescer». Para Madrid, cf. D, VI, 283 y 324. Para Valladolid, cf. PR, leg. 4, f. 54: «Alonso de Vera e Garcí Cocón e Alonso de Santiago, diputados, por virtud de la comisión que tenían, hordenaron la forma que las quadrillas avian de tener en guardar sus cuarteles» (sesión del 21 de enero de 1521). <<

[1665] Sobre la movilización permanente de la población de Valladolid, cf. PR, leg. 4, f. 53: «Mandaron apregonar los dichos señores (…) que todos los vecinos desta villa estén todos a punto de guerra para favorecer e ayudar la justicia» (sesión del 25 de marzo). cf. además PR, leg. 4, f. 54. De hecho se podía pagar a un sustituto si se quería evitar ir al combate con la milicia misma (cf. AHPSe, Buisán, protocolo 49, f. 211). Si no se servía personalmente, había que pagar, 6 reales fue la suma que se exigió a una viuda de Valladolid para pagar a un soldado (Estado, leg. 7, f. 252). <<

[1666] cf. PR, leg. 4, f. 53, sesiones de los días 6 y 20 de marzo (Valladolid); Mem., leg. 139, f. 33 (Toro); PR, leg. 4, f. 62 (Ciudad Rodrigo). Los conventos de Valladolid fueron saqueados para hacerse con los bienes que allí habían depositado los traidores: PR, leg. 3, f. 39; D, III, 225, 300, y V, 470-471. <<

[1667] Sisas: en Valladolid, un maravedí por cada libra de pescado, impuesto que se añadía al que pesaba ya sobre el vino y la sal (PR, leg. 4, f. 53, sesión del 4 de enero); en Zamora, impuestos sobre la carne, el vino y el pescado (Chancillería de Valladolid, Quevedo, legajo 108). Recaudación de otros impuestos: RGS del 12 de septiembre de 1521 (Valladolid), 11 de abril de 1521 (Segovia). Repartimientos: cf. Estado, leg. 7, f. 148 (Ávila), RGS, 5 de noviembre de 1524 (Toro), 11 de noviembre de 1520 (León). Préstamos forzosos: PR, legajo 4, f. 53 (Valladolid, sesión del 25 de enero de 1521); AHPSe, Ruescas, protocolo 55, f. 275. La comunidad de Valladolid dio seguridades a algunos banqueros (Lorenzo Martín, Pantaleón), que ya sufrían fuertes impuestos, contra la repetición de los préstamos forzosos (PR, leg. 4, f. 53, sesión del 15 de febrero; PR, leg. 4, f. 54, sesiones de los días 17 y 21 de febrero). El 12 de marzo, una comisión especial formada por el maestro Bustillo, García Cocón, Gonzalo Gómez, Francisco de Torquemada, el canónigo Santander y Alonso de Vera, impuso a 163 personas de Valladolid un préstamo forzoso de 2600 ducados; la suma que debía aportar cada uno variaba entre 5 y 150 ducados (PR, leg. 5, f. 82). <<

[1668] «Comentada por gente plebeya e baja fue soplada e atizada la comunidad por ombres más calificados e abundantes en malicia, so color de buen zelo e del bien común de la república; e con esta color andava envuelta una disimulada tiranía e un robo manifiesto so color de esención e libertad». (Gonzalo FERNANDEZ DE OVIEDO, citado por GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Las Casas, II, p. 904, nota 3006). <<

[1669] Cf. supra, pp. 303 M. <<

[1670] «Una tan grand congregación donde ay tantos y tan grandes letrados asy juristas como teólogos, y tantos cavalleros y tan honradas personas otras y tan sabias…» (carta de los diputados de Valladolid, septiembre de 1520, PR, leg. 4, f. 50; D, II 53-54). En un sentido concreto, el comunero era el hombre común, lo contrario del caballero y del notable; cf. esta decisión de la Junta general del 27 de enero: «nonbraron para yr a la conferencia [negociaciones con los virreyes] a los señores don Pero Laso de la Vega e de Guzmán, e a Diego de Guzmán, de los cavalleros, e a Diego del Esquina, por la comunidad, por quanto acordaron que fuesen dos cavalleros e vn comunero». (PR, leg. 4, f. 51). <<

[1671] Carta de la Junta a Valladolid. 10 de octubre (PR, leg. 5, f. 18; D, II, 316). <<

[1672] Carta de la Junta a Valladolid, el 11 de octubre (ibid., 317). <<

[1673] Cf. supra, pp. 211 ss. Saravia y Vera iban a conservar toda la confianza de parte de la comunidad de Valladolid, que renovó en varias ocasiones su mandato (PR, leg. 4, f. 54, sesión del 29 de diciembre; PR, leg. 4 , f. 53, sesión del 13 de marzo). <<

[1674] En Valladolid cundió la inquietud cuando se supo el 7 de enero que Toledo proyectaba designar a nuevos procuradores para ocupar el lugar de don Pero Laso y don Pedro de Ayala, los cuales, no obstante, no eran extremistas, especialmente el primero: «suplicamos a vuestra merced sin alteración ni mudanza alguna quiera estar en este propósito e que como parte más principal de todo el reyno a quien todas las cibdades han por bien de seguir e siguen (?) y confederarse con ellas como todas están confederadas». (PR, Tg. 4, f. 49: D, III, 121). Un mes más tarde, fue Segovia la que solicitó a la comunidad de Valladolid que se opusiera al nombramiento de nuevos procuradores: «porque los procuradores de la Junta avían escripto a sus cibdades que enbiasen otros procuradores porque se querían ir a sus casas, que procurasen [los de Valladolid] con los de la Junta que no hiriesen ninguna novedad» (carta del 7 de febrero, PR, leg. 3, f. 104). De igual modo, la ciudad de León, que había retirado a fray Pablo, aceptó reconsiderar su decisión, el 9 de abril, a petición de Valladolid (PR, leg. 3, f. 102). <<

[1675] Algunos consiguieron verse libres de su responsabilidad; tal es el caso del doctor Martínez, procurador de Toledo, que se declaró enfermo (Mem., leg. 145, f. 5). Diego de Madrid, procurador de Madrid, señaló que él se hallaba presente por orden expresa de sus electores: «el alcalde Castillo de la dicha villa de Madrid le mandó ante Francisco García, escribano, que so pena de perdimiento de sus bienes viniese a esta Santa Junta a asistir con los otros procuradores que en ella están». (PR, leg. 4, f. 51, sesión del 14 de febrero). Sancho Sánchez Cimbrón, procurador de Ávila, que había sido enviado a realizar una misión ante el rey, recibió un permiso de algunos días para reponerse (ibid., sesión del 3 de marzo). Los restantes procuradores asistieron a las sesiones de buen o mal grado. Aquellos que podían verse tentados a presentar alguna objeción, fueron amenazados con una denuncia a sus comunidades: «Diego de Guzmán e Francisco Maldonado requieren a los señores procuradores que luego hagan saber a sus cibdades las contradicciones que aquí pasan entre los procuradores del reyno, las quales son muy perjudiciales al bien del reyno» (ibid., 14 de febrero). <<

[1676] Cf. supra, pp. 264 ss. <<

[1677] La comparación es del almirante de Castilla (D, III, 387-388). Los Grandes pensaban que habían asestado un golpe mortal a las Comunidades al obligarlas a evacuar Tordesillas; pero esto no había servido más que para excitarles todavía más: «todos los pueblos han sentido tanto la toma de Tordesillas que se an enbrabescido y alterado más que estauan» (carta del licenciado Vargas, 13 de diciembre, D, II, 693). De igual modo, algunas semanas después, el regreso de fray Pablo, que se hallaba en Alemania desempeñando una misión, reforzó el prestigio y la determinación de la Junta (carta del almirante del día 16 de marzo, D, III, 415; PR, leg. 1, f. 96). <<

[1678] cf, PR, leg. 4, 54, 12 de diciembre; ANGUIERA, carta 709, ed citada IV, p. 115; el palacio del comendador don Pedro de Ribera estaba situado en la actual calle Teresa Gil (cf. J. AGAPITO Y REVILLA, Las calles de Valladolid, Nomenclátor histórico, Valladolid, 1937, página 482). <<

[1679] PR, leg. 4, f. 51, 9 de enero, 21 de febrero y 16 de marzo. <<

[1680] «La causa porque no respondí a los de la Junta, quando me enbiaron a requerir a cada uno por sy (…) fue porque no quieren rescibir carta que vaya sino a todos juntos y desto tienen mucho cuidado (…) ni tanpoco les osa nadie dar carta que no vaya para todos juntos» (carta del condestable, 14 de noviembre de 1520, PR, leg. 1, f. 105, D, II, 494). <<

[1681] PR, leg. 4, f: 51, edición del 16 de marzo. <<

[1682] Ibid., sesión del 14 de febrero. Francisco Maldonado se negó a firmar y hubo que obligarle con amenazas (ibid.,, sesión del 20 de febrero). <<

[1683] Para cuanto sigue, nos basamos, completándola en algunos puntos, en la excelente monografía de F. ARRIBAS ARRANZ, La organización de la Cancillería durante las Comunidades. <<

[1684] Este sello costó 6000 maravedíes y un marco y medio de plata (PR, leg. 4, f. 51, 22 de diciembre). <<

[1685] Ibid., sesiones de los días 22, 23, 25 y 28 de diciembre, 4 de enero, 9 de febrero; PR, leg. 5, fs. 63, 68 y 85; D, 738-739. <<

[1686] Cf. supra, pp. 264 ss., y PR. leg. 2, f. 98; leg. 6, fs. 8, 9, 10, 15, 28 y 29. <<

[1687] PR leg. 4 f. 51 sesiones de los días 25 y 28 de diciembre. <<

[1688] Hernán Gómez de Alcocer desempeñó este cargo al menos desde el 9 de octubre (PR, leg. 5, f. 82). <<

[1689] PR, leg. 5, f. 72. <<

[1690] PR, leg. 5, f. 53 (texto del 18 de septiembre). <<

[1691] cf. correspondencia de los virreyes, passim, y PR, leg. 5, f. 49 (orden de entregar al procurador Diego de Madrid 900.000 maravedíes de los Maestrazgos, depositados en Madrid, s. f.); PR, leg. 4, f, 51, passim. <<

[1692] PR, leg. 5, f. 82 (sesión del 10 de abril que contiene esta interesante recomendación: «ha de tener cuydado Francisco Diaz quando algund recabdador fuere a alguna cibdad, villa o lugar, de escribir cartas del señor obispo [de Zamora] a los pueblos muy amorosas y graciosas y a algunas personas particulares de que tenga noticia y conoscimiento»). <<

[1693] PR, leg. 4, f. 51, sesiones de los días 31 de diciembre, 1, 16, 18, 28 y 31 de enero, 8 de febrero, etc. Gonzalo de Guzmán, don Pero Laso, don Hernando de Ulloa, Pedro de Ulloa, y el bachiller Guadalajara eran los que protestaban con más frecuencia contra estas confiscaciones. Por el contrario, Diego de Guzmán, Francisco Maldonado, Juan Benito, Juan de Olivares y García Cabrero apoyaban este tipo de medidas. <<

[1694] El 19 de diciembre se impuso un préstamo forzoso de 1000 ducados a los genoveses de Medina del Campo: Gaspar Rotulo, Benito Centurione, Cattaneo, Pinelo, etc. (PR, leg. 5, folio 82); 539.500 maravedíes fueron recogidos el 6 de marzo entre los cambistas, banqueros y comerciantes de Medina del Campo (ibid.). El 16 de febrero, nuevo préstamo forzoso sobre algunos hombres de negocios de Valladolid: Galván Boni de Sienne, Pantaleón, Andrés Belotti, Simón Centurioni, etc. (PR, leg. 4, f. 51). Estos préstamos venían a añadirse a los que imponía la comunidad de Valladolid por su propia iniciativa (cf. supra, p. 443). <<

[1695] El clero de Valladolid satisfacía una contribución (¿voluntaria?) de 150 ducados (PR, leg. 4, f. 37); Acuña había adelantado 3000 ducados que le fueron devueltos el 2 de enero (PR, leg. 4, f. 51); sobre los objetos de plata que poseía Padilla, cf. PR, leg. 4, f. 37; leg. 5, f. 82, y D. V, 54). <<

[1696] CM, leg. 333, s. f. <<

[1697] PR, leg. 4, f. 51, sesiones de los días 10 y 29 de enero, 26 de febrero y 1 de marzo. <<

[1698] Ibid., sesión del 22 de diciembre. <<

[1699] Estado, leg. 8, f. 171. <<

[1700] PR, leg. 4, f. 52 (tumultos de Plasencia) por ejemplo. <<

[1701] Estado, leg. 7, f. 259 (queja contra el licenciado Lerma); PR, leg. 5, f. 79 (contra los alguaciles); PR, leg. 5, f. 80 (proceso entre las Clarisas de Zamora y los notarios de la misma), etc. <<

[1702] Céd., lib. 41, f. 183 V. (Worms 7 de diciembre de 1520), advertencia repetida luego desde Bruselas el 15 de abril de 1522 (RGS). Numerosos procesos de esta clase; PR, leg. 5, fs. 67 y ss.; leg. 6, fs. 4 ss.; Estado, leg. 7, fs. 251 ss. <<

[1703] PR, leg. 1, f. 80. <<

[1704] PR, leg. 4, f. 43, texto publicado con una introducción de Luis DE USOZ Y RÍO, con el título de Proyecto de la constitución de la Junta de las Comunidades de Castilla, Valla dolid, 1842, 13 p., y luego en Codoin, I, p. 272-283. Copia manuscrita en la BNM, ms. 20067. <<

[1705] El 23 de agosto está fechada en Martín Muñoz de las Posadas una carta de Padilla, Bravo y Zapata a la Junta (PR, leg. 2, f. 107; D, I, 497). <<

[1706] Sobre esta controversia, cf. supra, pp. 115 ss. <<

[1707] Las instrucciones de Jaén, fechadas el 5 de septiembre, han sido publicadas por D, I, 543-548; las de Valladolid (PR, leg. 5, f. 13) por M. DANVILA, El poder civil en España, t. V, Madrid, 1855, pp. 233 ss.; las de Burgos (PR, leg. 3, f. 124) están, así lo creemos, inéditas. <<

[1708] Entre los diputados que el 22 de agosto aprobaron en Burgos estas instrucciones, aparecen los nombres de varios mercaderes y hombres de negocios: Juan de Enciso, futuro colaborador de Vozmediano y de Cobos, Francisco de Mazuelo, Bernardino de Aragón, Bernardino de Medina, Juan de Béjar, Diego López de Castro, Juan Cortés, Francisco de Robles, etc. (PR, leg. 3, f. 158). Algunos de estos hombres pertenecían también a la clientela política del condestable, como lo demostrarían en el curso de las semanas siguientes. <<

[1709] Cf. supra, pp. 203 ss. <<

[1710] PR, leg. 4, f. 54, sesión del 3 de septiembre. <<

[1711] Texto publicado por SANTA CRUZ (I, pp. 282-328) y por SANDOVAL (pp. 295-317), precedido de una carta de introducción de la Junta al emperador, en la que se señalaba el espíritu que había animado la elaboración del documento, y que comentaremos más adelante. <<

[1712] Según una declaración del licenciado Villa, Mem., leg. 162 s. f. <<

[1713] PR, leg. 3, f. 137 (D, III, 262-277). Sobre las negociaciones de febrero-marzo, cf. supra, pp. 296 ss. <<

[1714] He aquí un texto significativo. Entre los servicios prestados al emperador por el contino Diego Pérez de Vargas, se destacaban: «prendió a los que llevavan las cartas y capítulos que se imprimieron contra vuestras magestades (…) y quemó las dichas cartas y capítulos públicamente (…). Las dichas cartas y capítulos y pregones andavan públicamente por todo el reyno». (PR, leg. 2, f. 120). Sin duda, Pérez de vargas no pensaba en los futuros historiadores de las Comunidades, que se hubieran sentido muy dichosos de poder consultar todos esos documentos. <<

[1715] Carta del 16 de enero de 1521 (D, III, 35). Sobre la impopularidad de Carlos V, cf. supra, pp. 112 y 115. <<

[1716] «En Segouia, predicó un flayre que su alteza era hijo de una esclava»; según este predicador, el heredero del trono sería, por tanto, el infante Fernando (cartas del almirante, 15 de abril de 1521 [PR, leg. 1, f. 96; D, III, 598], y del cardenal Adriano, 23 de mayo de 1521 [D, IV, 27]). <<

[1717] cf. el manifiesto de la Junta a las Merindades el 14 de noviembre (PR, leg. 4, f. 84; D, II, 586): «Sobre (?) lo bueno e desfrutado estos reynos, [los extranjeros] nos tienen tanto, odio o enemistad como si verdaderamente fuésemos sus propios enemigos e omecidas de sus padres e en toda la casa real no an consentido que esté una persona de nuestra nación»; «si algún natural nuestro algún oficio o beneficio a ávido, a sido conprado por sus dineros de los estrangeros». El cardenal Adriano escribió el 23 de diciembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 670): «Los grandes y pequeños destos reynos generalmente se quexan diziendo que han sydo tratados de Vuestra Alteza como si fuessen turcos y no súbditos suyos». <<

[1718] Numerosos testimonios: «quitarle al rey (…) su título», tal era, según Burgos, el propósito de la Junta (carta del 11 de noviembre; D, II, 570); «quitar al rey nuestro señor el nombre de rey y no nombrarle en pregones ni en otros ningunos autos», eso es lo que quieren los comuneros, escribió el almirante a Sevilla el 6 de diciembre (D, II, 684), etc. Según ANGHIERA (carta 688, ed. citada, IV, p. 64), la mayoría de la Junta sustentaba la idea de destronar a Carlos V; no habría desistido de ella sino ante la decidida oposición de la minoría. Según el embajador portugués, habría que incluir entre la mayoría hostil a Carlos V, a los procuradores de Toledo, Segovia y Madrid y, entre la minoría, a los de Burgos, Valladolid y Salamanca (carta del 19 de septiembre de 1520), CC, Part. 1, marzo 26, doc. 67). Sobre el problema dinástico y los intentos de la Junta de conseguir la curación de la reina para que desempeñara un papel político, cf. supra, pp. 73 ss. y 192 ss. <<

[1719] «Que la casa real de la reina nuestra señora se ponga en aquel estado que a su real persona conviene, a honra de estos sus reinos. Y que se le pongan oficiales personas de manera y que sea la casa proveída cumplidamente como conviene…». En la sesión del 12 de noviembre, la comunidad de Madrid insistió mucho sobre este punto: «que la reyna nuestra señora esté con aquella magestad y casa que a su real persona pertenece y que sy algunos Grandes destos reynos se apoderasen en tomar a su magestad sería daño intolerable y grande escándalo para el reyno». (D, VI, 250). <<

[1720] Todos los decretos de la Junta aparecían en nombre de la reyna y del rey sin mencionar la dignidad imperial (cf. supra, p. 192). Eso no impidió a la comunidad de Madrid felicitar a Carlos V, el 23 de noviembre, por su concesión: «se recibe una carta de su magestad con la nueva de su coronación, acordándose dar las gracias por la señalada merced que hace a esta villa». (D, VI, 252), actitud que no parece compatible con la doctrina de la Junta. <<

[1721] «Yten, que para algún remedio del daño que agora tenemos por aver subcedido en estos reynos persona estrangera, que con mucha ynstancia se suplique al rey nuestro señor y se provea como se haga que su magestad se quiera casar con la señora ynfanta de Portugal, porque somos ynformados que es muy excelente persona e muy hermosa, muy amiga de nuestra nasción y de todos los castellanos e que habla nuestro castellano como lo hablamos e que es muy prudente e de mucha gravedad e que en todo sigue las pisadas de la Católica reyna doña Ysabel, su abuela, y con ella le sería dado grandísimo dote en dinero, tanto y más que en ninguna otra parte se le puede dar, de que se podrá socorrer para sus nescesidades y casándose asi tememos mayor prenda de su alteza que terna el amor que deve a estos reynos, pues son los más principales del mundo, e a los súbditos dellos y que en su casa real y de la dicha señora ynfanta seyendo reyna destos reynos, cabrían nuestros naturales y serían en ella criadas las hijas de los Grandes y de los otros cavalleros destos reynos, como lo fueron en la casa de la dicha señora reyna, su abuela, y si se oviese de casar su magestad con reyna estrangera de habla y traxes destos reynos sería el daño doblado». Las instrucciones de Valladolid eran muy explícitas sobre la intención de este casamiento —eliminar cualquier posibilidad de que reinara un extranjero—: «yten, porque por experiencia hemos visto e conoscido el daño que estos reynos han padescjdo y nenea por aver venido a reynar en ellos personas estrangeras en habla y en su forma de (?), que si en la dicha Junta se hablare en buscar remedio para que de aquí adelante esto se remedie y provea para sienpre, que hablen en ello nuestros procuradores y que el remedio justo y en todo lo que se hablare por la dicha Junta sean los dichos nuestros procuradores». Los Capítulos de lo que ordenavan de pedir los de la Junta trataban de conseguir el mismo resultado, excluyendo a las mujeres de la sucesión al trono: «después del [Qarlos V], no pueda suceder muger ninguna en el reino; pero que no habiendo hijos, que puedan suceder hijos de hijas o de nietas, siendo nascidos e bautizados en Castilla; pero que no puedan suceder si no fueren nascidos en Castilla». <<

[1722] AHN, preguntas a plantear a los testigos en el marco de la información abierta contra Juan Gaitan: «si saben que el dicho Juan Gaitán, con yntención de persuadir al pueblo y conservalle en su maldad, mostrava a la gente común vna que dezia que hera profecía antigua y vn juizio de vn astrólogo y les hazía entender que el emperador nuestro señor nunca avia de venir a estos reynos ni entrar en ellos y que las Comunidades que avian de prebalescer y por eso que estuviesen firmes, que no obiesen miedo, lo qual ansimismo publicavan por las yglesias»; «sy saben que el dicho Juan Gaitán en los dichos tienpos dezia públicamente a los de la comunidad (…) que el rey no avía de venir a estos reynos (…) y que si viniese todos los pueblos avían de ser contra él e salille a recebir con picas, ballestas V escopetas y otras armas». Y a continuación, reproducimos una de las declaraciones de los testigos: «hera tal [el rey] que se iría a Roma e si en Roma no le quisiesen que se bolvería a Castilla e que si no le quisiessen en Castilla, que se bolvería a Flandes, e así diziendo que no tenía habilidad más de para hazer lo que le mandavan». Por su parte, ef cardenal Adriano escribía el 20 de enero de 1521 (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 12-13): «hase hechado fama pública por todos estos reynos que Vuestra Alteza no quiere conceder el perdón general y juntamente con ello que Vuestra Magestad se yrá a Ytalia a tomar las otras dos coronas y que ahora se stá en Alemania con plazeres y muchas fiestas y que no haze caso de Spaña». Para desmentir estos rumores, el licenciado Zuazola aconsejó una sola solución: el inmediato regreso a España; «si esto no haze su magestad, crea que esta señora de España sienpre le porná cuernos en este enamorado de Comunidades o con otros galanes y competidores de nuevas invenciones». (PR, leg. 1, f. 8; D, III, 72). <<

[1723] «La Junta (…) ha mandado de todas las ynstrucciones hazer vna y por aquella suplicar al rey nuestro señor y que sy otorga todo aquello que se obedezcan los governadores, pero no los querrían tan grandes» (carta de Francisco de Mazuelo al condestable, sin folio, PR, leg. 2, f. 78). Sobre la determinación de la Junta de elegir a los virreyes y eliminar a los Grandes, cf. el manifiesto a las Merindades del 14 de noviembre (PR, legajo 4, f. 84; D, II, 589): «las cibdades se an juntado e tienen fecho Cortes para proveer como las leyes del reyno se guarden e por leyes de Partida está proveydo la forma que se a de tener en poner governadores e que el reyno los a de helegir. [No hemos encontrado el texto de Las Partidas al que se alude aquí] Paréceles muy gran ynconviniente e no cosa de sofrir quel rey nuestro señor los prouea ni ellos lo acebten, no guardando cerca dello las leyes reales ni concurriendo en ellos las calidades necesarias»; «[las ciudades] están en su firme propósito de no obedecer governador que no fuese puesto a contento del reyno e conforme a las leyes reales ni consentir que ningún Grande so esta color se apodere del reino por los grandes males e daños que de aquí resultarían». Sobre la hostilidad respecto a la alta nobleza, cf. supra, pp. 469 ss. Los Grandes debían ser excluidos de toda responsabilidad financiera: «que en la casa real de su magestad, ningún Grande pueda tener ni tenga oficio que tocare a la hacienda y patrimonio real» (programa de Tordesillas). Los Capítulos de lo que ordenavan… preveían el siguiente procedimiento para la designación del regente: «si el rey fuere me[nor o menteca] to o se ausentare del reino, que los procuradores de Cortes e los del consejo se junten en Cortes y elijan un Gobernador del estado de los caballeros y éste e los del Consejo gobiernen el reino e provean de tutor e curador al menor o mentecato e de oficiales de su casa e quéstos puedan amoverse, quitar a los tutores e curadores e oficiales cada e quando les pareciere e poner otros». Fue sobre este punto en el que se estancaron las negociaciones de febrero-marzo; cf. supra, p. 307. ¿Planeaba quizás la Junta designar como regente a don Pero Laso de la Vega? Eso es lo que afirmo el almirante el 28 de noviembre (D, II, 544), pero no hemos encontrado confirmación de las palabras del almirante. Quizás se hablara también en esa misma época, en los medios próximos a la Junta, de confiar graves responsabilidades a don Pedro Girón. Eso explicaría los rumores de que Girón habría mantenido pretensiones al trono de Castilla, suposición absurda en esta forma pero que podría tener algún fundamento si se planeaba nombrarle para el cargo de virrey (cf. D, II, 488). <<

[1724] En los Capítulos de lo que ordenavan… la representación en Cortes quedaba organizada de una forma más compleja: cada diócesis enviaba a tres procuradores: un representante del clero secular, un representante de los caballeros y otro de los comuneros; además, el conjunto de los caballeros (hay que entender la alta nobleza, excluyendo a los caballeros de las ciudades, ya representados) designaba a dos procuradores; las órdenes religiosas podían tener también dos representantes: «cada quando se hubieren de hazer Cortes los logares realengos de cada un obispado e arzobispado elijan dos procuradores que vayan a las Cortes, el uno de los hidalgos y el otro de los labradores, e quéstos no puedan haber merced ninguna ni el rey gela pueda dar, e que de cada uno de los obispados elijan un clérigo para que vaya a las Cortes e de los caballeros elijan dos caballeros e de las órdenes de los Observantes dos frayles el uno francisco y el otro dominico, e que sin todos estos no se puedan hacer Cortes; e que de los obispados del reino de Galicia no haya más de dos procuradores, porque son pequeños». Este proyecto aseguraba una representación más plena, por cuanto todas las categorías sociales enviaban a sus procuradores; en el proyecto de la Junta, la alta nobleza y las órdenes religiosas no tenían derecho a ninguna representación, ni tampoco las ciudades que no gozasen del privilegio de estar representadas en Cortes. <<

[1725] «Cada e cuando el rey quisiere hacer guerra, llame a Cortes a los procuradores e a ellos e a los del Consejo diga la causa de la guerra para que ellos vean si es justa o voluntaria. E si fuere justa e contra moros, vean la gente que para ella es menester e tomen las cuentas de las rentas e sepan si hay de qué pagarla e provean lo que fuere menester para ello, segund la necesidad de la guerra e del tiempo e que sin su voluntad déstos, no pueda el rey hacer guerra ninguna». (Capítulos de lo que ordenavan…). <<

[1726] Instrucciones de Valladolid. <<

[1727] PISKORSKI, Cortes, p. 12; el autor considera a las Comunidades como «un dramático episodio de la ruina de la organización parlamentaria de Castilla». <<

[1728] «Que en el Consejo haya de haber tantos oidores como obispados hay en estos reinos de Castilla, en esta manera: que en cada un obispado elijan tres letrados de ciencia e conciencia e de edad de cada cuarenta años, e quel rey o su gobernador escoja el uno dellos e quéste sea oidor por aquel obispado toda su vida; e cuando éste fallesciere, elijan tres otros por la misma manera; e que de esta forma elija cada un obispado uno y quéstos sean los oidores del Consejo e quel rey no pueda poner otros, ni quitar éstos ni pueda impedir ni suspender las sentencias ni mandamientos quéstos dieren». (Capítulos de lo que ordenavan…). Las instrucciones de Valladolid proponían una vuelta al sistema que regia en tiempos de los Reyes Católicos: nombrar dos presidentes para el Consejo Real, un caballero y un obispo. <<

[1729] «Que los dichos oficiales del Consejo Real, Audiencias reales, alcaldes de corte e Chancillerías, no se puedan proveer ni provean a los que nuevamente salen de los estudios. Que se provean en personas en quien concurran las calidades necesarias para el servicio de su magestad. Que sean personas que tengan experiencia y por el uso y ejercicio que primeramente hayan tenido de las letras en oficios de juzgados o abogados». <<

[1730] «Que los dichos oficiales del Consejo e Chancillerías e alcaldías no sean perpetuos, pues esto cumple al servicio de su alteza y bien destos reinos. Que los oidores e alcaldes no se tengan por señores de los oficios ni por injuriados porque se les quiten e pongan otros en su lugar». <<

[1731] Los Capítulos de lo que ordenavan… proponían que el corregidor fuera elegido, pero aceptaban la existencia de un funcionario real por provincia: «quel rey no pueda poner corregidor en ningún logar, sino que cada ciudad o villa elijan el primero día del año tres personas de los hidalgos e otras tres de los labradores e quel rey o su gobernador escojan el uno de los tres hidalgos y el otro de los labradores, e quéstos dos que escojeren sean alcaldes de cevil e criminal por tres años, e pasados los tres años elijan otros por la misma vía; e que los del Consejo invien un juez a que tome la residencia a los alcaldes e quel juez que gela fuere a tomar no tome las varas a los alcaldes que hubieren sacado ni conozca de causa ninguna sino sólo de las causas de residencia, e que cuando se dijeren los alcaldes elijan alguaciles para cada un logar y en el logar más principal de cada un obispado elijan dos personas llanas e abonadas para que resciban todas las rentas reales de todo el obispado en todo el tiempo de los tres años por que se elijen los alcaldes, e que el rey pueda poner en cada un obispado un governador para que gobierne la tierra e tenga cargo de castigar los crímenes e maleficios e fuerzas e quiste no conozca en lo civil sino en grado de apelación y en los casos que son casos de cortes». <<

[1732] Cf. supra, pp. 101 ss. <<

[1733] «Los comuneros dizen que no avrá inquisición», escribió el almirante el 15 de abril de 1521 (D, III, 594). Sobre las esperanzas que algunos conversos tenían depositadas en la Junta, cf. supra, pp. 502 ss. <<

[1734] «Que sus magestades ni los reyes sucesores que fueren en estos reinos no hagan ni puedan hacer merced alguna de bienes confiscados o que se hubieren de confiscar ni de ellos ni de parte de ellos a juez o jueces que hubieren de juzgar o hubieren juzgado o entendido en las dichas causas. E que los tales jueces ni algunos de ellos no puedan recebir las tales mercedes para en pago de sus salarios». <<

[1735] Que se trataba de una reivindicación de los conversos lo demuestra una frase del almirante: «que no paguen los oficios de la Inquisición de los bienes confiscados», este sería uno de los artículos del programa de los comuneros (D, III, 22). Antes de 1520. los comuneros habían realizado diversas tentativas en este sentido; cf. Memorial dirigido al Rey Católico en que le Ofrecían 600.000 ducados todos prestados si mandaba situar en rentas reales los salarios de los ministros del Santo Oficio, quedando los bienes confiscados por este tribunal en beneficio de dichas rentas, s. f. (PR, Ieg. 28, f. 23). Una proposición análoga se hizo a Carlos V en 1519: se le ofrecieron 400.000 ducados para que dulcificase el procedimiento inquisitorial en un aspecto concreto, el de prohibir las confiscaciones de bienes y hacer que el Estado pagara a los jueces de la Inquisición (PR, leg. 28, f. 42). <<

[1736] «Que no se pueda aver ni aya confiscación de bienes salvo en el delito de lese magestatis y en el delito de la heregía». <<

[1737] «Que no se dé carta de avilidad para aver oficio a hijo de onbre quemado ni reconciliado». <<

[1738] A. CASTRO, La Celestina…, pp. 43-44. No vemos la relación que establece Castro (ibid., p. 53) entre la detención de los miembros del Consejo Real por los comuneros y la información posterior llevada a cabo por Galíndez de Carvajal sobre la limpieza de sangre de estos funcionarios. <<

[1739] RGS. 31 de octubre de 1520. <<

[1740] PR, leg. 4, f. 51. <<

[1741] Durante todo el tiempo que duró el conflicto de las Comunidades, los virreyes no dejaron de pedir a Carlos V que velara muy especialmente por la Inquisición. ¿Fue quizá porque consideraban que esta institución estaba gravemente amenazada?; cf. especialmente la carta del cardenal Adriano del 1 de noviembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 473) y la del 28 de noviembre (ibid., p. 518). En sus instrucciones a los virreyes, el emperador abordaba precisamente este punto: impedir cualquier ataque contra la Inquisición (Escorial, ms. V-II-3, f. 26). Entre los comuneros había ciertamente quienes deseaban la supresión de la Inquisición, pero ¿constituían la mayoría y representaban la opinión general? El licenciado Marquina, exceptuado de Valladolid, se propuso, en 1525, basar su defensa sobre este punto concreto: él había sido uno de los que se habían negado a atacar a la Inquisición (RGS, 20 de diciembre de 1525). ANGHIERA nos dice, en efecto, que en Valladolid los dos hijos del licenciado Villena se dejaban llevar por su odio contra el tribunal del Santo Oficio (carta 720, ed. citada, IV, p. 154). Algunos canónigos de León defendían también a la Inquisición el 18 de octubre (cf. E. DÍAZ-JIMÉNEZ, Comuneros de León, pp., 170-171), lo que demuestra que también en esta última ciudad había quienes la atacaban. De todos modos, no creemos que se pueda generalizar y afirmar que los comuneros eran, en bloque, hostiles a la Inquisición; cf. las líneas que dedicamos a los conversos, más arriba, pp. 502 ss. <<

[1742] Citado por H. KAMEN, Histoire de l’Inquisition, p. 75. <<

[1743] PR, leg. 28, f. 40, y la carta de Ayora a Pérez de Almazán del 16 de julio de 1507 sobre el mismo tema, citada por AZCONA, Isabel, p. 423. <<

[1744] Carlos V y sus banqueros, I, p. 155. <<

[1745] Para lo que sigue, cf. supra, pp. 126 ss. y 129 ss. <<

[1746] El cardenal Adriano fue uno de los pocos que supo comprender que la revuelta no se había producido por causas fortuitas: «yerra el almirante en pensar que el rigor de los del Consejo contra Segovia ha causado los alborotos y rebueltas deste reyno. Muchas cosas fueron platicadas para levantar estos reynos, stando ahún vuestra magestad en Barcelona, y se efectuaron en diversas partes de Castilla y por diversos cuyos nombres son bien conocidos, los quales en echando la piedra escondieron la mano» (carta fechada en Logroño el 14 de agosto de 1521, D, IV, 380). <<

[1747] Estas preocupaciones aparecen muy claramente reflejadas en el manifiesto de la Junta a las Merindades, el 14 de noviembre (PR, leg. 4, f. 84; D, II, 585 ss.): «el mal govierno e consejo quel rey nuestro señor a tenido después que vino en estos sus reynos»; «quán disipados an estado e están estos reynos e quán en términos de acabarse de perder e destruyr»; «del todo le robaban e robaron sus consejeros e personas que andavan a su lado, que se haya por verdad aver venido a su cámara tanto número de millares de ducados en este poco tiempo que acá estovo como a la cámara de la Serenísima reyna doña Ysabel (…) todo el tiempo que reynó e nunca tener dineros para el sostenimiento de su plato e casa real si no los sacavan a cambios e logros o vendían juros para ello»; «es cosa muy averiguada en estos reynos que todo el thesoro que estava guardado de las bullas y cruzada para la guerra de los ynfieles, enemigos de nuestra santa fe católica, averio dado sin saber quánto hera a personas particulares, e demás desto, todos los dineros que estavan depositados e guardados para redención de cautivos e para otras obras pías, e tanbién los dineros que se hallavan depositados para el Colegio de Alcalá e para otras obras pías, e del servicio que a su magestad se hizo en las Cortes de Valladolid e de los muchos juros que se vendieron, lo qual todo es ynnumerable cuento de dineros e al tienpo de su partida no se halló tener con qué embarcar sino dexara enpeñados estos reynos e rentas reales a los mismos malos consejeros que por diversas vías le robavan»; «antes que se acabase el servicio otorgado [en Valladolid] le tornaron a otorgar otro de nuevo, que hera una forma de ynpusición que ya no podía cesar en estos reynos si no se remediaba…». <<

[1748] Sobre este punto, el programa de Tordesillas reproducía exactamente el texto de las instrucciones de Vlalladolid «que a su magestad plega de ordenar su casa de manera que estando en sus reinos y sirviéndose de naturales de ellos quiera venir y usar en todo como los Católicos señores don Fernando y reina doña Isabel, sus abuelos, y los otros reyes sus progenitores, de gloriosa memoria lo hicieron. Porque haciéndose así al modo y costumbre de los dichos señores reyes pasados, cesarán los inmensos gastos y sin provecho que en la mesa y casa de su magestad se hacen. Y el daño desto notoriamente parece, porque se halla en el plato real y en los platos que se hacen a los privados y grandes de su casa gastarse cada un día ciento y cuenta mili maravedís y los Católicos reyes don Fernando y doña Isabel, siendo tan excelentes y tan poderosos, en el plato del príncipe don Juan (que haya gloria) y de los señores infantes, con gran número y multitud y daños no se gastavan cada día, siendo sus platos muy abastados, como de tales reyes, más de doce o quince mili maravedís. Y ansí vienen las necesidades de su alteza e los daños de los pueblos y comunidades en los servicios y otras cosas que se les piden». <<

[1749] Instrucciones de Valladolid: «que se dé forma y horden en los deshordenados trajes y bestidos y en el traer de las sedas y brocados porque en esto rescibe mucho daño la cosa pública destos reynos y vezinos dellos». La misma reivindicación figura en las instrucciones de Jaén. <<

[1750] Cf. supra, pp. 62 ss. Programa de Tordesillas: «porque después que la serenísima reina nuestra señora doña Isabel, abuela de su alteza, adoleció de la enfermedad que murió y pasó desta presente vida, se acrecentaron en la casa real en el reino muchos oficios demasiados, que antes nunca hubo ni hay necesidad de ellos, que éstos todos de cualquier calidad que sean se consuman e no los haya ni se lleve salario por razón dellos. Porque estos gastos de salarios que son superfluos queden para otros gastos necesarios y cosas cumplideras al servicio de sus altezas». <<

[1751] Programa de Tordesillas. Estas medidas no afectaban más que a los títulos, exenciones o gratificaciones concedidas desde 1516: «an suspendido e mandado suspender todas las mercedes e quitaciones que nos avernos fecho e fezimos a personas naturales de los dichos reynos después del fallecimiento del rey Católico» (edicto de Worms, 17 de diciembre de 1520; D, II, 507). La Junta tomó, efectivamente, medidas en este sentido; cf. esta determinación con fecha del 22 de diciembre: «fue mandado que Sancho de Ligorria dé los doscientos ducados que en él están depositados para vna hidalguía a esta santa Junta». (PR, leg. 4, f. 51). Al mismo tiempo, la Junta dio garantías a los poseedores de títulos anteriores a 1516: «que se dé fe al Prior e monesterio de san Pablo de Valladolid e una priora de Santa Catalina e otros monesterios desta horden desta dicha villa de como la Santa Junta no manda enbargar los maravedís de juros de yglesias y monesterios que fuesen dados por los Católicos reyes don Fernando e doña Isabel, ecebto los que fueron dados o vendidos por el rey don Carlos, nuestro señor» (ibid., sesión del 28 de diciembre). <<

[1752] No hay nada en este sentido en el programa de Tordesillas, pero sabemos que las comunidades locales impusieron diversas sanciones contra los acaparadores de bienes comunales; cf. el ejemplo de Ávila en octubre de 1520 (PR, leg. 6, r. 54). <<

[1753] Cf. supra, pp. 460 ss. Un artículo del programa de Tordesillas exigía la devolución de las concesiones hechas a la alta nobleza desde 1504: «que se revoquen e que sus majestades hayan por revocadas cualesquier mercedes que se han fecho después del fallecimiento de la católica reyna doña Isabel, asi por los señores rey don Femando e rey don Felipe como por el rey don Carlos nuestro señor. E cualesquier confirmaciones que hayan fecho de cualesquier villas e lugares e términos e vasallos e iuridiciones, salinas e mineros de oro e plata e cobre e plomo e estaño e alumbre. Pues demás de estar prohibido por leyes destos reynos, lo prohibió y vedó la serenísima e católica reyna doña Isabel, nuestra señora, cuando por su testamento dejó encomendada la governación de estos reynos al católico rey don Fernando. E que todo esto se aplique e quede aplicado a la corona real destos reinos e que las personas que hubieren las dichas mercedes no usen ni puedan usar de ellas de aquí adelante». Reivindicación constante de los comuneros: «recobrar el señorío real que está ocupado torcigera y reprobadamente»; «recobrar el patrimonio real de sus magestades» (declaración de Palencia, el 17 de febrero de 1521; D, III, 335). El cardenal Adriano reconocía aquí uno de los principios esenciales del movimiento comunero: «dessear que finalmente todo lo que está enajenado de la corona real torne a ella» (carta del 16 de enero de 1521; D, III, 34). Este era un aspecto que inquietaba de manera especial a los grandes señores: «alguna vezindad [de Burgos] (…) pidió que nengún realengo fuese a juridición de señorío» (carta de Francisco de Mazuelo al condestable, s. f.; PR, leg. 2, f. 78). <<

[1754] D, V, 199. <<

[1755] He aquí otro punto que el cardenal Adriano había comprendido perfectamente: «la intención de los principales destos malévolos y sediciosos se dize que es procurar de atraher a vuestra majestad a tanta necessidad para que vuestra alteza tome dellos lo que le quisieren dar de sus rentas reales y de todo lo que tiene como de cosa perdida. Y sobresto, toman alas que o vuestra magestad ha de venir o no; y si no viniesse, ne se les podría hazer daño alguno, porque presumen de star poderosos; y si viniere, que no traherá gente estranjera, y estonces que también starían con gran poder para resistir; y en caso que viniese vuestra magestad con gente strangera, hasta las piedras diz que se levantarían contra vuestra alteza» (carta del 23 de diciembre de 1520; PR, leg. 2, f. 1; D, II, 669). <<

[1756] «Que no se hagan ni puedan hacer perpetuamente mercedes algunas a ninguna persona de cualquier calidad que sea de indios algunos para que caven e saquen oro ni para otra cosa alguna e que revoquen las mercedes de ellos fechas hasta aquí. Porque en se haber fecho merced de los dichos indios se ha seguido antes daño que provecho al patrimonio real de sus magestades por el mucho oro que se pudiera haver de ello; demás de que, siendo como son cristianos, son tratados como infieles y esclavos». J. DELGADO se muestra asombrado ante esta forma tan original de presentar los hechos; normalmente, los defensores de la encomienda se manifiestan en la manera opuesta: su supresión supondría una pérdida para el tesoro real («El problema del indio americano en tiempos de Carlos V», en Cuadernos Hispanoamericanos, núms. 107-108, 1958, pp. 162-163). <<

[1757] Las similitudes entre el texto de la Junta y las afirmaciones de Las Casas son realmente notables; «lo que nos hace sospechar que en su redacción intervino, ya que no la pluma de Casas, estante en Sevilla al parecer desde primeros de octubre cíe 1520, sí la de alguno de sus habituales contertulios en los conventos dominicos de Valladolid y preferentemente fray Alonso de Medina». (GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Las Casas, II, p. 922). <<

[1758] Las instrucciones de Burgos pedían que se exigieran responsabilidades a los resonsables de la política colonial: «que el thesorero de las Yndias e de la Casa de la ontratación de Sevilla se tome resydencia con suspensión de oficios de todo lo que se hallare que demás de sus salarios han adquirido». <<

[1759] «Que la casa de la contratación de la ciudad de Sevilla de las Indias y Tierra Firme sea e quede perpetuamente en la dicha ciudad y no se mude a otra ciudad ni parte alguna de estos reinos ni fuera de ellos. Pues la ciudad de Sevilla es tan aparejada para ello e sería gran daño destos reinos e deservicio de sus majestades mudarla de allí». <<

[1760] «Quitar los desagravios e yndevidas exaciones e servidumbre que el reino ha sonido debaxo de la mala governacion de los del mal Consejo», tal era la meta que se debía de alcanzar (carta de Valladolid a Toledo, 8 de enero de 1521; PR, leg. 4, f. 49). <<

[1761] cf. PR, leg. 4, f, II, sesiones de los días 25 de diciembre y 16 de enero. El 22 de febrero, Vozmediano confesó que había sido imposible la recaudación del impuesto de cruzada (PR, leg. 3, f. 44). <<

[1762] En efecto, la Junta invitó a las ciudades a que pusieran en práctica desde ese mismo momento la siguiente medida: «se leyó una carta mensajera de los señores de la Junta general del reyno en que en effeto dizen que se tomen las rentas desta villa [Valladolid] en el encabecamiento que estauan las rentas los años pasados de quatrocientos noventa e quatro e quatrocientos noventa e cinco». (PR, leg. 4, f. 53). <<

[1763] cf. esta carta de Palencia a la Junta el 17 de febrero de 1521 (Mem., leg. 139, f. 304): «Las Comunidades de la dicha provincia reclaman diciendo que el propósito de la Santa Junta es para recobrar el patrimonio real de sus magestades y la libertad del reyno y que ningund seruicio se ha de pedir ni pagar»; «quando se obiere de pedir [un servicio], que sea por vía de enpréstido o encorporandolo en algund derecho real de manera que no pareciese que hera seruicio, porque de otra forma las Comunidades con su sinpleza vendrían en confusión». <<

[1764] Este es el caso de Cuenca (PR, leg. 1, f. 84) y de Salamanca (RGS, 12 de febrero de 1521). <<

[1765] «Pruébase tanbién que [Pero Niño] en público y en secreto dezía a los vecinos de la villa [de Dueñas] para los atraer que se aleasen que serían libres y esentos de alcabalas». (DC, leg. 39; D, V, 616). <<

[1766] «Los de la Junta publican que quitan las alcabalas y no quedará honbre que no sea suyo» (carta del almirante, 16 de marzo de 1521; PR, leg. 1, f. 96); hay que entender simplemente que la Junta recomendaba que no se pagaran en adelante las alcabalas a los señores. <<

[1767] La llamada a la libertad debe entenderse en primer lugar —aunque no únicamente, como veremos más adelante— en este sentido: «pues que en esto principalmente se haze de vuestra libertad y de vuestros hijos y defendientes y como seays tratados como hombres e súbditos e no como esclavos» (carta de Valladolid a los pueblos de Becerril y Santa María del Campo, el 3 de enero de 1521; PR, leg. 4, f. 49). «Él fin sobre que armaron su maldad los que revelaron el reino fue publicar libertad. Esta libertad consistía que ni obiesse servicio ni alcaualas» (carta del almirante, s. f.; D, V, 431). Sobre este sentido de la libertad como exención fiscal, cf. también D, III, 335, 387 y 594. El almirante añadia, por otra parte: «como oyen esto los villanos y conversos, todos están movidos y levantados». (PR, leg. 1, f. 96; D, III, 594). Los niños cantaban esta copla por las calles: «Viva la gala de Juan de Padilla / que quitó el pecho a Castilla. / Viva la gala de don Pero Laso / que habló con el rey papo a papo». (Relación de ORTIZ, citada por COSTES en BHi, 1921, p. 103). Los comuneros pretendían también que se limitaran las servidumbres impuestas a las ciudades en concepto de alojamiento cuando se producía el desplazamiento de la Corte; un artículo del programa de Tordesillas reglamentaba estrictamente las atribuciones de los furrieles y precisaba exactamente los derechos y deberes de unos y otros —anfitriones forzosos y huéspedes—. Era una reivindicación ya tradicional de las Cortes y que aparecería con frecuencia después de finalizada la revuelta de las Comunidades. <<

[1768] cf. PR, leg. 3, f. 61. Juan Gaitán, que trataba de apaciguar a la multitud, estuvo a punto de perecer en su intento; cf. AHN, proceso contra Juan Gaitán, en el que se encuentran además las siguientes informaciones sobre este suceso: «vnos alborotadores davan bozes e dezían que querían ser libertados, que no querían que se pagase alcavala de nynguna cosa que se vendiese en la dicha cibdad»; «la gente menuda del pueblo avía quitado las dichas alcabalas contra la voluntad de cavalleros e regidores de la dicha cibdad, que ellos no avían sido en ello». Los jefes comuneros locales no aprobaban en absoluto esta reivindicación demagógica, pero no pudieron oponerse a ella; cf. la carta de Diego López de Ayala a don Pero Laso de la Vega, el 30 de septiembre de 1520; «Oy, a pesar de Dios y del ayuntamiento y justicia, an quitado las alcavalas, que no las aya en Toledo y an dado patas arriba con vuestro juro y nuestro y de todos los monesterios V espítales. Esto hazen quien no tiene quatro mili de hazienda y no ay quien lo resista». (D. II, 128-129). Jaén quería seguir el ejemplo de Toledo (carta de Hernando de Torrejón a Pero Ortega, 1 de febrero de 1521; PR, leg. 3, f. 59). <<

[1769] «Mandaron a Alonso de Vera suplicase a los de la Junta escriviesen a Aranda, Plasencia, Truxillo y otros lugares a quien no avían escrito, animándoles en este santo propósito y si les pareciesse mandasen pregonar V dar provisiones que todos los pueblos y personas partyculares dellos viniesen o enbiasen dentro de cierto término a presentar los privillegios e libertades que tenían para que les fuesen confirmados e gozasen dellos». (PR, leg. 4, f. 54, sesión del 5 de febrero de 1521). <<

[1770] Ibid., sesión del 24 de diciembre de 1520: «acordaron que el Presidente e oydores de la Avdiencia pagasen la sisa como los otros vezinos desta villa». <<

[1771] Ideas que mantenía en Toledo Juan Gaitán: «los negocios de la dicha comunidad heran tan santos e (?) fundados sobre propósito santo e que para esto hera muy bien que se echaran sisas en todas las personas y estados, asy eclesiásticos como seglares e monjas e totas los que pudiesen pagar o tuviesen de que e que asymismo se tomase de las yglesias para sostener la gente e Junta». (AHN, proceso contra Juan Gaitán). <<

[1772] CR, leg. 542, declaración de Alonso de Ureña: «este testigo a oydo dezir a otra persona que avía oydo decir al dicho comendador que se yría a tornar moro si dentro de vn año no viese abatidos a los Grandes e que no oviese ninguno que tuviese de cient mili maravedís arriba de renta». <<

[1773] Numerosos testimonios: GUEVARA, Epístolas, I, p. 305: «también, señor, os dixe que me parecía gran vanidad y no pequeña liviandad lo que se platicava en aquella Junta y lo que pedían los plebeyos de la república, es a saber que en Castilla todos contribuyesen, todos fuesen iguales, todos pechasen»; MALDONADO, El movimiento, p. 131: «añadían además los revoltosos que ya de ningún modo consentirían los padres de la patria que la ínfima plebe fuese vejada más de lo justo, sino que entre los más poderosos y los más pobres establecerían como cierta armonía en la que nada se viese que disonase, nada incongruente, nada que no estuviese medido por la justicia»; «los más de los pueblos (…) habían intentado sacudir el yugo real (…); mezclar e igualar las fortunas con todo lo demás» (ibid., p. 207). Fray Alonso DE CASTRILLO (Tractado de república, pp. 7-8) recoge este aspecto de las Comunidades, pero lo atribuye más acertadamente a la plebe, no a los jefes del movimiento: «como nombres cansados de obedecer, por el camino de las novedades, desean subir a ser iguales con los mayores, que ninguna cosa puede ser tan poderosa para la perdición de los hombres como la igualdad de los hombres». En el mismo sentido, cf. VILLALOBOS, Algunas obras, pp. 47-48 y 54. <<

[1774] Cf. supra, 93, ss. <<

[1775] «El sacar de la moneda (…): a seydo tanto lo que a salido que con mucha dificultad se halla ya moneda de oro e lo que corre e anda entre nosotros es monedas baxas e falsas de otras tierras que se gastan a muy mayores precios de lo que valen»; «como todos los tratos avían cesado en estos reynos por la falta de monedas e todos los mercaderes o los mas de ellos se an aleado por no tener manera de poder cobrar ni pagar» (carta de la Junta a las Merindades, 14 de noviembre; PR, leg. 4, f. 84; D, II, 586-587). <<

[1776] «De no sacar las lanas destos reynos proviene grandísimo beneficio a los naturales dellos; en hazer el contrario, el daño es evidente, que, de no sacar, se harían en ellos todos los paños que de fuera vienen y tapecería, sargas e otras cosas e para lo hazer, vernían oficiales estranjeros, de lo qual muchas personas destos reynos tomarían yndustria y serían enseñados e para venir en perfizión de se hazer los paños e tapizes e mantas de arboledas e sarga, requiere preceder muchas cosas, asy como labar las lanas y apartar lo fino, cardar, peynar, e hilar, teñir, texer, y en esto las gentes que no saben oficios, aunque fuesen de pequeña hedad, ganarían de manera que cesaría la pobreza de las gentes. Que destos reynos salen treynta e cinco mili sacas, poco más o menos, que su valor, vna con otra, es cinco mili maravedís, que son ciento e sesenta e cinco quentos; de las quales se podrían hazer tres paños por saca, que son ciento mili paños, que valen, vno con otro, cinco mili maravedís, que montan quinientos quentos. Et asy quedarían en el reyno trezientos e treynta cinco quentos, para el mantenimiento de las gentes e haziéndose lo susodicho cesarían de venir los paños de fuera del reino (…) e el reyno se enriquecería y los naturales destos reynos, seyendo ricos, los príncipes son muy más poderosos. Lo qual se puede remediar fácilmente: que sus magestades manden que las lanas, el año que se esquilaren, ninguno las saque fuera destos reynos ni el señor deltas las venda syno a las personas que ouieren de hazer algunas de las labores susodichas o otras en estos reynos, direte ni yndirete, e pasado el año, las que sobraren, el señor las pueda vender y los mercaderes conprar y navegar y sobre esto afectuosamente se suplique a sus magestades lo provean y manden se guarde y cunpla asy sucesivamente en cada año». <<

[1777] Cf. supra, pp. 97 ss. <<

[1778] Cf. supra. p. 92. <<

[1779] Así lo veía ya Haebler: «si nos fijamos un poco en las ciudades que desde el principio tomaron parte en el levantamiento, veremos como fueron precisamente aquellas en que la industria se hallaba más desarrollada. Toledo, Segovia y Valladolid eran los emporios de la industria española». (Prosperidad…, p. 81). En un artículo reciente, E. GONZALEZ LÓPEZ llega a las mismas conclusiones que nosotros, basándose en una serie de hechos evidentes y sin conocer los documentos que citamos aquí; extrañado ante la localización geográfica de la revuelta (Segovia, Toledo, las ciudades industriales, mientras que Burgos, centro comercial, abandona la Junta), se pregunta si el movimiento no expresaría el descontento de la industria textil castellana, amenazada por la competencia de los flamencos desde hacía largo tiempo y especialemnte desde el advenimiento al trono de Carlos V (Los factores económicos en el alzamiento de las Comunidades). <<

[1780] «Todos dizen que creen en Dios, cristianos y moros, y así me parece que haze esta gente que también dizen: Biba la reyna y el rey; los otros otro tanto, sino que cada vno ba por diversos caminos». (Francisco de Mazuelo al condestable, s. f.; PR, leg. 2, f. 78). <<

[1781] «Con gran osadía nos enbiaron con mensagero propio una carta firmada de sus nonbres e synada de Lope de Pallares, escriuano, por la qual confiesan claramente auer cometido y perpetrado todos los dhos delitos y en lugar de pedir y suplicar perdón dellos demandan aprovación de lo fecho e poder para usar y exercer nuestra jurisdicción real» (edicto de Worms, 17 de diciembre de 1520; D, II, 508). <<

[1782] «De manera que lo hazían menor y pupilo y a ellos tutores» (p. 187). <<

[1783] cf. MALDONADO, pp. 320-322, y supra, pp. 249 ss <<

[1784] «Las leyes destos vuestros reynos que por razón natural fueron fechas y ordenadas, que así obligan a los príncipes como a sus súbditos…». (SANDOVAL, p. 294 a). <<

[1785] Cf. MARAVALL, Cortos V y el pensamiento…, pp. 74 ss. <<

[1786] cf. R. DE ARÉVALO, Summ de Política (BAE, t. CXVI, p. 285 b), y los textos de Soto, Molina y otros teólogos citados por B. HAMILTON, Política!, thoupht. Sobre la teoría del tirano y el tiranicidio en el siglo XVI, cf. R. MOUSNIER, L’assassmat de Henri IV, París, Gallimard, 1964. <<

[1787] cf. las consideraciones del licenciado Pero Gutiérrez de los Ríos en la región de Palencia: «bien podían hazer las Comunidades lo que hazían governar». (Mem., leg. 139, f. 108). <<

[1788] La misma idea en Soto, Alfonso de Castro, Mariana y Vitoria, cf. E. BULLÓN, El concepto de la soberanía. <<

[1789] SANDOVAL, p. 294 a. <<

[1790] PR, leg. 5, f. 13. En una carta al almirante fechada el 22 de noviembre de 1520, la Junta escribía: «Las leyes destos reynos, hechas por razón natural, nos obligan a procurar los remedios que pedimos, con pena de cobrar mal nonbre sino lo hiziéssemos». (D, II, 533). <<

[1791] Cf. supra, p. 143. En marzo de 1520, en la audiencia de Villalpando, los representantes de Toledo pidieron a Carlos V que asociaran al gobierno la representación nacional: «concluyendo este artículo con dezir que si todauvía determinava [Su Majestad] en su partida que mandase dexar tal horden en la governación que diese parte della a las cibdades del reyno». (MEJÍA, p. 136). <<

[1792] Carta a la Junta, 22 de noviembre de 1520 (D, II, 535-536). <<

[1793] Carta al condestable, 30 de noviembre de 1520 (D, II, 578). <<

[1794] D, II, 53. <<

[1795] Carta de la Junta al almirante, 22 de noviembre de 1520 (D, II, 533). <<

[1796] Cf. supra, p. 106. Esta idea de que la nación debía tomar el lugar del rey en caso de que éste dejara de cumplir su misión por cualquier causa aparece ya en las gestiones que llevo a cabo Toledo en 1519: «que se deuía enbiar a suplicar y requirir al enperador que no se ausentase destos reynos, y que pusiese remedio y orden en las cosas. Y que no haciéndolo ansí su magestad, que el reyno entendiese en poner el remedio necesario a su seruicio y al bien general de sus reynos». (MEJÍA, p. 126). <<

[1797] Sobre el significado revolucionario del concepto de nación que sirvió, en un principio, para oponer a la comunidad de todos los ciudadanos a los aristócratas y al monarca, como fuente suprema del poder, cf. M. DUVERGER, Sociologie politique, 2.º ed., París, P. U. F., 1967, pp. 158 229. <<

[1798] cf. A. MARONGIU, «Soberanía e instituciones parlamentarias en la polémica de los siglos XVI y XVII», en Revista de Estudios Políticos, 1963, núms. 129-130, y J. A. MARAVALL, La Philosophie politique en Espagne. <<

[1799] Provisión real nombrando corregidor real de Madrid a don Martín de Acuña, Medina del Campo, 4 de mayo de 1521 (A. MILLARES CARLO, índice y extractos…, núm. 405, p. 402). <<

[1800] Carta del cardenal Adriano, 1 de mayo de 1521 (D, IV, 7). <<

[1801] Carta del licenciado Peralta al cardenal Adriano, 8 de mayo [1521] (PR, leg. 2, f. 117). <<

[1802] Carta de don Juan de Acuña al arzobispo de Granada, 7 de mayo de 1521 (Estado, leg. 5, f. 124). <<

[1803] Estos indeseables se habían reagrupado en Simancas, al igual que los restos del ejército derrotado en Villalar; una cédula del 4 de mayo les ordenó abandonar la localidad en el plazo de seis horas (Céd., lib. LVI, f. 85 V.). <<

[1804] Sobre la entrada del almirante en Valladolid, cf. COSTES, BHi, 1921, pp. 108-110. <<

[1805] Cédula del 16 de mayo de 1521 (Céd., lib. LII, f. 143 V.). <<

[1806] Cédula del 26 de marzo de 1522 (Céd., lib. LIV, f. 250 r.). <<

[1807] El 4 de mayo de 1521, los virreyes pidieron al doctor Francisco de Espinosa, que había negociado la rendición de Valladolid, que pusiera en práctica la cláusula sobre los rehenes (Céd., lib. XLVIII, f. 56 V.). <<

[1808] 20 de septiembre de 1521 (Mem., leg. 141, f. 398). <<

[1809] «Benerables cura y clérigos de la villa de Villalar y alids y justicia della, Gerónimo de Frías, vezino desta cibdad de Segovia va a esta dicha villa a traer el cuerpo de Juan Bravo, vecino que fue desta cibdad, que está enterrado en la yglesia desta dicha villa, e mi voluntad es que el dicho cuerpo sea traydo. Por ende, yo vos mando que le dexés traer el dicho cuerpo al dicho Gerónimo de Frías syn que en ello le pongays ningund ynpedimiento». (Céd., lib. LVI, f. 120 r.). <<

[1810] Carta del almirante, 21 de junio de 1521 (D, IV, 204). <<

[1811] Informe de Juan de Vozmediano, s. f., a los virreyes (Mem., leg. 146, f. 92). <<

[1812] Carta del corregidor de Salamanca al cardenal Adriano, 24 de junio [1521] (PR, leg. 1, f. 30). <<

[1813] Cf. supra, p. 372. <<

[1814] Cartas del corregidor de Madrid al cardenal Adriano, 14 y 27 de julio de 1521 (PR, leg. 1, f. 2); cf., además, Mem., leg. 142, f. 2 (carta al cardenal Adriano con fecha del 11 de agosto [1521]). Desde Logroño, el cardenal pidió el 13 de agosto al clero que levantara la excomunión decretada contra el corregidor (Céd., Iib. LII, f. 344 V.). <<

[1815] Carta del licenciado de Lugo al cardenal Adriano, s. f. (Mem., leg. 141, f. 395; la existencia de este documento la conocimos gracias a B. BENNASSAR); cédula del cardenal Adriano y del condestable, 17 de septiembre de 1521 (Céd., lib. LIV, f. 77 r.). <<

[1816] Carta del licenciado de Villa al licenciado Zapata, Valladolid, 16 de agosto [1521] (PR, leg. 3, f. 81). <<

[1817] Carta del 10 de agosto destinada a Juan Ramírez de Tovar (Mem., leg. 142, f. 2). <<

[1818] Carta del cardenal Adriano, 23 de febrero de 1521 (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 224). <<

[1819] Los que más alborotaron… Salamanca (Mem., leg. 143, s. f.; D, IV, 95-97). <<

[1820] Comuneros de Aranda… (PR, leg. 4, f. 16). <<

[1821] cf. los documentos preparatorios al Perdón de Ávila (PR, leg. 1, f. 28; D, IV, 149) y de Segovia (Mem., leg. 145, f. 12). <<

[1822] Carta de la ciudad de León, s. f. (Mem., leg. 142. f. 112), y carta del conde de Luna al cardenal Adriano, el 3 de mayo de 1521 (D, IV, 124-125). <<

[1823] Estas reglas figuran en el texto del perdón de Murcia (RGS, 21 de junio de 1521); cf. también Cláusulas del perdón que los Governadores dieron (en CM, leg. 379). <<

[1824] Es así como en Segovia se cuentan veinte exceptuados y cuarenta exiliados (cf. carta de don Juan de Acuña al arzobispo de Granada, 7 de mayo de 1521; Estado, leg. 5, f. 124; Céd., lib. LII, f. 123, y la lista de los proscritos, en Mem., leg. 145, f. 12); en León, dieciséis exceptuados y quince exiliados (Estado, leg. 8, f. 151; D, IV, 125-126); 17 exceptuados en Ávila (PR, leg. 4, f. 21); en Valladolid, 12 exceptuados (Mem., leg. 142, f. 125) y 18 exiliados (Céd., lib. LVI, f. 104 r.); 16 exceptuados en Medina del Campo (PR, leg. 4, f. 26), etc. <<

[1825] Carta de Medina del Campo a los virreyes, 27 de mayo de 1521 (D, IV, 60-62). <<

[1826] Mem., leg. 143 s. f. <<

[1827] Diego de Robres figuraba inicialmente en la lista de los exceptuados de León (Estado, leg. 8, f. 151; D, IV, 125-126); junto a su nombre puede leerse: «quitóse éste porque lo mandó el señor almirante»; y, en efecto, al final del documento aparece esta nota que Danvila no ha reproducido: «señor secretario, a Diego de Robres, el notario de Leo, salualde para que no quede en el número de los ecebtados. Fecha en Dueñas, a treinta y uno de mayo de mili e quinientos e veynte e uno, el almirante». <<

[1828] Carta del almirante, Vitoria, 10 de abril de 1522 (Estado, leg. 10, f. 18 <<

[1829] D, IV, 327-328. cf. también otra protesta de los regidores de Lorca el 20 de julio de 1521 (PR, leg. 2, f. 63; D, IV, 325-326). La intervención del marqués de Los Vélez queda demostrada por esta carta que escribió al condestable el 21 de julio de 1521: «estos procuradores del reyno de Murcia llevan el perdón conforme a lo que vuestra merced enbiase a mandar». (PR, leg. 2, f. 63; D, IV, 326). El perdón definitivo de Murcia no fue firmado sino el 24 de julio de 1521 (RGS). Sobre las dificultades que alargaron las discusiones, cf. especialmente Mem., leg. 141, f. 408. <<

[1830] Por ejemplo, provisión para que el corregidor de Madrid prenda a los que fueron ecebtados…, Burgos, 24 de julio de 1521 (RGS), o la provisión del Consejo Real que ordenaba a un alguacil que acudiera a Madrid para buscar al comunero Luis Preciado que acababa de ser arrestado (Burgos, 21 de agosto de 1521; RGS). <<

[1831] Carta del corregidor de Salamanca al cardenal Adriano, 24 de junio [1521] (PR, leg. 1, f. 30). <<

[1832] Se trata de Francisco de Ruescas, que fue amnistiado el 24 de mayo de 1521 (Mem., leg. 154, f. 20). <<

[1833] 10 de mayo de 1521 (Mem., leg. 143, s. f.). <<

[1834] 17 de junio de 1521 (Mem., leg. 142, f. 87). <<

[1835] La queja de la ciudad de León: Estado, leg. 7, f. 177; la decisión del cardenal Adriano de perdonar el exilio a don Antón Alonso fue tomada en Logroño el 11 de julio de 1521 (Céd., lib. LII, f. 279 r.). <<

[1836] Carta del arzobispo de Granada, 6 de agosto de 1521 (Estado, leg. 8, f. 117; D, IV, 407-408). <<

[1837] Menú, leg. 152, f. 181, y leg. 151, f. 91. <<

[1838] CM, leg. 379. <<

[1839] Mem., leg. 154, f. 108 (documento del 19 de enero de 1522). <<

[1840] 31 de octubre de 1521 (Céd., lib. LIV, f. 190 V.). <<

[1841] Carta del 24 de mayo de 1521 (D, IV, 34); el condestable volvió a la carga el 11 de junio (ibid., 185). <<

[1842] Carta del cardenal Adriano, 24 de octubre de 1521 (D, IV, 547-548). <<

[1843] D, V, 71. <<

[1844] Carta del marqués de Astorga al cardenal Adriano, el 28 de agosto de 1521 (PR, leg. 2, f. 118). <<

[1845] Carta del cardenal Adriano, 24 de octubre de 1521 (D, IV, 547-548). <<

[1846] D, V, 15 (lib. XLVI , f. 214). <<

[1847] 7 de septiembre de 1521 (D, IV, 527). cf. también la cédula increíble del 26 de marzo de 1522: el almirante y el condestable autorizaban a Juan de Mirueña a dirigirse en secreto a Ávila para solucionar asuntos privados y le garantizaban inmunidad durante su estancia en dicha ciudad (Céd., lib. LIX, f. 30 V.). <<

[1848] Carta del 11 de mayo de 1521 (D, IV, 23). <<

[1849] cf. el testimonio de ANGHIERA: don Pedro Maldonado «fue indultado gracias a la intervención de su tío, el conde de Benavente» (carta 720, IV, p. 157). <<

[1850] Carta del 24 de octubre de 1521 (D, IV, 548). <<

[1851] «En Navarra, se juntaron algunos de los más deseruidores de Vuestra Magestad los quales fueron tratados [por los gobernadores] muy mejor que los seruidores» (carta del obispo de Burgos, 29 de agosto y 22 de septiembre de 1521; D, IV, 435); el obispo daba algunos ejemplos de esta parcialidad: «an soltado a don Juan de Figueroa y a don Juan de Luna», y anadía: «si no fuera por los que los del Consejo han mandado justiciar, algunos de los pueblos se ouieran tornado a su opinión». <<

[1852] Carta del cardenal Adriano, 7 de diciembre de 1521, y carta del cardenal y del condestable, 12 de diciembre de 1521 (D, IV, 684 y 696). En el mismo sentido, cf. la carta de Diego Hurtado de Medoza el 25 de octubre de 1521: «a San Sebastián van algunas personas de las ecebtadas en las cibdades del reyno, que no fueron de los procuradores de la Junta ni en la prisión de los del Consejo ni de los que fueron en el detenimiento del cardenal. Paresce que a estos tales que devría Vuestra Magestad enviar a mandar que se pudiese perdonar». (Estado, leg. 10, f. 144; D, IV, 551). <<

[1853] «Tanbién es bien que Vuestras Señorías sepan como los exceptados y desterrados deste lugar están aquí en las yglesias fuera de la villa. Parésceme grand desacato segund sus excesos y delitos. No he querido hazer nada en ello hasta dar quenta a Vuestras Señorías» (carta del corregidor de Madrid a los virreyes, 30 de junio de 1521; PR, leg. 1, f. 2). En respuesta a ésta y a otras denuncias análogas, el Consejo Real y los virreyes multiplicaron las provisiones y cédulas, aparentemente sin resultado. He aquí algunos de estos documentos: provisión del Consejo Real contra los exceptuados refugiados en las iglesias y monasterios de Palencia, «los quales diz que de noche salían a escandalizar e alterar a muchos vezinos». (RGS, 15 de junio de 1521); provisión dirigida al vicario, arcipreste, curas y clérigos, beneficiados de Madrid, así como a otros priores, guardianes e otros religiosos, para que no dieran asilo a los exceptuados refugiados en casas de amigos, en las iglesias y monasterios, o simplemente instalados en su propia casa, en Palencia, Aranda de Duero, Segovia, Salamanca, Medina del Campo y Cuenca (RGS, 30 de julio de 1521); contra los exceptuados de Aranda de Duero, refugiados en las iglesias y conventos de la ciudad, que iban de un lado a otro libremente (RGS, 28 de agosto de 1152); contra los comuneros escondidos por los Grandes o por el clero (RGS, 28 de septiembre de 1521); cédula para el obispo de Ávila: «muchas personas de las que fueron por mi mandado ecebtadas en el perdón que mandamos dar a la cibdad de Ávila (…) están retraídas en las yglesias e monesterios de la dicha cibdad y sus arrabales y en las otras de vuestro obispado y que so color de estar retraydos en las dichas yglesias y monesterios salen fuera indebidamente a entender en sus negocios». (Céd., lib. 56, f. 304 r., 23 de octubre de 1521); contra los exceptuados de Salamanca, Aranda, Valladolid, Segovia, Ávila, Toro, Medina del Campo, Palencia y Madrid, que se paseaban libremente por las calles (RGS, 24 de diciembre de 1521); la misma situación en Murcia (RGS, 28 de julio de 1522), etc. <<

[1854] Comisión a los governadores y a los del Consejo para hacer proceso y condenar a los comuneros (RGS, 26 de marzo de 1521). <<

[1855] Carta del Consejo Real al emperador, 26 de marzo de 1521 (PR, leg. 1, f. 45). <<

[1856] La respuesta de los gobernadores a la instrucción que llevó Diego Hurtado, Pamplona, 10 de agosto de 1521 (Estado, leg. 5, f. 280). <<

[1857] Ibid. <<

[1858] Carta del 27 de agosto de 1521 (D, IV, 387). <<

[1859] Carta del 6 de septiembre de 1521 (Estado, leg. 5, f. 365; D, IV, 460). <<

[1860] cf. esta cédula dirigida al Consejo y fechada en Bruselas el 26 de septiembre de 1521: «dezís que algunas personas enbian memoriales contra vosotros e suplicaysme que no sea el Consejo juzgado sin ser oydo. Estoy maravillado escrevirme tal cosa porque si los de servidores no se deven juzgar syn ser oyrlos, los que tan bien lealmente e con tanto trabajo e fatiga e costa como vosotros me han servido, otras mercedes merescen que ser juzgados syn ser oydos». (Céd., libb. 58. f. 81 r.). <<

[1861] Por ejemplo, la represión de Zamora fue confiada al conde de Alba de Liste (éid., lib. 56, f. 234 V.; 27 de abril de 1521). <<

[1862] Así, el Consejo pidió información del proceso de Francisco Bernal, a quien el corregidor de Palencia había condenado a una pena poco importante (RGS, 7 de diciembre e 1521). <<

[1863] CM, teg. 377 (Codoin, I pp. 283-284). <<

[1864] Provisión para el bachiller Hernando de Venero, alcalde de casa y corte, acusado de haber acudido a Reinosa para instruir el proceso del licenciado Urrez (RGS, 7 de mayo de 1521). La detención del licenciado se realizó gracias a don Pedro Gómez de Figueroa y de Velasco, deán de Burgos (Cid., lib. 56, f. 106 V.). <<

[1865] En una provisión fechada en Burgos el 28 de julio de 1521 y referente a un proceso entre Catalina de Porras, «muger que fue del licenciado Urrez, sobre el dote e arras que la dicha dize pertenecerie». (RGS). El licenciado Urrez fue enterrado en el convento de Reinosa (D, IV, 250-251). <<

[1866] Detalles sobre el arresto de Saravia en una carta de Diego Hurtado, 3 de septiembre de 1521 (Estado, leg. 9, f. 4; D, IV, 456) y en la declaración del licenciado Béjar, corregidor de la Merindad de Campos, que había procedido a la detención, cerca de Cervera (CM, leg. 345, s. f.); veredicto: CM, leg. 377 (Codoin, I, 289-294). <<

[1867] RGS, 28 de octubre de 1522 (licenciado Rincón) y 30 de noviembre de 1522 (Diego Pacheco); estos documentos indican que ambos rebeldes fueron juzgados y condenados en Valladolid el 19 de abril de 1521. Indudablemente, la fecha es falsa; hay que leer 1522. Había dos comuneros apellidados Rincón: Alonso, que fue ejecutado, y Antonio, refugiado en Francia, que luego se convertiría en agente secreto de Francisco I y que sufrió una muerte trágica en 1541; sobre este último individuo, cf. V. L. BOURRILLY, «Les diplomates de Francois Ier. Antonio Rincón et la politique oriéntale de Francois Ier (1522-1541)», en Révue historique, t. CXIII, 1913, pp. 64-83 y 268-803. Sobre la muerte de Antonio Rincón, cf. BRAH, t. LXXXVIII, 1926, pp. 71 ss. <<

[1868] D, IV, 242. <<

[1869] Cf. supra, p. 379. El fiscal Pero Ruiz pidió el 22 de enero de 1522, noticia de las condenas a muerte pronunciadas contra los comuneros de Toledo por el doctor Zumel (RGS). Sobre la represión por parte de la justicia señorial, cf. por ejemplo el «Proceso contra Bernaldino de Valbuena condenándole a muerte de horca por alborotos, rebelión y delitos en tiempo de las Comunidades». (PEÑA MARAZUELA, Inventario…, núm. 2084; Bernaldino de Valbuena residía en Villalpando, feudo del condestable. <<

[1870] Sobre la represión en las Merindades y en el feudo del condestable, cf. CR, leg. 85, f. 3; el deán de la catedral de Burgos, pariente del condestable, dirigía las operaciones al frente de un pequeño contingente. Este no es un caso único. El 21 de mayo de 1521, una provisión fechada en Segovia pedía a todas las autoridades que se pusieran a disposición del conde de Chinchón para ayudarle a recuperar el control de sus dominios (Estado, leg. 7, f. 136). El conde de Buendía ejercía una represión particularmente violenta contra sus súbditos de Dueñas (D, V, 533). <<

[1871] Ejemplo de recursos: Antonio de Escobar, de Valladolid, que fue detenido aunque no figuraba en la lista de exceptuados, fue liberado (Cid., lib. 53, f. 340 V.); Juan de Salcedo, exceptuado de Palencia, afirmó que no había sido nunca comunero y que era vecino de Aguilar del Campo (RGS, 22 de octubre de 1521), etc. <<

[1872] Amnistías de Antonio Suárez, Alonso de Cuéllar, Antonio de Aranda, Pedro de Pedraza, Pedro de Losada, durante el mes de octubre de 1521 (D, IV, 627-628). <<

[1873] Orden a la Universidad de Salamanca para que declarara vacante su cátedra (RGS, 15 de octubre de 1521). <<

[1874] CM, leg. 377, s. f. (condena de Juan Osorio); RGS, 30 de octubre de 1522 (condena de Francisco de Ocampo). <<

[1875] RGS, 6 de noviembre de 1521. Anteriormente, el Consejo Real había citado a Antonio de Linares, exceptuado de Salamanca (RGS, 3 de octubre de 1521). <<

[1876] Emplazamiento contra los exceptuados de Toro y de Zamora (RGS, 9 de noviembre de 1521); contra los de Toro, de las Mcrindades, de Ávila, de Palencia, de Segovia, de Salamanca, de León y de Medina del Campo (ibid., 5 de diciembre de 1521); contra Juan de Mirueña, de AvilaMa (Ibid, 10 de diciembre de 1521); contra Sebastián de Sinovas, Sancho de la Peña, Miguel de (?), exceptuados de Aranda de Duero (ibid., 17 de enero de 1522). <<

[1877] Los fiscales (?) la declaración de testigos respecto a las acusaciones contra los comuneros de Valladolid y Salamanca (RGS, 3 de diciembre de 1521); petición de testigos también para el proceso contra Cristóbal Gerivas (ibid., 27 de marzo de 1522). Por otra parte, se (?) a lños corregidores de Madrid y Zamora las informaciones que los fiscales habían ordenado (ibid., 20 de diciembre de 1521 y 31 de enero de 1522). <<

[1878] «Fagays derribar las dichas casas fasta los cimientos della». (13 de mayo de 1521; Céd., lib. 52, f. 128). <<

[1879] Cf. supra, p. 379. El doctor Zumel, responsable de la demolición de la casa de Padilla, consiguió en 1526 una carta real que le protegía frente a cualquier posible persecución judicial por parte de sus herederos: «mandastes e hizistes derribar las casas en que en la dicha cibdad bibían e moravan Juan de Padilla (…) e doña María Pacheco, su muger, que fueron los principales alborotadores e promovedores e culpantes en los dichos levantamientos, porque en las dichas casas se hizyeron desde principio todos los juntamientos de jentes que en la dicha cibdad ovo e allí se juntaban todos los que levantaron la dicha cibdad (…). E porque podría ser que agora o en algún tiempo los hermanos del dicho Juan de Padilla e otras personas que suceden o an de suceder al dicho mayorazgo de Pero López de Padilla, padre del dicho Juan de Padilla (…), vos pidiesen e demandasen (…) sobre ello», etc. (RGS, 14 de abril de 1526). Una carta del condestable, fechada el 27 de mayo de 1522, precisaba con estas palabras la acción del doctor Zumel: «hizo derribar y arar y senbrar de sal las casas de Juan de Padilla y doña María Pacheco y poner en medio un mármol con ciertas letras». (PR, leg. 1, f. 105). <<

[1880] Sobre estos escudos picados, cf. el artículo de J. DE VERA en Estudios Segovianos, 1950. p. 290. <<

[1881] Por ejemplo, cédula del 21 de marzo de 1521, en que se pedía al corregidor de Salamanca que destruyera todos los documentos de la época de las Comunidades (Céd, libro 52, f. 156; D, IV, 105), orden confirmada, después del regreso del emperador, el 23 de agosto de 1522 (RGS y Céd., lib. 52, f. 156). También en este aspecto, el doctor Zumel desarrolló gran celo destructor en Toledo: «hizo quemar todas las escripturas que se avían inprimido en deservicio de Vuestra Magestad que heran muchas» (carta del condestable, 27 de mayo de 1521; PR, leg. 1, f. 105). <<

[1882] Céd., lib. 52, f. 175; D, IV, 244 (3 de junio de 1521). <<

[1883] «Algunos caualleros y otras personas (…) an dicho públicamente algunas palabras escandalosas en nuestro deservicio y en perjuizio de nuestros visorreyes e governadores e andan visitando a algunas personas vezinos desa dicha villa para los atraher a sus opiniones e dañados propósitos». (31 de octubre de 1521; Céd., lib. 54, f. 193 V.). <<

[1884] RGS, 2 de abril y 30 de junio de 1522. <<

[1885] Ibid., 14 de julio de 1522. <<

[1886] FORONDA, Estancias y viajes… <<

[1887] Carlos V «se preocupó (…) de revisar cada proceso aislado, comentando por los más modestos, señal de que no serían olvidados los restantes». (A. RODRICUBZ VILLA, citado por MERKIMAN, (?) p. 87, nota 107): «hizo todo lo posible para permanecer en el Norte, afiliada, hasta haberte cumplido la mayoría de las sentencias de muerte». (MERRIMAN, p., [?]). <<

[1888] ANGHIERA, carta 766, IV, p. 271. <<

[1889] Lo que se responde a los apuntamientos que hizo el clavero don Garda de Padilla por mandado de su magestad (PR, leg. 3, f. 145). <<

[1890] Estado, leg. 8, f. 100; D, IV, 10-11 (2 de mayo de 1521). <<

[1891] CABEZUDO, Historia de Simancas. <<

[1892] «Al comendador mayor se a dicho que tenga a buen recabdo a don Pedro Maldonado como vuestra alteza lo manda». (Estado, leg. 5, f. 280). <<

[1893] Hay una ligera duda sobre la fecha de la ejecución: Martín de Salinas propone el 13 de agosto (citado por A. RODRÍGUEZ VILLA, El emperador Carlos V…, p. 47); un documento de Simancas habla del 14 de agosto (CM, leg. 380 s. f.). El veredicto fue registrado el 23 de agosto (RGS, 16 de octubre de 1522). Texto de la sentencia en CM, leg. 377, s. f. (Codoin, I, pp. 294-296). El cuerpo del comunero, enterrado primero en la iglesia de Simancas, fue trasladado discretamente a la catedral de Salamanca en 1526, a petición de su madre, doña Juana Pimentel, para ser depositado en el panteón familiar (D, V, 577). <<

[1894] Estos procuradores eran: don Antonio de Quiñones, el canónigo Juan de Benavente, Pero Merino, Gómez de Ávila, Suero del Águila, el comendador fray Diego de Almaraz, el doctor Zúñiga, Pero Sánchez, Diego de Montoya, Juan de Solier, el doctor Cabeza de Vaca, Diego de Esquivel, el licenciado Santiago y Pedro de Sotomayor (RGS, 12 de febrero de 1521). <<

[1895] Sobre la oposición entre el Consejo Real, de un lado, y el almirante y el cardenal, de otro, cf. la carta del Consejo Real al emperador, 26 de marzo de 1521 (PR, leg. 1, f. 45); según esta carta, cinco de un total de catorce detenidos estaban libres en aquel momento. Sobre la situación de los prisioneros, y los proyectos de canje, cf. D, III, 46, 143 y 205. Desde el 10 de diciembre de 1520, Lope Hurtado se extrañaba de la libertad de que gozaban algunos de estos hombres (PR, leg. 2, f. 36; D, II, 689). El 1 de julio de 1521, el marqués de Astorga y el conde de Luna protestaron ante el cardenal Adriano porque se había confiscado un juro que don Antonio de Quiñones poseía en Asturias; recordaron entonces que don Antonio se hallaba prisionero bajo palabra, y que ellos mismos habían garantizado que no trataría de huir; por otra parte, los virreyes les habían dado seguridades de que la suerte de su protegido no sería decidida antes del regreso del rey (Mem., leg. 142, f. 27). El canónigo Juan de Benavente estaba también prisionero en su domicilio; en el mes de julio se hablaba seriamente de internarle en la prisión; el cardenal no escuchó al conde de Benavente cuando acudió a interceder por él (Mem., leg. 141, f. 52); a pesar de todo, parece, sin embargo, que el canónigo no llegó a ingresar en la prisión. Poco después otro prisionero, Diego de Esquivel, fue puesto en libertad gracias a la intercesión del duque del Infantado (Mem., leg. 139, f. 276). <<

[1896] Este es el caso de don Antonio de Quiñones, de Gómez de Ávila y de Suero del Águila. Este último, que en junio estaba residiendo en Burgos, había obtenido incluso una carta de los virreyes protegiéndole contra cualquier persecución judicial durante todo el tiempo en que estuviese incorporado al ejército (20 de junio de 1521; Mem, leg. 141, f. 299, y Céd., lib. 52, f. 222 V.). <<

[1897] Ya en junio de 1521 comenzó a hablarse de la demolición del castillo de Tordesillas (Estado, leg. 7, fs. 129 y 130; Céd., lib. 52, fs. 194 V. y 195 r.). Otra cédula fechada el 27 de agosto de 1521 ordenaba a los contadores mayores que pagaran su salario a Alonso Flórez, vecino de Tordesillas, a quien se había confiado la custodia del castillo desde que se reconquistara de manos de los comuneros «asta que por mi mandado fue derrocada». (Céd., lib. 52, f. 395 r.). Parece, por tanto, que el castillo acabó siendo demolido. En cuanto a los prisioneros, el marqués de Denla recibió la orden, el 4 de octubre de 1521, de trasladar a la mitad de ellos a Zamora y a los restantes a Arévalo (Céd., lib. 54, folis 130 V. y 131 r.). <<

[1898] El 21 de enero de 1522 se dio orden al alcalde Lerma para que condujera a los prisioneros de Tordesillas a La Mota de Medina del Campo (Céd., lib. 60, f. 260 V.). El 9 de noviembre anterior, el licenciado Villa recibió instrucciones de acudir a Tordesillas para escuchar su declarado (RGS, 9 de noviembre de 1521). <<

[1899] 20 de febrero de 1522 (Céd., lib. 46, f. 186 V.). <<

[1900] RGS, 18 de junto de 1522. <<

[1901] Las sentencias de Pedro de Sotomayor, Pero Merino, Juan de Solier, el licenciado Santiago, Pero Sánchez y Diego de Montoya fueron registradas el 23 de agosto de 1522 (RGS, 13 y 14 de octubre de 1522); el del doctor Cabeza de Vaca, el 13 de agosto (RGS, 16 de octubre de 1522). <<

[1902] MEJÍA, p. 320. <<

[1903] En el caso de Gerivas, hemos encontrado la copia de la executoria de la sentencia, pero, a diferencia de lo que sucede habitualmente, en este documento no aparece la fecha de la sentencia (RGS, 11 de noviembre de 1522). <<

[1904] Cf. supra, p. 582. <<

[1905] He aquí la lista de los condenados: Pedro de Villafrades, Alonso de Beldredo, Pedro de Losada, Alonso Fernández, Pero Díaz de Zavallos, Pero Bermejo, Diego de Villagrán, el licenciado Villena el mozo, el licenciado Bernaldino, Alvaro Páez, Rodrigo Páez Maldonado, Andrés de Baltanás, Pedro de Tordesillas, Pero López de Calatayud el mozo, Alonso Vera, Francisco de Mercado, Juan de Marquina, Juan de Robladillo, Andrés de la Rúa, el doctor Velasco, Lorenzo Maldonado, el bachiller de Alcalá, Bemardino Vezado, Antón Malo, Juan de San Cebrián, Juan de Guzmán, el licenciado Ternero, Antonio de Montalvo, San Pedro Mudarra, Juan de Heván, Pedro de Ávila, Pedro Gómez, el licenciado Espina, Cristóbal Ruiz, Pedro Giráldez, Gonzalo de Ayora, Pedro Velasco, Juan de Franquís, Pedro de Dueñas, Bernardo de San Román, Pascual cantero, Lope de Pallares, Sancho Ortiz, Pedro Bonal, Andrés de Toro, y el licenciado de la Torre (RGS, 13 de octubre de 1522); Reynarte Castro y Francisco de San Miguel (ibid., 14 de octubre de 1522); el conde de Salvatierra (ibid., 5 de septiembre de 1522), todos condenados el 23 de agosto; Antonio de San Román, condenado el 24 de agosto (RGS, 13 de octubre de 1522). Sentencias pronunciadas contra el licenciado Bernaldino y Francisco de Mercado (CM, leg. 377, s. f.) han sido publicadas en Codoin, I. pp. 296-300. <<

[1906] RGS, 18 de agosto de 1522. <<

[1907] Ibid., 13 de octubre de 1522. <<

[1908] Se trata del licenciado Juan de la Vega,. de Francisco de Aguilar, de Pero Suárez de Arguello, de Juan de Osuna, de Torrentes, de Blas, de Vázquez de Benavente, de Pedro Calero, de Alvaro Serrano, de Cristóbal Álvarez, de Luis bonetero, de Antonio Fernández, de Tomé Fernández, de Bracamonte, de Francisco de Palomares, de Villaroel, de Andrés Carriazo, de Alvaro Álvarez de Cueto, de Rodrigo de Cimanes, de Bernardo Gil y de Hontiveros (ibid., 28 de octubre de 1522). <<

[1909] Ibid. 30 de octubre de 1522. <<

[1910] Ibid., 14 de agosto, 1, 25, 26 y 30 de octubre de 1522 <<

[1911] Estado, leg. 11, f. 17. <<

[1912] PR, leg. 3, f. 145. <<

[1913] Respuestas [del Consejo] a lo que truxo el secretario Covos (PR, leg. 4, f. 29); cf. también PR, leg. 3, f. 144 (D, V, 327-329). <<

[1914] Los archivos conservan varias copias manuscritas del Perdón general: PR, leg. 4, folio 63; Estado, leg. 10, fs. 25-29; BNM, ms. 10817 (33 folios no numerados); BN Lisboa, ms. 7638, doc. 108, fs. 190v.-200v. (en portugués), etc. En la RAH (colección Salazar, M-2, fs. 222 a 223 V.), autorización concedida a Arnao Guillén de Brocar para que imprimiera el Perdón. El ejemplar impreso (Escorial, ms. II-V-3) ha sido publicado por J. Quevedo en el apéndice a su traducción de la crónica de Maldonado, pp. 340-351. Relato de la ceremonia de Todos los Santos según una nota de Cobos al final de PR, leg. 4, f. 63; sobre esta ceremonia, cf. también la Crónica de don Francesillo de ZÚÑIGA, p. 18, y la carta de Martín de SALINAS, 1 de noviembre de 1522 (BRAH, XLIII, 66). <<

[1915] PR, leg. 3, f. 144 (D, V, 327-329). <<

[1916] PR, leg. 4, f. 29. <<

[1917] Protesta de Betanzos, el 15 de febrero de 1520 (PR, leg. 3, f. 166); protesta en el mismo sentido, de La Coruña, s. f., pero probablemente de los mismos días (ibid., leg. 3, folio 167). <<

[1918] Carta del arzobispo de Santiago y del conde don Fernando de Andrade a los virreyes para agradecerles la «certificación de la merced del voto que tenía Zamora por este reyno [Galicia]». (PR, leg. 2, f. 4), el 28 de mayo de 1521. <<

[1919] Carta del cardenal Adriano, 13 de noviembre de 1520 (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 484-485). <<

[1920] PR, leg. 3, f. 136. <<

[1921] PR, leg. 3, f. 163; cf. D, III, 83, 125, 153, 294-298, 298-301. <<

[1922] Carta del licenciado Vargas, 2 de febrero de 1521 (Estado, leg. 8, f. 61). <<

[1923] B. BENNASSAR, Valladolid…, pp. 122 ss. <<

[1924] Carta de Burgos a los virreyes, 11 de mayo de 1521 (PR, leg. 4, f. 30; D, IV, 106). <<

[1925] RGS, 13 de julio de 1521. <<

[1926] Carta de Saldaña al cardenal Adriano, 22 de julio de 1521 (PR, leg. 3, f. 35). <<

[1927] Bruselas, 8 de julio de 1521 (Céd., lib. 58, f. 56 r.). <<

[1928] Pamplona, 10 de agosto de 1521 (Estado, leg. 5, f. 280). <<

[1929] Cf. supra, p. 251. <<

[1930] Carta del cardenal Adriano. 13 de noviembre de 1521 (PR, leg. 2, f. 1; D, II, 484). <<

[1931] Carta del licenciado Vargas, 2 de febrero de 1521 (Estado, leg. 8, f. 61). <<

[1932] Carta de Burgos a los virreyes, 11 de mayo de 1521 (PR, leg. 4, f. 30; D, IV, 106). <<

[1933] Cf. supra, pp. 579 ss. <<

[1934] RGS, 25 de noviembre de 1522. <<

[1935] El fiscal Pero Ruiz reclamó, por ejemplo, el «libro e conjuración» de la ciudad de Salamanca (RGS, 23 de agosto de 1522) y, de forma general, «el libro en que asentavan [los comuneros] todas las cosas que hazían e ordenavan por donde seguían y governavan», en todas las ciudades (ibid., 25 de febrero de 1523). Pidió también al corregidor de Toro que le enviara los poderes que la comunidad local había enviado a sus representantes en la Junta, así como los «acuerdos que parece que se dieron para derrocar la casa de Pedro de Bacán» (ibid., 6 de junio de 1523). <<

[1936] Ibid., 2, 3, 10, 18, 19 y 31 de enero de 1523. Los detenidos eran: Hernando de Velliza, Juan de Sahagún, Hernando de Torquemada, Diego de Esquivel, Juan Giner, Francisco de Salas, Francisco Bernal, Alonso Pérez de Úbeda, el doctor Juan de Agüera y los bachilleres García de León y Zambrano. <<

[1937] Ibid., 11 y 28 de noviembre de 1522, 23 de diciembre de 1522, 2 y 23 de enero de 1523, 3 de marzo de 1523, 7 de julio de 1523, 2 de febrero de 1524. cf. también un Memorial de los ecebtados, s. f., que da unas puntualizaciones sobre la represión (condenas pronunciadas, procesos en curso) y que fechamos en noviembre o diciembre de 1522 (Estado, leg. 8, folio 176). <<

[1938] La sentencia es del I de noviembre; la executoria figura en una provisión del 4 de diciembre de 1522. (RGS). <<

[1939] No conocemos la fecha de la sentencia, pero la executoria es del 2 de febrero de 1523 (RGS). <<

[1940] No conocemos la fecha del veredicto, pero la multa fue satisfecha el 13 de mayo de 1523 (CM, leg. 355, s. f.). <<

[1941] RGS, 12 de agosto de 1523; sentencia pronunciada el 18 de julio de 1523. <<

[1942] Ibid., 22 de octubre de 1523. <<

[1943] Ibid., 9 de marzo de 1523; veredictos pronunciados el 21 de febrero de 1523. <<

[1944] Para Antonio de Aguilar y Antonio Suárez, veredicto pronunciado el 23 de mayo de 1523 (RGS, 3 y 6 de junio de 1523). En cuanto a Alonso del Rio, su veredicto fue pronunciado el 2 de octubre de 1523 (ibid., 15 de diciembre de 1523). <<

[1945] Ibid., 5 de octubre de 1523. <<

[1946] El 10 de junio de 1523, el Consejo Real ordenó que fuera llevado a la Corte Reynarte de Castro, detenido por el corregidor de León (RGS). El 23 de octubre de 1523 se dio la orden, al corregidor de León, de que detuviera a Francisco de Guzmán (RGS). <<

[1947] Citado por GACHARD, Correspondance, p. 189. <<

[1948] CM, leg. 355, s. f. <<

[1949] Ibid., leg. 379; Doña Mencía de Guevara, esposa del licenciado Bernaldino, recuperó por la suma de 3000 ducados los bienes de su marido (RGS, 16 de agosto de 1523). Dos años después, tras la muerte del licenciado, se descubrió que al efectuar aquella venta se habían ocultado al fisco numerosos objetos de valor (rentas, oro y plata, tapicería y otras joyas, muebles…); el emperador hizo a don Pedro de Guevara, comendador de Valencia del Ventoso de la Orden de Santiago, «nuestro camarero, de todo el derecho (…) que por razón del dicho fravde y engaño (…) a nuestra cámara y fisco pertenesce y puede pertenescer». (RGS, 24 de noviembre de 1525). Doña Mencía de Guevara hizo donación de todos sus bienes a su sobrina, doña Mencía de Ayala y de Guevara, que entró a formar parte de la crónica judicial en 1537, ya que hizo asesinar a su marido, el licenciado Manzanedo, a quien era infiel continuamente, y fue decapitada el 25 de mayo de 1537 (cf. Crónica de P. GIRÓN, pp. 105-108, y Florete de anécdotas…, p. 128). <<

[1950] No aparece nada en las Actas de Cortes. Sobre esta provisión, cf. CM, leg. 381, s. f., y RGS, enero de 1524. RODRÍGUEZ SALCEDO (Comunidades palentinas, pp. 183-186) ha publicado el texto de ella con ligeros errores de transcripción, según una tercera copia que se conserva en el Archivo municipal de Palencia. <<

[1951] 10 de diciembre de 1523, publicado por RODRÍGUEZ SALCEDO, op. cit., pp. 186-187. <<

[1952] Estado, leg. 14, f. 222 (D, V, 509-510). <<

[1953] Los exceptuados a quienes se les autorizó a pagar una multa de composición aparecen citados en el documento de trabajo al que hemos hecho referencia en la nota anterior. Eran, en total, dieciocho. Hemos encontrado otros treinta comuneros en las mismas circunstancias en CM (leg. 355, 377, 379 y 381). <<

[1954] Mem., leg. 139, f. 138. <<

[1955] 7 de junio de 1521 (Céd., Iib. 52, f. 185 r.). <<

[1956] Mem., leg. 142, f. 23; Céd., lib. 54, f. 8 V. Ese mismo día, Quintanilla solicitó que se suspendiera el secuestro de sus bienes a cambio de una caución; la petición fue transmitida al Consejo de las Órdenes (Céd., lib. 54, f. 8 r.). <<

[1957] Carta del cardenal Adriano, 24 de octubre de 1521 (D, IV, 545). <<

[1958] Céd., lib. 54, f. 154 r. Quintanilla había jurado que no entraría nunca en Burgos; se le liberó de su juramento durante el tiempo que durase la guerra de Navarra (Aid., folio 139 V.). <<

[1959] S. f. (Estado, leg. 8, fs. 156-157; D, IV, 349). <<

[1960] «Ya he scrito a Vuestra Magestad por otra cosa como conuiene que la causa de Luis de Quintanilla se remita y vea en el Conseio de las Órdenes y assí me parece que lo deue Vuestra Alteza mandar proueer, que cierto este Quintanilla muestra muy buena voluntad y desseo de seruir a vuestra alteza y sy alguno destos reynos merece perdón de vuestra magestad lo merece el mismo Quintanilla» (carta del cardenal Adriano, 7 de diciembre de 1521; D, IV, 684-685). <<

[1961] Carta de los tres virreyes, 12 de diciembre de 1521 (D, IV, 696-697). Sin embargo, el 15 de abril de 1521, el cardenal Adriano se mostraba indignado por que se pudiera pensar que había existido recomendación alguna en favor de Quintanilla: «También hago saber a Vuestra Magestad que nunca el conde [de Benavente] habló en ruego ni en otra manera alguna por Quintanilla y si otra cosa han escripto allá no lo crea». (D, III, 593). <<

[1962] Céd., lib. 60, f. 206 V. En la misma fecha, cédula que hemos citado en la nota 160 en la que se prohibía al Consejo de las Órdenes que se pronunciara sobre Quintanilla «hasta tanto que yo, el rey, enbiase a nuestros visorreyes e gobernadores la respuesta de la consulta que me enbiaron sobre la manera que se a de tener en el conocimiento del dicho negocio» (ibid., f. 207 r.). <<

[1963] Mem., leg. 154, f. 115. <<

[1964] RGS, 30 de abril de 1522. <<

[1965] Para defenderse, Quintanilla solicitó que los habitantes de Medina, que habían sufrido los efectos del incendio del 21 de agosto de 1521, fueran dispensados de toda contribución para indemnizar a las víctimas de los comuneros. Dijo que podía demostrar: 1) que el incendio le había producido graves pérdidas (dos pares de casas de mucho valor; joyas robadas, bienes quemados, etc.); 2) «que sy fue a la dicha villa de Alaheios fue por temor justo e porqué no lo matasen e quemasen». La cédula del 7 de julio de 1522 instruía al licenciado Gonzalo García de Gallegos, encargado de este proceso, que se mostrara comprensivo (Céd., lib. 61. f. 177 V.). <<

[1966] Carta de la reina de Portugal al emperador, Lisboa, 23 de julio de 1522 (Mem., leg. 145, f. 63). Dos días antes, el rey de Portugal había escrito otra carta en los mismos términos (ibid.). <<

[1967] RGS, 30 de octubre de 1522. <<

[1968] Martín de SALINAS, BRAH, t. XLIII, pp. 105, 117-118, 161, etc. <<

[1969] «Quintanilla ha alcanzado merced que su negocio se vea por el Consejo de las Órdenes» (ibid., p. 82). <<

[1970] La composición de esta comisión aparece en una cédula que hace referencia al comendador Juan Gaitán (Céd., lib. 66, f. CCXL r.). <<

[1971] Cartas de Martín de SALINAS, 21 de junio de 1523 (BRAH, t. XLIII, p. 105). <<

[1972] D, V, 423. <<

[1973] Céd., lib. 67, f. CCVII v. <<

[1974] AHN, proceso contra Juan Gaitán, en el que aparece una copia de la cédula del 26 de febrero de 1524. <<

[1975] RGS, 12 de julio de 1524; Martín de SALINAS, op. cit., p. 185. Luis de Quintanilla debió morir a finales de 1526 o principios de 1527 (Mem., leg. 183, f. 1). <<

[1976] AHN. Gracias a J. P. Le Flem por habernos indicado este importante documento y habernos proporcionado el microfilm. <<

[1977] 12 de febrero de 1523 (Céd., lib. 66, f. CCXL). <<

[1978] D. V, 509. <<

[1979] La amnistía fue concedida a petición «de algunos devdos e parientes vuestros que son nuestros criados e servidores». (RGS, 9 de diciembre de 1524; Céd., lib. 69, f. CCLIV v.). <<

[1980] RGS, 24 de marzo de 1525 (confirmación de la carta de amnistía fechada en Burgos, el 12 de marzo de 1524). <<

[1981] Una provisión del Consejo Real, fechada el 24 de julio de 1524 habla de fray Pedro Diez, «prior del monesterio de Santo Agustyn extramuros de la cibdad de Burgos, (…) que fue dado e nonbrado por juez por toda la prouincia de la Orden de Santo Agustín destos nuestros reynos para punir e castigar las culpas de ciertos religiosos de la dicha orden». (RGS), pero nada indica que los monjes en cuestión eran comuneros. <<

[1982] AGS, 12 de agosto de 1522. <<

[1983] Sebastián Mudarra, corregidor comunero de Palencia, pretenderla posteriormente, que había entregado a fray Bernaldino; cf. la pregunta número 18 de un interrogatorio planteado por Sebastián Mudarra: «sy saben que vino a la dicha cibdad vn flayre de la orden de Santo Agostín que se dezia fray Bemaldino e que el dicho Sebastián Mudarra abisó una noche al dicho señor cardenal como hera venido allí a la dicha cibdad el dicho flayre a la alborotar e sy saben que después el dicho flayre fue preso yendo a la villa de Camón e llevado a la villa de Medina de Ríoseco por el aviso que el dicho Sebastián Mudarra avía dado». (CR, leg. 79, f. 2-IV). En respuesta a esta pregunta, don Diego de Castilla confirmó el hecho de la detención de fray Bemaldino, pero no dijo nada respecto a la intervención de Mudarra. La detención se debió producir en los últimos días del mes de octubre de 1520. <<

[1984] Carta al emperador, 6 de febrero de 1521 (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 205). <<

[1985] 1 de abril de 1522 (Céd., lib. LIX. f. 44 V.). <<

[1986] cf. M. BATAILLON, Erasmo, pp. 439-440, y J. E. LONGHURST, Alumbrados, erasmistas… En su defensa. Vergara denunció la ignorancia de fray Bemaldino, su gusto exagerado por la bebida («aquella noche, el padre avía cargado algo demasiado I así la isputa acabó en otro, buen tacón de vino…»), su pasión por el juego («tiene por costumbre de jugar todo él tiía I la noche, hurtando los dineros en cantidad I levantarse de allí a dezir misa»), por no mencionar otros vicios («demás de otras cosas que por acatamiento desté lugar se callan»). En la Miscelánea de Zapata pueden hallarse algunas anécdotas sabrosas sobre fray Bemaldino que confirman las afirmaciones de Vergara respecto a la lascivia y pasión por el juego del monje (pp. 391-392); Zapata llama a este monje fray Bernaldino Palomo, pero el contexto disipa cualquier incertidumbre respecto al hecho de que se trata de fray Bernaldino de Flores. <<

[1987] Carta del corregidor de Salamanca al cardenal Adriano, 24 de junio de 1521 (D, III, 764). <<

[1988] RGS, 20 de junio y 26 de septiembre de 1521. <<

[1989] 7 de octubre de 1521 (Céd., lib. LIV f. 138 r.). <<

[1990] Carta anónima al cardenal Adriano, 21 de junio de 1521 (Mem., leg. 141, f. 334). En el anverso, decisión del cardenal, fechada en Logroño el 6 de julio de 1521: «al padre comisario que le ponga en una cárcel de su orden». <<

[1991] Esto es lo que se desprende de una carta de la villa de Toro a los virreyes, el 20 de septiembre de 1521 (PR, leg. 3, f. 57). <<

[1992] Carta al emperador, el 3 de noviembre de 1521 (D, IV, 637). <<

[1993] RGS, 23 de julio de 1521. <<

[1994] Carta al emperador, 6 de agosto de 1521 (Estado, leg. 8, f. 117; D, IV, 408). Las dos decisiones a las que se hace alusión en esta carta son: la provisión del 23 de julio de 1521, citada en la nota precedente, y una cédula firmada por el cardenal Adriano en Logroño, el 30 de julio de 1521 (Céd., lib. LII, f. 309 V.). <<

[1995] Carta de la ciudad de Salamanca al cardenal Adriano, 13 de septiembre de 1521; en ella se opone la actitud del general de los dominicos, muy firme, a la de los franciscanos, mucho menos enérgicos (PR, leg. 3, f. 33; D, IV, 502-503). <<

[1996] Cf. Floreto de anécdotas…, p. 94. <<

[1997] Ver, por ejemplo, fray Hernando DE CASTILLO, Historia general de Soncto Domingo y de su orden de predicadores, Valladolid, 1613, t. III, p. 91 a. <<

[1998] Don Diego Huidobro aparece citado en una provisión del 24 de mayo de 1521 (RGS); el abad de Berlinga, en una provisión del 23 de diciembre siguiente (ibid.). <<

[1999] RGS, 17 de mayo de 1521 (orden de detener al canónigo Acebedo), 24 de mayo de 1521 (orden de detener al clérigo Comparán), 20 de junio de 1521 (orden de detener a Francisco de Bilbao y a otros clérigos), etc. <<

[2000] Mem, leg. 129, f. 379; este documento, elaborado por el almirante de Castilla y calificado como «Borrador de minuta de despacho al santo padre», está sin fechar; su redacción hay que situarla entre el 9 de febrero de 1522 (fecha en la que se conoció en España la elección del cardenal Adriano) y julio de 1522 (regreso del emperador). <<

[2001] Cf. Memorial del obispo de Ouyedo de lo que su magestad ha de mandar proveer en lo de los eclesiásticos comuneros (PR, leg. 4, f. 28), cuya redacción hay que situar entre el regreso de Carlos V (julio de 1522) y la proclamación del Perdón general (1 de noviembre de 1522). <<

[2002] GACHARD, Correspondance…, p. 94. <<

[2003] Carta de Carlos V al duque de Sessa, 17 de diciembre de 1522, publicada por GACHARD, op. cit., p. 170. <<

[2004] Ibid., pp. CII-CIII. <<

[2005] Carta de Carlos V al duque de Sessa, 10 de enero de 1523, op. cit., p. 170. <<

[2006] Carta del 14 de diciembre de 1523 (ibid., p. 200). <<

[2007] cf., D, V, 336. <<

[2008] Carta de Carlos V a Adriano VI, 8 de febrero de 1523, publicada por GACHARD, op. cit., p. 161. <<

[2009] 13 de marzo de 1523 (Céd., lib. LVIII, f. 218 V.). <<

[2010] Actuó como testigo en un proceso sobre los bienes de uno de sus parientes, Perc Bonal (CR, leg. 82, f. 10-Iv, f. 20 V.). <<

[2011] Carta de Carlos V al duque de Sessa, s. f. [¿julio de 1524?], publicada por GACHARD, op. cit., p. 204. <<

[2012] VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, II, p. 176. <<

[2013] RGS, 9 de diciembre de 1524. <<

[2014] Sobre don Pedro de Fuentes, cf. D, V, 555; sobre don Alonso Enríquez, ibid., 554. Don Pedro de Fuentes, que murió el 30 de marzo de 1525, fue enterrado en Roma, en la iglesia Santiago de los Españoles (RODRÍGUEZ SALCEDO, Comunidades palentinas, p. 158). <<

[2015] CM, leg. 377; D, V, 446-470. <<

[2016] cf. RGS, septiembre de 1522 (no se cita el día). El Memorial del obispo de Oviedo (cf. supra, nota 203) nos informa de que en agosto de 1522 se procedía a la instrucción de su proceso. <<

[2017] cf. J. E. LONGHURST, Alumbrados…, pp. xxvn, 155. <<

[2018] Gestiones de la villa de Medina del Campo, el 27 de mayo de 1521 (Mem., leg. 139, f. 256), del capítulo de Segovia, «por quanto el abad de Compludo es arcediano de Cuéllar» (ibid., leg. 141, f. 412). En cambio, la villa de Alaejos protestó contra cualquier medida de clemencia que pudiera adoptarse en favor de don Alonso (ibid., leg. 146, f. 82). <<

[2019] cf. las cartas que escribiera el abad al cardenal Adriano, el 24 de junio, el 20 de julio y el 12 de agosto de 1521 (PR, leg. 2, f. 79). <<

[2020] RGS, 22 de mayo de 1522. <<

[2021] El 23 de diciembre de 1521 el Consejo Real dio instrucciones a todas las autoridades de que detuvieran a Francisco Zapata, arcediano de Madrid (RGS); el 6 de diciembre de 1522 se ordenó la detención del arcediano de Lorca (ibid.). <<

[2022] Barroso llegó a Portugal en marzo de 1521; cf. carta del emperador dando parte a el rey [de Portugal] mandar a Christovao Barrozo, sua secretario, rezidir nesta corte durante a sua ausencia dos reynos de Castella, Worms, 21 de febrero de 1521 (CC, Part. 2, marzo 94, doc. 81). <<

[2023] Carta del embajador portugués al rey de Portugal, 7 de julio de 1521 (CC, Part. 1, marzo 27, doc. 26). <<

[2024] Carta del corregidor de Toledo a los virreyes, 29 de mayo de 1522 (Mem…, leg. 145, f. 6; D, V, 122). Según los documentos citados por FERRER DEL Río (p. 291). Juan III habría firmado el decreto de expulsión únicamente para agradar a la reina Leonor, pero no tuvo en ningún momento intención de aplicarlo. <<

[2025] Carta de Cristóbal Barroso y del doctor Cabrero a Carlos V, Lisboa, 3 de diciembre de 1522 (D, V, 369). cf. también Codoin, I, p. 287. Hemos encontrado, en Lisboa, la copia de un acuerdo entre España y Portugal relativo a la extradición de los fugitivos de ambos países, pero parece posterior a las Comunidades; posiblemente, sería firmado para evitar en el futuro nuevas discusiones sobre ese tema (TORRE DO TOMBO, Gavetas, gaveta 13, marzo 7, doc. 1). <<

[2026] Carta del embajador portugués, 4 de enero de 1523 (D, V, 385-386). <<

[2027] RGS, 5 de marzo de 1523; D, V, 417, 422, sobre la acción, en mayo-junio de 1523, para detener al bachiller Maldonado. <<

[2028] Carta del embajador español. Junio de 1523 (D, V, 422-423). <<

[2029] Carta del embajador español, Tomar, 31 de julio de 1523 (D, V, 438). <<

[2030] Ibid. <<

[2031] Sobre las gestiones de Onorato [el embajador de Francia] y conferencias que con él tenía don Pero Laso, cf. la correspondencia del embajador español en junio de 1523, resumida por D, V, 422-423. <<

[2032] cf. D, V, 422-423. <<

[2033] cf. RGS, 11 de julio de 1523: «hauemos acordado de prover en el castigo dello como es razón y juntar para tomar y cercar la dicha fortaleza toda la gente de pie y de cauallo y artillería que fuere necesaria». <<

[2034] Carta del embajador español. Tomar, 31 de julio de 1523 (D, V, 437-438). <<

[2035] RGS, 1 de agosto de 1523. <<

[2036]Ibid., 16 de septiembre de 1523. cf. también la correspondencia de Martín DE SALINAS, en BRAH, XLIII, p. 138. <<

[2037] Carta del embajador español, 29 de agosto de 1523, resumida por D, V, 447. <<

[2038] Ibid. <<

[2039] Ibid. <<

[2040] Cf. supra, p. 600. <<

[2041] Carta del embajador español. Tomar, 31 de julio de 1523 (D, V, 438-439). <<

[2042] cf. la correspondencia de Martín De SALINAS, carta del 24 de marzo de 1524 (BRAH, XXIII, p. 151). <<

[2043] Ibid., p. 170: «hasta la hora que murió nunca los grillos le fueron quitados». <<

[2044] RGS, 12 de febrero de 1524; la condena a muerte por rebeldía fue pronunciada el 4 de febrero de 1524. <<

[2045] Carta del embajador español, 13 de abril de 1524 (D, V, 492-495). <<

[2046] Carta del embajador español, 13 de abril de 1524 (D, V, 492-495). <<

[2047] Ibid., y carta del 36 de julio de 1524, resumida por D, V, 501. <<

[2048] Una pequeña minoría de exceptuados se habían refugiado en Francia; carecemos en absoluto de información sobre su suerte. El más conocido de estos exiliados era don Juan de Mendoza. En julio de 1524 se celebraron conversaciones para conseguir la colaboración de algunos de estos exiliados en beneficio de España (D, V, 534-535). Otros comuneros buscaron refugio en Viena, junto al infante Fernando, hermano de Carlos V; cf. M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La España.., pp. 191-192. <<

[2049] Céd., lib. LXVI, f. CCLXXIV v. <<

[2050] RGS, 3 de junio de 1524. <<

[2051] Juan Negrete, que se hallaba en la prisión de Burgos, debió ser trasladado a Madrid para poder responder a las múltiples querellas interpuestas contra él (RGS, 30 de junio de 1524); petición de testigos en la vista del proceso de Gómez de Hoyos (ibid., 9 de agosto de 1524); para Antón Mallo y Pero Suárez, cf. ibid., 6 de noviembre y 1 de diciembre de 1524. <<

[2052] Ibid., 25 de enero y 20 de abril de 1524. <<

[2053] Ibid., 6 de noviembre de 1524. <<

[2054] Ibid., 29 de abril de 1524 (gracia de don Antonio de Peralta); Diego de Ulloa habla sido hecho prisionero en enero de 1524 (ibid., 13 de enero de 1524); fue perdonado el 12 de junio de 1524 (Céd., lib. LXX, f. CLXXX v.). Indulto de Juan de Porras: Céd., lib. LXIX, f. CLXX v. (6 de julio de 1524). Por lo que respecta a Luis Godínez, el Consejo Real reconoció la validez del perdón firmado por los virreyes (RGS, 7 de julio de 1524). Pedro de Tovar fue absuelto (RGS, 9 de noviembre de 1524). La amnistía llegó también a Pero Bonal (Céd., lib. LXX, f. cccxvn, 9 de diciembre de 1524). En cuanto a Cristóbal Álvarez, ya fallecido, el Consejo Real consideró que la acusación tendría que haberse juzgado anteriormente y ordenó que se permitiera a sus herederos la libre disposición de sus bienes (RGS, 13 de diciembre de 1524). <<

[2055] Cf— supra, pp. 257 ss. <<

[2056] Cf— supra, pp. 257 ss. <<

[2057] Se conservan, por lo menos, dos cartas de Girón, inmediatamente posteriores a Villalar, en las que solicitaba su perdón: una fechada en Zaragoza, el 11 de mayo de 1521 (D, IV, 162), y la otra en Logroño, el 28 de mayo de 1521 (Estado, leg. 2, f. 373; D, IV, 162-163). <<

[2058] Carta del embajador portugués, Logroño, 29 de julio de 1521 (CC, Part. 1, marzo 27, doc. 38). <<

[2059] El 9 de septiembre de 1521 los virreyes decidieron levantar el secuestro de las rentas de don Pedro Girón (Céd., lib. LIV, f. 55 r.). <<

[2060] cf. la posdata de la carta del condestable al emperador, el 8 de septiembre de 1521: «Vuestra Magestad rio escryvyó a don Pedro Girón; él a recebydo alguna afrenta V se ba a su tyerra». (D, IV, 467). <<

[2061] Cf. supra, p. 585. «Si se hará algo en lo de Don Pedro Girón». (Memorial para consultar, Estado, leg. 11. f. 17). <<

[2062] Estado, leg. 2, f. 377 (D, V, 206-207). <<

[2063] RGS, 14 de agosto de 1522, cf. supra, p. 585. <<

[2064] cf. la correspondencia de Martín DE SALINAS, carta del 8 de febrero de 1523 (BRAH, XLIII, p. 82). <<

[2065] Carta de la duquesa de Frías al conde de Nassau, Peñafiel, 16 de marzo de 1524 (D, IV, 163); carta de la duquesa al emperador, 26 de marzo de 1524 (PR, leg. 1, f. 21), y carta del condestable al emperador, 26 de marzo de 1524 (D, V, 60). <<

[2066] La cédula de amnistía del 27 de marzo de 1524 justifica el indulto en base a los servicios prestados con ocasión de la invasión de Navarra por las tropas francesas (D, IV. 166-168). cf. también la correspondencia de Martín DE SALINAS, 9 de abril de 1524 (BRAH, XLIII, p. 160). Se conserva la carta del conde de Urueña, padre de Girón, en la que daba las gracias al emperador por haber concedido el perdón a su hijo, 15 de junio de 1524 (PR, leg. 3, f. 52; D, V, 138, y la carta del propio Girón al emperador, después de haber regresado de su exilio, en Peñafiel, el 29 de junio de 1524 (D, IV, 164). Según Gerónimo GUDIF. L (Historia de los Girones, Alcalá, 1577, ff. 111 ss., citado por J. QUEVEDO en las notas a su traducción de Maldonado, p. 339), don Pedro Girón habría muerto el 25 de abril de 1531. <<

[2067] Por ejemplo, el marqués de Moya, que denunció la impunidad de la que parecía favorecerse un tal Luis de la Cartel, vecino de Requena y uno de los que habían provocado la sublevación del feudo del marqués (RGS, 16 de enero de 1525). <<

[2068] Por ejemplo, el marqués de Moya, que denunció la impunidad de la que parecía favorecerse un tal Luis de la Cartel, vecino de Requena y uno de los que habían provocado la sublevación del feudo del marqués (RGS, 16 de enero de 1525). <<

[2069] Sentencia ejecutada el 8 de abril de 1525 (RGS). <<

[2070] Alonso de Osuna: declaración de improcedencia del proceso, el 16 de febrero (RGS, 24 de marzo de 1525); otro tanto sucedió con respecto a Diego de Agüera, 28 de marzo de 1525 (ibid., 24 de marzo de 1525). <<

[2071] Hay copias de todas estas provisiones en RGS, 27 de agosto de 1525, salvo la que se refiere a Juan de Carcajena, que está fechada el día 25, aunque puede tratarse de un error del copista. cf. también D, V, 556-559. La prueba de que estas medidas de clemencia se decidieron después de las entrevistas que tuvieron lugar en las Cortes de Toledo, entre los procuradores y los representantes reales, la encontramos en esta frase que aparece tachada en un documento preparatorio de la amnistía de 1527 (cf. infra, p. 625): «don Juan Fajardo fue perdonado a suplicación de los procuradores de Cortes con que no entre en la corte ni en el reyno de Murcia». (Estado, leg. 15, f. 6). <<

[2072] Para el bachiller Tordesillas, RGS, 13 de octubre de 1525; para el doctor Valdivielso, ibid., 4 de noviembre de 1525; el 27 de febrero de 1526, el doctor volvió a ocupar su puesto de bedel en la Universidad de Salamanca (cf. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, II, p. 196). <<

[2073] Céd., lib. XLVIII, f. 207 V. Hay que destacar que la querella contra don Pero Laso había sido presentada por el doctor Cabrero, miembro del Consejo Real, a quien los comuneros habían arrestado. <<

[2074] Céd., lib. XLVIII, f. 207 V. Hay que destacar que la querella contra don Pero Laso había sido presentada por el doctor Cabrero, miembro del Consejo Real, a quien los comuneros habían arrestado. <<

[2075] Cf. supra, p. 600. <<

[2076] Carta del marqués de Mondéjar al emperador. Granada, 3 de mayo de 1521 (D, IV, 141-142). cf. también la carta de Rodrigo de Bazán a Carlos V, el 30 de abril de 1521, en la que se incluye una versión de la operación (PR, leg. 1, f. 36). <<

[2077] La querella de don Pero Laso, s. f., en Mem., leg. 141, f. 77. La provisión del 20 de Junio de 1525, en RGS. <<

[2078] Carta del embajador portugués al rey de Portugal, el 7 de julio de 1521 (CC, Part. 1, marzo 27, doc. 26). <<

[2079] Carta del embajador portugués al rey de Portugal, el 7 de julio de 1521 (CC, Part. 1, marzo 27, doc. 26). <<

[2080] Ibid., 1 de agosto de 1521. El resultado de la encuesta se halla en PR, leg. 4, f. 23. <<

[2081] Carta de Rodrigo de Bazán al emperador, s. f. (PR, leg. 1, f. 36). <<

[2082] Céd., lib. LVII, f. LXXII r. y f. CXL r. <<

[2083] Carta de Adriano VI al emperador, Vitoria, 15 de febrero de 1522 (GACHARD, Correspondance…, p. 36); la respuesta de Carlos V está fechada en Bruselas, el 29 de marzo de 1522 (ibid., p. 68). <<

[2084] Carta de Adriano VI al emperador, Vitoria, 15 de febrero de 1522 (GACHARD, Correspondance…, p. 36); la respuesta de Carlos V está fechada en Bruselas, el 29 de marzo de 1522 (ibid., p. 68). <<

[2085] Cf. supra, pp. 615 ss., y la carta del embajador español en Portugal, fechada en Tomar, 31 de julio de 1523 (D, V, 438). <<

[2086] Cf. supra, p. 617. <<

[2087] cf. D, IV, 176, y V, 574. El 25 de julio de 1529 encontramos a don Pero Laso en Barcelona, donde firmó, en calidad de testigo, el testamento redactado por su hermano, el poeta Garcilaso, antes de embarcarse para Italia (cf. GARCILASO DE LA VEGA, Obras completas, ed. Elías L. Rivers, Madrid, Castalia, 1964, p. 208). <<

[2088] RGS, 9 de diciembre de 1526. <<

[2089] En 1536, Gonzalo de Ayora se presentó en Zaragoza; allí declaró al duque de Alburquerque que acababa de llegar de Francia y que debía realizar una misión secreta para el rey de Portugal. Carlos V, que se hallaba en aquel momento en Italia, advirtió a la emperatriz que se mostrara vigilante V que no concediera ningún crédito a ese aventurero, «hauiendo sido comunero y tan mal hombre». (Napóles, 5 de marzo de 1536; Estado, leg. 35, f. 29; D, V, 599-602). <<

[2090] Cf. Trestado del memorial que dio el limosnero, s. f. (Estado, leg. 15, f. 5), y «Lo que paresció al señor presidente e a los señores del Consejo de los perdones que se devían hazer por el bienaventurado nacimiento del príncipe nuestro señor y que se diga a su magestad son los syguientes…». (Estado, leg. 15, f. 6). El Consejo Real había recomendado que se indultara a dos pobres labradores, Andrés Carriazo y Francisco de Aguilar, ambos de Toro; no hemos encontrado referencia a su perdón. Los demás amnistiados figuran en RGS, 29 de junio de 1527. <<

[2091] Por ejemplo, Hernando de Rojas, cuyo proceso se estaba instruyendo en 1528 (RGS, 12 de mayo de 1528). <<

[2092] Actas de Cortes, IV, 517 (petición 152). <<

[2093] «Los ecebtados por quyen suplican los procuradores del reyno son éstos». (PR, leg. 3, f. 140, s. f.; D, V, 288-289).r <<

[2094] cf. D, V, 646. <<

[2095] Esta fue la petición de las Cortes: «los procuradores destos reynos suplicamos a Vuestra Magestad que entre otras muchas mercedes que esperamos nos haga merced de mandar perdonar a Alonso de Vera, vno de los ecebtados de la villa de Valladolid, que al presente está preso en la cárcel de la Chancilleria que reside en la dicha villa, por contemplación de los días santos en que estamos y porque es verdad que ha gastado todo quanto tenía andando ausente destos reynos y tiene siete hijos syn madre que todos quedarán a pedir por Dios». (Mem., leg. 136, f. 14). Por su parte, el 30 de mayo de 1529, la emperatriz intercedió en estos términos: «Ya sabe Vuestra Magestad como está preso en la cárcel de la Chancilleria de Valladolid Vera, que fue vno de los ecetados de aquella villa por lo de las alteraciones pasadas. Vino a mí su madre que me hizo piedad, la semana santa, a suplicarme le perdonase, y porque supe que Vuestra Magestad avia mandado hazer justicia del y ser el caso de la calidad que es no me determiné en hazerlo. Agora e sabido que los alcaldes no an exsecutado en él la sentencia y que todavía se está preso en la cárcel e parece cosa de piedad. A Vuestra Magestad suplico que aviendo respeto a las lágrimas y pobreza de su madre y a que ha tanto tienpo que fue el delito y a su larga prisión le haga merced de conmutarle la vida en otra pena, que yo recebiré en ello mucha merced». (Estado, leg. 17-18, f. 47). <<

[2096] D, V, 584. <<

[2097] D, V, 584-585; dona María había pedido que la enterraran «delante del altar de San Jerónimo de la catedral de Oporto», y más tarde, cuando fuera posible, en Villalar, junto a su marido. <<

[2098] Actas de Cortes, IV, 557 (petición LXIV). <<

[2099] Un cortesano celoso, habiéndose enterado de la presencia de Hernando de Ávalos en la Corte, habría ido a denunciarle al emperador; pasaron algunos días, pero nada se hacía por detener al antiguo comunero. El cortesano insistió de nuevo, pero obtuvo entonces esta respuesta por parte de Carlos V: «Mejor uvieras hecho de auisar a Hernando de Ávalos que se fuese que no a mí que le mandase prender». (Pero MEJÍA, pp. 319-320). ZAPATA cuenta la misma anécdota, pero sin citar el nombre del comunero (Miscelánea, p. 370). <<

Notas4

[2100] Cf. supra. p. 349 <<

[2101] Carta de Diego Hurtado al emperador, 3 de noviembre de 1521 (D, IV, 632). «En lo del obispo de Zamora se hizo al duque de Nájera el requerimiento que Vuestra Alteza mandó por Diego Hurtado y el duque se obliga de hazer lo que le es mandado». (10 de agosto de 1521; Estado, leg. 5. f. 280). <<

[2102] Cartas de Diego Hurtado, 18 de noviembre de 1521, y del cardenal Adriano, 3 de noviembre de 1521 (D, IV, 477 y 636). <<

[2103] Carta del cardenal Adriano, 5 de diciembre de 1521 (D, IV, 683). Carta de Acuña al obispo de Oviedo el 2 de septiembre de 1521: «no se hallará haber hecho cosa alguna en deservicio del enperador, nuestro señor, en dicho ni en hecho y en cosas particulares de que soy infamado. Y pienso defenderme con justicia de toda cosa mal hecha y pienso que mostraré destorbado (?) cuanto mal pude, aunque ni tenía poder ni autoridad de nadie…». (Estado, leg. 8, f. 128; D, IV, 523). <<

[2104] Carta de Lope Hurtado de Mendoza al emperador, 28 de marzo de 1522 (GACHARD, Correspondance, p. 63). <<

[2105] «Bien creo que no le traen para le dar el arzobispado de Toledo», escribió Martín DE SALINAS el 7 de septiembe de 1522 (BRAH, XLIII, pp. 53-54). <<

[2106] Petición presentada por el duque de Sessa a Adriano VI: «mande dar un breve para el arcobispo de Granada y obispo de Ciudad Rodrigo (…) para que entiendan en proceder contra el dicho obispo [de Zamora] y si hallaren indicios suficientes para tortura, procedan a ella conforme a justicia, y la continúen hasta que haia confessado la verdad, y purgado los indicios, y para que después puedan proceder a la deffinitiva con execución y degradación, con las otras solempnidades que se requieren, porque casos y delictos tan feos no queden impugnidos. Lo qual si Su Bt. no hiziese. Su Magt. sería forzado proveherlo por los mejores medios que convengan a su servicio, lo que querría escusar, snio que Su Bt. lo provea como es razón». (GACHARD, op. cit., p. CIII). <<

[2107] Carta del emperador al duque de Sessa: el breve del papa resultaba absolutamente insuficiente, ya que no autorizaba la tortura; había que obtener del papa esta autorización; «si esto no hiziesse Su Beatitud, seranos forcado proveherlo otramente por los mejores medios que viéremos convenyr». (10 de enero de 1523; GACHARD, op. cit., pp. 171-172). <<

[2108] Cédulas del 13 de febrero de 1523 (D, IV, 389-390). <<

[2109] Breve del 27 de marzo de 1523 (D, V, 395), rectificado en algunos detalles en junio-julio (GACHARD, op. cit., pp. 190, 193). <<

[2110] Para lo que sigue utilizamos las informaciones que nos proporciona el proceso de 1524 (PR, leg. 4, f. (?). <<

[2111] «Le son idos a (?) y tratar de la cuerda de mala manera». (Martín DE SALINAS, 22 de mayo de 1524; BRAH, XLIII, pp. 169-170). <<

[2112] «El obispo de Zamora está en prisión en Simancas y querría mucho verse libre y por ello promete de dar en contado sesenta mil ducados. No lo quiere S. M. hacer, aunque al presente son bien menester». (Martín DE SALINAS, 6 de octubre de 1524, op. cit, p. 210). <<

[2113] Sobre este segundo proceso de Acuña, cf. D, V, 570 ss., y J. QUEVEDO, apéndice a la traducción de Maldonado, pp. 327-332. <<

[2114] «Al obispo pusieron donde no le diesse el sol». (Martín DE SALINAS. 27 de marzo de 1526; op. cit., pp. 480-481). <<

[2115] «Visto como, después de haber el dicho obispo (…) hecho muchos escándalos y bullicios (…) había muerto a Mendo Noguerol (…), cumpliendo y ejecutando lo que Su Magestad le mandó hacer del dicho obispo, le mandó dar un garrote al pescuezo apretado a una de las almenas por donde se quiso huir». (QUEVEDO, op. cit., p. 328). <<

[2116] Ibid. <<

[2117] cf. Martín DE SALINAS, 8 de abril de 1526 (op. cit., p. 484), y las cartas del emperador al duque de Sessa para solicitar la absolución del papa, 30 de marzo y 12 de mayo de 1526 (GACHARD, op. cit., pp. 225-227); en la primera de estas cartas puede leerse: «la cosa está fecha y en la verdad fue provenido por nos, no pensando que fuesse de tanto momento, como después de fecho havemos hallado que es, antes teniendo por cierto que Dios havría de ser muy servido de echar de este mundo cosa tan infecta y que tanto daño havía hecho». <<

[2118] J. M. QUADRADO, España, sus monumentos y artes… Valladolid, Palencia y Zamora, Barcelona, 1885, p. 300. <<

[2119] Sobre esta leyenda, utilizada sobre todo por ZORRILLA en su obra El alcalde Ronquillo o el diablo en Valladotid, cf. E. Ruiz AYUCAR, El alcalde Ronquillo… En el siglo XVII. Ronquillo era considerado todavía como el prototipo del juez inflexible y riguroso; cf. B. GRACIÁN, Criticón (2.ª parte, VII): «mirad bien, reparad en aquel ministro de justicia, qué celoso, qué justiciero se muestra; no hay alcalde Ronquillo rancio ni fresco Quiñones que le llegue…». <<

[2120] F. ARRIBAS ARRANZ, Repercusiones económicas… <<

[2121] cf. la nota redactada por el almirante el 24 de mayo de 1521 (Codoin, I, pp. 332-334). <<

[2122] RGS. <<

[2123] Son los inventarios que hemos utilizado anteriormente para calcular la fortuna y las rentas de los comuneros. Numerosas recapitulaciones en Simancas: Las villas, fortalezas y vasallos que fueron de los exceptados… (PR, leg. 3, f. 139); Relación de los maravedís que tienen las personas que adelante dirá (PR, leg. 3, f. 142); Las personas ecetadas en los perdones que tienen oficios son las syguientes.. (Mem., leg. 146, f. 245); Relación de bienes y maravedís de juro que tenían los exceptuados (PR, leg. 3, f. 139), etc. <<

[2124] Lo que se ha ynpedido e está por secrestar de los bienes de los exceptados (PR, leg. 4, f. 15). El 20 de mayo de 1521 los virreyes protestaron contra la actitud de algunos eclesiásticos que escondían los bienes de los exceptuados (Céd., lib. LII, f. 150). En Medina del Campo, en el momento en que se estaba procediendo al secuestro de los bienes de Pedro Bermejo, «va Pedro Ouadrado dio ciertos dineros a los secrestadores porque no los secrestasen e a esta causa no se secrestaron, antes diz que los tomaron e ocuparon injustamente (…); e que ansimismo tomó los vienes de otro que se dize Veldredo, que es ecetado (…), e a llevado e cobrado los frutos y rentas dallos e que demás desto, ciertos regidores desa dicha villa e otros vecinos della tomaron del dicho Pero Beldredo doscientos e setenta ducados». (RGS, 26 de junio de 1523). <<

[2125] CM, leg. 381. <<

[2126] Sobre esta cuestión, cf. la correspondencia del licenciado Lerma y del licenciado Ledesma (PR, leg. 2, ff. 47 y 53; Mem., leg. 142, f. 101); D, IV, 238; V, 36; E. DÍAZ-JIMÉNEZ, Historia de los comuneros de León, pp. 145 ss. <<

[2127] Cf. Mem., leg. 155, s. f.; CM, leg. 357, s. f.; RGS, 14 y 21 de junio de 1522; D, V, 36. <<

[2128] Relación de las libranzas que los gobernadores han hecho en el obispo de Oviedo (Estado, leg 8, f. 159); Relación de lo que se libró en los bienes de los exceptuados (PR, leg. 4, f. 15). Como ejemplo, diremos que se concedió a la viuda de Gerivas 5000 maravedíes (RGS, 16 de febrero de 1523); 30.000 maravedíes a la mujer y a los niños de Diego de Ulloa (ibid., 15 de abril de 1524); 20.000 maravedíes en tres ocasiones a la familia de Juan de Porras (ibid., 18 de abril de 1524, 2 de mayo y 18 de junio de 1524), etc. <<

[2129] cf. la carta de los tres virreyes, 10 de agosto de 1521 (Estado, leg. 5, f. 280), y, para la polémica entre el almirante y el obispo de Oviedo, las cartas del almirante (27 de agosto de 1521, D, IV, 389; 6 de septiembre de 1521, Estado, leg. 5, f. 365), del obispo de Burgos (29 de agosto y 22 de septiembre de 1521, D, IV, 436) y del obispo de Oviedo (24 de octubre de 1521, PR, leg. 2, f. 96). En la primavera de 1522, Carlos V acabó prohibiendo al obispo de Oviedo que conservara bienes que se le hubieran confiado a su custodia (ibid.). <<

[2130] Cargo de los dineros que el obispo de Oviedo recibió de sus factores (PR, leg. 4, f. 15); Relación de dudas que se an consultado y an de consultar con su magestad y su consejo sobre los bienes de los eceptados (CM, leg. 379, s. f.). <<

[2131] RGS, 25 de septiembre de 1522. La incautación de los bienes del obispo de Oviedo no tuvo lugar hasta la muerte de éste, ocurrida en 1525 (D, V, 561-562). <<

[2132] «Las dotes se dan antes y después de celebrado el matrimonio, siendo sus fines el que los que se casan tengan con que vivir y guardar el matrimonio bien y lealmente. Dote es el algo que da la muger al marido por razón de casamiento (…). El marido es el dueño de la dote mientras dura el matrimonio. Disuelto el matrimonio, debe volverse a la muger. Los fruto focados antes de la boda sean aumento de dote. No puede el marido enagenar, vender ni malvaratar la dote(…). Arras: la donación que da el varón a la muger por razón de casamiento. Las arras se reputan bienes propios de la muger». (I. JORDÁN DE ASSO, Instituciones del derecho civil de Castilla, Madrid, Imprenta de Ramón Ruiz, 1792. pp. 51 ss.). <<

[2133] Céd., lib. LIV, f. 50 v. <<

[2134] RGS, 15 de octubre de 1521. <<

[2135] Ibid., 18 de noviembre de 1521, donde aparece citada la provisión del 24 de octubre. cf. además Céd., Iib. LIV, f. 178 r. <<

[2136] RGS, 26 de septiembre de 1522. <<

[2137] Ibid., 21 de abril de 1523. <<

[2138] Ibid., 7 y 22 de agosto de 1523; Céd., Iib. LXIV, f. 264. <<

[2139] La cédula del 9 de junio de 1526 (Céd., Iib. LXXI, f. 369 r.) ordenaba a la Chancillería de Valladolid que elaborara la lista de los pleitos en apelación y que lo hiciera en el más breve plazo posible: «nuestros procuradores fiscales nos han techo relación que en esta Avdiencia penden muchos pleitos en grado de apelación sobre las cosas tocantes a bienes de los exceptados…». <<

[2140] CM, leg. 355, s. f. <<

[2141] Sentencia pronunciada el 22 de agosto de 1523, confirmada el 2 de septiembre (RGS). <<

[2142] RGS, 5 de febrero de 1523. cf. además Mem., leg. 144, f. 98. <<

[2143] RGS, 23 de febrero y 8 de marzo de 1523. <<

[2144] Ibid, 17 de febrero de 1523. <<

[2145] Ibid., 24 de marzo de 1523. Citemos además los 250.000 maravedíes (en concepto de dote) y los 250.000 (?) que se atribuyeron a doña María de Ribera, esposa de Hernando de Ávalos. (Ibid., 24 de febrero de 1524); la sentencia que adjudicaba 493.000 maravedíes a doña Teresa Carrillo, viuda de Francisco Enríquez, sobre los bienes de Juan de Porras (ibid., 20 de julio de 1524); el litigio sobre los bienes de Pero López de Calatayud (Mem., leg. 144, f. 105), etc. <<

[2146] Sobre este largo proceso, cf. RGS, 22 de diciembre de 1525 (sentencia que adjudicaba a Gutierre López de Padilla el mayorazgo fundado por su padre y que habla sido confiscado como propiedad de Juan Padilla), y D, V, 585-587. <<

[2147] cf. CR, leg. 68, f. 8. Los documentos esenciales se conservan en Segovia por Luis Felipe de Peñalosa, que nos ha autorizado a consultarlos, y a quien damos por ello las gracias. <<

[2148] El escándalo más notorio fue la venta de los bienes de Francisco Maldonado por 4000 ducados, cuando en realidad valían dos o tres veces más; cf. la carta del cardenal Adriano del 24 de octubre de 1521 (D, IV, 548). La cédula del 26 de octubre de 1521 ordenaba al corregidor de Salamanca que acelerase la venta de los restantes bienes confiscados para que los virreyes pudieran pagar al ejército de Navarra (Céd., lib. LIV, f. 185). <<

[2149] «Sus bienes de los confiscados dicen que valdrán hasta tres millones de ducados» (carta de Martín DE SAUNAS, 4 de noviembre de 1522, BRAH, XLIII, p. 60). En un informe anterior se hablaba solamente de 80.000 ducados, «demás de las mercedes que se hizieren a los que an seruido y pagando los daños fechos». (Consejo y Junta de Hacienda, leg. 7 antiguo, s. f.). <<

[2150] CM, leg. 377 y 379, s. f. <<

[2151] cf. Martín ne SALINAS: «de los bienes de los comuneros que fueron ecebtados no delibra dello nada pues no creo que hay ninguno que dellos quiere conprar algo». (8 de febrero de 1523,. BRAH, XLIII, p. 81). Informe anónimo sobre las maniobras personales de Vozmediano y Alonso Gutiérrez de Madrid (Consejo y Junta de Hacienda, leg. 7 antiguo, s. f.). <<

[2152] Mem., les. 139, f. 3, y leg. 145, f. 121; D, IV, 548-549; CM, leg. 379, s. f.; Céd., lib. LIV, f. 105; lib. LXIV, f. 220; RGS, 7 de junio de 1522, 5 de julio de 1523, 23 de agosto de 1524. <<

[2153] CM, leg. 355, s. f.; Céd., lib. LXIV, f. 289; D, V, 26; cf. supra, p. 639. <<

[2154] RGS, 1 de febrero de 1523, y D, V, 613. El mismo don Juan de Ulloa rescató, en 1524, los juros que su hermano poseía en Sevilla (Céd., lib. XXXIX, f. 175 r.). <<

[2155] RGS, 23 de agosto de 1523. <<

[2156] Céd., lib. LXIV, f. 300 v. <<

[2157] Ibid., lib. LXV, f. 380. <<

[2158] CM, leg. 381, s. f. <<

[2159] RGS, 3 de marzo de 1524. <<

[2160] Ibid., 31 de agosto de 1525, 20 de octubre de 1525, 12 de noviembre de 1525, 13 de diciembre de 1525. <<

[2161] Ibid., 10 de mayo de 1524; Céd., lib. LXIV, fs. 70 r. y 254 r. Los habitantes de Babilafuente ofrecían mil ducados si se les asimilaba a la Corona; pero se prefirió venderlos con el conjunto del feudo (PR, leg. 4, f. 15). <<

[2162] CM, leg. 379, s. f.; Céd., lib. LXIV, f. 113, y lib. LXIX, f. 64; RGS, 20 de julio de 1523, 5 de febrero de 1524, 8 de abril de 1525 y 7 de junio de 1527; PR, leg. 4, f. 65; D, V, 610-613. <<

[2163] D, III, 16; PR, leg. 3. f. 36. Sobre este feudo, cf. M. NÚÑEZ DE CEPEDA, El señorío de Ayala y el condado de Smnatierra de Álava, en Hidalguía, II, 1954, pp. 661-676. <<

[2164] RGS, 15 de mayo da 1521 y julio de 1522; Céd., lib. L, f. 145; 6, IV, 434. <<

[2165] Estado, leg. 6, fs. 37-38. <<

[2166] RGS, 10 de agosto de 1523; 20 de agosto de 1523 y 4 de agosto de 1525; Céd., leg. 64, folio 251. <<

[2167] CM, leg. 357, s. f.; RGS, 26 de febrero de 1524. <<

[2168] RGS, 5 de marzo de 1524. <<

[2169] Ibid., 15 y 29 de julio de 1524, 23 y 30 de junio de 1527; DC, leg. 39, f. 26; D, V, 631-632. <<

[2170] Carta del 27 de diciembre de 1521 (Estado, leg. 2, f. 352). <<

[2171] A. M. GUILARTE, El régimen señorial, pp. 197-198. <<

[2172] D, V, 558. <<

[2173] A. M. GUILARTE, op. cit., p. 190, nota 9, y N. SALOMÓN, La Campagne de Nouvelle Castille, pp. 161 y 215. <<

[2174] Francisco Gutiérrez de Hontiveros pidió un regimiento, preferentemente en Salamanca, o en Ávila (D, V, 300); Diego de Guzmán quería ser también regidor de Segovia o de Ávila (ibid.); también Francisco de Brizuela, pariente del condestable, pidió un regimiento en Salamanca (Estado, leg. 2, f. 300); todos pusieron en evidencia los grandes servicios que habían prestado al servicio real durante la guerra civil. El condestable designó a su segundo hijo, Juan de Tovar, regidor de Toledo, puesto que había quedado vacante tras la muerte de Padilla (PEÑA MARAZUELA, Inventario, núm. 2472); el licenciado Béjar, que había detenido a Saravia, se hizo conceder todo cuanto el comunero llevaba consigo (dinero, joyas, ropas, etc.) en el momento de su captura (CM, leg. 355, s. f.); Pedro de Velasco pedía la fortuna de Iñigo López Coronel (Estado, leg. 8, f. 289); don Rodrigo Manrique, una parte de los bienes de don Pedro Maldonado (CM, leg. 380, s. f.) y toda la fortuna de Hernando de Ávalos (D, V, 37); el conde de Alba de Liste, adquirió en marzo de 1521 una opción sobre todos los bienes que fueran confiscados en Zamora (D, III, 446), etcétera. cf. la carta llena de desazón que escribió el cardenal Adriano el 7 de diciembre de 1521 (D, IV, 686). <<

[2175] PR, leg. 3, f. 82. <<

[2176] «Los días pasados, fuimos informados que [Luis Godínez] fue muerto en deseruicio de vuestra majestad e hezimos merced de una escribanía de sacas que él tenía al secretario Zuacola y no hobo efecto porque no murió» (carta del cardenal Adriano, 25 de abril de 1521, PR, leg. 2, f. 1; D, III, 752). <<

[2177] Relación de los (…) que pedieron que se hiziese merced en los bienes de los ecebtados (Estado, leg. 10, f. 115); casi toda la nobleza de Castilla formaba parte de esa relación. El condestable (Mem., leg. 140, f. 128) y el almirante (ibid., leg. 140, f. 132) no fueron, desde luego, los últimos en reclamar su parte. El almirante pidió para él la villa de Ampudia, que fue confiscada al conde de Salvatierra, y 200.000 de juros; para su padre los bienes de Ramir Núñez de Guzmán; para su hermano, los bienes de don Pedro Maldonado o de Quintanilla; para sus amigos y sus fieles, dos hábitos y dos regimientos en cada una de las ciudades siguientes: Ávila, León, Segovia, Toledo, Salamanca y Valladolid, una escribanía en cada una de estas ciudades, etc. (Estado, leg. 5, f. 276). <<

[2178] Estado, leg. 6, f. 31. <<

[2179] He aquí la carta que don Alonso de la Cueva envió al emperador el 15 de mayo de 1521: «con don Pedro de la Cueva escrebí a vuestra majestad haciéndole saber que como el día de la batalla [de Villalar] prendí yo a Juan de Padilla y como lo di para que se hiciese justicia del, porque me dijeron que en ello serviría a vuestra majestad, aunque se me rescatara en todo lo que yo le quisiera pedir; y pues este servicio, con otros que habré hecho (…), merecen alguna merced, suplico a vuestra majestad me la haga y que sea de la hacienda de Juan de Padilla si se ha de dar a alguno, pues de rescate me diera él más quel valor della». (Codoin, I, p. 301). Los virreyes habían prometido 100.000 maravedíes a un soldado, Alonso Ruiz, que había capturado a Juan Bravo; el emperador confirmó el ofrecimiento de los virreyes el 10 de marzo de 1525 (Cid., leg. 69, f. 305 V.). El capitán Juan de Rojas exigía 3000 ducados de rescate a «su» prisionero Francisco de Grincio, capturado en Villalar (RGS, 18 de junio de 1524). <<

[2180] Se trata de don Diego Osorio, hermanastro del obispo Acuña (Estado, leg. 10, f. 115). <<

[2181] cf. sus cartas de febrero, agosto, septiembre y octubre de 1521 (D, III, 220-222; IV, 379, 482, 547). <<

[2182] Alonso Navarro, Gonzalo del Esquina y Pedro de Ávila afirmaron los tres que se les había prometido el regimiento de Sancho Sánchez Cimbrón, comunero de Ávila (D, V, 300); fue un cuarto en discordia, Juan de Bracamonte, quien se hizo con él (RGS, 21 de febrero de 1523). La escribanía de Juan de Mirueña fue objeto también de interminables controversias; se la disputaban el médico Juan Díaz de Ávila y Juan Chaves de Bañuelos; se hizo con ella Vandemale, un flamenco pariente del cardenal Adriano, por medio de un hombre de paja y la revendió inmediatamente; el asunto terminó en un proceso tremendamente complicado (CR, leg. 520, f. 10). El doctor Zumel tenía derecho a pedir cuanto quisiera. El 7 de diciembre de 1520, el condestable sugirió que se le invitara a formar parte del Consejo Real (D, II, 721), propuesta que fue nuevamente realizada el 2 de enero siguiente con unos comentarios que no dejan duda alguna respecto a los lazos que unían al doctor con el condestable: «me está a mi bien que en vuestro Consejo aya una persona que tenga especial cuydado de mis negocios». (D, III, 8). Poco después, el condestable presentó la candidatura de Zumel para la Chancillería de Valladolid (BNM, ms. 638, f. 66); el 12 de mayo de 1521, se le concedió el cargo de notario que tenía Francisco de Ruescas en Segovia (Céd., lib. LVI, f. 103 r.). <<

[2183] Cartas del almirante, 17 de diciembre de 1521 (Estado, leg. 6, f. 37), y del condestable, 25 de abril de 1522 (ibid., leg. 27, f. 296). <<

[2184] Carta del obispo de Oviedo, 25 de abril de 1522 (PR, leg. 2, f. 96). <<

[2185] «No hay hombre que discrepe de una demanda que todas son mercedes en pago de sus servicios, pero hasta agora todos los veo iguales» (carta de Martín de SALINAS, 7 de septiembre de 1522, BRAH, XLIII, p. 53). <<

[2186] Carta del mismo SALINAS, 4 de noviembre de 1522: «crea vuestra merced que su majestad está tan bien informado del grado que cada uno pecó como si él mismo los hubiera confesado; porque a algunos que le han venido a demandar mercedes de sus servicios, los ha alcanzado de cuenta y quisieran no se la haber demandado, porque en su respuesta les dio a conocer la intención y necesidad que a ellos les movió a servir» (ibid., p. 60.). <<

[2187] cf. la petición número 17 de las Cortes de Valladolid en 1523; «que vuestra majestad ni los reyes sus subcesores no hagan merced alguna de bienes confiscados o que se ovieren de confiscar dellos ni de parte dellos al juez o jueces que ovieren juzgado o juzgaren o ovieren entendido en las dhas causas (…). A esto vos respondemos que no taremos merced a ningún juez en pena ni confiscación que él condene». (Cortes, IV, 370). Petición número 50 de las mismas Cortes: «pues vuestra alteza ha mandado castigar a los culpantes delinquen tes de las alteraciones passadas, se mande ynformar de los q siruieron I les mande remunerar porque para adelante los vnos y los otros tomen exemplo y los que an rescebido daños y pérdidas de haziendas sean satisfechos y pagados lo que perdieron, así los que son biuos como los que murieron (…). A esto vos respondemos que este artículo no toca al rey sino a particulares con los quales, auida información de sus méritos haremos lo q um buen rey y señor deue hazer con sus súbditos y seruidores» (ibid., 380). <<

[2188] Recibió, el 16 de enero de 1523, los 300 ducados que le hablan sido prometidos a su padre en las Cortes da La Coruña (D, V, 387), y el 8 de abril siguiente, el cargo de tesorero del alcázar de Segovia, que en otro tiempo había detentado su padre (ibid, 407); el 5 de agosto de 1525 se fe concedió una renta anual de 250.000 maravedíes, que se añadió a otra de 13.000 maravedíes, pagadera cada tres años (ibid., 545). <<

[2189] Céd., lib. L, f. 280. <<

[2190] Estado, leg. 10, f. 212. <<

[2191] Don Alonso Niño de Castro y don Luis de Rojas, especialmente, figuraban entre los privilegiados (Consejo y Junta de Hacienda, leg. 6 antiguo). <<

[2192] Céd., lib. LIV, f. 105, decisión que anulaba, naturalmente, la que habían tomado los virreyes en favor del doctor Abarca (RGS, 20 de septiembre de 1521). <<

[2193] RGS, 27 de marzo de 1523. <<

[2194] CM, leg. 381, s. f. <<

[2195] D, V, 488. <<

[2196] RGS, 26 de marzo de 1523; D, V, 452. <<

[2197] Renta vitalicia de 10.000 maravedíes sobre los bienes de los exceptuados de Salamanca (CM, les. 379, s. f.); y, sin embargo, era este mismo Alonso Gutiérrez de Madrid quien en 1520 había ofrecido 800 ducados a Padilla, «y más si fuese menester». (F. FITA, Judaizantes españoles, pp. 309 ss.). <<

[2198] RGS, 17 de marzo de 1525. <<

[2199] D, V, 516-517. <<

[2200] Cf. supra, pp. 316 ss. <<

[2201] Estado, leg. 8, f. 49. <<

[2202] PR, leg. 3, f. 148. <<

[2203] Estado, leg. 2, f. 11. <<

[2204] «Es el mejor fraile que agora conocemos en España y más santo y más sabio y que más ha servido a vuestra majestad en las cosas de las Comunidades». (D, IV, 267). <<

[2205] Carta del 3 de septiembre de 1521 (Estado, leg. 2, f. 10): «suplico a vuestra majestad no se pase todo en palabras y pues el arzobispado de Toledo lo a vuestra majestad de dar me hagáis merced del para don Bernaldino, mi hijo». <<

[2206] «Dezilde [al emperador] quel condestable le sime mucho y pues sus mercedes an de ser en cosas de la iglesia que serya justo título dos batallas para no negalle a Toledo, pues no dalla a su casa es yngratitud tan derecha que penetrarya los cielos; que se le acuerde a su majestad que en dos meses y medio le a ganado dos reygnos y vencido dos batallas que le an asegurado todos sus estados y que pues en las escrituras no se halla cosa en conparación desto que asy es razón que se conozca en las mercedes y que harto seruicio es no pedir patrimonio real sino cosa que su majestad la ha de dar, que mire quánto será mejor dalla pagando deuda que, oluidando tan señalados seruicios, hazerla merced en parte do no sea merecido». (6 de septiembre de 1521; D, IV, 462). <<

[2207] «Yo, muy poderoso señor, tengo por cierto que vuestra majestad me a de hazer merced de aquella yglesia [Toledo] porque, aunque aya otros en estos reynos que os ayan sentido mucho, a ninguno se le an ofrecido tantas cosas en que seruir como a mí, y quando a vuestra majestad se le acordare que dio el rey católico, vuestro agüelo, quarenta mili ducados de renta de patrimonio al Gran Capitán y él sienpre quexoso, verá vuestra alteza que no es el menor seruicio de los que os he hecho auer yo puesto los ojos en cosa que de necesidad ave de dar, que si el Gran Capitán ganó el reyno de Nápoles, alguna diferencia ay del a los reynos de Castilla y de Nabarra. Si el conde de Oñate no es partido, suplico a vuestra majestad le mande despachar y con él membie la probisión dell arzobispado que, como tengo escripto a vuestra majestad ya no es tiempo de las palabras syno de obras y muy buenas, pues son muchos y muy grandes los seruicios que os he hecho» (carta del condestable, 8 de septiembre de 1521, D, IV, 465). La duquesa de Frías, esposa del condestable, formuló las mismas exigencias pero en un tono más moderado (cf. su carta del 9 de septiembre de 1521, Estado, leg. 5, f. 278). <<

[2208] Cartas de septiembre de 1521 y del 1 de enero de 1522 (Estado, leg. 9, f. 110, y leg. 10, folio 19). <<

[2209] No podemos resistir la tentación de citar íntegramente el texto de esta sorprendente carta: «Sacra Cesárea Magestad, Ya sabe vuestra magestad los seruicios que os hize en Valladolid y en otras partes que el papa [el cardenal Adriano] me mandó yr. Y en Valladolid me prendieron y sy no me comiera vna carta me ahorcavan y a otros servidores vuestros a quien yva y el papa hubo por bueno de deposytarme vna hazienda de vn traidor de Valladolid, la qual tengo fasta que Vuestra Magestad mande lo que más fuere seruido; y porque yo nunca os e visto ni por el presente os espero ver hasta que vaia a Roma, porque yo voy con vuestro padre el papa que no me quiere dexar, e acordado de traeros a la memoria como yo tengo un hijo onbre de bien. Es criado de su sanctidad; quiere ser clérigo y yo e sabido como el arzobispado de Toledo os a pedido el duque de Alva para su hijo y el condestable para el suyo y el prior de San Juan y otros muchos, que acá es público; y a qualquiera que déstos lo dé vuestra magestad an de quedar quexosos los otros. E acordado, sy le pareciere a vuestra magestad que me le deis para mi hijo que todo sera que mormullen quatro o cinco días, que más mormullaron de veinte por fray Francisco Ximénez. Prospere Dios nuestro señor la muy poderosa persona de vuestra magestad y su estado imperial acreciente muchos años y os vea yo en Roma recebir la corona y después en vuestro reino de Ierusalem triunfante, amén. De Zaragoza, XXVII de abril, vasallo y defendidor que besa vuestros reales pies, Sancho García Tocino». (Estado, leg. 2, f. 361). La gestión de García Tocino no sería totalmente inútil; el emperador le concedió 200.000 maravedíes y una propiedad, cerca de Torrelobatón, confiscada a Pero López de Calatayud (D, V, 423-424 y 439). <<

[2210] «En el perdón que se les dio, no se les remitieron los daños de las personas particulares». (Estado, leg. 7, f. 225). Incluso se pidieron responsabilidades a una ciudad como Burgos, que se había apartado desde muy pronto de la rebelión. Garcí Ruiz de la Mota reclamó a Burgos, en efecto, 500 millones por los daños ocasionados a su palacio en los alborotos de junio de 1520. Ante las protestas de la ciudad, el procurador real respondió que los culpables estaban obligados a pagar reparaciones a sus víctimas: «mayormente que nunca nuestra yntención fue de perdonar los daños fechos a tercera persona». (CR, leg. 6, f. 4). <<

[2211] Los archivos del Registro General del Sello constan de voluminosos legajos por meses para los cuales no existe ningún inventario; el catálogo actual en curso de publicación, no va más allá de los primeros años del siglo XVI. Hemos manejado todos los legajos correspondientes a los artos 1518-1525; con respecto a los años siguientes nos hemos contentado con simples sondeos. <<

[2212] cf. RGS, 15 y 28 de marzo de 1523, 20 de mayo de 1524; CR, leg. 32, f. 15; D, IV, 350, etcétera. <<

[2213] Carta del conde de Benavente al emperador, el 26 de junio de 1521: «que mis daños y mis seruicios no tienen menos calidad que los otros para que no se provea luego». (Mem., leg. 140, f. 45). <<

[2214] Carta del doctor Corral al licenciado Zapata, 27 de julio de 1521: «algunos de los que fueron comuneros hay seydo condenados por el corregidor desta villa [Valladolid] por los daños e agrauios que han fecho a otros. Apelan para la Audiencia. A los que aquí estamos nos paresce que es bien que el corregidor ante todas cosas execute sus sentencias, syendo los casos sobre que se dan notorios». (PR. leg. 1, f. 80); en el mismo sentido —conseguir una justicia expeditiva— cf. Mem., leg. 141, f. 395, y D, IV, 496-497. <<

[2215] Carta del cardenal Adriano, 7 de diciembre de 1521 (D, IV, 684). <<

[2216] CM. leg. 341, s. f. <<

[2217] «Que su alteza satisficiese estos daños, tomándolos a su careo: que el reyno ayudase a ello sin parecelles que lo hacían, que forma de servicio podrá aver que tubiesse el mismo efecto sin decillo» (carta del almirante, 20 de enero de 1522, D, V, 12). <<

[2218] Cédula del 3 de julio de 1522, citada en CM, leg. 281, s. f. <<

[2219] Las informaciones se referían sobre todo a las indemnizaciones satisfechas al doctor Beltrán (251.000 maravedíes: CM, leg. 374, s. f.) y al conde de Buendía (CR, leg. 451, f. 7). En ambos casos, las víctimas hablan recibido cantidades correspondientes a los exceptuados, procedimiento claramente irregular: «auiéndolo de pagar la villa que hizo el daño e no su magestad». (Estado, leg. 7, f. 225); el procurador real pidió la revisión de todas estas decisiones (Mem., leg. 153, f. 22). <<

[2220] «Su magestad, por les hazer mercedes muy cumplidas a estos sus reinos, ha ordenado ocho jueces para que cada uno dellos averigüe los daños y menoscabos que los unos e los otros hobieron hecho en tiempo de las Comunidades; y estos jueces cada uno dellos residirá en la villa o cibdad donde los daños fueron hechos. Ha sido una muy señalada provisión porque quitarán a estas Chancillerías de embarazo y ellos en breve alcanzarán justicia» (carta de Martín de SALINAS. 6 de diciembre de 1522, BRAH, p. 76). <<

[2221] La circular del 18 de noviembre de 1522 fue reproducida muchas veces, principalmente en los documento del RGS, 3 de diciembre de 1523 y 29 de enero de 1524. <<

[2222] RGS, 23 de noviembre de 1521. <<

[2223] PR, leg. 4, f. 17. <<

[2224] D, V, 452. <<

[2225] RGS, 3 de junio de 1523. <<

[2226] D. V, 365-366. <<

[2227] Ibid., 257-258 <<

[2228] Ibid. 391-392. <<

[2229] RGS, 16 de enero de 1523. <<

[2230] D, V, 124-126. <<

[2231] Cf. infra, p., 662. <<

[2232] RGS, 11 de julio de 1522, y CR, leg. 79, f. 2. <<

[2233] CR, leg. 85, f. 3. <<

[2234] RGS, 23 de mayo de 1521, y Céd., lib. LII, f. 227 r. <<

[2235] Cf. ARRIBAS ARRANZ, Repercusiones económicas… e infra, p. 663. <<

[2236] Archivos municipales de Segovia, leg. 207 y 208; debemos a la amistad de J. P. Le Flem el haber podido conseguir un microfilm de este importante documento. Algunos extractos hablan sido publicados M. GRAU (Cuando pasó el huracán de las Comunidades). <<

[2237] Chancillería de Valladolid, Escribanía Zarandona y Wals, leg. 295. <<

[2238] Céd., lib. LXI, f. 26. <<

[2239] Petición número 75 (Cortes, IV, 483-484). <<

[2240] D, V, 594. <<

[2241] Ibid., 614. <<

[2242] RGS, 29 de mayo de 1522. <<

[2243] Chancillería de Valladolid, Escribanía de Quevedo, leg. 106. <<

[2244] Cf, D VI, 350, y RGS, 6 de octubre de 1522 y 21 de septiembre de 1524. <<

[2245] RGS, 30 de abril de 1522, 13 de diciembre de 1522 y la protesta personal de Antonio Suárez, a quien se quería responsabilizar de muchos de los préstamos forzosos (ibid., 7 de noviembre de 1523). <<

[2246] Ibid., 29 de enero de 1524 (clasificado, por error, en el legajo de noviembre de 1523). <<

[2247] D, VI, 259-261. <<

[2248] RGS, 26 de agosto de 1523. <<

[2249] D, V, 127-131, 143, y RGS, 11 de julio y 12 de agosto de 1522 (Medina del Campo fue condenada a satisfacer una indemnización de varios millones de maravedíes: dos millones por la destrucción de un bosque comunal, más los daños a una multitud de particulares). <<

[2250] RGS, 8 de noviembre de 1522. <<

[2251] Ibid., 19 de noviembre de 1523; se trataba de indemnizar a don Rodrigo Mejía y a su mujer, doña Mayor de Fonseca, arruinados durante los disturbios. <<

[2252] Acuerdo del 9 de febrero de 1525 entre don Antonio de Rojas, nuevo obispo de Falencia, y el municipio (cf. RODRÍGUEZ SALCEDO, Comunidades palentinas, pp. 193-198). Del mismo modo, el municipio de Ávila decidió recaudar una sisa para pagar a Francisco de Pajares que pedía una indemnización de 400.000 maravedíes (RGS, 30 de enero de 1524, documento clasificado por error en el legajo de noviembre de 1523). <<

[2253] Madrid, 10 de diciembre de 1522: «platicóse sobre dar medio en las tomas que se hicieron (…) para que en todo esto se diese medio como se pagase con el menor daño y perjuicio que pagarse pueda y cometióse a los señores justicia e regidores y a los reverendos padres fray Juan de Olmillos e Predicador e a los señores López Zapata, Rodrigo de Lujan e Alonso Cuello e al licenciado Romero y al bachiller Vera para que ellos todos comuniquen y busquen el medio y llamen a los sexmeros de la tierra y a los procuradores de la villa, de caballeros y escuderos y de pecheros, para que den su parecer y que se junten cada día a las dos». (Codoin, II, pp. 317-318). <<

[2254] cf. las protestas de Antonio de Deza, regidor de Toro (RGS, 19 de jumo de 1524), de Francisco de Estella y Gonzalo de Herrera, de Toro (ibid., 25 de junio de 1524), de varios caballeros de Toledo (ibid., 16 de julio de 1525), de Antonio Álvarez de Toledo, regidor de Toledo (ibid., 10 de diciembre de 1527), de Alonso Gutiérrez, de Toledo (ibtd., de mayo de 1528), etc. <<

[2255] Este es el caso de Vasco de Guzmán que obtuvo satisfacción en Toledo (ibid., 28 de junio de 1527). <<

[2256] CR, leg. 32, f. 15. <<

[2257] RGS, 6 de octubre de 1523. <<

[2258] lbid., 7 de marzo, 3 de mayo, 24 de agosto y 2 de septiembre de 1524, 25 de mayo y 22 de junio de 1525. <<

[2259] Mem., leg. 153, f. 90, y leg. 141, f. 418 (Segovia); RGS, 28 de mano de 1523 (Zamora), etcétera. <<

[2260] RGS, 10 de noviembre de 1524. <<

[2261] lbid., 12 y 21 de marzo, 7 de abril, 4 de mayo y 14 de septiembre de 1524. <<

[2262] lbid., 8 de octubre, 7 de noviembre y 15 de diciembre de 1523. <<

[2263] RODRÍGUEZ SALCEDO, Comunidades palentinas, pp. 153-157. <<

[2264] RGS, 23 de agosto de 1525. <<

[2265] Ibid., 13 de junio de 1523 (Zamora); E. DIAZ-JIMÉNEZ, Historia de los comuneros de León, pp. 110 ss., 206-207; D. V, 143-146; CR, leg. 39, f. 11; RGS, 22 de agosto, 3 de septiembre y 13 de diciembre de 1522 (León); Mem., leg. 141, f. 424; PR, leg. 4, f. 70; Céd., libro LXVIII, f. 4, y RGS, 22 de agosto de 1523 (Salamanca). <<

[2266] Cj. PANTIGOSO, Relación, quien prosigue: «no han faltado ni faltan sisas y otros repartimientos en que el estado eclesiástico y religiones, lo que peor es contra todo derecho y sin ser en culpa de lo pasado, han contribuido y contribuyen». <<

[2267] cf. R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros, I, p. 219, y F. ARRIBAS ARRANZ, Repercusiones económicas, p. 509. <<

[2268] Cf. supra, pp. 655-656 y nota 117. <<

[2269] cf. ARRIBAS ARRANZ, op. cit. <<

[2270] El 11 de julio de 1532 se envió una cédula al corregidor de Zamora para invitarle a estudiar el problema de las indemnizaciones que había que hacer al almirante de Castilla (D, V, 610). <<

[2271] cf. el documento publicado por E. DÍAZ-JIMÉNEZ, Historia de los comuneros de León, p. 214: «este día [4 de enero de 1538] los dhos señores justicia e regidores [de León] acordaron e mandaron que se heche un maravedí de sysa en cada azumbre de vyno nuevo de lo que se encerró en mosto de Va. cojeta pasada para paaar \os cien ducados questa cibdad deve a Torrelobatón de la paga del año pasado por el daño que se recibió en la dha villa el año de las alteraciones». Hemos de señalar que el clero no pagaba esa sisa. El 8 de marzo de 1538, León entregó al representante del almirante de Castilla los cien ducados correspondientes al año 1537 (ibid., p. 215). <<

[2272] RGS, 29 de enero, 15 de febrero de 1524. <<

[2273] Numerosos testimonios sobre el hambre y sus consecuencias: Mem., leg. 151, f. 102; Estado, leg. 2, f. 337: la versión de Navagero, citado por BRAUDEL, El Mediterráneo…, I, p. 323; además, en 1522 se sufrían las consecuencias de esta terrible hambre; cf. las cartas de Martín de SALINAS en julio (citadas por R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros, I, pp. 346-347) y el testimonio de un contemporáneo sobre las epidemias de Segovia: «cada semana fallescían en esta ciudad y sus arrabales veinte y cinco o treynta personas de pestilencia y modorrilla». (Relación de PANTIGOSO, p. 250). <<

[2274] Cf. Mem. leg. 140, f. 84 (Salamanca); Cid., lib. LII, f. 269 r. para la situación en León: «se an deminuido los tratos (…); las alcabalas (…) no llegan a lo que solían con gran suma de maravedís»; Estado, leg. 8, f. 292 sobre el marasmo que sufría Cuenca: la ciudad tenía que proveer 1.800.000 maravedíes, pero ¿cómo conseguir ese dinero? Nadie lo tenía: «los mercaderes, por no aver vendido sus mercaderías a cavsa de no aver ávido ferias ni donde vendiesen sus paños; e los señores de ganados no aver vendido sus lanas ny carneros (…), que es la principal hacienda que tienen en esta cibdad muchas personas; están todos los obispos y oficiales perdidos y todos los tratos»; sólo los milaneses y el clero contaban con el dinero necesario, pero ¿estarían dispuestos a prestarlo? La misma situación se planteó en el Campo de Calatrava en julio de 1521: «asy de la cavsa de la gran mortandad qua en el dicho Campo de Calatrava el año pasado ovo en los ganados como de aver faltado el pan este presente y los mercaderes no aver podido tratar ni negociar por estar las dichas villas en medio de muchas cibdades y pueblos que an estado en comunidad (…). los vasallos de la horden están en necesidad y muy gastados y muy faltos de dineros y puesto que tienen lanas, paños, ganados y otras haciendas, no hay quien les dé vn maravedí por ellas en manera que la provincia es muy pobre en dineros…». (Mem., leg. 142, f. 147). <<

[2275] cf. la carta del cardenal Adriano del 21 de marzo de 1521 (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 429). <<

[2276] «Zaragoza (…) se amotinaba también, no dejando sacar tropas aragonesas para sofocar las libertades castellanas». (El Padre Las Casas y Vitoria, reproducido en España y su historia, II, p. 87). <<

[2277] cf. carta del 4 de enero de 1521 (PR, leg. 2, f. 1; D, III, 14). La misma idea aparece expresada por la pluma del almirante (26 de enero de 1521, PR, leg. 1, f. 96; D, III, 81). Las noticias que llegaban a la Corte confirmaban esta agitación de las ciudades catalanas: «un correo vyno, avrá quatro días, de Barcelona. Azen saber al rey como toda Cataluña está muy rebuelta (…) y que en Barcelona y tierras se pregonó que todo onbre que quisyese libertad que fuese con sus armas a cierta parte de la cybdad. Quieren dezir que esto es que se quieren exemir de los grandes derechos que pagavan de no los pagar y otros dizen que tanbyén ay rebelión» (carta de Juan Manuel al marqués de Los Vélez, 8 de enero de 1521, Estado, leg. 635, f. 29). <<

[2278] cf. PIERRE VILAR, La Catalogne…, I, p. 530 y nota 5, p. 536 y nota 4, p. 580 y nota 4. <<

[2279] Ibid., p. 679. <<

[2280] Sobre las Germanías, cf. L. PILES, Aspectos sociales…; F. de P. MONBLANCH, La segunda germania de Valencia, 1957; R. CHABAS LLORENS, Historia de la ciudad de Denia, Alicante, 1959; R. J. MARÍA DE LA EUCARISTÍA, Orihuela y la guerra de las Germanías, Murcia, 1963. <<

[2281] «Han hecho empremir una carta diziendo que Juan de Padilla avía roto el exército de vuestras magestades» (carta de don Diego de Mendoza a los virreyes, s. f.; D, IV, 249). «El capitán de los agermanados de Játiva se había puesto nombre Juan de Padilla por reverencia y memoria del capitán castellano». (MENENDEZ PIDAL, El Padre Las Casas y Vitoria, p. 88). <<

[2282] GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Las Casas, II, p. 1017. Sobre la cédula del 29 de agosto de 1520, ibid., pp. 896-897. <<

[2283] Cuando, siguiendo órdenes de Fonseca, Juan de Bono de Quejo llegó a Méjico para tratar de enrolar a los compañeros de Cortés, éstos no ocultaron su descontento por su jefe: «fui informado, aunque lo dissimulé por el tiempo, que algunos hablan puesto en plática que, pues en pago de sus servicios se les ponían temores, que era bien, pues había Comunidad en Castilla, que la hiciesen acá hasta que Vuestra Magestad fuesse informado de la verdad». (H. CORTÉS, Cartas de relación, 15 de octubre de 1524, en BAE, tomo XXII, p. 99 a). El comentario de GIMÉNEZ FERNÁNDEZ en Hernán Cortés…, p. 119; cf. también en esta última obra las pp. 82, 84 y 93. <<

[2284] GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Las Casas, II, p. 1017. <<

[2285] E. J. HAMILTON, American treasure… Las importaciones de metales preciosos descendieron de 23 millones de maravedíes para el período 1516-1520, a 3.160.000 para el período 1521-1525. <<

[2286] Cf. supra, pp. 226 ss. <<

[2287] Cf. supra, pp. 350 ss. <<

[2288] «Escriuieron a algunos pueblos destos nuestros señoríos de Flandes para procurar de los amotinar y levantar como ellos están» (edicto de Worms, 17 de diciembre de 1520, D, II, 508). Esta gestión había sido solicitada por la ciudad de Burgos, cuando aún se hallaba bajo la influencia de los elementos más radicales: «Que la Junta escriva a Flandes a las villas de Gante y Brujas y otras villas que son miembros del condado de Flandes e escrivan a La Haya, que es cabeza de Brabante, e a Bruselas e a Anberes dando las quexas de los daños que Xiebres y el obispo de Palencia e don García de Padilla e Cobos e Villegas y los otros que andan con el rey han fecho a estos reynos e como han despojado a estos reynos de dineros, especialmente Xiebres e el chanciller que murió en Zaragoza [Le Sauvage]». (PR, leg. 3, f. 124). <<

[2289] PR, leg. 3, f. 124. <<

[2290] Estado, leg. 7, f. 6. <<

[2291] Cf. supra, pp. 262 ss. <<

[2292] La amargura del almirante aparece reflejada especialmente en su carta del 24 de mayo de 1521 (Estado, leg. 5, f. 276). <<

[2293] Sobre las discusiones y enfrentamientos de los virreyes y la misión de Diego Hurtado de Mendoza, cf. D, IV, 190 ss., 285 ss., 289 291, 365-366, 370, 456, 465, 478 y la carta del embajador portugués, del 29 de julio de 1521: «la venida de Diego Hurtado a estos reynos a sido, según el cardenal me a dicho, que al enperador le an hecho saber de acá que el almirante y condestable estauan muy desconformes y que si la cosa yva según los comiencos sería su magestad en todo muy deseruido. No sé aora como se conformarán después de su venida más todavía se cree que si el rey no viene, según acá todos creen, avrá en estos reynos hartas nouedades y la mayor parte dellas se cree queprocederán de no estar tan conformes estos señores como es razón». (CC, Part. 1, marzo 27, doc. 38). <<

[2294] cf. D, IV, 547, 551, 631-632, y Estado, leg. 5, f. 280; leg. 6, ff. 37 y 38; leg. 7, f. 237; leg. 9, f. 13; leg. 10, f. 18, etc. <<

[2295] Carta de Diego Hurtado, 3 de septiembre de 1521 (Estado, leg. 9, f. 4; D, IV, 457). <<

[2296] D, IV, 491. <<

[2297] cf. las cartas del almirante: «desde el primer paso que Vuestra Magestad dio en este reino no a entendido sino en deshacer todo lo que hicieron vuestros governadores». (D, V, 411); «ia no queda que hacer sino mandar que se quemen todos los autos que hicimos como de rapttmados, que en las cédulas que Vuestra Magestad firma se pone que se rasgue si pareaciere otra de Gobernador» (ibid., 275-276). El condestable no sentía menos amargura: «los del Consejo y contadores y otros oficiales de Vuestra Magestad no quieren agora pasar ni cumplir las cédulas que el almirante y yo dimos quando héramos governadores sin que Vuestra Magestad dé nuevas cédulas para ello» (ibid., 373). <<

[2298] Cf. supra, pp. 585 <<

[2299] D, V, 198; cf. además ibid., 11, 222 y 277. <<

[2300] Ibid., 200. <<

[2301] Esa decisión fue la respuesta a una insolente observación del almirante: «mande Vuestra Magestad pagan lo que el condestable y yo tomamos para serviros si no os parece que debemos ser condenados en costas por vencer dos batallas en dos meses» (ibid., 96). Los emolumentos del cardenal Adriano se elevaban a tres millones de maravedíes por año; por tanto, del periodo transcurrido entre el 17 de mayo de 1520 al 9 de febrero de 1522 le correspondían 5.191.666 maravedíes (D, V, 536). El condestable debía recibir, en 1523, una gratificación de 25.000 ducados, «en enmienda y satisfacción de lo mucho y bien que sirvió al emperador y de sus gastos y daños» (ibid., 457). Es probable que la misma gratificación fuera también entregada al almirante. <<

[2302] Cf. supra, pp. 644 ss. <<

[2303] D, V, 96. <<

[2304] «Todos los Grandes están aquí pero no hacen tantas bravuras como allá sus hacedores representaban de parte de ellos. Yo le digo a vuestra merced que más parte eran ellos allá [en Alemania] que acá sus amos» (carta de Martín DE SALINAS, 1 de septiembre de 1522, BRAH, XLIII, pp. 49-50). «Los más de los Grandes y señores son ydos y según lo que han mostrado en su partir no muy contentos» (carta del embajador portugués, 23 de marzo de 1523, CC, Part. 1, marzo 107, doc. 58); «muytos Grandes son salidos de la corte (…) vnos dizem que mal contentos do enperador (…) porque estes Grandes querem grandes mercedes parecemdoles ter feytos sentidos tales que délas sejam merecedores» (carta de Juan de Escalante al rey de Portugal, 30 de marzo de 1523, CC, Part. 1, marzo (?). 44). <<

[2305] 20 de enero de (?). D, V, 12. <<

[2306] Sobre los conflictos de la ciudad de Málaga con el almirante de Castilla en 1516, cf. supra. pp. 84-45; sobre el conflicto con la ciudad de Medina de Rioseco en 1538, cf. GuiLARTE. El régimen señorial, pp. 417-424; sobre las aficiones literarias del almirante, cf. ZAPATA, Miscelánea, pp. 387-388, 406, y MENENDEZ PELAYO, Antología de poetas líricos, p. X; sobre los intentos de evangelización de sus posesiones, en 1525, cf. M. BATAILLON, Erasmo, pp. 183-184. <<

[2307] D, V, 232-233. En el mismo sentido: «yo e estado aquí creiendo que alguna vez fuera llamado para preguntarme alguna cossa de las que avían subcedido durante el cargo como se acostumbra con qualquier correxidor, I hasta aora, si no me e movido de mi voluntad a decir algo a Vuestra Magestad, jamás me lo a preguntado» (ibid., 347). <<

[2308] «En verdad, señor, sin ofensa de muertos ni vivos puedo decir que nunca se halló en corónica ni fuera della hombre que tanto hubiese servido a un príncipe». (D, V, 273). <<

[2309] Ibid., 97: «porque sabían ellos que os diría yo verdad, por esso os hicieron que, entrando en el reyno, nos hiciésedes tantas vergüenzas que no sólo me llevasen a mi casa más que me sacasen del reyno, que, en verdad, señor, si mi edad lo sufriera, yo lo hubiera hecho. Bien sabían ellos que no tenía yo persona para sufrir tantos agravios en remuneración de servicios que jamás fueron oydos ni pasados, de los quales fueron testigos los que lo son del mal tratamiento que me haveis fecho». <<

[2310] Ibid., 350-351. <<

[2311] Ibid., 338 ss., 352 ss. <<

[2312] «Porque los españoles son propiamente con sus reies como los canes con los moros que los crían, que por mucho mal que les hagan, en tornándolos a llamar I aalagra, olvidan el daño que les aian fecho y tornan a servir con la misma fidelidad que primero I a los que no son sus dueños, aunque los quieran I huien más I como las cossas de Hespaña por la maior parte se guien I gobiernen por voluntad I arbitrio de sus reies, siendo ausentes, todo queda a escuras, en especial en estos reinos de Castilla donde los negocios están menos hordenados I la grandeza es muy maior que en la parte de Hespaña que Vuestra Alteza posee» (ibid,. 85). <<

[2313] Ibid., 94. <<

[2314] Ibid., 88-89, 91. <<

[2315] Ibid., 10-11. <<

[2316] Ibid., 429 ss. <<

[2317] Ibid., 547. <<

[2318] M. FERNÁNDEZ ALVAREZ, La España…, p. 297. <<

[2319] Ibid., p. 361. <<

[2320] El 3 de enero de 1530, D, V, 636-439. <<

[2321] Ibid., 641. <<

[2322] M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La España…, p. 412. <<

[2323] D. V, 97. <<

[2324] Ibid., 344 <<

[2325] Ibid. <<

[2326] cf. S. DE Moxó, Los señoríos, pp. 218-219. <<

[2327] Las Comunidades, p. 244. <<

[2328] cf. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El siglo XVII, I, p. 217. <<

[2329] B. A. E., t. XXXVI, p. 416 b, glosa a la estrofa XI: «¿Por qué los otros señores / que tienen grandes estados / andan ya tan abajados / y hechos negociadores…?». <<

[2330] «Ahora todo ha cesado, terminando con muerte y daños de los pueblos y poco beneficio para los grandes. César no quedó agradecido a ninguna de las dos partes y por la oposición que hay entre ellas, el emperador Carlos V tiene la mayor autoridad que ha tenido ningún otro rey de España» (citado por O. FERRARA, El siglo XVI, p. 137). <<

[2331] Citado por F. MAURO, Le XVI’ siécle, p. 341. <<

[2332] «Muchas vezes me habla su alteza para que haga llamar grandes e que quiere hablallos y saber de las cosas del reyno y entender en ellas. Yo le he dicho que están todos ocupados en cosas que convienen a seruicio de su alteza y de Vuestra Magestad y que no pueden venir, que quando yo viere que están desocupados les llamaré de su parte. Algunas vezes se satisfaze y otras riñe porque no vienen luego. En esto yo terné toda la dilación y buena maña que conviene a vuestro servicio» (carta del marqués de Denia, 25 de enero de 1522, PR, leg. 3, f. 39; D, V, 14-15). <<

[2333] «Su Majestad revocó los privilegios que se dieron a Burgos del mercado y de esención de huéspedes» (carta de Martin ue SALINAS, 7 de septiembre de 1522, BRAH, XLIII, p. 55). Burgos insistió en los servicios que había prestado al rey: «Su Majestad respondió que verdad era que los procuradores [de Burgos en la Junta] le habían servido pero que mirasen que el pueblo que antes también había deservido malamente y que el secretario se había creado, que él nunca tuvo intención de tal cosa y que su intención y Eropósito es de no enajenar ninguna cosa de la corona real. Por muchos replicatos que ubo. Burgos quedará sin mercado y con huéspedes» (ibid., pp. 60-61). <<

[2334] Estado, leg. 11, f. 17, y leg. 27, r. 296. Sobre las negociaciones de febrero-marzo, cf. supra, pp. 296 ss. <<

[2335] Actas de Cortes, IV, 355. <<

[2336] cf. en el mismo sentido la reflexión de A. DOMÍNGUEZ ORTIZ (El siglo XVII, p. 20): «Su fracaso [de las Comunidades] imposibilitó en adelante todo otro movimiento de rebeldía; la corona supo explotar ampliamente su éxito; después de amputar las Cortes de sus brazos noble y eclesiástico, sometió el resto a un sistema combinado de amenazas y sobornos, que le quitó toda eficacia representativa». cf. también B. BENNASSAR, Valladolid, pp. 534-536. <<

[2337] Es el punto de vista expresado especialmente por M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (Política mundial…, p. 28): «Las Comunidades de Castilla (…) no pasaron inútilmente (…). A partir de entonces, Carlos V dejó de ser exclusivamente conde de Flandes para empezar a ser el señor de los muchos estados: borgoñón entre los borgoñones, español en Castilla y en Aragón, italiano entre los italianos»; y por J. M. JOVER (Carlos V y los españoles, p. 204): «Es un hecho evidente que en un cierto sentido la obra de los comuneros no concluyó en Villalar. Por lo pronto, toda la política de Carlos V parece influida, a partir de 1522, por el recuerdo de aquella enérgica reacción castellana difícil de adjetivar, pero que en todo caso suministró al prudente Emperador una lección que éste no dio muestras de olvidar nunca». <<

[2338] Cf. supra, p. 537; el embajador inglés Spinelly señalaba ya en 1519 la popularidad de que hubiera gozado un enlace matrimonial con una dama portuguesa (Letters and Papers, III, núm. 385, p. 134). <<

[2339] PR, leg. 2, f. 1; D, II, 504. <<

[2340] Carta del 29 de julio de 1521 (CC, Part. 1, marzo 27, doc. 38). Ya en 1520, el cardenal Adriano apreciaba reticencias por parte del emperador: «en lo del casamiento de Portugal, pues a Su Magestad no parece que conuiene por ahora hablar en ello, quédese para quando su alteza fuese servido, que no creo que dude en el fin bueno que a ello me movía» (carta del 13 de noviembre de 1520, PR, leg. 2, f. 1; D, II, 487). <<

[2341] Eso es lo que confesó Carlos V a su hermano en 1525: «no tengo otra solución que tomar como mujer a Isabel de Portugal con la cual el padre ofrece un millón de ducados» (citado por O. FERRARA, El siglo XVI, p. 167 y nota). <<

[2342] Cf. los trabajos de J. A. MARAVALL, Carlos V y el pensamiento…, y de J. M. JOVER, Carlos V y los españoles. <<

[2343] «Su cetro [de los Reyes Católicos] pasó a la casa de Austria, la cual gastó los tesoros, talentos y sangre de los españoles en cosas ajenas de España». (CADALSO, Cartas marruecas, III). La Idea de presentar a los Habsburgo como un cuerpo extraño que arruinó la vitalidad de la España de los Reyes Católicos, fue de PICAVEA; cf. P. SAINZ RODRÍGUEZ, Evolución de las ideas.., p. 131, y E. TIERNO GALVÁN, Costa y el regeneracionismo, Barcelona, ed. Barua, 1961, p. 55. C. SÁNCHEZ ALBORNOZ sustenta actualmente opiniones muy parecidas (España…, II, p. 478). <<

[2344] Dedicatoria fechada el 1 de diciembre de 1545. <<

[2345] Se trata de un sermón pronunciado por un tal fray Galindo, monje agustino, en Toledo; cf. Cid., lib. LXIX, f. CXXIV r., y D, V, 512-516. <<

[2346] «La gente estava desvergonzada y alterada como en tiempo de comunidad». [Crónica de Pedro GIRÓN, p. 243). <<

[2347] Se trata del hijo de don Pero Laso, no del poeta. La anécdota es relatada por PAZ Y MELIÁ, Sales españolas, II, p. 117: «ahijando a Garcilaso un libelo infamatorio después de haber sido su padre comunero, dijo el emperador: no basta Laso sino relaso». <<

[2348] La emperatriz le había hablado de las informaciones que le había transmitido Gonzalo de Ayora; Carlos V respondió desde Nápoles: «no se debe dar a ello crédito por sola su palabra, habiendo sido comunero y tan mal hombre». (5 de marzo de 1536, citado por J. M. JOVER, Carlos V y los españoles, p. 204). <<

[2349] M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La España…, p. 61. <<

[2350] F. C. KHEVENHILLER, Ánnales Ferdinandei, t. I, Leipzig, 1721, ff. 40-41. <<

[2351] Esto es lo que demuestra el asunto de las proclamas sediciosas que llenaron las calles de Ávila en 1591, y que provocó la condena a muerte de Diego de Bracamonte; ante el asombro de Luis Cabrera por la dureza de la represión, Felipe II afirmó: «agora sabéis y saben ellos que donde están enseñados a llevar el decir al hacer no se ha de aguardar a que hagan». Cabrera de Córdoba le recordó entonces las glorias de la ciudad de Ávila, pero Felipe II prosiguió: «es verdad; mas ¿no depusieron ahí al rey don Enrique y favorescieron a Juan de Padilla, tirano?» (citado por A. MERINO ÁLVAREZ, La sociedad abulense en el siglo XVI. La nobleza, Madrid, 1926, p. 101, nota). <<

[2352] M. BATAILLON, «Les colons du Pérou contre Charles-Quint: analyse du mouvement pizarriste (1544-1548)», en Ánnales, E. S. C., 1967, p. 482: «la qualification de Comunidad a été constamment appliquée par les contemporains á la rébellion pizarriste en raison du défi qu’elle lance aux pouvoir royal plutót que de sa tactique d’élection de représentants et de pouvoirs locaux». <<

[2353] cf. CERVANTES: «A ser comunera / del alcazar sumo / fueran mil parientes / con vos de consumo». (Gitanilla), y en El Quijote (II, p. 43): «yo te aseguro, que essos refranes te han de llevar un día a la horca; por ellos te han de quitar el gobierno tus vasallos o ha de haver entre ellos comunidades». En QUEVEDO: «la guerra no bajó del cielo a la tierra; cayó precipitada al infierno en los ángeles amotinados, en el serafín comunero». (Política de Dios, en Obras completas, Madrid, Aguilar, 1961, I, 693 a); «si cejas más atrás, te atollarás en robos, en comunidades». (Chiton de las maravillas, ibid., p. 814 a). Este sentido era ya corriente en el siglo XVI; cf. la definición de MALDONADO: «Communitates, sic appellant hispani popularem factionem. Qualem vidimus eo anno commoventem totam ferme Hispaniam in bella civilia adversus magistratus et nobilita tem». (Hispaniola, Burgos, 1535, citado por M. BATAILLON, Erasmo, p. 216, nota 8); la de F. FURIÓ CERIOL (El consejo y consejeros del Príncipe, en B. A. E., t. XXXVI, p. 324 b). COVARRUBIAS y el Diccionario de Autoridades registran esta definición. <<

[2354] cf. nuestro artículo «Pour une nouvelle interprétation…». <<

[2355] El artículo de AMÉRICO CASTRO («Intento de rebelión social en el siglo XVI»), publicado en La Nación, de Buenos Aires, en agosto de 1935, es citado por F. BRAUDEL, El Mediterráneo…, II, p. 111. Por su parte, GIMÉNEZ FERNÁNDEZ escribe (Las Casas, II, p. 873): «Llamamos revuelta y no revolución a las alteraciones políticas surgidas en Castilla en 1520 (…) porque más que un conjunto de afirmaciones revolucionarias, lo que movió a los alzados fue la resistencia contra las órdenes y resoluciones de la corona». Nosotros creemos que en los comuneros había algo más que una mera desobediencia. <<

[2356] cf. PIERRE VILAR, Crecimiento económico y análisis histórico, informe presentado en Estocolmo, en 1960, en la primera conferencia internacional de historia económica, en Crecimiento y desarrollo, p. 132: «Es necesario distinguir cuidadosamente entre conflictos de intereses, de categorías relativamente exiguas y dirigentes, y conflicto de clase, afectando a masas profundas o una fracción dominante del grupo estudiado. Entendemos por conflictos de intereses, de categorías, los conflictos que, siempre latentes, pero ocasionalmente más agudos, enfrentan por ejemplo a prestamistas y prestatarios, a agricultores e industriales, a importadores y exportadores, a pequeñas y grandes empresas, a veces también a representantes de regiones dispares en la nación. Como signo, estas luchas informan bastante bien acerca de los problemas económicos planteados al grupo de una manera constante; sus fases agudas sirven para fechar las máximas contradicciones coyunturales; se concretan con ocasión de discusiones presupuestarias, aduaneras, fiscales, monetarias; se traducen en la vida política ya sea abiertamente (…), ya sea de manera más velada a través de la política de los partidos y de las agrupaciones; son reconocibles en sus esfuerzos por meter mano sobre el aparato gubernamental o hacer presión sobre él». <<

[2357] Cuan pertinente nos parece la pregunta de B. BENNASSAR (Valladolid…, pp. 571-572): «La tentative des Comunidades n’est-elle point d’ailleurs le signe d’une háte excessive des nouvelles classes urbaines a grandir leur role?». <<

[2358] Sobre la traición —¿o el fracaso?— de la burguesía y la marea señorial, cf. F. BRAUDEL, El Mediterráneo…, II, pp. 70-110; T. WITTMAN, Apuntes sobre los métodos de investigación de la (?) castellana, Budapest, Nouvelles Etudes Historiques, 1965, pp. 243-259 (breve resumen del índice Histórico Español, XII, núm. 59.977); R. PUIGGRÓS, «Carlos V y el fracaso de la burguesía española», en Humanidades, Anuario, Mérida (Venezuela), III, núm. 9, MVS, pp. 9-37. «¿Fallo económico o fallo social?», se pregunta M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ al reflexionar sobre la decadencia del siglo XVI (Economía, Sociedad, Corona, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1963, p. 39), y responde: «cuando se trate de la deficiencia en esa especie humana denominada homo oeconomicus, meditemos si tal deficiencia no era producto de una incompatibilidad. La incompatibilidad con el hidalgo». Sea; pero ¿por qué el homo oeconomicus no suplantó al hidalgo? <<

[2359] Es absolutamente cierto que en todas partes el siglo XVI asistió al hundimiento de las ciudades medievales, demasiado débiles para poder sobrevivir a la lucha emprendida contra los Estados (F. BRAUDEL, op. cit., I, p. 307); pero en las Comunidades de Castilla creemos ver otra cosa distinta del antagonismo entre la ciudad y el Estado. <<

[2360] «Pueblo de mendigos y de inquisidores, rezagados tres siglos en el camino del progreso, que parece no tener la cabeza encima de los hombros más que como un remate arquitectónico, que no conoce la ley, que se acuesta todas las noches con hambre, y cuya historia política se mueve entre estas dos abominables y deprimentes figuras, Carlos V (su causa, sus armas, su partido) en Villalar, Fernando VII en Valencia». (J. COSTA, Oligarquía y caciquismo, p. 92). En este mismo libro, pp. 216-217, se puede leer esta declaración de Lorenzo BENITO, profesor de la Facultad de Derecho de Barcelona: «el oligarca y el cacique no son otra cosa que la manifestación de un estado morboso de la vida nacional; estado que se engendra en el siglo XVI, cuando los monarcas de la dinastía austríaca acabaron con las libertades castellanas y aragonesas». <<

[2361] Eso era algo que sentían los comuneros profundamente; así se explica su admiración por los Reyes Católicos, por Fernando y por Isabel, y lo que MARAVALL llama su sentimiento «protonacional». (Comunidades, pp. 51-55, 61-65). <<