El gran deterioro del basamento ético de las instituciones del Estado, es el caldo de cultivo que permite al poder económico y financiero (lo que el autor denomina el quinto poder), desarrollarse y actuar a sus anchas, y de este modo succionar parasitariamente la savia del sistema democrático. Siguiendo el hilo conductor de lo sucedido en Banesto, antes y después de su intervención por el Banco de España en diciembre de 1993, este libro constata una serie de acontecimientos que ponen de manifiesto dicha omnipotencia del quinto poder, y simultáneamente trata de remediar la falta de información sobre el repertorio de despropósitos que, durante la larga representación teatral del llamado «caso Banesto», se ha volcado implacablemente sobre la ciudadanía. En definitiva, un esfuerzo por despejar la inmensa bóveda de silencio levantada sobre nuestras cabezas por ese quinto poder que todo lo invade, todo lo cubre y todo lo condiciona, y tratar de poner al descubierto, mediante el acopio de abrumadores elementos de juicio, la ruindad moral de ciertas instituciones del Estado.

Josep Manuel Novoa

El Poder

— oOo —

A la inmensidad de hombres y mujeres que de una forma u otra, han padecido los fraudes y atropellos dispuestos por el Poder.

«En la usanza corrupta de este mundo la mano dadivosa del culpable desplaza a la justicia: y es sabido que el propio botín compra a la ley»

SHAKESPEARE, «Hamlet» III

CON LA VENIA

«No recibas en deposito el botín del salteador. Aquel que roba y aquel que encubre son culpables de un mismo delito»

(FOCÍLIDES)

No ha sido fácil la tarea de completar el contenido de este libro. La dificultad principal, por encima de la recopilación de los datos necesarios o la estructuración más o menos apropiada de la narración, ha consistido en algo bastante más complejo: llevar al conocimiento de quienes puedan estar interesados en un capítulo significativo de nuestra historia financiera, e incluso de nuestra reciente historia política, unos hechos cuya certeza se halla a años luz de la verdad oficial. Partiendo de tan señalado inconveniente, lo que el lector tiene en sus manos es un relato que, ajustándose a múltiples elementos probatorios obtenidos en fuentes inconcusas, no se aviene a los usos convencionales para llevar a término este tipo de obras. Digámoslo por derecho: lo que aquí se describe pretende descorrer el velo, aunque sólo lo hayamos conseguido parcialmente, de la creciente degradación que en el ámbito financiero padecen las instituciones y los poderes de la sociedad y del Estado.

La ciudadanía, por lo general, vive en la inopia por lo que concierne a las cuestiones de verdadera enjundia. Los medios de comunicación —el cuarto Poder— han escalado con osadía, y a veces con dudosas artes, la pirámide de las prerrogativas sociales hasta alcanzar cotas de influencia oligárquica que se consideraban inaccesibles. Al propio tiempo, los poderes clásicos del Estado —el legislativo, el ejecutivo y el judicial— han ido debilitándose aceleradamente hasta permitir la hegemonía del Poder, los grandes grupos capitalistas, en la más amplia realidad social, política y económica del país. De esta suerte, al superar con creces el papel que le asigna el sistema democrático, la prensa, fiscalizada a su vez por la influencia espúrea del Poder, se cree con legitimidad bastante para celebrar juicios mediáticos en los que la verdad oficial se impone inexorablemente a la opinión pública, e incluso a las decisiones judiciales. Al tiempo que el pensamiento único santifica a quienes se manifiestan con docilidad en pro de las tesis preconcebidas por los poderosos, sataniza despiadadamente a cualquiera que se atreva a mostrar su repugnancia ante los vertidos tóxicos que, en forma de mensajes más o menos sutiles, transmiten los medios de comunicación sobre un asunto determinado.

Por tanto, los que transitan a su antojo por los más vastos territorios de la realidad española, demostrando cada vez con más fuerza su indiscutible supremacía, son los titulares, detentadores más bien, del poder económico, aunque no tengan otra representatividad institucional que la de contar, nada más y nada menos, con la razón de la fuerza impuesta por el dinero de las buenas gentes, un dinero ajeno que se les confía de buena fe y que ellos manejan a su albedrío para enriquecerse todavía más, y de paso sellar bocas, acallar conciencias y movilizar voluntades. Ese poder sempiterno, el del dinero, tiene entre nosotros la notabilísima habilidad, como las especies miméticas más sofisticadas de las islas Galápagos, de adaptarse al medio en cualquier caso y bajo cualquier régimen. Inventar o crear, lo que se dice construir algo verdaderamente provechoso para el interés público, esa casta privilegiada e impune, a diferencia de los verdaderos empresarios, que arriesgan su patrimonio y su esfuerzo, no ha inventado o creado nada, mientras mueve a su antojo con mano de hierro los hilos del poder sin necesidad de respetar las exigencias y los límites del Estado de Derecho, valiéndose de una versión actualizada de los corsarios que navegaban por los siete mares durante los siglos XVII y XVIII.

El fin justifica los medios: el botín, la presa capturada al abordaje, el conjunto de bienes despojados al enemigo con violencia o de manera solapada para enriquecimiento de los vencedores, viene a ser hoy día una institución, más que un resultado, que rodea paradójicamente a quienes la ejercen del mayor prestigio y de envidiable respetabilidad. El derecho de captura, reminiscencia del «derecho del puño», la ley medieval del más fuerte, se reconocía por los gobiernos a súbditos propios y extranjeros propicios, mediante las «cartas de marca» o «patentes de corso», para actuar libremente contra los buques enemigos, lo que fomentaba la creación de asociaciones de raíz capitalista para la captura del botín. Si aquella terminología ha caído en desuso, muchas decisiones político-financieras de los gobiernos de turno permiten la comisión de auténticos actos de pillaje al amparo de disposiciones legales fraudulentamente concebidas, interpretadas o aplicadas. La esencia del corso, por tanto, se mantiene incólume entre nosotros, aunque no se ampare en una explícita regulación legal. Los grandes bucaneros ingleses, los Cavendish, los Drake y tantos otros, fueron armados caballeros en reconocimiento de una conducta ejemplar: haber favorecido con sus iniquidades los designios de la corona, al tiempo que en las arcas regias ingresaba buena parte de las riquezas arrancadas por las armas al enemigo. Nobles franceses, como Grammont y Montbas, procedentes del corso activo, dieron cuerpo a clanes respetados y temidos que se consagraban a asolar el mar de las Antillas y las posesiones españolas del Caribe, el lejano precedente de los paraísos fiscales de nuestros días.

En este libro, dispuestos como estamos a llamar a las cosas por su nombre, relataremos las hazañas de buena parte de los más notables corsarios de nuestro tiempo y de sus mentores. Porque en la España de hoy, lejos de haber desaparecido las patentes de corso, estos gratificantes reconocimientos de impunidad han llegado a actualizarse de hecho merced al ingenio y la influencia de los beneficiarios. Cada uno de los gobiernos que se han sucedido desde el inicio de la transición ha legitimado con sus prebendas, según los casos, a los grupos capitalistas en que cristaliza en estado puro el poder económico. Los prohombres que se consagran con ahínco a tan pingües menesteres, así como sus principales mandatarios, alcanzan un rango tan honroso como el del corsario clásico al recibir la codiciada patente, lo que obliga a una generosa contribución —do ut des— a las cajas del concedente. La diferenciación de las nuevas cartas de marca, en parangón con las tradicionales, estriba en que ahora, a pesar de las solemnes declaraciones de la Carta Magna, carecen en la práctica de limitaciones normativas. Por lo que habría que postular el inmediato restablecimiento de la Novísima Recopilación, cuyo libro IV título VIII regulaba la actividad corsaria con admirable precisión jurídica, muy superior a la Ordenanza de Corso promulgada por Carlos IV el 20 de junio de 1801. No olvidemos que para Juan Laso de la Vega, «bien mirado, las naves de Cristóbal Colón eran corsarias, no habiendo salido a la mar el gran navegante genovés sin antes haber estipulado y firmado las famosas capitulaciones».

El gran deterioro del basamento ético de las instituciones del Estado, al poner sus atribuciones a disposición del corsario de turno, es el caldo de cultivo que permite al Poder medrar, desarrollarse y actuar a su aire, un poder etéreo que succiona parasitariamente la savia del sistema democrático, cada vez más debilitado, hasta la anomia social. Sin descartar, porque el dato no resulta tan anecdótico como parece, la concesión —a cambio del «quinto real»— de algún que otro título nobiliario a los corsarios más solícitos y complacientes o a sus instigadores. Nuestro refranero, ese insustituible repertorio de reflexiones críticas preconcebidas tan denostado por los espíritus exquisitos, resume en forma lapidaria lo que está sucediendo entre nosotros: «Llegan a ser ricos los osados y los ladrones, y en llegando ya son nobles».

No obstante, la inmensa fuerza acumulada mediante la actividad corsaria raramente se emplea al unísono: uno sólo de los poderes del Estado, cualquiera de ellos, puesto al servicio del depredador, es más que suficiente para que la tripulación de la nave, con la patente de marca cuidadosamente custodiada en el camarote del capitán, aborde sin correr mayores riesgos el objetivo que se avista en lontananza. Sólo excepcionalmente, cuando se otea un inmenso botín, una presa de proporciones descomunales, es necesario emplear para su captura los medios más poderosos. Es entonces cuando el Poder exige sin titubeos, a fin de alcanzar la presa y hacerla suya, el máximo rendimiento de las instituciones a su servicio. El ejemplo más claro se dio el día de los Santos Inocentes del año 1993: fue un 28 de diciembre cuando el Poder se abalanzó sobre un objetivo tan colosal que la magnitud del empeño requería poner a prueba su enorme capacidad hegemónica. El botín, huelga decirlo, fue el Banco Español de Crédito, el banco más prestigioso y de más respetable tradición entre nosotros.

Siguiendo el hilo conductor de lo sucedido en Banesto, antes y después de su intervención por el Banco de España, es posible constatar una serie de acontecimientos que ponen de manifiesto, sin que medie prueba en contrario, la omnipotencia del Poder. Este libro es la modesta contribución de un impenitente demócrata, posiblemente un vano intento por su parte, para remediar la falta de información sobre el repertorio de despropósitos que, durante la larga representación teatral del «caso Banesto», se ha volcado implacablemente sobre la ciudadanía. El autor, que a pesar de los pesares no está dispuesto a renunciar a sus viejas convicciones en pro de la libertad y el Estado de Derecho, trata así de poner de manifiesto los fraudulentos métodos empleados por una oligarquía carcomida por la corrupción al servicio de su afán ilimitado de poder y riqueza. Una pretensión semejante, que a buen seguro desborda nuestras limitadas capacidades, consiste en exponer sin tapujos unos hechos contrastados mediante una larga investigación no exenta de obstáculos y sinsabores. Así y todo, partiendo de donde se parte hasta llegar hasta donde se concluye, la obra quizá pueda servir para explicar los puntos fundamentales del gigantesco expolio y algunas cosas más. Que cada cual, si le pete, saque sus propias conclusiones. Y si en el curso de la narración el lector cree advertir una determinada toma de posición por parte de quien esto escribe, atribuyalo a la falta de capacidad de abstracción que el asunto por sí mismo suscita a quien llega a comprobar, mediante el acopio de abrumadores elementos de juicio, la ruindad moral de ciertas instituciones del Estado. Y, sobre todo, a la expansión incontenible de la inmensa bóveda que ha levantado sobre nuestras cabezas el Poder, que todo lo invade, todo lo cubre y todo lo condiciona.

Barcelona, 30 de agosto del año 2000, conmemoración del martirio del presbítero romano San Félix, atormentado en el potro y degollado por confesar su fe y proclamar la verdad (JUAN CROISSET, «Año Cristiano», ed. 1876, tomo IV, página 1435)

El autor

1

DEL CLAN DE «LA DEHESILLA» AL CLUB DE LOS CORSARIOS

«Larga dominación crea soberbia y atrevimiento, y la experiencia de las falsas necesidades crea avaricia»

(SAAVEDRA FAJARDO)

La conspiración antifranquista durante los últimos años de la dictadura dio lugar, entre sus múltiples y variadas manifestaciones, a una curiosa conjura para escalar la cima del poder por parte de un reducido grupo conocido como «el clan de La Dehesilla», nombre de la finca en la que se reunían algunos conspiradores de guante blanco. Entre ellos destacaba Mariano Rubio, yerno del propietario de la casa, al frente de otros nombres luego bien conocidos, como Carlos Solchaga, Francisco Fernández Ordóñez, Miguel Boyer, los hermanos Luis y Javier Solana y algunos más. Los resultados de su contribución a la lucha contra el régimen son difíciles de evaluar por el pragmatismo exacerbado, la ambigüedad ideológica y la menguada bizarría de aquellos señoritos de casa bien con escasa disposición para echarse al monte. Sin embargo, el síndrome de la conspiración política quedó enquistado en el ánimo de tan discretos personajes, decididos por supuesto a la conquista del poder pero sin mayores compromisos ni excesivos riesgos. Acostumbrados a jugar con dos o tres barajas al mismo tiempo y a nadar y guardar la ropa, e instalados cómodamente en las estructuras elitistas del Estado, actuaron conforme a las esencias convencionales de un clan tan selecto para ir extendiendo imparablemente su red de influencias por los principales resortes de la Administración con un objetivo prioritario: conquistar el núcleo del sistema financiero estatal, especialmente el Ministerio de Comercio, el Instituto Nacional de Industria y el Banco de España. Recordemos que todos esos conspiradores de vía estrecha fueron invitados al Congreso del Movimiento Europeo celebrado en la capital bávara en la primavera de 1962, pero tan arrojados antifranquistas adujeron los pretextos más inverosímiles de suerte que ni uno solo asistió a lo que se dio en llamar «el contubernio de Munich».

La llegada de los socialistas al Gobierno de la Nación permitió a los miembros del clan, con más facilidad de la esperada, sentarse en las poltronas más significativas de las instituciones financieras dependientes del Estado. El Banco de España se convirtió así en el portaviones nuclear de la flota corsaria, y el inmenso poder que emana de la institución emisora fue mangoneado sin reservas, y hasta con desfachatez, a favor de intereses discrepantes del verdadero interés público, mientras el navio recorría los mares de nuestra realidad económica en busca de botín. Bajo el pretexto de la estabilización monetaria y la ordenación del sistema financiero, el clan llegó finalmente a despojarse de la máscara para mostrar su verdadero rostro, el de una poderosa asociación corsaria que izó su propio estandarte para abordar las más codiciadas presas en provecho del Poder, dispuesto a su vez a dispensar diezmos y primicias a tan selecta tropa.

MUÑECOS DE GUIÑOL

«—Me voy a la guerra.

—¿A qué guerra?

—¿A cuál? No importa. No he leído los periódicos desde hace ya algún tiempo, pero supongo que habrá alguna guerra por ahí, siempre hay una»

(SCOTT FITGERALD)

«Ay, si tú me quisieras / lo mismo que yo…, / pero somos marionetas / bailando sin fin / en la cuerda del amor». Vivimos en la era de los estereotipos, cada asunto requiere una etiqueta propia para su identificación en la realidad virtual. Los medios de comunicación, cuando difunden sus mensajes, casi siempre precisan de la metáfora. Marionetas en la cuerda es la canción que Sandie Shaw popularizó en la década de los 60. No podía suponer la cantante que muchos años después, entre nosotros y en noviembre de 1999, Felipe González recurriría también a una alegoría parecida cuando confesó de improviso, en un momento de sincero pesimismo, que se sentía como un muñeco de guiñol manipulado por quienes son capaces de mover a su albedrío los hilos del Estado de Derecho. Que el hombre que había tenido en sus manos durante catorce años las riendas del poder político férreamente asidas, un personaje cargado con tamaña soberbia y poco dispuesto a desvelar sus interioridades, se manifestara ante la opinión con tal abandono de sí mismo, no dejaba de ser preocupante a fuer de enigmático. Que pueda existir, que exista, alguien en España, bien en singular bien en plural, más bien en plural, con capacidad suficiente para soslayar la acción de las instituciones del Estado de Derecho y conseguir que los resortes del poder reaccionen a su propio impulso, es…, no sé cómo decirlo sin emplear un juramento, es el acabóse. En tal contexto, es decir, la incertidumbre provocada por lo que expuso públicamente el líder carismático, debía existir algún motivo de verdadero peso para difundir urbi et orbi un mensaje tan explícito, aunque apareciese deliberadamente envuelto en las ambigüedades de la parábola.

Si don Felipe había lanzado la llamada de alarma en esos términos tan dramáticos es que el zapato le apretaba más de la cuenta. El juez Baltasar Garzón acababa de preguntar al Tribunal Supremo, como por preguntar, si procedía la imputación al ex presidente en el sumario que venía instruyendo sobre el espinoso «caso GAL». La respuesta dada a Garzón por el alto Tribunal iba en la línea de quienes creen a pies juntillas que el Ministerio del Interior, como indica su mismo nombre, es el único en estar tan en el interior de las cosas que el presidente del Gobierno no podía conocer los entresijos del asunto y las andanzas de sus colaboradores más directos. Aunque ya se sabe que nuestro país es tan peculiar que las cuestiones más delicadas llegan al conocimiento ordinario de los máximos responsables políticos a través de la cotidiana lectura de la prensa. Cabía preguntarse, por tanto, quién movía los hilos más delicados y significativos en la realidad nacional para que los magistrados del Tribunal Supremo coordinasen al unísono sus singulares actuaciones procesales con la reflexión metafórica expuesta por el líder caído en desgracia, al sentirse tan desamparado como el pobre y estrambótico muñeco que no sabe a dónde dirigir sus pasos por los vericuetos de «eso que llaman Estado de Derecho». Sin embargo, no era la primera vez que se recurría a los tejemanejes más rocambolescos para justificar lo injustificable. En enero de 1998 tocaba «conspiración» en forma de sainete aunque sin la gracia de Arniches. González vino a decir entonces que el partido popular no había obtenido en buena lid su magra victoria electoral puesto que el resultado era fruto de una conjura de vastas proporciones para acabar, nada menos, con el juancarlismo, el felipismo y el polanquismo. Todos en el mismo saco: el Rey, la democracia, el PSOE y el vocero mayor del reino, Jesús Polanco, incluido su imperio mediático; vaya póquer de ases.

Como la cosa sonaba a fantasía ridícula más que desbordada, era imprescindible transmitir públicamente la denuncia bajo una etiqueta con cierta credibilidad. Para desempeñar el papel estelar del mensajero con la debida autoridad, se recurrió al látigo de los socialistas, a Luis María Anson. El brillante académico, a la sazón director de ABC, habría dispensado la hospitalidad de su propio despacho para urdir la conjura en que se sumió de hoz y coz un puñado de peligrosos conspiradores. Y para el lanzamiento mediático del mensaje se utilizó la revista Tiempo, del grupo Zeta, a través del periodista Santiago Belloch, hermano de Juan Alberto, el simultáneo titular de Interior y Justicia, al que se dio cuenta de todos los detalles sobre la conspiración y los conspiradores. El ilustre entrevistado dijo haberse reunido con los demás actores de la trama, Pedro J. Ramírez, Pablo Sebastián, Manuel Martín Ferrand, Federico Jiménez Losantos, Antonio Herrero y Antonio García Trevijano. Todos, en cohabitación ilícita, decidieron acabar, más bien por las malas que por las buenas, con un Gobierno democrático y sus apoyos institucionales y mediáticos.

La fábula, a pesar de la indudable alcurnia del mensajero, se movía por aguas pantanosas. El relato, tal como sucedían las cosas, hubiera requerido el ingenio sarcástico de Aristófanes más que el rigor histórico de Jenofonte. Hasta que alguien decidió añadir, a título de ungüento amarillo, el nombre de Mario Conde a la lista de orates, lo que milagrosamente permitió que el engendro dejara de ser un cuento mal contado para cobrar el respetable status de la verdad oficial. Con el simple ingrediente ornamental en el indigerible pastel del ex presidente de Banesto, el contubernio alcanzó de repente el grado espiritual que los teólogos reservan a la verdad absoluta cuando les da por interpretar la palabra divina.

La confrontación constante entre Felipe González y Mario Conde no ha sido un rifirrafe ocasional o anecdótico, sino una guerra a muerte, un suceso que consta con caracteres indelebles, del cual el gran público sólo conoce los clichés que pretenden explicar a su manera, una mala manera de explicar las cosas, una pequeña parte de la realidad profundamente distorsionada. Los intereses políticos y económicos que convergían en la conflagración eran de tal calibre que influyeron grandemente en el curso de los combates librados durante largo tiempo. La intervención de Banesto por el Banco de España el 28 de diciembre de 1993 no fue, ni mucho menos, la primera descarga que provocó la guerra sin cuartel entre ambos personajes, antes ya se habían producido algunos enfrentamientos que iban más allá de unas simples escaramuzas.

Dicen los correligionarios de Felipe González que de no haber permitido —o promovido— la intervención de Banesto por las autoridades monetarias, hoy el sevillano, posiblemente, seguiría de inquilino en la Moncloa. Hay indicios para sospechar que el presidente adoptó la medida a lo Bill Clinton pero sin el Pentágono detrás. Sabido es que cuando el mandatario americano se sintió públicamente acuciado por el escándalo Lewinsky, recurrió a la fórmula más inmediata de las que componen el recetario de los grandes remedios: la orden inmisericorde de bombardear Iraq, una trágica y vergonzosa cortina de humo que alzó para desviar, mediante una vía tan expeditiva, el interés morboso de Norteamérica por los devaneos en el despacho oval. Felipe González había recurrido mucho antes a la misma fórmula, pero en su versión bancaria. Cada maestrillo tiene su librillo en trance de adaptar a cada caso la pócima magistral para la curación taumatúrgica de los propios males. Sin embargo, el problema de un González desconcertado por lo que pasaba a su alrededor no era el mismo que el de un Clinton con apreturas de colegial; aquí la cosa, aunque parezca un disparate el parangón, tuvo mayor calado. Los ejemplos de corrupción estaban reventando en España uno tras otro. El largo tiempo en el gobierno con el rodillo de la mayoría absoluta de por medio o la complicidad dolosa de los convergentes, también con la basura hasta más arriba de la barbilla, había hecho de los socialistas, tan austeros durante «cien años de honradez», usuarios acérrimos del traje de etiqueta, con lo que esto comporta, olvidando en el rincón más oscuro del desván la tradicional chaqueta de pana. Filesa, el Banco de España, el BOE, la Cruz Roja, los fondos reservados, Manuel Prado y sus fiducias, Boyer y sus loewes, Roldán el desertor, el privilegiado cuñadísimo, los disparates de la Expo, el Ave insondable e inabarcable, Sarasola el cefalópodo y un interminable etcétera de tropelías y rapiñas del más variado pelaje estaban a la orden del día y en boca de todos los españoles. La desvergüenza y la falta de escrúpulos del Gobierno y sus compinches lo inundaban todo. Nada mejor que la puesta en escena de lo que luego se llamó en Norteamérica el «método Lewinsky» para transmutar tantos y tan graves escándalos en otro escándalo aún mayor, el verdadero paradigma de la corrupción, atribuyéndolo a quien disfrutaba entonces de prestigio y fama pública.

Lo que quedaba más a mano, con la ventaja de que podían matarse varios pájaros de un tiro, era Mario Conde. El escándalo económico buscado de propósito no podía ser un escándalo cualquiera, tenía que ser el escándalo de los escándalos, el metaescándalo, si se quería enterrar con eficacia y prontitud las lacras propias. La intervención de Banesto revestía los ingredientes necesarios para que su gran dimensión económica y sus múltiples repercusiones en tantos órdenes convirtieran las impudicias socialistas en simples anécdotas. Dicho y hecho, el «método Lewinsky» se anticipó entre nosotros (¿cómo pudo decir Unamuno «que inventen ellos»?) mediante la orden de intervenir Banesto, aunque con alguna imprudencia y precipitación por parte de don Felipe al no haber leído detenidamente en la receta los efectos secundarios de la pócima.

La intervención de Banesto merece figurar como el mayor dislate financiero de nuestra reciente historia económica. Ni Rumasa, ni Banca Catalana, ni todas las entidades crediticias hasta entonces intervenidas se aproximan, todas ellas juntas, al «agujero» detectado de forma súbita en el banco presidido por Conde. Pero unos ganan lo que otros pierden: los beneficiarios de la intervención de Banesto han obtenido un lucro ilícito de tal magnitud que las astillas, las mordidas y todo lo demás que ustedes puedan imaginar han colmado con creces las ávidas y desmesuradas apetencias de cuantos han colaborado en el expolio. No hay institución o persona interesada en el asunto que haya dejado de percibir, de una u otra forma, su congrua en el sínodo del inmenso botín.

Al fin y al cabo, todo es cuestión de emplear con habilidad el lenguaje para ocultar convenientemente la realidad de los hechos. Dóciles marionetas en la cuerda, muñecos de guiñol manejados por los poderosos, hilos más o menos invisibles que mueven el Estado de Derecho…, todo esto está bien, pero hay que afinar la metáfora para no llamar a la corrupción por su verdadero nombre. A los sobornos delictuosos de los partidos políticos basta con aplicarles un precioso eufemismo, «financiación ilegal» o «financiación encubierta», y al asalto depredatorio a un banco, mediante un método impune que para sí hubieran querido las mejores familias de Chicago o Atlantic City, se le llama «intervención por el banco emisor»…

Sin embargo, a veces las cosas no salen como se había previsto, al menos del todo. A lo atado y bien atado se le deshace el nudo en ocasiones. Seis años después de la intervención de Banesto, un artículo publicado por el Financial Times, en su edición mensual Fraud Report de noviembre de 1999, viene a decir con claridad meridiana lo que los medios españoles de comunicación nunca han explicado a su clientela hasta ahora. El artículo no tiene desperdicio. Recordemos que la edición se distribuye en los ámbitos financieros de todo el mundo, ante los cuales, y sin ambigüedades, se califica la intervención de Banesto bajo este elocuente titular: «Los tejemanejes políticos arruinan a los inversores y dejan fuera de juego a un banco español». Para el Financial Times, por tanto, en los enredos políticos en torno al «caso Banesto» radica la causa verdadera de la intervención. El artículo no se detiene en esa calificación genérica, aunque sirva para resumir en términos tan apropiados lo que ha sucedido en realidad, sino que, línea tras línea, va desmenuzando la «inocentada» del 93: se trata de «hechos que parecen no interesar a los editores de los periódicos nacionales» porque «las autoridades todavía parece que quieran encubrirlos». John Burke, autor del trabajo periodístico, señala con puntería retrospectiva por dónde fueron los tiros: todo aquello que se ha silenciado se resume en que no hubo «agujero» en Banesto porque el tal «agujero» se simuló por los funcionarios designados por el Banco de España, Alfredo Sáenz al frente, para evaluar fraudulentamente la situación patrimonial del banco intervenido y enriquecerse de manera considerable. Según el Financial Times, «Botín, secretamente, ofreció a Sáenz seis millones de acciones de Banesto si conseguía una oferta a la baja para cuando las ofertas tuvieran que ser presentadas al Fondo de Garantía de Depósitos». Un párrafo tan escueto lo dice todo, incluso en mayor medida que cuando describe, aunque lo haga con pelos y señales, las trampas que se ocultan bajo la sociedad fantasma «SCI Gestión», utilizada como tapadera de una intervención plagada de falsedades. Porque el periódico inglés afirma que «los embustes no acabaron ahí, los nuevos gestores de Banesto no admitieron que las supuestas enormes pérdidas, clasificadas como créditos dañados, fueran de hecho controlables». Y remata la serie con media verónica: «La intención entonces fue convertir pérdidas imaginarias en reales».

Ha tenido que ser una publicación extranjera la que saque los colores a los responsables del fraude por su complicidad dolosa en el asalto a Banesto. Y también la única que ha dicho que Emilio Botín, como beneficiario del expolio, se ha llevado la parte del león. Mientras todo esto se explica sin ambages por el periódico británico, sus colegas españoles prefieren mirar hacia otro lado: que se pudran los antiguos accionistas de Banesto y los miles de trabajadores que los nuevos administradores han echado a la calle de mala manera. Es una obviedad recordar que el Financial Times cuenta con un gran prestigio en todo el mundo ganado a pulso a lo largo de muchos años. Nadie, absolutamente nadie, que sepamos, le ha replicado ni le ha pedido cualquier rectificación o la menor enmienda sobre lo publicado, a pesar de lo explícito de su contenido. Los bucaneros y sus corifeos callan, esconden la cabeza bajo el ala, confían en que el exceso de información que nos inunda diariamente acabe por sumergir en el olvido lo que ha dicho el rotativo inglés con tanta gallardía. Las cosas de España no son como son, son como nos lo cuentan. Los diferentes gobiernos, con el apoyo, el silencio y la complicidad de los sectores más influyentes, llámese poder económico o poder mediático, se han empeñado en configurar el pensamiento único frente a las exigencias de pluralismo y libertad que requiere ineludiblemente un régimen democrático. Se ha puesto en práctica entre nosotros un modelo de Estado que, al verse carcomido por la corrupción y la falta de transparencia, genera tensiones perturbadoras, margina a una gran parte de la sociedad y va debilitando poco a poco los ejes principales del gran pacto nacional representado por la Constitución. Frente a una agresión social tan dañina, aplicada sibilinamente desde diversas instancias del poder, la ciudadanía asiste atónita a un menoscabo de las libertades que se nos antoja difícilmente remediable. Sólo vestigios excepcionales del mundo editorial más arriesgado, mediante la publicación de algunos libros tan aislados como meritorios, que ven la luz después de superar un sinfín de trabas, permiten que se digan las cosas de manera distinta a como nos lo cuenta su versión oficial. Los impulsores del pensamiento único saben que juega a su favor la parálisis progresiva de la sociedad, atenazada por el miedo, la pasividad y la resignación. Nada mejor para resumir lo que sucede que acudir a la obra de Ignacio Ramonet La tiranía de la comunicación: «Cuanta más comunicación haya, se nos dice, más armoniosa será nuestra sociedad y más felices seremos. Podemos preguntarnos si la comunicación no estará sobrepasando su estado óptimo, su punto culminante, para entrar en una fase en la que todas sus cualidades se transforman en defectos y todas sus virtudes en vicios. Porque la nueva ideología de la comunicación total, esa especie de imperialismo comunicacional, empieza a ejercer una auténtica opresión sobre los ciudadanos. Durante mucho tiempo la comunicación fue liberalizadora. Desde la invención de la escritura y la imprenta significó la difusión del saber, del conocimiento, de las leyes y las luces de la razón, frente a supersticiones y oscurantismos de todas clases. A partir de ahora, imponiéndose como obligación absoluta, inundando todos los aspectos de la vida social, política, económica y cultural, actúa como una tiranía».

Está fuera de dudas que la corrupción a que hacemos referencia concierne esencialmente a un concepto ético. La clase política se ha empeñado en construir un régimen en el que predominan las doctrinas económicas de rabioso e ilimitado corte capitalista por encima de las consideraciones éticas más elementales: ha de prevalecer en cualquier caso la rentabilidad, el beneficio, la máxima producción y el dinero, especialmente el dinero especulativo, del que se nutren unos mercados bursátiles convertidos en casinos. Con una indefectible consecuencia: una corrupción política y económica equivalente en la práctica a la quiebra del propio Estado de Derecho, merced a una concepción meramente instrumental del poder en beneficio de quienes lo detentan.

La moderna doctrina sostiene la necesidad de una urgente regulación en el Derecho del mercado. Pongamos como ejemplo más reciente la opinión de Ulrich Inmenga, profesor de la Universidad de Gotinga, en un trabajo publicado en la Revista de Derecho Mercantil (enero-marzo 2000, págs. 7 y siguientes). Para Inmenga, «la función de garantía se refiere al mantenimiento y consolidación de la funcionalidad de los mercados», puesto que «los mercados se desarrollan en un proceso abierto sin determinación específica en cuanto a su contenido». Cree que es misión del Derecho del mercado asegurar este proceso de manera suficiente: «Se trata de garantizar los fines económicos y de política social relativos a la funcionalidad de los mercados». Para lo que señala dos objetivos: evitar las coaliciones entre participantes del mercado «orientadas a aumentar el grado de concentración y con ello el poder en el mercado», y combatir las restricciones estructurales a la competencia «surgidas de que los mercados, sobre la base de su propia estructura, no son funcionales». Sobre todo porque «de la existencia de un cierto grado de monopolio no cabe esperar una competencia efectiva».

Con su característico valor moral, Federico Jiménez Losantos denuncia esta situación en su artículo «Nuestro mercado», publicado en El Mundo el 23 de mayo: Si algo ha hecho más pobre a la España pobre ha sido mantener artificialmente rica a la España rica. Contra ese mercado cautivo deben unirse, como en Jorge Manrique, «los que viben por sus manos / e los ricos».

Luis María Anson, en una magistral «canela fina» bajo el título «La anarquía que viene», tomado de la obra de Kaplan, resume así su pensamiento (La Razón del 21 de julio): «Cree Kaplan que no solo no vamos a mejor sino que año tras año se ahondan los desequilibrios y disparidades. Las naciones ricas cada vez son más ricas y las pobres más pobres. Y en éstas una parte mínima de la población se queda con todo a costa del hambre y la miseria de la inmensa mayoría. Aunque la verdad para Kaplan es siempre ambigua y la generalización constituye un riesgo, la próxima década resultará mucho peor que la anterior y colocará al mundo en la frontera de la anarquía, el terrorismo desbocado, la emigración imparable, la inestabilidad endémica».

ABC del 9 de julio publica una entrevista con el citado autor norteamericano que advierte de algo tan dramático como esto: «El capitalismo no es controlable. Es todo lo contrario de una economía planificada. Cada vez que un país del Tercer Mundo empieza a tener un crecimiento acelerado comienzan a aumentar de forma brutal las diferencias de ingresos, porque se trata por encima de todas las cosas de crecimiento económico, sea en Brasil o en la India, donde va a seguir habiendo gigantescas masas de pobres». «No niego —sostiene Kaplan— que el crecimiento implique cosas positivas, pero cada vez que ha habido grandes cambios económicos y tecnológicos han estado siempre acompañados de violencia, porque hay mucha gente que es dejada al margen. Para el caso sirve lo que ha ocurrido en Latinoamérica en la última década, que en general ha sido celebrada como una experiencia democrática. La democratización ha dado pie a la inversión y el crecimiento económico, pero también han aumentado las diferencias sociales y esa disparidad en los ingresos ha propiciado un aumento de la criminalidad de hasta el diez por ciento en algunas ciudades. A menos que las democracias sean capaces de distribuir los beneficios del crecimiento, vamos a asistir a una cadena de sublevaciones, como ya hemos visto en Venezuela o Colombia, como volveremos a ver en Brasil».

Con elocuente sobriedad, José Eugenio Soriano pinta la situación actual en estos términos: «Engañar, robar, aprovecharse, lesionar a otros y a la organización, fingir y aparentar, desplazar responsabilidades, mentir, constituyen actitudes en las que no se encuentra ningún mal y en las que no existe reproche alguno. Luego, así nos va. El mundo de los negocios puede convertirse en el patio de Monipodio, en el que triunfa solamente el que mejor engaña y más despiadado es». Así nos va, podríamos concluir de la manera más sucinta a modo de identificación con tan terrible glosa.

Esta es, así lo creo, la razón última de la metáfora empleada por Felipe González al sentirse como un «muñeco» manejado por los verdaderamente poderosos en «eso que llaman Estado de Derecho», porque él sabía, aunque no lo confiese, que la corrupción había eclosionado en metástasis. De forma evolutiva, la corrupción en nuestro país, como una inmensa bola de nieve, había ido rodando de despacho en despacho y de instancia en instancia, a causa principalmente de la incapacidad de la clase política para asumir sus propios errores; los partidos siempre han escurrido el bulto mediante la exculpación sistemática de un sinfín de actos punibles, por lo que cada vez resulta más difícil atajar el fenómeno y buscarle remedio. Nadie podrá negar que los escándalos han ido sucediéndose uno tras otro, incluso solapándose, hasta acceder a las más altas instancias. Sería interminable la referencia periodística de los trabajos publicados sobre tan turbia evolución por un periodista excepcional, Martín Prieto, que desde las páginas de El Mundo deja invariable constancia de una realidad próxima a la anomia social.

Frente a tan triste evidencia, la clase política, en especial durante los mandatos socialistas y convergentes, ha reaccionado al unísono bajo el apotegma «aquí no pasa nada», equivalente a otro no menos cínico: «aquí todo vale», o los tópicos —asumidos desgraciadamente por los populares— «borrón y cuenta nueva», «pasar la página», «mirar hacia el futuro»… Se trata de una huida hacia adelante que arrasa cuanto se pone ante el que pretende sacudirse las pulgas de sus propias responsabilidades. Lo que conlleva en gran medida la perversa perturbación del poder judicial al haberse politizado la justicia, situada lamentablemente a la cola de las instituciones del Estado en la estimación pública. Los partidos políticos disfrazan una situación tan penosa mediante un propósito lampedusiano de enmienda, tan insistente como farisaico, para que todo en el fondo siga igual. Su aquiescencia implícita a una realidad que se denuncia una y otra vez como gravemente antijurídica supone una actitud enquistada, porque lo que se quiere es salir momentáneamente de un estado de cosas tan embarazoso aplicando paños calientes o pintando el cuadro con medias tintas. A nadie le interesa asumir el riesgo de una acción decidida y enérgica mediante el empleo de los remedios quirúrgicos necesarios, sino tan solo un lavado de cara que siga ocultando las lacras y las responsabilidades de cada cual. Todos aquellos que hasta ahora han ejercido el poder de una u otra manera, por activa o por pasiva, son culpables, por acción u omisión, de que el fenómeno de la corrupción se haya extendido por un área tan extensa que incluso ha permitido percatarse del fenómeno a los ciudadanos más ignaros o despreocupados. El tránsito hasta ese punto tiene su origen en las postrimerías del franquismo, cuando la gente guapa se encumbró en el poder después de haber jurado y perjurado los principios del movimiento y su adhesión inquebrantable al dictador, unos cachorros convertidos luego en alimañas depredadoras sin el menor escrúpulo. E incluso cabe decir que el lamentable fenómeno es de mucho más calado y de mayor amplitud, puesto que el régimen de Franco, durante toda su vigencia, había mantenido ininterrumpidamente un pacto tácito, nada edificante, con los banqueros de la época para que éstos hiciesen lo que les viniera en gana a cambio de no mover un dedo contra el dictador. La realidad entonces permitía que hiciesen falta pocas luces para llevar un banco con el máximo provecho: en aquella época la rigidez de las condiciones establecidas por el Banco de España y un statu quo no menos estricto en el establecimiento de nuevas sucursales permitían a la banca prestar por encima del 10% de interés lo que apenas retribuía a los depositantes del dinero con un 2 ó un 3%, e incluso con un 0,25 en las cuentas corrientes a la vista. Fue aquélla, por tanto, la edad de oro de la banca privada española, que, además, oponía severos obstáculos a que entrasen en nuestro mercado entidades crediticias de otros países. Un sistema que relajó la austeridad y las buenas costumbres que habían acreditado con manifiesta honradez los banqueros tradicionales, con Pablo Garnica y Echevarría a la cabeza. Así pudieron formarse inmensas fortunas al amparo y en detrimento de los respectivos bancos, en lo que sobresalieron, como ejemplos más característicos, Emilio Botín padre, en el Banco Santander, e Ignacio Villalonga en el Banco Central, y otros muchos que siguieron su deplorable estilo, aunque en menor proporción. Al acceder la democracia, los constituyentes idearon un sistema de partidos prácticamente idílico en cuanto a la financiación, sin prever el cuantioso gasto que llevarían consigo unas organizaciones políticas asentadas sobre el predominio abrumador de su propia burocracia, las cuales, a poco de iniciarse la nueva andadura, no tuvieron más remedio que plegarse a los designios de los máximos dirigentes bancarios, convertidos en amos y señores de unas organizaciones sumamente complejas metidas de hoz y coz en campañas electorales sin límites razonables en cuanto a los medios empleados. Los banqueros, que al principio recelaban de unos cambios tan profundos en la organización política, económica y social, se dieron cuenta de inmediato de que eran ellos los que tenían la sartén por el mango, por lo que decidieron comunicar su propia corrupción a los que necesitaban, más que el agua de mayo, de una financiación irregular («ilícita» es el término más apropiado) para soportar el considerable gravamen que suponía verse desprovistos de fondos, a la vista de que ningún simpatizante quería aportar en la práctica un duro siquiera para las aventuras en que se embarcaban los partidos políticos. Es triste reconocerlo, pero nadie dudará de que, de una u otra manera, los partidos, para poder subsistir, han tenido que pasar por las horcas caudinas levantadas por el Poder. En una de las famosas reuniones de «las lentejas de Mona Jiménez» se suscitó el debate de Filesa nada más estallar el escándalo; allí dijo alguien que no solamente el partido socialista, sino todos los partidos sin excepción, estaban incapacitados para arrojar la primera piedra. Félix Pastor, adalid de Alianza Popular entonces, dijo algo tan insólito como esto: «Bueno, pero Alianza sólo tiene «filesitas», no «filesas». A lo que otro comensal le replicó: «La embarazada lo está desde la concepción hasta el parto; ese embarazo de Filesa es el mismo de todos los partidos políticos». Por lo que el Poder, después de algún momento transitorio de desconcierto, acabó asentándose de manera ostensible, ya sin tapujos, en todos los aspectos esenciales de la vida nacional mediante un ordeno y mando muy difícil de resistir con elemental decoro.

LOS CORSARIOS EN BUSCA DE BOTÍN

«Tuteo a cinco ministros / y a cuarenta diputados, / y el director del tesoro / hace lo que yo le mando»

(BRETON DE LOS HERREROS)

Ya hemos dicho que La Dehesilla, una pequeña finca propiedad de Justino Azcárate, senador por designación real y primer suegro de Mariano Rubio, dio nombre a un grupo de novicios ambiciosos que solían reunirse allí cada fin de semana. Además de su relativa juventud, los unía un factor común: todos, con el necesario comedimiento, se confesaban liberales de izquierdas o socialdemócratas y mostraban recatadamente su descontento con un régimen político al que debían su privilegiado status y los cargos de responsabilidad, incluso de carácter político, que desempeñaban a la sazón. Primum vivere. A mediados de los años sesenta, todos ellos eran moderadamente antifranquistas, dicho en voz baja y mirando antes a ambos lados, lo que no era obstáculo para ejercer sus altas funciones en el Instituto Nacional de Industria, el Ministerio de Comercio o el Banco de España, después de haber prestado una y otra vez, genuflexos ante la Biblia, innúmeros juramentos de lealtad al dictador y a su régimen. La Dehesilla se convirtió así en un centro de peregrinación elitista de jóvenes turcos animados por la idea de una conspiración política exenta de riesgos carcelarios o profesionales. Los que ya estaban en la cumbre serían los más decididos impulsores del clan para salvarse de la quema, si venían mal dadas, cuando faltase Franco, al que todos deseaban larga vida en el fondo de su corazón, en especial los menos jóvenes, como Claudio Boada, José María López de Letona, Alberto Monreal Luque, Leopoldo Calvo Sotelo y Rafael del Pino, dueño y señor de Ferrovial. Fue Alberto Monreal, ministro de Hacienda, quien solicitó al entonces gobernador del Banco de España, Luis Coronel de Parma, la incorporación de Luis Ángel Rojo al servicio de estudios de la entidad. Y fue también Monreal quien introdujo en su propio departamento a Mariano Rubio como director general de política financiera.

Claudio Boada se movía como el pez en el agua entre los cargos de la Administración, siempre acompañado de su fiel escudero José María Amusátegui, uno de los más hábiles profesionales de la versatilidad pública y privada. A Amusátegui se le conoce en los ámbitos financieros con el cariñoso apodo de «Yo, Claudio», por su semejanza con el emperador romano, que se amparaba en su falsa apariencia de torpón y medio estólido para confundir a sus enemigos y torcerles el pulso. De Altos Hornos de Vizcaya, la empresa estatal a la que dejó en la quiebra más miserable, pasó Boada a hacerse cargo del Instituto Nacional de Industria, que dependía entonces de José María López de Letona, ministro de Industria. Los estudiosos del INI han demostrado de manera inequívoca que la temporada presidencial de Boada, un nuevo Atila de buenas maneras, fue la más deplorable en la historia de la institución. Pero el clan de La Dehesilla siguió extendiendo el entramado, y otro de los miembros fundadores, Juan Manuel Kindelán, director del servicio de estudios del INI, contrató a Miguel Boyer Salvador. Así, uno a uno, pero todos en unión, tan ínclitos personajes irían tomando sólidas posiciones en el tinglado de la nueva farsa.

La dictadura se agrieta en 1974, la berroqueña fortaleza se desmorona sin remedio, las familias franquistas, los patricios del régimen, empiezan a enfrentarse entre sí, mientras ven con sorpresa que aquellos jóvenes cachorros, ya instalados en influyentes despachos de la Administración Pública, se aprestan a dar el gran salto. El 20 de noviembre de 1975 marcará el inicio de la nueva etapa para el clan. El efímero período del impresentable Arias Navarro sirvió para calentar motores. Cuando Adolfo Suárez formó gobierno, el clan ya se había situado en primera línea. Antes de sustituir a Suárez, Calvo Sotelo acumulaba cargos en empresas públicas y privadas, y hasta había contratado a Miguel Boyer en Explosivos Río Tinto; Carlos Solchaga era jefe del servicio de estudios del Banco de Vizcaya; Jaime Soto, uno de los directores generales más influyentes del Banco Hispano Americano; Manuel de la Concha, el máximo mandamás de la bolsa; Juan Antonio Ruiz de Alda, cada vez más vinculado a la entraña del Banco de Vizcaya… Y por encima de todos, Francisco Fernández Ordóñez, que acreditaba una maestría para jugar partidas políticas simultáneas mucho mayor que el gran maestro Kasparov ante los tableros de ajedrez.

José María López de Letona, un cascarón aparente sin verdadero contenido, nada más ser nombrado gobernador del Banco de España, llama a su lado a Mariano Rubio, pariente e ínclito amigo, juntos el opusdeista y el agnóstico. A López de Letona le sucede José Ramón Álvarez Rendueles, anónimo y bonachón, lo que propicia el nombramiento de Mariano Rubio como subgobernador, otra vez el caballo de Troya introducido en la retaguardia. Desde ese momento el Banco de España se transforma profundamente: hasta entonces había corrido a cargo de personas, como los abogados del Estado, por ejemplo, acostumbrados a moverse en la línea discreta y eficaz del funcionariado público relevante. Porque lo cierto es que Rubio, increíblemente dadas sus cortas luces, se hizo el hombre fuerte de la situación en la etapa de UCD, coincidente con una política económica controlada por gentes como Enrique Fuentes Quintana, antiguo y solícito asesor del general Franco, Carlos Bustelo («siente un Bustelo a su mesa»), Leopoldo Calvo Sotelo, envarado y en las musarañas, Francisco Fernández Ordóñez, el sempiterno, Juan Antonio García Díez, siempre a la disposición de los March, y Alberto Oliart, mitad político y mitad banquero. En septiembre de 1980, Miguel Boyer, físico, deja su escaño parlamentario y se incorpora al Banco de España para «trabajar» con Mariano Rubio y Aristóbulo de Juan. El clan, imparable, toma posiciones a marchas forzadas y se disponen a entrar en combate, las grandes batallas están a punto de librarse.

Una vez que el PSOE alcanza el Gobierno de la Nación, el magma canceroso del clan eclosiona definitivamente para pervertir los puestos más sobresalientes del poder, tanto el político como el económico y el administrativo, desde los que son capaces de enfrentarse al mismísimo Alfonso Guerra y la corriente interna de Izquierda Socialista, que a su vez los descalifica magistralmente con la expresión beautiful people (los «biutiful pijos» o la «biutiful de la ostia», que decían con desfachatez los más castizos). El clan ha permanecido en constante actitud bélica: cuando no combatía contra los restos oligárquicos del franquismo y las viejas familias de la banca, pegadas al sillón como lapas, lo hacía contra los guerristas, sus más encarnizados enemigos, e incluso, ávidos de poder y de fortuna, combatían entre sí con verdadera saña por un puesto de más altura o más enjundia en la escala administrativa o la presidencia de las más cualificadas empresas públicas.

Y así llegamos al momento triunfal en la carrera de Miguel Boyer. El equipo de la UCD desaparece súbitamente del escenario, sólo sobreviven el incombustible Fernández Ordóñez y el inescrutable Mariano Rubio, al que Felipe González encumbra a gobernador del Banco de España el 18 de julio (que ironía) de 1984. No podía llegar a menos la venerable institución, otrora prestigiosa. El núcleo duro, la mayor parte de los fundadores del clan de La Dehesilla, consigue su más acariciado objetivo: copar los resortes esenciales de la economía española. Pudo entonces parafrasearse, aunque nadie se atrevió a hacerlo, las tristes palabras de cierto lamentable parte de guerra: «Cautivo y desarmado el ejército de los viejos banqueros y la verdadera izquierda, los rectores del clan han alcanzado sus últimos objetivos económicos y políticos». La verdad es que desde entonces un partido glorioso, el PSOE, absolutamente imprescindible en nuestra realidad política, comenzó su decadencia y su descrédito a manos de un puñado de bribones dispuestos a enriquecerse a todo trance olvidándose con desvergüenza de la rosa y el puño para acabar viviendo en una lujosa mansión de Puerta de Hierro. A tales réprobos puede agradecerles la izquierda su lamentable estado. Sobre todo cuando esa gente, después de traicionar a su partido, se apresura con el menor pretexto a colmar de lisonjas a la derecha y su política económica. ¡Qué lejos los tiempos en que, lleno de ardor revolucionario, Boyer propugnaba con vehemencia, ante las juventudes socialistas, la nacionalización de la banca, los transportes y las eléctricas!

Desde el mismo momento en que Mariano Rubio accedió al cargo de subgobernador, las crisis bancarias empezaron a hacer furor. En forma de plaga incontenible y letal, se fueron extendiendo de una entidad a otra. A los ideólogos del salvamento de la economía nacional les había llegado su hora: estaban en el poder y no había quien los detuviera. El «club de los corsarios» había superado con creces al «clan de La Dehesilla», los jóvenes turcos que soñaban un día con ocupar los cargos más relevantes en la Administración económica, ya eran los amos del país. A Mariano Rubio, que desempeñaba con solemnidad hierática el papel de cerebro de la banda, le seguían sin rechistar, como dóciles falderos, los demás miembros de la organización: Luis Ángel Rojo, Enrique Fuentes Quintana, Juan Antonio García Díez y Fernando Abril Martorell, entre otros de menor graduación en la avisada tropa. El hombre fuerte, sin lugar a dudas, era él, Mariano Rubio, que presumía de asesorar en materia económica al mismísimo presidente del gobierno, entonces Adolfo Suárez. Así le fue al hombre. La primera nave tomada al abordaje fue el Banco de Navarra, un ensayo con todo para nuevas aventuras confiscatorias. Por lo que en abril de 1978, convenientemente entrenada la tripulación corsaria, ya se hallaba en condiciones de asestar un nuevo zarpazo: la intervención del Banco Meridional, lo que marcó la entrada en escena de otro singular personaje, Aristóbulo de Juan, que, al frente de la Corporación Bancaria y siempre al dictado de Mariano Rubio, no dejará títere con cabeza desde entonces. Ambos se convierten así en el terror de la oligarquía financiera, como años después el juez Estevill sembraría el pánico entre la oligarquía empresarial de Barcelona.

Ocho meses más tarde, otra entidad cae en los tentáculos de los depredadores: toca intervenir el Banco de Valladolid, cuyo presidente, Domingo López Alonso, había cometido un pecado imperdonable, financiar a El Imparcial, un diario especialmente crítico con el Gobierno. Digamos que otro que tuvo la osadía de ayudar al mismo periódico fue Alfredo Calle Sáinz, consejero del Banco del Cantábrico, entidad que también fue intervenida con inusitada rapidez. La muerte del perro, aunque no siempre, acaba con la rabia. Los servicios del club corsario al Gobierno centrista se habían cumplido en sus propios términos; el látigo de Rubio y sus epígonos era capaz de doblegar a todo aquel que se les pusiera por delante mediante un instrumento letal, los servicios del Banco de España, puestos a prueba con éxito evidente. Los resultados no pudieron ser más propicios para el poder político, por lo que en 1982, con la llegada de los socialistas al poder, dispusieron al punto que el banco emisor se convirtiera en la rampa de lanzamiento de dos enormes misiles disparados contra Banca Catalana y el grupo Rumasa. En ambas medidas interventoras, cuyos artífices fueron Rubio y Boyer, los tintes políticos del cuadro resultaron más que evidentes y de conocimiento público, lo que nos excusa de más amplios comentarios.

El arma funcionó a la perfección, y desde entonces los corsarios permanecen altaneros en sus puestos de mando, dispuestos a negar el pan y la sal a las familias de postín. Los Lopez-Quesada pierden la banca que lleva su nombre para adjudicarla al Banco Nacional de París; los Garrigues dicen adiós al Banco de Levante y al Nuevo Banco; los Prado y Colón de Carvajal, al Banco de Descuento; los Luca de Tena, al Banco del País; los Fierro se ven compelidos a vender apresuradamente el Banco Ibérico al Central, igual que hacen los Fernández-Araoz con el Banco Internacional, y los Coca a Banesto con su banco familiar. Pero se trata de un método ambivalente porque a unos les hunden y a otros los salvan: por ejemplo, hunden a Jaime Castells, presidente del Banco de Madrid, para salvar, como no, a Claudio Boada, entonces vicepresidente con plenos poderes de la entidad adjudicada a Banesto. Y ocultan los problemas del Banco Occidental, a cuyo consejo pertenecía el fraguista José Manuel Romay, por lo que nada mejor que largarlo al Vizcaya. Mientras tanto, y sin el menor control, miles y miles de millones de dinero público se despilfarran de mala manera en el pozo sin fondo de todos esos bancos. Aristóbulo de Juan, al dictado de Mariano Rubio, trapichea sin freno y quita y pone a su antojo. Las aves de rapiña del club corsario no dejan de otear el horizonte en busca de nuevas presas. La realidad financiera de las víctimas es lo de menos, lo que importa es que el botín sea asequible y pueda lograrse la mayor ventaja con su captura. Hay que reconocer que en España habían proliferado los bancos como las setas después de la lluvia cuando Mariano Navarro Rubio, secundado por Antonio Barrera de Irimo, tuvo la idea, plausible en su intención pero deplorable en su puesta en práctica, de liberalizar la creación de bancos privados, discriminando de manera artificial los de carácter comercial de los industriales propiamente dichos. Una irresistible vocación por la banca se despertó súbitamente en todo el país, y sin la adopción de las menores cautelas, sin acreditar la profesionalidad de los fundadores y sin prever las consecuencias de conductas financieras disparatadas, a todo el mundo le dio por crear en España un banco para ponerse en la tarjeta el correspondiente título de administrador o gerente. El resultado fue catastrófico, y muchas decisiones interventoras tuvieron sentido, aunque las medidas adoptadas por la autoridad monetaria, siempre o casi siempre, redundaran a la postre en beneficio del club de los corsarios.

Un procedimiento que nunca le fallaba a Mariano Rubio y al club a su servicio consistía en adjudicar, casi siempre de manera coactiva, un banco en crisis a otro en condiciones normales, y al poco tiempo exigir al adjudicatario un balance saneado de la entidad adjudicada. Así, al Hispano Americano se le endosó el Banco Urquijo, con el que un día había suscrito «el pacto de Las Jarillas», luego resuelto y dejado sin efecto. El Urquijo, como es sabido, alcanzó prestigio de la sabia y prudente mano de los Lladó, para después caer prácticamente en quiebra por la torpeza, cuando menos negligente y por supuesto impune, de su presidente Jaime Carvajal Urquijo, marqués de Isasi, prestanombres de profesión y gran amigo del Rey; Gregorio Marañón y Beltrán de Lis, el ilustrado director general sin dos dedos de frente, y Oscar Alzaga, el reputado gafe democristiano siempre a la caza del duro ajeno. Estos tres eminentes banqueros, conocidos entonces por el «trío de la bencina», iluminados sin duda por sus profundas experiencias en Harvard o en otros reputados centros del saber económico, tuvieron la peregrina idea, entre otras de parecido jaez, de abrir sucursal en Singapur a bombo y platillo, lo que suponía un signo de modernidad, una genial aventura financiera que contribuyó a que el banco se tambaleara después del violento terremoto que supuso la pérdida, en aquel lejano rincón del mundo y en otros varios, de sumas ingentes evaporadas de improviso. El viejo marqués de Deleitosa, a la sazón presidente de Banesto, decía con sorna al conocer el desastre: «Estos chicos no saben todavía que donde hay que abrir sucursal es en Puente del Arzobispo, no en Singapur». Pues ahí les tienen ustedes a los del «trío de la bencina» tan sonrientes y tan campantes, y tan jaleados por tirios y troyanos. Luego, de manera casi inmediata al «endoso» que había dispuesto el Banco de España, se reclamaron a Luis Usera, presidente del Hispano Americano entonces, poco menos que responsabilidades penales por el marasmo en que seguía el Urquijo, quebrado por aquellos tres prestigiosos muchachos, lo que pudo soslayar a duras penas al imponer el Banco de España en la presidencia del Hispano a un miembro del club, el inevitable Claudio Boada, famoso por haber dejado en la ruina más completa a todas las empresas por las que había pasado.

Otra polémica intervención fue la de Unión Industrial Bancaria, Bankunión, que en 1967 había obtenido la concesión de las autopistas catalanas, a cuyo efecto se constituyó la empresa Autopistas Concesionaria Española S.A. (Acesa). De la noche a la mañana, el Banco de España impuso en 1982 a sus principales gestores, José Ferrer Bonsoms y Pablo Bofill Quadras, que entregaran la presidencia del banco al consiguiente emisario de Rubio. Nada parecía ir tan mal en Bankunión para justificar la medida: una reciente auditoría había certificado la buena salud de la entidad. Pero nada más acceder a la presidencia Manuel Azpilicueta, el providencial enviado del banco emisor, apareció en escena Aristóbulo de Juan, el apagafuegos, lo que supuso el principio del fin de los activos de Bankunión, que pasaron en bloque o poco menos a la Corporación Bancaria. La solución aplicada para el saneamiento consistió en traspasar el 50% de sus acciones al Banco Hispano mientras que la Corporación adquiría activos por valor de 38.000 millones, incluida la participación del 57,5% de Acesa, hoy en manos de la Caixa. Lo cierto es que, después de haber obtenido unos saneados beneficios, Acesa vale hoy más de un billón de pesetas. Flaco favor se le hizo a Bankunión, el adjudicatario de la concesión vial, despojándolo de un activo tan «activo» como el de Acesa.

El Banco de Navarra, el primer banco intervenido, estaba presidido por Juan Palomeras, presidente también del Banco del Cantábrico, a cuyo consejo pertenecía Alfredo Calle Sáiz, que junto a Domingo López Alonso, presidente del Banco de Valladolid, financiaba el diario El Imparcial, cuyas críticas tenían la virtud, nada recomendable, de incomodar grandemente al gobierno de turno. Por lo que Mariano Rubio, respaldado en todo por el ejecutivo, se sintió legitimado para borrar del mapa a un medio tan poco propicio mediante la intervención de ambos bancos. La respuesta fue dispar. Alfredo Calle, en punto al Cantábrico, pasó al contraataque de inmediato y presentó una querella por cohecho contra Mariano Rubio, que admitió a trámite el Juzgado de Instrucción de Madrid al que correspondió el asunto, a la vez que movilizaba con decisión todas sus influencias políticas. De esta suerte, la Corporación Bancaria se vio obligada a satisfacerle un precio justo por las acciones del Cantábrico. No fue esa la actitud adoptada por Domingo López, el presidente del Banco de Valladolid, cuyo conocimiento de la verdadera solvencia de su banco le llevó a poner sobre la mesa un aval por más de 23.000 millones —de los de entonces— para cubrir el pasivo. El interesado no tardó mucho en percatarse de su ingenuidad. Aristóbulo de Juan, a las órdenes de Mariano Rubio, y, posteriormente, de Luis Ángel Rojo, fue modificando a su manera —a su mala manera— las cuentas del Valladolid, un banco saneado que no había tenido pérdidas por una sola peseta, de suerte que a los 23.000 millones que volaron del bolsillo de López Alonso se añadieron más de 37.000 millones que dijeron haberse aplicado en fondos públicos, aunque en el BOE consta que se destinaron tan solo 209 millones para cubrir esas supuestas pérdidas. El Banco de España adjudicó el Valladolid al Barclays Bank, malvendiéndolo por 800 millones de pesetas, después de rechazar cinco ofertas por más de 6.000 millones. El caso del Banco de Valladolid se le ha acabado atragantando al club corsario. El hecho de que Domingo López tuviera en sus manos el 63% de las acciones (a diferencia de otras intervenciones bancarias, en las que los accionistas andaban atomizados, cada cual a su aire y a lo suyo) le ha permitido persistir en el largo camino judicial en reclamación de algo tan simple como la exhibición de las cuentas de la intervención. El agente doble de Rubio y Rojo, Aristóbulo de Juan, asistido de hábiles rábulas, ha urdido todas las argucias procesales inimaginables para dilatar el procedimiento durante veinte años. Ahora, las sentencias empiezan a caer a favor de López Alonso para que el FGD y el Barclays Bank faciliten las cuentas de tan sospechosa operación. El club había permitido que se volatilizaran misteriosamente 23.000 millones del año 1978, un dinero. Las responsabilidades penales están a la vuelta de la esquina.

Los patricios de la banca empezaron a quedarse estupefactos ante las incursiones que la Corporación Bancaria estaba llevando a cabo cual elefante en cacharrería de la dinastía Ming. Se dilapidaban miles y miles de millones en fondos públicos, después de adjudicar manu militari los bancos intervenidos a otros bancos supuestamente llamados a sanearlos. Sin embargo, la Asociación Española de Banca (AEB), con Rafael Termes a la cabeza, no participaba de las arbitrarias e injustificadas decisiones de Mariano Rubio ni de los métodos poco transparentes con los que se venía actuando. Al gobierno de Suárez también empezaba a preocuparle la ingente cantidad de fondos públicos empleados en esas turbias operaciones, lo que, añadido a las razonables y razonadas presiones de la AEB, dio como resultado la extinción de la Corporación Bancaria. Pero el poder de Mariano Rubio, asistido por el club de aguerridos e insaciables corsarios, consiguió que el cambio afectara exclusivamente al nombre de la institución. La Corporación Bancaria, pues, dio paso en 1980 al Fondo de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios (el FGD). El espíritu del nuevo método consistía en que el Fondo garantizara tan solo los depósitos de los clientes en determinadas condiciones y hasta cierta suma, de suerte que las crisis bancarias se resolvieran en las respectivas juntas de accionistas. Con la llegada de los socialistas al poder y el encumbramiento de Mariano Rubio a gobernador del Banco de España, los designios que inspiraron la creación del FGD se fueron al garete y don Mariano, al frente del club, volvió a los orígenes en los que había proclamado como un dogma la facultad de hacer y deshacer a su antojo. Ocho miembros compusieron la primera comisión gestora del Fondo: cuatro en representación del Banco de España, Mariano Rubio, Aristóbulo de Juan, Ángel Madroñero y Joaquín Fanjul; y otros cuatro designados por la banca privada, Emilio Ybarra en nombre del Banco de Bilbao, Juan Oliu del Sabadell, Ricardo Tejero del Central y Alfredo Lafita del grupo March.

El jefe del club de los corsarios, el cerebro de la banda, siempre fue Mariano Rubio, estratega del grupo para la conquista del poder, incluso cuando Boyer parecía actuar a sus anchas desde el Ministerio de Economía y Hacienda. Atrás quedaba su dorada etapa de «refugiado político» en Francia, una beca de estudios concedida por el régimen franquista aunque desvaída bajo el aura romántica del exilio, lo que otorgaba a Rubio un falso marchamo democrático de disidente. Aquel mocetón bien vestido que padecía dislalia (el «Bancospaña», solía decir con voz confusa y grave) se convirtió en el dictador de la economía nacional durante un largo período que va desde la transición hasta 1992. Este fue su annus horribilis: vio como en las paginas de El Mundo Jesús Cacho explicaba con pelos y señales su relación con dos miembros prominentes del club, Manuel de la Concha y Jaime Soto, los cuales, después de comprar a precio de saldo la ficha del Banco Trelles a Banesto, dirigido entonces por López de Letona, el solícito pariente de Rubio, empezaron a hacer desde Ibercorp disparates sin cuento. Pelotazo a pelotazo, de la Concha y Soto se llevaron el dinero a espuertas. Una de las primeras operaciones fue la compra al Hispano de una de sus sociedades medio quebradas, Sistemas AF, a la que sacaron a bolsa con el mismo desparpajo que ha hecho Jesús Polanco con Sogecable, e hicieron subir sus acciones como la espuma. Otras sociedades salieron también del Hispano, como IB-Mei y el edificio Torre Europa en el complejo madrileño de Azca. El Banco vendedor estaba necesitado de liquidez y Claudio Boada prefería que los pelotazos los diesen sus conmilitones del club, en lugar de beneficiar de la mejor manera posible a la entidad que presidía.

El cuento de la lechera acabó en febrero de 1992. El titular con que se despachaba El Mundo no podía ser más explícito: «De la Concha engañó a la Comisión de Valores para encubrir a Rubio y Boyer, y falsificó los listados de accionistas de Sistemas Financieros». Lo que desvelaba el diario era una sola de las múltiples tropelías que el clan de La Dehesilla, ya convertido en club de los corsarios, había consumado con su característica desvergüenza. No se trataba exclusivamente de las maquinaciones y la falsedad atribuidas a los rectores de Ibercorp por haber arruinado a una multitud de pequeños inversores; lo más señalado consistió en descubrir que Mariano Rubio mantenía una cuenta secreta en dinero negro con un saldo de 130 millones de pesetas, y que otras cuentas de la misma naturaleza estaban abiertas con diferentes nombres a personas de su entorno familiar. Sus amigos De la Concha y Soto, a fin de ocultar una realidad tan poco propicia para el gobernador, falsificaron una relación de los accionistas de Ibercorp, en la que sustituyeron los datos de Mariano Rubio por M. Jiménez, su segundo apellido. La CNMV había hecho la vista gorda, con inclusión de Miguel Boyer, el socialista de pacotilla, el nacionalizador convertido al más rabioso liberalismo, y no pareció percatarse de una argucia tan burda, ni tampoco de la vinculación de Ibercorp con la sociedad Schaf Investment, en la que figuraban una hermana de Rubio, su cuñado y un sobrino. El episodio coincidió con el previsto relevo del cargo de gobernador del Banco de España. El Gobierno optó por capear el temporal mediante la intervención personalísima de Felipe González, que en la despedida del cesado alabó su trayectoria como «funcionario ejemplar», e incluso fue más allá de cualquier ditirambo al asegurar solemnemente que él ponía «la mano en el fuego por su honorabilidad».

Pasados dos años, la mano abrasada de don Felipe ya ofrecía mejor aspecto, cuando de nuevo El Mundo atizó la hoguera y asestó el golpe de gracia al publicar a toda página las pruebas sobre la cuenta secreta de Rubio en Ibercorp con dinero negro. No hubo más remedio que crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, en la que los populares actuaron con energía, si bien lo que mereció grabarse en piedra fue la intervención del diputado socialista Juan Pedro Hernández Moltó al dirigirse al encausado con el amenazante y bochornoso: ¡«Míreme a los ojos, señor Rubio…»! ¡Cuán fácil resulta hacer leña del árbol caído! ¿También el elocuente parlamentario le pidió a Felipe González, su jefe político, que le mirase a los ojos para recordarle sus palabras de elogio y garantía en la despedida del gobernador?

En mayo de 1994 Mariano Rubio y Manuel de la Concha ingresaron en la prisión de Carabanchel. Rubio salió dos semanas después, al prestar una fianza por quince millones de pesetas. La rapidez con que fue excarcelado contrasta con los cinco años que después estuvo paralizada la instrucción. Sin embargo, Rubio tuvo que escuchar en octubre de 1994 el durísimo pronunciamiento del Parlamento sobre su actuación pública: el debate finalizó con la conclusión de que el ex gobernador, además de enriquecerse ilegalmente, había mentido al Congreso. Al Juzgado que instruía la causa no le fue posible, a pesar de haberlo solicitado insistentemente, que la justicia suiza investigara las cuentas bancarias de Mariano Rubio en aquel país. Los largos tentáculos del club corsario traspasan las fronteras con su proverbial eficacia.

Cuando en octubre de 1999 falleció Mariano Rubio, a los 67 años, víctima de un cáncer de colon, todos los que le dieron la espalda al perder el aura de triunfador empedernido, de corsario máximo, han recordado quedamente su figura según la música con la que les tocó bailar durante su mandato. Calvo Sotelo, el ex presidente de precaria recordación, dijo de Rubio que había tenido «muy mala suerte con la prensa», como si fuera la prensa y no sus actos lo que provocó la defenestración. Para Emilio Botín, gran beneficiario de lo dicho y hecho por el prohombre, fue «un buen gobernador», sin más, y José María Amusátegui —otra vez «Yo, Claudio»— llegó a decir, suponemos que sin la menor ironía, que «tuvo una trayectoria ejemplar». Por el largo camino de las actuaciones judiciales han quedado extinguidas las acusaciones por medio Código penal cuando menos: uso de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda pública… Demasiadas imputaciones para un buen gobernador con una trayectoria ejemplar aunque maltratado por la prensa. Pero al llegar a este punto, convengamos en pasar la página de tan lamentables sucesos para desear que el finado descanse en paz. Lo dice el refranero mejor que nosotros: «A todo hace la muerte: se lleva lo seco y no poco de lo verde».

Rubio se ha ido de este mundo sin dar la réplica a Domingo López Alonso por lo que cuenta en un libro suyo, titulado Atraco: «Yo no encuentro otra forma más clara para relatar los hechos que llamando a las cosas por su nombre», escribe López Alonso, al describir con pelos y señales el riquísimo botín obtenido por el club de los corsarios con la intervención del Banco de Valladolid, después de haber simulado un «agujero» sobre cuya realidad contable y patrimonial nunca se han dado las debidas explicaciones.

Una vez que Mariano Rubio dejó su cargo de gobernador, el hermanamiento de la subyacente organización corsaria quedó más consolidado si cabe al tomar el testigo Luis Ángel Rojo, que ya había dado pruebas inequívocas como subgobernador de su docilidad servil ante las requisitorias políticas. Todo iba a seguir igual o peor aún que hasta entonces, para fortuna del Poder.

ATERRIZAJE EN BANESTO

«Las hazañas del temerario más suelen atribuirse a su buena estrella que a su bravura»

(CERVANTES)

Para Mariano Rubio y el club de los corsarios, Banesto siempre había sido, durante la larga navegación por las procelosas aguas de las finanzas, el galeón más rico y codiciado pará su abordaje. Desde el Banco de España se han ido elaborando planes y más planes para consumar el ataque y la confiscación consiguiente, planes que se iniciaron cuando Pablo Garnica Mansi, el caduco y desbordado presidente de la entidad, no tuvo más remedio que plegarse a la imposición de José María López de Letona, metido de matute en el banco como vicepresidente y consejero delegado. El club de los corsarios ya disponía, pues, del caballo de Troya introducido con vaselina y buenas formas en la venerable entidad. Según los planes trazados por Mariano Rubio, y éste lo aseguró así a sus íntimos, las viejas familias que llevaban el control del banco «pronto acabarían en la hoguera». Los Garnica, Oriol, Argüelles, Sáinz de Vicuña, Herrera, Mora, Gómez-Acebo, Sáez de Montagut, Figaredo y Sela (o Sela y Figaredo, tanto monta) y los demás consejeros, absurdamente enfrentados unos con otros, facilitaban la labor del enemigo mediante sus torpezas y rifirrafes constantes.

Hay que preguntarse el porqué de tanta insistencia de los aguerridos corsarios del club en lanzarse contra el viejo banco de Alcalá 14. Vamos a resumir al máximo la respuesta, porque un tratamiento más amplio nos llevaría al estudio de la evolución de la banca privada española desde el siglo XIX a nuestros días, lo que requiere un verdadero tratamiento monográfico. Se ha dicho, con parte de razón, que el ataque a Banesto se debió al propósito de acabar con Mario Conde, un competidor incómodo para los demás banqueros y una figura manifiestamente hostil para los políticos en ejercicio. Pero esto es sólo parte de la motivación del ataque perpetrado por las oligarquías políticas, financieras y mediáticas. Banesto siempre ha inquietado profundamente a sus competidores por la ortodoxia constante en el cumplimiento de su función económica, lo que le ha convertido tradicionalmente en una institución ejemplar, cuyas prácticas no se han correspondido con las de casi todos sus grandes competidores, empeñados en alcanzar beneficios exorbitantes a cualquier precio tanto para las propias entidades como para el bolsillo de sus principales administradores. Pongamos dos ejemplos característicos: Banesto jamás ha tenido implicación en asuntos relacionados con el blanqueo del dinero procedente del narcotráfico, ni se ha prestado a bochornosos enjuagues, como las cesiones de crédito, en perjuicio de la Hacienda Pública.

Desde los tiempos del viejo marqués de Cortina, Banesto fue extendiendo con decisión su red de sucursales por toda España. La instalación de nuevas oficinas era, en realidad, una verdadera manía en aquel presidente innovador que, además, tenía fama de experto en cuestiones de carácter tributario, hasta el punto de que corría entonces esta letrilla: «El marqués de Cortina / fue al infierno a fundar una oficina, / y al pasarle recibos de contribución / los compensó con otros por calefacción». Aquella iniciativa, entonces tan novedosa, de implantar una sucursal en cada rincón del territorio nacional y en el protectorado marroquí, fue secundada por dos hombres de excepcional talento e integridad moral, los cuales representan el punto culminante en la historia de la banca privada: Pablo Garnica y Echeverría, presidente de Banesto, y Epifanio Ridruejo Botija, su administrador delegado. Pablo Garnica y Echeverría, don Pablo, como se le sigue llamando a pesar del largo tiempo transcurrido, era abogado del Estado y había desempeñado la cartera de Hacienda en uno de los últimos gobiernos de Alfonso XIII. Cabe proponer tres ejemplos para acreditar su singular talante. Indalecio Prieto, don Inda, a la sazón ministro de Hacienda y enemigo político de don Pablo, tuvo serios inconvenientes para prorrogar el contrato de suministro de crudo con los americanos, los cuales, conscientes de las dificultades financieras que atravesaba el Gobierno republicano, le apretaban las clavijas y pretendían subir el precio del crudo en la exorbitante cifra de diez centavos por barril (hay que ver lo que cambian los tiempos). Don Inda, para no hipotecar a España políticamente, no quería en modo alguno concertar el nuevo suministro con los rusos, dispuestos a su vez a respetar el precio que se venía pagando, por lo que llamó a su viejo contrincante y le expuso la difícil situación en que se encontraba. El banquero no lo dudó un momento: cogió el talonario de cheques y entregó uno al ministro después de firmarlo en blanco, con lo que se resolvió la grave dificultad que atenazaba al Gobierno de España mediante el apoyo financiero dispensado con tanta decisión por el primer banco del país. Casi al mismo tiempo se produjeron graves problemas de liquidez en el Banco Hispano Americano, el principal competidor de Banesto entonces, que preocuparon muy seriamente al máximo rector de la entidad, Andrés Moreno, otro de los hombres míticos de la banca privada española, el cual, sin titubear un punto, acudió a su adversario para exponerle la situación. Don Pablo, ni corto ni perezoso, en vez de aprovecharse del mal momento que atravesaba su colega, decidió prestarle el más decidido apoyo, un rasgo que se extendió como la pólvora por todo el ámbito financiero español y logró salvar la situación del Hispano. Qué distintas las actitudes de aquel hombre excepcional de las que ahora se llevan en la selva inmisericorde de las finanzas. Y el tercer motivo de recordación es el de la Banca Matías Blanco Cobaleda, una prestigiosa entidad regional con sede en Salamanca. Su presidente, que daba nombre a la entidad, llegó a edad muy avanzada después de haber llevado con mano firme las riendas de la casa, pero al final, su estado presenil le hizo creer que la entidad estaba próxima a la quiebra, lo que no era cierto, por lo que un mal día, después de oír misa, volvió a su despacho, escribió una carta desgarradora, en la que hablaba de la situación desesperada de la entidad, cogió un crucifijo con una mano y una pistola con la otra y se levantó la tapa de los sesos. Los hijos acudieron también a don Pablo, y éste, que conocía mejor que ellos la situación real del banco salmantino, consciente de su solidez y su prestigio en aquella zona, ordenó personalmente a uno de sus directores, Julián Tiemblo Jara, que fuese a Salamanca y se pusiese en la ventanilla para pagar a cualquier depositante que reclamara su dinero. Lo que provocó un efecto más beneficioso que el agua de mayo, hasta el punto de que la clientela, en vez de retirar los depósitos, los incrementó en mayor medida. Lo que viene luego no lo contaremos con detalle porque supone un largo episodio de inmisericorde depredación bancaria, aunque no nos resistimos a resumirlo en dos palabras. Los herederos de don Matías, sabedores de sus limitadas capacidades para llevar el negocio, lo ofrecieron en venta a don Pablo; éste les recomendó que esperaran un tiempo prudencial para que las aguas se calmaran, sin que ello mermase las garantías dispensadas por Banesto al curso normal de las operaciones. Y un buen día volvieron a presentarse los hijos del finado ante don Pablo para decirle que el Banco Popular ofrecía una elevada cantidad por la compraventa, una suma que al presidente de Banesto le pareció exorbitante y fuera de lugar, y les manifestó que no tenían obligación moral de ninguna especie para vender su casa a quien les había salvado del naufragio, por lo que quedaban en libertad para entenderse con el Banco Popular como les pareciese oportuno. Luego el Popular, partidario acérrimo de llevarse dos de la vela y de la vela dos, hizo las cuentas con tal suerte de malabarismos que los herederos de don Matías, en vez de ser acreedores por el precio convenido, resultaron deudores del banco comprador. Recordemos que el Popular, tan admirablemente administrado por los hermanos Valls Taberner, es el fruto de un fraudulento expolio que perjudicó gravemente a muchos miles de españoles, a través de una sociedad llamada Los Previsores del Porvenir, dedicada a seguros tontinos (nunca mejor empleada la expresión), que a la hora de cumplir sus obligaciones ante los que habían ingresado mensualmente las cuotas con rigurosa puntualidad, todos ellos personas modestísimas, decidió suspender pagos dejándoles con el culo al aire. El régimen franquista no podía permitir el oprobio propagandista de que un suceso de aquella naturaleza fuera a mayores y saliera a la luz pública, por lo que se llegó a montar un burdo sistema por el que se encomendó a gentes caracterizadas del Opus Dei poner en práctica la fórmula consistente en dar dos perras gordas a los innumerables perjudicados y proceder a la transformación de la empresa en el Banco Popular de los Previsores del Porvenir, que luego, para borrar el estigma del nombre original, pasó a llamarse Banco Popular Español, la brillante y solidísima entidad que hoy es ejemplo de buena administración para propios y extraños.

Pablo Garnica y Echevarría contó en su etapa presidencial con la colaboración de otro hombre excepcional en la vida bancaria española, Epifanio Ridruejo Botija. La conjunción del talento y la visión de futuro de don Pablo y la enorme capacidad de trabajo y el impulso vital de don Epifanio llevaron a Banesto a las máximas cotas en el mercado financiero hasta ocupar el número uno, pero, además, hicieron que el banco dejara una profunda huella tanto en el medio rural como en la industrialización del país. Con lo primero, al completarse de manera decidida la extensa red de sucursales organizada por el marqués de Cortina, se pudo erradicar en buena parte la usura en el campo español, aquel terrible mal endémico que suponía la ruina para tanta gente. Y en el plano de la industrialización, ahí quedaron, como muestras significativas, Minas del Rif, la Real Compañía Asturiana de Minas, Hidrola, Minas de Almadén, Valenciana de Cementos y tantas iniciativas en otros campos, como el desarrollo de La Unión y El Fénix Español. Pero don Epifanio accedió al requerimiento del ministro Alberto Ullastres para colaborar en su famoso plan de estabilización, en el que el banquero se ocupó con notorio éxito de las reformas financieras y monetarias desde el puesto de subgobernador único del Banco de España. Terminada con brillantez su gestión pública, su regreso a Banesto coincidió con el fallecimiento de don Pablo, al que en el lecho de muerte prometió ayudar a su sucesor en la administración de la casa, lo que no pudo cumplir por el carácter particular de Garnica Mansi, que odiaba cordialmente al antiguo administrador delegado por su personalidad, su brillantez y su valía. No nos resistimos a reproducir dos anécdotas que reflejan el modo de ser de don Epifanio. Este se encontraba una mañana en Barajas esperando a su hijo del mismo nombre, Epi para los amigos, que regresaba de cursar un master en Harvard. Al salir al vestíbulo del aeropuerto, el muchacho iba junto a Salvador Dalí, y, como es natural, se apresuró con legítima satisfacción a hacer la presentación del maestro, el cual, a modo de saludo, y con su prosopopeya característica, espetó al banquero:

—Oiga, Ridruejo, tiene usted un hijo inteligentísimo. Yo no pego ojo durante los vuelos transatlánticos, y me he pasado toda la noche explicándole la concepción telúrica del universo en función de las mariposas. Su hijo ha entendido perfectamente mi teoría.

La réplica de don Epifanio, recio de complexión, con la cabeza de un romano clásico rapada al estilo Yul Briner, fue contundente:

—Oiga, Dalí, ¿sabe qué le digo?, que me toque usted los cojones.

Desde entonces se estableció una buena amistad entre los dos singulares personajes.

La otra anécdota corresponde a una comida celebrada en Jockey a la que asistió don Epifanio con dos amigos. El banquero tenía predilección por los vodka martini, así, en plural, antes de la comida, y una cumplida copa de mirabel a la hora del café. Ese día le desbordaban las ocurrencias por los cuatro costados para zaherir sin piedad a gente principal, sobre todo de Banesto, y al que pasara ante sus narices en aquel momento. Terminado el ágape, invitó a sus amigos a acompañarle a las Cortes, de las que era procurador en representación de la banca privada. Al entrar en el bar cortesano, vio que estaba perorando, según era costumbre, el profesor Jesús Fueyo, con su arrogancia y elocuencia inigualables, a lo que le ayudaba un buen vaso de whisky que sostenía en la mano. Y de improviso, el banquero retó al catedrático: «Jesús, vamos a hacer una apuesta esta tarde para ver quién de los dos ha perdido más amigos a cuenta de una frase ingeniosa». Dicho y hecho; los que recuerdan la escena dicen que fue un torneo de inteligencia, agudeza y mala leche entre los dos personajes, hasta el punto de que duró hasta tan entrada la tarde que se suspendió la sesión parlamentaria.

La muerte de don Pablo motiva la consiguiente sucesión del cargo presidencial en la persona de Jaime Gómez-Acebo, marqués de Deleitosa, también de indudable mérito: letrado del Consejo de Estado, hablaba inglés mejor que los ingleses, y su brillantez lucía como conversador excepcional, a lo que unía una concepción de la banca tan apropiado en su tiempo que consiguió dar extraordinario impulso a Banesto durante su mandato. Él fue el inspirador de una operación financiera imprevisible en aquella época, consistente en duplicar el capital social del banco, «la bomba del señor marqués», como la tituló Jaime Campmany en uno de sus artículos. Y al amparo de una nueva normativa legal, impulsó la creación de varias sociedades de cartera, las famosas «isas», de tanto provecho para el banco y sus accionistas. Ajustándose también a la legislación en la materia, Deleitosa inspiró la creación de Bandesco (el Banco de Desarrollo Económico Español), y en una rapidísima gira por medio mundo consiguió la adhesión a la idea y la participación social de los más importantes bancos europeos y americanos. Para no alargar la enunciación de sus indudables méritos, diremos, por último, que fue el artífice principal de Petróleos del Mediterráneo (Petromed), titular de la concesión de la importante refinería instalada en Castellón de la Plana, para lo que consiguió con sus buenos oficios la colaboración decidida de la Esso, la «gran hermana», que luego cambió su nombre por Exxon.

La sucesión del marqués de Deleitosa en la presidencia de Banesto supone el inicio del profundo declive de la entidad. Queda por decir que el propio Deleitosa y todos sus antecesores en el cargo fueron un ejemplo de honradez personal y de plena dedicación al banco; al morir dejaron un modesto patrimonio a sus herederos, a diferencia de los que vinieron después. Con tan ilustres personajes termina la era de austeridad en la administración bancaria propia del buen comerciante, el paradigma que siguen empleando las leyes mercantiles.

Pablo Garnica Mansi, convertido en amo y señor del banco, se toma a beneficio de inventario al nuevo presidente José María Aguirre Gonzalo, preocupado tan solo por Agromán, que le pertenecía por completo, y el Banco Guipuzcoano, del que también era presidente e importante accionista. Banesto era para Aguirre algo accesorio en su interés y complementario en su constante vanidad por acaparar cargos y privilegios. Lo que provocó que Banesto se convirtiera en el proveedor financiero de la constructora, lo que luego motivó un verdadero desastre al verse obligado el banco a hacerse cargo de la empresa, prácticamente quebrada por los constantes disparates de Aguirre. Este, al mismo tiempo, impedía a Banesto desde la presidencia, lo que se dice pronto, hacer una competencia más directa al Guipuzcoano al haber paralizado arbitrariamente en el país vasco la instalación de oficinas del banco madrileño. En suma, el gran conglomerado empresarial que suponía el grupo Banesto se convirtió en un cúmulo de reinos de taifas en el que cada uno iba por su lado y a su aire; Jaime Argüelles, sentado en la presidencia de Asturiana de Zinc y La Unión y El Fénix; José María Oriol, en Hidroeléctrica Española; Juan Herrera Fernández, en Petromed, y así una irregular y caprichosa distribución de prebendas entre los miembros del consejo. A excepción de un hombre de gran valía y recto criterio, siempre alejado de los aspectos ejecutivos: Julio Mora y Garay, un sagaz observador de aquel tinglado, acerca del cual apuntaba su consejo, siempre certero, unido a una imperceptible ironía, en un loable intento de que se hicieran las cosas lo mejor posible. Su voz, por desgracia, no fue escuchada convenientemente, como tampoco los consejos de otro hombre de indudable mérito, Federico Silva Muñoz, también marginado en la casa por su independencia de criterio, amén de Ricardo Gómez-Acebo, el nuevo marqués de Deleitosa, que conocía hasta el último rincón del banco y mantenía un trato sumamente afable con todos los empleados.

Hemos preguntado a cualificadas personas vinculadas a Banesto, especialmente antiguos directivos con responsabilidades en las áreas financiera y comercial, y el cuadro que al unísono nos pintan sobre Pablo Garnica Mansi ofrece bastantes puntos oscuros, algo que convendría aclarar alguna vez en una biografía del personaje y de los demás consejeros de la época, empeño al que no renunciamos. A aquellos reyezuelos de las taifas empresariales, Garnica les dejaba hacer en sus respectivos dominios, pero sin desaprovechar cualquier ocasión para zaherirlos de mala manera con su voz inconfundible y arrastrada de chuleta madrileño: «Estos Argüelles las matan callando, hay que tener cien ojos con ellos»; «los Oriol, son tan piadosos que se quedan con el santo y la limosna»; «vaya con Juanito Herrera, se ha creído el emir de Kuwait con eso de las comisiones», y otras mil lindezas por el estilo. Los numerosos colaboradores de Garnica Mansi con los que hemos hablado —ex directores de sucursales algunos de ellos— cuentan y no acaban de su antiguo jefe, describiéndolo como un contumaz maleducado, «un tímido en el fondo», que mandaba en Banesto como un sátrapa del peor estilo, sometiendo a una durísima presión, a veces absurda, a todos sus subordinados, «unos imbéciles» para él, mientras perdía el tiempo lastimosamente en cuestiones de detalle sin la menor importancia. Uno de nuestros interlocutores cuenta, a título de ejemplo, un incidente con Licinio de la Fuente, entonces ministro de Trabajo, que se afanaba con buen ánimo en colocar a todos los de su pueblo natal, Noez (provincia de Toledo), hasta el punto de que su departamento ministerial era conocido en aquella época como «el arca de Noez». El político mostró interés en que se prorrogara el nombramiento de un botones interino de la sucursal de Toledo, lo que, aunque parezca increíble, motivó tres días de reuniones incesantes en el despacho de Garnica Mansi con sus principales colaboradores. El enojo del banquero venía de que el ministro no le había llamado a él directamente, sino que lo había hecho a otro funcionario del banco. Si esto ocurría en la manera de llevar la dirección, nuestros confidentes, sobre todo los de carácter financiero, añaden detalles aún más relevantes en cuanto a la magnitud de los beneficios personales que deparaba el cargo al margen de las retribuciones correspondientes. Cuentan con pelos y señales las reuniones matutinas que Garnica Mansi celebraba con Julián Tiemblo Jara, hombre de su máxima confianza, en orden a cómo debía «comportarse» la Bolsa cada jornada y de qué manera había que asignar el provecho de la «actividad» bursátil; y todos señalan en concreto al emisario que acudía cada mañana al parqué para poner en práctica las instrucciones emanadas de la planta noble. Para esta gente tan piadosa (Garnica oye misa diariamente con unción) defraudar al mercado y llevarse el dinero de los inversores y de los clientes no crea especiales problemas de conciencia, sobre todo si un cura con manga ancha y no muy ducho en cuestiones financieras dispensa la absolución sin obligar al penitente a restituir lo defraudado. Cuando se produjo la opa del Banco de Bilbao, Garnica Mansi, a la sazón presidente de Banesto, no dudó en ordenar con el mayor sigilo la venta de un paquete de acciones de sociedades vinculadas a Valenciana de Cementos para que el grupo levantino tuviera mayoría, frente al propio Banesto, en las decisiones del conglomerado cementero. Lo cierto es que, al dejar la presidencia, era titular de grandes paquetes de acciones del banco —que se apresuró a vender sin contar con la nueva administración— y de otras muchas empresas, de numerosas fincas rústicas de gran extensión, lo que le ha convertido en uno de los principales terratenientes del país, y al deshacerse de su importante participación en el grupo cementero cobró la bonita cifra de diez mil millones de pesetas. A años luz, por tanto, de la honradez acrisolada de su padre, que al morir había dejado un modesto caudal relicto.

Lo más deplorable en el historial del personaje fue su falta de visión al hacerse cargo de una serie de bancos en quiebra. Incapaz de resistir las presiones del Banco de España, y secundado —más bien espoleado— por José María Aguirre, siempre complaciente con el ejecutivo (para eso era el que concedía las obras públicas), cometió el error de adquirir el Banco de Madrid, cuyos rectores mantenían una íntima relación con el entonces consejero director general José María Sáinz de Vicuña, un frívolo personaje caracterizado por su poco seso y su radical adscripción a la extrema derecha, de lo que presumía; el Banco Coca, del que su presidente, Ignacio Coca, era íntimo amigo y socio en negocios, cacerías y francachelas de Juan Herrera Fernández, y el Banco Garriga Nogués, que, en manos de Javier de la Rosa, también uña y carne de Sáinz de Vicuña, provocó un quebranto gravísimo para el Español de Crédito. El caso del joven financiero catalán merecería a su vez un extenso relato, sin duda apasionante, porque fue capaz de engañar a media España y sorberle el seso a Garnica Mansi en términos inconcebibles, para lo que se valió de los buenos oficios de su yerno Ramiro Cervera Pérez, un pintoresco y engolado petimetre perteneciente a una ínfima escala de la Armada, por lo que sus amigos le llaman con sorna «el almirante», a pesar de que él, quizá por razón del primer apellido y sus pocas luces, da en creer que la chanza es un homenaje a sus innatas condiciones, por supuesto nunca demostradas, para entrar en combate naval.

Hemos consultado la trayectoria de Garnica Mansi con Rafael Pérez Escolar, ajeno a todas estas críticas menores, como él las califica, para manifestarnos su opinión sobre aspectos de más enjundia:

«—Creo que lo verdaderamente importante del personaje en su larga etapa de gobierno en el banco fue su decidido impulso a las iniciativas de gran calado en la época del marqués de Deleitosa. Sin su intervención, hubiera sido imposible de todo punto acometer el desdoble del capital social del banco y la creación de las “isas”, e incluso la incipiente informatización de la entidad. En esto he de decir que el sistema on line lo inició Banesto mucho antes que sus competidores, y lo hizo entonces a través de una serie de centrales contables estratégicamente distribuidas por toda España. Aunque también es lástima que, a la muerte de Deleitosa, esa iniciativa tan innovadora no prosiguiera con la intensidad que requerían los nuevos tiempos, hasta el punto de que, paradójicamente, Banesto llegó a padecer luego un notorio retraso en cuanto a la necesaria informatización. Pero la gran solvencia del banco, su entramado comercial e industrial, su formidable red de sucursales e incluso su liderazgo moral en el conjunto de la banca privada española, se mantuvieron en términos muy positivos durante aquel tiempo, y ello se consiguió en gran medida por la gestión personal de Garnica Mansi. Lo peor fue que, al término de la dictadura, no supo reaccionar ante los profundos cambios que iba a traer la nueva situación política, y siguió creyendo que podía seguir en el disfrute de sus privilegios de manera ininterrumpida y sin variación alguna. Yo presenté mi dimisión en el banco el año 1974, sobre todo por la certeza de que resultaba imposible seguir prestando una colaboración, efectiva en una casa que se obstinaba en permanecer de espaldas a los nuevos tiempos, lo que cualquiera podía prever sin tener grandes dotes de adivino. Y no dudé en decirle que lo mejor que podía hacer en aquel momento era dar paso en la alta administración del banco, incluso cité el cargo de vicepresidente ejecutivo, a su hijo Pablo, Pablito, como decíamos entonces, en el que yo veía una conjunción de muchas cualidades del abuelo, el gran don Pablo, y la tenacidad del sucesor. Huelga decir que la respuesta consistió en un bufido acompañado de estas palabras: “A Pablito le queda todavía mucho tiempo para sentarse en este sillón”. Yo creo que Pablo tercero, querido y respetado por todos en la casa, hubiera sido la solución propicia al unir en su persona lo mejor del pasado y lo que necesitaba el banco para afrontar el futuro».

Otro del que la gente hace ausencias poco brillantes, por no decir deplorables, es Juan Herrera Fernández. Perteneciente a una modesta familia vinculada a la farándula y de buena figura, aunque un tanto amanerado, casó con una hija del duque de la Seu d’Urgell, lo que cambió radicalmente su vida. Sin oficio ni beneficio hasta su matrimonio, se dedicó con tesón a cortejar a su suegro y al presidente de Banesto, aunque siempre sin dar golpe o arrimar el hombro en cualquier menester de cierta enjundia, lo que le permitió acceder al consejo de administración del banco a la muerte del duque. Sus colaboradores en la alta dirección de Petromed y algún allegado familiar cuentan y no acaban de las maniobras del personaje, marqués consorte de Viesca de la Sierra. Por ejemplo, aprovecharse de la entidad petrolífera para endosar negocios personales en quiebra, como una empresa dedicada a la fabricación de furfural, un producto químico que se obtenía de los residuos de la aceituna, lo que costó a Petromed pérdidas elevadísimas. Otro dislate parecido consistió en autorizar a su amigo íntimo Camilo Mira a ofrecer a Emilio Botín, como garantía de una operación inmobiliaria en Caracas, el saldo de una cuenta secreta de Petromed en determinado paraíso fiscal de las Antillas. Y llegó al extremo de alquilar con elevadísima renta una hermosa finca, denominada El Santo, propiedad de su mujer, a la propia Petromed, para dar fiestas por todo lo alto, tanto personales como de la empresa, cuyos gastos, aunque parezca mentira, siempre corrían a cargo de la petrolera. El vaso estuvo a punto de desbordarse cuando el nepotismo del personaje hizo que el mayor de sus hijos, también llamado Juan, accediera a la vicepresidencia ejecutiva de la empresa, a pesar de sus pocas luces para el desempeño del cargo, desplazando de hecho a un hombre tan valioso y prudente como Alfonso Osorio, que había resultado decisivo para obtener la concesión petrolífera que dio origen a la sociedad. El muchacho había seguido una larga peregrinación universitaria para acabar, a trancas y barrancas, la carrera de derecho, cuya deficiencia académica suplía en Petromed con frecuentes ataques de ira, sin venir a cuento, que molestaban y ofendían profundamente a sus colaboradores más directos, quienes nos han narrado con detalle tan extrañas escenas.

Sobre estos otros incidentes Pérez Escolar también pasa por alto, considerándolos aspectos anecdóticos en los que se niega a entrar, para centrarse en algo de mayor enjundia:

—Confieso que Herrera no es santo de mi devoción, pero he de decir lo mismo que a propósito de Garnica Mansi. Cuando Herrera fue removido de la presidencia del consejo de Petromed esta empresa ofrecía una solidez indudable, lo que permitió a los nuevos administradores de Banesto vender su paquete accionarial, en condiciones muy favorables, al grupo inglés BP. Creo que lo demás son cosas sin el mayor interés que no pueden oscurecer una realidad económica de tanta significación.

Pero el club de los corsarios falló inicialmente en la estrategia del abordaje a Banesto, al igual que fallaría su intento de penetrar a las bravas en el Central. Los Albertos y su Cartera Central, con Miguel Boyer a la cabeza, se dieron de bruces con la resistencia numantina opuesta por Alfonso Escámez, un viejo zorro con más conchas que una docena de galápagos. En Banesto quisieron repetir el golpe maestro que habían asestado al Hispano al encumbrar a la presidencia a Claudio Boada, uno de los ideólogos del club. El puente, que se creía de plata, tendido a la medida de López de Letona desde la vicepresidencia de Banesto para acceder a la presidencia, no acababa de resultar tan cómodo y transitable como se preveía en los planes de Rubio y sus adláteres, a pesar de que un insospechado acontecimiento pareció en principio favorecer la ofensiva: la entrada en escena de Juan Abelló y Mario Conde, que al solicitar —exigir más bien— y obtener sendos puestos en el consejo de administración, después de haber adquirido un importante paquete de acciones del banco, cambió los tintes del conflicto. Para Mariano Rubio y los demás corsarios, Abelló y Conde podían ser la palanca para hacer saltar a las viejas familias del consejo mediante una alianza con López de Letona. Pero Pablo Garnica, que se resistía con uñas y dientes a la jubilación, vio a su vez en la joven pareja a los nuevos gladiadores que se necesitaban para el combate contra el Banco de España. Quien falló a las primeras de cambio fue López de Letona, desarbolado por la crisis desatada por la opa del Banco de Bilbao al ver que en Banesto todos se aprestaban al combate, en el que él no podía intervenir dado el triste papel de don Opas que le habían asignado en el reparto. Como mal menor, al club de los corsarios, irritado al máximo por el inesperado contratiempo, no le quedó otra solución que aceptar las cosas tal como sucedieron en espera de otra oportunidad más propicia, una oportunidad que surgió a finales de 1993, cuando en el Banco de España creyeron que había llegado la hora del definitivo desquite.

Veinte años antes, en 1973, Arturo Romaní era el jefe de estudios de la Dirección General de lo Contencioso, y Mario Conde un joven y brillante abogado del Estado que desempeñaba sus funciones en Toledo. Cuatro años más tarde, Romaní es nombrado Director General del Patrimonio, en cuyo servicio también entra Conde para colaborar a las órdenes de su amigo y compañero de cuerpo. Ambos duran poco en esos cargos al acceder Romaní a la subsecretaría de Justicia, con Fernández Ordóñez de ministro, y pasarse Conde al sector privado.

Advertirá el lector que vamos de puntillas por todos estos extremos de hecho al resultar suficientemente conocidos, aunque las leves pinceladas con que aquí se esbozan sirvan para fijar el decorado de las sucesivas escenas en que se divide el drama de Banesto. Por lo que ya sabemos hasta la saciedad que Mario Conde nació el año 1948 en la villa pontevedresa de Tuy; que cursó los estudios de Derecho en la Universidad de Deusto, en donde, además de ser un alumno sobresaliente, encontraba tiempo para los esparcimientos propios de su edad y disposición; que su carácter afable y su poder de persuasión ya le permitieron entonces alcanzar algunas metas de las que se había propuesto, y que, felizmente casado con Lourdes Arroyo, una bella e inteligente joven, dejó muy pronto la función pública para consagrarse a la empresa privada.

En 1976 Juan Ábelló Gallo tenía 34 años y dirigía la empresa farmacéutica fundada y presidida por su padre, hombre de prestigio en los ámbitos económicos y sociales. Abelló, que todavía gusta de llamarse boticario, necesitaba como agua de mayo alguien a su lado para poner orden en los servicios jurídicos y financieros de la sociedad familiar, que adolecía de múltiples deficiencias en esos y en otros aspectos. Los March le recomendaron encarecidamente a Conde, que había demostrado unas dotes profesionales nada comunes desde que obtuvo el número uno en su oposición de abogados del Estado. Los dos jóvenes congeniaron rápidamente, una vez que Abelló nombrase a Conde director general adjunto, y llegaron a consolidar una fructífera amistad, truncada luego abruptamente. Diremos de Juan Abelló que es un hombre profundamente vital, que con idéntico entusiasmo consagra su despierta inteligencia a los negocios, el coleccionismo de arte y las actividades cinegéticas. Entre sus amigotes se le conoce como «el escopetas» o «el rompesábanas», por su intensa e impenitente afición a la caza en sus diversas manifestaciones. Sabe explotar con pericia su indudable simpatía personal, aprovechando para ello las más variopintas ocasiones, como contaba su suegro, Pucho Gamazo, al describir una curiosa escena después de una cacería en la Mancha. Juan Abelló, entonces muy joven, logró cobrar un pájaro infrecuente en aquella zona, parece que un azulón, y cuando el caudillo, asistente a la cacería, abandonaba la finca en su coche, Abelló le salió al paso de improviso diciéndole con vehemencia: «¡Excelencia, excelencia!, perdone: tengo el honor de entregarle esta pieza que acabo de cobrar para que la haga presente a su señora, con mis respetos». Desde entonces aquel despierto muchacho ha recorrido un largo camino, en el que ha llegado a adquirir fincas de enorme extensión (probablemente sea el primer terrateniente de España), una magnífica colección de arte (cuya afición le depara la oportunidad de pagar con un par de cuadritos de segunda fila crecidas cuotas tributarias) y una solidísima posición entre los más adinerados de España, sobre todo después de meterse de hoz y coz en el mundo prevaricador de la telefonía móvil, un gigantesco pelotazo del que curiosamente, por lo que hace a nuestro personaje, se habla nada o muy poco en los más reputados medios de comunicación. Se dice que, a cuenta del favor contumaz de los que mandan, le caen los miles de millones por la chimenea, mientras él, con su habilidad magistral para el manejo de la escopeta, se dedica a cobrar todas las perdices de los mejores cotos y otras muchas piezas menos volanderas aunque más ligeras de cascos. Luego, a la hora de pagar los impuestos, ya se cuidará el hombre en largarle al Fisco otras dos o tres obritas menores de las que almacena para tan peculiares usos tributarios. Y con los políticos de turno, champán, mucho champán.

Conde abandona los laboratorios Abelló en 1981 para abrir con otros colegas su propio bufete. Pero regresa muy pronto a sus orígenes, ya que en 1982 le reclama su amigo Juan para negociar la venta de la empresa, lo que culmina con éxito en septiembre de 1983, al «endosar» (así lo dicen algunos con cierta sorna) la fábrica del Frenadol (cuiden ustedes de leer el prospecto) a la multinacional norteamericana Merck Sharp & Domme. Luego, algo más tarde, Conde entra a participar en el capital de Antibióticos cuando el tándem adquiere el catorce por ciento que poseía uno de los socios fundadores, el Instituto Llorente, hasta que la pareja se hizo con la gran mayoría del capital social y luego con el mando en 1985. Con la venta de Antibióticos, Abelló y Conde hicieron una operación clave en sus carreras, resueltas después para uno y otro de forma tan dispar, uno severamente condenado en términos penales por su soberbia y precipitación y otro enriquecido en magnitudes astronómicas por su indudable talento y el sospechoso favor público. La venta de Antibióticos en mayo de 1987 a la multinacional italiana Montedison por 60.000 millones de pesetas les permitió creer que podía convertirse en realidad su ambición predilecta apenas disimulada: acceder, ad pompam vel ostentationem, a la gran banca española. Esa venta dio ganancias para todos, incluso la gran tajada que se llevaron los hermanos Botín, que no sus bancos, lo que desvela el manual de conducta de dos de los hombres más ricos del mundo, y de lo que, por supuesto, no se han atrevido a decir media palabra los profundos y perspicaces periodistas de investigación. Porque esta operación de Antibióticos, consumada gracias a la habilidad jurídica de Ramiro Núñez-Villaveirán, un brillante hombre de Harvard con una cabeza privilegiada para el derecho, se ha venido contando, incomprensiblemente, en términos que tienen que ver muy poco con la realidad. Se habla siempre del pelotazo que generó un gigantesco beneficio para Conde y Abelló, lo que conviene reducir a términos más apropiados: la pareja había puesto orden en la empresa, ampliado considerablemente su cifra de ventas y aumentado, también de manera notable, los beneficios. Además, ellos dos no fueron los únicos perceptores del precio de venta, ya que a la chita callando también se llevó un buen pellizco Enrique Quiralte, cuñado de Juan Abelló, con un 7% de la sociedad, lo que le supuso la friolera de 4.000 millones de beneficio. Y, sobre todo, se silencia sistemáticamente el enorme enriquecimiento de Emilio y Jaime Botín, sobre lo cual conviene decir dos palabras. La compra de las acciones de Antibióticos se hizo, fundamentalmente, gracias a la iniciativa y la gestión de Abelló y Conde, lo que requería la financiación consiguiente, para lo cual acudieron al grupo Santander/Bankinter, que accedió a ello mediante operaciones muy seguras para dichas entidades puesto que se pignoraban las acciones de Antibióticos que se iban adquiriendo y, además, los dos socios firmaban las pólizas como garantes solidarios. Huelga decir que, a su vez, los hermanos Botín no pusieron su firma ni un solo duro para entrar en el negocio, en el que, a pesar de tan fantasmal aportación, se les reconoció el 23,4% del precio de venta que se obtuviera. Si el grupo Santander ponía el dinero y corría en estas operaciones un riesgo relativo, pero un riesgo al fin, lo lógico es que cualquier beneficio hubiese ido a parar a las entidades acreedoras: no fue así, ya que los bancos se limitaron a cobrar las comisiones y los intereses ordinarios en este tipo de operaciones, mientras que sus máximos rectores, Emilio y Jaime Botín, se embolsaban personalmente, sin haber corrido el menor riesgo, la friolera de 16.000 millones de pesetas. Señores lectores: aprendan ustedes a hacer negocios siguiendo las pautas de tan ilustres proceres, los cuales, por supuesto, no dijeron ni media palabra de tan ventajosa operación milmillonaria a sus comisiones ejecutivas, a sus consejos de administración o a sus juntas de accionistas. Dicen que de los dos hermanos, Jaime Botín acostumbra a disipar los efluvios nocivos que emanan de tan singulares operaciones sumiéndose en la doctrina hegeliana, aunque la interpreta de manera tan original que suscita la sorpresa de quienes verdaderamente conocen la filosofía germánica. ¿De veras ha muerto el Arte? Jaime Botín, el singular seguidor de Hegel, da por supuesto que desde luego no ha muerto el arte de quedarse con el dinero.

Y si se vendió la empresa Antibióticos al grupo Montedison lo cierto es que se hizo en condiciones objetivas que hoy parecen incluso harto prudentes: el precio equivalía a un «per» de 14 en proporción a los beneficios, y fijémonos que, por ejemplo, Sogecable se ha colocado en el mercado bursátil a un «per» de 120, después de registrar pérdidas durante cuatro ejercicios consecutivos desde su constitución y deber un dineral que no figura en el pasivo. No hay duda alguna de que Jesús Polanco es el más hábil rematador de cabeza que registra la fascinante historia de las finanzas españolas, tan propicias a la impunidad de los poderosos en activo de los Pirineos para abajo. Porque Antibióticos era una verdadera empresa, mientras que Sogecable es, si acaso, un ente de ficción.

Después de su afortunada aventura antibiótica, los dos amigos empezaron a plantearse la posibilidad de invertir lo ganado en la adquisición de acciones de Banesto, con el fin de ocupar sendos puestos en su consejo de administración, lo que consiguen con más facilidad de lo esperado al recaer el beneplácito formal de las viejas familias, sin saber lo que se les venía encima. No obstante, desde ese mismo momento, comienzan a surgir entre Abelló y Conde sus primigenias disparidades: uno y otro tienen caracteres muy distintos y provienen de mundos aún más dispares.

El Banco de Bilbao —como ya hemos recordado— presentó una opa hostil sobre Banesto, llamada a fracasar estrepitosamente, y durante el enconado conflicto el consejo de administración convirtió a Conde en el presidente más joven de la banca española para enfrentarse a las maniobras del Banco de España, que propiciaba descaradamente el envite de los vascos. Lo que supuso la revolución posterior en el consejo de Banesto con la salida de dos históricos: Pablo Garnica y Jaime Argüelles. El 30 de noviembre de 1987, ya instalados los dos socios en sendas vicepresidencias, incorporan como consejero a Arturo Romaní, y algo más tarde, a Enrique Lasarte. E hicieron lo propio con Juan Belloso, encomendándole el área comercial y financiera, una desacertada elección inspirada en el precedente histórico del nombramiento de Epifanio Ridruejo por Pablo Garnica y Echevarría, sin tener en cuenta que el talento del Ridruejo liberal estaba a años luz del Belloso socialista, un buen cajero sin la menor preparación cultural y con profundos complejos de inferioridad que se obstinaba en disimular vanamente.

En junio de 1988 Banesto y el Central aprueban las bases para su fusión, aunque el intento se frustra, después de las rocambolescas vicisitudes a cargo de un selecto plantel de los bergantes más reputados del Reino: Sarasola, los Albertos, Navalón, Aristóbulo de Juan, Javier de la Rosa, Matías Cortés, Miguel Boyer y una larga caterva de asendereados secuaces. En febrero del año siguiente Mario Conde y Juan Abelló rompen sus relaciones, lo que culmina con la salida del segundo del consejo del banco y la venta de sus acciones a muy alto precio. En abril de ese mismo año se aprueba la creación de la Corporación Industrial y Financiera de Banesto, integrada por 120 empresas, y en septiembre del 90 el banco, con el gallego a la cabeza, consigue la máxima calificación en el rating de Moody’s. No fue hasta noviembre de 1991 cuando Mario Conde entró en el complejo mundo de las comunicaciones al comprar el diez por ciento de Antena 3 Televisión por 2.000 millones de pesetas, lo que hoy vale cincuenta veces más.

Después de tantos éxitos consecutivos, Mario Conde gozaba, dentro y fuera del país, de más popularidad que Felipe González; era el ejemplo a seguir para los jóvenes de entonces como un personaje prestigioso, valiente, ganador. Su apuesta imagen, con la cabeza engominada y sus trajes italianos, hizo aumentar la venta de las publicaciones económicas y hasta de la prensa del corazón. Pero, junto a estos datos que subrayaban el éxito del financiero recién estrenado, sus enemigos empezaban a señalar una lista de puntos negros en su biografía, el repertorio, luego considerablemente desmesurado, que conformaba lo que podríamos llamar el «lado oscuro» del personaje.

En junio de 1985 detectives a sueldo habían espiado al ejecutivo de Antibióticos José Pérez Orive, tras dimitir de su cargo en la sociedad, y en 1987, cuando se firma la afamada venta de la empresa, los socialistas italianos atienden con solicitud a sus correligionarios de otros países. En junio de 1990 Mario Conde se entrevista con Felipe González en la Moncloa y consigue exenciones fiscales por 27.400 millones en la revalorización de activos de la nueva Corporación Industrial y Financiera, cuya sociedad reembolsó a Banesto unos 9.000 millones de pesetas por gestiones y conceptos de contornos un tanto imprecisos.

En febrero de 1991 el entonces presidente de la ONCE, Miguel Durán, de acuerdo con Mario Conde, entrega de mala manera el periódico El Independiente a Jacques Hachuel, socio del presidente de Banesto, cuyo banco presta a la organización de los invidentes y minusválidos 5.000 millones de pesetas. En ese mismo año el Gobierno autoriza a Banesto la compra de Antena 3 Televisión para neutralizar a los profesionales especialmente críticos que colaboraban en la emisora.

Se descubre un micrófono en el coche de la ministra Rosa Conde, la simpática disléxica empeñada a todo trance y con denodado esfuerzo en hacer de portavoz gubernamental, hallazgo que se produce una semana después del reconocimiento del vehículo por Veblinsa, empresa ligada a Banesto y en la que trabajaban agentes del Mossad.

En febrero de 1992 estalla el escándalo Ibercorp, tras la filtración de un dossier, cuya elaboración se atribuye a gentes próximas a Conde, para impedir la insistencia del gobernador del Banco de España en su acoso a Banesto.

Otra circunstancia, no explicada suficientemente, trataba de las relaciones entre Mario Conde y la masonería, con la que llegó a exponer públicamente su vinculación. La carga negativa que esta organización secreta lleva implícita en nuestro país no beneficiaba en nada al presidente de Banesto ni al propio banco, aunque se llegó a comentar, no sabemos si con verdadero fundamento, que fueron los apoyos masónicos de carácter internacional los que le dieron el necesario impulso en el mercado financiero norteamericano, en especial el lobby bancario de Nueva York, y más en concreto JP Morgan, que decidió entrar en la financiación de Banesto para suscribir una buena parte de la macroampliación de capital, algo impensable en España por lo inaccesible que resultaba entonces el santuario de las finanzas mundiales.

El interrogante más señalado ya gravitaba entonces sobre la fortuna que Conde podía haber amasado a partir de la operación de Antibióticos. Es obvio que invirtió con dinero propio 7.000 millones de pesetas en acciones de Banesto, y otros 7.000 millones mediante un préstamo otorgado por el Hispano, y que tras la intervención perdió lo uno y lo otro. Según el informe que, sin suficiente basamento probatorio, realizaron los peritos del Banco de España durante el proceso del «caso Banesto», Conde era propietario de tres sociedades suizas, Kaneko, Asni y Jamuna, que supuestamente utilizó para transferir fondos procedentes del banco. Hay quien calcula, sin aducir pruebas al respecto, que su fortuna supera los 30.000 millones de pesetas. La Salceda y Los Carrizos, las extensas fincas en la actualidad confiscadas judicialmente al ex banquero, son objeto de su predilección.

En las numerosas publicaciones que han aparecido sobre Mario Conde se le suele describir como un tipo inteligente, vanidoso, intrigante, implacable, un outsider salido de la nada y que tuvo mucho más poder del que ni él mismo pudo imaginar siquiera, aunque sea hombre de imaginación despierta, pero al que perdió su extemporánea ambición política. En el corto camino recorrido, dejó innúmeros cadáveres, algunos sin enterrar todavía, y se ha fraguado de manera increíble, dada su despierta cabeza, enemigos sin cuento. Según comentan en alta voz sus contrincantes, aglutinados en diversos círculos, «ahora Conde no interesa a nadie, está aislado, arruinado y solo». Ante un juicio crítico tan rotundo, no puede colegirse si en su caso resulta atinada la máxima del clásico: «Quien medita la venganza, cura sus heridas». Pero, reconozcámoslo —y conste que sentimos hacerlo—, el hombre, a la hora de la verdad, ha demostrado tener poco fuelle.

2

HACIENDO AMIGOS

«Si quieres valer algo, osa audazmente acometer alguna cosa que merezca destierro o cárcel»

(JUVENAL)

Más dura será la caída. Todo aquel que súbitamente asciende al paraíso de los poderosos corre el riesgo de sufrir de improviso cualquier tropezón y romperse la crisma contra el duro suelo. Mientras los ciudadanos de a pie acusan el golpe con menor estrépito, porque suelen caer desde apenas dos palmos, los inquilinos del Elíseo ni siquiera pueden entonar el adiós a la vida al precipitarse desde las nubes. Mario Conde, el elegante sujeto que presidía Banesto a su imagen y semejanza, cubrió una fulgurante carrera con la impertinencia de quien llega a la cúspide del poder sin obtener la venia de los ya instalados. Con el indefectible determinismo de los acontecimientos que le llevaron un día a sentarse en el sillón presidencial más prestigioso, otros sucesos de signo contrario le hicieron despeñarse en el insondable abismo.

Entre los verdaderamente poderosos, bajo el engañoso manto de la educación y las buenas maneras, rige con ferocidad implacable la ley del más fuerte. La razón de la fuerza, en este caso la fuerza omnipotente del dinero, se impone una vez más, con rutinaria tozudez, a la fuerza de la razón. Aplicar esa energía nuclear de forma inmisericorde sirve para medir el grado del poder que puede ejercerse en cada caso. Mario Conde, y el glamour que desprendía su personalidad, llegó a inquietar seriamente a los más encumbrados, dispuestos invariablemente a hacer su santísima voluntad en cualquier caso. Un recién llegado sin pedigrí, con aspiraciones indisimuladas de tomar para sí la parcela más fecunda del más codiciado territorio, difícilmente podría sortear los peligros que, sin saberlo, se abrían a sus pies.

La obstinación de Conde por acceder a los cielos del Poder, sin pedir permiso a quienes se creen legitimados por derecho divino para concederlo o denegarlo, le hizo especialmente vulnerable, sobre todo al no poner límites a su ambición y no suavizar externamente las formas y maneras que se requieren para su puesta en práctica. A pesar de su innata brillantez y su despierta inteligencia, o quizá por ello mismo, fue incapaz de entender que no hay nada más frágil y deleznable en el solar ibérico que cualquier entidad financiera, incluso la de mayor prestigio, cuando el Banco de España, un instrumento esencial al servicio de los poderosos, se decide a catapultar de un plumazo y mandar a tomar viento a quien se le antoje. El abuso de la fuerza quedará consagrado por razones de Estado. El talón de Aquiles del de Tuy, sumido en el magma incoherente y en constante crecimiento de su desbordante apetito político, estaba en las lindes, cada vez más imprecisas, entre la presidencia de Banesto y unas aspiraciones públicas desmesuradas, o cuando menos extemporáneas. Muy fácil le resultó al Banco de España, fiel ejecutor de la política felipista, apretar el botón que activa el dispositivo para llevar al más pintado al ostracismo o a la cárcel.

EL PODER DE LA OPINIÓN PUBLICADA

«No digamos mentiras: mentir no conviene más que a los comerciantes»

(SHAKESPEARE)

Cuando Felipe González, en los últimos años de gobierno, quiso denunciar el colaboracionismo de los medios de comunicación, empeñados, según decía sin el menor recato, en una campaña de acoso y derribo contra su persona y su partido, sacó de la chistera un calificativo que define como pocos la influencia que la prensa escrita, los micrófonos radiofónicos y las cámaras de televisión ejercen en los difíciles equilibrios del poder. El sevillano convirtió en un recurso habitual de su discurso la referencia a la opinión publicada, expresión que venía a insinuar la influencia nociva desplegada por los medios de comunicación hasta más allá de sus límites naturales en el juego democrático, debido especialmente a sus prácticas manipuladoras al servicio de oscuros intereses económicos y políticos. Ejemplos de esta cohabitación entre el periodismo y quienes manejan los hilos del poder se encuentran a docenas. Sin salimos del período que abarca nuestro trabajo, no hay duda de que la acción desplegada desde algunos medios ha jugado un papel, más detonante incluso que el de la propia oposición política, en la derrota electoral del PSOE en 1996.

No le faltaba razón a Felipe González al lamentarse del modo de actuar en que habían caído algunos medios durante los últimos años. Pero el prohombre perdía el oremus al olvidar que él mismo, como gobernante sin mayores escrúpulos, había estimulado sin contemplaciones la manipulación informativa más descarada para proteger intereses personales y partidistas; y no sólo lo hizo mediante la radio y la televisión públicas, más fácilmente a su alcance y antojo, sino sirviéndose de empresas de carácter privado en las que siempre encontraba aliados decisivos para sus propósitos hegemónicos en la escena política. El amancebamiento —más que maridaje— entre el PSOE y el grupo Prisa es público y notorio. Cuando uno hablaba de política limpia y democracia sin excepciones mientras favorecía al otro, éste defendía la libertad de expresión en beneficio exclusivo de su valedor. Todos, en definitiva, medraban con el contubernio. El grupo editorial, convertido en el departamento de prensa y propaganda de los socialistas, vendía las virtudes de su partido para elevar el censo de votantes adoctrinados; la formación política, a su vez, cuidaba de engordar las múltiples y variadísimas cuentas de resultados del grupo amigo. Ha sido de tal grado la conexión de intereses mutuos, que hemos asistido en la práctica a una verdadera fusión en sentido societario. Los presupuestos generales del Estado y las competencias del ejecutivo —se decía el amo de Prisa— son un bocado tan gigantesco y fecundo que todo vale para complacer al aliado socialista.

Influir, y de qué manera, en los medios de comunicación lo hicieron Felipe González y el PSOE, y lo está haciendo ahora el Partido Popular, que parece seguir el camino de sus predecesores, igual que Jordi Pujol en Cataluña durante veinte años. ¿Qué persona física o jurídica que maneje una porción mayor o menor del pastel del poder, ya sea político o financiero o de cualquier otra clase, se ha resistido a la tentación de meter sus narices —y a veces su mano— en los medios de comunicación? El paisaje mediático, después de la inevitable respuesta, ofrece un tristísimo aspecto en el que la supuesta independencia del cuarto poder parece una quimera. Y así, tratando de influir espúreamente en los medios de comunicación, se ha llegado al nivel letal de la sobredosis.

Nos tememos que este abuso de los instrumentos mediáticos, tal como andan las cosas, seguirá acrecentándose en tiempos próximos cuando los flujos de información circulen a una velocidad endiablada mediante los inputs digitales y empequeñezcan el planeta a golpe de satélite. En un mundo que estrena una nueva era, en el que la información lo inunda todo a través de pantallas de televisión, ordenadores o artilugios telefónicos de variedad infinita, quienes controlen los holdings de la comunicación, cada día más poderosos, serán los que, entre las bambalinas del gran teatro mediático, manejen sin pudor y sin límites los hilos de las marionetas legislativas, ejecutivas y judiciales en «eso que llamamos Estado de Derecho».

Conjeturas de este calado debió formularse Mario Conde a principios del año 1992 cuando empezó a maquinar un plan, no sabemos si bien tramado, para entrar en el mundo mediático. En aquellos momentos el presidente de Banesto se hallaba en el cénit de su meteórica carrera. Aparecía a los ojos de la sociedad española como el presidente más joven de la entidad bancaria de mayor prestigio, había protagonizado la más fulgurante ascensión hacía la cumbre de las finanzas, era el hombre de moda, alabado y adulado en amplios sectores de la clase política, los poderes económicos, la beautiful people e incluso —no sabemos bien por qué— el mundo de la cultura. Pero como la procesión va por dentro, como suele decirse, Conde observaba todo esto con una mezcla de complacencia y engreimiento, paliada por cierta dosis de cautela y escepticismo. Lo logrado hasta entonces era sólo una parte de lo que abarcaba su instinto de conquista. Para Conde, la presidencia de Banesto no suponía un fin en sí mismo sino el punto de arranque para alcanzar fines definitivos, el trampolín perfecto que iba a permitirle dar rienda suelta a sus ansias de llegar a las máximas cotas de poder político e influencia social. Cada vez más decidido a dar el salto a la arena pública, Conde creía que todos estos propósitos necesitaban un paso previo, el pago de un peaje inevitable, sin el cual el tránsito por el tortuoso laberinto de la política le iba a resultar harto difícil por mucho Banesto que controlara. El plan pasaba por dejar caer su indudable peso específico en el mundo de los medios de comunicación. Por otro lado, Conde tampoco debía ser ajeno a la idea de participar en las grandes perspectivas de negocio que ya ofrecía entonces el panorama audiovisual, ante la profunda revolución, hace apenas diez años, que se presentía y comenzaba a perfilarse en los mercados. Debió vaticinar, a buen seguro, que los titulares del poder en la España de los noventa ya no serían los banqueros, como en la década anterior, sino los que controlasen el pastel de las comunicaciones. Por eso mismo era menester acudir cuanto antes a reclamar «su» porción de la suculenta tarta antes de que terminara el reparto y quedaran solamente las migajas. Por tales motivos, la entrada en el negocio mediático exigía ir a por todas. Le interesaba, por un lado, la prensa escrita, el refugio del periodismo tradicional, el medio que, a pesar del cambiante paisaje de la información, sigue siendo elemento esencial de referencia como foro de ideas y debate, y Conde necesitaba un órgano de tal naturaleza como lanzadera inexcusable para sus indisimuladas ambiciones, Pero, de otro lado, no podía olvidar la radio ni la televisión, que en aquel momento, en los albores de los canales privados, ya insinuaban el gran negocio que iban a representar en un futuro próximo.

Cierto es que el presidente de Banesto penetraba en un mundo prácticamente desconocido para él, una difícil arena de combate dominada por viejos perros, con la poderosa dentadura bien afilada, y por vividores de toda laya, cómodamente asentados en los medios, todos dispuestos a no ponerle fáciles las cosas. Pero él no mostró la menor turbación para entrar en la contienda: al fin, apenas cinco años antes, cuando aterrizó por sorpresa en la cúpula del Español de Crédito para asombro de los dueños y señores tradicionales de la banca, se convirtió de golpe y porrazo en el gran protagonista de la fiesta de las finanzas sin conocer apenas las reglas más elementales del protocolo. Así, pues, ¿por qué iba a refrenar lo que le dictaban sus impulsos, entrar a las bravas en algo tan apasionante y promisorio? El Mario Conde de principios de los noventa estaba convencido de que nada ni nadie podían detenerle en su carrera del cero al infinito, algo así como los mil años del tercer Reich.

«El gominas», como se le llamaba, echó una ojeada al mapa de la prensa española y dibujó su particular estrategia. Si quería tener un periódico importante bajo su control, para avivar su influencia política y social, lo tenía más que difícil en la Villa y Corte. La prensa madrileña se bipolarizaba entre los adheridos inquebrantablemente a los socialistas, es decir, el grupo Prisa, con El País a la cabeza, y todos los demás, es decir, ABC y el recién nacido El Mundo, creado y dirigido por Pedro J. Ramírez, con su obsesión por echar del poder a los que a su vez le habían echado de Diario 16, desde entonces en franca decadencia. A Conde, en realidad, no le interesaba ni una cosa ni la otra, y todavía menos el clima exaltado de tensión informativa que se respiraba en el panorama periodístico madrileño, así en la prensa escrita como en la radiofónica, que por cierto experimentaba con éxito creciente la modalidad de la tertulia («el género chico» de los medios, como decían los chuscos), un instrumento ideal para practicar el arte, viejo como el tiempo, de echar leña al fuego sin quemarse en la hoguera.

El presidente de Banesto pensó que no era muy recomendable presentarse de improviso en mitad de tan sangriento campo de batalla sin conocer apenas el manual de instrucciones sobre el manejo de las armas, por lo que debía buscar una fórmula más discreta que le permitiera entrar con el menor estruendo posible en la casa común. Por lo que fijó sus ojos en la prensa barcelonesa. La ciudad condal ofrecía un panorama periodístico que, sin ser idílico, se iluminaba con luces menos violentas que el de Madrid. Las dos grandes cabeceras que dominaban el mercado, La Vanguardia y El Periódico, se mantenían a cierta distancia de la crispación reinante en la capital de España. El caso de El Periódico, tanto por la línea editorial impuesta por su director, Antonio Franco, como por la política empresarial de su editor, Antonio Asensio, hombre de negocios por encima de todo, era el de un diario próximo a los socialistas pero a prudente distancia; su adhesión, a diferencia de Polanco, no era incondicional sino practicada longa manu, e incluso con dengues omnicomprensivos y algún que otro guiño a estribor.

Más curioso era el caso de La Vanguardia. El tradicional rotativo barcelonés (el más antiguo de los que ven la luz diariamente en España, el vehículo de expresión de la burguesía catalana por antonomasia) venía manteniendo una actitud nada incómoda para el Gobierno socialista por obra y gracia de su director, Juan Tapia, próximo al PSOE. No se sabe si en ello tenía algo que ver la personalidad, difícilmente clasificable, de Javier de Godó (el último eslabón de la cadena a la que se halla uncido el diario desde su fundación, allá por el año 1881), que se había hecho cargo de la presidencia del rotativo a finales de 1989, tras la muerte de su padre. Acaso se trataba sin más de respetar la tendencia natural de La Vanguardia, mantenida durante sus cien años largos de historia, consistente en tomar invariablemente una prudente actitud de comprensión hacia el poder, según su particular naturaleza, en cada momento histórico. Una tendencia al oficialismo más o menos soterrado que le ha permitido salir a la calle, ininterrumpidamente, durante tan largo tiempo, bajo todos los regímenes políticos habidos y por haber.

De otra parte, el rotativo seguía siendo un negocio básicamente familiar, como lo había sido desde su fundación, aunque el bueno de don Javier, ajustándose al signo de los tiempos, pretendía entrar en los promisorios negocios del mercado audiovisual, si bien la situación financiera del diario, por encima de los crecidos dispendios de sus dueños, no daba para grandes aventuras. Además de que Godó, una y mil veces, había afirmado, con la solemnidad requerida en estos casos, que nunca vendería La Vanguardia a terceros, por lo que el periódico «jamás, jamás, jamás» abandonaría su carácter familiar. Dadas las circunstancias, el aristócrata catalán era reticente, con toda la razón del mundo puesto que el miedo guarda la viña, a aliarse con cualquiera de las grandes empresas madrileñas de la comunicación por si acababa perdiendo el control de su propia casa.

Así, pues, los dos condes, el apellidado de tal suerte y el del título nobiliario, apenas tuvieron que buscarse de propósito para entrar en tratos porque ambos se encontraron en conversaciones casi sin quererlo. Sus intereses colindaban (convergían, dirá algún académico venido del periodismo), y de este modo fue el aristócrata del jamás de los jamases quien le abrió una puerta al banquero, y que éste, por supuesto, no dudó en franquear de inmediato con su habitual desenvoltura. El acuerdo entre ambos se fraguó en una reunión que tuvo lugar en La Salceda, la finca manchega del presidente de Banesto, a principios de 1992. De aquel encuentro fueron testigos Manuel Martín Ferrand, entonces director de Antena 3 de Radio y Televisión, Manuel Jiménez de Parga, abogado de Godó, y Arturo Romaní, la mano derecha de Conde. Ambas partes se comprometieron a unir sus fuerzas para crear un grupo de comunicación que, además de La Vanguardia, entraría en Antena 3. El trato no pudo resultar más propicio para Conde: de una sola tacada había conseguido meter baza en uno de los grandes periódicos españoles de referencia, en una emisora de radio que se disputaba con la cadena Ser el liderazgo de la audiencia, y en el incipiente negocio de la televisión privada. Para empezar, sólo para empezar, el apaño no estaba nada mal para Alcalá 14.

La convergencia entre uno y otro conde llenó de preocupación, cuando no de estupor, a los recintos más influyentes. Desde la calle Ferraz hasta la de Génova, en las sedes del Santander y el BBV, el Congreso de los Diputados, la Bolsa y en todas las catacumbas con cualificación para la toma de decisiones, en las que cualquier movimiento del presidente de Banesto se miraba con lupa y era fuente de comentarios hermenéuticos más o menos atinados, y en los que se mezclaban la cautela, el recelo y la envidia, la entente condal, adoptada tan de improviso por los dos extraños personajes, cayó como una bomba. En dos puntos concretos el paso que había dado Mario Conde dispararía las alarmas con mayor fuerza. Uno era la sede de la vicepresidencia del Gobierno, ocupada entonces por Narcís Serra, el pianista, que tenía entre sus funciones de hecho la de «informador privilegiado» de cualquier movimiento que pudiera afectar o poner en peligro la bien engrasada maquinaria mediática, tanto oficial como oficiosa, de su partido. Y no había duda de que para Serra, con ese nuevo salto sin pértiga, Conde ponía al descubierto muchas de las cartas sobre sus ambiciosos planes, por lo que de repente dejaba de ser el banquero de moda para convertirse en una seria amenaza para la oligarquía política en general y para el PSOE en particular, sí, muy en particular para el PSOE, que disfrutaba a sus anchas del poder, incluidas «filesas» y otras gabelas de mucha más enjundia. El Gobierno podía consentir que le combatieran sus conocidos enemigos de papel cartón empeñados en una batalla, más bien incruenta, que venían manteniendo hasta entonces sin mayores contratiempos. Pero Conde no pertenecía al ejército regular, era un francotirador sumamente peligroso e imprevisible, que iba a su aire con una resonancia pública cada vez más extensa e intensa en las encuestas y los sondeos de opinión: si llegaba a entrar con verdadera fuerza en el mundo mediático —pensó Serra— resultaría muy difícil pararle los pies al caballerete.

El segundo lugar en el que se marcó con una cruz de mal agüero el nombre de Mario Conde, al día siguiente de su acuerdo con Javier de Godó, fue en la sede de la Fundación Santillana, el despacho del todopoderoso presidente de Prisa. La situación creada por el pacto entre ambos condes no dejó de resultar paradójica en este punto porque Jesús Polanco pasaba por ser un excelente amigo del banquero: ambos compartían íntimas veladas en sus respectivas propiedades rústicas y hoteleras y disfrutaban al alimón de placenteros cruceros veraniegos por las aguas, entonces tranquilas, del Mare Nostrum; Polanco, desde las páginas de sus publicaciones y las ondas de sus emisoras, se había convertido en el principal valedor de la meritoria carrera de Conde, y había contribuido decisivamente a proyectar su imagen de hombre carismático invariablemente aliado con el triunfo. En un conocido figón de Valdemorillo, tierra de toros y aceptable gastronomía, todavía luce una foto en que Polanco y Conde, abrazados, se dejan ver en público con aire risueño, fraterno más que amistoso. Pero tan idílico estado de cosas daba un giro copernicano ante la decisión del banquero de meterse en el terreno donde el editor, por derecho divino, marcaba su propia ley con exclusividad dictatorial; él ya había definido con su meada el territorio, como suelen hacer las fieras en la selva. Lo que más le exasperó a Polanco fue que Conde, sin ninguna experiencia en los negocios periodísticos y sin pedirle la venia, hubiese conseguido algo que él había intentado infructuosamente en tantas ocasiones: entrar en La Vanguardia por la puerta grande. Dicen que Polanco se había dirigido a Godó pidiéndole precio por su periódico; el catalán, con desparpajo, le soltó que no había ningún problema, y por supuesto podía comprar La Vanguardia en el momento que quisiera, sólo tenía que ir a cualquier quiosco y soltar cien pesetas.

Lo más curioso es que Polanco (el marqués de la Prisa, como le llaman en su propia redacción; al fin, a Barrié de la Maza le nombró Franco conde de Fenosa), no tuvo siquiera que recabar el informe de sus asesores para que le desvelaran los entresijos del acuerdo entre Conde y Godó. Fue el propio banquero, al día siguiente del pacto, quien, presuroso, relató al hombre de El País, con pelos y señales, los términos y las consecuencias de la operación; Mario Conde esperaba una calurosa felicitación de su amigo por tan espectacular golpe de mano, lo que el editor no tuvo más remedio que hacer con la mayor frialdad, al mismo tiempo que exteriorizaba su preocupación por aquella intromisión tan súbita en un terreno celosamente guardado hasta entonces. El presidente de Prisa entendía, y no le faltaba razón, que las cosas iban a rodar mejor si cada uno se dedicaba a lo suyo, zapatero a tus zapatos. Desde luego, en trance de elegir un competidor, hubiera pensado en cualquiera menos en tan peligroso e imprevisible personaje. Las nuevas circunstancias, derivadas de la entrada del banquero en La Vanguardia, le convertían en un serio competidor al ser capaz de conformar el embrión de una «Prisa» particular mediante un influyente periódico, una cadena de emisoras de radio más influyente aún y un canal privado de televisión. ¿Hay quien dé más por tan poco dinero? Porque esto era lo peor: las cuatro perras que Conde había soltado —más bien había comprometido— para llevar a cabo su estrategia mediática. Si en aquel momento Conde y Polanco no se declararon abiertamente la guerra fue porque llegaron a una suerte de armisticio bajo el ropaje más evanescente. La solución pasaba porque Conde se comprometía a no ir más allá en sus pretensiones de entrar en La Vanguardia, no mover ficha de momento y esperar tiempos mejores con su participación —concebida, pero todavía no nacida— del diez por ciento en la sociedad que iba a crear con Godó. Y si en un futuro próximo el catalán decidía vender su parte restante de La Vanguardia para que la comprase el banquero, los dos amigos (desde entonces amigos pero algo menos) se comprometían a asociarse y crear un macrogrupo mediático, cuyo dominio sobre el panorama periodístico y audiovisual iba a ser prácticamente absoluto bajo la dirección de Prisa y el potencial económico de Banesto.

Esta paz, tan singular por relativa y un tanto abstracta, una paz más bien precaria que perpetua, construida cual ingenioso castillo de naipes por ambos prohombres, estaba llamada a remansar transitoriamente las aguas mediáticas que Conde había agitado de improviso con violencia, lo que llevaría el sosiego a la clase política ante la fulminante escalada del gallego. Por esta razón, Polanco era partidario de informar inmediatamente al Gobierno del contenido de lo pactado, e incluso él mismo estuvo a punto de comunicárselo a Felipe González, pero Conde no lo veía tan claro e inminente aduciendo, a su vez, que el socialista no tenía pito que tocar en el concierto, cuya interpretación debía correr a cargo de empresarios privados sin militancia partidista.

Unos días más tarde, el 12 de febrero del 92, Mario Conde acude al palacio de la Moncloa, concretamente a las dependencias que ocupaba el vicepresidente Narcís Serra, que le había invitado a almorzar. Aunque sin una agenda concreta, a Conde le daba en la nariz que su acuerdo con Godó iba a saltar en cualquier momento, no sabía bien si en el aperitivo o a los postres. Horas antes, y en una maratoniana reunión, Jesús Polanco y Matías Cortés, experto en sacar la hijuela a cualquier bicho viviente en términos sobrecogedores, han convencido al banquero, no sin reticencias por su parte, de que informe puntualmente al vicepresidente del acuerdo subterráneo entre ellos. Hubo que esperar hasta el café, pero Mario Conde no tuvo que contarle a Serra lo de su pacto con Polanco, ya que el socialista, fiel cumplidor de su misión de estar bien informado de cuanto sucedía en Celtiberia, ya estaba al corriente de todo lo convenido entre ambos. Serra asegura a Conde que desde el poder político se le va apoyar, siempre y cuando no intente hacer la guerra por su cuenta, y le recomienda mantenerle informado de sus negocios e iniciativas mediáticas. Lo que Conde se niega a aceptar, motivo por el cual el encuentro con el vicepresidente lo perdió a los puntos el banquero, que abandonó la estancia con la sensación de que, a partir de entonces, sus relaciones con el Gobierno ya no iban a ser tan buenas como hasta entonces.

Sus sospechas se confirmaron aquella misma noche durante la cena, que tuvo lugar en la sede de Banesto, con la que Mario Conde agasajó a Javier de Godó para celebrar la alianza. En los días previos, el dueño de La Vanguardia había recibido fuertes presiones por parte del Gobierno, tanto a través del director del rotativo, Juan Tapia, como de la ministra portavoz, Rosa Conde, advirtiéndole de que sus devaneos empresariales con el banquero podían ser una bomba de relojería que hiciera saltar por los aires, en el momento menos pensado, un negocio familiar centenario; incluso se le filtró la información del contubernio, a espaldas suyas, entre Conde y Polanco para acabar con la parte que Godó mantenía en el negocio. El interesado, hombre inseguro y nervioso donde los haya, no ve claros esos acuerdos subyacentes, y así lo manifiesta al banquero, que hubo de hacer grandes esfuerzos para convencerle de que sus conversaciones con Polanco se habían movido exclusivamente en el terreno de la hipótesis, y lo que de verdad contaba era lo acordado días antes en La Salceda, pactos que ambas partes debían respetar en todos sus términos y en todo momento.

Unos días más tarde, tras intensísimas negociaciones y constantes rumores de inminente ruptura, Banesto y Godó corroboraron su acuerdo ante notario. A modo de celebración, el propietario de La Vanguardia invitó a Mario Conde, su nuevo socio, al famoso torneo de tenis que lleva su nombre, a modo de presentación en sociedad del banquero ante lo más granado de la burguesía catalana. Pero la luna de miel duró pocos días, los que Javier de Godó, indeciso sin remisión, tarda en echarse atrás y romper unilateralmente el acuerdo. El editor barcelonés sacrificaba con su gesto impulsivo la posibilidad de convertirse en el primer empresario español de la comunicación, a cambio de la precaria supervivencia, propiciada por el Gobierno, en el tranquilo oasis de La Vanguardia, que no tardaría en sufrir el acoso arrollador de las huestes polanquistas.

El golpe para Mario Conde fue realmente duro, y tardaría algún tiempo en recuperarse de las magulladuras. Pero llega a creerse el rayo que no cesa, y su nueva tentativa mediática tendrá esta vez dos objetivos: meter baza definitivamente en los negocios de la comunicación y vengarse de Javier de Godó, que le dejó en ridículo después de haberle paseado por el Real Club de Tenis de Barcelona presentándolo a tirios y troyanos como el salvador del periódico. El banquero se propone arrinconar al aristócrata, entonces también presidente de Antena 3 Televisión, para lo que busca —y consigue— una nueva alianza con el otro gran tiburón de la prensa, Antonio Asensio, presidente del grupo Z. Por recomendación de Asensio, ambos contactan en Londres con Rupert Murdoch, propietario del Times londinense y una larguísima lista de cabeceras periodísticas y canales audiovisuales y radiofónicos en medio mundo. Murdoch, de origen australiano, nacionalizado norteamericano y hecho multimillonario en Gran Bretaña, tiene, como buen negociante en la materia, el constante empeño de acaparar medios de comunicación en las mejores condiciones. En España la televisión privada es un negocio naciente con éxito previsible, por lo que Murdoch decide dar su visto bueno al acuerdo. Todo quedaba atado para desplazar a Godó del consejo de administración de Antena 3 Televisión, como así sucedió, a pesar de las desesperadas negociaciones de última hora desarrolladas por los emisarios del catalán. Este incluso llegó a comprometerse ante Conde a reconsiderar el acuerdo del mes de enero sobre La Vanguardia, a cambio de subsistir en la presidencia del canal privado. Pero el banquero, harto de las idas y venidas de su interlocutor, ya no acepta cualquier alteración de las posturas adoptadas para la cadena. De todas suertes, la entrada de Banesto en el accionariado de Antena 3 Televisión sería un pobre consuelo para Conde, cuyo ansiado objetivo, hacerse con La Vanguardia, quedaba fuera de su alcance para tranquilidad de Jesús Polanco y del Gobierno, en particular de Narcís Serra. La cosecha resultaba escasa para tanto esfuerzo.

Pero el banquero aún tendría que recibir antes del verano otro nuevo revés que le hizo ver a las claras que el camino por el que transitaba era en verdad harto pedregoso. El coscorrón se lo dio personalmente Jesús Polanco cuando se encontraron en la recepción que ofreció el presidente mejicano Carlos Salinas en el Casino de Madrid, con motivo de su visita oficial a España: el amo de Prisa, que no se encontraba con Conde desde sus imprecisas negociaciones en la sombra —un secreto a voces, como hemos visto—, le anuncia que acaba de comprar a Javier de Godó Antena 3 Radio. Polanco había conseguido lo que fue imposible para Conde una semana antes debido a la movilización de las principales fuerzas vivas del poder político y empresarial. Polanco consigue así que las pretensiones del banquero de meter baza en los negocios de la comunicación chocara con un muro prácticamente infranqueable: le paga con la misma moneda que Conde tuvo la osadía de echarle a la cara muy poco tiempo antes. Y lo que Polanco no le cuenta es que el acuerdo tiene una segunda parte, mucho más interesante con vistas al futuro, y es que Godó, además de la venta de la cadena de emisoras, le concedía una opción de compra sobre el viejo periódico barcelonés. A pesar de que el editor de La Vanguardia recibió presiones, incluso de Jordi Pujol, para que no comprometiera el futuro del diario con el dueño y señor de Prisa, lo cierto es que el acuerdo también se selló en firme sobre este punto, con lo que Polanco extendió sus poderosos tentáculos para atrapar al diario barcelonés en su imparable designio de imponer su ley en el panorama audiovisual y periodístico español.

El balance de su intento para entrar en el negocio de los medios de comunicación no pudo resultar más desfavorable para Mario Conde: había revuelto durante unos meses las aguas del sector, ya de por sí turbulentas, y la pesca no fue nada del otro mundo. Lo que verdaderamente consiguió fue beneficiar al grupo Prisa, que salió fortalecido del envite. Polanco había dado un paso firme en su empeño de conseguir el control del negocio, más o menos de modo hegemónico, con la aquiescencia del Gobierno socialista. Con la compra de la emisora de Radio Antena 3, Prisa quita de en medio, a golpe de talonario, a su gran competidor en la lucha diaria por la audiencia, lo que se confirmará, apenas un año más tarde, cuando Polanco decide la desaparición de la cadena para dejar el camino expedito a la Ser. Las indecisiones de Conde y su afán permanente por complacer a Polanco también contribuyeron a que llegara a enmudecer una emisora caracterizada por su independencia y su buen hacer radiofónico.

Pero lo peor para Conde en tan comprometida aventura mediática es que sus relaciones con la prensa y la clase periodística ya no volverían a ser las mismas que hasta entonces. Sibilinamente, el tratamiento que recibe su gestión al frente de Banesto, sobre todo por parte del grupo Prisa, da un giro significativo: se acabaron los grandes titulares de beneplácito y los editoriales elogiosos sobre su gestión, e incluso sus guiños, gustos y actitudes extrafinancieras, como sus excelentes dotes de navegante. La prueba más palpable se pudo ver apenas un año más tarde, en el verano del 93, cuando el Banco de España aprueba la ampliación del capital social de Banesto por 94.000 millones de pesetas efectivas y su imprevisible acuerdo con JP Morgan para invertir una cantidad significativa en la operación. La noticia, que fue portada de todos los periódicos económicos y de información general, se despacha en El País con elocuente brevedad: le dedica al acontecimiento una escueta información en página secundaria de la sección de economía. Las iras de gran parte de la profesión periodística contra el banquero serán cada vez más frecuentes, desde los artículos de opinión hasta las tertulias radiofónicas. El grupo de profesionales de gran impacto mediático que trabajaba en Antena 3 Radio había tenido que salir por la ventana o poco menos para no ser triturado por el implacable rodillo de Prisa. Los Antonio Herrero, Manuel Martín Ferrand, Luis Herrero, José María García, Federico Jiménez Losantos y Pablo Sebastián, entre otros, se convierten en acérrimos censores de Conde, al que consideran responsable, por sus enredos y sus inconsecuencias, de la venta de la empresa —más bien un regalo— en beneficio de Jesús Polanco. Incluso desde otros medios, como ABC y Diario 16, le acusan de haber exaltado el clima de tensión que se respiraba entonces en las grandes empresas periodísticas españolas. No digamos nada de lo que ocurrió con La Vanguardia, que desde entonces inició una campaña sistemática para pulverizar al banquero.

De todos modos, quizá para Mario Conde no fuese lo peor esa reacción de la clase periodística, a pesar de que, a partir de entonces, los medios de comunicación contribuirán en buena medida a resquebrajar su imagen de tótem indiscutible de las finanzas y la vida social. Lo más grave consistió en que desde el Gobierno, o al menos desde un poderoso sector gubernamental (léase Narcís Serra), se tuvo el firme e irrevocable convencimiento de que Conde era algo más que el joven tiburón de las finanzas bien visto un día por el PSOE al haber puesto en jaque a los figurones tradicionales de la banca. Conde, de esta suerte, pasaba a ser un sujeto peligroso cuyos movimientos había que seguir muy de cerca, porque sus oscuras intenciones podían poner patas arriba al país y al Gobierno en el momento menos pensado. Lo adecuado era pararle los pies con firmeza para evitar que su descomunal ambición le animase a escalar las más altas posiciones en la vida pública.

La clase política y el Poder aún no habían firmado la sentencia de muerte contra el presidente de Banesto, pero encargaron entonces el papel de más calidad y la tinta más indeleble, e incluso los primeros párrafos del fallo. Los resultandos, al menos, ya habían empezado a redactarse.

BAILANDO CON LOBOS

«Jamás sabré cómo puede justificarse el que, ante la opinión y las leyes, la cualidad de bastardo perjudique más al hijo que al padre que tal le hace»

(BOTACH)

El domingo 28 de junio de 1993 los españoles acuden a las urnas para dilucidar la composición del Congreso de los diputados más incierta de la democracia española. Tras once años de Gobierno socialista, lejanos ya los días eufóricos del 82 y el sugestivo «cambio» apoyado por los diez millones de votos, todos los síntomas parecían indicar el agotamiento del modelo que había servido para gobernar durante tan largo tiempo. Ahí estaban los casos de corrupción estallando en cadena cada vez más cerca del presidente del Gobierno. Como ejemplos más característicos, Filesa y la financiación irregular del PSOE o la caída en desgracia de Mariano Rubio, el hombre de confianza de Felipe González, fraguaban una imagen deteriorada del partido ante el electorado, que llegaba a ver en el líder otrora carismático una figura desgastada por los años de gobierno y las luchas internas libradas entre guerristas, renovadores y las variopintas subfamilias que cada día incrementaban su esfuerzo para sobreponerse a los demás en el deporte que más gusta a los españoles: arrojarse con fiereza a la yugular del correligionario. Dentro del socialismo, obviamente, la figura de Felipe González estaba todavía por encima del bien y del mal, su liderazgo no se discutía, al menos a plena luz, y, sobre todo, resultaba imprescindible de todo punto para superar de momento las guerras fratricidas. Pero el secretario general había pagado un precio muy alto en la batalla cotidiana del poder, así tantas amistades sacrificadas a lo largo del camino, empezando por Alfonso Guerra, como para no plantearse tirar la toalla antes de que su figura política quedara definitivamente desprestigiada. No se trataba de «morir de éxito», como acostumbraba a decir, el hombre intentaba con buen acuerdo «no morir de fracaso».

En este cúmulo de circunstancias negativas, a lo que había que sumar una crisis económica harto tangible para el bolsillo del ciudadano medio, el centro derecha español, encarnado por el Partido Popular, se encontraba ante la oportunidad histórica de gobernar en España por vías democráticas, un centro derecha que había hecho los máximos esfuerzos para asemejarse a los modelos demócratacristianos y liberales vigentes en el resto de Europa, después de llevar a exilios dorados a los antiguos proceres con pasado franquista, y con un candidato bisoño, José María Aznar, cuya capacidad de liderazgo se discutía incluso en sectores de su propio partido y en grupos sociales afines a la derecha.

A pesar de que la contienda electoral parecía no llegar en el momento óptimo para alguna de las dos grandes formaciones, la una insinuando la caída y la otra apuntando el arranque, la campaña en las dos semanas previas al día de la votación fue dura como pocas (la campaña del «dóberman») y mediatizada hasta el paroxismo, con la prensa, la radio y la televisión jugando hasta más allá del límite permisible sus bazas editoriales e incluso manipulando con descaro las encuestas. Independientemente del posible resultado, con la consiguiente proclamación de la fuerza vencedora, lo único que estaba claro es que la victoria para el favorecido por el escrutinio lo sería por muy escaso margen, la época de las mayorías absolutas iba a morir ese domingo de junio. La incertidumbre se mantuvo hasta el último momento, e incluso a las ocho de la tarde los sondeos a pie de urna, difundidos por las cadenas de radio y televisión, se mostraron extremadamente cautos, incluso hablaban de empate técnico o de una ligera ventaja del PP. Tan solo en Antena 3 Manuel Campo Vidal apareció en pantalla anunciando que el PSOE había vuelto a ganar, aunque por un margen de votos muy reducido. A lo largo de la noche, y a través de las comparecencias del ministro del Interior José Luis Corcuera, se fueron desgranando los datos oficiales, que consumaron al fin lo que para muchos suponía un nuevo y sorprendente triunfo socialista, menos ajustado incluso de lo que auguraban las propias previsiones más optimistas: casi un millón de votos de ventaja sobre los populares, a pesar del avance del partido presidido por Aznar, lo que dibujaba un hemiciclo con casi veinte escaños de diferencia a favor de González y los suyos. No era una mayoría suficiente para gobernar en solitario, lo que, teniendo en cuenta la radicalización del discurso de Izquierda Unida, especialmente de su líder Julio Anguita (que sufrió su primer infarto durante la campaña), permitía esbozar un pacto inevitable con los nacionalistas del PNV y CiU para garantizar la gobernabilidad durante la legislatura.

Lo cierto es que el PSOE y Felipe González habían logrado reinventarse a sí mismos, y a pesar de la presión incesante de determinados medios de comunicación, los pésimos indicadores económicos, las cifras récord del paro, los constantes escándalos de corrupción, la crisis interna del propio partido y el desgaste inherente a toda acción prolongada de gobierno, casi nueve millones de españoles depositaron en las urnas la papeleta del PSOE, tan solo un millón por debajo del techo electoral en 1982. La estrategia del «cambio del cambio», idea-fuerza de la campaña socialista, dio un resultado más que aceptable, como también la apelación al voto del miedo contra una derecha que desde la propaganda más insidiosa asociaba a los populares con el rencoroso pasado del franquismo. Fue aquel un triunfo personal de Felipe González, que se erigió en la única figura capaz de cohesionar a las divididas familias del partido a efectos del voto, a pesar incluso del propio secretario general, que en los meses anteriores a los comicios había barajado muy seriamente la posibilidad de no encabezar las listas y retirarse al Aventino. A su vez, en las filas del Partido Popular la noche del 28-J fue especialmente amarga, con la sensación de haber perdido una oportunidad histórica para derrotar al debilitado contrincante: el fracaso ponía en cuestión la viabilidad de José María Aznar como líder para el futuro, lo que le obligó a dar un golpe de timón en su estrategia para empezar, desde el día siguiente, una durísima precampaña con la mirada puesta en la Moncloa cuatro años más tarde. El acoso y derribo al Gobierno, sin términos de gracia o cortesía, se hizo al ritmo monocorde del «¡váyase, señor González!».

La victoria socialista en aquel verano del 93 sorprendió a muchos, incluso a no pocos socialistas, pero no tanto a Mario Conde. El presidente de Banesto siguió todo el proceso electoral muy de cerca, informado directa y puntualmente de todos los sondeos, resultados parciales y opiniones de unos y otros, hasta el punto de que se le puede considerar un protagonista indirecto o en la sombra de los propios comicios. El 28 de julio, poco antes de acudir a depositar su voto junto con su esposa, Conde recibió una llamada que le proporcionaba una información confidencial sobre la previsible solución del enigma. Su interlocutor hablaba en nombre de Alfonso Guerra, que coordinaba la campaña como ya lo había hecho en los otros comicios, para darle cuenta de un sondeo a pie de urna que anticipaba la victoria socialista por un margen de cuatro puntos sobre los populares. Conde comunica discretamente la información confidencial a algunos consejeros de Banesto, reunidos en la casa toledana de Romaní para analizar los resultados electorales. Antes había llamado a Antonio Asensio, su socio entonces en Antena 3, según el cual la información de que disponía Conde no coincidía con la de la encuesta encargada por la cadena. Sin embargo, ese canal fue el único medio importante que, en el momento de cerrarse las urnas, pronosticó el renovado triunfo socialista.

En los meses precedentes a la fecha de las elecciones, los contactos del presidente de Banesto con la clase política española se intensificaron. Conde tenía un especial interés por saber de primera mano lo que pensaban unos y otros sobre la partida que se estaba jugando en aquellos momentos de tanta importancia para el futuro del país. Al no existir empatía con José María Aznar, Conde habla con Alberto Ruiz-Gallardón, el joven delfín del nuevo centro derecha, y lo hace al terminar el sepelio de Don Juan de Borbón, aunque es precisamente el banquero quien informa al político de la fecha casi segura en que se van a convocar las elecciones generales. Gallardón le confiesa a Conde que la ocasión para su partido era única, y que si no ganaban entonces, quizá ya no lo conseguirían a medio plazo. La verdad es que si ambos personajes compartían al unísono un pronóstico tan poco acertado, creo que sus oportunidades para ganarse la vida como augures no resultan particularmente afortunadas. ¡Que Santa Lucía os conserve la vista!, les habrá espetado más de uno.

Conde, en efecto, conocía la fecha de las elecciones por un motivo muy sencillo: el propio Felipe González se lo había comunicado personalmente pocos días antes en un encuentro privado que ambos mantuvieron el domingo 28 de marzo de 1993 en la casa de Manuel Prado y Colón de Carvajal cerca de Huelva. Prado, el de la mano más diestra del país para lidiar a Javier de la Rosa, había organizado el encuentro por insinuación de la Casa Real, no en vano era uno de los consejeros áulicos de mayor confianza. El interés de la Corona por la celebración de este encuentro lo subrayó el propio monarca con la llamada personal a su amigo Prado, en la que cuidó de añadir un breve y cordial saludo «para Mario», lo que sucedía poco antes de que el presidente del Gobierno acudiese a la cita.

El encuentro interesa a todas las partes en conflicto, ya que unos y otros quieren conocer la información que se oculta en el caletre (in scrinio pectoris) de sus interlocutores. Tanto el banquero como el diplomático —en su papel supuesto o real de fiduciario— están deseosos de conocer las secretas intenciones de Felipe González, especialmente su disponibilidad para encabezar de nuevo la candidatura socialista, ante el insistente rumor de que va a hacer mutis por el foro. A su vez, la contraparte quiere informarse a lo vivo de otro rumor también en boga: el salto del banquero a la arena política. Este encuentro entre González y Conde va a marcar un punto de inflexión en las relaciones entre ambos. Hasta aquel momento, y a pesar de sus evidentes diferencias en el entendimiento de cuestiones esenciales, sentían curiosamente una admiración mutua y hasta cierta atracción personal que se manifestaba en cada una de sus reuniones. No en vano el banquero, a pesar de no ser de izquierdas, no ocultaba que fue uno de los diez millones de votantes que dieron el poder al PSOE en 1982. Pero ese otro día, en aquel grato rincón andaluz, Felipe González y Mario Conde se despedirán convencidos de que de allí en adelante no estarán en disposición de ser aliados sino rivales.

A lo largo de la conversación, Conde no le oculta a González sus aspiraciones políticas, aunque, según dice, se trata de un propósito a medio plazo, y por supuesto nunca antes de las inminentes elecciones. El banquero se ve a sí mismo, de cara a ese futuro un tanto incierto, encabezando una formación de espectro ideológico muy amplio, basado en el centro político, como heredero espiritual del entonces moribundo CDS, lo que pudiera suponer una tercera vía llamada a resolver la bipolarización de la vida política española entre socialistas y populares. Para llevar a cabo semejante aspiración, Conde piensa que sus designios requieren una condición inexcusable: la victoria del PSOE en las próximas elecciones generales, o lo que parece una perogrullada, pero no es lo mismo, la derrota del PP. Lo que pasaba por algo inexcusable: que Felipe González encabezara las listas de su partido. El discurso de Conde encuentra el apoyo de Prado, quien, aunque no de forma explícita como puede suponerse, viene a pedir en nombre de su mandante que González no abandone el barco y vuelva a presentar su candidatura. Su principal, según el asesor, se sentiría más cómodo con una nueva victoria socialista, puesto que su relación con González había sido excelente hasta entonces, sobre todo teniendo en cuenta que un gobierno de izquierdas seguiría resultando más favorable para la imagen de la institución.

El presidente esconde con cuidado sus cartas durante toda la velada mediante una dúctil actitud que le coloca por encima del bien y del mal, lo propio de quien ha gobernado durante dos lustros un país tan difícil como el nuestro. Reconoce el momento delicado que atraviesa el Gobierno, pero se muestra convencido de la victoria del PSOE con o sin su intervención, sobre todo por la escasa entidad, a su parecer, del discurso político de los populares y de su líder. El fiduciario ruega a Felipe que, para el bien del país, «clarifique» su postura y se pronuncie sobre si va a presentarse a las elecciones, y aunque el rogado no se digna «clarificarlo» de manera concreta, sus interlocutores salen convencidos de que por fin será el candidato socialista. El resto ya es historia: tres meses largos más tarde, González promete por cuarta vez todo lo que hay que prometer para seguir en el cargo de presidente del Gobierno.

Al día siguiente de la jornada electoral, Mario Conde pensaba llamar al triunfador para felicitarle, pero se le anticipa el mismísimo presidente en funciones al telefonearle a la sede de Banesto. El reelegido se muestra conciliador y dispuesto a olvidar los momentos tensos, que los hubo, de su encuentro andaluz en la pasada primavera. González se ofrece para ayudar al banquero en una delicada operación que tenía entre manos: la adquisición por Banesto del banco Totta y Açores, lo que hasta entonces chocaba con la reticencia de las autoridades portuguesas, y en particular del presidente Cavaco Silva. González iba a mantener aquel mismo día un encuentro oficial con el mandatario portugués, por lo que le pide a Conde un informe sobre el asunto por si puede ejercer algún tipo de mediación a favor de Banesto. El banquero hace llegar la consiguiente nota al presidente, creyendo que se iniciaba una etapa de positiva colaboración con el nuevo Gobierno, superadas ya las diferencias con Narcís Serra por la frustrada entrada en La Vanguardia.

Faltaban menos de seis meses para que el banquero se diese cuenta de su error. Durante este periodo, el cuarto Gobierno socialista había hechado a andar con notables dificultades. La campaña de la oposición, apoyada eficazmente por ciertos medios, resultaba demoledora; la corrupción no se desvanecía como estaba previsto, sino que expandía su hedor por doquier; pronto pudo verse que el tan cacareado «cambio del cambio» no era más que una simple etiqueta, una cortina de humo electoral sin el menor contenido, hasta el punto de que la frustrada sensación de «más de lo mismo» invadió a la sociedad española. Además, los pactos con el PNV y CiU pronto se revelarán como una fuente inagotable de quebraderos de cabeza para el Gobierno. No hubo que esperar mucho tiempo para cuantificar el efecto bumerán de la victoria socialista.

El 17 de octubre, en los comicios autonómicos de Galicia, el Partido Popular, con Manuel Fraga como cabeza de cartel, aplasta literalmente a la candidatura socialista encabezada por Antolín Sánchez Presedo. El alcalde coruñés e ilustre guerrista Francisco Vázquez señala directamente a la cúpula de su partido al buscar la responsabilidad del desaguisado. El abismo entre guerristas y renovadores se agranda sin remedio, de tal manera que hace tambalearse el castillo roquero del PSOE.

Durante los meses que transcurren entre las elecciones generales y la expropiación de Banesto, un coro de ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones y algún que otro serafín, una tropa amplísima, cada vez más sonora, rodea a Mario Conde con sus loores encomiásticos animándole a emprender, como un cruzado elegido desde lo más alto, la apasionante aventura de la política activa para la inmediata conquista del poder. Entre los cantores multitudinarios figuraban los que invariablemente dirigen sus lisonjas a cualquier persona de éxito previsible, pero también sonaban las voces de renombrados solistas, cuya prodigiosa armonía encandilaba todavía más al joven prohombre de las finanzas, dispuesto sin remisión a velar sus armas en la capilla que hizo construir en La Salceda antes de entrar en combate. Entre estos divos, quizá el más determinante para avivar la innata ambición política de Conde, figuraba el ex presidente Adolfo Suárez, el cual, retirado ya de toda actividad pública, al menos en apariencia, vivía un exilio dorado en el que le laureaban y ensalzaban a diario como el hombre clave de la transición. Durante aquel verano, navegaron juntos en el Alejandra, el flamante yate de Mario Conde, y de aquellas largas conversaciones marineras nacieron no pocas reflexiones que estimulaban en el banquero sus sueños de poder: hablaron del deterioro, ya inexcusablemente terminal, del felipismo, y de las exiguas esperanzas que para ambos sugería la figura de José María Aznar. Suárez, con insospechada elocuencia en un hombre como él de tan parco lenguaje y tan menguadas luces, sugirió la idea de reflotar la vieja fórmula del centro político, cuyo espacio él había pretendido ocupar infructuosamente con el CDS en los años ochenta. Era el momento ideal para la resurrección, y se necesitaba el hallazgo providencial de un líder carismático, a poder ser limpio del polvo y la paja de un pasado político más o menos recusable, con solvencia económica e influencia mediática. Todas estas características juntas configuraban un retrato robot cuya versión definitiva se parecía mucho a un joven y apuesto gallego nacido en Tuy.

Conde medita durante el verano la oportunidad que le brindaba su experimentado interlocutor, pero al reemprenderse la actividad cotidiana, tras las bien ganadas vacaciones, la situación de Banesto le hace aparcar de momento sus devaneos políticos. La macroampliación de capital y la entrada en el grupo de JP Morgan requerían cuadrar el toro bien cuadrado para entrar por derecho y clavar el acero en las agujas. Conde piensa, habida cuenta de que sus relaciones con el Gobierno y su presidente pasaban por un buen momento, al menos así lo parecía, que era mejor dejar las cosas como estaban y evitar que sus aspiraciones políticas supusieran un lastre insoportable para el banco. Cierto es que el propio vicepresidente de JP Morgan, el cubano-gringo Roberto Mendoza, bien informado de los recovecos del hombre con el que había rubricado el importante pacto financiero, le manifiesta que para ellos no había inconveniente en que entrara en actividades políticas, siempre y cuando delegara la presidencia de Banesto en alguien de confianza; pensaba incluso que un eventual éxito político de su amigo podía resultar rentable para el banco. En la cultura empresarial anglosajona no es extraño que un político llegue al poder después de hacer fortuna en sus propios negocios.

Sin embargo, otro episodio, con trascendencia suficiente para la toma de cualquier decisión relacionada con la vida pública, sería el almuerzo que Conde compartió con el portavoz de Convergència i Unió, Miquel Roca, en la sede de Banesto, dos días después de las elecciones gallegas. El político catalán le hace llegar un mensaje del presidente de su partido, Jordi Pujol, cuyos términos no podían ser más claros: si Mario Conde decide dar el salto a la política, encabezando una opción de centro derecha, contaría con el apoyo de la coalición nacionalista para lo que hiciere falta. La estrategia de Roca parece obvia: a la vista de los acontecimientos de todo orden que venían sucediéndose, especialmente políticos y económicos, estaba claro que el apoyo de los catalanes al Gobierno socialista difícilmente podría sostenerse a lo largo de la legislatura, por lo que resultaba necesario tomar posiciones en previsión de lo que estaba por venir. La formación de Pujol, y en particular Miquel Roca, su hombre en Madrid, nunca habían disimulado sus deseos de influir en la política nacional; no en vano el propio Roca ya lo había intentado mediante la desastrosa operación reformista. En tales circunstancias, una previsible opción liderada por Conde se miraba como algo parecido a aquel otro intento que se frustró con estrépito, pero que ahora contaba con mayores probabilidades de calar en el electorado español, debido al indiscutible carisma del banquero secundado por su acólito el duque centrista. No en balde, el matrimonio Conde recibió, en el verano del 93, como egregios huéspedes del Alejandra, a los Reyes, al Príncipe de Asturias y a las dos Infantas, es decir, a la familia real al completo, de lo que nadie podía presumir hasta entonces, y que, aunque parezca ridículo, produjo la envidia y la incomodidad de mucha gente.

Las voces de ánimo se suceden y llegan desde lugares incluso insospechados para el propio Conde, como pudieran ser las de algunos destacados miembros del sector guerrista del PSOE, así el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, o afines al mismo, como el presidente de la comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, que le hablan de la necesidad de un revulsivo político durante una recepción ofrecida por la Casa Real. Días más tarde, en su domicilio madrileño, donde ha invitado a Alfonso Guerra y a Txiqui Benegas, Mario Conde tiene ocasión de comprobar las abismales diferencias que separan a los componentes del antiguo tándem (González/Guerra), que había llevado al PSOE desde el marxismo clandestino hasta el gobierno de la España democrática y social de derecho.

Durante un viaje otoñal a Israel, introducido allí con todos los honores; por el que fue embajador en España, Shlomo Ben-Ami, hoy un hombre clave en la política hebrea, Conde toma la decisión definitiva: regresará a España dispuesto a medir sus fuerzas en la contienda política. Como hemos dicho, fueron dos los viajes de indudable enjundia realizados por Conde durante aquel año: uno a Roma, en primavera, para intervenir en un congreso en el que fue abrazado, de una manera solícita, por el Santo Padre; y este otro, el que hizo a Israel, para intervenir en una conferencia de gran calado relativa a la financiación del desarrollo económico de los territorios que iban a encomendarse a la autoridad nacional palestina. Ambos viajes tuvieron una honda repercusión en España, a lo que contribuyeron los brillantes trabajos preparatorios realizados por Darío Valcárcel, el director de la revista Política Exterior. En Roma Valcárcel mantuvo frecuentes contactos con los cardenales Etchegaray y Javierre, secundado por el sacerdote y periodista Antonio Pelayo, y en el coloquio intervinieron prestigiosas personalidades políticas y financieras, entre las que destacaba Zbigniew Brzezinski, ex Asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Simone Veil, la conocida política europea, varios presidentes de Lander alemanes y relevantes personajes de la vida pública española, como José Lladó y Manuel Pizarro, quienes, por cierto, se deshacían en elogios hacia Mario Conde dentro y fuera de las sesiones. También fue relevante la labor preparatoria de Darío Valcárcel en el viaje de Mario Conde a Israel, al que facilitó incluso la intervención estelar ante una nutrida representación de políticos y financieros israelíes y del mundo árabe.

El objetivo inmediato de Conde serán las elecciones comunitarias programadas para el año siguiente. Los comicios para dilucidar la composición del Parlamento Europeo serían un buen escenario, debido a su indudable trascendencia, para poner en marcha el experimento, el banco de pruebas ideal para desarrollar luego proyectos más ambiciosos. El banquero, con las miras puestas en Estrasburgo, empezó a diseñar un plan para ajustar la formación que debía servirle de plataforma: en su afán por romper las estructuras de los partidos tradicionales. La candidatura que él se disponía a encabezar debía estar formada por personas ajenas a la actividad política, profesionales y técnicos prestigiosos de perfil claramente independiente y que aglutinaran una amplia representación social. El discurso político había de sustentarse en la preeminencia de la sociedad civil, en la que se notaba a las claras el cansancio y el recelo de gran parte de los electores hacia los partidos tradicionales, encerrados en una burocracia endogámica, alejados cada vez más de la ciudadanía y sus verdaderos problemas, sus inquietudes y sus esperanzas. Y preveía, entre otras propuestas electorales, la convocatoria de un referéndum para que el pueblo decidiera libremente si quería que España ratificara o no los acuerdos de Maastricht, un plebiscito similar a los que habían celebrado Irlanda y Dinamarca.

El rumor sobre el inminente salto a la arena política del presidente de Banesto, un Berlusconi a la española, corre como la pólvora por los cenáculos políticos y empresariales, pero tan sólo algunos conocen sus verdaderas intenciones. Es el caso del vicepresidente Serra, que no cesa de acumular informes precisos y detallados sobre los planes políticos de Conde. Serra, como es lógico, mantiene puntualmente informado a su presidente, por lo que el 10 de noviembre de 1993 Felipe González decide mover ficha en la partida que el banquero le está proponiendo. Ese día Mario Conde es recibido por el presidente del Gobierno en la Moncloa. No se habían encontrado personalmente desde la reunión en casa del «manco» en la provincia de Huelva la pasada primavera. Ahora la cuestión principal a poner encima de la mesa es prácticamente la misma que la tratada entonces, pero al revés: conocer hasta qué punto el banquero está dispuesto a «sacrificarse» para llevar a cabo sus planes políticos, y qué entidad efectiva puede tener la operación proyectada, si es que existe. El escenario había variado sustancialmente desde entonces. En marzo González estaba convencido de ganar las elecciones, ahora admite ante Conde una derrota socialista en la inminente confrontación europea. Si en Huelva fue González quien no quería desvelar sus triunfos, ahora es el banquero el que intenta desviar la atención cuando se trata de su salto a la política. Vuelven a salir los viejos argumentos: la escasa creencia de uno y otro en las posibilidades electorales de Aznar, el pesado lastre que supone el pacto con los nacionalistas, y, cómo no, el espejismo por antonomasia, la presentación de una fuerza política de centro que permita el equilibrio entre los dos partidos preponderantes. Para sorpresa del banquero, Felipe llega a admitir que vería con buenos ojos un proyecto de tal naturaleza porque contribuiría a la gobernabilidad de España sin tener que forzar los pactos con los insaciables y desmesurados nacionalistas. Y aunque no se toca el tema más delicado, la implicación de Conde en el asunto, se despiden convencidos de que cada uno conoce las cartas que el otro lleva escondidas en la manga.

El encuentro entre el gobernante y el financiero marca el inicio de los acontecimientos que van a agotar la tinta de los periódicos en los próximos meses, sobre todo por la riqueza tipográfica de los titulares. El inminente congreso del PSOE evidenciará ante la opinión pública la batalla sin cuartel entre guerristas y renovadores, y aunque los primeros aparecen como derrotados, la imagen general del partido, notoriamente deteriorada, vuelve a sufrir un severo retroceso. A principios de año, el Gobierno se había percatado de lo que significaba mandar en minoría cuando el Parlamento rechazó la que había de ser la panacea en la lucha contra el terrorismo: la denominada «ley Corcuera», conocida popularmente como «la ley de la patada en la puerta». Un duro golpe que se saldó con la dimisión del ministro del Interior.

Los acontecimientos se precipitan vertiginosamente. Apenas un mes más tarde la corrupción adquiere un rostro y un nombre: los de Luis Roldán, el director de la Guardia Civil, buscado por la policía de medio mundo tras el reguero de escándalos que iba dejando tras de sí por malversación de fondos públicos, apropiación de bienes y tráfico de influencias. La primera consecuencia de la fuga de Roldán es la decapitación del recién estrenado titular de Interior, Antoni Asunción, un hombre digno que no dudó en reconocer su responsabilidad política. Precisamente ese Ministerio se convierte en el protagonista fundamental de la vida española, no por sus escándalos de presente sino también por su inmediato pasado, puesto que en aquellos momentos la Audiencia Nacional comienza a tirar del hilo de la trama terrible del GAL a partir de la confesión prestada por los únicos condenados hasta entonces, los comisarios José Amedo y Michel Domínguez. Poco a poco, la guerra sucia contra el Estado va salpicando a funcionarios de Interior cada vez de mayor rango: Julián Sancristóbal, Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo o el mismo Rafael Vera aparecen como imputados en las actuaciones sumariales, y la burbuja, que no deja de crecer, parece que no tiene límite: el nombre del ex ministro José Barrionuevo empieza a ir de boca en boca, lo que tira consigo necesariamente de otro nombre, el de Felipe González, último eslabón de la cadena.

El invierno, por tanto, resulta inusitadamente desapacible para el Gobierno, que a buen seguro no habría sobrevivido ante la opinión «publicada» (Felipe González dixit) y la presión que ejercían cada vez con más fuerza la oposición y los propios socios del Gobierno, de no ser por dos acontecimientos llamados a acaparar poderosamente la atención general: la caída en desgracia de Javier de la Rosa y de Mario Conde, los financieros más afamados y rutilantes de la España del pelotazo. La justicia se cierne implacablemente sobre el primero por los escándalos de «Kío», y el segundo deja la presidencia de Banesto al ser intervenido por el Banco de España. Los casos De la Rosa/Kio y Conde/Banesto sirvieron ante la opinión pública, ávida de escándalos tan resonantes, de oportunísima cortina de humo para desviar, aunque sólo momentáneamente, las preferencias informativas sobre la caótica situación política del Gobierno socialista. Todos estos acontecimientos sucedieron apenas en los tres meses siguientes al encuentro de noviembre en la Moncloa entre Felipe González y Mario Conde. Faltaba poco más de un mes para la intervención de Banesto y para que se consumara una de las crisis de gobierno más profundas de la historia de la democracia española. González y Conde se despidieron aquel día con el convencimiento mutuo de que se habían convertido en rivales irreconciliables en la lucha por el poder, pero ignoraban (¿González lo ignoraba del todo?) que, en realidad, ya eran dos ilustres cadáveres.

LA CUENTA ATRÁS

«La vida de los mortales ¿qué es sino una comedia como otra cualquiera, en la que unos y otros salen cubiertos con las carátulas a representar los papeles respectivos, hasta que el director de escena les manda retirarse de las tablas?»

(ERASMO)

La mañana luminosa del 9 de junio de 1993, el todo Madrid acudió, como si se tratara de la más fervorosa y selecta peregrinación, al paraninfo de la Universidad Complutense para asistir, de rigurosa etiqueta, al solemne acto en el que el rector Gustavo Villapalos iba a distinguir a Mario Conde como doctor honoris causa de tan venerable institución académica. Los financieros más encopetados, los representantes políticos de variado signo, los empresarios de mayor renombre, la gente de las artes, las ciencias y las letras, influyentes periodistas, prestigiosos profesionales liberales y hasta los asiduos de la prensa del corazón, coincidían en aquel paraninfo cargado de historia para rendir tributo de admiración y respeto al joven dirigente que había sabido enarbolar el estandarte de la renovación bancaria y el futuro más prometedor para España y la sociedad española. El acto estuvo presidido por el Rey, así, en masculino y singular, es decir, sin la presencia de la Reina, a diferencia de lo que ocurre usualmente en este tipo de actos. (Con todo el respeto que nos merece la egregia señora, nos atrevemos a decir que siempre parece más solemne un acto presidido por el monarca a secas, y esto es lo que ocurrió en aquel día primaveral). A lo que cabía añadir la asistencia del personal de la Casa del Rey al completo, un Adolfo Suárez al que se veía entusiasmado por el evento, un solícito Jesús Polanco, cariñosamente del brazo de Lourdes Arroyo; en fin…, para qué seguir. Gustavo Villapalos es persona cuya extraordinaria inteligencia corre parejas con su versatilidad. Tuvo cumplida ocasión de acreditarlo durante su etapa como director del colegio mayor San Juan Evangelista, cargo al que fue llamado por el régimen franquista para templar los ánimos contestatarios de una juventud que entonces creía en el mayo francés. Curiosamente, el elogio entusiasta del rector a Mario Conde ya se había producido antes del acto a que nos venimos refiriendo, a cuenta de la predilección especial de Villapalos en nombrar doctor honoris causa a cualquiera con relevancia en el mundo financiero; y así, cuando colocó los mismos distintivos a Alfonso Escámez, el rector magnífico, con su facundia característica, no dudó en salirse del obligado elogio al doctorando de turno para dirigirse de modo ostensible y directo a Conde, que también asistía al acto, cubriéndolo de elogios y parabienes. Cuando se produjo el hundimiento de Banesto, el bueno de Villapalos, con la alígera prontitud de la veleta, quiso dar marcha atrás y decir precipitadamente digo donde tantas veces había dicho Diego: vano empeño, basta con leer su retórico y florido discurso en el acto de la investidura, después de la brillante intervención de Shlomo Ben-Ami, que corrió con la laudatio, para demostrar el arrebatado entusiasmo, inquebrantable más bien, que la figura de Conde suscitaba en el encandilado y magnífico rector.

Digamos que una presencia entre la selecta tropa resultaba especialmente significativa: la de Luis Ángel Rojo, gobernador del Banco de España desde hacía un año, al erigirse en sustituto urgente de Mariano Rubio, forzado a dimitir cinco minutos antes de su ingreso en prisión, acusado de cohecho, falsedad documental y utilización de información privilegiada, entre otras minucias.

Desde el momento de su precipitado nombramiento, se intentó por todos los medios que la figura del gobernador Rojo se percibiese por la opinión pública como la de un técnico independiente y riguroso desprovisto de las penosas connotaciones de su antecesor: su ascenso hasta la cúpula gubernamental del Banco emisor era el premio de muchos años de servicios discretos en la casa, durante los cuales llevó a cabo, entre otras tareas, la actualización del boletín estadístico, referencia que resulta impagable en la prospectiva financiera. En amplias parcelas de la economía española, siempre se le vio a Rojo como un profesor aplicado, aunque poco brillante y escasamente original, quien, durante más de veinte años como catedrático titular de Teoría Económica, sentó precaria opinión ante la indiferencia de generaciones sucesivas de estudiantes, algunos llamados a jugar un papel clave en la política española. En su nómina de discípulos figuran nombres tan ilustres como el de Narcís Serra, cuyas concepciones doctrinales en el área económica aún permanecen inéditas. Rojo, durante su época de segundo de a bordo, se aplicó constantemente, sin gesto alguno en contrario, a cumplir con docilidad absoluta las órdenes del gobernador Rubio; así, cuando tuvo que llevar, presuroso y en día feriado, los explosivos papeles de Ibercorp, aquella resonante estafa de la que el emisario era conocedor sobrado, al domicilio de su jefe, que hacía desesperados esfuerzos, casi suplicándolo de rodillas, para que Botín y Conde cargasen con el muerto.

En la convulsa universidad de mediados de los sesenta, dos economistas de discurso próximo al marxismo, Ramón Tamames y Julio Segura, embelesaban con sus audaces y sugestivas utopías a la gran masa de estudiantes. Entonces Rojo, el futuro dirigente del banco emisor, engrosó una línea de índole monetarista que dejó reflejada en un par de manuales sin relieve, en los que sentó plaza de aplicado traductor de ajenas aportaciones doctrinales. Su pensamiento, de raíz keynesiana, puede sintetizarse en la máxima suprema de que la acción pública permite corregir los fallos del mercado, un viaje para el que no se necesitan alforjas, lo que fue guía de toda su gestión pública, que el aludido intentó resumir en dos obritas, Keynes y el pensamiento macroeconómico actual (1965) y Keynes, su tiempo y el nuestro (1985), que, en opinión de los expertos más objetivos, no pasarán a la historia de la ciencia económica. Sin olvidar en su posterior trayectoria de gestor bancario su tendencia al didactismo, Rojo ignoraba, en aquella avanzada primavera del 93, que, a pesar de su veteranía en las lides docentes, la lección verdaderamente original, la única original en su vida pública, estaba aún por dictarse: la que tuvo que pronunciar en el Congreso de los Diputados, unos meses después, para explicar lo inexplicable ante los padres de la patria la intervención de Banesto por el Banco de España.

Pero aunque el tiempo que faltaba para llegar a tan apasionante episodio era muy breve, quedaba a años luz de lo que simbolizaba aquella deslumbrante jornada en el Paraninfo de la Complutense, cuando el gobernador, después de aplaudir la investidura con un fervor impropio de su frialdad proverbial, se dispuso a ser uno de los primeros en felicitar al flamante doctor. Las relaciones entre Mario Conde y Luís Ángel Rojo, desde que a éste le nombraron gobernador, habían sido correctas, e incluso podían calificarse de cordiales en parangón con los quebraderos de cabeza que Conde había padecido bajo la égida de Rubio, sobre todo cuando éste intentó en más de una ocasión abrir expediente a Banesto, contando para ello con la aprobación, más o menos tácita, del ministro de Economía Carlos Solchaga, para echarle de la presidencia del banco o de donde hiciese falta. Durante el año siguiente a su nombramiento, Rojo había saltado a la palestra para desmentir públicamente los rumores difundidos por algunos medios, según los cuales el Banco de España habría exigido a Banesto determinada dotación para reflotar la entidad. El 19 de noviembre de 1992 la mayoría de los periódicos recogían las declaraciones del gobernador sobre la buena situación de Banesto, a tenor de los informes que poseía el Banco de España. Todos estos apoyos indisimulados de la institución emisora, simbolizados en el ostensible beneplácito del gobernador durante el acto en la Complutense, se materializaron de una manera esencial dos días más tarde, el 11 de junio, cuando el Banco de España dio el visto bueno a la macroampliación de capital solicitada por Banesto para relanzar la entidad y situarla en el primer plano de los mercados financieros internacionales. La decisión de la autoridad monetaria no fue irreflexiva o negligente, puesto que recayó después de una exhaustiva investigación durante más de seis meses de inspección y auditorías diversas, en punto a los recursos propios y la tesorería de Banesto. Acto seguido, el 28 de junio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores da también su amén a la operación, después de afirmar taxativamente que el banco no tiene ningún problema de solvencia.

La ampliación de capital, cuantificada en 94.900 millones de pesetas efectivas, había sido aprobada por la junta general de accionistas el 22 de mayo, y se dividió en dos tramos. En el primero, se emitieron 35 millones de nuevas acciones por valor de 24.574 millones de pesetas nominales, a suscribir por los accionistas del banco. El segundo suponía la emisión de 22 millones de acciones por un importe total de 15.557 millones de pesetas nominales, y significaba la entrada de nuevos inversores particulares e institucionales, españoles y extranjeros, entre los que destacaba JP Morgan —el primer banco de negocios del mundo—, a través de su filial el fondo de inversiones Corsair, que pasaría a controlar un 8,16% del capital social de Banesto. Estas dos primeras fases se llevaron a cabo con éxito indudable a partir del 7 de julio de 1993, con carácter previo, por tanto, a la tercera fase del plan, consistente en emitir bonos convertibles subordinados, por valor de 4.000 millones de dólares, a cubrir en los mercados mundiales.

En un momento especialmente delicado de la economía española, aquejada por devaluaciones consecutivas de la peseta, la confianza que demostraron los inversores norteamericanos de JP Morgan aportando 100 millones de dólares se recibió con sorpresa en los ámbitos financieros. La noticia de la aprobación fue portada en todos los periódicos, excepto en El País, que ni siquiera encabezó con el evento la sección de economía, puesto que Jesús Polanco ya había iniciado solapadamente su particular campaña de acoso y derribo contra Mario Conde a raíz de sus pugnas por el mercado mediático. Incluso los grandes rotativos económicos internacionales destacaron la entrada del todopoderoso grupo norteamericano en el banco español, lo que disipaba la desconfianza de los inversores extranjeros que se había desatado a raíz de los rumores sobre los supuestos problemas en la entidad presidida por Conde, azuzados un día desde el Banco de España por el gobernador Rubio.

El otoño discurría plácidamente en la sede de Banesto. La euforia a partir de la entrada de nuevo capital daba a su presidente confianza sobrada para presentarse ante el gobernador del Banco de España e informarle de la situación en que había quedado la entidad tras la ampliación, así como el plan de saneamiento concebido, de acuerdo con JP Morgan, para estabilizar definitivamente los índices de morosidad del banco. La reunión tiene lugar el 15 de diciembre en la sede de la Cibeles; días antes, dos consejeros de Banesto, Enrique Lasarte y Paulina Beato, mantienen largas sesiones de trabajo con el director general de la Inspección, José Pérez, para mostrarle al detalle y con toda claridad los números de la empresa, unos números sobradamente conocidos por inspectores y auditores. Por lo que, como decimos, el gobernador Rojo recibe a Conde a mediados de mes, perfectamente informado por sus colaboradores, con un mensaje taxativo: a la vista de la información de que dispone el banco emisor, no hay motivo para poner impedimento alguno al plan de saneamiento planteado por el equipo de Banesto.

Estamos, recordémoslo una vez más, a 15 de diciembre del 93, una fecha clave para el desenlace del drama. Faltan menos de dos semanas para que Banesto sea intervenido por el mismo Banco de España que dice amén a todo lo que propone el hombre que iba a ser defenestrado de manera implacable e inmediata. Aquel día, en el despacho del gobernador, comenzó un fatídico proceso de cuenta atrás en que todas las piezas empezaron a moverse de manera implacable para culminar el 28 de diciembre en lo que ambos interlocutores no podían imaginar siquiera. Sin embargo, el primer indicio, el primer sonido casi imperceptible de la aguja que apuntaba al giro copernicano que iba a sufrir la situación de Banesto en tan pocos días, se produce precisamente en ese plácido encuentro entre su presidente y el gobernador. Al final de la reunión, después de que Rojo diera su aprobación verbal al plan de saneamiento que se le acababa de plantear, matiza como de pasada que «va a elevar el asunto a las instancias políticas correspondientes para que den su visto bueno a la operación». Aunque el funcionario no especificó a qué instancias se refería, es evidente que tal consulta tuvo un efecto inmediato en la precipitación de los acontecimientos. Así, de este modo, y tan solo seis días más tarde, el 21 de diciembre de 1993, en un nuevo encuentro entre Luis Ángel Rojo y Mario Conde, el gobernador se echa inesperadamente atrás en punto a lo expuesto sin la menor duda el día 15: si entonces todo iba viento en popa, ahora resulta que el Banco de España no puede reconocer la viabilidad del plan por el riesgo que supone para la propia entidad supervisora.

En menos de una semana, el gobernador del Banco de España ha dado un cambio de 180 grados en su política con relación a Banesto para disentir de la manera más radical de cuanto había mantenido durante el año y medio de su gestión. Atrás quedaban los plácemes a todos los movimientos del banco presidido por Conde: el acuerdo sobre las cuentas de Banesto de 1992; la aprobación de una primera ampliación de capital en febrero de 1993, la autorización de un dividendo a cuenta, la reunión con representantes de JP Morgan en la que el banco emisor refrendó el buen momento de Banesto, la aprobación clamorosa de la macroampliación en el mes de junio, la autorización de la opa sobre las acciones de la Corporación en el mes de noviembre, el positivo encuentro entre Rojo y Conde con el plan de saneamiento encima de la mesa… En el brevísimo lapso de seis días, se dice pronto, menos de una semana, y para sorpresa mayúscula de Conde, el banco dejaba de ser una entidad modélica para plantear las más serias dudas sobre su gestión, su patrimonio y su solvencia. De repente y sin previo aviso, había cesado la armoniosa melodía, y donde antes se cantaban las excelencias de una gestión impecable, ahora, de la noche a la mañana, comenzaba a insinuarse con insistencia el rumor de un agujero en Banesto de inconmensurables dimensiones, cuya cuantía, según los días y las fuentes, llegó a los fatídicos 605.000 millones de pesetas, el guarismo más repetido dentro y fuera de España, el guarismo por antonomasia. ¿Qué había cambiado de manera tan súbita? Mario Conde lo entendió de inmediato, la respuesta había que buscarla en las instancias políticas a las que había aludido de pasada el gobernador al finalizar el primer encuentro.

Nada más abandonar la sede del Banco de España, ese 21 de diciembre de 1993, Mario Conde y sus dos consejeros Lasarte y Beato, siempre en íntima comunión con los de JP Morgan, inician una desesperada carrera de obstáculos al intuir que sus enemigos pueden haber sincronizado el tic tac monocorde de sus relojes de alarma para hacerlos saltar cuando menos se espera. Por ello, la estrategia desplegada por Conde y los suyos será de doble índole: convencer al socio americano de que los rumores que empiezan a circular desde la Cibeles carecen de fundamento y requerir su apoyo explícito ante la cúpula del banco emisor. Conde viaja con este propósito a Nueva York antes de la Navidad y consigue, con la ayuda de Violy de Harper y Roberto Mendoza, que el presidente de JP Morgan, Dennis Weatherstone, ordene que se apoye la estrategia de Banesto y sus administradores ante el gobernador del Banco de España.

Convencido de que por el flanco financiero se ha hecho todo lo posible (la carta de los americanos llegó a la mesa de Rojo la mañana del 27 de diciembre), el aún presidente de Banesto pasa el día de Navidad preparando la segunda parte de su particular estrategia de salvamento in extremis. Se trataba de averiguar hasta qué punto la caída en desgracia del banco y el banquero tenía que ver con decisiones políticas más allá de lo que pudieran disponer los organismos financieros. Va a contar para ello, así lo creyó entonces, con un colaborador de lujo que le ofrecía información directa y privilegiada sobre los movimientos que habrían de sucederse en las más altas instancias del poder: se trataba del ministro de Defensa, Julián García Vargas, el hombre que sustituyó a Narcís Serra cuando este asumió la vicepresidencia del Gobierno. Las relaciones entre banquero y político, más allá de una amistad antigua, tenían vínculos más inmediatos por el hecho de que la mujer del ministro, Araceli Pereda, era a la sazón directora general de la Fundación Banesto, el proyecto puesto en marcha por Mario Conde para patrocinar iniciativas culturales.

La misma Nochebuena, el presidente de Banesto, aún sin abrir las maletas a su regreso de Nueva York, llama por teléfono a casa de los Vargas para desearles felices fiestas y saber lo que se estaba cociendo en los fogones de la Moncloa en punto a los rumores de intervención. Al otro lado del hilo, el ministro le tranquiliza: sus conversaciones con el presidente del Gobierno, con el vicepresidente y con el ministro de Economía, habían arrojado un saldo de tranquilidad absoluta. Según García Vargas, el Gobierno no se plantea mover ficha en el asunto de Banesto. Conde, a pesar de la confianza que le merece el interlocutor, no acaba de fiarse un pelo; sus temores se irán confirmando al precipitarse los acontecimientos en las próximas horas.

Evidentemente, la situación de Banesto en aquel tiempo estaba ya en conocimiento del Consejo de ministros. Lo que no está claro es si García Vargas ocultó deliberadamente la información a su amigo, para apartarse con elemental prudencia de los fuegos cruzados y la gigantesca explosión que iba a producirse, o fueron González, Serra y Solbes, sabedores de las amistades peligrosas del titular de Defensa, quienes decidieron mantenerle en la inopia. Aunque lo más probable es que la actitud tranquilizadora del ministro respondiera a una mezcla de ambos motivos. Lo cierto es que, si para Mario Conde la Navidad de 1993 fue una amarga pesadilla, para su amigo Julián García Vargas aquellos días tampoco fueron placenteros. Se entiende que estuviera más preocupado en sus propios asuntos que en los ajenos, sobre todo al ser consciente de su incapacidad para echarle una mano a Conde: justo en aquellos momentos saltó a la palestra pública el escándalo —uno más— de las escuchas telefónicas padecidas por el editor de La Vanguardia, Javier de Godó, y la presunta participación del Cesid en tan recusables maniobras. El asunto salpica a dos órganos del Gobierno, el Ministerio de García Vargas y la Vicepresidencia de Serra. En la forzada comparecencia en el Congreso de los Diputados ambos tratan de dar las explicaciones que buenamente pueden sobre una cuestión tan comprometida. García Vargas basará su argumentación exculpatoria en el hecho de que la responsabilidad de informar sobre las actividades del Cesid correspondía al vicepresidente, ya que esa fue una de las competencias que Narcís Serra se llevó consigo al cambiar de poltrona, y ello con el único objeto de seguir interviniendo personalmente en asuntos de información privilegiada. El ministro, que —según dice— ha acudido a declarar al Congreso en aras de su responsabilidad institucional, sale relativamente bien parado de la comparecencia ante sus señorías, pero con el convencimiento íntimo de que la inestabilidad gubernamental es manifiesta y los problemas derivados de los devaneos «espiatorios» de Narcís Serra no han hecho más que empezar, por lo que serán fuente de constantes quebraderos de cabeza para el ministro y el Gobierno entero, aunque a él le afecten de rebote. El tiempo le dará la razón.

Hoy no cabe duda de que la intervención de Banesto no se decidió en un solo despacho, y que en los días anteriores al 28 de diciembre varios cronómetros marcaban de forma acompasada la cuenta hacia la consumación de la dramática decisión: aunque los principales relojes, los verdaderamente decisorios, estaban en la sede del Banco de España y el palacio de la Moncloa, si bien en muchos otros lugares —los demás centros cualificados de poder político, financiero y empresarial— las manecillas no dejaban de moverse al unísono. De nada sirvió la carta in extremis por la que JP Morgan venía a garantizar la situación del banco. La suerte estaba echada y en sobrados puntos de decisión como para que alguien, por prominente que fuese su rango, tuviera capacidad bastante para cambiar el curso de los acontecimientos.

¿Por qué desde el Gobierno se decidió amparar, consentir y hasta provocar la intervención de Banesto y el relevo de su cúpula directiva? Hoy se sabe a ciencia cierta que el vicepresidente Narcís Serra tuvo mucho que ver en ello: Mario Conde, con su espectacular ascenso por la intrincada senda de las finanzas, su asentamiento en parcelas cada vez más anchas de poder social, sus indisimuladas ambiciones políticas y su voluntad de influir en la gobernación del país, terminó por ser considerado, en especial por el vicepresidente, un peligro en la sombra al que había que quitar de en medio antes de que fuera demasiado tarde. Cabe añadir que el Gobierno creía tener otro buen motivo, que ya hemos apuntado, para alentar un golpe certero en el epicentro de las finanzas españolas, el más señalado por los sismógrafos políticos. Los escándalos de corrupción asolaban la vida pública del país, lo que resquebrajaba, sin posibilidad de reconstrucción, los cimientos del Gobierno socialista. En tales circunstancias, había que generar un escándalo en paralelo y de proporciones mayúsculas, pero alejado del ámbito estrictamente político. Con alguien tan cualificado de las altas finanzas como protagonista, el ejemplo resultaría de extraordinaria eficacia para desviar la atención de la opinión pública durante algún tiempo y, además, serviría de argumento, punto menos que incontestable, para demostrar que el virus de la corrupción no era tan solo cosa de políticos, sino que se extendía por otras muchas instancias. El Gobierno estaba decidido a comenzar una etapa de regeneración moral haciendo pagar las culpas de todo un país al hombre más popular en aquel momento.

Diremos también, a mayor abundamiento, que la cúpula del socialismo español vería con buenos ojos la entrada a saco en Banesto. Se trataba de un tercer motivo, íntimamente relacionado con la dirección del PSOE más que con el propio Gobierno. Las tensas relaciones entre Felipe González y Alfonso Guerra habían degenerado en una pugna abierta entre la militancia socialista dividida en familias y subfamilias, guerra que amenazaba con una batalla campal en el inminente congreso del partido. Pero podrá decirse, ¿qué diablos pintaba Mario Conde en las disputas internas de una formación política a la que no pertenecía? La implicación aflora a través de la cordial relación entre el banquero y Alfonso Guerra, el hombre de González que un día cocinó los platos que luego servía el presidente. Las afinidades se pusieron de manifiesto en diversas reuniones para abordar los problemas del país, del Gobierno y del propio PSOE en un clima de confidencialidad y simpatía recíprocas. El ex vicetodo no se recata en censurar, con su temible sarcasmo, al propio secretario general de su partido y el círculo que le rodea. Las invectivas son duras y directas, y en tal estado de cosas, la pugna que se libraba en el seno del PSOE exigía que los que tuviesen en su mano las riendas del poder hicieran lo imposible por echar a las tinieblas exteriores a todos los que oliesen a guerrismo, lo que, por una extraña carambola, también alcanzaba al banquero gallego por sus concomitancias con el enemigo interior.

Otras voces y desde otros ámbitos, aunque con la hipocresía más refinada, se pronunciaban en contra del osado presidente de Banesto por la heterodoxia en la consecución de sus éxitos. Para el PP la decisión tomada por Conde de saltar a la política se veía como un peligro susceptible de mermar muchos votos al centro derecha. Mario Conde tuvo que escuchar una frase harto significativa de labios de Pedro J. Ramírez, director de El Mundo: el periodista instó al banquero a que eligiese también, como él mismo había hecho, entre Gobierno y oposición, porque resultaba extremadamente peligrosa, bajo su punto de vista, la táctica de enfrentarse a todos al unísono. A pesar de sus diferencias, resueltas con frecuencia a dentelladas, la verdad es que les cuesta muy poco a los políticos unir sus fuerzas cuando se trata de defender el territorio ante la amenaza de cualquier extraño que no cuente con el apoyo de un partido integrado en el club oligárquico que se ha constituido entre nosotros.

Desde amplios sectores del empresariado, muchos también se frotaban las manos ante la idea de que se defenestrase al dirigente de Banesto con todo su equipo. No importaba que la mayor parte de los que así pensaban hubiesen sido descaradamente afines al banquero y le hubiesen dispensado la adulación más rastrera. El caso más explícito y rotundo fue el de Jesús Polanco, puesto que, como ya hemos señalado, el presidente del primer grupo de comunicación español recelaba descaradamente de Conde desde que éste había decidido invertir en medios de comunicación, a pesar de que, ante la gente e incluso de puertas para adentro, siguiesen manteniendo una relación más que amistosa. Las declaraciones de Mario Conde a la revista Época en agosto de 1999 no tienen desperdicio: el ex banquero no ha dudado en reconocer que, a mediados de 1993, había convenido con Jesús Polanco la nueva composición del consejo de Banesto, manifestación pública que produjo notoria incomodidad, e incluso indignación, entre los antiguos administradores del banco, profundamente sorprendidos por los enredos urdidos entre ambos sujetos. Como tampoco tiene desperdicio el increíble regalo, que así puede calificarse, del señero y hermoso edificio en la Gran Vía madrileña en el que radican las instalaciones de la Ser, acto absurdo de prodigalidad que obedeció a la desvergonzada y constante petición por parte del propio Jesús Polanco, secundado por sus acólitos Juan Luis Cebrián y Matías Cortés, ante un complaciente Mario Conde. Todo esto había que ocultarlo con esmero, y lo mejor era secundar a bombo y platillo la pertinencia de la intervención.

Y no digamos nada de los grandes de la banca, que siempre habían visto a Conde como un virus maligno infiltrado de matute en un campo que ellos controlaban a placer y consideraban exclusivo. La verdad es que todos se regocijaron durante mucho tiempo por la caída en desgracia del anómalo aprendiz de banquero. Así, de un modo prácticamente universal, en los últimos suspiros del año 1993, las llamadas telefónicas se entrecruzan y los mensajes confidenciales van de boca en boca. Todas las piezas del rompecabezas van encajando, hasta que sólo queda la que provocará la eclosión definitiva del suceso: la rúbrica del gobernador Luis Ángel Rojo en el acuerdo de intervención, llamada eufemísticamente «sustitución de los administradores de Banesto». Las manecillas del reloj han ido moviéndose implacablemente hasta pararse sobre la cabeza de Conde el día de los Santos Inocentes.

3

EL ABORDAJE DEL GALEÓN

«Aunque el engaño sea en todo lo demás reprensible, en la guerra es cosa laudable y digna de elogio, y lo mismo se alaba a quien por medio de él vence al enemigo que a quien lo rechaza por la fuerza»

(MAQUIAVELO)

Felipe González gana las elecciones generales de 1993 bajo el eslogan electoral «el cambio del cambio». Lo que no imaginaba Mario Conde es que esa mutación iba a consistir fundamentalmente en intervenir Banesto, quitarle sus acciones, desprestigiarlo ante la sociedad española, meterle una querella criminal con acusaciones gravísimas y ponerle de patitas en Alcalá Meco. Los votantes del PSOE y la ciudadanía en general pudieron observar pocos cambios efectivos en cumplimiento de aquella consigna, que prometía elevar a la enésima potencia todo lo bueno y provechoso para el país, aunque lo único que se hizo fue cargar sobre las espaldas del presidente de Banesto, elegido como víctima propiciatoria, toda la acción de gobierno en pago de lo comprometido ante los electores.

La intervención de Banesto pasará a los anales de la historia de las finanzas y la política para poner en evidencia el abuso espúreo del poder ejercido por Felipe González, gravemente enfermo del «todo vale» para llevar a término sus propósitos de supervivencia. «El fin justifica los medios», sería el lema inscrito con letras indelebles en el catecismo socialista, a lo que se añadió, a modo de complemento, eso tan socorrido de que «a grandes males, grandes remedios». Acosado por la corrupción, Felipe González echó mano al recetario del curalotodo y eligió el bálsamo de Fierabrás para aliviar sus propios males y los de su partido: transmutar la corrupción política mediante el sucedáneo de la corrupción económica, atribuyéndola en gran escala a quien parecía más apropiado para cargar con el muerto, Mario Conde, el que quedaba más a mano. Porque el escándalo a elegir, ya lo hemos dicho pero quizá convenga repetirlo, no podía ser un escándalo cualquiera, algo de poca monta; tenía que ser el escándalo de los escándalos, que permitiera enterrar de un plumazo toda la mierda que cubría hasta la coronilla a los heraldos de la honradez centenaria. Dicho y hecho, aunque la fabulosa pócima tuviese efectos secundarios muy dolorosos para el aprendiz de brujo.

LA GRAN INOCENTADA

«Yo vivía en la paz y la inocencia. Tú fuiste quien violentamente me arrancó de mi sosiego, cambiando en negro veneno el dulce elixir de mis pensamientos. Tú me acostumbraste a las acciones monstruosas»

(SCHILLER)

El día 28 de diciembre de 1993 amanece tranquilo en el mar del Caribe. No hay atisbos de oleaje peligroso o violento o de vientos huracanados. El Alejandra está amarrado en uno de los muelles flotantes del puerto Nelson, en la Antigua, cuando Alison, una chica galesa de buen ver que trabaja a bordo, escucha un fuerte ruido procedente del salón, a donde acude con rapidez para comprobar lo que ha sucedido. Sin ningún motivo aparente, sin ningún movimiento más o menos brusco del navio, el retrato de Don Juan de Borbón —muerto casi nueve meses antes, el primero de abril de 1993, sin poder cumplir su sueño de navegar en el nuevo barco de Mario Conde— se ha desprendido de la pared de caoba del salón estrellándose contra el suelo. ¿Era un símbolo que el implacable destino ofrecía así a los mortales sobre los inmediatos acontecimientos?, ¿acaso una coincidencia estadísticamente inverosímil, una entre un millón, lo que no pronosticaba nada por sí misma? Lo cierto es que mientras este episodio insignificante ocurría en las pequeñas Antillas, en el proceloso piélago matritense de las finanzas, la política y el periodismo, todo contaminado por la hipocresía, la maledicencia y la mala leche, en este mar que empieza en la Cibeles siempre dispuesto a cobrarse cualquier presa aunque aparente calma chicha, se levantaba una tormenta de olas gigantescas que haría caer de su pedestal al presidente de Banesto, y con él a todo su consejo de administración.

A las ocho de la mañana del día de los Inocentes, Mario Conde, impotente, está en su despacho de Banesto haciendo lo único que le queda por hacer: esperar el curso de las horas. Más solo que la una, aunque aparezca rodeado por algunos de sus colaboradores, oye que le llaman por el teléfono más privado y privativo. El que llama es el hijo del hombre cuyo retrato se acababa de desprender, a miles de millas de distancia, en el salón del Alejandra. El Rey intenta consolar a Conde mostrándole su enérgica protesta (el nuestro es un país de enérgicas protestas, nos pasamos la vida protestado enérgicamente) por la amenaza de intervención del banco, y le explica su charla con el presidente del Gobierno, al que ha llegado a decir que «ese» no era el mecanismo adecuado para resolver cualquier problema, además de recomendarle que se fijara en los casos ocurridos en Inglaterra y en cómo los había solventado aquella gente tan pragmática. Si bien el comunicante, con la explicable cautela propia de su dinastía, cuida de advertir al presidente de Banesto, todavía entero por fuera pero casi extinto por dentro, que era aconsejable no revolverse innecesariamente con medidas extremas que podrían resultar inconvenientes e incluso peligrosas. Conde lo entiende a la primera, y se muestra de la misma opinión. El monarca intentaba así alejarse de lo que comenzaba a sonar como una operación política de grandes vuelos trazada desde la mismísima presidencia del Gobierno.

Mientras escucha a Don Juan Carlos, recuerda Conde que Manolo Prado le había llamado unos días antes para darle cuenta —y prevenirle— de los rumores que circulaban sobre la posible intervención de Banesto por el Banco de España como un acto de obediencia debida a los designios gubernamentales. Mario contestó al asesor y confidente aúlico que no se preocupara, el gobernador le había dado su palabra de apoyar el plan convenido con la Morgan. El experto en destrezas fiduciarias deslizó interesadamente a Conde una nueva confidencia: a mediados de diciembre, en uno de los despachos habituales de Felipe González con el Rey, salió el tema de Banesto, por lo que el mismo Prado, conocedor de las relaciones entre el monarca y el banquero, llamó al ministro de Economía y al gobernador del Banco de España, quienes le dijeron que no pasaba nada fuera de lo normal, salvo que Banesto quería resolver sus problemas de una forma más clara y definitiva de lo que puede entenderse como habitual en las entidades de crédito. Con todos estos datos en su poder, Mario Conde, razonablemente, aunque resulte paradójico, piensa que la decisión de intervenir Banesto está ya tomada. Es posible que en las máximas instancias políticas la medida estuviera prevista incluso con anterioridad, porque no resultaba creíble que Felipe González, a esas alturas de diciembre, no supiera nada de la decapitación del gallego y también esta vez tuviera que enterarse de la intervención por los periódicos. Por eso, la sugerencia del Rey, partícipe involuntario del desenlace, sólo tiene una explicación posible: el propósito deliberado de transmitir a su amigo un mensaje de tranquilidad. En los manuales del arte de la guerra, hacer creer al contrincante que soplan vientos bonancibles es el requisito número uno para iniciar el ataque por sorpresa.

Antes incluso de finalizar su conversación con el monarca, le entra a Conde otra llamada telefónica por la línea oficial de Banesto. Es el presidente del Gobierno. El banquero le agradece la llamada y le anticipa que si intervienen el banco la decisión no puede ser más equivocada, habida cuenta del plan de saneamiento respaldado por JP Morgan, que le gustaría explicarle personalmente. Conde insiste en que las cifras de la inspección no son correctas, y le ruega una reunión a cuatro bandas entre ellos dos, el Banco de España y JP Morgan, para que se entere bien del asunto que, según el banquero, va a tener graves consecuencias para España, y luego tome la decisión que corresponda. Felipe González rehuye la vieja relación personal a la que Conde está apelando de manera implícita, y muestra en cambio su cara institucional para no atender el requerimiento que se le hace, limitándose a pasar la patata caliente a Luis Ángel Rojo, del que dice fiarse en absoluto, y con el que Conde debía ponerse de acuerdo. Conde sufre una profunda decepción. Sabe que las palabras del presidente son una despedida en toda regla, el final de una relación en la que uno, el que tiene la sartén por el mango, arroja violentamente de su casa al otro, el condenado al infamante desahucio por falta de pago. Es consciente de que en una reunión con Felipe González, los representantes de JP Morgan, el gobernador y él mismo, habría demostrado claramente la viabilidad del plan propuesto al Banco de España. Y sabe también que Rojo no habría tenido fuerza para defender lo contrario. Si de verdad se trataba de un agujero en Banesto, ¿no era lógico que Felipe González hubiese accedido a la reunión, aunque sólo fuera para presionar a los americanos de Morgan y solventar definitivamente el problema en términos pacíficos?

Así las cosas, Mario Conde acude a la cita prevista con Luis Ángel Rojo sin la menor esperanza. Tampoco le tranquiliza que el gobernador le indique que acaba de hablar con el presidente del Gobierno, sobre todo porque no dice ni media palabra sobre el contenido del mensaje que haya podido recibir de la Moncloa. El de Banesto muestra al emisor y a su segundo, el subgobernador, el texto de la carta que ha enviado in extremis el presidente de JP Morgan garantizando la situación de Banesto, pero Martín le dice que ya no están para cartas y debe comprender que eso no sirve absolutamente para nada. Rojo le explica que el Consejo Ejecutivo del Banco de España ha sido convocado para las doce de ese mismo día y que va a someter a su consideración el plan presentado por Banesto. Aunque también es sincero con Conde y le anticipa su creencia de que no existe cualquier posibilidad de que se apruebe el plan, en cuyo caso no tendrán más remedio que proceder a la remoción de todos los administradores. Miguel Martín pone encima de la mesa una triple opción y deja el resultado en manos del requerido: la primera, que les pida a ellos mismos que le sustituyan como presidente, en cuyo caso recaería el nombramiento en un banquero de la confianza del Banco de España; la segunda, que solicite por escrito que se cambie a todos los consejeros de Banesto, y la tercera, que no pida absolutamente nada y hagan ellos lo que tengan por conveniente.

Todas las reuniones habidas hasta entonces entre Conde y el gobernador no habían contado con la inestimable presencia de Miguel Martín, uno de los hombres tenido por más oscuro y rencoroso de la Administración Pública española. Su papel en la tenebrosa noche del 23-F, cuando era subsecretario de Hacienda, está escrito. Quien, como es lógico, tenía la facultad de convocar al subgobernador era Luis Ángel Rojo, el cual había manifestado a Conde en las reuniones previas que la ausencia de Martín se debía a que el propio gobernador no se fiaba de él. Pero lo cierto es que en esta sesión del 22 de diciembre fue Martín el que llevó la voz cantante, sin duda porque le tocaba actuar como hombre fuerte del Gobierno en el difícil trance. Rojo se limitó a referirse, con voz apagada y en términos ambiguos, a la gravedad de la situación de Banesto. Las prerrogativas institucionales del gobernador habían descendido un peldaño para caer en manos de Martín, ávido de protagonismo. Sin guardar las apariencias y como un segundo en funciones de primero, el funcionario subalterno marcaba con firmeza el rumbo de los acontecimientos. Aquellos acuerdos que se habían tomado en reuniones anteriores entre Rojo y Conde, los daba Martín por obsoletos y sin el menor valor, un simple papel mojado. Incluso se atrevió a manifestar algo sorprendente y que, en términos jurídicos, cualquiera con autoridad para dictaminar en derecho pudiera considerar delictivo: «Nosotros podemos encontrar soluciones para tu dinero», en directa e impúdica alusión a las acciones de Banesto en manos de Conde. ¿Quién había autorizado a Miguel Martín para pronunciarse con esa firmeza en términos tan desvergonzados? Todavía se está en el secreto de la propuesta, pero la actitud del subgobernador viene a demostrar que el poder asignado a Rojo por la gran banca era, ya entonces, más aparente que real.

Las ansias de Miguel Martín por traspasar la orilla de lo público y arribar al puerto de lo privado se habían despertado incluso antes de iniciar su etapa de subgobernador. Unos años atrás, cuando Martín era director general de la Inspección tributaria, ya mostró su primer impulso «privatizador»: precisamente de la mano de Arturo Romaní, relevante consejero de Banesto y ex compañero de Martín en la subsecretaría de Hacienda, logró que le recibiera el presidente Mario Conde. El motivo era muy simple: tratar de la posible incorporación del prohombre público a la alta dirección de Banesto (en todos los sitios cuecen habas, y en un banco de la categoría de Banesto el huerto le parecía promisorio al inspector fiscal). Conde declinó amablemente el ofrecimiento del funcionario, y reconoció luego en estos términos el motivo que le impulsó a rechazarlo: «Desde los primeros compases de la reunión, Martín me dio miedo. Sentí que era un hombre capaz de lo peor, y además, capaz de disfrutar ejerciéndolo». Martín hizo pagar caro a Conde lo que él, despechado, consideró un desaire. La venganza de tan intolerable agravio, el placer más sutil y acabado de los dioses, alcanzó cotas dramáticas al servir de instrumento del Gobierno felipista para consumar la intervención de Banesto y la expulsión vergonzante de su presidente.

Se especula de antiguo con las ansias vehementes de Martín de acceder a la alta dirección de una importante entidad bancaria, aunque no es lo mismo renunciar a la dirección general de la Inspección fiscal que a la poltrona de subgobernador del banco emisor. Pero formas, métodos, alternativas hay las que se quiera. El caballo de Troya forma parte de la estrategia más inveterada para abordar solapadamente la retaguardia del enemigo. Botín es un maestro en el empleo de la falaz cabalgadura, y sabe a ciencia cierta cómo utilizar el artilugio para actuar con la mayor contundencia después de una prudente espera. Veremos lo que pasa ahora al haber cesado Martín en sus funciones para bien del instituto monetario al que «sirvió» con tan deplorable dedicación.

Mario Conde se da cuenta al punto de lo que pretenden sus interlocutores: que coja el sombrero y se largue inmediatamente de su flamante despacho en Alcalá 14, bien porque lo pida él mismo y «le hagan caso», bien echándole con cajas destempladas como a un intruso de la peor especie. Cualquier solución es buena para que se marche con viento fresco. Pero como es un accionista importante del banco no interesa que mantenga su participación en el capital social, por lo que se le ofrece la fórmula más benévola: vender en ese mismo momento sus acciones a buen precio, y asunto olvidado. Conde lo considera inaceptable, así lo ha manifestado en varias ocasiones: no entendía cómo iba a vender su paquete y dejar en la estacada al resto de los accionistas y al consejo del banco. Si le estuvieran hablando de que alguien iba a presentar una opa, podría pensárselo dos veces, pero coger el dinero y salir corriendo por la puerta de servicio no le parecía decoroso. No le importaba perder —así decía— hasta la última peseta que había ganado; perdido estaba, ya volverá a ganarlo, y con creces. Soñar cuesta poco.

Conde intenta de nuevo que le dejen hablar con los representantes de JP Morgan para tratar de que se impliquen más activamente en la posición de garantes manifestada en su reciente carta. Rojo, más accesible, le dice que lo intente, pero el subgobernador, consciente de su papel «providencial», se cierra en banda y asegura que el Consejo Ejecutivo nunca aprobará cualquier otra fórmula, entre otras cosas porque él votaría en contra. Mario Conde, perdida toda esperanza, vuelve a la sede de Banesto, explica lo ocurrido a la comisión ejecutiva, habla con JP Morgan e intenta buscar un banco español, creyendo que podría ser el BBV, para entrar de inmediato en un proceso de negociación. Los de la plaza de la Cibeles le dan de plazo hasta el 31 de diciembre, es todo lo que consiguió arañar en la dramática entrevista. Así lo creía Conde, pero la realidad se escribió al fin con caracteres más calamitosos: entre Luis Carlos Croissier y Miguel Martín diseñan una estrategia para hacer imposible la solución en el transcurso de esas setenta y dos horas, un tiempo brevísimo, o eterno, según se mire; se trata de provocar una brusca bajada en la cotización de las acciones de Banesto que siembre la alarma en el mercado. Había que apretar el acelerador. Conocen bien a Conde y saben que no pueden dejarle un palmo de terreno para maniobrar, como acostumbra, con la agilidad de un felino. Si se le permite que negocie con el BBV, lo probable es que arrastre a Emilio Ybarra hacia su bando, tal y como hizo con José Ángel Sánchez Asiaín cuando la opa de marras, la que supuso el fracaso de Solchaga/González, Rubio y Asiaín, abatidos todos de un solo disparo. Además, el respiro le daría tiempo a que llegara el séptimo de caballería, las huestes de JP Morgan, y en la Cibeles saben que sería imposible intervenir el banco, sin razones evidentes, con los americanos presionando a la contra. Definitivamente, la solución pasaba por no dejarle ni un minuto de respiro a fin de que no pudiese reunir a su consejo de administración, o incluso a la junta general de accionistas.

Paralelamente, Mario Conde empieza a mover sus deleznables piezas políticas: habla con Miquel Roca, sin resultado apreciable, y sobre todo con José María Aznar, cuya respuesta le indica a las claras que no sólo está al tanto del asunto, sino que lo aprueba de forma velada. Su intuición no le falla al banquero, ya que pocos minutos después uno de los miembros de la comisión ejecutiva, Vicente Figaredo, al recibir la información de que Banesto va a ser intervenido, se pone en contacto con su primo Rodrigo Rato, hombre de confianza de Aznar. El mensaje no ofrece dudas: si vende las acciones al BBV no pasará nada más, todos tan contentos. Tras este aviso para navegantes, Conde tiene la certeza de que hay un pacto entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición para dejarle en pelota picada.

A las cinco y media de la tarde, Mario Conde vuelve a pisar el despacho del gobernador. El aún presidente de Banesto recibe de manos de Fanjul Alcocer, el pedante y dúplice jefe de la asesoría jurídica del banco emisor, emparentado con los Albertos y confidente suyo, los 31 folios escritos a máquina en papel oficial que contienen la destitución manu militari de todo el consejo de administración de Banesto, con su presidente a la cabeza.

Acompañado hasta el ascensor por un callado y cabizbajo gobernador, Mario Conde sale a la calle en todos los sentidos del término: a la madrileña calle de Alcalá y «a la puta rue», como dijo entonces algún castizo, sin saber a dónde podría dirigir sus pasos al día siguiente. Lo único que se le ocurrió antes de abandonar el edificio fue mirar fijamente al gobernador y decirle: «No sabes la que habéis montado». (La verdad es que la frase no merece pasar a los anales de la historia; el depuesto podría haber dicho algo más original y lapidario, la ocasión daba pie para aguzar el ingenio).

Mario Conde consigue, horas más tarde, reunir al extinto consejo de administración, un órgano que ya no existía legalmente como tal, para dar cuenta de lo sucedido, al tiempo que mostraba su desconcierto y su falta de reflejos ante el diluvio que estaba cayendo sobre todos los reunidos, desprovistos de paraguas o ropa de agua. Se produjeron dos reacciones a cuenta de la información que les facilitaba extemporáneamente Mario Conde sobre sus reuniones en el Banco de España: uno de ellos, sólo uno, Rafael Pérez Escolar, empeñado en promover de inmediato una querella criminal contra los máximos rectores del Banco de España, cuya conducta calificó allí mismo de falsaria y prevaricadora, según la información facilitada por el ex presidente; los demás con alguna excepción, como Enrique Lasarte y César Mora, todos profundamente contrariados porque Conde no hubiera consultado con el consejo antes de adoptar cualquiera de las decisiones propuestas por Rojo y Martín. Sobresalía en esto último la voz de Ricardo Gómez-Acebo, indignado porque a él, vicepresidente del consejo y de la comisión ejecutiva, no se le hubiera dado cuenta para nada de las conversaciones con el Banco de España hasta que ya no había remedio para buscar cualquier solución. «Yo que soy nieto de presidente e hijo de presidente de Banesto, y ocupo en esta casa el cargo de vicepresidente, estoy tan indignado con esos cabrones del Banco de España como con Mario Conde, al no haberme dicho ninguno de ellos una sola palabra sobre cualquier dificultad». El inconcebible carácter tuitivo, aparentemente asumido por el presidente con relación a los demás administradores, lo consideraron éstos como algo impropio y fuera de lugar, puesto que Conde podía disponer por sí mismo de lo suyo, pero no de la situación personal y patrimonial de los demás.

Atrás quedaban seis años de una dura guerra que iniciaron Mariano Rubio y Carlos Solchaga, los cuales, al caer en combate, contaron para rematar la faena con tres aventajados lugartenientes: el intrigante Narcís Serra, el pusilánime Luis Ángel Rojo y, especialmente, el resentido Miguel Martín, al que un día Conde había negado el acceso a la alta dirección de Banesto.

El nombre del sustituto de Mario Conde al frente de Banesto estaba decidido de antemano: se trataba de Alfredo Sáenz Abad, el hombre que luchó con uñas y dientes, sin parar en barras, por la presidencia del BBV, hasta que el antiguo equipo de Pedro Toledo se vio obligado a rendir las armas. Enrique Lasarte, ya ex consejero delegado, le presenta a los directores generales de Banesto y organiza el traspaso de poderes que el Consejo Ejecutivo del banco emisor había decidido tan sorpresivamente. Saénz Abad, el elegido para hacerse cargo de la precipitada presidencia de Banesto, tras la reunión que mantuvieron el día de Navidad en la casa del gobernador los equipos del BBV y del Santander, penetra ufano en la planta noble del edificio a las siete de la tarde. Lleva en sus manos unas cuantas hojas de papel escritas a máquina, con el membrete del Banco de España, en las que se le designa como presidente solidario y administrador único de Banesto, es decir, el dueño y señor del banco con poderes absolutos, a cuyo ejercicio se dedicaría con denuedo hasta lograr muy pronto para sí una saneada fortuna, por prestar servicios públicos, sin pagar los impuestos debidos a la Hacienda Pública. Todo esto para Sáenz Abad, a pesar de cómo se habían producido los acontecimientos, representaba muchísimo más que mucho: incluso se hallaba en disposición de traicionar a su propio banco, el BBV, en el que se sentía como gallina en corral ajeno después del triunfo de Emilio Ybarra, y a ganarse una pitanza más que suculenta en otro predio que resultara más favorable para sus propios y personales intereses.

Lasarte le atiende y le presenta, uno a uno, a los miembros de la alta dirección del banco. Sáenz Abad inicia así una nueva etapa en su vida, que colige promisoria. En su rostro, por encima de las incertidumbres del momento, se pinta la satisfacción que le produce todo lo que está sucediendo tan vertiginosamente. Le comenta a Lasarte que una de las cosas que más les ha sorprendido ha sido la decisión de Conde de no vender sus acciones; le extrañaba que hubiera decidido no largarse con el dinero fresco. Lo propio de Sáenz Abad, un idealista.

Aunque Mario Conde tuvo ese gesto, que el nuevo presidente provisional no acertaba a comprender, dada su peculiar idiosincrasia, esa actitud le sirvió de muy poco. Desde su expulsión del banco, el acoso a que Conde fue sometido en los medios de comunicación, con el grupo Prisa a la cabeza, cobró tal fuerza que cualquier noticia positiva era inmediatamente destrozada por las informaciones, falsas o sesgadas muchas veces, y los comentarios, siempre demoledores, sobre el comportamiento de los cesados gestores de Banesto. Ignoraba el defenestrado banquero que los hechos sucedidos en aquel fatídico día de los Inocentes eran tan sólo el preámbulo del cúmulo de desgracias que caerían sobre sus espaldas. Recordemos, a propósito de la actitud adoptada por el grupo Prisa, que respondió a varios motivos íntimamente coordinados entre sí. En primer término, ya lo hemos dicho, el propósito de Polanco de alejarse con toda rapidez de Conde, su íntimo amigo hasta entonces, para que no se viera la menor identificación entre ambos que le pudiera salpicar también a él. En segundo lugar, para ocultar los inmensos favores recibidos del presidente de Banesto, como el regalo de la formidable manzana de la Gran Vía madrileña, en la que se asienta la Cadena Ser, así como los manejos para acabar con Antena 3 Radio y su grupo de brillantes profesionales, cuya palabra molestaba constantemente al Gobierno y a sus corifeos. Y, por último, porque desaparecía de la circulación alguien que había estado a punto de asestar a Polanco un duro golpe en la hegemonía mediática de la que presumía constantemente. Polanco había mantenido un trato tan intenso con Conde que éste, como decíamos también, declaró a la revista Época, a mediados de 1993, que consultó incluso con el de Prisa la nueva composición del consejo de administración de Banesto, extremo que mantuvo en secreto hasta entonces y que al publicarlo el periódico de Campmany motivó la justa indignación de los antiguos administradores del banco. Si hay en la conducta de Conde algo verdaderamente reprochable son los actos absurdos de prodigalidad en beneficio indebido e ilícito de su antiguo amigo el de Prisa, de lo que nadie ha dicho media palabra.

Demos marcha atrás a la moviola, retrocedamos en el tiempo, y fijémonos en el fin de semana del 17 al 19 de diciembre; Conde lo recuerda, según lo ha escrito, «como uno de los más tranquilos que he consumido en Los Carrizos». Estaba convencido de que Rojo, según le había prometido, iba a elevar pacíficamente el asunto a las instancias políticas como un trámite rutinario, por lo que no cabía sentir aquel día tan sosegado especial inquietud por el resultado final, habida cuenta de que sus relaciones con el presidente del Gobierno, en cuyas manos acabaría necesariamente el asunto, se desenvolvían en un clima de normalidad, sobre todo al ser consciente en el fondo de la racionalidad del plan de reestructuración diseñado por Banesto en colaboración con JP Morgan.

A media tarde del viernes, una llamada telefónica rompió la placidez de la jornada sevillana. Era José María Amusátegui, presidente del BCH y compañero suyo como abogado del Estado. La excitación del interlocutor no ocultaba el mensaje sin fisuras que le transmitía: «Tenemos que adelantarnos a lo que quieren hacer con nosotros. La solución consiste en que nos fusionemos este fin de semana. Viajo a Sevilla con mi equipo, tú llamas al tuyo y lo ultimamos todo». Conde rechazó de plano la imprevista e inteligente iniciativa que le proponía Amusátegui, y optó por no explicarle el acuerdo —feble acuerdo— con el gobernador. Fue aquella la última oportunidad del de Tuy, lamentablemente perdida, porque si es cierto que apreciaba sinceramente a su amigo y compañero, lo tenía en menos como banquero al frente de una entidad en situación mucho peor que la de Banesto. Si Mario Conde hubiera aceptado la propuesta otro gallo le cantara hoy día; de haber anunciado Conde y Amusátegui al lunes siguiente la fusión de los dos bancos, el tic tac de la bomba se hubiera parado en seco. Queda a la vista, pues, que Amusátegui tenía más razón que un santo, aunque hayamos de tomar la santidad de los banqueros con las debidas cautelas: ya se sabe que de dinero y santidad, la mitad de la mitad. Hoy, Amusátegui copreside el BSCH, mientras Conde recuenta una y otra vez, sin acabar de creérselo, los votos dispensados por algunos excéntricos ciudadanos en las últimas elecciones generales: la inmensa minoría, como dicen sus enemigos. Aquel fin de semana del 17 al 19 de diciembre, clave para Conde, tiró por la borda la solución propicia, sin haber consultado para nada, como era habitual en él, con los consejeros de Banesto.

El 28 de diciembre de 1993, Alfredo Sáenz Abad se encontró de improviso con la presidencia de Banesto en las manos. Este vasco nacido en Baracaldo, lo que no es un desdoro, aunque él sostiene con denuedo que vio la luz en Las Arenas, Guecho, feliz acontecimiento que sucedió en noviembre de 1942, no dudó un segundo en aceptar el cargo. Se trataba de la oportunidad de su vida, y estaba dispuesto a pagar cualquier precio por hacerse con las riendas del poder en Banesto y enriquecerse lo antes posible a expensas de una entidad supuestamente en crisis. A los 51 años recién cumplidos, Sáenz Abad se erigía en «salvador» del banco con más solera de España. El nuevo presidente provisional es un prototipo de la enseñanza jesuítica. Cursó el bachillerato en Indauchu y se licenció en económicas en la Comercial de Deusto, bajo los auspicios del padre Bernaola. Se nota que el estilo de la Compañía ha calado en la personalidad del sujeto: su forma de ser, de trabajar y de entender la vida está marcada por su etapa discente bajo el lema «la hipocresía al servicio de la eficacia», o este otro: «la pasta bien vale una misa». Lo cierto es que en unas declaraciones a la Actualidad Española, a poco de tomar posesión en Banesto, no dudó en proclamar que «para ser banquero hay que tener instinto criminal», lo que le ha obligado a defenderse en numerosos procesos penales actualmente en tramitación. Hizo algunos pinitos en la enseñanza hasta percatarse muy pronto de que el Cielo no le había llamado por el camino de la docencia. Algún alumno con el que hemos hablado le recuerda dirigiéndose a la escasa concurrencia con su voz apagada, que suele utilizar como escudo protector, no sabe bien de qué. También dice que es licenciado en derecho con el número 1 de su promoción, lo que resulta más que dudoso: en Valladolid, donde se examinaba, no había números en la licenciatura, y en sus declaraciones ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional afirmó «no saber derecho y descansar en los abogados». Quizá se le ha olvidado la ciencia jurídica tras tantos años de incesante actividad profesional en pro de entidades que se fueron al garete debido a su gestión.

Los orígenes profesionales de Sáenz Abad están vinculados a la industria vasca, sobre todo al pasarse bastantes años (1965-1980) en Tubacex, los suficientes para llegar a director general de la empresa, y los suficientes también para que, cuando la abandonó en 1980, la dejara en quiebra. Pero Sáenz tuvo suerte; como une mucho lo de la Comercial de Deusto, Pedro Toledo, su compañero de días universitarios, lo rescató del «titanic» Tubacex para llevarlo al Banco de Vizcaya. Algunos directivos de la época aún recuerdan con sorna que una de las apuestas que hacían entonces entre sí era el tiempo que tardaría Sáenz Abad en desbancar a su mentor del cargo presidencial y quebrar el banco. No se sabe si Botín hizo un test psicológico a quien suscitaba tales comentarios. Quizá porque esos rumores llegaron a oídos del propio Toledo, la siguiente oportunidad de Sáenz Abad vino con el affair de Banca Catalana, lo que suponía su desplazamiento lejos de Bilbao. Sin duda el Banco de España debió ver algo en él que no vieron en su día los accionistas de Tubacex. Y así, desde 1983 a 1985, se convirtió en consejero delegado de la entidad catalana en dificultades, y luego, desde 1986, en su presidente ejecutivo, posición que mantenía incluso cuando ya era «superagente» en Banesto (lo dice el currículum oficial). En estas responsabilidades en Banca Catalana se cuidó muy mucho de no entablar acciones penales, y ni siquiera de exigir responsabilidades mercantiles, contra Jordi Pujol y los demás dirigentes de la entidad, a quienes pagó incluso sus importantes indemnizaciones laborales, a pesar de los dislates de todo orden que afloraron a raíz de la intervención. Pero claro, don Jordi mandaba entonces mucho en Cataluña y aledaños y convenía tentarse la ropa con el President.

La fusión entre el Banco de Vizcaya y el Banco de Bilbao iba a abrirle nuevos horizontes. O eso creía él. Sólo así puede entenderse el episodio que protagonizó para suceder a Pedro Toledo. A fin de colarse de rondón en la presidencia del banco, no tuvo excesivos reparos en llevarlo a una situación de parálisis sin precedentes en la banca española. Sáenz Abad, asesorado por el abogado palentino Mario Fernández, se reunió con los demás consejeros procedentes del Vizcaya, celebró un «consejo de administración», del que se excluyó sin más al copresidente supérstite y a los consejeros procedentes del Bilbao, y con la firma del que luego sería primer secretario del Banesto intervenido, José Luis Segimón, ese «consejo virtual» le nombró copresidente del BBV. Con la ayuda insospechada de un notario de Amorebieta y del Registro Mercantil de Bilbao, Sáenz Abad, con alevosía y nocturnidad, fue «reina por un día» del BBV La entidad se vio obligada, caso insólito, a recurrir contra sí misma (desde entonces, la particular ojeriza que nuestro personaje dispensa al profesor Fernando Sánchez-Calero). Y, al final, el asunto hubo de resolverse por el arbitraje del gobernador Rubio cuando la crisis llevaba meses pudriéndose, lo que acabó con el culebrón del BBV, sacando de la presidencia a un perplejo José Ángel Sánchez Asiaín para nombrar a Emilio Ybarra (amén, claro, de algunos consejeros más, todos amiguetes del que designaba, aprovechando lo del Pisuerga). En cuanto al eximio jurista Segimón, que se había saltado a la torera las normas del propio Banco de Españá, todo quedó en mera reprimenda. En suma, el asunto no le salió bien del todo a nuestro hombre; en el BBV, ya gobernado por los antiguos del Bilbao, a Sáenz Abad le dedicaron a vender fichas bancarias, lo que en la práctica suele hacer cumplidamente cualquier jefe de tercera. Como excepción a una labor tan poco relevante, Emilio Ybarra, empeñado con clarividencia en tenerle lo más lejos posible, le mandó a México para que explorara las posibilidades de expansión bancaria en aquel hermoso país. Sáenz Abad tuvo la mala suerte de caer en las redes de un par de picaros con buen aire, José Madariaga y José Lomelín, que manejaban a su antojo un tinglado de pésimos antecedentes, en apariencia de carácter bursátil, llamado Probursa. Los avispados anfitriones no dudaron en preparar al visitante un timo de la estampita elevado a la enésima potencia en los términos más sugestivos: espléndida cena en el restaurante más caro de la capital, con mariachis incluidos, y un hagiográfico introito a cargo de Madariaga para poner de relieve los grandes méritos que concurrían en tan eminente visitante, una autoridad tanto en la docencia como en las finanzas, por lo que, ajustándose a la retórica más florida, el orador y todos los suyos se ponían a disposición de tan prestigioso representante del BBV para concertar los pertinentes acuerdos que, sin duda, permitirían a Probursa alcanzar las más altas cotas en la banca mejicana. Sáenz Abad, el nuevo Hernán Cortés de las finanzas, embelesado por el brillante discurso y bajo el efecto de las demoledoras «margaritas», se dejó seducir al punto por aquella versión trasatlántica y a lo grande de Rinconete y Cortadillo, y para hacer corta la historia diremos que llevó a su banco a formalizar un disparatado acuerdo por el cual el BBV ha perdido cientos de miles de millones de pesetas en tierras aztecas. Sólo después de muchos años de seguir echando dinero a espuertas en aquel pozo sin fondo y de verse obligado a coger las riendas de la administración y la gestión de Probursa, los vascos, por supuesto sin conocimiento del Banco de España sobre la realidad de aquel nido de avispas (observe el lector que decimos «nido de avispas» y no «de ladrones») en que les había metido Sáenz Abad, pudieron sacar la cabeza a flote, aunque muy a duras penas, y respirar con algo más de sosiego.

No es raro que de todo esto no quiera acordarse para nada Sáenz Abad, como tampoco que ante la Audiencia Nacional haya afirmado, bajo juramento, que él nunca fue presidente del BBV. Claro que también dijo muchas más cosas bajo juramento, de las que nos ocuparemos en momento oportuno. Convertido en el «superagente» del Banco de España en el Banesto intervenido, decidió que ya se habían terminado sus días oscuros en el BBV. Ahora iba a ser importante de veras. ¡Se iban a enterar los de Neguri de quién es Freddie! Con este cariñoso apodo, Freddie, es conocido en determinados ambientes íntimos, lo que se debe a su incontinente afición de mezclar palabras inglesas, vengan o no a cuento, en todo lo que dice para paliar así las notorias deficiencias de un castellano, el suyo, cuya sintaxis deja bastante que desear. Pueden leerse sus divertidas intervenciones en la Comisión Banesto: recuerdan en todo al mejor Cantinflas, pero en versión yupppie. Sin embargo, de su etapa en Barcelona cuentan sus allegados que, al igual que José María Aznar, habla perfectamente el catalán en privado. Los catalanes, a cuya estirpe se honra en pertenecer el autor de este libro, que no son mancos en eso de los apodos, nada más llegar a la ciudad condal empezaron a llamarle «el batracio», dicen que por la notoria semejanza de su faz con el sapo. Aunque no seamos partidarios de aludir al físico de los criticados, hay que convenir en que hay algo de esto en el inverecundo parangón.

Y recordemos también que intervino en el Saudesbank, hasta que la desastrosa gestión de la entidad llevó a su disolución por insolvencia. En ese banco, hoy desaparecido, estaba directamente implicado, como presidente de la comisión ejecutiva, el consejero del BBV Federico Lipperheide, que había pertenecido al consejo del Banco de Vizcaya como correligionario de nuestro variopinto personaje.

Sáenz Abad es de esas personas que piensan, con toda la razón del mundo, que el que no se arriesga y se moja el culo no cruza el charco, aunque blasona de ser precavido: le gusta el riesgo, siempre que sea controlado y no se refiera a sí mismo, sobre todo a su bolsillo. También dicen que es un acérrimo partidario de los métodos empresariales: la biblioteca de su lujosa residencia en La Moraleja está repleta de libros sobre tan apasionante disciplina, un verdadero vicio para él, hasta el punto de que siempre presume de estar a la última de todo lo que se publica sobre gestión empresarial, una materia en verdad fascinante. No consta en cambio la menor referencia sobre cualquier hipotética afición a las humanidades.

Por tanto, consumada su derrota en el BBV, Sáenz quedó reducido a la gratificante condición de vicepresidente cuasihonorífico sin funciones efectivas, rumiando el rencor hacia los de Neguri, a cuyo olimpo había pretendido acceder en vano. Un Alfredo Sáenz jesuíticamente irascible, es decir, calladamente cabreado, y —según él— desaprovechado en términos lamentables, sobre todo a sabiendas de que ya no podría aspirar nuevamente a la presidencia del banco, permanecía tascando el freno, entre la angustia y el despecho, hasta que Rojo le ofreció en bandeja el mejor regalo pascual a finales de 1993. Cuando por fin logra meter la cabeza en Banesto con poderes absolutos, no solo daba respuesta a sus frustraciones de marginación perpetua, amargamente alimentadas desde su vida escolar, sino que el gordo navideño le permitía situarse a un nivel que los demás consejeros del banco vascongado le habían negado de plano al no pertenecer a su clase. Sin embargo, hay cosas que no acaban de cambiar para el ambicioso aventurero. Sáenz Abad ha sido desplazado repentinamente por Botín de las dependencias nobles de Banesto, es decir, del despacho que reclamaba para sí, a voz en grito, el 28 de diciembre del 93: él tenía que ocupar el lugar de trabajo de Conde, su misma mesa, su mismo sillón, sus libros, sus cuadros, todo lo de Conde. Hoy ha sido relegado a dependencias de porte menor, aunque reformadas en costosísimos términos babilónicos, incluida una enorme piscina climatizada, pero allá lejos, en la calle de Arturo Soria, hacia donde cae Pinar del Rey. Y es Botín el que se ha apoderado de las suntuosas estancias de Alcalá 14, un viejo sueño para el cántabro con connotaciones freudianas. Alfredo Sáenz sigue sin poder meter la cabeza entre los grandes banqueros del país, sobre todo cuando ya le ha cancelado en gran medida la acogida propicia que le dispensó una parte de la sociedad española cuando la intervención de Banesto, aquellos que en el fondo de su corazón sintieron un profundo placer por la decapitación de Conde. El sueño de Sáenz de presidir un gran banco empieza a tornarse en pesadilla. Sus denodados esfuerzos para suceder recientemente a Luis Ángel Rojo en el Banco de España así lo prueban. La designación por el Santander de un nuevo consejero delegado en Banesto, amén de un interventor general para poner coto a los dispendios sin tasa de nuestro personaje, le devuelven a su antigua zozobra.

Digámoslo a las claras. Todas las virtudes que puedan atribuirse a Sáenz Abad como «salvabancos», por sus dotes de estratega y su impecable gestión, es propaganda bien aventada por especialistas en hagiografías pagadas a peso de oro. El actual presidente de Banesto es un mero instrumento del poder, esta ahí, presidiendo de momento el banco por la sencilla razón de que alguien tenía que hacerlo, un alguien a quien le importase un ardite arruinar a los antiguos accionistas y poner en la calle de mala manera a miles de trabajadores. Es un «prestanombres» que ha servido para poner en práctica una fraudulenta política interventora trazada por el Banco de España. No en balde figura imputado ante los tribunales de Justicia de Cataluña por una acción abyecta denunciada en la querella presentada al efecto contra él: haberse entendido con el juez Pascual Estevill, de la única manera que este bribón conjugaba el verbo «entender», para que unos importantes clientes del banco, caracterizados por su honorabilidad, dieran con sus huesos en la cárcel, como sucedió en la práctica, al negarse a los propósitos torticeros de Sáenz Abad. Así de brutal fue lo sucedido, y tal como se cuenta en la querella la conducta del de Baracaldo, el atropello no puede resultar más lamentable.

Las autoridades financieras españolas hicieron oídos sordos a los razonables planteamientos sobre la crisis de Banesto que formuló JP Morgan, el mayor banco de negocios del mundo, al que, por tanto, cabe atribuir conocimiento suficiente sobre el análisis financiero de una entidad a la que había investigado durante dos años. JP Morgan había hecho una fuerte inversión en la macroampliación de capital de Banesto a mediados del 93, y desde luego no estaba preocupada por el buen fin de sus acciones. El banco norteamericano se considera con suficiente fuerza en el mundo financiero para poner en su sitio al Banco de España y al Santander si alguien, de mala manera, tratara de dejarle al margen de una solución satisfactoria para sus intereses. Sin embargo, el banco de negocios pretendía hacerse entender por las autoridades monetarias sobre lo negativo que representaba para Banesto la decisión de intervenirlo. Venía a decir que si ellos apostaron por Banesto, invirtiendo un dineral, no lo habían hecho para tirarlo por la borda, sino todo lo contrario: para obtener el adecuado beneficio con su inversión. Lo manifestaban así de forma explícita: si ellos habían apostado de esa suerte, no veían razón alguna para que no lo hiciera también el Banco de España. Y así lo dieron a conocer en un memorándum fechado el 5 de enero de 1994: «Aunque es cierto que no podría haberse actuado si los responsables clave de la Administración no hubiesen pensado que existían motivos económicos suficientes para justificar la intervención, parece que puede existir fundamento para sospechar que existieron en esta operación motivaciones sustanciales de tipo no económico». Por tanto, JP Morgan dejaba suficientemente en claro que las motivaciones de la intervención habían sido de carácter político. Y recordaba que «hasta el mismo final, las conversaciones del Banco de España con Banesto indicaban una actitud de colaboración y no de confrontación». El documento de los americanos no tiene desperdicio: llegaba a denunciar nada menos que el Banco de España no había permitido a Banesto que respondiera a cualquier imputación sobre su verdadero estado patrimonial, incluida la dimensión del supuesto «agujero»; que en la reunión del 22 de diciembre de 1993 entre el Banco de España y JP Morgan nadie sugirió que se tratase de un ultimátum antes de la intervención; que el Banco de España se reunió con otros bancos españoles sin informar a JP Morgan ni a Banesto, transmitiéndoles una imagen mucho peor de la realidad, y que hizo caso omiso de una carta de JP Morgan en el sentido de que el déficit podía subsanarse sin necesidad de la intervención y, por tanto, sin cualquier ayuda del Estado. En esta misiva, dirigida al gobernador del Banco de España, JP Morgan respalda «el espíritu y los pormenores» del plan preparado por Banesto con su asistencia, «apoya la actual gestión de Banesto» y cree «que las perspectivas de rentabilidad de Banesto son sólidas», por lo que se ofrece a discutir personalmente con el gobernador por qué razones JP Morgan «cree que el plan propuesto por Banesto es viable y favorable a los intereses del banco, sus accionistas y el sistema bancario español». No se trataba, como puede verse, de consejos radiofónicos de Elena Francis ni de predicciones formuladas por el Rappel de turno, era el afianzamiento sobre las prospecciones y el análisis de la situación patrimonial de Banesto que formulaba por escrito el mayor banco de negocios del mundo a quienes tenían que tomar la trascendente decisión de intervenir o no intervenir. El gobernador del Banco de España no se dignó —no se atrevió— a prestar la menor atención a los banqueros norteamericanos que le aseguraban la innecesariedad de subvenciones y ayudas del Estado para sanear Banesto. La verdad es que no había urgencia alguna para intervenir —la pena de muerte— el 28 de diciembre de 1993. En cambio, Luis Ángel Rojo y Miguel Martín prefirieron quemar 285.000 millones de pesetas en fondos públicos, 41.000 millones en intereses de un crédito blando y más de 50.000 millones en impuestos defraudados al Fisco, con tal de cumplir los deseos de sus amos y señores, concordados todos para el expolio del gran navio.

EL LENGUAJE DE LA DISCORDIA

«El valor conduce a las estrellas, y el temor a la muerte»

(SENECA)

El 11 de enero de 1994 Mario Conde comparece ante los medios en el salón Balthasar del hotel Eurobuilding. Nadie sabía en ese momento si el ex presidente de Banesto iba a optar por explicar la verdad de lo sucedido, hablando claramente de las motivaciones políticas en que se asentaba la intervención, o por refugiarse en tecnicismos contables y cuestiones por el estilo a fin de mirar de soslayo e irse de allí lo antes posible. Lo primero representaría la declaración formal de guerra al Gobierno y, en especial, a Felipe González. Lo segundo, la demostración, por implícita no menos evidente, de que había elegido la vía del pacto, el compromiso, el trato de feria, en evitación de males mayores.

El texto, que el postergado lee con voz serena ante la nube de informadores, resulta un acabado ejemplo de moderación decepcionante. Rehúsa pronunciarse sobre las verdaderas causas del suceso, y no responde a las reiteradas preguntas que se le hacen sobre el intento por el Banco de España de comprarle sus acciones. Nada de nada, nada entre dos platos. Todo el discurso mantiene un tono aséptico, «científico», sin fuerza de convicción. Ese día Mario Conde enfunda la espada e iza bandera blanca, en contra de su estilo y de lo que muchos, muchísimos españoles, en especial los angustiados trabajadores y los arruinados accionistas del banco, esperaban de él. Mario Conde parece dispuesto a sacrificar su activo principal: el coraje, con el que había sabido hacer frente a los retos más comprometidos. Porque había sido capaz de romper los moldes tradicionales en la banca para criticar con osadía la política económica del Gobierno; proclamar su independencia frente al poder omnímodo de Mariano Rubio; afirmar, frente al dogma oficial de Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi, que la banca puede y debe colaborar en el desarrollo industrial del país, e incluso se había atrevido a solicitar un referéndum para la aceptación por España del Tratado de Maastricht. Ahora, una vez consumada la intervención, se limita a resaltar, con decoro y buen oficio, aspectos estrictamente técnicos del acontecimiento y huye de cualquier contenido político, olvidando que se encuentra en el mejor escenario para formular con firmeza la denuncia del vergonzoso expolio propiciado desde el Gobierno. Pero ni hace esto ni tampoco entra en un análisis profundo de la realidad financiera de Banesto, lo que hubiera puesto al desnudo la actuación fraudulenta del Banco de España. Se queda, pues, nadando entre dos aguas, un deporte que en estos casos tan comprometidos no contribuye a mantenerse a flote, sobre todo si se practica con escasa decisión. Acaso esperaba algún gesto político que recompensase su táctica de distracción y acatamiento tácito a los dictados del poder. La influencia espúrea de sus «amigos» de siempre pudo propiciar tan inconcebible actitud.

Más de un año después, los antecedentes y las cifras de que dio cuenta el 11 de enero del 94 no habían merecido la menor respuesta oficial u oficiosa. La respuesta, en realidad, consistió en una auditoría que contradice esencialmente a otra auditoría del mismo auditor; una querella que se basa en un informe del Banco de España, convertido al tiempo en acusador y perito de sus propias actuaciones, y las insidias de quienes faltan reiteradamente a la verdad al hablar de las tripas de Banesto, el dinosaurio de la banca española. Pero el asunto no iba de cifras, y el ex banquero no se decidió a practicar un tratamiento de caballo; prefirió iniciar un largo camino en pos de un pacto utópico con las fuerzas políticas que no llegaría a alcanzar, ni por las buenas y menos por las malas, aunque haya dejado un sinfín de cadáveres en la cuneta. Para él las sinrazones de la intervención se han desgranado más con silencios que con argumentos y actitudes firmes a lo largo de 1994 y 1995. Para entender el comportamiento de Conde el 11 de enero en el Eurobuilding madrileño, hay que convenir en que —según él— no actuaba por sí mismo tan solo, sino que asumía de alguna manera la representación de los consejeros cesados, de los cuales muy pocos ofrecían verdadera disposición para afrontar cualquier empresa bélica. La mayoría optó por escurrir el bulto para defender sus puestos de trabajo, sus negocios, sus relaciones familiares, su status, en lo posible y a pesar del estacazo, y no querían embarcarse en una guerra que, al fin y al cabo, no era propiamente suya. Estaban convencidos de que la intervención, en realidad, había sido una medida contra Mario Conde, el cual tenía en juego su prestigio y su patrimonio, en especial los siete mil millones invertidos en acciones del banco y el crédito por otros siete mil millones concertado con el BCH. Conde, por tanto, tenía las manos atadas y bien atadas; los demás administradores, ni tanto ni tan calvo, aunque la brutal medida les afectase gravemente en su reputación y en su bolsillo. En cualquier caso, los antiguos consejeros siempre se han rebelado ante la manifestación de Conde relativa a que sus actuaciones las hacía como mentor o representante tácito de los demás, los cuales, a excepción de Enrique Lasarte, nunca han sido informados de las negociaciones ni de los propósitos últimos del ex presidente.

Conde no se dio cuenta de que el Gobierno y el Banco de España lo que buscaban era llegar, sin mayores dificultades, a la junta de accionistas del mes de marzo para corroborar formalmente el acto de intervención. Después, una vez consumado el expolio, las promesas más o menos veladas podían quedar en agua de borrajas sin mayor dificultad. Para lo cual Felipe González recibió en secreto a Mario Conde, de lo que luego hablaremos. Pero nos queda por decir que la dicotomía estaba en plantar cara al Gobierno con la ley en la mano, asumiendo todas las consecuencias de tan razonable estrategia, o en contemporizar con el ejecutivo por la tortuosa senda del pacto, mediante los tira y afloja que siempre acaban en provecho del que manda. Paradojas de la vida, Mario Conde no tomó partido por ninguna de las dos opciones; acabó decidiéndose por un sucedáneo de la segunda, una versión del «tu más que yo», o «si a mí me acusas de algo, a ti te puedo acusar de mucho más». Una estrategia que supone el abandono de la legítima defensa y, sobre todo, de los demás instrumentos que brinda el Estado de Derecho. Conde eligió la impracticable fórmula culinaria de hacer la tortilla sin romper los huevos, o lo que viene a ser lo mismo, el trato entre gitanos vendedores de burros cojitrancos, en vez de acudir con firmeza y tenacidad a los Tribunales de Justicia para demostrar la naturaleza del expolio y sus gravísimas consecuencias. El ex banquero prefirió la cuadratura del círculo: volver a la posición de partida sin salirse del «sistema», según a él le gusta decir, todo ello mediante el método de echarle un pulso al Gobierno de la Nación.

Si en la multitudinaria rueda de prensa del 11 de enero el ex presidente del banco hubiera puesto los puntos sobre las íes con decisión y claridad, otro gallo le habría cantado. En aquel momento la credibilidad de Conde estaba intacta: el glamour de su persona era de tal magnitud que en los pocos días que mediaron entre la intervención y la rueda de prensa el grado de aceptación popular de su figura seguía siendo altísimo. Un estudio sociológico dirigido por el profesor Amando de Miguel así lo acreditaba sobradamente. El mensaje, además, tampoco requería demasiado esfuerzo, sino simple y llanamente llamar a las cosas por su nombre: que la intervención de Banesto fue una pócima fraudulenta con altas dosis de decisión política, y para acreditarlo ahí estaban él y su equipo, todos dispuestos a remangarse y ponerse a trabajar para rebatir, partida por partida, las falacias vertidas con mala fe con el propósito de arruinarle a perpetuidad. Esta hubiera sido una verdadera defensa inteligible para todo el mundo, sin mayores dificultades y hasta con beneplácito general. Por el contrario, la ambigüedad le llevó a estar más pendiente de guardar la ropa que de bracear con denuedo para mantenerse a flote. Tuvo que ser el ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar, que ni siquiera pertenecía a la comisión ejecutiva del banco, quien salió a la palestra para decir sin pelos en la lengua a Pilar Urbano, en una resonante entrevista publicada en El Mundo, la verdad sobre la inocentada del 28 de diciembre. Pero no era lo mismo que lo dijera un personaje secundario del drama a que lo hiciese el propio presidente del banco. La pasividad y las medias tintas de Conde en los primeros días después del revolcón era tanto como entregar la cabeza a sus enemigos en bandeja de plata, que así tuvieron una ocasión de oro para pintar la historia a su manera. Ya se sabe que la historia la escriben los vencedores, y una vez escrita, vaya usted a reclamar al maestro armero. La opinión pública se quedó con la copla: los antiguos administradores de Banesto habían hecho tales disparates y de tal magnitud que el «agujero» originado por su incompetencia o su codicia era abismal, el agujero por antonomasia, como vengo diciendo tantas veces. Mientras tanto, Mario Conde, erre que erre, suspiraba por un pacto (¿político?) que a buen seguro, según él, vendría de la mano de Felipe González.

Ya estamos en condiciones de recordar que el lunes 30 de mayo de 1994 se produce el encuentro de Conde con el presidente del Gobierno. El ex banquero empieza la conversación dándole las gracias por recibirle, y luego le asegura que no ha acudido allí para hablarle de la intervención. No obstante, sugiere que entre personas como ellos dos que han mantenido una relación intensa, cree que tiene derecho a una explicación elemental, en espera de que algún día, fuera de ese plano personal, llegue a saberse la realidad de lo sucedido. González le da la razón (lo que siempre se hace con los niños, los borrachos y los locos), y le asegura, con su cinismo característico, que lo pasó muy mal cuando se tomó la decisión de intervenir el banco, sobre todo porque en el Partido Popular iban a brindar con champán.

González hace gala de sus dotes escénicas más sobresalientes, reitera a su interlocutor la contrariedad y la turbación que le habían producido la medida, y con habilidad, intenta desplazar el despecho de Conde hacia Aznar y su partido, como si hubieran sido éstos los que tomaron la decisión de expulsarle de Banesto. Con lo que da por zanjado el espinoso asunto, sin más. Entonces, el banquero sin banco le pregunta a Felipe sobre otra cuestión no menos delicada: el informe Crillón, el controvertido informe encargado por el Gobierno a la agencia Kroll, dedicada a las edificantes actividades de espionaje internacional, cuyo documento contaba a su manera la vida y milagros del ex banquero. El presidente le contesta con firmeza que él no ha tenido nada que ver con tal informe, ni lo ha encargado, ni lo ha visto, ni siquiera sabe de su existencia. Conde le aclara que el agravio en este punto se refiere a su vicepresidente, pero González insiste en que Serra tampoco tiene nada que ver en el asunto, algo que sin duda le resultaba tan sumamente incómodo. Conde no se da por vencido y continúa diciendo que resulta difícil creer que Roldán se dedicara por su cuenta y riesgo a investigarle, y que si un gobierno consiente que se contrate a investigadores extranjeros para que hagan semejantes «trabajos» sobre una persona privada, eso es un delito, se mire como se mire. Felipe le da la razón otra vez (como a los niños, etc.), pero reitera que ni Serra ni él lo han cometido.

Luego Conde le comenta dos asuntos más. El primero, de orden penal, puesto que el Banco de España ha enviado a la Fiscalía General del Estado una documentación relativa a su actuación en Banesto. González le informa que, según le ha comentado Belloch, no hay nada serio contra él en ese orden, y es posible que llegue a archivarse antes del verano o en el mes de septiembre. En segundo lugar, el ex banquero le comenta la existencia de los contratos «blindados» a favor de los ejecutivos del banco. Sáenz Abad se había comprometido a pagar una vez pasada la junta general de marzo, como había hecho antaño en el caso de Banca Catalana; pero una vez celebrada la asamblea se negaba a cumplir su palabra. (Está visto que se lo impidió su «instinto criminal»).

Conde, dispuesto a entretener al visitado con cuestiones menores para hacerle más grata la reunión, en vez de coger el toro por los cuernos, saca a colación la posible venta de sus acciones y le dice que, teniendo el banco dueño, lo lógico es que sea el Santander quien las compre y así pueda hacer frente al crédito que en su día le concedió el Hispano. Y lo que resulta más increíble aún: el ex presidente de Banesto, finalmente, en vez de reprocharle la intervención, se acusa a sí mismo de no haber sido más solícito y rápido en informar a González de presuntos casos de corrupción en el Banco de España que él había conocido de primera mano.

Si se analiza con la atención debida la entrevista de marras, nos parece que tuvo muy poco sentido, si es que tuvo alguno: el presidente del Gobierno recibe de tapadillo a un banquero al que ha expulsado de mala manera y sobre el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había abierto diligencias informativas. ¿Qué es entonces lo que mueve a Felipe González a asumir el riesgo indudable de la reunión? Mario Conde llega a creer que obedece al deseo presidencial de saber de boca del afectado su situación real y efectiva con propósito de ayudarle en la reparación del estropicio causado por la intervención. Nada más lejos de la realidad: de nuevo González, consciente de que Conde mantiene una tendencia innata a creer lo que quiere oír, sobre todo si es un marrullero de tomo y lomo quien se lo dice, lo que quiere es conocer de primera mano sus propósitos sobre el informe Crillón de cara a las inminentes elecciones europeas. Y Conde no se da cuenta de que la entrevista, en cualquier caso, es manifiestamente perjudicial para sus intereses ya que el Banco de España, que había recibido órdenes directas para intervenir Banesto, no puede poner buena cara a que el presidente del Gobierno ande recibiendo a un banquero proscrito.

Al empezar el otoño de 1994 Mario Conde, todavía vivo y coleando, vuelve a hacer méritos para suscitar las nocivas preferencias del poder. Puesto que la intervención de Banesto, a pesar de su brutalidad, ha resultado un tratamiento «insuficiente» para acabar con el banquero, sus promotores necesitan cortar por lo sano su libertad de movimientos y minar el nivel de credibilidad y popularidad de que aún goza en el país. En este peligroso contexto, Conde, sin percatarse del peligro una vez más, alimenta la crispación en la Comisión parlamentaria sobre el caso Banesto, en la que él mismo, con sus comparecencias mal medidas, incita a actuar con extrema dureza. Cuando declara por determinados flecos relacionados con la entidad, se muestra seguro de sí mismo en exceso y hasta insolente, al punto de sacar la lengua a la representante del PSOE, Mercedes Aroz, en un gesto a medio camino entre la burla y la jactancia. Las críticas, que le llueven desde todos los puntos cardinales, aplastan de nuevo al banquero bajo la cruda y pesada realidad que él se obstina en no reconocer. Está solo frente al bloque granítico del poder constituido, sin la menor ayuda de los amigos poderosos de antaño que le halagaron de manera indecente y se aprovecharon de él hasta extremos inconcebibles. Unos por interés y otros por miedo, algunos por su mal estilo y los más por venganza, le permiten que allí, en una de las salas del Congreso de los Diputados, perciba nuevamente el amargo sabor de la derrota.

En este orden, nos parece que no estorba en demasía dedicar unas líneas al curso de las sesiones parlamentarias. Tras su primera comparecencia en el Congreso, Conde recibe en su coche la llamada de Txiqui Benegas. El dirigente socialista está preocupado por el desarrollo del «caso Argentia Trust», el pretexto por el cual el ex presidente sería condenado a prisión por primera vez. Los seiscientos millones cobrados por Antonio Navalón y Diego Selva —con la colaboración del escurridizo Matías Cortés, con la mano extendida siempre en la sombra—, por su actuación a cuenta (¿a cuenta o a cuento?) de las exenciones fiscales otorgadas a la Corporación Banesto, tienen una peligrosa carga subterránea, ya que muy pocas personas conocen las relaciones con el «conseguidor». El financiero recuerda al político su constante actitud en este oscuro asunto al no formular ningún tipo de acusación contra nadie del PSOE, y de paso le hace ver su sorpresa por haber permitido que Mercedes Aroz se negara por todos los medios a hablar de Mariano Rubio y Carlos Solchaga, centrando en cambio sus esfuerzos en analizar el comportamiento de personas privadas enteramente ajenas a la política. Conde, indignado, llega a decirle a Benegas que los socialistas están tolerando una burla contraria a la verdadera función del Parlamento, y le recuerda que eso ocurre habiendo en su partido personas culpables de muchas cosas que han ocurrido en España. Benegas reconoce que en el PSOE no hay un solo partido, sino varios, aunque le confiesa que todo el asunto es una verdadera locura y la Aroz una impresentable «renovadora» en manos de Narcís Serra, que actúa de esa suerte por odio manifiesto a Alfonso Guerra.

El espectáculo de la «Comisión Banesto» no puede ser más grotesco: el Parlamento tenía la obligación de analizar, en primer término, el comportamiento de las instituciones públicas en el proceso de intervención y, en segundo lugar, la conducta de las personas afectadas, comenzando por todas las que trabajan para la Administración. En su lugar, la Comisión se dedicó a formular juicios de valor sobre la gestión y la administración de una entidad privada, lo cual no le compete. Ni a Conde ni a nadie del consejo de Banesto le incumbían responsabilidades políticas, al gobernador del Banco de España y al titular de Economía y Hacienda, sí. Pero esto no aparece en el guión, por lo que se pervierte de raíz la esencia misma de la Comisión designada. Desde el primer momento, Mario Conde tiene la sensación de que asiste a un acto preparatorio de otra actuación más profunda, previamente concebida y todavía no consumada. Las personas citadas a declarar abundan en esta idea. El 11 de marzo comparece Alfredo Sáenz Abad, el presidente provisional nombrado por el Banco de España, que vuelve a declarar el 25 de mayo y el 21 de octubre. Pasan también por la Comisión en dos ocasiones el gobernador del Banco de España, el subgobernador, el ministro de Economía y Hacienda, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los representantes de asociaciones de accionistas de Banesto, como Casany, de la Muela y Pavón, entre otros. La dirección de los trabajos, por supuesto, la lleva el Banco de España, que cuenta con la colaboración generosa de toda la oposición, desde Izquierda Unida al PP, alborozados todos al colocar en la picota a Pedro Pueyo, accionista de Banesto y dueño de Oasis, amigo personal de Mario Conde y persona declarada non grata por los funcionarios del banco emisor. Sí, persona ingratísima para los del Banco de España, pero ¿por qué no se ha podido conseguir la aportación al proceso seguido en la Audiencia Nacional de los contratos de finiquito concertados por Banesto con el tal Pueyo después de la intervención? Lo de Oasis, se nos dijo, era parte sustancial del escándalo, y sin embargo, ¿por qué el Banco de España y Banesto se han empecinado en no entregar esos documentos, que nos hubieran permitido conocer la verdadera dimensión de lo sucedido?

Al ex presidente y a algunos miembros del antiguo consejo no se les llama a declarar hasta el 30 de septiembre, cuando lo lógico es que hubiesen comparecido en los momentos iniciales de la investigación. Pero, además, la Comisión olvida el objetivo básico de su función: ver si el Banco de España ha actuado bien o mal en la intervención de Banesto; si existían o no otras alternativas menos traumáticas para reparar cualquier daño; si se ha respetado la ley en sus propios términos; si ha habido actuación o presión política para la adopción de la medida, y, en definitiva, si la Administración merece una felicitación o un reproche, aunque sólo sea por ineficacia o culpa in vigilando. Si desde el cínico pragmatismo del PSOE, según han manifestado sus representantes, su actuación fue correcta en términos políticos, no le fue a la zaga la oposición de la derecha, la izquierda y el mediopensionismo al «entrar» en el juego del Gobierno y del Banco de España, haciendo así una grave dejación de sus responsabilidades institucionales.

Si el ex presidente de Banesto y el antiguo consejo cometieron o no acciones irregulares, incluso de carácter delictivo, ello sería una cuestión a dilucidar ante los Tribunales de Justicia basándose en las pruebas correspondientes. El Parlamento está para emitir juicios políticos sobre actuaciones de tal índole, por lo que anda fuera de lugar que se ponga a juzgar la conducta de personas privadas, por importantes o cualificadas que éstas sean, invadiendo las competencias propias del poder judicial. En realidad, Mario Conde no fue llamado para hablar de Banesto en su conjunto, sino tan solo para explicar las operaciones con el grupo Oasis. El susodicho considera, por tanto, que esa citación es una evidencia por sí misma de la verdadera finalidad que se perseguía: no escuchar sobre el fondo de la intervención al responsable del banco intervenido en el mayor «golpe» financiero dado en el país, muy superior al de Rumasa, y menos aún saber cuáles eran sus razones y sus argumentos, sino crear una plataforma, adornada de la inmarcesible aureola parlamentaria, para sustentar un juicio apriorístico de culpabilidad sobre la gestión de Banesto que exonerase al Banco de España de cualquier responsabilidad y advirtiera a la opinión pública sobre unas supuestas infracciones penales imputables a los intervenidos. Con lo que, de esta manera, se cerraría el ciclo de la intervención. En su comparecencia parlamentaria, Mario Conde, además de abrumar a los miembros de la comisión con datos y cifras difíciles de retener y a veces superfluas, hace gala de una arrogancia que acaba por caldear los ánimos de todos los presentes. Los adjetivos adversos, e incluso insultantes, sobre su persona y su actuación fueron de grueso calibre. La verdad no sólo hay que demostrarla, sino que hay que hacerlo con la necesaria modestia: «Sed humildes y no seréis humillados», recomienda San Mateo, que presumiblemente debía saber algo de estas cosas. Conde se equivocó, amparándose en su autosuficiencia y en su frustrada demostración oratoria, frente a unos parlamentarios con premeditación adversa y el colmillo retorcido. No escarmentó, pues, en su equivocada dirección inicial, por lo que le crucificaron por partida doble.

Sáenz Abad también comparece ante la Comisión parlamentaria el 21 de octubre. Ninguno de los administradores cesados espera del emisario del banco emisor una actuación mínimamente congruente con la verdad, puesto que el ex delfín de Pedro Toledo tiene que seguir con docilidad perruna los designios de quienes le han proporcionado el puesto que ostenta, por lo que todos saben, dentro y fuera de la llamada «comunidad bancaria», que su intervención acabará dando la razón al doscientos por cien a las gentes del Banco de España.

Pocos días después de la intervención de Banesto, Enrique Lasarte y Mariano Gómez de Liaño mantienen contactos frecuentes con Alfredo Sáenz Abad y su equipo. La actitud del presidente provisional parece constructiva, aunque les exige aceptar por anticipado y sin rechistar cuanto se les diga o se les proponga, porque no está en disposición de discutir absolutamente nada sobre la intervención o sus consecuencias. Mientras tanto, frente a Mario Conde y los restantes consejeros se apresta el poderoso aparato del Estado para aplastarlos sin piedad, lo que, con el paso del tiempo, van a comprobar a lo vivo en sus propias carnes y, lo que es peor, en la estabilidad emocional de sus familias. Sin embargo, tampoco esperaban una salida como la que llegó a producirse. En un momento determinado de su intervención, a una pregunta de la diputada Mercedes Aroz, Sáenz Abad apunta y dispara diciendo que hay casos en los que el dinero «no se ha perdido, sino que ha desaparecido», que alguien lo tiene o se ha apoderado de él. Y hace público que el Banco de España ha enviado al Fiscal General toda la documentación de la Inspección y las actuaciones posteriores, en la idea de que sea el Ministerio Público quien abra las actuaciones penales. Estas palabras crean un clima de tensión irreversible en torno a los «intervenidos». Vienen a suponer una acusación en toda regla. Nada de paños calientes, nada de salidas fáciles o soluciones pactadas. El clamor se eleva de tono cuando todos los grupos parlamentarios hacen declaraciones públicas en las que aluden a que la Comisión ha detectado indicios delictivos en la gestión de Banesto. Se identifica y enrarece el clima de «alarma social» como antecedente necesario de la querella. Los parlamentarios le devuelven al ex banquero su sarcasmo, resumido gráficamente en el absurdo gesto intempestivo a Mercedes Aroz.

Ese fin de semana se reúne en La Salceda Mario Conde con algunos colaboradores para evaluar la situación que, como una negra nube, se cierne en el horizonte. La preocupación de los asistentes es notoria. Creen que lo procedente es enfrentarse a la realidad, ya que lo de Sáenz Abad en el Congreso es tanto como hacer sonar las alarmas para meterles en la cárcel. Conde, a su vez, sigue sin creer que el Gobierno esté detrás de una maniobra semejante, porque no entiende qué ganaría el ejecutivo con tal medida. Para el gallego se trata de una actuación dolosa del Banco de España, que quiere justificar la intervención a todo trance mediante una acción penal, para lo que cuenta con el apoyo del PP y sus interesadas conexiones en la fiscalía y la judicatura y, desde luego, con los medios financieros y mediáticos. Pero lo cierto es que al Gobierno le interesa poner entre rejas a Conde para dar la sensación ante el país de que los socialistas se han convertido en paladines de la lucha contra la corrupción, probando que donde verdaderamente existe es en la esfera privada mucho más que en la política, de forma que, al desplazar el problema hacia el sector empresarial, la gente llegue a olvidarse de los trapícheos y las mangancias constantes de los partidos. Cuando alguien se siente acorralado, su cabeza deja de funcionar conforme a las pautas de la razón convirtiéndose en campo abonado para el miedo. Felipe González y su Gobierno no actúan en este caso de manera razonable, sino movidos por la histeria de quienes se sienten incapaces de controlar los acontecimientos, sobre todo al comprobar a diario, con el consiguiente reflejo en los medios de comunicación, que todo les está saliendo rematadamente mal. Los asistentes a La Salceda tienen un pensamiento unánime que ni siquiera se atreven a explicitar para no introducir mayor dramatismo en la reunión. Todos están convencidos de que la fórmula ya está decidida: Sáenz Abad ha venido a asegurar ante los grupos parlamentarios que el Ministerio Fiscal interpondrá la querella contra Conde. La acción penal es, por tanto, una iniciativa procesal atada y bien atada por el Poder, del que Sáenz Abad sigue siendo un simple y dócil emisario.

La ofensiva contra el antiguo equipo de Banesto comienza a las cero horas del día 28 de octubre de 1994. En su primera edición, El País arranca en portada con un titular de gruesos caracteres: «Empresas vinculadas a Romaní ganaron 1.500 millones con Banesto». El diluvio se abate ab initio sobre el número dos de la casa. Ni Conde ni el resto de sus colaboradores, y mucho menos los que conforman el llamado «núcleo duro», pueden desconocer la evidencia: el poder ha decidido crear el «clima social» adecuado o, al menos, ejercer una presión brutal sobre los fiscales que estudian el caso para «obligarles» a presentar una querella que haga «bueno», informativamente hablando, el acto de intervención. Conde tenía claro que la opinión pública se había decantado por considerar que la medida obedecía a motivaciones políticas, una bomba de relojería que, más tarde o más temprano, se volvería contra el Banco de España. El ex presidente sabe, cada vez con mayor certeza, que todo el ajetreado movimiento de esos días está destinado a meterle en la cárcel con el único fin de justificar la intervención.

Las noticias que llegan de la Fiscalía son de relativa tranquilidad en cuanto al fondo del asunto, pero, al mismo tiempo, existe entre los antiguos administradores una seria preocupación por las presiones que se están ejerciendo sobre aquel organismo. Mariano Gómez de Liaño, el abogado de Conde, decide dirigir un escrito en nombre de los «presuntos querellados» a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según el cual los fiscales tienen la obligación de velar por la ley y los derechos del ciudadano y, por tanto, no deben prestarse al juego de formular una querella criminal como medio para justificar lo injustificable. Todos los afectados están dispuestos a responder a cuantas preguntas quieran hacerles y a explicar a fondo, una por una, las operaciones sobre las que haya cualquier duda y el estado real de Banesto, de la Corporación y de sus empresas filiales o participadas. El escrito trata de romper el clima de tensión creado en torno a los ex administradores. La prensa lo recoge favorablemente y ante la opinión pública es un éxito indudable, ya que transmite el mensaje de que si Conde y los demás consejeros están dispuestos a colaborar con la justicia es que no tienen nada que ocultar. La pelota queda en manos de los fiscales.

A las dos de la tarde del 15 de noviembre, Conde recibe una llamada de Pedro J. Ramírez, que cuenta con una información fiable según la cual en cuestión de horas la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentará una querella criminal contra él y otros ex consejeros por su actuación en el banco. Desconoce el director de El Mundo los motivos concretos de la acusación, y cree que no se solicitarán medidas de prisión preventiva. Conde trata de comprobar la noticia a través de Gómez de Liaño, a quien le extraña que pueda ser cierta, salvo que por presiones políticas extremadamente fuertes el Fiscal General del Estado haya impuesto un criterio contrario al de los fiscales de la Audiencia. A las cuatro de la tarde, la noticia comienza a correr como la pólvora: al fin se ha presentado la querella, pero nadie sabe nada sobre su contenido, y ni siquiera los presuntos querellados tienen cualquier comunicación oficial al respecto. Mario Conde, poco después, habla con Casimiro García Abadillo, jefe de la sección de economía de El Mundo, quien asegura haberse enterado de la formulación de la querella por una conversación con el Fiscal General del Estado. A las nueve de la noche llega Gómez de Liaño diciendo que hay un ambiente muy extraño en la Fiscalía porque la querella ha sido presentada sin consultar con la junta de fiscales, quienes piensan reunirse con carácter extraordinario para dejar constancia de su criterio contrario a la medida. Se convoca con urgencia a todos los consejeros afectados en el despacho de Mariano Gómez de Liaño. El abogado, aturdido por lo que está sucediendo, consigue hacer una síntesis de los acontecimientos ocurridos durante los últimos días. Cuando termina de hablar, toma la palabra Mario Conde para decirles que hay un factor común a todos ellos, su amistad con él, por lo que se trata de una querella contra él y sus amigos. (Tampoco en esta ocasión las palabras del ex banquero merecen pasar a la posteridad por su agudeza o su clarividencia).

De forma inmediata, comienza el desfile de los querellados por la Audiencia Nacional. El lunes siguiente declara Martín Rivas, polivalente contumaz, que queda en libertad sin fianza. Poco después, Vicente Figaredo, primo carnal de Rodrigo Rato, y Antonio Sáez de Montagut, experto en poner buena cara al mal tiempo, obtienen idéntico resultado. Lo mismo sucede con César de la Mora, pariente también de aquel eminente político popular, y Ramiro Núñez-Villaveirán, un gran profesional fuera de toda duda, aunque a estos dos se les impone la obligación de comparecer apud acta en determinados días, así como al vicepresidente Ricardo Gómez-Acebo. Se acerca la fecha en que debe declarar Enrique Lasarte, el último consejero delegado. Mientras tanto, Mario Conde, que lo único que sabe de la querella es la notificación de haberse interpuesto y la orden que le prohíbe salir del territorio nacional, está sometido a una atenta vigilancia policial ordenada por el juez Manuel García Castellón.

EL INSIGNE RECLUSO DE ALCALÁ MECO

«Poco importa la tribulación al justo, y mucho daña la prosperidad al malo. Con la una se afina el oro de la virtud. La otra es tropiezo y cuchilla para el pecador»

(RIVADENEYRA)

La intervención de Banesto se basó en un supuesto déficit de provisiones fijado inicialmente en 504.000 millones de pesetas y elevado por las buenas a 605.000 millones un mes más tarde sin mayores explicaciones. Según declararon ante la Comisión parlamentaria el gobernador y el subgobernador, la determinación de ese «agujero» se había hecho por la Inspección del Banco de España, que venía desarrollando ininterrumpidamente sus funciones en Banesto desde 1985, sin haber detectado cualquier atisbo de la supuesta crisis. De ese equipo de inspección formaban parte Juan Carlos Monje y Juan Román Quiñones, que luego asumirían un papel decisivo en la preparación de la querella y en la instrucción del sumario, defendiendo con uñas y dientes las tesis espúreas de sus superiores. Los antiguos administradores de Banesto no tuvieron oportunidad de oponerse al nombramiento de ambos sujetos porque desconocían que estaban interviniendo en la causa, ya que las actuaciones sumariales se declararon secretas durante cinco meses más. Y cuando por fin tuvieron conocimiento de la designación de tan singulares peritos, los acusados procedieron a formalizar de inmediato la recusación, que el instructor denegó por extemporánea. En las actuaciones procesales intervino activamente el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios (el FGD), cuyo presidente era el subgobernador del Banco de España, Miguel Martín, a fin de impulsar en la sombra la preparación de la querella por el fiscal y la instrucción de las diligencias por el juez García Castellón, utilizando para ello a Monje y Román, los dóciles inspectores, que, a pesar de su manifiesta parcialidad y sus pocas luces, estuvieron presentes en todas las fases del proceso, primero como ayudantes oficiosos del fiscal, luego como auxiliares del instructor y, por último, como peritos judiciales. De ahí que con cierta sorna se les haya llamado en el proceso, dentro y fuera de la Sala, «inspectores-ayudantes-auxiliares-peritos», todo en una pieza.

La Junta de Fiscales se había pronunciado en contra de la formulación de la querella al encontrar inconsistentes las acusaciones que se formulaban contra Mario Conde y los demás ex administradores de Banesto. Sin embargo, y en contra de esa opinión mayoritaria, resultó decisiva la intervención del entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, cuya actitud motivó que el fiscal jefe José Aranda y su subordinado Florentino Ortí decidieran por su cuenta la presentación de la querella. La dudosa imparcialidad de García Castellón radica en que su actividad instructora como «juez de apoyo», un sucedáneo de los antiguos «jueces especiales», se dirigió desde el principio a revalidar la intervención del banco, para lo que se hacía menester presentar ante la opinión pública a unos administradores acusados de actuación desleal y manipulación artificiosa de las cuentas, sin poner en duda para nada que la situación patrimonial de Banesto era radicalmente distinta de la que había presentado el Banco de España con objeto de ocultar las motivaciones políticas de la intervención.

La primera comparecencia de Arturo Romaní ante el instructor tiene lugar el miércoles 14 de diciembre de 1994 en una diligencia maratoniana en la que se ve obligado a declarar por espacio de diez horas. Las apuestas están veinte a uno a que quien ha sido la mano derecha y el amigo más íntimo de Conde durante los últimos años va a ir de patitas a la cárcel. La verdad era que si el juez no ordenaba su ingreso en prisión se caía al suelo todo el endeble edificio de la querella, formulada con evidente trasfondo político, por lo que también se derrumbaría la propia intervención decretada por el Banco de España. Las dudas se resolvieron finalmente a favor del Poder, que pudo respirar satisfecho al dictarse por García Castellón auto de prisión incondicional contra Arturo Romaní.

Al día siguiente, Mario Conde, en el despacho de Mariano Gómez de Liaño, lee el enteco auto de prisión y se queda de una pieza. Contiene dos hechos básicos breve y deficientemente expuestos: la operación de las cementeras y la de Air Products. Pero lo increíble para Conde consiste en que, después de que Romaní haya estado declarando durante veinte horas, el juez se haya limitado a transcribir sin más los hechos de la querella, como si lo aportado por el declarante no hubiera existido para nada. Conde se da cuenta, aunque hasta entonces se haya resistido a admitirlo, de que la causa verdadera de la prisión incondicional consistía en la tan traída y llevada «alarma social», creada ad hoc por los medios de comunicación al servicio de los inmensos intereses en juego. Aunque el juez, además, llegó a justificar la existencia de esa alarma social por la circunstancia de que el Parlamento había constituido una Comisión para el seguimiento del caso Banesto. A esto se llama independencia del poder judicial frente al poder legislativo, todo un ejemplo.

A última hora de la mañana del 16 de diciembre, Mario Conde recibe la notificación del Juzgado para que acuda a declarar el siguiente lunes, día 19. Era la confirmación de cuanto había pensado durante toda la noche, el dato procesal que le ponía en trance de concluir, iuris et de iure, que la suerte estaba definitivamente echada. Si el juez había decidido adelantar la declaración es que existía una decisión previa al respecto: sus huesos estaban más cerca de la cárcel que nunca. Tras cuatro días de intensos interrogatorios, el 23 de diciembre de 1994, a pesar del optimismo de Antonio González Cuéllar, su abogado, Mario Conde tiene el presentimiento de que esa fecha va a ser definitiva a la vista de las preguntas formuladas por el juez y el fiscal. Además, García Castellón es un funcionario con tan escaso bagaje que no es capaz de resistir la presión de nuevas preguntas y respuestas sobre los hechos denunciados en la querella. Conde sabe que lo que tenga que suceder sucederá ese día, víspera de Nochebuena. Sin embargo, hubo atisbos de que García Castellón intentaba suspender el interrogatorio para continuarlo en enero. Antonio González Cuéllar era de la misma opinión, pero Mariano Gómez de Liaño, cuando se reúnen en casa del ex banquero para debatir el asunto, no es partidario de interrumpir el trámite. Cree que el Juzgado está tratando de ganar tiempo para buscar nuevos antecedentes, puesto que los que obran en la causa hasta el momento no son suficientes para decidir la prisión. Conde piensa de manera distinta. Al final, deciden continuar de inmediato, aunque ya no era necesario elucubrar sobre cualquier futurible porque la cruda realidad informativa marcaba la solución a que había de llegarse. Aquella mañana, El País publica el texto íntegro de la querella, lo que constituye una flagrante violación del secreto sumarial tan celosamente guardado por el juez —se supone— hasta ese momento. García Castellón, con notorio alboroto, se muestra muy enfadado con lo sucedido, al menos así lo aparenta ante Gómez de Liaño, que formula la más enérgica protesta al respecto, una protesta tan enérgica como inútil puesto que el juez, flanqueado por el fiscal, oye con muchísima atención lo que se le dice, pero como quien oye llover. A la vista de la publicación periodística, García Castellón, fiel a los dictados de la «alarma social» prefabricada, decide continuar el interrogatorio, y al saberlo Conde le comenta a su abogado que, como se había hablado de un aplazamiento de la instrucción hasta enero, por eso mismo se había producido la filtración de la querella. Dicho de otra manera, era posible que alguien pensara entonces que si se suspendía la declaración en curso sería mucho más difícil después dictar la prisión incondicional, por lo que se había puesto en marcha la estratagema para que la suspensión no pudiera producirse.

El viernes 23, Conde llega a la Audiencia Nacional a las nueve y media de la mañana, después de haber mantenido una breve reunión en el despacho de Gómez de Liaño. Siente la lógica tentación de negarse a declarar por su convencimiento íntimo de que todo va a resultar inútil. Está convencido de que se le está obligando a representar una comedia en la que la duración de los interrogatorios pretende transmitir una idea de objetividad, de seriedad, de afán de profundizar en las cuestiones debatidas para que la decisión —tomada de antemano— cuente con fundamento formal ante la opinión pública mediante una exhaustiva investigación. Pero saca fuerzas de flaqueza y decide declarar por quinto día consecutivo y hacerlo lo mejor posible, pelear con todas sus fuerzas, como si el resultado dependiera verdaderamente de su capacidad de convicción y de la correcta explicación de los hechos ante el juez.

Esa mañana, cuando ve al fiscal Florentino Ortí, le viene a la memoria lo que el acusador público había sugerido a última hora de la tarde del jueves. Porque lo primero que ahora le pregunta es si se encuentra en condiciones físicas adecuadas para seguir declarando, a lo que responde de manera afirmativa. Ante esta respuesta, Ortí, curiosamente, dice que le gustaría que constase en acta el reconocimiento por el querellado de hallarse en buenas condiciones. La prevención sólo podía tener un sentido: Ortí sabe que va a dictarse auto de prisión incondicional, y trata de evitar que algún día le puedan reprochar haber instado un interrogatorio inquisitorial que motivara la indefensión del compareciente. El asentimiento que Conde creyó ver en el juez ante la petición del fiscal aparecía como prueba indudable de que ambos estaban de acuerdo en la privación de libertad que iba a adoptarse aquel mismo día.

Todo parecía discurrir con normalidad, sin que mediase cualquier incidente digno de mención, como si las dudas y las sospechas del declarante fuesen el producto erróneo de la tensión acumulada hasta entonces. Es más, Gómez de Liaño le asegura que conoce bien al juez y que éste no ha tomado todavía cualquier decisión adversa. El interrogatorio concluye sobre las once treinta. En un descuido de los funcionarios, Conde consigue entrar en la secretaría y echar un furtivo vistazo a un texto redactado a mano. Es el auto judicial, en el que apresuradamente lee: «Cementeras. Poner lo mismo que lo de Romaní. Trescientos millones…» Ya no hay duda, el juez va a decretar la prisión sin fianza. Lo curioso del caso es que la resolución lleva fecha del día 22, es decir, se redacta la noche anterior al viernes, como desdeñando de antemano cuanto Conde pudiera decir a lo largo de la sesión. Unos minutos antes, la radio había dado la noticia del mandato judicial que ordenaba la prisión incondicional de Mario Conde. El juez, efectivamente, le comunica que lo siente mucho pero que ha tenido que dictar la prisión en esos términos. Le dice también que acaba de hablar con el director de Alcalá Meco y que está todo preparado por si quiere ir allí con su amigo Romaní, salvo que tenga algún tipo de incompatibilidad con él, en cuyo caso le mandaría al centro penitenciario que prefiriese. Ni siquiera lee el auto al inculpado o le da cuenta de su contenido. Mario Conde piensa en la reacción social, en la frase que inevitablemente va a correr de boca en boca por todo el país: «Si el juez le ha metido en la cárcel, por algo será». El funcionario convencional, «el juez de apoyo» que le acaba de mandar a prisión, ha cedido al influjo ejercido de manera implacable por todos los medios en un coro concertado. Por suerte o por desgracia, a García Castellón le había caído el «caso Banesto» en sus manos, y ante él solamente se abrían dos opciones: ser el juez que metiese en la cárcel a Conde o ser el juez que le dejara en libertad. La primera, al menos a corto plazo, supone ventajas personales en cuanto al prestigio público del acomodaticio funcionario, puesto que la Fiscalía, el Parlamento, todos los partidos políticos, el Banco de España, los medios de comunicación al servicio del Poder, todos están a favor de la medida carcelaria y la va a aplaudir sin excepción. La segunda, por el contrario, habría exigido dar enojosas explicaciones sobre la inexistencia de verdaderas pruebas de cargo, en una palabra, mantener el tipo con dignidad y remar contra la tumultuosa corriente. Para lo que se necesitaban muchas agallas. Mario Conde, antes de irse, le recuerda al magistrado que durante cinco largos días ha peleado por su libertad, proporcionándole toda clase de explicaciones sobre su comportamiento en el banco, pero que la vida es así, unas veces se gana y otras se pierde. El juez le da las gracias por su entereza y le desea que esté en prisión el menor tiempo posible, «mientras se hacen las comprobaciones oportunas». Lo que le suena raro a Conde: cree que sería más lógico que primero se comprobara lo que tuviesen que comprobar, y luego le mandara a la cárcel si es que procedía realmente. Desecha semejante pensamiento porque se empeña en razonar en términos lógicos, algo de todo punto inútil porque lo que allí ocurría entraba en un ámbito totalmente distinto, el de la irracionalidad de la intervención del banco debido a motivos políticos. Y se despide de todos los funcionarios del Juzgado con los que ha convivido durante todo ese tiempo.

Acompañado por varios miembros de su seguridad personal y el jefe de policía de la Audiencia, baja al despacho del comisario, en donde el juez ha dispuesto que espere hasta su salida para Alcalá Meco, con el propósito de ahorrarle el trance de pasar por los calabozos. Los funcionarios de la comisaría se muestran especialmente amables con el procesado, y le dejan llamar por teléfono, después de comprobar que su prisión no es incomunicada. Habla con su familia y con Mariano Gómez de Liaño, les pide serenidad y que hagan todo lo que tengan que hacer, pero sin estridencias innecesarias. A su alrededor, se agolpa un número cada vez mayor de policías que le miran de una manera un tanto extraña. El cuasipresidiario nota en los agentes una mezcla de curiosidad y simpatía hacia su persona y, sobre todo, el respeto que merece su actitud digna y serena en momentos tan dramáticos.

Conde, a través de la ventana, ve a los cientos de periodistas con sus cámaras para «inmortalizar» el momento de su salida hacia la cárcel. Intentan confundirlos haciendo que los encargados de su seguridad personal salgan primero en un coche que precede al que le llevará a Alcalá Meco, un automóvil con cristales oscuros en el que se coloca (le colocan) en la parte trasera, entre dos policías, más otros dos situados en la parte delantera. El intento de despistar a los periodistas fracasa de plano; se dan cuenta de que en este otro coche va el «objetivo», y a partir de ese momento comienza un viaje alucinante. Circulan rodeados por cuatro o cinco motoristas de la policía municipal que hacen sonar las sirenas a todo volumen, tratando de apartar los coches de su camino, lo que resulta muy difícil puesto que era en la víspera de Nochebuena, lo que convertía a Madrid en un inmenso atasco. Las motos de los periodistas, jugándose el pellejo, les siguen de inmediato tratando de obtener una instantánea. Son cerca de las tres de la tarde cuando llegan al letrero de la autopista que indica escuetamente «Meco», cuatro letras. A ambos lados queda la valla metálica. La multitud de informadores, cámaras de televisión y unidades móviles, desplazadas al calor del suceso, se ha congregado en la entrada de la penitenciaría, aunque sin traspasar la fatídica barrera que cercena la libertad. La comitiva pasa como una exhalación el puesto de control de la Guardia Civil y entra en lo que será la morada del ex presidente de Banesto durante más de un mes. En el propio vehículo, después de franquear una enorme puerta metálica que se desplaza lateralmente de izquierda a derecha, con obligada obediencia al impulso eléctrico, llegan a un patio interior en el que se para el coche. Allí comienza la sucesión de rejas. La primera se abre tras un fuerte chasquido que impresiona a Conde. Es un ruido seco, de metal contra metal, que se repite antes de acceder a la oficina de ingresos, un ir y venir mecánico de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, entre fuertes barrotes y grueso cristal de un verde oscuro que contrasta con el color blanco de las paredes.

En el estrecho pasillo, a la derecha, hay un pequeño atril con el tampón para perpetuar las huellas. El funcionario toma un dedo tras otro, y todos van dejando su marca indeleble en la cartulina. Desde ese momento, Mario Conde es un recluso, un interno, un preso.

4

LA CONTRAOFENSIVA

«La venganza es más dulce que la miel. Por eso, todo hombre quiere tanto dejar en su propia casa un hermano que pueda vengarlo»

(HOMERO)

Donde las dan las toman, la vindicta al servicio de la vindicatio. Eso debió pensar Conde al verse convertido en presidiario de la mañana a la noche. Después de los asaltos de tanteo, los dos púgiles, Felipe González y Mario Conde, habían entrado en la fase más dura del combate. Conde no solo se quedaba sin la poltrona de Alcalá 14, sino que de un puntapié en el trasero le habían puesto a los pies de los caballos más enfurecidos; las coces le caían sin cesar en todo su dolorido cuerpo, cuando no eran mediáticas eran judiciales, hasta que lo metieron de cabeza en Alcalá Meco sin darle tiempo a respirar siquiera. La batalla se había saldado en un tiempo récord a favor de los impulsores del asalto a Banesto mediante la decapitación de su presidente como trofeo más significativo.

El poder desplegado por la bien engrasada maquinaria política, mediática y financiera fue de tal calibre que lo arrasó todo a su paso como si se tratara del más temible tifón caribeño. La trituradora de imagen, la imagen del otrora brillante triunfador que despertaba universal emulación, cumplió a la perfección la tarea encomendada. «El que la hace la paga», fue el eslogan que hizo furor. A Mario Conde se le mandaba a presidio en cumplimiento de la ley, y es claro que el imperativo legal no distingue de alcurnias, prosapias y privilegios. El vendaval mediático justificaba con estruendo la intervención de Banesto, practicada con encomiable y eficaz premura para evitar cualquier contratiempo que hubiera podido cuartear los mismísimos cimientos del crédito internacional del Reino de España.

Pero la madre de todas las batallas estaba aún por librarse. Le tocaba mover ficha a Conde, y a fe que la movió y en qué términos: fue de tal potencia la cohetería nuclear empleada en la conflagración y tan devastadoras sus consecuencias que Felipe González se vio obligado a hacerle compañía, si no en la cárcel, si en las mismísimas patas de los encabritados corceles. La contraofensiva desplegada por el desahuciado financiero, dado su egocentrismo irredento, debió parecerle parangonable con la del Tet, en plena guerra de Vietnam, que consumó la gloriosa victoria norvietnamita sobre el ejército más poderoso del mundo. En la estimación subjetiva de Conde sólo caben equiparaciones de este porte. Quizá cayó también en la cuenta, algo más modestamente, que la Real Academia, al definir la palabra «venganza», dice que es «satisfacción que se toma del agravio o daño recibido», aplicando a tal fin la receta que enseña nuestro refranero: «A quien te hizo una, hazle dos, aunque no lo quiera Dios». Pero lo cierto es que las cosas siempre le salen a Conde de la misma manera, porque suele contentarse con asestar certeramente el golpe pero sin aprovechar a fondo la ventaja que ello le proporciona sobre sus enemigos, dispuestos una y otra vez a dejarle en la estacada. Parece mentira la predilección innata del personaje por los gitanos de feria, que le venden una y otra vez el mismo burro cojitranco y lleno de mataduras para concurrir a las carreras de Ascot.

A PASO DE PRESO

«Me hallo en Venecia, en el puente de los Suspiros: un palacio y una prisión, uno en cada mano»

(Lord BYRON)

El patio de la cárcel de Alcalá Meco es un espacio rectangular de unos 200 metros cuadrados, delimitado por tres grandes muros de ladrillo y una valla metálica de igual altura. Todo el conjunto se encuentra coronado por una alambrada de espinos que se extiende por la parte superior de la cornisa trazando una espiral de amenazantes círculos irregulares. Tras estos muros existe otro patio, más bien un terreno de nadie o zona de seguridad, cuyos habitantes habituales son los pájaros, símbolo de la libertad, que acuden a las sobras de la comida que les echan los prisioneros. Más allá, y después de otra alambrada no menos espesa, un foso de seguridad antecede a los muros exteriores, verdaderas murallas por cuyos voladizos los miembros de la Benemérita encargados de la seguridad y los ávidos ojos de las cámaras del circuito cerrado de televisión vigilan incesantemente el interior.

En el pequeño espacio del patio, los cerca de mil internos que acogen los módulos del penal de alta seguridad suelen arremolinarse en paseos seguidos a ritmo frenético, de una forma casi obsesiva, algo paradójico y contradictorio puesto que el punto de llegada es siempre el mismo. Se trata de un viaje a ninguna parte que cuenta con una explicación elemental: caminar a paso endiablado es la única forma de desentumecer los músculos que agarrotan las interminables horas muertas en la celda (el chabolo, según el creativo lenguaje carcelario), y en invierno, además, quitarse el frío de encima. La monotonía de esas eternas vueltas y revueltas por el patio carcelario para volver siempre al punto de partida es la metáfora de otra monotonía más profunda, la de la cansina y programada actividad cotidiana: encerrados los reclusos en sus celdas a las ocho de la tarde, pasan cada día doce horas solitarias en esos pocos metros cuadrados, hasta el recuento general de las ocho de la mañana; a lo que siguen el desayuno, la ducha y la batida general de limpieza. Tras unas horas libres, que se pueden gastar en el patio, el salón de recreo o la sala de estudio, se sirve el almuerzo, y vuelta a empezar; a las dos de la tarde regreso al chabolo para la siesta, a las cuatro nuevo recuento, de nuevo al patio, cena a las siete de la tarde y el círculo se cierra al volver a la celda. Ciertamente, la capacidad de cada día para parecerse en un todo a los demás coincide con la sinfonía monocorde y dodecafónica de las vueltas y revueltas de aquella gente por el patio carcelario.

Durante los 39 días que Mario Conde pasará en el penal de Alcalá Meco, entre la Nochebuena de 1994 y el 30 de enero de 1995, en lo que fue su primera experiencia entre rejas, tuvo que aprender esa forma particular de andar y volver a andar que traza el círculo vicioso del patio como única forma de supervivencia, la válvula de escape a la permanente desazón de la vida carcelaria. Este fue uno de los aprendizajes más duros, la lección que hubo de asimilar en esos días, al entrar en un universo tan distinto del que le había rodeado hasta ese momento crucial de su vida; un mundo con sus propias leyes que había que aceptar e interpretar a toda costa si no quería sucumbir en un entorno necesariamente hostil. En sus conversaciones sobre su experiencia en aquel ámbito, el ex banquero siempre ha resaltado hasta qué punto ha influido la terrible enseñanza en el replanteamiento de sus esquemas existenciales. Para sobrevivir en sociedad, hay que adaptarse a unas pautas, y la cárcel, como sociedad cerrada sobre sí misma y mucho más compleja de lo que pueda pensarse, ha promulgado las suyas propias. De nada sirve allí lo que el preso ha sido fuera del singular recinto o el rol representado en el mundo exterior. Si Conde, extramuros, había sido un hombre con poder, un líder influyente, un arquetipo, este bagaje no le servía de nada en su nueva andadura: la cárcel tiene sus propias estructuras, sus propios clanes y su particular reparto de territorios: un entramado de temibles mafias, controladas en general por los reclusos más veteranos (los treinta, como se les suele llamar aludiendo a su condena de prisión, la pena máxima), que dictan sus leyes y establecen sus códigos de seguridad, a los que cada cual, quiéralo o no, ha de someterse si aspira a librar el pellejo y a no sufrir más indignidades que las inherentes al estado carcelario. Todo ello sin hacer mención de los topos, los chivatos, los informadores que practican un perfecto juego de espionaje, más sutil de lo que parece, pasando información minuciosa acerca de usos, costumbres y actividades de la población reclusa a los carceleros o a las autoridades del penal, cuando no a oídos atentos que a su vez fomentan desde el exterior las actividades delatoras.

Esos mismos círculos de poder fijan también sus propias leyes de mercado, un mercado más negro que el betún, en el que el dinero contante y sonante, los billetes y las monedas de curso legal adquieren un valor más alto que en la calle. Y es así porque los presos, en principio, no tienen derecho a llevar consigo dinero ni enseres de valor. Al ingresar en la cárcel, se les retiran todos los objetos personales y se les entrega un juego de sábanas, dos mantas, un colchón, platos, cubiertos (de plástico, para evitar autolesiones) y dos rollos de papel higiénico: es todo el bagaje con el que inician la particular aventura. Cada cual dispone cada semana de unas 8.000 pesetas para sus gastos, pero no en papel moneda sino en unos vales que sustituyen el dinero líquido y que el preso lleva encima en el momento de ingresar. Pero, aparte de esta economía formal, existe una productiva actividad sumergida, un próspero mercado negro, el único recurso para que los reclusos consigan una variada gama de productos y enseres que, oficialmente, carecen de entidad en la cárcel. En tan variopinto mercado, cuyos principales rendimientos se obtienen a cuenta del narcotráfico, el papel moneda suele cotizarse un 25% por encima de su valor.

Mario Conde tendrá que observar, no sabemos si con sorpresa, como él, encarcelado por presuntas irregularidades financieras, es introducido, como primera medida de rehabilitación, en un sistema donde la única posibilidad de supervivencia pasa por entrar de firme en la rueda de la corrupción. A pesar de ello, y de sus contactos con algún que otro cabecilla mafioso, la relación de Mario Conde con la mayoría de los presos será buena, e incluso le permitirá establecer inimaginables lazos de amistad con personas tan distintas a las de su círculo íntimo en horas más propicias. Obvio es decir que la relación del ex presidente de Banesto con la población reclusa no podía ser igual que la de cualquier otro interno. No se trataba de un preso «normal», y así lo advertían sus compañeros de prisión. Se le tiene respeto, e incluso, al principio, se le mira a distancia por lo que representaba su imagen pública, de suerte que tendrá que hacer un indudable esfuerzo para romper el hielo inicial, lo que consiguió con indudable maestría. Le ayudaron en buena medida las particulares características del establecimiento al hacer sus primeros pinitos carcelarios. A finales de 1994 la prisión de alta seguridad, precisamente por esta condición, se había convertido en un cementerio de elefantes ilustres, una galería sorprendente de personajes públicos caídos en desgracia. Los escándalos financieros, la corrupción en cadena y los tenebrosos descubrimientos de la guerra sucia contra ETA estaban contribuyendo a que muchos de sus protagonistas diesen con sus huesos en Alcalá Meco: desde Mariano Rubio y Rafael de la Concha hasta Julián Sancristóbal, el ex director general de Seguridad del Estado, que va a compartir módulo con Conde y Romaní.

Julián Sancristóbal había sido gobernador civil de Vizcaya hasta 1984, época en que se inician las acciones armadas contra objetivos de la banda terrorista en el sur de Francia. En 1984 es llamado por el Ministerio del Interior para ocupar la Dirección General de Seguridad del Estado, en sustitución de Rafael Vera, que pasaba a desempeñar funciones de subsecretario en el mismo departamento. Su estancia en el cargo será breve, hasta noviembre de 1986, pero coincide con el período de actividad más sangrienta de la represión contra la ETA. Se le acusa de que con la ayuda de Francisco Álvarez, un hombre de su confianza, a la sazón responsable del gabinete de Información y Operaciones Especiales, administró los fondos reservados con los que se pagaban las operaciones del GAL, por orden directa de sus inmediatos superiores Rafael Vera y el ministro José Barrionuevo. Lo que motivó que, junto a la cúpula de Interior, fuera penalmente condenado en 1998. Antes, justo cuando el terrorismo de Estado empezó a abandonarse como siniestra estrategia de represalia, él dejó también su despacho en el Ministerio y la actividad política. Dedicado a los negocios (llegó a ser accionista mayoritario de la empresa Marconi), su suerte cambió a finales de 1994, cuando el juez Baltasar Garzón dictó auto de prisión como imputado en el sumario del «caso Segundo Marey», acusándole de participación en banda armada, tentativa de asesinato y malversación de fondos públicos. A pesar del indudable significado de su ingreso en prisión, un paso adelante en el levantamiento de una trama criminal cuyas implicaciones eran cada vez de mayor calado, su entrada en Alcalá Meco se llevó a cabo en un clima de relativa discreción; no olvidemos que en aquel momento la opinión pública estaba más distraída con las tribulaciones de otro ilustre inquilino, Mario Conde, que ingresaría sólo un par de días más tarde que el antiguo responsable de Interior. Quiso la ironía del destino, o la inoperancia de los responsables del Ministerio de Justicia e Interior, que entraran en prisión, codo con codo, estos dos hombres que, según los jueces en sus respectivas resoluciones, venían a representar tan grave peligro para las estructuras del Estado y de la sociedad. Juntos podían ser, como así lo fueron, una auténtica bomba de relojería, sobre todo si la unión se producía en el interior de los muros carcelarios, porque de esta suerte el ánimo de venganza no podía fomentar otra cosa que la colaboración más fructífera entre uno y otro. Ambos tenían poderosas razones para intercambiar impresiones y puntos de vista, comentando sin tapujos o cautelas mayores la información privilegiada de que disponía cada cual. Tanto Conde como Sancristóbal se sentían traicionados por el Gobierno, eran dos marionetas de guiñol del poder, dos cabezas de turco públicamente cercenadas y exhibidas en el escenario nacional para que las omnipotentes manos en la sombra que ordenaron su decapitación pudieran seguir moviendo impunemente los hilos de la representación teatral. Tan solo hacía falta fecha, hora y lugar de encuentro, y de esto se encargó el Ministerio de justicia e Interior, dirigido (es un decir) por Juan Alberto Belloch, a través de la Dirección General de Prisiones.

La primera relación entre los dos heterogéneos personajes, unidos entre sí por el rencor hacia enemigos comunes, se produjo en la Navidad del 94 cuando fueron presentados por Arturo Romaní. Este, que había ingresado en el penal con unos días de antelación, hizo las veces de jefe de protocolo con su compañero de fatigas bancarias: le enseñó las dependencias, le explicó los usos y costumbres del lugar, hasta entonces ignoto, le presentó al selecto círculo de reclusos con los que había empezado a relacionarse, en fin, le introdujo en sociedad con todos los honores. Desde que Romaní supo de la presencia del ex director general de la Seguridad del Estado en su mismo módulo, se dio cuenta de lo mucho que el dato iba a interesar a su antiguo jefe, y empezó a trabajar para lograr el encuentro. Durante un mes largo, Conde y Sancristóbal iban a compartir muchas horas de patio, caminando a buen ritmo y conversando sin parar con la voz entrecortada por el frío invernal. Todo ello ante la atenta mirada de los funcionarios que les custodiaban. Cuando dos semanas más tarde, desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se quiso tomar cartas en el asunto trasladando a Sancristóbal a otro módulo, los dos prisioneros ya se habían dicho todo o casi todo lo que tenían que decirse. Incluso, a lo largo de las muchas horas que compartieron durante aquel interminable mes de encierro, ellos mismos llegaron a sorprenderse de la pasividad de los funcionarios encargados de su custodia ante sus constantes cambios de impresiones. Incluso Mario Conde llega a temer que, bajo esa pacífica apariencia, se escondiese alguna maniobra secreta del Gobierno, acaso la existencia de un topo introducido entre la comunidad reclusa para socavar información. Y hasta llegó a temer seriamente por su seguridad personal, rondándole la idea de que alguien quisiera sellarle la boca para siempre.

Los primeros encuentros se limitan a conversaciones de tipo general, sobre todo repasan el estado del país y la evidente crisis del partido de Sancristóbal, y coinciden en que existe una situación de descontrol que origina un desgobierno que va de mal en peor; la crisis general se ofrece más acentuada a cada paso, y en tal estado de cosas coinciden en que el poder se ha desplazado a otras esferas, como los medios de comunicación o los jueces estrella, lo que ellos han aprendido tan bien y tan de cerca; al fin y al cabo, la letra con sangre entra. El sentirse víctimas propiciatorias de una situación que consideran manifiestamente injusta, pronto genera una honda complicidad al alimón que intuyen prometedora.

Es obvio que Mario Conde quiere ir más allá, porque el nombre de Julián Sancristóbal le sugiere un asunto que ahora, después de todo lo que ha pasado, le sigue rondando por el caletre: el informe Crillón, la investigación secreta encomendada desde el Gobierno a la agencia Kroll, que se dedica a la nada edificante tarea de elaborar informes confidenciales sobre los entresijos del prójimo, en este caso las actividades del banquero reflejadas en un papel pagado a precio de oro con fondos reservados, es decir, con el dinero de todos los españoles. Conde sabía —lo había leído o le habían informado— que Sancristóbal formó parte del grupo que desde el Gobierno había instigado la elaboración del informe, pero desconocía su nivel de implicación y hasta qué punto estaría dispuesto a contárselo. Así que, pasados los primeros encuentros de signo promisorio para un entendimiento espontáneo entre ambos, Conde decidió que lo mejor sería preguntarlo por derecho. No era un empeño fácil y sabía lo que se jugaba, hasta el punto de que una actitud de rechazo por parte de su interlocutor podría cortar de cuajo las incipientes expectativas que la estancia en la cárcel había suscitado. Pero el antiguo cargo de Interior habló, y vaya si habló, en forma algo esquiva durante los primeros paseos, pero explicando luego cuanto sabía del fatídico informe con todo lujo de detalles, en lo que aportó con buena memoria nombres, fechas y documentos, en fin, la Biblia en pasta. Sancristóbal reveló muchas cosas que el ex banquero intuía o ignoraba, y ahora contaba con un testigo de lujo, una prueba evidente y excepcional de la inaudita maquinación que, desde un poderoso sector del Gobierno llamado democrático, se había urdido contra él mucho antes de la intervención del banco.

Según lo que el propio Sancristóbal explicó, el informe fue un encargo personal del vicepresidente Narcís Serra a Luis Roldán, dada su reconocida eficacia en este tipo de trabajos, cuya naturaleza requería descender a las cloacas más infectas. Roldán le comentó el asunto a Sancristóbal: había que practicar una investigación exhaustiva sobre las actividades de Banesto y su presidente, lo que no podía hacerse de forma legal, a través de funcionarios del cuerpo de policía u otras fuerzas de seguridad, porque, claro es, no había indicios de actividad delictiva ni orden judicial que amparase la investigación. Y tampoco quería Serra que el asunto cayera en manos del Cesid, porque había que llevarlo a un nivel de confidencialidad extremado; es más, deseaba que incluso otros miembros del Gobierno no estuvieran al tanto de la investigación, en especial el ministro de Interior, José Luis Corcuera, del que recelaba. Fue el mismo Sancristóbal quien apuntó el nombre de la agencia Kroll, con la que había tenido algún contacto. En aquellos momentos, Sancristóbal ya no asumía responsabilidades de Gobierno, por lo que no tenía nada que ganar o perder con aquel lío. Por lo que él sabía, las intenciones de Serra pasaban por averiguar hasta qué punto el agresivo presidente de Banesto pretendía introducirse en medios de comunicación, y cuáles eran sus contactos y sus intenciones para ir a la política. Conde ya estaba al tanto de este propósito por su relación con el ministro de defensa Julián García Vargas. Además, la fuerza de los hechos ocurridos con posterioridad confirmaba el miedo que les entró en el cuerpo a los del Gobierno con los ambiciosos planteamientos públicos de Conde. Sancristóbal ofreció en Alcalá Meco numerosas evidencias de que había sido el vicepresidente, y nadie más, el promotor de la operación; así lo atestiguaba el hecho de que cada vez que Roldán obtenía nueva información de los agentes de Kroll, lo primero que hacía era llamar a Serra para darle la novedad, sin olvidarse, por supuesto, de pedir el dinero necesario para engrosar la cuenta de la empresa investigadora. No había duda, por tanto, de que Felipe González había mentido a Mario Conde al asegurarle que ni él ni su vicepresidente sabían nada del misterioso informe, del que todo el mundo hablaba como de un secreto a voces, pero que nadie había visto. González, claro está, se había enterado de su existencia por los periódicos. Como siempre.

La implicación de Sancristóbal en las investigaciones llevadas a cabo por Kroll tuvo una doble vertiente, según lo que confesó a Conde en los interminables paseos tras los altos muros de Alcalá Meco. Fue él mismo quien entró en contacto con la agencia internacional, en concreto con el hombre que ya conocía por trabajos anteriores, Michael Oatley, e hizo personalmente el delicado encargo. Además, actuó también como enlace entre la agencia Kroll y Luis Roldán cada vez que se hacía una nueva entrega de información, contenida en sobres cerrados, que pasaban por las manos de Sancristóbal y Roldán sin que ninguno los abriese.

El dinero para pagar las facturas de la agencia salía directamente de los fondos reservados del Cesid, entonces bajo control de Serra a través del general Emilio Alonso Manglano, evitando de esta forma que nadie en el Ministerio del Interior tuviera el menor conocimiento de la operación. Según reveló Sancristóbal, de los pagos se encargaba personalmente José Enrique Serrano, secretario general de la Presidencia y hombre de confianza tanto de Serra como de González, el cual preparaba los maletines con las cantidades convenidas para recorrer el mismo camino que los resultados de la investigación, pero al revés: pasaban por las manos de Roldán a las de Sancristóbal, que se encargaba de que el dinero llegara a su destino fuera de España. Curiosamente, el antiguo cargo de Interior explicó cómo exigía a Kroll la confección de las facturas que, a través del director de la Guardia Civil, también llegaban a Serra, aunque la utilidad de tales documentos resultara harto discutible porque los gastos por este vidrioso capítulo no podían justificarse. El dinero a pagar a la agencia Kroll, lógicamente, no se escondía en cualquier papelera en un recoleto parque de Zurich, como solemos ver en las películas de espionaje. Según contó Sancristóbal, una vez que él recibía el dinero en metálico, lo situaba en una cuenta particular abierta en un banco suizo, y acto seguido lo transfería en divisas a otra cuenta, manejada personalmente por Roldán, que utilizaba el Estado español para solventar algunos asuntos extraoficiales. Lo que hizo pensar a Conde en la longitud y el calado de las alcantarillas públicas, porque cuando él preparó oposiciones a la abogacía del Estado a buen seguro no figuraban en el temario tan peculiares procedimientos administrativos. Posiblemente ahora, con tanta experiencia acumulada en este tipo de asuntos, los abogados del Estado acceden al cuerpo con mucha mayor preparación.

Sancristóbal, en sus confesiones carcelarias, aseguró a su interlocutor que, aunque pudiera parecerle increíble, no se llevó ningún pellizco por participar en la operación. Conde, como hubiese hecho cada quisque, se lo creyó a pie juntillas, aunque el dato no le interesaba tanto como otro que le pareció básico para completar el círculo que se había abierto a su atención. El asunto fue orquestado directamente por Narcís Serra; en este punto las revelaciones de Sancristóbal no hicieron más que confirmar lo que Mario Conde ya sabía de sobra. Pero la duda estaba en averiguar hasta qué punto el inmediato superior de Serra, Felipe González, estaba al tanto de los tejemanejes de la agencia de espionaje. Su compañero de módulo carcelario despejará la incógnita con rotundidad: el presidente estaba perfectamente informado de todo, quizá no había leído el informe completo, pero desde el entorno de Serra lo extractaban y se lo hacían llegar puntualmente. Con este dato, sumado a todo lo que el ex director general de Seguridad le fue descubriendo, Mario Conde cuenta —así lo cree— con material suficiente para preparar un golpe que desde hace algún tiempo había empezado a barajar seriamente: huir hacia delante o, dicho de otra forma, defenderse atacando con armas similares a las que habían empleado sus enemigos. Con la información de que dispone puede poner contra las cuerdas a la mismísima cúpula del Gobierno. Los datos desvelan un escándalo de enormes proporciones que salpica al presidente, el vicepresidente y al Cesid, entre otros. El ex banquero empieza a vislumbrar la posibilidad de una querella contra Narcís Serra, el hombre en el que centra el origen de todos sus males. Una y otra vez, los intentos de Conde para llegar a un acuerdo con el Gobierno le han fallado, una y otra vez se ha sentido traicionado por aquellos en quienes confiaba, y empieza a convencerse (¡ya era hora!) de que una solución pactada resulta punto menos que imposible. Entonces, ¿por qué no pasar al ataque con la decisión que hasta entonces le había faltado? Ahora sabe que cuenta con armas suficientes. Desconoce la capacidad de resistencia de sus adversarios (así los llama el hombre con su característica buena educación), pero empieza a tener confianza en sus propias posibilidades. Contraatacar, por tanto, parece lo más apropiado, ¿y qué mejor manera de hacerlo que mediante una querella contra el vicepresidente? La idea, que pudiera parecer descabellada en un principio, empieza a encandilar al prisionero. Pero para que pueda reflejarse en papel sellado hace falta que Julián Sancristóbal dé un paso más, dentro del espíritu de colaboración que se había establecido entre rejas. Necesita saber hasta qué punto su compañero de módulo estaría dispuesto a testificar en un proceso contra el vicepresidente. El planteamiento es delicado porque Conde intuye que el presunto implicado en el GAL tiene algún tipo de pacto de no agresión con el Gobierno, alguna promesa de ayuda procesal o extraprocesal a cambio de que no tire de la manta, hipótesis que empezó a ponerse de moda aquellos días en diversas instancias.

La respuesta evasiva que recibe por parte de su interlocutor revela que puede haber algo de lo que sospecha. Sancristóbal no parece muy dispuesto a colaborar con Conde en un posible proceso criminal contra Serra porque aún espera «un gesto de Felipe», el indulto a cambio de su silencio, como contrapartida por no desenterrar aún más el cadáver agusanado de la guerra sucia contra ETA. Pero el ex director general le promete un material precioso que, de no ser a través de sus gestiones, difícilmente podría conseguir, y a fe que hasta entonces no lo había conseguido. Se trata de una copia íntegra del informe confidencial sobre su persona elaborado por la agencia Kroll, y, además, el duplicado de todas las facturas que demostraban el pago realizado con fondos reservados. Todo ello podía ser una bomba en manos del ex presidente de Banesto, aunque Sancristóbal no quería —o no podía— ir más allá en su colaboración. Meses más tarde, cuando Mario Conde pueda leer con calma los consabidos papeles del informe Crillón, obtenidos al fin mediante la gestión de Julián Sancristóbal, comprueba hasta qué punto había llegado la obsesión de un sector del Gobierno hacia su persona, hasta qué punto vieron en él a un enemigo que amenazaba la estructura misma del Estado. Conde tendrá la oportunidad de hojear con calma el centenar aproximado de páginas que compendian el resultado definitivo de la investigación llevada a cabo por los agentes de Kroll, bajo la dirección de Michael Oatley, el cual había abanderado trabajos de parecido cuño por encargo de Boris Yeltsin.

El informe, escrito originalmente en inglés, contiene cinco capítulos que corresponden a distintas entregas que tuvieron lugar entre el 25 de junio y el 30 de octubre de 1992. Además del informe propiamente dicho, hay que añadir las numerosas copias de facturas y toda clase de documentos que llenan varias carpetas. A lo largo del texto, se va dibujando a un Mario Conde como un ser casi sobrenatural, cuyo inmenso poder e ilimitada influencia traspasa fronteras y círculos sociales; cuya larga mano se extiende por los ámbitos de la política, las finanzas —sin excluir la gran banca internacional—, el crimen organizado, los medios de comunicación y la masoneria. No puede ser más elocuente en este sentido el primer capítulo, en el que se exponen, a modo de índice, las distintas áreas de investigación que se irán desarrollando en las páginas posteriores: el estudio detallado de los activos patrimoniales de Conde, sus soportes financieros y sus obligaciones fiscales; la venta de Antibióticos y sus conexiones y negocios en Italia; los contactos en Suiza con el Julius Baer Bank; los negocios y sus influencias en los medios de comunicación; la relación con el judío Jacques Hachuel; las conexiones con la masonería; los contactos en Argentina y Sudáfrica…, la pera limonera, como diría un castizo con toda la razón del mundo. El repertorio de infinidad de conexiones con el presidente de Banesto no tiene desperdicio: desde Jesús Gil a Javier de la Rosa, pasando por Juan Abelló o Marc Rich. Atención especial merecen los empresarios de la comunicación y los periodistas influyentes que, a tenor del informe, llamaban invariablemente a Conde antes de publicar dos palabras seguidas sobre cualquier asunto de interés. Los diarios El Mundo, Cinco Días o Diario 16, Antena 3 Televisión, y más directamente Pedro J. Ramírez, Francisco Gayá, Alberto Naón o Antonio Asensio, aparecen en la órbita de influencia directa del banquero. Además, según las conclusiones de Kroll, Conde y Javier de la Rosa dirigían en la sombra una extraña red de compra de informaciones y líneas editoriales que se gestionaba a través de Alfredo Fraile y su agencia A. Pero no acaban aquí las tramas oscuras apuntadas en el informe: en él llega a asegurarse que Conde, a través de sus contactos secretos con la masonería francesa e italiana, hizo peculiares negocios en Argentina con la Banca Shaw, y, rizando el rizo, con Armscor y el tráfico de armas en Sudáfrica. En el primero de los cinco capítulos se añade un apartado sobre determinadas hipótesis de trabajo, que luego se irán desarrollando, en el que se anticipa lo que interesa especialmente a Narcís Serra: «Conde es visto en España, o por lo menos en los medios de comunicación españoles, como un potencial líder político, cuyos intereses traspasarían incluso las fronteras de la política española. Ello es seguro en el caso de Francia, y también debe de serlo en referencia a Alemania, Italia y Argentina».

La lectura del informe Crillón, con todas sus imprecisiones, exageraciones y errores de bulto, hizo que el antiguo presidente de Banesto contemplara desde una nueva perspectiva todos los episodios que se habían sucedido durante año y medio. Pudo así deducir que en sus reuniones en el Banco de España con Luis Ángel Rojo y Miguel Martín, este último había interpretado a la perfección el papel de emisario de Serra al hacerle el chantaje de la venta de sus acciones de Banesto a cambio de no remover más el asunto. Martín no hacía otra cosa que recitar con servil fidelidad el guión escrito de antemano en la Vicepresidencia del Gobierno. Conde no vendió las acciones, y un año después se encontraba hablando de sus cosas con Julián Sancristóbal al cobijo de los impenetrables muros de Alcalá Meco, mientras desafiaban el frío de la meseta cruzando constantemente el patio a toda velocidad.

Las confesiones entre el ex banquero y el ex político no acabaron con la narración pormenorizada de la trama Crillón: su extraña complicidad fue más allá de un interés instrumental. Conde ya tiene lo que necesita de su interlocutor, le ha sacado al máximo una información de suma utilidad para él. Pero Sancristóbal es un hombre resentido, se cree traicionado por los que fueron sus compañeros en la cúpula de Interior y tiene ganas de hablar. Quizá el interlocutor que escogió no era el más recomendable si es que esperaba un gesto de benevolencia por parte del Gobierno, pero al ver que las medidas prometidas no acababan de llegar, sentía que iba derrumbándose en el inhóspito recinto. Si Conde podía resultar un confesor peligroso, o inconveniente al menos, era el único que tenía a mano: sentía indudable curiosidad por lo que se le confiaba, se le veía con ganas de escuchar, sabía hacerlo y preguntaba con tino. Sancristóbal, poco a poco y con pelos y señales, porque el asunto tenía mucha miga, le fue revelando cómo desde el Ministerio de un gobierno democrático se organizó, financiación incluida, una banda criminal para la comisión en masa de secuestros y asesinatos. A fin de entender la situación de Julián Sancristóbal a finales de 1994, debemos instalarnos en el contexto en que se desenvolvía tan penosamente cuando el asunto del GAL ya se encontraba en un punto de inflexión. Entonces, la versión oficial atribuía la creación de la banda que operó contra intereses etarras en el sur de Francia a dos simples subcomisarios, José Amedo y Michel Domínguez, juzgados y condenados por el secuestro de Segundo Marey, la primera de sus fechorías. La creencia en esta versión aún prevalecía en buena parte de la opinión pública, pero Baltasar Garzón, un juez ambicioso y resentido con el Gobierno en el que un día quiso entrar, y algún importante sector mediático {El Mundo había empezado a publicar un trabajo de investigación sobre el suceso), se encargarían de demostrar que el GAL fue un invento orquestado desde la cúpula del poder, y al decir la cúpula desde luego quería decirse lo más alto. Esta ha sido siempre la tesis de Garzón, que ha intentado imputar en los sumarios del GAL a Felipe González, el de la «equis», autocalificado como marioneta en manos de «eso» que llaman Estado de Derecho, lo que el Tribunal Supremo, aventado por los aires salutíferos de la Pampa, ha evitado con el mayor cuidado porque «estigmatizar» al presidente González es peor que inadmisible, es nefando.

En los últimos días de 1994 la gruesa manta que cubría el cadáver de los GAL empezaba a levantarse. Julián Sancristóbal era el último en salir a la luz y se le consideraba una cabeza oculta —pero prominente— de la «organización», por lo que le habían mandado a la cárcel. El ex político, a esas alturas, ya no rehuía su responsabilidad, pero hacía saber que él no había sido mandante sino mandatario en cumplimiento de las ordenes que venían de arriba, de lo más alto. No obstante, el valor que él mismo ponía a su silencio se iba devaluando a marchas forzadas a medida que sus compañeros en el tortuoso viaje por el laberinto del crimen, los cuales aún ostentaban importantes responsabilidades de gobierno, le estaban dejando miserablemente en la estacada. Por lo que el dirigente caído en desgracia cantó ante Mario Conde todas las arias del extenso repertorio operístico. Explicó así, con el mayor detalle, cómo se había fraguado el GAL en las reuniones que tuvieron lugar en la Dirección General de Seguridad que él comandaba, y (¿cómo lo diríamos?) «sustanció» también el contenido del documento, elaborado a partir de los informes del Cesid, que analizaban la situación de la banda armada, todo lo cual llevó a la conclusión de que había que cambiar el método de actuación para hacer algo «positivo y eficaz» contra los terroristas. Estamos en el año 1984, uno de los más sangrientos por los crímenes de ETA, dotada de una potente infraestructura de comandos por toda la península, que se movían como Pedro por su casa con gran apoyo logístico, cuyo cuartel general radicaba en el «santuario» del sur de Francia. El país vecino, gobernado por un hatajo de miserables, el socialista Françoise Mitterand a la cabeza, era entonces la gran preocupación del Gobierno español, también socialista, en su guerra contra el terrorismo. La sangre se derramaba en España, pero las ordenes y la preparación de los atentados provenían de suelo francés, por lo que actuar allí contra ETA en términos jurídicamente lícitos no era posible para los cuerpos de seguridad del Estado. Cualquier intento de pararle los pies a la banda en el país vascofrancés quedaba en manos de las autoridades galas, y en este sentido, su colaboración en aquella época resultaba nula. Los etarras contaban con el estatuto de refugiado político, sin que nadie les preguntara por sus actividades, siempre y cuando, claro es, no cometieran acciones violentas en suelo francés, cosa que aquellos criminales, con exquisito cuidado, se guardaban muy mucho de hacer. La banda terrorista había instalado en Francia una perfecta maquinaria de matar, por lo que la única solución posible, según el Ministerio del Interior, consistió en algo tan descabellado como organizar en el país vecino una serie de atentados contra personas e intereses etarras. De esta forma, no solo se minarían los efectivos materiales y humanos y, sobre todo, «la moral» del enemigo, sino que se pondría al Gobierno francés en el trance de poner las barbas en prudente remojo. En Interior no se tenía claro cómo organizar «el operativo», lo único que les preocupaba era que no se repitieran los errores del «batallón vasco español», el precedente contraterrorista más parecido al GAL que operó sospechosamente en tiempos de la UCD, cuyo ministro del Interior era el «eficaz» Rodolfo Martín Villa. Había que hacerlo todo mucho mejor, especialmente dejar la ejecución de las acciones en manos de expertos mercenarios, a poder ser extranjeros, y que los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado sólo participaran en aspectos organizativos o de apoyo logístico, pero sin mancharse las manos. Faltaría más.

Si esta fue la hipótesis inicial, la plasmación efectiva del proyecto, como es sabido, resultó muy distinta. Los miembros selectos de las mafias francesas e italianas, los maestros en el arte de matar, no aparecieron por ningún lado, y sólo pudo contratarse a matarifes de tres al cuarto que en algunos casos hicieron las mayores chapuzas, lo que con tanto cuidado se había pretendido evitar para no parecerse a lo que ocurrió cuando la UCD. Para muestra no hace falta ir muy lejos, sirve el negrísimo botón del secuestro de Segundo Marey, la primera acción reivindicada por el naciente grupo armado. Los responsables del Ministerio del Interior decidieron secuestrar a un cualificado etarra en el país vascofrancés para sonsacarle una valiosa información sobre la banda. Pero no se sabe bien si por error del comisario Amedo o de los «especialistas» contratados para la ocasión, a quien amordazaron y metieron en el maletero de un coche fue a un ciudadano del país vecino que pasaba por allí. Descubierto el error, los ideólogos del GAL, en vez de arreglar el desaguisado de inmediato, se dedicaron a complicarlo aún más. Incluso plantearon la hipótesis de darle el pasaporte al infortunado, lo que significaba, como luego se ha visto, echar el cadáver a un hoyo cubriéndolo de cal viva (claro, el muerto al hoyo…, o también muerto el perro…), sin duda la solución más práctica —se dijeron—, porque un Segundo Marey vivo y con buena voz podía ser muy peligroso. Al final, y por fortuna, se desestimó tan refinada idea, aunque el pobre diablo permaneció diez días amordazado y con los ojos vendados en algún lugar de la provincia de Vizcaya, bajo la custodia permanente de dos policías y el control remoto de Julián Sancristóbal, a la sazón gobernador civil de Vizcaya. Más tarde, cuando fue nombrado director general de Seguridad, ya no tendrá participación directa o indirecta en las acciones del GAL, a excepción de un honroso encargo: actuar de portamaletines transportando el dinero para pagar a los mercenarios con cargo a los fondos reservados.

En el «caso Marey», Sancristóbal, aún gobernador civil, siguió el episodio de cerca, e informó varias veces, por línea telefónica directa, al ministro del Interior, José Barrionuevo, de lo que estaba sucediendo, y fue del propio ministro de quien partieron las órdenes decisivas en torno al secuestro: mantener en custodia durante unos días al desdichado y liberarle definitivamente. Así se lo contó a Mario Conde, diez años más tarde, uno de los principales actores del drama. La pregunta es inevitable: ¿tomó Barrionuevo esas graves decisiones por su cuenta y riesgo o, como parece más probable, las consultó previamente con instancias superiores? Julián Sancristóbal no podía asegurarlo a ciencia cierta; no tenía claro el grado de concreción con que Barrionuevo había informado del asunto al número uno, a «Glz.», a «dios», a «equis», quizá sin entrar en detalles, aunque era prácticamente imposible —así lo creía el confidente— que don Felipe estuviese por entero al margen de algo de tanta trascendencia.

Mario Conde se da cuenta de que Julián Sancristóbal es un hombre con una carga altamente explosiva anudada a su propio cuerpo: si la hace estallar él también saltará hecho añicos, pero la honda expansiva, sin ningún género de dudas, derribaría a todo un Gobierno mandando a la cárcel a Dios sabe cuántos de sus componentes. Conde intenta convencer a Sancristóbal de que lo mejor es hablar sin tapujos, contar en el escenario oportuno todo lo que sabe sin pelos en la lengua. Si alguien podía sacarle de la cárcel, no eran Belloch, ni Serra, ni siquiera Felipe González, sino el juez Garzón: «No esperes gestos del Gobierno, porque, al fin y a la postre, y tal como se están precipitando los acontecimientos, el día menos pensado el poder socialista va a saltar por los aires, las nuevas elecciones darán el gobierno al Partido Popular y entonces nadie hará nada por ti».

Aunque Sancristóbal es un hombre atormentado por la duda, al fin se mantiene en su decisión de no abrir la boca y esperar, seguir en la inquietante espera, para ver si sus viejos conmilitones acaban echándole una mano. Pero mientras tanto, más allá de los muros de Alcalá Meco, sucede un hecho que va a cortar por lo sano sus esperanzas y sus dudas: un viernes, tras un tormentoso Consejo de ministros, acerca del cual incluso se llega a rumorear la dimisión del Gobierno en pleno y la consiguiente convocatoria de elecciones generales, Felipe González comparece ante los periodistas para desmentir cualquier intervención en los crímenes de los GAL, es más, con referencia a los rumores, cada vez más insistentes, que le marcan con la «equis» fatídica en el organigrama de la acción antiterrorista, el presidente lo niega todo con la mayor contundencia: ni él supo nunca nada del grupo presuntamente montado desde Interior, ni podía saberlo de cualquier manera porque jamás existió. El Gobierno, así lo sentenció el presidente, actuó siempre ajustándose a derecho en la lucha contra el terrorismo. Todo resultaba perfecto, pero había una pieza que no encajaba: esa pieza era Julián Sancristóbal. La respuesta de González no pudo ser más elocuente: «El Gobierno no puede responsabilizarse de la actuación particular de algunos de sus funcionarios». Inclussio unius exclussio alterius. Días más tarde, en una no menos agitada comparecencia en el Congreso del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, se repite la misma canción: el ejecutivo no supo nada ni vio nada de los GAL. Todos los grupos políticos, que hasta entonces habían apoyado al Gobierno en la política antiterrorista, le critican abiertamente, en especial el PNV, que pide una comisión de investigación. Pero, además de la versión oficial, en algunos sectores del PSOE se va más allá; es el caso del ex ministro Barrionuevo, cada vez más señalado por el dedo acusador, según el cual todo el escándalo obedece al ánimo de venganza del juez Garzón, resentido porque Felipe González no le había premiado con un cargo significativo en el Gobierno, después de haber sido el fichaje estrella del partido en las elecciones del 93. El objetivo que se persigue, naturalmente, es crear un movimiento de presión para quitarle de las manos a Garzón el espinoso sumario, cosa que al final se logra, no sin que el ex ministro provocara una respuesta contundente del poder judicial en pleno por la interferencia en la acción de la justicia y sus presuntas ofensas al juez instructor. El equilibrio entre poderes, y con ello el del Estado democrático de Derecho, se tambaleaba peligrosamente.

Julián Sancristóbal, que sigue todos estos episodios desde la sala de televisión en su módulo en Alcalá Meco, se siente definitivamente abandonado por Felipe, su antiguo jefe. Así se lo cuenta a Mario Conde y éste, temiendo seriamente por la seguridad de su compañero de módulo, le aconseja que haga una declaración ante notario sobre lo que sabe de los GAL con todos los nombres en su sitio, y luego, con la declaración bajo el brazo, que sus abogados se pongan en contacto con el Gobierno para advertirle de la apertura del sobre si algo llegase a ocurrirle a su cliente. Sancristóbal puso manos a la obra: su abogado José María Stampa Braun se dedicó a recoger toda la información que tenía sobre su etapa en Interior, y la guardó en la nevera por si llegaba el momento propicio de cocinarla.

Los acontecimientos, dentro y fuera de la cárcel, se concatenan cada vez con mayor precisión a un ritmo frenético. Baltasar Garzón sigue abriendo la sangrienta brecha, impasible ante el malestar que se apodera del país: pocos días más tarde, dicta auto de prisión contra Juan de Justo, antiguo secretario de Rafael Vera, por malversación de fondos públicos. Aquella misma noche, Felipe González aparece en el prime time de Televisión Española, entrevistado por Iñaki Gabilondo, y vuelve a mostrarse como una roca inconmovible: «Ni he conocido, ni tolerado, ni financiado, ni organizado el GAL». Tiene que decirlo muy despacio y con énfasis para creerse a sí mismo. En este orden de cosas la situación personal de Julián Sancristóbal en Alcalá Meco empieza a ser insostenible. Circula insistentemente el rumor de un traslado de prisión, no solo por su peligrosa relación con Mario Conde, sino también por motivos de estricta seguridad personal. Acaso alguna mano oscura había introducido un topo en Alcalá Meco para sellar los labios al entonces principal imputado por el asunto del GAL. El rumor adquiere visos más concretos el 14 de enero de 1995, a raíz de un titular con foto en la portada de ABC: «Conde-Sancristóbal, dinamita para el Estado», decía el rotativo dirigido entonces por Luis María Anson. La relación entre los dos presos de lujo dejaba de ser un problema reservado a las autoridades penitenciarias para trasladarse a la opinión pública, hasta entonces ajena al explosivo encuentro. Incluso el director de la cárcel, Jesús Calvo, le llama a Mario Conde para interrogarle en relación con Julián Sancristóbal. Conde miente al afirmar que nada sabe del GAL, pero otra cosa es el problema de la seguridad personal de su confidente. Ahí coinciden el funcionario y el ex banquero al entender los dos que la situación de Sancristóbal es muy delicada, a pesar de lo cual éste no quiere ser trasladado, y mueve sus hilos lo mejor que puede para lograrlo. Su abogado se pone en contacto con el ex ministro Barrionuevo, y éste negocia personalmente con Juan Alberto Belloch a fin de no mover a Julián Sancristóbal de su sitio, al menos de momento.

Pero otra entrega de El Mundo, con nuevas y sustanciosas revelaciones del caso GAL, entre ellas el hecho de que Julián Sancristóbal aún disponía de 40 millones de pesetas provenientes de los fondos reservados en una cuenta a su nombre en Suiza, vuelven a sumir en la desesperación al antiguo cargo de Interior, por lo que decide que ha llegado el momento de tirar definitivamente del hilo hasta donde se pueda. Así se lo comenta a Mario Conde, que no se extraña de lo que oye, pero le sorprende en cambio que Sancristóbal abunde en la teoría de la conspiración. En vez de sincerarse y contar hasta que punto llegó la implicación del Gobierno, tal y como había confiado a Conde en los días anteriores, el antiguo responsable de la seguridad del Estado decide sacarse de la manga que, detrás de todas las acciones llevadas a cabo por Baltasar Garzón, no hay otra cosa que una conjura orquestada por el propio juez, Pedro J. Ramírez y José María Aznar para obtener, lo más rápidamente posible, la cabeza de Felipe González. A Conde le extraña el cambio de actitud de su compañero de pasos perdidos, y sólo llega a explicárselo a través de una hipotética intermediación de José Barrionuevo, que le habría dado las instrucciones necesarias para formar un frente común de todos los imputados si el proceso judicial iba a más.

La decisión estaba tomada. El telediario de la tarde siguiente empezó con una exclusiva: Julián Sancristóbal hablaba en directo desde la sección de ingresos de Alcalá Meco, donde, con la aquiescencia del director de la cárcel, se había improvisado un plató con un fondo blanco. Sancristóbal suelta su mensaje, bien aprendido, en la línea que le había insinuado al ex presidente de Banesto, pero sin citar nombres; sólo utiliza el escudo de El Mundo. Por la tarde repite la misma canción ante las grabadoras de ABC y El País, y algunos días después aparece, también en ABC, un artículo firmado por el propio Sancristóbal en el que vuelve a la carga contra el juez Garzón. Las reacciones a la actuación estelar del encarcelado no se hacen esperar. Federico Trillo, en nombre del Partido Popular, carga contra el director de Alcalá Meco y el ministro Belloch por haber permitido aquella pantomima, que, según el portavoz, interfería gravemente en la acción de la justicia. Por su parte, la actitud de Felipe González seguirá la misma línea de sus últimas actuaciones: no va a opinar sobre las declaraciones de Sancristóbal, precisamente para no inmiscuirse en un proceso judicial en curso. Curiosamente, meses más tarde, cuando ya no es presidente del Gobierno y su nombre se asocia cada vez más con la «equis» del GAL, González será el primero en abundar en la teoría de la conspiración.

Mientras Julián Sancristóbal sigue empeñado en su particular batalla contra jueces, políticos y periodistas, Mario Conde y Arturo Romaní ya están preparando el terreno para promover el recurso ante la Audiencia Nacional que les permita remediar la situación carcelaria en que se encuentran. Pero el camino no va ser fácil. Los abogados de Conde, los hermanos Gómez de Liaño, presentan el recurso en la Audiencia contra la orden de prisión dictada un mes antes por el juez García Castellón. La fiscalía se negó en principio a la celebración de la vista ante un recurso de estas características, que al final se señaló para el 26 de enero de 1995. En una conversación entre ambos recurrentes, coinciden en que la situación ambiental del país no es tan adversa para ellos, precisamente porque la opinión pública se encuentra muy agitada por la tormenta de los GAL, sobre todo después del asesinato de Gregorio Ordóñez, el concejal del partido popular, en San Sebastián. La alarma social, por tanto, parece moverse hacia otras latitudes. Antonio González Cuéllar, otro de los abogados de los antiguos dirigentes de Banesto, expone el día 26 de enero de 1995 los argumentos de la defensa para solicitar la revocación del auto de prisión provisional; no pueden ser más claros: aduce que los hechos relatados en el auto son falsos y se basan únicamente en la versión del Banco de España, e incluso de ser ciertos, no serian constitutivos de delito. Es más, aunque tuviesen carácter delictivo, en ningún caso se trataría de un delito de estafa, por lo que no podrían comportar penas superiores a seis años. El letrado también se esfuerza en demostrar que el concepto evanescente de «alarma social» no aparece recogido en la Constitución, y, finalmente, denuncia una serie de irregularidades formales en la instrucción del sumario que determinan la nulidad del procedimiento, al tiempo que considera al juez García Castellón incompetente de todo punto para el conocimiento de la causa, habida cuenta de su absoluta ignorancia en asuntos de carácter financiero.

El 27 de enero, después de dos días de gran incertidumbre para los dos ex dirigentes de Banesto, Conde recibe la visita de Mariano Gómez de Liaño. Le lleva dos noticias, una buena y otra no tan buena, provenientes ambas de fuentes fiables. La buena, como cabía esperar, se refiere a la estimación del recurso, por lo que van a decretar su libertad. Conde abandona el cuarto de visitas antes de escuchar la noticia menos buena, porque considera que lo más importante es que Arturo Romaní lo sepa de inmediato. Luego vuelven los dos encarcelados a la salita en donde espera su abogado, que les cuenta la segunda parte: habrá una fianza de por medio, cuya cuantía aún no ha podido precisar, aunque ya ha empezado a mover las teclas para recolectar lo que se pueda. Al día siguiente, el ex presidente vuelve a despachar con otro de sus abogados, esta vez con Antonio González Cuéllar, quien, a pesar de confirmarle la información de su colega, no es capaz de poner nuevos datos en el platillo de las buenas noticias. Por lo que ha podido averiguar, no sólo habrá que constituir fianza sino que ésta será muy elevada, una cantidad próxima a los mil millones por barba. También ha sabido que la fianza no se les pedirá en concepto de responsabilidad civil, sino que habrá de prestarse para garantizar su presencia en el juicio, argumento que indigna a Mario Conde, quien arguye que ellos nunca habían rehuido la acción de la justicia cuando tuvieron oportunidad de hacerlo. Al decírselo a Romaní, sólo aciertan a contagiarse su respectiva pesadumbre. Por supuesto que, a pesar de la creencia popular y de los propios magistrados, ellos no disponen de ese dineral. Pero por la información que les proporciona su abogado, la Audiencia va a aceptar avales bancarios para cubrir la fianza, lo cual pudiera hacerlo factible. En principio, Mario Conde, por una cuestión de orgullo personal, había decidido no abandonar Alcalá Meco si no era mediante una orden de libertad sin más, o, por lo menos, con una fianza razonable, pero varias conversaciones en los días siguientes con su defensa, especialmente con Jesús Santaella, hombre pragmático y de buen juicio, le convencen de que lo primero y más importante era dejar la cárcel al precio que fuese, y luego ya se intentaría paliar, por la vía del recurso, la cuantía de la fianza. Al fin y al cabo, estar en la calle no dejaba de ser una bofetada al juez García Castellón, al Banco de España y al mismo Gobierno, aunque hubiera de pagarse por ello un precio altísimo.

Mientras se suceden todos estos movimientos en la sala de visitas de Alcalá Meco, el rumor sobre la inminente salida de Conde y Romaní corre como reguero de pólvora por los medios de comunicación, cuyos reporteros empiezan a hacer guardia ante la entrada principal de la cárcel. Mario Conde tiene una última conversación de despedida con Julián Sancristóbal, en la que éste le confirma cuanto le ha confesado en los últimos días, y le pregunta si piensa utilizar todo ese arsenal desde su nueva situación de hombre en libertad. El ex banquero le contesta que de momento, y hasta que no esté definitivamente solucionado el recurso de su fianza, no piensa hacerlo, pero le emplaza a que sea él mismo quien lo haga, porque es a él a quien verdaderamente corresponde poner en su sitio a todos los implicados en el GAL. Julián Sancristóbal, después de todo lo sucedido, aún seguía deshojando la margarita. Una llamada del director de la prisión, Jesús Calvo, confirma los mejores y los peores presagios; Conde y Romaní ya son hombres libres, así lo señala el telegrama de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que tiene sobre su mesa, pero las fianzas superan todo lo esperado: 2.000 millones en el caso de Conde y 1.000 millones en el de Romaní. Esa misma tarde firman el telegrama y se convierten, al menos oficialmente, en hombres libres sub conditione, un extraño concepto de la libertad en quienes aún tienen que esperar hasta el día siguiente, el 30 de enero de 1995, para recoger sus cosas y ultimar los trámites de la salida.

En una pausa en el interminable rosario de enhorabuenas y despedidas de la «comunidad reclusa» (de tanta similitud en el fondo con la llamada «comunidad bancaria»), Conde y Romaní reciben a Jesús Santaella, que les informa de los detalles sobre la consecución del aval por los fatídicos 3.000 millones. El tema lo lleva personalmente la mujer de Conde, Lourdes Arroyo, asistida de Enrique Lasarte. En principio todas las puertas se les cierran, todo son reticencias y ambigüedades. Tan solo Emilio Ybarra se muestra receptivo. Pero enseguida caen en la cuenta de que el hombre clave de la operación, el único que debiera garantizar una cantidad tan elevada, es Emilio Botín, ya entonces convertido en el máximo accionista de Banesto, quien, junto a su hermano Jaime, tenía la obligación moral de prestar la garantía judicialmente exigida al haberse lucrado de manera exorbitante con la operación de Antibióticos sin correr el menor riesgo. Localizar al prohombre cántabro de forma tan apresurada no resulta tarea fácil, aunque al final lo consiguen a través de Federico Ysart, hombre de confianza del presidente del Santander y amigo de Enrique Lasarte. Este y el dúplice Matías Cortés, en su papel de favorecedor sistemático del que haya hecho caer, se encargan de presionar telefónicamente a Botín para que haga efectiva la prestación del aval. Al final, de mutuo acuerdo los hermanos Emilio y Jaime, deciden que el aval salga de Bankinter, cubierto con la garantía hipotecaria de las fincas y la garantía prendaria de las obras de arte de Mario Conde y su familia.

Aquella tarde, en Alcalá Meco, dos funcionarios instan a Conde y Romaní para que se apresuren a recoger sus bártulos, puesto que deben abandonar el penal inmediatamente. Ambos replican que prefieren no irse de noche, sino «descansar» en sus celdas y hacerlo a primera hora de la mañana. Pero un prisionero no tiene potestad para decidir si se queda o no en la cárcel cuando oficialmente se le ha dejado en libertad, así que se aprestan a salir a la calle. Conde escribe una emotiva carta de despedida a sus compañeros de módulo, a sus «colegas», y después cierra el ordenador con el que ha compartido tantas horas muertas en su celda. Cuando ya es noche cerrada, los dos ex banqueros hacen varios viajes entre sus chabolos y la sección de ingresos para transportar los exiguos efectos personales que han ido acumulando durante el tiempo de su encierro. Acto seguido, hablan con sus abogados Antonio González Cuéllar, Mariano y Michel Gómez de Liaño, quienes les proporcionan ropa, y firman la orden de excarcelación. Atraviesan la barrera de entrada y se sumergen en la helada y negrísima noche de la periferia madrileña, tan solo alterada por centenares de periodistas que se agolpan para recibir gráficamente a las dos figuras que se aproximan. Mario Conde abraza a Lourdes, su mujer, y a sus hijos Mario y Alejandra, que le esperan en un discreto segundo término. Entre el tumulto de los informadores, en la cabeza del ex banquero aún están frescos todos los acontecimientos del último mes. Regresa de un doble viaje: ha estado en la cárcel, dónde nunca pensaba que podía ir a parar, un mundo del que ha extraído no pocas lecciones; y se ha introducido en las mismísimas alcantarillas del Estado. Todo lo que ha visto le ha interesado de manera muy especial.

CAMBIANDO CROMOS

«La inclinación al cambio, al trueque y a la permuta de una cosa por otra es común a todos los hombres, y no se encuentra en ninguna otra raza de animales»

(ADAM SMITH)

Los días inmediatamente posteriores a su salida de la cárcel, lo que tuvo lugar el 30 de enero de 1995, permiten que Mario Conde viva en un oasis de paz remansada, lejos de Madrid, dividiendo su tiempo entre su finca manchega de La Salceda y la andaluza de Los Carrizos, para disfrutar al máximo de cada segundo de libertad. Le cuesta un tiempo acostumbrarse a la ausencia de horarios rígidamente marcados de antemano, de los omnipresentes hombres de uniforme, de la serena angustia de la monotonía cotidiana. Es tiempo de largas conversaciones con los amigos de siempre, en especial con el matrimonio Fernando y Virginia Garro, tan queridos para él. Conde ve poco la televisión, lo justo para estar al corriente del penúltimo suceso que había de sacudir hasta las raíces a la agitada opinión pública: el fulminante interrogatorio por el juez instructor del caso GAL del ex secretario de Estado de Interior, Rafael Vera, y el ex gobernador civil de Vizcaya, Ricardo García Damborenea, lo que deriva en el auto de prisión incondicional que supondría una nueva y espectacular vuelta de tuerca en la historia del terrorismo de Estado. Conde, al ver en los telediarios la imagen del antiguo número dos de Interior ingresando en la cárcel, no tendrá más remedio que evocar los recuerdos que aún tiene frescos en la memoria sobre lo que ha oído entre los muros y las alambradas de espino de Alcalá-Meco, hacia donde Rafael Vera dirige ahora sus pasos. Unos salen y otros entran, y mientras tanto en España ya casi nadie se acuerda de Mario Conde y de la querella contra la antigua cúpula de Banesto, porque la opinión pública está pendiente de la espiral hasta el infinito por la que asciende el asunto del GAL. Definitivamente, no acaba de funcionar la maniobra felipista; la cortina de humo levantada desde el Gobierno, con los casos de corrupción financiera que ha enredado a Banesto y a Javier de la Rosa, no es lo suficientemente espesa para tapar las oprobiosas vergüenzas de los socialistas.

Pero, a pesar del esfuerzo de Conde por olvidar, sus allegados y, sobre todo, sus abogados, le harán ver pronto que la situación sólo está marcada por un paréntesis, que con la obtención de la libertad provisional no se ha resuelto el problema ni muchísimo menos, puesto que la querella sigue su curso imparable. La situación creada desde la salida de Conde y Romaní de la cárcel, junto a la tensa situación del país con un Gobierno en la cuerda floja, abren un amplio abanico de posibilidades. Hay muchas puertas a las que llamar, muchas instancias con las que es posible trabar acuerdos provechosos. Así lo cree y lo manifiesta Jesús Santaella, quien pone encima de la mesa un contacto, el de Ana Tutor, para facilitar un encuentro con José Barrionuevo. La propuesta sorprende al mismo Conde, que muestra serias dudas sobre la conveniencia de una cita tan delicada, pero él no suele resistirse a este tipo de chalaneos (le pueden los tratos de feria, qué se le va a hacer), por lo que al fin el encuentro tiene lugar el 24 de febrero en un chalet de la urbanización Los Nogales, en Alpedrete, propiedad del ex ministro. Eso sí, la preparación del episodio se envuelve en el mayor secreto (otro secreto a voces, como sucede en estos casos) y se adopta un sinfín de medidas protectoras: los servicios de seguridad de ambas partes, convenientemente coordinados, acordonan la zona desde mucho antes de la hora señalada (se trata absurdamente, con los debidos respetos, de matar moscas a cañonazos). En especial, por parte del ex banquero, se quiere evitar por todos los medios que alguien utilice el encuentro para abundar en la teoría que le vinculaba con la presunta conspiración financiero-político-periodística para derribar al Gobierno.

La charla entre los tres protagonistas de la reunión —Santaella hace las veces de intermediario— viene marcada por la tensión más o menos disimulada so capa de las buenas formas. Los dos actores principales de la comedia sólo se conocían de vista en un marco original, la sala de visitas de Alcalá Meco, a la que Barrionuevo solía acudir para ver a Julián Sancristóbal, su antiguo subordinado. Aquellos saludos previos en la cárcel, cruzados más bien con la mirada, estarán presentes a lo largo de la conversación en Alpedrete, porque, sin duda, Barrionuevo sabe, aunque quizá no en todos sus términos, de las muchas horas que Conde ha compartido con el antiguo director general de seguridad. El político intuye que el financiero sabe más de lo que dice saber del caso GAL, lo que posiblemente le incline a que se alcance un posible acuerdo. Barrionuevo es un hombre que se siente constantemente asediado y ve conspiraciones contra el Gobierno socialista y contra él hasta debajo de las piedras. En un momento de la charla, llega a afirmar que si, como reconoce hasta el apuntador, el PSOE pierde el poder y algunos de sus principales dirigentes acaban en la cárcel, ellos van a morir matando por lo que dejarán el campo de batalla lleno de cadáveres. Mario Conde sabe que en los tratos de feria conviene no darse por aludido, e intenta hacerle ver a su interlocutor que, por parte del ex banquero, no tiene que haber necesariamente una guerra sin cuartel, y le ofrece un pacto de no agresión: se compromete a no soltar lo que sabe de la trama del GAL a cambio de que Barrionuevo haga de intermediario con Felipe González para que éste se comprometa, digamos por enésima vez, a buscar una salida negociada al tema de Banesto. Conde, claro está, no pide que le devuelvan el banco, sino que se le repare el perjuicio patrimonial que le han ocasionado, al tiempo que se da solución favorable al proceso penal. Dicho y hecho, el ex banquero finaliza su encuentro con José Barrionuevo decidido a no pasar al ataque, al menos de momento. Otra cosa será —así se lo comenta a su interlocutor— que el juez Garzón, ante los intensos rumores de que Conde sabe, y sabe mucho, de los GAL, le llame a declarar. No parece una posibilidad previsible, pero para el caso de que esto sucediera el ex banquero procura ponerse la venda antes de la herida. El contacto con Barrionuevo supone el inicio de una de las tácticas posibles, la vía de la negociación, que en principio parece dar buenos resultados. Algunos días más tarde, a Conde y Santaella les llega la información de que el ex ministro ha hablado del asunto con el presidente del Gobierno: éste ha mostrado su disposición a colaborar y le parece bien seguir haciéndolo a través de Barrionuevo.

Pero esa estrategia no descarta otras de distinto signo. El plan de trabajo de Conde y su equipo de asesores (constituido por Mariano Gómez de Liaño y Enrique Lasarte, al que ocasionalmente se incorporan Femando Garro, Matías Cortés y Antonio Navalón, los engañabobos de siempre) se fundamenta en no descartar ninguna hipótesis que resulte razonable. Por lo que, cuando aún está fresco el éxito incipiente y relativo de su cita con Barrionuevo, la tropa intenta un extraño movimiento que a todas luces entra en contradicción con el precedente. El 27 de febrero aparece en la primera página de ABC la fotografía de dos coches que abandonan precipitadamente, y de noche, lo que parecía la puerta de una propiedad privada. La imagen no es nítida pero el titular lo aclara todo: «Mario Conde y Javier de la Rosa se entrevistaron en La Salceda». Nadie sabe cómo le llegó la filtración del encuentro a Luis María Anson, aunque su periódico no llegó a decir que los matrimonios Conde y De la Rosa habían pasado juntos todo el fin de semana en la finca manchega del primero, y que antes, en concreto el día 22, se habían visto en su domicilio madrileño. Así pues, entre el catalán y el gallego se había iniciado un interesante —y peligroso— intercambio de información cuyos resultados eran imprevisibles.

Las relaciones previas entre Javier de la Rosa y Mario Conde no se habían movido entre los parámetros de una excesiva cordialidad, sobre todo a raíz de la colaboración del hombre de Kio con los Albertos, que devino en la creación de Cartera Central, presta a dar el salto sobre Banesto. Pero ahora los dos han estado en la cárcel, ambos ven en el Gobierno el origen de todos sus males, y esto les une por encima de cualquier diferencia pretérita. Pelillos a la mar. En realidad, fueron sus esposas, Lourdes Arroyo y Mercedes Misol, las que promovieron el primero de los encuentros, especialmente la catalana, seriamente preocupada por la situación anímica de su marido tras cuatro meses y medio entre rejas.

De la Rosa y su abogado Juan Piqué Vidal se encuentran en pleno proceso de llamadas a todas las instancias con influencia suficiente para encontrar una solución a sus problemas procesales. En este sentido, Mario Conde, aunque sus devaneos con la justicia no eran de menor calado, es un hombre que puede ver las cosas con más claridad, lo que aflora en el curso de las charlas interminables entre ambos; la desesperación anárquica y sin norte de De la Rosa contrasta con el frío análisis de la situación por parte de Conde. La dura experiencia carcelaria ha surtido efectos harto distintos en uno y otro. De la Rosa ha salido de la cárcel Modelo con el ánimo alterado; se siente abandonado por los muchos e influyentes capitostes empresariales y políticos que en otro tiempo le encumbraron hasta lo más alto, empezando por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y su hombre en Madrid, Miquel Roca, que le llegaron a otorgar, mediante presumibles contraprestaciones, el título de empresario modelo, catalán excelso, valedor por antonomasia del pujolismo y no sé cuántas cosas más. Pero la puerta del Palau de la Generalitat no es la única que se le ha cerrado: su mujer ha intentado incluso acudir a otro palacio de más enjundia, el de la Zarzuela, donde sólo consigue buenas —e inútiles— palabras de Fernando Almansa, el jefe de la Casa del Rey.

La tesis del empresario catalán (aunque sería más correcto decir de Mercedes Misol, una mujer delicada y enérgica al tiempo, que ha demostrado largamente su coraje y su finura de espíritu en el interminable calvario de la familia) es que existe una relación evidente entre ambas causas judiciales. Así lo probaba, en su opinión, el hecho de que el 18 de diciembre había recibido una llamada de Xavier Trias, consejero de la Generalitat, quien, por encargo del honorable, comunicaba a Mercedes Misol que Felipe González les había anunciado la inminente excarcelación de su esposo. Pero cuatro días más tarde, el 22 de diciembre, recibió otra llamada, esta vez de Miquel Roca, rectificando todo lo dicho, porque, según las noticias que le habían llegado, había un gran interés por parte del Gobierno en que el país pudiera ver la foto de los dos principales tiburones de las finanzas en la cárcel. Al día siguiente Mario Conde ingresaba en Alcalá Meco mientras Javier de la Rosa permanecía acurrucado y exangüe en un rincón del patio de la Modelo. Así las cosas, los De la Rosa creían que ambos financieros en desgracia debían unir sus fuerzas, caminar codo con codo en su particular disputa con el Gobierno, puesto que había sido el Gobierno el que, en su desesperado intento de desviar la atención de todo el país, había convertido los dos casos en uno solo. Mario Conde, que aún mantiene frescos en la memoria sus contactos con José Barrionuevo, no lo ve tan claro. Pero Javier de la Rosa le anuncia que tiene documentos muy comprometedores (¡ah, los famosos documentos, de ordinario tan comprometedores como inútiles!), y promete enseñárselos en el largo fin de semana al que han sido invitados por los Conde en su feudo manchego.

Allí, en La Salceda, encerrados en la biblioteca el financiero y el banquero, tan baqueteados ambos, en compañía de Fernando Garro, el amigo del alma de Conde, compartirán largas sesiones de trabajo en busca de una estrategia compartida. De la Rosa, como había anunciado, parece que trae gruesa munición en la recámara: saca de su inmensa cartera una carta de presentación firmada por Julián Sancristóbal al espía Michael Oatley para que pueda entrar en contacto con De la Rosa, lo que se produjo a través de su abogado, Juan Piqué, con un mensaje muy claro por parte del ex agente de la agencia Kroll: la recomendación de no seguir por el camino de la guerra abierta con el Gobierno si no quería poner su vida en peligro. La amenaza, nada velada como puede verse, tuvo lugar cuando el financiero ya había ingresado en la cárcel y después de publicarse en los periódicos una curiosa fotografía del preso en el patio de la Modelo, a modo de mensaje subliminal de que la amenaza podía cumplirse en cualquier momento. Pero no acaban ahí las sorpresas que el antiguo hombre de Kio lleva a La Salceda. Uno tras otro va mostrando a sus acompañantes un sinfín de papeles suficientemente comprometedores —así lo cree— con los que pretende poner contra las cuerdas al Gobierno, y que acreditan los cuantiosos pagos que tuvo que efectuar en cuentas bancarias de diversos países para favorecer intereses políticos de los kuwaitíes. Las cantidades y los nombres que esconden las cuentas asustan incluso al propio Conde cuando comprueba el contenido devastador del material en manos del catalán, que está dispuesto a sacarlo todo a la luz pública, aunque el ex presidente de Banesto, que entonces no era partidario del enfrentamiento directo con el poder, le advierte que, si quiere un acuerdo de colaboración, tiene que olvidarse por el momento de utilizar ese arsenal atómico.

A pesar de los distintos puntos de vista —y sobre todo, los distintos estados de ánimo—, se cumple el objetivo fundamental del fin de semana que Conde y De la Rosa comparten en La Salceda: pactan un acuerdo de colaboración por el que se comprometen a estar en contacto permanente para intercambiarse toda la información que pueda resultar útil para los dos o alguno de ellos. «Albarda sobre albarda, pero menos da una piedra», pensarían para sus adentros los interlocutores al convenir semejante ambigüedad. Además, Conde promete a De la Rosa que intentará un contacto con quien el empresario catalán considera que le ha fallado estrepitosamente: se trata de Miquel Roca, puesto que Conde ha sintonizado siempre con él en todos los encuentros. El silencio de Roca ante los telegramas que De la Rosa le había cursado desde la cárcel había dolido en grado sumo al remitente; el texto del telegrama, el mismo que también había mandado a Jordi Pujol y a otros destinatarios de más alcurnia, rezaba así con laconismo espartano: «Todavía estoy en la cárcel».

Un chafarrinón, sin embargo, vino a emborronar el encuentro, echado probablemente por alguno de los interlocutores, tan dados el uno y el otro a los enredos periodísticos: la mencionada fotografía que ABC publicó con todos los honores gráficos, y que puso en alerta máxima no sólo al Gobierno sino a los numerosos grupos de interés que hasta entonces se estaban frotando las manos ante la penosa situación del tándem Conde/De la Rosa. Pero la senda estaba marcada y no les quedó más remedio que seguir su curso. El intermediario para establecer la pretendida relación con Miquel Roca será Florentino Pérez, el reputado empresario de la construcción y ahora del fútbol, hombre clave en la fracasada operación reformista con la que en 1986 el político catalán había intentado con tan poco éxito el salto a la gobernación de España. El momento no era el más adecuado para intentar un acercamiento a Roca, porque el líder convergente, después de un largo período de discrepancias con su jefe de filas, estaba a punto de abandonar su escaño y el cargo de portavoz del grupo en el Congreso de los Diputados para convertirse en aspirante a la alcaldía de Barcelona, misión imposible ante el olímpico Pascual Maragall, por lo que la designación de Roca como alcaldable tenía más de defenestración que de recompensa por los servicios prestados a la causa. Por otro lado, el grupo político que Roca lidera en el Congreso todavía apoyaba al partido socialista, por lo que Conde entendía que el hábil y taimado catalán había consentido al menos, por no haber movido un dedo en contra, la intervención de Banesto. También era motivo de disgusto la actitud del grupo convergente en la comisión del Congreso al tratar el «caso Banesto». Y así las cosas, sin tapujos, Conde se lo reprocha Roca a lo largo de la conversación que tiene lugar la noche del 2 de marzo. En uno de los momentos más tensos de la reunión. Roca se excusa aduciendo que la intervención se pactó entre las principales fuerzas políticas —PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida—, y que ellos se encontraron de repente ante los hechos consumados sin posibilidad de hacer nada práctico en contra. La confesión viene a confirmar la tesis de Conde sobre la vasta conspiración urdida contra su incómoda persona.

Pero los motivos que han traído a Miquel Roca al encuentro con Mario Conde son distintos. El político admite el error por la estrategia de su grupo durante los trabajos de la comisión parlamentaria, pero lo hace a toro pasado, y lo que le interesa es disuadir a Conde de que emprenda la batalla en común con Javier de la Rosa. Para el político convergente, el empresario, al que en otros tiempos había apadrinado no se sabe bien por qué y a cambio de qué —aunque sea fácilmente presumible lo uno y lo otro—, se ha convertido ahora en un serio quebradero de cabeza para él y su partido, hasta el punto de que puede perjudicarle grandemente en su envite por la alcaldía de Barcelona. Roca expone sumariamente las demandas que De la Rosa ha puesto sobre la mesa de la Generalitat, y que pasan —nada más y nada menos— porque el Gobierno de Pujol mueva hilos en Kuwait para que los de Kio retiren la demanda en Londres contra su antiguo representante en España. Una petición que Roca califica de disparatada. La reunión termina sin acuerdo: Mario Conde no puede comprometerse a deshacer el pacto que ha alcanzado pocos días antes con Javier de la Rosa, aún a sabiendas de que éste, pruebas documentales en mano, puede llevarse por delante a Roca y a gran parte de la clase política. Aunque tampoco le duelen prendas al censurar la posición acomodaticia de Roca y sus muchachos durante el desarrollo del seguimiento de la «Comisión Banesto». Todo, pues, queda más o menos como estaba. Miquel Roca era un árbol destinado a caer por sí solo, sin necesidad de que Conde y De la Rosa tuviesen que afilar el hacha para derribarlo: un par de meses más tarde, el 28 de mayo de 1995, el hasta entonces número dos de Pujol pierde irremisiblemente las elecciones a la alcaldía frente a Pascual Maragall, y se enfrenta de golpe y porrazo al inevitable epílogo de su larga trayectoria política, larga pero muy fecunda y provechosa, según reitera con retintín Javier de la Rosa.

La etapa agónica del felipismo tuvo un nombre y un rostro característicos: el de Juan Alberto Belloch, ministro de Justicia, que hubo de asumir con urgencia la cartera de Interior. Este antiguo magistrado con la etiqueta bien visible de juez progresista, a la que luego unió otra, la de político independiente —no pertenecía al PSOE en aquella época—, se convirtió de la noche a la mañana, y muy a pesar suyo, en el abanderado del último Gobierno socialista metido en la corrupción hasta más arriba del cuello. Qué duda cabe, tal y como estaban las cosas, que los dos Ministerios controlados por Belloch eran los que más quebraderos de cabeza podían dar al más pintado, no obstante lo cual, su imagen se hizo tan popular que su nombre llegó a sonar incluso en las quinielas para un posible relevo de Felipe González en el liderazgo socialista. En el corto espacio de tiempo que duró su doble responsabilidad ministerial, Belloch tuvo un momento de gloria: el 28 de febrero de 1995, cuando en la sala de prensa de la Moncloa, más repleta que nunca de informadores, anunció, pletórico, la detención de Luis Roldán. Pero si todo verdor está llamado a perecer, la apoteosis alcanzada en aquella comparecencia fue harto efímera: duró las 24 horas que tardó en regresar a la misma sala de prensa para «matizar» la rocambolesca caza y captura en Laos del ex director de la Guardia Civil. En la edición del día siguiente, El Mundo, en lugar de dar por buena sin más la moto de gran cilindrada vendida por Belloch, desveló la no menos estrambótica negociación entre el Ministerio del Interior y el entorno de Roldán, con el espía Francisco Paesa de por medio, y que culminó con lo que en realidad fue una entrega personal en toda regla del famoso prófugo, aunque disfrazada con el relato de una brillante actuación de la policía española. El ministro, el cazador cazado, se ve obligado a desempeñar un tristísimo papel ante los regocijados representantes de los medios, que durante largo tiempo no cesaron en la rechifla. Fuera detención o entrega pactada, lo cierto es que la súbita aparición del más famoso evadido de España fue vista positivamente por Mario Conde, quien supo de la noticia dos días después del fin de semana que pasó en La Mancha con el matrimonio De la Rosa. Al fin y a la postre, Luis Roldán había sido una pieza clave en la trama del informe Crillón; y ahora él podría disponer no sólo de la copia que le había proporcionado Julián Sancristóbal, sino también de un posible testigo de gran valor, el de quien acababa de aterrizar en España prometiendo a voces tirar de la manta.

Lo cierto es que el 8 de marzo, cuando Luis Roldán acude a declarar ante Baltasar Garzón, que le interroga sobre los asuntos relacionados con los fondos reservados, habla de muchas cosas, y se filtra que entre ellas ha cantado todo lo referente al «caso Crillón». Así pues, Mario Conde y sus abogados se encuentran de repente con una potente granada entre las manos, aunque ni siquiera saben cómo quitar el seguro para provocar su explosión. Las actuaciones relativas a los fondos reservados se instruirán en los juzgados ordinarios de Madrid, pero el «caso Crillón» se quedará en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde cae en manos del magistrado Eduardo Moner. Los abogados de Conde aprovechan la ocasión para presentar un escrito pidiendo que se les considere parte en las diligencias como posibles perjudicados por los presuntos delitos que imputan al vicepresidente Narcís Serra y al ministro de Defensa, Julián García Vargas. En el Gobierno cunde la preocupación porque se empieza a columbrar que los efectos colaterales de la captura de Roldán pueden resultar negativos, por lo que se le encarga a Belloch que se ponga a trabajar sin demora para intentar que las aguas vuelvan a su cauce. De este modo, el 11 de abril de 1995 Juan Alberto Belloch recibe a Jesús Santaella, el abogado de Mario Conde en este nuevo capítulo de sus andanzas negociales. El encuentro se pacta mediante las gestiones de Gerardo Viada, abogado de El País, conocido por Santaella a través del Colegio de Abogados de Madrid y amigo personal del ministro. El hombre de Conde trata de seguir explorando el mismo filón que se había empezado a descubrir en el encuentro con José Barrionuevo, nada más salir el banquero de la cárcel. El biministro manda al ex banquero, a través de su abogado, dos mensajes muy claros. Por un lado, como jurista más que como ministro de Justicia, está de acuerdo con la tesis sobre la incompetencia del juez García Castellón para instruir el «caso Banesto», por lo que él no pondrá ningún obstáculo si se pide la nulidad de las actuaciones. Pero, por otro lado, Belloch manifiesta su preocupación por el desafío al Gobierno si se sacaba a la palestra la información de que disponían sus interlocutores sobre el informe Crillón. El ministro bifronte, en definitiva, tiende una mano al encausado: le ofrece su colaboración, e incluso proporciona a Santaella sus teléfonos directos para facilitar el intercambio de impresiones, siempre que el ex banquero no opte por enfrentarse al ejecutivo.

La conversación entre Santaella y Belloch evidencia hasta qué punto desde el entorno de Conde ya se había tomado la decisión de convertir el asunto en un enfrentamiento sin tapujos con el Gobierno socialista. Ya no preocupa tanto defenderse en la querella del «caso Banesto» como contraatacar a fondo basándose en el dichoso informe Crillón. Pocos días después, el 26 de marzo de 1995, el ex banquero va a dar un paso decisivo en tal sentido: ese día le espera en su casa madrileña de la calle Triana 63 un invitado singular, Juan Alberto Perote, coronel del Ejército de Tierra, diplomado en inteligencia militar, ex agente del Cesid —donde dirigió el Aome, el departamento de investigaciones especiales—, varias veces campeón de España de pentatlón. Se trata de un hombre enigmático: detrás de sus sempiternas gafas oscuras se esconden no pocos secretos cuyo alcance sólo él conoce. Perote tuvo que abandonar el servicio en la agencia española de espionaje a raíz de las fotos de una francachela publicadas en el semanario Tiempo. En aquellos momentos, estamos en 1995, trabajaba para Repsol y en su propia empresa de asesoramiento en materia de seguridad. Conocía a Mario Conde porque en otros tiempos habían sido vecinos en la urbanización Ciudad el Bosque los Arroyos, situada en una antigua finca propiedad del suegro del banquero. Aunque Conde haga las veces de anfitrión, en realidad el almuerzo ha sido instado por el ex espía, que ha movido con el debido sigilo los hilos correspondientes.

La conversación entre ambos se inicia con un larguísimo tanteo, pero al final el antiguo agente secreto se ve compelido a abrir el fuego. Le pregunta a Conde por el estado de su disputa con el Gobierno en el asunto Crillón, y le ofrece, si lo desea, una información muy valiosa relacionada con el informe. El ofrecimiento sorprende a Conde, por el hecho de que Perote había cesado en su puesto del Cesid en 1991 y Serra encargó la investigación sobre sus actividades un año más tarde. Pero el militar conoce el asunto por otra fuente, Julián Sancristóbal, el mismo que suministró la información a Mario Conde en Alcalá Meco. Lo que hace falta dilucidar es si Perote sabe algo más, algo que Julián Sancristóbal, por la razón que fuera, no le hubiese contado al banquero. Según la versión del ex agente secreto, éste supo de la existencia del informe en 1994, en una serie de entrevistas con Sancristóbal con objeto de montar una empresa privada de alta seguridad que luego no llegó a funcionar. El antiguo director general puso el ejemplo de la agencia Kroll, y, para ilustrarlo, dejó sobre la mesa los cinco volúmenes del informe Crillón, que ambos repasaron concienzudamente. Poco a poco, Perote le va desgranando a Conde detalles de la forma de actuar de su antiguo jefe en el Cesid, el general Emilio Alonso Manglano, a quien define como un hombre de total confianza de Narcís Serra, demostrada no sólo con el asunto Crillón, sino en multitud de oscuros trabajos que se realizaron desde los servicios de inteligencia del Ejército por encargo del ministro de Defensa. El Cesid, en suma, había dejado de ser un organismo independiente al servicio exclusivo del Estado para servir a los intereses, no de un partido sino de un hombre, Narcís Serra, que actuaba movido por ambiciones personales.

El primer encuentro entre Conde y Perote no va mucho más allá. Ambos intuyen que si colaboran al unísono los resultados pueden ser explosivos, aunque todavía desconozcan el verdadero calibre del misil. Pero saben también que ambos son personas muy vigiladas, sobre todo el ex espía, que, como cualquier agente que causa baja en el Cesid, se halla sometido a una investigación muy estrecha durante largos años. Así que, de mutuo acuerdo, deciden proseguir sus contactos en un lugar más seguro, por lo que la siguiente cita tiene lugar en La Salceda, ya en el mes de abril. Entre ambas reuniones media un episodio imprevisto que delata no pocas pistas de lo que está a punto de suceder: el ministro de Defensa, Julián García Vargas, declara en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que «antiguos agentes del Cesid» usan información del centro para represalias y ajustes de cuentas». No da nombres, pero sus señorías saben de cierto a quién se refiere.

En La Salceda, ya sin los recelos de su primera cita, Perote y Conde dan pasos agigantados en su colaboración mutua. Perote dice sin ambages que está dispuesto a colaborar en lo que haga falta, y que dispone de mucha y variada información sobre infinidad de asuntos oscuros que habían sucedido durante los últimos años, información que pondría en manos de Conde si éste lo deseaba. Los temas van saltando a la palestra: Perote hace sustanciosas revelaciones sobre la trama del GAL, que redondean la información esbozada por Julián Sancristóbal en Alcalá Meco. Cuenta, por ejemplo, la historia del famoso sello de caucho con el logotipo del grupo terrorista, artilugio que se elaboró en el Cesid y de allí se mandó al Ministerio del Interior. Pero lo más significativo que Perote cuenta sobre el terrorismo de Estado es la certeza, por su parte, de que Felipe González estaba perfectamente informado de todo el embrollo, incluso mucho antes de que empezaran las acciones armadas; y así tenía que ser por el hecho de que cuando él obtuvo, por una fuente confidencial, la noticia de que iban a emprenderse acciones contra ETA en el sur de Francia, se lo comunicó a su jefe, el general Manglano, para saber si había que hacer algo en el asunto. El superior se limitó a decir que tenía que consultarlo a Felipe González. Desde la Moncloa se respondió con el silencio (quien calla, otorga, reza el refrán), lo que indicaba hasta qué punto el «operativo» era tolerado desde la cúspide. Ambos coinciden en que la única solución para el caso GAL pasa por una ley de punto final, cosa que en aquel momento parecía imposible debido a la tozudez de Felipe González y José Barrionuevo al negar todo lo ocurrido, dejando incluso en la cuneta a sus antiguos subordinados del Ministerio del Interior. Si el presidente del Gobierno hubiera asumido desde el principio su indudable responsabilidad, muy probablemente el conjunto de las fuerzas políticas y sociales españolas habrían hecho un esfuerzo colectivo para contener las nauseas y situar el terrible asunto en el contexto de las necesidades de la lucha antiterrorista en un momento especialmente delicado, y todo se habría acabado dando carpetazo a la tenebrosa trama.

Perote se compromete a hablar con Julián Sancristóbal para preparar una estrategia común de cara a la inminente declaración del ex director general ante el magistrado instructor, Eduardo Moner. Así lo hace; días más tarde Sancristóbal recibe en Alcalá Meco la visita del ex agente del Cesid, y acto seguido se sienta ante el juez. Pero su declaración es sorprendentemente evasiva, no entra en detalles y asegura que no tiene ninguna copia del informe Crillón. Y lo más importante: se niega a pronunciar el nombre clave de Narcís Serra. Así las cosas, a la vista de lo poco que va a servirle su antiguo compañero de módulo, Conde decide dar un paso más. Trata de convencer al propio Juan Alberto Perote para que figure en la lista de testigos propuestos por los abogados del ex presidente de Banesto en las diligencias del «caso Crillón», y para sorpresa de Conde, el que en otro tiempo fuera agente del Cesid dice que para él no hay inconveniente alguno en prestar declaración. El vaticinio de García Vargas se convierte en realidad pura y dura para la cúpula del Gobierno. Conde y Perote unen fuerzas y declaran la guerra, la gran ofensiva, contra Felipe González y su gabinete.

NO TODOS PIERDEN

«Ni puede mucho ganar ninguno sin que otro pierda»

(ALONSO DE VARROS)

La consumación de la alianza entre Mario Conde y Juan Alberto Perote va a desencadenar una espiral de acontecimientos que acabará con la caída del cuarto Gobierno del PSOE. Estamos a las puertas del verano del 95, un verano que promete ser políticamente muy caliente: cada día un nuevo escándalo, cada dos por tres un nuevo nombre en la interminable lista de presidiarios famosos o de ilustres bajo sospecha. Los jueces se convierten en las estrellas más rutilantes en el oscuro firmamento de la vida política; el periodismo de acoso y derribo, encabezado por El Mundo, hace su agosto, mientras el Gobierno apuntala el maltrecho edificio del poder, a trancas y barrancas, como malamente puede.

El primer nombre clave de la estructura administrativa en quedar señalado por el dedo acusador de los asuntos más sucios y las actuaciones más deplorables será el del general Emilio Alonso Manglano, director del Cesid, que el día primero de junio es llamado a declarar ante el juez Eduardo Moner en relación con el «caso Crillón». El día anterior, Mario Conde, Juan Alberto Perote y Fernando Garro se reúnen en el domicilio de este último para analizar el estado del asunto, tras la fallida declaración de Julián Sancristóbal y ante la inminente comparecencia judicial del jefe de los servicios secretos. Los tres están convencidos de que Manglano dará una lección de fidelidad a Serra sin soltar prenda, e incluso mentirá descaradamente en su declaración. Perote, buen conocedor de su antiguo jefe, es quien lo tiene más claro, aunque intenta tirar de los contactos que aún mantiene dentro de la «casa» (el eufemismo con el que los espías se refieren a su lugar de trabajo) para tratar de presionar a Manglano. Lo hace a través de Santiago Bastos, antiguo colega suyo en el Cesid que aún sigue en servicio, el cual se extiende en consideraciones sobre el honor militar que no puede venderse miserablemente a los intereses políticos. Bastos asegura que trasladará el aviso para navegantes a su jefe, pero no promete nada más. Por su lado, Mario Conde intenta tres cuartos de lo mismo con otro contacto personal fuera del Cesid; se trata de Luis María Anson, que mantiene un excelente nivel de comunicación con Manglano. El director de ABC promete llamarle para transmitir el resultado del recado, aunque —según dijo luego— le fue imposible localizar al general. Esta fue la «conspiración» —menos que agua de borrajas— que el ex presidente de Banesto y el director de ABC llevaron a cabo sobre un asunto tan asendereado y complejo.

Los augurios se cumplen, ya que al día siguiente, Manglano, ante el pormenorizado interrogatorio a que se ve sometido por el magistrado Moner, acredita sobradamente pertenecer a esa tropa que no sabe ni contesta. A la salida de su declaración, un periodista le pregunta si en alguna ocasión el departamento que él dirige ha investigado a personas de la vida pública. El general lo niega con la misma rotundidad que acaba de mostrar ante su señoría. Muy pronto va a lamentar su error. Tan solo tres días después, el 12 de junio, El Mundo devuelve el golpe con fuerza: «El Cesid lleva más de diez años espiando a políticos, empresarios y periodistas», titulaba en portada. Pero lo más duro para los responsables de los servicios secretos consistía en el extenso reportaje que publicaba en páginas interiores, con nombres, apellidos y multitud de documentos que despejaban cualquier duda sobre la exactitud de la información. Lo más ridículo de la denuncia es que las presuntas grabaciones «superclasificadas» que escondía el Cesid con tanto celo solían referirse a líos amorosos de poca monta sin el menor interés para la seguridad del Estado. La bofetada mediática alcanza no solo al Cesid, sino a otras personas muy cualificadas del propio Ministerio de Defensa y la Vicepresidencia del Gobierno. El mismo día por la tarde, el departamento de García Vargas no tiene más remedio que emitir un comunicado reconociendo los aspectos fundamentales de la información periodística. De poco sirvió el gesto, porque el diario madrileño se había reservado para el día siguiente la traca final: «El Cesid —titulaba— grabó y archivó conversaciones privadas del Rey». La sola aparición del nombre de su majestad da al escándalo proporciones mayúsculas que se extiende, sin remedio posible, de editorial en editorial, de tertulia en tertulia, de la opinión publicada a la opinión de la calle. Desde el Ministerio de Defensa ya no hay comunicado alguno, ni cualquier explicación convincente: su ominoso silencio, una vez más y ahora por omisión, otorgaba veracidad indudable a lo publicado por los medios. De nuevo, como ya le ocurriera en 1993 a García Vargas con el escándalo de las escuchas al editor de La Vanguardia, le toca el triste papel de cabeza de turco, y anuncia que se propone comparecer ante el Congreso para tratar de explicar lo inexplicable. Mientras tanto, Narcís Serra se esconde como puede detrás de su colega de Defensa.

Para el entorno de Conde, este inesperado giro de la situación llega dos días después de una mala noticia en el «caso Banesto»: el día 9 de junio se había rechazado el recurso contra el nombramiento del juez García Castellón como instructor de las diligencias. La resolución representa para el ex banquero la constatación palmaria de que la línea de diálogo abierta con Barrionuevo y Belloch se ha venido abajo definitivamente. Lo que le confirma en su idea de que el río revuelto, a punto de desbordarse dos días después con el escándalo de las escuchas telefónicas del Cesid, representa una buena oportunidad para coger la caña y salir de pesca.

Paralelamente, los distintos poderes y contrapoderes mediáticos se enzarzan con saña en su propia guerra. El mismo día que El Mundo desvela el asunto del espionaje al Rey, en El País se alude a que la filtración de la trama se debe a una conspiración en la que están los de siempre: Pedro J. Ramírez, Mario Conde y, cómo no, el coronel Juan Alberto Perote, quien habría jugado un papel decisivo en la sustracción y difusión de las cintas. Aún sin movernos de ese mismo día 13 —martes, por más señas—, Conde convoca una reunión en casa de Fernando Garro en la que están presentes Mariano Gómez de Liaño, Jesús Santaella y el propio Perote. Encima de la mesa figura una posible querella del ex agente del Cesid contra el diario que preside Jesús Polanco. De esta reunión, concretamente en el momento de la salida, se tiraron algunas instantáneas que aparecieron en la portada de El País el día 15 para abundar en la teoría de la conspiración; lo curioso del caso es que las fotografías fueron tomadas por agentes del Cesid desde una furgoneta camuflada delante del domicilio de Garro. Pero tanto o más que la portada del periódico de Prisa, a Mario Conde le sorprendió la que a su vez publicó ABC el mismo día, en la que el ex banquero, en un hábil fotomontaje, compartía honores gráficos con Felipe González y Narcís Serra. Y si el titular era explícito —«Mario Conde ataca de nuevo»— daba la puntilla el pie de la composición: «Mario Conde ha atribuido siempre al informe Crillón la maniobra para impedirle incorporarse a la vida política, la conspiración para desmontarle de Banesto y, como consecuencia, el procesamiento, la cárcel y la vergüenza pública, a Narciso Serra bajo las ordenes de Felipe González y un destacado político de la oposición». La fotonoticia acababa pidiendo la dimisión inmediata de Serra y de González, como única salida ética si querían evitar la filtración en masa de documentos clasificados, con el consiguiente peligro para la seguridad del Estado. Así pues, desde dos ópticas aparentemente tan distintas como las de El País y ABC, en ambas se apuntaba al ex presidente de Banesto como el personaje en la sombra al que se debía tan mayúsculo escándalo.

De la noche a la mañana, los españoles empezaron a habituarse a un rostro hasta entonces desconocido para la gran mayoría: el del misterioso ex alto cargo del Cesid, Juan Alberto Perote, que poco a poco va situándose en el epicentro de la trama que se escribe esos días a marchas forzadas: Perote habla «en exclusiva» para Diario 16, Antena 3 Televisión, ABC…, y en todas partes el discurso es el mismo: en él no está el origen de la filtración de los documentos. Pero también habla del informe Crillón, y en este punto sí cuenta lo que sabe, todo lo que le había contado San Cristóbal, y lo hace con pelos y señales.

En la madrugada del 18 de julio, Mario Conde permanece despierto en su casa de la calle Triana. Espera una llamada telefónica que le anunciaría una dolorosa noticia prevista entonces como inevitable. Su padre, tras una complicación en la neumonía que padece desde hace tiempo, se encuentra hospitalizado en estado de extrema gravedad. Los diagnósticos auguran que el desenlace puede suceder aquella misma noche. Conde espera noticias de su hermana Pilar, que hace guardia en la clínica. Cuando suena el teléfono, el ex banquero no escucha la voz fraterna al otro lado del aparato, sino la de Juan Alberto Perote, agitado y nervioso. Las especiales circunstancias de la llamada hacen el mensaje aún más escueto: «Soy Perote, han venido a detenerme».

En la urbanización Ciudad el Bosque los Arroyos el despliegue de policías y miembros de la Guardia Civil y del Ejército resulta inconcebible para el alcance de una diligencia tan simple: todo para detener a un hombre que dormía en su casa a pierna suelta. La detención del ex agente del Cesid es la primera consecuencia del gabinete de crisis, formado de inmediato al descubrirse el escándalo de las grabaciones, al que pertenecen Narcís Serra, Juan Alberto Belloch y Alberto Pérez Rubalcaba. El primer comunicado ponía sobre la mesa la versión oficial sobre la teoría de la conspiración: «Un conjunto de personas están chantajeando al Estado y éste es el origen de todo el escándalo». El mismo día por la noche ya tenían la cabeza del primero de los presuntos chantajistas. La detención se fundamentaba en un escrito de denuncia presentado por el general jefe del Cesid, Emilio Alonso Manglano, en el juzgado militar número dos de los de Madrid, contra el coronel Juan Alberto Perote, por presunta sustracción y revelación de documentos clasificados como secretos. El auto de detención se firma de madrugada, porque desde la Moncloa no dejan de insistir en la urgencia de la medida.

La ley ordena que ningún ciudadano puede permanecer detenido por más de setenta y dos horas antes de que el instructor dicte su libertad, con o sin cargos, o su ingreso en prisión. Casualmente, tres días después de la detención del ex jefe del Aome se cumple la fecha fijada para que los responsables del Gobierno comparezcan ante el Congreso de los Diputados. Al final, Narcís Serra decide no dejar sólo al ministro de Defensa, y comparece también ante sus señorías. Pero no hay duda de que el Gobierno ha llegado a pensar que con la imagen difundida en todos los telediarios de un Perote esposado la coartada de la conspiración —el único argumento que les queda— cobrará mayor consistencia.

Jesús Santaella, que asume la defensa de Perote por indicación de Conde, se lanza a una vertiginosa carrera contra el reloj para sacar a la calle a su cliente en menos de tres días. Su argumentación ante el juez militar se fundamenta en lo inverosímil del montaje denunciado por Manglano: que el coronel Perote, al abandonar su servicio en el Cesid en noviembre de 1991, se llevó escondidas en sus bolsillos 1.200 fichas microfilmadas de documentos secretos y notas de despacho, sin que nadie se diera cuenta hasta pasados dos meses de la sustracción; y lo más curioso, cuando el ex jefe del Aome finalmente devolvió los documentos, requerido por el coronel López Fernández, ex subordinado de Perote, éste los entregó en un sobre abierto, por lo que pudieron ser vistos y consultados por otras treinta personas del Cesid por cuyas manos fueron pasando, de suerte que cualquiera de ellos podía ser el que filtró la información. La tesis de la defensa de Perote se basaba, pues, en que éste se llevó los microfilms involuntariamente traspapelados y los devolvió de inmediato, cuando fue requerido para ello.

Un momento clave del proceso se produjo cuando Jesús Santaella presentó como testigo al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, quien, como es lógico, se acogió al derecho reconocido por la Constitución a mantener el secreto profesional para no revelar la fuente que había proporcionado a su periódico la información relativa a las escuchas, aunque confirmó que la información elaborada provenía de varias fuentes, y por lo que él sabía, Juan Alberto Perote no se encontraba entre ellas.

Finalmente, el 21 de junio, a primera hora de la tarde, el juez togado militar dicta auto de prisión contra Perote. El Gobierno se ha salido con la suya. Pocos minutos después empieza una de las sesiones del Congreso de los Diputados más movidas de la reciente historia parlamentaria. Serra y García Vargas se enfrentan al papel más amargo de su carrera política, tienen que dar la cara por un Gobierno salpicado por tanta corrupción y, sobre todo, por un presidente que asiste silencioso al lamentable espectáculo, en cuya mesa ya están las cartas de dimisión de sus dos ministros. Felipe González intenta que las cabezas de Serra y García Vargas aguanten sobre sus hombros el mayor tiempo posible, porque, sin especial clarividencia por su parte, intuye cuál va a ser la siguiente en rodar. Las intervenciones de los dos atribulados hombres públicos tan directamente afectados por el escándalo, sobre todo la de Narcís Serra, sólo pueden calificarse como patéticas, o si ustedes lo prefieren, de tristísimas, tanto da, mientras que la oposición interrumpe constantemente con sus abucheos, insultos o sarcasmos, a veces de pésimo gusto, y el presidente de la Cámara, Félix Pons, llama desesperadamente al orden más de sesenta veces a lo largo de la tormentosa sesión. En los turnos de réplica de los distintos grupos parlamentarios, la oposición, como era de esperar, se tira a la yugular del Gobierno, y pide, por enésima vez desde que empezó la legislatura, la dimisión en pleno de todos sus miembros y la consiguiente convocatoria de elecciones anticipadas. Pero si un discurso sorprendió por su inusitada dureza fue el de Joaquim Molins, el recién estrenado portavoz de Convergència i Unió, socio principal hasta entonces del Gobierno socialista. La gobernabilidad del país se tambaleaba al pender de un hilo cada vez más frágil. Una frase del discurso de Molins resulta especialmente elocuente: «Si ustedes tienen algún problema con alguien arréglenlo, pero no nos sometan a los españoles a este tipo de tormentos que afectan a nuestra democracia y a la imagen exterior de España». Lo cierto es que el fantasma de ese «alguien» al que se refiere el político catalán está presente, y mucho, a lo largo de la densa sesión parlamentaria. En un momento de descanso, un veterano diputado del PSOE se acerca al presidente del Gobierno y le espeta el siguiente aviso para navegantes: «Felipe, si no hubieras cedido a intervenir Banesto, nada de lo que pasa ahora estaría ocurriendo». En el seno del propio partido se van levantando voces, aún tímidas, que señalan la relación entre la intervención de Banesto y la crítica situación del Gobierno. En este sentido, harto significativa es el metafórico recuerdo que el día anterior había lanzado Luis Yáñez: «O la República acaba con March o March acaba con la República». El rumor de que el ex presidente de Banesto va a seguir de inmediato los pasos carcelarios de Perote circula a gran velocidad por los mentideros políticos y periodísticos. Durante varios días, una nube de reporteros hace guardia ante el domicilio de Conde, pero la detención no se consuma porque empiezan a aflorar otros hechos relevantes que casi nadie conocía hasta entonces.

En este cúmulo de circunstancias, tan complejas y disparatadas, pensar en un encuentro franco y directo entre las dos partes en conflicto parecía imposible, pero lo cierto es que el armisticio —aunque efímero— llegó a producirse. Sucedió a última hora de la tarde del 23 de julio de 1995: Jesús Santaella fue recibido por Felipe González en compañía del biministro Juan Alberto Belloch. Ni que decir tiene que la cita se había envuelto en el más absoluto secreto para evitar cualquier tipo de filtración. Incluso se contó con un mediador de lujo, el ex presidente Adolfo Suárez, quien hizo las llamadas previas entre las distintas partes negociadoras. Y para desviar aún más la atención, Santaella y Belloch se citan previamente en el Ministerio del Interior y desde allí se trasladan juntos a la Moncloa en el coche oficial del segundo. Se trata de evitar por todos los medios que aparezca el nombre de Felipe González en el caso de que la filtración se produjera finalmente.

Mario Conde, en un paréntesis entre las horas interminables que pasa en la clínica donde su padre agoniza, se reúne esa noche con el abogado para analizar detenidamente su visita al presidente del Gobierno. Durante el encuentro oficioso se habían tocado, como era de esperar, asuntos muy variados, como la situación del coronel Perote, defendido por Santaella, por quien el Gobierno no piensa mover un dedo; está claro que es la cabeza de turco elegida para salvar «el honor» de los jefes máximos del Cesid y sus superiores políticos. Algo mejor funcionan las cosas en cuanto a la posible inhabilitación del juez García Castellón para instruir el «caso Banesto»: Felipe González se compromete ante Jesús Santaella a mediar con Pascual Sala, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, para explicarle que el Gobierno también es favorable al cambio de magistrado. Otro de los asuntos de la agenda es la devolución de las acciones de Mario Conde, en lo que Santaella obtiene poco más que buenas palabras. El Gobierno se niega a satisfacer el valor de las acciones a través del Banco de España, pero Belloch comenta que con la mediación del ministro de Economía Pedro Solbes ya se han iniciado contactos con Emilio Botín, convertido a la sazón en amo y señor de Banesto, para convencerle de que una razonable transacción económica sería la mejor forma de evitar una interminable e imprevisible maraña judicial.

Tanto Conde como Santaella coinciden en la sensación de cansancio e indefensión que se desprende de cada frase, de cada gesto, de cada movimiento del entonces presidente del Gobierno. Unos días más tarde, el 19 de julio, en una casa de Tuy, el ex presidente de Banesto confirmará esa apreciación pesimista. La presencia de Mario Conde en su pueblo natal, acompañado de Fernando Garro, obedece a la preparación del previsible sepelio de su padre. Después de comer, ambos se sientan ante el televisor de la casa perteneciente a un antiguo amigo, para presenciar con detenimiento la intervención de Felipe González ante el Congreso de los Diputados. El presidente trae bajo el brazo las dimisiones de Serra y García Vargas, ambas consumadas la tarde anterior. Sus argumentos ante los durísimos ataques que recibe de José María Aznar y Julio Anguita son de escasa entidad. Ni siquiera la recurrente teoría de la conspiración político-económico-mediática aparece por ningún lado, lo que permite a Mario Conde albergar la esperanza de que la reunión con Santaella habría dado buenos frutos. Pero desde ciertos ámbitos mediáticos la tan manida conspiración sigue teniendo validez. El 29 de junio el ABC publica una significativa foto de Mario Conde: el titular y el comentario juegan con el argumento empleado por Agatha Christie en «Los diez negritos», al decir que el ex banquero siempre había señalado como responsable de todos sus males a Mariano Rubio, Carlos Solchaga, Narcís Serra, José María Aznar y Felipe González. Los tres primeros ya habían caído.

La actividad en los tribunales es frenética y los casos se van entrelazando unos con otros, casi por inercia, como las cerezas. El juez Garzón decide reabrir el sumario por el caso Monbar —uno de los asesinatos más sangrientos de los GAL— y llama a declarar como testigo, ni más ni menos, que a Juan Alberto Perote, preso entonces en el penal militar de Alcalá de Henares. Cabe recordar que en el proceso contra el ex agente en el tribunal militar número dos de Madrid, uno de los testigos, el coronel López Fernández, había reconocido que alguna parte del material que se llevó Perote contenía información sobre la guerra sucia del Estado contra ETA. Este hecho, ocurrido minutos antes de que el juez militar decretara el secreto del sumario, puso a Garzón tras la pista del ex agente para seguir tirando del hilo. La posición de Perote no es nada cómoda, y quizás por ello su declaración ante Garzón se mueve entre los parámetros de la prudencia más extremada. Pero suelta algunas pistas que van a abrir nuevos y anchos caminos en la compleja trama del terrorismo de Estado. Y es que el antiguo espía admite, por una parte, su relación con el teniente coronel jefe del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo, y por otra, confiesa que todo lo que se hizo en el Cesid en relación con los GAL venía directamente ordenado por el jefe de la casa, el general Manglano, que a su vez recibía órdenes de la cúpula del Gobierno, léase González y Serra.

El mes de julio empieza con dos buenas noticias para el entorno de Conde. La primera es la milagrosa recuperación de su padre. La segunda se la comunica Jesús Santaella: la tarde del día 13 había hablado con Belloch, según el cual el juzgado militar había dictado un auto por el que se reformaba la situación cautelar de Juan Alberto Perote. Según el auto, elaborado por tres jueces militares, al encausado no le alcanzaba responsabilidad por la publicación de unos documentos que no ponían en peligro la seguridad del Estado, aunque no sucedía lo propio con la sustracción de los mismos. En conclusión, se mantenía la orden de prisión provisional contra el ex responsable del Aome, aunque el auto dejase en manos del juez instructor, el coronel Palomino, la facultad para dictar la libertad del recluido cuando lo creyera conveniente. Lo más sustancioso de la resolución está en su parte final, en la que, a la vista de los hechos que constan en el sumario, se aprecian indicios de responsabilidad penal en el jefe del Cesid, el teniente general Emilio Alonso Manglano, por lo que se insta al juez instructor para que eleve el caso a la Sala Quinta del Tribunal Supremo, a fin de que proceda contra el responsable de los servicios secretos. El auto, por tanto, aunque no sea del todo favorable para los intereses de Perote y Conde, pone al Gobierno en una situación complicada. Qué duda cabe de que la táctica de meter al coronel entre rejas, para subrayar la teoría de la conspiración, se volvía contra los aprendices de brujo apuntándoles de forma peligrosa. Perote era una bomba de relojería que podía hacer que el caso GAL saltase por los aires con la mayor violencia, dejando esparcidos aquí y allá incontables cadáveres políticos. Por eso el Gobierno vuelve a moverse con premura, e insta a buscar la solución apropiada a su hombre más activo en aquellos momentos, Juan Alberto Belloch, el ministro encargado de los trabajos más delicados tras la caída en desgracia de Narcís Serra. El mismo día 13 de julio por la tarde, Jesús Santaella recibe una nueva llamada desde el palacio de Parcent, sede de Justicia e Interior, recomendándole que presente ante el tribunal militar una solicitud de libertad atenuada para su cliente; el ministro ya se encargará del resto. Dos días más tarde, el 15 de julio, Mario Conde, cuando está a punto de tomar el avión para pasar unos días en Mallorca, recibe la primera llamada del coronel Perote como hombre libre. (De hecho, le estaba llamando mientras cruzaba las barreras carcelarias de Alcalá de Henares).

A mediados del mes de julio de 1995 la situación política del país es tan caótica que se anuncia por doquier el inminente desplome del Gobierno. A los ojos de la opinión publica, parece que ni siquiera existen los ministerios y los distintos servicios gubernamentales, y que los únicos órganos de decisión son los tribunales de justicia, en especial la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En el Juzgado número 16 de Madrid, la juez Ana Ferrer decide llevar adelante el proceso contra Luis Roldán con todas las consecuencias, mediante una larga lista de cargos y personas imputadas que va mucho más allá de lo presuntamente pactado entre el Gobierno y el prófugo cuando se negoció su entrega en Laos. En la Audiencia Nacional, mientras tanto, los territorios del juez Baltasar Garzón, que instruye actuaciones directamente relacionadas con los GAL, están a punto de verse desbordados con fuerza incontenible, a pesar de que el verano comienza con una noticia tranquilizadora para Felipe González y los suyos: la concesión de la libertad provisional a Rafael Vera, obtenida tras pagar el PSOE la fianza de 200 millones fijada por el juez. Pero es tan sólo un espejismo; muy pronto los nombres más notables y los episodios más oscuros van a ir saliendo a la luz con la velocidad del rayo.

Nada más conocerse la puesta en libertad de Rafael Vera, el ex comisario de policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, pide declarar voluntariamente ante el juez Garzón en relación con el secuestro de Segundo Marey. Planchuelo habla con claridad, demuestra tener buena memoria y no se olvida de un solo nombre; Rafael Vera, Ricardo García Damborenea, Julián Sancristóbal, José Barrionuevo, todos ellos señalados como organizadores de la primera acción del GAL. Casi sin solución de continuidad, vuelve a declarar Julián Sancristóbal, el cual, sin previo aviso, decide cruzar el umbral de la duda y pasarse al bando de los arrepentidos: su lista de nombres supera a la de Planchuelo, y llega a señalar incluso a Felipe González como supuesto conocedor de la trama, aunque él, por supuesto, no podía demostrarlo. El rumor de que Baltasar Garzón está dispuesto a imputar al presidente del Gobierno en el sumario Marey se magnifica, y en el PSOE empiezan a pensar en otro jefe de filas para encabezar la candidatura socialista en las próximas elecciones generales. La lista de arrepentidos va creciendo, y cada uno, con mayor o menor precisión o intención, con buena fe supuesta o real, con ganas de aclarar o confundir, cada cual a su aire, aporta nuevos y suculentos detalles que ayudan a componer con tintes dramáticos la trama entera. El siguiente en liza es Francisco Álvarez, comisario de policía a las ordenes de Sancristóbal en tiempos del secuestro de Marey, quien revela la existencia de varios subgrupos dentro del entramado terrorista: el «GAL azul» del Ministerio del Interior, el GAL marrón» del Cesid, el «GAL verde» del cuartel de Intxaurrondo. Pero la declaración que pondrá al descubierto de forma definitiva, dura y descarnada, la trama terrorista urdida desde la cúspide del Estado es la del pintoresco ex gobernador civil de Vizcaya Ricardo García Damborenea, el hombre que sustituyó a Julián Sancristóbal en el cargo. Dambo —el apodo por el que era conocido y que lo dice casi todo sobre su personalidad— habla más claro que nadie ante Garzón, pero su voz no se queda en la intimidad sacrosanta de la dependencia judicial. A la salida de la Audiencia, con cámaras de televisión en directo y ante micrófonos, grabadoras y bolígrafos, improvisa una de las ruedas de prensa más explosivas de la reciente historia de este fabuloso país de locos. Empieza fuerte el ex político socialista, próximo a los populares a la hora de declarar, y reniega de la calificación de «arrepentido» que se le asigna, porque simplemente —asegura con una sonrisa socarrona— no se arrepiente de nada de lo que había hecho. No solo reconoce su participación activa en la organización del «gal», sino que la justifica como única salida a la impunidad con que contaba la ETA en el sur de Francia, y no solo no se arrepiente de su intervención en el «operativo», sino que se considera, él y todos los que le acompañaron en la tremenda empresa, «héroes al servicio de España». Así remata Damborenea su discurso, no susceptible de otra interpretación que de apología franca y directa del terrorismo de Estado. Pero lo más sustancioso de la bomba que García Damborenea está poniendo en manos de los periodistas se produce al final de su intervención, cuando reconoce que podía dar fe de que Felipe González estaba al cabo de todo el entramado contraterrorista porque él mismo, cara a cara, había hablado del GAL con el presidente en varias ocasiones. Por tanto, según el ex gobernador civil, la misteriosa «equis» tiene nombre y apellidos: Felipe González Márquez.

El aún presidente, por alusiones tan directas, se ve obligado a comparecer ante los medios y defenderse como malamente puede. Lo hace de manera deplorable, y la única forma que encuentra para quitarse de encima el sambenito es descalificar a su antiguo compañero de partido, que siempre le pareció un personaje siniestro y que actúa así movido por venganzas políticas y personales, lo que ilustra con una anécdota que pretende poner al descubierto la esotérica personalidad de Dambo: el día que se presentó en el despacho presidencial de la Moncloa, sacó una pistola del cinto y la puso sobre la mesa, con lo que venía a demostrar la ineficacia de los servicios de seguridad. Pero resulta obvio que con esta táctica tan socorrida de lanzar balones fuera, Felipe González no logra parar la presión incesante de la oposición política y los medios de comunicación, que ahora ya no se ceban en funcionarios de rango superior ni tan siquiera en ministros, sino que le señalan directamente a él como titular de la «equis» fatídica. Abrumado, el presidente se ve compelido a solicitar una comparecencia parlamentaria, que se fija para el 27 de julio. A partir de este momento, desde el Cesid a diversas instancias del Gobierno, empiezan a moverse todos los resortes del poder para evitar que se filtre a la opinión pública cualquier otra información sobre el escándalo, al menos hasta que el presidente dé explicación pública. Es lo cierto que una de las bocas que hay que tapar con más premura es la del coronel Perote, por lo que, durante los días previos al pleno del Congreso, los nuevos responsables del Cesid tras la caída de Manglano, los generales Jesús del Olmo y Santiago Bastos, negocian con Jesús Santaella una tregua apresurada. Mas la presión desde la Audiencia Nacional no cesa: el juez Garzón anda loco (lo que, por otro lado, se desprende de su peculiar idiosincrasia) por encontrar un documento clave en esta triste historia, un memorándum fechado en 1983, que contiene el acta fundacional del GAL, los papeles de los que le había hablado García Damborenea, y que sólo podía estar en los archivos del Cesid o en la memoria privilegiada de Juan Alberto Perote.

Mientras tanto, el equipo de abogados de Mario Conde sigue con su estrategia parapolítica intentando aprovechar la situación confusa e incontrolada en el seno del Gobierno y aledaños. El 25 de julio, Mariano Gómez de Liaño y Jesús Santaella mantienen un contacto con José Enrique Serrano, jefe del gabinete de Presidencia del Gobierno. Por parte del ex banquero la reunión tiene una finalidad clara: averiguar hasta qué punto han cambiado las cosas en el entorno de la Moncloa, ahora que Narcís Serra ha desaparecido del mapa. Las impresiones que se llevan los visitantes no son demasiado optimistas. el mensaje que recogen sigue señalando a Mario Conde como el gran conspirador contra el Gobierno, y las tentativas de desactivar los problemas que proponen Santaella y Gómez de Liaño son recibidas sin el menor interés por el hombre de González.

En pocos días el ex dirigente de Banesto va a recibir otro revés más duro si cabe, cuando el vocal de la sala segunda del Tribunal supremo, José Antonio Martín Pallín, dicta un auto por el que se acuerda el archivo de las diligencias penales contra Narcís Serra y Julián García Vargas por su presunta responsabilidad en la gestación y financiación del informe Crillón. El auto justifica, de una manera que nos parece inconcebible, el encargo de la investigación a la agencia Kroll e incluso el pago de su importe con fondos reservados, lo que hace mediante una singular argumentación: «Nos encontramos ante el empleo de fondos para investigar las actividades del presidente de uno de los bancos de la nación con objeto de conocer posibles irregularidades en la gestión que podrían provocar graves riesgos para el sistema financiero nacional, razón por la que se presta una especial atención a las actividades que se desarrollaban en el extranjero». Toda una «justificación» inusitada y antijurídica, cuando no apologética, por la que el propio Estado pueda actuar al margen de la ley y en detrimento de los derechos constitucionales de un ciudadano en sus relaciones y actividades de carácter privado. Desconociendo así que el Estado tiene sus propios mecanismos para saber si un banco, como cualquier otra empresa privada, incide en irregularidades financieras: el Banco de España, el Ministerio de Hacienda, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el control de los auditores externos…, qué sé yo. Y a través del poder judicial, el Estado cuenta con instrumentos sobrados para perseguir los presuntos delitos contra el sistema financiero. ¿Qué necesidad había, pues, de contratar a peso de oro a una agencia extranjera dedicada al espionaje y hacerlo con el máximo secreto, incluso escondiendo las facturas pagadas con fondos reservados? Es la pregunta inevitable sobre una resolución judicial inexplicable de todo punto que supuso un brevísimo respiro para el Gobierno, a pesar de que los principales imputados en el asunto ya habían pasado a engrosar la galería de cadáveres políticos.

Este acontecimiento judicial, impropio de un verdadero Estado de Derecho, así como las desesperadas gestiones de Belloch para que ningún medio publicase la filtración del acta fundacional del GAL, permiten a Felipe González llegar al día 27 con algo de resuello en el cuerpo. Tan solo El Mundo publicando el mismo día la declaración íntegra de Ricardo García Damborenea ante el juez Garzón, a pesar del secreto sumarial que se cernía sobre el proceso, lo que provoca críticas encendidas —y justificadas— de varios diputados socialistas. El discurso del presidente no difiere esencialmente de lo que venía repitiendo sobre su implicación en los GAL, aunque emplea en el empeño lo mejor de sus habilidades dialécticas para desmontar las acusaciones de García Damborenea y los demás arrepentidos. Lo que, unido a la intervención de José María Aznar, un tanto deslabazada y anodina, le permite salir reforzado del debate. Además, cuenta con la inestimable ayuda del representante de Convergència, Joaquim Molins, que arremete contra Damborenea y pone la mano en el fuego por la honorabilidad del presidente. (Preguntemos de paso, y como quien no quiere la cosa: ¿cuántas manos tendrían que haberse abrasado en España durante el largo mandato socialista?).

Los sondeos de opinión que en los días siguientes publicaron algunos periódicos dejaban claro el desconcierto que se había apropiado de la opinión pública: una gran mayoría de los encuestados consideraba a Felipe González vencedor del debate, por delante de Julio Anguita y muy por encima de José María Aznar. Pero, curiosamente, el 63% de los españoles pensaba que el presidente del Gobierno estaba al tanto de las acciones del GAL, lo que venía a demostrar que el pueblo español sigue dando pruebas de su inveterada sabiduría. Además, el resultado del debate no para los pies al juez Garzón, que, pocos días más tarde, eleva el asunto al Tribunal Supremo con una propuesta de acusación en la que se imputa a Narcís Serra, José Barrionuevo, Rafael Vera y Felipe González (sí, también a don Felipe) en el secuestro de Segundo Marey. En el último momento, el juez de la Audiencia Nacional se resigna a prescindir del acta fundacional del GAL porque el Cesid se acoge con manifiesta impudicia a la ley de secretos oficiales. Así, pues, llega el mes de agosto con Felipe González a punto de sentarse en el banquillo. No parece que las vacaciones vayan a ser muy apacibles, aunque el Gobierno, en una nueva maniobra de distracción, impone el fajín de general al coronel de la guardia civil Enrique Rodríguez Galindo, jefe del cuartel de Intxaurrondo, señalado por el dedo acusador como el máximo responsable de las acciones perpetradas al margen de la ley por miembros de la Benemérita contra presuntos etarras (lo que se denomina «el GAL verde»). El flamante general, que en un acto semisecreto recibe el alto honor de manos de Juan Alberto Belloch (el viejo demócrata, el luchador infatigable por las libertades, el acérrimo defensor de los derechos humanos), tendrá que leer durante el verano las informaciones periodísticas que le responsabilizan supuestamente de los múltiples delitos: secuestro, tortura, asesinato e inhumación ilegal de los miembros de la ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Una vez más, el movimiento atolondrado de un Gobierno que ha perdido el norte acaba volviéndose en su contra.

Mario Conde, mientras tanto, pasa el verano navegando por las costas mallorquínas, aunque la tranquilidad es sólo aparente. Ignora que otro navio más ilustre fondeado cerca del suyo, el Fortuna, es vigilado de cerca por tres etarras que serán detenidos el día 10 por preparar un atentado contra el monarca. El 26 de agosto, Conde vuelve precipitadamente a Madrid, alertado por Jesús Santaella. Al parecer, el coronel Juan Alberto Perote ha recibido amenazas por parte de Francisco Paesa, el falso diplomático y estrafalario espía en sus ratos libres a sueldo del mejor postor, que lo mismo levanta el vuelo en Guinea con la faltriquera bien provista a cuenta de los pobres negros (perdón, los subsaharianos, como se dice ahora), que conspira contra el Estado o hace trabajos sucios para sí mismo. Según cuenta Perote a su abogado, Paesa le ha llamado varias veces advirtiéndole de que su contrato con Repsol corre peligro si seguía cogido de la mano de Conde, y le ofrece 300 millones como aportación a una presunta empresa de seguridad de nueva creación, una tapadera para comprar el silencio del militar, si dejaba en la estacada a su compañero de fatigas. Está claro, pues, que desde el Gobierno se intenta romper la colaboración Conde-Perote, para lo que sus emisarios están dispuestos a recurrir a los métodos más ruines y deplorables.

Dos días más tarde Santaella es llamado a la Moncloa, donde se reúne de nuevo con José Enrique Serrano y el secretario general del Cesid, Jesús del Olmo, con la posible declaración de Perote ante Garzón como tema principal a considerar en la entrevista. Los dos cargos públicos vuelven a insistir en la importancia de que el ex agente de los servicios secretos se deje en casa por un día su buena memoria. Santaella no promete nada, y además no oculta su disgusto porque hayan metido a Paesa de por medio. La conversación se va calentando por la falta de acuerdo, hasta que en un momento dado el hombre fuerte de los servicios secretos allí presente espeta algo así como esto: «Ya sabéis hasta dónde es capaz de llegar esta gente. Así que tened mucho cuidado». A la frase le sigue un largo silencio, el silencio inevitable y tradicional en el cine negro cuando alguien pronuncia el ultimátum, por cierto tan poco sutil en nuestro caso. La verdad es que las familias de Chicago o Atlantic City hacen estas cosas con mayor finura. Fuera un simple toque de atención o una verdadera amenaza —vayan ustedes a saber—, lo cierto es que las palabras del responsable del Cesid no amedrentan al cliente del letrado, y el 5 de septiembre por la mañana sube las famosas escaleras de la Audiencia Nacional para declarar ante el juez instructor del caso GAL. Perote, con innegable valor, habla claro, demostrando mejor memoria que nunca, sin olvidar una sola fecha, un solo nombre, un solo detalle significativo. No se deja nada en el tintero, y lo más notable en su larga comparecencia se produce cuando, con serena firmeza, señala con el dedo al responsable último y directo de las acciones terroristas perpetradas desde el aparato del Estado. El declarante reconoce su participación en el famoso documento fundacional del GAL que no aparecía por ningún lado. Explica cómo en la elaboración del papel participaron los distintos departamentos del Cesid en un trabajo de equipo, y cómo entre él y Manglano, su superior, hicieron las últimas correcciones. Al finalizar el despacho, Manglano se guardó el documento, no sin antes anotar a lápiz: «Pte. para el viernes», lo que, según dedujo Perote, significaba que su jefe se disponía a mostrárselo al presidente del Gobierno en el despacho del viernes siguiente.

Como es lógico, la foto de Felipe González vuelve a colmar todas las portadas de los periódicos al siguiente día, unas veces compartiendo honores gráficos con Manglano, otras con Perote, las más en solitario. El designio del coronel estaba claro: si el tema del GAL tenía que salir a la luz pública y la justicia depurar responsabilidades, éstas habían de ser asumidas sin trampa ni cartón por los responsables máximos, los más altos y directos, del entramado criminal. Le parecía injusto que tan solo rodaran las cabezas de algunos miembros de la guardia civil, de los cuerpos de seguridad del Estado o de otros funcionarios públicos con un papel inferior o menos relevante en el reparto, los cuales habían actuado siempre por espíritu de servicio y en cumplimiento de las órdenes recibidas. Este era el punto de vista de Perote; así se lo había comentado a Conde varias veces en sus largas charlas en La Salceda, y así lo puso en práctica ante el juez Garzón, descargando como resumen toda su enorme capacidad memorística sobre las espaldas de un solo hombre, Felipe González, todavía presidente del Gobierno de España.

Si aquella mañana resultó movida en la Audiencia, la siguiente la superó con creces: al entrar en el edificio el teniente general Emilio Alonso Manglano, todos los periodistas que se agolpan en la puerta están convencidos de que va a salir en un coche celular en dirección a la cárcel. La presencia del ex jefe del Cesid obedece a un doble motivo: en primer lugar, practicar la prueba pericial grafológica, en la que vuelve a escribir, doce años después, las famosas palabras «Pte. para el viernes». A continuación, se produce un careo entre Manglano y Perote, su antiguo subordinado. Desligados del mando y de la disciplina militar, que en otros tiempos les habría obligado a mantener una decorosa compostura, sus palabras en el cruce de acusaciones son de una dureza inusitada. La discusión se centra en un aspecto casi nominalista: el coronel insiste en que la abreviatura «Pte.» sólo tiene un significado posible: la referencia al presidente del Gobierno. Manglano, por su parte, la interpreta de una forma más propicia a su evanescente posición: la abreviatura sólo indica «Pendiente para el viernes». Hay que ver lo que da de sí la hermenéutica grafológica, sobre todo si media la maldita casualidad de que el viernes era el día habitual de despacho entre Felipe González y el responsable de los servicios secretos. Baltasar Garzón, ante la falta de pruebas evidentes —recordemos que no dispone del famoso documento fundacional—, se abstiene de dictar la orden de prisión contra el general.

En los días siguientes, los Sancristóbal, Álvarez, Planchuelo y Damborenea (los famosos «arrepentidos», a los que en medios periodísticos se les conoce como «el orfeón donostiarra», por su reconocida habilidad para cantar a coro sin desafinar) vuelven a declarar ante el juez para responder sobre cuestiones relacionadas con el sello de la banda terrorista y el acta fundacional tan celosamente guardada. Una vez más, es Ricardo García Damborenea quien da la campanada al presentarse con una copia escrita a máquina del misterioso documento que todo el mundo andaba buscando infructuosamente; nadie sabe de dónde lo había sacado, y ni él revela la fuente, aunque tanto Julián Sancristóbal como Juan Alberto Perote reconocen su autenticidad. Ahora Felipe González ya sabe que un juez dispone del documento cuya existencia él mismo había negado tantas veces en un gesto tan bravo y esforzado de echar el muerto —los muertos— a sus subordinados para que cargasen con sus restos en exclusiva. Su archirrepetida perorata «ni he conocido ni tolerado la existencia del GAL es difícilmente pronunciable desde entonces mirando con fijeza a una cámara o a cualquier interlocutor. Aunque va a salvar el pellejo en términos judiciales, al desestimar el Tribunal Supremo la propuesta de imputación formulada por Baltasar Garzón, la opinión pública ya ha emitido su veredicto: su cargo presidencial va a durar lo que quieran sus socios periféricos. En aquel estado de cosas, los partidos que daban apoyo al maltrecho Gobierno socialista se incomodan cada vez más al ser conscientes de que estaban pagando un altísimo precio por la ayuda. Era cosa de esperar al próximo debate sobre los presupuestos para que los grupos que hasta entonces habían apoyado a Felipe González le den definitivamente la espalda. El presidente no tendrá más remedio que dar por finalizada la legislatura y aventurarse a unas elecciones perdidas de antemano. Incluso tendrá que soportar la humillación final de verse forzado por su propio partido a ser nuevamente candidato, algo que González intentó evitar por todos los medios para no verse obligado a pasear su cadáver político por plazas de toros y pabellones deportivos entre el clamor de los incondicionales. El hombre se consoló —a la fuerza ahorcan— comprobando que en España todavía quedaban muchos millones de simpatizantes socialistas inasequibles al desaliento.

Al contemplar un panorama tan confuso y enrarecido, nadie dudaba a lo largo del último trimestre de 1995 de que el Gobierno socialista sabía a ciencia cierta que ya estaba firmada su sentencia de muerte. Cada día aparecía un nuevo escándalo, una dimisión más o menos prevista, una declaración explosiva ante cualquier juez, un titular detonante en cualquier periódico (menos en El País, claro, la fiel infantería). El presidente está cada vez más solo y se siente cada vez más impotente. Mientras se enfrenta al naufragio —más bien sus restos—, desde las filas del socialismo y su cobertura mediática se trabaja afanosamente para buscar una explicación al desaguisado. Todo este angustioso trabajo encuentra su plasmación en la noticia de portada que publicó El País el 19 de septiembre de 1995: «Conde chantajea al Gobierno desde hace meses con material sustraído del Cesid». Según la tesis del periódico polanquil, los abogados del ex presidente de Banesto habrían exigido la retirada de las querellas y su exculpación a cambio de la devolución de todos los documentos confidenciales obtenidos a través de Juan Alberto Perote. La información en páginas interiores es una meticulosa construcción a ultranza de la teoría de la conspiración, basándose en las conversaciones mantenidas entre Jesús Santaella con Juan Alberto Belloch y el propio Felipe González, encuentros teóricamente secretos pero que alguien —sin duda desde el mismísimo Gobierno— filtró interesadamente para intentar que el agua de la inundación no subiese más arriba del quinto piso.

Así, sin miramientos, se lo dice Conde a Belloch con quien se pone en contacto telefónico nada más leer El País aquella mañana. El ex banquero amenaza con convocar una rueda de prensa y explicar con pelos y señales todos los engaños a que se ha visto sometido por las diversas instancias del Estado durante los últimos meses. La rueda de prensa se intenta parar desesperadamente desde el Gobierno, prometiendo un desmentido oficial por parte de su portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre el presunto chantaje. Pero el desmentido no se produce y Jesús Santaella, a la hora prevista, se presenta en uno de los salones de la Asociación de la Prensa para desmenuzar, ante los informadores que acuden en tropel, lo que hasta entonces no se había dicho sobre las relaciones entre el banquero y el Gobierno. La reacción mediática es espectacular. Al día siguiente, la mayoría de los rotativos madrileños se despacha con titulares del tipo «Mario Conde ataca de nuevo», o «Guerra abierta entre Felipe González y Mario Conde». En la verdad oficial que se vende a la opinión pública (El País dixit), Conde aparece como el facineroso contumaz, en pugna constante contra el Estado de Derecho, que ha decidido echar un pulso a muerte al Gobierno, en connivencia con un espía expulsado del cargo por haber robado documentos muy peligrosos para la seguridad nacional, y que no ha dudado en ponerlos en manos de aquel conspirador de mala nota y de su abogado cuyos métodos desbordan los límites de la deontología profesional.

La caída en desgracia del Gobierno que tanto había anhelado Mario Conde se estaba consumando por momentos. Carlos Solchaga, Mariano Rubio, Narcís Serra, pronto Felipe González…, todos los que él había señalado como ideólogos de la expropiación de Banesto y la querella posterior contra él, ya estaban durmiendo, políticamente hablando, el sueño de los justos. Quizá incluso era posible que el propio presidente del Gobierno, por quien se había sentido engañado tantas veces, terminara entre rejas ¿Quién sabe hasta qué lejanos e insospechados límites alcanzan los caprichos de la diosa Fortuna? Pero pronto el ex banquero empezará a darse cuenta de que la desgracia de su rival no discurría en parangón a su buena suerte. La ruina del felipismo no significó, ni mucho menos, la solución de los problemas del ex presidente de Banesto, lo que empezará a constatar muy pronto, el 11 de octubre de aquel mismo año, cuando el juez Miguel Moreiras, que había abierto diligencias contra él por el caso Argentia Trust, le llama a declarar, y tras un rocambolesco día de idas y venidas y contradicciones informativas sin cuento, el gallego se libra milagrosamente de un nuevo auto de prisión cuando ya había empezado a preparar sus trebejos para volver a su antigua residencia de Alcalá Meco. El susto le sirve para comprobar a lo vivo que no podía considerarse vencedor en la interminable pugna ni muchísimo menos. En cualquier caso, él salió de la incierta aventura tan trompicado o más que su contrincante.

Lo que nunca atinará a reconocer Mario Conde es el error (qué inmenso error) que supuso su estrategia defensiva ante el expolio de Banesto. En lugar de buscar pruebas contundentes, que las había sobradas, para demostrar el disparate perpetrado por el Banco de España mediante la simulación fraudulenta del gigantesco «agujero», el ex banquero pensó que, puesto que el banco emisor actuaba a instancias de la cúpula misma del Gobierno —como así había sucedido efectivamente—, en un ataque frontal de carácter extrajurídico encontraría la solución adecuada a sus pretensiones de reparación condigna. Pero se equivocó de medio a medio al subestimar la dimensión exacta de los instrumentos con que cuenta el poder. No acertó a ver que, más allá del propio Gobierno, existe un entramado decisorio situado cien codos por encima del ejecutivo, un poder omnímodo que resultó el gran vencedor —el único vencedor de hecho— en la durísima batalla librada en torno a Banesto.

5

TIRANDO DEL HILO

«El usurero raramente acaba la vida sin llanto. Disfruta la mínima parte de los tesoros que guarda, atesorando siempre para los ladrones, para los parientes, para la tierra»

(LA FONTAINE)

La dimensión del «agujero» de Banesto es artificial, y lo es en términos absolutos; no provenía de la morosidad efectiva de los créditos sino de una asignación de las provisiones prefijada fraudulentamente por el Banco de España para «justificar» la toma de control del banco y el consiguiente expolio. El plan requería una premisa de obligado cumplimiento: diagnosticar un «agujero» inexistente que barriera del mapa el capital social y las reservas del banco.

Hoy sabemos que el famoso «agujero» era ficticio de la cruz a la fecha al sustentarse en designios prevaricadores para urdir una cifra sin base cierta de 605.000 millones de pesetas. El tamaño del «agujero», presuntamente provocado por la morosidad crediticia, se determinó en esos términos por la necesidad de motivar ante la opinión pública una medida tan excepcional como la intervención de Banesto para facilitar luego su adquisición por el Banco Santander. La utilización espúrea de la sociedad SCI Gestión obedeció también al mismo propósito de abrir las vías instrumentales imprescindibles para facilitar el glorioso desembarco del Santander, el cual, gracias a los manejos del Banco de España, pudo adquirir Banesto sin necesidad de lanzar una opa, evitando de paso que otro competidor de parecido porte, el Bilbao Vizcaya, se hiciese con el dominio del banco intervenido. Lo que provoca una pregunta que nadie se atreve a formular por miedo al Poder: si Banesto es hoy en día un banco saneado, como se proclama constantemente, ¿por qué no se han devuelto los 285.000 millones de pesetas de dinero público que el Fondo de Garantía de Depósitos otorgó de manera ilegítima con el dinero de todos los españoles para llevar a cabo el supuesto saneamiento? La respuesta está en los viejos conceptos jurídicos de la dádiva, la recompensa o la promesa.

OLFATEANDO LA TRAMA

«El mejor guardián de una cosa cualquiera puede ser su más hábil ladrón»

(PLATON)

No existe el crimen perfecto; los directores más expertos, en sus películas sobre asesinatos sofisticados, y los escritores de superlativo ingenio, en sus novelas policíacas, nos tienen acostumbrados a resolver cualquier caso, por inverosímil y complejo que resulte, mediante una clave indefectible, un nimio error cometido por el diabólico protagonista. A los impulsores del asalto a Banesto les ha ocurrido algo parecido: planificaron a corto, medio y largo plazo todos los detalles del expolio, nada quedó al azar; la proyección abarcaba un período de cinco años desde el mismo día de la intervención. No obstante, a los que urdieron el asalto, a pesar de tenerlo todo atado y bien atado, el nudo se les deshizo de improviso. Los preparativos de la ejecución, causada el 28 de diciembre de 1993, la consumación de la tropelía en el año 1994 y el desarrollo del plan hasta 1997 habían discurrido por los cauces trazados, nada parecía entorpecer el diagnóstico ni la receta aplicada para curar los males que —se dijo una y mil veces— padecía el banco intervenido. A finales de 1997 la opinión pública tenía más que asumido que los anteriores administradores de Banesto, con Mario Conde a la cabeza, habían sido los responsables de un tremendo «agujero», fruto de la gestión más torpe y dolosa, lo que había provocado la quiebra técnica del banco. Más todavía, los administradores habían echado mano a la caja de mala manera «llevándoselo crudo». El cuadro no podía ser más deplorable ante una opinión pública cuyos vehementes sentimientos de justicia contra los miserables que habían causado la ruina de cientos de miles de personas descansaba en el testimonio unánime de la prensa, El País y todo el grupo Prisa a la cabeza.

El efecto mediático, que formaba parte del asalto como ingrediente principal, había cumplido su papel a la perfección. Miles y miles de páginas, a cual más detonante, mantenían al unísono el relato sin fisuras de los despropósitos cometidos por los antiguos administradores. Programas de radio y televisión, tertulias para el gran público y revistas especializadas o sin especializar sostenían con ahínco los argumentos oficiales más adversos contra los malandrines expulsados de sus cargos con toda la razón del mundo. A lo que se añadía la estrategia de Mario Conde al plantear su particular pulso al Estado. Motivos y pretextos se añadían sin cesar para descrédito del ex presidente, y así de nuevo El País, que lideraba la verdad oficial sobre la intervención, encontró un argumento más para atacar al antiguo amigo de Polanco y defender a ultranza a los socialistas, descompuestos entonces por la divulgación de los secretos que Conde dosificaba a su arbitrio.

El inicio del juicio oral en el «caso Banesto», con los antiguos administradores en el banquillo, permitía presumir que el plan seguiría su curso sin desviaciones inoportunas. Pero un hecho casual vino a trastocar tan apacibles previsiones. Al autor de este libro (que mientras sucedían los acontecimientos a que hasta ahora se ha ceñido la narración no tenía vinculación alguna con Banesto ni conocía personalmente a Conde) se le ocurrió editar una publicación sobre asuntos y problemas bancarios. Sin querer asumir cualquier protagonismo significativo, permítanme que me vea obligado a referirme a mí mismo en este punto, por lo que me apresuro a solicitar de los pacientes lectores sus amables disculpas.

A finales de 1997 un grupo de profesionales independientes y de confesión liberal tomamos la decisión de editar un periódico titulado La Banca. Yo acababa de publicar Jaque al Virrey, un libro que describe las discutibles actividades políticas y mercantiles de Jordi Pujol, un personaje omnipotente entonces. Como el contenido de la obra resultaba harto polémico, no encontré editor en Cataluña que se decidiera a sacarlo a la luz, y cuando ya me temía que el libro iba a quedar inédito, cansado de ir de un despacho a otro con el original bajo el brazo, coincidí con Amador Contreras, un empresario insobornable interesado en este tipo de aventuras. A los pocos días, Amador, que había hecho el ímprobo esfuerzo de leer el trabajo, de lo que milagrosamente su salud salió indemne, desplegó sus relaciones en Madrid para que Ramón Acal se interesara por la publicación, lo que llevó a efecto con el valor moral que caracteriza al editor.

Superado el episodio de la edición del libro, Amador Contreras, impenitente en su predilección por las causas perdidas, me propuso que le ayudara a investigar una cuestión que le apasionaba entonces: la sórdida realidad de las suspensiones de pagos y las quiebras. Tal era su interés por estas cosas, en que difícilmente afloraban los turbios manejos que se suceden en los procesos judiciales, que él mismo había publicado un libro con un título significativo: Quiebras y suspensiones de pagos. El gran tongo. En la obra describía su propia experiencia como víctima de los «rasputines», como él les llama, que saquean y arruinan innumerables empresas mediante el uso fraudulento de los mecanismos que brinda la ley. El misterio consistía en descubrir qué demonios pasaba con los centenares de empresas que se presentaban en suspensión o en quiebra, y en las que, a pesar de que en sus cuentas figuraba un sinfín de elementos patrimoniales de indudable valor, muchos acreedores no conseguían cobrar una peseta en la liquidación correspondiente. No tardamos en poner manos a la obra para intentar llegar al fondo del enigma. El envite era harto complicado: todo un laberíntico mundillo de letrados, desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, comisarios, interventores y depositarios de toda laya controlaban a su aire los procedimientos. Tres factores —el corporativisrno a ultranza, una ley obsoleta y el desinterés político para acabar con las corruptelas— hacían difícil cualquier propósito esclarecedor. Contreras, que conocía la dimensión abismal de las maquinaciones perpetradas por tan variopintos personajes, decidió que a grandes males, grandes remedios. Y de su bolsillo salieron los recursos suficientes para montar un equipo de investigación dispuesto a rasgar el velo que cubría aquel conglomerado de turbiedales: se contrataron abogados, economistas y contables especializados en el derecho concursal, se encomendaron trabajos de investigación a periodistas con ganas de «mojarse» y se sensibilizó a otros empresarios afectados para constituir una asociación que les defendiese de las maniobras de que se servía aquella avispada tropa de truhanes para meterse en el bolsillo miles y miles de millones de duros. Así se formó una asociación de empresarios acreedores en procedimientos concursales, y desde esta base, por ejemplo, se actuó con diligencia para lograr la representación de los afectados en la elección de síndicos, amén de otras muchas actuaciones.

Hasta entonces nadie había ido tan lejos, con un designio decidido y con los medios adecuados. Pronto se obtuvo un buen número de sindicaturas, peleadas una a una con la feroz oposición de los que hasta entonces controlaban a su antojo los procedimientos concursales, como si se tratara de la mismísima cueva de Alí Babá. Conseguir sindicaturas en las quiebras representaba entonces un cambio radical para los acreedores comunes: ya no cabía que le explicaran a uno la película según el capricho del guionista o el director de turno, sino que los acreedores asociados pasaban a ser protagonistas de la cinta. Obtener un puesto en la sindicatura permitía conocer las particularidades del magma en que se sumían —y desaparecían de continuo— los activos, a veces cuantiosísimos, de la empresa quebrada.

Desde esa posición procesalmente privilegiada al participar en la sindicatura, las incógnitas quedaron desveladas al punto. El factor común que se advertía en las empresas en quiebra objeto de investigación era el vaciado doloso de sus activos mediante múltiples artimañas para que los bienes fuesen a parar, ordinariamente, a manos de los bancos de manera directa o indirecta, por lo general mediante la inequívoca complicidad del quebrado. Era tal el «trinque» en favor de las respetables entidades de crédito que a los demás acreedores apenas les quedaba algún activo residual que valiera la pena. Para acreditar los saldos de las cuentas bancarias, los actores del increíble culebrón no se paraban en barras, como la manipulación de documentos con importes que no correspondían a la realidad, o simulaban inexistentes preferencias para «justificar» imaginarios privilegios. Todo un sinfín de argucias que amparaban el uso y el abuso de los bancos en su perniciosa costumbre de llevarse lo que no es suyo, arramblando con cuanto de valor se pusiera al alcance de su larguísima y poderosa mano. Nadie les paraba los pies. ¡Cuántas veces hemos oído a los damnificados preguntarse y preguntarnos para qué sirve en España la administración de justicia!

Descubrir el enigma de las quiebras nos produjo una verdadera conmoción a todos los que participábamos en la aventura. Nadie podía pensar que entidades tan respetables se sirvieran en estos casos del engaño como instrumento habitual, y a su través el levantamiento de verdaderas fortunas. Y a impulsos de una curiosidad impertinente, nos planteamos dar un paso más en la investigación, porque si esto sucedía con algo tan marginal para el negocio financiero como eran las quiebras, qué no estaría ocurriendo con el conjunto de la actividad bancaria propiamente dicha.

El resultado de semejante empeño fue demoledor: las entidades financieras tienen trucados los ordenadores en buena parte para defraudar a la clientela, sobre lo cual miles y miles de quejas acaban en la papelera del Banco de España. El banco emisor todo lo reduce a un inútil papeleo, a materia estadística, y ni siquiera lo disimulan con el convencional «vuelva usted mañana». Los bancos, en este punto, engañan de forma generalizada a los clientes desde una posición dominante porque saben de sobra que no hay control alguno para sus fechorías. Recogimos tal cantidad de información que asustaba verla junta, la variedad de marrullerías que registra la práctica bancaria era asombrosa. Por lo que pensamos que no era decente por nuestra parte dejar olvidada, del salón en el ángulo oscuro, la información que habíamos obtenido a través de nuestras largas y pacientes pesquisas. Por lo que, dándole vueltas al caletre, decidimos editar La Banca, puesto que la información era lo suficientemente impactante para que la publicación llegara a funcionar por sí misma. Creímos, y por fortuna con acierto, que el método que habíamos aplicado en la investigación de las quiebras, consistente en ostentar un protagonismo activo, lo más intenso posible, iba a facilitarnos la comprensión de la realidad bancaria en términos generales. Pero como no queremos hacer cualquier manifestación sobre tan delicadas cuestiones sin aportar las pruebas en que se basa, permítanos el lector que abramos un paréntesis en el relato del «caso Banesto» para referirnos, como un ejemplo característico, a la selva inextricable de las comisiones bancarias. Al fin y al cabo, todos son lobos de la misma camada.

UN GRANO NO HACE GRANERO

«Las cosas pequeñas convienen al humilde»

(HORACIO)

A principios de 1989 la Comunidad Económica Europea estableció una fórmula única para el cálculo de los intereses en las operaciones bancarias, que entró en vigor en enero de 1993. Con ello se trataba de evitar que los bancos liquidaran los intereses de forma que los tipos reales resultaran más altos que los pactados. Esta fórmula matemática única, elaborada por el profesor Etiene Kirschen, un experto contratado a tal efecto por la Comunidad, era un método de cálculo complejo al que se puede llegar mediante un proceso algebraico o a través de aproximaciones programables con una simple calculadora de bolsillo. El Banco de España, por su parte, ha dirigido a las entidades de crédito diversas circulares en el mismo sentido. La Ley de 23 de marzo de 1995, de crédito al consumo, estableció que en los contratos concertados debe hacerse constar la «tasa anual equivalente» («tae»), es decir, el coste total del crédito —incluidas las comisiones y demás gastos— expresado en un hipotético tipo de interés a liquidar una sola vez al concluir cada período anual. La propia Ley estableció también una fórmula para el cálculo de la «tae» en consonancia con la norma aprobada por la Comunidad Europea en 1989.

Ya han pasado cinco años largos desde que se promulgó la Ley de crédito al consumo, pero ni se aplica en la práctica ni las entidades financieras hacen el menor caso a las circulares cursadas en la materia por el Banco de España. El ministro de Economía, Carlos Solchaga, reconoció en 1988 ante el Congreso la existencia de tan graves irregularidades, y las prácticas abusivas de las entidades de crédito han sido denunciadas reiteradamente por las asociaciones de consumidores. Pero el servicio de reclamaciones del Banco de España, constantemente inundado por este tipo de quejas, mira de soslayo, se inhibe y, al final, nos larga una estadística. En mayo de 1998 La Banca publicó en primera plana el siguiente titular: «Los bancos y las cajas ganan miles de millones manipulando sus sistemas informáticos». Ya entonces esa información —que luego se ampliaría monográficamente en otro número posterior— evidenciaba que multitud de instituciones financieras tienen instalados sistemas de corrección en sus sistemas informáticos para «endurecer» las liquidaciones de intereses y comisiones en las cuentas de sus clientes. Era de esperar que una noticia de este porte provocaría un escándalo mayúsculo, empezando por los partidos políticos, y, por supuesto, la inmediata reacción del Banco de España, como autoridad supervisora de bancos y cajas de ahorro, y, cómo no, del Ministerio de Economía y Hacienda, responsable último de la política financiera. Pero no fue así. El eco de nuestra publicación resultó prácticamente nulo. Nadie mostró especial interés en lo que parecía un fraude generalizado. ¿Era excesivo esperar que las autoridades «supervisoras» abrieran una investigación para comprobar lo que había de cierto en tan grave acusación formulada por nosotros con abundante bagaje probatorio? Prefirieron no molestar para nada al Poder con semejantes minucias.

En febrero de 1999, La Banca volvió sobre el mismo asunto. Esta vez con una información mucho más detallada, producto de una exhaustiva investigación en las más variadas fuentes, sobre todo las auténticas, es decir, las que emanan de la propia banca. Centrábamos especialmente la información en el Banco Bilbao Vizcaya, por ser la entidad «que —según decía— mayor incremento ha tenido en los ingresos por comisiones, que de año en año se incrementan en un 70%». El titular de portada decía: «El BBV engaña a los clientes sustituyendo datos reales por prefijados. La cuantía de lo apropiado se eleva a miles de millones». El periódico incluía un cuadernillo central, de carácter monográfico, titulado «Los bancos y cajas ganan miles de millones manipulando sus sistemas informáticos – El trucaje de los ordenadores bancarios se evidencia en el BBV». En la Cibeles tampoco se dieron por enterados de todo esto, a pesar de que en la primera página del reportaje se decía: «El Banco de España está al corriente de esta situación y nada hace para remediarla; se inhibe de actuar en dejación de sus funciones».

Por lo que respecta al BBV, le ofrecimos la oportunidad de desmentir la información, por supuesto, con carácter previo a la publicación de nuestro trabajo y con la antelación suficiente. Antes de que el periódico saliera a la luz, habíamos remitido al BBV un fax con todas las galeradas ofreciéndole la oportunidad de aclarar o desmentir la información, además de comprometernos a publicar íntegramente en el periódico la respuesta que se nos diera, sin limitación de espacio. Como decimos, el número de nuestro periódico se centró de manera preferente al BBV: «El banco —decíamos— pretende justificar la apropiación de un dinero que no es suyo a través de la mentira y la confusión, por lo que podría incurrir en un delito, ya que existe intención». Pues bien, el BBV optó por darnos la callada por respuesta; pensó, sin duda, que la ensordecedora avalancha de chismes y noticias que recibe el público a diario absorbería, más o menos de inmediato, el posible impacto de lo que nos proponíamos publicar y luego publicamos íntegramente. De otro lado, ¿cómo pugnar con la evidencia?

Pero vayamos a la información misma. En la investigación nos habíamos percatado de que las discrepancias de cálculo se producían básicamente en los datos que facilitaban las entidades financieras al informar a sus clientes sobre el coste de las operaciones de crédito, o su equivalente, los descubiertos en cuenta, que se resumían en la «tasa anual de equivalencia» («tae»). La obligatoriedad de la «tae» tiene su origen en 1985. Mariano Rubio, como gobernador del Banco de España, fue su inútil impulsor. La «tae» debía servir para que el consumidor, el usuario de los servicios bancarios, conociera el tipo de interés real que los bancos y cajas de ahorros le cobran en sus operaciones. Se trataba de que, bajo un solo dato, quedara reflejado el coste de todo lo que hay que pagar en las operaciones correspondientes. La finalidad no era tan sólo informativa; se pretendía que el cliente pudiera comparar, mediante este dato único, lo que hacen unas entidades en parangón con las demás, y así facilitar la elección al que solicita un crédito. A falta de esta referencia unívoca, resultaba muy difícil para la clientela, sobre todo para los particulares, establecer comparaciones o saber siquiera cuál era el tipo real del coste que estaban pagando a su banco, habida cuenta de que los intereses no suelen liquidarse anualmente sino por trimestres u otros períodos y que, además, se cargan diversas comisiones (de administración, de mantenimiento, de apertura, en fin, de lo que ustedes quieran) y gastos (de tasación, de estudio, de… de otros mil inventos). Además, la «tae» serviría para acotar el coste máximo permitido para determinadas operaciones bancarias por el Banco de España. La necesidad de hacer llegar al consumidor este dato era y es fundamental, puesto que la discrepancia entre el tipo de interés nominal y la forma en que se aplican intereses y otros conceptos del gasto desvirtuaba el coste final de la operación.

La Ley 7/95, de 23 de marzo, definía en su artículo 18 el concepto de «coste total del crédito» y, por referencia, el de «tasa anual equivalente». Para la banca la mención expresa de la «tae» fue un corsé sumamente incómodo puesto que, al imponer la transparencia en el cálculo, limitaba las repercusiones de los costes, ya que en ese dato debían englobarse los intereses repercutidos y demás conceptos a cargo del usuario, tales como las comisiones que originaba la operación. Ya desde el inicio de su vigencia, el espíritu de la norma legal fue degenerando paulatinamente, puesto que su aplicación, como es obvio, limitaba los beneficios de las entidades financieras. Mas la degradación llegó a tal extremo que los intereses pactados con el cliente y reflejados en los contratos no se correspondían en nada con los que realmente eran repercutidos. El Banco de España, encargado de velar por el cumplimiento de la normativa financiera, en lugar de hacerlo así, creó una nueva terminología: a los tipos de interés pactados en las pólizas los llamó «nominales» y a los que deberían ser el equivalente anual, y no lo eran al desvirtuarse la ley, los llamó «efectivos». El idioma es admirablemente rico en matices y alcanza las cotas más sorprendentes en la literatura picaresca. Esta inhibición del Banco de España y la acuñación de tan singular terminología no dejaba de ser un reconocimiento implícito de una situación manifiestamente ilegal. Con el tiempo se ha llegado a que un tipo de interés nominal parezca bajo, en contraste con el interés efectivo —más bien brutal que efectivo— resultante de la liquidación. Las entidades de crédito no han encontrado otra solución, con la pasividad del Banco de España, que manipular pro domo sua la información que deben facilitar al cliente por imperativo legal, una manipulación que se realiza a través de los sistemas informáticos consistente en hacerle creer que se le cobra lo tarifado, cuando realmente se le saca del bolsillo muchísimo más dinero. Dicho llana y sencillamente, los bancos no informan al cliente de que le han cobrado por la operación un tipo de interés anual equivalente al 90%, o al 200% o al 400% más de lo que procede según la norma aplicable. La referencia para el cliente —y garantía del coste de la operación que la «tae» aporta— ha sido conscientemente sustituido por datos prefijados. El sistema informático de algunos bancos sustituye los datos reales de la operación con datos predeterminados que hacen creer al cliente que se actúa según lo pactado, manipulación que «permite» a las entidades de crédito el cobro de comisiones que legalmente no pueden repercutir. Y en lugar de sancionar adecuadamente esta conducta defraudatoria, el Banco de España hace la vista gorda, se inhibe y encubre amorosamente a las entidades financieras para facilitar la consecución de sus altruistas objetivos.

La Banca ya había publicado en su primer número dedicado a este asunto (mayo del 98) el análisis de varios centenares de liquidaciones remitidas a clientes de diversas entidades. El trabajo fue exhaustivo. Repasamos los datos una y otra vez, y no dábamos crédito a los resultados que se iban obteniendo. Los primeros cálculos se realizaron con una calculadora científica, la Hewlett Packard modelo 17-B2, pero, al resultar tamañas discrepancias con lo que reflejaba la documentación bancaria, utilizamos dos nuevas calculadoras más avanzadas en las que se introdujeron las fórmulas correspondientes por personas ajenas a la redacción, y se volvió a elaborar todas las operaciones con el mayor cuidado. De esta suerte, con los cálculos por triplicado para mayor seguridad en la investigación, seguimos obteniendo los mismos resultados, por lo que se redujo a cero la posibilidad de error por nuestra parte.

Pero una vez que publicamos ese número, pensamos que tal vez el enfoqué no había sido el más certero. Habíamos reproducido, en efecto, un buen número de liquidaciones que los bancos remiten a los clientes con la cuantificación del cargo, en las que se podían comprobar los importes cargados, y por supuesto habíamos hecho el cálculo exhaustivo a que nos hemos referido, del que se deducía que la entidad correspondiente cobraba de más, en múltiples ocasiones mucho más, e incluso muchísimo más. No se trataba de redondeos. Las cantidades cobradas de más eran por miles y miles de pesetas por encima de lo que procedía. Sabíamos cómo habían realizado el calculo matemático, pero desconocíamos cuál era el verdadero método aplicado por el banco. Queríamos enterarnos de la extraña razón por la que dos y dos distan años luz de sumar cuatro. Entre los centenares de liquidaciones que habíamos analizado, sobresalía un grupo en que el diferencial de los cálculos era muy superior al resto. En tan selecto grupo de las mayores discrepancias estaban las liquidaciones practicadas por el BBV. También coincidía, repasando las cuentas de explotación de distintos bancos, el fuerte tirón en el capítulo de comisiones que habían experimentado las de dicha entidad. Se trata, entre los grandes de la banca española, el que mayor crecimiento ha registrado en sus ingresos por comisiones, que de año en año vienen a aumentar en un 70%, una evolución galopante que no ha podido emular el resto de la banca, aunque el Santander se le viene acercando cada vez más. No es extraño, pues, que Bruselas haya implicado a BSCH y BBVA en un cartel para el pacto de comisiones, al acusar a un total de 109 bancos de Portugal, Bélgica, Finlandia e Irlanda. Así lo afirman J.C. González y A. Lorenzo, en un reportaje publicado en El Mundo del 15 de julio de este año, en el que añaden: «La Comisión Europea ya lo advirtió semanas atrás. Y esta vez ha ido a por todas al abrir un pliego de cargos a, ni más ni menos, 109 bancos por pactar presuntamente las comisiones de cambio de divisas que cobran a sus clientes». Veremos lo que dice la Comisión si se entera de verdad de lo que pasa con las comisiones bancarias. Lo cierto es que, como asegura Ramón R. Lavín, corresponsal de Expansión en Bruselas en su número del 18 del mismo mes, el rápido desarrollo de los mercados bursátiles, como consecuencia de la puesta en marcha del euro, no va en paralelo a un desarrollo de los mecanismos de protección y de regulación, por lo que los Quince han decidido crear un grupo de expertos que elabore un informe sobre cómo adaptar el mercado europeo a la nueva situación de los mercados bursátiles. Pues bien, entre los miembros de ese grupo se encuentra Luis Ángel Rojo, ex gobernador del Banco de España, lo que ha provocado la rechifla general en la redacción de La Banca. Los Quince —se nos dice— consideran que el desarrollo de los mercados de capitales en la Unión Europea debe servir, sobre todo, para mejorar la financiación de las empresas, gracias a un aumento de la liquidez del mercado y un incremento de la competencia entre los intermediarios. Lo que debe llevar al mismo tiempo a una reducción de los obstáculos administrativos, reglamentarios o de otro carácter que obstaculizan el desarrollo de las transacciones transfronterizas. La pregunta es inevitable: ¿cómo va a decir Rojo en Bruselas esta boca es mía, a propósito de todas estas actuaciones irregulares de los bancos, cuando en la Cibeles permaneció mudo, ciego y sordo ante tantos dislates? Todo seguirá igual, nos tememos, porque Bruselas se ha convertido en el puerto de Arrebatacapas. Una crónica de Félix Soria, acerca de lo que pasa en la sede de la Unión Europea, publicada en El Mundo del 14 de julio de este año, no tiene desperdicio: «Roban muebles, desaparecen piezas de arte expuestas en zonas restringidas, en ocasiones hay documentos al alcance de cualquiera y el acceso a sistemas electrónicos y de comunicaciones es cosa de niños. El caos que reina en la sede del Consejo de la UE es tal que Javier Solana ha resuelto dejar el edificio por los robos y la grave inseguridad. Un informe oficial revela que en apenas dos años han desaparecido 200 ordenadores y han «pinchado» varios teléfonos». ¿Y esta gente pretende gobernar a los europeos? Allí, sin duda alguna, se sentirá muy a gusto el «sabio» Rojo, el mismo que permitió el fraude de las comisiones a caño libre desde su puesto de gobernador del Banco de España.

Al disponer del cálculo que practica el BBV, pudimos apreciar que sus fórmulas matemáticas para determinar la «tae» no son siquiera un sucedáneo aproximado de las que debe aplicar, sino una alteración cualificada del original. Y agárrense ustedes que viene curva: el resultado que obtuvimos, mediante las fórmulas empleadas por el BBV, era siempre constante, con independencia de los factores que se requiriesen para su cálculo. No sólo se trataba de un engaño cualitativo en la información transmitida a los clientes, sino de un señalado engaño cuantitativo, ya que esa alteración permitía el cobro de comisiones y gastos que no están acotados por el índice (o límite) de la «tae». La cuantía de lo cobrado mediante este fraude se elevaba a cantidades ingentes.

Lo más aberrante en nuestra investigación consistía en que las fórmulas con las que operaba el BBV, con independencia de los parámetros introducidos, daban siempre el mismo resultado. Eran confusas y, además, tautológicas, ya que arrojaban uniformemente como resultado, por ejemplo, para un interés nominal del 29%, una «tae» igual al 33,19%, coincidente con el máximo autorizado por el Banco de España. Los demás ingredientes numéricos requeridos por la fórmula eran pura parafernalia y se autoeliminaban mediante el desarrollo de las operaciones matemáticas previstas en la propia fórmula. Es más, la fórmula aplicada no permitía en modo alguno calcular la «tae», ya que no expresaba ningún procedimiento adecuado para el cálculo, amén de sumar magnitudes heterogéneas sin el menor sentido matemático o financiero. Para el cálculo de su «tae» de intereses partía el banco de un saldo medio del período (mensual, trimestral, etcétera) y, en cambio, para el de las comisiones, partía del saldo de un solo día. Los resultados de ambos cálculos no pueden sumarse por tener distinta base, es decir, por tratarse de cantidades heterogéneas. Es tan sencillo como la recomendación popular: «no sumes peras con manzanas». Es precisamente tan singular hermenéutica, que vulnera la normativa legal del Banco de España y la decencia más elemental, lo que permite desactivar los resortes del mecanismo controlador de la «tae». Porque, sin lugar a dudas, la fórmula aplicada por el BBV enmascaraba deliberadamente las reglas impuestas por las circulares del banco emisor (8/90, 5/94 y 3/96), que reconocen el derecho de los usuarios de los servicios bancarios a recibir información correcta y veraz. En definitiva, la fórmula aplicada sustituía datos reales por datos prefijados introducidos maliciosamente en los sistemas informáticos.

Para poner en evidencia las contradicciones del Banco de España no hace falta ir a estudiar a Salamanca. Basta con remitirse a las memorias del servicio de reclamaciones del propio banco, por ejemplo, a la del año 1997, en la que se reproduce un escrito que su director general, Raimundo Poveda, dirigió el 30 de enero de 1997 a José Luis Leal, presidente de la asociación española de banca privada, para advertirle que, con motivo de los cambios legislativos, la situación

«… seguramente obligará a tus asociados a revisar las condiciones aplicables a los descubiertos en cuenta corriente con consumidores, con la finalidad de que el tipo de interés aplicado a los mismos no dé lugar a una tasa anual equivalente (tae) superior a 2,5 veces el tipo de interés legal».

El director general se consideraba obligado a puntualizar también esto otro:

«Dado que en torno a esta cuestión han surgido ciertas dudas de carácter técnico respecto a la fórmula aplicable al cálculo de la tae en dichas operaciones, y teniendo en cuenta que las características operativas de los descubiertos en cuenta son análogas a las de las cuentas corrientes de crédito, cabe indicar a esa Asociación que las entidades podrán aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de la letra c) del apartado 4 de la norma octava de la mencionada Circular 8/1990».

En definitiva, es indudable para el Banco de España que el cálculo del coste efectivo de lo que el cliente está obligado a pagar debe incluir las comisiones. Y, una vez aclarada las cuestión de la fórmula aplicable para el cálculo, Poveda llega al cénit:

«Es necesario insistir en que, a efectos de dicho cálculo, las entidades deben incluir la comisión, cualquiera que sea su denominación, que se devengue con motivo de estos descubiertos considerando, al aplicar la disposición citada en el párrafo anterior, que el saldo que sirva de base para la determinación de dicha comisión se mantiene durante todo el periodo de liquidación».

Hay que reconocer que es diáfano el texto en este punto, aunque la banca privada lo haya mandado a paseo a través de su doctoral presidente, conocido en los ámbitos bancarios como «el licenciado Vidriera». En definitiva, y dicho brevemente: las comisiones han de estar integradas en el cálculo de la «tae», lo que por cierto no hacen los bancos con la pulcritud debida. ¿Es que sigue en Babia el tal señor Poveda o el Poveda de turno?

Los beneficios de la banca crecen anualmente a un ritmo galopante, superior al 20%, pese a la caída del margen de intermediación. Así lo cree también Cinco Días en su editorial del 7 de mayo de este año: «Los datos que se han conocido de las grandes entidades dejan claro que el diferencial del negocio tradicional, lo que les queda después de pagar al depositante y cobrar los créditos, ha seguido cayendo». Para mantener este ritmo tan espectacular, los bancos y las cajas han incrementado hasta el infinito sus comisiones, que ya representan, en el conjunto de las entidades financieras, más de un tercio de sus ingresos. La picaresca se ha instalado en la práctica por la absoluta falta de control de tan respetables entidades, con la patente de corso bien asida por sus ávidas manos. Las continuas reclamaciones de la clientela son tan frecuentes como inútiles, y se centran sobre todo en las abusivas comisiones aplicadas a los descubiertos en cuenta corriente o los excedidos en cuentas de crédito, así como en las devengadas por la devolución de cheques y efectos comerciales. Lo que no solamente sucede en la banca, puesto que las cajas de ahorro también cargan a sus clientes por este concepto más de 350.000 millones de pesetas, de los que 20.000 están considerados como ilegales. Los bancos, con casi 750.000 millones cargados en comisiones, han encontrado la panacea para rentabilizar sus ejercicios por una vía tan expeditiva, sin molestarse en reestructurar el sector en lo más mínimo: el fraude es más rentable que la técnica.

El Banco de España, organismo de control (¿lo hemos dicho bien?) de las entidades financieras, hace la vista gorda ante tales desmanes y, en lugar de ejercer su capacidad inspectora y sancionadora, se limita a recomendar sensatez y prudencia en la aplicación de las comisiones bancarias. Si preguntásemos a un hombre de la calle sobre el significado de estas prácticas, nos diría al punto que se trata de un robo a la clientela. Y conste que lo hemos preguntado reiteradamente: la respuesta siempre ha sido la misma en román paladino. La inmensa fuerza de la banca contrasta con la debilidad del organismo supuestamente controlador. La gran banca prescinde olímpicamente de las recomendaciones del banco emisor y de los demás organismos que puedan tener alguna competencia en la materia. El ministerio de Economía y Hacienda ya abrió un expediente contra 164 bancos y cajas de ahorro por haber vulnerado la normativa bancaria, al establecer una estrategia conjunta para cobrar a los clientes comisiones disparatadas por la devolución de cheques y efectos comerciales. Nadie se ha echado a temblar ante semejante «hazaña» del señor ministro, todo un Cid, o un Mambrú, si ustedes lo prefieren. ¿Será por champán?

El Tribunal de Defensa de la Competencia ya se ha pronunciado sobre la ilegalidad de tales acuerdos, pero nada ni nadie parecen detener el ímpetu confiscatorio del lobby bancario. Cuando en La Banca publicamos en febrero de 1999 la ilegal actuación de las entidades en cada uno de los puntos relatados, bajo titulares como «Hay fraude en los ordenadores de los bancos», «El BBV engaña a los clientes sustituyendo datos reales por prefijados» y «La cuantía de lo apropiado se eleva a miles de millones», la Fiscalía anticorrupción abrió diligencias informativas. Pasado más de un año, en junio del 2000, la Fiscalía dirigió un escrito a La Banca notificándole el archivo de las actuaciones. Lacónicamente decía así: «Una vez analizada y valorada la documentación aportada [referida a diversas prácticas bancarias llevadas a cabo por el sistema informático del BBV] aportada y practicadas las diligencias pertinentes, no ha quedado acreditada la relevancia penal de los hechos, habiéndose acordado el archivo de la misma». La reacción de la Fiscalía no deja de ser sorprendente. El hecho de que el BBV se esté apropiando, sin derecho alguno, de un dineral que pertenece a clientes engañados sistemáticamente, debería constituir, al menos, según la estimación de nuestra asesoría jurídica, lo que en la práctica judicial se llama «indicios de criminalidad» de supuestos delitos de estafa o apropiación indebida. Tan autorizado organismo público disponía de una prueba irrebatible: un escrito firmado por el propio BBV en el que expone la formula matemática cuyo carácter fraudulento había sido comprobado directamente por La Banca. Pero el Poder navega a su albedrío por los siete mares. En un Estado de Derecho resulta incomprensible que no se ponga punto final a tantas prácticas ilícitas seguidas por la banca. Javier Prats publica en La Gaceta del lunes del 17 de julio de este año que «Garzón investiga a Privanza por presunta ayuda a la evasión fiscal», sobre lo que desvela lo siguiente: «El grupo BBV podría haber cometido supuestamente dos delitos fiscales al no incluir en sus cuentas consolidadas el neto patrimonial de la filial de BBV Privanza Jersey… En ocasiones el propio banco facilita el fraude fiscal o el blanqueo de capitales mediante fórmulas que garantizan la opacidad fiscal cuando, sin participar en la comisión de conductas delictivas, acude al recurso de testaferros para ocultar la titularidad real de bienes y crédito de sus clientes». Veremos en qué para todo esto, sombreado en negro por nuestro profundo escepticismo acerca de las actuaciones judiciales para parar los pies a los poderosos en ejercicio cuando cometen todas estas tropelías con la prepotencia que da la impunidad.

Los analistas se han quejado, al examinar los resultados de la gran banca española en el primer semestre del año, de que han encontrado muchas más dificultades de las habituales para adentrarse en los elementos fundamentales con los que elaboran sus estimaciones. Paradójicamente, aunque los nuevos sistemas informáticos debieran permitirles un conocimiento adecuado de la situación de las entidades bancarias, lo cierto es que cada día cunde más el recelo de que las cuentas pueden contener desviaciones muy importantes. ¿En qué medida inciden las comisiones bancarias en todo esto? ¿Pondrá remedio a todo esto Jaime Caruana, el nuevo gobernador del Banco de España? Carlos Cuesta publica en Expansión el 6 de julio un excelente comentario sobre la censura opuesta por la OCDE a los obstáculos competitivos existentes en España: «El vicesecretario general de la OCDE, Seiichi Kondo, elogió ayer los importantes avances realizados en la economía española para conseguir una mayor competencia, especialmente desde 1995, pero fue tajante al rechazar la idea de que España hubiese alcanzado ya la necesaria apertura de los mercados estratégicos. Sectores como el gas o el transporte en ferrocarril, se mantienen en una situación de monopolio y áreas claves como el mercado de la electricidad y la telefonía aún no han alcanzado la liberalización necesaria para que los consumidores disfruten de unos servicios baratos». Las críticas, recogidas en el último informe de la OCDE sobre la economía española, no ocultan que está en juego la entrada de España en la Nueva Economía y que la inmediata apertura de estos sectores «puede ser clave para garantizar la convergencia real de España en la UE». Lo que lleva al autor del reportaje a destacar esto otro: «El informe destaca que los oligopolios formados en los sectores eléctrico, petrolero y gasístico supondrán importantes obstáculos al avance de la apertura de los mercados y que el Gobierno deberá aplicar amplias dosis de “liderazgo ejecutivo” para afrontar las próximas reformas. La organización señala entre estas empresas a Endesa, Iberdrola, Repsol, Gas Natural y Cepsa y denuncia el alto grado de interrelación accionarial que mantienen a través de un reducido grupo de entidades financieras: BSCH, BBVA y La Caixa». Aquí es donde se viene a parar indefectiblemente. Si los grandes bancos españoles tienen la sartén por el mango en los sectores estratégicos más importantes de nuestra economía, ¿quién será el guapo que se atreva a poner el cascabel a semejantes gatazos en el asunto de las comisiones bancarias?

LOS CRÉDITOS «DAÑADOS»

«El modo de dar paso seguro a la justicia es desembarazar el camino de la verdad, y para esto no hay otro arbitrio que el castigar con severidad la mentira»

(FEIJOO)

Reproduciendo la metodología aplicada en las quiebras, en la que nos introducíamos en el proceso judicial con la legitimidad que proporcionaba representar a los acreedores a través del nombramiento de síndicos, nos propusimos adaptarla a la investigación de los asuntos bancarios representando a clientes con problemas en esas entidades. De esta forma obteníamos la información de primera mano que luego reproduciríamos en La Banca. Uno de los muchos asuntos que habían caído en nuestras manos, relativo a una empresa llamada Ingarca S.A., resultaba extraño cuando menos. La sociedad había operado con Banesto durante largos años sin incidencias, había obtenido créditos y prestamos, garantizados por un amplio patrimonio inmobiliario valorado en mil millones de pesetas que se habían renovado con normalidad hasta que Banesto, de improviso, decidió no hacerlo. Aparece entonces Gizargi S.A., una empresa fantasma que embarga una a una las propiedades de Ingarca, al acreditar judicialmente que había adquirido a Banesto la deuda por la que solicitaba la traba de los bienes para garantizar el cobro. Nos pareció anómalo que un banco de la categoría de Banesto se desprendiera de un crédito ampliamente cubierto con las garantías inmobiliarias otorgadas por el deudor. Pero más extraño parecía aún que el banco le hubiera vendido el crédito a una sociedad con un capital de 500.000 pesetas constituida unos días antes, y que los firmantes de la venta, apoderados de Banesto, carecieran de poderes suficientes. A simple vista, parecía tratarse más bien una infidelidad de los directivos que habían intervenido en la operación. Aparentemente, Banesto no obtenía provecho alguno al desprenderse de un crédito supuestamente moroso a un precio ridículo a favor de una sociedad fantasma con un capital ridículo. Por lo que nos dirigimos a los responsables de dirección en la oficina principal de Barcelona, para alertarles de lo que para nosotros no tenía explicación razonable. A los pocos días pudimos percatarnos de lo estúpidamente que nos habíamos comportado: los propios directivos del banco pretendían hacernos comulgar con ruedas de molino dando a la operación tintes de corrección y normalidad.

Este fue el primer indicio que nos hizo pensar que sucedía algo raro con los créditos del banco que componían el fabuloso «agujero» en que se fundamentó la intervención. Banesto, en definitiva, había provocado con malas artes la morosidad de un cliente de indudable solvencia vendiendo a una sociedad fantasma el crédito supuestamente «dañado» por un importe ínfimo, mediante las técnicas más depuradas que emplean en estos casos las acreditadas familias del hampa al ejecutar todas las propiedades del deudor, valoradas en mil millones de pesetas, por una deuda de ochenta millones, impidiéndole con malas artes satisfacer su importe.

Desde el mismo momento en que estuvo en la calle la primera edición de La Banca, la reacción fue sumamente alentadora. A pesar de que la distribución del periódico hubo de limitarse inicialmente a Cataluña, Madrid, determinadas zonas de Levante y algunas capitales del noroeste de España, las llamadas eran incesantes. Dejando aparte algún que otro improperio anónimo de los consabidos chantajistas y mañosos a sueldo, eran constantes las llamadas de sorpresa y felicitación, entre las que destacaban las de los antiguos accionistas de Banesto arruinados por la asonada, sus trabajadores que se veían en la calle echados de mala manera y los clientes de toda la vida, que de golpe y porrazo pasaban a engrosar la estadística de morosos. El tránsito de cliente ejemplar a incumplidor de mala nota había sucedido para todos ellos en las mismas fechas, prácticamente coincidían en el tiempo sobre su repentina falta de seriedad en el reembolso de los créditos. En el transcurso de 1994, cuando los nuevos administradores de Banesto tenían que exhibir la inexistente morosidad para nutrir las listas que luego ofrecían falsamente al FGD, a fin de percibir la enorme e innecesaria subvención convenida, los directores de las oficinas del banco denegaban a sus clientes financiaciones colaterales o complementarias de las que dependía el buen fin de sus débitos, garantizados muchas veces con propiedades inmobiliarias y al corriente en el pago de principal o intereses.

En pocos días nos inundaron con el relato de increíbles dramas del mismo signo: créditos que no habían vencido y se ejecutaban con el menor pretexto, cierres injustificados de líneas de descuento que provocaban falta de liquidez para el pago de cuotas hipotecarias, deudas que no correspondían propiamente al cliente y se le adjudicaban sin la menor explicación. La variedad en la «reconversión» de clientes normales en morosos era inimaginable, lo que se puso en práctica con la saña propia del que cree firmemente que el banquero ha de tener instinto criminal. Era evidente que los nuevos administradores del banco estaban ávidos en preconcebir morosos, y nada mejor para ello que provocar el impago; ni una concesión para resolver las cuestiones en forma amistosa, como es habitual en la práctica bancaria, aunque la verdad es que últimamente en todos lados cuecen habas. Confieso que no estábamos preparados para aquella avalancha, en la que tantos y tantos clientes del banco intervenido se desplazaban incluso a Barcelona desde la otra punta de España para comunicarnos su angustia y solicitar ayuda. Algunos estaban a punto de ser desalojados de sus casas por mor del procedimiento ejecutivo hipotecario, aunque juraban y perjuraban que no debían nada al banco y eran víctimas de maniobras sobre las que ni siquiera se les facilitaba la más elemental información, puesto que era una sociedad fantasma la titular aparente de los créditos. Pleitear con el banco era la única solución que les quedaba, en muchos casos inviable después de encontrarse con los muebles en la calle y sin un duro para sufragar los gastos de un nuevo proceso.

En el trance en que se hallaban todas esas gentes, nada o muy poco podíamos hacer para remediar la desesperación y la impotencia de los comunicantes que depositaban en nosotros sus esperanzas. Era desolador escuchar el relato de aquella infinidad de personas que veían atónitas cómo su dinero, su casa o su negocio volaban ante sus narices sin saber por qué. Fue tan dura aquella fase de nuestra investigación que no tengo reparo en confesar el cambio profundo que experimenté entonces sobre el concepto liberal del beneficio al comprobar tan deplorables métodos. Fueron tantos y tantos los que nos pidieron ayuda y tan poco lo que pudimos hacer por ellos, que este libro es un modesto homenaje a tanta gente tratada de la manera más ruin, inmisericorde y antijurídica.

Ante un hallazgo tan amargo, nos propusimos volver la vista con efecto retroactivo para escudriñar las prácticas bancarias durante aquellos años que habían servido de argumento para justificar la intervención. Más de 16.000 créditos morosos, según afirmaba la inspección del Banco de España, habían sido los causantes de los males de la entidad, y lo cierto es que, después de nuestra investigación, no nos cuadraba una información tan autorizada transmitida un día sí y otro también a la opinión pública, según la cual Banesto estaba haciendo ímprobos esfuerzos para recuperar los créditos que, en su peculiar terminología, calificaba de «dañados». Lo que íbamos descubriendo era una prueba continua de todo lo contrario.

Cuando apareció el primer número de La Banca en abril de 1998, ya estábamos en condiciones de publicar lo que habíamos descubierto sobre las falacias en que se sustentaba la intervención de Banesto. No eran sólo los indicios inicialmente desvelados de que a los créditos del banco les sucedía algo muy raro, sino que publicamos un documento revelador: una carta, fechada el 21 de abril de 1995, que la dirección jurídica de Banesto dirigía a todas las direcciones territoriales y que por su carácter interno no podía ser más explícita: «Como ya conoces, muchos de los dudosos se encuentran situados en la SCI Gestión S.A. (no consolidable) por lo cual se produce una disfunción en el tema de las adjudicaciones de bienes a través de subasta, pues en realidad el dueño del crédito es SCI Gestión S.A., y quien se viene adjudicando los bienes es Banesto, lo que origina, además de una problemática contable, una incidencia patrimonial que hay que corregir». Nemesio Antúnez, el letrado firmante de la carta, que se extendía en recomendaciones precisas sobre cómo tenía que instrumentarse la ocultación del verdadero propietario del crédito, acababa con una lacónica recomendación: «Quiero resaltarte la importancia de este tema por la incidencia que, como podrás observar, tiene». En verdad que sí la tenía, y en qué medida: el engaño al deudor mediante una ejecución que trasladaba la recuperación del crédito a una sociedad fiduciaria, mientras el balance del banco registraba una pérdida inexistente en realidad. El caso, como puede verse, no tenía desperdicio.

La sospecha de que los créditos «dañados» fueran una ficción —más bien la certeza, habida cuenta de las pruebas de que disponíamos—, llevaba a pensar que la intervención de Banesto podía haber sido un fraude, por lo que empezamos a indagar el itinerario a que se había ajustado la drástica medida. Aún teníamos fresca en la memoria otra sonora intervención protagonizada por el Banco de España, la de Banca Catalana. Al escribir Jaque al Virrey yo había tenido que bucear en los datos relativos al banco de Jordi Pujol, de forzosa referencia en la obra, dada la trascendencia del asunto en la historia del nacionalismo catalán. El estudio paralelo de ambas intervenciones nos indujo a pensar que la metodología empleada nada tenía que ver en uno y otro caso: llamaban incluso la atención las dispares actuaciones practicadas por la autoridad monetaria. Habían pasado once años entre la intervención de Banca Catalana, lo que ocurrió en 1982, y la de Banesto, en 1993. El diagnóstico era el mismo, la hipotética insolvencia del banco, pero la receta empleada era diametralmente distinta. Conforme íbamos estudiando comparativamente una y otra intervención, nos sorprendieron los criterios antagónicos que se habían aplicado. En Banca Catalana las inspecciones periódicas realizadas por el Banco de España ya habían detectado la situación de insolvencia a lo largo de varios meses; por el contrario, el «agujero» advertido en Banesto se les había aparecido a los inspectores de forma súbita, de un día para otro, casi por revelación sobrenatural. Aquí radicaba la base incipiente de nuestra sospecha, dada la enorme cuantía del desfase patrimonial. Parecía imposible que un «agujero» tan profundo, más insondable aún que la fosa de Guam, cifrado en 605.000 millones de pesetas, suma de 16.000 créditos distintos, deambulara como un gigantesco fantasma por la contabilidad de Banesto sin ser visto por nadie a medida que iba creciendo.

La forma tan repentina en que Banesto había enfermado, una gravísima dolencia fuera de toda lógica, contrastaba con la evolución progresiva de los males razonablemente descubiertos en Banca Catalana, a quien el Banco de España había denegado el reparto de dividendos a sus accionistas solicitado por los administradores en su afán de dar una apariencia de normalidad en la empresa. Era un síntoma de que las cosas no iban bien, pero el banco de Pujol continuó funcionando, aunque a trancas y barrancas, por si podía evolucionar hacia posiciones más favorables. Cuando esta hipótesis quedó descartada, se produjo la intervención, lo que ocurrió después de ese necesario y comprensible preámbulo. Por contra, en Banesto no hubo fase previa; se habían repartido dividendos a los accionistas, los informes de auditoría no detectaban ninguna salvedad relevante, todo transcurría con normalidad. Es más, en junio de 1993, tan solo seis meses antes de la intervención, el Banco de España había autorizado a Banesto una ampliación de capital, la mayor en España hasta entonces, que fue suscrita por inversores internacionales en una parte significativa. La información económica que contenía el folleto explicativo, para animar a los inversores a adquirir las acciones que iban a ponerse en circulación, venía a estar avalada por el Banco de España al haber aprobado la documentación y autorizado la operación a que daba lugar. El folleto ponía de manifiesto la buena salud de Banesto y pronosticaba el rendimiento que los inversores iban a obtener en los años siguientes. La seguridad de la inversión estaba garantizada por la estabilidad económica del banco y sus excelentes perspectivas. La información que circuló por medio mundo tuvo un amplio eco en los ámbitos financieros de los EE.UU.; no en balde JP Morgan, el mayor banco de negocios, había liderado la ampliación.

Era evidente, pues, que en nada se parecía la situación previa de una y otra intervención. A Banca Catalana se le negó el reparto de dividendos, por la razón de que no había generado beneficios, y a Banesto se le había autorizado primero ese reparto y después una importante ampliación de capital para desarrollar su potencial en función de la solvencia que se le atribuía. No podía caber en cualquier cabeza que el Banco de España autorizara, y en el fondo avalara, la captación en el mercado de capitales de 94.000 millones de pesetas a cubrir por inversores nacionales y extranjeros, y luego, escasamente seis meses después, se pronunciase en el sentido de que el banco estaba en «quiebra técnica». Un cambio de criterio tan súbito ponía de manifiesto ante el equipo de investigación de La Banca que el Banco de España nos habían dado gato por liebre a todos los españoles.

La inspección del banco emisor atribuía a la mala calidad de los créditos otorgados por Banesto la razón objetiva de su insolvencia, por lo que a esos créditos se les calificó con la original nomenclatura de «dañados». Hasta entonces, este término, el de créditos «dañados», no se había aplicado formalmente en la terminología bancaria. Los créditos, o están vivos cuando cumplen con los requisitos y el ciclo contractualmente previstos y su evolución es normal, o son dudosos o morosos cuando ha transcurrido determinado tiempo tasado en cada caso desde su vencimiento y no han sido cobrados por principal o intereses, o se producen alteraciones sustanciales en la solvencia del deudor. Por tanto, el término «dañados» no era subsumible en las categorías crediticias reconocidas en la ortodoxia bancaria, lo que nos dio la impresión de que la inspección del Banco de España se había sacado de la manga un nuevo concepto para basar la deliberada ambigüedad de su apreciación sobre la solvencia efectiva de Banesto. Costaba creer que uno de los grandes bancos españoles, que se ajustaba en la concesión de los créditos y los préstamos a unas reglas similares a las de sus competidores, los hubiera otorgado masivamente sin las suficientes garantías. No podía colar un argumento tan infantil, aún más si cabe por lo atomizado que resultaba el repertorio de las correspondientes operaciones. En el fondo, la autoridad monetaria venía a decir que todos los morosos de España se habían concentrado de repente en Banesto, y todos a la vez habían decidido no pagar sus deudas. Porque los riesgos no estaban concentrados, se trataba de miles y miles de recalcitrantes morosos que, según parece, se habían puesto de acuerdo repentinamente para eludir sin más el cumplimiento de sus obligaciones. Lo que llegó a parecemos una verdadera plaga, producto de la picadura de algún mosquito ignoto que se cebaba exclusivamente en los deudores de Banesto.

Mas no eran éstas tan solo las discrepancias entre una y otra intervención lo que nos preocupaba: la receta para curar los males que afligían a Banesto también era esencialmente diferente a la que se había aplicado un día en Banca Catalana. La medicina empleada para sanar al banco quebrado por Pujol parecía más ortodoxa: poner en práctica una operación acordeón que redujera el capital social hasta una simbólica peseta, y a continuación restituirlo mediante una ampliación abierta a los accionistas del banco, aunque los fondos necesarios para el saneamiento salieran también del FGD al asumir el carácter de acreedor, que otorgaba a la entidad en crisis determinadas ayudas financieras.

La receta aplicada en Banesto, un tratamiento de caballo, fue esencialmente distinta. No se redujo el capital social a una peseta, a pesar de que la cuantía del «agujero» estimado superaba al de Banca Catalana. Incluso nos pareció, lo que luego confirmamos, que la dimensión artificiosa conferida al «agujero» correspondía más bien a una cuantía predeterminada para que cuadrara por las buenas, dentro de un plan previsto e irreversible que facilitase el expolio a los antiguos accionistas. De los fondos propios del banco se habían aplicado 320.000 millones de pesetas para cubrir el supuesto descalabro, por lo que todavía quedaban como capital social 65.100 millones, lo que representaba que el nominal de la acción pasara de 700 a 400 pesetas; así, en números redondos, un milagro de la matemática financiera al tratarse de un banco en crisis con miles y miles de créditos en su activo. Seguidamente, se materializó una ampliación de capital suscrita íntegramente por el FGD, que aportó 180.000 millones de pesetas e hizo suyas las acciones hasta el 73,44%. El FGD, además, aportó una subvención, tan cuantiosa como innecesaria, de 285.000 millones de pesetas en dinero público. Resultaba entonces que con los 320.000 millones de fondos propios de Banesto y los 285.000 millones de la subvención se cubrían los 605.000 millones en que consistía el «agujero» más famoso en la historia financiera del planeta.

Toda esta aplicación dineraria tan disparatada era la parte sustancial de los ingredientes con que se cocinó el pastel envenenado que, en forma de salutífera medicina, contenía el plan de saneamiento diseñado por la autoridad monetaria. El Banco de España, a través de sus agentes, sometió a la junta de accionistas de Banesto, celebrada el 26 de marzo de 1994, el plan de saneamiento, es decir el pastel a que nos referimos, como un todo unitario. Más que un plan de saneamiento se trataba de un plan de salvamento al estilo «titanic»: o lo tomas y te arruinas o te hundes con el barco. La propuesta no permitía alternativas. Los accionistas de Banesto quedaban atrapados, a la hora de emitir su voto, entre la aceptación íntegra del plan o la muerte anunciada, una dicotomía tan violenta que no les dejaba otra opción que pasar por las horcas caudinas como dóciles corderos. La junta de accionistas fue una encerrona que pasará a la historia societaria como uno de sus capítulos más vergonzosos. La junta estuvo presidida por Alfredo Sáenz Abad, nombrado por el Banco de España con funciones públicas para dirigir y ejecutar el plan de saneamiento, el cual tuvo buen cuidado en ocultar a los atribulados accionistas que aquel acto era una simple pantomima.

La modificación legal, practicada a uña de caballo con efecto retroactivo por el Gobierno socialista, permitía al FGD suscribir las acciones del banco intervenido, privando por tanto a los accionistas de su derecho a participar preferentemente en la ampliación. Ya nos ocuparemos con más detalle de tan increíble proceder legislativo. Con estos triunfos en la manga, Sáenz Abad presidió la junta y, farisaicamente, «solicitó» a los accionistas la aprobación del plan de saneamiento, que estaba más que aprobado de antemano al llevar la representación del 73,44% de las acciones. No es de extrañar que con una argucia de tal calibre el diseño del plan contuviera todas las prerrogativas para hacer y deshacer en Banesto conforme al interés del Poder, porque, tal como se habían presentado las cosas, no había razón alguna para engañar a los propietarios del banco si el «agujero» era el que se decía. Se trataba de ocultar la verdadera situación patrimonial del banco mediante la simulación de una catástrofe irreversible. Los atrapados accionistas no tenían otra manera de conocer lo que había ocurrido más que por bocas prevaricadoras.

Nuestra capacidad de asombro en La Banca, al ir conociendo los pormenores de lo que había acontecido, se ponía a prueba, día a día y paso a paso, al analizar, no obstante las dificultades con que tropezaba la investigación, la realidad del «caso Banesto». Sobre todo al convencernos de que el Banco de España estaba directamente implicado en las maniobras, por lo que procuramos tomar una cierta distancia con los hechos acaecidos y las actuaciones practicadas, ya que los datos que íbamos acopiando dificultaban la subsistencia de la necesaria neutralidad crítica. Incluso, en algunas ocasiones, nos vimos forzados a hacer un paréntesis en la investigación para no caer en posiciones que pudieran parecer tendenciosas. Pero al día siguiente reemprendíamos el trabajo sobre lo que seguía pareciéndonos un fraude de todo punto inconcebible.

No nos preguntamos tan solo cómo era posible todo lo que había sucedido en la fase previa a la intervención y en los meses siguientes, sino que, cuatro años después, queríamos saber por qué los nuevos administradores de Banesto, que se vanagloriaban públicamente de haber recuperado los créditos «dañados», no dijeran nada de devolver al FGD el dinero público de la subvención por 285.000 millones ni los 41.000 millones de intereses por el préstamo «blando». Que no lo dijeran ellos mismos era hasta cierto punto comprensible, pero que no reclamaran esas cantidades las autoridades monetarias y no monetarias daba mucho que pensar, como la actitud silente de los medios de comunicación que no decían ni pío sobre unos acontecimientos que, expertos juristas consultados por nosotros, empezaban a calificar de falsedad, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, medio Código penal, como puede verse, a las espaldas de los autores del atropello.

A pesar de este silencio espeso y sospechoso de las autoridades y los medios de comunicación, mediaba otra razón para elevar el nivel de nuestra inquietud. Todos los voceros al unísono reproducían con beneplácito cada una de las fases previstas en el plan de saneamiento. Nadie se cuestionaba que la rapidísima recuperación de los créditos «dañados» fuera producto de la insigne labor de los nuevos administradores o, por el contrario, tuviera algo que ver con la inexistencia de la morosidad invocada para justificar la intervención. La proliferación de mensajes mediáticos sobre lo bien que se había hecho todo y seguía haciéndose, contrastaba violentamente con la información de que disponíamos en La Banca. Cuando no era Sáenz Abad el que se jactaba de la magnífica labor llevada a cabo por él y por su equipo, eran el gobernador del Banco de España, el ministro de turno o el beneficiario máximo de la depredación, Emilio Botín, quienes jaleaban tales resultados como lo hace el coro de gitanos que anima con parsimonia al cantaor o a la bailaora de turno. Ante una actitud informativa tan impúdica, nos decidimos a publicar lo más esencial que nuestra investigación periodística había dado de sí hasta entonces. En abril de 1998 el primer número de La Banca estaba en los quioscos. Desconocíamos lo que nos podía venir encima, puesto que lo que publicábamos con pelos y señales era la otra cara de la verdad oficial. Abiertamente y sin mayores veladuras, apuntábamos que la intervención de Banesto ofrecía indicios manifiestos de que había sido un fraude. Dejamos muchos flecos de la investigación pendientes de exponer en todo su contenido, pero nos pronunciamos también, basados en pruebas contundentes, sobre la existencia de un «regalo» por parte de Emilio Botín a los emisarios del Banco de España, con Alfredo Sáenz Abad a la cabeza, que ascendía a la friolera de 15.000 millones de pesetas, todo por haber hecho posible la adquisición de las acciones de Banesto, lo que le había supuesto al Banco Santander un beneficio de más de un billón de pesetas y haberse apropiado de una subvención de 285.000 millones, costeada por todos los españoles, aunando así al expolio de los accionistas de Banesto el de todos los contribuyentes, y ello, además, sin pagar los impuestos que correspondían a dicha subvención. Tan ilícita operación, ideada desde el poder ejecutivo con el beneplácito de la oposición y ejecutada por el banco emisor ante la claudicante parálisis de las instituciones garantes del funcionamiento democrático del Estado, evidencia la triste realidad de tan increíble maniobra.

Al margen de este abrumador episodio de tantísimos clientes de Banesto súbitamente transformados en morosos, la edición del primer número de La Banca nos había traído también algunas llamadas telefónicas que, con un punto de ironía, calificamos entonces de misteriosas. Lo que demostraba que una reacción de tal calibre, provocada por personas tan modestas como nosotros, había ido mucho más allá de lo previsto inicialmente. Se nos había ocurrido que para inquietar todavía más a quienes presumiblemente no iba a hacerles muy feliz nuestra información, lo mejor era prescindir por el momento de lo que en el argot periodístico se conoce como «mancheta», un recuadro en el que suelen figurar los nombres del editor, el director y los principales redactores. No era una forma de escudarse en el anonimato, ya que los artículos estaban firmados con nuestro nombre completo, sino un expediente para excitar la curiosidad, e incluso la incomodidad, de quienes empezaban a preguntarse sobre quiénes eran —o podían ser— esos locos de atar que de pronto se despachaban con misiles del calibre de los que estábamos disparando. Obvio es decir que la publicación estaba registralmente inscrita en los términos apropiados, así como la sociedad mercantil que se hacía responsable de su edición. Si lo que pretendíamos era incentivar la inquietud de los recelosos o los desasosegados, acertamos de plano. En los círculos periodísticos sobre temas económicos o financieros nadie nos conocía, no teníamos el honor de pertenecer a una clase tan selecta. Más aún, hacía poco tiempo que habíamos empezado a conocer los entresijos del «caso Banesto», y de manera fortuita, según hemos visto. Una serie de circunstancias, empezando por las ya relatadas, nos habían permitido acceder a la realidad, era como tirar de un hilo sin saber siquiera si existía el ovillo, y por supuesto desconocíamos muchos de los ingredientes de los que se componía el inmenso pastel. Empezamos con un articulo de opinión publicado con el titulo «Pasteleo madrileño o solución a la catalana», en el que básicamente apuntábamos como irregular e inapropiada la intervención de Banesto al compararla con el método empleado en Banca Catalana, a lo que ya nos hemos referido. A Mario Conde le conocíamos exclusivamente, como tantos otros españoles de a pie, por las fotos que publicaban los periódicos con tanta profusión. Todo mucho más simple, como puede verse, que los alambicados comentarios que corrían en el mundillo de las finanzas, la política y la prensa, según los cuales la clave del misterio estaba en la mismísima razón social de la empresa editora de La Banca, constituida por nosotros como Ediciones Defcon S.L., de donde los malandrines de turno deducían que Defcon no era otra cosa que la contracción de Def (Defensa) y con (Conde). ¡Elemental, querido Watson! Los componentes de nuestro equipo nos reímos entonces a carcajada limpia, y nos seguimos riendo ahora, al ver hasta qué punto pueden retorcerse las cosas con tan poco sentido. Eramos conscientes, al tiempo de fundar la sociedad, de que nuestra iniciativa no iba a contar con el beneplácito de los que se amparan en el espeso blindaje de su búnker dorado, ajenos a la información que se les venía encima, por lo que llegamos a imaginar festivamente que semejante tropa se merecía que nosotros montásemos algo parecido al sistema operativo Defcon ingeniado por EE.UU. para detectar y destruir los misiles nucleares que puedan amenazar su territorio. Por tanto, Defense Control, abreviadamente Defcon, poco tenía que ver con Defensa de Conde. De ahí nuestra permanente e irreprimible hilaridad.

Disipadas las reticencias iniciales, nos decidimos con ahínco a obtener mayor información demostrativa del fraude en que había consistido la intervención de Banesto, entre lo que ocupa lugar preeminente un documento que nos pareció de excepcional valor: el contrato de transmisión de los supuestos créditos «dañados» entre Banesto y su filial SCI Gestión y el anexo con la relación detallada de los créditos «vendidos». Era la primera vez que teníamos a la vista una relación comprensiva de miles de clientes que, según el banco, eran insolventes o no habían cumplido puntualmente sus obligaciones de pago. A la vista de tan valiosa información, ya no estábamos tan solo escuchando a la pobre gente que se había dirigido espontáneamente a nosotros para contar sus penas; esta vez teníamos a la vista el nombre de un gran número de personas con el importe en libros de sus créditos y el saldo que figuraba contablemente en Banesto. Era algo que permitía lanzar nuestra investigación hacia otros horizontes mucho más amplios. A simple vista, nada más ojear la relación, nos pareció imposible que todo aquello fuera cierto. Muchos de los supuestos deudores eran entidades públicas, como ayuntamientos u otras instituciones, excluidas de la morosidad técnica por las propias normas del Banco de España. Ninguna de esas entidades puede merecer el calificativo de insolvente o morosa.

La documentación ocupaba varias cajas, y resultaba difícil analizar y comprobar que los más de 16.000 registros que contenían los listados correspondiesen realmente a créditos «dañados». Por lo que decidimos informatizar adecuadamente en una base de datos toda aquella documentación con el fin de practicar ordenaciones cuando menos alfabéticas, ya que las empresas no constaban en la relación por orden alfabético y las personas físicas figuraban con su nombre completo y no por apellidos. Y con el fin de ganar tiempo, seleccionamos de forma aleatoria determinados créditos para relacionarlos con los respectivos deudores a fin de comprobar si existía su «reconocida» insolvencia o su «manifiesto» retraso. Más de un centenar de empresas y particulares extraídos de la relación negaron en rotundo hallarse en posición deudora con Banesto: o habían liquidado el crédito o estaban al corriente de sus obligaciones. Algunos clientes se mostraron remisos a facilitar la información, pero la mayoría respondieron con sorpresa al decirles que su nombre figuraba en los estados de morosos del banco, y fueron los más los que creían que todo podía deberse a un error por nuestra parte, mientras que otros pensaban que el error podía partir del propio banco.

Mientras tanto, los datos informatizados empezaban a salir del ordenador. La primera ordenación la hicimos por el código de las oficinas donde radicaban los créditos, tratando de agrupar en una zona concreta el mayor número de clientes supuestamente morosos o insolventes; decisión que basamos en que los deudores a los que Banesto había incluido en tan deleznable categoría formaban el grupo más activo para prestarnos su colaboración de forma voluntaria. Así pudimos contar con una red de informadores, distribuida por varias provincias, dispuestos a esclarecer la realidad. Los resultados volvían a ser los mismos que inicialmente habíamos obtenido, aunque basados esta vez en un mayor número de casos. Algunos reconocían que habían sido deudores de Banesto, pero el banco había percibido hasta la última peseta bien por el pago puntual de los créditos, bien por haberse cobrado con las garantías que los respaldaban, exhibiéndonos incluso los correspondientes datos regístrales. Otros ni siquiera sabían de lo que les estábamos hablando, y se mostraban estupefactos al conocer la supuesta condición de insolventes o morosos que se les había atribuido falsamente. Cuando los contactos se elevaban a más de seiscientos, sin que nadie admitiera que había pretendido eludir o retrasar el pago, tomamos conciencia de que la mayor parte de los créditos «dañados» era un simple invento.

Una circunstancia nos intrigaba especialmente. En la relación, una columna se refería, entre otros datos, al importe del saldo deudor, y otra columna paralela concretaba la cuantía por la que SCI Gestión adquiría el crédito. Nos pareció que no existía pauta alguna de carácter homogéneo en la relación con criterios definidos para fijar las cifras, sino que todo se había hecho a voleo, al buen tuntún, para que la cantidad residual quedase prácticamente en nada. Empleamos infructuosamente muchas horas en tratar de establecer una pauta de calificación, un factor racional, de la misma manera que habíamos hecho para determinar por qué el FGD, por ejemplo, había adquirido créditos de 1.500 millones por su verdadero importe y los retransmitió acto seguido por una peseta, cuando se trataba de personas de reconocida solvencia, mientras que otros de menor importe y a cargo de titulares desconocidos dejaban un residuo de cierta entidad en la relación. El enigma no pudimos resolverlo en aquel momento. Fue meses después, al informatizar y analizar todo el listado, cuando se demostró que no existía cualquier pauta razonable en la selección de los créditos, sino que todo había partido de una cantidad prefijada de antemano para llegar a un resultado global: la subvención con dinero público a fondo perdido por 285.000 millones de pesetas. Lo que por sí mismo demostraba que el «agujero» había sido inventado y de ninguna manera podía partir de una suma de créditos individualizados que hubiesen sufrido algún daño. Con lo que podíamos asegurar que el diagnóstico certificado por la inspección del Banco de España sobre la situación patrimonial de Banesto era manifiestamente falso. Había que descartar el error, pues eran más de 600 los créditos que habíamos investigado aleatoriamente, ninguno de los cuales estaba vencido o había supuesto quebranto alguno para el banco. En la relación se habían incluido muchos créditos a los que faltaban meses o años para la exigibilidad de su cobro, sin que, conforme a nuestra investigación, existiera cualquier disminución en la solvencia del cliente que justificase la adopción de cautelas en forma de provisiones.

Con la información de que disponíamos, después de analizarla y contrastarla una y otra vez, nos decidimos a hacerla pública en la edición de julio de 1998, para lo que incluimos en La Banca un suplemento monográfico de veinte páginas sobre el «caso Banesto». Lógicamente, nos rondaba por la cabeza alguna preocupación —hay que confesarlo sin rebozo— por las reacciones que podía ocasionar una información a contracorriente de tanto calado. Nadie, en el transcurso de los cuatro años desde que se había producido la intervención de Banesto, había cuestionado la medida o había desentonado en el coro unánime y concertado de quienes sostenían, algunos de buena fe al ignorar la realidad, la desastrosa situación del banco. Los componentes del equipo debatimos largo tiempo si debíamos titular en portada las implicaciones, obvias por demás, que habíamos detectado en la actuación del Banco de España. Hemos de reconocer, a fuer de sinceros, que la denuncia de un previsible expolio se había formulado inmediatamente después de la intervención, pero de tal manera que todos los medios de comunicación, especialmente los de Polanco, se cuidaron de que la opinión crítica a que nos referimos no tuviera virtualidad práctica. Tan solo habían pasado veinte días desde la intervención de Banesto y el escándalo era de órdago a la grande. Seguían resonando con fuerza los ecos de la campanada; no se hablaba de otra cosa de tejas para abajo, e incluso de tejas para arriba. La opinión pública daba por supuesto —ya lo hemos dicho— que el banco estaba en la miseria más absoluta por culpa de una caterva de desaprensivos, los consejeros depuestos, y la inmensa mayoría de los ciudadanos pensaba que esos administradores desleales «se lo habían llevado crudo». Alguien, sin embargo, intuyó entonces cuál sería el final de Tosca, prediciéndolo con la más clarividente exactitud. El 18 de enero de 1994 El Mundo publicaba un extenso trabajo de Gerardo Ortega y Ramón Tamames, de los cuales facilitaba los datos precisos para su innecesaria identificación, dado su prestigio académico y corporativo: «Ramón Tamames es doctor en Derecho y en Ciencias económicas y catedrático de Estructura económica». (Añadamos que actualmente es también catedrático de la Universidad Jean Monnet de la Unión Europea). Y del segundo el periódico decía esto otro: «Gerardo Ortega es economista, auditor de cuentas y Decano del Colegio de economistas de Madrid». Se trataba, pues, de dos figuras excepcionalmente cualificadas en temas financieros para emitir una opinión técnica sobre el espinoso y resonante asunto de la intervención. Ambos autores se atrevieron entonces, pocos días después de la «ejemplar» actuación del Banco de España, a ir contra corriente y hacerlo sin medias tintas o cualquier convencionalismo marcado por la oportunidad, habida cuenta del clamor dispuesto por el Poder. Entre otras cosas, expuestas en la misma línea argumental, los autores del artículo sostenían: «…la operativa del acordeón implica una fórmula muy barata para que los más avisados puedan quedarse con el Banesto. Acabaría siendo, pues, una confiscación bendecida desde las alturas a favor de los más poderosos. En suma, la reducción de capital vía acordeón solamente sirve para abaratar y asegurar la toma de control del Banco Español de Crédito por quienes suscitan tal mecanismo. El resultado final de tal operación aparecería meridianamente claro: un competidor menos, menos competencia y mayor concentración económica… Se ha dicho que la reducción de capital vía acordeón es lo más adecuado para hacer pagar el coste de la crisis a sus anteriores administradores y evitar que puedan volver a tomar el control de banco una vez saneado. Eso sólo sería cierto, y dudosamente, en una parte. Y está claro que no puede castigarse a miles de pequeños accionistas con una especie de macabro “café para todos”, con el pretexto de sancionar a los grandes…». Sólo les faltó a los dos autores dedicar premonitoriamente su trabajo al presidente del Banco Santander como augurio de su brillante pelotazo por un billón de pesetas.

Implicar al Banco de España era tanto como profanar el santuario del sistema económico, una incalificable herejía que nadie había osado cometer hasta entonces. Sin embargo, nosotros estábamos seguros de poder acreditar las múltiples irregularidades advertidas a través de nuestra investigación. Desconocíamos en aquel momento el perímetro exacto hasta el que se extendía el fraude, pero sabíamos a ciencia cierta de su existencia y hasta presumíamos su verdadera magnitud. No podíamos cuantificarlo globalmente aún, pero los datos fehacientes y los indicios recopilados revelaban el expolio causado a los antiguos accionistas. Finalmente, nos decidimos por colocar en la portada este titular: «El Banco de España implicado en el fraude. La dimensión del “agujero” de Banesto está simulada». Afirmar que el «agujero» estaba simulado era lo más a que podíamos llegar entonces conforme a una elemental prudencia.

Para prever los posibles efectos de cualquier actuación en derecho contra nosotros, unos días antes de publicar lo investigado nos pusimos en contacto con el departamento de comunicación del Banco Santander, el gran beneficiario con la adjudicación del banco intervenido y, en definitiva, su mayor accionista. A través del fax correspondiente, remitimos de pe a pa lo que proyectábamos decir, y anticipamos, con elemental honradez profesional, la mejor disposición para recoger en nuestras páginas cualquier puntualización al respecto por parte del banco. Incluso llegamos a ofrecer que si algún aspecto de la información se entendía erróneo o incompleto, estábamos dispuestos a modificarlo, completarlo o suprimirlo, después de que hubiésemos cambiado impresiones sobre la discrepancia. Dio contestación telefónica a nuestro fax el responsable de los servicios de comunicación del Banco Santander, Federico Ysart, que lanzó contra nosotros, como un consumado energúmeno, toda clase de improperios y amenazas. El hombre, desquiciado, llegó a asegurar que si la información se publicaba al fin, «los servicios jurídicos del Santander nos iban a machacar como a un gusano». Para nada se refirió nuestro moderado interlocutor a cualquier inexactitud o falsedad en nuestro trabajo, que desde entonces, y a la vista de lo sucedido, nos pareció irrefutable con carácter iuris et de iure. La coacción ejercida por el personaje se extendió más allá de las acciones judiciales al entrar sin rodeos en el terreno personal contra nosotros. En este punto me veo obligado a reconocer un hecho cierto: al finalizar la conversación telefónica con el airado representante del primer banco del país, más bien un monólogo a su cargo, mi ánimo se llenó de inquietud y de dudas. Antes del incidente pensaba que había acumulado el valor necesario para tomar la decisión de que nuestro periódico publicase libremente la información obtenida, pero, después de haber hablado con Ysart, me eché las manos a la cabeza haciendo cábalas sobre lo que se nos venía encima. Sin embargo, recuperado a duras penas de las sombrías advertencias de don Federico, volvió a quedar todo en su sitio. Como director del periódico, dispuse la publicación inmediata de toda aquella información sin modificar una tilde, a pesar de la impresión que nos produjo a todos las explícitas amenazas. Y dijimos entonces varias cosas más en nuestras páginas: que la evaluación del Banco de España sobre la crisis de Banesto era errónea, que el «agujero» estaba simulado, que la interposición de SCI Gestión era un instrumento para ocultar el recobro de los activos dañados, y que Botín había sobornado a los agentes del Banco de España para que diagnosticaran una situación patrimonial manifiestamente falsa con el fin de hacerse con Banesto a precio de chatarra. Tampoco nos dejamos en el tintero que, por lo que se deducía de nuestros informes, la intervención del banco parecía el fruto de una conjura político-financiera. Y publicábamos un extracto de las listas fraudulentas de los créditos analizados y las argucias empleadas para simular el impago o la insolvencia. Todo lo cual no era ni mucho menos la disparatada elucubración de un puñado de locos empeñados en comprometerse de una manera estúpida mediante juicios de valor infundados, sino un trabajo de investigación basado en pruebas documentales contundentes. Unas pruebas que hasta ahora nadie, ¡nadie!, se ha atrevido a desmentir o rectificar en una sola palabra siquiera.

El primer número de La Banca levantó una viva expectación en el club de los corsarios y sus inductores, aunque se tratara de leves pinceladas en parangón con lo que realmente había sucedido. Pero esa edición, en la que se daban referencias concretas sobre lo que se presumía como un fraude a gran escala, multiplicó las reacciones de todo tipo. Mientras que los protagonistas del engaño daban la callada por respuesta, a pesar de la dura advertencia en forma de amenazas inusitadas que había caído sobre nuestras cabezas, múltiples afectados por el expolio se relacionaron con nosotros para proporcionarnos muchos más datos, entre ellos varios abogados con bufete abierto en distintas ciudades del país relacionados con estos mismos asuntos que les había encomendado un sinfín de damnificados por la actuación oprobiosa de los nuevos administradores de Banesto. Lo mismo que había ocurrido en la primera etapa de nuestra publicación, pero con una dimensión mucho mayor y con datos mucho más completos y contundentes.

Al conjunto de deudores afectados por las maniobras del banco intervenido, se añadió otro de no menor significado: el de sus accionistas, que habían visto como el valor de sus títulos se quedaba en nada de la noche a la mañana. Entre ellos estaban muchísimos empleados que habían sido conminados en su día por la dirección para adquirir acciones del banco. Un gran número las habían suscrito en la macroampliación de capital unos meses antes de la intervención. Y figuraban también los accionistas minoritarios, muchos de los cuales eran clientes del banco engatusados por los respectivos directores para que suscribieran acciones en esa misma ampliación, con el señuelo de que iban a obtener un rendimiento tan extraordinario que les permitiría cubrir todos los costes del préstamo ofrecido a título de personalísimo favor: un buen cliente se merece esto y mucho más, aunque la oferta sea tan ventajosa que, por favor, no se lo cuente usted a nadie. Los empleados reconvertidos en accionistas ocasionales y unos clientes tan privilegiados estaban que trinaban contra la intervención, se sentían engañados con algo parecido al timo de la estampita, y razones tenían para ello. La cotización de las acciones se había hundido, pero los préstamos concertados para la adquisición de los títulos permanecían vivos y Banesto los reclamaba sin contemplaciones, incluso por vía judicial.

La otra rama de los accionistas justamente indignados eran los de toda la vida, los que suelen invertir sus ahorros en bolsa por convicción o por costumbre. Sin lugar a dudas, el grupo más activo y que reivindicaba con sobradas razones una solución equitativa al atropello era el liderado por María Victoria de la Muela, una mujer tenaz que preside una asociación denominada Reagrupamiento de Accionistas de Banesto. Cuando establecimos contacto con la presidenta, ya estábamos acostumbrados a dar la misma explicación sobre nuestro pedigrí. El fantasma de Mario Conde iba a donde fuéramos nosotros. El estigma formaba parte inevitable de cualquier entrevista o cualquier situación o información en que interveníamos sobre el «caso Banesto». María Victoria de la Muela, mujer de firmes convicciones, necesitó una larga transición para que pudiéramos disipar el «efecto Conde», con cuya gestión presidencial ella se había mostrado especialmente critica, hasta el punto de señalarle como el responsable directo del desaguisado. Lo cierto es que esa avalancha de comunicantes apaleados se produjo sin que los demás periódicos se hubiesen hecho eco en lo más mínimo de lo que publicó La Banca, lo que venía a confirmar el silencio espeso mantenido a lo largo de todo el tiempo sobre la verdad del «caso Banesto». La disculpa que oíamos a muchos colegas que trabajaban en otros medios consistía en que su dirección estimaba que el asunto ya formaba parte de la prehistoria periodística; se trataba de algo no solo caduco, sino obsoleto, y ni al apuntador podía interesarle a esas alturas que le contasen algo distinto de la verdad oficial.

Por primera vez, la perspectiva que se ofrecía ante nosotros nos permitió apreciar globalmente la chapuza de la intervención. Por lo que en la edición de octubre 1998 nos tomamos el lujo de precisar lo sucedido con mayor profundidad y contundencia: el mensaje de que la dimensión del «agujero» estaba simulada se completaba con una calificación mucho más concreta, según la cual el «agujero» nunca había existido. Y llevamos a la portada este titular: «Pánico en Banesto al descubrirse que expolió a los accionistas. Al año siguiente de la intervención por el Banco de España se recuperaron 596.696 millones de los 605.000 estimados como “agujero”». Nuestra información no estaba sujeta a deducciones improvisadas o endeblemente construidas; se trataba de datos oficiales y públicos absolutamente precisos. Ni el más iluso, ni siquiera el tonto más tonto del pueblo podía creerse ya la fábula del «agujero». Los datos estaban ahí, enhiestos, sin lugar a dudas. En 1991 Banesto había otorgado 2,2 billones de pesetas en créditos a su clientela, y los que se calificaban como dudosos eran 76.000 millones, lo que representaba el 3,3% del total. En 1992, con 2,3 billones en créditos concedidos, el porcentaje de dudosos era de 8%. Este año fue funesto para toda la banca en general, y Banesto, lógicamente, se vio afectado igual que sus competidores por el incremento de los impagados. Pero lo sorprendente viene a continuación. En 1993, el año de la intervención, los mandamases del Banco de España aseguraban haber detectado 751.000 millones de pesetas en 16.000 créditos «dañados» entre los 2 billones largos de la cartera crediticia de Banesto. Súbitamente, pues, en el 37,5% del montante de los créditos concedidos a los clientes, éstos se habían marchado sin pagar diciendo «adiós y hasta la próxima», o habían puesto a buen recaudo sus bienes. Pero si escandalosa resultaba la concentración artificial de morosos, más sospechosa aún fue la súbita reconversión de tantos pecadores a los deberes del buen pagador. En 1994, al año siguiente del cataclismo, tan solo el 8% del total de los créditos mantenía esa calificación. De los 1,9 billones de pesetas en créditos concedidos, 154.000 millones estaban en situación dudosa; en 1995, el porcentaje era del 7,9%, y en 1996, del 5,7%. Todos estos números, que eran datos oficiales, extraídos por nosotros de la documentación del banco y de la CNMV, determinaban el verdadero carácter del «agujero», fabricado con malas artes para sacar una foto trucada, una instantánea en la que, además, pudiera verse a los antiguos administradores llevándose el dinero a espuertas.

Pero resulta que a esta clase de trucos, a los que suele fallar los aspectos secundarios, en el «caso Banesto» se resquebrajó tanto lo accesorio como lo principal. Lo principal en ese caso, al habernos hecho creer que 16.000 deudores del banco se habían largado sin pagar todos a una, algo tan infantil que ni siquiera puede servir de argumento al cuento más pánfilo e inverosímil. Centenares de aspectos contradictorios podrían traerse a colación, aunque elijamos ahora la perla publicada en aquella edición de La Banca para hacer bueno, una vez más, que por la boca muere el pez. Durante su comparecencia ante el Tribunal que juzgaba el «caso Banesto», se le preguntó a Alfredo Sáenz Abad si era cierto el texto que figuraba en la página 52 del F20 del Banco Santander referido a Banesto, según el cual «durante el año 1994, 219.500 millones calificados como morosos y dudosos a principio de año volvieron a su situación normal, añadiendo 144.400 millones de tales préstamos que fueron recuperados de otro modo». A Alfredo Sáenz no le quedó más remedio que contestar, aunque en voz muy baja y con el laconismo propio de su estilo: «Son ciertas las cifras».

Y seguimos indagando en lo que más conocíamos, la almendra del expolio, la base misma del engaño: los créditos «dañados», a través de los contratos y las escrituras públicas que contenían los anexos con los miles de infortunios financieros que supuestamente había padecido el banco. Para entonces ya disponíamos de los datos informatizados en nuestra propia base después de un intenso trabajo. Con las ordenaciones, las agrupaciones y los cálculos que nos permitía la informática, podíamos asegurar que había sido el Banco de España el fabricante del «agujero», y su instrumento el FGD, para regalar innecesariamente a Emilio Botín fondos públicos por 285.000 millones de todos los españoles sin justificación alguna, amén de otras sustanciosas gabelas, como intereses favorabilísimos y una abultada exención impositiva hecha de tapadillo y con el tufo prevaricador más hediondo. Tanto el Banco de España como el FGD habían tenido que contar con la complicidad de la auditora Price Waterhouse, sin la cual no habría sido posible falsear la realidad patrimonial de Banesto. Encontrábamos por fin explicación suficiente a lo que nos había traído de cabeza durante tanto tiempo. En la documentación aportada por el auditor estaba la clave del engaño documental; era tan evidente lo que se ofrecía ante nuestros ojos que parecía imposible no habernos percatado antes de semejante dislate. Cada protocolo en que se subdividía el pago del FGD a Banesto contenía dos listas con la relación de los créditos «dañados»: una con la firma de los auditores y otra aportada por Banesto. El neto contable de la cuantía a cubrir por el Fondo había cambiado de posición al calificarse los importes como simples provisiones. Por tanto, lo que finalmente pagó el FGD fue una cantidad artificial asignada en concepto de provisiones, cuando en teoría lo que debía cubrirse era lo no provisionado. Se explicaba así, como antes decíamos, que no hubiésemos encontrado hasta entonces pauta racional alguna en nuestro análisis, ni siquiera cuando tuvimos informatizada la relación que había confeccionado Banesto. Siempre habíamos pensado que el contenido de una y otra relación eran copias con distinto membrete. Con una argucia tan simple al utilizar de «muletilla» la relación del auditor para legitimar la procedencia del descalabro, los audaces corsarios se habían salido con la suya para engañar al más pintado. Price Waterhouse mintió descaradamente en sus informes, aunque lo hiciera mediante el lenguaje críptico que utilizan de continuo las firmas de auditoría, tan bien pagadas en tantos casos para ocultar este tipo de fraudes. Su complicidad fue necesaria de todo punto para vestir el muñeco con tan estrambótico ropaje.

En abril de 1999 ya estábamos en condiciones de sostener y publicar en La Banca que el famoso y tópico «agujero» de Banesto era un cuento chino, por lo que llevamos a la portada el siguiente titular: «El Banco de España fabricó el “agujero”. Banesto, KO. Los 285.000 millones expoliados de los fondos públicos, al bolsillo de Botín». Se había agotado la etapa de aludir simplemente a la implicación del Banco de España en el asunto bajo una interpretación formulada con fundamento, lo que no era poco, pero ahora podíamos sostener documentalmente que el máximo organismo de control financiero había sido el protagonista principal del fraude. El gobernador del Banco de España, Luís Ángel Rojo, el mismo que firmaba los flamantes billetes que circulan de mano en mano, y su secuaz, el subgobernador Miguel Martín, eran los responsables inmediatos de la tropelía. Así lo publicamos entonces, y nadie dijo esta boca es mía. Por otra parte, atrevernos a sostener que los 285.000 millones de fondos públicos aportados en concepto de subvención estaban en el bolsillo de Botín tampoco era una osadía sin fundamento, porque ya habíamos avanzado suficientemente en la investigación sobre el destino de la inmensa fortuna esquilmada a los accionistas de Banesto. La demostración fehaciente de todos estos asertos sería nuestra mayor preocupación profesional. Creo sinceramente que lo conseguimos. El Banco de España, la institución que un día tuvo tanto prestigio, permaneció una vez más muda, sorda y ciega ante nuestras acusaciones.

UN PEDIGRÍ HECHO DE ENCARGO

«Hay una falsa modestia que es vanidad, una falsa grandeza que es pequeñez, una falsa virtud que es hipocresía y una falsa sabiduría que es ignorancia»

(LA BRUYÈRE)

El 25 de abril de 1994 el Banco Santander se adjudicó Banesto mediante la subasta de sus acciones propiciada por el FGD. El precio ofertado por cada título fue de 762 pesetas, a cuyo precio el Santander adquirió 450 millones de acciones. De las cuales, 369 millones pasaron a la titularidad definitiva del adjudicatario y los 81 millones restantes habían de ajustarse al compromiso del Banco Santander de poner los títulos a disposición de los antiguos accionistas de Banesto para que pudieran adquirirlos a su valor nominal de 400 pesetas.

Cuando se trata de concertar obligaciones de contenido patrimonial, un buen banquero «con instinto criminal» (Sáenz Abad dixit) las cataloga bajo la premisa de quién es el llamado a cumplirlas. Si la obligación ha de ser atendida por un tercero siempre es de obligado cumplimiento, lo que no sucede cuando corre a cargo del propio banquero. Lo cierto es que un halo de misterio se cernió sobre los 81 millones de acciones que debían ser puestas a disposición de los antiguos accionistas de Banesto, en lo que se desplegó una inconcebible serie de argucias para que los títulos a bajo precio no llegaran a todos sus iniciales destinatarios, ya que determinadas entidades vinculadas al banco, como explicaremos en su momento, dejaron de acudir a la opv, por decisión exclusiva de los nuevos administradores, en perjuicio manifiesto del propio banco en el que ellos desempeñaban funciones públicas de inexcusable observancia.

Todo parecía apuntar a que el BBV acabaría adjudicándose Banesto, pero no ocurrieron las cosas conforme a lo previsto. El Banco de España había encargado al BBV apuntalar con su personal directivo la administración provisional del banco intervenido. Pero Emilio Botín, sabedor de lo que estaba en juego, se las compuso para convencer a Alfredo Sáenz Abad de que se aprestase a abandonar el proceloso mar vascongado, por el que navegaba con notorias dificultades, y buscase refugio en el puerto abrigado que le ofrecía con inusitada generosidad en el litoral montañés. El brillo de estas ofertas deslumbra irremisiblemente al tipo de trepadores que reniegan hasta de su mismísimo padre, por lo que la información privilegiada sobre la verdadera situación patrimonial de Banesto subió, veloz y puntual, hasta la planta noble del banco cántabro.

Cuando el Gobierno, a través del FGD, convocó el concurso público para la venta de las acciones de Banesto, sólo dos contrincantes se enfrentaban en parangón, el BBV y el Santander. Un tercero, Argentaría, concurría también, pero en broma, a título de comparsa aquiescente a las órdenes del mando: el ejecutivo socialista había dado instrucciones a Francisco Luzón para que representara un papel simbólico, un papel mojado más bien, si ustedes prefieren que afinemos la precisión. Botín, con la mejor información en su poder, jugaba a caballo ganador: el 25 de abril de 1994, cuando se abrieron las plicas, su oferta era la más ventajosa. El de la Montaña, siempre acostumbrado a salirse con la suya, había hecho el negocio de su vida: adquirir de balde, lo que resulta mucho más ventajoso que comprar a precio de saldo, uno de los grandes bancos españoles, el de más tradición, el de mayor prestigio, el de más valor intrínseco, el oscuro objeto de su deseo. Debió ser por la emoción del momento, o no se sabe por qué extraña sinrazón, la oferta del Santander no llevaba la firma del oferente. Aunque parezca mentira, Botín había hecho una oferta sin poner la huella dactilar, mas en la práctica hispánica no importó para nada un accidente tan baladí: el sumiso gobernador, siempre tan solícito con el arrollador financiero, le pidió que estampara la firma en el papel, si es que persistía su oferta, lo hizo al punto y todos tan contentos. ¿Hubiese procedido Rojo de la misma manera si en vez del Santander se hubiese tratado de cualquier otro banco, un banco extranjero por ejemplo? España y yo, señora, somos así.

La adjudicación de Banesto fue un negocio de los de verdad, de esos que sólo están al alcance de los omnipotentes dioses de las finanzas, los cuales sin poner un duro se llevan a casa todo el pastel, y hasta el repostero y el horno si se les antoja. Cuando finalmente el Banco Santander pagó el precio comprometido para la compra de Banesto, el FGD ya había ingresado en la entidad intervenida el importe de la subvención pública, equivalente a lo que iba a desembolsar Botín. El resultado, pues, fue lo comido por lo servido, o dicho como hoy se estila, gratis total, y ello por «algo» que valía un verdadero potosí. Una generosidad tan inusual, que le valió al Santander el bonito «pelotazo» de más de un billón de pesetas, contrasta con la diligencia del Ministerio de Hacienda cuando se trata de la recaudación tributaria que afecta a los millones de súbditos del Reino obligados a firmar la nómina cada mes, mientras que a Emilio Botín, acusado por la Audiencia Nacional de defraudar al Fisco una inmensa fortuna por el timo multitudinario de las «cesiones de crédito», falseando y suplantando la identidad de la clientela para lavar dinero negro y evadir el pago de los impuestos exigidos por la ley, se le premia con mil millones de millones de pesetas, la fruslería que ha ganado con la adjudicación de Banesto. No es extraño, pues, que su fortuna desborde todo lo previsible, en gran parte a expensas de las arcas públicas.

Para ser tan rico es imprescindible de todo punto cubrirse con el sobrio ropaje de los fariseos. En noviembre de 1995, el Banco Santander organizó un congreso en Londres, junto a su socio el Royal Bank of Scotland y la sociedad de servicios financieros Nations Bank, para debatir las estafas y demás fraudes de que son víctimas los bancos a manos de los expertos en quedarse con lo ajeno. La preocupación del Santander por tan apasionante materia, de la que se nutre lo mejor del cine negro, puede tener su explicación, si nos damos al psicoanálisis, en las misteriosas prácticas a que se consagra la propia entidad. Porque un halo enigmático continúa cerniéndose sobre las acciones de Banesto adquiridas en la subasta a la que concurrió el Santander con su pliego sin firma. Se trata de Administradora de Títulos, S.A. (Atisa), titular de las acciones subastadas. El Banco Santander había «refugiado» en dicha sociedad los títulos de Banesto adjudicados en 1994, pero en muy pocos días, los que faltaban para acabar el mes y con ellos el ejercicio, Atisa presentó pérdidas insospechadas por más de 84.000 millones de pesetas. Los administradores del Santander nunca han dado explicación alguna, ni han justificado de cualquier manera tan abultado desastre financiero acaecido precisamente en el ejercicio 1994, un ejercicio en el que el valor de las acciones de Banesto no registró la menor depreciación bursátil.

No es anómalo, por tanto, que Emilio Botín y su familia detenten una inmensa fortuna. La revista Forbes publica anualmente el listado de los personajes más ricos del universo. Por lo general, el patrón de Microsoft, Bill Gates, y el sultán de Brunei pugnan por el primer puesto, dado que las oscilaciones monetarias y el diferente origen de sus patrimonios convierten la lucha por el liderato en un constante toma y daca. En esa nómina deslumbrante, el primer español que aparece con todos los honores es el presidente del Banco Santander, Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos. Concretamente, la última edición de Forbes le asigna el número 25. La ficha explica algunos detalles biográficos que incluyen también un incompleto repertorio de las razones básicas por las que el banquero y su ilustre familia pueden codearse con la élite mundial de las grandes fortunas. La ficha publicada por la revista dice escuetamente:

«Emilio Botín (Santander), 63 años, casado con 6 hijos. Riqueza neta: 9.300 millones de dólares. Fuente de la riqueza: Banca (heredada). Llamado a la fama: bajo la dirección de Emilio Botín, el Grupo Santander continúa su agresivo crecimiento, además de ser el principal banco extranjero en Latinoamérica, los Botín miran ahora hacia Asia. Se cree que la familia Botín tiene en propiedad el 25% del Grupo Santander cuyo valor bursátil se ha doblado durante el último año. También posee el 8% de Bankinter. Otras actividades: la familia esponsoriza un concurso anual de música clásica».

Con toda razón ya lo había dicho su padre: «Ricos, lo que se dice ricos, somos muy pocos en el mundo». Si Emilio Botín hijo figura entre los 25 más opulentos del planeta, es obvio que le corresponde el primer puesto entre los españoles. «Si se quiere salir en la foto hay que moverse»; con esta frase, parodiando a Alfonso Guerra pero a la inversa, Emilio Botín, copresidente del BSCH, desveló el 15 de enero de 1999, cuando anunció la primera fusión bancaria en euros, la clave de su éxito inconmensurable. Siempre ha dado el primero y lo ha hecho sin anunciarlo, como se estila en el arte del boxeo. Y así ha sabido adelantarse a sus competidores desde que tomó en 1989, con 52 años, el relevo presidencial del Santander. Y permanecerá de igual suerte —si Dios y la justicia lo permiten— hasta el año 2007, cuando al cumplir los 72 se retire de la actividad bancaria. (Sus enemigos rezan con fervor para que no cunda el ejemplo de Manuel Fraga). Incansable trabajador (los que le conocen bien aseguran que es capaz de despertar a sus ejecutivos a cualquier hora de la madrugada para hacerles una consulta o darles una orden), este santanderino poco querido por tirios y troyanos ha logrado aupar desde la séptima hasta la primera posición a la entidad que preside, y extender sus ávidos tentáculos por medio mundo: en Europa el BSCH es ya el primer accionista de gigantes financieros como la Société Genérale o el Royal Bank of Scotland. Rompió las reglas de la llamada, tan notoria como impropiamente, «comunidad bancaría» nada más llegar a la presidencia, saltándose a la torera el pacto sobre tipos de interés y abriendo con el mayor descaro la guerra de las supercuentas. Más tarde, libró con idéntico «instinto criminal» la pugna por la dimensión del banco: en la órbita de su poder, acaba el milenio sumando a su emporio el BCH y a Banesto, sobre todo Banesto, su sueño dorado.

Suelen pasar por alto un detalle significativo los que describen las proezas de Botín y familia, y es lo que decía su padre una y otra vez al referirse a su fortuna personal: «Todo está en acciones del Santander». Lo que no es cierto porque los caudales de esta gente no han recorrido un camino paralelo a la capitalización del banco. Ahí están las memorias anuales de la propia entidad y los datos oficiales de la CNMV para demostrarlo. Aunque el valor de los títulos se haya revalorizado en progresión aritmética, la fortuna de los Botín lo ha hecho en progresión geométrica. Alguna razón más debe existir para que tan agraciados personajes, a diferencia de los míticos conquistadores, hayan sido capaces de llegar al inaccesible Eldorado. Los de la Montaña, que suelen tomarse las cosas a chacota con bastante retranca, aseguran muy serios que los Botín gozan de un insospechado privilegio teológico consistente en que todos ellos, cuando mueren, van derechos al cielo: «La razón es obvia —aseguran—, al cielo se va por las buenas acciones, los Botín han distribuido las malas entre su clientela».

Indicios de operaciones singulares perpetradas por esta gente, haberlos haylos. La dimensión alcanzada por el banco y la peculiar manera de ejercer el poder, al estilo de las monarquías absolutas, hacen que un cuantiosísimo caudal, en principio correspondiente a la entidad, figure como «desvanecido» en paraísos fiscales fuera del alcance, y aun de la vista, de los accionistas del banco. Un síntoma de tales manejos afloró en julio de 1998. La tentacular y temible DEA norteamericana culminaba una operación que había iniciado tres años antes, cuando el Gobierno de Estados Unidos se propuso poner coto al blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico a través de la banca mejicana. La operación, muy sonada por lo espectacular de su preparación y lo rocambolesco de su desenlace, llevó a la detención de Jorge Reyes Ortega González y Antonio Muñoz Tirado, directivos del Banco Santander. Reyes era el gerente en Tipatitlán, y Muñoz el director de la agencia en Tijuana, el punto fronterizo de tanta fama en las tenebrosas andanzas de los narcos.

Los directivos del Santander fueron detenidos en una redada junto a 26 colegas de otros bancos. La operación la había preparado la policía de la Unión, que se las ingenió para atraer a los directores de los diferentes bancos que operaban en Méjico. Los agentes, disfrazados de comisionistas de múltiples personas interesadas en blanquear dinero, y bajo la tapadera de una empresa ficticia denominada Emerald Empire Corporation, citaron a los directivos bancarios a un «simposio» (¡hay que ver lo que hoy día dan de sí los simposios!) en el casino «Casablanca» —de ahí el nombre de la operación—, emplazado en un lugar tan seductor como Las Vegas. El temario del singular encuentro era del mayor interés para la gente del Santander: como a todos sus colegas, se les invitaba a intervenir en diferentes sesiones sobre técnicas de blanqueo para dar a la justicia —penal o tributaria— gato por liebre. La primera noche, al acabar la cena en un lujoso restaurante, los organizadores —policías todos— invitaron a los participantes a tirar de la oreja a Jorge —eso sí, prudentemente, como corresponde a honrados bancarios— en uno de los casinos más esplendorosos. Para recorrer el breve trayecto dispusieron de una limusina para cada uno de los invitados, pero la cosa no acabó como en los cuentos de hadas: el destino final del viaje fueron las dependencias policiales, no el emporio del juego. La operación Casablanca incomodó sobremanera a las respectivas cúpulas bancarias: se estaba acusando a sus diligentes directivos de haber percibido la comisión de un centavo por cada dólar blanqueado. «Inaudito», «intolerable», «insultante», era lo menos que podía decirse de tan burdo truco policial montado sin el menor fundamento, si bien cada banco «se ponía incondicionalmente a la total disposición de las autoridades norteamericanas» para deshacer el entuerto. Faltaría más. De haber algo recusable, que por supuesto no lo había porque no podía haberlo, claro está, eran cosas de ese personal de rango inferior sin facultades de disposición: las grandes fortunas degluten de ordinario las más sustanciosas prebendas, bajo el signo de la ortodoxia, urdidas por gente menor en provecho del amo del cotarro, exento siempre de los riesgos que indefectiblemente corre la fiel infantería. Para eso están los Uclés y los Benjumea de turno. El Gobierno francés acaba de ordenar a la banca que refuerce con gran rigor la vigilancia de los paraísos fiscales y Laurent Fabius ha dispuesto que las instituciones financieras, públicas o privadas, «tomen todas las medidas para poner en práctica y controlar la aplicación efectiva de esta exigencia». De los Pirineos para abajo, como apacible contraste con esos franceses tan violentos y desorbitados, se sigue brindando con el mejor champán. ¿Será por champán?

El hiperactivo Emilio Botín ha heredado de su padre el estilo más agresivo y desenvuelto que cabe imaginar en el ejercicio de la actividad bancaria y parabancaria, algo que ha permitido el imparable ascenso de su banco durante los últimos años. Lo que ya se había cimentado, cuando menos en experiencia, con las espectaculares operaciones de su antecesor, el mítico don Emilio, que consiguió alcanzar unas metas consideradas como inabordables. Su abuelo Emilio Botín López, un venerable caballero de tres al cuarto y sin el menor relieve en aquellos tiempos de austeridad y escaseces, decía que en los negocios «hay que jugar siempre con ventaja, con un as en la manga». La norma del nieto es aún más terminante: «Hay que devorar antes de que te devoren». Entre el abuelo y el nieto, el verdadero don Emilio, prácticamente el primero de la saga, solía decir: «Quien da primero da dos veces». (La verdad es que estos buenos señores dicen cosas bastante simples por lo general, aunque llenas de buen sentido). Ésta ha sido la marca de la casa, la impronta que, en palabras de sus colaboradores más directos, limpia, fija y da esplendor tanto a la entidad como a la familia que dicta su ley, una familia que en tan poco tiempo ha conseguido una inmensa fortuna: residencias palaciegas, extensísimas fincas rústicas para la expansión cinegética, jets privados, el mayor barco de recreo del mundo, valiosas pinacotecas, sociedades fantasmales en el extranjero de carácter y contenido insondables…, una parte tan solo de los dominios —casi siempre herméticos— de la saga Botín. Ni que decir tiene que todo esto corresponde por propio derecho a un poder taumatúrgico de la familia verdaderamente sobrenatural, porque si examinamos las memorias del banco y la documentación contable de las demás sociedades filiales y participadas, los Botín, que aseguran invariablemente, poniéndose muy serios para decirlo (mentir también puede ser un arte), que sólo se han dedicado durante toda su vida a trabajar en la entidad y por la entidad, lo cierto es que han cobrado por sus diversos cargos una cantidad global que dista años luz de la inmensa fortuna que calcula Forbes. Sumando lo percibido en todos esos ejercicios del banco y añadiendo el plus que ustedes quieran, estaríamos entre siete y ocho mil millones de pesetas. ¿Cómo es posible, pues, que esta cifra se haya multiplicado hasta el infinito? Y no digamos nada de los impuestos, que sin duda alguna los Botín habrán pagado puntualmente a la Hacienda Pública al obtener tan astronómicas ganancias. Resulta extraño que los sesudos periodistas de investigación, con su profundidad característica, no hayan ido en pos de tan fecundísimo ejemplo de actuación financiera en beneficio propio capaz de deslumbrar al más pintado.

Como si de un rey Midas se tratase, el Emilio de ahora convierte en oro cuanto toca, sobre todo para sí mismo, aunque deje en cueros vivos a los tocados. Muñidor de los cuantiosos bienes que heredó de su padre, actúa como un verdadero mago de las finanzas que en poco más de diez años ha provocado una verdadera revolución en el mundo bancario. A los 26 años fue nombrado consejero del Santander, lo que acaeció en 1960, para acceder a la presidencia en 1986, tras haber permanecido tascando el freno a la sombra de su progenitor, una sombra alargada, a veces incómoda, que llegaba a diluir y empequeñecer un tanto su figura.

La vida bancaria de Emilito, como se le empezó llamando —ahora es don Emilio, claro—, no fue fácil. Luchó denodadamente para quitarse de encima el sambenito de heredero tosco y sin grandes ideas que injustamente le habían colgado sus enemigos. La historia se ha encargado de demostrar lo contrario, aunque, curiosamente, aún no se le haya caído del todo el pelo de la dehesa y conserve casi intacto el aire agreste y el aspecto de palurdo distinguido que siempre le ha caracterizado, aunque pretenda combatir su rusticidad con innumerables y constantes gestos de hombre decidido y enérgico, lo que está a punto de hacerle caer en el ridículo. Así como su hermano Jaime —presidente de Bankinter y vicepresidente del Santander— aparece como más reposado y menos histriónico y gusta de actuar en la sombra, a modo de un Maquiavelo de perspicaz mirada, este Emilio es «un verdadero vendaval que todo lo arrasa a su paso», como aseguran sus colaboradores: tan pronto está cerrando una operación en Nueva York, Miami o Londres, como vuela a Tokio y convoca desde el jet privado a todo su equipo para una reunión ineludible el mismísimo día de Navidad, o se planta en una escogida reserva cinegética de Africa para cobrar la pieza más codiciada.

Emilio Botín, metódico en grado sumo, se levanta a la del alba, y antes de acudir a la sede matritense del banco en el paseo de la Castellana —ahora en Alcalá 14—, transportado en un Mercedes blindado (su abuelo, a cuerpo limpio, iba en tren desde Puente San Miguel al paseo santanderino de Pereda), acostumbra a practicar el golf, su deporte favorito. A la caza, su gran pasión, se entrega frecuentemente en tierras manchegas, en donde es titular de una inmensa finca entre Luciana y Piedrabuena; allí ha levantado un verdadero imperio para pegar tiros a sus anchas, sin que falte, como ustedes pueden suponer, la consabida pista de aterrizaje para aeronaves a reacción. Excepto los lunes, que acude puntual —las siete y media— a la reunión del comité ejecutivo del banco, el resto de la semana suele llegar a su despacho hacia las nueve. La hora de salida nunca se sabe. Puede cenar —dice él— una lata de sardinas; ya caerá algo más en el buche, los Botín presumen de tener buen saque y mejor estómago, pero reconozcamos que tamaña austeridad queda bien para el gran público. Le encanta el pescado azul y es un defensor de la dieta mediterránea; con este régimen dietético y lo del genoma, convenientemente aplicado, hay Botín para rato.

Su padre murió a los 90 años. Fue presidente del Santander entre 1950 y 1986, y aunque la entidad cántabra había dado un gran salto, se encontraba todavía por debajo de Banesto, el Central, el Hispano y el Bilbao. El Vizcaya, presidido por Pedro Toledo, giraba en parecida órbita. Tan solo superaba con claridad al Popular de Luis Valls.

El contenido mítico de la saga se anuda con justicia a la personalidad eminente del padre, el don Emilio por antonomasia, gran jugador en las mesas de juego de las finanzas y los negocios. Cuando hablamos de este «gran jugador» no lo hacemos en sentido metafórico. Ahora pretenden los hagiógrafos forjar una leyenda deslumbrante en torno a los antecedentes bancarios del actual presidente del Santander, y hablan de que es hijo, nieto y bisnieto de banqueros. Lo que no se corresponde con la realidad porque la historia financiera de la familia, sin duda brillante, lo que admitimos sin la menor reserva, empieza verdaderamente en el padre del que ahora es don Emilio. El abuelo y el bisabuelo, dos señores bienintencionados y anodinos, a buen seguro que no sabían distinguir una letra a la vista de otra a días o meses vista, y hay quienes tienen por cierto que les hubiese resultado imposible de todo punto liquidar una cuenta corriente por el método hamburgués. Don Emilio, el de verdad, el padre, era un joven santanderino de fina estampa sin oficio ni beneficio, el cual, hasta que entró en el banco llevado de la mano por su tío Marcelino, se dedicaba a desplumar a sus paisanos jugando admirablemente al póquer. Así lo contaba con gracia y gran lujo de detalles el que fue presidente de Informaciones, Víctor de la Serna, primogénito del gran escritor, una familia que mantuvo gran intimidad con los Botín. El banco se hallaba en una situación muy difícil, y el presidente, don Marcelino, sorprendió un buen día a los pocos consejeros que quedaban en la casa diciéndoles que, para arreglar las dificultades casi insalvables, había contratado a su sobrino Emilio como director. Obvio es decir que los demás administradores, espantados, dimitieron en el acto, ajenos a la optimista predicción del tío, que luego se cumplió en términos insospechados: desde ese mismo día Emilio Botín Sanz de Sautuola y López se dio de baja en todos los casinos y empezó a jugar a lo grande en otras mesas de juego mucho más apasionantes y provechosas: los consejos de administración de las múltiples sociedades que se ponían a tiro. Víctor de la Serna también contaba que acompañó con otros amigos a Emilio Botín a pasar unos días en Montecarlo, y todos entraron a probar fortuna en la ruleta, menos don Emilio, que se abstuvo de tentar a la suerte.

Esto de las biografías a tanto la palabra es un singular remedio tan viejo como el tiempo para tapar cualquier molesto desajuste de los antecesores: el ejemplo más característico es el de Juan March, cuyas múltiples fechorías se desvelan en El último pirata del Mediterráneo, un texto en el que no vamos a abundar por ser sobradamente conocido. Diremos, no obstante, que el sagaz contrabandista mallorquín, para lavar su nombre, lo que no era empresa fácil, pretendió entrar en el consejo de Banesto cuando lo presidía don Pablo Garnica y Echeverría, el cual se opuso terminantemente a semejante pretensión y de tal manera que el viejo conspirador contra la República y patrocinador de la rebelión franquista tuvo que desistir de su propósito. Ahora sus nietos, con buen acuerdo, porque estas cosas siempre se agradecen desde el otro mundo, han encargado a un acomodaticio biógrafo británico que cante por todo lo alto las excelencias del causante, entre ellas la Fundación March, constituida bajo la sabia inspiración jurídica de Alejandro Bérgamo Llabrés, autor de una magnífica monografía sobre las sociedades anónimas, el cual construyó una inexpugnable fortaleza para que la Administración Pública no pudiera meter las narices en el reducto fundacional y sólo la familia March decidiera las cosas según su real gana. Las fundaciones dan mucho de sí en estos tiempos: bajo el sacrosanto ropaje de la cultura se ocultan cuidadosamente todas las lacras de los fundadores, y de paso, sirven para evadir impuestos al por mayor y para que los descendientes, siempre ilustres y sobre todo progresistas, sigan ejerciendo el poder en parcelas esenciales de la realidad social. Ya que nos hemos referido de pasada a los March, digamos que la gente de la banca los apellida con los más variados apodos, en especial a cuenta de las turbias hazañas del abuelo. Pero predomina uno, aplicado tanto al nieto que se exhibe en mayor medida como al que se muestra más reservado y cauteloso: ambos, para el mundo cruel de las finanzas, son los «urracas», en plural, o Juan «el urraca» y Carlos «el urraca», en singular. Camilo José Cela ha escrito bellamente: «La historia natural tiene una relación inmediata con lo que pasa cada día y la historia sagrada nos habla de los pájaros del aire y de sus costumbres: el mirlo es melodioso, el ruiseñor está enamorado como un doncel y la urraca es ladrona y esconde bajo las tejas las piedras preciosas que roba; en el siglo pasado agarrotaron a una criada por culpa de una urraca en la que seguramente había encarnado el demonio».

En sus 36 años de mandato, don Emilio dirigió con mano férrea el banco hasta conseguir la identificación, prácticamente absoluta, mediante la osmosis y la endósmosis entre su familia y la entidad. Quienes trabajaron con el cántabro, o le trataron en la intimidad, dicen que, además de sus grandes dotes de negociador, era un conversador excelente. Sobresalía en él otra nota de indudable mérito: cualquiera que fuese recibido en su casa, por modesta que resultara la condición del huésped, Emilio primero le consagraba su solícita atención de tal suerte que muy rara vez accedía a interrumpir la entrevista si le anunciaban cualquier llamada telefónica urgente. Un amigo se lo encontró saliendo del edificio de la calle de Alcalá, en donde el Santander tenía entonces su oficina principal en Madrid, acompañado de un modesto director de sucursal. El presidente dijo al ver a su amigo: «Te presento a uno de los mejores directores de nuestro banco; está haciendo una labor excepcional en su ciudad». Luego, cuando se fue el subordinado henchido de orgullo por el elogio, añadió el presidente: «Comprenderás que siempre hay que decir estas cosas porque dan un magnífico resultado: ahora este hombre, al regresar a su pueblo, va a liquidar a todos sus competidores juntos». En las comidas que ofrecía en su casa, don Emilio obsequiaba invariablemente a sus invitados con un riquísimo pescado lleno de espinas, por lo que siempre se ofrecía a servirlo él mismo practicando la operación con el cuidado y la habilidad del más experto microcirujano. César Martínez Beascoechea, entonces secretario general de la entidad, todavía no alcanza a comprender cómo logró convencer a Pablo Garnica Mansi para que Banesto no se merendara al Santander. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido ahora, cuando los de la Montaña han engullido al viejo banco madrileño de un bocado. Al fin y a la postre, todo es cosa de cuidar convenientemente la gastronomía, como recordaban Pablo Tarrero y Luis Bergaz al hablar de las prácticas habituales de su patrón el viejo don Emilio. La verdad es que la avispada fauna del Poder aprende concienzudamente el arte de tratar de la manera más solícita a sus invitados, abstracción hecha de la particular idiosincrasia o la verdadera categoría de cada uno. En un restringido almuerzo (todos estos almuerzos son restringidos, de manera que el incauto de turno se cree siempre el invitado «de honor») ofrecido en su día por Emilio Botín padre al profesor Jesús Fueyo el banquero se deshizo en elogios hacia el político, e incluso se permitió citar alguna de sus obras apoyándose en unas «chuletas» preparadas por algún colaborador con textos convenientemente elegidos, por lo que el invitado, que no cabía en sí de satisfacción, se despachó con un largo monólogo para asegurar —clarividente— que, después de la muerte de Franco, iban a subsistir las mismas estructuras políticas bajo la pantalla convencional de un monarca reducido a figura decorativa en manos de las gentes del régimen. Terminado el almuerzo, Fueyo se levantó de la mesa creyendo que Botín ya comulgaba con sus convicciones sobre el futuro del país, ignorando que, cuando abandonó la estancia, el banquero le puso de vuelta y media ante los otros dos invitados. Esto es lo que hacen normalmente estas gentes: cuando los elegidos del Poder se quedan solos, quitan la piel a tiras a cualquiera que se va de los «lugares santos» creyendo que ha deslumbrado a estos ejemplares superlativos de la hipocresía y el cinismo. El método es siempre el mismo: primero se le pone al incauto de turno en los cuernos de la luna, y luego, si se tratase de un periodista, éste será, por definición, un ignorante de tomo y lomo, mientras que el político invariablemente resulta un tío ridículo que acabará comiendo en la mano del banquero, y si el invitado es cualquier intelectual, por eminente que parezca, siempre será para el Poder un insoportable pedante sin una sola idea de verdadero mérito en la cabeza. Y así sucede con cualquiera que se siente a la mesa, a quien se le hará creer que sus opiniones, sus ambiciones o sus deseos son plenamente correspondidos por esa gente de la banca acostumbrada a hacer de su capa un sayo y a considerar siempre a todos los que desfilan ante ellos unos servidores incondicionales indefectiblemente adscritos a la gleba.

La compra del Banco Mercantil fue una jugada maestra. Una contienda en la que el pez pequeño se comió al grande. La operación fue tan comentada en todos los círculos financieros, que más de un banquero, con envidiables dotes adivinatorias, llegó a pronosticar el hundimiento definitivo de don Emilio. Sin embargo, y al margen de la agresividad que le caracterizaba, era una persona emotiva, al punto de que en los entierros se le saltaban las lágrimas con facilidad. A pesar de exteriorizar sentimientos tan nobles, cuando se trataba de defender los intereses del banco no dejaba pasar por alto el menor fallo, ni le temblaba el pulso a la hora de cesar a cualquier directivo, por muchos y provechosos servicios que hubiese prestado a la entidad.

Don Emilio ha pasado tanto a la historia como a la leyenda de la banca, a lo que ha ayudado no poco su impecable porte externo. Aparecía en verano con un impoluto traje blanco de lino y bastón en ristre con delicada empuñadura de plata, y cubierto en invierno con un abrigo de visón hasta los pies y un elegante sombrero. Dejó dicho: «Casi nadie gasta de acuerdo con lo que tiene. Unos viven por encima de sus posibilidades y otros por debajo». (Convengamos una vez más en que tales reflexiones están lejos de la inmortalidad) La familia Botín ha estado siempre entre los segundos, sobre todo porque lo que gastan sus miembros lo paga el Santander, incluso el agua de mar que le traían al prócer desde el Cantábrico para llenar su piscina de Somosaguas. Cuenta el director de una editorial de Burgos, con fama acreditada en la publicación de libros históricos, que le fue a visitar el director de la sucursal principal del banco en aquella plaza para pedirle una de las obras que interesaba a alguien de la familia Botín, pero al mismo tiempo solicitó «una importante rebaja» porque así se «lo habían ordenado de arriba». El precio del ejemplar era de 1.500 pesetas, y el director de la editorial optó por regalarlo para que no padeciese de manera significativa la solvencia económica de la familia, de la que por supuesto no recibió muestra alguna de agradecimiento.

La creación de la entidad bancaria comienza en 1857, sin ningún apellido Botín entre sus fundadores. Se trataba de cubrir las necesidades comerciales que en aquella época tenía la Montaña: lo que exportaba Castilla había que embarcarlo en Santander rumbo a las Américas, a cambio de productos exóticos y ultramarinos. Esta fue la razón que a los comerciantes de la zona les llevó a unirse para fundar el pequeño banco que ha dado origen al gigante de hoy día. El 20 de agosto de 1857 la entidad abrió por vez primera sus puertas al público en un local que pertenecía al Marqués de Pombo, y que, posteriormente, acogió al Club de Regatas. Deben pasar muchos años, y algún que otro incendio, para que en 1890 el banco se establezca en el número 2 del Muelle, el actual paseo de Pereda, con un capital social de cinco millones de reales y una plantilla de trece personas. Una vez concluida la fusión del Santander y el BCH, el portaaviones nuclear cuenta con 39,8 billones de activos, 8.681 oficinas, 106.519 empleados y 800.000 accionistas.

Los comienzos del banco no fueron muy boyantes, así lo reflejan las crónicas de aquellos años. Muy pronto perdió el privilegio de emitir papel moneda, reservado con carácter exclusivo al Banco de España. Don Emilio Botín López, el iniciador de la saga, un hombre con pocas dotes para las finanzas y que a buen seguro no sabía distinguir una cambial de un pagaré, no fue presidente hasta 1909, debido al carácter rotatorio del cargo, por lo que su trayectoria bancaria resultó tan fugaz como anodina. De ahí que lo del pedigrí obedezca al denodado esfuerzo de interesados cronistas en pintar de vivos colores hasta lo más insignificante y gris de esta familia: de aquí en adelante asomará por toda España cierta sorna a cuenta de los relatos brillantísimos que hagan plumas a sueldo sobre los antecesores financieros de nuestro personaje.

El apellido ilustre de la familia lo aporta el bisabuelo Marcelino Sanz de Sautuola, descubridor con su hija María de las cuevas de Altamira en 1879. Los Sanz de Sautuola heredaron la fastuosa finca de Puente San Miguel, en donde, al casarse doña María con Emilio Botín López, el matrimonio fijó su residencia. Era la casa donde el profesor Cartailhac, de la Universidad de Toulouse, hubo de acudir a disculparse en 1905 por haber cuestionado la autenticidad de las pinturas rupestres, lo que hizo ante la abuela del actual Emilio Botín, una caritativa dama que recibía diariamente en la finca a numerosos lugareños para aliviar su hambruna. Quienes la conocían cuentan de ella, con admiración sobrada a sus cumplidas dotes de administración; que era persona muy ahorrativa, hasta el punto de que cuando el hijo del carnicero le llevaba la carne, la pesaba ella misma y si faltaban unos gramos devolvía el pedido. Una acendrada devota, como puede verse, del sistema métrico decimal.

La finca de Puente San Miguel ha sido lugar de celebración de bodas y bautizos de toda la familia, bajo las especies arbóreas más raras y preciadas, desde una metasecuoya (única en España), que doña Ana García de los Ríos —la madre de Emilio y Jaime— se trajo de Londres en una sombrerera, hasta cedros dorados, arces airosos, frondosas araucarias y tejos de Hokkaido. El verdadero impulsor de aquel hermoso rincón fue don Emilio, infinitamente más preocupado por sus plantas que por los problemas industriales de la región, la asignatura pendiente de los Botín. También a propósito de esta espléndida finca se cuenta un divertido chascarrillo: dicen los montañeses que don Emilio, nada más morir, llegó al cielo amparado en el privilegio teológico a que antes nos referíamos, y San Pedro, después de recibirle con todos los honores, le dijo al punto: «Bienvenido, don Emilio, ya sabe que tiene un puesto asegurado entre nosotros: aquí, como usted puede suponer, lo pasamos divinamente. Sin embargo, yo le aconsejo que se vuelva a Puente San Miguel, allí estará usted muchísimo mejor». En aquel paradisíaco rincón solía recibir también a sus colegas bancarios, a los que sometía al tercer grado en sesiones reposadas, en las que casi siempre se salía con la suya en sus expansivos propósitos. Una vez estaba en el jardín hablando con Ignacio Villalonga, amo y presidente del Banco Central, cuando Pablo Tarrero, vicepresidente ejecutivo del Santander, interrumpió la conversación para decirles que los demás banqueros ya estaban esperando en la casa. Tarrero se acercó a la pareja y les dijo:

—Bueno, qué, ¿estáis subiendo la bolsa?

A lo que Villalonga replicó:

—No, Pablo, hoy nos toca bajarla.

Esas eran las maneras que se gastaban los banqueros en la época franquista para forrarse del modo más indecoroso, sin que nadie del régimen les dijera ni media palabra sobre tales desmanes, incluso les reían las gracias. De aquellos polvos vienen estos lodos. Ahora pasa lo mismo, pero corregido y aumentado. Y mientras tanto, los responsables de turno unos, cuando mandaban, descansando en Doñana y sus marismas, y los que han venido luego, en el mismo sitio, además de en Baqueira y sus pistas nevadas.

Don Emilio mantenía una decidida vocación por la buena pintura comprada a precio de saldo. Con agudeza indiscutible, asoció muy pronto sus gustos pictóricos a la obra admirable de Solana, hasta el punto de que logró adquirir la mejor colección del genial artista. Y se encaprichó también de un greco que poseían las monjas del Hospital de la Caridad de Illescas. Se trataba de una adoración de los pastores, un cuadro sublime, que hasta la muerte del cántabro permaneció en su dormitorio de El Promontorio, y que en la actualidad ennoblece el salón principal del banco en el paseo de la Castellana. Hace ya muchos años, el santanderino mandó a su amigo del alma, Víctor de la Serna, el excelente narrador de los foramontanos, para que desplegara sus dotes diplomáticas cerca de la madre superiora del Hospital y consiguiera, por supuesto a un módico precio, el apetecido óleo. Iba y venía el escritor a Illescas, y así un día y otro día y un mes y otro mes pasó, pero el greco no caía en la propia colección. Hasta que una mañana don Emilio tiró por la calle de en medio: mandó traer una cartera de mano en la que metió personalmente fajos de billetes de mil pesetas hasta llegar a la exorbitante cifra de un millón, un kilo, como ya se decía entonces. Acompañado de su amigo subió en el despampanante rolls y estiró bien estirada la pierna, como solía hacer por su flebitis, poniendo el pie a la altura de la cara inmutable del chófer perfectamente uniformado. Y así llegaron al ilustre rincón toledano para hablar con las monjitas, y don Emilio, de improviso, después de desplegar sus dotes más persuasivas, abrió ante ellas la cartera en la que refulgía el color verde de los billetes nuevecitos que había escogido para la ocasión. La madre superiora, al ver el deslumbrante espectáculo numismático, no dudó en permutar de inmediato la cartera con su irresistible contenido, un millón nada menos, por el maravilloso greco. Recordarán los lectores que en algunas subastas de otras obras de menos calidad pintadas por el maestro de Creta el precio de remate ha llegado a cantidades astronómicas. Las normas de Derecho Canónico y Administrativo sobre este tipo de transacciones, amén de la propia dignidad de las autoridades «competentes», no cuentan para nada cuando se trata del Poder. Al fin y al cabo, podrá decirse que aún quedan otros cinco grecos en el Hospital de la Caridad de la histórica villa. La fórmula es bien simple en semejantes casos: con las autoridades civiles, un excelente champán, y con los curas, treinta monedas para liturgias y obras de caridad.

Desde estos orígenes, que se inician en 1941, hasta su retiro en diciembre de 1989, pasaron muchas cosas para don Emilio. Su primer gran éxito —ya lo hemos señalado— lo culminó al absorber al banco rival en la región, el Mercantil de Santander, estrategia de expansión llevada a cabo desde su puesto de director general. Con esta operación el «bancuco» dobló su tamaño. Después vendría la apertura de sucursales, la compra de otros bancos y la aventura de las Américas, con la implantación de una cuidada red de insaciables oficinas en aquel continente tan dado a la «mordida» y al trinque. A finales de 1980 obtuvo el control de la Banca Jover y del Banco Comercial Español. Del reparto del pastel de Rumasa, al Santander le correspondieron el Banco de Murcia y el Comercial de Cataluña. El tesón de este hombre fue extraordinario: bastará con decir que, durante sus primeros tiempos de mandato en el banco, dormía doscientas noches al año en el tren que enlaza Madrid con Santander y vuelta. En invierno llegaba a la estación santanderina, entre la bruma, con su ropaje más solemne, en el que ya hemos dicho que destacaba un abrigo de pieles que le llegaba hasta los pies. El mozo del coche-cama le saludaba con una profunda reverencia, y el banquero le correspondía sacando del bolsillo interior de la chaqueta un fajo de billetes nuevos de cinco pesetas, del que cuidadosamente cogía uno para dárselo con parsimonia; y así durante tanto tiempo que, cuando aquellos billetes dejaron de circular, seguía dándole uno al mozo, que lo recibía con los mismos signos de gratitud y veneración que cuando tenían curso legal. Probablemente, el hombre los guardaba como la más preciada reliquia.

Don Emilio tenia el convencimiento más profundo de que los Botín habían nacido para la banca, él sobre todo, dotado como estaba de un olfato y un diente de lobo para los buenos negocios y la pasión incontenible por las finanzas, especialmente las ajenas. Nada, sin embargo, decía de sus orígenes. El secreto de los Botín, guardado bajo siete llaves, radica en sus ancestros vinculados a los chuetas mallorquines convertidos al cristianismo y que desde la isla fueron emigrando a distintas partes de la península. No hay raíces del apellido Botín en tierras cántabras. Los tratados de genealogía están en blanco cuando se quiere saber algo sobre el apellido Botín. Así, la obra más prestigiosa en la materia, la «Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano Americana», de los hermanos García Carraffa, no dedica una sola línea al apellido, a pesar de los esfuerzos que hacía don Emilio, con ínfulas aristocráticas, por alargar su nombre mediante una ristra interminable de apellidos. Sus trazas fisonómicas, tez oscura y rasgos orientales, en nada coinciden con la etnia cántabra.

Su pasión innata por la banca hace de don Emilio el primer banquero español que vislumbró el potencial del negocio al otro lado del Atlántico. Empezó por Puerto Rico, después fue Argentina, más tarde Venezuela. Al principio sólo se trataba de simples oficinas de representación, aunque no tardó en abrir sucursales propias. Después vino la compra de otros bancos y la red se extendió por todo el continente americano, en donde cuentan y no acaban de los innumerables enredos a cargo de las gentes que allí ha mandado la entidad cántabra. El ilustre letrado Juan Francisco Franco, profundo conocedor de aquellas tierras a las que visita con frecuencia, nos ha facilitado una abundante información, respaldada por las pruebas correspondientes, que no tiene desperdicio. Y el Banco de España, claro está, tocando el violón. A su vez, la expansión del Santander por el solar ibérico e islas adyacentes, a pesar del statu quo bancario, encontró las condiciones idóneas en la década de los sesenta, a lo que no fue ajeno el boom de la construcción y el turismo, que propició entre nosotros un desarrollo exponencial.

Don Emilio supo rodearse de patricios del régimen franquista, como Manuel Fraga Iribarne y Juan Hormaechea, que en los inicios de la democracia llegaron a pasar por su nómina. En política, la familia siempre ha defendido de puertas para afuera que «hay que estar de parte del gobierno de tumo», por lo que don Emilio, con las barbas puestas en remojo, no dudó en respaldar con ficticio entusiasmo y vertiginosa rapidez la intervención de Rumasa dispuesta, de mala manera y con nocturnidad, por Felipe González. No obstante las inclinaciones a estribor de la familia, no han dudado sus componentes en hacer guiños estratégicos a los socialistas de turno y en abrirles bien abierta la bolsa sin ofrecer mayor resistencia. Cuando el Rey optó por nombrar presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, lo que provocó, como se sabe, un profundo berrinche en Manuel Fraga, don Emilio recibió una llamada personal del monarca para manifestar su interés en que el gallego siguiera ocupando el cargo de ministro de la Gobernación con categoría de vicepresidente del nuevo Gobierno, añadiendo algo que parece increíble: Don Juan Carlos había llamado personalmente a Fraga a su casa, y la mujer se limitó a decirle que su marido permanecía encerrado en su habitación y no se le podía molestar por nada ni por nadie, incluido el propio monarca. Botín no dudó en decir a Carmen, la paciente esposa del irascible político, cuya mala educación se confunde con la energía y su memoria descomunal con la inteligencia, que «estaba dispuesto a ponerse de rodillas delante de su marido para que aceptase el encargo de la Zarzuela». Y así, tres veces consecutivas en aquella mañana, el banquero intentó infructuosamente que el despechado capitoste de la derecha, ciego de rabia y gaznápiro de condición, se pusiese al teléfono para tratar de una cuestión tan delicada que implicaba a la mismísima Zarzuela. No obstante lo cual, los Botín tiraron la casa por la ventana (a costa del banco, naturalmente), cuando las primeras elecciones democráticas, apostando fuerte por Alianza Popular, aunque el empeño resultó tan baldío como aquellas insistentes llamadas para que Fraga formara parte del Gobierno Suárez. Aunque la verdad es más simple y lineal porque cabe decir sin asomo de error que esta gente nunca da puntada sin hilo, y, como todos los de su especie, muestran sus «decididas» inclinaciones políticas hacia uno u otro lado siempre que saquen la mayor tajada en contraprestación, lo que entienden como algo necesario y obligado en cualquier caso y con cualquier partido. Los devaneos políticos de esta familia han de ser generosamente recompensados por el gobernante de turno, cuya solicitud es directamente proporcional a la financiación ilícita que recibe. El diputado de la izquierda Francisco Fernández Marugán decía hace poco en las Cortes: «Sobre la mesa hay ahora mismo tres asuntos —los CTC eléctricos, las licencias de UMTS y las plusvalías de Airtel—, que demuestran la existencia en nuestro país de lobbys muy activos, muy eficaces, cuya actividad no está regulada por ley, capaces de llevar a la mesa del Consejo de Ministros los asuntos de su interés, lo cual me parece cuando menos preocupante». Para la plasmación práctica del aserto, según el cual Botín exige ahora a la derecha pagos inmediatos y astronómicos mediante medidas que no dudamos en calificar de ilegítimas, basta con referirnos a la tributación, o mejor dicho, a la no tributación en el Impuesto sobre Sociedades de las plusvalías obtenidas en el inmenso e injustificado «pelotazo» de Airtel, un asunto que clama al cielo. El Tesoro Público, esto es el Tesoro de la ciudadanía, el que administra el Gobierno con mayoría absoluta y proclamas constantes de honradez, podría dejar de percibir la bonita suma de 700.000 millones de pesetas, después de haber permitido con su actividad prevaricadora que el Banco Santander obtuviese en cuatro días un beneficio con la telefonía móvil de más de un billón de pesetas. La elusión de las cargas devengadas sería el resultado de un fraudulento ejercicio de «ingeniería fiscal» propiciado por el Real Decreto-Ley 3/2000, tramitado como Ley en las Cortes Generales. Lo que obedece a que el chanchullo se retrasó durante el verano —época silente y despreocupada— hasta la publicación de dicha disposición, un pelotazo «de libro». Si no se enmienda a última hora el estropicio, los ciudadanos de «a pie» —y nunca mejor dicho lo de a pie— corremos el riesgo de contemplar, entre asombrados e indignados, como esos 700.000 millones de pesetas se esfuman y escapan con pies ligeros de las arcas del Tesoro Público. Lo que sería un escandaloso «suma y sigue» al triste episodio de los cuatro billones largos ya dejados de percibir en el asunto de la concesión de las licencias UMTS. Y sería otro «suma y sigue» no menos escandaloso a la solicitud más vergonzosa de la Abogacía del Estado —tras consultar con la Secretaría de Estado de Hacienda y con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria— para el sobreseimiento definitivo de las actuaciones judiciales seguidas contra el Banco Santander, Emilio Botín y otros responsables, en el bochornoso asunto de las «cesiones de crédito», en el que se han birlado a la Hacienda Pública más de 100.000 millones de pesetas. Mientras tanto, lo que más indignación produce es que a los sectores menos boyantes de nuestra economía (agricultores, pescadores, transportistas, modestos empresarios, trabajadores, gentes del común) se les conmine inmisericordemente a que vayan «a pie», que para eso son ciudadanos de idem, y a apretarse el cinturón por las «vacas flacas» derivadas de la combinación «caída del euro/aumento del precio del petróleo», fenómenos ambos, no ya previsibles sino plenamente presentes cuando tuvo lugar el concurso UMTS, la aprobación del referido Real Decreto-Ley y la solicitud de sobreseimiento del Abogado del Estado en las «cesiones de crédito». ¿Será casualidad, por tanto, que banqueros y gobernantes figuren hermanados en las listas de las personas que más mandan en España? Actualidad Económica, en su número estival, dice que, según la edición XIX de la encuesta sobre los españoles más influyentes, los tres primeros son José María Aznar, Rodrigo Rato y Emilio Botín. Luego, claro está, sigue Jesús Polanco. ¿Será por champán? Entre sorbo y sorbo, se «contubernia» la promulgación, con nocturnidad y alevosía, del Real Decreto-Ley 3/2000. Decía Joaquín Costa que «España sigue siendo el país de la oligarquía y el caciquismo». Pero eran otros tiempos, ahora, en cambio… Pues ahora, carísimos lectores, vean ustedes lo que pasa en otras latitudes de la Unión Europea: mientras los alemanes blasonan con legítima satisfacción de que cumplirán adecuadamente los criterios de Maastricht con lo que han sacado de la telefonía móvil, el Gobierno español «se plantea congelar el sueldo de los funcionarios públicos». Queda claro, ¿verdad? ¡Pues más champán! Raúl del Pozo, en su espléndido artículo «Dos problemas», recientemente publicado en El Mundo, sostiene a este propósito: «En esta legislatura los populares están haciendo desamortizaciones al revés. Se reparten los móviles como los de antes se repartían las autovías. ¿Empieza a gobernar el PP para una hermandad de bigardos? En el reparto de la telefonía de tercera generación se ha causado una multimillonaria pérdida de ingresos por no haber subastado las licencias. Hubiera podido ganar cinco veces más por el sistema de puja. ¿Adonde ha ido a parar tanta plata? ¿Quién hizo dádiva, Arias o Rodrigo? ¿Qué hace el Parlamento?».

Don Emilio se jactaba de que el patrimonio del banco se había acumulado «peseta a peseta». Su obsesión por la acumulación de activos llegó a convertirse en leyenda. Esas pesetas que ganaba el banco (el banco y la familia adyacente), otros las perdían, y don Emilio, para defender su actuación, discutible en más de un punto, no dudaba en decir que todo lo hacía «en defensa de sus accionistas». Este escudo protector le servía para desenvainar la espada, siempre esgrimida con determinación, bajo el lema «atacar antes de ser atacado», una sabia dicotomía entre la defensa y el ataque como el producto más acabado de otra variante bélica en la que también llegó a ser un virtuoso: «Devora antes de que te devoren», producto de la doctrina que corresponde a la herencia genética de la familia. Aunque la verdad es que el hombre se lanzaba al ataque con decisión pero no sin cautelas previas, procurando conocer de antemano el potencial del adversario y, si se me apura, hasta el desenlace de la contienda. Juan Abelló, íntimo amigo de los Botín, los describe diciendo que, en trance de buscar solución a cualquier controversia susceptible de tres posibilidades para acabar con el conflicto, ellos siempre eligen la que más daño pueda hacer a su contrincante. Lo que nos recuerda una de las mejores viñetas de Chumy Chúmez: un niño dice lloriqueando: «Papá, Luisito me ha pegado con un palo», a lo que replica el tremebundo padre: «Pues tírale tú una bomba atómica y en paz».

Con esta óptica de los negocios, don Emilio tuvo que enfrentarse a innumerables batallas. Sus adversarios, más bien sus enemigos, y este carácter concurría para él en cualquiera que se interpusiese en su camino, o intentara hacer sombra a su reinado, o se resistiese a su implacable determinación, eran borrados del mapa de un plumazo. Su concepto del capitalismo erigido en dogma moral, el fundamento de una verdadera cruzada financiera, se basaba en la máxima eficacia en los resultados y la obediencia ciega prestada por sus colaboradores, desde el consejo de administración al último botones. El fundamentalismo de este código de conducta dejó una honda huella en la casa, como intentaremos explicar a continuación.

Jesús Fiochi, empresario cántabro, hizo fortuna con el negocio de la construcción. La época dorada de la promoción inmobiliaria fue la panacea para Fiochi, el dinero corría raudo hacia sus cuentas bancarias. El empresario, además, mantenía una excelente relación con don Emilio, era de los pocos privilegiados de este mundo al que se le permitía el tuteo con el procer. La fortuna acumulada por Fiochi le hizo pensar en convertirse en banquero, por lo que propuso al cántabro la creación de un banco en Burgos, idea que no cayó en saco roto, por lo que Botín decidió apoyarle. Las cosas no discurrieron como estaban previstas: el banco burgalés empezó a tambalearse, y a las primeras de cambio don Emilio abandonó a su amigo y levantó el vuelo. Hasta entonces todo habían sido parabienes y la financiación del Santander cubría lo necesario. Pero cuando las cosas se torcieron, el novato en las lides bancarias tuvo que apechugar, él solito, con el descalabro. Fiochi acabó arruinado cuando el Santander le fue ejecutando una a una todas sus propiedades. Botín no se paró en barras, ni siquiera ante la vivienda de la familia Fiochi, una humillación que acabó con la vida del pobre diablo seis meses después del embargo. Don Emilio demostraba constantemente una manía, quizá una caritativa obsesión, consistente en recomendar a cualquiera que estuviese a su lado que bajara las escaleras sin llevar las manos en los bolsillos, porque, según él, en caso de caída podía defenderse mejor si tenía las manos libres. Se ve que en el caso de su amigo Fiochi, y en los demás a que aludiremos, se le olvidó recomendar tan prudente cautela, porque todos cayeron rodando por las escaleras sin poner las manos a tiempo.

Otro de los amigos más dilectos de don Emilio era Antonio Escalante Huidobro, terrateniente extremeño, que llegó a sufrir algunos avatares adversos en sus negocios agrícolas y ganaderos, lo que le indujo a suscribir determinados créditos con el Banco Santander. Don Emilio le propuso que se presentara a las primeras elecciones generales, con el fin de añadir un político más a su cuadra. A Escalante no le seducía la idea, habida cuenta de la marcha irregular de sus actividades, pero el patriarca, sugerente, le convenció: «Tú de eso no te preocupes, Antonio, lo importante es que no salgan elegidos los rojos». Con tan recomendable doctrina política y tan alta y confortante bendición, a Escalante le pareció que el tiempo que iba a hurtar a sus asuntos estaría sobradamente compensado con las ayudas que sin duda iba a recibir del banquero. Mas el terrateniente no tuvo suerte en su empeño contra la horda de la izquierda. Se presentó, claro está, por las listas de Alianza Popular en las legislativas del 79; quinientos votos escasos le separaron de la gloria que circunda la cabeza de los padres de la patria. Don Emilio, tras la derrota sufrida por su mandado amigo, lo borró del mapa, y el Santander ejecutó de inmediato todos los créditos dejándolo en la miseria, en cueros vivos, como suena.

Los Botín han reinado en el Banco Santander como monarcas absolutos. La pleitesía a la figura del presidente está acuñada a perpetuidad; la relación monarca/siervos forma parte de su idiosincrasia. A quien intente hacerles sombra lo fulminan. El episodio con tintes de tragedia, del que son protagonistas los Serrano Goyría, lo evidencia con cruel elocuencia. La historia se inicia en 1946, cuando Felipe Serrano, palentino de origen y dedicado a la venta de efectos navales, se estableció en Santander con buen pie. El negocio fue lo suficientemente próspero como para acumular unos buenos ahorros que, en principio, decidió invertir en acciones de Telefónica, las consabidas matildes. Se dirigió para ello a las oficinas del Banco Santander, en donde quien le atendió no fue otro que el mismísimo don Emilio, cuyas dotes persuasorias le hicieron cambiar de idea: Felipe Serrano invirtió su dinero, 150.000 pesetas de la época, en acciones del Santander. El banco entonces tenía un capital social de 50 millones de pesetas.

Desde aquella primera inversión, Felipe Serrano hizo muchas más cosas en el mundo de los negocios, con cuyos beneficios obsequiaba generosamente a sus tres hijos, José Miguel, Luis Felipe y Juan Pablo. El que toma el timón del patrimonio familiar, tras los pasos de su padre, fue José Miguel. En 1986 los hermanos Serrano Goyría compran el 62% de la empresa Inmuebles y Transportes (Intra), dedicada al transporte de viajeros desde distintas estaciones de ferrocarril a múltiples poblaciones del País Vasco. Un año después, la familia transforma la sociedad, que contaba con un capital de 52 millones de pesetas, en Intra Corporación Financiera, se traslada el domicilio social de Bilbao a Santander y la empresa inicia un crecimiento que resultó espectacular. Tres años después, Intra posee un capital de 14.000 millones; sucesivas ampliaciones y la emisión de bonos habían llevado a la sociedad a cotizar en la Bolsa de Madrid. Canalizan las inversiones sin apartarse de la tradición familiar —invertir en inmuebles—, y en la adquisición de acciones del Banco Santander, del que compran 400.000 títulos, siempre con el visto bueno de los Botín. Cuando los Serrano Goyría alcanzan el millón de acciones, los Botín invitan a José Miguel a sentarse en el consejo de administración. La familia es considerada como accionista ejemplar: ha concurrido a todas las ampliaciones y nunca ha vendido una sola acción. Lo que ocurre en 1988.

Todas esas efusivas felicitaciones que los Botín dispensaban a José Miguel Serrano Goyría y el parabién traducido en un sillón del consejo, no eran más que el abrazo del oso al segundo accionista del banco, del que empezaron a desconfiar, sin duda porque ellos ni siquiera se fían de sí mismos. Entre tanto, Intra prosigue su paseo triunfal por cada negocio que emprende. En su junta general de accionistas anuncia dos nuevas ampliaciones de capital. José Miguel Serrano Goyría, sin percatarse de su alcance, comete un pecado mortal, de los que —según aseguran los más eminentes teólogos— privan indefectiblemente de ir al cielo: entre vítores y aplausos, desvela que su familia controla el 2% del capital del Banco Santander; acaban de comprar 300.000 acciones más, y ya son 10.000 millones los que tienen invertidos en el banco. Para los Botín tal revelación era todo lo abominable que cualquier bien pensado podía imaginar: se trataba de la gota, el vaso, la fuente, lo que ustedes quieran, la órdiga en do mayor. Los Serrano Goyría habían traspasado con inconcebible desvergüenza la línea, efectiva más que imaginaria, del coto bunquerizado de los Botín: el control en exclusiva y sin fisuras del propio banco. El «hasta aquí podíamos llegar» fue el grito de guerra lanzado al unísono. Emilito, que ya había aprendido de su antecesor —tanto por apreciación visual propia como por asimilación genética— la manera de eliminar del mapa a quien se pusiera por delante, escenificó apropiadamente el preludio de los acontecimientos que iban a sucederse. Actualidad Económica se hizo eco de la insospechada revelación de José Miguel Serrano Goyría y tituló en portada «El salto a la fama», con inclusión de la consabida foto del declarante. Revista en mano, Emilio Botín, en reunión exigida por él, recibió a Serrano Goyría a quien le pregunta «¿el salto a qué?», y sin esperar respuesta le pone los puntos sobres las íes. Emilio Botín no puede entender que, después de haberle nombrado consejero, haya persistido en comprar más acciones del banco: «Si quieres comprar más acciones, tienes que pedirnos permiso». Y para demostrar que aquello no era sólo una reprimenda, le anuncia las tres plagas bíblicas que se le venían encima «desde ahora mismo»: todos los créditos del banco concedidos a las sociedades de Intra quedan cancelados; le conmina a adquirir de inmediato todas las participaciones que el Santander tiene en su grupo, y lo más letal, el Banco Santander dejará de figurar como referente en cualquier información relacionada con Intra. Lo único que Serrano Goyría le pudo arrancar a Botín en aquella dramática entrevista fue que el «desde ahora mismo» se aplazara un mes. De poco serviría la tregua, la suerte estaba echada. La temible maquinaria del Santander se puso en marcha, los torpedos contra la línea de flotación de Intra se dispararon de manera tan implacable como certera. Los servicios de comunicación del banco se pusieron a trabajar a toda pastilla: el Santander retiraba los créditos y dejaba caer, como quien no quiere la cosa, que «Intra podía ser la nueva Rumasa», una información que destilaba veneno dirigida al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y hasta al mismísimo apuntador. El Banco Santander fue machacando implacablemente a Intra hasta febrero de 1991, fecha en que se vio obligada a presentarse en suspensión de pagos. A los Serrano Goyría no les quedó más remedio que poner sobre la mesa su paquete del 2% del capital del Santander para hacer frente a sus acreedores. Los 10.000 millones de pesetas en acciones estarían desde este momento en manos de atomizados accionistas acreedores de Intra. Sólo quedaba por cumplimentar el epílogo ineluctable: Emilio Botín solicitó la inmediata dimisión como consejero de José Miguel Serrano Goyría, al que tampoco dijeron entonces que se sacara las manos de los bolsillos; mas bien le empujaron con fuerza para que rodase escaleras abajo y se rompiese la crisma.

Otro capítulo del que curiosamente nunca se han ocupado los medios de comunicación, lo que no deja de extrañarnos profundamente, es el relativo a la incursión periodística de don Emilio valiéndose de sus amigos Víctor y Jesús de la Serna. Se trataba de resucitar el viejo vespertino Informaciones, lo que se logró por la voluntad concertada de Emilio Botín, el marqués de Deleitosa, el conde de Cadagua y los March, con lo que el periódico de la calle de San Roque volvió a salir a la luz. La acertada labor de su director, Jesús de la Serna, fue de singular eficacia, y en torno a él logró reunir a un plantel de periodistas que luego formaron la base profesional de El País. Pero a poco de comenzar su andadura, los banqueros, siempre divididos entre sí, nunca estaban de acuerdo sobre cualquier cosa que publicara el periódico, incluso la más nimia, y por supuesto se sucedieron también las presiones políticas, hasta desbordar incluso lo más ridículo que cabe imaginar: por ejemplo, el entonces ministro de Obras Públicas llegó a quejarse ante José María Aguirre Gonzalo de que en la primera página del periódico se había dado cuenta del descarrilamiento de un tren en el que murieron seis personas; para el ministro resultaba escandalosa la publicación de semejante noticia de modo tan destacado, ya que podían haberla reducido, según él, a un par de líneas en cualquier hoja par. Lo cierto es que ante las incertidumbres del cambio político, las desavenencias interbancarias subieron de punto y dejaron caer el periódico de la peor manera, sin preocuparse lo más mínimo del destino de la plantilla: así, a Víctor de la Serna, el gran amigo de los Botín, ni siquiera le concedieron cualquier indemnización por el despido. Insistimos en que nos sorprende el silencio de los medios sobre algo que les afecta de manera tan esencial; pero claro, se trata del Poder… No habíamos caído en la cuenta.

No todo fueron ataques despiadados impulsados por la férrea mano de don Emilio, sin réplica posible. A veces, donde las dan las toman; esto también cuenta para los tiburones financieros, siempre dispuestos a asestar dentelladas mortíferas, pero poco propensos a recibirlas. Don Emilio nunca llegó a explicar el misterio de la Torre Negra, el magnífico edificio que fue sede matritense del Banco Santander ubicado en la zona de Azca. Al inmueble, que consta de 19 plantas y 35.000 metros cuadrados, se le conoce con ese nombre por el tono plomizo oscuro de su acristalada fachada, y ha sido objeto de un enigmático episodio en la trayectoria del Santander, del que no se conocen con exactitud las causas, aunque se presuman, pero sí sus efectos. Es uno de los asuntos cuyo enigma nos proponemos desvelar en La Banca. Un buen día del año 1986, Giancarlo Parretti, un financiero italiano con múltiples negocios por todo el mundo (no todos ajustados a la ley, ya que su vinculación con oscuras organizaciones se había puesto de relieve en más de una ocasión) y amigo de influyentes gerifaltes políticos de entonces, se presentó ante don Emilio con la pretensión de adquirir para una sociedad suiza, denominada BTK, la sede central del Santander en Madrid. El presunto comprador, para dar consistencia a la propuesta, acompañó a su oferta cierta documentación comprometedora para el banco, y tan demoledores debieron ser los antecedentes exhibidos que en la misma entrevista quedó cerrado el trato. El Banco Santander se desprendía de su sede matritense por una cifra próxima a los 10.000 millones de pesetas, y simultáneamente pasaba de ser propietario del inmueble a simple arrendatario con muy elevada renta. La sociedad BTK le alquilaba el edificio, donde seguirían funcionando los servicios centrales del banco, en cuya condición arrendaticia se mantuvo durante cinco años. Nadie que no tuviera conocimiento suficiente de la entrevista con Parretti podía entender la operación. A los no iniciados se les vendió como una «genialidad» más de don Emilio, un gesto clarividente del personaje más fenomenal de la banca, lo que transmitieron, con unánime entusiasmo, tanto los acólitos de las finanzas como la prensa al servicio del Poder. Pero en julio de 1991, cuando el Santander recompró la Torre Negra, nadie de los que antes aludieron a don Emilio como un genio inigualable en el mundo de los negocios recordó que el edificio se había recomprado pagando un 50% más del precio de venta. La Torre Negra sigue ahí, en Azca, como una página de la historia del banco y de su antiguo presidente, más oscura aún que los vidrios que cubren la fachada.

En noviembre de 1986, después de 36 años en la presidencia del banco, don Emilio cedió el mando del buque insignia, el Santander, a su primogénito. Otro banco, el Bankinter, del que también era presidente desde su constitución hacía 21 años, se lo encomendó a su hijo Jaime. El patriarca todavía permaneció como administrador, pese a sus 83 años, de suerte que el cambio generacional quedaba tutelado bajo su sombra protectora, una sombra un tanto incómoda para sus vástagos, todo hay que decirlo.

Durante los 56 años que don Emilio permaneció en el banco, su actividad fue frenética, pero al transferir el cetro a sus hijos, el patriarca, con alguna aislada excepción, se dedicó a la vida contemplativa. Mantuvo la mente despierta, aunque se acentuó su padecimiento tradicional, una aguda flebitis. En esta última etapa, ya con el deber cumplido, entró en fase ascética, sólo interrumpido de vez en vez para recibir al joven financiero Javier de la Rosa, antes de su caída en desgracia, con el que siempre mantuvo una relación muy cordial. La verdad es que los vínculos postreros con el catalán no fueron demasiado propicios para el cántabro. Veámoslo sucintamente: se trataba de dar un audaz golpe de mano en la azucarera Ebro para hacer en tan formidable y valiosa empresa lo que les viniera en gana, por supuesto en provecho propio y en escandaloso detrimento de los minoritarios, a los que intentaban acorralar de mala manera mediante el ejercicio de una opa limitada al 51% del capital social. Botín y De la Rosa, asesorados por Ramón Hermosilla, se las prometían muy felices, pero llevaron a efecto la operación tan rematadamente mal, a impulsos de su prepotencia y la defectuosa preparación de la ofensiva, que Francisco Lozano y Santiago Foncillas, a la sazón presidente y vicepresidente de la sociedad, asistidos en derecho por Rafael Pérez Escolar, pusieron a los opantes en un serio compromiso, hasta el punto de que tuvieron que tirar la toalla y respetar íntegramente el derecho de todos los accionistas de la azucarera sin limitación alguna. E incluso, gracias a la generosidad y la buena disposición de los opados, Botín y De la Rosa se libraron en aquella ocasión de sentarse en el banquillo como se merecían por sus malas artes. Ahí, con más pena que gloria, acabaron para siempre los devaneos financieros del gran don Emilio.

Oía misa cotidianamente con devoción, lo que solía hacer en la iglesia de los Redentoristas. El trayecto que separa el templo de la casa lo hacía a pie, despaciosamente, aunque con buen aire. Quienes se percataban de su presencia veían a un venerable anciano, en plenitud de serenidad, rosario en mano y apoyado en el sempiterno bastón, con el mismo porte elegante que mantuvo en otros tiempos.

Los de Cantabria han pensado siempre que el afán de los Botín por el lucro personal y la actividad estrictamente bancaria, sobre todo la especulativa, les ha llevado a despreocuparse de los verdaderos problemas de la zona. En los peores momentos de las grandes reconversiones, a mediados de los años 80, la familia se cuidó de que se retirara de inmediato un sinfín de mensajes del peor gusto que inundaban la zona: «Botín, cabrón, trabaja de peón». Eran los años en los que comenzaron a aplicarse las duras medidas adoptadas por el Gobierno para remediar en lo posible la costosísima sangría económica en la siderurgia y los astilleros. Empresas como Nueva Montaña Quijano, en manos del Santander, acabaron cerrando, de ahí que multitud de parados vengan desde entonces culpando al banco de su penosa situación. Sin embargo, conviene reconocer que en estos fracasos industriales tan sonados aparecía siempre el mejor don Emilio para rematar la faena pro domo sua, como cuando tuvo que afrontar la crisis de Cervezas de Santander, una empresa en la que participaba Cadbury-Schweppes, hasta el punto de que los ingleses, al final, fueron los paganos del entuerto, mientras el Santander salía limpio de polvo y paja de la fracasada operación, en la que hubo que echar a la calle a cientos de trabajadores. Don Emilio solía elegir un escenario especialmente propicio para este tipo de negociaciones: la espléndida casa del notario Alejandro Bérgamo en la calle de Serrano. El banquero se reunió aquel día muy temprano con el fedatario y sus abogados, y se aplicaron todos a dar buena cuenta de un opíparo desayuno, después del cual Botín dijo al anfitrión: «Alejandro, por favor, a partir de ahora en esta casa no se da a los ingleses ni un vaso de agua. Voy a acabar con ellos por consunción». Estuvieron reunidos siete horas seguidas, durante las cuales los británicos ni siquiera se atrevieron a ir al servicio, y acabaron firmando lo que se le puso ante sus narices y mucho más. No entregaron Gibraltar de milagro.

Por todo ello, desde algunos frentes de la izquierda se ha acusado a los Botín —digamos que poniendo sordina en las invectivas— de haber seguido al pie de la letra las máximas del capitalismo más feroz permitiendo el desmantelamiento industrial de Cantabria. Testigos presenciales recuerdan que cuando vendía o se desembarazaba de alguna empresa, don Emilio argumentaba seguidamente que «la industria sólo da quebraderos de cabeza». A tales críticas la familia siempre ha contestado de la misma manera: «Los Botín somos unos enamorados de nuestro tierra. En otro caso habríamos llevado la sede social a Madrid». Pero si las industrias no son santo de su devoción, ellos no albergan la menor duda para echar su cuarto a espadas cuando se trata de una buena inversión financiera, aunque en alguna ocasión los intentos hayan resultado baldíos: el amago de hacerse con El Corte Inglés es el ejemplo más claro. ¿Unos enamorados de su tierra? Cabe presumirlo así, aunque los de La Banca hemos comprobado personalmente que muy pocas gentes de la Montaña hablan bien de la familia. Se trata de un reducto territorial en el que los Botín creen ejercer su poder ilimitado de una manera punto menos que feudal. Allí —así lo piensan— nadie osará mover un dedo contra unos señores omnipotentes con derecho de pernada. Don Emilio, el padre, contaba, sin el menor rebozo y hasta con cierto jolgorio, que en Santander había un inspector de Hacienda que estaba metiendo en cintura al banco y a sus máximos rectores. «Yo he acabado con la dificultad para siempre —decía complacido consigo mismo—, acabo de colocarle con un gran sueldo en la fundación Marcelino Botín». Sin embargo, y así nos consta, allí ni les quieren ni les respetan, y muchos tampoco les temen, a pesar de su inmenso poder; no todos se prestan a entrar en la fundación a cambio de incumplir sus obligaciones, y casi todos saben que, como los de su especie, son gigantes con los pies de barro.

El Emilio de ahora sigue al pié de la letra la tradición familiar, según la cual ha de ser el primogénito el que tome las riendas presidenciales. Ana Patricia Botín, de gran personalidad, en cuyo rostro sobresalen unos hermosos ojos de profunda mirada, casada en primeras nupcias con el ingeniero agrónomo Guillermo Morenés Mariátegui, está llamada a ser la continuadora de la dinastía. Antes de la fusión con el BCH, Ana Patricia era consejera delegada del Banco Santander Investment y directora general de Banca de Inversiones. Aguarda pacientemente su oportunidad para hacerse con el mando presidencial. Emilio Botín y O’Shea, casado con Elizabeth D’Ornaneu, una francesa emparentada con Poniatowsky, ha pasado también, aunque fugazmente, por el consejo del banco. El resto de las hijas —Carolina, Paloma y Carmen, ésta última casada con el golfista Severiano Ballesteros y la segunda con el actual marqués de Deleitosa— permanece al margen de los negocios familiares. Javier, el menor de los Botín, aún no ha definido su trayectoria. Paloma O’Shea, la bella y distinguida mujer del presidente, brilla con luz propia al margen del poder y la fortuna de su marido: en 1991 creó la Escuela Superior de Música Reina Sofía, se ha convertido en la promotora más prestigiosas de la música clásica española y ha otorgado a Santander el rango de centro musical de primer orden.

Maestro en golpes de efecto, Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos ha llegado a decir en petit comité que aún no ha jugado su última baza. Sin embargo, hay quien opina que la preeminencia casi institucional de la familia se halla en el ocaso. Como apunta Jesús Cacho en Época el 29 de mayo, la fusión con el Central «ha sido un cambio duro para el propio Botín, un hombre que, acostumbrado a funcionar con un modelo de «banca dinástica» en la cabeza, se ha visto de pronto arrollado por la magnitud del banco por él mismo creado». Y añade: «El think globally se ha llevado por delante aquel Santander cuya presidencia se transmitía de padres a hijos, algo difícil de imaginar hoy en una familia que apenas controla el 2% del capital de la sociedad». Veremos lo que nos deparan los próximos años.

Un alto ejecutivo del banco tuvo que ir a Nueva York para asuntos de la casa, y al despedirse del actual presidente éste le encargó que en una conocida camisería de la «gran manzana» le comprara media docena de corbatas de pajarita, porque las suyas estaban bastante estropeadas. El viajero, a su regreso, rindió cuenta puntual de lo tratado con los interlocutores previstos al otro lado del océano, lo que satisfizo a Botín, pero éste le recordó el encargo de las pajaritas. El ejecutivo se lamentó del olvido, por lo que su presidente, consultando al punto su reloj, le dijo de inmediato: «El próximo avión a Nueva York sale a la una y diez, tienes más de una hora vete y cómprame las corbatas». Los del Poder están acostumbrados a estas cosas, y llegan a creer que son el producto de su original y agudo ingenio. Porque los banqueros más influyentes consideran, como Falstaff, que no solo son ingeniosos en sí mismos, sino que en ellos reside la causa del ingenio que hay en los demás. Y dicen las cosas; como un oráculo. La verdad es que se trata de una gente bastante simple por lo general, y cuando largan alguna vaciedad, y lo hacen con harta frecuencia ante el bovino aplauso de sus aduladores, la plebe para ellos, todos, todos sin excepción, debemos acatar sus palabras como si se tratara de un artículo de fe o el más sazonado fruto de la sabiduría. Ya lo había prevenido el Arcipreste seis siglos antes cuando hablaba del vil metal: «Al torpe le hace bueno y hombre de respetar».

Coincidiendo con el cambio presidencial, se puso en marcha un plan diabólico para la captación de recursos. Para conseguir sus objetivos, el Banco Santander se saltó todas las reglas de juego que había pactado y mantenido con sus competidores durante largos años. No sólo se rompían esos compromisos con la competencia, sino que con ello se traspasaba la ambigua frontera de la legalidad. La maquinación, en síntesis, consistía en ofrecer una excepcional rentabilidad a los inversores que resultase opaca al fisco y eludiera el pago de los impuestos debidos. El invento de las «cesiones de crédito» se extendió a más de 47.000 operaciones, con las que se «captaron» —así se dice en banca— 435.000 millones de pesetas, gran parte en dinero negro. Aproximadamente, ya que el proceso judicial no ha concluido todavía, se defraudaron a la Hacienda pública más de 100.000 millones de pesetas. Miles de titulares en esas operaciones aparecen suplantados en la documentación correspondiente por personas fallecidas, indigentes, amas de casa, modestos pescadores de Huelva, residentes en Iberoamérica… Ya hablaremos de todo esto con más detalle más adelante. A los patricios de la banca, sus competidores, les dio un ataque de nervios al comprobar que los Botín no se detenían ante nada ni ante nadie. Desde este momento, el statu quo que imperaba en el sector bancario quedó hecho añicos.

En septiembre de 1989, cuando todavía no había cumplido cinco años en la presidencia del Santander, Emilio Botín, el hijo, quiso demostrarse a sí mismo, a sus competidores y a todo quisque que era digno sucesor de su padre. El patriarca lo había sido todo en el mundo de la banca, el mago que había transformado un minúsculo banco de provincias, el bancuco, en un gigante. Ahora, su descendiente, que al tomar el relevo podría haber seguido a su antecesor en la concepción y la estrategia del banco, está decidido a acentuar la omnipotencia presidencial y a situarse a años luz por encima del brillo y la eficiencia de aquella otra etapa. Tan alto había situado don Emilio el listón que superarlo era una utopía para los más optimistas; algunos llegaban a tildarlo de dislate. Una u otra opinión era el gravoso condicionante que arrastraba como una losa el sucesor del imperio. «A grandes retos, grandes riesgos», se dijo, aunque pudiera parecer un contrasentido con la conducta tradicional de la banca. Al hijo no le quedaban demasiadas alternativas para emular la triunfal trayectoria seguida hasta entonces. Sólo una estrategia de altísimo riesgo permitiría superar el crecimiento vegetativo del banco, una estrategia que descansó en dos pilares fundamentales: las «supercuentas» y las «cesiones de crédito».

Lo primero que hizo el primogénito fue poner en práctica las demoledoras «supercuentas», un arma eficacísima para atraer a los clientes de la competencia. Los resultados fueron fulminantes: en pocos meses el banco duplicó el número de clientes y aumentó considerablemente los recursos. Los demás bancos quedaron gravemente afectados: miles de sus mejores clientes se perdieron irremisiblemente. Pero sólo el Santander estaba en disposición de realizar esa macroofensiva: su liquidez le permitía llevar a cabo miles de operaciones crediticias y, a cambio, jugársela en retribuciones de alto rendimiento para la captación de más pasivo. El riesgo consistía en que si las agresivas campañas publicitarias, que aseguraban una extraordinaria rentabilidad del 11% anual, no hubiesen conseguido desplazar un flujo tan considerable desde la competencia hacia el Santander, éste habría hecho un negocio ruinoso al verse obligado a retribuir a su clientela con un tipo de interés que irremediablemente iba a repercutir en su cuenta de resultados. Pero el eslogan «venga al Santander» hizo furor, se arrebató un sinfín de depositantes a los demás bancos, unos clientes que acudían en tropel atraídos por las cuentas de tan alta remuneración. El Santander ganó la partida, los 5.000 millones de pesetas invertidos en tender las sugestivas redes publicitarias habían dado una óptima cosecha, con la agravante, para las dolidas espaldas de los competidores, de que «quien da primero, da dos veces». Porque lo cierto es que los demás tardaron en reaccionar: el BBV, más de seis meses; el resto, limitándose a emprender estrategias defensivas con la difusa promesa a su clientela de equiparar la retribución ofrecida por el Santander. Éste cuidaba de no exteriorizar grandes signos de euforia para no acentuar todavía más la hostilidad del sector. Cuando finalmente todos los bancos, a excepción del Popular y el Central, se decidieron a lanzar sus propias «supercuentas», la batalla ya estaba ganada por el cántabro: en poco más de un año su banco había doblado la cuota de mercado. Para el resto de la banca, 1990 fue un annus horribilis.

Lo que pudo darse por cierto con esa experiencia fue la demostración del principio científico sobre la sucesiva transmisión genética de la saga. Emilio, el hijo, en la actualidad presidente del Banco Santander Central Hispano, no ha desperdiciado uno solo siquiera de los elementos genéticos heredados de su ilustre padre. Además, otra de las evidencias de tan curioso fenómeno biológico es que, en determinadas ocasiones, los genes se acrecientan: los que cuidan de impulsar el ansia de ganar más y más y más, es decir, los determinantes del concepto faústico de la riqueza y el dominio ilimitados, se multiplican exponencialmente, a menos que se produzca una brusca e impredecible quiebra, también de carácter genético, que impida la progresión de unos resultados tan positivos. Emilio Botín García de los Ríos, del que muchos dudaban de que pudiera suceder dignamente a su padre en la presidencia, por su tosquedad indisimulable, su facha poco atractiva y su carácter desagradable y retraído, ha superado al patriarca. Aunque parezca mentira, todavía circulan opiniones negativas de personas expertas en el mundo de los negocios en torno al actual líder santanderino: por ejemplo, uno de sus principales enemigos, Jacques Hachuel, cree que Emilio Botín hijo es un «asno unidireccional», así le llama sin el menor rebozo, con juicio crítico que, a nuestro modo de ver, no se corresponde con los resultados que cualquiera puede apreciar a simple vista.

La segunda parte de la ofensiva fue todavía más original y arriesgada: estamos hablando, ustedes lo habrán adivinado, de las «cesiones de crédito», a las que dedicaremos seguidamente un inexcusable comentario.

¡LEVÁNTATE Y ANDA!

«En Bolivia, las esquelas mortuorias dicen: Fulano de tal pasó a la indiferencia»

(KEY SERLING)

Las «cesiones de nuda propiedad de crédito» (más conocidas en los ámbitos financieros y forenses como «cesiones de crédito») hacen referencia a las prácticas ideadas por el grupo Santander para captar y administrar dinero no declarado a la Hacienda Pública.

Desde el año 1992 el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional viene instruyendo, con el número de diligencias previas 53/92, la causa comúnmente conocida como el sumario de «las cesiones de crédito». El asunto es de tales dimensiones que desde entonces no sólo ha tenido un amplio reflejo en la prensa española, a pesar de los denodados esfuerzos de sus autores para que se cierna el silencio y termine favorablemente la instrucción, sino que se ha incluido en el Fraud report (informe sobre fraudes) publicado por el Financial Times en noviembre de 1999, cuyo informe contiene un artículo titulado «Los pecados del Banco Santander», que, entre otras cosas, dice lo siguiente:

El asalto sobre Banesto tuvo su origen en las oscuras cesiones créditos concedidas por el Banco Santander. El presidente del banco, Emilio Botín, cuando compareció ante un magistrado en junio de 1992, fue acusado de defraudar a la Hacienda española en 100.000 millones de pesetas. Manteniendo depósitos fuera del balance y reduciendo su coeficiente de caja, el Santander pudo constituir un importe menor de reservas obligatorias (hasta el 25% del total) para el Banco de España, el cual pagaba intereses miserables.

El esquema llevaba consigo nuevas prácticas ilegales y carentes de ética. Entre 1986 y 1990, el Santander adjudicó 42.274 créditos a falsos prestatarios, creados a partir de gente fallecida, identidades imaginarias y alias. El esquema completo estaba basado en una pirámide y con tantos intermediarios que hacía su detección casi imposible. No menos de 435.000 millones de pesetas de dinero negro vinieron por este sistema de inversores reales a los que se ofrecía un 15% de interés que estaba muy por encima del tipo de mercado.

Lo cierto es que el Santander había alterado sustancialmente ante las autoridades norteamericanas la información ofrecida sobre este mismo asunto, presentándolo como un problema secundario relativo a una simple aplicación de las normas fiscales, con el propósito evidente de ocultar su verdadero significado y, sobre todo, de que están imputados en el proceso el propio presidente del Santander, Emilio Botín, el vicepresidente Jaime Botín y el entonces consejero delegado, Rodrigo Echenique, hoy administrador del BSCH y miembro de su comisión ejecutiva. Lo que motivó que las autoridades financieras y judiciales americanas, al conocer el carácter real del asunto, adoptaran severas medidas para erradicar la presencia del banco en el territorio de la Unión.

El Santander, mediante las cesiones de crédito, había organizado un vasto y complejo entramado para sortear la acción de la Hacienda Pública española y de los demás países en los que el banco venía operando, lo que le permitió blanquear enormes sumas de dinero. El procedimiento que se tramita ante la Audiencia Nacional continúa su marcha inexorable a pesar de las tremendas presiones de todo orden ejercidas sobre quienes se han sucedido al frente del Juzgado.

En 1986 los más altos responsables del Banco Santander diseñaron la puesta en marcha y la comercialización de un producto que se conocería como «cesión de la nuda propiedad de créditos», o abreviadamente «cesión de crédito», destinado a incrementar los recursos y los beneficios del banco a cambio de facilitar a sus clientes un medio para la elusión tributaria y el blanqueo de capitales. Se trataba de reconocer una alta retribución al dinero depositado, que hubiera sido utópica en el ejercicio de una actuación bancaria normal u ortodoxa, pero que se obtenía en la práctica por ese «nuevo» procedimiento que garantizaba la «opacidad» y el incumplimiento de las obligaciones tributarias. El «producto» se comercializó durante el período 1986 a 1992; el número de cesiones fue de 42.274, y su valor global ascendió a la exorbitante cantidad de 432.965 millones de pesetas. Según el informe pericial solicitado por el Juzgado instructor, 9.566 de estas operaciones, por importe de 145.120 millones, se califican de titular «discrepante», al haberse empleado titularidades falsas (personas que desconocían la operación o que incluso habían fallecido), para formalizar las cesiones. De esta suerte, se llegó incluso a tomar el nombre del ordinario de Tarragona, por lo que el sorprendido prelado, que, con perdón, no sabía de la misa la media, al ser interrogado por los periodistas sobre un asunto tan «opaco», no dudó en contestar con encomiable sentido del humor:

—Señores, confieso que en mi larga vida pastoral he cometido muchísimas faltas, pero ahora no puedo arrepentirme de las cesiones de crédito, como ustedes llaman a esas cosas, porque ni siquiera sé lo que significan.

Estamos, pues, en presencia de una actuación bancaria del Santander en detrimento de la Hacienda Pública con más de cuarenta mil clientes implicados en la vastísima trama. Muchos de ellos (posiblemente los de menos recursos) aceptaron en su día tan peculiar «servicio» confiados en la seriedad y la solvencia de «su» banco, pero no cabe duda de que otros muchos (seguramente los que entraron en estas operaciones por cantidades más importantes) conocían de plano su verdadero carácter y aceptaron la oferta del Santander pensando en la «seguridad» que les ofrecía algo que había planeado una entidad tan poderosa y respetable.

En apariencia, el «producto» ofertado por la entidad bancaria consistía en la venta a la clientela de determinados créditos concedidos por el propio banco a otros clientes suyos. Para ser exactos, se trataba de algo más sofisticado, puesto que no se cedían los créditos propiamente dichos como unidades económicas, sino su nuda propiedad. Por lo que el Santander cobraba una comisión, mientras que la remuneración al cliente consistía en la diferencia entre el valor «actual» del crédito y su valor «al vencimiento», es decir, el valor de compra incrementado con los intereses devengados por el crédito desde el momento de su cesión hasta que vencía. La operación no reunía las notas que la legislación española exige para la validez de estos negocios. Los servicios jurídicos de La Banca entienden que, según el Código civil, la cesión de créditos está sujeta al principio de especialidad: se cede un crédito determinado (artículo 1212), existente y legítimo (artículo 1529), con todos sus derechos accesorios (artículos 1212 y 1528). Además, la cesión no surte efectos contra tercero si su fecha no es cierta, bien por haberse instrumentado en documento público, bien por haberse incorporado a un registro público o por haberse entregado a un funcionario público por razón de su oficio (artículo 1527), y tampoco los surte contra el propio deudor si no se le notifica la cesión (artículo 1527). Pues bien, las cesiones ideadas por el Banco Santander no reunían esas exigencias legales; no eran más que una simulación negocial con fines ilícitos, por la que el banco recibía una cantidad en metálico del cliente, lo que, en vez de originar la apertura de una cuenta corriente, de ahorro o a plazo, con una remuneración correcta en forma de intereses, se mantenía como «dinero opaco» en las cajas del Santander al amparo de una inexistente cesión.

Al cliente se le entregaba un peculiar «recibo», según el cual el banco decía haber tomado «para su custodia» el «documento de cesión crediticia» que quedaba en su poder «para su gestión de cobro y ulterior reembolso». Y a fin de cubrir el principio de especialidad, el recibo detallaba el nombre de un deudor cualquiera del propio banco, una cantidad y un vencimiento, pero la cesión realizada no se le notificaba a ese supuesto deudor, ni se cumplía ninguno de los requisitos para dotarla de efectos contra terceros, conforme al artículo 1526 del Código civil. Por el mecanismo de la cesión, el cesionario debiera ser el único facultado para cobrarle al deudor, pero tampoco ocurría así en la práctica: el Santander se convertía en un «gestor de cobro» del cliente, aunque, por supuesto, no comunicaba al deudor que el banco iba a actuar como «apoderado» del cesionario. Nunca se otorgaba escritura pública de cesión, ni siquiera al tratarse de créditos con garantía hipotecaria, a pesar de que el artículo 1280, 1º del Código civil exige que la transmisión se haga en documento público, lo que se añade a los requisitos que, en general, establece el artículo 1526 para que la cesión surta efectos contra tercero. Incluso en muchos casos se recurrió a la «intervención» de personas fallecidas, o de personas vivas pero que no habían tenido el menor conocimiento de las respectivas operaciones.

El País, en su número del 24 de septiembre de 1999, se refiere a un informe pericial de Hacienda que consta de 153 páginas, lo que da idea de la envergadura del estudio, y dice:

«… el informe pericial de Hacienda sostiene que el Santander comercializó este producto financiero a finales de los ochenta, mediante la utilización de titularidades falsas con fines de elusión fiscal y con la implicación de la cúpula directiva del Banco. El número de cesiones ascendió a 42.274 por valor de 432.965 millones de pesetas.

… el informe pericial alude a los «quebraderos de cabeza» sufridos por la asesoría fiscal del Banco por «titulares declarados que se niegan a aparecer como tales, fallecidos, contratos que no aparecen o que no están firmados…» Hubo, según el perito, 9.566 operaciones con titularidades discrepantes por importe de 145.120 millones».

Está fuera de dudas que esta maquinación, lanzada como «producto financiero» por un gran banco con implantación en toda España y en numerosos países, con el propósito de que fuese aplicada en todas sus sucursales, fue concebida desde lo más alto de la cúpula rectora de la entidad. Resulta inconcebible de todo punto que los hermanos Botín, Emilio presidente del Santander y Jaime del Bankinter, mientan como bellacos al negar su implicación en este asunto, cuando no paran de decir que en sus bancos no se mueve una hoja sin que ellos lo dispongan. No podía ser de otro modo, puesto que, como es lógico, las numerosas sucursales de un banco asentado tan ampliamente no tenían capacidad propia ni atribuciones concretas para organizar y ofrecer un nuevo producto financiero, y nadie puede suponer tampoco que se atrevieran a ponerlo en práctica por sí y ante sí, sobre todo al constituir a todas luces una maquinación fiscal ilícita, para la que incluso se llegó a emplear el nombre de múltiples personas fallecidas. Se cuenta, a propósito de este asunto que, a efectos de simplificar el trámite, un funcionario del Santander encargado de buscar nombres ficticios, aprovechó su estancia estival en Biarritz, y ni corto ni perezoso tomó nota de los nombres que figuraban en las sepulturas del bello cementerio municipal. El Santander es un banco en que abundan los prodigios, como la multiplicación de los panes y los peces, pero en este caso la resurrección de Lázaro nos parece poca cosa comparada con el levantamiento masivo de todos esos cadáveres en aquel rincón de Francia que, milagrosamente, pasaron a convertirse en titulares de los créditos cedidos por el Santander. Algo parecido a lo que cuenta Nicolás Gogol en «Almas muertas», a propósito del censo de los siervos agrarios en la santa Rusia.

El informe pericial elaborado por Hacienda al que antes nos hemos referido ha llegado a la misma conclusión de que las más altas instancias del banco se hallan implicadas en el fraude. No hay más que ver la información, también facilitada por El País, sobre el contenido de dicho documento:

«… el informe pericial de Hacienda sostiene que el Santander comercializó este producto financiero… con la implicación de la cúpula directiva del Banco.

… el Banco Santander… siempre ha mantenido que las cesiones se diseñaron y comercializaron al margen de su cúpula directiva. El informe pericial destaca, sin embargo, la existencia de una circular interna (marzo de 1988) que informa que la «puesta en práctica» de este producto (las cesiones) para «atender a determinado segmento de nuestra clientela actual y potencial, con la ventaja de que no tiene retención del 20% y, por tanto, sin obligación de información global a Hacienda… … el Santander argumentó también que colaboró con Hacienda cuando le fue requerida la titularidad de los clientes. El perito señala una nota del consejero delegado, Rodrigo Echenique, a los jefes de organización, con instrucciones «a fin de hacer imposible o dificultar al máximo el seguimiento de las operaciones», según el informe».

En realidad, la maniobra estaba destinada a obtener un lucro ilícito por múltiples conceptos. Las cesiones de crédito, según hemos dicho, no eran más que una operación «de pasivo», es decir, una captación de fondos de la clientela que habitualmente se realiza a través de cuentas corrientes, de ahorro o a plazo. Pero estas otras operaciones estaban sujetas a lo que, con diversa denominación (según las modificaciones sucesivas del sistema tributario español), constituyen la «retención de la fuente» o «retención a cuenta» del impuesto sobre la renta. Por otra parte, al ser operaciones «de pasivo», el banco tenía que destinar un porcentaje nada desdeñable de los saldos globales para constituir el llamado «coeficiente de caja». Este importe, que, como es fácil suponer, dada la cuantía de las cesiones, sube a cifras elevadísimas en su conjunto, ha de quedar depositado en el Banco de España, del que se percibe una remuneración prácticamente nula, por lo que la entidad bancaria correspondiente sólo puede destinar a sus operaciones «de activo» el remanente tras la deducción del «coeficiente de caja». Como es sabido, el negocio tradicional de los bancos consiste en beneficiarse con el diferencial de los intereses que pagan a los depositantes (operaciones de pasivo) y los que cobran a la clientela por los créditos que conceden (operaciones de activo). Al no considerarse las cesiones de crédito como operaciones de pasivo y no estar sujetas al coeficiente de caja, las sumas que el banco podía dedicar a su negocio ordinario eran más elevadas, y también los consiguientes beneficios. De otro lado, el Santander obtuvo un lucro indebido no menos importante por otra vía indirecta: las condiciones más favorables ofrecidas a la clientela que le confiaba esos fondos le permitieron ejercer con dureza una competencia desleal frente a las demás entidades financieras, tanto a nivel nacional como internacional.

Los medios de comunicación se ocuparon de destacar con notorio relieve que la «agresiva» política comercial del Santander le había puesto en cabeza de sus competidores en la captación de pasivos de la clientela. El extraordinario impacto que una trama de tal envergadura había producido en la opinión pública tuvo amplia repercusión en la prensa. Entre los cientos de reportajes, artículos e informaciones que han venido tratando de este escándalo, basta con elegir algunos botones de muestra[1].

Como vemos, el espinoso asunto de las cesiones de crédito tiene una presencia constante en la prensa, incluidos los diarios de mayor difusión y de más dispares tendencias. No está de más recordar la opinión de un miembro del Congreso de los Diputados, Joan Saura i Laporta (expuesta en el número 14 de La Banca, mayo de 1999, página 13), según el cual, «la acusación contra el Banco Santander en este caso de las cesiones de crédito es uno de los más graves de presunto fraude fiscal conocidos hasta ahora, tanto en cantidad como en los métodos empleados». Porque lo cierto es que el asunto, judicialmente vivo, no sólo ha trascendido a la prensa en los términos más amplios, sino también a la esfera política, como lo demuestran los debates parlamentarios y las interpelaciones practicadas en el Congreso de los Diputados al Fiscal General del Estado y al Ministro de Economía y Hacienda.

Dado el enorme poder fáctico del Santander, el exponente financiero más cualificado en España del Poder, y los largos años transcurridos desde que se inició la instrucción judicial, demorada en gran medida por la constante obstrucción del propio banco, destrucción de documentos incluida, para proporcionar las pruebas pedidas por el Juzgado instructor, podría pensarse que el asunto se halla «en vía muerta». Nada más lejos de la realidad. No sólo está vivo, sino que es actualísimo y candente. Para comprobarlo basta la lectura de dos autos dictados por la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, María Teresa Palacios, que no tienen desperdicio. El primero, fechado el 1 de octubre de 1998, comienza con un resumen de la instrucción en términos que, por su claridad, no requieren mayor comentario por nuestra parte:

«De lo actuado se deduce que en los años 1988 y 1989 la entidad Banco Santander ofreció a clientes del mismo el producto financiero denominado cesiones de nuda propiedad de crédito (CNPC)… por el que captaba fondos fiscalmente opacos, asegurando ello a sus clientes; fue un total de 47.274 operaciones efectuadas con unos 3.500 titulares, por importe nominal de 432.965 millones de pesetas.

El Decreto Ley 4/89, de 7 de julio, sometió este producto financiero a retención y, por tanto, a control fiscal. Por ello, el Departamento de Inspección del Ministerio de Economía y Hacienda (UCI) pidió información acerca de estas operaciones y sus titulares en julio de 1989, obteniendo respuesta del banco acerca de aquéllas pero no de la identificación de los titulares, por tratarse, según indicaba, de operaciones vencidas, postura que mantuvo tras un nuevo requerimiento en octubre siguiente, por lo que se inició expediente administrativo de ejecución forzosa…, personándose Inspectores de Hacienda en sucursales y Central Contable del banco, detectándose que disponían de antecedentes documentales e informáticos de esa información que decían carecer, ante lo que el banco, que había asegurado a los clientes la opacidad del capital invertido, les sugirió la posibilidad… de valerse de testaferros, siendo facilitados algunos por los propios clientes, pero otros por el banco, y en varios casos sin conocimiento de éstos.

… en el mes de enero de 1990, con esa información inauténtica que el banco remitió a Hacienda, los inspectores citaron a los que aparecían como titulares de los CNPC en diferentes provincias, revelándose que un 34% de aquéllos eran los testaferros (más de 1.000 datos inveraces distribuidos por toda España), de los que unos eran familiares, empleados o socios de los titulares o sin otro vínculo que obtener una contraprestación económica, y, otro grupo, personas que, sin su anuencia y en una absoluta ignorancia, aparecían en lugar del titular, viéndose sometidos al requerimiento de la Hacienda Pública… inclusive a soportar la publicidad del hecho y de su identidad en rotativos de ámbito nacional por utilizar sus datos el banco…

Todo ello ocurrió a lo largo del territorio nacional, en un mismo período de tiempo, sin concierto alguno entre los suscriptores, sino como solución desde dicho banco. Ante esta discordancia, se provocó la frustración de la labor inspectora de la Hacienda Pública, debido, no a la inexacta situación fiscal del deudor, sino a la inveracidad de la identidad del titular real…

La situación descrita llevó a la UCI a que de nuevo se dirigiera al Banco Santander para que informara si confirmaba los datos que le había suministrado, respondiendo dicha entidad que, efectivamente, los confirmaba y que se correspondían con la realidad. Pero, iniciadas las presentes actuaciones, se intervino en dicho banco el dato informático del mensaje L.O.G. de teleproceso SJ5, en el que están registradas estas operaciones y los verdaderos titulares. De los 4.194 datos identificativos de titulares reales de CNPC, recogidos y almacenados en dicho mensaje de teleproceso, reconocieron ser ellos 2.274».

Era de suponer que el fiscal, encargado de velar por la legalidad, y el abogado del Estado, responsable de cuidar los intereses del Erario público, iban a poner su mejor empeño en colaborar con el Juzgado instructor y apoyar con su decidido impulso la investigación sumarial. Pero los dos funcionarios han hecho justamente lo contrario. Al lector le parecerá inconcebible que esos servidores de los intereses generales hayan instado reiteradamente el archivo de la causa después de que sus antecesores en los mismos cargos sostuvieran lo contrario en términos absolutos. ¿A qué intereses sirven ahora en realidad tan cualificados profesionales, que cobran del presupuesto del Estado, de todos nosotros los ciudadanos de a pie, para defender el interés público? Alguien del Gobierno estará llamado a contestar la pregunta; que cada cual imagine la respuesta. Lo que sí haremos es transcribir lo que sigue del auto de 1 de octubre de 1998, para que el lector juzgue por sí mismo:

«Por el Ministerio Fiscal se emitió informe de fecha 12 de julio último en el que terminaba interesando del Juzgado que acuerde el sobreseimiento libre… respecto de las personas del Banco Santander que, a lo largo de esta causa, han sido citadas como imputadas; y respecto de los titulares de las piezas separadas que hayan sido afectadas bien por la prescripción bien por la regularización de «testaferros»; así como la inhibición de las restantes piezas separadas a favor de los Juzgados de instrucción en atención al lugar de comisión de los hechos consistentes en posibles defraudaciones tributarias.

Asimismo se presentó escrito por el Sr. Abogado del Estado de fecha 14 de julio del mismo mes y año en el que terminaba suplicando al Juzgado acuerde la no exigibilidad a los administradores del Banco Santander de responsabilidad penal ninguna por cooperación necesaria en comisión de posible delito fiscal en relación a los principales invertidos por los clientes, y con respecto al presunto delito de falsedad, considera que dicha imputación es insostenible… con respecto a los posibles delitos contra la Hacienda Pública de los inversores, abiertas 228 piezas separadas, gran número de ellas deberán ser sobreseídas libremente, sin perjuicio de las obligaciones tributarias subsistentes, las cuales serían exigibles más propiamente en vía administrativa, y únicamente en aquellas piezas en que quede indubitadamente probado que la persona que aparece como responsable no ha regularizado su situación tributaria, según la doctrina legal del Tribunal Supremo y la consulta 4 de 19 de febrero de 1997 de la Fiscalía General del Estado, y exista una deuda tributaria superior a los 15 millones de pesetas, cabrá exigir responsabilidades penales, procediendo la inhibición a favor del juez instructor del domicilio del inversor…».

La juez Palacios desestimó las pretensiones del fiscal y del abogado del Estado. Y lo hizo razonadamente:

«El Ministerio Fiscal afirma que las posibilidades de investigación están agotadas prácticamente y culminada la instrucción, lo que le lleva sostener que no ha podido individualizarse en persona determinada alguna de las sospechas sobre el Banco Santander, en lo que se refiere a facilitar a la Agencia Tributaria identidades no reales, parecer éste que no se comparte… pues precisamente las diligencias últimas practicadas, la ratificación del informe pericial, las declaraciones prestadas por los miembros de la Comisión Ejecutiva del Banco Santander, dan pie a nuevas diligencias, como sería ampliar tales declaraciones y extenderlas a otros miembros del banco que habían declarado con anterioridad, contando para ello con los datos derivados de la pericia…

…algunas partes mencionan datos (declaraciones-documentos) en que se indican identidades de directivos de la entidad, sobre los que cabría insistir para concretar su presunta participación».

Y por lo que respecta a la pretensión de que el Juzgado Central nº 3 se inhibiese a favor de cada uno de los Juzgados de instrucción cuya competencia se extiende a los sitios donde se han formalizado las operaciones, el Juzgado se opone rotundamente a ello, hablando de:

«… un plan preconcebido desde la sede de la entidad financiera, que, no por casualidad, de manera coincidente se ofrece, materializa y soluciona en puntos tan distantes de España que no tiene otra explicación que lo antes expuesto, por lo que esta unidad de acción tiene su sede natural en la Audiencia Nacional».

Según el auto, las consecuencias de repartir entre jueces de toda España los distintos asuntos serían estas:

«… crearía graves problemas de inseguridad jurídica…, de acordarse tales desgloses, irían precedidos de un auto de sobreseimiento libre con valor de cosa juzgada para los miembros del Banco Santander, que vincularía a los distintos titulares de los órganos jurisdiccionales aniquilando la [posibilidad] de ser llamados al proceso a instancia de los imputados suscriptores del producto financiero.

… un gran número de personas a quienes afecta el procedimiento en distintos puntos del Estado han precisado su sorpresa y perplejidad ante el diferente tratamiento jurídico de unos y otros participantes en el hecho, cuestión que obliga a que tanto el Ministerio Fiscal como el Abogado del Estado ponderen el alcance de esa actitud procesal».

Como hemos visto, el abogado del Estado había intentado apoyarse en determinada circular de la Fiscalía General del Estado, por lo que el Juzgado le advierte que dicha circular contempla el caso de que quien regulariza es el obligado tributario y la exención de responsabilidad alcanza al testaferro, es decir, un supuesto contrario al de autos, y añade: «La circular se refiere al “partícipe en el delito” y éste no es en modo alguno el que ha visto utilizada su identidad sin saberlo». Por su parte, el fiscal sostenía —y creemos sinceramente que no lo dijo en broma— que la «inveracidad» en cuanto a los titulares (curiosa expresión la de «inveracidad» para no hablar de «falsedad») queda subsanada en aquellos casos en que la regularización de la deuda fiscal extingue la responsabilidad. El auto también rechaza semejante alegación:

«Parece insostenible que la inveracidad recaiga sobre quién sea el obligado, hasta el punto de que el artículo 305 del Código penal agrava la pena en tales casos».

Y en cuanto a la pretensión del abogado del Estado (¿del Estado, decimos bien?) de que no existe responsabilidad penal para el Santander, el auto no puede ser más contundente:

«… no sólo se instó desde la entidad a los clientes a que suscribieran el producto financiero, sino que en algunos casos se vieron sorprendidos por el cambio de identidad, escapando a su control esa decisión, que tuvo repercusión fiscal, pues la Hacienda Pública llamó a personas que desconocían aparecer nominadas, pero, además, quien remite los listados reiteradamente con datos inauténticos y está en condiciones de contrastar su veracidad es el Banco Santander».

Por tanto, existían indicios más que suficientes para continuar la investigación, y así lo ha expresado, con ponderada firmeza según hemos visto, el Juzgado Central nº 3. Como era de esperar, el Santander formuló recurso de reforma contra dicha resolución. Tenía que utilizar, lo que es legítimo (esto sí es legítimo, y no otras marrullerías constantemente practicadas a lo largo de la instrucción), todos los medios de defensa que la ley pone a su alcance. Pero lo inconcebible es que ni el fiscal ni el abogado del Estado aceptasen la evidencia derivada de las pruebas practicadas, después de que sus antecesores en la misma función dijeran todo lo contrario: el primero interpuso también recurso de reforma contra el auto del 1 de octubre, mientras que el segundo solicitó que se estimaran los recursos del Santander y el fiscal. Ambos remedios procesales fueron desestimados por un nuevo auto del 28 de octubre de 1998, que comienza su fundamentación jurídica en términos que, a nuestro entender, merecen su transcripción literal:

«Causa verdadero estupor las afirmaciones, nada menos que en los cinco primeros pasajes del escrito de recurso del Banco Santander, que se dedican a ilustrar a la proveyente de principios y derechos constitucionales, si bien al amparo de una inexacta interpretación del proceso penal…»

Tras un comienzo tan expresivo, el auto entra en el meollo del asunto:

«… cuando se están dilucidando hechos presuntamente delictivos en una concatenación de acciones de distintos partícipes no parece aconsejable apartar de plano a algunos… Mantener la postura contraria es parcelar y acotar a un solo instante la historia del hecho delictivo, aniquilando a otros también de relevancia penal. Los principios del proceso penal, imparcialidad, objetividad e igualdad de armas, vienen a conculcarse con las peticiones rechazadas… La igualdad de trato, el no sufrir indefensión ninguna de las partes… y menos aún a costa de otras, llevan a mantener en su integridad el auto impugnado, sin que suponga esta decisión un desprecio a las presuntas acusaciones, tratándose más bien, por parte de quien así lo afirma, de una interpretación torticera… rayana en la simpleza del argumento fácil de la falta de consideración y hasta de respeto a quien resuelve, indicativo de la ausencia de argumentos sólidos en que basar el recurso. En la forma y por las razones pedidas, viene a convertir al copartícipe en un hecho delictivo en mero testigo del mismo…»

«… una parte de la investigación versa sobre la participación de miembros del Banco Santander en presuntos delitos fiscales cometidos por clientes-suscriptores del producto financiero CNPC, como inductores o como encubridores, según el distinto ejercicio fiscal investigado, o como autores de falsedades, sin que quepa desconectarlo de la actuación de aquéllos, pues tanto unos como otros no sólo obstruyeron la labor inspectora de la Hacienda Pública, sino que las informaciones inveraces remitidas a dicho organismo paralizaron el desarrollo del expediente de ejecución forzosa».

La instructora dedica una especial recomendación al abogado del Estado:

«No se acierta a comprender cómo quien tiene la obligación de velar por la contribución a los gastos públicos insiste en apartar a quien de manera directa, eficaz y decisiva lo ha venido impidiendo, pues, si quien ha de responder es el obligado tributario, ello no evita depurar la responsabilidad de quien de alguna manera coopera a que sus clientes se siguieran beneficiando de la ocultación…, lo que se materializó en los datos inciertos remitidos a Hacienda por el Banco Santander…».

Por su parte, el fiscal se había atrevido a sostener el dislate de que no se trata de delitos tributarios imputables al Santander, ni de falsedades tendentes a la comisión de esos mismos delitos. Por lo que en este punto el auto declara que tales falsedades «quedarían impunes por inocuas», si se aceptara la tesis del ministerio público, y añade:

«… junto a los presuntos delitos fiscales de los suscriptores del producto financiero, se está investigando la actitud de la entidad bancaria en relación con la colaboración que les prestó, no revelando sus auténticas identidades…, y como quiera que son dos aspectos de un mismo hecho, esta investigación ha de continuar para con todos los imputados sin dar lugar a esas pretensiones que rompen el iter delictivo, sorprendiendo que la lucha por la averiguación de la verdad sea a costa de la tutela de los intervinientes, en detrimento de unos y para el buen fin de otros… por parte de quienes pretenden nada menos que un archivo definitivo que reduciría la investigación a una parcela mutilada y deformada de lo ocurrido».

El auto se refiere al retraso «nada deseable» de la causa, que no sólo se debe a la complejidad del asunto sino a que «la Agencia Tributaria tardó cuatro años (¡cuatro años, qué barbaridad!, ¿será posible?) en aportar al Juzgado la determinación del importe de las cuotas tributarias», y a «la no aportación por el banco, tanto a la Inspección de Hacienda como al Juzgado, de datos que habrían facilitado su labor». No obstante, añade el auto que durante esos seis años «se han recopilado indicios más allá de la sospecha para con miembros de dicho banco»:

«… no hay más que examinar lo obrante a los folios …, que acopian correspondencia acerca de la solución y respuesta que ha de darse a la Hacienda Pública, advirtiéndose discrepancias entre la asesoría fiscal y la asesoría jurídica de la entidad, mencionándose en tal correspondencia al Consejero Delegado, junto con la intervención de contratos en las sedes de Logroño y Santa Cruz de Tenerife manipulados, junto con los de los verdaderos titulares, o contratos en blanco con la firma de testaferros… Del examen de estos datos, entre otros, existen esos indicios de conocimiento y participación de directivos del Banco Santander, a partir de la decisión sobre la manera en que se han de cursar las respuestas a Hacienda cuando ésta solicita información sobre la titularidad de los suscriptores del producto financiero…, rechazándose las alegaciones de que, por tratarse de una persona jurídica, no sean identificables personas determinadas de la dirección del banco».

La pregunta es obvia: ¿por qué han sido sustituidos en la causa el fiscal y el abogado del Estado que venían acusando en términos inequívocos? ¿Tendremos que hablar una vez más del champán corriendo a raudales? ¡Ah!, y sin olvidarnos de indagar a ciencia cierta lo que nos cuentan sobre la amistad íntima entre el fiscal Fungairiño y el banquero Echenique.

Toda la publicidad del Santander cuando puso en práctica el invento de la cesión de créditos era un sugestivo guiño a posibles clientes para no pagar un solo duro a la Hacienda Pública por estas operaciones. Su reclamo «Venga al paraíso del Banco Santander», con la imagen de una isla caribeña con insinuantes siluetas femeninas entre frondosas palmeras, aludía subliminalmente a los idílicos paraísos fiscales que se prestan a la práctica de las actividades «deportivas» más diversas. Por eso mismo, y a consecuencia de la prueba pericial practicada, claramente incriminatoria, era de creer que en este asunto habíamos llegado al límite de nuestra sorpresa ante la actitud, verdaderamente incomprensible, manifestada por los representantes del ministerio público y de la abogacía del Estado. Pero decir a estas alturas que el resultado de la última prueba pericial supone la exclusión de cualquier responsabilidad a cargo de los máximos directivos del Banco Santander, nos parece un grave atentado a la justicia y, digámoslo claramente, una desvergüenza sin paliativos al desplazar el peso de tan oscuro asunto a los miles de personas engañadas por el banco, para que puedan lavarse las manos impunemente quienes ocupan los puestos máximos de administración y dirección en la entidad que ha «inventado» el fraudulento artilugio. Porque esto es lo que viene a demostrar la mencionada prueba pericial, practicada a lo largo del mes de julio de este año, si se interpreta conforme a las reglas de la sana crítica.

Sin embargo, el abogado del Estado (¿del Estado?, insistimos) opina de distinta manera y cree que son todas esas innumerables personas, engañadas por el Banco Santander, las únicas que han de pechar con las responsabilidades penales y tributarias derivadas de tales operaciones. Resulta tan disparatada e inmoral la postura de los representantes públicos que un joven letrado de la acusación, Iván Hernández Urraburu, que con tenacidad encomiable y buen hacer profesional viene desmontando pieza a pieza los desesperados esfuerzos del Santander por echarse a un lado para que no le coja el toro, se ha permitido la licencia de escenificar con agudeza una breve escena, de la que ha dejado constancia en autos, y que hubiera correspondido en todo a como pinta las cosas el actual abogado del Estado, secundado por el fiscal de ahora, que no el de antes.

El letrado, en su escrito, imagina que doña Gertrudis, vecina de un pueblecito de La Mancha y viuda de un funcionario de correos, es una recatada señora que asiste diariamente a misa, y después del oficio religioso suele visitar a don Liborio, director del Banco Santander, en el que tiene depositados los modestos ahorros de toda una vida de austeridad y buena administración. Pero una mañana, sin duda inspirada por el Paráclito, la respetable dama entra con decisión inusitada en el despacho del director de la sucursal, esgrimiendo un papel cuyo contenido explica así la portadora al estupefacto director:

—Mire usted, don Liborio, se me ha ocurrido de repente que pongamos en práctica una operación nueva, una cesión de crédito, para que ustedes me den más interés por mi dinero y yo no tenga que pagar un céntimo a la Hacienda Pública. He contado mi idea al oficial de la notaría, que me ha redactado, creo que muy bien, este papel que usted, como director del Santander, tiene que firmar aquí, en esta cruz puesta a lápiz. Y tiene que hacerlo de inmediato, para que yo no me perjudique.

Don Liborio mira el papel, sin duda complejo, en el que se habla de algo de lo que no entiende ni palabra, una cesión de la nuda propiedad de un crédito bajo un nombre que para él resulta totalmente desconocido, y así se lo advierte a la buena señora, que le replica al punto:

—No se preocupe usted, don Liborio, ese señor que se cita ahí no existe, es el nombre de un muerto; pero no importa. Yo, bajo mi exclusiva responsabilidad, como es natural, he dicho que se ponga ese nombre en el papel con un número de identidad falso.

—Pero, doña Gertrudis —advierte el atribulado director—, eso que me está usted proponiendo yo creo, en mis cortas luces, que es algo muy grave; ahí es nada, como titular una persona que ha fallecido, un documento de identidad falso, un procedimiento para defraudar a la Hacienda Pública, qué sé yo… Comprenderá usted que me resulta imposible firmar ese papel, sobre todo porque no tengo autorización de mis superiores.

—Pues verá lo que hace porque si ustedes no quieren hacerlo me paso al banco de enfrente, que siempre me está dando la lata para que abra cuenta. Así es que le doy veinticuatro horas para que consulte a Madrid o a Santander, o a donde sea, y le digan a usted de una vez lo que tiene que hacer, firmar aquí, donde está la cruz.

El director, temeroso de que volase a la competencia el saldo de la viuda, llamó a sus superiores, y éstos le dijeron que concertase la operación como se le pedía, puesto que un abogado del Estado muy influyente, después de consultar a la Secretaría de Estado de Hacienda y a la Agencia Tributaria, les había asegurado que cualquier responsabilidad fiscal correspondería a doña Gertrudis con carácter exclusivo, nunca al banco, una respetabilísima entidad engañada e inducida por la cliente de mala manera a concertar una operación tan extraña.

Esta escena, que corresponde en todo a las tesis del abogado del Estado en el proceso judicial en curso, según su último e inaudito escrito, debió repetirse en miles de sucursales del Santander en toda España, en las que, naturalmente, se presentó una legión de clientes con una documentación idéntica en cada caso a la que había propuesto doña Gertrudis en el pacífico pueblecito manchego. Por lo que resulta indiscutible que, según la Abogacía del Estado, siempre dispuesta a velar por los intereses públicos con tanta diligencia y honradez, hay que ajustar las cuentas bien ajustadas a doña Gertrudis y a esos otros miles de ciudadanos, faltaría más, dejando al margen de cualquier responsabilidad a Emilio Botín y a sus colaboradores, para que cada vez se hagan más ricos a costa de tales operaciones fraudulentas y otras tantas por el estilo que el banco propone y dispone, según conviene, con manifiesta certeza de impunidad. Para algo Emilio Botín presume constantemente ante quien quiera oirle que él es el que lleva a José María Aznar en su avión privado cuando se desplaza a Londres.

A fin de apreciar el verdadero sentir de los clientes involucrados en la trama, tanto los que conocían que la operación era fraudulenta como los que, ignorando su verdadera significación jurídica y tributaria, confiaban sin reservas en la solvencia y seriedad del banco para concertar operaciones sin riesgo alguno, basta con leer uno de los documentos unidos al informe de los dos Inspectores de Hacienda que han dictaminado como peritos judiciales. Ya no estamos en el relato imaginario de las relaciones bancarias entre doña Gertrudis y don Liborio. Se trata de una carta —transcrita seguidamente con pelos y señales y sin enmienda alguna— dirigida por un cliente del Santander al director de la sucursal que le propuso en su día el nuevo y original «producto»:

«ANTONIO PONTÓN GAMELLA

C/ Río Sorbe, 23

GUADALAJARA

09.03.92

SR. DIRECTOR BANCO DE SANTANDER

GUADALAJARA

Muy Sr. mío:

El motivo de la presente es para comunicarle por escrito la historia sobre Hacienda, que Vd. ya conoce, para que la haga llegar a instancias superiores dentro de la organización bancaria de la que forma parte.

Desde hace más de diez años soy cliente de ese banco y con Vd. son ya tres los directores que he ido conociendo en el transcurso de estos años.

Siempre he confiado mi dinero, mucho o poco, blanco o negro a esa entidad y siempre me he dejado asesorar por los distintos directores, como Vd. bien conoce. Su antecesor en el cargo, Sr. Vallejo, en su día me asesoró, creo que con la mejor intención, sacar el dinero que poseía en esa época en pagarés del tesoro y en cuentas de familiares e invertirlo en “Cesiones de Créditos” un producto “negro” que en aquel tiempo ofrecía su banco. Así lo hice y me fueron pagando los intereses hasta que, repentinamente, el Sr. Vallejo fue trasladado y aquí es donde ya entra Vd.

Al poco tiempo de su llegada me comunicó que su entidad se veía obligada a comunicar a Hacienda el nombre de los tenedores del producto “Cesiones de Créditos” y que me ofrecía dos alternativas: cambiar el nombre o pagar una complementaria blanqueando la imposición.

Como Vd. recordará optamos por la primera posibilidad e hicimos venir a mi tía Cándida, la cual firmó los documentos correspondientes y al mismo tiempo rompimos los que existían a mi nombre. Hasta aquí todo correcto, yo quedé con la conformidad que todo se había realizado según Vd. había propuesto.

En febrero del año 1990 recibo una citación de la Inspección de Hacienda para revisar los años 1985-88. Preparo toda la documentación y envío a mi asesor fiscal con la conciencia de llevar todo correctamente. Mi sorpresa es cuando mi asesor fiscal me hace saber que en la Inspección consta mi nombre como tenedor de 14.000.000 de Pesetas en “Cesiones de Créditos” según le ha comunicado el Banco de Santander».

Cuando los clientes del Santander se vieron masivamente perseguidos por la Hacienda Pública, el banco organizó otra maquinación complementaria para crear ficticiamente determinados soportes documentales que permitieran aducir la prescripción del incremento patrimonial. Esta documentación, elaborada a posteriori, consiste en dos cartas, una remitida por el cliente al banco, en la que le solicita que le confirme que, antes de las cesiones de crédito, tenía los fondos invertidos en determinados pagarés del tesoro, y la consiguiente contestación del banco, en la que confirma la existencia de esas operaciones. Se trataba de demostrar fraudulentamente que el incremento de patrimonio no afloró en el momento en que se formalizaron las cesiones de crédito sino en fechas anteriores, por lo que ya había prescrito la obligación tributaria. Esos incrementos se habrían materializado en unos instrumentos que, por ministerio de la ley, eran opacos.

Pero la añagaza decae, no sin estrépito, cuando los peritos designados por el Juzgado instructor comprueban que los pagarés a que hacen referencia esas cartas no se corresponden con operaciones efectivas realizadas por los mismos clientes que se han dirigido al banco. Además, tanto las cartas de la clientela como las contestaciones del banco están redactadas, sin excepción alguna, con los mismos modelos. ¡Qué casualidad!, el cliente, de viva voz, se manifiesta en los mismos términos en Ecija o en Cangas de Onís, y así simultáneamente en toda España. Lo que prueba —una vez más— que los dirigentes del Santander indicaron a toda la clientela la manera uniforme de actuar y les facilitaron falsamente los datos de los pagarés que constan en las respectivas cartas. Naturalmente, son las cartas de los clientes las que hacen referencia concreta a tales pagarés, mientras que las contestaciones del banco, a su vez, nunca aseguran que pertenecen a quienes remiten las cartas: se trata, claro está, de evitar en lo posible (en lo imposible más bien) que el banco incurra en una falsedad, para lo cual pone otra falsa albarda sobre la albarda fraudulenta inicial y amplía hasta el infinito el inmenso círculo del escándalo.

Los peritos nombrados por el propio Banco Santander, pertenecientes a la multinacional Ernst & Young, sometidos al interrogatorio de las acusaciones particulares, no han tenido más remedio que reconocer que todas las cartas siguen el mismo modelo, que no se refieren a una sola sucursal, sino que corresponden a clientes de toda España, y que no saben «cómo los clientes han podido obtener información relativa a unas operaciones que no son suyas, pero sí se corresponden ciertamente con otras operaciones del banco». Ya lo explicaba a las claras el infortunado cliente, el «sobrino de doña Cándida», en su carta al director del banco en Guadalajara que antes hemos transcrito: «… al poco tiempo de su llegada me comunicó que su entidad se veía obligada a comunicar a Hacienda el nombre de los tenedores del producto Cesiones de Crédito y que me ofrecía dos alternativas: cambiar el nombre o pagar una complementaria blanqueando la imposición».

Entre otros muchos documentos que obran en autos, hay un par de comunicados internos, firmados por Julio Banacloche, que por sí solos acreditan que la trama había sido orquestada por uno de los capitostes del Santander con conocimiento cierto de su presidente (al que se menciona en ambos escritos) y, al mismo tiempo, revelan los roces que después ocasionó el asunto entre los miembros de la dirección. El primero va dirigido al jefe de la asesoría jurídica del banco, José Ignacio Uclés. Banacloche alude a las vacilaciones de Rodrigo Echenique, consejero delegado del banco, en cuanto a la táctica a seguir con Hacienda después de descubrirse el fraude, y se queja de que Uclés «le empleara». El texto —también transcrito sin enmienda— es sobradamente expresivo:

«JULIO BANACLOCHE

General Oraa, 64

28006 MADRID

Querido José Ignacio:

Contesto tu nota del día 21.

Como le dijo el Consejero Delegado, yo no tengo reserva alguna cuando veo una propuesta con su “Conforme”.

Personalmente, en cambio, no dejo de extrañarme de tu nota ahora y no cuando Rodrigo decidió, primero, dar los nombres; después, dar las agencias; después, no darlas; para acabar, en fin dándolas. La nota escrita podía ser de hace meses.

Tampoco entiendo que me emplearas en la nota que me pediste que enviara al Presidente con tu adhesión y que me remitas, a posteriori, esta otra con el conforme del Consejero Delegado.

En todo caso, ahora que, desde luego, pasan ya los expedientes de NP [se refiere, sin duda, a “nuda propiedad” o “cesión de nuda propiedad de créditos”] a la Asesoría Jurídica, me alegra haber atendido lo mejor posible a la mayor carga producida hasta ahora».

Un abrazo.

Julio

La otra comunicación va dirigida por Banacloche al consejero delegado, con el siguiente texto:

BANCO SANTANDER

Att. Sr. Consejero Delegado

Asunto: EJECUCIÓN FORZOSA

Ayer habló el Presidente con Uclés y le remitió la carta del Secretario de Estado.

Uclés me pidió una nota sobre cómo estaba el asunto y se la hice. Yo creo que el Plan de Acción debe ser que se entregue la cinta y que se avise a los Jefes de Organización para que den instrucciones para posibles visitas inspectoras a las sucursales.

Te envío la nota a Uclés que debió remitir al Presidente.

Dispón de mí.

Madrid, 5 de febrero de 1991

Fdo.: J. Banacloche

¿Cómo pueden decir ahora estos señores, con una cara que se la pisan, que desconocían las multitudinarias operaciones concertadas con una clientela de miles de personas inducida al gigantesco fraude? ¿Es que también han desaparecido las actas de la comisión ejecutiva, del consejo de administración y de las juntas generales, en cuyos órganos se dejó constancia sobrada de la satisfacción que producía a los rectores del banco el astronómico incremento de los recursos ajenos mediante esos singulares «productos»? ¿Es que no recuerda Emilio Botín la arenga presidencial que lanzó vehementemente en la sucursal sevillana de Puerta de Jerez a sus directores andaluces para que intensificaran al máximo el plan de cesiones de crédito?

Un precedente significativo se ha cernido en los Estados Unidos de Norteamérica sobre la credibilidad del Banco Santander: faltar a la verdad en la documentación financiera de carácter obligatorio presentada en aquel país. Es de interés hacer referencia a lo que le ha pasado al BSCH en la Unión para comprobar que la conducta del grupo bancario no es esporádica o excepcional. Sabido es que en Norteamérica los mecanismos de investigación y control son muy rigurosos, especialmente cuando se trata de entidades extranjeras que actúan en aquel mercado como operadoras financieras o mediante la cotización oficial de sus acciones en Wall Street. Pues bien, a partir de junio de 1995, el Santander se convirtió en el mayor accionista del sexto banco norteamericano, el First Union Corporation, con la consiguiente presencia en el consejo de administración ajustada a su participación accionarial. El descubrimiento de la actuación irregular del Santander iba a provocar la reacción inmediata de los órganos de control de EE.UU. para poner fin a un estado de cosas basado en los «errores» vertidos en los informes del banco.

El influyente semanario Business Week publicó que el Banco Santander, como máximo beneficiario de la venta del First Fidelity al First Union, iba a ser investigado por la SEC al existir fundadas sospechas de que dispuso de información privilegiada sobre la compra por el último del 5 por 100 del First Fidelity, puesto que, en el momento de la adquisición, el Santander ya conocía la compra de aquel banco americano por el First Union. A partir de entonces, las autoridades estadounidenses encargadas de controlar el mercado de valores pusieron en marcha una vigilancia exhaustiva, y así pudieron comprobar que el Santander había faltado a la verdad en la información suministrada a la Administración norteamericana en dos documentos esenciales, el «Form BD» y el «Form 20-F».

De acuerdo con la legislación estadounidense, la entrada como operadora de una entidad bancaria extranjera, así como su cotización en las bolsas de valores de aquel país, se ve sometida a una serie de controles, entre ellos cumplimentar adecuadamente el formulario conocido como «Form BD» («Uniform application for broker-dealer registration»), que obliga a contestar verazmente si la entidad solicitante, sus representantes o cualquiera bajo su control inter alia han sido declarados culpables de algún delito, o bien emplazados o multados, si se les ha denegado alguna licencia o permiso, si han tenido alguna suspensión de licencia o si están implicados en algún procedimiento de infracción respecto a negocios de inversión o relacionados con fraude, declaraciones falsas u omisiones, fraude fiscal respecto a propiedades o prevaricación o cohecho, falsificación o extorsión, o si están implicados en cualquier procedimiento cuyo resultado pudiera tener repercusión en las citadas cuestiones. El 8 de septiembre de 1994 se cumplimentó el «Form BD», en nombre de Santander Investment Securities Inc., filial al 100 por 100 del Banco Santander, por parte de Ana Patricia Botín, presidente del consejo de administración. Todas las preguntas fueron contestadas en sentido negativo, por lo que las autoridades estadounidenses advirtieron que el grupo Santander había falseado de forma intencionada el formulario, ya que en la fecha de su formalización tanto el presidente Emilio Botín como el consejero delegado Rodrigo Echenique figuraban como imputados en los autos nº 53/92 tramitados por la Audiencia Nacional del Reino de España con motivo del escándalo de las «cesiones de crédito», cuyo sumario seguía instruyéndose en la actualidad por el Juzgado Central nº 3.

Además, la Administración norteamericana, concretamente la «Securities and Exchange Commission» (Comisión de Valores y Cambio, más conocida como la SEC), exige la presentación de otro formulario denominado «Form 20-F», a través del cual la entidad extranjera que pretende operar en el país está obligada a presentar una detallada y exhaustiva información de diversa naturaleza sobre la propia entidad, las actividades que desarrolla y sus administradores y gestores. El 29 de junio de 1995 el Banco Santander había presentado ante la SEC el informe anual para el año fiscal cerrado al 31 de diciembre de 1994, constitutivo del citado «Form 20-F», y también en este caso las autoridades estadounidenses detectaron la falsedad de la información contenida en el documento, puesto que el Santander sólo informaba parcialmente sobre tres asuntos judiciales: las «cesiones de crédito», una reclamación formulada por el fondo Carlisle Ventures y un procedimiento administrativo iniciado por el Banco de España contra Banesto. El primero de dichos asuntos, el de las «cesiones de crédito», es de tal entidad, según hemos señalado, que ha obligado a las autoridades judiciales españolas a investigar el verdadero alcance de la trama urdida por el Santander en todo el territorio español. Y lo cierto es que el banco, en la información sobre las cesiones de crédito, había tergiversado los hechos al presentarlos como un simple problema fiscal de solución previsiblemente favorable. Citamos al pie de la letra:

—«El Banco está sujeto a una investigación preliminar ante el Tribunal Monetario de España respecto al tratamiento fiscal de determinadas cesiones de crédito (que son transacciones en las que el Banco vendió al descuento la parte principal de determinados préstamos a terceros) realizadas por el Banco desde 1986 a 1989. El Magistrado, en esta indagación está investigando si debía haberse hecho una retención de impuestos sobre parte de los pagos hechos a los compradores de estos contratos, y ordenó al Banco Santander, S.A. depositar una fianza de 3.500 millones de pesetas (que fue liberada posteriormente). El asunto se encuentra aún en etapa de investigación, y no existe actualmente una imputación, ni se espera una decisión judicial definitiva antes de cierto tiempo. El Banco considera que su conducta respecto a las «cesiones de crédito» se ajustó a la ley y a los reglamentos aplicables en las fechas respectivas» (página 66).

—«Ni el Banco ni ninguna de sus filiales están implicadas en otros procedimientos de importancia. En la medida que conozca el Consejo de Administración del Banco no existen reclamaciones de importancia material en curso o amenazadas contra el Banco o sus filiales, incluidas las reclamaciones referidas más arriba, que puedan tener un efecto materialmente adverso sobre el negocio, situación financiera o resultados de las operaciones del grupo» (página 67).

El acceso de las autoridades norteamericanas a los documentos silenciados por el banco, como la declaración prestada el 2 de marzo de 1992 por el ex directivo del Santander, Aurelio López Fuentes (antiguo director de zona en Sevilla), ante el Juzgado de la Audiencia Nacional que conoce de los citados autos 53/92, en la que acusaba al banco de una práctica sistemática de blanqueo de dinero negro, encendieron las alarmas en los órganos de control norteamericanos al sospechar que los directivos del Santander pudieron haber realizado en el año 1988 las inversiones en el Royal Bank of Scotland y adquirido el año 1991 su primer paquete del First Fidelity, mediante la utilización de dinero proveniente de dichas operaciones irregulares investigadas por la justicia española.

El falseamiento premeditado de la obligada información con objeto de confundir a las autoridades estadounidenses provocó una investigación continuada de carácter criminal a cargo de la Fiscalía del Distrito de Manhattan (fiscal Moscow), que llevó a cabo una inspección in situ del Banco Santander en Nueva York, tomando una serie de medidas a los efectos de contrarrestar una sustancial presencia de dicho banco en el país, el cual desde entonces se consideró como no recomendable en los mercados de la Unión. Los americanos no se anduvieron con chiquitas: primero se limitó la representación del Santander en el consejo del First Union, luego se le obligó a quedar al margen de las decisiones de administración y de gestión del banco norteamericano, y, finalmente, en el año 1997, se le exigió la venta de todas sus acciones. En una palabra, y dicho sin rodeos, se le echó del país con cajas destempladas.

Lo expuesto, como puede verse, no afecta sólo a las relaciones del Banco Santander con la Hacienda Pública y con sus clientes. Es de suponer que, de la misma manera que ha ocurrido en Estados Unidos, el asunto tendrá repercusiones negativas sobre la expansión que el BSCH está llevando a cabo en otras latitudes, puesto que también en esos países el banco ha omitido la oportuna información a las instancias financieras competentes sobre la actuación delictuosa de sus administradores.

Hay cosas en el barullo informativo que se arma en torno a las grandes cuestiones que no sabemos si son producto de confidencias más o menos fiables o resultado de un sueño más o menos ficticio. Puedo asegurar que si se tratara de lo primero, es decir, del testimonio de una fuente de información autorizada, el autor de este libro tendría que rechazar de inmediato la verosimilitud de lo que le hubiesen contado, aunque el que lo cuente sea pariente muy próximo de uno de los protagonistas, por lo que prefiere narrar acto seguido lo que sin duda ha sido el resultado de una disparatada divagación onírica. Expongamos el sueño brevemente.

Un eminente banquero, caracterizado por su imparable fuerza expansiva y considerado como uno de los hombres más ricos del mundo (verán que es sumamente difícil poner aquí el nombre del interesado), llama furibundo a un político en ejercicio con mucho poder. El hombre público acude solícito al despacho del banquero y éste, sin disimular su cólera, le reprocha que el asunto de las cesiones de crédito todavía no se ha resuelto favorablemente para sus intereses, ya que sigue imputado en el proceso cuya tramitación judicial viene practicándose durante largo tiempo. El político, asombrado por el tono irascible con que el banquero le dirige el reproche, invoca que se ha hecho todo lo posible en el asunto, e incluso más de lo que procede, saliéndose del elemental decoro y las buenas prácticas en cuanto hace a la administración de justicia, para que el asunto quede en agua de borrajas en beneficio de los principales implicados:

—Fíjate, presidente —razona el político—, primero se ha conseguido eliminar una parte grandísima de las operaciones aumentando el límite del delito fiscal a quince millones de pesetas, lo cual ha permitido despejar el camino para dejar sin efecto multitud de infracciones que podían dar motivo a una acusación penal.

—Sí —le replica su interlocutor, haciéndolo con furia incontenible, que para eso el hombre es tan poderoso, uno de los más poderosos del país y del mundo mundial—, pero eso se ha hecho cuando estaban los socialistas en el poder, y además se ha hecho tan mal que, en vez de suprimir en el código de un plumazo esta figura de las cesiones, habéis cometido la estupidez de dejar vivos los asuntos más gordos, que son los más peligrosos y los que llaman más la atención. Y luego, vosotros, los que mandáis ahora gracias a mi ayuda, habéis hecho muy poco para arreglar el asunto de manera definitiva.

—Perdóname, presidente, pero tú sabes que primero el fiscal acusaba en la causa peligrosamente, y también lo hacía el abogado del Estado, y ahora sabes también que uno y otro funcionario, no sin vencer una gran resistencia en sus respectivos cuerpos, están pidiendo el sobreseimiento libre para todos vosotros, aunque mantengan la acusación contra vuestros clientes. Y de todo ello hemos tenido que dar explicaciones en el Parlamento.

La prevaricadora justificación del político tuvo la virtud de exasperar aún más al banquero.

—¿Pero qué me estás diciendo? (Aquí pongan ustedes una gruesa interjección). En el proceso siguen incordiando de mala manera algunas acusaciones, unos marxistas de Cataluña a los que no conoce ni su padre y una asociación de tres al cuarto y sobre todo al juzgado no hay quien le mueva en su manía de seguir adelante con la instrucción. Con que ya sabes lo que tenéis que hacer: poner orden en todo esto de una vez, porque ya sabes todo lo que hemos hecho en vuestro favor… (Y aquí una larga serie de justificaciones, reales o supuestas, sobre la amplitud de las ayudas prestadas por el banco, entre otras una muy en especial que afecta a los negocios particulares de una conocida familia cuyos miembros tenían comprometida su propia firma en créditos cuantiosísimos).

Verán ustedes, queridos lectores, que una conversación de ese jaez sólo puede obedecer a un absurdo sueño, y como en ningún modo puede responder a la realidad, ni siquiera de lejos, rechazo en rotundo cualquier atisbo de comunicación confidencial que alguien muy allegado a uno de los dos interlocutores haya podido hacer sobre extremos tan inverosímiles.

La ocasión la pintan calva. Veremos lo que acaba ocurriendo con el asendereado sumario de las cesiones de crédito. Los americanos, según antes decíamos, ya han dicho en su país lo que tenían que decir y han echado con cajas destempladas al Santander de su territorio para que no siga mintiendo en sus declaraciones públicas. Pero, a Dios gracias, España es un país en el que brilla el sol para que las cosas se tomen con menos rigor calvinista. Todavía hemos de ver si en la Audiencia Nacional la vara de medir es igual para el «caso Banesto» que para las cesiones de crédito, espectáculo que nos aprestamos a contemplar con el debido interés: en el «caso Banesto» todo ha quedado reducido a media docena de operaciones con unas responsabilidades en junto, todavía pendientes de la casación, por 7.000 millones de pesetas, mientras que en estas singulares cesiones crediticias del Santander, se trata de más de 40.000 operaciones, llenas de falsedades y la resurrección masiva de miles de muertos, lo que ha causado a la Hacienda Pública 100.000 millones de pérdidas. Sería curioso que el caso también le tocara en suerte a Siró García Pérez, siempre tan íntegro para ajustar las cuentas bien ajustadas a los del Poder cuando han caído en desgracia.

LOS MUERTOS QUE VOS MATÁIS…

«La vida nivela a todas las personas. La muerte destaca a las más eminentes»

(BERNARD SHAW)

Las arcas del Santander, tan rebosantes de dinero como las del rey Midas, constituían un silo de cabezas nucleares de la mayor potencia. Además, no sólo se incrementaba cada vez más «la moral» de los ejecutivos del banco, sino que éstos exhibían su satisfacción más íntima con sonrisa socarrona. Tan favorable situación permitió sofisticar la estrategia, por lo que el asalto final a los competidores se incluyó prioritariamente en el orden del día de la próxima campaña. Consecuentemente, todas las entidades financieras se vieron obligadas a adoptar con precipitación las adecuadas precauciones: eran conscientes de que las intenciones hostiles de los Botín florecían de día en día con mayor fuerza. Uno de los primeros en percatarse de los propósitos santanderinos fue el Banco Hispano Americano, al comprobar que su competidor tomaba posiciones de abordaje al haber adquirido, a través de intermediarios propicios, gran cantidad de acciones. De manera apresurada, el Hispano tuvo que buscar refugio en un acuerdo amistoso de fusión con el Central, para evitar la depredación urdida por su agresivo competidor cántabro. Amusátegui, a pesar de sus buenas maneras, decía entonces especialmente complacido: «A estos cantabrones les hemos parado los pies». Hoy le toca copresidir el banco con esos mismos cantabrones.

Para los analistas, la operación fallida de la toma a fortiori del Hispano era el preludio de otras batallas. El Royal Bank of Scotland, socio internacional del Santander, desconfió del carácter societario de su aliado y amplió con urgencia su capital. Paralelamente, el Banco Popular detectó que, a través de intermediarios favorables a la fiducia, había cambiado de manos el 6% de su capital social. La alarma se disparó en los ámbitos bancarios, Botín y su cohorte batían los tambores de guerra con más estruendo cada vez. Hasta entonces, las evoluciones bélicas habían sido de tanteo. La gran operación estaba por llegar. La estrategia de acoso y derribo, germinada en las letales «supercuentas» y las ingeniosas «cesiones de crédito», habían debilitado a la competencia tanto en lo económico como en el espíritu de combate. Los más afectados fueron el Central y Banesto: habían visto desaparecer de su pasivo el dinero de miles y miles de sus mejores clientes. El Central supo escudarse inteligentemente en la fusión con el Hispano, pero Banesto, una vez más, no supo reaccionar a tiempo.

Lo que puede parecer en principio una operación altamente arriesgada, mitiga las posibilidades de fracaso si se realiza con las arcas rebosantes. El dinero todo lo compra. Los Botín transmitían la apariencia de osados y agresivos, pero su audacia era calculada, siempre jugaban con ventaja, con un as bien guardado en la manga, como recomendaba el abuelo. Quedaba por recoger los frutos de sus desenvueltas campañas para la captación de recursos ajenos, tan demoledoras para sus competidores. Si se tiene todo a favor, incluso las apariencias, y se acelera la evolución natural de las cosas, el que no sepa adaptarse al cambio sucumbe irremediablemente. «Ahí me las den todas», se dijeron los de la Montaña con su característica originalidad.

La tormenta desatada por las fusiones entre los bancos españoles para poder competir con la banca extranjera, una de las consecuencias de la expansión del mercado único europeo, acabó en una guerra feroz. El panorama financiero, hasta entonces pacífico en esta clase de fenómenos mercantiles, entró en pugnas y en soluciones de signo dispar. El Bilbao de Sánchez Asiaín emprendió una opa hostil contra Banesto, pero fracasó estrepitosamente en el intento. En cambio, la fusión Bilbao-Vizcaya culminó favorablemente, aunque no exenta de peleas internas libradas a cara de perro. El esbozo de fusión del Central del viejo Escámez, con más conchas que un gigantesco galápago, y el Banesto del neófito Conde también fracasó sin paliativos, después de que pasaran por el escenario los Albertos, abruptos en sus aceleradas pretensiones hegemónicas; Javier de la Rosa, jugando a todos los paños; el inevitable Sarasola, con el cazo siempre a punto para sí y los suyos, sobre todo «el suyo»; Matías Cortés, el dúplice, oteando la dirección del viento para ver a quién dejaba en la estacada, y Miguel Boyer, con su ridícula suficiencia a cuestas y sus ansias irredentas de afincarse todavía más en Puerta de Hierro. El Central acabó emparentando con el Hispano, una jugada maestra de José María Amusátegui. La concentración también llegó a los bancos del sector público con la creación de Argentaría, un poderoso competidor de la banca privada un tanto descabalado. Mientras tanto, el Santander permanecía fuera de juego, lo que formaba parte del espíritu de la casa. Botín hijo ya había destacado por el trato, peyorativo más que distante, hacia sus colegas; le traían al fresco las normas sectoriales acordadas en los almuerzos periódicos en Alcalá 49, la sede del Central, incluida su hortera vajilla de oro. Para los ilustres comensales, el comportamiento de la banca en el mercado —más bien «frente al mercado»— no podía ser otro que el de un fructífero oligopolio. Los de tan selecto cortijo se armonizaban entre sí, a pesar de sus dentelladas recíprocas, bajo un lema implícito en el trato: «Vamos a llevarnos bien», sinónimo de «que los demás pasen por el tubo, que hay beneficios para todos». Sin embargo, Botín usaba otra pauta de comportamiento: si creía que algo le beneficiaba en exclusiva prescindía de los acuerdos del sector e iba a lo suyo por derecho. Aunque esta conducta ya se había ejercido en buena medida por su antecesor, el hijo llegó a romper con todo y con todos, al echar por la borda los acuerdos, las consignas o los cambalaches del «club de los siete», del que incluso pretendió eliminar al Popular. Lo que coincidió con el preludio de las hostilidades desatadas por la opa del Bilbao contra Banesto. De ahí las «supercuentas» y las «cesiones de crédito», al servicio de la exhibición de una fuerza arrolladora, impulsada por una pasión incontenible por el beneficio máximo, al socaire del poder alcanzado hacia la entidad. Los colegas de Emilio Botín empezaron a inquietarse al ver a su adversario actuar tan denodadamente fuera del circuito tradicional. El «peligro Botín», como decían, atemorizó a todo el sector ante la astucia y la decisión empleadas por el resuelto colega para propinar sus golpes definitivos. Uno de esos golpes fue el intento de absorber al Hispano Americano, una maniobra fundamentada en la traición.

El Crédit Lyonnais quiso concertar con el Hispano, con el que mantenía muy buenas relaciones, un tratado de mutua cooperación: se trataba del proyecto Europartner, que también incluía al Banco di Roma y al Commerzbank, cuyo objetivo principal era la expansión europea del grupo. El proyecto no llegó a despegar, pero Botín entró en relación directa con el Crédit Lyonnais, el cual, a través de empresas filiales, fue comprando en bolsa acciones del Hispano para el cántabro, que de esta manera pretendía hacerse con el control de un competidor español de tanto abolengo. A su vez, el Crédit Lyonnais vio en Botín a un aliado de excepción para llevar a termino su expansión por España. Como recompensa a la felonía inferida al Hispano, Botín vendió a los franceses el Banco Comercial Español y la Banca Jover: en total, más de 200 oficinas diseminadas por todo el país. Nadie sospechó de lo que ocultaba la operación urdida por el de la Montaña; la atomizada compra de acciones del Hispano provenía de inversores extranjeros y fondos de pensiones a través de empresas controladas por el banco galo, y, además, de las que éste adquiría directamente nada cabía sospechar, ya que, en apariencia, estaba en marcha la cooperación interbancaria a través del proyecto Europartner.

A pesar del sigilo en la compra de las acciones del Hispano, su presidente José María Amusátegui llegó a notar la picadura de la mosca detrás de la oreja: cerca de un 5% del capital social de su banco había cambiado de manos, y todo ello en muy corto tiempo. Por lo que se precipitaron las conversaciones para un acuerdo amistoso de fusión con el Central, y ambos presidentes, Alfonso Escámez y José María Amusátegui, convinieron la fórmula el 14 de mayo de 1991, después de unas rápidas negociaciones, mantenidas con el mayor sigilo, en las que una vez más lució la habilidad de Santiago Foncillas. Desde este momento el «peligro Botín» quedó desactivado, al menos para el Central Hispano. El intento de una opa hostil estaría condenado al fracaso. Tocaba esperar a tiempos mejores, pero con la escopeta bien cargada y en el puesto más propicio para el insaciable cazador.

Banesto, la estrella polar de Alcalá 14 y Castellana 7, era la obsesión de Botín. Concurrían todos los ingredientes necesarios para lanzar un asalto en toda regla. Botín esgrime como un ariete los 300.000 millones de pesetas que desbordan sus cajas, y pasa revista a sus anteriores intentos, que sólo habían sido de tanteo. Si resultaron fallidos, no fue por falta de determinación por su parte, sino porque sus adversarios se escabulleron con presteza. El Banco Popular, sabiamente dirigido por los Valls con ayuda del Paráclito, se parapetó convenientemente con armamento estratégico; el Central, fusionándose con el Hispano, se había hecho inaccesible; otras empresas no bancarias esgrimieron su inmenso potencial, como El Corte Inglés, una verdadera institución, la empresa privada más poderosa del país: el asalto hostil no fue posible, la sociedad no cotizaba en bolsa y sus propietarios, los herederos de Ramón Areces, con un formidable Isidoro Álvarez a la cabeza, dieron educadamente a Botín con la puerta en las narices. Todo había sido preludio y entrenamiento para librar la madre de todas las batallas: el asalto a Banesto.

El dinero líquido acumulado por el Santander a través de las ventas de activos diversos, la venta de bancos filiales y los depósitos obtenidos con las «supercuentas», a lo que se añadían los beneficios producidos por el invento de las «cesiones de crédito», con sus 100.000 millones dejados de ingresar al fisco, eran el armamento necesario para manejarlo con decisión en el momento propicio y multiplicar el tamaño del banco. Sólo hacía falta dar con la estrategia adecuada, lo que no era fácil. Una fusión amistosa con un Banesto en manos de Conde sería rechazada de plano: una premisa indispensable para los Botín consiste invariablemente en no compartir el poder, ellos se sienten amos y señores de su banco, los únicos banqueros del país por méritos propios, ningún accionista, nadie en absoluto, les puede hacer sombra. Como ocurrió con los Serrano Goyría, durante un tiempo los segundos accionistas, que fueron borrados del mapa sin contemplaciones y con el mayor perjuicio posible por su intolerable disidencia.

Esta premisa, indispensable para un Botín no dispuesto en modo alguno a que alguien compartiera sus decisiones, ya estaba enquistada en su ánimo desde el mismo momento en que tomó el mando. La cantinela era machaconamente repetida en cada junta: «El Santander no participará en ninguna fusión en España», lo que justificaba de la manera más simple: «Porque es lo mejor para los accionistas». Pero a la fabulosa liquidez acumulada había que darle rentabilidad sin que quedase mermado el control del banco. Se optó por invertir en el exterior, se apostaba por socios internacionales como alternativa a la expansión por la vía de la fusión con un banco nacional, lo que llevó a establecer una alianza con el Royal Bank of Scotland, se fundó el Banco Santander Suiza, se adquirió un 10% del Banco de Comercio e Industria de Portugal, se compró el Crédit du Nord Belge y el CC Bank de Alemania. Pero este proceso expansivo era tan solo un compás de espera, el preludio del asalto final. La intención transitoria de la expansión internacional del Santander era colocar su autocartera en sociedades de inversión mobiliaria, aparcándola cuidadosamente fuera de la propia estructura contable. Estos grandes paquetes de sus propias acciones le servían a Botín de escudo protector contra maniobras hostiles de terceros, al tiempo que le proporcionaban un instrumento al margen de la ley para manejar a su aire la cotización bursátil. Esta dicotomía entre la defensa y el ataque formaba parte de la estrategia a que se ajustaba el obligado compás de espera, mientras el Banco de España se miraba el ombligo con manifiesta complacencia.

El ronroneo de que algo se movía en las alturas financieras más inaccesibles lo propició en mayo de 1991 el ministro Solchaga cuando dijo: «No creo que el Gobierno ponga ninguna objeción a que los bancos Santander y Banesto lleguen a un acuerdo de fusión». Pero lo cierto es que, con el paréntesis temporal de por medio, las estrategias de fusión se habían complicado, a lo que se unía el resquemor general ante el «peligro Botín». Los restantes miembros del diezmado, vapuleado y anticuado «club de los siete» ya estaban al cabo de la calle de que nunca podrían fiarse de un Botín montado en el potro del propio e ilimitado interés, para su banco, por supuesto. El poderoso depredador seguía consagrado, con la máxima atención, en el permanente acecho a Banesto, maltrecho y dolido en sus viejas espaldas —viejas pero anchas— por el tremendo garrotazo de las «supercuentas» santanderinas. Banesto había sufrido como el que más la merma de rentabilidad y de prestigio que supuso la maniobra de su contrincante. Además, Mario Conde no sólo se encontraba frente a la caída de los beneficios de intermediación financiera, sino que el proyecto de la Corporación Industrial padeció un serio contratiempo al estallar la guerra del Golfo, que impidió colocar en los mercados internacionales las acciones de la nueva entidad en la que se integraban las cinco «isas», las sociedades de cartera que tanto lustre habían dado a la casa de Alcalá 14. La necesidad de dotar de liquidez al banco obligó a Conde a desprenderse en 1991 del Banc Català de Crèdit, buena parte de La Unión y El Fénix y la petrolera Petromed, lo que permitió recuperar cerca de 100.000 millones. Pero no era suficiente, y los problemas persistían, sobre todo por el enfrentamiento constante con el Banco de España y el Ministerio de Economía. A Banesto se le había reconocido un buen pellizco en exenciones fiscales al poner en práctica el proyecto de la Corporación, lo que también se convirtió en causa de conflicto por la necesidad de reinvertir dentro de plazo el precio de los elementos patrimoniales vendidos a terceros.

Banesto entró así en el ojo del huracán, y a los continuos roces con la Cibeles se unió la postura adversa del Gobierno cuando presumió las intenciones de Conde de saltar a la arena política, después de haber recorrido, de triunfo en triunfo y en un tiempo récord, el largo trayecto que va de la simple abogacía del Estado a la presidencia de uno de los grandes bancos españoles. Era el momento esperado por Botín; la pieza estaba seriamente acosada. El asalto a Banesto, esta vez por la vía de la depredación, reunía todos los condicionantes necesarios para su abordaje. Los socialistas, al intervenir Rumasa, ya fueron efusivamente aplaudidos por el padre, ahora tenían en el hijo a un aliado de excepción para eliminar, al «estilo Botín», a un peligroso enemigo político.

6

EL FRAUDE, AL DESCUBIERTO

«Ten siempre puesta la mira / en tratar pura verdad, / porque es gran calamidad / el ser cogido en mentira»

(JUAN RUFO)

La obsesión por el beneficio ilimitado, obtenido a toda costa y sin mayores escrúpulos, ha convertido al Banco Santander y a su máximo rector en un caso patológico digno de tratamiento doctrinal por el gran Freud. El símbolo del fenómeno, la vertiginosa ascensión de la entidad y de su presidente hacia los espacios siderales acotados en exclusiva por el Poder, puede resumirse en tres hitos significativos: las «cesiones de crédito», las «supercuentas» y el asalto a Banesto.

El invento —en nuestra opinión, delictuoso— de las «cesiones de créditos», y el desarrollo desmesurado de las «supercuentas», le proporcionaron al Santander la base necesaria para poner en práctica el expolio del viejo banco de Alcalá 14, aunque luego no le hicieren falta esos caudales al recibir el regalo prevaricador dispensado por el Banco de España. Pero como dinero llama a dinero, a la acumulación de tan grandes recursos en manos de Botín había que añadir los distribuidos cuidadosamente por diversos paraísos fiscales. Durante los últimos cinco años, un carrusel de sociedades variopintas, la mayoría domiciliadas en territorios exentos, ha permitido cuantiosísimas entradas y salidas, sin justificación aparente, en el entramado contable del banco cántabro. Todos estos activos, desconocidos en la práctica por los mercados, ascienden a cifras astronómicas, lo que por sí mismo, y así nos apresuramos a reconocerlo, no permite estimar intención defraudatoria en los autores de tan curioso fenómeno financiero. Aunque sea presumible que, bajo una ¿cómo diríamos?, una «trasposición patrimonial» tan desmesurada como anómala, pueda adivinarse un discurso subterráneo con fines insospechados que afecta a numerosos ejercicios contables, en detrimento correlativo del adecuado reparto de beneficios y el valor bursátil de las acciones, y lo que es más peliagudo, la información sobre el verdadero destino final de fondos tan ingentes. Lo que pudiera contribuir a que, como publica la revista Forbes, Emilio Botín, uno de los hombres más ricos del mundo, sea cada vez más rico.

Observadores autorizados en el campo de la biología dan por bueno que la fortuna de los Botín es el producto natural de la herencia genética que la saga lleva ínsita de manera indefectible, y que puede resumirse en este lema que nos permitimos proponer a sus titulares para que lo incorporen a su escudo de armas: «Ad Telonium vocatur cum fervore passionis prorioque profectu» (la vocación por la banca ejercida apasionadamente en provecho propio). Paradojas de la vida, un hecho casual y fortuito, los genes, debido a los inescrutables caprichos de la madre naturaleza, pone de manifiesto que tan colosal fortuna se debe al determinismo inexorable por el que se rige la composición estructural de algunos seres excepcionales que los faculta para colocarse al margen y por encima de la especie común.

El expolio de Banesto, la gigantesca tropelía basada en las falsedades cometidas por el Banco de España, que ha dejado sin trabajo a miles de empleados y en la ruina a una multitud de accionistas, supone la prueba definitiva del concepto faústico del beneficio que anida en la mente del Banco Santander y de su líder máximo, aunque en buena medida se haya obtenido también mediante la dádiva, la recompensa y la promesa a quienes, desvirtuando el cumplimiento de sus funciones públicas, han puesto arteramente en bandeja de platino la codiciada presa.

EL «AGUJERO» QUE NUNCA EXISTIÓ

«En lo más oscuro de la Torre de Londres, se encuentran dos turistas:

¿Cree usted en fantasmas? —pregunta el uno al otro.

¡Hombre, no! ¿Y usted?

Pues, yo sí.

Y desapareció.

(CHESTERTON)

Recordemos resumidamente que en agosto de 1994 la firma norteamericana de inversiones Carlisle Ventures Inc. procedió, bajo el patrocinio de JP Morgan, a la compra de un importante paquete de acciones en la macroampliación de capital que Banesto había lanzado a los mercados internacionales unos meses antes de la intervención: el fondo adquirió 2.052.629 acciones por 3.899.995.100 pesetas, o sea, unos 27,5 millones de dólares USA, aproximadamente. Una vez que el Banco de España intervino Banesto, los americanos de Carlisle se sintieron engañados por la calidad de su inversión, de suerte que el 11 de agosto de 1994 presentaron una demanda ante los tribunales de Nueva York, en la que alegaron haber recibido una información manipulada en lo relativo a la situación financiera del banco y a su modus operandi, ya que el estado de cuentas antes de agosto de 1993 distaba mucho de la realidad puesta de manifiesto con la intervención. Sostenían en su reclamación, resuelta favorablemente para sus intereses, que la situación de Banesto era sustancialmente peor a la presentada en la información que se les había facilitado, ya que tenía una inadecuada capitalización, carecía de reservas para insolvencias, había registrado operaciones ficticias, activos sobrevalorados y ganancias hinchadas en la venta de activos y había subestimado sus fondos para pensiones. La demanda de Carlisle se ajustaba a una estrategia procesal consistente en enfrentar las cifras de la macroampliación del 93 con las de la intervención exhibidas por el Banco de España. En 1995, con Banesto ya en manos de los nuevos gestores, se le respondió a la demandante que no se había producido ningún tipo de falsedad documental, puesto que las irregularidades detectadas —las mismas que teóricamente propiciaron la intervención— eran irrelevantes. Banesto, en su contestación a la demanda fechada el 16 de agosto de 1995, negó de plano todas las alegaciones de Carlisle. En concreto, rechazó que se hubiese cometido «cualquier falsedad», sostuvo que «no se demostraba engaño» y aseguró que «el folleto informativo para inversores internacionales demuestra que las falsedades alegadas no son tales y no inducen a engaño en sentido jurídico». Por último, Banesto sostuvo que no había mediado «fraude», y ni siquiera admitió «la mera negligencia del Banco y de sus agentes y representantes». Por tanto, todas las manifestaciones de la representación de Banesto ante el tribunal norteamericano contradicen abiertamente lo alegado por el Banco de España para justificar la intervención el 28 de diciembre de 1993.

El Banco de España y los nuevos administradores de Banesto sostuvieron que las «irregularidades descubiertas no tenían carácter material desde el punto de vista de un inversor razonable» y, por tanto, eran insuficientes para sostener siquiera una reclamación indemnizatoria de carácter civil. Esta argumentación, expuesta por Banesto ante el Tribunal norteamericano, echa por los suelos la tesis del enorme «agujero» invocado ante la jurisdicción española. Llama la atención que unos hechos que en España sirven de base para plantear una acción penal en términos particularmente graves no tengan relevancia en Estados Unidos para justificar siquiera una simple demanda civil, porque, en definitiva, lo que se está argumentando es la inexistencia de tal «agujero».

En un escrito, fechado el 22 de enero de 1996, dirigido por el consejero secretario de Banesto, Juan Carlos Rodríguez Cantarero, a José Carlos Gómez de la Barcena, del FGD, reconoce que «…internándonos en una discusión sobre la corrección de las cifras, la posición de Banesto sería incierta». Basta leer entre líneas para percatarse de que la «incertidumbre» es sinónimo de «falsedad». Sorprende sobremanera que las cifras que justificaron la intervención puedan comportar cualquier suerte de incertidumbre e inseguridad. Lo que también sucede cuando el de Banesto explica al del Fondo «la incorrección de la documentación contable suministrada», lo que «coloca a la dirección actual del banco en una posición ciertamente difícil, pues resulta imposible alegar ahora lo contrario de lo que, hasta la fecha, se ha venido sosteniendo». Cantarero se ve atrapado con un dato apabullante: en el folleto de la macroampliación de agosto de 1993 no puede haber «agujero», debido a la conformidad del Banco de España sobre las cuentas, que pocos meses después el propio banco emisor pretende que eran falsas al «detectar» la sima de 605.000 millones de pesetas.

Un hecho tan revelador como que Rodríguez Cantarero dudara de la verdad oficial y la sometiera al criterio del Fondo, a efectos del proceso seguido en Nueva York, es una prueba inequívoca, que aporta el propio consejero secretario de Banesto, sobre la realidad del expolio. Porque las cuentas de la intervención deberían ser diáfanas y transparentes para los nuevos administradores, los cuales no podían dudar en modo alguno de su contenido, después de haberlas confeccionado al 31 de diciembre de 1993: «…resulta imposible alegar ahora lo contrario de lo que hasta la fecha se ha venido sosteniendo». Más claro, imposible igualmente.

La posición de los nuevos administradores de Banesto frente a la reclamación de los accionistas norteamericanos era un indicio más que elocuente sobre la ficción del «agujero». En su propia argumentación, expuesta ante el tribunal de aquel país, así lo sostuvieron de plano, mientras que aquí se basaban en una versión totalmente opuesta. Podía pensarse que los nuevos administradores se referían a la información que habían difundido sobre la situación de los créditos «dañados», pero no podían ignorar que un registro, la Central de Información de Riesgos (CIR), controlado por el Banco de España, dispone de la información histórica de cada uno de los riesgos que asumen las entidades financieras, así como de sus garantías y su evolución. Unos datos que están mensualmente actualizados en la base informática de la CIR, por lo que no es creíble que el Banco de España, que cuenta en su propia casa con tan completa información, llegara a conocer de forma inesperada la verdadera situación de Banesto. Por lo que no necesitaba en modo alguno proceder a una evaluación in situ de los riesgos para determinar la dimensión del «agujero». Insistamos en esto porque es algo que nunca se ha traído a colación por los representantes del Banco de España, lo que denota su mala fe en el tratamiento de la cuestión. Todas las entidades financieras tienen la obligación de comunicar mensualmente a la CIR los datos actualizados de los riesgos que mantienen con sus respectivos deudores. El contenido de esta información versa sobre el nombre del deudor, la clase de riesgo, la existencia de garantías, la cantidad dispuesta y el saldo disponible, y, especialmente, la situación del propio riesgo. Este último dato, de inexcusable comunicación, significa que la entidad acreedora debe informar de si el deudor está al día en el pago de principal e intereses, si mantiene alguna cuota vencida con antigüedad superior a tres meses o si esa antigüedad supera los 21 meses, plazo máximo para quedar provisionado al 100%, o si el deudor está en quiebra o en suspensión de pagos. Por tanto, la acreditación de la morosidad de un banco cuenta con una doble comprobación: los datos de la contabilidad del propio banco y los que figuran inexcusablemente en la CIR.

En el caso de Banesto, los datos del banco eran los que constaban en las escrituras de cesión al FGD donde estaban relacionados, uno a uno, los supuestos créditos «dañados». En la investigación practicada por La Banca disponíamos de esta referencia, pero creíamos indispensable conocer los antecedentes de las operaciones que figuraban en la base de datos de la CIR. El inconveniente para acceder a esta información es que el Banco de España sólo la facilita a los propios titulares. Por lo que recurrimos a varias personas que figuraban en las listas de supuestos morosos o fallidos, con los que habíamos contactado previamente con el fin de conocer su verdadera situación crediticia en el banco, quienes accedieron a nuestra instancia a solicitar a la CIR los datos sobre su situación particular. El resultado fue espeluznante: no existía ninguna discrepancia con la situación conocida por el deudor, éste se hallaba en situación normal, es decir, mantenía puntualmente al día sus obligaciones de pago, la CIR así lo reflejaba. Ninguno de los datos obtenidos de ese registro reflejaba un riesgo de morosidad o insolvencia que afectara a las cuentas de Banesto, ni siquiera el cambio de «dueño» al producirse la venta de los créditos a SCI Gestión, la sociedad fantasma de la que ya hemos hablado. El engaño perpetrado por la inspección del Banco de España tenía, y sigue teniendo, acreditación plena en su propia casa.

El 5 de mayo de 1994 Banesto vende al FGD los activos «dañados», y éste los revende en el mismo acto a la entidad, que gana 285.000 millones con la operación. Dicho de otra manera —y trasladando la escena a una película de tontos y listos—, Banesto le dice al Fondo que todo ese montón de créditos es pura chatarra, pero como el Fondo es una entidad de derecho público y viene a ser del Estado, iría de maravilla que le diera el precio líquido de 285.000 millones libres de polvo y paja. Lo que al interlocutor público le parece una propuesta excelente, y sin pensárselo dos veces dice «ahí va el regalo». Cuando los nuevos administradores de Banesto ya tienen asido y bien asido el inmenso montón de millones y lo han puesto en la caja a buen recaudo, le proponen al Fondo (como vemos, un Fondo sin fondo) un negocio todavía más brillante y original: si los créditos que te he vendido son pura chatarra, ¿por qué no me los revendes por una peseta? Una peseta siempre es una peseta, como diría el viejo don Emilio. A los representantes de la institución dependiente del Banco de España y presidida por el subgobernador, que por tanto saben mucho de números, la nueva propuesta les parece tan admirable como la primera, y dicho y hecho: «Ahí van los créditos por una peseta».

Más tarde, el 18 de julio, Banesto hace renacer de sus cenizas una sociedad supuestamente especializada en el transporte aéreo, aunque nadie conocía las singladuras de las aeronaves. Según hemos sabido, contaba con 2,6 empleados, curiosa manera ésta de contabilizar, mediante decimales, el personal de la casa. ¿Qué será un 0,6 de empleado? Cambiándole el nombre y el objeto social queda lista para aparecer como una nueva sociedad restaurada, y así, de un modo tan simple, sale a la luz SCI Gestión, la encargada de cobrar los créditos «dañados», todos esos créditos que, según la CIR, seguían vivos y coleando. En el tercer trimestre se traspasan por primera vez los activos «dañados» a SCI Gestión, consolidando sus cuentas, como sociedad filial, con las del grupo Banesto.

Entre Banesto, el FGD y la sociedad interpuesta, SCI Gestión, se construyen las claves del fraude. Cada cual cumplirá su papel en la farsa. En principio, el Fondo aparece como el tonto de la película, pues compra a Banesto todos aquellos créditos que se incorporan a una lista de activos cuyo cobro no ha sido posible. Y los compra sin practicar comprobación alguna sobre su existencia o su situación verdadera. La fe mueve montañas. Además, poco importaba averiguarlo ya que en el mismo acto de la compra el Fondo se los vuelve a vender a Banesto por una simbólica peseta. Dicho así, a la pata la llana, nos parece que en este caso el tonto de la película era el más tonto que ha existido en el universo mundo, o cumplía con rara perfección el difícil papel que le habían asignado de antemano en el reparto. A resultas de tan singular operación, Banesto se vuelve a quedar con los créditos supuestamente «dañados», por los que percibe la friolera de 285.000 millones de pesetas.

La operación entera huele a chamusquina, más bien a cloaca, y eso que todavía queda por asignar el papel de «tapadera» a SCI Gestión, que en teoría ha de cuidar de los trabajos de recobro. Esta función por parte de SCI Gestión era algo tan fuera de lugar como su exigua plantilla para la ingente labor de recuperar miles de créditos en toda España, un elemento más para calibrar la magnitud del engaño. El 30 de septiembre Banesto ya ha formalizado y contabilizado la transmisión de los activos «dañados» a SCI Gestión. Sólo faltaba que la autoridad competente, el Banco de España, autorizase la no consolidación de la fantasmal empresa en Banesto. Así, estando los créditos en manos de otra sociedad, aunque la controlase el banco intervenido, con el que no consolidaba sus cuentas, nadie, ningún accionista o cualquier acreedor, podría conocer el ritmo de los recobros y, por tanto, discutir el tamaño y hasta la existencia misma del «agujero».

Esta operación no estaba incluida en el plan de saneamiento ni había sido autorizada por el Banco de España; era una medida adoptada unilateralmente por el Banco Santander, que en aquellos momentos ya era dueño y señor de Banesto. Obviamente, la sociedad instrumental, SCI Gestión, no podía consolidar sus cuentas con las de Banesto, porque en otro caso el estado de los créditos hubiera quedado a la luz pública, y ya se sabe que el sol, tomado con exceso, produce cáncer. Era necesario, pues, que las cuentas de SCI Gestión no tuvieran nada que ver con las de Banesto, de forma que se pudiesen mangonear a capricho y apuntalar de esa manera una situación ficticia. La razón por la que Banesto decidió ceder los créditos a SCI Gestión era porque, al tratarse de una sociedad ya existente, no tenía que presentar el balance auditado por auditores externos durante dos años. Si la sociedad hubiese sido de nueva creación, tal y como lo autorizó el Banco de España, estaría obligada a presentar el informe de auditores externos desde el primer ejercicio.

Aunque pudiera parecer una situación improvisada, creemos que todo estaba diseñado al milímetro con anterioridad. Si bien convenía guardar las apariencias, por lo que Banesto presentó el 21 de octubre un escrito al Banco de España para simular que se apercibía entonces de la falta de autorización previa, lo que podía implicar la nulidad de la cesión de los créditos «dañados» ya realizada, y era preciso que SCI Gestión fuese una sociedad no consolidable en el balance. Sin embargo, lo que Banesto había propuesto al Banco de España era la creación de una sociedad de gestión de activos no consolidable, a la que se traspasarían activos «dañados». En ningún momento se había informado de la transmisión de los activos a SCI Gestión ni se solicitó que esta sociedad fuese declarada no consolidable.

Con su solicitud al Banco de España, Banesto pretendió contar con la patente de corso que le permitiera corroborar la cesión de los créditos dañados a una sociedad fiduciaria. Lo importante era tener en la mano un documento oficial que permitiera la no consolidación. Así, unos por activa y otros por pasiva, todos los partícipes en la comedia tuvieron la desfachatez de incluir como «dañados» 210.000 millones en créditos con garantía hipotecaria. Ni el más iluso puede creerse que un crédito con ese tipo de garantía resultará fallido. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo, pero mire usted por donde, a la inspección del Banco de España le importó un bledo este antecedente estadístico. El dato es demoledor: el 57% de los créditos «dañados» eran créditos hipotecarios. La omisión dolosa por el Banco de España de sus funciones de control resultaba extremadamente grave; en modo alguno puede considerarse que se debiera a simple negligencia, sino todo lo contrario.

A partir de la cesión de los activos «dañados», SCI Gestión se convierte en su titular, la nueva acreedora en sustitución de Banesto frente a los respectivos deudores. La primera consecuencia del cambio de titularidad concierne a la falta de legitimidad de Banesto desde ese mismo momento para reclamar los créditos. Todas las reclamaciones extrajudiciales que llevó a cabo el banco desde entonces carecen de validez al no ser el verdadero titular, y las actuaciones judiciales en punto a esos créditos cedidos a SCI Gestión, son nulas de pleno derecho al haberse fingido la titularidad del crédito.

Otro de los pilares que sustentaban el «agujero», con independencia de los créditos «dañados» es el que la inspección del Banco de España construyó ad hoc con la cartera de valores del banco intervenido. En la Corporación Industrial y Financiera de Banesto constaban las acciones de 34 sociedades, entre ellas Agroman (de la que tenía un 50%), Asturiana de Zinc (un 58%), Dorna (un 50%), Carburos Metálicos (un 27%), Urbis (un 74%), y así un grupo de selectas empresas entre las que no cabe olvidarse del grupo Zeta. Ninguna de estas sociedades en las que Banesto participaba podía considerarse de alto riesgo, ni individual ni colectivamente. El riesgo se hallaba convenientemente distribuido en varias empresas, ninguna de las cuales estaba en situación crítica. No obstante, la inspección del Banco de España, bajo un criterio fundamentalista, había aplicado tan severas minoraciones a los títulos que ocasionaron pérdidas ficticias en cuantías tan considerables que sirvieron para elevar hasta la estratosfera el «agujero» tan burdamente construido. El Banco de España, a través de la inspección cuyos informes determinaron la intervención de Banesto, adjudicó a pérdidas del ejercicio 1993 la minusvalía de la cartera de valores hasta un total de 121.725 millones de pesetas. Esta cantidad, producto de diferencias valorativas en los activos de la Corporación, fueron deducidas de sus fondos propios, lo que quiere decir que para enmascarar la situación, los nuevos administradores de la Corporación Banesto apelaron a la artimaña de reducir fondos propios conforme se iban desprendiendo de las participaciones de la cartera de valores, en base a la supuesta necesidad de liquidez y saneamiento de las cuentas del banco. Parecía así que la tendencia de reducir a la par activo y pasivo iba al compás de la sabia gestión llevada a cabo por los nuevos administradores.

Esa fiebre, padecida desde el momento de la intervención, por adjudicar a la cartera de valores una drástica minoración correspondiente a los títulos que la componían, motivó que, al realizar los activos mediante su venta, aflorase su verdadero valor. Por mucho que los nuevos administradores de la Corporación hayan tratado de ocultar la realidad, escondiendo ejercicio tras ejercicio el valor de las participaciones, el resultado ha sido tan tremebundo que les ha estallado en las manos con estrépito. Desde el mismo momento de la intervención, concretamente tres días después, las cuentas de la Corporación dejaron de consolidar con las del banco, con lo que se acentuaba la opacidad. Un magro efecto para los padres del expolio, porque un año después, esa opacidad era aún mayor, inconmensurablemente mayor podríamos decir: el titular de las acciones ya no era Banesto, sino la famosísima sociedad interpuesta, SCI Gestión, que tampoco consolidaba con las cuentas del banco. De esta manera, los nuevos administradores de la Corporación tuvieron el campo despejado para cabalgar a sus anchas y esquilmar a los antiguos accionistas. Sin embargo, Arthur Andersen se despachó con un informe de auditoría, correspondiente a las cuentas del ejercicio 1995, en el que se señalaba el significado de una discrepancia valorativa de los activos por importe de 227.831 millones. Y en el ejercicio 1996, más de lo mismo: no quedaban reflejados en las cuentas determinados activos por 235.777 millones. A pesar de que el auditor manifestara expresamente en su informe que en las cuentas de la Corporación no se reflejaban esos activos por más de 200.000 millones, la llamada de atención caía en un país de sordos, puesto que tal circunstancia no hizo reaccionar a nadie. Ni al Banco de España, claro está, ni a la CNMV, de la que formaba parte el subgobernador Martín, ni a la Fiscalía anticorrupción, ni los famosos periodistas de investigación, a nadie en suma, llegó a interesar la gravedad y el significado de cuanto manifestaba el auditor sobre la realidad patrimonial de la Corporación Banesto. Quedó ahí para hacer bonito en el informe de auditoría, menos da una piedra.

La Corporación, hasta el 31 de diciembre de 1993, dependía de Banesto y consolidaba con él. Unos meses antes, el 13 de octubre, el banco obtuvo la venia de las autoridades monetarias para lanzar una opa sobre las restantes acciones de la Corporación que aún no controlaba. El precio ofertado fue superior en un 24,5% a la cotización de las acciones durante el último trimestre. O las autoridades monetarias y los administradores del banco no estaban en su sano juicio, o la situación de la Corporación no era tan mala como nos habían pintado. Basta recordar que es preceptivo para poder formular una opa disponer de una valoración de las acciones que el auditor debe realizar bajo su exclusiva responsabilidad. Dos meses después, el mismo auditor se desdice de su valoración en torno a las 2.000 pesetas por acción, y, bajo la excelsa práctica de escribir derecho con renglones torcidos, el valor ya no es de un 25% más sino de un 50% menos. Sostiene el auditor, por tanto, sin que se le caiga la cara de vergüenza, que la acción no vale un 25% más de su cotización bursátil, sino la mitad. Qué variopinta resulta para los auditores la realidad económica sólo en el transcurso de un par de meses sin que haya mediado cualquier acontecimiento significativo que altere a la baja el verdadero valor de los bienes.

En noviembre de 1999, la comisión ejecutiva de Banesto convocó una reunión del consejo de la Corporación para que tomara la decisión de formalizar una opa sobre el resto de las acciones que no estaba en sus manos, para lo cual fue necesario convocar acto seguido una junta general de accionistas que aprobase la iniciativa. Se trataba de una opa de exclusión que permitiera a los administradores retirar de la cotización bursátil los títulos de la sociedad. La opa formaba parte de una estrategia diseñada por los nuevos administradores para consumar las tropelías planeadas anticipadamente con tanta diligencia como desfachatez. Las cuentas no cuadraban, y así lo había certificado el auditor, por lo que lo expoliado, cuando menos, ascendía a más de 200.000 millones de pesetas. No obstante, según Sáenz Abad, los ingresos provenientes de las ventas de activos que habían generado determinadas plusvalías contables no eran suficientes para compensar la desastrosa situación de la empresa al tiempo de la intervención: «No cubren los cerca de 132.000 millones —dijo el reputado financiero— que el grupo ha inyectado en sus empresas a través de provisiones y aportaciones de capital». Sáenz Abad mentía por partida doble, a la vista de unos datos contables que no habían tenido en cuenta para nada el pronunciamiento explícito formulado por el auditor. Con estos datos a la vista, es correcto de todo punto sostener que las pérdidas dispuestas por gente tan avispada han supuesto un engaño contable que ha servido para que se evaporen los activos de la sociedad y, a mayor abundamiento, para algo tan sublime como obtener un crédito fiscal por más de 120.000 millones. Con semejante argucia, los administradores de la Corporación han liquidado los activos de la empresa sin pagar una sola peseta a la Hacienda pública. Y la Administración tributaria, mientras tanto y desde entonces, ciega, sorda y muda, como los famosos monos de la leyenda. ¿Quién habrá brindado en este caso con el mejor champán? (Decimos esto del champán porque, según Jesús Cacho, en una de sus excelentes crónicas dominicales de El Mundo, un reputado político en activo alzó su copa en el comedor de Telefónica para brindar con Juan Villalonga por el éxito de la operación Endemol. Telefónica pagó por Endemol cerca de un billón de pesetas, 750.000 millones más de lo que tres meses antes no había querido pagar el grupo Pearson por considerar un disparate el precio de 250.000 millones que le pedían. ¿Será por champán?

La escritura que sirvió de instrumento formal para la entrega de la subvención por el FGD contiene un pacto según el cual «el precio de venta del Fondo a Banesto será el que el propio Banco Español de Crédito, S.A., atribuya como valor efectivo de tales activos y figure en la relación identificada de los activos dañados transmitidos, o en su defecto en el acta de entrega de los mismos». Este párrafo, por sí mismo, determina la peculiar catadura tanto de la operación pactada como de los contratantes que la concertaron. Sus términos son tan elocuentes que cabe poca hermenéutica al respecto, quizá añadir tan solo que el papel de tonto de la película, protagonizado por el FGD, tiene plena acreditación práctica en este caso. Fueron siete las operaciones fraccionadas para la entrega por el Fondo de los 285.000 millones previstos en el plan, y en cada uno de los protocolos en que se subdividió el pago hay dos listas de créditos «dañados», una con la firma de los auditores y otra aportada por el banco. Pues bien, Price Waterhouse miente en ese papel y se convierte en cómplice del fraude. En la relación que aparece con su firma constan tres columnas, y a cada una le asigna una leyenda: «valor en libros», el valor contable del crédito supuestamente «dañado», «provisión» o «FF valores», la provisión que se le asigna al crédito, y el diferencial bajo el título «neto contable». La cantidad asignada a provisiones es globalmente falsa, a pesar de que los auditores se esfuercen en afirmar que ha sido rigurosamente comprobada. Es más, se trata de una cuantía predeterminada, ya que al sumarse globalmente el total arroja la cifra de 285.000 millones de pesetas, es decir, la pérdida asumida por el FGD. Por tanto, lo que finalmente acabó pagando el Fondo es una cantidad artificial asignada como provisiones, y no el neto contable de cada uno de los créditos cuyas cifras se manipulan para alcanzar el resultado previsto de antemano. Dicho de otra manera, Banesto cobró del FGD lo que supuestamente tenía previsto no cobrar de su clientela, en función del estado de morosidad crediticia, lo que se conoce en la práctica bancaria como provisión. Y se hizo así porque la provisión es un concepto de quita y pon conforme al criterio de los administradores del banco, a diferencia del neto contable de los respectivos créditos, que es susceptible de un control más riguroso al examinarse crédito por crédito.

Muy satisfechos no debían andar los auditores con su trabajo cuando ellos mismos acabaron manifestando que el tal informe —citamos textualmente— «está destinado únicamente a los Administradores del Banco Español de Crédito, SA., no debiendo ser distribuido a terceras personas salvo al Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios y las autoridades de Supervisión Bancaria que pudieran solicitarlo, no siendo Price Waterhouse Auditores S.A., responsable de su posible difusión». Incomprensiblemente, el Banco de España había emitido un diagnóstico en que calificaba la situación patrimonial de Banesto como irreversible, un craso error cuando menos, a la vista de la milagrosa recuperación de los créditos «dañados». Pero una vez finalizado el plan de saneamiento, los nuevos administradores no tienen el menor rebozo en vanagloriarse del prodigio. En teoría, tienen toda la razón del mundo para presumir de sus dotes taumatúrgicas: el descenso de la morosidad es espectacular, desde 1993 a 1998 baja 689.000 millones de pesetas hasta quedar reducido a 62.000 millones. Pero, para desgracia de los antiguos accionistas, los nuevos administradores se han olvidado por entero de las «correcciones valorativas reversibles», y es precisamente en esta partida donde se evidencia y consuma el fraude. No han retornado ni a las reservas del banco y menos a su capital: en 1993, año de la intervención, se estimaron unas pérdidas por 20.000 millones; todos los demás ejercicios se han saldado con beneficio. Por tanto, y sólo por este capítulo, porque hay muchos más, se ha esquilmado a los accionistas la friolera de 329.000 millones de pesetas.

Alguien, mientras tanto, se frotaba las manos con estas maniobras. El 25 de abril de 1994, el Banco Santander fue declarado mejor postor en la subasta de acciones de Banesto, y el 1 de agosto el Fondo le adjudicó al cántabro los 450 millones de acciones suscritas, después de sangrar en la forma más ignominiosa a los antiguos accionistas privándolos de su derecho de suscripción preferente.

EL CHOCOLATE DE MATÍAS LÓPEZ

«La experiencia nos hace saber que todo cuanto es creíble no es falso»

(CARDENAL DE RETZ)

Cuentan nuestros padres que cuando eran pequeños, les daban en casa para la merienda dos hermosas onzas de chocolate de una famosa marca, el chocolate «Matías López», cuya fábrica radicaba en El Escorial, y cuyas libras venían envueltas en un papel de colorines con una curiosa propaganda: primero se veía un niño escuchimizado, reducido a la nada o poco menos bajo la palabra «antes», y en paralelo, el mismo niño, rollizo y rebosante de salud, bajo la palabra «después». Era la diferencia entre el que no probara el chocolate —el antes— y el que lo tomaba en dosis convenientes —el después.

Hemos hecho abundantes referencias a la Corporación Industrial y Financiera de Banesto a lo largo de nuestra exposición, como un capítulo en la historia de la intervención del banco que dista años luz de la interpretación y los cálculos de su situación patrimonial a cargo de los nuevos administradores. Un análisis completo de las falacias cometidas en este punto alargaría nuestro análisis hasta el infinito, por lo que me limitaré a centrar la atención en tres ejemplos singularmente demostrativos de cómo se han hecho las cosas para arruinar deliberadamente a los antiguos accionistas del banco y de su Corporación Industrial. Se trata de Radiotrónica, Antena 3 TV y Asturiana de Zinc. Es decir, el antes y el después de tomar aquel chocolate que recuerda la lejana infancia de nuestros antecesores.

Radiotrónica desarrolla servicios de ingeniería e integración de sistemas e instalaciones, especialmente en el campo de las telecomunicaciones. Al 28 de diciembre de 1993, según las estimaciones de la intervención de Banesto, esta empresa no valía nada. Era una de tantas sociedades «insolventes» que demostraban la mala gestión de los antiguos administradores de Banesto.

El 8 de mayo de 1998 el banco ha vendido el 50,17% de Radiotrónica por 5.820 millones de pesetas. Como la sociedad tenía 3.218.000 acciones, ello quiere decir que la venta se pactó valorando el 100% de la sociedad en 11.600 millones de pesetas, algo más que la insignificancia con que su valor se «ajustó» en libros. Pero resulta que el mismo día de la venta la acción de Radiotrónica cotizó en la Bolsa de Madrid a 5.100 pesetas, lo que supone que el mercado valoraba la compañía en 16.411,8 millones de pesetas. Es decir, Banesto vendió su participación del 50,17% valorando la sociedad en casi cinco mil millones menos que la cotización bursátil. Vendió mal, por supuesto, pero, ¿por qué lo hizo? Si la pregunta tiene difícil contestación, hay algo aún más sospechoso. Inmediatamente después de vender Banesto su paquete, la cotización en bolsa de Radiotrónica se disparó súbitamente: sólo 20 días después, el 28 de mayo, la acción alcanzó la cotización de 7.910 pesetas, lo que supone un valor global para la sociedad de 25.454.380.000 pesetas. Sólo 20 días después de la venta, el paquete que Banesto había vendido por 5.820 millones ya valía 12.770 millones, un 108 por ciento más. Sin contar con la ventaja añadida de que ese paquete representaba la mayoría del capital y, por tanto, el mando de la sociedad.

Al 28 de diciembre de 1993, Banesto, a través de la Corporación, era titular del 24,99% de Antena 3 de Televisión, S.A. Tras la intervención del banco, los nuevos administradores valoraron esa participación en 3.420 millones de pesetas, lo que equivale a que toda la sociedad valía 13.685 millones. Y consta que los créditos de Banesto y la Corporación contra Antena 3 fueron ferozmente provisionados. Al parecer, según Sáenz Abad y su equipo, Antena 3 era tan insolvente como Asturiana de Zinc, pero, cuando el Santander era ya el accionista mayoritario de Banesto, esos créditos se recuperaron totalmente sin dificultad alguna. Lo peor fue que el 15% de Antena 3 se vendió en 2.207 millones (lo que supone valorar el 100% en 14.713 millones), mientras que poco después el Santander se decidió a comprar un 11,57% en 12.032 millones de pesetas (equivalentes a 103.993 millones para el 100%).

Evidentemente, la valoración de Antena 3 en 103.993 millones de pesetas no es una «tasación» más o menos teórica, sino un precio de mercado aceptado expresamente por el Banco Santander en el momento en que compró ese 11,57%. Además, apenas mes y medio más tarde, esa valoración se confirmó plenamente con la entrada en Antena 3 del grupo Recoletos, en una operación auspiciada por Telefónica y el grupo inglés Pearson, que pagó el mismo precio que el Santander. Y, por supuesto, el Banco de España no habrá pedido al Santander —que sepamos— que provisione esa inversión. ¿Para qué iba a hacerlo, si en este caso no hay que justificar ningún «agujero» ni intervenir un banco basándose en datos falsos? No lo ha hecho porque sabe a ciencia cierta que el verdadero valor de la empresa es de 103.993 millones, conforme al precio pagado tanto por el Santander como por Telefónica y los Pearson. Si los nuevos administradores de Banesto, nombrados primero por el Banco de España y luego por la entidad «dominante», el Banco Santander, no hubieran perpetrado el bochornoso acuerdo por el que vendieron el 15% de Antena 3 en 2.207 millones, un precio de saldo, ese 15% se hubiera podido vender poco más tarde en 15.600 millones. El quebranto para Banesto ha sido, por tanto, de 13.400 millones, a lo que se añade una curiosa opción de compra por el 10% restante a favor de no se sabe quién ni en qué términos y condiciones. Los sagaces investigadores del «caso Banesto» no han dicho hasta ahora ni media palabra sobre este oscuro episodio, aunque podrían haberse preguntado: ¿presunta estafa?, ¿presuntos delitos societarios?, ¿presunto uso de información privilegiada? ¿para qué demonios sirven determinados organismos como la Inspección del Banco de España y la CNMV, que dicen preservar la limpieza del tráfico mercantil y el interés de los pequeños inversores? Pero el tiempo pasa a la velocidad del rayo y el instituto benemérito de la prescripción es el bálsamo que cura todas las heridas, especialmente si la Fiscalía anticorrupción mira de soslayo.

Y vamos con el tercer ejemplo, que viene a ser, parodiando al bueno de Sadam Hussein, la madre de todos los ejemplos. Cuando el Banco de España intervino Banesto, éste era titular, a través de su Corporación Industrial, del 65,38% de Asturiana de Zinc, S.A. (AZSA). Los administradores provisionales valoraron esta participación al 31 de diciembre de 1993 en 5.088 millones de pesetas, equivalentes a unas 250 pesetas por acción, estimación que suponía una pérdida global de 45.000 millones, parte muy importante, como es lógico, del famoso «agujero». Los hechos posteriores demostraron muy pronto que dicha valoración no había sido veraz: los administradores provisionales, una vez más, mintieron para «demostrar» la insolvencia del banco.

El 20 de julio de 1994 la Corporación Banesto compró el 9,68% de AZSA por 4.027 millones, que, tras la provisión aplicada, se valoró en 524 millones. Con esta compra, Banesto pasaba a tener el 77,5% del capital social, que sus administradores valoraban, a lo sumo, en un neto de 5.612 millones (5.088 más 524). Pues bien, en agosto y septiembre de 1994 la Corporación, en una operación de «colocación privada» a «inversores institucionales», cuyo nombre no desvela, vende 8.095.150 acciones, el 26,28% de AZSA, por un total de 10.626 millones, lo que equivale a 1.313 pesetas por acción. En ocho meses, por tanto, la valoración de 250 pesetas por título había pasado a ser de 1.313 pesetas (superior en más de cinco veces). Cuando hizo falta justificar a todo trance la intervención y el «agujero» del banco, sus activos —éste entre ellos— no valían prácticamente nada, pero a la hora de venderlos, aunque fuese al día siguiente, recuperaban milagrosamente su valor. Tras esta operación, el 50,77% que seguía en manos de Banesto pasaba a tener un valor en libros de 3.676 millones, con un beneficio obtenido de 3.690 millones (10.626 de la venta, menos 1.936 del valor en libros del 26,73 de la parte vendida).

En la junta general extraordinaria de AZSA, celebrada el 11 de diciembre de 1994, se aprobó una ampliación de capital por 5.001 millones de pesetas con prima de emisión de 10.241 millones (en total 15.241 millones), que fue suscrita íntegramente por la Corporación Banesto mediante compensación de créditos que la propia Corporación ostentaba frente a AZSA, algunos de los cuales se habían comprado previamente al banco. Por cierto, los administradores se cuidaron muy mucho de ocultar que los créditos compensados estaban valorados en Banesto y en la Corporación por una peseta. También resulta curioso, por emplear un término benévolo, que se fijara una prima de emisión de 10.241 millones para la ampliación de capital, cuando AZSA era insolvente, según habían dicho tanto el Banco de España como los administradores provisionales de Banesto. La auditora externa, Arthur Andersen, tampoco formuló objeción alguna, a pesar de la flagrante contradicción que significaba atribuir a AZSA (una sociedad insolvente) un valor de 131.049 millones cuando cinco meses antes, al formular las cuentas anuales de Banesto correspondientes a 1993, el 65,38% de AZSA se había valorado por los administradores provisionales en 5.088 millones de pesetas.

Como consecuencia de esta ampliación de capital, la participación en AZSA de la Corporación, y por tanto de Banesto, pasó del 50,77% al 62,40% sin que mediara una inversión efectiva al estar provisionados en su totalidad los créditos en que había consistido la aportación social. Por lo que el 62,40% de AZSA debería seguir valiendo para la Corporación lo mismo que antes de la ampliación: 3.067 millones, ya que los créditos compensados tenían para Banesto el valor simbólico de una peseta.

En diciembre de 1994 la Corporación vendió, por medio de una opv, 8.158.369 acciones de AZSA, descendiendo concretamente su participación del 62,4% al 42,16%. Por esta venta la Corporación ingresó 12.360 millones (1.515 pesetas por acción) y, lógicamente, el valor neto en libros pasaba a ser de 2.483 millones, con un beneficio de 11.167 millones (12.360 del precio de la venta menos 1.193 del valor neto contable de la porción vendida). Sorprende que la CNMV no dijera una sola palabra al respecto para proteger a los «innominados» inversores, al tratarse de una sociedad insolvente según el Banco de España, cuyo subgobernador Miguel Martín era también vocal de la CNMV. Y hubiese sido de otro modo, seguirían las «contradicciones»: en la referida ampliación de diciembre del 94 (de la que también tomó nota la CNMV, inexplicablemente sin objeción alguna), Banesto valoraba el 11,63% de AZSA en 15.241 millones (nominal más prima de emisión) y, sin embargo, vendió en ese mismo mes un 20,24% por 11.167 millones.

Conforme a los datos expuestos, los beneficios de la Corporación por la venta de acciones de AZSA ascendieron en 1994 a 19.857 millones de pesetas.

Pasemos ahora a los años 1995 y 1996. En estos dos años la participación en AZSA se mantiene prácticamente igual que en 1994, con un leve incremento del 0,52%. Como gracias a la «eficaz» gestión de los administradores, AZSA sigue en pérdidas, lo razonable es presumir que, de mantenerse los mismos criterios de valoración que al tiempo de la intervención del banco, el valor contable no podía ser superior al de 1993. Además, las pérdidas crecieron espectacularmente al liquidar entre diciembre de 1995 y febrero de 1996 las posiciones de futuros que la sociedad mantenía en el mercado de metales, cuya existencia, por cierto, se había ocultado cuidadosamente a la CNMV. Aquí hace su primera aparición una fantasmal firma suiza denominada Glencore Internacional, A.G., que al final terminará quedándose con el control de AZSA. Desde luego, si esa firma era, como se dijo, «experta en los mercados de metales», encargarle la liquidación de los futuros era igual que encomendar a la zorra el cuidado del gallinero. De hecho, los resultados para AZSA fueron catastróficos. ¡Ah, los famosos periodistas de investigación!

Ya en enero y febrero de 1997 la Corporación vendió 4 y 10 millones de acciones de AZSA, a 1.510 y 1.820 pesetas/acción, respectivamente, según la información facilitada a la CNMV, e ingresó un total de 24.240 millones de pesetas. El beneficio, al no haber variado en 1995 y 1996 las aportaciones de capital por parte de la Corporación, sería de 22.220 millones (24.240 menos los aproximadamente 2.020 millones del valor neto contable de la participación vendida). Y ello sin contar las recuperaciones de los créditos concedidos por el grupo Banesto, que, por coherencia con lo que se hizo en 1993, deberían haberse provisionado en su totalidad. Conforme a los datos facilitados por AZSA a la CNMV, el importe de estos créditos al 31 de diciembre de 1996 ascendía a 34.319 millones, cuyos créditos, que se sepa, no habían sido condonados.

Tras las ventas de enero y febrero de 1997, el porcentaje de la Corporación en AZSA era aún del 7,97%, con un valor neto contable, como mucho, de 463 millones de pesetas. Y aquí viene lo más espectacular: entre junio y julio de 1997, la misma compañía suiza que había comprado en febrero —unos cuatro meses antes— diez millones de acciones de AZSA a la Corporación Banesto a 1.820 pesetas/acción, formuló una opa por el 20% de AZSA nada menos que a 3.200 pesetas/acción. Conviene señalar que 3.200 pesetas por acción de AZSA supone un valor total para la sociedad de 129.000 millones de pesetas. También es interesante añadir que la opa no se cubrió en su totalidad, lo que demuestra que su precio no parecía suficientemente atractivo. A dicho precio, es claro que el 7,97% que quedaba en manos de la Corporación supondría 10.278 millones, por lo que el beneficio sería de 9.805 millones (10.278 millones menos 463 millones de valor neto contable).

En resumen: el beneficio total, teniendo en cuenta la provisión a una peseta de los créditos del grupo Banesto transformados en capital de AZSA en 1994, ha sido el siguiente:

En 1994: 19.857 millones de pesetas

En 1997: 32.035 millones de pesetas

Total: 51.892 millones de pesetas

Pero a este beneficio hay que añadir la recuperación de los 34.319 millones de pesetas de créditos con entidades del grupo Banesto que AZSA tenía al 31 de diciembre de 1996, por lo que, al haber sido provisionados en su totalidad, el beneficio total ha sido de 86.211 millones de pesetas. Todo ello bien disimulado por la Corporación Banesto mediante el curioso artilugio de SCI Gestión, S.A. (a la que la Corporación transmitió las acciones de AZSA), la sociedad conocida en el mundillo financiero como «la compresa» («no se nota, no traspasa»), porque no consolida ni para arriba ni para abajo ni para ningún lado, todo ello por privilegio especial otorgado como especialísima patente de corso en 1994, a petición de los nuevos administradores de Banesto, por el Banco de España, que, según dice cuando se tercia, mete en cintura a las entidades de crédito que defraudan a sus accionistas.

Finalmente, hay que decir que si, en lugar de vender las acciones a 1.510 pesetas/acción en enero de 1997 y a 1.820 pesetas/acción en febrero siguiente, se hubieran vendido al precio de la opa formulada sólo cuatro meses más tarde por la misma firma suiza (la «experta internacional en los mercados de metales»), el beneficio para Banesto en 1997 hubiera sido de 52.592 millones de pesetas y el beneficio total en las operaciones de 1994 y de 1997 hubiera ascendido a 72.449 millones de pesetas. Por tanto, la actuación de los administradores de la Corporación Banesto ha supuesto un astronómico beneficio para la compañía suiza adquirente de las acciones de 20.557 millones de pesetas, equivalente al correlativo perjuicio para la Corporación.

En suma, a la vista de estas cifras, la actuación del Banco de España y de los nuevos administradores de Banesto, primero al valorar su participación mayoritaria en AZSA y luego al venderla entre 1994 y 1997, no ha podido ser ni más perjudicial para los antiguos accionistas del Banco ni más beneficiosa para esa aprovechada compañía suiza que se ha quedado con la empresa. Cualquier observador de buena fe reconocerá con nosotros que los «suizos» de marras son los reyes del pelotazo. ¿Quién dijo que la cultura del pelotazo había desaparecido después de la intervención de Banesto? Los afamados periodistas de investigación, a buen seguro, estarán tras la pista de todos estos desmanes con su denuedo e independencia característicos. En resumen, y a modo de consejo desinteresado: si ustedes tomaran el chocolate «Matías López» en prudentes dosis, estoy seguro de que les sentaría admirablemente; lo malo es que ya no se fabrica.

DEL «PELOTAZO» A LA «MORDIDA»

«Los hombres no quieren ser salvados de sí mismos porque entonces tendrían que renunciar a su codicia, y no pagarían ese precio por su libertad»

(O’NEILL)

El 28 de diciembre de 1993 el Banco de España nombra un equipo de cinco administradores provisionales para ocupar el consejo de administración y diagnosticar los males que aquejaban a Banesto. El equipo estaba encabezado por Alfredo Sáenz Abad que, procedente del BBV, fue designado presidente ejecutivo del banco intervenido, quien «actuará solidariamente y ostentará todas las facultades legales de gestión, administración, disposición y dominio». Entre esas facultades figuraba expresamente la de «nombrar el equipo de dirección, incluido el secretario de la entidad, que crea oportuno para cumplir sus funciones». Los demás administradores provisionales nombrados por el banco emisor eran Ildefonso Ayala, proveniente del Banco Popular; Marcial Pórtela, de Argentaria; Epifanio Ridruejo, del BCH, y Matías Rodríguez Inciarte, del Santander. El Banco de España modificó varias veces la composición del órgano de administración provisional de Banesto, aunque siempre mantuvo a Alfredo Sáenz Abad al frente del mismo. La última modificación se produce el 8 de julio de 1994, fecha en que el consejo ejecutivo del Banco de España designa administradores, junto con Sáenz Abad, a Víctor Menéndez, Juan Carlos Rodríguez Cantarero, Juan Delibes y José Luís Roselló. Por su parte, Sáenz Abad, en uso de sus facultades para nombrar el equipo directivo, nombró secretario del órgano provisional de administración a Juan Carlos Rodríguez Cantarero (13 de enero de 1994) y directores generales a Fernando Gutiérrez-Ojanguren, Luis Abril y Timoteo Patricio (1 de junio de 1994), además de otorgar amplios poderes en esta última fecha a David Arce, José Corral y José Ángel Merodio.

Estaba claro que todos ellos desempeñaban funciones públicas en la entidad intervenida. El artículo 36 de la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, de 29 de julio de 1988, dispone que «en el caso de sustitución del órgano de administración, los administradores provisionales designados tendrán el carácter de interventores respecto de los acuerdos de la Junta general o Asamblea de la entidad de crédito». Lo que reconocía también una resolución del ministerio de Economía y Hacienda del 9 de febrero de 1994, según la cual se trataba de «gestores excepcionales que actúan como meros ejecutores de la voluntad de la autoridad supervisora, es decir como agentes del Banco de España». Sin embargo, ¿estamos convencidos de que el equipo gestor de Banesto fue nombrado por el Banco de España? «Yo tengo mucha confianza en el magnífico equipo que he puesto al frente de Banesto…» La cita literal corresponde a la comparecencia de Emilio Botín ante la Comisión parlamentaria (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, año 1994, V Legislatura, Núm. 212, pág. 6506). En mayo de 1994, cuando se dirigía así a los diputados de la Comisión, el «magnífico equipo» y su jefe de pelotón, Sáenz Abad, eran, teóricamente al menos, «agentes» nombrados por el Banco de España, y, como hemos dicho, participaban del ejercicio de funciones públicas. Por tanto, mal podía Botín haberlos puesto al frente de nada. Lo que sucede es que el subconsciente, sobre todo a impulsos de la prepotencia, juega a veces malas pasadas y las palabras del cántabro vinieron a explicar de una manera tan rotunda que, en el momento de pronunciarlas, Sáenz Abad ya había acordado con Botín, que es reparado de la vista pero no ciego, el regalo de más de seis millones de acciones de Banesto por los inestimables servicios que, entre otros, llevaron a la adjudicación del banco intervenido. El pelotazo del «magnífico equipo» (difícil de igualar para los estándares de entonces) curiosamente no ha merecido que alguien haya hablado con propiedad de lo sucedido. A la Hacienda Pública han tenido que recordárselo, porque si no casi prescribe (¡vaya susto!), el cobro de los impuestos a cargo del equipo. Claro que uno de los copains de pelotazo era Luis Abril Pérez, el pequeño Goebbels del pelotón, ahora tan alejado de sus antiguos correligionarios y que pretende navegar a su aire, olvidando apresuradamente aquellos días de vino y rosas.

Y tras ese astronómico regalo dispensado por Botín, hay que sumar el ascenso de Sáenz Abad a consejero del Santander, e incluso, más tarde, y no es broma, la medalla de oro al Mérito en el Trabajo. Se la concedió el ministro Pimentel, a propuesta de Javier Arenas, sin duda por la acrisolada decisión del condecorado de poner en la calle, mediante procedimientos coactivos y por cuatro perras, a miles de trabajadores de Banesto. Digamos de pasada que Javier Arenas, actual secretario general del PP, es el yerno de Manuel Olivencia, quien, como se sabe, era consejero del Banco de España cuando la intervención de Banesto y luego consejero del BSCH. Además del despido masivo de esa legión de empleados ante el ominoso silencio de los sindicatos de clase, ¿qué otros méritos de Sáenz Abad llevaron al ministro a otorgarle la honrosa distinción? ¿Fueron quizá los quince años en Tubacex que culminaron en la quiebra de la empresa y la ruina de sus trabajadores? Y habrá que pensar también que al concederle el distintivo no se tuvieron en cuenta los delicados problemas del agraciado con la Hacienda Pública y los asuntillos en Barcelona por cohecho relacionados con el juez Pascual Estevill. Porque en aquel momento el condecorado estaba imputado, junto con los demás miembros del «magnifico equipo», por un fraude fiscal relacionado con la tributación (mejor sería decir, con la no tributación) de la espléndida dádiva de más de seis millones de acciones de Banesto a que seguidamente aludiremos, más el cohecho correspondiente debido al ilícito desempeño de funciones públicas.

El celo «recuperador» no le ha impedido, sin embargo, al profesor de «marketing» (este profesorado consta en el curriculum oficial de Sáenz Abad) comprar una sociedad medio quebrada, dedicada al agua mineral en un precioso rincón asturiano, por un verdadero dineral, con objeto de que los vendedores, gente muy ilustre, no tengan problemas para devolver los cuantiosos créditos de Banesto que figuraban impagados hasta el momento de la venta, y además se hayan llevado en el bolsillo un importante remanente.

En el momento actual, Sáenz Abad, si otra intervención bancaria no lo remedia, vive una existencia llena de sobresaltos. Botín se muestra remiso para invitarle a cazar, y aunque los directores de las sucursales rurales de Banesto siguen insistiendo a los dueños de fincas donde tal deporte se practica sobre la afición cinegética de su jefe, los interpelados aducen que ya tienen muy visto al personaje. Menos mal que siempre le queda la posibilidad de cazar en predio propio, el que se ha comprado con una parte del regalo de Botín (confiemos en que no sea la parte de la Hacienda Pública). Por cierto, para adquirir la finca no precisó, que se sepa, de ninguna sociedad situada en el paraíso fiscal de Madeira. Sí lo tuvo en cambio para vender el edificio de Banesto en Castellana 7, que fue inmediatamente arrendado por el Santander. Una sociedad llamada Persival, domiciliada en Funchal, cobró cerca de cien millones de pesetas (IVA incluido), por algo tan simple como presentar al comprador (que no es una multinacional inmobiliaria, sino un simple empresario aragonés), y asesorar a Banesto (Urbis, al parecer, no es capaz de echar una mano al banco en estos temas). Según Sáenz Abad, en su declaración ante la Audiencia Nacional, todo —es decir, este chanchullo impresentable— fue cosa del Santander. Lo curioso es que el fiscal anticorrupción, allí presente, no movió una ceja, mientras don Siró García Pérez miraba a las musarañas.

Ya sabemos que el 25 de abril de 1994 el Santander fue declarado mejor postor en el concurso para la adjudicación de las acciones de Banesto. Fijémonos con atención en esta fecha, porque precisamente ese mismo día la prensa publicaba que el adjudicatario había asignado al equipo gestor de Banesto el uno por ciento de su capital social, es decir, la friolera de 6.126.594 acciones. Y justamente al día siguiente, el 26 de abril, Emilio Botín anuncia tan suculento compromiso y lo notifica como «hecho relevante» a la CNMV. Digamos también que para corregir y aumentar en plazo récord el inexistente «agujero» de Banesto, se había contado con la colaboración de David Arce, auditor del Santander, a quien Botín ordenó echar una ojeada a la pieza, por lo que luego fue ampliamente recompensado con una parte de la dádiva de los seis millones largos de acciones de Banesto. Al revisar la propicia realidad del banco intervenido, Arce comentó a uno de los afectados: «Es una pena, el banco está bien, pero os ha tocado la china». Y también sabemos de sobra que se celebró la subasta y el Santander de Botín, sin firmar la plica (como en la ranchera mexicana, «mi palabra es la ley…»), dejó fuera de combate al BBV.

Pero la operación de entrega del uno por ciento de Banesto a los nuevos consejeros se había empezado a preparar mucho antes. Si la adjudicación de Banesto al Santander se produce el 25 de abril y la notificación del «hecho relevante» a la CNMV se formula el siguiente día 26, es evidente que una operación de tal calado no se improvisa de la noche a la mañana. Así lo denuncia posteriormente El Mundo en un reportaje publicado el 26 de mayo de 1999, según el cual «el Santander garantizó los préstamos con que los gestores de Banesto compraron el 1%». Y añade: «El diseño de la operación de compraventa del 1% de Banesto comenzó a pergeñarse antes del mes de julio de 1994, según se desprende de un documento interno del Bank of America al que ha tenido acceso El Mundo». Afirmación que se confirma mediante el informe del banco americano, «Memorándum of Call», encabezado con la advertencia «altamente restringido» y fechado el 11 de julio, lo que demuestra que entre Kevin Woods, director del BofA y Juan Carlos Rodríguez Cantarero, consejero-secretario de Banesto, ya existían negociaciones al respecto, por lo que había mediado el acuerdo remuneratorio mientras ejercían funciones públicas los perceptores de la dádiva durante el tiempo que Banesto seguía intervenido.

En agosto, el día 1 para ser más precisos, se materializa la compra de las acciones de Banesto por el Santander. Ese día el Fondo le transfiere 450 millones de acciones, lo que representa el 73,45% del capital social de la entidad bancaria. Y el 22 de agosto todo el equipo gestor es confirmado por Botín. Los nombra administradores «normales» del banco mediante la mayoría aplastante que ostenta el Santander en el capital social. Si bien hasta octubre de 1994 no se materializa el «premio», cuya entrega fue prometida y negociada cuando los beneficiarios de la dádiva ejercían funciones públicas en nombre del Banco de España. En su declaración testifical ante la Audiencia Nacional, Alfredo Sáenz Abad reconoció que conocía la promesa del Santander y que él mismo la había comunicado a la CNMV. Y José Ángel Merodio, cuando testificó ante el tribunal, reconoció a su vez que Sáenz Abad le había informado sobre las stock options «en los últimos días de abril o en los primeros días de mayo», y concreta «creo recordar que fue el 27 de abril».

El regalo está plagado de circunstancias reveladoras de que la consigna era la «discreción», o más bien el «disimulo» o la «evanescencia», sobre su certeza. En primer lugar, el «listado de cambios de titularidad» comunicado a Banesto por el Servicio de Compensación y Liquidación (SCL) para su inscripción en el Registro general de accionistas del banco, indica como título de adquisición de las acciones el de «herencia». Según dicho Registro, los consejeros recibieron las acciones a título de «herencia», lo que han intentado explicar burdamente a posteriori diciendo que ello obedeció a un simple error provocado por la similitud del código numérico que identifica las compraventas y las herencias. El propio Sáenz Abad señala a la CNMV que se trata de stock options, es decir, de una forma de remunerar a los directivos consistente en garantizarles la entrega de acciones de la entidad si se cumple una serie de objetivos. Hasta el momento, tanto el Banco Santander como Sáenz Abad y su equipo han manifestado que esa entrega se realizó en el marco de un programa para incentivar a los directivos, manifestación falsa de la cruz a la fecha: además de que para nada se corrobora documentalmente, la entrega se produce el 21 de octubre de 1994, sólo unos meses después de ser nombrados consejeros por el Banco Santander, es decir sin tiempo para cumplir objetivo alguno, y sin que nadie conozca todavía cuáles son estos objetivos.

Otro hecho llama también poderosamente la atención: las falsas stock options no se sometieron a la aprobación de la junta general de accionistas, cuyo órgano social debía aprobar esas remuneraciones y las condiciones a que estaban sujetas. Lo cierto es que la promesa de entregar las acciones a los agraciados la hace el propio Emilio Botín al día siguiente de adjudicarse el paquete de Banesto, cuando los gestores eran agentes del Banco de España. Era obvio que si no se imponía la condición de alcanzar determinados objetivos en su gestión es porque ya se habían logrado, sobre todo al manipular la existencia de un enorme e inexistente «agujero», por lo que tan oscuro pacto difícilmente podía hacerse público en junta general.

Como hemos dicho, la entrega de las acciones no se materializa formalmente hasta el 21 de octubre, es decir, cuando los administradores provisionales han dejado de ser agentes del Banco de España. Los partícipes informan haber ejercido las stock options mediante una adquisición de acciones a título de compraventa. Tanto es así que para la CNMV y los auditores del banco se trataba de una simple venta de acciones hecha por el Santander a los consejeros de Banesto. Nada se dijo sobre el hecho de que las compras habían sido financiadas por el Bank of America y que la financiación estaba garantizada por el Banco Santander. E incluso se llegó a negar que el Santander participase en la operación.

Hoy ya se conocen los detalles del espléndido regalo, de suerte que la realidad que acreditan los documentos correspondientes dista años luz de la verdad oficial. La historia concluye en octubre de 1994, cuando el Bank of America presta a los gestores de Banesto un total de 2.450 millones de pesetas para la compra de 6,1 millones de acciones del banco, a 400 pesetas por título. El vendedor del paquete, el Santander, cumplía así el compromiso que, según afirman los protagonistas de la comedia, fue asumido como fórmula para incentivar a Sáenz Abad y sus muchachos. A pesar de la importancia de ese paquete accionarial (ha llegado a tener un valor bursátil de 16.000 millones de pesetas), el documento que plasma el compromiso y los objetivos a conseguir no se han hecho públicos todavía. Hoy se sabe que el Banco Santander estaba detrás de esta operación comprometiéndose ante la entidad americana a garantizar la devolución de los préstamos y a pagar los intereses. Según afirma el propio Bank of America, en uno de sus documentos internos, «el negocio nos fue remitido por Emilio Botín, presidente y director ejecutivo del Banco Santander». En realidad, el análisis de la documentación permite concluir que desde el primer momento el Santander participó en el diseño de la operación, contemplada por las partes como un todo unitario del que forman parte los contratos de venta de las acciones (entre el Santander y los gestores de Banesto), de préstamo (entre el Bank of America y los consejeros de Banesto) y de permuta financiera (entre el Santander y el Bank of America).

Una entidad de tanto prestigio como el Bank of America describe la operación en un documento denominado Standard Credit Memorándum, en el que señala que el «Banco Santander nos ha solicitado la financiación de un programa de incentivos a los nuevos directivos de Banesto». La estructura diseñada requirió llevar a efecto una compleja serie documental entre los participantes, que incluye las siguientes piezas:

Contratos de préstamo del Bank of America a Alfredo Sáenz Abad y el resto de su equipo.

Por medio de estos contratos, el Bank of America prestaría a Sáenz Abad y al resto de los beneficiarios de la generosa dádiva una cantidad cercana a los 2.450 millones de pesetas, con el fin de financiar la compra de 6.126.594 acciones del banco que gestionaban mediante el desempeño de funciones públicas como representantes del Banco de España. Por lo que respecta a este contrato, hay que destacar que el plazo de amortización era de diez años, es decir, hasta el 2004, fijándose los intereses en el 50% de los dividendos de las acciones de Banesto que iban a adjudicarse.

Contratos de compraventa de acciones por los cuales el Banco Santander cede 6.126.594 acciones de Banesto a sus gestores.

Cuyos contratos se suscribieron entre el Banco Santander y cada uno de los beneficiarios del regalo el 21 de octubre de 1994, y en su virtud (lo de «virtud» es un eufemismo por el que pedimos disculpas) Sáenz Abad y su equipo adquirieron el 1% del capital social de Banesto, en unos casos personalmente o en unión de sus esposas y en otros a través de sociedades instrumentales. En los contratos se fija un precio de venta de 400 pesetas por acción y las acciones vendidas quedan pignoradas en garantía de los respectivos préstamos. No obstante, el Santander se reservaba un derecho de retracto para el supuesto de que los compradores quisiesen desprenderse de los títulos durante un período de diez años.

Contrato de garantía o permuta financiera entre el Banco Santander y el Bank of America.

Este acuerdo tenía como finalidad que el Santander garantizara al Bank of America el préstamo que concedía a los beneficiarios de la operación para la compra de las acciones, es decir, los 2.450 millones de pesetas empleados en pago de las acciones compradas al Santander. Según este contrato, el banco vendedor, no sólo garantiza al Bank of America el principal de los préstamos, sino que, además, se obliga a pagar unos intereses que se fijan en el mibor más 0,8 puntos. Por su parte, el Bank of America se compromete a devolver al Santander los intereses que cobre de los prestatarios.

Garantía adicional del Banco Santander.

Aparte del contrato de permuta financiera, el Santander entregó al Bank of America un escrito por el que se responsabilizaba de compensarle la diferencia en caso de que las acciones de Banesto valieran menos de 2.450 millones de pesetas cuando vencieran los préstamos otorgados a los ejecutivos. En el Memorándum of Call fechado el 21 de octubre de 1994, Kevin Woods, un alto ejecutivo del banco americano, aclara que «el riesgo de crédito está garantizado por el Banco Santander». Además, otro documento abunda en el mismo punto, se llama Description of the transaction, según el cual: «El Banco Santander nos proveerá de una garantía que cubra cualquier importe del préstamo principal no cubierto después de ejercitar las prendas sobre las acciones. Consiguientemente no asumimos ningún riesgo futuro por la evolución en el mercado de las acciones pignoradas».

La descripción de esta peculiar operación financiera, absolutamente impensable en las prácticas financieras, hace inevitable que nos formulemos una serie significativa de interrogantes. ¿Cómo es posible que el Bank of America prestara unas cantidades tan importantes a un grupo que carecía de solvencia conocida? ¿Cómo es posible que de este préstamo no tuviera que amortizarse cantidad alguna hasta diez años después? ¿Cómo es posible que los intereses del préstamo —el 50% de los dividendos de las acciones— se determinaran por la voluntad de los prestatarios, ya que eran administradores de Banesto y ellos mismos, por tanto, fijarían los dividendos? ¿Cómo es posible que Sáenz Abad y su equipo hayan tratado a todo trance de ocultar la garantía que les concedió el Santander? ¿Cómo es posible que el Banco Santander garantice la operación en los términos relatados, reservándose además el derecho de retracto en vez de otorgar directamente el préstamo? ¿Cómo es posible…? En fin, todo es posible en el expolio de Banesto, bastará con tener en cuenta los objetivos que se impusieron fraudulentamente a Sáenz Abad y al resto de los beneficiarios a cambio de la dádiva.

Hay varias pistas que contribuyen a aclarar estos interrogantes. En primer lugar, la entrega de las acciones de Banesto, prometida por el Banco Santander el 26 de abril, se realizó a un precio de 400 pesetas por acción cuando la cotización bursátil era entonces de 868 pesetas, y de 862 pesetas el día en que se formalizó su adquisición el 21 de octubre de 1994. De esta forma, el Santander, para beneficiar a Sáenz Abad y su equipo, perjudicó gravemente los intereses de sus accionistas, que pierden 462 pesetas de diferencia entre las 400 pesetas por acción en que se trasmiten los títulos y las 862 pesetas que cotizan en Bolsa. Y no cabe duda de que este perjuicio es la contrapartida de la dádiva a Sáenz y sus chicos, prometida cuando todos ellos ejercían funciones públicas, por un importe de 2.830.486.428 pesetas.

Hemos inquirido también por qué se recurrió a este complicado arabesco a través del Bank of America, en lugar de financiar directamente el Santander la compra de las acciones. Se trataba no solo de ocultar que el prestamista era el Banco Santander, sino también el contenido cierto de la operación, la retribución ilícita convenida con los administradores provisionales cuando permanecían en el ejercicio de funciones publicas. El artículo publicado en El Mundo el 26 de mayo de 1999 describía la operación de préstamo y la intervención del Banco Santander en estos términos:

En octubre de 1994, el Bank of America (BofA) prestó a los gestores de Banesto un total de 2.450 millones de pesetas para la compra de 6,1 millones de acciones del banco, a 400 pesetas por título. El vendedor de ese paquete, el Santander, cumplía así con el compromiso asumido seis meses antes como fórmula para incentivar a los beneficiarios.

Sin embargo, el mismo día que Sáenz y los otros gestores de Banesto firmaron la compraventa de los títulos con el Santander y los préstamos con el Bank of America, estos dos últimos suscribieron un tercer contrato, llamado de permuta financiera.

Según este documento, el grupo presidido por Emilio Botín paga trimestralmente al banco estadounidense el Mibor más 0,8 puntos, calculado en función de los 2.450 millones de pesetas que éste prestó a Sáenz y compañía. A cambio, el BofA traspasa al Santander lo cobrado a los prestatarios. Es decir, que no se lo queda…

…Banesto no repartió dividendos en 1995, 1996 y 1997. por tanto, Sáenz y compañía se beneficiaron de una carencia de hecho que duró tres años…

Aparte del contrato de permuta financiera, el Santander envió al BofA —en la misma fecha que se firmó el resto de documentos— un compromiso por escrito por el que se responsabilizaba de compensarle por la diferencia en el supuesto de que las acciones de Banesto valieran menos de 2.450 millones de pesetas cuando venzan los préstamos de los ejecutivos».

Lo que en realidad viene a describir la información periodística es un préstamo fiduciario, que intenta encubrir —y lo consuma— la dádiva prometida a quienes desempeñaban funciones públicas, merced que tenía un triple contenido económico:

El resultado de la transmisión: las 6.126.594 acciones de Banesto se vendieron a un precio de 400 pesetas el título, es decir por un precio total de 2.450 millones de pesetas, cuando lo cierto es que valen en la actualidad más de 16.000 millones, y ello sin tener que pagar intereses y con devolución del principal al cabo de diez años. Es decir, la amortización del préstamo se hará dentro de una década, ad calendas graecas, y pagando tan sólo el 15,36% de lo que supone la actual cotización bursátil de las acciones.

Los intereses: los peculiares préstamos concedidos por el Bank of America devengan en concepto de interés el 50% de los dividendos percibidos por las acciones, lo que pone en manos de los prestatarios el devengo y su importe, puesto que son ellos mismos los que proponen los dividendos a pagar por Banesto. De hecho, en el período 1995 a 1997 el banco no repartió dividendos, por lo que Sáenz Abad y su equipo se beneficiaron con una bonita carencia de tres años de intereses. Pero las mieles del pastel no acaban ahí: el contrato de permuta financiera entre el Bank of America y el Santander le obliga a éste a pagar un interés del mibor más 0,8 puntos, lo que podría considerarse normal en el mercado, al contrario de lo que sucede con ese 50% de los dividendos hipotéticos, que no es más que una ficción burdamente amañada en términos que parecerán inconcebibles a quien tenga una mínima preparación financiera.

El 50% de los dividendos que se distribuyan a las acciones de Banesto: Sáenz Abad y su equipo, además de recibir a un precio simbólico más de seis millones de acciones, percibirán durante los diez años de duración de los préstamos el 50% de los dividendos de esas mismas acciones.

Conocida ahora la operación en todos sus aspectos, puede afirmarse que el Bank of America no habría concedido ningún préstamo a Sáenz Abad y su equipo de no haber intervenido el Santander y no haber existido las dos garantías adicionales a que hemos hecho mención. Es difícil creer que los prestatarios por sí mismos hubieran convencido al banco americano de la bondad de una operación en la que los intereses dependían de los dividendos a repartir por Banesto, que se presumían nulos o exiguos, al menos mientras se produjera la «recuperación» de Banesto. En segundo lugar, si el Bank of America quería cobrar el mibor más 0,8 puntos, lo normal hubiera sido pactarlo con los prestatarios. En tercer lugar, eran los prestatarios quienes podían decidir si se repartía o no dividendos, quedando consecuentemente a su arbitrio pagar o no intereses, cuestión que ningún banco del planeta tierra aceptaría de no existir otras coberturas y compensaciones más o menos recónditas pero igualmente eficaces.

Los seis millones largos de acciones de Banesto no se repartieron exclusivamente entre los gestores del banco, como podría pensarse a primera vista. Parte de las acciones se puso a nombre de los interesados y de sus esposas, y otra parte a nombre de sociedades instrumentales sin vinculación alguna con Banesto. Según los datos que constan en el Registro de accionistas del banco y en el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, S.A., la distribución de tan astronómica cantidad fue la siguiente:

– Alfredo Sáenz recibió en total 1.225.319 acciones, de las que puso 250.000 a su nombre y al de Juana María Muñoz Prado, y 975.319 a nombre de Liborne, S.L., sociedad que, según la declaración prestada por el interesado ante la Audiencia Nacional en el «caso Banesto», pertenece a él, a sus hijos y a su mujer.

– David Arce recibió 459.495 acciones, de las que puso 200.000 a su nombre y al de Ascensión Moran Nistal, y 259.495 a nombre de Dadimer, S.L.

– Víctor Menéndez recibió 918.990 acciones, de las que puso 243.990 a su nombre y al de María José de Miguel Guillamón, y 675.000 a nombre de Belizona, S.L., perteneciente a Menéndez y a su familia, según declaró el representante legal de la sociedad ante la Audiencia Nacional.

– José Corral recibió 612.659 acciones, 200.000 a su nombre y al de María Carmen Vallespín Villanueva, y 412.659 a nombre de Tebaco, S.L.

– Juan Delibes recibió 459.495 acciones, 300.000 a su nombre y al de Esperanza Espinosa García, y 159.495 a nombre de Disolmar, S.L., cuyo representante legal declaró, como en los supuestos anteriores, que pertenecía a Delibes y su familia.

– José Ángel Merodio recibió 612.659 acciones, 262.659 a su nombre y al de María Amaya García Plasín, y 350.000 al de Construcciones y Promociones Gesta, S.L.

– Luis Abril recibió 306.329 acciones, 156.329 a su nombre y al de Teresa Mazuelas Pérez-Cecilia, y 150.000 a nombre de Lotimar, S.L.

– José Luis Roselló recibió 459.495 acciones a su nombre y al de Asunción Domínguez Bas.

– Juan Carlos Rodríguez Cantarero recibió 306.329 acciones a su nombre y al de Carmen Calderón Forns.

– Fernando Gutiérrez-Ojanguren recibió 459.495 acciones a su nombre y al de Carmen Izarra Balparda.

– Timoteo Patricio recibió 306.329 acciones a su nombre y al de Aurora Romera Andrés.

Como vemos, buena parte de las acciones que integraban el fastuoso regalo de Botín se puso a nombre de sociedades instrumentales creadas al efecto, a las que se incorporan familiares muy allegados a los beneficiarios. Otro dato curioso es que muchas de esas sociedades tienen su domicilio social en el número 8 de la Gran Vía de Bilbao, cuyo domicilio corresponde, nada más y nada menos, que a 154 empresas diferentes, incluidas las que están en manos de los directivos de Banesto. También coinciden varias de esas sociedades en contar como administradoras a las esposas de los consejeros del banco. Otros nombres que se repiten con frecuencia son los de Iciar Gomeza Eleizalde, Ricardo Gomeza Eleizalde y Juan Carlos Rodríguez Cantarero (consejero secretario de Banesto y uno de los beneficiarios de la dádiva). Presumimos que el Santander podrá mantener con dificultad que la entrega de acciones a las sociedades Liborne, Belizona, Dadimer, Tebaco, Disolmar y Lotimar y a las respetables esposas de los beneficiarios se haya realizado para potenciar la autonomía de gestión del banco, pues no se sabe que cualquiera de unas y otras haya coadyuvado al provechoso desenvolvimiento de Banesto.

Todos los beneficiarios principales de la dádiva fueron llamados a declarar como testigos ante la Audiencia Nacional en el «caso Banesto». Y, dados los antecedentes expuestos, no es extraño que mostraran su absoluta ignorancia sobre las circunstancias de la operación o, lo que es peor, faltaran a la verdad en sus declaraciones bajo juramento, o llegaran incluso a «perder los papeles» como le ocurrió a Rodríguez Cantarero, que protagonizó un bochornoso incidente durante su comparecencia, impropio del jefe de la asesoría jurídica de un gran banco, por lo que recibió una severa admonición de Siró García Pérez, el presidente de la Sala.

Cuando Jesús Castrillo interrogaba a Rodríguez Cantarero, llegó el momento de abordar el vidrioso tema relativo a la forma con que se «vistió» el magnífico regalo de Botín (que, como hemos dicho, se había declarado al Servicio de Compensación y Liquidación como «herencia»). Se veía de entrada que se trataba de un tema especialmente molesto para el testigo, el cual se dirigió al presidente del tribunal para preguntarle si debía contestar sobre un asunto particular relativo a su patrimonio. Ante la respuesta afirmativa del presidente, continuó el interrogatorio con la pregunta de si había sido el Bank of America quien facilitó la financiación. El testigo vuelve a dirigirse al presidente:

—Sí, pero vamos a ver, aquí vuelvo a pedirle el amparo, ¿es que tengo que contar yo mi situación patrimonial, ocurrida con posterioridad?

El presidente le invita a que conteste.

—Yo no soy parte en este proceso, señor, parte es Banesto. El presidente le recuerda a Rodríguez Cantarero que los testigos son parte del proceso.

—En este acto, no. En este acto soy Juan Carlos Rodríguez Cantarero, testigo citado en tal calidad, yo no ostento la representación de Banesto en este acto.

Nuevamente le reitera el presidente que conteste la pregunta.

—Sí, sí, pero yo no soy parte, insisto. Yo no he acusado a nadie.

El presidente, esta vez en términos menos templados, le reitera su conminación.

—Sí, sí, claro. Bien, bien. En tal caso contestaré, y espero que no pasemos ¿eh? a mis conductas sexuales a continuación, pero en fin contestaré en su caso. Dígame.

Es evidente que el testigo había perdido el oremus, lo que motivó una enérgica reacción de Siró García, que hasta entonces se había limitado a instarle con sosiego a que contestara. Tal vez el magnetófono en el que se estaba grabando la sesión no estaba preparado para el alto voltaje de la voz presidencial, pero lo cierto es que la grabación ofrece fallos de tal calibre que han impedido reflejar con exactitud en el acta lo que realmente se dijo en la Sala. Por lo que, sin quitar ni poner una sola tilde, nos limitamos a reproducir el pasaje con los mismos signos o menciones que aparecen en el mencionado documento público:

PRESIDENTE: Es absolutamente improcedente ¿? que incurre en una actividad infractora, por lo menos según el orden de la Sala. Si vuelve a hacer un comentario ¿? defensor ¿?

TESTIGO: Lo tomo en cuenta, pido excusas.

PRESIDENTE: (Sonido defectuoso).

TESTIGO: Pido excusas y manifiesto que lo que haya podido cometer ha sido sin intención.

PRESIDENTE: (Sonido defectuoso).

TESTIGO: Pido excusas y desde luego manifiesto que lo que haya podido cometer ha sido sin intención alguna.

PRESIDENTE: (Sonido defectuoso).

TESTIGO: De acuerdo.

PRESIDENTE: (Sonido defectuoso).

TESTIGO: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.

PRESIDENTE: Y no me interrumpa cuanto estoy hablado.

TESTIGO: Muy bien.

PRESIDENTE: Y además, no hace falta que usted hable.

Al término de la declaración, la indignación del presidente no se había apaciguado, por lo que decide poner la siguiente coda, que también transcribimos íntegramente:

PRESIDENTE: Vamos a ver, yo creo que está usted confundido sobre lo que es la Administración de Justicia ¿Ha ejercido usted ante los Tribunales?

TESTIGO: Sí, Señoría, he ejercido.

PRESIDENTE: ¿Ante los Tribunales penales? Decir si es tolerable o no tolerable…, pues no es una contestación propia de un testigo.

Y manda al deponente que se retire.

Pero si Rodríguez Cantarero pierde los nervios de mala manera cuando se le pregunta sobre la operación, los otros beneficiarios de la dádiva, aunque estén declarando bajo juramento, optan a su vez por mentir con el mayor descaro:

Se faltó a la verdad en cuanto al aval prestado por el Banco Santander.

José Ángel Merodio contestó así al interrogatorio testifical que se le hizo el 25 de enero de 1999:

—El precio de las acciones fueron 400 pesetas la acción, ¿verdad?

—Sí.

—¿De compraventa? ¿Cómo se pagó ese dinero? ¿Lo pagó usted con un crédito?

—Lo pagué yo. Sí, lo pagué con un crédito.

—¿Y el crédito era del Bank of America?

—Sí.

—¿Gestionó usted ese crédito?

—No, la verdad es que no lo gestioné. Es decir, había algunas personas que podían tener, digamos, relación con personas del Bank of America; sugirieron si le interesaba o si nos adheríamos, desde luego, sin ningún tipo de concreción, a ese tema, nos pareció correcto y yo decidí que sí, y lo hice con el Bank of America.

—¿Quiénes eran esas personas que tenían relación con el Bank of America?

—Pues algún compañero del consejo, pero si me pregunta usted el nombre correría el riesgo de equivocarme porque no estoy seguro.

—¿Era usted cliente del Bank of America?

—No.

—¿Y cómo es posible que el Bank of America conceda un crédito a una persona no cliente de esta importancia? ¿Había algún aval?, ¿Habría algún aval por medio?

—Aval ¿de quién?

—Alguien que avalase el crédito de ustedes.

—No. Yo, si quiere, le respondo a lo que me ha parecido interpretar que es la finalidad de su pregunta.

—Sí.

—Hombre, el Bank of America, y voy a hablar de mi caso personal, yo constituí prenda de todas las acciones. Por tanto, el riesgo era como mínimo calculado, y por otra parte, adicionalmente, mi mujer y yo también tenemos un patrimonio y firmamos los dos. Por tanto, no me pareció ninguna locura por parte del Bank of America dar esa operación.

—¿No hay ningún aval de algún banco de la órbita del Banco Santander?

—Que yo sepa no, desde luego.

También Víctor Menéndez negó que el Santander hubiese avalado la operación al declarar ante la Audiencia el 18 de enero de 1999, según transcribimos del acta:

—¿Cuándo compró usted?

—Eso lo compré, pues lo compré… Yo creo que en algún momento de finales de septiembre u octubre, no sé, por esa época. Y lo compre a su valor.

—Y esos 400 millones, casi 400 millones, que usted tuvo que pagar, ¿los pago en aquel momento?

—Sí.

—¿Cómo los pagó usted? ¿Con un crédito?

—Con un crédito.

—Pero, ¿quién le concedió ese crédito?.

—El Bank of America.

—El Banco de America. Y ese crédito, ¿qué garantías le pidieron para tomar ese crédito?

—Pidieron garantías pignoraticias sobre las propias acciones.

—¿Sólo de las propias acciones?

—Sólo de las propias acciones.

—¿No hay ningún aval complementario de otro banco?

—Que yo sepa, no.

Se falto a la verdad, en cuanto al pago de los intereses del préstamo formalizado por el Bank of America.

Ya sabemos que en los contratos de préstamo formalizados entre los gestores de Banesto y el Bank of America se fijó un interés igual al 50% de los dividendos generados por las acciones del banco intervenido, pero no se estableció una carencia de tres años. Cosa distinta es que, al no haber repartido Banesto dividendos durante los años 1994 a 1997, los prestatarios se beneficiaran de una financiación gratuita durante ese período. Y ello aunque el Banco Santander pagó al Bank of America desde el primer día un interés del mibor más 0,8 puntos. Pues bien, Rodríguez Cantarero declaró falsamente lo que sigue sobre este particular:

—¿Y cuáles eran las condiciones de este préstamo o crédito?

—Pues era un crédito a 10 años [no era un crédito, era un préstamo] con garantía real de las propias acciones con tipo de interés variable, con tipo de interés variable creciente porque había una carencia de tres años.

Por el contrario, Sáenz Abad, al declarar ante la Audiencia Nacional los días 14 y 15 de octubre de 1998, no sólo omite cualquier referencia a que existiera esa carencia de tres años, sino que manifiesta haber pagado intereses del préstamo concebido por el Bank of America.

—¿La operación se hace en concreto a 400 pesetas y sin pagar intereses?

—¿Cómo que sin pagar intereses? No, no, nosotros compramos a 400 pesetas por acción.

—Pero según la documentación oficial presentada por ustedes ante la administración tributaria de Vizcaya y según los datos que constan en el registro Mercantil de Bilbao, según las cuentas de todas estas sociedades, la de usted, Liborne, y las de sus colaboradores, no han pagado absolutamente un céntimo de intereses, según los datos facilitados por ustedes, firmados por ustedes, ¿no es cierto?

—Vaya si hemos pagado.

—¿Perdón?

—Que vaya si hemos pagado. Que sí, que sí, que hemos pagado.

—Allí no consta y yo únicamente voy a los registros públicos, no voy a otros lados. ¿A quién pertenecen las participaciones de Liborne?

—A mí, y a mis hijos y mi mujer.

También en esto faltaba a la verdad Alfredo Sáenz Abad, teniendo en cuenta que presta su declaración ante la Sala el 14 de octubre de 1998, puesto que el periodo a que se refiere el letrado que le interroga comprende los ejercicios 1994 a 1997 inclusive, los únicos sobre los que existía documentación presentada en el Registro Mercantil.

Se faltó a la verdad en cuanto a la fecha de negociación de la transmisión de acciones.

Rodríguez Cantarero también mintió sobre este punto en su declaración:

—¿Es posible que una cantidad tan importante de 6.126.594 acciones de Banesto se ofreciese, se negociase, fuera consultada con los asesores jurídicos y fiscales, se aceptase y se redactara en los documentos necesarios sólo durante el transcurso de la noche del 25 al 26 de abril?

—No, no, eso es absolutamente inexacto. Eso se hizo en el mes de octubre de 1994.

Ya hemos comentado que Guillermo Sánchez Herrero, autor del artículp aparecido en El Mundo el 26 de mayo de 1999, basado en la documentación a la que había tenido acceso, manifestaba que el diseño de la operación de compraventa del 1% de Banesto comenzó a pergeñarse antes del mes de julio de 1994. Por lo que lo depuesto bajo juramento por el testigo Rodríguez Cantarero es manifiestamente falso.

No faltó quien intentó «echar una mano» a los beneficiarios del regalo en su propósito de oscurecer la operación. Kevin Woods, consejero director general adjunto del Bank of America, prestó testimonio ante la Sala, bajo los efectos de una amnesia total, al referirse a una operación de tanta envergadura como la financiación ofrecida por su banco a los administradores provisionales de Banesto y la coetánea «permuta financiera». Sólo dentro de este increíble laberinto testifical pueden desbrozarse las declaraciones de los consejeros José Ángel Merodio Zubiarraín y Víctor Menéndez Millán, que llegaron a manifestar ante la Sala que ni gestionaron la financiación, ni recuerdan quién fue la persona del consejo de Banesto que lo hizo.

Los beneficiarios de la dádiva otorgada tan generosamente por Botín se enfrentan en la actualidad a sendas querellas por cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos y falso testimonio promovidas por Rafael Pérez Escolar y la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes, en las que aparecen como querellados Alfredo Sáenz Abad, Víctor Menéndez Millán, David Arce Torres, José Corral Lope, Juan Delibes Liniers, José Ángel Merodio Zubiarraín, José Luis Roselló Menasanch, Juan Carlos Rodríguez Cantarero, Fernando Gutiérrez-Ojanguren Ganga, Luis Abril Pérez, Timoteo Patricio Domínguez y los representantes legales del BSCH, Bank of America, Liborne S.L., Belizona S.L., Dadimer, S.L., Tebaco S.L., Disolmar S.L., Construcciones y Promociones Gesta S.L. y Lotimar SA. Las querellas han correspondido en principio al Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, como diligencias previas nº 125/2000, que se ha inhibido a favor del Juzgado Decano Central de Instrucción, de la Audiencia Nacional, teniendo en cuenta los múltiples perjudicados a cuyos intereses afectan las conductas delictuosas de los acusados.

La acción penal se basa en la promesa ilícita de una dádiva hecha por el Santander a los gestores de Banesto cuando desempeñaban funciones públicas, lo que constituye un delito de cohecho. Concretamente, se denuncian dos grupos de actos realizados por los querellados: correspondientes los primeros al tiempo en que desempeñaban funciones públicas, y cometidos los demás a partir del momento en que dejaron de desempeñar tales funciones.

En el primer grupo se denuncia que, durante el tiempo en que los querellados ejercían funciones públicas, perjudicaron a los accionistas de Banesto y al FGD. El 25 de abril de 1994, como sabemos, se procedió a la apertura de plicas de la subasta de las acciones de Banesto suscritas por el FGD; la mejor postura y, por tanto, la adjudicataria fue la que había formulado el Banco Santander por importe de 313.000 millones de pesetas. Los querellados, en compensación por las dádivas recibidas, retrasaron intencionadamente hasta el 1 de agosto de 1994 el pago del precio a cargo del Santander, pretextando haber olvidado en la solicitud a las autoridades comunitarias el preceptivo permiso para la adjudicación de las acciones. Lo cierto es que la resolución del Banco de España del 28 de marzo de 1994, por la que se ordenaba la inserción del pliego de condiciones para la adjudicación de la participación del FGD en Banesto, publicada en el BOE del 29 de marzo de 1984, decía así en su condición 10ª:

«El contrato de compraventa entre el Fondo y el adjudicatario se entenderá perfeccionado en el momento en que se hayan obtenido todas las autorizaciones legalmente necesarias. Se procederá entonces a la publicación de la adjudicación en el Boletín Oficial del Estado.

La compraventa se formalizará en documento público al que se incorporará el presente pliego de condiciones, la oferta y el acuerdo de adjudicación en unión de los documentos acreditativos de la obtención de las autorizaciones legales. El pago se efectuará en los términos indicados en el apartado 6.3 anterior».

A su vez, el plazo resultaba de la condición 6.3:

«Forma de pago del precio. El pago de la compraventa del Tramo A se realizará al contado en el momento de su formalización.

El pago del Tramo B se realizará a los noventa días naturales siguientes a la fecha de formalización de la compraventa, sin que el aplazamiento devengue intereses».

El retraso en el pago, ocasionado por la conducta de los querellados en el ejercicio de sus funciones públicas, originó un perjuicio al FGD cifrado en 8.000 millones de pesetas, resultante de la aplicación de un interés al tipo del 10% vigente en aquellas fechas, y un perjuicio correlativo a Banesto que, como consecuencia de un desfase de tesorería, hubo de cubrirlo mediante un préstamo del Santander. La dádiva, por tanto, tuvo su origen en un beneficio indebido a favor del Banco Santander —que se ahorró los intereses del desembolso de los 313.000 millones, mientras las acciones de Banesto subían su cotización en bolsa—, al mismo tiempo que obtuvo un beneficio adicional mediante el préstamo para cubrir el desfase de tesorería. Así lo reconoce el FGD en su memoria del ejercicio 1994 (página 17):

«Como consecuencia del retraso sufrido en la formalización de la venta de las acciones de Banesto, se produjo un desfase de tesorería durante los meses de septiembre y octubre, cubierto con un préstamo de 32.500 millones de pesetas del Banco Santander, S.A. al mismo tipo de interés que la deuda».

Asimismo, la querella denuncia otros actos realizados por los querellados en perjuicio de los accionistas de Banesto después de haber cesado en el desempeño de funciones públicas. El Banco Santander, de conformidad con la previsión incluida en el plan de saneamiento para paliar el daño causado a los accionistas de Banesto, formuló el 27 de septiembre de 1994 una oferta pública de venta correspondiente a una parte de las acciones adquiridas al FGD. La obligación de formular dicha oferta pública estaba contenida en la condición 6.4 de la resolución del Banco de España por la que se ordenaba la publicación del pliego de condiciones del concurso para la adjudicación de la participación accionarial del FGD en Banesto. Por tanto, los accionistas de Banesto podían adquirir a 400 pesetas una parte de las acciones que el Banco había adquirido al Fondo. Sin embargo, los querellados, gestores de Banesto en aquel tiempo, decidieron que dos de sus sociedades filiales, Ceosa y Mercurio, así como la Fundación Banesto, propietarias entre todas de 5.693.446 acciones del banco, no concurrieran a la adquisición de las acciones que les correspondían en la oferta de venta. ¡Y les hubiera correspondido nada menos que 2.846.723 acciones! Esta conducta, ilícita a todas luces, ocasionó un daño a Banesto por importe de 1.224.090.890 de pesetas, ya que las acciones que podía haber adquirido a 400 pesetas en la oferta pública de venta cotizaban ese mismo día a 830 pesetas. Y, como es lógico, el Santander obtuvo un beneficio correlativo por el mismo importe, a costa de los accionistas de Banesto.

Con independencia del cohecho cometido por los gestores provisionales, la querella denuncia el delito de apropiación indebida, habida cuenta de que el Santander, en beneficio de los perceptores de la coima, perjudicó los intereses de sus propios accionistas al transmitir el 21 de octubre de 1994 a los administradores de Banesto 6.126.594 acciones de este mismo banco al precio de 400 pesetas, cuando dichas acciones cotizaban a 862 pesetas. En definitiva, la apropiación indebida ascendió 2.830.486.428 pesetas, diferencia entre el valor de las acciones transmitidas y el precio pagado por los beneficiarios. Por razones de orden procesal que no se nos alcanzan, se abstiene la querella de personalizar la acusación en cuanto al Santander, limitándose a formularla contra su «representante legal», aunque resulte fácil adivinar a quién apunta en aquella casa la autoría de la infracción.

La querella acusa asimismo a los gestores de Banesto de un delito de malversación de caudales públicos por el hecho, antes relatado, de que cuando ejercían funciones públicas retrasaron intencionadamente hasta el 1 de agosto de 1994 el pago por el Santander al FGD del precio correspondiente a las acciones adquiridas, con lo que se ocasionó un perjuicio a esta entidad pública por 8.000 millones de pesetas al menos, lo que resulta de aplicar un interés al tipo del 10% al principal cuyo pago se dilató por los perceptores de la dádiva.

También se persigue por la acusación un delito de apropiación indebida, en relación con las entidades Ceosa, Mercurio y la Fundación Banesto, todas ellas controladas por Banesto, según dijimos. Si los administradores provisionales decidieron que ninguna de estas entidades, propietarias en conjunto de 5.693.446 acciones del banco, concurriera a la adquisición de las 2.846.723 acciones que les correspondía en la oferta de venta formulada por el Santander a 400 pesetas el título, cuando cotizaban en bolsa a 830 pesetas, se causó un indudable perjuicio a Banesto y un beneficio ilícito al Santander por 1.224.090.890 pesetas.

Por último, la querella denuncia a Alfredo Sáenz Abad, José Ángel Merodio, Víctor Menéndez y Juan Carlos Rodríguez Cantatero por un delito de falso testimonio cometido cuando comparecieron, en calidad de testigos, ante la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la causa 234/94, a cuyas lindezas ya nos hemos referido.

La recompensa de Botín a los gestores de Banesto no sólo ha dado lugar a la querella por cohecho, malversación, apropiación y falso testimonio que acabamos de resumir. A los beneficiarios de la dádiva no debió parecerles suficiente el fabuloso regalo, puesto que decidieron «optimizar» el beneficio —como se dice ahora— incumpliendo las correspondientes obligaciones fiscales. Por lo que en la actualidad se sigue instrucción sumarial por delitos tributarios en los siguientes juzgados:

Juzgado de Instrucción nº 4 de Alcobendas: Diligencias previas 886/99 contra Alfredo Sáenz.

Juzgado de Instrucción nº 6 de Alcobendas: Diligencias previas 2424/99 contra Fernando Gutiérrez-Ojanguren.

Juzgado de Instrucción nº 9 de Móstoles: Diligencias previas 1908/99 contra Juan Carlos Rodríguez Cantarero.

Juzgado de Instrucción nº 23 de Madrid: Diligencias previas 7240/99 contra David Arce.

Juzgado de Instrucción nº 2 de Esplugues de Llobregat: Diligencias previas 1241/99 contra Ángel Merodio.

Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander: Diligencias previas 3200/99 contra el representante legal del Banco Santander.

Juzgado de Instrucción de Vizcaya que por turno de reparto corresponda: contra Víctor Menéndez.

Juzgado de Instrucción de Madrid, pendientes de turnar: contra Juan Delibes, José Corral, José Luis Roselló, Luis Abril y Timoteo Patricio.

Las querellas se encuentran en distintas fases de tramitación, pero ya se han producido actos significativos por parte de los órganos jurisdiccionales que entienden de las respectivas causas. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid, en el auto de 1 de febrero de 2000, declara lo siguiente:

«En el caso revisado, los querellantes aseguran que el Administrador Presidente Ejecutivo del Banco Español de Crédito y sus administradores provisionales se vieron beneficiados por el Banco Santander en contemplación de sus respectivos cargos y —de ser cierto lo que afirma la entidad querellante— por actuaciones de unos y otros que habrían contribuido al enriquecimiento de esta última entidad bancaria en perjuicio de la primera.

La entidad querellante reconstruye hechos verosímiles que, efectivamente, en determinadas circunstancias (como las que aquéllos denuncian), pudiera ser constitutivo de delito de cohecho, al menos en su modalidad menos grave, la tipificada y penada por el artículo 426 del vigente Código Penal, aunque en el caso revisado, a las dificultades de aquella reconstrucción se suman las de su tratamiento jurídico, empezando por la calificación de la condición de los querellados».

En algún caso, el ministerio público ha propuesto «ampliar» la imputación. Nos referimos al fiscal del Juzgado de Instrucción nº 9 de Móstoles, que en la instrucción que se sigue contra Rodríguez Cantarero ha emitido informe en el que sostiene:

«1º) Que, pudiendo ser el hecho relatado … (contenido de la formalización de la transmisión de acciones del 1% del capital social de Banesto al querellado) constitutivas de una forma de retribución en especie, procede ampliar la imputación por un posible delito contra la Hacienda Pública por defraudación de las cuotas correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referida a los períodos aludidos en la querella.

2º) Que sea librado a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria… a fin de que se proceda a la elaboración de un informe sobre las cuotas defraudadas —bien por el impuesto de donaciones o bien por el impuesto sobre la renta y por el impuesto sobre el patrimonio— por el querellado.

3º) Recíbase declaración al querellado, tanto sobre los hechos objeto de la querella como sobre la ampliación de imputación que se hace en el presente escrito».

En el mismo sentido, en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Alcobendas contra Alfredo Sáenz Abad, el fiscal ha informado:

«Por otra parte obran en las actuaciones tres informes procedentes de la Agencia Tributaria… dos de los cuales, tras mostrarse conformes con las liquidaciones tributarias de los querellados en cuanto a la calificación jurídica de retribución en especie, discrepan en cuanto a la imputación temporal de la misma al ejercicio 1998 y plantean la necesidad de regularizar las declaraciones por IRPF, Patrimonio e Impuesto de Sociedades de los ejercicios 1994 a 1998.

Por lo expuesto y por otras cuestiones planteadas en dichos informes como la desaparición progresiva de las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones, nos oponemos a la solicitud de archivo formulada…

Por ello, y haciendo extensiva la imputación de los hechos al impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 1994 a 1998 por la consideración como retribución en especie realizada por los inspectores de la Agencia Tributaria, como se deriva de los informes aportados, hechos sobre los cuales deberá recibirse declaración al querellado en calidad de imputado, interesamos la práctica de las siguientes diligencias…».

Las querellas se han dirigido también contra Alfredo Sáenz Abad, Víctor Menéndez Millán, David Arce, José Corral, Juan Delibes, José Ángel Merodio, José Luis Roselló, Juan Carlos Rodríguez Cantarero, Fernando Gutiérrez-Ojanguren, Luis Abril, Timoteo Patricio, contra el BSCH y el Bank Of America, y las sociedades instrumentales de los querellados, es decir, Liborne, Belizona, Dadimer, Tebaco, Disolmar, Construcciones y Promociones Gesta y Lotimar.

La primera de estas querellas se formuló bajo la indicación expresa de que trataba de evitar la prescripción del delito:

«… en evitación de que este asunto se convierta en un caso tan de moda como el de «Huguet y Aguiar», en el que hasta ahora… se ha demostrado la absoluta ineficacia de las administraciones públicas que han permitido que dos funcionarios puedan reconocer impunemente la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, por el mero hecho de haber quedado prescritos por la inactividad de las autoridades».

La querella expone detalladamente la sofisticada forma en que se documentó la transmisión de las acciones de Banesto a sus gestores, con la finalidad de ocultar que quien realmente financiaba la operación y pagaba los intereses era el Santander, y explica también cómo se repartieron dichas acciones y se interpusieron sociedades instrumentales para evadir en una parte importante el IRPF y el impuesto sobre del patrimonio. La promesa del uno por ciento del capital social de Banesto se realizó a título personal a los beneficiarios, dentro de un supuesto programa de incentivos, según habían manifestado tanto el transmitente como los adquirentes. En consecuencia, es claro que a la hora de examinar las defraudaciones cometidas en cada impuesto habrá que imputar a cada uno de los querellados la adquisición de las acciones tanto a título personal como a nombre de sus sociedades patrimoniales. «Nos encontramos —decía la querella— ante un claro supuesto de interposición de sociedades instrumentales para evitar el pago de impuestos».

Entrando en el examen de las cifras concretas, la acusación explicaba que la puesta a disposición de las acciones prometida por el Banco Santander se realizó a un precio de 400 pesetas por acción, cuando la cotización de las mismas era muy superior. La cotización bursátil de las acciones de Banesto a la fecha en que el Santander formuló la promesa —el 26 de abril de 1994— era de 868 pesetas, y en la fecha en que los querellados adquirieron formalmente las acciones —el 21 de octubre de 1994— la cotización era de 862 pesetas. Es decir, el Santander les transmitió 6.126.594 acciones al precio de 400 pesetas cuando ese mismo día tenían un valor de 862 pesetas. Por tanto, cada uno de los querellados recibió una donación de 462 pesetas por acción, lo que, según los cálculos de la querella, lleva a las siguientes cifras:

Alfredo Sáenz adquirió a título personal y a través de su sociedad instrumental Liborne, S.L. un total de 1.225.319 acciones, lo que, a razón de 462 pesetas por acción, supone una donación —y una base imponible— de 566.097.378 pesetas y una cuota defraudada de 181.728.386 pesetas.

David Arce adquirió a título personal y a través de su sociedad instrumental Dadimer, S.L. un total de 459.495 acciones, lo que supone una base imponible de 212.286.690 pesetas y una cuota defraudada de 61.432.752 pesetas.

Víctor Menéndez adquirió a título personal y a través de su sociedad instrumental Belizona, S.L. un total de 918.990 acciones, lo que supone una donación y una base imponible de 424.573.380 pesetas y una cuota defraudada de 133.610.227 pesetas.

José Corral Lope adquirió en total, incluida su sociedad instrumental Tebaco, S.L., 612.659 acciones, lo que supone una base de 283.048.458 pesetas y una cuota defraudada de 85.491.753 pesetas.

Juan Delibes adquirió a título personal y a través de su sociedad instrumental Disolmar, S.L., un total de 459.495 acciones, lo que supone una donación y una base imponible de 212.286.690 pesetas y una cuota defraudada de 61.432.752 pesetas.

José Ángel Merodio adquirió a título personal y a través de su sociedad instrumental Construcciones y Promociones Gesta, S.L. un total de 612.659 acciones, lo que implica una base imponible de 283.048.458 pesetas y una cuota defraudada de 85.491.753 pesetas.

José Luis Roselló adquirió a título personal 459.495 acciones, lo que implica una base imponible de 212.286.690 pesetas y una cuota defraudada de 61.432.752 pesetas.

Juan Carlos Rodríguez Cantarero adquirió a título personal 306.329 acciones, lo que implica una base imponible de 141.523.998 pesetas y una cuota defraudada de 37.373.437 pesetas.

Fernando Gutiérrez-Ojanguren adquirió a título personal 459.495 acciones, lo que implica una base imponible de 212.286.690 pesetas y una cuota defraudada de 61.432.752 pesetas.

Luis Abril adquirió a título personal y de su sociedad instrumental Lotimar, S.A. un total de 306.329 acciones, lo que implica una base imponible de 141.523.998 pesetas y una cuota defraudada de 37.373.437 pesetas.

Timoteo Patricio adquirió a título personal 306.329 acciones, lo que implica una base imponible de 141.523.998 pesetas y una cuota defraudada de 37.373.437 pesetas.

En el escrito de querella, de una parte, constaba la advertencia de que las cuotas defraudadas podrían quedar afectadas por el régimen matrimonial de los querellados y, de otra, aclaraba que los cálculos eran provisionales, aunque, lógicamente, las cifras efectivas deberían ser superiores (nunca inferiores), según el art. 22 de la Ley, que determina la aplicación de un coeficiente multiplicador en función del patrimonio preexistente y del parentesco. Con independencia del patrimonio preexistente de cada uno de los querellados, al no existir parentesco alguno —que sepamos— entre ellos y el Santander, hay que aplicar el máximo coeficiente multiplicador, el del grupo IV, que oscila entre 2 y 2,4, por lo que las cuotas defraudadas serían, como mínimo, el doble de las calculadas en el escrito de querella.

Otro de los delitos denunciados se refiere a los intereses pactados y pagados por el Santander al Bank of America en los tres años que Banesto no arrojó beneficio. La operación financiera urdida entre los querellados, el Santander y el Bank of America tuvo como resultado que los primeros sólo debían pagar como intereses del préstamo el 50% de los dividendos que se obtuvieran por la titularidad de las acciones adquiridas, mientras que el Santander tenía que pagar al Bank of America un interés anual al tipo del mibor más 0,8 puntos. En definitiva, el Banco Santander, en cuanto a los préstamos concedidos por el Bank of America, S.A., no sólo garantizó sino que ha pagado a este banco, durante los tres ejercicios en los que Banesto no arrojó beneficios, el interés al tipo mencionado de los 2.450 millones de principal que se prestaron para adquirir las acciones de Banesto. Al quedar exonerados de dicho pago, los acusados han recibido en cada uno de los ejercicios una donación por el importe de los intereses pagados por el Santander, de manera que han defraudado en el impuesto sobre donaciones y sucesiones durante los ejercicios 1994, 1995, 1996 y 1997, al no hacerlo efectivo, una cuantía igual a la cuota correspondiente al interés al mibor más 0,8 puntos del principal prestado a cada uno de los querellados y a sus respectivas sociedades instrumentales, cuyas cantidades oscilan entre 490.127.600 pesetas, en el caso de Alfredo Sáenz Abad, y 122.531.600 pesetas, en los de Rodríguez Cantarero y Abril.

Y, para terminar la lista de las acusaciones, se incluye también el fraude en la declaración de patrimonio cometido por los querellados durante los ejercicios 1994 a 1998 inclusive, mediante la interposición de sociedades instrumentales. Si los querellados hubieran adquirido el 1% del capital social de Banesto a título personal sin interponer las sociedades Liborne, S.L., Belizona, S.L., Dadimer, S.L., Tebaco, S.L., Disolmar, S.L., Construcciones y Promociones Gesta, S.L. y Lotimar, S.A., se verían obligados a declarar en su impuesto personal sobre el patrimonio, correspondiente a los mencionados ejercicios, el valor de cotización de las acciones recibidas, calculado al valor medio de cotización del último trimestre. Por lo que, a la hora de contabilizar las acciones adquiridas por las sociedades instrumentales, debe aplicarse la norma de valoración octava del Plan General de Contabilidad, Real Decreto 1643/1990 de 20 de diciembre, aplicable a sociedades mercantiles, según el cual:

«Los valores negociables comprendidos en los grupos 2 a 5 (corto o largo plazo), sean de renta fija o variable, se valorarán en general por su precio de adquisición a la suscripción o compra».

Sin embargo, mediante la interposición de sociedades instrumentales, los querellados lograron que su impuesto sobre el patrimonio no se incrementara como consecuencia de las acciones puestas a nombre de dichas sociedades, ya que se limitaron a declarar su valor, que, en punto a la adquisición de los títulos, siempre sería un valor cero, pues esas sociedades reflejan en su activo el precio de adquisición de las mismas y en su pasivo una cantidad igual, que corresponde al principal del préstamo concedido por el Bank of America. De no haberse interpuesto dichas sociedades, los querellados tendrían que haber declarado en su impuesto sobre el patrimonio el cambio medio del cuarto trimestre de las acciones recibidas menos el valor del préstamo concedido por el Bank of America.

La querella, tras advertir que la determinación de la cuota defraudada habrá de tener en cuenta la limitación establecida por el artículo 31 de la Ley 19/1991 de 6 de junio, según el cual, la cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio, conjuntamente con la correspondiente al Impuesto sobre la Renta, no podrá exceder del 70 por 100 de la total base imponible de este último, hace, a título de ejemplo, los cálculos que corresponderían a Alfredo Sáenz Abad por cada uno de los ejercicios 1994 a 1998, «contemplando sólo la operación de adquisición de acciones», «todo ello según la Ley 19/1991 de 6 de junio sobre el Impuesto de Patrimonio, con las tarifas aplicables en cada uno de los ejercicios». Los cálculos se practican en forma alternativa, para comparar los resultados derivados de la interposición de la sociedad Liborne, S.L. con los que se obtendrían de no haber mediado tal argucia. En la primera de ambas hipótesis y con respecto al ejercicio 1994, mediante la interposición de la sociedad Liborne, S.L., Sáenz Abad debió declarar en su impuesto sobre patrimonio las 250.000 acciones adquiridas a título personal al cambio medio del cuarto trimestre, que fue de 890 pesetas, según la Orden de 8 de marzo de 1995 del Ministerio de Economía y Hacienda, menos el valor del préstamo recibido por esas acciones, que fue de 400 pesetas:

890 ptas. (cotización de la acción) – 400 ptas. (valor del préstamo) x 250.000 (número de acciones recibidas a título personal) = 122.500.000 ptas.

Y, por lo que respecta al ejercicio 1994 —continuando con la hipótesis de la sociedad interpuesta— en la que se contabilizó la adquisición de 975.319 acciones al precio de 400 pesetas por acción y el préstamo recibido sobre esas mismas acciones, también por importe de 400 pesetas el título, el valor de la sociedad en punto a esta operación es nulo, cero pesetas. Sáenz Abad, por tanto, gracias a la interposición de Liborne y abstracción hecha de cualquier otro elemento patrimonial, estaba obligado a realizar una declaración de patrimonio con una base de 122.500.000 pesetas y una cuota de 442.500 pesetas. En cambio, de no haberse interpuesto la sociedad instrumental, Sáenz Abad debiera haber hecho la declaración del impuesto sobre el patrimonio (y de nuevo se hace abstracción de cualquier otro elemento patrimonial distinto de las acciones recibidas del Santander) conforme al total de 1.225.319 acciones adquiridas, al cambio medio del cuarto trimestre de 1994 —890 pesetas—, menos el valor del préstamo recibido por dichas acciones, que fue de 400 pesetas:

890 ptas. (cotización de la acción) – 400 ptas. (valor del préstamo) x 1.225.319 (número total de acciones recibidas) = 600.406.310 ptas.

Es decir, Sáenz Abad, contemplando únicamente esta operación, debió realizar una declaración de patrimonio con una base de 600.406.310 pesetas, a la que hubiera correspondido una cuota de 7.026.907 pesetas, en lugar de las 442.500 pesetas resultantes del primer planteamiento.

En definitiva, Sáenz Abad defraudó a la Hacienda Pública en el ejercicio 1994, mediante la interposición de una sociedad instrumental, una cuota tributaria de 6.584.407 pesetas, aplicando la reducción legalmente establecida y sin tener en cuenta cualquier patrimonio preexistente, circunstancia que aumentaría la cantidad defraudada, puesto que el impuesto sobre el patrimonio está sujeto a una cuota creciente.

La querella realiza similares cálculos del impuesto sobre el patrimonio para cada uno de los ejercicios siguientes, que no vamos a reproducir por razones de brevedad, y llega a los siguientes resultados, todos ellos referidos al caso concreto de Alfredo Sáenz Abad:

Ejercicio 1994: Cuota defraudada, 6.584.407 ptas.

Ejercicio 1995: Cuota defraudada, 5.141.359 ptas.

Ejercicio 1996: Cuota defraudada, 5.586.669 ptas.

Ejercicio 1997: Cuota defraudada, 17.473.719 ptas.

Ejercicio 1998: Cuota defraudada, 28.188.448 ptas.

La acusación presentada por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes se refiere a los mismos hechos, aunque no coincide exactamente en la calificación penal. Partiendo de la base de que los querellados adquirieron el 21 de octubre de 1994 los 6.126.594 títulos al precio de 400 pesetas, cuando cotizaban a 862 pesetas, y, según los propios querellados la adquisición se hizo dentro de un programa de incentivos para los gestores del Banco, sostiene que la diferencia entre el valor de adquisición y el valor real tiene la naturaleza tributaria propia de la retribución en especie. Por lo que estima aplicables el artículo 26 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, modificado por la Ley 66/1997, en relación con los artículos 42 de la propia Ley, 16.2 de la Ley 43/1995 de 27 de diciembre sobre el Impuesto sobre Sociedades, y 42 del Código de Comercio. El artículo 26 de la Ley sobre el impuesto sobre la renta contempla en el apartado c), como retribución en especie, las que se efectúan por la propia sociedad a la que preste sus servicios el trabajador o por otra sociedad perteneciente al grupo. En este mismo sentido se pronuncia la contestación a una consulta formulada al Ministerio de Hacienda de 1 de junio de 1998, que considera retribución en especie las realizadas entre los grupos de sociedades previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. La valoración de esta retribución en especie, según el artículo 27 de la Ley 18/1991 de 6 de junio, deberá hacerse por el valor de mercado.

En la querella se practican los cálculos necesarios para tratar de determinar las cuotas defraudadas, aunque se advierte:

«Tratándose del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el cálculo exacto de la cuota defraudada es absolutamente imposible sin conocer el resto de ingresos de los querellados, su régimen matrimonial, su régimen de declaración y las deducciones a las que puedan tener acceso. Sin embargo, y partiendo de la propia retribución de los consejeros, que en el caso de su presidente es superior a los 500 millones de pesetas anuales y oscilante en su mitad para el resto de consejeros, esta parte a continuación reseñará la cuota defraudada por el pago en especie en cuestión en razón al tipo máximo de aplicación, es decir, el tipo que se aplica a partir de una base de cotización superior a 9.550.000 pesetas».

En los cálculos se incluyen tanto las acciones recibidas por los consejeros a título personal como las que pusieron a nombre de sociedades interpuestas con el fin de disminuir la incidencia fiscal.

Alfredo Sáenz Abad adquirió a título personal y a través de su sociedad instrumental Liborne, S.L. un total de 1.225.319 acciones, por lo que, aplicando la diferencia de 462 pesetas por cada acción en que se concreta la retribución en especie, tiene un incremento en la base de 566.097.378 pesetas, a lo que, aplicando la escala de gravamen del ejercicio 1994 para la declaración individual, arroja una cuota defraudada de 315.044.082, mientras que si se aplica la escala de declaración conjunta, resulta una cuota defraudada de 314.662.657.

El mismo cálculo se repite para los restantes querellados, con los resultados siguientes:

David Arce Torres: incremento de base, 212.286.690 pesetas; cuota defraudada, 116.910.096 pesetas (escala individual) o 116.528.671 pesetas (escala conjunta).

Víctor Menéndez Millán: incremento de base, 424.573.380 pesetas; cuota defraudada, 235.790.643 pesetas (escala individual) o 235.409.217 pesetas (escala conjunta).

José Corral Lope: incremento de base, 283.048.458; cuota defraudada, 156.536.686 pesetas (escala individual) o 156.155.261 pesetas (escala conjunta).

Juan Delibes Liniers: incremento de base, 212.286.690 pesetas; cuota defraudada, 116.910.096 pesetas (escala individual) o 116.528.671 pesetas (escala conjunta).

José Ángel Merodio Zubiarrain: incremento de base, 283.048.458 pesetas; cuota defraudada, 156.536.686 pesetas (escala individual) o 156.155.261 pesetas (escala conjunta).

José Luis Roselló Menasanch: incremento de base, 212.286.690 pesetas; cuota defraudada, 116.910.096 pesetas (escala individual) o 116.528.671 pesetas (escala conjunta).

Juan Carlos Rodríguez Cantarero: incremento de base, 141.523.998 pesetas; cuota defraudada, 77.282.989 pesetas (escala individual) o 76.901.564 pesetas (escala conjunta).

Fernando Gutiérrez-Ojanguren Ganga: incremento de base, 212.286.690 pesetas; cuota defraudada, 116.910.096 pesetas (escala individual) o 116.528.671 pesetas (escala conjunta).

Luis Abril Pérez: incremento de base, 141.523.998 pesetas; cuota defraudada, 77.282.989 pesetas (escala individual) o 76.901.564 pesetas (escala conjunta).

Timoteo Patricio Domínguez: incremento de base, 141.523.998 pesetas; cuota defraudada, 77.282.989 pesetas (escala individual) o 76.901.564 pesetas (escala conjunta).

Otro delito denunciado en la querella incide también en el fraude a la Hacienda Pública por el impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente a los ejercicios 1994 a 1998 inclusive, pero esta vez en relación con el pago por parte del Banco Santander de los intereses de los préstamos concedidos por el Bank of America a los querellados. Sabemos que, según los contratos de préstamo, los beneficiarios sólo pagaban como intereses del préstamo de 2.450 millones de pesetas el 50% de los dividendos obtenidos por las acciones adquiridas al Santander, mientras que éste se obligó a pagar un interés anual al mibor más 0,8 puntos al banco prestamista. En definitiva, la llamada «permuta financiera» formalizada entre el Santander y el Bank of America no era más que un negocio simulado para ocultar que el financiador de la compra era el Santander, el cual, además, garantizaba el préstamo. La realidad —dice la querella— es que el Santander ha pagado a esa otra entidad bancaria, durante los cuatro ejercicios en los que Banesto no arrojó beneficios, el interés relativo a los 2.450 millones prestados para adquirir las acciones de Banesto, mientras que los beneficiados quedaban exonerados del pago. En consecuencia, han recibido del Santander, a título personal y a través de sus sociedades interpuestas, una retribución en especie que, al no haber tributado en el impuesto sobre la renta, equivale a sendos delitos de defraudación a la Hacienda Pública en cada uno de los ejercicios 1994 a 1997.

Por último, la acusación se refiere al hecho de que el Santander no practicó las retenciones preceptivas en los pagos en especie antes mencionados. En cuanto a la diferencia de valor entre el precio al que entregó las acciones de Banesto y su valor real (462 pesetas por acción), el Santander debió retener en 1994 la cantidad de 1.132.194.571 pesetas, es decir, el 40% de 2.830.486.428 pesetas (462 x 6.126.594), e ingresar dicho importe en la Hacienda pública. Y por lo que respecta al pago en especie por los intereses de los préstamos, que no fueron abonados al Bank of America por los prestatarios sino por el Banco Santander, éste debió practicar igualmente la retención del 40% no sólo por el año 1994 sino también por los ejercicios 1995, 1996 y 1997.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a cargo del magistrado instructor Antoni Bruguera i Manté, se ha seguido causa criminal, entre otros, contra Alfredo Sáenz Abad y José Ángel Merodio Zubiarraín, presidente y consejero de Banesto, por los delitos de cohecho y denuncia falsa. La causa tiene por objeto investigar, nada más y nada menos, el presunto pago realizado por Banesto a un magistrado venal para que, sin motivo alguno, ordenara el ingreso en prisión de unos honorables empresarios catalanes que se habían opuesto a los propósitos defraudatorios del banco. Se trata del tristemente célebre Luis Pascual Estevill, que perteneció incluso al Consejo General del Poder Judicial y en la actualidad está perseguido por otros delitos.

Recordamos que en los Estados Unidos se adoptaron severas medidas contra el Banco Santander por no haber declarado hechos como éste, que afectan directamente a la calidad moral de los administradores del grupo. Pues bien, en este otro asunto la autoridad judicial española no sólo ha requerido a Banesto en varias ocasiones el envío de los antecedentes oportunos, sino que ha ordenado la entrada y el registro en los locales del banco, lo que ha llevado a la ocupación de una voluminosa documentación en dos ocasiones: el 28 de octubre de 1998 la comisión judicial registró la sede de Banesto en Barcelona y se hizo cargo de numerosos documentos, y en noviembre del mismo año, tras varios requerimientos infructuosos por parte del instructor, la policía judicial practicó un nuevo registro, esta vez en la sede de Banesto en Madrid, como consecuencia del cual recogió 12.811 hojas de papel continuo de ordenador y las aportó al sumario.

Alfredo Sáenz Abad, José Ángel Merodio y los demás imputados han desarrollado, sin éxito hasta ahora, denodados esfuerzos para que se archiven definitivamente las actuaciones: pidieron el archivo el 13 de enero de 1999 y su petición fue denegada; interpusieron recurso el 22 de enero, que también fue desestimado por auto de 25 de febrero; recurrido el auto, fue confirmado por la Sala mediante sendos autos de 29 de abril, 3 y 10 de mayo; un nuevo escrito de 14 de junio, solicitando otra vez el archivo, fue desestimado asimismo por auto de 7 de julio siguiente. Lo que el magistrado Antoni Bruguera parecía tener claro es que hay motivos evidentes para continuar la investigación. Dice en su auto del 25 de febrero de 1999, en cuanto a la denuncia falsa:

«Siendo evidente que no redactaron la querella… los cinco aquí imputados por el supuesto delito de acusación y denuncia falsa —señores Calama, Jiménez de Parga, Ruiz, Sáenz y Merodio— no lo es menos que todos podrían ser responsables aun sin esa material redacción, si aportaron datos falsos para su formulación, por que el hecho de no haber sido redactores materiales del escrito no determina per se la exoneración de responsabilidad. Y el grado de participación de cada uno es también objeto de la instrucción abierta, no pudiendo por ahora descartarse a ninguno de ellos».

Y por lo que respecta al delito de cohecho, el auto declara lo siguiente:

«Hallándose pendiente cuanto antecede de cumplimentación e investigación, y hasta que ésta no termine, no es posible afirmar, ni tampoco negar, el pretendido cohecho, por lo que no es posible cerrar la investigación ni, por ende, acordar el sobreseimiento y archivo que los recurrentes pretenden».

Lo que ha de complementarse con lo declarado en el auto de 7 de julio de 1999, en el que también se deniega el archivo, tras hacer una extensa reseña de las dificultades para obtener la documentación solicitada al banco y de los antecedentes ya conseguidos:

«Basta el repaso de los particulares de la instrucción que quedan reseñados… para dejar sin base alguna la solicitud de archivo interesada por dichos querellados Sres. Sáenz y Merodio. La gravedad de los hechos investigados exige del instructor la máxima exhaustividad en la instrucción… y ni Banesto ni ninguno de sus representantes, por respetables que sean sus intereses, va a impedir, con peticiones y escritos como los que aquí se rechazan, que se pueda cumplir aquel objetivo».

En la actualidad, se debate la cuestión de competencia ante la Sala segunda del Tribunal Supremo, por si Pascual Estevill, el amigo de Sáenz Abad, ha perdido el fuero jurisdiccional al ser expulsado de la magistratura.

El fin justifica los medios, así lo prueban todos los presuntos delitos a que hemos hecho referencia. Al fin y al cabo, ya sabemos de sobra que Sáenz Abad cuida de proclamar, ante quien quiera oírle, que «para ser banquero hay que tener instinto criminal». Y el sujeto lo ha demostrado al por mayor.

MUCHO TE QUIERO PERRITO…

«Tres cosas hay imposibles de adquirir: tener en la garganta un ruiseñor, poseer el don de la poesía y ser generoso»

(Proverbio Irlandés)

Que Botín no canta como un ruiseñor ni posee el don de la poesía es algo que se demuestra por sí mismo, especialmente cuando se le ve y se le oye en cualquier acto público. Pero le ofenderíamos gravemente si llegáramos a presumir en nuestro héroe el divino don de la generosidad: por lo que hemos dicho hasta ahora, el Santander sacó una tajada de un billón de pesetas con la intervención de Banesto, y sus secuaces la dádiva de más de seis millones de acciones del banco intervenido, mientras que a los empleados de la casa se les aplicaba una receta bastante más austera. No vamos a hablar, porque por desgracia el dato es sobradamente conocido, de los miles de trabajadores que se han quedado sin empleo, sino de las singulares operaciones financieras en que aparecen como inocentes y desamparadas víctimas desplumadas de mala manera por los nuevos administradores.

El 23 de enero de 1998 el departamento de recursos humanos de Banesto envió a todas las sucursales una carta sobre los créditos concedidos a los empleados para la compra de acciones del banco. En la carta, a la que se debía «dar la máxima difusión», se cursaban órdenes a los directores para conseguir, «tanto de los empleados en activo como del personal pasivo, que vendiesen sus acciones de Banesto para aplicar el importe de la venta a la cancelación de los créditos que se les habían concedido para la compra de esas mismas acciones». Hasta entonces las acciones estaban bloqueadas en garantía de los créditos, por lo que no se permitía su venta, pero ahora, de pronto y sin más explicación, se autorizaba a los empleados a vender sus acciones, siempre que el importe se destinara a amortizar los créditos; la amortización, obvio es decirlo, sería parcial, puesto que, tras la bajada en la cotización provocada por la intervención del banco, el valor de los títulos no podía cubrir más que una parte de las deudas, que, por tanto, seguirían gravitando sobre los empleados por el resto no amortizado. Los directores cumplieron eficazmente las órdenes recibidas «de arriba»: lo prueba que los empleados vendieron un total de 12 millones de acciones, aproximadamente. Muy poco tiempo después, al anunciarse la opa del Santander sobre las acciones de Banesto, la cotización bursátil subió unas 1.000 pesetas por título, de manera que la «invitación» previa a los empleados para que vendieran sus acciones, poco antes de promover la oferta de compra, supuso para el personal un perjuicio de 1.000 pesetas por acción, es decir, se les hizo perder a los empleados, a quienes un día se dio la «oportunidad» de participar en el capital de la empresa, unos 12.000 millones de pesetas.

Sin embargo, mientras los empleados —ignorantes de que el Santander estaba a punto de lanzar la opa— perdían esa enorme fortuna, unos pocos —los enterados— hacían su agosto. Según publicó el diario Expansión el 6 de marzo del 98, a lo largo de 1997 y enero de 1998, Francisco Luzón, consejero-director general del Banco Santander, e Ignacio Soler, consejero del mismo banco, se habían dedicado a comprar acciones de Banesto, por lo que en el momento de publicarse la opa ya obtenían un beneficio del 69%. Era presumible que, cuando Botín compareciese ante la Audiencia Nacional como testigo en el «caso Banesto», se le iba a preguntar sobre este turbio asunto, que se ofrecía ante la opinión pública como un caso evidente de insider trading por parte de dos importantes administradores de su banco. La pregunta se refirió concretamente a Luzón, y la respuesta de Botín es de las que dejan petrificado al interlocutor:

«…tenemos 72.000 personas, que a alguno se le ocurra comprar acciones de Banesto… Lo que puedo decirle es que fue modélico el planteamiento y la ejecución de esta opa».

Es decir, Botín colocaba a su consejero-director general en el mismo plano que a las 72.000 personas que trabajaban en el grupo. Daba por supuesto que Luzón, uno de sus más íntimos colaboradores, consejero y director general del banco, tenía el mismo nivel de información que el último «botones» de la casa. El letrado que había formulado la pregunta, Jesús Castrillo, es hombre de exquisita educación, por lo que sin duda se guardó el escueto «por favor, don Emilio, no me joda», que sin duda habría soltado fuera de la Sala. El silencio más espeso se ha cernido sobre todo esto, que habría levantado una intensísima polvareda si cualquier ex administrador de Banesto hubiese hecho algo parecido. ¡Ah, los famosos periodistas de investigación! ¡Ah, la prensa independiente! ¡Ah, la fiscalía anticorrupción! ¡Ah, los magistrados incorruptibles con una sola vara de medir para hacer justicia!

Pero el abuso contra los empleados de Banesto no termina ahí. Después de formular la opa el Santander, se envió una nueva carta a la red para proponer a los trabajadores que todavía no habían vendido, y a la clientela en general, que acudieran a la subsiguiente oferta pública de canje de acciones del Santander por acciones de Banesto. La Asociación de Mandos Intermedios (AMI), organización sindical que agrupaba a buena parte de los empleados con acciones del banco, sospechó que la «recomendación» tenía gato encerrado y en su boletín nº 2 («Extra de marzo de 1998») desaconsejaba a los empleados acudir al canje. Entre otras cosas, decía:

«Si alguna realidad básica presenta esta operación, que no viene explicitada en las condiciones generales de la oferta, consiste en que se propone canjear acciones que ya han cubierto su recorrido revalorizador en el mercado por otras que apenas lo han iniciado, en una proporción lógicamente favorable a las ya revalorizadas. Esto es, se cambian 3,2 acciones sin revalorizar por 1 del Santander revalorizada».

Efectivamente, la ecuación de canje fue de 3,2 acciones de Banesto por una del Santander. Pero poco después de producirse esa gigantesca operación, una sola acción de Banesto pasó a valer en Bolsa más que una acción del Santander. Por tanto, la operación supuso en pocos meses una pérdida para los accionistas de Banesto de más de las dos terceras partes del valor de sus acciones. Entre los perjudicados estaba un gran número de empleados, que primero habían sido objeto de la paternal autorización para vender sus acciones y, luego, los que no habían seguido el consejo, sufrían la presión institucional para acudir a la nueva oferta del Santander. Otro resultado manifiestamente perjudicial para los antiguos accionistas de Banesto, que estaba en contradicción con las previsiones anunciadas oficialmente por ambos consejos, el del Santander y el de Banesto, al formularse su oferta. ¡Ah, los unos, los otros y los de más allá, éstos con solemne toga y brillantes puñetas!

En el folleto informativo de la oferta de venta de acciones de Banesto formulada por el Banco Santander y registrado en la CNMV el 27 de septiembre de 1994 (página 170), consta que, antes de esta operación, el Santander había vendido al Royal Bank of Scotland un 2% del capital de Banesto (más de 12.000.000 de acciones), al Metropolitan Life Insurance otro 1% (más de 6.000.000 de acciones) y a la Caixa un 1,47%. Todas estas ventas se hicieron a precios comprendidos entre las 830 y las 762 pesetas por acción, lo que demuestra que los títulos valían, más o menos, el doble del precio de 400 pesetas al que se ofrecían a los antiguos accionistas de Banesto. Estaba claro que se trataba de una oportunidad propicia para reducir en parte el enorme perjuicio que les había causado la intervención del banco, aunque de lo que se trataba era de disimular el inmenso «pelotazo» que habían dado Botín y sus secuaces. Pues bien, entre esos accionistas perjudicados por la intervención se hallaban determinadas filiales de Banesto: Ceosa, Mercurio y la Fundación Banesto, controladas todas ellas por los administradores provisionales. Entre las tres entidades poseían 5.693.446 acciones, por lo que les habría correspondido la adquisición de 2.846.723 nuevas acciones a 400 pesetas cada una. Es decir, habrían pagado 1.138 millones de pesetas por unas acciones que valían el doble en aquel momento. Sin embargo, Sáenz Abad y su equipo decidieron que estas entidades —y, por tanto, el banco que administraban con funciones públicas— desecharan semejante oportunidad de obtener un beneficio inmediato, ya que en las páginas 40 y 41 de folleto Informativo de la opv consta que no acudieron a la oferta de venta. ¿Qué había ocurrido para incidir en semejante omisión tan gravemente perjudicial? Pues sencillamente que Banesto y sus accionistas minoritarios se habían perjudicado en unos 1.138 millones de pesetas, cantidad que Sáenz Abad y su equipo habían regalado al Santander sin contrapartida, infringiendo con ello sus deberes de administradores públicos al frente de Banesto.

TRAS LA PISTA DEL DINERO

«La aristocracia del dinero es la aristocracia más baja, infinitamente más baja de cuantas aristocracias se hayan conocido»

(CARLYLE)

Conforme avanzábamos en nuestra investigación, íbamos conociendo los pormenores del plan urdido para el asalto a Banesto. Ya habíamos determinado el perímetro hasta el que se extendía el fraude, y lo publicamos en La Banca con toda clase de detalles, basándonos de nuevo en las correspondientes pruebas documentales y registrales. Los asuntos que no llegábamos a entender, bien por faltar algún eslabón de la cadena o porque no daba más de sí nuestra capacidad de análisis, se aparcaban con prudencia, o incluso se desechaban definitivamente si llegábamos a creer que la investigación no iba a dar más de sí. Queríamos evitar a toda costa que cualquier información errónea o sin los suficientes soportes probatorios pudiera poner en tela de juicio lo que ya habíamos publicado. Pensábamos, y no andábamos descaminados, que se magnificaría el menor error por el club de los corsarios, dispuestos a calificar nuestro trabajo, de forma genérica, como escandaloso e inveraz. La etiqueta de «prensa amarilla» ya nos la había colgado algún prestigioso periodista como un inevitable sambenito, a pesar de que nadie había corregido una sola coma de lo publicado por La Banca, después de que invariablemente hubiésemos recabado la opinión de los afectados o aludidos en cada caso.

No obstante, faltaba la guinda a cuanto habíamos sacado a la luz pública. El pastel descubierto era inmenso, pero carecía del toque maestro que acostumbran a poner los buenos reposteros para rematar su delicado empeño. Consistía en descubrir a dónde demonios había ido a parar todo el dinero que, a nuestro entender, faltaba en las cuentas del banco cántabro, un fortunón descomunal. Analizando la contabilidad, tanto de Banesto como del Santander, ya se habían detectado algunas partidas que presuponían importantes flujos de dinero con destino incierto, envueltos por los administradores en un lenguaje críptico difícil de descifrar incluso para los iniciados. Creíamos que si llegábamos a descubrir esa trama habríamos resuelto el verdadero enigma de tan apasionante película de policías y ladrones antes de llegar a la última escena. Porque el ladrón no es tal ladrón hasta que la policía encuentra el botín sustraído; para eso sirve la presunción de inocencia.

Aunque quizá pueda parecer infantil, la localización del dinero se hacía imprescindible para nosotros, sobre todo porque hasta entonces nadie se había hecho eco de nuestra investigación, al estimar sin duda que todo lo que decíamos era el fruto inevitable de nuestras calenturientas divagaciones. Pero el resultado del esfuerzo fue mucho más allá del propósito inicial al percatarnos de que la guinda no era un elemento decorativo del pastel sino su mismísima esencia. Ruego un punto de paciencia al lector para que se sirva acompañarnos en el itinerario de la difícil y tortuosa investigación. Esta fue la primera pregunta que nos hicimos: bueno, sí, hay que buscar el dinero, pero ¿dónde? No se trataba sólo de buscarlo, sino por dónde empezar la investigación. Resultaba punto menos que imposible emprender con algún éxito previsible la búsqueda de la aguja en el inmenso pajar en el que nos disponíamos a entrar por las buenas, un lugar a oscuras y sin lindes definidas, y sin saber siquiera la clase de aguja que pretendíamos encontrar. Intuíamos, de momento sin suficiente base probatoria, que tan ingente cantidad de dinero tenía que estar fuera de nuestras fronteras. Eso es lo que piensa cualquier paisano de cualquier pueblo, a cuya modestísima categoría todos en La Banca nos honramos en pertenecer. Haciendo cábalas sobre la supuesta fuga de capitales, colegimos que podían haberse refugiado en algún apacible paraíso fiscal, aunque enseguida se cae en la cuenta de que aún quedan demasiados paraísos fiscales por el ancho mundo, desalentadora reflexión a la que se añadía, como es obvio, nuestra supina ignorancia sobre quién podía ostentar formalmente la titularidad de los bienes. Era mucha la tela a cortar con unas tijeras tan febles como las nuestras, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra actuación, como es norma invariable de la casa, discurre invariablemente y sin excepción por los cauces que marca el Estado de Derecho. Cuando estábamos a punto de tirar la toalla, se nos encendió la bombilla, y he de decir, venciendo mi natural comedimiento, que no se trataba de una bombilla cualquiera, a la vista de los resultados obtenidos, sino de todas las bombillas juntas del árbol navideño más esplendoroso. Si lo que estábamos buscando eran sociedades pertenecientes al Banco Santander domiciliadas en paraísos fiscales, nada mejor que remitirse a las memorias que anualmente publica el propio banco. Como puede verse también en nuestro caso, los fundamentos en que se asienta el huevo de Colón siguen siendo inconmovibles. Dicho y hecho. Nos enfrascamos al punto en el estudio de las susodichas memorias, empezando por el análisis de los balances correspondientes a los últimos cinco años. La partida clave objeto de investigación eran las sociedades participadas por el Santander que sesteasen en los soleados y pacíficos territorios, fiscalmente exentos, elegidos por los ricos cada vez más ricos, suponemos que para cumplir puntualmente sus obligaciones tributarias. En 1993, año en el que iniciábamos la investigación y que coincidía con la intervención de Banesto, el Santander informaba en la memoria de su participación en 37 sociedades asentadas en paraísos fiscales. Las Islas Vírgenes Británicas acogían con su hospitalidad característica a 13 de tales sociedades; las Islas Cayman a otras tres; Luxemburgo, algo más brumoso, a cinco, y Suiza, siempre tan aséptica, a dos sociedades más. Lo más curioso era que en 1998 tan solo dos sociedades permanecían domiciliadas en aquellos parajes: Santander Finance Limited, en las Islas Cayman, y Banco Santander Trust, en las Bahamas.

Algo extraño —pensamos— estaba pasando con este ir y venir turístico practicado por esa desmesurada legión societaria. Treinta y cinco sociedades, ahí es nada, habían emigrado de aquellas tierras tan propicias al desvanecimiento fiscal y a otras maniobras aún más oscuras, pero lo más sorprendente era que nadie sabía a dónde fueron a parar las cuitadas con sus cientos de miles de millones a las espaldas. La información que facilitaban —es un decir— los administradores era punto menos que inexistente cuando se referían en las memorias a las sociedades en cuestión. Si alguna figuraba en la relación facilitada por la memoria de un año determinado, al año siguiente desaparecía sin dejar rastro. Pero lo más asombroso era que algunas de tales sociedades tenían un capital social astronómico, y conste que nos estamos refiriendo a su capital social, no a sus activos. Algunas mantenían una capitalización de fondos propios tan exorbitante que para sí la quisieran algunos bancos de campanillas. Así, de una manera tan simple, nos habíamos topado con el pajar, sólo faltaba encontrar la aguja. Siento que la aventura, dada la simplicidad del método empleado, defraude de alguna manera al lector, que ante la magnitud de nuestro empeño esperaba algo más espectacular y apasionante. Porque el hallazgo de la aguja, aunque parezca mentira, ya empezaba a parecemos una labor menos ímproba que al principio, pues el margen hasta donde podíamos movernos se encontraba firmemente acotado. Si bien el tránsito prometía ser laborioso en extremo, por lo que creímos que alguien con posible experiencia en estos asuntos quizá pudiera echarnos una mano para aclarar las cosas y acelerar el resultado de la investigación. Pensé para ello en Mario Conde, por lo que me puse en relación telefónica con Enrique Lasarte, mano derecha del ex presidente. Quedamos en vernos en Madrid un día determinado, y hacia allí enderecé mis pasos. Lasarte, muy amablemente, me expuso una situación idílica de lo que iba a acontecer en el proceso judicial del «caso Banesto», en el que, según dijo, recaería una sentencia favorable para Conde dada la marcha procesal que seguían los acontecimientos, por lo que no había razón alguna para indagar en cualquier otro asunto, aunque guardara relación con la intervención de Banesto. A mí me parecía todo lo contrario, y así me permití decírselo, aunque sin poner demasiado énfasis por razones de cortesía. No debía andar yo tan descaminado cuando, pocos meses después, el fiscal aumentó de manera sustancial las penas solicitadas inicialmente contra el banquero en desgracia. Cuando abandoné las dependencias del despacho de La Florida, yo me sentí tan confundido como en otra ocasión anterior a la que parece oportuno hacer referencia. Coincidiendo con la edición de La Banca del mes de octubre del 98, mantuve una entrevista con Mario Conde, la primera y única que he celebrado con el financiero. Como éste permanecía recluido entonces en la prisión de Alcalá Meco, el encuentro se concertó en uno de los «recesos» para el almuerzo del juicio que venía celebrándose en la Audiencia Nacional. Entre las sesiones de mañana y tarde, acudí al domicilio de Enrique Lasarte, en el que Conde hizo el vivo relato de sus experiencias carcelarias, al tiempo que destacaba la bondad de los platos que componían el almuerzo, comparándolos con la cena que le aguardaba en la cárcel cuando hubiera terminado la sesión vespertina del interminable juicio. Llegaron los postres, tomamos el café, y el relator se dio cuenta de que se hacía tarde para volver a la sala presidida por don Siró. Más que extraña, me pareció confusa la posición de Mario Conde en aquella ocasión, en la que no llegó a interesarse en lo más mínimo por los trabajos que veníamos publicando en La Banca y su posible desarrollo ulterior.

De regreso a Barcelona, teníamos claro los componentes del equipo que lo único que cabía hacer era redoblar los esfuerzos, a nuestro riesgo y ventura, sin esperar cualquier ayuda ajena. La verdad es que algo tan poco apasionante como las memorias del Santander y el resto de la documentación que se estila en estos casos, más las pesquisas en registros públicos y la más variada documentación oficial, todo ello estudiado con la paciencia de un orfebre florentino, nos proporcionaron valiosas indicaciones para saber el camino a tomar. En la relación de sociedades participadas llamaba la atención lo referente a cinco de ellas, todas domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, cuyas sociedades, con importantísimos fondos propios, habían desaparecido sin más de la relación. En la documentación examinada nos pareció que los administradores se habían olvidado deliberadamente de dar cuenta del fenómeno, quizá para no dejar rastro de sus respectivas peripecias. Estas sociedades, participadas al 100% por el Santander, eran Chehisant Ltd., Dolhisant Ltd., Flhisant Ltd., y Frhisant Ltd., y fueron inscritas en el Registro de Sociedades de las Islas Vírgenes en junio de 1991. Aunque en 1993 figuraban en la relación de sociedades consolidadas, por un valor de unos 53.000 millones de pesetas, desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro en la memoria correspondiente al ejercicio 1994. Se habían excluido de la relación las mencionadas sociedades, así como otra cuya constitución data del 31 de agosto de 1994, con el nombre del Belhisant Ltd., domiciliada en la isla de Tórtola, un refugio de límpidas y cálidas aguas.

Se daba la circunstancia de que el presidente del Banco Santander había informado en junta general sobre la volatilidad de todas estas sociedades y no dudó en afirmar que habían sido disueltas y liquidadas. Botín, con la complicidad de la auditora Arthur Andersen, no dijo la verdad ante los accionistas porque, según pudimos descubrir, las sociedades en cuestión venían funcionando normalmente, estaban en vigor y eran titulares, sin reserva registral alguna, de sus respectivos —y muy cuantiosos— patrimonios. Nos llamaba la atención la similitud de los nombres con que estas sociedades habían sido bautizadas. Pensábamos que hasta para el mismísimo administrador del sacramento bautismal tenía que ser motivo de confusión el empleo de razones sociales tan estrambóticas para distinguirlas entre sí. Elucubrando con las letras que componían los nombres respectivos, nos fijamos en que poseían un factor común que, al mismo tiempo, clarificaba su situación geográfica. Así la sílaba «hi», que aparece en segundo lugar en cada una de esas sociedades, podía equivaler a «holding internacional», el «sant» final se referiría sin duda al propio banco, y «che», «dol», «fl», «fr» y «bel» a las diversas divisas con las que operan: chelines austríacos, dólares, florines holandeses, francos suizos y francos belgas. Entonces, todo esto eran simples especulaciones, pero luego pudimos comprobar que habíamos acertado de plano: esas sociedades eran el refugio que el Banco Santander emplea para cada una de las monedas en que practica sus enjuagues.

A través de prestigiosos especialistas en información societaria que utilizan una de las mayores bases de datos del mundo sobre empresas domiciliadas en paraísos fiscales, tuvimos constancia expresa de que las cinco sociedades que investigábamos no se habían disuelto, sino que permanecían activas y sus capitales sociales se materializaban en las monedas que habíamos deducido a través de la razón social. No estaba mal para empezar; las sociedades estaban vivas, aunque los administradores del banco cántabro las hubiesen dado por muertas. Otra sociedad participada que nos llamó poderosamente la atención era Parasant S.A., una importante entidad que había transitado por las memorias del Banco Santander como Pedro por su casa y de golpe y porrazo había desaparecido de la circulación sin dejar el menor rastro. Respecto a Parasant S.A., participada al 100% por el Banco Santander, supimos que se había constituido en Suiza en 1995, con un capital social próximo a los 200.000 millones de pesetas, aunque no rendía, ni ahora tampoco lo hace, según se deduce de las memorias, un solo céntimo de beneficio al banco. De hecho, el nuevo Banco Santander Central Hispano tampoco disfruta convenientemente de tan importante activo, que, cuando menos, no figura en la relación de sociedades pertenecientes a la matriz. Era más que sospechosa la desaparición de Parasant de la documentación mediante la cual el Santander decía informar a sus accionistas. Para empezar por algún sitio, recurrimos a la información pública de la CNMV, a la que el banco está obligado a notificar la constitución de sociedades en las que participa, así como la adquisición de otras ya constituidas y su participación en el capital de las mismas. Lo cierto es que la comprobación de los datos que aparecían en las memorias del banco sobre tales sociedades tenía muy poco que ver con la obligada notificación a dicho organismo en punto a las altas y las bajas de sociedades participadas, lo que evidenciaba un engaño constante a las autoridades encargadas del control bursátil del Santander.

En el ejercicio 1995 se echan de menos en la memoria del banco, con respecto al año anterior, diez sociedades, si bien en la información que transmite a la CNMV da de baja a diecinueve sociedades, por lo que son enteramente dispares los datos reflejados en la memoria y los que se comunican a dicho organismo. Entre las bajas se incluyen las ya mencionadas Frhisant Ltd., Chehisant Ltd., Dolhisant Ltd. y Belhisant Ltd. Además, las sociedades dadas de alta en ese ejercicio tampoco coinciden en la mencionada información, si bien es en el ejercicio 1996 donde se pueden sustanciar en mayor medida las discrepancias que, a nuestro entender, no son producto de la simple negligencia de unos administradores que no saben por dónde se andan, sino que suponen el resultado de unas manipulaciones deliberadas para confundir a los accionistas. En el año 1996 dejan de figurar en la relación 117 sociedades participadas, entre ellas Parasant, S.A., y en la información transmitida a la CNMV sólo son 14 las que se dan de baja.

Teníamos el convencimiento de que estábamos trabajando sobre una pista promisoria, ya que cuando se nos cerraba una puerta se abría otra de inmediato ante nosotros. Habíamos acumulado la suficiente información sobre Parasant como para centrar principalmente el núcleo de la investigación, al menos de momento, sobre tan curiosa sociedad, por lo que extendimos nuestra investigación a Suiza, a donde me desplacé personalmente en varias ocasiones en compañía del letrado Fernando Moreno, un gran experto en inversiones extranjeras. Allí pudimos recopilar, no sin esfuerzo como el lector puede suponer, cuantos datos eran precisos para completar el estudio. Parasant existía en la realidad mercantil; se demostraba de esta suerte que mentían los administradores del Santander al negar la existencia de la sociedad en la información que habían transmitido a los accionistas y al mercado. Parasant se había constituido en Ginebra el 23 de junio de 1995, ante el notario Eric Demierre, con un capital social de 1.801.191.000 francos suizos. El accionista mayoritario, titular de 1.801.188 acciones, era el Banco Santander; José Manuel Maceda Fernández disponía de una acción, y de otras dos Franz Lutof, fiduciario de Agustín Suárez, y el propio Suárez, un abogado de nacionalidad suiza con despacho en Ginebra. El 21 de septiembre de ese mismo año, José Manuel Maceda cedió la presidencia de la sociedad a Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, que ya aparecía en la documentación relativa a la constitución social, aunque su nombre se había tachado en el lugar de la firma. Ignacio Benjumea, entre otros cargos, es secretario general del BSCH, ex administrador de Santander Investment S.A., administrador de Santusa Holding S.A. y presidente de Santander Holding Internacional S.A.; de ahí su vinculación con Maceda al constituirse Parasant. También en aquella fecha se incorporaron a la sociedad como administradores José Antonio Blanco, Alain Bussard, Rafael Quintanilla y Paul Saurel. Lo asombroso, aparte de encontrarnos a la sociedad vivita y coleando y con una envidiable salud, consistía en que fue constituida mediante la aportación del 100% de las acciones de las sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes a que antes nos hemos referido, por lo que la falsedad informativa del Santander se extendía también a que las aportaciones sociales habían sido las acciones que conformaban el capital de dichas sociedades, y no los elementos patrimoniales que podía haber supuesto el resultado de la liquidación. Pero la patraña no sólo se circunscribía a la ocultación de ese importantísimo activo, sino que cuando se informó de su existencia en la memoria de 1993 el valor contable se hallaba a años luz del valor real. Todo era poco para ocultar tan cuantioso botín. A lo que cabe añadir otro dato tan inconcebible como el anterior: las cinco sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes, y que se reparten activos por casi 200.000 millones de pesetas, no producen ningún beneficio. Es más, arrojan pérdidas, cuyas pérdidas —agárrense ustedes— asume el Santander Holding Internacional S.A. Sí, ha leído usted bien, paciente lector; una fortuna de tal magnitud ha producido pérdidas en lugar de beneficios; el traspaso desde el Caribe a Suiza, tras la incorporación de las sociedades a Parasant, refleja al cierre del ejercicio de 1995 una pérdida de 1.203 millones de pesetas. Lo que nos pareció de todo punto imposible al conocer la composición de los activos, consistentes en dinero líquido, préstamos al Banco Santander Trust Ltd., y bonos del Estado. En el primer apartado se manejan unos saldos por más de 36.000 millones de pesetas, todos depositados, al menos el año 1995, en una cuenta corriente a nombre de cada sociedad en la oficina 1603 del Banco Santander en Madrid, a la que curiosamente no se abona ningún interés. No hay que hacer demasiadas elucubraciones para deducir el verdadero designio del sutil mecanismo financiero consistente en constituir una sociedad determinada en un paraíso fiscal para luego atribuirle fondos depositados en Madrid. Sin embargo, estos 200.000 millones refugiados junto a los tranquilos lagos son tan solo una parte de la depredación investigada por nosotros.

Las jornadas de trabajo en tierras helvéticas estuvieron bien empleadas. El asunto Parasant era el motivo principal de nuestro viaje, y por cierto, según observó agudamente el letrado Fernando Moreno, Parasant podía ser la contracción de «para» —paraísos— y «sant» —Santander—…, en fin, todo es posible para el Poder. Pero, además, nos dimos de bruces con otra perla insospechada: en el número 2 de la ginebrina calle Sigismond-Thalberg, un sobrio edificio de oficinas, figuraba un panel con los rótulos de los ocupantes, en el que, además del nombre de Parasant S.A., publicaba el de otras dos sociedades. En un piso inferior al de Parasant estaban las dependencias del Banco Santander (Suisse) S.A., el feudo de los cántabros en aquel cantón, y las de Swesant, SA. y Swesant Merchant, S.A., lo que nos pareció más de lo mismo. Al igual que ocurre con Parasant, las otras dos sociedades, según se desprende del Registro Mercantil de Ginebra, son al 100% propiedad del Banco Santander, lo que no obsta para que, conforme a la inveterada costumbre de la casa, dichas participaciones se hubiesen omitido por completo en la información publicada por el propio banco a partir de 1996.

Por lo que respecta a Swesant S.A., el Santander le adjudicaba pérdidas desde su constitución. En la memoria de 1993, el banco informa de tales pérdidas por 174 millones de pesetas y le asigna un coste contable de 3 millones. En el año siguiente, señala que los beneficios son de 22 millones de pesetas; aunque lo más sorprendente ocurre en el ejercicio 1995, al anunciar unas ganancias de 21.609 millones, una insignificante pequeñez generada milagrosamente en un solo ejercicio. Analizadas las características de la empresa, comprobamos que los beneficios se habían obtenido en una sociedad cuyo capital social era de diez millones de pesetas, lo que sólo puede ocurrir en una sociedad paradigmática capaz de obrar un prodigio tan inconmensurable, o dicho en otros términos por cualquier agnóstico, al recoger engañosamente un presunto desvío de ignotos beneficios.

La irregularidad detectada en el caso de Swesant Merchant, S.A., constituida el 20 de noviembre de 1992 con un capital de 20.000 millones de pesetas, es distinta a la anterior. En la información facilitada por el Banco Santander en sus memorias, cuando señala el coste contable de la participación, vuelve a enredarse con las cifras. En 1993, es decir, al año siguiente de su constitución, el banco informa de que el coste contable es de 8 millones de pesetas; en 1994 se da como coste contable 15 millones, y en 1995 se informa del valor determinándolo en 20.583 millones.

A partir de 1996, el Banco Santander, sin dar explicación alguna (¿para qué va a darla?, el que no esté conforme con estos manejos que venda sus acciones), deja de informar sobre estas sociedades. Y a pesar de que el 15 de diciembre de 1998 (días antes del cierre del ejercicio del balance que serviría para la fusión con el BCH) Swesant Merchant —según nuestra investigación— amplió capital hasta 61.515 millones de pesetas, esta sociedad sigue sin estar incluida en el anexo en el que se detallan las principales sociedades participadas. Posteriormente a esa ampliación, concretamente el 10 de marzo de 1999, y también sin exponer el por qué del singular fenómeno, la sociedad redujo su capital social hasta 255 millones de peseta, una prueba de que ha estado «distraída» y ha seguido su camino fuera de la mirada indiscreta de los accionistas y de la Hacienda pública. Otro dato que conviene tener en cuenta es que el deambular contable coincide con la presentación del balance de fusión con el BCH para dar lugar al BSCH.

Mientras estábamos investigando tan enigmáticos enredos, afectantes a las sociedades domiciliadas en las islas virginales que habían emigrado a Suiza al constituirse Parasant y sus satélites, pensábamos que era la suerte, siempre caprichosa, la que nos bendecía en el empeño inquisitivo más que nuestro propio esfuerzo. La verdad es que donde poníamos el ojo poníamos la bala, igual que Abelló con las perdices, la telefonía móvil y los cuadritos de tres al cuarto endosados al Fisco, lo cual, dadas nuestras escasas habilidades cinegéticas, sólo podía ser obra de la diosa Fortuna. La verdad es que cabían dos posibilidades alternativas: o éramos unos monstruos de la investigación periodística, cosa que el lector deberá descartar de plano, o la información que transmitía el Banco Santander en sus memorias a sus accionistas y al mercado, convenientemente analizada, era un coladero digno de obtener el premio a la chapuza financiera más inconcebible. Y si esas memorias contenían semejantes disparates, llegamos a pensar que el dinero expoliado a Banesto, una inmensa fortuna, podía guardar relación con las sociedades que habíamos investigado, y con otras más sobre las que publicaremos la información oportuna cuando se completen los trabajos en curso. Por lo que nos pusimos manos a la obra en esta nueva etapa de nuestra pesquisa. Había que destripar no unas cuantas sociedades participadas por el Santander, sino todas las que figuraban durante los últimos cinco años en sus memorias. Para lo que empezamos por crear una base de datos con toda la información que pudimos extraer de la documentación oficial escudriñando los confusos y enmarañados antecedentes de la CNMV, registros públicos, el ICAC, documentación del «caso Banesto» y antecedentes múltiples facilitados por nuestros comunicantes, oficinas y registros públicos en EE.UU., Portugal y Gran Bretaña. ¡Qué sé yo! Un material probatorio de excepcional valor, lo que nos permitimos decir sin inmodestia por nuestra parte. Y aparece así la sociedad participada Santander Holding Internacional, S.A., que ofrece una discrepancia abismal en sus cuentas, la cual se constituyó el 9 de mayo de 1991 con un capital de medio millón de pesetas, posteriormente ampliado hasta 3.850 millones. Según informó el Banco Santander a sus accionistas, la sociedad participada Santander Holding Internacional tuvo en 1994 unos beneficios de 212 millones. Sin embargo, en el Registro Mercantil de Madrid, donde la sociedad viene obligada a presentar sus cuentas anuales, el importe de los beneficios correspondientes a ese mismo ejercicio es de 29.779 millones de pesetas. No hay duda de que a los accionistas se les ocultó entonces la friolera de 30.000 millones, cuyo destino concreto presumimos pero desconocemos todavía. En el ejercicio anterior, en 1993, la sociedad tuvo pérdidas por diez millones de pesetas, según se declaró al Registro Mercantil, aunque la memoria reflejaba un beneficio de 897 millones. A su vez, Santander Investment S.A., informó que en 1996 había obtenido unos beneficios de 2.670 millones de pesetas, según dijeron los administradores en la memoria, lo que tampoco se correspondía en este caso con los datos del Registro Mercantil, que publicaba las ganancias de la sociedad reduciéndolas a 716 millones.

Al diseccionar las memorias del Santander con la paciencia y la dedicación del orfebre (un hábito que no comparten en la CNMV, el Banco de España, el ICAC, las sociedades rectoras de las Bolsas y la Agencia Tributaria, entre otros organismos «competentes» en la materia), nos sorprendió la desenvoltura con que se cuentan los mayores embustes. Resulta todo tan artificial y rocambolesco que los administradores del Santander llegan al colmo de mentirse a sí mismos. Valga el ejemplo de esta misma sociedad, Santander Investment, a la que no le cuadran los datos reflejados en la memoria en parangón con los que constan en el Registro. Cuando al año siguiente se informa de los beneficios obtenidos por dicha sociedad, ya no estamos en los 2.670 millones que figuraban en la memoria anterior, ni en los 716 millones que publicó el Registro Mercantil; ahora ascienden nada menos que a 12.178 millones. Tanto da una cosa como la otra para los del Santander, aunque las diferencias resulten tan abismales e incomprensibles.

Son varias las sociedades participadas del Santander que se encuentran domiciliadas en España bajo el síndrome de la inveracidad consustancial, aunque nos parece que esa conducta resulta seráfica en parangón con las domiciliadas en el extranjero. Abundan en ellas el baile alegre y alocado de miles y miles de millones, mientras que la inmensa mayoría demuestra que sus administradores padecen de amnesia grave. Elijamos uno de los más curiosos fenómenos, el del Banco Santander Trust, domiciliado en el paraíso fiscal de las Bahamas. En 1993 esta sociedad reflejaba un valor en libros de 159 millones de pesetas y un capital social de 142 millones, aunque tenía entonces 1.132 millones en reservas. Los resultados de ese ejercicio arrojaron un beneficio de 4.856 millones, 34 veces más que el capital social. Y en 1994 pasa lo mismo, lo que seguramente sitúa al Santander Trust como el banco más rentable del mundo. Pero todo es artificial, sin base alguna que justifique las actividades desarrolladas por la empresa, ya que en 1995 asistimos atónitos al nuevo milagro de los panes y los peces elevado a la enésima potencia; las reservas de la sociedad llegan a los 185.166 millones de pesetas, pero, según nos cuentan oficialmente sus administradores, los beneficios sólo habían sido de 3.842 millones, en tanto el capital social desciende a 121 millones. Mas la incongruencia no acaba ahí ya que el Banco Santander Trust, con tan ínfimo capital social, siguió aumentando sus reservas hasta llegar en 1998 nada menos que a 225.711 millones de pesetas, pero sin que los beneficios obtenidos puedan justificar tan disparatado incremento. No hay duda de que el Santander Trust es, cuando menos, un banco sumamente original.

Pero no nos paremos ahí, porque sigue la larga lista de sociedades que han desaparecido de la memoria del banco sin dejar rastro y sin que se haya dado la menor explicación. FFB Participaçoes y Servicios, que aparecía en 1995 con un valor contable de 166.062 millones de pesetas, pasó a engrosar al año siguiente el numeroso grupo de los «caídos por Botín y por Cantabria». Otra de las sociedades «evaporadas» es Santusa Holding S.L., que contaba con un capital social de 189.803 millones de pesetas. Y así más y más y más, hasta llegar a Holbah II con 188.893 millones de pesetas. Puede colegirse sin mayor esfuerzo hermenéutico que «Hol» equivale a «Holding» y «bah» a «Bahamas», donde radica, y el II nos permite presumir que alguna vez existió —o existe— el I, con el que todavía no hemos topado. Lo cierto es que Holbah II debió caer heroicamente en combate sin que hayamos podido de momento localizar sus restos, tras los cuales prosigue nuestra investigación para ver si algún día podemos rendir solemnes honras fúnebres.

Perplejos, acabamos sumidos en hondas cavilaciones al contemplar tamaña impunidad, lo que ofendía a nuestra ingenuidad innata al resultarnos incomprensible de todo punto que las dignísimas y competentísimas autoridades financieras puedan pasar por alto tantos disparates, a pesar de que en las memorias del Santander sus redactores reiteren siempre que se trata de lo mejorcito que circula por ahí para informar a los accionistas y al mercado. Lo que posiblemente sea cierto en cuanto al volumen físico de la información apreciada al peso, mas no, como puede verse, en cuanto a su contenido financiero o su certeza contable.

Como colofón, aunque abusemos de la paciencia del lector con unos datos tan áridos, no nos resistimos a ofrecer otra preciada joya al conocimiento público. El Banco Santander adquirió en diciembre de 1998 a una sociedad del grupo el 100% de la participación en el capital social de otras tres sociedades: Banco Santander de Negocios, Vista Desarrollo y Santander Asset Management. El valor teórico contable que el Banco asigna en conjunto a la compra es de 77.087 millones de pesetas, aunque en las memorias de ese ejercicio el trío de sociedades sólo tenga un valor contable de 15.109 millones.

Y pedimos de nuevo perdón para no dejarnos en el tintero otra de las misteriosas desapariciones: la de Administradora de Títulos, S.A. (Atisa), que se esfumó sin más, a pesar de ser la sociedad que ostentaba la titularidad de las acciones de Banesto adquiridas al FGD. El 27 de septiembre se inscribió en los registros de la CNMV el Folleto completo de la oferta pública de venta sobre dichas acciones. El período de la oferta pública comprendía desde el 1 al 15 de octubre, y la adjudicación se formalizó el día 21 del mismo mes. Este mismo día la CNMV registró un nuevo movimiento en la titularidad de las acciones de Banesto. El Santander, que en aquel momento, según dijimos, poseía el 69,19% del capital social de Banesto, dice haberse desprendido de un 13,27%, por lo que le queda un 55,92%. Más tarde, el 1 de diciembre, se inscribe un nuevo Folleto informativo «reducido» en el registro oficial de la CNMV, que, según consta, debe complementarse con el folleto completo de la opv; pero lo curioso es que en este nuevo folleto ya no es el Santander quien realiza la oferta pública, sino una sociedad filial, Administradora de Títulos, S.A. (Atisa). Esta argucia, a la que nadie se opone, de la que nada se comenta, representa solapar dos opvs en una sola, con la confusión que ello conlleva. La sociedad Atisa tenía entonces, el 1 de diciembre, un capital social de 300 millones de pesetas; nueve días después publica que ha efectuado una ampliación de capital hasta los 258.892 millones, que equivalen precisamente al 55,6% del capital de Banesto (340 millones de títulos). En definitiva, Atisa, sociedad al 100% propiedad del Santander, ha sido el guardián de las acciones de Banesto y ha servido como instrumento para dar opacidad a tan señalada circunstancia. El resultado es que Atisa, que tiene el 55,6% de las acciones de Banesto, ofrece en otra opv el 8,7% del capital social (53,2 millones de títulos) a 783 pesetas cada acción. Sin embargo, este ofrecimiento no se formula a los accionistas de Banesto sino a los del Santander. La única condición para acceder a una operación tan ventajosa es disponer de tres acciones del banco cántabro para tomar una acción de Banesto. No se requiere antigüedad alguna, basta con ser titular de las acciones cinco días antes del inicio de la oferta, que discurre entre el 5 y el 20 de diciembre de 1994. Si analizamos la trama con detalle vemos que el reparto de las plusvalías de Banesto se ha hecho a favor de quienes, en provecho propio, cooperaron esencialmente en el asalto a Banesto, con la familia Botín a la cabeza.

Por tanto, entre el primer 13,27% y el segundo 8,7%, unos selectos accionistas se embolsaron casi el 25% del capital de Banesto en óptimas condiciones. Se ofrecen las acciones a este grupo de espabilados y se reparte el botín; acto seguido, Atisa presenta unas pérdidas de 82.000 millones de pesetas, unas pérdidas que los administradores del Santander nunca han justificado. La historia culmina en marzo de 1998, cuando una oferta pública de adquisición lleva al Banco Santander a hacerse con el 97,7% del capital de Banesto.

En definitiva, y a modo de conclusión, quedaba claro que las referencias contables del Santander, de un ejercicio a otro, se transforman por arte de magia sin que nadie sepa cómo y, lo que es más sintomático, sin que cualquier autoridad demuestre el menor interés por averiguarlo a pesar de sus obligaciones institucionales. Incluso hemos llegado a pensar que la duplicación antitética de los datos que el Banco Santander instrumenta a su antojo ha llegado a ser un lío incomprensible hasta para sus mismos administradores. Son tantas las inconsecuencias e incorrecciones en la información que transmiten, así en las memorias como en los registros públicos, que no ha lugar a atribuirlas a simples errores más o menos disculpables. No pueden ser involuntarios tantos guarismos descabalados que aparecen y desaparecen como por ensalmo. Y todo esto, ¿en beneficio de quién? Cada vez nos parece más fiable y convincente la información anual de Forbes sobre los hombres más ricos del planeta. ¿Es presumible que Botín y algún prohombre de la política activa brindarán complacidos después del cierre de cada ejercicio? A su padre le gustaba el Raederer Cristal de buena añada, que en su casa solían servir de aperitivo con el mejor caviar.

Buscando, buscando, uno acaba encontrando la aguja y hasta el camello que en estos casos suele entrar sin dificultad por el ojo de cualquier aguja por reducido que resulte. Reconocemos que todavía nos faltan muchos enredos por descubrir en nuestra investigación periodística, que prosigue tenaz, pero creemos que el esfuerzo esclarecedor va dando resultados positivos. En los últimos diez años, el Banco de Santander ha pasado a cuadriplicar sus beneficios, aunque tan sólo haya duplicado los impuestos que paga a la Hacienda Pública. En nuestra simplicidad de ciudadanos de a pie, nos parece que si los beneficios se incrementan de año en año la carga impositiva debiera correr la misma suerte. Si nos remontamos a 1988 vemos que el Banco Santander declaraba entonces unos beneficios antes de impuestos de 64.402 millones de pesetas y la carga fiscal ascendía a 24.863 millones, por lo que el beneficio neto era de 39.539 millones. Los impuestos, por tanto, representaban un 38,6% sobre el beneficio bruto. Diez años después, las cosas han cambiado radicalmente: los beneficios del Santander se han multiplicado por cuatro (se ha pasado de 64.402 millones de pesetas en 1988 a 254.002 en el ejercicio 1998), pero los impuestos sólo se han multiplicado por dos. Si por los resultados de 1988 se pagaron 24.863 millones en impuestos, por los de 1998 se hicieron efectivos 56.408 millones, lo que representa el 22,2% del beneficio bruto. Muy lejos, por tanto, del 38,6% registrado en 1988. No sabemos si la ley fiscal en vigor está deplorablemente concebida en beneficio del Poder o la recaudación tributaria funciona manga por hombro, o las dos cosas a la vez. El paso de un 38,6% a un 22% no se ha realizado de forma súbita, sino mediante un goteo constante y planificado. En 1991 había descendido al 34%; en 1993 volvió a caer 2 puntos; al año siguiente, 2 puntos más, situándose en el 30%; en 1996 baja al 26%, y en 1997 se sitúa en el 24%. Conclusión: cuanto más gana el Banco Santander, menos paga porcentualmente en impuestos. Igual que sucede con todos nosotros, los ciudadanos de a pie, cada vez más satisfechos con el levísimo esfuerzo fiscal que se nos pide sin la menor demora para el bien de la patria, todo por la patria.

El organismo a quien corresponde inspeccionar estas cuentas es la Oficina Nacional de Inspección de Hacienda, a quien se asigna la investigación de las empresas que facturan más de 10.000 millones anuales, por lo que llama poderosamente la atención que subsista el estado de cosas que hemos descrito de manera sucinta. La institución fiscal parece que estuviera paralizada, puesto que no se conoce, fuera del caso de las «cesiones de crédito» a impulsos de la autoridad judicial, actividad inspectora relevante. Tanto es así que el Banco Santander tiene pendientes de inspección los últimos cinco ejercicios en la mayoría de las sociedades consolidables que integran el grupo, lo que longa manu invita a la prescripción tributaria por obra y gracia del tiempo, que todo lo cura: «Todas las cosas nos son ajenas, solamente el tiempo es nuestro», repiten con el poeta los ilustres comensales solazados por tantos motivos recíprocos para levantar sus copas y brindar con el mejor champán.

Todas estas irregularidades, escogidas aquí y allá, son tan solo una muestra del amplísimo repertorio que se ofrece ante nosotros ejercicio tras ejercicio. Como quien no quiere la cosa, se «distraen» cada año miles de millones, una práctica que podemos calificar de habitual y que cuenta con la necesaria complicidad, por acción u omisión, de la firma auditora, otra vez Arthur Andersen, que siempre anda de por medio cuando hay que tapar algún chanchullo de campanillas a cambio de «honorarios» por cientos de millones al año. Todas las irregularidades detectadas en las cuentas del Santander se santifican con la complicidad inevitable de la famosa auditora «independiente», que da en justificar lo injustificable y hasta jurándolo en arameo si es menester. Su informe de auditoria, unido a la memoria del banco, pretende dar legitimidad a unas cuentas que, por lo que aquí se expone, nada tienen que ver con el fiel reflejo de su verdadera imagen patrimonial. El tal informe, por supuesto, no hace mención alguna sobre el destino de 35 sociedades participadas, todas ellas domiciliadas en paraísos fiscales, que han desaparecido sin dejar rastro de las cuentas de la matriz. Arthur Andersen parece anclarse en la tesis implícita de que se trata de una disolución imaginaria de sociedades fiscalmente opacas. Y el informe, claro es, tampoco hace referencia a que las bajas societarias no se corresponden con la información facilitada a la CNMV, el feudo de Fernández-Armesto, el eminente jurista que, mientras cumplía funciones públicas, seguía frecuentando con asiduidad su antiguo despacho de la calle Jorge Juan. ¿Será por champán?

Ha sido precisamente la fusión con el BCH lo que ha permitido acceder a una mayor información documental sobre las cuentas del Santander, una información que hasta entonces no se había expuesto. Lo que viene a demostrar que a esa gran potencia financiera o no le cuadran los números, o sus cuentas han sido redactadas con el propósito de confundir al accionista. El balance que sirvió de base para la fusión presenta un tremendo descuadre: hablamos de cientos de miles de millones de pesetas. Los datos del propio banco, al cierre del balance a 31 de diciembre de 1998, que sirvió de base a su estado patrimonial para la fusión con el BCH, reflejan un desajuste de casi un billón de pesetas.

En la documentación para la fusión por absorción, el Santander proporcionó dos balances contables: uno con un valor de los activos por 12,4 billones de pesetas, que viene a ser con algunas correcciones el que figura en la memoria del ejercicio 1998, y otro titulado «balance de situación consolidado del Banco Santander y sociedades que integran el grupo Santander», en que los activos ascienden a 25,7 billones. De ello se desprende, y perdón por la perogrullada, que mediante una simple resta son 13,3 billones los que corresponden al «grupo». Pues bien, en el balance consolidado figura una partida contable que cuantifica el valor de las participaciones del banco en otras sociedades, cuya partida, bajo la denominación de «participaciones en empresas del grupo y acciones y otros títulos de renta variable», asciende a 795.094 millones de pesetas. Si se resta de esta partida el valor de los «títulos de renta variable», el importe contable es de 715.747 millones. Sin embargo, la relación detallada que se incluye como anexo al balance de fusión, correspondiente a dicha partida, da una cifra absolutamente distinta: si comprobamos los saldos sociedad por sociedad el resultado es de 1.708.905 millones de peseta, casi un billón de pesetas de diferencia.

La discrepancia cuantitativa radica en el valor contable, es decir, en el coste que ha tenido para el banco la adquisición de las participaciones. La valoración que se hace de las sociedades no es siempre la misma, llegando incluso a dar dos valoraciones diferentes de un mismo activo en un mismo capítulo documental y con relación al mismo ejercicio. Pero estas incorrecciones de tanta monta no se refieren sólo a un período concreto sino que tradicionalmente la información contable del banco ha sido muy poco transparente. Todo el mundo enmudece ante semejantes disparates: ni el Banco de España, ni la CNMV, ni las Bolsas españolas, ni Hacienda, ni los partidos políticos, nadie, en definitiva, se atreve a hacer una simple comprobación numérica para constatar unos malabarismos financieros verdaderamente escandalosos. A la hora de escamotear las sociedades participadas y sus cuentas, David Copperfield podría demandar con el mayor fundamento por competencia desleal a los magos del Santander, por su enorme habilidad para que desaparezcan en el éter los cientos de millones sin dejar el menor rastro. A lo mejor el que lo sabe es el director de Forbes.

El enorme descuadre de la mencionada partida contable tiene un antecedente en marzo de 1998, según refleja la información transmitida por el Santander al formular su opa sobre el residual de acciones de Banesto que aún no estaba en sus manos (disponía del 48,59% del capital social por adjudicación del Banco de España y pretendía completar el 100%). En dicha información, denominada «Folleto explicativo y anexos de la oferta pública de adquisición de valores de Banco Español de Crédito, S.A. formulada por Banco Santander, S.A.», y más concretamente en su capítulo VI, bajo el título «La sociedad oferente y su grupo», se pone a disposición de la CNMV una relación de las sociedades participadas que consolidan con la matriz, en la que también se detalla el coste contable. Al final de la relación, no se hace la suma del coste individualizado de cada una de las sociedades que integran el grupo, por lo que no se informa sobre el coste total de esa partida. Cualquiera que haga la suma obtendrá un resultado de 1.330.501 millones, lo que no coincide con la información que se da en la página 9 del mismo capítulo, donde, bajo el título «Cuadre contable de la información anterior con los datos incluidos en el apartado 8.1.1. de este folleto informativo», consta el «Coste neto contable de las participaciones directas en las principales sociedades del grupo que consolidan por integración global y que se detallan en el apartado VI. 1», cuyo coste asciende a la cantidad de 680.676 millones. ¿En qué quedamos?

Cuando llegamos a este punto de la investigación, boquiabiertos ante todo lo que saltaba ante nuestros ojos aquí y allá, eran tantos los asuntos que se ofrecían a la atención investigadora que cabía la posibilidad de dispersar infructuosamente la pesquisa. Veíamos con nitidez que el Banco Santander, de forma continuada y sistemática, hacia desaparecer injustificadamente importantes activos de sus cuentas, como es el caso de las sociedades domiciliadas en paraísos fiscales con miles y miles de millones en fondos propios, de los que nunca se volvía a hablar. Y nos pareció evidente que esas sociedades, a las que el Santander daba por muertas, seguían vivas y robustas según publicaban los Registros Mercantiles de los países en que estaban domiciliadas: algunas ofrecían cambios en su representación al sustituir a algunos de sus administradores, o modificaban su capital social, e incluso cambiaba el domicilio al trasladarse de un país a otro, pero todas seguían plenamente en vigor, según hemos demostrado.

Lo que en un principio era el objetivo principal de la investigación periodística, tratar de ponerle la guinda al pastel mediante el hallazgo del dinero expoliado en Banesto, el desarrollo de nuestros trabajos nos había llevado a un estadio con perspectivas mucho más amplias. No sólo los administradores del Santander habían ocultado los cientos de miles de millones al amparo de la intervención, sino que, de forma continuada, mantenían un método invariable para sortear el interés del propio banco —o lo que es lo mismo, a los miles de accionistas del Santander—, ocultando en buena parte el rendimiento de sus activos, e incluso los propios activos. En definitiva, lo que se había hecho, y se sigue haciendo, es escamotear a los accionistas una gran parte del patrimonio social y de los beneficios, que, por tanto, nunca serán susceptibles, respectivamente, de reflejarse en el valor de las acciones o de reparto en forma de dividendo o en alguna otra permitida por la ley. Así, mediante tan laborioso empeño por nuestra parte, advertimos, una vez precisadas las sociedades del banco que habían caído en combate, que resultaba inexcusable, para completar el trabajo, descubrir el método empleado por los administradores del Santander para la consecución de unos fines tan poco recomendables. Por lo que nos fijamos como un nuevo objetivo en nuestra investigación poner al descubierto el método de «limpieza étnica» empleado por la respetable entidad, lo que —así creíamos— nos permitiría atar muchos de los cabos que todavía andaban sueltos después de comprobar la «consunción» de tan exorbitantes caudales.

El momento resultaba excepcionalmente favorable en los primeros meses del 98, al verse obligado el Santander a difundir una mayor información de sus cuentas con motivo de la fusión con el BCH, de donde extrajimos datos muy importantes que resultaban necesarios para nuestro estudio, aunque no lo suficiente todavía, a fin de sentar conclusiones sobre el método utilizado por los administradores del Santander. Era necesario esperar a la próxima remesa documental que facilitaría el nuevo BSCH, con las cuentas ya fusionadas del ejercicio 1999, con motivo del cierre del primer año de actividad integrada. Para el 4 de marzo estaba señalada la junta general de accionistas del BSCH, lo que nos permitió analizar la información rendida por los administradores y la auditora Arthur Andersen. Y, junto a los datos complementarios que obtuvimos en los países correspondientes, nos percatarnos del método seguido para la ocultación de tan ingentes caudales mediante los más variados cambalaches. El método, curiosamente, resultaba burdo y sofisticado a la vez, una preciosa paradoja. Ya habíamos apreciado en ejercicios anteriores que el preceptivo informe de auditoria estaba dividido entre la matriz y el grupo consolidado. Dicho más claramente, a la memoria del banco acompañaba un informe del auditor dirigido «a los accionistas del Banco Santander», con el titulo «informe de auditoria de cuentas anuales consolidadas», en cuyo informe todo era muy bonito, todo quedaba muy bien, ninguna salvedad era digna de mención, en una palabra, todo era como en la famosa metáfora de Campanella, la isla repleta de santos y de sabios. Mas donde las cosas ya no pintaban con tanta brillantez era en otro informe del propio auditor, relativo al grupo consolidado. En este informe, que no se entregó a los accionistas que acudían a la junta del banco (han leído ustedes bien, pacientísimos lectores, el tal informe no se entregó a los accionistas que asistieron a la junta), las cosas eran de otra manera. Aquí es donde el auditor canta la gallina, desglosando la información, con la candorosa argucia de cambiar el título por el de «informe de auditoria de cuentas anuales», en el que cada año, ejercicio tras ejercicio, el auditor viene a reconocer que la cuantía del beneficio formulado por los administradores se queda cojo en miles de millones de pesetas. Este informe, remitido única y exclusivamente a las autoridades «competentes» con toda la información contable requerida por el Banco de España y la CNMV, no ha merecido el menor comentario por parte de tan excelsos centros de poder financiero, que se limitan a dar por bueno el expediente y a archivarlo, y todos tan contentos hasta el año que viene. Esos organismos públicos se tragan todas estas cosas sin el menor empacho, a pesar de tener cumplido conocimiento de la burla que se hace a los accionistas, a la Hacienda pública y al mercado. Nadie se detiene a pensar si estas maniobras tienen nombre específico en la ley penal.

Hay quienes nos dicen que el Banco de España sigue en la plaza de la Cibeles. Este modestísimo autor hace la solemne promesa de que en su próxima visita a la capital del Reino dedicará todo el tiempo que sea preciso para recorrer la famosa plaza y comprobar in situ si aún sigue allí la institución financiera por excelencia.

Estábamos expectantes para conocer si el nuevo BSCH aplicaría las mismas maneras de hacer las cosas que el Santander había venido practicando al escamotear a los accionistas el informe del auditor en el que se desvelaba la desaparición de los beneficios. Nada más disponer de la memoria y los demás documentos complementarios, pudimos comprobar que, efectivamente, todo en la nueva etapa era más de lo mismo: el BSCH aceptaba sin rechistar el método enquistado en las prácticas contables de la entidad absorbente. El resultado, según corroboraba el auditor, consistía en que sólo el 50% de los beneficios del BSCH llegaba a conocimiento de los accionistas. En 1999 el banco había ganado 311.511 millones e informó de haber obtenido tan solo 158.315 millones. En el informe de auditoría, del que se había despojado dolosamente a la memoria del BSCH, se podía leer el párrafo 4º concebido en estos términos:

«En consecuencia, para corregir el efecto acumulado de los fondos sin asignar específicamente al 31 de diciembre de 1999, sería necesario incrementar el resultado neto del ejercicio terminado en dicha fecha en 153.000 millones de pesetas aproximadamente; de los que 111.000 millones de pesetas aproximadamente, proceden de ejercicios anteriores».

Se reiteraba, pues, la práctica habitual de los administradores del Santander, al dotar primero provisiones para riesgos, y luego olvidarse de ellas olímpicamente. De esta forma se sustraen de los beneficios del ejercicio unos resultados que, cuanto menos, quedan «aparcados». La presunción de inocencia, a pesar de lo que diga Forbes, nos obliga a estimar que esos beneficios quedan «situados» en cuentas recónditas del propio banco. Es precisamente la concatenación con los ejercicios precedentes lo que permite a los administradores del BSCH que esas provisiones para posibles riesgos queden diluidas en otros conceptos y confundidas discretamente sin más explicación. El auditor ya se había manifestado en los mismos términos al referirse a las cuentas del ejercicio 1998:

«… deberían de haberse incrementado en 102.000 millones de pesetas, aproximadamente».

Y también cuando aludió a las cuentas del ejercicio 1997:

«En consecuencia, el resultado del ejercicio de 1997 debería ascender a 142.409 millones de pesetas, en lugar de los 59.030 millones de pesetas que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta».

En definitiva, los hábitos (no los califiquemos, ¿quiénes somos nosotros para tildarlos de «malos», «inmorales», «delictuosos» o «perversos»?) que venían manteniendo los administradores del Banco Santander se habían trasladado ad pedem literae a las cuentas que presentaba el BSCH, en las que seguían provisionándose riesgos inexistentes. A cuya inexistencia se refiere el auditor en su informe con el siguiente texto:

«El capítulo «Otros Pasivos» del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 1999 incluye fondos por importe de 128.000 millones de pesetas constituidos en cobertura de plusvalías originadas por ventas intergrupo, que no son necesarias por haberse materializado posteriormente las plusvalías en las que tienen su origen».

Traducido al cristiano el contenido de este párrafo, quiere decir que se retiene de los resultados la cantidad de 128.000 millones de pesetas, al considerar los administradores que las plusvalías correspondientes aún están pendientes de materializarse, razón por la cual se «aparcan» transitoriamente, con plausible prudencia, en el pasivo del balance. Pero el auditor, a pesar de su docilidad proverbial a la hora de examinar los resultados, se ve obligado a decir dos cosas de interés: primero, que al corresponder el supuesto riesgo a ventas intergrupo es innecesaria la provisión, y segundo y más definitivo, que las operaciones han culminado felizmente en ese mismo ejercicio, o incluso con anterioridad. Por tanto, las plusvalías se han materializado sin incidencia alguna de signo adverso, por lo que debe incrementarse el resultado del ejercicio con su importe, sin que medie razón para mantenerlas «aparcadas» en el ambiguo capitulo de «otros pasivos».

Una referencia explícita a las peculiaridades de estos «aparcamientos» en el capítulo de «otros pasivos», tan del gusto de los administradores del BSCH, es la contenida en la información ofrecida a los accionistas para la junta del 4 de marzo de este mismo año al referirse a «adquisiciones y retiros – Banco Comercial Portugués, SA. (BCP)». Al 31 de diciembre de 1998, la inversión del Santander en el capital social del BCP ascendía al 13,78%, cuya participación se enajenó a terceros, lo que generó unas plusvalías de 67.819 millones de pesetas. Pues dichas plusvalías, claro está, han sido abonadas una vez más a la cuenta «otros pasivos» que consta en el balance de situación.

Conviene destacar que la mencionada operación, la venta de la participación en el BCP, supuso unas plusvalías de 67.819 millones de pesetas, por lo que el 42,8% de los beneficios declarados por los administradores proviene de una sola operación, habida cuenta de que el resultado antes de impuestos en el ejercicio ha sido de 158.295 millones. Adicionalmente, recordemos también que los administradores hacen mención de los 128.000 millones de pesetas antes citados por el auditor, y lo hacen en estos términos:

«128.216 millones de pesetas [pertenecen] a fondos constituidos en cobertura de plusvalías efectivamente realizadas por ventas a terceros que provienen, básicamente, de la venta de las participaciones de First Union Corporation (1997), Banco Santander Puerto Rico —venta a terceros de acciones preferentes liberadas (1998) y Banco Comercial Portugués, S.A. (1999)».

Por tanto, fácilmente puede obtenerse por deducción que si esos 128.216 millones provienen de tres operaciones, First Union, Santander Puerto Rico y el Comercial Portugués, y las plusvalías obtenidas por la última operación ascendieron a 67.819 millones, el resto se refiere al First Union en 1997 y el Santander Puerto Rico en 1998, lo que hace un diferencial de 60.397 millones. A los 128.000 millones aludidos por el auditor, cuyo origen acabamos de exponer, hay que añadir otros 25.000 millones, que, también en opinión de Arthur Andersen, se han «restado» de los resultados del ejercicio por provisionar un fondo que se entiende como innecesario. De ahí que sean 153.000 millones los que se «aparcan» en punto a los resultados del ejercicio 1999. De no haberse producido tal «aparcamiento», el beneficio hubiera sido de 311.511 millones de pesetas, lo que supone que ha «volado» el 50% de las ganancias hacia los destinos más ignotos.

Según la información presentada a la junta por los administradores del BSCH, que recoge la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 1999, del resultado se destinan a reservas 63 millones de pesetas, y el resto a dividendo. No obstante, tan diligentes administradores, que ya conocían las pesquisas de La Banca sobre todos esos gatuperios de tan larga tradición, intentan eludir sus responsabilidades dejando colgada esta coletilla en su información a la junta:

«Adicionalmente, el dividendo a cuenta acordado y pendiente de distribución al 31 de diciembre de 1999 figura registrado en el capitulo «otros pasivos» del balance de situación de diciembre de 1999».

De una forma tan original, vinculan la cuenta «otros pasivos» con el dividendo a percibir por los accionistas. Aunque no son nuevas, como decimos, todas estas maniobras para oscurecer los resultados del ejercicio, «aparcando» una buena tajada de la que acaba perdiéndose el rastro en años posteriores al no quedar definidos de forma explícita su origen y su posterior aplicación. Elijamos como ejemplo aleccionador lo acontecido en el ejercicio 1997, en el que, según el auditor, el resultado debería incrementarse en 83.379 millones de pesetas:

«El importe remanente, que asciende a 83.379 millones de pesetas, debería incrementar el resultado del ejercicio 1997 por corresponder a beneficios efectivamente realizados. En consecuencia, el resultado del ejercicio de 1997 debería ascender a 142.409 millones de pesetas, en lugar de los 59.030 millones de pesetas que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta».

El auditor hace referencia a un remanente que precisamente corresponde al capítulo «otros pasivos», el cual, como hemos visto, sirve habitualmente de «aparcamiento» de cuantiosísimos resultados que después se diluyen sin que nadie llegue a saber el final de la historia. Dice así:

«Según se indica al 31 de diciembre de 1996, el capítulo «Otros Pasivos» del balance de situación adjunto, incluía, de acuerdo con la normativa vigente, 205.203 millones de pesetas correspondientes a un fondo indisponible constituido en cobertura de plusvalías originadas por ventas intergrupo. Durante 1997, se ha producido la materialización por ventas a terceros de parte de dichas plusvalías por importe de 122.466 millones de pesetas, de las que se han abonado, al capítulo «Beneficios Extraordinarios» de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de 1997, un importe de 39.087 millones de pesetas».

Se retienen cantidades muy importantes de los resultados, con la argucia de que no son disponibles al socaire de una razón inventada con el mayor descaro. Cuando transcurre el tiempo (dos o tres ejercicios) se revierten al capítulo de «beneficios extraordinarios», pero la cuantía ya no es la misma que la retenida originalmente. El auditor sigue diciéndonos:

«Con fecha 3 de febrero de 1999 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Santander del ejercicio 1998, que contenía una salvedad por efectos de haberse amortizado anticipadamente en ejercicios anteriores determinados fondos de comercio; lo que daba lugar a que, en nuestra opinión, los fondos de comercio de consolidación y el resultado atribuido al Grupo (en concepto de «Beneficios Extraordinarios») que figuran en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 1998, deberían haberse incrementado en 102 mil millones de pesetas, aproximadamente».

La actuación es invariable: se provisionan riesgos inexistentes o se amortizan con anticipación; todo consiste en «jugar» con la cuenta «otros pasivos», donde las plusvalías se «aparcan» convenientemente, para dejarlas «gotear» mediante cantidades menores en «beneficios extraordinarios», o bien se provisionan riesgos imaginarios anticipando su amortización en varios ejercicios con tal de disminuir subrepticiamente los verdaderos resultados. Los administradores del Santander, también en esta ocasión, emplearon el bárbaro método que les permite la absoluta impunidad de que goza el Poder: no incluir el informe del auditor, que se refería expresamente a la ausencia de la citada cantidad de 83.379 millones, en la documentación del ejercicio. La prueba está en que el informe, sustraído al conocimiento de los accionistas, figuraba en el «folleto» explicativo de la opa del Santander sobre las acciones de Banesto.

Las malas artes que vienen practicando los mandamases del BSCH nos recuerdan las que emplean algunos clérigos, por fortuna los menos, con el patrimonio que se halla bajo su custodia. Es inmensa la riqueza eclesial en obras de arte distribuida entre variadísimos recintos sagrados, y es triste reconocer que muchos de esos objetos tan preciados y exclusivos han desaparecido irremisiblemente. Los encargados de su protección solían descolgarlos para hacerlos desaparecer del lugar en que habían permanecido durante siglos, llevándolos al cuarto trastero más apartado. Cuando los devotos, por obra y gracia del tiempo transcurrido desde la ocultación, llegaban a perder la memoria de los bienes, éstos salían discretamente del recinto y pasaban a formar parte de colecciones particulares. Por tanto, en el caso del Banco Santander, hoy el BSCH, sus administradores no han inventado nada; piadosos como son todos ellos con indudable fervor, públicamente exhibido, se limitan a actualizar, en su versión financiera, tan recusables métodos de expolio eclesiástico.

El BSCH declaró en el ejercicio 1999 unos resultados de 158.295 millones de pesetas. Establecido este parámetro formal, hay otro según el cual esos resultados no tienen nada que ver con los expuestos a la junta general de accionistas por los administradores. El banco, además de la actividad típica consistente en comprar y vender dinero, obtiene cuantiosos beneficios provenientes de las sociedades en que participa y que desarrollan actividades bancarias o parabancarias, como bancos filiales, empresas financieras de leasing, de valores o fondos mobiliarios y otras varias, amén de la participación en empresas constructoras, eléctricas, mediáticas o del más variopinto pelaje. Se entiende, por tanto, y no parece que pueda ser de otra manera, que los beneficios obtenidos por la participación en estas sociedades constituyen los resultados del ejercicio del propio banco a cuyo grupo pertenecen. Teniendo en cuenta esta premisa, vemos que la confusa información que sobre este capítulo los administradores del BSCH incorporan a la documentación que acaba reflejándose en el balance, difiere esencialmente de la que consta en el anexo de que dan cuenta, caso por caso, de los resultados obtenidos por esas sociedades. Así, en el anexo I, que se extiende a lo largo de cuatro páginas, se relacionan las «sociedades consolidadas más significativas que integran el grupo Santander Central Hispano», lo que, al referirse a las «más significativas», equivale a que no son todas las que están. Adicionalmente, en el anexo II figuran las «sociedades no consolidables con porcentaje de participación del grupo superior al 3% (20% si no cotizan en Bolsa)», cuyo documento coincide también en que «incluye las sociedades más significativas». Ambos anexos facilitan el nombre de las sociedades, el domicilio, la actividad, la participación del banco tanto si es directa como indirecta, el capital social, las reservas, los resultados del ejercicio y el coste contable que esa participación ha supuesto a la matriz. Ahora bien, si de los dos listados se excluyen las participaciones directas del BSCH, y alguien se toma la molestia —ya que los administradores son remisos a hacerlo— de vincular los resultados obtenidos por las sociedades con la participación que ostenta el BSCH, se obtienen los beneficios o las pérdidas correspondientes y que han de incorporar en la cuenta de explotación del banco. Pues bien, la suma de esas cantidades asciende a 169.676 millones de pesetas de beneficios, y, sin embargo, los administradores nos han dicho que los resultados del banco en el ejercicio de 1999 son 158.295 millones de pesetas en total. Nos parece que las ganancias obtenidas por el conjunto de las sociedades participadas no puede ser mayor que el de toda la actividad del banco resumida conjuntamente en su balance. Cabría una explicación a semejante desajuste si esos resultados estuvieran contenidos o se hubieran llevado a las reservas de las sociedades participadas, contabilizándolos con tal carácter en el balance del banco. Dicho de otro modo, los resultados en cuestión, de no trasladarse a los resultados del banco en su totalidad, se acumularían en las reservas de las respectivas sociedades, por lo que subsidiariamente también serían reservas del propio banco contenidas en la partida que figura en el balance con el nombre explícito de «reservas en sociedades consolidadas». Pero al analizar esta partida, no solo no nos aclara nada, sino que se descubre en realidad que el esperpento es aún de mayor entidad. En la información facilitada por los administradores, esa partida, la última del pasivo, asciende a 257.189 millones de pesetas. Ahora bien, si se hace la misma operación que al tratar de los resultados de las sociedades participadas, vemos que en esta ocasión se segregan las mismas sociedades en las que el BSCH ostenta una participación directa, pero tomando como referencia las reservas de que dispone cada una de las sociedades incluidas en los anexos I y II. En total, ambas relaciones suman la cantidad de 359.959 millones de pesetas, lo que supera en 102.770 millones a la que los administradores señalan para esta misma partida en el balance ofrecido a la junta, según el cual las reservas de las sociedades consolidadas ascienden a 257.189 millones.

Si lo descrito es esperpéntico por sí mismo, lo que viene a continuación no tiene nombre; nosotros, cuando menos, somos incapaces de emplearlo. Quizá no le ocurrirá lo mismo a un verdadero experto en cuestiones penales. Porque tan sólo diez de las sociedades en las que los administradores del banco señalan que poseen una participación indirecta acumulan unas reservas de 538.250 millones de pesetas, cuando se nos había dicho que esos recursos ascendían a 257.189 millones. Para rematar la ópera bufa, una sola sociedad, como es el caso de BSCH Bank Trust, tiene reservas por 262.585 millones de pesetas, una cuantía que supera el total asignado por los administradores a esta misma partida contable. Más aún, esta sociedad, el BSCH Bank Trust, figuraba en la memoria del Santander el año anterior con unas reservas de 225.711 millones de pesetas, a pesar de que el capital social era tan sólo de 143 millones. Esta sociedad declaró haber obtenido en el ejercicio unos beneficios de 1.144 millones, una verdadera ridiculez si se tienen en cuenta sus fondos propios. Ahora bien, en el supuesto de que esos beneficios no se hubieran repartido, las reservas de la sociedad habrían ascendido a 226.855 millones. ¿Cómo es posible entonces decir, como hacen los administradores, que las reservas alcanzaron en ese ejercicio la cifra de 262.585 millones? La generación espontánea produjo la friolera de 35.730 millones de pesetas, una bagatela, una minucia que no merece el menor comentario.

Es de tal magnitud todo este entramado que en el BSCH las aguas andan revueltas en cuanto al control de tales gatuperios: incluso dentro de la casa algunos piden nuevas inversiones en tecnología para mejorar los sistemas informáticos internos, que chirrían de continuo por la complicada fusión de tres sistemas diferentes, el del Santander, el del BCH y el de Banesto. Lo que, como es lógico, se traduce en la cuantía de los resultados obtenidos por el banco. El lunes 12 de julio el comité de dirección del BSCH estudió una estimación global de los resultados del ejercicio confeccionada por el equipo de José Luis del Valle, a propósito de lo cual la elaboración —especialmente la informática— ha puesto de relieve la existencia de fallos importantes, lo que ha advertido incluso la inspección del Banco de España. Nos cuenta gente cualificada del propio banco que, a pesar de que pretenden llegar a un punto en el que, al final del día, cada sucursal y cada departamento conozcan la situación real del balance, se están volviendo locos para contabilizar la periodificación de las operaciones en curso. Parece que el gobernador Jaime Caruana está decidido a poner término a tal desbarajuste. Tratándose del Poder, ¿será verdad tanta belleza? ¿Acabaremos por creer de nuevo que el Banco de España no ha desaparecido de la Cibeles?

EN TODOS LADOS CUECEN HABAS

«La ociosidad y el orgullo pesan sobre nosotros más gravemente que las leyes y los padecimientos. Desembaracémonos de los primeros y soportaremos más fácilmente los segundos»

(BENJAMIN FRANKLIN)

En la edición de diciembre de 1998 —justo en el momento en que el Banco Santander y el Central Hispano estaban negociando secretamente su fusión— La Banca publicó un extenso trabajo que ponía de manifiesto cómo el BCH había tenido cuantiosas pérdidas en el ejercicio 1994, para enjugar las cuales había «endosado» el muerto, con entero desparpajo, a Dragados y Construcciones, la importante constructora participada por el banco, cuyo presidente era a la vez el vicepresidente del BCH. Era el momento menos oportuno para que el banco mostrase sus vergüenzas en forma de tan abultadas pérdidas. No se olvide que Banesto acababa de ser intervenido por problemas de muchísima menos envergadura que los que afectaban tan directa y gravemente al BCH, cuyo presidente no ha tenido inconveniente en reconocer paladinamente que el «agujero» de su banco —y ese «agujero sí lo era de verdad— ascendía a cerca de un billón de pesetas. Por lo que todo se redujo a poner guapa a la novia para que saliese convenientemente ataviada desde el prostíbulo hasta el lugar de la solemne ceremonia nupcial.

En la información periodística de La Banca se cuantificaban las pérdidas del banco en 8.000 millones de pesetas, frente a los resultados «oficiales», que arrojaban unos beneficios de 23.010 millones. Basábamos la discrepancia ajustándonos en todo, sin quitar ni poner, a la información publicada por el propio banco y su participada. Con profusión de datos documentales, decíamos que los accionistas de Dragados, en cuya sociedad el BCH tenía un 23% de participación, se vieron forzados a asumir esas pérdidas, que en buena tesis tenía que soportar exclusivamente dicha entidad bancaria.

El origen de las cuantiosas pérdidas radicaba en las vicisitudes de la constructora Comylsa, una sociedad participada al 100% por el BCH. Comylsa había sufrido a su vez pérdidas muy importantes que la habían llevado a una manifiesta situación de quiebra, a pesar de varias ampliaciones de capital cubiertas por el BCH. En 1994, poco antes del cierre del ejercicio, el banco, en su condición de accionista significativo de Dragados, determinó por las buenas, sin encomendarse a Dios ni al diablo, que ésta adquiriera las acciones de Comylsa. Con tan forzada operación, el rojísimo balance del BCH, con sus cuantiosas pérdidas a cuestas, se transformó en el balance más resplandeciente e impoluto al mostrar unos beneficios ficticios de 23.000 millones. Posteriormente, en 1996, el banco decretó la absorción de Comylsa por Dragados, que, consecuentemente, pasó a incluir en su balance las deudas de la sociedad quebrada. Luego, Dragados compró Tecsa, una empresa que ya era suya por ser filial de Comylsa, y así tuvo que cargar también con las cuantiosas deudas que Tecsa mantenía con el banco. En definitiva, el banco endosó de mala manera su desastrosa situación a los accionistas de Dragados, una sociedad que cotizaba en Bolsa y que, por tanto, debía contar con la, ¿cómo diríamos?, con la «protección» investigadora de la CNMV. Hay que decir, aunque pueda parecer impertinente, que del consejo de administración y de su comisión de auditoría formaba parte entonces un personaje tan relevante como el profesor Manuel Olivencia, el cual no puso objeción alguna, en ese doble carácter orgánico, a una operación tan comprometida y falta de verdadero fundamento. Sin duda el benemérito maestro, a este propósito y por experiencia propia, estaba recogiendo información precisa para redactar luego tan brillantemente su famoso código deontológico destinado a su recomendable observancia por los administradores y gestores de las sociedades mercantiles. Experiencia que ha de añadirse a la de su actuación presidencial en la Expo sevillana, cuando dimitió de improviso escandalizado y empavorecido por lo que allí veía, pero sin poner de inmediato en conocimiento de la autoridad judicial competente las marrullerías y mordidas que jalonaban la actuación «pellonaria» de los gestores. Digamos de paso al hablar de Dragados y Construcciones en el escándalo de Comylsa, que la inmensa mayoría de las obras «expositivas» en Hispalis se hicieron precisamente por Dragados, a cuya plantilla había pertenecido el «pellón de pellones», cuando Dragados y el BCH eran una y la misma cosa, lo que siguen siendo en nuestros días.

Como era de esperar, nuestra información, asentada en una abundantísima prueba documental, no agradó para nada al ilustre consejo del BCH, por lo que, unos días después de publicarse, el banco nos exigió por conducto notarial la rectificación, aunque sin precisar qué aspectos de lo publicado por nosotros podían contener cualquier error o ser motivo de discrepancia. La Banca, siguiendo una norma inveterada en su conducta, se mostró dispuesta a la rectificación que se nos pidiera, a condición de que el banco concretase en qué puntos de la información se había producido cualquier falta o error por nuestra parte. Como contestación a un ruego que parece tan razonable, el BCH, sin previo aviso, interpuso ante los tribunales de Barcelona dos demandas judiciales —así, a pares—: una por intromisión en el honor y otra por daños y perjuicios. No dejaba de resultar extraño que una información, a la que se calificaba sin rebozo en los escritos de falsa e injuriosa por afectar injustamente al honor de la entidad, lo que le había ocasionado —se decía sin prueba alguna— daños por cifras multimillonarias, no hubiera dado lugar a una querella criminal, sino a sendas reclamaciones civiles en los dos procedimientos mencionados, ambos basados en los mismos hechos. Y más si se tiene en cuenta que la información publicada por nosotros ponía de manifiesto —y así se decía literalmente— que los administradores del BCH, en perjuicio de los accionistas de Dragados, podían haber cometido presuntamente un delito societario y otros de falsedad en documento público, estafa y apropiación indebida. La demanda del BCH sostenía que nuestro trabajo «contiene afirmaciones que afectan al prestigio y buen nombre de la entidad bancaria en el ámbito de sus relaciones sociales respecto del objeto que constituye su negocio». Los titulares del artículo que, según el demandante, concernían de manera tan grave y abrumadora a su buen nombre eran éstos, entre otros de menor calado: «El Central Hispano falseó su contabilidad para ocultar pérdidas. El banco se aprovechó de los accionistas de Dragados al transferirles las mismas». Se refería también la demanda a otros reportajes que llevaban por título «El BCH traspasó sus pérdidas a los accionistas de Dragados y Construcciones» y «El BCH cambió pérdidas de 8.000 millones por beneficios de 23.010 millones a costa de Dragados y Construcciones», en los que, sobre una prueba documental inconcusa, no habíamos dudado en afirmar: «Para evitar que fuera conocida la verdadera situación patrimonial de la entidad crediticia sus máximos responsables incurrieron en presuntos delitos societarios, como son la falsedad en documento público, estafa y apropiación indebida»; o esto: «La manipulación de cuentas del BCH Hipotecario alteró los resultados del banco». Estos y otros párrafos, extraídos de los reportajes publicados por nosotros, motivaron la insospechada indignación de los responsables del BCH, sin duda al ser conscientes de que cuanto habíamos dicho en el periódico respondía a la realidad más absoluta.

Incluso la opinión del redactor, según la demanda, se tildaba de calumniosa por haber escrito párrafos de este tenor: «La ocultación de dividendos negativos parece ser una imagen de marca del BCH», «…lo que no es tolerable es que, abusando de la posición que se ostenta, se perjudique al prójimo» o «se le puede llamar de mil formas distintas pero en el fondo, lo que se hace es robar». Lo cierto es que la información publicada era el fruto de una rigurosa investigación, no obstante lo cual el procedimiento judicial resultó particularmente duro; no en balde la acción procesal promovida en nombre del banco estaba dirigida por uno de los bufetes más elitistas de la ciudad condal. No quedó concepto alguno por debatir, ni cualquier línea de nuestro trabajo que no tuviéramos que acreditar documentalmente, lo que hicimos al punto y con muchísimo gusto ante el Juzgado que conoció del proceso.

Por irritante que le resulte al banco demandante, la información publicada por La Banca se ha reconocido judicialmente como veraz. La magistrada Rosa María Agulló Berenguer, titular del Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Barcelona, dictó en el caso sentencia absolutoria actualmente recorrida por el banco, de la que nos limitamos a transcribir este pasaje, tres breves líneas, a fin de sacar tan solo los colores a nuestro poderoso contrincante en lo mínimo imprescindible:

«De ahí que quepa hablar de la veracidad de la noticia en cuanto que para su obtención se observaron las condiciones de corrección en la obtención, y que con profesionalidad se efectuaron las oportunas averiguaciones».

En suma, tratándose del Banco Santander y el BCH, queda claro, una vez más, que Dios los cría y ellos se fusionan.

7

LOS PAPELES CANTAN

«Arruinar la fiesta de los poderosos y de los privilegiados, eso es maravilloso»

(NOAM CHOMSKY)

Esta parte de nuestra modesta contribución para poner en claro los desmanes del Poder trata de aportar un ingrediente necesario para afianzar aún más, si cabe, todo cuanto se narra en las anteriores páginas, afín de que los correspondientes episodios no equivalgan para los malpensados a meros juicios de valor. La acreditación fehaciente de lo narrado cuenta con una extensa y variada documentación que ha dejado rastro indeleble: los papeles cantan, y lo hacen con poderosa voz en do sostenido mayor. Quienes mintieron para enriquecerse de manera astronómica lo han hecho con total impunidad, y para recordarles sus constantes falsedades, lo mejor es demostrar que por la boca muere el pez, algo tan simple como parece y mucho menos fácil de lo que cabría presumir. Por tanto, esta parte de la obra no es más de lo mismo, aunque lo aparente, sino que se expone a mayor abundamiento, a fin de que todos aquellos lectores cuya dosis de paciencia no esté colmada puedan confirmar en mayor medida que, por sorprendente que resulte, cuanto hemos expuesto cuenta con base documental abrumadora. Ha sido la innata prepotencia de los integrantes del Poder y sus adláteres, al desplegar sin el menor rubor su impunidad al servicio de sus latrocinios, quienes han dejado esculpida sus inquinidades.

Sin embargo, y sin la menor duda por nuestra parte, lo que ahora decimos no servirá, tampoco para que los integrantes del Poder enmudezcan y bajen la cabeza ante tan apabullante despliegue de referencias documentales y reconozcan los atropellos cometidos contra miles de accionistas y trabajadores de Banesto, las arcas públicas y todo cuanto se les ha puesto por delante. Cuando menos, nuestra innata ingenuidad nos lleva a pensar que el repertorio de datos reales que aportamos tendría que inquietar, cuando menos, a los salvapatrias mediáticos cuya actitud servil al servicio del Poder ha hecho hasta ahora un flaco servicio al Estado de Derecho y, sobre todo, a la libertad de expresión tan constantemente invocada.

EL GRAN TIMO DE LA ESTAMPITA

«Menos malo es el ladrón que el hombre que miente a todas horas, bien que ambos tendrán por herencia la perdición»

(ECLESIASTÉS)

Se engañó a los accionistas de Banesto: se les hizo creer que el banco había sufrido pérdidas por 577.923 millones de pesetas, lo que le situaba en quiebra técnica, pues su neto patrimonial (capital más reservas) era de 357.986.889.724 pesetas, y que para paliar este resultado, siempre y cuando aprobasen el plan de saneamiento como un todo, el FGD aportaría una subvención de 285.000 millones, lo que permitiría situar el nuevo neto patrimonial, después de resultados, en 65.063.761.600 pesetas, que dividido entre las 162.659.404 acciones en circulación iba a fijar el valor de la acción en 400 pesetas justas ¡Sin ningún decimal! ¡Qué casualidad, qué milagro financiero tan ajustado! Las pérdidas, producto de miles y miles de transacciones de signo adverso, venían a arrojar en el «caso Banesto» un resultado tan sumamente preciso que permitía valorar la acción en 400 pesetas mondas y lirondas. Cómo dicen los peritos Ramón Tamames y Gerardo Ortega en su informe, luego ratificado ante la Audiencia Nacional, «no hace falta tener grandes conocimientos matemáticos para saber que esa casualidad es imposible». Era el resultado de otra manipulación fraudulenta consistente en calcular el valor de la acción, no ya en función de las pérdidas, sino a la inversa: las pérdidas se fijaron en función del valor que arbitrariamente los depredadores quisieron asignar al título.

No se trataba sólo de que las pérdidas no mereciesen en absoluto tal calificación, pues, según reconoció el propio gobernador, eran reversibles por naturaleza, y por tanto, como exigen los artículos 38.1,c y 39.3 del Código de comercio, había que distinguir en el balance las realizadas e irreversibles de las potenciales o reversibles, a fin de que un dato de tanta trascendencia fuese conocido por los accionistas llamados a sufrir no sólo la desaparición de las reservas acumuladas durante tantos años por 244.000 millones, sino también una reducción de capital por 48.798 millones. Cuyos accionistas, sobre todo, iban a ser víctimas de una ampliación de capital en la que se les privaría del derecho de suscripción preferente y, por tanto, de las expectativas, más bien seguridades, de recuperar unas inexistentes pérdidas con las que se les castigaba de manera inmisericorde. El cálculo, por tanto, no fue el resultado de provisiones o correcciones valorativas asignadas de forma individualizada a los elementos del activo, sino que se hizo de forma globalizada y arbitraria, según reconoce la propia Inspección del Banco de España y lo denuncia expresamente el Tribunal de Cuentas, en la medida que pareció necesaria a los expoliadores para situar el valor de la acción en 400 pesetas justas y cabales.

En definitiva, se buscaba con tan burda maniobra privar a los antiguos accionistas del derecho de suscripción preferente sin modificar la Ley de Sociedades Anónimas, cuyo artículo 169.1 exigía respetar ese derecho en los casos de ampliación de capital tras su reducción a cero. El objetivo perseguido no era sólo sustituir a los administradores de la entidad, ni ayudar a un banco en crisis para paliar equitativamente sus efectos adversos. Lo que en verdad se perseguía era «el cambio del accionariado», era apoderarse abruptamente del banco.

El Banco Santander adquirió finalmente 381.680.000 acciones de Banesto, representativas del 62,30% de su capital social, por 286.131 millones de pesetas, lo que suponía valorar el 100% del banco en 459.069 millones. El fabuloso negocio ha quedado de manifiesto en la opa del Santander sobre las acciones de Banesto formulada en el primer trimestre de 1998, en la que se valoró cada acción en 1.975 pesetas. Un valor que habían certificado como efectivo los administradores de la entidad opante, entre ellos Alfredo Sáenz Abad, los auditores externos, el banco de negocios norteamericano Goldman Sachs y la entidad independiente de valoración Peat Marwick Auditores, ésta nombrada por el Registro Mercantil. Como Banesto tenía 612,66 millones de acciones, esa valoración realizada por tan prestigiosas entidades significa que el valor total efectivo del banco ascendía en 31 de diciembre de 1997 (fecha de referencia) a un billón doscientos diez mil millones de pesetas, un valor que no podía deberse en modo alguno a las ayudas del Fondo. La recuperación de Banesto está más próxima al milagro que a la gestión de sus nuevos administradores; el descomunal «agujero» no existía o se exageró enormemente; las ayudas del Fondo, prestadas con dinero público, eran innecesarias de todo punto; las provisiones «mínimas imprescindibles», que formaban la mayor parte del «agujero», eran sobre todo provisiones «reversibles»… En suma, el Santander, que adquirió el control de Banesto haciéndose con un 62,30% de su capital por 286.131 millones de pesetas, realizó un fabuloso negocio gracias a la intervención decretada por el Banco de España en detrimento de los antiguos accionistas.

¿Quién puede decir todo esto con la mayor autoridad? Pues lo ha dicho el mismísimo presidente del banco cántabro. Emilio Botín, al dirigirse a la junta de accionistas del Santander el 21 de marzo de 1998, manifestó expresamente en su discurso:

«Los últimos doce meses han sido muy positivos para el grupo y quiero comenzar subrayando lo que para nosotros es lo más importante: el valor que en este período hemos creado para nuestros accionistas.

Cuando en marzo de 1997 me dirigía a ustedes, la acción del Santander cotizaba a 3.250 pesetas y la capitalización del Grupo se situaba en los 1,5 billones de pesetas.

Hoy, un año después, la acción del Banco cotizaba en la apertura de esta semana a 7.220 pesetas y nuestro valor de capitalización, contando con la operación Banesto de que luego hablaré, se sitúa en 4,1 billones.

Valemos 2 billones de pesetas más que hace un año».

A pesar de su triunfalismo, Botín no dejó de apuntar en su intervención ante la junta un leve matiz de modestia, ya que la diferencia de capitalización a que aludía era, en realidad, de 2,6 billones, según las cifras que el eminente banquero acababa de citar (4,1 y 1,5 billones, respectivamente), pero, según parece, el hombre no quería alardear en exceso y despreció nada menos que 600.000 millones de pesetas. Al fin y al cabo, venía a tratarse de decimales, ¿y qué son los decimales, con 600.000 millones, para uno de los personajes más ricos del mundo? Lo que no le impidió reconocer que tal prodigio financiero, de mucha más envergadura que la multiplicación evangélica de los panes y los peces, se había conseguido «contando con la operación Banesto».

La crisis de Banesto no es propiamente la crisis de esta entidad bancaria, sino la de sus accionistas, que han sufrido una arbitraria e inconstitucional expropiación sin recibir el justiprecio adecuado, y de los miles de trabajadores que se han ido a la calle echados con malas artes por los nuevos administradores, sin que los sindicatos hayan dicho ni media palabra. Es evidente que, con motivo de la intervención de Banesto, en las cajas del banco presuntamente en crisis ingresaron 465.000 millones de pesetas. Pues bien, ¿cuánto pagó el Santander por el 62,30% de las acciones? 286.000 millones. ¿Cuánto representaba entonces el 62,30% de esos 465.000 millones en dinero público? Prácticamente lo mismo: 289.500 millones. El Santander, por tanto, no pagó nada; el verdadero precio de las acciones de Banesto lo pagamos entre todos los españoles con dinero público, un dinero regalado al Santander por el tremendo esfuerzo de presentar en el Banco de España una plica sin firma. Y, además, se apoderó de la red de sucursales bancarias más completa del país, como ha señalado el vicepresidente de JP Morgan al declarar ante la Sala. En suma, se alzó con el inmenso valor de Banesto, que el propio Banco Santander, con ocasión de su opa, ha cifrado —como hemos visto— en un billón doscientos dieciocho mil millones.

En la intervención de Banesto, dirigida y ejecutada por la «autoridad» monetaria, no se ha perseguido en realidad la protección de los accionistas, los depositantes o el interés público, sino la consecución de un beneficio exorbitante para el Santander y los coautores, cooperadores y encubridores de la tropelía. No es necesario que nos devanemos los sesos para entender que el verdadero origen del «caso Banesto» radica en quienes han urdido la intervención para buscar, entre otros fines en los que preferimos no entrar, un inmenso beneficio económico y la impunidad más absoluta en el abordaje del viejo galeón.

EL QUE HACE LA LEY…

«No hay nada más justo que esto: el que origine la destrucción perezca en ella»

(OVIDIO)

Conviene hacer alguna referencia complementaria a la inconcebible modificación de la normativa entonces en vigor puesta en práctica con toda urgencia para que pudiera consumarse el expolio de Banesto. Esta chapuza pseudojurídica se llevó a efecto mediante el Real Decreto 437/1994, publicado en el BOE del día 15, es decir, después de estar convocada la junta general de Banesto y once días antes de su celebración. La finalidad de la disposición consistía, de un lado, en modificar la normativa en vigor para que el FGD pudiera suscribir la ampliación de capital sin dar previamente a los accionistas del banco la oportunidad de ejercer el derecho de suscripción preferente reconocido por la ley, y, de otro lado, permitir que el futuro adquirente de las acciones no tuviese que formular una opa y se hiciera con la mayoría del capital de Banesto sin necesidad de soportar otras posibles ofertas competidoras que pudieran formular los bancos nacionales y los demás comunitarios. En una palabra, se cambiaron a toda prisa las normas aplicables en la materia para excluir radicalmente la participación de los antiguos accionistas en la ampliación de capital, permitir que el Fondo se hiciera con la mayoría absoluta y facilitar la toma de control por el banco que llegara a adjudicarse esa mayoría. O dicho más directamente, se alteró de manera esencial el marco normativo para facilitar el cambio del accionariado de Banesto en beneficio ilegítimo del Banco Santander.

Para tratar este punto con la debida objetividad, conviene retroceder a la época inmediatamente posterior a la intervención de Banesto. Recordemos que el 28 de febrero de 1994 el Banco de España notificó al presidente provisional nombrado por el propio banco emisor que su Consejo Ejecutivo había acordado conminar a Banesto para el restablecimiento de la situación patrimonial. La conminación aludía a un informe emitido por Price Waterhouse el 24 de enero de 1994, en el que estimaba las provisiones y los saneamientos en 605.000 millones de pesetas, y que el órgano de administración provisional había sometido al Banco de España una propuesta, fechada el 11 de febrero siguiente, que, elevada al Gobierno, fue aprobada con envidiable diligencia. El escrito de conminación informaba también de que el FGD había ofrecido una ayuda para saneamientos por 285.000 millones, más un préstamo «blando» de 315.000 millones a cuatro años o fórmula financiera equivalente, así como la suscripción de una ampliación de capital por 180.000 millones, condicionada a la previa aplicación de las reservas sociales para absorber pérdidas, a la reducción del capital en 48.797.821.200 pesetas con la misma finalidad y a que la Junta general acordase la ampliación mencionada con exclusión total, sin contraprestación alguna, del derecho de suscripción preferente de los accionistas. La conminación puntualizaba que el plan de saneamiento «constituye un todo indivisible, de tal forma que no podrá adoptarse ninguna de las medidas acordadas aisladamente ni aceptarse decisiones de los órganos del Banco que alteren o condicionen la unitaria aplicación del plan de saneamiento». El requerimiento finalizó con una referencia al artículo 57 bis, apartado 1 e, de la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946, y la prevención de que en «caso de no adoptarse las medidas a que se refiere el presente requerimiento …, el Banco de España podrá efectuar la propuesta a que se refiere el mismo», lo que, en otras palabras, supondría retirar a Banesto la autorización como entidad bancaria, con la liquidación consiguiente de la entidad. La conminación del Banco de España no fue comunicada individualmente o por edictos a los accionistas de Banesto, a quienes afectaba de manera tan directa, ni tampoco a la CNMV. El Banco emisor la notificó exclusivamente al presidente del órgano provisional de administración del banco intervenido, es decir, a su propio agente y representante. La aprobación del plan de saneamiento por la junta general fue un…, (¿cómo diríamos para no herir susceptibilidades?), fue un «artilugio mercantil» sumamente peculiar, puesto que los administradores provisionales se abstuvieron de elaborar cualquier propuesta alternativa, limitándose a formular el plan, en los términos recogidos en la propia «conminación» del Banco de España, que se había aprobado por el FGD el 25 de febrero de 1994, lo que les permitió convocar la junta general para el 26 de marzo siguiente.

La regulación que regía hasta entonces se compendiaba en el Real Decreto 567/1980, de 28 de marzo de 1980, cuyo artículo 6º establecía que las ampliaciones de capital sólo podrían suscribirse por el FGD subsidiariamente si no eran cubiertas por los accionistas, lo que impedía al Fondo acudir a una ampliación de cualquier entidad de crédito sin dar antes a sus socios la oportunidad de hacerlo. Y, como ocurre en el caso de las entidades bancarias, si las acciones cotizaban en Bolsa, la suscripción era susceptible de ser cubierto por el mercado de capitales en general, incluidas otras entidades de la competencia, en la medida que los derechos de suscripción preferentes en las ampliaciones eran y son negociables. Dicha normativa, por tanto, establecía esa actuación del FGD con carácter exclusivamente supletorio de los accionistas de Banesto y del mercado en general, en cumplimiento de su función para sanear y recapitalizar bancos privados. Sin embargo, tanto el plan de saneamiento de Banesto como la conminación del Banco de España exigían la renuncia al derecho de suscripción preferente y la suscripción de la ampliación de capital por el FGD, por lo que en el corto espacio de tiempo que medió entre la convocatoria de la junta general de accionistas de Banesto y su celebración se modificaron sustancialmente las normas en un doble sentido. En primer lugar, la reforma afectó a las normas reguladoras del funcionamiento del FGD para que su posible participación en las ampliaciones de capital de los bancos en crisis dejara de ser subsidiaria, es decir, limitada a los casos en que los accionistas de la entidad no cubrieran la ampliación, de forma que el Fondo pudiese acudir a esas ampliaciones previa exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, lo que se hizo, como hemos dicho, mediante la promulgación del Real Decreto 437/1994. Y al mismo tiempo, se modificó la normativa concerniente a las ofertas públicas de adquisición de acciones (las famosas opas, que escribimos así, con minúsculas, que es como debe hacerse), para hacer factible que un futuro adquirente de las acciones que pudiera suscribir el FGD no tuviese que promover cualquier iniciativa financiera de esa naturaleza. Con ello se hacía posible que un solo banco tomara la mayoría del capital de Banesto sin que a otros bancos de la competencia se les permitiera formular las llamadas opas competidoras. El Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio de 1991, constituía la regulación vigente en materia de opas cuando se produjeron los hechos. Su artículo 4º únicamente excluía de la obligación de formular una opa a las adquisiciones realizadas por el FGD, pero no a las ventas posteriores a terceros por parte de dicho organismo. Sin embargo, el mencionado Real Decreto 437/1994, publicado, como hemos dicho, después de convocarse la junta general de Banesto y antes de su celebración, modifica la normativa para que el Fondo pudiera vender a terceros las acciones sin que nadie estuviese legitimado para formular cualquier oferta pública.

Pues bien, el Fiscal del Tribunal de Cuentas del Reino, en la página 5 del informe emitido dentro del procedimiento de fiscalización que se siguió al FGD, ha denunciado la aprobación de normas particulares para cada caso, entre ellas las arbitradas ad hoc para que en la ampliación de capital de Banesto pudiera excluirse el derecho de suscripción preferente de los accionistas, «decisión que no se halla respaldada por la normativa del Fondo». Ya hemos aludido también a que el propio Tribunal de Cuentas, máximo órgano de control financiero de los entes públicos, incluyó la misma denuncia en su informe de fiscalización del FGD formulado el 29 de julio de 1998 y publicado en el BOE el 18 de junio de 1999. Estas modificaciones legislativas permitieron que el Fondo suscribiera fraudulentamente la ampliación de capital de Banesto sin que sus accionistas pudieran ejercer el derecho de suscripción preferente que la ley les concedía, e hizo posible también que el Banco Santander se adjudicara tan ricamente las acciones, sin necesidad de formular la opa que hubieran podido mejorar otros bancos españoles y comunitarios. ¿Para qué tanto engorro de opas y de normas jurídicas aplicables? El Poder está excluido de tanto enredo, y si hace falta se modifica la ley, y a otra cosa, mariposa. ¿Será por champán?

Para completar el cuadro, los administradores provisionales de Banesto, al recabar la delegación del voto de los accionistas, tampoco les informaron de la conminación del Banco de España ni de los acuerdos adoptados por la comisión gestora del Fondo, por lo que delegaron su voto en dichos agentes del banco emisor a su solicitud, pero sin haber podido conocer en tiempo y forma la existencia y el contenido de los acuerdos. Ni, por supuesto, la doble condición de administradores e interventores que concurría en los agentes del Banco de España cuando solicitaron su voto. Por tanto, los administradores provisionales pudieron celebrar la junta general, a la que concurrieron con la doble condición de mandatarios de más del 70% de los votos de los accionistas, a los que habían ocultado información esencial, y de interventores del Banco de España, con facultad para vetar los acuerdos que adoptara la junta. De una forma tan irregular y chapucera se celebró la asamblea, en la que los administradores provisionales (que seguían siendo meros agentes del Banco de España) adoptaron los acuerdos que ellos mismos habían elaborado y propuesto, incluida la supresión del derecho de suscripción preferente. Ellos se lo guisaron y se lo comieron, nunca mejor empleada la coloquial expresión habida cuenta del sustancioso bocado engullido por los nuevos administradores con la dádiva que les otorgó Emilio Botín por su actuación (¿cómo diríamos también con ánimo benévolo?), por su actuación «altruista».

En resumen, el FGD, entidad de derecho público controlada por el Banco de España, pudo suscribir íntegramente la ampliación de capital, de la que se había excluido a los accionistas del banco en los tristísimos términos que hemos descrito sucintamente.

Pero las irregularidades no terminaron con el llanto y el crujir de dientes de los antiguos accionistas arrojados a las tinieblas exteriores. La realidad es que el Banco de España incluso financió al Fondo la suscripción de la ampliación de capital de Banesto, con manifiesta infracción de las normas nacionales y comunitarias. Veámoslo de la manera más breve posible. La prohibición de financiación del FGD por el Banco de España, contenida tanto en la legislación española como en el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, se menciona con detalle en el apartado I. 2 del informe sobre fiscalización del Fondo emitido por el Tribunal de Cuentas del Reino con fecha 29 de julio de 1998. Porque, a pesar de resultar contrario a la normativa comunitaria y nacional, el Banco de España no dudó en financiar indebidamente al Fondo para que pudiera consumar su ilícita actuación en el «caso Banesto», lo que se recoge en la conclusión 9ª de dicho informe.

Digamos ver tanto el carácter público del Fondo como de los caudales que administra resultan plenamente corroborados por el hecho de que ese organismo está sujeto a fiscalización del Tribunal de Cuentas. El propio informe de fiscalización del Fondo cita en su preámbulo, como marco de referencia, los artículos 2.a) y 9 de la Ley Orgánica 2/1982 para corroborar ese carácter público.

Conforme a la normativa reguladora, la financiación del Fondo procedía, a partes iguales, de las aportaciones de los bancos que lo integraban y del Banco de España, conforme al artículo 1.3 del citado Real Decreto-Ley.

Además, los Reales Decretos 567/1980, de 28 de marzo, y 1620/1981, de 13 de julio, habían previsto la concesión de anticipos del Banco de España al FGD, con o sin interés, y la supresión del límite a esta financiación. Pero el artículo 51 de la Ley 21/1993, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994, al dar nueva redacción al artículo 101 de la Ley General Presupuestaria, prohibió la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de crédito por el Banco de España al Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales o cualquiera de los organismos o entidades —entre ellos los de derecho público— a que se refiere el artículo 104 del Tratado de Roma, según la redacción dada por el Tratado de la Unión de 7 de febrero de 1992 (así lo reconoce el propio Tribunal de Cuentas en el apartado 1.2 de su informe de fiscalización). En la Exposición de Motivos de la citada Ley de Presupuestos se aclaraba:

«En el Título V de la Ley se incorpora una novedad de sustancial importancia, justificada, (…) por venir requerida por los perentorios plazos impuestos por el Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992. Tal novedad no es otra que la transposición a nuestro derecho de la norma comunitaria que prohibe al sector público apelar al crédito del Banco de España»

El Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992 fue ratificado por el Reino de España mediante Instrumento de 29 de diciembre de 1992 que se publicó en el BOE el 13 de enero de 1994, momento a partir del cual forma parte de nuestro derecho interno, según el artículo 96 de la Constitución. Conforme a la versión española, el artículo 104.1 del Tratado establece:

«1. Queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros (denominados en lo sucesivo «bancos centrales nacionales»), en favor de instituciones u organismos comunitarios, Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales, u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el BCE o los bancos centrales nacionales».

Pues bien, para burlar esta prohibición, el FGD, en cooperación con el Banco de España y en obvia concertación con los Bancos Santander, Central-Hispano, Bilbao-Vizcaya y Argentaría (ésta a través del Banco Exterior de España y de Caja Postal), efectuaron dos emisiones de deuda a cargo del FGD, la segunda de las cuales, en un cortísimo plazo, serviría para amortizar la primera que databa de marzo del 94. Una deuda del Fondo (que, como hemos visto, no podía financiarse mediante deuda pública) que el Ministerio de Economía y Hacienda no dudó en calificar precisamente de deuda pública para introducirla como tal en la Central de Anotaciones de Deuda Pública, lo que se hizo a instancias del Banco de España (apartado II. 3 f del informe del Tribunal de Cuentas).

Seguidamente, se «colocó» la deuda —y usamos la propia terminología del informe del Tribunal— «entre los Bancos [los ya citados Santander, Central-Hispano, Bilbao-Vizcaya y Argentaria] que participaron en la negociación [sic] del Plan de Saneamiento» [de Banesto], De ahí que, según el Tribunal de Cuentas, la justificación facilitada por el Banco de España a una restricción tan singular de esa suscripción limitada «no se estima razón suficiente» (párrafo sexto del apartado II. 3 f del informe). Y para consumar la infracción manifiesta de las prohibiciones legales, con el descaro habitual en los depredadores, la deuda del FGD, transmutada en deuda del Estado mediante su incorporación a la Central de Anotaciones, fue adquirida sin solución de continuidad por el Banco de España. El citado informe (penúltimo párrafo del apartado II. 3 f) dice literalmente:

«Se ha comprobado que, el mismo día del desembolso de la emisión, el Banco de España adquirió temporalmente [recordemos la prohibición de descubiertos, etc.] a los Bancos suscriptores [es decir, a los que participaron en la negociación del Plan de Saneamiento de Banesto] el 87,6% de los títulos emitidos. Así, del total emitido, 445.000 millones de ptas., el Banco de España mantenía mediante operaciones temporales, a 31 de diciembre de 1994, 325.950 millones de ptas., lo que representaba el 73% del total en circulación. Desde la fecha de la emisión del FGDEB [el Fondo], el 3 de junio de 1994, el Banco de España mantuvo un saldo medio en operaciones temporales, «repo», simultáneas y subastas, con estos títulos de 388.290 millones de ptas». [el 87,25%].

Con esta maniobra, urdida entre el Fondo, el Banco de España, el Ministerio de Economía y Hacienda y el restringido grupo de bancos españoles intervinientes «en la negociación del plan de saneamiento» de Banesto, se consumó la burla del artículo 104 del Tratado de la Unión Europea. Está claro con este botón de muestra que los gestores de tan prestigiosas entidades públicas han demostrado una profunda vocación europeísta, un título más para que el gobernador Luis Ángel Rojo, hasta su cese en el cargo, haya ocupado con la mayor dignidad su cualificada poltrona en el consejo del Banco Central Europeo.

En suma, usando como pantalla al elitista club de bancos privados que «negociaron» con alevosía y nocturnidad el plan de saneamiento de Banesto, su antiguo competidor, las autoridades españolas intervinientes en el proceso, que ya de por sí adolecía de falta de trasparencia en cuanto a la justificación y la cuantía de las ayudas estatales, infringieron con el mayor descaro el artículo 104 del Tratado de la Unión, para dificultar todavía más la comprensión y la evaluación de lo realmente acontecido en el «caso Banesto».

Creemos que esta somera exposición, inevitablemente árida, por lo que pedimos perdón una vez más, resulta explícita sobre lo sucedido. Pero si quedara alguna duda sobre el carácter público de los fondos entregados por las autoridades españolas, el entonces Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira, en su comparecencia ante la Comisión para el estudio sobre la intervención de Banesto creada en el Congreso de los Diputados, reconoció expresamente que se habían empleado fondos públicos en el saneamiento de la entidad. El Diario de Sesiones del día 15 de marzo de 1994 (página 4611) recoge las siguientes manifestaciones del ministro:

«Señor Homs, usted me pregunta cuál es la aportación financiera final; ha dicho también que no queda claro. Yo creo que está bastante claro; a veces me da la impresión de que no se quiere entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de tres cifras totalmente distintas. Primero, hay unos problemas de saneamiento que acarrearán unas pérdidas de 285.000 millones de pesetas. Esos 285.000 millones de pesetas serán financiados por el Fondo de Garantía de Depósitos. En consecuencia, en un sistema de financiación al 50-50, quiere decir que el Estado aportará 142.500 millones de pesetas y el sector privado aportará una cantidad equivalente.

Segundo punto. El Fondo realizará también una aportación de 40.000 millones de pesetas para los 315.000 millones de pesetas necesarios para el funcionamiento normal de Banesto durante un período de cuatro años. Dadas las características del crédito, que, aunque son cuatro años, son equivalentes a dos, funcionando a partir del mes de enero, hace que estemos ya hablando de unos intereses de 40.000 millones de pesetas. Esta cantidad será también financiada por el Fondo de Garantía de Depósitos y, por lo tanto, estamos hablando de 142.500 más 20.000, 162.500 millones de pesetas».

También puede verse en el Diario de Sesiones (página 4610) que las injustificadas, ilegales y prevaricadoras exenciones tributarias concedidas a Banesto eran conocidas por el Gobierno cuando se otorgaron las ayudas públicas, lo que los gobernantes de turno cuidaron de ocultar por entero al propio Parlamento:

«Las medidas legislativas complementarias y el problema del cumplimiento de las normas de la Unión Económica y Monetaria. Yo diría que la Unión Europea nos plantea dos problemas en el asunto BANESTO. Primer problema. Se ha repetido aquí hasta la saciedad: ¿Pueden acceder o no pueden acceder establecimientos bancarios con residencia en la Unión Europea? Evidentemente, no podemos discriminar y, en consecuencia, por esa vía, hay que aceptar que los establecimientos bancarios, los establecimientos financieros que en estos momentos cumplan las condiciones fijadas por el Banco de España para la subasta, sin duda podrán concurrir a ella. Segundo punto, ¿son posibles o no las medidas públicas en este caso? A diferencia de otro tipo de ayudas públicas que están prohibidas como norma general, excepto cuando están permitidas o aceptadas de forma excepcional por la Comisión, en el caso del sistema financiero hay la posibilidad, de acuerdo con la legislación comunitaria, de poner en marcha ayudas que permitan, con un control prudencial, mantener la sanidad financiera de ciertas instituciones. En ese sentido, no hay ningún problema. Es cierto que la Comisión de Bruselas nos ha pedido información sobre el plan de saneamiento y sobre lo que estamos haciendo; nos ha pedido exactamente conocer qué tipo de ayuda se está planteando, hay algunas que son posibles y otras que no lo son; y, desde luego, el tipo de ayudas que en este momento estamos planteando creemos que son perfectamente compatibles con la Comunidad».

Además, el carácter jurídico-público de las ayudas también se reconoce en el dictamen de la citada Comisión parlamentaria (página 6), publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 20 de diciembre de 1994:

«En cuanto a las actuaciones de los Organismos e Instituciones públicas, dirigidas a la normalización y a la subasta de Banesto producida el 25 de abril de 1994, la Comisión, como ya señaló en su Declaración aprobada por unanimidad el 1 de junio de 1994, valora positivamente el proceso seguido por su transparencia, celeridad y eficacia y al que la actuación de esta Comisión ha contribuido activamente. Un proceso que puso de manifiesto la idoneidad de un marco legislativo que atenúa los inasumibles correctivos que impondría el mecanismo del mercado, así como la solidez del sistema financiero español y afianzó la credibilidad y el prestigio del Banco de España. De forma especial, conviene resaltar que la eficacia de todo el proceso consiguió reducir considerablemente el coste de la crisis para el conjunto de la sociedad española, habiendo supuesto una aportación de fondos públicos de 96.000 millones de pesetas, tras un quebranto patrimonial de 605.000».

HACIENDA NO SOMOS TODOS

«Que la hacienda de tu prójimo te sea tan querida como la tuya»

(TALMUD)

Apartado éste que bien podría titularse «la gran evasión», haciendo referencia expresa al artículo 133 de la Constitución Española, según el cual todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley.

Una de las grandes vergüenzas del «caso Banesto» no ha sido sólo que los beneficiarios de la dádiva otorgada por el Santander (más de seis millones de acciones), esto es, Sáenz Abad y demás soldados de fortuna, no hayan pagado sus impuestos como hacen los «currantes» de a pié, sino que el propio Banesto, ya en manos de Botín, tampoco ha ingresado en Hacienda lo que correspondía por las innecesarias ayudas públicas concedidas. Y luego dice la ministra de Sanidad, con su elocuencia característica, que no hay dinero para aliviar las listas de espera. La cifra es tan exorbitante que marea: 285.000 millones de pesetas de subvención del FGD que, al 35% del Impuesto sobre Sociedades, suponen una cuota tributaria en 1994 de más de 50.000 millones. Una suma enorme, incluso en euros. Es enorme hasta en dólares. Así que el caso, según decíamos, puede merecidamente titularse, «la gran evasión». Claro que aquí, a diferencia de lo que pasa en la famosa película, no hay signo alguno de que los guardianes de los impuestos hayan movido un solo dedo para capturar a los evasores y recuperar el dinero defraudado. Más bien las evidencias (en seguida hablaremos de las supuestas «consultas» tributarias) llevan a que abrieron las puertas de par en par. Y ahí siguen abiertas… ¿Lo entiende usted, amable lector? Nosotros, no.

Por extraño que parezca, el asunto no es complicado de ver ni de entender. El artículo 12 de la anterior Ley del Impuesto sobre Sociedades establecía que las subvenciones formaban parte de la base imponible de dicho tributo. No hay interpretación posible en contrario: las subvenciones hay que incluirlas como un ingreso más. Y cualquiera que lea la memoria del Banesto de 1994 (el de Botín) puede comprobar, no sin asombro, y concretamente en la nota 30, la calificación de los 285.000 millones de pesetas recibidos del Fondo de Garantía de Depósitos como una subvención, lo que es. Ninguna duda albergaban los autores de la memoria, ninguna duda albergaron tampoco sus auditores externos, los inefables «arturos», que tanto han participado en esta gran «merienda de negros» en que ha consistido la intervención de Banesto.

En la página 53, párrafo 2º, del Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la actuación del FGD en la intervención de Banesto, puede leerse:

«El procedimiento aplicado para la materialización de las ayudas fue propuesto por Banesto en atención, según manifestaciones de su Presidente, a consideraciones de carácter fiscal, de manera que la aportación de 285.000 millones de ptas. Por el FGDEB tuviera la mínima carga fiscal en las cuentas del ejercicio 1994 del Banco. De acuerdo con lo expresado en el punto segundo de la Memoria correspondiente al ejercicio de 1994 de Banesto, la diferencia entre el precio de venta y de recompra posterior —285.000 millones de ptas. que correspondían a las provisiones existentes sobre dichos activos en el Banco a 31 de diciembre de 1993 y que quedaron liberadas— se ha registrado durante el ejercicio 1994 con abono a los capítulos de resultados de ejercicios anteriores y reservas del balance de situación, señalando los administradores en la Memoria que, prevaleciendo el principio de imagen fiel, la ayuda recibida del Fondo tenía por objeto compensar las pérdidas que se produjeron en el Banco en 1993».

En las páginas 54 y 55 del Informe se dice:

«En la documentación analizada se ha podido verificar la existencia de una carta del Secretario del Órgano de Administración de Banesto dirigida al Fondo, en la que se comunicó que, dado que las referidas operaciones no producían un verdadero cambio de control sobre las sociedades cuyas acciones fueron objeto de venta y ulterior recompra —pues su finalidad era la materialización de las ayudas financieras—…»

Y en la conclusión 8ª (página 169 del Informe) puede también leerse:

«El proceso de adquisición de activos por el Fondo y su posterior venta a Banesto tuvo carácter instrumental para la materialización de una ayuda de 285.000 millones de ptas… (…) En todo caso, la pérdida total asumida no excedió el importe comprometido en el pliego de condiciones como ayuda global».

Es decir, que el Banesto intervenido, con la complicidad de las autoridades financieras y de los auditores, simuló fraudulentamente determinados negocios jurídicos para evadir el pago del Impuesto sobre Sociedades. Dicho en román paladino: mediante un tinglado de ficticias ventas y simultáneas recompras de préstamos, créditos y valores, el Banesto intervenido evadió tributar por lo realmente acontecido: la obtención de una subvención pública por importe de 285.000 millones de pesetas. Lo que contablemente se considera y trata como subvención (puede verse lo que se dice en la memoria de 1994 acerca del reflejo de la «imagen fiel» de los resultados de la entidad) y se evade fiscalmente en la declaración del Impuesto sobre Sociedades como diferenciales de precios de unas fingidas compraventas y cesiones de créditos, en las que el supuesto transmitente que simultáneamente recompra (Banesto) ni siquiera pierde, según pone de relieve el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, el control de lo que aparentemente transmite. ¿Cómo es posible que se consideren reales estas operaciones? ¿Es que, por ejemplo, en lo que a valores mobiliarios cotizados se refiere, la CNMV no atiende a la realidad económica? ¿Es que puede saltarse olímpicamente el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores? Y si fueron reales las transmisiones, ¿por qué no se formularon entonces las opas correspondientes?

Si, como se dice en el Informe citado, el Banesto intervenido nunca perdió el control de lo «vendido», es que nunca hubo transmisión de nada: el tinglado utilizado por Banesto en 1994 tuvo «carácter instrumental», y lo que con el se perseguía era burlar que el ingreso de la subvención se tratara en el Impuesto sobre Sociedades de acuerdo a lo que realmente era. Nada importó, naturalmente, incurrir en los consiguientes gastos notariales para lesionar al Tesoro Público. Al fin y al cabo, todo se hacía con su dinero. Era «gratis total».

Cuando Jesús Cacho denunció oportunamente la gran evasión, se divulgó en los medios que los soldados de fortuna al frente del Banesto de Botín poseían, a modo de trofeo, una consulta «vinculante» contestada por el Ministerio de Economía y Hacienda que, supuestamente, autorizaba semejante desafuero, lo que no creemos, porque, de ser cierto, sería el colmo de los colmos prevaricadores. Y desde luego no arreglaría nada. Además, semejante dislate sería muy difícil de explicar por las autoridades implicadas (aunque ya sabemos que, por ejemplo, Pedro Solbes no tiene empacho en sostener, según sea aquí o en la Unión Europea, que una cosa puede ser blanca o negra según convenga). Porque resulta obvio que un comportamiento defraudatorio de la índole descrita nunca podría tener cobertura en una respuesta de la Administración Pública que pueda tildarse de decente. Esta no puede dar por las buenas «beneficios fiscales», que están reservados a las leyes (¿o sí puede hacerlo, aunque no deba?). No obstante, detengámonos brevemente en la supuesta consulta, en el trofeo tributario de los sátrapas del Banesto intervenido (por cierto ahora imputados ellos mismos por posibles delitos fiscales). Si la consulta estuvo correctamente formulada, lo menos que podría pasar, y la ley así lo autoriza —y, a juicio de quien esto escribe, lo impone—, es la exigencia a Banesto de la cuota tributaria evadida y los correspondientes intereses de demora (véase el artículo 107 de la Ley General Tributaria en su redacción de entonces). Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de la exigencia de las eventuales responsabilidades de todo orden a la autoridad o el funcionario público concedente, por importante que fuese su rango, que tan irregularmente actuó al proporcionar una respuesta positiva a dicha consulta. Entonces el director general de Tributos era Eduardo Abril, un antiguo miembro del despacho Uría & Menéndez. ¿Les suena a ustedes de algo este despacho? Si como es más razonable (¿o no?) la consulta de Banesto ni siquiera se formuló o no se hizo correctamente (ocultando la verdadera realidad de lo acontecido o los extremos esenciales), en tal supuesto sería inevitable la imposición de sanciones, incluidas las penales, a todos cuantos participaron en la articulación de un montaje tan lesivo para los intereses del Tesoro Público, a la par que afrentoso para los millones de contribuyentes que cumplen sin rechistar sus deberes fiscales.

Recordaremos de nuevo que el 25 de febrero de 1994 la comisión gestora del FGD acordó conceder a Banesto una subvención a fondo perdido de 285.000 millones de pesetas. Los nuevos administradores se «olvidaron» de que la Ley del impuesto de sociedades vigente en aquella época (Ley 61/78, de 27 de diciembre de 1978) disponía en su artículo 12 algo tan claro como esto: «Tendrán la consideración de ingresos computables:… d) Las subvenciones, cualquiera que sea su clase». Porque aunque parezca incomprensible, sobre todo a los ciudadanos de a pie, obligados a pagar al Fisco hasta el último céntimo de sus impuestos en tiempo y forma, los administradores de Banesto enmascararon la subvención mediante la simulación de una «venta» y la simultánea «recompra» de activos supuestamente «dañados». La escenificación tuvo lugar —como sabemos— mediante una escritura pública en la que Banesto «vendía» supuestamente al FGD préstamos, créditos y valores mobiliarios que, en unidad de acto y en la misma escritura, «recompraba» a un precio notablemente inferior, en muchos casos por una peseta. Tras este ejercicio de prestidigitación, el resultado final consistió en que, mediante el verdadero negocio subyacente, Banesto seguía siendo el dueño o titular de los valores y créditos «vendidos», después de incorporar a su patrimonio los 285.000 millones de pesetas a que ascendía la subvención pública concedida por el FGD. En resumen, los otorgantes de la escritura notarial no dudaron en falsear la realidad de la subvención con el propósito de evitar su cómputo como ingreso, a efectos de su tributación en el impuesto sobre sociedades a liquidar por Banesto en el ejercicio 1994. No era más que un artificio integrado por operaciones simuladas para evadir la carga fiscal, con lo que el banco infringió el artículo 25 de la Ley General Tributaria, que proscribe los negocios simulados en fraude de ley fiscal. Resultaba indiscutible que la cantidad entregada por el Fondo era una auténtica subvención. Tan indiscutible que el propio Banesto tituló inequívocamente la partida como «subvención» en su memoria del ejercicio 1994, tanto en la nota 24, relativa a «Reservas, Primas de Emisión, Resultados de Ejercicios Anteriores, Reservas en Sociedades Consolidadas y Pérdidas en Sociedades Consolidadas», como en la nota 30, relativa al «Cuadro de Financiación-Origen de Fondos».

La gigantesca defraudación a la Hacienda Pública fue denunciada a la Agencia Tributaria por Javier Sainz Moreno, profesor titular de Derecho financiero y tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, quien, entre julio de 1997 y marzo de 1998, presentó cuatro denuncias relacionadas con este asunto y con la transmisión de activos supuestamente dañados a SCI Gestión. En la primera de estas denuncias, presentada el 30 de julio de 1997, el profesor Sainz Moreno, tras describir la simulación de la subvención bajo la forma de unas ventas y compras simultáneas, decía que el banco, en contradicción con la calificación que como subvención había hecho en su memoria del ejercicio 1994, y con vulneración del artículo 12 de la Ley del impuesto sobre sociedades entonces vigente y del artículo 25 de la Ley General Tributaria, había omitido dolosamente en su declaración del ejercicio 1994 el cómputo como ingreso de la subvención mencionada. La única base imponible negativa compensable de Banesto de ejercicios anteriores era la correspondiente al ejercicio 1993, cuyo importe se había cifrado en 137.206 millones de pesetas. En el ejercicio 1994, aunque había declarado una base imponible negativa de 40.723 millones, en esta cifra no se comprendía el ingreso de la subvención percibida por del Fondo. De haberse incluido, como preceptuaba la ley, la base del impuesto de sociedades en 1994 pasaría a ser positiva por un importe de 244.277 millones. Y si le restamos la única base imponible compensable, es decir, la negativa del ejercicio 1993 por importe de 137.206 millones de pesetas, aún queda una base imponible positiva en el ejercicio 1994 por una cuantía de 107.251 millones de pesetas que, al tipo del 35%, arroja una cuota defraudada de 37.537,85 millones.

En resumen, según la denuncia, Banesto simuló fiscalmente unas «ventas» y «recompras» ficticias de «activos dañados» y formuló su declaración del ejercicio 1994 sin reflejar la subvención, perjudicando con ello a las Haciendas Públicas estatal y forales en más de 37.500 millones de pesetas. Y pudiera haber incurrido también en infracciones relativas a otros tributos, tales como el impuesto sobre actos jurídicos documentados, en el supuesto de préstamos y créditos hipotecarios, y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, en el caso de transmisión de acciones que proporcionaran el dominio de sociedades cuyo activo estuviera compuesto en más de un 50% por bienes inmuebles.

A la propia gravedad de estas cifras se añadía que los hechos presuntamente fraudulentos se habían ejecutado en el ejercicio de funciones públicas por administradores provisionales designados por el Banco de España, y que el esquema defraudatorio se había articulado con la directa intervención de funcionarios pertenecientes a una entidad de derecho público, el FGD.

La segunda denuncia se presentó ante la AEAT el 5 de agosto de 1997, y hacía referencia a las presuntas defraudaciones cometidas por Banesto en las declaraciones del impuesto de sociedades de los ejercicios 1995 y 1996. En ambos ejercicios Banesto obtuvo unos beneficios de 20.195 y 23.926 millones de pesetas, respectivamente. Como se deduce de la primera denuncia, en el ejercicio 1994 ya tendría que haber compensado la totalidad de las bases imponibles negativas con la base positiva que tuvo en dicho ejercicio. La suma de los beneficios obtenidos en los ejercicios 1995 y 1996 arroja una cantidad total de 43.391 millones de pesetas de bases imponibles positivas, sin que existiesen bases imponibles negativas susceptibles de compensación. Sin embargo, el banco formuló sus declaraciones del impuesto de sociedades correspondientes a esos dos ejercicios haciendo constar unas inexistentes bases imponibles negativas. Lo que constituye una actuación defraudatoria a las Haciendas Públicas estatal y forales que han dejado de percibir unas cuotas del impuesto sobre sociedades que, al 35%, representan, al menos, 15.186,85 millones de pesetas. La cifra de estas cuotas defraudadas en los ejercicios 1995 y 1996 ha de añadirse a la correspondiente a 1994 por importe de más de 37.500 millones de pesetas. Es decir, el total de las cuotas defraudadas en dicho tributo asciende a más de 52.700 millones.

La tercera denuncia, presentada el 20 de septiembre de 1997 contra el banco y su filial al 100% SCI Gestión, S.A., ponía de manifiesto determinadas defraudaciones cometidas en los impuestos de sociedades, IVA y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. SCI Gestión, aun cuando todas sus acciones eran propiedad de Banesto, no formaba parte de su grupo consolidable, ni aplicaba los principios contables bancarios, sino los del Código de comercio y el Plan general de contabilidad. El 28 de diciembre de 1994 SCI adquirió a Banesto, presumiblemente en escritura pública (por disponerlo así los artículos 1280, 1526 y 1878 del Código civil y 149 de la Ley Hipotecaria) créditos y préstamos «dañados» por un importe nominal de 363.818 millones de pesetas, por los que pagó sólo un precio de 184.108 millones. Sin embargo, la operación se instrumentó de modo que la sociedad adquirente registró en su contabilidad los préstamos y créditos adquiridos, pero no por el precio que pagó por ellos al banco, sino por el valor nominal que éste había registrado en sus libros, así como las «provisiones para insolvencias» constituidas por un total de 179.710 millones. Como consecuencia, SCI incorporó a sus estados financieros las «provisiones» contabilizadas en el banco por el mencionado importe, las cuales desaparecieron del balance, por arte de birlibirloque, aunque se habían constituido con cargo a los conceptos, criterios e importes previstos en el plan de saneamiento.

Durante los ejercicios 1994, 1995 y 1996 los importes cobrados por SCI, correspondientes a los créditos y préstamos «morosos» adquiridos por esta última a Banesto, fueron 9.557, 106.152 y 48.264 millones de pesetas, lo que supone un total de 163.973 millones. En 1996 el importe de los créditos y préstamos, incluido el importe neto de los «morosos», en el balance de SCI era de 49.942 millones. Habida cuenta de que SCI pagó a Banesto 184.108 millones por los créditos y préstamos que «adquirió» y ha recuperado 163.973 millones, y tenía en su contabilidad préstamos y créditos por valor neto de 49.942 millones, resulta que ha obtenido en esos ejercicios un beneficio total de, al menos, 29.807 millones, por el que no ha pagado impuesto de sociedades. Ello sin perjuicio de que, presumiblemente, el cálculo de las dotaciones a las provisiones por insolvencias constituidas durante esos tres ejercicios no se haya ajustado a la normativa fiscal, ya que SCI no debía provisionar siguiendo criterios bancarios, sino de acuerdo con el Código de comercio y el Plan general de contabilidad.

SCI tenía concertados con Banesto ciertos mandatos retribuidos, según resulta de su memoria. En este sentido hay que resaltar que Banesto ha facturado a su filial, por los servicios que le ha prestado durante los ejercicios 1994, 1995 y 1996, un total de 209 millones de pesetas repercutiéndole un IVA de 33,4 millones de pesetas. Sin embargo, el propio banco afirma haber destinado a las labores de recuperación de créditos morosos ingentes medios personales y materiales: nada menos que entre 800 a 1.000 personas «de forma exclusiva», y otros «6.600 especialistas dedicados a desarrollar una labor de gestión de morosos en la red», así como 60 personas y «200 colaboradores externos que contribuyen a impulsar una gestión sobre el terreno» y el desarrollo de procesos informáticos al efecto, Todo ello consta en los informes anuales de Banesto correspondientes a 1994, 1995 y 1996. Sólo la nómina de 800/1.000 personas, a un coste unitario anual de 4 millones (muy conservador, por cierto, porque incluye la seguridad social) representa entre 3.200 y 4.000 millones de pesetas. No se considera el coste de la dedicación parcial de los 6.600 «especialistas», ni de los 60 empleados y 200 colaboradores externos «que contribuyen a impulsar una gestión sobre el terreno», lo que debe significar algo así como la gestión de los inmuebles adjudicados en pago de las cantidades recuperadas, ni tampoco se incluye la cantidad imputable al presumiblemente alto coste de los programas informáticos desarrollados para la recuperación de los créditos. SCI sólo tiene, según resulta de su propia declaración al Registro Mercantil, cinco empleados «fijos» y ninguno «no fijo». Por ello, un cálculo muy conservador del coste de los servicios prestados por Banesto a SCI durante el período de 28 de diciembre de 1994 hasta la actualidad, es decir, durante los aproximadamente dos años y nueve meses transcurridos, lleva fácilmente a estimar, tomando como referencia la estimación de una media anual de no menos de 4.000 millones de pesetas, un importe total de 11.000 millones de pesetas, por lo que el IVA, al 16%, ascendería a 1.760 millones.

Al contrarío de lo afirmado en la memoria de SCI correspondiente a 1995, en el sentido de que Banesto practicaba o llevaba a cabo los mandatos «en nombre de SCI Gestión», el banco y SCI, presumiblemente, han ocultado, tanto a los deudores, avalistas y fiadores como a los tribunales de justicia y a los terceros en general, incluida la Hacienda Pública, la existencia de la presunta escritura pública (o, de no existir, el documento privado correspondiente) de cesión a SCI de los créditos y préstamos, incluidos los hipotecarios, operada el 28 de diciembre de 1994, actuando Banesto en su propio nombre y no en el de SCI. Por tanto, Banesto, en cooperación con SCI, habría instrumentado maquinaciones procesales dirigidas a remediar las graves consecuencias de la ocultación a terceros (incluidos los deudores) y a la Hacienda Pública de la realidad de lo acontecido, incluidas las transmisiones de bienes inmuebles a SCI enmascaradas tras fraudulentas «cesiones de remate» por quien, como Banesto, no era el titular de los créditos ejecutados.

La denuncia resumía las presuntas defraudaciones cometidas por Banesto y SCI en los impuestos de sociedades, transmisiones e IVA. durante los ejercicios 1994 a 1996, de la siguiente forma:

– Impuesto sobre sociedades: Omisión por parte de SCI de la declaración y pago en el impuesto de sociedades correspondiente a los ejercicios 1994 a 1996 de un beneficio de, al menos, 29.807 millones de pesetas que, al tipo del 35%, representarían una cuota defraudada al erario público de 10.432 millones.

– Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados: Defraudación del impuesto cometida por Banesto, tanto por el concepto de transmisiones patrimoniales como por el de actos jurídicos documentados, al haberse puesto de acuerdo ambos contribuyentes para que, al contrario de lo afirmado en la memoria de SCI, actuara Banesto ante terceros en su propio nombre y derecho, recurriendo luego a artificios tales como planificar una actuación fraudulenta en las subastas judiciales y simular supuestas «cesiones de remate» a SCI, con el fin de encubrir la ocultación a los terceros afectados por las transmisiones operadas: a) deudores, fiadores y avalistas, a los que se les impedía ejercitar el retracto de «créditos litigiosos»; b) tribunales de justicia, ante los que se fingía una titularidad inexistente puesto que ya había sido objeto de cesión y c) Haciendas forales y autonómicas, que dejaban de percibir las cuotas del impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos por la doble transmisión generada por la cesión de créditos hipotecarios en trámite de ejecución.

– Impuesto sobre el valor añadido: Defraudación por Banesto en su IVA, por incumplimiento de lo dispuesto sobre operaciones vinculadas en el apartado 5 del artículo 79 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora de dicho Impuesto. La vinculación entre SCI y Banesto es notoria, tanto según la Ley del impuesto de sociedades que regía en 1994 (cfr. su artículo 16) como a la vigente Ley (cfr. su artículo 16.2.d), como lo es igualmente la inmensa desproporción entre el precio facturado por los servicios (209 millones de pesetas), su coste (no inferior a 11.000 millones de pesetas) y, por tanto, su valor de mercado. Banesto habría así defraudado a la Hacienda Pública, por dicho tributo, una cantidad superior a los 1.700 millones de pesetas.

Por último, la cuarta de las denuncias del profesor Sáinz Moreno a la AEAT fue presentada el 12 de marzo de 1998 y en ella se refería a que la declaración del impuesto de sociedades de Banesto correspondiente al ejercicio 1994, confrontada con la nota 25 de la memoria que forma parte de las cuentas anuales del banco sometidas a la junta general y depositadas en el Registro Mercantil, arroja las siguientes discrepancias entre el resultado contable y la base imponible:

En otras palabras, a los accionistas del banco, al Registro Mercantil, y suponemos que también al Banco de España y a la CNMV, se les ha dicho que la base imponible negativa en el impuesto sobre sociedades de Banesto del ejercicio 1994 era de 40.723 millones de pesetas, mientras que a la Hacienda Pública se le ha declarado una base imponible, también negativa, de 45.469 millones. La diferencia, que asciende a 4.746 millones de pesetas, redunda evidentemente en perjuicio del erario público ya que se trata de una base imponible a compensar en ejercicios futuros.

En la nota 24 de la memoria de las cuentas anuales correspondientes a 1995 se dice que el banco acreditó bases imponibles negativas entre 1994 y 1993 por importe total de 161.590 millones de pesetas. Si se tiene en cuenta que en la nota 27 de la memoria correspondiente a 1993 se dice que la base imponible negativa es de 137.206 millones, las cifras siguen sin cuadrar. En la nota 24 de la memoria de 1996 se guarda un ominoso silencio en lo que se refiere a cuantificación de bases imponibles negativas del banco en 1994 y 1993. Y en la memoria de 1997, precisamente tras la presentación de las denuncias anteriores, se declara, sin una sola explicación, que la base imponible negativa de 1993 es de 116.121 millones de pesetas. Es decir, hay una importantísima diferencia de 21.085 millones de pesetas con la de 137.201 millones declarada en 1993. Una diferencia tan sustancial en las bases imponibles negativas, haciendo abstracción de los hechos expuestos en las denuncias previas, supone que en la declaración de 1993 se habría producido una grave infracción tributaria prevista en el artículo 79 de la Ley General Tributaria y sancionada en sus artículos 85 y 88.

Lo anterior —finalizaba el escrito— pone de relieve todo un modo de actuar en la formulación de las declaraciones tributarias del banco y su reflejo en las memorias que acompañan a sus cuentas anuales que, con independencia de lo que pueda implicar en cuanto a la falsedad de los datos suministrados a los accionistas y a los terceros en general, permite suponer que las mencionadas declaraciones a la Hacienda Pública son un claro indicio, uno más, de la conducta defraudatoria de sus gestores. Todo ello se ha producido, además, paradójicamente, mientras la situación tributaria de Banesto estaba siendo objeto de comprobación por la propia Agencia Tributaria.

Como vemos, las cuatro denuncias presentadas por el profesor Sáinz Moreno ponían en conocimiento de la Administración Pública, con el debido detalle, presuntas defraudaciones tributarias por cantidades exorbitantes. Y a la vista de tales denuncias, el lector se preguntará sin duda, en su legítimo afán de enterarse de las cosas: ¿qué demonios ha ocurrido en Hacienda después con todo esto? Sólo cabe responderle, con la debida humildad, que esa es la misma pregunta que se hace quien esto escribe. Que nosotros sepamos no hay la menor noticia de que las autoridades tributarias hayan movido un dedo para el cumplimiento de la ley, ésa que se nos aplica sin miramientos a todos los que no estamos en la «pomada».

Pero queda algo mucho más lacerante. El comportamiento de Banesto fue denunciado en vía penal. ¿Y qué dirán ustedes que pasó? Pues pasó que el asunto le cayó en suerte a determinado juez estrella de la Audiencia Nacional (el mismo juez Baltasar Garzón que quiere procesar a Berlusconi por delito fiscal en el asunto de Tele 5). El buen juez y mejor testigo se tomó su tiempo, un largo tiempo, y luego no solamente dejó de felicitar a las personas que se atrevieron a denunciar un fraude fiscal gigantesco, sino que rechazó la querella, e incluso pretendió que se procesara a los querellantes por ¡acusación falsa! Tras muchos meses de pasearse el recurso por la Audiencia Nacional, tan prestigiosa e independiente, sin que ninguna de las secciones quisiera hacerse cargo de tan increíble decisión judicial, lo de la acusación falsa llegó a desaparecer, pero el asunto del fraude fiscal quedó en agua de borrajas. Y fueron felices y comieron perdices (sobre todo Sáenz Abad y Botín, que son unos entusiastas de la caza).

El asunto no debe sorprendernos si se tiene en cuenta que la Fiscalía y la Abogacía del Estado andan pidiendo el sobreseimiento de otro inmenso fraude, el de las cesiones de crédito perpetradas por el Banco Santander. Claro que el sobreseimiento sólo lo piden para Botín y demás gestores del Santander. A los incautos clientes a los que prometieron «opacidad» y «fiscalidad cero», que los pasen por la «turmix» (antes llamada el «chino»).

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado (¿o no, don Ramón?) ¿Será por champán?

DOS Y DOS SON CINCO

«Yo te haré ver en este tratado que no hay menos motivo de duda en las matemáticas que en la física y la moral»

(HOBBES)

Una de las escenas más pintorescas, contada por un viejo «banesto» que perteneció a los servicios financieros del banco, ocurrió en el despacho de Pablo Garnica Mansi con uno de sus colaboradores, Rafael Álvarez, un manchego listísimo que, en esa misma condición, solía hacerse el tonto para tomar el pelo al lucero del alba. En el tono más despectivo y a la vista de que el funcionario parecía no saber nada de lo que estaba hablando, el gran jefe le pregunta secamente:

—Oye, Álvarez, ¿cuántas son dos y dos?

—Tres, don Pablo.

—Te he preguntado que cuántas son dos y dos.

—Cinco, don Pablo.

—¿Tu has visto el túnel del tiempo?

—Sí, don Pablo.

—Pues en este momento parece que te has caído de repente en la batalla de Lepanto y pones la misma cara de idiota que si estuvieras al lado de don Juan de Austria.

Pues así ha sucedido con las cuentas de Banesto, manipuladas fraudulentamente por el Banco de España, el FGD —lo que viene a ser algo de lo mismo—, los nuevos administradores designados por la autoridad monetaria y algún que otro experto en el periodismo de investigación. Todos ellos caídos de repente en la batalla de Lepanto. Milagros de la teoría de la relatividad aplicada a la matemática financiera, o quizá a la teoría del caos, tan de moda en nuestro tiempo y tan bien trabajada doctrinalmente por el presidente del Tribunal de Cuentas, un entusiasta de lo caótico.

El acuerdo de intervención de Banesto fijó provisionalmente las necesidades de dotaciones y saneamientos, según las estimaciones de la Inspección del Banco de España, en 503.415 millones de pesetas. Conviene señalar en este punto que los inspectores de tan respetable entidad venían realizando sus funciones en Banesto, de forma permanente, al menos desde 1988, para cuyo cumplimiento contaban con un amplio y confortable despacho en las oficinas de Castellana 7, como base de operaciones desde el que mantenían una relación continua e intensa con los auditores internos de Banesto, es decir, con Price Waterhouse, encargada de la auditoría externa del banco, y con Arthur Andersen, auditora de la Corporación Industrial.

En cuanto a la cifra de 503.415 millones, el gobernador del Banco de España, en su primera comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, tuvo buen cuidado en manifestar lo que sigue, oportunamente recordado, como hemos visto, por Roberto Mendoza en su declaración en el «caso Banesto»:

«Esa cifra no debe interpretarse como lo que en términos vulgares se denominaría el “agujero” de Banesto, es decir, lo que los demás habrían de aportar para sanear Banesto. Primero porque la entidad posee un volumen muy importante de recursos propios; segundo, porque no todos esos saneamientos han de realizarse de un modo inmediato y una actuación enérgica puede conseguir una parcial recuperación de los créditos dudosos; y, tercero, y en relación con lo anterior, porque Banesto tiene plusvalías latentes y, una vez recapitalizado y reorientada la gestión, tendrá un importante potencial de generación de recursos para coadyuvar a su progresivo y pleno saneamiento».

A su vez, en un memorándum elaborado por JP Morgan con fecha 5 de enero de 1994, el primer banco de negocios del mundo aseguraba:

«No parece existir ningún motivo por el cual la cifra de 500.000 millones de pesetas que se vio seguida por una compleja y oscura explicación de la circunstancia por la cual no representaba una pérdida o necesidad de financiación inminente. Esa explicación no ha sido comprendida ni por los medios de comunicación ni por los mercados, quienes se han concentrado en la cifra de 500.000 millones de pesetas y la han interpretado como si fuera el “agujero”».

Sin embargo, estamos ante un clarísimo caso de albarda sobre albarda: en menos de un mes la cifra de los saneamientos «necesarios» se eleva súbitamente de 503.000 a 605.000 millones. Tras la evaluación efectuada el 28 de diciembre por el Banco de España en 503.000 millones, «según las cifras de la Inspección», en unos días y por arte de magia los saneamientos suben a 605.000 millones. Se ve que los cientos de miles de millones, una bagatela, han perdido el mínimo rigor financiero para el Banco de España, que dirige a Banesto el 28 de febrero de 1994 una «conminación» en la que exige el restablecimiento de la situación patrimonial, y al mismo tiempo informa sobre las ayudas ofrecidas por el FGD, habida cuenta de la nueva cifra determinada por Price Waterhouse en el informe emitido el 24 de enero de 1994. Es decir, el 24 de enero, menos de un mes después de que el Banco de España fijara las necesidades de dotaciones y saneamientos en 503.000 millones de pesetas, los nuevos administradores que se han hecho cargo de un banco en situación crítica, con más de 2.000 sucursales y con cientos de miles de clientes, han sido capaces de analizar esas necesidades con la precisión del orfebre más exquisito y elevarlas, como por ensalmo, en más de 100.000 millones sobre la cifra fijada por la Inspección del Banco de España, a pesar de que éste llevaba años y años actuando permanentemente en Banesto sin decir ni pío sobre la calidad de sus activos. Luego veremos, a la hora de justificar tan meritorio trabajo, que esos mismos administradores fueron deliberadamente incapaces de acreditar ante la Sala de la Audiencia Nacional que entendía del «caso Banesto» las cifras más elementales sobre la situación y la realidad de dichos créditos. Porque todo resultaba tan extraño que nadie quería aparecer como responsable de la nueva evaluación y de su exorbitante incremento sobre las necesidades de saneamiento. A ningún cristiano le resulta cómodo dar cuenta en conciencia de cómo ha sido posible analizar en tan cortísimo período de tiempo esas necesidades y aumentarlas en una proporción tan considerable, por lo que nadie, lo que se entiende sin mayor esfuerzo, tampoco quiso aparecer como responsable de un incremento tan abismal. Según el informe elaborado por los Servicios Jurídicos del Banco de España el 1 de febrero de 1994:

«Posteriormente el auditor Price Waterhouse, con fecha 24 de enero de 1994, se eleva sobre aquella cifra de 503.415 millones de pesetas a través de nuevos ajustes por provisiones y saneamiento, hasta la cifra de 605.000 millones de pesetas».

En cambio, el informe de Price Waterhouse dice justamente lo contrario:

«El presente informe, que complementa y actualiza el que emitimos con fecha 12 de enero de 1994, pretende analizar la razonabilidad de las estimaciones realizadas por los administradores de Banco Español de Crédito, S.A. … Dicho importe (de 605.000 millones de saneamientos necesarios) es nuestra mejor estimación respecto de las opiniones y juicios formulados por los actuales Administradores del Banco».

De donde se desprende que la cifra final de 605.000 millones no se obtuvo por la Inspección del Banco de España, que por su permanente actuación en Banesto tenía pleno conocimiento de la realidad patrimonial y contable, ni por el FGD, al servicio doméstico del Banco emisor, ni por la auditora externa Price Waterhouse, que no llevó a cabo una determinación propia e independiente de los saneamientos, puesto que en su informe sólo intenta esbozar un juicio de razonabilidad sobre los cálculos hechos arbitrariamente por los administradores provisionales. En definitiva, la determinación de las cifras del llamado «plan de saneamiento de Banesto» es exclusivamente imputable al criterio de los nuevos administradores, meros agentes o representantes del Banco de España, que lo hicieron al buen tuntún.

Las nuevas necesidades «mínimas imprescindibles», por importe de 605.000 millones, en que se concretó al fin de manera tan artificial el plan de saneamiento, se ceñían a lo que la normativa contable denomina «correcciones valorativas reversibles» y a la dotación al fondo interno de pensiones. He aquí el desglose básico de las partidas:

Saneamiento adicional de la cartera de créditos: 284.000 millones.

Saneamiento adicional de la cartera de valores: 182.000 millones.

Dotación adicional al fondo de pensiones: 79.000 millones.

Conceptos que, en total, sumaban 544.000 millones, el 90% de las supuestas necesidades «mínimas imprescindibles». En realidad, los saneamientos totales por 605.000 millones previstos en el plan se cubrieron con cargo a Banesto por 320.000 millones de pesetas (aplicación de reservas por 244.000 millones, reducción de capital en 48.800 millones y saneamiento diferido por 27.200 millones) y con cargo al FGD por 285.000 millones de pesetas, mediante una subvención en dinero público a fondo perdido.

Por tanto, según dijeron unos y otros, todos en el mismo bando de manipuladores, la necesidad total de los saneamientos se fijó en 605.000 millones de pesetas tras haberse analizado «uno por uno» los activos dañados. El presidente provisional Alfredo Sáenz Abad declaró el 21 de octubre de 1994 ante el Congreso:

«El saneamiento necesario es de 605.000 millones, y además se ha estudiado con tremenda profesionalidad… Se han analizado, cuando se hizo esta estimación, uno por uno todos los créditos del grupo Banesto de más de 25 millones de pesetas… Se estudiaron el 100 por cien de todos los créditos que tenían alguna señal de alerta, con independencia de su cuantía, hasta los de 300.000 pesetas, uno por uno…».

Parecía, por tanto, que las necesidades de saneamiento se habían fijado mediante el estudio individualizado de la totalidad de los créditos dañados, hecho «con tremenda profesionalidad», por lo que podía prepararse un plan en términos precisos y adecuados. Y así se hizo formalmente, aunque todo demuestra que el recuento de dichas necesidades no había sido riguroso y, lo que es peor, no había sido veraz.

La entrega a Banesto de la subvención del FGD por importe de 285.000 millones de pesetas se documenta en una escritura otorgada el 10 de mayo de 1994 ante el notario de Madrid Antonio Pérez Sanz, con el número 1.264 de su protocolo. De acuerdo con el plan de saneamiento, esta escritura detalla en su página 11 las cifras de los «saneamientos totales» que cuantifica en 605.000 millones, pero curiosamente, a partir de la página siguiente, la 12, esa cifra se redondea en 600.000 millones. Las necesidades de saneamiento quedan reducidas, sin explicación alguna, en 5.000 millones de una a otra página, lo que acredita otra vez el olímpico desprecio de los prestigiosos otorgantes del título a los miles de millones de dinero público en juego. El procedimiento elegido para documentar la subvención consiste en la venta de activos «dañados» que transmite Banesto al FGD por un precio de 605.000 ó 600.000 millones de pesetas, y la simultánea recompra que hace el banco de esos mismos activos por 315.000 millones, con lo que había de cubrirse el quebranto por un importe de 285.000 millones de pesetas (páginas 12 y 13 de la escritura). Los créditos se venden por Banesto al Fondo por su valor en libros y, simultáneamente, los recompra por valores muy inferiores, en la mayoría de los casos por una peseta. Según la escritura, los activos objeto de venta y recompra eran activos individualizados y verificados por Price Waterhouse, auditora externa del banco. No podía ser de otra manera, habida cuenta de la «tremenda profesionalidad» con que, según el presidente provisional, se habían determinado las necesidades de saneamiento en 605.000 millones, después de haber estudiado «uno por uno todos los créditos que tenían alguna señal de alarma».

La necesidad de que la operación tenga como objeto activos individualizados con la debida precisión se reitera en la misma escritura:

«Serán objeto de la operación activos dañados de que sea titular el Banco Español de Crédito, S.A., incluidos en la operación de saneamiento de dicho Banco y que se identificarán en relación individualizada completada con la pertinente documentación que justifique la titularidad de los derechos por Banesto». (Estipulación 1ª).

«El precio de la venta de Banesto al Fondo será el valor que Banesto tiene fijado en sus libros … El precio de la venta del Fondo a Banesto será el que el propio Banco Español de Crédito, S.A. atribuya como valor efectivo de tales activos y figure en la relación identificativa de los activos transmitidos… Ambos precios constarán en el correspondiente listado expedido por Banesto con el visto bueno y carta complementaria de la Sociedad Auditora independiente “Price Waterhouse Auditores, S.A.”, que se unirán al documento de entrega». (Estipulación 2ª).

«La individualización y entrega de los activos dañados se hará inicialmente en esta escritura, respecto a los activos en ella referidos, completándose con actas posteriores en las que se individualizarán tales activos…». (Estipulación 4a).

Pero los propios documentos redactados por las partes demuestran que la realidad es muy distinta. Llegado el momento de formalizar la subvención del FGD, es decir el 10 de mayo de 1994, fecha en que se otorga la escritura, resulta que todavía no se habían identificado activos dañados por 605.000 ó 600.000 millones de pesetas, sino por menos de la mitad. El total de los activos incluidos en la escritura, más los comprendidos en un documento privado del día anterior, el 9 de mayo, que en la misma escritura se ratifica, sólo suman 279.908.035.109 pesetas. Pero hay algo más significativo todavía: a finales de julio de 1994, es decir siete meses después de la intervención de Banesto, los administradores provisionales nombrados por el Banco de España tampoco habían podido encontrar activos dañados suficientes para justificar las necesidades de provisiones que, en teoría, se habían fijado de forma «individualizada» y «comprobado» inmediatamente después de la intervención.

Las actas complementarias previstas en la escritura inicial se otorgan posteriormente, desde el 17 de mayo hasta el 27 de julio de 1994. En buena lógica, la suma de los activos dañados, una vez completada la escritura inicial con dichas actas complementarias, debía alcanzar (según se trate de la página 11 o de la 12) la cifra de 605.000 ó la de 600.000 millones de pesetas. Pero vemos que no es así: al otorgarse el acta complementaria de 27 de julio de 1994 se da por terminada la operación de venta y recompra de activos dañados entre el FGD y Banesto, y resulta que el total de esos activos transmitidos al Fondo asciende tan sólo a 460.193.497.189 pesetas. En una palabra: después de siete meses de la intervención del banco y tras haber analizado detenidamente su contabilidad, los nuevos administradores provisionales sólo han podido «encontrar» 460.000 millones de activos «dañados». «Faltan», pues, activos por más de 145.000 millones de pesetas para alcanzar la cifra de 605.000 millones fijada por los agentes del Banco de España. Esta conclusión, aparentemente incomprensible, este nuevo fraude que se añade a los demás propiciados y cometidos desde el Banco de España, se confirma mediante el detalle de las cifras totales de la escritura del 10 de mayo de 1994 y sus documentos complementarios obrantes en los autos del «caso Banesto»:

Sin embargo, y a pesar de que los supuestos activos dañados incluidos en la operación de saneamiento suman 145.000 millones menos que los 605.000 millones previstos en el plan, la diferencia entre los valores de venta y de recompra al FGD «cuadra» de manera sorprendente, y la suma asciende «precisamente» a los 285.000 millones determinados a priori. Está claro que lo único que se pretendió fue «justificar» formalmente el importe de la subvención a entregar por el Fondo, aunque con ello se reconozca la inexistencia de los activos dañados que sirvieron para justificar la intervención del banco. Pero incluso para alcanzar esa cifra tan escandalosamente manipulada hubo que incluir en la escritura y en sus actas complementarias operaciones perfectamente normales en la técnica bancaria. El análisis de la documentación a que nos venimos refiriendo revela que muchos de los créditos supuestamente «dañados» no habían vencido y estaban al corriente en el pago, o atrasados tan solo en menos del plazo de tres meses que justifica su pase a dudosos según la circular 4/1991 de Banco de España, o provisionados por encima de los porcentajes que marca dicha circular, lo que evidencia el exclusivo propósito de los nuevos administradores de dar una cobertura formal a la operación, sin parar mientes en la verdadera situación de los activos a sabiendas de su falsedad. Llegan a apreciarse increíbles errores de bulto, como la inclusión de un crédito de 402 millones de pesetas concedido por Banesto a Ferroatlántica, la prestigiosa sociedad de Juan Miguel Villar Mir, presidente del grupo constructor Lain-Obrascón-Huarte y consejero del Banco Santander de Negocios, del que es presidente Emilio Botín. Dicho crédito, escrupulosamente al corriente en la amortización de principal y el pago de intereses, estaba avalado por el propio Villar Mir, su esposa y las sociedades principales de su grupo, a pesar de lo cual se revendió a Banesto por una peseta. Si, ha leído usted bien, amable y paciente lector, no es una errata de imprenta: ese crédito, que por supuesto se ha cobrado íntegramente a su vencimiento, en el que firmaban tantas y tan prestigiosas personas, se revendió al banco en ¡una peseta! Los nuevos administradores de Banesto y el FGD dejaron claro que un empresario tan solvente como Villar Mir y tan directamente vinculado al presidente del Santander, más su esposa y todas las sociedades de su grupo empresarial, no merecen crédito por 400 millones. ¿Es acaso aventurado opinar en derecho que el ejemplo que ilustra nuestro aserto constituye una estafa en perjuicio de los antiguos accionistas de Banesto? De ser cierta esta calificación jurídico-penal, ya sabemos quiénes son los beneficiarios del presunto delito: el Santander, con Botín a la cabeza, merced a la actuación prevaricadora de Alfredo Sáenz y sus colaboradores, con la complicidad del FGD, que es tanto como decir del propio Banco de España. ¿A dónde miran en estos casos la Fiscalía Anticorrupción, tan diligente en hacer leña del árbol caído, o las autoridades financieras, tan complacientes con el poderoso por presumibles razones que no hacen al caso, o esos afamados periodistas de investigación, tan expertos en ametrallar por la espalda a los enemigos de sus patronos? ¡Más champán!

La Corporación Industrial y Financiera de Banesto se incluyó también en el saneamiento a cargo del FGD, lo que dio lugar a la entrega de otra subvención innecesaria. Puesto que la «ayuda» del Fondo se formaliza como una operación bilateral, mediante contratos de venta y recompra concertados con Banesto, es obvio que los datos ofrecidos públicamente por la documentación oficial de una y otra entidad deberían coincidir con rigurosa exactitud. Sin embargo, y sin que se nos explique la causa, para nosotros inexplicable en absoluto, media una notoria diferencia entre la información publicada por Banesto y el Fondo. ¿Es esto posible?, podrá preguntarse alguien de buen sentido con el natural escepticismo ante nuestra afirmación. Pues sí, señor lógico y escéptico, es posible porque es cierto, según se acredita con los siguientes documentos:

La Memoria de Banesto de 1994, en la nota 2 (página 57), dice que, con objeto de dar cumplimiento al Plan de saneamiento,

«… el Banco ha efectuado la venta de diversos activos al Fondo… por importe de 482.170 millones de pesetas. Estos activos han sido inmediatamente recomprados por el Banco por 197.170 millones de pesetas. La diferencia … (285.000 millones de pesetas que correspondían a las provisiones existentes sobre dichos activos en el Banco al 31 de diciembre de 1993 y que, por consiguiente, quedaron liberadas) se han registrado durante el ejercicio 1994 con abono a los capítulos “Resultados de ejercicios anteriores” y “Reservas…”».

Sin embargo, el Informe anual del mismo ejercicio 1994 elaborado por el FGD (página 11) dice otra cosa muy distinta:

«El total de las compras realizadas ascendió a 460.193,5 m. PTA., y las ventas, a 175.193,5 m. PTA., soportando por tanto el FGDEB la pérdida de 285.000 m. PTA. prevista en el plan de recapitalización y saneamiento».

Por tanto, entre los precios de venta y de recompra que facilitan ambas entidades hay esta notoria diferencia:

La misma diferencia resulta de los tres documentos privados en que se venden y recompran al FGD las acciones de la Corporación:

(*) La diferencia entre estas cifras y las señaladas más arriba para el documento de fecha 9 de mayo de 1994 se debe a que éstas últimas recogen la totalidad de las acciones incluidas en dicho documento, referido a acciones de la Corporación Banesto, del Grupo Anaya y de Tubacex, y ahora se reseñan sólo las de la Corporación.

La diferencia entre el precio neto para el FGD de las acciones de la Corporación (121.293 millones) y el de venta a SCI (99.316,9 millones) es precisamente la cantidad indicada de 21.976 millones.

A tenor de estos datos, resulta que en lo relativo a la Corporación Banesto, el FGD concedió a Banesto una subvención no necesaria, al menos en 22.000 millones de pesetas. Además, Banesto no ha contabilizado ese beneficio en el año 1994 y ha tratado de disimularlo reseñando en sus cuentas anuales la venta y la recompra de la Corporación al FGD por un neto de 121.293, cuando la realidad es que el neto de la operación fue de 99.316,9 millones. A lo que ha de añadirse que el FGD, por el contrario, ha reseñado en su informe anual de 1994 que el valor neto asignado a la Corporación fue de 121.000 millones, con lo cual los datos relativos a una misma operación entre dos únicas partes contratantes (la vendedora y la compradora, la subvencionante y la subvencionada) son esencialmente contradictorias en la información contable hecha pública por cada una de ellas.

Y siguen las sorpresas. El recobro masivo de los créditos dañados es otra prueba evidente de lo ficticio que resulta el «agujero» de Banesto. Los hechos posteriores a la intervención demostraron muy pronto la enorme diferencia entre las provisiones requeridas por la aplicación rigurosa de las normas del Banco de España y el valor efectivo de los créditos de que era titular la entidad intervenida. Sus nuevos gestores han reconocido expresamente que en el año 1994 se produjeron recuperaciones y reclasificaciones por 333.947 millones de pesetas (según consta en la página 21 de la memoria del banco correspondiente al año 1994), dato que fue confirmado plenamente por el Banco Santander, ya que en la página 52 del documento F 20, presentado a las autoridades financieras norteamericanas, se dice con relación a Banesto que durante el año 1994 219.500 millones clasificados como morosos y dudosos a principios de año volvieron a su situación normal, y 114.400 millones fueron recuperados por otros medios, lo que hace la cantidad total de 333.900 millones.

En una palabra, la mayoría de los créditos dañados que justificaron la intervención de Banesto resultaron cobrados durante el primer año después de la intervención, a cuya cifra hay que añadir los importes recuperados por SCI Gestión, S.A., por lo que es obligado hacer una breve referencia a esta pintoresca sociedad, no sin pedir excusas al lector por la inevitable aridez de la exposición.

Banesto ha procurado mantener a todo trance la opacidad sobre los créditos «dañados», tanto en cuanto a su identificación concreta como a su evolución posterior. Es significativo que los administradores provisionales de Banesto jamás hayan puesto a disposición de sus accionistas una relación de los créditos que constituían el «agujero», a pesar de que el plan de saneamiento implicaba la renuncia al derecho de suscripción preferente, bajo la amenaza de que la única alternativa era la quiebra del banco. SCI Gestión ha sido el instrumento para impedir que llegue al dominio público el resultado final de los créditos «dañados» que, según nos dijeron, componían la parte principal del «agujero», con lo que se evitaba la constancia formal de que tales créditos eran cobrables en su mayor parte, de manera que ni el «agujero» era lo que se había dicho, ni la subvención concedida con fondos públicos era realmente necesaria, ni la intervención era ineludible.

Hemos visto que tras la operación de venta y recompra de activos «dañados» con el FGD, esos activos vuelven al patrimonio del banco con nuevos valores «saneados» (muchos por una peseta), lo que le permite recuperar la titularidad de esos activos, después de recibir fondos públicos por 285.000 millones y un crédito blando en condiciones excepcionalmente favorables, todo ello sin pagar una peseta de impuestos. Para evitar que llegue a conocerse el verdadero volumen de las recuperaciones, que se presume muy elevado, con lo que se pondría en tela de juicio el famoso e inexistente «agujero», los nuevos administradores obtienen autorización del Banco de España para traspasar los activos «dañados» a una sociedad no consolidable. Con tal propósito, Banesto solicita el 21 de octubre de 1994 al Banco de España autorización para «crear» una sociedad no consolidable financieramente, a la que se traspasarían activos dañados por 315.000 millones netos. El Banco de España comunica a Banesto el 1 de diciembre que ha resuelto «no poner objeciones a la constitución y no consolidación» de dicha sociedad y le autoriza para traspasar a la misma activos por un total de 491.000 millones de pesetas, integrados por 370.000 millones en créditos frente a terceros (hay que precisar que 210.600 millones tenían garantía hipotecaria) y 121.000 millones en participaciones representativas del 96,81% de la Corporación Industrial y Financiera. La autorización preveía que esa sociedad no consolidable se disolviera en cuatro años revirtiendo todo su patrimonio a Banesto, como finalmente ha ocurrido, por lo que han vuelto al banco todos esos activos provisionados al 100%.

Pero Banesto, en realidad, no constituye una sociedad de nueva creación para cumplir sus propósitos de opacidad, sino que utiliza otra ya creada en 1974. ¿Por qué no se ajustan los nuevos administradores a los términos concretos de la autorización del Banco de España, si era tan fácil constituir una sociedad nueva, en lugar de utilizar otra ya existente? Sólo hay una respuesta posible: para intensificar la oscuridad en cuanto a la recuperación de los créditos traspasados. El artículo 181 de la Ley de Sociedades Anónimas preceptúa que las sociedades de nueva constitución deben formular balance no abreviado (y, por tanto, someterse a auditoría) desde el primer año, si al final del ejercicio sobrepasan las magnitudes que la propia norma determina; en cambio las sociedades ya existentes, si vienen presentando cuentas abreviadas (como ocurría con SCI Gestión), no tienen obligación de formular cuentas extensas (y de auditarlas) hasta que hayan pasado dos años consecutivos en que se superen esas magnitudes. Si la sociedad «nueva» hubiera tenido que nombrar auditores desde el primer año, es de suponer que habrían puesto objeciones a la no consolidación, por no encajar en ninguna de las excepciones previstas en el artículo 43.2 del Código de comercio, y, sobre todo, porque la norma es tajante al disponer que ninguna de las excepciones a la obligación de consolidar es aplicable cuando alguna de las sociedades del grupo haya emitido acciones admitidas a negociación. Y esto es precisamente lo que ocurría con SCI Gestión a partir del momento en que Banesto le transmitió su participación mayoritaria en la Corporación Industrial, cuyas acciones venían cotizando en bolsa ininterrumpidamente, por lo que era indiscutible la obligación legal de que la Corporación consolidara con SCI y ésta, a su vez, con Banesto.

La memoria anual de SCI correspondiente a 1994, en su nota 1 (página 6), dice que se le habían traspasado créditos por importe de 363.818 millones de pesetas junto con sus provisiones por 179.710 millones. Las mismas cifras se repiten con alguna variante en la Nota 8, «Inmovilizaciones financieras» (página 16):

A finales de 1997, la cantidad recuperada ascendía a 188.216 millones, según ha reconocido la propia SCI Gestión. Y aunque no hay constancia del importe total cobrado hasta la disolución de la sociedad en 1998, es lógico suponer que también en ese año se produjeron recuperaciones significativas. En conclusión: aunque con criterio restrictivo manejemos solamente esas dos cantidades heterogéneas (los 333.947 millones recuperados o reclasificados por Banesto en 1994 y los 188.216 millones recuperados por SCI Gestión hasta el año 1997), hay un montante de créditos «dañados» que se regularizan por importe de 522.163 millones de pesetas, lo que demuestra que el «agujero» de Banesto fue creado falsamente para justificar la intervención, haciendo figurar como necesidades de saneamientos definitivos lo que, como máximo, eran sólo provisiones reversibles.

El propósito de Banesto de que no llegue a conocerse el resultado final de los créditos dañados se ha revelado aún con mayor claridad en su constante y demostrada resistencia a facilitar a la Audiencia Nacional los datos necesarios para llegar a una conclusión clara y definida sobre este punto. La representación procesal de Rafael Pérez Escolar trató denodadamente de aclararlo a través de la prueba documental en este punto, cuya práctica se había admitido expresamente, por lo que la Sala acordó en providencia del 31 de julio de 1997 que Banesto aportara los datos sobre la evolución de los créditos cedidos a SCI. Ante la actitud remisa del banco, una nueva providencia del 12 de febrero de 1998 ordenó mantener aquel requerimiento «en sus estrictos términos» y acordando «librar nuevo requerimiento a los efectos de que se aporte relación individualizada de activos provisionados y su evolución». Banesto recurrió en súplica dicha providencia, alegando grandes dificultades para la obtención de los datos, lo que dio lugar a un auto de 25 de marzo de 1998, en el que la Sala declara que, «mientras respecto al Banco Español de Crédito se alegaba una confusión de los créditos que componían la cartera crediticia del Banco, esta circunstancia no concurre en una entidad (SCI) precisamente encargada de la gestión de los activos cedidos en exclusiva». Y el 31 de marzo de 1998, ante la resistencia contumaz de Banesto, le requiere nuevamente en términos conminatorios:

«… como ampliación a las comunicaciones que le fueron dirigidas con fechas 31-07-97 y 12-02-98, y dado que sólo parcialmente se atendió la información solicitada, REQUIERO nuevamente a V.I. para que en los términos acordados… aporte al Tribunal la documentación interesada, apercibiéndole de que, de no llevar a efecto el mismo, podrá incurrir en el delito de desobediencia del artículo 556 del C.P.».

Lo que, sin embargo, no fue suficiente para vencer la actitud numantina de los nuevos administradores del banco. Para la identificación de los créditos inicialmente cedidos a SCI en el contrato de 28 de diciembre de 1994, Banesto aportó con un certificado expedido el 20 de abril de 1998 el supuesto anexo 1, una simple relación de ordenador en la que no figuraba ninguno de los datos necesarios para identificar esos activos. Por lo que la Sala dictó otra providencia el 4 de junio de 1998, acordando requerir «nuevamente al Banco Español de Crédito para que aporte el anexo 1 del citado contrato (el de cesión de activos dañados por Banesto a SCI) y la evolución de esos activos». El Banco, en un nuevo certificado de 22 de junio de 1998, insistió falsamente en que el anexo 1 era el ya aportado, y en cuanto a la evolución de los créditos siguió escudándose en la dificultad de recopilar los datos, que seguiría entregándolos «progresivamente, conforme se iban obteniendo». La Sala, cansina más que paciente, volvió a insistir por medio de otra providencia del 28 de julio:

«Estése a lo acordado en proveído de 4 de junio pasado, sin perjuicio de que se reitere a Banesto el cumplimiento del requerimiento acordado, toda vez que no ha dado cumplimiento al oficio de igual fecha».

Ante este cuento de nunca acabar, la representación del inculpado, mediante escrito de 30 de octubre de 1998, reitera su petición ante la Sala, denunciando que Banesto seguía incumpliendo los requerimientos judiciales y que la documentación que venía entregando no aportaba ningún dato útil, por lo que se trataba de una argucia destinada a «entretener» al Tribunal, aparentando cumplir sus mandatos, mientras iba aportando con cuentagotas una documentación manifiestamente inútil a los efectos probatorios pretendidos. Por fin, mediante escrito de 13 de noviembre de 1998, Banesto entregó el anexo 1 al contrato entre el Banco y SCI, en el que esta vez sí figuraban los nombres de los acreditados, contrariamente a lo que había dicho con notoria mala fe en sus dos certificados del 20 de abril y 22 de junio del mismo año, relativos al «sucedáneo» de referencia.

Lo cierto es que hasta el mes de mayo de 1999, Banesto había «facilitado» a paso de tortuga una documentación que alcanzaba ya los 18 tomos, pero que, a pesar de su volumen, no permitía conocer la evolución de los créditos cedidos en su día a SCI, al componerse simplemente de fotocopias de los títulos de crédito y una hoja de provisiones. Sin embargo, analizados los datos contenidos en esos 18 tomos, a pesar de sus limitaciones objetivas, los resultados no pueden ser más significativos, en cuanto al hecho de que el Banco continuaba ajustándose a la misma táctica de confusión y dilaciones constantes: aportar una documentación muy voluminosa pero totalmente inútil y, además, convenientemente «seleccionada», como se comprueba mediante los siguientes datos:

El número de créditos cedidos a SCI Gestión fue de 15.180 y las operaciones que forman los 18 tomos aportados son tan sólo 920, que representan el 6,06% de la totalidad.

El nominal de los créditos cedidos fue de 363.818 millones de pesetas. Sin embargo los créditos cuya documentación se había remitido al Tribunal, además de estar mutilada en sus datos esenciales, suman 16.161 millones, lo que representa el 4,44% del total.

Las provisiones de los créditos cedidos alcanzan en 1994 la cifra de 179.710 millones, lo que representa sobre el nominal (363.818 millones) el 49,395%. Y las provisiones de los créditos cuya documentación consta en esos 18 tomos suman en 1994 la cantidad de 11.726 millones, lo que representa el 6,52% sobre el total de las provisiones (recordemos que los créditos objeto de información representan tan sólo el 4,44% del total) y el 72,55% sobre el importe nominal (muy superior al 49,395% de provisión media), lo que acredita que los créditos cuya documentación se había remitido a la Sala fueron previamente seleccionados por constituir la peor parte de la cartera. Esta «selección» se comprueba también por el hecho de que, al sumar los créditos hipotecarios cedidos 210.600 millones, el nominal de los documentados y remitidos a la Sala asciende a 5.823 millones, es decir, el 2,76%, mientras que el conjunto de todos los remitidos supone el 4,44%.

En suma, la actitud de Banesto durante el desarrollo de la prueba documental revela con manifiesta claridad que su decidido propósito ha sido el de obstaculizar a toda costa el conocimiento cabal sobre los datos globales de la evolución y el resultado final de los créditos «dañados» que, según el Banco de España y el plan de saneamiento, formaban la mayor parte del déficit de provisiones. Es incomprensible, pues, que la Sala se haya dejado tomar el pelo de esta manera permitiendo a Banesto, con manifiesta infracción del principio de buena fe procesal, una conducta manifiestamente antijurídica que ha servido para hurtar a las partes, y sobre todo al propio tribunal, el conocimiento de unos elementos de juicio cruciales de todo punto para acreditar la inexistencia del «agujero». Se trata, como puede verse, de un episodio que ha puesto de relieve la doble vara de medir empleada sistemáticamente en el «caso Banesto»: un rigor inusitado y sin contemplaciones con quienes han padecido injusta y calumniosamente la acusación, y una lenidad desesperante dispensada a los acusadores en su propósito de dificultar a todo trance la aportación del oportuno material probatorio. En términos jurídicos, ¿cómo cabe calificar en este punto la conducta de la Sala presidida por Siró García? ¡A ver, señores periodistas! Déjense de pamplinas y pronúnciense con elemental honradez profesional.

De cuanto antecede se desprende un astronómico enriquecimiento sin causa para Banesto y el correspondiente perjuicio para el FGD, es decir para todos los españoles, puesto que el banco ha cobrado dos veces la mayor parte de los créditos dañados. Tan comprometida afirmación descansa en multitud de fundamentos probatorios, entre los que destacan las declaraciones del Tribunal de Cuentas del Reino de España, máximo órgano de control financiero de los entes públicos, especialmente en su informe de fiscalización del FGD emitido con fecha 29 de julio de 1998, que, al publicarse en el Boletín Oficial de Estado del 18 de junio de 1999, adquiere el carácter oficial y la publicidad formal inherentes a un documento de la Administración pública española. En cuyo informe el alto Tribunal deja constancia de los siguientes puntos:

El FGD no utilizó la facultad que le otorgaba la normativa vigente para la realización de auditorías referidas a la solvencia y el funcionamiento de los bancos del sistema. En cuanto a la comprobación y verificación de las necesidades de saneamiento de Banesto, el Fondo solamente evaluó la situación «a través de los datos aportados por la Inspección del Banco de España y los administradores provisionales y auditores de Banesto» (Conclusión 5ª).

El Tribunal de Cuentas, tras constatar la carencia de documentación del FGD en la que se recogieran sus actuaciones para evaluar las necesidades de saneamiento y, teniendo en cuenta que ante esa carencia el Fondo no tuvo acceso a otra información que la proveniente del Banco de España, «consideró necesario realizar las comprobaciones fiscalizadoras en esta entidad» (el Banco de España). Cuya «fiscalización», ampliada al Banco emisor, lleva al Tribunal de Cuentas a entender que el Banco de España aceptó sin más la relación de los saneamientos «elaborada por los administradores de Banesto, agentes del Banco de España», y que dicha información fue la que «ha servido al Banco de España de fundamento del importe total del saneamiento realizado de 605.123 millones de pesetas» (conclusión 6ª).

La ayuda del FGD no consistió sólo en la subvención de 285.000 millones de pesetas. El Tribunal de Cuentas menciona también el costo del «préstamo blando» concedido, que evalúa en 41.000 millones, más las obligaciones de soportar las consecuencias de «posibles procedimientos contra Banesto por motivos asociativos o por circunstancias no conocidas», así como «las contingencias fiscales» (conclusión 7ª). También menciona el costo adicional, que evalúa en 401,3 millones de pesetas, por «el retraso en la formalización de la compraventa de activos dañados» (conclusión 10ª, segundo párrafo), lo que permite cifrar el resultado neto negativo para el FGD en «207.876,3 millones» (conclusión 12ª).

La prohibición de financiación del FGD por el Banco de España, contenida tanto en la legislación española como en el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, se menciona con detalle en el apartado 1.2 (página 6, párrafos 1, 2, 3 y 4), lo que, a pesar de ser contrario a la normativa comunitaria y española, supone que el Banco de España financió ilegalmente al FGD (conclusión 9ª).

«La naturaleza jurídico-pública del FGD» se reconoce en el apartado I. 2 (página 4, último párrafo) y el hecho de que «sus recursos procedían, a partes iguales, del Banco de España y de los bancos privados» se menciona en las páginas 5, segundo párrafo, y 6, primer párrafo.

En el apartado I. 2 (página 5, párrafos segundo y tercero) se alude a las modificaciones de la normativa vigente en el período en que se preparó el plan de saneamiento. Estas modificaciones legislativas se introdujeron ad hoc para que el FGD suscribiera la ampliación de capital de Banesto sin que sus accionistas pudieran utilizar el derecho de suscripción preferente, y para que el Banco Santander se adjudicara las acciones suscritas por el Fondo en esa ampliación sin necesidad de formular una opa, a la que habrían podido concurrir otros bancos españoles y comunitarios. En un escrito de 6 de mayo de 1998, dirigido por el ministerio fiscal al Tribunal de Cuentas del Reino, dentro del procedimiento de fiscalización seguido al FGD (página 5), también se denuncia la aprobación de normas particularizadas para cada caso, lo que en el «caso Banesto» perseguía que en la ampliación de capital se excluyera el derecho de suscripción preferente de los accionistas, «decisión que no se halla respaldada por la normativa del Fondo».

Pero, entre todas las irregularidades que el Tribunal de Cuentas denuncia en la intervención y saneamiento de Banesto, interesa señalar especialmente el reproche que formula al FGD (Conclusión 11ª del Informe de Fiscalización) por su falta de previsión cuando documentó sus compromisos frente al banco, al no prever que se le restituyera la parte correspondiente a las recuperaciones de los activos dañados, finalmente cobrados en su gran mayoría. Lo cierto es que ni el plan de saneamiento ni la escritura otorgada el 10 de mayo de 1994 entre Banesto y el FGD contemplaban la obligación de devolver el importe de los activos «dañados» incluidos en la subvención finalmente recuperados. Por tanto, Banesto cobró dos veces esa ingente cantidad a expensas del bolsillo de todos los españoles: una a través de la subvención indebidamente concedida y otra cuando recuperó los créditos supuestamente «dañados». Una vez más, el partido en el poder, la oposición, el Banco de España, la Fiscalía anticorrupción, los afamados investigadores y un etcétera kilométrico permanecieron en el más ominoso silencio ante este inaudito e inmenso regalo del pueblo español al riquísimo don Emilio. No obstante tan notorias dificultades, directamente relacionadas con el origen peculiar del «caso Banesto», la realidad sobre su intervención, el saneamiento posterior y su adjudicación al Santander no han podido por menos de trascender a los medios de comunicación. Es obvio que la intervención decretada por el Banco de España tuvo un relieve excepcional en toda la prensa, pero entonces todos daban —dábamos— por supuesto que la actuación interventora estaba plenamente justificada y el saneamiento acordado era de todo punto necesario. Se partía —partíamos— de un principio inconcuso: no hubo irregularidad alguna en la intervención ni en la aplicación práctica del plan de saneamiento. Esta reacción, originariamente, resultaba lógica por demás porque nadie dudaba de la correcta actuación del Banco emisor y el Fondo de Garantía, organismos públicos de reconocido prestigio encargados ex lege de velar por los intereses generales del sistema financiero. Sin olvidarnos, además, de que muchos medios de comunicación dependían en grandísima medida de la financiación bancaria, tanto directa como indirecta, en la que destacaba la cuota de Banesto y el Santander, dispuestos a imponer su propia ley con mano de hierro en la información periodística del caso. Pero este panorama de unanimidades concertadas no tuvo más remedio que cambiar en buena parte conforme pasaba el tiempo e iban conociéndose las tripas de la intervención. De esta suerte, El Mundo llega a publicar dos interesantes reportajes en sus números del 19 de febrero y el 5 de marzo de 1999, el primero de los cuales, bajo el título «Banesto y el bucle del agujero ficticio», dice lo siguiente:

«Junta General de Banesto, martes 16 de febrero… final del ciclo, the end, se acabó, Banesto definitivamente sano… ah, pero, ¿alguna vez estuvo enfermo?

…

La intervención de Banesto diagnosticó que los males del Banco se debían a un agujero, provocado por los créditos dañados, que cuantificó en 605.000 millones de pesetas, que sólo el tiempo, auténtica prueba del nueve, determinaría si eran realmente incobrables. Para ayudarlo a salir del atolladero, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) (además de conceder un crédito de 315.000 millones de pesetas) compró a Banesto activos dañados por importe de 285.000 millones de pesetas, que en el mismo acto revendió a Banesto al precio de una peseta (en unos casos) o al fijado como valor efectivo por el propio banco (en otros).

Una filial para enmascarar el saneamiento.

Para gestionar estos créditos recomprados, Banesto utilizó una filial constituida en 1974 y a la que previamente cambió de nombre y de objeto social. En pleno verano del 94, el banco traspasó por primera vez activos (hasta 315.000 millones contabilizados a 30 de septiembre) a esa filial, SCI Gestión. Posteriormente, Banesto decidió legalizar la operación pidiendo autorización al Banco de España para crear una sociedad, no consolidable, a la que cedería los activos dañados, solicitud que el BE atendió en noviembre de dicho año.

El 31 de diciembre del pasado año, el proceso culminó con la disolución de SCI Gestión, una sociedad que ha servido como artificio para evitar que el posible recobro de los créditos dañados dejara en evidencia la real dimensión del agujero, desacreditando las causas de la intervención que acabó con Mario Conde.

Lo más grave, con todo, es que Banesto ha recuperado, a veces por partida doble o incluso triple (por la venta al FGD; como receptor de los activos de SCI Gestión, y por la amortización posterior de los préstamos por los deudores) gran parte de los activos que consideró dañados a la fecha de la intervención.

Así, según escritura de fecha 31 de mayo del 1994, ante el notario de Madrid Antonio Pérez Sanz, el FGD adquirió un crédito de Grúas Andaluzas, S.A. por importe de 75.549.880 pesetas, que en el mismo acto revendió a Banesto por 1 peseta, asumiendo con dinero público una pérdida de 75.549.879 pesetas. Pues bien, el 15 de diciembre de 1995 y ante el Notario de Murcia Antonio Yago, Grúas Andaluzas pagó a Banesto principal, más intereses y costas».

Continúa el reportaje con la cita de otros casos similares, como los créditos contra los Ayuntamientos de Illueca y Lora del Río, por 30 y 134 millones de pesetas, en los cuales el FGD, aunque resultaron cobrados totalmente por Banesto, asumió pérdidas por 112 millones. Lo que ocurrió también con otros dos créditos contra Levitt-Bosch Aymerich, S.A. por 254 y 1.605 millones, valorados también en una peseta, en los cuales el Fondo asumió pérdidas por 1.859,7 millones; así como un crédito contra Comuna, S.A., por 211 millones, en el que el Fondo sin fondo padeció una pérdida de 191 millones, créditos todos ellos cobrados íntegramente por el banco. Y seguía diciendo el reportaje periodístico:

«¿Devolverá Botín el dinero al FGD?

Son botones de muestra de lo que podría muy bien ser calificado como una gran estafa y/o una monumental malversación de caudales públicos. Naturalmente, no recobra Banesto sino SCI Gestión… Pero Banesto tuvo buen cuidado en ocultar a los deudores que ya no era titular legítimo de los créditos que judicialmente reclamaba…

¿Dónde estaba el Banco de España? En todas las operaciones de saneamiento emprendidas con anterioridad por el FGD se incluía una cláusula de salvaguardia que obligaba al banco apoyado a devolver las cantidades en exceso que lograra recuperar. En el caso Banesto no se hizo nada parecido. Se entregaron 285.000 millones de pesetas y todo el mundo se lavó las manos…

Esta es la verdad del agujero de Banesto y de la gran hazaña de su saneamiento. Ya el Tribunal de Cuentas, a finales de septiembre pasado, dio un tirón de orejas al Banco de España, al que reprochó su falta de verificación de la crisis… La verdad oficial es tan fuerte que anula la realidad.

El 21 de noviembre del 94, Botín regaló a los administradores de Banesto 6 millones de acciones, que han llegado a alcanzar un valor de 15.000 millones de pesetas (3.020 las de Sáenz). Botín siempre paga con largueza».

El otro reportaje difundido por El Mundo el 5 de marzo de 1999, con el título «Huida hacia el futuro de un hombre con pasado», tampoco tiene desperdicio:

«El escándalo de los créditos dañados comprados por el FGD a Banesto por importe de los citados 285.000 millones y vueltos a recuperar, en su mayoría, meses más tarde por el propio banco mediante el correspondiente procedimiento ejecutivo, sigue creciendo en medio del atronador silencio de los implicados. Los ejemplos de este cobro por partida doble se multiplican.

Pocos, sin embargo, tan reveladores como el de la sociedad Ferroatlántica. En efecto, en la escritura del 10 de mayo del 94 otorgada entre el FGD y Banesto, que incluye la primera relación —hasta cinco— de los créditos afectos a la operación de saneamiento, figura el concedido a Ferroadántica, S.L. por importe de 402.876.101 pesetas, que el Fondo compró a Banesto para revendérselo después por una peseta, asumiendo, con dinero público, una pérdida superior a los 402 millones de pesetas.

Se supone que el mencionado era un crédito dañado que no valía nada, pero resulta que Ferroadántica es una sociedad del grupo Villar Mir, uno de los más sólidos de España, y además estaba personalmente avalado por Mir y su esposa, más todas las sociedades de su grupo. Conviene recordar que este empresario, además de presidente del grupo constructor Lain-Obrascón-Huarte, es consejero del Banco Santander de Negocios que preside Emilio Botín.

¿Fue esta la forma en que se cuantificó el famoso agujero de Banesto que dio lugar a la intervención del banco? Se comprende el fantástico rally protagonizado por Alfredo Sáenz a la hora de recuperar dañados y devolver Banesto a los beneficios. Se entiende también que ahora le surjan novias por doquier. El Popular de Valls, Caja Madrid de Blesa, y La Caixa de Vilarasau. Era ayer el rumor del día en Barcelona. Incluso se citaba a Sáenz como segundo de Vilarasau, el Banco valía ayer en Bolsa 1,37 billones de pesetas [1.370 billones, en la terminología europea], Don Emilio Botín se apresta a un nuevo y glorioso pelotazo».

La Revista Artículo 20 publica en su número del 8 de marzo de 1999 varias informaciones sobre el mismo asunto, que comienzan con un editorial titulado «Banesto bajo sospecha», al que sigue el reportaje «Créditos dañados: el negocio de Banesto», según el cual:

«Emilio Botín copresidente del BSCH [nuevas siglas del Banco que surgirá de la fusión entre el Banco Santander y el Banco Central Hispanoamericano], creyó que hacía el gran negocio de su vida cuando compró el Banesto intervenido por el Banco de España por 180.000 millones de pesetas. Hoy vale 1,5 billones de pesetas [1.500 billones, en la terminología europea]. Pero esa supuesta gran operación financiera le puede pasar factura si prosperan las denuncias presentadas por un grupo reducido de accionistas que acusan al Banco Español de Crédito de haber cobrado dos veces los famosos créditos dañados».

La Banca ha dedicado a este mismo asunto dos números monográficos. El primero, publicado en julio de 1998, titulaba así en primera página:

«El Banco de España implicado en el fraude, la dimensión del «agujero» de Banesto está simulada».

Entre otros reportajes, el mismo número de nuestro periódico recogía los que se anticipaban en portada bajo los siguientes titulares:

«La evaluación del Banco de España sobre la crisis de Banesto es errónea».

«La interposición de la financiera SCI Gestión, un instrumento para ocultar la trama defraudatoria de fondos públicos». «La mordida del Consejo: los consejeros fueron «premiados» con acciones de Banesto. A la transmisión se le dio la apariencia de cesión por herencia».

«Desvelamos las claves de la maquinación».

El segundo número monográfico de La Banca, publicado en abril de 1999, decía en portada bajo un gran titular:

«El Banco de España fabricó el «agujero». Banesto, KO. Los 285.000 millones expoliados de fondos públicos, al bolsillo de Botín».

Los títulos de los reportajes publicados en dicho número eran los siguientes, creemos que suficientemente expresivos:

«El Banco de España «fabricó» el agujero para asaltar Banesto».

«La auditora Price Waterhouse miente con descaro».

«Las 7 operaciones que taparon el agujero.– los reproches del Tribunal de Cuentas al Fondo de Garantía».

«Los créditos «dañados» traspasados a SCI Gestión no corresponden con los del agujero. La metamorfosis de agujero».

«El Banco de España conoce a priori la situación de todos los créditos bancarios. Con la información que dispone el Banco de España no ha lugar a descubrimientos súbitos de agujeros provocados por la morosidad. No son necesarias las inspecciones de comprobación in situ».

«El diagnóstico irreversible del agujero de Banesto pone de manifiesto la intención de apropiarse del banco».

«¿Dónde están los 329.000 millones esquilmados a los accionistas de Banesto?».

«Modificaciones en la legislación introducidas por el Banco de España».

«Pérez Escolar denuncia ante la UE la subvención del Fondo de Garantía».

«El juicio del “caso Banesto” pone en evidencia a los nuevos gestores».

LA PRUEBA DEL NUEVE

«Los embusteros son la causa de todos los delitos que se cometen en el mundo»

(EPICTETO)

A lo largo del ejercicio 1994 los nuevos administradores de Banesto realizaron operaciones en los mercados de Deuda Pública que produjeron a la entidad unas pérdidas netas de 120.045 millones de pesetas. Los accionistas del banco sólo tuvieron un conocimiento parcial y desvaído de tales pérdidas con motivo de la junta general celebrada el 15 de febrero de 1995. La memoria que entonces se hizo pública permite deducir que la financiación recibida del FGD para el saneamiento de Banesto se había dedicado a la adquisición de activos de alto riesgo con pérdidas implícitas o con claras expectativas de pérdidas. De no haberse llevado a efecto esas operaciones, Banesto habría cerrado el año 1994 con un resultado positivo por importe de 67.508 millones de pesetas, en lugar de las pérdidas que, por importe de 12.537 millones de pesetas, figuraban como resultado del ejercicio. Por otra parte, se registraban importantes diferencias entre la memoria del banco y las declaraciones presentadas por el Santander, como accionista mayoritario de Banesto, ante la SEC norteamericana. La memoria de Banesto correspondiente a 1994 indicaba en su página 71:

«Al 31 de diciembre de 1994 el valor de mercado de los importes clasificados en los epígrafes “Cartera de renta fija-De inversión ordinaria” y “Cartera de renta fija-De inversión a vencimiento” era de 741.868 y 417.345 millones de pesetas, respectivamente, en el Banco (760.767 y 417.977, respectivamente, en el Grupo). La diferencia entre el valor nominal y el valor reembolso de las Letras del Tesoro figura registrada en el saldo de los capítulos “Cuentas de periodificación” del activo y pasivo de los balances de situación adjuntos, respectivamente, según su signo».

Pero a continuación se añadía un comentario de apariencia inocua, pero no por ello menos sorprendente:

«La cartera de inversión o vencimiento incluye activos adquiridos con la financiación recibida del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios (véase Nota 2), de forma que las minusvalías existentes se verían compensadas ampliamente con los beneficios implícitos en dicho crédito (por comparación entre el coste financiero de dicho crédito y el coste de financiación alternativa en mercado)».

Este párrafo permite deducir que la financiación pública recibida del FGD para el saneamiento del banco se había destinado a adquirir deuda pública, lo que, de entrada, resulta sumamente extraño. Pero todavía sorprende más comprobar que las pérdidas por esas inversiones en deuda pública a lo largo de 1994 fueron muy superiores a las registradas por sus principales competidores, los bancos Central Hispano y Bilbao Vizcaya en el mismo año, tanto en valor absoluto como en el porcentaje correspondiente. Es un hecho cierto que en ese año se produjeron pérdidas generalizadas en las inversiones de este tipo efectuadas por bancos y cajas de ahorro, pero también lo es que Banesto ha presentado unas pérdidas notoriamente superiores a las de sus competidores, como se desprende del siguiente cuadro:

Y tampoco deja de sorprender el hecho de que los desastrosos resultados obtenidos por Banesto en 1994 por sus inversiones en deuda pública se tornaran en beneficios durante el siguiente ejercicio. Un somero análisis de estas pérdidas sufridas por el banco en el mencionado ejercicio nos permite calibrar el dislate cometido por los administradores provisionales. Según la normativa del Banco de España, la deuda del Estado incluye estos cuatro conceptos: certificados del Banco de España, cartera de negociación, cartera de inversión ordinaria y cartera de inversión a vencimiento. Dichas normas fijan los siguientes criterios de valoración:

La cartera de negociación, cuya finalidad es puramente especulativa, se valora a su precio de mercado al cierre de ejercicio. Las diferencias netas por las variaciones de valoración se registran (sin el cupón corrido), según su signo, como pérdidas o beneficios por operaciones financieras del ejercicio.

La cartera de inversión ordinaria se valora al menor de los precios de mercado o de adquisición, incrementado con los intereses corridos. Hasta la publicación de la circular 6/94, la diferencia entre el valor de mercado y el precio corrido se registraba como pérdidas o beneficios por operaciones financieras del ejercicio. A partir de la entrada en vigor de esa circular (1 de octubre de 1994), las diferencias mencionadas pasaron a contabilizarse como ajustes por periodificación y no como pérdidas del ejercicio.

La cartera de inversión a vencimiento, constituida por los valores que la entidad haya decidido mantener hasta su vencimiento, se valora al precio de adquisición, ajustado con los intereses corridos.

Pues bien, veamos qué ocurrió con las pérdidas de Banesto en deuda del Estado durante 1994:

Al 31 de diciembre de 1994 el valor de la cartera de negociación era de 156.644 millones. Una parte sustancial de la existente a primeros de año —810.865 millones— fue reclasificada en el último trimestre, al amparo de la circular 6/94, como inversión ordinaria o a vencimiento. Las pérdidas registradas en ese año por operaciones que correspondían exclusivamente a la cartera de negociación suman 80.045 millones, sin que quepa invocar la antigüedad de la deuda como justificáción posible, ya que esa cartera está valorada el 1 de enero de 1994 al precio de mercado del último día hábil del ejercicio anterior. Como la circular 6/94 permitió utilizar en los traspasos realizados en el último trimestre del año, de la cartera de inversión ordinaria a la de vencimiento, la valoración del 30 de junio de 1994, Banesto ha podido recuperar la totalidad de las pérdidas registradas en el tercer trimestre en los valores traspasados de una a otra cartera.

El saldo de la cartera de inversión ordinaria al 31 de diciembre de 1994 es de 756.324 millones. Como se ha dicho, una parte sustancial de este importe, unos 600.000 millones, corresponde a valores traspasados en el último trimestre del año desde la cartera de negociación, al amparo de la circular 6/94. Las pérdidas registradas directamente en 1994 en esta cartera ascienden a 2.828 millones. A dicha cifra hay que añadir las minusvalías contabilizadas como ajustes de periodificación, a partir del 1 de octubre de 1994, que ascienden a 14.456 millones (756.324 millones de valor contable menos 741.868 de valor de mercado).

El saldo al 31 de diciembre de 1994 de la cartera de inversión a vencimiento era de 440.693 millones, de los que 318.000 correspondían a valores adquiridos a partir del 1 de agosto ¡con la financiación recibida del FGD! Según la memoria, el vencimiento medio de la inversión a vencimiento estaba comprendido entre uno y cinco años, siendo su valor de mercado al cierre de 1994 de 417.345 millones. La diferencia de 23.348 millones existente entre el valor contable (440.693 millones) y el valor de mercado (417.345 millones) de la cartera de inversión a vencimiento corresponde, sin duda, a las minusvalías a que se refiere la nota 6 de la memoria, las cuales:

«…se verían compensadas ampliamente con los beneficios implícitos en dicho crédito (por comparación entre el coste financiero de dicho crédito y el coste de financiación alternativa en mercado)».

Como resumen de lo expuesto, resulta que las pérdidas reales de Banesto en 1994 en deuda del Estado son las siguientes:

Una parte sustancial de los 82.873 millones de pérdidas registradas en la contabilidad se produjo precisamente en los siete primeros meses del ejercicio. La declaración Form F-20 presentada por el Santander ante la SEC el 29 de junio de 1995 incluye una cuenta de resultados cerrada al 31 de julio de 1994 (página F-81) en la que se reconocen unas pérdidas de 74.946 millones en la partida Investment securities (Deuda del Estado), que, considerando su elevado importe, es fácil deducir que corresponden, en su práctica totalidad, a la cartera de negociación.

Las pérdidas a que nos referimos resultan aún más anómalas si se ponen en relación con los beneficios de 1.183 millones que, por operaciones financieras con deuda pública, registró Banesto en 1995. Llama la atención que, de unas pérdidas de 80.045 millones en la cartera de negociación en 1994, se pasara a un beneficio de 621 millones en 1995, y, de igual modo, en la cartera de inversión ordinaria, se pasara de 17.284 a 562 millones de uno a otro ejercicio, unas diferencias abismales que la autoridad supervisora no se molestó en investigar siquiera, aunque sí lo intentó infructuosamente alguno de los accionistas de Banesto. En el acta de la junta general celebrada el 13 de febrero de 1996, levantada por el notario Félix Pastor Ridruejo, consta que uno de los asistentes a la junta imputó a Banesto haber adquirido del Banco Santander deuda pública por valor de 300.000 millones.

En cualquier caso y con independencia de las sospechas que puedan levantar los hechos expuestos, se pueden extraer dos conclusiones indiscutibles: 1ª) Si no se hubieran llevado a cabo esas operaciones ruinosas, Banesto habría cerrado el ejercicio 1994 con unos beneficios de 67.508 millones, en lugar de las pérdidas por 12.537 millones que figuran como resultado del período. 2ª) Los nuevos gestores de Banesto demostraron, al menos, ser mucho menos eficientes que los del resto de la banca española en el manejo de estas operaciones.

La última declaración del llamado «balance reservado» presentada por la anterior administración de Banesto al Banco de España lleva fecha 30 de noviembre de 1993. El documento incluye el estado M1, firmado por el interventor general Juan Garrido, en el que figuran las cuentas «acuerdos sobre tipo de interés futuro» y «permutas financieras» con los siguientes saldos:

Cta. nº 1281, Acuerdos sobre tipo de interés futuro: 127.115 millones.

Cta. nº 1282, Permutas financieras: 1.526.919 millones.

Total: 1.654.034 millones.

La primera declaración presentada por los nuevos administradores del banco, correspondiente al 31 de diciembre de 1993, refleja un asombroso incremento en el saldo de dichas cuentas. El formulario M 1, firmado esta vez por Rodolfo Molinuevo Orue, no guarda el menor parecido con las cifras del anterior:

Cta. nº 1281, Acuerdos sobre tipo de interés futuro: 2.383.724 millones.

Cta. nº 1282, Permutas financieras: 3.140.943 millones.

Total: 5.524.667 millones.

Es decir, en el cortísimo período transcurrido entre la designación de los nuevos administradores y el fin del año 1993, los «futuros» parecen haberse multiplicado por 19 y las «permutas» se han elevado al doble. En ese suspiro (tres días, con inclusión del fin de año), los nuevos administradores, que estaban aterrizando en Banesto, sin saber siquiera dónde estaba el retrete, fueron capaces, no ya de seguir operando en tan sofisticado mercado, sino de conseguir esos increíbles aumentos. Es admirable que un banco «en quiebra técnica» pudiera obtener contrapartida en otros bancos para cerrar operaciones tan delicadas y aleatorias como éstas, por varios billones de pesetas, las cuales, por su especial naturaleza, requieren una indudable confianza entre las entidades que las conciertan.

¿Cómo pudo Banesto, inmediatamente después de la intervención, convencer a alguien tan sumamente tonto para formalizar estas operaciones y, sobre todo, por cifras tan abultadas? ¿O es que los demás banqueros se habían vuelto repentinamente locos? ¿Acaso había presionado el Banco de España para «recomendar» a los nuevos administradores de Banesto ante los otros bancos, diciéndoles que estas operaciones no implicaban cualquier riesgo adicional derivado de la intervención? ¿O, tal vez, unas operaciones tan sumamente peliagudas se le «endosaron» a Banesto por el Santander y el BBV, con los consiguientes riesgos, que conocían plenamente la situación de su infortunado competidor por haber participado en la preparación del asalto?

LA LEY, ARTE MENOR

«La inteligencia innata implica el conocimiento de la forma, y el instinto, el de la materia»

(BERGSON)

Conviene señalar la ausencia de los requisitos que autorizan el ejercicio de la facultad excepcional de que hizo uso el Banco de España al expoliar Banesto, especialmente la inexistencia de los indicios taxativamente previstos en el artículo 31 de la Ley de disciplina e intervención de las entidades de crédito. Es tan cierto como inaudito que al no existir expediente administrativo previo, la decisión de intervenir el banco careció de cualquier fundamento fáctico. Fue un mero acto volitivo que entraba en contradicción manifiesta con todo lo que sigue:

La entidad intervenida no tenía problemas de liquidez: así consta en la declaración del gobernador del Banco de España, Luis Angel Rojo, ante el Congreso de los Diputados el día 30 de diciembre de 1993, según publica el acta de la sesión de ese mismo día. Conforme a los documentos que el Banco de España se ha visto obligado a remitir a los Tribunales de Justicia, Banesto tenía posición acreedora (era prestamista) en el mercado interbancario hasta el mismo día en que fue intervenido, momento en que, por razones sólo atribuibles a la medida expoliadora, aquella posición cambió vertiginosamente de signo. El dolor de cabeza se curó cortándola en la guillotina, es el mejor remedio.

La entidad no tenía problemas de recursos propios. En primer lugar, porque así lo acredita la actuación de la Administración financiera, entre los cuales destaca la macroampliación de capital, cuya aprobación tuvo lugar en los meses de julio-agosto de 1993, así como la «opa» sobre las acciones de la Corporación Industrial y Financiera de Banesto. La existencia de estos actos propios no ha sido discutida por nadie en los distintos procesos que se han sucedido a cuenta de la intervención. En otro caso, el Banco de España sería un mero buzón que no supervisa nada. No olvidemos que en el mes de octubre de 1993, como ocurría desde mucho antes, la Inspección del Banco de España estaba permanentemente aposentada en la sede de Banesto en el paseo de la Castellana, en constante y directa relación con sus auditores externos e internos. En segundo lugar, porque los auditores externos de Banesto, es decir, Price Waterhouse Auditores, S.A. que auditaba el banco desde 1989, así lo pusieron de manifiesto, sin apreciar salvedad o excepción de cualquier clase, en sus informes de 1989 a 1992, ambos inclusive. Digamos de paso que la opinión de la auditoría externa correspondiente al ejercicio 1992 lleva fecha 26 de abril de 1993. En tercer lugar, porque los mencionados auditores externos, bajo su exclusiva responsabilidad, valoraron las acciones del banco, en mayo de 1993, a razón de 1.900 pesetas cada una, lo que significaba que queda a años luz de una supuesta «quiebra técnica» de la entidad emisora. Y, en cuarto lugar, porque Arthur Andersen, que auditaba la Corporación y su grupo consolidado, tampoco puso de manifiesto la existencia de cualquier problema o de cualquier dificultad. Y su opinión de auditoría independiente sobre las cuentas de 1992 también está fechada en abril de 1993, sin que contenga salvedad o excepción alguna.

La verdadera situación de Banesto podía deducirse de su contabilidad. De no ser así hubiera sido imposible que los administradores provisionales-interventores, «agentes del Banco de España» (en calificación del ministro de Economía y Hacienda), confeccionaron unos estados financieros antes del 24 de enero de 1994, fecha en que Price Waterhouse emite un informe basado precisamente en la formulación de dichos estados. Por cierto, y basta leer el informe, la auditora remite expresamente a esos agentes provisionales la inderogable responsabilidad de su formulación, sin asumirla como propia. De no poderse deducir la situación de Banesto por su propia contabilidad, ¿de dónde y cómo pudieron a su vez deducir tal información tan singulares agentes? Banesto era una entidad de crédito con más de ocho millones de apuntes contables diarios, por lo que sin una contabilidad fiable no podría haberse deducido nada de nada y menos aún en tres semanas. Ni siquiera algo tan «equivocadamente» falso como lo que manifestaron los nuevos administradores.

Las conclusiones de la Comisión del Congreso de los Diputados (BOCG de 20 de diciembre de 1994, nº 111) no pueden convertirse en un Jordán purificador, olvidando que los máximos responsables del Banco de España (gobernador Luis Angel Rojo, subgobernador Miguel Martín y director general de Inspección José Pérez), el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y los agentes del Banco de España (Alfredo Sáenz Abad y Juan Carlos Rodríguez Cantarero), en sus respectivas declaraciones, pretendieron convertir esa Comisión parlamentaria —que fue creada, como luego veremos, para estudiar y seguir la actuación de todas esas personas con funciones públicas en la intervención de Banesto— en un «proceso» a los administradores sustituidos. «Proceso» en el que estuvieron ausentes garantías esenciales (como, por ejemplo, ausencia de sanción a los comparecientes ante la Comisión que faltaran a la verdad) . Por eso, cuando se habla de Comisión de investigación se actúa con intolerable frivolidad o se falta abiertamente a la verdad para confundir a la opinión pública. Es indudable que la calificación adecuada de la Comisión parlamentaria no es una cuestión semántica ni de «ausencia de formalismos», como suele decir la Administración Pública ante los Tribunales. Por lo que las conclusiones de dicha Comisión vienen claramente lastradas por su propio carácter, incluidos los conceptos y las cifras y el método empleado.

Las estimaciones, siempre negativas, llevadas a cabo por los «agentes del Banco de España» sobre el valor de multitud de empresas propiedad de Banesto se mostraron, tan tempranamente como en agosto de 1994 (o sea, mientras se desarrollaban los trabajos de la Comisión parlamentaria, a la que, obviamente, se le ocultaron esos datos), enteramente ausentes de cualquier correspondencia con la realidad (Asturiana de Zinc, por poner un significativo ejemplo, o la Sociedad Española del Acumulador Tudor), y no mucho más tarde, en diciembre de 1994, por lo que se refiere al Banco Totta & Açores, recientemente readquirido por el Banco Santander, no sin serios problemas con el Gobierno portugués. Y por supuesto en dicho año, con las reclasificaciones y recuperaciones de créditos, que, siempre según los «agentes del Banco de España», superaron los 350.000 millones de pesetas.

Pero el colmo de las verdades del barquero se produjo cuando, a comienzos de 1998, el Banco Santander valoró Banesto, supuestamente en «quiebra técnica», en 1.218.000.000.000 millones (creo que poniéndolo en letra, se lee mejor: un billón doscientos dieciocho mil millones), valoración que fue respaldada por unos conspicuos expertos independientes: Goldman Sachs (competidor de JP Morgan) y KPGM Peat Marwick, afamada firma internacional de auditores. Son datos públicos: cada acción se valoró en 1.975 pesetas (en la Bolsa, o sea en el mercado, el valor era de 2.300 pesetas), y Banesto tiene más de 612 millones de acciones emitidas. Lo que no era un milagro: se trataba de «la prueba del nueve» en cuanto a la ausencia de fundamentos (a salvo los espurios) en que se «sustentó» la intervención del banco.

Además, resulta inconcebible que la intervención de Banesto se haya producido sin existir expediente administrativo, ni siquiera el menor atisbo, como lo lee usted, lector amigo: una intervención de ese porte ha tenido lugar sin que las causas determinantes consten de alguna manera en la pertinente documentación oficial. Lo que puede parecer mentira a cualquier alma cándida acostumbrada a respetar el ordenamiento jurídico, pero, como acabamos de decir, no existió expediente alguno que fundamentara el abrupto acuerdo del Banco de España adoptado el 28 de diciembre de 1993. Acuerdo «aerostático», pues, ya que se sustentaba en el aire, o si ustedes lo prefieren, acuerdo consistente en un acto volitivo y no cognoscitivo. Sólo con evidente posterioridad a la intervención, el acuerdo intentó vestirse a toda prisa mediante la elaboración de un expediente «de cobertura» por el Banco de España, redactado a trancas y barrancas, lo que, además de antijurídico, resulta grotesco. En una palabra, primero se «resolvió» y luego se «justificó» la resolución. Y no solo no existió expediente previo al acto de intervención, sino que los posteriores informes se elaboraron «ad hoc» para poder presentar algún papel en las impugnaciones que se produjeron. La elaboración de esos informes, incluido el de la Inspección del Banco de España de fecha 31 de enero de 1994, con sus 284 «anexos», concluyó después de que la Administración demandada conociera el contenido de los recursos administrativos interpuestos por los administradores sustituidos. Este proceder, en román paladino, es el que emplea el jugador de ventaja, o dicho con mayor propiedad: los verdugos dictan la sentencia de muerte después de ahorcar al reo.

En la misma línea de irregularidades esenciales, hay que señalar, aunque también parezca mentira, la inexistencia de audiencia tanto a la entidad intervenida como a sus administradores. Resulta extraño que el Banco de España no solo no diera audiencia a Banesto, sino que tampoco «oyera», ni regular ni irregularmente, ni oficial ni oficiosamente, a las personas que integraban el consejo de administración. Lo único que hicieron el gobernador y el subgobernador fue informar de sus planes a los máximos responsables de los Bancos Santander y Bilbao Vizcaya. Porque, una vez que ya estaba decidida la suerte de Banesto, y al margen de cualquier procedimiento administrativo, Rojo y Martín (sin informar previamente a su Consejo Ejecutivo), a quien sí dieron trámite de «audiencia», en fecha tan señalada como el 25 de diciembre de 1993, y en lugar tan concreto y significativo como la casa particular del gobernador (como se ve, todo un procedimiento tan «exento de formalismos» como desconocedor de los derechos y garantías de los ciudadanos), fue a dos importantes competidores de Banesto; y por supuesto del contenido de lo tratado no se levantó acta. ¿Cómo va a levantarse acta cuando, sin la menor cobertura jurídica, se infringe de modo tan brutal el secreto bancario? Esta debe ser «la fluidez de procedimiento exento de formalismos» a que se refiere sistemáticamente la Administración Pública cuando se encuentra en el penoso trance de pronunciarse sobre tan delicada cuestión. Mediante la reunión mencionada en casa del gobernador se trataba, evidentemente, de involucrar al Banco Santander y al Bilbao Vizcaya y, sobre todo, de evitar a toda costa que hubiera vuelta atrás en el designio preconcebido de intervenir Banesto. Vemos, pues, que en este caso, pocos fueron los llamados y menos aún los elegidos: tan solo se convocó a los presidentes Emilio Botín Ríos y Emilio Ybarra Churruca, y a sus vicepresidentes y consejeros delegados, Alfredo Sáenz Abad y Rodrigo Echenique Gordillo, quienes, naturalmente, dieron cuenta del suceso a sus respectivos consejos (y a saber a quién más). En el caso de Emilio Ybarra, ya sabemos que el hombre, tan cuidadoso siempre en preservar su patrimonio de incidencias adversas, procedió a la venta de sus acciones de Banesto inmediatamente antes de producirse la intervención. Conducta tan «honorable» no fue, que se sepa, sancionada en cualquier forma. Y para mayor menosprecio de la justicia, en lo que consideramos un incalificable ejercicio de cinismo, el servicio jurídico del Banco de España, dictó un informe el 1 de febrero de 1994, más de un mes después de la intervención, suscrito por el inefable Joaquín Fanjul Alcocer, que no tiene desperdicio. Le constaba a dicho servicio jurídico (antijurídico más bien), y ello con carácter documental, que habían sido Ybarra, el del BBV, y Tomás Ramón Fernández, un miembro del propio Consejo Ejecutivo del banco emisor, quienes habían vendido deprisa y corriendo sus acciones de Banesto al conocer la decisión de intervenir. Pues bien, el tal informe dice falsamente que fueron los administradores sustituidos quienes llevaron a cabo conductas similares a las realizadas por esos dos ilustres ventajistas, es decir, la venta de las acciones en bolsa, motivo por el cual las autoridades «competentes» decidieron no dar audiencia a Banesto. Y para evitar la reacción previsible de los afectados por la injusta insinuación, la CNMV, organismo público de cuyo consejo era miembro nato el subgobernador del Banco de España, Miguel Martín, también negó a los administradores sustituidos de Banesto la condición de interesados legítimos en la investigación abierta para esclarecer tan vergonzoso episodio.

Si fue el tamaño o la importancia de las dos entidades que colaboraron en la conspiración lo que justificó la ausencia del resto de la banca en el peculiar y restringido «trámite de audiencia» que se produjo en el domicilio particular del gobernador, el argumento no encaja con la falta de audiencia solicitada por el más importante banco de negocios del mundo que, además era accionista cualificado de Banesto y lo había estudiado todo con el mayor detalle. Nos referimos a JP Morgan, cuya solicitud se formuló el 27 de diciembre de 1993, sin que esta entidad tampoco fuese oída.

Hay que destacar asimismo la falta de credibilidad de Price Waterhouse y de Arthur Andersen en su actuación auditora durante el año 1994. En enero, el ICAC había abierto un expediente de control técnico a ambas firmas, que completó con otros expedientes sancionadores por supuestas deficiencias en las auditorías de Banesto y de la Corporación. Ese mismo organismo público, el ICAC, negó legitimación a los antiguos administradores para personarse en los expedientes, en base, cómo no, a la ausencia de «un interés legítimo». Resulta sorprendente (por decirlo con suavidad) que la misma Administración pública que ordena controles técnicos a las firmas de auditoría, dé por buenas, sin control alguno, las conclusiones con que Price Waterhouse y sus socios avalan lo convenido por los «agentes del Banco de España». ¿Puede seriamente hablarse de imparcialidad en la firma auditora y sus socios que, cuando emiten el informe requerido por los agentes del Banco de España, están siendo objeto de un control técnico que puede desembocar, como luego desembocó, en un expediente sancionador? Pues bien, el informe de esa firma fue usado por el Banco de España para intentar sostener que su actuación fue correcta y que así lo corroboraba Price Waterhouse.

Uno de los hitos más deplorables del expolio fue el olímpico desprecio hacia los antiguos accionistas de Banesto, considerados por el Banco de España y los demás autores del asalto como un cero a la izquierda. Con fecha 25 de febrero de 1994, el Consejo Ejecutivo del Banco de España, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.1 del Real Decreto 567/1980, de 28 de marzo, requirió formalmente a Banesto «para que, en el plazo máximo de un mes, se adoptaran las medidas necesarias para restablecer su situación patrimonial, superar el supuesto previsto en el artículo 260.4° de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y cubrir el coeficiente de solvencia legalmente exigible según lo establecido en la Ley 13/1985, de 25 de marzo, y sus normas de desarrollo».

La conminación del Banco de España comunicaba, asimismo, al presidente-administrador ejecutivo de Banesto que «el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios, en el marco de su normativa reguladora, a fin de superar la situación expuesta en los apartados anteriores, ha resuelto ofrecer al Banco Español de Crédito, S.A., la ayuda para saneamientos por 285.000 millones de pesetas, más un préstamo de 315.000 millones de pesetas a un plazo máximo de cuatro años o fórmula financieramente equivalente, y la suscripción de una ampliación de capital por importe de 180.000 millones de pesetas». El ofrecimiento quedaba condicionado al cumplimiento de las siguientes condiciones que habían de concretarse en los correspondientes acuerdos a adoptarse en junta general de accionistas: a) Que, con carácter previo a la reducción del valor nominal de las acciones de Banesto, se acordase «la cancelación de las reservas sociales para la absorción de pérdidas por idéntico importe al de las reservas objeto de cancelación», b) Que se redujera «el capital social en 48.797.821.200 pesetas para cancelar pérdidas por dicho importe, quedando fijado el valor nominal de cada una de las acciones hoy en circulación en 400 pesetas», c) Que, simultáneamente, se procediera a «ampliar el capital social en 180.000.000.000 de pesetas, con aportación dineraria en el momento de suscripción de las acciones que serán emitidas a la par por un nominal de 400 pesetas cada una», d) Que, al amparo del artículo 159 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se acordase «la exclusión total del derecho de suscripción preferente derivado de la ampliación de capital citada en la letra c) anterior, atribuyendo las acciones al Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios, al que se ofrecerán para su suscripción y desembolso sin contraprestación alguna en beneficio de los accionistas por la exclusión del citado derecho de suscripción preferente». Y e) que se acreditara «la obtención de las autorizaciones administrativas preceptivas, así como la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos de reducción y ampliación de capital anteriormente referidos, sin limitación alguna respecto a su plena ejecutoriedad».

Además, el «ofrecimiento» del FGD no era aceptable o rechazable libremente por la junta general de accionistas de Banesto, pues el apartado siguiente de la conminación (el número 6) amenazaba en los términos más rotundos: «A todos los efectos, debe entenderse que el plan de saneamiento del Banco Español de Crédito constituye un todo indivisible, de tal forma que no podrá adoptarse ninguna de las medidas acordadas aisladamente ni aceptarse decisiones de los órganos del Banco Español de Crédito, S.A. que alteren o condicionen la unitaria aplicación del plan de saneamiento».

A pesar de que las obligaciones impuestas por la terminante conminación tenían como destinatarios a los accionistas de Banesto (entre ellas, la exclusión total del derecho de suscripción preferente) y de la gravísima constatación de que estaba incurso en causa de revocación de su autorización bancaria, la resolución conminatoria no se notificó a los accionistas por edicto publicado en el Boletín Oficial del Estado (según ordena el artículo 59.4 de la Ley 30/92) sino a Alfredo Sáenz Abad, presidente administrador ejecutivo de Banesto, que, según el ministro de Economía y Hacienda (resolución de 9 de febrero de 1994), actuaba como «mero ejecutor de la voluntad de la autoridad supervisora», es decir, como un simple agente del Banco de España. Lo que quiere decir que el banco emisor notificó la conminación a su propio agente, el cual no dio traslado a los accionistas, lo que les privó del derecho a formular las alegaciones oportunas en un plazo de 15 días (trámite preceptivo de audiencia del interesado) y a entablar recurso ordinario ante el ministerio de Economía y Hacienda en el plazo de un mes a partir de la notificación.

LOBOS DE LA MISMA CAMADA

«Es no solo inútil, sino locura, no adaptarse a lo irrevocable con calma y serenidad»

(K.W. HUMBOLDT)

«Si quieres que un asunto no se resuelva, encárgaselo a una comisión», es la escéptica y conocidísima recomendación napoleónica, que en el «caso Banesto» dista mucho de lo sucedido en nuestro Congreso de los Diputados, al constituirse, según sus propios términos, una Comisión «no omnicomprensiva», «no exhaustiva», «no extralimitable» y , además, «selectiva».

Si se hiciera una encuesta entre la ciudadanía, incluso entre la más ilustrada, veríamos que los españoles (los que aún puedan tener algún interés en el asunto) seguirán creyendo que esa Comisión parlamentaria, montada tras la intervención de Banesto por el Banco de España, fue una Comisión de investigación. Nada más lejos de la verdad. La «Comisión no permanente sobre la Intervención del Banco Español de Crédito», la conocida como «Comisión Banesto», se creó al amparo del articulo 53 del Reglamento del Congreso de los Diputados, mediante acuerdo de la Mesa del Congreso de fecha 24 de febrero de 1994. (Quien quiera cerciorarse puede consultar el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, V Legislatura, Serie E, número 47, pág. 3, correspondiente al día 28 de febrero de 1994). El objeto de la «Comisión Banesto», como consta en dicho Boletín, era «el seguimiento de las actuaciones de los organismos e instituciones públicas en relación con la intervención del Banco Español de Crédito por el Banco de España, así como el conocimiento de la situación provocada por la gestión de aquélla entidad financiera, respetando el principio del secreto bancario». Pues bien, sus conclusiones, para quien quiera leerlas, no se alcanzaron ni en el «seguimiento» ni en el «conocimiento» del asunto, por lo que sorprende que se hayan utilizado como coartada de tantas actuaciones, en particular las del Banco de España y el FGD. Y también sorprende que se citen en tantas ocasiones y con tanta ligereza, por decir lo menos, tanto por el Ministerio Fiscal, que debería ser garante del principio de legalidad, como por la Abogacía del Estado, que debería defender los intereses de los contribuyentes.

Hay que comenzar por la referencia que en la creación de la «Comisión Banesto» se hace al artículo 53 del Reglamento del Congreso, ya que, por sí mismo, pone de manifiesto que no se trató de una Comisión de investigación. Con perdón por la obviedad de la cita, es lo cierto que las Comisiones parlamentarias de investigación, en que tantas esperanzas pusieron los constituyentes, se prevén en el artículo 76 de nuestra Carta Magna:

«1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas».

2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación».

En desarrollo de la norma constitucional, las Comisiones de investigación del Congreso están reguladas en el artículo 52 de su Reglamento:

«1.– El Pleno del Congreso, a propuesta del Gobierno de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara, podrá acordar la creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público.

2.– Las Comisiones de Investigación elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar Ponencias en su seno y requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Congreso, de cualquier persona para ser oída. Los extremos sobre los que deba informar la persona requerida deberán serle comunicados con una antelación mínima de tres días.

3.– La Presidencia de la Cámara, oída la Comisión, podrá, en su caso, dictar las oportunas normas de procedimiento.

4.– Las conclusiones de estas Comisiones, que no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, deberán plasmarse en un dictamen que será discutido en el Pleno de la Cámara. El Presidente del Congreso, oída la Junta de Portavoces, está facultado para ordenar el debate, conceder la palabra y fijar los tiempos de las intervenciones.

5.– Las conclusiones aprobadas por el Pleno de la Cámara serán publicadas en el “Boletín Oficial de las Cortes Generales” y comunicadas al Gobierno, sin perjuicio de que la Mesa del Congreso de traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

6.– A petición del Grupo Parlamentario proponente se publicarán también en el “Boletín Oficial de las Cortes Generales” los votos particulares rechazados».

Para asegurar la presencia de los convocados en las Comisiones de Investigación, se promulgó la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, que regula con minuciosidad la comparecencia de particulares y funcionarios públicos. También establece, y esto es importante en nuestra opinión, la necesidad de preservar los derechos constitucionales de la ciudadanía, incluidos el derecho al honor y el derecho a la intimidad.

Sin embargo, la «Comisión Banesto» no revistió el carácter de Comisión de investigación, sino que se creó, como antes decíamos, al amparo del artículo 53 del Reglamento del Congreso de los Diputados:

«La creación de Comisiones no Permanentes distintas de (las de Investigación) y su eventual carácter mixto o conjunto respecto de otras ya existentes, podrá acordarse por la Mesa del Congreso, a iniciativa propia, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara y previa audiencia de la Junta de Portavoces».

Ya hemos visto que la diferencia no es semántica tan solo, sino de gran calado. Es tan esencial tal diferencia que las comparecencias ante Comisiones como la de Banesto no resultan afectadas por la Ley Orgánica 5/1984. Así, en el dictamen de la Comisión Banesto sometido al Pleno de la Cámara (Boletín de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, V Legislatura, Serie E, núm. 111, 20 de diciembre de 1994, página 2) puede leerse:

«Las comparecencias de personas privadas han tenido, de acuerdo con lo que al efecto establece el artículo 44 del Reglamento, la finalidad de «informar y asesorar» a la Comisión en las materias objeto de su estudio, al tiempo que la presencia ante la misma de miembros del Gobierno o de autoridades o funcionarios públicos ha tenido lugar para informar sobre asuntos relacionados con sus respectivos departamentos en razón de su competencia».

Especial relevancia han tenido estas comparecencias, precisando que tan solo se han realizado aquellas que la Comisión, sus componentes o la mesa han considerado convenientes. Por tanto, la Comisión no ha tenido un carácter omnicomprensivo ni exhaustivo, sino lo suficientemente selectivo y riguroso como para poder cumplir, a satisfacción de los integrantes con el mandato encomendado por la Cámara. Debe reseñarse que no ha sido una Comisión de Investigación, su objeto ha sido concreto y no extralimitable, no ha sido una Comisión secreta, más que en una ocasión y estaba afectada por el secreto bancario. Igualmente, desde un primer momento quedó patente su vinculación expresa con la preservación de los derechos fundamentales de los comparecientes, incluidos sus derechos al honor, el de no declarar contra si mismos, el de presunción de inocencia, el de defensa, el de voluntariedad de las comparecencias al no ajustarse a normas rígidas, como las que delimitan el funcionamiento de las comisiones de investigación. Es de resaltar a este respecto que, previamente a cada una de las comparecencias, se informaba sobre las características que acaban de señalarse, e incluso «coloquialmente por parte de algún diputado se habló del derecho a mentir o no decir la verdad por parte de los comparecientes en todo aquello que pudiera comprometerles».

Por tanto, la «Comisión Banesto»:

1.– No tuvo un carácter omnicomprensivo ni exhaustivo, sino selectivo. De hecho algún afectado negativamente por las declaraciones de ciertos comparecientes solicitó, tan reiterada como infructuosamente, su personación para declarar. (Es el caso de Rafael Pérez Escolar, que fue citado por la Comisión, y luego, sorprendentemente, fue desconvocado con el pretexto de que se le llamaría nuevamente. Como transcurría el tiempo y no se producía la nueva convocatoria, Pérez Escolar compareció ante la Mesa y manifestó de manera expresa que tenía derecho a manifestarse ante la Comisión y que exigía una nueva convocatoria. Hasta hoy; la nueva citación no tuvo lugar. Los padres de la patria, según parece, tenían poco interés en que alguien que había sostenido públicamente que la intervención de Banesto era prevaricadora y falsaria, expusiera ante el Parlamento las razones en que se basaba tan dura calificación. Esta ausencia de omnicomprensión y exhaustividad contrasta vivamente con la rotundidad de las conclusiones a que llegó la Comisión y su remisión consiguiente al Ministerio Fiscal, algo que, como se ha visto, no se ajusta al texto constitucional y al propio Reglamento del Congreso en cuanto a las Comisiones de investigación.

2.– La Comisión no fue extralimitable, dice el acuerdo, sino que se entiende bien la expresión. ¿Quiere decirse que fue una Comisión creada «ad hoc»? ¿Quiere decirse que en casos similares no va a utilizarse el mismo método?

3.– Pero lo más relevante es que, «coloquialmente» (como si el adverbio supusiera alguna diferencia esencial) se hablo del «derecho» de los comparecientes «a mentir o no decir la verdad en todo aquello que pudiera comprometerles». Lo que quiere decir que ante una Comisión parlamentaria los comparecientes podían mentir impunemente y, por tanto, tergiversar u omitir todo aquello que pudiera «comprometerles». Y de esta manera quienes no fueron «comparecientes», y a quienes por lo mismo no se les dio oportunidad para defenderse, pudieron ser difamados, insultados y calumniados, sin coste alguno para los «comparecientes» que habían usado su «derecho a mentir». Y, como, además, no se distinguió, en cuanto a tan singular «derecho» ejercido en el Parlamento, el templo sagrado de la democracia, entre no decir la verdad y no comprometerse, se cubrió con tan infamante manto protector tanto a «personas privadas», como a miembros del Gobierno, autoridades y funcionarios públicos. Cada cual que saque sus propias conclusiones.

4.– Luego se ha sabido, además, que algunos de estos comparecientes (como Sáenz Abad y Rodríguez Cantarero) fueron destinatarios de un «regalo» de más de seis millones de acciones de Banesto dispensado por el Banco Santander, generosa dádiva que recibieron mientras se estaban desarrollando las sesiones de la «Comisión Banesto». Y entre bastidores, hablando con periodistas, creadores de opinión, funcionarios públicos, autoridades e incluso algunos diputados, se pudo ver al «pequeño Goebbels» de la reputada familia receptora de la recompensa, como se llama en los medios a Luis Abril Pérez, otro de los destinatarios del «regalo». ¿Son fiables semejantes informadores y asesores de la Comisión?

5.– ¿Y qué decir de Emilio Botín, el «despistado» que omitió su firma en el pliego de la oferta por las acciones de Banesto? ¿era fiable el presidente del Santander? Algún diputado de Izquierda Unida recordó ante la «Comisión Banesto» la pendencia ante los tribunales penales (pendencia que continúa) del ominoso asunto de las «cesiones de crédito», calificado por otro parlamentario como «el mayor fraude fiscal de la democracia».

Cuando muchos de los «comparecientes» ante la Comisión Banesto hubieron de declarar bajo juramento como testigos en la Audiencia Nacional, al no estar ya amparados por el derecho a mentir, o no decir la verdad, o a no comprometerse, cambiaron su «versión» en muchos puntos o sufrieron innumerables amnesias (eso sí, las amnesias no fueron «omnicomprensivas» ni «extralimitables», sólo fueron «selectivas»).

Con esos mimbres, los que acabamos de relatar, resulta difícil sostener que las conclusiones de la «Comisión Banesto» ofrezcan alguna validez para enterarnos de lo que realmente pasó con la intervención. El introito nos excusa de insistir en la falta elemental de garantías en que reposan tales conclusiones y lo injustas que resultan para quienes, incluso insistiendo en declarar, no fueron oídos. Es innecesario recordar que el derecho a ser oído se remonta, cuando menos, al Derecho Romano, y que se recoge en numerosos pactos internacionales sobre derechos humanos obligatorios para el Estado español.

Según se dice en el dictamen, «las comparecencias de personas privadas han tenido, de acuerdo con lo que al efecto establece el artículo 44 del Reglamento, la finalidad de informar y asesorar a la Comisión en las materias objeto de su estudio». Es decir, todos los comparecientes, cualesquiera que fuese su posición personal en el asunto de la intervención de Banesto, fueron colocados en paridad de condiciones. O lo que es igual, no se estableció diferencia alguna según que existieran o no presuntas responsabilidades, incluidas, en su caso, las de carácter penal. Y, sin embargo, en este caso no resultó igual la protección de derechos cuando se trataba de supuestos responsables de supuestas tropelías que cuando no lo eran (los testigos han de decir verdad, aunque ello les «comprometa», y más aún si se trata de autoridades y funcionarios públicos, incluidos los denominados «agentes del Banco de España»). Pues bien, en el primer caso, en el de los supuestos responsables, no consta en las actas de las sesiones de la Comisión, a pesar de las duras críticas vertidas sobre la actuación de los anteriores gestores de Banesto, que se haya cumplimentado, ni cuándo ni el modo en que se cumplimentó previamente en punto a cada una de las comparecencias, la preservación de los derechos fundamentales de los «comparecientes». No se encuentra documento ni explicación de ninguna especie que acredite el respeto de estos derechos, por lo que resulta evidente que derechos fundamentales de carácter básico se han vulnerado en el «caso Banesto» de mala manera por unos diputados con actitud preconcebida y sin verdaderas pruebas obtenidas conforme ordena la ley. Por lo que entendemos que las conclusiones de la Comisión están viciadas de manera insubsanable.

Téngase en cuenta que había personas que no fueron siquiera llamadas a «informar o asesorar» a la Comisión, pero que fueron mencionadas por algunos de los «comparecientes» en el transcurso de sus sesiones. A esas personas, cuyo derecho a defender su honor, su intimidad personal e incluso las imputaciones, directas e indirectas, de determinadas conductas que se les hicieron por «comparecientes» que pudieron cómodamente mentir (se utilice el término «coloquialmente» o de otro modo), la Comisión no les dio la posibilidad de clarificar y, en su caso, rebatir las afirmaciones de quienes (pudiendo mentir y no decir la verdad para no comprometerse) les mencionaron y difamaron. ¿Y qué fiabilidad tienen los documentos que se aportaron al expediente si no fueron objeto de una mínima contradicción acerca de su veracidad y contenido? La misma fiabilidad que los cálculos sobre el supuesto perjuicio del Fondo de Garantía de Depósitos. ¿Por qué la Comisión, sin llevar a cabo un análisis independiente, dio por buenas las cifras del Banco de España y del Fondo de Garantía?

En concreto, y en cuanto a la frustrada declaración de Pérez Escolar ante la Comisión, le preguntamos sobre este punto que ofrece perfiles tan lamentables:

—Es algo —nos dice— que me ha dolido profundamente. Yo asistí al llamado «contubernio de Munich», el Congreso del Movimiento Europeo celebrado el año 1962, y allí, como un punto fundamental, quedó constancia de que cualquier ciudadano al que pudieran afectar las decisiones parlamentarias tenía pleno derecho, en un verdadero régimen democrático, a hacerse oír en el propio Parlamento antes de que se adoptara cualquier decisión que le pudiese afectar. Bueno, pues nuestro Parlamento, el Congreso de los Diputados del Reino de España, no se ha ajustado a esta regla de inexcusable observancia en toda Europa: la Comisión del «caso Banesto» me citó para declarar un día determinado, y cuando en la fecha prevista me disponía a trasladarme a la Carrera de San Jerónimo, una señora muy amable me dijo por teléfono que se suspendía mi comparecencia, aunque sería citado de nuevo con antelación suficiente. Transcurrió algún tiempo sin que se produjera la nueva citación, por lo que comparecí personalmente ante la Mesa para exigir que se me recibiera declaración en mi condición de antiguo administrador de Banesto y de ciudadano español. Allí me aseguraron, también muy amablemente, que la citación tendría lugar lo más brevemente posible, y hasta hoy, a pesar de que tres o cuatro veces más llamé para exigir mi derecho a ser oído sobre la intervención y sus consecuencias, lo que me afectaba de una manera tan directa. En los tiempos más abyectos de la vieja Roma jamás se infringió el deber de oír públicamente a cualquier ciudadano acusado por el Senado. Cuando los poderes públicos tenían un interés especial en que ese ciudadano no hablara, lo asesinaban, solución que en el fondo tenía mayor sentido democrático que no dejarle hablar al acusado. Lo que quiere decir que nuestro sistema político debe perfeccionarse para evitar semejantes despropósitos si quiere ajustarse a las exigencias de un verdadero Estado de Derecho. Mi caso no fue el único: otros consejeros del banco, especialmente críticos con la intervención, también fueron citados ante la Comisión y luego, inexplicablemente, no se les permitió hablar, por ejemplo, el vicepresidente Ricardo Gómez-Acebo, que sin duda hubiera ilustrado a sus señorías sobre muchos puntos de la fraudulenta intervención del banco. Aunque, como se ha visto, los padres de la patria, por unanimidad, no tenían el menor interés en conocer la realidad. Las unanimidades dan mucho que pensar en cualquier caso, sobre todo en aquellos países que dicen haber salido de una dictadura.

Por último, se dice expresamente que «la Comisión no ha tenido un carácter omnicomprensivo ni exhaustivo, sino lo suficientemente selectivo y riguroso…» Pues bien, no parece aceptable que se sostenga la validez de unas conclusiones (que, como consta en su contenido, serían ulteriormente remitidas al Ministerio Fiscal) que se fundan en un juicio de valor, cual es la autoconsideración de «carácter suficientemente selectivo y riguroso…». Todo ello lleva a que podamos sostener, sin incurrir en exageración, la falta de valor político y jurídico de los resultados a que llegó la «Comisión Banesto». En particular, los acuerdos contenidos en los apartados 6 y 7 de su capítulo III («Valoraciones y sugerencias») (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, V Legislatura, Serie E, núm. 111, 20 de diciembre de 1994, páginas 10 y 11), según los cuales:

«6.– La Comisión considera que deben llevarse a cabo todas las actuaciones pertinentes al objeto de compensar, en la mayor medida posible, la contribución realizada por Organismos públicos al Plan de Saneamiento de BANESTO. En este sentido, se insta al Fondo de Garantía de Depósitos en establecimientos Bancarios a proceder, por la vía que estime más conveniente.

7.– La Comisión acuerda poner a disposición del Fiscal General del Estado, la documentación que ha conocido y estudiado y que se relaciona en el Anejo II del Dictamen, los Diarios de Sesiones de las comparecencias celebradas, así como el propio Dictamen emitido».

El FGD efectuó sus aportaciones por decisión del Banco de España (mayoritario en sus decisiones), y lo hizo en cuantía cuya necesidad nunca fue refrendada por ningún auditor u organismo independiente (ni siquiera la Intervención General de la Administración del Estado). No se estableció ningún mecanismo que pudiera advertir de la incorrecta actuación del Fondo y del cálculo y la naturaleza de las ayudas otorgadas, cuyo carácter se niega ahora en múltiples foros, incluidas las instancias de la Unión Europea, por el mismísimo Pedro Solbes Mira, entonces Ministro del Gobierno de España y ahora Comisario de la Unión Europea, que defendió ante la Comisión Banesto el carácter de fondos públicos que correspondía a los que dispensó el FGD. Y tampoco se estableció cualquier mecanismo de seguimiento de la actuación del Banco de España ni de las recuperaciones de un Banesto como supuesto enfermo gravísimo, que, sin embargo, en febrero de 1998, fue valorado en 1.218.000.000.000 pesetas por su feliz adjudicatario el Banco Santander, por los expertos independientes, por el Banco de España, etcétera. Así se escribe la historia.

Por si lo anterior no fuera suficiente, resulta que entre las comparecencias en la Comisión figura una del Gobernador del Banco de España, que se produjo el día 25 de marzo de 1994 (BOCG, Congreso de los Diputados, Comisiones, V Legislatura, núm. 156). Pues bien, nada sabemos de lo que dicho señor declaró, ni a quiénes se refirió, ni qué explicaciones dio, ya que la sesión fue secreta. La Comisión, respetuosa con los derechos constitucionales, como así consta en el dictamen sometido al Pleno del Congreso, debería haber incluido en su remisión al Ministerio Fiscal, el texto de la declaración de Luis Angel Rojo. Ningún derecho puede ceder ante el derecho de defensa de un posible acusado, que la propia Comisión dice haber respetado. Sin esa declaración secreta, el texto remitido queda gravemente amputado. El destinatario al que se remitió, el Ministerio Fiscal, debió inexcusablemente haber requerido esa declaración secreta, sin la cual lo remitido pierde cualquier sentido. Y no lo hizo.

La actuación del FGD, que debió seguir cuidadosamente la extinta y no «extralimitable» Comisión, no solo no ha sido objeto de censura alguna, sino que, tras no resarcirse de lo que a Banesto y al Santander se debió exigir en la medida en que los fondos públicos entregados (directamente al primero e indirectamente al segundo) ni le era debido entregarlos (como se deduce de la propia documentación manejada por la Comisión) ni siquiera resultaban necesarios a Banesto para salir de su «crisis». Los hechos lo han demostrado cumplidamente, y así lo declaró bajo juramento ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el testigo Roberto Mendoza, cuando aún era vicepresidente ejecutivo de JP Morgan.

Para quienes creemos en el sistema democrático, estas cosas, que sin duda encontrarán algún día explicación cumplida, resultan difíciles de entender. Como también resulta difícil de entender que pudiera ser miembro de la «Comisión Banesto» el tal Fernández de Trocóniz, diputado del Partido Popular, perceptor de cuantiosas «igualas» en distintos municipios de la Comunidad de Castilla y León y salpicado por escándalos financieros que irán saliendo para velar un tanto el regeneracionismo de su partido. Basta leer sus curiosos comentarios a la sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el «caso Banesto» para darse cuenta de sus dotes de jurista imparcial. Claro que, a lo mejor, es un ejemplo para sus compañeros, los abogados del Estado que piden con fervor el sobreseimiento libre de la causa contra Emilio Botín en el escándalo de las «cesiones de crédito», mientras solicitan la condena de los clientes engañados por el Banco Santander en uno de los mayores fraudes fiscales de nuestra reciente historia.

EL COLOR DEL CRISTAL

«La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño ya es demasiado tarde»

(CERVANTES)

Si la intervención de Banesto, según se dijo entonces al unísono por autorizados políticos, reputados financieros, sesudos analistas y eximios periodistas consagrados a la investigación más profunda, tuvo su origen en un «agujero» de tan desmesuradas proporciones, si la situación real del banco era de «quiebra técnica» irreversible y si el desastre afloraba desde los múltiples artificios contables que motivaron tanto la intervención como la acusación civil, administrativa y penal contra sus administradores, resulta imprescindible referirse necesariamente a la situación financiera y contable de la entidad en aquellos tiempos tan dramáticos.

En noviembre de 1992 el Banco de España había autorizado a Banesto un plan especial de saneamiento por 158.694 millones de pesetas, cifra muy distinta de la astronómica que menos de un año después fijaría arbitrariamente el propio banco emisor. Durante el año 1993 los recursos propios de Banesto se incrementaron considerablemente mediante dos ampliaciones de capital: la primera por un importe de 4.608 millones de pesetas efectivas; la segunda por 40.139 millones de pesetas nominales, equivalentes a 94.906 millones de pesetas efectivas. Esta segunda ampliación, acordada por la junta general de accionistas el 22 de mayo de 1993, fue concienzudamente preparada bajo la dirección de JP Morgan, que no dudó en incorporarse al accionariado de manera significativa, por sí y en unión de prestigiosos inversores institucionales de su entorno, a través del fondo Corsair. La excelente liquidez de Banesto no ofrecía la menor duda, puesto que en las fechas inmediatamente precedentes a la intervención su posición global en el mercado interbancario era acreedora y atendía sin excepción todos sus compromisos de pago con rigurosa puntualidad. Sin olvidar que, a lo largo de 1993, el banco había efectuado dotaciones por un importe global de 70.000 millones de pesetas con cargo a los resultados del ejercicio. En un informe del Banco de España, librado por el jefe de su oficina de operaciones el 24 de abril de 1997, se da cuenta de que, al cierre de los días 27, 28 y 29 de diciembre de 1993, la posición de Banesto en el mercado de depósitos interbancarios era la siguiente:

Día 27 de diciembre de 1993:

Posición deudora bruta...... 37.614 millones.

Posición acreedora bruta... 48.378 millones.

Posición acreedora neta..... 10.764 millones.

Día 28 de diciembre de 1993:

Posición deudora bruta...... 62.149 millones.

Posición acreedora bruta... 49.172 millones.

Posición deudora neta....... 12.977 millones.

Día 29 de diciembre de 1993:

Posición deudora bruta...... 47.214 millones.

Posición acreedora bruta... 49.175 millones.

Posición acreedora neta....... 1.961 millones.

A consecuencia de la incorporación de JP Morgan como asesor de la ampliación de capital y canalizador de su inversión institucional, Banesto y el banco americano habían venido tratando durante todo el año 93 con el Banco de España un programa de actuaciones a fin de acelerar el saneamiento de la entidad y cerrarlo definitivamente. La «macroampliación», así conocida por ser la mayor llevada a cabo hasta entonces por un banco español, fue autorizada a mediados de año por el Banco de España y por la CNMV, de la cual formaba parte el subgobernador del banco emisor. En octubre de 1993, justamente dos meses antes de la intervención, la CNMV había autorizado una opa de Banesto sobre su Corporación Industrial, lo que suponía un consumo de fondos propios por 26.000 millones. De donde se deduce que tanto el Banco de España como la CNMV autorizaron todas esas operaciones, sin oponer el menor reparo, desde finales de 1992 hasta dos meses antes de la intervención, lo que prueba su convencimiento de que Banesto no atravesaba una verdadera crisis.

Es significativo que en 1999 JP Morgan seguía pensando que Banesto, de no haberse producido la intervención, hubiera podido resolver cualquier problema sin necesidad de utilizar fondos públicos. Resulta del máximo interés en este punto la declaración prestada por Roberto Mendoza, el vicepresidente ejecutivo de JP Morgan, en la sesión del «caso Banesto» que tuvo lugar el día 18 de enero de 1999. El fiscal pidió explicaciones a Mendoza sobre «la carta que escribió al gobernador del Banco de España el 27 de diciembre del 93, es decir, la víspera de la sustitución de los administradores», y en especial, sobre «la razón en concreto de esa carta», a lo que el declarante, según consta en el acta de la sesión, respondió en estos términos:

—Esa carta la escribí el 26 de diciembre porque me llamó el presidente de Banesto a decirme que había una situación seria con el Banco de España, y que él quería ver si sería posible que nosotros le escribiéramos una carta al Banco de España explicando cuál era nuestra posición frente al plan de saneamiento que había propuesto Banesto aconsejado por nosotros. Yo hablé con mis colegas porque entendía la importancia tanto de la pregunta como de esa carta mandada por nosotros al gobernador, y decidí escribir la carta, en la que esencialmente decía que nosotros apoyábamos el plan de saneamiento que se le había presentado al Banco de España, apoyábamos la administración de Banesto y pensábamos que ese era un plan viable que podría salir adelante; le pedí al Banco de España que si a ellos les parecía bien que yo me presentaría para discutir el plan en más detalle, si eso les convenía.

Mauricio Maella, letrado de la Asociación para la Defensa del Accionista (ADA), con su habilidad característica, demostrada sobradamente a lo largo de todo el proceso, preguntó al declarante sobre la indemnización otorgada por el Banco Santander mediante una opción de compra de acciones al cambio de 400 pesetas. La contestación resulta del mayor interés:

—No fue una indemnización. El contrato que el grupo de inversores privados que constituían el fondo Corsair, la General Electric de los Estados Unidos, Carlisle y don Mario Conde, tenía manifestaciones y garantías y se firmó en el momento de la ampliación de capital cuando dichos inversores privados compraron acciones de Banesto a un precio de 1.900 pesetas por acción. Le menciono el monto porque hay que recordar que el público compró las acciones a un precio de 1.500 pesetas. Cuando ocurrió la intervención, entonces se produjo una nueva auditoría, los datos en la nueva auditoría eran distintos a los que se había constatado en función de la inversión del grupo privado en Banesto. Como esos datos eran distintos, ahí había una causa de pleito por parte nuestra en contra de la entidad Banesto que es la que había dado las manifestaciones y garantías. Es decir, que teníamos un derecho de pleito. Entonces, como ocurre muy frecuentemente en este tipo de situación, tuvimos una negociación con el nuevo dueño de Banesto, que era en ese momento el Banco Santander, y ahí se planteaban dos posibilidades: poner una demanda o llegar a un acuerdo. En compensación por no poner una demanda, al fondo Corsair se le otorgaron opciones sobre 16 millones de acciones de Banesto por un plazo de 4 años, a un precio de 830 pesetas por acción. El Santander había ganado la subasta competitiva a un precio de 760 pesetas por acción, según yo recuerdo. Eso fue lo proporcionado al Fondo Corsair. Como condición de ese arreglo, el Santander nos pidió a JP Morgan que invirtiéramos 40 millones de dólares más en el nuevo Banesto a un precio de 830 pesetas por acción… La razón es que no habíamos recibido indemnización y nosotros liberamos al Santander de las responsabilidades legales por los derechos que nosotros pensábamos que teníamos, en compensación de recibir las opciones condicionadas a que nosotros invirtiéramos más.

El letrado de ADA vuelve a la carga, e inquiere sobre el saneamiento que se le expuso al Banco de España en otoño de 1993, a lo que responde Mendoza:

—Claramente dijimos por escrito que el plan que se había planteado, en nuestra opinión, podía ser exitoso. Eso fue el 27 de diciembre de 1993. Obviamente, fue una opinión que no fue compartida por el Banco de España, que, como he dicho en otras ocasiones, tiene la responsabilidad y el derecho absoluto de regular lo que quiera regular e intervenir cuando quiera intervenir. Otra pregunta es lo que pienso ahora, porque tenemos varios años de historia para ver lo que pasó. Si se hubiera aceptado el plan de saneamiento, las cosas podrían haber ido mal, podrían haber ido bien. Mirándolo hacia atrás, yo creo que cualquier persona objetiva llegaría a la conclusión que el plan hubiera tenido éxito.

Y tampoco tiene desperdicio lo que dijo el vicepresidente de JP Morgan a preguntas de los defensores. Jesús Castrillo recordó que JP Morgan había reconocido que en tecnología informática Banesto se encontraba varios años por delante de todos sus competidores españoles, a lo que Mendoza respondió:

—Yo no recuerdo las palabras exactas, pero nuestra opinión era que se había hecho una inversión muy fuerte, y más fuerte que el promedio de la banca española y que eso tenía el potencial de rendir muchos beneficios… En mi opinión, una opinión sin ser experto tecnológico, era que la inversión que se había hecho le daba el potencial a Banesto en el futuro de tener una ventaja competitiva en el entorno español.

Sobre las perspectivas de liderazgo que cabía reconocer a Banesto de no haberse producido la intervención, el americano no pudo ser más explícito:

—En mi opinión, Banesto tenía el potencial de tener una posición de liderazgo. La fuerza más grande que tenía, era la red bancaria nacional más fuerte, con más tradición de España. Y esa red tenía el potencial de incrementar la rentabilidad de una manera importante en el futuro. A lo que Mendoza añadió: —Banesto tenía los ratings más altos que se le podían acordar a ningún banco a corto plazo. Hay dos ratings en las agencias americanas: a corto plazo y a largo plazo. Los ratings de Banesto en ese momento a corto plazo eran A1-P1, que eran los más altos que se le podía acordar a ningún banco. Yo creo que el rating a largo plazo era de A1 ó A2, no recuerdo, pero era un rating investment great que en ese momento, en términos mundiales, era un rating bueno para un banco.

El letrado Jesús Castrillo siguió recordando al declarante:

—Según la documentación aportada por el Banco Santander, dicho banco vendió el 21 de diciembre de 1994 a JP Morgan el 1% de las acciones del banco, algo más de 6 millones de acciones, y dio opciones de compra a Corsair y a General Electric por un total de 19.619.517 acciones de Banesto al precio de 830 pesetas por acción. En cuyos contratos esas empresas renunciaron a cualquier reclamación judicial contra Banesto y contra el Banco Santander.

A lo que Mendoza contestó secamente:

—Sí, eso es cierto.

El letrado prosiguió:

—Según la misma documentación, tres años después, el 11 de diciembre de 1997, el Banco Santander ha comprado a ustedes esas 19.619.517 acciones de Banesto sobre las que se proyectaba la opción a 830 pesetas, por 1.470 pesetas cada acción, lo que ha supuesto un beneficio de unos 12.556 millones, sin desembolsar el precio fijado en la opción. ¿Es cierto?

La respuesta de Mendoza fue aún más concisa:

—Sí.

Por lo que el letrado, con indudable oportunidad, formuló la siguiente pregunta:

—¿Cuál fue la causa por la cual el Banco Santander compró esas acciones a JP Morgan, a Corsair y a General Electric a 1.470 pesetas si no tenía ninguna obligación de hacerlo, y ustedes ya habían renunciado expresamente a cualquier reclamación contra Banesto y el Santander?

Mendoza vino a reconocer el «pelotazo» que el expolio de Banesto había supuesto para Botín:

—Porque hicieron muy buen negocio. La naturaleza de una opción supone que en cualquier momento nosotros podíamos ejercer la opción, pagar las 830 pesetas por acción y entonces vendérselas al Santander o a cualquier otro. Ellos, como usted sabe, hicieron mejor negocio que nosotros porque las compraron a 1.470 y la acción subió a 2.000.

El letrado insistió:

—¿Qué ha sucedido con los 13 millones de acciones que Corsair invirtió en la macroampliación y con los 6 millones de acciones que compró JP Morgan en el año 1994?

—Se vendieron todas.

—Ustedes, en el marco del estudio que hacen de Banesto, ¿analizaron la cartera crediticia, la inversión en créditos de Banesto?

—Señor letrado, analizamos las cuentas auditadas de Banesto y quisiera, si me permite, elaborar un poco en qué consistió el trabajo que se hizo. Cuando nosotros estamos haciendo una inversión, lo que estamos analizando es cuál es el futuro del banco, cuáles son los flujos, cuál puede ser la rentabilidad que se produce a futuro. Nosotros analizamos en ese momento las cuentas auditadas, hablamos con los administradores, hablamos con consultores externos que había utilizado Banesto, obviamente con la autorización de los administradores de Banesto, específicamente con el Boston Consulting Group, y con Arthur Andersen. Hablamos con el banco emisor como regulador, hablamos con la competencia, tratamos de informarnos lo mejor que podíamos de la posición actual del banco y de los riesgos, los retos y el futuro potencial del banco. Y entonces tomamos una decisión e hicimos un juicio.

El letrado Juan Sánchez-Calero, refiriéndose al programa de recapitalización del banco en dos tramos, preguntó si JP Morgan había adquirido el compromiso de suscribir la emisión de bonos convertibles contemplada en la segunda fase.

—No.

—¿Le sorprendió a usted la exigencia de que llevaran a cabo ese compromiso por parte del Banco de España?

—El Banco de España nunca me insistió.

—¿Pero, aparte de un compromiso escrito, había habido algún tipo de manifestación por Morgan comprometiéndose, ya no le hablo en términos jurídicos, a suscribir ese tercer tramo?

—Mire, si no me habla en términos jurídicos, en términos comerciales nosotros ayudamos a desarrollar un plan que tenía tres fases: la primera fase era una ampliación de capital de manera tradicional, según yo lo entiendo, en el mercado español; la segunda fase era una inversión por un grupo de inversores que no era el público general y que invertían a un precio mayor, un precio más alto pero que tenían ciertos beneficios y ciertos costos como resultado de esos beneficios. Teníamos, yo creo, un conocimiento a fondo de los planes del banco, pero estábamos comprometidos a no vender las acciones por dos años y pagamos un precio más alto de lo que pagaron los accionistas existentes.

—La inversión que llevan a cabo ustedes en esa ampliación, ¿la entendía JP Morgan como una inversión a medio o a largo plazo?

—Sí.

—¿No era, por tanto, una operación especulativa? No lo digo en términos peyorativos, una operación que buscaba exclusivamente una rentabilidad.

—No. Era una inversión a largo plazo y usted tiene toda la razón. En este caso, estábamos haciendo una inversión a largo plazo. La prueba más obvia de eso es que nos comprometimos a no vender las acciones por un mínimo de dos años.

—¿Ese compromiso era también con la gerencia de Banesto en aquellos momentos, por parte de Morgan? ¿Ustedes daban valor al hecho de que los administradores participaran en esa inversión?

—Absolutamente, absolutamente.

—Y en especial la figura de don Mario Conde, ¿ustedes valoraban también su participación en esa operación?

—Era condición de nuestra participación. No lo hubiéramos hecho sin su participación.

—¿Recuerda usted qué cantidad invirtió don Mario Conde en la ampliación?

—Cincuenta millones de dólares.

—¿Es cierto que en ese pacto se establecía la obligación de don Mario Conde de permanecer como presidente de Banesto, al menos cinco años?

—El contrato le otorgaba ciertos beneficios a don Mario Conde a condición de que permaneciera como presidente de Banesto, yo creo que por cinco años. Si dejaba de ser presidente por cualquier razón cesaban esos beneficios, en el sentido de que había una pérdida para él en lo personal, si cesaba de ser presidente, eso es correcto. Cuando ocurrió la intervención y los administradores fueron cambiados por el Banco de España, el fondo Corsair le escribió una carta diciéndole que como resultado de que él había dejado de ser presidente de Banesto, se cancelaban los beneficios incorporados en el acuerdo.

—¿Ustedes informaron de la importancia que daban a la presencia de don Mario Conde al Banco de España cuando le explicaron la inversión?

—Sí.

Sánchez Calero cambia de tercio en lo que queda de interrogatorio:

—Cuando se prepara la ampliación se lleva a cabo la redacción de un folleto. ¿Cuál es la participación, si es que tuvo alguna, su banco en ese trabajo?

—Sí la tuvimos y ayudamos a Banesto a preparar el folleto.

—Ustedes, además de la redacción del folleto, ¿habían llevado a cabo presentaciones en distintos mercados europeos de la operación de recapitalización de Banesto?

—Las presentaciones las llevó a cabo Banesto, pero nosotros ayudamos en ese proceso, sí.

—¿Participaron ustedes en algunas de esas presentaciones?

—Yo en lo personal no estuve en ninguna de las presentaciones. Yo creo que miembros de nuestro equipo sí, y no sé exactamente qué ocurrió porque no estaba ahí. Pero el punto sustancial que sí le digo es que el folleto, en lo que nosotros entendíamos, reflejaba fielmente, en todos sentidos, la condición actual de Banesto, los riesgos que existían, y el potencial era muy abierto y nosotros participábamos en desarrollar eso, y eso es lo que pensábamos que, como inversor, debería de ser.

—Y entre los analistas y las agencias de rating y otros destinatarios de esas presentaciones, ¿recuerda usted si la valoración que se hacía de la información de Banesto era que se trataba de una buena información, que era una información amplia?

—Sí, yo creo que en lo general los que vieron el folleto pensaban que era una descripción muy amplia y mucho más amplia de lo normal para una emisión de capital de un banco. Una de las agencias de rating nos dijo bastante después de la ampliación, en octubre o noviembre del 93, que era la presentación, yo no sé si más completa de cualquier banco europeo, pero palabras muy positivas.

El letrado José Rofes se refirió a las reuniones que se celebraron el 22 de diciembre en el Banco de España sobre la intervención de Banesto.

—Usted ha hecho referencia, creo que por dos veces, a una reunión del día 22 de la que me ha parecido entender, y me refiero a la reunión de la tarde, que usted no asistió pero sí asistió la Sra. de Harper.

—En la reunión que ocurrió durante la tarde, cuando volvió (la Sra. Harper) me dijo que no había sido muy detallada y que el resumen breve es que no había unas discrepancias tan grandes entre la posición de la inspección y la posición que habíamos propuesto nosotros como hubiera aparentado la reunión de por la mañana. Así que el reporte era que había un ambiente de más calma y que no había una discrepancia tan fuerte como había aparentado por la mañana. Por la mañana, la discrepancia fundamental, al principio de la reunión, de un lado era: aquí hay una crisis, el banco ha perdido todo el capital, esto es muy grave. A la reunión por la tarde, donde lo que me reportó la Sra. de Harper es que entre los equipos técnicos no había unas diferencias tan grandes o dramáticas.

—Ustedes cuando decidieron venir a España a invertir en Banesto, supongo que realizaron un análisis adecuado y completo de las entidades financieras en España. Usted ha dicho que uno de los activos más importantes de Banesto era la mayor red bancaria de España. ¿Había alguna entidad financiera que careciera de esa red bancaria y que podía complementarse con Banesto en sus estudios?

—En el análisis que nosotros hicimos de Banesto desde el primer día entendíamos que Banesto tenía carencias y debilidades graves. También reconocíamos que había capacidad de enfrentar esos problemas y mejorarlos. Pero en el peor de los casos, entendíamos que tenía un activo que no se podía volver a recrear que era esa red, y específicamente identificamos a un banco que tenía un gran negocio corporativo y de banca de inversión y que no tenía una red. Siempre pensamos que en algún momento se iba a producir la continuación de la consolidación del sistema bancario, que ya había empezado y, como hemos visto, continúa hoy en día. Y desde el principio, identificamos al comprador natural de Banesto como el Banco Santander. Quisiera aclarar un punto más. Inmediatamente después de la intervención de Banesto yo y mi colega, el Sr. Kelly, fuimos a ver a don Emilio Botín a ver si le interesaba hacer una oferta por Banesto.

—Usted ha dicho que desde la perspectiva del tiempo, su plan de saneamiento sí habría tenido éxito. ¿Por qué?

—Yo quisiera ser muy claro en este punto. Desde la perspectiva de hoy, en enero de 1999, yo creo que es relativamente obvio que, dado lo que ha pasado en el mercado español con el desarrollo de las ventas de las participaciones que tenía la Corporación Banesto, mirando para atrás seis años después, me parece que el plan hubiera tenido éxito. Pero quiero enfatizar que mirando seis años para atrás, todo es fácil. En ese momento, en diciembre de 1993 —y le agradezco que me haya dado la oportunidad de hacer un comentario más general, si me lo permite—, Corsair y nosotros teníamos solamente un objetivo que era maximizar el valor de las acciones de Banesto. Nosotros, como he dicho en otras ocasiones, invertimos en Banesto para ganar dinero. No le pedimos garantía a nadie, y entendíamos perfectamente cuáles eran las reglas del juego. Una de las reglas del juego es que Banesto es un banco regulado por el banco emisor y que el banco emisor tiene tanto el derecho como la responsabilidad para tomar las decisiones que piense que son las necesarias para defender el sistema. Aquí, lo que usted me está preguntando, yo creo, es básicamente cómo puede ser que propongamos un plan en diciembre de 1993 y en enero de 1999 me diga que con el beneficio de mirar para atrás su opinión es que el banco hubiera tenido éxito y que, no obstante, se intervino el banco. La explicación es muy sencilla, el interés nuestro era puramente maximizar el valor de las acciones. Eramos inversores. El banco emisor tenía otra responsabilidad, su responsabilidad es defender el sistema. El banco emisor llega a un juicio bajo sus criterios, nosotros llegamos a una recomendación bajo nuestros criterios, conociendo perfectamente bien que en esos temas nosotros proponemos pero el banco emisor es el que dispone. Esa es la discrepancia.

Lo cierto es que, como han recordado ante la Sala los peritos Jesús Quintas y José Luis Collantes, los propios inspectores del Banco de España reconocieron que ni siquiera estaba individualizada una partida de 78.000 millones. Y, sobre todo, para Quintas y Collantes, tal como demuestran minuciosamente en su dictamen, «la suma de los datos recopilados implica una sobrevaloración del agujero en al menos 559.832 millones de pesetas».

Con cuanto antecede podrá apreciar el lector los verdaderos motivos por los cuales la revista Forbes acaba de decir que el BSCH figura entre las cien empresas mayores del mundo, con unos activos de 256.700 millones de dólares, un valor bursátil de 40.415 millones de dólares y unos beneficios anuales de 1.592 millones de dólares. Calculen ustedes, amables lectores, la parte de toda esa riqueza que ha sido expoliada a los antiguos accionistas de Banesto.

DONDE DIJE DIGO…

«Quien peca y se encomienda a Dios se recomienda»

(FERNANDO DE ROJAS)

Banesto, después de la intervención, ha reconocido expresamente ante los tribunales de EEUU, en el procedimiento instado por el grupo inversor Carlisle Ventures Inc., que sus cuentas eran correctas en 1993, del mismo modo que lo había sido la conducta de sus administradores. En agosto de 1993, Carlisle Ventures había comprado 2.052.629 acciones de Banesto por 3.899.995.100 pesetas equivalentes a 27,5 millones de dólares, aproximadamente, y un año después presentó una demanda contra el banco ante los tribunales de Nueva York, alegando que la información que le fue proporcionada, antes de tomar la decisión de adquirir dichas acciones, contenía importantes falsedades y omisiones relativas a los activos y a la situación financiera de la entidad.

En su contestación a la demanda, Banesto, de acuerdo con el FGD, negó de plano todas las alegaciones de Carlisle y, especialmente, rechazó que se hubiese cometido «cualquier falsedad», sostuvo que «no se demostraba engaño» en las cuentas y aseguró que «el folleto informativo para inversiones internacionales demuestra que las falsedades alegadas por la actora no son tales y no inducen a engaño en sentido jurídico». Decía también en su contestación que «en el primer trimestre de 1993 había aumentado las provisiones para insolvencias en un 34% y había dedicado los 17.400 millones de pesetas obtenidos con la venta del Banco de Madrid a una provisión genérica para contingencias futuras, incluyendo cualquier provisión adicional que pudiera ser necesaria en relación con los préstamos de dudoso cobro o fallidos». «Es difícil imaginar —aseguraba la contestación— cómo podría haberse transmitido la información de una forma más clara», puesto que las afirmaciones del folleto «demostraban el interés del propio Banco por la calidad de su cartera de préstamos y los esfuerzos crecientes para mejorar su sistema de supervisión de créditos». Lo más significativo es que Banesto sostuvo, tanto en su escrito como en las comparecencias ante el tribunal, que no había mediado «fraude» y ni siquiera existía «la mera negligencia del banco y de sus agentes y representantes». De donde se deduce que las manifestaciones formuladas por Banesto ante el tribunal norteamericano contradecían abiertamente lo alegado por el Banco de España para justificar la intervención. Incluso, según recoge la sentencia americana a pie de página, el banco pretendió que el tribunal considerara «la opinión de dos funcionarios del Gobierno español, según los cuales Banesto informó correctamente de sus dificultades en el folleto informativo publicado en relación con su aumento de capital». Lo cierto es que Banesto, al sostener ante el tribunal de Nueva York que ni siquiera existía base para fundamentar una reclamación de carácter civil, no ya penal, lo hizo con la convicción que se refleja en su escrito de 27 de febrero de 1998, bajo el título «Defendant’s proposed findings of fact and conclusions of law», del que, por su evidente interés, transcribimos los siguientes párrafos:

«Un memorándum de JP Morgan, del 5 de enero de 1991 señala: “El Equipo Fénix (el equipo de JP Morgan que trabaja en Banesto) está convencido de que la acción de Banesto no tiene un valor cero o negativo. Incluso bajo las cifras del Banco de España, que en nuestra opinión son excesivamente conservadoras, Banesto tiene un valor neto positivo. Además creemos que cumpliendo estas imposiciones Banesto habrá limpiado su balance de forma que será capaz de volver a la rentabilidad inmediatamente, teniendo que hacer solamente provisiones ordinarias y, con toda probabilidad, beneficiándose de un alto nivel de recuperaciones de los préstamos y de ganancias en la venta de inversiones en acciones, mejorando el valor en libros del Banco”» (apartado 10.1.2).

«La contratación de las acciones de Banesto se reanudó en la Bolsa de Madrid el 1 de febrero de 1994, y el precio de cierre de las acciones de Banesto en ese día fue de 855 pesetas por acción» (apartado 16).

«Como resultado de la subasta pública, el FGD vendió después su paquete de control de acciones ordinarias de Banesto al Banco Santander, S.A. a un precio de 762 pesetas por acción» (apartado 19). «Así, para asegurar si son razonables las opiniones de Carlisle sobre el verdadero valor de las acciones de Banesto en agosto de 1993, es necesario determinar cuáles eran o cuáles habrían sido, las condiciones del mercado en agosto de 1993» (apartado 46).

«Es un hecho indiscutido que el precio de mercado de las acciones de Banesto en la Bolsa de Madrid el 13 de agosto de 1993 (2.910 pesetas) reflejaba en parte las fuerzas fundamentales de Banesto, como su extensa red de más de 2.200 sucursales, su fuerte implantación en compañías de primera clase y en compañías de mercado medio y su amplia cobertura geográfica» (apartado 47).

«Carlisle no ofrece base para dudar que estas fuerzas fundamentales se habrían reflejado en el precio de la acción de Banesto en agosto de 1993, incluso si se hubiera conocido la verdadera condición financiera de Banesto» (apartado 48).

«Ciertamente, los inversores no creían que los puntos fuertes fundamentales de Banesto, como su extensa red de más de 2.200 sucursales, su fuerte implantación entre compañías de primera clase y compañías de mercado medio y su extensa cobertura geográfica, hubieran cambiado con la intervención y con las noticias sobre la situación financiera de Banesto que la acompañaron» (apartado 48.1).

«Un memorándum de JP Morgan, de 5 de enero de 1994, relativo a Banesto, decía que “a pesar de recientes acontecimientos, el Equipo Fénix continúa convencido de que Banesto posee los fundamentos de negocio necesarios para tener éxito en el sector bancario español”» (apartado 48.2).

«Una presentación de JP Morgan, de 18 de enero de 1994, relativa a Banesto, ponía de relieve que “los fundamentos de Banesto todavía permanecen sólidos después de la intervención de Banesto”» (apartado 48.3).

«Por ejemplo, JP Morgan no creía necesaria la ayuda del Gobierno para afrontar los problemas de Banesto» (apartado 53.1).

«A finales de diciembre de 1993, antes de la intervención, JP Morgan recomendó al Banco de España un plan para tratar los problemas de Banesto» (apartado 53.1.1).

«El 27 de diciembre de 1993, Roberto Mendoza, Vicepresidente de JP Morgan, escribió al Gobernador del Banco de España para confirmarle que JP Morgan había ayudado a Banesto a desarrollar un plan para tratar “ciertos asuntos sobre la contabilidad y la calidad de los activos”, y que JP Morgan “apoya totalmente tanto el espíritu como los detalles del plan; y cree que puede llevarse a cabo con éxito”» (apartado 53.1.2).

«El plan presentado al Banco de España incluía un cargo de 180.000 millones de pesetas contra el capital y la creación de un crédito fiscal de 85.000 millones de pesetas» (apartado 53.1.3).

«El plan que JP Morgan recomendó al Banco de España incluía la posible venta de la participación de Banesto en Totta» (apartado 53.1.4).

«El plan que recomendó JP Morgan al Banco de España incluía la venta de los activos industriales de Banesto» (apartado 53.1.5).

«El 28 de diciembre de 1993, o antes, Carlisle sabía que JP Morgan había sometido dicho plan al Banco de España» (apartado 53.1.6).

Por otro lado, no deja de sorprender que, en la vista oral que tuvo lugar el 10 de marzo de 1998 ante el Juzgado de Distrito Sur de Nueva York, M. Rolfe, letrado de Banesto, se apoyara —ni más ni menos— en las declaraciones del gobernador del Banco de España ante la Comisión de Economía del Congreso, lo que, al interrogar al profesor Christopher James (que había elaborado para Carlisle un informe sobre el valor de las acciones de Banesto), motivó que ambos se manifestaran en los siguientes términos:

—Y el señor Luis Angel Rojo ¿era el gobernador del Banco de España? ¿Correcto?

—Es correcto.

—Que dice una serie de cosas. Vayamos a la página 2136. Habla de los 500.000 millones de pesetas… Él aclara que la cifra de 500.000 millones de pesetas «no debe interpretarse como lo que en términos vulgares se denominaría “agujero” de Banesto, es decir, lo que los demás habrían de aportar para sanear Banesto. Primero, porque la entidad posee un volumen muy importante de recursos propios; segundo, porque no todos los saneamientos han de realizarse de modo inmediato y una actuación enérgica puede conseguir una parcial recuperación de los créditos dudosos; y tercero, y en relación con lo anterior, porque Banesto tiene plusvalías latentes y, una vez recapitalizado y reorientada la gestión, tendrá un importante potencial de generación de recursos para coadyuvar a su efectivo y lento saneamiento». ¿Ve usted eso?

—Sí.

Por tanto, es difícil entender cómo Banesto y el FGD han podido fundamentar ante la jurisdicción española una acusación penal de falsedad, basada en supuestas irregularidades contables, cuya relevancia estaban negando de plano al mismo tiempo ante la jurisdicción norteamericana. A menos que se admita la peregrina opinión, manifestada ante la Audiencia Nacional con el mayor descaro por el letrado del FGD, Cándido Conde Pumpido, según el cual en un proceso civil se puede faltar a la verdad. Lo que, cuando menos, permite suponer a cualquiera que la actitud de Banesto y de aquel organismo público no se han ajustado al principio de buena fe procesal que exige a las partes el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El presidente de la Sala, Siró García, ante tamaño despropósito del acusador, un viejo fiscal curtido en las oscuras lides del Tribunal de Orden Público, de tan infausta memoria, permaneció punto en boca reservando sus ingeniosas ocurrencias para mejor ocasión.

8

LA JUSTICIA Y EL PODER

«¡Desgraciados de quienes miden mal y pesan mal! ¡De aquellos hombres que cuando otros miden, exigen la medida llena! Pero cuando ellos miden o pesan a otros, les disminuyen la medida y el peso»

(CORÁN)

Pleitos tengas y los ganes. Durante el proceso del «caso Banesto», la Justicia, esa ilustre matrona que aparecía en las sesiones con la venda medio caída y sorda como una tapia, al menos de un oído, se ha empeñado en sostener con la mano derecha una balanza desequilibrada y con la otra la espada de Damocles. Si los atributos de una virtud cardinal de tanto abolengo anduvieron tan descabalados en esa ocasión, todo depende a la postre de lo que cada cual esté dispuesto a entender sobre lo que se ha dicho y hecho dentro y fuera del sacrosanto recinto judicial.

Tradicionalmente, todo lo que no estuviese en el frío universo de los folios sumariales no existía en la realidad procesal: lo que no está en los autos no está en el mundo, reza el viejo adagio. Pero actualmente, cuando impera la fábula tenebrosa de Orwell a través del tumultuoso «internet» y la dichosa globalización, las cosas no son como son en realidad sino como nos lo hacen ver los grandes medios, a quienes compete la facultad de elevar a la categoría de apotegma cualquier cosa que convenga a sus rectores por disparatada que resulte. De la verdad oficial al pensamiento único hay un paso; todos al unísono y sin criterio propio, descansaremos, complacidos y sumisos, en el nirvana que disponga para nosotros el Poder.

Las vacas vuelan, no lo duden ustedes: el juicio del «caso Banesto», en abierta pugna con la ley de la gravedad, ha demostrado cumplidamente que las vacas vuelan, así como suena. Los impulsores del expolio estaban decididos a demostrar la certeza de tan singular fenómeno aerodinámico hasta sus últimas consecuencias: las responsabilidades penales de los antiguos administradores del banco eran perentoriamente necesarias para fijar en el reparto de la obra, con tintes indelebles, el papel que correspondía a los buenos y a los malos. El ladrón cree a ciencia cierta que todos son de su peculiar condición, y nada mejor que dar el primero para dar dos veces en la diana. Bajo un presupuesto tan convincente, los autores del atraco llevaron irremisiblemente a los miembros díscolos del consejo de administración del banco intervenido al banquillo de los acusados, trámite que formaba parte sustancial del guión trazado con exactitud matemática sobre las medidas que convenía adoptar ante la previsible reacción de los consejeros destituidos. Lo esencial era transmitir a la opinión pública series continuas de los mensajes más difamatorios difundiéndolos urbi et orbi de manera unívoca: lo sucedido, minuciosamente falseado y tergiversado, había que publicarlo, un día sí y otro también, como verdad absoluta e indefectible. Era menester juzgar a los antiguos administradores de Banesto, asignándoles el papel infamante de convictos condenados por delitos gravísimos, para que la buena gente siguiera creyendo a ciencia cierta que se habían llevado el dinero a espuertas. El «agujero» de Banesto sólo podía ser un verdadero «agujero» si el inmenso caudal que lo componía no estaba donde tenía que estar: en las cajas del banco. La prueba en contrario resultaba indemostrable de todo punto, lo que siempre sucede si quienes están facultados para el control financiero de las entidades de crédito, es decir, las autoridades monetarias, propician el fraude y se ponen, al servicio infamante del Poder, en la mismísima cabeza de la manifestación. Las cosas, bendecidas por el Banco de España, siempre van a misa ante la unción piadosa y el recogimiento ascético de los principales corsarios de Celtiberia. Poco importa que el enredo no sea cierto, lo que verdaderamente importa es que aparente serlo, una vez refrendado por quienes manejan los artilugios imprescindibles para hacer que lo blanco se convierta en negro.

Por lo que el Poder hace lo indecible para consumar la politización de los procesos judiciales intentando arrinconar a la Justicia en un burdel de difícil redención y al Estado de Derecho en una cloaca cuya salida se empeña en clausurar a cal y canto. No en balde la prensa, bajo el dictado implacable de los poderosos, instruye los procesos, califica los hechos, acusa sin posible réplica, preconstituye las pruebas y pronuncia el veredicto final de forma inexorable. El método, en nuestros días y entre nosotros, consiste en repetir machaconamente un hecho cualquiera hasta encumbrarlo a las cimas de la verdad universal. Como en los tiempos más oprobiosos de Hitler y Stalin, aunque con apariencias menos abruptas.

LA MÁSCARA DE LA INJUSTICIA

«La verdad se corrompe o con la mentira o con el silencio»

(CICERÓN)

La querella contra los antiguos administradores de Banesto se presentó el 14 de noviembre de 1994. El instructor, Manuel García Castellón, nombrado «juez de apoyo» —extraña figura forense que recuerda el «juez especial» de la dictadura franquista— con destino en el Juzgado Central de Instrucción nº 3, dictó auto el día siguiente admitiéndola a trámite, una rapidez ejemplar que el solícito funcionario no emplea habitualmente en otros quehaceres procesales. En menos de 24 horas, el hombre, un juez menor, ayuno de todo punto en cuestiones financieras, había tenido tiempo de estudiar el complejísimo asunto con su voluminosa documentación y resolver sin más sobre su admisión. Como en algunas comedias de Lope, la querella, en menos de horas veinticuatro, acabó pasando de las musas al teatro de la justicia. El 16 de noviembre el juez oficia al Banco de España a fin de que designe dos inspectores «para practicar diligencias», así de simple, y el banco emisor decide que sean Juan Román Quiñones y Juan Carlos Monje, los mismos que propiciaron con sus falsedades la intervención de Banesto y que luego colaboraron intensamente con el fiscal Florentino Ortí en la preparación de la querella. Después de pasar por la transitoria condición de «auxiliares», al fin son nombrados peritos el día 18, fecha en que aceptan y juran el cargo para desempeñarlo bien y fielmente, según su leal saber y entender, lo que cuando menos parece cuestionable en la medida en que no sabían entonces, oficialmente al menos, cuál era el contenido de la pericia que se les encomendaba. Los dos funcionarios, después de la aceptación, no reaparecen formalmente en la causa hasta el día 3 de enero de 1995, cuando manifiestan por escrito que no pueden hacer el informe pedido por el juez cuando acordó: «Póngase de manifiesto dicha documentación a los peritos adscritos a las presentes diligencias, a fin de que procedan a su estudio y elaboren el correspondiente informe». Las preguntas, a la vista del laconismo judicial de semejante estilo, resultan de cajón: ¿el informe «correspondiente» a qué?, ¿cómo encaja lo acordado por el juez con la obligación que le impone el artículo 475 de la Ley de manifestar «clara y precisamente» a los peritos «el objeto de su informe»?, ¿por qué no había dicho el instructor en qué consistía el objeto de la pericia que encomendaba a Román y Monje? Estos profesionales múltiples, que lo mismo servían para un roto que para un descosido, habían dicho que «para poder realizar un informe que fuera de interés (de interés ¿para quién?) sería necesario tener acceso a la restante documentación que exista respecto de los temas citados». ¿Cómo llegaron a saber los peritos que existía una documentación «restante»? ¿Qué significa eso de que el informe sea «de interés»? ¿A qué efectos se les pidió el dictamen? Con fecha 7 de febrero de 1995, el juez, siempre a trompicones, pretende enmendar el entuerto y decide que los peritos, «mediante el análisis económico y financiero de las distintas operaciones incluidas en la querella, deberán emitir informe sobre las características y naturaleza de las mismas». ¿Cabe mayor ambigüedad también en esto otro?

Las actuaciones fueron declaradas secretas por el Juzgado en el auto de incoación de las diligencias previas, cuya decisión, aunque parezca increíble, se mantuvo incólume hasta el día 20 de abril de 1995, por lo que, con infracción de lo dispuesto en la ley procesal, la labor de los peritos no pudo ser conocida por los acusados durante tan largo tiempo. ¡Qué hubieran dicho Jesús Polanco y demás compañeros mártires de haberles aplicado el juez Gómez de Liaño semejante medida durante cinco meses interminables! Fue entonces cuando se supo que los dos inspectores del Banco de España habían actuado en la extraña posición de «auxiliares», tanto del Ministerio Fiscal como del Juzgado, y luego en la de «peritos judiciales» durante el resto de la instrucción sumarial. Los acusados, alertados por la prensa, habían denunciado en distintas ocasiones la parcialidad de tan curiosos «inspectores-auxiliares-peritos», incluso antes de conocer cuál había sido su intervención en la causa, por lo que, coincidiendo con la diligencia de ratificación, plantearon la recusación consiguiente, que el juez, navegando a favor de corriente acusatoria, rechazó sin más.

¿Cómo podía esperarse un examen imparcial de la querella, que es lo que había encomendado el instructor, por parte de quienes, de forma decisiva y directa, habían intervenido en su elaboración, reuniéndose frecuentemente con el fiscal a tal efecto, facilitándole documentos y antecedentes falsos y sesgados, que luego se transcribieron literalmente en la propia querella, incluso con faltas de ortografía? Dada su dependencia inmediata y directa del Banco de España, que había basado la intervención de Banesto en los informes elaborados por esos dos funcionarios, ¿en qué cabeza cabe que iban a contradecir lo que ya habían manifestado en sus propios informes? El jefe de los servicios de Inspección del Banco de España fue interrogado durante la instrucción acerca de si en otras ocasiones se había desplazado a algún inspector para que asesorase al fiscal de turno e interviniese luego como perito en la causa; el alto funcionario no tuvo más remedio que reconocer la inexistencia de cualquier precedente, era la primera vez que sucedía algo tan disparatado y antijurídico. La parcialidad de los dos inspectores era indudable, no sólo por su interés en apoyar la postura de la casa, en cuya plantilla ni siquiera habían causado baja, y en no contradecir sus informes anteriores en que se había sustentado la intervención, sino porque los dos habían colaborado intensamente con el fiscal en la preparación de la querella. A pesar de lo cual el juez García Castellón no tuvo el menor escrúpulo en nombrarlos peritos, aun a sabiendas de que carecían de la independencia y la imparcialidad que esencialmente requiere el desempeño de tan delicada función, sin que pueda ser una excepción el «caso Banesto». Y, por supuesto, tampoco accedió a su recusación cuando lo solicitaron los acusados, con lo que el instructor demostraba la misma falta de objetividad que sus patrocinados, vulnerando así el derecho constitucional a un juicio justo, a no sufrir indefensión y a la igualdad de armas dentro del proceso.

Esa reprobable actitud del juez siguió manteniéndose invariablemente a lo largo de la instrucción en otros aspectos también imprescindibles. ¿Cómo es posible que cuando se está acusando a alguien de falsedades contables el juez se niegue a que declaren los auditores que habían verificado las cuentas del banco? Recordemos que Price Waterhouse, bajo su responsabilidad según la ley, había verificado sin objeción alguna las cuentas de Banesto y el valor de sus acciones con motivo de la ampliación de capital llevada a efecto a mediados de 1993. Recordemos también que Arthur Andersen, la auditora de la Corporación, intervino favorablemente, del mismo modo que Price Waterhouse, con motivo de la opa formulada en octubre de 1993, dos meses antes de la intervención. Y puestos a recordar, recordemos que, según Price Waterhouse, a mediados de 1993 cada acción de Banesto valía 1.900 pesetas, al 31 de diciembre del mismo año la auditora reconoció al título un valor de cero pesetas, y en febrero de 1994 fijó ese valor en 400 pesetas. Lo que quiere decir que los auditores se plegaron en todo a las presiones del Banco de España, al aceptar sin inmutarse esas radicales alteraciones patrimoniales en tan cortísimo tiempo. Del mismo modo que lo había hecho Arthur Andersen en cuanto a la Corporación Industrial. ¿No era imprescindible, por tanto, que los auditores se sometieran ante el instructor al interrogatorio de todas las partes —acusadores y acusados— para aclarar esos repentinos y contradictorios cambios de criterio? De existir conductas reprobables en la confección de las cuentas, ¿es que no había indicios suficientes para extender la investigación, o incluso la acusación penal, a esos mismos auditores que todo lo habían dado por bueno e incluso lo habían construido en sus propios informes? Pues el fiscal Florentino Ortí no consideró necesaria la comparecencia de tales auditores para aclarar una actuación tan sumamente extraña y difícil de entender, y de paso para averiguar si habían cometido alguna irregularidad de carácter penal en el desempeño de sus funciones. ¡Ah, el bueno del fiscal don Florentino! ¿Saben ustedes lo que pasó con don Florentino? Pues pasó que, inmediatamente después de consolidarse la incomparecencia en el sumario de los auditores, a los que fue imposible ver el pelo durante toda la instrucción, el tal Florentino Ortí se largó de la carrera fiscal para «fichar», con una elevadísima retribución, por una empresa de abogados perteneciente…, perteneciente ¿a quién? Pues agárrense ustedes, amables lectores: perteneciente a Arthur Andersen, la misma firma auditora que se había escabullido de mala manera para no declarar en la causa sobre unos aspectos tan esenciales. Para acabar el cuadro sobre todos estos oscuros aspectos del «caso Banesto», conviene que nos refiramos a un almuerzo ofrecido por Ramón Rodríguez Arribas, entonces presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, en su discreta y confortable finca del pantano de San Juan. Podrá parecer que en esto de las comidas se descorre indebidamente el velo de la intimidad, por lo que no debiera entrar en ello cualquier trabajo de investigación que se precie de una elemental seriedad. Eso mismo creíamos nosotros, hasta que casi anegan a los españoles los ríos de tinta que corrieron a propósito de otro almuerzo, el celebrado en tierras salmantinas entre Javier Gómez de Liaño, Jaime Campmany y sus esposas. Nos da en la nariz que una reunión familiar tan apacible como la mantenida por estas cuatro personas en sitio público no se prestaba a grandes confidencias o a tenebrosas maquinaciones; lo único que cabe presumir es que dieron buena cuenta del lechazo y la dulcedumbre que tanto prestigio proporcionan a la gastronomía de aquellas viejas tierras. Pues bien, esta otra comida, como decimos, tuvo lugar en sitio más recatado, y, a propósito de los asistentes, rogamos de nuevo al lector que se agarre porque viene otra curva peligrosa. (Verán ustedes que nuestro relato suele transitar por curvas que exigen la mayor pericia por parte del conductor para no caer en la cuneta). Porque allí, en la casa serrana del prestigioso magistrado Rodríguez Arribas, concurrieron Manuel García Castellón, el instructor del «caso Banesto», Daniel García Pita, uno de los más influyentes abogados del despacho profesional que asesora usualmente al Banco de España, y Enrique Álvarez, el presidente de Arthur Andersen, la firma auditora de la Corporación Banesto, y ya en aquel momento del propio banco, así como del Santander, en la que desembarcó don Florentino al «desertar» de la carrera fiscal. Cualquiera puede imaginar de lo que trataron personas tan caracterizadas, íntima y profundamente vinculadas todas ellas a los aspectos principales que se estaban debatiendo en el «caso Banesto». ¡Ay, don Siró, don Siró! Porque ustedes, mis pacientes lectores, ya saben de sobra a estas alturas quién es don Siró, qué número de calzado gasta y a dónde acostumbra a mirar. Y saben también que los reputados periodistas de investigación actúan siempre como fieles servidores de la verdad al enfrentarse a actuaciones como las de ese fiscal tan complaciente con las auditoras a las que luego pasa a servir con suculenta retribución, sin olvidarnos del almuerzo «pantanoso» al que asistieron protagonistas tan relevantes en la causa que venía tramitando el susodicho juez «de apoyo». Incluso hemos llegado a pensar, dada nuestra bondadosa condición, que se les había ido el santo al cielo a esos celosos y profundos profesionales del periodismo independiente para no ocuparse de un lance tan peculiar; pero aún tienen tiempo de enmendar su extraña omisión si empiezan a moverse con su diligencia característica, aunque ello puede contrariar en algo al Poder.

La verdad es que a la hora de predicar sin dar un solo grano de trigo sobran oradores en España, revestidos siempre de la mayor solemnidad, mirando a los demás por encima del hombro y pontificando con voz campanuda sobre lo que luego ellos mismos se niegan a cumplir, para lo que no dudan en conculcar incluso las obligaciones inherentes a la función pública de que están investidos. Pues bien, cuando la edición de este libro ya estaba camino de la imprenta, hete aquí que en El País del 6 de diciembre de 2000 aparece un extenso artículo del fiscal jefe de la Fiscalía especial anticorrupción en el que, entre otras cosas no menos suculentas, empieza diciendo: «La corrupción, sobre todo cuando alcanza la categoría de conducta punible, es esencialmente un factor desestabilizador del orden democrático y constitucional». Luego viene la argumentación consiguiente para demostrar la exactitud de tan plausible aserto, y, más o menos en la fase de conclusiones, el prohombre nos endilga esta otra perla: «Si insuficiente es el régimen de quien pasa de la actividad privada a la pública, más lo es el de quienes abandonan la Administración, sea o no funcionario público, para ejercer la actividad privada, particularmente cuando se trata de actividades que hayan sido beneficiadas directa o indirectamente por el alto cargo o funcionario con resoluciones favorables, subvenciones, ventajas fiscales, créditos oficiales, contratos públicos o inspecciones más o menos benévolas, etcétera». Y con el fin de que no haya duda de quiénes son los destinatarios de la prédica lanzada tan elocuentemente por don Carlos desde el púlpito del periódico independiente, dirige su censura a «los funcionarios, sobre todo los funcionarios cualificados, como jueces, fiscales, inspectores de Hacienda, abogados del Estado, etcétera». Que haya, como sostiene tan autorizado y preclaro articulista, «un vacío normativo grave», no quiere decir que él, ante el caso de su compañero Florentino Ortí, abandonando el cargo de mala manera para entrar en una multinacional favorecida en términos indecentes, jurídicamente hablando, durante la instrucción sumarial del «caso Banesto», no haya tenido obligación ética de denunciar una conducta tan reprobable. Pues hasta ahora: ya sabemos de sobra que hay por ahí tanta oración sacra como cereal que llevar al molino de la verdad.

Los acusados expusieron ante la Sala su criterio sobre la singular figura de «auxiliares» asignada en su día por el Juzgado de Instrucción a Román y Monje, los dos inspectores del Banco de España. Era algo así como la designación precipitada de los auxiliares o ayudantes que vemos con tanta frecuencia en las películas del Oeste: el sheriff manda alzar el brazo a los ayudantes de turno cogidos a lazo en medio del tiroteo, que juran o hacen que juran el cargo, y les cuelga en la camisa la consabida estrella de latón para que empiecen a manejar las pistolas lo mejor que puedan. Las partes ya habían denunciado, durante el trámite de cuestiones previas, esa atribución del carácter de «auxiliares» que el instructor reconoció a los dos inspectores señalados expresamente por el Banco de España acto seguido de iniciarse las diligencias judiciales. La denuncia causó entonces tal perplejidad a determinadas acusaciones que no pudieron oponer una réplica mínimamente convincente para apuntalar tan anómala designación. Al invocarse el artículo 17.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impone a todas las personas y entidades públicas y privadas la obligación de «prestar la colaboración que requieran los jueces y tribunales», cayeron en la cuenta de que el cumplimiento de esa obligación ha de ajustarse inexcusablemente a «la forma que la ley establezca», y lo cierto es que no hay en nuestro ordenamiento jurídico norma alguna que legitime la designación judicial de la novedosa figura de «auxiliar». «Auxiliar», según la perogrullada del Diccionario de la Real Academia, es el «que auxilia», función que no puede prestarse a tontas y a locas, sin límites claros ni garantías precisas, y menos bajo la indeterminación del objeto a que ha de referirse el «auxilio», por lo que al juez no le es lícito crear ningún instrumento, en orden a la investigación sumarial, distinto de los que marca o define la ley con carácter taxativo. Cualquier infracción de tan elemental principio, derivado de la falta de respeto al numerus clausus que rige en punto a esos medios, provoca la nulidad tanto del nombramiento como de las actuaciones practicadas por los fraudulentos «auxiliares» o inspiradas o inducidas por ellos.

El sorpresivo procedimiento utilizado por el instructor para el nombramiento de los peritos no respetó en ningún punto el sistema de garantías impuesto por la ley. Por providencia del 16 de noviembre de 1994, el Juzgado oficia al Banco de España a fin de que designe dos inspectores que habrían de personarse en el Juzgado para «practicar diligencias», lo que se ha intentado justificar diciendo que el carácter de «auxiliares» corresponde a los inspectores de marras porque luego se les nombró «peritos». Pero ya sabemos que el nombramiento no se notificó a los imputados, por lo que el reconocimiento pericial se desarrolló con su total desconocimiento, ya que no tuvieron ocasión de intervenir para nada en la labor pericial, practicada íntegramente bajo el secreto del sumario, ni mucho menos de recusar en su momento a unos peritos tan secretamente designados, cuando era indudable que dichos funcionarios tenían un manifiesto interés en el asunto, como dependientes directos del Banco de España y activos protagonistas en la intervención de Banesto. Luego todas las actuaciones practicadas durante la investigación sumarial, basadas en el auxilio prestado por los dos sujetos mencionados, merecen inevitablemente la declaración de nulidad radical y su exclusión de la causa por haber vulnerado el derecho a un proceso con las garantías que exige nuestro ordenamiento constitucional. Lo que la Sala, por supuesto, no se ha dignado hacer, prefiriendo incidir en una sospechosa actitud tuitiva a favor de un juez que, a nuestro entender, ha venido actuando durante la instrucción con manifiesta incompetencia y de espaldas a la ley.

Demos otra vez a la moviola para volver a la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional, que se había pronunciado, por abrumadora mayoría, en contra de la formulación de la querella criminal, al no encontrar consistentes las acusaciones contra Mario Conde y los demás ex administradores de Banesto. Sin embargo, en extraña disparidad con tan rotundo criterio mayoritario, resultó decisiva la intervención del entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Este estrambótico personaje suele decir con gran seriedad formal que él siempre ha respetado al máximo la independencia de jueces y fiscales; tenga por cierto el susodicho que le creemos a pies juntillas. Lo cierto es que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, y el fiscal, Florentino Ortí, decidieron por su cuenta y sin dar explicación alguna a sus compañeros formular la querella contra los antiguos administradores del banco. No sabemos de las andanzas posteriores del solícito Aranda, pero sí de Ortí, su mano derecha, acogido a la munificencia de la multinacional Arthur Andersen, después de su «deserción» del cuerpo. Durante los meses anteriores a la presentación de la querella, Florentino Ortí contó con la colaboración permanente de los inspectores Monje y Román, relevados de cualquier otro servicio en el Banco de España para que se dedicaran en exclusiva a semejante ocupación desde un despacho en la Audiencia Nacional (así lo reconocieron en el acto de la ratificación celebrado ante el instructor el 21 de febrero de 1996), en cuya dependencia prepararon innumerables notas en octubre, noviembre y diciembre de 1994, copiadas prácticamente de manera literal, incluso con las mismas erratas, según ya hemos dicho, en la querella formulada por el fiscal Ortí. Durante tan largo período, los dos funcionarios actuaron de manera oficiosa, sin nombramiento ni designación alguna y, por tanto, sin posibilidad por parte de los querellados de intervenir en la prueba pericial o en cualquier diligencia a cargo de la singular pareja. La falta de imparcialidad de Monje y Román queda fuera de toda duda: ellos actuaron como inspectores del Banco de España en Banesto desde el año 1985; firmaron el informe de 31 de enero de 1994, que justificó a posteriori la intervención y la sustitución de los administradores, y auxiliaron al ministerio fiscal y al juez instructor en sus respectivas actuaciones. Es evidente, pues, que les interesaba revalidar en todos los extremos su actuación anterior, ya que en otro caso dejarían con el culo al aire a toda la cúpula del banco emisor. Además, ambos tenían un indiscutible interés personalísimo en mantener sus propios puntos de vista ante la posible exigencia de responsabilidades, en caso de que los tribunales declarasen la ilegalidad de la intervención, fundada en gran medida en el informe que ellos habían firmado contra legem. Defender el porvenir profesional de semejantes prevaricadores parecía una motivación más que suficiente para olvidar su «interés directo» en la causa, por emplear prudentemente el concepto legal en materia de recusación de peritos.

A la vista de lo sucedido en la intervención de Banesto, cualquier observador de buena fe presumiría sin dudarlo que no es nada fácil definir un «agujero» de tan tremendas dimensiones como el fabricado a su albedrío y a la carta por el personal técnico del Banco de España, bendecido de inmediato por quienes regían la venerable institución. Aunque está visto que siempre se puede construir un «agujero» semejante contando con la impunidad de que disfrutan las instituciones más representativas. Pero lo que ya no resulta tan fácil a toda esa gente es evitar que se les vea el truco cuando sacan el conejo de la chistera. Tan artificial es el «agujero» como el diagnóstico de los peritos que lo determinaron con manifiesta mala fe. Hay que tener agallas para mantener como peritos judiciales a los mismos que, interesada y fraudulentamente, lo han arbitrado sin contradicción posible. ¿Podía creer de buena fe García Castellón que tales peritos tenían libertad de criterio para pronunciarse en un sentido diametralmente distinto al que meses antes habían expuesto sin el menor fundamento probatorio? Los jueces no suelen entender de números, pero sí de leyes. Bajo esta premisa insoslayable, cabría preguntarse si el ínclito magistrado pudo entender que, al imputarse a los acusados delitos gravísimos después de la fase de instrucción, el juicio oral podía celebrarse con verdaderas garantías sobre la base de una pericia tan deplorable e injusta. Es evidente que, al seguir actuando los inspectores del Banco de España como peritos, ni siquiera les hacía falta a los imputados contar con un abogado defensor: todos irían a la cárcel sin remisión y de cabeza, como venía a pedir El País constantemente, y encima se merecían treinta latigazos por protestar. Hay cosas que siendo las mismas, no son iguales en determinados casos. Que se lo digan a Polanco y compañía en el «caso Sogecable», un gigantesco fraude, afectante a cientos de miles de personas, que se ha vuelto contra el instructor que adoptó sus resoluciones, conforme a la ley y ajustándose en todo al criterio fiscal, con un valor moral poco común.

CON MÁS PENA QUE GLORIA

«Para qué son necesarios en los palacios reales tantos y tan variados oficios con tantas ayudas y soto-ayudas y mozos de ayuda, si no es para chupar como arpías el patrimonio real»

(FERNANDEZ DE NAVARRETE)

García Castellón negó sistemáticamente cualquier proposición de prueba formulada por los administradores sustituidos y los demás procesados, mientras decía amén, sin la menor reserva, a cuanto viniese de los acusadores. Así, como antes dijimos, estimó que la declaración de los auditores de cuentas Price Waterhouse y Arthur Andersen no tenía el menor interés en el asunto, un asunto que se refería esencial y directamente a esas mismas cuentas. Cuando, al levantarse el secreto sumarial, los acusados solicitaron que declarasen los auditores, el instructor denegó la diligencia so pretexto de que ello dilataría innecesariamente la instrucción: digamos que la comparecencia de los auditores hubiera podido solventarse en pocas sesiones, un par de semanas a lo sumo, mientras la terminación del sumario se demoró durante seis meses más. Ya hemos dicho también que en el curso de la instrucción se admitieron y practicaron innumerables diligencias propuestas por el fiscal y las demás acusaciones, pero muy pocas, por no decir ninguna, a instancias de los acusados. En este sentido, resulta escandalosa la actitud de García Castellón por lo que se refiere a la petición formulada el 27 de noviembre de 1995 para la práctica de diez diligencias probatorias directamente vinculadas a la entraña misma del asunto: obvio es decir que semejante petición fue rechazada en su integridad. ¿En qué consistían tales diligencias? ¿Tal vez fue denegada su práctica porque carecían de relevancia en el proceso? La simple enunciación de lo pedido demuestra que se quería llegar al fondo del asunto: la inexistencia de la supuesta crisis de Banesto y, por tanto, el propósito de ocultar el dislate mediante una contabilidad falseada. Se le pidió al instructor que Banesto certificase la evolución de los activos «dañados» cedidos a SCI Gestión, y que esta sociedad comunicase también todos esos datos. Se trataba de saber si las previsiones reconocidas por la inspección del Banco de España, que había determinado el llamado «agujero» patrimonial, se habían cumplido en términos adecuados o si, por el contrario, tales previsiones se habían exagerado deliberadamente, como luego pudo comprobarse sin la menor duda. La cuestión era decisiva, puesto que el fiscal y el FGD acusaban de «falsedad contable» cometida en el balance de 1992, por no haber incluido esas dotaciones o provisiones que el Banco de España, de improviso, consideraba imprescindibles de todo punto, por lo que era necesario contrastarlo con la realidad. La cuarta Directiva Comunitaria, el artículo 34 del Código de comercio y el Plan General de Contabilidad, entre otras normas, obligan a que el balance de la entidad refleje la imagen fiel de su patrimonio, por lo que se pretendía demostrar que el balance de 1992 representaba la imagen fiel de Banesto mejor que el balance de 1993, ya elaborado por los nuevos administradores. Y se quería demostrar también que el Banco de España, a través de su inspección, había falseado de mala manera la situación financiera del banco intervenido, por lo que la intervención no obedecía a verdaderas causas económicas sino a motivaciones de otra naturaleza. El instructor, sin duda alguna bajo la influencia inmediata de los inspectores del Banco de España, y sabe Dios de quién más, negó la procedencia de una diligencia tan fundamental, diciendo que «no es objeto de la querella la investigación de la situación de Banesto al tiempo de producirse la intervención». Sí, ha leído usted bien, amable y pacientísimo lector: el juez nos dice que la investigación de las cuentas, la verdadera situación del banco en el momento de su intervención, su realidad patrimonial y contable, no revestía interés alguno para la instrucción sumarial, en la que se estaba tratando de los llamados artificios o falsedades como base para una severa imputación delictiva a los antiguos administradores. Los imputados propusieron al juez algo que a cualquiera le hubiera resultado incuestionable: la declaración del socio auditor Antonio Tejerina perteneciente a Price Waterhouse, sobre tan inconcebible baile de cifras. La petición, una vez más, fue denegada de plano, esta vez alegando el instructor algo tan pintoresco como la «falta de relación con la presente investigación». ¿Cabe en cabeza humana que en un asunto de tamaña transcendencia, en el que se imputa administración desleal y falsedad de las cuentas, ni siquiera se haya recibido declaración a las auditoras, que tienen la obligación de comprobar —y habían comprobado sin rechistar— la exactitud de esas mismas cuentas? ¿No es disparatada tal situación que, a los debidos efectos, exige cuando menos una investigación disciplinaria sobre la conducta mantenida por el juez con tanta contumacia? Son preguntas que van calando como lluvia fina, en la terminología política al uso, sobre la actitud incomprensible del instructor «de apoyo» en el «caso Banesto». No nos parece aventurado opinar que la fórmula para este despropósito se «guisara» en el apacible almuerzo a orillas del pantano a que ya hemos hecho referencia.

Otra de las peticiones probatorias de la defensa se refería a que el ministerio público había unido a la querella un extraño documento, un papel sin firmar, atribuido a un empleado del banco, Mario García Madridejos, única prueba documental por la que el fiscal sacaba la conclusión de que los administradores sustituidos habían ocultado a los auditores la verdadera situación de la entidad. Se le pidió al juez, por tanto, la declaración de García Madridejos, ¿y saben ustedes lo que hizo su señoría?: pues denegarlo, claro está, ¿o qué se han creído ustedes? Eso es un juez enérgico y como Dios manda, ¿quién se ha atrevido a decir que es un juez menor?

Las incomprensibles negativas judiciales se hicieron crónicas. Se interesó del Juzgado que se oficiase al Banco de España para que remitiese testimonio de todas las actas de las reuniones celebradas por su Consejo Ejecutivo o cualquier otro órgano colegiado de la entidad en las que, durante el año 1993, se hubiese tratado, directa o indirectamente, de la situación patrimonial de Banesto. Se pretendía demostrar con ello que nadie del Banco de España había puesto sobre la mesa cualquier dificultad relacionada con Banesto y, por tanto, no era cierto, en contra de lo que afirmaba la querella, que los administradores sustituidos se hubiesen resistido a los reiterados requerimientos del banco emisor para comunicar la situación de la entidad, resistencia que por sí misma —se llegó a decir— había hecho necesaria la intervención. Esta prueba esencial también fue denegada por el juez basándose en el mismo argumento: «El hecho de la intervención de Banesto por la autoridad monetaria no es objeto de esta investigación». Así de simple, dicho además con el laconismo militar del estilo garciacastellonense, un bizarro estilo puesto a prueba en el «caso Sangrador».

Se sabía que JP Morgan había llegado a un acuerdo con la nueva administración de Banesto, obteniendo con creces la compensación de todas las pérdidas generadas por la intervención, y, de propina, un cuantiosísimo beneficio. Parecía aberrante que se diese un trato de favor a los americanos, inspiradores y coautores de la macroampliación de capital, mientras se negaba el mismo tratamiento a los demás accionistas, y en especial a los empleados del banco, a los que se reclamaba, y se les siguen reclamando, los créditos con cuyo importe habían suscrito las acciones en aquella operación tan sonada. La transacción suponía que el grupo Santander había concedido a JP Morgan en el año 1995 una opción de compra de más de 18 millones de acciones a 830 pesetas la acción, opción que los americanos ejercitaron sin desembolsar un céntimo, vendiendo simultáneamente los títulos a 1.400 pesetas. En una palabra, JP Morgan, el omnipotente banco norteamericano, se había llevado una tajada superior a 12.000 millones de pesetas de beneficio, de forma que, después del Santander y de Sáenz Abad y sus compinches, los gringos han sido los que más se han enriquecido con la intervención de Banesto. Perro no come perro. Por todo lo cual se pidió al instructor que requiriese a Banesto y al Banco Santander para que remitiesen los contratos y demás documentos de esa transacción tan singular formalizada con JP Morgan. García Castellón, una vez más, negó la práctica de la prueba, diciendo que tampoco guardaba relación con el asunto y sólo pretendía entorpecer la investigación. En suma, todo lo que resultaba necesario esclarecer adecuadamente en el asunto, habida cuenta de su naturaleza y sus efectos, era inconveniente o entorpecedor, o sabe Dios qué.

Otro elemento probatorio solicitado se refería a un informe fechado el 5 de enero de 1994, es decir ocho días después de la intervención, que Violy de Harper y Javier Macaya habían elevado a la dirección de la JP Morgan, en el que sostenían la salud financiera de Banesto y apuntaban a que la causa de la intervención no había sido económica, sino «de otro tipo». Se pidió al instructor que solicitase a JP Morgan la remisión de ese informe, lo que —claro está— fue denegado por el buen señor, «porque supondría enviar una comisión rogatoria a EE.UU., lo que también iba a demorar en exceso la instrucción sumarial». Pues bien, un año después seguía abierto el sumario, y en tan dilatado tiempo el Juzgado no había tenido inconveniente en acceder a todas las pruebas propuestas por las acusaciones, algunas de las cuales exigieron precisamente cursar a otros países las correspondientes comisiones rogatorias.

Aunque se pidieron más diligencias, que también fueron denegadas, no es necesario insistir con esos otros ejemplos acreditativos de la falta de imparcialidad en el «caso Banesto» por parte del «juez de apoyo», algo parecido —ya lo hemos apuntado— a lo que durante la dictadura se conocía como «juez especial», una tenebrosa figura justamente censurada entonces por Justicia Democrática, a la que pertenecía Clemente Auger, hoy muy distante y distinto en sus actitudes presidenciales de todo lo que antes sostenía con indescriptible entusiasmo renovador y progresista. El retrato de lo que ha sucedido con ese nombramiento como «juez de apoyo» queda reflejado en sus perfiles más nítidos en el artículo de Joaquín Navarro «Una justicia de excepción», publicado en El Mundo el 17 de febrero: «Jueces bisoños, sin apenas experiencia judicial, sin una mínima cultura jurídica, pasan en veinticuatro horas a ser jueces centrales de instrucción y a instalarse en la rampa de lanzamiento de la celebridad pública y el protagonismo mediático, muchas veces con decisiones que abochornan el sentido común y la más mínima sensibilidad jurídica. Tienen modelos de grave coturno». Pero lo que aún resulta más singular, si bien en la invariable línea psicológica del personaje, es el nombramiento político de García Castellón como juez de enlace con Francia, carácter que le permitirá interrogar etarras sin esperar las correspondientes comisiones rogatorias, cuya tramitación se dilata en ocasiones al correr a cargo de distintos jueces de la Audiencia Nacional. Jesús Cacho en la revista Época armó en su día un gran revuelo con su estremecedor relato sobre la singular manera de instruir las actuaciones sobre la violación y el asesinato de la niña Sangrador, en cuyo sumario, a la presencia judicial, se logró la confesión del autor de los hechos después de encañonarle un agente de la autoridad obligándole a meter violentamente la cabeza del sospechoso en el ataúd de la pobre víctima. También el magistrado Joaquín Navarro describe con precisión ese otro anómalo nombramiento de García Castellón en su artículo «Una música celeste», publicado en La Razón el 25 de junio: «Si un juez de la Audiencia Nacional —fatalmente extraordinario— es encima nombrado por el Gobierno como “juez de enlace” entre la política antiterrorista del Estado español y la del Estado francés, el juez se convierte en no-juez. O juez o enlace. Ambas cosas no puede ser. Que el Gobierno designe un juez de “su confianza” para agilizar los trámites de extradición de etarras desde Francia, pudiendo ejercer, entre otras, la función jurisdiccional de interrogar a los presuntos terroristas detenidos, es una aberración jurídica y un adefesio institucional. Será, en todo caso, un funcionario gubernamental al que, con desprecio de todas las exigencias de estricta legalidad, se otorgan facultades que sólo pueden ejercer, en exclusiva, los titulares del Poder Judicial». Un alto personaje judicial, que a veces se da al sarcasmo sobre algún que otro compañero suyo cuando cae en el ridículo, dice de García Castellón: «¡Ah, sí!, Manolo, claro; siempre se le ve andando muy deprisa, con la mano en el bolsillo, para no ir a ninguna parte». No está en lo cierto el desenfadado crítico: ese buen señor que siempre anda corriendo, sabe muy bien hacia dónde dirige sus pasos. Su reciente designación jurídico-política —es decir, política— lo acredita sobradamente.

Según se dice con insistencia en los medios forenses, Banesto ha acudido como abogado para formular su acusación a un tal José Antonio Jiménez debido a su relación de parentesco con el juez García Castellón. A Jiménez siempre se le ha considerado en la asesoría jurídica del banco un tipo mediocre sin verdadero fundamento profesional. En los tiempos de la presidencia de Mario Conde, éste tuvo que declarar para un asunto menor en un juzgado de Madrid, y en la asesoría, por la poca importancia del trámite, designaron a Jiménez para que le acompañara. Jiménez se pasó una larguísima temporada extasiado mientras ponderaba con verdadero fervor las excelencias del presidente, su simpatía, su extraordinaria preparación jurídica, su carácter providencial para Banesto. Los abogados de la asesoría jurídica decían con sorna que Jiménez ni siquiera se lavaba la mano con la que había estrechado la de Conde. El espectáculo de Jiménez durante el proceso ha sido tan deplorable que, a pesar de la proclividad de Siró García hacia las tesis acusatorias, no ha tenido más remedio que llamarle severamente la atención en numerosas ocasiones. En cuanto al insistente rumor en el foro sobre las frecuentes reuniones de Jiménez en su casa de Somosaguas tanto con el juez García Castellón como con los peritos del Banco de España, Pérez Escolar ha querido probarlo en el juicio, pero precisamente la Sala, a impulsos de un lamentable corporativismo, tachó los testigos propuestos que guardaban relación directa con la Administración de Justicia y que, a juicio del proponente, hubieran podido aclarar este aspecto tan oscuro de la instrucción.

Es evidente que la actividad instructora en el «caso Banesto» estuvo enderezada desde el principio a apuntalar la necesidad de la intervención, y para tal finalidad lo mejor era presentar ante la opinión pública, a ser posible en la picota, a unos gestores acusados de administración desleal y manipulación de las cuentas, pero sin entrar en honduras sobre la verdadera situación patrimonial de Banesto, radicalmente distinta a la sostenida por el Banco de España, a fin de ocultar que otras causas, no económicas, habían sido el motivo real de la intervención. Tan graves deficiencias procesales durante la instrucción sumarial no han sido advertidas en sus términos apropiados, así resulta en realidad, por el Consejo General del Poder Judicial, tan severo en la estimación sancionadora de otros hechos de mucho menor calado atribuidos a funcionarios menos dóciles. No en balde, como ya hemos dicho en La Banca, García Castellón tiene merecida fama de suplir sus notorias carencias jurídicas con su innegable habilidad para desenvolverse en terrenos metajurídicos: se le ve en recepciones diplomáticas, gusta de ser invitado a almorzar en centros de poder, como ciertos medios de comunicación, y, especialmente, se ha visto favorecido en grandísima medida por la Asociación Profesional de la Magistratura, a cuyo anterior presidente y su familia trata con asiduidad permanente y devoción inocultable, aunque, si se tercia, como ha ocurrido en el «caso Banesto», se muestre igualmente solícito ante los designios políticos de los socialistas. A los de su jaez les gusta repicar y estar en la procesión, repartir sonrisas a diestro y siniestro, hacer amigos, aunque la relación haya que establecerla con el mismísimo diablo, e incluso enajenar el alma si así conviene al medro particular.

JARABE DE PALO

«Nada hace más depravado que el no ser querido»

(GAUTIER)

¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién juzga al juzgador? Con los debidos respetos, es claro que habremos de referirnos al proceso del «caso Banesto», el juicio por antonomasia, finalmente reducido a una especie de parto de los montes. Pero, con carácter previo, puesto que constituye un antecedente procesal sumamente relevante, pararemos la atención en el «caso Argentia Trust», sin el cual, a nuestro entender, no es posible calibrar en sus propios términos el juicio de los juicios, ese «caso Banesto» que ha terminado de manera tan anómala y desvanecida.

Mario Conde llegó a darse cuenta de que las desgracias de sus rivales políticos —Felipe González e islas adyacentes— no discurrían en paralelo a su buena suerte: la ruina del felipismo no significó en modo alguno la solución de los mil problemas que afectaban al ex banquero. Estaba claro que los centros de poder, deseosos de verle a buen recaudo, no querían esperar de brazos cruzados al juicio por el «caso Banesto», que prometía ser largo y cargado de interminables diligencias, sabe Dios si adversas al deliberado propósito condenatorio. La foto de Mario Conde en la cárcel ya había sido la expresión propicia de tan caritativas intenciones, pero el golpe definitivo al hígado que le haría besar la lona, y hasta echarle del cuadrilátero, consistía en lograr rápidamente otra sentencia judicial que le impusiera una severa pena de privación de libertad. Así pues, teniendo en cuenta que la querella del «caso Banesto» podía derivar en una lentísima acción de la justicia, era menester una forma más diligente de actuación procesal para excluir a Conde, de manera definitiva, del mapa del poder y del prestigio social. La encontraron en lo que se calificó como un desvío improcedente de fondos constitutivo de apropiación indebida. En abril de 1994, apenas transcurridos cuatro meses del expolio y pocos días antes de la subasta en la que el Banco Santander se quedaría de mala manera y sin costarle un duro con las acciones de Banesto, Conde acudía a declarar ante otro juez de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, en relación a un pago de 600 millones de pesetas que desde el banco se había abonado en 1990 a una sociedad denominada Argentia Trust, y ello en relación con presuntos trabajos de asesoramiento para la salida a bolsa de la Corporación Industrial. La realidad demostró que tales informes eran inexistentes y los 600 millones habían desaparecido sin dejar rastro, por lo que la Fiscalía, basándose en una denuncia anónima, estimó que la solución más lógica y expeditiva era la de acusar al ex banquero de que se había apropiado indebidamente de esa cantidad. Así figuraba en la acusación que llegó a la mesa de Moreiras y que motivó la instrucción judicial del caso.

El asunto tenía su intríngulis, y a pesar de que las coces empezaron otra vez a caerle a Mario Conde por todos lados, nadie, absolutamente nadie hasta entonces había traído a colación el pago autorizado por él a favor de Argentia Trust, una sociedad constituida el 18 de febrero de 1983 y domiciliada en el paraíso fiscal de la isla de St. Vincent. Sea por el olvido de los golpes recibidos o por una masoquista adicción a recibirlos al por mayor, fue el mismísimo Mario Conde quien se despachó de la manera más imprudente en una entrevista concedida a Casimiro García-Abadillo, en presencia de su director Pedro J. Ramírez, y publicada en El Mundo, en la que, instigado con insistencia por ambos periodistas, suponemos que de buena fe, reveló que los 600 millones habían ido a parar a Antonio Navalón, el cual aplicó tan crecida suma en la compra de voluntades de gentes del Gobierno para facilitar la concesión de exenciones tributarias a la Corporación Banesto. Al hacer el ex banquero semejante revelación a los dos periodistas, Rafael Pérez Escolar, sorprendido por lo que acababa de oír, de lo cual no sabía hasta entonces absolutamente nada, advirtió en su condición de viejo abogado sobre la gravedad de semejante confidencia, que de subsistir y publicarse, tal como la exponía Conde, le podría acarrear un serio disgusto en términos penales. Pero haciendo caso omiso de tan prudente aviso, la irresistible predilección de Conde por echarse a las patas de los caballos, sosteniendo lo mismo que había dicho sin mayor enmienda, le situó en el preludio de una serie enloquecida de adversidades que se resumen en un título que ha hecho correr ríos de tinta: el «caso Argentia Trust», una sórdida historia.

Volvamos la vista atrás, otra vez la moviola. Rafael Pérez Escolar, recién nombrado consejero de Banesto, entró una mañana en el despacho del presidente Mario Conde con signos de profunda indignación. Venía del Banco de España, de presentar sus respetos al gobernador Mariano Rubio, siguiendo una tradición inveterada consistente en cumplimentar al «gran mufti» de la Cibeles cuando alguien era nombrado administrador de un banco de la solera del Español de Crédito. El mensaje que el todopoderoso gobernador le transmitió era inequívoco: «Jamás consentiré que se concedan las exenciones fiscales a la Corporación, antes tendrán que pasar por encima de mi cadáver». Lo que sucedía era que el gobernador, ejecutando la decisión política del ministro Solchaga y auxiliado eficazmente por «los Albertos», había conseguido frustrar la fusión entre Banesto y el Central, y quería rematar la faena apuntillando a Conde para evitar a toda costa el éxito previsible de la Corporación Industrial. Por lo que el banquero, para buscar una solución adecuada a tamaña dificultad, decidió imprudentemente contratar los servicios de Antonio Navalón, el «conseguidor» más famoso y desvergonzado de España, siempre en compañía de otros dos personajes de su misma catadura: Diego Selva y Matías Cortés, «los egipcios», como solían llamar al trío antes de sus rifirrafes internos, al pedir sin rebozo y de continuo con una mano delante y otra detrás.

La vinculación entre Conde y Navalón se remonta a 1988, cuando les puso en contacto Fernando Garro, director general del banco y amigo íntimo de ambos, un encuentro que se celebró en la residencia veraniega del banquero en Pollensa. El trabajo del «conseguidor» para Banesto se centró entonces en evanescentes e inútiles labores de asesoramiento en asuntos variopintos, hecho todo de boquilla y simulando relaciones más que íntimas al más alto nivel político, judicial y mediático. En este orden fue especialmente reseñable su desastrosa participación en la frustrada fusión de Banesto con el Central, en la que el «asesor» percibió más de 200 millones de pesetas por no hacer absolutamente nada, todo un récord, y en la que, por supuesto, también participó el consejero del grupo Prisa, Matías Cortés, incapaz como siempre de escribir dos palabras seguidas —«el ágrafo», le llaman en el foro—, a cambio de otra abultada minuta por informes inexistentes. Antonio Navalón, con su fiel escudero Diego Selva en la sombra, eran bien conocidos en los ambientes financieros por sus constantes enredos agranujados, cuya carrera culminó en los años óptimos de la «cultura del pelotazo» con labores de «asesoramiento» relacionadas con dirigentes socialistas de tronío. Cabe destacar su papel en la fusión entre Hidrola e Iberduero (que dio lugar a Iberdrola), en la que se encargaron de conseguir —a cambio de una cartera bien cargada con 8.000 millones de pesetas pagadas a tocateja por las eléctricas— que el Gobierno del PSOE tragara con una fusión contraria al interés nacional, sin otro sentido que colmar las ambiciones presidenciales del camaleónico Iñigo Oriol, «el copito de nieve», otrora ferviente franquista y miembro del Consejo del Reino («a mucha honra», como suele decir el hombre, aunque en voz queda y cuando «no hay moros en la costa», como él dice también).

Al desbaratarse la coyunda con el Banco Central, Conde abordó un proyecto sugestivo: todas las empresas en las que participaba Banesto se integrarían en una sociedad común, de forma que lo bancario y lo industrial discurriesen en planos distintos aunque coordinados. Para lo cual era necesario obtener del Ministerio de Hacienda las exenciones fiscales previstas por la ley, porque en otro caso el coste de la compleja operación sería tan brutal que el proyecto se volvería irrealizable. Las normas en vigor exigían algo tan razonable como que el proyecto fuera de interés para la economía nacional, y nadie entonces albergaba la menor duda de que tal requisito concurría cumplidamente en una empresa que representaba el 1,5% del pib español. El obstáculo estaba en Carlos Solchaga, el ministro de Economía, arbitrario entre los más arbitrarios y que profesaba a Conde un odio africano, del que participaba, entre otros muchos, su subordinado —o jefe, según se mire— Mariano Rubio. Solchaga practicaba la máxima de que los poderes discrecionales en su condición de ministro para conceder o denegar exenciones fiscales había que utilizarlos según la proximidad o la distancia, la amistad o la enemistad con el solicitante de turno. La vieja máxima «al amigo todo y al enemigo nada» (véase que no incurrimos en procacidades) era el lema invariable del señor ministro, profundamente resentido por el fracaso de la opa del Bilbao sobre Banesto. Así que la afirmación premonitoria del gobernador de que tendrían que pasar por encima de su cadáver, no sólo expresaba su posición personal en la materia, sino también, y sobre todo, la del titular de Hacienda, uno de los ministros más calamitosos que ha padecido la economía española.

Conde —según confiesa— se encontraba más solo que Robinson Crusoe en mitad de aquel ambiente dominado hasta la extenuación por el felipismo. Sus contactos con el presidente del Gobierno se habían vuelto inexistentes. Solchaga era un cortocircuito infranqueable. Incluso el ex presidente Adolfo Suárez, utilizado para la definitiva separación de Banesto y el Central, dejó de ser un elemento positivo en un proyecto de tanta envergadura como el de la Corporación, lo que desbordaba con mucho las pocas luces y la inexistente preparación del antiguo ucedista. Precisamente fue Navalón quien había organizado los primeros contactos entre Conde y Suárez propiciando un almuerzo en La Salceda en el mes de enero de 1989, y consiguió así que el banquero le echara una mano por trescientos millones de pesetas para la financiación de su nuevo partido, con el que Suárez, vanamente, deseaba seguir en la política activa. El PP, a su vez, carecía de verdadero peso en aquel año 1989, por lo que Conde entendió, si quería seguir adelante con un proyecto básico para el banco, que lo más conveniente era llamar a Navalón a fin de que emplease otra vez sus múltiples y largos tentáculos de experimentado cefalópodo. No sabía el banquero en qué lío se estaba metiendo.

Conde se reúne con Navalón en la calle de Triana y le explica la situación con todo detalle. Navalón, que es un tipo listo y capta el asunto a la primera, sobre todo al olfatear con nitidez que aquello podía traducirse en un dineral para él y sus muchachos, escucha con atención despierta cuanto se le dice; acto seguido se limita a apuntar prudentemente que tenía que hacer algunas consultas antes de aceptar el encargo de ayudar a Conde, por lo que quedaron en volver a verse cuando se hubiera despejado el horizonte. Muy poco después desayunaban juntos en el mismo escenario. Navalón, tras desplegar como un avezado actor algún gesto que pretendía transmitir su inmensa preocupación, la llamada «inflación del conseguidor», contó, con algunos circunloquios propios de quien va a negociar mucha pasta gansa a cambio de una influencia decisiva, que había hecho sus consultas y comentado el caso con gentes de extraordinaria categoría. Solchaga y Rubio formaban un tándem de solidez férrea contra Conde, por lo que la decisión de no conceder las exenciones fiscales no admitía la menor fisura. Es más, buscaban que el presidente de Banesto fracasara de manera inapelable, con lo que así conseguirían —¡por fin!— expulsarle del banco, ya que, después de la ruptura de su fusión con el Central, la demolición del proyecto de la Corporación Industrial haría imparable la decadencia del de Tuy. Todo lo que Navalón contaba le sonaba al banquero a música harto conocida, a pesar de que el «conseguidor», como es lógico, acentuara los aspectos adversos con el fin de aumentar convenientemente el importe de la dádiva; pero, consideraciones crematísticas aparte, la melodía se acompasaba al ritmo de los tiempos. Conde presentía de tal suerte que la cifra a pedir por su interlocutor no iba a ser moco de pavo, por lo que, para ahorrar circunloquios innecesarios en un trago tan amargo, le preguntó directamente el coste de sus servicios: «1.200 millones» —contestó Navalón con voz queda y sin inmutarse un pelo—, a lo que Conde respondió: «Es mucha pasta, Antonio». Efectivamente, era mucha pasta, «pero los beneficios que obtendría el banco serían considerables». ¿Qué alternativas reales quedaban —pensó el banquero— frente a una exigencia como esa, hecha por quien se presentaba ante él como la única solución al problema? Mil doscientos millones eran, sin duda, muchísimo dinero, pero Banesto estaba pidiendo aflorar plusvalías por 300.000 millones y unas exenciones fiscales netas de 90.000 millones, y es obvio que ambas cifras suponían un cambio radical en el grupo; sin olvidar que el previsible aumento de la cotización de las acciones, consecuente a la concesión de los beneficios, iba a redundar de manera directa e inmediata en el bolsillo de los accionistas y en el prestigio del banco.

Mario Conde optó por tirarse a la piscina sin saber el agua que contenía y aceptó la cantidad solicitada por Navalón, pero puso una condición inexcusable: «No pago una sola peseta mientras no tenga en mis manos la orden concediendo los beneficios y la escritura de constitución de la Corporación Industrial inscrita en el Registro Mercantil». Navalón no puso objeción alguna: «Bien, pero necesito tu compromiso irrevocable». A Conde le extrañó el tono solemne con que Navalón le espetaba la frase. Hasta ese momento había «trabajado» para el banquero sin cualquier documento previo, a pesar de lo cual siempre cobró sus «mordidas» con puntualidad británica, pero cuando iba a preguntarle a qué venía esa novedad, el propio Navalón lo aclaró: «Tengo que asumir unos compromisos importantes y no puedo fallar. Hay que mover a mucha gente, porque vencer la resistencia del “enano”, que le tiene comido el coco a Felipe, es casi una misión imposible». Conde intentó no ser cómplice del mensaje y eludió cualquier pregunta sobre el alcance, el contenido y las personas a que afectaban los compromisos enfatizados por Navalón al arrastrar sus palabras. Se limitó a decir: «De acuerdo, no te preocupes, Antonio». Así lo aseguró entonces el presidente del banco al reputado truhán, en vez de hacer lo que, a nuestro entender, resultaba inexcusable: ir por derecho al juzgado de guardia y denunciar a la pandilla de sinvergüenzas que le estaban extorsionando con el mayor descaro.

La maquinaria de Navalón, su etéreo e inconsútil instrumento de trabajo, se puso en marcha a toda velocidad, y enseguida le llamaron a Conde para cenar en casa de Germán Sánchez Blanco, a quien el banquero ni siquiera conocía de nombre. El tal don Germán vivía en Madrid, en un espléndido piso de la calle de María de Molina, esquina a la Castellana. El presidente de Banesto llegó a la hora acordada, cruzó el umbral y detuvo su mirada en una fotografía enmarcada en plata, estratégicamente colocada en el lugar más ostensible, y dedicada efusivamente al anfitrión por Felipe González. Al presentar al dueño de la casa, Navalón, el colmo de la discreción protocolaria, no aclaró su papel en «la misión casi imposible». A su izquierda, Txiki Benegas, secretario de Organización del Partido Socialista. Algo más alejado, Diego Selva. Se sentaron con la laxitud protocolaria que permiten las mesas circulares. La conversación abordó sin rodeos el asunto capital: todos coincidían en que Solchaga era un personaje arbitrario y que, por tanto, funcionaba a impulsos emocionales lejos de lo que debe ser la «normalidad institucional», por lo que «estaba causando un grave daño al Partido Socialista». Y aquí viene lo bueno: en el caso concreto de la Corporación Banesto, «su negativa a las exenciones fiscales era sencillamente irracional», «una partitura escrita con letra de odio y música de abuso de poder», «algo que el partido no debía consentir como responsable del Gobierno de España». Por lo que Benegas, flamante secretario de Organización, y precisamente por ello mismo, se mostraba «absolutamente dispuesto a ayudar a Conde para que el proyecto de la Corporación Industrial no se perdiera para este país».

El presidente de Banesto no podía sentirse más feliz mientras escuchaba tales lindezas sobre el ministro, su bienamado Solchaga, y la solución correspondiente. Y lo que indefectiblemente tenía que suceder en la pieza teatral tan bien ensayada ocurrió al punto durante el segundo plato: el camarero de impoluta chaqueta blanca, botones dorados y puños negros, musitó discretamente un inaudible mensaje al oído del anfitrión, quien, con un leve «perdonadme», abandonó la mesa dejando a la concurrencia envuelta en un explicable clima de curiosidad. El emisario, don Germán, volvió al cabo de escasos minutos con amplia sonrisa, brillo de satisfacción contenida en su perspicaz mirada y movimientos que rezumaban seguridad por los cuatro costados. Se sentó en medio de un silencio expectante, y sin que nadie se atreviera a preguntarle lo más mínimo, tomando en su mano derecha el tenedor, con el que pinchó un trozo de rape a la plancha, detuvo con elegancia el ademán de probar bocado, levantó la cabeza con parsimonia, miró a lo alto, muy alto, a lo lejos, y con voz serena confirmó: «Perdonadme de nuevo, pero era el presidente». Una puesta en escena de tan escasa creatividad artística hizo que a Conde tan burda representación le provocara serias sospechas, por lo que preguntó por derecho si se trataba del presidente del Gobierno, si Felipe González sabía algo de lo que esa noche estaban tratando en aquella cena. Otra sonrisa enigmática de Sánchez Blanco, completada con una mirada furtiva de Txiki, con desvanecido aire aquiescente, fue la respuesta que pudo obtener el banquero.

A partir de ese día los contactos entre Navalón, Conde y Benegas fueron constantes, con escenarios tales como la casa del primero en Madrid, otra que tiene en Navacerrada, la de Conde en la calle de Triana o el restaurante La Trainera. Conde, por fin, recibió una llamada en su móvil: Benegas le anunciaba que el objetivo «estratégico» se había conseguido. El mismo había concertado una entrevista del banquero con el presidente del Gobierno, y de inmediato recibiría la confirmación desde la Moncloa, lo que efectivamente sucedió poco después. El recibimiento de Felipe González fue el típico en un hombre de su talante. Apenas dejó hablar a su interlocutor, y defendió, ante los atónitos oídos y los incrédulos ojos de Conde, todo lo que formaba la esencia misma del discurso del banquero, es decir, que la banca tenía que estar involucrada en la industria, por lo que era consciente, añadió con aplomo, de que «los del Banco de España» no eran partidarios de tal planteamiento; se trataba de meros técnicos y él, como responsable de los destinos de España, tenía sus propias ideas que pondría en marcha a todo trance. Así es que el de Banesto podía dormir tranquilo, aplicándose a su labor sin cortapisas y llevándose de la Moncloa las exenciones fiscales prácticamente en el bolsillo. Cuando Mario Conde dio cuenta del resultado de tan feliz encuentro a Benegas y Navalón, éstos no cesaban de dar saltos, incluso físicos, de explicable alegría. Fue entonces, en mitad de la euforia, cuando Benegas comentó a Conde que en un bar cercano a Ferraz, la sede del partido, se había enzarzado en una discusión con Solchaga en tonos tan violentos que casi llegan a las manos, lo que, conociendo a uno y a otro, sus orígenes y sus caracteres, no es del todo extraño, máxime teniendo en cuenta que si el fondo de la discordia era Mario Conde, Solchaga seguía sosteniendo que conceder las exenciones fiscales a Banesto equivalía a potenciar a un enemigo irreductible del PSOE. El problema residía en que Solchaga era el que tenía que dar la respuesta oficial, tomar formalmente la iniciativa, aunque forzado por el presidente del Gobierno, y firmar la orden ministerial otorgando los beneficios fiscales. Los días transcurrían sin que desde el Ministerio de Economía se recibiera la menor señal. Conde, extremadamente excitado porque la ausencia de noticias se traducía en un descenso de la cotización bursátil de las acciones y en la pérdida de credibilidad financiera del banco, apretó a Benegas al límite de lo resistible. Le pidió que trasladara a González su preocupación porque, casi tres meses después de una conversación tan satisfactoria, el ministro de Economía seguía siendo el único protagonista real de los hechos al dar la callada por respuesta. Pero por fin se recibió la buena nueva, Conde tenía que entrevistarse con Solchaga en la sede de Economía, pero en la plaza de Cuzco, no en la calle de Alcalá, lo que restaba solemnidad al encuentro. La discusión fue tensa porque el ministro comenzó ofertándole como solución unas cantidades, tanto en plusvalías como en exenciones, tan sumamente ridiculas que imposibilitaban de hecho el proyecto de crear la Corporación Industrial. El presidente de Banesto se percató de que se trataba de una finta del ministro, un pulso dialéctico propio de su peculiar idiosincrasia. Al final, el hombre público acabó concediendo no todo lo solicitado, pero sí una cantidad suficiente que permitía la puesta en marcha de la Corporación. Con apariencia relajada, sentado frente a Conde, fumando sin parar, Solchaga le dijo: «Espero que con esto te des cuenta de quién manda». El banquero asintió: «Nunca he tenido la menor duda, ministro». A lo que la réplica no pudo ser más explícita: «Entonces, no andes perdiendo el tiempo con esa gente del partido, que siempre están a vueltas con problemas por el dinero que cuesta la organización», y siguió teorizando sobre la estructura financiera que deberían tener los partidos políticos en el futuro, mientras Conde buscaba cualquier excusa para largarse del despacho lo antes posible. Aprovechando una de sus caladas al pitillo, el de Banesto le preguntó al del Gobierno si pensaba pasar las vacaciones de Semana Santa en Mallorca, y ante la repuesta afirmativa le invitó a charlar en su casa de Pollensa. Solchaga aceptó la invitación, que por supuesto nunca llegó a poner en práctica. Lo cierto es que Conde abandonó la reunión con las exenciones fiscales en la faltriquera y lleno de satisfacción personal por haber alcanzado uno de los objetivos más difíciles de su vida. Poco después dio cuenta al consejo de administración del banco de la orden ministerial por la que se concedían las suspiradas exenciones. La información llegó a la Bolsa, y las acciones subieron a la estratosfera: el valor aumentó en un solo día en cerca de 60.000 millones de pesetas, un magnífico negocio para los accionistas. Desde el propio salón del consejo Conde llamó a Polanco, su compadre del alma, faltaría más, quien le felicitó y le agradeció la información. Al día siguiente, el despliegue de El País no tenía precedentes, y Jaime Botín llamó a Conde para decirle: «Ya has vuelto de nuevo al poder».

Llegó la hora de pagar la coima y Navalón apretaba de lo lindo porque quería todo el dinero contante y sonante. En el mismo escenario inicial Conde le forzó a una rebaja del precio pactado, alegando que Solchaga no había dado a Banesto todo lo que se le pedía y, en consecuencia, la «minuta» debía ser proporcional a lo conseguido. Navalón se resistía como un lobo hambriento, alegando que en el fondo lo importante era la posibilidad de crear la Corporación y que las acciones hubieran subido en bolsa de manera tan espectacular. Llevaba algo de razón el «conseguidor» en su vehemente alegato, pero Conde, a su vez, tenía la obligación de buscar el menor coste posible, por lo que se mantuvo en sus trece. Navalón comprendió que no le quedaba más alternativa que aceptar el ofrecimiento de 600 millones que el banquero le ofrecía por sus gestiones, y aquí acabó el tira y afloja sobre la cuantía de los «honorarios» sin honor. Ahora faltaba acordar los pormenores para el cobro, lo que Mario Conde delegó en Juan Belloso, el cual una mañana entró en el despacho del presidente para someterle una propuesta concreta: «He hablado con Navalón sobre los 600 millones. Yo creo que es mejor que se los paguemos desde una sociedad nuestra que ha tenido unos beneficios importantes con el valor del marco/dólar; así no figura como gastos generales y no nos criticarán los analistas». Conde respondió «Ya, pero figurará en la contabilidad del grupo», a lo que asintió Belloso. «Entonces, si no hay problemas legales, a mí me parece bien», concretó el presidente. En una de las habituales confidencias previas a las reuniones de la comisión ejecutiva, Belloso contó que sabía que Selva había viajado a Suiza para buscar una sociedad que iba a facturar a Banesto los 600 millones de pesetas. El día que se ordenó el pago, el alto directivo dio cuenta a la comisión ejecutiva, en la que Conde aclaró el concepto de forma suficientemente explícita. Alguien preguntó si debía de constar en acta, y todos estuvieron de acuerdo en que no era necesario. De todo lo cual ni Conde ni Belloso dieron cuenta para nada al consejo de administración del banco, ni una sola palabra.

El 20 de abril de 1994, cuatro años después, Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, comparecía en la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el procedimiento penal abierto por el juez Miguel Moreiras. La comparecencia versaba sobre la información publicada por su diario el día 9 de abril, según la cual Banesto había pagado 600 millones a Antonio Navalón para conseguir las exenciones fiscales negadas por Solchaga. El lío ya estaba organizado. Moreiras sentía un deseo incontenible de empapelar judicialmente a algunos cualificados capitostes políticos y vio en el caso una oportunidad de oro para afianzar su fama de juez estrella. La pesada máquina de la Justicia se puso en marcha de manera imparable. Declararon Navalón y Selva, quienes negaron de plano cualquier relación con el dinero cobrado. Lo mismo hicieron Solchaga, Rubio y Benegas. Conde también declaró, y contó lo sucedido. Navalón intentó demostrar que Argentia Trust no le pertenecía. En fin, la instrucción no probó nada relativo al destino del dinero, sobre todo después del fracaso de una comisión rogatoria dirigida a Suiza, que fue devuelta porque se había formulado deficientemente.

Sorprendía en verdad que el fiscal Gordillo, el día 5 de octubre de 1995, dirigiera un escrito de acusación única y exclusivamente contra el ex banquero, asegurando que los 600 millones de pesetas fueron «en beneficio del acusado Mario Conde». ¿Por qué Gordillo dejó fuera de la causa a Antonio Navalón, que hasta ese momento figuraba como imputado? Tiempo después, a raíz de un proceso distinto seguido en otra instancia, se supo que Jaime García Añoveros, ex ministro de Hacienda y consejero del grupo Prisa, había insistido cerca del juez Baltasar Garzón (de donde surge un nuevo enigma, todavía por resolver), para que exculpara a Navalón e inculpara tan solo a Conde; y fue tal la insistencia, que se remitió el asunto al Fiscal General del Estado, quien, dos días después de que el PSOE perdiera en 1996 las elecciones generales, no tuvo inconveniente en firmar la exculpación de Navalón en el caso Argentia Trust. Ya lo ven ustedes: los actores de una comedia de enredo ejerciendo al unísono una presión prevaricadora tan burda e inaudita. Tiene gracia que el asunto haya salpicado también al paladín de la justicia omnicomprensiva, el campeón universal de los derechos humanos. Escama sobremanera que el ex ministro presionara de tal suerte, y, como consecuencia, se traspasara la patata caliente al Fiscal General del Estado, quien, a sabiendas de que iba a ser cesado de inmediato en su puesto, decidió salvar el pellejo al bueno de Navalón, un buen hombre. Se trata de una radiografía retrospectiva de un oscuro capítulo sobre las cosas de la justicia que no resulta encomiable en exceso.

El caso comenzó a tomar tintes de paranoia aguda cuando, nada más recibir el escrito del fiscal, al juez Moreiras no se le ocurre otra cosa que dictar una orden de prisión sin fianza contra Mario Conde. El fiscal Gordillo, no contento con acusar, solicita de Moreiras que adoptara «las medidas personales suficientes para asegurar la presencia de los encausados en el acto del juicio oral». Moreiras, que había sido «castigado» por El País tanto por sus presuntas «simpatías» hacia Mario Conde como por la «extravagancia» de algunas de sus resoluciones, recibe el escrito del fiscal y el día 11 de octubre de 1995 dicta auto de prisión incondicional sin fianza para el ex presidente de Banesto. ¿En base a qué razones, sin duda poderosas? El auto contiene un único fundamento en que el magistrado intenta explicarlo como malamente puede: «Aunque el Ministerio Fiscal ha interesado del Juzgado que se adopten las medidas personales y reales suficientes para asegurar la presencia de los encausados en el acto del juicio oral, tales medidas únicamente pueden consistir en decretar la prisión provisional comunicada y sin fianza». ¡Elemental, querido Watson!, o si ustedes lo prefieren, kafkiano de la cruz a la fecha. El fiscal pide medidas «personales», lo cual ya es mucho de por sí dados los antecedentes que constan en el sumario y la situación de la persona acusada. Moreiras. por su parte, interpreta que esas medidas «personales» sólo pueden resumirse en la prisión incondicional sin fianza. Dos inspectores comunicaron a Conde en su propio domicilio la medida. Lourdes Arroyo, su esposa, preparó otra vez el hatillo con las cosas necesarias para una nueva estancia carcelaria, lo que hizo con mayor precisión que la vez primera, la experiencia siempre es un grado. Conde, después de despedirse de su hija Alejandra, se dirigió en el coche de la policía —técnicamente era «un detenido»— a las dependencias de la Audiencia Nacional. Esperó hasta la llegada de Moreiras, porque en el auto no figuraba la cárcel a la que debía ser conducido, y cuando el magistrado, terminado su almuerzo (hay que cuidarse), volvió al despacho, el esperpento alcanzó un punto de ebullición valleinclanesco.

En una conversación a solas entre Conde y Moreiras, el ex presidente de Banesto le dijo: «Señoría, no me he quedado con una sola peseta de ese dinero. Usted lo sabe», a lo que Moreiras respondió, «Si quiere, puede hacerme una nueva declaración». Conde consultó con su abogado Mariano Gómez de Liaño, y volvió a declarar sustancialmente lo mismo que en la primera ocasión; al concluir, Moreiras, mirándole fijamente, preguntó: «¿Alguien del PSOE, o el PSOE, cobró de ese dinero?», a lo que Conde respondió: «No se lo puedo asegurar, señoría, sencillamente porque no lo sé. No tengo ninguna evidencia». Moreiras, erre que erre, seguía buscando una respuesta afirmativa: «No me lo creo. Usted lo sabe. En ese caso no me queda más remedio que enviarle a la cárcel». A lo que Conde reiteraba: «Sepa usted que manda a prisión a una persona que no ha tocado una peseta de ese dinero». «Lo sé, estoy seguro de eso, pero con esa declaración que me ha hecho no puedo revocar el auto de prisión. Además, el fiscal no está, porque se ha ido de fin de semana. Así que cuando venga el lunes, ya veremos».

Parecía que con tan escueto diálogo acababa todo, Conde comprendió que no había nada que hacer. A partir de ese mismo instante se abrió entre el magistrado, el jefe de policía de la Audiencia y el detenido una inconcebible discusión sobre si el establecimiento penitenciario al que debía ser enviado era Alcalá Meco o la nueva cárcel de Soto del Real. Al fin, debido a la insistencia del recluso, ganó tan curioso concurso la residencia regentada por Jesús Calvo, que Conde ya se conocía al dedillo. Moreiras firmó el ingreso en prisión, especificando que le concedieran una celda individual (no habló del «chabolo») y, mientras era conducido otra vez a las dependencias de la comisaría, el magistrado parecía dispuesto a irse a su casa. Poco después, ya en la misma comisaría, cuando estaba a punto de salir en el coche celular para su segundo viaje carcelario, el ex banquero recibió la noticia de que Aranda, el fiscal jefe, después de una conversación con el letrado Mariano Gómez de Liaño, había dirigido un escrito al juez, que éste tomó en cuenta, por el que revocaba el auto de prisión. Cuando con esta noticia en el alma Conde llegó de nuevo al despacho de Moreiras, se dirigió al juez, que estaba charlando con Aranda, en estos términos «Gracias, señoría, aunque la verdad es que no sé si se pueden dar las gracias a un juez». Moreiras esbozó una sonrisa y contestó: «No me las dé a mí sino al ministerio fiscal». A lo que Conde respondió: «Con todos los respetos, señoría, el fiscal pide pero el juez decide».

Da igual lo que sucedió a partir de entonces. Pasara lo que pasara, fue algo propio de locos de atar, de enajenados sin posible cura. «La libertad de una persona, pisoteada y humillada, eso no puede ser la justicia» —pensaba Conde—, pero lo cierto es que estos acontecimientos ya ni le producían siquiera cualquier efecto doloroso. Moreiras revocó su precipitada orden inicial. Aclaró, además, que no quedaba probado el delito de apropiación indebida, lo que constituía un sobreseimiento de hecho. Mario Conde volvió a su casa aturdido por los acontecimientos. Todo parecía un sueño, «una verdadera pesadilla», se repetía a sí mismo. No entendía nada a fuer de entenderlo todo. El revuelo que se armó fue tremendo. Clemente Auger, el estrafalario presidente de la Audiencia Nacional, calificó la actuación de Moreiras de «tragedia». El juez concedió unas declaraciones a ABC, con el fin de paliar un tanto el tumulto organizado, lo que sirvió de pretexto para que le abrieran expediente sancionador por falta muy grave: no solo había hablado con los medios, sino que lo publicado por el periódico de Anson no era verdad. A pesar de que Moreiras había insistido con fuerza, Conde nunca le dijo que el dinero había ido a parar al PSOE. Al final, Moreiras pagó su decisión esclarecedora y fue exclaustrado de la Audiencia Nacional. El drama culminaría, al menos este primer acto, el 11 de marzo de 1996, día en el que Moreiras, después de haber asegurado que no estaba probado el delito de apropiación indebida, acordaba, no obstante, la apertura del juicio oral contra Mario Conde y le exigía una fianza por responsabilidad civil de 800 millones de pesetas. El 3 de marzo de 1997 comenzaría el juicio oral, el segundo acto de la pieza teatral tan cuidadosamente escrita.

Siempre se desatan los nervios de los protagonistas principales en los prolegómenos de un juicio oral que resulte relevante o así lo parezca. Conde, sin embargo, se mantenía sereno al creer que tenía las ideas claras y las manos limpias en cuanto a los famosísimos 600 millones. En los tortuosos territorios de Navalón y Selva se respiraba un ambiente muy distinto: tenían necesidad imperiosa de conocer lo que iba a declarar el ex banquero en el juicio. Buscaban un pacto a toda costa, por lo que Fernando Garro trabajó hasta la extenuación para conseguirlo: «Creo que no te convienen enfrentamientos innecesarios» —le decía a Conde una y otra vez—, hemos de tener claro quiénes han sido nuestros enemigos en este asunto y, desde luego, ni Diego ni Antonio lo son. Los que han montado este «pollo» tienen nombres y apellidos: Moreiras, impulsado y jaleado por El Mundo. No nos equivoquemos de enemigos. No perdamos capacidad negociadora para el futuro». «El problema no es crearse enemigos —replicaba Conde— sino que me encuentro acusado de apropiación indebida de un dinero, y la acusación deriva de que el testimonio de Diego Selva y de Antonio Navalón no ha sido claro, porque ellos saben de sobra que no fui yo quien cobró ese dinero, ni una sola peseta. Yo no quiero hacer daño a nadie, pero he de empezar por mí mismo y mi familia». Conde no conseguía convencer a Fernando Garro. El abogado de Navalón, Gómez Benítez, llamaba a Mariano Gómez de Liaño dejándole caer «su tremenda preocupación» por el desarrollo del juicio: su obsesión consistía en alejar a Navalón del escenario de las exenciones fiscales y de sus relaciones íntimas con Benegas. Tenía pánico a esa presentación ante la Sala, a que se conectara a los dos personajes en un asunto tan vidrioso como doblegar, mediante precio, la irracional postura de Carlos Solchaga, el tozudo ministro de Hacienda. Gómez de Liaño participaba de ese temor: quería que Conde, ni por el forro, dijera nada que pudiera llevar a la Sala a pensar en lo que realmente se había producido: un delito de cohecho, soborno o algo todavía peor.

El 20 de febrero de 1997 Gómez Benítez vuelve a la carga con su colega Gómez de Liaño: «Navalón no puede reconocer que él ha cobrado, porque eso es meterse directamente en la boca del lobo con Txiki, y dar carnaza a El Mundo para que organice el lío total». A lo que el abogado de Conde respondía: «Pues entonces no nos dejas más camino que pedir la comisión rogatoria, a fin de esclarecer el verdadero destino del dinero, porque alguien tiene que responsabilizarse del pago». Gómez Benítez objetó: «Eso sería muy grave, Mariano, muy grave, porque se trata de personas importantes; hay que evitarlo, voy a hablar con Horacio Oliva a ver si conseguimos ponernos de acuerdo. Txiki está nerviosísimo con todo esto». Gómez de Liaño redargüía: «Nosotros no tenemos ningún interés en Benegas. Si Navalón y Selva dicen lo que tienen que decir, entonces no necesitamos para nada a Benegas».

El fin de semana Conde lo pasó en La Salceda. Durante el desayuno comentó, delante de Cesar Mora y Fernando Garro, que Mariano Gómez de Liaño no veía otra solución que solicitar la comisión rogatoria para el caso de que Navalón y Selva no dijeran la verdad. Además, veía como muy probable que fuera el propio Tribunal quien pidiera la práctica de la prueba. A lo que Garro se levantó, como impulsado por un resorte, y comenzó a hablar con voz descompuesta: «Es una locura. Ya estás otra vez buscándote enemigos. Pedir la comisión rogatoria es una locura. ¿No te das cuenta de que si les descubren pueden decir que una parte del dinero te la dieron a ti? Es una locura». Conde no entendía la reacción de Garro, presa de un creciente nerviosismo. Se le veía sumamente agitado, y Conde hubo de esperar algunos minutos para que se tranquilizara y poder aclararle. «Mira, Fernando, pueden decir lo que quieran, porque como no es cierto, lo único que conseguirían sería crearse más problemas».

No se volvió a hablar más del asunto para evitar otra escena semejante, y el fin de semana transcurrió con aparente placidez. El lunes por la mañana Fernando Garro llamó a Mario Conde para decirle que había hablado con Diego Selva, a quien le anticipó lo de la comisión rogatoria, y éste le aseguró que estaba absolutamente tranquilo, que no le preocupaba lo más mínimo y que el único que podría salir perjudicado seria «la cosa», con referencia a Matías Cortés. (Porque, después de una larga y fecunda luna de miel, se produjo la ruptura en la sórdida banda de «conseguidores» de altos vuelos, a cuenta del reparto de la milmillonaria «mordida» de las eléctricas, y el binomio Navalón/Selva empezó a llamarle a Cortés «la cosa» o «esa cosa», más otras referencias del peor gusto a su oronda figura). Conde no quiso entrar en mayores indagaciones, pero le vino a la memoria el día en que llamó a Matías Cortés para decirle que le había propuesto como testigo en el «caso Argentia». Asegura Conde que «en todas las ocasiones en las que había hablado con él, que han sido muchas, jamás se encontró con una reacción de ese tipo», porque «Matías Cortés perdió los nervios, como Fernando Garro, y pidió en tono de exigencia que le quitara de en medio, que él no tenía nada que ver con todo aquello, que no podía aportar ninguna luz y que ser testigo de este caso sólo le traería problemas». Conde habló con su abogado y, como de la información disponible no parecía desprenderse una intervención inmediata de Matías Cortés en el cobro, lo suprimieron de la lista en el último segundo, mientras el procurador estaba esperando en la antesala para llevar el escrito a la Audiencia. En suma, «la cosa» se libró por los pelos.

El lunes 24 de febrero de 1997 amaneció gris. A primera hora de la mañana, Paloma, la secretaria de Mario Conde, le transmite la información de que Ventura Pérez Mariño, ex diputado del PSOE y juez por el cuarto turno a propuesta de su partido, se hacía cargo de la ponencia del juicio. Conde, que no tenía información alguna sobre el magistrado, dio cuenta a Mariano Gómez de Liaño de la novedad procesal. El abogado no concedió importancia al nombramiento, e incluso aseguró que «no era buena noticia para nuestros enemigos», quizá creyendo ingenuamente que la aparente enemistad entre Pérez Mariño y algunos socialistas podría traducirse en una mejora de la posición del acusado. El martes 25 de febrero El País daba la noticia, asegurando que para ocupar el puesto de ponente el interesado se había abstenido en el «caso Ucifa», un asunto de compra de confidentes de la Guardia Civil con pago en droga dura. Pérez Mariño había sido uno de los diputados que firmaron el dictamen parlamentario del «caso Banesto», en el que se contenía una referencia expresa a Argentia Trust. Cabe pensar que quien ya había decidido con su voto en el Parlamento no podía ser juez en el mismo caso, pero no fue así. Y por otra parte, recordaba lo que había dicho Pérez Mariño en el Congreso sobre Argentia Trust, instando a los jueces a que aplicaran la asistencia jurídica internacional y, mediante comisiones rogatorias, descubrieran la identidad de los que cobraron el dinero. No tenía sentido que como parlamentario afirmara una cosa y como juez no lo cumpliera en los mismos términos, por lo que Conde dio por descontado que con el nombramiento judicial la comisión rogatoria resultaría inevitable para el definitivo esclarecimiento de lo sucedido.

A Mario Conde le sorprendió el tono imperioso de la llamada telefónica que le hacía Mariano Gómez de Liaño pidiéndole que acudiera a su despacho. Una vez juntos, el letrado no se anduvo por las ramas al relatarle que Gómez Benítez, en un movimiento desesperado, le había dicho que no le convenía en absoluto al ex banquero que se formulara la comisión rogatoria porque podría aparecer el nombre de un subordinado suyo. Ante la insistencia de Gómez de Liaño, el abogado de Navalón insinuó la posibilidad de que Fernando Garro hubiera participado en el reparto del dinero de Argentia Trust. Mientras el abogado hablaba, a Conde le vino a la memoria el día en que, al salir de un almuerzo en Jockey, Matías Cortés le dijo algo de Fernando Garro sobre su posible ayuda, y el voluminoso granadino, subrayándolo con una sonrisa de trazos amargos, apuntilló este pareado con escaso ingenio: «Lo mejor que puede hacer Fernandito es estarse calladito». Para Gómez de Liaño era fundamental saber si en el juicio podían salir los nombres de Benegas y de Garro. En cuanto al primero, Conde le dijo que era incapaz de recabar inmediatamente información del interesado, pero que en cuanto a Garro, tomaba el coche, se iba a Gobelas y se lo preguntaba de modo directo, porque estaba seguro de que no le mentiría. Las preguntas, repetidas, fueron directas: «¿Has cobrado de Argentia Trust?» Las respuestas de Fernando Garro, también reiteradas, resultaron contundentes: «No supe», «no conocí», «no participé». Así por tres veces, como en el evangelio. Conde pidió que le pusieran con su abogado, y le dijo: «Fernando, por tres veces, me ha asegurado que no tiene nada que ver con el dinero de Argentia Trust, así que puedes estar tranquilo».

El desarrollo del juicio oral se ajustó más o menos a lo previsto. Se discutió si Conde debía utilizar el privilegio reconocido a los abogados de sentarse en el estrado o pasar al banquillo de los acusados. Todos los de su entorno insistieron en que no tenía por qué renunciar a la norma tradicional de la abogacía, y le convencieron de que vistiera la toga. Pero no tenía toga propia y Mariano Gómez de Liaño, en un gesto afectuoso, le prestó la de su padre, antiguo magistrado del Tribunal Supremo. La prenda era preciosa y ofrecía la pátina del tiempo, aunque Gómez de Liaño, padre —ya fallecido—, era más bajo que Conde y a éste la toga le quedaba corta, lo que contrastaba con la apariencia usual de quienes comparecen en el foro convenientemente vestidos. Resulta curioso que, en vez de fijarse en otros aspectos de más enjundia en el proceso, los medios de comunicación destacaron un punto tan accesorio, e incluso algunos dijeron que para el acto del juicio Conde se había encargado «una toga de diseño».

Conde declaró con toda nitidez que «pagó a Navalón encantado para que le ayudara a conseguir las exenciones fiscales», y así lo recogió El País en la portada de Economía. Navalón, sin embargo, a pesar de que Siró García Pérez le preguntó de manera directa e insistente si estaba absolutamente seguro de no haber cobrado nada del dinero, el testigo, bajo juramento, se mantuvo firme en negarlo una y otra vez. La versión de Selva fue todavía más surrealista: quería asumir el protagonismo de la operación, pero a la hora de tocar el dinero intentaba escabullirse con argucias incomprensibles: unas veces el dinero lo había cobrado un tal doctor Berstinguer, otras, un americano denominado Mullis, so pretexto en ambos casos de supuestos motivos a cual más inverosímil. Al margen de la mayor o menor coherencia de la explicación testifical, lo cierto es que Conde quedaba enteramente desvinculado del cobro del dinero. En este escenario, y tratándose de la apropiación indebida de una suma que, según Gordillo, había ido en beneficio de Conde, éste, después de la prueba, se sintió tranquilo. En La Banca nunca hemos podido entender tamaña tranquilidad y menos aún la actitud procesal mantenida por Conde en este asunto al no atacar con la energía debida a los que se habían quedado con el dinero y lo negaban con tanto descaro ante el Tribunal, pretendiendo incluso ampararse en unas pruebas documentales tan burdas que fueron rechazadas de plano durante la vista. No lo entendemos, lo que nos permite colegir que a Conde le engañó de nuevo aquella tropa de «conseguidores», convenciéndole de que todo iba a resultar propicio para sus intereses si accedía a pasar por el aro y ellos pudieran irse de rositas. Y tampoco podemos entender que, a la vista de las declaraciones prestadas por Navalón y Selva, no se pidiese de inmediato la comisión rogatoria a Suiza para conocer el destino exacto del dinero, lo que Conde ha intentado justificar con algo tan pueril como que la carga de la prueba incumbe ex lege a los acusadores. Después de todo lo que ha padecido como consecuencia del «caso Banesto», ¿podía acaso el ex banquero pretender que la presunción de inocencia iba a actuar en su favor cuando la triste realidad ha demostrado en todo momento que tirios y troyanos habían invertido brutalmente esa carga probatoria?

El juicio se interrumpió cuando apenas quedaban unos cuantos testigos de escasa transcendencia, y Conde decidió irse a Los Carrizos, en la sierra sevillana, para elaborar un informe lo más completo posible que sirviese a su abogado para construir el alegato final. Ese fin de semana, cuando Conde y su secretaria se aplicaban sobre los papeles y el ordenador para narrar y analizar lo sucedido, llamó Garro pidiendo ir con ellos. Lo que a Conde le llamó la atención, pero Paloma le recordó que cuando Garro quiso quedarse en la Sala, hubo de abandonarla a petición del fiscal, al decir éste en voz alta que prefería que se ausentara por si en algún momento tenía que llamarlo como testigo. Y ahora Garro hablaba de ir a Sevilla sin ningún propósito especifico. Conde le invitó con Virginia, su mujer, pero él insistió en que prefería ir solo.

Llegó el viernes por la tarde. El viejo amigo era otra persona: la mirada perdida, el gesto huraño, ausente de todas las conversaciones, con la cabeza en sabe Dios dónde; nunca le habían visto así, y hacía muchos años que Conde y Garro mantenían una fraternal amistad, «somos hermanos», decían uno y otro. Algo extraño le pasaba al visitante, y Conde no era capaz de adivinar el motivo. El domingo 16 de marzo de 1997 El País publicaba a todo trapo un artículo de Ernesto Ekaizer, con reflejo en portada, titulado «El desmontaje de Argentia», en el que se analizaba lo dicho por Selva en el juicio. Fernando Garro se mostraba incapaz de articular palabra. Gesticulaba y se mordía el labio inferior, un reflejo característico cuando se encuentra en estado de ansiedad. Conde llamó a Gómez de Liaño y le preguntó sobre los posibles efectos del artículo; su abogado mostró la natural preocupación, aunque «afecta a la versión de Selva pero no a la que tú has dado en el juicio». En el trayecto de vuelta de Sevilla a Madrid, Garro seguía absorto en pensamientos no desvelados que le transportaban a un lugar ignoto para los demás viajeros.

El fiscal Gordillo, en su informe final, insistió en la tesis de la apropiación indebida citando, precisamente, el artículo de Ekaizer publicado el domingo anterior. En su turno de defensa, Gómez de Liaño, jaleado por un sector de los informadores que cubrían el juicio, demostró con nitidez que no existía la menor prueba de que Conde tuviera algo que ver con Argentia Trust, y mucho menos de que una sola peseta de los famosos seiscientos millones hubiese terminado en su bolsillo. El juicio acabó sobre las dos de la tarde. A eso de las cinco, tres horas después, llamaron de la Audiencia al despacho del abogado de Conde para decirle que al día siguiente, a la una, le notificarían la sentencia. No sabía como valorar el alcance de una decisión adoptada con tan inusitada celeridad. ¿Cómo era posible que tres horas después de concluidas las sesiones citasen al inculpado para notificarle el fallo?, Gómez de Liaño se inclinaba por explicarlo en clave de absolución, porque para condenar a una persona —decía— se necesita «un mínimo de estética en el empleo del tiempo».

Al día siguiente, mientras Mario Conde iba al despacho de su abogado para esperar allí la resolución judicial, Fernando Garro y César Mora se quedaron en la calle de Triana, a donde el banquero tendría que regresar —así lo esperaba— después de conocer la buena nueva. Todos los medios de comunicación apostaban por la absolución; incluso el propio fiscal Gordillo comentó con una periodista que «parece que no hemos convencido», aludiendo a que esperaba una sentencia absolutoria. A la una de la tarde, Pérez Mariño, el ponente, revestido con la toga, puñetas plateadas reglamentarias, apariencia de solemnidad inusual y el gesto y el tono que exteriorizaban una íntima satisfacción, comenzó a leer ante los periodistas la sentencia con el propósito de que fuera transmitida por todos los medios de comunicación, y en especial por los primeros telediarios, recalcando algunas expresiones como «añagaza» o «lo lleva a su bolsillo», términos infrecuentes en la terminología forense pero dirigidos, con manifiesta intención, al consumo de masas con el propósito de matar civilmente a una persona, a fin de que nadie albergara la menor duda de que Mario Conde, amparado en su «añagaza», se había quedado, «llevándoselos en su bolsillo», los 600 millones de Argentia Trust.

En el despacho de Mariano Gómez de Liaño reinaba la desolación al conocer los seis años de cárcel que el Tribunal imponía a su defendido por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental. Gómez de Liaño insistía en que la condena era muy grave porque, aparte de la falta de solidez jurídica, denotaba que no se había superado lo que él llamaba «la prueba de los jueces» o el «síndrome Conde». Este subió al coche y volvió a su casa. El ambiente rezumaba pesimismo mezclado con indignación por todos los costados. La cara de Garro reflejaba una tensión indescriptible. Se le escuchó hablar por el teléfono móvil con Diego Selva, por lo que Conde le pidió que se lo pasara para decirle que «estaban moralmente obligados a reconocer la verdad, lo que realmente había sucedido con el dinero»; el convicto pudo escuchar al otro lado de la línea: «Por supuesto». Pedro Pueyo apareció también tratando de buscar alguna explicación a lo sucedido, a lo que Conde apostilló: «Algo muy raro ha ocurrido, Pedro. Necesitamos saber a ciencia cierta si Garro ha tenido o no alguna participación en ese dinero, por el concepto que sea, si de verdad estaba o no controlado por esas personas, porque si no nunca sabremos de verdad a qué atenernos. Tienes que hablar con él».

Pueyo y Garro se encerraron a solas en el despacho de Conde, y al cabo de un buen rato Pueyo pidió a Conde que entrara. Allí, con un Fernando Garro desarbolado, Conde escuchó, mientras la sentencia condenatoria de seis años de cárcel pesaba sobre su cabeza y, en definitiva, sobre la de toda su familia, que Garro, su «hermano», había recibido de la cuenta de Selva 40 millones de pesetas, aunque alegaba que era algo que graciosamente le quiso dar su amigo, e insistía en desvincular a toda costa lo percibido del asunto Argentia Trust. Conde salió del despacho y regresó al salón. Ante sus colaboradores Paloma y Francisco Cuesta, dijo con voz desolada que Fernando Garro había reconocido haber percibido de Diego Selva ese dinero. Al día siguiente, El País demostró el porqué de la jerga utilizada por Pérez Mariño en la sentencia; bajo un enorme titular dejaba claro que a Conde se le condenaba «por apropiarse 600 millones», una verdadera apropiación pura y dura, y, por si fuera poco, en la página 51 del número correspondiente al viernes 21 de marzo, justo encima de una foto de Pérez Mariño, y después del título «El fallo de los jueces», entrecomillada la frase letal: «Se apodera de 600 millones y los lleva a su bolsillo». El País sabía que eso era exactamente lo que tenía que contar a la opinión pública para conseguir el efecto buscado de propósito: la definitiva demolición de la imagen de Conde, el amigo de francachelas, confidencias y conspiraciones con Polanco en días de vino y rosas.

A partir de ese momento comenzaron las prisas para mandarle a Conde de nuevo a la cárcel, alegando ahora el riesgo de fuga. El fiscal Santos solicitó la prisión en la vistilla celebrada al efecto. La Sala se encerró en una interminable sesión en la que tuvieron al condenado esperando, desde las once a las dos de la tarde, en las dependencias de la Sección Primera. Al fin se le comunicó la imposición de una fianza de 2.000 millones de pesetas en metálico o mediante aval bancario. Conde salió con el auto en la mano y se fue a Sevilla, aturdido por la sentencia, amargado por el descubrimiento de la traición de Garro y sabedor de que nunca obtendría el aval porque ningún banco iba a prestarlo. Por si la cosa no estaba suficientemente clara, José Luis Leal («el licenciado Vidriera», como se le conoce en los ámbitos financieros), el grotesco y relamido presidente de la patronal bancaria, premio Nobel de la nulidad más absoluta, declaró a la prensa que era perfectamente comprensible que los bancos no quisieran prestar el aval, aun a sabiendas de que al negarlo enviaban al condenado de nuevo a Alcalá Meco. Conviene recordar que Mario Conde, en contra del criterio de importantes colegas suyos, había apoyado en términos decisivos el nombramiento de José Luis Leal como presidente de la AEB.

El espectáculo que siguió fue poco edificante. Los periódicos cubrían la jugada minuto a minuto, algunos empujando a Conde sin rebozo hacía Alcalá Meco, otros limitándose a describir, con mayor o menor acierto, lo que sucedía. Cuando Conde se presentó aquella mañana en la Audiencia sin el aval bancario, estaba absolutamente persuadido de que iba a ir a la cárcel. Le pasaron al despacho del secretario y, siguiendo las recomendaciones de Mariano Gómez de Liaño, hizo una breve comparecencia en la que pedía ser enviado a Alcalá Meco y disponer, por razones de seguridad, de una celda individual. Le ordenaron esperar y eso hizo, a la fuerza ahorcan. El tiempo transcurría a un compás agobiante más que lento. Algo sucedía en el interior del Tribunal, Por fin abrió la puerta el fiscal Gordillo y dijo que la Fiscalía aceptaba las fincas de su familia como posible garantía. Minutos después, el auto del Tribunal, asegurando que se sentía vinculado por el cambio de criterio del fiscal, le permitía volver a su casa. Por supuesto, al día siguiente El País publicó en portada que el fiscal le había salvado de la cárcel en el último minuto, A partir de ese momento los medios de comunicación se dedicaron a perderse en cábalas sobre si las fincas valían o no la cantidad necesaria para completar la fianza.

Más vale tarde que nunca. Conde, superado ese primer obstáculo carcelario, no se resignaba a soportar pacíficamente una condena tan injusta. Cierto era que desde el Tribunal Supremo le llegaban voces de que estuviera tranquilo, porque con seguridad se casaría la sentencia, pero él desconfiaba de tan buenos augurios, ya que su creencia en la justicia no había salido reforzada en el primer encuentro. E insistía a Garro para obligar a Navalón y a Selva a que dijeran la verdad antes de que el Supremo viera el recurso de casación. Garro le aseguraba que estaba haciendo todos los esfuerzos posibles, aunque los interesados (nunca mejor dicho) se negaban a ello, y encima decían con el mayor cinismo que ya resultaba indiferente su testimonio, porque una cosa hubiera sido prestarlo ante la Audiencia y otra muy distinta reconocer los hechos cuando ya se había dictado sentencia condenatoria. No quedaba más que un camino: conseguir que alguien de la estructura judicial con facultades al efecto enviara a Suiza una comisión rogatoria para esclarecer los hechos. Lo que dicho así parece muy bonito y muy sencillo, pero venía a resultar imposible de todo punto teniendo en cuenta la capacidad de control institucional y mediático de Navalón y sus muchachos, según los cuales nadie se atrevería a echar una mano a Mario Conde enfrentándose con «el sistema», como también le gusta decir al condenado.

Pero el hombre, como un perro molido a palos abandonado en la cuneta, optó por no rendirse. Para ello dispuso que su mujer, que había dado un ejemplo admirable de serenidad y fortaleza, y Enrique Lasarte, su invariable amigo, comentaran con Mariano Gómez de Liaño el modo de conseguir la comisión rogatoria, mientras él, en Sevilla, trataba de reponerse del batacazo como Dios le diese a entender. Una y otro se fueron al despacho del abogado, el cual aconsejaba que bajo ningún concepto debía solicitarse la comisión. Conde no entendía nada. Quizá Gómez de Liaño seguía recelando de que si llegaba a aparecer en la trama Fernando Garro, amigo íntimo de Conde, podría involucrarle en el reparto del pastel, y, además, los papeles helvéticos sacaran a la luz la conducta de Benegas, por lo que se complicaría el asunto enredándolo en aspectos aún más graves y comprometidos. Un razonamiento que podría tener algún valor antes de la condena, pero no después: se trataba de demostrar que el ex presidente de Banesto no se había quedado con los 600 millones, y la única manera de reparar el estropicio causado, aunque fuera parcialmente, era conseguir la información precisa sobre quiénes se habían llevado el dinero. No había otro camino, por lo que Conde cogió el teléfono, habló con su hijo Mario, le dijo que la comisión rogatoria era la única salida posible, que no se dejara convencer por nadie de lo contrario y fuese a ver personalmente a Enrique Lasarte para iniciar de inmediato los trámites necesarios. El muchacho cumplió en todo cuanto le dijo su padre, Lasarte aceptó el encargo y la operación se puso en marcha.

¿Cómo obtener una comisión rogatoria en aquellos momentos, después de todo lo que había llovido? El primer dato a despejar consistía en conocer cómo funciona el correspondiente mecanismo procesal en Suiza. Allí acudieron Lasarte y la esposa de Conde con el propósito de entrevistarse con los abogados del despacho Prager Dreifuss, de alto prestigio en Zurich. Así fue como apareció en escena un interesante personaje, el doctor Eric Dreifuss, principal abogado del bufete, que les sometió a un paciente y exhaustivo interrogatorio sobre lo sucedido, empleando para ello la meticulosidad propia de un relojero suizo, detalle a detalle, paso a paso, latido a latido de la triste historia. Muy poco tiempo después, Conde se reunió en Madrid con el minucioso jurista, lo que tuvo lugar en el despacho de los Sánchez-Calero. Dreifuss formuló a Conde un interrogatorio repetitivo, machacón, interminable, a pesar de que todas las respuestas ya las había obtenido en Zurich. Por lo que al ex banquero todo aquello le llegó a parecer una lastimosa pérdida de tiempo. El abogado zuriqués, sin embargo, no era de la misma opinión: quería comprobar si existía alguna contradicción en el relato, algún punto oscuro en la historia remota y próxima, algo que demostrara que, en realidad, Conde no quería una verdadera comisión rogatoria para esclarecer lo sucedido, sino tender una cortina de humo porque también había cobrado el dinero o parte de él. Lo cierto es que Eric Dreifuss se convenció de cuanto había oído y se le había demostrado, y pasó a mirar a su cliente de manera distinta. En el mismo momento en que tuvo la plena convicción de su inocencia, inició su trabajo con extraordinaria celeridad, hasta el punto de que, sin haber transcurrido siquiera un mes desde la condena, el 18 de abril ya existía un fax de la Fiscalía IV de Zurich manifestando que era posible tramitar una comisión rogatoria sin demora en las condiciones en que se encontraba Conde, el cual no daba crédito a tanta ventura. Acostumbrado a la lentitud de la justicia española, no le cabía en la cabeza tamaña diligencia, a pesar de que Dreifuss le había asegurado, con evidente modestia, que en Suiza las cosas funcionan así, «de esa manera». Pero el problema seguía vivo y coleando en España: era imprescindible que una autoridad judicial con facultades suficientes reclamara la comisión rogatoria, lo que no podía hacer mas que un fiscal o un juez. ¿Se atrevería alguien a tramitarla y en base a qué causa prevista por la ley?

La primera posibilidad consistía en pedirle al Fiscal General del Estado que, amparándose en el Estatuto del Ministerio Fiscal, que le asigna como uno de sus fines la defensa de los derechos fundamentales de la persona, entre los que se encuentra el derecho a la presunción de inocencia, se dirigiera a la Fiscalía IV de Zurich mediante la oportuna comisión rogatoria. Desde luego existía base legal más que suficiente para ello, pero la esperanza de que se aceptara la petición era ínfima, y el tiempo se encargó de demostrarlo: el Fiscal General del Estado, en pugna con las normas reguladoras de su alta función, rechazó la solicitud. La otra posibilidad descansaba en que fuese el propio Tribunal Supremo quien solicitara la rogatoria antes de decidir si casaba o no la condena, hipótesis que llevaba consigo idéntica desconfianza por parte de Conde, el cual quería demostrar que no se había probado en la causa que él hubiese cobrado el dinero, por lo que si el Supremo entendía que no se había preservado el derecho a la presunción de inocencia, estaba obligado a ordenar la práctica de la comisión rogatoria y devolver las actuaciones a la Audiencia. Por muy lógico que pudiera parecer el trámite, tampoco funcionó en la angosta maraña procesal de la Sala Segunda del Supremo, con un Bacigalupo arma al brazo y mirando a la Cruz del Sur.

Conde y sus abogados discutieron durante largos días y llegaron a la conclusión de que no había más remedio que proceder contra Navalón y Selva por falso testimonio. La verdad es que tardaron en convencerse, aunque para el ex banquero las esperas y las indefiniciones, a la búsqueda de pactos imposibles, son una norma inveterada, el factor común de su conducta. Todos a una comprobaron que la competencia para tramitar una causa por ese delito y, por tanto, el posible envío de la comisión rogatoria, recaía en los juzgados de instrucción de la plaza de Castilla. Pero, ¿quién ponía el cascabel al gato? Obviamente, el perjudicado era Conde al haber sufrido el mazazo de la sentencia condenatoria, pero la solución más prudente consistía en que su mujer, Lourdes Arroyo, asumiera el papel de denunciante. Dicho y hecho: además del delito de falso testimonio, había que incluir indiciariamente los de cohecho y tráfico de influencias, con el fin de recabar de Suiza la mayor información posible. El reparto correspondió al Juzgado de Instrucción número 16, a cargo del magistrado Emilio Coronado, que admitió a trámite la denuncia y ordenó el envío de la comisión rogatoria. El 6 de junio de 1997 El Mundo publicaba la noticia. Ese día Mario Conde abrió la puerta del despacho de Fernando Garro y vio que un ejemplar del diario se encontraba encima de su mesa. De la iniciativa procesal no se le había informado, y, por tanto, la noticia para él suponía una enorme sorpresa. Miró a Conde con expresión indefinida y le dijo: «Enhorabuena, jamás pensé que conseguirías la comisión rogatoria». Durante el fin de semana Conde estuvo pensando en la reacción de sus enemigos, pillados de improviso con el paso cambiado. Esta irrupción en escena de un juez desconocido, lejos del estrellato, podría dar al traste con una estrategia que había sido cuidadosamente diseñada para hundir definitivamente a Conde en la miseria. Era evidente que la reacción al envite vendría desde las páginas de El País, al que tan vinculado se halla Matías Cortés. El 9 de junio el titular era elocuente a más no poder: «Conde logra con una argucia que un juez reabra el caso Argentia sin esperar al Supremo». Por el tono que empleaba el reportaje se podía tener la seguridad de que tanto al periódico como a sus inspiradores no les interesaba para nada el conocimiento de la verdad material. (Esto de la verdad material es ahora una expresión usual en la terminología jurídica; en tiempos de Justiniano bastaba con la verdad a secas). Los de Prisa querían a toda costa evitar que esa verdad llegara algún día a España. Aunque la actuación del juez Coronado había sido procesalmente impecable, se inició de inmediato contra él una inmisericorde estrategia de acoso y derribo. El 12 de junio de 1997, pocos días después, El País, con su independencia proverbial, publicaba que «la Fiscalía investiga si hubo irregularidades al tramitar la denuncia de Conde». Este era el camino que habían elegido los malsines para desvirtuar la realidad: invalidar el procedimiento a fin de frustrar el envío de la comisión rogatoria y desacreditar al juez. Navalón y su entorno se jactaban de tener buenas relaciones con la Fiscalía de Madrid, por lo que no resultó extraño que el ministerio público iniciara la investigación para averiguar las supuestas irregularidades en la instrucción sumarial.

El 14 de junio de 1997 Navalón presenta una querella criminal contra el juez Coronado, al que acusa de prevaricación y cohecho. El paso, en su manifiesta insensatez, es tan arriesgado que demuestra por sí mismo el nivel de desesperación a que habían llegado los bergantes, por muy asistidos que estuvieran por el periódico más sus confesadas influencias en los tribunales. Nadie se hubiese atrevido a dirigirse, en una demostración tan evidente de mala fe procesal, contra un juez llamado a tramitar el sumario por falso testimonio de Navalón y Selva, a no ser por el pleno convencimiento de que si llegaban los papeles de Suiza, todo lo que había sucedido iba a quedar al descubierto, dejando con el culo al aire a los verdaderos perceptores del dinero. Casi un mes después, el 10 de julio, y a la vista de la evolución de los acontecimientos, El País desvela que «Navalón amplía la querella contra el juez Coronado acusándole de soborno». La querella se admite a trámite de inmediato, por lo que el juez tiene que acudir a declarar, se le pide que aporte sus declaraciones tributarias de patrimonio y renta de los últimos cinco años, se alude maliciosamente a un piso que ha comprado en Madrid, aparecen por doquier comentarios poco edificantes sobre familiares y amigos suyos, se insinúa que podría haber actuado sobornado por Conde…, en fin, lo de siempre en las prácticas empleadas, con sistemático respeto a la ética y al Estado de Derecho, por las familias más reputadas de allende el océano, especialmente en Chicago y Atlantic City. El 27 de septiembre toda la prensa publica que «el Tribunal Superior de Justicia de Madrid archiva la querella contra el juez Coronado». Era el mismo juez que, según publicó también El País, había llamado a Ernesto Ekaizer «sudaca de mierda».

El instructor, por tanto, quedó libre de toda sospecha, pero los emisarios mediáticos de Navalón transmitieron habilidosamente al fiscal suizo Cosandey la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo en España, por lo que le sugerían no imprimir excesiva celeridad al cumplimiento de la comisión rogatoria, ya que podría ocurrir que el juez Coronado fuese condenado por corrupción, y con ello todo el trabajo de la fiscalía suiza resultaría nulo de pleno derecho. Conde, a su vez, se centraba en tratar por todos los medios de que la documentación llegara a España antes de que se viera en el Supremo el recurso de casación. A pesar de que, como es sobradamente conocido, la casación es muy rígida formalmente, si Conde hubiera conseguido que la prensa publicara los nombres de las personas que cobraron efectivamente el dinero antes de que se reuniera la Sala para decidir, estaba convencido de que una sentencia condenatoria resultaría de todo punto impracticable por manifiestamente injusta.

A finales de julio había noticias: se nombró para fiscal del caso a Manuel Villanueva, y al presentar su escrito a la Sala Segunda admitió que, más que apropiación indebida, Mario Conde había cometido un acto de administración desleal, tipo delictivo que conlleva penas sensiblemente inferiores. No es que fuera un consuelo definitivo para el convicto, pero ya era algo: parecía, por fin, que un miembro del aparato judicial comenzaba a darse cuenta de que no existían pruebas para condenarle por haber puesto los 600 millones «a buen recaudo y a su disposición». Sin embargo, la otra cara de la moneda ofrecía un aspecto distinto: el ponente nombrado por el Supremo para entender del caso era José Augusto de Vega, a quien Conde personalmente no conocía de nada, pero que, según la prensa, mantenía una proximidad cierta con el felipismo. Desde los círculos de Navalón se mandó el mensaje de que de Vega era el nombre que resultaba razonable para redactar la ponencia, mientras que al magistrado se le hacía llegar la falsedad de que el inculpado había abierto una investigación sobre su pasado en Sevilla. De nuevo se empleaban sin titubeos las tácticas que tanto gustan en otras latitudes a oriundos sicilianos o irlandeses de reconocido prestigio.

Conde estaba cada vez más convencido de que los papeles no llegarían a tiempo, sobre todo cuando se le comunicó oficialmente que el día de la vista del recurso iba a ser el 4 de noviembre. Tenía que hacer algo antes de esa fecha, y la persona que podía ayudarle de manera decisiva en esos momentos críticos era Fernando Garro, con el que mantuvo dos conversaciones. La primera, a solas, el 22 de septiembre, en la que Garro reconoce expresamente que, según la información transmitida por el propio Selva, el fiscal de Zurich ya tenía controladas las cuentas tanto de él como de Navalón, lo que permite a Conde razonar así: «Si ya están controladas las cuentas es que esos papeles van a venir a España y, al margen de consideraciones morales, ya no tiene sentido seguir negando, seguir mintiendo. Quizá antes, cuando pensaban que esos documentos jamás pisarían suelo español, decidieron mentir. Pero las cosas han cambiado, y ahora se enfrentan a lo inevitable». A pesar de que Garro no ahorraba calificativos elogiosos hacia Selva, se veía obligado a reconocer que ninguno de los dos «conseguidores» que habían apañado la pasta quería dar un paso tan simple como declarar la verdad. La excusa aducida por Selva era que «si contaba la verdad metía en la cárcel a Antonio Navalón y, sin embargo, no sacaba a Conde», lo que según los abogados del banquero —y sobre todo el sentido común— era rotundamente falso. La segunda conversación también tuvo lugar en el despacho de Gobelas, pero en esta ocasión se encontraba presente Pedro Pueyo. El tono fue más dramático. Conde se dirigió a Garro en estos términos: «La casación se acerca y estos dos, que ya están controlados en sus cuentas por el fiscal de Zurich, siguen negándose incomprensiblemente a declarar». Pueyo propuso una especie de pacto consistente en que acudiesen voluntariamente a testificar, contasen al juez Coronado la verdad y asumieran que habían percibido el dinero, y Conde, a su vez, retirara la denuncia o pidiera una pena muy inferior para ambos. A lo que Garro respondió con la consabida cantinela de que «ello significaría meter en la cárcel a Navalón, y no salvaría a Conde». Llegadas las cosas a ese extremo, no quedó más remedio que decirle a Garro que él, que conocía la verdad, que sabía quienes habían cobrado y que era cierta la versión de Conde, no tenía más remedio que presentarse ante el juez como testigo y contar la historia en sus propios términos.

Fernando Garro se sintió superado por una situación tan comprometida para él y sus «socios». Insistía ante Pueyo y Conde en que no podía hacerlo por las buenas, sino que primero tenía que hablar con Selva y pedirle que declarara para evitar que Conde fuera a la cárcel, y si Selva no le daba una explicación satisfactoria, entonces él se presentaría ante el juez —hasta habló de «una declaración notarial»— y contaría todo lo que sabía, incluso sus pactos con Selva y Navalón por la retribución de sus servicios. La temperatura subió de tono. Garro era consciente de que le estaban obligando a elegir: «¡Joder! —exclamó—, lo que pasa es que mi declaración te salva a ti y les mete a ellos». «¡Hombre, claro! —contestó Conde—. Pero resulta que yo no he cobrado y ellos sí». La cosa no tenía término medio: si Selva y Navalón se negaban a declarar, Garro tendría que hacerlo a su vez, consciente de que su declaración salvaba al ex banquero. Para lo que tendría que ser claro y contundente ante el juez en su comparecencia, tenida por trascendental por los tensos interlocutores.

El 24 de octubre el fiscal suizo declaraba oficialmente por escrito, y así lo recogía El Mundo, que varios españoles habían percibido dinero de Argentia Trust, pero que ninguno de ellos era Mario Conde. El 29 de octubre, Fernando Garro se presentaba en las dependencias del Juzgado de Instrucción número 16 a declarar como testigo. Eligió sin dudarlo, pero no por Conde sino por Selva y Navalón: dijo al juez Coronado que no tenía con ellos dos ninguna relación de negocios, que no tuvo conocimiento de que hubiesen trabajado con Conde para la consecución de las exenciones fiscales, que Selva no le había hecho ninguna transferencia, que no tenía la menor constancia de que Selva y Navalón hubieran cobrado de Banesto, que jamás se reunió con Selva para pedirle que contara la verdad, que era falso que Selva le dijese que el fiscal suizo había detectado sus cuentas… En fin, negó absolutamente todo lo que antes había relatado con pelos y señales a Conde y a Pueyo. Eligió que los que cobraron el dinero siguieran indemnes y que Conde fuera a la cárcel. Diego Selva declaró el mismo día de igual manera, en línea acordada de antemano con Garro.

Lo inevitable se acercaba a pasos agigantados. Por la razón que sea, el magistrado de Vega no llegó a ocuparse del recurso de casación, sino que fue el propio presidente de la Sala Segunda, Jiménez Villarejo, quien asumió la ponencia. Se constituyó una Sala integrada por cinco magistrados: Bacigalupo, García Ancos. Martín Canivell y Román Puerta, además del presidente. La vista se celebró el 11 de febrero. Mario Conde era consciente de que su suerte estaba echada. Un comentario recibido de cierto periodista sobre una información transmitida por Horacio Oliva confirmaba la condena por apropiación indebida, aunque podrían eliminar la relativa a la falsedad documental. No cabe duda de que Oliva, por razones obvias cada vez más patentes, dispone de una magnifica información en punto a las decisiones judiciales. En la misma línea, antes de que se celebrara la vista, Joaquín Almunia le comentó a Fernando Almansa, jefe de la Casa del Rey, que Mario Conde sería condenado. Así fue. El 26 de febrero de 1998 en la portada de La Vanguardia podía leerse que el Supremo impondría a Conde una pena de más de cuatro años: alguien relacionado con el tribunal sentenciador filtró la noticia al periódico de Godó/Polanco.

A la una de la tarde el procurador disponía de la notificación oficial de la sentencia. Con el fin de consolar un tanto a su familia, Conde llamó a su mujer y quedaron en que almorzarían con Antonio García de Pablos, su abogado en el recurso, a las dos y media de la tarde. En esas estaban cuando una ola de estupor recorrió las dependencias de la oficina del ex banquero. Se abrió de un golpe seco la puerta del despacho. Los ojos de terror de Paloma, su secretaria, y la consternación de su colaborador Francisco Cuesta antecedieron al anuncio de Juan Carlos, el jefe de seguridad, quien irrumpió en la estancia y con voz trémula y excitación incontenible exclamó: «Están fuera dos inspectores del cuerpo de Policía. Traen una orden judicial para llevarle a usted inmediatamente a Alcalá Meco. Ahora mismo». El desconcierto fue total. Todos se movían con gestos agitados mientras gritaban: «¿Cómo es posible? ¡No puede ser! Hay que hablar con los abogados!». «Una sensación de incomprensión total, de atropello, de crueldad manifiesta —confiesa Conde— invadía el ambiente. Incluso a los miembros de Herri Batasuna se les permitió disponer de dos días antes de ingresar en prisión». El condenado trató de poner algo de calma en aquellas personas rebosantes de indignación. Transmitió la noticia a su esposa y a su hijo Mario. La primera no podía creerlo, el segundo lo sospechaba. La Cope aireaba la información. Conde había tenido la certeza de que volvería a las dependencias de «su» antigua cárcel, pero creía que ello ocurriría a mediados de la siguiente semana, una vez que la Audiencia recibiera los autos del Supremo con ese caminar cansino, arrastrando los pies, típico de la andadura judicial, lo que supondría unos cuantos días de libertad. Pero no, la celeridad volvió a presidir los movimientos de los jueces, y el Supremo, que suele tardar unas dos semanas en devolver los autos a la Audiencia, envió un fax con el certificado del fallo el mismo día y a la misma hora en que se publicó la sentencia. Los dos funcionarios de Policía expresaban de forma inequívoca en su mirada, en la timidez de sus movimientos, en la forma de entregarle los papeles y en el tono de voz, su propia conciencia sobre aquel caso de patología judicial en el que ellos asumían forzadamente un papel tan ingrato. «Bueno, señores, cuando quieran nos vamos —elevó Mario Conde la voz, dirigiéndose a los policías—. Ha llegado la hora».

Cuando Conde volvió a pisar el pasillo verde de entrada al módulo de Ingresos tuvo la sensación de que regresaba a una casa conocida que había abandonado algún tiempo atrás. Así volvió a familiarizar con el ambiente de forma progresiva: el tampón para las huellas dactilares, el viejo y sucio paño para limpiarse los dedos, la máquina de rayos para analizar las pertenencias, el cuarto de ducha para los que acceden al lugar, la puerta de ingresos y libertades, el despacho del juez de vigilancia, el olor a cárcel, ese olor característico, mezcla de humanidad, desolación y lejía, que se intensifica a medida que se avanza por el largo pasillo y se recorren las dependencias, y que no llega a desaparecer por completo, ni siquiera cuando cada cual se pasea por el patio al aire libre. Vivencias que llegaban a su memoria sin producirle el menor atisbo de temor. En cierta medida, volvía a una especie de hogar tristemente conocido para él.

El alboroto sobre su ingreso en prisión ahogó cualquier noticia relacionada con la comisión rogatoria. El objetivo de los enemigos de Conde se había cumplido en este punto, por lo que el entorno de Navalón volvió a la carga en tierras helvéticas alegando que el banquero ya estaba en prisión condenado por el Supremo, lo que jamás tendría marcha atrás, por lo que la rogatoria se convertía en un trámite inútil, sobre todo teniendo en cuenta que la decisión de Coronado estaba recurrida a la Audiencia Provincial, y sin la menor duda sería revocada de plano. El fiscal helvético decidió esperar prudentemente, aunque la Audiencia Provincial no revocó la decisión del juez, contrariamente a lo pronosticado, sino que vino a confirmar la comisión rogatoria y el derecho del juez Coronado a investigar no sólo el falso testimonio, sino otros posibles delitos que se desprendieran de la información contenida en los papeles que llegaran en su día a Madrid. Y añadió algo significativo: el verdadero perjudicado era Conde, porque él había sufrido las consecuencias derivadas de la sentencia condenatoria. A partir de ese momento, el gallego decidió tomar el asunto por sí mismo, nunca es tarde si la justicia es buena: acudió a declarar voluntariamente ante el juez para pedir que se llamara a Navalón, quien el 13 de julio volvió a asegurar ante el magistrado que no sabía nada de los 600 millones y no tenía relación alguna con Argentia Trust, amén del resto de la cantinela ya conocida de sobra. El juez, a pesar de las evidencias de que Navalón mentía, no quiso tomar ninguna medida cautelar contra él. Conde seguía en la cárcel y Navalón en libertad, de lo que éste, por cierto, se ufanaba con notorio descaro.

A finales de 1998 Peter Cosandey anunció por sorpresa que abandonaba el puesto de fiscal de Zurich para dedicarse en lo sucesivo a una empresa privada de auditoría. Lo más extraño es que también manifestó que no tenía tiempo, antes de abandonar el despacho oficial, de concluir los trabajos relativos a la comisión rogatoria de marras, porque se lo impedían otros asuntos pendientes de suma importancia y, en consecuencia, la única posibilidad de que antes de marcharse concluyera el asunto consistía en que se concertara un pacto entre Antonio Navalón y Mario Conde. De hacerse así los documentos llegarían inmediatamente a España. ¿Qué había ocurrido con el bueno de Peter Cosandey, un fiscal tan diligente en los momentos iniciales? Desde que Eric Dreifuss dejó de ocuparse del caso por razón de enfermedad, la rapidez con que se había iniciado el trámite se transformó, como por arte de magia, en una lentitud desesperante. Suiza y España, países paralelos, identificados en la demora procesal y la inseguridad jurídica. Si toda la documentación ya estaba en poder del fiscal suizo antes de finalizar el año 1997, las preguntas surgían inevitablemente: ¿qué había pasado durante ese tiempo? ¿quién influyó para que se retrasase el envío a España? ¿cuáles fueron los verdaderos contactos mantenidos en Suiza por Ernesto Ekaizer, el oscuro emisario de El País ¿Acaso el fiscal tuvo miedo de algo? ¿Es cierto que le amenazaron con una querella criminal, más otras minucias de mayor enjundia, si enviaba los papeles a España? ¿Por qué se fue al sector privado tan precipitadamente sin cerrar el «caso Argentia»? Pero el asunto, tras la ausencia de Cosandey, cayó en manos de otra fiscal llamada Cornelia Coya. El aparente silencio de la maquinaria judicial suiza transmitía la sensación de que se estaba buscando una fórmula para no enviar la documentación a España, lo que, sin embargo, no sucedió en la práctica: a mediados de julio se supo que la fiscalía suiza había concluido la investigación. Todo dependía de que Navalón y Selva interpusieran recurso, lo que hicieron de inmediato. Trataban de evitar a toda costa que llegaran los papeles antes de las elecciones generales del mes de marzo. Ambos perdieron el recurso ante el Tribunal Cantonal y ante el Tribunal Supremo, pero ganaron tiempo suficiente para añadir daño al daño. A finales de mayo, Antonio Navalón, sin cortarse un pelo, decía a quien quisiera oírle que la comisión rogatoria ya estaba en camino hacia Madrid, pero iba a resultar un fiasco descomunal porque en la información aparecía exclusivamente Diego Selva, pero no Matías Cortés ni Fernando Garro ni cualquier otro nombre de los que se barajaban en los mentideros matritenses. Ni siquiera el suyo, claro es, porque la documentación demostraría que él no tuvo relación alguna con el dinero de Argentia. Y añadía que se habían puesto en contacto con El Mundo, a través de sus socios ingleses, para que se diera la información de manera correcta, ya que el resultado de la comisión rogatoria iba a ser para él un triunfo en toda regla.

A Mario Conde le extrañaban los devaneos exculpatorios que Navalón difundía a diestro y siniestro. Le resultaba imposible admitir que la justicia suiza se hubiera prestado a un juego tan sucio. Tal vez ahí residía la causa de la incomprensible actitud de Cosandey, pidiendo el acuerdo con Navalón antes de enviar los papeles a España. Estaba claro que los «perceptores», los «egipcios», los ágrafos, intentaban por todos los medios poner de pantalla a Selva como chivo expiatorio para cubrir a todos los demás. La primera noticia que tuvo Conde de ese intento —según ha manifestado a un redactor de La Banca— se la dio un periodista que le llamó para interceder por Selva el día antes de que éste declarara ante el juez Coronado: «Dice Diego que si mañana no encuentra ninguna dificultad, en el plazo de ocho días está todo arreglado». A lo que Conde preguntó: «¿Te ha dicho Selva cómo va a arreglarlo en ocho días?». El periodista aseguraba: «Yo he visto que ha hecho un memorándum muy complejo y minucioso, para pasarlo al fiscal suizo». Se ve que los «conseguidores» habían tomado la decisión de que Selva asumiera el papel de pagano y procuraban, con el tal memorándum, convencer a la fiscalía suiza para que redujera al máximo el ámbito inculpatorio inherente al cumplimiento de la comisión rogatoria. Conde se puso inmediatamente en marcha, y a través del despacho de abogados de Zurich obtuvo la respuesta: a finales de marzo el Supremo suizo había desestimado los recursos y, a finales de abril, la fiscal Coya había enviado los documentos a España.

Comenzó entonces el rastreo, que resultó penoso. Se buscaron los documentos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, sin éxito. Se preguntó en el Ministerio de Justicia, con idéntico resultado. Los nervios comenzaban a hacer estragos en el entorno de Conde. Este, «a través de una fuente insólita» —asegura—, confirmó que la policía de Berna había enviado la comisión a España el 8 de mayo. Por fin, aquella tarde, una llamada de su abogado le confirmó que los documentos los había recibido el Juzgado nº 16 enviados desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No se tenía idea del contenido y la extensión del envío, pero lo cierto es que había llegado. Conde trasmitió la noticia a su mujer, a su madre, a sus hijos, a sus amigos, a sus colaboradores, no sabemos si también al nuncio. Sólo quedaba despejar la duda sobre lo que decían los papeles. ¿Habrían conseguido los bergantes manipular también a la Justicia suiza? El juez del 16 mandó traducir los originales en alemán, después de lo cual daría traslado a las partes. Hasta entonces no quedaba más remedio que esperar.

El martes 13 de junio El Mundo publicaba la noticia, una portada que resultaba histórica, al menos en la historia particular de Mario Conde. «Una información —confiesa el interesado— que resumía años de esfuerzos, de sufrimiento, de cárcel, de incomprensiones, de condenas mediáticas, de descalificaciones de todo tipo…» El titular no dejaba lugar a dudas: «Navalón, Selva, Garro y Matías Cortés se lucraron con los seiscientos millones de Argentia». Completaba la información una foto de cada uno de los cuatro «conseguidores-receptores», añadiendo como segundo titular: «La comisión rogatoria llegada de Suiza identifica a los verdaderos beneficiarios del dinero por cuya apropiación indebida Mario Conde fue condenado a cuatro años de cárcel». Lucía en la portada un documento bancario, una orden de pago que enviaba «Shaw & Pengelis» a una cuenta abierta en el Morgan Guaranty Trust de Nueva York, cuyo beneficiario, según constaba de forma manuscrita, era Matías Cortés.

Navalón y compañía estaban tocados de ala, pero les quedaron fuerzas para intentar una maniobra todavía más ruin. A través de sus abogados, quisieron convencer a Fernando Garro para que se manifestara en el sentido de que había cobrado el dinero por indicación de Mario Conde. Estaban viendo las consecuencias de su prepotencia ilimitada al haber creído que eran capaces de controlar todos los resortes judiciales, en España, en Suiza y en donde hiciera falta. Pero, al margen de las consecuencias jurídicas, la condena moral resultaba inapelable. Durante toda esa semana El Mundo proporcionó información detallada sobre el contenido de la documentación recibida de Suiza. Garro, Selva y Navalón guardaron el más absoluto silencio. Cortés dirigió una escueta y despectiva carta al periódico en la que reconocía el pago que le había hecho Navalón, añadiendo que no tenía nada que ver con Argentia Trust, sino que se trataba de un pago «normal y corriente».

El País guardó durante toda la semana un silencio sepulcral, sin la menor referencia al asunto, sin una mínima mención, ni en un sentido ni en otro, prueba abrumadora de lo que ese periódico entiende por libertad de información al servicio de sus lectores. Ahora la Justicia suiza desvelaba que, a pesar de lo publicado ad nauseam en las páginas del diario de Polanco, Conde no había cobrado una sola peseta de Argentia Trust. Por el contrario, según la información que insertaba El Mundo, quien había cobrado —y mucho— fue Matías Cortés, consejero de Prisa, lo mismo que otro consejero del mismo grupo, Jaime García Añoveros, ya fallecido, por supuestas gestiones en relación con Banesto y que había intercedido de manera agobiante para que no imputaran a Antonio Navalón en el «caso Argentia». El silencio del periódico obedecía, pues, al hecho de que dos consejeros de su empresa editora se veían involucrados en un asunto de perfiles tan turbios, lo que por supuesto no gustaba nada en aquella casa, y menos a su patrón, con las barbas puestas en remojo, por lo que la mejor manera de «tratar» el asunto era silenciarlo del modo más ramplón. La realidad para esta gente resultaba indudable, pero no podían someterse a nuevos descalabros: saben a ciencia cierta que, después del «caso Sogecable», su capacidad de maniobra para torcer la acción de la justicia ha quedado prácticamente agotada. Todo el mundo se ha dado cuenta de que un escándalo semejante no puede repetirse con el empleo de artimañas como las que pretenden acabar con el magistrado Javier Gómez de Liaño. A pesar de que Polanco sea ahora tan súbitamente rico y disponga aún de artillería gruesa en el frente periodístico, él, que no es tonto, ya es viejo y tiene el techo de cristal, sabe que su capacidad de maniobra ha llegado al límite. Y está dispuesto a seguir la recomendación cervantina: «Llaneza, muchacho, que toda afectación es mala». Además, estos prohombres tan poderosos siempre practican la caridad cristiana empezando —y acabando— por ellos mismos, y han aprendido de pe a pa que no es igual hurtar el bulto en primera persona para evitar la cornada que librar una dura guerra por gentes tales como la impresentable caterva de «conseguidores» que birlaron el dinero de Argentia Trust y forzaron la condena de quien les favoreció con la dádiva. El País, un periódico todavía de excelente traza y aparente objetividad gracias a los sólidos profesionales que lo confeccionan, ya no está para muchos trotes: su pérdida de autoridad moral es más que evidente, y ha quedado tan solo para librar las batallas y batallitas que afectan a su patrón, como la de los libros de texto, la exportación de basura al tercer mundo, las increíbles ayudas financieras que se le han dispensado sin ton ni son y los privilegios mediáticos que subsisten, pero no para enredarse en sangrientas escaramuzas de las que podría salir apaleado y con el rabo entre piernas. La saña contra el juez Gómez de Liaño es el ejemplo más característico: Polanco pretende hundirlo definitivamente mediante una desesperada campaña que, además de resultar ridícula, persigue en el fondo que nos olvidemos del birlibirloque de los miles de millones indebidamente dispuestos en Sogecable; sobre todo ante las sombrías perspectivas que se ciernen sobre la empresa, endeudada en cientos de miles de millones no recogidos en el pasivo del balance y que, habida cuenta de la competencia feroz en el mercado televisivo, permite pronosticar los más negros presagios para ese tinglado de la nueva farsa que preside un Polanco en franca decadencia, y, por tanto, cada vez menos atento a las maniobras instigadas con su rencor característico por Juan Luis Cebrián («Don Quintín el Amargao», como le llaman en la redacción de El País), mientras que va predominando el buen sentido de Mari Luz Barreiros, la bella e inteligente esposa del patrón, y Francisco Pérez González, el discreto «Pancho», la mano derecha y parte de la izquierda del que ha sido hasta hace poco don Jesús del gran poder.

A pesar de que Matías Cortés declaró que había cobrado de Navalón en Suiza, por asuntos «normales y corrientes», 250.000 dólares, lo que suponemos habrá declarado en tiempo y forma a la Hacienda Pública española, el pago, para ofrecer cierta verosimilitud, habría de tener alguna justificación causal. No vale decir que se trata de algo corriente y moliente. Hay que acreditar la verdadera naturaleza de los antecedentes del cobro. Si no existe cualquier causa razonablemente sólida, una actuación concreta que lo justifique de manera suficiente, el motivo para que le ingresen en la faltriquera bancaria más de 25 millones de pesetas de aquella época habrá que buscarla en otro sitio, lo que sólo puede obedecer a la infinita generosidad de Navalón o, sencillamente, a haber logrado por vía «cortesana» protección informativa para las singulares y fecundas actividades de la reputada familia de «conseguidores». Esta sospecha se agrandaba al apreciarse, no solo el clamoroso tratamiento periodístico dispensado a la condena de Conde, sino el modo y manera de organizar en los medios afines la persecución al juez Coronado, para lo que se destinó a Ernesto Ekaizer, especialista en esta clase de labores informativas. El silencio ominoso de El País en cuanto a Navalón, Selva, Garro y Cortés, así como a García Añoveros, ocultando toda referencia al trinque de Argentia Trust, dota a la sospecha de los perfiles propios de la evidencia. La verdad es que las andanzas de Matías Cortés, «la cosa», como ahora le llaman sus antiguos socios, merecen una amplia monografía, lo que no descartamos en La Banca al contar con una amplísima documentación sobre tan aprovechado personaje, agarrado con desesperación a los faldones de Jesús Polanco para refugiarse de los rayos y centellas que tanto le amedrentan bajo el paraguas protector de El País. No sé si sabe don Jesús que si viniesen mal dadas para él, lo que no deseamos, «la cosa» sería el primero en clavarle una daga florentina por la espalda, como ha hecho siempre con sus antiguos protectores y amigos. Los antecedentes en nuestro poder sobre el sujeto muestran un riquísimo repertorio de las perlas más suntuosas dignas de figurar en la mismísima corona británica: las andanzas «bancarias» en Miami, a donde acudían reputados personajes de Ecuador y Colombia, entre otros de semejante pelaje (que lo diga el marqués de Casa Pizarro, que huyó de allí despavorido); los frecuentes «aterrizajes lavatorios» en la Probursa mejicana, la misma que medio arruinó al BBV de la mano de Sáenz Abad; las íntimas y singulares relaciones helvéticas de diverso orden; las curiosas aventuras neoyorquinas e islas adyacentes, tapadera profesional incluida, de la mano de la morganesca Violy de Harper; las andanzas inmobiliarias de oscura traza allá y acullá, y muchas más cosas que harían interminable el relato. A fin de no alargar el resumen en términos desmesurados, aludiremos con brevedad a un aspecto, creemos que inédito, relativo al desastroso asesoramiento prestado por el orondo «conseguidor» a José María Ruiz-Mateos, del que resultaron tantos contratiempos carcelarios para el jerezano. En cuyo triste y desafortunado episodio Matías Cortés convenció al ex dueño de Rumasa, después de birlarle mil millones de pesetas asociado con Navalón, de que le convenía airear determinados antecedentes documentales que, de manera supuestamente comprometida, afectaban al inquilino de la Zarzuela; para lo que se valieron del viejo sindicalista Justo Fernández, fotografiado al descender del avión en Barajas a su regreso de Londres, mientras exhibía ante los informadores gráficos un buen puñado de papeles no tan misteriosos como algunos podían suponer. Sobre lo cual las altas instancias lograron echar tierra con prontitud y eficacia, aunque el incidente dejara un rastro indeleble: el embajador de España en el Reino Unido, José Joaquín Puig de la Bellacasa, persona ejemplar en tantos órdenes, negó a Matías Cortés desde aquel penoso episodio la entrada en la embajada. En aquella época también Felipe González, que estaba de viaje presidencial en la capital británica, durante el trayecto de regreso con el embajador hasta el aeropuerto, puso como chupa de domine al tal Matías Cortés por sus enredos en el vidrioso asunto y en otros semejantes. Su íntimo colaborador Javier Sáinz Moreno, un profesor inteligente y original pero de imprevisibles reacciones, se indignó de tal suerte con lo que consideró una traición de Matías Cortés a su cliente común, José María Ruiz—Mateos, que ni corto ni perezoso, afrontando los riesgos consiguientes, no dudó en personarse en el juzgado de guardia para entregar las agendas del «traidor» —así lo califica habitualmente— demostrativas de su lamentable conducta profesional. Otro episodio conocido, a pesar de los desesperados esfuerzos de sus autores para que se cierna la sombra del olvido, es el de los líos que se trajo Cortés en connivencia con otro cátedro, José B. Terceiro, en el asunto de los 700 millones de pesetas desembolsados por la cooperativa aceitera Uteco, como anticipo para la obtención de un supuesto crédito que iba a conceder cierto banco suizo y que, como ocurre en estos casos, trasuntos a lo fino del timo de la estampita, no llegó a formalizarse. Volaron los 700 millones pagados sine causay se instruyó el correspondiente sumario contra Domingo Solís, un hijo suyo y José B. Terceiro, aunque éste desapareció misteriosamente de la instrucción dejando en la estacada a los otros dos, que dieron con sus huesos en la cárcel, sin haberse llevado un duro, condenados a largas penas de prisión. José Solís Ruiz, el ex ministro franquista, hermano y tío de los condenados, durante una cena con varios amigos, él, tan sumamente prudente de ordinario, no dudó en exclamar con ira incontenible: «Esos canallas han engañado a mi familia, se han llevado todo el dinero y han metido a mi hermano y a mi sobrino en la cárcel; no comprendo cómo todavía no les hemos dado un buen escarmiento. ¡Me dan ganas de hacerlo yo mismo!». Poco después de pronunciar tan vehementes palabras, el veterano político moría repentinamente. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. El vivo, José B. Terceiro, acaba de ser galardonado con el bollo del premio Jaime I de Economía; el jurado, sin la menor duda, habrá tenido en cuenta, entre sus muchos méritos, la brillante intervención del agraciado en el «caso Uteco», cárcel incluida de sus gestores, así como los múltiples chanchullos con su hermano durante sus mandatos en el Hipotecario y en Caja Madrid. El no menos vivo Matías Cortés asegura muy serio que es profesor de Derecho Tributario en la Complutense, condición académica de la que dudan muchos de sus alumnos ya que ni siquiera le conocen de vista (el «supuesto» catedrático, dicen con sorna), aunque todos se muestran ansiosos de escuchar las enseñanzas del «maestro» sobre un tema tan apasionante como «la financiación surrealista del cooperativismo agrario». El que quiera saber algo más de los métodos «especiales» que emplea el singular doctor, que pregunte a Julián Lago, el sagaz periodista, que un mal día se atrevió a cantar al tal Matías Cortés las verdades del barquero en determinada publicación.

Los documentos de la comisión rogatoria son terminantes. En el European Banking Corporation (EBC) constan tres cuentas principales: la abierta a nombre de Argentia Trust, número 225; la abierta a nombre de un trust de Saint Vincent denominado Progress Trust, número 695, y la abierta a nombre de una sociedad panameña llamada Shaw & Pengelis, número 380. En el Progress Trust y en la sociedad Shaw & Pengelis se monta una estructura idéntica en la que la facultad para tomar decisiones de inversión reside en Menzel, hombre clave, vicepresidente del banco, que conoce a Navalón y a Selva desde mediados de los 80, según el mismo reconoció en su declaración testifical. En ambas cuentas aparece como persona con poderes de disposición un abogado llamado Martin A. Wenner, domiciliado en Zurich, que interviene como titular fiduciario de la cuenta. ¿Por qué la intervención de este abogado? La legislación suiza cambió en aquellas fechas, por lo que resultaba necesario declarar el titular real de las cuentas abiertas a nombre de cualquier trust o cualquier sociedad panameña o similar, es decir, había que señalar el destinatario efectivo de los fondos. Uno de los mecanismos de escape consistía en la interposición de abogados, que gozaban del privilegio del secreto profesional para no desvelar el nombre de sus clientes: les bastaba con garantizar que el dinero de esas cuentas no tenía procedencia ilegítima.

La estructura del poder de disposición de las cuentas resultaba de tal suerte que, aun cuando la firma la tuviese formalmente el abogado, las decisiones las tomaban Navalón y Selva, implementándolas Menzel. El abogado se limitaba a firmar de vez en cuando los recibos. La verdad es que tampoco se le podían pedir peras al olmo ya que en los dos contratos, el de Navalón y el de Selva, se le asigna al hombre una retribución anual de 2.000 francos suizos, unas 140.000 pesetas, por dar la cara y firmar ocasionalmente. Los famosos 600 millones, convertidos en 8.226.626 francos suizos, se abonaron de forma directa e inmediata en la cuenta 225 de Argentia Trust con fecha 7 de agosto de 1990. Por tanto, el pago de Banesto había sido real y se hizo a la entidad que figura en la factura que en su día le fue presentada. El día 9 de agosto, de esa cantidad se envían 8.101.293 francos suizos a la cuenta 380, de la que es titular la sociedad panameña Shaw & Pengelis. La orden del envío es de Reuchlin, un abogado holandés que figura como el titular de Argentia Trust, y cuando le preguntan a Menzel por qué dio esa orden, dice creer que sería un arreglo entre Reuchlin y Navalón. Por tanto, la historia que contó Selva a la Sala, relativa a que Argentia era un conjunto de inversores, que el papel determinante, en cuanto a la asesoría jurídica, lo tenía un tal Dr. Berstinguer y que él era el responsable ante tales inversores, era una burda patraña sin el menor fundamento. Y también lo fue que existiera en aquella fecha un americano de nombre Mullis, con el que intentó sorprender al tribunal, aportando incluso una especie de documento público que pretendía demostrar que el tal señor Mullis era un inversor dispuesto a comprar, a través de Argentia Trust, acciones de la Corporación Industrial.

Los documentos bancarios y la declaración de Menzel demuestran que Argentia Trust es una carcasa —«un transfer», que decía Fernando Garro— propiedad de ese abogado holandés de apellido Reuchlin, casualmente profesor de derecho penal, que simple y llanamente se constituye en un vehículo a través del cual circula el dinero con destino a otras personas. Se trata de crear una pantalla entre la transferencia de Banesto y su recepción por Navalón, y para ello se utiliza a este trust de Saint Vincent. Reuchlin cobra por su «trabajo», concretamente un 2%, como expresamente ha reconocido Menzel en su declaración testifical. Por eso, el 9 de agosto de 1990, dos días después de que se abone el dinero de Banesto en la cuenta de Argentia Trust, se transfieren 8.101.293 francos suizos, es decir, el 98% del importe recibido, a la cuenta de una sociedad llamada Shaw & Pengelis, que es la número 380 del mismo banco. Los papeles recibidos demuestran que se trata de una sociedad, de nacionalidad panameña, propiedad de Navalón. Existe un curioso documento de fecha 12 de julio de 1990 —es decir, poco antes de que Banesto ordenase la transferencia—, firmado entre Navalón y Wenner, abogado que aparece como titular formal de las cuentas de la sociedad y del llamado Progress Trust. En dicho documento, Navalón actúa como «mandator», y en tal concepto instruye al abogado suizo para que intervenga en nombre de la sociedad Shaw & Pengelis en relación con la cuenta abierta en el EBC. Navalón, por tanto, es el dueño de la sociedad, lo que demuestra que era el jefe de la tropa, el que cobra todo el dinero poniéndolo en la cuenta de una sociedad que es suya y en la que tendrían participaciones minoritarias Selva y Alfredo Navalón, con arreglo a los contratos escritos a los que se alude expresamente. Navalón dirige la operación de cobro, y como primer paso ingresa todo el dinero en una sociedad que él controla de forma personal y directa. A continuación. Antonio Navalón efectúa un primer movimiento consistente en ordenar que se expidan dos cheques, uno por 650.000 dólares y el otro por 950.000 dólares. E inmediatamente después acuerda transferir a la cuenta 695, abierta en el mismo banco a nombre de Progress Trust, la cantidad de 1.950.000 francos suizos, unos 150 millones de pesetas de la época.

La documentación recibida acredita que Progress Trust es una entidad de Saint Vincent, del mismo tipo que Argentia Trust, que Diego Selva encargó constituir a Menzel, en concepto de garantor, y que, en realidad, sirve para organizar la fortuna exterior de Selva, como así reconoció expresamente Menzel en su declaración testifical. Pero hay más: existe un documento entre Selva y Wenner, idéntico al que firmó Navalón respecto a Shaw & Pengelis, en el que Selva actúa como mandator respecto de Progress Trust. Por tanto, con estos primeros documentos a la vista se prueba que Navalón cobra todo el dinero, menos la comisión de Reuchlin. y acto seguido transfiere su parte a Selva que lo ingresa en una sociedad suya. Tan simple como queda relatado. Selva, a su vez, ordena el 19 de octubre una transferencia de 333.000 dólares a una cuenta abierta en el Crédit Suisse de Ginebra, la cuenta 758200, que gira bajo la clave Xada. En la documentación recibida consta que esa cuenta fue abierta el día 7 de marzo de 1990 a nombre de una sociedad denominada April Free S.A. bajo el número 116308. En la declaración de apertura se indica expresamente que el beneficial owner es Fernando Garro. Se trata de una sociedad de Tórtola, en las Islas Vírgenes Británicas. En la cuenta tiene firma individual Fernando Garro y, mancomunadamente, dos personas más: Vicente Ferro, y J.L. Bugnion. En la documentación consta que con valor 23 de octubre de 1990 se reciben en esa cuenta 333.000 dólares con procedencia EBC Schweiz AG, Zurich. Y en la misma cuenta constan abonos por más de un millón y medio de dólares, anteriores y posteriores al envío de Selva. En dos casos la procedencia del dinero viene tachada. La instrucción ante el Juzgado nº 16 permitirá conocer exactamente el origen del dinero.

De la propia cuenta de Navalón, el 28 de enero de 1991 sale una transferencia por importe de 250.000 dólares. El destinatario es «Morgan Guaranty Trust, 957. Nueva York, a la atención de Marc López, para abonar en favor de la cuenta número 60371524, cuyo titular es Matías Cortés». Además, existe otra transferencia por 100.000 dólares a favor de la sociedad Latarde Consultants Inc., que también se atribuye a Matías Cortés. Esta sociedad cobró una suma muy importante de los 8.000 millones pagados por lberdrola a los habituales «conseguidores» al contratar a Navalón con el pretexto de la fusión Iberduero/Hidrola, en cuya relación de altruistas benefactores de la humanidad figura el inevitable Adolfo Suárez, siempre con su carita de buena persona en pos del duro fácil, así como otro agudo «perceptor», Rafael Martos, especialista en estar repicando y en la procesión al tiempo, porque, a pesar de estar al servicio de las eléctricas con una altísima retribución, tampoco tuvo empacho en cobrar un dineral por no hacer nada a la sombra del inefable Navalón.

Esta es la historia contada en pocas palabras, según se desprende de una documentación tan nítidamente incriminatoria, llena de firmas y nombres, de apuntes en cuenta, de recepciones y transferencias, y que se refiere a personas con experiencia más que sobrada en el mundo financiero. Sin embargo, algunas de las andanzas relatadas parecen no tener el menor: así, por ejemplo, que Fernando Garro haya comprado una sociedad domiciliada en la isla Tórtola y abra la cuenta en el Crédit Suisse, firmando con su nombre y declarándose beneficiario y propietario de los fondos. Para ese viaje le hubiera resultado más fácil y barato constituir la sociedad en Alcorcón o en Villaverde Bajo, sin necesidad de irse tan lejos y posiblemente con menos riesgo de identificación o interferencia probatoria.

Entre los documentos recibidos aparece uno de indudable importancia: se trata de las instrucciones firmadas por Navalón para el caso de muerte e incapacidad, que él dirige a su abogado suizo explicándole lo que ha de hacer con los fondos de la sociedad panameña Shaw & Pengelis, entre otras partidas, relacionadas con el dinero de Banesto. Navalón reconoce que, en punto a esa sociedad, él tiene dos tipos de acuerdos: firmado el uno con Selva, que afecta al 70% de la sociedad, y el otro con su hermano, Alfredo Navalón, que afecta al 30%. Se supone que en la instrucción que se sigue en el Juzgado nº 16 se desvelará el contenido de esos acuerdos. Sobre tales bases, para caso de muerte Navalón nombra albacea del 70% del caudal a Diego Selva, y del 30% a Alfredo Navalón, y ordena que el 70% del dinero vaya a cuatro personas, a las que no identifica por el segundo apellido sino por las fechas de nacimiento. Y en cuanto al 30% restante designa beneficiarios a Antonio Navalón Bravo y a Asunción Navalón Jabaloyes. No consta si Navalón comunicó a los afectados tales instrucciones, pero lo que demuestra esa forma de actuar es que a semejante tropa, todos tan listos y tan profesionales de la mangancia al por mayor, le falta sesera o le sobra sensación de impunidad. Montar todo el tinglado de sociedades «ocultas» para exhibir el carnet de identidad al declarar la propiedad de las cuentas, parece inconcebible en unas personas tan sumamente expertas en las esferas más sofisticadas del agio internacional. Y el Fiscal Anticorrupción, de veraneo.

Es todo tan claro, tan rotundo y redondo, que es fácil entender el terror que provocó en su día en el letrado Gómez Benítez la petición de una comisión rogatoria, el discurso desencajado de Fernando Garro, las querellas contra el juez Coronado acusándole de soborno, la actitud «informativa» de El País intentando a toda costa abortar el envío y la virtualidad de la comisión, las singulares presiones de Ekaizer en Suiza, el esfuerzo en conseguir que nadie de la estructura jurídica del Estado pidiera la comisión rogatoria, las energías consumidas sin límite para que el Supremo condenara a Mario Conde y le metieran en la cárcel antes de que pudiesen llegar los datos, los increíbles embustes de Garro ante el juez Coronado, los intentos desesperados de evitar lo inevitable, las falacias manifestadas a El Mundo afirmando que ellos no salían para nada en la comisión rogatoria, el deseo de que Selva cargara exclusivamente con el mochuelo, las maniobras torticeras para que el fiscal suizo se tragara una versión indigerible… Todo eso se comprende ahora en mayor medida, tanto aquí como en Sicilia e incluso allende el Atlántico, hacia Chicago o aledaños.

Lo que resulta de una crueldad insospechada es que esa gente se negara a contar la verdad, lo que sirvió para meter en la cárcel a una persona que no había percibido una sola peseta del dinero cobrado por ellos, y día tras día, noche tras noche, durante años, le mantuvieran encerrado, a él y a su familia, a su honor, a su dignidad, causándole un daño inmenso en su patrimonio moral y material, lo que afecta de la manera más profunda a la estabilidad psíquica y física del más pintado. Ese fue el objetivo principal de la maniobra: destruir a Conde y a los suyos, lo que suele suceder cuando alguien entra en prisión por algo que no ha hecho. No es de extrañar que la psicóloga que atendía a Mario Conde al ingresar en la cárcel de Alcala Meco, además de llamarle «omnipotente», llegara a decir que «no tenía sentimientos de culpa». La psicóloga se hizo famosa porque El País aireó un informe «psicológico» suyo con el propósito de negarle a Conde el tercer grado penitenciario. Lo que también hizo el ministerio fiscal, asegurando que, a la vista de tal informe, el convicto ofrecía «un perfil criminógeno complicado». Ahora comprenderán la psicóloga y el fiscal por qué Mario Conde, a pesar de las complicaciones de un perfil criminógeno tan peligroso, no podía albergar cualquier sentimiento de culpabilidad: eran otros los que habían birlado el dinero.

A Conde le queda un trabajo delicado por delante: averiguar quiénes fueron los receptores de los dos cheques cobrados en Norteamérica. Madrid está lleno de rumores. Ambos cheques, según los documentos helvéticos, se cobraron en Estados Unidos. Es más que posible —necesario de todo punto si se quiere desvelar la verdad— que se libre una nueva comisión rogatoria a aquel país para dejarlo todo en claro. Queda por averiguar el juego de una sociedad que aparece en los documentos, llamada Crag, que abre y mantiene cuenta en un banco de Zurich, el United Mizrahi Bank, a donde ha ido muchísimo dinero desde las cuentas de Navalón y Selva. El fiscal de Zurich interrogó a Menzel sobre estos movimientos y la respuesta fue que esos dos pájaros de cuenta estaban preocupados por su dinero ante una posible investigación, y por ello lo traspasaron desde el European Banking Corporation al Mizrahi Bank a nombre de la sociedad Crag, y luego, según Menzel, esas mismas cantidades volvieron otra vez al European Banking Corporation, pero en nuevas cuentas de Navalón y Selva, que Menzel identifica como Brompton Trust y Coventry Trust para Navalón, y Eastwood Trust para Selva. La explicación no resulta convincente, porque si se trataba de cambiar el dinero de lugar para hurtar el bulto, ¿por qué utilizar un método que dejaba rastros tan obvios como los que se desprenden de la documentación recibida? Es una materia a investigar con el debido detenimiento.

A estas alturas, pedir una revisión del juicio, algo que está en las manos de Mario Conde a tenor de las revelaciones aportadas por la justicia helvética, es un acto más que simbólico, a pesar de que nadie le puede ya quitar los años de cárcel a los que fue condenado por «apropiarse indebidamente» un dinero que se llevaron otros. A pesar de que el ex magistrado Ventura Pérez Mariño sigue pensando que la sentencia del «caso Argentia» se ajustaba a derecho porque, según él, la apropiación sigue siendo indebida aunque el dinero no sea para uno mismo. Todo parece indicar, no obstante, que se condenó a un inocente. Quien lógicamente no comparte este criterio es El País, enmudecido después de haber gastado cientos de páginas en sostener, por activa y por pasiva, que «Mario Conde se había llevado en el bolsillo los 600 millones», todo ello sin aportar prueba alguna. Mientras El País permanecía mudo ante tan espectacular revolcón mediático, Jesús Pradera, el vocero de Polanco, refiriéndose a «Lo que no dicen las sentencias», dedicaba unas despectivas líneas al episodio de Argentia Trust en la edición del domingo 18 de junio: «Peor suerte ha corrido la Audiencia Nacional, acusada de haber condenado injustamente a Conde. La tosca desfiguración de la resolución judicial opera aquí a través de la fraudulenta sustitución del contenido técnico-jurídico del tipo delictivo de la apropiación indebida (“los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren” el dinero recibido en custodia) por la interpretación coloquial de meterse la pasta en el bolsillo. Como ha recordado Ventura Pérez Mariño —ponente de la sentencia— a sus malintencionados críticos, la identidad de quienes recibieron finalmente los 600 millones distraídos a Banesto por su presidente es un dato absolutamente irrelevante. Aunque Mario Conde hubiese destinado ese dinero a una ONG o a compromisos personales, la sentencia de la Audiencia Nacional —confirmada por el Supremo— habría sido la misma».

El desesperado intento de Pradera de salvar la patria (los consejeros de Prisa) y al ponente del caso Argentia Trust del ridículo más espantoso, venia a cuento por el articulo que bajo el título «Ni aunque fuese para una ONG» había escrito Pérez Mariño en El Mundo tres días antes, en réplica al de Mario Conde «Una sentencia tardía», fechado la víspera. El ex magistrado, malamente atrapado por el resultado de la investigación helvética, decía: «En mi opinión, es absolutamente irrelevante que se sepa a quién fue destinado el dinero, a alguien tenía que ser, lo trascendente es que el señor Conde hubiera explicado en el juicio la razón del pago de la factura que ordenó efectuar, y eso no lo hizo. El disponer así del dinero configura el delito de apropiación indebida sin que sea necesario la apropiación para uno mismo. Podría haber destinado el dinero para una ONG, podía haberlo destinado a compromisos personales. En cualquier caso sería lo mismo: se habría apropiado de lo que no era suyo y por eso se le condenó». Recordemos que el ex magistrado tan defendido por Pradera, después de finalizar su aventura política como diputado socialista, acabó aterrizando en la Audiencia Nacional, puesto que abandonaría poco después del «caso Argentia»: primero pasó de la Sala de lo penal a la de lo contencioso-administrativo, y luego abandonó la magistratura para ejercer la abogacía. Recordemos también que el ex magistrado había participado en la «Comisión Banesto» que trató del asunto de Argentia Trust, lo cual, al menos por coherencia, le invalidaba para sentenciar como magistrado sobre algo en que había emitido su voto como parlamentario. Con todo, Pérez Mariño redactó la sentencia, bajo la resignada docilidad de Siró García Pérez, el afamado presidente de la Sala, cuya sentencia responsabiliza a Mario Conde de haber puesto el dinero «a buen recaudo y a su disposición», y «ha pretendido extender una nebulosa tendente a impedir el conocimiento de la realidad», «haciendo llegar el dinero a una entidad, un trust, que por sus propias características es opaca y en el que se pierde la pista», en punto a lo cual el fallo se permite un recurso a la ironía cuando concluye: «Como no podía ser de otra forma, no nos ha sido posible conocer qué hay detrás de Argentia Trust». A lo que Conde replica en La Razón del 16 de junio: «Si le ha sido imposible saber quién está detrás de Argentia Trust es que lo ha intentado, es que ha efectuado algún movimiento con esa finalidad. ¿Consta ese movimiento? No. ¿Por qué, entonces, afirma eso? Ese es el tema. ¿Consta que el dinero estuviera a buen recaudo y a mi disposición? No. ¿Por qué lo afirma para condenarme? Ese es el asunto. Ni el dinero jamás ha estado a mi disposición ni le resultó imposible saber quién lo cobró».

Hay que reconocer que el ex su señoría Pérez Mariño tiene más conchas que un galápago y un rostro de cemento armado. Podía haber dicho: «Mea culpa, me equivoqué, somos humanos y nadie es perfecto». Pero en don Ventura sólo cabe un razonamiento esquizoide: para él es irrelevante de todo punto quién se ha quedado con el dinero después de haber dicho que se lo había llevado Mario Conde «en el bolsillo». Si lo que quiso decir en la sentencia, y no lo dijo, es que Mario Conde había practicado una disposición de caja por 600 millones para hacer frente al pago de un soborno al Gobierno socialista, esto es harina de otro costal. Mas para que pueda existir la figura del sobornante ha de existir inevitablemente la del sobornado, si bien no es esto lo que pretende el Poder, por lo que era más práctico cortar por lo sano. La ocasión la pintaban calva: puesto que al sobornante le atraen irresistiblemente las patas de los caballos, démosle una sobredosis de coces. Y como alguien tan contumaz no sabe reaccionar a tiempo con la humildad necesaria, que siga así ad calendas graecas, a la cárcel con él y que aprenda —por si no lo había aprendido antes— que aquí se hace exclusivamente lo que dispone el Poder. ¡Ay, Señor, Señor, lo que les cuesta a algunos aprender las cosas bien aprendidas! Don Siró debería dar clases de conducta obligada de sumisión procesal a los que no se muestran solícitos con las decisiones de los que verdaderamente mandan en el solar ibérico.

Porque lo cierto es que el rocambolesco episodio de Argentia Trust, además de mandar a Mario Conde a la cárcel, ha servido para poner en evidencia el enorme potencial de que dispone el Poder. En el «caso Filesa» el que traficaba con pagos indebidos a los socialistas no era el presidente del Banesto, sino los presidentes del BBV y del Central. Tan claro estaba el asunto que el juez instructor, Marino Barbero, llegó a imputar en la causa a Emilio Ybarra y a Alfonso Escámez. Los vergonzosos enjuagues del Gobierno socialista hicieron que otro juez más dúctil tocara el violón de la instrucción sumarial con aires pamperos y compases más gratos y apacibles: Enrique Bacigalupo exculpó a los sobornantes, a pesar de haber perdido ambos a una «los estudios» solicitados a Filesa y pagados tan espléndidamente por sus bancos. Bacigalupo experimentó una explicable manipulación psicológica, inspirada en sus singulares experiencias políticas consumadas tiempo ha en latitudes australes, lo que le llevó, por supuesto de buena fe, al convencimiento moral de que no pasaba nada en el asunto que tenía entre manos. A pesar de que, por ejemplo, al BBV se le había adjudicado, a cambio del soborno disfrazado de un inexistente estudio de mercado, la exclusiva de convertirse en la caja general de los juzgados españoles, un flujo de un sinfín de miles de millones muertos de risa, a la espera de las definitivas resoluciones judiciales, en beneficio ilícito del banco vasco y en detrimento de los justiciables. Un negocio que bien valía una mordida muy superior a 600 millones. Una vez más, la doble vara de medir en forma de embudo, correspondiéndole a Conde, como es habitual, por su afición a ser coceado, la parte más estrecha, que para eso había caído en desgracia, mientras sus colegas seguían en activo al frente de sus poderosos bancos, lo que siempre inspira mucho respeto. Se trata de un ídolo caído, el árbol derrumbado con estrépito que permite hacer leña sin correr riesgos, a diferencia de los grandes banqueros en ejercicio, a los que no conviene tocar un pelo de la ropa por si las moscas.

Demasiado tarde para constatarlo; demasiado tarde y demasiado duro, sobre todo para el protagonista principal elegido por el Poder. El curso seguido por el «caso Argentia Trust» le servirá a Mario Conde como banco de pruebas para constatar la tremenda fuerza de los que mandan en España sin límites ni garantías. Esta es la verdadera historia, al menos hasta el momento, porque queda mucho por vivir y por contar. «Es una historia —confiesa el apaleado— en la que se mezcla la política, la justicia, las finanzas y los medios de comunicación, y se margina de mala manera el principio de presunción de inocencia, se hacen rotundas afirmaciones en una sentencia que quedan después desvirtuadas en absoluto por la realidad de los hechos, se mete en la cárcel a una persona que no se apropió del dinero «apropiado indebidamente», se pone en evidencia la persecución mediática para ocultar que determinados consejeros de Prisa cobraron de Navalón…, todo ello en un nivel de miseria moral difícil de superar». Sin embargo, el propio Conde entiende que «nadie al fin puede blindarse contra la verdad, ni siquiera contando con el soporte de una parcela significativa del aparato judicial, de buena parte del núcleo político y de un grupo informativo del poder de Prisa». El lo dice con pleno convencimiento de causa, a expensas de sus molidas espaldas. Si lo dice así será porque lo cree, lo que no evita nuestro asombro como espectadores ante su manifiesta pasividad o su ambigüedad sin límites en los momentos clave de la representación teatral. Lo que sí cabe reconocer con objetividad es que este asunto tan turbio ha sido la obligada antesala del «caso Banesto», ya que proporciona más de una clave para entender lo que ha pasado después en la misma Audiencia Nacional y con idéntico presidente en ambos procesos.

Dieguito el Cigala, al que los flamencólogos consideran el verdadero continuador de Camarón de la Isla, ha dicho a Cristina Fallaras, y así lo ha publicado en El Mundo el 8 de agosto de este año, que «la justicia está equivocada, y más para el gitano». A Mario Conde le gustan tanto los gitanos, sus cantes y sus bailes que le han medido por el mismo rasero.

EL JUICIO MEDIÁTICO

«Estos refieren a los otros lo que oyeron. Crece la proporción de la falsedad y siempre el último narrador pone algo nuevo en el relato»

(OVIDIO)

Las cosas, como consecuencia de la realidad virtual, sólo son como nos dicen que son los que pueden decirlo. El ciudadano de a pie intuye que los medios de comunicación, en manos de una poderosa oligarquía, tienen la potestad no confesada de informar a su albedrío y conforme a su interés. Las noticias que llegan al lector son aquellas que esos oligarcas quieren que le lleguen y en la forma que se les antoja: «Cual te veo —dice la voz popular—, tal te juzgo y tal te creo». ¿Qué es lo que influye en mayor medida a través de la información periodística? Sin duda, y por desgracia, los intereses económicos. Las noticias, los hechos cotidianos, todo lo que concierne a la realidad, se circunscribe en la mayoría de casos al dinero, a los asuntos de carácter económico, a lo que, de una u otra manera, toca al bolsillo de las buenas gentes. Y este fenómeno es de tal magnitud que acentúa por sí mismo la avidez innata del Poder por dominarlo todo mediante su concepción fáustica del dominio, para lo que busca el amparo en la teoría de la repetición: un hecho cualquiera, por disparatado que resulte o incluso aunque no exista, alcanza la categoría de cierto e indisputable cuando se repite mil veces. Un hecho que, además, nunca llegará a tener entidad propia si no se difunde con la necesaria amplitud. Todo ello como fruto echado a perder por la concentración mediática propiciada por el Poder, de suerte que, al confundir deliberadamente la platea y el patio de butacas con el teatro entero, los medios, en vez de recoger la noticia y publicarla como notarios de la actualidad, se convierten en principales protagonistas de la comedia, más bien en autores morales, o incluso materiales, de la exposición, el nudo y el desenlace. Con ello se despreocupan de su función básica: servir al ciudadano mediante una información independiente y veraz. Tan dañina agresión a los intereses de la sociedad, justificada de mil maneras en los términos más hipócritas, tiene como ejemplo característico el «caso Banesto».

El jueves 2 de diciembre de 1999, poco antes de que el presidente de la Sala pronunciara el ritual «visto para sentencia», lo que sucedía dos años después de la iniciación del juicio, Mario Conde ejerció su derecho al turno oral para referirse a los medios de comunicación y calificar de «obscena» la exigencia periodística de un juicio rápido que, indefectiblemente, iba a demostrar la culpabilidad de los acusados: «La presunción de inocencia ha sido pisoteada en el juicio mediático al que hemos sido sometidos». Digamos de paso que el ex banquero no estuvo particularmente fino en esa intervención final, al poner otra vez de manifiesto su característica indefinición sobre los aspectos básicos del proceso. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, a un Indalecio Prieto o un Antonio Maura en un caso semejante?

Concluidos tres largos años de instrucción y otros dos de juicio oral, unos y otros particularmente intensos, creemos que es el momento de recordar las principales pinceladas del proceder mediático seguido en el caso. El País, durante todo ese tiempo, no solo se ha limitado a acusar con saña, sino que, una y otra vez, ha dictado sentencia condenatoria, bien en forma de editorial o mediante la colaboración contumaz de su consabido redactor Ernesto Ekaizer, elegido habitualmente para estos menesteres, autor de un librito sobre el asunto plagado de inexactitudes y falsedades, y ello sin posibilidad alguna de apelación, fundándose principalmente en el monstruoso «agujero» de 605.000 millones, negado luego de plano en la sentencia. Casimiro García-Abadillo, en El Mundo, ha llegado a estimar que el esfuerzo mediático para destruir la imagen de Mario Conde sólo tiene parangón con el desplegado contra la dictadura de Francisco Franco. Si se revisan las noticias aparecidas en los diarios de tirada nacional el espectáculo es impresionante: más de 6.000 páginas publicadas sobre el caso desde el mismo momento en que se dio el pistoletazo de salida con la intervención de Banesto y el acoso y derribo de todos aquellos que habían tenido algo que ver con su administración y se habían manifestado en tonos críticos contra la medida. Una operación mediática llevada a cabo al unísono, sin la menor discrepancia, empeñados todos los periódicos en lanzar un mensaje sin fisuras para conseguir la condena de Conde y sus colaboradores.

Los pilares básicos de ese juicio ingente, tramitado por la prensa sin audiencia de los inculpados, cuyas tesis defensivas nunca han podido salir a la luz pública, intentaban sustentar a todo trance la legitimidad de la intervención. Se ha buscado en todo momento el eco popular más vivo, mediante el estruendo levantado por la prensa escrita, la radio y la televisión, para justificar las acusaciones contra los antiguos administradores y la prisión sin fianza de Conde, su condena en el asunto Argentia Trust, el supuesto chantaje al Gobierno socialista ligado con los papeles del Cesid, la abortada presión sobre la Corona, la llamada «trama suiza», la compleja intervención de testaferros y la calificación del juicio oral, pidiendo las más severas penas, como solución ejemplarizante por antonomasia en el círculo abominable de la delincuencia de «cuello blanco».

Concentrémonos en los primeros compases del juicio, esto es, en la presentación de la querella, la prisión provisional sin fianza de Conde y Romaní y las asendereadas andaduras mediáticas una vez recuperada la libertad. Lo que será suficiente para comprobar los peculiares perfiles del seguimiento que se ha hecho de todo el proceso en los medios de comunicación, incluida la necesidad de «judicializar» la intervención del banco.

Entre enero y noviembre de 1994, fecha en que se presenta la querella criminal contra los administradores de Banesto, los medios de comunicación apoyaron denodadamente la supuesta tesis de carácter técnico, por oposición a cualquier decisión política, en que pretendió basarse la decisión del Gobierno para intervenir uno de los primeros bancos españoles. Sólo El Mundo, con notoria timidez, se permitió llamar la atención sobre los aspectos extraeconómicos del asunto, aunque se abonó después con alto protagonismo a la criminalización de Mario Conde y los demás gestores y consejeros de Banesto.

Al comienzo de la andadura periodística, además de referirse todos los medios con pelos y señales, aunque sin probarlo, a un «agujero» de 500.000 o 600.000 millones de pesetas, se quiso transmitir a la opinión, de manera más o menos subliminal, que ese dinero, supuestamente perdido para la entidad, se encontraba en el bolsillo de los gestores expulsados por el Banco de España. Obviamente, se pretendía crear un clima propicio a fin de que los accionistas se querellaran contra tan desleales administradores, lo que no llegó a ocurrir a pesar de las constantes exhortaciones de todo orden para que promoviesen de inmediato acciones penales. Pasaban los meses y la necesidad de la querella se convertía en agobiante para el Poder, sobre todo al notar que la gente iba tomando conciencia de las aberraciones cometidas en la precipitada intervención. Ante la abstención procesal de los apaleados accionistas del banco, no quedaba más alternativa que obligar al Ministerio Público a redactar la querella y dar la cara, para lo que se contó con la eficacísima colaboración de los nuevos administradores y de un juez complaciente dispuesto a tramitar de inmediato y con rapidez vertiginosa un embrollo jurídico-financiero del que no entendía media palabra.

El primer acto, por tanto, consistió en dar carácter penal al caso, lo que exigía inevitablemente, como decimos, la pronta presentación de la querella, que se calentó hasta la ebullición desde las páginas de El País con multitud de editoriales, artículos e informaciones que describían machaconamente una serie de operaciones, todas irregulares, basándose en datos falsos o sesgados por lo general. El diseño comienza propiamente el 21 de octubre de 1994, cuando Alfredo Sáenz Abad comparece ante la comisión parlamentaria del «caso Banesto» y se destapa con graves acusaciones de carácter penal contra los antiguos administradores. El Mundo del día 22 da cuenta de la comparecencia con el siguiente titular: «La comisión parlamentaria de Banesto considera que hay indicios de delito en la gestión de Conde». Y añade: «Sáenz revela la desaparición de dinero de Banesto y pide al juez que intervenga», puesto que el nuevo presidente provisional no había dudado en afirmar ante los parlamentarios que «hay casos en los que el dinero ha desaparecido: no es que se haya perdido, es que ha desaparecido y alguien debe tenerlo».

El domingo 30 de octubre El País dedicaba sus páginas de economía a una información memorable. Sobresalía una enorme foto de todos los parlamentarios que habían intervenido en la Comisión parlamentaria, a los que se identificaba con sus nombres y los partidos en que militaban. Y un gran titular: «Veredicto final», al que con caracteres algo menores se añadía otro para ilustrar el contenido de la resolución mediática: «Los diputados de la Comisión Banesto, que han logrado poner a Mario Conde contra las cuerdas, observan indicios delictivos en la actuación del ex presidente». Fernando Fernández de Trocóniz, del Partido Popular y también abogado del Estado, pronunció estas elocuentes palabras que recogía literalmente el periódico: «Parece que el objetivo final de Conde nunca fue la gestión del negocio. Por el contrario, pone a Banesto al servicio de sus propios intereses, utilizándolo como plataforma de lucimiento personal, para exhibirse y beneficiarse personalmente de su posición». La presunción de inocencia, para el ilustre letrado-diputado, había desaparecido del texto constitucional sin dejar rastro; probablemente estaba mirando su propio retrato en el oscuro espejo de las infamias por haber cobrado crecidas cantidades a múltiples ayuntamientos por la prestación de supuestos asesoramientos, en detrimento flagrante del régimen de incompatibilidades que rige para los parlamentarios, de cuya sanción, severísima según la ley, no hemos vuelto a saber una palabra. Quizá haya pedido perdón el aprovechado asesor a su íntimo amigo José María Aznar en las plácidas veladas feudales que suelen mantener en un afamado reducto castellano, aunque restaurado con gusto deplorable y con manifiesta infracción de las normas reguladoras del patrimonio histórico.

Después de la actuación acusatoria de Sáenz Abad y el veredicto final de los padres de la patria —final y unánime, como en los mejores tiempos de las Cortes franquistas—, no cabía duda de que la interposición de la querella era cuestión de días. Sin embargo, El País del 10 de noviembre de 1994, en un reportaje firmado por Julio M. Lázaro, titulaba el asunto en términos más prudentes: «Los fiscales presentarán la querella contra Conde cuando tengan garantías de que puede prosperar», y en el texto explicaba que «la fiscalía de la Audiencia Nacional continúa los debates sobre la viabilidad de ejercitar una acción penal que entraña graves riesgos de encaje en una tipología delictiva muy desfasada respecto de las sofisticadas operaciones de ingeniería financiera». En la misma página, el titular de otro trabajo, firmado por M.A. Noceda, decía así: «Los partidos creen que hubo operaciones fraudulentas». Los fiscales, sin embargo, no llegaban a ver semejantes delitos que los políticos habían detectado con tanta nitidez. Incluso Lázaro reconocía: «En estos meses, ningún accionista se ha dirigido a la Audiencia Nacional, y a los fiscales les sorprende que todos se hayan mantenido tan callados», a lo que añadía, entrecomillándolo para ganar autenticidad, que, según una fuente de la propia Audiencia, «si ni los accionistas ni los actuales gestores ni, tal vez, la comisión parlamentaria descubre delitos en las actividades de Conde, ¿qué quieren que haga un fiscal que se encuentra solo?». Cuatro días después de aparecer tan interesante información, dos fiscales —uno de ellos el fiscal jefe— de los nueve que integraban la Fiscalía, vieron la luz camino de Efeso, hicieron suya la querella redactada por los inspectores del Banco de España, luego auxiliares y luego peritos, y acto seguido el juez García Castellón, clarividente también y veloz como el rayo, la admitió a trámite y empezó a tomar las medidas oportunas contra los temibles delincuentes expulsados del banco intervenido. Era inútil separar la posición política de los parlamentarios del acontecer vertiginoso de las actuaciones judiciales. La evidencia de las hemerotecas demuestra que corrían paralelos y confundidos lo uno y lo otro. Estaba claro que si los parlamentarios manifestaban ante la opinión pública que veían indicios de delito en la actuación de los antiguos administradores, el dicterio suponía un indudable instrumento de presión sobre jueces y fiscales, algo prácticamente imposible de contrarrestar con otras razones en contrario o mediante las pruebas oportunas.

El 16 de noviembre fue uno de los días estelares en el juicio mediático al recoger la noticia de la admisión a trámite de la querella contra Mario Conde. Obviamente, todos los diarios consideraron la acción penal como primera noticia de portada. ABC, en tono apocalíptico, tituló: «Terremoto en el mundo financiero: el juez admite la querella contra Conde y le prohibe salir de España». En letra algo más pequeña, la portada concluía: «En medios jurídicos no se descarta la posibilidad de que el magistrado dicte prisión preventiva contra Conde y los nueve antiguos gestores». De igual manera, El Mundo abría aquella mañana con la noticia: «La Fiscalía se querella contra Conde por falsedad y apropiación», resaltando que: «El magistrado pide a la policía que vigile al financiero para evitar que abandone España». En el correspondiente editorial, El Mundo opinaba: «Hace unos días, la comisión parlamentaria que investiga el caso Banesto finalizó sus trabajos, con la conclusión unánime de que existen indicios de delito en la gestión de Conde». El País resaltaba el acontecimiento con un enorme titular: «El juez admite la querella contra Conde por falsedad y apropiación indebida», subrayando que se prohibía la salida de España a los diez altos cargos de Banesto y se fijaba una fianza de 12.000 millones por «los quebrantos causados». Unos quebrantos, pues, no «presuntamente» causados al banco, sino causados de forma efectiva y cierta, según adoctrinaba el periódico independiente siempre tan respetuoso con la presunción de inocencia. En las páginas interiores dedicadas al asunto, además de un artículo de Ernesto Ekaizer, sagaz como todos los suyos, bajo el edificante título «Presunto granuja» (muchos, antes de leer el texto, creyeron al pronto, sorprendidos, que el periodista se refería a Polanco por lo de Sogecable, Focoex y otros tantos chanchullos), llamaba la atención una nueva fotografía de los congresistas que habían intervenido en el caso, adornada con este pie: «Satisfacción entre los componentes de la comisión parlamentaria de Banesto». Fernández de Trocóniz, Mercedes Aroz y Ramón Espasa, entre otros, dejaban constancia de su beneplácito ante la medida procesal, porque ellos ya lo habían anticipado en las respectivas intervenciones al afirmar sin rodeos —y sin pruebas— que existían evidencias delictivas en la actuación de los gestores del banco intervenido. Sin embargo, la conexión entre intervención y querella no resultaba del agrado de El País, por lo que el mismo día 16 de noviembre expuso en su editorial: «Sería un error interpretar que la querella es la justificación a posteriori de la intervención». El rotativo venía a demostrar con semejante cautela que la querella pretendía exactamente eso mismo, la legitimación ex post facto de la intervención del banco, cuyo planteamiento podía resultar peligroso. Por ello, no dudó en contradecirse mediante una excusatio non petita tan manifiesta como oportuna para sus peculiares designios.

Tanto El País como El Mundo reconocieron que la decisión de interponer la querella se adoptó exclusivamente por el fiscal jefe Aranda, sin someterla a la consideración de la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional, los cuales dejaron traslucir a los medios su malestar, puesto que, según publicaba El País, «se habían mostrado favorables a aceptar el ofrecimiento de Mario Conde y escuchar sus explicaciones antes de que se presentase la querella». Lo adecuado, así les parecía, era que Conde y los suyos se anticiparan a la presentación para aclarar cuantas cosas quisieran los fiscales. El 4 de noviembre Conde y otros administradores habían presentado un escrito en el que constaba: «Pedimos al fiscal que nos permita presentarnos ante él para dar nuestra explicación de los hechos que conocemos, que no son coincidentes con los narrados por los medios de comunicación social». Conde sabía que si llegaba a formalizarse la querella iba a sufrir un implacable proceso mediático de linchamiento moral hasta más allá de las últimas consecuencias, como efectivamente sucedió, sin posibilidades prácticas de réplica.

El 16 de noviembre, El Mundo señalaba con claridad meridiana, ilustrándolo incluso con una fotografía del entonces Fiscal General del Estado, Carlos Granados, que se había dado la orden a Aranda de presentar la querella. Esta marginación, tanto de la Junta de Fiscales como del ofrecimiento de los ex administradores para declarar voluntariamente, acentuaba la percepción de una voluntad política que impulsaba, sin enmienda posible, el ejercicio de la acción penal. También llamaba la atención el énfasis que ponían los medios en explicar, con los caracteres más gruesos, que se había prohibido la salida de España a Mario Conde y los demás acusados. Una medida en verdad extraña porque, como sostenía El Mundo en su editorial de esa mañana, no parecía que existiese la menor intención de fuga, dado «su ofrecimiento de acudir a declarar voluntariamente». Parecía más bien una forma de manifestar a la opinión pública la gravedad de un peligro hipotético, la posible huida de Conde, de forma que la medida y el riguroso aparato de vigilancia policial se convertían en un instrumento mediático de indudable valor para difundir la culpabilidad evidente de tan peligroso sujeto.

Los siguientes días fueron preparatorios de la decisión de prisión preventiva que se tomaría el 23 de diciembre. El día 15 el juez instructor ya había dictado orden de prisión incondicional contra Arturo Romaní, el proemio de la decretada contra Mario Conde. En mitad del ruido mediático levantado estrepitosamente con esa primera medida cautelar, que afectaba tan gravemente a su más íntimo colaborador, se le cita a declarar a Conde, trasmitiendo al exterior una sensación vehemente de que la decisión de mandarlo a la cárcel está tomada de antemano, de forma que la opinión pública no tenga cualquier duda sobre su inmediata puesta en práctica. Por ello, El País abría el sábado 17 de diciembre con la noticia: «El juez adelanta al lunes la declaración de Conde tras acusar a Romaní», señalando con fuerza tipográfica: «Los pasos del ex banquero, bajo control», como una advertencia para señalar el riesgo de huida. Pero fue El Mundo el que acentuó la presión ambiental abriendo su información con el siguiente titular: «El auto de prisión contra Arturo Romaní implica a Conde en un cobro irregular», dando así por sentado lo que por supuesto no decía el auto. Lo más significativo fue un artículo de Casimiro García-Abadillo en el que aseguraba: «El auto de prisión dictado por el juez García Castellón contra su hombre de confianza, Arturo Romaní, y el hecho de que haya adelantado al lunes su citación, son dos síntomas más que suficientes como para pensar que el banquero pasará las Navidades en una celda», lo que le parecía lógico por demás al ilustre periodista «teniendo en cuenta las tropelías financieras cometidas durante su mandato, su desprecio por los intereses de los accionistas y empleados, su ambición desmedida, su traición a los principios más elementales de la ética». Esas afirmaciones, al margen de su inveracidad o su falta de pruebas, le parecían al periodista —amigo íntimo de Miguel Martín, subgobernador del Banco de España— no sólo fundamento bastante, sino causa eficiente de una prisión preventiva para una persona constitucionalmente protegida por la presunción de inocencia. El reputado periodista no decía media palabra, entre las tropelías financieras contrarias a la ética cometidas por Conde durante su mandato, de la decisiva ayuda que había prestado en su día a Pedro J. Ramírez para hacer posible el lanzamiento de El Mundo.

El lunes 19 de diciembre El País, dispuesto a entender que lo de Romaní era el primer paso para profundizar en el ataque, titulaba en portada: «El sumario Banesto desvela vinculaciones patrimoniales entre Conde y Romaní», lo que no dejaba de llamar la atención al haberse declarado secretas las actuaciones sumariales. Fue El Mundo el que nuevamente dio un paso más, otra vez bajo la firma de García-Abadillo, al abrir su información del día con el titular: «El juez dispone de al menos cinco testimonios que implican a Conde en cobros irregulares», «entre ellos los de Romaní y el llamado hombre del maletín, Apolonio Paramio». Lo cierto es que ni uno ni otro habían formulado cualquier acusación contra Conde, y el periodista, como es habitual, no proporcionaba la fuente de información ni el nombre de los tres acusadores restantes, todavía ignotos a estas alturas. A pesar de lo cual, concluía con esta premonición: «Hoy es el día más importante del proceso: la esperada declaración de Mario Conde, tras la que se da como prácticamente seguro su ingreso en prisión… Nadie sabe a ciencia cierta si Conde podrá soportar la tensión de saberse ya condenado».

El lunes 19 el juez no ordenó el ingreso en prisión de Conde, y la prensa lo encajó de mala manera, aunque todos se consolaron pensando que se produciría al día siguiente. Pero el martes 20 tampoco sucedió tal cosa, y El País del día 21, cansado de esperar y tal vez informado de que el juez comenzaba a reconsiderar la hipótesis de meter a Conde entre rejas, decidió pisar el acelerador a fondo para acabar con la incertidumbre: a doble página, en una información sin firmar, recogía la «querella contra Conde y su equipo», dando así publicidad a un documento que estaba sometido al secreto judicial y del cual sólo existían dos ejemplares, uno custodiado por el fiscal y otro por el juez. ¿Cuál de los dos fue el delincuente que filtró la querella? Ni que decir tiene que el fiscal y el juez se disgustaron mucho con la noticia (claro, los hombres tan cumplidores siempre de sus obligaciones, entre ellas la custodia de documentos tuvieron que escandalizarse a la fuerza) pero ni uno ni otro movieron un dedo para descubrir quién había facilitado al periódico el extensísimo documento, una querella entera. Comparen ustedes, amables lectores, el tratamiento informativo de esta conducta del juez y el fiscal del «caso Banesto», una conducta claramente delictiva, con todo lo que ha vomitado después El País contra Javier Gómez de Liaño a cuenta del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales en el «caso Sogecable».

Ese mismo día, El Mundo inauguraba una sección denominada «La sociedad civil juzga a Mario Conde», en la que recogía opiniones de Marcelino Camacho, Tessa de Baviera, Cobo del Rosal, Esteban Ibarra y Amando de Miguel, entre otros, todas contrarias a la libertad de Mario Conde. Es obvio que en un caso de tal complejidad jurídica y financiera ayuda mucho a esclarecer las cosas la opinión de una reputada aristócrata como Tessa de Baviera. En el mismo número, García-Abadillo escribía: «Conde conocía a la perfección las operaciones y pagos. Negar la evidencia es la peor de las soluciones cuando a uno lo tienen contra las cuerdas. Y aún más si al que se trata de ocultar la verdad es un juez. La sensatez le llevará a callar a pesar de que su destino esté escrito». No obstante los esfuerzos empleados por los dos prestigiosos rotativos, ese día el juez tampoco acordó la prisión del ex banquero.

El País del día 22 de diciembre abre con un titular significativo: «Conde niega las acusaciones, pero no aporta pruebas que respalden sus argumentos», tratando así de confundir a la opinión con algo que, además de resultar una aberración en términos jurídicos, acababa exigiendo al acusado que probara su inocencia. Un artículo de Ernesto Ekaizer, titulado: «¿Cambio de cromos?», decía: «Los abogados de Mario Conde darán la batalla hasta el último minuto para evitarle la prisión. Pero ciertos comentarios recogidos en fuentes fidedignas sugieren que esos abogados están dando casi por perdida la lucha contra la prisión preventiva, que consideran hasta cierto punto como un hecho consumado». Transmitirle al juez, basándose en fuentes «fidedignas», que los propios abogados de Conde creían inevitable la medida carcelaria, era tanto como aliviar al funcionario de cualquier carga predeterminada, bien de orden moral bien de orden jurídico, para verse forzado a acordarla. El artículo finalizaba así: «Pero se necesita que, concluida la instrucción, un juicio tan rápido como impecable tenga lugar». Eran los primeros compases de una constante cantinela con música de la Pampa: un juicio rápido llamado a terminar con una «impecable condena ejemplarizante». Se ve que esto, la acusación sin pruebas, es lo que se lleva en el cono sur.

El Mundo continuaba erre que erre en la misma línea: «La sociedad civil juzga a Mario Conde», a lo que seguía esto otro: «La opinión pública pide dureza con los delitos monetarios», lo que ha de atribuirse a un lapsus disculpable porque los supuestos delitos a que se refería el sumario no eran monetarios sino económicos, que no es lo mismo. Pero el 22 de diciembre el juez tampoco dictó el auto de prisión. El día 23, ABC dedicó dos páginas a las maniobras delictivas calificándolas de «Operaciones de ida y vuelta». El País se concentró en el pago de 300 millones a Adolfo Suárez, tal vez porque era la única operación que podría convencer al juez de la necesidad de la prisión. Lo que venía a coincidir con El Mundo al titular con gran alarde tipográfico: «Rivas vuelve a implicar a Conde en pagos políticos». Una información que nada tenía que ver con los asuntos tratados en la querella, pero que al incluirse en un detonante titular del diario independiente daba la sensación ante la opinión pública de que no sólo se trataba de estafas o apropiaciones indebidas, sino de distracción de dinero mediante inconfesables tejemanejes de carácter político.

Ese día, el 23 de diciembre de 1994, el juez, por fin y para satisfacción cumplida de los medios, dictó la ansiada orden de prisión incondicional. ¡Más caballos! Lo acaba de decir admirablemente Jiménez Losantos al hablar de la «Demanditis»: «La justicia—espectáculo exige planos de rejas, guindillas de escolta y un foco de televisión en el entrecejo del presunto, para regocijo general». El día siguiente El País abría así su información: «Conde ingresa en prisión acusado de estafar 7.000 millones a Banesto». El primer editorial, titulado «El modelo roto», aseguraba: «De todos los implicados en el caso Banesto Conde era el que menos probabilidades tenía de salir airoso del trance de la declaración ante el juez…, y es que, como ya puso de manifiesto la comisión parlamentaria, la estructura de gobierno de la entidad se caracterizó por una absoluta concentración de poder en manos de Conde». A pesar de lo cual añadía: «Determinar hasta qué punto esa concentración de poder en manos de Conde, a la que la comisión parlamentaria atribuye efectos perniciosos sobre la gestión de Banesto, se proyectó también sobre las operaciones delictivas contempladas en la querella es, sin duda, el objetivo del proceso judicial. De ello dependerá que Conde pueda o no ser implicado en todas ellas o sólo en algunas, así como su mayor o menor responsabilidad penal». En definitiva, el periódico dictamina que hay que saber si las responsabilidades de Conde se refieren a todas o sólo a algunas de las operaciones que aparecen en la querella, y si alcanzarán mayor o menor grado en la imposición de las penas. Porque de la existencia de culpabilidad y, por tanto, del fallo judicial condenatorio, no le cabía la menor duda al prestigioso periódico independiente (observarán ustedes, pacientes lectores, que los principales medios de comunicación siempre son «independientes»). Estamos, pues, ante la primera sentencia dictada en el juicio mediático, que, como todas las de su carácter, causó estado, por lo que no cabía contra ella recurso alguno.

Y siguió la racha. El País titulaba «Crimen imperfecto», e imponía la solución indefectible: «La instrucción del sumario y el juicio, que debe ser rápido, serán la oportunidad para que el juez demuestre la culpabilidad de los acusados». Así que, de nuevo, el mismo juicio sumarísimo ante la prueba anticipada e irrebatible de la culpabilidad, un juicio instruido por los acérrimos partidarios del Estado de Derecho, lo que nos trae a la memoria los devaneos marxista-leninistas de Juan Luis Cebrián en sus tiempos como director. El Mundo abría su información diciendo: «Conde en prisión por estafa», y en el editorial, denominado «Caso y ocaso de Mario Conde», sostenía: «Conde ha sido víctima de sus errores y de su ambición desmedida. Ya había sufrido hace unos días el varapalo del Parlamento. Ayer el juez le envió a la cárcel, tras un meticuloso trabajo al que no hay nada que reprochar. Ya no es un secreto que el banquero de Tuy jugó a la alta política, coqueteando con González y Suárez, cultivó al monarca e intrigó en la Zarzuela, invirtió en los medios de comunicación, preparó su propia plataforma política, incomodó a unos y a otros… Hoy sufre prisión por todos estos errores». Las razones que da el periódico no pueden ser más elocuentes sobre el verdadero trasfondo del asunto.

En el aniversario de la intervención, el 28 de diciembre de 1994, El País titulaba así su editorial: «Banesto, retorno a la normalidad», aunque, contradiciendo sus propias tesis, decía: «A estas alturas, con Mario Conde en prisión, parece una redundancia decir que la intervención fue necesaria», con lo que vinculaba la prisión con la pertinencia de la medida interventora decretada por el Banco de España.

El día 31 de enero se convirtió en un nuevo festín mediático al relatar ampliamente todos los periódicos la noticia de que Mario Conde recuperaba la libertad. Según El País «Conde sale de la cárcel tras presentar una fianza de 2.000 millones de pesetas». Exactamente igual lo titulaba El Mundo, si bien este último, en el texto de portada, indicaba que la fianza era un récord, lo que subliminalmente trasmitía a la opinión la indudable culpabilidad del sujeto apreciada por quien había puesto tan exorbitante precio a su excarcelación. En ABC, José María Carrascal sostuvo: «Lo que no se da cada día es que el procesado sea Mario Conde y el entorno que le rodea esté tan directamente relacionado con la gran política de este país durante la última década. En tales circunstancias, los dedos se tornan huéspedes, y tanto el que le metan en la cárcel como que le saquen de ella se torna sospechoso».

A finales de 1993, según el Banco de España, Banesto presentaba riesgos incobrables por 605.000 millones, un invento asentado en la prevaricación y la falsedad de los máximos rectores del Banco de España, según han demostrado a fondo los trabajos publicados por La Banca en relación al «caso Banesto», un cúmulo de datos fehacientes, expuestos con más detalle en este libro, que demuestran el disparate de la intervención. Pero solamente se había dicho en La Banca, ya que el resto de los medios, rendidos a la complacencia de las versiones oficiales, prefirió no transitar —o hacerlo de puntillas— por tan espinoso terreno.

El Mundo explica que con la disolución de SCI Gestión, Banesto da por cerrado su plan de saneamiento. Para El País sólo merece las más encendidas alabanzas la actuación de los nuevos administradores, especialmente en cuanto al saneamiento y la liquidación del grupo empresarial de Banesto tres meses antes de lo previsto, recordando de paso que los problemas financieros fueron culpa del «agujero» creado por Mario Conde y Arturo Romaní. Tampoco tiene desperdicio el otro comentario que merece SCI Gestión, creada, según El País, para «evitar que el lastre del holding empresarial y los activos dañados, descubiertos tras la intervención de la entidad, el 28 de diciembre de 1993, hiciera imposible la reflotación del banco». No se ha parado el diario de Polanco a estudiar cualquier posibilidad de que la función de SCI Gestión haya consistido en servir de excusa para justificar la intervención del banco, y tampoco en analizar la situación irregular de una firma no consolidable, consecuentemente inescrutable, y sin facultades legales para gestionar el cobro de los créditos. La verdad oficial, que se empeña en sostener el diario con uñas y dientes, nunca se ha dignado reparar en la reversibilidad esencial de las partidas que componen el tremendo «agujero».

Por lo que hace a El Periódico de Catalunya, una y otra vez acentúa los aspectos tangenciales, sin entrar en el fondo de la cuestión, magnificando todo aquello que los impulsores del plan de saneamiento de Banesto han repetido hasta la saciedad. No obstante, es de justicia reconocer que desde finales de 1999, El Mundo ha empezado a pronunciarse sobre el reconocimiento, sostenido documentalmente por La Banca, de que la versión oficial sobre el «caso Banesto» es un embuste de tomo y lomo. Jesús Cacho, en las páginas del diario, ha dicho: «El escándalo de los créditos dañados comprados por el FGD a Banesto por importe de los citados 285.000 millones y vueltos a recuperar, en su mayoría, meses más tarde por el propio banco mediante el correspondiente procedimiento ejecutivo, sigue creciendo en medio del atronador silencio de los implicados. Los ejemplos de este cobro por partida doble se multiplican». Más adelante, el periodista se pregunta: «¿Fue ésta la forma en que se cuantificó el famoso agujero de Banesto que dio lugar a la intervención del banco? Se comprende el fantástico rally protagonizado por Alfredo Sáenz a la hora de recuperar dañados y devolver Banesto a los beneficios. Se entiende también que ahora le surjan novias por doquier». Y acaba con esta elocuente coda: «Don Emilio Botín se apresta a un nuevo y glorioso pelotazo».

Seis años después de la intervención de Banesto se produjo un inesperado mazazo informativo, al que ya hemos hecho referencia, que echaba por tierra los dimes y diretes que la prensa oficialista había sostenido sobre el «caso Banesto». Fue el Financial Times, en un suplemento dedicado a los principales fraudes que se comenten en el mundo de los negocios, el que trajo a colación los enredos sobre la intervención del banco por las autoridades monetarias, poniendo de relieve la actuación más que sospechosa de los organismos públicos. Recordemos que el prestigioso rotativo británico, distribuido por toda la comunidad financiera internacional, se despachaba de tal manera en un artículo, publicado en noviembre de 1999, que no tenía desperdicio. La espera de seis años, los que la publicación había tardado en pronunciarse sobre lo acontecido en Banesto, ha permitido hablar de la intervención, sin ambigüedades y cortapisas, en estos términos: «Los tejemanejes políticos arruinan inversores y deja fuera de juego a un banco español». He aquí el verdadero origen de la medida.

Lo más letal para los difusores de la verdad única en el sistema mediático español no era que una publicación internacional de tanta categoría denunciara a las claras lo acontecido en Banesto, sino que pusiese en la picota a los editores de los periódicos nacionales por la sumisión a unas tesis oficialistas que con el tiempo se habían hecho insostenibles. El trabajo, firmado por John Burke, sostenía que no hubo «agujero», que éste fue simulado y que tal simulación motivó el «regalo» que Botín ofreció secretamente a los funcionarios públicos reconvertidos en gestores privados del banco. Dice Burke que los embustes no acababan ahí, ya que las supuestas enormes pérdidas, clasificadas como créditos dañados, fueron de hecho controlables, de manera que el oscuro objeto de la intervención fue convertir pérdidas imaginarias en reales. Dicho de una u otra manera, las tesis anticipadas por La Banca coincidían en todo con las publicadas luego por el Financial Times.

El principio, mantenido a ultranza, de que «la prensa es poder porque es contrapoder», no rige hoy de manera tan rotunda a causa de la concentración mediática. Habría que decir más bien que «la prensa es poder porque está al servicio del poder», por supuesto al del Poder muy especialmente. Así de simple. La prensa, obligada a prestar atención a los abusos y las desviaciones del poder, se dirige con obligado esmero a sus lectores, oyentes y telespectadores, después de haber mirado de reojo a los titulares del Poder o de intuir sus criterios sobre cuestiones de verdadera enjundia. El servicio público que reivindican los medios es una brillante quimera, un noble eufemismo que ni siquiera convence a los que todavía creemos en los Reyes Magos, so capa de la independencia y la objetividad informativa. La compra de periodistas, los «sobrecogedores» de antaño, es hoy una mera anécdota. Ya ni siquiera se compran diarios aisladamente considerados. Hoy lo que interesa son grupos mediáticos enteros: prensa, radio y televisión, más todo el mundo sin fronteras de «internet», en oferta integrada, para dar un servicio completo a la carta. El mundo de la globalización no permite que mensajeros díscolos o heterodoxos se alcen contra la verdad oficial e intoxiquen al personal con sus locuras o sus despropósitos informativos. Las consignas, las doctrinas, los postulados, los principios inconmovibles del régimen, salen de la planta noble de los conglomerados financieros de forma más o menos explícita pero inequívoca; luego los mensajeros cuidan, de forma sibilina, inteligente y eficaz, de transmitir y difundir la voz de su amo, con excepciones muy contadas que sirven de coartada para justificar la regla general.

El poder devenido sobre el control de la información se ha descrito de mano maestra por Umberto Eco en El nombre de la rosa: hay que guardar celosamente el acceso a los libros que desvelan los más recónditos secretos, algunos de carácter absoluto, como el origen del universo, aunque sea cobrándose la vida de quienes se atrevan a inquirir por sí mismos tan insondables misterios. Hoy la llave del arcano no está en poder del hermético y protervo abad, sino en manos de la casta privilegiada, el Poder, que impone su implacable dictado en la economía y la política, después de volcar ingentes recursos que devoran cada día los saturnales medios de comunicación. Un instrumento del que se obtiene una altísima rentabilidad: puede cometerse de esa suerte cualquier fraude, por gigantesco que resulte, mediante las artimañas más arteras, mientras que a los lectores y a la audiencia les toca el viejo papel sacramental de comulgar con ruedas de molino. Como en el «caso Banesto».

Lo que hemos dicho hasta aquí puede parecer a los que todavía creen, aunque a duras penas y a impulsos de la inercia, en la bondad preconstituida del ser humano, que se nos ha ido la pluma hacia donde no debiera al describir lo que ha sucedido con motivo de la intervención de ese banco. Sin embargo, creemos que el tratamiento mediático del caso sirve de ejemplo, un lamentable ejemplo, para comprobar la instrumentalización de los medios al servicio del Poder. Juan Manuel de Prada, en su admirable artículo «Becarios», publicado en ABC el día 17 de agosto, rinde homenaje a los jóvenes periodistas cuyo trabajo «tiene esa ingenuidad de quienes aún no han criado juanetes en el alma, esa osadía de quienes aún no se han dejado domesticar por las componendas del oficio, esa alegría de quienes caminan por la vida con la pureza un poco temeraria de los veinte años»; y cierra su reflexión con estas terribles palabras sobre la pureza como «virtud desacreditada»: «Preservar esa pureza es hoy una proeza casi inalcanzable: son demasiadas las cortapisas, los intereses creados, las discretas reconvenciones, los apetitosos sobornos que nos lanza el garfio de la tentación. La escritura virginal y salvaje, sin otro compromiso que la sinceridad, sufre un acecho perenne: son muchos los que sucumben y se dejan querer por los poderosos y se adscriben a bandos y facciones y empiezan a hablar por la voz de su amo, como repugnantes ventrílocuos».

Basado en los antecedentes hasta aquí expuestos, el «caso Banesto» y sus importantes derivaciones pasará a nuestra historia judicial como una pieza significativa de la guerra sucia instigada por un Gobierno perdido irremisiblemente en una sucesión ininterrumpida de corrupciones, crímenes de Estado y flagrantes abusos de poder.

GIGANTES O MOLINOS DE VIENTO

«El verdadero poder es aquél que puede infligir el máximo daño al adversario»

(ORWELL)

Después de dictarse la sentencia, ha tenido que ser otra vez el ex consejero Rafael Pérez Escolar el que ha insistido, con su firmeza proverbial, en su denuncia sobre la falsedad y la prevaricación en que se han basado los máximos rectores del Banco de España para perpetrar la intervención de Banesto y actuar ilícitamente en beneficio del Banco Santander. El viejo abogado, desde el mismo día de la intervención, saltó a la palestra para decir públicamente, una y otra vez, lo que Mario Conde ha venido callando de manera inexplicable. Producto de esa actitud, mantenida sin fisuras durante todo el proceso (no se olvide que la prueba practicada en este punto tan esencial ha corrido fundamentalmente a cargo de Pérez Escolar), este para los impulsores del expolio, se había convertido en la pieza principal a batir. Por tanto, si alguien, además de Conde como símbolo ineludible en la causa, tenía que salir del juicio con la etiqueta de condenado, ése era, indudablemente, Pérez Escolar, que no había tenido pelos en la lengua para denunciar los desmanes cometidos con motivo de la intervención. De ninguna manera se podía exculpar a quien tan decididamente había señalado con el dedo acusador a «los estafadores de la mayor prosapia». En manifestaciones publicadas por ABC al día siguiente de dictarse el fallo, el ex consejero decía lo siguiente:

«Aunque pueda resultar paradójico diré que la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el caso Banesto es esencialmente satisfactoria en la parte fundamental porque, al tratar de los artificios o falsedades contables, recoge plenamente mis tesis de que la intervención del Banco obedeció a la conducta ilícita de la cúpula directiva del Banco de España, basada en la falsedad y la prevaricación». Y Pérez Escolar fue más allá al recordar la amnesia informativa del momento: «En la mente de todos los españoles ha quedado grabada de modo indeleble la cifra del supuesto agujero de Banesto, los famosos 605.000 millones de que tanto se ha hablado por tirios y troyanos, muchas veces con manifiesta mala fe. Pues bien, la sentencia viene a decir ahora que todo se ha debido a una alteración de los criterios contables dispuesta unilateralmente por el Banco de España, cuyos rectores conocían a ciencia cierta la situación de Banesto y, por tanto, la inexistencia de cualquier artificio o falsedad atribuible a los administradores del Banco para alterar indebidamente la contabilidad».

Hemos querido indagar en el pensamiento de los protagonistas principales de la disputada función para que nos expongan su juicio crítico después de dictada la sentencia. Pérez Escolar ha sido el único de los interesados, entendiendo este concepto en el sentido más amplio, que no ha puesto dificultades a nuestro propósito indagatorio. Ni los grandes capitostes de la banca o la política, con inclusión de la anterior cúpula del Banco de España, ni siquiera los demás implicados en el «caso Banesto» han dado facilidades para llevar a cabo semejante tarea informativa. Es como si todos ellos, cada cual a su manera, quisieran sacudirse las pulgas y olvidar lo antes posible un asunto tan oscuro y controvertido, del que lo mejor es no decir esta boca es mía, quizá porque los Tribunales de Justicia no han dicho aún la última palabra, y ello aconseja a gente tan comedida no meter la mano en las fauces de la fiera, de la que conviene mantenerse a prudencial distancia. Nuestra larga conversación con Pérez Escolar nos lleva, en primer término, a exponerle nuestra perplejidad por haber mantenido una postura tan firme durante tanto tiempo contra una serie de enemigos que, sin duda alguna, son los que acumulan más poder en España.

—Me he limitado —nos dice— a cumplir un deber de conciencia: denunciar, desde una posición de absoluta independencia y a título exclusivamente personal, la disparatada intervención de Banesto, una medida que de manera tan grave e injustificada ha dañado a miles de accionistas y empleados del banco. Por eso he denunciado reiteradamente de manera pública la prevaricación y la falsedad de los máximos rectores del Banco de España, y voy a seguir haciéndolo en donde haga falta sin enmendar una coma. A lo que ha de añadirse la malversación de los cuantiosísimos caudales públicos malbaratados en ayudas totalmente innecesarias. Al decir yo todo esto, ¿acaso el Banco de España ha salido al paso de tan graves imputaciones? Esa gente del Banco de España ha tenido buen cuidado en no hacerlo. Cualquier institución verdaderamente digna, si creyera que se trataba de una acusación calumniosa, hubiera promovido de inmediato la correspondiente acción penal. El temor a la exceptio veritatis ha extremado las cautelas de los prevaricadores y falsarios que estaban en la Cibeles, por lo que se han limitado a tirar la piedra y esconder la mano, urdiendo y propiciando una serie de insidias contra mí fuera y dentro del proceso, aunque sin dar la cara.

Lo que parece —y así lo decimos a Pérez Escolar— una conducta por su parte que, además de mucho tesón, requiere llevar las cosas con inteligencia y frialdad.

—No se equivoque usted, amigo mío. De haber tenido dos dedos de frente, nunca me habría metido en esta aventura que ha llevado consigo tanto esfuerzo y tantos dolores de cabeza. A Lance Armstrong, el gran ciclista norteamericano, nada más ganar el último Tour le dijeron los periodistas que había demostrado gran inteligencia durante la carrera. El campeón contestó con ironía que si hubiera sido medianamente inteligente estaría en su pueblo cultivando hortalizas en vez de dar a los pedales en Francia, aunque confesó también que él suplía la falta de talento con el coraje. Esto es lo que ocurre en mi caso, haber puesto el mayor coraje posible en el empeño de dejar en claro lo sucedido con motivo de la intervención de Banesto, con la enorme diferencia, por lo que a mí respecta, de que durante toda mi vida he sido incapaz de subir en bicicleta la cuesta de las Perdices. Sé que tengo que pagar un alto precio por mi independencia, el precio que se le exige a quien se ha atrevido a promover una serie de procesos penales, civiles y contecioso-administrativos contra los poderosos expoliadores de Banesto para que se restablezca el orden jurídico perturbado. Digamos de paso que he sido el único antiguo administrador de Banesto que ha adoptado esa sistemática decisión impugnatoria, y por supuesto he de decirle que no acierto a comprender por qué no lo han hecho a su vez quienes ocupaban una posición verdaderamente relevante en la administración del banco. Pero en fin, el buey suelto bien se lame; esa actividad procesal que yo vengo llevando a cabo en solitario y, por tanto, a título exclusivamente personal ha venido a sumarse a la posición crítica que he mantenido desde hace muchos años acerca del Banco de España como institución. Siempre he sostenido públicamente que el Banco de España no debería ser juez y parte en materia bancaria, ya que dicta con manifiesta arbitrariedad sus propias normas, las aplica a su aire, las interpreta abusivamente y las ejecuta según su santísima voluntad.

Si la sentencia contempla operaciones irregulares por 7.000 millones de pesetas, es obvio que esta cantidad no tiene nada que ver con el «agujero» de los 605.000 millones de que tanto se ha venido hablando. Uno de los personajes más entrañables en la escena pública de nuestro país es la ministra Celia Villalobos, a quien ponemos ahora como ejemplo porque cuando era eurodiputada al tiempo de la intervención (los españoles no han sabido nunca qué estaba haciendo esta buena señora en Bruselas), un día, nada más llegar al aeropuerto de Barajas, vino a decir a los periodistas, con su desparpajo característico, que los antiguos administradores de Banesto se habían llevado en el bolsillo los 605.000 millones del «agujero». Aunque la verdad es que ya no pueden extrañar a nadie los continuos resbalones de esta simpática política que, sin duda por sus muchos méritos en el ámbito agrario, acaba de recibir el «Chirimoyo de oro». Si la sentencia, como decimos, se ha reducido a una serie de operaciones, más o menos discutibles, que suponen juntas unos 7.000 millones de pesetas, ¿es posible que alguien con dos dedos de frente piense ahora que la intervención de un banco de la importancia del Español de Crédito ha podido realizarse por semejante cantidad cuando se nos ha estado hablando, un día sí y otro también, del tremendo «agujero» de más de 600.000 millones? Y ello sin que el Banco de España haya exhortado previamente a las partes a someter a arbitraje cualquier diferencia, el procedimiento habitual en casos parecidos. Y sobre todo cuando el presidente del Central Hispano, José María Amusátegui, ha reconocido públicamente que en su banco había un verdadero «agujero», un astronómico «agujero» cercano al billón de pesetas nada menos, y ahí le tiene usted, tan campante, copresidiendo el BSCH.

Preguntamos a Pérez Escolar cómo se explica el fallo condenatorio en su caso concreto, a lo que nos dice:

—Casi toda la prueba practicada en el juicio sobre la disparatada intervención de Banesto y la inexistencia del «agujero» ha corrido de mi cargo, lo que no ha tenido más remedio que aceptar la Sala absolviendo a los acusados por las famosas «falsedades» o «artificios» contables. Pero el Tribunal, ajustándose a los dictados de la verdad oficial, ha venido luego a establecer un contrapeso condenatorio por criterios de, ¿cómo diríamos?, por criterios de oportunidad institucional, si así puede llamarse al dislate de la Sala. Además, el Tribunal era consciente, debido a mi actitud crítica durante todo el proceso, de que inmediatamente después de la sentencia yo iba a dirigir las oportunas acciones contra los rectores del Banco de España, por lo que ha preferido, sin prueba alguna y mediante un lenguaje pseudojurídico lleno de contrasentidos y defectos técnicos, obstaculizar ese decidido propósito mío de que resplandezca la verdad. Por ejemplo, el ponente Choclán, para llegar a este resultado, para mí manifiestamente prevaricador, no ha tenido empacho en ir en contra de lo que tiene escrito en sus textos de Derecho Penal. Y, además, el Tribunal se ha prevalido de la inexistencia de la doble instancia que padece la Justicia española, al contravenir las obligaciones asumidas por el Reino de España en el convenio de Nueva York sobre derechos humanos, lo que también me propongo denunciar ante el Tribunal Supremo. Por tanto, la arbitrariedad sobre la estimación de los hechos y la valoración de las pruebas han permitido a la Sala en el «caso Banesto» hacer de su capa un sayo.

La verdad es que, al contemplar en la retransmisión televisiva las sesiones del juicio, produce verdadero bochorno, si uno cree que estamos en un Estado de Derecho, el comportamiento de la Sala, especialmente de Siró García Pérez, limitando de manera inconcebible la libertad de expresión y el derecho a la defensa de los inculpados. En el caso concreto de Pérez Escolar, es difícil olvidar el manifiesto enojo del presidente cuando dijo con malas maneras que si el fiscal aludía a un solo documento del inculpado, de inmediato, sacaba a capítulo otros cien que decían lo contrario.

—La contradicción más importante que se advierte en la sentencia, por lo que a mí concierne —dice Pérez Escolar— es su reconocimiento explícito y reiterado sobre la absoluta falta de prueba por parte de todas las acusaciones, de todas ellas sin excepción alguna, al no haber justificado en lo más mínimo la existencia de cualquier perjuicio relacionado con Banesto y la Corporación. Recuerde lo que ha dicho la Sala en este punto, me lo sé de memoria, como usted puede suponer: «Las acusaciones no han cuantificado el importe de las responsabilidades civiles, ni han solicitado que se determinen en ejecución de sentencia, y ni siquiera han establecido las bases para ello». Y más adelante vuelve a la carga en los mismos términos: «A la hora de cuantificar la responsabilidad civil, la Sala se encuentra con las mismas dificultades denunciadas ante la imprecisión de las acusaciones en este punto». ¿Cómo puede condenarse a alguien por un delito de carácter patrimonial en cuantía determinada cuando las acusaciones, tan poderosas todas ellas y con tantos medios a su alcance, han sido incapaces, a lo largo de un juicio que ha durado varios años, de probar contra mí la existencia de cualquier daño o de cualquier perjuicio sin la menor cuantificación o determinación? Unos inexistentes daños o perjuicios que no constan para nada a los administradores de Banesto o de la Corporación, ni a los miembros más caracterizados del consejo del Santander. Empezando por Emilio Botín, y siguiendo por los demás que han prestado declaración ante la Sala, todos ellos han reconocido sin reservas que no conocen el menor daño o cualquier perjuicio que yo haya causado a Banesto o a las sociedades de su grupo, ni tienen noticia de que esté contabilizado cualquier crédito contra mí por actuaciones dolosas o negligentes. Algo idéntico a lo que han dicho los auditores, exactamente lo mismo. El presidente de Arthur Andersen, Enrique Álvarez López, ha declarado ante la Sala que «no le consta la existencia de cualquier dato documental o antecedente contable que suponga para el grupo Banesto cualquier daño o perjuicio atribuible a Rafael Pérez Escolar». ¿Cómo es posible entonces que la Sala haya podido condenarme por unos delitos de carácter patrimonial cuando a nadie le consta para nada la existencia de cualquier daño o de cualquier perjuicio causado por mí al supuesto lesionado? Comprenderá usted que después de un fallo tan inconcebible, tengo la sensación cierta de que los mafiosos que estaban al frente del Banco de España y los que aún siguen en Banesto me han robado miserablemente la cartera.

Lo cierto es que, para los profanos en cuestiones jurídicas, nos es difícil entender un contrasentido tan notorio. Sin embargo —preguntamos a Pérez Escolar—, ¿qué otra finalidad ha podido perseguir la acusación para que se haya dictado una sentencia condenatoria?

—En estos casos siempre queda flotando la sombra de la duda. Calumnia que algo queda, es lo que pretendía esa ralea que estaba al frente del Banco de España y los demás protagonistas del expolio, acusados por mí públicamente de prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos. La prueba pericial practicada en la causa demuestra plenamente que en las operaciones por las que he sido condenado, las sociedades de mi familia y yo mismo hemos perdido cerca de cien millones de pesetas. Esta es la realidad pura y dura, la triste realidad sobre la que ha pasado la Sala como sobre ascuas, importándole un bledo que yo no haya obtenido ni una sola peseta de beneficio en las mencionadas operaciones, sino todo lo contrario, haber padecido un perjuicio muy importante. Alguien sumamente conocido en el foro, comentando semejante disparate, me decía con sorna, aunque maldita la gracia que me hace: «Te han condenado por un curioso delito que todavía no está tipificado en el Código: la estafa cometida en perjuicio propio».

Sin embargo, le vemos a usted con propósito de seguir la lucha para sacarse la espina. Aunque las guerras siempre acaban con el consabido tratado de paz, incluso la mismísima guerra de los cien años. ¿Cree usted que cabe esta hipótesis de pacificación final?

—Mi propósito de seguir combatiendo los desmanes de mis enemigos es indiscutible. Ihering, en «La lucha por el Derecho», una obra tan breve como eminente, sostiene que el ideal por antonomasia es el derecho, el ideal del hombre de carácter que lo asume como su propio fin, estimando en poco todo lo demás cuando se le lesiona en ese dominio íntimo y sagrado. Y no importa de dónde venga el ataque contra su derecho, si de un individuo o del poder político. No es la personalidad del agresor, por poderoso que resulte, quien ha de decidir sobre la decisión que deba emplearse en la defensa del derecho, sino la energía del sentimiento jurídico y la fuerza moral que uno esté dispuesto a desplegar. El propio Ihering advierte que no hay injusticia que pueda compararse a la que comete el juez cuando viola la ley: es un asesinato judicial, como lo llama con propiedad la lengua alemana, el verdadero pecado mortal del derecho. El encargado de la administración de justicia que se hace asesino en sus resoluciones, es como el médico que envenena al enfermo o el tutor que hace morir a su pupilo. El juez prevaricador y corrupto, en los primeros tiempos de Roma, era castigado con la pena de muerte. Por ello mismo, para la autoridad judicial que viola el derecho no hay acusador más terrible que la figura sombría y constantemente amenazadora del hombre al que se le ha causado la lesión del sentimiento jurídico.

Pero esto que usted dice parece que está más cerca de la venganza que de la justicia.

—No es cierto. Precisa también el maestro de Gotinga que ante esa justicia que mancilla su propio poder, no es el sentimiento salvaje de la venganza lo que ha de animarnos; hemos de obrar a impulsos del deber de cada uno a fin de consagrar todas sus fuerzas para alcanzar la satisfacción del derecho. A cuya idea hay que sacrificarlo todo: el bienestar de la familia, el honor del propio nombre, todo el patrimonio y la vida si fuese preciso. Esa idea no destruye por destruir, tiene un fin diáfano: la restauración de la ley, además del castigo de los culpables y de todos los bergantes que han hecho con ellos causa común.

Por cierto, cuando hemos examinado en La Banca el cúmulo de escritos y de pruebas que se han sucedido en los distintos procesos más o menos relacionados con el «caso Banesto», vemos que el despacho Uría y Menéndez no le tiene a Pérez Escolar particular simpatía al atacarle sistemáticamente en aspectos de carácter personal que nada tienen que ver con las cuestiones debatidas. Diremos también, a propósito de Rodrigo Uría, que corren por los mentideros forenses de Madrid los rumores más insólitos, incluso que durante su época de estudiante manipuló de alguna manera las papeletas de la Facultad de Derecho. Las preguntas a Pérez Escolar son inevitables: ¿Cómo es posible, de ser cierto todo esto, que alguien así pueda verter cualquier insidia sobre otro compañero e incluso ejercer la abogacía? ¿Qué hacen en estos casos los Colegios de Abogados para remediar una conducta tan deplorable?

—No hay que dar mayor importancia —contesta Pérez Escolar— a todo eso que le han contado. Es verdad que Rodrigo Uría, Rodriguín como le llamábamos entonces, cometió un pecadillo de juventud propio de alguien como él que nunca ha tenido verdadera vocación para el derecho. En aquella época, ya tan lejana, el chico se dedicaba a cosas mucho más gratificantes que romperse la cabeza con la norma jurídica y la disposición legal. Lo malo es que cuando el muchacho falsificó las papeletas dio un serio disgusto a su padre, un eminente jurista como usted sabe, un hombre de recto proceder en todo, que vino atribulado a mi despacho y me contó, sin saber qué hacer y a punto de echarse a llorar, la travesura del muchacho. Creo que acerté a darle la fórmula para arreglar el entuerto, y a fe que funcionó satisfactoriamente: «Rodrigo, coge el sombrero y vete a ver a tus compañeros de la Facultad. Cuéntales lo que ha sucedido, sin omitir detalle, y pídeles que sometan a tu hijo a cualquier prueba convalidatoria en septiembre. Y aquí paz y después gloria. Verás como todo se arregla». Así lo hizo el hombre, y como gozaba de prestigio y simpatía entre sus compañeros de cátedra, éstos pasaron por alto la falsificación y accedieron de grado a salvar el obstáculo mediante un trabajo de poca monta que cada cual propuso para que el chico, sin mayores agobios, lo redactara tranquilamente durante el verano.

Pero —reconvenimos a Pérez Escolar— no ha contestado a la pregunta sobre el tratamiento que ese bufete le dispensa en las contiendas judiciales.

—En realidad, todo se debe a la falta por parte de esa gente de verdaderos argumentos de fondo. He de reconocer, y no me duelen prendas, que en ese despacho trabajan algunos excelentes profesionales, así me consta de antiguo, pero comprenderá usted que, una vez más, quien manda, manda. Esa actitud inamistosa, e incluso indecente, contra mi modesta persona se debe más bien a lo que es habitual en el propio Uría, aquel Rodriguín de entonces, el falsificador de poca monta: su falta de verdadera tradición corporativa. El hombre, que gusta de adscribirse al poder más que al derecho, desconoce totalmente la cortesía procesal y el respeto debido entre abogados.

No obstante lo cual —seguimos hurgando en la herida—, Uría cuenta ahora con un despacho espléndido.

—Sí, el muchacho posee indudables dotes de gestor empresarial, y es capaz de demostrarlo igualmente en ese despacho que si se hubiera dedicado a dirigir el teléfono erótico de sus íntimos amigos los hermanos Solana. No olvidemos, además, que si ha conseguido organizar un importante tinglado, supuestamente jurídico, lo ha hecho sobre la base del tráfico de influencias y otras lindezas por el estilo, habida cuenta de su estrecha conexión con la cúpula del PSOE. Aunque todo sea bueno para engrosar la cuenta de resultados, incluso defendiendo al general Pinochet o a los terroristas del Grapo. El hombre, que es listo y se sabe de sobra la lección, pretende ahora seguir haciendo lo mismo con los populares, aunque los odie cordialmente. La designación de Juan Fernández-Armesto al frente de la CNMV es uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de la Administración Pública española: piense usted que Uría ha logrado colocar a un individuo, que llevaba en su despacho la «cuenta» de Banesto y del Banco Santander, al frente de un organismo público tan sumamente delicado que ha de ocuparse un día sí y otro también de cuestiones íntimamente relacionadas con tan importante grupo bancario, al que ha complacido en todo lo que podía favorecerle, y aún más. Sus lamentables decisiones administrativas, dictadas de propósito, hablan por sí solas.

Hemos recogido en los ambientes forenses una extendida opinión, según la cual la condena contra Pérez Escolar se ha debido a la presión ejercida por sus enemigos. A pesar de la estimación tan lamentable que merece a todos los españoles el estado actual de la justicia, cuesta trabajo creer algo semejante, por lo que preguntamos a Pérez Escolar si puede decirnos algo sobre un punto tan delicado.

—Nada más dictarse la sentencia, recibí dos testimonios igualmente contundentes a cargo de personas tan distintas como Luis María Anson y Jesús Vicente Chamorro. En cuanto al académico, no tengo palabras de gratitud suficientes para corresponder a su «canela fina» en La Razón al referirse a mí, con extraordinaria generosidad, nada más conocer el fallo; pero abstracción hecha de sus palabras elogiosas, sin duda inmerecidas, Anson ha dejado escrito en ese artículo que todo ha obedecido al «empeño de mis poderosos enemigos». Y el viejo fiscal Chamorro, con su ironía característica, me dijo algo todavía peor: «No había más remedio que condenarte, Rafael: tienes muchos enemigos, te has pasado la vida haciendo favores». Él y su familia lo saben de sobra. En cualquier caso, comprenderá usted que una Audiencia Nacional presidida por Clemente Auger tiene que funcionar rematadamente mal.

Se está usted refiriendo —le decimos a Pérez Escolar— a una de las máximas autoridades de la organización judicial española, si bien es verdad que Rodríguez Ibarra no se cansa de decir que la Audiencia Nacional es un nido de corruptos y prevaricadores.

—Conocí a Auger —nos contesta Pérez Escolar— en los lejanos tiempos de la oposición al franquismo. Yo iba a dar una conferencia en el Club Siglo XXI sobre «Justicia y Estado de Derecho», y me pareció conveniente cambiar impresiones con personas relevantes de Justicia Democrática. En aquella reunión, que hoy me parece tan lejana, se produjeron tres intervenciones principales: la de Antonio Carretero, que con su extraordinario sentido jurídico y su valor moral expuso magistralmente unas ideas básicas sobre la situación y las perspectivas de la justicia que yo utilicé ampliamente en mi conferencia. También intervino el fiscal Chamorro, que, como es habitual en él, soltó un par de frases ingeniosas para que todo quedara en salvas; siempre ha sido lo suyo, gracioso y agudo pero superficial. Y luego habló Clemente Auger, un marxista-leninista confesado que no había leído El capital ni por el forro, como pude comprobar a las primeras de cambio, y el hombre dijo tales vaciedades que desde entonces y hasta nuestros días le he considerado lo que realmente es, un perfecto botarate. Aunque siempre está a la que salta: soporta pacíficamente en público las reprimendas de Felipe González sobre el comportamiento de los jueces y sigue con la mayor docilidad todo lo que le dicta Jesús Polanco, pero mientras tanto no deja de adular a los populares en los términos más serviles para que le renueven el cargo de presidente de la Audiencia Nacional. Incluso acaba de decir algo verdaderamente asombroso: él es capaz de «acabar en cinco minutos con la kale borroka». Espero que ilustre de inmediato sobre su fórmula taumatúrgica al ministro del Interior, que para eso le ha condecorado con la medalla de la policía, nada menos que de plata. El hombre hace a todo, desde la recepción de Juan Luis Cebrián en la Academia a la conferencia de Cristóbal Montoro en el Club Siglo XXI, por supuesto sin entender media palabra de lo que decían uno y otro.

En su declaración ante la Audiencia Nacional —le decimos a Pérez Escola— ha recordado usted sus servicios prestados a la banca: la durísima discusión de varios convenios colectivos llenos de dificultades, la creación del Cunef, del que tanto presumen ahora los banqueros, la defensa de la banca privada frente a los propósitos nacionalizadores entonces en boga, y tantas otras cosas, todo ello sin haber tenido la menor retribución, sólo su sueldo en Banesto, más bien escaso. ¿Cómo es posible —preguntamos— que después de todos estos trabajos haya tenido que soportar la acción acusatoria en el «caso Banesto»?

—Los presidentes que han declarado ante la Sala han reconocido todos esos servicios, diciendo incluso que mi gestión al frente de la Unión Nacional de Banca fue «impecable», «inmejorable» y otras cosas por el estilo. Pero comprenderá usted que no serviría de nada en estos momentos decir que todos esos caballeros son unos hijos de perra, en especial porque ellos lo saben de sobra. De puertas para adentro reconocen que conmigo han cometido una canallada, una tremenda injusticia, pero dicen que como yo he puesto en la picota a los del Banco de España ellos no han tenido más remedio que salir en su defensa, por la cuenta que les trae, aunque hayan empleado contra mí las calumnias más burdas y los enredos procesales más despreciables.

Entonces coincide usted con nosotros en que el estado de la justicia no puede ser más lamentable.

—Esa es la opinión común, y por supuesto comprenderá usted que yo no tengo muchos motivos para decir lo contrario y deshacerme en elogios sobre el comportamiento de los tribunales. Sin embargo, nadie ha puesto en duda que yo nunca me he salido de los límites procesales que marca un Estado de Derecho para defender mis tesis y ejercer mis pretensiones, y voy a seguir por el mismo camino, como antes le decía, por encima de las deficiencias y las debilidades de quienes están llamados a administrar recta, cumplida e imparcial justicia. Además, y creo que esto es esperanzador, se nota, yo lo intuyo al menos, una renovación incipiente de los modos y las actitudes de los tribunales de Justicia, especialmente en sus servidores más jóvenes, a fin de mantener su independencia frente a las abrumadoras y constantes presiones de los poderosos. Ya hemos hablado de los grandes enemigos a los que he decidido enfrentarme, y he de decir que en cualquier trance procesal en que me encuentre, suele planear algo totalmente incierto, mis relaciones con Mario Conde, a pesar de que llevo años sin hablar con él. No obstante lo cual, siempre se me atribuye falsamente una vinculación más o menos estrecha con el ex presidente de Banesto como algo que de una manera absurda marca en términos desfavorables mis pretensiones procesales, aunque ello no tenga nada que ver con la cuestión que se debate en cada caso. Pues bien, he de decirle que empiezo a vislumbrar una creciente actitud de independencia en los jueces que están interviniendo en las causas civiles, penales y contencioso-administrativas que he promovido para demostrar el expolio de Banesto, lo que probablemente se irá acentuando de aquí en adelante. Lo que, además, coincide con el cambio en la cúpula del Banco de España, desempeñada ahora por personas en las que se advierten aires de renovación. Como puede usted ver, no sé hacer otra cosa; un viejo abogado como yo sólo sabe comparecer ante los Tribunales de Justicia para pedir con el debido respeto, aunque sin pelos en la lengua, que admitan lo que pido en cada proceso. El tiempo dirá si mis esperanzas en el renacer de la justicia tienen verdadero fundamento.

El oscuro trasfondo del «caso Banesto» se advierte desde el momento mismo de las actuaciones sumariales en cuanto a la elección de las «víctimas». El aspecto más sobresaliente se ofrece en lo que concierne a los «artificios» o «falsedades contables», que demuestran a todas luces el criterio «selectivo» elegido de consuno por políticos en ejercicio, capitostes del Banco de España, editores interesados en poner tierra por medio y financieros ávidos de apropiarse del botín. Uno de los criterios básicos expuestos por las acusaciones durante todo el proceso para formular la imputación penal por los supuestos artificios ha consistido en la pertenencia de los acusados a la comisión ejecutiva de Banesto. Pues bien, conviene tener en cuenta que pertenecían a dicho órgano colegiado determinadas personas, en las que concurrían circunstancias muy particulares para dejarlas deliberadamente fuera del proceso, poniendo así de manifiesto la parcialidad del ministerio público y las autoridades judiciales correspondientes. Lo que ha ocurrido con Ricardo Gómez-Acebo, marqués de Deleitosa, vicepresidente del banco y de su comisión ejecutiva, cuyo cargo de consejero venía ostentándolo desde la muerte de su padre. La circunstancia de ser un miembro tan cualificado de la comisión ejecutiva se ha compensado al punto por quienes mandan con la estrecha relación de parentesco que mantenía con Emilio Botín, consuegro del cántabro, condición privilegiada que ha privado a Gómez-Acebo de sentarse en el banquillo, lo que se acentúa, además, por su relación con la familia real. Otros dos miembros no menos ilustres de la comisión ejecutiva, inicialmente inculpados pero ajenos por fortuna a lo que luego sucedió en la Sala, fueron Vicente Figaredo y César Mora, ambos pertenecientes también al consejo y a la comisión ejecutiva de Banesto: como siempre hay bulas para difuntos, resulta que uno y otro, miren ustedes por donde, son primos muy afines de Rodrigo Rato, el omnipotente capitoste del Partido Popular, ese partido tan serio y objetivo en todo, para el cual los españoles, sin excepción, son iguales ante la ley, aunque unos sean más iguales que otros, sobre todo si son consuegros o primos carnales de los que tienen la sartén por el mango. Otro componente de la comisión ejecutiva, Juan José de Abaitua, que había sucedido en el consejo a su suegro José Suñer, se rindió con armas y bagajes a los nuevos administradores nada más producirse la intervención, ofreciéndose de rodillas a desempeñar cualquier papel, cualquiera, con tal de no salir en la foto. Y lo mismo cabe decir de Juan Belloso, el fatuo ex consejero delegado, miembro del PSOE y solidario con los embustes más lamentables perpetrados por el Banco de España, lo que ha movido al hombre a desempeñar durante el proceso judicial actitudes verdaderamente penosas, En el juicio se ha aludido igualmente a la significación especial del comité de auditoría interna del consejo de Banesto, como elemento para sostener las acusaciones sobre artificios o falsedades contables, punto en el que conviene destacar la presencia de dos personalidades relevantes: el presidente del órgano auditor, el profesor Antonio Torrero, que ha desempeñado con acierto ese puesto desde la constitución del comité hasta la intervención del banco, sin que nadie le haya tocado un pelo, y la profesora Paulina Beato, alma del propio comité por sus constantes y atinadas intervenciones; uno y otra de grandes condiciones intelectuales, muy apreciadas en las más altas instancias del PSOE y el Banco de España. Especialmente sintomático es el caso de la profesora Beato: interviene activamente durante todo el año 93 en las negociaciones con el Banco emisor para decidir sobre el saneamiento de Banesto, la única consejera no ejecutiva que estaba al tanto de las conversaciones, y luego, después de la intervención, no solamente no es objeto de acusación penal por ningún concepto, ni siquiera el de «artificios», sino que el Gobierno socialista la premia con un puesto importante de designación directa en el Banco Mundial. ¿Y qué decir de Roberto Mendoza, vicepresidente ejecutivo de JP Morgan? El vicepresidente Mendoza dirige, personalmente, con su directa colaboradora Violy de Harper, la investigación previa sobre Banesto en 1992, por lo que ya se llevaron una buena tajada, y luego fue el inspirador principal de la macroampliación de capital a mediados de 1993, por lo que JP Morgan volvió a cobrar otros 3.000 millones de pesetas. Siendo el tal Mendoza consejero de Banesto, mantiene un constante contacto con el Banco de España en orden al plan de saneamiento, pero, claro, ¿cómo iban el juez García Castellón y el Tribunal presidido por Siró García Pérez a meterse con un financiero tan ilustre que representaba a una entidad norteamericana tan sumamente poderosa? Pensemos que se trataba, nada menos, del primer banco de negocios del mundo. El poder del Imperio está para ejercerlo sobre sus súbditos, que bastante tienen con salvar la cara, por lo que a quienes toca decidir en las provincias sobre estas cosas menores de carácter judicial les conviene mostrarse sumisos, y si puede ser debajo del pupitre, ante los más cualificados mandatarios de la metrópoli. Por lo que tampoco es raro que se haya estancado la instrucción, devenida en resolución absolutoria, en cuanto a otras personas en apariencia más secundarias, como Fracisco Sitges, amigo íntimo del Rey y constructor del barco que estaba destinado al solaz del monarca, de lo que por cierto ya nadie ha vuelto a hablar, aunque se haya dicho en ocasiones por comentaristas autorizados que los 1.344 millones de pesetas de la «operación Carburos» se destinaron a financiar las turbinas del navio. ¿Y qué decir de una persona tan sugestiva como Jacques Hachuel? Intimamente vinculado con el Mossad y con uno de sus hijos ocupando la vicepresidencia de la Comunidad judía de Madrid, uno de los centros más activos e influyentes del sionismo mundial, el bueno de Hachuel se confiesa receptor único y exclusivo de los 1.344 millones de la operación Carburos Metálicos, reconoce que tiene en su poder el dinero a través de una Fundación y la Excma. Sala, con Siró García Pérez a la cabeza y el ponente José Antonio Choclán de redactor, le absuelve por haber prescrito el delito. Pero la Sala lo hace así mientras condena a severas penas a Romaní y a Pérez Escolar, y (vuélvanse a agarrar ustedes bien agarrados porque esta curva es mortal) a que paguen a Banesto esa misma cantidad que el Sr. Hachuel tiene en Licchtenstein y que allí le reclama el banco por vía civil. ¿Entienden esto los perspicaces lectores? Pues el autor de este libro confiesa que no lo entiende, ni una sola palabra, y sigue sin salir de su asombro.

Y lo mismo conviene decir a propósito de Carlos García Pardo, que en las operaciones del llamado grupo Dorna cobró 8.000 millones de pesetas limpias de polvo y paja, pero al que se dejó tranquilo, fumándose un buen puro y al margen de cualquier responsabilidad, porque no en balde había sido el constructor y financiador del edificio en la calle Ferraz adquirido por el PSOE a precio de saldo para sede política, además de tener relación con Filesa y ser amigo íntimo —y dicen que socio— del figurón de dicho partido Juan Manuel Eguiagaray. Para culminar el breve relato de circunstancias subjetivas que demuestran la escandalosa doble vara de medir empleada en el «caso Banesto», lo cerraremos con un ejemplo clamoroso de la preponderancia que mantiene el Poder sobre los Tribunales de Justicia. En autos ha quedado constancia de la decisiva intervención del banquero Francisco González, hoy flamante copresidente del BBVA, en la constitución de Oildor y en la venta del 50% de su capital social a la Corporación Banesto. Oildor se constituyó el 6 de marzo de 1991 con objeto de explotar una red de estaciones de servicio para la venta de carburantes y otras actividades complementarias, aprovechando así la oportunidad que brindaba la liberalización del mercado al integrarse España en la Comunidad Europea. La constitución de dicha sociedad se basó en un documentado informe elaborado por FG Inversiones Bursátiles, una prestigiosa entidad presidida y dominada accionarialmente por Francisco González. Pues bien, esta circunstancia, la decisiva presencia en el negocio de tan ilustre financiero, ha pasado deliberadamente desapercibida para las acusaciones y los órganos jurisdiccionales. Ni el Fondo de Garantía de Depósitos ni Banesto han llegado a citar siquiera en sus escritos o en sus informes ese dato, a nuestro entender, extraordinariamente significativo. No deja de resultar curioso que una y otra entidad hayan padecido semejante omisión —más bien amnesia— en términos tan absolutos, a no ser que caigamos en la cuenta de que el Fondo de Garantía de Depósitos está integrado por el Banco de España y la banca privada, en la que ocupa un lugar preponderante el Banco Argentaria, sobre todo después de su fusión con el Bilbao Vizcaya. Sólo así puede entenderse que el Fondo de Garantía no haya aludido para nada a uno de sus principales mandantes, Francisco González, hoy copresidente del BBVA, y que, al propio tiempo, la gente de Banesto quiera preservar al máximo el buen nombre de un colega en activo y con tanto poder, todo ello con la necesaria connivencia, aunque sea por la tácita, del ministerio público y los órganos jurisdiccionales que han intervenido en la instrucción y en el juicio oral. Resulta comprensible, por tanto, que las acusaciones no se hayan referido para nada al eminente banquero, a pesar de que éste hace todo lo que sigue, que no es poco: inspira la creación de Oildor, desembolsa parte de su capital social, se integra en el consejo como administrador, rinde constantes informes de coyuntura que cobra puntualmente, valora la empresa en 17.500 millones de pesetas primero y en 18.000 millones después, asesora la venta a la Corporación Banesto, transmite a la Corporación el cincuenta por ciento de sus acciones, no acude luego a la ampliación de capital y, ya intervenido el banco, es el único, ¡el único!, que logra vender sus acciones restantes a un precio remunerador, mientras los demás accionistas perdían totalmente el resto de su inversión. (Así lo ha reconocido el propio Francisco González ante la Sala en su declaración obrante a los folios 6409 a 6431). Bueno, pues a este buen señor tan poderoso y que hizo tantas cosas en lo de Oildor, ni tocarle un pelo; a diferencia de Pérez Escolar, que no fue fundador de la sociedad, intervino en todos los aspectos jurídicos de la sociedad sin cobrar un céntimo, desembolsó a tocateja el importe de las acciones, pretendió que las relaciones de negocio se concentraran con alguna petrolera y no con Banesto, acudió a la ampliación de capital y no pudo vender a los nuevos administradores el resto de sus acciones. Es decir, una conducta, la del actual copresidente del BBVA, claramente favorable para sus intereses, y otra, la del ex administrador de Banesto, notoriamente perjudicial para los suyos. Pues al primero ni se le molesta de lejos, mientras que al segundo se le condena severamente. Lo que enlaza de manera evidente con que la Sala tampoco haya querido saber nada de las causas determinantes del fracaso de Oildor, la red de gasolineras auspiciada por Francisco González y los hermanos García Pardo. Y no lo ha hecho porque, como hemos probado hasta la saciedad en La Banca, las estaciones de servicio suponían un tema tabú en la época socialista al tratarse de una parte importantísima del pastel económico que se puso ilícitamente en manos del ex ministro Julián Campo, cuyos enredos enlazan con el «caso PSV». Los nuevos administradores de Banesto, serviles al poder del PSOE, al que en gran parte deben sus múltiples prebendas, no dudaron en dejar caer un proyecto tan importante como el de Oildor, que en los momentos actuales de crisis energética se manifiesta con nitidez como una plausible iniciativa empresarial cuando entró en el negocio la Corporación Banesto.

Todo esto ha sido posible en gran medida por la deplorable actuación del Ministerio Público durante todo el «caso Banesto», que ha corrido a cargo primeramente de Florentino Ortí en la fase sumarial y luego de Luis López Sanz y Javier Sánchez Junco desde la apertura del juicio oral. De Ortí ya nos hemos ocupado: después de favorecer en términos deplorables a Arthur Andersen, para que no se investigara en modo alguno su actuación contable en Banesto pide la excedencia en la carrera fiscal y empieza a trabajar en una empresa perteneciente a la propia auditora. A su vez, la conducta de los otros dos funcionarios durante todo el proceso, tal como lo hemos seguido en la retransmisión televisiva, hubiera producido en un verdadero Estado de Derecho la reacción más enérgica por parte del Tribunal, especialmente de su presidente, obligado a cortar por lo sano una conducta tan lamentable, en vez de su pasividad complacida sobre la disparatada y antijurídica actitud de ambos fiscales. Hasta el punto de que un excelente letrado, Daniel Álvarez Pastor, hombre mesurado y cabal, se vio en la necesidad de interrumpir las risas y los gestos burlones de los dos fiscales, especialmente de Sánchez Junco, diciéndole con voz firme: «¡No se ría usted, señor fiscal, no se ría; lo que aquí estamos tratando no es para que usted se ría de esa manera!». A lo que, incomprensiblemente, Siró García Pérez soltó esta otra gracia: «Es que el ilustrísimo señor fiscal es muy risueño». Luego, acabada la sesión, García Pérez quiso emplear una vez más el pasteleo en él característico para que el letrado presentara excusas al fiscal, a lo que Álvarez Pastor se negó en redondo diciéndole al presidente en voz alta para que lo oyera toda la Sala: «¿Cómo quiere usted que presente mis excusas a un fiscal que se pasa todas las sesiones riéndose de las defensas, leyendo el periódico o jugando a los marcianitos con el ordenador?». Lo cierto es que cuando alguien se salía de los términos preconcebidos por la presidencia, el anatema era inmediato. Manuel Murillo, un prestigioso letrado con un brillante historial político y forense, se permitió, en representación de UGT, poner de relieve la realidad de lo que había ocurrido, es decir, la actitud de los nuevos administradores de Banesto constitutiva de una gigantesca defraudación, por lo que el letrado les exigía las consiguientes responsabilidades. Siró García Pérez no tuvo el menor empacho en reprocharle públicamente esa intervención tan atinada y justa, lo que fue magnificado al día siguiente, en sus escandalosos términos habituales, por Ernesto Ekaizer en El País, incluso poniendo en tela de juicio la integridad profesional del letrado, el cual, inmediatamente después, fue relevado de sus funciones y sustituido por un abogado de tres al cuarto, que, para mantener la acusación en nombre de la UGT, optó por plegarse en todo a las tesis acusatorias del Ministerio Público y de Banesto. Otro aspecto igualmente inverosímil (y como ven ustedes, pacientes lectores, el autor sigue empleando los términos más benévolos para calificar la conducta del Tribunal) fue la abrupta interrupción que hizo el presidente al letrado Jesús Castrillo, después de los cuchicheos habituales con el magistrado ponente. Siró García Pérez se permitió la licencia, absolutamente injustificada, de espetarle al letrado que estaba «instrumentalizando la justicia», y todo por demostrar hasta la saciedad que los nuevos administradores del banco se habían enriquecido de manera fraudulenta con los despojos de la intervención. Jesús Castrillo lo que hacía en su informe era destrozar una apariencia de legitimidad en la conducta de Sáenz Abad y sus colaboradores demostrando, con pruebas abrumadoras, que lo que había hecho era llevarse más de seis millones de acciones de Banesto, regaladas por el Banco Santander en concepto de dádiva por el flagrante incumplimiento de sus funciones públicas. De todo esto no quería oír el Tribunal ni media palabra; los avestruces tienen mucho más interés en conocer la realidad que esa Sala que entiende (mejor dicho, que no entendía) del «caso Banesto» sobre muchos aspectos que nos parecen esenciales. Cualquiera puede comprobarlo, aunque parezca mentira, si se toma la molestia de repasar la grabación de las sesiones televisivas, como hemos hecho varias veces en La Banca para acabar de creérnoslo.

Comprendemos que el relato que antecede puede producir violentas náuseas en algún estómago delicado, aunque a buen seguro los siros y los choclanes seguirán creyendo a pies juntillas que han hecho justicia en el «caso Banesto». Haría interminable nuestro relato el análisis de la sentencia en cuanto a sus pronunciamientos condenatorios, los cuales dejan indeleble constancia, como decimos, de la doble vara de medir empleada en el transcurso del proceso. Sin embargo, para demostrarlo hemos elegido a título de ejemplo el asunto que nos parece más sangrante: las consecuencias penales del pago de 1.344 millones de pesetas antes aludido hecho por Air Products a Jacques Hachuel a través de su sociedad Mariella Real Estate.

Conforme a las pruebas practicadas, las acusaciones han reconocido que los fondos procedentes de Air Products se ingresaron en un banco de Zurich a disposición de la mencionada sociedad perteneciente a Hachuel. Y ha quedado fuera de duda que una multinacional americana tan importante, sujeta a normas fiscales y contables sumamente estrictas, nunca hace un pago semejante a un destinatario desconocido por una causa que no se expresa, y que sería muy fácil documentar adecuadamente sin necesidad de apoyarse en cualquier colaboración ajena. Que los gestores de Air Products no lo hicieran en su día, contando, como contaban, con un ejército de asesores jurídicos y contables, es algo muy raro. Y lo que es raro no puede admitirse sin más en el desenvolvimiento normal del tráfico mercantil. Para conducirse como se condujeron en este caso los gestores de Air Products tenían que estar hipnotizados más que engañados, lo que no hace justicia a la perspicacia de unas personas tan expertas en negocios practicados en medio mundo sin el menor escrúpulo y a cara de perro. Como también se ha señalado en el juicio, el devenir del proceso tendría que haber sido muy distinto: hubiera resultado necesario de todo punto el ejercicio del protagonismo acusatorio por la multinacional americana, que por supuesto no ha querido arriesgarse formulando una acusación cuya falsedad le consta, por lo que ha preferido, para evitar cualquier riesgo y beneficiarse de paso fraudulentamente con ventajas patrimoniales muy importantes, brindar su concurso en falso y testificar para apoyar la denuncia formulada por Banesto.

Veamos la causa verdadera de los embustes vertidos por los representantes de Air Products en el proceso. Todo arranca de cuando la anterior administración de Banesto pactó con Air Products el compromiso de venta de la participación del banco en Carburos Metálicos, consistente en un total de 5.180.836 acciones, según los contratos concertados el 31 de agosto de 1993. Se trataba de tres convenios en los que intervenían como vendedoras la Corporación Banesto y dos sociedades fiduciarias del banco (Heathmoore Corporation N.V. y Emperor Ltd.), cuyos acuerdos quedaron condicionados, entre otros requisitos, a la aprobación de los respectivos consejos de administración. El precio total a pagar por Air Products era de 34.520.327.000 pesetas, y el precio medio de venta de 6.663,08 pesetas por acción. Lo cierto es que la nueva administración de Banesto, con Sáenz Abad al frente, no exigió a Air Products el cumplimiento de esos pactos y, en cambio, incomprensiblemente, vendió a la multinacional norteamericana la participación en Carburos a un precio muy inferior al pactado con anterioridad, unos 5.770 millones de pesetas menos, a lo que hay que sumar otra cantidad adicional en concepto de intereses. Lo que resulta difícil de entender a simple vista, por lo que conviene exponer los datos concretos que llevan a una conclusión tan aparentemente absurda. La clave, una vez más, está en la conocida cancioncilla napolitana: «Yo te doy una cosa a ti, tú me das una cosa a mí». Veamos someramente este curioso do ut des entre Air Products y Sáenz Abad y sus muchachos, lo que se han dado una y otros.

Mediante los correspondientes convenios con los nuevos administradores, el 2 de noviembre de 1994, diez meses después de la intervención de Banesto, Air Products formuló una opa sobre las acciones de Carburos Metálicos al precio de 4.550 pesetas, que se saldó con un rotundo fracaso, ya que la multinacional sólo consiguió comprar 32.294 títulos. Al año siguiente, concretamente el 1 de septiembre de 1995, Air Products lanzó una nueva opa al precio de 5.150 pesetas por acción: el resultado consistió esta vez en la adquisición de 2.806.595 acciones. Un año más tarde, el 30 de agosto de 1996, Air Products volvió a formular otra opa al precio de 5.730 pesetas, con lo que consiguió adquirir 6.378.133 acciones. Una diferencia tan notable entre los resultados de la primera opa y las dos siguientes sólo puede explicarse debido a los pactos entre los nuevos administradores de Banesto y Air Products, lo que ha reconocido expresamente la Corporación Banesto en su documentación oficial. Por tanto, en el plazo de un año, de septiembre de 1995 a septiembre de 1996, Air Products logró elevar su participación en el capital social de Carburos hasta el 96,65%, pagando un precio medio de 5.549,25 pesetas por acción. Recordemos que el precio medio para las 5.180.836 acciones de Carburos incluidas en los contratos de 31 de agosto de 1993 concertados por los antiguos administradores era de 6.663,08 pesetas por acción, de suerte que la cantidad finalmente pagada por Air Products a Banesto a través de las opas mencionadas resultó notoriamente inferior a la que hubiera correspondido pagar en virtud de dichos contratos: (6.663,08 – 5.549,25) x 5.180.836 = 5.770.570.562 pesetas menos. A lo que hay que añadir otro elemento significativo para el cálculo del beneficio fraudulento obtenido por Air Products: los intereses correspondientes al aplazamiento del precio de las acciones a pagar según los contratos de 1993 y lo efectivamente pagado en 1995 y 1996, lo que sitúa el beneficio total para la multinacional en una cantidad superior a los 7.000 millones de pesetas.

Es llamativo que un cambio tan radical en los nuevos administradores de Banesto se haya producido inmediatamente después de haberse efectuado las declaraciones de McMaham y Sullam, representantes de Air Products, ante el Juzgado Central de Instrucción nº 3, en las que ambos negaron que Jacques Hachuel hubiera intervenido en las negociaciones, con lo que, más o menos ambiguamente, venían a acusar a los ex administradores del banco de un pago indebido por 1.344 millones de pesetas. Para valorar esas declaraciones hay que fijarse en que Banesto se abstuvo de exigir a la multinacional el cumplimiento de los contratos de 1993 y, en cambio, accedió a venderle sus acciones, a través de las opas mencionadas, a un precio que ha supuesto un considerable beneficio para los americanos en grave detrimento patrimonial del banco.

Las declaraciones testificales de los representantes de Air Products ante la Sala son reveladoras del chanchullo perpetrado para pagar mucho menos dinero a Banesto a cambio de declarar falsamente en el proceso contra los antiguos administradores. En primer lugar, Air Products ha sostenido con reiteración que los contratos de 1993 no eran vinculantes, sino meros acuerdos de intenciones. McMaham, el asesor jurídico de la compañía americana, cuando se le pregunta si se trataba de un memoradum de intenciones o de un acuerdo obligacional, comienza divagando en una larga contestación que consta al folio 8380 de los autos, pero finalmente, ante las preguntas concretas de la defensa, acaba diciendo:

—Que bueno, que considera que sí, que por lo que consta ahí (se le había exhibido el documento), sí era legalmente vinculante, al final.

Más vergonzosa todavía fue la declaración de Ronald Sullam, un oscuro libanés tramposo como él solo y con más conchas que un galápago. Como los contratos de 1993 se habían condicionado a la aprobación de los respectivos consejos de administración, Sullam no dudó en mentir descaradamente al manifestar que lo convenido no pudo llevarse a efecto porque no había sido aprobado por el consejo de Air Products. Inmediatamente después, ante la evidencia de la prueba documental que se le exhibe, reconoce lo contrario. El texto literal de las preguntas de José Rofes, letrado de Arturo Romaní, y el de las contestaciones del embustero medioriental hablan por sí solos, tal como consta en el acta del juicio:

Pregunta: ¿Sabe usted si el consejo de administración de Air Products aprobó o dio luz verde a ese contrato, a ese conjunto documental de agosto de 1993?

Respuesta: No se presentaron. No llegaron a un consejo porque no llegaron a un acuerdo.

(Se le exhiben los folios 13.838 y 13.839)

P.: Es un fax.

R.: Sí

P.: Al parecer remitido por usted al Sr. Albiñana. Y, si no me equivoco, en ese fax se dice que ha sido propuesto al consejo de administración de Air Products y que ha sido aprobado.

R.: Bueno, no se adoptó ninguna decisión por parte del consejo.

P.: ¿Usted reconoce ese fax como remitido por usted?

R.: Yes. Sí

P.: Esto es de fecha septiembre del 93 ¿no?. Es de un mes después del contrato.

R.: Sí

P.: Y usted me acaba de decir que se tenía que ratificar por los consejos de administración. La pregunta es si lo que dice el fax es cierto o no es cierto. Y si es suya la firma.

R.: Que sí…, que sí, que tiene razón. Que parece que el consejo sí que votó al respecto, y que si es eso lo que consta en el fax, pues bueno, que es lo que consta y que, bueno que sí, acepto que me he equivocado…

En la misma línea del contubernio entre la multinacional norteamericana y los nuevos administradores de Banesto, concurre otro hecho igualmente significativo: las negociaciones del «nuevo» Banesto con Air Products corrieron a cargo del consejero delegado de la Corporación, Santiago Zaldumbide, un personaje de mala catadura acostumbrado por sistema a quedarse con el santo y la limosna, arrasándolo todo en provecho propio allí por donde pasa. Pues bien, cuando la multinacional se hizo con la mayoría absoluta de Carburos Metálicos, gracias al acuerdo alcanzado con el banco que suponía la diferencia de 7.000 millones a favor de los americanos, con relación al precio convenido en 1993 por la anterior administración, Zaldumbide, en premio a sus denodados «esfuerzos», fue nombrado por Air Products vicepresidente de Carburos Metálicos con una suculenta retribución, una distinción semejante a la que suelen otorgar en estos casos las más reputadas familias de Chicago o Atlantic City.

Zaldumbide tuvo el rostro de negar incluso su intervención directa en la negociación con los americanos diciendo que «había delegado en sus colaboradores Seisdedos, Albiñana y Pasquín» (folio 6879). Pero Seisdedos, cuando se le pregunta:

—Para la desinversión de Carburos por parte de la Corporación ¿quién llevó a cabo esas negociaciones?

El testigo contesta lisa y llanamente:

—El Sr. Zaldumbide, que era el consejero de la Corporación. (Se refiere a su cargo de consejero delegado) (folio 82059).

Por cierto, H.A. Wagner, el pájaro de cuenta que preside Air Products después de andar metido en incontables chanchullos por medio mundo, ha tenido buen cuidado de no poner los pies en la Sala, sin que tampoco se le haya podido interrogar en su reducto de Allentown, toda vez que Siró García Pérez y sus adláteres, inexplicablemente, no tuvieron a bien acordar que se practicase la prueba pedida por Pérez Escolar para tomarle declaración. (Otra vez la metrópoli del poderoso Imperio y sus dóciles y desguarnecidas provincias). Y sobre todo para recordar al huidizo personaje un episodio lamentable: cuando Wagner recabó de Pérez Escolar su ayuda para comprar en ventajosas condiciones el paquete accionarial de Banesto en Carburos, le ofreció a cambio una importante retribución en metálico y mantenerle en la presidencia de la sociedad. Pérez Escolar rechazó indignado la propuesta dando por terminada la entrevista con «un tipo de semejante pelaje». A don Siró, claro está, no le ha interesado escuchar nada de esto en directo, quizá porque no tuviese importancia a los verdaderos fines del proceso.

La declaración testifical prestada por Alfredo Sáenz Abad ante la Sala evidencia su convencimiento de que Pérez Escolar se hallaba enteramente al margen de la supuesta apropiación indebida relacionada con Carburos Metálicos. El diario El País publicó el 22 de marzo de 1994, como noticia procedente del nuevo equipo gestor de Banesto, que se había pactado con Air Products el pago de 1.344 millones de pesetas a favor del banco como precio de la opción concedida por Air Products, cuyo pacto se atribuía por el periódico a Romaní y a Pérez Escolar. Pues bien, según consta al folio 5223, Sáenz Abad ha reconocido ante la Sala que el mismo día en que se publicó semejante falsedad periodística Pérez Escolar le dirigió una carta reprochándole que él o su equipo gestor no lo hubieran desmentido de inmediato. Sáenz Abad no sólo ha reconocido en su declaración haber recibido dicha carta, sino también que entonces él tomó la iniciativa de llamar por teléfono a Pérez Escolar para darle toda clase de explicaciones y pedirle disculpas, reconociendo que su intervención, mientras perteneció al consejo de Carburos, había contribuido muy positivamente al alto grado de saneamiento y solidez de la empresa, de manera que le presentaba sus disculpas por considerarse obligado a ello. Sobre este punto —las disculpas por la referencia periodística al pago de los 1.344 millones— el testigo no pudo ser más explícito:

—Ciertamente, es verdad. Yo le presenté mis excusas y se las reitero.

Mientras el presidente de Banesto reiteraba en el juicio público sus manifestaciones, dejando a Pérez Escolar enteramente al margen de este asunto, la dirección letrada del banco, en congruencia con su miserable conducta durante todo el proceso, persistía en su acusación calumniosa lanzando durante las sesiones, una y otra vez, toda clase de insidias contra el inculpado.

La declaración de Sáenz Abad incluyó otro punto de interés: cuando se le preguntó si conocía que en Liechtenstein se sigue un proceso promovido por Banesto en reclamación de la citada cantidad, contestó diciendo:

—Yo sé que nosotros estamos demandando a una sociedad que creo que es Mariella.

Al preguntarle si ese procedimiento también se dirigía contra Pérez Escolar, la respuesta es terminante:

—No, no, no tiene nada que ver. Creo que no tiene nada que ver en ese procedimiento.

Y cuando se le recuerda a Sáenz Abad que, «según la documentación aportada a esta causa, consta que Banesto, al formular la demanda, ha asegurado literalmente que Rafael Pérez Escolar se encuentra en prisión preventiva en España», y se le pregunta:

—¿Sabe usted si esa manifestación consta efectivamente en la demanda formulada por Banesto en Licchtenstein?».

El declarante no tuvo más remedio que contestar:

—No lo sé. Me sorprende muchísimo…, me sorprende muchísimo si eso es así, porque eso no es verdad y me deja estupefacto.

El 14 de abril de 1997 el Juzgado Central de Instrucción nº 3 dictó auto de apertura del juicio oral contra Jacques Hachuel, ordenando «requerir al acusado para que en plazo de 24 horas preste fianza por importe de 1.400 millones de pesetas, en que se calcula la cuantía de las responsabilidades pecuniarias». El 18 de abril la defensa de Hachuel presentó escrito al que se acompañaba una certificación emitida por Hans Gasner, según el cual desde mayo de 1990 la cantidad procedente de Air Products se encontraba depositada en una cuenta bancaria controlada por la Fundación Levis, de Licchtenstein, en cuyo escrito Hachuel ofrecía al Juzgado la mencionada cantidad para cubrir la fianza requerida.

Aunque pueda parecer una broma pesada a cualquiera, no ya familiarizado con las cuestiones jurídicas sino con un elemental sentido común, el Juzgado se limitó a dar traslado al fiscal, pero no tomó las medidas necesarias para embargar la fianza que le ofrecía voluntariamente el principal inculpado. En vista de tan inconcebible actitud judicial, Pérez Escolar, antes incluso de que lo hiciera el fiscal del caso, presentó a su vez un escrito el 30 de junio en el que pedía el embargo del saldo total controlado por la Fundación Levis, incluidos los intereses que hubiera producido desde su constitución. Y hacía especial hincapié en que «siendo la cantidad depositada precisamente aquélla a que se refiere la supuesta actividad ilícita que ha merecido la atribución de responsabilidad civil…, es el bien más adecuado para garantizar dichas responsabilidades». Lo cierto es que ni el Juzgado Central nº 3, ni luego la Audiencia Nacional, se han tomado la molestia de embargar un saldo que saben a ciencia cierta dónde está y que quien afirma ser su beneficiario —el propio Jacques Hachuel— había ofrecido libremente para cubrir la fianza exigida.

La historia no termina ahí. Durante el desarrollo del juicio oral, Pérez Escolar ha pedido reiteradamente a la Audiencia Nacional que enviara una comisión rogatoria a Licchtenstein para investigar quién está realmente detrás de la Fundación Levis. La Audiencia no ha tenido el menor interés en averiguarlo. La insistencia del inculpado para que se llegase al fondo del asunto se manifiesta en un primer escrito del 10 de febrero de 1999, recordando que ya se había pedido en 1997 el embargo total de la cuenta de la Fundación en Licchtenstein, incluso antes de que el Ministerio Público formulase una petición semejante. Y finalizaba con la petición de que se procediese a la más completa investigación en Licchtenstein, a fin de acreditar que el peticionario no tenía nada que ver con los fondos y su disponibilidad:

«Que se investigue exhaustivamente a la Fundación Levis para acreditar que Rafael Pérez Escolar no ostenta la titularidad o cualquier derecho relativo a dicha entidad o a los fondos o el patrimonio de que dicha Fundación disponga. Que se certifique por las autoridades bancarias de Licchtenstein que en cualquiera de los bancos establecidos en dicho Principado no existen cuentas, depósitos u operaciones similares a nombre de la Fundación Levis en que Rafael Pérez Escolar tenga reconocidas facultades de disposición o de firma».

Y en previsión de que las autoridades de Licchtenstein esgrimieran algún escrúpulo derivado de los deberes de secreto o reserva propios de las entidades de crédito, Pérez Escolar hacía expresa renuncia «a cualquier deber de secreto bancario o profesional que pudiera impedir o restringir la investigación que se solicita, la cual habrá de hacerse con la mayor libertad y sin excepción o restricción alguna y, en definitiva, en los términos que anteceden o en cualesquiera otros que la Sala considere pertinentes».

¿Qué decidió la Sala ante una petición formulada con tanta claridad por quien estaba acusado de cooperar a la apropiación del dinero depositado en Licchtenstein? Cualquier observador imparcial pensará que, en un juicio de tanta trascendencia como el «caso Banesto», cuya vista se prolongó durante dos años, después de otros tres de instrucción, la Audiencia haría cuanto fuese necesario para llegar al fondo de la cuestión. ¡Pues no fue así! La Sala se despachó con una lacónica providencia en la que rechazaba el envío de la comisión rogatoria «por extemporánea». Pérez Escolar, inasequible al desaliento, volvió a solicitar la comisión rogatoria en los mismos términos el 12 de marzo siguiente. Puesto que la Audiencia había considerado extemporánea su primera petición, no se limitó esta segunda vez a reproducirla sin más. Había salido a la luz un motivo de indudable relevancia: la información de la Interpol según la cual el testigo Hans Gasner no tenía intención de comparecer ante la Sala para prestar declaración. Teniendo en cuenta que se trataba de la persona a la que se había encomendado la gestión de la Fundación Levis, era de evidente interés para el inculpado demostrar que no tenía nada que ver con dicha entidad, no había dispuesto ni podía disponer de sus fondos, y no ostentaba derecho alguno sobre los mismos por cualquier título. ¿Qué decidió la Sala ante esta otra circunstancia sobrevenida? Exactamente lo mismo: rechazar la petición, aunque esta vez intentó justificarse diciendo algo tan absurdo como que el proceso no estaba en fase de investigación sino de prueba. Y era precisamente eso de lo que se trataba, la prueba de unos aspectos tan esenciales para el recto enjuiciamiento de la causa. No sé si vale la pena decir que la misma Sala resolvió favorablemente en otros capítulos del «caso Banesto» accediendo a cursar otras comisiones rogatorias e incluso el montaje de dispositivos de videoconferencia en el extranjero, todo ello en términos manifiestamente contradictorios con lo resuelto (lo no resuelto, más bien) en la llamada «operación Carburos».

Y para remate, lo más sangriento: cuando finalmente la Audiencia Nacional dictó el fallo, sentó esta solemne incongruencia: «No ha lugar al comiso de los fondos de la cuenta que titula la Fundación Levis (Licchtenstein), al no haber quedado acreditado en el juicio que los titulares de esa Fundación sean los acusados». Lo que no dice para nada la sentencia es que si la Sala no ha llegado a saber quién está detrás de la Fundación es precisamente por su inexplicable desinterés —prevaricador, a nuestro juicio— para practicar la prueba reiteradamente pedida por Pérez Escolar, y a pesar también de las insistentes manifestaciones del acusado Jacques Hachuel de que él ha sido el beneficiario único y exclusivo de los fondos depositados en el Pincipado. Por lo que se ha producido algo tan incomprensible como que Hachuel, habiéndose llevado todo el dinero, según ha confesado reiteradamente, haya resultado absuelto por la Sala, mientras que ésta condena a Pérez Escolar, que sólo había intervenido como abogado y de manera accidental, no se ha apropiado de una peseta y ha hecho constantes esfuerzos para que se trabara embargo sobre el saldo total de la cuenta existente en Liechtestein. Otra vez la doble vara de medir y en qué medida. ¡Ay don Siró, don Siró! Un juez que ha fundado su prestigio en sus constantes intemperancias y en sus ridículos aires de superioridad durante las actuaciones judiciales en que interviene. ¿Alguien puede citar algún luminoso trabajo suyo sobre cualquier cuestión jurídica relevante? ¿O atribuirle cualquier sentencia que haya dejado verdadera huella en la jurisprudencia? Sólo sus malas maneras, incomprensiblemente toleradas por los abogados a los que zahiere de continuo, han cimentado la injusta fama de que disfruta. Así nos lo dicen múltiples profesionales del derecho, y así también lo hemos podido apreciar personalmente mediante la retransmisión televisiva de las sesiones del «caso Banesto».

EL SILENCIO DE LOS CORDEROS

«Los facinerosos tienen siempre a las gentes honradas por perversas»

(MENANDRO)

Después del «caso Argentia Trust», el Poder estaba obligado a montar en la Audiencia Nacional, con las solemnes formas de la representación teatral de mayor realce, un largo y resonante proceso llamado a legitimar definitivamente la inversión de los astronómicos fondos públicos destinados a un saneamiento innecesario, el cambio fraudulento en la titularidad de las acciones del banco y el enriquecimiento exorbitante de unos cuantos desalmados. Y de paso, a acabar definitivamente con el apaleado Mario Conde y un puñado de sus antiguos colaboradores. Desde el 1 de diciembre de 1997, fecha en que se inició el juicio oral, todo estaba previsto para que Emilio Botín se saliera con la suya cuando se pronunciasen las palabras sacramentales «visto para sentencia». Así, con tan lacónico mensaje, el presidente del Tribunal, Siró García Pérez, puso punto final a unas actuaciones procesales a la vez tensas y disparatadas, tediosas y apasionantes, festivas y dramáticas, y todo lo que ustedes quieran añadir, que todo se lo merece la función, porque así es la vida y así pudimos verlo, sesión tras sesión, mediante la zigzagueante retransmisión televisiva a cargo de Vía Digital, algo muy distinto y distante de lo que nos decían los periódicos. Dos años y dos días es el tiempo más dilatado de la historia judicial española; sólo Arte, la excelente comedia dirigida y representada por Flotats, ha estado tanto tiempo en cartel, por cierto en un teatro, el Recoletos, a tiro de piedra de este otro de la Audiencia Nacional. La última sesión del juicio tuvo lugar el 3 de diciembre de 1999. Habían desfilado por la Sala un total de 470 testigos: entre los personajes que acudieron a declarar los había de alto copete, como el gobernador del Banco de España, Luis Angel Rojo, y el subgobernador, Miguel Martín, que compitieron a porfía para demostrar públicamente cuál de los dos era el más embustero; presidentes de banco, Emilio Botín, Emilio Ybarra y Francisco González, tampoco partidarios en exceso de decir verdad a pesar del juramento prestado; picaros redomados como Alfredo Sáenz Abad, Antonio Navalón, Ronald Sullam, Juan Fernández-Armesto, Santiago Zaldumbide, Juan Román Quiñones o Juan Carlos Monje, que han dejado pequeñas a las familias más reputadas de allende el Atlántico, por poner un ejemplo; e incluso para darle más alcurnia al proceso, el ex presidente Adolfo Suárez, al que, después de su opaca y dubitativa declaración, todos señalaban con el dedo por el asunto de los 300 millones. Resulta tan curiosa como incomprensible la actitud del Tribunal al entrar en la Sala el ex presidente ucedeo: los tres magistrados se pusieron en pie como movidos por un resorte, lo que demuestra que unos españoles son más iguales ante la ley que otros. Sin embargo, cuando el de Avila, tras su ambigua deposición testifical, abandonó el recinto, el trío judicial permaneció sentado. Todo ese ejército de reputados testigos, unos y otros, remaron en la misma dirección con ímpetu denodado: la verdad oficial, no exenta de clamorosas contradicciones, se fue repitiendo machaconamente por todos ellos hasta dejar convencido al más pintado, sobre todo al Tribunal, de que las vacas vuelan, una lección de aerodinámica especialmente dictada para escarmiento de los antiguos administradores de Banesto, todos sentados en el banquillo con la debida compostura, a la fuerza ahorcan. Mediante las reglas de la hermenéutica inductiva, todo, cualquier cosa por disparatada que pareciese, se les ha permitido a las acusaciones para acreditar el despegue y el aterrizaje de los bóvidos en la severa pista judicial, desde el plan de vuelo hasta las condiciones atmosféricas, mientras que lo sustancial, el fondo de la cuestión, es decir, la ley de la gravedad y el sentido común, quedaba sepultado en los 85.000 folios del sumario. Sin embargo, el talón de Aquiles de quienes impulsaron la intervención del banco ha consistido en demostrar que no eran ciertas las estimaciones sobre los supuestos quebrantos, minusvalías y pérdidas correspondientes a los saneamientos de Banesto, y el resultado final de los créditos supuestamente «dañados». Los nuevos administradores del banco, la caterva de bribones que depusieron falsamente ante la Sala, se enfrentaban a un curioso dilema: en su condición de gestores, estaban obligados a «maximizar» (como se dice ahora tan ricamente en la jerga financiera y política) la recuperación de los activos «dañados», pero se abría a sus pies una trampa saducea consistente en que a mayor recuperación, menor justificación de las medidas de saneamiento, en cuya determinación fraudulenta ellos habían intervenido directamente para fundamentar la sustitución de los antiguos administradores. Esta contradicción básica, insalvable para cualquier mortal, se ha sorteado con galanura por los elegidos del Poder al gozar del precioso privilegio de la verdad única y su obligada consecuencia, la impunidad por falso testimonio a lo largo del proceso, ante la inconcebible pasividad del ministerio público y del Tribunal sentenciador.

De ser correctas las estimaciones urdidas por el Banco de España y los nuevos administradores, no había mayor inconveniente en demostrar la transparencia de su gestión. Mas si tales estimaciones resultaban excesivas o indebidas, o falsas, la opacidad de la gestión sobrevenida iba a dificultar o impedir a buen seguro que aflorase en la causa la realidad patrimonial del banco. Es esto lo que decidieron los depredadores, empeñados en mentir durante todo el proceso y obstaculizar al máximo la prueba sobre lo sucedido en cuanto a los créditos «dañados». Era necesario, por tanto, disponer de una inmensa tapadera que ocultara el diagnóstico del inexistente «agujero», y para ello SCI Gestión, la fantasmal empresa no consolidable, cumplió su papel a las mil maravillas. Mas estos manejos siempre dejan rastro si se sabe buscarlo, porque ahí es donde radica una de las claves principales del engaño. La sobrevaloración del «agujero» puede calcularse, en opinión de los peritos que han intervenido en el proceso, en 559.832 millones, una apreciación que a ningún acusador (entre ellos Banesto y el FGD, es decir, el Banco de España) le ha interesado concretar. Por tanto, los 605.000 millones de un «agujero» tan famoso quedan para exhibir sin pruebas en la galería de las inconcebibles falsedades cometidas en este caso bajo un elocuente letrero: «El margen de error en el diagnóstico que motivó la intervención de Banesto es infinito». Sin que nadie, como es lógico, sea capaz de apear del burro a los detentadores de la verdad oficial. La autoridad monetaria, que diagnosticó los males de Banesto, ha actuado en el procedimiento como juez y parte, y para acreditar tan comprometida afirmación nada mejor que remitirnos a las propias manifestaciones del subgobernador Miguel Martín, a preguntas del letrado Jesús Castrillo, según consta en el acta del juicio oral. Una declaración jactanciosa en el mejor estilo de que las vacas cuando vuelan, es que vuelan de verdad.

Letrado de la defensa: «¿No es cierto que la decisión de intervenir se tomó de manera súbita, en base a una decisión política, una decisión que viniese exigida por las necesidades económicas, y lo que realizó realmente la inspección del Banco de España fue una reevaluación de esas necesidades de saneamiento, aplicando criterios mucho más estrictos y, de esa manera, situando al banco en pérdidas a través de una serie de provisiones que tenían carácter provisional y reversible y, que por tanto, no eran pérdidas ni han sido pérdidas reales con la posterioridad?».

Respuesta del subgobernador: «Mire usted, señor letrado, lo único que puedo decir es que está claro que usted no es un experto contable, y no le culpo por ello, no. El Código de Comercio, que usted seguro que lo ha leído, es el que dice “hay que reflejar estas pérdidas, aunque sean de las dos clases que existen”, una las irreversibles y otras las potenciales y reversibles. Por supuesto que hay pérdidas reversibles, pero el Código de Comercio exige que tanto unas como otras, aparezcan correctamente reflejadas por el valor que tengan en el momento que se hace el balance. Y a 31 de diciembre de 1993 se reflejaron las pérdidas, las reversibles como las no reversibles. Y, si usted quiere, le explico la técnica contable». (No hay quien les baje de la cabalgadura: las estimaciones son pérdidas y como pérdidas se quedan al reflejarse con tal carácter en las cuentas del banco).

Letrado de la defensa: «La pregunta es si es cierto que el Banco Santander pagó (por las acciones de Banesto) valorando el Banco en 466.000 millones de pesetas, después de acontecimientos como la pérdida de un billón de pesetas en depósitos, la calificación que había hecho el Banco de España de que estaba en quiebra técnica, los repetidos anuncios del Sr. Sáenz de que sólo valía la acción 400 pesetas y el informe, supuestamente independiente, de Price Waterhouse, que había valorado la acción a 0 pesetas, puesto que el valor era negativo, la situación patrimonial de Banesto era negativa y luego, unos días después, ya valían 400 pesetas».

Respuesta del subgobernador: «Mire usted, es que todo lo que usted dice es perfectamente compatible, usted hace una sopa de letras y sin mucho sentido, y parece que hay alguna contradicción, pero todo es perfectamente compatible. Es perfectamente compatible que el banco estuviera en quiebra técnica el 28 de diciembre, es perfectamente compatible que la acción valga 400 pesetas después del saneamiento, es perfectamente compatible que el Sr. Botín haga después una oferta de 700 pesetas la acción, pensando efectivamente, en que en su gestión es capaz de sacarle rentabilidad a esa inversión. Es lo normal, cuando se produce una opa o cuando se produce una operación de compra, es lo normal».

Para Miguel Martín todo lo contradictorio es compatible, cualquier cosa se sostiene ante la opinión pública sin necesidad de mayor esfuerzo probatorio, aunque se vea obligado para ello a transitar por la cuerda floja. (No en balde, en las horas difíciles del 23-F, Miguel Martín, entonces subsecretario de Hacienda, acreditó cumplidamente su teoría de la compatibilidad). El tremendo «agujero», cuya existencia se les imputaba a los ex administradores, a la hora de su concreción y después de haber removido Roma con Santiago en busca de operaciones que pudieran acreditar que se había echado mano a la caja, acabó circunscribiéndose a ocho asuntos que sumados todos ellos, y sin admitir prueba en contrario, no llegaban a los 10.000 millones de pesetas. Los 605.000 millones, por tanto, quedaban así para la galería de las apariencias sin justificar. Mas esas ocho operaciones que se imputaban a los antiguos consejeros de Banesto sirvieron al ministerio fiscal, a las demás acusaciones y a sus acólitos como cobertura para satanizar a los acusados y santificar a los depredadores. Del inmenso «agujero», ni media palabra a la hora de probarlo ante el Tribunal, ni tampoco de quienes se habían enriquecido de manera descomunal con el invento. ¿Acaso era posible probar que Juan Miguel Villar Mir, su familia y todas las sociedades de su grupo no podían pagar a Banesto, dentro de plazo, un crédito de 400 millones de pesetas? Uno de los créditos «dañados» que, como sabemos, se redujo a una peseta por los nuevos administradores para agrandar el «agujero» mediante las más burdas falsedades.

Esto es todo lo que ha dado de sí la depravada actuación de los gestores destituidos. Los que verdaderamente habían asaltado el banco quedaban en la otra orilla, señalando con el dedo a los chivos expiatorios imputados por «artificios contables», acusándoles de llevar a cabo torpes operaciones de la ingeniería financiera más reprobable, contabilizando de manera ficticia o irregular gastos, créditos dudosos, provisiones insuficientes y beneficios inflados a través de los más recusables mecanismos. A estas alturas de la narración cada cual podrá extraer la conclusión de quienes fueron los verdaderos artífices de tanto artificio, la triste realidad de todo lo que no se ha dicho y aquí se explica.

Cuando finalmente se dio a conocer la sentencia el 31 de marzo, casi cuatro meses después de finalizar el juicio oral, una derrota inesperada se cernía sobre los principales acusadores. Lo de menos era que siete de los once procesados resultaron absueltos y que para los cuatro restantes las peticiones de pena carcelaria quedaran a años luz de las que acabó fijando el Tribunal. Nada más conocerse la sentencia (las 14.horas del viernes día 31) los medios de comunicación aprestaron sus más afiladas plumas para reproducir, al unísono y con grandes titulares, el mensaje que oficialmente tocaba publicar en tan solemne momento: «Diez años de prisión para Conde por estafa y apropiación indebida». Sobre la inexistencia del famoso «agujero» de 605.000 millones, nada de nada, ni el menor rastro en torno a tan formidable asunto. Al insondable «agujero», que había provocado la intervención de Banesto y la destitución de los administradores, se lo había tragado la tierra; y desde entonces, lo que todavía es más significativo, nunca ha vuelto a salir a la luz. Luego se daban detalles y más detalles sobre las operaciones concretas por las que algunos acusados habían sido condenados, destacando el perjuicio que habían ocasionado al banco. En algunos medios los informadores no podían por menos de tirarse de los pelos, incapaces de contener su irritación, al hacer la cuenta de lo que el Tribunal había determinado como cuantía de los perjuicios, 7.149 millones de pesetas en junto, en lugar de 605.000 millones, por lo que clamaban al cielo exigiendo la devolución inmediata de los siete mil millones a través de la ejecución de todas las propiedades de los condenados. Venían también a cuento las declaraciones de gente principal que, por riguroso turno, se rasgaba las vestiduras por lo reducido de las penas y demandaban el ingreso en prisión incondicional de los condenados. Y desde las páginas editoriales de casi todos los periódicos se hablaba del respeto a la ley, de preservar el Estado de Derecho, de ejemplarizar la vida social… Que se lo digan a Polanco con la colocación en bolsa de Sogecable, ese gran petardo con pérdidas constantes ejercicio tras ejercicio y un fabuloso endeudamiento no contabilizado en forma. Pero de lo sustancial, del «agujero» de 605.000 millones, motivo esencial sobre el que versaba el juicio, ni el menor comentario. Es más, si algo se dijo al respecto en el colmo del cinismo era para advertir a los lectores que el Tribunal, al juzgar los delitos que se habían debatido en la causa, no pretendía «formular un juicio sobre la gestión de los administradores del banco».

Resultaba penoso que la verdadera situación de un banco que, según se había difundido entre atambores y al toque de claros clarines, padecía tan terrible «agujero», por cuyo motivo había sido intervenido y sus administradores puestos en la calle a empellones y patadas en el trasero, pasara desapercibida en absoluto, y quedara no ya en segundo término, sino en ninguno. La Sala negaba la existencia del fraude contable. Es más, el hecho de que para el saneamiento de Banesto hubiesen hecho falta cientos de miles de millones en fondos públicos en beneficio exclusivo del Banco Santander, sin pagar un céntimo a la Hacienda Pública, todo ello en detrimento de una multitud de pequeños accionistas y de todos los españoles en general, resultaba menos que secundario para los medios de comunicación, enredados todos sin excepción en la verdad oficial al servicio del Poder. El silencio informativo provenía de la sorpresa que les había causado el que no se pronunciase el Tribunal en términos condenatorios sobre la intervención del banco y sus consecuencias. Bien es verdad que la Audiencia se había abstenido de pronunciarse sobre «si la sustitución de los administradores por decisión del Banco de España estuvo o no fundada, a pesar de que así lo han pretendido algunas partes de este juicio». Lo que requería un pronunciamiento esencial: la existencia o inexistencia del «agujero», cuya falsedad había servido de base para la intervención de Banesto y la subsiguiente acusación a los consejeros de un sinfín de artificios y falsedades contables, todo lo cual fue rechazado de plano por la Sala.

Nadie, absolutamente ningún salvabancos mediático, se dignó prestar atención a la pregunta que se desprendía inexcusablemente del aserto: dónde podía estar la causa de la verdadera estafa por 605.000 millones, la madre de todas las estafas, si en los ex administradores, a los que se dejaba por entero al margen de cualquier manipulación fraudulenta, o en los impulsores del asalto a Banesto, que se embolsaron de una sola tacada 285.000 millones mediante la subvención con fondos públicos y 315.000 millones de los fondos propios del banco, de ahí los 600.000 millones que dieron como pérdidas irreversibles simulando un «agujero» que nunca había existido. Mas 41.000 millones en intereses del crédito «blando», a lo que hay que sumar el «ahorro» de 50.000 millones largos por los impuestos devengados y no pagados a cuenta de la subvención recibida, cuyo beneficio fiscal todavía no sabemos qué autoridad o funcionario prevaricador ha dispensado con manifiesta infracción de la ley. Y a lo que hay que sumar también la formidable realidad patrimonial de Banesto, constituida por la red bancaria más completa y eficiente de España. En cuanto a los artificios contables, sostenido por la acusación para acreditar que los ex administradores ocultaron con ello un inexistente desfase patrimonial, el Tribunal no pudo ser más explícito: «No se ha demostrado que los acusados ocultasen circunstancias o hechos relevantes a aquellos servicios internos o externos con la intención de desfigurar la real situación de la entidad». Dicho en el lenguaje de la calle, la sentencia ha reconocido de plano que la situación patrimonial de Banesto era la que reflejaban sus libros, no la inventada falsamente por el contubernio Banco de España, nuevos administradores al servicio del Banco Santander, auditores, CNMV y medios de comunicación sumisos con el poder.

Por si ello fuera poco, el Tribunal apreció también que el Banco de España conocía de pe a pa la verdadera situación de Banesto, por lo que si en pocos meses se pasó de autorizar la macroampliación de capital a la insolvencia, ello «responde en buena parte a un cambio de criterio del Banco de España, y por lo que respecto a estos déficits no puede apreciarse falsedad imputable a los acusados». El que quiera entenderlo con elemental decencia informativa tiene suficiente con esta declaración del Tribunal. El abismal «agujero» que se había vendido de cara a la galería por los próceres del Poder, valiéndose con insuperable eficacia de los medios a su servicio, era tan sólo una cortina de humo sin el menor fundamento. Dicho de otra manera, no faltaba un duro en la caja del banco ni se encubría con artificios contables ningún descuadre patrimonial: fue simple y llanamente un cambio de criterio «fundamentalista» que los inspectores del Banco de España fijaron sin el menor argumento patrimonial siguiendo instrucciones de sus superiores, dóciles a su vez a los designios de los que realmente mandan en España.

Mientras los cuentacuentos del poder mediático exigían el inmediato ingreso en prisión de los condenados y el pago de los siete mil millones en cumplimiento provisional de la sentencia, olvidaban al unísono y sin fisuras exigir responsabilidades a quienes tan alegremente habían urdido el inexistente «agujero» de Banesto para santificar su fraudulenta intervención. Se daba la paradoja de que a Mario Conde, como presidente del banco, y a todos sus consejeros se les había sustituido con arreglo a un diagnóstico que resultaba falso de todo punto a la vista de la abundantísima prueba practicada a lo largo del proceso. La sentencia lo dice mediante conceptos atenuados, en el afán, habitual en Siró García Pérez, de nadar y guardar la ropa en estos casos, pero lo dice al fin:

«Con ocasión de la sustitución del Consejo de Administración del Banco, acordada por el Consejo Ejecutivo del Banco de España, se establecieron unas necesidades de saneamiento de 503.415 millones de pesetas, suma elevada posteriormente tras una nueva valoración de la auditora Price Waterhouse hasta 605.000 millones de pesetas. La discordancia entre esa situación apreciada y la que resultaba de las cuentas de la sociedad no puede ser imputada a una actuación dolosa de los acusados, que no ha sido probada de manera suficiente en el juicio».

Sin embargo, ésta no era la versión que los medios estaban dispuestos a proporcionar a sus lectores. El Periódico de Cataluña, en su editorial del 1 de abril, decía: «El Banco de España decidió intervenir en diciembre de 1993 para evitar que las malas prácticas contaminaran al conjunto de la banca. Hoy queda patente que aquella decisión estaba justificada». Esto es lo que vino a motivar la intervención —según el prestigioso rotativo—, un virus letal, eficazmente combatido a tiempo gracias al cielo, que estuvo a punto de infectar las plantas nobles en que hacen y deshacen a su antojo los patricios de la banca. Una vez más, quien empleaba una carga nuclear en su obligada andanada era El País: «Ya no es una opinión más o menos fundada, sino una conclusión que se desprende de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Banesto. Es decir, sobre la relación entre el agujero descubierto en esa entidad tras su intervención y el enriquecimiento de algunos de sus gestores». Pues nada, aunque la sentencia diga que no existió el «agujero» y que la insolvencia asignada respondía sustancialmente a un cambio de criterio valorativo arbitrado por el Banco de España, que lo conocía todo en Banesto, sigue siendo indiscutible la relación directa entre el astronómico «agujero» y el bolsillo de los antiguos gestores. Sólo Jesús Cacho viene a referirse con objetividad a este aspecto esencial cuando comenta el cese de Luis Angel Rojo como gobernador, lo que hace en El Mundo del 2 de julio: «Rojo, el perfecto jefe de servicio de estudios, cuya obra teórica se resume en un par de manuales universitarios, y que, como gobernador, jamás tomó una decisión arriesgada que no viniera dictada por el poder político, generalmente felipista, se va en olor de minorías. Ninguna de las glosas de estos días hablará del hombre que, calle de Alcalá arriba, subía hasta la casa de Mariano Rubio con el dossier Ibercorp bajo el brazo; ni del que intervino Banesto por control remoto, inflando el agujero hasta los 605.000 millones; ni del profesor de las cuatro devaluaciones de la peseta que, con su política monetaria, fue corresponsable, junto a Carlos Solchaga, de la tremenda crisis —segunda mitad del 92 y todo el 93— que llevó a más de un millón de españoles a las listas de paro».

Las falacias mediáticas son gravemente contagiosas, y llegan a las redacciones en forma de mensaje que otras instancias de mayor rango se han cuidado de transmitir previamente, por lo general con voz queda y sosegada. El conducto por donde circulan tales avisos cuenta con un centro común de decisión: el poder económico, que desde sus reductos blindados emite el aviso que han de transformar en la verdad única quienes propenden a dar satisfacción cumplida al Poder. La Vanguardia pontificaba: «Desde el punto de vista sociológico y empresarial, el veredicto reviste una claridad abrumadora», una claridad que nos deslumbraba en estos términos: «Conde y algunos de sus colaboradores se sirvieron del Banco Español de Crédito en beneficio propio, de manera que la quiebra técnica en la que la entidad se encontraba el 28 de diciembre de 1993 —cuando fue intervenida por el Banco de España— no fue únicamente debida a una mala gestión, sino a una gestión delictiva». Más claro, agua.

Lo que aquí reproducimos son párrafos extraídos de los editoriales del día siguiente a la publicación de la sentencia, una sentencia que ocupa 292 folios, por lo que las redacciones periodísticas, para estudiar el fallo e informar, comentar y opinar sobre el complejísimo asunto sólo disponían de tres o cuatro horas para el examen, el análisis y la composición de los kilométricos reportajes, que en todos los medios pudieron llegar, con ejemplar diligencia, incluso a la primera edición. ¡Que aprendan los juristas lo que es rapidez hermenéutica, ellos tan pesados siempre en sus glosas a las resoluciones judiciales! No se trata de manifestaciones formuladas con más o menos precipitación por algún redactor a título personal, sino de la opinión «oficial» de los propios medios. Siendo así, ¿cabe en cabeza humana que alguien pueda decir con fundamento que la quiebra técnica del banco fue el producto de la acción delictiva de sus gestores? Está claro que se trata de soslayar deliberadamente las responsabilidades del Banco de España y de todos aquellos que se han lucrado de manera vergonzosa con la intervención en magnitudes astronómicas. Los impulsores del asalto a Banesto sabían desde el primer momento que el «agujero» arbitrado con manifiesta mala fe era inexistente, y no por razones técnicas —que las expusieron todas, a cual más falsa—, sino por algo más sublime: la decisión política de acabar con Mario Conde y la decisión económica de apoderarse de Banesto. Todo esto, jaleado hasta la náusea durante tanto tiempo, impedía a los cuentacuentos rectificar una sola coma de lo que habían escrito al haberse pronunciado ferozmente sobre la existencia del inmenso «agujero». Porque ¿dónde quedaría su credibilidad, después de seis años machacando con tanta insistencia en el sentido unidireccional de que, efectivamente, se habían sacado 605.000 millones de las cuentas de Banesto? Ahora nadie, desde el poder mediático, quiere acordarse de que el motivo aducido en su día para justificar la intervención fue que una inmensa plaga de morosos —entre ellos Villar Mir, sus empresas y su familia— se cernió súbitamente sobre el banco de manera repentina, como una negra nube, decididos todos a no pagar un céntimo de los créditos, un cuento de economía-ficción que seis años después resulta imposible seguir contándolo, por lo que es mejor no meneallo.

La verdad es que las más preeminentes personalidades del régimen no han tenido empacho en decir lo mismo que los medios de comunicación el mismo día que se publica la sentencia. Así, y a pesar de sus abrumadoras ocupaciones —es lo que parece—, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía no dudó en afirmar que la sentencia «es satisfactoria» porque da la razón a los parlamentarios españoles cuando ratificaron la intervención de Banesto y condenaron a sus consejeros en la resolución aprobada por el Pleno. No sabemos si Rodrigo Rato habrá dispuesto del suficiente reposo para echarse al coleto las trescientas páginas de la sentencia el mismo día de su publicación, un día en el que, además, se celebraba consejo de ministros. Más bien creemos que ha ejercido una vez más sus excelentes dotes adivinatorias para captar, sin leerlo, lo que decía el fallo, haciéndolo con la misma certeza que cuando nos ha dicho a los españoles que la inflación sólo iba a llegar este año al 2%, y miren ustedes por donde, se le ha puesto al hombre prácticamente en más del doble de sus rotundas previsiones. Aunque don Rodrigo suele arreglarlo todo brindando con el mejor champán, o si se tercia, depurando su ajetreado organismo con las límpidas y saludables aguas de un riquísimo manantial asturiano, en los aledaños de los Picos de Europa, a propósito del cual los actuales administradores de Banesto van diciendo por ahí, ellos conocerán el motivo para decirlo, que una botella de ese agua mineral tan acreditada resulta mucho más cara que un Dom Perignon o un Raederer Cristal de la mejor añada.

Con la sentencia en la mano, El País y los medios que controla el grupo Prisa no podían contener su irritación por lo que consideraban una condena sumamente leve contra Conde y algunos de los ex consejeros del banco, El Mundo, ABC y La Razón reaccionaron con mayor prudencia. «Mario Conde, culpable de mucho… pero no de todo», era el titular de El Mundo, según el cual: «La Audiencia Nacional lo ha juzgado así: no como la caricatura de ave de rapiña que algunos han dibujado; sí como un banquero que incurrió en prácticas radicalmente inaceptables. Y condenables con diez años y dos meses de cárcel». Este diario, al menos, matizaba algo las cosas, lo que ya era algo en medio de la vorágine demonizadora, e incluso apuntaba en cuanto al fallo que «es de doble importancia, si se considera que ningún financiero ha sido tan meticulosamente investigado en España como lo ha sido Conde en estos años». A buen seguro que si la conducta de muchos patricios de la banca se hubiera exhibido públicamente, tal como resulta de las pruebas concluyentes que hemos aportado en este libro, no se habrían ido de rositas en el correspondiente proceso penal, a pesar de la inmensa influencia que los susodichos suelen ejercer en tales casos con las peores artes. Como dice el anuncio, «la prueba del algodón no engaña»: con que sólo se hubiera rascado el barniz más superficial a los principales corsarios con patente de marca y a sus poderosos mentores, a buen seguro que no hubieran resistido la prueba del algodón más suave y delicado.

En este orden de traspiés periodísticos, uno de los más sangrantes es el referente a Eugenio Martínez Jiménez, un empresario de reconocido prestigio al que desde el comienzo mismo del proceso y en toda ocasión, siempre sin venir a cuento, se le venía señalando como «el testaferro», «el fiduciario» o «el representante» de Mario Conde en supuestas trapacerías mercantiles. Admirablemente defendido por el letrado Juan García Alarcón, se ha puesto de manifiesto, a través de una abundantísima prueba, que no existía la menor relación entre el empresario y el ex banquero. Y ello a pesar de los esfuerzos denodados de toda la prensa, especialmente El País, que de la mano pampera de Ernesto Ekaizer ha venido insistiendo una y mil veces en la relación de fiducia o representación encubierta entre ambos, una falacia que ha quedado totalmente pulverizada en el proceso. Es uno de los casos más característicos de la mala fe empleada para tergiversar en los medios de comunicación el tratamiento del «caso Banesto». Y no solamente en los medios: ahí queda para la galería de falsedades las palabras ominosas de Juan Carlos Rodríguez Cantarero ante la Comisión parlamentaria mintiendo con el mayor descaro sobre las relaciones de Conde y Martínez Jiménez.

Para Mario Conde el mes de marzo de 2000 no resultó propicio al recibir de frente los idus más sombríos y destemplados, mientras confesaba sus quebraderos de cabeza ante el muro de las lamentaciones. Pudo entonces repetir las palabras del clásico: «Tengo al mundo sólo en lo que es el mundo, un escenario en que cada hombre debe desempeñar su papel, y el mío es triste». Sus enemigos (el hombre, una buena persona en el fondo, los sigue llamando «adversarios», un acabado ejemplo de moderación y tolerancia) se habían salido con la suya: condenarlo, ponerle la etiqueta de estafador y pregonar a los cuatro vientos que se había hecho justicia en el «caso Banesto», y todo tras haber perdido irremisiblemente las elecciones generales. Inmediatamente después de conocerse la sentencia, dijo algo que tenía que haber dicho mucho antes: «Aquellos que nos han ofendido durante tantos años supongo que a estas alturas del curso se limitarán a una breve sonrisa. No han conseguido tanta privación de libertad como la que pretendieron, pero al menos las cuotas de sufrimiento personal y de daño patrimonial que nos han infligido —y nos seguirán infligiendo— seguramente les permitirán retozar pletóricos en su inmensa miseria humana. Pido a Dios que cumpla su infinita justicia con estas almas».

A pesar de la tristeza del momento por el estropicio causado en tantos órdenes, no sabemos si Conde es consciente de que aún está a mitad de camino en su particular vía crucis y le quedan otras estaciones por recorrer. Todo lo que el ex banquero había intentado a lo largo de estos años, para no consumirse definitivamente en la hoguera de las vanidades, se fue al garete en mayor o menor medida por falta de verdadera decisión por su parte. Unos días antes de serle notificada la sentencia condenatoria, la noche electoral, el 12 de aquel mismo mes, Mario Conde, fallido candidato por el Centro Democrático y Social, el CDS escasamente renovado, no tuvo más remedio que pronunciarse así: «Esta operación no ha salido bien; no podemos perder ni un minuto más de energía en eso. Vámonos a otra cosa». El matiz que faltaba en su sincera explicación era que el empeño político, en vez de una operación racional y de recibo, había sido una aventura disparatada. Es lo cierto que Conde no se quedó con las manos cruzadas para recomponer su penosa situación a raíz de la intervención de Banesto. Había suspirado por un pacto extrajudicial, había contraatacado duramente mediante una ofensiva en toda regla contra un Gobierno que lo machacó de mala manera, había removido Roma con Santiago para buscar remedio a sus males, e incluso había decidido presentarse a las elecciones legislativas del 12 de marzo como candidato a la presidencia del Gobierno por el partido que un día constituyera Adolfo Suárez, su viejo amigo y beneficiario, el eximio jurista que tardó una eternidad en acabar la carrera de Derecho peregrinando por las Universidades que creía más propicias para conseguir el aprobado, las mismas que, después de suspenderle una y otra vez durante tantos años, ahora le hacen doctor honoris causa. La costalada electoral del ex banquero ha sido consecuente al endeble basamento en que se sustentaba la operación entera: tan sólo 3.500 votos en Madrid, con el propio Conde como cabeza de lista, y 24.098 en toda España, la mitad de los obtenidos por el CDS en la cita electoral de 1996, una regresión que ha permitido a sus enemigos cebarse una vez más con la persona a la que había abandonado su estrella. Aquel alumno deslumbrante de la Universidad de Deusto, el número uno de su promoción de abogado del Estado, el joven presidente del banco más prestigioso de España, veía cómo bajaba el telón ante su figura de triunfador caído en desgracia. Ni los espontáneos más osados que se tiran a la arena en la plaza de toros del último villorrio asumen más riesgos que Mario Conde al arrojarse al durísimo ruedo político de Celtiberia sin disponer de los medios necesarios y, especialmente, de la oportunidad debida. Digamos también, en este repertorio de increíbles errores, que para tan titánica labor, consistente en transmitir al pueblo sus propias ideas, además de dar a conocer el atropello cometido por el Banco de España al despojarle de la presidencia de Banesto, Conde se había reciclado en editor de una publicación mensual a la que puso por nombre el acrónimo MC. Con Javier Bleda como director, la revista salió a la calle cuatro meses antes de finalizar el juicio por el «caso Banesto», otro ejemplo de inoportunidad que le siguen reprochando sin reservas los demás inculpados, a excepción de Enrique Lasarte. Para el 12 de marzo de 2000, día de las elecciones, llevaba siete números editados. En el momento de su lanzamiento había levantado una explicable expectación, la gente quería conocer lo que el ex banquero iba a decir a su aire y sin condicionamientos editoriales ajenos, pero lo cierto es que el armamento desvelado a través de la revista resultó de muy escaso calibre y de exigua credibilidad. Los contenidos de MC no se emplearon en una severa y razonada crítica, como era necesario de todo punto, contra quienes habían propiciado el expolio de Banesto; de nuevo, Conde se refugiaba en lugares comunes y en sus buenas maneras para dar una lección magistral de lo que no hay que hacer en estos casos.

Como había sucedido en los días siguientes a la intervención del banco, aquel 11 de enero de 1994, cuando Mario Conde dio una multitudinaria rueda de prensa en el Hotel Eurobuilding, quedándose alicorto en su exposición sobre las verdaderas causas del atropello, seis años después, y según lo que se ha visto, el horno tampoco estaba para bollos; así ha venido a decirlo, a través de sus actos propios, el editor de la fugaz revista. Esto era, al menos para nosotros, atentos observadores del espectáculo, lo que se desprendía de su transitoria publicación. Y, sobre todo, lo que se desprende de las escasas y frágiles manifestaciones que ha formulado el interesado al conocer la sentencia de la Sala que le condena por estafa y apropiación indebida. Que los medios de comunicación, cerrándose a la verdad a cal y canto, obviaran el principal pronunciamiento del fallo, según el cual no había existido el «agujero» de 605.000 millones, es algo consustancial al resultado mismo del juicio según las prácticas periodísticas al uso, pero que el ex presidente del banco intervenido no se haya pronunciado de manera explícita sobre un asunto de tamaña importancia, el asunto por antonomasia, permite pensar que el hombre es particularmente insensible a las altas dosis de jarabe de palo que sus «adversarios» le vienen propinando a lo largo de todos estos años. Sin llegar al síndrome de Estocolmo, nos parece que Conde se mueve cautelosamente por la orilla de unas aguas cenagosas, cuyo fondo desconocemos, conforme al sempiterno y equívoco consejo de las más altas instancias: «Tranquilo, Mario, tú tranquilo, que las cosas acaban arreglándose». ¿Se lo habrá dicho así Fernando Almansa, jefe de la Casa del Rey, en la reunión celebrada poco antes del verano? Convengamos en que la socorrida frase es un cómodo cajón de sastre que sirve para cualquier tribulación, así para un roto como para un descosido. Se trata de la versión dedicada a Mario Conde del clásico: «Tranquilo, Jordi, tú tranquilo». Lo cierto es que la acerba pócima que para el convicto supone la severa condena no le ha hecho reaccionar con la energía suficiente y debida para poner el dedo en la llaga. ¿Habrá ocurrido de tal suerte porque, según se dice en los mentideros de la Villa y Corte, está a punto de cerrar un pacto con Emilio Botín a efectos indemnizátorios? ¿Dónde quedan las ansias de reparación condigna en el «caso Argentia Trust» que el propio Conde había anunciado a bombo y platillo antes del verano? ¿O es que los mentores de JP Morgan, por causas aún no desveladas pero presumibles, le han condenado a perpetuo silencio? Precisamente sobre esa presunción, relativa a la connivencia con los americanos, estamos en La Banca practicando las investigaciones pertinentes («impertinentes» más bien, dirán algunos de aquende y allende el océano). La declaración de Roberto Mendoza ante la Audiencia Nacional, alusiva al Banco Santander como posible destinatario de las acciones de Banesto, nos ha abierto los ojos sobre el particular, o así nos lo parece.

A MODO DE CODA

Si este modesto autor tuviera que resumir en dos líneas el contenido de su obra, optaría por acudir de nuevo a la generosidad de los clásicos. Y si ha empezado la aventura acogiéndose al insondable Shakespeare, nada mejor que terminar también de su mano. En «Mucho ruido y pocas nueces» el representante de la justicia se dirige a los guardias que secundan su acción (acto III, escena 3ª) y habla de los poderosos del reino, con los cuales conviene tener el menor trato posible. El guardia segundo le dice al de la justicia que los vigilantes se proponen dormir en vez de charlar, lo que merece el beneplácito del superior, aunque les advierte: «Solamente debéis tener cuidado con que no os roben los chuzos». Pero en el diálogo con los subordinados, y a propósito del Poder de entonces, también les recomienda esto otro: «Si os encontráis con un ladrón, podéis sospechar, por razón de vuestro cargo, que no es una persona honrada; y en cuanto a semejante especie de hombres, cuanto menos tratéis u os metáis con ellos, tanto más ganará, por cierto, vuestra reputación».

Aplicando la tesis de Dogberry a nuestro cuento, el autor confía en que aquellos a los que supuestamente ha llamado ladrones, empeñados en robar hasta el chuzo de los guardianes, repliquen a la acusación de inmediato con argumentos razonados, y digan sobre todo si en cualquiera de las pruebas aducidas en este libro hay o no error o falsedad. Tengan presente los tales que no hay nada mejor que rectificar con manifiesta buena fe y prontitud aquello en que se haya podido errar, incluso en el «caso Banesto». Y tengan también por cierto los que se crean émulos de los ladrones de la comedia del gran don Guillermo, todos gente principal, que al autor le tendrán siempre dispuesto a un diálogo sosegado y sin prejuicios para dejar cualquier cosa en su punto. Que es lo que, dentro de nuestras escasas fuerzas, hemos procurado hacer sin mayor temor del que conviene hacia el Poder y sus solícitos corsarios. Y sin tener en cuenta, por un deliberado olvido, que en nuestro país los errores suelen expiarse como si fuesen crímenes.

Josep Manuel Novoa Novoa. (Barcelona, 1949) es editor de la publicación económica La Banca, es síndico en varias empresas en proceso concursal en representación de los acreedores, y presidente de la Asociación de Empresarios Acreedores en Procesos Concúrsales (APROC). Novoa, proviene del sector de los medios de comunicación; fue gerente y administrador único del desaparecido periódico El Correo Catalán, y ocupó cargos directivos en el diario Avui, ambos bajo la influencia de la coalición política Convergència i Unió.

En 1998 publicó el libro Jaque al Virrey (Ediciones Akal), un compendio del poder ejercido por Jordi Pujol en la política y las finanzas. En la misma línea de periodismo de investigación el autor ha dedicado los últimos años a analizar las relaciones entre el poder político y el poder económico.

Título: El Poder

Autor: Josep Manuel Novoa Novoa

Fecha de edición: 2001

Diseño de la cubierta: Sergio Ramírez

Se permite la reproducción total o parcial de este libro, su incorporación a un sistema informático, su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico o mecánico, por fotocopia, grabación u otros métodos, sin el permiso previo del autor, entre particulares sin animo de lucro. (Art. 31.2 de la Ley de Propiedad Intelectual).

Epub: Libros vagabundos, 2014

NOTAS

[1]

Época, 2 de marzo de 1992: «El Santander acusado de “lavar” dinero negro».

Tribuna de Actualidad, 10 al 16 de julio de 1995: «Operación “jericó”. Un directivo del Santander desvela el “blanqueo” de dinero negro. Emilio Botín con el juez en los talones».

Tribuna de Actualidad, 4 al 10 de diciembre de 1995: «La Justicia americana investiga el origen del dinero de Botín. Terremoto en el Banco Santander».

Tribuna de Actualidad, 5 de enero de 1996: «La lenta marcha del sumario sobre el mayor fraude fiscal en España».

Expansión, 20 de julio de 1996, pág. 9: «El Santander fue cooperante necesario en las cesiones de crédito», dice el Fiscal.

El Mundo, 19 de marzo de 1998, pág. 34: «El Santander destruyó la información sobre cesiones de crédito».

El País, 30 de marzo de 1998, pág. 62: «Un informe técnico apunta que el Santander cooperó en la ocultación de las cesiones de crédito».

Expansión, 16 de abril de 1998: «La Audiencia cita a ejecutivos del Santander por las cesiones de crédito».

El Mundo, 1 de mayo de 1998, pág. 37: «El Santander no cooperó en el fraude de las cesiones de crédito. Fueron los clientes quienes ocultaron su identidad».

ABC, 1 de mayo de 1998, pág. 73: «Cesiones de crédito: el Santander responsabiliza a los clientes de los datos falsos».

El País, 15 de mayo de 1998, pág. 60: «El Santander reitera que no aportó datos falsos en las cesiones de crédito. Botín presenta una sentencia de Bankinter».

ABC, 15 de mayo de 1998, pág. 78: «Cesión de créditos: el Santander estima que no está obligado a dar datos de sus clientes a Hacienda».

Expansión, 15 de mayo de 1998, pág. 20: «El Santander alega que la Audiencia impidió a Hacienda requerir datos similares a Bankinter. Los Botín afirman que desconocían que algunos titulares de cesiones eran falsos».

El País, 25 de julio de 1998, pág. 39: «IC se personará en el “caso de las cesiones de crédito”».

Cinco Días, 7 de octubre de 1998, pág. 28: «El caso penal de las “cesiones del Santander” enfrenta a la oposición con el Gobierno».

Cinco Días, 8 de octubre de 1998, pág. 34: «El Santander habló a sus clientes de “opacidad fiscal”. La Fiscalía Anticorrupción pidió en tres ocasiones el “caso de las cesiones del Santander”».

El Mundo, 14 de octubre de 1998, pág. 43: «Cesiones de crédito - El Santander, en el banquillo, aunque nadie le acusa (aún)».

Época, 7 de septiembre de 1998, pág. 17: «El duro otoño de Emilio Botín».

Cinco Días, 22 de octubre de 1998, pág. 36: «La Fiscalía Anticorrupción dice a Cardenal que el “caso Santander” es de su competencia».

La Banca, noviembre de 1998: «Las cesiones de crédito del Santander son ficticias. La mentira no sólo alcanza a la identidad de los cesionarios sino también a los propios créditos».

La Gaceta de los Negocios, 10 de diciembre de 1998, pág. 2: «El PSOE acusa al Ejecutivo de beneficiar al Santander».

Cinco Días, 10 de diciembre de 1998, pág. 26: «¿Contubernio para archivar el caso de las cesiones de crédito?».

El Mundo, 12 de febrero de 1999, pág. 48: «El asedio judicial a un banquero triunfante».

Cinco Días, 4 de marzo de 1999, pág ?: «Los peritos ratifican la falsedad en algunos titulares de cesiones del Santander».

Financial Times, noviembre 1999: «The FT Fraud Report»: «Political wheeling and dealing leaves investors down and Spanish bank out», «The sins of Banco Santander». <<