Un fantasma recorre el mundo. Nada parece detener la voracidad de los mercados financieros que recurren a todas las tretas habidas y por haber con tal de llevarse el dinero de las buenas gentes. Un buen número de empresas que cotizan en Bolsa ha acabado admitiendo haber falsificado intencionadamente sus balances con el fin de modificar sus cuentas de resultados. Ante un panorama tan desolador, los altos ejecutivos se enriquecen sin tasa; los analistas financieros recomiendan comprar acciones de empresas en las que tienen intereses; empresas y corporaciones ocultan sin pudor millonarias pérdidas, y otras escamotean a sus accionistas millonarios beneficios; la ingeniería contable está a la orden del día. La contabilidad creativa, impulsada por las grandes firmas de auditoría, ha llevado a Arthur Andersen a desaparecer del mercado al evidenciarse la confraternización con sus clientes. A partir de este episodio, el mundo se ha venido abajo. La crisis de confianza entre los inversores y los gestores de las empresas que cotizan en Bolsa se ha instalado por mucho tiempo.

Se da a entender que esto afecta a las grandes empresas de los EE.UU. y que España está inmunizada contra esta plaga, pero nada más lejos de la realidad. Aquí también ocurre más de lo mismo. El Banco Santander está en el epicentro de este huracán de falsedades contables. Anuncia beneficios en un escaparate de esplendor cuando la realidad es que el Grupo Santander Central Hispano tiene cuantiosas pérdidas. Se aportan indicios suficientes que acreditan, sin la menor duda, que existe un banco paralelo al SCH donde se esconden ingentes activos sustraídos al control de los accionistas: 400 de las sociedades participadas por el banco de un total de 600 han desaparecido de la Memoria del SCH con todos sus activos y muchas de estas sociedades están domiciliadas en paraísos fiscales donde su búsqueda se hace casi imposible.

Josep Manuel Novoa

El botín de Botín

— oOo —

A Jesús Giribet Ginesta,

un experto en banca, una excelente

persona, un gran amigo

PRESENTACIÓN

El que roba a otro, a él le hace un perjuicio que está obligado a resarcir, y a la república le hace una injuria que está obligado a compensar cuando recaiga sentencia del juez.

FRANCISCO DE VITORIA

El propósito de este libro consiste en dar a conocer las claves de una dramática situación que afecta a la ciudadanía de todos los países. Porque en nuestros días se está construyendo un capitalismo que permanece al margen de las garantías inherentes a la democracia. Tan grave es la situación que, de seguir así las cosas, acabará condicionando férreamente nuestras vidas. El beneficio empresarial dicta las nuevas condiciones del contrato social, un contrato no escrito, que hasta ahora proporcionaba a todos un cierto grado de seguridad por el mero hecho de ser ciudadanos: oportunidades de empleo razonables y protecciones sociales básicas. La concentración empresarial da lugar a la precariedad en el trabajo y a la exaltación del mercado con el único fin de obtener beneficio a toda costa y sin detenerse ante cualquier limitación que se ponga por delante. La proliferación de estas prácticas es consecuencia obligada de la profunda mutación del capitalismo estadounidense en las últimas décadas, lo que ha afectado a las reglas del juego económico de todo el mundo. Sin darnos cuenta, y en forma de plaga, ha llegado a Europa el virus de la codicia sin mesura que ha llegado a socavar las conquistas sociales de todo un siglo. El nuevo sistema empresarial de los Estados Unidos empieza a mostrar su cara más feroz, su irresponsabilidad social y su carácter explotador, producto de la depredación y la corrupción que contiene en sí mismo. Su perversa doctrina, basada también en postulados fundamentalistas, influye poderosamente en la vida de los ciudadanos, los cargos políticos y el rumbo de las naciones sin que se vea limitado por las exigencias y condicionamientos de un verdadero estado de Derecho.

El propósito expuesto que motiva la publicación de este libro se compagina con el desafío que hace el autor al todopoderoso Emilio Botín, presidente del Banco Santander Central Hispano como símbolo de todo lo perverso que representa el nuevo sistema empresarial. El capitalismo puede subsistir sin la democracia, pero de ninguna manera la democracia puede existir sin el capitalismo. De eso se trata: de la corrosión del sistema democrático propiciado por un grupúsculo de maleantes que, en su afán de enriquecerse a toda costa, socavan los principios constitucionales de cualquier pueblo.

Este libro cuenta con un precedente, que consiste en otro libro publicado por la misma editorial y que lleva por título: El Poder. Botín movió cielo y tierra entre los medios de comunicación y los distribuidores para silenciar el contenido de ese libro. Por tanto, el libro nació bajo la maldición de los poderosos, a quienes les desagrada profundamente que les canten las cuarenta. Cuando los primeros ejemplares llegaron a las librerías, Botín se reunió con su camarilla para decidir qué tenían que hacer contra una obra tan insolente, sobre todo impedir su difusión, pero la obra —permítanme la inmodestia—, basada en una rigurosa veracidad probatoria, destilaba credibilidad en sus más de seiscientas páginas. A la vista de la realidad editorial que tenían delante, prosperó la tesis de que lo mejor era el «ninguneo», que nadie publicara una palabra sobre el libro, que nadie se atreviera a distribuirlo o a venderlo. La difusión hubo de hacerse de manera clandestina; en buena parte lo consiguieron a través de una insoportable presión para cuyo ejercicio no regatearon toda clase de medios.

Decía Cicerón que «la verdad se corrompe con la mentira o con el silencio». Botín y compañía, capaces de mover todos los resortes habidos y por haber, optaron por aplicar a la obra una sobredosis de silencio. Como réplica a esa actitud, y para que la libertad de expresión no acabe arrinconada en el rincón más oscuro del cuarto trastero, si no quieres caldo, dos tazas. De esto se trata, si no se quiere un libro que diga la verdad sobre el deleznable comportamiento financiero, aquí tienes el segundo libro para relatar el pozo sin fondo de más fechorías. Esta segunda obra que el lector tiene en sus manos no es una mera insistencia de lo que se decía en la primera, sino una extensión considerable que abre capítulos insospechados a la investigación abordada por el autor. La conspiración de silencio nunca está plenamente garantizada, siempre queda algún resquicio para que la verdad expanda su luz. En esta ocasión se va un paso más adelante, y se sostiene, no sin temor por las posibles reacciones de los afectados, que Emilio Botín y sus adláteres han echado mano a la caja del banco. Más todavía: se aportan indicios, más que suficientes, para poder sostener sin la menor duda que existe un banco paralelo al Santander Central Hispano donde se esconden, como producto de la rapiña, ingentes activos sustraídos al control de los accionistas como un acto de piratería en grado superlativo. El título de El botín de Botín le viene al libro como anillo al dedo.

No se trata de emprender una caza de brujas, sino de alertar a la ciudadanía —ya que el poder político y el poder judicial otorgan al personaje, por el hecho de ser el más rico de España, la más sonrojante impunidad— de los peligros que lleva consigo el nuevo y desaforado capitalismo. La tendencia natural de las nuevas corrientes conduce a la creación de oligopolios que aspiran tenazmente a convertirse en monopolios, doctrina que está originando una inmensa transferencia de la riqueza hacia unos pocos y subordina los intereses empresariales a la exigencia fáustica e ilimitada de un aumento constante del beneficio y el descontrol de los grandes conglomerados financieros que, por su voracidad y codicia, está transformando silenciosamente los fundamentos éticos del Estado.

La lógica y el sentido común parecen haber huido del pensamiento y la actitud social de los principales dirigentes. Lo más sensato sería conducir la humanidad hacia un status donde cada vez haya menos pobres y menos ricos. La realidad es bien distinta, el alza insultante de las abismales diferencias entre ricos y pobres es cada vez mayor en todas partes, especialmente en el tercer mundo. Nada parece detener la voracidad de los mercados financieros que recurren a todas las tretas habidas y por haber con tal de llevarse el dinero de las buenas gentes. Un buen número de empresas que cotizan en Bolsa ha acabado admitiendo haber falsificado intencionadamente sus balances con el fin de modificar sus cuentas de resultados. La profunda crisis de confianza que se ha apoderado de los inversores y ahorradores está teniendo consecuencias muy graves para las bolsas: las cotizaciones bursátiles han acabado hundiéndose con estrépito arruinando a un gran número de ahorradores.

Ante un panorama tan desolador los altos ejecutivos se enriquecen sin tasa gracias exclusivamente a sus cargos; los analistas financieros recomiendan comprar acciones de empresas en las que tienen intereses; empresas y corporaciones ocultan sin pudor millonarias pérdidas, y otras escamotean a sus accionistas millonarios beneficios; la ingeniería contable está a la orden del día provocando fraudes que acaban en la más absoluta impunidad con la complicidad de aquellos que están obligados a evitarlos. Los consultores empresariales acaban instalándose como auditores de cuentas; los organismos públicos no son capaces de ejercer sus funciones de inspección y vigilancia; la tributación fiscal de las grandes empresas ha dejado de existir en muchos casos, y los activos de conglomerados financieros se evaporan hacia países paradisíacos de imposible acceso investigador para los pequeños accionistas, precisamente porque en esos paraísos fiscales se ha instalado el corazón del sistema. La información confidencial y la manipulación dolosa de los precios demuestran a diario la absoluta ineficacia de unas comisiones parlamentarias de broma que llevan al descrédito total del tráfico mercantil y financiero.

El principal efecto corrosivo es, por supuesto, la evaporación de una parte de la riqueza financiera de los ciudadanos, que en los últimos años habían depositado en las bolsas una parte considerable de sus ahorros atraídos por los cantos de sirena del nuevo capitalismo popular. La experiencia no ha podido ser más desastrosa: los nuevos inversores han quedado estupefactos al comprobar cómo se las gastan los señores del dinero. Se les dijo que la Bolsa era segura a largo plazo, que el mercado no mentía y, sobre todo, que la nueva aristocracia de los poderosos caballeros de las finanzas estaba pendiente de los deseos de los consumidores y el interés de los accionistas. Todo esto y más ha resultado ser un gigantesco embuste, un inmenso fraude que nunca afecta a los presidentes de las grandes empresas e instituciones financieras, ni tampoco a sus directivos y consejeros, aunque implica a todo el sistema económico, un sistema que se ha desplazado de la economía real o productiva a la financiera o bursátil proclive a la disparatada especulación sin verdadero fundamento económico.

Las juntas de accionistas, que teóricamente tenían que servir para controlar a los directivos de las empresas, se han convertido en pura parafernalia de cartón piedra controlada por los administradores y a su exclusivo servicio. Estas asambleas se han transformado en un acto más social que societario, donde los administradores reafirman sistemáticamente lo bien que lo han hecho, aunque su actuación resulte desastrosa. Todos los acuerdos están resueltos y aprobados de antemano sin oposición posible. Brilla por su ausencia la necesaria transparencia en las delegaciones de voto. El auditor externo —cómplice de las mentiras que se cuentan— jamás aparece por esas juntas, no vaya a ser que a alguien se le ocurra formular cualquier pregunta más o menos comprometida. A ningún gobierno se le ha ocurrido potenciar la formación de asociaciones de accionistas como portavoces válidos de los inversores. A nadie se le ha ocurrido que los mercados dejen de ser un instrumento en manos de los gestores para convertirse en un auténtico mecanismo para el control directo de su gestión por parte de los minoritarios, que son la gran mayoría de propietarios en estas empresas e instituciones financieras.

De la información que se trasmite a los accionistas la mitad es mentira y la otra mitad es incomprensible. La memoria ha acabado convirtiéndose en un folleto propagandístico donde cada párrafo está redactado con el mayor entusiasmo para resaltar que todo va bien y todavía irá mejor en el próximo ejercicio. Sin ir más lejos, Emilio Botín presume y se vanagloria de la gran calidad que sin el menor rubor atribuye a la memoria del SCH. Tan convencido está de que se trata de una obra insuperable que en una convención de empleados, en la que le escuchaban casi tres mil personas entre directivos y periodistas en marzo de 2001, exclamó en loor de multitud: «Cojan la memoria» y, esgrimiendo la suya, repleta de señales amarillas entre las páginas, exclamó: «No se ha hecho en el mundo una memoria como ésta, les pido que la lean con detalle, aunque lleve mucho tiempo; hay datos que conviene, que es imprescindible, conocer al pie de la letra». El hombre estaba exultante y sacaba pecho con orgullo. «Abran la página 5; la 39, sobre recursos humanos; la 43; la 47; la 71…; no dejen de ver con todo detalle las páginas dedicadas a Iberoamérica…». Y, por fin: «Miren la auditoría, nos cuesta 2.500 millones de pesetas, más 1.300 por otros servicios».

He creído necesario traer a colación este pintoresco episodio protagonizado por el presidente del SCH en su compulsiva exaltación a la biblia del banco, la memoria, para singularizar el empleo de la mentira como contrapunto de la sabiduría popular: dime de qué presumes y te diré de qué careces. En las páginas de este libro el lector podrá comprobar las innumerables mentiras que difunden las memorias del banco, y así podrá percatarse de que la biblia del SCH es la mayor chapuza de relatos financieros puesta en circulación en todo el mundo. Mas no vaya a creer que las mentiras que se cuentan en la mejor memoria del universo son mentiras piadosas, todo lo contrario: se trata de falsedades intencionadas expuestas con ánimo de decorar con falsos oropeles la sistemática depredación que los gestores del banco llevan entre manos.

Como muestra un botón. La memoria que contiene las cuentas del ejercicio contable de 2002 registra unos resultados positivos de 2.200 millones de euros, pero, y éste es de los peros que valen, los fondos propios han disminuido en más de 1.000 millones de euros. Lo que viene a decir que una buena parte de los gastos se endosan con cargo a reservas. Además, en este ejercicio Botín no ha hecho otra cosa que vender alocadamente todas las joyas de la corona: las mejores empresas han sido vendidas. Este ya es un indicio de que las cosas no van tan bien como se trata de aparentar. El problema surge cuando nadie contradice la información contable que el SCH transmite, y la triste y preocupante realidad determina una situación económica de pérdidas. Los resultados contables totales del Grupo después de impuestos suponen una pérdida de 1.265.209.000 euros o, lo que es lo mismo, 210.513 millones de pesetas. Es evidente que dejar caer aquí esta conclusión sin el respaldo contable que lo acredite sería de ingenuos, ya que cualquiera puede entender que de este sensible asunto sobre la solvencia del SCH no puede hablarse por boca de ganso.

Lo que en realidad está sucediendo es que, para encubrir pérdidas ciertas y efectivas, se están utilizando ilícitamente las reservas sociales. Se consigue mantener un resultado ficticio, ya que en la práctica el patrimonio social está decreciendo. A este paso, pronto el Santander tendrá solo «resultados», pero sin patrimonio. Y luego, ni siquiera eso. De repetirse, tan elevadas pérdidas fulminarán el capital social en cuatro años. La ingeniería financiera desplegada por los administradores del SCH y quienes con ellos colaboraron consistió en el engaño generalizado. Cabe preguntarse cómo es posible que se engañe tan descaradamente al mercado bursátil, a las autoridades de control bancario y a los inversores internacionales, y no olvidemos a los depositantes que tienen su dinero en las cuentas del Santander. La responsabilidad primaria corresponde al Banco de España en cuanto al examen previo de las cuentas, porque, a pesar de la autoridad que todavía quepa atribuir a una institución, es indudable que no puede, a modo de Jordán purificador, convertir de manera taumatúrgica las cuantiosísimas pérdidas en saneados beneficios.

Como no es la intención de este libro crear alarma sobre la solvencia del Banco Santander Central Hispano, ni priorizar la situación de pérdidas en que se encuentra, se deja para un anexo al final de la obra (Anexo a la Presentación) el análisis del balance contable del SCH que, para extremar la mayor objetividad, está referido a sus propios números; cifras extraídas de los documentos confeccionados por el propio Consejo, en especial el Informe sobre el ejercicio 2002 facilitado tanto a los accionistas como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los menos interesados en estos asuntos se pueden quedar con la copla de que el Santander tiene cuantiosas pérdidas.

El «maquillaje» de las cuentas tiene varias capas de potingues, entre ellas el efecto Enron inventado por Arthur Andersen al otro lado del Atlántico, donde las pérdidas se derivaban a empresas filiales. Igual método se aplica en las cuentas del Santander. En el activo del balance (página 89 de la Memoria) se muestran «resultados de ejercicios anteriores en sociedades consolidadas» que ascienden a 4.435 millones de euros. Lo que suscita preguntas del millón de euros como: ¿por qué no se contabilizaron en los resultados de los ejercicios anteriores?, ¿qué otras pérdidas están pendientes de contabilización y cuál será su efecto sobre los resultados o el patrimonio del Santander en los próximos ejercicios? Es aquí donde se dan cita la chistera y el conejo dando lugar a la magia que abre y cierra el grifo del caudal de los beneficios que se desean obtener.

No es de extrañar que, utilizando este método de magia potagia, Emilio Botín en pleno mes de agosto de 2002 dirigiera una carta a todos los accionistas del banco —muy preocupado por la caída en picado del valor de las acciones— en la que prometía que el «beneficio de este año alcanzará previsiblemente 2.250 millones de euros…». Un acierto pleno, ya que se tienen los resultados que se quieren tener. El grifo se abre y se cierra de acuerdo con la voluntad del gran timonel para engatusar a las buenas gentes en la irresistible atracción de sus dineros. ¿No es más cierto que, si se hubiesen cargado a resultados —como hubiera sido procedente— las pérdidas derivadas hacia otras sociedades y hacia las reservas, el resultado bruto real hubiera sido otro bien distinto?

En el transcurso de las páginas de este libro el lector podrá encontrar sorprendentes revelaciones, como la ocultación por parte de Emilio Botín de dos tercios de las sociedades participadas por el banco, que desaparecieron de la memoria como caídas en combate. Unas 400 sociedades participadas por el SCH de un total de 600 han desaparecido con todos sus activos. Muchas de estas sociedades están domiciliadas en paraísos fiscales donde su búsqueda se hace casi imposible. No vayan a creer que son sociedades de pequeña monta; una de ellas, Administración de Bancos Latinoamericanos S.A., tiene más capital social que el propio SCH. Por otra parte, otro grupo de sociedades participadas, que sí menciona la memoria del banco, está domiciliado en los paraísos fiscales de las Bahamas, las islas Caimán y las islas Vírgenes Británicas, donde su legislación no hace necesaria la auditoría de cuentas, por lo que comprenderán que es por ahí por donde se evacúan los más preciados activos del SCH, que van a parar al banco particular de Botín.

Es aquí adonde quería llegar, en contraposición con la exaltación bíblica de la memoria del banco y sus mentiras. Pero, si alguien se entretiene en buscarlo, hay un dato en la memoria que parece cierto, o al menos coincide con lo que aquí se sostiene: la liquidez del Grupo ha empeorado en unos 27.000 millones de euros (página 89 de la Memoria). Esta cifra tiene muchos ceros y es especialmente grave para una entidad financiera. Es un síntoma evidente del efecto Enron, todo funcionó de maravilla hasta el día en que no quedó un céntimo en la caja, aquel día todo se acabó.

Gran parte de la obsesión que condujo a la burbuja económica perpetrada por los poderosos se basó en explotar la psicología de los inversores atraídos a un panal de rica miel donde todos iban a prosperar mediante la inversión de su patrimonio. Con tan atractivo mensaje, miles y miles de ciudadanos se han creído que el capitalismo popular podía estar representado en realidad por una masa anónima de socios minoritarios, ajenos al verdadero desarrollo de las juntas generales de unas empresas en las que el reparto de los beneficios se iba a hacer de manera equitativa, por el control que teóricamente ejercen las autoridades bursátiles y monetarias. Nada de esto es cierto, cuanto menos en el Banco Santander Central Hispano, porque su presidente Emilio Botín, al frente de todo el consejo de administración, oculta un banco paralelo por donde se desvanece buena parte de los más importantes activos. Los reguladores del mercado están paralizados y no actúan, a estas alturas de la película se demuestra hasta qué punto llega el nivel de complicidad. Las evidencias están ahí con la tozudez sobrada para confirmar la existencia de ese banco paralelo que, como un Saturno al revés, devora los activos del SCH. Estamos frente a una inevitable dicotomía: o es así o tendremos que creer en efectos paranormales sobre la existencia de un agujero negro que absorbe con voracidad inusitada el patrimonio del banco. Lo que sí es cierto es que la gestión del banco está plagada de operaciones singulares, y mientras Botín eleva su fortuna hasta más allá de la estratosfera, la masa de accionistas pierde hasta la camisa. Todo esto ocurre en una conjura de silencio creada por la propaganda mediática del banco, pero en especial mediante una legión de incondicionales instalada en las más altas posiciones. A consecuencia de tamaña generosidad, los banqueros se han convertido en los amos y señores de un régimen virtual que permite impunemente el expolio. Emilio Botín y su camarilla están en el corazón del tinglado. Este libro trata de desenmascarar esa gran ficción tan diferente a la realidad. Las afirmaciones que aquí se hacen están sostenidas, bien documentalmente, bien a través de indicios racionales y presunciones vehementes; indicios y presunciones que no equivalen a ocurrencias e invenciones. La presunción —al menos la que aquí se sostiene— consiste en aceptar la veracidad de un hecho por la evidencia de otro del que normalmente depende.

Presumiblemente, muchos de los asuntos y episodios que este libro contiene podrán parecer inverosímiles; cuesta imaginar que toda una larga cadena de tropelías de gran calado pueda consumarse ante las mismísimas narices de las autoridades de control. Para explicar lo que aquí se expone, no ha encontrado el autor mejor forma que la de situar los tejemanejes del presidente del SCH en un entorno narrativo que marque los acontecimientos, con un decorado de fondo que permita entender mejor lo sucedido. Así pues, hay una fase introductoria que nos permite detectar el epicentro de este terremoto que socava la mismísima democracia y la confianza de los ciudadanos en un régimen político donde se percibe claramente una corrupción contagiosa de tal magnitud que, de seguir así las cosas, hará que permita a esos singulares capitalistas acabar finalmente, por su desmedida codicia, con el mismísimo capitalismo.

El autor

INTRODUCCIÓN.
LA PASIÓN FÁUSTICA POR ACUMULAR RIQUEZA

Quien gatea por la lisonja y traga por la mentira, y se empina sobre la maña y se encarama sobre los cohechos, éste que parece que viene dando y a que le roben, a robar viene.

QUEVEDO

Como ya hemos dicho, este libro viene a ser un desafío informativo al todopoderoso Emilio Botín. Podría tratarse de Botín o de cualquier otro. Si Emilio Botín es el elegido, lo ha sido por méritos propios. Lo cierto es que la vida y milagros del presidente del Banco Santander Central Hispano nada tiene que ver con la ocurrencia de Groucho Marx cuando decía de sí mismo que, a pesar de haber partido de la más absoluta pobreza, había podido alcanzar las más altas cotas de la miseria. El origen natalicio de Botín cuenta con una cuna de más abolengo. Nació en un clan de banqueros, su padre, don Emilio, se jactaba de haber amasado una inmensa fortuna «peseta a peseta». La pasión familiar por la banca corría paralela a su pasión por el dinero. En una ocasión, cuando alguien le recriminaba a Jaime Botín la codicia desmesurada que acumulaba su hermano Emilio, se limitó a contestar que «sólo una gran patada en los cojones puede interrumpir esa trayectoria». La pasión por el dinero no es ni ha sido a lo largo del tiempo exclusiva de Botín, antes otros muchos le han emulado, pero creo que su hazaña está aún por superar. El saqueo que aplica al banco de sus amores es interminable. Pero para poder describir en toda su extensión la rapiña que se practica, se hace necesario pintar el decorado en que transcurre la acción. Solo así, dentro de este perímetro acotado podremos entender cómo se hace y se acumula una inmensa fortuna: dinero, dinero y más dinero sin límite posible.

El dinero ha existido y ha circulado bajo las más diversas formas desde tiempo inmemorial. Oro, plata, cobre, bronce, piedras, conchas de moluscos, animales, pieles, tabaco, arroz o té han servido en algún momento como moneda además de servir como elemento de las permutas. Babilonia ya conoció la letra de cambio. Hay registros de cartas de crédito emitidas por los sacerdotes babilonios que debían ser aceptadas y pagadas por las filiales del templo o por un templo deudor. Una de las cartas de crédito más antiguas reflejó una obligación nacida unos 2.300 años antes de Cristo. Los lidios fueron los primeros en acuñar moneda de oro y plata, y los primeros que organizaron algo parecido al comercio. Atenas se convirtió, posteriormente, en el eje financiero de la Grecia antigua y el Mediterráneo, y allí la moneda fue considerada un genuino objeto de cambio con un valor equivalente al de los productos negociados.

En China la acuñación de monedas se desarrolló en el siglo VII antes de Cristo. Las letras de cambio se utilizaron desde el siglo IX y a partir el siglo XII se generalizó el uso del papel moneda. Cuando Marco Polo visitó la ciudad de Cambalu, en China, quedó sorprendido por la circulación de papel moneda impreso en bloques de madera. Los incrédulos europeos no podían entender que el Gran Kan hiciera emplear hojas de papel por dinero: el gran estadista disponía del secreto de los alquimistas, puesto que sus artes le permitían producir dinero. La acuñación de papel moneda se hacía con tanta solemnidad y ceremonia como si fuera de oro o plata. El Gran Kan dispuso así de tesoros más fabulosos que cualquier otro soberano de los que han reinado en el universo.

No fue fácil introducir el papel moneda; muchos de los intentos terminaron en catástrofe, como el de la Banque Royale de John Law en la Francia del siglo XVIII. No fue hasta el siglo XIX cuando el billete comenzó a emplearse de manera universal y duradera. En los Estados Unidos de Norteamérica la primera emisión de papel moneda tuvo lugar en la colonia de Massachusetts en 1690. El uso difundido del billete y su generalización como unidad de valor y medio de intercambio en el siglo pasado produjo un acalorado debate que llevó a la opinión pública norteamericana a discutir sobre el problema de la simbolización. El enfrentamiento entre los «hombres del papel moneda» y sus detractores no sólo se refería a si el papel era un símbolo engañoso o apropiado, sino que penetró en complejidades de asombrosa actualidad, como el rol deformante que puede tener un símbolo inmaterial sobre la economía real y su capacidad para tergiversar la relación natural entre las cosas y sus referentes simbólicos. Caricaturas norteamericanas de la época muestran un desnutrido bebé recibiendo bonos de leche en lugar de leche. La multiplicación espontánea de comentarios y escritos irónicos sirvieron para animar y ampliar el debate. Hasta 1875 el uso generalizado del papel moneda había silenciado a sus oponentes y catalogado sus argumentos como un anacronismo y una incapacidad para entender la modernidad y la dinámica económica. La visión del dinero como un fantasma, una apariencia o una sombra, se nos presenta hoy bajo otra perspectiva que permite otro tipo de reflexión. El sociólogo alemán Georg Simmel ha puesto un énfasis especial en este punto, argumentando que la aparición y el uso difundido del dinero fue el acontecimiento cardinal en la promoción del pensamiento abstracto del ser humano. Al interponerse entre el hombre y las cosas, al liberarlo de los vínculos inmediatos con los objetos, el dinero hizo posible una existencia humana de carácter abstracto. Como el medio pecuniario evitaba el contacto directo con las cosas, fungiendo como espacio intermedio entre el sujeto y el objeto, el hombre pudo segregar su personalidad de la realidad exterior, lo que hizo posible el desarrollo de su mundo interior.

La ruptura de la relación inmediata con los objetos facilitó el surgimiento del ser subjetivo y abstracto. Algo similar argumentó Carlos Marx, aunque con intenciones contrarias, al señalar que el papel moneda divorciaba el nombre de lo que pretendía representar, disociación entre el signo y la sustancia que equivale a una trascendencia idealista o a la aniquilación conceptual de la mercancía. La satisfacción de las necesidades humanas corre siempre el riesgo de la decepción, dada la disonancia que existe entre el deseo y los objetos que pueden satisfacerlo. Habría que tener una familiaridad demasiado íntima con todas las facetas de los bienes de distinta naturaleza para que sus cualidades no lleguen a defraudarnos. El dinero, como algo totalmente desprovisto de cualidad, no oculta sorpresas que lleven al desencanto.

Los economistas sostienen que el dinero, a pesar de ser una cosa con nulo valor intrínseco, algo que carece de valor en sí mismo, contiene la promesa de un reintegro, de ser cambiado por otro algo considerado útil o deseable. Es una descomposición de la permuta primitiva donde quien entrega un bien, en vez de recibir otro a cambio, adquiere un poder adquisitivo generalizado que extiende el mercado en el tiempo y, por ello mismo, funciona como depósito de una capacidad potencial.

El hombre actúa en un medio social al cual aporta su actividad y su esfuerzo. El dinero es el signo de un crédito contra la sociedad a través del cual el actor social, convertido en acreedor del mercado, puede reclamar el justiprecio de su aportación mediante una contrapartida de mercaderías y servicios mediante la cual la sociedad deudora le compensa o reivindica. De hecho, desde el punto de vista económico, el valor del dinero consiste en la suma de bienes y servicios producidos por una nación, en la relación de la cantidad de dinero ofertado y su velocidad de circulación con la oferta de servicios y cosas susceptibles de ser adquiridas.

Para percatarnos del valor del dinero, su velocidad de circulación y los bienes susceptibles de ser adquiridos, nada mejor que una anécdota sobre la fantasía monetaria. Un ejecutivo en viaje de negocios llega temprano a un pequeño hotel donde se aloja habitualmente. Junto a la hoja de registro entrega como depósito un billete de cien dólares. Mientras el huésped se dirige a su habitación, aparece en la recepción un fontanero que pretende cobrar una reparación que había realizado en el edificio. El dueño del hotel se excusa explicándole que le era imposible cancelarle la totalidad de la factura ya que debido al mal tiempo no ha recibido turistas. Sin embargo, pudo darle un anticipo de cien dólares como pago a cuenta, entregándole el billete que no había llegado a depositar en caja y prometiendo pagarle el resto en la siguiente semana. El fontanero, padre de muchos hijos, fue inmediatamente a gastarse los cien dólares en alimentos y útiles escolares. El propietario del establecimiento, que festejaba su aniversario de bodas, le pidió a su ayudante que asumiera momentáneamente el mando del negocio porque estaría ausente media hora. Tomó el billete en sus manos y se dirigió hasta la joyería donde compró un anillo de oro por el valor de cien dólares como regalo para su esposa. El joyero había contenido durante largo tiempo sus deseos de acogerse a los favores de una joven prostituta con gran poder de seducción. El buen hombre como en los últimos tiempos le había ido muy bien en el negocio y ya había adquirido todo el material necesario para los nuevos engastes, pensó que bien podía permitirse tan saludable placer. La hetaira cobró cien dólares por sus servicios, pero en aquel momento entró intempestivamente su novio, un prometedor pintor acosado por la penuria económica propia de su vida bohemia, que pidió prestados cien dólares para afrontar sus deudas. Resulta que el dueño del hotel era un amante del arte y ayudaba a los nuevos artistas suministrándoles habitación y comida durante largas temporadas, cuya cuenta podían cancelar con cuadros o cómodas cuotas fraccionadas. Mas como el joven pintor deseaba amortizar sus deudas, pero necesitaba sus cuadros para una próxima exposición, se trasladó al hotel y le entregó a su dueño el billete de cien dólares. Mientras esta historia de vidas coincidentes más que paralelas se desarrollaba tan vertiginosamente, el viajero decidió telefonear a un viejo amigo desde la habitación del hotel. El amigo, entusiasmado por el reencuentro, le reprochó que no hubiese ido directamente a su casa y tomaría como una ofensa si no abandonaba inmediatamente el hotel y ocupaba el cuarto de huéspedes en su casa. El viajero descendió a la recepción y explicó al dueño del hotel lo sucedido: «Lo siento mucho, pero no me quedo con la habitación. He recibido una invitación que no puedo rechazar para hospedarme en casa de un amigo». Como se trataba de un cliente formal y cumplido, el hostelero le dijo sin dilación que no tenía por qué preocuparse y que podía desalojar la habitación sin cargo alguno, devolviéndole el depósito de cien dólares que había recibido, por lo que tomó el billete que acababa de recibir del pintor y se lo entregó al viajero, quien volvió a colocarlo exactamente en el mismo sitio de su billetera de donde había salido apenas algunas horas antes.

Sabemos que la teoría monetaria incluye en sus ecuaciones matemáticas la velocidad de circulación como una variable significativa en la determinación del valor del dinero. Y a pesar de que nuestra anécdota trate precisamente de eso, la vertiginosa velocidad con que el billete regresó a su dueño original, la extrema sencillez de su mensaje, su rudimentaria y elemental imagen de la transacción económica, plantea un interrogante básico: ¿qué es realmente el dinero? Sabemos que es algo cuyo intercambio tiene que ver con la satisfacción de las necesidades y las aspiraciones humanas. Es algo cuya presencia o ausencia tiene efectos tangibles sobre la realidad. Sin embargo, si nos detenemos en el final de la anécdota, nos parece hallarnos ante una enseñanza oriental sobre la ilusión del movimiento, sobre las transformaciones por las que creímos haber pasado cuando siempre hemos estado en el mismo sitio. La acción era algo real, pero al mismo tiempo una simple excusa en el vacío, un fantasma, una transparencia sin forma que nos remite al espacio metafórico de la imaginación.

Si el dinero ya tenía una impregnación fantasmagórica, que se deduce de la explicación que acabamos de hacer, los tiempos más próximos han elevado esta virtualidad mágica a la categoría de dinero virtual: el dinero de plástico y las tarjetas de crédito; y de ahí con un impulso hasta la estratosfera se llega al dinero financiero. Lo intangible, patrocinado por los sacerdotes de esta nueva religión de la nueva economía y la creación de valor, sólo rinde culto al dios de los mercados financieros. La lógica, el sentido común, las buenas maneras, en una palabra, el decoro y la dignidad, se han ido de vacaciones y tardarán en volver.

La generalización del uso de los valores fiduciarios y el crédito financiero hizo posible las grandes transformaciones de los tiempos modernos. Sin embargo, una cosa es cuando esos valores impulsan el funcionamiento de la economía natural y otra muy distinta cuando la abstracción financiera sustituye a la realidad. La diferencia entre una economía financiera y una economía real apunta al mismo problema. De alguna manera, la distinción nos permite intuir que la economía financiera no es del todo real. Es un reflejo de las sombras. Muchos de los problemas económicos sufridos por los países en desarrollo desde los años setenta resultan de la crisis financiera de esa misma época, caracterizada por una sobreexpansión de la oferta de créditos en los mercados internacionales. Se produjo así una multiplicación de medios e instrumentos financieros que se emanciparon de las respectivas regulaciones monetarias.

El sector bancario creció desmesuradamente sin que esa hipertrofia se viera acompañada de una mayor eficiencia en la canalización de los ahorros hacia la producción de bienes. Hoy en día el distanciamiento entre las finanzas y la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas se hace cada vez más grande y peligrosa. Los nigromantes de las finanzas se han convertido en los amos de un sistema económico cuyo funcionamiento va haciéndose cada vez más invisible e impermeable para el resto de la sociedad. Lejos está la época en que la creatividad empresarial, la tecnología, la capacidad de la mano de obra o la disponibilidad de los insumos materiales eran aspectos relevantes para la realización de algún proyecto. Todos estos elementos han sido relegados a un segundo plano. Ahora, por el contrario, el coste de la financiación es el factor decisivo y de mayor peso en la determinación del éxito de cualquier proyecto análogo.

La desconfianza ha ganado el ánimo de las personas ligadas al sector productivo al comparar sus logros con la afluencia de quienes, especulando con la paridad de las divisas, la cotización de títulos de deuda y multitud de medios intangibles, ganan en cuestión de horas sumas infinitamente superiores a lo que puede rendir una industria a lo largo de los años después de haber invertido en la construcción de una planta y la instalación de maquinaria, de haber lidiado con agotadoras trabas, una burocracia compulsiva, innumerables problemas sindicales, convenios colectivos cada vez más exigentes, difícil disponibilidad de materia prima y una laboriosa organización de medios de distribución y comercialización. El sobredimensionamiento de la esfera financiera ha ido devorando a la economía real.

Lo intangible domina lo concreto. Las ambigüedades que surgen del comercio entre la realidad virtual y la realidad productiva aparecen como escollos insalvables de la economía contemporánea. El declive progresivo del valor de los bienes tangibles, la multiplicación de los instrumentos financieros y el asombroso aumento de la liquidez monetaria han llevado al predominio de una economía virtual que se sustenta en valores bursátiles que valen lo que valen hasta que dejan de valer lo que los incautos creyeron que valían. A lo que se suma la existencia de un mercado que es capaz, mediante la tecnología de las comunicaciones, de trasladar sumas impensables de dinero de forma instantánea. La tecnología ayuda a que el dinero pierda su carácter tradicional cuando alguien pulsa una tecla en Nueva York y aparece por arte de magia en cualquier paraíso fiscal. Las postrimerías del siglo XX nos han llevado a una frontera donde se hace casi imposible descubrir los límites entre lo material y lo virtual.

Cuando un país se endeuda para financiar su proceso de desarrollo no es difícil encontrar el vínculo entre la economía real y la financiera. Tarde o temprano la inversión tendrá su contrapartida en fuerza eléctrica o en vigas de acero. Pero cuando años después esa deuda se refinancia, se «tituliza» y decenas de jóvenes se convierten repentinamente en magnates ocupando cargos en un banco de inversión o creando fondos mutuales para especular con deuda, dicha vinculación se hace cada vez más difusa. Cuando un inversor de Singapur coloca en un fondo que compra participaciones en bonos de unos títulos de deuda que resumen otros títulos de un crédito que hace muchos años sirvió para producir en Sudamérica toneladas de sal que ya fue consumida y gastada, la utilidad generada por dicha inversión de capital ¿está produciendo nueva riqueza que sustente el crecimiento real de las bases materiales de la sociedad?

Esta irracionalidad se ha trasladado a los mercados bursátiles. De hecho no hay nada nuevo bajo el sol, tan solo vamos a más. John Maynard Keynes hace tiempo describió la bolsa de valores como algo basado no en individuos racionales que luchaban por descubrir los fundamentos del mercado, sino como un concurso de belleza en que el vencedor es el que adivina mejor lo que los jueces van a decidir. La mano invisible de Adam Smith —la idea de que los mercados libres conducen a la eficacia como por obra de una mano invisible— sigue siendo un colosal acierto aunque con la corrección de un aspecto esencial: la mano invisible es ahora una mano negra que orienta y condiciona indefectiblemente a la ganadora del concurso de belleza. En otras palabras: el mercado bursátil está apañado por quienes dominan las asimetrías de la información. Los modelos de «expectativas racionales», según las cuales todos los participantes tienen la misma información y actúan de forma perfectamente racional, ha dejado de existir. El dinero no es algo real, pero apasiona a las aves carroñeras, sobre todo si se acumula sin límites jurídicos ni condicionamientos éticos.

CAPÍTULO 1

EXUBERANCIA IRRACIONAL

La verdad, señor, es una vaca que no quiere dar más leche a los escépticos; así que éstos no tienen más remedio que ordeñar a un toro.

SAMUEL JOHNSON

Como cualquier realidad humana, el mundo del dinero es complejo y azaroso; recorre un camino sinuoso repleto de escollos y sorpresas. Conforme el mundo gira y gira los señores del dinero no paran de inventar para que el negocio se aproxime cada vez más a la magia potagia de la economía virtual, donde el dinero también es virtual y no hace falta poner un triste euro para que sea un buen negocio. El dinero ya lo pondrán otros y habrá ocasión para esquilmarlos uno a uno. El lucro sin inversión y sin esfuerzo es un clásico en la historia del dinero. En 1899 William Rockefeller y otros socios compraron la Anaconda Copper Company en 39 millones de dólares. Pagaron con un cheque sobre el National City Bank, el cual sería cobrado posteriormente por acuerdo entre las partes. Rockefeller y sus socios constituyeron una compañía con 75 millones de dólares de capital traspasándole la propiedad de las minas de Anaconda. Con garantía de dichas acciones el National City Bank les otorgó un préstamo por 39 millones de dólares que les permitió cubrir el cheque.

Luego vendieron las acciones en oferta pública a valor nominal, es decir por 15 millones de dólares, con lo cual obtuvieron unos beneficios de 36 millones de dólares, todo en tiempo récord y sin haber invertido absolutamente nada. En los mercados financieros abundan los casos donde fortunas colosales han surgido jugando a la fusión de grandes corporaciones o donde hábiles especuladores se han adueñado de empresas para fragmentarlas o abrirlas al mercado de valores. Esta operación de las minas de Anaconda, los Rockefeller la llevaron a cabo en 1899. ¿Sepueden imaginar lo que los señores del dinero han sido capaces de inventar en más de un siglo?

Desde entonces ha llovido suficiente, pero las bases de la codicia y la especulación siguen siendo las mismas. En el mundo financiero existe una tremenda discrepancia entre el esfuerzo, el logro y la recompensa. No hay vínculo entre la causa y el efecto. ¿Por qué una organización industrial coherente, integrada y completa vale menos que sus partes separadas? Y al igual que la capacidad para hacer dinero se explica mejor por la magia que por conceptos científicos o el conocimiento profesional, la atribución de un valor monetario y el dinero mismo como unidad de valor rehuyen lo literal, la lógica y el sentido común.

En la práctica económica de la Grecia antigua se hacía la distinción entre ousia phanera o sustancia visible para referirse a las propiedades reales, las mercancías y los bienes inmobiliarios, y ousia aphanés o sustancia invisible para denominar el dinero y los valores monetarios. También en el mundo de los negocios modernos conviene distinguir entre la actividad económica en sí, la economía real donde se producen y se intercambian bienes y servicios, y donde el dinero funciona como medio de cambio, instrumento de pago, unidad de cuenta o acumulador de valor, y la economía financiera donde el dinero, al ser la materia prima con que se trabaja día a día, pierde el sentido de la realidad habitual para convertirse en otra cosa.

La economía financiera, es cierto, tiene efectos tangibles y profundos sobre la economía real. Pero ¿quién posee o manipula magnitudes asombrosas de un dinero impresentable y abstracto que jamás pasa por sus manos, y cuya vinculación con la esfera material aparece apenas en la lejanía disimulada por numerosos velos y niveles? Los señores del dinero no pueden tener la misma visión que un asalariado que recibe un cheque una vez al mes. Esta exacerbación de la abstracción del dinero y de su nulo valor intrínseco pone al descubierto su más íntima cualidad, es decir su irrealidad.

La acentuación de esta cualidad de irrealidad del dinero en la economía contemporánea se ha convertido en la espada de Damocles del sistema económico mundial. En el ya lejano año de 1986 las transacciones de cambio internacional alcanzaron la suma de 81 trillones de dólares, 23 veces el producto territorial bruto de los Estados Unidos de Norteamérica y varias veces el producto del mundo entero. De ese movimiento mundial de monedas, de los 87 trillones de dólares, solamente el 10% correspondió a las operaciones comerciales e intercambio internacional de productos. El resto consistió en transferencias electrónicas de dinero alrededor del planeta.

Hoy en día las proporciones y cifras representan un asomo al vértigo. Ya no se sabe el dinero que circula alrededor del mundo, a la velocidad que circula se corre el riesgo de que antes de acabar de contar por la cola ya se vuelva a contar el que viene en cabeza. Los fondos de inversión trafican con miles de millones de dólares. El Fondo Montgomery de Mercados Emergentes estaba fuertemente colocado en valores mexicanos. Fue suficiente escuchar los sermones apasionados de un párroco local de Chiapas para que los administradores del Fondo Montgomery actuaran de forma radical. Pensaron que la cuerda emocional que tocaba el sermón indicaba que era el momento de soltar las posiciones mexicanas. En pocos minutos cientos de millones de dólares de un solo fondo privado migraron de América Central al Asia como preámbulo de lo que sería el colapso del mercado de valores y la abrupta devaluación del peso durante la presidencia de Ernesto Zedillo.

Pero el Montgomery no es precisamente el fondo más grande del mundo. El Fidelity Investments, el Vanguard Group y el Capital Research & Management, manejan entre los tres más de un billón de dólares. Los gobiernos ya no pueden ignorar la nueva y poderosa fuerza que representa el capital privado y el llamado «hot money», dinero caliente, un inmenso e incontrolable capital anónimo que entra y sale de los países con la velocidad de la luz movido por intuiciones e interpretaciones subjetivas.

Hasta hace pocas décadas el sistema económico mundial dependía de la economía productiva. Era un sistema de cosas tangibles, donde la unión de materias primas, tecnología, capital y trabajo desembocaba en productos manufacturados. La industria era la fuerza impulsora del sistema y el movimiento internacional de divisas dependía del comercio e intercambio de productos entre las naciones. Los vertiginosos adelantos tecnológicos en electrónica y telecomunicaciones, unidos a la interdependencia e integración de las diversas economías nacionales, llevaron a la globalización de la economía e introdujeron un nuevo orden en la realidad.

Para que lo distinto fuera real, para que dos más dos dejaran de ser cuatro, se tuvo que contar con la inapreciable aportación en el sistema de las firmas auditoras. Ellas serían las elegidas para dar brillo y esplendor a los balances empresariales. Evidentemente, estos economistas saben el precio de todo y el valor de nada. Con esta filosofía estos economistas, de profesión auditores, en confraternización con los hombres del negocio de la codicia, que son quienes les pagan, han creado la ilusión de que los inversores se pueden hacer ricos sin hacer nada. Pero en la realidad los que se hacen ricos son los señores del dinero. Los auditores tan solo alegran la fiesta, mientras que los inversores pagan la cuenta. Los primeros no tienen los pies en el suelo mientras los segundos tienen los cuatro, les venden una y otra vez los mismos burros cojitrancos en el incomparable marco esplendoroso de un mundo globalizado donde todo está preparado para que el dinero pueda volar.

Que el sistema económico mundial haya quedado fuera de control, o que nadie sea capaz de entender verdaderamente esta nueva dimensión del dinero electrónico desplazándose a altas velocidades y en grandes cantidades alrededor del globo a través de ordenadores y satélites, son sin duda problemas importantes. No se trata solamente de que la rapidez de movimiento del dinero digital, y no la capacidad productiva de un país, se haya convertido en el árbitro del sistema económico mundial, o que el desarrollo de los medios electrónicos de comunicación le haya dado un vuelco total a nuestra concepción de la economía, sino que el dinero mismo se ha convertido en un dato electrónico, en bits de información almacenados en la memoria de un ordenador o proyectados al espacio en una frecuencia de onda que sólo entiende un particular satélite.

Parece mentira que la vida real de hombres y mujeres dependa de un fenómeno tan abstracto y difuso que nadie entiende. La moneda digital es la más depurada manifestación de la irrealidad del dinero, pero una irrealidad que, surgiendo del reino imaginativo de lo psíquico, produce efectos muy concretos y tangibles sobre la realidad perceptible. Lo blanco puede ser negro, subir puede ser bajar. Todo lo antagónico puede ser condicional y a su vez imperativo de una verdad única. Así lo disponen los señores del dinero para su propio beneficio. Es precisamente la exacerbación de la abstracción del dinero lo que conduce a la exuberancia irracional que acreditan los mercados financieros. Pasen y vean lo que esta magia potagia puede dar de sí.

La corrupción del capitalismo

Es tan grande la mentira y tanto ha crecido en los últimos años que ya es del todo imposible ocultarla. Como una inmensa bola rueda disfrazada por los medios de comunicación, los discursos políticos, el alto funcionariado y por el poder económico. Cada uno hincha el globo aportando su dosis argumental de que todo lo que hacen lo hacen por nuestro bien. No obstante, lo que se otea como realidad es otra bien distinta. Lo que se percibe es el descontrol del sistema empresarial obsesionado por el beneficio y el rendimiento máximo del capital. La doctrina del libre mercado expulsa al gobierno de la empresa, y cada empresa e individuo persigue su propio interés. El bien común queda relegado para los discursos y frases grandilocuentes.

La bola que nos cuentan asegura que el mercado proporciona el mejor mecanismo para arbitrar los valores y determinar el interés general. Se trata de una justificación utópica del laissez faire empresarial para los tontos y, mientras tanto, se concentra el mercado en poquísimas manos, atorgándoles un poder extraordinario para acometer la próxima concentración empresarial, que siempre será más fácil que la anterior, producto de la mordida aun más generosa. La bola, rueda y rueda y se retroalimenta. A cada vuelta que da, aplasta los principios democráticos cada vez con más fuerza y con la pretensión de enterrarlos. El capitalismo, el único sistema socioeconómico que existe, se fortalece de sus propios escándalos al quedar éstos impunes. Cada nuevo abuso va acompañado de una dosis de impunidad, y cada día se cometen los suficientes abusos para que sean percibidos con incredulidad por la ciudadanía. Vivimos, pues, en un sistema que evoluciona a marchas forzadas engrandecido por su prepotencia y corrupción, producto de una permisividad que permite que las prácticas mafiosas se instalen con la reverencia y el aplauso de las instituciones del Estado.

Se ha instaurado el capitalismo de los amigotes, una doctrina económica sostenida por la avaricia de una elite con inclinación patológica hacia el engaño y el fraude. El nuevo capitalismo —estructurado como mentira social— no ha generado la justicia económica prometida. Su tendencia natural ha sido producir oligopolios que aspiran a convertirse en monopolios. Esta doctrina está originando una inmensa legión de descontentos. Las históricas conquistas sociales requirieron siglos de luchas y de esfuerzos por parte de millones de seres humanos. Millones de ellos dejaron su vida para conquistar unos valores que son patrimonio de la humanidad.

La privatización de las empresas públicas no ha conducido a nada bueno para los ciudadanos. Todos los argumentos aportados por los políticos de turno de lo maravillosa que iba a resultar la privatización han resultado mentira. Se ha dilapidado el Estado social que garantizaba la prestación de bienes y servicios públicos con equidad, y sin recibir nada a cambio, se le ha proporcionado al poder económico un armamento para derribar los sistemas de protección social. Activada esta política, las desigualdades sociales van en aumento, la precariedad laboral conduce a los ciudadanos a la inestabilidad donde se sienten incapaces de asumir libremente un proyecto consecuente de sus vidas. Nada ayudan los continuos mensajes de ajuste económico, saneamiento, flexibilidad, regulación de plantillas, prejubilaciones, competitividad, privatización, que desde hace dos décadas prometen los líderes políticos que actúan al dictado de los poderes económicos.

El resultado no es otro que una acusada merma de la credibilidad de la democracia que arrincona a los ciudadanos que sostienen con su trabajo y contribución un sistema que sin piedad los machaca. El bien común ni tan siquiera está supeditado al beneficio. Paradójicamente en una marcha inversa: cuantos más beneficios se obtienen, menos recursos se aplican al bien común. El aumento constante de los beneficios —de unos pocos— supedita a la humanidad entera

Dicho así, en genérico, el asunto no levanta ampollas, pero si individualizamos el delito de forma nominal, la tendencia es la de satanizar al mensajero. Se tendrá que convenir que si la corrupción y la permisividad cohabitan en el sistema, quien más parcela ocupa mayor índice ponderado se le deberá de asignar de convivencia perversa. Todo eso, y más, se le puede adjudicar al Banco Santander Central Hispano —el SCH, como les gusta llamarlo ahora—. Emilio Botín ha sabido instrumentalizar el poder que se le ha conferido para obtener más poder. Esta instrumentación de supremacía —sin control alguno— deriva en la obsesión de acumular más riqueza que consecuentemente incrementa el poder. Una película sin fin que repite la misma escena: la multiplicación de los panes y los peces convertida en beneficios generalizados.

El desmesurado imperio financiero no ayuda, por lo desmedido, a que se pueda practicar un efectivo control de las finanzas del banco. Si a esta dificultad se añade la permisividad, tolerancia, y compinchamiento de las autoridades de control financiero, todo conduce a aparentar una cosa y hacer otra. Para mayor abundamiento se añade también, la decisión política de remar en la misma dirección, y si además se cuenta con la complicidad de la firma de auditoría Arthur Andersen, totalmente rendida a los designios de Botín, el resultado no puede ser otro que un engendro. El feto, en las entrañas del SCH, no es otra cosa que un banco paralelo —por llamarlo de alguna manera e identificarlo— que pulula por las cuentas del banco dejando su rastro. Miles de millones de euros y sociedades con enorme patrimonio desaparecen de la estructura contable sin dejar rastro y sin explicación alguna por los administradores del SCH.

Para ocultar esta situación se ha tenido que recurrir a una rica variedad de disimulos contables que han corrompido las cuentas, hasta tal punto que han perdido su credibilidad. La mentira se ha instalado con la complicidad de todo un elenco de altísimas personalidades que vigilan el mercado, confabuladas con analistas y auditores. Hoy ya no hay duda de que la biblia del SCH está plagada de falseamientos contables.

Poder afirmar que existe un banco paralelo —de una dimensión asombrosa— destino de cuantiosos activos que desaparecen del patrimonio del SCH sólo es posible si con tenacidad se analizan las cuentas del SCH durante varios ejercicios económicos. Por el contrario, si se analiza un solo ejercicio aisladamente, o el anterior que se incluye en la información que transmiten los administradores y auditor, no pueden apreciarse los disparates contables. Evidentemente, ni los accionistas más interesados en la marcha del banco revisan por completo la Memoria. Tendría que ser el auditor quien diera la voz de alarma, pero parece ser que está más interesado en hundir su propia compañía, en lugar de hacer bien su trabajo. Las altísimas autoridades de control financiero, el Banco de España y de control bursátil, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, miran para otro lado. Lo que aparenta no es que estén todos compinchados —sería totalmente imposible guardar el secreto— sino que lo que ocurre es que cada una de las instancias de control y supervisión deja pasar carros y carretas sin sacar conclusiones. Se supone que vivimos en un mundo financieramente feliz.

El desmadre sobre la falta de control no es nuevo; para poder apreciar que este mundo financieramente feliz corre descontrolado a la vista de las autoridades monetarias, todavía se oyen los lamentos de la quiebra del banco Barings. Para ver su magnitud basta este detalle: mientras el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica abría una línea de crédito de 20.000 millones de dólares para auxiliar a México en 1995, un joven inglés de 27 años, Nick Leeson, movilizó con el teclado de un terminal de un ordenador la modesta suma de 27.000 millones de dólares, una jugada especulativa en el mercado de valores asiático que llevó a la quiebra del Barings, un banco con 232 años de tradición.

Vivimos en la más absoluta inopia en lo que respecta al mundo del dinero. Lo que empezó como un juego del Monopoly para unos cuantos especuladores se ha transformado en la industria más esplendorosa atacando a las monedas. Sobre este astronómico negocio en el que los bancos participan de forma destacada nadie dice nada. George Soros se hizo mundialmente conocido como el individuo que hizo caer el Banco de Inglaterra. En una sola semana, en septiembre de 1992, Soros invirtió a través de los fondos que él manejaba unos 10 mil millones de dólares jugando a la devaluación de la libra esterlina. Inmediatamente fue seguido por otros especuladores privados. El Banco de Inglaterra intentó resistir el ataque pero tuvo que ceder devaluando la libra, saliéndose del sistema monetario europeo. El Quantum Fund de Soros ganó unos dos mil millones de dólares en esa especulación. Existen muchos otros audaces especuladores, magos de los instrumentos financieros que pueden hacer arder las bolsas y las monedas en cuestión de horas. Es un mundo cuasi filosófico de espirales especulativas y abstracciones financieras. La posibilidad de que especuladores individuales anónimos puedan inflar en forma fantasmagórica unos valores, cuyo repentino colapso es capaz de llevar a la quiebra a grandes corporaciones o Estados nacionales, señalan la posibilidad del colapso del significado del dinero, producto del vacío financiero.

Tendría que sorprendernos la inestabilidad del sistema capitalista. Por una parte se nos vende como un gran coloso financiero sólido y confiable, pero acto seguido la menor perturbación conduce directamente a una profunda crisis e inestabilidad. El resultado final es completamente antagónico con el que se postula, en el que sólo cabe una interpretación: el creciente interés en la inestabilidad del mercado radica en la oportunidad del momento, porque es allí donde existe la ocasión para obtener ganancias extraordinarias. Las grandes fluctuaciones de los valores de las monedas permiten que se obtengan suculentas ganancias con su comercialización.

Consideremos las declaraciones de líderes de posiciones opuestas. «La mayor preocupación actual es el creciente interés creado en la inestabilidad», dijo Paul Volcker, ex gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, en Changing Fortunes. «La inestabilidad es acumulativa, de manera que está asegurada la posible quiebra de las divisas de flotación libre», expresó George Soros, el mayor especulador cambiario actual, en The Alchemy of Finance. Ambos concuerdan en que hay mucha más gente ahora que tiene interés en beneficiarse de la inestabilidad; previamente tenían interés en la estabilidad. Si se tiene un sistema inestable, es sólo cuestión de cuándo se irá de las manos. Explotará en el momento en que el dólar estadounidense experimente una crisis. Cuando esto ocurra, al mundo no le quedará ningún sistema. El único antecedente es el colapso del sistema monetario romano.

En la crisis de 1929, el sistema monetario se sostuvo. Hubo otros tipos de problemas —desempleo, caídas de los mercados accionarios, inflación de la moneda en Alemania—, pero había un patrón oro que se mantuvo. Actualmente no hay un patrón oro en el que apoyarse. De manera que no existen antecedentes para un colapso de esta naturaleza. Y esto sería un fenómeno verdaderamente global. Todas las monedas del mundo están basadas en el dólar. De manera que si hay una crisis del dólar, se saca el eje y explota.

En 1975, alrededor del 80 por ciento de las transacciones de divisas estuvieron dirigidas a la realización de negocios en la economía real. Por ejemplo, las monedas cambian de mano para importar petróleo, exportar automóviles, comprar empresas, invertir en carteras o construir fábricas. Las transacciones reales producen o comercializan bienes y servicios. El 20 por ciento restante de las transacciones en ese año fueron de carácter especulativo, es decir que el único propósito era el de obtener lucro a partir de la compra y venta de monedas. Actualmente, las transacciones de divisas en la economía real bajaron al 2,5 por ciento, y ahora el restante 97,5 por ciento es de carácter especulativo. La economía real se ha convertido en un pequeño porcentaje de la actividad monetaria financiera total. En 1997 hubo cerca de dos billones de dólares diarios de transacciones monetarias, lo que equivale a volcar cada tres días todo el volumen del producto interno bruto (PIB) anual de Estados Unidos en la comercialización monetaria.

Hay tres causas acumulativas de este aumento explosivo de la especulación monetaria: la primera acción importante fue la liberación del dólar del patrón oro en 1973, por el entonces presidente de Estados Unidos Richard Nixon. La «flotación» del dólar permitió que los valores monetarios estuvieran determinados por los agentes de los mercados de divisas. Se le dio más valor a las monedas de países con economías fuertes y políticas monetarias y fiscales saneadas que a las monedas de países con economías y políticas inestables o débiles. Esta «apertura», o redefinición del sistema creó un marco para el juego especulativo.

El siguiente paso fue la desregulación legal. En los años ochenta, el ex presidente de Estados Unidos Ronald Reagan y la ex primera ministra británica Margaret Thatcher introdujeron estrategias de desregulación. El Plan Baker, aplicado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), introdujo esos cambios en una docena de países claves del Tercer Mundo, lo que dio más margen al movimiento internacional del capital y a las empresas que anteriormente no habrían participado de la especulación. Por último, y como caído del cielo, el fenómeno estructural que subyace detrás del sistema es el cambio tecnológico; la electronización del dinero y la computarización de los sistemas de mercado.

Como consecuencia de este estado de cosas los gobiernos nacionales están en vías de perder su poder. El Estado nacional es la única entidad que no puede arreglárselas en este nuevo entorno. No tiene forma de ganar poder frente al capital global y la informática. Quienes comercian en los mercados cambiarios están efectivamente incidiendo en los gobiernos con la venta de la moneda. Si hay una cantidad suficiente de especuladores que actúen en conjunto, el valor de una moneda puede desmoronarse, creando una «crisis monetaria».

Estas abultadas ventas repentinas son consideradas por los gobiernos como «ataques» al valor de sus monedas. La devaluación de una monda puede ocurrir en un plazo muy corto, en días o incluso en horas, debido al nuevo sistema de comunicaciones de alcance mundial. No existen negociaciones ni conversaciones ni nadie que se siente en una mesa y diga: «esto es lo que vamos a hacer» o «¿qué tal con renegociar esta parte?». Sencillamente, de golpe, uno se enfrenta a la crisis de una moneda de determinado país. Tal fue el caso de la caída de la libra esterlina británica en 1991, las monedas escandinavas en 1992 y 1993, y el peso mexicano en 1994. Los bancos centrales a menudo pueden intervenir cuando una moneda es atacada, ya sea comprando o vendiendo para contrarrestar a los especuladores. Pero los volúmenes de dinero que se están comercializando son tan enormes que ni siquiera los bancos centrales pueden evitar sentir el impacto. Todas las reservas de todos los bancos centrales juntos ascienden a unos 640.000 millones de dólares, de manera que podrían ser vaciadas en un tercio de un día normal de actividad especulativa.

Con este panorama de tráfico financiero parece evidente que son una realidad las transacciones especulativas. No obstante, siendo los bancos el corazón del sistema económico, no aparecen por ninguna parte de sus memorias e ingresos los beneficios derivados de esta parcela del negocio bancario. Lo que conduce a pensar que las cuentas de los bancos presentan a sus accionistas poco tienen que ver con el contexto del negocio que las cúpulas de los bancos se llevan entre manos.

Los nuevos conquistadores

El capitalismo se está transformando, viaja en cohete supersónico en el desarrollo de la actual etapa corporativa del capitalismo financiero del siglo XXI. El rumbo está trazado; y el objetivo es claro y diáfano, pretende la desaparición de la nación-Estado tal cual la conocemos desde la modernidad y su reemplazo por una gestión paraestatal en manos de las grandes corporaciones económicas y financieras. La concentración ha acabado agrupando a las distintas facciones del corporativismo que, aliadas, ejercían el control en cada uno de los países. Se propusieron entonces, y lo lograron, imponer el modelo económico, el neoliberal o fondo monetarista, basado en el adelgazamiento del Estado y en el ajuste social entre otros mecanismos esenciales, todos convergentes en un solo punto estratégico: concretar crecientes transferencias de riquezas sociales a manos de las corporaciones financieras a través de los circuitos bancarios.

Los circuitos bancarios son las arterias por donde corre la globalización del Imperio con sus doctrinas adosadas de pensamiento único. La liberalización de los mercados y las privatizaciones, que, al ser de talla única, aquí en el Estado español hermanó en el acuerdo a socialistas y populares. De lo dicho, tiene hoy una aplicación práctica, ya no es posible elucubrar con lo que nos viene por delante, ya está aquí. Tan solo hay que remitirse a lo que aconteció en Argentina para abrir los ojos de par en par y contemplar el saqueo y la rapiña aplicado por la política neoliberal de un capitalismo fundamentalista. La doctrina privatizadora germinó durante la administración del presidente radical Raúl Alfonsín y se profundizó, primero y muy especialmente, durante la década del peronismo encabezada por Carlos Menem. Cuando estalló la crisis en Argentina a principios de diciembre del 2001, que se llevó en términos de días a dos presidentes elegidos por la Asamblea Legislativa (las cámaras de diputados y de senadores reunidas en plenario) y que provisionalmente instaló en el gobierno al peronista Eduardo Duhalde (elegido por el mismo mecanismo), que convalidó el saqueo a los pequeños y medianos ahorristas —tal como lo dicen en Argentina— en manos de los bancos, que paralizó y terminó de destruir el sistema económico en su conjunto y que pone en jaque a toda la corporación política mandataria, esconde algunas grandes mentiras, tan bien presentadas que incluso los sectores más comprometidos a favor de una salida democrática y a favor de los intereses sociales no llegaron a detectar.

La gran mentira, aunque la ortodoxia del pensamiento alternativo, progresista y antiglobalización diga lo contrario, la situación a la que llegó Argentina no obedece a un fracaso, identificado como una vaga o imprecisa consecuencia de la prolongada «crisis estructural» del país, y, lo que más llamará la atención, no representa el fracaso de los modelos regresivos impuestos por el neoliberalismo y el FMI. Todo lo contrario, el escenario que vive hoy Argentina exhibe el éxito rotundo de esas políticas y de esos modelos. Esto es lo que pretendían las facciones del corporativismo global financiero para Argentina: llevarla a la disolución como nación-Estado, transformar su conformación política en una absoluta dependencia del poder económico.

La globalización del corporativismo financiero encierra en su propia naturaleza una fórmula que en principio parece contradictoria o paradójica pero que encubre una profunda funcionalidad dialéctica: primero se ocasiona el daño —cuanto más mejor— y después bajo drásticas medidas imperativas se viene a decir «sois incapaces de salir por vosotros mismos del atolladero. Tenemos que venir al rescate». Argentina es el campo experimental perfecto para llevar adelante esos planes que muy bien podrían definirse como el conejo de indias del nuevo capitalismo.

Otra de las grandes mentiras referidas a la llamada crisis del sistema financiero muestra que es falso que ésta haya sido consecuencia de un desequilibrio estructural no deseado por el establishment económico; no es cierto que los bancos no tengan o no hayan tenido fondos con que hacer frente a las reclamaciones de disposición solicitada por los clientes de su propia cuenta y con saldos disponibles; no es cierto que el actual gobierno haya optado por la defensa de la moneda local a través de la devaluación y de la pesificación como alternativa a la dolarización. Las facciones del corporativismo financiero global saben a dónde van: hacia la dolarización, hacia la adopción del dólar norteamericano como signo monetario de curso legal, lo que equivale a la dominación perfeccionada del país por parte de Washington, manteniendo la formula vacía de nación-Estado.

En este sentido de la dolarización se pronunció el hombre número uno de la banca extranjera en Argentina, Domingo Cavallo, en dos artículos de opinión publicados en el diario bonaerense La Nación en septiembre de 2002. Cavallo presentaba de nuevo la dolarización como la última alternativa que Argentina tiene para salir de la crisis. Poca credibilidad puede quedarle a este personaje que, siendo funcionario de la dictadura militar que asesinó y torturó a decenas de miles personas, al frente del Banco Central, estatizó la mayor parte de las deudas empresariales, y fue el impulsor de que el peso argentino tuviera una paridad cambiaría «uno por uno» respecto del dólar, creada por la Ley de Convertibilidad, que ha acabado como el rosario de la aurora.

las políticas salen Washington y se concentran en la transformación del capitalismo clásico en capitalismo financiero. Esta mutación les permite erigirse como cabeza del nuevo Imperio con todo el potencial disponible. La perversa mutación consiste en el valor agregado de otorgarle un definitivo reconocimiento a las corporaciones financieras propias, ya no como influyentes en el poder, sino como titulares directas del poder político, instaladas a la cabeza de las instituciones constitucionales. Es decir, se ataca en manada de lobos; el presupuesto militar, las instituciones y el Gobierno se lanzan en pos de los objetivos de las corporaciones financieras.

Ante este panorama, donde las corporaciones y conglomerados financieros han llegado por la puerta de atrás a la Casa Blanca, todo se disfraza. Se utiliza el militarismo para combatir un terrorismo mundial matando moscas a cañonazos, a consecuencia de esta política se ataca por tierra, mar y aire a Afganistán donde los pozos petrolíferos pasan por la puerta de atrás a manos norteamericanas. El ataque a Irak es otra campaña de «a por más petróleo». El poder económico disfrazado de patriotismo fundamentalista no sólo maneja cañones, sino instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como arietes en su política de acoso y derribo. La nueva política del Imperio ha dejado atrás la conquista de mercados por sus multinacionales, ahora la manada de lobos ataca a países enteros.

El FMI es el instrumento preferido del Imperio de la globalización para impartir sus diagnósticos y recetas de talla única por todo el mundo, con la singular apreciación de «en casa del herrero, cuchara de palo». Las cuentas fiscales de Estados Unidos estarán en rojo hasta el 2004, incluyendo un déficit fiscal de 106.000 millones de dólares para el año 2002. Jamás el FMI le pide que lo rebaje, conforme a las exigencias que en ese sentido sí plantea a los países dominados.

Las condiciones que el FMI impone a Argentina sólo apuntan a un objetivo: defender los créditos de la banca extranjera y aumentar los pasivos públicos del Estado a favor de los mismos bancos. De ahí que insistan en los ajustes fiscales y en la vigencia de una ley de quiebras que proteja los intereses de la banca. Pero la jugada del Imperio tiene miras más largas: en primer lugar la dolarización de la economía y, a más largo plazo, la disolución de la actual conformación política de Argentina, mediante el exterminio del concepto de nación-Estado. Todavía el FMI pretende algo más. En su batalla monetaria con la Unión Europea (dólar versus euro) Estados Unidos necesita crear un zona de predominio del signo propio. Así con Latinoamérica adosada al dólar, Washington se coloca en mejor posición frente a la Unión Europea, puesto que hace más de una década que las economías comunitarias están apuntando al mercado latinoamericano.

Los bancos fueron agentes imprescindibles para el latrocinio y la fuga de capitales de Argentina. Contaron con sus mecanismos de cuentas especiales en la banca off shore fuera de las fronteras del país y fueron favorecidos por la dolarización de hecho, aunque todavía no nominal, que impuso la Ley de Convertibilidad. Ese circuito bancario hizo posible que los grupos empresarios efectuasen sus operaciones de fuga al distribuir entre ellos, en calidad de créditos a largo plazo, sabiendo que, en la mayoría de los casos, esos créditos no irían dirigidos a la producción sino a las cuentas secretas de los empresarios en el circuito de los paraísos fiscales.

Idéntico rol cumplió la banca a la hora de guardar a buen recaudo la multimillonaria suma que acumuló la corporación política en sus negociados y corruptelas a la luz, sobre todo, del proceso privatizador. Esa corporación política, mandataria de las corporaciones financieras y económicas globalizadas con actividad en Argentina está integrada por dirigentes de los partidos mayoritarios peronista y radical, figuras influyentes de otras agrupaciones menores, conservadoras algunas y pseudoprogresistas otras, aliadas a los primeros. Participan legisladores, jueces, y miembros del poder ejecutivo, tanto del orden federal, como provincial y municipal. Es así, al fin de cuentas, que la acumulación de activos financieros, legales e ilegales, succionados de la economía argentina superan con creces la suma total de la deuda externa del país.

Los bancos estaban obligados a dejar que la gente retirara sus depósitos en dólares (obligación que no cumplieron violando la legislación argentina con la complicidad del gobierno y por encima de ciertas órdenes judiciales), los grandes bancos afirmaban, con pretensiones de seriedad, que se enfrentaban a la insolvencia y que estaban a punto de perder 54.000 mil millones de dólares: lo que llaman «peligro de insolvencia» debe leerse como «costos y riesgos financieros» que surgen de la fuga de capitales y del traslado de sus activos a sus subsidiarias off shore y lo que denominan «pérdidas» deben ser comprendidas como «ganancias», obtenidas mediante el siguiente mecanismo: se captan ahorros en dólares a cambio de asientos bancarios, mientras que esos dólares o bien son girados hacia otras plazas especulativas con coyunturas más favorables o bien son prestados a grandes empresas que no los inyectan en el sistema productivo local, sino que los evaden para convertirlos en activos financieros en el exterior.

Cuando a fines del 2001 Argentina suspende los pagos de su deuda, porque se declara en quiebra, la banca acreedora, que es la misma que opera en el mercado de los impositores locales aplicando el engranaje que acabamos de describir, exige a sus mandatarios, el poder político corporativizado de los partidos mayoritarios, que inmovilice los depósitos (que cree el denominado corralito), pues apunta a un objetivo fundamental: quedarse con todos los fondos disponibles en Argentina.

El crédito internacional otorgado a los países dependientes conforme a las pautas de las corporaciones financieras —el gobierno de Estados Unidos y el FMI son sus agentes de presión y chantaje— sólo es buen negocio para las propias corporaciones financieras. Son ellas las que terminan captando esas masas de dinero que crecen primero con los intereses que pagan los Estados endeudados y los tomadores privados de crédito, y después con los capitales de los ahorradores, que son fugados hacia plazas financieras con ventajas coyunturales, pero en las que se repiten los mismos esquemas.

El diario argentino Página 12 publicó el 5 de febrero de 2002 una lista de los principales deudores del sistema bancario, donde puede apreciarse que si las grandes empresas domiciliadas en Argentina pagasen sus créditos —y con sus activos financieros colocados en el exterior tendrían de sobra para hacerlo— la banca podría satisfacer casi la totalidad de los fondos (casi el 90 por ciento de los 47.000 millones de dólares que fueron confiscados en el corralito), pero lo cierto es que el sistema bancario juega desde hace varias décadas dentro de la espiral más macabra de la especulación, al igual que sus principales clientes, las grandes empresas tomadoras de créditos. Ese juego se llama fuga de capitales.

El sistema financiero argentino no ingresó en ninguna pendiente de quiebra e insolvencia. Lo que allí tuvo lugar fue un vaciamiento voluntario de las arcas bancarias. Las instituciones de créditos y los gobiernos de De La Rúa y sus dos sucesores —todos pertenecientes a la misma corporación política sostenida por el establishment financiero— le han dicho a la gente que la crisis es tan terminal que los bancos no pueden cumplir con sus compromisos. La falsedad deliberada de esos argumentos queda demostrada en un hecho sobresaliente y evidente.

Resulta que para cumplir con las imposiciones de Estados Unidos y del FMI, que pidieron la devaluación, la pesificación y la libre flotación del valor del dólar, para mejorar las condiciones internas relativas de una inminente dolarización, los bancos de Argentina están proveyendo de billetes de dólar a las casas de cambio, las que, en principio, son las únicas habilitadas para operar con el público. Esos dólares son, en primer lugar, los mismos que los bancos dicen no tener para devolver los depósitos a los pequeños y medianos impositores, y los que el Banco Central drena de sus reservas, que a su vez, en su mayor parte, pertenecen a los bancos.

Debido a las presiones de Estados Unidos y del FMI el gobierno se vio obligado a liberar el mercado de cambios antes de lo previsto y a proteger a los bancos, decidiendo que sean sólo las casas de cambio las habilitadas para vender y comprar divisas. Pero se trata de un mecanismo aparente. Son los bancos los que proveen de dólares a las casas de cambio, para oxigenar así de pesos a las grandes empresas deudoras que ahora pagarán sus cuentas en signo nacional, después de haberlas licuado a través de la pesificación uno a uno. Entonces, ¿en esa licuación, pierden los bancos? No, de ninguna manera. Si bien pesificaron sus créditos a un peso por un dólar y sus deudas a 1,40 pesos por dólar, el Estado emite títulos de su deuda a favor de la banca para compensar esas supuestas pérdidas, pero son bonos canjeables por dólares en billetes.

Pero así y todo, la pregunta del millón de dólares es inevitable: ¿Cómo es que los bancos no tienen dinero —dólares— para reponer a los clientes con cuentas de ahorro y sí lo tienen para suministrar a las casas de cambio? Es evidente que es un engaño. La banca tiene todas las de ganar. Con un país vaciado económicamente y fracturado desde el punto de vista social y político, es muy difícil que su sociedad pueda frenar a los saqueadores. Cuesta creer que todo esto sea posible, pero estos caballeros no tienen inconveniente en exprimir al cliente/ciudadano hasta el martirio, haciéndole creer que el dinero se ha perdido por la mala administración del Estado, cuando son compartimentos totalmente estancos. Las cuentas del Estado son una cosa y las cuentas privadas de los bancos privados son otra.

La oligarquía argentina evadió todo cuanto pudo y más. Se computaron más de 300 furgones de seguridad repletos de dólares. La policía sólo llegó a interceptar seis furgones de caudales —de la empresa española Prosegur, por cierto— cuando en realidad se retiraban a medianoche y a escondidas decenas de sacas de los bancos HSBC y Citibank. A través de la Bolsa, que llegó a subir un 40% en los días críticos a causa de la demanda de acciones, salieron de Argentina miles de millones de dólares. Se adquirían acciones que al día siguiente se vendían en el mercado de Nueva York. De una u otra manera se esfumaron del país 130.000 millones de dólares, de ellos 65.000 millones de las cuentas bancarias de los argentinos.

Cuando el nuevo presidente argentino, Eduardo Duhalde, pregonaba la buena nueva anunciando que «terminó la alianza entre el poder político y el financiero», los bancos ya habían repatriado el dinero. Se podrá pensar que esto pasa en Argentina y está muy lejos, pero los bancos que controlan aquel mercado son los norteamericanos y los españoles; concretamente los españoles SCH y el BBVA. La repatriación de los ahorros de los argentinos se inició el 4 de diciembre de 2001, con tiempo suficiente para que en el balance contable del SCH al 31 del mismo mes —el cierre del ejercicio— aflorara como variación neta (diferencia de saldo entre un ejercicio y otro) la friolera de 2.201 millones de euros, (366.000 millones de pesetas) depositados por el Santander en el Banco de España. Por si este dato no fuera suficiente, el folleto del SCH, registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 18 de diciembre de 2001, dice lo siguiente sobre la posición del banco en Argentina: «La liquidez del Grupo se mantiene en niveles suficientes y los recursos propios se siguen situando por encima de los niveles mínimos regulatorios, tras la repatriación al Grupo de 300 millones de euros en el ejercicio». Este informe, que está firmado por Benjumea Cabeza de Vaca —encargado, entre otras labores, de esconder fortunas en las sociedades participadas del banco en los paraísos fiscales— lo dice bien claro: repatriados 50.000 millones de pesetas.

Dada la elasticidad de la semántica, podría decirse que repatriados es equivalente a incautados. Es evidente que la retirada, rapiña, confiscación —que cada uno adjetive a su buen entender— de tan desorbitada cantidad por parte de la sociedad financiera y sin haber cerrado las cuentas del Banco Río (del que el Santander es propietario del 98,84%) supone incurrir en algún tipo de responsabilidad frente a los depositantes que claman en la puerta de los bancos que se les entregue su dinero. Las pintadas en las fachadas: «Haga patria, queme un banco», los vidrios rotos y las largas colas en las oficinas bancarias no se explicarían si el dinero estuviera a buen recaudo. El juez argentino Mariano Bergés remitió un oficio a la Policía Federal advirtiendo que ni Ana Patricia Botín, —presidenta del Banco Río— ni 19 imputados más podían abandonar Argentina. Claro que el asunto en un principio se diluyó por «error», pero en abril de 2002 cien ciudadanos argentinos promovieron una demanda judicial contra el SCH y los miembros de su Consejo de Administración y su Comité de asesores internacionales, para que se proceda a la inmediata restitución de los depósitos constituidos en el Banco Río de la Plata. Los mismos demandantes han recurrido a los Tribunales de Justicia en España. La repatriación de caudales operada por el Santander es extensible a todos los bancos que operan en Argentina. La decisión se tomó al unísono y estuvo coordinada por el Fondo Monetario Internacional.

Visto lo que estos caballeros son capaces de llegar hacer, nos vemos obligados a perder la inocencia. Tendremos que reconocer que los amos del dinero ya no se conforman con practicar el «pelotazo»; tienen ahora, en manada de lobos, la capacidad de asaltar una nación entera y de un atracón indigesto comérsela hasta los huesos. En este impune festival que arruina a todo un pueblo, Emilio Botín ha tenido su tajada. Los accionistas del Banco Santander es posible que hasta resulten perjudicados. El negocio bancario en Argentina ha quedado estigmatizado como ladrones a gran escala, la credibilidad está por los suelos y esto afecta a la cuenta de resultados. Lo que no figura entre los resultados del banco es la rapiña de los miles de millones de dólares que corren hacia cuentas indescifrables controladas por el presidente del banco en cualquier paraíso fiscal. Del pelotazo se ha pasado al «pelotín, el pelotazo de Botín».

La creación de valor

Vista la doctrina impuesta por el nuevo orden mundial —que es exactamente igual al viejo orden, pero disfrazado de estado del bienestar— cambia para dejarlo todo tal cual estaba: los débiles están sometidos a la fuerza de la ley, mientras que los poderosos se sirven de la ley y la utilizan como un instrumento para conseguir sus fines. Bajo este precepto el mundo gira y gira pero siempre estamos en el mismo sitio. Los principios que sostenían al viejo capitalismo han sido sustituidos por otros principios de más fácil maniobra. Los poderosos, los señores del dinero, se han puesto de acuerdo en impulsar un nuevo modelo de economía que sostiene el principio básico del beneficio, pero accediendo a él por la vía supersónica. El concepto de obtener ganancias por la gestión empresarial tiene múltiples inconvenientes, crisis, competencia, riesgos…, en definitiva: esfuerzo y cruda realidad. Es más fácil obtener las ganancias de forma virtual: si se han ganado cinco, entonces digamos que treinta, o ciento treinta si es que conviene. Así, por encantamiento, las sociedades mercantiles que cotizan en Bolsa ven como su cotización cada día vale más. A este encantamiento, contabilidad creativa o estafa, los señores del dinero lo llaman «creación de valor».

Veamos, pues, cuánto hay de encantamiento, contabilidad creativa o estafa en este nuevo invento que hace que el valor de los títulos de muchas grandes sociedades que cotizan en Bolsa se engorden cada día un poco más, para luego reventar. La creación de valor tiene su particular historia, que puede tener, y de hecho las tiene, ciertas reminiscencias con el juego del Monopoly. Todo empieza por la pérdida de exclusividad de los Estados, es decir de sus bancos centrales, de emitir moneda. Ahora son las grandes corporaciones financieras las que emiten su propia moneda. Los títulos que representan la parte alícuota del capital de estas sociedades han pasado a ser la nueva moneda de cambio que estimula la adquisición de otras empresas que no son adquiridas por desembolso dinerario alguno. Atrás ha quedado la concepción de depósito de valor que tenían los títulos de las compañías para reciclarse en la emisión de pasivos con las que financiar las adquisiciones de otras sociedades, que no se paga en metálico, sino con la nueva moneda que circula sin control por los mercados financieros: los títulos de las propias sociedades compradoras.

La especulación ha llegado a tal extremo que la «creación de valor» es el camino fácil para simular de forma virtual unos beneficios que realmente no se obtienen por la rentabilidad de la empresa. Los márgenes de rentabilidad, cada vez más estrechos y más difíciles de conseguir, se ven suplantados por la artificial «creación de valor» que no hace más que impulsar la burbuja especulativa bursátil. Con este tipo de operaciones se contribuye a un proceso de «apalancamiento financiero», mediante anotaciones en cuenta, de las nuevas deudas contraídas. Las nuevas deudas se compensan en el balance con más ampliaciones de capital que, de nuevo, no se aportan dinerariamente, ni tan siquiera con la emisión de títulos de renta fija que se realizan con el mismo fin. Todo este flujo de capital virtual tiene un seguro de vida en el engaño a los inversores que acuden en masa a la Bolsa, entusiasmados al ver sus inversiones cada vez más revalorizadas, que invierten hasta el último euro, incluso endeudándose. Se genera de este modo una espiral que no tiene fin. Las sociedades involucradas en este proceso recurren una y otra vez al mismo método de incrementar espectacularmente el crecimiento de sus activos y pasivos financieros que se sustentan a sí mismos en una cadena interminable.

Cada vez hay más empresas de las características descritas, sociedades de elite cuyos activos están sostenidos en la propiedad de títulos u otros pasivos emitidos por sociedades, y cuyo activo se apoya y sostiene a la vez en títulos y pasivos de otras sociedades, y éstas, a la vez, en otros. La «creación de valor» para el accionista, un eslogan que más de una entidad financiera ostenta como paradigma de su gestión, camina cada vez más por la senda de la generación de una montaña de papel que dice sostener sus balances. Pero lo cierto es que el valor asignado a esta montaña de papeles lejos está del valor del inmovilizado material y comercial que teóricamente lo sustenta. La valoración que se asigna a esta nueva moneda viene dada por los propios administradores que la emiten y el imperio falla por la base.

La facultad que vorazmente se asignan los administradores de estas sociedades, soslayando la ley, origina un riesgo permanente de crisis al emitir «dinero financiero» al margen de las autoridades monetarias que teóricamente controlan el sistema, que se disimula con la sensación por parte de los pequeños accionistas de que sus acciones cada vez tienen más valor. Pero lo cierto es que las ganancias de unos han de ser sufragadas por otros, o dicho de otra manera, lo que unos ganan otros lo pierden. La dilución la soportan los accionistas, que son excluidos de este tipo de emisiones y son los netos perdedores, y aunque aparentemente las acciones que representan la parte alícuota de capital de la sociedad se revalorice, no deja de ser un espejismo. Los que sí obtienen beneficio son todos aquellos que de una forma u otra acaban recogiendo el diferencial entre el tipo de emisión asignado por los administradores de la sociedad emisora, y el valor real de las nuevas acciones que se emiten. Así pues, el castillo de naipes se sustenta por el crecimiento continuado de la burbuja financiera que permite a los incautos inversores la idea de que cada día serán más ricos sin hacer nada. Esta idea perdurará hasta el día en que una gran parte de los inversores quieran recuperar su inversión. Aquel día el cuento de la lechera se habrá acabado.

No hace tantos años la emisión de moneda era exclusiva facultad del poder político. Esta facultad evidenciaba la hegemonía del poder político respecto a los agentes económicos que intervenían en el sistema. Este privilegio no tardó a extenderse a los bancos, que obtuvieron la prebenda de crear el llamado «dinero bancario» bajo la tutela del Estado, con la prestación de que, sobre la inmovilización de gran parte de sus depósitos, financiasen la deuda emitida por el propio Estado. Bajo esa premisa de autorización de la emisión de «dinero bancario», las instituciones financieras acabaron rompiendo el monopolio del Estado emitiendo pasivos financieros que suplían la función del dinero. Pero no acabó aquí la cosa, pues del «dinero bancario» se ha pasado en pocos años al novísimo «dinero financiero», que ha inaugurado una nueva etapa de la historia —llámenle ustedes Nueva Economía o globalización o como mejor gusten— cuyos destinos ningún gobierno (ni los de los Estados más poderosos) ni ningún organismo internacional, es capaz de controlar.

Claro que la nueva filosofía financiera que impulsa la «creación de valor» no es absolutamente nueva. En 1997, los administradores del Banco Santander ya la tomaron como eslogan propagandístico. En la memoria anual de aquel año ya se destacaba en el titular de portada el profético lema: «Creando valor para todos», idea que se desarrollaba en las páginas interiores:

La capacidad de generar valor para el accionista ha venido refrendada por el mercado que ha revalorizado en un 83,8% la acción del Santander, 43 puntos porcentuales más que la mejora registrada por el IBEX 35, y por una política de distribución de beneficios que ha situado la rentabilidad por dividendo de nuestros accionistas en un 4,1%.

Este párrafo, suscrito por los administradores del Santander, lo decía todo, al destacar una sorprendente revalorización de la acción de un 83,8%, por una escueta rentabilidad de cartilla de ahorros del 4,1% del dividendo. Desde 1997 hasta hoy, ha llovido lo suficiente como para que en el informe anual —ahora del SCH— los presidentes se dirijan a los accionistas en términos del estilo: «pretendemos ser la primera y mejor entidad bancaria y por ello apostamos por la anticipación y por la excelencia». Hasta aquí es lo que dirían en estas circunstancias todos los presidentes de un banco, pero lo que sigue rubrica la jugada: «y creemos que los logros registrados en 1999 confirman que estamos en el camino adecuado para seguir logrando nuestro primer e irrenunciable objetivo: la creación de valor para todos». Las altas dosis de «creación de valor» para los accionistas que aplica Emilio Botín corren directamente proporcionales al beneficio propio de tan singular modo de hacerse rico.

Para poder determinar el perímetro por donde se mueve este tipo de operaciones de nuevas emisiones de acciones es necesario cuantificar, por poner un ejemplo, las emisiones que se presentaron a la Junta de Accionistas del 4 de marzo de 2000 y que fueron aprobadas en un acto de fe. El «pelotazo» para los administradores o todos aquellos que pudieran sacar provecho de la operación superaba el billón de pesetas. Está puesto así en pesetas para dimensionar el volumen cuantitativo que desprenden estos actos protocolarios que se convocan para la aprobación de las cuentas del SCH, así como para la aprobación de varias ampliaciones de capital propuestas por el Consejo de Administración para afrontar el pago de otras tantas operaciones previstas por los administradores. Siguiendo la línea de los grandes conglomerados financieros, también el SCH está recurriendo a las ampliaciones de capital para conseguir el «dinero» suficiente con el que pagar los nuevos retos y operaciones que quieren realizar.

Si ya es criticable la utilización desmedida de ese método de pago, esa crítica se incrementa cuando se comprueba la forma en que se lleva a cabo. En primer lugar, y para que sirva de medio de pago, esas ampliaciones se diseñan con la exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas del SCH, exclusión necesaria ya que esas nuevas acciones van destinadas principalmente a terceros no accionistas de la entidad. Este hecho provoca que si la valoración que se da a esas nuevas acciones, es decir, el precio de venta a ese tercero que se fija, es inferior al valor real de esas acciones, las «viejas» acciones pierden valor. En este punto, la ley aplicable determina de forma clara que, por las consecuencias de pérdida de valor antes citadas, es necesario que en esas ampliaciones se cumplan una serie de requisitos encaminados todos ellos a proporcionar al accionista la información completa de la operación, con detalle del valor dado a las acciones que se van a emitir, así como del valor real de las ya existentes, para que con ello pueda calibrar el beneficio o pérdida que acarrea esa operación de ampliación. Por ello, la ley exige la figura del experto independiente que ha de emitir su juicio tanto sobre la valoración que hacen los administradores como sobre el valor real de la acción. Es este mecanismo de control el punto en el que se apoya la ley para asegurar la defensa de los derechos del accionista.

De este asunto —la emisión de nuevas acciones excluyendo a los accionistas— que en su mala práctica enriquece a los administradores de las sociedades que cotizan en Bolsa, y es además uno de los ingredientes explosivos que provoca la burbuja bursátil, nos ocuparemos más tarde. Dejemos hasta un próximo capítulo —«Anónimas participadas» y un anexo final— el desenlace de este ingrediente de las emisiones con exclusión de los accionistas, y abordemos el epicentro del terremoto que arrasa con el sistema capitalista: la avaricia sin límites. Toda una conjura en la que intervienen los poderes del Estado por activa o por pasiva, pero que tiene en el auditor el cómplice necesario para que los administradores de las grandes sociedades cometan las mayores estafas con la apariencia de que todo es legal. La ley española de Auditorías de 1988 y el reglamento que la desarrolla dan al auditor la varita mágica para elevar las cuentas presentadas por el auditado a la categoría de ciertas. Y los auditores, agarrándose cual brasa ardiendo a la legislación, han entrado al trapo, dados los miles de millones que se mueven, de santificar cuentas pecadoras. La facultad de canonizar a los impuros es más rentable que el arduo trabajo de ir relatando salvedades. Los auditados, una vez conseguida la beatificación de sus cuentas, pueden acudir al mercado de la Bolsa con el certificado de su bondad. Para las autoridades bursátiles el salvoconducto de la firma del auditor es incuestionable. Poco importa que al mercado acuda carne putrefacta si ésta lleva el marchamo del veterinario.

Pero tantas veces ha ido el cántaro a la fuente que al final pasa lo que pasa. Los auditores han creído que todo el monte es orégano, y que podían campar por sus respetos tolerando impunemente fraudes de toda índole, amparándose en el lenguaje encriptado que se extiende por sus informes. Tan osados han sido estos profesionales de la cohabitación ilícita, que han acabado conspirando contra aquellos a los que presumiblemente tienen que salvaguardar: los inversores. Porque la función principal del auditor —reflejar en sus informes la imagen fiel de una sociedad o empresa— es imprescindible en la economía de mercado en la que nos movemos.

Pero conforme los nuevos negocios se han ido desarrollando a ritmo vertiginoso, las firmas auditoras han ido vistiéndose con un disfraz engañoso para los acreedores de las sociedades que auditan, sus juntas de accionistas, las autoridades bursátiles, y el mercado. El resultado está ahí: en los últimos años los socios auditores y las firmas auditoras se han visto arrastrados a lo que ya comienza a ser un variopinto ramillete de procedimientos de índole penal. Los perjuicios ocasionados a accionistas, acreedores e inversores ya suman millones de euros, un pozo sin fondo donde van quedando atrapados miles de ahorradores.

Lo maravilloso del sistema fraguado por el nuevo pensamiento único económico, es que es reversible: tanto sirve para transmutar pérdidas en beneficios, como para ocultar estos últimos. Y, en este contexto, las entidades bancarias no están en posición perdedora, sino todo lo contrario: beneficios escandalosos tienen que ser ocultados a la vista del público. Así, la firma auditora se cuida de correr un tupido velo con mil argucias. Entre tanto se acumulan antecedentes: el caso Gescartera no ha hecho más que incorporarse a una serie de asuntos turbios, entre los que destacan por su trascendencia pública los de Banesto, la PSV, Huarte, la Corporación Industrial y Financiera Banesto, Ebro Agrícolas, AVA y otros muchos que aún colean. Paulatinamente, las responsabilidades penales y las fianzas multimillonarias se están convirtiendo en una espada de Damocles que pende sobre las cabezas de las firmas auditoras, para que no olviden que al pan se le llama pan y al vino se le llama vino.

Quieran o no, algún efecto debe estar provocando este ir y venir de informaciones en los medios de comunicación, referidas al sector de los auditores. Desde el mismo momento que empezaron las primeras informaciones en los EE.UU. sobre la vida y milagros de la eléctrica Enron y su connivencia con su auditor —la firma Arthur Andersen—, se ha destapado la caja de los truenos. La Securities and Exchange Commision (SEC), la máxima autoridad bursátil de los Estados Unidos —el equivalente de la Comisión Nacional del Mercados de Valores en España— ha puesto el grito en el cielo. El mismo grito y en el mismo cielo que exclamaron escasamente un par de años antes del descalabro de Enron, cuando la firma auditora Price Waterhouse Coopers fue descubierta en plena confraternización con sus clientes auditados. La SEC se juramentó poner freno al desenfreno de un sector básico para el buen orden de las finanzas, como es el de la función auditora. Las nuevas normas de obligado cumplimiento que a partir de ese mismo momento se iban a ponen en marcha intentarían paliar la pérdida de credibilidad de los auditores. Todo fueron buenas palabras, agachar la cabeza, y prometer enmienda. Los auditores, en un acto de contrición nunca visto, se dieron golpes en el pecho, jurando y perjurando que «nunca más» caerían en la tentación, en respuesta al «hasta aquí hemos llegado» pronunciado por las autoridades bursátiles norteamericanas.

Pero la exigencia de independencia era una falacia más. Lo único que se le ocurrió a la Administración Bush —tan proclive, por otro lado, a matar moscas a cañonazos—, para aparentar que se hizo algo al respecto, fue anteponer un organismo de control sobre las firmas auditoras. Pero es de tal magnitud el dinero que se mueve, que la tentación pronto conducirá a más de lo mismo. No será fácil cerrar el círculo a un sector que había extendido el perímetro de sus actuaciones en el límite de la confabulación con el auditado. La buena marcha del sistema financiero está supeditada a los informes de los auditores, y si la cosa sigue al ritmo actual, las cinco grandes firmas de auditoría de los Estados Unidos —las Big Five, como son llamadas— Price Waterhouse Coopers, la difunta Arthur Andersen, Ernst & Young. KPMG, y Deloitte & Touche, tendrán que reconducir su praxis o acabarán con el sistema.

Después de conocer algunas de las prácticas de trabajo de la auditora Arthur Andersen, la profesión ha quedado estigmatizada. La mofa se extiende por continentes y supera la mala fama de los vendedores de coches de segunda mano en Norteamérica. Puede decirse que un economista es alguien que sabe cien maneras de hacer el amor, pero que no conoce a ninguna mujer, o es un experto que sabe mañana por qué las cosas que predijo ayer no sucedieron hoy. En definitiva, los estudios de economía suelen revelarnos que el mejor momento para comprar algo fue el año pasado, o el actual, siempre hay gangas para atraer a los pardillos inversores. Pero donde los informes de auditoría han hecho más daño a la sociedad, al mercado, a los accionistas, e incluso al propio sistema capitalista, ha sido en la confraternización con las grandes empresas.

Toda esta vorágine depredadora que acosa al indefenso inversor cree que no tiene límite para acometer toda clase de latrocinios a nivel planetario. Los auditores decoran el huevo de Pascua tan bonito como les guste a los administradores de la sociedad auditada. La atractiva decoración del huevo pretende hacer olvidar cuán vacío está por dentro, pero los decoradores ya han hecho su trabajo. Otros tendrán que vender el huevo ensalzándolo hasta la estratosfera por sus inmejorables perspectivas de hacer rico a quien adquiera tan maravillosas acciones. Estos vendedores de feria, los analistas financieros, te venden sin miramiento alguno un burro cojitranco como si fuera un caballo de carreras de Ascot. Después de la caída de Arthur Andersen, el decorado donde actuaban tan insignes auditores se ha venido abajo y ha arrastrado a los demás comparsas de la feria de mangantes. La incestuosa relación entre las divisiones de análisis y de inversión, propiciada por los bancos, conduce a que se promocionen aquellas acciones de las que saben a ciencia cierta que no tardarán en desplomarse en el mercado bursátil. La aberración es la misma que la que sostiene la relación de auditoría y consultoría con las empresas auditadas.

La fiscalía de Nueva York puso proa al banco de inversiones Merrill Lynch al revelar el conflicto de intereses entre analistas y bancarios que trabajan bajo un mismo techo, en teoría —sólo en teoría— como divisiones independientes del mismo banco, aunque en la práctica yacían en la misma cama los analistas, y quienes llevan el negocio inversor. Eliot Spitzer, el fiscal encargado del caso, llegó a la conclusión que «la gente que elaboraba informes sobre valores a veces funcionaba esencialmente como agentes de ventas de la sección de banca de inversiones de la firma». Al estar vinculada la capacidad de allegar negocio al banco, los analistas recomendaban enfebrecidamente a los inversores la compra de papel que el banco promocionaba, pese a que de puertas para adentro vertieran despectivos comentarios sobre la basura de las acciones recomendadas tan entusiastamente.

Cabría preguntarse de qué viven los analistas financieros si el negocio no da dinero. Lo que sí da, y mucho, es la combinación de la venta haciendo perder dinero a la pobre gente que cree en la pureza del sistema, los Reyes Magos y los medios de comunicación. Toda la banca de inversión de los EE.UU. —Crédit Suisse First Boston, Morgan Stanley, Bear Sterns, Golman Sachs, UBS Paine-Webber, Salomon Smith Barney— está en el punto de mira de la fiscalía de Nueva York. Todos, la flor y nata del sistema financiero, se abocan a la misma cloaca. ¿O es que las puntocom se vendieron solas? Miles, millones en todo el mundo, de inversores creyeron a pies juntillas las disertaciones de estos feriantes de burros cojitrancos. Lo que es cierto es que el dinero ya se fue, podríamos decir que el viento se lo llevó, igual que el mismo viento se está llevando el dinero de los fondos de inversión propiciados por las entidades financieras que actúan en el mercado español.

El año 2000 fue complicado para los fondos de inversión, pero 2001 fue peor, el 2002 catastrófico, y el 2003 se presenta como más de lo mismo. Cuando no es una cosa es otra, cuando no es la crisis tecnológica, es un ataque terrorista o la crisis argentina, o la guerra de Irak lo que mantiene en vilo a los inversores que han decidido poner sus ahorros en los fondos de inversión. En 2001, según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva, las pérdidas podían cuantificarse en el 9,18% de media en renta variable, y aún con suerte ya que la media de pérdidas llegó a superar el 23% tan sólo unos meses antes del cierre del año. Un negocio redondo: sin recibir nada a cambio, se pierde casi una cuarta parte de lo invertido, pero estos inversores son los más afortunados. Quienes invirtieron en fondos de inversión de renta variable internacional, perdieron el 22% sin suerte. Estamos hablando de casi 7,5 millones de inversores con un patrimonio en fondos de inversión de 177.871 millones de euros (29,6 billones de pesetas). Mucho dinero y muchos inversores en manos de feriantes de burros cojitrancos.

Se pretende presentar el sistema como algo sólido y diseñado para que los inversores encuentren la estabilidad financiera. Los ciclos económicos no están al albur de las circunstancias. Los señores del dinero propician a su conveniencia la exuberancia y depresión de las cotizaciones bursátiles. Hoy día, el comportamiento de los inversores en Bolsa, una vez popularizado este tipo de inversión, forma parte del estudio sociológico del comportamiento. Los bancos, y las agencias de valores conocen casi a la perfección la reacción de la masa inversora. La actuación es mimética y los ciclos de la Bolsa como trampa bursátil se repiten. La «fase de la avaricia» —como la denominan los expertos en esta materia— se inicia en el momento en que las bolsas rozan máximos tras una prolongada etapa favorable. Es el momento en que todo el mundo piensa que las subidas no van a tener fin, todas las noticias son muy positivas, los beneficios de las empresas se disparan y el avance de las cotizaciones parece imparable. Es el momento de la euforia compradora, cuando brilla el optimismo y, aunque comiencen a producirse señales de que la fase expansiva ha podido llegar a su fin, los inversores confían en las proyecciones a largo plazo y se muestran incrédulos ante la posibilidad de que la realidad pueda cambiar. Es la fase especulativa por excelencia.

Los organizadores del festín, toda aquella pléyade que ha permanecido incansable hinchando el globo, se preparan para consumar el gran negocio. Es la «fase de distribución». Los precios siguen subiendo, pero con menos fuerza que en la fase anterior. Los grandes inversores salen del mercado vendiendo sus participaciones a aquellos inversores con ganas de comprarlo todo. Es un proceso en el que poco a poco el papel va pasando de las manos fuertes a las manos débiles del mercado. Entonces comienza el deterioro, las valoraciones se van hundiendo, resbalan por una pendiente, y muchos inversores quedan atrapados.

Se inicia la «fase bajista». Esta fase se alcanza cuando los pequeños inversores que querían participar en el mercado ya lo han hecho y no queda prácticamente nadie que quiera comprar. Puede decirse que de los pardillos entusiastas ya no queda ninguno, pues los grandes inversores ya se han desprendido de sus participaciones. Los precios ya no quieren seguir subiendo porque falta dinero. Cuando los mercados están en mínimos, la desmoralización y el agotamiento hacen mella en los inversores y acaban por tener una influencia decisiva en el camino que dibujan los índices. Podría decirse que es el momento de la capitulación, cuando mucha gente, cansada de ver cómo pierde todo lo invertido, decide abandonar las plazas ante unas perspectivas económicas y empresariales que, aunque muestren indicios de mejora, son totalmente ignoradas.

Es entonces cuando comienzan las ventas que, a su vez, alimentan nuevas ventas a medida que los precios siguen deslizándose por la pendiente. Aquí se dan con bastante frecuencia los momentos de pánico del vendedor, lo que acelera las caídas. Entonces se llega a un punto en el que los precios son tan bajos que, lamentablemente para los pardillos, se vuelve al principio, a la «fase de acumulación» que con el tiempo generará nuevos pardillos todavía más entusiastas. Esta fase se caracteriza por el predominio de noticias negativas tanto económicas como financieras, es decir, se genera un pesimismo generalizado. Es el momento en que salen los pequeños inversores y entran los grandes en el mercado. ¿Sabe quiénes son los grandes del mercado? Pues los bancos, las cajas de ahorros, las compañías de seguros, los fondos de inversión que manejan los bancos. Ellos solos disponen de un tercio del dinero de la Bolsa. El otro tercio lo tienen en sus manos los bancos extranjeros y los potentes fondos internacionales de inversión. Lo que quiere decir, que dos tercios del juego del Monopoly lo tienen entre manos los profesionales de la inversión: jugadores de ventaja que como tahúres pueden desplumar a los pardillos del otro tercio entre los que posiblemente se encuentre usted.

CAPÍTULO 2

EL SAQUEO DEL SANTANDER

Los nuevos ricos tienen una ventaja segura: que son ricos.

SACHA GUITRY

Platón propugnaba una república aristocrática, gobernada por los sabios. La sociedad actual guarda semejanzas con la sociedad platónica pero con una importante diferencia: quienes gobiernan son los ricos. Los ricos son mucho más ricos que en 1970 y los pobres son igual de pobres. Los cien máximos directivos americanos cobraban en 1970 una media de 1,3 millones de dólares al año. En 1999, su remuneración ascendía a 37 millones de dólares, alrededor de mil veces el salario medio. Parece más que evidente que se ha producido un cambio de valores. Lo que se impone en los EE.UU. se irradia por el mundo mundial como doctrina emanada del capitalismo globalizado y fundamentalista.

El New Deal de Roosevelt fomentó una cultura de igualdad y del esfuerzo, con una clase dirigente concienciada en la necesidad de repartir riqueza. A partir de los años setenta, la sociedad fue cambiando y empezó a predominar el culto al dinero y al éxito. La llamada «nueva economía», alejada de una base productiva y muy próxima a conceptos especulativos, que a finales de los noventa marcó la apoteosis de esta emergente plutocracia, cuyo mayor peligro es su control del poder político.

Con este campo abonado los gestores de las grandes empresas se han bunquerizado en los puestos de mando, han roto todos los sistemas de control y se han erigido en amos y señores del patrimonio de la masa social. Esta situación la han decorado extendiendo un seleccionado cargamento de sobornos al por mayor entre quienes tienen la obligación de controlar el sistema económico y los mercados financieros. Como consecuencia de esta permisión todo el campo es orégano para estas bandas organizadas en pos de los ahorros de las buenas gentes. Los privilegios y la exuberancia de los gestores están a la orden del día. Los privilegios del ex presidente de General Electric Jack Welch han escandalizado al más libertino. En 2000, su último ejercicio completo al frente de General Electric fue retribuido con 16,7 millones de dólares.

El bueno de Jack, que tiene 66 años, es un mago de las finanzas y lo demostró negociando una jubilación envidiable. Pactó seguir de asesor a razón de 86.535 dólares por 30 días de trabajo anual. Adicional a esta retribución, por cada día de presencia en la compañía le suponían otros 17.307 dólares, además de recibir una pensión de 9 millones al año, con el acuerdo explícito de seguir manteniendo de por vida los mismos privilegios y beneficios que gozaba en sus años de jefe supremo de General Electric. Pero había más, el bueno de Jack tenía derecho a usar el avión privado de la compañía y el empleo de asistentes, además podía usar como propio el espectacular piso en Manhattan, junto a Central Park, con todos los gastos incluidos, el mayordomo, el vino o los periódicos, tenía reservados asientos de privilegio para ver el baloncesto de los Knicks, el tenis del Open y de Wimbledon, el béisbol de los Yankees y la ópera del Metropolitan. Almuerzos en un reputado restaurante corrían a cargo de General Electric, que además de coche y chofer para él y su mujer, cargaba el coste de la telefonía y los ordenadores de sus cuatro casas de los Estados Unidos, en las que, por lo demás, General Electric gastó 7,5 millones en mobiliario y mantenimiento.

No vayan a creer que el bueno de Jack es el líder mundial de los privilegios y la exuberancia, ni tampoco vayan a creer que estas gratificaciones adjudicadas a los gestores norteamericanos se sitúan en la cumbre mundial de la retribución esplendorosa. Ni que la contabilidad creativa es cosa del otro lado del Atlántico. No vayan a creer que los gestores de las grandes empresas españolas son unos angelitos, unos y otros directivos se han pasado tres pueblos en la consumación de la codicia en grado superlativo. En España, primeros en todo lo peor, tenemos a Emilio Botín, presidente del Banco Central Hispano que no sólo se ha situado mano a mano con el bueno de Jack, sino que le supera con creces en privilegios. El bueno de Jack se queda corto si se le compara con el presidente del Santander, podríamos decir, sin lugar a dudas, que los privilegios del bueno de Jack son el chocolate del loro si lo comparamos con el saqueo continuado y la rapiña de los activos más preciados del banco que Botín se apalanca. Los controles están desactivados, lo que permite al cántabro y a sus adláteres enriquecerse hasta la estratosfera.

Parece más bien cierto que el capitalismo sin controles encierra peligros que se ciernen en el epicentro del sistema democrático. La percepción que han tenido los ahorradores e inversores en Bolsa respecto a la nueva era de capitalismo popular no es otra que el vulgar timo de la estampita donde los embaucadores disfrutan ahora de la más alta alcurnia. La falta de confianza de los inversores en unas reglas de juego apañadas tardará en recomponerse, mientras tanto los gestores de las grandes empresas se siguen enriqueciendo a costa de la ruina de las empresas y los pequeños accionistas. Pasen y vean lo que da de sí un banco paralelo oculto en las entrañas del SCH.

El Poder

La economía global, una extensa red de ordenadores, satélites y cables de fibra óptica, ha permitido que, en cuestión de segundos, cantidades gigantescas de dinero sean continuamente trasladadas de un país a otro. En los últimos años, la magnitud alcanzada por las transferencias internacionales de divisas supera la dimensión de cualquier economía nacional. La escala del flujo mundial de dinero es tan grande, y tan insignificante la proporción individual de cada país, que los bancos centrales y gobiernos de las naciones más poderosas han perdido su capacidad para influir y manejar el sistema económico, el cual ha quedado fuera de control. Sin tiempo para asimilar la multiplicación de novedosos y sofisticados instrumentos financieros y sin capacidad para detectar el rápido flujo de capitales, es imposible predecir el margen de flotación de una divisa y su impacto sobre la economía doméstica.

Esta intencionada situación de descontrol de los mercados financieros está propiciada por los señores del dinero, individuos que han sabido situarse en la cúpula de la depredación en un sistema corrupto barnizado por miles de brochas que le dan la apariencia seductora para atraer de forma legal el dinero de las buenas gentes. Los señores del dinero insisten una y otra vez en desregularizar la economía. No les interesa control alguno. La legión de pintores, con la brocha en la mano, da brillo sin parar a las más grandes estafas que el ciudadano de la calle pueda imaginar. Es precisamente la corrosión del sistema en la que políticos, funcionarios de alto rango, jueces, fiscales, editores y periodistas reman frenéticamente a favor de la corriente del poder económico. Pero si a alguien se le ocurre investigar la cohabitación entre el poder político y el económico, llegar al fondo de la cuestión en las decisiones judiciales que les afectan, y observa con atención las mentiras que difunden los medios de comunicación a favor de sus amos, los señores del dinero, tiene asegurado cuando menos el ninguneo y el calificativo de terrorista de la información.

Resulta que el despectivo calificativo no se corresponde con la tozuda realidad. Los que tuvieron la oportunidad de leer el libro El Poder —al que se hacía referencia en la introducción— se enteraron de antemano de la burbuja bursátil en la que han quedado atrapados miles de inversores, y también se pudieron percatar por anticipado de la predecible caída a los infiernos de la auditora Arthur Andersen. Para esos lectores no fue nada nuevo el estallido de los continuos escándalos de la contabilidad creativa que afecta a la flor y nata de las grandes empresas planetarias. Lo que ha acabado por ocurrir es tan solo la punta del iceberg de una corrupción implantada a gran escala. Adicionalmente, también se pudieron percatar de la vida y milagros de Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos, alma máter del Banco Santander por tradición familiar. Del libro El Poder se han vendido los suficientes ejemplares para significar que debajo de la impoluta alfombra del SCH hay un océano de porquería que desvela una forma de hacer negocios que no es la que nos dice Emilio Botín.

Evidentemente, lo que cuenta el libro no era un secreto, unos cuantos cientos de iniciados estaban al corriente —podríamos decir que la camarilla de compinches que mueve las fichas—, pero permanecía oculta para el común de los ciudadanos. Hasta donde ha llegado el libro ha hecho su labor: abrir una brecha sobre la verdad única y poner patas arriba toda la milonga que nos habían explicado sobre un trascendental episodio de la historia económica de este país, como fue la intervención del Banco Español de Crédito. La maldición aplicada sobre el libro está explicada maravillosamente por el magistrado de la Audiencia de Madrid, Joaquín Navarro Estevan, en su libro Tiempo de ceniza, a quien siempre agradeceré la distinción que me hace al dedicar unas páginas sobre tan controvertido asunto. Pocos se han atrevido —sobran los dedos de una mano— a desafiar la ley de silencio impuesta por Botín.

Un banco paralelo

Hasta lo aquí descrito se pueden apreciar indicios de que existe por parte del presidente del SCH una conjura de silencio de todo aquello que pone en evidencia el discurso grandilocuente y la propaganda mediática del Banco Santander. El poderío de la maquinaria mediática que controla Emilio Botín funciona de maravilla. La apisonadora chafa, hunde y entierra cualquier hecho, aunque sea cierto, que pueda quitar brillo y esplendor al banco, y gloria a su presidente. A pesar de haber acontecido unos hechos noticiables en las últimas juntas de accionistas del Santander, los medios de comunicación nada han trasmitido a sus lectores y audiencia de lo que allí sucedió. Y ahora de repente, estos medios de comunicación, que juran en arameo y por su madre que están al servicio de la ciudadanía, se encuentran que no saben cómo explicar que el primer banco del país, con casi un millón de accionistas a sus espaldas, tome la decisión de organizar, convocar y ejecutar su junta anual de accionistas de forma clandestina. Como no saben cómo explicarlo, lo mejor es más de lo mismo: sobredosis de silencio.

La clandestinidad de su junta de accionistas es uno más de los indicios de que algo ocurre en el SCH. Hasta la junta de accionistas del 24 de junio de 2002 —la calificada como clandestina— los eventos de la asamblea habían sido un acto protocolario que servía para la exaltación de la labor realizada por los administradores del banco a favor y gloria de su presidente Emilio Botín. El Palacio de Festivales de Santander, un fantástico edificio, acogía la «fiesta del Santander», centenares de invitados acudían con despampanantes automóviles, los accionistas venidos de todos los confines se agolpaban en las puertas de acceso mientras se registraban con las papeletas que acreditaban su condición. El ambiente era de autentica fiesta, las azafatas no se cansaban de ofrecer a los asistentes la biblia del banco: su Memoria anual.

La sala principal del Palacio de Festivales de Santander se llenaba a rebosar entre invitados, ilustres invitados, accionistas de alto copete, accionistas tradicionales de toda la vida, empleados y, cómo no, los medios de comunicación que acudían en tropel invitados por el banco para difundir el mensaje grandilocuente de lo bien que va todo. De esa fiesta, mejor dicho, de esa gran fiesta hemos pasado a la conjura del silencio. Del multitudinario acto de años anteriores hemos pasado a una concurrencia, según datos oficiales —los que constan en el acta de la junta—, de 64 accionistas presentes de los casi un millón que tiene el primer banco del país. De los 64 accionistas, 18 eran consejeros, 5 fueron clac interviniente en descarado favor del banco, 8 fueron críticos calificados de exbanestos y 33 más disfrazados de clac enfervorizada que abucheaba a los críticos y aplaudía a rabiar a los aduladores. Del baño de masas de años anteriores se había pasado a la junta clandestina. ¿Cuál podía ser el motivo de este súbito cambio en la estrategia propagandística del SCH? Sin duda, los acontecimientos surgidos en las juntas de los años 2000 y 2001 que fueron silenciados y denostados por los medios de comunicación.

Lo que ocurrió fue un hecho sorprendente, a pesar de ser lo más natural del mundo, que una vez finalizado el discurso del presidente y cedida la palabra a los accionistas, se empezaron a oír voces discordantes que ponían de manifiesto que el discurso pronunciado por Emilio Botín tenía mucho de mentira y poco de verdad. En su toma de palabra, quien zurraba de lo lindo era el ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, a quien los medios de comunicación cuando hacían referencia a él, si es que lo hacían, era para aludir a él como «condenado» por el caso Banesto pero silenciando las verdades como puños que salían por su boca. Sostenía sus discursos con razones de peso y la crítica hacia los consejeros del banco hacía enmudecer el ambiente. Cuando desde la tribuna presidencial se trataba de interrumpir a Pérez Escolar, sorprendentemente para la mesa, los aplausos de la mayor parte de los asistentes le animaban para continuar. Para captar el ambiente tan sólo había que ver la cara que se le ponía a Botín.

En cuanto acababa la toma de palabra por Pérez Escolar, le secundaban Antonio Panea, Juan Francisco Franco, y Javier Sotos, que remataban con más verdades como puños las tropelías de los administradores. Jaime Botín iniciaba la escucha con el gesto erguido, pero en el transcurso de esta oratoria tan poco favorable para sus oídos acababa por reclinar la cabeza y fijar su vista en el suelo. Ana Patricia Botín, más pragmática, tomaba las de Villadiego y se ausentaba de la sala. Emilio Botín enrojecía y miraba de soslayo al orador. Todos aparentaban que no pasaba nada de nada, y que evidentemente lo que allí decían unos chalados que habían tomado la palabra no iba con ellos. Tragaban carros y carretas. Cuando retornaba la palabra a los administradores para dar respuesta a las preguntas que los intervinientes habían formulado, Botín tenía la gran suerte de tener como copresidente a José María Amusátegui, que con su fantástico don de gentes y campechanía sacaba leña del fuego y escurría el bulto dando la callada por respuesta a lo que se preguntaba. Su extraordinaria habilidad permitía capear el temporal, aunque tan sólo fuera de cara a la galería.

De todo aquello que se dijo por parte de los críticos, no puede decirse que se lo llevó el viento; como lluvia fina fue calando en los comideros de Madrid hasta que llegó la junta extraordinaria que el SCH convocó en febrero de 2002 por los desastrosos acontecimientos de Argentina. En esa junta, Amusátegui ya no se sentaba como copresidente junto a Botín, digamos que había sido despachado a una jubilación forzosa pero, eso sí, dorada. Fue la actitud de Botín, ya en solitario en la presidencia del SCH, la que incentivó que aquella lluvia fina que iba calando se convirtiera en un aguacero torrencial. De nuevo Pérez Escolar acudió a la junta de accionistas dispuesto a soltar toda una ráfaga de verdades como puños, en esta ocasión monográfica sobre la gestión de los administradores del SCH en Argentina. En plena oratoria de Pérez Escolar y en lo más álgido del discurso, Botín le hizo retirar el micrófono, y de malos modos le impidió acabar su exposición y Pérez Escolar fue retirado a empujones por los gorilas de seguridad.

La actitud de Botín al imponer dentro y fuera de la sala de juntas una conjura de silencio empezó a llamar la atención, incluso en los medios de comunicación que el banco controla. La pregunta que se hacían influyentes periodistas era por qué el banco no fulminaba a los exbanestos en la mismísima junta de accionistas con contundentes intervenciones de los administradores desmontando uno por uno todos sus espurios argumentos, y a continuación les ponía una querella criminal por difamación. El por qué se contestaba sólo: porque era rigurosamente cierto. Y lo que tocaba entonces era otra sobredosis de silencio. Por lo tanto todos tuvieron que tragar que el SCH utilizara como legal convocatoria de la Junta General de Accionistas el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en el mes de febrero, y que tan sólo se anunciara en dos diarios de Santander. En el diario Alerta se insertó el anuncio el día 12 de febrero —cuatro meses antes— y en El Diario Montañés el día 7 de junio. A lo que hay que añadir, que el banco no remitiera por correo a los accionistas, como hacía cada año, la tarjeta de asistencia a la junta, y no informara a los directores de sus oficinas del día, hora y lugar del acto.

Esta conjura de silencio se elevaba a pública, ni los propietarios del banco eran convocados en la asamblea que la ley prevé como el órgano que toma las decisiones y aprueba los acuerdos. Lo nunca visto. Botín echaba el cerrojo a los críticos, y aquellos discursos que aparentemente se oían con desdén y que se los pasaban por el forro, calaban en el público asistente. Muerto el perro se acabó la rabia, lo equivalente a «si no hay público nadie se entera». Tan sólo había un problema que soslayar: los accionistas de toda la vida que residen en Santander eran sumamente difíciles de sacárselos de encima. Los únicos anuncios oficiales habían sido publicados, como se ha dicho, en la prensa de Santander, lo que suponía que algunos accionistas se iban a enterar de que la junta se realizaba. El servicio de inteligencia del SCH optó por el engaño virtual propio de la serie televisiva «Misión Imposible». La junta clandestina se realizó en una sala con capacidad para unas doscientas personas —muy pequeña en comparación con la principal y utilizada todos los años— a la que se accede por la parte de atrás del edificio que da a otra calle. Los accionistas nativos de Santander acudieron por el acceso tradicional que comunica con la sala de actos principal, pero los empleados y azafatas que los recibían los remitían a unas dependencias anexas en las que estaban instaladas unas pantallas de televisión en circuito cerrado. La excusa que se les daba era que la sala donde se realizaba la junta estaba al completo. Evidentemente era mentira, el vídeo que se trasmitía en circuito cerrado en ningún momento mostraba que la sala estaba prácticamente vacía, y cuando interesaba el sonido era defectuoso.

Todo es rocambolesco e impropio de un banco de la dimensión del SCH y tan sólo estamos en la narración de lo que fueron los preparativos. Cabe añadir que las anteriores juntas se realizaron en sábado, la clandestina se realizó en un día laborable: lunes a las 9:30 horas, lo que no permitía ninguna conexión aérea. A las anteriores juntas de accionistas, yo había acudido acreditado como periodista; me interesaba mucho comprobar in situ las pesquisas, análisis e investigaciones que había realizado a lo largo del año con la realidad virtual que emanaba de una contabilidad creativa expuesta a los asistentes con la grandilocuencia de las mejores mentiras jamás contadas. Pero en esta ocasión, desconociendo la decisión de Botín de realizar la junta clandestinamente, me propuse adquirir las acciones del SCH suficientes para concurrir a la junta, ya no como periodista acreditado, sino como accionista.

Tuve las mismas dificultades que otros asistentes para poder conseguir la papeleta de asistencia, un mal menor que paso por alto ya que fue un esfuerzo tan sólo relativo, teniendo en cuenta la motivación y el interés que tenía en poder intervenir en la junta. Me creía en la obligación de hacer algo más que análisis, e investigación periodística, sobre lo que manifiestamente afloraba como artificios contables que encubrían un ente, en principio etéreo, dentro del maremágnum de cuentas del banco. Ese ente, aunque no se podía visualizar, se presentía como un banco paralelo que rondaba por las más jugosas operaciones en las que intervenía el SCH. Por lo tanto, lo que en un principio de la investigación sobre una determinada actividad podía concluir en unos indicios aislados, conforme se analizaba otra de las operaciones acababa siempre con un común denominador: cuando una operación salía bordada para el banco, ésta no quedaba del todo reflejada en el beneficio con destino al dividendo. Por el contrario, cuando alguna operación salía mal, o rematadamente mal, el común denominador era un súbito incremento de la pérdida soportada por los accionistas del banco.

Esta situación me parecía sumamente alarmante, creía haber acumulado los suficientes indicios como para construir una hipótesis suficientemente potente concatenando varios hechos aislados que por sí solos tenían una entidad relativa. Dicho de otra manera, cada uno de los asuntos que se analizaba aisladamente tenía su propia enjundia, pero si se extendía más allá del compartimiento estanco que representaba un ejercicio contable, y se practicaba un análisis en conjunto, y concadenado con otros asuntos, se podía apreciar la existencia de un banco paralelo que rapiña los activos del SCH y sus beneficios. La suposición inicial ya tenía base para extraer de ella una consecuencia sobre la cual construir una tesis mantenida con razonamientos sostenibles.

Alertar a los accionistas del banco sobre una situación que suponía que los gestores del SCH, con Emilio Botín a la cabeza, estaban rapiñando cuanto podían, y por otra parte disimulaban el engaño con propaganda, me parecía del todo necesario. Pensaba, y lo sigo pensando, que esta particular burbuja bursátil que alimentan los gestores del Santander acabaría un día u otro por desinflarse, pues ya llegaban a ser mayores las mentiras que la verdad contable. Descartaba de plano informar de mis pesquisas a las autoridades de control, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Fiscalía Anticorrupción; por esta fase ya había pasado sin que nadie moviera un dedo. El acudir a la junta de accionistas y decirle a Emilio Botín que estaba distrayendo miles de millones a los accionistas del banco me parecía la única solución. Cuanto menos constaría en el acta de la junta, los gestores del Santander no podrían decir que no se dijo. El único pero era asegurarme de que lo que iba a transmitir fuera rigurosamente cierto, máxime cuando se lo iba a decir a la cara de los protagonistas de la rapiña. Como entendía que el asunto era de altísimo riesgo, empecé a redactar un texto con el discurso que pronunciaría cuando se permitiera el turno de los accionistas.

Cuando la mañana del 24 de junio me personé por la puerta trasera del Palacio de Festivales de Santander —a estas alturas ya conocía que la junta era clandestina— el panorama era desolador: ni un alma a la vista. Dentro del recinto unos cuantos empleados aparentaban una actividad inexistente, y consecuentemente ni había, ni se repartían, ejemplares de la Memoria que cada año se ofrecía a cada uno de los asistentes. El auditorio era una parte minúscula comparado con el de otros años. Iniciado el acto, Botín se arrancó con un discurso revolucionario anunciando tomar la delantera a los demás bancos en transparencia y posicionando a los accionistas en el lugar que les corresponde: el control de las corporaciones. Para que todos vieran que el asunto iba en serio anunció cuál había sido su retribución, un acto insólito que arrancó enfervorizados aplausos de una clac de dóciles empleados disfrazados de accionistas al interpretar como excelente la moderación salarial autoimpuesta por su jefe. Una más de las mentiras que tendremos tiempo de espachurrar en la travesía de este libro.

Cuando llegó el turno de palabra a los accionistas presentes, el primero en ser llamado al estrado fue Rafael Pérez Escolar. Botín, en tono amenazante, advertía de que tan sólo estaba dispuesto a permitir el uso de la palabra durante cinco minutos, y se mostraba inflexible en conceder un solo segundo más. Pérez Escolar argumentaba lo insólito de esta limitación de tiempo que ninguna ley societaria recoge. Lo que la ley impone es el razonable debate que el presidente de la asamblea puede dar como concluido cuando estime que ha sido suficientemente debatido. Botín interpreta que cualquier asunto está suficientemente debatido desde el mismo momento que se inicia. Por lo tanto, cinco minutos después de haber iniciado Pérez Escolar su parlamento, Botín se mantuvo inflexible en su posición. Pérez Escolar pretendía mantenerse en la suya: acabar su argumentación. Botín ordenó retirar el micrófono a Pérez Escolar, pero éste, sin micrófono, continuó soltando su discurso, hasta que Botín dio una nueva orden para que lo retiraran del estrado. A empujones lo desplazaron abucheado por una clac enfervorizada compuesta de unos pocos y fornidos camorristas.

En un ambiente crispado la mesa llamó al estrado a Juan Francisco Franco, al que Botín apremió a concluir precipitadamente al mantener inflexible su limitación temporal de «cinco minutos, ni uno más». Más de lo mismo ocurrió con la intervención de Javier Sotos. Cuando fueron citados los abogados Carlos Wiater y Marcelo Juan Belgrano, que representaban a los «ahorristas» argentinos de Banco Río, Botín no les impuso explícitamente una limitación de tiempo, sino algo todavía más bochornoso: «le doy cinco segundos para comenzar», tiempo que consideraba más que suficiente desde el momento que era citado hasta que comparecía frente al micrófono. A continuación citaron mi nombre. Cuando me presenté frente a la mesa presidencial Botín y compañía estaban a escasos tres metros. Solicité al presidente que me otorgara doce minutos de tiempo, ya que la exposición que iba hacer se sostenía sobre la base de unos argumentos concadenados, y que si se suspendía a los cinco minutos no tendría sentido. Botín me dijo en tono imperativo que tenía los cinco minutos de rigor, y que el tiempo ya estaba corriendo desde el mismo momento en que se me había citado.

Como lo único que se podía hacer era discutir, y sabiendo que tenía todas las de perder, inicié mi discurso, que traía escrito con el fin de entregar ese mismo texto firmado al notario que tomaba acta de la junta. No habían transcurrido ni treinta segundos cuando Botín saltó como disparado por un muelle al oír que pronunciaba «banco paralelo». Enfurecido, me advirtió que consideraba intolerable que se pudiera pronunciar este tipo de manifestaciones. En ningún momento refirió explícitamente que había sido la expresión «banco paralelo» la que le había sacado de quicio, me advirtió muy seriamente que si repetía este tipo de manifestaciones me retiraría el uso de la palabra. Invoqué que tan sólo era una opinión y que la sostenía con argumentos, y que si los consideraba improcedentes podía proceder a las acciones —se entendía que jurídicas— que estimara conveniente. Es más, le anticipé que la mención de «banco paralelo» estaba también en el siguiente párrafo.

Cuando reanudé de nuevo la lectura del texto y mencioné «Lo que sí es cierto, es que el banco paralelo existe», Botín ordenó que se retirara el micrófono, daba por acabada mi intervención, que no había llegado al minuto en la exposición, y daba paso al siguiente accionista que tomaba la palabra. Como no tenía ninguna intención de provocar un escándalo, permanecí de pie en el estrado a la espera de que pudiera concluir quien estaba en el uso de su turno. Finalmente me dirigí a Botín y le conminé a que constara en el acta el texto que traía escrito, y se contestaran las preguntas que en él se requerían. Sin mirarme, con un gesto con la cabeza en tono afirmativo, aceptó. Más adelante veremos que fue de mala gana. Entre los abucheos de la clac retorné a mi sitio. Evalúen ustedes, amigos lectores, si hay razón en poder sostener que existe, agazapado entre las cuentas del Santander, un banco paralelo. El texto de la intervención frustrada es el siguiente:

Señores administradores, señores accionistas, mi nombre es José Manuel Novoa, durante los últimos cuatro años he tenido la ocasión de analizar con cierta profundidad las memorias del banco. En principio por curiosidad y posteriormente con asombro me he extendido a una década anterior, por lo tanto, una parte del análisis que he realizado corresponde al Banco Santander, y otra a las cuentas presentadas después de la fusión con el Central Hispano. Mi formación profesional me ha permitido entenderlas, aunque con notorias dificultades dada la deplorable calidad de la información que los administradores del banco exponen en la Memoria. He dirigido empresas periodísticas, y también he sido editor de publicaciones especializadas en economía: la última de ellas La Banca. También escribo libros relacionados con el poder político y el económico.

Creo necesario hacer esta introducción para situar en su contexto lo que les voy a decir a continuación. Soy un accionista circunstancial, he adquirido cien acciones para poder concurrir a la junta y transmitirles lo que en mi opinión es una situación alarmante para la gran masa de accionistas de este banco. No es mi intención provocar una inquietud innecesaria, ni organizar ninguna caza de brujas, ni tan siquiera tratar de convencerles, tarea que me parece imposible, simplemente explicar en esta Junta que parece existir, agazapado entre el maremágnum de las cuentas del banco, algo así como otro banco paralelo que sirve para desvanecer inexplicablemente los activos y beneficios del SCH. No sabría decirles la dimensión que alcanza ese otro ente tan singular, ni tan siquiera el perímetro hasta donde se mueve.

Lo que sí es cierto es que, en mi opinión, tal como se presentan las cuentas por ustedes, ese otro banco paralelo existe. La información transmitida por los administradores, sepan ustedes que es de broma, el principio contable que sostiene que las cuentas anuales deben de ser un fiel reflejo de la situación patrimonial es pura ficción. La garantía que debía suponer la intervención de la firma auditora lo ha dejado de ser desde hace años. Arthur Andersen está totalmente rendida a los pies de los administradores, nadie puede imaginarse la cantidad y cuantía de las aberraciones contables que circulan por el balance del banco. La metodología de aplicar las pérdidas a sociedades filiales que luego no aparecen en la información que se trasmite a los accionistas no difiere demasiado de la aplicada por Arthur Andersen en los estados contables de la eléctrica Enron. Todos sabemos el triste final. Así y todo, los administradores persisten en que sea esta firma auditora la que certifique la bondad de las cuentas. En los EE.UU., la auditora ha perdido los 700 mejores clientes.

Evidentemente, a pesar de la limitación de tiempo de quienes toman la palabra tengo que sostener con argumentos suficientes mis sospechas. Hasta ahora, en juntas anteriores, varios accionistas han expuesto hechos y situaciones que evidenciaban la merma del dividendo. Se han referido al constante perjuicio soportado por los accionistas, y han puesto de manifiesto una gestión que bordea lo intolerable. Yo quisiera ir más allá aportando toda una serie de indicios para que cualquiera pueda entender de lo que se está hablando. Como les he dicho, la situación es alarmante, por lo que voy a centrar mi intervención en hechos concretos con el fin de llegar a una conclusión. Para empezar les diré que los administradores han ocultado, y ocultan, beneficios. Lo hacen desde las formas más burdas a otras tremendamente sofisticadas. Una de las más burdas se inicia en el vestíbulo de este recinto: entregan aquí, a cada uno de ustedes un fantástico libro de cuentos que ellos llaman Memoria. El informe de auditoría que recoge la Memoria difiere del que se entrega a las autoridades de supervisión bancaria y a la CNMV. En el año 1999 el SCH ganó 311.511 millones de pesetas y sólo informó haber obtenido 158.315 millones de pesetas. En el párrafo 4º del informe de auditoría de ese año decía lo siguiente:

«En consecuencia, para corregir el efecto acumulado de los fondos sin asignar específicamente al 31 de diciembre de 1999, seria necesario incrementar el resultado neto del ejercicio terminado en dicha fecha en 153.000 millones de pesetas aproximadamente: de los que 111.000 millones de pesetas aproximadamente proceden de ejercicios anteriores».

Es precisamente la concatenación con ejercicios anteriores lo que permite a los administradores del banco corregir dividendos ya repartidos. La corrección —en secreto— es una constante; en 1998 dice la memoria que:

«deberían de haberse incrementado en 102.000 millones de pesetas aproximadamente».

También, cuando se hace referencia a las cuentas de 1997 hay constancia de que:

«en consecuencia, el resultado de 1997 debería ascender a 142.409 millones de pesetas, en lugar de los 59.030 millones de pesetas que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta».

En definitiva, más del 50% de los beneficios obtenidos por el banco injustificadamente se aparcan y con el tiempo acaban diluyéndose sin ningún tipo de explicación a los accionistas ni al mercado.

Convendrán conmigo en que si se llega a estos extremos todo es posible en Cantabria. Son ya demasiados los indicios que se han acumulado como para no llegar a una conclusión de que existe un banco paralelo. Aunque les pueda parecer sorprendente, los administradores nunca han informado de la sociedad Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. que desde su constitución en 1979 ha tenido tres denominaciones diferentes y que, por razones no explicadas, se transformó de anónima en limitada. Esta sociedad que no aparece en las cuentas del banco tenía en el ejercicio de 2000 unos fondos propios de más de 2.775 millones de euros, esto es, 461.838 millones de pesetas, o sea, una cifra superior al capital social del propio SCH. Así y todo, a pesar de tener tan abultados fondos propios, uno acaba enterándose de su existencia por pura casualidad. Y, por si fuera poco, la opinión de auditoría no es «limpia». En el párrafo tercero dice lo siguiente:

«{…} Según se indica en la nota 1, la Sociedad no ha formulado cuentas anuales consolidadas por estar dispensada de esta obligación al estar integrado el Grupo de la Sociedad en la consolidación del Grupo SCH. No obstante lo anterior, los Administradores de la Sociedad no han desglosado en la memoria adjunta el efecto que supondría la consolidación en relación con las cuentas anuales individuales adjuntas».

En otras palabras, que la sociedad Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L., los administradores del banco la ocultan no sabemos bien por qué.

El Real Decreto 1815/1991, que regula la consolidación de los estados contables, no proporciona ninguna base para justificar la dispensa de consolidación, pues sería de aplicación en todo caso su artículo 7º, que taxativamente establece que las sociedades dominantes no estarán obligadas a efectuar la consolidación, salvo que alguna sociedad del grupo haya emitido valores admitidos a negociación en un mercado bursátil. Y lo cierto es que, entre las 19 sociedades participadas, al menos el Banco Río de la Plata cotiza en los mercados bursátiles. Es difícil comprender por qué una empresa de estas dimensiones se esconde ante los accionistas del banco, pero lo cierto es que no figura en la relación de sociedades del grupo, ni siquiera con el consabido pretexto de que se trata de una simple tenedora de títulos. Y por cierto, todo este abultado capital genera permanentes pérdidas. Por tanto, les agradeceré, señores administradores, que nos faciliten la necesaria información sobre Administración de Bancos Latinoamericanos Santander y, sobre todo, que nos expliquen por qué una sociedad de tan excepcional importancia no aparece en la Memoria del banco.

Pero tomen nota de que no se acaban aquí las sorpresas. Hay algo verdaderamente extraño, que también guarda relación con Administración de Bancos Latinoamericanos Santander. Resulta que otra de las sociedades que tampoco aparece en la Memoria del SCH es la denominada Santander Investment S.A. que detenta el 75,34% de Administración de Bancos Latinoamericanos. Pues bien, Santander Investment, que tiene un Código de Identificación español y su domicilio social en Madrid, plaza de Canalejas, 1, es una entidad perteneciente al Grupo SCH en la que están residenciadas, directa o indirectamente, gigantescas inversiones del propio Grupo en Iberoamérica, una zona que, como es notorio, atraviesa una aguda crisis económica y social. Consultado el Registro Mercantil, resulta que Santander Investment no ha cumplido con la preceptiva obligación de depositar sus cuentas anuales del ejercicio 2000, por lo que su hoja está cerrada provisionalmente por aplicación del artículo 378 del Reglamento de dicho Registro. Se da la circunstancia que esta sociedad también está auditada por Arthur Andersen. La falta de depósito de las cuentas anuales y del informe de auditoría constituye un flagrante incumplimiento de la obligación que establece la Ley de Sociedades Anónimas.

Está claro que si se llega a esta situación lo es por una razón fundamental. Lo que tratan de ocultar los administradores es un «agujero» contable de como mínimo 100.000 millones de pesetas. Lo voy a explicar de la forma más sintetizada: en 1999 Administración de Bancos Latinoamericanos amplió capital social en 786,9 millones de euros. Consecuentemente, Santander Investment como propietaria del 75,34% precisaba aportar 592,8 millones de euros para cubrir su parte de la ampliación. Se daba la circunstancia de que Santander Investment tan sólo tenía fondos propios por valor de 110,1 millones de euros, y no se endeudó más de lo que ya estaba. Este es un hecho constatable, da toda la sensación que los aumentos de capital virtuales continúan en el año 2000. Administración de Bancos Latinoamericanos volvió a ampliar capital en 1.940,8 millones de euros (obsérvese de qué cantidades estamos hablando, 322.755 millones de pesetas) por lo que el Santander Investment para cubrir su participación, que como hemos dicho es del 75,34%, tendría que aportar 1.462 millones de euros (243.163 millones de pesetas). Lo que ha ocurrido en los ejercicios de 2000 y 2001 no lo podemos saber al no haber aportado los administradores las cuentas en el Registro Mercantil. Pero si algún indicio: algo tendrá que ver el abandono de don Emilio Botín de la presidencia de Santander Investment el 20 de enero de 2000. Por tanto, les agradeceré que nos faciliten la necesaria información sobre Santander Investment y, sobre todo, que nos expliquen por qué una sociedad de tan excepcional importancia no aparece en la Memoria del banco. Y también que nos expliquen el «agujero» contable en los fondos propios de Santander Investment y las verdaderas razones que han motivado el cierre de cuentas en el Registro Mercantil.

No vayan a creer, señores accionistas asistentes a esta Junta, que tan sólo son estas dos importantes sociedades las que se ocultan en la información contable. Desde hace años se viene ocultando un importante patrimonio constituido por sociedades participadas. Por tomar un punto de referencia, en el ejercicio del año 2000 de tan sólo un tercio de las sociedades entre consolidables y no consolidables se da información en las cuentas presentadas. Se ocultan, o no se da información durante años, que es lo mismo, dos tercios de este importantísimo patrimonio que permanece en el limbo. Dicho de otra manera: de las 602 sociedades participadas, tan sólo se informa de 192. Con estos datos en la mano es del todo imposible mantener la credibilidad en las cuentas que los administradores presentan para ser aprobadas en la Junta de Accionistas. Por lo tanto, les agradeceré señores administradores que nos faciliten información suficiente sobre las 400 sociedades extraviadas contablemente, su coste contable, la participación que ostenta el banco, tanto directa como indirecta, los beneficios obtenidos, o las pérdidas registradas, y las reservas acumuladas. Sobre todo de la sociedad Parasant S.A. refugiada en Suiza con 200.000 millones de pesetas en fondos propios.

Los señores accionistas asistentes a esta Junta pueden evaluar si era fundada la calificación de alarmante que al principio de la intervención señalaba. Son miles de millones de euros los que han desaparecido de los activos del banco. Para no extenderme les diré que la metodología aplicada en esta singular desaparición precisa de la concatenación contable de varios ejercicios. Podríamos decir que en uno se prepara, en el otro se distrae y en el siguiente se consuma. De esta manera, cada ejercicio individualizado puede parecer correcto, pero mediante una sofisticada operativa está permanentemente consumando la dilución de los más importantes activos del banco. Singularmente, el objetivo prioritario de la Memoria del banco es precisamente la pérdida de la memoria de los accionistas. En los grandes asuntos la contabilidad no acaba nunca de rematar las operaciones practicadas. Valga por ejemplo las plusvalías obtenidas por la venta de Airtel a Vodafone. Pero digámoslo literalmente como figura en la memoria de este año:

«En el mes de julio de 2000, el Grupo aceptó la oferta presentada por Vodafone para canjear su participación en Airtel a esa fecha por acciones de Vodafone. El número de acciones de nueva emisión recibidas ascendió a 1.842.641.757, representativas del 2,85% del capital social de Vodafone y figuran registradas al coste de la adquisición de las acciones de Airtel canjeadas».

Como puede verse, la contabilidad no refleja una operación de compraventa, sino un trueque con unas plusvalías latentes por un total de 1,4 billones de pesetas —30 veces la inversión realizada— que se irán diluyendo de la memoria de los accionistas con el paso del tiempo, y acabará en que tan sólo una parte —la más pequeña— acudirá al dividendo. La otra parte se extraviará en el maremágnum contable creado al efecto e irá a parar a ese presunto banco paralelo del que en un principio les hablaba. Por lo tanto, les ruego a los señores administradores que nos expliquen la razón de esta insostenible simulación de trueque, y por qué no se han aplicado al dividendo las plusvalías obtenidas por la venta de Airtel.

Los grandes negocios los hace este presunto banco paralelo; un inmenso capital se desplaza cada año hacia los paraísos fiscales donde la opacidad es total. No hay paraíso fiscal en el que el banco no esté posicionado. Los negocios cuando salen bien derivan sus beneficios hacia ese otro banco, pero cuando salen mal las pérdidas se reubican en el SCH. Esta práctica supone una degradación de la gestión de los administradores que entra de lleno en lo punible. Las autoridades de control bursátil y gestión bancaria miran para otro lado, y el auditor Arthur Andersen pasa a limpio los juegos sucios de los administradores del banco. Bajo estas circunstancias se puede esperar que los negocios fallidos correspondan a los accionistas del banco y los grandes beneficios a los ignotos gestores del presunto banco paralelo.

Ningún ejemplo mejor para describir lo dicho que una de las operaciones fallidas en la adquisición de un paquete de acciones del Banco Río de la Plata. A 31 de diciembre de 1999 el SCH controlaba el 52,65% del capital social del Banco Río. Al finalizar el año 2000 controlaba el 79,8%, y al finalizar el 2001 el SCH controlaba el 80,3%. No fue hasta el 15 de enero de 2002 cuando ese consejo, cuya responsabilidad es solidaria, decidió aumentar la participación en el Banco Río hasta el 98,84%. Habrán podido apreciar que este incremento del 18,54% se produce después del hundimiento total de la economía de Argentina. Este paquete accionarial tiene todos los indicios de que ya estaba en manos del banco paralelo, pero como esta participación está rodeada de fuertes pérdidas se le endosa al SCH. Unas pérdidas que suponen 62.000 millones de pesetas; un acto que bien se puede describir con esta analogía: ir a comprar un coche, pagarlo al contado y, antes de salir por la puerta del concesionario, prenderle fuego.

Los administradores del banco han tenido todas las opciones para desdecirse de las opciones de compra que dicen que existían. Hay documentación que acredita que la opción, en el fondo, era de compraventa. Podían también los administradores del banco rechazar la supuesta opción de compra, ya que lo que se adquiría ya no estaba en las mismas condiciones en que se ofreció. Opciones para evitar la pérdida a los accionistas de 62.000 millones de pesetas los administradores las han tenido todas. De este acto tendrían que responder no tan sólo ante esta junta, si no ante la justicia, ya que resulta que se han pasado a la torera el acuerdo 8º tomado en la Junta de Accionistas el 10 de marzo de 2001 en el que se fijaban las condiciones de emisión y canje de este paquete de acciones de Banco Río.

Los administradores tuvieron tiempo suficiente para ejecutar la ampliación de capital, ya que desde el mismo día de la junta estaban autorizados para ello. No obstante, como se dio la circunstancia de que surgieron síntomas de alarma que pronosticaban el hundimiento de la economía argentina, como mínimo desde el mes de mayo, los administradores no ejercitaron la opción de, por decirlo así, «en cualquier momento», y esperaron in extremis al último día, teniendo que acogerse al punto b, que fija las condiciones de ejecución del citado acuerdo 8º, según el cual:

«En todo caso, el acuerdo de aumento quedará sin efecto a las 24 horas del día 14 de enero de 2002 en el supuesto de que la media de cotización de la acción de Banco Santander Central Hispano, S.A. en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) al cierre de los cinco días hábiles anteriores al 14 de enero de 2002 (inclusive) haya sido inferior a 9,81 euros».

Si alguien se toma la molestia de comprobar la cotización de estos cinco días hábiles podrá concluir que es de 9,05 euros, por lo tanto inferior a los 9,81 euros fijados como mínimo para poder lanzar la emisión. Por lo tanto, ateniéndose al acuerdo aprobado en junta, la emisión de capital para adquirir este paquete de acciones de Banco Río quedaba sin efecto. No obstante, bajo su responsabilidad, los administradores ejecutaron ilícitamente la emisión y la canjearon por un paquete de acciones de Banco Río que valen entre nada y poco; y simultáneamente llevaron a pérdidas la adquisición accionarial por un montante de 62.000 millones de pesetas. Díganme ustedes si este tipo de gestión puede ser tolerable por los accionistas del banco. Lo que evidencia una situación de intereses contrapuestos entre el banco paralelo y el SCH. Por lo tanto, les ruego a los señores administradores solidariamente responsables que nos expliquen por qué misteriosa razón se echan por la borda 62.000 millones de pesetas; además, es necesario que expliquen con toda claridad para qué sirve que se tomen acuerdos en junta de accionistas para que después ustedes hagan todo lo contrario.

Llegados a este punto, convendría estimar si son razonables las retribuciones y ventajas del Consejo de Administración del banco; si la relacionamos con el dividendo que percibe el accionista, la retribución de los administradores nada menos que se eleva al 28,49%. Si agrupamos las atenciones estatutarias, las retribuciones salariales, los créditos, los avales, los compromisos por pensiones, los seguros de vida, y el importe satisfecho «con carácter extraordinario y no recurrente», la fiesta asciende a 49.058 millones de pesetas. Los compromisos por pensiones ascienden a la menudencia de 34.756 millones de pesetas. Todos estos datos aparecen en las cuentas para las cuales los administradores piden su aprobación a la Junta. Sepan los señores accionistas que casi un tercio de los beneficios va a parar a manos de estos señores que nos presentan unas cuentas que serían de broma si no fuese para llorar. Sepan también los señores accionistas que otro 25% de los beneficios consolidados del ejercicio se lo llevan los «minoritarios». La aplicación de 840 millones de euros para retribuir a estos minoritarios es un verdadero acto de fe. De las cuentas presentadas y del informe de gestión de los administradores no puede deducirse absolutamente nada a este respecto. Por lo que les ruego, señores administradores, que nos informen con el suficiente detalle en este punto para poder evaluar a qué participaciones minoritarias se refieren ustedes para que el importe asignado cuadre.

Creo que es suficiente la aportación de argumentos hecha en este acto para sostener lo que en un principio anunciaba: la existencia ilícita de un presunto banco paralelo que desvanece los activos del banco y los beneficios. Esta esperpéntica situación se ha ido generando durante años por la peculiar gestión de ese consejo, especialmente de don Emilio Botín; por muchas acciones que tanto él como su familia puedan ostentar les correspondería nombrar un consejero, a lo sumo dos, pero en la práctica los nombra a todos. Si a esto añadimos una actuación totalmente sumisa por parte del auditor y un mirar para otro lado de las autoridades de control, más una Junta de Accionistas que es un mero acto protocolario, se puede decir sin margen de error alguno que están desactivados todos los órganos de supervisión de las maniobras que denuncio. Como también les he dicho en un principio, y con esto acabo, mi único interés es advertir sobre una situación que en mi opinión rebasa el límite, por lo que si no se toman las oportunas decisiones las consecuencias pueden ser imprevisibles. Muchas gracias por su atención.

Veamos pues, cómo recoge el notario José María de Prada este incidente en el acta. Dice así: «[…] afirmando que, en su opinión, en las cuentas parecía agazapado un banco paralelo que sirve para desvanecer inexplicablemente los activos y beneficios del Banco. Ante lo cual el Presidente le indicó que no pensaba tolerar descalificaciones como la anterior, de tal modo que como hiciera otra como la que había dicho le retiraría la palabra y que le quedaban tres minutos. El Sr. Novoa replicó que lo pensaba hacer, invitándole el Presidente a continuar su intervención sin descalificaciones, pues de lo contrario terminaría su intervención, a lo que el Sr. Novoa replicó diciendo “uy, qué miedo”». Lo que el notario obvia en el acta es que la palabra «invitándole» iba acompañada de una advertencia amenazante de la reacción del Banco frente a lo que se consideraba una agresión. De ahí la réplica «uy, qué miedo», pero continuemos con lo que figura en el acta. «Ante las voces de determinados accionistas que no se identificaron, el Presidente les indicó que se debía permitir hablar al Sr. accionista. Continuó el Sr. Novoa refiriéndose al banco paralelo, ante lo cual el Presidente le indicó que seguía haciendo declaraciones descalificadoras que no pensaba permitir y que el Presidente dirigía la Junta por lo que, tras preguntar al accionista si pensaba seguir en esa línea y contestando éste que tenía un texto preparado, le retiró la palabra, señalándole que podía ir al Juzgado a hacer sus planteamientos. Seguidamente, el Sr. Novoa me entregó el documento en el que, según me indicó, constaba la intervención que tenía preparada, compuesto por 13 folios y que dejo unido a esta matriz, del que llegó a leer hasta la línea 10 del folio 1º». Como las mentiras abundan, el texto no se incorporó a la matriz en otro alarde de sobredosis de silencio, por lo tanto el «dejo unido a esta matriz» pasará a la larga retahila de errores ajenos a la voluntad de quien los comete, pero sospechosamente coincidentes con la voluntad de Emilio Botín y su conjura de silencio.

Evidentemente, los medios de comunicación nada dijeron sobre la clandestinidad de la junta, ni hicieron referencia alguna a la parodia que había supuesto el discurso de Botín refiriéndose a cuestiones relativas al buen gobierno de las sociedades, y, sobre todo a las relaciones del Consejo con los accionistas. Toda esa doctrina, que se impartía como religión, duró los escasos minutos que transcurrieron entre la conclusión del discurso del Presidente y la toma de palabra de los accionistas díscolos. La puesta en práctica de la nueva doctrina, tan sólo material para el circo mediático, se puso súbitamente de manifiesto como la mentira que era, y que lo que imperaba era la ley del silencio. Pero no todos están dispuestos a ver, oír, y callar. El extraordinario periodista Jesús Cacho se propuso no silenciar el acto clandestino de la Junta de Accionistas del primer banco del país y los incidentes poco saludables para el todopoderoso Emilio Botín.

Jesús Cacho escribe todos los domingos en El Mundo. «La Rueda de la Fortuna», así se titula la página, es una de las más leídas. En la edición dominical de día 30 de junio, «La Rueda de la Fortuna» estaba ausente, su lugar lo ocupaba un anuncio promocional del propio diario. ¿Qué podía haber pasado? Se lo pueden imaginar ustedes: más sobredosis de silencio. La dirección de El Mundo prohibió el artículo de Jesús Cacho. A este diario paladín de la verdad informativa le parecía más correcto que sus lectores, a los que dice defender a capa y espada, se quedaran en la inopia informativa. Ante la negativa de la dirección del diario, Jesús Cacho recurrió a colgar su artículo en su página web. Así, de esta manera, elconfidencial.com del 1 de julio de 2002 difundió otro de los artículos malditos. Veamos cuánto tenía de malo el artículo de Cacho, decía así:

Sabido es que Adolfo Suárez, como buen falangista, no tenía en mucho aprecio a los banqueros. Un sentimiento que se puso de manifiesto con ocasión de la visita de cortesía que, recién nombrado presidente del Gobierno, recibió en Moncloa por parte de Emilio Botín Sanz de Sautuola, padre del actual presidente del SCH. Afectado de flebitis, el banquero estaba obligado a trabajar con el pie extendido y en alto, de modo que, ni corto ni perezoso y tras los saludos de rigor, don Emilio colocó su pierna enferma y calzada sobre una de las elegantes sillas de Palacio.

—Haga usted el favor de quitar el pie de ahí ahora mismo —le espetó Suárez con cierta sequedad.

El banquero obedeció al instante. El propio Botín sénior contaba la anécdota con cierta admiración hacia el político pelao que se había atrevido a ponerlo pie a tierra. Es más que dudoso que cualquiera de los actuales políticos del PP se hubiera atrevido con semejante morlaco. No, desde luego, Aznar, y mucho menos Rato («Me he sentido muy presionado»). El hijo de aquel Botín, banquero por antonomasia, se ha convertido hoy en un verdadero poder fáctico, en un compendio de los vicios que arrastra un incipiente capitalismo al que apenas ha rozado el cambio democrático.

Acuciado por el deterioro de imagen que para él ha supuesto la limpieza étnica realizada en el seno del antiguo BSCH, donde sólo pervive un alto cargo (Joan David Grimá) de origen BCH, y el desgaste provocado por la ausencia de compromiso con el tejido industrial hispano, concretada en la venta de buena parte de las participaciones heredadas del citado BCH, Emilio Botín emprendió esta semana una magna operación de imagen o lavado de cara que ha contado con un considerable acompañamiento orquestal mediático.

Un recinto pequeño (la Sala Pereda del Palacio de Festivales de Santander) sirvió para celebrar, en lunes, a las 9:30 de la mañana y en Santander, la junta general ordinaria del primer banco español, junta anunciada en febrero y publicitada en un diario local santanderino. No es de extrañar que la mayoría de los directores de sucursal no tuvieran la menor idea sobre una cita que, por otro lado, reunía todos los requisitos para ser calificada de semiclandestina, ya que el banco no había remitido a sus accionistas la correspondiente tarjeta de asistencia, que debió ser reclamada por los interesados bajo amenaza, en algunos casos, de levantar acta notarial.

Como no podía ser de otro modo con tales antecedentes, de los aproximadamente 980.000 accionistas con que cuenta el banco sólo asistieron 64; todo un récord, según informó el Secretario del Consejo al dar cuenta de la lista de los presentes, de modo que la junta general de accionistas del SCH ni fue general ni fue de accionistas. En este caldo de cultivo, un Botín súbitamente convertido a la fe del buen gobierno corporativo, presentó su revolución destinada a causar la admiración de medio mundo. Apenas dos horas después de iniciada, el banquero daba por concluida la función, tras conceder 5 minutos («le doy cinco segundos para comenzar») a cada uno de los accionistas críticos, cuyos parlamentos fueron abucheados por una amaestrada clac de empleados que arropaba al jefe.

Por si había alguna duda sobre sus intenciones, dos fornidos gorilas llegaron a zarandear a Rafael Pérez Escolar tomándole por los brazos durante su intervención, con la obvia intención de sacarlo en volandas de la sala, aunque, ante la firmeza del afectado, no se atrevieron a cumplir el encargo. Al final, en lugar de llevarse al accionista, se llevaron el micrófono.

Carece de sentido, en estas circunstancias, hablar del inicio de un deseable proceso de democratización de los órganos de gobierno del SCH. En Santander tuvo lugar una reedición del viejo principio gatopardesco que aconseja «cambiarlo todo para que nada cambie». Nuestro moderno príncipe de Lampedusa arruinó la escenografía, se descalificó o la calificó como una mera operación cosmética urdida por gabinetes de imagen cuando, de entrada, anunció el envío al cesto de los papeles del acuerdo suscrito en la fusión según el cual los miembros del consejo estaban obligados a jubilarse a los 72 años. ¿Qué signo de democracia es el que permite a este pequeño rey sin corona convertirse en presidente vitalicio?

Ni siquiera algunas de las medidas aprobadas, que deben ser saludadas como un acierto evidente (tal que la retirada de la limitación al 10% de los derechos políticos de cualquier accionista, con independencia de su participación en el capital) consigue mitigar la sospecha extendida en el mercado de que todo este fantástico decorado no tiene más objeto que ayudar a tragar la píldora de esa presidencia vitalicia, precisamente en un momento en que la nueva Ley Financiera pretende limitar la edad de los consejeros de Cajas de Ahorros a los 70 años. La conclusión es obvia: al parecer, la ley rige para Josep Vilarasau, a quien, por razones políticas, interesa desplazar de la presidencia de La Caixa para poner en su lugar a un amigo, pero no para Emilio Botín. ¿Cómo puede el gobierno Aznar asistir impávido a esta situación sin sonrojarse?

Otras cuestiones desveladas en la junta, y saludadas por alguna prensa como un alarde de transparencia, no pasan de la simple broma. Es el caso del salario del banquero, que anunció percibir un sueldo bruto de 2.524.000 euros, que, junto a los 841.000 del fondo de pensiones, los 72.000 percibidos como miembro del Consejo y los 157.000 más como presidente de la Comisión Ejecutiva, suponen un total de 3.594.000 euros (unos 600 millones de pesetas). Hay españoles que ganan menos.

Nada que objetar si no fuera por el involuntario olvido de ciertas otras ventajas de que disfruta el consejo. En efecto, según la nota 4 de la Memoria consolidada (página 21 y siguientes), las retribuciones del Consejo sumaron el pasado ejercicio un total de 292.517.640 euros (48.671 millones de pesetas). Si descontamos de esta suma los 43.750.000 euros pagados «con carácter extraordinario y no recurrente» (indemnización de José María Amusátegui), la diferencia entre 248.767.640 y los 3.594.000 percibidos por el banquero es de 245.173.640 euros (¡unos 40.800 millones de pesetas!) ¿Qué ha sido de ellos? ¿Dónde han ido a parar?

Las mismas prevenciones valen para los tan cacareados nuevos consejeros independientes que el señor Botín se ha mercado en el rastrillo madrileño. Con excepción de Guillermo de la Dehesa, un chico educado que siempre queda bien con las visitas, el recurso a Juan Abelló y Abel Matutes no hace sino acentuar la oligarquización de un consejo donde se sientan hasta cuatro miembros de la familia Botín, tres altos ejecutivos y seis extraños «externos no independientes» cuyos garbanzos, caros por cierto, dependen de los 80 millones de media (sin incluir pertenencia a comisiones) que devenga el consejo.

Don Emilio puede brindar con Dom Perignon o con Agua de Fuensanta, pero es imposible hacer pasar por independiente a un Abel Matutes que desde hace tiempo representa al banquero (a quien, como ministro de Exteriores, ayudó decisivamente en el asunto del Banco Totta) en el San Paolo de Torino. Lo mismo vale para Juan Abelló (un hombre que, al parecer, no escarmentó con Banesto), que se ha hartado a pegar tiros con Jaime y a hacer negocios con Emilio.

Pero el elegante don Juan tiene algo que don Emilio podría necesitar en el futuro, y es la relación de amistad, la cercanía que todos le suponen con el presidente del Gobierno. Por paradójico que parezca, el nuevo Santander se encuentra hoy en la misma brutal encrucijada que en el otoño de 1998 le obligó a fusionarse: unas necesidades de caja muy importantes, necesarias para tapar Banespas y Patagones varios, y una estructura gerencial deshecha tras el despido de más de media docena de altos ejecutivos del antiguo BCH. La economía española se asienta hoy sobre un volcán cuyo centro se encuentra en la plaza de Canalejas. ¿Le dice esto algo al Gobierno?

A este artículo de Jesús Cacho se sumó otro artículo de Javier Ortiz que corrió la misma suerte, en este caso, la mala suerte de tropezar con el muro que sostiene la lujosa impunidad que disfruta Emilio Botín. Pero, sin lugar a dudas, quien ha corrido peor suerte ha sido Rafael Pérez Escolar. Este letrado, consejero del Banesto presidido por Mario Conde, e intervenido por el Banco de España al descubrirse súbitamente —una especie de aparición macabra— un «agujero» de 600.000 millones de las antiguas pesetas, fue el primero, por no decir el único, que levantó su voz para anunciar que el agujero de Banesto era una invención. Desde ese mismo momento, Pérez Escolar quedó estigmatizado por todos aquellos que habían sacado tajada de la intervención de Banesto y del exterminio de su consejo de administración.

Tiempo habrá, en las próximas páginas, para abordar a fondo este asunto. Aquí y ahora, tan solo puntualizar que la intervención de Banesto fue un acto político instrumentado por Felipe González y una camarilla de adláteres, que defenestraron a Mario Conde y éste acabó por defenestrarles a todos ellos. Los efectos secundarios de esta guerra atómica, los han padecido los consejeros de Banesto, de los que Pérez Escolar se lleva la palma por díscolo, por no irse a su casa con las manos levantadas y la cabeza agachada. Por todo ello, se le buscaron todas la razones para que se sentara en el banquillo y se le condenara en un juicio de autentico esperpento. Por el atraco, el robo a gran escala practicado por Emilio Botín con la complicidad de los poderes del Estado ni tan siquiera se debatió en el caso Banesto.

CAPÍTULO 3

LA SAGA DE LOS BOTÍN

Dar es el verbo más corto de la primera conjugación, y no dar el más barato.

NOEL CLARASÓ

Las grandes sagas se han estructurado en el entorno de una sucesión de patriarcas magnates en uno u otro sector. Los Botín llevan en la sangre las suficientes dosis de codicia como para encumbrarse en una saga de banqueros, pero se da la circunstancia de que su fortuna actual no se corresponde cuantitativamente con la exposición verbal que sostenía don Emilio, el padre del actual presidente del Banco Santander. Don Emilio hacía partícipe a quien quisiera escucharle en privado de que toda su fortuna estaba en acciones del Santander. No se sabe si ha sido por arte de magia o por favor divino, pero hoy la fortuna que se le adjudica a los Botín no tiene nada que ver con un crecimiento aritmético de la riqueza, ni tan solo geométrico, podría decirse que ha sido supersónico.

Evidentemente los números no cuadran, la magia potagia de la multiplicación de la fortuna de los Botín por la vía vegetativa del incremento de valor de las acciones del banco no llega ni a la diezmillonésima parte de la que hoy disfrutan. Los magnates algo tienen que ver con la mangancia. El arte del mangoneo viene de antiguo, así cuentan que inmensas fortunas se han incubado en el parquet de la Bolsa y han sido los privilegiados los que siempre, entre el que parte y el que reparte, han obtenido la mejor parte. El gran Pío Baroja, en su libro César o nada, escrito en 1910, ya nos explicaba el secreto de la multiplicación de los panes y los peces:

César jugaba millones y arrancaba a la Bolsa un dividendo extraordinario. Las jugadas se hacían a nombre de Alzugaray que era el que tenía el cargo de ir todos los meses a ver al agente, a firmar y a recoger los papeles de la Bolsa. César daba las órdenes por teléfono y Alzugaray se las comunicaba al agente. Muchas veces Alzugaray iba a ver a César y le decía:

—El agente ha venido espantado a mi casa a decirme que es un disparate lo que se va a hacer.

—Tú déjalo —decía César—, ya sabes nuestro contrato. Tú tienes el diez por ciento de las ganancias por dar las órdenes. No te metas en más.

Muchas veces al ver el resultado positivo de las especulaciones de César, Alzugaray le preguntaba:

—¿Pero es que te enteras en el Ministerio de lo que va a pasar?

—¡Ca! —decía César—; la Bolsa no es una cosa caprichosa como crees tú; hay indicios; yo me atengo a una porción de datos que me dan indicaciones.

Está claro que la Bolsa no es una cosa caprichosa, algunos testigos pueden dar fe de las tertulias que don Emilio sostenía con singulares personajes de la época en la casa de los Botín, en la finca de Puente de San Miguel. Allí, en aquel paradisíaco rincón, solía recibir también a sus colegas bancarios, a los que sometía al tercer grado en sesiones reposadas, en las que casi siempre conseguía sus expansivos propósitos. Una vez se hallaba en el jardín hablando con Ignacio Villalonga, amo y presidente del Banco Central, cuando Pablo Tarrero, vicepresidente ejecutivo del Santander, interrumpió la conversación para decirles que los demás banqueros ya estaban esperando en la casa. Tarrero se acercó a la pareja y les dijo:

—Bueno, ¿qué, estáis subiendo la bolsa?

A lo que Villalonga replicó:

—No, Pablo, hoy nos toca bajarla.

Ésas eran las maneras que se gastaban los banqueros en la época franquista para forrarse en la forma más indecorosa, sin que nadie del régimen se atreviera a ponerles en su sitio. De aquellos polvos vienen estos lodos. Pasen y vean la vida y milagros de esta saga de tan alta alcurnia.

Nacidos para la banca

El hiperactivo Emilio Botín ha heredado de su padre el estilo más agresivo y desenvuelto que cabe imaginar en el ejercicio de la actividad bancaria y parabancaria, algo que ha permitido el imparable ascenso de su banco durante los últimos años. Lo que ya se había cimentado, cuando menos en experiencia, con las espectaculares operaciones de su antecesor, el mítico don Emilio, que consiguió alcanzar unas metas consideradas como inabordables. Su abuelo Emilio Botín López, un venerable caballero de tres al cuarto y sin el menor relieve en aquellos tiempos de austeridad y escaseces, decía que en los negocios «hay que jugar siempre con ventaja, con un as en la manga». La norma del nieto es aún más terminante: «Hay que devorar antes de que te devoren». Entre el abuelo y el nieto, el verdadero don Emilio, prácticamente el primero de la saga, solía decir: «Quien da primero da dos veces». Ésta ha sido la marca de la casa, la impronta que, en palabras de sus colaboradores más directos, limpia, fija y da esplendor tanto a la entidad como a la familia que dicta su ley, una familia que en tan poco tiempo ha conseguido una inmensa fortuna: residencias palaciegas en Cantabria (El Promontorio) y chalés de lujo en Madrid, fincas en Cantabria (Puente San Miguel), extensísimas fincas rústicas para la expansión cinegética, (El Castaño, Santa María, Retama) y Jaén; el Hotel Real de Santander; dos jets privados, el mayor barco de recreo del mundo, valiosas pinacotecas, (un greco, un zurbarán, un goya…); sociedades fantasmales en el extranjero de carácter y contenido insondables…, una parte tan solo de los dominios —casi siempre herméticos— de la saga Botín. No obstante, si examinamos las memorias del banco y la documentación contable de las demás sociedades filiales y participadas, los Botín, que aseguran invariablemente, poniéndose muy serios para decirlo, que sólo se han dedicado durante toda su vida a trabajar en la entidad y por la entidad, lo cierto es que han cobrado por sus diversos cargos una cantidad global que dista años luz de la inmensa fortuna que calcula Forbes. Sumando lo percibido en todos esos ejercicios del banco y añadiendo el plus que ustedes quieran, estaríamos entre siete y ocho mil millones de pesetas. ¿Cómo es posible, pues, que esta cifra se haya multiplicado hasta el infinito? Y no digamos nada de los impuestos, que sin duda alguna los Botín habrán pagado puntualmente a la Hacienda Pública al obtener tan astronómicas ganancias. Resulta extraño que los sesudos periodistas de investigación, con su profundidad característica, no hayan ido en pos de tan fecundísimo ejemplo de actuación financiera en beneficio propio capaz de deslumbrar al más pintado.

Como si de un rey Midas se tratase, el Emilio de ahora convierte en oro cuanto toca, sobre todo para sí mismo, aunque deje en cueros vivos a los tocados. Muñidor de los cuantiosos bienes que heredó de su padre, actúa como un verdadero mago de las finanzas que, en poco más de diez años, ha provocado una verdadera revolución en el mundo bancario. A los 26 años fue nombrado consejero del Santander, lo que acaeció en 1960, para acceder a la presidencia en 1986, tras haber permanecido tascando el freno a la sombra de su progenitor, una sombra alargada, a veces incómoda, que llegaba a diluir y empequeñecer un tanto su figura.

La vida bancaria de Emilito, como se le empezó llamando —ahora es don Emilio, claro—, no fue fácil. Luchó denodadamente para quitarse de encima el sambenito de heredero tosco y sin grandes ideas que injustamente le habían colgado sus enemigos. La historia se ha encargado de demostrar lo contrario, aunque, curiosamente, aún no se le haya caído del todo el pelo de la dehesa y pretenda combatir su rusticidad con innumerables y constantes gestos de hombre decidido y enérgico, lo que está a punto de hacerle caer en el ridículo. Así como su hermano Jaime —presidente de Bankinter y vicepresidente del Santander— aparece como más reposado y menos histriónico y gusta de actuar en la sombra, a modo de un Maquiavelo de perspicaz mirada, este Emilio es «un verdadero vendaval que todo lo arrasa a su paso», como aseguran sus colaboradores: tan pronto está cerrando una operación en Nueva York, Miami o Londres, como vuela a Tokio y convoca desde el jet privado a todo su equipo para una reunión ineludible el mismísimo día de Navidad, o se planta en una escogida reserva cinegética de Africa para cobrar la pieza más codiciada.

Emilio Botín, metódico en grado sumo, se levanta a la del alba, y antes de acudir a la sede matritense del banco en el paseo de la Castellana —ahora en Alcalá 14—, transportado en un Mercedes blindado (su abuelo, a cuerpo limpio, iba en tren desde Puente San Miguel al paseo santanderino de Pereda), acostumbra a practicar el golf, su deporte favorito. A la caza, su gran pasión, se entrega frecuentemente en tierras manchegas, en donde es titular de una inmensa finca entre Luciana y Piedrabuena; allí ha levantado un verdadero imperio para pegar tiros a sus anchas, sin que falte, como ustedes pueden suponer, la consabida pista de aterrizaje para aeronaves a reacción. Excepto los lunes, que acude puntual —las siete y media— a la reunión del comité ejecutivo del banco, el resto de la semana suele llegar a su despacho hacia las nueve. La hora de salida nunca se sabe. Puede cenar —dice él— una lata de sardinas; ya caerá algo más en el buche, los Botín presumen de tener buen saque y mejor estómago, pero reconozcamos que tamaña austeridad queda bien para el gran público. Le encanta el pescado azul y es un defensor de la dieta mediterránea; con este régimen dietético y lo del genoma, convenientemente aplicado, hay Botín para rato.

Su padre murió a los 90 años. Fue presidente del Santander entre 1950 y 1986, y aunque la entidad cántabra había dado un gran salto, se encontraba todavía por debajo de Banesto, el Central, el Hispano y el Bilbao. El Vizcaya, presidido por Pedro Toledo, giraba en parecida órbita. Tan solo superaba con claridad al Popular de Luis Valls. El contenido mítico de la saga se anuda con justicia a la personalidad eminente del padre, el don Emilio por antonomasia, gran jugador en las mesas de juego de las finanzas y los negocios. Cuando hablamos de este «gran jugador» no lo hacemos en sentido metafórico. Ahora pretenden los hagiógrafos forjar una leyenda deslumbrante en torno a los antecedentes bancarios del actual presidente del Santander, y hablan de que es hijo, nieto y bisnieto de banqueros. Lo que no se corresponde con la realidad porque la historia financiera de la familia, sin duda brillante —lo que admitimos sin la menor reserva— empieza verdaderamente en el padre del que ahora es don Emilio.

El abuelo y el bisabuelo, dos señores bienintencionados y anodinos, a buen seguro que no sabían distinguir una letra a la vista de otra a días o meses vista. Don Emilio, el de verdad, el padre, era un joven santanderino de fina estampa sin oficio ni beneficio, el cual, hasta que entró en el banco llevado de la mano por su tío Marcelino, se dedicaba a desplumar a sus paisanos jugando admirablemente al póquer. El banco se hallaba en una situación muy difícil, y el presidente, don Marcelino, sorprendió un buen día a los pocos consejeros que quedaban en la casa diciéndoles que, para arreglar las dificultades casi insalvables, había contratado a su sobrino Emilio como director. Obvio es decir que los demás administradores, espantados, dimitieron en el acto, ajenos a la optimista predicción del tío, que luego se cumplió en términos insospechados: desde ese mismo día Emilio Botín Sanz de Sautuola y López se dio de baja en todos los casinos y empezó a jugar a lo grande en otras mesas de juego mucho más apasionantes y provechosas: los consejos de administración de las múltiples sociedades que se ponían a tiro.

En sus 36 años de mandato, don Emilio dirigió con mano férrea el banco hasta conseguir la identificación, prácticamente absoluta, mediante la osmosis y la endósmosis, entre su familia y la entidad. Quienes trabajaron con el cántabro, o le trataron en la intimidad, dicen que, además de sus grandes dotes de negociador, era un conversador excelente. Sobresalía en él otra nota de indudable mérito: a cualquiera que fuese recibido en su casa, por modesta que fuese la condición del huésped, Emilio primero le consagraba su solícita atención, de tal suerte que muy rara vez accedía a interrumpir la entrevista si le anunciaban cualquier llamada telefónica urgente. En las comidas que ofrecía en su casa, don Emilio obsequiaba invariablemente a sus invitados con un riquísimo pescado lleno de espinas, por lo que siempre se ofrecía a servirlo él mismo, practicando la operación con el cuidado y la habilidad del más experto microcirujano. No obstante este aparente sentido servicial ocultaba un uso y costumbre que sucedía con cualquiera que se siente a la mesa, a quien se le hará creer que sus opiniones, sus ambiciones o sus deseos son plenamente correspondidos por esa gente de la banca acostumbrada a hacer de su capa un sayo y a considerar siempre a todos los que desfilan ante ellos unos servidores incondicionales indefectiblemente adscritos a la gleba.

El mayor éxito en la juventud de don Emilio fue la compra del Banco Mercantil. Fue una jugada maestra. Una contienda en la que el pez pequeño se comió al grande. La operación fue tan comentada en todos los círculos financieros que más de un banquero, con envidiables dotes adivinatorias, llegó a pronosticar el hundimiento definitivo de don Emilio. Sin embargo, y al margen de la agresividad que le caracterizaba, era una persona emotiva, al punto de que en los entierros se le saltaban las lágrimas con facilidad. A pesar de exteriorizar sentimientos tan nobles, cuando se trataba de defender los intereses del banco no dejaba pasar por alto el menor fallo, ni le temblaba el pulso a la hora de cesar a cualquier directivo, por muchos y provechosos servicios que hubiese prestado a la entidad.

Don Emilio ha pasado tanto a la historia como a la leyenda de la banca, a lo que ha ayudado no poco su impecable porte externo. Aparecía en verano con un impoluto traje blanco de lino y bastón en ristre con delicada empuñadura de plata, y cubierto en invierno con un abrigo de visón hasta los pies y un elegante sombrero. Dejó dicho: «Casi nadie gasta de acuerdo con lo que tiene. Unos viven por encima de sus posibilidades y otros por debajo». La familia Botín ha estado siempre entre los segundos, sobre todo porque lo que gastan sus miembros lo paga el Santander, incluso el agua de mar que le traían al procer desde el Cantábrico para llenar su piscina de Somosaguas.

La creación de la entidad bancaria comienza en 1857, sin ningún apellido Botín entre sus fundadores. Se trataba de cubrir las necesidades comerciales que en aquella época tenía la Montaña: lo que exportaba Castilla había que embarcarlo en Santander rumbo a las Américas, a cambio de productos exóticos y ultramarinos. Esta fue la razón que a los comerciantes de la zona les llevó a unirse para fundar el pequeño banco que ha dado origen al gigante de hoy día. El 20 de agosto de 1857 la entidad abrió por vez primera sus puertas al público en un local que pertenecía al Marqués de Pombo, y que, posteriormente, acogió al Club de Regatas. Deben pasar muchos años, y algún que otro incendio, para que en 1890 el banco se establezca en el número 2 del Muelle, el actual paseo de Pereda, con un capital social de cinco millones de reales de vellón y una plantilla de trece personas. Una vez concluida la fusión del Santander y el BCH, el «portaaviones nuclear» cuenta con 39,8 billones de activos, 8.681 oficinas, 106.519 empleados y 800.000 accionistas.

Los comienzos del banco no fueron muy boyantes, así lo reflejan las crónicas de aquellos años. Muy pronto perdió el privilegio de emitir papel moneda, reservado con carácter exclusivo al Banco de España. Don Emilio Botín López, el iniciador de la saga, un hombre con pocas dotes para las finanzas y que a buen seguro no sabía distinguir una cambial de un pagaré, no fue presidente hasta 1909, debido al carácter rotatorio del cargo, por lo que su trayectoria bancaria resultó tan fugaz como anodina. De ahí que lo del pedigrí obedezca al denodado esfuerzo de interesados cronistas en pintar de vivos colores hasta lo más insignificante y gris de esta familia: de aquí en adelante asomará por toda España cierta sorna a cuenta de los relatos brillantísimos que hagan plumas a sueldo sobre los antecesores financieros de nuestro personaje.

El apellido ilustre de la familia lo aporta el bisabuelo Marcelino Sanz de Sautuola, descubridor con su hija María de las cuevas de Altamira en 1879. Los Sanz de Sautuola heredaron la fastuosa finca de Puente San Miguel, en donde, al casarse doña María con Emilio Botín López, el matrimonio fijó su residencia. Era la casa donde el profesor Cartailhac, de la Universidad de Toulouse, hubo de acudir a disculparse en 1905 por haber cuestionado la autenticidad de las pinturas rupestres, lo que hizo ante la abuela del actual Emilio Botín, una caritativa dama que recibía diariamente en la finca a numerosos lugareños para aliviar su hambruna. Quienes la conocían cuentan de ella, con admiración sobrada a sus cumplidas dotes de administración, que era persona muy ahorrativa, hasta el punto de que cuando el hijo del carnicero le llevaba la carne, la pesaba ella misma y si faltaban unos gramos devolvía el pedido. Una acendrada devota, como puede verse, del sistema métrico decimal.

La finca de Puente San Miguel ha sido lugar de celebración de bodas y bautizos de toda la familia, bajo las especies arbóreas más raras y preciadas, desde una metasecuoya (única en España), que doña Ana García de los Ríos —la madre de Emilio y Jaime— se trajo de Londres en una sombrerera, hasta cedros dorados, arces airosos, frondosas araucarias y tejos de Hokkaido.

Don Emilio mantenía una decidida vocación por la buena pintura comprada a precio de saldo. Con agudeza indiscutible, asoció muy pronto sus gustos pictóricos a la obra admirable de Solana, hasta el punto de que logró adquirir la mejor colección del genial artista. Y se encaprichó también de un greco que poseían las monjas del Hospital de la Caridad de Illescas. Se trataba de una adoración de los pastores, un cuadro sublime, que hasta la muerte del cántabro permaneció en su dormitorio de El Promontorio, y que en la actualidad ennoblece el salón principal del banco en el paseo de la Castellana. Hace ya muchos años, el santanderino mandó a su amigo del alma, Víctor de la Serna, el excelente narrador de los foramontanos, para que desplegara sus dotes diplomáticas cerca de la madre superiora del Hospital y consiguiera, por supuesto a un módico precio, el apetecido óleo. Iba y venía el escritor a Illescas, y así un día y otro día y un mes y otro mes pasó, pero el greco no caía en la propia colección. Hasta que una mañana don Emilio tiró por la calle de en medio: mandó traer una cartera de mano en la que metió personalmente fajos de billetes de mil pesetas hasta llegar a la exorbitante cifra de un millón, un kilo, como ya se decía entonces. Acompañado de su amigo subió en el despampanante Rolls y estiró bien estirada la pierna, como solía hacer por su flebitis, poniendo el pie a la altura de la cara inmutable del chófer perfectamente uniformado. Y así llegaron al ilustre rincón toledano para hablar con las monjitas, y don Emilio, de improviso, después de desplegar sus dotes más persuasivas, abrió ante ellas la cartera en la que refulgía el color verde de los billetes nuevecitos que había escogido para la ocasión. La madre superiora, al ver el deslumbrante espectáculo numismático, no dudó en permutar de inmediato la cartera con su irresistible contenido, un millón nada menos, por el maravilloso greco.

Desde estos orígenes, que se inician en 1941, hasta su retiro en diciembre de 1989, pasaron muchas cosas para don Emilio. Su primer gran éxito —ya lo hemos señalado— lo culminó al absorber al banco rival en la región, el Mercantil de Santander; estrategia de expansión llevada a cabo desde su puesto de director general. Con esta operación el «bancuco» dobló su tamaño. Después vendría la apertura de sucursales, la compra de otros bancos y la aventura de las Américas, con la implantación de una cuidada red de insaciables oficinas en aquel continente tan dado a la «mordida» y al trinque. A finales de 1980 obtuvo el control de la Banca Jover y del Banco Comercial Español. Del reparto del pastel de Rumasa, al Santander le correspondieron el Banco de Murcia y el Comercial de Cataluña.

El tesón de este hombre fue extraordinario: bastará con decir que, durante sus primeros tiempos de mandato en el banco, dormía doscientas noches al año en el tren que enlaza Madrid con Santander. En invierno llegaba a la estación santanderina, entre la bruma, con su ropaje más solemne, en el que ya hemos dicho que destacaba un abrigo de pieles que le llegaba hasta los pies. El mozo del coche-cama le saludaba con una profunda reverencia, y el banquero le correspondía sacando del bolsillo interior de la chaqueta un fajo de billetes nuevos de cinco pesetas, del que cuidadosamente cogía uno para dárselo con parsimonia; y así durante tanto tiempo que, cuando aquellos billetes dejaron de circular, seguía dándole uno al mozo, que lo recibía con los mismos signos de gratitud y veneración que cuando tenían curso legal. Probablemente, el hombre los guardaba como la más preciada reliquia.

Don Emilio tenía el convencimiento más profundo de que los Botín habían nacido para la banca, él sobre todo, dotado como estaba de un olfato y un diente de lobo para los buenos negocios y la pasión incontenible por las finanzas, especialmente las ajenas. Nada, sin embargo, decía de sus orígenes. El secreto de los Botín, guardado bajo siete llaves, radica en sus ancestros vinculados a los chuetas mallorquines convertidos al cristianismo y que desde la isla fueron emigrando a distintas partes de la península. No hay raíces del apellido Botín en tierras cántabras. Los tratados de genealogía están en blanco cuando se quiere saber algo sobre el apellido Botín. Así, la obra más prestigiosa en la materia, la Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano Americana, de los hermanos García Carraffa, no dedica una sola línea al apellido, a pesar de los esfuerzos que hacía don Emilio, con ínfulas aristocráticas, por alargar su nombre mediante una ristra interminable de apellidos. Sus trazas fisonómicas, tez oscura y rasgos orientales, en nada coinciden con la etnia cántabra.

Su pasión innata por la banca hace de don Emilio el primer banquero español que vislumbró el potencial del negocio al otro lado del Atlántico. Empezó por Puerto Rico, después fue Argentina, más tarde Venezuela. Al principio sólo se trataba de simples oficinas de representación, aunque no tardó en abrir sucursales propias. Después vino la compra de otros bancos y la red se extendió por todo el continente americano, en donde cuentan y no acaban de los innumerables enredos a cargo de las gentes que allí ha mandado la entidad cántabra. A su vez, la expansión del Santander por el solar ibérico e islas adyacentes, a pesar del statu quo bancario, encontró las condiciones idóneas en la década de los sesenta, a lo que no fue ajeno el boom de la construcción y el turismo, que propició entre nosotros un desarrollo exponencial.

Don Emilio supo rodearse de patricios del régimen franquista, como Manuel Fraga Iribarne y Juan Hormaechea, que en los inicios de la democracia llegaron a pasar por su nómina. En política, la familia siempre ha defendido de puertas para afuera que «hay que estar de parte del gobierno de turno», por lo que don Emilio, con las barbas puestas en remojo, no dudó en respaldar con ficticio entusiasmo y vertiginosa rapidez la intervención de Rumasa dispuesta, de mala manera y con nocturnidad, por Felipe González. No obstante las inclinaciones a estribor de la familia, no han dudado sus componentes en hacer guiños estratégicos a los socialistas de turno y en abrirles bien abierta la bolsa sin ofrecer mayor resistencia. No obstante lo cual, los Botín tiraron la casa por la ventana (a costa del banco, naturalmente), cuando las primeras elecciones democráticas, apostando fuerte por Alianza Popular, aunque el empeño resultó tan baldío como aquellas insistentes llamadas para que Fraga formara parte del gobierno Suárez.

Aunque la verdad es más simple y lineal, porque cabe decir sin asomo de error que esta gente nunca da puntada sin hilo, y, como todos los de su especie, muestran sus «decididas» inclinaciones políticas hacia uno u otro lado siempre que saquen de cualquiera la mayor tajada en contraprestación; lo que entienden como algo necesario y obligado en cualquier caso y con cualquier partido. Los devaneos políticos de esta familia han de ser generosamente recompensados por el gobernante de turno, cuya solicitud es directamente proporcional a la financiación ilícita que recibe. Para la plasmación práctica del aserto, según el cual Botín exige ahora a la derecha pagos inmediatos y astronómicos mediante medidas que no dudamos en calificar de ilegítimas.

Peseta a peseta

Don Emilio se jactaba de que el patrimonio del banco se había acumulado «peseta a peseta». Su obsesión por la acumulación de activos llegó a convertirse en leyenda. Esas pesetas que ganaba el banco (el banco y la familia adyacente), otros las perdían, y don Emilio, para defender su actuación, discutible en más de un punto, no dudaba en decir que todo lo hacía «en defensa de sus accionistas». Este escudo protector le servía para desenvainar la espada, siempre esgrimida con determinación, bajo el lema «atacar antes de ser atacado», una sabia dicotomía entre la defensa y el ataque como el producto más acabado de otra variante bélica en la que también llegó a ser un virtuoso: «Devora antes de que te devoren», producto de la doctrina que corresponde a la herencia genética de la familia. Aunque la verdad es que el hombre se lanzaba al ataque con decisión pero no sin cautelas previas, procurando conocer de antemano el potencial del adversario y, si se me apura, hasta el desenlace de la contienda. Juan Abelló, íntimo amigo de los Botín, los describe diciendo que, en trance de buscar solución a cualquier controversia susceptible de tres posibilidades para acabar con el conflicto, ellos siempre eligen la que más daño pueda hacer a su contrincante.

Con esta óptica de los negocios, don Emilio tuvo que enfrentarse a innumerables batallas. Sus adversarios, más bien sus enemigos —y este carácter concurría para él en cualquiera que se interpusiese en su camino, o intentara hacer sombra a su reinado, o se resistiese a su implacable determinación—, eran borrados del mapa de un plumazo. Su concepto del capitalismo erigido en dogma moral, el fundamento de una verdadera cruzada financiera, se basaba en la máxima eficacia en los resultados y la obediencia ciega prestada por sus colaboradores, desde el consejo de administración al último botones.

En noviembre de 1986, después de 36 años en la presidencia del banco, don Emilio cedió el mando del buque insignia, el Santander, a su primogénito. Otro banco, el Bankinter, del que también era presidente desde su constitución hacía 21 años, se lo encomendó a su hijo Jaime. El patriarca todavía permaneció como administrador, pese a sus 83 años, de suerte que el cambio generacional quedaba tutelado bajo su sombra protectora, una sombra un tanto incómoda para sus vástagos, todo hay que decirlo.

Durante los 56 años que don Emilio permaneció en el banco, su actividad fue frenética, pero al transferir el cetro a sus hijos, el patriarca, con alguna aislada excepción, se dedicó a la vida contemplativa. Mantuvo la mente despierta, aunque se acentuó su padecimiento tradicional, una aguda flebitis. En esta última etapa, ya con el deber cumplido, entró en fase ascética, sólo interrumpido de vez en vez para recibir al joven financiero Javier de la Rosa, antes de su caída en desgracia, con el que siempre mantuvo una relación muy cordial. La verdad es que los vínculos postreros con el catalán no fueron demasiado propicios para el cántabro. Veámoslo sucintamente: se trataba de dar un audaz golpe de mano en la azucarera Ebro para hacer en tan formidable y valiosa empresa lo que les viniera en gana, por supuesto en provecho propio y en escandaloso detrimento de los minoritarios, a los que intentaban acorralar de mala manera mediante el ejercicio de una OPA limitada al 51% del capital social.

Botín y de la Rosa, asesorados por Ramón Hermosilla, se las prometían muy felices, pero llevaron a efecto la operación tan rematadamente mal, a impulsos de su prepotencia y la defectuosa preparación de la ofensiva, que Francisco Lozano y Santiago Foncillas, a la sazón presidente y vicepresidente de la sociedad, asistidos en derecho por Rafael Pérez Escolar, pusieron a los opantes en un serio compromiso, hasta el punto de que tuvieron que tirar la toalla y respetar íntegramente el derecho de todos los accionistas de la azucarera sin limitación alguna. E incluso, gracias a la generosidad y la buena disposición de los opados, Botín y de la Rosa se libraron en aquella ocasión de sentarse en el banquillo como se merecían por sus malas artes. Ahí, con más pena que gloria, acabaron para siempre los devaneos financieros del gran don Emilio.

Oía misa cotidianamente con devoción, lo que solía hacer en la iglesia de los Redentoristas. El trayecto que separa el templo de la casa lo hacía a pie, despaciosamente, aunque con buen aire. Quienes se percataban de su presencia veían a un venerable anciano, en plenitud de serenidad, rosario en mano y apoyado en el sempiterno bastón, con el mismo porte elegante que mantuvo en otros tiempos.

Los de Cantabria han pensado siempre que el afán de los Botín por el lucro personal y la actividad estrictamente bancaria, sobre todo la especulativa, les ha llevado a despreocuparse de los verdaderos problemas de la zona. En los peores momentos de las grandes reconversiones, a mediados de los años ochenta, la familia se cuidó de que se retiraran de inmediato un sinfín de mensajes del peor gusto que inundaban la zona: «Botín, cabrón, trabaja de peón». Eran los años en los que comenzaron a aplicarse las duras medidas adoptadas por el Gobierno para remediar en lo posible la costosísima sangría económica en la siderurgia y los astilleros. Empresas como Nueva Montaña Quijano, en manos del Santander, acabaron cerrando, de ahí que multitud de parados vengan desde entonces culpando al banco de su penosa situación.

Por todo ello, desde algunos frentes de la izquierda se ha acusado a los Botín —digamos que poniendo sordina en las invectivas— de haber seguido al pie de la letra las máximas del capitalismo más feroz permitiendo el desmantelamiento industrial de Cantabria. Testigos presenciales recuerdan que cuando vendía o se desembarazaba de alguna empresa, don Emilio argumentaba seguidamente que «la industria sólo da quebraderos de cabeza». A tales críticas la familia siempre ha contestado de la misma manera: «Los Botín somos unos enamorados de su tierra. En otro caso habríamos llevado la sede social a Madrid». Pero si las industrias no son santo de su devoción, ellos no albergan la menor duda para echar su cuarto a espadas cuando se trata de una buena inversión financiera, aunque en alguna ocasión los intentos hayan resultado baldíos: el amago de hacerse con El Corte Inglés es el ejemplo más claro.

El Emilio de ahora sigue al pie de la letra la tradición familiar, según la cual ha de ser el primogénito el que tome las riendas presidenciales. Ana Patricia Botín, de gran personalidad, en cuyo rostro sobresalen unos hermosos ojos de profunda mirada, casada en primeras nupcias con el ingeniero agrónomo Guillermo Morenés Mariátegui, está llamada a ser la continuadora de la dinastía. Antes de la fusión con el BCH, Ana Patricia era consejera delegada del Banco Santander Investment y directora general de Banca de Inversiones. Aguarda pacientemente su oportunidad para hacerse con el mando presidencial. Emilio Botín y O’Shea, casado con Elizabeth D’Ornaneu, una francesa emparentada con Poniatowsky, ha pasado también, aunque fugazmente, por el consejo del banco. El resto de las hijas —Carolina, Paloma y Carmen, ésta última casada con el golfista Severiano Ballesteros y la segunda con el actual marqués de Deleitosa— permanece al margen de los negocios familiares. Javier, el menor de los Botín, aún no ha definido su trayectoria. Paloma O’Shea, la bella y distinguida mujer del presidente, brilla con luz propia al margen del poder y la fortuna de su marido: en 1991 creó la Escuela Superior de Música Reina Sofía, se ha convertido en la promotora más prestigiosa de la música clásica española y ha otorgado a Santander el rango de centro musical de primer orden.

Coincidiendo con el cambio presidencial, se puso en marcha un plan diabólico para la captación de recursos. Para conseguir sus objetivos, el Banco Santander se saltó todas las reglas de juego que había pactado y mantenido con sus competidores durante largos años. No sólo se rompían esos compromisos con la competencia, sino que con ello se traspasaba la ambigua frontera de la legalidad. La maquinación, en síntesis, consistía en ofrecer una excepcional rentabilidad a los inversores que resultase opaca al fisco y eludiera el pago de los impuestos debidos. El invento de las «cesiones de crédito» se extendió a más de 47.000 operaciones, con las que se «captaron» —así se dice en banca— 435.000 millones de pesetas, gran parte en dinero negro. Aproximadamente, ya que el proceso judicial no ha concluido todavía, se defraudaron a la Hacienda Pública más de 100.000 millones de pesetas. Miles de titulares en esas operaciones aparecen suplantados en la documentación correspondiente por personas fallecidas, indigentes, amas de casa, modestos pescadores de Huelva, residentes en Iberoamérica… Ya hablaremos de todo esto con más detalle más adelante. A los patricios de la banca, sus competidores, les dio un ataque de nervios al comprobar que los Botín no se detenían ante nada ni ante nadie. Desde este momento, el statu quo que imperaba en el sector bancario quedó hecho añicos.

En septiembre de 1989, cuando todavía no había cumplido cinco años en la presidencia del Santander, Emilio Botín, el hijo, quiso demostrarse a sí mismo, a sus competidores y a todo quisque que era digno sucesor de su padre. El patriarca lo había sido todo en el mundo de la banca, el mago que había transformado un minúsculo banco de provincias, el «bancuco», en un gigante. Ahora, su descendiente, que al tomar el relevo podría haber seguido a su antecesor en la concepción y la estrategia del banco, está decidido a acentuar la omnipotencia presidencial y a situarse a años luz por encima del brillo y la eficiencia de aquella otra etapa. Tan alto había situado don Emilio el listón que superarlo era una utopía para los más optimistas; algunos llegaban a tildarlo de dislate. Una u otra opinión era el gravoso condicionante que arrastraba como una losa el sucesor del imperio. «A grandes retos, grandes riesgos», se dijo, aunque pudiera parecer un contrasentido con la conducta tradicional de la banca. Al hijo no le quedaban demasiadas alternativas para emular la triunfal trayectoria seguida hasta entonces. Sólo una estrategia de altísimo riesgo permitiría superar el crecimiento vegetativo del banco, una estrategia que descansó en dos pilares fundamentales: las «supercuentas» y las «cesiones de crédito».

Lo primero que hizo el primogénito fue poner en práctica las demoledoras «supercuentas», un arma eficacísima para atraer a los clientes de la competencia. Los resultados fueron fulminantes: en pocos meses el banco duplicó el número de clientes y aumentó considerablemente los recursos. Los demás bancos quedaron gravemente afectados: miles de sus mejores clientes se perdieron irremisiblemente. Pero sólo el Santander estaba en disposición de realizar esa macroofensiva: su liquidez le permitía llevar a cabo miles de operaciones crediticias y, a cambio, jugársela en retribuciones de alto rendimiento para la captación de más pasivo. El riesgo consistía en que si las agresivas campañas publicitarias, que aseguraban una extraordinaria rentabilidad del 11% anual, no hubiesen conseguido desplazar un flujo tan considerable desde la competencia hacia el Santander, éste habría hecho un negocio ruinoso al verse obligado a retribuir a su clientela con un tipo de interés que irremediablemente iba a repercutir en su cuenta de resultados. Pero el eslogan «venga al Santander» hizo furor, se arrebató un sinfín de depositantes a los demás bancos, unos clientes que acudían en tropel atraídos por las cuentas de tan alta remuneración.

El Santander ganó la partida, los 5.000 millones de pesetas invertidos en tender las sugestivas redes publicitarias habían dado una óptima cosecha, con la agravante, para las dolidas espaldas de los competidores, de que «quien da primero, da dos veces». Porque lo cierto es que los demás tardaron en reaccionar: el BBV, más de seis meses; el resto, limitándose a emprender estrategias defensivas con la difusa promesa a su clientela de equiparar la retribución ofrecida por el Santander. Este cuidaba de no exteriorizar grandes signos de euforia para no acentuar todavía más la hostilidad del sector. Cuando finalmente todos los bancos, a excepción del Popular y el Central, se decidieron a lanzar sus propias «supercuentas», la batalla ya estaba ganada por el cántabro: en poco más de un año su banco había doblado la cuota de mercado. Para el resto de la banca, 1990 fue un annus horribilis.

Lo que pudo darse por cierto con esa experiencia fue la demostración del principio científico sobre la sucesiva transmisión genética de la saga. Emilio, el hijo, en la actualidad presidente del Banco Santander Central Hispano, no ha desperdiciado uno solo siquiera de los elementos genéticos heredados de su ilustre padre. Además, otra de las evidencias de tan curioso fenómeno biológico es que, en determinadas ocasiones, los genes se acrecientan: los que cuidan de impulsar el ansia de ganar más y más y más, es decir, los determinantes del concepto fáustico de la riqueza y el dominio ilimitados, se multiplican exponencialmente, a menos que se produzca una brusca e impredecible quiebra, también de carácter genético, que impida la progresión de unos resultados tan positivos. Emilio Botín García de los Ríos, del que muchos dudaban que pudiera suceder dignamente a su padre en la presidencia, por su carácter desagradable y retraído, ha superado al patriarca.

No es anómalo, por tanto, que Emilio Botín y su familia detenten una inmensa fortuna. La revista Forbes publica anualmente el listado de los personajes más ricos del universo. Por lo general, el patrón de Microsoft, Bill Gates, y el sultán de Brunei pugnan por el primer puesto, dado que las oscilaciones monetarias y el diferente origen de sus patrimonios convierten la lucha por el liderato en un constante toma y daca. En esa nómina deslumbrante, el primer español que aparece con todos los honores es el presidente del Banco Santander, Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos. Concretamente, la última edición de Forbes le asigna el número 25. La ficha explica algunos detalles biográficos que incluyen también un incompleto repertorio de las razones básicas por las que el banquero y su ilustre familia pueden codearse con la elite mundial de las grandes fortunas. La ficha publicada por la revista dice escuetamente:

Emilio Botín (Santander), 63 años, casado con 6 hijos. Riqueza neta: 9.300 millones de dólares. Fuente de la riqueza: banca (heredada). Llamado a la fama: bajo la dirección de Emilio Botín, el Grupo Santander continúa su agresivo crecimiento, además de ser el principal banco extranjero en Latinoamérica, los Botín miran ahora hacia Asia. Se cree que la familia Botín tiene en propiedad el 25% del Grupo Santander cuyo valor bursátil se ha doblado durante el último año. También posee el 8% de Bankinter. Otras actividades: la familia esponsoriza un concurso anual de música clásica.

Con toda razón ya lo había dicho su padre: «Ricos, lo que se dice ricos, somos muy pocos en el mundo». Si Emilio Botín hijo figura entre los 25 más opulentos del planeta, es obvio que le corresponde el primer puesto entre los españoles. «Si se quiere salir en la foto hay que moverse»; con esta frase, parodiando a Alfonso Guerra pero a la inversa, Emilio Botín, copresidente del BSCH, desveló el 15 de enero de 1999, cuando anunció la primera fusión bancaria en euros, la clave de su éxito inconmensurable: siempre ha dado el primero y lo ha hecho sin anunciarlo, como se estila en el arte del boxeo. Y así ha sabido adelantarse a sus competidores desde que tomó en 1989, con 52 años, el relevo presidencial del Santander. Y permanecerá de igual suerte —si Dios y la justicia lo permiten— hasta el año 2007, cuando al cumplir los 72 se retire de la actividad bancaria. (Sus enemigos rezan con fervor para que no cunda el ejemplo de Manuel Fraga). Incansable trabajador (los que le conocen bien aseguran que es capaz de despertar a sus ejecutivos a cualquier hora de la madrugada para hacerles una consulta o darles una orden), este santanderino poco querido por tirios y troyanos ha logrado aupar desde la séptima hasta la primera posición a la entidad que preside, y extender sus ávidos tentáculos por medio mundo: en Europa el BSCH es ya el primer accionista de gigantes financieros como la Société Générale o el Royal Bank of Scotland. Licenciado por la Universidad de Deusto, rompió las reglas de la llamada, tan notoria como impropiamente, «comunidad bancaria» nada más llegar a la presidencia, saltándose a la torera el pacto sobre tipos de interés y abriendo con el mayor descaro la guerra de las supercuentas. Más tarde, libró con idéntico «instinto criminal» la pugna por la dimensión del banco: en la órbita de su poder, acaba el milenio sumando a su emporio el BCH y a Banesto, sobre todo Banesto, su sueño dorado.

Suelen pasar por alto un detalle significativo los que describen las proezas de Botín y familia, y es lo que decía su padre una y otra vez al referirse a su fortuna personal: «Todo está en acciones del Santander». Lo que no es cierto porque los caudales de esta gente no han recorrido un camino paralelo a la capitalización del banco. Ahí están las memorias anuales de la propia entidad y los datos oficiales de la CNMV para demostrarlo. Aunque el valor de los títulos se haya revalorizado en progresión aritmética, la fortuna de los Botín lo ha hecho en progresión geométrica. Alguna razón más debe existir para que tan agraciados personajes, a diferencia de los míticos conquistadores, hayan sido capaces de llegar al inaccesible Eldorado. Los de la Montaña, que suelen tomarse las cosas a chacota con bastante retranca, aseguran muy serios que los Botín gozan de un insospechado privilegio teológico consistente en que todos ellos, cuando mueren, van derechos al cielo: «La razón es obvia —aseguran—, al cielo se va por las buenas acciones, los Botín han distribuido las malas entre su clientela».

Meterse de hoz y coz

Como hemos visto, la saga de los Botín ha sido el alma del Santander desde su primer gran éxito —ya lo hemos señalado—, culminado al absorber al banco rival en la región, el Mercantil de Santander, estrategia que marcó la expansión desde ese mismo momento. Con esta operación el «bancuco» dobló su tamaño, y desde entonces no ha parado de crecer con la compra de otros bancos y la aventura de las Américas.

Las arcas del Santander, tan rebosantes de dinero como las del rey Midas, constituían un silo de cabezas nucleares de la mayor potencia. Además, no sólo se incrementaba cada vez más «la moral» de los ejecutivos del banco, sino que éstos exhibían su satisfacción más íntima con sonrisa socarrona. Tan favorable situación permitió sofisticar la estrategia, por lo que el asalto final a los competidores se incluyó prioritariamente en el orden del día de la próxima campaña. Consecuentemente, todas las entidades financieras se vieron obligadas a adoptar con precipitación las adecuadas precauciones: eran conscientes de que las intenciones hostiles de los Botín florecían de día en día con mayor fuerza. Uno de los primeros en percatarse de los propósitos del Santander fue el Banco Hispano Americano, al comprobar que su competidor tomaba posiciones de abordaje al haber adquirido, a través de intermediarios propicios, gran cantidad de acciones. De manera apresurada, el Hispano tuvo que buscar refugio en un acuerdo amistoso de fusión con el Central, para evitar la depredación urdida por su agresivo competidor cántabro. Amusátegui, a pesar de sus buenas maneras, decía entonces especialmente complacido: «A estos cantabrones les hemos parado los pies». Como el mundo no para de girar, a Amusátegui le tocó copresidir el banco con esos mismos cantabrones.

Para los analistas, la operación fallida de la toma a fortiori del Hispano era el preludio de otras batallas. El Royal Bank of Scotland, socio internacional del Santander, desconfió del carácter societario de su aliado y amplió con urgencia su capital. Paralelamente, el Banco Popular detectó que, a través de intermediarios favorables a la fiducia, había cambiado de manos el 6% de su capital social. La alarma se disparó en los ámbitos bancarios, Botín y su cohorte batían los tambores de guerra con más estruendo cada vez. Hasta entonces, las evoluciones bélicas habían sido de tanteo. La gran operación estaba por llegar. La estrategia de acoso y derribo, germinada en las letales «supercuentas» y las ingeniosas «cesiones de crédito», había debilitado a la competencia tanto en lo económico como en el espíritu de combate. Los más afectados fueron el Central y Banesto: habían visto desaparecer de su pasivo el dinero de miles y miles de sus mejores clientes. El Central supo escudarse inteligentemente en la fusión con el Hispano, pero Banesto, una vez más, no supo reaccionar a tiempo.

Lo que puede parecer en principio una operación altamente arriesgada, mitiga las posibilidades de fracaso si se realiza con las arcas rebosantes. El dinero todo lo compra. Los Botín transmitían la apariencia de osados y agresivos, pero su audacia era calculada, siempre jugaban con ventaja, con un as bien guardado en la manga, como recomendaba el abuelo. Quedaba por recoger los frutos de sus desenvueltas campañas para la captación de recursos ajenos, tan demoledoras para sus competidores. Si se tiene todo a favor, incluso las apariencias, y se acelera la evolución natural de las cosas, el que no sepa adaptarse al cambio sucumbe irremediablemente. «Ahí me las den todas», se dijeron los de la Montaña con su característica originalidad.

La tormenta desatada por las fusiones entre los bancos españoles para poder competir con la banca extranjera —una de las consecuencias de la expansión del mercado único europeo— acabó en una guerra feroz. El panorama financiero, hasta entonces pacífico en esta clase de fenómenos mercantiles, entró en pugnas y en soluciones de signo dispar. El Bilbao de Sánchez Asiaín emprendió una opa hostil contra Banesto, pero fracasó estrepitosamente en el intento. En cambio, la fusión Bilbao-Vizcaya culminó favorablemente, aunque no exenta de peleas internas libradas a cara de perro. El esbozo de fusión del Central del viejo Escámez, con más conchas que un gigantesco galápago, y el Banesto del neófito Conde también fracasó sin paliativos, después de que pasaran por el escenario los Albertos, abruptos en sus aceleradas pretensiones hegemónicas; Javier de la Rosa, jugando a todos los paños; el inevitable Sarasola, con el cazo siempre a punto para sí y los suyos, sobre todo «el suyo»; Matías Cortés, el dúplice, oteando la dirección del viento para ver a quién dejaba en la estacada, y Miguel Boyer, con su ridícula suficiencia a cuestas y sus ansias irredentas de afincarse todavía más en Puerta de Hierro.

El Central acabó emparentando con el Hispano, una jugada maestra de José María Amusátegui. La concentración también llegó a los bancos del sector público con la creación de Argentaria, un poderoso competidor de la banca privada un tanto descabalado. Mientras tanto, el Santander permanecía fuera de juego, lo que formaba parte del espíritu de la casa. Botín hijo ya había destacado por el trato, peyorativo más que distante, hacia sus colegas; le traían al fresco las normas sectoriales acordadas en los almuerzos periódicos en Alcalá 49, la sede del Central, incluida su hortera vajilla de oro. Para los ilustres comensales, el comportamiento de la banca en el mercado —más bien «frente al mercado»— no podía ser otro que el de un fructífero oligopolio. Los de tan selecto cortijo se armonizaban entre sí, a pesar de sus dentelladas recíprocas, bajo un lema implícito en el trato: «Vamos a llevarnos bien», sinónimo de «que los demás pasen por el tubo, que hay beneficios para todos».

Sin embargo, Botín usaba otra pauta de comportamiento: si creía que algo le beneficiaba en exclusiva prescindía de los acuerdos del sector e iba a lo suyo por derecho. Aunque esta conducta ya se había ejercido en buena medida por su antecesor, el hijo llegó a romper con todo y con todos, al echar por la borda los acuerdos, las consignas o los cambalaches del «club de los siete», del que incluso pretendió eliminar al Popular. Lo que coincidió con el preludio de las hostilidades desatadas por la opa del Bilbao contra Banesto. De ahí las «supercuentas» y las «cesiones de crédito», al servicio de la exhibición de una fuerza arrolladora, impulsada por una pasión incontenible por el beneficio máximo, al socaire del poder alcanzado hacia la entidad. Los colegas de Emilio Botín empezaron a inquietarse al ver a su adversario actuar tan denodadamente fuera del circuito tradicional. El «peligro Botín», como decían, atemorizó a todo el sector ante la astucia y la decisión empleadas por el resuelto colega para propinar sus golpes definitivos. Uno de esos golpes fue el intento de absorber al Hispano Americano, una maniobra fundamentada en la traición.

El Crédit Lyonnais quiso concertar con el Hispano, con el que mantenía muy buenas relaciones, un tratado de mutua cooperación: se trataba del proyecto Europartner, que también incluía al Banco di Roma y al Commerzbank, cuyo objetivo principal era la expansión europea del grupo. El proyecto no llegó a despegar, pero Botín entró en relación directa con el Crédit Lyonnais, el cual, a través de empresas filiales, fue comprando en bolsa acciones del Hispano para el cántabro, que de esta manera pretendía hacerse con el control de un competidor español de tanto abolengo. A su vez, el Crédit Lyonnais vio en Botín a un aliado de excepción para llevar a término su expansión por España. Como recompensa a la felonía inferida al Hispano, Botín vendió a los franceses el Banco Comercial Español y la Banca Jover: en total, más de 200 oficinas diseminadas por todo el país. Nadie sospechó de lo que ocultaba la operación urdida por el de la Montaña; la atomizada compra de acciones del Hispano provenía de inversores extranjeros y fondos de pensiones a través de empresas controladas por el banco galo, y, además, de las que éste adquiría directamente nada cabía sospechar, ya que, en apariencia, estaba en marcha la cooperación interbancaria a través del proyecto Europartner.

A pesar del sigilo en la compra de las acciones del Hispano, su presidente José María Amusátegui llegó a notar la picadura de la mosca detrás de la oreja: cerca de un 5% del capital social de su banco había cambiado de manos, y todo ello en muy corto tiempo. Por lo que se precipitaron las conversaciones para un acuerdo amistoso de fusión con el Central, y ambos presidentes, Alfonso Escámez y José María Amusátegui, convinieron la fórmula el 14 de mayo de 1991, después de unas rápidas negociaciones, mantenidas con el mayor sigilo, en las que una vez más lució la habilidad de Santiago Foncillas. Desde este momento el «peligro Botín» quedó desactivado, al menos para el Central Hispano. El intento de una opa hostil estaría condenado al fracaso. Tocaba esperar a tiempos mejores, pero con la escopeta bien cargada y en el puesto más propicio para el insaciable cazador.

Banesto, la estrella polar de Alcalá, 14 y Castellana, 7, era la obsesión de Botín. Concurrían todos los ingredientes necesarios para lanzar un asalto en toda regla. Botín esgrime como un ariete los 300.000 millones de pesetas que desbordan sus cajas, y pasa revista a sus anteriores intentos, que sólo habían sido de tanteo. Si resultaron fallidos, no fue por falta de determinación por su parte, sino porque sus adversarios se escabulleron con presteza. El Banco Popular, sabiamente dirigido por los Valls con ayuda del Paráclito, se parapetó convenientemente con armamento estratégico; el Central, fusionándose con el Hispano, se había hecho inaccesible; otras empresas no bancarias esgrimieron su inmenso potencial, como El Corte Inglés, una verdadera institución, la empresa privada más poderosa del país: el asalto hostil no fue posible, la sociedad no cotizaba en bolsa y sus propietarios, los herederos de Ramón Areces, con un formidable Isidoro Álvarez a la cabeza, dieron educadamente a Botín con la puerta en las narices. Todo había sido preludio y entrenamiento para librar la madre de todas las batallas: el asalto a Banesto.

El dinero líquido acumulado por el Santander a través de las ventas de activos diversos, la venta de bancos filiales y los depósitos obtenidos con las «supercuentas», a lo que se añadían los beneficios producidos por el invento de las «cesiones de crédito», con sus 100.000 millones dejados de ingresar al fisco, eran el armamento necesario para manejarlo con decisión en el momento propicio y multiplicar el tamaño del banco. Sólo hacía falta dar con la estrategia adecuada, lo que no era fácil. Una fusión amistosa con un Banesto en manos de Conde sería rechazada de plano: una premisa indispensable para los Botín consiste invariablemente en no compartir el poder, ellos se sienten amos y señores de su banco, los únicos banqueros del país por méritos propios, ningún accionista, nadie en absoluto, les puede hacer sombra. Como ocurrió con los Serrano Goyría, durante un tiempo los segundos accionistas, que fueron borrados del mapa sin contemplaciones y con el mayor perjuicio posible por su intolerable disidencia.

Esta premisa, indispensable para un Botín no dispuesto en modo alguno a que alguien compartiera sus decisiones, ya estaba enquistada en su ánimo desde el mismo momento en que tomó el mando. La cantinela era machaconamente repetida en cada junta: «El Santander no participará en ninguna fusión en España», lo que justificaba de la manera más simple: «Porque es lo mejor para los accionistas». Pero a la fabulosa liquidez acumulada había que darle rentabilidad sin que quedase mermado el control del banco. Se optó por invertir en el exterior, se apostaba por socios internacionales como alternativa a la expansión por la vía de la fusión con un banco nacional, lo que llevó a establecer una alianza con el Royal Bank of Scotland, se fundó el Banco Santander Suiza, se adquirió un 10% del Banco de Comercio e Industria de Portugal, se compró el Crédit du Nord Belge y el CC Bank de Alemania.

Pero este proceso expansivo era tan solo un compás de espera, el preludio del asalto final. La intención transitoria de la expansión internacional del Santander era colocar su autocartera en sociedades de inversión mobiliaria, aparcándola cuidadosamente fuera de la propia estructura contable. Estos grandes paquetes de sus propias acciones le servían a Botín de escudo protector contra maniobras hostiles de terceros, al tiempo que le proporcionaban un instrumento al margen de la ley para manejar a su aire la cotización bursátil. Esta dicotomía entre la defensa y el ataque formaba parte de la estrategia a que se ajustaba el obligado compás de espera, mientras el Banco de España se miraba el ombligo con manifiesta complacencia.

El ronroneo de que algo se movía en las alturas financieras más inaccesibles lo propició en mayo de 1991 el ministro Solchaga cuando dijo: «No creo que el Gobierno ponga ninguna objeción a que los bancos Santander y Banesto lleguen a un acuerdo de fusión». Pero lo cierto es que, con el paréntesis temporal de por medio, las estrategias de fusión se habían complicado, a lo que se unía el resquemor general ante el «peligro Botín». Los restantes miembros del diezmado, vapuleado y anticuado «club de los siete» ya estaban al cabo de la calle de que nunca podrían fiarse de un Botín montado en el potro del propio e ilimitado interés, para su banco, por supuesto. El poderoso depredador seguía consagrado, con la máxima atención, en el permanente acecho a Banesto, maltrecho y dolido en sus viejas espaldas —viejas, pero anchas— por el tremendo garrotazo de las «supercuentas» santanderinas. Banesto había sufrido como el que más la merma de rentabilidad y de prestigio que supuso la maniobra de su contrincante.

Además, Mario Conde no sólo se encontraba frente a la caída de los beneficios de intermediación financiera, sino que el proyecto de la Corporación Industrial padeció un serio contratiempo al estallar la guerra del Golfo, que impidió colocar en los mercados internacionales las acciones de la nueva entidad en la que se integraban las cinco «isas», las sociedades de cartera que tanto lustre habían dado a la casa de Alcalá, 14. La necesidad de dotar de liquidez al banco obligó a Conde a desprenderse en 1991 del Banc Catalá de Crédit, buena parte de La Unión y El Fénix y la petrolera Petromed, lo que permitió recuperar cerca de 100.000 millones. Pero no era suficiente, y los problemas persistían, sobre todo por el enfrentamiento constante con el Banco de España y el Ministerio de Economía. A Banesto se le había reconocido un buen pellizco en exenciones fiscales al poner en práctica el proyecto de la Corporación, lo que también se convirtió en causa de conflicto por la necesidad de reinvertir dentro de plazo el precio de los elementos patrimoniales vendidos a terceros.

Banesto entró así en el ojo del huracán, y a los continuos roces con la Cibeles se unió la postura adversa del Gobierno cuando presumió las intenciones de Conde de saltar a la arena política, después de haber recorrido, de triunfo en triunfo y en un tiempo récord, el largo trayecto que va de la simple abogacía del Estado a la presidencia de uno de los grandes bancos españoles. Era el momento esperado por Botín; la pieza estaba seriamente acosada. El asalto a Banesto, esta vez por la vía de la depredación, reunía todos los condicionantes necesarios para su abordaje. Los socialistas, al intervenir Rumasa, ya fueron efusivamente aplaudidos por el padre, ahora tenían en el hijo a un aliado de excepción para eliminar, al «estilo Botín», a un peligroso enemigo político.

CAPÍTULO 4

EL ASALTO A BANESTO

Porque todo el oro que existe o podrá existir alguna vez bajo la luna, no daría un momento de reposo a estas almas fatigadas.

DANTE

Un matemático, un contable y un auditor compiten por una misma oferta de empleo. El entrevistador llama al matemático y le pregunta: ¿Cuántas son dos y dos? El matemático responde: Cuatro. El entrevistador insiste: ¿Cuatro exactamente? El matemático mira al entrevistador y le responde: Sí, cuatro exactamente. Posteriormente el entrevistador llama al contable y le pregunta lo mismo: ¿Cuántas son dos y dos? El contable contesta: Como promedio cuatro. Un diez por ciento arriba o abajo, pero como media cuatro. Finalmente, el entrevistador llama al auditor y le repite la misma pregunta: ¿Cuántas son dos y dos? El auditor se levanta, cierra la puerta, apaga la luz, se sienta cerca del entrevistador y le responde: ¿Cuánto quieres que sea?

Esta guasa pone de manifiesto lo difícil que supone controlar a los delincuentes empresariales cuando disponen de la mortífera arma de un fraternal auditor. Todo así es posible, el informe del auditor puede en ocasiones tener ciertas similitudes con los partes de guerra: proclividad a la exageración de hechos favorables, y permanente disposición a ocultar lo que no interesa que se sepa. Estos informes pueden ser letales y más dañinos que una bomba nuclear. El «¿Cuánto quieres que sea?» depende exclusivamente de cuanto cobra el escribiente. Los informes de auditoría pueden acabar con la celebre frase: «No es nada personal. Son sólo negocios», que Francis B. Coppola, en la película El Padrino, pone en boca de Vito Corleone cuando socarronamente se despide, enviándoles a otro mundo, de todos sus adversarios en los continuos ajustes de cuentas.

Pasen y vean un ajuste de cuentas, con bomba atómica incluida, en la mayor mangancia de la historia celtibérica de este país de pandereta donde el «¿Cuánto quieres que sea?» transcrito en un parte de guerra va de la mano del «No es nada personal. Son sólo negocios».

Guerra atómica

Ni la intervención del Banco de Valladolid, ni la de Banca Catalana, ni todas las intervenciones juntas promovidas por el Banco de España en los últimos decenios, se pueden comparar con la dictada el día de los Santos Inocentes de 1993. No hubo un solo español que no se enterara con todo lujo de detalles de que Banesto, el banco intervenido, tenía un agujero de más de 3.600 millones de euros (entonces, claro, se hablaba de 600.000 millones de pesetas). El despliegue informativo superó al anuncio de la muerte de Franco, y durante semanas se insistió por activa y por pasiva en que el tremendo agujero tendría que ser cubierto con fondos públicos y el banco debía cambiar de manos. Si no fuera por el comecocos de los medios de comunicación al servicio de uno u otro bando, a la ciudadanía le tendrían que llamar la atención los continuos episodios de cambio de manos de las más importantes entidades financieras. Parece que no hay nada más frágil que la dirección o presidencia de un banco.

En la mente de todos los españoles se ha quedado fijada la imagen de un Mario Conde echado a patadas de la presidencia del Banco Español de Crédito, y llevado a la cárcel por haber tenido la osadía de echar mano a la caja del banco. A estas alturas de los acontecimientos, ocurridos en las postrimerías del año 1993, quien diga lo contrario o es un acólito al servicio del ex banquero o un iluminado que asegura encuentros en la tercera fase con extraterrestres. Quizá será preferible que usted, amable lector, saque sus propias conclusiones sobre lo acontecido en Banesto, por lo que me limitaré a explicar los hechos, aun corriendo el riesgo de que piensen que todo es fruto de la ocurrencia y de una fantasía sin límites. Así y todo, se puede decir que el banco fue asaltado por una turba de maleantes dispuestos a utilizar todos los resortes de las instituciones del Estado que, bajo la apariencia de impartir legalidad y justicia, se conchabaron entre sí para simular un agujero en las finanzas de Banesto.

A la ciudadanía en general tan sólo trascienden las mentiras al por mayor que los medios de comunicación de masas son capaces de difundir siguiendo la senda marcada por los verdaderos dueños del poder económico, que hacen y deshacen a su entera voluntad actuando como clanes mafiosos que combaten por la obtención de posesiones que les den mayor poder. El asalto a Banesto defenestró a Mario Conde y a todos los consejeros, y varios de ellos tuvieron que pasar por el banquillo de los acusados para dar la apariencia de que la excusa del tremendo agujero tenía forma de verdad absoluta. Como beneficiario de la operación de asalto, el botín inmenso recayó en las manos del Banco Santander. Emilio Botín y su clan incrementaron sustancialmente su fortuna en detrimento de los antiguos accionistas de Banesto, que perdieron buena parte de su inversión.

El asalto a Banesto no ha sido la última de las mangancias protagonizada por los clanes del poder económico, el BBVA también ha transitado de los clanes de Neguri hacia la sombra del poder político instrumentalizado por el Partido Popular. El común denominador de estos desplazamientos de poder, una clara evidencia del salta tú que me pongo yo, está concentrado en un instrumento de indudable efectividad: el Banco de España. Al apretar este botón, una compleja maquinaria se pone en marcha, un engranaje perfectamente coordinado que actúa una vez que al Servicio de Inspección del Banco de España se le enciende la bombilla con un texto que rezuma actos punibles. De inmediato, las autoridades monetarias lo elevan al ministro de turno que se da por enterado en nombre del Gobierno, y dada la supuesta extrema gravedad del asunto, se pone en conocimiento de las instancias judiciales pertinentes. A partir de aquí todo funcionará como un cohete. Una filtración a la prensa será suficiente para que los encargados del grupo de presión de turno y sus asesores mediáticos enciendan la cerilla que pondrá en órbita el artefacto. El fiscal tomará posiciones, las teledirigidas asociaciones de usuarios de servicios bancarios (la que más, cuenta con tantos asociados que caben todos juntos en un taxi) harán lo propio, y se lanzará a una querella dictada a distancia. Y entre toda esta jauría no podía faltar Hacienda, que hasta aquel momento estaba cazando moscas, y luego, al grito de la voz de su amo, se acuerda del cañón.

De lo que se trata, en definitiva, una vez que toda esta maquinaria se pone en marcha, es hacer una cosa y decir otra. El objetivo prioritario es desplazar al presidente del banco y a todo su consejo de administración: un exterminio total, fulminante y amenazador. El poder de la fuerza se ostenta con toda la mala saña posible, y para que cuadre con el armamento del que se dispone, se sitúan los hechos en el ámbito de lo penal. Cuando no es posible adjudicar la insolvencia que se le adosó al Banco de Valladolid, o el tremendo «agujero» adjudicado a Banesto, se saca de la chistera la distracción de fondos en paraísos fiscales que se le adjudicó al BBVA. La cuestión es que lo que se imputa —sea lo que sea— pueda ser calificado de delito para que la apisonadora entre en escena. Poco importa si aquel o cualquier otro banco actúa, dispone de sociedades, constituye y trafica con ingentes cantidades de dinero en los múltiples paraísos fiscales habidos y por haber. Lo que importa ahora es que se encuentren argumentos para hacer rodar cabezas. A los consejeros del banco se les amenaza con la dimisión fulminante y con un procedimiento penal que legitimará la toma del poder. «No están ahí porque les hemos movido la silla, —dirán— tampoco porque se marcharon alegremente, sino fruto de sus malos actos, codicia e irresponsabilidad». Dicho llanamente, se trata de fabricar imperiosamente unos hechos punibles para legitimar el hecho de que manden otros.

Este modus operandi es exactamente el mismo que se aplicó con Mario Conde y Banesto. De la noche a la mañana, el ex presidente de Banesto pasó de ser el niño bonito de la banca a sentarse en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional. Las cuentas de Banesto pasaron en un santiamén de la calificación «sin problemas» a tenerlos todos, con un «agujero» descomunal descubierto súbitamente. Una fotocopia ampliada y corregida del método es la practicada con el ex presidente del BBVA, Emilio Ybarra, y el asunto de las cuentas pecadoras del banco: podríamos decir que es más de lo mismo. Cada asalto tiene sus peculiaridades. En el asalto a Banesto se intuía una intervención, moviendo los hilos, desde posiciones del Gobierno. En el caso del BBVA se prescindió de la tramoya y, sin decorado que valga, se sacó el conejo de la chistera a la luz del día. Debe de ser que con tanta privatización los políticos ya no saben si están en la política para hacer negocios o están en los negocios para hacer política. Pero algo tendrá que ver este confusionismo con la forma con que se privatizó Argentaria. Recordemos la secuencia: el Presidente del Gobierno pone al frente de una empresa pública a uno de sus amigotes. Cuando éste toma las riendas, la sociedad se privatiza, pero el amigo —que, como los buenos, lo es para toda la vida— acaba siendo el presidente de la sociedad privatizada. Se convendrá que esta metodología del barullo político-empresarial conduce al desorden global. A río revuelto…

El asalto a las instituciones legítimas es lo primero que suele hacer esta criminalidad organizada que dedica a la corrupción política su capítulo principal. Estas organizaciones han saltado del Tercer Mundo, donde han acabado con las instituciones democráticas emergentes aún débiles, a los países occidentales como el nuestro. Hoy ya disponen del potencial para asaltar países enteros, como se vio con el golpe de estado que intentó derrocar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en abril de 2002: una intentona de revolver el poder fue promovida por una asociación empresarial, con el trasfondo de los pozos petrolíferos y la riqueza que traen consigo. Aunque tampoco debemos olvidarnos de la rapiña y saqueo de los ahorros familiares por parte de los bancos que operan en Argentina o la rapiña al por mayor en botín de guerra de un ataque armado a Irak. Contra esta organización criminal parece no haber réplica posible. Ha nacido una nueva forma de hacer negocios que deja totalmente indefensos a los ciudadanos, pero no tan sólo a los ciudadanos, sino a las empresas que estos hampones se permiten abordar sin OPA alguna de por medio; cuando se trata de un banco, se utiliza el botón que acciona la maquinaria pesada custodiada en el Banco de España.

Centrándonos ya en el asunto del BBVA, para materializar el objetivo se promovió una operación a gran escala. Sus medios de comunicación —a estas alturas de la película ya no se les puede llamar de otra manera— bombardearon día y noche las posiciones del BBVA, de su presidente y de sus consejeros con acusaciones de toda índole indicando la gravedad de las mismas y jaleando a las instituciones que se pusieran en marcha. Pero veamos qué razones había para tanta movilización. Al BBVA y a sus administradores se les acusaba de tener distraído un fondo de 222 millones de euros (37.000 millones de pesetas), durante años en un paraíso fiscal, en este caso la Isla de Jersey. Además, la acusación se extendía al uso fraudulento de parte de este dinero —20,4 millones de euros (3.400 millones de pesetas)— que habría sido destinado a un fondo de pensiones cuyos beneficiarios eran 22 consejeros del banco.

La gravedad del asunto era relativa, podríamos decir que el chocolate del loro, teniendo en cuenta el uso y costumbres del sector que acostumbra a disponer de dinero distraído en los paraísos fiscales. En ambos casos —Banesto y BBVA— el objetivo fue el mismo: apoderarse del control y de los órganos de decisión de estas entidades financieras. Lo que varió sustancialmente fue el método aplicado en el asalto. Para Banesto, los asaltantes tuvieron que fabricar un agujero, implicar al Banco de España, y para hacer creíble el circo montado se tuvo que endosar a los gestores del banco toda una serie de delitos, con la parafernalia de tener que montar un proceso judicial, sin olvidar los enfrentamientos y la mala imagen con los accionistas del banco. En definitiva demasiado ruido. Tenía que haber un método más simplificado que soslayara los inconvenientes del asalto a Banesto. Puede decirse, albergando pocas dudas, que estos caballeros asentados en el poder se las saben todas. En el asalto al BBVA se desvanecieron los múltiples inconvenientes y se fue en línea recta hacia el objetivo final: el desplazamiento de Emilio Ybarra y del clan de Neguri.

Los asaltantes al BBVA mataron dos pájaros con un mismo tiro. Lo que puede parecer una elucubración también puede sostenerse a través de indicios y presunciones de que el gobierno de Aznar, muy interesado en disponer de más y más medios de comunicación, chantajeara a Emilio Ybarra sacándole a la luz unos distraídos fondos en un paraíso fiscal que, por cierto, eran más viejos que la tos, para primero atacarle y después cambiar cromos con uno de los más preciados activos familiares de los Ybarra: las acciones del Grupo Correo en el canal privado de televisión Telecinco.

Lo que a continuación trato de exponer es tan sólo un indicio sobre la toma de control de Telecinco por parte del Grupo Mediaset controlado por Berlusconi, el amiguísimo de Aznar. Por lo tanto no hay un elemento probatorio, pero sí se puede sostener por el razonamiento lógico. La clave está en la mayoría accionarial necesaria para controlar los canales privados de Telecinco y de Antena 3. En un principio, la ley 10/1988 de 3 de mayo estableció que una persona física o jurídica no podía ostentar más de un 25% del capital en las televisiones privadas.

Diez años después, de este límite del 25% se pasó al 49%. En 1998, utilizando la vía de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado (un atajo para no debatirlo en el Parlamento) se aprobó este nuevo límite. No obstante, esta modificación no permitía a un solo grupo ostentar la mayoría absoluta que da el 51% del capital. En torno a este límite del 49% se ha estructurado la propiedad de las dos cadenas de televisión. Dejando atrás el origen de la composición accionarial de Telecinco —en la que ya participaba Berlusconi— el capital quedaba repartido de la siguiente forma:

Grupo Mediaset (Berlusconi) – 40%.

Grupo Correo – 25%.

Ice Finance (grupo de inversiones) – 10%.

Dresdner Bank (que tenía las acciones en sus manos por la quiebra de Kirch Media) – 25%.

Ninguno de estos grupos tenía el control absoluto de Telecinco. La Ley de Televisión Privada aprobada el 4/10/2002 permitía que un solo grupo ostentase el 100%. Por lo que el objetivo ahora estaba en controlar el 51% que da el control de hecho. Obtener este porcentaje da el control «político» de los informativos, por lo tanto es el quid de la cuestión. Veamos ahora las alternativas para poder conseguirlo. El Grupo Mediaset estaba a tan sólo a 11 puntos, ya que tenía el 40%. Además, es muy posible que el 10% de Ice Finance también estuviera en manos de Berlusconi. Oficialmente no se conoce su propietario «verdadero» ya que es un aparcamiento de acciones. Aunque así fuera, Berlusconi tan sólo tendría el 50% del capital de Telecinco, insuficiente para el control absoluto. Es muy posible que esto fuera así, ya que los bloques de acciones iniciales estaban en paquetes de 25%. También ayuda a pensar que es así el que Mediaset tenga una opción de compra sobre este 10% de Ice Finance.

Por lo tanto, quedaban tan sólo dos alternativas, adquirir al Grupo Correo una parte de su 25%, o al Dresdner Bank una parte de su 25%. En principio, cuando se da este tipo de situaciones en que un 1% da la mayoría a un grupo u otro, el precio por un paquete pequeño se dispara. Como se ve, el Grupo Correo y el Dresdner Bank (que tenía que subastar este paquete de acciones) eran la clave para la mayoría de Berlusconi.

Es muy probable, y ahí es donde viene la parte de deducción, que la palanca para que el Grupo Correo accediera a dar a Berlusconi el 12% de Telecinco por 276 millones de euros (46.000 millones de pesetas) fuera la cabeza de Emilio Ybarra, ex presidente del BBVA. Ybarra, de la noche a la mañana, ha sido fulminantemente arrinconado del control del BBVA por Francisco González. Imputado por Garzón de un montón de milongas que pueden ser cambiadas en cromos por la cesión —eso sí, pagando— de las suficientes acciones de Telecinco que tiene el Grupo Correo. ¿Alguien puede pensar que la familia Ybarra va a vender sólo por dinero la llave que da al PP el control de una televisión privada como Telecinco, y que por otra parte lo va a mantener —a Ybarra— imputado en un procedimiento penal que lo puede llevar a la cárcel? Evidentemente, aquí hay un trueque.

Este simple razonamiento sitúa las bases suficientes para sostener que el control mediático del PP en Telecinco viene por esta vía del asalto al BBVA y el ostracismo de los Ybarra. Es importante considerar que Ybarra no ha hecho ruido con su imputación y el Grupo Correo no ha ejercido en sus medios una hostilidad abierta contra Aznar y el PP, sino más bien controlada y dosificada como para llegar a un pacto. Por otra parte, desde que accedió el PP al poder, Antena 3 viene actuando de correa de transmisión de la propaganda de lo bien que lo hace el gobierno de Aznar a través del control accionarial de Telefónica. Lo que sí se pone en evidencia es que el PP se merienda las dos televisiones privadas y controla las cadenas públicas; el modelo italiano de Berlusconi se acopla al nuevo panorama español. Después de este paseo por las alcantarillas del poder volvamos a la vida y milagros del defenestrado Mario Conde, una historia de nunca acabar que, no obstante, empezaremos en el momento en que se hizo pública la sentencia del caso Banesto. Habían pasado ya seis años de la intervención.

En aquel momento ya nadie se acordaba —y los medios de comunicación todavía menos— de lo que oficialmente motivó la intervención del banco. En el momento de autos, se sostuvo oficialmente que se había cernido sobre Banesto nada menos que una plaga de morosos. Conjurados y al unísono, todos ellos, —siempre según la versión oficial— habían dejado de pagar los créditos que el banco les había otorgado. Pero este increíble diagnóstico, sustentado por las autoridades monetarias del Banco de España, no coincidió con el criterio del Tribunal, seis años después. Este dejó escrito en la sentencia que «responde en buena parte a un cambio de criterio del Banco de España, por lo que respecto a estos déficits no puede apreciarse falsedad imputable a los acusados». Dicho llanamente, según el juez no existió agujero alguno, el dinero no había desaparecido, y la resolución del Banco de España se basó en una elucubración que los magistrados calificaron como un «evanescente cambio de criterio del Banco de España». ¿Alguien se enteró del contenido de este aspecto de aquella sentencia? ¿Se devolvieron los 1.700 millones de euros (285.000 millones de pesetas) aplicados como fondos públicos para cubrir un «agujero» que nunca existió? La respuesta sería negativa como negativa, había sido toda la jugada para los contribuyentes, que sufragaron una operación de salvamento cuando no había nada que salvar. Claro que quienes pagaron en mayor cuantía la inocentada fueron los accionistas de Banesto, que vieron como el banco transitaba, de la noche a la mañana, hacia la órbita del Banco Santander.

Del contenido de la sentencia de la Audiencia Nacional tan sólo transcendió aquello que de una manera u otra pertenecía y coincidía con la verdad mediática, y ésta era a su vez eco del poder económico guiado por el gran timonel. La letra pequeña —aquella parte de la sentencia que no interesa— apuntaba hacia otros derroteros. La sentencia del caso Banesto se dio a conocer casi cuatro meses después de finalizar el juicio oral, una derrota inesperada se cernía sobre los principales acusadores. Lo de menos era que siete de los once procesados resultaron absueltos y que para los cuatro restantes las peticiones de pena carcelaria quedaran a años luz de las que acabó fijando el Tribunal. Nada más conocerse la sentencia los medios de comunicación aprestaron sus más afiladas plumas para reproducir, al unísono y con grandes titulares, el mensaje que oficialmente tocaba publicar en tan solemne momento: «Diez años de prisión para Conde por estafa y apropiación indebida». Sobre la inexistencia del famoso «agujero» de 605.000 millones, nada de nada, ni el menor rastro en torno a tan formidable asunto. Al insondable «agujero», que había provocado la intervención de Banesto y la destitución de los administradores, se lo había tragado la tierra y, desde entonces, lo que todavía es más significativo, nunca ha vuelto a salir a la luz. Luego se daban detalles y más detalles sobre las operaciones concretas por las que algunos acusados habían sido condenados, destacando el perjuicio que habían ocasionado al banco. En algunos medios los informadores no podían por menos de tirarse de los pelos, incapaces de contener su irritación, al hacer la cuenta de lo que el Tribunal había determinado como cuantía de los perjuicios, 7.149 millones de pesetas en junto, en lugar de 605.000 millones, por lo que clamaban al cielo exigiendo la devolución inmediata de los siete mil millones a través de la ejecución de todas las propiedades de los condenados.

Venían también a cuento las declaraciones de gente principal que, por riguroso turno, se rasgaba las vestiduras por lo reducido de las penas y demandaban el ingreso en prisión incondicional de los condenados. Y desde las páginas editoriales de casi todos los periódicos se hablaba del respeto a la ley, de preservar el Estado de Derecho, de ejemplarizar la vida social… Pero de lo sustancial, del «agujero» de 605.000 millones, motivo esencial sobre el que versaba el juicio, ni el menor comentario. Es más, si algo se dijo al respecto, en el colmo del cinismo, era para advertir a los lectores que el Tribunal, al juzgar los delitos que se habían debatido en la causa, no pretendía «formular un juicio sobre la gestión de los administradores del banco».

Resultaba penoso que la verdadera situación de un banco que, según se había difundido entre atambores y al toque de claros clarines, padecía tan terrible «agujero», por cuyo motivo había sido intervenido y sus administradores puestos en la calle a empellones y patadas en el trasero, pasara desapercibida en absoluto, y quedara no ya en segundo término, sino en ninguno. La Sala negaba la existencia del fraude contable. Es más, el hecho de que para el saneamiento de Banesto hubiesen hecho falta cientos de miles de millones en fondos públicos en beneficio exclusivo del Banco Santander, sin pagar un céntimo a la Hacienda Pública, todo ello en detrimento de una multitud de pequeños accionistas y de todos los españoles en general, resultaba menos que secundario para los medios de comunicación, enredados todos sin excepción en la verdad oficial al servicio del poder económico. El silencio informativo provenía de la sorpresa que les había causado el que no se pronunciase el Tribunal en términos condenatorios sobre la intervención del banco y sus consecuencias. Bien es verdad que la Audiencia se había abstenido de pronunciarse sobre «si la sustitución de los administradores por decisión del Banco de España estuvo o no fundada, a pesar de que así lo han pretendido algunas partes de este juicio». Lo que requería un pronunciamiento esencial: la existencia o inexistencia del «agujero», cuya falsedad había servido de base para la intervención de Banesto y la subsiguiente acusación a los consejeros de un sinfín de artificios y falsedades contables, todo lo cual fue rechazado de plano por la Sala.

Nadie, absolutamente ningún salvabancos mediático, se dignó prestar atención a la pregunta que se desprendía inexcusablemente del aserto: dónde podía estar la causa de la verdadera estafa por 605.000 millones, la madre de todas las estafas, si en los ex administradores, a los que se dejaba por entero al margen de cualquier manipulación fraudulenta, o en los impulsores del asalto a Banesto, que se embolsaron de una sola tacada 285.000 millones mediante la subvención con fondos públicos y 315.000 millones de los fondos propios del banco, de ahí los 600.000 millones que dieron como pérdidas irreversibles simulando un «agujero» que nunca había existido. Más 41.000 millones en intereses del crédito «blando», a lo que hay que sumar el «ahorro» de 50.000 millones largos por los impuestos devengados y no pagados a cuenta de la subvención recibida, cuyo beneficio fiscal todavía no sabemos qué autoridad o funcionario prevaricador ha dispensado con manifiesta infracción de la ley. Y a lo que hay que sumar también la formidable realidad patrimonial de Banesto, constituida por la red bancaria más completa y eficiente de España.

En cuanto a los artificios contables, sostenidos por la acusación para acreditar que los ex administradores ocultaron con ello un inexistente desfase patrimonial, el Tribunal no pudo ser más explícito: «No se ha demostrado que los acusados ocultasen circunstancias o hechos relevantes a aquellos servicios internos o externos con la intención de desfigurar la real situación de la entidad». Dicho en el lenguaje de la calle, la sentencia ha reconocido de plano que la situación patrimonial de Banesto era la que reflejaban sus libros, no la inventada falsamente por el contubernio Banco de España, nuevos administradores al servicio del Banco Santander, auditores, CNMV y medios de comunicación sumisos con el poder.

Por si ello fuera poco, el Tribunal apreció también que el Banco de España conocía de pe a pa la verdadera situación de Banesto, por lo que si en pocos meses se pasó de autorizar la macroampliación de capital a la insolvencia, ello «responde en buena parte a un cambio de criterio del Banco de España, y por lo que respecto a estos déficit no puede apreciarse falsedad imputables a los acusados». El que quiera entenderlo con elemental decencia informativa tiene suficiente con esta declaración del Tribunal. El abismal «agujero» que se había vendido de cara a la galería por los proceres del poder económico, valiéndose con insuperable eficacia de los medios a su servicio, era tan sólo una cortina de humo sin el menor fundamento. Dicho de otra manera, no faltaba un duro en la caja del banco ni se encubría con artificios contables ningún descuadre patrimonial: fue simple y llanamente un cambio de criterio «fundamentalista» que los inspectores del Banco de España fijaron sin el menor argumento patrimonial siguiendo instrucciones de sus superiores, dóciles a su vez a los designios de los que realmente mandan en España.

Mientras los cuentacuentos del poder mediático exigían el inmediato ingreso en prisión de los condenados y el pago de los siete mil millones en cumplimiento provisional de la sentencia, olvidaban al unísono y sin fisuras exigir responsabilidades a quienes tan alegremente habían urdido el inexistente «agujero» de Banesto para santificar su fraudulenta intervención. Se daba la paradoja de que a Mario Conde, como presidente del banco, y a todos sus consejeros se les había sustituido con arreglo a un diagnóstico que resultaba falso de todo punto a la vista de la abundantísima prueba practicada a lo largo del proceso. La sentencia lo dice mediante conceptos atenuados, en el afán, habitual en Siro García Pérez, de nadar y guardar la ropa en estos casos, pero lo dice al fin:

«Con ocasión de la sustitución del Consejo de Administración del Banco, acordada por el Consejo Ejecutivo del Banco de España, se establecieron unas necesidades de saneamiento de 503.415 millones de pesetas, suma elevada posteriormente tras una nueva valoración de la auditora Price Waterhouse hasta 605.000 millones de pesetas. La discordancia entre esa situación apreciada y la que resultaba de las cuentas de la sociedad no puede ser imputada a una actuación dolosa de los acusados, que no ha sido probada de manera suficiente en el juicio».

Evidentemente, la letra pequeña de la sentencia llegaba al corazón del hecho más trascendental: no había existido agujero. No obstante, la presión mediática no iba a permitir que Mario Conde y los otros acusados pudiera irse sin el correspondiente castigo, por la sencilla razón de que si no eran culpables no se podían acreditar los desmanes cometidos, y el asalto a Banesto carecería de la legitimidad que puede dar una sentencia judicial condenatoria.

Para los impulsores del asalto, la sentencia pronunciada por la Audiencia Nacional fue más una derrota que una victoria a pesar de que a Mario Conde le habían impuesto una condena de diez años. Necesitaban con urgencia ver al ex presidente de Banesto en la cárcel para consumar que lo arrebatado lo era en buena lid. Todos los acusados recurrieron la sentencia al Tribunal Supremo que se pronunció en julio de 2002. Que para reproducirlo en forma de titular, se puede tomar la portada de El Mundo del 30 de julio: «Mazazo judicial a Mario Conde». El Tribunal Supremo había elevado de 10 a 20 años de cárcel su condena por hallarle culpable de apropiación indebida, falsedad y estafa en la gestión de Banesto. Nadie podía imaginar tal pronunciamiento, al banquero se le había aplicado la condena más alta de las consideradas de «cuello blanco». El Alto Tribunal mantuvo la pena del vicepresidente Arturo Romaní, y aumentó la de Rafael Pérez Escolar de 6 a 10 años, e impuso 4 años de prisión a Jacques Hachuel y Enrique Lasarte que fueron absueltos por la Audiencia Nacional.

El mazazo judicial era considerable, el Supremo duplicaba la pena a Mario Conde y lo enviaba a la cárcel con otros cinco ex altos cargos de Banesto. La dureza del Tribunal era inaudita, si por una parte sorprendía el varapalo a Mario Conde, se entendía —por unos pocos informados al respecto— la ampliación de condena a Rafael Pérez Escolar. El ex consejero de Banesto, que ni siquiera pertenecía a la comisión ejecutiva del banco, fue quien salió a la palestra para decir sin pelos en la lengua a Pilar Urbano, en una resonante entrevista publicada en El Mundo, la verdad sobre la inocentada del 28 de diciembre. Pero no era lo mismo que lo dijera un personaje secundario del drama a que lo hiciese el propio presidente del banco. La pasividad y las medias tintas de Conde en los primeros días después del revolcón era tanto como entregar la cabeza a sus enemigos en bandeja de plata, que así tuvieron una ocasión de oro para pintar la historia a su manera. Ya se sabe que la historia la escriben los vencedores, y una vez escrita, vaya usted a reclamar al maestro armero. La opinión pública se quedó con la copla: los antiguos administradores de Banesto habían hecho tales disparates y de tal magnitud que el «agujero» originado por su incompetencia o su codicia era abismal. Mientras tanto, Mario Conde, erre que erre, suspiraba por un pacto (¿político?) que a buen seguro, según él, vendría de la mano de Felipe González.

Rafael Pérez Escolar desde ese mismo momento —de la intervención de Banesto— había tomado una posición sustentada en el estado de derecho y la aplicación taxativa de la ley, por lo cual promovía acciones judiciales contra los funcionarios públicos que actuando bajo directrices a distancia impulsaban el asalto del banco. De ahí, se derivaron dos posiciones superpuestas en la estrategia del contraataque de los exbanestos sacados a empellones por la puerta trasera del banco. La estrategia de Conde quedó definida el 11 de enero de 1994: Mario Conde comparece ante los medios en el salón Balthasar del hotel Eurobuilding. Nadie sabía en ese momento si el ex presidente de Banesto iba a optar por explicar la verdad de lo sucedido, hablando claramente de las motivaciones políticas en que se asentaba la intervención, o por refugiarse en tecnicismos contables y cuestiones por el estilo a fin de mirar de soslayo e irse de allí lo antes posible. Lo primero representaría la declaración formal de guerra al Gobierno y, en especial, a Felipe González. Lo segundo, la demostración, por implícita no menos evidente, de que había elegido la vía del pacto, el compromiso, el trato de feria, en evitación de males mayores.

El texto, que el postergado lee con voz serena ante la nube de informadores, resulta un acabado ejemplo de moderación decepcionante. Rehúsa pronunciarse sobre las verdaderas causas del suceso, y no responde a las reiteradas preguntas que se le hacen sobre el intento por el Banco de España de comprarle sus acciones. Nada de nada, nada entre dos platos. Todo el discurso mantiene un tono aséptico, «científico», sin fuerza de convicción. Ese día Mario Conde enfunda la espada e iza bandera blanca, en contra de su estilo y de lo que muchos, muchísimos españoles, en especial los angustiados trabajadores y los arruinados accionistas del banco, esperaban de él. Mario Conde parece dispuesto a sacrificar su activo principal: el coraje, con el que había sabido hacer frente a los retos más comprometidos. Porque había sido capaz de romper los moldes tradicionales en la banca para criticar con osadía la política económica del Gobierno; proclamar su independencia frente al poder omnímodo de Mariano Rubio; afirmar, frente al dogma oficial de Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi, que la banca puede y debe colaborar en el desarrollo industrial del país, e incluso se había atrevido a solicitar un referéndum para la aceptación por España del Tratado de Maastricht. Ahora, una vez consumada la intervención, se limita a resaltar, con decoro y buen oficio, aspectos estrictamente técnicos del acontecimiento y huye de cualquier contenido político, olvidando que se encuentra en el mejor escenario para formular con firmeza la denuncia del vergonzoso expolio propiciado desde el Gobierno. Pero ni hace esto ni tampoco entra en un análisis profundo de la realidad financiera de Banesto, lo que hubiera puesto al desnudo la actuación fraudulenta del Banco de España. Se queda, pues, nadando entre dos aguas, un deporte que en estos casos tan comprometidos no contribuye a mantenerse a flote, sobre todo si se practica con escasa decisión. Acaso esperaba algún gesto político que recompensase su táctica de distracción y acatamiento tácito a los dictados del poder. La influencia espuria de sus «amigos» de siempre pudo propiciar tan inconcebible actitud.

Más de un año después, los antecedentes y las cifras de que dio cuenta el 11 de enero de 1994 no habían merecido la menor respuesta oficial u oficiosa. La respuesta, en realidad, consistió en una auditoría que contradice esencialmente a otra auditoría del mismo auditor; una querella que se basa en un informe del Banco de España, convertido al tiempo en acusador y perito de sus propias actuaciones, y las insidias de quienes faltan reiteradamente a la verdad al hablar de las tripas de Banesto, el dinosaurio de la banca española. Pero el asunto no iba de cifras, y el ex banquero no se decidió a practicar un tratamiento de caballo; prefirió iniciar un largo camino en pos de un pacto utópico con las fuerzas políticas que no llegaría a alcanzar, ni por las buenas y menos por las malas, aunque haya dejado un sinfín de cadáveres en la cuneta. Para él las sinrazones de la intervención se han desgranado más con silencios que con argumentos y actitudes firmes a lo largo de 1994 y 1995. Para entender el comportamiento de Conde el 11 de enero en el Eurobuilding madrileño, hay que convenir en que —según él— no actuaba por sí mismo tan solo, sino que asumía de alguna manera la representación de los consejeros cesados, de los cuales muy pocos ofrecían verdadera disposición para afrontar cualquier empresa bélica. La mayoría optó por escurrir el bulto para defender sus puestos de trabajo, sus negocios, sus relaciones familiares y su status, en lo posible y a pesar del estacazo, y no querían embarcarse en una guerra que, al fin y al cabo, no era propiamente suya. Estaban convencidos de que la intervención, en realidad, había sido una medida contra Mario Conde, el cual tenía en juego su prestigio y su patrimonio, en especial los siete mil millones invertidos en acciones del banco y el crédito por otros siete mil millones concertado con el BCH. Conde, por tanto, tenía las manos atadas y bien atadas; los demás administradores, ni tanto ni tan calvo, aunque la brutal medida les afectase gravemente en su reputación y en su bolsillo. En cualquier caso, los antiguos consejeros siempre se han rebelado ante la manifestación de Conde relativa a que sus actuaciones las hacía como mentor o representante tácito de los demás, los cuales, a excepción de Enrique Lasarte, nunca han sido informados de las negociaciones ni de los propósitos últimos del ex presidente.

Conde no se dio cuenta de que el Gobierno y el Banco de España lo que buscaban era llegar, sin mayores dificultades, a la junta de accionistas del mes de marzo para corroborar formalmente el acto de intervención. Después, una vez consumado el expolio, las promesas más o menos veladas podían quedar en agua de borrajas sin mayor dificultad. Para lo cual Felipe González recibió en secreto a Mario Conde. Pero nos queda por decir que la dicotomía estaba en plantar cara al Gobierno con la ley en la mano, asumiendo todas las consecuencias de tan razonable estrategia, o en contemporizar con el ejecutivo por la tortuosa senda del pacto, mediante los tira y afloja que siempre acaban en provecho del que manda. Paradojas de la vida, Mario Conde no tomó partido por ninguna de las dos opciones; acabó decidiéndose por un sucedáneo de la segunda, una versión del «tú más que yo», o «si a mí me acusas de algo, a ti te puedo acusar de mucho más». Una estrategia que supone el abandono de la legítima defensa y, sobre todo, de los demás instrumentos que brinda el estado de derecho. Conde eligió la impracticable fórmula culinaria de hacer la tortilla sin romper los huevos, o lo que viene a ser lo mismo, el trato entre gitanos vendedores de burros cojitrancos, en vez de acudir con firmeza y tenacidad a los Tribunales de Justicia para demostrar la naturaleza del expolio y sus gravísimas consecuencias. El ex banquero prefirió la cuadratura del círculo: volver a la posición de partida sin salirse del «sistema», como a él le gusta decir, todo ello mediante el método de echarle un pulso al Gobierno de la nación.

Si en la multitudinaria rueda de prensa del 11 de enero el ex presidente del banco hubiera puesto los puntos sobre las íes con decisión y claridad, otro gallo le habría cantado. En aquel momento la credibilidad de Conde estaba intacta: el glamour de su persona era de tal magnitud que en los pocos días que mediaron entre la intervención y la rueda de prensa el grado de aceptación popular de su figura seguía siendo altísimo. Un estudio sociológico dirigido por el profesor Amando de Miguel así lo acreditaba sobradamente. El mensaje, además, tampoco requería demasiado esfuerzo, sino simple y llanamente llamar a las cosas por su nombre: que la intervención de Banesto fue una pócima fraudulenta con altas dosis de decisión política, y para acreditarlo ahí estaban él y su equipo, todos dispuestos a remangarse y ponerse a trabajar para rebatir, partida por partida, las falacias vertidas con mala fe con el propósito de arruinarle a perpetuidad. Esta hubiera sido una verdadera defensa inteligible para todo el mundo, sin mayores dificultades y hasta con beneplácito general. Por el contrario, la ambigüedad le llevó a estar más pendiente de guardar la ropa que de bracear con denuedo para mantenerse a flote.

La estrategia emprendida por Pérez Escolar fue antagónica a la de Mario Conde. Pérez Escolar se dedicó exclusivamente a tratar de demostrar todo el fraude que los impulsores del asalto a Banesto habían maquinado. Esto llevaba una y otra vez a los confines del cuartel general de Emilio Botín, máximo beneficiario de tan fabuloso botín. Desmontar pieza por pieza tan descomunal embrollo preconcebido por mentes agudas y perversas es un trabajo ímprobo. Sorprendentemente, y hasta la fecha, no se le ha podido encontrar explicación, Pérez Escolar llevó la carga de la prueba —con los correspondientes gastos periciales que asunto tan complejo requería— durante el proceso judicial. En el transcurso de los últimos años, Pérez Escolar ha tocado todas las teclas que se pueden tocar, no sólo para escudriñar el perímetro por donde se mueven las cuentas de Banesto, si no todos y cada uno de los asuntos importantes por los que el banco ha navegado. El ex consejero de Banesto, rodeado de un excelente equipo de letrados, ha analizado todas aquellas operaciones en las que el banco de Botín mueve un dedo haciéndolo en contra de la ley. Ya puede ser en España o en Escocia, ya puede ser en Chile o Argentina, ya puede ser en los EE.UU. o a la vuelta de la esquina. No hay papel contrario al Derecho que Pérez Escolar y su equipo no acaben revisando. Han tomado protagonismo en los juzgados impugnado los acuerdos ilegales de la junta de accionistas, denunciando en un juzgado de Alcobendas delitos fiscales, en un Juzgado Central un asunto de cohecho, o en Bruselas las ayudas de Estado encubiertas. El combate es en todos los frentes y por tierra, mar y aire para la defensa del Estado de Derecho, con lo que están saliendo a la luz los fraudes cometidos por los Botín, una gente que hasta ahora ha disfrutado de la más execrable impunidad.

La guerra entre Botín y Pérez Escolar hoy ya es atómica. Se explica entonces el varapalo judicial de incrementar las penas que se advierte en la sentencia de la Audiencia que castiga al ex consejero de Banesto. Poco importa que Pérez Escolar tenga 76 años y haya de ser la discrecionalidad del juez la que envíe a la cárcel a persona de esa edad. Poco importa también el estado precario de salud que afecta a Pérez Escolar. Lo que sí importa es que satisface los deseos de Emilio Botín, con ello la justicia ya tiene una razón de ser. Dejemos el desenlace de esta guerra atómica para el próximo capítulo ya que da mucho más de sí.

Salte tú que me pongo yo

Cuando se fraguó el acoso y derribo de Banesto, hacía tiempo que el banco presidido por Mario Conde se encontraba en el punto de mira del Banco Santander: Banesto acabó especialmente afectado por las operaciones de las cesiones de crédito y las supercuentas que el banco de Botín había puesto en marcha con éxito arrollador, debilitando a la competencia. Las luchas por el poder y la dimensión de los bancos estaban en plena efervescencia. Todos se miraban de reojo. El presidente de Banesto se había convertido en el enfant terrible de los patricios de la banca: sus inversiones multimillonarias en el sector mediático, sus ansias de poder, su intención de saltar a la arena política y sus negocios con participadas de Banesto hacían confluir demasiados intereses de choque. Para la clase política, Mario Conde era un peligro en el horizonte, mientras que para el clan de los patricios de la banca siempre fue un intruso.

De un plumazo, el presidente de Banesto quedó desactivado cuando el Gobierno intervino el banco, y Mario Conde y todo el consejo de administración fue cesado. Hoy sabemos que Emilio Botín estaba detrás de aquella operación, que para él representaba una oportunidad única que no podía dejar escapar. El Banco Santander no estaba en la pole position en aquel instante, sino que el BBV le pasaba por delante. El Banco de España, nada más perpetuar la intervención, situó al frente de Banesto a gestores de los bancos Santander, Popular, Central Hispano y Argentaria. Estos debían gestionar el plan de saneamiento y sacar a subasta el banco. El gobernador del Banco de España en aquel momento, Luis Ángel Rojo, había nombrado presidente provisional de Banesto a Alfredo Sáenz, quien, representando al Vizcaya, había participado en el reflotamiento de otra intervención sonada: la de Banca Catalana en 1985. El nombramiento de Sáenz había supuesto el desembarco de los hombres fuertes del BBV, José Antonio Sáenz de Azcúnaga, Luis Abril y Víctor Menéndez, en Banesto. Junto con ellos, el 30 de diciembre de 1993 desembarcaron 29 personas más de la estructura del BBV.

El nombramiento de Sáenz parecía orientar la decisión hacia la idea de que fuera el BBV quien se quedara con Banesto. Botín movió entonces sus fichas, que no eran otras que el acercamiento y entendimiento con el presidente provisional del banco intervenido. La tentadora oferta de regalarle la astronómica cifra de más de 6 millones de acciones de Banesto dio un rumbo diferente a la operación. Botín dispuso desde ese momento de la información privilegiada para organizar el asalto definitivo al Español de Crédito. Se puso en marcha una estrategia dirigida a sobredimensionar el agujero de Banesto, 600.000 millones de pesetas en créditos «dañados» afloraron de la noche a la mañana.

Cuando se abrieron las plicas de las ofertas requeridas por el concurso público propiciado por el Fondo de Garantía de Depósitos para adjudicar Banesto, el Banco Santander hizo la mejor oferta: 4,58 euros (762 pesetas) por acción. El pelotazo de Botín fue de categoría, uno de los mejores negocios que puedan imaginarse. Por 1.187 millones de euros, el Fondo de Garantía le adjudicaba el 73% de Banesto. La estrategia para maximizar la inversión estaba diseñada; las prácticas presuntamente delictivas que habían conseguido la expansión del Banco Santander en las cesiones de crédito (de las que hablaremos extensamente en el próximo capítulo) se incentivaron y se perfeccionaron, porque de los errores pasados se aprende. En esta nueva ocasión no se utilizarían parados, jubilados sin recursos, fallecidos o amas de casa que como fiduciarios enmascarasen una situación presuntamente ilegal; ahora lo harán empresas instrumentales. Botín no se detuvo con el engaño a los accionistas de Banesto, sino que se instrumentalizaron en provecho propio los fondos públicos y se engañó a los clientes.

Pero demos unos pasos hacia el pasado y situémonos en el verano de 1993 para observar cómo, en esta historia, todo fue ciencia ficción desde el principio. Nada significativo había ocurrido en Banesto desde que el Banco de España autorizara una macroampliación de capital de la entidad financiera. El Consejo Ejecutivo del banco emisor, en su reunión del 11 de junio de 1993, acordó dar vía libre a la ampliación de capital de Banesto, sin formular objeción alguna a la misma. El 28 de ese mismo mes la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobó las condiciones de la ampliación y ésta se inició el 7 de julio. En menos de seis meses se pasó de un momento de gran expansión del banco presidido por Conde, a la intervención por un agujero de 3.600 millones de euros. Es más, en noviembre de aquel año, un mes antes del fatal descubrimiento de la insolvencia, el Banco de España autorizó una OPA a Banesto sobre la Corporación Industrial y Financiera.

La macroampliación aprobada en junio por el Banco de España era de proporciones extraordinarias: 570 millones de euros en tres tramos, un total de más de 57.000 acciones y la previsión de una emisión de bonos convertibles por valor de 400 millones de dólares se ponían en los mercados tanto nacionales como extranjeros. Poderosos grupos financieros como el Fondo Corsair (filial de JP Morgan) o Carlisle Ventures Inc. invirtieron en las acciones de Banesto. El respaldo y la autorización del Banco de España era una garantía a nivel internacional. Después, de forma sorprendente, se pasó del esplendor a la ruina. Nada relevante había acontecido, ni inversiones asiáticas en mercados de futuro, ni desplomes de la inversión estrella, ni nada que pudiera ser considerado más allá de una mala gestión. Ni poniendo todo su empeño, una mala gestión arruina un banco en tan corto plazo de tiempo.

El Banco de España, el Fondo de Garantía y los gestores provisionales del banco, una vez éste fue intervenido, elaboraron un diagnóstico de los males que llevaron a sucumbir a Banesto, que concluyó con los famosos créditos «dañados» por un valor estimado de 3.606 millones de euros; simultáneamente, se fue insinuando que Mario Conde, a lo largo de su presidencia de la entidad, había echado mano a la caja. Para fomentar la ambigüedad del diagnóstico, se fraguó una nueva terminología, pues se habló de «agujero» en lugar de pérdidas, y de créditos «dañados» en lugar de morosos. Mientras tanto, nadie hablaba de las falsedades contables existentes y «no detectadas» por el Banco de España. El agujero existía, pero nadie informaba de su tamaño. La intervención presidida por Alfredo Sáenz diagnosticó que los males de Banesto se debían al famoso «agujero» (que en terminología contable-financiera viene a significar la sobrevaloración contable de un bien o actividad comercial) que procedía de los créditos «dañados». La diversidad de créditos dañados, que se elevaban a miles, daba a entender que Banesto los había otorgado con una alegría impropia del tradicional criterio prudente de la banca. Nada más lejos de la realidad: Banesto, como todos los bancos, no otorgaba créditos sin que el prestatario aportase las correspondientes garantías.

En aquel momento se tuvo que dar por bueno el diagnóstico, y más aún si estaba refrendado por el Banco de España. Pero la prueba del nueve estaba por llegar, y el tiempo habría de determinar que los créditos «dañados» no eran incobrables. Cuatro años después se pudo acreditar que el diagnóstico refrendado por el Banco de España no fue el correcto y —lo que aún es más grave— que fue intencionado para favorecer de forma flagrante a Emilio Botín, presidente del Banco Santander, para apropiarse por asalto de un banco competidor. Mediáticamente, se cargaron las tintas de forma harto evidente en la apropiación de activos de Banesto por parte de Mario Conde, su mala gestión y su apetencia por operaciones de enriquecimiento. Se dijo que fueron éstas las causas que propiciaron la ruina del banco. Pero nadie se preguntaba cómo de forma tan repentina —prácticamente de la noche a la mañana— Banesto se había encontrado de bruces con la ruina.

En 1982, una década larga antes de la intervención de Banesto, se produjo un antecedente con evidentes paralelismos en la intervención de Banca Catalana. A pesar de que el diagnóstico de la situación fue el mismo en ambos casos, la receta utilizada distó mucho una de otra. En Banca Catalana las inspecciones periódicas del Banco de España habían detectado la situación de insolvencia de la entidad financiera. Los controles se habían prolongado de forma permanente durante los seis meses anteriores a la intervención, y la diversidad de operaciones irregulares saltaba a la vista. Los gestores de Banca Catalana habían solicitado al banco emisor para que se les permitiera el reparto de beneficios a los accionistas para dar una apariencia de normalidad. El Banco de España denegó esta petición y destituyó al consejo de administración en pleno. La intervención se efectuó en toda regla: se nombraron los representantes de las instituciones públicas y se procedió al saneamiento del banco catalán. Eusebi Díaz Morera, como representante del Banco de España, fue nombrado director general de Banca Catalana y Juan Antonio Ruiz de Alda, máximo responsable del Fondo de Garantía de la entidad.

La receta de la intervención en Banca Catalana consistió en una operación de acordeón que redujo el capital social del banco a la simbólica cantidad de una peseta. Una vez aplicado el capital social a la cobertura de pérdidas, se restituyó el mismo, aplicando el plan de saneamiento con una ampliación de capital que fue suscrita por importantes empresas y cajas de ahorro, aunque también los accionistas de Banca Catalana tuvieron la oportunidad de concurrir a la ampliación prevista. Una vez cubierto el capital social de la entidad bancaria, el Fondo de Garantía aportó fondos para cubrir las pérdidas, que se cuantificaron en 881 millones de euros y, acto seguido, se otorgaron préstamos por valor de 753 millones. Siempre se habló de pérdidas y éstas fueron precisadas con exactitud: de este modo, el desequilibrio patrimonial quedó pronto restaurado. El Fondo de Garantía siempre fue el titular del 96% de las acciones hasta que Banca Catalana fue adjudicada a un pool de bancos que pagaron en conjunto 81 millones de euros. Por decisión de este colectivo de bancos, fue el BBV quien finalmente se hizo con el control de la entidad intervenida.

En cambio, en la intervención de Banesto, todo se hizo al revés, siguiendo un procedimiento antagónico al practicado en la antigua Banca Catalana. Para empezar, se constituyó una sociedad que no consolidaba con las cuentas de Banesto —de este modo nadie sabía de su vida y milagros— para recuperar los créditos que se decía estaban «dañados». En definitiva esta sociedad actuó como tapadera en la recuperación de créditos. El 15 de junio de 1974 Banesto había constituido una sociedad anónima bajo la denominación de Servicios de Aerotransportes Especiales, S.A. (SAES). Durante los siguientes veinte años, es decir, hasta el 18 de julio de 1994, esta sociedad desarrollaba actividades relacionadas con el transporte aéreo. En julio de 1994 (apenas seis meses después de la intervención) cambia de denominación pasando a llamarse SCI Gestión, S.A., y cambia asimismo de objeto social, dedicándose desde ese momento a la recuperación de activos financieros. Con estos cambios no sólo se eliminó cualquier rastro del nombre de la sociedad —el nuevo nombre no hacía ninguna referencia al objeto social anterior—, sino que además se cambió radicalmente de actividad pasando del sector del transporte aéreo a la gestión de activos y la dirección de las empresas participadas.

La principal característica de esta sociedad es que tenía fecha de caducidad. Exactamente era el 31 de diciembre de 1998 cuando se disolvió, liquidándola de manera que el resultante fue traspasado a Banesto. El Banco de España autorizó a Banesto el traspaso de los activos «dañados» a una sociedad de nueva creación en 1994, que debería disolverse en cuatro años. Esa autorización fue empleada por los nuevos administradores de Banesto para reinventar una sociedad fingiendo que era de nueva creación. Sin embargo, la cuestión de fondo era la de evitar una auditoría externa. Cuando una sociedad es de nueva creación y si, por su tamaño, así se requiere, un auditor externo debe dar por buenas sus cuentas. La única forma de evitar esa auditoría externa consiste en utilizar como tapadera una sociedad con una antigüedad superior a los dos años. La estrategia se simplifica de modo que, si nadie lo comprueba, no se descubre el engaño y se esconde la realidad, dotándola de una imagen de aparente legalidad y legitimidad.

Así y todo, en el caso de Banesto, la apariencia no cuidaba ni las formas más simples: SCI Gestión tenía desde su reinvención tres empleados, que por muy laboriosos que estos fueran, difícilmente podían realizar los trabajos necesarios para gestionar la supuesta recuperación de activos por tantísimo valor. Ello daba una idea bastante clara de que todo aquello era una ficción y que los créditos nunca habían sido morosos ni habían estado dañados. Tanto es así que, al año siguiente de la intervención por parte del Banco de España, se dieron por recuperados milagrosamente 3.586 millones de euros, de los 3.636 estimados como «agujero».

Con la disolución de la sociedad SCI Gestión —creada por los nuevos administradores de Banesto para recuperar los créditos morosos de la entidad— se dio por finalizado oficialmente el capítulo del saneamiento del banco. Pronto ya nadie se acordó del famoso «agujero» detectado por el banco emisor. A fin de cuentas, se puede asegurar que el agujero más famoso de la historia económica del Estado español nunca existió. Fue en realidad una ficción, una estafa. La mayor estafa jamás cometida. De hecho, las cifras del propio Banco de España certifican esta afirmación e indican que, en realidad, el dinero nunca desapareció, sino que se cambió de ubicación. Fue a parar a —entre otras— la sociedad SCI Gestión. Y es que la inexistencia del agujero incluso fue confirmada por el propio presidente de Banesto, Alfredo Sáenz durante su comparecencia, en 1995, ante el Tribunal que juzgaba el caso Banesto. Se le preguntó si era cierto el siguiente texto extraído de la página 52 del F20 del Banco Santander referido a Banesto. «Durante el año 1994, 219.500 millones [de pesetas] clasificados como morosos y dudosos a principio del año volvieron a su situación normal, añadiendo 114.400 millones [de pesetas] de tales préstamos que fueron recuperados de otro modo», es decir, la totalidad de las recuperaciones son cifradas en 2.007 millones de euros, que además coinciden con lo manifestado en la página 21 de la Memoria de Banesto del año 1994. La respuesta de Alfredo Sáenz ante el Tribunal —eso sí con voz muy baja— fue en el sentido de que «son ciertas las cifras».

La verdad es inalterable aunque sea dicha a media voz. La familia que cobra unida permanece unida, y el discurso se pronuncia al unísono: la llamada verdad única. Veamos la huella que dejó la «mordida» a los administradores provisionales de Banesto. El mismo día de la intervención, el Banco de España nombró —en sustitución del Consejo de Administración presidido por Mario Conde— a cinco administradores provisionales. A Alfredo Sáenz Abad, que provenía del BBV y que fue nombrado presidente ejecutivo, le acompañaban Ildefonso Ayala, del Banco Popular, Marcial Portela, de Argentaria, Epifanio Ridruejo, del BCH y Matías Rodríguez Inciarte del Banco Santander. El hecho que estos administradores fueran nombrados directamente por el Banco de España significaba que sus cargos serían desempeñados con carácter de funcionario público.

El 26 de marzo de 1994 se celebró la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banesto en la que, entre otras cosas, se aprobó el Plan de Saneamiento del banco, por el que el Fondo de Garantía se convertía en el principal accionista de Banesto. El equipo de administradores provisionales continuó desempeñando sus actividades hasta la Junta General de Accionistas que se celebró el 1 de agosto de 1994. En ese momento, el Banco Santander ya se había adjudicado las acciones suscritas por el Fondo de Garantía. Finalmente, en aquella junta, se nombró un nuevo Consejo de Administración presidido por Alfredo Sáenz, a quien acompañaban David Arce, José Corral, Juan Delibes, Víctor Menéndez, José A. Merodio, Matías Rodríguez Inciarte, José L. Roselló y Juan C. Rodríguez Cantarero.

En ese momento Sáenz y su equipo fueron confirmados por el nuevo propietario, Emilio Botín, quien el 21 de octubre de 1994 decidió premiar a ese equipo regalándole en conjunto 6.126.594 acciones, que equivalían al 1% del capital social de Banesto. Este paquete de acciones, que ha llegado a tener un valor de 90 millones de euros (15.102.054.210 pesetas, para ser exactos), fue distribuido el mismo 21 de enero de 1994 entre el equipo directivo de Banesto, siendo receptores tanto las personas a título individual como sociedades patrimoniales constituidas por ellos. Así por ejemplo, Alfredo Sáenz recibe 1.225.319 acciones, que equivale al 0,2% del capital, de las que 250.000 se las queda él personalmente y 975.319 las cede a su sociedad patrimonial Liborne, S.L. Su premio por los servicios prestados tenía un valor superior a 18 millones de euros. Por su parte, Víctor Menéndez, José Ángel Merodio, José Corral, David Arce, Juan Delibes y Luis Abril también decidieron repartir su tajada, destinando una parte del mismo a una sociedad patrimonial constituida en la mayoría de casos unos días antes de ser recompensados.

En el Registro General de Accionistas de Banesto figuraba esta transmisión de acciones —tanto las que recibieron los consejeros como sus sociedades patrimoniales— como una herencia. Al menos esta era la clave informática con la que figuraba la transacción. Al parecer, el Banco Santander había «muerto» legando en herencia unas acciones de Banesto a sus consejeros. Ante la existencia de este certificado en el Registro General de Accionistas, Banesto mantenía que se trataba de un error. Para la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se trataba de una venta de acciones del Banco Santander a los consejeros de Banesto. Alfredo Sáenz señaló a la CNMV que se trataba de una stock-option, es decir, que había sido una forma de remunerar a los directivos de Banesto. Por último, la empresa auditora informó que la transmisión de acciones respondía a una operación de compraventa. Las versiones, como vemos, no coincidían, aunque nadie acertó a llamar a las cosas por lo que realmente eran: un soborno de tomo y lomo.

Para Emilio Botín, el negocio fue redondo, aunque tuviera que premiar a unos funcionarios públicos con acciones por valor de 15.000 millones de pesetas, al bolsillo de Botín fueron los 90 millones de euros, expoliados de fondos públicos, que sus señorías habían acordado para paliar el tremendo agujero de Banesto. Como todo era una ficción, a repartir tocaban. En 1998 concluyó el Plan de Saneamiento de Banesto, que para los actuales administradores fue un rotundo éxito. Pero también llegó el momento de hacer el balance de este período. El tiempo demostró que los activos dañados no lo eran y, por eso, se habían recuperado intactos. Botín acertaba cuando hablaba de la magnífica labor del equipo de Banesto, porque si no hubiesen fabricado el agujero, Banesto no hubiese cambiado de manos.

Así pues, en definitiva, la dimensión del «agujero» de Banesto fue totalmente artificial, puesto que no provenía de la situación de morosidad de los créditos, sino de una asignación prefijada, que permitía la toma de control del banco por parte de las autoridades monetarias. El plan tenía unas premisas de obligado cumplimiento: diagnosticar un agujero fabricado que pudiera engullir las reservas del banco y la mayoría del capital. Esta premisa era necesaria pero no suficiente, y se tuvieron que poner en práctica otras más. Por un lado, se privó a los accionistas del derecho de suscripción preferente en la ampliación de capital. Y, para asegurar el tiro definitivamente, se modificó la normativa que regula las intervenciones bancarias. Hasta entonces, la ampliación de capital sólo podía ser suscrita por el Fondo de Garantía, cuando los accionistas no la cubrieran.

Incomprensiblemente, el Banco de España emitió un diagnóstico en que señalaba la situación patrimonial de Banesto como irreversible. Un error que a la postre se ha visto interesado ya que la evolución y recuperación de los llamados créditos dañados ha sido el estandarte de una victoria de la que se vanaglorian los nuevos administradores. Ellos certificaron el acta de defunción de Banesto, y ellos mismos, en una operación que se diría de catalepsia, resucitaron el banco. Este engrase permitió que fondos públicos fueran dilapidados y que los accionistas de Banesto vieran con espanto cómo volaban las reservas y buena parte del capital del banco: un apocalipsis repentino e irreversible.

Que pueda decirse sin ambigüedades que el Banco de España «fabricó» la bancarrota de Banesto pone los pelos de punta. La máxima institución monetaria, y el gobernador que firmaba los billetes que circulaban por el país, intervinieron como protagonistas activos en el mayor fraude financiero de la historia económica española. No se trata de injurias o calumnias basadas en vagas sospechas, sino todo lo contrario: esta conclusión es el producto de una costosa investigación a la que dediqué varios años, y a la acumulación de incontables documentos fiables que así lo acreditan. Para quien quiera conocer más detalles acerca de la intervención de Banesto, en el libro El Poder —editado por Ediciones Foca— podrá encontrar todo un despliegue de detalles además de lo que aquí se dice.

Porque, aparte de las voces en el desierto que algunos nos hemos cansado de articular, el silencio espeso de la prensa comercial ha campado por sus respetos, hasta el punto de que ha hecho su efecto en la opinión pública. Los medios de comunicación, embaucados por el receptor del dinero asaltado, han sostenido urbi et orbe la verdad única transmitida por los impulsores de la intervención de Banesto. Aún hoy, según cuenta la historia oficial, la ruina y quiebra del banco se debió a que los tenedores de los créditos no los devolvían al banco. Poco importa que nadie en su sano juicio pueda creer que el 40% de los préstamos y créditos otorgados por uno de los grandes bancos del país resultaran fallidos. Sólo cabe preguntarse si alguien conoce a alguna persona con cierta solvencia que le deba dinero a un banco y a la que la entidad no haya podido ser capaz de cobrarle.

Lo que sí es cierto es que una vez intervenido Banesto y declarado en ruina, los préstamos y créditos dañados se recuperaron milagrosamente. Nunca los nuevos administradores de Banesto presentaron un listado de los créditos que fueron recuperados, ni tan siquiera cuando fueron requeridos a ello en el procedimiento judicial que se instruyó en la Audiencia Nacional. Los fondos públicos nunca volvieron a las arcas públicas, porque fueron a parar al bolsillo inacabable de Emilio Botín. De todas formas, el dinero dejó su rastro: un sinfín de sociedades participadas que fueron apareciendo y desapareciendo del ámbito de la partida contable del Banco Santander, incluso después de su fusión con el Banco Central Hispano. Muchas de estas sociedades se encuentran ocultas en paraísos fiscales.

El día de los Santos Inocentes

El Banco de España dio el visto bueno a la macroampliación de capital solicitada por Banesto para relanzar la entidad y situarla en el primer plano de los mercados financieros internacionales. La decisión de la autoridad monetaria no fue irreflexiva o negligente, puesto que recayó después de una exhaustiva investigación durante más de seis meses de inspección y auditorías diversas, en punto a los recursos propios y la tesorería de Banesto. Acto seguido, el 28 de junio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores da también su amén a la operación, después de afirmar taxativamente que el banco no tiene ningún problema de solvencia. La ampliación de capital, cuantificada en 94.900 millones de pesetas efectivas, había sido aprobada por la junta general de accionistas el 22 de mayo, y se dividió en dos tramos.

En un momento especialmente delicado de la economía española, aquejada por devaluaciones consecutivas de la peseta, la confianza que demostraron los inversores norteamericanos de JP Morgan aportando 100 millones de dólares se recibió con sorpresa en los ámbitos financieros. La noticia de la aprobación fue portada en todos los periódicos, excepto en El País, que ni siquiera encabezó con el evento la sección de economía, puesto que Jesús Polanco ya había iniciado solapadamente su particular campaña de acoso y derribo contra Mario Conde a raíz de sus pugnas por el mercado mediático. Incluso los grandes rotativos económicos internacionales destacaron la entrada del todopoderoso grupo norteamericano en el banco español, lo que disipaba la desconfianza de los inversores extranjeros que se había desatado a raíz de los rumores sobre los supuestos problemas en la entidad presidida por Conde, azuzados un día desde el Banco de España por el gobernador Rubio.

El otoño discurría plácidamente en la sede de Banesto. La euforia a partir de la entrada de nuevo capital daba a su presidente confianza sobrada para presentarse ante el gobernador del Banco de España e informarle de la situación en que había quedado la entidad tras la ampliación, así como el plan de saneamiento concebido, de acuerdo con JP Morgan, para estabilizar definitivamente los índices de morosidad del banco. La reunión tiene lugar el 15 de diciembre en la sede de la Cibeles; el gobernador Rojo recibe a Conde a mediados de mes, perfectamente informado por sus colaboradores, con un mensaje taxativo: a la vista de la información de que dispone el banco emisor, no hay motivo para poner impedimento alguno al plan de saneamiento planteado por el equipo de Banesto.

Estamos, recordémoslo una vez más, a 15 de diciembre de 1993, una fecha clave para el desenlace del drama. Faltan menos de dos semanas para que Banesto sea intervenido por el mismo Banco de España que dice amén a todo lo que propone el hombre que iba a ser defenestrado de manera implacable e inmediata. Aquel día, en el despacho del gobernador, comenzó un fatídico proceso de cuenta atrás en que todas las piezas empezaron a moverse de manera implacable para culminar el 28 de diciembre en lo que ambos interlocutores no podían imaginar siquiera. Sin embargo, el primer indicio, el primer sonido casi imperceptible de la aguja que apuntaba al giro copernicano que iba a sufrir la situación de Banesto en tan pocos días, se produce precisamente en ese plácido encuentro entre su presidente y el gobernador. Al final de la reunión, después de que Rojo diera su aprobación verbal al plan de saneamiento que se le acababa de plantear, matiza como de pasada que «va a elevar el asunto a las instancias políticas correspondientes para que den su visto bueno a la operación». Aunque el funcionario no especificó a qué instancias se refería, es evidente que tal consulta tuvo un efecto inmediato en la precipitación de los acontecimientos. Así, de este modo, y tan solo seis días más tarde, el 21 de diciembre de 1993, en un nuevo encuentro entre Luis Ángel Rojo y Mario Conde, el gobernador se echa inesperadamente atrás en punto a lo expuesto sin la menor duda el día 15: si entonces todo iba viento en popa, ahora resulta que el Banco de España no puede reconocer la viabilidad del plan por el riesgo que supone para la propia entidad supervisora.

En menos de una semana, el gobernador del Banco de España ha dado un cambio de 180 grados en su política con relación a Banesto para disentir de la manera más radical de cuanto había mantenido durante el año y medio de su gestión. Atrás quedaban los plácemes a todos los movimientos del banco presidido por Conde: el acuerdo sobre las cuentas de Banesto de 1992, la aprobación de una primera ampliación de capital en febrero de 1993, la autorización de un dividendo a cuenta, la reunión con representantes de JP Morgan en la que el banco emisor refrendó el buen momento de Banesto, la aprobación clamorosa de la macroampliación en el mes de junio, la autorización de la OPA sobre las acciones de la Corporación en el mes de noviembre, el positivo encuentro entre Rojo y Conde con el plan de saneamiento encima de la mesa… En el brevísimo lapso de seis días, se dice pronto, menos de una semana, y para sorpresa mayúscula de Conde, el banco dejaba de ser una entidad modélica para plantear las más serias dudas sobre su gestión, su patrimonio y su solvencia. De repente y sin previo aviso, había cesado la armoniosa melodía, y donde antes se cantaban las excelencias de una gestión impecable, ahora, de la noche a la mañana, comenzaba a insinuarse con insistencia el rumor de un agujero en Banesto de inconmensurables dimensiones, cuya cuantía, según los días y las fuentes, llegó a los fatídicos 605.000 millones de pesetas, el guarismo más repetido dentro y fuera de España, el guarismo por antonomasia. ¿Qué había cambiado de manera tan súbita? Mario Conde lo entendió de inmediato, la respuesta había que buscarla en las instancias políticas a las que había aludido de pasada el gobernador al finalizar el primer encuentro.

A las ocho de la mañana del día de los Inocentes, Mario Conde, impotente, está en su despacho de Banesto haciendo lo único que le queda por hacer: esperar el curso de las horas. Más solo que la una, aunque aparezca rodeado por algunos de sus colaboradores, oye que le llaman por el teléfono más privado y privativo. El que llama es el Rey que intenta consolar a Conde mostrándole su enérgica protesta (el nuestro es un país de enérgicas protestas, nos pasamos la vida protestado enérgicamente) por la amenaza de intervención del banco, y le explica su charla con el presidente del Gobierno, al que ha llegado a decir que «ese» no era el mecanismo adecuado para resolver cualquier problema, además de recomendarle que se fijara en los casos ocurridos en Inglaterra y en cómo los había solventado aquella gente tan pragmática. Si bien el comunicante, con la explicable cautela propia de su dinastía, cuida de advertir al presidente de Banesto, todavía entero por fuera pero casi extinto por dentro, que era aconsejable no revolverse innecesariamente con medidas extremas que podrían resultar inconvenientes e incluso peligrosas. Conde lo entiende a la primera, y se muestra de la misma opinión. El monarca intentaba así alejarse de lo que comenzaba a sonar como una operación política de grandes vuelos trazada desde la mismísima presidencia del Gobierno.

Mientras escucha a don Juan Carlos, recuerda Conde que Manolo Prado le había llamado unos días antes para darle cuenta —y prevenirle— de los rumores que circulaban sobre la posible intervención de Banesto por el Banco de España como un acto de obediencia debida a los designios gubernamentales. Mario contestó al asesor y confidente áulico que no se preocupara, el gobernador le había dado su palabra de apoyar el plan convenido con la Morgan. El experto en destrezas fiduciarias deslizó interesadamente a Conde una nueva confidencia: a mediados de diciembre, en uno de los despachos habituales de Felipe González con el Rey, salió el tema de Banesto, por lo que el mismo Prado, conocedor de las relaciones entre el monarca y el banquero, llamó al ministro de Economía y al gobernador del Banco de España, quienes le dijeron que no pasaba nada fuera de lo normal, salvo que Banesto quería resolver sus problemas de una forma más clara y definitiva de lo que puede entenderse como habitual en las entidades de crédito. Con todos estos datos en su poder, Mario Conde, razonablemente, aunque resulte paradójico, piensa que la decisión de intervenir Banesto está ya tomada. Es posible que en las máximas instancias políticas la medida estuviera prevista incluso con anterioridad, porque no resultaba creíble que Felipe González, a esas alturas de diciembre, no supiera nada de la decapitación del gallego y también esta vez tuviera que enterarse de la intervención por los periódicos. Por eso, la sugerencia del Rey, partícipe involuntario del desenlace, sólo tiene una explicación posible: el propósito deliberado de transmitir a su amigo un mensaje de tranquilidad. En los manuales del arte de la guerra, hacer creer al contrincante que soplan vientos bonancibles es el requisito número uno para iniciar el ataque por sorpresa.

Antes incluso de finalizar su conversación con el monarca, le entra a Conde otra llamada telefónica por la línea oficial de Banesto. Es el presidente del Gobierno. El banquero le agradece la llamada y le anticipa que si intervienen el banco la decisión no puede ser más equivocada, habida cuenta del plan de saneamiento respaldado por JP Morgan, que le gustaría explicarle personalmente. Conde insiste en que las cifras de la inspección no son correctas, y le ruega una reunión a cuatro bandas entre ellos dos, el Banco de España y JP Morgan, para que se entere bien del asunto que, según el banquero, va a tener graves consecuencias para España, y luego tome la decisión que corresponda. Felipe González rehuye la vieja relación personal a la que Conde está apelando de manera implícita, y muestra en cambio su cara institucional para no atender el requerimiento que se le hace, limitándose a pasar la patata caliente a Luis Ángel Rojo, del que dice fiarse en absoluto, y con el que Conde debía ponerse de acuerdo. Conde sufre una profunda decepción. Sabe que las palabras del presidente son una despedida en toda regla, el final de una relación en la que uno, el que tiene la sartén por el mango, arroja violentamente de su casa al otro, al condenado, al infamante desahucio por falta de pago. Es consciente de que en una reunión con Felipe González, los representantes de JP Morgan, el gobernador y él mismo, habría demostrado claramente la viabilidad del plan propuesto al Banco de España. Y sabe también que Rojo no habría tenido fuerza para defender lo contrario. Si de verdad se trataba de un agujero en Banesto, ¿no era lógico que Felipe González hubiese accedido a la reunión, aunque sólo fuera para presionar a los americanos de Morgan y solventar definitivamente el problema en términos pacíficos?

Así las cosas, Mario Conde acude a la cita prevista con Luis Ángel Rojo sin la menor esperanza. Tampoco le tranquiliza que el gobernador le indique que acaba de hablar con el presidente del Gobierno, sobre todo porque no dice ni media palabra sobre el contenido del mensaje que haya podido recibir de la Moncloa. El de Banesto muestra al emisor y a su segundo, el subgobernador, el texto de la carta que ha enviado in extremis el presidente de JP Morgan garantizando la situación de Banesto, pero Martín le dice que ya no están para cartas y debe comprender que eso no sirve absolutamente para nada. Rojo le explica que el Consejo Ejecutivo del Banco de España ha sido convocado para las doce de ese mismo día y que va a someter a su consideración el plan presentado por Banesto. Aunque también es sincero con Conde y le anticipa su creencia de que no existe ninguna posibilidad de que se apruebe el plan, en cuyo caso no tendrán más remedio que proceder a la remoción de todos los administradores. Miguel Martín pone encima de la mesa una triple opción y deja el resultado en manos del requerido: la primera, que les pida a ellos mismos que le sustituyan como presidente, en cuyo caso recaería el nombramiento en un banquero de la confianza del Banco de España; la segunda, que solicite por escrito que se cambie a todos los consejeros de Banesto, y la tercera, que no pida absolutamente nada y hagan ellos lo que tengan por conveniente.

En ninguna de las reuniones habidas hasta entonces entre Conde y el gobernador habían contado con la inestimable presencia de Miguel Martín, uno de los hombres tenido por más oscuro y rencoroso de la Administración Pública española. Su papel en la tenebrosa noche del 23-F, cuando era subsecretario de Hacienda, está escrito. Quien, como es lógico, tenía la facultad de convocar al subgobernador era Luis Ángel Rojo, el cual había manifestado a Conde en las reuniones previas que la ausencia de Martín se debía a que el propio gobernador no se fiaba de él. Pero lo cierto es que en esta sesión del 22 de diciembre fue Martín el que llevó la voz cantante, sin duda porque le tocaba actuar como hombre fuerte del Gobierno en el difícil trance. Rojo se limitó a referirse, con voz apagada y en términos ambiguos, a la gravedad de la situación de Banesto. Las prerrogativas institucionales del gobernador habían descendido un peldaño para caer en manos de Martín, ávido de protagonismo. Sin guardar las apariencias y como un segundo en funciones de primero, el funcionario subalterno marcaba con firmeza el rumbo de los acontecimientos. Aquellos acuerdos que se habían tomado en reuniones anteriores entre Rojo y Conde, los daba Martín por obsoletos y sin el menor valor, un simple papel mojado. Incluso se atrevió a manifestar algo sorprendente y que, en términos jurídicos, cualquiera con autoridad para dictaminar en derecho pudiera considerar delictivo: «Nosotros podemos encontrar soluciones para tu dinero», en directa e impúdica alusión a las acciones de Banesto en manos de Conde. ¿Quién había autorizado a Miguel Martín para pronunciarse con esa firmeza en términos tan desvergonzados? Todavía se está en el secreto de la propuesta, pero la actitud del subgobernador viene a demostrar que el poder asignado a Rojo por la gran banca era, ya entonces, más aparente que real.

Mario Conde se da cuenta al punto de lo que pretenden sus interlocutores: que coja el sombrero y se largue inmediatamente de su flamante despacho en Alcalá 14, bien porque lo pida él mismo y «le hagan caso», bien echándole con cajas destempladas como a un intruso de la peor especie. Cualquier solución es buena para que se marche con viento fresco. Pero como es un accionista importante del banco no interesa que mantenga su participación en el capital social, por lo que se le ofrece la fórmula más benévola: vender en ese mismo momento sus acciones a buen precio, y asunto olvidado. Conde lo considera inaceptable, así lo ha manifestado en varias ocasiones: no entendía cómo iba a vender su paquete y dejar en la estacada al resto de los accionistas y al consejo del banco. Si le estuvieran hablando de que alguien iba a presentar una OPA, podría pensárselo dos veces, pero coger el dinero y salir corriendo por la puerta de servicio no le parecía decoroso. No le importaba perder —así decía— hasta la última peseta que había ganado; perdido estaba, ya volvería a ganarlo, y con creces. Soñar cuesta poco.

Conde intenta de nuevo que le dejen hablar con los representantes de JP Morgan para tratar de que se impliquen más activamente en la posición de garantes manifestada en su reciente carta. Rojo, más accesible, le dice que lo intente, pero el subgobernador, consciente de su papel «providencial», se cierra en banda y asegura que el Consejo Ejecutivo nunca aprobará cualquier otra fórmula, entre otras cosas porque él votaría en contra. Mario Conde, perdida toda esperanza, vuelve a la sede de Banesto, explica lo ocurrido a la comisión ejecutiva, habla con JP Morgan e intenta buscar un banco español, creyendo que podría ser el BBV, para entrar de inmediato en un proceso de negociación. Los de la plaza de la Cibeles le dan de plazo hasta el 31 de diciembre, es todo lo que consiguió arañar en la dramática entrevista. Así lo creía Conde, pero la realidad se escribió al fin con caracteres más calamitosos: entre Luis Carlos Croissier y Miguel Martín diseñan una estrategia para hacer imposible la solución en el transcurso de esas setenta y dos horas, un tiempo brevísimo, o eterno, según se mire; se trata de provocar una brusca bajada en la cotización de las acciones de Banesto que siembre la alarma en el mercado. Había que apretar el acelerador. Conocen bien a Conde y saben que no pueden dejarle un palmo de terreno para maniobrar, como acostumbra, con la agilidad de un felino. Si se le permite que negocie con el BBV, lo probable es que arrastre a Emilio Ybarra hacia su bando, tal como hizo con José Ángel Sánchez Asiaín cuando la OPA de marras, la que supuso el fracaso de Solchaga/González, Rubio y Asiaín, abatidos todos de un solo disparo. Además, el respiro le daría tiempo a que llegara el séptimo de caballería, las huestes de JP Morgan, y en la Cibeles saben que sería imposible intervenir el banco, sin razones evidentes, con los americanos presionando a la contra. Definitivamente, la solución pasaba por no dejarle ni un minuto de respiro a fin de que no pudiese reunir a su consejo de administración, o incluso a la junta general de accionistas.

Paralelamente, Mario Conde empieza a mover sus deleznables piezas políticas: habla con Miquel Roca, sin resultado apreciable, y sobre todo con José María Aznar, cuya respuesta le indica a las claras que no sólo está al tanto del asunto, sino que lo aprueba de forma velada. Su intuición no le falla al banquero, ya que pocos minutos después uno de los miembros de la comisión ejecutiva, Vicente Figaredo, al recibir la información de que Banesto va a ser intervenido, se pone en contacto con su primo Rodrigo Rato, hombre de confianza de Aznar. El mensaje no ofrece dudas: si vende las acciones al BBV no pasará nada más, todos tan contentos. Tras este aviso para navegantes, Conde tiene la certeza de que hay un pacto entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición para dejarle en pelota picada.

A las cinco y media de la tarde, Mario Conde vuelve a pisar el despacho del gobernador. El aún presidente de Banesto recibe de manos de Fanjul Alcocer, el pedante y dúplice jefe de la asesoría jurídica del banco emisor, emparentado con los Albertos y confidente suyo, los 31 folios escritos a máquina en papel oficial que contienen la destitución manu militari de todo el consejo de administración de Banesto, con su presidente a la cabeza. Acompañado hasta el ascensor por un callado y cabizbajo gobernador, Mario Conde sale a la calle en todos los sentidos del término: a la madrileña calle de Alcalá y «a la puta rue», como dijo entonces algún castizo, sin saber a dónde podría dirigir sus pasos al día siguiente. Lo único que se le ocurrió antes de abandonar el edificio fue mirar fijamente al gobernador y decirle: «No sabes la que habéis montado».

Atrás quedaban seis años de una dura guerra que iniciaron Mariano Rubio y Carlos Solchaga, los cuales, al caer en combate, contaron para rematar la faena con tres aventajados lugartenientes: el intrigante Narcís Serra, el pusilánime Luis Ángel Rojo y, especialmente, el resentido Miguel Martín, al que un día Conde había negado el acceso a la alta dirección de Banesto.

El nombre del sustituto de Mario Conde al frente de Banesto estaba decidido de antemano: se trataba de Alfredo Sáenz Abad, —hoy consejero delegado del SCH— el hombre que luchó con uñas y dientes, sin parar en barras, por la presidencia del BBV, hasta que el antiguo equipo de Pedro Toledo se vio obligado a rendir las armas. Enrique Lasarte, ya ex consejero delegado, le presenta a los directores generales de Banesto y organiza el traspaso de poderes que el Consejo Ejecutivo del banco emisor había decidido tan sorpresivamente. Saénz Abad, el elegido para hacerse cargo de la precipitada presidencia de Banesto, tras la reunión que mantuvieron el día de Navidad en la casa del gobernador los equipos del BBV y del Santander, penetra ufano en la planta noble del edificio a las siete de la tarde. Lleva en sus manos unas cuantas hojas de papel escritas a máquina, con el membrete del Banco de España, en las que se le designa como presidente solidario y administrador único de Banesto, es decir, el dueño y señor del banco con poderes absolutos, a cuyo ejercicio se dedicaría con denuedo hasta lograr muy pronto para sí una saneada fortuna, por prestar servicios públicos, sin pagar los impuestos debidos a la Hacienda Pública. Todo esto para Sáenz Abad, a pesar de cómo se habían producido los acontecimientos, representaba muchísimo más que mucho: incluso se hallaba en disposición de traicionar a su propio banco, el BBV, en el que se sentía como gallina en corral ajeno después del triunfo de Emilio Ybarra, y de ganarse una pitanza más que suculenta en otro predio que resultara más favorable para sus propios y personales intereses.

Demos marcha atrás a la moviola, retrocedamos en el tiempo, y fijémonos en el fin de semana del 17 al 19 de diciembre; Conde lo recuerda, según lo ha escrito, «como uno de los más tranquilos que he consumido en Los Carrizos». Estaba convencido de que Rojo, según le había prometido, iba a elevar pacíficamente el asunto a las instancias políticas como un trámite rutinario, por lo que no cabía sentir aquel día tan sosegado especial inquietud por el resultado final, habida cuenta de que sus relaciones con el presidente del Gobierno, en cuyas manos acabaría necesariamente el asunto, se desenvolvían en un clima de normalidad, sobre todo al ser consciente en el fondo de la racionalidad del plan de reestructuración diseñado por Banesto en colaboración con JP Morgan.

Las autoridades financieras españolas hicieron oídos sordos a los razonables planteamientos sobre la crisis de Banesto que formuló JP Morgan, el mayor banco de negocios del mundo, al que, por tanto, cabe atribuir conocimiento suficiente sobre el análisis financiero de una entidad a la que había investigado durante dos años. JP Morgan había hecho una fuerte inversión en la macroampliación de capital de Banesto a mediados de 1993, y desde luego no estaba preocupada por el buen fin de sus acciones. El banco norteamericano se considera con suficiente fuerza en el mundo financiero para poner en su sitio al Banco de España y al Santander si alguien, de mala manera, tratara de dejarle al margen de una solución satisfactoria para sus intereses. Sin embargo, el banco de negocios pretendía hacerse entender por las autoridades monetarias sobre lo negativo que representaba para Banesto la decisión de intervenirlo. Venía a decir que si ellos apostaron por Banesto, invirtiendo un dineral, no lo habían hecho para tirarlo por la borda, sino todo lo contrario: para obtener el adecuado beneficio con su inversión. Lo manifestaban así de forma explícita: si ellos habían apostado de esa suerte, no veían razón alguna para que no lo hiciera también el Banco de España. Y así lo dieron a conocer en un memorándum fechado el 5 de enero de 1994: «Aunque es cierto que no podría haberse actuado si los responsables clave de la Administración no hubiesen pensado que existían motivos económicos suficientes para justificar la intervención, parece que puede existir fundamento para sospechar que existieron en esta operación motivaciones sustanciales de tipo no económico».

Por tanto, JP Morgan dejaba suficientemente en claro que las motivaciones de la intervención habían sido de carácter político. Y recordaba que «hasta el mismo final, las conversaciones del Banco de España con Banesto indicaban una actitud de colaboración y no de confrontación». El documento de los americanos no tiene desperdicio: llegaba a denunciar nada menos que el Banco de España no había permitido a Banesto que respondiera a cualquier imputación sobre su verdadero estado patrimonial, incluida la dimensión del supuesto «agujero»; que en la reunión del 22 de diciembre de 1993 entre el Banco de España y JP Morgan nadie sugirió que se tratase de un ultimátum antes de la intervención; que el Banco de España se reunió con otros bancos españoles sin informar a JP Morgan ni a Banesto, transmitiéndoles una imagen mucho peor de la realidad, y que hizo caso omiso de una carta de JP Morgan en el sentido de que el déficit podía subsanarse sin necesidad de la intervención y, por tanto, sin cualquier ayuda del Estado.

En esta misiva, dirigida al gobernador del Banco de España, JP Morgan respalda «el espíritu y los pormenores» del plan preparado por Banesto con su asistencia, «apoya la actual gestión de Banesto» y cree «que las perspectivas de rentabilidad de Banesto son sólidas», por lo que se ofrece a discutir personalmente con el gobernador por qué razones JP Morgan «cree que el plan propuesto por Banesto es viable y favorable a los intereses del banco, sus accionistas y al sistema bancario español». No se trataba, como puede verse, de consejos radiofónicos de Elena Francis ni de predicciones formuladas por el Rappel de turno, era el afianzamiento sobre las prospecciones y el análisis de la situación patrimonial de Banesto que formulaba por escrito el mayor banco de negocios del mundo a quienes tenían que tomar la trascendente decisión de intervenir o no intervenir.

El gobernador del Banco de España no se dignó —no se atrevió— a prestar la menor atención a los banqueros norteamericanos que le aseguraban que eran innecesarias las subvenciones y ayudas del Estado para sanear Banesto. La verdad es que no había urgencia alguna para intervenir —la pena de muerte— el 28 de diciembre de 1993. En cambio, Luis Ángel Rojo y Miguel Martín prefirieron quemar 285.000 millones de pesetas en fondos públicos, 41.000 millones en intereses de un crédito blando y más de 50.000 millones en impuestos defraudados al fisco, con tal de cumplir los deseos de sus amos y señores, concordados todos para el expolio del gran navío.

Hoy no cabe duda de que la intervención de Banesto no se decidió en un solo despacho, y que en los días anteriores al 28 de diciembre varios cronómetros marcaban de forma acompasada la cuenta hacia la consumación de la dramática decisión: aunque los principales relojes, los verdaderamente decisorios, estaban en la sede del Banco de España, en el palacio de la Moncloa y en el despacho de Emilio Botín. De nada sirvió la carta in extremis por la que JP Morgan venía a garantizar la situación del banco. La suerte estaba echada y en sobrados puntos de decisión como para que alguien, por prominente que fuese su rango, tuviera capacidad bastante para cambiar el curso de los acontecimientos.

¿Por qué desde el Gobierno se decidió amparar, consentir y hasta provocar la intervención de Banesto y el relevo de su cúpula directiva? Hoy se sabe a ciencia cierta que el vicepresidente Narcís Serra tuvo mucho que ver en ello: Mario Conde, con su espectacular ascenso por la intrincada senda de las finanzas, su asentamiento en parcelas cada vez más anchas de poder social, sus indisimuladas ambiciones políticas y su voluntad de influir en la gobernación del país, terminó por ser considerado, en especial por el vicepresidente, un peligro en la sombra al que había que quitar de en medio antes de que fuera demasiado tarde.

Cabe añadir que el Gobierno creía tener otro buen motivo, que ya hemos apuntado, para alentar un golpe certero en el epicentro de las finanzas españolas, el más señalado por los sismógrafos políticos. Los escándalos de corrupción asolaban la vida pública del país, lo que resquebrajaba, sin posibilidad de reconstrucción, los cimientos del Gobierno socialista. En tales circunstancias, había que generar un escándalo en paralelo y de proporciones mayúsculas, pero alejado del ámbito estrictamente político. Con alguien tan cualificado de las altas finanzas como protagonista, el ejemplo resultaría de extraordinaria eficacia para desviar la atención de la opinión pública durante algún tiempo y, además, serviría de argumento, punto menos que incontestable, para demostrar que el virus de la corrupción no era tan solo cosa de políticos, sino que se extendía por otras muchas instancias. El Gobierno estaba decidido a comenzar una etapa de regeneración moral haciendo pagar las culpas de todo un país al hombre más popular en aquel momento.

Otras voces y desde otros ámbitos, aunque con la hipocresía más refinada, se pronunciaban en contra del osado presidente de Banesto por la heterodoxia en la consecución de sus éxitos. Para el PP la decisión tomada por Conde de saltar a la política se veía como un peligro susceptible de mermar muchos votos al centro derecha. Mario Conde tuvo que escuchar una frase harto significativa de labios de Pedro J. Ramírez, director de El Mundo: el periodista instó al banquero a que eligiese también, como él mismo había hecho, entre Gobierno y oposición, porque resultaba extremadamente peligrosa, bajo su punto de vista, la táctica de enfrentarse a todos a la vez. A pesar de sus diferencias, resueltas con frecuencia a dentelladas, la verdad es que les cuesta muy poco a los políticos unir sus fuerzas cuando se trata de defender el territorio ante la amenaza de cualquier extraño que no cuente con el apoyo de un partido integrado en el club oligárquico que se ha constituido entre nosotros.

Todas las piezas del rompecabezas fueron encajando, hasta que sólo queda la que provocará la eclosión definitiva del suceso: la rúbrica del gobernador Luis Ángel Rojo en el acuerdo de intervención, llamada eufemísticamente «sustitución de los administradores de Banesto». Las manecillas del reloj han ido moviéndose implacablemente hasta pararse sobre la cabeza de Conde el día de los Santos Inocentes. A pesar que ese día el reloj se paró para Mario Conde, la vida continuó. Los administradores «sustituidos» acabaron resignándose, en vista a la mala leche desplegada por un adversario que todos oteaban en el horizonte. La sombra alargada de Emilio Botín, el máximo beneficiario de la santa obra alcanzada, lucía a sol y sombra. Era evidente su protagonismo moviendo todos los hilos y dirigiendo a las marionetas de las altísimas personalidades que están al frente de las instituciones del sistema. La excepción a este conformismo se plasmó en Rafael Pérez Escolar, que nunca consintió la prepotencia de Botín al despacharles con cajas destempladas al grito del salte tú que me pongo yo.

CAPÍTULO 5

LAS COSAS SE HACEN SOLAS

Si no quieres que te roben de la manera más afrentosa, esconde tu oro, tu camino y tu fe.

GOETHE

Hace unos años, en los círculos empresariales circulaba una hojita, en plan de guasa, en la que se ridiculizaban hasta el absurdo las estadísticas oficiales, que normalmente nos pintan un país de las maravillas, y se parodiaba una sociedad en la que cada vez son menos los elementos realmente productivos, y consecuentemente ausentes en la contribución del gasto de la nación. No hace mucho tiempo, parecía un disparate lo que se anunciaba: que la mitad de la población tendría que alimentar a la otra media. No obstante, vamos para ahí. No hay que ver en esta estadística otra cosa que lo que es, un irónico chascarrillo que, como casi todos, contiene una reflexión esperpéntica sobre la pura realidad. Dice así:

La población residente a finales de 1997 era de 40.000.000 habitantes. Teniendo en cuenta que los jubilados mayores de 65 años son 9.385.322, quedan 30.614.678 de habitantes productivos y cotizantes. Pero, siempre hay un pero, las personas con jubilación anticipada representan 1.359.232. Quedan 29.255.446. Hay que deducir las personas inválidas que son 1.618.630. Quedan 27.636.816. Los menores de 18 años ascienden a 11.989.101. Quedan 15.647.715. Los funcionarios, empleados de empresas públicas y subcontratados no son menos de 3.628.111. Quedan 12.019.604. Con curas, monjas y otros religiosos poco productivos nos vamos a 1.931.614. Quedan 10.087.990. Los profesionales de la ociosidad tales como políticos europeos, nacionales, autonómicos, locales y otras estructuras no menos de 689.302. Quedan 8.398.688. Empresarios y operarios empleados en la economía sumergida como mínimo 4.685.201. Quedan 3.713.487. Intermediarios, gestores, peritos, chatarreros, agentes de la propiedad y comisionistas en general no menos de 982.356. Quedan 2.731.131. Militares, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía locales, Policías Autonómicos y policías privados en aumento son ya 980.010. Quedan 1.751.121. Rameras, macarras, travestís y demás individuos dedicados a la prostitución ascienden a 600.380 Quedan 1.150.741. Prestanombres, contrabandistas, narcos y camellos aproximadamente 138.780. Quedan 1.011.961. Residentes carcelarios, presos preventivos, procesados, prófugos y otros más, menos de 200.000. Quedan 811.961. Bailarinas, cantantes de Operación Triunfo, toreros, futbolistas y otros artistas deportistas llegan a 11.721. Quedan 800.240. Brokers y millonarios con residencias en paraísos fiscales como mínimo 222. Quedan 800.018. Altos cargos de Hacienda, Banco de España, y Comisión Nacional del Mercado de Valores; más media docena de abogados de gran renombre que intervienen en los procedimientos más jugosos, en total 15. Quedan 800.003. Otros vividores sin clasificar 800.000. Quedan 3 habitantes productivos y cotizantes. No sé si habrá podido deducir que estos tres que quedan somos usted, amable lector, el editor del libro, y quien lo escribe. Pero prepárese porque nosotros estamos ya cansados y pasamos de todo; pronto se quedará usted solo y hasta los más ricos habrán dejado de pagar a Hacienda. No obstante esta singular soledad, pase y vea lo que los Botín son capaces de imaginar cuando se trata de pagar al fisco.

El contragolpe

Mario Conde, el personaje más admirado de España, el niño bonito de las revistas del corazón, con sillón de pleno derecho en el ramillete de los más influyentes en los entornos del poder, es lanzado en catapulta al otro extremo del olimpo de los dioses. Allí, en las mazmorras, debe cumplir las penas eternas del infierno. En los juegos de poder se juega fuerte, los mamporrazos deben servir para escarmiento, para saber quién manda, y para asegurarse que todo cuadra con lo elucubrado. Todos aquellos que diseñaron y se abalanzaron sobre los inmensos activos de que disponía Banesto, todos aquellos que colaboraron en el expolio, y todos aquellos que desde los instrumentos del Estado ejecutaron la mayor astracanada de la historia económica de la España de la pandereta, necesitan imperiosamente un Mario Conde en la cárcel sin remisión alguna. El malo de la película necesita purgar sus fechorías. Así, con una cabeza de turco que pague por todas las tropelías adjudicadas mediáticamente, los autores espirituales del atraco pueden respirar tranquilos: se ha hecho justicia.

La cárcel es el lugar donde Mario Conde debe purgar las culpas y por empecinamiento divino no se le perdonará ni una. A estas alturas el ex banquero ya es un habitual del sistema penitenciario. Entró en la prisión de Alcalá Meco el 23 de diciembre de 1994, al parecer con carácter de urgencia derivado de la agobiante «alarma social» que no es más que la alarma mediática impulsada por los interesados en provocarla. El juez Manuel García Castellón entendió que los políticos estaban altamente alarmados y envió a Conde a pasar la Nochebuena al centro penitenciario. Toda esta determinación para privar a Conde del sonido de la pandereta y el villancico se truncó el 31 de enero de 1995 —poco más de un mes desde el ingreso— al atender la Audiencia Nacional el recurso presentado por el ex banquero.

La Audiencia Nacional le decía a García Castellón algo tan sustancial que los supuestamente alarmados ciudadanos desconocían. El revuelo mediático interesado había conseguido, a través de la confusión, dar un empacho de informaciones que de forma implícita daba a entender que los acusados en la querella —Conde y sus consejeros en Banesto— le habían echado mano a la caja y se habían llevado todo el dinero. El escrito decía así: «Respecto a la alarma social, no podemos referirla a lo que periodísticamente se ha llamado agujero de seiscientos mil millones de pesetas en el Banco Español de Crédito, pues esto no es objeto de la querella, sino muy concretas apropiaciones, importantes cuantitativamente, pero mínimas comparadas con aquél, que en tal aspecto no es encuadrable en el concepto de alarma social, por ser escasa la repercusión económica entre los accionistas del Banco Español de Crédito, si se coteja el importe de la supuesta apropiación con el capital social representado por las acciones de la sociedad». El intríngulis estaba aquí: confundir a la opinión pública. Los impulsores del asalto a Banesto —hoy ya se puede decir sin lugar a duda alguna—, conducidos por el gran timonel que es Emilio Botín, no podían sostener ante un tribunal de justicia el famosísimo agujero de 600.000 millones de pesetas, pero sí, —y ahí está el milagro— se podía convencer a la opinión pública a través de sus medios de comunicación de que las aportaciones de dinero público y la pérdida de todas las cuantiosas reservas del banco eran necesarias para cubrir tan estrambótico agujero. Con eso hoy día es suficiente.

No obstante, para justificar el inmenso botín que acababa en los bolsillos de Botín se proclamaba que Mario Conde, él solito, había puesto en grave riesgo el sistema bancario español. Cae por su propio peso que unas supuestas —o aunque fueran reales— apropiaciones que significaban por todos los conceptos algo así como 3.000 millones de pesetas no podía poner en peligro el sistema bancario del país más bananero del mundo, ni mucho menos la estabilidad de un banco de la categoría de Banesto. Mediáticamente se montaron todas las milongas que fueron necesarias para, como verdad absoluta, dejar más que claras la alarma social y la peligrosidad de un individuo capaz de llevarse por delante la estabilidad del sistema bancario español.

La perentoria necesidad de tener a Mario Conde en la cárcel se convirtió en urgencia. La razón era muy simple por obvia: ¿cómo es posible que un individuo tan peligroso ande suelto? La milonga mediática había llevado los acontecimientos hasta el extremo de que se tenía que corresponder la verdad única y espiritual sostenida por los impulsores de opinión de esta doctrina fundamentalista con la foto de un Mario Conde entre rejas. Así cuadraba con todo lo dicho y publicado y con el deseo de los mangantes entre bambalinas. La urgencia se hizo necesidad el día que los Botín se impacientaban por el transcurso de los acontecimientos, ya que por vía judicial transcurría el juicio a Mario Conde en la Audiencia Nacional. La justicia es lenta.

Para encontrar un atajo y precipitar la entrada de Conde en la cárcel, los atracadores pensaron en una nueva fechoría. El invento no fue otro que un desliz, si así se le puede llamar, de Mario Conde cuando dijo que había pagado bajo mano 600 millones de pesetas, a través de Antonio Navalón, para que Carlos Solchaga, por entonces ministro de Hacienda, aprobará las exenciones fiscales que permitían constituir la Corporación Financiera e Industrial Banesto, el primer grupo industrial en el Estado español. Como Conde no tenía, evidentemente, pruebas fehacientes de aquel soborno y el adversario —en este caso enemigo— se las sabe todas, lo que hicieron simplemente es darle la vuelta a la tortilla. Este dinero dispuesto para un soborno se transformó en una disposición fraudulenta en propio beneficio de Mario Conde.

Dicho y hecho, los traficantes del poder no iban a consentir que Mario Conde les hablara de un cohecho si ellos podían endosarle una apropiación indebida, vamos, que el dinero entregado a Antonio Navalon, el mayor «conseguidor» del reino, había salido de la caja del banco y se lo había puesto Conde en el bolsillo. Sobre esta brillante idea se monta el circo: testigos, voceros mediáticos, fiscales e incluso el juez, acabaron todos de acuerdo. El día que se hizo pública la sentencia, fue el propio juez, Ventura Pérez Mariño, quien en hora conveniente para salir en todos los telediarios leyó en términos infrecuentes en la terminología jurídica, con manifiesta intención de interpretar, como un anuncio dirigido a las masas, a fin de que nadie albergara la menor duda de que Mario Conde amparado en su «añagaza» se había quedado, «llevándoselo a su bolsillo», los 600 millones de Argentia Trust —así acabó llamándose este caso judicial al tomar el nombre de la sociedad donde se había ingresado el dinero—. En un pispas ya tenemos a Conde desactivado por lo que pueda largar sobre el cohecho y enredado en una sentencia condenatoria para llevarlo con furgón policial de nuevo a Alcalá Meco.

Conde se esforzó en convencer a Pérez Mariño de que solicitara una comisión rogatoria a Suiza para que así se pudiera acreditar que él no había cobrado un céntimo de los 600 millones de Argentia Trust. Durante el juicio no sirvió de nada, el juez iba a piñón fijo en un alarde del reconocimiento de culpabilidad hasta que no se demuestre la inocencia del acusado. Tuvo que ser Lourdes Arroyo, la esposa de Conde, la que solicitara en los juzgados ordinarios de la Plaza de Castilla la molesta comisión rogatoria a la justicia suiza. El asunto recayó en el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, cuyo titular Emilio Coronado pasó todo un calvario, incluida una querella por prevaricación interpuesta por los conseguidores, por haberse atrevido a cursar el derecho que tiene cualquier persona de demostrar su inocencia.

Desde un principio tenía que sorprender que fuera Mario Conde el único interesado en llegar al fondo de la cuestión: averiguar de forma fehaciente quiénes se habían hecho suyo el dinero. La comisión rogatoria a la justicia suiza parecía que nunca iba a llegar, Antonio Navalón se dedicaba a poner todos los palos en la rueda para que nunca se pudiera saber nada de este asunto. Entre tanto llegaba la información que tenía que facilitar la justicia suiza, Conde solicitaba al Tribunal Supremo, que tenía que ver el recurso de amparo que el ex banquero había presentado, que aplazara su decisión hasta recibir aquellos documentos que podían demostrar que había sido condenado por un delito que no había cometido. Ni por ésas, el Tribunal Supremo al rebufo de la instrumentada alarma social, el interés político y el jaleo mediático iba a lo suyo: hacer caso a quienes deben su altísimo puesto. La respuesta la anticipó la edición de La Vanguardia del 26 de febrero de 1998, en cuya portada podía leerse que el Supremo condenaría a Conde con más de cuatro años. No sería ésta la última vez que el ex banquero ingresara en prisión.

No fue hasta el martes 13 de junio de 2000 que El Mundo publicaba la noticia, una portada que resultaba histórica, al menos en la historia particular de Mario Conde. «Una información —confiesa el interesado— que resumía años de esfuerzo y sufrimiento, de cárcel, de incomprensiones, de condenas mediáticas, de descalificaciones de todo tipo». El titular no dejaba lugar a dudas: «Navalón, Selva, Garro y Matías Cortés se lucraron con los seiscientos millones de Argentia». Completaba la información una foto de cada uno de los cuatro «conseguidores-receptores», añadiendo como segundo titular: «La comisión rogatoria llegada de Suiza identifica a los verdaderos beneficiarios del dinero por cuya apropiación indebida Mario Conde fue condenado a cuatro años de cárcel». Todo aquello de que se prefiere a cien culpables en la calle antes de que un inocente en la cárcel, quedaba para los discursos grandilocuentes y las películas patriotas.

En la documentación judicial se identificaba a los titulares, pero también se hacía necesario interpretar el papel de cada uno de los personajes; Diego Selva iba de la mano de su jefe Navalón tratando de taponar el soborno a Carlos Solchaga y a las cuentas del PSOE; Fernando Garro era el traidor que habían sabido camelar en el círculo íntimo de Mario Conde; y Matías Cortés, consejero de Prisa, la editora de El País, iba de la mano de su jefe Jesús —del gran poder— Polanco y éste, por servicios prestados, iba de la mano de Emilio Botín. Entonces se pudo comprender la basura informativa del diario de Polanco que, después de promocionar y destilar todo el veneno en páginas y páginas sobre el destino del dinero de Argentia Trust, no dijo esta boca es mía. ¿Cómo iba a decir que de una parte del dinero, según aseguraba el diario, no albergara la menor duda de que Mario Conde, amparado en su «añagaza», se la había quedado, «llevándosela a su bolsillo», cuando era más cierto que correspondía al pago de su tarifa por invenciones mediáticas?

Lo mejor todavía estaba por llegar. El Tribunal Supremo, el mismo que no había tenido la paciencia de esperar la comisión rogatoria, y había confirmado la condena impuesta en la Audiencia Nacional, el mismo que había enviado a la cárcel a Conde por un delito que se había demostrado que no había cometido volvió a demostrar su determinación o su dependencia con los que de verdad mandan. El Tribunal Supremo en julio de 2002 —como se ha comentado en el capítulo anterior— duplicó la condena elevando de 10 a 20 años de cárcel aplicando la condena más alta de todas las posibles. Viene como anillo al dedo, se acepta y se aprueba, que la sentencia corregida a Mario Conde sea ejemplarizante con el propósito de que sirva para disuadir a todos aquellos gestores de sociedades que utilizan los artificios contables y causan un tremendo daño a la Bolsa y a todo el sistema financiero. El vicepresidente del Gobierno Mariano Rajoy afirmó que decisiones como la sentencia del caso Banesto ayudarán a los pequeños inversores a recuperar la confianza. El portavoz socialista, Jesús Caldera, dijo que el fallo debe servir de «aviso» a empresarios guiados por «la codicia, la avaricia y el desenfreno».

Mal asunto el aprovechar el instrumento judicial para aplicar escarmientos, pero todavía peor asunto porque los artificios contables que se le atribuyen a Mario Conde se plasmaron como delito en el Código Penal de 1995, dos años después de la intervención de Banesto por el Banco de España. Pero lo que conviene, en plena ebullición de los desmanes de los gestores de Enron y adyacentes en los EE.UU., es poder esgrimir que aquí en España se fustiga a los trapalas bajo la ley y orden del presidente Aznar. Así, para la tranquilidad de los que mueven los hilos entre bambalinas, el individuo más peligroso del mundo capaz de llevarse por delante la estabilidad del sistema bancario español, vuelve otra vez a la cárcel, esta vez para cumplir una larga condena. Es lunes 29 de julio de 2002.

No se sabe si es porque Mario Conde tiene la lección aprendida sobre el procedimiento de ingreso en el Centro Penitenciario Madrid 2 de Alcalá Henares, o es por aleccionar a todos los que ingresan en Alcalá Meco; ya que resulta que es el mismísimo ex banquero el que registra por su nombre a quien ingresa en prisión, recoge sus efectos personales y les entrega la ropa de cama. No me dirán que no es un buen método para aplacar la ira inicial de los nuevos reclusos. Desde el primer momento tienen la impresión de que la justicia se aplica tanto para pobres como para ricos. Conde hace registros de entrada el día entero, pero también hace registros de salida; cuando esto ocurre, día sí, día también, se levanta a las 6:30 para hacer café a los reclusos que tienen diligencias en los juzgados. No acaba su jornada hasta las nueve de la noche. Antes de dormir hace gimnasia oriental en su celda de nueve metros cuadrados, con una cama, una estantería de obra, una mesa, una silla y un retrete. Con él está su mano derecha, colaborador y amigo Enrique Lasarte, condenado a cuatro años de prisión.

A estas alturas de la historia personal de Mario Conde se puede decir que es un perdedor. Sus enemigos lo han zarandeado como un monigote, varios cuadros del ex banquero han sido subastados para hacer frente a las responsabilidades civiles, y su importe transferido a Banesto. Las acciones de Banesto de que disponía Conde, valoradas en miles de millones de pesetas, se las quedó el Santander como botín de guerra. Todo le ha sido embargado. Da la sensación de que las penas del infierno las recibe estoicamente después de diez años de lucha. En esta guerra atómica el desgaste ha sido considerable, Mario Conde se llevó por delante al entonces presidente del gobierno, Felipe González, en réplica al mangoneo para echarle de la presidencia de Banesto. Una estrategia que ha resultado letal desde el mismo día en que coincidió con Julián Sancristóbal, director general de Seguridad del Estado, en el patio de Alcalá Meco, que le llevó a combates cuerpo a cuerpo con las instituciones y la cúpula del Estado.

De esos combates a muerte se ha llegado de derrota en derrota —aunque Julio Anguita pudo proclamar que Felipe González era «el señor X»— a tener a Mario Conde en el punto de mira del sistema judicial que como instrumento es manejado a su capricho por sus poderosos enemigos. La condena que cumplió por Argentia Trust, como hemos visto, injustamente, no se le convalida por la pronunciada por el caso Banesto. Así, la jueza de vigilancia penitenciaria de Madrid, Reyes Gimeno, denegó el acceso al tercer grado del ex banquero al considerar que no observa «indicio alguno de mínimo arrepentimiento» y, además, la jueza asegura que no ha hecho ni el más mínimo gesto de intentar reparar el daño a los múltiples perjudicados. Aunque resulta que en la sentencia del caso Banesto nunca han existido múltiples perjudicados. A cualquiera que curse o se pronuncie en cualquier trámite que tenga el nombre de Mario Conde se le acusará de complicidad, ya sea el juez Emilio Coronado, que tan sólo dio curso a una petición de comisión rogatoria y fue triturado con todas las descalificaciones habidas y por haber, o la jueza de vigilancia penitenciaria María del Prado Torrecilla, a la que se acusó —suspendiéndola de sus funciones— de presionar al director de la cárcel y a otros dos jueces para que concedieran el régimen de semilibertad a Mario Conde.

No hay fiscal que no aproveche la ocasión de hacer leña del árbol caído para ganar puntos en la caza al por mayor de la dependencia jerárquica de contentar al jefe. Conde ha gastado toda su munición y ha dado con sus huesos en la cárcel. Aun allí, y después de diez años de toma y daca, la maquinaria no se para. El Banco de España, a instancias del vicepresidente de Asuntos Económicos Rodrigo Rato, resolvió, en noviembre de 2002, a estas alturas de la película, imponer multas de hasta 240.000 euros a Mario Conde y al resto de su Consejo de Administración. Llama la atención que Fernando Garro, el espía y traidor del círculo íntimo de Mario Conde —al que antes hemos hecho alusión— se vaya de rositas. Rato le aparta del expediente sancionador «por no tener relación las áreas de actividad de su cargo con las infracciones contempladas en el procedimiento». Rato sí paga a los traidores.

Quien ha sido motivo de especial saña, comparable a la aplicada con Mario Conde, ha sido Rafael Pérez Escolar, consejero de Banesto, que desde el mismo momento de la intervención por el Banco de España fue especialmente crítico con los mangantes que se atrevieron a tan formidable atraco. Por protestar, por no aceptar con la cabeza baja la orientación del dedo que señalaba la puerta, por no someterse a los designios del gran timonel Emilio Botín, Pérez Escolar —el consejero díscolo— ha tenido que purgar casi dos años de banquillo, soportar el embargo de su patrimonio de la A a la Z, y lidiar la especial atención del Tribunal Supremo de elevar de 6 a 10 años la condena de cárcel. Las cabronadas practicadas al por mayor por los enemigos de Conde han sido clónicas, por no decir corregidas y aumentadas, a las aplicadas con virulencia a Pérez Escolar. El ex consejero fue enviado a prisión pese a sus 76 años —los jueces de ordinario no envían a nadie de esa edad a la cárcel, sobre todo si padece una grave enfermedad— y sólo ha podido salir por su estado de salud. Y todo ello por un terrible pecado: pretender que la ley se respete en sus propios términos, evitar en lo posible los perjucios causados a accionistas y trabajadores de Banesto con una intervención prevaricadora y denunciar el fraude por el que el Banco Santander, y por tanto la familia Botín, se ha enriquecido con esa medida de manera escandalosa.

Puedo anticiparles que la guerra atómica ha tenido importantes efectos colaterales, pero también ha dado en el blanco. Lo que la prensa ahora viene calificando como exbanestos no es más que las acciones de diverso orden impulsadas por la inteligencia, el carácter y el tesón de Pérez Escolar y un grupo de excelentes profesionales que el letrado y ex consejero de Banesto ha sabido reunir. La estrategia emprendida por el ex consejero díscolo ha sido antagónica a la de Mario Conde. Podría decirse que el ex banquero utilizó el esprint, el ex consejero utilizó la maratón; también que el primero utilizó el pacto y el segundo la justicia. Como puede verse, caminos antagónicos con resultados bien distintos. A estas alturas la guerra atómica ha entrado en fase explosiva; en los mentideros de Madrid ya se tiene en cuenta la posibilidad de que Pérez Escolar acabe metiendo en la cárcel a Emilio Botín. Parece cierta la aseveración de Camilo José Cela, de que en este país quien resiste gana. De eso trata la estrategia de Pérez Escolar: acción y resistencia en beneficio del Estado de Derecho para descubrir y sacar a la luz los fraudes de una partida capitaneada por los hermanos Emilio y Jaime Botín.

Pérez Escolar y su equipo escudriñan la prensa en busca de indicios de asuntos raros que Botín protagoniza, revisan con lupa los balances contables, las memorias, las notificaciones de Hechos Relevantes a la CNMV, repasan el Registro Mercantil de arriba a bajo y en función de sus pesquisas intervienen en las Juntas de accionistas de Banesto y el Santander Central Hispano contradiciendo todo aquello relevante que en forma de mentira sostiene la Memoria del banco o los grandilocuentes discursos de Botín. Después de algunos años en esta labor, el equipo sabe más del SCH que el Consejo de Administración. De ahí que se impugnen los acuerdos tomados en la Junta de Accionistas, se interpongan acciones de responsabilidad a los administradores del banco, se remitan denuncias a la Hacienda Pública, se notifique de las guarderías a los organismos oficiales y se interpongan acciones judiciales. Pérez Escolar y sus colaboradores no actúan sólo en España; el mundo es un pañuelo. Ahí, en los confines del mundo donde se pueda levantar la alfombra roja con el logotipo del Santander, están los exbanestos para ver la porquería que esconde debajo.

Revolver tantos papeles, datos, cifras, asuntos, procedimientos, dossieres y carpetas es lo equivalente a mover miles de toneladas de tierra para encontrar un diamante. El equipo de Pérez Escolar trabaja centenares de asuntos a cual más punible, pero la muralla bunquerizada que se ha construido alrededor de Botín le permite permanecer inexpugnable a los centenares de mangancias y desvíos al banco paralelo que su osadía le permite. Tan sólo uno de cada cien de los asuntos que los exbanestos llevan entre manos da en el blanco, los otros se acaban estrellando contra el búnker y sólo ocasionan males de cabeza a la asesoría jurídica de Banesto y el SCH, con los correspondientes pagos de favores a diestra y siniestra. Pero entre las toneladas de tierras apareció un formidable diamante, aunque en el asunto no intervenga esta vez Pérez Escolar: las cesiones de crédito del Santander, a las que los exbanestos les han sacado todo el jugo que han podido exprimir, llegando a cerrar la puerta en el último momento. El asunto no tiene desperdicio.

Se trata de uno de los cohetes que ha propulsado al Banco Santander hacia la estratosfera financiera. Este producto financiero, que ningún otro competidor se atrevió a comercializar, proporcionó al Santander una ventaja sobre su competencia que resultó decisiva. Las cesiones de crédito estaban concebidas como un fraude fiscal en estado puro. Las artimañas para disfrazar el producto eran tan burdas que no se entiende cómo el Santander llegó a inundar el país con operaciones de evidente fraude fiscal. Las cesiones de crédito son uno de los más graves presuntos fraudes fiscales conocidos hasta ahora, tanto por la cantidad como por los métodos empleados. Porque lo cierto es que el asunto, judicialmente vivo, no sólo ha trascendido a la prensa en los términos más amplios, sino también a la esfera política, como lo demuestran los debates parlamentarios y las interpelaciones practicadas en el Congreso de los Diputados al fiscal general del Estado y al ministro de Economía y Hacienda.

Los medios de comunicación se ocuparon de destacar con notorio relieve que la «agresiva» política comercial del Santander le había puesto en cabeza de sus competidores en la captación de pasivos de la clientela. El extraordinario impacto que una trama de tal envergadura había producido en la opinión pública tuvo amplia repercusión en la prensa. Los cientos de reportajes, artículos e informaciones que han venido tratando de este escándalo, le han dado una presencia constante en la prensa, incluso en los diarios de mayor difusión y de más dispares tendencias. Como el asunto viene de antiguo, se ha ido creando un clima de apoyo al latrocinio fiscal cometido por el banco de Botín.

La desinformación ha llegado a extremos inusitados, como la noticia publicada en El País del 30 de abril de 2002, que a cuatro columnas titulaba así «La Audiencia excluye al Santander de la responsabilidad por las cesiones de crédito». La información no es ni tan siquiera aproximada, sencillamente es mentira. En realidad, lo que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hace en el auto de fecha 22 de abril es desestimar el recurso de queja interpuesto por el Santander en marzo del año anterior. Es evidente, que El País confunde información con deseo cuando pasa por alto el contenido del auto que dice: «no entrando a resolver si procede el archivo de las actuaciones, cuestión que debe ser resuelta por la Ilma. Sra. Juez de Instrucción». Las presiones hacia la jueza Teresa Palacios para que archive el procedimiento son enormes.

El presidente del Santander, por la cuenta que le trae, ha ejercido toda clase de presiones, incluso ha llamado al orden a políticos para que ejerzan el desorden judicial. A veces las cosas se enredan y no hay forma de enderezarlas a pesar de que el abogado del Estado, que representa a Hacienda, jure y perjure que el Tesoro Público no tiene nada que cobrar, y si hay algo queda todo perdonado. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional llora con lágrimas como puños por tener que incordiar a tan excelsa persona y pide el archivo para que no se hable más. Pero ante tanta complacencia hay una historia que explicar, pero por lo que pueda pasar ya que es una historia contada, por esta vez y sin que sirva de precedente, no voy señalar a uno de los protagonistas, pero ustedes no tendrán problema en identificarlo.

Un eminente banquero, caracterizado por su imparable fuerza expansiva y considerado como uno de los hombres más ricos del mundo (como les he dicho verán que es sumamente difícil poner aquí el nombre del interesado), llama furibundo a un político en ejercicio con mucho poder. El hombre público acude solícito al despacho del banquero y éste, sin disimular su cólera, le reprocha que el asunto de las cesiones de crédito todavía no se haya resuelto favorablemente para sus intereses, ya que sigue imputado en el proceso cuya tramitación judicial viene practicándose durante largo tiempo. El político, asombrado por el tono irascible con que el banquero le dirige el reproche, invoca que se ha hecho todo lo posible en el asunto, e incluso más de lo que procede, saliéndose del elemental decoro y las buenas prácticas en lo relativo a la administración de justicia, para que el asunto quede en agua de borrajas en beneficio de los principales implicados:

—Fíjate, presidente —razona el político—, primero se ha conseguido eliminar una parte grandísima de las operaciones aumentando el límite del delito fiscal a quince millones de pesetas, lo cual ha permitido despejar el camino para dejar sin efecto multitud de infracciones que podían dar motivo a una acusación penal.

—Sí —le replica su interlocutor, haciéndolo con furia incontenible, que para eso el hombre es tan poderoso, uno de los más poderosos del país y del mundo mundial—, pero eso se ha hecho cuando estaban los socialistas en el poder, y además se ha hecho tan mal que, en vez de suprimir en el código de un plumazo esta figura de las cesiones, habéis cometido la estupidez de dejar vivos los asuntos más gordos, que son los más peligrosos y los que llaman más la atención. Y luego, vosotros, los que mandáis ahora gracias a mi ayuda, habéis hecho muy poco para arreglar el asunto de manera definitiva.

—Perdóname, presidente, pero tú sabes que primero el fiscal acusaba en la causa peligrosamente, y también lo hacía el abogado del Estado, y ahora sabes también que uno y otro funcionario, no sin vencer una gran resistencia en sus respectivos cuerpos, están pidiendo el sobreseimiento libre para todos vosotros, aunque mantengan la acusación contra vuestros clientes. Y de todo ello hemos tenido que dar explicaciones en el Parlamento.

La prevaricadora justificación del político tuvo la virtud de exasperar aún más al banquero.

—¿Pero qué me estás diciendo? —aquí pongan ustedes una gruesa interjección—. En el proceso siguen incordiando de mala manera algunas acusaciones, unos marxistas de Cataluña a los que no conoce ni su padre y una asociación de tres al cuarto, sobre todo al juzgado no hay quién le mueva en su manía de seguir adelante con la instrucción. Con que ya sabes lo que tenéis que hacer: poner orden en todo esto de una vez, porque ya sabes todo lo que hemos hecho en vuestro favor… —y aquí una larga serie de justificaciones, reales o supuestas, sobre la amplitud de las ayudas prestadas por el banco, entre otras una muy especial que afecta a los negocios particulares de una conocida familia cuyos miembros tenían comprometida su propia firma en créditos cuantiosísimos.

Verán ustedes, queridos lectores, que una conversación de ese jaez sólo puede obedecer a algo contado de lo que no hay documento que lo acredite, pero cuadra con la vida y milagros del vicepresidente del gobierno Rodrigo Rato. El trueque de créditos impagados a Banesto por la familia Rato bien tenía que servir para diluir estas singulares cesiones crediticias del Santander, se trataba de más de 40.000 operaciones, llenas de falsedades y la resurrección masiva de miles de muertos, lo que había causado a la Hacienda Pública 100.000 millones de pérdidas.

Lo que sí se puede acreditar es que Rodrigo Rato ha estado jugando con fuego. Dedicarse a la administración de la cosa pública a tan alto nivel y al mismo tiempo seguir alimentando los negocios particulares y familiares es siempre arriesgado. Rato ha estado practicando esta política en los últimos años. El pasado empresarial del actual responsable de la política económica del Gobierno español no es del todo conocida. Entre él, su hermano Ramón y su cuñado José de la Rosa Alemany heredaron el imperio levantado por su padre, Ramón de Rato Rodríguez Sanpedro, aglutinado en torno de la cadena de radio Rueda de Emisoras Rato, que en 1990 vendieron a la ONCE por 5.000 millones de pesetas.

Cuando el PP formó el primer gobierno en 1996, con Rodrigo Rato como uno de sus hombres fuertes, el vicepresidente presentó al Congreso de Diputados una declaración patrimonial en la cual aseguraba tener intereses en el accionariado de una veintena de sociedades, básicamente en los sectores inmobiliario y de alimentación; también reconoció que tenía participaciones en bancos y sociedades como Banesto, el Central Hispano, la Unión y el Fénix o Iberdrola. Aparentemente el vicepresidente se retiró de todos estos negocios, vendió las acciones y desapareció de la mayoría de los consejos de administración.

A pesar de la operación de transparencia sin precedentes escenificada por el flamante vicepresidente en 1996, se quedó corto en la pormenorización de su chiringuito privado. La verdad es que, a través de sus familiares directos, la sombra de los Rato se proyecta por encima de un entramado empresarial que abarca más de sesenta sociedades. Más allá de los negocios alimentarios o del ramo de los medios de comunicación que son la base del trust familiar, el imperio Rato llega hasta encajar en conglomerados económicos de mucha influencia, sobre todo a través de su concuñado Luis Alberto Salazar Simpson, consejero del Banco Santander Central Hispano.

Puede decirse que el vicepresidente Rato es un excelente malabarista, ha sabido ocultar a la opinión pública sus tejemanejes financieros y sorprendentemente se ha escabullido de situaciones comprometidas. Hay que reconocer que en determinados momentos ha sacado partido de su condición de responsable político. Como cuando se hundió una de las empresas clave del imperio Rato, Refrescos y Bebidas de Castilla, S.A. (Rebecasa), la distribuidora del Trinaranjus, que en 1998 presentó suspensión de pagos con 90 trabajadores a la calle sin cobrar un duro, que llegaron a presentar una querella contra Rato y parentela por llevarse bajo el brazo los activos de Rebecasa hacia otras sociedades familiares y así poder facilitar la insolvencia.

El marrón de Rebecasa se silenció mediáticamente, muy pocos medios de comunicación informaron de este episodio de mangancia financiera que protagonizaban los Rato. Como tampoco se informó de la misteriosa sociedad Rafi S.L., una inmobiliaria de la cual Rodrigo Rato es accionista único y su cuñado José de la Rosa administrador, y que tiene el domicilio fiscal en el propio domicilio particular del vicepresidente económico. Y así alguna que otra sociedad que circula por el limbo de los negocios lucrativos de Rodrigo Rato. Pero uno de los episodios más oscuros relacionados con los negocios de la familia Rato es la operación de venta de las participaciones familiares de la sociedad Aguas de Fuensanta, que es a lo que íbamos después de la conversación de Rato con el innombrable banquero. Los Rato entraron en el accionariado de esta empresa embotelladora de aguas minerales situada en Asturias en el año 1968. De hecho, el propio Rodrigo Rato fue administrador hasta octubre de 1993, y su padre continuó en el consejo de administración. En realidad, hasta 1999, los Rato continuaron cortando el bacalao en Aguas de Fuensanta, con el cuñadísimo José de la Rosa como presidente de la sociedad y el hermano Ramón Rato como uno de los hombres fuertes. Los Rato controlaban un 36% del accionariado, donde también figuraban José María Fernández del Río (26%), la familia Batalla Posada (16%) y el grupo multinacional Naarden (9%), como socios.

Aguas de Fuensanta tenía impagados créditos concedidos por Banesto por valor total de 1.000 millones de pesetas. En febrero de 1999 Banesto, en un acto de misericordia poco frecuente, se quedó con las acciones de la familia Rato como una forma de condonar la deuda. Desde entonces Aguas de Fuensanta figura en la relación estratégica de empresas propiedad del banco y no pasa nada. Todo lo más un incidente en la junta general de accionistas del SCH donde un asistente se atrevió a preguntar por esta singular operación triunfo que afectaba a su banco filial. Se preguntaba si era cierto que se habían «pagado» más de 1.000 millones de pesetas, y se preguntaba también las razones de la finalidad de una operación tan extraña. La pregunta, como supondrán, tal como quedó reflejado en el acta, se quedó sin respuesta.

No obstante, la pregunta se responde por sí sola, está bien claro que una compra de acciones a ese precio no se entiende de ninguna manera, si se tiene en cuenta que Aguas de Fuensanta tenía un volumen de ventas de 3.500 millones de pesetas al año, y que en 1998 tuvo un beneficio neto de 20 millones. Por otro lado, que Banesto no tenía ningún interés en el negocio se deduce por el hecho de que, desde que entró en la embotelladora, no ha invertido un duro, y sin ir más lejos, en el ejercicio de 1999, Aguas de Fuensanta tuvo pérdidas por valor de 46 millones de pesetas. Con todos estos datos hay indicios más que suficientes para percatarse de que existió un acuerdo tácito para aguar por parte del Gobierno —con aguas del manantial de Fuensanta— el fraude que el Santander cometió a través de las cesiones de crédito en un alarde de impunidad lujosa, pero pagando, a favor de Emilio Botín y sus martingalas con el fisco.

Tan solo un detalle para evidenciar la lujosa impunidad que disfruta Emilio Botín, aun teniendo en cuenta que la ley no es igual para todos. En principio, por imperativo de la ley, el presidente del Santander Central Hispano hubiera tenido que cesar en su cargo desde el mismo momento que la jueza Teresa Palacios le imputara, el 28 de junio de 2002, 138 delitos contra la Hacienda Pública, tal como está regulado por el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio. Este mismo decreto establece que debe ser el Banco de España el encargado de destituir al presidente díscolo que no hubiera formalizado su dimisión en los 30 días siguientes a su imputación. Transcurridos los 30 días desde la imputación por parte de la jueza Teresa Palacios, Botín seguía en su cargo. El Gobernador del Banco de España, en dejación de sus funciones, no ejerció las disposiciones que establece la ley, y entre políticos, gurús mediáticos, creadores de opinión y una buena parte de los salvapatrias habituales, les parece de maravilla que la Justicia sea un instrumento para martirizar escarmientos. Si a alguien se le ocurre interesarse por las razones que sostiene el Banco de España para no destituir a Botín, permítanme la expresión, se puede descojonar de risa. Según la interpretación que da sobre lo regulado legalmente, la destitución sólo afecta a aquellos que pretendan acceder a la presidencia de un banco. No para aquellos que la estén ejerciendo. ¿Se puede saber cómo pueden destituir a alguien que ni tan siquiera ha accedido al cargo? Evidentemente, es una forma de salirse por peteneras.

Desde mayo de 2002 la instrucción sumarial está concluida. La jueza Palacios dictó auto de transformación, que incluía la imputación especifica del delito correspondiente a cada uno de los miembros de la comisión ejecutiva del banco, incluido su presidente. Como es fácil de imaginar, se trata de una autentica guerra para doblegar el poder de Emilio Botín. En el empeño está la jueza Teresa Palacios, que hasta la fecha ha resistido y superado el cerco de Numancia, están también los letrados de las acusaciones: Iván Hernández, por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes, y Vladimir Blanes, por Iniciativa per Catalunya. Llegar hasta aquí ha sido una autentica odisea que vale la pena sacar del cajón de los recuerdos.

Abril de 1997: el fiscal Jesús Santos se hace cargo del caso y elabora un informe que demuestra que el Santander había ocultado la titularidad de los suscriptores. Santos propuso citar como imputados a Botín, al antiguo consejero Rodrigo Echenique y a toda la comisión ejecutiva del Santander. Santos abandona el caso, que es asumido por el fiscal jefe Eduardo Fungairiño.

Junio de 2002: la jueza Teresa Palacios imputa al presidente de la entidad bancaria y a otros cuatro altos directivos de 138 delitos fiscales.

Julio de 2002: el SCH impugna el auto y pide sobreseer la causa judicial.

Abril de 2003: El fiscal y el abogado del Estado se unen a los abogados del presidente del SCH para pedir a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que archive el caso, alega que Botín y los ex directivos no tuvieron que ver con los delitos.

Días después de celebrarse la Junta de Accionistas, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó Auto de fecha 23 de junio de 2003, en el que confirmó el auto de transformación y los indicios racionales de criminalidad aunque redujo la imputación a 38 delitos fiscales y uno de falsedad documental. Pero recojamos la información tal como apareció en El País, donde en portada se refleja: «La Audiencia confirma la imputación de Botín por las cesiones de crédito». Ya en el texto decía:

La Sección Segunda de la Audiencia Nacional confirmó ayer la imputación del presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, y de Rodrigo Echenique (actual consejero), José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso (ex directivos) por el conocido como caso de las cesiones de crédito, un producto financiero que la entidad comercializó a finales de los ochenta con el gancho de la opacidad fiscal. A los tres se les considera «coautores por participación necesaria» en 38 delitos fiscales —de los 138 iniciales— que suman ocho millones de euros, según el auto. La decisión de la Audiencia dará paso a la apertura de juicio en fechas próximas. El SCH, en su comunicado, sostiene que comercializó las cesiones dentro de la «más estricta legalidad». Pese a las reticencias del banco presidido por Emilio Botín, los magistrados de la Audiencia también han aprobado que se juzgue a los imputados por falsedad documental, ya que facilitaron a Hacienda «información inveraz» sobre los verdaderos inversores que adquirieron estos productos opacos al fisco, pese a que conocían «perfectamente» sus identidades.

La Audiencia da luz verde a la apertura del juicio oral. Antes de llegar hasta aquí pasaron muchas cosas.

Música celestial

«Venga al paraíso del Banco Santander», prometía, hace algunos años, la publicidad emitida por el banco de los Botín. Una isla caribeña con insinuantes bañistas entre frondosas palmeras, aludía subliminalmente a idílicos paraísos, menos naturales y más fiscales en los que, entre otros deportes, se practica asiduamente la elusión al fisco. No era para menos, a través de las llamadas cesiones de nuda propiedad de crédito, un muy particular producto financiero, el Santander montó un entramado de prácticas irregulares para captar y administrar dinero no declarado a Hacienda. El juez Miguel Moreiras, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, decidió tomar declaración al personaje más rico de España. Fue el 19 de junio de 1992, cuando citó a Emilio Botín en calidad de imputado por un presunto delito de fraude fiscal continuado contra la Hacienda Pública.

Previamente a la declaración, el juez Moreiras había fijado una fianza para el imputado de 48 millones de euros. La inquietud se apoderó de la cúpula del Banco Santander y toda la poderosa maquinaria del banco se puso en funcionamiento a la señal de alarma para evitar que Botín pudiera visitar la cárcel. Emilio Botín compareció acompañado por una tropa de abogados que, pertrechados de un aval de Bankinter por el importe de la fianza, desvirtuaban la posibilidad de convertir en huésped de Alcalá-Meco a su patrón. Lo tenían todo previsto, inclusive la posibilidad de que el juez Moreiras pudiera inclinarse por solicitar el aval en efectivo, por lo que varios furgones blindados circunvalaban las inmediaciones de la Audiencia Nacional listos para recibir la orden del desembarco de su mercancía: billetes en efectivo.

Moreiras acusaba a Botín como presidente del Banco Santander de haber maquinado un fraude a gran escala que había supuesto a las arcas del Tesoro un menoscabo de 601 millones de euros (100.000 millones de pesetas). El fraude consistía en el invento de las cesiones de crédito de la entidad financiera a sus clientes. Los inversores habían obtenido unos intereses superiores al 15%, rentabilidad muy superior a las retribuciones del mercado del momento. El Banco Santander obtuvo un doble beneficio: a las comisiones, gastos, e intereses que le suponía mediar en la operación se le añadían otros beneficios no menos importantes como el reducir el coeficiente de caja. La banca tenía que destinar hasta el 25% de las imposiciones de sus clientes, por imperativo de las directrices del Banco de España, a cubrir las necesidades financieras y de inversión del gobierno de la nación. Este dinero proveniente del coeficiente de caja estaba mal retribuido, por lo que el Banco Santander diseñó una estrategia para prescindir en la medida de lo posible de tal obligación y destinar los recursos a negocios más rentables.

Para que esta maquinación pudiera llevarse a cabo se ofreció una alta retribución a los inversores que fuera opaca al fisco. La clave de esta opacidad a Hacienda era contar con una ingente cantidad de interpuestos que figurasen como titulares de la operación: fallecidos, suplantados, personas con identidades falsas coparon las interminables listas de inversores. Esta era la razón por la que el juez Moreiras acusaba a Botín de haber realizado 47.274 operaciones de cesiones de crédito por un importe que superaba los 2.614 millones de euros convertidos en dinero negro.

Las operaciones de cesiones de crédito se realizaron entre 1986 y 1990, lo que supuso el despegue del Banco Santander. Este vertiginoso desarrollo de las «supercuentas» del Santander se realizó mermando la rentabilidad de la competencia. El resto de las instituciones bancarias vio con irritación el desafío lanzado por Botín que rompía las reglas pactadas en las reuniones mensuales de los patricios de la banca entre almuerzo y almuerzo, bien avenidos y sin tensiones. Las ansias de beneficio de Botín habían transgredido las reglas pactadas, la competencia desleal había emergido en la banca española. El Banco Santander, a través de operaciones cuestionables se había colocado en los puestos de cabeza del ranking bancario. Las agresivas campañas publicitarias de las supercuentas del Santander habían restado a la competencia en pocos días más de 601 millones de euros.

La Audiencia Nacional tiene abierto el «caso de las cesiones de crédito» desde 1992. Según el banco, estas actuaciones judiciales se circunscriben a «unas diligencias previas para determinar las responsabilidades pecuniarias», así lo manifiesta el banco en sus memorias año tras año. Olvida el ahora BSCH, o al menos no lo transmite a los accionistas, que es un procedimiento penal, ya que defraudar al fisco en cuantía supermillonaria es un delito penal. El término «pecunio» que emplea el banco está relacionado en este caso con sanción.

El tiempo, que se cuida de ir poniendo las cosas en su sitio, puso al juez Moreiras de patitas en la calle por molesto. Entre los que acudían a declarar a su juzgado había poderosos banqueros. No obstante, el juez Moreiras, antes de que le dieran pasaporte para practicar justicia en un pueblo donde Cristo dio las tres voces, dejó abierta la posibilidad en el auto que exculpaba al Banco Santander, de que se le pudiera considerar como «cooperador necesario» del delito de alguno de sus clientes. Es este extremo el que ahora se está dilucidando, poquito a poquito, instruido por la jueza Teresa Palacios. Todos los miembros de la comisión ejecutiva del Banco Santander entre los años 1992 y 1998 han tenido que declarar ante la jueza de la Audiencia Nacional, y todos coinciden en sus manifestaciones. Dicen no saber nada, ni tienen por qué saber, que algunos de los titulares de las cesiones de crédito fueran falsos. Los directivos argumentan que son las oficinas bancarias de todo el país las que remiten los datos, y dan por supuesto que los datos que éstas les ofrecían eran correctos.

Con todo el sarcasmo posible, los administradores del Santander argumentaron que fueron los propios clientes quienes facilitaban la información por lo que, a su juicio, la entidad financiera no tiene ninguna responsabilidad. Es más, los directivos del banco elevan su desconocimiento a la comercialización del producto financiero de las cesiones de crédito, ya que sostienen que no es función de la comisión ejecutiva. Eso es tanto como decir que el producto, que se diseñó con la pretensión de captar todo tipo de dinero, se creó solo. La creación espontánea del producto financiero de las cesiones de crédito es el inconsistente argumento en el que el banco se refugia, a pesar de los documentos probatorios que han aparecido en la instrucción del caso.

El informe pericial presentado por Hacienda viene a confirmar que el Santander comercializó este producto financiero mediante la utilización de titularidades falsas, con fines de elusión fiscal y con la implicación de la cúpula directiva del Banco. También alude a los «quebraderos de cabeza» sufridos por la asesoría fiscal del Banco por «titulares declarados que se niegan a aparecer como tales, fallecidos, contratos que no aparecen o que no están firmados…». Hubo, según el perito, 9.566 operaciones con titularidades discrepantes por importe de 872,19 millones de euros.

Está fuera de dudas que esta maquinación, lanzada como «producto financiero» por un gran banco con implantación en toda España y en numerosos países, con el propósito de que fuese aplicada en todas sus sucursales, fue concebida desde lo más alto de la cúpula rectora de la entidad. Resulta inconcebible de todo punto que los hermanos Botín, Emilio presidente del Santander y Jaime ex presidente del Bankinter, mientan como bellacos al negar su implicación en este asunto, cuando no paran de decir que en sus bancos no se mueve una hoja sin que ellos lo dispongan. No podía ser de otro modo, puesto que, como es lógico, las numerosas sucursales de un banco asentado tan ampliamente no tenían capacidad propia ni atribuciones concretas para organizar y ofrecer un nuevo producto financiero, y nadie puede suponer tampoco que se atrevieran a ponerlo en práctica por sí y ante sí, sobre todo al constituir a todas luces una maquinación fiscal ilícita, para la que incluso se llegó a emplear el nombre de múltiples personas fallecidas.

Se cuenta, a propósito de este asunto que, a efectos de simplificar el trámite, un empleado del Santander encargado de buscar nombres ficticios, aprovechó su estancia estival en Biarritz, y ni corto ni perezoso tomó nota de los nombres que figuraban en las sepulturas del bello cementerio municipal. El Santander es un banco en que abundan los prodigios, como la multiplicación de los panes y los peces, pero en este caso la resurrección de Lázaro nos parece poca cosa comparada con el levantamiento masivo de todos esos cadáveres en aquel rincón de Francia que, milagrosamente, pasaron a convertirse en titulares de los créditos cedidos por el Santander.

El informe pericial elaborado por Hacienda al que antes nos hemos referido ha llegado también a la conclusión de que las más altas instancias del banco se hallan implicadas en el fraude. No hay más que ver la información, también facilitada por El País, sobre el contenido de dicho documento:

[…] el informe pericial de Hacienda sostiene que el Santander comercializó este producto financiero […] con la implicación de la cúpula directiva del Banco.

[…] el Banco Santander […] siempre ha mantenido que las cesiones se diseñaron y comercializaron al margen de su cúpula directiva. El informe pericial destaca, sin embargo, la existencia de una circular interna (marzo de 1988) que informa que la «puesta en práctica» de este producto (las cesiones) para «atender a determinado segmento de nuestra clientela actual y potencial, con la ventaja de que no tiene retención del 20% y, por tanto, sin obligación de información global a Hacienda […].

[…] el Santander argumentó también que colaboró con Hacienda cuando le fue requerida la titularidad de los clientes. El perito señala una nota del consejero delegado, Rodrigo Echenique, a los jefes de organización, con instrucciones «a fin de hacer imposible o dificultar al máximo el seguimiento de las operaciones», según el informe.

En realidad, la maniobra estaba destinada a obtener un lucro ilícito por múltiples conceptos. Las cesiones de crédito, según hemos dicho, no eran más que una operación «de pasivo», es decir, una captación de fondos de la clientela que habitualmente se realiza a través de cuentas corrientes, de ahorro o a plazo. Pero estas otras operaciones estaban sujetas a lo que, con diversa denominación (según las modificaciones sucesivas del sistema tributario español), constituyen la «retención de la fuente» o «retención a cuenta» del impuesto sobre la renta. Por otra parte, al ser operaciones «de pasivo», el banco tenía que destinar un porcentaje nada desdeñable de los saldos globales para constituir el llamado «coeficiente de caja».

Este importe que, como es fácil suponer dada la cuantía de las cesiones, sube a cifras elevadísimas en su conjunto, ha de quedar depositado en el Banco de España, del que se percibe una remuneración prácticamente nula, por lo que la entidad bancaria correspondiente sólo puede destinar a sus operaciones «de activo» el remanente tras la deducción del «coeficiente de caja». Como es sabido, el negocio tradicional de los bancos consiste en beneficiarse con el diferencial de los intereses que pagan a los depositantes (operaciones de pasivo) y los que cobran a la clientela por los créditos que conceden (operaciones de activo). Al no considerarse las cesiones de crédito como operaciones de pasivo y no estar sujetas al coeficiente de caja, las sumas que el banco podía dedicar a su negocio ordinario eran más elevadas, y también los consiguientes beneficios. De otro lado, el Santander obtuvo un lucro indebido no menos importante por otra vía indirecta: las condiciones más favorables ofrecidas a la clientela que le confiaba esos fondos le permitieron ejercer con dureza una competencia desleal frente a las demás entidades financieras, tanto a nivel nacional como internacional.

Entre los centenares de documentos que dejaron rastro existe uno lo suficientemente esclarecedor, que pone al descubierto la implicación del banco en la creación del producto financiero. El documento es claro y diáfano: una carta enviada por el consejero-director de sucursales del Banco Santander a los directores de organización de la entidad demuestra la voluntad del Santander de engañar al fisco. El contenido del escrito indica la necesidad de «poder ofrecer a nuestra clientela un instrumento que reúna las características necesarias de opacidad, rentabilidad y liquidez». No obstante, ante las evidencias, el Banco Santander afirma y reafirma en sus memorias año tras año que «en opinión del banco y de sus asesores internos y externos, la resolución final de este contencioso será favorable y no requiere una provisión adicional específica».

Pero mientras tanto, el grupo Santander se ha prevalido de los ingentes recursos obtenidos con las operaciones judicialmente investigadas para expandir su participación exterior, particularmente en Iberoamérica. Ello sin mencionar que las grandes cantidades de dinero negro que, a través de las cesiones de crédito, podría haber generado el banco, le han colocado en una desleal situación de privilegio en parangón con sus competidores. Así pues, el Santander habría cometido una defraudación en perjuicio de la Hacienda Pública con más de cuarenta mil clientes implicados en la gigantesca maniobra. Muchos de ellos —posiblemente los de menos recursos— aceptaron en su día de buena fe tan peculiar servicio confiados en la solvencia de «su» banco, pero no cabe duda de que otros muchos —seguramente los que invirtieron en estas operaciones por cantidades de gran importancia— conocían de plano su carácter fraudulento y aceptaron la oferta del Santander pensando en la seguridad que les ofrecía algo enteramente planeado por una entidad tan poderosa y respetable.

El informe pericial elaborado por Hacienda al que antes nos hemos referido ha llegado a la misma conclusión. Dicho informe sostiene que el Santander comercializó este producto financiero con la implicación de la cúpula directiva del banco, que siempre ha mantenido lo contrario. El informe pericial destaca, sin embargo, la existencia de una circular interna fechada en marzo de 1988 en la que se hace referencia a un nuevo producto (las cesiones) que tiene «la ventaja de que no tiene retención del 20% y, por tanto, sin obligación de información global a Hacienda». Por otro lado, el Santander argumenta también que colaboró con Hacienda cuando le fue requerida la titularidad de los clientes. Pero el informe de Hacienda desvela una nota del consejero delegado, Rodrigo Echenique, a los jefes de organización, con instrucciones «a fin de hacer imposible o dificultar al máximo el seguimiento de las operaciones». Una prueba que no deja lugar a la duda.

En apariencia, el producto ofertado consistía en la venta a los clientes de determinados créditos concedidos por el propio banco a otros clientes suyos. Pero en realidad, y para ser exactos, se trataba de algo mucho más sofisticado, puesto que no se cedían los créditos propiamente dichos como unidades económicas completas, sino la nuda propiedad de los mismos. Dicho de otro modo, el Santander cobraba una comisión por la operación, mientras que la remuneración al cliente consistía en la diferencia entre el valor «actual» del crédito y su valor «al vencimiento», es decir, el valor de compra incrementado con los intereses devengados por el crédito desde el momento de su cesión hasta el del vencimiento.

Una operación de este tipo no reúne las notas que la legislación española exige para la validez de estas ventas crediticias. Al cliente se le entregaba un peculiar «recibo», según el cual el banco decía haber recibido «para su custodia» el «documento de cesión crediticia» que quedaba en su poder «para su gestión de cobro y ulterior reembolso». A fin de cubrir el principio de especialidad, dicho recibo detallaba el nombre de un deudor cualquiera del banco, una cantidad y un vencimiento, pero la cesión realizada no se le notificaba al supuesto deudor, ni se cumplía ninguno de los requisitos para dotarla de efectos contra terceros, según establece el artículo 1526 del Código Civil.

Por el mecanismo de la cesión, el cesionario debiera ser el único facultado para cobrarle al deudor, pero tampoco ocurría así en la práctica: el Santander se convertía en un «gestor de cobro» del cliente, aunque, por supuesto, no comunicaba al deudor que el banco iba a actuar como «apoderado» del cesionario. Nunca se otorgaba escritura pública de cesión, ni siquiera al tratarse de créditos con garantía hipotecaria, a pesar de que el artículo 1.280, 1º del Código Civil exige que la transmisión se haga en documento público, lo que se añade a los requisitos que, en general, establece el artículo 1.526 para que la cesión surta efectos contra terceros.

Pues bien, las cesiones ideadas por el Banco Santander no reunían las exigencias legales; no eran más que una burda simulación negociadora con fines ilícitos, por la que el banco recibía una cantidad en metálico del cliente, lo que, en vez de dar lugar a la apertura de una cuenta corriente, de ahorro o a plazo, con una remuneración correcta en forma de intereses, se mantenía como «dinero negro» en las cajas del Santander amparándose en la inexistente cesión del crédito. De todos estos tejemanejes el banco ya tenía experiencia.

Dado el enorme poder fáctico del Santander, el exponente financiero más cualificado en España del poder, y los largos años transcurridos desde que se inició la instrucción judicial, demorada en gran medida por la constante obstrucción del propio banco, destrucción de documentos incluida, para proporcionar las pruebas pedidas por el Juzgado instructor, podría pensarse que el asunto se halla «en vía muerta». Nada más lejos de la realidad. No sólo está vivo, sino que es actualísimo y candente. Para comprobarlo basta la lectura de dos autos dictados por la titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 3 de la Audiencia Nacional, María Teresa Palacios, que no tienen desperdicio. El primero, fechado el 1 de octubre de 1998, comienza con un resumen de la instrucción en términos que, por su claridad, no requieren mayor comentario por nuestra parte:

De lo actuado se deduce que en los años 1988 y 1989 la entidad Banco Santander ofreció a clientes del mismo el producto financiero denominado Cesiones de Nuda Propiedad de Crédito (CNPC) por el que captaba fondos fiscalmente opacos, asegurando ello a sus clientes; fueron un total de 47.274 operaciones efectuadas con unos 3.500 titulares, por importe nominal de 432.965 millones de pesetas.

El Decreto Ley 4/89, de 7 de julio, sometió este producto financiero a retención y, por tanto, a control fiscal. Por ello, el Departamento de Inspección del Ministerio de Economía y Hacienda (UCI) pidió información acerca de estas operaciones y sus titulares en julio de 1989, obteniendo respuesta del banco acerca de aquéllas, pero no de la identificación de los titulares, por tratarse, según indicaba, de operaciones vencidas, postura que mantuvo tras un nuevo requerimiento en octubre siguiente, por lo que se inició expediente administrativo de ejecución forzosa […], personándose inspectores de Hacienda en las sucursales y la Central Contable del banco, detectándose que disponían de antecedentes documentales e informáticos de esa información de la que decían carecer, ante lo que el banco, que había asegurado a los clientes la opacidad del capital invertido, les sugirió la posibilidad […] de valerse de testaferros, siendo facilitados algunos por los propios clientes, pero otros por el banco, y en varios casos sin conocimiento de éstos.

[…] en el mes de enero de 1990, con esa información inauténtica que el banco remitió a Hacienda, las inspectores citaron a los que aparecían como titulares de las CNPC en diferentes provincias, revelándose que un 34% de aquéllos eran los testaferros (más de mil datos inveraces distribuidos por toda España), de los que unos eran familiares, empleados o socios de los titulares o sin otro vínculo que obtener una contraprestación económica, y, otro grupo, personas que, sin su anuencia y en una absoluta ignorancia, aparecían en lugar del titular, viéndose sometidos al requerimiento de la Hacienda Pública […], inclusive a soportar la publicidad del hecho y de su identidad en rotativos de ámbito nacional por utilizar sus datos el banco […].

Todo ello ocurrió a lo largo del territorio nacional, en un mismo período de tiempo, sin concierto alguno entre los suscriptores, sino como solución desde dicho banco. Ante esta discordancia, se provocó la frustración de la labor inspectora de la Hacienda Pública, debido, no a la inexacta situación fiscal del deudor, sino a la inveracidad de la identidad del titular real […].

La situación descrita llevó a la UCI a que de nuevo se dirigiera al Banco Santander para que informara si confirmaba los datos que le había suministrado, respondiendo dicha entidad que, efectivamente, los confirmaba y que se correspondían con la realidad. Pero, iniciadas las presentes actuaciones, se intervino en dicho banco el dato informático del mensaje L.O.G. de teleproceso SJ5, en el que están registradas estas operaciones y los verdaderos titulares. De los 4.194 datos identificativos de titulares reales de CNPC, recogidos y almacenados en dicho mensaje de teleproceso, reconocieron ser ellos 2.274.

Repicar y estar en misa

Era de suponer que el fiscal, encargado de velar por la legalidad, y el abogado del Estado, responsable de cuidar los intereses del erario público, iban a poner su mejor empeño en colaborar con el Juzgado instructor y apoyar con su decidido impulso la investigación sumarial. Pero los dos funcionarios han hecho justamente lo contrario. Al lector le parecerá inconcebible que esos servidores de los intereses generales hayan instado reiteradamente el archivo de la causa después de que sus antecesores en los mismos cargos sostuvieran lo contrario en términos absolutos. ¿A qué intereses sirven ahora en realidad tan cualificados profesionales, que cobran del presupuesto del Estado, de todos nosotros los ciudadanos de a pie, para defender el interés público? Alguien del Gobierno estará llamado a contestar la pregunta; que cada cual imagine la respuesta. Lo que sí haremos es transcribir lo que sigue del auto de 1 de octubre de 1998, para que el lector juzgue por sí mismo:

Por el Ministerio Fiscal se emitió informe de fecha 12 de julio último en el que terminaba interesando del Juzgado que acuerde el sobreseimiento libre […] respecto de las personas del Banco Santander que, a lo largo de esta causa, han sido citadas como imputadas; y respecto de los titulares de las piezas separadas que hayan sido afectadas bien por la prescripción, bien por la regularización de «testaferros»; así como la inhibición de las restantes piezas separadas a favor de los Juzgados de instrucción en atención al lugar de comisión de los hechos consistentes en posibles defraudaciones tributarias.

Asimismo, se presentó escrito por el Sr. abogado del Estado de fecha 14 de julio del mismo mes y año en el que terminaba suplicando al Juzgado acuerde la no exigibilidad a los administradores del Banco Santander de responsabilidad penal ninguna por cooperación necesaria en comisión de posible delito fiscal en relación a los principales invertidos por los clientes, y con respecto al presunto delito de falsedad, considera que dicha imputación es insostenible […] con respecto a los posibles delitos contra la Hacienda Pública de los inversores, abiertas 228 piezas separadas, gran número de ellas deberán ser sobreseídas libremente, sin perjuicio de las obligaciones tributarias subsistentes, las cuales serían exigibles más propiamente en vía administrativa, y únicamente en aquellas piezas en que quede indubitadamente probado que la persona que aparece como responsable no ha regularizado su situación tributaria, según la doctrina legal del Tribunal Supremo y la consulta 4 de 19 de febrero de 1997 de la Fiscalía General del Estado, y exista una deuda tributaria superior a los 15 millones de pesetas, cabrá exigir responsabilidades penales, procediendo la inhibición a favor del juez instructor del domicilio del inversor […].

Las artimañas para llevar el procedimiento judicial no sólo al archivo, sino al cubo de la basura, son múltiples y variadas. Cuesta entender que tan abrumadoras pruebas puedan ser soslayadas mirando hacia otro lado, precisamente por aquellos que tienen la obligación de su cargo, como el ministerio fiscal y el abogado del Estado. La pregunta es obvia: ¿por qué han sido sustituidos en la causa el fiscal y el abogado del Estado que venían acusando en términos inequívocos? ¿Tendremos que hablar una vez más del champán corriendo a raudales? ¡Ah!, y sin olvidarnos de indagar a ciencia cierta lo que nos cuentan sobre la amistad íntima entre el fiscal Fungairiño y el banquero Echenique.

Toda la publicidad del Santander cuando puso en práctica el invento de la cesión de créditos era un sugestivo guiño a posibles clientes para no pagar un solo duro a la Hacienda Pública por estas operaciones. Su reclamo «Venga al paraíso del Banco Santander», con la imagen de una isla caribeña con insinuantes siluetas femeninas entre frondosas palmeras, aludía subliminalmente a los idílicos paraísos fiscales que se prestan a la práctica de las actividades «deportivas» más diversas. Por eso mismo, y a consecuencia de la prueba pericial practicada, claramente incriminatoria, era de creer que en este asunto habíamos llegado al límite de nuestra sorpresa ante la actitud, verdaderamente incomprensible, manifestada por los representantes del ministerio público y de la abogacía del Estado. Pero decir a estas alturas que el resultado de la última prueba pericial supone la exclusión de cualquier responsabilidad a cargo de los máximos directivos del Banco Santander, nos parece un grave atentado a la justicia y, digámoslo claramente, una desvergüenza sin paliativos al desplazar el peso de tan oscuro asunto a los miles de personas engañadas por el banco, para que puedan lavarse las manos impunemente quienes ocupan los puestos máximos de administración y dirección en la entidad que ha «inventado» el fraudulento artilugio. Porque esto es lo que viene a demostrar la mencionada prueba pericial, practicada a lo largo del mes de julio del año 2000, si se interpreta conforme a las reglas de la sana crítica.

Para exculpar a Emilio Botín y a la cúpula directiva del Santander, se ha removido cielo y tierra hasta llegar al esperpento de utilizar a una asociación de consumidores. La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) está en boca de todos los medios de comunicación. Cuando suben o bajan los tipos de interés, o cuando salta una noticia que afecta a los consumidores, los medios de comunicación ya están incidiendo en el posicionamiento del presidente de la asociación, Luis Pineda. Ausbanc forma parte del circo mediático y del poder que controla a los fieros leones que simulan defender con uñas y dientes a los usuarios de los servicios bancarios. Pero para que no pueda parecer una opinión desorientada apliquemos la metodología de que por sus hechos los conoceréis.

Esta asociación había solicitado persistentemente ser parte del procedimiento que se instruye en la Audiencia Nacional sobre el caso de las cesiones de crédito. Las sospechas que se tenían de su participación se vieron rápidamente confirmadas, desvelándose sus verdaderas intenciones en ser acusación popular. El fiscal sospechaba y calificaba que su comparecencia como acusación podría obedecer a razones extrajudiciales. Justo lo que se presumía, Ausbanc, en un alarde de cinismo como acusación popular, se retiró del procedimiento sin haber tenido ni tan siquiera tiempo de leer las tres primeras hojas del sumario. Lo que sí que tuvo tiempo fue para exonerar de responsabilidad a los administradores del Santander. Para esto es lo que puede servir una asociación de consumidores: para llorar, gemir, y patalear hasta que le permitan ejercer el derecho a acusar a un defraudador fiscal con productos basura. Una vez concedido este derecho se apresura a exculparlo de presuntos delitos fiscales y falsedad documental.

A la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) le faltó tiempo para quitarse la careta. En el colmo de la contradicción, la asociación señaló que la situación tributaria de la entidad «está absolutamente regularizada». No se detuvo aquí, quien supuestamente representa a los usuarios de los servicios bancarios, y ni tan siquiera eso, ya que por no tener representación, ni a sí misma se representa al no estar ni tan siquiera inscrita en el registro de asociaciones de consumidores. No es de extrañar que para Ausbanc, en una charada de su papel como acusación, sostenga que debería sobreseerse de responsabilidades a los directivos del banco.

Ausbanc se prestaba a una clara maniobra de submarino, exonerando de responsabilidades a los administradores del Banco Santander dada «la imposibilidad de imputación objetiva en persona conocida a título de autor, instigador o copartícipe» de los supuestos delitos. No podía ser argumento para quien se había erigido voluntariamente como acción popular. La maniobra de submarino consistía en que como el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, había dado orden de retirar la acusación contra la cúpula del Banco Santander, el procedimiento iba inexorablemente camino del archivo al carecer de acusación. La jueza Teresa Palacios se veía abocada al archivo de la causa; de ahí la maniobra de submarinismo bajo aguas turbulentas de Ausbanc. No obstante la planificada acción naval hizo aguas. Vamos, que el submarino se hundió al presentarse súbitamente en el procedimiento judicial Iniciativa per Catalunya, cuyo portavoz en el Congreso, Joan Saura, mostró su satisfacción en el momento que se reconoció la personación del partido político en el caso. Finalmente la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes sustituyó a Ausbanc en la acusación popular, y su abogado Iván Hernández ha infligido al ahora BSCH el mayor varapalo visto en un tribunal de justicia.

Visto cómo actúa Luis Pineda, el promotor de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) en favor de los bancos, especialmente de Emilio Botín, al que no sólo defiende a capa y espada sino que idolatra con manifestaciones de este palo: «Emilio Botín es el mejor presidente posible del SCH. Yo ya me animo a pedirle que modifique los estatutos. Te queremos hasta los 75. Estás hecho un chaval», esta actitud induce a pensar que todo es teoría, en la práctica, la junta directiva que está formada por el propio Pineda, su esposa, Teresa Cuadrado, Alfonso Solé, que ejerce de tesorero, y Manuela Mateos son los únicos asistentes a las asambleas de la asociación, justos los que caben en un taxi —incluido el conductor.

Ni las artimañas del ministro de Economía y Hacienda, ni las propiciadas por el fiscal general del Estado, ni el acatamiento aborregado del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, ni el lacayo del fiscal del caso, ni el abogado del Estado que defiende el interés de Hacienda, ni la despreciable colaboración interesada por Ausbanc pueden contra la evidencia documental que consta en el sumario. Entre otros muchos documentos que obran en autos, hay un par de comunicados internos, firmados por Julio Banacloche, que por sí solos acreditan que la trama había sido orquestada por uno de los capitostes del Santander con conocimiento cierto de su presidente (al que se menciona en ambos escritos) y, al mismo tiempo, revelan los roces que después ocasionó el asunto entre los miembros de la dirección. El primero va dirigido al jefe de la asesoría jurídica del banco, José Ignacio Uclés. Banacloche alude a las vacilaciones de Rodrigo Echenique, consejero delegado del banco, en cuanto a la táctica a seguir con Hacienda después de descubrirse el fraude, y se queja de que Uclés «le empleara». El texto —también transcrito sin enmienda— es sobradamente expresivo:

JULIO BANACLOCHE

General Oráa, 64

28006 Madrid

Querido José Ignacio:

Contesto tu nota del día 21.

Como le dijo el Consejero Delegado, yo no tengo reserva alguna cuando veo una propuesta con su «Conforme».

Personalmente, en cambio, no dejo de extrañarme de tu nota ahora y no cuando Rodrigo decidió, primero, dar los nombres; después, dar las agencias; después, no darlas; para acabar, en fin, dándolas. La nota escrita podía ser de hace meses.

Tampoco entiendo que me emplearas en la nota que me pediste que enviara al Presidente con tu adhesión y que me remitas, a posteriori, esta otra con el conforme del Consejero Delegado.

En todo caso, ahora que, desde luego, pasan ya los expedientes de NP [se refiere, sin duda, a «nuda propiedad» o «cesión de nuda propiedad de créditos»] a la Asesoría Jurídica, me alegra haber atendido lo mejor posible a la mayor carga producida hasta ahora.

Un abrazo.

Julio

La otra comunicación va dirigida por Banacloche al consejero delegado, con el siguiente texto:

BANCO SANTANDER

Att. Sr. Consejero Delegado

Asunto: EJECUCIÓN FORZOSA

Ayer habló el Presidente con Uclés y le remitió la carta del Secretario de Estado.

Uclés me pidió una nota sobre cómo estaba el asunto y se la hice. Yo creo que el Plan de Acción debe ser que se entregue la cinta y que se avise a los Jefes de Organización para que den instrucciones para posibles visitas inspectoras a las sucursales.

Te envío la nota a Uclés que debió remitir al Presidente.

Dispón de mí.

Madrid, 5 de febrero de 1991

Fdo.: J. Banacloche

¿Cómo pueden decir ahora estos señores, con una cara que se la pisan, que desconocían las multitudinarias operaciones concertadas con una clientela de miles de personas inducida al gigantesco fraude? ¿Es que también han desaparecido las actas de la comisión ejecutiva, del consejo de administración y de las juntas generales, en cuyos órganos se dejó constancia sobrada de la satisfacción que producía a los rectores del banco el astronómico incremento de los recursos ajenos mediante esos singulares «productos»? ¿Es que no recuerda Emilio Botín la arenga presidencial que lanzó vehementemente en la sucursal sevillana de Puerta de Jerez a sus directores andaluces para que intensificaran al máximo el plan de cesiones de crédito?

Pero las cesiones de crédito no fueron la única operación del Banco Santander para ocultar dinero negro a Hacienda. Otro invento de la entidad presidida por Emilio Botín fue la Operación Jericó. En este caso, lo que se hacía era transformar las inversiones que habían efectuado los clientes en pagarés del Tesoro, en Activos Financieros con Retención en Origen, los llamados Afro. Con ello el Santander jugaba con ventaja, en una clara competencia desleal, proponiendo intereses que alcanzaban el 6% e incluso el 8%, y el depósito era inexistente para Hacienda.

La Operación Jericó se llevó a cabo paralelamente a las cesiones de crédito. Así lo declaró el ex directivo del Banco Santander, Aurelio López, ante el juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras. El operativo se había iniciado en 1985, con la finalidad de captar el dinero negro proveniente de los Activos Financieros Mixtos. La idea era que sólo aflorara una parte del dinero negro de los clientes, a fin de no levantar sospechas de Hacienda. El inspirador de la Operación Jericó pudo ser Julio Banacloche, que había pasado de ser un alto cargo en Hacienda a ser fichado por Emilio Botín, fichaje más caro, pero más rentable que el de Zidane por el Real Madrid. A Banacloche se le asignó la jefatura de la asesoría fiscal del banco. La clásica transmutación de funciones mil veces repetida por los funcionarios de turno.

Para que quede acreditación del modus operandi de la Operación Jericó que se llevó a cabo, existe un documento revelador de que lo que se pretendía era defraudar al fisco. Este documento, que tiene fecha del 8 de noviembre de 1990, está dirigido por la Dirección de Operaciones a todos los interventores. En él se dan cumplidas órdenes para alterar los registros de los ordenadores del banco. Las instrucciones para la cancelación de los cheques, la clave con que deben ser registrados, y otros pormenores se dejan escritos. Destaca la instrucción de realizar una «Impresión de los datos del Pagaré en una cuartilla en blanco…».

El procedimiento era la transformación de un tercio de los pagarés del Tesoro en Activos Financieros con Retención en Origen, conocidos como Afro. Los otros dos tercios del dinero se consignaban en un cheque al portador del propio banco. Al cliente se le entregaba una fotocopia del cheque, un resguardo del depósito de valores equivalente al importe del mismo —de manera que se hacía pasar el cheque como contrapartida de unos falsos valores depositados—, y la documentación del Afro. El Banco Santander pagaba entre un 6% y un 8% de interés anual por un depósito que no existía para Hacienda, ya que se falseaba distribuyéndolo en operaciones exentas de tributación. La cantidad por la que se había firmado el cheque se contabilizaba en una cuenta del banco destinada a Depósito de Alhajas y Valores, que tenía el número 911959 de la entidad. Los originales de los cheques eran guardados por los directores de las oficinas, y en ellos se escribía a mano el nombre de los clientes.

El Banco Santander debe una buena parte de su expansión a los tejemanejes con la Hacienda Pública. Como hemos visto, las presiones políticas para archivar el procedimiento han sido intensas y variadas. El procedimiento judicial dura y dura como el anuncio de las pilas, pero mientras se resuelve, el caso que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción Nº 3 de la Audiencia Nacional, en torno a las llamadas cesiones de crédito, causa pavor a nuestro gran timonel. El auto de la jueza Teresa Palacios, que rechaza los recursos interpuestos por el banco y confirma la inculpación de Emilio Botín y otros ex altos cargos del antiguo Santander, entre ellos el ex consejero delegado Rodrigo Echenique, en la comisión de 128 delitos fiscales y un delito de falsedad documental continuada, convierte al primer banco privado español en una olla a presión.

Se empieza a poner en entredicho la permanencia de Emilio Botín al frente del SCH. El auto de la jueza disparó una sensación de zozobra e inseguridad perceptible en toda la casa. Desde hace tiempo se viene hablando de la necesidad de un relevo en la presidencia en el caso de apertura de juicio oral, aunque nadie sabe bien si la idea procede del propio Botín o es a instancia de parte, es decir, del Ministerio de Economía y del Gobierno.

A la sensación de pánico provocada por el fracaso a la hora de quebrar la actuación de la jueza Palacios, se une el difícil momento por el que atraviesa el negocio. El búnker parece que ya no es tan sólido y se desatan rumores y alternativas en torno a quién puede suceder al todopoderoso Emilio Botín. Entre los candidatos a la sucesión está Juan Abelló Gallo, antiguo copresidente de Banesto con Mario Conde, quien podría ocupar de forma interina la presidencia del SCH en sustitución de Emilio Botín. Abelló, que en junio de 2002 pasó a formar parte del consejo de administración del SCH como «independiente», se ha convertido en unos de los accionistas más importantes del banco, con el 0,231% del capital, al punto de que su paquete supera ya al del vicepresidente Jaime Botín (el 0,22%), y le coloca como el quinto mayor accionista individual.

Juan Abelló continuó comprando de forma muy activa, por lo que su participación en el capital del SCH podría ser superior a la citada; pero las posibilidades de Abelló están limitadas por los estatutos del SCH, que no permiten acceder a la presidencia si no se disfruta de una antigüedad de cinco años como consejero. La respuesta a la pregunta de por qué Emilio Botín aceptaría delegar la presidencia en Juan Abelló, teniendo a mano a Jaime Botín, vicepresidente primero de la entidad, parece convincente: la sustitución de Emilio por Jaime no sería suficiente en las actuales circunstancias, fundamentalmente porque la pérdida de confianza afectaría a toda la familia y no sólo a Emilio Botín. En previsión de lo que pudiera ocurrir con el caso de las cesiones de crédito, la familia Botín llevó a cabo un movimiento que no fue entendido en su momento: Jaime Botín, segundo de la saga, abandonó la presidencia de Bankinter para aceptar la vicepresidencia primera del SCH, una operación que cobra sentido a la luz de los problemas judiciales de Emilio Botín.

A pesar de la impunidad de lujo que disfruta nuestro gran timonel, los problemas judiciales ya se escriben en plural. Demasiados para un personaje de tanta alcurnia, como para una institución de crédito que vive de la confianza de clientes, impositores y accionistas. Este terremoto de alta intensidad que zarandea el sillón presidencial del banco y afecta a toda la familia Botín tiene su epicentro en Rafael Pérez Escolar, empeñado en que prevalezca la ley y cesen las maniobras fraudulentas de toda esta gente. Esta autentica guerra atómica es un duelo de titanes. Un enfrentamiento entre David y Goliat de la época moderna que, conforme transcurren los acontecimientos, hace más creíble que el gigante con los pies de barro se venga al suelo con estrépito.

El procedimiento judicial de las cesiones de crédito vaticina nubes de tormenta en el horizonte de los días de gloria de Botín, pero otros asuntos sobre otras mangancias también llaman a la puerta del presidente del SCH. La opinión pública, cuando menos el millón de accionistas que tiene el banco, no ha podido digerir la osadía de Emilio Botín de despachar de los órganos de dirección del banco a un copresidente y un vicepresidente, como son José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, provenientes del Central Hispano para quedarse solo y mandar a su aire, pagando una escandalosa fortuna mientras los accionistas perdían a lo loco en una caída en picado del valor de la acción de SCH. En el próximo capítulo tendremos ocasión de percatarnos de los juegos malabares de nuestro gran timonel para poner rumbo al mando único, a pesar de verse obligado a navegar por las agitadas aguas de la tormenta desatada por una querella criminal, interpuesta por Pérez Escolar, a causa de la disposición indebida de la dádiva más generosa del mundo con objeto de quedarse solo al timón. Las espadas todavía están en alto y el toma y daca de la guerra atómica continúa.

CAPÍTULO 6

JUEGOS MALABARES

La avaricia es sin duda una de las señales más auténticas de la miserable condición de quien la padece.

FRANZ KAFKA

Los prestidigitadores siempre han tenido una atracción por incorporar el dinero a sus números de magia. Raro es el mago que no cae en la tentación de sacar monedas de detrás de las orejas de los espectadores. Estos juegos malabares causan sensación, no es tan solo la magia de producir dinero lo que pretendía traer a colación, sino algo también sorprendente y a la vez mundano. Se trata de una de las definiciones que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua da a la palabra «prestigio», dice así: «Engaño, ilusión o apariencia con que los prestigiadores emboban y embaucan al pueblo», o también «Fascinación que se le atribuye a la magia o es causada por medio de un sortilegio». Como vemos, el prestigio que se le pueda atribuir a alguien no es un favor que se le hace. No obstante, el mundo del dinero siempre ha contado con gente de mucha prosapia y enorme prestigio. Uno de ellos fue Charles Ponzi, nacido en Parma, Italia, en 1877 y fallecido en un hospital de caridad en Río de Janeiro, Brasil en 1949 en la total pobreza. Este personaje será recordado siempre en el mundo de las finanzas como el promotor más famoso de inversiones en fondos de esquema piramidal. Tanto es así que cuando se trata de explicar este tipo de maniobras, se hace referencia a los «Esquemas Ponzi» o «Ponzi Finance».

En el Boston de los años veinte, el prestigioso Charles Ponzi recibió de su Italia natal una correspondencia que incluía unos sellos de porte pagado. Al cambiarlas por dólares notó que había una diferencia a su favor en el arbitraje que le reportaba unos pocos centavos por cada una. Con ese solo argumento de negocio y un poder extraordinario de persuasión, convenció a sus amigos de invertir con él su dinero con la promesa de devolverles su inversión a los 90 días con un interés directo del 43% sobre el capital. A las pocas semanas tenía una fila enorme de personas deseosas de invertir en el «negocio de Ponzi» y que no querían tener la vergüenza de ser los tontos del barrio que no habían invertido en un negocio seguro.

Por supuesto que Ponzi no compró sino unos pocos dólares en sellos y el dinero que recibía de sus nuevos inversionistas lo usaba para pagar a los primeros que habían entrado en el «negocio»; Éstos a su vez les contaban a sus amigos cómo habían recibido su dinero de vuelta con una apreciable ganancia. Así se generaba una nueva demanda de inversionistas que alimentaba a los demás. Bien, eso era en Boston en los años veinte, el negocio de Ponzi no duró sino hasta unos pocos meses después cuando los últimos inversionistas se percataron de que no había forma de recuperar el dinero y se agolparon formando una turba furiosa en la puerta de la casa de Ponzi reclamando su dinero, mientras éste marchaba a la cárcel protegido por la policía para no resultar linchado.

Desde entonces, otros muchos prestigiosos de la multiplicación de las ganancias han hecho fortuna con los juegos malabares que puede dar de sí el dinero de los demás. No vayan a creer que el esquema Ponzi pertenece al pasado de los locos años veinte. Tal cual se repitió en enero de 1997 cuando una banda de estafadores utilizando el mismo método dejó en la ruina a miles de ahorradores albaneses que confiaron en la «nueva» economía que no conocían. Precisamente ahí, en el desconocimiento que el timado tiene del asunto, reside la ventaja de la que goza el «prestigioso estafador». A estas alturas de la película, al prestigioso estafador ya no se le llama así, producto de sus múltiples hazañas, y sobretodo de su habilidad para no acabar en la cárcel como su antecesor Ponzi. Ahora se les llama prestigiosos financieros.

Técnicamente podemos definir un esquema Ponzi, como un tipo de actividad financiera donde los cargos financieros de la unidad de negocio exceden el flujo de caja por operaciones. Un tomador de préstamos que tenga algún control sobre el precio del mercado en donde emite su propia deuda personal hará su propio juego de Ponzi, o sea, el repago de la deuda con la emisión de nueva deuda. El esquema Ponzi, la pirámide o la máquina de hacer dinero, no tiene nada que envidiar a esta filosofal pregunta. ¿Quién vigila al vigilante? ha respuesta a esta interrogante, que no podemos explicar clara y sencillamente en pocas palabras, tiene mucho de magia y de prestidigitación.

Pasen y vean en este capítulo cómo Botín y su banda de prestigiosos financieros han traficado hasta constituir una pirámide, donde se han asentado, para evaporar el flujo de caja y la caja entera.

La mano de Dios

La exclusión de José María Amusátegui —y con él el grupo directivo procedente del antiguo Central Hispano— ha puesto de manifiesto, sin que a ningún medio de comunicación le parezca cuando menos suficientemente extraño, el engaño perpetrado a la luz del día por Emilio Botín; ahí están las hemerotecas, que contienen los discursos pronunciados en el momento de la fusión: una fusión entre iguales que ha durado el tiempo que al cántabro le ha parecido suficiente hasta tomar la decisión de pintar todas las oficinas de rojo con el logotipo del Santander. Las cintas de vídeo todavía contienen los vivas y alegrías y el abrazo del oso que finalmente puso de patitas en la calle a los chicos del Central Hispano, desde el propio Amusátegui a Ángel Corcóstegui.

Emilio Botín se ha quedado sólo en el SCH, pero pagando. Las malas lenguas, las malas pero bien informadas lenguas, aseguran que el enfado de Amusátegui al serle indicado el camino de la puerta se le pasó al llegar al umbral donde Botín le esperaba con 102 millones de euros. La actuación de Botín fue de libro, aunque no sabemos si como manual de instrucciones se utilizó Cómo ganar amigos e influir sobre las personas (el récord de ventas de Dale Carnegie) o bien estuvo influido por las reiteradas manifestaciones de Amusátegui que confesaba que «a mí, lo que me gusta es vivir como los ricos». Fuera una u otra, la cuestión es que Emilio Botín controla ahora férreamente el SCH, su hermano Jaime, Bankinter, y su hija Ana Patricia preside Banesto. Una cuestión de familia, como se ve.

Este particular acceso restringido al olimpo de los dioses de un grupo selectivo —que casi cabe en un taxi— tiene que preocupar muy seriamente al conjunto de la sociedad. El poder económico que tan descaradamente influye sobre el político está exento de legitimación: nadie los vota, pero sí condicionan con sus decisiones nuestras vidas. Un sector muy importante de la población se manifiesta indiferente a las decisiones en materia económica que toma el Gobierno, cree que la macroeconomía es cosa de ellos y en poco o nada le afecta. Es posible que la crisis argentina, la guerra de Irak y las doscientas mil que puedan venir sirvan algún día hacer pensar a la ciudadanía que el dinero forma parte de nuestras vidas, más aún en una sociedad fundada en el tanto tienes, tanto vales.

Esta evidente concentración de poder, auspiciada por los medios de comunicación que ríen las gracias a todo lo que sus patrocinados ejecutan, conduce a lo peor de lo peor de la verdad espiritual que contiene la verdad única difundida desde el otro lado del imperio de la galaxia. El capitalismo desbocado de los EE.UU. se exporta a Europa y, como siempre, España, primera en lo peor, tiene en José María Aznar el peor ejemplo donde socialmente mirarse. El Eje del Bien económico —Aznar, Berlusconi y Blair— no para de dar cabezazos de asentimiento a las políticas diseñadas por los fundamentalistas del liberalismo, que tienen en G. W. Bush a su muñeco de guiñol favorito, que mueven a placer unos conglomerados financieros que actúan como verdaderos gángsteres.

Veamos cómo resuelven sus diferencias estos señores del dinero, pero les adelanto que estos gángsteres de alta alcurnia le endosan al prójimo el montante de sus caprichos. Se trata de uno de los escándalos producidos en el ámbito financiero español que nada tiene que envidiar a los más grandes y resonantes que han llevado a la cárcel en los Estados Unidos de América a poderosos empresarios de aquel país, por hechos menos relevantes. En la fusión entre el Banco Santander y el Banco Central Hispanoamericano, realizada conforme al proyecto aprobado por los consejos de ambos bancos el 15 de enero de 1999 y aprobada por las respectivas juntas generales el 6 de marzo del mismo año, se convino que la entidad resultante, Banco Santander Central Hispano, S.A., estaría copresidida por dos presidentes, Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos y José María Amusátegui de la Cierva. La situación de Presidencia conjunta se concibió con carácter temporal para lo que se denominó «Período de Copresidencia», introduciendo una «disposición transitoria» en los estatutos de la entidad absorbente, concebida en los siguientes términos:

No obstante lo establecido en los estatutos sociales, desde el momento en que sea efectiva la fusión y hasta la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria del año 2002 (ese período será llamado en adelante «Período de Copresidencia») la Presidencia de la sociedad será ejercida por D. Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos y por D. José María Amusátegui de la Cierva en la forma establecida en los apartados siguientes:

a) D. Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos será Presidente del Consejo de Administración y D. José María Amusátegui de la Cierva presidirá las sesiones de la Junta General de Accionistas y será Presidente de la Comisión Ejecutiva […].

Dicha disposición transitoria atribuía a ambos Copresidentes, con carácter individual, «la plena representación de la sociedad» que quedó reflejada en los Estatutos del Banco Santander Central Hispano, tal como quedaron redactados tras la fusión de ambos bancos en los apartados e y f de la disposición transitoria, según los cuales:

e) D. José María Amusátegui de la Cierva, de acuerdo con su decisión irrevocable expresada de forma voluntaria, se jubilará en la Junta General Ordinaria de Accionistas del año 2002 en que cumple 70 años de edad, cesando en todos sus cargos y funciones en su condición de Presidente de la Comisión Ejecutiva y de la Junta General y miembro del Consejo de Administración. D. Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos asumirá a partir de ese momento la Presidencia única de la sociedad y de sus órganos de administración con plenos poderes y funciones. D. José María Amusátegui de la Cierva será designado Presidente de Honor de la sociedad.

f) Lo previsto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades concedidas a la Junta General de Accionistas por el artículo 131 de la Ley de Sociedades Anónimas y de lo dispuesto en el artículo 141 de la misma ley.

Por mucha decoración legal que se le pusiera al asunto, lo que parece cierto, dicho a toro pasado, es que Emilio Botín se había pasado una década entera argumentando que el Santander no necesitaba concurrir a fusión alguna. Botín lo enfatizaba con vehemencia al predicar siempre con la coletilla «es lo mejor para el accionista». Toda esta propaganda machaconamente repetida no tenía un ápice de verdad. Como ya hemos visto en un capítulo anterior, el método para incorporar a Banesto como una muesca más en su rifle de cazabancos nada tiene que envidiar a las milongas de Bush para quedarse con el petróleo de Irak. Para poder anotar otra muesca en el rifle abatiendo al Banco Central Hispano se precisaba del sutil método del abrazo del oso, mucho más practico y menos traumático que el practicado en la caza de Banesto.

Pero abatir y desmembrar a la cúpula de Banesto llevando a su presidente, Mario Conde, y a sus consejeros entre rejas, no deja de ser una tarea ardua y laboriosa y no exenta de complicaciones. De la experiencia se aprende. Resulta más práctico un asalto con caballo de Troya que sin él, y también parece más efectiva una tentadora fusión entre iguales que una OPA sin posibilidades. La estrategia de Botín consistía en hacer creer a la cúpula del Central Hispano que venía de buen rollo. Una vez que los del Central se pusieron a tiro fueron cayendo uno tras otro. La pieza a abatir primero era el presidente, después vendrían cada uno de los consejeros. No es ningún secreto que el ensamblaje entre las cúpulas directivas de ambas entidades fusionadas ha sido todo menos sencillo y pacífico. Muchas carreras bancarias se han visto truncadas y, al fin, la paridad pactada para que los órganos directivos estuviesen formados al 50% por personas con origen en cada banco ha devenido en una mayoría aplastante a favor de los procedentes del Banco Santander. La fusión, convenida sobre bases de igualdad entre las dos grandes entidades bancarias, se fue pareciendo cada vez más a una absorción del Banco Central Hispanoamericano por el Banco Santander. Hasta el logo y el color corporativo eran variantes que en nada cambiaban los anteriormente utilizados por el Santander. Incluso en el mercado de valores se conservaron las siglas –SAN– de este último.

El plan de Botín se cumplió en su totalidad, el diseño se basaba en la conflictividad. La situación, provocada, producía roces y enfrentamientos entre los dos máximos directivos, el presidente de la Comisión Ejecutiva, José María Amusátegui, y el presidente del Consejo de Administración, Emilio Botín. El primero se había convertido en una molestia y un freno para los planes del segundo, que deseaba no tener que dar explicaciones a nadie y convertirse en el único presidente de la entidad. Los accionistas tuvieron que contemplar atónitos esta guerra de poder en la cúpula del banco y el día 17 de agosto de 2001 nos enteramos por la prensa de que Amusátegui renunciaba a la Presidencia y salía de todos los órganos directivos del banco. Emilio Botín lograba imponer al fin su voluntad: ser el único dirigente máximo.

Lo relatado hasta aquí de forma muy sucinta pertenece a la crónica de los negocios y de las rivalidades entre los grupos de poder en el seno de las corporaciones mercantiles. Y a todo ello sería ajeno si el SCH fuera una entidad financiera propiedad exclusiva de la familia Botín, donde el gran timonel pudiera imponer sus propios deseos, pero no es así. Aunque es lo más parecido, con el considerando de que son otros los que pagan la factura de sus caprichos. Puede llamarse capricho, deseo, o ilusión pero la milonga puede resumirse en pocas palabras: nuestro gran timonel facilitó a Amusátegui la disposición de una astronómica cantidad en perjuicio del banco, para dejarle campo libre, coincidiendo con la mala racha soportada por los accionistas de la entidad que perdían en Bolsa los ahorros de media vida.

En las cuentas anuales auditadas del Banco de Santander Central Hispano correspondientes al ejercicio de 2001 y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, se consignaba el importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por los miembros del órgano de administración bajo un apartado rotulado: «Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración del Banco». El desglose de este apartado es el siguiente: (1) atenciones estatutarias: 4.412.000 euros; (2) atribuciones salariales: 23.802.000 euros. Y en el subgrupo «Compromisos por pensiones y otros seguros» figura el saldo acumulado hasta 31 de diciembre de 2001 de las obligaciones contraídas y cubiertas por el SCH en materia de pensiones complementarias, junto con el capital total asegurado por seguros de vida a dicha fecha, que es de 209 millones de euros.

Pero a continuación se indica que este importe (209 millones de euros) no incluye 43,75 millones de euros satisfechos durante el ejercicio 2001 con carácter extraordinario y no recurrente. Pues bien, ¿qué trata de encubrir tal eufemismo? ¿A qué corresponde este importantísimo desembolso de 43.750.000 euros (7.280 millones de pesetas)? Este dígito sólo llamaba la atención de aquellos que nos hemos propuesto leer la letra pequeña de un banco tan grande. La memoria no ofrecía explicación precisa, se limitaba al consabido «carácter extraordinario y no recurrente». Sorprendentemente, la respuesta a este enigma la dio el diario ABC del sábado 23 de febrero de 2002, en un artículo titulado: «Emilio Botín pactó la indemnización de Amusátegui», donde se informa que los 43,75 millones de euros es la indemnización por el cese del Copresidente.

Este inesperado desliz de ABC ponía de manifiesto que el coste de la guerra de poder entre Botín y Amusátegui se había cargado a los accionistas del banco. A unos accionistas que veían cómo sus acciones bajaban continuamente en la Bolsa, mientras los dos principales administradores resolvían sus disputas personales a costa de aquéllos.

En efecto, los 43,75 millones de euros correspondían a la «indemnización» que Botín había negociado con Amusátegui para que éste anticipase su jubilación. Una jubilación que ya estaba prevista estatutariamente, como antes hemos visto. Es decir, Amusátegui percibió una escandalosa dádiva por anticipar en menos de dos años su prevista y forzosa salida del Banco. Amusátegui ocupaba su puesto de Copresidente por designación de la Junta de accionistas, la cual podía cesarle en cualquier momento, sin tener que pagar por ello ningún tipo de indemnización. El artículo 131 de la Ley de Sociedades Anónimas dispone que «la separación de los administradores podrá ser acordada en cualquier momento por la junta general», y el artículo 141 concede al Consejo de Administración la facultad de «designar a su presidente».

Se tendrá que convenir que si Botín tenía prisa por ser el único Presidente del SCH, se le ofrecían tres alternativas: convencer a Amusátegui para que presentase su dimisión sin contraprestación alguna, abonarle él personalmente las dádivas o prebendas que eventualmente pudiere demandar Amusátegui, o, en el libre juego de las mayorías, proponer y someter a votación en Junta General el cese y la separación del Copresidente. Pero lejos de todo esto, se recurre a pactos secretos a espaldas del accionista, y lo que es más grave —y además delictivo— es que se consigue que Amusátegui presente su dimisión y renuncie a la Presidencia de la Comisión Ejecutiva, a la Presidencia de la Junta General y a su condición de miembro del Consejo de Administración mediante el abono de una contraprestación a cargo del Banco, esto es, de sus accionistas, lo que resulta insultante para éstos, para los trabajadores del banco y, en fin, para cualquier ciudadano. La compensación asciende a 43,75 millones de euros. ¿Cómo puede explicarse a los trabajadores que han perdido su empleo en la banca —o en cualquier otro sector— que se trata de una indemnización legal? ¿Cómo puede justificarse ante los accionistas que se trata de una compensación pactada con causa lícita?

De otro lado, si Amusátegui decidió libremente anticipar la fecha de terminación del período de Copresidencia en el SCH presentando su renuncia en la sesión del Consejo de Administración del Banco de fecha 16 de agosto de 2001, tal como el banco comunicó, como hecho relevante, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no hay motivo alguno que pueda generar el devengo por su parte de la tan desorbitada suma. En Derecho, toda indemnización viene a compensar la causación de un daño o perjuicio, y éste no concurre cuando lo que existe es una renuncia pura y simple. Por tanto, la cantidad percibida por Amusátegui carece de todo soporte legal y es una mera disposición fraudulenta de los fondos del Banco, con claro perjuicio de sus accionistas y en beneficio exclusivo del propio Amusátegui y de Botín.

No es posible, por tanto, la existencia de un contrato especial de alto cargo en el que se prevea una indemnización por cese, un «blindaje», pues no puede calificarse la relación de Amusátegui como de laboral, ya que el alto cargo, nada menos que Copresidente del Banco, viene caracterizado por su dependencia directa y exclusiva del órgano de administración de la sociedad, y no es predicable que Amusátegui tenga dependencia jerárquica y de sometimiento a un poder ajeno de dirección, que legalmente es lo que define la existencia de cualquier relación de trabajo. Cualquier distingo entre la condición de empleador (Presidente de la Comisión Ejecutiva, etc.) y de empleado (alto ejecutivo) es inexistente y puramente ilusoria, cuando Amusátegui es el Copresidente del Banco Santander Central Hispano. Pero veamos qué dicen los Estatutos Sociales del Banco Santander Central Hispano. El artículo 37 de los Estatutos dispone:

El Consejo de Administración y, en su caso, la Comisión Ejecutiva y la Dirección General del Banco, percibirán por el desempeño de sus funciones, en concepto de participación conjunta en el beneficio de cada ejercicio, una cantidad equivalente al cinco por ciento del importe de aquél, si bien el propio Consejo podrá acordar reducir dicho porcentaje de participación en los años en que así lo estime justificado. Igualmente, le incumbirá distribuir entre los partícipes el importe resultante en la forma y cuantía que acuerde anualmente respecto a cada uno de ellos.

A los fines de determinar la cantidad concreta a que asciende dicha participación, el porcentaje que se decida deberá aplicarse sobre el resultado del ejercicio.

En cualquier caso, para que esta participación del Consejo pueda ser detraída será necesario que se hallen cubiertas las atenciones prioritarias establecidas por la legislación en vigor.

Con independencia de lo anterior, los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva tendrán derecho a percibir dietas de asistencia, así como las remuneraciones que procedan por el desempeño en la propia Sociedad de otras funciones distintas a la de Consejero.

Previo acuerdo de la Junta General de Accionistas en los términos legalmente establecidos, los Consejeros podrán también ser retribuidos mediante la entrega de acciones o de derechos de opción sobre las mismas o mediante cualquier otro sistema de remuneración que esté referenciado al valor de las acciones.

Como se ve, en los Estatutos Sociales del SCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que éstos sean removidos sin justa causa. Adicionalmente, cabe señalar que son muchos los autores de textos jurídicos que niegan expresamente la admisibilidad de cualquier pacto o cláusula estatutaria que condicione la separación de un administrador al pago de una indemnización, toda vez que la libre decisión de la Junta podrá verse condicionada o penalizada en la práctica por las gravosas consecuencias económicas que tendría un posible acuerdo de destitución. De cualquier manera, no estando ni siquiera previsto, tampoco puede existir un derecho al percibo de una indemnización por José María Amusátegui como consecuencia de su cese como consejero.

Pero todavía hay un intríngulis más en todo este asunto. La cantidad señalada como percibida o devengada por Amusátegui figura en las cuentas anuales citadas en el subapartado «Compromisos por pensiones y otros seguros», por lo que podrá entenderse que los 43,75 millones de euros no han sido abonados directamente a Amusátegui, sino que es el coste de una póliza de seguros que cubra bien un seguro de vida o un plan externo de pensiones o jubilación, al modo del que suscribió el Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. para sus consejeros y que investiga el juez Baltasar Garzón.

El intríngulis está en que si los 43,75 millones de euros son el coste de la prima, ¿cuál será el capital asegurado? La elevada prima permite suponer que el capital asegurado alcanza una cifra capaz de causar la estupefacción de los accionistas del banco, o de los miles de empleados puestos en la calle como consecuencia de la fusión. Un puro disparate. Las malas lenguas aseguran, como se sostenía al principio, que el enfado de Amusátegui se corrigió con 102 millones de euros. Es evidente que la disposición se realiza de manera fraudulenta, dando apariencia de regularidad ante los accionistas a una conducta ilícita y con abuso de las funciones propias del Presidente, ya que ni los Estatutos prevén tales facultades ni la Junta se las otorgó.

No vayan a creer que Amusátegui era la única piedra en el camino de nuestro gran timonel, Ángel Corcóstegui también era otro obstáculo para Emilio Botín. Corcóstegui fue Vicepresidente primero y Consejero delegado del Banco Central Hispano Americano; después de la fusión con el Santander —que tuvo carácter operativo a partir del 17 de abril de 1999, fecha de su inscripción en el Registro Mercantil— fue nombrado con los mismos cargos. Duró poco. El 13 de febrero de 2002, Corcóstegui hizo pública su salida del SCH. Los motivos que causaron su marcha corresponden a la crisis que padecía entonces la entidad bancaria como consecuencia de la fusión y a los movimientos posteriores llevados a cabo por Emilio Botín para controlar el banco a su exclusivo arbitrio, una circunstancia a que aludieron ampliamente todos los medios de comunicación al dar cuenta de la áspera lucha por el poder desatada entre los principales protagonistas de la fusión.

Con anterioridad, el día 17 de agosto de 2001, se había hecho pública la renuncia del copresidente José María Amusátegui y, consecuentemente, su salida del banco. No fue hasta el 13 de febrero de 2002 que el Banco Santander Central Hispano comunicó como «hecho relevante» a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que Corcóstegui había manifestado en la reunión del Consejo de Administración de la entidad su decisión de renunciar, por razones personales, a todos sus cargos en el banco. Nada se informa en cambio a la CNMV ni al Banco de España sobre si tal renuncia había supuesto el pago al denunciado de alguna cantidad por parte del SCH. Sin embargo, un diario digital (Hispanidad, 20-2-03), informaba, parece que con propiedad, que la cantidad pagada a Corcóstegui ascendía a 117 millones de euros, es decir, más de 19.000 millones de pesetas.

El percibo de una cantidad tan absolutamente disparatada, para cuya apropiada calificación sólo podrían emplearse adjetivos como «sonrojante», «escandalosa» y, mejor aún, «vergonzosa», trasciende ad infinitum cualquier pacto lícito que lícitamente pueda convenirse entre particulares. Tratándose de una entidad bancaria que cotiza en las principales Bolsas mundiales y que cuenta con miles de accionistas y en la que sus ejecutivos han de extremar la diligencia porque su función consiste en administrar dinero ajeno, esa astronómica e inconcebible disposición de fondos —sin ninguna causa legal en que pueda apoyarse— acordada por Botín, como Presidente, y Corcóstegui, como Vicepresidente Primero y Consejero Delegado, constituye un delito societario o, alternativamente, una apropiación indebida de los fondos sociales.

Evidentemente, Botín y sus muchachos lo ven todo al revés ejerciendo su machacona doctrina al intentar sostener que el acuerdo relativo al pago se adoptó en el Consejo de Administración del banco, como si tal acuerdo pudiera ser un jordán purificador de cualquier dislate por descomunal que resulte. Y cabe preguntar también: ¿es que el Consejo de Administración puede lícitamente fijar una indemnización, sobre todo de un importe tan inconcebible, a favor de su propio Vicepresidente y Consejero Delegado? ¿Es que no resulta inconcuso en Derecho que en una sociedad anónima la Junta General puede cesar en cualquier momento a los consejeros, sin que la entidad venga obligada a pagar indemnización de ninguna especie? Pero es más, tratándose como aquí sucede de una renuncia, esto es, de una dimisión voluntaria, ¿por qué debe pagarse al señor Corcóstegui un solo céntimo por una decisión como la suya estrictamente potestativa? O sea, que en concepto de jubilación anticipada y como consecuencia de lo que llaman «buena gestión» en el banco fusionado durante tres años solamente, se le abonan a un jubilado tan joven (Corcóstegui al renunciar a sus cargos sólo tenía 50 años) nada menos que 19.467 millones de pesetas.

No obstante, otras fuentes daban cifras diferentes con desglose de la cantidad pagada a Corcóstegui, que cobró 34 millones de euros (5.657 millones de pesetas) en concepto de indemnización por cese, y los restantes 76 millones de euros (12.645 millones de pesetas) por capitalización del fondo de pensiones. Para situar la estratosférica indemnización venía a resultar que, por el penoso trabajo de siete años de consejero delegado, Corcóstegui había cobrado en junto cerca de 3.000 millones de pesetas por año. ¿Es que este aprovechado caballero no se embolsó además, durante esos siete años de actividad bancaria, los importantísimos emolumentos devengados por su cargo (varios cientos de millones anuales), aparte de las opciones sobre acciones del propio banco concedidas como un beneficio complementario? Parece que la ansiedad de uno —nuestro gran timonel— en controlar el banco a su antojo y de otro en vender caro su silencio a precio de platino no tuvo freno. Pero claro, nadie pagaba de su propio bolsillo todos estos desmanes.

Pero había más, Corcóstegui también blindó subrepticiamente su permanencia en el futuro banco fusionado con todos sus cargos al tiempo que, junto a Amusátegui, sometía al Consejo del Banco Central Hispano Americano la aprobación de la fusión, pero sin comunicar para nada a sus compañeros de Consejo el pacto indemnizatorio que había alcanzado de forma secreta con Botín. Y no contento con lo que allí se pactó aún se añadieron más mejoras convenidas a posteriori, a saber: el 16 de agosto de 2001 se celebra una sesión del Consejo de Administración del BSCH en la que se da cuenta de la dimisión de Amusátegui de todos los cargos que venía desempeñando en el banco. Pues bien, en el apartado 8.6 de los pactos establecidos en el proyecto de fusión decía: «[…] cuando cese como consejero D. José María Amusátegui de la Cierva [la vacante que se produzca en el Consejo] será cubierta a propuesta del Vicepresidente de mayor rango que proceda del Banco Central Hispanoamericano, S.A. […]». Y sucede que en ese mismo Consejo, Corcóstegui —que era el Vicepresidente de mayor rango— «renunció» a designar a un nuevo consejero, con lo que se altera el principio de igualdad, sobre cuya base se había acordado la fusión, todo ello en beneficio exclusivo de la parte procedente del Santander, por lo que Botín consigue tomar el control definitivo y absoluto del banco.

Y como los interesados no hacen nada de forma altruista, en esa misma fecha, el 16 de agosto de 2001, Botín pacta con Corcóstegui una «addenda» al contrato, que en el acta del Consejo se denomina «contrato de arrendamiento de servicios y contrato laboral de alta dirección sometido a condición suspensiva», como si fuera jurídicamente posible celebrar contratos de tal naturaleza en los ámbitos mercantil y laboral. El resto ya se ha dicho: al año siguiente, Corcóstegui renuncia a sus cargos y por tan desinteresada y altruista acción se le indemniza con la cifra más alta de las conocidas hasta ahora en el mundo financiero.

¿Cómo iba a explicar Botín una situación tan disparatada a los accionistas del Banco? Pues sencillamente no explicándola, ya que el panorama no podía ser más embarazoso, por lo que Botín y sus muchachos no dudaron en pasar por el bochorno público de suspender la Junta General de Accionistas prevista para el 22 de febrero de 2003, haciendo público algo tan grotesco como que la junta se aplazaba por las «incertidumbres políticas y económicas actuales». En realidad, el motivo del aplazamiento correspondía a otros propósitos: ya fuera confiar en el archivo de la querella que estaba instruyendo en el caso Amusátegui el Juzgado Central de Instrucción nº 3, ya fuera conseguir que se «enfriara» mediáticamente el escándalo, o por ambas cosas a la vez.

Para evaluar la excusa proporcionada por Botín, ningún otro banco, ni ninguna gran empresa entendió que las «incertidumbres políticas y económicas actuales» eran suficientes como para aplazar una junta de accionistas. El BBVA rindió cuentas a sus accionistas siete días después de la aplazada por el SCH. Lo indiscutible, lo que subyacía en la toma de decisión de aplazar la junta se debía a la antagónica situación de exaltar el triunfalismo de una gestión impecable, en contraste de la triste realidad: la pérdida brutal del valor de la acción del banco y el despilfarro en la gigantesca dádiva endosada a Corcóstegui. En la mente de Botín, casi con toda seguridad, rondaba la actuación en la junta de los exbanestos que tenían en este singular episodio munición de alto calibre para bombardear su grandilocuente discurso del «todovabien».

Para que todo cuadre con el aquí no pasa nada, el aplazamiento de la Junta llevaba adosado el aborto de la Memoria del ejercicio 2002, que, como es preceptivo, iba a repartirse, en la que debía figurar el pago mencionado al ex Vicepresidente primero y ex Consejero Delegado. El SCH ha procedido a la destrucción urgente de todos los ejemplares de dicho documento para que, al menos de momento, no queden rastro del latrocinio. No es de extrañar que Corcóstegui ingresara 18 millones de euros (2.995 millones de pesetas) en un banco de gestión de patrimonios de Luxemburgo. La enorme prisa del beneficiario por llevarse el dinero del dislate a un discreto paraíso fiscal lejos de posibles trabas o dificultades en caso de que se le exijan las consiguientes responsabilidades penales y civiles cuadran con la mangancia a la caja del SCH.

Es evidente que los perjuicios producidos por la administración desleal de las grandes sociedades cotizadas en distintas bolsas han de afectar a una multitud de accionistas; de momento, este y otros maléficos asuntos afectan a los tenedores del capital social del SCH formado por más de cuatro mil millones de acciones que cotizaban en las cuatro bolsas españolas a través del Mercado Continuo, así como en las de Frankfurt, Londres, París, las bolsas suizas, Milán, Nueva York, Lisboa y Buenos Aires. Más del treinta por ciento de la acciones pertenecían a inversores individuales residentes, de los que más de setecientos mil tenían una participación que no superaba las mil acciones.

Todo este contingente de personas, gente corriente, instituciones y fondos de inversión que tienen sus ahorros puestos en el SCH creen, ingenuamente en este caso, que los mecanismos de control funcionan. Tuvo que ser el letrado Juan Francisco Franco Otegui quien denunciara el mejunje que se llevaban entre manos los presidentes del Santander y del Central Hispano. Fue en el Juzgado Central de Instrucción Nº 3 donde recayeron las Diligencias Previas nº 352/2002. Pero la justicia siempre tiene un pero. Sin ir más lejos, veamos qué opinión tiene sobre este bochornoso asunto el fiscal del caso, Jesús Caballero. Dada la importancia objetiva que la función del Ministerio Fiscal reviste en el proceso penal, en su informe llega a la conclusión de que, siendo indiscutible el carácter de miembros del Consejo de Administración de Amusátegui y Corcóstegui, «sus retribuciones, de cualquier naturaleza, están reguladas por el artículo 37 de los estatutos del Banco». Lo más sorprendente es que, tras sentar tan obvia conclusión, el fiscal se suelta con otra más importante, y manifiestamente errónea, que viene a rematar la «parte civil» de su informe, aunque haciéndolo sin razonar ni fundamentar su tesis: «En resumen, se respeta el límite del cinco por ciento en la participación conjunta en beneficios para la retribución del Consejo de Administración».

El Ministerio Fiscal finaliza su informe sosteniendo que, si no hay ilicitud civil, menos puede haberla en el ámbito penal. Siempre pasa lo mismo, cada vez que Emilio Botín tropieza con la justicia siempre encuentra un primo de Zumosol que se cuida de sacarle las castañas del fuego. Cuando no es el fiscal Fungairiño, es el abogado del Estado, quien en el caso de las cesiones de crédito exculpan a Botín de todas sus hazañas de defraudación fiscal o de cualquier otra tropelía. Lo que una vez más queda acreditado es que la justicia es un instrumento en manos de los que disfrutan el poder para diluir, e incluso exterminar, cualquier acusación —por palmaria que resulte— que se les pueda imputar. Convendrán conmigo en que resulta harto sospechoso que sea siempre el Ministerio Fiscal —que tiene dependencia jerárquica en estructura piramidal con el Fiscal General del Estado, al servicio del gobierno de turno en la cúspide de la cúspide— el que vea siempre con buenos ojos las hazañas delictivas de Emilio Botín.

Una vez expuesto por dónde van los tiros, se hace necesario centrarnos en los motivos de tantísima generosidad de Botín con Amusátegui y Corcóstegui. No hace falta estrujarse las meninges para deducir que Botín compró a tanto el kilo la voluntad del Presidente y Vicepresidente del Central Hispano. Torcer la voluntad con tan considerable dineral trae causa del contrato suscrito entre Botín y Amusátegui el 15 de enero de 1999. Contrato que posteriormente fue ratificado por el Consejo de Administración del banco fusionado el 17 de abril siguiente. Ambos suscribientes se cuidan de presentar los hechos como si fueran neutros, debemos detenernos en ese contrato y analizar lo que en él se pacta para poder determinar si estamos en presencia de un acuerdo ordinario adoptado por los órganos de administración del SCH en uso de sus competencias o si, por el contrario, se trata de una disposición sin causa lícita de fondos del banco en beneficio exclusivo del que fuera su presidente y en perjuicio del conjunto de los accionistas.

Empecemos por preguntarnos qué sucedió el día de la firma del contrato. El Banco Santander y el Banco Central Hispano Americano llevaban tiempo negociando su fusión y en la fecha citada los presidentes de ambos bancos alcanzan por fin un acuerdo y convocan a sus respectivos Consejos de Administración a una sesión cuyo orden del día consiste exclusivamente en la aprobación del proyecto de fusión. Y comoquiera que uno de los acuerdos alcanzados consiste en que el Presidente del Banco Central Hispano Americano dejará la presidencia para que el banco fusionado esté en el futuro presidido únicamente por Emilio Botín, hasta entonces Presidente del Banco Santander, se conviene un pacto entre Botín y Amusátegui, pacto que no se comunica al Banco de España, ni a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del que tampoco se informa a los accionistas ni se recoge en la memoria anual, en virtud del cual Amusátegui cobrará una importantísima cantidad de dinero por dejar el banco, además de garantizarse una jubilación de oro.

Vamos viendo, simplemente tirando del hilo, que la compra de voluntad de Amusátegui consistía en que jugara el papel de Judas convenciendo al Consejo del Central Hispano de las bondades del acuerdo de fusión entre iguales cobrando a tanto el kilo. Eso sí, intentando desvincular la cantidad reconocida en favor de Amusátegui el 15 de enero de 1999 (cobrada luego efectivamente el 28 de agosto de 2001) de los pactos de fusión; así, Emilio Botín dijo en su declaración ante el Juzgado a preguntas del Ministerio Fiscal:

Que consideraron que no era conveniente aportar el contrato al proyecto de fusión ya que el mismo era una consecuencia lógica de la fusión y consideraron que la fusión era otra cosa y por tanto no era necesario la aportación. […]. Que esto no tiene nada que ver con que de la fusión nadie sacara ventajas, ya que este bono se da, como he dicho, por los méritos anteriores a la fusión.

Y Amusátegui declaró a su vez:

[En el proyecto de fusión] no se habla de este contrato, ya que éste tiene que ser aprobado por el nuevo Banco fusionado, este contrato era ajeno a la fusión, no la condicionaba para nada […]. Que el bonus no tiene nada que ver con la prohibición de ventajas, se trata de una jubilación que antes o después había que regular […]. Que cuando se habla de prohibición de ventajas se refiere a que nadie saque beneficios por la fusión.

No podemos dejar de incidir: ¿cómo puede decirse con semejante desenvoltura que se han retribuido justa y transparentemente los servicios de Amusátegui a la entidad, cuando el pacto se suscribe a la par que la fusión entre el Santander y el Central Hispano? Amusátegui aún no había iniciado su labor en la nueva entidad cuando se firmaron los contratos, y se pretende hacernos creer que con ello se retribuían sus servicios, unos servicios inexistentes, como puede verse. El proyecto de fusión aprobado por los Consejos de ambos bancos y depositado en la CNMV nada dice del contrato suscrito entre Botín y Amusátegui, con manifiesto olvido del artículo 235, apartado f, de la Ley de Sociedades Anónimas, según el cual el proyecto de fusión deberá mencionarlo obligatoriamente. Este pacto, ratificado por el Consejo de Administración del banco fusionado, permaneció oculto una vez concertado. No es admisible que el mismo día en que se aprueba la fusión de los bancos Santander y Central Hispano Americano se convenga entre los presidentes que Amusátegui percibirá, suceda lo que suceda a partir del momento de la fusión, la más disparatada e inconcebible jubilación que alcanza incluso a sus dos familias con inusitada generosidad.

Estos artistas del engaño han hablado siempre del «bonus de jubilación» o del «premio de jubilación» como una retribución extraordinaria en reconocimiento de la labor de Amusátegui al frente del banco, para desviar de una manera tan burda la auténtica naturaleza de la obligación pactada con Botín. Por lo que no es irrelevante en modo alguno analizar exactamente, aunque de manera sucinta, lo que en verdad pactaron ambos sujetos. Veámoslo someramente:

Una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 100% de las retribuciones recibidas por José María Amusátegui en el último año anterior a la jubilación, incluido el bonus o gratificación de fin de ejercicio. Adicionalmente, seguir cobrando con carácter vitalicio el 70% de la remuneración anual que reciba un consejero en activo de la misma categoría y puesto que ostentaba él mismo (es decir, el 70% de lo que cada año cobre el Presidente del banco). Como reconocimiento a «su extraordinaria labor», primero al frente del Banco Hispano Americano, después al frente del Banco Central Hispanoamericano y posteriormente en el Banco Santander Central Hispano, se ha de abonar a Amusátegui en el momento de su jubilación un bonus de 43.750.000 euros. Conservación de las suculentas stock-options. Y, finalmente, los servicios de secretaría, seguridad y avión del banco por si le apetece ir a dar una vuelta a Suiza para ver cómo se encuentran sus caudales.

¿Cuál era el interés en dejarlo todo tan atado y bien atado? ¿Por qué, si no tiene nada que ver este pacto con la fusión, también se conviene el mismo día? Todo lo sucedido permite afirmar que la cantidad reconocida a favor de Amusátegui, y luego la otorgada a favor de Corcóstegui (como la de otro consejero ejecutivo del Banco Central Hispano Americano, Antonio Escámez, del que nadie dice nada), son fruto de unos pactos secretos entre ambos presidentes en beneficio ilícito de los primeros ejecutivos del BCHA. Cuando alguien pacta algo en secreto, también es secreta la contrapartida: aunque lo sucedido se explica por sí mismo cuando está en juego la fusión de los dos principales bancos del país. Digámoslo bien claro: el pacto del día 15 de enero de 1999 es consecuencia de la fusión pactada y de las prebendas que Amusátegui exigió y negoció para sí, una exigencia formulada en su exclusivo beneficio, aunque tanto da si fue el promotor como si resultó tentado. Por ello había que dejarlo todo firmado y rubricado para evitar cualquier incertidumbre derivada de la peculiar personalidad de Emilio Botín, acostumbrado, según es público y notorio, a hacer siempre en «su» banco lo que le viene en gana. Para eso se trata del hombre más poderoso de España.

Con Corcóstegui pasó lo mismo que con Amusátegui. Botín se aseguró que se los quitaba de en medio, aunque nadie se podría creer que Corcóstegui, que trabajó en el Banco Central Hispano Americano un total de cinco años y en el SCH permaneció tan sólo tres, tenga por ello que «jubilarse» a su voluntad exclusiva a los cincuenta años de edad con una gigantesca retribución de 18.000 millones de pesetas. En el nuevo Consejo de Administración del banco fusionado se integraron como consejeros ejecutivos provenientes del Banco Central Hispano Americano, además de Amusátegui, Corcóstegui y Antonio Escámez Torres. Pues bien, estos dos últimos habían pactado —por los mismos sospechados motivos que Amusátegui— unas privilegiadas condiciones que no alcanzan al resto de los miembros del Consejo de Administración, lo que se aprobó en la sesión constitutiva del Consejo de la entidad fusionada, celebrada el 17 de abril de 1999.

Por lo que respecta a Corcóstegui, se suscribe dos días después un contrato de arrendamiento de servicios y contrato laboral de alta dirección curiosamente sometido a condición suspensiva. Se trataba, ello es obvio, de un contrato absolutamente innecesario, pues dado que la fusión de los dos bancos se realizó mediante la absorción del Central Hispano Americano por el Santander, la entidad fusionada, de forma obligada, asumía desde luego y se subrogaba en todos los contratos y pactos con vigencia en la entidad absorbida. Entonces, ¿por qué se hace este nuevo contrato con Corcóstegui? y ¿por qué se hace con Escámez? En fin, y especialmente, ¿por qué se hace con Amusátegui? Con la información y los datos aquí expuestos que cada uno interprete una respuesta.

Quizás esta respuesta sea coincidente con el criterio de la jueza Teresa Palacios, pese a que el fiscal pidió el archivo de la causa por considerar que no existía delito, la jueza, en un auto firmado el 16 de octubre de 2003, decidió confirmar la imputación de Botín, Amusátegui y Corcóstegui al apreciar un posible delito de administración desleal —penado con cuatro años de prisión— en las «ingentes sumas» abonadas a los ex altos cargos del SCH que abandonaron el banco, la jueza Palacios introdujo en su auto un elemento interesante, al menos para los letrados del banco que nunca más volverán a cometer un error tan ingenuo. Según la jueza, «no se alcanza a comprender qué facultades dispone el presidente del banco para acometer ese acuerdo privado en nombre de dicho banco a las puertas de una fusión con otro, y menos aún, que el señor Amusátegui actúe en su propio nombre y derecho, como si de un particular ajeno a la sociedad se tratara». «Parece» continúa la jueza Palacios, «que desde esa posición privada se actúe al margen del órgano directivo del BCH».

En ese auto, la jueza Palacios pone al trío de la bencina a parir, señala que las cantidades cobradas están reflejadas en unos contratos viciados de nulidad que no puede ser subsanada por un acuerdo de Consejo de Administración posterior, ni porque la Junta General de Accionistas haya aprobado las cuentas. El suma y sigue continúa, la instructora pone el dedo en el ojo de Botín cuando señala:

[…] el Sr. Botín, que es la otra parte contratante, ha provocado unos acuerdos calificables de nulidad radical utilizando los fondos de la entidad gestionada y no propietarios de ella para atenderlos contra un patrimonio del que carecen a estos efectos de facultad de disponer, pues los actos y contratos a los que sí se está facultado para contraer y obligar a la Sociedad han de venir presididos y con finalidad primordial de buscar el interés social, que es, a fin de cuentas, el bien jurídico protegido, tanto desde el punto de vista mercantil como en su vertiente penal.

Este párrafo, extraído del punto décimo de los razonamientos jurídicos del auto, pone de manifiesto que la jueza le ha tomado el tranquillo a las hazañas de Emilio Botín —la misma juez pide que se siente en el banquillo de los acusados por el caso de las cesiones de crédito—, le dice que él es gestor y no propietario del banco, y, más letal todavía: que sus actos se deben dirigir a «buscar el interés social» del banco y no el suyo propio. He traído a colación este párrafo para asegurar que tal manifestación —de administración desleal— no es una ocurrencia del autor en los diversos episodios narrados en el libro, sino que, al contrario, hay alguien más que la sostiene.

La conquista de América

En una visita a Venezuela, en noviembre de 2001, Emilio Botín afirmó que 2002 sería un año en que su entidad consolidaría las inversiones en Latinoamérica porque «apuesta a tope» por la región. «Hemos invertido 16.000 millones de dólares y seguimos apostando a tope por Iberoamérica», subrayó que el Grupo Santander es el principal consorcio inversor en la región y está presente en una docena de países, indicó que en el futuro inmediato «vamos a consolidar lo que tenemos, que es una cuota del 10 por ciento, aspiramos a conseguir un retorno de inversión del 15 por ciento, y esperamos mejorar los costes y bajarlos del 45 por ciento». También consideró un futuro lleno de esplendor con «unos planes muy ambiciosos, tenemos unos equipos magníficos de los cuales yo estoy muy satisfecho; en resumen, que estamos divirtiéndonos mucho y vienen unos años muy interesantes». Botín agregó que la «inversión que ha hecho el grupo es absolutamente a largo plazo», porque «para el grupo son esenciales los bancos que tenemos en Sudamérica y estamos tanto a las duras como a las maduras». De momento, 2002 fue un año más bien horrible, los accionistas del banco no tuvieron la sensación de divertimento que exteriorizaba Botín, y apechugaron con las «duras». Atrás quedaban unos años de frenética conquista de América que Emilio Botín había impulsado comprando bancos en una loca expansión.

Hay que reconocer que don Emilio —el padre del actual Emilio presidente del SCH— fue el primer banquero español que vislumbró el potencial del negocio al otro lado del Atlántico. Aunque empezó modestamente, supo ver la proyección del Santander en América. La primera singladura fue Puerto Rico, después fue Argentina, más tarde Venezuela. Al principio sólo se trataba de simples oficinas de representación, aunque no tardó en abrir sucursales propias. Después vino la compra de otros bancos y la red se extendió por todo el continente americano, en donde cuentan y no acaban de los innumerables enredos a cargo de las gentes que allí ha mandado la entidad cántabra.

Ser el principal consorcio inversor en Latinoamérica y estar presente en una docena de países es todo un mérito que empieza a estar reñido con la prudencia. Don Emilio propició un desarrollo en esa región paulatino; su hijo Emilio ha ido a por más desesperadamente. El Banco de España está particularmente preocupado con la eventual descapitalización del SCH provocada por la necesidad de dotar adecuadamente el riesgo de Banespa, el antiguo banco público del Estado de São Paulo, en Brasil. Las provisiones que el SCH ha tenido que llevar a su balance contable no son suficientes. Se estima que por cada 2% de activos latinoamericanos que el banco tenga que provisionar se verá obligado a capitalizar un 14% para mantener el volumen de capital y reservas requerido por la normativa.

En la carrera desenfrenada del Banco Santander de ir a por más bancos en Latinoamérica tiene una razón de ser. Las adquisiciones de estos bancos no se hicieron con pesetas de curso legal, ni con cualquier otra moneda al uso. La mayor parte de estas adquisiciones se hicieron con una moneda de pago propia del SCH: sus propias acciones. Como hemos visto en el primer capítulo —y acabaremos rematando en otro posterior— la moneda de pago han sido las emisiones de acciones nuevas que se intercambian como si fueran cromos por bancos que valen lo que valen, pero son adquiridos a un valor muy superior al que tienen realmente. La picaresca —por llamarlo de alguna manera— la practicó con éxito para su bolsillo el defenestrado Juan Villalonga. Por poner un ejemplo, Telefónica pagó un billón de pesetas por la productora Endemol. Escasos meses antes la mejor oferta por la productora no iba más allá de los 250.000 millones de pesetas. Villalonga pagó cuatro veces más, que el más osado interesado en la productora holandesa. Al estilo Villalonga, Botín adquirió por adjudicación la privatización de Banespa. Con esta adquisición el SCH se situaba en tercer lugar en el ranking de las instituciones financieras privadas de Brasil.

La sorpresa en la Bolsa de Valores de Río de Janeiro, después de abierta la oferta del Santander, todavía se recuerda como una de las cosas más raras del mundo. Una oferta que superaba con creces la de los otros concurrentes a la subasta. La espectacular oferta de 7,1 billones de reales brasileños equivalía a pagar casi tres veces el precio de salida. Más exactamente, la superoferta fue del 281% sobre el precio mínimo de 1,85 billones de reales. La oferta del segundo colocado, el Unibanco, fue de 2,1 billones, un 13,5% más sobre el precio mínimo. La otra oferta la concretó el banco Bradesco ofreciendo 1,89 billones, lo que tan solo incrementó el precio mínimo de salida en un 0,53%. En definitiva, el SCH pagó 7,1 billones de reales brasileños por Banespa, muy por encima del resto de competidores, más de tres veces los 2,1 billones que ofertó Unibanco, y casi cuatro por encima de los 1,8 billones que ofrecía Bradesco.

Parece evidente que la generosidad extrema que practica Emilio Botín, pagando casi tres veces más del precio mínimo de salida y 5 billones de reales brasileños más que el segundo competidor en la subasta, tiene algo que ver con el clásico negocio de cargarle al banco —como Villalonga se lo cargaba a Telefónica— un precio simulado que aparenta que se paga al vendedor, pero realmente una cantidad importante se desvía hacia los bolsillos de Botín y los suyos. Resulta que quienes tienen que controlar este tipo de operaciones tocan el violón y se creen a pies juntillas todo lo que «Don Emilio» dice y hace. Ni por asomo Banespa valía el billón de pesetas que el SCH pagó por este banco de origen público que, como banco de esta naturaleza, disponía de una astronómica deuda del Estado brasileño.

Los recursos propios del grupo Banespa rondan los 5,9 billones de reales, lo que quiere decir que su cartera de títulos públicos (en torno a los 25 billones) es cuatro veces superior a su patrimonio, una proporción que contrasta llamativamente con Bradesco, primer banco privado del país (con una cartera de títulos públicos de 20 billones, sólo dos veces superior a su patrimonio), y con Itaú, segundo (con una cartera de títulos sólo 1,5 veces superior a su patrimonio líquido). La conclusión es que la filial brasileña del SCH tiene poco negocio típicamente bancario, y que la mayor parte de sus activos son deuda pública, su característica esencial y definitoria. El problema de Banespa, y por tanto del SCH, es que el Banco de España está exigiendo que se provisionen las minusvalías que puedan existir entre el valor teórico de la deuda pública que figura en el activo de Banespa (25 billones) y su cotización en los mercados internacionales. Ocurre, sin embargo, que el bono brasileño a 1 año se cotizaba al 95% de su valor, con un descuento, pues, del 5%. El bono a 3 años, por su parte, lo hacía al 80%, con un descuento del 20%, mientras que el bono a 5 años cotizaba al 60% de su valor nominal, con un descuento del 40%. Esta es una de las razones importantes para ver nubes de tormenta en el horizonte del SCH. Esta adquisición nada bueno puede aportar a los accionistas del banco pero la loca carrera de Emilio Botín y los beneficios adicionales que le proporcionan estas descomunales adquisiciones de bancos lo justifican todo.

Si las nubes de tormenta aparecen por Brasil, en Argentina el SCH conoce ya el chaparrón. Botín adquirió una de las joyas de la corona en lo que a entidades financieras se refiere; el Banco Río de la Plata. Fundado en 1908, es una de las instituciones financieras líder en Argentina. Actúa como banco universal proveyendo servicios a corporaciones, empresas, individuos, gobiernos e instituciones financieras, con una amplia gama de productos y servicios financieros del mercado. El Banco Río es el segundo banco privado de Argentina en términos de activo y patrimonio neto. A finales del año 2000 contaba con una extensa red de distribución que incluía 272 sucursales, 229 puntos de venta, 606 cajeros automáticos, y una plantilla de 4.881 empleados. El número de clientes supera el millón. El Banco Río había otorgado el 8,3% de los créditos y, adicionalmente, gestionaba un 23,4% de los fondos de pensiones del país, ocupando la primera posición en este negocio. En fondos de inversión, la cuota era de un 13,6%. El 31 de diciembre —final del ejercicio— el volumen de los depósitos ascendía a 5.824 millones de pesos. Este volumen de depósitos representaba un 7,9% de todos los constituidos en Argentina.

En 1997 el Banco Santander Central Hispano adquirió el control de Banco Río, incorporando sus resultados al Grupo Santander Central Hispano por integración global. Desde entonces, el SCH ha ido aumentando su participación en Banco Río como parte de la estrategia del grupo hasta alcanzar en enero de 2002 el 98,84% de las acciones del banco argentino. El resultado neto del año 2000 fue de 231 millones de euros, en comparación con el año anterior los resultados se incrementaron en un 74,2%. El beneficio neto en el ejercicio de 2001 fue de 58 millones de euros. Nada que afecte a su solvencia por el concepto de ratio de morosidad. Según datos del propio balance del banco, la morosidad estaba situada a 31 de diciembre en un 4,6% y la tasa de cobertura de insolvencia estaba provisionada en 100,2%. Por lo que se ve no había razón contable que impidiera al Banco Río el retorno de los depósitos de sus clientes. En definitiva, un banco con beneficios, con reservas, con una morosidad dos puntos por encima de la media europea, es decir, nada del otro mundo y además provisionada (deducida esta pérdida de los beneficios).

Resultó que toda la solvencia que se esgrimía para captar a la clientela argentina era de broma. El SCH se desentendió de sus obligaciones compinchado con los políticos y arropado por una decisión tomada al unísono por la gran Banca de no devolver el dinero depositado por los clientes. A esta confiscación de los ahorros de todo un pueblo la llamaron amorosamente «corralito». A la hora de la verdad, es decir, en el momento de restituir los depósitos a sus legítimos titulares, Botín y su cuadrilla no tuvieron mala conciencia y durmieron todos a pierna suelta. Se amparaban de una manera inmoral en la excusa de la personalidad jurídica de su marca el Banco Río de la Plata, como entidad sujeta a la ley argentina, todo ello con infracción flagrante de las obligaciones que incumben a la casa matriz, de manera directa e indiscutible, en orden al reintegro de los fondos.

El argumento básico para la captación de clientes, que, hasta antes de la confiscación de las cuentas, había sido la solvencia del «Grupo Santander», se convirtió entonces en un asunto de broma. No hacía falta recordarles a los clientes el clásico «donde dije digo, digo Diego», sino que de una forma más explícita se venía a decir «si te he visto no me acuerdo». Lo cierto es que el nombre de Banco Río ha ido unido en todas las ocasiones, y sin excepción alguna, al del «Grupo Santander», y de esta manera, también sin excepción, figuraba en la documentación pública y privada de ambas entidades, que en la práctica conforman una sola entidad mercantil integrada en el Banco matriz, es decir, el Santander Central Hispano. Lo que no solamente consta así en la documentación bancaria, puesto que en cualquier oficina o sucursal del Banco Río puede verse que figura en primer término, con grandes caracteres, la expresión «Grupo Santander», para demostrar que la oferta que se hacía al mercado se amparaba en el prestigio y la responsabilidad del gran banco español.

Lo expuesto no se trata de juicios de valor, si no más bien de la fría enumeración de datos contables, cifras y situaciones, todo lo cual se desprende, sin lugar a ningún género de dudas, de la propia documentación del Banco Santander Central Hispano y del Grupo constituido en torno a la entidad matriz. El reconocimiento expreso del carácter de grupo bancario único y universal, la explícita asunción de responsabilidades por parte del SCH con relación a sus filiales, la intensísima política de propaganda y publicidad desarrollada en todos los países de Latinoamérica, especialmente en Argentina, todo ello corrobora la plena responsabilidad del BSCH en cuanto a su actividad bancaria en esa zona.

En toda la documentación el SCH figura de manera inequívoca y sin excepciones, según antes decíamos, y la casa matriz, que ostenta el protagonismo absoluto en las relaciones mantenidas con la clientela, hasta el punto de que a sus bancos filiales se les considera, única y exclusivamente, como una marca, esto es, el envoltorio, mientras que en la consideración global en el tráfico mercantil de los países latinoamericanos se ha destacado siempre la solvencia del SCH y de su Grupo como el paraguas protector para librar a los depositantes de cualquier tormenta económica, como la que descargó de una manera tan atroz sobre la República Argentina.

La abundantísima publicidad desplegada en todo el país venía a decir a los ahorradores que mantuvieran su confianza en el Banco Santander, porque con su inmensa fuerza económica éste respondería siempre ante cualquier contingencia. Lo que todavía cobra mayor relieve al haberse designado nada menos que como presidenta del Banco Río a Ana Patricia Botín, hija del omnímodo presidente del Santander, consejera del Santander y presidenta del Banco Español de Crédito, la más importante filial del Santander. ¿Es que cabe pensar que cuando una personalidad tan relevante del mundo financiero se pone al frente del Banco Río es porque esta entidad no tiene nada que ver con el Santander?

Podríamos decir que es cosa de bancos, también podríamos pensar que algo debe de haber de delictivo en vaciar una sociedad de sus fondos propios por el método «viva la Virgen», tal como el SCH, en una de las rapiñas más sangrantes de la historia económica del mundo mundial, ha llevado a cabo con total impunidad. La rapiña sobre el dinero de los depositantes fue colectiva. Los bancos representan los intereses financieros internacionales que se trasladaron a la Argentina durante los años noventa para saquearla, a través de prácticas usureras, envueltos en oscuras privatizaciones, fugas de capitales y lavado de dinero. Alrededor del 90% de la banca argentina está en manos extranjeras. A medida que la desintegración del sistema monetario global se aceleraba, el saqueo se volvió más frenético. Entre los selectos bancos que arramblaron los ahorros de los argentinos se encontraban el Honk Kong and Shanghai Bank Corporation (HSBC), el Banco Francés, cuyo mayor accionista es el BBVA, el Citibank, el Banco de Boston, el Fleet Boston Financial y, cómo no, el SCH.

Aunque tengan la apariencia de hechos circunstanciales, la mayoría de ellos están estratégicamente planificados, cuando menos el desequilibrio de la zona. Los especuladores obtienen mayores ganancias cuando hay alguien que pierde. El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene una opinión totalmente contraria al sentido común. Apoya a los bancos argentinos que apelan a la seguridad jurídica con el cumplimiento de los contratos suscritos con sus clientes y la aplicación de todas sus cláusulas. La seguridad jurídica reclamada tan sólo afecta a las condiciones que les favorecen. Después del corralito —la incautación de los ahorros de sus clientes— los bancos no solo pretenden que se les paguen sus deudas, sino que éstas, en algunos casos, se multipliquen al adaptar la depreciación sufrida por la moneda argentina respecto al dólar. Con este panorama, el FMI critica con dureza que el Parlamento aplazara las subastas de los bienes de empresas en quiebra y las ejecuciones hipotecarias de los particulares.

La receta del FMI para resucitar la economía argentina contiene la sorprendente arbitrariedad del crimen sin castigo o la impunidad total. El FMI considera como «preocupantes» los proyectos legislativos para que las casas matrices de bancos extranjeros se hagan responsables de la insolvencia de sus filiales en el país. Para acabar de completar las absurdas imposiciones el FMI se opone enérgicamente a que los jueces liberen a los impositores atrapados en el corralito de parte de sus ahorros, incluso en casos de extrema necesidad.

Es necesario apuntar que fue el Fondo Monetario Internacional (FMI) quien diseñó la política económica de Argentina, y que los políticos argentinos cumplieron al pie de la letra. Cuando el sistema impuesto por el FMI fracasó —en buena parte por la salvaje privatización de las empresas públicas— los bancos sacaron del país cuanto dinero pudieron, incluso los ahorros de los argentinos. Pasados varios meses del colapso económico, —el 4 de diciembre de 2001 se inició el «corralito»— se dejaba que el asunto se pudriera. El FMI no tomaba medida alguna para restablecer el orden económico en ese país. Hay indicios suficientes para pensar que la inactividad del FMI estaba sujeta a una decisión política que favorece exclusivamente a los intereses económicos de los EE.UU.

En todas las crisis en las que ha intervenido el FMI —Rusia, Asia, México…— ha sido el FMI quien ha puesto las condiciones. Siempre ha impuesto sus diagnósticos y aplicado las recetas que ha creído conveniente de forma implacable. En el caso de Argentina, tienen que ser los políticos argentinos quienes presenten propuestas al FMI que aparenta no tener ningún interés en aportar ni tan siquiera una solución «puente». El deterioro de la situación argentina afecta a sus vecinos. La caída del consumo frena las exportaciones de los países de su entorno. Cuanto antes se hubiera actuado sobre la Argentina, menor deterioro y de más fácil solución.

Brasil y Uruguay, los más afectados, son auxiliados por el FMI, es decir, se combaten los efectos, pero no así la causa que los provoca. La deuda externa de Brasil es mayor que la de Argentina, y no pasa nada. Bajo condiciones, el FMI inyectará en Brasil 30.000 millones de dólares —a plazos— por la sencilla razón de que la deuda externa del sector privado es de 85.894 millones de dólares, y están enganchados los grandes bancos estadounidenses. El Citigrup, y el Bank of America son los que más riesgo soportan.

La rapiña es más rentable que la asunción de responsabilidades. Es más rentable llevarse el dinero de los depositantes que devolver los fondos a sus titulares legítimos. Con mayor o menor renta, el pueblo argentino saldrá hacia delante, pero no olvidará jamás a estos delincuentes del crimen organizado que han tenido la osadía de, por salirse con la suya, martirizar a toda una nación. Es evidente que quien conozca estos hechos no puede ser indiferente al mayor fraude financiero de la historia mundial de la banca.

A pie de obra

El asalto a Banesto fue uno de los hitos que permitió al banco de Botín extender su imperio. Otro de los revulsivos de la expansión del Santander fue, como se ha apuntado, la defraudación fiscal a gran escala que se llevó a cabo con las cesiones de crédito. Pero todavía estaba por llegar el canto de sirena de una fusión por iguales con el Banco Central Hispano que acabó en tararí. En menos que canta un gallo, que fue lo que tardó Emilio Botín en echar a la calle a todo el consejo del BCH con José María Amusátegui a la cabeza, para así gobernar en solitario. De estos tres episodios que han elevado el perímetro del Santander hasta la estratosfera se ha tratado en este, y en los dos anteriores capítulos. Estas hazañas de Botín se han traducido en un banco de proporciones de gigante.

Pero para situarnos convendría ver la dimensión del océano financiero por el que navega Emilio Botín. Es líder en España, tiene 43.000 empleados, es el segundo grupo de la zona euro por capitalización bursátil, en Latinoamérica gestiona 16 bancos con más de 72.000 empleados, el número de oficinas sobrepasa las 4.600 y está presente en 12 países. En el resto del mundo, son 42 los países donde el SCH está instalado. La presencia del banco se extiende además por todos los países y plazas financieras relevantes. Entre otras tiene una posición destacada en Londres, Nueva York, Miami, Luxemburgo, Zurich y en todas aquellas donde se generan flujos financieros significativos. No hay parcela del negocio bancario que el banco no aborde. El Grupo Santander no para de crecer.

Para albergar la sede matriz de todo este imperio se está construyendo una ciudad financiera en Boadilla del Monte (Madrid), en la que el banco ubicará todas sus dependencias. Esta concentración de dependencias reducirá gastos, permitirá vender inmuebles céntricos, y mejorará el rendimiento de sus empleados: «No me van a oír decir que quiero que la gente trabaje menos horas, pero sí espero que aprovechen al máximo cada una de ellas». Así de rotundo se expresó Emilio Botín cuando presentó a la prensa el faraónico macroproyecto de la ciudad financiera. Cinco mil empleados se van a dar cita en este complejo. Superado este efecto, como de costumbre, el presidente del SCH mata dos pájaros de un tiro: con el rediseño del espacio y la marcha a Boadilla del Monte, el banco liberará 14 edificios de propiedad, y se quitará de encima el coste del alquiler de otros 11. Por la venta de los inmuebles ingresará 540 millones de euros, de los que 300 corresponden a plusvalías. Tomen nota de este dato —informado públicamente por el banco— ya que nunca jamás los accionistas verán un euro de las operaciones de venta que se realicen.

Pero volvamos al otro de los pájaros cazados con un tiro: la reducción de costes. La semántica de las palabras da mucho de sí. De cara a la galería y a los medios de comunicación queda suficientemente bien el término de «ahorro de costes». Pero veamos si el genoma de esta ciudad financiera no está contaminado por los especialísimos genes de la saga de los Botín. El episodio tiene su turbulenta historia ya antes de empezar a poner un ladrillo. La compra de los terrenos de tan fantástica ciudad financiera tuvo también un grado de fantasía. Les anticipo que el asunto va de suyo al más puro estilo Botín.

Para empezar, Boadilla del Monte no fue la primera de las opciones donde instalar la macrosede del Santander, fue Alcobendas. Quien se cuidó de negociar con el Ayuntamiento de Alcobendas por parte del Banco Santander, ya que la operación data de 1996, fue Leopoldo Arnaiz Eguren. Como la operación no salió bien se inventaron otra, evidentemente mejorando la presente. Para ir a tiro hecho no hay nada mejor que el soborno a funcionario público, convendrán conmigo que facilita mucho cualquier negocio. Si lo prefieren pueden sustituir lo de soborno puro y duro, por el devengo de honrosas comisiones, pero el negocio es el mismo.

El 26 de julio de 1996 el Pleno de la Corporación de Boadilla del Monte acordó la adjudicación de un contrato de consultoría y asistencia técnica para llevar a cabo labores de revisión del Plan General de Ordenación Urbanística, a la sociedad Ingorma S.L. Esta sociedad era el disfraz de Leopoldo Arnaiz y, a su vez, del Banco Santander. En esta ocasión la operación para adquirir los terrenos necesarios no podía fallar. Pagando, san Pedro canta. En el término municipal de Boadilla del Monte no se encontraba como urbanizable ningún solar o terreno disponible lo suficientemente extenso como para cubrir las necesidades del banco. Sin embargo, sí existía, en la zona conocida como Boadilla Sur, terreno suficiente para albergar el proyecto, si bien toda la extensión tenía la calificación de suelo rústico.

Una vez que Leopoldo Arnaiz entra de lleno en las labores de asesoramiento y consultoría —cobrando del Ayuntamiento más de 12 millones de pesetas— convocó una reunión con los propietarios de los terrenos. Les informó categóricamente que los terrenos de Boadilla Sur se quedarían para vestir santos, la ordenación urbanística los dejaba como monte reforestable. Con esta mala noticia a los propietarios de los terrenos, Arnaiz ya tenía puesta una Pica en Flandes. El paso siguiente sería ofertar a los propietarios precios a la baja para que vendieran unos terrenos que no tenían otra aplicación que no fuera oír cantar los pájaros y ver crecer los árboles por los siglos de los siglos.

Quien se ocupó de las operaciones de compra de los terrenos fue un hermano de Arnaiz disfrazado de «Luis Muñiz», tal como se presentaba ante los propietarios en una suplantación de personalidad para no descubrir el engaño que estaban perpetrando. La negociación se tornó las más de las veces en autentica extorsión y chantaje, por cuanto cada propietario remiso a la venta en los términos de la paupérrima oferta, era amenazado con las penas del infierno. Tal es así, que en algunas ocasiones se les manifestó que: «si no vendéis los terrenos os aseguro que quedarán para retama». La adquisición de los terrenos se hacía por parte de la sociedad Centros de Equipamiento de la Zona Oeste, S.A. que ocultaba especialmente la verdadera adquisición por el Banco Santander. Se trataba de una sociedad que se constituyó el año 1961 con el nombre de Hogarte, S.A. y cambió de denominación y de objeto social el 29 de junio de 1998, justo para cometer el latrocinio.

Para dar una dimensión de la trama urdida: se realizaron 70 operaciones de compraventa, donde se transmitieron 2.130.000 metros cuadrados de terreno, por los que se pagaron entre las 1.000 y las 2.500 pesetas por metro cuadrado. A finales de 1998, y una vez adquiridas las fincas necesarias para llevar adelante el proyecto, Centros de Equipamiento de la Zona Oeste solicitó al Ayuntamiento de Boadilla del Monte una recalificación de los terrenos adquiridos. Ya se podrán imaginar ustedes cuál fue la respuesta del Pleno del Ayuntamiento, conforme con el previo «secreto» compromiso de su alcaldesa Nieves Fernández Crespo con los representantes disfrazados, acordó aceptar la propuesta del Banco de Santander. El Expositivo en su pacto primero dice así:

Y.– Que la sociedad Centros de Equipamiento Zona Oeste, S.A., perteneciente al Banco Santander, ha formulado al Ayuntamiento solicitud de recalificación de los terrenos, en una extensión aproximada de unas 200 hectáreas en el área sur del municipio adquiridas recientemente para promover un Campus de Servicios Bancarios, que incluye centros de tecnología y desarrollo, telemáticos y de formación del propio banco, así como los equipamientos necesarios para desarrollar un centro autónomo.

En el pacto primero del Convenio se dice lo siguiente:

El Ayuntamiento llevará a cabo, en el marco de las previsiones del Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio, una modificación puntual del Plan General vigente en el ámbito de los terrenos adquiridos que se reflejan en el plano que se adjunta, a la vista de la importancia del complejo proyectado y la urgencia de su realización.

A la vista está que la urgencia de su realización no responde a ningún tipo de criterio urbanístico objetivable, ya que única y exclusivamente se recalifica el terreno en función de su actual titularidad de dominio del Banco Santander. Por lo que se refiere, sin embargo, a las fincas adyacentes ajenas al patrimonio del banco, continúan, como no, considerándose como suelo no urbanizable y sirven de ornamento forestal a la ciudad financiera. Como si fuera algo sagrado, ni tan siquiera se han delimitado los terrenos a recalificar, basta sólo con que consten que pertenecen al banco de Botín. De todo esto, que ha movido un ahorro de costes para el SCH de más de 20.000 millones de pesetas, y un desahorro directamente proporcional a los antiguos propietarios de los terrenos, nadie dice nada. Tan sólo el concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte Ángel Galindo Torres ha puesto el grito en el cielo. En su gloria, el nuevo alcalde, Arturo González Panero, debe de confundir la ciudad financiera con el Vaticano; la corporación del Ayuntamiento cabecea, no se sabe si por asentimiento o por reverencia al dios dinero.

Hay que añadir que todo este embrollo por no pagar lo que puedan valer los terrenos que la sociedad Centro de Equipamientos Zona Oeste, a través de la cual el Santander ha adquirido esta gran extensión de terreno, y que es por tanto la sociedad que ha centralizado el desarrollo y la ejecución urbanística de la denominada ciudad financiera, ha sido en todo momento objeto de ocultación ilícita en las cuentas del SCH. Pese a ello, en la Memoria del Grupo Consolidado correspondiente al año 1999, en concreto en los anexos I y II que figuran en las páginas 99 y siguientes, cualquiera podrá comprobar que, entre las 101 sociedades consolidadas más significativas que integran el Grupo Santander Central Hispano, y las 32 sociedades consolidables más significativas, no se encuentra la sociedad Centro de Equipamientos Zona Oeste. Esta sociedad no es una sociedad inactiva, ni es una simple tenedora de acciones, ni se encuentra en proceso de liquidación. Por lo que dicha sociedad, junto a otras 400, quedó excluida de la Memoria del Grupo y, por tanto, del conocimiento de los accionistas, del mercado en general, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de España y de las Bolsas donde opera o cotiza el Banco Santander. Tampoco pudo conocerse por qué no se presentaron sus cuentas en el Registro Mercantil.

Pero todo lo anterior es anécdota cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado la nulidad del proyecto urbanístico. Este tribunal ha cursado ciertos autos al Ayuntamiento de Boadilla del Monte con la orden imperativa de que se denieguen las licencias de construcción que estuvieran pendientes de emitir. Hasta aquí ha actuado la justicia; veremos cuánto tarda Botín en mover ficha, engrasar la maquinaria, y pasar cuentas bajo mano. En definitiva, en apañar el asunto de su ciudad financiera.

CAPÍTULO 7

LAS CUENTAS DEL GRAN CAPITÁN

A todos nos está permitido burlarnos de todo de forma discreta. En cambio, decir las cosas a la cara, sin rodeos, con el nominativo, el verbo y el acusativo en su lugar correspondiente, sin equívoco posible, no es tolerado; es ofensivo y la gente se aparta de nosotros si lo hacemos.

SAMUEL BUTLER

La podredumbre empresarial no tan solo huele por lo mucho que se embolsan los gestores de las sociedades, ni por el dato de que en 2002, los directores generales ganaron 400 veces más que el sueldo del empleado medio, ni tan siquiera por los exuberantes privilegios que se autoadjudican estos personajes, sino en la ruina de la clase media, pequeños accionistas y empleados que creyeron en el capitalismo popular. La plutocracia dorada impulsada en la etapa de Thatcher y Reagan afecta directamente a la democracia. En palabras de Kurt Eichenwald, se trata de «capitalistas que quieren acabar con el capitalismo».

La contabilidad creativa según la cual dos más dos no son cuatro, sino unos cuantos millones de dólares, se debe a la confraternización de los auditores con los gestores de las grandes empresas. Para la bendición de las cuentas los auditores han desarrollado un sofisticado lenguaje encriptado que ni siquiera los más expertos pueden descifrar. Los informes de auditoría tanto sirven para entender una cosa como para entender lo contrario. Lo importante es que sea incomprensible e irrelevante, como en la historia de aquel que va en globo aerostático, cae en un campo y pregunta a un campesino: «¿Dónde estoy?». Le responde el campesino: «En la Tierra». Y el del globo le pregunta: «Oiga, ¿usted es economista?». «¿Por qué?», le pregunta el campesino. «Pues porque me ha dado una respuesta exacta, pero irrelevante».

Buena parte del sistema financiero se sostiene en el palo mayor que representa el trabajo de los auditores que garantizan la solvencia y marcha de las sociedades que cotizan en Bolsa. Con esta simulada garantía se da gato por liebre y la podredumbre empresarial se extiende por el mercado bursátil y el olor a mierda se percibe a kilómetros de distancia. En buena parte el olor se debe a la comilona escatológica de dos economistas auditores en paseo dominical, donde un experimentado economista y un economista novato caminaban por la carretera, hasta que se encuentran una mierda en el asfalto. El economista experimentado en un alarde de desafío le dice: «¡Si te la comes te doy 20.000 dólares!». El economista menos experimentado piensa en su problema de optimización y resuelve que estaría mejor si se la comiese, así que se la come y recoge el dinero. Siguen andando por la misma carretera y se tropiezan con otra mierda. El economista novato dice: «Ahora, si tú te comes esta mierda te daré 20.000 dólares». Después de evaluar la propuesta el economista experimentado come la mierda y recoge el dinero. Siguen caminando y el economista novato piensa en alto: «Escucha, tenemos la misma cantidad de dinero que al principio pero los dos hemos comido mierda. No veo en qué hemos salido ganando». El economista experimentado contesta: «Bien, eso es verdad, pero pasas por alto el hecho de que hemos estado implicados en un negocio de 40.000 dólares».

No se pierdan lo que viene a continuación, no se trata de esta clase de negocios de 40.000 dólares, se trata de otros con mucha más mierda y mucho más olor. La cosa va de la confraternización de los gestores del SCH con sus auditores. Pasen y vean la charanga que se llevan al hacer las cuentas del Gran Capitán.

Sobredosis de entusiasmo

Un fantasma recorre el mundo. El capitalismo está seriamente enfermo, el sistema se halla afectado por una tumoración que hasta ahora estaba contenida y disimulada por una descomunal faja bordada. Los escándalos financieros y la crisis recurrente empujan a la putrefacción a superar la punta del iceberg. El problema es tanto mayor por cuanto el capitalismo carece de alternativas. Las instituciones fundamentales para su funcionamiento no sólo no dan la talla, sino que han sido ampliamente superadas por una banda de maleantes que no se detienen ante nada, impulsados por una descomunal codicia. Los ciudadanos se han percatado de la avaricia de los mercaderes. Las bolsas de valores, los mercados donde cada vez más ciudadanos depositan los ahorros, se deprimen; quedan atrás aquellos días de vino y rosas en que se creyó que en las bolsas solo se podía ganar dinero.

En diciembre de 2001 la crisis llegó al corazón del sistema y Enron, una empresa de energía adulada por todos, se precipitó súbitamente a la bancarrota. Había comenzado la era de la contabilidad creativa, mejor dicho, lo que empezó fue el apercibimiento de que los balances contables hacía años que estaban maquillados con los mejores potingues de belleza. La economía del engaño se transmitió con la velocidad del rayo de una a otra empresa. Los gigantes acabaron enseñando el culo y sus pies de barro. El sistema ha acabado tambaleándose, durante décadas se ha ido socavando a base de fraudes e instalando un capitalismo de amigotes. La contabilidad creativa impulsada por las grandes firmas de auditoría ha llevado a Arthur Andersen a desaparecer del mercado al evidenciarse su confraternización con sus clientes. A partir de este episodio el mundo se ha venido abajo. La crisis de confianza entre los inversores y los gestores de las empresas que cotizan en Bolsa se ha instalado por mucho tiempo.

La solución milagrosa que se aplica a este cáncer tumoral es una tirita de esparadrapo con unas gotas de mercromina, equivalente a la aplicación de códigos de buen gobierno donde los consejeros de las grandes empresas sean externos. Una autorregulación que no se la cree ni el más tonto del pueblo. Sin ir más lejos, según la Memoria del SCH para 2002, los consejeros del Banco son «ejecutivos» y «externos» y, dentro de esta última categoría, hay consejeros «dominicales», «independientes» y «otros» (designación en que, paradójicamente, se clasifican los inclasificables). Pero en realidad existe una categoría adicional no catalogada oficialmente: la de los consejeros «dependientes», lo que parece contradecir los predicados de independencia que proclama dicha Memoria. En ella puede leerse: «El Consejo entiende que la independencia, que ha de ser de criterio y basada en la solvencia, integridad y profesionalidad de cada consejero, debe predicarse de todos ellos… No obstante, y en línea con los criterios de los Informes Olivencia y Aldama, incorpora el concepto de Consejero independiente, definiéndolo en el artículo 5º del Reglamento». Y añade que, aplicando los criterios de dicho artículo, «se consideran» independientes, entre otros, los consejeros Manuel Soto Serrano y Abel Matutes.

La independencia de Abel Matutes resulta ciertamente discutible. El artículo 5º del Reglamento del Consejo exige, para que los consejeros disfruten tan honroso título, que «no tengan o hayan tenido relaciones con la Sociedad o el Grupo que puedan mermar su independencia». Pues bien, según la página 172 de la Memoria, el total de créditos y avales concedido por el banco a sus consejeros al 31 de diciembre de 2002 ascendía a 15.531.000 euros. Pero, si vamos al detalle individual, resulta que prácticamente la mitad de esa cifra corresponde al ex ministro Matutes, que tiene recibida del propio banco financiación por 7.008.000 euros, ¡nada menos que 1.166 millones de pesetas! ¿Es que tener recibida financiación del banco por más de mil millones de pesetas no «puede mermar su independencia»? ¿Puede ser Matutes realmente independiente si él solo disfruta de la mitad de los créditos concedidos por el banco a sus consejeros?

Y, por lo que se refiere a Manuel Soto, hay que recordar que el mismo artículo 5º del Reglamento del Consejo incluye, como otra de las circunstancias requeridas para la independencia de los consejeros, «que no se hallen vinculados por razones familiares o profesionales con consejeros ejecutivos». Manuel Soto fue, hasta su incorporación al Consejo del SCH, presidente de Arthur Andersen, la firma que durante años ha auditado las cuentas del banco, podríamos decir que era el zorro que guardaba las gallinas. Como es sabido, tras el cataclismo de Arthur Andersen provocado por el asunto Enron, la auditora ha sido sustituida por Deloitte & Touch, que ha «heredado» la mayor parte del personal de Andersen y tiene su sede social en las mismas oficinas de Arthur Andersen: el mismo perro con distinto collar. Por otra parte, y ésta es la parte principal, los auditores conchabados plenamente con Botín ya se pueden quedar todos ciegos que serían recontratados con el disfraz de Deloitte & Touch o con otro cualquiera. Lo esencial es que se queden mudos aunque sea elevándoles al sanedrín del consejo. Los controles están desactivados.

En teoría, el mayor esfuerzo que tendrían que hacer los saqueadores instalados en los órganos de dirección y control de las sociedades que cotizan en Bolsa sería el de rendir cuentas a una asamblea de propietarios congregada como junta de accionistas. Pero tal esfuerzo no existe, los saqueadores —conscientes de sus actos— superan este obstáculo convirtiéndolo en un ritual. Las juntas de accionistas de las grandes empresas e instituciones financieras se han convertido en un acto más social que societario. El control de los órganos de administración de estas sociedades, que se supone radica en la asamblea de accionistas, es pura entelequia. En realidad, ni tan siquiera se guardan las formas mínimas. El consejo de administración es quien domina y controla la junta y, por derivación, a los accionistas. Se ha dado la vuelta al espíritu de la ley societaria. Los accionistas son meros comparsas de un acto propagandístico que los administradores dosifican a lo largo de sus intervenciones. La sobredosis de entusiasmo y autofelicitación por la labor realizada resulta insuficiente si se compara con la gestión que se anuncia para el próximo ejercicio.

En sí, las juntas de accionistas son un acto de reafirmación de lo bien que lo han hecho los gestores de la sociedad. Todos los acuerdos están resueltos y aprobados de antemano. Por muchos accionistas que se congreguen en la sala de actos, éstos representan a lo sumo el 0,001% —pongan ustedes todos los ceros que quieran— del capital social. Por el contrario, los gestores del banco se presentan con sus propios títulos —que como mucho representan el 3 o el 5% del capital social—, pero lo que les da la fuerza arrolladora es el voto delegado. Sociedades interpuestas, carteras de valores, fondos de inversión y miles de pardillos despistados delegan la facultad de voto en el sanedrín que gestiona la sociedad como si fuera suya.

En el discurso del presidente, cual director de orquesta, todo son parabienes por lo que ha acontecido y lo que está por acontecer. Hoy se dirá que el becerro de oro está en Internet, por lo que no se dejará perder la ocasión en la toma de posiciones en el reparto de este singular metal. Pero si al año siguiente el becerro de desinfla y las empresas puntocom pasan a mejor vida, ni se menciona el asunto. El becerro no dejará de ser una anécdota cuando se dispone de la vaca sagrada de los beneficios y del mangoneo. Tan alimentada ha estado la vaca, que hoy en día los activos ocultos por los administradores están en sociedades desaparecidas y situadas en paraísos fiscales, ahora del todo imposibles de desenterrar. El informe del auditor —que el sistema financiero coloca como guardián de la verdad contable— es pura broma. Cualquier parecido de las cuentas presentadas a los accionistas con la realidad contable es pura coincidencia. Los informes de auditoría se compran a tanto el kilo, pero ya habrá tiempo suficiente para explayarse sobre este asunto.

Cuando los administradores acaban con sus discursos del todovabien, toca la hora de dar la palabra a los accionistas presentes, que es una mera formalidad, ya que su exposición formulada con el ruego de respuesta es contestada con el equivalente a un «muchas gracias señores accionistas por su asistencia y hasta la próxima junta, que sean ustedes muy felices». Así, de esta forma, se despachan los ruegos y preguntas formulados. Los acuerdos societarios son leídos en forma de rosario, ora pro nobis, o cualquier letanía ininteligible. Nadie de los presentes puede enterarse de una lectura en busca del récord Guinness de rapidez expositiva. La aprobación de los acuerdos se hace por votación virtual, lo que quiere decir que nadie sabe lo que aprueba pero lo importante es estar de acuerdo con qué se acuerda. En definitiva, la votación más parece una representación de manicomio donde los enfermos son los más cuerdos. Los accionistas son meros comparsas de este acto de votaciones a la búlgara.

En cambio, monopolizan la petición de palabra los aduladores contratados, y de vez en cuando un espontáneo con reclamaciones recalcitrantes de poca monta salta al ruedo. Estas intervenciones sirven para fingir que la puesta en escena tiene oposición. Pero si alguien insinúa, entre otras precisiones, que no se reparten los beneficios convenientemente, es decir, que está ocultando beneficios a sus accionistas, lo tiene crudo. Sobre tan importante cuestión, el director de la orquesta entonará otra letanía que según la prensa al día siguiente «demostraba una gran habilidad». Dicho de otra manera, que se pasó al ingenuo accionista por el forro del becerro. Lo que destacará la prensa comercial como virtud será la habilidad del presidente para burlar a los accionistas con una respuesta que viene a decir, sin rubor alguno, que si se ocultan beneficios es la demostración más ostensible del saneamiento contable. Bajo la careta de la prudencia valorativa se esconde la continuada ocultación de unos activos que la semántica de las palabras elude llamar por su nombre.

Despejado el camino de molestos accionistas que preguntan, el secretario del consejo de administración dará lectura a los acuerdos que la junta deberá aprobar a la velocidad inaudible del bla, bla, bla. Finalizada la lectura de un acuerdo se pasará al otro, tan sólo con décimas de segundo de intervalo, menos del tiempo suficiente para que el presidente salte como una liebre con el consabido «¿Se aprueba?». No habrá acabado el presidente de pronunciar el vocablo, cuando el secretario ya estará a casi la mitad de la exposición del siguiente acuerdo. No obstante, harán falta dos codazos por parte del vertiginoso orador para despertar al sexagenario presidente de su letargo en la exposición monótona e inaudible del secretario del Consejo. En definitiva, un puro trámite que se salda con el «quedan aprobados», y quien disienta tiene el camino libre hacia la puerta.

Al día siguiente de la junta general de accionistas de cualquiera de las grandes sociedades y grandes bancos, los medios de comunicación destacan los mensajes propagandísticos puestos en boca de los administradores. Una vez transmitido el mensaje del «todo va bien y aún irá mucho mejor», los medios de comunicación, completándolo con su cosecha propia, lo elevan a la enésima potencia. No se hace ni una sola referencia a ningún aspecto que pueda aportar sombra a la gestión de los administradores. Las preguntas formuladas por los accionistas, por importantes que sean, no tienen auténtica respuesta, ni son recogidas por los medios, que no pueden ocultar su enfado porque puedan surgir díscolos accionistas que les emborronen la plana.

Todo aquel que no alabe la gestión de los administradores entra a formar parte del cuerpo de infantería subversiva. Las manifestaciones planteadas por los accionistas y la petición de respuesta pasan a formar parte de un acta calificada de secreto del sumario. Nadie conocerá las respuestas solicitadas, ni siquiera se sabrá el destino de cualquier sociedad participada al 100% que haya desaparecido en el combate con los centenares de sociedades que constituyen el activo. Estas sociedades, con unos fondos propios de miles de millones que prácticamente superan los fondos propios declarados, desaparecen del balance sin explicación alguna. Y al igual que desaparecen sociedades, los beneficios pueden simularse virtualmente.

Lo descrito se ajusta al pie de la letra con lo que acontece en las juntas de accionistas del SCH con el agravante del estilo carcelario que impone Emilio Botín a aquellos accionistas que él considera díscolos al formularle preguntas subversivas. Desde hace unos años concurren a la junta varios accionistas que toman la palabra —es un decir lo de tomar la palabra, ya que Botín ha encontrado la forma de sacarse de encima al orador cuando dice lo que no le gusta: corta el sonido—. Tal cual le ha sucedido a Rafael Pérez Escolar cuando ha expuesto verdades como puños, y Botín le limita su locución a cinco minutos de exposición. Otras preguntas que formulan Juan Francisco Franco, Antonio Panea, y Javier Sotos, junta tras junta, se quedan sin respuesta por parte del presidente del SCH. Al fin y al cabo son preguntas exclusivamente referidas a las cuentas del banco, de las que los administradores están obligados a dar respuesta. Veamos si la infantería subversiva que representan estos accionistas tienen razón al solicitar explicaciones sobre las cuentas de tan monumental banco.

El oscurantismo contable es intencionado. Tan sólo se informa del saldo, sólo se ve si éste sube o baja, pero no qué sociedades se han adquirido o cuáles se han vendido, si no son citadas explícitamente por los administradores. De ahí la razón de las preguntas. En fin, nos enteramos de lo que los gestores quieren que nos enteremos. No se incluye detalle alguno de las ventas, liquidaciones y traspasos a sociedades del Grupo y los resultados obtenidos. No se facilitan importes de las inversiones y adquisiciones. Consecuentemente, miles de millones transitan por el balance contable y desaparecen sin la más mínima explicación por parte de los administradores.

La cuestión fiscal ha transitado de la opacidad a la oscuridad total. No hay desglose de esta partida, y todo se incluye en el saco de los «derechos activos frente a la Hacienda Pública derivados del grupo fiscal consolidable». Es necesario, pues, un acto de fe por parte de la inspección de Hacienda, si ésta no lleva un retraso de cinco años para coincidir con la prescripción de lo defraudado. Se incluyen en cuentas que llevan el título de «Hacienda Pública» partidas correspondientes a prejubilaciones, ya que parte de ellas se satisfacen con supuestos impuestos anticipados. No se da información del volumen de recursos gestionados por los bancos y sociedades filiales en paraísos fiscales. No se incluye en la Memoria una conciliación efectiva entre resultado contable y base imponible, lo que hace totalmente imposible establecer una tributación fiscal. El objetivo es no delimitar el perímetro exacto del banco. El misterio de los «minoritarios» y el Grupo recorre el balance como un fantasma; todo se confunde y todo es de quita y pon.

El artículo 35 del Código de Comercio establece que: «La memoria completará, ampliara, y comentará la información contenida en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias». Evidentemente, el banco de Botín no parece que esté de acuerdo con aquellos preceptos legales que obligan a rendir cuentas a los accionistas, y con parrafadas grandilocuentes sobre lo mucho que van a ganar despacha el asunto felicitándose de ser un lince. No obstante, algo de lince debe de tener cuando ha sido capaz de engañar a tantísima gente, durante tanto tiempo. La sabiduría popular dice que «pagando, san Pedro canta». Esto puede ser cierto, pero sólo en parte, habrá que reconocer que Emilio Botín ha recibido genéticamente los cromosomas que le permiten sostener tan mastodóntico engaño. Básicamente, la ocultación contable y el banco paralelo se esconden a través de las sociedades participadas, los paraísos fiscales y la emisión de acciones con exclusión de los accionistas.

La exposición contable del SCH supera el esperpento y llega a la parodia, cuando ocultan el exceso de sus beneficios y los sitúan, en un acuerdo tácito, a un nivel que ronda el porcentaje parejo de incremento sobre el año anterior. Una vez obtenido el resultado acordado, construyen el balance de abajo hacia arriba y se asignan importes a las partidas contables para que todo cuadre. Si todo esto puede parecer disparatado, volvamos sobre las huellas documentadas de una entidad concreta donde se puede apreciar que tan sólo el 50% de los beneficios del SCH llega a los accionistas. En 1999 el SCH ganó 1.872 millones de euros (311.511 millones de pesetas) pero sólo informó haber obtenido 951 millones de euros (158.315 millones de pesetas). No es necesario montar una exhaustiva investigación para reparar en este descuadre. Según se puede leer en el informe del auditor Arthur Andersen adjunto a las cuentas presentadas por los administradores del banco, en su párrafo 4º se dice textualmente:

En consecuencia, para corregir el efecto acumulado de los fondos sin asignar específicamente al 31 de diciembre de 1999, sería necesario incrementar el resultado neto del ejercicio terminado en dicha fecha en 153.000 millones de pesetas aproximadamente; de los que 111.000 millones de pesetas aproximadamente, proceden de ejercicios anteriores.

Ahí está este párrafo para quien tenga curiosidad en comprobarlo, aunque evidentemente las autoridades económicas y de supervisión ni han tenido, ni tienen, ni tendrán tiempo que perder en esta pequeñez de 919 millones de euros de nada. El truco para ocultar los beneficios —que acaban desapareciendo del balance del banco por arte de magia— está en este simple párrafo antes expuesto. Esto es lo que se deduce de la opinión del auditor cuando dice que en este ejercicio de 1999 se deben incrementar 919,5 millones de euros a los beneficios. Es importante sustanciar que 667 millones provienen de ejercicios anteriores. Es precisamente la concatenación con otros ejercicios lo que permite a los administradores del SCH que estas provisiones de riesgos queden diluidas en otras y confundidas sin más explicación. Es una práctica habitual que los administradores del SCH formalicen provisiones para riesgos, y posteriormente se olviden de ellas. De esta forma se sustraen de los beneficios del ejercicio unos resultados que, cuanto menos, quedan «aparcados».

El auditor ya se expresó en estos mismos términos al referirse a las cuentas del ejercicio de 1998 —el ejercicio anterior— de las que dice que «deberían de haberse incrementado en 102 mil millones de pesetas, aproximadamente». También, cuando se refirió a las cuentas del ejercicio de 1997 —el anterior del anterior— dejó constancia de que «en consecuencia, el resultado del ejercicio de 1997 debería ascender a 142.409 millones de pesetas, en lugar de los 59.030 millones de pesetas que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta». En definitiva, la práctica habitual que mantenían los administradores del Banco Santander se ha trasladado al BSCH, ya que se siguen provisionando riesgos inexistentes. A ello hace referencia el auditor en el informe que ya hemos visto, con el siguiente texto:

El capítulo «Otros Pasivos» del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 1999, incluye fondos por importe de 128.000 millones de pesetas (Nota 12) constituidos en cobertura de plusvalías originadas por ventas intergrupo, que no son necesarias por haberse materializado posteriormente las plusvalías en las que tienen su origen.

Traduciendo el contenido de este párrafo, puede deducirse que se retienen de los resultados 769 millones de euros, al considerar los administradores que estas plusvalías están todavía pendientes de materializarse, y por esta razón las «aparcan» en el pasivo del balance. El auditor les está diciendo dos cosas: primero, que al ser el supuesto riesgo por ventas intergrupo, no es necesaria tal provisión; y segundo, y más dañino, que esta operación se ha culminado en ese ejercicio o con anterioridad. Por lo tanto, la plusvalía se ha materializado sin incidencia alguna, por lo que se debe incrementar el resultado del ejercicio. No hay ninguna razón para mantener la plusvalía de la operación «aparcada» en el capítulo de «Otros Pasivos». Concretamente, la única referencia explícita sobre el «aparcamiento» es la contenida en la página 42 de la información ofrecida a los accionistas para la Junta General del 4 de marzo de 2000, donde se dice:

Adquisiciones y retiros. – Banco Comercial Portugués, S.A. (BCP). Al 31 de diciembre de 1998, la inversión del Banco en el capital social del BCP ascendía a un 13,78%, el Banco enajenó a terceros esta participación, generándose unas plusvalías de 67.819 millones de pesetas. Dichas plusvalías han sido abonadas al epígrafe «Otros Pasivos» del balance de situación.

Conviene destacar que una sola operación —en este caso la enajenación de la participación en el BCP— supuso unas plusvalías de 407 millones de euros. Dicho de otra manera, el 42,8% de los beneficios declarados por los administradores del banco aquel año provenía de una sola operación (el resultado antes de impuestos en este ejercicio fue de 951 millones de euros). Adicionalmente, en la página 49, los administradores hacen mención de los 769 millones de euros antes citados por el auditor. Concretamente se refieren a que:

128.216 millones de pesetas [pertenecen] a fondos constituidos en cobertura de plusvalías efectivamente realizadas por ventas a terceros que provienen, básicamente, de la venta de las participaciones de First Union Corporation (1997), Banco Santander Puerto Rico —venta a terceros de acciones preferentes liberadas (1998) y Banco Comercial Portugués, S.A. (1999).

De no haberse producido este «aparcamiento», el resultado de este ejercicio hubiera sido de 1872 millones de euros (311.511 millones de pesetas), lo que equivale a decir que el 50% de los beneficios «voló». Según se señala en la información presentada por los administradores del SCH, que recoge la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1999, el resultado antes de impuestos era de 951 millones de euros, y el resultado neto del ejercicio fue de 869 millones de euros, de los que se destinaron a reservas 378.600 euros, y el resto, a dividendo. No obstante, los administradores del SCH, para salvaguardar responsabilidades, dejaron una interesante coletilla en la información trasmitida a los accionistas, que dice así: «Adicionalmente, el dividendo a cuenta acordado y pendiente de distribución al 31 de diciembre de 1999 figura registrado en el capítulo “Otros Pasivos” del balance de situación de diciembre de 1999». De esta forma vinculaban la cuenta «Otros Pasivos» con el dividendo a percibir por los accionistas. Toda esta operativa no deja de ser una vía para oscurecer los resultados del ejercicio, «aparcando» siempre resultados, de los que se acaba perdiendo el rastro en ejercicios posteriores al no quedar definidos de forma explícita su origen ni su posterior aplicación.

A estas alturas del relato, esperemos que haya quedado claro cuál es la metodología de la ocultación de resultados en la cuenta «Otros Pasivos»: se retienen cantidades importantísimas de los resultados, con la argucia de que no son disponibles por una razón inadecuada. Cuando transcurre el tiempo (dos o tres ejercicios) se revierten al capítulo de «Beneficios Extraordinarios», pero ya la cuantía no es la misma que la retenida originalmente. La metodología sigue y sigue de forma imparable, así que puede evidenciarse en el informe del auditor referido a las cuentas de 1998:

Con fecha 3 de febrero de 1999 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Santander del ejercicio 1998, que contenía una salvedad por efectos de haberse amortizado anticipadamente en ejercicios anteriores determinados fondos de comercio, lo que daba lugar a que, en nuestra opinión, los fondos de comercio de consolidación y el resultado atribuido al Grupo (en concepto de «Beneficios Extraordinarios») que figuran en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 1998, deberían haberse incrementado en 102 mil millones de pesetas aproximadamente.

Así, con esta operativa, se provisionan riesgos inexistentes, o se amortizan anticipadamente; la cuestión es que siempre y de forma concatenada se juega con la cuenta «Otros Pasivos» donde las plusvalías se retienen «aparcándolas», y con posterioridad se dejan «gotear» cuantías en «Beneficios Extraordinarios», o bien se provisionan riesgos, que tal vez ni existen, anticipando su amortización en varios ejercicios con tal de disminuir los resultados del ejercicio.

La metodología se usa para oscurecer los resultados, tanto es así, que en el ejercicio de 1997 los administradores del Banco Santander no incluyeron en la Memoria de este ejercicio el informe del auditor que, concretamente, manifestaba la ausencia de los citados 501 millones de euros en los resultados del ejercicio. Este informe de auditoría, sustraído de la información dada a los accionistas, figuraba en el «Folleto» explicativo de la OPA del Santander a Banesto. Pocos, o más bien ninguno, de los accionistas conocieron la opinión del auditor con respecto a la falta de dividendo que ese año se repartía.

Los papeles de trabajo

Las continuas revelaciones de la mangancia que practica Botín a la caja del banco fueron apareciendo una tras otra en las paginas de una publicación mensual, con el título de La Banca dirigida por quien esto escribe. Durante los tres años que estuvo en el mercado fue un látigo de castigo para los prebostes de la banca. Hasta entonces nunca nadie se había permitido desafiar al poder económico tan osadamente aportando todo un lujo de detalles de cómo estos caballeros, señores del dinero, se las inventaban para saquear instituciones donde los accionistas eran meros comparsas que bailaban al son de la música que les tocaban. Cuando por fin pudo salir a la luz, en las páginas del libro El Poder, la milonga que había maquinado nuestro gran timonel con la desaparición de cuantiosos beneficios, y de centenares de sociedades participadas por el banco, la lectura podía parecer una sobredosis de ocurrencias —por lo inverosímil— teniendo en cuenta que se trataba del primer banco del país y de una familia de la más alta alcurnia bancaria.

La fantasía atribuida al autor se iba diluyendo conforme el lector se introducía en las páginas del libro, los juicios de valores daban lugar a elementos de prueba mientras la credibilidad y la convicción se asentaban. Hay que reconocer lo inverosímil del asunto para cualquier ciudadano que crea en el estado de derecho y presuponga que existen los controles necesarios para evitar el saqueo de un banco con casi un millón de accionistas. Para Botín y los capitostes del Santander la información aireada era fétida a más no poder, por lo que se dedicaron a ningunear y entorpecer su difusión por todos los métodos. A lo que renunciaron fue a la utilización del aparato judicial, no fuera que les saliera el tiro por la culata, y así las injurias y las calumnias quedaron aparcadas.

Quienes no perdieron tiempo fueron los exbanestos. Pérez Escolar, adicionalmente a su material explosivo, podía encontrar en la exterminación continuada de los beneficios obtenidos por el Santander y la desaparición en combate de centenares de sociedades participadas una nueva arma nuclear. Los elementos de prueba estaban al alcance de la mano dada la impunidad con que Botín y su pléyade habían actuado. Tan sólo había que seleccionar y ordenar aquellos asuntos que sirvieran de muestra para acreditar un uso indiscriminado del engaño al por mayor, tomando como referencia los propios documentos extendidos y hechos públicos. La complicidad de Botín y sus muchachos con el auditor era la clave. Aunque pueda parecer una broma, el máximo responsable de Arthur Andersen, José Luis Palao García Suelto, firmaba un informe emitido con fecha 28 de enero de 2000 en estos términos: «6. En nuestra opinión, excepto por el efecto de la salvedad indicada en el párrafo 4º anterior, de las cuentas anuales adjuntas del ejercicio 1999 expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Banco Santander Central Hispano, S.A. al 31 de diciembre de 1999…». Explícitamente venía a decir que «En consecuencia, para corregir el efecto acumulado de los fondos sin asignar específicamente al 31 de diciembre de 1999, sería necesario incrementar el resultado neto del ejercicio terminado en dicha fecha en 153.000 millones de pesetas…».

El párrafo firmado por el responsable de la auditoría no daba lugar a lenguaje encriptado, habían volado de los beneficios del banco 153.000 millones de pesetas y Pérez Escolar no se lo pensó dos veces e impugnó los acuerdos sociales ante los Tribunales. El asunto recayó en el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Santander. El juez consideró de vital importancia el tener conocimiento de los papeles de trabajo de la auditora Arthur Andersen relacionados con los informes de auditoría que se habían presentado ante la Junta impugnada. Los exbanestos habían propuesto que dichos papeles se incorporaran al procedimiento mediante oficio y dentro de la prueba documental privada o, subsidiariamente, por el procedimiento de exhibición de libros. Por lo tanto, el juez acordó en providencia de fecha 21 de noviembre de 2001 requerir a Arthur Andersen para que, por persona legalmente autorizada a ello, remitiera al Juzgado, certificados, entre otros, los siguientes particulares:

2. Respecto de la salvedad contenida en el Informe de Auditoría de 28/1/00 sobre las Cuentas Individuales del BSCH cerradas a 31/12/99:

Si el resultado neto contabilizado por los administradores del BSCH en las Cuentas del ejercicio 1999 por importe de 144.600 millones de pesetas, aproximadamente, se corresponde con el realmente obtenido por la entidad o, por el contrario, sería necesario incrementar éste en otros 153.000 millones de pesetas más, aproximadamente.

A la vista de la salvedad referida, que Uds. emitieron como Auditores, ¿cuál de las dos siguientes cifras expresa con más fidelidad los resultados netos realmente obtenidos por el Banco en el ejercicio 1999 : 144.600 millones ó 297.600 millones de pesetas (es decir, 144.600 + 153.000 millones)?

La petición judicial no parecía demasiado complicada, pero Arthur Andersen se la pasó por el arco del triunfo. Fue entonces cuando el Juzgado acordó (auto 280/00) la exhibición de los papeles de trabajo sobre la base de los cuales se habían realizado los informes elaborados con respecto a los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas celebrada el 4 de marzo de 2000. Sin embargo, la firma auditora Arthur Andersen, conocida por los fraudes fiscales en los Estados Unidos, en todo momento mostró una conducta invariable y dirigida a impedir la práctica de la prueba de libros acordada por el Juzgado de Santander, que por exhorto había solicitado al Juzgado de Primera Instancia Número 8 de Madrid, que señaló la prueba de exhibición de libros para el día 9 de enero de 2001 en la sede de la firma auditora. Ya se pueden imaginar el susto que se les metió en el cuerpo a estos personajes, peones del poder económico, cuando se les anuncia que una comisión judicial se les presenta en las oficinas con la intención de echar mano a los falsos números. El día 8 del mismo mes, es decir unas horas antes, Arthur Andersen presenta ante el Juzgado exhortado un escrito solicitando la suspensión de la diligencia acordada, alegando la imposibilidad de reunir para el día señalado los papeles de trabajo requeridos. ¿Qué se podía esperar de quien había llevado al gigante americano Enron con sus argucias contables a la quiebra técnica dejando en la ruina a miles de accionistas y en la calle a miles de trabajadores?

El Juzgado no accedió a la pretensión ejercitada por la firma auditora y en consecuencia, la comisión judicial se personó en las oficinas de Arthur Andersen, donde ante el representante de la firma auditora y recogiendo las manifestaciones de Antonio Barba de Alba, se levantó la diligencia que, por su extraordinaria importancia, vale la pena transcribir:

Siendo la hora señalada se constituye la comisión judicial en la calle Raimundo Fernández Villaverde en el domicilio de Arthur Andersen y Cía. S. Com., acompañado del Procurador portador Aníbal Bordallo Huidobro, para la práctica de la diligencia acordada en resolución de fecha 12.12.00 y en virtud de providencia de fecha 21.11.00.

Una vez en dicho lugar se halla el abogado de Arthur Andersen y Cía. S. Com., Antonio Barba de Alba, al que se le hace saber el objeto de la presente, manifestando quedar enterado y por el mismo se dice también que en este momento no es posible exhibir la documentación interesada, porque está siendo utilizada en la actualidad como material indispensable para la emisión del informe de auditoría correspondiente a las cuentas anuales del Banco Santander Central Hispanoamericano correspondiente al ejercicio 2000, y por su volumen (más de cien archivadores) y dispersión nacional (se encuentra en varios de los centros de trabajo del BCH en los que se están realizando los trabajos preparatorios del citado informe de auditoría), manifiesta también que todas estas razones han sido alegadas con carácter previo y por escrito ante el Juzgado, citando que los trabajos de auditoría para los que el material de trabajo es indispensable concluirán a finales del mes de febrero de este año, por lo que tienen interesado ante el Juzgado que señale nueva fecha para la práctica de esta prueba de libros a partir del mes de marzo próximo.

A la vista de las manifestaciones realizadas por los «arturos», el Juzgado exhortado de Madrid devolvió la diligencia al Juzgado de Santander que determinó una nueva fecha (21 de marzo de 2001) y remitió un nuevo exhorto para la práctica de la diligencia de exhibición de libros. Con carácter previo a que el Juzgado de Madrid pudiera proceder al señalamiento de nueva fecha para que se practicara la prueba de exhibición de Libros acordada, Arthur Andersen, en fecha 3 de abril de 2001, presentó ante ese Juzgado un escrito en el que se manifestaba y cito textualmente:

Por todo lo cual, respetuosamente comunicamos que no nos está permitido acceder al requerimiento arriba referido.

Es decir, Arthur Andersen y Cía., en el segundo requerimiento que le practica el Juzgado, no solicita una suspensión —como había ocurrido en la anterior diligencia—, aplazamiento o revocación de la prueba acordada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander, sino que simplemente se limita a manifestar ante el propio Juzgado su intención de desobedecer, y no acatar por tanto, el mandato judicial sobre la práctica de la prueba. Esta vez, como puede verse, la auditora, en vez de mentir, que es lo suyo, se alza en manifiesta rebeldía frente a la autoridad judicial. «Respetuosamente» viene a decir que no le da la gana cumplimentar el requerimiento, lo que es una burla al Juzgado, al que se pasan por la entrepierna con unos argumentos que nos permitimos transcribir a continuación:

Sin embargo, queremos poner de manifiesto que a Arthur Andersen y Cia. S. Com. no le está permitido acceder a dicho requerimiento […]. Porque al auditor sólo le está permitido exhibir sus papeles de trabajo en la forma y condiciones establecidas en los artículos 13 y 14 de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Pero he aquí que precisamente los artículos 13 y 14 de la Ley de Auditoría de Cuentas excluyen del secreto profesional los casos en los que se disponga la entrega o exhibición de los papeles de trabajo de la auditora cuando provenga de un mandato judicial.

Artículo 13.– El auditor de cuentas estará obligado a mantener el secreto de cuanta información conozca en el ejercicio de su actividad, no pudiendo hacer uso de la misma para finalidades distintas de las de la propia auditoría de cuentas.

Artículo 14.-1.– Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría de cuentas conservarán y custodiarán durante el plazo de cinco años, a contar desde la fecha del informe de auditoría, la documentación referente a cada auditoría de cuentas por ellos realizada, incluidos los papeles de trabajo del auditor que constituyan las pruebas y el soporte de las conclusiones que consten en el informe.

14.-2.– Sin perjuicio de lo que se establezca en las cláusulas del contrato de auditoría podrán, en todo caso, acceder a la documentación referente a cada auditoría de cuentas, quedando sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior:

[…]

b.– Quienes resulten designados por resolución judicial.

Estos tipos, cómplices del sindicato del crimen, tienen a la justicia como un instrumento a su favor, pero cuando, como hemos visto, es la justicia la que les requiere para tan solo levantar un trozo de la alfombra donde esconden un arsenal de mentiras, «respetuosamente» tienen la osadía de enviar a la justicia con viento fresco al retrete más próximo. Este episodio no es más que un indicio de las altas dosis de verdad que este libro contiene. Ni Botín está dispuesto a emprender una cruzada por su honor y dignidad, ni los «arturos» están dispuestos a mostrar un triste papel con cuatro números, por la simple razón de que sus argumentos son insostenibles. Sólo un muro de silencio les permite seguir con la mangancia a gran escala. Tan solo hay que ver cómo acaba el respetuoso incidente judicial. El Juzgado de Madrid, que estaba tramitando a instancia del Juzgado de Santander el exhorto para la exhibición de Libros, se limitó a devolver el mismo en los siguientes términos:

En Madrid, a veinticuatro de mayo de dos mil uno. Se extiende para hacer constar que en conversación telefónica mantenida en el día de hoy con el Magistrado del Juzgado exhortante, éste manifiesta que se devuelva el presente exhorto con carácter urgente, por lo que se procede a la devolución del mismo por el conducto de su recibo a fin de que dicho Juzgado acuerde lo procedente, dejando nota en su libro de Registro. Doy fe.

Que traducido al lenguaje de la calle viene a decir que la señora Justicia lamenta haber importunado a tan distinguidos caballeros y se marcha con el rabo entre las piernas sin la exhibición de Libros, y sin obtener respuesta a la simple pregunta de «si las cuentas del ejercicio 1999 por importe de 144.600 millones de pesetas se corresponden con el realmente obtenido por la entidad; o, por el contrario, sería necesario incrementar éste en otros 153.000 millones de pesetas más». Lo que sí queda acreditado es que los papeles de trabajo de los «arturos» los queman —caso Enron— o te dan un descomunal trabajo el que los exhiban.

El rayo que no cesa

La estructura contable del SCH está sibilinamente diseñada para mantener una fachada de decorado que sirve para engalanar las Memorias del banco, para exhibir una supuesta solvencia en folletos publicitarios, y para cubrir el expediente ante las sagaces autoridades de control. Las mentiras que se cuentan son tan grandes que chocan frontalmente con la tozuda realidad. No hay forma de ocultar un elefante en una cabina telefónica, como no hay forma de ocultar el volumen de mangancia que Botín y sus acompañantes han rapiñado con el transcurso de los años. El propio Consejo de Administración del SCH ha reconocido expresamente que el Banco posee, directa o indirectamente, un total de 456 sociedades consolidables y 146 sociedades no consolidables (en las que el SCH ostenta como mínimo el 3% del capital social de sociedades con valores admitidos en Mercado Secundario Oficial o 20% para el resto). Estas 600 sociedades con enormes activos circulan sin ningún control por las cuentas del SCH hasta tal extremo que la mayoría de ellas desaparecen en combate sin ningún tipo de explicación. No se sabe si su desaparición forma parte de un éxodo, de un exterminio, o van a parar directamente a un banco paralelo que Botín, familia, y cómplices allegados controlan desde hace algunos años.

El SCH se vio obligado en el procedimiento judicial de impugnación de los acuerdos sociales que promovió Pérez Escolar a dar una explicación de la desaparición en combate de tantísimas sociedades que caen por Botín y por Cantabria. El SCH fundamentó su disparatado argumento en la claridad expositiva. Aseguraban ante un juez que la desaparición en combate tiene como finalidad ofrecer la imagen fiel de la sociedad, que evita la imagen distorsionada que podría ofrecer la inclusión de las sociedades del Grupo, que son únicamente tenedoras de acciones o se encuentran en proceso de liquidación. Es decir, el fundamento básico se sostiene en que las sociedades excluidas de la Memoria son sociedades meras tenedoras de acciones o en proceso de liquidación que, como consecuencia del proceso de consolidación y previa contabilización, desaparecen de la documentación social. Veamos con sus propias palabras la justificación de que menos es más y mejor:

En concreto, en los listados que se acompañaron como Anexos I y II de las Memorias individual y consolidada no se incluyen «las sociedades meras tenedoras de acciones de otras compañías del Grupo ni las que se encuentran en proceso de liquidación», como se advierte de forma expresa en esos Anexos. Pero esta circunstancia no constituye ninguna irregularidad o infracción normativa. Muy al contrario. Se trata de un hecho habitual en grandes empresas y que responde precisamente, a una recta y meditada proyección de las normas y principios contables, que imponen la necesaria flexibilidad en la aplicación de las reglas de formulación de las cuentas (incluyendo las que regulan la elaboración de la Memoria) con el objeto de lograr, en cada caso concreto, la mejor satisfacción de los principios de claridad y de imagen fiel que rigen la formulación de las cuentas anuales.

[…]

Esto es, precisamente, lo que hizo el Banco al elaborar las listas de sociedades participadas que se incorporaron como Anexos I y II de las Memorias Individual y Consolidada. Todas ellas, claro está, debidamente contabilizadas en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias del Banco (como demuestra el informe de auditoría incorporado a estos autos). Sucede, sin embargo, que muchas de esas sociedades son meras tenedoras de acciones de otras sociedades del Grupo (esto es, meras sociedades tenedoras de otras sociedades del grupo). En una lista tan extensa —que comporta unas participaciones, en valor neto contable, de 26.000 millones de euros aproximadamente— la inclusión en la lista de todas esas sociedades meras tenedoras de acciones de otras sociedades del grupo (se reitera, sin perjuicio de que todas ellas estén debidamente contabilizadas) oscurecería la claridad en la compresión y podría distorsionar la fidelidad de la información facilitada en la Memoria.

[…]

Si el ejemplo anterior se proyecta sobre una sociedad, como BSCH, con más de 600 filiales directas o indirectas, entre las que existen —por distintos motivos de interés social— un buen número de sociedades meras tenedoras de acciones de otras sociedades del grupo, fácilmente se comprenderá que se proporciona mucha mayor claridad en la información, y un mejor reflejo de la imagen fiel de la sociedad, excluyendo de la lista las sociedades meras tenedoras de acciones de otras sociedades del grupo. El lector de la Memoria dispone así de una lista mucho más manejable y ajustada a los activos y capital «reales» de la empresa.

Las mismas consideraciones pueden aplicarse respecto de las sociedades en liquidación. Este tipo de sociedades se encuentran en situación de provisionalidad. Su inclusión en una lista junto con las sociedades plenamente «activas» también haría perder claridad a la información proporcionada, distorsionando así el principio de imagen fiel.

Bajo la excusa de ofrecer una mejor satisfacción de los principios de claridad y de imagen fiel que rigen la formulación de las cuentas anuales, las sociedades participadas desaparecen de forma continua del balance del banco. Quien dio la cara, por parte del SCH, en este procedimiento judicial fue José Manuel Tejón Borrajo. Podemos anticiparles que el papelón que tuvo que hacer Tejón Borrajo como testigo es de mucho cuidado, faltando escandalosamente a la verdad. Manifestó la cantinela de siempre, que todas las sociedades que no constaban en la Memoria son sociedades tenedoras de acciones o se encuentran en liquidación, cuando lo cierto es que dicha circunstancia es absolutamente falsa, ya que dichas sociedades mantienen una actividad mercantil indudable lejos de la mera tenencia de acciones y en modo alguno se encuentran en período de liquidación. Tiempo habrá para acreditar aquí esta circunstancia, pero detengámonos ahora en las manifestaciones de Tejón Borrajo respecto a este particular.

SR. TEJÓN: En la memoria sólo figuran las sociedades que son operativas.

LETRADO: Nosotros tenemos contabilizadas todas las sociedades que son del Grupo.

SR. TEJÓN: El Banco decidió sólo para las que son operativas.

LETRADO: ¿Hay sociedades comprendidas en la consolidación que no están comprendidas en el Anexo I y II de la memoria?

SR. TEJÓN: Sí, todas las que están en liquidación o son tenedoras de valores.

LETRADO: Estas sociedades no figuran ni en la memoria ni en el listado de sociedades fuera de la memoria. ¿Son o no son del banco?

SR. TEJÓN: Pues que no figuren en la memoria es normal, como consecuencia que en la memoria no figuran por motivos de claridad e imagen fiel, solamente figuran las sociedades que son operativas. Que no figuren en la información anexa o complementaria, no sé cómo la ha llamado Ud… es que no… no lo sé.

LETRADO: ¿Le consta a Ud. que todas las sociedades del grupo están debidamente contabilizadas?

SR. TEJÓN: Me consta, yo soy el responsable de contabilizarlas y me consta.

Como tendremos ocasión de comprobar, Tejón Borrajo no dijo una palabra de verdad, no obstante, la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander absolvió a la entidad bancaria de los pedimentos formulados y, en consecuencia, declaró válido el acuerdo de aprobación de cuentas y reparto de dividendos, pero no dudó en manifestar literalmente «lo anterior lleva a la conclusión de la falta de verdad en el informe de auditoría». Desde una calificación tan sumamente grave formulada por la autoridad judicial se hace necesario transcribir lo más trascendente que sobre el particular está contenido en la sentencia:

[…] estas dos argumentaciones no tienen unas bases sólidas [se refiere a las alegaciones planteadas por la demandada SCH] para desvirtuar los motivos señalados, con los que, en principio, se estaría infringiendo la norma contenida en el art. 115.2 LSA al disponer que los documentos de las Cuentas Anuales deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como de la norma contenida en el art. 34.2 CCO, en idéntico sentido.

De la doctrina contenida en el Manual de contabilidad y auditoría, tomo II, editado por el Consejo General del Poder Judicial, para la aplicación de las normas técnicas de auditoría aprobadas por Resolución de 19 de enero de 1991, se deducen las siguientes conclusiones: primera, el informe de auditoría va dirigido a que multitud de personas, que no participan ni intervienen en la gestión de la empresa, puedan confiar en la información que presentan y elaboran quienes tienen encomendada esta función, esto es, los administradores de las sociedades, por lo que dicho informe habrá de ser inteligible y útil, combinando adecuadamente la claridad con la brevedad; segunda, el informe de auditoría se encuentra sustancialmente normalizado, pues los párrafos, su colocación e incluso su redacción, están predeterminados; tercera, en los párrafos de salvedades, el auditor puede poner de manifiesto determinadas circunstancias, que no considera correctas y/o que afectan a la imagen fiel de las cuentas auditadas; cuarta, los distintos tipos de salvedades que se contemplan en la norma técnica se clasifican en: limitaciones al alcance, incumplimientos de principios contables, incluyendo omisiones en la memoria, incertidumbres y cambios de criterio contables utilizados en el ejercicio precedente.

A la vista de lo que antecede, está claro que la salvedad, objeto de controversia, está incluida dentro de las llamadas salvedades por errores o incumplimientos de principios contables (Norma 3.7.5); ante la cual, el auditor ha de evaluar y en su caso cuantificar el efecto sobre las cuentas anuales, —tal como consta en el informe de 28 de enero de 2000—, y, según su importancia y significación, emitir lo que se denomina opinión con salvedades (apartado 23.8.2.2), si su efecto no es muy significativo, o emitir lo que se denomina una opinión desfavorable (apartado 23.8.2.3), si el efecto es muy significativo. Por otro lado, y siguiendo la doctrina del manual citado anteriormente, en el informe sobre auditoría de cuentas consolidadas es usual, en el mismo informe, informar sobre el grupo consolidado y sobre la sociedad dominante o cabecera del holding y también aplicar no sólo las normas técnicas de auditoría de carácter general, sino también, las especificas, entre las cuales deberá incluirse la concreta norma técnica sobre errores e irregularidades, entendiendo que mientras los errores carecen de intencionalidad, no sucede lo mismo con las irregularidades, considerando que la aplicación incorrecta de los principios contables supone una irregularidad.

Con los datos anteriormente expuestos, no se acierta a comprender los motivos que llevaron al auditor externo para emitir una opinión con salvedades sobre una cifra tan elevada como son 153.000 millones de pesetas, ni tampoco como dicha salvedad no tiene reflejo en el informe de auditoría de las cuentas consolidadas, máxime aun, si se tiene en cuenta, que según la documental de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las 434 empresas que cotizan en Bolsa, que presentaron sus informes de auditoría correspondientes al ejercicio de 1999, solo 46 presentaron un informe con salvedades, siendo el mayor importe de la salvedad, el correspondiente a la entidad BSCH S.A. y si se tiene en cuenta también, que en el nuevo informe del auditor, de fecha, enero de 2001 (aportado en fase de prueba) se hace constar, que en el ejercicio 2000, y tras la entrada en vigor de la Circular 5/2000 del Banco de España, el banco canceló la casi totalidad de los mencionados fondos con abonos a los capítulos «Saneamiento de Inmovilizaciones Financieras» y «Beneficios Extraordinarios» de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Lo anterior lleva a la conclusión de la falta de verdad en el informe de auditoría, puesto que los auditores, aparte del cumplimiento de sus normas técnicas, están obligados a cumplir las normas superiores contenidas en los arts. 209 LSA y 2 LAC, cuestión que aquí no ha sucedido, y lo corrobora el propio auditor, en su informe de agosto de 2000 dirigido a la comisión del Mercado de Valores (aportado como documento en fase de prueba), en donde informa sobre la reducción de los 153.000 millones en los seis primeros meses del año 2000. Pero este no es un procedimiento contra los auditores, sino una impugnación de los acuerdos de la Junta de Accionistas por vulneración del principio contable de imagen fiel, y no existe razón alguna para entender, que los administradores, como destinatarios del informe de auditoría, tergiversaran las cuentas anuales, de tal manera que el balance o la cuenta pérdidas y ganancias o la memoria, no reflejan la mencionada imagen fiel del patrimonio.

Este último párrafo lo dice todo, estos caballeros de forma continuada tergiversan las cuentas del banco arrambando con cuanto pueden. Ha valido la pena transcribir aquí parcialmente una sentencia judicial que puede invalidar el calificativo de ocurrencia de quien esto escribe a pesar de que Tejón Borrajo jurara que decía la verdad:

SU SEÑORÍA: ¿Jura o promete decir la verdad?

SR. TEJÓN: Prometo.

SU SEÑORÍA: ¿Tiene Ud. alguna relación con los presentes, trabaja para alguno de ellos?

SR. TEJÓN: Yo trabajo para BSCH.

SU SEÑORÍA: ¿En qué cargo?

SR. TEJÓN: Interventor General.

SU SEÑORÍA: Se le advierte que el falso testimonio está penado con penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses.

Amor eterno

La mayoría de cosas que nos explica el SCH no son verdad. Informan solamente de aquello que consideran imprescindible y obligatorio en asuntos marginales, pero cuando se trata de asuntos principales poco o nada trasciende. En definitiva, todo conduce a pensar que si las cosas se hacen de una determinada manera, donde el oscurantismo está eternamente presente, habrá alguna razón. Todo parece indicar, y cada año con mayor presunción, que existe un banco paralelo —de una dimensión asombrosa— destino de cuantiosos activos que desaparecen del patrimonio del SCH. Para llegar a esta conclusión, es necesario un seguimiento muy preciso y concreto de varios ejercicios contables que estén concadenados. Si se analiza un sólo ejercicio aisladamente, o el anterior que se incluye en la información que transmiten los administradores y auditor, no pueden apreciarse los disparates contables. Evidentemente, ni los accionistas más interesados en la marcha del banco revisan por completo la Memoria del banco. Tendría que ser el auditor quien diera la voz de alarma, pero parece ser que está más interesado en cobrar su minuta, extras complementarios, y hundir su propia compañía, en lugar de hacer bien su trabajo.

Cuando pueda concluir la lectura de este libro, usted mismo llegará a la conclusión de que la auditora Arthur Andersen está al pleno servicio de Emilio Botín y acompañantes. Arthur Andersen, de acuerdo con los administradores de Enron, ayudó a estructurar las sociedades instrumentales fuera de los libros para desplazar del balance activos y deuda. Durante años esta firma auditora mangoneó la contabilidad de Enron hasta el esperpento distorsionante de un balance prodigioso y una realidad contable de quiebra total. No obstante la evidente pérdida de credibilidad de Arthur Andersen en todo el mundo, en la Junta General de Accionistas del SCH celebrada el 9 de febrero de 2002 —cuando el escándalo era sobradamente conocido— y a propuesta del Consejo de Administración, como acuerdo tercero y con el voto en contra de accionistas presentes, se aprobó para la verificación de las cuentas anuales y el informe de gestión del Banco y del Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2002, «reelegir como auditor de cuentas a Arthur Andersen y Cía. S. Com.». El artículo 8º de la Ley 19/1988 de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, determina que los auditores de cuentas deben ser independientes, en el ejercicio de su función, de las empresas o entidades auditadas. ¿Puede ser independiente alguien a quien se le contrata y se paga? ¿Puede ser independiente un negocio que depende totalmente del cliente? ¿Puede ser independiente un árbitro a quien contrata un club de fútbol para la disputa de una final? ¿Puede ser independiente un juez a quien contrata y paga un acusado? Así, de esta guisa, podríamos completar la página. No obstante, el artículo 172 de la Ley de Sociedades Anónimas, Real Decreto Legislativo 1564/89, de 22 de diciembre —que todavía cree en los Reyes Magos— determina que las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, y que dichos documentos forman una unidad que debe ser redactada con claridad y mostrar la imagen del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, de conformidad con esta ley y con lo previsto en el Código de Comercio.

Hoy por hoy, tal como están las cuentas del SCH es del todo imposible la sustitución de Arthur Andersen, ya que para empezar tendría que adaptarse al artículo 99 de la Ley 24/1988, del 28 de julio, del Mercado de Valores, que tipifica como infracción muy grave el suministro a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de datos inexactos o no veraces, o la aportación a la misma de información engañosa o que omita maliciosamente aspectos o datos relevantes. Arthur Andersen es el colaborador necesario y posiblemente el inventor de las argucias contables que permitieron a la eléctrica norteamericana Enron la contabilidad creativa de derivar una parte de los activos fuera de la estructura contable. La organización contable —en este caso desorganización— del SCH es un calco de la que se aplicó en Enron. Si a alguien le puede parecer lo dicho una exageración, quisiera arrogarme la predicción de lo que hoy es una realidad (sostenida en el libro El Poder, publicado en mayo de 2001); que Arthur Andersen, la auditora que bendice y da fe de la exactitud de los balances contables de grandes empresas y entidades financieras, estaba conchabada con los administradores de estas sociedades, y las cuentas están plagadas de falsedades que desvirtúan sus beneficios y permiten ocultar miles de millones en activos que desaparecen. El reparto de dividendos es pura entelequia, una figuración que construye el balance contable de abajo a arriba y de forma virtual.

En un capítulo anterior hemos visto lo que da de sí la intervención del auditor. En el asalto a Banesto fue la pieza clave y el cómplice necesario. Igual que Price Waterhouse y Arthur Andersen se pusieron al servicio de los asaltantes de Banesto por órdenes del Santander Central Hispano, en otras ocasiones los auditores trabajan para el Banco Bilbao Vizcaya. Podríamos decir «Erase una vez…» como se inician los cuentos de fantasía, lo que en España no se da como noticia. Resulta que los antiguos propietarios de la entidad financiera brasileña Banco Excel Económico demandaron en los EE.UU. a la auditora Arthur Andersen por actuar de mala fe y compinchada con el BBV para emitir un informe de auditoría que revelaba una situación de insolvencia ficticia. En la demanda también se incluyó a dos altos cargos del Banco Central de Brasil.

Los nuevos conquistadores exportan su enquistada forma de producir fraudes a Latinoamérica. El método de enriquecerse tomando al asalto por la vía del soborno a instituciones públicas y auditores da buenos dividendos. La metodología es clónica, Emilio Botín y sus cómplices utilizaron los informes de auditoría para desplazar a Mario Conde, presidente de Banesto, remover el Consejo de Administración, y quedarse con el banco sin pagar una sola peseta perjudicando a los antiguos accionistas. La historia se repite. Ezequiel Nasser, ex presidente del Banco Excel Económico, presentó en septiembre de 2002 una demanda ante la Corte Federal de Nueva York contra Arthur Andersen y el BBV —entonces presidido por Emilio Ybarra— por un supuesto fraude en la venta del banco. El 29 de abril de 1998 el BBV firmó una carta de intenciones para la compra del 55,45% de las acciones del Banco Excel en manos de la familia Nasser. Fue a partir de este momento cuando se precipitaron las cosas. El Banco Excel, séptimo en la clasificación de la banca privada en Brasil, con una red de 219 oficinas, y 6.157 empleados disfrutaba de una gran notoriedad en el mercado brasileño.

En diciembre de 1997 la firma auditora Deloitte & Touche había emitido su informe en el que se reflejaba que el Banco Excel tenía una deuda de 177 millones de euros (29.440 millones de pesetas), y seis meses después Arthur Andersen —contratada por el BBV— aseguró que la deuda superaba los 500 millones de euros (83.150 millones de pesetas). Así, súbitamente, como había pasado con Banesto donde una auditoría se contradecía con otra, el Excel entró en la urgente insolvencia que requería una ampliación descomunal de capital.

La intervención de Arthur Andersen a favor del banco español resultó tan rentable que el Excel Económico fue vendido al BBV por el precio simbólico de un real brasileño (0,32 euros). Y para hacerlo todo legal el BBV se comprometió con el Banco Central de Brasil a asumir la súbita deuda descubierta por Andersen. La posterior ampliación de capital llevó a que el BBV controlara el 99,99% del Banco Excel. Los antiguos propietarios, incluida la familia Nasser, no pudieron acceder a tan abultada ampliación para cubrir el «agujero» detectado por Arthur Andersen.

La familia Nasser ha recurrido a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) que combate el crimen organizado en EE.UU., por conspirar la auditora Andersen y el Banco Bilbao Vizcaya para desvalorizar artificialmente al Excel Económico en el proceso de venta. La demanda pone de manifiesto la interesada actuación de la auditora supuestamente sobornada por el BBV.

No es de extrañar que Emilio Botín, contra viento y marea, defienda el amor eterno que le profesa a la firma auditora Arthur Andersen, que resulta ser el cómplice que pasa a limpio sus trapos sucios. Para más esperpento, no sólo el SCH no prescinde de Arthur Andersen por su mala fama, sino que su responsable en España, Manuel Soto, es nombrado presidente de la Comisión de Auditoría. Es decir, se pone al zorro a guardar las gallinas. De fábula; para acreditar la defensa a capa y espada que ejerce Botín con su compinche Manuel Soto, se podría traer a colación un asunto que mueve en el SCH —y en otros grandes bancos— ingentes cantidades de dinero con sensacionales beneficios que no aparecen en ninguna de las memorias anuales. Se trata del extraordinario asunto del tráfico de divisas. Un asunto sucio que el auditor pasa a limpio o, mejor dicho, limpia del balance contable.

Los textos económicos dicen que empresas e individuos compiten por mercados y recursos. Esto no es verdad. Empresas e individuos compiten por el dinero utilizando mercados y recursos. La apertura del sistema, que llevó a la «flotación de las divisas», también creó una nueva clase de activos. Las clases tradicionales de activos son las propiedades inmobiliarias, los bonos, las acciones y los productos básicos. Actualmente también tenemos las monedas. Esto significa que el dinero, la vía de intercambio, se ha convertido en un activo que interviene en las carteras de inversión. Este cambio tiene distintas repercusiones según se trate de un inversionista o un comerciante «real». Desde el punto de vista de un inversionista, esta nueva clase de activos —las monedas— tiene ventajas importantes respecto de las anteriores, los costos de transacción son extraordinariamente bajos. Colocar algunos miles de millones de dólares en divisas es 10 ó 20 veces más barato que una transacción de acciones.

Además tiene el atractivo de que el mercado funciona las 24 horas del día. El de divisas es, de lejos, el mercado mayor. La colocación de unos miles de millones de dólares en el mercado accionario implica una alteración del valor de las acciones y es visible a los demás inversionistas. Esto es así en la mayoría de los mercados de bonos, salvo en Estados Unidos y algunos mercados europeos por su gran tamaño.

Debido a estas tres ventajas (es barato, es inmediato, y es invisible), la prestación de dinero a la gente —para comprar inmuebles, automóviles o ampliar el giro comercial— ya no es la mejor forma de hacer dinero. El mercado de divisas es lo ideal. Los bancos ya no son más los grandes actores en términos de proveedores de crédito. En los últimos veinticinco años, el porcentaje de prestación total de crédito de los bancos, como fuente de financiamiento cayó del 75 al 26,5 por ciento. Para los grandes bancos internacionales, como el Chase Manhattan, Citicorp, Bank of América, Barclays o Simitomo, el comercio de divisas generalmente representa como mínimo el 20 por ciento del total de ingresos. En un buen año será más del 50 por ciento.

Al considerar el punto de vista de los llamados negocios reales —los que fabrican automóviles, textiles, o productos electrónicos—, el «riesgo cambiario» ha llegado a ser el mayor riesgo de la actividad comercial internacional, con frecuencia mayor aún que el político o de mercado. Por ejemplo, si una empresa química alemana invierte en una fábrica en India, hace la inversión en marcos alemanes. Los productos químicos de esa fábrica que se venden a escala local son pagados en rupias, la moneda de India. Si el valor de la rupia llega a caer con relación al marco alemán, entonces también caerá la rentabilidad de la inversión original. En resumen, el mayor riesgo de tales inversiones no es si los indios comprarán los productos químicos (riesgo de mercado) o si el gobierno nacionalizará la fábrica (riesgo político), sino los cambios de los valores de las monedas en juego (riesgo cambiario).

Las empresas han seguido dos grandes estrategias para enfrentar este riesgo. La primera es la reorganización del conglomerado empresarial. Los sectores de producción y comercialización se están descentralizando, porque el riesgo no radica allí y porque la adaptación a las circunstancias locales puede ser manejada de mejor manera a escala local. Esto también provoca la dispersión de las instalaciones productivas a otros países. Pero mientras por un lado se está descentralizando la producción y la comercialización, por el otro se están centralizando las funciones financieras y de hacienda. Hace veinte o treinta años, cuando una compañía estadounidense tenía una fábrica grande en Alemania, la fábrica solía manejar sus propias finanzas. Ya no más. Ahora todo esto se hace centralmente en la sede de la empresa.

La segunda estrategia que persiguen las grandes empresas es un ajuste de su personal ejecutivo. En los años cuarenta y cincuenta, cualquiera que fabricaba un producto podía venderlo. Así, un gerente con experiencia en producción sin duda era candidato a encargado ejecutivo. En las décadas de los sesenta y setenta eso cambió. De pronto, la experiencia en comercialización pasó a ser un elemento clave para los altos cargos. Pero luego, en los ochenta y noventa, los que están a cargo son los especialistas financieros. Ellos son los que definen. Eso también cambió el punto de vista de la empresa.

De igual manera las grandes empresas han derivado hacia la especulación financiera, minimizando, fraccionando y endosando a terceros la fabricación de sus productos, pero monopolizando la marca. En consecuencia, el negocio tradicional cada vez tiene menos peso en sus balances. Los bancos no podían ser menos, su negocio tradicional de comprar y vender dinero se achica cada año respecto a otras actividades. Las participaciones y adquisiciones de sociedades son lo más aparente, y las que de una forma u otra acaban apareciendo —aunque menguadas— en sus balances contables. La actividad que no aparece, y para eso está el auditor, para hacerla desaparecer, es la especulación malsana del ataque a las divisas. Se supone que no quedaría bien que se supiera que el SCH, y el BBV los grandes bancos españoles estuvieron durante años atacando a la propia moneda nacional.

Los bancos son la clave para el ataque a las monedas. Veamos la simplicidad de la operación: Cuando los especuladores quieren atacar al yen japonés, primero piden a un banco local un préstamo en yenes que convierten rápidamente en dólares. Si varios lo realizan al mismo tiempo, la venta masiva de yenes provoca la baja de la tasa de cambio del yen respecto del dólar, que se refuerza en la misma proporción respecto del dólar. Imaginémonos que, durante este proceso, el yen pierde el 10% de su valor. Los especuladores, que ahora tienen dólares, los revenden para comprar nuevamente yenes, cuyo valor ha caído un 10%. Al comprar nuevamente los yenes deben devolver el préstamo inicial pedido, más los intereses. Si estos intereses son del 5%, los especuladores habrán ganado un 5% neto (10% - 5% = 5% neto).

En caso de un ataque especulativo, el Fondo Monetario Internacional, por lo general, recomienda a los gobiernos o a los bancos centrales un aumento del tipo de interés para disuadir a los especuladores, siempre manteniendo la libertad de cambio. El alza del tipo de interés suele precipitar las crisis económicas, reduciendo la inversión y el consumo. Durante la crisis brasileña de enero de 1999 el tipo de interés aumentó un 50%, pero el real se devaluó de todas formas y como consecuencia miles de personas perdieron sus empleos. Después de la crisis asiática los famosos «tigres» pasaron a ser «gatitos» con economías «estructuralmente débiles».

La receta del Fondo Monetario Internacional de subir el tipo de interés para disuadir a los especuladores a solicitar préstamos —que después son utilizados en el ataque a las monedas— es tan solo un brindis al sol. Los especuladores disponen de tal cantidad de fondos que no les es necesario cargar con los costes de intereses. Dicho de otra manera, los especuladores —siguiendo el ejemplo anterior— solicitan uno o determinados préstamos a bancos japoneses, pero simultáneamente ingresan dólares en sus filiales en los EE.UU. La confraternización de los especuladores y los bancos es total. A los bancos ni tan siquiera les hacen falta los especuladores, tan solo otear el horizonte y ver dónde se está preparando el ataque a una moneda. El festín está asegurado.

En 1992 el famoso financiero George Soros apostó 10.000 millones de dólares contra la libra inglesa y logró que el Banco Central británico se arrodillara a sus pies. En su libro Soros habla de Soros explica cómo lo hizo, forzando al Banco Central británico a subir su tasa de interés del 10 al 15 por ciento y a usar casi la mitad de sus reservas en moneda extranjera para sostener a la libra, aunque sin éxito. Se calcula que, gracias a esta operación, Soros ganó unos 2.000 millones de dólares. También hay que reconocer que, a veces, Soros pierde. En 1987, durante la caída de la Bolsa, Soros perdió unos 800 millones y en 1994 perdió otros 600 millones de dólares apostando contra el yen.

Pero para que Soros pueda actuar de la manera que lo hace hay reglas que se lo permiten. Él mismo lo dice: «solamente hago especulación sobre monedas, que es una cosa muy tradicional, muy bien conocida, que no es la más deshonrosa o la más grave. Nunca tuve que calcular las consecuencias sociales de mis actos. En algunas circunstancias yo era consciente de que sus consecuencias podrían ser nefastas, pero me daba igual, porque yo estaba respetando las reglas…».

Estas crisis financieras no producen solamente un impacto económico en la bolsa de valores; provocan impactos sociales que derivan en el creciente desempleo, el aumento de precios, el cierre de empresas, pobreza, violaciones de los derechos humanos, destrucción de los recursos para el desarrollo social y sustentable, mayores cargas para los pobres y el empobrecimiento de las clases medias. Por otro lado, generan grandes ganancias para los especuladores financieros que suelen depositarlos en los famosos «paraísos fiscales» donde nadie los controla. El banco de Botín tan solo precisa de una oficina en Singapur o Caracas, y contratar a alguien con más suerte y pericia que al joven inglés de 27 años, Nick Leeson, que en operaciones de este estilo apostó 27.000 millones de dólares, una jugada especulativa en el mercado de valores asiático que llevó a la quiebra del banco Barings, los 232 años de tradición se fueron al garete. Si el SCH tiene más suerte que el Barings los beneficios pueden ser espectaculares, pero nunca en las memorias del banco se hará referencia alguna a tan provechoso y lucrativo negocio. Un indicio y un flujo más que añadir al banco paralelo.

Desaparecidas en combate

La información que transmitía el Banco Santander en sus memorias a sus accionistas y al mercado, convenientemente analizada, es un coladero digno de obtener el premio a la chapuza financiera más inconcebible. Si estas memorias contienen semejantes disparates, podríamos decir que es con la complicidad de la auditora Arthur Andersen. No es de extrañar que la auditora haya sido echada a patadas de los EE.UU. por el daño ocasionado a tantos inversores. Por muy sorprendente que pueda parecer esta dilución de los beneficios, que por arte de magia acaban desapareciendo del balance contable, una vez que se han materializado la venta de sociedades participadas con asombrosas plusvalías. No es nada comparable con el exterminio de sociedades participadas con un coste contable de miles de millones. La Memoria Individual y Consolidada del SCH correspondiente al ejercicio 2000 sólo contiene datos de 142 sociedades consolidadas y 50 no consolidables. En dicha memoria el banco no hizo constar la existencia de 456 sociedades consolidables y 146 no consolidables a las que está obligado a referirse. Las sociedades desaparecidas en combate no son ninguna anécdota, tienen un capital más reservas de 28.239 millones de euros y unas ganancias de 2.450 millones de euros (406.700 millones de pesetas). Este dato, que evidencia la impunidad con que se actúa, pone de relieve el perímetro por donde puede circular el banco paralelo al que hemos hecho continua referencia.

El estrabismo de la auditora Andersen llega al esperpento en las cuentas del Santander: aparece así la sociedad participada Santander Holding Internacional, S.A., que ofrece una discrepancia abismal en sus cuentas, constituida el 9 de mayo de 1991 con un capital de medio millón de pesetas, posteriormente ampliado hasta 3.850 millones. Según informó el Banco Santander a sus accionistas, la sociedad participada Santander Holding Internacional tuvo en 1994 unos beneficios de 212 millones. Sin embargo, en el Registro Mercantil de Madrid, donde la sociedad viene obligada a presentar sus cuentas anuales, el importe de los beneficios correspondientes a ese mismo ejercicio es de 29.779 millones de pesetas. No hay duda de que a los accionistas se les ocultó entonces la friolera de 30.000 millones, cuyo destino concreto presumimos, pero desconocemos todavía. En el ejercicio anterior, en 1993, la sociedad tuvo pérdidas por valor de diez millones de pesetas, según se declaró al Registro Mercantil, aunque la memoria reflejaba un beneficio de 897 millones. A su vez, Santander Investment S.A., informó que en 1996 había obtenido unos beneficios de 2.670 millones de pesetas, según dijeron los administradores en la memoria, lo que tampoco se correspondía en este caso con los datos del Registro Mercantil, que publicaba las ganancias de la sociedad reduciéndolas a 716 millones de pesetas.

Al diseccionar las memorias del Santander con la paciencia y la dedicación del orfebre (un hábito que no comparten en la CNMV, el Banco de España, el ICAC, las sociedades rectoras de las Bolsas y la Agencia Tributaria, entre otros organismos «competentes» en la materia), sorprende la desenvoltura con que se cuentan los mayores embustes. Resulta todo tan artificial y rocambolesco que los administradores del Santander llegan al colmo de mentirse a sí mismos. Valga el ejemplo de esta misma sociedad, Santander Investment, a la que no le cuadran los datos reflejados en la memoria en parangón con los que constan en el Registro. Cuando al año siguiente se informa de los beneficios obtenidos por dicha sociedad, ya no estamos en los 2.670 millones que figuraban en la memoria anterior, ni en los 716 millones que publicó el Registro Mercantil; ahora ascienden nada menos que a 12.178 millones. Tanto da una cosa como la otra para los del Santander, aunque las diferencias resulten tan abismales e incomprensibles.

Santander Investment S.A. es una empresa con número de identificación fiscal (NIF: 0A28233013), antes denominada Santander Merchant Holding Internacional S.A., está domiciliada en Madrid, tiene 75 empleados y es una sociedad con la actividad declarada de «Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial». Esta sociedad, que es la matriz de Administración de Bancos Latinoamericanos S.L. (de la importancia de esta sociedad hablaremos más adelante), ha desaparecido de las cuentas visibles del banco. Ha caído en combate por Botín y por Cantabria, después de largos años de pertenencia al selecto grupo.

Para rematar la jugada —y es otra de las curvas peligrosas de esta descripción— Santander Investment no presentó sus obligadas cuentas del ejercicio de 2000 en el Registro Mercantil. Es más, tiene el registro cerrado ya que no se le admite la presentación de cuentas al haber sobrepasado con creces la demora consentida. Pero algo tendrá que ver el abandono por parte de Emilio Botín de la presidencia de Santander Investment el 20 de enero del 2000. Cabe preguntarse cómo se pueden cerrar las cuentas del SCH, realizar una junta de accionistas a todo bombo y platillo, sin tan siquiera haber presentado en el Registro Mercantil las cuentas de una sociedad tan significada.

Según se pudo acreditar posteriormente en las cuentas del ejercicio 2000 presentadas por Santander Investment ante el Registro Mercantil, concretamente en la relación del activo, la sociedad tiene deudores —préstamos— por el astronómico importe de 44.642 millones de pesetas, de los cuales 1.170 millones se corresponden con empresas del Grupo y 43.472 millones con «Administraciones Públicas», e inversiones financieras por 3.966 millones de pesetas, de los cuales 239 millones son créditos a empresas del Grupo y el resto «Otros créditos». Se acredita, por tanto, en la partida de inversiones financieras, por lo que no es cierto que la única actividad de Santander Investment sea la tenencia de acciones, sino que desarrolla en el tráfico otras muchas actividades empresariales por miles y miles de millones de pesetas. Nunca llegaremos a entender cómo una entidad bancaria tan poderosa como el Banco Santander se atreve a cometer esta clase de fraudes. Los mandamases del banco ocultan esta sociedad en la que se concentra la participación del banco en sus negocios latinoamericanos, y que viene arrojando pérdidas sucesivamente, por lo menos desde el ejercicio de 1997.

La trascendencia de la desaparición en combate de Santander Investment se acentúa al conocer la composición de su Consejo de Administración. Cuando Tejón Borrajo fue interrogado en el juicio sobre las sociedades del Grupo fuera de la memoria, ocultó flagrantemente su condición de vicepresidente de Santander Investment. En Junta General Extraordinaria Universal celebrada el 7 de mayo de 1997, José Manuel Tejón Borrajo fue designado consejero de dicha sociedad junto a nada más y nada menos que Emilio Botín, Ana Patricia Botín (que en distintas épocas fueron presidentes de la sociedad), Rodrigo Echenique y otras conocidas figuras del Banco.

Las cuentas anuales —ejercicio 2000— de Santander Investment contienen una salvedad del auditor que consiste en algo tan grave como que no se refleja el efecto que tiene la consolidación de la sociedad con sus sociedades independientes. Dicho de otra manera, la sociedad se ha hecho desaparecer de la memoria, las cuantiosas pérdidas se ocultan, su situación de quiebra técnica lleva a los administradores de la sociedad a prescindir de la obligación legal exigible de presentar las cuentas en el Registro Mercantil. Todo esto ocurre en el primer banco del país del todovabien. Esas cuentas que no habían sido depositadas en el Registro Mercantil acreditaban una situación de quiebra técnica de la sociedad, ya que sus fondos propios se encontraban por debajo de la mitad del capital social desde el año 1999. Santander Investment en el ejercicio 1999 tenía unos fondos propios de 18.323 millones de pesetas, un capital social de 51.230 millones de pesetas, y unas pérdidas del ejercicio de 11.782 millones de pesetas; en el ejercicio 2000 unos fondos propios de 75.208.000 euros, un capital social de 307.899.000 euros, y unas pérdidas del ejercicio de 34.919.000 euros; y en el ejercicio 2001 unos fondos propios negativos de 985.548.000 euros, un capital social de 307.899.000 euros, y unas pérdidas del ejercicio de 1.060.756 euros.

Son varias las sociedades participadas del Santander que se encuentran domiciliadas en España bajo el síndrome de la inveracidad consustancial, aunque nos parece que esa conducta resulta seráfica en parangón con las domiciliadas en el extranjero. Abundan en ellas el baile alegre y alocado de miles y miles de millones, mientras que la inmensa mayoría demuestra que sus administradores padecen de amnesia grave. Elijamos uno de los más curiosos fenómenos, el del Banco Santander Trust, domiciliado en el paraíso fiscal de las Bahamas. En 1993 esta sociedad reflejaba un valor en libros de 159 millones de pesetas y un capital social de 142 millones, aunque tenía entonces 1.132 millones en reservas. Los resultados de ese ejercicio arrojaron un beneficio de 4.856 millones, 34 veces más que el capital social. Y en 1994 pasa lo mismo, lo que seguramente sitúa al Santander Trust como el banco más rentable del mundo. Pero todo es artificial, sin base alguna que justifique las actividades desarrolladas por la empresa, ya que en 1995 asistimos atónitos al nuevo milagro de los panes y los peces elevado a la enésima potencia; las reservas de la sociedad llegan a los 185.166 millones de pesetas, pero, según nos cuentan oficialmente sus administradores, los beneficios sólo habían sido de 3.842 millones, en tanto el capital social desciende a 121 millones. Mas la incongruencia no acaba ahí ya que el Banco Santander Trust, con tan ínfimo capital social, siguió aumentando sus reservas hasta llegar en 1998 nada menos que a 225.711 millones de pesetas, pero sin que los beneficios obtenidos puedan justificar tan disparatado incremento. No hay duda de que el Santander Trust es, cuando menos, un banco sumamente original.

Pero no nos paremos ahí, porque sigue la larga lista de sociedades que han desaparecido de la memoria del banco sin dejar rastro y sin que se haya dado la menor explicación. FFB Participares y Servicios, que aparecía en 1995 con un valor contable de 166.062 millones de pesetas, pasó a engrosar al año siguiente el numeroso grupo de los «caídos por Botín y por Cantabria». Otra de las sociedades «evaporadas» es Santusa Holding S.L, que contaba con un capital social de 189.803 millones de pesetas. Y así más y más y más, hasta llegar a Holbah II con 188.893 millones de pesetas. Puede colegirse sin mayor esfuerzo hermenéutico que «Hol» equivale a «Holding» y «bah» a «Bahamas», donde radica, y el II nos permite presumir que alguna vez existió —o existe— el I, con el que todavía no hemos topado. Lo cierto es que Holbah II debió caer heroicamente en combate sin que hayamos podido de momento localizar sus restos, tras los cuales prosigue nuestra investigación para ver si algún día podemos rendirle solemnes honras fúnebres.

Resulta incomprensible de todo punto que las dignísimas y competentísimas autoridades financieras puedan pasar por alto tantos disparates, a pesar de que en las memorias del Santander sus redactores reiteren siempre que se trata de lo mejorcito que circula por ahí para informar a los accionistas y al mercado. Lo que posiblemente sea cierto en cuanto al volumen físico de la información apreciada al peso, mas no, como puede verse, en cuanto a su contenido financiero o su certeza contable. Es evidente que la información que transmiten los gestores del SCH es sólo aquella que les interesa dar a conocer. El cúmulo de mentiras, a través de varios años, ha llegado a tal magnitud que es del todo imposible que se aclaren ellos mismos.

En el inicio de toda esta investigación financiera y patrimonial del banco de Botín, las discrepancias contables podían entenderse como errores propios dada la gigantesca proporción que el banco había llegado a tener. Más adelante, contemplando la magnitud de la ocultación contable cualquier vinculación con el error o desliz quedó descartada de plano. La opacidad está concretada, sobre todo, en aquellas partidas contables cuantitativamente importantes que son utilizadas de cajón de sastre sin etiqueta alguna, para que se diluyan en un océano de números. Se hace así porque se quiere ocultar y mangonear la verdadera situación patrimonial de la entidad. Las progresivas desviaciones de cuantiosos fondos, a través de sociedades participadas, dan a entender que el volumen del banco paralelo es extraordinario por el perímetro en que se mueve. No hay razón —si no fuera el engaño— para que los administradores del SCH cumplan con lo dispuesto legalmente. En el artículo 48 Código de Comercio establece que la memoria consolidada deberá incluir:

El nombre y domicilio de las sociedades comprendidas en la consolidación; la participación de las sociedades comprendidas en la consolidación o las personas que actúen en su propio nombre, pero por cuenta de ellas; las sociedades comprendidas en la consolidación distintas de la sociedad dominante; así como el supuesto del artículo 42 en el que se ha basado la consolidación.

En el artículo 199 de la Ley de Sociedades Anónimas se establece que «La memoria completará, ampliará y comentará el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias» y el artículo 200 nos dice que la memoria deberá contener, además de lo especificado en el Código de Comercio y en esta ley:

La denominación, domicilio y forma jurídica de las sociedades en las que la sociedad sea socio colectivo o en las que posea, directa o indirectamente, como mínimo el tres por ciento del capital para aquellas sociedades que tengan valores admitidos a cotización en mercado secundario oficial y el veinte por ciento para el resto, con la indicación de la fracción de capital que posea, así como el importe del capital y de las reservas y del resultado del último ejercicio de aquéllas. Las menciones previstas en este número podrán establecerse en una relación, que se depositarán en el Registro Mercantil. Podrán omitirse cuando por su naturaleza puedan acarrear graves perjuicios a las sociedades a las que se refieran. La omisión deberá mencionarse en la memoria.

Pues bien, como hemos visto, tan sólo un tercio de las sociedades participadas se incluyen en la obligada relación. Los otros dos tercios se omiten y nunca llega a conocerse su existencia. Pero lo más grave es ver cómo desaparecen en combate sociedades con altísimos fondos propios que habían pertenecido a la relación, a pesar de que la ley establece que «la omisión deberá mencionarse en la memoria».

Debe tenerse en cuenta que el párrafo transcrito del artículo 200 se redactó dentro de la Ley 2/1995 de 3 de marzo, por lo que es de reciente factura y no puede alegarse que no es conforme a la actual marcha o necesidades de la economía. Se supone, al menos es lo que se desprende, que el legislador (ebrio o sobrio) conocía la práctica que se estaba desarrollando, y quiso aclarar cuál debía ser el contenido mínimo de las memorias consolidadas en los casos que existan sociedades participadas. Más todavía si éstas tienen residencia en paraísos fiscales.

El alegre descontrol puede llevar a situaciones aberrantes como la que afecta al SCH, que mantiene fuera del conocimiento de sus accionistas —y por lo tanto no figura en la relación de empresas participadas— una sociedad que tiene más fondos propios que el propio banco. La cenicienta ricachona a la que nos referimos es la sociedad Administración de Bancos Latinoamericanos Santander S.L., (ABLASA) que no está invitada a palacio ni pertenece al selecto grupo de sociedades que se exhiben, no obstante. Tiene un número de identificación fiscal (NIF: 0B08584930). Antes se llamaba Viesval S.L. y estaba domiciliada en el paseo de Pereda, 9 (Santander); ahora se ha trasladado a la plaza de Canalejas 1, de Madrid. La fecha de constitución es del año 1979, tiene nueve empleados y el capital social es de 2.883.131.351,19 euros, esto es, tanto como 479.442 millones de pesetas. Sorprende el abultado capital social: a 31 de diciembre de 2000 tenía fondos propios de 2.775,7 millones de euros, cuando el capital de todo el SCH (sin contar la prima de emisión y las reservas) era en esa fecha de 2.280,1 millones de euros. Todo este capital está en permanente pérdida: en el año 2000 se perdieron 24,7 millones de euros (4.107 millones de pesetas), en 1999 se perdieron 10,6 y en 1998 se perdieron 4,9 millones de euros. Con todo este dineral en fondos propios, la sociedad, como se ha dicho, no figura en el anexo de las sociedades participadas.

Como puede apreciarse ABLASA, S.L. no es una sociedad cualquiera, sorprendentemente es más ricachona que el propio banco, no es, ni mucho menos, una sociedad de mera tenencia de acciones o en proceso de liquidación. Además, ABLASA, S.L., contiene en sus cuentas anuales —ejercicios 1999 y 2000— la salvedad del auditor Arthur Andersen, consistente en que no se refleja el efecto que tiene la consolidación de la sociedad con sus sociedades independientes. Esta sociedad según consta en la memoria presentada ante el Registro Mercantil, además de la dirección y gestión de valores, tiene como objeto:

Podrá igualmente realizar actividades de asesoramiento y de prestación de servicios de apoyo a la gestión incluidas las de carácter financiero, a las entidades participadas y a las entidades pertenecientes al Grupo de sociedades al que pertenece la sociedad. (Página 1 de la Memoria, apartado 1º «Reseña Histórica y bases de presentación de las Cuentas Anuales»).

Poco importa que exista un punto de referencia accesible como puede ser el Registro Mercantil para que se consume la desaparición en combate de las sociedades participadas o cualquier otro asunto más negro que el carbón y ahí estarán los auditores, cómplices necesarios para, con el alambique de los números y de falsos informes, endosar gato por liebre faltando a la verdad y contribuyendo de forma decisiva a vestir el muñeco con traje de gala. Mienten, y juran en arameo que dicen la verdad. Para muestra, un botón, ya que se hace necesario traer a colación las declaraciones de José Luis Palao García-Suelto, socio de Arthur Andersen, en el procedimiento judicial de impugnación de acuerdos sociales, donde manifestó que todas las sociedades que no constaban en la Memoria, y que conforme al artículo 200 de la LSA deberían estar referidas en la misma, se encontraban excluidas al objeto de arrojar claridad a la Memoria sobre la consolidación de las Cuentas, cuando dicha circunstancia es absolutamente falsa. Y para que conste, juró decir verdad.

SU SEÑORÍA: Tiene Ud. obligación de decir la verdad, ¿jura o promete decir la verdad?

SR. PALAO GARCÍA-SUELTO: Juro.

SU SEÑORÍA: Se le advierte que el falso testimonio está castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses.

[…]

SR. PALAO GARCÍA-SUELTO: Me llamo José Luis Palao García-Suelto.

SU SEÑORÍA: ¿Qué relación tiene con los litigantes?

SR. PALAO GARCÍA-SUELTO: Soy socio de Arthur Andersen, que es la firma que audita las cuentas anuales del SCH.

LETRADO: Hay una serie de sociedades que se encuentran fuera de la memoria, que le voy a preguntar expresamente por ellas. ¿Ud. conoce la sociedad Ablasa?

SR. PALAO GARCÍA-SUELTO: Me suena, no sé qué es conocerla. Me suena.

LETRADO: Conocerla es saber a qué se dedica.

SR. PALAO GARCÍA-SUELTO: No sé qué es en términos jurídicos conocer una empresa. Es decir, me suena el nombre de esa empresa.

LETRADO: ¿Ud. conoce la realidad contable de la empresa Ablasa?

SR. PALAO GARCÍA-SUELTO: No, yo personalmente no.

LETRADO: No la conoce.

SR. PALAO GARCÍA-SUELTO: La auditoría del banco es un trabajo de 400.000 horas al año, en la que trabajan 800 personas, y en la que el trabajo se reporta a la punta de la pirámide, que soy yo.

LETRADO: ¿Y a la punta de la pirámide le llegan 2.600 millones de euros de capital más reservas?

SR. PALAO GARCÍA-SUELTO: Es que no sé lo que es.

LETRADO: ¿Sabe a lo que se dedica?

SR. PALAO GARCÍA-SUELTO: No.

LETRADO: ¿De las 600 sociedades cuántas audita Arthur Andersen?

SR. PALAO GARCÍA-SUELTO: No lo sé, la mayoría. Creo que 500 o 450 en 35 países.

LETRADO: ¿Ablasa es grupo consolidado o no?

SR. PALAO GARCÍA-SUELTO: No lo sé, entiendo que sí.

LETRADO: ¿Ablasa, la conoce?

SR. PALAO GARCÍA-SUELTO: Insisto, me suena, pero no sé nada más. No sé ni dónde está, a qué se dedica, ni qué capital tiene, ni qué cifras tiene. No lo sé. Me consta que esta información, y mucha más, está en mis legajos y registros. Pero yo no llevo encima de mí dos millones de cuartillas con esta información. Me consta que esto si voy a mis registros, lo busco y lo encuentro, pero de memoria yo no lo puedo saber.

Al parecer la amnesia es contagiosa. Cuando tuvo que declarar José Manuel Tejón Borrajo tampoco le sonaba demasiado la astronómica sociedad de tan abultado capital social oculto a los accionistas del banco:

LETRADO: Usted es administrador, consejero, ¿en cuántas sociedades que no están en la memoria?

SR. TEJÓN: Pues eso no se lo puedo decir, de memoria no.

LETRADO: ¿Más de 10, más de 20?

SR. TEJÓN: No, no creo que sean 10.

LETRADO: Digo si son más de 10.

SR. TEJÓN: No, no creo que sean 10. Alrededor de 3 ó 4.

LETRADO: Tampoco recordará el nombre de las que es administrador.

SR. TEJÓN: Pues creo que una es Santusa, otra es Santander Holding Internacional, y… de Santander de Pensiones, y ya no me acuerdo de más.

Para ayudar a recomponer la frágil memoria de Tejón Borrajo no olvidemos que, en su condición de Interventor General del SCH, hay que recurrir a los datos públicos. Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. (ABLASA), celebró Junta Universal el 22 de octubre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en fecha 21 de Diciembre de 2001, según escritura de fecha 8 de noviembre de 2001 —sólo tres meses antes de prestar testimonio en el Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Santander—, donde Tejón Borrajo fue nombrado consejero de dicha sociedad (inscripción 8ª):

c) Designar para ocupar el cargo de Consejero, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, por un plazo indefinido, a contar desde la fecha de celebración de la presente Junta General Universal Extraordinaria, a las personas que se relacionan a continuación, confiriéndoles todas las facultades estatutarias y legales inherentes al cargo:

Don Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, […]

Don Marcial Pórtela Álvarez, […]

Don César Ortega Gómez, […]

Don José Manuel Tejón Borrajo, casado, nacido el 11 de julio de 1951, de nacionalidad española […]

Don José Antonio Blanco Herranz, […]

Todos y cada uno de los designados encontrándose presentes en este mismo acto, aceptan el cargo y toman posesión del mismo, manifestando no estar incursos en causa alguna de incapacidad, prohibición y en especial en ninguna de las previstas en la Ley 12/1995 de 11 de mayo o en la Ley 14/1995 de 21 de abril, esta última de la Comunidad Autónoma de Madrid, y en otras leyes nacionales, locales o autonómicas.

No hay que hacer demasiadas elucubraciones para intuir lo que pretende ocultar Tejón Borrajo, Interventor General del banco, sobre lo que se esconde en las «tripas» de esta sociedad tan importante, cuando bajo juramento se arriesga a mentir de una manera tan burda ante la autoridad judicial. La respuesta no puede ser otra que la ocultación del tan repetido banco paralelo que, como la parte sumergida de un iceberg, navega oculto en las entrañas del SCH. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca junto con Tejón Borrajo tienen un papel destacado en la ocultación del banco paralelo. No es de extrañar que Tejón Borrajo ocultara al Juzgado que se le confirieron poderes amplísimos de Administración de Bancos Latinoamericanos Santander.

Emilio Botín, presidente del SCH, es el máximo impulsor de la ocultación de beneficios en un banco que cuenta con miles de accionistas que nunca más van a saber lo que se ha hecho, se hace y se hará de los miles de millones que se van directos al cielo… o a Suiza. Las cuentas se presentan manga por hombro. Para evidenciar que las cuentas que se presentan a los accionistas están hechas a capón, partamos de un revelador ejemplo. Resulta que el beneficio obtenido por la participación en sociedades, tal como queda reflejado en la memoria del banco aquel 1999, era mayor que todo el resultado del que informaba el SCH. El beneficio que declaró el banco fue de 951,3 millones de euros (158.295 millones de pesetas) cuando las sociedades participadas habían contribuido, ese año, con 1.019 millones de euros (169.675 millones de pesetas).

El SCH, además de la actividad propia de la banca —comprar y vender dinero— obtiene pingües beneficios que provienen de las sociedades en las que participa, algunas de las cuales desarrollan ciertamente actividades propias del negocio bancario —como Banesto— o bien financieras, de leasing, etc. En definitiva, estas sociedades en las que participa el SCH aportan unos beneficios al banco en función de la cuantía de su participación. Así, los resultados de Banesto le pertenecen al SCH en función de su participación accionarial, que en este caso es del 97,96%. Se entiende, ya que no parece que pueda ser de otra manera, que los beneficios obtenidos por sus participaciones en estas sociedades, formen parte alícuota de los resultados del ejercicio del propio banco. Teniendo en cuenta esta premisa, los administradores del SCH dan cuenta, uno por uno, de los resultados obtenidos por estas sociedades. Incluyen esta información en el Anexo I, que se extiende a lo largo de cuatro páginas. En él se relacionan las «sociedades consolidadas más significativas que integran el Grupo Santander Central Hispano». En este listado se incluyen las más significativas, lo que quiere decir que no están todas. Adicionalmente, facilitan, en el Anexo II, una relación con las «sociedades no consolidables con porcentaje de participación del Grupo superior al 3% (20% si no cotizan en Bolsa)» donde se precisa asimismo que «se incluyen las sociedades más significativas, en conjunto, más del 98% de la inversión en dicho colectivo».

Los Anexos I y II de la memoria del banco facilitan el nombre de la sociedad, su domicilio, actividad, la participación poseída por el banco —tanto directa como indirecta—, el capital de la sociedad, las reservas, los resultados del ejercicio (siempre referidos a la sociedad relacionada), así como el coste contable que esa participación ha supuesto para el SCH (es decir el coste en libros). Ahora bien, si de esos listados (Anexo I y II) se segregan las participaciones directas que ostenta el SCH, y se toma uno la molestia de vincular los resultados obtenidos por estas sociedades —cuestión que omiten los administradores— con la participación que ostenta el SCH, se obtiene como resultado los beneficios (o pérdidas) que han producido estas participadas y que se han de incorporar en la cuenta de explotación del banco.

Esta segregación de las participaciones directas se detecta fácilmente: por ejemplo, en su primera anotación aparece BSN Sociedad de Valores en Bolsa, en la que el SCH participa con el 50,03% de su capital. Como resulta que esta sociedad declaró unos beneficios de 74,9 millones de euros, al SCH le corresponden, en función de su participación, 37,4 millones de euros como beneficios aportados por esa sociedad. Por el contrario, el Banco Central Hispano USA, de la que el SCH ostenta una participación del 100%, declaró unas pérdidas de 7,2 millones de euros; por lo tanto, esta sociedad participada le ha ocasionado al banco unas pérdidas de 7,2 millones de euros.

Así, con el mismo método empleado en los dos ejemplos citados, se completa la relación, dando un resultado total de 891,7 millones de euros, que son los beneficios obtenidos por las sociedades participadas directamente (Anexo I). Adicionalmente, de las sociedades relacionadas en el Anexo II, se segregan todas aquellas en las que el SCH ostenta una participación, por lo que, con el mismo cálculo descrito en el ejemplo, se obtienen unos resultados positivos de 128 millones de euros. La suma de las cantidades referidas y correspondientes a los Anexos I y II, asciende a 1.019,7 millones de euros.

Sin embargo, los administradores del SCH señalan que los resultados del banco en el ejercicio de 1999 son de los referidos 951,4 millones de euros. ¿Cómo es posible que una sola partida contable del balance del SCH, como es la referida a resultados de las participadas, sea mayor que los resultados en conjunto del banco? La respuesta entra en el capítulo de los efectos paranormales. Lo que sí que parece incuestionable es que los resultados de las participadas son resultados que tiene que asumir el propio banco. Si no es así, ¿para qué las tiene? Lo propio es que los balances que estas sociedades obtengan reviertan en la cuenta de explotación de quien ostenta la participación accionarial.

Cabría una explicación a ese descuadre, y es que esos resultados estuvieran contenidos o se hayan llevado a las reservas en las sociedades participadas, ya que existe una partida contable en el balance del banco para reflejar estas reservas. Dicho de otro modo, estos resultados obtenidos por las filiales no se trasladan hacia los resultados del SCH en su totalidad, sino que se acumulan en sus reservas, que subsidiariamente también serían reservas del banco contenidas en la partida contable que figura en el balance con el epígrafe explícito de «Reservas en Sociedades Consolidadas». Pero, cuando se analiza esta partida, no sólo no se aclara nada, sino que se descubre que el esperpento es todavía mayor. Los números no cuadran por la acumulación de los miles de millones evaporados que superan el billón de antiguas pesetas.

Con todo este dinero sin control, ya no se sabe si esto es un agujero o es una ventana abierta por donde se van los recursos del banco al país de nunca jamás, o acaso es una cloaca donde van a parar los residuos tóxicos de las pérdidas a semejanza de la original contabilidad de Enron —repasada, por cierto, por el mismo auditor—, que —¿quién sabe?— igual es el inventor del asunto. A la vista de las normas expuestas y su incumplimiento en grado superlativo, habrá también que referirse a quien las debe de hacer cumplir. Por todo lo expuesto, se evidencia que no existen controles. Los conglomerados financieros campan a sus anchas por mucho que un tipo bigotudo les diga que «quien transgrede las normas debe pagar las consecuencias». De momento, las memorias de estas instituciones financieras son lo mismo que una revista de colorines en papel cuché, donde todos salen como en las revistas del corazón, muy bien fotografiados al lado de la chimenea en el día de Navidad.

Por arte de birlibirloque

Los partidos políticos, muy preocupados en pelearse entre ellos dejan al margen la mayoría de las cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos. De la que sí que se ocupan, y hasta la extenuación, es en la relativa al cobro de los impuestos. Tanto que éstos sean directos o indirectos no hay nada que se les escape, pero cuando se trata del banco de Botín el asunto parece entrar en fase esperpéntica. Podríamos decir que el asunto fiscal va manga por hombro. Los administradores del banco cántabro dejan constancia en la memoria del ejercicio contable de 2001 del banco de la asignación tributaria que ellos creen que les corresponde, y la sitúan en estos términos: cuota teórica del Impuesto sobre Sociedades que, como tributa a un tipo del 35%, correspondía a un pago de 488 millones de euros. Pero esa asignación para las grandes empresas es tan sólo una anotación virtual al verse diluida por las perpetuas rebajas, por lo que se deducen por «Diferencias permanentes» 214 milloncejos de nada. No acaba aquí la cosa: «Deducciones», acogiéndose a la literalidad de lo que se anuncia se deducen otros 208 millones de euros. Por lo tanto, el Impuesto sobre Sociedades queda reducido a 66 millones de euros (10.975 millones de pesetas). De un tipo del 35% hemos pasado por «diferencias permanentes» (es decir, para toda la vida), y deducciones varias, a un tipo del 4,7%. Ya me dirán si es de recibo que el mayor banco del país no pague prácticamente impuestos. Es más, se retienen del dividendo grandes sumas en concepto de devengo de impuestos, pero finalmente o sufren una importantísima reducción o bien ni se ingresan en las arcas del Estado. Estos miles de millones vuelan a no se sabe dónde. Pero llegar aquí ha llevado su tiempo.

En los últimos diez años, el Banco de Santander ha pasado a cuadriplicar sus beneficios, aunque tan sólo haya duplicado los impuestos que paga a la Hacienda Pública. En nuestra simplicidad de ciudadanos de a pie, nos parece que si los beneficios se incrementan de año en año la carga impositiva debiera correr la misma suerte. Si nos remontamos a 1988 vemos que el Banco Santander declaraba entonces unos beneficios antes de impuestos de 64.402 millones de pesetas y la carga fiscal ascendía a 24.863 millones, por lo que el beneficio neto era de 39.539 millones. Los impuestos, por tanto, representaban un 38,6% sobre el beneficio bruto. Diez años después, las cosas cambiaron radicalmente: los beneficios del Santander se han multiplicado por cuatro (se ha pasado de 64.402 millones de pesetas en 1988 a 254.002 en el ejercicio 1998), pero los impuestos sólo se han multiplicado por dos. Si por los resultados de 1988 se pagaron 24.863 millones en impuestos, por los de 1998 se hicieron efectivos 56.408 millones, lo que representa el 22,2% del beneficio bruto. Muy lejos, por tanto, del 38,6% registrado en 1988. No sabemos si la ley fiscal en vigor está deplorablemente concebida en beneficio del poder económico o la recaudación tributaria funciona manga por hombro, o las dos cosas a la vez. El paso de un 38,6% a un 22% no se ha realizado de forma súbita, sino mediante un goteo constante y planificado. En 1991 había descendido al 34%; en 1993 volvió a caer dos puntos; al año siguiente, dos puntos más, situándose en el 30%; en 1996 bajó al 26%, y en 1997 se situó en el 24%. Conclusión: cuanto más gana el Banco Santander, menos paga porcentualmente en impuestos. Igual que sucede con todos nosotros, los ciudadanos de a pie, cada vez más satisfechos con el levísimo esfuerzo fiscal que se nos pide sin la menor demora para el bien de la patria, todo por la patria.

El organismo a quien corresponde inspeccionar estas cuentas es la Oficina Nacional de Inspección de Hacienda, a quien se asigna la investigación de las empresas que facturan más de 10.000 millones anuales, por lo que llama poderosamente la atención que subsista el estado de cosas que hemos descrito de manera sucinta. La institución fiscal parece que estuviera paralizada, puesto que no se conoce, fuera del caso de las «cesiones de crédito» a impulsos de la autoridad judicial, actividad inspectora relevante. Tanto es así que el Banco Santander tiene pendientes de inspección los últimos cinco ejercicios en la mayoría de las sociedades consolidables que integran el grupo, lo que longa manu invita a la prescripción tributaria por obra y gracia del tiempo, que todo lo cura: «Todas las cosas nos son ajenas, solamente el tiempo es nuestro», repiten con el poeta los ilustres comensales solazados por tantos motivos recíprocos para levantar sus copas y brindar con el mejor champán.

Todas estas irregularidades, escogidas aquí y allá, son tan sólo una muestra del amplísimo repertorio que se ofrece ante nosotros ejercicio tras ejercicio. Como quien no quiere la cosa, se «distraen» cada año miles de millones, una práctica que podemos calificar de habitual y que cuenta con la necesaria complicidad, por acción u omisión, de la firma auditora, otra vez Arthur Andersen, que siempre anda de por medio cuando hay que tapar algún chanchullo de campanillas a cambio de «honorarios» por cientos de millones al año. Todas las irregularidades detectadas en las cuentas del Santander se santifican con la complicidad inevitable de la famosa auditora «independiente», que da en justificar lo injustificable y hasta jurándolo en arameo si es menester. Su informe de auditoría, unido a la memoria del banco, pretende dar legitimidad a unas cuentas que, por lo que aquí se expone, nada tienen que ver con el fiel reflejo de su verdadera imagen patrimonial. El tal informe, por supuesto, no hace mención alguna sobre el destino de 35 sociedades participadas, todas ellas domiciliadas en paraísos fiscales, que han desaparecido sin dejar rastro de las cuentas de la matriz. Arthur Andersen parece anclarse en la tesis implícita de que se trata de una disolución imaginaria de sociedades fiscalmente opacas. Y el informe, claro está, tampoco hace referencia a que las bajas societarias no se corresponden con la información facilitada a la CNMV.

Un misterio que hace desaparecer los beneficios por arte de magia es el tratamiento que se le da a los «minoritarios». El apelativo de minoritario parece conectar con la pérdida de derechos que los mayoritarios imponen. Esta situación se puede dar en cualquier sitio excepto en las cuentas del SCH donde los minoritarios son un lujo y un misterio. El concepto de minoritario que los administradores del SCH dan en las memorias del banco, es aquella sociedad que está participada por el banco —incluso gestionada ya que puede ser otro banco— de la que no tiene la mayoría del capital social. De ahí, que el minoritario es, por decirlo así, los socios que comparte el accionariado. Los resultados informados en la memoria corresponden a la totalidad de los beneficios obtenidos por la sociedad participada, por lo tanto, se deben extraer los beneficios que por participación tienen los otros socios. Dicho de una forma o dicho de otra, esta es la única razón de que se deduzca del beneficio neto consolidado esta partida contable.

La deducción por este concepto no es moco de pavo, entre el 25 y el 27% de los beneficios del balance consolidado se destina a la retribución de los minoritarios. La cuantía asignada es un autentico acto de fe. Para empezar funciona a través de un saldo; se especifica un saldo inicial y un saldo final que se va arrastrando ejercicio tras ejercicio. Así y todo, el diferencial de los saldos no sirve para absolutamente nada. No se extrae ninguna conclusión contable y, por arte de magia, se desprende una cantidad que lleva el título de «Beneficio neto del ejercicio atribuido a la minoría» de la que no hay referencia que la acredite como correcta. Si trata uno de averiguar cómo evoluciona el saldo, el misterio todavía es mayor. Bajo el epígrafe «Intereses minoritarios» hay una relación que contempla tan sólo entre 20 y 25 sociedades de las más de 400 que el banco participa significadamente. No sólo es insuficiente esta información, si no que la que se facilita es inveraz.

No es de extrañar que el beneficio quede mermado por una rapiña, sobre la parte que corresponde a terceros, cuando no existe la posibilidad de determinar quiénes son, en qué sociedades participan, y cuál es el porcentaje accionarial que ostentan. Todo se hace expresamente para que la información transmitida a los accionistas sea tan disparatada que no se pueda entender, y, a la vez, si alguien pregunta, sirva de lección magistral a semejanza del «qué rollo les he soltado» de José María Aznar. De lo que existe la seguridad absoluta es de que las sociedades participadas por el banco no aportan el beneficio que le corresponde por su participación en el capital social. Consecuentemente, una forma de evacuar fondos a la chita callando es asignarle a los minoritarios unos beneficios que no corresponden con el capital social que representan. Tan sólo este episodio de los «minoritarios» precisa una investigación que puede llevar meses, e incluso años, para acabar de desenmascarar a Emilio Botín y compañía del saqueo que a las cuentas del SCH están practicando día y noche. Como a Felipe II, al imperio de Botín no se le pone nunca el sol.

Las mentiras crecen y se desarrollan contaminando los balances contables y repitiendo una y otra vez los engaños. De momento no se notan los efectos de la tormenta ocasionada por la ruina de Enron. El caso de la agencia de valores aragonesa AVA no ha impedido que en la caja de Gescartera no quedara una triste peseta, a pesar de que la firma auditora Deloitte & Touche cuidara de bendecir las cuentas. Pero ni con fianzas ni multas millonarias se regenera el sistema. Parece hoy ya olvidado que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruyó el sumario del caso AVA (la financiera aragonesa que dejó colgados a miles de ahorradores e inversionistas) se despachó con el ordago de fijar una fianza multimillonaria al auditor que no fue capaz de ver tres en un burro. La firma auditora, en este caso KPMG (que antes se denominaba Peat Marwick), fue acusada de haber falseado la contabilidad de la sociedad Transáfrica, implicada en el caso AVA. La imputación la formuló la Fiscalía Anticorrupción y la fianza impuesta quitaba el hipo: 133,4 millones de euros (22.200 millones de pesetas entonces), para responder de su responsabilidad por un trabajo mal hecho.

Atrás también han quedado las multas —miseria y compañía— que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC, impuso a la firma Price Waterhouse por su encomiable labor en la auditoría de las cuentas de Banesto, en las que sólo faltó dar el visto bueno a afirmar que las vacas volaban, para satisfacer los designios de quienes le pagaban la minuta. En el caso Banesto, en el que están conchabados corsarios e instituciones, ni tan siquiera ha cargado con los 100 millones de pesetas de multa. El Tribunal Supremo consideró que a la colaboración necesaria de Price Waterhouse en la estafa y fabricación de un agujero de 3.606 millones de euros (600.000 millones de pesetas) tan sólo le correspondía una multa de 3.000 euros, es decir, nada. Así, con estas sanciones tan ejemplares, la historia se repite una y otra vez.

Acabar con las prácticas corsarias por la vía de las sanciones sólo conseguirá elevar el precio de los informes de auditoría. Cuanto más se analizan las cuentas y el estado patrimonial de algunas de las sociedades que cotizan en Bolsa, más tiende su situación hacia el esperpento. Los informes de auditoría corren paralelos a los intereses de los auditados; bajo esta premisa, todo vale. No importa que la sociedad tenga abultadas pérdidas. Un sinfín de recursos se ponen en práctica. Cuando no, se inventa la reversión de reservas a resultados, y se permite remitir las pérdidas a otra sociedad filial que apechuga con el muerto. Como vemos, la repostería es variada, como variados son los métodos; lo que sí funciona de forma sincronizada es la apreciación de los analistas financieros y los medios de comunicación especializados. A todos ellos no les importa que los pelotazos, los fraudes, los engaños y las estafas se desarrollen por doquier, porque ellos, colateralmente, también viven de vender el producto.

Todo seguirá igual mientras sean recomendaciones y normas al estilo de las Circulares emitidas por el Banco de España las que deban enderezar el rumbo, pues su incumplimiento no lleva necesariamente implícita sanción alguna para el transgresor de la norma. Bajo este precepto, el cumplimiento de las normas es más espiritual que obligado. Así las cosas, quedan al albur de las circunstancias, el lenguaje encriptado se cuida de hacer el resto. Sólo unas normas que lleven adosadas las sanciones correspondientes pueden ser efectivas, incluida la vía penal.

La autorregulación, las recomendaciones y el enunciado de principios éticos no corresponden a una actividad en la que se mueven miles de millones, con una tentación cada día más creciente por las necesidades imperiosas de beneficio inmediato. Cualquier sector económico cuya actividad pueda causar un grave daño a terceros, está regularizado y debe responder civil y penalmente por el mal causado. El sector de los auditores no tendría por qué ser diferente. Todo lo aquí tratado pone en evidencia la urgencia de la reforma de la Ley de Auditorías para acabar de una vez para siempre con las trampas, el doble lenguaje y la mala práctica auditora.

Cada profesión tiene sus principios básicos y la independencia debería ser el pilar fundamental del sector auditor. Por mucha prosapia que pueda tener un profesional de la auditoría, de nada le vale si no dispone de la credibilidad de los clientes. El activo de más valor no son sus conocimientos —que se adquieren—, sino su prestigio. Si éste se esfuma por su falta de independencia puede ser el apaga y vámonos. Por algo este principio básico de la independencia es lo primero que se aprende cuando uno estudia para desempeñar la función de auditor. La mujer del César no sólo tiene que tener el activo de su virtud, sino también aparentarlo. Pero, claro, si la señora en cuestión coquetea con todos los patricios y se acuesta con una legión entera se hace difícil el disimulo.

Se puede decir que los auditores están en el sistema para pasar a limpio los trapos sucios de las grandes empresas. Se ganan su sueldo fregoteando y luego dando brillo y esplendor; un lavado que se blanquea u oscurece a petición del cliente. Una vez bendecidas, las cuentas serán dogma de fe, los inspectores fiscales tragarán carros y carretas y si algo se tuerce por la vía de la justicia se resolverá al estilo borrón y cuenta nueva, o cuenta de orden, así convenga. Tal conveniencia se desprende de las manifestaciones del consejero delegado del Santander Central Hispano, Alfredo Sáenz Abad, que declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El juez estaba interesado en conocer a qué cuentas fuera de balance se refería Sáenz Abad en el consejo de administración del Banco Bilbao Vizcaya, celebrado el 25 de marzo de 1993. La respuesta no podía ser otra, dijo que «eran en realidad cuentas de orden, perfectamente contabilizadas y frecuentes en la banca». De hecho, el comentario que realizó y quedó reflejado en el acta del consejo del banco en la citada reunión y se refería de una forma explicita a que el BBV tenía cuentas fuera del balance. También matizó Sáenz Abad que lo que tenía el banco «fuera de balance es poco» respecto de sus competidores. Pero todavía hacía falta mayor concreción «las cuentas de orden son la forma en la que se contabilizan las cuentas no patrimoniales, es decir, cuando no se trata ni de activos ni de pasivos». Precisó que el problema de llamarlas «fuera de balance» surgió al traducir directamente del inglés el término off the balance.

Puede decirse que esta camarilla que hoy está en este banco, y mañana en el otro, no hacen más que taparse con la misma manta unos a otros. Pero en estas declaraciones el ahora consejero delegado del Santander Central Hispano nos viene a decir que las prostitutas dejan de ser prostitutas si cobran barato, o que quedó embarazada por la puntita nada más, o que las cuentas fuera del balance eran menos que las de los demás. Así, vamos, no hay nada, por evidente que sea, que incomode el viaje en limusina de todo este personal. El secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, ha sido denunciado por sus propios inspectores. La asociación Apife, que agrupa a la mayoría del colectivo —un 80% de sus miembros—, llegó a solicitar el cese inmediato de Rodríguez Ponga por llevar a cabo una política «obstruccionista en relación a la lucha contra el fraude fiscal de los grandes grupos económicos». Los inspectores no se quedaban ahí, añadían a la acusación que las normas se elaboran «deliberadamente descafeinadas para evitar una auténtica comprobación de los núcleos económicos donde se encuentra concentrado el fraude fiscal».

Rodríguez Ponga fue asesor del BBVA en la etapa de expansión de cuentas en paraísos fiscales, e incluso se le atribuye la redacción del manual de escaqueo fiscal, pero, a pesar de todo, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decidió no imputarle. Sorprende también que el paso por el BBVA del actual secretario de Estado de Hacienda coincida con unos tejemanejes contables que permiten al BBVA no tan sólo dejar de pagar impuestos, sino cobrarlos y repartirlos como dividendo. La denuncia del colectivo de inspectores fiscales no tiene parangón, pero viene a confirmar que la lucha contra el fraude fiscal de las grandes empresas es virtual y de broma. La intromisión política en asuntos de desviación fiscal se inicia en la Cámara de Diputados, donde se legislan por la puerta de atrás modificaciones normativas «deliberadamente» —según la denuncia— en favor de los grandes grupos económicos.

El nombramiento de Rodríguez Ponga responde a una clara política del Partido Popular que consiste en la persecución de quien paga, en detrimento de los grandes grupos económicos que tienden a no pagar nada. Para muestra, un botón. El BBVA tuvo unos beneficios en el ejercicio de 2001 de 1.153 millones de euros (191.743 millones de pesetas). Este dato figura en la memoria del banco como «beneficio antes de impuesto». El Impuesto sobre Sociedades se aplica a un tipo del 35%, es decir, merma el resultado en esta cuantía porcentual. No obstante, como hemos visto, la ley permite deducciones y en la práctica se sitúa en un tipo entre el 25 y el 20% en la mayoría de las empresas.

No ocurre lo mismo con la fiscalidad del BBVA donde las deducciones no solo hacen que el banco no pague un solo euro, sino que, en una mágica interpretación de las deducciones el Impuesto de Sociedades, se reconvierta en una declaración de renta negativa, con la que el BBVA obtuvo de Hacienda una devolución de 159 millones de euros (26.441 millones de pesetas) que fue repartida como dividendo del ejercicio de 2001. Esta incomprensible situación no es única. Repsol-YPF ya la viene aplicando al «cobro» de impuestos en sus balances contables desde hace unos años, exactamente desde que Rodríguez Ponga pasó por la asesoría fiscal de la compañía petrolera.

No es de extrañar la denuncia de los inspectores fiscales contra el secretario de Estado de Hacienda. La primera compañía eléctrica del país, Endesa, no paga impuestos, el Santander Central Hispano, los paga entre simbólica y virtualmente, y todo un rosario de grandes empresas tienen un motivo u otro para dejar de pagar sus impuestos; eso sí, de acuerdo con la complicidad y entendimiento de quien es el responsable de la contribución fiscal.

Para mayor abundamiento de que Hacienda se deja engañar por el Santander se hace necesario traer a colación la vida y milagros de una sociedad participada y presidida por el mismo Emilio Botín. En el ejercicio contable de 1988, en la sociedad Santander Investment, que ya hemos comentado, se hicieron las cuentas del Gran Capitán, con lo que un asunto fiscal de campanillas ha quedado enterrado; vamos, que quien infringe la norma no siempre paga sus consecuencias. En este ejercicio se aplicaron gastos extraordinarios por 615,7 millones de euros (tanto como 102.390 millones de pesetas), algo así como 3,4 veces el capital social o como 84 veces los ingresos comunes. Algo totalmente sorprendente. Las cuentas, sintetizadamente, quedaron así: lo que eran 310 millones de euros de beneficios brutos, al aplicarle 615 millones de euros en gastos extraordinarios —con otros pequeños ingresos— pasamos a 299 millones de euros de pérdidas. En cambio, en el Registro Mercantil no aparece esta pérdida, y en su lugar figuran 77,3 millones de euros, al deducir los administradores de Santander Investment 222,3 millones de euros (36.968 millones de pesetas) en concepto de Impuesto de Sociedades, cuando no existe un crédito fiscal que lo justifique.

Este mismo proceder se extiende a otros ejercicios contables. Entre 1997 y 1999 se han deducido 270,3 millones de euros (44.964 millones de pesetas) en una especie de subvención con el nombre de Impuesto de Sociedades. En vez de pagar, Santander Investment cobra. Se puede decir sin lugar a duda alguna que hemos traspasado la barrera del sonido y ya es del todo imposible el entendimiento. El diálogo de sordos es lo que se avecina. Porque, a partir de todos estos datos, cualquiera convence a los ciudadanos que tengan acceso a este tipo de información, para que, voluntariamente, cumplan con lo que se dice que son sus obligaciones fiscales de las que dimanan sus derechos constitucionales. De momento, se distrae a la ciudadanía con fuegos de artificio implantando rigor fiscal.

Con estos datos en la mano se puede decir sin ninguna elucubración posible que tanto los políticos como los banqueros y los señores del dinero viajan en la misma limusina y que, cuando pasan a toda velocidad, nos saludan con la mano en actitud mayestática para que como palurdos agachemos la cabeza como signo de sumisión. Para sostener esta posición dominante estos caballeros no paran de inventar, tanto es así que llegamos a lo nunca visto. El Santander Central Hispano acuciado por los descalabros en Latinoamérica se veía en la necesidad de vender todo lo que tenía a mano. Cuando llegó el turno de vender el 10% de Banesto —en aquel momento el 99,04% está en manos del SCH— la Oferta Pública de Venta (OPV) diseccionaba en dos partes el precio definitivo fijado en 7,5 euros la acción. Una parte, 5,47 euros, se ingresará en la caja del SCH por el concepto de cesión de los derechos de suscripción preferente —con anterioridad el banco de Botín había suscrito para sí toda la emisión—. Otra parte, de 2,03 euros, la ingresará Banesto por el concepto del valor nominal de la acción.

Toda esta complejidad tenía una razón de ser, se puede afirmar con rotundidad que toda esta camarilla no da puntada sin hilo. Para vender el 10% de Banesto no hacían falta todos estos viajes; del 99% del capital social en manos del SCH, se vende un 10% y se queda en el 89%. Pues para llegar al mismo sitio se suscribe íntegra una ampliación, y después se vende en una OPV desglosada en dos conceptos. ¿Dónde está el secreto de esta extraña operación? Pues en que es una operación de ingeniería fiscal para intentar privar al Tesoro Público de los impuestos que originan sus apresuradas desinversiones. Desglosada en dos conceptos, la venta de derechos de suscripción de una sociedad que cotiza en Bolsa no tributa en el Impuesto sobre Sociedades. Ello permitió al SCH embolsarse 528 millones de euros y eludir sus obligaciones con Hacienda.

No se vayan a creer que estos sesudos caballeros se detienen aquí con su invento, la ingeniería financiera da para más. El adicional escaqueo fiscal lo preparan para cuando se tengan que repartir el dividendo que genere esta ampliación de capital. Ni más ni menos tienen previsto reducir el capital social —que antes han ampliado ingresando Banesto 2,03 euros por acción— para colarlo como pago de dividendo. Es decir, una farsa que enmascara el dinero que recibirá el accionista, disfrazándolo de reducción de capital que está exenta de tributación. Está visto que los señores del dinero se las inventan todas. Sería conveniente que vaya tomando nota por si se le ocurre alguna idea para cuando tenga que realizar su próxima declaración de renta.

CAPÍTULO 8

ANÓNIMAS PARTICIPADAS

Las cárceles están llenas de atrasados mentales; pero la mayoría de los criminales inteligentes están en la calle.

ALEXIS CARREL

La nueva Ley Financiera, el Libro Blanco del ICAC, el Código Olivencia, o el Código Aldama en España, la reciente Ley Sarbanes-Oxley en los Estados Unidos o el informe Higgs en el Reino Unido hacen una serie de recomendaciones para mejorar el gobierno corporativo. En el fondo, estos sesudos personajes, reunidos tras meses de trabajo rellenando centenares de páginas, llegan todos a la misma conclusión: dejan todas las decisiones críticas en manos del consejo de cada sociedad. Así, en forma de bendición espiritual de «todo el mundo es bueno», se pretende que sea la autorregulación la que libre del pecado de la mentira a las corporaciones que transitan por sus manos miles de millones de euros. Ni el más ingenuo podrá creer que estos caballeros que tienen instalada en las plantas nobles la máquina de hacer dinero la van a mantener ociosa por la ética que se desprende de cualquier código de buen gobierno.

A estas alturas de la narración del libro cada uno puede tener una opinión fundada de las mentiras al por mayor que la memoria del SCH difunde. Sea por las renovadas exigencias regulatorias, sea por la necesidad de recuperar la confianza de los accionistas e inversores, lo cierto es que la cuarta edición del estudio de Price Waterhouse —uno de los cómplices auditores— sobre las mejores prácticas en la información corporativa figuran dos grupos españoles entre los 58 seleccionados de todo el mundo. ¿Se pueden imaginar ustedes quién es el seleccionado español? Sí, efectivamente lo han acertado: el Santander Central Hispano repite por segundo año consecutivo y es calificado de «ejemplo» a la hora de informar sobre la gestión de riesgos de la entidad y detallar los negocios que están más expuestos y su impacto en la cuenta de resultados.

Estos excesos de calificar de ejemplo a las mentiras al por mayor que cuentan los gestores del SCH recuerda un chiste soviético: la maestra de una guardería de Moscú cuenta a los niños lo maravillosa que es la sociedad soviética; un niño se echa a llorar y la maestra, emocionada, le pregunta por qué; el niño le contesta que, oyéndola, le han entrado muchas ganas de ir a la URSS. Pues lo mismo, oyendo a Price Waterhouse nos podemos echar a llorar de risa por la elevación a los altares de una memoria donde parece primar más el objetivo de mejorar la imagen de reputación corporativa que la de informar en sí. No se detengan, pasen y vean lo que todavía da de sí el banco paralelo de Botín.

De Airtel al cielo

Vamos a hablar de un misterio contable y a la vez de un fabuloso negocio de Emilio Botín y acompañantes; nos referimos a las sociedades participadas del SCH. Como hemos visto, estas sociedades entran y salen de la estructura contable como Pedro por su casa. Podríamos decir que sociedades con fondos propios por valor de miles de millones de pesetas desaparecen en combate, un escapismo que para sí hubiera querido Harry Houdini. El arte de vaciar y echarle mano a la caja del SCH se practica, preferentemente, a través de las sociedades participadas, de la operativa en paraísos fiscales y por la emisión de títulos del SCH excluyendo a los accionistas. Por estas tres vías el tren de Botín va a toda máquina. Quizá la más evidente —por lo visible—, de estas tres vías de escapismo, es la vía por donde transitan las sociedades de las que el banco tiene una participación accionarial. Cualquiera puede formularse la siguiente reflexión: ¿Cómo es posible que durante el transcurso del año Emilio Botín informe públicamente, a bombo y platillo, de operaciones mercantiles derivadas de la venta de sociedades participadas que proporcionan cuantiosas plusvalías, y éstas no se vean reflejadas en los estados contables cuando finaliza el ejercicio? Convendrán conmigo en que esta cosa es un misterio o bien, es un arte.

Si a alguien en el transcurso del año se le ocurre ir sumando las veces que el presidente deleita los oídos de la audiencia con esplendorosas ganancias por múltiples y variados negocios, y retiene los importes que se dicen se han obtenido, estamos al cabo de la calle: la suma obtenida por transmisión verbal no coincide —con diferencia de miles de millones— con la información contable. También podríamos decir que por la boca muere el pez y, también, que no es un hecho aislado: se repite año tras año. La repetición ha quedado instaurada —por lo tanto, se ejerce como una práctica— y las cuantías dinerarias que se manejan en este tipo de operaciones son astronómicas. Para trascender de lo genérico a lo concreto, la reflexión anterior se podría formular de la siguiente forma: ¿cómo es posible que el Banco Santander Central Hispano presente unos resultados de 375.700 millones de pesetas en el ejercicio del año 2000, si se han anunciado plusvalías generadas por la venta de Airtel a Vodafone de casi un billón de pesetas? Para que la cosa no quede en el misterio de efectos paranormales, veamos si podemos introducirnos en el arte del escapismo, a imitación de Houdini, que el presidente del SCH es capaz de desplegar.

Sin ir más lejos, la respuesta a esta incongruente pregunta se puede encontrar entre los párrafos sueltos de la memoria que los administradores del banco presentaron para la Junta General de Accionistas que se celebró el 10 de marzo del 2001. Entre esa documentación se puede apreciar cuál ha sido el método que finalmente han aplicado. Antes de introducir los hechos con mayor detalle, convendría anticipar lo que parece ser el núcleo de la felonía: el banco no vendió sus acciones de Airtel a Vodafone, sino que las canjeó por acciones de Vodafone; así, contablemente, no hay plusvalía alguna ya que siguen valoradas con el coste contable de las que tenía Airtel. Es un argumento tan burdo como difícil de sostener; con este argumento no habría nadie que pagara a Hacienda, las transacciones se harían por trueque donde el valor del dinero no se tiene en cuenta. Aunque le parezca sorprendente, a Hacienda le parece de maravilla que Botín y acompañantes apliquen el prehistórico método del trueque. Así que ya lo sabe, cuando tenga que hacer su declaración de renta, y en ella deba incluir la venta de un piso, apartamento o cualquier plusvalía, intercámbiela por una estampita de la Virgen de los Desamparados, a ver si la cosa también funciona.

Evidentemente, la metodología contable del trueque practicado entre las acciones de Airtel y Vodafone no puede estar autorizado por el Banco de España, ni por nadie. Emilio Botín mata dos pájaros de un tiro: no paga a Hacienda miles de millones —es el mayor fraude fiscal cometido hasta la fecha— ni se refleja contablemente la operación de tantísimo beneficio. Con el tiempo se irá diluyendo de la memoria de los accionistas y acabará yendo a engrosar en pleno o en parte el botín de Botín. La mala costumbre de no reflejar contablemente las operaciones que se llevan a cabo conducen, con el tiempo, a que las cuentas del banco se parezcan a los activos que ostenta tanto como un huevo a una castaña. El SCH no da puntada sin hilo para ir preparando la desaparición en combate de operaciones lucrativas, para la que existe una metodología que se aplica con repetición.

No es fácil percatarse de que existe un método de exterminio de operaciones contables si sólo se observa y analiza un solo ejercicio contable. El latrocinio puede apreciarse —sin ver el perímetro hasta donde alcanza— en la concatenación de apuntes contables que deambulan de un ejercicio a otro. Esta metodología que aplicaba el Banco Santander no ha variado después de la fusión. Pero pasemos a los papeles; en el Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Consolidadas, página 44, donde se refiere a traspasos de participaciones dice así:

Durante el ejercicio de 1999, los principales traspasos realizados se derivan de las desinversiones parciales realizadas en Airtel Móvil, S.A. (Airtel), Antena 3 TV, S.A. (Antena 3) y Endesa.

Concretamente, en la misma página, cuando se refiere a Airtel dice:

Al 31 de diciembre de 1998, la inversión en esta compañía suponía una participación del 14,18% en su capital social (1.106.101 acciones, con un coste de 126.705 miles de euros). En el ejercicio de 1999, el Grupo ejercitó los derechos preferentes de compra de que era titular sobre un 16,28% del capital social de Airtel propiedad de terceros, por un importe de 1.785.006 miles de euros. Así mismo, durante ese ejercicio, el Grupo transmitió el 5,46% de dicha participación a dos entidades financieras por 598.163 miles de euros; por lo que su participación al 31 de diciembre de 1999 ascendía al 25%.

En el mes de julio de 2000, el Grupo aceptó la oferta presentada por Vodafone Airtouch, PLC (Vodafone) para canjear su participación en Airtel a esa fecha por acciones de Vodafone. El número de acciones de nueva emisión recibidas asciende a 1.842.641.757, representativas del 2,85% del capital social de Vodafone y figuran registradas al coste de adquisición de las acciones de Airtel canjeadas.

Sigamos la pista a estas operaciones descritas en la información de la memoria del 2000. El Banco Santander invirtió en 1995, cuando se constituyó Airtel, 21.032 millones de pesetas por el 14,18% del capital social. De ahí, que se cite a 31 de diciembre de 1998 ese coste contable. Sin embargo esta participación no figuraba detallada en el Anexo II de la memoria de ese año —en la que se relacionan obligatoriamente las participaciones que superan el 20% y no cotizan en Bolsa—. La razón para esta exclusión era que Airtel no cotizaba en Bolsa, y la participación era inferior al 20%. En 1999 se adquirió, adicionalmente, un 16,28% de Airtel con un coste contable de 296.310 millones de pesetas, por lo que la participación total ascendió a un 30,46% con un coste total contable de 317.342 millones de pesetas. Llegado a este punto «transmitió» —que no quiere decir vender— el 5,46% a otras sociedades por 99.268 millones de pesetas. Sobre este punto, convendría disgregarlo del núcleo de esta narración ya que es origen de una repetición del ciclo y metodología que el banco aplica para acabar oscureciendo y diluyendo la operación que acabará en el país de nunca jamás.

Volviendo a lo sustancial, a pesar de esa «transmisión» el banco dispone del 25% del capital social de Airtel, así y todo, ese año tampoco figuró la participación de Airtel en el Anexo II —en el que, como se ha dicho, se relacionan las participaciones que superan el 20% y no cotizan en Bolsa—. La razón de esta ausencia se encuentra en la página 182 de la memoria del banco. Lo que se hizo en el ejercicio de 1999, ya fusionado con el Central Hispano fue retirar del mapa de las participaciones del banco, una participación tan sustancial como el 25% de Airtel (el 5,46% transmitido se «aparcó»). Dicho de otra manera, se retiró del cajón contable donde se explicitan nominalmente las participaciones que posee el banco y se llevó a otra partida: «Acciones y otros títulos de renta variable» que, como cajón de sastre, no posee mención explícita de lo que contiene, y funciona a través de saldo al inicio del ejercicio y su diferencial al cierre.

Siguiendo con la cronología del párrafo traído a colación, se dice que: «En el mes de julio de 2000, el Grupo aceptó la oferta presentada por Vodafone Airtouch, PLC (Vodafone) para canjear su participación en Airtel a esa fecha por acciones de Vodafone». Por lo tanto, nada se compra ni se vende: se canjea, se practica el trueque y las acciones de Airtel son canjeadas por el 2,85% del capital social de Vodafone. Tampoco esta participación de Vodafone figura en la relación —Anexo II— en la memoria del ejercicio del año 2000, a pesar de su abultado coste contable. Es más, aunque la operación se ha materializado, y Vodafone acredita la titularidad de las acciones, Emilio Botín y acompañantes no se dan por enterados, y el valor contable de Airtel figura en los libros como si nada hubiera acontecido. Textualmente, según los administradores del banco: «figuran registradas al coste de adquisición de las acciones de Airtel canjeadas».

En el ejercicio del año 2000, en el mes de junio, según informaron los administradores fue cuando se produjo el canje, no se dio ninguna valoración dineraria sobre la transacción simplemente el trueque de que «el número de acciones de nueva emisión recibidas asciende a 1.842.641.757, representativas del 2,85% del capital social de Vodafone», y como la participación figura registrada al coste de adquisición de las acciones de Airtel canjeadas, no hay plusvalía que ofrecer a los accionistas a pesar de que la inversión se ha revalorizado sustancialmente y el beneficio de la operación supera el billón de pesetas. La evaporación de tantísimos miles de millones de pesetas no es imaginaria ni exagerada. Pero para que pueda ser calificada de estratosférica, se precisa de la inestimable colaboración del Gobierno.

Una vez que el Partido Popular conoció el resultado de los comicios del 12 de marzo de 2000, que les otorgaba la mayoría absoluta, rápidamente se sacó del cajón presidencial el manual de instrucciones de cómo gobernar con impunidad absoluta. Mientras que desde el balcón de la sede madrileña del PP, Aznar juraba llevar a España hasta lo más alto, tan sólo unas horas después su Gobierno concedía cuatro licencias para operar en la telefonía móvil denominada de tercera generación. Los adjudicatarios de aquel concurso pagaron por la concesión una auténtica miseria si se compara con lo pagado por licencias similares en otros países.

La rapidez inusitada de la concesión de las licencias contrastaba con la tradicional toma de decisiones en materia tecnológica, ámbito en el que España ha ido hasta ahora a remolque de las iniciativas de otros Estados de nuestro entorno. Aparentemente, no había ninguna necesidad de ser los primeros en poner precio a tan codiciado interés de las grandes operadoras de telefonía, por la adjudicación de las UMTS. Tantas prisas no se correspondían con una tecnología que ni tan siquiera estaba disponible aún para ningún país.

El mero hecho de que tuviera que ser Anna Birulés la que defendiera en el Congreso de los Diputados la bondad del sistema de adjudicación de las nuevas licencias —con el que se dejaron de ingresar en las arcas públicas casi cinco billones de pesetas— nos da una idea del nivel del esperpento. Cabe precisar que Birulés no representaba entonces el ministerio de Ciencia y Tecnología (que aún no había sido creado), sino que representaba los intereses de uno de los adjudicatarios (Retevisión/Amena), sociedad de la que era directora general, y que recibió el espléndido regalo de una de las licencias.

El contubernio que se acredita entre el poder económico y el gobierno de Aznar no puede ser más evidente. Mientras que en otros países del ámbito del euro recolectaron para sus arcas estatales billones de pesetas por la adjudicación de las licencias de la telefonía móvil, el ex ministro Rafael Arias Salgado, en nombre del Gobierno, adjudicó cuatro licencias de UMTS por un total de 516,8 millones de euros (86.000 millones de pesetas). Entre los adjudicatarios se encontraba la operadora Airtel, que desembolsó 129 millones (21.500 millones de pesetas), igual cantidad que Telefónica Móviles, Amena y Xfera. El total recaudado representa 40 veces menos que lo que, por licencias similares, se han pagado en otros países.

La adjudicación de estas licencias, como está dicho, se produjo justo el día después de las elecciones del 12 de marzo del 2000, aunque la decisión se tomó un día antes de los comicios. Acto seguido, y después de duras batallas entre los accionistas de Airtel por ostentar una participación mayor, la empresa fue vendida a la multinacional Vodafone. La revalorización del capital invertido por los socios fundadores de Airtel se multiplicó por 31 veces; el «pelotazo» fue de los mayores que se han dado en la historia económica española. El PP, que había convertido la cantinela del «váyase, señor González» en un grito contra la corrupción política de los socialistas, estaba elevando la corrupción hasta la enésima potencia. Todos los condenables expolios, tropelías e iniquidades cometidas por los socialistas (Filesas, los AVE, Fondos Reservados, y tantos otros) no llegaban a la suela de los zapatos de los 30.000 millones evaporados por las licencias UMTS.

En otros países la concesión de las licencias de telefonía móvil ha ayudado a cuadrar los presupuestos; pero en España se lo han embolsado un reducido número de empresas de elite —controladas por familias de postín— el SCH y algunas cajas de ahorro. Pero el gobierno no pudo ocultar que la novatada del móvil y las excesivas prisas de Rafael Arias Salgado por liderar la implantación de la tercera generación de estos aparatitos fue producto de la mala fe. Al Gobierno de Aznar le costaba dar explicaciones sobre la bondad de la decisión tomada, pero el hecho consumado llevó a los ciudadanos —contribuyentes todos— a digerir sin remedio y comulgar con las ruedas de molino de tan descomunal envergadura.

Los socios españoles que se desprendieron de sus acciones de Airtel nada más obtenida la concesión, obtuvieron plusvalías por valor de 15.025 millones de euros (2,5 billones de pesetas). Las claves de este inmenso pelotazo se remiten al mismo momento de la constitución de Airtel, cuando el Gobierno decidió poner fin al monopolio de la telefonía móvil que ostentaba Telefónica Móviles, filial de Telefónica. Fue en 1994, cuando se pasó de monopolio al duopolio, al ser adjudicada a Airtel la segunda licencia en telefonía sin hilos. Para esta nueva licencia de telefonía el Gobierno estableció un pago de 480,8 millones de euros. Los socios fundadores de Airtel fueron el SCH (con el 30,45% del capital), Vodafone Airtouch (21,70%), British Telecom (17,81%), Acciona (10,85%), Juan Abelló (3,32%), Corporación Financiera Alba (2,74%), y el resto se lo repartían cuatro cajas de ahorro. Las luchas internas por disponer de una participación mayor provocaron batallas fratricidas entre los socios. Todos intuían el gran pelotazo que se avecinaba.

La adjudicación de las nuevas licencias de telefonía móvil estaba en el trasfondo de las batallas. Era evidente, tratándose de una adjudicación por concurso casi de belleza, que Airtel tenía las piernas más largas de las candidatas, dicho sin metáfora, el perfil idóneo para adjudicarse una de las licencias en concurso. Efectivamente así fue: Airtel estuvo entre las bellezas que se colgaron la banda de la UMTS. El peaje por tan singular belleza consistía en depositar tan sólo 129,2 millones de euros por tan codiciada licencia. De este modo, como ya hemos visto, las arcas del Estado recaudaron 480,8 millones de euros, mientras que en otros países las operadoras, que se disputaban las licencia a través de subasta, pagaron por cada una de ellas más de un billón de pesetas.

El valor de Airtel se disparó hasta los cinco billones de pesetas nada más conocida la concesión. Con está valoración en la mano, los fundadores de Airtel decidieron recoger plusvalías vendiendo sus participaciones a Vodafone Airtouch, y a British Telecom. El 10% restante continúa en manos de antiguos accionistas. Con esta venta, los socios españoles de la compañía telefónica —SCH, familia Entrecanales, familia March, familia Abelló…, ya sabemos que la familia que cobra unida se mantiene unida y se apunta a todos los bombardeos—, obtuvieron las generosas plusvalías de 2,5 billones de pesetas que hemos visto. Los fundadores de Airtel poco tardaron en materializar tan espléndido pelotazo, el tiempo suficiente después de conseguir el regalo de la licencia de nueva generación de telefonía móvil. Con todo ello, no hay razón alguna para que los nuevos propietarios de Airtel se sientan obligados para aplicar una tarifa reducida —después de la billonada pagada— tal como predicaba el vicepresidente Rodrigo Rato, justificando el haber adjudicado las licencias a precio de saldo. Máxime cuando en el redactado de la adjudicación no hay cláusula alguna que obligue a las agraciadas a una tarifa «bondadosa».

Al frente de Airtel, en el momento de su constitución en 1994, estaba Eduardo Serra, que poco después ocuparía la cartera de Defensa en el Gobierno de Aznar. Entre los bienvenidos al festín estaban el Banco Santander, el Banco Central Hispano (que después de la fusión acabó controlando el 30,45% del capital social). Otro grupo de socios era el compuesto por varias cajas de ahorros —Cajastur, Kutxa, Unicaja, BBK y Caixa de Catalunya—, las compañías eléctricas —Endesa y Fenosa—, la compañía norteamericana del sector de las telecomunicaciones, Airtouch, y la operadora británica BT.

Grupo aparte lo conforman los patricios de las tradicionales familias españolas: la familia Entrecanales (con su estandarte Acciona) la familia March (con la Corporación Alba) y Juan Abelló (con Torreal Inversiones). Unos y otros se repartían el pastel de una operadora que tenía como objetivo alcanzar cinco años después de su constitución un volumen de 1,4 millones de abonados. Las previsiones fueron desbordadas por una realidad de 5 millones de telefonoadictos de los 18 millones de convulsivos usuarios de móviles. Esta patológica adicción contribuyó a que los 901,5 millones de euros invertidos por la sociedad Airtel en 1995 se transformaran en un valor de 30.050 millones (5 billones de pesetas). La revalorización del capital invertido se multiplicó por 31 y el pelotazo fue de los mayores que se han dado en la historia económica del país.

Esta revalorización de la sociedad, que se produjo conforme crecía su participación en el mercado, produjo las ya referidas luchas fratricidas. Ha sido Vodafone Mannesmann quien se ha hecho con el 55% de Airtel (inicialmente disponía del 21,72%) mientras que British Telecom adquirió un 35% (inicialmente disponía del 17,81%). Las cajas de ahorro han vendido su participación, y las eléctricas se vieron obligadas a desprenderse de las acciones de Airtel al participar en otro proyecto (Amena-Retevisión) y pasaron a manos del SCH.

Finalmente, los patricios de Acciona, Alba y Torreal se quedaron con un 10% de Airtel, y compartían con Vodafone y BT el 100% del capital. El SCH, con su salida de Airtel, obtuvo una plusvalía de 8.414 millones de euros (1,4 billones de pesetas). En 1995 invirtió 180 millones por el 14,9% del capital de la operadora, después pagó 1.544 millones por la participación adquirida a las eléctricas, invirtiendo en total 1.724 millones. Igual que el SCH, el resto de los socios iniciales hicieron en cinco años el pelotazo de los pelotazos.

Todas estas plusvalías, que fueron a parar a los bolsillos de los privilegiados de siempre, corresponden en buena parte a la capacidad de generar el negocio que se desprende de la mágica licencia. No ha sido la miopía del Gobierno la que permitió otorgar una licencia para operar con la telefonía móvil a precio de saldo, sino que fue simple y llanamente el compañerismo fraternal de la familia que cobra unida. Pero todavía queda por formular la pregunta del billón, una cuestión que extrañamente no se formula ningún analista, ni ningún gurú mediático, ni ningún medio de comunicación: ¿cómo es posible que los accionistas del SCH no hayan participado de este pelotazo de 1,4 billones de pesetas reconocidos por el propio Emilio Botín? Las plusvalías de la venta de las participaciones de Airtel a Vodafone están latentes desde hace años, y lo estarán hasta que el personal se olvide de ellas. Pero el tiempo todo lo borra y los caudales se evaporarán con destino al país de nunca jamás.

Mientras las astronómicas ganancias de la operación Airtel permanecen en el activo del banco como plusvalías latentes, ahí estarán, latiendo al ralentí, para pasar después, bajo la intrincada semántica contable, a la partida de obligaciones de no se sabe muy bien qué, o a otros pasivos o a cualquier cuenta de nominación imprecisa. La cuestión es que una parte del total de los títulos que el SCH decía poseer de Airtel ya se han evaporado o han desaparecido en combate —se deja al gusto del lector—. Se supone que alguna alma seguramente caritativa entre los administradores del banco las habrá intercambiado a escondidas por dólares y refugiado en algún paraíso fiscal. De que los administradores del banco tienen que ver en el saqueo de los activos no cabe la menor duda. Disfrutan de una impunidad absoluta teniendo en cuenta la pasividad de las autoridades de control financiero. En este contexto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España o los competentes órganos judiciales más bien parecen artículos de broma.

Expuesto lo anterior, se hace necesario una reflexión provinciana que interroga sobre la necesidad de vender las joyas de la corona en lo que se refiere a empresas participadas, empezando por Dragados y Construcciones y acabando por cualquiera de las otras que se vendieron a toda pastilla, si hay unas plusvalías latentes de 1,4 billones de pesetas que proporcionaron el «pelotazo» de la venta de Airtel. Lo que viene a decir que, cuando el negocio sale bien, o esplendorosamente bien, la ingeniería contable se las apaña para que las plusvalías se queden latentes en una cuenta, pero cuando las cosas pueden ir mal, como la inversión en Argentina y Brasil, es necesario vender activos y nadie se acuerda entonces de las plusvalías latentes. Esta operativa, que se repite machaconamente, cuenta con la asombrosa falta de memoria de todos aquellos que tengan como obligación controlar los balances contables del primer banco del país.

El episodio de Airtel es el común denominador de las sociedades participadas por el SCH, todo va manga por hombro. Lo que viene a continuación evidencia la impunidad con la que actúan los gestores del banco, que además rizan el rizo, remachan el clavo y se burlan de toda criatura viviente. Les anticipo que este asunto es de los que pone de mala leche, así, tómeselo con calma. Como hemos visto, Emilio Botín, Juan Entrecanales, Carlos March y Juan Abelló, los más ricos de España, se empacharon de pelotazo al vender Airtel a la multinacional Vodafone, eso sí, como vaca preñada con seis terneros. El caritativo Gobierno de Aznar les adjudicó una licencia por cuatro duros y acto seguido se la colocaron a Vodafone por una millonada. Estos individuos de codicia desmesurada no se conformaron con el pelotazo del siglo, sino que adornaron el pastel con un escaqueo fiscal nunca visto hasta entonces.

Las impresionantes plusvalías por importe de billones de pesetas quedaron exentas de tributación como consecuencia de la modificación del impuesto de sociedades llevada a cabo por el Gobierno de Aznar. Un hecho sin precedentes por su cuantía y por el latrocinio a todos los contribuyentes al legislar, en traje a medida, para que tan poderosos caballeros puedan escamotear a Hacienda 700.000 millones de pesetas. Para situar el nivel del expolio —ya que estos caballeros y sus sociedades no pagaron ni una sola peseta— la cuantía del mismo es equivalente a la mitad de la recaudación de todo un año por el impuesto sobre los carburantes. Aznar es capaz, y así lo ha demostrado, de partirse el pecho con los transportistas, agricultores, y pescadores antes de rebajar unas pesetillas de la tasa fiscal por litro de gasolina, a pesar de que el petróleo se dispare por las nubes. Pero cuando se trata de favorecer a los más ricos de España, de un plumazo mediante un decreto ley aprobado con oscurantismo en noche cerrada se da por zanjado el mayor regalo fiscal de la historia.

Como verán, el asunto está cargado de recochineo, resulta que las plusvalías por importe de billones de pesetas —en su época— quedaron exentas de tributación como consecuencia de la modificación del impuesto sobre sociedades llevado a cabo por el gobierno mediante el decreto ley 3/2000. El recochineo anunciado empieza por el mismo título que se le da a la iniciativa de «optimización fiscal», más concretamente «de estimulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa». Podríamos decir aquello de «manda huevos» como dijo Trillo, pero lo dejamos para que cada uno adjetive a su manera.

Esta reforma fiscal, como verán hecha como un traje a medida, pasó inadvertida por lo dificilísimo de explicarle al contribuyente medio que es el tonto de la película. El poder político y el económico siempre andan de la mano elucubrando cómo conseguir que ganancias de capital multimillonarias queden exentas de la contribución fiscal. La nueva magia de este nuevo invento, en esencia, trata de convertir las plusvalías de fuente española en plusvalías extranjeras mediante el canje de acciones de la empresa española por títulos de la foránea, que luego serán vendidos sin generar impuestos, bien porque se alcance un determinado porcentaje del capital de la firma extranjera o bien porque se instrumente por medio de las fiscalmente privilegiadas sociedades de tendencia de valores extranjeros.

No hay que rebuscar mucho en la exposición de motivos de este decreto ley para encontrar su razón de ser, que apuesta por el apoyo «a las iniciativas de innovación e internacionalización empresarial, como forma para mejorar su competitividad y, por lo tanto, como garantía de su supervivencia en un entorno globalizado y rápidamente cambiante». Con esta exposición es casi imposible contenerse de pronunciar el «manda huevos» correspondiente. Parece totalmente imposible que el legislativo pretenda incentivar el que se vendan empresas españolas en las que se tienen plusvalías latentes a otras compañías extranjeras de modo que se evite tributar por las ganancias. La lógica de cualquier pastor de cabras sería una aplicación inversa: evitar que los beneficios salgan del país sin tributar.

El decreto de marras viene a decir que el mundo está al revés. En condiciones normales —anormales para el sentido común— el vendedor siempre preferirá una oferta extranjera —exenta de tributación— a una española —imponible fiscalmente—, de modo que lo que se incentiva es más bien que las empresas extranjeras puedan arrasar a las españolas. Es un «Viva España», pero al revés, entonado en bandera kilométrica en homenaje a la patria del Partido Popular. Es difícil que la masa de contribuyentes pueda entender esta política de confraternización ya que en la venta de Airtel a Vodafone se da la circunstancia, además, de que la valoración de la compañía española se revisó sustancialmente al alza como consecuencia de la obtención prácticamente gratuita de una de las licencias para operar en la telefonía móvil multimedia o UMTS, licencias por las que en el Reino Unido o Alemania las arcas públicas ingresaron 6,3 y 8,4 billones de las antiguas pesetas, respectivamente.

Esta reforma fiscal fue aprobada por la vía de urgencia y con mayoría absoluta, lo equivalente a impunidad absoluta. No sin antes de todas las parafernalias y manifestaciones posibles del Ministerio de Hacienda. Cristóbal Montoro, el ministro de la época, repetía a quien le quisiera escuchar que «Hacienda será beligerante para que los socios de Airtel paguen por sus plusvalías». El ministro negaba día y noche que el decreto ley 3/2000 «permita eludir el pago de impuestos por la transmisión de acciones de Airtel», porque la norma tiene por objetivo «fomentar las actividades de nuestras empresas en el extranjero» y no puede «ser utilizada para otros fines». Aquí acaba este triste episodio del mayor escaqueo fiscal de la historia económica española desde don Pelayo hasta nuestros días. Botín y acompañantes nunca pagaron un céntimo, las arcas públicas dejaron de ingresar 700.000 millones de pesetas.

Emisiones con exclusión

A la vista de ocurrido con la eléctrica Enron y su fraternal auditor Arthur Andersen, se puede decir, —con conocimiento de causa— que no hay nada más distante entre la teoría y la práctica que el informe del auditor. Mientras la auditoría de Arthur Andersen sostenía que todo iba bien, en la caja de la séptima empresa norteamericana no había un solo dólar. La cantinela de que las cuentas presentadas por el auditado son fiel reflejo de su situación patrimonial, en una letanía que se cuida de darle la vuelta al lenguaje encriptado y formateado con letra pequeña que suele poblar los informes de los auditores. Para los profanos, tan sólo es necesario leer un párrafo de estos informes para estancarse en un proceso de meditación trascendental: ¿quiere decir esto o bien quiere decir lo otro? Cada párrafo es un enigma, la ambigüedad es perpetua y el condicional está eternamente presente. Esto es un informe de auditoría.

Partiendo de la tradición, absolutamente enquistada en el sector, de mojarse lo menos posible, la evolución en los últimos tiempos les ha conducido a no mojarse nada en absoluto. Parece como si la fobia por el agua superase a la de los gatos. Y es que, claro, poner en un aprieto a quien paga la minuta no es nada comercial, o, dicho de otro modo, el cliente siempre tiene razón. Las sociedades auditoras son empresas como cualesquiera otras, y su objetivo empresarial es el mismo que el de las demás: ganar dinero. Los grandes del sector de la auditoría facturan miles de millones, y para que esta facturación fluya de forma constante, se hace necesario nadar y guardar la ropa.

Conocida la fobia del sector auditor al agua, lo de nadar queda para guardar las apariencias; guardar la ropa se ha convertido en la preocupación prioritaria. Si a esta fobia por el agua se le añade la pasión por hacer amigos y dar consejos, el cóctel puede ser letal. Cuando, en el caso de Arthur Andersen, se legisló la separación absoluta entre las firmas de auditoría y las de asesoría, que hasta hace poco viajaban en la misma limusina, se añadió el término «consulting» para burlar la ley. Nacieron así, Arthur Andersen y Andersen Consulting. Hecha la ley, hecha la trampa.

La creciente pasión por guardar la ropa ha llevado a mermar el bien más preciado de estas compañías: la credibilidad. Los informes de auditoría, el mecanismo independiente de control de las cuentas de las sociedades para tranquilidad de inversores y supervisores, han quedado en entredicho. Se ha arrojado por la borda la razón principal de su existencia: el prestigio, atacado por el virus de don Dinero que ha penetrado en el organismo y en los puestos claves del sector. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), el organismo público de control de las auditorías, se las ve y se las desea para conducir al sector al cumplimiento de sus obligaciones: ha abierto varios expedientes sancionadores a distintas firmas auditoras. Pero todo es inútil, hay demasiado dinero en juego, y la cosa se complica aún más si este dinero se puede fabricar en casa.

Como hemos visto en el primer capítulo, las acciones de las grandes sociedades que cotizan en Bolsa se han erigido como la principal moneda, y no sólo como depósito de valor, sino también como medio de pago. Toda moneda precisa de una valoración. Esta valoración queda al libre albedrío de los administradores de las sociedades que emiten los títulos, acotada en su punto más bajo por el valor neto patrimonial de la sociedad. La ley determina que será finalmente el auditor quien, con su juicio, determinará la bondad de la valoración dada por los administradores. Así pues, es precisamente la actuación del auditor la clave de lo que está ocurriendo.

Cabe preguntarse cómo es posible que se esté imponiendo un sistema de emisión de papel moneda a espaldas de los Estados y de los organismos públicos de control financiero. El volumen totalmente incontrolado de estas emisiones alcanza miles de millones de dólares por todo el mundo, lo que atenta al sentido común y a la lógica. De este modo, la especulación va tan acelerada que no se le ve fin, y la codicia se ha instalado en un frenopático al que llaman mercado financiero. Desconozco cuál es la metodología que se aplica en otros países para poner la impresora en marcha y emitir estas nuevas acciones con característica de moneda. No obstante, he dedicado algún tiempo al asunto, el suficiente como para percatarme de la metodología que en estos pagos se aplica. Intentaremos explicarlo de la forma más diáfana posible para no hacer tedioso el asunto. Pido una dosis de paciencia al lector ya que este asunto no lo va a encontrar en ningún libro de análisis económico al uso. Esta es una de las razones para dejar en este libro constancia de esta metodología, no sea que cualquier día explote totalmente la burbuja bursátil y nos cuenten que las causas de la explosión fueron provocadas por los efectos de los incrementos salariales del 3%, o una milonga parecida.

Así y todo, una parte resumida estará aquí, y otra más extensa, con un caso concreto que afecta a una de las emisiones de este tipo de acciones realizadas por el Banco Santander Central Hispano, compinchado, cómo no, con la firma auditora Arthur Andersen, se encuentra al final del libro como un anexo. La milonga se trata de lo siguiente: todo consiste en aplicar un método que, de acuerdo con los administradores de la sociedad emisora, permita a éstos asignar un tipo de emisión que conduzca a fijar el valor neto patrimonial, es decir el valor teórico contable, en lugar del valor real de las acciones. Para empezar, se hace necesaria la autorización de la Junta General de Accionistas para que dé el visto bueno a las varias ampliaciones de capital que propone el Consejo de Administración. Ni qué decir tiene que las grandes sociedades que cotizan en Bolsa tienen más que asegurada cualquier propuesta que se someta a la junta. Los administradores aportan los suficientes votos delegados para que todo esté aprobado de antemano.

Los accionistas presentes en las juntas de accionistas ni se enteran de lo que proponen los administradores, todo va a velocidad de vértigo camuflado entre otros acuerdos y la aprobación de las cuentas. Es más, cabe recordar que en el sistema de votación se da por aprobado todo aquello que no se manifieste en contra. Se da la paradoja de que se aprueben emisiones por más de un billón de pesetas sin que ninguno de los presentes se entere. El asunto es una máquina de hacer dinero. En primer lugar, y para que sirva de medio de pago, esas ampliaciones, como se ha dicho, se diseñan con la exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, exclusión necesaria ya que esas nuevas acciones van destinadas principalmente a terceros, que no son accionistas de la entidad. Este hecho provoca que si la valoración que se da a esas nuevas acciones —es decir, el precio de venta que se fija a ese tercero— es inferior al valor real de esas acciones, las «viejas» acciones pierden valor. En este punto, la ley aplicable determina de forma clara que, por las consecuencias de pérdida de valor, es necesario que en esas ampliaciones —las que excluyen a los accionistas— se cumplan una serie de requisitos encaminados todos ellos a proporcionar la información completa de la operación, con detalle del valor dado a las acciones a emitir, así como del valor real de las ya existentes, para que con ello puedan calibrar el beneficio o pérdida que acarrea esa operación de ampliación. Por ello, la ley exige la figura del experto independiente que ha de emitir su juicio, tanto sobre la valoración que hacen los administradores, como sobre el valor real de la acción. Es este mecanismo de control el punto en el que se apoya la ley para asegurar la defensa de los derechos del accionista.

Sin embargo, de la teoría a la práctica hay un buen trecho. En la información facilitada a los accionistas para la aprobación de tales ampliaciones no se encuentran aquellos datos sobre la valoración de las acciones que exige la ley. Ni el administrador los expone, ni el auditor los corrige. Lo que sí se proporcionan son otros valores, insuficientes para cumplir con la legalidad, que en definitiva confunden al accionista, que cree en la bondad de la operación. La realidad es que el valor de esas acciones que se emiten dista enormemente del valor real de las acciones, y eso es lo que se oculta a los accionistas.

En definitiva, lo que pretenden administradores y auditor, conchabados entre ellos, es marear la perdiz. Inventar las mil y una, con tal de no determinar la valoración que la ley les exige, que no es otra que la cuantificación del valor neto real de la acción. La metodología para soslayar esta norma de obligado cumplimiento se establece en determinar un método de cálculo sobre la base de la cotización bursátil, pero con la sibilina introducción, intencionada, de una premisa imposible de cumplir en el momento determinado de la valoración. Pero esta premisa no deja de resultar lógica en su concepto valorativo.

En consecuencia, las modificaciones introducidas en la ley permiten a los administradores emitir nuevas acciones excluyendo a los accionistas, como ya hemos visto, aunque están limitados en la cuantificación asignada por el valor neto patrimonial (equivalente al neto contable). Pero ninguna modificación ha sido introducida en la actuación del auditor, independientemente del valor que asignen a los títulos, los administradores deben inexcusablemente establecer el valor real de la acción. Dicho de otra manera, lo que dice la Ley es que los administradores atribuyan el valor que ellos quieran, siempre limitados a la baja por el valor neto patrimonial, y que será el auditor quien en todo caso les enmiende la plana, asignando el valor real que él crea, bajo su juicio, que es el que corresponde. Es ahí donde cohabitan administradores y auditor para que todo parezca que se adapta a lo legalmente establecido.

En vista del camuflaje que se practica, no es de extrañar el alcance que ha tenido en Estados Unidos la quiebra de Enron, que abarca desde el Congreso y Senado hasta la Casa Blanca, además del batacazo que se ha propinado la auditora Arthur Andersen. El indicio de podredumbre norteamericana es fácilmente trasladable a nuestros pagos. El caso Gescartera permitió, aunque tímidamente, intuir las relaciones entre las autoridades que tienen en sus manos el control bursátil, los políticos que los nombran y sus señorías que fabrican o modifican leyes por encargo; están lo suficiente conchabados para remar todos al unísono en una misma dirección. Porque el escándalo de la sociedad inversora no hubiera llegado a los titulares de la prensa si su auditor, Deloitte & Touche, hubiera cumplido mínimamente con los principios que deberían regir su trabajo. Con todo ello, miles de pequeños inversores se preguntan ahora si la función de las sociedades auditoras no es otra que un instrumento para materializar engaños. Y como ya hemos apuntado, el prestigio del sector se ha ido a pique.

Hay sectores cuya credibilidad es irrecuperable. En Norteamérica, los vendedores de coches de segunda mano, ya forman parte del humor popular, que les ha convertido en timadores de baja estofa, condición que en no pocos casos se han ganado a pulso. Del mismo modo que la letra pequeña de los contratos ha estigmatizado a las aseguradoras españolas. Ninguno de estos sectores partía a priori con ningún sambenito colgado del cuello, sino que se lo han ganado ellos solos

El mundo financiero tiene soluciones para todo. Al igual que se emiten acciones excluyendo a los accionistas, se practican otras emisiones de acciones preferentes. Mientras las primeras son ocultadas por los administradores en países de nunca jamás, las otras —las acciones preferentes— se emiten desde los paraísos fiscales. Tan sólo para percatarse del volumen de este singular método de ampliar el capital social, las entidades financieras españolas han emitido acciones preferentes a través de paraísos fiscales por una cuantía que se acerca a 14.000 millones de euros. También varias sociedades que cotizan en Bolsa han escogido este disfraz para colocar sus nuevas acciones. Para engañar a Hacienda —esta es la excusa—, pero prioritariamente para permitir a los gestores de estas entidades financieras y empresas de alto copete practicar la mangancia selectiva en oscuridad total.

De manera habitual, este tipo de acciones son emitidas, en las islas Caimán, por filiales de los bancos y grandes compañías. La empresa matriz avala la emisión de los fondos captados que se utilizan para su financiación. Cabría preguntarse la necesidad de establecer este tipo de operaciones, si no es para ocultar a los accionistas la naturaleza espuria de la emisión. Singularmente, las acciones preferentes se denominan así porque tienen preferencia a la hora de cobrar sobre el resto de accionistas, en caso de suspensión de pagos. Estos títulos, que sólo están retribuidos si el emisor reparte dividendos, no tienen derechos políticos. Evidentemente, es tan solo un disfraz para facilitar el mangoneo ya que si han de servir para tener preferencia en la suspensión de pagos de una entidad financiera es el apaga y vámonos, ni el más tonto del pueblo las compraría. Pero dejemos para el próximo capítulo lo que dan de sí los exuberantes paraísos fiscales.

CAPÍTULO 9

GUARDIANES DEL ORO

No basta con aprender a estafar, también hace falta aprender a ser ahorcado.

PROVERBIO HINDÚ

Los llamados paraísos fiscales se denominan, eufemísticamente, «centros financieros extraterritoriales» o, en terminología inglesa, offshore, y hablando a la pata llana se pueden definir como aquellos territorios o Estados donde casi nadie paga impuestos y la tributación sobre los capitales depositados es prácticamente nula. El dinero que acude a estos refugios proviene de las más nauseabundas cloacas del tráfico de drogas o armas, y de los caudales distraídos de adinerados ciudadanos a los que no les faltan opciones donde escoger. Hay medio centenar de paraísos fiscales en todo el mundo. Ha sido en los últimos veinte años cuando estos paraísos han cobrado tal importancia que hoy es difícil pensar que estén sujetos a cualquier tipo de ley, nacional o internacional que no sea la que dictan los grandes bancos mundiales. El adelanto de las telecomunicaciones permite a estos centros operar las 24 horas del día durante los 365 días del año, simplificando mucho la posibilidad de que cualquiera pueda acceder a ellos; ahora manejan una estructura global a nivel planetario. Los bancos receptores del dinero garantizan la absoluta confidencialidad y cuando se aperturan las cuentas no hacen preguntas, porque lo importante no es su procedencia, ni quién las hace, sino su captación como base para el desarrollo de la gran banca disfrazada.

A pesar de las facilidades para abrir con discreción una cuenta bancaria, de tanto en tanto se les cuela un tío borde y con cara de mala leche que de forma prepotente le ordena a la cajera:

—¡Quiero abrir una puta cuenta en este banco de mierda!

—¡Por favor, señor, está prohibido hablar de esa manera aquí!

—¿Por qué coño no puedo hablar como me sale de los huevos?

—¡Señor, le suplico que deje de decir vulgaridades! —solicita la chica con serenidad.

—¡Me toca los cojones lo que usted me pida, yo sólo quiero abrir una jodida cuenta en este banco de mierda!

La cajera, indignada por el comportamiento del grosero individuo, se va y regresa acompañada del director del banco para que éste lo ponga en su lugar. El director, muy diplomáticamente, se dirige al hombre:

—Disculpe, caballero, ¿puedo ayudarle en algo?

—¡Vaya gilipollez de pregunta! ¡Claro que me puedes ayudar, idiota! Acabo de ganar 50 putos millones de euros en la lotería y quiero abrir una cuenta en esta mierda de banco!

—¡Aaah… ya veo… Y esta zorra le está poniendo pegas… será marrana la tía!

De todas formas no es necesario desplazarse como nuestro airado palurdo a estos paradisíacos bancos, Internet es la clave, numerosas webs se ofrecen como intermediarias entre su banco legal y el del paraíso fiscal —que es el mismo, pero disfrazado—. Olvídese de buscar una maleta con doble fondo y sudar la gota gorda para pasar la aduana. Para hacer llegar su dinero al paraíso, el intermediario en cuestión le ofertará una amplia gama de apoderados, testaferros, empresas fantasma y múltiples sistemas de inversión opacos al fisco. «Nuestra filosofía es pagar lo menos posible en impuestos y ayudar a los demás a hacer lo mismo. No estamos frontalmente opuestos a este pago, pero preferimos fijar nosotros mismos su límite». Así, de esta explícita guisa, está colgada una de las páginas de Internet animando a los clientes a traspasar el límite.

No se lo pierda. Pasen y vean lo que los guardianes del oro son capaces de desplegar con tal de escaquearse de la Hacienda Pública. También habrá oportunidad de conocer las entrañas del banco paralelo que Botín esconde en recónditos paraísos.

Cuentas viajeras

Acabada la Segunda Guerra Mundial, los EE.UU. decidieron financiar la reconstrucción de Europa y Japón. De 1947 a 1952 llegaron a Europa, en el contexto del Plan Marshall, 21.000 millones de dólares de la época en subvenciones a fondo perdido y 6.000 millones de dólares como préstamo. Tanta generosidad tenía truco, el envoltorio se justificaba en las inversiones necesarias para poner en marcha los países devastados por la guerra. La llegada de dólares garantizaba la liquidez internacional y el desarrollo de la economía. Los acuerdos de Bretton Woods se firmaron incluso antes de que acabara la guerra. Tenían como objetivo minimizar las anteriores crisis de los años treinta y dar estabilidad al mercado financiero.

Los norteamericanos entendieron que su moneda debía de ser la clave de todo el sistema. La convertibilidad del dólar en oro, con una cotización fija respecto a éste, iba a ser la clave. Las demás divisas podían ser convertibles por dólares o entre ellas. La única moneda suficientemente fuerte que podía convertirse en oro era la suya. Su valor se fijó en 35 dólares la onza, convirtiéndose en la moneda de referencia de las demás divisas, es decir, todas las divisas tenían una cotización fija con relación al dólar y variable respecto al oro. El truco estaba en que la masiva cantidad de dólares que salían de la imprenta de los EE.UU., al destinarlos fuera de su territorio no les provocaba inflación. Eran papelitos de colores que inundaban los mercados imponiendo el concepto de divisa casi universal.

Conforme las economías de los países devastados se fueron recomponiendo, los dólares circulaban cada vez más. EE.UU. pagaba sus importaciones con dólares que ya no estaban garantizados por nada. Llegó un momento, en 1960, en que sus compromisos exteriores —los papelitos de colores enviados al extranjero— eran superiores a sus reservas en oro. El presidente de la República Francesa Charles de Gaulle fue uno de los primeros en exigir a los EE.UU. que se quedara con sus papelitos de colores y que repusiera a Francia el equivalente en oro. La respuesta se la dio John Conally, secretario de Estado de Hacienda, en una celebrada frase que ha pasado a la historia de la mangancia: «El dólar es nuestra moneda, pero es vuestro problema». Lo que venía a decir que «sois unos pardillos y lo del oro era de broma».

Los occidentales lloraron y patalearon reclamando su oro hasta que la presión se hizo insoportable. Los EE.UU. continuaron fabricando dólares y ganando tiempo. El dólar no inspiraba confianza, había demasiado papel circulando sin ningún tipo de respaldo, y los occidentales continuaban reclamando su oro. La solución milagrosa vino de la mano de Richard Nixon el 15 de agosto de 1971; a partir de ese mismo momento el presidente norteamericano decidió que el oro dejaba de ser el valor de referencia de las monedas. Así, después de inundar el mundo de dólares sin respaldo alguno se cambian las reglas de juego y da por buena la aseveración del jeta de Conally cuando avanzó que «El dólar es nuestra moneda, pero es vuestro problema».

No quedó más remedio que tragar sapos y aceptar el nuevo criterio por el que se sostenía el sistema monetario internacional. A partir de ahora, el sistema es el de «flotación». Los valores recíprocos, unos respecto de otros, se convierten en la única garantía. El franco francés o el marco alemán ya no valen una fracción de dólar que al mismo tiempo era una fracción de oro. El valor de cada divisa resulta en la relación compleja que mantiene con todas las demás. La decisión tomada por Nixon en 1971 es el auténtico punto de partida de la globalización.

La propaganda oficial ensalza las virtudes de la internacionalización de la economía donde los capitales pueden circular libremente, pero esconde, o al menos nadie explica, que una de las razones para hacer del mundo un solo mercado está influida por la necesidad imperiosa que tienen los EE.UU. de que no vuelvan a su territorio y a su economía domestica los billones de dólares que circulan alegremente por el planeta. Si así fuera, hundirían su economía por la superinflación. Muchas de las políticas que los EE.UU. aplican están orientadas a que esta masa ingente de dólares fabricados alegremente estén depositados como eurodólares y petrodólares fuera de sus fronteras o estén circulando en transferencias sin fin por los confines del mundo. A partir del timo del supertocomocho de los papelitos de colores que se hacían pasar por dólares, todo el sistema financiero ha ido manga por hombro, la maraña de paraísos fiscales y bancarios se ha convertido en el corazón del sistema. La fantasía y la ilusión prevalecen en los mercados financieros y el engendro no para de crecer.

No es de extrañar que, partiendo de tan singular punto de inicio, la evolución de los asuntos financieros acabe en ruleta de casino. Aunque empezó como algo que tenía una lógica, como fue la necesidad de los productores de cereales norteamericanos de protegerse de las variaciones de precio a la que vendían sus cosechas. Para asegurarse, vendían por anticipado a un precio convenido que no podía ser modificado independientemente de su cotización futura. A partir de este concepto, los señores del dinero encontraron una multitud de aplicaciones prácticas en lo que llamaron operaciones sobre futuros.

En 1972 las operaciones de futuros ya se aplicaban sobre las divisas en el Chicago Mercantile Exchange, donde en un contrato de futuro sobre divisas, el vendedor cede unas divisas a un precio convenido a un comprador, quedando cerrada la operación a una fecha concreta fijada de antemano, que es irrevocable sea cual sea la variación de la divisa entre la fecha de comienzo del contrato y la de su vencimiento. A partir de la necesidad de los agricultores americanos y de la derivación especulativa sobre el valor de las divisas, los mercados han generalizado este principio a todo tipo de productos financieros en una especie de aproximación al acierto, un juego de casino para todos aquellos que estén dispuestos a apostar.

La sofisticación de la apuesta se extiende a todo tipo de activos financieros incluso a los tipos de interés o a los índices bursátiles. Estos índices no tienen una existencia real, puesto que sólo representan un panel teórico de valores cotizados en la Bolsa. El Ibex-35 de Madrid, el Cae 40 de París, el Dow Jones de Nueva York, el Dax 30 de Francfort, el FT de Londres, o el Nikkei de Tokyo se utilizan para adivinar su evolución futura. Convendrán conmigo en que resulta bien extraño que se utilice un índice ponderado para establecer una rentabilidad, si es que lo aciertas. Este tipo de apuesta podría estar vinculado a los días de lluvia, a la ganadora de Miss Mundo, o del París-Dakar, ya que el comprador de un contrato sobre, por ejemplo, el índice Cae 40, se compromete a través de la Cámara de compensación Matif a adquirir, a un precio y a una fecha concreta, el equivalente virtual de su cartera compuesta por los cuarenta valores del índice. En la práctica, sin embargo, las dos partes van a intercambiar simples liquidaciones. La existencia de riesgos imprevisibles es la razón de ser de los especuladores.

Esta economía de casino se ha ido extendiendo a una velocidad supersónica igual a la expansión de los intercambios exteriores promovido por masas financieras de enorme tamaño de petrodólares, eurodólares, de fondos de pensiones por capitalización y de la necesidad de financiación de los Estados y las empresas. El desarrollo exponencial de estos capitales flotantes puede desestabilizar países enteros. Los fondos de pensiones que gestionan el dinero a los activos norteamericanos pueden trasladarse, apretando un botón, de una a otra parte del mundo.

Los señores del dinero tienen todo preparado, un ejercito de dispositivos funciona a nivel mundial para favorecer la circulación de capitales. Los que en un principio, en los años de la posguerra, fueron paraísos fiscales, en poco tiempo, pero con la llegada de los ordenadores, los satélites y el desarrollo de los mercados financieros, se transformaron en paraísos bancarios. La liberalización de los mercados ha transformado los paraísos fiscales en paso obligado de los capitales, cualquiera sea su origen.

El auge de los paraísos bancarios y fiscales data de finales de los años sesenta, como refugio de los eurodólares y petrodólares que antes hemos descrito, para pasar después en pleno descaro a ser refugio de los narcodólares. Las plazas «off shore» es decir, libres de impuestos, son creación de los EE.UU. y Europa. Las finanzas mundiales, dentro de su lógica, buscaban organismos acogedores y países amigos, donde poder refugiar los capitales escapando del control de las autoridades estatales. La semiclandestinidad de las primeras «inversiones» dio paso a una oficialidad progresiva. Hoy, los bancos off shore, filiales de los grandes bancos, hacen publicidad en Internet, y no se esconden al declarar abiertamente sus servicios de lavado de capitales.

El reciclaje de las ganancias ilícitas fue bautizado como «lavado» en los Estados Unidos durante la «ley seca» —que comenzó en 1920 y se extendió hasta 1933—. El término proviene de la costumbre de la mafia norteamericana, de utilizar locales de lavado de ropa o de automóviles como negocio legal, creados a partir del producto de sus delitos. De este modo, aparentaban una fachada decente para reingresar el capital en la economía oficial. La técnica se hizo popular con los años y ahora las grandes organizaciones criminales del mundo limpian sus riquezas procedentes del tráfico de armas, drogas, prostitución o sobornos, en el mercado financiero y globalizado, que favorece a los lavadores con la creación de paraísos fiscales o grandes zonas de libre comercio. El 15% de la riqueza del mundo mundial está distraída en los paraísos fiscales. Se mueven 600.000 millones de dólares por año en el mundo, en operaciones de lavado de dinero. El mayor volumen de dinero blanqueado, más del 60%, procede de lo obtenido por el narcotráfico, el resto proviene del tráfico de armas, sobornos, y cualquier otro delito que mueva mucho dinero.

Los expertos coinciden en que el corazón del negocio de volver decentes los capitales robados está en países con banca off shore, es decir, que reciben clientes no residentes, casi sin impuestos, ni regulaciones financieras. En América existen muchos de estos verdaderos paraísos fiscales, curiosamente todos están situados en el Caribe: Bermudas, Bahamas, Barbados, Belice, Anguila, Antigua, Antillas Holandesas, Dominica, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente, Costa Rica, Panamá, islas Turks y Caicos, islas Vírgenes e islas Caimán. Estas últimas, pese a que casi ni se ven en el mapa, son el quinto centro financiero mundial por sus 570 bancos, con más de 500 mil millones en depósitos. Otros sitios donde se blanquean los capitales delictivos son la Isla de Man, Guernesey, Sark y Jersey, Gibraltar, Madeira, Andorra, Licchtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Suiza, Chipre, Malta, Líbano, Israel, Dubai, Bahrein, Hong Kong, Macao, Singapur, Seychelles, Mauricio, Liberia, Filipinas, islas Marianas, islas Marshall, islas Cook, Nauru, Vanuatu y Samoa Occidental.

Puede hablarse incluso, en nuestro entorno, de paraísos fiscales especializados, según los servicios requeridos por los clientes. Así, Andorra o Mónaco se especializan como lugares idóneos para el depósito de fortunas personales; Gibraltar y las islas del Canal, para las sociedades pantalla; Licchtenstein, para las fundaciones; Luxemburgo, por su secreto bancario o Suiza, como el servicio bancario más completo del mundo. Sin embargo, no parece razonable admitir que, con independencia de las consideraciones tributarias, puedan persistir territorios que sirvan sistemáticamente de base segura para la realización de operaciones de corrupción.

En estos centros de lavado de dinero ilegal, funcionan instituciones conocidas como «Corporaciones de Comercio Internacional» que sirven como cajas negras donde el capital circula entre dueños y testaferros con total impunidad. El secreto bancario es el primer requisito que pide un cliente con dinero sucio, el que se deposita en cuentas abiertas por empresas fantasmas, que sólo existen en los papeles.

Parece evidente que, si los bancos tienen toda una infraestructura montada para defraudar a Hacienda y evaporar el dinero de sus clientes, esa misma estructura bien podrá ser utilizada para evaporar las propias cuentas del banco. Así y todo, cuando saltó el escándalo de las cuentas viajeras del BBVA, dio la sensación de que el uso de paraísos fiscales por parte de los bancos y grandes empresas era una novedad, al menos eso era lo que se deducía por las informaciones difundidas por el imperio del bien. Pero veamos si es tan novedoso este regateo fiscal o ya viene de atrás. Situémonos en la información facilitada en la memoria del Banco Santander de 1993. El banco informaba de su participación en 37 sociedades asentadas en paraísos fiscales. Las islas Vírgenes británicas acogían, con su hospitalidad característica, a 13 de dichas sociedades; las islas Caimán a otras tres; Luxemburgo, a cinco, y Suiza, a dos sociedades más. Lo más curioso es que todas estas sociedades se mantuvieron incólumes hasta que en 1998 tan sólo dos de ellas permanecían domiciliadas en aquellos parajes: Santander Finance Limited, en las islas Caimán, y Banco Santander Trust, en las Bahamas. Pero este abandono de tan paradisíacos lugares fue momentáneo. En la última memoria de 2001 volvemos a las mismas: en las islas Caimán se domicilian seis sociedades; en Luxemburgo tan sólo una, en las Antillas Holandesas, dos sociedades, y en las Bahamas, siete.

Por muy sorprendente que pueda parecer este ir y venir de sociedades domiciliadas en tan variados paraísos fiscales no es nada comparado con la ocultación contable que, si se hurga en las cuentas del BSCH, se puede extraer. La Memoria Individual y Consolidada del BSCH correspondiente al ejercicio 2000 ni tan siquiera contiene un tercio de las sociedades participadas que consolidan con las cuentas del banco. En pleno zafarrancho de combate no quedan reflejadas en las cuentas del SCH las sociedades BANCO CARACAS HOLDING N.V., Antillas Holandesas; BANESTO FINANCE LTD., islas Caimán; BANESTO INSURANCE LTD., islas Caimán; BANESTO DELAWARE LTD., Delaware (un paraíso fiscal dentro de los mismísimos EE.UU.); BANIF RENTA FIJA MULTIDIVISA MANAGEMENT, S.A., Luxemburgo; BCH INTERNATIONAL FINANCE LTD., islas Caimán; BSCH FINANCE, Delaware; BCH GIBRALTAR LTD., Gibraltar; BRISWISS LTD., islas Vírgenes; BSCH ONLINE INC., Bahamas; CENTRAL HISPANO GESTIÓN, Luxemburgo; HISPANO COMERCEBANK LTD., Gibraltar; HOLBAH II LTD., Bahamas; HOLBAH MERCHANT CO. LTD., Bahamas; HOLBAH LTD., Bahamas; INVERSIONES SANTANDER, Bahamas; LARIX LIMITED, isla de Man; PANAMERICAN BANK LTD., Bahamas; PESANT MERCHANT, islas Vírgenes; PINTO TOTTA INTERNATIONAL FINANCE LTD., islas Caimán; SANTANDER INVESTMENT ASIA LTD., Hong-Kong; SANTANDER INVESTMENT LTD., Bahamas; SANTANDER INVESTMENT SECURITIES HK LTD., Hong-Kong; SANTANDER MANAGEMENT INC., Bahamas; SOCIÉTÉ DE GESTIÓN LEOPARD FUND, S.A., Luxemburgo; SOCIÉTÉ DE GESTIÓN DE L’EUROGLOBAL INVESTMENT FUND, S.A., Luxemburgo; TOTTA AZORES INTERNATIONAL LTD., islas Caimán; TOTTA & AZORES FINANCING LTD., islas Caimán. Todo este desmadre societario con propósito defraudatorio hace años que circula como Pedro por su casa, con la dejación de funciones del Ministerio de Economía, de Hacienda y de las autoridades de control monetario. Lo que demuestra lo difícil que es meter en cintura a unas finanzas internacionales que, en parte, hacen su negocio gracias a la existencia de los paraísos fiscales.

En contraste con esta abrumadora relación de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, veamos pues las declaraciones en juicio de José Luis Palao García Suelto como responsable de la auditora Arthur Andersen tirando balones fuera y faltando a la verdad. Manifestó que ninguna de las sociedades que figuraban en la relación de sociedades fuera de memoria tenía su domicilio en paraísos fiscales:

LETRADO DEMANDANTE: ¿Es lo que soporta el documento?

SR. PALAO GARCÍA-SUELTO: El documento dice que no se incluyen porque distorsionan, no que no se incluyen porque al estar en paraísos fiscales puedan dar lugar a imágenes no pedidas.

SU SEÑORÍA: Lo que le han preguntado es si conoce que alguna de esas sociedades que no están incluidas en la memoria tienen su sede en paraísos fiscales. ¿Conoce eso? ¿Hay alguna de ellas?

SR. PALAO GARCÍA-SUELTO: Ahora mismo no me consta ninguna, pero yo no excluyo que pueda haber una o dos o tres, no excluyo ninguna. Ahora mismo no me consta que haya alguna, que haya una sola, pero no lo puedo excluir.

LETRADO SR. HERNÁNDEZ URRABURU: Compartiendo con Vd. que las apostillas no son precedentes, lo que sí hay es unas cosas que hay que entender, y al efecto de que sí entiendo yo, en este acto solicito que se libre un testimonio por falso testimonio al testigo por cuanto ha manifestado este tribunal, que no le consta que haya ninguna de las sociedades de las 400 en paraíso fiscal.

SU SEÑORÍA: No, perdón, no es un documento de la junta. Yo a lo que me refiero es a que en la demanda no se hace referencia ninguna, ni veo qué importancia tiene que haya unas sociedades, si es que las hay, que ha dicho que él las desconoce, hasta ahora, la anterior contestación, por lo que yo he oído que dice que cree que no hay ninguna sociedad en paraísos fiscales. Y Vd. ahora le pregunta si las sociedades en paraísos fiscales tienen deuda pública.

Un ejemplo de está práctica de ocultación es la sociedad Parasant, S.A., domiciliada en Suiza, que tiene un capital de casi 1.202 millones de euros, y era propiedad en su totalidad del banco de Botín. El tiempo verbal, en este caso «era», forma ya parte de la última historia del banco cantabro, donde sociedades que en un principio pertenecían a la estructura contable del banco lo han dejado de ser. Entre tanto ir y venir, muchas de estas sociedades que han deambulado por esta partida contable han quedado enterradas en el maremágnum de participaciones. Los activos ocultos, que ascienden a cifras multimillonarias, tienen una clara intención defraudadora.

Sumando todas estas sociedades participadas, entre un ejercicio contable y otro, el descuadre es de casi un billón de pesetas. Pero no sólo son éstas las discrepancias multimillonarias que afectan a esta partida, sino que existen otras sobre lo informado por el banco a sus accionistas, que se refieren a los resultados de estas filiales. Cuesta entender cómo el Banco Santander puede sortear el conjunto de controles a los que está sometido por el Ministerio de Economía, por el Banco de España, por el auditor Arthur Andersen, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y por último, pero no menos importante, el de Hacienda. Más de un centenar de sociedades participadas por el banco tenían domicilio social, tanto en España como en el extranjero. Varias de ellas estaban domiciliadas en paraísos fiscales. A simple vista, el capital social de estas sociedades no se correspondía con los beneficios que se declaraban. Sociedades con un capital social muy bajo obtenían beneficios casi escandalosos, o por el contrario, sociedades con un capital de miles de millones no reflejaban beneficios.

Todo parece indicar que la necesaria ocultación del dinero público entregado en forma de subvención para tapar el ficticio agujero de Banesto, provocó que éste campara a sus anchas entre el paraíso de las islas Vírgenes Británicas y el reducto inexpugnable de Suiza. Las sociedades Dolhisant Ltd., Flhisant Ltd., Frhisant Ltd., y Chehisant Ltd. fueron inscritas en el registro de sociedades de las islas Vírgenes británicas en junio de 1991. Otra sociedad, Belhisant Ltd., fue registrada con posterioridad, en agosto de 1994. Todas ellas acabaron formando parte de una nueva sociedad, que en junio de 1995 se constituyó en Suiza, con el nombre de Parasant S.A. Ésta se constituyó con la aportación del 100% de las acciones de las sociedades domiciliadas en las islas Vírgenes, ante el notario de Ginebra, Eric Demierre. Por lo tanto, las sociedades estaban vivas, ya que lo que se aportó fueron sus acciones que conformaban el capital social, y no el resultado de la liquidación de sus bienes.

La sociedad Parasant S.A. (titulada al 100% por el Banco Santander), constituida en Suiza el 23 de junio de 1995 con un capital social próximo a los 1.200 millones de euros (como se ha dicho), no rinde (según las memorias) a los accionistas del banco un sólo céntimo. No sólo es la falta de rentabilidad lo que lesiona a los accionistas del banco, sino que la propia naturaleza del activo está distraída del universo de propiedades del banco que preside Emilio Botín. El nuevo BSCH no disfruta de este activo. O, por lo menos, no figura en la relación de sociedades dependientes y que consolidan la sociedad Parasant S.A.

Emilio Botín mintió, con la complicidad del auditor de Arthur Andersen, al informar sobre la marcha seguida por estas sociedades. Arthur Andersen es a la vez auditora de las cuentas del banco matriz en España y de la sociedad domiciliada en Suiza, Parasant. Las múltiples irregularidades detectadas en las cuentas de las memorias del Santander han sido santificadas con la complicidad del auditor. Sobre Parasant y las sociedades radicadas en las islas Vírgenes, Enrique Álvarez, presidente del Arthur Andersen España, dijo que «en nuestra opinión, estas inversiones han estado correctamente contabilizadas y coronadas, y el objetivo de sus recursos ha sido la financiación de inversiones del propio Grupo en el extranjero, habiéndose cumplido los trámites preceptivos tanto por el Banco de España, como por la Dirección General de Economía Internacional y Transacciones Exteriores». Se puede decir que el presidente de Arthur Andersen España miente más que habla.

Para dejar constancia de las mentiras al por mayor que fabrican estos cómplices del mangoneo societario se hace necesario traer a colación la certificación expedida por José Luis Palao García Suelto que, actuando en nombre de Arthur Andersen, entre otros particulares procedió a certificar:

5. El hecho de no incluir específicamente a Parasant, S.A. en el Anexo I de las Memorias de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 1996 a 1999 (ambos inclusive), no significa en absoluto que las cuentas anuales de esta sociedad no se hayan integrado en las cuentas anuales consolidadas del Grupo. La única razón de no incluir específicamente esta sociedad en el Anexo I de las memorias de las cuentas anuales consolidadas del Grupo se debe a que en el mencionado Anexo no se relacionan las sociedades meramente tenedoras de participaciones en el capital de otras entidades, como es el caso de Parasant, S.A.

Para comprobar el alcance de las falsedades que circulan en el ámbito contable del SCH cabría preguntarse para qué demonios tiene necesidad el primer banco del país de ocultar a los accionistas del banco, a las autoridades de control, y a la mismísima Hacienda Pública una sociedad como Parasant, o lo que es peor, qué necesidad tiene el SCH de constituir sociedades radicadas en paraísos fiscales. La respuesta no puede estar demasiado lejos de los mangoneos que acreditan un banco paralelo. A estas alturas de la película ya no nos escandalizan las chapuzas, maniobras fraudulentas y falsedades que se vierten en las cuentas, cuya confección, en gran medida, se debe a los tejemanejes de las sociedades en paraísos fiscales. Para gestión de cuentas viajeras, Botín y su camarilla trafican con estas sociedades:

BANCO CARACAS N.V., Antillas holandesas.

BANCO SANTANDER BRASIL INTERNACIONAL LTD., Bahamas.

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO LTD., Guemesey.

BANESTO HOLDING LTD., Guemesey.

BANQUE BANESPA INTERNACIONAL, Luxemburgo.

BCH CAPITAL LTD., islas Caimán.

BCH EUROCAPITAL LTD., islas Caimán.

BOZANO SIMONSEN BANKING LTD., islas Caimán.

PATAGÓN COM HOLDINGS LTD., Bahamas.

SANTANDER CENTRAL HISPANO BANK AND TRUST LTD., Bahamas.

SANTANDER INVESTMENT BANK LTD., Bahamas.

SANTANDER MANAGEMENT INC., Bahamas.

SANTANDER MERCHANT BANK LTD., Bahamas.

SERFIN INTERNATIONAL BANK AND TRUST LTD., islas Caimán.

La respuesta a esta, en principio, incomprensible constitución de sociedades radicadas en paraísos fiscales no es otra que la rapiña de miles de millones de pesetas, euros, dólares o la moneda que se quiera. Evidentemente, los administradores del SCH no dan puntada sin hilo. Así, como algo decorativo, sitúan en el balance contable un puñado de sociedades que les van a servir para la mangancia superlativa. Veamos cómo se lo monta Botín para sacar partido en un continuo saqueo de los dineros del banco. En las Cuentas Anuales Consolidadas del SCH se dice expresamente sobre el Grupo Santander Central Hispano:

Como se ha comentado al principio de este Informe, Banco Santander Central Hispano, S.A. es la cabecera de un grupo financiero que actúa en diversos países mediante diferentes negocios, por lo que sus estados financieros no recogen únicamente su actividad comercial, sino además, la derivada de ser el órgano central del Grupo.

De igual modo, en el mismo documento, los administradores del banco expresan textualmente:

El crecimiento experimentado por las Sociedades del Grupo en los últimos años, ha hecho que el Banco actúe, en la práctica, como entidad tenedora de las acciones de las diferentes sociedades que lo componen, siendo sus cifras cada vez menos representativas en la evolución y resultados del Grupo […] el Banco hace corresponder la cuantía de los dividendos a repartir entre sus accionistas con los resultados obtenidos a nivel consolidado […].

Se hace necesario reiterar lo que dicen los administradores del SCH en este último párrafo: los resultados de las sociedades participadas corresponde en su parte alícuota a los accionistas del banco. No podría ser de otra manera. Más adelante en los Anexos I y II de las referidas Cuentas Anuales Consolidadas los administradores del banco enumeran una a una las sociedades que conforman el Grupo consolidado, pero tan solo una parte de ellas, 200 sociedades, ocultando el resto en los documentos oficiales. Como hemos visto en un anterior capítulo, la jefatura del SCH se deja en el tintero 400 sociedades participadas que están repartidas por países de todo el mundo, además de, lógicamente, España. La importancia, pues, del Grupo consolidado es manifiesta y reconocida por el propio SCH, hasta el punto de poder decir que son las sociedades del mismo las que «de verdad» generan, si no todo el negocio, sí gran parte del mismo.

De los anexos I y II podemos constatar que 35 sociedades del Grupo consolidado, de las aproximadamente 600 que lo forman, están domiciliadas en estos tres lugares: Bahamas, islas Caimán e islas Vírgenes Británicas. Pero actualicemos los datos al ejercicio contable de 2002: en Bahamas el SCH tiene 17 sociedades en las que se contabiliza capital social más reservas por un total de 3.883 millones de euros (646.077 millones de pesetas). Así mismo, el beneficio atribuido durante el ejercicio a estas sociedades se eleva a 481 millones de euros (80.032 millones de pesetas). En las islas Caimán el SCH tiene otras 17 sociedades en las que se contabiliza capital social más reservas por un total de 1.845 millones de euros (306.982 millones de pesetas). Por su parte, el beneficio atribuido durante el ejercicio a estas otras 17 sociedades se eleva a 358 millones de euros (59.566 millones de pesetas). Y en las islas Vírgenes Británicas el SCH tiene una sola sociedad, en la que se contabiliza capital social más reservas por valor de 955 millones de euros (158.899 millones de pesetas). Se le atribuye un beneficio durante el ejercicio de 37 millones de euros (6.156 millones de pesetas).

Es incuestionable la importancia objetiva, económica y contable que estas 35 sociedades ostentan dentro del Grupo consolidado. Atentos a la cifra que no es moco de pavo, tienen 6.683 millones de euros (un billón, 111.958 millones de pesetas) de fondos propios. En la práctica totalidad de ellas el SCH aglutina, de forma directa o indirecta el 100% de su capital. Además, estas sociedades domiciliadas en Bahamas, islas Caimán e islas Vírgenes Británicas presentan una serie de rasgos comunes que las diferencian de otras filiales. En primer lugar, están domiciliadas en países o territorios denominados paraísos fiscales, conforme se definen en el Real Decreto 1080/1991. Por otra parte, la actividad reconocida de la mayoría de esas 35 sociedades es la de financiera o banca. También una parte menor de ese conjunto se dedican a gestoría de fondos, asesoramiento o sociedad de cartera, es decir, al negocio bancario integrado en el SCH. Pero esta predilección de los mandamases del SCH por precisamente estas paradisíacas islas tiene truco.

En las legislaciones de Bahamas, islas Caimán e islas Vírgenes Británicas, no se exige la auditoría de cuentas, ni el registro o presentación de éstas en oficinas públicas. Tampoco es necesaria la identificación de los administradores de las sociedades. Estos últimos rasgos peculiares difieren, por el contrario, de las exigencias legales que se constatan en otros paraísos fiscales. Así, por ejemplo en Andorra, Barbados, Jamaica, Nauru, Labuan y Mónaco es exigida la verificación contable por medio de auditoría de Cuentas; en Andorra, Labuan, Mónaco, Niue, Chipre, Jamaica, islas Cook y Costa Rica, entre otros, se exige la concreción de los beneficios obtenidos y el depósito de las cuentas sociales en registros Públicos; en Aruba, Bermudas, Costa Rica e islas Turks, además, es obligatoria la identificación de los administradores de las Sociedades. No cabe duda que, en general, tanto en Bahamas como en islas Caimán e islas Vírgenes Británicas existe de hecho una absoluta permisividad y, por qué no decirlo, un manifiesto descontrol de las sociedades que allí radican. Al menos, permisividad y descontrol desde las autoridades e instancias oficiales o públicas.

Si repasamos el conjunto de las sociedades que conforman el Grupo consolidado SCH (Anexos I y II de la Memoria) podemos observar que junto a sociedades como, por ejemplo, Banco Español de Crédito, S.A., Banco Río de la Plata, S.A., Royal Bank of Scotland, Vallehermoso, S.A. o Aljardi Ltda. se encuentran las 35 sociedades domiciliadas en los paraísos fiscales de Bahamas, islas Caimán e islas Vírgenes Británicas. Pero la diferencia entre el primer grupo y el segundo es muy significativa, ya que las cifras y datos de los primeros, que obran en los antedichos anexos, han sido verificados por auditor externo independiente y sus cuentas depositadas, como mínimo, en los registros y oficinas públicas de su país de origen (España, Argentina, Escocia o Portugal). Por el contrario, las cuentas de las 35 sociedades domiciliadas en Bahamas, islas Caimán e islas Vírgenes Británicas —como hemos visto— no han sido ni auditadas ni depositadas en oficina o registro público alguno nacional o extranjero.

Pero veamos lo que Botín y sus cómplices dicen al respecto de este importantísimo matiz en palabras del secretario del Consejo en la propia junta de accionistas de 2003: «todas esas sociedades se encuentran correctamente contabilizadas en las cuentas anuales consolidadas del Grupo Santander y que esas cuentas han sido supervisadas por el Banco de España y auditadas por Deloitte & Touche» (la auditora Arthur Andersen ya figuraba disfrazada y camuflada como Deloitte & Touche), los administradores del SCH no hacen sino tratar de confundir al accionista. Pero la realidad es bien distinta, estos saqueadores del banco mezclan en su contestación dos conceptos bien diferenciados. Una cosa es la auditoría externa que se practica a las cuentas de cada una de la inmensa mayoría de las sociedades que conforman el Grupo consolidado SCH y otra bien distinta son las cuentas del Grupo consolidado SCH. Por ejemplo, el Royal Bank of Scotland figura en la relación de sociedades del Anexo II con los siguientes datos: capital, 1.098 millones de euros; reservas, 30.472 millones de euros; y resultados netos, por valor de 2.872 millones de euros. Y tales datos han sido objeto de auditoría independiente practicada por auditor externo, figurando sus balances y datos contables depositados en los Registros Mercantiles de Escocia.

Eso hace que el auditor del Grupo consolidado SCH pueda partir de datos transparentes y fiables cuando se trata de incorporar en el proceso de consolidación las cifras atribuidas al Royal Bank of Scotland, por ejemplo. Así, sus cifras antes de incorporarse al balance del grupo consolidado ya han sido objeto de verificación externa y registro en la oficina pública correspondiente. En cambio las 35 sociedades domiciliadas en Bahamas, islas Caimán e islas Vírgenes Británicas presentan unos datos, cuyas cifras contables no han sido ni objeto de verificación externa previa, ni registradas en oficina pública alguna antes de incorporarse al Balance del Grupo consolidado. No le demos más vueltas, aquí radica el meollo del asunto: la capacidad de Botín y sus mariachis de manejar un banco paralelo donde una parte importante de los beneficios, la más importante, no está sujeta a control alguno. Dicho de otra manera, los administradores dan el beneficio que les conviene y evacúan los activos que les viene en gana.

La habilidad de los administradores consiste en aparentar que la auditoría del Grupo consolidado convalida la auditoría de todas y cada una de las sociedades que lo componen. Cuando eso no es verdad y, para que las cifras sean transparentes y fiables, debe ser justo al revés: una vez que las cifras de todas y cada una de las empresas o sociedades que conforman el Grupo han sido previamente auditadas es cuando se puede predicar que el conjunto se sustenta sobre datos y cifras transparentes y fiables. Los administradores del SCH con la ayuda inestimable del auditor, que ha hecho caso omiso de sus obligaciones legales y reglamentarias, han burlado cualquier tipo de control sobre las sociedades domiciliadas en Bahamas, islas Caimán e islas Vírgenes Británicas. Los balances contables de esas 35 sociedades no tienen la transparencia y fiabilidad que son exigidas por las leyes, teniendo en cuenta que las cifras (opacas e infiables) que estas sociedades manejan son de enorme importancia cualitativa y cuantitativa.

Siguiendo con el ejemplo de comparar por una parte, y dentro del Grupo consolidado, los datos del Royal Bank of Scotland y por otra parte, también dentro del Grupo consolidado, cualquiera de las 35 sociedades opacas, podría darse, y de hecho se da, la siguiente situación: si los administradores del SCH, porque así les conviniera, pretendieran atribuir al Royal Bank of Scotland (RBS) unos resultados de 15.000 millones de euros, en lugar de los 2.872 millones de euros realmente obtenidos por esta institución, de inmediato se descubriría el fraude, puesto que ya antes de incorporar al Grupo consolidado las cifras del RBS estas han sido auditadas y registradas en las oficinas públicas correspondientes. No coincidirían ni en la auditoría ni en los registros esos 15.000 millones irreales con los verídicos 2.872 millones. ¿Pero qué pasaría si en lugar del Royal Bank of Scotland nos referimos al SCH Finance Ltd. con domicilio en islas Caimán, por ejemplo? Imaginemos que en lugar de los 310 millones de euros de resultado neto, como consta en el anexo I de la memoria, los administradores del SCH hubieran preferido hacer constar en ese capítulo 3.000 ó 5.000 o los millones de euros que se quieran. ¿Qué auditoría externa o qué registro de cuentas garantizaría que hablamos de cifras reales y no ilusorias? La respuesta es ninguna, ya que SCH Finance Ltd., con domicilio en islas Caimán, no ha sido previamente auditada ni registradas sus cuentas en oficina pública alguna. En ningún caso, respecto de las famosas 35 sociedades, los administradores pueden concretar ni la fecha de la auditoría, ni quién ha sido el auditor, ni en qué registro público se han presentado las cuentas de cada una de ellas, sencillamente, porque es en este sutil matiz donde se sustenta la rapiña a gran escala y el desagüe por donde se van los más preciados activos del SCH al «banco particular de Botín».

A las instituciones de control parece no importarles los desmadres del todopoderoso Botín, o bien son incapaces de frenar sus impulsos de rapiña. La Fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción ya apunta en la dirección correcta. Anualmente, la referida Fiscalía elabora una memoria en la que resume su actividad y el entorno en la que ésta se realiza. Así en la memoria correspondiente al año 1998, en su primera página, se lee textualmente:

La Fiscalía Especial ha cumplido su tercer año de actividad. Y hay que destacar que lo ha hecho en un contexto nacional e internacional que reclama cada vez más instrumentos jurídicos para hacer frente con eficacia a la gran delincuencia económica y los delitos de corrupción […].

Y en el siguiente párrafo:

Los responsables de la corrupción recurren a sociedades pantalla domiciliadas en islas o territorios lejanos, y sus cuentas son amparadas por paraísos bancarios o fiscales que funcionan incluso en el seno de la Unión Europea, calificando aquellos paraísos fiscales como «refugios que canalizan y hacen fructificar el dinero de la corrupción por meandros donde la economía criminal se disuelve en la economía legal».

Los paraísos fiscales están siendo utilizados por los administradores de los bancos para fines ilícitos, rehúsan dar información de sus negocios en esos países, incluso a la propia Fiscalía Anticorrupción, argumentando las más variadas e insostenibles excusas. Los paraísos fiscales aparecen como algo desconocido para el inversor de a pie, más propio de la elite financiera que los utiliza y sin que exista una justificación económica para el establecimiento de tales sociedades en esos territorios. Además, aparece adornado con toda clase de sospechas el hecho de que los administradores del SCH constituyan sociedades pantalla carentes de infraestructura y de medios materiales. Solo una elite financiera sabe muy bien qué función real desempeñan. Se hace necesario poner de manifiesto la charlotada que estos personajes se traen entre manos. Permanentemente se pone en escena las bondades de la transparencia y el buen gobierno corporativo. Máxime si se tiene en cuenta que el propio Botín alardeaba e invitaba a los accionistas a «proponer sugerencias o a formular cuestiones que, en el mejor interés de nuestro Banco, me gustaría fueran tratadas con ocasión de la próxima Junta […]. El Banco, a través del Area de Accionistas, o yo mismo personalmente en la misma Junta haremos todo lo posible por atender estas cuestiones». Con la información que aquí se recoge y los datos que se aportan, parece más que evidente la tomadura de pelo al por mayor que Botín practica con todos los accionistas del SCH.

Para concluir con el relato de esta rapiña vale la pena reiterar las peculiaridades de estos singulares paraísos fiscales de Bahamas, islas Caimán e islas Vírgenes Británicas. Su legislación no requiere la auditoría de cuentas a las sociedades allí domiciliadas, no es necesaria formalidad legal alguna respecto de la cuentas anuales, ni su depósito, ni siquiera la comunicación de los beneficios actuales obtenidos; tampoco exigen las autoridades de aquellos países la identificación de administradores y accionistas. Cualquiera puede comprender que con esta permisividad total —impulsada por los señores del dinero— los Botín y compañía puedan montar un circo con las cuentas del SCH. Sería ingenuo creer que por este mismo desagüe las incontroladas sociedades participadas en estos paraísos fiscales no conducen a la alcantarilla del tráfico ilegal o blanqueo del dinero proveniente del delito que también se aborda en las páginas de este libro. El acuciante problema mundial del trafico de drogas no existiría sin esta alcantarilla.

Botín y compañía no podrían de manera alguna montar esta milonga con las cuentas del banco si no fuera con la complicidad del auditor. El sistema asigna a los auditores una función como el eje del universo. La transparencia y la fiabilidad de la contabilidad de las empresas es, en las legislaciones de nuestro entorno y en la nuestra propia, la razón de ser de las diferentes leyes que se han venido promulgando, especialmente a lo largo de las últimas dos décadas. Las diferentes Directivas promulgadas al efecto por la Comunidad Europea (Cuarta Directiva 78/660 de 25/07/78; Séptima Directiva 83/349 de 13/06/83; 86/635 de 08/12/86, etcétera) recogen en su fundamentación precisamente el desiderátum, de la fiabilidad y la transparencia de la contabilidad de las sociedades como razón de ser de las mismas. En general, nuestras leyes más recientes, como la Ley de Sociedades Anónimas, de 22/12/89 o la Ley de Auditoría de Cuentas de 12/07/88, también recogen tales objetivos de transparencia y fiabilidad, en tanto en cuanto estas leyes nacionales son transposición de las correspondientes Directivas Comunitarias. Los auditores tienen su función tasada. En efecto conforme al artículo 4 apartados 2 y 3. de la LAC se exige al auditor que:

2.– En el Informe de Auditoría de Cuentas se expresarán las empresas o entidades que, formando parte del conjunto consolidable, no hayan sido objeto de auditoría de cuentas, acreditando tal circunstancia a los efectos de la emisión del Informe y opinión sobre el conjunto consolidable.

3.– Quien o quienes emitan opinión sobre el conjunto consolidable, vendrán obligados a recabar la información necesaria, en su caso a quienes hayan realizado la auditoría de cuentas de las empresas o entidades del conjunto, que estarán obligados a suministrar cuanta información se les solicite.

Queda suficientemente claro que el auditor tiene que hacer mención expresa de las sociedades consolidadas que no han sido auditadas. Eso es tanto como poner en el mismo cesto —el balance consolidado— las manzanas podridas junto a las sanas; y con el Jordán purificador de la intervención del auditor se facilita el milagro de que todas las manzanas podridas se sanen. La legislación al respecto, la lógica y el sentido común sostienen lo contrario: las manzanas podridas contaminan a las sanas y todo el cesto es para tirar. Las cuentas del SCH quedan contaminadas por la falsedad. Queda todavía más claro que la función práctica del auditor no es la de revisar las cuentas del banco, sino más bien disfrazarlas al antojo de los administradores y, una vez todos de acuerdo, santificarlas. En el Informe de Auditoría de las Cuentas Consolidadas del SCH, firmado por el socio Auditor de Deloitte & Touche España, Germán de la Fuente, el 31 de enero de 2003, no se expresan las sociedades que no han sido objeto de auditoría y, entre ellas, las sociedades del Grupo domiciliadas en Bahamas, islas Caimán e islas Vírgenes Británicas. Este dato tan solo confirma que Deloitte & Touche es más de lo mismo que su antecesor Arthur Andersen caído en desgracia y disfrazado de un nuevo y sagaz auditor.

Todo sigue igual o peor. Cuando Deloitte & Touche incorpora los datos particulares de Holbah II Ltd., de Bahamas —una de las más veteranas sociedades participadas en la lista de las 35—, por ejemplo, a las cuentas del Grupo Consolidado SCH, ni puede comprobar la veracidad de los mismos ni contrastar éstos con los que consten en oficina o registro público, ya que ni han sido auditados ni presentados a registro. Así, siguiendo con el ejemplo, los 375 millones de euros que se le atribuyen de beneficio neto a Holbah II Ltd. en el ejercicio 2002 no serán más que unos datos carentes de transparencia y fiabilidad, por los motivos tantas veces repetidos. Y otro tanto ocurriría con el resto de las 35 sociedades, cuyo montante en beneficios asciende a un total de 876 millones de euros (145.754 millones de pesetas). Toda esta millonada esta al albur del gusto y capricho de Botín que dispone de ella como le viene en gana. Y como quiera que el beneficio obtenido por el SCH durante el ejercicio 2002 asciende a 1.376 millones de euros, resultaría que un 63,66% del mismo (876 millones de euros sobre 1.376) procedería de las 35 sociedades del Grupo Consolidado cuyas cuentas ni han sido verificadas por auditor externo ni han sido depositadas o presentadas a registro en oficina pública o privada alguna. Como diría Botín: yo me lo guiso, yo me lo como.

Sin salir de casa

Cada vez es más evidente que usted y yo formamos parte de los tontos de la película. Los amos del dinero han convencido a la clase política para desmantelar el Estado convirtiéndolo en una finca privada de grandes corporaciones multinacionales. Este singular invento tiene por maravilla la transmutación de dueño que no se olvida de cobrar su tributo, los banqueros son ahora los dueños del sistema. El sistema se rige por el «tanto tienes, tanto vales», equivalente a «cuanto más tengas, menos pagas». Mientras, una gran masa de pardillos alimentarán con su pecunia la voracidad de la infernal máquina del sistema. Pero conforme la presión fiscal ha ido asentándose, los bancos han ido inventándose los más variopintos productos financieros para atraer a clientes poco aficionados a cumplir sus obligaciones con la Hacienda Pública; todos han tenido un común denominador, esquivar al fisco.

Bancos de todas las medidas, grandes y pequeños, tienen en su estrategia el conseguir los máximos beneficios. Es precisamente el fundamentalismo en la doctrina impuesta lo que lleva a que los beneficios del siguiente año hayan de ser forzosamente superiores a los del año anterior. Quien no cumple con esta premisa se queda como otro tonto de la película. El componente de la tributación fiscal es un ingrediente que merma beneficios en una cuantía importante. Los bancos se han adjudicado sus propios paraísos fiscales; en la práctica, los paraísos bancarios se han generalizado en casi todas las entidades financieras, el nivel de desarrollo depende de su posicionamiento en el mercado. El SCH es la entidad con mayor proyección internacional de los bancos españoles. Esta cualidad transfronteriza hace que sus oficinas se extiendan por medio mundo, y las sociedades participadas por el otro medio. En las Bahamas, las islas Vírgenes Británicas y algunos otros puntos del globo donde sea posible una opacidad fiscal, el SCH tiene ubicación. Una pirámide de participaciones cruzadas permite que se manejen capitales sin control. Los accionistas del banco reciben una retribución por beneficios, construidos desde un balance contable con desarrollo inverso. Se asigna el límite de los beneficios y se confeccionan las partidas contables. Las sociedades participadas en los paraísos fiscales proporcionan a la entidad la opacidad necesaria.

La metodología utilizada por las entidades financieras de este país es clónica, propician actuaciones delictivas en la ocultación de importantes capitales —no vaya usted con ahorros de pacotilla— a la vista de la Hacienda Pública. El fenómeno de la defraudación fiscal a gran escala crece año tras año, son las grandes empresas las que disponen de instrumentos para evadir el control de Hacienda. Tan sólo hay que ver las memorias de las entidades más relevantes del país —donde de forma explícita aparecen sociedades que forman parte de cada uno de estos grupos bancarios—; en todas ellas se encuentran filiales domiciliadas en paraísos fiscales.

Es tal la proliferación de estas sociedades constituidas para no pagar impuestos que la fiscalía incluso las tiene tipificadas por su operatividad. Pero una vez detectado el fraude, clasificada su tipología y alertada su proliferación la Fiscalía Anticorrupción da por concluida su misión. Deja que sea la Providencia Divina y espera a la resurrección de los muertos para que se haga justicia. A ni una sola de las entidades financieras, multinacional o gran empresa se le imputa delito alguno, aunque las pruebas sean harto evidentes. Su actuación, traducida en no cumplir con su función, se escuda en la dificultad de obtener pruebas. Una afirmación difícil de creer. Mientras tanto, las autoridades competentes miran al sol deslumbrados por el brillo del metal y le endosan al último de la fila que ha dejado de pagar el chocolate del loro un selectivo delito fiscal. Todo con tal de no enfrentarse a los amos del dinero.

Son los banqueros los que han edificado un mundo a su mejor conveniencia. Convendría que nos hiciéramos la siguiente reflexión bajo el precepto de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Dicho con mayor concreción: si los bancos tienen montado un sistema y entramado para facilitar a los clientes ricos la defraudación fiscal, ¿no van a ser ellos los primeros en utilizar su propio instrumento de ocultación para sus propios fines? Se tendría que ser muy ingenuo para creer que las tuberías por donde circula el dinero no tienen alcantarillas. La gran ventaja de los banqueros es que su particular dinero —rapiñado en múltiples operaciones— circula por los mismos circuitos que el dinero de los clientes, donde se camuflan el dinero de los sobornos políticos, del narcotráfico y toda una catarata de mangancias de primer orden.

El sistema propone un uso para cada necesidad; bancos, banqueros y bandidos reman en la misma dirección para simular e instrumentalizar operaciones que, con el tiempo, ya se han convertido en clásicas. Un procedimiento común para que el dinero comience a salir a la luz es invertir en el mercado inmobiliario. El blanqueo suele hacerse comprando propiedades y pagando la mitad en negro. Luego se la revende a su precio total, la aparente diferencia sirvió para lavar dinero. También se puede lavar dinero transfiriéndolo a un casino a cambio de fichas para apostar alto. Se cobra dinero limpio y sin impuestos por ventanilla, o también hacer que ciertas personas pierdan sumas interesantes en beneficio del casino. La regla de oro es evitar que exista una distorsión escandalosa entre los ingresos de dinero blanqueado y las rentas oficiales, y de este modo poder justificar, al menos de una forma aproximada, el nivel de vida que se lleva.

Hay una gran variedad de operaciones disfrazadas que sirven para blanquear dinero. Casi todo está inventado, el comercio de los objetos de arte es uno de los menos controlables, pues la identificación de los objetos puede ser particularmente difícil, por no decir imposible. Por otra parte, el valor de una obra de arte es muy subjetivo, y por tanto, difícilmente estimable. Muchas subastas son un camelo, numerosas operaciones de blanqueo parecen haber sido realizadas en el mercado de las obras de arte, ocasionando a veces un alza general de los precios de las obras. El método es sencillo, tan simple como que, después de la venta en la subasta, el cómplice devuelve las obras de arte a su antiguo propietario y recibe por ello una comisión.

El corazón del sistema financiero está destinado a dotar de una apariencia de legalidad al dinero sucio en circulación. El enorme desarrollo de los paraísos bancarios y de las sociedades off shore ha sido paralelo al aumento de las actividades ficticias justificadas sólo por la necesidad de camuflar el dinero sucio. El sistema no ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, sino propiciado por los propios Estados. Funciona de la manera que funciona porque les interesa a los señores del dinero. La multiplicación y la diversificación de los métodos de blanqueo acaban por engendrar una economía virtual donde reina la ilusión.

El dinero sucio comparte los mismos circuitos. Los bancos de negocios, las sociedades pantalla, las empresas ficticias, las organizaciones criminales o bajo control mafioso comercian, intercambian y trafican unos con otros dando la falaz impresión de una racional armonía. Bajo esta maraña de todos revueltos es difícil distinguir a los unos de los otros. ¿Cómo dudar de la honradez de las entidades financieras si están en este tipo de operaciones y a la vuelta de la esquina tienen todos nuestros ahorros? La respuesta va por la senda de entender que es el propio sistema el que está podrido hasta la médula. Es sobradamente conocido que la Reserva Federal de los EE.UU. enviaba diariamente contenedores enteros de dinero líquido, en billetes de 100 dólares a los bancos moscovitas bajo control mafioso. Sabían de antemano que las fortunas alegremente entregadas iban a desaparecer. En su informe del 28 de junio de 1996, el GAFI decía: «[…] a lo largo de los dieciocho últimos meses, alrededor de 100 millones de dólares americanos en billetes han sido repatriados de los EE.UU. a Rusia, a petición de los bancos rusos. Habida cuenta de las elevadas cantidades de dinero solicitadas, es concebible que una parte al menos de los fondos sea utilizada para satisfacer las necesidades del crimen organizado ruso». Para que no falte de nada en este recetario de blanqueo de capitales, éste, entre la Reserva Federal de los EE.UU. y la mafia rusa, es exactamente el blanqueo a la inversa.

Se da la paradoja de que en el gran universo de las finanzas virtuales no hay policía, los ladrones son tan especuladores como los demás, los bancos son los dueños del sistema. Reciclan el dinero a través de los mercados regulados a través de la Cámara de Compensación del Mercado Financiero, organismo oficial del cual no se puede sospechar ningún tipo de complicidad. El dinero que hay que blanquear se deposita en un banco de las islas Vírgenes. Después se utiliza la complicidad del MONEP y se trasfiere el dinero para la compra de contratos de futuro —conocidos como calls y puts—. Posteriormente se vende el straddle (call y put). La operación de compra y venta acarreará una ligera pérdida, pero lo que importa es que la prima recibida por la venta se ingrese en el MONEP y, de esta forma, desaparece cualquier relación con las sumas depositadas en las islas Vírgenes. El dinero, una vez blanqueado, se gira a una cuenta en Suiza. Como los anuncios de los detergentes: más blanco imposible.

La repostería es variada y las técnicas de camuflaje están a la orden del día. Los swaps son otra de las formas de malabarismo financiero. Es un crédito cruzado entre bancos, el contrato es irrevocable y comporta ciertas obligaciones para cada una de las partes. Los swaps se aplican a todo tipo de operaciones financieras, pudiéndose intercambiar créditos, divisas, deudas, tipos de interés… De esta forma se intercambian posiciones y es mucho más difícil conocer quién es el bueno y el malo en la película si se tiene en cuenta que la operación se puede reiniciar. El inicial crédito cruzado se puede cruzar con otro y así sucesivamente, hasta hacer imposible seguir el hilo a la madeja. Los propios bancos propician el sistema de la maraña financiera, un laberinto donde el swap es un producto financiero muy extendido que va como anillo al dedo para operaciones de encubrimiento y especulación.

Todo está a disposición de los buenos clientes. El préstamo garantizado por endoso es una técnica financiera clásica y muy empleada para el blanqueo de capitales. Es un procedimiento extremadamente sencillo y muy difícil de detectar, sobre todo si se utilizan bancos de países diferentes. Se deposita primero el dinero en uno de los bancos off shore en el Caribe —siempre el inicio es el mismo— para transferirlo a un banco de Luxemburgo. Después, se solicita un préstamo que el banco concede sin problemas al tener garantizado el pago por la garantía del dinero depositado en el banco luxemburgués. Evidentemente este préstamo no tiene documentación oficial que lo vincule con la garantía.

El sistema financiero es un teatro de operaciones simuladas, nada es lo que parece y la hipocresía está instalada perpetuamente. Incluso la justicia se utiliza como instrumento para blanquear capitales. El falso proceso es una técnica muy empleada cuando no hay demasiada prisa en concluir la operación. Una empresa demanda judicialmente a otra —ambas sociedades comparten la misma propiedad—. El importe del perjuicio demandado puede ser tan elevado como se quiera, e incluso se puede acelerar el proceso recurriendo al procedimiento de arbitraje, muy extendido en el comercio internacional, que facilitará que la justicia no sea tan lenta. Las ventajas de este tipo de blanqueo son extraordinarias, se pueden reciclar cifras multimillonarias, es difícil de demostrar que el pleito está amañado, y lo más sorprendente y beneficioso es que la empresa que gana el pleito recibe una cuantía, como es una indemnización, que está libre de impuestos. Quién podría pensar que hasta el sistema judicial es utilizado para el camuflaje de fortunas.

También hay métodos más artesanales de blanquear capitales como el de «las hormigas japonesas» que hace comprensible la clase de clientes que adquieren artículos en las lujosas tiendas de las mejores capitales del mundo occidental. Son artículos con un precio de muchos ceros. Estas tiendas de marca se nutren de una clientela de millonarios y caprichosos, pero también de falsos turistas —hormigas japonesas— que a su vuelta entregan la mercancía al blanqueador que, sin rastro alguno, venderá los artículos de lujo a precio de oro. Los métodos artesanales con una controlada utilización pueden dar un rendimiento constante. El blanqueo a domicilio da mucho de sí. Las tarjetas de crédito se han convertido en un instrumento de primer orden para el movimiento del dinero, incluso las tarjetas de recarga de los teléfonos móviles se utilizan para movilizar el dinero.

Los métodos artesanales están pensados para el bricolaje de baja intensidad. Las grandes fortunas se tienen que gestionar, para ello el BBVA ofrece un servicio impecable, digamos que hecho a medida. Para entrar a formar parte de este club de ricos del BBVA Privanza se tienen que poner encima de la mesa 500 millones de pesetas, por menos de esta cuantía el club no te abre la puerta. Cuando esto se investiga pasa lo que siempre pasa, que se dilata tanto en el tiempo que la memoria lo olvida. De tanto en tanto, producto del enfado del momento, el PP propone una comisión de investigación en el Congreso sobre las cuentas suizas del PSOE, pero son tan sólo afirmaciones para los titulares y para la televisión.

Veamos cuánto hay de cierto en lo dicho de que, fiscalmente, en este país cuanto más tienes menos pagas. BBV Privanza tiene montada, para sus pudientes clientes, una solución —a la que ellos llaman producto— para cada necesidad con el fin de escaquearse de Hacienda. Todo está montado, cuando el dinero es abundante, para que Hacienda se deje engañar. Veamos si no qué clase de productos vende —sin disimulo alguno— el BBV, sin cuya intervención sería imposible defraudar al fisco.

Lo que pretende el banco es «fabricar» en serie el producto para, una vez analizado y diagnosticado, ofrecer la solución que merece su cliente, y de acuerdo con el ya famoso Manual —que la Fiscalía Anticorrupción asigna a Estanislao Rodríguez Ponga como autor intelectual— el objetivo es «preservar la integridad del patrimonio y asegurar su transmisión libre de impuestos, buscando a la vez un crecimiento a largo plazo y minimizando los riesgos». Más claro imposible, este producto está dedicado a empresarios y particulares que son catalogados según el volumen de lo que se pretende gestionar. Si el patrimonio está entre los 100.000 y el millón de dólares, el producto se llama Probate Trust BBVPJ. También están los productos Trust Sinergia, el Trust complemento del plan Seguro BBV Equitable y el Trust complemento del BBV Investment Program.

El servicio es completo y para operaciones de comercio exterior el montaje se realiza a través de compañías denominadas Limited Partnership (LP), sociedades que se «alquilan» con todo puesto: domicilio, accionistas, administradores, cuentas bancarias abiertas. Y todo en un servicio de llaves en mano. Estas sociedades están domiciliadas en paraísos fiscales con el fin de hacer de tapadera a la empresa española que vende y exporta mercancía, y factura a su LP; ésta a su vez facturará al verdadero comprador añadiendo entre un 5% y un 10% que será su comisión.

Pero si el objetivo es la tenencia de activos a largo plazo —como acciones de empresas españolas, inmuebles o yates— la solución es otra: las compañías estructuradas en holding que garantiza la reserva sobre la identidad del cliente. La estructura consiste en un trust propietario del 100% de una compañía de las Antillas Holandesas, propietaria a la vez de una compañía holandesa que invierte en países con los que Holanda tiene un tratado de doble imposición ventajoso, los impuestos pagados en el extranjero sirven de «carta de pago» a los que se tendrían que haber pagado en España. La diferencia está en lo ventajoso que es el tratado. Valdría la pena definir qué entiende por trust la legislación anglosajona: patrimonio colocado por una persona, a quien se le llama settler, bajo el control de otro, llamado trustee, en interés de uno o varios beneficiarios. Tanto así como un hada madrina.

No crean que para defraudar al fisco o esconder dinero de múltiples rapiñas y de sabrosos sobornos hace falta dar la vuelta al mundo. Residentes en la capital del reino pueden tener cuentas bancarias cifradas —secretísimas— en el Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC) en el centro de Madrid. Estas cuentas se descubrieron por el escándalo de Gescartera, ya que era el banco preferido por su administrador, Antonio Camacho. Resultaba que a 138 amigotes de otros amigos no les hacía falta ocultar a Hacienda los millones bajo el colchón, simplemente teniéndolos en una cuenta en el banco —como usted o como yo— el vil metal ya no resplandecía. La artimaña para esto no puede ser más infantil. El titular de la cuenta no es el individuo residente, está a nombre de la filial suiza del HSBC de la que sí se es cliente. A quien se le ocurrió esta genialidad se le debieron de fundir la mitad de las neuronas. Una tomadura de pelo de tal magnitud resulta que incluso se justifica, y funciona. El Banco de España no podía pedir la titularidad final de estas cuentas porque estaban teóricamente abiertas en Suiza, Estado que protege por ley el secreto bancario.

Si las cuentas son ilegales, ya que la legislación española no permite las cuentas bancarias cifradas, llegamos a la incongruencia supina: el máximo órgano monetario, como es el Banco de España, resulta que no puede intervenir, ni exigir los titulares de estas cuentas. Lo que demuestra que están todos compinchados y no les interesa remover el asunto lo más mínimo. No hace falta ser experto en nada para deducir que en el mismísimo centro de Madrid están instalados frondosos paraísos fiscales. Demuestra que hay depósitos en cuentas bancarias sin que lo sepa Hacienda —es un decir—. Como las autoridades monetarias y de Hacienda están —pobrecitos— incapacitados para exigir al banco la relación de los titulares de las cuentas, a pesar que el ministro Rodrigo Rato se había empeñado en conocerlas —solamente cuando las cámaras de televisión estaban presentes—, tuvo que ser un juez quien las reclamara.

Veamos lo que pasó con la única manera de conocer las enigmáticas cuentas. A finales de enero de 2002 el HSBC entregó a la jueza que lleva el caso Gescartera, Teresa Palacios, un disco de ordenador con información sobre las 138 cuentas opacas. La información aportada contenía movimientos de cuentas bancarias, pero —siempre tiene que haber un pero— las cuentas en cuestión fueron embargadas el 22 de noviembre de 2001; pero —éste es el pero que vale— la medida llegó tarde, puesto que los depósitos ya no se encontraban abiertos. La identidad de los titulares se sigue desconociendo, el disco de ordenador entregado por el banco es el equivalente a la popular copla «Mi carro me lo robaron» de Manolo Escobar, con que la jueza podrá deleitarse. Lo que demuestra que la contribución a Hacienda la hacen hoy día los infelices que están asalariados y todos aquellos que tienen cuatro duros y a quienes la Agencia Tributaria persigue hasta el catre.

Estos poderosos caballeros de las 138 cuentas cifradas en el paraíso fiscal de Madrid, con sus 67,8 millones de euros, pueden descansar tranquilos, todo un elenco de altísimas personalidades, cualificadísimos funcionarios de alto rango, el ministro del ramo y el gobierno en pleno, les acompañan en el sentimiento por el susto producido, jurando en arameo que nunca más se lo volverán a dar. Pueden dormir tranquilos; el Banco de España afirma categóricamente que «la rendición de informes periciales no figura entre sus competencias» La fiscalía les recordó la plena colaboración que, sin objeciones, la autoridad monetaria prestó en el caso Banesto. Cómo no la iba a prestar, si era el autor intelectual del atraco.

No vayan a creer que el episodio del HSBC de tener cuentas opacas en el mismo centro de Madrid es una anécdota. Parasant, la sociedad de que hemos dado cuenta en este mismo capítulo, desaparecida de las cuentas del SCH con una inmensa fortuna, tiene la desfachatez de tener el dinero en Madrid y el apunte en las islas Vírgenes. Por disparatado que parezca, es cierto; el SCH disponía en la oficina 1603 de Madrid de un saldo de 36.000 millones de pesetas. Las sociedades Dolhisant Ltd., Flhisant Ltd., Frhisant Ltd., y Chehisant Ltd. fueron inscritas en el registro de sociedades de las islas Vírgenes Británicas en junio de 1991, pero el dinero líquido estaba en Madrid. Un dato para significar que los paraísos fiscales son un camelo, allí no hay una triste peseta, euro o dólar, tan sólo hay apuntes contables.

Como ya hemos visto, para perpetrar la apropiación indebida o para culminar el fraude fiscal a gran escala no es necesario hacer las maletas e irse a cualquiera de los exóticos paraísos fiscales que tanto abundan. En el mismo Madrid circulan opciones para dar esquinazo a Hacienda. No hace falta recordar a Gescartera, las cuentas del HSBC o las del BBVA Jersey para evidenciar que algo ocurre con el control fiscal sobre las grandes bolsas de dinero negro en medio de la Castellana. Con este panorama, sería ingenuo creerse a pies juntillas las cuentas que los bancos presentan a los accionistas y a las autoridades de control bancario y bursátil.

Los cárteles de la droga

Legalizar el dinero es la consecuencia lógica de todo lucro generado en forma ilícita. Es una actividad tan difundida que nadie sabe exactamente cuánto dinero ilegal está corriendo por el mundo. La velocidad con que el dinero sucio viaja por el globo es tanta que termina siendo contado varias veces durante su movimiento. El circuito preferido, o el que podríamos llamar de alto standing, es aquél que remite en primera instancia los caudales a paraísos fiscales del Caribe, para saltar luego a Suiza, y desde la cuna del refugio de capitales llegar más blanco imposible a los EE.UU. En las sucesivas transferencias interbancarias —las conocidas operaciones vía cable—, el dinero va saltando de un banco a otro por todo el mundo, hasta volver limpio a las manos de los delincuentes. Se llegan a contar 700.000 transferencias por cable en un solo día, al cabo del cual cerca de dos billones de dólares deambulan por el mundo de un banco a otro.

El eje vertebrador de todo el espíritu globalizador se sostiene en la libre circulación de capitales. Para el dinero ya no existen fronteras, circula por las autopistas de la comunicación a la velocidad del rayo. Apretando un botón millones de dólares se trasladan de un lugar a otro del mundo. Son las entidades bancarias las propietarias de esta autopista virtual por la que circula el dinero. El sistema se ha instaurado en un diseño transnacional. La propiedad de esta singular vía de tráfico está en manos privadas, mientras que el control fiscal se aposenta intramuros de cada país. La Agencia Tributaria tiene acotado su perímetro de actuación: empieza y acaba en el linde de sus fronteras. Bajo estas circunstancias se sostiene una lucha contra el fraude de la que ni tan siquiera sirve como parodia la típica escena de las películas americanas, donde la patrulla policial que persigue a los delincuentes frena de súbito al llegar a la línea divisoria entre un estado y otro. Lo maravilloso de esta autopista virtual por donde circula el dinero es que no hay patrulla policial alguna que persiga a nadie, por la sencilla razón de que no hay delincuencia.

Antes de continuar con la narración, se hace necesario dedicar unas líneas a una reflexión metafísica que se inicia con una pregunta. ¿Cómo es posible que la Policía, la Guardia Civil, los Carabineros, la Policía Montada del Canadá o cualquier policía del mundo no detenga cargamentos transportados en barcos, camiones de gran tonelaje, o aviones de carga con fardos de dinero? El motivo de la reflexión es prosaico: la voluminosa cantidad de dinero que se obtiene producto de la venta de la droga, excede del volumen de la droga en sí. Más concreto: por cada kilo de cocaína vendido en forma minorista se acumulan cerca de tres kilos de dinero en billetes de uno, de cinco, de diez y de veinte dólares. Pongan ustedes el equivalente en otras divisas para generalizar el volumen que alcanza este tráfico. No es tan sólo el importe que se alcanza a mover —cifras espectaculares—, sino algo más elemental, como es el pequeño valor facial de los billetes que se mueven. Los traficantes de droga llegan a destruir una buena parte de los billetes de un dólar ya que son una carga que no conviene transportar ni tan siquiera hacia el banco.

Para dar una idea, se calcula que cada día entra en los Estados Unidos alrededor de una tonelada de cocaína. Mover toda esta cantidad de dinero, y el volumen físico que llega a tener, daría a los traficantes más trabajo que mover la droga. Por lo tanto, para las fuerzas del orden sería mucho más fácil detectar los alijos de dinero que las partidas de droga. De tanto en tanto, y con operaciones muy publicitadas, los «garzones» de turno sacan a relucir aprehensiones de unas cuantas toneladas de droga. Las cámaras de televisión lo filman todo y los diarios lo llevan a los titulares. Pero, ¿alguna, aunque sólo sea una sola vez, los superjueces de rigor han aparecido en la pantalla del televisor jactándose de una aprensión de fardos con dinero? Ni una sola vez. Como reflexión metafísica no da más de sí, y puede concluir que si no se dan este tipo de aprehensiones de dinero en sacos, fardos o baúles es porque el dinero viaja por otra ruta. Consecuentemente, la otra ruta no puede ser otra —sencillamente porque no hay otra— que no sea las autopistas virtuales que manejan los bancos. Así, en un santiamén, hemos llegado a la raíz del asunto, y como conclusión se puede decir que el dinero del narcotráfico no tiene otra salida que la que le proporcionan los bancos. Todo lo demás son botes de humo para derivar la cuestión hacia otras galaxias mientras la banca se convierte en el colaborador necesario de la mafia y los cárteles de la droga. De esta colaboración no puede estar exento el banco de Botín, hay indicios suficientes para establecer que el aquí llamado banco paralelo presta servicios inestimables al mundo del hampa.

Indicios de operaciones singulares perpetradas por los Botín, «haberlos haylos». La dimensión alcanzada por el banco y la peculiar manera de ejercer el poder, al estilo de las monarquías absolutas, hacen que un cuantiosísimo caudal, en principio correspondiente a la entidad, figure como «desvanecido» en paraísos fiscales fuera del alcance, y aun de la vista, de los accionistas del banco. Un síntoma de tales manejos afloró en julio de 1998. La tentacular y temible DEA norteamericana culminaba una operación que había iniciado tres años antes, cuando el Gobierno de Estados Unidos se propuso poner coto al blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico a través de la banca mexicana. La operación, muy sonada por lo espectacular de su preparación y lo rocambolesco de su desenlace, llevó a la detención de Jorge Reyes Ortega González y Antonio Muñoz Tirado, directivos del Banco Santander. Reyes era el gerente en Tipatitlán, y Muñoz el director de la agencia en Tijuana, el punto fronterizo de tanta fama en las tenebrosas andanzas de los narcos.

Los directivos del Santander fueron detenidos en una redada junto a 26 colegas de otros bancos. La operación la había preparado la policía de la Unión, que se las ingenió para atraer a los directores de los diferentes bancos que operaban en México. Los agentes, disfrazados de comisionistas de múltiples personas interesadas en blanquear dinero, y bajo la tapadera de una empresa ficticia denominada Emerald Empire Corporation, citaron a los directivos bancarios a un «simposio» (¡hay que ver lo que hoy día dan de sí los simposios!) en el casino «Casablanca» —de ahí el nombre de la operación—, emplazado en un lugar tan seductor como Las Vegas. El temario del singular encuentro era del mayor interés para la gente del Santander: como a todos sus colegas, se les invitaba a intervenir en diferentes sesiones sobre técnicas de blanqueo para dar a la justicia —penal o tributaria— gato por liebre. La primera noche, al acabar la cena en un lujoso restaurante, los organizadores —policías todos— invitaron a los participantes a tirar de la oreja a Jorge Reyes, y Antonio Muñoz —eso sí, prudentemente, como corresponde a honrados bancarios— en uno de los casinos más esplendorosos. Para recorrer el breve trayecto dispusieron de una limusina para cada uno de los invitados, pero la cosa no acabó como en los cuentos de hadas: el destino final del viaje fueron las dependencias policiales, no el emporio del juego.

La operación Casablanca incomodó sobremanera a las respectivas cúpulas bancarias: se estaba acusando a sus diligentes directivos de haber percibido la comisión de un centavo por cada dólar blanqueado. «Inaudito», «intolerable», «insultante», era lo menos que podía decirse de tan burdo truco policial montado sin el menor fundamento, si bien cada banco «se ponía incondicionalmente a la total disposición de las autoridades norteamericanas» para deshacer el entuerto. Faltaría más. De haber algo recusable, que por supuesto no lo había porque no podía haberlo, claro está, eran cosas de ese personal de rango inferior sin facultades de disposición: las grandes fortunas degluten de ordinario las más sustanciosas prebendas, bajo el signo de la ortodoxia, urdidas por gente menor en provecho del amo del cotarro, exento siempre de los riesgos que indefectiblemente corre la fiel infantería.

No vayan a creer que la Operación Casablanca es un episodio intrascendente y archivado por el Departamento de Estado de los EE.UU., está muy presente en el International Narcotics Control Report, donde se registran los mayores incidentes habidos con el narcotráfico y donde el Banco Santander tiene una posición destacada. Tampoco vayan a creer que la implicación del Banco Santander en la Operación Casablanca es un hecho aislado. La participación del banco de Botín en operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico es de dominio público en Latinoamérica, incluso constan las afirmaciones de Rachel Ehrenfeld en su libro Evil Money, donde manifiesta que el Banco Santander es uno de los bancos «que usan los miembros del cártel de drogas de Medellín» para lavar dinero. Ehrenfeld también menciona al banco Lloyds con cuartel general en las Bahamas, dentro del mismo contexto.

Los bancos son piezas claves en el tráfico internacional de drogas por su imprescindible gestión en el lavado de dinero. Esta labor se inició desde el mismo momento que se declaró ilegal el tráfico de estupefacientes. El HSBC (Hong Kong y Shanghai Bank Corporation), el quinto banco en tamaño del mundo, es el buque insignia de la empresa del tráfico mundial de drogas, conocida como Dope Inc., con ramas en todo el mundo. Fue fundada a mediados del siglo XIX para servir como columna vertebral de la red financiera de la British East India Company (Compañía de las Indias Orientales). Financió las Guerras del Opio inglesas contra China en el siglo XIX, donde nació el moderno tráfico de drogas. Desde ese entonces HSBC ha servido como un medio de re-descuento para el lavado de dinero sucio proveniente del negocio de la droga, el oro y los diamantes. Entre mediados y fines de los noventa, se trasladó agresivamente a Latinoamérica, con especial orgullo al comprar Bamerindus del Brasil, visto como un camino para establecer una cabeza de puente en aquel país.

También «nuestro» BBVA (Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria) parece tener una predilección por asociaciones turbias, incluyendo armas sirias y al traficante de drogas y armas Monser Al-Kassar, quien también gozó de una relación especial con el ex presidente argentino Carlos Menem. Pero lo más sorprendente está en documentos oficiales. De acuerdo con informes publicados en Alemania, un documento del 20 de junio de 1986 de la Oficina Federal del Crimen de Alemania Occidental informa que «Al-Kassar tiene el 51% del capital de este banco», referido al Banco de Bilbao Vizcaya. Este documento agrega que el general sirio Duba, el dictador sirio Hafez-al-Assad y su hermano y rey de la heroína Rifaat-al-Assad, todos ellos mantienen cuentas multimillonarias en dólares en el Banco de Bilbao, que fueron usadas para lavar sus ganancias del tráfico de drogas y de armas.

Pero ya no es tan solo la Oficina Federal del Crimen de Alemania Occidental la que acusa explícitamente al BBVA de relaciones con el tráfico de drogas; la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) ha involucrado a la filial del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en México en operaciones de lavado de dinero del narcotráfico para realizar transacciones financieras en dicho país. El FBI señaló que uno de los hombres de confianza de José Madariaga, socio mayoritario del Banco Mercantil Probursa, fusionado con el BBVA, identificado como Eduardo Pérez Montoya, está vinculado con tales actividades ilícitas. El informe del FBI formaba parte del famosísimo sumario del proceso que lleva a cabo, y llevará por muchos años, el juez Baltasar Garzón contra directivos del BBVA, que se presume realizaron traslados de fondos ilegales a paraísos fiscales del Caribe para sus operaciones en Latinoamérica. De acuerdo con el FBI, Pérez Montoya ofreció facilitar al BBVA la adquisición de Mercantil Probursa, un pequeño banco mexicano, a cambio de «legitimarle fondos en principio procedentes del narcotráfico» depositados en la isla Gran Caimán. El informe también señaló de manera rotunda que existen evidencias de que en la operación de venta de Mercantil Probursa al BBVA, concretada en 1996, se usaron recursos de origen ilícito.

Como podemos ver, a poco que se rasque los bancos aparecen una y otra vez involucrados en operaciones del narcotráfico. Todo se lleva secretamente y los medios de comunicación convencionales no detectan ninguna novedad en el frente. Sólo de tanto en tanto y con letra pequeña se señala a algún banco en estos estrambóticos embrollos. Por la notoriedad del traficante, el Crédit Suisse y el Citigroup se vieron involucrados en la amarga experiencia de verse señalados públicamente. Este último fue duramente criticado por haber aceptado como cliente a Raúl Salinas de Gortari, traficante mexicano hermano del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. El banco suizo, por su parte, fue amonestado por la Comisión Suiza de Bancos por haber permitido a la familia del ex dictador de Nigeria, Sani Abacha, colocar los fondos nigerianos que habían desviado.

A pesar de que la ley 19/1993, de 28 de diciembre, define el blanqueo de capitales como: «La adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes procedentes de actividades delictivas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos de la propiedad o derechos sobre los mismos» ningún banco sucumbe al peso de la ley. Pruebe a releer esta definición de la ley sobre el blanqueo de capitales e implícitamente se describe la actuación de la banca. Pero siempre es mejor que el malo sea un tercero.

El 30 de octubre de 2000, los ministros de Finanzas de los siete países más industrializados del mundo (G-7) reafirmaron, una vez más, su voluntad de sensibilizar a las entidades financieras de sus respectivos países acerca de la necesidad de combatir el blanqueo de dinero, procedente de operaciones ilegales. Unos recursos que ascienden anualmente a unos 590.000 millones de dólares (unos 116 billones de pesetas), según Financial Times. Ese día, en el cuartel general del Banco Unido de Suiza (UBS, en francés), los representantes de once de las principales entidades financieras del planeta firmaban un código de conducta cuyo objetivo final es obstaculizar a aquellas personas que pretenden blanquear sus ganancias ilegales introduciéndolas en el sistema bancario mundial.

Los pesos pesados de las finanzas internacionales dieron un paso adelante en la aceptación de unas reglas internacionales de juego, que han sido bautizadas como «Principios de Wolfsberg», nombre que recibe el centro de reunión del UBS, donde fueron adoptadas. Las entidades firmantes del pacto pertenecen a siete países y son: el UBS y el Crédit Suisse, de Suiza; el Banco Santander Central Hispano (BSCH), de España; el ANB Amro Bank, de Holanda; los americanos Citibank y JP Morgan-Chase Manhattan Bank; el Barclays Bank y el HSBC, del Reino Unido; el Deutsche Bank, de Alemania y la Société Générale, de Francia.

El tráfico de drogas es la segunda industria más grande del mundo después de la industria del petróleo. Mueve 300.000 mil millones de dólares por año. Es evidente que, para mover tal cantidad de fondos en un negocio ilícito, el traficante necesita un cooperador necesario, y su lavador o blanqueador del dinero. Para poder ejercer esta industria ilícita se necesita protección, y esa protección se compra, porque el dinero es poder. Sin embargo, no se conocen muchos casos de funcionarios de la administración pública o del cuerpo diplomático o de la Justicia o legisladores que hayan estado presos por temas de drogas, ni tampoco hay precedentes de insignes banqueros.

Todo el mundo financiero sabe y conoce que la banca off shore es el paraíso fiscal del lavado de dinero, y sin embargo esta industria floreciente sigue funcionando normalmente. Según el Informe del mes de noviembre de 1999 (Report of Legislative Task Force) del Parlamento de los Estados Unidos, el «lavado de dinero» se puede definir como el «método utilizado para disfrazar las ganancias provenientes de ingresos ilegales como si fueran recursos, ingresos o ganancias legítimas». Las transferencias dinerarias se realizan a través de grandes corporaciones, de instituciones financieras, de grandes consultoras o de estudios jurídicos, que ingresan luego en Nueva York, Miami, Londres o Suiza con apariencia legal.

El dinero «sucio» pasa por distintas fases, que podemos identificar como: 1) la etapa de efectivo, en la que el dinero obtenido de los intercambios de la droga es sucesivamente acumulado utilizando el sistema financiero para la ocultación de su origen, siguiendo la pauta de la apertura de numerosas cuentas en diversas entidades en las que se van realizando pequeños depósitos en metálico y cuya suma conjunta resulta elevada. Se realizan depósitos importantes no usuales de dinero efectivo, hechos por una persona o sociedad cuyas actividades aparentes de negocio normalmente se generarían utilizando cheques u otros instrumentos negociables. También se depositan grandes cantidades de dinero en metálico utilizando cajas de seguridad nocturnas, evitando el contacto directo con el personal del banco. Se realizan cambios frecuentes de dinero efectivo en divisas. La petición frecuente de cheques de viaje, pagos en divisas u otros instrumentos contra entregas de efectivo forman parte de la operativa en esta etapa. Se efectúan múltiples ingresos en efectivo desde distintos cajeros dirigidos a una misma cuenta o varias cuentas del mismo cliente. Las cajas de seguridad se utilizan con frecuencia. Se efectúan compras de activos crediticios y financieros en efectivo. Se facilitan créditos con garantía de depósitos en efectivo. 2) Una vez superada la etapa del ingreso en efectivo, la siguiente se concentra en la colocación del dinero o en la inversión. Las existencias de capital acumulado se van canalizando por distintas vías: traslado a otros entornos geográficos, o paraísos fiscales, intermediación de activos en «chiringuitos financieros», casas de cambio, compra de bienes en negocios en metálico (anticuarios, agencias de viaje, joyerías, economías sumergidas), negocios de importación y exportación, agencias inmobiliarias, subastas de arte y casinos. 3) El blanqueo definitivo de la canalización de los fondos se realiza a través de sociedades o negocios «pantalla», ya simulando compras y ventas no realizadas, ya como simple vehículo financiero de los fondos. Utilizando personas interpuestas —hombres de paja— a través de sociedades ubicadas en paraísos fiscales o de baja fiscalidad. La inversión inmobiliaria es una de las preferidas. A través de estas tres fases el dinero pasa por un proceso que impide no sólo descubrir su procedencia e identificación de su origen, sino que se va haciendo más transparente a efectos fiscales, por lo que su anterior naturaleza opaca se pierde, convirtiéndose en un dinero legal, de uso plenamente autorizado y sin ningún tipo de restricción.

La metodología para el lavado del dinero es rica y variada, los más sofisticados enredos tienen cabida, desde la clásica transferencia telegráfica hasta tarjetas de crédito. A pequeña escala, la transferencia telegráfica es el método más utilizado, por este medio llegan a la ciudad de Miami millones de dólares semanales, y, vía Hong Kong-islas Caimán-Nueva York, ingresan a la ciudad de Nueva York millones de dólares diarios. Actualmente se están utilizando tarjetas de crédito inteligentes, con las cuales se puede almacenar dinero en un país y descargarlo o depositarlo en otro, y así no hay nada que declarar en las aduanas. El envío de giros cablegráficos o telegráficos va a más, ya que ésta es una industria no reglamentada en casi ningún país del mundo. Se calcula que se transfieren de esta forma más de 2.000 millones de dólares por año, y algunos traficantes están abriendo sus propias empresas de remisión de giros y casas de cambio.

Los grandes lavadores de dinero simulan operaciones comerciales para encubrir su propósito. Se exportan mercaderías a sobreprecio (a una compañía que es del grupo), luego la reimportan a mitad de precio (a nombre de otra compañía que también es del grupo) y la vuelven a exportar nuevamente a sobreprecio, operación que se repite tres o cuatro veces. En Estados Unidos se descubrieron operaciones de esta naturaleza con la exportación de neveras a España, y de ordenadores a varios países centroamericanos. En muchos casos, los intermediarios logran que las mercaderías no salgan del país, son verdaderas exportaciones ficticias que se hacen para que pueda ingresar dinero legítimamente. También se utilizan compañías financieras que mueven importantes sumas de dinero, con apariencia de ser grandes empresas, constatándose en algunos casos que su sede central era una habitación de un hotel o un número telefónico, o que la oficina principal estaba establecida en un paraje rural. Pero otras veces ocurre lo contrario: se utilizan grandes empresas, sociedades que actúan en combinación y como camuflaje a los cárteles de la droga a gran escala.

Cada vez es más evidente el tráfico de dinero sucio por los bancos. La Unión Europea presentó una denuncia contra la multinacional tabacalera R.J. Reynolds por el blanqueo de dinero. La mafia italiana, las organizaciones criminales rusas y el cártel colombiano de la droga están en la red que trafica con los bancos implicados. La Comisión Europea asegura que la tabaquera Reynolds recibía «millones de dólares mensualmente». Se trata del mejor camuflaje que han sabido encontrar los carteles de la droga: colocar el dinero proveniente del narcotráfico en el flujo de grandes empresas con proyección internacional. La Comisión Europea implica en esta red al Banco de Nueva York, Citibank, y al Chase Manhattan Bank. La reputación del Banco de Nueva York está por los suelos, desde finales de la década de los noventa esta entidad financiera sirve de base transaccional para la mafia rusa. Es conocido que la mafia rusa fundó el Sinex Bank en Nauru —una isla del Pacífico— y sin cortarse un pelo puso sucursal en Queens (distrito de Nueva York). Dentro de toda esta cloaca, al SCH se le conoce internacionalmente por la redada que llevó a cabo la DEA en Las Vegas, que se conoce como «Operación Casablanca». El asunto va a más ante la pasividad de los gobiernos del mundo mundial.

El mercado pirata

Andamos algo despistados en los asuntos del dinero y su valor desde que el ex presidente de los EE.UU. Richard Nixon decidió que el patrón oro, que sustentaba la relación papel y el valor de la moneda, dejaba de estar vinculado al dólar por la sencilla razón de que no podían responder a quien demandaba la contrapartida de su valor en oro, después de haber inundado el mundo con billones de dólares sin respaldo alguno. Desde entonces el negocio en la especulación de divisas es, con mucho, el mayor mercado pirata de la globalización y del dinero viajero. La colocación de unos miles de millones de dólares en el mercado bursátil implica una alteración del valor de las acciones y es visible a los demás inversionistas. Esto es así en la mayoría de los mercados bursátiles, pero donde no se detecta tan fácilmente la especulación es en el mercado de divisas. Los profanos en asuntos financieros, digamos que todos, relacionamos la caída del valor de una moneda a la situación económica por la que el país atraviesa.

Se da la circunstancia de que aunque eso sea así, no lo es en la mayoría de las ocasiones. Los amos del dinero, fondos de inversión y bancos, como ya hemos dicho en un capítulo anterior, atacan en manada de lobos a una divisa para propiciar su caída y obtener un lucro. El daño que ocasionan a las finanzas del país atacado es de consideración. En un par de semanas, e incluso días, las reservas de divisas volarán inmisericordemente a manos de los poderosos banqueros.

El botín, la mayoría de las veces, es fabuloso. No es de extrañar que, con el fácil y lucrativo negocio del ataque a las divisas, los grandes bancos destinen a ello cada vez más recursos. Prestar dinero a la gente —para comprar inmuebles, automóviles o ampliar el giro comercial— ya no es la mejor forma de hacer dinero. El mercado de divisas es lo ideal. Los bancos ya no son más los grandes actores en términos de proveedores de crédito. En los últimos veinticinco años, el porcentaje de prestación total de crédito de los bancos, como fuente de financiamiento en los EE.UU. cayó del 75 al 26,5%. Para los grandes bancos internacionales, el comercio de divisas generalmente representa como mínimo el 20% del total de ingresos. En un buen año será más del 50%. De todo este negocio, miles de millones de dólares no aparecerán reflejados en ninguno de los balances de los grandes bancos, ni mucho menos se hará mención alguna en la memoria en papel cuché para los accionistas.

La experiencia demuestra lo difícil que es para un país defender su moneda de un ataque concertado de especuladores con enormes recursos. La inquietud surgió tras el colapso del peso mexicano, en diciembre de 1994, y su «efecto tequila», y resurgió a raíz de depreciaciones monetarias en Tailandia, Filipinas, Malasia, Indonesia y Singapur. Un fondo de cobertura de 15.000 millones de dólares puede controlar recursos de hasta 150.000 millones a través de préstamos bancarios y, por tanto, ejercer una enorme influencia. Durante unos años, algunos economistas advirtieron sobre la excesiva libertad que se concedió al mercado financiero mundial, que ahora está fuera del control de los bancos centrales, las autoridades monetarias y los gobiernos.

El colapso en 1972 del sistema mundial de tipos de cambio fijos y la flotación monetaria fueron el primer paso hacia la volatilidad de las tasas de cambio. Luego llegó la generalización de las transacciones financieras por ordenadores y satélites, junto con la liberalización y desregulación de servicios financieros y la remoción de controles en la mayoría de los países. Al promover la desregulación de la entrada y salida de dinero en la mayoría de los países, incluso mediante los programas de ajuste estructural, el FMI creó condiciones propicias para la especulación sobre monedas, productos y acciones.

Anteriormente, el dinero que circulaba por el mundo estaba destinado principalmente al pago de importaciones y exportaciones de bienes y servicios, es decir, al mantenimiento de la economía real de producción y comercio. En los últimos años, con el levantamiento de las barreras nacionales a las transacciones financieras internacionales, se abrieron las puertas a los especuladores, que lograron rápidas ganancias apostando a las modificaciones de los tipos de cambio, los precios de los productos y de las acciones.

En 1977, el valor anual de las exportaciones mundiales fue de 1,3 billones de dólares, mientras que las transacciones mundiales de divisas representaron 4,6 billones de dólares. Las exportaciones representaban el 29% de la circulación de divisas. En 1995, las exportaciones mundiales eran de 4,8 billones de dólares, pero las transacciones de divisas habían ascendido a 325 billones. Así, el valor de las exportaciones pasó a formar sólo el 1,5 por ciento del movimiento de divisas. En otras palabras, sólo 1,5 de cada 100 dólares en transacciones de divisas era utilizado para financiar el comercio real de bienes y servicios, mientras 98,5 dólares se empleaban en inversiones y actividades especulativas.

En 1995, el valor diario de las transacciones en monedas extranjeras había excedido las reservas mundiales oficiales de divisas. Estos datos indican que ahora es mucho más difícil para los bancos centrales individualmente, o aun en conjunto, combatir el esfuerzo concertado de poderosos especuladores por influenciar la cotización de determinadas monedas. Los fondos de inversión colectiva, con recursos financieros tan enormes, tienen acceso relativamente barato o gratuito a miles de millones de dólares que cruzan el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Para ser más exactos, 1,5 billones de dólares en un único día, en 1995.

En su reciente libro When corporations rule the world, el investigador estadounidense David Korten llama «inversor extractivo» al especulador que extrae injustamente beneficios del trabajo productivo de otras personas. «El inversor extractivo aprovecha las fluctuaciones de precios para apropiarse de una porción del valor creado por inversores productivos y las personas que realizan trabajos reales. La ganancia de los especuladores representa una especie de impuesto inútil al sistema financiero […] Cuanto mayor sea la volatilidad de los mercados financieros, mayores serán las oportunidades para estas formas de extracción».

Las formas más desestabilizadoras de inversión por este método de mangoneo a gran escala fueron alentadas por una nueva clase de fondos de inversión colectiva (fondos de cobertura, formados con productos derivados) que se especializan en inversiones especulativas de muy alto riesgo y requieren un mínimo de un millón de dólares, y que obtienen fácil crédito de los bancos en momentos decisivos. El mayor de ellos, el Fondo Quantum, encabezado por George Soros, controlaba hace unos años más de 11.000 millones de dólares, y probablemente la suma haya aumentado. Como los fondos de cobertura pueden lograr préstamos de hasta 10 dólares por cada dólar de los inversores, el Fondo Quantum tiene un control potencial sobre un mínimo de 110.000 millones de dólares.

En septiembre de 1992, Soros vendió 10.000 millones de libras esterlinas para frustrar los esfuerzos del primer ministro británico John Major por mantener el valor de la moneda. Al hacerlo demostró que podía forzar la devaluación de la libra, lo cual contribuyó a desintegrar el sistema de tipos de cambio fijos que los gobiernos intentaban establecer en la Unión Europea. Soros extrajo 1.000 millones de dólares del sistema financiero para sus fondos de inversión, por lo que la libra cayó un 41% con respecto al yen y así se mantuvo durante 11 meses. En este episodio especulativo quedó demostrado que, en muchos casos, los fondos de cobertura y la actividad especulativa en general son más responsables de los movimientos de divisas y las tasas de interés que la intervención de los bancos centrales.

Irónicamente, el propio Soros criticó recientemente al sistema de libre mercado por dar origen a inestabilidad e injusticias, en su difundido artículo «La amenaza capitalista», publicado en Atlantic Monthly. Soros, quien contribuyó con sustanciales recursos a la caída de los regímenes comunistas en Europa oriental, sorprendió en el artículo mencionado con la siguiente declaración: «Aunque hice una fortuna en los mercados financieros, temo ahora que la intensificación desmesurada del laissez faire y la diseminación de los valores de mercado por todas las áreas de la vida ponga en peligro nuestra sociedad abierta y democrática. El principal enemigo de la sociedad abierta, creo, ya no es el comunismo, sino la amenaza capitalista».

Como sociedad civil, nos tiene que sorprender que alguien que ha estado ahí, en la pirámide de la especulación financiera, nos diga que la amenaza capitalista es nuestro principal peligro. Es más, señaló esta amenaza: «A menos que la doctrina del liberalismo reconozca que el interés común debe primar sobre los intereses particulares, nuestro actual sistema podría desintegrarse». Tras estas declaraciones, es irónico que Soros sea señalado como el hombre que está detrás de la inestabilidad económica y social causada por la caída de las monedas del sudeste asiático y el perdigonazo a la libra esterlina. Al menos tenemos las declaraciones de un arrepentido, que en su libro Globalización (publicado en España) exponía: «Mi objetivo al escribir este libro no es sólo arrojar luz sobre cómo funciona el capitalismo a nivel global, sino también proponer maneras en que podría ser mejorado. Yo sostengo que la globalización está desequilibrada: el desarrollo de nuestras instituciones internacionales no ha seguido el mismo ritmo que el desarrollo de los mercados financieros internacionales; la globalización de la economía ha avanzado y nuestras medidas políticas se han quedado atrás».

CAPÍTULO 10

TODO PARA LOS MÁS RICOS

Cuando la estafa es enorme, ya toma un nombre decente.

LÓPEZ DE AYALA

Balzac, en una de sus novelas más conocidas, y en gran parte autobiográfica, Las ilusiones perdidas, alertó del relevante protagonismo de la profesión periodística: «ser periodista es pasar a ser procónsul en la República de las letras {…}». El escritor puso en boca de uno de sus personajes, Claude Vignon, palabras tan ácidas y desengañadas como las siguientes: «El periódico, en vez de ser un sacerdocio, se ha convertido en un instrumento para los partidos; de instrumento ha pasado a ser comercio; y como todos los comercios, carece de fe y de ley. Todo periódico es una tienda donde se venden al público palabras del color que busca. Un periódico no está para esclarecer sino para halagar las opiniones. Así todos los periódicos serán, en un tiempo dado, cobardes, hipócritas, infames, mentirosos, asesinos; matarán las ideas, los sistemas, los hombres, y, por eso mismo, florecerán».

Hay que reconocer que Balzac acertó de pleno en su definición de lo que serían los periódicos en «un tiempo dado». A los medios de comunicación les ha faltado tiempo en precipitarse en manos del poder económico solidificado con el poder político. Esta camarilla de poderes tienen a sus propios expertos en actualidad noticiosa para fabricar con precisión píldoras informativas. Estos gabinetes de expertos en programar expectativas masivas fundamentan su éxito en que las noticias aparezcan recién sacadas del horno, sorprendentes y sorpresivas. La gran mayoría de noticias que inundan los telediarios, radios y la prensa en general están cocinadas por estrategas políticos que las sueltan en momentos cuidadosamente escogidos. El concepto ancestral de noticia, un hecho nuevo, de interés general, ha pasado a ser un recital de cuentos contados.

El perfeccionamiento en este empeño es hoy una de las más elaboradas artes de la comunicación. Los nuevos cuentistas globales consiguen crear el clímax y la atmósfera necesaria. Utilizan el método clásico de explicar un cuento —introducción, nudo y desenlace—, del que cuelgan la trama, los personajes y los enredos para que eclosione en moralejas y claros mensajes, donde fijan lo que hay que conocer y lo que hay que ignorar, lo que debe preocuparnos y lo que debe complacernos. Puede parecer que las noticias se despachan con rigor informativo pero, detrás de la noticia, puede haber y hay, inconfesables intereses económicos y comerciales. Pero son más importantes los hechos que se ocultan que los que se difunden. Dicho de otra manera, el poder informativo se mide por lo que se es capaz de no contar. Cuando esto sucede, la desregulación de la verdad equivale a la construcción de la oscuridad absoluta.

Hoy los grandes medios de comunicación reman frenéticamente en la misma barca patroneada por el poder económico, donde los periodistas son unos pobres esclavos encadenados a unas máquinas de difundir intereses económicos disfrazados de noticias novedosas, lo que cuentan poco tiene que ver con lo que sucede. De tanto en tanto alguien se desprende con un libro que hace trizas todo lo contado. El anterior presidente de la SEC —el equivalente a la CMNV—, Arthur Levitt, que estuvo al frente de la institución con Clinton, publicó un libro con el sugerente título Oído en la calle y subtitulado expresivamente Lo que Wall Street y las empresas americanas no quieren que usted sepa. En él se hace una descripción de la labor de lobby que practican los bancos de negocios y las auditoras y llega a la conclusión de que «resulta deprimente para cualquiera que crea en la democracia». Este libro: El botín de Botín, se acaba en este capítulo; presumiblemente nuestro protagonista tampoco quiere que usted sepa de su vida, milagros, y mangancia superlativa. Pasen y vean, en este último capítulo, cómo prospera en la más lujosa impunidad el banco paralelo de nuestro gran timonel, y no pasa nada. Todo un ejercito de periodistas, editores, jueces, fiscales, altos funcionarios, lobbys, partidos políticos y hasta el Gobierno de la nación están a su servicio. Evidentemente, cobrando. Todo para los más ricos.

De la teoría a la práctica

De la teoría a la práctica hay un buen trecho, una cosa es lo que se anuncia y proclama y otra bien distinta es lo que se hace. Tal como hemos visto en el Capítulo 8 y se puede ver en su Anexo, las nuevas emisiones de acciones con la exclusión de los accionistas proporcionan al presidente del Banco Santander y a sus compinches un papel moneda que, utilizado sin control alguno, los enriquece hasta la estratosfera. La emisión de nuevas acciones, y el oscuro destino a que se las aplica, diluye el valor de las ya existentes. En la información dada a los accionistas para la aprobación de tales ampliaciones se les engaña miserablemente. La realidad es que el valor de esas acciones que se van a emitir dista enormemente del valor real de las acciones, y eso se oculta a los accionistas. No es tan sólo el valor de los títulos lo que se oculta a los accionistas, se les oculta algo más sustancial: qué se hace con esas acciones y a qué manos van a parar. Nadie, absolutamente nadie, controla este tipo de operaciones que se elevan a miles de millones.

Cualquiera puede imaginar que sin control alguno —ya que está desactivado en toda su forma piramidal— los administradores de SCH se van a mantener ociosos, mientras dispongan de esta máquina de fabricar billetes. Sería tanto como creer que los Reyes Magos vienen de oriente. La máquina funciona a toda pastilla, ya que el cambalache que produce los enriquece a velocidades supersónicas. Pero en ocasiones el dios de la fortuna tiene a bien que las operaciones no lleguen a buen puerto. Algunas naufragan y se hunden en el océano, pero no es lo mismo que se hunda un galeón que un trasatlántico. En enero de 2002, a los administradores del SCH, con su comandante Emilio Botín a bordo, se les hundió un barco entero —¿podríamos llamarle pirata?

El asunto al que nos referimos está relacionado con Argentina y con la toma de posesión del Banco Río de la Plata, uno de los gigantes bancarios de aquel país. A 31 de diciembre de 1999, el SCH controlaba el 52,65% del capital social del banco; al finalizar el año 2000, había pasado a controlar el 79,8%; y al cierre del ejercicio de 2001, el SCH controlaba ya el 80,3%. Con estos precedentes, el 15 de enero del 2002, Botín y sus huestes decidieron aumentar su participación en Banco Río hasta el 98,84%. Habrán podido apreciar que este incremento del 18,54% se produjo después del hundimiento de la economía argentina y la explosión de disturbios populares; el famoso corralito llevaba ya más de un mes haciendo de las suyas, es decir, cuando era evidente que la inversión sudamericana no había sido un gran acierto. Adquirir la casa cuando se está derrumbando no parece una decisión inteligente. Con todo, Emilio Botín decidió adquirir una participación mayor en Banco Río que costó la friolera de 372,6 millones de euros (62.000 millones de pesetas).

En el sutil matiz de que si esa extraña operación interesaba al banco o bien interesaba a Botín y sus muchachos, está la yema del huevo. Analizando con lupa la operación, debe concluirse que esa tenía toda la pinta de que esta participación del Banco Río antes lo había sido a título particular de Emilio Botín y compinches adheridos. Es una conclusión arriesgada y para sostenerla se hace necesario remitirse a los papeles, la lógica, y el sentido común. Dada la necesidad de una aportación documental, y para no hacer tedioso el asunto, remitiremos al lector más interesado en los detalles al Anexo de este capítulo. Aquí, continuaremos con la argumentación de que Emilio Botín se enriquece a toque seguro.

Empecemos por el principio. El 20 de abril de 2001, los administradores del banco pusieron en conocimiento de la CNMV el hecho relevante según el cual el Santander mantiene unas opciones de compra y venta sobre el 18,54% del capital social de Banco Río que son ejercitables por parte del Grupo Santander en cualquier momento hasta el 15 de enero de 2002, a un precio medio del ejercicio de 5,41 dólares norteamericanos por cada acción del Banco Río (348 millones de dólares norteamericanos, aproximadamente).

En otro comunicado a la Bolsa de Buenos Aires, el SCH informa que se han transferido las acciones producto de la opción de compra a Administración de Bancos Latinoamericanos S.L. Pero resulta que ésta no es la sociedad que mantenía las opciones de compra. Las sociedades que habían suscrito el acuerdo desaparecen del mapa. Una operación de 372,6 millones de euros se materializa a través de un sonado embrollo que se asemeja muchísimo a la famosa «primera parte contratante de la parte contratante […]» de Groucho Marx. Pero no fue hasta el 10 de marzo de 2001 que la junta de accionistas del Santander aprobó el acuerdo 8º, que permitía a los administradores del banco emitir, excluyendo a los accionistas, 30.244.448 acciones del SCH.

Fue en ese momento donde se empezó a germinar el pirateo, producto del aumento de capital. Para que todo se acomodase a los cánones legales establecidos, a las autoridades de control bursátil no les llamó la atención las alteraciones que los administradores del banco habían introducido en la operación. Es más, Administradora de Bancos Latinoamericanos S.L., la sociedad a la que Merrill Lynch —que actúa de intermediaria de la operación— transfiere las acciones de Banco Río producto de la opción de compra ejercida por el Grupo Santander, no figura entre las sociedades participadas por el SCH.

Debió de ser por telepatía o por inspiración divina que Merrill Lynch Internacional pudo deducir que estas sociedades pertenecían al Grupo Santander; lo que sí parece cierto es que estos cómplices necesarios no recurrieron a los estados contables del banco para acreditar que las acciones adquiridas iban a formar parte del activo de una sociedad del grupo, «considerándose suficiente para acreditar esta última circunstancia una certificación de pertenencia al grupo expedida» por ellos mismos, tal como lo acordaron los administradores del SCH en la junta de accionistas de 2001. A esto hay que añadir que, como en los viejos westerns de pacotilla en los que muere hasta el apuntador, todas las sociedades que intervinieron en la jugada —tanto en la firma de las opciones de compra: (Santander Investment y Sudacia S.A.) como la que aplicó las aportaciones no dinerarias del aumento de capital: (BRS Investments)— cayeron en combate.

Expuestos todos estos ingredientes, y como si de una receta de cocina se tratara, podemos elaborar el pastel de rica miel que acudieron a devorar Botín and family. El 7,21% de las acciones de Banco Río irían a formar parte de los activos del SCH, pero no el 11,33%, que tiene un derecho de voto del 20,29% y toda la pinta de ir a parar —por las estrambóticas vías que aquí se han descrito— al botín de Botín. Los mandamases bancarios suelen centrar su interés en los derechos de voto para así asegurarse de que ellos, y la cofradía que los arropa, puedan imponer sus condiciones en todas las decisiones trascendentes de la institución que dicen defender a capa y espada. Sólo así es posible entender que esta participación, que tuvo un coste para el SCH de 372,6 millones de euros, se tirara por la borda una vez que se consumó el hundimiento de la economía argentina. Botín y compañía no estaban dispuestos a perder una cifra con tantos ceros, y sin que les temblara el pulso, endosaron la opción de compra y la opción de venta (que era hacia ellos mismos) al banco de sus amores. Así cualquiera hace negocios.

Para remachar el clavo y evidenciar el expolio, un botón de muestra parece necesario. En la primera página del Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de 22 de enero de 2002 —es decir, siete días después de haber adquirido esta participación del Banco Río— el SCH informa que lo pagado por esta participación, quedaba incluido en el mismo acto en un fondo para saneamientos («de cobertura de pérdidas» le llaman) de 1.286 millones de euros (214.000 millones de pesetas). Esto es tanto como decir que fueron a comprar un coche, lo pagaron al contado, y en vez de sacarlo por la puerta del concesionario lo quemaron allí mismo.

También se aprovecha para decir que han provisionado la totalidad de la inversión en el Banco Río «cuyo importe asciende a 1.187 millones de euros», pero ello no es cierto: si se toma uno la molestia de revisar el coste en libros que figura en la memoria del SCH (22 días antes de informar de la provisión) es de 1.717 millones de euros, una pequeñez de diferencial que asciende a 530 millones de euros, lo que traducido a pesetas son 88.139 millones. Pero toda esta sarta de mentiras no consigue diluir la lógica y el sentido común; los administradores del SCH tenían la facultad de acogerse a la cláusula denominada «rebus sic stantibus», cuya invocación estaría más que justificada por los asesores financieros y jurídicos del banco; según esta cláusula, en la opción de compra de un bien tiene que darse la condición que en el momento de materializar esta opción, el bien se mantenga en pie. Todo parece indicar, pues, que al SCH le endosaron el muerto.

Pero el esperpento de este asunto no acaba aquí. Los administradores del SCH podrían haber rechazado la opción de compra de este paquete del 18,54% del Banco Río por lo antes expuesto, pero también bajo sus propias condiciones (las establecidas en el acuerdo 8º en la junta de accionistas) el aumento de capital hubiera tenido que quedar sin efecto. Es decir, no se dieron las condiciones para llevar a término la ampliación de capital y, a pesar de todo, éste se dilapidó. Los administradores del SCH tuvieron tiempo suficiente para ejecutar la ampliación de capital ya que estaban autorizados —es un decir— por la junta de accionistas del 10 de marzo de 2001 y, tal como consta en el primero de los párrafos documentales que hemos traído a colación, «dichas opciones son ejercitables por parte del Grupo en cualquier momento hasta el 15 de enero de 2002». Otra de las condiciones establecidas se refería a que la emisión quedaba sin efecto, si en los cinco días anteriores (al 15 de enero) la media de la cotización de la acción del SCH fuese inferior a 9,81 euros.

La media de estos cinco días es de 9,05 euros, por lo tanto, inferior a los 9,81 euros fijados como mínimo para poder lanzar la emisión. Por lo tanto, ateniéndose a lo acordado, el «aumento quedará sin efecto». Evidentemente, a los administradores del banco se les hundió su trasatlántico particular, pues no pudieron prever el 11 de septiembre ni el brusco hundimiento de la economía argentina, que llegaron uno detrás de otro. Demasiado para la cotización de las acciones del SCH. Así y todo, el mundo gira y gira, los pájaros cantan, las nubes se levantan, la CNMV pastorea y al Banco de España todo le parece estupendo. No es de extrañar que España vaya bien.

Este episodio de la emisión de acciones para la adquisición del Banco Río de la Plata y la cremación de un paquete accionarial del 18,54%, con un valor de 64.000 millones de pesetas, ya no es un indicio, sino una prueba suficiente de que existe un banco paralelo controlado por Emilio Botín, a espaldas de los accionistas, y en connivencia con quienes deben controlar y regular el mercado financiero. El haber cargado al banco con una pérdida de tantísimos ceros no tiene otra explicación que los negocios que paralelamente se hacen, si salen bien, estupendo, pero si salen mal, Botín y acompañantes no se privan de endosarle la pérdida al SCH. ¿Díganme ustedes si a esto no se le puede llamar saqueo a gran escala? No vayan a creer que esta forma de proceder de Botín y los suyos, de endosarle al Banco Santander una participación mayor cuando se ha producido un descalabro, es un hecho singular y aislado. Todo lo contrario, forma parte de la doctrina de la familia. El descalabro resultante de la adquisición de la web de Patagón, mejor dicho, de la metedura de pata del banco que tenía que arrasar en Internet, es una repetición de lo sucedido con Banco Río. Ya no se trata de algo inexplicable, ahora ya tiene una razón de entendimiento. El banco paralelo se desprende de sus participaciones basura.

Patagón y el pibe Wenceslao

Uno se pregunta cómo se volatiliza el dinero que supuestamente corresponde a los accionistas del banco si todo son operaciones tan exitosas que la propaganda del banco y los medios de comunicación las elevan a la estratosfera. Es más, la pregunta tiene un perímetro más amplio, cabe preguntarse por qué demonios le entraron las prisas al Consejo de Administración del Santander para vender participaciones significativas que otorgaban el control de unas empresas de tanta importancia como Airtel, Dragados, Vallehermoso, Aguas de Valencia y Met-Life; por qué disminuyeron la participación en el Royal Scotland Bank, el Commerzbank, la Société Générale y Banesto, y al propio tiempo anunciaban el propósito de seguir desprendiéndose de otras participaciones industriales tanto en España como en el extranjero, así como de las que mantiene el Banco en medios de comunicación. Si todas estas enajenaciones obedecieran a una política claramente definida, consistente en enajenar el patrimonio empresarial para dedicar su importe a un programa determinado compuesto de operaciones bien concebidas y diseñadas, tal decisión podría resultar discutible, pero en modo alguno sería recusable. Vemos, sin embargo, que no se trata de que el Banco se ajuste a una razonable política cuyos términos se hubiesen expuesto a los accionistas de una manera ordenada y sistemática, sino de una urgencia vendedora adoptada que no se sabe bien a qué corresponde, pero puede intuirse que la realidad no se corresponde con la propaganda oficial. Porque hemos de preguntarnos, ¿para qué han servido las importantes plusvalías obtenidas mediante la enajenación de esos valiosísimos elementos patrimoniales que formaban un entramado empresarial tan sumamente sólido? Sólido y tangible, no lo olvidemos, porque se sabía exactamente en qué consistían y dónde estaban unos bienes tan significativos.

La respuesta puede encontrarse en lo no explicado en la propaganda oficial: los efectos ruinosos de una inversión tan lamentable como la de «Patagón». Tan escandaloso es el asunto, que la prensa comercial no ha podido pasar por alto. En El País, edición del 28 de mayo de 2002, sección de Economía, se dice lo siguiente, y cito de manera literal porque la cita no tiene desperdicio:

El fundador y principal gestor del portal financiero Patagón, Wenceslao Casares, salió al paso de la crisis de la sociedad: «Tiramos 270 millones de dólares (unos 294,30 millones de euros) a la basura. La cantidad fue inyectada por el Banco Santander Central Hispano para desarrollar este banco por Internet […]». La operación supondrá que el SCH asumirá pérdidas por 700 millones de euros en las cuentas de este trimestre. El banco se queda con la exclusividad de la marca Patagón para operar.

En unas declaraciones al diario Clarín, Casares explica: «Nos dieron un cheque en blanco y no supimos aprovecharlo; hoy puedo decir que en dos años tiramos a la basura 270 millones de dólares y no logramos absolutamente nada de lo que prometimos a los españoles». En declaraciones al diario bonaerense, Casares reconoció: «La verdad es que fuimos soberbios, no escuchamos consejos de gente experimentada y hoy pagamos la consecuencia de ello. Prometimos tener tres bancos funcionando en Argentina, México y Brasil, algo que obviamente no supimos concretar. Eramos un grupo de pibes sin experiencia en este negocio y nos quisimos llevar el mundo por delante», indicó el empresario al explicar el fracaso de su gestión. Al comentar la relación que tenía con el banco, Wenceslao Casares no ocultó su responsabilidad: «Ellos tenían el control accionarial, pero nosotros teníamos el control estratégico. Ellos ponían la plata, pero la manejábamos nosotros»; aseveró el argentino. Esta operación contó con el apoyo directo de Ángel Corcóstegui, ex consejero delegado, si bien también el presidente del banco, Emilio Botín, mostró su entusiasmo diciendo incluso que «el banco iba a arrasar en Internet».

Esta información coincide esencialmente con la que insertaban a su vez los más importantes medios económicos. La Gaceta de los Negocios del lunes 17 de junio remata la faena asegurando que «Patagón cierra su agregador de cuentas por falta de usuarios». No parece creíble que los gestores del banco dejen todo en manos de un señor tan ingrato hacia sus benefactores del Santander llamado don Wenceslao Casares, a quien, con la tierna edad de 26 años, si los cálculos no me fallan, pusieron a administrar un impresentable tinglado por el que habían pagado más de cien mil millones de pesetas. No parece creíble que los recursos del banco no sólo no fueran administrados con la diligencia que la ley exige, sino que, como expone ese joven (o si se prefiere, ese «pibe»), el avispado don Wenceslao, han sido, como él dice literalmente, «tirados a la basura» sin más. Debe de haber algo más.

Pero ahí no termina la historia. Existe una denominada «nota de prensa» remitida a la CNMV. En esa «nota de prensa» se puede confirmar que, efectivamente, como publicaba El País en la noticia antes referida, el Grupo Santander Central Hispano cargará contra la cuenta de resultados del segundo trimestre del corriente ejercicio un importe total de 700 millones de euros, cantidad en la que se incluye el fondo de comercio pendiente de amortizar, que asciende a 616 millones de euros. Ahí es nada: ¡700 millones de euros nada menos! Eso equivale a 116.500 millones de pesetas, un dineral, creo que ustedes lo estimarán así también.

Y, claro es, que llama de inmediato la atención un fondo de comercio tan abultado «pendiente de amortizar» por 616 millones de euros. Así que, para poner en la lógica perspectiva económica esta «aventura equinoccial» de Internet, este moderno El Dorado sacado de la manga, si uno se va a las cuentas del SCH correspondientes al ejercicio 2000 y en la nota 10 de la memoria individual, página 33, se encuentra con que, para confirmar con hechos el ardoroso «vamos a arrasar» en Internet, con que en su momento se manifestó el ilustre banquero cantabro, resulta que el 97,62% de Patagón, «portal» financiero americano, fue adquirido por el SCH (entonces BSCH) en julio de dicho año por la cifra de 607 millones de euros, es decir, 101.000 millones de pesetas. ¿Y que tenía de particular Patagón, además de la nacionalidad americana, para que el Santander pagase ese dineral?

Pues para intentar saberlo puede uno dirigirse al Anexo primero de esa misma memoria, donde supuestamente vienen (cuando vienen, que es muy pocas veces) los datos de las empresas consolidables más importantes del Banco. Y lo que allí se describe desborda hasta el infinito cualquier hipótesis contraria a los intereses de SCH. Al 31 de diciembre de 2000, el capital de Patagon.com Internacional Inc., la empresa matriz del grupo Patagón, era de 91 millones de euros, tenía unas reservas negativas (o, si lo prefieren ustedes, unas pérdidas acumuladas) de 17 millones de euros, y en ese ejercicio 2000, en que supuestamente empezaba Patagón a arrasar en Internet, perdió la friolera de 87 millones de euros. O dichas las cosas de una forma más sencilla, Patagón, al 31 de diciembre de 2000, estaba en eso que todos los contables (menos los expertos que el banco nombra y que ni siquiera sabemos cómo se llaman) califican ordinariamente de quiebra técnica. Es decir, que su patrimonio era negativo en 13 millones de euros. Si la sociedad hubiera sido española estaría incursa en una causa forzosa de disolución, salvo que el capital se repusiera (lo que, para desgracia de los accionistas del SCH, parece que fue lo que los administradores hicieron el año siguiente). O sea, estos señores tan listos que gestionan el banco pagaron por el 97,62% de una sociedad en quiebra técnica la friolera de 101.000 millones de pesetas con dinero de este Banco. No son mis números. Son los que vienen en la memoria del año 2000 que el Consejo del SCH ha formulado y firmado.

Pero hemos de preguntarnos también, ¿qué ha pasado después con esta famosa inversión? Pues ha pasado que cuando he ido a buscar a Patagon.com Internacional Inc. en la memoria del año 2001, sea en la individual, sea en la consolidada, resulta que no figuran sus cifras. Así, como suena: no figura una sola cifra sobre una inversión tan enorme. Una sociedad en la que en julio del 2000 se invirtieron más de cien mil millones de pesetas no figura en el Anexo I de las sociedades consolidables más importantes del Grupo Santander. Me he ido entonces al «folleto informativo continuado» que figura registrado en la CNMV el 10 de mayo de 2002, y ahí he tenido algo más de suerte, aunque no mucha.

Patagon.com Internacional Inc. sigue en el éter, y puesto que es una sociedad americana, diremos que está missing. Patagón no figura entre las sociedades consolidables (Capítulo III, páginas 15 y siguientes, del folleto) ni entre las no consolidables. Solamente fijándose mucho en el documento, más bien si se analiza con lupa, puede verse que el porcentaje de control del SCH ha disminuido del 97,62% al 95,54% (Capítulo IV, página 26). Tampoco se sabe por qué. No creo que hubiera ningún insensato al que lograron colocar los administradores ni siquiera ese 2% de un negocio en quiebra. Y, como quien no quiere la cosa, puede leerse esta perla al final del folleto: «El Grupo se encuentra analizando la posibilidad de cierre o venta de las actividades de Patagón en América». Fantástico. El negocio del siglo, pero al revés. En vez de arrasar en Internet, Internet ha arrasado al banco y, de paso, a sus accionistas.

Pero, desgraciadamente, la historia de Patagón tiene un epílogo o, mejor dicho, un «continuará». Por lo que se ve, tras el análisis a que se refiere el folleto informativo, y como resulta de la nota de marras, puede leerse que el SCH ha comprado a Wenceslao Casares y a Guillermo Kirchner, los mismos que «tiraron a la basura», según confesión propia, 270 millones de dólares, su 11,41% en Patagón por 22,02 millones de dólares y se les ha vendido el 100% de Patagón América por 9,84 millones de dólares. «Dos de la vela y de la vela, dos». No hace falta ser un prestigioso analista para contar, aunque sea con los dedos; resulta que si a 22,02 millones de dólares le restamos 9,84 millones de la misma divisa, es obvio que encima ha vuelto a quedar un saldo a favor de los autotitulados «pibes» don Wenceslao y don Guillermo, los nuevos Rinconete y Cortadillo de esta triste historia. Ese saldo «sólo» asciende a la cantidad de 12,12 millones de dólares. O sea, otros 2.200 millones de pesetas tirados de nuevo a la basura. Los llamados «pibes» se han seguido quedando con «la pasta», expresión que me permito tomar prestada del depurado lenguaje, sin duda especial para «prestigiosos analistas», que suele usar el SCH. Es decir, además de haber arruinado al Santander, convendrán conmigo en que con todo esto han hecho el ridículo más espantoso. Se trata del timo de la estampita al más tonto del pueblo.

Resulta extraordinariamente sorprendente que cada vez que el banco mete la pata, se equivoca de plano, o las circunstancias resultan adversas y la inversión va por el camino de las piedras, vamos, que se pierde dinero en cifras extraordinarias, en esta situación la incomprensible receta siempre es la misma: el SCH adquiere todavía una participación mayor con lo que la pérdida se incrementa sustancialmente. Esta determinación masoquista de que cuando una inversión se desmorona adquirir a toda costa una participación mayor se repite machaconamente. La más espectacular de estas operaciones —la descrita en páginas anteriores— de autentico masoquismo para los accionistas del SHC se dio en la adquisición adicional de una participación que superaba el 18% del Banco Río de la Plata cuando la hecatombe argentina estaba en plena eclosión. Este asunto del Banco Río está tratado en este mismo capítulo y está fresco en la memoria. En definitiva, la conclusión que se puede extraer de la aplicación de estas recetas de frenopático, no puede ser otra que la que se sostiene por el sentido común: estas participaciones que adquiere el SCH cuando todo va mal, son las participaciones que Emilio Botín y su camarilla ostenta como propias, aunque evidentemente encubiertas por testaferros y sociedades constituidas a tal efecto camufladas en el fantasmagórico banco paralelo que no se ve, pero existe. Cuando se gana, ganan ellos, y cuando se pierde, pierde el banco. Así cualquiera hace negocios.

El repetido diagnóstico y la consabida receta incrementan los indicios que sostiene la existencia del banco paralelo que gestiona Emilio Botín en beneficio propio. Si no, ¿a dónde han ido a parar esos más de cien mil millones de pesetas que los administradores del SCH pagaron por un negocio en quiebra?, ¿quién les asesoró en semejante dislate?, ¿cuánto cobró Wenceslao y cuánto cobraron los demás intervinientes en el fraude?, ¿quiénes han sido, con nombre y apellidos, los que han participado verdaderamente en este gigantesco expolio? El espabilado de don Wenceslao expone en sus inefables confesiones (ya se sabe que a confesión de parte no hace falta prueba, como afirma un viejo axioma procesal) que, y cito literalmente, «hay 30 personas que se hicieron millonarias en dólares gracias a este proyecto».

Para rematar el asunto y aportar un indicio más sobre la existencia del banco paralelo cabe preguntarse: ¿qué han hecho los administradores del banco para exigir las inexcusables responsabilidades por semejante latrocinio?, ¿se han querellado por lo que parece una manifiesta estafa contra unos individuos que, con tanto cinismo y semejante desvergüenza, no tienen empacho en contar con la mayor frescura lo que han hecho con el dinero del banco ante la impasibilidad del Consejo? Tragan con todo y ni siquiera han ejercitado en este caso acciones civiles.

Todos estos enredos sirven para enriquecer al presidente del SCH y su camarilla cuando salen bien. Cuando salen mal, más de lo mismo: el banco apechuga con las pérdidas, y, eso sí, hay que disfrazarlas en los estados contables. Las cuentas, las del ejercicio 2001, según las cuales en una sociedad manifiestamente quebrada como Patagón se ha mantenido en el balance un fondo de comercio de más de 600 millones de euros. ¿Es que su auditor, el mismo que ha sido de Enron, se ha prestado a no poner pegas a semejante desafuero, manifiestamente contrario a los más elementales principios contables, por no decir al más puro sentido común? Botín y su Consejo han ocultado unas impresionantes pérdidas de 700 millones de euros en algo que, como poco, supone una administración que sólo con un calificativo piadoso puede denominarse de radicalmente negligente y contraria a las más elementales normas de la buena práctica bancaria. No lo dice quien esto escribe: resulta de las afirmaciones hechas por su hombre de confianza, el «pibe» don Wenceslao, cuando relata esta inversión de 116.000 millones de pesetas.

Lavado de cara

En EE.UU. los últimos escándalos bursátiles, las suspensiones de pagos y las quiebras de grandes empresas han llevado a los pequeños inversores a huir de los mercados de renta variable. Los inversores no sólo huyen de la Bolsa, sino que concentran su indignación en el Gobierno por permitir los artificios contables generados por los directivos de estas empresas con una casi total impunidad. La indignación de los accionistas no se calma. El americano medio lleva años quejándose de las retribuciones astronómicas con que se autopremiaban los directivos. Los escándalos le han dado la razón: las sospechas estaban fundadas. Ahora se preguntan, después de haber perdido buena parte de los ahorros de toda una vida, si lo que está fallando es el sistema. Hay tanto dinero en juego y tantos pardillos a los que cepillarles sus ahorros, que lo que se hace es el tradicional cambiarlo todo para que no cambie nada.

El secretario del Tesoro de EE.UU. Paul O’Neill aplicó la receta ultrapatriótica cuando afirmó que «la decencia en los negocios es el nuevo patriotismo de América». El llamamiento corresponde a un nuevo fundamentalismo de limpieza de los mercados bursátiles que se une a la lucha sin cuartel del terrorismo. Matar moscas a cañonazos ha sido el común denominador de la política estadounidense. Las soluciones aplicadas por Harvey Pitt, director de la Securities and Exchange Comisión (SEC), el organismo supervisor del mercado equivalente a la CNMV en el Estado español, son réplicas y sucedáneos de las aplicadas en otros escándalos bursátiles de reciente pasado.

EE.UU. ha declarado la guerra a las falsedades contables por la senda del patriotismo, aquí en el España no hay medidas al respecto, a pesar de que Aznar se apunta a todos los bombardeos. La CNMV ni tan siquiera tiene facultad para revisar las cuentas ni autorización para exigir su enmienda, en contraposición de las facultades de la SEC que las tiene y ejecuta. La Unión Europea ha aprobado un reglamento que obliga a las empresas que cotizan en Bolsa a adaptar su contabilidad a las normas internaciones en el 2005. Nadie había contado con el impulso patriótico y la promesa de decencia en los negocios impulsada por George W. Bush de «meter en la cárcel a los corruptos». Sin lugar a dudas, a unos cuantos —que caben en un furgón policial— los meterán en la cárcel, serán las cabezas de turco que el asunto requiere, y, evidentemente, serán de un rango y casta lejos de los mandamases.

Se hace todo de cara a la galería, lo que toca ahora en el mundo económico se llama «buen gobierno corporativo» y, consecuentemente, la semántica deriva en mensajes tales como «la democratización de la empresa», «la transparencia contable», «el fin de los blindajes» y así sucesivamente hasta llenar auténticos ríos de tinta en las páginas de los periódicos e inundar las antenas de radio en torno al famoso asunto del corporate gopernance. Razones no faltan después del rosario de los Enron, WorldCom, Xerox y demás familia. La alarma ha saltado también a España y la Bolsa también se resiente. Hay una crisis de confianza en la gestión y en la transparencia contable, que daña la fe del inversor y pone en fuga al dinero.

Lo interesante es que la metodología empleada para vaciar los bolsillos de los inversores es rica y variada; tanto sirve para un barrido como para un fregado, es decir, tanto sirve para aparentar beneficios que no se tienen, como para escamotear beneficios obtenidos. La metodología es un producto de la factoría Andersen. Se trata de la utilización de filiales no consolidables en las cuales se ubican determinados pasivos, lo que permite no contaminar a la empresa matriz, que de este modo da beneficios, mientras las pérdidas se evacúan por la filial de marras. Apretando otro botón la máquina actúa a la inversa: determinados activos se evacúan a sociedades que no pertenecen a la estructura contable de la matriz.

Evidentemente la fiesta la pagan los accionistas, el auditor bendice la escena o mira para otro lado. Pero no es tan solo la figura del auditor la que hace desvanecer una realidad por otra nueva, es toda una procesión de intervinientes, por activa o por pasiva, la que consolida el negocio. El Gobierno y las instituciones del Estado reman en la misma barca que los presidentes de las grandes empresas. Podríamos decir que la arcaica expresión de «burguesía» la podemos sustituir por otra más etérea y defínitoria de «los que deciden». Esta selecta tribu no sería nada sin los divulgadores de opinión y difusores de mentiras: los medios de comunicación. El antiguo contrapoder aliado con el poder hasta la sumisión absoluta. No hay asunto en que la verdad no se disfrace y se aporte apoyo a cualquier mamarrachada de iniciativa como puede ser el naciente espíritu del buen gobierno corporativo.

Veamos lo que da de si la doctrina del buen gobierno corporativo expresada en la Junta de Accionistas del SCH el 24 de junio de 2002. Para empezar, y como si de una broma se tratase, el presidente del banco se apuntó a la nueva doctrina, importada de América, del lavado de cara de las grandes empresas que cotizan en Bolsa. Hay que reconocer que si reinara Emilio Botín se le tendría que apodar Botín el Rápido, él fue el primero en anunciar «una revolución» del gobierno corporativo, cuya decisión estrella consistió en mandar al cubo de la basura los 72 años como edad de jubilación del propio Botín, que se aseguraba así la presidencia vitalicia. La revolución de pacotilla consiste en perpetuarse en el cargo. Botín a este respecto se expresó de esta guisa: «En cuanto a la edad, quiero decirles que el Consejo no está dispuesto a prescindir de personas de extraordinaria valía e importantísima aportación a la Sociedad en base al criterio de la edad. La edad, en sí misma, no es determinante para la Sociedad para que una persona forme parte del Consejo».

En el contexto de esta broma del buen gobierno corporativo, lo más divertido fue nombrar a Manuel Soto —el mandamás de Arthur Andersen en España, tanto así como el zorro que guardaba el gallinero— presidente de la comisión de auditoría del banco. Lo nunca visto; no obstante, los salvapatrias habituales nada tenían que decir cuando al jefe de las mentiras se le asciende a mentiroso oficial. Botín dijo en su discurso «El Consejo nombrará a D. Manuel Soto Presidente de la Comisión de Auditoría. El Sr. Soto será, asimismo, designado Vicepresidente independiente del Consejo. Estoy seguro de que, con su gran experiencia y prestigio profesional en este ámbito, D. Manuel Soto hará un extraordinario trabajo». Seguro que lo hará.

Para seguir con la farsa y con la doctrina de buen gobierno corporativo que postula por la incorporación de consejeros independientes, como hemos visto en un capítulo anterior, Botín nombró como independientes al ex ministro del Partido Popular, Abel Matutes, prodigio de independencia a quien don Emilio ya venía utilizando como representante suyo en el consejo del San Paolo de Torino, amén de haberlo utilizado a discreción como si de un empleado se tratara cuando fue ministro de Asuntos Exteriores del primer Gobierno Aznar. Quien no podía faltar para dar el glamour correspondiente es Juan Abelló, un hombre cansado de hacer negocios con Botín, que con la entrada en el banco espera seguir haciendo muchos más. Incorporaciones de este estilo dan al asunto un tinte de charanga; uno tiene la impresión de que, con el buen gobierno corporativo, nos encontramos ante una gigantesca y vacía representación, que es una farsa total cuyo primer actor es el propio Gobierno de la nación.

A bombo y platillo, Matutes y Abelló pasaron a engrosar las filas del consejo del SCH en junio de 2002, en una operación que Emilio Botín vendió —y la prensa española compró, no faltaba más— como lo último de ló último en independencia y transparencia, basado en el nombramiento de tres consejeros «independientes» (junto con Matutes y Abelló, se nombró también a Guillermo de la Dehesa). Estaba claro que Botín pretendía apuntalar su poder personal en el SCH con la entrada en el capital de Juan Abelló quien, a cambio, obtendrá regalías suficientes como para justificar el sacrificio, que ya se sabe que dinero llama a dinero. La participación de Abelló en el SCH, adquirida a través de Torreal, supera ya a la del vicepresidente Jaime Botín y le coloca como el quinto mayor accionista individual del banco. Al ser nombrado consejero Abelló comunicó a la CNMV la adquisición de una participación indirecta en el capital del banco del 0,219%, equivalente a 10.456.725 acciones. Tras sucesivas compras ha pasado a poseer 11.031.725 acciones, equivalentes al 0,231% del capital. Desde el pelotazo de Airtel, Abelló convierte en oro todo lo que toca, pero está por ver si la inversión en el SCH era la correcta.

La revolución emprendida por Botín con el estandarte del buen gobierno corporativo, todavía da más de sí. Situémonos en las palabras literales del presidente del SCH en su discurso: «Quiero decirles de entrada, Sras. y Sres. Accionistas, que me parece indispensable que para el buen gobierno de las empresas se seleccionen los mejores Consejeros y directivos, y existan controles internos y externos que aseguren que la gestión se lleva a cabo con transparencia y eficacia, y en defensa de todos los accionistas, a los que se deberá rendir cuentas». Como parrafada de entrada no está nada mal, es más, el presidente del SCH inauguró —como elemento adicional a la revolución emprendida— la suprema transparencia al anunciar de propia voz y públicamente cual era su retribución en el banco. Pero como el asunto tiene su infamia, volvamos a la expresión literal de las palabras de Botín: «Pero más allá de lo que resulta exigible, yo quiero informar a las Sras. y Sres. Accionistas de las retribuciones que en el ejercicio 2001 he percibido como Presidente ejecutivo del Banco y que han ascendido a 1.022.000 euros de sueldo y 1.502.000 euros de bonus. En total, 2.524.000 euros brutos. (420 millones de pesetas). La aportación al fondo interno de pensiones realizada por el Banco el año 2001 ha sido, en lo que a mí respecta de 841.000 euros. En dicho ejercicio no he recibido stock-options». (Las stock-options están vinculadas al valor de la acción, como bajaron considerablemente no se repartieron esta prebenda).

Pero para acabar de rematar el capítulo de percepciones Emilio Botín muy ufano dijo: «Por lo demás, y tal como consta en la Memoria, la cantidad anual que por el desempeño de sus funciones percibe cada Consejero en concepto de participación estatutaria en el Beneficio del Ejercicio asciende a 72.000 euros, y 157.000 euros más en el caso de cada uno de los Consejeros que forman parte de la Comisión Ejecutiva. En total, el importe percibido como participación estatutaria por el conjunto de los miembros del Consejo de Administración supone el 0,254% del beneficio del Banco en el ejercicio de 2001». Para empezar, y como aperitivo les puedo anticipar que el dato del 0,254% es falso. Estos caballeros se llevan casi un 30% del dividendo, tan solo hay que hacer caso al presidente del banco cuando dice «como consta en la Memoria». Pues ahí, quien tenga la paciencia de buscar encuentra otros datos. Veamos entonces los datos que contiene la memoria del SCH correspondiente al ejercicio de 2001, en lo que se refiere a las retribuciones del Consejo de Administración. Si sumamos las percepciones —hay que ir tomándolas de aquí y de allá— y ventajas del consejo, suman por varios conceptos la bonita suma de 294.994.360 euros (que traducido a la vieja divisa corresponde a 49.058 millones de pesetas). Los compromisos por pensiones ascienden a la menudencia de 209 millones de euros (37.000 millones de pesetas). En conjunto, la retribución que se reserva Emilio Botín y acompañantes viene a significar diez veces más que la de su competidor más inmediato, como es el BBVA, donde por cierto la retribución al consejo ha sido motivo del desplazamiento y procesamiento de su cúpula directiva.

Llegados a este punto, convendría estimar si son razonables las retribuciones y ventajas del Consejo de Administración del SCH que suponen nada menos que el 22,18% del beneficio obtenido por el banco durante el ejercicio de 2001 que fue de 1.329.931.000 euros. Si el porcentaje lo relacionamos con la cantidad distribuida en concepto de dividendo —el montante que perciben los accionistas— se eleva nada menos que a un 28,49%. Dicho a la pata llana, los administradores se llevan casi un tercio del dividendo. Resulta necesario aquí formularse una pregunta evidentemente insidiosa: ¿pagan estos caballeros el IRPF de tan cuantiosa morterada? Podemos encontrar una respuesta en las cuentas del banco, en las que no se evidencia ninguna retención fiscal.

De una forma u otra, me remito a la sabiduría del refranero popular cuando asevera aquello de que quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Para que esto pueda ser así es necesario perpetuarse en la impunidad y observar la idea madre que se contiene en la cabeza de Botín, dijo así: «En mi opinión, no se trata de contar con una regulación estándar y asumir formalmente todas las recomendaciones. Lo que cuenta es dotarse de las normas adecuadas a las circunstancias de cada sociedad, cumplirlas de verdad y, además, que su cumplimiento redunde en un mejor y más eficaz funcionamiento de los órganos de gobierno en beneficio de todos los accionistas». Aquí, a mi entender, está la clave de la doctrina aplicada en el SCH, y en todo el espíritu globalizador: la desregularización. Sin leyes, sin control, sin regulación y que cada uno se lo haga a su interés. Por no aceptar, no se acepta ni el séptimo mandamiento de la ley de Dios: no robarás.

A todo esto, hay que añadir que no hay ningún periodista que se atreva a decir «Señor Botín, lo que usted dice es mentira» sin que se le apliquen las penas eternas del infierno. No hay institución, ni organismo del Estado que le pare los pies a tan poderoso caballero. El poder judicial, conectado al mando a distancia del fiscal general del Estado, y éste al presidente del gobierno, actúan a impulsos y conveniencia del momento. Tan solo, el obediente fiscal general, deja filtrar aquellos asuntos que se sabe de antemano acabaran archivados. A todo este huevo decorado la clase política no tiene empacho en afirmar que la democracia goza de buena salud. Este asunto, la confraternización de todos los poderes, es la clave del deterioro democrático y merece tema aparte.

Amigos para siempre

A estas alturas de lectura del libro se preguntaran cómo es posible que las cosas que afectan al sistema económico vayan casi todas manga por hombro, si en teoría tenemos toda una procesión de instituciones que cuidan de la ortodoxia de los mercados financieros, de un poder legislativo que vela por el bien común, de un ejecutivo que gobierna con equidad y de un poder judicial que está precisamente para impartir justicia. Y para que no acabe de faltar nada, tenemos una proliferación de medios de comunicación que en teoría —siempre en teoría— actúan como contrapoder denunciando los desmanes que se puedan presentar. Nada de todo esto es cierto; es aparente y virtual, nos mienten y nos engañan profesionalmente. Los licenciados en mentiras las fabrican en serie, pero siempre en interés de gente como Emilio Botín. «Don Emilio» tiene a los medios de comunicación más influyentes comiendo en su mano. La clase política se pelea por un trozo de este pastel, y el poder judicial recibe las migajas en forma de cargos que los políticos administran. Todo un engranaje que funciona a las mil maravillas.

La prensa, y en particular los articulistas y columnistas, pueden ser acusados de complicidad con el sistema, de connivencia, de docilidad y de ser baluartes del «pensamiento único»; muy pocos o casi ninguno de ellos está dispuesto a poner el dedo en la llaga para señalar aquello que molesta al poder económico. Por lo general, tanto articulistas como columnistas no se atreven a desenmascarar nada que sea fundamental; la verborrea se detiene en lo accesorio. Consecuentemente, los periodistas están a menudo muy próximos de aquellos sobre los que escriben.

Si bien es cierto que las relaciones entre prensa y poder siempre han sido muy controvertidas en cualquier parte del mundo, los llamados «periodistas de opinión», los opinadores profesionales, son con frecuencia el centro de las controversias, especialmente aquellos que multiplican su presencia a base de pluriempleo estelar dentro de la profesión con sus artículos, columnas, tertulias radiofónicas o televisivas. Los creadores de opinión, una elite de periodistas, viven en una osmosis con la clase dirigente que favorece una nítida cohabitación y un cierto conformismo. Esto tal vez pueda explicarlo el hecho de que a lo largo de la historia el periodismo ha dependido demasiado de las fuentes de poder, pero nunca como hasta ahora.

Aparentan ser portadores de información producto de laboriosos trabajos de investigación, pero en el fondo no han perdido ni un solo minuto en investigar nada, en el fondo la mayoría de sus informaciones proviene de fuentes institucionales, gubernamentales y administrativas. Hablan, transmiten o escriben como eco de la voz de su amo. Cada día es más evidente esta supeditación, pero sólo es posible retratarla en aquellos momentos que los salvapatrias se salen de la foto por asuntos internos de obediencia a uno u otro bando, por asuntos de dinero o por la pretensión de adjudicarse una parte del botín que creen que les corresponde.

En diciembre de 2002 las aguas bajaban revueltas para una buena tropa de escribientes. Pedro J. Ramírez, Luis María Anson, Federico Jiménez Losantos, Antonio Burgos y la mayoría de los miembros del llamado «sindicato del crimen» que en 1993 formó la punta de lanza del ataque contra Felipe González y apoyó a José María Aznar en su ascenso a La Moncloa, decidieron «declarar la guerra» al Gobierno del PP, al que acusaban de haberse vendido a Jesús Polanco al franquearle una esplendorosa salida a la ruina más que anunciada por la pésima inversión en Canal Satélite Digital. El gobierno de Aznar había consentido que la plataforma auspiciada por Telefónica, Vía Digital, se fusionara con la televisión de pago de Polanco.

Singularmente, es en estos momentos de trifulca cuando se alza el telón y podemos ver lo que se traen entre manos estos caballeros. Uno de los más destacados miembros del «sindicato» es Luis María Anson, presidente del diario La Razón que en la edición del 9 de diciembre —en plena campaña de hostilidades— escribió en su diaria sección Canela Fina un valiente artículo que tenía el expresivo título «Las ratas empiezan a abandonar el barco» donde ponía todo su empeño en explicarnos a los lectores la bazofia que llena de porquería los medios de comunicación. El académico se expresaba así:

La decisión aznarí de no presentarse a la reelección, la prórroga de la incertidumbre sobre el sucesor, las encuestas manipuladas de El País, la rendición del Gobierno en la televisión digital, el zarandeo de Gescartera, la oscilación del vencedor en los debates parlamentarios, el acoso del Prestige, todo eso y algunas cosas más han llegado en periódicos impresos, hablados y audiovisuales al fino olfato de las ratas que cobardean ya para abandonar el barco del PP.

Es una operación de escaso riesgo. Se trata de tomar posiciones en las bodegas socialistas y, después, si a pesar de todo el sucesor de Aznar gana, se cuenta con la estupidez congénita de la derecha española, siempre dispuesta a colocar en las atalayas de la información a traidores, conversos, tontos y enemigos. En los últimos años se han pagado generosamente la gallinería, la infamia y la desfachatez del converso.

Asistimos ya a un espectáculo radiante, donde la verdad, que es lo que nos hace libres, no cuenta para casi nadie. Todo o casi todo es sectarismo, manipulación, intoxicación, venganzas viscerales. Unas docenas de periodistas independientes se salvan de la quema. Los demás ofician la ceremonia de la confusión, entre inciensos y jabones olorosos a las finas hierbas. Profesionales amorrongados, pávidos, pendejos, amilanados, cínicos hasta decir basta preparan el trasvase de barcos y albañales. Hay un alto cargo popular, por cierto, que ha redactado un informe sobre las dádivas otorgadas a las ratas: publicidad institucional, patrocinios, concesiones, licencias, frecuencias de radio, televisiones digitales, adquisición de ejemplares en bloque, informaciones privilegiadas, exclusivas clamorosas, la biblia en cueros, en fin, que dejará in púribus a muchos cuando se haga pública la verdad de tantas mentiras.

Lo que contaba Anson en este artículo sobre dádivas otorgadas a los periodistas puede sorprender al lector medio, pero es el pan de cada día en este circo mediático que fabrica mentiras al por mayor a favor del poder económico. Pero todavía se puede incorporar un elemento más a esta guerra en la que cada cual siempre está dispuesto a combatir por obtener una columna, un micrófono o una cámara. Como hemos visto, estos combates son la única oportunidad que permite airear los trapos sucios de gente que aparenta distinguirse por su prosapia y exquisitez. El episodio es el siguiente: Pedro J. Ramírez, le había declarado la guerra a César Alierta, presidente de Telefónica, al que acusaba de haber utilizado información privilegiada en su etapa de presidente de Tabacalera. Este enfrentamiento entre Alierta y el director de El Mundo provocó el despido de Isabel San Sebastián del «Primer Café» de Antena 3 por criticar la prohibición de que el director de El Mundo acudiera como tertuliano. El despido fue fulminante. En cuanto Isabel San Sebastian tuvo oportunidad de tener un micrófono delante de sus morros, se despachó a gusto; como cuando dijo en la tertulia de la COPE: «en lo que modestamente me concierne, la política de medios del Gobierno consiste en laminar la independencia profesional. Es decir, se buscan mercenarios de la pluma, de la voz o de la pantalla en perfecta formación de combate y dispuestos a repetir lo que se les mande». Aquí tenemos la respuesta de estos muñecos de guiñol.

Por desgracia para la ciudadanía, estos genios de la información no son tan solo una plaga en España. El sistema democrático es el mejor sistema si funciona; si no, es tan malo como el peor de los sistemas. El poder económico le ha tomado el tranquillo al asunto y todos estamos al albur de sus decisiones. Quien ha puesto patas arriba este inmenso poder ha sido el periodista francés Serge Halimi en su libro Los nuevos perros guardianes, que, por cierto, no se vende en España, a pesar de haber sido un éxito editorial en Francia. Halimi ha pintado en su exitosa obra un paisaje mediático desolador, donde la connivencia entre prensa, poder político y poder económico está a la orden del día. Para él la elite periodística francesa funciona como «una clase y una casta», compuesta por una treintena de periodistas parisinos que reinan sobre los más importantes medios de comunicación y sobre el pensamiento oficial.

El libro de Serge Halimi, de un estilo feroz, no deja títere con cabeza y acusa sin concesiones a los creadores de opinión franceses. Halimi repasa con indignación los casos más escandalosos de elogios, intercambios de favores, propaganda y autocensuras. Lanza la voz de alarma ante un periodismo que califica de reverencial, que «da la espalda a aquellos a quienes debería servir para servir a aquellos a los que debería vigilar» y al que considera cómplice del sistema. Denuncia la máquina de propaganda que ejerce esta elite de periodistas «voceros del discurso ultraliberal». En su opinión, entre los factores que conllevan al progresivo conservadurismo de estos periodistas figuran los sueldos desorbitados que cobran, situándose así entre las clases más privilegiadas.

Estas tesis de Halimi son coincidentes con las expuestas por Ignacio Ramonet en su libro La tiranía de la comunicación (1996): los periódicos y los medios audiovisuales han sido comprados y controlados por potentes grupos económicos que han impuesto una ideología dominante —la pensée unique, «la propaganda del pensamiento único»— de tal modo que los periodistas que trabajan en ellos y, principalmente, los que ocupan los mejores puestos en la plantilla como son los editorialistas y columnistas, defienden los intereses de las categorías más favorecidas del poder económico. De ahí el título de la obra de Serge Halimi: los periodistas serían hoy los nuevos perros guardianes al servicio del orden establecido y de la ideología dominante.

En esa misma línea, el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, advirtió en el número de febrero de 1996: «La prensa que históricamente se ha construido contra el poder político tiende cada vez más a identificarse con él. La connivencia entre los dos roza a veces cotas escandalosas. Este fenómeno contribuye a desarrollar en los ciudadanos una cierta desconfianza hacia los numerosos periódicos que no cumplen su rol de contrapoder, mientras el espíritu democrático retrocede. Frente a todo esto lo que hay que hacer es movilizarse de nuevo para defender la libertad de expresión y la independencia de la prensa».

Para el poder económico, la utilización de los medios de comunicación como fábricas de decir mentiras no sería suficiente anestésico si no contara con el poder judicial, que responde al mando a distancia del poder político. Así perfeccionada la ciencia de la robótica con solo apretar un botón el asunto que se trate corre impulsado por una verdad espiritual que propicia el pensamiento único. Esta uniformidad hace que jueces y fiscales sintonicen la onda de lo que arriba se dice, para no discordar con el que manda. Cada gobierno se trae bajo el brazo, como si fuera un osito de peluche, a su fiscal general del Estado. El osito de peluche funciona a pilas y con la maravillosa técnica del mando a distancia.

No se guardan ni las formas ni respeto alguno a la autonomía de los fiscales. El control político se esgrime como atributo de poder. Se pide por activa y por pasiva que el cargo de fiscal general sólo dure cinco años, igual que el de todos los cargos dirigentes. La dependencia directa del fiscal general del Gobierno provoca la continua interferencia en todos los casos en que existe algún interés político del Gobierno. Esta instrumentación recuerda las peores épocas de secretismo y ambigüedad de regímenes del pasado, con comisario político incluido. No es posible hacer compatibles los principios de unidad y dependencia jerárquica con los de legalidad e imparcialidad. Políticamente se pretende la cuadratura del círculo, quien es dependiente no puede ser independiente. No se puede estar en misa y replicando, no puede existir independencia judicial allí donde el Ministerio Fiscal está bajo las decisiones del gobierno de turno. No se puede hacer una tortilla sin romper los huevos, no se puede afirmar sin mentir que se es partidario, al mismo tiempo, de la independencia judicial y del régimen de dependencia de un ministerio público a las ordenes del Gobierno.

Mientras el Gobierno tenga la facultad de nombrar al fiscal general del Estado todo continuará como hasta ahora dirigido por mando a distancia. De lo que no se dan cuenta estos títeres es de que la justicia resbala por una pendiente, cada vez con más inercia. Cuando nos queramos dar cuenta, un poder mafioso acabará instalado en las entrañas del Estado. Aunque pueda parecer una exageración, en Italia tienen a un primer ministro acusado de asesinato y complicidad con la mafia, de la de verdad. Giulio Andreotti, con grave solemnidad y compostura, afirma su inocencia, pero un tribunal de Perugia no lo ha creído así. Lo condenó a 24 años de cárcel por el asesinato del periodista Nino Pecorelli. Según sus acusadores, Andreotti les pidió a sus amigos mafiosos el favor de que eliminasen al molesto periodista. A la voz de su amo, los sicarios asesinaron a Pecorelli. Nadie hubiese pensado que la degradación del Estado llegara a codearse con la mafia, o que el propio Estado sea la mafia. Andreotti fue traicionado por algunos de sus antiguos hermanos de la organización mafiosa. En primera instancia, en 1999, el juez de Palermo no les creyó, pero en noviembre de 2002 el tribunal de Perugia acabó condenándole. Para Silvio Berlusconi, sucesor en el cargo, la decisión judicial no es más que la decisión de «un tribunal enloquecido».

Para enloquecido, y no apto para cuerdos, es el sistema de designación del órgano de gobierno de los jueces: el Consejo General del Poder Judicial. Resulta, que los profesionales de la justicia no pueden militar en los partidos políticos, pero —y esto es maravilloso— los partidos políticos pueden militar en el órgano de los jueces. Cada juez, de la más alta institución, lleva simbólicamente bordado en su solapa el logotipo del partido al que pertenece por nombramiento. El poder político esgrime su poder al contar uno a uno, como si fueran vacas de una tribu, la riqueza de voto que ostentan. Esta peculiar forma de separar los poderes del Estado no deja de ser una vergüenza para la democracia.

Todo forma parte de un mundo feliz, todo es aparente e impecable. En teoría, jueces y magistrados proponen a sus propios candidatos y el Parlamento, depositario de la soberanía popular, elige entre esos candidatos los doce procedentes de jueces y magistrados en activo. Lo malo es que la Constitución no dice eso y que tampoco lo dijo el Tribunal Constitucional. Dijo exactamente lo contrario. Que los jueces y magistrados en activo debían ser los únicos electores de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial. Así lo decía el PP antes de llegar al Gobierno. Sin embargo, por razones estratégicas, abandonó ese principio y pactó con el PSOE exactamente lo contrario. Así nos va con la clase política que tenemos. Los partidos políticos están supeditados totalmente al poder del dinero, y son los bancos y los banqueros el oscuro objeto de su deseo. Tanto es así, que la banca condonó entre 1997 y 1999 deudas a los partidos por importe de 19,1 millones de euros (3.176 millones de pesetas) y ha tolerado el impago de créditos ya vencidos por valor de 26 millones de euros (4.316 millones de pesetas) tan sólo en 1999.

El Tribunal de Cuentas no se cansa de denunciar en sus informes el trato de favor que reciben las formaciones políticas, y subraya que las condonaciones suponen «una aportación extraordinaria no prevista en la ley, que debe prohibirse o autorizarse expresamente». Este clamar en el desierto se repite año tras año, los políticos tan inflexibles con los ciudadanos cuando se trata de la recaudación fiscal, se pasan por el forro las denuncias del Tribunal de Cuentas ¿O cuentos? Vaya usted a saber. El creciente endeudamiento y morosidad de los partidos se produjo a pesar de que en esos tres años sumaron la bonita cantidad de 448 millones de euros (74.502 millones de pesetas) en subvenciones públicas, que no está mal.

El informe sobre contabilidad de los partidos políticos de 1999 permite conocer el nivel de endeudamiento de cada formación y el trato que le dispensó la banca. Para no impacientarles les puedo adelantar que de este pesebre comen todos. La auditoría, al igual que en los ejercicios de 1998 y 1997, revela tres crónicas anomalías. La primera y más común es la opacidad y el caos que envuelven estas operaciones: «Carencia de algunas de las pólizas de las operaciones concertadas; falta de conciliación en determinadas operaciones entre el importe contabilizado y el comunicado por la entidad financiera; falta de contabilización de operaciones concertadas o de los intereses devengados, especialmente los correspondientes a operaciones vencidas». Esto es tanto como decir que de operaciones bancarias nada de nada y de soborno puro y duro —eso sí, disfrazado— mucho de mucho.

La cosa viene de atrás; y no deja de ser todo pura parafernalia. Dejan que el Tribunal de Cuentas se entretenga con sus pesquisas, redacte un prolijo informe y con voz baja diga «otra vez estoy aquí». La opera bananera se pone en cartel cada año, pero si por alguna circunstancia algún partido político se pone en causa judicial por la mal llamada financiación irregular, el Tribunal de Cuentas en lugar de colaborar con la justicia recurre a la amnesia total. Una actitud que pone de manifiesto que todas estas instituciones se mueven por los hilos de las marionetas, o por el sistema más moderno de mando a distancia.

Aunque los informes del Tribunal de Cuentas están hechos para los amigos, hay que reconocer cierta sagacidad. Estos caballeros han sido capaces de deducir, y así lo han plasmado en sus informes, dos anomalías excepcionales que constituyen un trato de favor de la banca hacia los partidos: en primer lugar, «la existencia de operaciones que no han sido objeto de amortización en los plazos previstos». Esto significa que pólizas millonarias ya vencidas duermen, a veces a lo largo de años, en un cajón sin que el partido la abone ni renegocie su pago. Simplemente se aparcan y olvidan. Pero no hay compromiso expreso para su perdón. Bien, nadie podrá decir que no tienen método de cancelación, se utiliza el campechano método de si no te veo, no me acuerdo.

Pero hay una fórmula extrema de favor bancario. Aquella en la que, «como consecuencia de acuerdos expresos o tácitos de renegociación de operaciones de crédito», los partidos obtienen la «condonación de parte de su deuda». Tal regalo de los Reyes Magos supuso 9,8 millones de euros en 1997; 6,9 en 1998 y 2,3 en 1999. El tribunal denuncia que «la condonación de deuda supone una aportación extraordinaria para el partido no regulada expresamente en la ley 3/87 (financiación de partidos), por lo que se considera necesario disponer de una normativa expresa que contemple su autorización o prohibición y establezca el régimen al que, en su caso, debiera someterse».

¿Saben ustedes que los partidos políticos no han tenido tiempo en casi treinta años de democracia de regular por ley la financiación de sus formaciones? Mientras tanto han desarrollado leyes por un tubo para que las cumplamos todos nosotros; los políticos en las cuestiones de dinero tienen manga ancha. El creciente desorden de las cuentas de los partidos políticos se debe a que la financiación ilegal no está contemplada como delito. La ley de financiación de los partidos políticos vigente data de 1987; pero, siempre hay un pero en estos asuntos, su incumplimiento se salda con una sanción administrativa, que para mayor perplejidad, en caso de tener que aplicarla, no está establecido el procedimiento para materializarla. Por lo tanto, se trata de una ley hecha a medida por los mismos que sistemáticamente la incumplen, lo que la convierte en la senda ideal que conduce a la impunidad más absoluta.

En la memoria anual de la Fiscalía Anticorrupción ya se hace crónico el apartado que cita «la creciente corrupción en la financiación de los partidos políticos». Según esta fiscalía, de una forma generalizada las formaciones políticas incumplen la normativa sobre financiación. Los partidos políticos se han instalado en la opacidad. Para escaquearse del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción e incluso de Hacienda envuelven sus relaciones económicas con sus sociedades anónimas participadas y fundaciones afines. Muchas de estas sociedades se dedican a actividades inmobiliarias. De esta forma camuflan su situación de la titularidad de inmuebles, así como sus beneficios o deudas; se escabullen así, de su fiscalización en la contabilidad global. El trasiego de fondos, sin documentación acreditativa, entre los partidos y sus fundaciones está a la orden del día.

La proliferación de sociedades instrumentales en manos de los partidos políticos tiene sentido sólo y sí se puede entender que cumplen la misión de ocultar los magníficos sobornos que con lujosa impunidad se practican. Pero antes de volver al informe del organismo que se cuida de controlar las cuentas del Estado convendría hacer una triste reflexión: ¿cómo es posible que al organismo que se cuida de controlar las cuentas del Estado se le pueda hacer tan poco caso?, ¿pasa lo mismo con otras partidas presupuestarias? Da la sensación de que todo va manga por hombro, una especie de a río revuelto ganancia de pescadores. No obstante, el tribunal emite una recomendación tan clara como repetida: «El Tribunal de Cuentas considera necesario establecer en la normativa aplicable mecanismos de control sobre la incidencia que las relaciones de las formaciones políticas con las fundaciones y sociedades mercantiles pudieran presentar en su financiación y actividad». El informe desgrana las relaciones de los partidos con sus sociedades o fundaciones satélite que están en órbita.

Pero aterrizando en el detalle podremos observar que para los bancos no hay discriminación social; los partidos pobres en votos son tratados con el mismo apego que los más pudientes y agraciados por las urnas. En una especie de sorteo por beneficencia, que siempre toca, fueron agraciados en 1999 con la condonación de deudas: PNV vio borrada de un plumazo una deuda de 921.687 euros de capital y 608.433 de intereses, y Eusko Alkartasuna se libró del pago de 843.373 euros de intereses. El Tribunal de Cuentas describe así la singular relación de EA con la banca, a la que debía en 1999 casi cuatro millones de euros, un millón menos que el año anterior: «Durante el ejercicio se ha renegociado verbalmente la deuda con una entidad de crédito a la que ya anteriormente se le venían haciendo pagos a criterio del propio partido […]. El acuerdo alcanzado supone la condonación de la deuda por intereses y el no devengo de intereses por el saldo pendiente hasta su amortización». Este partido, además, registraba ese año una «deuda vencida con otras dos entidades por 1,7 millones de euros, sin que exista algún tipo de acuerdo o propuesta para la amortización».

El PNV, que en ese ejercicio aumentó su deuda con entidades de crédito hasta tocar un techo de 14,1 millones, también alcanzó «un acuerdo verbal» con los bancos para renegociarla. El tribunal sospecha que hubo más condonaciones. «El PNV no aporta documentación alguna que acredite que las regularizaciones no corresponden a condonaciones de deuda». En 1998, los agraciados con la condonación fueron EA (164.000 euros), PAR (873.000) y PSOE (5,8 millones). En total, la deuda condonada supuso ese año 6,9 millones. En su mayoría, la deuda perdonada eran intereses: 6,8 millones. Esta práctica supuso el año precedente, 1997, la condonación de 9,8 millones en deudas. El PSOE fue uno de los partidos más favorecidos.

El PSOE debía en 1999, según el Tribunal de Cuentas, 56,4 millones de euros, frente a los 38,8 millones del ejercicio precedente. El tribunal precisaba que «continúa invariable el saldo de la deuda vencida, por un total de 6,7 millones correspondientes a cuatro operaciones formalizadas antes de la entrada en vigor de la ley orgánica 3/87 de financiación de partidos». Digamos que es parte de la deuda histórica, una bola que rueda y rueda. «De este importe, 2,5 millones corresponden al principal de las deudas y el resto a los intereses vencidos y no pagados, entre los que se incluyen los intereses de demora al adoptar el partido el criterio de no contabilizarlos mientras no se haya alcanzado un acuerdo con las entidades de crédito otorgantes».

El PSC debía 19,5 millones a los bancos, muy por encima de los 16,7 millones del año anterior. De este monto, una parte estaba vencida: «La deuda correspondiente a dos pólizas de crédito vencidas desde 1994, suscritas con una misma entidad, no ha registrado ningún movimiento de pago desde su formalización. Esta deuda registra un principal de 7,8 millones y unos intereses contabilizados pendientes de pago de 6,3 millones». UDC adeudaba 4,4 millones, cifra superior a los 3,8 de 1998. De sus operaciones de crédito, «cinco pólizas están vencidas, con una deuda pendiente registrada de 1,4 millones de principal y 187.656 de intereses». Una de esas pólizas estaba vencida desde hacía tres años.

La deuda de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ascendía a 5,6 millones, a la que llegaba con una deuda del ejercicio previo de 3,8 millones. Y arrastraba además créditos vencidos. «Como se viene señalando en informes anteriores, figuran dos operaciones de préstamo vencidas, con una deuda total de 1,4 millones de las que no se han registrado ningún movimiento de reconocimiento o pago de deuda». En 1998 y 1999 es constatable un monto similar de deuda vencida y no pagada.

IU registraba en acreedores bancarios 9,7 millones de euros, de los que tenía vencidos 77.000 euros. Su deuda bancaria un año antes, era de 5,5 millones. En 1998, Iniciativa Per Catalunya presentaba una deuda vencida de 11.000 euros; en el caso del PCE esta era de 683.000 euros. En años anteriores figuraba en este capítulo de morosos sin perdón expreso el PNV, cuya deuda vencida suponía 1,6 millones en 1997 y 2,8 millones en 1998. Se habrán preguntado por dónde circulan el Partido Popular y su socio Convergència Democràtica de Catalunya. Pues, de la mano, por algo son la derechona de este país y les permite acceder al fondo de reptiles de las grandes empresas de servicios públicos privatizadas. Si te colocan el dinero en el extranjero, para qué enfangarse en créditos y préstamos disfrazados.

Con toda esta bazofia de por medio se puede entender lo expuesto en las páginas de este libro, se puede entender la lujosa impunidad que disfruta el poder económico, se puede entender la lujosa impunidad que disfruta el hombre más rico de España, las dadivas —de las que hablaba Anson— engrasan toda la maquinaria del Estado. Emilio Botín, cada día podrá ser más rico a costa de los accionistas del banco a los que inmisericorde expolia, y cada vez más rico al escaquearse de la contribución fiscal que pesa sobre los más desfavorecidos. Este es el mundo que se está construyendo. Mientras usted leía este libro, el botín de Botín se puede haber duplicado.

ANEXOS

ANEXO A LA PRESENTACIÓN

En el colegio me enseñaron a estar con los brazos cruzados; y sería una exageración asegurar que esto me ha producido después mucho beneficio.

NOEL CLARASE

Para extremar la mayor objetividad en el análisis del balance contable del SCH, nada mejor que referirse a sus propios números; cifras extraídas de los documentos confeccionados por el propio Consejo, en especial el informe sobre el ejercicio 2002 facilitado tanto a los accionistas como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo que a los accionistas importa es si la marcha del SCH es buena o no lo es, si se gana o se pierde. Y para ello nada mejor que la sencillez en el lenguaje, la «claridad» de que ya nos habla el Código de Comercio. Como ya se ha dicho en la introducción de este libro se trata de demostrar la existencia de una considerable pérdida experimentada en las cuentas del Grupo correspondientes al ejercicio 2002. Para probarlo, se centra el estudio en la determinación del resultado total con arreglo a dos métodos distintos: basado el primero en la evolución del patrimonio contable, y el segundo, en la variación de las reservas.

Al exponer ambas determinaciones del resultado se practica con referencia concreta a las páginas correspondientes del citado informe entregado por el Consejo, porque de esta manera se facilita su consulta en este mismo acto a quienes tengan interés en comprobarlo. Así podrá advertir cualquiera, mediante el examen sistemático de esa misma documentación, que en el ejercicio 2002 los resultados contables totales del Grupo Santander después de impuestos arrojan una pérdida de 1.265.209.000 euros, lo que equivale a 210.513 millones de pesetas.

En el método analítico relativo a la evolución del patrimonio contable la determinación del resultado se compone de los siguientes datos: la partida «Fondos propios iniciales» (p. 156 del informe) consta de «Patrimonio neto contable al 31 de diciembre de 2001» por 19.772.504.000 euros, y «Acciones propias a 31 de diciembre de 2002» por 21.378.000 euros, lo que hace un total de 19.793.882.000 euros. A lo que hay que sumar: «Aportaciones del ejercicio» (pp. 191 y 192), constituidas por «Capital social», 54.520.000 euros, y «Prima de emisión», 1.045.480.000 euros, lo que arroja un total de 1.100.000.000 euros. Es necesario puntualizar que las «Revalorizaciones en el ejercicio» (p. 156) son inexistentes, cero, como reconoce expresamente el propio informe, lo que también sucede con las «Devoluciones de aportaciones en el ejercicio» (pp. 191 y 192). Vemos, por tanto, que todas estas cifras suman un total de 20.893.882.000 euros.

Lógicamente, este primer método de análisis requiere que pasemos ahora a las partidas de carácter negativo: los «Dividendos pagados en el ejercicio» (pp. 192 y 156) suman 1.371.864.000 euros. Lo que nos lleva a unos «Fondos propios finales, antes de cargos o abonos por resultados y/o regularizaciones» que ascienden a 19.522.018.000 euros. Los «Fondos propios finales», según los estados financieros (p. 156), suponen 18.256.809.000 euros, una partida que se compone de «Patrimonio neto contable a 31 de diciembre de 2002» por 18.242.063.000 euros, más «Acciones propias a la misma fecha» por 14.746.000 euros. En consecuencia, una operación aritmética tan elemental, la diferencia entre los «Fondos propios finales antes de cargos por resultados y/o regularizaciones» y los «Fondos propios finales según los estados financieros», determina una situación económica de pérdidas. Los Resultados contables totales del Grupo después de impuestos suponen una pérdida de 1.265.209.000 euros, o lo que es lo mismo 210.513 millones de pesetas.

Como puede verse, tampoco ha sido tan difícil poder llegar a la conclusión de que el SCH está en pérdidas, teniendo en cuenta que se llega a esta determinación a través de sumas y restas de los conceptos básicos contables. Para los menos avezados en los procedimientos contables la demostración practicada es tanto como la cuenta de la vieja, tan sencilla como determinar con qué dinero en el bolsillo se inicia el ejercicio y con cuánto se acaba al concluir el mismo. Si hay más dinero en el bolsillo, se gana —se tienen beneficios— y si hay menos, se pierde. Como el asunto lo requiere veamos ahora la prueba del nueve practicando una segunda determinación del resultado basada en la variación de las reservas, excluyendo las variaciones por operaciones de capital (ampliaciones, dividendos, etc.). Pues bien, el resultado al que se llega siguiendo este otro método analítico es exactamente el mismo.

Podemos comprobarlo repasando las cifras que constan en el informe elaborado por el Consejo de Administración: los «Cargos a reservas» (p. 192) se componen de «Jubilaciones anticipadas», 839.923.000 euros; «Diferencias de cambio», 2.666.942.000 euros; «Movimiento de reservas en sociedades asociadas», 243.289.000 euros y el neto de «Otros movimientos», 34.037.000 euros. En total: menos 3.784.191.000 euros. A lo que hay que añadir (p. 192) los «Abonos a reservas» por «Venta de derechos de suscripción de Banesto», que importan 271.805.000 euros. Por tanto, no hay la menor duda de que la variación neta de reservas arroja menos 3.512.386.000 euros. Y si a esta cantidad se le resta el «Resultado atribuible, según el saldo de Pérdidas y Ganancias» (p. 156), por 2.247.177.000 euros, la cifra final de los Resultados contables totales después de impuestos es exactamente la misma que la obtenida mediante el método que se fundamenta en la evolución del patrimonio contable: estamos, pues, en ambos casos, como no puede ser de otra manera con las verdaderas cifras en la mano, ante una importantísima pérdida experimentada por el SCH en el ejercicio 2002 por 1.265.209.000 euros, equivalente, como antes se decía, a 210.513 millones de pesetas.

Los administradores del SCH cobran fortunas por descapitalizar al banco. Porque, ¿puede alguien explicar por qué los fondos propios han disminuido al cierre del pasado ejercicio en más de mil millones de euros, pese a que, según nos cuenta el Consejo, los resultados positivos han ascendido a más de 2.200 millones de euros? Esta evidente incongruencia presume la existencia de otras más que adornan y decoran las falsas cuentas del Santander. Estos indicios se sustentan al preguntarse por qué entre los años 2000 y 2002 el Grupo ha obtenido un resultado neto por desinversiones de 2.500 millones de euros, sobre un total de 9.000 millones de euros (de lo que habría que descontar los casi mil millones de euros por compromisos de pensiones cargados a reservas). Lo que corresponde a una singular manipulación de los resultados extraordinarios a costa de excluir del patrimonio del banco los activos más valiosos.

E incluso obedece a algo todavía peor: cargar a reservas, en lugar de a resultados, casi 4.500 millones de euros de pérdidas de sociedades consolidadas, lo que contrariamente a lo que nos cuentan los administradores del SCH, pone de manifiesto graves problemas de gestión, así como la incapacidad del Grupo para generar recursos suficientes de manera continuada. La supuesta mejora de los índices del banco no deriva, como apunta el Consejo, de una mayor solidez financiera de la empresa, sino de una reducción de activos por más de 34.000 millones de euros, según se refleja en los balances consolidados que figuran en las pp. 152 y 153 del informe. Al mismo tiempo la dinámica operativa del Santander registra un factor sumamente delicado tratándose de una empresa bancaria de primer orden: la pérdida de depósitos de clientes por casi 14.000 millones de euros (un 7,5%), lo que sitúa ostensiblemente esta partida por debajo del nivel alcanzado el año 2000.

El evidente deterioro de las cuentas del SCH conduce a preguntarse: ¿cómo es posible que, pese a las desinversiones realizadas (p. 89), la situación de liquidez del Grupo haya empeorado en unos 27.000 millones de euros? ¿Y cómo explicar que los créditos sobre clientes hayan disminuido en 10.849 millones de euros y los débitos a clientes en 13.712 millones de euros (p. 89), sin que pueda achacarse al «efecto Argentina» más que unos 1.000 millones de euros, frente a un total de 3.000 millones de euros que registra ese desequilibrio? Una realidad tan poco propicia nos lleva a una conclusión desgraciadamente obvia: es de todo punto inconcebible que mientras el Santander se empobrece en más de 200.000 millones, como ha ocurrido el pasado ejercicio, los administradores pretendan enriquecerse de manera inversamente proporcional.

A todo esto volvamos a la raíz del asunto: ¿cómo es posible que se engañe tan descaradamente al mercado bursátil, a las autoridades de control bancario, a los inversores internacionales, y no olvidemos a los depositantes que tienen su dinero en las cuentas del Santander? La responsabilidad primaria corresponde al Banco de España en cuanto al examen previo de las cuentas, porque, a pesar de la autoridad que todavía quepa atribuir a una institución que se supone prestigiosa, es indudable que no puede, a modo de Jordán purificador, convertir de manera taumatúrgica las cuantiosísimas pérdidas en saneados beneficios.

Lo que en realidad está sucediendo es que para encubrir pérdidas ciertas y efectivas se están utilizando ilícitamente las reservas sociales. Se consigue mantener un resultado ficticio, ya que en la práctica el patrimonio social está decreciendo. A este paso, pronto el Santander tendrá solo «resultados», pero sin patrimonio. Y luego, ni siquiera eso. La ingeniería financiera desplegada por los administradores del SCH y quienes con ellos colaboraron consistió en cargar contra reservas determinadas partidas que debieron ser llevadas contra la cuenta de pérdidas y ganancias. Esas partidas fueron, sustancialmente, las de Jubilaciones anticipadas (por importe de 839,23 millones de euros), Diferencias de cambio (por importe de 2.666,9 millones de euros) y el movimiento de reservas de sociedades asociadas (por importe de 243,28 millones de euros) y, con algún menor relieve, Otros movimientos (34,03 millones de euros). Con ello, y para concluir con esta exposición, los resultados del SCH se transformaron, mediante esos artificios, en positivos (2.247,17 millones de beneficios ficticios). El patrimonio del SCH, sin embargo, disminuyó considerablemente, es decir, que el SCH se descapitalizó en más de un 19%. De seguir a ese ritmo, el SCH se quedaría sin fondos propios en cinco ejercicios.

No obstante la tozudez de los números, Botín alardea obsesivamente de la grandeza y solidez del SCH. La omisión de estos datos esenciales en una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación de la sociedad es dolosa e intencionada, y ello porque el informe de gestión, obviando dichos elementos, se detiene en datos de inferior rango y significación que llevan a los administradores de la sociedad a realizar la siguiente afirmación:

«En resumen, la evolución ha elevado significativamente sus ya destacadas fortalezas, lo que permite afrontar con prudencia, pero con optimismo los retos que plantea el futuro».

Para alcanzar una conclusión tan falaz, se obvian los datos que reflejan la verdadera variación que ha sufrido el patrimonio neto contable del Grupo y, sin embargo, se hacen constar datos tan marginales y secundarios como los siguientes:

Mejorar los negocios recurrentes del Grupo: el beneficio de la Banca Comercial Europea crece un 12,5% y el de Banca Comercial América un 13% a tipos de cambio constantes (y sin Argentina). Con ello, la banca comercial aporta el 84% del beneficio total del Grupo.

Mejorar la eficiencia en 2,5 p.p. (antes de Argentina), cercanos ya a romper la barrera del 50% a corto plazo y en disposición de abordar los ambiciosos objetivos del Grupo a medio plazo.

Fortalecer el balance con elevado saneamiento: más de cuatro mil millones de euros entre dotaciones ordinarias y extraordinarias.

Mantener una excelente calidad del riesgo: con una reducida morosidad (inferior al 2%), que, sin Argentina, mejora en el año, a nivel de Grupo y en Iberoamérica.

Mejorar los objetivos de solvencia: con una ratio BIS que supera sobradamente el 12% y sitúa al banco como uno de los primeros en Europa por ratio de solvencia.

Adoptar decisiones estratégicas generadoras de mayor valor futuro: cambios en mix de negocios, venta de participaciones, alianza con Bank of America en México […].

Mantener el dividendo sin variación respecto a 2001 pese a la reducción del beneficio, como muestra de la confianza en una generación recurrente y futura de resultados.

Que todo sea por lo que anuncia este último punto de la propaganda del SCH «[…] la confianza en una generación recurrente y futura de resultados», que, de no enderezarse el rumbo y persistir el nivel de pérdidas, adiós al Santander de mis amores. Eso sí, todavía hay cinco años por delante para seguir disfrazando la situación en los términos más apropiados para que parezca que todo va sobre ruedas.

ANEXO AL CAPÍTULO 8

ANÓNIMAS PARTICIPADAS

No hay que fiar de ministros muy preciados de limpios de manos. Ladrones hay que hurtan con los pies y con la boca, y con los oídos y con los ojos.

FRANCISCO DE QUEVEDO

Emisiones con exclusión

Uno de los casos estudiados corresponde a una emisión de acciones que excluye a los accionistas. Los protagonistas son el Banco Santander Central Hispano (SCH), compinchado en este caso con la firma auditora Arthur Andersen. Entre ambos intentarán la cuadratura del círculo. Todo consiste en aplicar un método que, de acuerdo con los administradores del banco, permita a éstos asignar un tipo de emisión que conduzca a fijar el valor neto patrimonial, es decir, el valor teórico contable en lugar del valor real de las acciones. Tomemos como referencia la Junta General Ordinaria de Accionistas del SCH que se celebró el 4 de marzo de 2000, convocada para la aprobación de las cuentas, así como para dar el visto bueno de varias ampliaciones de capital propuestas por el Consejo de Administración para afrontar el pago de otras tantas operaciones previstas por los administradores.

En primer lugar, y para que sirva de medio de pago, esas ampliaciones se diseñan con la exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, exclusión necesaria ya que esas nuevas acciones van destinadas principalmente a terceros, que no son accionistas de la entidad. Este hecho provoca que si la valoración que se da a esas nuevas acciones —es decir, el precio de venta que se fija a ese tercero— es inferior al valor real de esas acciones, las «viejas» acciones pierden valor. En este punto, la ley aplicable determina de forma clara que, por las consecuencias de pérdida de valor, es necesario que en esas ampliaciones —las que excluyen a los accionistas— se cumplan una serie de requisitos encaminados todos ellos a proporcionar la información completa de la operación, con detalle del valor dado a las acciones que se van a emitir, así como del valor real de las ya existentes, para que con ello pueda calibrar el beneficio o pérdida que acarrea esa operación de ampliación. Por ello, la ley exige la figura del experto independiente que ha de emitir su juicio, tanto sobre la valoración que hacen los administradores, como sobre el valor real de la acción. Es este mecanismo de control el punto en el que se apoya la ley para asegurar la defensa de los derechos del accionista.

Sin embargo, de la teoría a la práctica hay un buen trecho, como lo demuestra lo sucedido con las ampliaciones de capital aprobadas en la junta del SCH que estamos analizando. En la información facilitada a los accionistas para la aprobación de tales ampliaciones no se encuentran aquellos datos sobre la valoración de las acciones que exige la ley. Ni el administrador los expone, ni el auditor los corrige. Lo que sí se proporcionan son otros valores, insuficientes para cumplir con la legalidad, que en definitiva confunden al accionista, que cree en la bondad de la operación. La realidad es que el valor de esas acciones a emitir dista enormemente del valor real de las acciones, y eso es lo que se oculta a los accionistas.

En definitiva, lo que pretenden administradores y auditor, conchabados entre ellos, es marear la perdiz. Inventar las mil y una, con tal de no determinar la valoración que la ley les exige, que no es otra que la cuantificación del valor neto real de la acción. La metodología para soslayar esta norma de obligado cumplimiento se establece en determinar un método de cálculo sobre la base de la cotización bursátil, pero con la sibilina introducción, intencionada, de una premisa imposible de cumplir en el momento determinado de la valoración. Pero esta premisa no deja de resultar lógica en su concepto valorativo, por lo cual el auditor viene a decir en su informe que:

Teniendo en cuenta todo lo indicado anteriormente, en nuestro juicio profesional, los factores utilizados por el Consejo de Administración del Banco en la determinación del tipo mínimo de emisión para las nuevas acciones en que eventualmente habrán de convertirse los títulos que se emitan están adecuadamente expuestos en el informe adjunto, y se basan en el método de valoración indicado anteriormente, que consideramos adecuado en las circunstancias actuales y justifica el tipo mínimo de emisión propuesto a la aprobación de la Junta General de Accionistas; si bien este tipo no queda fijado en la fecha de este Informe Especial por estar referenciado al valor de cotización de las acciones de Banco Santander Central Hispano, S.A. en una fecha posterior.

Este párrafo, desprovisto de retórica, viene a decir que consideran adecuado el método de valoración que han establecido los administradores del SCH —al referirse como base de cálculo a la cotización bursátil—; es decir, les parece «lógico». Pero como esa premisa no es posible cumplirla en el espacio temporal en que se precisa la valoración, se remiten al tipo mínimo, que establece la ley que no puede ser inferior al valor neto contable. Adicionalmente, en el párrafo siguiente de este informe de auditoría, para salvarse de responsabilidades y, a la vez, para reírse casi indisimuladamente de los accionistas, dice:

A efectos informativos, les indicamos que, en sociedades cotizadas en Bolsa, el criterio de valoración de sus acciones normalmente utilizado por el mercado es el valor de la cotización de sus acciones, salvo que concurran circunstancias que lo distorsionen, circunstancias que desconocemos se den en este caso.

De este modo, los administradores se imponen una premisa incumplible para determinar la valoración del tipo de emisión. Fijan la valoración bursátil de un día indeterminado posterior a la Junta de Accionistas. El auditor recurre al valor neto patrimonial, el límite fijado por la ley —como valor mínimo— para dar como bueno el tipo de emisión, dada la imposibilidad de poder aplicar la premisa de valoración autoimpuesta por los administradores. Los tejemanejes entre los administradores del SCH y el auditor Arthur Andersen conducen a determinar como tipo de emisión de las nuevas acciones que se ponen en circulación, con exclusión de la suscripción preferente, un valor que manifiestan es superior al neto patrimonial (2,18 euros) que en ningún momento se cuantifica. Los administradores del SCH propusieron como tipo de emisión 2,25 euros para la ampliación de capital de más de 67 millones de acciones recogido en el acuerdo 9º.

El auditor, recogiendo la premisa de valoración de la acción autoimpuesta por los administradores, lo refleja en su informe, cuyo texto literal dice así:

El informe elaborado por el Consejo de Administración propone que el tipo de emisión de las nuevas acciones se determinará por acuerdo del Consejo de Administración del banco, fijando como tipo mínimo de emisión el mayor entre el cambio medio de las acciones del banco en el mercado continuo de las bolsas españolas, según las cotizaciones de cierre durante los 15 días naturales anteriores a la fecha de celebración de la junta, y el cambio de las acciones en el mismo mercado continuo según la cotización de cierre del día anterior al del lanzamiento de la emisión de las obligaciones convertibles; sin que, en ningún caso, puedan emitirse por un importe inferior a su valor neto patrimonial, tal como se ha indicado anteriormente.

En este informe, fechado el 28 de enero, dice el auditor que los administradores —el Consejo de Administración— «determinará» (no en pasado ni presente, sino futuro) lo que quiere decir que el tipo de emisión (su valor, para entendernos) no está en ese momento determinado. Sin embargo, sí establece los parámetros para esa cuantificación, que deberá ser como mínimo el mayor que resulte entre el cambio medio de la cotización de las acciones del SCH en la Bolsa durante los 15 días naturales anteriores a la fecha de celebración de la junta, y la cotización de las mismas acciones al día anterior al lanzamiento (que no se determina cuando se realizará).

Basadas en las premisas que se citan, no es posible que quede establecido el valor neto patrimonial con anterioridad a la fecha de celebración de la junta. El informe que presentan los administradores relacionado con este asunto tiene fecha del 24 de enero de 2000. Esta premisa de cotización media de 15 días naturales anteriores a la fecha de celebración de la Junta, no se cumple. Dice «celebración» y no convocatoria. Como el acto tuvo lugar el 4 de marzo, esta premisa no se cumple. Si ello es así, la otra premisa, la de la cotización de las mismas acciones al día anterior al lanzamiento, tampoco es posible cumplirla.

El «lanzamiento» o, dicho de otro modo, la fecha de emisión de las obligaciones convertibles en acciones, según el informe presentado por el Consejo de Administración, determina que podrá «adoptar el correspondiente acuerdo en el plazo de un año, contado desde la fecha de celebración de esta Junta General». Por lo tanto, esta segunda premisa de la cotización del día anterior al lanzamiento no se puede cumplir. La pregunta que cabe formularse es de cajón. Si ninguna de las dos premisas para determinar el valor de las acciones se cumple, ¿cómo es posible lograr un valor determinado?

Evidentemente es una contradicción. Si los administradores no han cumplido con las premisas consideradas para la evaluación de las acciones, ¿cómo demonios el auditor puede dar por válido el tipo de emisión? El truco —siempre hay un truco— radica en lo siguiente. Afirma el auditor que «siendo el tipo de emisión propuesto superior al valor neto patrimonial» (eso ya lo sabemos, pues ahí está la coartada), «correspondiente a cada una de las acciones del Banco en la fecha indicada en el apartado b anterior». Veamos el contenido del apartado b, que dice así:

Evaluación de la adecuación de los factores utilizados para la determinación del tipo de emisión propuesto para las acciones y examen de la documentación que soporta el cálculo del valor teórico contable del Banco a 31 de diciembre de 1999.

Y punto. Aquí se acaba.

Ahora bien, en cuanto al contenido del boletín del ICAC donde están contenidas las normas de actuación del auditor para elaborar el preceptivo informe —el «Informe Especial sobre Exclusión del Derecho de Suscripción Preferente en el Supuesto del artículo 129 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas», de obligado cumplimiento— el auditor Arthur Andersen lo sigue al pie de la letra, con la excepción del punto b) contenido en el modelo, que plantea lo siguiente:

Evaluación de la adecuación de los factores utilizados para la determinación del tipo de emisión propuesto para las acciones y un examen de la documentación que soporta el método de valoración utilizado por la Sociedad y las bases de cálculo, (o análisis de la evolución de la cotización de las acciones ordinarias de la Sociedad durante el período…).

Resulta, pues, que no son iguales. ¿En qué se diferencian? Pues en que el texto que consta en el informe del auditor es idéntico al del modelo de obligado cumplimiento hasta cuando dice «soporta». A partir de ahí el auditor se va por las ramas con qué la documentación (de los administradores del SCH) soporta el cálculo del valor teórico contable del banco a 31 de diciembre de 1999.

Como se puede observar, es diferente este concepto de cálculo al expuesto en el modelo del informe del ICAC, donde dice que «soporta» el método de valoración y las bases de cálculo o el análisis de la evolución de la cotización de las acciones. Así pues, el invento del auditor Arthur Andersen es de los que hacen época. El secreto de toda esta operación está, pues, en el engaño. Es importante sustanciar que la determinación del valor real de la acción se debe fijar en un momento estático y determinado temporalmente. Una vez fijado el valor real de la acción, éste es único válido en aquel momento. Los administradores del SCH y el auditor llegan a ese valor único por la concatenación de ideas que, aunque verdaderas individualmente, son falsas en su conjunto: ahí está el truco. Una vez establecido un tipo mínimo asignado a las obligaciones convertibles en acciones, por no poder cumplirse las premisas de sus condicionantes de valoración, la expresión «tipo mínimo» desaparece y se adjudica la valoración para la emisión de nuevas acciones, con el valor dado en el informe de auditoría correspondiente a la ampliación de capital propuesta por los administradores del SCH.

Son necesarias todas estas vueltas para que al final resulte que ese valor se obtiene haciendo una simple división. El valor teórico contable de 2,18 euros se obtiene efectivamente al efectuar la división entre 1.335.455 millones de pesetas —cantidad asignada como «Determinación del patrimonio» en la página 153 de la memoria al 31 de diciembre de 1999— y el número de acciones en circulación que existían antes de la nueva emisión, que eran 3.667.793.148 acciones. El valor neto patrimonial (es decir, el valor teórico contable del SCH a 31 de diciembre de 1999) era de 2,18 euros por acción. Los administradores del banco, apurando la valoración fijada para el tipo de emisión de las nuevas acciones que iban a poner en circulación excluyendo a los accionistas, determinaron un valor que, siendo superior al neto patrimonial, pudiera soslayar la ley con la complicidad del auditor Arthur Andersen. Este valor quedó asignado, con el beneplácito del auditor, en 2,25 euros. Para poder determinar el perímetro aproximado de esta operación de nuevas emisiones de acciones, es necesario cuantificar las cinco emisiones que se presentaron en aquella Junta de Accionistas de 1999, que fueron aprobadas por la masa accionarial en un acto de fe. El «pelotazo» para los administradores y todos aquellos que pudieron sacar provecho de la operación, supera el BILLÓN —merece la pena dejarlo con mayúsculas— de viejas pesetas.

Así pues, como hemos visto, las emisiones de los títulos que sirven de base para la desaforada expansión de las sociedades emisoras, se sostienen en un fraude de ley. La exclusión del derecho de suscripción preferente de acciones impuesto por los administradores, para que a su gusto y conveniencia puedan emitir ampliaciones de capital a tipos de emisión que no se corresponden con el valor real de las acciones, es el desencadenante que provoca que los títulos se conviertan en emisiones de moneda cuya valoración queda al libre albedrío de los gestores de estas sociedades.

El valor asignado a esta nueva moneda es el más bajo posible, se evita asignar su valor real al excluir de estas nuevas emisiones a los accionistas de la sociedad. El diferencial entre el valor mínimo que los administradores asignan a los nuevos títulos y el valor real de estas acciones que cotizan en el mercado bursátil es de tal magnitud que propicia pelotazos para unos pocos y dilución del valor para los accionistas de la sociedad emisora. Y así, la cantinela se va repitiendo: lo que unos ganan, otros pierden. El valor del dinero es sustituido por el valor del título y son los propios administradores de las sociedades implicadas en las fusiones los que acaban adjudicando a dedo su valor. Y esta nueva moneda dista mucho de la que sirve de medida común para el precio de las cosas y para facilitar los cambios.

Contrariamente a lo que postulan a viva voz los patricios de las finanzas, son los accionistas minoritarios los que acaban pagando en forma de dilución los astronómicos beneficios que obtiene la elite situada en la órbita del Consejo de Administración. La valoración de los títulos es engañosa, y este selecto grupo de elegidos se salta a la torera la ley, que, teóricamente, debería proteger a los minoritarios de la codicia de los administradores, pero no lo consigue. La otra clave del engaño se aplica en el canje de los títulos emitidos para adquirir nuevas sociedades, dado que el intercambio se realiza sin tener en cuenta la homogeneización de la valoración de los títulos.

El sentido común, por una vez, se da cita con el ordenamiento jurídico en el artículo 129 de la Ley de Sociedades Anónimas, que impide a los administradores de las sociedades establecer a su libre albedrío el valor de los títulos cuando es excluido a los accionistas el derecho de suscripción preferente. La ley establece unas normas de actuación que, explicadas de forma sintetizada, tratan de lo siguiente: los administradores pueden asignar un valor a las acciones que son producto de la emisión «restringida», y como esta tasación del valor de las acciones es de parte, la ley prevé la intervención del auditor para que determine la bondad de la valoración manifestada por los administradores. Es precisamente la intervención del auditor la que legitima la actuación de los administradores. En este punto es donde el perímetro de la actuación de ambos (administradores y auditor) está acotado.

Así pues, los administradores deben de atenerse a lo dispuesto en este artículo 129 de la Ley de Sociedades Anónimas y el auditor, para realizar su labor, debe atenerse forzosamente a las normas establecidas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Pero como de lo que se trata es de soslayar la ley, se marea la perdiz, y el auditor, que debería ser el garante de la operación, se convierte de este modo en el cómplice necesario de los administradores. Así, con la actuación de unos y otros se puede afirmar que lo dispuesto por la ley no se cumple.

El auditor en su informe, saltándose a la torera lo dispuesto por la ley y las normas de obligado cumplimiento impuestas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), viene a decir que los administradores de la sociedad no han podido fijar una valoración, y que la ley permite para este tipo de emisiones —las que excluyen a los accionistas— fijar un tipo —digamos— mínimo, siempre y cuando sea superior al valor neto patrimonial. Este será entonces el valor que se asignará a la emisión de nuevas acciones. Para cerrar la boca a cualquiera que pueda argumentar que lo que aquí se ha escrito son patrañas y que los auditores no están conchabados con los administradores, se hace necesario recurrir de nuevo al «Informe Especial sobre Exclusión del Derecho de Suscripción Preferente en el Supuesto del artículo 129 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas» que, para empezar, establece lo siguiente:

El auditor no ha de emitir una opinión, tal como se entiende dicho término en una auditoría de cuentas, sino un juicio, como experto independiente en asuntos contables, económicos y financieros, sobre la adecuación de los métodos de valoración utilizados y de los cálculos efectuados por los administradores de la sociedad para fijar el tipo de emisión de las acciones.

Como se puede apreciar, la norma no sólo exige el juicio del auditor, sino que también la utilización por parte de éste de ingredientes económicos y financieros, además de los estrictamente contables.

Igualmente, nos interesa la normativa del ICAC para este tipo de informes de auditoría, en lo relativo a la determinación del valor real de las acciones, sobre el cual se establece lo siguiente:

Los métodos, así como los datos utilizados en la valoración de las acciones, han de ser, en cada caso, adecuados en las circunstancias y contexto en que se trate la valoración. A estos efectos orientativos los métodos de valoración más usuales o generalmente utilizados son: valor de cotización en Bolsa, valor del activo neto real, valor de capitalización de resultados, y valor actual de flujos monetarios, los cuales podrán ser aplicados en función de las circunstancias y especialmente la disponibilidad de información histórica y/o prospectiva, individualmente o combinados entre sí.

Éste es otro de los principios que han de regir la actuación del auditor según el ICAC, que después puntualiza sobre lo que se entiende por «valor del activo neto real» (uno de los ingredientes de la valoración). Dice que es el:

«valor contable de los fondos propios, corregido por las plusvalías o minusvalías que pudieran ponerse de manifiesto en los bienes, derechos y obligaciones de la sociedad a la fecha de referencia».

En el encabezamiento de este boletín que establece la norma, deja bien claro que el «contenido del informe Especial» obliga al auditor a incluir «una conclusión sobre si son adecuados los datos contenidos en el informe elaborado por los administradores y los métodos que han empleado para la determinación del tipo de emisión de las acciones».

Está claro. Mientras las normas del ICAC, de obligado cumplimiento para los auditores, están vigentes, cabría preguntarse la razón de por qué el Gobierno ha modificado en dos ocasiones el artículo 129 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuesta encontrar una razón sólida para estas modificaciones, que no sea el interés oculto del poder económico. Parece que los lobbies financieros han hecho su trabajo a la perfección: a la chita callando han desactivado una válvula de seguridad. Quedémonos solamente con un dato: con anterioridad a las modificaciones de este artículo, la obligación para los administradores era la de evaluar el valor real del título. El primero de estos cambios en la norma consistió en establecer que los administradores debían evaluar el título, siempre como mínimo en su valor nominal. Pero esta evaluación a alguien le debió de parecer que era excesiva y que se les veía el plumero, por lo que fue nuevamente modificada tomando como referencia el valor neto contable.

En consecuencia, las modificaciones introducidas en la ley permiten a los administradores emitir nuevas acciones excluyendo a los accionistas como ya hemos visto, aunque están limitados en la cuantificación asignada por el valor neto patrimonial (equivalente al neto contable). Pero ninguna modificación ha sido introducida en la actuación del auditor que, independientemente del valor que asignen a los títulos los administradores, debe inexcusablemente establecer el valor real de la acción. Dicho de otra manera, lo que dice la ley es que los administradores atribuyan el valor que ellos quieran, siempre limitados a la baja por el valor neto patrimonial, y que será el auditor quien en todo caso les enmiende la plana, asignando el valor real que él crea, bajo su juicio, que es el que corresponde.

ANEXO AL CAPÍTULO 10

TODO PARA LOS MÁS RICOS

Los ladrones tienen derecho a robar cuando los mismos jueces dan el ejemplo.

WILLIAM SHAKESPEARE

De la teoría a la práctica

Para poder sostener un argumento sólido y que no quede todo en una ocurrencia de quien esto escribe, se hace necesario remitirse a los papeles. Los documentos dejan su rastro y sobre esta senda se pueden establecer indicios con los que se puede llegar a una conclusión. Empecemos por estos papeles, el 20 de abril de 2001 los administradores del banco pusieron en conocimiento de la CNMV el hecho relevante —que consta en el Capítulo IV, página 143— según el cual:

El Grupo mantiene, adicionalmente, unas opciones de compra y venta sobre el 18,54% del capital social de esta entidad (23% de los derechos de voto). Dichas opciones son ejercitables por parte del Grupo en cualquier momento hasta el 15 de enero de 2002, a un precio medio del ejercicio de 5,41 dólares norteamericanos por cada acción del Banco Río (348 millones de dólares norteamericanos, aproximadamente).

Observemos un detalle significativo: en abril de 2001 el SCH reconocía «unas opciones de compra y venta», es decir, que además de la opción de compra del 18,54% de las acciones de Banco Río se dispone de una opción adicional de venderlas a un tercero. Pero sigamos con los papeles: en la segunda página del Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires del 16 de enero de 2002 se insertaba una comunicación enviada por el Banco Río de la Plata, que lleva fecha del día anterior, y dice así:

Al respecto, cumplimos en informarles que MLI (Merrill Lynch) y Banco Santander Central Hispano S.A. han resuelto ejecutar los contratos de opción que se detallan a continuación: (i) el contrato de opción celebrado el 30 de septiembre de 1998 entre Fundación Pérez Companc, por una parte, y el Banco Santander Central Hispano S.A. —sociedad continuadora de Banco Santander S.A. de España («Banco Santander») y Santander Investment S.A. («Santander Investment» y junto con Banco Santander, el «Grupo Santander»)—, por la otra, y (ii) el contrato de opción celebrado el 30 de septiembre de 1998 entre Sudacia S.A., Jorge Gregorio Pérez Companc y María Carmen Sundblad de Pérez Companc, por una parte, y el Grupo Santander, por la otra; los cuales fueron aprobados por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiadas de acuerdo a lo informado mediante nota de fecha 13 de abril de 2000 (Expte. N.° 53.415/98).

Esta inscripción concretaba que la opción de compra se había materializado y, para mayor precisión, el Banco Río remitía un nuevo texto que llevaba fecha del 22 de enero y se publicaba en la primera página del Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el que se precisa que:

En consecuencia cumplimos informarles de que, por instrucción del Banco Santander, Merrill Lynch Internacional transfirió en el día de la fecha a favor de Administración de Bancos Latinoamericanos S.L.: (i) 24.999.998 acciones de Banco Río de la Plata S.A. («Banco Río»), clase «B», de un voto por acción, representativas en conjunto del 7,21% del capital social y del 2,73% de los votos del Banco Río, y (ii) acciones representativas del 100% del capital social y de los votos de BRS Investment S.A., sociedad que a su vez es titular de 36.730.452 acciones de Banco Río, Clase «A» de cinco votos por acción, representativas en conjunto del 11,33% del capital social y del 20,29% de los votos de Banco Río.

Las dos participaciones que menciona este comunicado, del 7,21% y 11,33%, totalizan el 18,54% a que se referían las opciones. Aquí empieza a aclararse la yema del huevo. En este comunicado a la Bolsa de Buenos Aires, el SCH informa que se han transferido las acciones producto de la opción de compra a Administración de Bancos Latinoamericanos S.L. Pero resulta que esta no es la sociedad que mantenía las opciones de compra. Explícitamente, en la notificación de escasos días antes —el 16 de enero— eran, por una parte, el SCH y Santander Investment S.A. (que con todo tipo de aclaración y entrecomillados, se hacían adjudicatarios de las acciones del Banco Río), y, por la otra, la sociedad Sudacia S.A. que después también desaparece del mapa.

Como puede apreciarse, una operación de 372,6 millones de euros se materializa a través de un sonado embrollo que se asemeja muchísimo a la famosa «primera parte contratante de la parte contratante […]» de Groucho Marx. Pero para llegar al fondo de la cuestión se hace necesario empezar de nuevo desde el principio. Como hemos visto, se firmó una opción de compra sobre el 18,54% del Banco Río el 30 de septiembre de 1998. Pero no fue hasta el 10 de marzo de 2001 que la Junta de Accionistas del Santander aprobó el acuerdo 8º, que permitía a los administradores del banco emitir, excluyendo a los accionistas, 30.244.448 acciones del SCH:

Las nuevas acciones del Banco Santander Central Hispano, S.A. objeto de este aumento de capital serán desembolsadas íntegramente mediante aportaciones no dinerarias consistentes en 24.999.998 acciones de Clase B de la entidad de crédito argentina Banco Río de la Plata S.A. y 124.781.000 acciones de la sociedad BRS Investments, S.A. Todas las acciones indicadas serán entregadas por Merrill Lynch Internacional o por una entidad de su grupo, considerándose suficiente para acreditar esta última circunstancia una certificación de pertenencia al grupo expedida por Merrill Lynch Internacional.

Es en este momento donde se empezó a germinar el pirateo, producto del aumento de capital. Para que todo se acomodase a los cánones legales establecidos, a las autoridades de control bursátil no les llamó la atención que sólo una parte de la nueva emisión estuviera vinculada cuantitativamente —los casi 25 millones de acciones— a la adquisición de títulos del Banco Río. El resto de la emisión se aplicó en la adquisición de acciones de una sociedad —BRS Investments, S.A— que supuestamente era propietaria de títulos del Banco Río. Habrán observado que, explícitamente, se citaban el número de acciones (124.781.000) que se adquirían de BRS Investments, S.A., pero no el número de acciones que esta sociedad poseía del Banco Río. Para acabar de cocinar la tortilla, el párrafo final no tiene desperdicio: es a un tercero —en este caso, Merrill Lynch— al que los administradores del SCH facultan para extender la certificación de que la adquisición iría a parar a una sociedad del Grupo. Esta circunstancia no es baladí: si alguien tuviere que cometer un delito, que fuera un tercero.

Administradora de Bancos Latinoamericanos S.L., la sociedad a la que Merrill Lynch transfiere las acciones de Banco Río producto de la opción de compra ejercida por el Grupo Santander, no figura entre las sociedades participadas por el SCH. Cualquiera que se tome la molestia puede percatarse de que en la memoria que contiene las cuentas del banco al cierre del ejercicio —31 de diciembre de 2001— y en el Anexo I que contiene las sociedades consolidadas más significativas que integran el Grupo Santander Central Hispano, esta sociedad está ausente; como también está ausente BRS Investments S.A. —la sociedad 100% del SCH a la que en el acuerdo 8º de la junta de accionistas del 10 de marzo de 2001 se autorizan aportaciones no dineradas—; después nos hemos enterado que representan 36.730.452 acciones del Banco Río. También brillan por su ausencia las sociedades que suscribieron los contratos con el Grupo Companc el 30 de septiembre de 1998: Sudacia S.A. y Santander Investment S.A., esta última incomprensiblemente ya que es una de las sociedades habitualmente utilizadas para materializar operaciones de todo pelaje por parte de Botín y su cuadrilla.

Debió ser por telepatía o por inspiración divina que Merrill Lynch Internacional pudo deducir que estas sociedades pertenecían al Grupo Santander; lo que sí parece cierto, es que estos cómplices necesarios no recurrieron a los estados contables del banco para acreditar que las acciones adquiridas iban a formar parte del activo de una sociedad del grupo, «considerándose suficiente para acreditar esta última circunstancia una certificación de pertenencia al grupo expedida» por ellos mismos, tal como lo acordaron los administradores del SCH en la Junta de Accionistas de 2001. A esto hay que añadir que, como en los viejos westerns de pacotilla en que muere hasta el apuntador, todas las sociedades que intervinieron en la jugada —tanto en la firma de las opciones de compra: (Santander Investment y Sudacia S.A.) como la que aplicó las aportaciones no dinerarias del aumento de capital (BRS Investments)— cayeron en combate.

Por otra parte, es singularmente revelador un matiz —en el pequeño detalle es donde está la gracia— que podemos encontrar entre el porcentaje de las acciones adquiridas y el derecho de voto. Pongamos en marcha la moviola: los treinta millones y pico de acciones del SCH emitidas por el acuerdo 8º de la junta de accionistas se aplicaron, de una parte, a adquirir el 7,21% de las acciones de Banco Río, pero a este porcentaje del número de acciones tan sólo le correspondía el 2,73% de los votos. Esta era la parte declarada, digámoslo así. En cuanto a la otra parte —la que podríamos llamar «en negro», y que después nos pudimos enterar que correspondía al 11,33% de las acciones de Banco Río— los derechos de voto se elevan celestialmente al 20,29%.

Expuestos todos estos ingredientes, y como si de una receta de cocina se tratara, podemos elaborar el pastel de rica miel que acudieron a devorar Botín and family. El 7,21% de las acciones de Banco Río irían a formar parte de los activos del SCH, pero no el 11,33%, que tiene un derecho de voto del 20,29% y toda la pinta de ir a parar —por las estrambóticas vías que aquí se han descrito— al botín de Botín. Los mandamases bancarios suelen centrar su interés en los derechos de voto para así asegurarse que ellos, y la cofradía que los arropa, puedan imponer sus condiciones en todas las decisiones trascendentes de la institución que dicen defender a capa y espada. Sólo así es posible entender que esta participación, que tuvo un coste para el SCH de 372,6 millones de euros, se tirara por la borda una vez que se consumó el hundimiento de la economía argentina. Botín y compañía no estaban dispuestos a perder una cifra con tantos ceros, y sin que les temblara el pulso, endosaron la opción de compra y la opción de venta (que era hacia ellos mismos) al banco de sus amores.

Para remachar el clavo y evidenciar el expolio, es necesario volver de nuevo a los documentos: en la primera página del Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de 22 de enero de 2002 —es decir, siete días después de haber adquirido esta participación del Banco Río— el SCH informa de que lo pagado por esta participación, quedaba incluido en el mismo acto en un fondo para saneamientos (de cobertura de pérdidas le llaman) de 1.286 millones de euros (214.000 millones de pesetas).

La cuenta de resultados del Grupo se ha caracterizado por el estricto control de los costes y de su buena evolución, la intensificación de la política de dotaciones, con un fondo especial por importe de 1.287 millones de euros (214.000 millones de pesetas) para Argentina, que cubre en la totalidad el valor contable y fondo de comercio de Banco Río, y los fuertes saneamientos realizados durante el ejercicio en provisiones para insolvencias y amortización anticipada del fondo de comercio […] y a la constitución del fondo especial que se anunció en octubre y que se ha elevado finalmente a 1.287 millones de euros, cubriendo en su totalidad la inversión en Banco Río, cuyo importe asciende a 1.187 millones de euros, por el 98,8% de su capital (que incluye el 18,5% adquirido en virtud de compromiso previo mediante entrega de acciones del Santander Central Hispano en circulación).

Pero el esperpento de este asunto no acaba aquí. Los administradores del SCH podrían haber rechazado la opción de compra de este paquete del 18,54% del Banco Río por lo antes expuesto, pero también bajo sus propias condiciones (las establecidas en el acuerdo 8º en la Junta de Accionistas) el aumento de capital hubiera tenido que quedar sin efecto. Es decir, no se dieron las condiciones para llevar a término la ampliación de capital, y a pesar de todo ésta se dilapidó. Para entenderlo hay que volver a los papeles: en la página 18 de la memoria del SCH se menciona respecto al Banco Río lo siguiente:

Adicionalmente, el Grupo mantiene al 31 de diciembre de 2001 unas opciones de compra y venta equivalentes al 18,54% del capital social de esta entidad. En virtud de los compromisos contraídos, el Grupo adquirirá dichas acciones tras el vencimiento de las opciones —15 de enero de 2002— con un coste estimado de la inversión de 373 millones de euros.

Efectivamente en el ya citado varias veces acuerdo 8º (en el punto 7) se fijan las «Condiciones para la ejecución del aumento». Dice así:

La ejecución del presente acuerdo de aumento de capital queda sujeta a las condiciones que se indican a continuación:

a) La ejecución del aumento queda condicionada a que la media de cotización de Banco Santander Central Hispano, S.A. en el Sistema de Interconexión Bursátil (mercado continuo) al cierre de los cinco días hábiles anteriores a aquel en que se ejecute el aumento haya sido igual o superior a 9,81 euros.

b) En todo caso, el acuerdo de aumento quedará sin efecto a las 24:00 horas del día 14 de enero de 2002 en el supuesto de que la media de cotización de la acción de Banco Santander Central Hispano, S.A. en el Sistema de Interconexión Bursátil (mercado continuo) al cierre de los cinco días hábiles anteriores al 14 de enero de 2002 (inclusive) haya sido inferior a 9,81 euros.

Los administradores del SCH tuvieron tiempo suficiente para ejecutar la ampliación de capital ya que estaban autorizados —es un decir— por la Junta de Accionistas del 10 de marzo de 2001 y, tal como consta en el primero de los párrafos documentales que hemos traído a colación, «dichas opciones son ejercitables por parte del Grupo en cualquier momento hasta el 15 de enero de 2002». Como se dio la circunstancia de que surgieron síntomas de alarma que pronosticaban el hundimiento de la economía argentina —como mínimo sobre el mes de mayo— los administradores del SCH no ejercitaron la opción de «en cualquier momento» y esperaron in extremis al último día, teniendo que acogerse al punto b) de las condiciones de ejecución. ¿Que les pasó? Pues que tuvieron mala suerte. Este punto b de las condiciones de ejecución del aumento de capital lo deja bien claro; si no se ha llevado a cabo «en cualquier momento», a las 24:00 horas del día 14 quedará sin efecto, si en los cinco días anteriores la media de la cotización de la acción del SCH fuese inferior a 9,81 euros.

Veamos, pues, lo que pasó: el día 14 de enero de 2002, que fue lunes, es el punto de referencia: la acción del SCH cotizó a 8,71 euros. Tirando hacia atrás, los días 13 y 12 fueron domingo y sábado, por lo tanto sin cotización; el día 11 cotizó a 9,01; el día 10 tan sólo cotizó a 8,95; el día 9 cotizó a 9,25 y por último —para concluir los cinco días anteriores—, el día 8 cotizó a 9,34 euros. La media de estos cinco días es de 9,05 euros, por lo tanto, inferior a los 9,81 euros fijados como mínimo para poder lanzar la emisión. Todo parece indicar, pues, que al SCH le endosaron el muerto.

Josep Manuel Novoa Novoa. (Barcelona, 1949), periodista y escritor, ejerció como gerente y administrador único del desaparecido periódico El Correo Catalán y ocupó cargos directivos en el diario Avui, ambos bajo la influencia de la coalición Convergència i Unió. Fue fundador y editor de la publicación económica La Banca, que durante los tres años de su existencia fue látigo y martirio del poderoso sector bancario. El libro que le dio a conocer como un riguroso investigador fue Jaque al Virrey (Akal), documentado compendio del poder ejercido por Jordi Pujol. El autor ha dedicado los últimos años a analizar las relaciones entre el poder político y el poder económico. Esta investigación ha quedado reflejada en los libros El Poder (Foca Ediciones), que ha resultado maldito para las cúpulas políticas y económicas, Bancos, Banqueros, Bandidos (Liburuak Kalegorria), que no sólo versa sobre los bancos, sino que es un compendio del sistema financiero español, y Las mil caras de Pujol (Ediciones Tres Tigres), una panorámica de la carrera política de Jordi Pujol que constituye una biografía no autorizada.

Título: El botín de Botín

Autor: Josep Manuel Novoa Novoa

Fecha de edición: 2003

Diseño de la cubierta: Sergio Ramírez

Epub: Libros vagabundos, 2015