Índice

Portada

Nota sobre las fuentes

Introducción. ¿Cuándo se frustró España?

1. Un imperio ruinoso

Tan pobre como Gambia

La plata americana es en Génova enterrada

La furia española

Una monarquía católica

Reyes electos con el nombre de presidentes

La alternativa británica

Liberarse de ultramar

Reconstrucción de los vínculos imperiales

2. Un estado débil

La quiebra de las finanzas públicas

Un ejército pretoriano

Una iglesia gobernante

De la picaresca a la corrupción

Rebeldes primitivos

Descarrilamiento de la vía europea

Un estado-burbuja

3. Una nación incompleta

Patriotismos locales

La carga imperial

La maldita «mili»

Catolicismo parroquial

Múltiples lenguas

Tribus con banderas y cánticos

Nacional-futbolismo

No muy españoles, después de todo

4. Una democracia minoritaria

Oligarquía y clientelismo

Partidocracia

Gobiernos en minoría

Autonomías centrífugas

El tiovivo catalán

El péndulo vasco

Una constitución bloqueada

Conclusión. Transición hacia afuera

Fuentes de datos y citas

Créditos

Notas

NOTA SOBRE LAS FUENTES

Este libro es un ensayo interpretativo de varios aspectos importantes de la España actual a la luz de su historia moderna, así como una interpretación de historias pasadas a la luz de la España actual. La amplia visión general aquí presentada incluye resúmenes de varias investigaciones originales del autor y muchos nuevos argumentos y elaboraciones. También se han revisado todas las publicaciones que ha parecido que merecían ser revisadas y se cita una selección de observaciones, narrativas o postulados de apoyo de historiadores, politólogos, economistas, sociólogos y literatos. Todas las referencias de los datos y citas aparecen al final del libro, donde se indican los capítulos y las páginas a los que corresponden para facilitar su localización. Cabe esperar que algunas de las interpretaciones puedan motivar la revisión de algunos lugares comunes y ojalá se conviertan en nuevas hipótesis para futuras investigaciones.

La mayor deuda intelectual, como el lector observará, es con el siempre recordado Juan J. Linz, por sus conocimientos, análisis y perspicacia, así como por los extraordinarios fondos bibliográficos que donó a la Universidad de Georgetown cuando yo ocupaba la Cátedra Príncipe de Asturias en esa institución. Estoy también muy agradecido por comentarios, fuentes, críticas o sugerencias a Laia Balcells, Ashley Beale, John Carlin, Albert Carreras, Ángel Gil-Ordóñez, Blanca Heredia, Daniel Innerarity, Henry Kamen, Francisco LaRubia-Prado, Leandro Prados de la Escosura, Rocío de Terán, Joan Maria Thomàs, Enric Ucelay-Da Cal y Jenna Van Stelton. Por supuesto, toda la responsabilidad es mía.

J. M. C.

INTRODUCCIÓN

¿Cuándo se frustró España?

Nunca ha habido solidez de nada. Aquí no ha habido nunca nada estable. España no puede ser un gran país porque no hay continuidad. Los españoles sobreviven gracias a una tradición de amnesia, de olvidar, de vivir el momento. El carpe diem.

IAN GIBSON, escritor e hispanista, 2017

Mi impresión es que no sabemos qué queremos hacer con España. Es difícil identificar un proyecto de España. ¿Hay un proyecto de España que de verdad sea ilusionante para el conjunto de los españoles y atractivo para los catalanes en su conjunto, sean o no separatistas? ¿O de verdad está España ausente de sí misma?

FELIPE GONZÁLEZ, exjefe del Gobierno, 2018

¿Cuándo se frustró España? ¿Fue cuando explotaron las recientes burbujas inmobiliaria y bancaria? Debe de haber sido antes porque la impresión es que lo que regresó después fue la España de siempre, la de la laxitud legal y moral, la picaresca y la arrogancia tanto de los gobernantes como de los gobernados. ¿Fue, pues, con la Guerra Civil y Franco, que destruyeron tantas redes y normas sociales? ¿O con Primo de Rivera, que frustró una evolución hacia una monarquía parlamentaria al estilo británico y provocó la polarización posterior? ¿O incluso antes? Quizá mucho antes.

La pregunta inicial está inspirada en la obsesión de un personaje del novelista Mario Vargas Llosa: «¿Cuándo se jodió el Perú?» Hace algún tiempo me presentaron a un político peruano, Julio Guzmán, que había sido polémicamente eliminado como candidato en unas recientes elecciones presidenciales. Tras escuchar su crítica radical de los gobernantes del país, le pregunté cuál era su respuesta a esa pregunta. Sin dudarlo, dijo: «En 1513.» Es decir, al comienzo de la conquista por los españoles que destruirían la civilización incaica e impondrían un sistema centralizador e improductivo del que los peruanos nunca se han restablecido (sintetizo, más o menos, sus palabras). Mi respuesta fue: «Puede ser. De hecho, creo que España también se jodió en 1492.» El Imperio hizo a España, y el fracaso y la disolución del Imperio deshicieron España.

La aventura imperial española fue un desastre tanto para los colonizados como para los colonos y para los que se quedaron en España, del cual el país nunca se ha recuperado del todo. La Monarquía española se debatió, primero, entre el Imperio europeo, incluido el Sacro Imperio Romano-Germánico durante un tiempo, y el nuevo Imperio Americano –como continúa vacilando ahora entre la Unión Europea e Hispanoamérica– y desperdició sus escasos recursos en una múltiple empresa enorme y ruinosa. Los historiadores han escrito mucho sobre el coste del Imperio y las consecuencias económicas de su pérdida para España, pero mucho menos sobre el coste de oportunidad del Imperio mismo: qué otras cosas podrían haberse hecho si las aventuras imperiales no se hubieran emprendido tan temprano y tan rudamente y no hubieran durado tanto tiempo. Se suele reconocer que la plata y el oro de América no fueron fuentes importantes de inversión productiva, sino más bien de inflación, deuda y desperdicio. Pero la peor parte no fueron los escasos resultados, sino la ocasión perdida de crear una administración eficiente de un estado efectivo, así como una cultura integradora dentro de la Península, como otros países europeos comenzaron a hacer en esa época.

España nació con el Imperio y se quebró con él. Cuando en 1898 los españoles se enteraron de que ya no había colonias en América, donde Estados Unidos comenzaba a dominar, y que los Pirineos habían dejado la Península fuera de Europa, algunos empezaron a darse cuenta de que se habían perdido las mejores oportunidades para comenzar a construir un gran estado nacional moderno. Luego vino la generación intelectual de la depresión y la angustia por lo que podría haber sido y no fue. También el catalanismo y el vasquismo comenzaron la búsqueda alternativa de naciones y estados propios. La contrarreacción desesperada, más que nacionalista, pretendió regresar «Por el Imperio hacia Dios».

Comparémoslo con el recorrido histórico del Imperio británico. En Inglaterra, primero se deshicieron del Papa, luego la Corona fue subordinada al Parlamento, se desarrollaron una revolución industrial y una urbanización exitosas, y gradualmente los parlamentarios fueron sometidos a elecciones populares con amplio sufragio. Solo entonces, con una economía sólida y consistente y un estado nacional sólido, fue el Imperio capaz de expandirse y consolidarse. Las anteriores conquistas imperiales británicas en América, paralelas a las españolas, aunque más reducidas, no duraron mucho. Pero la enorme expansión imperial iniciada en el siglo XIX dejó un legado mucho más positivo y que aún permanece, de alguna manera, con la Commonwealth (¡hasta el punto de hacer creer a muchos británicos que pueden sobrevivir con él fuera del Imperio europeo!).

El temprano Imperio español, por el contrario, partía de una sociedad agraria, rural y pobre, dependía de débiles aparatos financieros, técnicos, organizativos y militares, tuvo que recurrir a la Iglesia, y en gran parte al saqueo y la violencia, y se desintegró en mil pedazos. Durante el período que algunos historiadores han llamado «la era del imperio», a finales del siglo XIX y principios del XX, el Imperio español ya estaba desmantelado. Cuando, a mediados del siglo XX, Estados Unidos y Europa occidental establecieron las bases de un nuevo orden global, España estaba completamente aislada. En Gran Bretaña, como en Francia, un Estado temprano fundamentó un Imperio tardío, mientras que en España un Imperio prematuro aplazó y frustró un Estado moderno.

El intento más serio de construir un estado nacional moderno en España comenzó tan tarde como a fines del siglo XX. Desde entonces, el número de funcionarios públicos y la recaudación de impuestos se han multiplicado. Pero a diferencia de las condiciones favorables que habrían existido en el pasado, el proyecto de estado nacional está lastrado actualmente por la inserción en la Unión Europea y en amplias relaciones internacionales y globales, así como por las tendencias centrífugas de la descentralización territorial. Una gran parte del legado del fracaso imperial se ha reproducido: una clase política incompetente, corrupta y arrogante que ni siquiera es capaz de formar un gobierno mayoritario, y un paisanaje que duda entre la apatía, el cinismo y la bullanga.

Según lo define el diccionario, «frustración» es un sentimiento que resulta de no poder lograr algo que se esperaba o se intentaba alcanzar. España no es un «estado fallido» en el sentido que se aplica a algunas antiguas colonias que carecen incluso de las mínimas estructuras administrativas y viven en permanente conflicto violento. Para la gente que vive en la pobreza extrema y la ignorancia en lugares aislados, no hay «frustración» porque nadie espera que algo cambie o se logre; las personas más despiertas tienden a emigrar en masa. La frustración de España se deriva, en cambio, de haber pretendido ser el imperio más grande y poderoso, un estado moderno eficiente, una nación orgullosa y una democracia ejemplar, y haber quedado lejos de lograr plenamente estos objetivos.

En las siguientes páginas, argumento sobre cuatro frustraciones de España estrechamente relacionadas entre sí:

Una: el Imperio. Una aventura imperial y colonial enorme, ruda y duradera en cuatro continentes arruinó el país y la Monarquía. Como consecuencia, se perdió la oportunidad de dar forma, en cambio, a una sociedad española moderna y civilizada. Ciertos legados imperiales continúan bloqueando el desarrollo de antiguas colonias, mientras que la actual España continúa cargando con algunas herencias políticas y culturales del pasado imperial.

Dos: el Estado. En gran parte como consecuencia del desperdicio de recursos en el esfuerzo imperial, España perdió la oportunidad de construir una administración civil, instituciones de representación política y la primacía del derecho cuando era el momento adecuado para hacerlo. Durante largos períodos, el militarismo y el clericalismo sustituyeron a un estado débil. Al haber llegado muy tarde a la construcción estatal, el esfuerzo se ha traducido en un estado-burbuja sometido a fuertes restricciones europeas y globales.

Tres: la Nación. Dado que los estados crean naciones, más que al revés, la debilidad del Estado español hizo que la construcción de una nación cultural unificada fuera un esfuerzo frustrado e incompleto. Cataluña, el País Vasco y otras comunidades siguen estando poco asimiladas a los patrones castellanos. En toda España, el grado de apego popular a la nación está entre los más bajos en Europa.

Cuatro: la Democracia. Al carecer de las bases institucionales y culturales de un estado nacional sólido, el régimen democrático establecido desde fines de los años setenta se basa en unos partidos políticos oligárquicos que tienden a producir gobiernos minoritarios y decisiones excluyentes. La competencia entre autonomías territoriales en dispersión también erosiona el apoyo al régimen. La insatisfacción y la desconexión de la gente con la forma como funciona la democracia están generalizadas.

En resumen: un Imperio ruinoso hizo un Estado débil, el cual construyó una Nación incompleta, la cual sustenta una Democracia minoritaria. Esta es, en pocas palabras, la historia política de la España moderna.

En una Europa integrada y en un mundo globalizado, el fracaso nacional puede ser una nueva oportunidad. Regresar a momentos históricos perdidos para intentar hacer ahora lo que no se hizo a su debido tiempo es una tarea imposible. La ventaja potencial para los habitantes de la Tierra de Conejos puede derivarse de la posibilidad de desarrollar sus iniciativas, sus actividades personales y profesionales y su creatividad innovadora con menos restricciones legales, territoriales y culturales que las que sufrirían bajo un estado nacional compacto. Es un desafío que muchos querrán aprovechar.

1. Un Imperio ruinoso

La construcción del Imperio español, que tendría consecuencias fatales para la frustración de un estado y una nación modernos, fue una aventura improvisada, sin ningún plan o proyecto. Podríamos decir los imperios españoles en plural porque la empresa incluyó varias iniciativas dispares.

Primero, el imperio en la Península Ibérica, que nunca se completó, ya que Portugal mantuvo sus propias instituciones separadas. Segundo, el imperio formado por territorios dispersos en toda Europa, incluido el Sacro Imperio Romano-Germánico durante un tiempo, así como Flandes, Milán y Nápoles, el Condado Libre de Borgoña y otras tierras francesas. Tercero, unas excursiones en África, incluidas las Islas Canarias, y en Asia con las Filipinas. Y cuarto, el gran imperio de América del Norte y del Sur y el Caribe, que fue una novedad en la historia mundial, ya que estaba separado de España por unos setenta días de navegación. Fue el primer imperio transoceánico.

Todo fue el resultado desordenado de matrimonios arreglados, infertilidades inesperadas, divorcios hostiles, muertes prematuras, herencias arbitrarias, asesinatos y guerras entre monarcas rivales, conquistas violentas de tierras desconocidas, accidentes y errores, como puede verse con detalle en el cuadro 1.

Cuadro 1

Sin idea y sin plan

Hubo varios intentos de unir los reinos de Castilla y León bajo una sola corona durante el período comprendido entre los siglos XI y XIII. Comportaron el asesinato de dos reyes de León para que los reyes de Castilla pudieran casarse con su esposa y su hermana, respectivamente; dos divisiones de los reinos temporalmente unidos entre varios herederos que se batieron en unas cuantas guerras; el asesinato de un rey de Castilla por el de León; la ruptura de un matrimonio unificador; y un matrimonio más pacífico entre un rey de León y una reina de Castilla, que formó la Corona de Castilla, incluyendo también a Galicia, y condujo al reinado de la dinastía Trastámara a partir de mediados del siglo XIV.

Paralelamente, la formación de la Corona de Aragón conllevó el asesinato inicial de los herederos de dos partes del Reino de Navarra por su hermano ilegítimo en el siglo XI; el matrimonio de la reina de Aragón con el conde de Barcelona y líder del Principado de Cataluña en el siglo siguiente; la anexión de los reinos de Valencia y de Mallorca, más conquistas en Sicilia, Nápoles, Cerdeña, así como otras tierras mediterráneas, por breves períodos; y la disputada elección a la Corona de Aragón de un miembro de la dinastía castellana Trastámara a principios del siglo XV.

El nieto del elegido, Fernando, se casó con su prima segunda Isabel, que había ganado la herencia del reino de Castilla mediante una guerra con la hija de su medio hermano, y se convirtieron en los Reyes Católicos. Culminaron la reconquista cristiana del Sur de la Península contra los últimos remanentes del Imperio musulmán de Al-Andalus. Más tarde, el viudo Fernando usó «el robo, el engaño y la trampa» –según sus palabras– para anexionarse el Reino de Navarra. Finalmente, el nieto de los monarcas, Carlos I, se convirtió en el primer rey de España a principios del siglo XVI.

La unión con Portugal, por el contrario, nunca se consolidó a pesar de numerosos intentos. Isabel y Fernando casaron a su hija mayor con un heredero de Portugal, que murió pronto, y luego con el nuevo rey portugués, quien, tras enviudar, se casó con la hermana de su exesposa y, cuando esta falleció, con una sobrina de sus dos esposas anteriores. Una de sus hijas se casó con su primo Carlos I de España; una hermana de Carlos se casó con un nuevo rey portugués y una de sus hijas, con un príncipe portugués. Pero solo el hijo de Carlos, Felipe II, llegó a ganar la Corona de Portugal, no por matrimonio o herencia, sino mediante la guerra, y a dejarla a dos sucesores. Sin embargo, menos de sesenta años después, la Unión Ibérica se dividió y fue seguida por una sucesión de conflictos, alianzas internacionales alternativas, rivalidades coloniales y guerras. Mientras que cada una de las dos coronas se involucraba en peligrosas misiones en tierras remotas y dispersas, la unión interna que la geografía habría determinado más claramente fracasó del todo.

No hubo nada determinista en el alcance y la forma del ilimitado Imperio español. Por ejemplo, si Isabel la Católica hubiera perdido la guerra con su media sobrina, quizá la reina de Castilla no se habría casado con un rey de Aragón. La Corona de Aragón podría haber mantenido su independencia si uno de los nueve representantes que eligieron un nuevo rey en el Compromiso de Caspe hubiera votado por un candidato catalán en lugar de un Trastámara. Si el hijo de Fernando el Católico con su segunda esposa no hubiera muerto de bebé, habría heredado la Corona de Aragón, junto con Navarra y los dominios italianos, y no habría habido un rey de una España unida.

Carlos, a su vez, podría no haber ganado el Sacro Imperio RomanoGermánico ni fusionarlo con la Corona española si su madre, Juana, no hubiese sido declarada loca –la investigación actual sostiene que era solo una persona nerviosa que fue víctima de una conspiración–. Si alguno de los múltiples intentos de casar herederos españoles y portugueses hubiera tenido éxito en producir descendencia adecuada, la unión de la Península se habría consolidado y tal vez la prioridad para una mayor expansión territorial hubiera sido hacia el sur, hacia África, y no hacia el oeste. O Colón, tras haber sido rechazado por potenciales inversores en Portugal, Francia, Inglaterra e Italia, podría no haber sido financiado tampoco por la reina de Castilla para una aventura que resultó ser un error, ya que todos los estudiosos sabían entonces que la Tierra tiene forma de esfera y que el viaje a las Indias sería más largo si se hacía por el oeste.

En total, España reclamaría el control de hasta 14 millones de kilómetros cuadrados de tierra, más de treinta veces el tamaño del territorio en la Península Ibérica. Tanto Carlos I como Felipe II se jactaban de gobernar «un imperio en el que nunca se pone el sol». Esto requería contar las distancias desde Nápoles a California y Filipinas como si estuvieran ubicadas dentro de una sola unidad.

Uno de los lemas del Imperio, acuñado en algunas medallas, fue: «Non sufficit orbis», que se ha traducido como «El mundo no es suficiente». Probablemente no significaba, sin embargo, que algunos visionarios ya previeran la conquista del espacio. Es probable que significaran que el mundo conocido no era suficiente. Los gobernantes y los estudiosos del siglo XVI sabían que no conocían todo el mundo. El «Orbis Terrarum», es decir, el mapa del mundo, estaba incompleto; no era suficiente. Por lo tanto, la empresa expansionista necesitaba continuarse sin cesar.

Como todos los imperios, el Imperio español cubrió poblaciones heterogéneas y desarrolló relaciones asimétricas entre las diferentes unidades territoriales y el centro. Pero la forma aleatoria en que se desarrollaron las aventuras imperiales fue una buena receta para la sobrecarga, el caos y el fracaso. La enorme dispersión territorial y la debilidad de los recursos de la Monarquía hicieron aún más difícil que para otros imperios construir una administración política, financiera o militar central. La exagerada empresa imperial demostró estar mucho más allá de la capacidad de un gobierno débil en un país pobre como España.

Los diagnósticos de algunos historiadores políticos han sido ampliamente coincidentes. Ramón Carande reconoció que «cuando contemplamos la magnitud de la hegemonía de España, y la comparamos con la pobreza de la que surgió, no deberíamos dejarnos llevar por el orgullo». Para Fernand Braudel, el Imperio español fue «una suma de debilidades». John Elliott escribió que «Castilla –durante mucho tiempo el socio predominante en la monarquía que daba por supuesta su superioridad– de repente descubrió que ya no poseía la fuerza para imponer su voluntad». Paul Kennedy concluyó que, en comparación con los ulteriores imperios holandés, francés, británico y americano, «el de los Habsburgo simplemente tenía demasiado que hacer, demasiados enemigos con que luchar, demasiados frentes que defender [...] [fue] uno de los mejores ejemplos de sobrecarga estratégica en la historia».

También se han subrayado las determinantes repercusiones de la aventura imperial en la economía y la política de España. Manuel Fernández Álvarez describió la España de finales del siglo XVII, tras «el fracaso de la hegemonía española en Europa», como «nada más que ruina, desolación, decadencia, postración total». Anthony Marx estableció que «España nació prematuramente grande como un imperio, lo cual presentó sus propios desafíos a la consolidación estatal y nacional». Henry Kamen observó que «desde mediados del siglo XVI el problema de las abrumadoras insuficiencias financieras nunca dejó de empeorar, el imperialismo español estuvo condenado desde el principio»; como muchos coinciden, «el costo de dirigir ese enorme imperio mutiló a España». Antonio Miguel Bernal concluyó que «durante tres siglos, España, sin llegar a culminar un Estado nacional unitario para la sociedad española en su conjunto, resultó ser un rehén de su propio imperio».

TAN POBRE COMO GAMBIA

En 1492, tras navegar a la deriva durante diez semanas, tres barcos con algunas docenas de hombres dirigidos por Cristóbal Colón desembarcaron en una pequeña isla en la periferia del Caribe, «donde todos andan desnudos como su madre los parió», según escribió en su diario.

En ese momento, España era un país muy pobre. Tan pobre como Gambia o Burkina Faso hoy en día, en términos de poder de compra de la renta anual media de una persona (a unos 1.700 dólares o 1.400 euros de 2017). Francia, Inglaterra, los Países Bajos, el Norte de Italia estaban en un nivel similar. Un poco más arriba, tal vez. Como las actuales Uganda o Zimbabue. Puede parecer obvio que ninguno de estos países pobres podía permitirse los costos de expansiones transcontinentales y transoceánicas de proporciones imperiales. Además, España también era relativamente más débil debido a que su población era escasa: menos de siete millones de personas en el total de todos los reinos, lo cual era menos de la mitad que la población de Francia, su principal rival en Europa. Apenas un quinto de los españoles eran aptos para el trabajo o la milicia, según algunas estimaciones.

Alrededor de ciento cincuenta años después, a mediados del siglo XVII, cuando la expansión territorial del Imperio español había alcanzado su apogeo, el nivel de vida de los españoles había disminuido en aproximadamente una quinta parte. Luego, la Corona española perdió la Guerra de los Treinta Años contra los protestantes del Norte de Europa, y el Imperio comenzó a contraerse. No es solo que el Imperio fuera ruinoso porque España era pobre. España se volvió incluso más pobre y perdió el rastro con otros países comparables en Europa debido al costo de un Imperio demasiado ambicioso, sobrecargado y ruinoso. La economía española, entonces en ruinas, nunca se recuperaría por completo de la carga imperial.

En realidad, los habitantes del conjunto de los territorios que formaron España habían estado mejor antes de la unión de la Corona y el lanzamiento de las conquistas imperiales. Habían alcanzado su nivel de vida más elevado a mediados del siglo XIV, durante un largo período de paz en el que las fronteras entre las tierras cristianas y musulmanas se habían mantenido estables. Aquellos niveles de renta personal media (en poder adquisitivo) no se volverían a alcanzar hasta principios del siglo XIX. Por lo tanto, no se puede registrar ningún progreso económico real en estos términos entre el comienzo y el final de un período de cerca de quinientos años. Para entonces, la economía española, al permanecer ausente de la Revolución Industrial, aún profundizaría más su atraso relativo con respecto a la mayor parte de Europa occidental.

A pesar de diferencias relativamente pequeñas en sus estimaciones cuantitativas, los historiadores económicos generalmente coinciden en este tipo de observaciones. Jaume Vicens Vives presentó «pruebas sumamente abundantes que apuntan a un declive en la ganadería, la agricultura, la industria y el comercio en la España del siglo XVII». John Elliott resumió que, en la sociedad española del siglo XVII, «uno se hacía estudiante o monje, mendigo o burócrata. No se podía ser otra cosa». Henry Kamen sugirió que «la forma más útil en que podemos intentar comprender la evolución [de la España moderna temprana] es reconocer que era un país atrasado con pocos recursos». Carlo M. Cipolla sentenció: «El declive de España en el siglo XVII no es difícil de entender. El hecho fundamental es que España nunca empezó siquiera a desarrollarse.» Jan Luiten van Zanden afirmó que «España era uno de los países más pobres y decadentes de Europa». Carlos Álvarez Nogal y Leandro Prados de la Escosura estuvieron en parte en desacuerdo, pero aportaron revisiones actualizadas de datos que confirman el estancamiento a largo plazo de la economía española antes mencionado. Argumentaron que, al comienzo del período imperial, a España no le fue tan mal en términos relativos con otros países europeos. Pero los autores también registraron el «declive absoluto» durante algunos siglos y señalaron que «los países en desarrollo de hoy en día no son muy diferentes en términos de renta per cápita que la mayoría de los países en la Europa moderna».

Los economistas políticos han identificado varios candidatos para explicar resultados como el fracaso económico y el subdesarrollo persistente en ciertos países como la España moderna. Los más recurrentes son la geografía, las instituciones y las ideas.

El primer candidato, la geografía, podría explicar parcialmente los fracasos económicos de España. El clima es relativamente suave a lo largo de la costa mediterránea y marítimo y lluvioso en la costa norte cántabra. Pero la mayor parte del resto del país es semiárido, adverso a la agricultura rentable y quebrado por cadenas montañosas. Ya en el siglo XVIII, el filósofo Montesquieu identificó algunos mecanismos que conectan el clima, la psicología, las normas sociales y la política y que aún pueden ser algo explicativos del caso español. «El calor del clima», dijo, reduce el vigor y la fuerza física, y «entonces el desmayo se comunica a la mente: no hay curiosidad, ni empresa, ni generosidad de sentimiento; las inclinaciones son todas pasivas; la indolencia constituye la mayor felicidad». En el sur de Europa, concretaba, la ociosidad está subvencionada. «En climas cálidos, generalmente prevalece el poder despótico.»

El segundo candidato para explicar el estancamiento económico, el papel de las instituciones, ha sido destacado en muchos estudios durante las últimas décadas. Muchos académicos, como el historiador económico y premio Nobel Douglass North, sostienen que instituciones económicas como la protección de los derechos de propiedad, los mercados competitivos y abiertos, las garantías de cumplimiento de los contratos y una administración pública efectiva son cruciales para permitir e incentivar el ahorro, la inversión, la innovación, el comercio y el espíritu emprendedor. Estas instituciones económicas generalmente van asociadas a instituciones políticas capaces de fomentar intercambios mutuamente beneficiosos entre la minoría gobernante y la mayoría gobernada, incluida la separación de poderes y la independencia del poder judicial. La Monarquía española fue un ejemplo de todo lo contrario: la concentración de poder, la escasez de recursos públicos, la arbitrariedad en la toma de decisiones y la ineficacia burocrática.

Finalmente, el tercer candidato, las «ideas», significa invenciones tecnológicas y hábitos de la mente y el corazón propicios a la innovación y el progreso. Sin embargo, en la España católica, el dogmatismo religioso prevaleció sobre las inspiraciones liberales, racionalistas e ilustradas durante varios siglos.

Ya en el siglo XVI, Rodrigo Manrique, hijo del inquisidor general y hermano de otro inquisidor, escribió desde París a su maestro, el erudito Lluís Vives:

Dices muy bien: nuestra patria es una tierra de envidia y soberbia; y puedes agregar: de barbarie. En efecto, cada vez resulta más evidente que ya nadie podrá cultivar medianamente las buenas letras en España sin que al punto se descubra en él un cúmulo de herejías, de errores, de taras judaicas. De tal manera es esto, que se ha impuesto silencio a los doctos; y a aquellos que corrían al llamado de la erudición, se les ha inspirado, como tú dices, un terror enorme.

La ulterior reticencia duradera a promover o adoptar novedades entre los españoles es inveterada y puede que no necesite mucha documentación. Veamos un breve diálogo reproducido por el escritor Mariano José de Larra en el siglo XIX, que refleja viejas y arraigadas actitudes y aún suena familiar en la España actual. Un burócrata español descarta una innovación planteada por un visitante extranjero:

–Puede perjudicar a los que hasta ahora han hecho de otra manera eso mismo que ese señor extranjero quiere hacer.

–¿A los que lo han hecho de otra manera, es decir, peor?

–Sí, pero lo han hecho.

–Sería lástima que se acabara el modo de hacer mal las cosas.

Observaciones similares aún eran relevantes durante el siglo XX. El neurólogo Santiago Ramón y Cajal, el único premio Nobel español de ciencias, lamentaba que «en España, investigar es llorar»; también estableció que «el problema principal de nuestra Universidad no es la independencia, sino la transformación radical y definitiva de la aptitud y del ideario de la comunidad docente».

Esa aptitud y ese ideario estuvieron bien representados por el filósofo y novelista Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, quien, en una discusión con José Ortega y Gasset sobre la necesidad de abrir España a las influencias europeas, soltó: «¡Que inventen ellos!»

Los mencionados factores explicativos de diversos caminos hacia el desarrollo económico o la pobreza estancada están interrelacionados. Los dos primeros, las condiciones naturales favorables y las instituciones socialmente eficientes, configuran las condiciones para la tercera, el surgimiento del emprendimiento y la innovación tecnológica. Pero ni las instituciones ni la tecnología pueden ser eficaces para desencadenar el crecimiento económico sin una opinión pública favorable creada con ideas de apertura mental y un deseo de mejora.

En España, tanto la falta de instituciones socialmente eficientes como el aislamiento científico y tecnológico fueron parte de los costos infligidos por la empresa imperial. La extralimitación de su alcance arruinó las finanzas públicas, debilitó el gobierno y convirtió la Iglesia en un apoyo y guía ineludible, lo cual provocó un predominio ideológico de las creencias tradicionales y el abandono y el rechazo de nuevas ideas modernas. Los pobres españoles imperialistas tuvieron que depender de la navegación portuguesa, el armamento italiano, los soldados holandeses y la sabiduría financiera genovesa y de otras tierras del Norte. Las oportunidades para aprender de las comunicaciones a gran escala y de los grandes viajes se perdieron, ya que las aventuras imperiales comportaron esfuerzos arduos y desesperados por ejercer el control por medios violentos y la extracción ruinosa de recursos escasos de la población potencialmente productiva.

La consecuencia más importante es que, a largo plazo, incluso si las condiciones externas cambian, ciertas instituciones y hábitos tradicionales pueden permanecer e incluso ser más ineficientes que cuando surgieron. La inercia social puede dar larga vida a reglas y prácticas obsoletas mediante la transmisión intencional a través de las generaciones, la copia, la imitación y la adaptación a los errores populares y la disuasión del cambio debido al alto costo de enfrentar y modificar las normas establecidas.

Es comprensible que si la gente invierte tiempo y desarrolla habilidades para aprender cómo comportarse en los contextos institucionales y culturales existentes, desee obtener compensaciones por tales inversiones, lo cual consolida las tradiciones. Visto desde el otro lado, jugar contra reglas y normas establecidas que son ampliamente seguidas por otras personas, incluso si uno está a favor de la eficiencia y la decencia, puede ser doloroso y una fuente de frustración, resentimiento y estrés permanente. De este modo, la ociosidad y el despilfarro se vuelven contagiosos y se reproducen a sí mismos.

Así es como podemos observar algunas continuidades históricas a largo plazo en España que tienen sus raíces en el remoto período imperial: baja proporción de población trabajadora, baja capacidad tecnológica, amor a las tradiciones y renuencia a las novedades extranjeras, privilegios de pequeños grupos, burocracias parasitarias, corrupción generalizada tanto entre los actores privados como entre los servidores públicos, y una administración de justicia siempre aplazada. Como veremos, también otros fenómenos que han marcado la vida colectiva de los españoles en las primeras décadas del siglo XXI pueden encontrar precedentes y continuidades distantes; entre ellas se incluyen las burbujas financieras, las gigantescas deudas del gobierno y los incumplimientos y quiebras cargados sobre las espaldas de los pequeños ahorradores y contribuyentes.

LA PLATA AMERICANA ES EN GÉNOVA ENTERRADA

El esfuerzo militar imperial fue la causa primordial de la ruina financiera de España. El gasto público se multiplicó por 2,5 entre 1500 y 1640. Las principales fuentes de ingresos para financiar tales gastos fueron los impuestos internos, la plata americana y los préstamos europeos.

Los impuestos internos fueron particularmente injustos, extractivos y perjudiciales para la economía privada. Los nobles, el clero y cualquier persona que gozara de una jurisdicción especial o de la misericordia real estaban exentos del pago de impuestos, al igual que los hidalgos, es decir, aquellos que podían probar su «pureza de sangre» por ser cristianos que no se habían mezclado con judíos o musulmanes ni eran conversos. A los nobles se les permitía cobrar impuestos en sus dominios. No había un recaudador de impuestos central ni, en realidad, una verdadera política fiscal o unidad de criterios en todos los territorios de España.

Los contribuyentes eran conocidos como «pecheros», es decir, plebeyos. El verbo «pechar» llegó a significar cargar con una obligación o pagar las consecuencias de una acción, como, por ejemplo, «pechar» con el deshonor de la familia o con una pena de prisión. Lo mismo hicieron los pecheros con los impuestos. La gran mayoría de los ingresos fiscales se recaudó mediante un impuesto comercial denominado «alcabala», similar al impuesto sobre el valor añadido actual. Se consiguieron recursos adicionales mediante la conversión de los clérigos y los colonos en las Américas en contribuyentes a la Corona y la introducción de impuestos sobre la propiedad y la riqueza, todo lo cual provocó resistencia y hostilidad.

La segunda fuente de ingresos públicos fueron los metales preciosos que llegaban de América. El oro y la plata americanos fueron el tesoro codiciado que motivó en gran parte los sueños y las ambiciones de la mayoría de los conquistadores. Cómo se convirtieron en una fuente principal de la ruina financiera de España es, tal vez, la historia más surreal del Imperio. Las minas más ricas fueron explotadas en la Nueva España (el México actual) y en el Perú. La plata se transportaba en lingotes o barras, en el norte desde Zacatecas hasta el puerto de Veracruz en el golfo de México, y en el sur desde Potosí hasta el puerto de Panamá en el Mar Caribe; ambas rutas convergían en La Habana, Cuba, y de ahí los lingotes iban a Sevilla, a la que se concedió el monopolio real de tal comercio. El Rey se quedaba con el 20% de la plata como un impuesto y con muchas incautaciones ilegales de comerciantes privados. Sin embargo, como fue ampliamente documentado por los historiadores económicos Earl J. Hamilton y Pierre Chaunu, y resumido por John Elliott:

A pesar de la prohibición de exportar metales preciosos de España, la plata no se quedaba en el país; su registro en Sevilla era a menudo una mera formalidad antes de que sus dueños lo enviasen al extranjero lo antes posible.

Los receptores eran bancos en Génova, Milán, Flandes y tierras germánicas, donde los lingotes se transformaban en monedas –dado que España carecía de la tecnología más rudimentaria–, las cuales eran reenviadas a España en forma de préstamos bancarios al gobierno. No había un banco central en España capaz de respaldar las finanzas del gobierno y administrar la deuda pública y su reembolso. De hecho, incluso la parte del Rey de las importaciones de lingotes tendía a ser hipotecada de antemano a los banqueros extranjeros que la transferían afuera directamente, sin afectar en absoluto a la economía española.

Tal como lo versificó el cortesano gruñón y escritor satírico Francisco de Quevedo (y lo cantaba más de trescientos años más tarde el juglar de protesta Paco Ibáñez):

Poderoso caballero

es don Dinero.

Nace en las Indias honrado,

donde el mundo le acompaña;

viene a morir en España,

y es en Génova enterrado.

Era como si los españoles vendieran baratijas a los indios a cambio de plata, y luego vendieran la plata a los banqueros europeos a cambio de préstamos ruinosos. La tasa de interés típica de los préstamos extranjeros a corto plazo fue superior al 20 %, pero como se refinanciaron continuamente, especialmente a través de deuda a largo plazo de las ciudades, alcanzó hasta el 50 % o el 65 %. La deuda de la Corona española fue un caso perfecto de burbuja financiera. Hasta tres cuartas partes de todos los gastos del gobierno se dedicaban a la guerra o al pago de deudas de guerras anteriores. Esto requería aún más impuestos, venta de activos públicos, y así sucesivamente.

Por supuesto, todos estos recursos se desviaban de la producción y el comercio privados, provocando una enorme inflación, bloqueando el crecimiento económico potencial y precipitando hacia abajo toda la economía española. De un modo parecido a las burbujas inmobiliarias y financieras de principios del siglo XXI, la burbuja financiera del siglo XVI desencadenó una mayor concentración de propiedad y riqueza y una gran reducción de los salarios, hasta el 50 % en términos reales.

La trampa del aumento de la deuda pública y sus consecuencias para la economía han sido cuidadosamente estudiadas por economistas actuales, especialmente a partir de la crisis financiera de 2008. Tras analizar las quiebras gubernamentales por deudas internacionales y nacionales en sesenta y seis países durante ocho siglos, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff observaron que los países pobres experimentan crisis profundas cuando acumulan una proporción relativamente baja de deuda, tan baja como el 15 o 20 % de renta interna (también conocida como PIB). La explicación de tal vulnerabilidad es la debilidad de la estructura fiscal y los sistemas financieros de los países pobres. Además, una vez que ocurre una quiebra, la siguiente es más probable porque la economía se encoge, la base fiscal se contrae y los ingresos disminuyen. La inflación y las deudas masivas hacen que un país pobre sea más propenso a repetir impagos. Para algunos países, las quiebras en serie pueden convertirse en una forma de vida, como fue el caso de la España imperial.

Obsérvense las similitudes y las diferencias con los estados actuales en los países desarrollados que pueden controlar porciones mucho más grandes de la renta interna. Por un lado, también están fuertemente limitados en la asignación de recursos en sus presupuestos, ya que la mayoría de los gastos se comprometen –como en el caso histórico aquí revisado– a programas militares, pagos de deuda y, en la actualidad, también a la Seguridad Social y otras transferencias. Pero, por otro lado, la diferencia crucial es que, en los países de principios de la Edad Moderna como España, al igual que en los estados pobres actuales, la renta interna era muy baja y la proporción del gasto público sobre la renta interna también era muy baja, aproximadamente entre un 5 y un 10 %.

La clave para evaluar la inviabilidad financiera del Imperio español y sus guerras permanentes no reside en comparar la renta per cápita del país o la proporción de gasto público sobre la renta interna con relación a otros países de la época. La cuestión es que los valores absolutos de esas dos variables, en todos los países, eran extremadamente bajos.

Con los datos y las estimaciones disponibles, podemos calcular que, a lo largo del siglo XVII, el gasto anual por habitante del gobierno español, en poder adquisitivo actual, era unas cien veces menor que a principios del siglo XXI. (En moneda constante de 2017, ese gasto estuvo entre 90 y 180 dólares al año en el siglo XVII, según las diferentes estimaciones de la renta del país, y en cerca de 12.000 dólares en 2017; o sea, alrededor de 100 euros al año entonces y 10.100 euros actualmente.) Si el gasto es tan pequeño y la mayor parte debe asignarse a la guerra y a los pagos de la deuda, los recursos restantes para los servicios públicos son tan escasos que no permiten que el gobierno proporcione casi nada a sus súbditos.

Como consecuencia de la empresa imperial, la pobre Corona española incumplió el pago de sus deudas siete veces en noventa años (entre 1557 y 1647). El Tesoro español colapsó y en 1700 España era el único país europeo que recaudaba menos en impuestos por habitante que cien años antes. Durante el siglo XVIII, las coronas de Francia y del Reino Unido multiplicaron sus ingresos por aproximadamente cinco y diez, respectivamente, y se volvieron financieramente mucho más poderosas que la agotada y declinante Corona española, entonces a cargo de los Borbones. Tanto la construcción del Imperio español como su disolución a lo largo del siglo XIX provocaron, nuevamente, un mayor número de quiebras financieras que cualquier otro país en períodos comparables.

LA FURIA ESPAÑOLA

El emperador Carlos no tenía un verdadero ejército. Los conquistadores de América eran, de hecho, un puñado de aventureros sin competencia militar. El hidalgo Hernán Cortés derrotó al Imperio azteca de 25 millones de personas con menos de 600 hombres asustando con unos cuantos caballos, armas de fuego y arcabuces de pólvora, y propagando enfermedades desconocidas entre la población indígena; tuvo que quemar las naves para evitar que su tripulación razonablemente decidiera retirarse. El jornalero analfabeto Francisco Pizarro se enfrentó al Imperio incaico de 12 millones de personas con menos de 200 hombres usando armas similares. La mayoría de las conquistas eran empresas privadas, no operaciones reales. Se basaban en tecnologías tan rudimentarias como barcos de vela, caballos, pólvora y espadas. Para aumentar su efectividad, a mediados del siglo XVI el ejército real comenzó a organizarse en cuerpos llamados tercios que integraban piqueros, espadachines y arcabuceros. También comenzó a reclutar mercenarios extranjeros por medio de contratistas externos. Pero a menudo el gobierno no podía pagar a sus tropas y se enfrentaba a frecuentes motines.

Durante los casi doscientos años de reinado de la dinastía de los Habsburgo, España estuvo en guerra prácticamente todos los años. Los principales conflictos fueron las conquistas de los pueblos indígenas de América, incluidos los aztecas (15191521), los mayas (desde 1523), los incas (1532-1572) y los mapuches (desde 1536); las guerras con Inglaterra, como la Guerra de los Ochenta Años (1568-1648); contra los protestantes en Europa, incluida la Guerra de los Treinta Años (16181648); con Francia en la continuación hasta 1659 y de nuevo en la Guerra de los Nueve Años (1688-1697); y la Guerra de Sucesión (1701-1714).

El reclutamiento fue entonces masivo. A fines del siglo XVI, el Ejército contaba con unos 160.000 hombres, aproximadamente tres veces más que los ejércitos francés o inglés de la época. Alcanzó su punto máximo con 300.000 hombres en la década de 1620. La Corona y el país no tenían capacidad de financiar semejante maquinaria, que además estaba técnicamente atrasada.

La competencia militar fue sustituida a menudo por la brutalidad. La famosa «furia española» fue exhibida abiertamente a finales del siglo XVI contra la revuelta holandesa. Unas tropas mal pagadas y amotinadas bajo órdenes regulares y muchos soldados desertores saquearon, asesinaron, violaron y atracaron varias ciudades en expediciones al asalto. Como informó el capitán general de Felipe II, Fernando Álvarez de Toledo, gran duque de Alba, después de una de esas hazañas, «no ha quedado un clavo en la pared». El espíritu imperial de la furia española se convertiría en el lema del equipo nacional español de fútbol.

Uno de los episodios más famosos de la guerra en Europa también mostró estas dificultades. Felipe II había tratado de fusionarse con Inglaterra al casarse con su reina, pero enviudó pronto sin descendencia. Al cabo de un tiempo, decidió invadir Inglaterra por la fuerza. La Grande y Felicísima Armada española, de la que los historiadores ingleses se burlarían llamándola «Invencible», era superior en número, pero inferior en tecnología, ya que Inglaterra disponía de naves modernas, menos pesadas y más móviles, y de cañones de bronce (en lugar de acero). La Armada española fue dispersada por los ataques de los buques de guerra ingleses, se vio obligada a circunnavegar las Islas Británicas, y afrontó severas tormentas. Solo la mitad de las naves y un tercio de los hombres regresaron a España. Un gran subsidio otorgado por el Papa fue cancelado. La versión clásica española dice que, una vez derrotado, el rey Felipe exclamó: «Yo envié mis barcos a luchar contra los hombres, no contra los elementos.» Sin embargo, esto parece sugerir que las tormentas fueron tendenciosamente antiespañolas, como si no pudieran haber afectado al bando inglés. Parece más sensato encontrar una explicación de la asimetría en los desfases de organización y tecnología.

La Corona de España trató de sustituir un Estado débil con un gobierno fuerte. Pero durante varios siglos, los gobernantes de España identificaron erróneamente un gobierno fuerte con una alta centralización y concentración del poder, lo cual fue la mejor receta para la debilidad del Estado. La Corona española de principios de la Edad Moderna no solo era muy débil financiera y tecnológicamente, como hemos visto. La monarquía «absolutista» también era débil en recursos administrativos y en cohesión social y cultural, y estuvo muy lejos de ejercer un control «absoluto» sobre la población de sus territorios.

Durante los años imperiales, los reyes fueron duros con sus súbditos más débiles y débiles con respecto a los poderes fácticos. Por un lado, los reyes dejaron de prometer lealtad a las Cortes y convocaron sus reuniones con frecuencia decreciente. Las Cortes de Castilla fueron reducidas a procuradores de dieciocho ciudades; las ciudades fueron puestas bajo el control de un agente de la Corona llamado «Corregidor» y tuvieron que pagar impuestos directamente al Rey, no a través de las Cortes. A partir del siglo XVIII, el control de los territorios peninsulares desde Madrid fue organizado de manera análoga a la administración de las colonias de ultramar, en torno a un capitán general y una Real Audiencia en cada territorio.

Por otro lado, tanto la nobleza como el clero estaban exentos de pagar impuestos, como se mencionó, mantenían sus propiedades, fortalezas y ejércitos privados, y sus jurisdicciones y dominios exclusivos donde el Rey no podía gobernar. En las Américas, el Rey, también incapaz de gobernar directamente, confió sus poderes a los conquistadores y colonos españoles mediante una institución llamada «Encomienda», la cual recaudaba sus propios impuestos de los súbditos indígenas y, a menudo, derivó en un sistema de propiedad privada cercano a la esclavitud.

Los estilos de gestión personal de los reyes variaron entre la imperiosidad y el absentismo. Carlos I, que viajó incesantemente durante cuatro décadas (y durmió en tres mil doscientas camas diferentes), abandonó sus puestos de emperador y rey, cansado, enfermo y envejecido prematuramente, y se retiró a un austero monasterio. Felipe II también fue un gobernante adicto al trabajo. Era conocido por su insistencia en tratar de hacer todo él mismo; leía todos los papeles, estudiaba los despachos o informes, redactaba las órdenes, supervisaba cuidadosamente los trabajos de sus secretarios y fingía estar en el mando central de todas las acciones, incluso de las operaciones militares, desde su palacio en El Escorial. Por el contrario, Felipe III el Piadoso fue un buen ejemplo del gobernante ausente, superado solo por Carlos II el Hechizado, un hombre privado de cualquier habilidad física, intelectual o emocional que murió sin hijos ni herederos.

Este último estilo gerencial se ajusta al dicho español: «Quien mucho abarca, poco aprieta.» O un imperio excesivo no puede mantenerse bajo control, especialmente si el país es terriblemente pobre y el imperio está en ruinas. Al otro estilo, el siempre atareado, se le podría aplicar una versión invertida: quien mucho aprieta, poco abarca. Tiende a suceder a gerentes excesivamente controladores. En ambos casos, los resultados fueron retrasos burocráticos, incompetencia, improvisaciones de último minuto y audaces decisiones absurdas. Un modelo alternativo basado en la división del trabajo, los contrapesos institucionales y la creación de consenso habría requerido cantidades mucho mayores de recursos humanos, organizativos, técnicos y financieros que los que estaban disponibles para la Monarquía española.

En resumen, el miope e ignaro proyecto de tratar de hacer fuerte a la Corona mediante la concentración y la dureza del poder tuvo efectos contraproducentes. Como es bien sabido, un palo rígido no es fuerte, sino que se puede romper fácilmente. Una caña flexible siempre es más resistente.

UNA MONARQUÍA CATÓLICA

La debilidad de la Corona puede explicar su estrecha cercanía a la Iglesia. Cuando, tras los primeros conflictos entre católicos y protestantes, el Sacro Imperio Romano estableció que «Cuius regio, eius religio», es decir, que para cada reino debería haber una religión, los reyes españoles ya habían estado moviéndose en esa dirección durante varias décadas. En contraste con instituciones similares que el Papa controlaba en otros países, la Inquisición española había sido puesta bajo el control de los reyes. El Papa les había otorgado los títulos de Reyes Católicos, primero, y de Rey Católico, después.

El Reino de España, al igual que los otros grandes reinos de Europa, Inglaterra y Francia, interferían rutinariamente en la elección de los papas en el cónclave mediante listas de candidatos aceptables e inaceptables, e incluso a veces movilizando tropas y naves en las fronteras de la Sede Pontificia para presionar a los cardenales encerrados. El principal éxito español en este campo fue la elección de dos papas de la aristocrática familia valenciana Borgia, poderosa y libertina, que tomaron los nombres de Calixto III y Alejandro VI. Este último arbitró entre las coronas de España y Portugal respecto de las áreas a los dos lados del océano Atlántico en las cuales cada una de ellas tendría prioridad de conquista –uno diría que más bien a favor de España.

Varios teólogos y prelados españoles, especialmente jesuitas, dominicos y agustinos, también fueron muy influyentes en el Concilio de Trento, que fue la encarnación de la Contrarreforma católica. La Corona española aceptó el monopolio ideológico de la Iglesia católica tal como era promovido por el Concilio. Como intercambio, las bulas papales confirieron a perpetuidad a los gobernantes de los territorios españoles el derecho de elegir a sus obispos y abades, en contra de las tradiciones anteriores de elección por los fieles o los frailes. El arzobispo de Toledo, primado de España, se convirtió en la segunda autoridad del país después del Rey. Los reyes españoles tuvieron la oportunidad de nombrar docenas de canónigos, diáconos, priores y capellanes; controlaron las promociones y los salarios, y exiliaron a los clérigos disidentes. El Rey también nombraba a todos los miembros del Consejo de la Inquisición, incluido el inquisidor general.

La Iglesia proporcionó recursos administrativos sustanciales a la débil Corona y se hizo cargo de servicios esenciales, como la instrucción de los niños, la caridad y los registros de nacimientos, matrimonios y fallecimientos. Los misioneros en las Américas hicieron un gran trabajo en el sometimiento de la población indígena y la construcción de numerosas iglesias y conventos bastante impresionantes. Pero todo estaba al servicio de la Corona española porque ningún clérigo podía ir allí sin permiso real y el clero español no tenía contacto directo con el Papa.

En resumen: la Corona dio a la Iglesia el monopolio de la ideología y la Iglesia dio a la Corona legitimidad y apoyo material. La teoría medieval de Tomás de Aquino sostenía que la Iglesia era el sol y la Corona era la luna, que deriva su luz del sol. Pero los reyes absolutistas españoles quisieron brillar como el sol y ejercieron control y censura incluso sobre el dogma católico romano. Ordenaron la adaptación de los decretos del Concilio de Trento y controlaron su aplicación en España por los obispos sin la aprobación del Papa. Mediante un exequátur, los reyes se concedieron el derecho de suprimir cualquier iniciativa papal que desaprobaran. La Corona española publicó su versión oficial y enmendada del catecismo romano en latín después de Trento, y en castellano doscientos años más tarde. Como dice el refrán, los reyes españoles eran «más papistas que el Papa». De hecho, actuaron como pequeños papas locales.

Si los reyes españoles hubieran querido salvar el cristianismo universal, habrían seguido al Papa romano en lugar de intentar controlar tan de cerca a la Iglesia española. De hecho, utilizaron enormemente a la Iglesia y la fe católicas como una ayuda para salvar su propio Imperio, ya que los recursos de la Corona eran claramente insuficientes para un esfuerzo tan grandioso.

A pesar del surgimiento de nuevas ideas y movimientos liberales, la fusión ideológica entre el Imperio y el catolicismo continuaría siendo central en la retórica del nacionalismo español hasta finales del siglo XX. Algunos de sus legados siguen vivos, como veremos más adelante.

REYES ELECTOS CON EL NOMBRE DE PRESIDENTES

La disolución del Imperio español comenzó a mediados del siglo XVII. La Guerra de los Treinta Años entre católicos y protestantes fue perdida por los católicos, es decir, principalmente por el Papa y el Reino de España. Los Tratados de Westfalia en 1648, por los cuales se afirmó y reconoció la soberanía de varias unidades políticas en Europa, marcaron el comienzo del fin de las aventuras imperiales españolas. Incluso la unión interna fue desafiada, ya que los pueblos de la Península perdieron la causa común imperial que los había atraído y de algún modo los había unido. A mediados de siglo, Portugal logró su independencia, lo que también implicó la pérdida para España de las colonias portuguesas en África y Asia, mientras que los catalanes lucharon por ella, y surgieron una serie de revueltas en Aragón, Andalucía, Nápoles y Sicilia.

Una tras otra, la mayoría de las posesiones coloniales se perdieron. Las Provincias Unidas holandesas fueron legitimadas como una unidad independiente por los principales poderes de Europa. El Rosellón y el Condado pasaron a Francia. Nápoles, Sicilia y Cerdeña siguieron sus propios caminos. Luisiana y Florida se unieron a Estados Unidos.

En el resto de América, los colonos españoles y los criollos habían estado pidiendo la formación de asambleas locales autónomas para estar representados ante la Corona, como había sido el caso de los antiguos reinos medievales al comienzo del reinado de los Habsburgo. Pero la dinastía borbónica que se había establecido en España desde principios del siglo XVIII suprimió la mayoría de las instituciones territoriales tradicionales y pretendió intensificar la centralización y la concentración del poder. A fines del siglo XVIII o principios del XIX, ya era demasiado tarde para que las comunidades americanas obtuvieran una representación pluralista y consensual dentro de la Corona española.

Así, cuando España fue invadida por las tropas francesas del emperador Napoleón y la monarquía absolutista colapsó, las élites en las colonias se levantaron para crear nuevas repúblicas independientes. Los cabildos o consejos municipales, que habían escapado en gran medida de la ambición de control centralizado de la metrópoli, lideraron las insurrecciones, incluso tratando de movilizar a poblaciones indígenas. Pronto, los cuatro virreinatos en los que se había organizado el Imperio español en América –Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de Plata– se dispersaron en quince países de tamaños y consistencias dispares a los que pronto se agregarían algunos más. En 1826, el Imperio español había perdido más del 90 % de su superficie y población.

El legado colonial español en las Américas no fue particularmente agraciado. El gobierno colonial había organizado o creado estructuras sociales y económicas a la antigua usanza sin administraciones efectivas o derechos de propiedad claramente definidos y vinculantes. La vida social se había estructurado en varias ciudades, pero también en muchas comunidades agrícolas a pequeña escala, incluidas las llamadas «repúblicas indias», bajo la influencia de las iglesias locales.

Los líderes de la independencia americana no pudieron depender de recursos gubernamentales existentes ni de su propia capacidad organizativa o institucional para estructurar un sistema político estable. En gran parte como resultado del legado colonial frágil y anticuado, las nuevas repúblicas independientes fueron estados muy débiles. Más o menos como la anterior Corona española que los había gobernado, alcanzaron niveles muy bajos de recaudación de impuestos y de gasto público, tuvieron estructuras administrativas muy rudimentarias, poca vigencia de la ley y ejércitos ineficaces. Las rebeliones en el campo aumentaron aún más la ruralización de la vida social y la fragmentación territorial. La competencia por el poder entre las élites se desarrolló mediante golpes de Estado y contragolpes preventivos que propagaron las guerras civiles en todo el continente. La liberación del dominio colonial significó, a corto y medio plazo, desorden social, caos político y desastre económico. Como pronto reconoció el líder de la independencia de la región andina, Simón Bolívar, en una dramática confesión de que su grandioso proyecto inicial había fracasado: «América es ingobernable [...]. La independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás.»

En espacios grandes con baja densidad de población y poca capacidad administrativa y técnica –como las recién creadas repúblicas de México, Colombia o Argentina–, los nuevos gobernantes no pudieron controlar vastos territorios ni incorporar grupos étnicos variados y dispersos en un solo marco institucional. Al mismo tiempo, varios de los nuevos estados pequeños y sociedades cerradas resultaron inviables y no alcanzaron niveles mínimos de institucionalización y estabilidad social y política durante muchos años.

Sobre unos mecanismos administrativos débiles, unas economías atrasadas, unos territorios fragmentados y unos grupos étnicos dispersos, la independencia condujo a la adopción de nuevas instituciones políticas propensas a la inestabilidad. Las nuevas repúblicas no fueron capaces de canalizar conflictos e incluso contribuyeron a provocar riesgos políticos y frecuentes conmociones sociales. Como los escuálidos monarcas españoles de los siglos XVI y XVII, los líderes políticos de la independencia americana en el siglo XIX intentaron reemplazar los estados débiles con gobiernos fuertes. Hubo varios intentos de nombrar nuevos emperadores en México (así como en Haití y Brasil). Pero como la formación de nuevas monarquías fue generalmente descartada, el diseño de poderes concentrados en las manos de un solo individuo en una república condujo a la forma de régimen habitualmente llamado «presidencialismo». El proyecto constitucional de Bolívar para una Gran Colombia incluyó «un presidente con mandato vitalicio y con derecho de elegir a su sucesor»; en otras palabras, «un rey electo con el nombre de presidente». Su diseño sería retomado por las llamadas repúblicas bolivarianas de la región andina a principios del siglo XXI.

La típica concentración del poder presidencial en Hispanoamérica ha creado gobiernos pequeños, débiles y contenciosos. Especialmente en sociedades con bajos niveles de renta, grandes desigualdades económicas y heterogeneidad étnica, los gobiernos presidencialistas tienden a quedar alejados de la sociedad y a ser al mismo tiempo beligerantes y vulnerables, así como inestables. En países con estructuras sociales de antiguo régimen, recursos estatales precarios, tamaño pequeño y aislamiento, cualquier conflicto social menor, protesta o rebelión tiende a convertirse en una crisis política general, la cual provoca reacciones y contrarreacciones que tambalean los cimientos de la comunidad. Como resultado, la inestabilidad política, el estancamiento económico a largo plazo y la emigración continuada –principalmente a Estados Unidos– han sido características distintivas de la mayoría de los países de la región.

A diferencia del legado colonial británico en América del Norte y el Caribe, en el resto del continente los niveles de cumplimiento de la ley, gobernanza ordenada y prosperidad económica y social han sufrido durante mucho tiempo las consecuencias del malogrado legado colonial del Imperio español.

LA ALTERNATIVA BRITÁNICA

Todo esto no significa que los Habsburgo y los Borbones españoles no pudieran hacer lo que otros reinos podrían haber logrado al mismo tiempo. Entre los siglos XV y XVIII, todos los gobiernos europeos, incluidos el holandés, el inglés, el francés o el portugués, sufrieron graves tensiones por el constante agotamiento de los recursos financieros para las empresas militares; todos experimentaron motines de tropas y carecieron de los recursos y las técnicas para movilizar a sus súbditos para conquistas imperiales y para sostener las guerras de manera eficiente. Sin embargo, el fracaso de España fue bastante excepcional.

La comparación más destacada es con Inglaterra. A principios del siglo XVI, compartía con España algunas características importantes: pequeña población y baja renta media de sus habitantes, una monarquía absolutista tradicional y un emplazamiento abierto al Atlántico que movió a los dos reinos a explorar y tratar de colonizar las Américas. Al igual que el enorme Imperio español a lo largo del continente, el pequeño Imperio británico en la costa este de América del Norte resultó frágil y vulnerable. Terminó a fines del siglo XVIII –precisamente a partir de una revuelta iniciada como una protesta contra nuevos impuestos de la indigente Corona–. Sin embargo, unos cien años después, Gran Bretaña comenzó a construir un nuevo imperio mundial que fue mucho más exitoso, tanto en términos de rentabilidad para la metrópoli como de legado para los antiguos colonizados.

Algunas diferencias importantes pueden explicar los diferentes resultados de los dos caminos alternativos seguidos por los esfuerzos imperiales españoles y británicos. Primero, la tecnología. El Imperio español del siglo XVI estaba hecho, como hemos dicho, de carabelas, caballos y soldados de infantería con espadas y armas de fuego con pólvora. A fines del siglo XIX, el Imperio británico se apoyó en buques blindados y acorazados propulsados por vapor, ferrocarriles, telégrafos y artillería pesada con dinamita.

Segundo, en vez de convertirse en una monarquía católica atándose a la Iglesia, la Corona británica se deshizo del Papa a fines del siglo XVI y estableció la Iglesia de Inglaterra, también llamada Iglesia anglicana, bajo la presidencia de la Corona. Al no depender de la ayuda de la Iglesia católica, la Monarquía británica fue más capaz de desarrollar su propio camino.

Tercero, en lugar de mantener un gobierno absolutista, el Rey de Inglaterra fue sometido al Parlamento. Desde principios del siglo XVIII, la Cámara de los Comunes británica afirmó su supremacía mediante el ejercicio de su poder de convocarse y gobernarse a sí misma, legislar y compartir la orientación de la política nacional, investigar sobre los abusos de la Corona y los gobernantes, y nombrar al primer ministro y su gabinete sobre la base de resultados electorales.¹

Cuarto, en lugar de déficits fiscales, deudas masivas y burbujas monetarias, el gobierno británico desarrolló un sistema impositivo que implicaba un pacto con los constituyentes: contribuciones económicas a cambio de un gobierno limitado y el respeto a los derechos de propiedad privada. El Banco de Inglaterra, creado a finales del siglo XVII, fue el primer banco central del mundo encargado de hacer frente a la deuda pública y la inestabilidad monetaria –funcionó desde casi cien años antes de la creación del Banco de España, el cual necesitó aún cien años más para establecer una única moneda común, la peseta.

Quinto, la estabilidad política fue provista por una ampliación gradual de los derechos del sufragio a lo largo del siglo XIX, con lo que la Monarquía británica se convirtió primero en un sistema mixto consensual y luego en una democracia temprana, en contraste con la inestabilidad permanente y el gobierno oligárquico en España.

Todas estas instituciones económicas y políticas favorecieron el avance de novedades científicas y tecnológicas, las cuales fomentaron el desarrollo económico y convirtieron a la Marina Real británica en la más poderosa del mundo. El desarrollo de la agricultura permitió el aumento de la población y, mediante la formación de una nueva clase media, abrió camino a la industrialización. En 1850, la mayoría de la población en Gran Bretaña vivía en áreas urbanas, mientras que menos de un cuarto lo hacía en España, y la renta media de los británicos era dos veces y media más alta que la de los españoles. Gran Bretaña tenía bienes para vender y pudo explorar nuevos mercados en el extranjero. Además, durante cien años, desde las Guerras de Napoleón alrededor de 1815 hasta la Primera Guerra Mundial en 1914, Gran Bretaña apenas participó en ninguna guerra y pudo mantener su gasto militar a un nivel modesto. La mayor parte de la empresa imperial fue organizada por compañías privadas, no directamente por la Corona. Si bien el gasto público se mantuvo relativamente bajo, en torno al 10 % de la renta nacional, los niveles absolutos mucho más altos de ingresos y los bajos gastos militares dejaron más margen de decisión.

A mediados del siglo XVIII, los dominios británicos ya habían comenzado a expandirse en India y Canadá. Durante el siglo XIX, se extendieron a la mayor parte de África, grandes partes de Asia y Australia. El Imperio alcanzó su máximo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con un área de alrededor de 35 millones de kilómetros cuadrados, más de ciento cincuenta veces más grande que las Islas Británicas y dos veces y media más grande que el área más grande del Imperio español a mediados del siglo XVII.

El legado a las antiguas colonias británicas fue favorecido por algunos factores que hemos discutido anteriormente como cruciales para el desarrollo sostenido. Primero, el clima. No se suele observar que, en su expansión inicial a través del Atlántico, tanto el Imperio español como el británico se expandieron no solo hacia el oeste sino también hacia el sur. Canadá está en la misma latitud que las Islas Británicas y Estados Unidos está al sur, ambos en áreas climáticas relativamente suaves. En contraste, los dominios españoles estaban todos más al sur que España: el México actual está en la misma latitud que el desierto del Sahara; la mayoría de las tierras desde allí hasta Bolivia sufren la dureza del clima ecuatorial. No es casualidad que los países a lo largo del Ecuador, incluidos Ecuador, Guinea Ecuatorial (ambas excolonias españolas), los Congos y otros en el este de África, se encuentren entre aquellos con niveles de vida más bajos del mundo.

Las instituciones coloniales británicas también favorecieron un gobierno descentralizado en diferentes territorios en nombre de la Corona sin la pretensión de mantener un estrecho control desde Londres. De alguna manera, los gobernantes británicos aprendieron por escarmiento la lección del fracaso en América del Norte. Los nuevos colonos tendían a elevar el estatus de algunos líderes locales y a hacerlos socios en el gobierno. En contraste con el fanatismo católico español, los expedicionarios británicos no llevaban sus propios misioneros tratando de imponer una religión. No impulsaron una agenda cultural inglesa de formas de vida, como la comida (¡gracias a Dios!). Ni intentaron eliminar los idiomas nativos, sino que, por el contrario, promovieron el estudio de las culturas locales y la historia de las sociedades de los antiguos imperios asiáticos.

Una gestión más eficiente de las riquezas de las colonias produjo saldos de pagos positivos para Gran Bretaña, lo que permitió incluso una reanudación temprana del comercio con Estados Unidos. Se reinvirtieron ingresos sustanciales en el extranjero mediante la construcción de infraestructuras duraderas. Con todo ello, el Imperio hizo a Gran Bretaña cada vez más rica y dio un estímulo material al comercio y la comunicación globales.

El Imperio británico fue desmantelado durante la segunda mitad del siglo XX en un ambiente algo deprimente. Pero la independencia de las colonias británicas no provocó un trauma nacional tan angustioso como el que se dio en España tanto a fines del siglo XVII como a principios del siglo XX. De hecho, la experiencia imperial y la dulce memoria de la misma se convirtieron en un elemento sustancial del nacionalismo británico. Gran Bretaña siguió siendo una gran potencia mundial y se convirtió en miembro fundador del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Más tarde, también fue miembro fundador del Grupo de los Siete, que es lo más parecido a un gobierno mundial que alguna vez haya existido.

Actualmente, antiguas colonias británicas como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otras tienen niveles más altos de vigencia de las reglas del derecho, de democracia y de buena gobernanza que la mayoría de las antiguas colonias de otros países europeos, sin duda incluidas las de España. Un reflejo institucional de su legado colonial compartido es la Comunidad de Naciones o Commonwealth, encabezada por la Reina de Inglaterra y formada por cincuenta y dos antiguos territorios del Imperio británico en los cinco continentes que abarcan un tercio de la población mundial. Los estados miembros están comprometidos con «el desarrollo de sociedades libres y democráticas y la promoción de la paz y la prosperidad para mejorar las vidas de todos los pueblos de la Comunidad», según su carta fundacional. Dieciséis de los países comparten la Reina de Inglaterra como su jefa de Estado. En el Reino Unido, todos los ciudadanos de la Comunidad gozan de los mismos derechos cívicos que los ciudadanos británicos, incluido el derecho a votar en las elecciones, a presentar su candidatura al Parlamento y a ser elegibles para otros cargos públicos.

Como resumen dos historiadores económicos, Mauricio Drelichman y Hans-Joachim Voth:

No cabe duda de que, en 1800, en el concierto europeo de poderes, España había «fracasado» donde Inglaterra había triunfado [...]. Dos de los grandes imperios de principios del período moderno terminaron en trayectorias radicalmente diferentes. España, bajo los Habsburgo, en los siglos XVI y XVII, es sinónimo de mala gobernanza, despilfarro, estancamiento económico y declive militar, del que España aún ahora no se ha recuperado por completo. La Gran Bretaña de los siglos XVIII y XIX sirve como modelo de buenas instituciones, probidad fiscal, crecimiento económico y destreza militar.

Y como concluye el historiador Antonio Miguel Bernal:

el veredicto de la historia, por comparación con el «otro» colonialismo de la América del norte y su metrópoli, es inapelable: tras tres siglos de Imperio, metrópoli y ex colonias españolas, por riqueza y progreso material y político, han figurado, y en parte continúan algunas de ellas, en el pelotón de las naciones retrasadas del mundo occidental.

Básicamente, las conquistas imperiales españolas en ultramar fracasaron porque se llevaron a cabo demasiado temprano, cuando ningún gobierno tenía los recursos humanos, técnicos y financieros para hacer que una empresa tan gigante pudiera ser un éxito, el régimen político estuvo a la vez extremadamente centralizado y sobrecargado, y los gobernantes nunca aprendieron de esa experiencia. Cuando algunos gobernantes españoles trataron de repetirlo mucho más tarde, incluso en la tercera década del siglo XX, bajo condiciones más favorables, el país todavía estaba afectado por los costos y las consecuencias fatales de la empresa anterior y se repitieron entonces las mismas formas rudas de conquista y dominación que habían llevado al fracaso.

LIBERARSE DE ULTRAMAR

No es que no se levantaran voces contra las ruinosas peripecias imperiales en la España de principios de la Edad Moderna. Por ejemplo, ya en los tiempos de Carlos I, las Cortes de Castilla advirtieron que «el remedio de las necesidades regias solo puede obtenerse poniendo fin a las guerras que mantiene en Europa». Algunos años después, las Cortes desafiaron a Felipe II quejándose de que «si Dios hubiera puesto a Su Majestad bajo la obligación de remediar todos los problemas del mundo, Él le habría dado el dinero y la fuerza para hacerlo».

Es más conocido que el obispo dominico fray Bartolomé de las Casas escribió un informe sobre la destrucción de las Indias al que, en la versión en inglés, se añadió el subtítulo: «Una descripción fiel de las horribles e inauditas matanzas, carnicerías y todo tipo de crueldades que el Infierno y la maldad podrían inventar, cometidas por el partido español papista sobre los habitantes de las Indias occidentales, junto con las devastaciones de varios reinos en América por el fuego y la espada.» Las Casas no solo condenó las matanzas cometidas contra los pueblos indígenas y su despoblación forzada. Pidió explícitamente al Rey que se retirara y suplicó «a Su Majestad con instancia importuna que no conceda ni permita los males y daños que los tiranos inventaron, prosiguieron y han cometido que llaman conquistas, las cuales han de tornarse a hacer contra esos pueblos indios pacíficos, humildes y mansos».

Poco después de la muerte de Felipe II, su embajador en Roma, el duque de Sessa, señaló que «ningún imperio, por grande que sea, ha podido sostener muchas guerras en diferentes áreas por mucho tiempo [...]. Dudo», añadió «que podamos sostener un imperio tan disperso como el nuestro».

Tras perder todo el imperio continental americano en la década de 1820, España mantuvo relaciones bastante hostiles con las nuevas repúblicas independientes. En la década de 1860, la República Dominicana revirtió temporalmente su situación a colonia española, España invadió México en la península de Yucatán, luchó contra los rebeldes cubanos y llevó a cabo una guerra en el Pacífico contra Perú y Chile. También luchó en varias guerras en Marruecos y se unió a Francia para enviar expedicionarios a Cochinchina. La Corona española mantuvo la ficción de seguir siendo una gran potencia imperial, aunque entonces ya solo conservaba unas pocas islas que abarcaban menos del 10 % de sus posesiones coloniales anteriores.

Para casi todos los políticos y para muchos intelectuales, la pérdida de las últimas briznas del Imperio a fines del siglo XIX fue un golpe traumático. Cuando una rebelión seria por la independencia comenzó a surgir nuevamente en Cuba a principios de la década de 1890, la reacción oficial fue de negación y desesperación. Los dos partidos que se alternaban en el gobierno por turnos bajo la monarquía, los conservadores y los liberales, formaron un frente muy unido. Desde los conservadores, el primer ministro Antonio Cánovas del Castillo había advertido, unos años antes, que «en la isla de Cuba emplearemos, si fuese necesario, el último hombre y el último peso [sic]» antes de transigir. Luego, en 1895, el primer ministro liberal Práxedes Mateo Sagasta proclamó en el Senado: «¡La Nación española está dispuesta a sacrificar hasta la última peseta de su Tesoro y hasta la última gota de sangre del último español, antes que consentir que nadie le arrebate un pedazo siquiera de su sagrado territorio!» («Muy bien, muy bien», aplaudieron los senadores). Siguiendo el turno habitual, Sagasta fue reemplazado por Cánovas unos días después, y antes de un mes el nuevo titular repitió casi literalmente las mismas palabras en el Congreso (también con aplausos de sus señorías).

«Derramar hasta la última gota de sangre» era una típica fórmula medieval española de lealtad al Rey, que se había convertido en parte de la jura a la bandera recitada por los nuevos reclutas del Ejército. Por lo que parece, tanto el primer ministro conservador como el liberal intentaron que fuera válida no solo para los soldados alistados, sino para hasta «el último español». La expresión reflejaba la desesperación de los hablantes, temerosos de acabar de perderlo todo, ya que probablemente sentían que era demasiado tarde para llegar a arreglos autonómicos o federalizantes con los rebeldes. La expresión sobrevivió como un lema para la intolerancia, junto con otros como «negociar es ceder» o «cuanto más les das, más quieren», que revelaban la debilidad del Estado.

Cuando el gobierno de Estados Unidos, espoleado por algunos magnates beligerantes, decidió intervenir, la Armada española en el puerto de Santiago de Cuba fue destruida en pocas horas. Su comandante, el almirante Pascual Cervera y Topete, reflejó el estado de ánimo general en los círculos oficiales cuando lloró: «Lo hemos perdido todo.» La Reina Regente, María Cristina, llamó al episodio «El Desastre», que se convertiría en la etiqueta de referencia durante muchos años.

La pérdida de las colonias cubana, puertorriqueña y filipina en 1898 no tuvo consecuencias catastróficas directas para la economía española. Durante la época colonial más intensa, cerca de la mitad de los recursos fiscales de la Corona eran extraídos de las Américas, pero se agotaban en gastos militares en la región para tratar de mantener el control de la misma, como vimos anteriormente. Por ello, «liberarse de Ultramar», como el liberal utilitarista inglés Jeremy Bentham había aconsejado a los gobernantes españoles, podría haber permitido una mayor liberalización y eficiencia en la economía. Pero no se aprovechó la ocasión, sino al contrario. Tras liberarse de las colonias, España se retiró también de los mercados internacionales mediante la adopción de altas tarifas comerciales y otras medidas proteccionistas y aislacionistas, las cuales produjeron consecuencias económicas desastrosas.

A pesar de todo, los imperialistas españoles aún trataron de reemplazar el imperio americano desaparecido con un intento muy tardío de conquista de otros pueblos y tierras. Los antiguos enclaves costeros en África, incluidas las Islas Canarias, una franja occidental del desierto del Sahara y un pequeño puesto de avanzada en el golfo de Guinea, se ampliaron con la cesión de una pequeña parte del protectorado francés en Marruecos a principios del siglo XX. Pero mantener el control del mismo requirió un esfuerzo muy costoso y sangriento que se prolongó a través del decenio de los años veinte.

El capitán general Miguel Primo de Rivera, que había luchado en las guerras coloniales en Cuba, Filipinas y Marruecos, y también era sobrino del último gobernador de Filipinas y hermano de uno de los comandantes militares en Marruecos, lideró un golpe militar y fue nombrado primer ministro por el rey Alfonso XIII. Tras suspender la Constitución, disolver el Parlamento y comenzar a perseguir a los disidentes, se fue a África para ayudar a liderar las tropas en persona. Su derrota y caída, sin embargo, precipitaron la caída de la Monarquía.

El general Francisco Franco también desarrolló la mayor parte de su carrera militar en África. Dirigió, en primer lugar, las tropas de choque contra la resistencia en Marruecos, luego la Legión Extranjera, que también usó para reprimir una huelga minera en Asturias, y lideró el levantamiento del Ejército en África en 1936. Las dos dictaduras del siglo XX tuvieron, por lo tanto, profundas raíces en las tardías guerras imperialistas en África.

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el Caudillo Franco se reunió con el Führer Adolf Hitler y le pidió entrar en la guerra con el objetivo de ocupar Gibraltar, el Rosellón, el Marruecos francés y parte de la Argelia francesa, y unir el Camerún francés a la colonia española de Guinea. Sus demandas fueron displicentemente desestimadas.

Los propagandistas de Franco usaron el lema «Por el Imperio hacia Dios». Pero debieron ir más bien hacia Lucifer en el Infierno si el sino del Imperio se tuvo en cuenta en su currículum. El pequeño enclave de Ifni fue ocupado por Marruecos poco después de que el país recuperara su independencia de Francia a mediados del decenio de 1950, no sin un enfrentamiento militar con tropas españolas. El Sahara Occidental fue sometido a un proceso de descolonización por las Naciones Unidas, pero fue ocupado por Marruecos a mediados del decenio de 1970 y nunca ha alcanzado un estatus reconocido internacionalmente. Guinea Ecuatorial, que se independizó a fines del decenio de 1960, es el único Estado africano con el español como lengua oficial; está clasificado entre las «peores de las peores» dictaduras del mundo y ha gozado del dictador más duradero de África. Pero es posible que nunca sepamos mucho más. Todos los documentos y archivos diplomáticos sobre las acciones de los gobiernos españoles con respecto a Marruecos, Ifni, el Sahara, los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en el norte de África, y el enclave británico de Gibraltar en la Península, aún están clasificados y prohibidos a los investigadores sobre la base de una Ley de Secretos Oficiales dictada por Franco en 1968.

RECONSTRUCCIÓN DE LOS VÍNCULOS IMPERIALES

A mediados del siglo XX, España había quedado completamente aislada. Las tres grandes potencias que habían diseñado el nuevo orden y las instituciones globales al final de la Segunda Guerra Mundial eran todas adversarias de España: Gran Bretaña había sido su principal y mucho más exitoso rival imperial, Estados Unidos había eliminado los últimos remanentes del Imperio español en las Américas, la Unión Soviética había sido el principal enemigo internacional del régimen político existente.

Lentamente, presentándose como una fortaleza anticomunista y tomando partido en la Guerra Fría, la dictadura comenzó a ser aceptada en algunas organizaciones internacionales. España se convirtió en miembro de las Naciones Unidas diez años después de su creación, ya que la dictadura de Franco fue considerada cómplice de los derrotados nazis y fascistas que habían perdido la Segunda Guerra Mundial. España no ingresó en el Banco Mundial ni en el Fondo Monetario Internacional hasta trece años después de su fundación. Solo tras la democratización del país, España fue aceptada en la Organización del Tratado del Atlántico Norte treinta y dos años después de su creación. Se unió a la Comunidad Europea como estado miembro veintinueve años después de su fundación.

Durante muchos años, España también perdió las conexiones políticas con casi todos los miembros de su antiguo Imperio. En las Américas, una serie de Conferencias Internacionales de Estados Americanos, que se habían llevado a cabo desde fines del siglo XIX bajo la amplia promoción de los Estados Unidos, condujo a la formación de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, en 1948. Sus miembros son los treinta y cinco estados de las Américas, es decir, todos los países que surgieron de los imperios coloniales británico y español, sin incluir a España. Entre los logros notables de la OEA se encuentran la creación del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y varias iniciativas en favor de la paz y la seguridad, el libre comercio y la democracia en todo el hemisferio.

Algunas iniciativas de España para volver a conectar con las repúblicas americanas comenzaron a desarrollarse más de cuarenta años después, una vez en democracia, en torno a las celebraciones del 500 aniversario del descubrimiento del Nuevo Mundo. Las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno se reunieron desde 1991 con la asistencia de España, Portugal, dieciocho repúblicas americanas de habla hispana, Brasil y, un poco más tarde, también Andorra. Otras antiguas colonias españolas han participado como asociadas, entre ellas Puerto Rico, Filipinas y Guinea Ecuatorial (aunque las dos últimas no son exactamente iberoamericanas, por lo que se puede saber). Las fantasías imperiales han llevado a invitar incluso a otros países que actualmente contienen partes del Imperio español del siglo XVII, incluyendo Francia (por Borgoña y el Condado), los Países Bajos y Bélgica (por Flandes), Italia (por Milán, Nápoles y Sicilia) y Marruecos (por partes del país).

Cada reunión de la Cumbre ha tratado de emitir una declaración sobre algún tema. Pero, de hecho, la Cumbre Iberoamericana ha sido sobre todo una oportunidad fotográfica, con todos los presidentes sentados alrededor de los dos representantes de España, el presidente del Gobierno y el Rey, este último encabezando la reunión como sucesor de los antiguos reyes imperiales, la única persona no electa, y el más alto de todos. La asistencia fue disminuyendo, con hasta once ausencias de los veintidós miembros formales, lo cual movió a los organizadores a reducir las reuniones en la cumbre a bienales desde 2014.

Al mismo tiempo, se ha desarrollado una reacción entre algunos países para incrementar su coordinación y acción común sin España ni Estados Unidos. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fue formada por treinta y tres países, es decir, todos los de la OEA excepto Estados Unidos y Canadá, en 2011. La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno se reúne todos los años y tiene como objetivo monitorear el proceso de unidad e integración de la región. Se apoya en anteriores acuerdos de libre comercio entre varios subconjuntos de países, como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas o UNASUR, que han lanzado programas para desarrollar programas de integración económica, de infraestructuras de comunicación y de energía, y para facilitar la movilidad de los trabajadores en todos los países.

Las Cumbres Iberoamericanas lideradas por España se enfrentan, por tanto, con fuertes desafíos provenientes de alternativas más institucionalizadas: la OEA centrada en Washington, por un lado, y los estados latinoamericanos y caribeños coordinados entre sí, por otro. La perspectiva de que España pueda recuperar una influencia destacada en sus antiguas colonias comparable a la de Gran Bretaña en la Comunidad de Naciones parece muy problemática, por decirlo suavemente.

2. Un estado débil

Cuando España perdió casi todo su Imperio a fines del siglo XIX, muchos españoles se dieron cuenta de que tampoco tenían un verdadero estado o una verdadera nación, ni siquiera un mercado nacional unificado. España había desperdiciado sus recursos humanos y financieros en la aventura imperial y había perdido la oportunidad de seguir los caminos de Gran Bretaña, Francia y, más recientemente, de Alemania o Italia, en la construcción de modernas estructuras legales, políticas, económicas y administrativas de gobernabilidad.

Algunas personas poco versadas en el tema usan la palabra «estado» para categorizar comunidades políticas dispares, incluidas, por ejemplo, los reinos visigodos, las ciudades-república renacentistas o el Imperio azteca. Esto es incorrecto y confuso. En estas y todas las otras formas políticas que existieron en todas las partes del mundo hasta, al menos, la Baja Edad Media europea, no había unidad de poder, que es la característica típica de la forma «estado». Había imperios que cubrían territorios fragmentados sin fronteras formales, príncipes sujetos a múltiples alianzas feudales, jurisdicciones especiales de estamentos, gremios, ciudades, obispados y monasterios, múltiples monedas, pesos y medidas, y una variedad de reglas y de usos y costumbres locales.

El «estado» es una forma específica de organización política basada, por el contrario, en el monopolio de la fiscalidad, el derecho y la fuerza por una sola autoridad sobre la población de un territorio con fronteras claramente definidas. Como tal, el estado generalmente se atribuye la «soberanía». La construcción de estados fue un proyecto moderno centrado principalmente en Europa occidental que, más tarde, intentó ser replicado en algunas antiguas colonias europeas. A esta tarea, España, que se había enredado en la aventura imperial, llegó muy tarde y obtuvo resultados bastante pobres.

La construcción de un estado moderno puede requerir un nuevo pacto entre la minoría gobernante y la mayoría gobernada. A partir de cierto momento, cuando la complejidad de los asuntos públicos aumenta, puede que no sea suficiente que la Corona tradicional convoque periódicamente a algún cuerpo aristocrático o intermedio para negociar contribuciones financieras o una nueva guerra. Con el nuevo pacto, los miembros de la mayoría gobernada pueden ser llamados a pagar impuestos regularmente, servir en el ejército y cumplir con las leyes. Los gobernantes, a su vez, pueden comprometerse a otorgar y respetar algunos derechos de sus súbditos, que los transforman en ciudadanos, establecer un sistema de representación para compartir la toma de decisiones colectivas y proveer bienes públicos.

Ninguno de estos intercambios se logró con éxito en España, como veremos en este capítulo. Las finanzas públicas del Estado español durante la mayor parte de los siglos XIX y XX permanecieron quebradas e insolventes, como las del Imperio anterior; los cuerpos imperiales tradicionales, el Ejército y la Iglesia, mantuvieron sus jurisdicciones autónomas y un papel prominente en la gobernabilidad del país; el débil cumplimiento de normas jurídicas innovadoras transformó la picaresca clásica en corrupción generalizada; frente a un sistema fraudulento de representación política, las revueltas y las insurrecciones recurrentes se generalizaron por el país. Los conflictos permanentes y la inestabilidad política pospusieron una y otra vez el proyecto de construir un estado moderno para reemplazar las estructuras y los hábitos tradicionales heredados de la Monarquía imperial.

Solo a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, se construyeron estructuras de estado más incluyentes, capaces de sobrevivir durante varias generaciones. Sin embargo, el esfuerzo fue fatalmente empañado por las fuertes restricciones impuestas por los nuevos desarrollos a nivel europeo y global y por los procesos centrífugos de descentralización. La escasa efectividad del Estado en la provisión de bienes públicos, en la primacía de las leyes, en lograr una representación inclusiva y la rendición de cuentas de los gobernantes fue bastante decepcionante. Bajo el nuevo marco legal, muchas de las viejas características de la tradicional España atrasada revivieron y persistieron, incluidas enormes deudas públicas, amplia corrupción, ilegalidad generalizada, justicia ineficaz, políticas oligárquicas, protestas y disturbios permanentes.

LA QUIEBRA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Cuando era el momento de comenzar a construir un estado moderno, a principios del siglo XIX, las instituciones económicas existentes en España eran ineptas para cimentar sus nuevas bases financieras. El Imperio había legado privilegios fiscales a la nobleza y el clero, que cobraban sus propias «rentas», los poderes de las Cortes y las ciudades habían sido domeñados, la burocracia funcionaba mediante prebendas y sobornos, el gobierno tenía el monopolio del comercio exterior y los mercados internos estaban fragmentados por barreras arancelarias regionales y locales. Tampoco había un solo recaudador fiscal o un tribunal de cuentas centralizado, ni un banco central, ni una moneda común (incluso la acuñación de moneda tenía que ser subcontratada).

El inicio temprano del Imperio, su régimen absolutista y su larga duración han sido ampliamente identificados como responsables del persistente atraso de la economía española y de la pavorosa debilidad de las finanzas de la Corona. El historiador Josep Fontana publicó un estudio seminal sobre la quiebra de la monarquía absoluta que luego incluyó en una evaluación más larga de «la quiebra del Imperio español». En su opinión:

La quiebra de la Hacienda de la Corona se debió a un sistema político que, gracias a los ingresos de su imperio americano, pudo permitirse actuar como una gran potencia durante tres siglos sin necesidad de abordar reformas internas serias (como las que tuvieron lugar con la revolución inglesa del siglo XVII o la francesa de finales del siglo XVIII), [y] llegó a principios del siglo XIX en bancarrota, habiendo acumulado deudas en sus últimos períodos de guerras internacionales que no pudo pagar.

Tras la pérdida de la mayoría de sus colonias, España, como en los tiempos imperiales, continuó siendo insolvente. La Corona española aumentó el gasto público desde menos de un 5 % de la renta del país en el siglo XVIII hasta un 10% en el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX. Pero al carecer de un sistema tributario eficiente, la mayor parte del gasto se financió con deuda, la cual casi nunca se pudo devolver. Luego se sucedieron una serie de quiebras formales, que eventualmente fueron reemplazadas por «reprogramaciones» o «reestructuraciones» de la deuda, así como por una inflación intencionada para reducir el valor de los bonos y provocar su rechazo, y por acciones del gobierno para forzar a los bancos privados a invertir en bonos del Tesoro y en empresas de propiedad estatal. La mala reputación financiera de España hizo al país más vulnerable a más crisis y rebotes.

Las finanzas públicas españolas se mantuvieron débiles como consecuencia de la frustración de un desarrollo económico moderno. No hay estado moderno sin ingresos suficientes, y ningún estado puede recaudar grandes cantidades si, después de perder las colonias, la economía del país sigue siendo pobre e indigente. El atraso de la economía española en el siglo XIX y en la mayor parte del siglo XX es, por lo tanto, un factor crucial para explicar la perdurable debilidad financiera del Estado español.

Varios historiadores económicos se han destacado en cuantificar y analizar el atraso económico de España. Nicolás Sánchez Albornoz trazó un retrato inolvidable de la España del siglo XIX como «una economía dual». Por un lado, existía una agricultura de subsistencia tradicional y estancada, cuya producción era consumida por la gran masa rural. Por otro lado, existía una industria capitalista inmadura, principalmente basada en textiles y ferrocarriles, que se concentraba en la periferia del país. Esto sugiere que hubo verdaderos intentos de «seguir los pasos de los países más avanzados», pero la economía más primitiva subordinó el desarrollo del sector capitalista y produjo «una economía subdesarrollada avant la lettre», que durante la mayor parte del período moderno fue comparable a los países pobres de hoy.

El fracaso de la industrialización fue estudiado minuciosamente por el historiador económico Jordi Nadal. Tomó la experiencia principal de Gran Bretaña como principal referencia comparativa y concluyó que España no logró «sustituir la base agraria de las sociedades tradicionales por otra nueva, de cuño industrial». Para Nadal, el caso español no fue el de un «late joiner» o rezagado, como Italia, Japón, Australia, China, India o varios países latinoamericanos, que se industrializaron tarde, a fines del siglo XIX o principios del XX, la mayoría de ellos sin experiencia imperial previa. Dado que las primeras empresas industriales comenzaron a instalarse en España en las décadas de 1830 y 1840, más bien fue «un intento, abortado en gran parte, de figurar entre los first comers» o los primeros en llegar, como Gran Bretaña, Estados Unidos, Suiza, Francia, Alemania o Suecia, es decir, fue la historia de una temprana frustración.

El historiador económico Albert Carreras confirmó la interpretación de Nadal, amplió el análisis a un período más largo hasta fines del siglo XX y enfatizó las causas próximas de la industrialización española atrasada, como poca tecnología y baja productividad. Se refirió al modelo clásico de las etapas sucesivas del desarrollo económico diseñado por el economista W. W. Rostow, quien, en un estudio por invitación, estimó que España había estado cerca de cumplir algunas condiciones cruciales entre 1840 y 1870, pero no había logrado «despegar». Los principales fracasos fueron la falta de modernización de la agricultura (especialmente debido a los efectos frustrantes de las expropiaciones y privatizaciones de propiedades nobiliarias y clericales), la insuficiente apertura internacional y los impactos políticos adversos.

El economista César Molinas y el historiador Leandro Prados de la Escosura también contrastaron el atraso español con un desarrollo europeo «típico». Confirmaron que, de hecho, «España era diferente» y experimentó una brecha cada vez mayor con gran parte de Europa. «El diferencial de los niveles absolutos de renta per cápita entre España y los países del noroeste de Europa se hizo cada vez más grande», observaron. Los autores también señalaron la falta de preocupación pública por la educación, que identificaron como un factor crucial del desarrollo económico, la cual podía medirse por el lento crecimiento de las tasas de escolaridad por debajo de la población y de la renta per cápita.

A lo largo del siglo XIX, España «en su conjunto seguía siendo tradicional, agraria y retrasada en comparación con Europa», en palabras en parte concurrentes del economista e historiador Gabriel Tortella. Sus datos y los de otros autores muestran que, con respecto a sus niveles de renta per cápita, la brecha entre España y Gran Bretaña, Francia y las recientemente creadas Alemania e Italia se amplió a lo largo del siglo XIX.

En cuanto a las fatales consecuencias del atraso económico español para la construcción de un estado moderno, el veredicto de Carreras y Xavier Tafunell fue que «a partir de 1808, la Hacienda pública española se debatió en una situación de insolvencia manifiesta y de penuria extrema». Como consecuencia de los subsiguientes recortes de gastos, «el Estado dejó de proveer los bienes públicos puros indispensables para su propia legitimación y supervivencia política».

Como consecuencia de la Gran Depresión de la década de 1930, la Guerra Civil, el subsiguiente aislamiento y la política económica autárquica, los niveles de renta per cápita en España no aumentaron durante veinticinco años. En contraste, los países grandes que participaron en la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia, recuperaron sus niveles más altos anteriores en unos diez años.

Como es bien sabido, el salto real de la economía española hacia la prevalencia de la industria y los servicios tuvo lugar tan tarde como en los años sesenta y principios de los setenta. Cuando finalmente llegó el desarrollo económico, era realmente demasiado tarde para construir un imperio más exitoso (si a algunos gobernantes se les hubiera ocurrido la idea, como de hecho así fue). Al construir el imperio antes del estado, España había puesto el carro delante de los bueyes. Y la construcción de un estado moderno todavía era una tarea aplazada. Para lograr estructuras públicas financieras y administrativas capaces de proveer bienes públicos de manera eficiente, España necesitaba algunas transformaciones estructurales pendientes. La primera reforma fiscal significativa en la historia moderna se introdujo en 1977, tras la cual, por primera vez, los impuestos directos –sobre la renta y los beneficios empresariales– fueron más efectivos en la recaudación de ingresos que los indirectos.

En 1986, España se unió a la Unión Europea (UE) no como miembro fundador, sino como un socio tardío, relativamente pobre y necesitado de protección que se convirtió en un receptor neto de beneficios, más que en un contribuyente, de forma similar a los más pequeños Grecia y Portugal en los mismos años. Durante unos veinte años, la economía española obtuvo grandes beneficios del turismo, el consumo y las inversiones europeas. También recibió cantidades masivas de ayuda financiera de fondos «regionales», «de cohesión» y «estructurales» de la Unión Europea en «la mayor operación de solidaridad en la historia» por un total de 118.000 millones de euros, según lo calculado por los economistas José Luis González y Miguel Ángel Benedicto para la Comisión Europea. La ayuda de la UE a España (en paridad de poder adquisitivo) fue equivalente a tres veces la ayuda del Plan Marshall desarrollado por Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Europa occidental (de la cual España fue excluida). Esto significa que el español medio recibió dos veces más dinero de la UE cada año durante veinte años que el europeo occidental medio había recibido de Estados Unidos anualmente durante solo tres años (siempre en paridad de poder adquisitivo).

Todas estas ayudas se llevaron a cabo con la expectativa de generar una prosperidad y un bienestar genuinos. Pero la crisis iniciada en 2008 mostró que gran parte del gasto público y privado había generado un gran despilfarro. La ayuda europea adicional para rescatar la economía española ascendió a 55.000 millones de euros, más del 90% de los cuales nunca fueron devueltos.

Desde la perspectiva histórica resumida anteriormente, España fue un pionero abortado y un gran rezagado. Sánchez Albornoz observó que cuando estaba escribiendo, a fines de la década de 1960, la economía española seguía siendo tan «dual» como cien años antes. Cincuenta años más tarde, ya en el siglo XXI, España vuelve a aparecer como una economía dual, ahora entre servicios y áreas turísticas en la capital y la periferia y vastas regiones plagadas de desempleo, precariedad y pobreza.

Según varios informes internacionales del World Economic Forum, España se sitúa a la cola de los países de Europa y muchos del mundo en capital humano y en aprovechamiento de nuevas tecnologías (especialmente debido a los bajos niveles de la educación), así como en independencia judicial, sistema legal de resolución de disputas y protección de la propiedad intelectual y, como resultado, en productividad de la economía (también debido a la deuda y el peso de las regulaciones gubernamentales). El gobierno español cree que la renta per cápita y el número de empleados en el país que se habían alcanzado antes de la Gran Recesión no se recuperarán hasta dentro de quince años. Las diferencias con otros países de Europa se han ampliado nuevamente.

UN EJÉRCITO PRETORIANO

Una consecuencia importante de la debilidad del Estado español moderno ha sido la duradera prevalencia de los militares en la política y la vida pública. Por supuesto, también los militares se resistieron a algunas transformaciones modernizadoras y, por lo tanto, fueron un factor del atraso del país, pero su poder para hacerlo fue más una consecuencia de los fracasos de las reformas de las estructuras imperiales que una causa primaria de ellos.

Los miembros del Ejército disfrutaron de jurisdicciones especiales que los dejaban fuera del control por la ley civil, mientras sometían a los civiles a sus propias reglas y juicios militares. Dado que los oficiales vivían en reclusión social y endogamia profesional, desarrollaron sus propias redes y valores, lo cual reforzó su patriotismo retórico, imperialista y su disposición anticivil. El Ejército también estuvo a cargo de los cuerpos de control del orden público, es decir, la Policía y la Guardia Civil. El Ejército español no solo libró continuas guerras coloniales, como lo reseñamos en el capítulo anterior. También organizó una serie de golpes de Estado y otras iniciativas políticas que hicieron que destacados generales y otros altos oficiales fueran actores políticos principales y gobernantes directos durante la mayor parte de los siglos XIX y XX.

Lo único que el Ejército español nunca ha hecho es lo único que se espera que haga un ejército: defender al país de los ataques extranjeros. España fue invadida dos veces durante el siglo XIX, en 1808 y 1823, en ambos casos desde Francia, y en ambos casos el Ejército español se derrumbó de inmediato. El Ejército, derrotado por invasores extranjeros y regresado de las colonias, se concentró en controlar y perseguir a los propios habitantes de España.

El papel histórico del Ejército español fue el contrario del que se supone que corresponde a un ejército en una sociedad civilizada con un estado moderno. Análogamente a lo que cabe esperar, por ejemplo, de los bomberos, los carteros o los maestros de las escuelas públicas, los soldados deben ser buenos profesionales y perseguir los objetivos determinados por la autoridad civil. Pero «donde el apego público a las instituciones civiles sea débil o inexistente, la intervención militar en la política encontrará un amplio espacio, tanto en forma como en sustancia», como lo escribió el politólogo Samuel Finer en un trabajo seminal sobre el tema.

En un diseño más ambicioso de los procesos de modernización, el politólogo Samuel Huntington también señaló que «las causas más importantes de la intervención militar en la política no son militares, sino políticas y no reflejan las características sociales y organizativas del establecimiento militar, sino la estructura política e institucional de la sociedad [...]. La medida en que las instituciones y los individuos militares se politizan», continúa, «es una función de la debilidad de las organizaciones políticas civiles y de la incapacidad de los líderes políticos civiles de lidiar con los principales problemas políticos que enfrenta el país». En este tipo de situación, se dice que los militares, en lugar de ser «profesionales», se convierten en «pretorianos», una expresión tomada de la Guardia Pretoriana Imperial que, en la antigua Roma, hacía campaña con el emperador y servía como policía política.

Con respecto al efecto de las experiencias imperiales, el politólogo Charles Tilly señaló que «en la medida en que la actividad de guerra se desarrolló con relativamente poca extracción [fiscal] y poca construcción de estado, las fuerzas militares terminaron desempeñando un papel mayor y más autónomo en la política nacional. España es quizá el mejor ejemplo europeo».

Este enfoque resulta, ciertamente, muy clarificador del caso español. En el análisis del historiador Stanley Payne, debido a «la debilidad institucional de la España moderna», el Ejército «se convirtió en un factor central en la política, no necesariamente porque los militares fueran ambiciosos o codiciosos, sino porque la sociedad política española se había derrumbado... Muchos elementos del ejército español se sintieron llamados a sustituir a un gobierno inadecuado». En palabras concurrentes del historiador Raymond Carr, «en España fue la estructura de la política lo decisivo para fomentar una carrera de generales políticos [...]. Fue la pobreza del Estado español lo que estuvo en la raíz del problema militar». Podríamos agregar que, a su vez, el rol central de los militares en la política obstaculizó el desarrollo de las instituciones civiles y confirmó la debilidad del Estado, un círculo vicioso del cual era difícil salir.

Derrotado en el exterior, el Ejército español se concentró fervientemente en intensas y extensas intervenciones dentro del país para tratar de sustituir la debilidad de muchas estructuras administrativas y funciones del Estado. Según las metáforas organicistas habituales, el Ejército no fue concebido como el «brazo armado» del Estado, sino como «la columna vertebral de la Patria». El estilo militar de tratar asuntos públicos no era el cumplimiento de la ley, sino el «ordeno y mando».

Los capitanes generales que encabezaban las regiones militares, junto con los gobernadores militares provinciales, prevalecían sobre los gobernadores civiles, controlaban todo el territorio del país y podían movilizar fácilmente las tropas con fines políticos. «El militarismo fue alentado por el elemento civil, que ha sido históricamente incapaz de presentar su propia alternativa de organización efectiva del Estado», como elocuentemente explica el administrativista Manuel Ballbé. «La militarización de la vida política, los golpes de estado y los pronunciamientos militares siempre tuvieron su origen en la intervención del ejército en asuntos de orden público, por decisión de gobernantes civiles», sostiene.

Desde la Constitución liberal de 1812, los militares mantuvieron su propia jurisdicción especial, ajena a la ley y la justicia ordinarias. Una ley de 1821 dio a los militares la competencia para juzgar a las personas civiles por acciones políticas, un poder que fue confirmado y ampliado por sucesivas leyes en las décadas de 1860 y 1870, hasta la Ley de Jurisdicciones de 1906, que sometió todas las críticas o ataques al ejército por civiles a tribunales militares. Durante el período monárquico 1875-1931, hubo suspensiones de garantías constitucionales durante el 45% del tiempo y declaraciones de «estado de guerra» durante el 26%. No solo durante las dictaduras, sino durante la mayor parte de los siglos XIX y XX, manifestantes, periodistas, estudiantes y huelguistas fueron sometidos a menudo a juicios por tribunales militares, conocidos como consejos de guerra.

Los liberales de principios del siglo XIX no crearon un cuerpo de policía civil, sino que se apoyaron en la milicia nacional formada por voluntarios a nivel local. A mediados del siglo XIX, los moderados crearon la Guardia Civil, que, a pesar de su nombre, era un instituto militarizado dependiente del Ministerio de la Guerra. En el siglo XX, la Segunda República dio a luz a la Guardia de Asalto. Y la dictadura de Franco usó ampliamente la Guardia Civil, junto con la nueva Policía Armada, y militarizó todos los cuerpos de policía municipales y auxiliares.

Así como los ejércitos imperiales estaban dirigidos por aristócratas, los ejércitos estatales tienden a ser gestionados por oficiales de carrera. En España, el principal problema organizativo del Ejército fue la macrocefalia. Cada guerra colonial, cada pronunciamiento, fue seguido por una catarata de promociones que superpoblaron la parte superior de la estructura. Desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX, hubo un oficial por cada cinco o seis hombres, «la desproporción más grotesca en cualquier fuerza armada europea», en palabras de Stanley Payne, ya que Francia, Gran Bretaña y Alemania tenían proporciones de un oficial por cada veinte o veinticinco hombres.

Los gastos militares y de seguridad ascendieron a un tercio del presupuesto del Estado como promedio a largo plazo (con altibajos significativos). Pero la proporción de gastos militares en personal siempre estuvo entre dos tercios y cuatro quintos. Se gastó muy poco dinero en equipo y entrenamiento.

Con respecto al ejército de principios del siglo XIX, una Comisión Real de Jefes Militares informó de que: «En mayo de 1808 [la época de la invasión de Napoleón], ni teníamos naves, ni ejército, ni armas, ni tesoro, ni crédito, ni fronteras, ni gobierno, ni existencia política.»

Cien años después, a principios del siglo XX, el primer ministro conservador Francisco Silvela todavía describía de esta manera el desolador panorama de los cuarteles militares:

No hay que fingir arsenales y astilleros donde solo hay edificios y plantillas de personal que nada guardan y nada construyen; no hay que suponer escuadras que no maniobran ni disparan, ni citar como ejércitos las nuevas agregaciones de mozos sorteables, ni empeñarse en conservar más de lo que podemos administrar sin ficciones desastrosas, ni prodigar recompensas para que se deduzcan de ellas heroísmos.

Incluso en tiempos de Franco, la industria española podía producir poco más que artillería ligera y ametralladoras para perseguir bandas guerrilleras. Solo después de los primeros acuerdos militares con Estados Unidos en 1953, el Ejército español recibió su primer avión de combate y unos pocos tanques pesados, que eran residuos americanos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea.

«Estructuralmente, el ejército estaba lejos de ser un elemento robusto. Era una monstruosidad sedentaria y burocrática más que una máquina de combate», en palabras de Raymond Carr. El comandante e historiador Gabriel Cardona ha resumido el contexto:

El problema no era exclusivamente español, sino que correspondía a una cuestión típica de los estados liberales de la época. Adaptar las instituciones militares, dotadas de una mentalidad tradicional, fue una tarea difícil, no solo para la III República Francesa, sino para los gobiernos británicos [...]. Pero mientras en Europa occidental el Estado impuso sus criterios, el débil sistema de la Restauración [española] fracasó, como había fracasado en tantas otras cosas.

Las diferentes formas de intervención política directa de los militares españoles durante casi dos siglos pueden clasificarse por el grado de violencia que implican: pronunciamientos, golpes de Estado y guerras civiles. En todos los casos, el efecto esperado de la acción militar es un cambio de gobierno o de régimen político, pero el grado de conflicto varía.

En realidad, un pronunciamiento no es más que una amenaza de golpe de Estado: un general hace una declaración contra el gobierno y este se rinde porque no tiene medios para resistir la fuerza de los rebeldes y prefiere evitar una matanza, o los rebeldes no obtienen suficiente apoyo del resto del ejército y son fusilados por sus propios camaradas o escapan al exilio. Un golpe comporta despliegues más explícitos de fuerza militar, habitualmente con ocupación de las calles y los edificios del gobierno. Contando todos los pronunciamientos y golpes de Estado de la España contemporánea, se han identificado claramente al menos cincuenta y seis movimientos mayores, lo que implica un promedio de uno cada tres años. De estos, catorce tuvieron éxito de inmediato.

A su vez, una guerra civil puede seguir a un pronunciamiento fallido o un golpe de Estado resistido y provocar gran derramamiento de sangre. En la literatura académica internacional, una guerra civil generalmente es categorizada como un conflicto que produce al menos mil muertos o, en una categoría mayor, mil muertos al año. Con cualquiera de estos criterios, al menos siete episodios españoles cumplen.

En cuanto a las guerras exteriores, el Ejército español no participó en las dos guerras mundiales europeas del siglo XX que configuraron las relaciones internacionales. La antigua gran potencia imperial de España quedó debilitada y muy aislada del mundo moderno. Sin embargo, el número de muertos españoles en los campos de batalla coloniales no fue menor que el de los países participantes en las guerras mundiales. El cuadro 2 presenta una lista de episodios y estimaciones de víctimas mortales.

Como resultado de las diversas formas de intervencionismo político de las Fuerzas Armadas, el jefe del Gobierno español fue un general durante casi la mitad del tiempo desde el primer gobierno posabsolutista en 1834 hasta la muerte de Franco en 1975 (durante setenta de ciento cuarenta y un años). Durante el llamado «régimen de los generales» de Isabel II, a lo largo del segundo tercio del siglo XIX, más del 40 % de los ministros fueron miembros del Ejército, al igual que los líderes de los principales partidos políticos; más tarde, también lo fueron los jefes ejecutivos en varias ocasiones bajo Alfonso XII y Alfonso XIII, y recibieron el título imperial de «Rey Soldado»; y, por supuesto, fueron militares los jefes de las dictaduras posteriores de Primo de Rivera y Franco. Como reconoció más tarde el jefe de la Falange, varias veces ministro y cuñadísimo de Franco, Ramón Serrano Suñer: «En último término, el centro de gravedad, el sostén del régimen (pese a las apariencias [fascistas] que tontamente nos esforzamos en exagerar), fue y seguiría siendo el ejército.» Véase una lista en el cuadro 3.

Cuadro 2

Golpes y guerras

Los pronunciamientos militares sin mayor violencia produjeron la restauración de la monarquía absolutista de Fernando VII en 1814, una serie de cambios constitucionales liberales y moderados al comienzo de la regencia de María Cristina en 1834-1837, la coronación de Isabel II en 1843, un gobierno liberal en 1854, el derrocamiento de la primera república en 1874, la restauración de la monarquía borbónica el mismo año y el establecimiento de una dictadura en 1923.

La lista de guerras civiles relativamente menores incluye la insurrección liberal de 1820, la invasión francesa reaccionaria de 1823, la Segunda (1847-1849) y la Tercera (1872-1876) Guerras Carlistas y la llamada Gloriosa Revolución contra la monarquía borbónica en 1868, que terminaron con unos cuantos miles de muertos cada una. A un nivel más alto de conflicto, la Guerra de los Franceses o de la Independencia (1808-1814), la Primera Guerra Carlista (1833-1840) y la insurrección contra la Segunda República (1936-1939) produjeron varios cientos de miles de víctimas mortales cada una.

Para comparar el número de muertos españoles en las guerras coloniales, dejemos de lado las guerras por la independencia de las colonias en América durante la primera mitad del siglo XIX, especialmente en México y la Gran Colombia, que produjeron varios cientos de miles de muertes, y centrémonos únicamente en los conflictos más cercanos a la época de las principales guerras europeas.

Durante la Guerra de los Diez Años y la Guerra de la Independencia en Cuba, murieron unos 144.000 españoles; en las guerras del Rif en el norte de África, unos 29.000; y en Filipinas, unos 3.000. En total, casi 200.000 muertes era un poco más del 1% de la población del país, lo cual se compara favorablemente con algunas tasas de víctimas en la Primera Guerra Mundial, en particular cerca del 2% de la población en Gran Bretaña y el 3,5% en Francia.

Sin embargo, la Guerra Civil española invirtió las cuentas: unos 500.000 muertos o el 2% de la población contrasta con menos del 1% en Gran Bretaña y el 1,4% en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. En total, durante la primera mitad del siglo XX, España tuvo la muerte y el dolor, pero no los beneficios de luchar y ganar guerras internacionales.

Cuadro 3

Militares pretorianos

Las instancias principales de intervención política de los militares españoles incluyen: el liderazgo del general Baldomero Espartero del partido progresista (que fue tres veces presidente del Consejo de Ministros y una vez Regente con un total de cinco años), el general Ramón Narváez del partido moderado (presidente del Consejo de Ministros cinco veces con un total de casi nueve años), el general Leopoldo O’Donnell del partido liberal (que ocupó el mismo cargo tres veces durante un total de seis años), el general Francisco Serrano del partido liberal (cuatro veces con un total de dieciséis meses), el general Juan Prim del partido progresista (durante un año y medio), de algún modo también Manuel Ruiz Zorrilla del partido radical (durante seis meses, antes de crear la Asociación Militar Republicana), el general Miguel Primo de Rivera (dictador durante seis años), el general Dámaso Berenguer (durante un año), el almirante Juan B. Aznar (durante cuatro meses), el general Francisco Franco (autoproclamado Jefe del Estado durante más de treinta y siete años y jefe del Gobierno durante treinta y cinco), el almirante Luis Carrero Blanco (jefe del Gobierno durante un año y medio), más alrededor de una docena de hombres uniformados durante períodos más cortos.

Una y otra vez, los pronunciamientos militares, los golpes de Estado y las dictaduras fueron dirigidos por exjefes de la Policía o la Guardia Civil que habían estado involucrados en la represión interna. Por ejemplo, los líderes de los dos golpes de Estado de 1874, para derrocar la República y para restaurar la Monarquía, los generales Pavía y Martínez Campos, respectivamente, habían sido nombrados jefes de la Policía por los gobiernos de la República para la represión de las agitaciones sociales en Andalucía y Cartagena. El pronunciamiento contra la Segunda República en 1936 fue dirigido por africanistas derrotados, como se mencionó, pero también por los generales Queipo de Llano, que había sido director del Cuerpo de Carabineros, Muñoz Grandes, jefe de la policía republicana conocida como Guardia de Asalto, Cabanellas y Sanjurjo, ex directores generales de la Guardia Civil, Mola, ex director general de Seguridad, y Franco, que también había participado en la represión de huelgas.

Durante el régimen de Franco, más de un tercio de los ministros fueron miembros del Ejército (40 de 114), incluidos los dos vicepresidentes del Gobierno, el general Agustín Muñoz Grandes y Carrero, los tres ministros del Ejército, la Marina y la Aviación, la mayoría de los ministros de Orden Público o Gobernación, y varios generales a cargo de Relaciones Exteriores, Hacienda, Industria y Comercio, Obras Públicas y el Movimiento (el partido fascista). Siempre hubo entre cuatro y ocho miembros del Ejército en los gobiernos de Franco. Además, cerca de 1.000 de los aproximadamente cuatro mil procuradores en Cortes durante veinticinco años fueron miembros de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el golpe de 1981 fue principalmente ejecutado por miembros de la Guardia Civil, incluido su aspirante a líder, el general Armada, que había luchado contra la guerrilla antifranquista en la década de 1940, su operador principal, el teniente coronel Tejero, y numerosos miembros de la policía secreta en la llamada «guerra antisubversiva», que fue el origen de su politización: el teniente coronel Sanmartín y los capitanes Alba, Cortina, Sánchez Valiente y Pardo Zancada.

El Ejército español nunca se integró en el nuevo régimen democrático que se construyó a partir de 1977. Más bien, al contrario, tuvo que ser desintegrado para hacer viable la democracia. El primer esfuerzo duró alrededor de veinticinco años, desde la creación del Ministerio de Defensa en 1976 hasta la abolición del servicio militar obligatorio en 2002. Actualmente está en curso un segundo período de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas españolas, en parte como consecuencia de la reducción general del tamaño de la administración pública a raíz de la Gran Recesión iniciada en 2008.

El ministro de Defensa en el gobierno de Adolfo Suárez, general Manuel Gutiérrez Mellado, inició algunas reformas para poner a las Fuerzas Armadas bajo control civil en 1976. Cinco años después, el jefe del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo nombró a un ministro civil para el cargo, Alberto Oliart, en el primer gabinete español en muchas décadas (probablemente el primero en la historia) que no incluyó a ningún militar.

El tamaño de las Fuerzas Armadas se ha reducido enormemente desde entonces. Una primera preocupación primordial fue deshacerse de los generales que habían luchado en el lado de Franco durante la Guerra Civil y dominaban completamente la estructura superior de las Fuerzas Armadas aún a principios de los años ochenta. Los más jóvenes que habían apoyado o se habían mostrado simpatizantes con el fracasado golpe de Estado en 1981 también fueron apartados.

Durante el período del ministro Narcís Serra, en el gobierno de Felipe González, la purga fue gradual y relativamente suave. Se implementó mediante la introducción de pases voluntarios a la Reserva, castigos por emitir opiniones críticas sobre cuestiones políticas o de defensa, la disminución de la edad de jubilación, la reducción de puestos en cada grado y la devaluación de la antigüedad como criterio exclusivo de promoción.

Por otro lado, ninguno de los miembros de la Unión Militar Democrática, un grupo de oficiales que se organizó para evitar que el Ejército interviniera contra la oposición democrática, regresó al servicio activo. Sus líderes habían sido encarcelados durante los últimos meses de la dictadura de Franco, y aunque fueron liberados por la amnistía general un par de años después, no fueron reintegrados a sus trabajos y solo pasaron a la Reserva.

Durante las siguientes décadas, el número de generales se redujo del máximo de ochocientos veinticuatro en el período de Franco en 1970 a doscientos en el plan actual para el período 2017-2021. Está previsto que, en este período, el número total de militares se reduzca a aproximadamente cien mil personas, que es aproximadamente la mitad del tamaño de 1930 y menos de un tercio del de 1970, es decir, una proporción de la población total del país cuatro veces más pequeña que en muchas décadas (y quince veces más pequeña que en el cenit del Imperio en el siglo XVII).

Una medida crucial para tal encogimiento fue la reducción gradual de la duración del servicio militar y la disminución de las cuotas de hombres jóvenes reclutados, lo que culminó con la supresión del servicio militar obligatorio. En realidad, el número real de soldados y marinos puede ser significativamente más bajo de lo planificado debido a la falta de voluntarios. Las Fuerzas Armadas actuales son, de hecho, una pequeña mezcla de mercenarios profesionales, soldados temporales y reclutas extranjeros, que puede evocar fórmulas preestatales anteriores al siglo XIX.

Aún existen algunos restos del pasado ejército pretoriano. En la Constitución de 1978, las Fuerzas Armadas están incluidas en el Título Preliminar que trata de los elementos fundamentales del Estado y la Nación. Se les asigna, entre otras misiones, la «defensa de la integridad territorial» de España. Esto contrasta con la mayoría de las constituciones democráticas, que naturalmente colocan al ejército en un título que se ocupa del gobierno y los elementos de la administración y circunscriben sus tareas a la defensa externa del país.

Las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas establecen: «Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española», la cual, como hemos visto, en su inmensa mayor parte está compuesta por guerras coloniales, pronunciamientos, golpes de Estado, guerras civiles y dictaduras. Todavía en el Día de los Caídos por la Patria de 2017, el general Fernando Alejandre, jefe del Estado Mayor de la Defensa, es decir, la máxima autoridad militar, proclamó: «Nuestra historia está repleta de ejemplos donde los militares españoles antepusieron su amor a España a cualquier otra consideración, contribuyendo con ello a que hoy, orgullosos de nuestro pasado, seamos una gran Nación» y confirmó que «el mismo espíritu de los españoles que tantas páginas gloriosas han escrito sigue vivo hoy en nuestras Fuerzas Armadas».

Aunque la jurisdicción militar ya no se ocupa de delitos cometidos por civiles, incluye sanciones a los militares por conductas no relacionadas con delitos en el Código Penal y sigue siendo en gran medida independiente (excepto por la posibilidad de apelar sus sentencias ante el Tribunal Supremo).

Asimismo, la Guardia Civil continúa siendo un órgano militar, a pesar de su nombre. Está sometida a las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, se le confían misiones militares, incluso en el exterior, y un tercio de sus miembros sigue viviendo en casas-cuartel socialmente aisladas. Durante quince de los veinte años posteriores a 1996, el director general de la Guardia Civil ha sido un general o un alto oficial del Ejército.

La principal modernización técnica de las Fuerzas Armadas españolas fue consecuencia de los sucesivos Acuerdos de Cooperación con Estados Unidos desde 1953 y de la incorporación a la OTAN en 1981 y a su estructura militar en 1999. Como tal, unos centenares de soldados y guardias civiles españoles han participado en múltiples misiones en el exterior, especialmente en Líbano por un mandato de las Naciones Unidas, en Afganistán dentro de la estructura de la OTAN y en Bosnia bajo la dirección de la Unión Europea.

Tras la explosión de las burbujas de la vivienda y la banca a principios del siglo XXI, el gobierno expandió el gasto público y aprobó Programas Especiales de Armamento para comprar fragatas, aviones y drones que acabaron generando enormes deudas, una crisis financiera y la parálisis operativa. Al igual que ocurrió con la respuesta a las otras burbujas, también en el nuevo gasto militar floreció la ostentación y la incompetencia. Una anécdota ilustrativa es que uno de los artefactos estrella de los programas, el tanque de combate Leopard, que pesa sesenta y seis toneladas, no puede ser transportado en avión porque la carga máxima de un avión militar es de cuarenta toneladas.

En la consiguiente reacción de austeridad, desde 2012 se han introducido sucesivos cortes del gasto militar en los presupuestos anuales del Estado, lo que ha reducido severamente la operatividad del Ejército. Si bien los miembros de la OTAN tienen el compromiso de gastar el 2 % de su PIB en recursos militares, la contribución española está por debajo del 1 % y no da señales de que vaya a imitar los aumentos en los países europeos más grandes.

El encogido presupuesto militar continúa siendo gastado casi en su totalidad en personal a expensas de equipo y material. Durante la segunda década del siglo, el combustible para prácticas aéreas y de navegación se ha reducido drásticamente. Las maniobras militares prácticamente se han cancelado. Algunos expertos han descrito el actual armamento inoperativo del Ejército español como «envuelto en papel burbuja». De hecho, solo una fracción de los oficiales y soldados oficialmente inscritos están activos y muy pocos son permanentes. Las antiguas palabras de un jefe del Gobierno, citadas anteriormente, podrían repetirse sin pérdida de precisión: «No hay que fingir arsenales y astilleros donde solo hay edificios y plantillas de personal que nada guardan y nada construyen.»

Como consecuencia de su pequeño tamaño y la escasez de recursos operativos, el Ejército español continúa siendo incapaz de defender al país de los ataques extranjeros. Así ha sido siempre durante los últimos doscientos años, pero lo es aún más ahora cuando el Ejército es una copia en miniatura de lo que había sido. Dado que las regiones territoriales bajo control de unos pocos capitanes generales se disolvieron, el Ejército tampoco podría desplegar una ocupación interna del país. El actual Ejército español aparece como una versión encogida de lo que fue la institución durante los dos siglos anteriores: un esqueleto «sedentario y burocrático», como lo tildó el historiador Raymond Carr. Un Estado tan débil que trató de confiarlo casi todo al Ejército ha sido sustituido por un débil Estado que ni siquiera puede contar con suficientes fuerzas armadas para la defensa del país.

UNA IGLESIA GOBERNANTE

La otra muleta del Estado español a principios de los tiempos modernos, junto al Ejército, fue, como en la época imperial, la Iglesia. La espada y el altar fueron los principales apoyos, en realidad los sustitutos indispensables de un precario estado moderno.

La influencia de la Iglesia católica ha resultado ser aún más resistente y perdurable que el militarismo español tradicional. Aún hoy en día, en el siglo XXI, la Iglesia mantiene su jurisdicción especial fuera de las leyes y tribunales que rigen sobre todos los demás ciudadanos del país, recibe ayuda financiera del Estado y goza de otros privilegios en educación y en los medios de comunicación. La mayoría de los reverendos en España conciben las actividades de la Iglesia como un sustituto, o a veces como una alternativa rival al pretendido monopolio de la legislación por el Estado.

Desde principios del siglo XIX, el débil Estado español continuó dependiendo de la Iglesia, lo que fatalmente obstaculizó su posible fortalecimiento. Los gobernantes españoles no compartieron la ambición universal que da a la Iglesia su misión y está implícita en el significado de la palabra «católico». Por el contrario, cada rey o reina, regente, jefe ejecutivo militar o civil trató de retener el privilegio imperial de designar a los obispos, estrangulando así la conexión entre las diócesis y el Papa. A cambio, todos los gobiernos conservadores, moderados, liberales o progresistas duraderos de la España moderna cedieron sus poderes ideológicos y laicos a la Iglesia española.

La Constitución aprobada en Cádiz en 1812, que Raymond Carr vio como «la constitución liberal clásica en la Europa latina a principios del siglo XIX», se proclamó, de hecho, «en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad». En sus artículos, concretaba el monopolio: «La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.» Solo los que profesaran la religión católica podían ser, por lo tanto, españoles. Se devolvió la jurisdicción sobre la censura de libros a los obispos, que la ejercerían durante más de ciento cincuenta años.

La segunda constitución más duradera del período, aprobada en 1845, confirmó el diseño principal: «La religión de la Nación española es la católica, apostólica, romana», a lo que el subsiguiente Concordato con la Santa Sede añadió: «con exclusión de cualquiera otro culto». Durante el siguiente período moderado, la Iglesia conservó su propia jurisdicción sobre sus miembros, así como el ejercicio de la censura. Tras la amarga experiencia de haber sido expropiada de muchas posesiones sin compensación por gobiernos liberales y progresistas y su venta en el mercado, la Iglesia obtuvo entonces «el derecho a adquirir por cualquier título legítimo, y su propiedad y todo lo que posee ahora o adquiriere en adelante será solemnemente respetado».

La fusión o colusión entre el gobierno civil-militar y la Iglesia fue algo único en Europa. La separación entre el Estado y la Iglesia fue firme no solo en Gran Bretaña y otros países de mayoría protestante donde las iglesias locales eran independientes del Papa y del dogma católico, sino también en países con una población católica mayoritaria, especialmente Bélgica y Francia, de un modo estable desde la década de 1830.

Aún tuvo más consecuencias que, desde mediados del siglo XIX, se estableciera en España que la «instrucción en las Universidades, Colegios, Seminarios y Escuelas públicas o privadas de cualquiera clase, será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica».

La herramienta más fundamental para mantener esa misión fue el Catecismo, que todos los niños españoles aprendieron de memoria en miles de ediciones durante casi cuatrocientos años. Los dos Catecismos o sumarios más populares de lo que un católico debería saber y cumplir para salvarse fueron conocidos por los apellidos de sus autores, «el Ripalda» y «el Astete». Ambos coincidían en gran medida sobre la base de la doctrina establecida por la Contrarreforma del Concilio de Trento. Postulaban, por ejemplo, que «Los enemigos del alma son tres: el mundo, el demonio y la carne». El Astete especificaba que «la carne es el mayor enemigo», porque podemos escapar del mundo y del diablo, pero la carne «no la podemos echar de nosotros».¹

Tras el Concilio Vaticano I, en 1870, el Astete detallaba que «los principales errores condenados por la Iglesia son catorce: el materialismo, el darvinismo, el ateísmo, el panteísmo, el deísmo, el racionalismo, el protestantismo, el socialismo, el comunismo, el sindicalismo, el liberalismo, el modernismo, el laicismo y la masonería». No incluía, lamentablemente, el militarismo o el clericalismo, que eran, de hecho, mucho más poderosos en España que cualquiera de los otros -ismos mencionados, incluso que todos ellos combinados.

La Constitución española más duradera, la establecida en 1876, proclamó a Alfonso XII Rey por la gracia de Dios y declaró nuevamente que «la religión católica, apostólica, romana es la del Estado». Suavizó la prohibición de otros cultos, ya que estableció que «nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto». Pero confirmó que «no se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado».

La dictadura de Franco reanudó y exacerbó todas esas tradiciones. El Concordato con el Vaticano en 1953 consagró el monopolio religioso y la prohibición de otros cultos de manifestarse públicamente. A la Iglesia se le aseguró inmunidad legal, se le otorgaron exenciones fiscales, el Estado sufragó generosamente los gastos de sus actividades, y los sacerdotes y seminaristas fueron liberados del servicio militar. La Iglesia católica recuperó su competencia en causas matrimoniales, el control de la enseñanza –centrada otra vez en los desdichados catecismos– y la censura de libros, canciones y películas. Las tradicionales procesiones, peregrinajes, romerías, congregaciones y exhibiciones litúrgicas proliferaron en toda España. Fue nombrado un sacerdote en el papel de capellán en cada escuela, cuartel, grupo recreativo juvenil, prisión u hospital. A cambio, el generalísimo Franco recuperó el poder de los reyes imperiales tradicionales de designar a los obispos y recibió el apoyo y la adoración de la Iglesia, lo que hizo que el dictador marchara bajo palio y fuera consagrado como Caudillo de España por la gracia de Dios.

La Iglesia española recibió alguna influencia de la renovación doctrinal de la Iglesia católica en la década de 1960 y principios de 1970, alrededor del Concilio Vaticano II (incluida la sustitución de los catecismos centenarios). Algunos militantes católicos se unieron a los movimientos antifranquistas, los cuales se beneficiaron de la inmunidad legal de iglesias y conventos.

Esto facilitó que una nueva Constitución democrática aprobada en 1978 declarara que «Ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal». Fue la primera vez en la historia de España. Sin embargo, por entonces ya se había negociado un nuevo Concordato que se firmó inmediatamente. Este garantiza a la Iglesia católica «el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en especial las de culto, jurisdicción y magisterio», amplios fondos públicos, el derecho a adquirir nuevas propiedades y un régimen de exención de impuestos. La mayoría de los presidentes de Gobierno y los ministros continúan jurando su cargo ante ejemplares de la Biblia y la Constitución y frente a un crucifijo.

DE LA PICARESCA A LA CORRUPCIÓN

Si no hay estado, no puede regir el cumplimiento de la ley. Como vimos, el cenit del Imperio español, en los siglos XVI y XVII, fueron años de gloria y también de ruinas y desolación. Las artes y la literatura reflejaron la dualidad: el «Siglo de Oro» de los literatos famosos corrió en paralelo con la picaresca, el género que representa a quienes vivían de su ingenio, es decir, en una sociedad sin ley ni Estado.

Los pícaros han sido descritos como pequeños delincuentes que se saltan las reglas en una sociedad corrupta. «Todos roban, todos mienten, todos trampean; ninguno cumple con lo que debe, y es lo peor que se precian dello», se dice en la novela Guzmán de Alfarache. Pero los pícaros también pueden ser entendidos como gente ingeniosa e inventiva que se busca la vida en una sociedad pobre y sin ley. Si «todos» roban, mienten y trampean, es decir, si nadie cumple, si «todos vivimos en asechanza los unos de los otros», como también lo resume Guzmán, debe de ser porque donde ellos viven no existe tal cosa como la ley y normas sociales civilizadas. Los personajes pícaros se presentan en la literatura como deshonestos pero atractivos; si se precian de su comportamiento, debe de ser porque su conducta responde a los códigos y normas prevalentes.

En realidad, el pícaro es una contrafigura globalmente positiva del héroe militar y el santo religioso, el subproducto de una sociedad dominada por el militarismo y el clericalismo. La picaresca es una forma de vida en una sociedad en la que uno puede salir ganando con la astucia y la picardía más que con el cumplimiento de la ley y el trabajo honesto. Los lectores que ven al soldado ocioso, el clérigo vicioso, el juez venal, el médico ignorante, el pedante sabihondo desfilando en los cuentos picarescos, están viendo la sociedad de la época.

La corrupción moderna es solo una continuación de la forma de vida picaresca. La palabra «corrupción» literalmente implica la descomposición de algo que era puro o correcto. Como una fruta podrida, o como un niño degenerado que era puro pero se mezcló con malas compañías. Pero ese no es el caso de la corrupción política. Las prácticas picarescas tradicionales no son una degeneración de nada que haya sido puro o correcto antes. Ha sido siempre la forma normal de hacer las cosas. La picaresca se convierte en algo moralmente condenable y en la ocasión de escándalo solo cuando se introduce alguna legislación o regulación innovadora. La introducción de normas para contratos, leyes que afectan al comercio, nuevos impuestos, reglamentos de las finanzas de los partidos políticos, procedimientos reglados para contratar personal público y tomar decisiones públicas, choca con arreglos que tradicionalmente no habían sido sometidos a restricciones formales. En este sentido, es la ley la que hace al corrupto, ya que este no es más que el pícaro tradicional, solo que ahora vive en un contexto legal e institucional diferente.

Al fin y al cabo, hacer tratos con parientes, vecinos, protegidos, clientes, socios comerciales anteriores, amigos, conocidos casuales o transeúntes son formas simples y primitivas, se podrían decir casi naturales de intercambios económicos y políticos. Por el contrario, tratar a todos de la misma manera, atendiendo solo al mérito y la ley, requiere altos niveles de aprendizaje y capacitación y de desarrollo institucional que algunos países, incluida España, no han logrado alcanzar en un grado altamente visible.

«La corrupción es una medida de la ausencia de una institucionalización política efectiva [...] también sintomática de la debilidad de las instituciones políticas», según el politólogo Samuel Huntington. «La corrupción en una sociedad modernizante es, en parte, no tanto el resultado de la desviación del comportamiento con respecto a las normas aceptadas como la desviación de las normas con respecto a los patrones de comportamiento establecidos», explica con agudeza. Esa es la fuente del escándalo: «Los nuevos estándares y criterios de lo que es correcto e incorrecto llevan a una condena de al menos algunos patrones de conducta tradicionales como corruptos.»

En España, la desviación entre las normas y la conducta puede ser remitida a los tiempos imperiales, cuando los colonos en las Nuevas Indias siguieron el lema: «La ley se acata, pero no se cumple.» Luego se formó un «hábito cultural con fuerte continuidad histórica» que persiste hasta nuestros días, según el sociólogo Enrique Gil Calvo. Es «el aparente cumplimiento en público de la normativa oficial mientras en el ámbito privado se incumple en la práctica. Semejante ambivalencia cultural y moral, reproducida por la picaresca y la tolerancia con la corrupción, está en el origen del escaso respeto por la ley que sigue persistiendo en España a día de hoy [2016], donde las prácticas informales suelen contradecir la legalidad institucional».

El punto crítico, en el que España se hundió a principios de la Edad Moderna, se da cuando las normas innovadoras y modernizadoras son lo suficientemente fuertes para poner en tela de juicio viejos estándares, pero no lo suficientemente fuertes para prevalecer en los usos sociales. Entonces se socava la legitimidad de todos los estándares, de todas las normas, antiguas y nuevas.

Este tipo de vacío normativo se refleja brillantemente en el tango argentino «Cambalache», que lamenta:

Hoy resulta que es lo mismo

ser derecho que traidor,

ignorante, sabio, chorro,

generoso o estafador.

¡Todo es igual, nada es mejor!

¡Lo mismo un burro que un gran profesor!

No hay aplazaos ni escalafón.

Los inmorales nos han igualao.

Si uno vive en la impostura

y otro roba en su ambición,

da lo mismo que sea cura,

colchonero, rey de bastos,

caradura o polizón.

¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón!

¡Cualquiera es un señor!

¡Cualquiera es un ladrón!¹

Este tipo de situación hace que algunos individuos sientan que tienen oportunidades abiertas para actuar de maneras que ya no están justificadas por las normas tradicionales –los pícaros ya no son tan admirados como antes–, pero tampoco están fuertemente condenadas por las nuevas, ya que su vigencia es exigua. Las reglas legales innovadoras que se aplican débilmente transforman la picaresca tradicional y difusa en una corrupción generalizada y sistémica a un costo relativamente bajo para quienes participan en este tipo de transacciones y trampas.

A su vez, la corrupción tiende a perpetuar la debilidad del Estado de derecho o a debilitarlo aún más. Si los recursos estatales administrativos, legales y judiciales dedicados a controlar las actividades ilegales son débiles, la probabilidad de detectar tal comportamiento puede ser baja, lo que puede alentar a más personas a involucrarse en asuntos ilegales. Para cada individuo, el costo moral de sentirse culpable por cometer acciones ilegales puede ser menor cuanto mayor sea el número de personas que hagan lo mismo. Socialmente, incluso si existe una norma social que estigmatiza la corrupción, la pérdida de reputación puede ser relativamente moderada cuando la corrupción está generalizada.

Lo peculiar de España es que, al igual que en otros ámbitos de la actividad social, se han intentado modernizar algunas leyes y regulaciones, pero los intentos han tenido escaso éxito. No es que todo el mundo siempre se haya contentado con perpetuar la picaresca. Si las cosas hubieran continuado como de costumbre, los españoles no serían infelices, sino ignorantes o resignados, como ocurre en otros lugares muy pobres y aislados. Pero en España la mayoría de los intentos civilizatorios se han detenido a mitad de camino, han fracasado o incluso han sido contraproducentes. Lo cual genera una gran frustración.

Ya entrados en el siglo XXI, se ha estimado que la economía ilegal o «sumergida», que está fuera de las regulaciones y los impuestos, equivale a un cuarto de la producción de España e impide que el Estado recaude más de una cuarta parte de sus posibles ingresos. Otra pista sobre el volumen relativo de la corrupción en el sector privado la da la estimación de que el 20 % de los billetes de 500 euros están en España, mientras que el PIB español es solo un 7 % de la zona euro.

En el sector público, se estima que, gracias a la falta de competencia y transparencia, los contratos con agentes externos al gobierno están sobrevalorados hasta en un cuarto de su costo real, para que las empresas privadas puedan pagar sobornos y tarifas a los funcionarios públicos, los partidos políticos y los intermediarios. Por supuesto, la evasión de impuestos por un lado y el sobrecosto de los proyectos públicos por el otro arruinan las finanzas públicas. Para poder financiar los presupuestos públicos planificados, los reguladores han impuesto a los contribuyentes honestos una presión fiscal relativamente elevada, en términos comparativos europeos –naturalmente, a costa de la disponibilidad de recursos para la actividad económica privada legal.

Con el enfoque que acabamos de presentar, podemos darnos cuenta de que la sucesión de escándalos no es una buena medida de la corrupción real. La ocurrencia de escándalo solo depende de la fuerza de las normas legales innovadoras que chocan con el comportamiento tradicional y de la eficacia de los mecanismos fiscales, policiales, judiciales y de opinión pública para detectar los choques y darles publicidad.

En la España moderna, los primeros escándalos de corrupción empezaron a detonar en las décadas de 1830 y 1840, cuando comenzaron las reformas liberales. La regente María Cristina, viuda del rey Fernando VII, fue enviada al exilio dos veces tras haber sido acusada de mezclarse en negocios con los ferrocarriles, la sal y el tráfico de esclavos, junto con su segundo esposo (un sargento de sus guardaespaldas) y su primer ministro Narváez. Cada nuevo intento de introducir más transparencia en los asuntos públicos fue seguido por el surgimiento de nuevos escándalos cuando las prácticas tradicionales eran descubiertas y agitadas en público.

En el período de la Restauración, los líderes de los dos partidos principales y presidentes alternativos de Gobierno, Cánovas y Sagasta, compartieron participaciones en bancos y compañías a las que el gobierno había otorgado posiciones de monopolio para construir ferrocarriles, incluso en períodos en que alguno de ellos era el jefe ejecutivo del país. Durante la Segunda República en la década de 1930, estalló un escándalo cuando un ministro de centro-derecha fue acusado de estar involucrado en un negocio de ruleta fraudulenta, con la enorme consecuencia de que el gobierno dimitió y la consiguiente elección abrió la puerta al gobierno de izquierdas del Frente Popular.

El régimen del general Franco convirtió la corrupción en un instrumento de gobierno. Cubiertos por el secreto, la intimidación y el miedo, los funcionarios públicos de todos los niveles se apropiaron de empresas privadas, traficaron con licencias de importación y exportación, provocaron quiebras fraudulentas y especularon con la planificación urbana y con la construcción de viviendas en los alrededores de las grandes ciudades en lo que se llamó barraquismo vertical. Enumerar a los ministros y otros funcionarios o cómplices involucrados en este tipo de actividades requeriría el volumen de un listín telefónico. Pero solo estallaron unos pocos escándalos, como cuando se derrumbó un edificio de apartamentos, un producto fraudulento envenenó a cientos de clientes, o una «pirámide» financiera se vino abajo.

No hay evidencia de que haya más corrupción en la democracia actual que en la dictadura anterior. Probablemente haya menos en términos relativos a la población y al número de funcionarios públicos, pero más en términos absolutos porque el volumen de recursos privados y públicos se ha expandido mucho. De lo que ciertamente hay mucho más es de escándalos, producidos una vez más por el choque entre las prácticas tradicionales y las nuevas reglas y normas concebidas para favorecer la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de la ley. Desde 1990, alrededor de mil setecientas denuncias (un promedio de más de una por semana durante veintisiete años) han provocado alrededor de quinientas investigaciones o acusaciones.

Los intercambios irregulares que han sido temas de escándalo incluyen: el mal manejo de empresas privadas, el saqueo de oficinas públicas o de empresas subsidiadas públicamente, y los intercambios contractuales y financieros entre el sector privado y el sector público, incluyendo en este último las arcas de los partidos políticos.

En el sector privado, no es inusual ver a gerentes y ejecutivos acusados de haber llevado a una gran empresa a la ruina tras despojarla de sus fondos u ocultar sus activos. Entre los ejemplos famosos se incluyen Rumasa, propiedad de la familia Ruiz-Mateos; Banca Catalana, dirigida por Jordi Pujol, que se había convertido en presidente de Cataluña cuando fue acusado; el Banco Español de Crédito o Banesto, gestionado por Mario Conde; varios presidentes sucesivos de la Sociedad General de Autores y Editores que gestiona los derechos de propiedad intelectual; o Viajes Marsans, dirigido por Gerardo Díaz Ferrán, que también era presidente de la organización patronal española (CEOE o Confederación Española de Organizaciones Empresariales). Más a menudo, los gerentes de empresas privadas se asignan a sí mismos bonificaciones o pensiones de jubilación gigantescas. Diversas celebridades deportivas y estrellas del mundo del espectáculo también han sido procesadas por evasión de impuestos.

En el sector público, algunos altos funcionarios se han dedicado a quedarse con dinero de las arcas públicas mediante la falsificación de recibos por gastos, la suscripción de pensiones de jubilación fraudulentas o la adjudicación de bonos personales con fondos de reserva asignados oficialmente a perseguir el crimen, el terrorismo u otras misiones secretas. Algunos «fondos de reptiles» tradicionales, que se utilizaban para pagar a informantes, infiltrados y chivatos, han pasado directamente a los bolsillos de los políticos y sus subordinados. El ministro del Interior José Barrionuevo, el director general de la Guardia Civil Luis Roldán y algunos de sus cómplices fueron encarcelados por estos y otros delitos.

Algunas subvenciones financieras de la Unión Europea o de ciertos ministerios también se han asignado a receptores diferentes de los oficiales, ya fueran estos una industria textil, la ayuda humanitaria o la formación profesional de los parados. La ministra de Agricultura Loyola de Palacio y el ministro de Obras Públicas José Blanco, entre otros, fueron acusados de tales cosas.

Mucho más generalizada ha sido la venta de contratos públicos sin licitación, la recalificación de zonas urbanas, el otorgamiento de permisos y licencias de actividades, o la contratación irregular de personal a cambio de sobornos de empresas privadas, especialmente en el negocio de la construcción e inmobiliario. Varias constructoras importantes, en particular, fueron sospechosas de participar en ese tipo de intercambios, incluidas Agromán, Copisa, Cubiertas y MZOV, Dragados y Construcciones, Entrecanales y Távora, Ferrovial, OHL y muchas más. Naturalmente, los proyectos consiguientes se encarecieron por el costo adicional.

Entre los sujetos de este tipo de escándalos ha habido miembros de los gobiernos de las diecisiete comunidades autónomas, junto con alcaldes o concejales de treinta y nueve de las cincuenta capitales de provincia. Varios presidentes regionales –de Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia–, así como algunas decenas de alcaldes, especialmente en zonas costeras y turísticas, han sido formalmente acusados y arrestados o han renunciado a su cargo.

El presidente de Cataluña, Artur Mas, reconoció en 2014 que «no pondría la mano en el fuego por nadie». El subsecretario del Partido Popular, Javier Maroto, declaró en 2016: «Ha habido gran cantidad de personas acusadas e incluso imputadas por corrupción que luego han quedado en nada. Algunos son ministros a día de hoy. Si hubiéramos actuado como Torquemadas [y los hubiéramos retirado del cargo] con cada caso que aparece, hoy no habría ningún concejal funcionando en ningún Ayuntamiento, ningún diputado, ningún senador, ningún miembro de ningún Gobierno.»

Los partidos políticos fueron inicialmente los principales beneficiarios del dinero recaudado ilegalmente a través de los cargos de sus miembros en los gobiernos central, regionales o locales. Los escándalos han revelado que las tarifas habituales pagadas por las empresas inmobiliarias y de construcción ascienden a un porcentaje fijo del presupuesto de la obra pública, ya sea del 5% (que se divide en 3% para el partido y 2% para el intermediario), el 4% (dividido 2,5% y 1,5%), o solo el 3% si el intermediario es directamente un miembro del partido. La trama Gürtel ha mostrado que, al menos en el caso del Partido Popular dirigido por Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal, la misma mordida destinada a las finanzas del partido se ha utilizado también para pagar sobresueldos secretos a altos funcionarios.

La mayoría de las denuncias de corrupción contra miembros de partidos políticos en cargos públicos se han originado en acusaciones de miembros de partidos rivales. A medida que la confrontación en las principales políticas públicas ha tendido a disminuir, la corrupción se ha ido convirtiendo en un tema aprovechable en la competencia entre partidos políticos. Cuando Jordi Pujol fue convocado al Parlamento de Cataluña para dar explicaciones sobre los negocios encubiertos de él y de algunos familiares, advirtió a los parlamentarios de los diversos partidos que «si se mueve el árbol, puede que no caiga solo una rama, sino todas». Su metáfora organicista significaba, obviamente, que perseguir a un partido podía provocar represalias contra otros partidos y terminar con la destrucción de todo el sistema de partidos políticos. De hecho, el árbol ha sido sacudido una y otra vez. En total, el 44 % de los escándalos ha implicado a miembros del PP, el 31 % a miembros del PSOE y el 25 % a miembros de partidos y candidaturas regionales y locales.

Otros escándalos que implican una combinación de acuerdos públicos y privados incluyen la falsificación de contratos públicos o el uso de fondos bancarios subvencionados públicamente para beneficio personal. Entre los muchos pícaros modernos de este tipo se incluyen Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina; Rodrigo Rato, exvicepresidente del gobierno del PP; Narcís Serra, exvicepresidente del Gobierno del PSOE; el banquero Miguel Blesa; y Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol.

Los escándalos también han tocado a la cumbre del poder judicial: Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, renunció a sus cargos bajo la acusación de usar recursos públicos para gastos privados, y Manuel Moix, nada menos que el Fiscal Anticorrupción, lo hizo por evadir impuestos. Esto implica que la introducción de medidas administrativas y legales contra la corrupción estuvo fatalmente dañada por la conducta deshonesta de algunos de los magistrados que debían garantizar su cumplimiento.

Quizá el caso más pintoresco y cercano a la pequeña picaresca clásica, tanto en estilo como en sustancia, fue el protagonizado por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y un supuesto sindicato de empleados públicos llamado Manos Limpias. Se suponía que Ausbanc debía defender los derechos de los clientes de los bancos con respecto a los préstamos, las hipotecas, los seguros y otros servicios financieros; para mayor credibilidad, presentó en Salamanca una Declaración Universal de Derechos de los Usuarios de los Servicios Bancarios y Financieros, que incluía el acceso al crédito sin discriminación racial, religiosa o de otro tipo y puntos similares. Manos Limpias tomó su nombre de una investigación judicial italiana que había llevado al derrocamiento de algunos gobiernos y al desmantelamiento del sistema de partidos en la década de los noventa. Sin embargo, resultó que los líderes de Ausbanc y Manos Limpias actuaban en colaboración para extorsionar a ejecutivos de empresas, políticos y miembros de la familia real contra quienes habían presentado denuncias legales. Los dos pájaros a la cabeza de las dos bandas mencionadas se coordinaban para exigir grandes sumas de dinero para una de ellas a cambio de que la otra retirara la denuncia.

Así, no solo algunos de los principales miembros del poder judicial a cargo de enjuiciar y condenar la corrupción han sido practicantes del mismo tipo de delitos. En lo que podría ser una típica historia rufianesca del Siglo de Oro, las campañas populares anticorrupción de dos salvadores de la patria no fueron más que groseros chantajes.

Con este enfoque, se puede comprender que cuantas más medidas administrativas y legales se adopten para vigilar y perseguir la corrupción, más escándalos surgirán. Esto parece una paradoja, pero los escándalos solo reflejan las prácticas subyacentes, ampliamente difundidas, que poco a poco se revelan. Un índice de percepción de la corrupción por los ciudadanos (no de la corrupción misma), publicado anualmente por Transparencia Internacional, muestra que la mayoría de los españoles encuestados piensan que los niveles de corrupción aumentan año tras año, que la corrupción en España está más extendida que en la mayoría de los países europeos, y que seguirá aumentando en un futuro previsible. Sin embargo, esto no significa que haya una corrupción creciente. La percepción cada vez mayor de la corrupción significa que, a medida que avanza la persecución de la misma, cada vez más personas toman conciencia de la extensión y la magnitud de las prácticas tradicionales, que durante mucho tiempo habían sido alegales.

Incluso bajo las regulaciones modernas, muchos ciudadanos pueden dar su consentimiento a algún grado de corrupción si la minoría gobernante proporciona bienes públicos y políticas públicas que mejoran la seguridad y el bienestar y son suficientemente satisfactorios. Tomemos el ejemplo de algunos de los gastos públicos más altos en tiempos democráticos: las masivas obras públicas y vías de transporte que se construyeron para los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo Universal de Sevilla en 1992. Mirando hacia atrás, no es fácil creer que tanto gasto público no comportara negocios privados encubiertos. Pero en aquel momento muchos ciudadanos que todavía recordaban la corrupción sistémica y el desempeño miserable de la dictadura anterior tenían la percepción de que las nuevas autoridades lo estaban haciendo mejor. En esos eventos internacionales, incluso ser español no era necesariamente una deshonra, lo cual era un sentimiento inusual. ¿Por qué, entonces, arruinar la fiesta con sospechas inoportunas?

Sin embargo, unos quince años después, el sector público entró en una gran crisis, se redujo el gasto público y se cancelaron muchos proyectos de obras públicas. Condonar el robo ya no generaba compensaciones suficientes. Desde entonces, los escándalos y las protestas han aumentado. Se ha descubierto un amplio panorama generalizado de actividades irregulares e ilegales para beneficio privado. Una tras otra, las ramas del árbol han ido cayendo.

REBELDES PRIMITIVOS

Un estado primitivo y débil también tiene rebeldes primitivos y asilvestrados. La baja institucionalización de las relaciones sociales y el bajo cumplimiento de las leyes favorecen protestas, disturbios y rebeliones en vez de peticiones organizadas, procesos judiciales ordenados y negociaciones exitosas.

El típico motín español es desorganizado y beligerante y está privado de objetivos claros, como ya lo identificó el dramaturgo del Siglo de Oro Lope de Vega en el pueblo de Fuenteovejuna en el siglo XV. En la historia ficticia basada en hechos reales, todos los vecinos, anónimamente, sin líderes, se levantan contra los abusos del Comendador en impuestos, expropiaciones y a las mujeres, ocupan su palacio y lo arrojan por la ventana. El alborotador más activo anima a los demás gritando: «¡Rompe, derriba, hunde, quema, abrasa!»

En esbozo, la revuelta diseña los rasgos distintivos que han caracterizado las protestas y rebeliones en España durante los siglos siguientes hasta la actualidad: conspiración secreta, asalto violento, ocupación de edificios públicos, ataque personal, pillaje, ausencia de demandas concretas, ausencia de diálogo con las autoridades, ninguna promoción de alguna autoridad alternativa, derrota total, código de silencio y rechazo a dar evidencia a los agentes del orden.

Hay «acción directa» y no hay intermediarios, lo que muestra la flagrante debilidad y el rechazo de las instituciones y la ley. Como es lógico, este curso de acción se refuerza a sí mismo: brota de los indigentes y los excluidos, sus ataques provocan el miedo de los afortunados y la represión de los gobernantes, lo cual excluye aún más a los rebeldes y pone en peligro las oportunidades de construir instituciones con consentimiento social.

Otros notorios episodios con estilos similares incluyen los motines del hambre en Córdoba en el siglo XVII, las protestas contra el ministro Esquilache por prohibir el uso de capas largas y sombreros de ala ancha en Madrid y los disturbios contra el reclutamiento de soldados y los alborotos por el precio del pan en Barcelona, ambos en el siglo XVIII. Las bullangas del siglo XIX, una mezcla de trifulca y jolgorio, agregaron la quema de iglesias, conventos y monasterios, el asesinato de monjes, la violación de monjas, el asalto a prisiones, almacenes y fábricas, el derribo de estatuas y el enfrentamiento con el ejército por medios violentos –con cientos de muertos cada vez.

El historiador Eric Hobsbawm estudió algunas variantes de estas «rebeliones primitivas». Prestó atención, en particular, a la figura del bandido social o bandido rebelde: son «ladrones y proscritos que no son considerados por la opinión pública como simples criminales sino más bien como campeones de la justicia social, como vengadores o como luchadores de resistencia primitivos». El escritor e hispanista Gerald Brenan había anticipado el tipo: «El bandido siempre había sido una característica de la vida andaluza y durante siglos había actuado como una válvula de escape para el descontento popular. A los ojos de los campesinos, era un héroe, un amigo de los pobres y un campeón contra los opresores.»

Hobsbawm vio que esas y otras formas primitivas de acción colectiva se habían originado en la Edad Media, pero continuaban produciéndose en los siglos XIX y XX en varias regiones atrasadas de Europa. En el sur de España, «las aldeas se habían desarrollado, tanto económica como políticamente, en su forma primitiva con un mínimo de organización real para la administración, el gobierno y la coerción», señaló. Y en el contexto de un Estado tan débil, «parecía razonable suponer que la autoridad y el Estado eran intrusiones innecesarias» que podían ser fácilmente eliminadas. En resumen: la debilidad del Estado inducía rebeliones simples y primitivas, las cuales, a su vez, se orientaban a debilitar el Estado aún más.

El historiador Pierre Vilar también había observado «esos arrebatos colectivos de pasión que sacudieron a los españoles una y otra vez durante los siglos XIX y XX, alternando con períodos de depresión e indiferencia, y sorprendiendo siempre al gobierno». También señaló que los rebeldes españoles «mantuvieron desde la Edad Media un gusto por lo espectacular y lo macabro, una tendencia a la histeria de masas».

El notario Juan Díaz del Moral escribió una historia muy notable de una serie de rebeliones en la Andalucía agraria, incluyendo varias de mayor alcance provocadas por periódicas hambrunas. Describió los movimientos de esos campesinos como «simples», «primitivos», «infantiles», «sin ninguna complicación», como corresponde a «un pueblo imaginativo y entusiasta, totalmente inculto», listo para seguir cualquier instrucción o utopía, mezclado con «grupos de criminales».

En toda España tuvieron lugar numerosos episodios de acción directa y revueltas no organizadas. Una característica definitoria de esas agitaciones era su alejamiento de la política, es decir, de los partidos, las elecciones, la representación y las instituciones. En palabras de Díaz del Moral:

Existía entonces en Andalucía, como en toda España, una extensa corriente de opinión, común a todas las clases sociales, que consideraba la política como una actividad amoral, de orden inferior, cuyos temas y motivos utilizan sus profesionales para medrar, para crearse una posición y para justificar toda suerte de desmanes y bellaquerías.

Todos los estudiosos de los movimientos obreros en España han notado su componente intelectual relativamente débil. Tanto los partidos socialistas, según su primer líder internacional, el alemán Karl Kautsky, como los partidos comunistas, según el ruso Vladimir Lenin, se formaron mediante la fusión del sindicalismo obrero con ideas importadas por intelectuales. Dada la endeblez del segundo componente en España, la participación de los trabajadores en la política regular siempre estuvo marcada por una tendencia antipolítica y antiestatal. Para el historiador Murray Bookchin, los movimientos sociales españoles, en gran parte dominados por el anarquismo y el anarcosindicalismo, deben entenderse «como una expresión de la sociedad española plebeya más que como un cuerpo de exóticas doctrinas libertarias».

Los movimientos anarquistas «que dominaron el mundo de los trabajadores en Cataluña desde 1868 hasta 1939», según el historiador Josep Termes, desarrolló muchos de esos rasgos. Como Termes recoge del periodista y escritor anarquista Jacinto Toryho:

En el anarquismo español se ha dado cita el místico y el criminal, el hombre de bien y el delincuente común, el sobrio líder obrero y el vulgar demagogo. Al lado de ejemplares conductas humanas hallamos individuos tortuosos, confidentes, pistoleros, agentes provocadores, atracadores, inadaptados...

En otras palabras: una representación genuina de la quebrada sociedad española de la época.

Las huelgas, las manifestaciones, las agresiones personales y los asaltos llevaron eventualmente a ataques terroristas con bombas, primero, y con disparos de fusil y rifle y explosiones de granadas más adelante. Se lanzaron bombas desde fines de la década de 1870, dos veces contra el rey Alfonso XII en Madrid, contra el capitán general, el Teatro de la Ópera y la procesión de Corpus Christi en Barcelona, y dos veces contra el rey Alfonso XIII, en París y en su boda en Madrid, así como contra otras varias docenas de objetivos. Varios jefes de Gobierno fueron efectivamente asesinados: el progresista Juan Prim en 1869, el conservador Antonio Cánovas en 1897, el liberal José Canalejas en 1912, el conservador Eduardo Dato en 1921, como también sería el caso del fascista Carrero Blanco en 1973.

Desde aproximadamente 1914, se volvió cada vez más común que la huelga de masas de los trabajadores se desarrollara en paralelo con ataques armados individualizados contra patronos, gerentes, policías y esquiroles, los cuales respondieron con el contraterrorismo patronal contra líderes sindicalistas, abogados y activistas. Hubo más de un muerto cada cinco días durante unos diez años. Durante la década de 1930, los asesinatos por motivos políticos se multiplicaron, hasta cerca de tres por semana.

Uno de los líderes anarquistas, Juan García Oliver, proclamó solemnemente después de convertirse en ministro de Justicia de la República, que su grupo anarquista era «lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar: ¡los reyes de la pistola obrera de Barcelona! [...] los mejores terroristas de la clase trabajadora».

Durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra, hasta unos ochenta mil terratenientes, burgueses, sacerdotes, monjes y monjas de un lado, y políticos de izquierdas, intelectuales, sindicalistas y anarquistas del otro, fueron asesinados fuera de los frentes y las trincheras o los bombardeos aéreos. Algunas guerrillas rurales y urbanas continuaron la resistencia contra la dictadura hasta la década de 1950.

El sindicalista Ángel Pestaña, que había sido expulsado del sindicato anarquista por su oposición a la violencia, escribió en sus memorias:

Hemos de reconocer, con dolor y vergüenza... [que] casi todos los atracadores, los de Barcelona como los de otras provincias, todos, proceden de las filas del sindicalismo y del anarquismo, y casi todos han sido buenos militantes.

Los asaltos, el bandidaje político o el terrorismo no fueron concebidos, sin embargo, como un arma suficientemente fuerte para cambiar el sistema social o el régimen político. Eran simplemente «gimnasia revolucionaria», como decía García Oliver, una especie de entrenamiento. Se suponía, en general, que la forma de vencer realmente sería mediante la huelga general, una acción de masas que, por arte de magia, lo detendría todo y haría que las personas despertaran en un mundo diferente. El mito fue aceptado sucesivamente por sindicalistas, anarquistas, socialistas y comunistas.

La primera huelga general en España se inició en Barcelona en 1855, y fue seguida por numerosas huelgas locales en sitios como Alcoy, Jerez, Morón, y el primer Primero de Mayo de 1890. Un motín notable estalló durante la llamada «Semana Trágica» en Barcelona en 1909. Inicialmente fue una revuelta contra el reclutamiento militar para las guerras en África, pero se convirtió de inmediato en un caos de manifestaciones y barricadas, asesinatos, quema de iglesias, asaltos a comisarías y ataques a tranvías, los cuales produjeron unos cien muertos, dos mil personas sometidas a juicios militares y dos mil más que se fueron al exilio.

Desde la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) bajo inspiración anarquista en 1910, hubo una huelga general en Barcelona casi todos los años. Díaz del Moral también destacó la importancia de la «huelga general, el mito impulsor de todo el movimiento obrero», en las agitaciones en Andalucía.

El Partido Socialista y su Unión General de Trabajadores (UGT) se unieron pronto al mito salvador. En 1917, los dos sindicatos, la anarquista CNT y la socialista UGT, convocaron conjuntamente una «huelga general, sin plazo definido» que paralizó al país durante una semana y produjo varias decenas de muertos en choques con la policía. Estas acciones se hicieron más frecuentes en la década de 1930 –cuando la represión disminuyó pero las políticas públicas no mejoraron sustancialmente– tanto en Madrid como en Sevilla y en las colonias industriales del Alto Llobregat en Cataluña. Los socialistas también participaron en la convocatoria de una huelga general que debía convertirse en una insurrección revolucionaria armada contra el gobierno derechista de la República en 1934. La iniciativa fracasó, excepto en Asturias, donde durante algunas semanas el movimiento comportó asaltos a cuarteles militares, oficinas públicas, minas y fábricas, y numerosos asesinatos. Hubo más de mil quinientos muertos. Los socialistas adoptaron desde entonces el saludo con el puño izquierdo levantado, ya que tenían ocupado el brazo derecho en sostener el rifle.

A fines de la década de 1940, los comunistas abandonaron las tácticas de guerrilla y también abrazaron el añejo mito de la huelga general como «un arma para poner fin al régimen de Franco». Tras los desorganizados boicots a los tranvías de Barcelona en 1951 y 1957 y algunas protestas de estudiantes iniciadas en Madrid y Barcelona, el Partido Comunista intentó convocar una «Huelga General Política» o HGP, centrada en los obreros, la cual debía provocar una «Huelga Nacional Pacífica» o HNP de toda la población. Desde finales de la década de 1950, algunos activistas comunistas intentaron incansablemente convocar la HacheGePé y la HacheEnePé como la vía para provocar un cambio de régimen. Las huelgas de los mineros en Asturias en 1962 despertaron algunas esperanzas. Aún a principios de la década de 1970, tras algunas huelgas de trabajadores cuya represión por la policía produjo víctimas mortales en Granada, Erandio (en Vizcaya), la fábrica SEAT en Barcelona y El Ferrol, el Partido Comunista presentó «el concepto de Huelga Nacional como un paso más allá de la Huelga General Política». En palabras del líder comunista en el exilio, Santiago Carrillo:

No solo se trata de paralizar el trabajo, sino de organizar a los trabajadores de cada empresa, a los vecinos de cada barriada, a cada uno de los sectores participantes, para intervenir masivamente en la calle [...] de constituir órganos de lucha y de Poder a todos los niveles posibles [...] un levantamiento popular y nacional.

Durante los primeros cuatro años después de la muerte de Franco, el número de huelgas obreras se multiplicó, motivadas en gran medida por una nueva depresión económica y tasas de desempleo gigantescas y facilitadas por la relajación de la represión. Posteriormente, hubo algunas convocatorias de huelgas políticas: contra el golpe de Estado militar de 1981, contra la Guerra de Irak en 2003 e incluso por la independencia de Cataluña en 2017, pero con escasos resultados. Otras convocatorias se centraron en reivindicaciones sindicales concretas, especialmente respecto del mercado laboral, el subsidio de paro y las pensiones de jubilación, algunas de ámbito europeo. Pero la huelga general nunca fue confirmada como un arma efectiva de cambio político general.

Bien entrado el siglo XXI, España es el país de Europa con las tasas más bajas de asociación política y las más altas de manifestaciones públicas, violencia política y protestas ilegales.

España consigue el último lugar en afiliación voluntaria a partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales, grupos de acción comunitaria y organizaciones preocupadas por el medio ambiente, los derechos humanos, las mujeres, la paz o los derechos de los animales, todos los cuales reúnen solo entre un 1 % y un 3 % de la población. La baja evaluación comparativa es válida para personas de todas las edades, niveles de educación, niveles de ingresos y especialmente para la participación de las mujeres. Los niveles de actividad asociativa de los españoles son entre cinco y diez veces menores que los de Europa Central y Nórdica y de América del Norte. Las diferencias entre países, lejos de disminuir, aumentan con el tiempo.

Al mismo tiempo, España es el número uno en protestas que incluyen violencia contra las personas o la propiedad, y está muy cerca de la cima en otras movilizaciones beligerantes directas, como sentadas y boicots –todo según los datos de encuestas para dieciocho democracias occidentales proporcionados por la politóloga Laura Morales.

Que las dos características, baja asociación y frecuentes protestas, vayan juntas no es una especial curiosidad. En general, los sociólogos argumentan que, en las democracias actuales, la frecuencia de las protestas está inversamente relacionada con los niveles de afiliación a asociaciones políticas. Los países donde abundan las protestas más intensas son también aquellos en los que los problemas socioeconómicos, religiosos o territoriales tradicionales no han sido pacificados e institucionalizados. Este legado histórico de desobediencia y revuelta permanentes actúa como un impedimento a la participación a través de estructuras y organizaciones políticas mejor establecidas y más estables. En España, los largos períodos de gobierno autoritario también dejaron a mucha gente con una propensión permanente a protestar.

Una vez más, hay un círculo que se cierra en sí mismo: la persistencia de antiguos conflictos estimula viejas formas de protestas y disturbios, lo cual a su vez pospone la institucionalización de las luchas sociales y deja al país detrás de otros con desarrollos más exitosos. En palabras del sociólogo Ruud Koopmans, los movimientos sociales y los regímenes políticos «coevolucionan» o cambian juntos como resultado de la adaptación mutua. «El desarrollo y las características de la protesta están conformados por las oportunidades políticas disponibles para la movilización» –y viceversa, se podría agregar.

La contribución reciente más destacada de España a la configuración de los perfiles de la protesta social fue el movimiento de los «Indignados», que siguió un ciclo típico de los movimientos sociales entre 2011 y 2015. Las conexiones visibles con antiguas tradiciones españolas de protestas y disturbios incluyen la prominencia «del pueblo» como una entidad mítica única opuesta a las élites privilegiadas y corruptas, su tono antipolítico, la abundancia de trifulca y jolgorio, y un repertorio de formas de acción en gran parte centradas en manifestaciones, marchas, asaltos y «escraches». La última palabra, que parece estar relacionada con el italiano scaracchio, o escupitajo, es una concentración frente a la casa o el lugar de trabajo de figuras públicas para avergonzarlas y llamar la atención sobre sus crímenes: puede compararse con formas de protesta tradicionales muy antiguas a las que nos hemos referido anteriormente, desde Fuenteovejuna hasta hoy.

El punto álgido del movimiento de los Indignados fue la concentración, sentada, asamblea y acampada en la Puerta del Sol de Madrid, a partir del 15 de marzo de 2011, pronto seguida por acciones similares en la plaza de Cataluña en Barcelona y en varias docenas de otras ciudades, por lo que el movimiento también fue conocido como «15-M». En el camión al frente de la manifestación en Madrid ese mismo día, el altavoz gritaba en plan grueso contra los partidos políticos y los sindicatos establecidos:

«Psoe, Pepé, la misma mierda es.»

«Dónde están, no se ven, Comisiones y Ugeté.»

Los lemas más populares en la acampada durante las siguientes semanas fueron dirigidos contra parlamentos y gobiernos y todo tipo de instituciones formales. Los manifestantes cantaban:

«No nos representan.»

«Lo llaman democracia, pero no lo es.»

El movimiento negó enfáticamente que necesitara tener líderes. Se elogió una «democracia directa» indefinida y se predicó la desobediencia civil y política. Las principales formas de violencia incluyeron los intentos de asaltar el Congreso de los Diputados en Madrid y el Parlamento de Cataluña en Barcelona.

La dinámica típica de un movimiento de protesta no institucionalizado como este es: «el poder surge rápidamente, alcanza su apogeo y luego se evapora o da paso a la represión y la rutina», según el análisis de casos importantes, principalmente de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, por el politólogo Sidney Tarrow. «Debido a que las estructuras de oportunidad cambian tan rápidamente, los éxitos son generalmente breves y su resultado a veces es trágico», observó. Durante siglos, la acción colectiva surgió entre una variedad de grupos sociales sin producir una interacción sostenida con las autoridades o las élites. «Hoy, también», observa Tarrow, «la acción colectiva violenta y apasionada a menudo entra en erupción, solo para llevar a la dispersión y la desilusión.»

Algunos de los movimientos sectoriales que se desarrollaron bajo la influencia desencadenante del 15-M se llamaron «Mareas», apelación que puede ser una metáfora adecuada para una subida y una caída rápidas. Según Tarrow y sus discípulos, un movimiento de protesta tiende a elevarse como una marea y luego se divide entre aquellos que optan por seguir un camino institucionalizado y aquellos que siguen usando formas de acción directa, se radicalizan y se pueden enredar en un círculo de involución sectaria.

Más allá de estas características generales, la especificidad de los indignados españoles recientes pudo estar en el uso masivo de internet y las redes sociales, lo que aceleró el ciclo: un aumento extremadamente rápido y una desaparición repentina cuando se convocaron nuevas elecciones políticas en el país. Los politólogos Helen Margetts y Peter John han observado en una amplia perspectiva comparativa que «las redes sociales pueden producir movimientos populares de rápido crecimiento, pero volátiles. Es mucho más fácil provocar una gran protesta que antes. Pero la mayoría de las movilizaciones fracasan».

Según lo analizado por la socióloga Sandra González-Bailón, «las redes descentralizadas facilitan movilizaciones de alcance y velocidad sin precedentes, pero en realidad no son muy buenas para mantener el impulso o crear estructuras particularmente estables en comparación con las organizaciones tradicionales».

Para la socióloga Zeynep Tufekci, «estos movimientos en red a menudo idearon tácticas iniciales innovadoras y llevaron a cabo una acción espectacular, pero no fueron capaces de sostenerse y organizarse a largo plazo de una manera proporcional a la energía que habían sido capaces de atraer inicialmente y a la legitimidad que disfrutaron en sus demandas».

DESCARRILAMIENTO DE LA VÍA EUROPEA

A lo largo del siglo XIX y durante la mayor parte del siglo XX, hubo intentos recurrentes en España de construir nuevas estructuras políticas y administrativas propias de los estados modernos. Se intentó introducir una reforma agraria, una revolución industrial, un ejército profesional, la laicidad pública, leyes civiles, regulaciones laborales –como hemos visto–, pero la resistencia a las innovaciones frustró los esfuerzos y la reacción prevaleció.

Tal como lo resumió con gran sagacidad el politólogo Juan J. Linz:

El siglo XIX vio un período de repentina ruptura con la tradición a través de medios políticos que provocaron respuestas reaccionarias, más que, estrictamente hablando, conservadoras, y que no estuvieron acompañados por otros procesos de modernización.

Como consecuencia de frecuentes rupturas políticas y discontinuidades culturales y sociales, «la legitimidad tradicional se debilitó sin que se produjese una modernización exitosa», concluyó.

Esta experiencia fue diferente de las pautas históricas de Inglaterra o Francia, que habían construido las bases de un estado moderno durante los siglos XVIII y principios del XIX y solo se embarcaron en nuevas empresas imperiales cuando sus estados fueron suficientemente sólidos. Asimismo, el nuevo Estado de Alemania se basó en gran parte en las estructuras administrativas y militares de Prusia anteriormente existentes, mientras que el nuevo Estado italiano se creó inicialmente desde el núcleo del antiguo Reino del Piamonte. Estos dos últimos países sufrieron dictaduras duras, aunque poco duraderas, y las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, pero pudieron reanudar y mejorar sus estructuras de gobernabilidad a partir de 1945 y poco después en un protector marco común europeo. España experimentó calamidades comparables, pero sobre bases más débiles y durante períodos más largos, permaneció tristemente aislada durante décadas, y solo mucho más tarde comenzó seriamente a intentar construir un estado moderno. Para entonces, los contextos europeo y mundial ya habían comenzado a cambiar hacia una nueva era de amplia interdependencia y apertura, que en parte ha frustrado el esfuerzo de un modo inédito.

Un momento crucial para la desviación definitiva de España del patrón europeo puede haber sido en 1923, cuando el capitán general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado tras su pronunciamiento por «la salvación de la Patria». Este fue el primero de una serie de cinco giros dramáticos durante los siguientes trece años que llevaron al descarrilamiento definitivo de España de la vía europea.

Veamos, primero, el momento inicial. Los republicanos, los socialistas y los regionalistas catalanes inicialmente excluidos habían estado presionando para entrar en la competencia política dentro del marco institucional existente en la restaurada monarquía de los Borbones. Con ese propósito, habían organizado un levantamiento contra el régimen en 1917, en paralelo a una huelga encabezada por los anarquistas. Los gobiernos monárquicos ulteriores respondieron preparando algunas reformas institucionales integradoras y modernizadoras. En particular, el jefe del Gobierno liberal Manuel García Prieto presentó en diciembre de 1922 un amplio programa de reformas sobre impuestos, cultos religiosos, derechos parlamentarios, garantías ciudadanas, el sistema electoral, la propiedad agraria y el arbitraje laboral. El ministro de Gracia y Justicia, conde de Romanones, recordaría que «creímos que aún estábamos a tiempo de consolidar la Monarquía siempre que fuera sobre la base de una democracia amplia, y establecimos un programa completo para afirmar la supremacía del poder civil» sobre los poderes militar y eclesiástico.

Era «una transición de la oligarquía a la democracia», en palabras de Raymond Carr. «Un catálogo de reformas que, en conjunto, equivalía a una democratización radical» del régimen, según la historiadora Carolyn Boyd. El gobierno «se embarcó en un proceso de democratización y reforma que alarmó a los intereses creados», según Shlomo Ben Ami. El de García Prieto era «un programa ambicioso que tenía como objetivo transformar en una dirección democrática la monarquía constitucional para darle viabilidad a largo plazo», según lo estimado por los historiadores Ramón Villares y Javier Moreno Luzón. Y el subsiguiente golpe de Primo de Rivera estuvo motivado «por la necesidad de detener el programa de García Prieto y su agenda reformista-regeneracionista», para Joan Maria Thomàs. Al haber anunciado el gobierno que también pediría responsabilidades por la derrota en la guerra colonial en África, los militares reaccionaron y el Rey concedió, apoyando así el pronunciamiento de Primo de Rivera unos meses más tarde. Este fue el primer golpe.

Le siguió un contramovimiento republicano. La dictadura fue respondida con conspiraciones insurreccionales y de huelga general y una espuria victoria electoral de una coalición de republicanos y socialistas. En las elecciones municipales de 1931, esta última obtuvo menos de una mayoría de los votos en todo el país, pero una mayoría de concejales en las ciudades más grandes, lo que llevó a proclamar la República y provocar el exilio del Rey.

El re-contragolpe llegó pronto, nuevamente en forma de un levantamiento militar, encabezado por el general Sanjurjo en 1932, y otra victoria electoral espuria, esta vez de la derecha conservadora. En la segunda elección de la República en 1933, el centro-derecha republicano alcanzó acuerdos preelectorales con un nuevo partido derechista, la CEDA, formado por católicos y agrarios. Dado que el sistema electoral daba sobrerrepresentación a las candidaturas mayores, tanto el centro-derecha como la derecha fueron apoyados por menos votantes, pero recibieron más escaños que los, esta vez más separados, republicanos de centro-izquierda y socialistas si se cuentan juntos. Este fue el tercer movimiento.

La izquierda política y los anarquistas pronto reaccionaron con un re-contra-contraataque, nuevamente con una huelga y una insurrección armada en 1934, ya mencionadas, y una nueva y espuria victoria electoral en 1936. Los republicanos de centro-izquierda y los socialistas y comunistas esta vez se presentaron juntos en un Frente Popular, mientras que el centroderecha se debilitaba y la derecha se unía a un Frente Nacional más extremo formado por católicos, agrarios y monárquicos. Esta vez fue el Frente Popular el que recibió el apoyo de menos votantes, pero más escaños que los partidos de centro-derecha y derecha menos unificados si estos últimos se cuentan juntos. (Véase el apéndice con datos sobre votos y escaños en la sección de fuentes al final del libro.)

La quinta contra-contra-contrarreacción no tardó en llegar. Apenas cinco meses después de las elecciones, una insurrección militar provocó una carnicería de tres años, habitualmente etiquetada como guerra «civil». En los dos giros anteriores, 19321933 a la derecha y 1934-1936 a la izquierda, el levantamiento violento había sido una reacción contra unos resultados electorales equívocos y también el comienzo de una campaña preelectoral para la nueva ocasión. De alguna manera, los insurrectos estaban presionando por una elección anticipada y llamaban a los grupos derrotados electoralmente a que se unieran para la contienda. Sin embargo, tras dos alternancias en el gobierno, la insurrección militar en julio de 1936 no pretendió preparar ninguna elección más, ni espuria ni auténtica.

En resumen, la historia fue:

1923: golpe y dictadura de derechas.

1931: victoria electoral espuria y revolución de izquierdas.

1932-1933: golpe y victoria electoral espuria de derechas.

1934-1936: revolución y victoria electoral espuria de izquierdas.

1936: golpe, guerra civil y dictadura de derechas.

Al final de la guerra, cualesquiera elementos que pudiera haber habido de un estado habían sido destruidos. Así fue como los vencedores afirmaron el comienzo de un «Nuevo Estado». Sin embargo, inmediatamente después, España volvió a una versión solo ligeramente revisada de su vieja tradición política: un caudillo militar absolutista por derecho divino mandando a través de una burocracia raquítica e inepta, ahora complementada por escuadrones de fusilamiento, un partido fascista y una policía y unos tribunales políticos, sirviendo a una camarilla de terratenientes y algunos banqueros, sobre un océano de prácticas ilegales y corruptas. En total, desde el descarrilamiento por el golpe de Estado de Primo hasta los últimos años del régimen de Franco y la transición posterior, el proyecto de construir un estado nacional moderno y democrático fue aplazado durante más de cincuenta años.

UN ESTADO-BURBUJA

Cuando España ingresó en la Comunidad Europea, a mediados de la década de 1980, el todavía débil Estado español había comenzado a deshacerse de sus dos tradicionales muletas, el Ejército y la Iglesia. El Ejército se estaba disolviendo como actor político y se estaba convirtiendo en una burocracia encogida y sedentaria, como hemos visto, mientras que la Iglesia también había decaído y su influencia pública disminuía significativamente.

Más capaz de caminar por su cuenta, sin molestas muletas, el Estado comenzó a inflarse. Sus recursos financieros y administrativos se expandieron durante un par de décadas. Gran parte de esta inflación, sin embargo, resultaría ser una enorme burbuja propensa a desinflarse. La ilusión de que, finalmente, después de un largo retraso histórico, España hubiera alcanzado el estatus de un estado europeo moderno sería contrariada en gran medida a partir de la Gran Recesión iniciada en 2008.

Veámoslo con algunos datos. En el último año con Franco vivo, 1975, el gasto público español ya había aumentado un poco, pero solo representaba alrededor del 25 % del Producto Interior Bruto (PIB). Esto contrastaba con las proporciones de la mayoría de los países de Europa occidental de la época, que eran aproximadamente del 40 %. En el siguiente período, el gasto público español casi se duplicaría en términos relativos, hasta un máximo del 48 % del PIB en 2012.

Sin embargo, el gobierno central controlaría solo un poco más de la mitad de ese gasto (un 53 % en 2017), mientras que el resto quedaría ahora en manos de las comunidades autónomas y los municipios. Así, el gasto del gobierno central permanecería tan pequeño en términos relativos como cuarenta años atrás (0,48 × 0,53 = 0,25 %).

Es más: la relativa solidez del gobierno central es una ilusión óptica, una especie de trompe-l’œil artístico que se percibe como algo voluminoso pero resulta ser plano. Las tres cuartas partes del gasto público central se dedican, primero, a transferencias automáticamente reguladas por el sistema de la Seguridad Social, especialmente pensiones y prestaciones por desempleo; en segundo lugar, a pagos de intereses y reembolsos de la deuda pública, la cual asciende a alrededor del 100 % del PIB y –como ha solido ocurrir en la historia de España– es imposible de reembolsar pero erosiona las finanzas públicas sin pausa; y, tercero, otras transferencias fuera del poder de decisión del gobierno de turno. De manera similar, las comunidades autónomas gastan la mayor parte de sus presupuestos en salarios para empleados de salud y enseñanza y en pagos de deuda. La capacidad de decisión para alterar la asignación de los recursos públicos es menos que minúscula.

Se puede estimar que un gobierno central que hipotéticamente pretendiera modificar la asignación de gastos de todas las partidas del presupuesto estatal sería capaz de reasignar menos del 4 % del PIB. En la práctica, el gasto discrecional del gobierno es incluso más bajo, ya que está limitado no solo por los programas de derechos adquiridos para los cuales la financiación es obligatoria, sino también por programas a largo plazo y otros compromisos.

La magnitud del gasto público absoluto y relativo ha ido disminuyendo aún más desde el rescate de las finanzas públicas y privadas españolas por la Unión Europea en 2012, el cual llegó junto con un programa concreto de reducción de los déficits públicos y la consiguiente deuda acumulada. Según los planes actuales del Ministerio de Economía, el gasto público total del Estado español debería caer a cerca del 38% del PIB a principios del decenio de 2020, lo que implica un recorte de una quinta parte de su tamaño anterior en diez años. Esto hará que el gasto del gobierno central sea significativamente más pequeño, en términos relativos a la economía, de lo que era al final de la dictadura de Franco, ya que aterrizaría a alrededor del 20% del PIB.

Una consecuencia importante de esta reducción es el colapso de la inversión pública, que ha colocado a España en el último lugar de los países europeos en infraestructuras, salud, educación, investigación y desarrollo y otras inversiones capaces de promover el crecimiento, a menos del 2 % del PIB. Esto es menos de lo que se necesitaría para el mantenimiento de las instalaciones existentes. Un gasto público orientado al consumo anula cualquier posible efecto en la recuperación de la economía y elimina los beneficios económicos y sociales a mediano o largo plazo. Este tipo de recortes drásticos del gasto se ha introducido durante años no solo en el gobierno central, sino también en los gobiernos regionales y locales.

Se puede observar una evolución similar con respecto al empleo público. En 1975, había cerca de setecientos mil empleados públicos en España, aproximadamente el 90 % de ellos en el gobierno central. Desde entonces, el personal público se ha multiplicado, hasta cerca de tres millones de personas, la gran mayoría de ellos funcionarios vitalicios. Sin embargo, más del 80 % de los empleados públicos actuales trabajan ahora en las comunidades autónomas, los municipios o las universidades. El número absoluto de funcionarios públicos en la administración central del Estado, incluida la Seguridad Social y las Fuerzas Armadas, es en 2017, aproximadamente, quinientas veintidós mil personas, muchos menos que en 1975, y su número relativo es, obviamente, muchísimo menor con respecto a la mayor población.

Esto no es todo. De hecho, la restricción más importante de la capacidad del Estado español de gobernar por su cuenta se deriva de su pertenencia a la Unión Europea. Al igual que en la mayoría de los países europeos, gran parte de la legislación española promulgada cada año proviene de la UE. Durante los cuatro años 2012-2015, las instituciones de la Unión Europea, es decir, el Parlamento, el Consejo y la Comisión, aprobaron un promedio anual de veintidós directrices para ser transformadas en leyes estatales o actos administrativos por los estados miembros. Durante el mismo período, cuando el gobierno unipartidista español tenía una mayoría de escaños en el Congreso de los Diputados, este último aprobó un promedio anual de sesenta y tres iniciativas legislativas, contando leyes orgánicas, leyes, decretos y decretos legislativos, incluidas las derivadas de la UE. Esto significa que el 35% de toda la legislación española se derivó de directrices europeas. La proporción se acerca al 50 % en lo que se refiere a legislación con un impacto económico significativo.

Durante las últimas dos décadas, la UE ha aprobado unas dos mil directivas que se han transformado en leyes estatales o actos administrativos, con efectos similares en la actividad legislativa de los parlamentos domésticos, además de unas doce mil regulaciones que son directamente vinculantes para todos los ciudadanos europeos sin pasar por las instituciones estatales. Así pues, la inmensa mayor parte de la legislación reciente que rige sobre los ciudadanos procede, directa o indirectamente, de la UE.

La ausencia de gobierno en España durante el año 2016, cuando tuvieron lugar dos elecciones en seis meses, y la condición minoritaria del gobierno que las siguió, redujeron aún más la producción legislativa del Parlamento español. El Parlamento se limitó a ratificar directrices de la Unión Europea, actualizar y prorrogar los presupuestos del período anterior y convocar las siguientes elecciones, mientras el gobierno recurría rutinariamente a gobernar por decreto. La mayoría de las comunidades autónomas, en mayor número que nunca antes, tampoco aprobaron sus presupuestos a tiempo.

En resumen: el Estado central español es, tanto en recursos financieros como administrativos, más pequeño que hace más de cuarenta años. El crecimiento de la población y la economía durante ese período ha acompañado el crecimiento o la creación de gobiernos locales y regionales, mientras ha disminuido el tamaño relativo del gobierno central, el cual ha transferido poderes de decisión en muchos asuntos a los nuevos cuerpos descentralizados. Desde la explosión de la Gran Recesión, el Estado se ha ido adelgazando. Además, la capacidad de decisión del Estado español ahora se ve fuertemente limitada en cuestiones importantes por los principios, las directrices y las instrucciones de la Unión Europea, lo cual cuestiona la noción de soberanía tradicionalmente asociada a la esencia del Estado.

El Estado central español actual no es lo que era ni lo que podría haber sido y no fue. Actualmente, el Estado se basa en una gran burbuja financiera y administrativa. Es probable que la burbuja del Estado no explote de repente, como lo hicieron las burbujas inmobiliarias o bancarias. Pero está pinchada y, como un globo errático que pierde aire, puede continuar desinflándose durante un tiempo.

3. Una nación incompleta

Algunos nacionalistas sostienen que las «naciones» existen desde tiempo inmemorial y que han sido la base de los estados nacionales soberanos. Este enfoque de la cuestión, que se llama «esencialista» o «primordialista», ha sido revisado durante las últimas décadas, cuando el énfasis en el análisis se ha trasladado a la importancia de los diversos procesos económicos y políticos para explicar la creación y la construcción inicial de «naciones» donde antes no existían.

El enfoque «constructivista» se ha convertido en dominante en los estudios sociales actuales. Hace varias décadas, el politólogo Karl Deutsch ya había señalado que «la idea de nacionalidad se volvió atractiva para la gente solo en el período moderno como resultado de cambios económicos y sociales», especialmente en la educación y la construcción de áreas de comunicación social. El historiador Ernest Gellner observó que «el nacionalismo, que a veces toma culturas preexistentes y las convierte en naciones, a veces las inventa y a menudo elimina culturas preexistentes». El historiador Eric Hobsbawm sintetizó: «El nacionalismo surge antes que las naciones. No son las naciones las que construyen estados y nacionalismos, sino al revés.»

Más recientemente, el politólogo David Laitin ha observado que todavía hay «gente que a menudo cree, erróneamente, que ciertas categorías sociales son hechos naturales, inevitables e inmutables del mundo social. Algunos creen que las categorías sociales particulares han sido creadas por la naturaleza humana en lugar de por la convención y la práctica sociales». Por el contrario, afirma, fueron los «reyes ingleses, franceses y españoles [los que] trataron de enfatizar una cultura “nacional” común para ayudar a dar coherencia y eficiencia a la gobernación del estado».

Una nación moderna existe en tanto que cierto número de personas que no se conocen cara a cara se imaginan que forman una comunidad unificada. Las referencias básicas a compartir por la imaginación de la gente son un territorio, una raza, una religión, un idioma y otros elementos culturales. Un proceso típico puede comenzar, primero, con movimientos y gobernantes nacionalistas que seleccionan y activan algunos rasgos culturales previamente existentes de la población, como los que acabamos de mencionar, haciendo creer a algunas personas que forman una sola comunidad con otras personas que comparten los mismos rasgos y tratando de convertir estos en un estándar unificador para todos.

En ese proceso, el trazado de límites y fronteras depende de eventos políticos, incluidas las victorias o derrotas en guerras entre imperios, estados y rebeliones, luchas partidistas y arreglos diplomáticos. Son, por tanto, los nacionalistas los que diseñan naciones culturales y pueden crear comunidades políticas, como los estados modernos, los cuales a su vez pueden establecer fronteras y tratar realmente de construir y completar naciones culturalmente unificadas. La nación no es el principal factor explicativo de esos procesos políticos, sino uno de sus resultados, ya sea exitoso o frustrado. En el enfoque «constructivista», se dice que la construcción de naciones y comunidades étnicas es «endógena» a los cambios políticos y económicos.

El punto relevante respecto de España se deriva del hecho de que, en términos generales, un estado débil no puede construir una nación moderna sólida. Y por eso el débil Estado español –que había quedado entrampado en aventuras imperiales durante varios siglos– nunca ha podido completar la construcción de una nación española unificada. Mucha gente en España se imagina que pertenece a una comunidad unificada llamada nación española, otra gente no lo comparte, amplios grupos se han resistido a la asimilación cultural española y algunos se imaginan que pertenecen, en cambio, a naciones alternativas.

La construcción de grandes estados nacionales en Europa occidental en los tiempos modernos fue posible gracias a nuevas tecnologías de transporte y comunicación que cambiaron la escala de las relaciones humanas y el tamaño de las comunidades políticas viables, especialmente los ferrocarriles en el siglo XIX y las carreteras en el siglo XX. Aunque muchos individuos que vivían en el mismo territorio estatal continuaron sin conocerse cara a cara, podían viajar, comerciar y entrar en relación con hipotéticos compatriotas situados a mayor distancia que antes, cuando el ámbito local era primordial.

Los estados trataron de insuflar un lenguaje común, valores patrióticos comunes, y nuevos símbolos y mitos por medios modernos de persuasión, coerción y represión. Entre estos se incluyen la instrucción obligatoria en las escuelas públicas, el servicio militar y la expansión de los mensajes de los medios de comunicación de masas, en particular los periódicos en el siglo XIX y la radio y la televisión públicas en el siglo XX.

En todos estos esfuerzos, el éxito del Estado español fue limitado, y la construcción de una nación culturalmente unificada permaneció incompleta. En comparación con otros intentos más exitosos de construir estados-nación modernos, España ha permanecido muy fragmentada en su interior, donde prevalecen los localismos, y más bien aislada hacia afuera, lo que tampoco ayuda a imbuir un sentimiento de unidad nacional ya sea en rivalidad con los vecinos o contra enemigos extranjeros.

El politólogo Stein Rokkan observó que en la Europa medieval y moderna «no ha habido en ningún lugar un encaje completo entre el «estado» y la «nación»». Incluso en el caso de Francia, que generalmente es considerado el más exitoso en el logro de una nación culturalmente unificada, el objetivo no se cumplió ampliamente hasta muy tarde. Solo para mencionar algunos datos: durante la Revolución y la Primera República, a fines del siglo XVIII, solo el 20 % de la población hablaba francés y solo el 40 % podía seguir una conversación en ese idioma. Antes del establecimiento de la Tercera República Francesa en 1871, «muchos no hablaban francés, sino una gran variedad de lenguas, no conocían (ni mucho menos usaban) el sistema métrico, los pistoles y los écus eran más conocidos que los francos, los caminos eran pocos y los mercados permanecían distantes», según lo estudió extensamente el historiador Eugen Weber. Vio, en general, «la nación no como una realidad dada, sino como un proyecto en curso, un modelo de algo a construir y a ser tratado por razones políticas como si ya existiera» –como sucedió en todos los demás casos, incluida España.

Rokkan sugirió que, en el caso «modélico» de Francia, la construcción del estado precedió e impulsó la construcción de la nación, pero en otros casos, como Italia y Alemania, hubo un proceso de construcción de la nación, tanto económico como cultural, que dio base a los ulteriores procesos de construcción del estado. Sin embargo, se ha observado que, incluso en Italia y Alemania, algunas formas de construcción del estado precedieron históricamente a la construcción de las naciones porque, como ya hemos sugerido, fue la existencia de estados nucleares, el Piamonte y Prusia, respectivamente, lo que hizo posible la construcción de naciones modernas.

En el caso de Italia, en particular, en el momento de la unificación de la península bajo la Corona de Saboya en 1870, menos del 3 % de los habitantes hablaba la variante del toscano que sería adoptada como lengua nacional. La gran mayoría hablaba siciliano, lombardo, veneciano y otras lenguas (incluidos los propios saboyanos, cuyas lenguas habituales eran el piamontés y el francés). Cuando se estableció la República después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de los esfuerzos anteriores del gobierno fascista por imponer un idioma homogéneo, menos del 20 % de la población hablaba italiano estandarizado. La escuela, la radio y la televisión públicas acabaron consiguiendo mayores cambios.

Respecto de la experiencia española, el politólogo Juan J. Linz, que estudió extensamente el caso, concluyó que España logró «un éxito limitado en la construcción del estado y un fracaso en la construcción de la nación». Durante los últimos años de la dictadura de Franco, Linz observó:

El Estado español nunca logró lo que lograron los reyes franceses y, en última instancia, la Revolución: crear un estado plenamente unificado y un estado-nación con su integración lingüístico-cultural y emocional [...]. El resultado final del proceso de construcción del Estado español no fue como el francés, el portugués, ni siquiera el italiano o el alemán, ni fue como el británico [...]. No tuvo un éxito completo en la construcción de un estado-nación [...]. La España de habla castellana no fue suficientemente fuerte para asimilar la periferia en el grado en que Francia fue capaz de hacerlo con Bretaña y sus pequeñas minorías catalanas. España, nacida en la era de la construcción del estado, no pudo desarrollar el proceso profundamente emocional de la construcción democrática de la nación que emprendieron los italianos y que Alemania experimentó desde la unificación política.

Más de treinta años después, Linz y Alfred Stepan confirmaron que «en el caso español, al igual que en el de otros países, los potenciales constructores de la nación que buscaban crear un sentido de identidad único basado en la lengua, la historia y la cultura según el modelo francés, en última instancia fracasaron».

En el contexto de una nueva democracia y la integración europea, Linz dio el proyecto de completar la construcción de un estado nacional español por inviable: «Desde la perspectiva actual, aquellos esfuerzos de los estados modernos aparecen como algo formidable y representan un costo que a muchos de nosotros no nos gustaría pagar.» Concretamente, «una política educativa y cultural como la de la Tercera República francesa es difícil de concebir», ya que incluía políticas opresivas y discriminatorias que ahora probablemente se convertirían en autoritarismo.

Las siguientes páginas revisan algunos de los intentos limitados, frustrados y fallidos de construir una nación española culturalmente unificada en los tiempos modernos. Tras una breve descripción de la dinámica histórica, nos centraremos en los principales elementos de la nación frustrada: la carga del legado imperial, el servicio militar contraproducente, las tradiciones superficiales y localistas de la religión católica, el dominio incompleto de la lengua castellana, y las disensiones acerca de los símbolos nacionales. El resultado de la debilidad de estos procesos es, como veremos, que los españoles tienen un apego a la nación más bajo que los ciudadanos de todos los estados democráticos de Europa, están divididos sobre los contenidos de la identidad nacional y muchos de ellos no se consideran nacionales españoles.

PATRIOTISMOS LOCALES

La resistencia contra la invasión de la Península Ibérica por las tropas francesas de Napoleón en 1808 ha sido tomada a menudo como el origen de una nación española moderna. Para sostener esto, sin embargo, se ha centrado la atención en las creencias, los discursos y los planes de aquellos miembros de las Cortes refugiados en Cádiz, en la punta de la isla de León, en el extremo sur de la Península, que se autodenominaron «liberales» y produjeron la Constitución de 1812.

Los liberales españoles no consideraron la posibilidad de diseñar una federación de diversas unidades políticas y territoriales como se había hecho en Suiza o Estados Unidos, sino que intentaron seguir el modelo francés de unificación política y administrativa de un gran territorio. En ausencia del Rey soberano y sus herederos, que habían sido secuestrados por Napoleón, las Cortes transfirieron la soberanía a «la nación», razón por la cual han sido considerados padres fundadores de la nación moderna.

Sin embargo, la Constitución de 1812 definió a la nación española como «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». La nación incluía, por tanto, las colonias en las Américas cuyos colonos estaban representados en las Cortes (a diferencia de los colonos británicos en América del Norte, cuya falta de representación en la Cámara de los Comunes británica había desencadenado su movimiento de independencia unas tres décadas antes). La Constitución de Cádiz fue, así, una constitución imperial, más que nacional. El elemento más básico de una nación moderna, la unidad territorial, no se cumplió, tanto por la exclusión de Portugal como por la inclusión del imperio transatlántico.

Además, como hemos mencionado, la Constitución fue fuertemente confesional. Fue proclamada en nombre de «Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo», quien fue nombrado «el autor y legislador supremo de la sociedad». El Imperio católico era todavía un fundamento sólido del esfuerzo de los constituyentes.

Paralelamente, los levantamientos populares contra las tropas francesas que se desarrollaron en toda la Península fueron bastante variados en sus inspiraciones y objetivos, pero, en general, muy poco o nada liberales. Los patriotismos locales predominaron sobre la unidad nacional. La heroína número uno de la resistencia –que se convertiría en uno de los mitos de los patriotas españoles más adelante– fue Agustina Zaragoza o Agustina de Aragón. Sus vecinos y seguidores cantaban:

La Virgen del Pilar dice

que no quiere ser francesa,

que quiere ser capitana

de la tropa aragonesa.

Obsérvese que España ni siquiera es mencionada. Los lemas más populares de los guerrilleros contra los franceses y Napoleón, a quienes acusaban de ateos y sacrílegos, fueron a favor de la religión, la Iglesia, la Virgen y Dios, además del rey absolutista Fernando VII. Para la mayoría de los participantes, más que un levantamiento nacionalista fue una guerra santa, una nueva cruzada religiosa.

En Cataluña, «la nación no forma parte del vocabulario de la resistencia popular espontánea [...] “la patria” domina sobre la nación de forma abrumadora y no tiene un contenido político preciso (tal vez ni siquiera territorial)», según los documentos compilados por el historiador Pierre Vilar. En otros lugares, el discurso de la guerra «a veces es pura emoción xenófoba, en otros, responde a un discurso ideológico liberal [...] las juntas locales están plagadas de un contenido patriótico muy diferente del triunfante» en las Cortes gaditanas. Incluso en los discursos de muchos miembros de estas, «la nación era la tierra, la sangre, la herencia, la madre...», una noción medieval ajena al concepto liberal moderno de ciudadanía y derecho compartido, según el historiador Ricardo García Cárcel.

El historiador Ronald Fraser revisó cientos de panfletos de juntas locales de toda España en busca de «las voces y las acciones de la gente corriente» y concluyó: «La soberanía popular, al igual que la nación moderna, fue una noción abstracta para aquellos, como los aldeanos, que habían crecido creyendo en la Monarquía y en la Iglesia, una novedad que fue vigorosamente combatida por los absolutistas –y los muchos sacerdotes entre ellos– como otra importación revolucionaria francesa.»

Karl Marx dijo que, en la España anti-Napoleón, en las Cortes había ideas sin acción, y en la guerrilla, acción sin ideas. La brecha entre los liberales en las Cortes y los sentimientos del pueblo quedó demostrada por el hecho de que, así como la invasión de Napoleón, que fue ampliamente considerada como derivada de la Revolución, encontró una resistencia virulenta, la pronta restauración de la monarquía absolutista y la disolución de las Cortes fueron ampliamente celebradas. Una nueva invasión reaccionaria francesa para abolir la Constitución restablecida de Cádiz en 1823 no se encontró con oposición popular, sino que fue bienvenida con gritos de «Vivan las caenas», es decir, a favor de la sumisión y la esclavitud. «Las masas de la “España negra” triunfaron sobre la minoría ilustrada», en palabras de Pierre Vilar.

El divorcio entre algunas iniciativas políticas liberales y la resistencia popular continuó como una característica del siglo XIX. Apenas se construyó una nación española moderna, ni como una comunidad cívico-jurídica ni como una comunidad cultural. El político liberal Antonio Alcalá Galiano es citado con frecuencia por haber dicho en 1839, cuando la mayoría de los mecanismos absolutistas habían sido legalmente abolidos, que la tarea por delante para los liberales era «hacer de la nación española una nación, que no lo es ni lo ha sido hasta ahora». Es una afirmación similar a la del político italiano Massimo d’Azeglio, que escribió con motivo de la unificación del país en 1860: «Una vez hecha Italia, necesitamos hacer italianos.»

Construir una nación tras haber comenzado a centralizar el poder político fue un desafío común en varios lugares de Europa en los tiempos modernos. Pero la fragmentación del territorio español fue mucho más duradera. Para el historiador Juan Pablo Fusi, «La España del siglo XIX fue un país de centralismo legal, pero de localismo real [...]. El nacionalismo español del siglo XIX fue demasiado débil como fuerza de integración social, la España de ese siglo era una red social de comarcas mal integradas, definida, además, por la fuerte fragmentación social y económica de su territorio».

La guía de viajeros estándar para extranjeros que visitaban España a principios del siglo XX, «el Baedeker», ofrece un perspicaz punto de vista exterior. En 1908, apenas podía percibirse cualquier elemento de unidad nacional en toda España, excepto la peseta y la Guardia Civil (mientras que «rara vez es aconsejable recurrir a la ayuda de la policía ordinaria»). Las fronteras exteriores eran más débiles que las fronteras internas y los controles aduaneros en ciudades y regiones. Por un lado, «los pasaportes no son esenciales ni en España ni en Portugal» y «el examen de aduanas en las fronteras es generalmente indulgente». Por otro lado, el visitante debe prepararse para el examen por los oficiales del impuesto «octroi» a la salida de la estación del ferrocarril o a las puertas de la ciudad, mientras que también es aconsejable traer documentos de identificación «en excursiones a las regiones menos frecuentadas del interior». La hora oficial española se está «introduciendo gradualmente, pero, como regla general, la hora local sigue siendo de fiar».

La descripción general muestra un país con pobreza generalizada: «Los trenes son muy lentos e incómodos»; no se pueden recomendar automóviles «principalmente debido a la inferioridad de las carreteras»; «es imposible aplicar el estándar que prevalece en los países más avanzados a los hoteles en España», donde las posadas y las ventas «son tabernas miserables»; «la cerveza española corriente casi seguramente producirá diarrea»; y «la mendicidad es una plaga nacional».

El país seguía estando fragmentado territorialmente, como se explica a los visitantes. En «las Provincias vascas, la lengua vasca (Euskera, Esp. El Vascuence), que todavía sobrevive en toda España en numerosos nombres geográficos, es totalmente ininteligible para el español moderno». «La actividad universal, la diligencia y la comodidad encuentran su único paralelo en suelo español en Cataluña.» Su idioma también se habla «en la mayor parte de Valencia, las Islas Baleares, y en el N. tan lejos como en Andorra y el Rosellón... Todo lo que está más allá de la frontera de su provincia natal es tierra extranjera para el catalán, y aún más la “España Uniforme”, con su centralización, y la “Corte” de Madrid, con su esmalte superficial [...]. Hasta la fecha, las afiliaciones naturales de los catalanes los atraen hacia las provincias del S. de Francia; y siempre están listos para rebelarse».

Aproximadamente una década después, José Ortega y Gasset vio a España como «invertebrada». «La vida social española ofrece en nuestros días un extremado ejemplo de atroz particularismo», dijo. «Hoy es España, más bien que una nación, una serie de compartimentos estancos.»

El primer presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República, Manuel Azaña, pretendió que «La unión de los españoles bajo un Estado común, que es lo que nosotros tenemos que fundar, mantener y defender, no tiene nada que ver con lo que se ha llamado unidad histórica española bajo la Monarquía [...} la unidad española, la unión de los españoles bajo un Estado común, la vamos a hacer nosotros y probablemente por primera vez; porque los Reyes Católicos no han hecho la unidad española». Asimismo, el líder socialista Indalecio Prieto habló abiertamente sobre la tarea pendiente, nunca completada. En un discurso que más tarde se tituló «La conquista interior de España», dado en una reunión de masas el Primero de Mayo de 1936, proclamó: «Queremos hacer a España, no destruirla; queremos construirla.» En lugar de las conquistas imperiales, sostuvo, «teníamos aún una conquista que lograr. ¿Cuál? Conquistar a España [...]. España está enteramente por hacer».

La dictadura de Franco, con su nacionalismo faccioso y exclusivista apoyado en el control y la represión, acabó de destruir cualquier base de consenso en la construcción de la nación. La insistencia en vincular los símbolos patrióticos al militarismo y el clericalismo, la persecución de toda disidencia y afecto alternativo, fueron letales para futuros intentos de reanudar el patriotismo español.

El politólogo Juan Linz, como se mencionó, vio en la España moderna «un éxito limitado en la construcción del estado y un fracaso en la construcción de la nación». Siguiendo de algún modo su inspiración, se ha formado un amplio acuerdo entre algunos historiadores para identificar la debilidad del Estado español como el principal factor de la persistente fragmentación territorial, económica y cultural de España y las frustraciones del proyecto de construir un estado nacional unificado.

Santos Juliá mostró cómo el dominio del Ejército y la Iglesia construyó «no la nación, pues España se caracterizaba [...] por la profunda fragmentación de la sociedad civil, recorrida por múltiples líneas de fractura y la falta de un poder civil central y moderno». Borja de Riquer vio la «débil identidad española» como un resultado de la «ineficacia del proceso nacionalizador del Estado». Sugirió que se aceptara la hipótesis de Linz en términos de que «el nacionalismo español en su conjunto fracasó porque no logró construir un Estado-nación sólido y plenamente aceptado» y condujo a «la construcción parcialmente frustrada de la nación española». Juan Pablo Fusi, ya citado, también vio la debilidad de la nacionalización como una consecuencia del hecho de que «el Estado español del siglo XIX fue débil, pobre e ineficiente [...]. La maquinaria administrativa, el tamaño y los poderes del gobierno fueron, en general, limitados, si no decididamente pequeños». José Álvarez Junco postuló, asimismo, que «el hecho de que la empresa jurídica unificadora no fuera del todo satisfactoria se debió más a la debilidad del Estado mismo que a la existencia de fuerzas que cuestionaran la unidad de la nación». Destacó que «el nacionalismo español enfrentó un problema al menos tan grave como la imprecisión de sus objetivos políticos: a saber, la debilidad y la falta de participación del Estado».

LA CARGA IMPERIAL

El nacionalismo cultural español que se desarrolló desde principios del siglo XX se ha basado en gran medida en la reivindicación de las glorias imperiales pasadas y no en un concepto moderno de nación cívica y ciudadanía. El choque cultural y político por la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que fue altamente desproporcionado a su importancia en comparación con las pérdidas previas de la mayoría de las colonias americanas, indicó que cualquier posición «nacional» estaba asociada en gran medida a la ensoñación del Imperio. La derrota del Imperio español se produjo precisamente en la cima de la competencia imperialista por el dominio del mundo entre las grandes potencias, especialmente Gran Bretaña y los Estados Unidos emergentes.

En ese contexto, algunos escritores que a veces son colocados bajo la etiqueta «generación del 98» elaboraron intensamente un espíritu de retirada del mundo y de reconcentración en el aislamiento y el ensimismamiento. Su sentimiento común era que el ciclo histórico iniciado por los Reyes Católicos había terminado y España se había encontrado repentinamente excluida del orden mundial. Fue un movimiento contra la corriente, precisamente cuando se estaban desarrollando nuevas relaciones económicas internacionales gracias a nuevos avances en transporte y comunicación.

Aquellos ensayistas y filósofos propensos a abrazar un trágico sentido de la existencia y a participar en meditaciones agonizantes se preguntaron por la identidad y la esencia de España. Algunos, como el introspectivo poeta Antonio Machado, condenaron la España «vieja y tahúr, zaragatera y triste». El melancólico José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, se lamentó del «destino infortunado de España, derrotada y maltrecha más allá de los mares».

El profesor Miguel de Unamuno también vio a España en «colapso» y «en pleno marasmo». Pero, como reacción, propuso rechazar las formas de vida «que llaman civilizadas y modernas» para revivir la España inmortal de Felipe II, San Ignacio y la Contrarreforma y para «españolizar Europa» imponiéndoles «nuestro San Juan de la Cruz, nuestro Calderón, nuestro Cervantes, y hasta en cierto sentido y extensión, nuestro Torquemada [el Gran Inquisidor]».

El periodista y diplomático Ramiro de Maeztu llevó a cabo una elaboración ideológica más adecuada para usos y abusos retóricos y políticos. Su objetivo era que España «recuperara su sentido de la misión católica romana del siglo XVI». La expresión «Hispanidad» ya había sido utilizada, inspirada por la noción de «Lusitanidad» y la versión de Mussolini de la «Italianidad». Pero fue Maeztu quien desarrolló y difundió la idea, que se convertiría en un elemento básico de la nostalgia imperial española a lo largo de los siglos XX y XXI. Maeztu tomó la palabra en 1928, siendo embajador en Buenos Aires, de un grupo nacionalista argentino que seguía las ideas reaccionarias de Luis de Bonald y del nacionalista autoritario Charles Maurras, el fundador del grupo Action Française que se convirtió en el modelo para el grupo Acción Española de Maeztu.

La idea de la Hispanidad se refiere a una comunidad imaginada de todas las antiguas colonias españolas y quienquiera que pueda hablar español. Pero la Madre Patria es, por supuesto, España. El elemento ideológico central es la unión de la expansión imperial española con la religión católica que la bendijo y le dio contenido espiritual. En una coincidencia providencial, observaba Maeztu, el año 1492 fue testigo de la expulsión de los judíos, «la llegada de la Cruz a la Alhambra» frente a los musulmanes y el descubrimiento transatlántico. En sus palabras, el día de 1492, cuando Colón y su tripulación aterrizaron cerca del Caribe «fue un 12 de octubre, el [mismo] día en que la Virgen se apareció a Santiago en el Pilar de Zaragoza» (del año 40, según una antigua tradición española). Como es sabido, Santiago y la Virgen del Pilar son el patrón y la patrona de España.

Una contribución complementaria provino del cardenal Isidro Gomá, quien sería nombrado arzobispo de Toledo y primado de España durante la Guerra Civil, a fines de la década de 1930. En un discurso pronunciado el 12 de octubre de 1934 en un teatro apropiadamente llamado Colón, también en Buenos Aires, sostuvo que «existe una relación de igualdad entre la Hispanidad y el Catolicismo» y pidió la unión de «todas las fuerzas vivas de la raza» para hacerla prevalecer. Más tarde, él, junto con otros obispos, proclamaría que la insurrección militar del general Franco contra la República era «una Cruzada». Tras la victoria de los rebeldes, el líder de los carlistas tradicionalistas, Víctor Pradera, identificó «el Nuevo Estado» con «el Estado español de los Reyes Católicos».

El fundador del partido fascista Falange, José Antonio Primo de Rivera, hijo del exdictador, también proclamó su «voluntad de Imperio» porque la «plenitud histórica de España es el Imperio». Postuló que España es una «unidad de destino en lo universal», utilizando así el concepto de «destino» como algo providencial, predeterminado, ajeno a la idea de la soberanía del pueblo, y «lo universal» como referencia al antiguo Imperio. Los falangistas pretendían desarrollar el espíritu de la generación del 98 hasta sus «últimas consecuencias», fueran estas las que fuesen. Pero reconocieron, según Ramiro Ledesma, que, dada la debilidad del fascismo español en un país tan pobre y agrario, tenían que unirse a la derecha tradicional fascistizada en apoyo de la empresa reaccionaria.

Durante la Guerra Civil, se conocía al lado rebelde como «los Nacionales», frente a «los Republicanos», lo que mostraba la profunda división de los españoles en sus lealtades, respectivamente nacionales y cívicas. Los vencedores usaron el adjetivo para su organización política, el Movimiento Nacional. Pero en la mayoría de los discursos, proclamas y decretos de las autoridades franquistas, las referencias a la «nación» española fueron esporádicas. Las nociones más tradicionales de «patria» y «patriotismo» prevalecieron, junto con «Dios», «Cruzada» y «Cristianismo», incluidas «la religión de la patria» y «por el Imperio hacia Dios».

Es significativo que los dos libros escritos por el general Franco se centraran en las obsesiones imperiales. El primero fue una memoria de su acción militar colonialista en África. El segundo, Raza, se publicó bajo seudónimo y se convirtió en el guión de una película subvencionada por el Consejo de la Hispanidad que se usó como una herramienta de propaganda en toda España. Raza es en parte una autobiografía disimulada de Franco como el miembro heroico de una familia de «hidalgos». Las hazañas de varios de sus antepasados incluyen la derrota ante los británicos en la batalla de Trafalgar, la derrota en Cuba y, como una especie de venganza contra sus propios compatriotas, el levantamiento militar en Marruecos que provocó la Guerra Civil. El generalísimo Franco siempre intentó presentar su proclamación de «Caudillo por la gracia de Dios» en fuerte conexión con la historia imperial católica de España.

Todavía existen numerosas supervivencias simbólicas del antiguo Imperio en la España actual. La más visible es la celebración del 12 de octubre como Fiesta Nacional de España. Como se mencionó, la fecha conmemora tanto la hazaña imperial de la llegada de Colón al Nuevo Mundo como el patriotismo religioso y patriótico de la Virgen del Pilar.

España comenzó a honrar el día fundacional simbólico del Imperio como una reacción nacionalista frustrada después de que hubieran desaparecido los últimos restos imperiales. Primero, fue el Día de la Raza, durante cuarenta años a partir de 1918, a través de la Monarquía, la República y la dictadura, hasta 1958. Años después de que la experiencia nazi hubiera anatematizado la noción de «raza», el gobierno de Franco cambió la etiqueta a Fiesta de la Hispanidad, la cual se convirtió en un día festivo. Como se mencionó, la Raza, la Hispanidad y el Catolicismo fueron considerados equivalentes por los ideólogos fundadores del invento. La Fiesta de la Hispanidad se confirmó en los primeros años de la democracia. Solo en 1987 la fiesta permaneció con el nombre más autocontenido de Fiesta Nacional de España.

Hasta ahora, cada 12 de octubre, cualquiera que sea el régimen político y el gobierno, hay fanfarria y un desfile militar en Madrid con unos miles de soldados de infantería, vehículos motorizados y aviación. La principal atracción es siempre la Legión Extranjera, guiada por su mascota, una cabra cornuda con una gorra de la Legión, rodeada por los legionarios que cantan su himno: «Soy el novio de la muerte». En años recientes, el espectáculo ha desfilado entre lugares con nombres bien elegidos, la plaza del Emperador Carlos V y la plaza de Colón, así como a lo largo del paseo de la Castellana. El desfile está presidido por el Rey, la familia real, el presidente del Gobierno y los jefes de todos los demás cuerpos del Estado.

En la década de 1980, surgieron algunas propuestas de reemplazar la obsoleta conmemoración imperial con la nueva fiesta oficial del 6 de diciembre, en homenaje al día en que se aprobó una nueva Constitución democrática por referéndum popular, pero las dos fiestas permanecieron. Para evitar demasiada interferencia en los calendarios laborales, el gobierno del momento trató de suprimir el tradicional día festivo de la Inmaculada Concepción, que cae dos días después del día de la Constitución, el 8 de diciembre. Pero la Conferencia Episcopal Española se resistió frontalmente al cambio, argumentando, entre otras cosas, que el dogma papal de la Inmaculada Concepción de María se basó en gran parte en argumentos elaborados por teólogos españoles del siglo XVI.

Mucha gente confunde la Inmaculada Concepción con la Doctrina de la Encarnación, la cual sostiene que María era virgen cuando dio a luz a Jesús. A lo que los populares nombres de Inmaculada, Inma, Concepción, Concha, Conchita y otras variantes se refieren no es a la concepción de Jesús por María, sino a la concepción de María libre del pecado original por su madre, Ana. Por eso la Inmaculada Concepción de María cae nueve meses antes de su Natividad el 8 de septiembre. Como consecuencia de tan trascendental milagro, la mayoría de los años las dos fiestas del 6 y el 8 de diciembre más los «puentes» apropiados con los dos fines de semana adyacentes implican que para muchas personas puede haber hasta nueve días consecutivos no laborables. Si se agregan otros puentes entre las fiestas católicas tradicionales de Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos el 6 de enero, resulta que muchos españoles pueden disfrutar de unos treinta días seguidos de trabajo de baja intensidad o sencillamente de ocio.

Como España mantiene el 12 de octubre como celebración principal, es el único país del mundo cuya fiesta nacional no se refiere a hazañas como una rebelión contra la opresión, la victoria de la libertad o el logro de la unidad nacional, sino a su experiencia imperial y colonial de conquista y dominación de otros pueblos y tierras. Cuando se llega al aeropuerto de Madrid, la carretera que conduce a la ciudad se llama avenida de la Hispanidad. Nadie ha sugerido nunca cambiarla de nombre, a pesar de las duraderas y controvertidas discusiones para cambiar los nombres de las calles y los monumentos de la época franquista en toda España.

El principal contrapunto se puede encontrar en Londres y en París. La plaza y el monumento central de cada una de las dos ciudades conmemoran directamente las mayores derrotas del Imperio español: Trafalgar con Nelson y el Arco del Triunfo para Napoleón.

LA MALDITA «MILI»

Aunque puede parecer extraño a muchos españoles, el servicio militar obligatorio –habitualmente llamado «la mili»– se ha utilizado con éxito en otros países como una plataforma para inculcar y unificar sentimientos patrióticos entre poblaciones previamente dispersas e incomunicadas. El reclutamiento forzoso se introdujo en la mayoría de los países de Europa a mediados del siglo XIX, cuando los ferrocarriles que cubrían grandes territorios facilitaron el rápido transporte de masas de soldados. Servir en el ejército era una forma moderna de contribución igualitaria del pueblo al estado que se esperaba que fomentara sentimientos de pertenencia a la nación.

Las guerras interestatales libradas por reclutas forzosos también fortalecieron los sentimientos nacionales internos cuando personas con diferentes experiencias previas se enfrentaron a un enemigo común. Tal como lo desarrollaron los politólogos Keith Darden y Harris Mylonas: «Cuando los estados enfrentan amenazas a su integridad territorial a través de conquistas militares, las élites gobernantes tienen un fuerte incentivo para construir naciones para asegurar la lealtad de la población.» Pero, como hemos visto, la debilidad e impotencia del Estado español dejó a España ausente de las dos guerras mundiales y de otros conflictos territoriales internacionales durante casi cien años, con lo que se produjo el efecto contrario. Fue «una desventaja para el proceso de construcción de la nación porque el sentimiento de unidad derivado de ser atacados disminuyó sin ser reemplazado por ningún otro sentimiento de propósito común», según lo expresaron los historiadores Borja de Riquer y Enric UcelayDa Cal.

En España, el nuevo sistema de reclutamiento de soldados estuvo sesgado desde el principio y nunca produjo efectos masivos de nacionalización. Inicialmente, en el siglo XIX, se estableció un sistema de loterías, así como la opción de escapar del servicio pagando cierta cantidad de dinero –dos mecanismos que enviaron a los pobres a morir en las guerras coloniales y produjeron un gran número de exentos, fugitivos y desertores–. Más tarde, a principios del siglo XX, se introdujo un sistema de cuotas que permitía pagar el acortamiento del período de servicio. Durante la dictadura de Franco, los estudiantes universitarios quedaron exentos del servicio regular y sirvieron, en cambio, como oficiales temporales durante tres temporadas de verano, excepto aquellos que eran represaliados por actividades políticas. La mayoría de los hombres no favorecidos por esas exenciones o reducciones estaban bajo jurisdicción militar directa desde los veintiuno hasta los cuarenta años de edad, contando los años formando filas en los cuarteles y los sujetos a la movilización inmediata y en la reserva.

En las últimas décadas del siglo XX, muchos jóvenes sometidos al servicio militar obligatorio fueron enviados lejos de sus lugares a puestos estratégicos, especialmente el Sahara (que fue el destino favorito para estudiantes castigados), Mallorca y las Islas Canarias. En Mallorca en la década de 1970, por ejemplo, había alrededor de un tercio de los reclutas de Mallorca (que podían mantener sus otras ocupaciones durante la tarde y comer y dormir en casa), alrededor de un tercio de Cataluña y alrededor de un tercio de Andalucía. La mayoría de los «peninsulares», como eran llamados por los isleños, viajaban en barco o, en algunos períodos de permiso, en avión por primera vez en sus vidas. Algunos andaluces veían el mar por primera vez. La mezcla permitía cierto conocimiento mutuo, pero también revelaba diferencias culturales insospechadas. Por ejemplo, los mallorquines y los catalanes hablaban en su lengua materna común dentro de los cuarteles, incluso con algunos oficiales y suboficiales isleños, un idioma que los andaluces, algunos de ellos analfabetos, nunca habían oído antes. De hecho, la cohabitación promovía la solidaridad «nacional» básicamente contra el sistema militar y algunos oficiales y jefes detestables.

El servicio militar estaba programado para dieciocho meses, pero en la práctica era más corto, principalmente para ahorrar y para permitir que algunos tenientes y sargentos se quedaran con el dinero de comidas presupuestadas pero no servidas. La indisciplina o la torpeza de los soldados eran regularmente sometidas a castigos físicos y a confinamiento solitario en calabozos. Periódicamente, todas las tropas eran retenidas en los cuarteles con carácter de urgencia, especialmente cuando el general a cargo sospechaba que la reunión del Consejo de Ministros del viernes podría declarar un nuevo estado de excepción como reacción a protestas o huelgas en algún lugar de España. En algunas ocasiones, los soldados fueron movilizados en camiones que circularon por la ciudad durante la noche. Más que aumentar sus sentimientos patrióticos, todos contaban los días que faltaban para irse.

Todos los jóvenes españoles sometidos al servicio militar tenían que jurar la bandera nacional con la siguiente fórmula, que, como se puede ver, remitía el tema a Dios, repetía el lema medieval e imperialista de derramar hasta la última gota de sangre y explicitaba el objetivo interno de la misión militar. Familias enteras viajaban para asistir a la misa y presenciar el juramento de sus hijos:

«¡Soldados!», gritaba el coronel. «¿Juráis a Dios y prometéis a España, besando con unción su bandera, respetar y obedecer siempre a vuestros jefes, no abandonarles nunca, y derramar, si es preciso, hasta la última gota de vuestra sangre en defensa del honor y la independencia de la Patria y del orden interno dentro de ella?»

«¡Sí, lo juro!», gritaban los jóvenes.

Más de una dulce novia o hermana derramaba entonces una lagrimita. Sin embargo, la mayoría de los soldados nunca olvidarían la experiencia de la maldita «mili», que traumatizó a varias generaciones de jóvenes españoles, así como a sus amigas y parientes.

Una vez en democracia, las campañas crecientes por la objeción de conciencia y la insumisión, es decir, la deserción masiva y la rebelión, eventualmente llevaron a la supresión del reclutamiento forzoso. En conjunto, el servicio militar español fue bastante contraproducente para inducir la «nacionalización» de los reclutas, en contraste –por lo que parece– con otros países con mejores entornos institucionales.

CATOLICISMO PARROQUIAL

La primera institución que intentó seriamente la unificación cultural de España fue la Inquisición. Entre los siglos XV y XIX, la Inquisición española, que era un brazo largo de la monarquía absolutista, promovió el racismo y la «pureza de sangre» mediante la «limpieza» étnica. La lucha contra los musulmanes, los judíos, los herejes protestantes, así como los conversos y sus descendientes, podía crear enemigos comunes a los católicos de los diversos territorios de la Península y originar algunos lazos de unión entre ellos.

La llamada «Leyenda Negra» o propaganda negativa sobre España se desarrolló en las potencias coloniales rivales, especialmente en Gran Bretaña. Se presentaron los trucos y engaños de la Inquisición como mecanismos cruciales de sus procesos, arrestos y secuestros, prisiones secretas, confesiones forzadas, torturas, juicios fraudulentos y rituales autos de fe que llevaban a la ejecución pública de infieles y herejes en la hoguera.

En los últimos tiempos, algunos historiadores revisionistas han sostenido que algunas de esas afirmaciones eran exageradas y que, de hecho, la limpieza étnica fue muy limitada en su efectividad. Este relativo fracaso en lograr imponer un verdadero fervor religioso en toda España podría interpretarse como una frustración más del objetivo de construir una nación unificada por un estado débil. La Inquisición no habría establecido sólidas bases religiosas para una unificación «nacional» de España.

Sin embargo, también se ha reconocido que, más allá del número de víctimas directas, la amenaza de persecución por parte de la Inquisición y la disuasión que creó entre grupos más grandes de la población difundió un apego superficial al catolicismo que ha sobrevivido en muchas tradiciones y cultos supersticiosos. Este punto es discutido persuasivamente, en particular, por el historiador más exhaustivo de la Inquisición, Henry Charles Lea, cuya obra monumental fue inicialmente publicada en 1906, pero al parecer no fue leída por ningún académico español durante los siguientes ochenta años. En palabras de Lea, la Inquisición era:

Un tribunal cuya verdadera importancia se debe buscar, no tanto en las horrendas solemnidades del auto de fe, ni en los casos de algunas víctimas célebres, como en la influencia silenciosa ejercida por sus labores incesantes y secretas entre la masa de la gente y en las limitaciones que incrustó en el intelecto español.

En particular, como consecuencia de la censura y la ardua eliminación de libros prohibidos en librerías, monasterios, universidades y bibliotecas privadas mediante la acción conjunta del «Estado y la Inquisición, el desarrollo intelectual quedó paralizado y atrofiado, las artes y las ciencias fueron descuidadas, el progreso comercial e industrial se hizo imposible». Al mismo tiempo, aunque la Inquisición «fracasó en inspirar un verdadero respeto por la religión», indujo conformismo y signos externos de devoción en la población que han perdurado mucho más allá de su abolición.

Según Juan Linz, «la identificación del estado e incluso la nación con el catolicismo [...] fue un obstáculo para el estado laico y la construcción de la nación». El pegamento religioso resultó insuficiente por sí solo para cohesionar la política nacional. Pero estuvo también suficientemente difundido e imbricado con el Estado para impedir un resuelto progreso de una secularización alternativa de la política. Como en otros aspectos de la frustrante modernización de España, hubo poca religión para unificar a la población y demasiada para que pudiera triunfar una cultura alternativa.

El panorama moderno de la religiosidad en España se puede entender en gran medida como derivado de ese legado histórico. Se caracteriza por un predominio implícito del catolicismo como «la verdadera religión», poca fe y experiencia religiosa trascendente, una amplia presencia de prácticas y ritos folclóricos, y tradiciones muy variadas de catolicismos locales más que uno «nacional».

A finales del siglo XX y principios del XXI, la proporción de católicos autodeclarados en España ha disminuido más que nunca. Hoy en día, pocos españoles son creyentes y practicantes regulares, más del 50 % de los encuestados se declaran no practicantes, y cerca del 30 % confiesan ser no creyentes o ateos (o unos pocos, creyentes de otras religiones). Sin embargo, alrededor del 40 % de la población todavía considera que ser católico es algo «importante» o «muy importante» para ser «verdaderamente español».

Las huellas de la tradición cultural católica son muy visibles en las festividades religiosas y fiestas patronales locales que se mantienen fervorosamente. Además de Navidad, San Esteban, los Reyes Magos, el Domingo de Ramos y las procesiones de Semana Santa, los eventos más populares incluyen las procesiones del Corpus Christi, Todos los Santos en conmemoración de los mártires de Roma, el Día de los Fieles Difuntos, las fiestas del Apóstol Santiago patrono de España y del Cuerpo de Caballería, y la Bendición de San Antón, que rocía con unas gotas de agua bendita a todo tipo de animales, incluidos los halcones de la Guardia Civil, los caballos de los guardias municipales, los perros de la Policía Nacional y los perros-guía de la Organización Nacional de Ciegos.

Hay muchas festividades en honor de versiones locales de la Virgen María, incluidas la Virgen del Pilar en Zaragoza, que es patrona de Aragón, de España y de la Hispanidad, como hemos dicho; la Virgen del Carmen, patrona del Mar y de las Fuerzas Armadas españolas; la Inmaculada Concepción, también mencionada; la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos donde fue coronada; y, sin orden de importancia, las vírgenes de Covadonga, patrona de Asturias y del inicio de la Reconquista, Guadalupe de Extremadura y Reina de la Hispanidad, Montserrat o «la Moreneta» de Cataluña, Los Desamparados o «la Geperudeta» de Valencia, Rocío de Andalucía, Aránzazu del País Vasco, Candelaria u otra «Morenita» en las Islas Canarias, así como la Almudena de Madrid, la Merced de Barcelona, Begoña de Bilbao, y una lista muy larga que demuestra que, así como Dios es uno y trino, la Virgen María es una y múltiple.

Todo esto, por supuesto, está mezclado y coexiste armoniosamente con otros cientos de fiestas patronales o semipaganas locales y parroquiales, como los Sanfermines en Pamplona, la Feria de Abril en Sevilla, las Fallas por San José en Valencia, las verbenas de San Juan a lo largo de la costa mediterránea, la Tomatina en Buñol, los Carnavales de Cádiz y las Islas Canarias, y un largo etcétera cuya incompletitud no debería ofender a ningún lector que tenga otras devociones.

Merecen una mención especial algunas tradiciones católicas imperiales, derivadas inicialmente de la misión de la Inquisición. Hasta la década de 1960, cada parroquia organizaba festejos para «matar judíos» en Semana Santa. Durante tres días, los niños del vecindario, dirigidos por el párroco, meneaban carracas, matracas y otros cacharros ruidosos para evocar los truenos que, en el momento de la muerte de Jesús en la cruz, habían matado a tantos judíos. El espectáculo declinó con el tiempo, aunque todavía hay muchas ciudades donde, el Sábado Santo, se quema una efigie que representa a Judas en un ritual inspirado en los autos de fe de la Inquisición. En algunos lugares, la gente todavía bebe un cóctel de vino y fruta llamado limonada al grito de armas: «¡Limonada que trasiego, judío que pulverizo!» Aunque muy pocas personas en España han conocido alguna vez a alguna persona de confesión judía, los prejuicios antisemíticos están muy extendidos: los judíos son considerados mentirosos, tacaños, mezquinos y no confiables; una «judiada» es un truco sucio o cruel, como una extorsión, incluido en el Diccionario de la Real Academia Española que la define como «Mala pasada o acción que perjudica a alguien».

Mucho más animadas son las fiestas xenófobas y racistas de «moros y cristianos» que tienen lugar en la primavera y el verano en varios centenares de pueblos del sur y el este de España. La tradición fue inventada en el siglo XIX, al mismo tiempo que el mito y la palabra «reconquista», en conmemoración de batallas locales que supuestamente se habrían librado alrededor del siglo XIII, se intensificó durante la década dictatorial de 1940, y ha logrado, nuevamente, un aumento en el desbarajustado siglo XXI. En algunos pueblos, el festival está programado para el día de un santo patrón, como San Jorge, que mató al dragón infiel, o Santiago «Matamoros».¹

Hay muchas versiones locales, pero, básicamente, los participantes, todos ellos españoles cristianos blancos, están divididos en dos bandos llamados «los moros» (peyorativo de musulmanes) y «los cristianos» (apreciativo de cristianos), todos vistiendo disfraces a medida lujosamente caros y coloridos como los de la época medieval. Se permiten, de todos modos, relojes, gafas de sol y cigarros. Los escuadrones de soldados marchan al ritmo de bandas de música preparadas para la batalla de defensa por los moros, y de reconquista por los cristianos, de la ciudad. Se combaten unos a otros durante unos días con arcabuces, mosquetes y trabucos que producen nubes de humo de pólvora y enorme ruido, hasta que los moros son derrotados. Las mujeres están, por supuesto, excluidas. Miles de espectadores se alinean en las calles para animar a los combatientes. Tradicionalmente, la ceremonia final en algunas ciudades incluía la explosión de un títere llamado «La Mahoma» por petardos desde dentro de su cabeza.

Algunas organizaciones musulmanas españolas han tachado estas tradiciones de islamofóbicas y han pedido su supresión, pero la propuesta ha encontrado, naturalmente, una resuelta resistencia de los lugareños. De hecho, varias de esas festividades locales están catalogadas oficialmente como «patrimonio cultural español».

Estas manifestaciones de cultura popular pueden relacionarse con generalizadas actitudes de los españoles hacia los extranjeros, los inmigrantes, los infieles y, en particular, los musulmanes y los árabes. Nunca ha habido un miembro del Parlamento, un ministro del Gobierno o un alcalde de una gran ciudad que hubiera nacido en alguna antigua colonia de España, en contraste con episodios habituales de este tipo en las instituciones de las antiguas potencias coloniales Gran Bretaña y Francia e incluso de Italia.¹

En un estudio dirigido por los sociólogos Manuel Pérez Yruela y Thierry Desrues se observó que, en entrevistas y grupos focales con españoles, «raras veces se oyen elementos de empatía o cierta admiración hacia el islam y los musulmanes. La diferencia con el islam y los musulmanes es percibida más bien como distancia, atraso, inferioridad cultural transitoria; transitoria ya que podría resolverse si estos abandonasen su cultura, su religión y sus costumbres para adoptar “nuestras” normas». Los investigadores también encontraron ecos relevantes de viejas pasiones: «el sentimiento de amenaza, de invasión, de inversión de las jerarquías legítimas de poder entre “autóctonos” y los “Otros” en la sociedad española, aunque aparece muy poco razonado en los discursos».

El peso social tanto de la Iglesia como del Ejército está muy disminuido en la España actual en comparación con períodos pasados. Ninguna de las dos instituciones tuvo mucho éxito en construir vínculos sólidos de identidad nacional en los tiempos modernos, más allá de los prejuicios generalizados y el folclore a los que hemos aludido. Pero, en sus debilidades, sus lazos tradicionales permanecen fuertes. Cada cuerpo de las Fuerzas Armadas mantiene a su capellán militar y a su santo patrón. En años recientes, el Ministerio del Interior otorgó la Medalla de Oro al mérito policial, máxima distinción del cuerpo, a Nuestra Señora María Santísima del Amor y a la cofradía del Cristo de la Buena Muerte, patrono de la Legión, la Gran Cruz de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar, y la Cruz de Plata a la Santísima Virgen de los Dolores de Achicona. Como confirmación y testimonio del vínculo tradicional entre el clericalismo y el militarismo, cada año en Semana Santa en todas las unidades militares, bases, centros y cuarteles, así como en la sede central del Ministerio de Defensa en Madrid, ondea la bandera española a media asta, en duelo por la muerte de Jesús.

MÚLTIPLES LENGUAS

Junto con la unidad de religión, la unidad de lengua es otro elemento esencial de una nación cultural. Las coronas castellana y española comenzaron muy temprano a tratar de imponer los patrones lingüísticos castellanos como los únicos nacionales en toda España. Pero sus logros siempre han sido limitados y España se ha mantenido como un país multilingüe.

Ya a finales del siglo XV, la reina Isabel promovió la codificación de la forma castellana de hablar latín, que entonces era solo una entre múltiples hablas romances, como forma de escribir y, como tal, como la única norma alfabetizada en sus dominios. El castellano fue elevado al nivel de lengua escrita imperial-nacional y fue colocado en la cima de las posiciones jerárquicas con respecto a todas las otras hablas de los súbditos de la Corona.

Antonio de Nebrija, a quien se le otorgó el título de cronista de los Reyes Católicos, publicó un Diccionario romance en latín y una Gramática de la lengua castellana en el fatídico año de 1492. Afirmó en el Prólogo de la Gramática que «siempre la lengua fue compañera del Imperio». Preguntado por la Reina sobre cuál sería el beneficio de ese trabajo, el obispo de Ávila respondió con más concreción en nombre de Nebrija: «Después de que vuestra alteza metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, con el vencimiento aquellos tenían necesidad de recibir las leyes que el vencedor pone al vencido y con ellas nuestra lengua.»

El imperialismo lingüístico acompañó explícitamente, así, al imperialismo político. Unos años más tarde, la Corona ordenó quemar todos los libros escritos en caracteres árabes y prohibió cualquier publicación posterior.

El emperador Carlos V, que nació en las Provincias Holandesas, hablaba flamenco, francés y alemán, y solo después de convertirse en rey de España comenzó a aprender y hablar el romance castellano. Sin embargo, pronto se dio cuenta de la vocación imperial de la lengua y proclamó, en la recepción de un papa en su honor como vencedor militar de los musulmanes infieles, que la lengua española «es tan noble que merece ser sabida y entendida por toda la gente cristiana». La lealtad religiosa también acompañó, pues, a la imperial en lo que respecta a la lengua. La lengua fue compañera del Imperio y de la Iglesia.

Sin embargo, los usos lingüísticos reales nunca consumaron la ambición imperial y religiosa, que fue a la vez unificadora y excluyente. Las diferentes formas de hablar latín en toda la Península se diferenciaron cada vez más entre ellas a medida que el nacionalismo español se afirmaba y se encontraba con réplicas de los nacionalismos portugués, catalán y otros. Pero durante mucho tiempo, lo que los lingüistas actuales llaman «bilingüismo pasivo» fue relativamente común en las conversaciones porque los hablantes de las diversas derivaciones del latín no tenían muchas dificultades para entenderse. Por ejemplo, uno de los enigmas sobre los orígenes y las correrías de Cristóbal Colón es que escribió y supuestamente hablaba en una mezcla de latín y de genovés, portugués, castellano y otros dialectos, lo que no ayuda a aclarar cuál era su lengua materna.

La expansión del castellano fue ampliamente aceptada para sustituir al latín como una nueva lengua franca, especialmente para la comunicación escrita. Pero no necesariamente a expensas de otras lenguas de origen latino que se hablaban en las diversas comunidades tradicionales. El teórico político Montesquieu cuenta una curiosa anécdota que muestra cómo el bilingüismo pasivo era una práctica aceptada entre personas de diferentes coronas de la Península aun durante el siglo XVII:

He oído decir que, habiendo convocado un rey de Aragón los estamentos de Aragón y Cataluña, se gastaron las primeras sesiones en decidir en qué lengua se había de poner lo que se proveyese. Fue muy violenta la contienda, y mil veces se habrían separado los estamentos si no hubiesen imaginado una salida, que fue que la pregunta se pusiese en lengua catalana y la respuesta en la de Aragón.

Todavía en el siglo XIX, en el momento de la independencia de las colonias españolas en América, la gran mayoría de sus habitantes no usaban ni siquiera entendían la lengua castellana.

Incluso en España, la consolidación del castellano como lengua nacional española fue un objetivo que se persiguió más seriamente solo más tarde, con una debilidad de medios y con resultados incompletos. La educación primaria fue el instrumento clave.

Tal como lo presenta Eric Hobsbawm en una perspectiva comparada, las escuelas primarias «fueron instituciones de crucial importancia para los nuevos estados-nación, ya que solo a través de ellas la “lengua nacional” (generalmente construida antes por esfuerzos privados) podría convertirse en la lengua escrita y hablada de la gente [...]. El propósito de las escuelas primarias era, por consentimiento general, no solo enseñar los rudimentos de la alfabetización y la aritmética sino, quizá incluso más, imponer a sus alumnos los valores de la sociedad (moral, patriotismo, etc.)».

Los politólogos Keith Darden y Anna Grzymala-Busse coinciden. Concretan que «la cuestión crucial de la alfabetización masiva es el momento escogido: las ideas nacionales inculcadas en una población durante la primera ronda de escolarización masiva –cuando una comunidad pasa de una cultura oral a una cultura de masas alfabetizada– son duraderas, ya que la primera generación escolarizada transmitirá esos valores de un modo diferente al de las generaciones anteriores o posteriores».

Estos y otros académicos documentan los grandes avances de la escolarización masiva mediante sistemas de escuelas públicas en Gran Bretaña, Francia y Prusia durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando se enseñó a leer y escribir en la lengua nacional a un 90 % de los niños. Típicamente, la tarea estaba en manos de maestros de escuela formados por el estado que imponían el mismo tipo de educación y de valores en todo el país, incluyendo, en algunos casos, duras medidas represivas contra el uso de las lenguas de familia en la escuela.

Sin embargo, esta no fue la historia de España. Como observa la politóloga Laia Balcells, «la gente nunca fue masivamente educada bajo un estado español fuerte y bien organizado». Cuando se introdujo la primera ley española que establecía la escuela primaria obligatoria y gratuita en 1857, aproximadamente tres cuartos de la población era analfabeta. La administración de escuelas primarias se dejó en manos de los ayuntamientos, que nunca dispusieron, ni de lejos, de los recursos necesarios para tal esfuerzo. De hecho, el castellano no se impuso oficialmente como lengua única en las escuelas hasta 1888. No se creó un Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes a cargo de financiar las escuelas públicas hasta 1900. En la práctica, la mayor parte de la educación primaria permaneció en manos de escuelas religiosas y privadas con diferentes lealtades culturales. «La Iglesia, por supuesto, no creó “españoles” sino “católicos”, aun si eso requería enseñar en catalán o en vasco», como dice Álvarez Junco. Los catalanes, gallegos y algunos vascos nunca asistieron a las escuelas nacionales y continuaron hablando sus propios idiomas. En las zonas rurales, muchos niños no fueron enviados a la escuela porque sus padres pobres los necesitaban para trabajar en los campos o los establos de la familia. Los maestros de escuela estaban legendariamente mal pagados y carecían de los medios más elementales: «pasarás más hambre que un maestro de escuela» era una maldición común. Solo en 1931 fue el castellano declarado «la lengua oficial» de España, cuando aún alrededor de un tercio de la población no sabía leer ni escribir. Las décadas centrales del siglo XX, bajo la dictadura de Franco, fueron tiempos de regresión en la educación primaria.

En la década de 1960, más de cien años después del primer intento de organizar un sistema nacional de educación básica, los resultados eran mediocres, por decir lo menos. La historiadora Carolyn Boyd revisó cuidadosamente los contenidos de los libros de texto que habían sido utilizados con el objetivo de proporcionar valores nacionales comunes a los niños y resumió los resultados:

Históricamente, el débil estado español no podía proporcionar un número suficiente de escuelas públicas [...] ni imponer de manera efectiva estándares uniformes a sus propias escuelas y maestros [...]. En España, un estado crónicamente débil, una clase política dividida y en gran medida antidemocrática, y un clima social y político cada vez más polarizado impidieron la construcción de un sistema eficaz de educación nacional y el surgimiento de un consenso sobre la forma y el significado del pasado nacional español. Esto, a su vez, contribuyó a una de las características más notables de la vida política y cultural española moderna: la ausencia de un fuerte sentido de identidad española, en oposición a la local o regional.

Solo en la década de 1970 alcanzó España niveles de alfabetización y escolarización primaria de la población similares a los de la mayoría de los países europeos. Era muy tarde, de hecho, para esperar que eso pudiera producir niveles de nacionalización similares a los de Francia, Italia, Alemania o Gran Bretaña, especialmente porque, como señaló Laia Balcells, en esa época el catalán, el vasco, el gallego y otras lenguas ya habían sido estandarizadas y eran apoyadas por amplios movimientos nacionalistas culturales y políticos.

En contra de las expectativas de los nacionalistas españoles liberales, la homogeneización lingüística y cultural de los españoles ha disminuido significativamente durante el actual período democrático. Actualmente, alrededor de un cuarto de los habitantes de España utilizan una lengua distinta del castellano como lengua principal en sus relaciones familiares y privadas, y alrededor de un 40 % vive en las seis comunidades autónomas en las que existen dos idiomas oficiales. El multilingüismo de los ciudadanos españoles incluye el castellano, el catalán, el gallego y el vasco, así como el asturiano, el aragonés, el árabe, el occitano y el portugués.

Cuando el ministro de Educación declaró, en 2013, que su interés era «españolizar a los estudiantes catalanes», provocó reacciones de indignación, pero sobre todo de burla y consternación. No se necesitaba mucha información para darse cuenta de que la españolización de los catalanes exigiría un reconocimiento más amplio del catalán y de las otras lenguas vivas como partes y componentes de «España». En verdad, la mentalidad detrás de tales aspiraciones continúa siendo, más que una españolización integradora de los catalanes, una castellanización excluyente de los españoles.

La tensión por una nacionalización lingüística inconclusa no ha desaparecido. La Real Academia Española fue creada por los Borbones, bajo inspiración francesa, a principios del siglo XVIII y pronto produjo el primer Diccionario de la lengua castellana. Solo durante la dictadura de Primo de Rivera, en 1925, las nuevas ediciones comenzaron a ser tituladas Diccionario de la lengua española, un intento muy tardío de unificación nacional verbal, quizá en respuesta a la reciente estandarización moderna de la lengua catalana.

Aún hoy, la edición más reciente del Diccionario, publicada en 2014, incluye hablar «en cristiano» como sinónimo de hablar en castellano o español:

En cristiano.

1. loc. adv. coloq. En términos llanos y fácilmente comprensibles, o en la lengua que todos entienden. Habla en cristiano, que no te entiendo.

2. loc. adv. coloq. En castellano.

Como dice la lingüista Anne Cenname:

Con la confusión entre castellano y español se propaga la idea de que para ser español hay que ser castellano, con la consiguiente exclusión y marginación de todos los que no se clasifiquen como castellanos. El uso de los tres términos español, castellano y cristiano como sinónimos parece implicar que hay que ser tanto castellano como cristiano para ser español.

Los orígenes excluyentes del proyecto de hacer del castellano el único idioma español se reflejan también en otros aspectos de la política lingüística actual y en ciertos usos lingüísticos de la administración pública. Esto se puede ver no solo con respecto a los otros idiomas dentro de España, sino, incluso más, en algunos usos externos con respecto a los otros idiomas del mundo.

El consumo cultural de los españoles es enormemente dependiente del exterior, pero a veces parece que el gobierno se esfuerce en mantener a los españoles ajenos a cualquier otro idioma. La industria editorial en castellano es una de las que padece más dependencia externa del mundo. El número de libros traducidos al castellano cada año es cuatro veces mayor que el número de libros originalmente publicados en castellano que se traducen a otros idiomas, un déficit cultural gigantesco.

El déficit es aún mayor en los productos audiovisuales. Cerca del 90 % de las películas disponibles en España son extranjeras. Entre los países desarrollados, la proporción solo es superada por Australia y Canadá, dos países de habla inglesa que habitualmente importan películas de habla inglesa de Estados Unidos sin necesidad de doblarlas. Pero en España casi todas las películas o series de televisión extranjeras se doblan al castellano. Esto priva a la audiencia de las voces originales, es decir, de la característica más exclusiva y distintiva de los actores y las actrices, que son reemplazados por ventrílocuos. Al mismo tiempo, los espectadores pierden la oportunidad de tener acceso o de practicar el inglés u otros idiomas extranjeros, con lo que se mantienen culturalmente restringidos por el doblaje o los filtros de traducción.

El doblaje de las películas fue impuesto por Franco en 1941, oficialmente para defender el idioma castellano, pero también para poder censurar algunos diálogos moral o políticamente peligrosos, y ha seguido siendo la práctica más común hasta ahora tanto en el cine como en la televisión. Como el doblaje es costoso y lo pagan los espectadores españoles, en la práctica es como una tarifa comercial que aleja recursos de potenciales empleos y producciones nacionales en la industria cinematográfica y audiovisual. Favorece tanto la dependencia cultural provincial como la lejanía del lector o espectador con respecto a las creaciones originales. Es decir, los consumidores dependen enormemente de producciones culturales foráneas, pero ni siquiera llegan a conectar directamente con ellas.

Al mismo tiempo, hay una terquedad persistente y a veces patética en promover el castellano como si pudiera funcionar como idioma común único en los intercambios internacionales y mundiales. Algunos datos sobre la difusión del castellano en el mundo parecen confundir el número de castellano-hablantes nativos, en su mayoría residentes en Hispanoamérica, con los usuarios del castellano como un idioma internacional de comunicación entre personas con diferentes lenguas maternas. Más de 400 millones de personas hablan castellano como primer idioma, pero apenas cien millones más pueden usarlo como un idioma adicional para intercambios internacionales. En contraste, mientras que más de 400 millones de personas hablan inglés como lengua materna, casi el mismo número habla inglés como su primer idioma extranjero. Esto hace que el inglés, con cerca de 800 millones de hablantes, sea la lengua dominante en la educación superior, las publicaciones y conferencias académicas, la ciencia, la tecnología y la medicina, los negocios, las finanzas y el comercio internacionales, el internet y la diplomacia, así como la lengua de los aeropuertos, los deportes, la música pop y la publicidad.

Esta confusión, o tal vez cierta miopía patriótica y alguna estrechez de miras, respaldan la resistencia del gobierno español a usar el inglés como lengua franca en algunos círculos culturales internacionales. En el popular Festival de la Canción de Eurovisión, en el que participan más de cuarenta países cada año, a los concursantes se les permitió desde 1999 elegir en qué idioma cantar, y todos salvo dos de los siguientes veinte ganadores fueron de países no anglohablantes que cantaron en inglés. España fue el último país en comenzar a presentar canciones íntegramente en inglés, en 2016 y 2017. Los ilustres miembros de la Real Academia Española emitieron públicamente su protesta y sentenciaron que cualquier canción de España «debería interpretarse íntegramente en español». Como si el resto de Europa lo estuviera esperando. En cambio, a los académicos no pareció importarles mucho la deplorable baja calidad y la vergonzosa y humillante actitud de algunos de los participantes españoles en otras ediciones.

El gobierno español también mantiene el canal de Televisión Española Internacional, que transmite solo en castellano. Esto contrasta fuertemente con los numerosos canales de televisión internacionales que emiten en inglés, incluidos no solo los estadounidenses CNN y Fox News y la británica BBC, sino también canales patrocinados por gobiernos de países no anglohablantes, como Francia, Alemania, Rusia, India, China, Japón, Irán, Qatar, Turquía o Israel. Como se ha dicho de algunas campañas de la «Marca España», los gobiernos de la nacionalista España tienden a hacer promoción exterior principalmente para la audiencia interior y así reforzar su aislamiento.

TRIBUS CON BANDERAS Y CÁNTICOS

Los símbolos nacionales son los principales difusores de los valores nacionalistas entre los ciudadanos de un estado; simplifican las identidades ideológicas nacionales y también contribuyen a moldear sus contenidos. Junto con los mitos y héroes históricos, los monumentos y los mapas, las festividades y las conmemoraciones, los principales símbolos nacionales son la bandera y el himno nacional.

El diplomático y periodista Tim Marshall explica que «las banderas son un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad», ya que se hicieron factibles solo con la invención china de la seda, un tejido ligero que, a diferencia de los pesados estandartes tradicionales de tela, podía mantenerse airoso incluso en los campos de batalla. Con su difusión en los tiempos modernos, «la bandera de una nación ondeando al viento es un signo de poder, esperanza, historia y, a menudo, guerra [...]. Durante miles de años, las banderas han representado nuestras identidades e ideales. Las tenemos, las quemamos y marchamos bajo sus colores. Y aún, en el siglo XXI, morimos por ellas [...]. Representan tanto la política de poder como las pasiones de la plebe». En el caso particular de España, las banderas son una representación más bien trágica del poder en su faccionalismo y de las bajas pasiones de las plebes divididas.

La elección de una bandera nacional española fue divisiva desde el principio. A finales del siglo XVIII, la Armada Real había reemplazado la insignia tradicional en blanco con la cruz de Borgoña por una bandera con dos franjas horizontales en rojo y una en amarillo para hacerla más visible en mar abierto. Pero ni en las Cortes de Cádiz ni en los levantamientos populares contra Napoleón a principios del siglo XIX, no había una sola bandera que pudiera identificar a todos los españoles y alentar el patriotismo nacional. El emblema de la Armada fue adoptado como la bandera del Ejército y la Milicia en 1843. Pero aún a fines del siglo XIX, muchos habitantes de España no la conocían y muchos soldados reclutados ni siquiera podían identificarla cuando llegaban a los cuarteles.

La ulterior implantación de la bandera bicolor o «rojigualda» en la mente de los españoles durante el siglo XX estuvo mezclada con ceremonias religiosas, guerras y represión. La Ley de Jurisdicciones militar de 1906, mencionada anteriormente, estableció sanciones de prisión para quienes, por cualquier medio, «ultrajaren a la Nación, su bandera, himno nacional u otro emblema de su representación». Poco después, la bandera bicolor comenzó a izarse en todos los edificios públicos, especialmente en festividades religiosas como Pascua, Corpus Christi, Santiago y la Inmaculada Concepción.

La dictadura de Primo de Rivera en la década de 1920 asoció firmemente la bandera con las aventuras coloniales en el norte de África y agregó las «ofensas a los emblemas nacionales» al Código Penal. La bandera bicolor monárquica española fue también adoptada por los rebeldes contra la República y se convirtió en la bandera oficial de la dictadura franquista. En la década de 1940, se introdujo el delito de propaganda por cualquier medio tendente a la «destrucción o relajación del sentimiento nacional». Aún a finales de la década de 1960, algunos estudiantes podían ser condenados a varios años de prisión por «ultrajes a la bandera nacional». El nuevo Código de 1973 amplió las penas a las «ofensas proferidas contra el Movimiento Nacional o contra quien ostente su máxima Jefatura, y los insultos o especies lanzados contra sus héroes, sus caídos, sus banderas o emblemas». La bandera bicolor española fue constitucionalizada por primera vez en 1978. El Código de 1995 suprimió muchos de los anteriores delitos, pero mantuvo «las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas».

Obviamente, todas estas disposiciones han estado directamente dirigidas contra los hipotéticos enemigos internos de los símbolos de España. Ha habido muchos, de hecho, porque los símbolos nacionales oficiales no han sido compartidos por grandes sectores de la población. La principal bandera alternativa española a la bicolor ha sido la tricolor, que sustituye una franja roja por una morada. La tricolor fue utilizada por algunos ayuntamientos republicanos desde 1869 y se convirtió en la primera bandera constitucional de España en 1931. Como retribución a las persecuciones anteriores, la Ley de Defensa de la República tipificó el delito de «uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos» a la monarquía, incluida la bandera bicolor. Las dos banderas «nacionales», bicolor y tricolor, se convirtieron en símbolos de dos naciones alternativas, tradicional y cívica, de España.

Otros movimientos nacionalistas desarrollaron sus propios símbolos. El emblema medieval catalán con cuatro franjas rojas sobre un fondo amarillo se convirtió en una bandera reivindicativa desde la década de 1880. La bandera catalana o senyera fue prohibida por el régimen de Franco y relegalizada en su final, casi cuarenta años después. Sin embargo, desde la década de 1920, los activistas por una Cataluña independiente habían agregado a la bandera un triángulo masónico en azul con una estrella blanca –inspirada en la independencia de Cuba y Puerto Rico–. Algunos grupos de izquierda a finales de la década de 1960 también inventaron una nueva bandera proindependencia con la estrella en rojo. Así, en las concentraciones y manifestaciones nacionalistas catalanas en tiempos recientes, han ondeado tres banderas diferentes.

Análogamente, la ikurriña vasca fue inventada en la década de 1890. Consiste en una cruz blanca y un aspa verde sobre fondo rojo que representan, respectivamente, la religión, las leyes viejas y la raza vasca. La ikurriña se convirtió en la bandera de los nacionalistas vascos desde 1910, también funcionó como una herramienta reivindicativa contra las dos ulteriores dictaduras, y se convirtió en oficial desde los años setenta. Otros estandartes nacionalistas tradicionales, como los de los otros antiguos miembros de la medieval Corona de Aragón, es decir, Aragón, Valencia y Baleares, así como Galicia, Andalucía y otros, también se convirtieron en banderas oficiales de las comunidades autónomas.

En la mayoría de los edificios públicos, la bandera española ondea ahora junto a las de la Unión Europea, la comunidad Autónoma y, si es el caso, la ciudad o el pueblo. Por un lado, el gobierno central ha promovido fervorosamente el nacionalismo simbólico español. Concretamente, la bandera española de mayor tamaño de la historia fue instalada en la plaza de Colón de Madrid, donde una gigantesca tela de 21 × 14 metros y 35 kilos ondea sobre un mástil de 50 metros de altura. Por otro lado, el cumplimiento de las regulaciones es irregular y negligente. Numerosos ayuntamientos, especialmente en el País Vasco y Cataluña, no incluyen la bandera española en su menú.

Como lo resumieron los historiadores Javier Moreno Luzón y Xosé M. Núñez Seixas, «el consenso simbólico, incluso entre quienes reconocían la existencia de la nación española o al menos un Estado común, se hizo imposible para mucho tiempo». La división simbólica no ha sido solo un resultado de la inestabilidad política y los frecuentes cambios de régimen, sino también una expresión de débil cohesión nacional. Los más pequeños y homogéneos Portugal y Grecia, por ejemplo, cuyas trayectorias históricas modernas también han estado plenas de gran inestabilidad y rupturas políticas, nunca han cambiado sus banderas o himnos nacionales.

Para la mayoría de la población, el consenso democrático se ha convertido en «una aceptación banal de los emblemas nacionales compatible con una sutil distorsión: la solemnidad se trueca en frivolidad o, al menos, en una espontaneidad de ribetes lúdicos. En nada es más patente esta transmutación que en la presencia recurrente del toro de Osborne como símbolo representativo de España, hasta el punto de que llega a desplazar al propio escudo en el centro de la bandera en múltiples eventos festivos y deportivos», en palabras del historiador Rafael Núñez Florencio. Pero ni siquiera ese patriotismo banal es general. Los matices de los sentimientos populares con respecto a los símbolos nacionales van desde el entusiasmo más o menos limitado a la resignación pasiva o resignada, la indiferencia, la incomodidad, el rechazo y la beligerancia.

Se pueden contar historias similares de divisiones y sentimientos enfrentados con respecto al himno nacional. La «Marcha Granadera» militar, que había sido patrocinada por la Corona desde el siglo XVIII, comenzó a ejecutarse en procesiones religiosas a mediados del siglo XIX y recibió el nombre de «Marcha Real». Pero tuvo múltiples rivales como himno nacional. La «Marcha de Cádiz», arraigada en la resistencia contra Napoleón, cayó en descrédito tras la derrota política de sus promotores liberales. La mayoría de las alternativas ulteriores se centraron en las pasadas glorias imperiales o en referencias banales. Un favorito de larga vida para los niños ora: «Isabel y Fernando, el espíritu impera, moriremos besando la sagrada bandera.» Un pasodoble frívolo, en cambio, se limita a: «Banderita tú eres roja, banderita tú eres gualda, llevas sangre, llevas oro, en el fondo de tu alma.»

La «Marcha Real» fue proclamada himno nacional oficial de España por Franco durante la Guerra Civil y ha permanecido como tal desde entonces. Durante la dictadura, su principal rival fue el himno de Falange, «Cara al Sol», que exaltaba a los combatientes que mantenían «impasible el ademán», mientras que el carlista «Oriamendi» llamaba a luchar «Por Dios, por la Patria y el Rey». Hasta mediados de la década de 1970, la «Marcha Real» cerraba las únicas noticias de radio autorizadas dos veces al día, a la hora del almuerzo y de la cena. Junto con los himnos falangista y carlista, también se emitía rutinariamente cada medianoche al final de los programas en blanco y negro de la Televisión Española, monopolio del Estado, sobre el trasfondo de las tres banderas y tres retratos bastante siniestros del monárquico Calvo Sotelo, el falangista José Antonio y Franco. Más tarde, el cierre de la emisión fue reemplazado por solo la «Marcha Real», la bandera española solitaria, y las imágenes del rey Juan Carlos y la familia real, hasta la década de 1990.

El principal problema de la «Marcha Real» es que no tiene letra y, por lo tanto, no se puede cantar. Durante la década de 1920, el rey Alfonso XIII encargó al escritor Eduardo Marquina que escribiera una, pero su estribillo en «púrpura y oro: bandera inmortal» no cuajó. Un encargo alternativo al poeta José María Pemán produjo un llamamiento a los españoles a «levantar la frente», que el mismo autor cambió más tarde por «levantar los brazos» en un guiño a los falangistas. Una versión más popular, sin embargo, tomó prestado del Catecismo:

La Virgen María

es nuestra Redentora

y nuestra Salvación.

Nada hay que temer.

Mundo, demonio y carne,

odio, odio siempre a Lucifer.

En la década de 1960, una versión en la Enciclopedia Álvarez para los niños decía de España que había sido un «regio pedestal de Cristo Redentor; fuiste de glorias florido pensil». Pero como el significado era más bien enigmático, en Cataluña algunos niños cantaban, en cambio:

Visca Espanya

penjada d’una canya,

si la canya cau,

Espanya adéu siaaau!

Durante el siglo XXI, han proliferado los intentos de dar a la «Marcha» una letra que las masas, los políticos y los héroes del deporte pudieran cantar. Ninguna ha sido aceptada formalmente y todas han caído en el olvido. El presidente del Gobierno, José María Aznar, hizo el encargo a un grupo liderado por el escritor Jon Juaristi, quien no pudo evitar una referencia a las glorias imperiales: «alas de lino te abrieron camino de un confín al otro del inmenso mar». El Comité Olímpico Español, preocupado por el contraste en las ceremonias de copas y medallas entre los devotos cantantes de otros países y los silenciosos españoles, también hizo un intento, pero solo llegó a versos como «de los verdes valles al inmenso mar». Aún, el poeta inconformista Joaquín Sabina hizo lo que pudo llamando a la «guerra por la paz y la diosa razón».

En verdad, algunas de estas letras no eran más oprobiosas que las de los himnos nacionales de algunos otros países.¹ Pero, en contraste con ellos, en España no es el belicismo o la baja calidad de las letras lo que les quita atractivo, sino que es más bien el desapego patriótico de la gente lo que les priva de interés y mueve a la burla.

Durante muchos años, el principal rival de la «Marcha Real» había sido «La Marsellesa», que llama «a las armas, ciudadanos, formad los batallones». El «Himno de Riego», en honor del coronel que se rebeló contra el rey absolutista Fernando VII y se convirtió en un mártir de la libertad en la década de 1820, originalmente se refería a «los hijos del Cid» listos para «vencer o morir» por la patria. Pero eventualmente se convirtió en el himno de los republicanos y adoptó tonos más fuertes. A fines de la década de 1920, cuando el jefe del Gobierno general Primo de Rivera fue reemplazado por el almirante Berenguer, algunas gentes cantaban:

El Rey estaba cagando y no tenía papel.

Pasó Berenguer por allí y se limpió con él.

Poco después, cuando se proclamó la República, algunos de sus partidarios advirtieron:

Si los curas y monjas supieran

la paliza que les vamos a dar

saldrían a la calle gritando

¡libertad, libertad, libertad!

Como esta última sugerencia no fue escuchada, la amenaza fue ampliamente confirmada. El «Himno de Riego» se convirtió en el himno nacional español en 1931. Pero solía rivalizar con «La Internacional», el himno de los socialistas y comunistas, que pronostica que «Del pasado hay que hacer añicos [...]. El mundo va a cambiar de base», «La Varsoviana», que fue adoptado por los anarquistas para llamar a la lucha «a las barricadas», y los no menos belicosos cánticos catalán y vasco.

«Els Segadors», que es actualmente el himno nacional oficial de Cataluña, es una canción de guerra contra «el enemigo [...] esa gente tan ufana y tan soberbia», supuestamente los castellanos. Guerreros y religiosos son también varios cánticos vascos, como el «Eusko Gudariak», que afirma «Somos los guerreros vascos para liberar Euskadi», el «Gernikako Arbola», que originalmente homenajeaba al árbol «plantado por Dios hace unos mil años», y el «Eusko Abendaren Ereserkia», que se convirtió en el himno nacional actual, pero sin las letras tradicionales que se refieren a «la Santa Cruz» y «Gloria al buen Dios». El himno oficial de Galicia, «Os Pinos», sostiene que «solo los ignorantes, los fieros y duros, imbéciles y oscuros no nos entienden, no». Otros himnos autonómicos son más españolistas: el de Valencia dice luchar «Per ofrenar noves glòries a Espanya», mientras que el de Andalucía proclama: «¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid tierra y libertad! ¡Sea por Andalucía libre, España y la Humanidad!»

La última comunidad autónoma en adoptar su himno oficial fue Madrid, aunque su uso ha sido menos que discreto. Compuesto por el profesor Agustín García Calvo, reconoce que, dado que en las otras comunidades «Cada cual quiere ser cada una, no voy a ser menos», y, por lo tanto, Madrid se declara «el Ente Autónomo último, el puro y sincero... Que, solo por ser algo, ¡soy madrileño!».

Todos, menos España en su conjunto, tenían derecho a una letra y nadie podía dejar de entonar su propio himno local.

NACIONAL-FUTBOLISMO

Un comentario relativamente común en ciertos círculos de la resistencia antifranquista juzgaba que el fútbol era el opio del pueblo. Cabría esperar, algunos razonaban, que, con la desaparición de la dictadura, las masas populares serían más ilustradas y quedarían mucho menos atrapadas por semejante droga. La referencia intelectual implícita era, por supuesto, Karl Marx, quien había dicho que la religión era el opio del pueblo, es decir, «el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, y el alma de un mundo desalmado».

Aquellos antifranquistas no pudieron estar más equivocados en su predicción. Estuvieron aún más equivocados que Marx, porque, al fin y al cabo, en democracia la religión ha decaído en alguna medida. El fútbol, por el contrario, ha prosperado. Cada español puede ver uno o más partidos de fútbol todos los días en televisión, los programas con mayor audiencia son siempre partidos de fútbol, la información actualizada está disponible a través de internet y las redes 24/7, y el fútbol es el tema favorito de conversación en oficinas y bares.

En realidad, la referencia marxista no iba totalmente desencaminada, porque en España el fútbol se ha convertido en el sustituto cultural más popular de la religión. La caída no podría ser más dura: desde la búsqueda espiritual más elevada de la realización de la esencia humana hasta patear con los pies. A un nivel mucho más bajo, el fútbol proporciona, como la religión, una falsa felicidad. Un marxiano diría que da a la gente ilusiones placenteras, pero también reduce su energía y su disposición a enfrentar las adversidades de la realidad –razón por la que aquellos antifranquistas esperanzados deseaban que su declive aumentara la combatividad social–. Hoy en día, «florecen miríadas de religiones alternativas» en todas partes, como observó The Economist. En particular, señalaba la influyente revista, «los fanáticos del fútbol acuden a los estadios con lluvia o nieve y gastan miles en abono para la temporada», como mucha otra gente hace con otros entretenimientos de tipo religioso.

El nivel máximo de nacionalismo futbolero español se alcanzó en 1964. En el 25 aniversario de la victoria de Franco en la Guerra Civil, que se celebró ominosamente como «25 años de paz», el equipo nacional de España ganó el Campeonato de Europa venciendo a la Unión Soviética –el principal enemigo de los franquistas– en Madrid, con el Caudillo en el palco presidencial. El equipo español estuvo formado solo por jugadores nativos, excluyendo a nacionalizados como Di Stéfano o Kubala, desplegó el clásico estilo imperial de la «furia española», que básicamente consistía en correr todos detrás del balón, con poca táctica y mucha estamina, y los jugadores no vestían del rojo tradicional, que también era el color de los comunistas, sino de azul como los falangistas.

Ha habido algunas otras explosiones episódicas de patriotismo futbolero español. Pero una devoción común tan extendida no es un resorte de cohesión nacional. Más bien al contrario, como sucede con otros símbolos nacionales, el fútbol español se ha convertido en un campo de juego principal para el desarrollo del localismo interior. En España se suele decir que una persona puede cambiar de pareja, de partido político, incluso de religión, pero nunca de equipo de fútbol. Esta fidelidad no es tan fuerte en otros países donde el fútbol atrae a muchos seguidores, como Inglaterra, Italia, Alemania o Brasil, donde algunos futboleros eligen seguir a uno u otro club en diferentes momentos de su vida dependiendo del desempeño del equipo, de nuevos jugadores, entrenadores o propietarios, u otras circunstancias cambiantes. Tal vez solo en Argentina las lealtades locales de fútbol sean tan intensas como en España, aunque la lista argentina de los principales clubes es más simple que la de la Madre Patria.

La competencia entre localismos rivales está polarizada, por supuesto, en torno al Real Madrid, que tiende a ser apoyado por los poderes fácticos del Estado central, y el Futbol Club Barcelona, o «Barça», que pretende ser «más que un club» y representar sentimientos catalanistas alternativos. El rival local del Barça es el Real Club Deportivo Español, cuya afiliación nacional competitiva queda explícita en su nombre. Los primeros clubes de la tercera y la cuarta ciudades visten de blanco, como el Real Madrid: Valencia Club de Fútbol y Sevilla Fútbol Club. Pero sus rivales locales se inclinan al otro lado: el Llevant Unió Esportiva viste de azul y rojo como el Barça, y el Real Betis Balompié de verde y blanco como la bandera andaluza. El Athletic Club de Bilbao también afirma ser «más que un club», y todos sus jugadores son nacidos o crecidos en el País Vasco o Navarra. Su rival local, la Real Sociedad de San Sebastián, abandonó esta política hace unos años solo para reemplazarla durante un tiempo por la contratación de extranjeros, pero no de españoles no vascos. El órgano rector del fútbol en España es la Real Federación Española de Fútbol. Pero más que a un mosaico federal, el fútbol competitivo en España se parece a un patchwork posmoderno de localismos, regionalismos y nacionalismos rivales de diferentes colores y tamaños.

El historiador Alejandro Quiroga ha observado que «ningún otro deporte ha contribuido a la consolidación de las identidades nacionales y a la propagación de narrativas nacionales tanto como el fútbol». Pero en España, estas identidades y narrativas han sido, sobre todo, las de las varias «naciones futboleras dentro de un Estado» que han sido documentadas por Vic Duke y Liz Crolley. En los estadios del Barcelona y del Athletic de Bilbao, las banderas con los colores del club local ondean junto con docenas de banderas catalanas y vascas, respectivamente. Pero cuando el Barcelona o el Athletic juegan en Madrid, los aficionados locales agitan la bandera española, como si dijeran que los catalanes y los vascos no son españoles.

Por otro lado, cada vez que el Barcelona, el Athletic o el Alavés juegan la final de la Copa del Rey –lo cual ha sucedido en ocho de los últimos diez años–, decenas de miles de fans abuchean y silban la «Marcha Real» o himno nacional español. Por supuesto, nadie puede contraatacar cantándola, porque, como hemos visto, no hay karaoke disponible. La pitada contrasta con el fervor con que las masas y la mayoría de los jugadores de ambos equipos cantan en análogas ocasiones «God Save the Queen» en Wembley, «Fratelli d’Italia» en el Estadio Olímpico de Roma, «La Marsellesa» en Le Parc des Princes de París, o «Deutschlandlied» en el Estadio Olímpico de Berlín (quizá en este orden de entusiasmo). Tradicionalmente, la final de la Copa de España se jugaba en Madrid, pero después de esos sucesos repetidos el Real Madrid se ha negado a ceder su estadio para la ocasión.

Las rivalidades internas locales y regionales son endogámicas y no están suavizadas por simpatías internacionales. El Barça y el Real Madrid y sus principales estrellas tienen millones de fanáticos y seguidores en decenas de países del mundo, como también los tienen en cierta medida el Manchester United, el Milan, la Juventus o el Bayern de Múnich, solo por mencionar algunos de los clubes más populares. Pero es extremadamente raro encontrar un solo español que se declare partidario o seguidor de un club de fuera de España. Las fidelidades locales nunca se distraen.

En este contexto de introspección interna y desinterés externo, uno podría esperar que la identidad nacional española se avivara con los partidos del equipo nacional español. Pero los resultados en este frente han sido bastante limitados. Para comenzar, el equipo nacional se creó treinta años después de que se fundaran los primeros clubes locales y varias décadas después de que comenzaran a jugar los equipos nacionales de Inglaterra, Escocia, Italia, Francia, Alemania y otros.

Los partidos internacionales de fútbol pueden ser un sustituto de la guerra y, como tales, pueden encender pasiones patrióticas contra un enemigo común. Sin embargo, el equipo nacional español tiende a evitar el uso de las palabras «equipo nacional» o incluso «España», que han sido reemplazadas por «la Selección» y, más recientemente, «la Roja» por el color del uniforme. Durante las últimas tres décadas, el estado de ánimo de los fans y los periodistas con respecto a la Roja ha oscilado entre una narrativa de fracaso, desilusión y pesimismo y –cuando ganó dos Campeonatos de Europa y una Copa del Mundo– arrebatos de orgullo y autobombo. Estas victorias se lograron, con los entrenadores Luis Aragonés y Vicente del Bosque, a menudo poniendo en el campo a una mayoría de jugadores del Barcelona, lo cual ayudó a muchos catalanes a compatibilizar las dos afiliaciones nacionales simbólicas. Sin embargo, el equipo nacional de España no ha jugado en Bilbao o en Barcelona desde hace más de cincuenta años y no hay planes para que lo haga. Cuando la Roja gana, las celebraciones principales tienen lugar en la Fuente de Cibeles de Madrid, el mismo lugar donde los forofos suelen celebrar las victorias del Real Madrid.

NO MUY ESPAÑOLES, DESPUÉS DE TODO

Es conocido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, concluyó un discurso ante unas pocas docenas de seguidores de su partido exclamando: «España es una gran nación. Y los españoles, muy españoles, y mucho... españoles.» La evidencia disponible, sin embargo, da solo un apoyo limitado a estas intrépidas afirmaciones.

Como se mencionó, el restablecimiento de la democracia después de una larga y destructiva dictadura no ha reforzado los sentimientos de pertenencia a la nación española, sino que los ha debilitado. Además del legado imperial y el nacionalismo de Franco, los principales factores para este desarrollo imprevisto incluyen los siguientes: la interrupción de las migraciones internas en España desde mediados de la década de 1970, la creación y la inflación de las comunidades autónomas desde la década de 1980, y la integración en la Unión Europea y la consiguiente disminución de las rivalidades entre estados nacionales durante ese mismo período.

Según una encuesta reciente, «en términos comparados con los demás países europeos, la identidad nacional española es relativamente débil... España está por debajo de la media de la UE en el porcentaje de aquellos que se sienten “apegados” a su país». Respecto al prestigio interno de cada país, «España se destaca en los últimos años por su muy baja autoestima».

Concretamente, «todos los elementos que se ofrecen a los entrevistados como posibles motivos de identificación con el resto de los españoles sufren un declive» desde principios de siglo, incluida la cultura española, la lengua castellana, su historia y sus símbolos, y «especialmente los aspectos centrales que definen un Estado: su independencia y sus fronteras, y su vida política y económica», según lo detallado por la politóloga Carmen González Enríquez para el Real Instituto Elcano.

Cuando en otras encuestas se aborda la cuestión de la pertenencia a España en relación con la pertenencia a la comunidad autónoma, solo el 22 % de los ciudadanos encuestados dicen que «se sienten solo españoles o más españoles que de la comunidad autónoma». En Cataluña, solo el 12 % lo expresa así. En el País Vasco, solo el 8 %. Si se agrega la respuesta de doble pertenencia a España «tanto como» a la comunidad autónoma, aproximadamente tres cuartos de los españoles dicen sentirse algo españoles, mientras que solo la mitad lo sienten en Cataluña y solo un poco más de un tercio en el País Vasco; el resto se siente más o solo de la comunidad autónoma.

A principios del siglo actual, hubo cierta discusión sobre la posibilidad de basar la lealtad a la nación española no sobre rasgos culturales tradicionales como los mencionados anteriormente, sino sobre los valores de la Constitución democrática. Según algunas interpretaciones, que en algunos momentos fueron favorecidas tanto por el PSOE como por el PP, esto permitiría desarrollar un «patriotismo constitucional» entre una población con variadas religiosidades, idiomas y tradiciones culturales. La única base de la nueva nación española sería la fidelidad del pueblo a la Constitución, las instituciones democráticas y la ley.

Sin embargo, la aplicación de esta noción a la España actual fue ambigua desde el principio. En su Congreso General de 2002, el Partido Popular aprobó una ponencia política titulada El patriotismo constitucional del siglo XXI. Por un lado, afirmaba que «el patriotismo constitucional no se fundamenta en el dominio o derecho de la historia, la etnia, la raza, la comunidad de creencias y lengua o cualquier otra herencia, sea esta más o menos real o imaginaria [...]. La Constitución tiene [sic] un momento histórico fundacional». Pero, por otra parte, también señalaba que España es «una nación constituida a lo largo de los siglos [...]. España es una nación política con un patrimonio forjado a lo largo de una dilatada trayectoria histórica».

En realidad, la Constitución española actual no dice que tiene ni se proclama como un momento histórico fundacional o como el fundamento de la nación española. Al revés, supone que la nación existía antes de que se formara una comunidad política o jurídica. Es la nación preexistente la que está consagrada como el fundamento de la Constitución. El artículo 2 dice literalmente: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.»

La Nación, con mayúscula, aparece, así, como una entidad tradicional predemocrática. Como tal, es la continuación de la tortuosa historia de décadas y siglos anteriores, incluyendo todos los períodos imperial, militarista, clericalista y dictatorial, y particularmente la dictadura franquista. La mayor parte del patrimonio forjado a lo largo de una trayectoria histórica tan extensa es incompatible con los principios liberales y democráticos o las reglas del derecho. El artículo 2 de la Constitución, en el que se define la nación española, no hace referencia alguna a los valores de la libertad o la democracia.

Vale la pena recordar que el texto final de este artículo principal no fue obra de la Ponencia del Congreso de los Diputados que elaboró la Constitución en 1978. La redacción llegó desde el palacio de la Moncloa, residencia del presidente del Gobierno, en forma de una hoja de papel escrita a mano. El mensajero que la llevaba, Gabriel Cisneros, hizo ver a los demás miembros de la Ponencia que el texto contenía las «necesarias licencias» y que no se podía modificar una coma porque respondía a un compromiso literal entre el presidente del Gobierno y los interlocutores de facto, muy interesados en el tema. Esto hizo que uno de los miembros de la Ponencia, el centrista José Pedro Pérez Llorca, se pusiera firmes y levantara el brazo con la mano extendida para hacer el saludo militar. El miembro socialista de la Ponencia y futuro presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, reconoció que se aceptó la redacción del artículo «para tranquilizar al búnker franquista y los militares».

La mayoría de los constituyentes aceptaron el enfoque. De hecho, «el nuevo acuerdo democrático no fue considerado el momento fundador de una nueva comunidad política. Por el contrario, supuestamente dio un nuevo contenido político a una «nación» previamente existente, cuya existencia como un «demos» fue dada por hecha y no cuestionada por la mayoría de los actores políticos que dieron forma a la Constitución», en palabras del historiador Xosé M. Núñez Seixas.

En particular, Peces-Barba dijo con franqueza: «Damos por sentado que España, como nación, existe antes de la Constitución. Para nosotros la nación como hecho relevante es derecho preexistente a la Constitución.» En el lado derecho del espectro político, José María Aznar y Mariano Rajoy, como muchos otros miembros del Partido Popular, han repetido incansablemente que «España es una de las naciones más antiguas de Europa» y que la mera duración de unas fronteras más o menos estables durante quinientos años es una fuente de legitimidad del Estado actual. Felipe González se hizo eco de esta animosa declaración para tratar de desautorizar algunas demandas catalanas: España, dijo, «es una realidad histórica con más de quinientos años en su perímetro actual, una de las naciones más antiguas del mundo». En este enfoque, el nacionalismo español no podría ser más «esencialista» o «primordialista», es decir, independiente de lo que los seres humanos reales puedan elegir en libertad. Y, por supuesto, el argumento sobre el perímetro duradero olvida llamativamente Portugal y todas las colonias imperiales que, durante la mayor parte de los cinco siglos, incluyeron a «los españoles de ambos hemisferios» y fueron el componente mayor dentro de las fronteras de España.

En la práctica, los altos elogios patrióticos a la Constitución y los destellos de nacionalismo cívico se mezclan frecuentemente con los cultos tradicionales a las glorias imperiales, la Hispanidad, la lengua castellana, las tradiciones católicas, la rojigualda, la «Marcha Real», la Roja, etc., como hemos visto en las páginas anteriores. Cuando algunos políticos e intelectuales aún repiten que la lealtad democrática debe desligarse de la historia, la geografía o la lengua, generalmente quieren decir cualquier historia, geografía o lengua que no sea la castellano-española.

El problema de la popularidad de los símbolos y los componentes de la identidad nacional española proviene de la trayectoria histórica previa: «En términos generales, cuando un régimen que ha monopolizado el patriotismo cae, su interpretación de la identidad nacional estará, probablemente, deslegitimada y será incapaz de actuar como elemento cohesionador de la unidad política del Estado», como observa el politólogo Jordi Muñoz. Y, en particular, cuando el monopolio del patriotismo ha sido profundamente divisivo y de confrontación, como lo fue durante la larga trayectoria que culminó con el régimen de Franco, la deslegitimación puede ser completa. Para que fuera un elemento cohesivo de la unidad política, habría que reinventar una nueva nación.

En la España actual, la identidad nacional oficial sigue estando asociada en gran medida con símbolos heredados y mitos históricos. Grupos significativos de ciudadanos, especialmente, pero no solo, en Cataluña y el País Vasco, no se identifican con el patriotismo español. Otros muchos tienen sentimientos nacionales débiles o se refieren a diferentes referencias culturales patrióticas. En contraste con la afirmación del presidente del Gobierno citada anteriormente, muchos españoles no son, de hecho, muy ni mucho españoles. Y, como veremos, la incompletitud de la nación española, en un contexto de débil institucionalización del Estado, condiciona fatalmente el funcionamiento del régimen democrático actual.

4. Una democracia minoritaria

Hay diferentes niveles de calidad de la democracia. Las democracias actuales en Canadá o Suecia, por ejemplo, son de mayor calidad en términos de derechos civiles, cumplimiento de la ley, participación ciudadana y efectividad del gobierno que las de, digamos, Paraguay o Rumanía. Del mismo modo, también hay diferentes niveles de atrocidad en las dictaduras, como se puede ver si comparamos, por ejemplo, las totalitarias Corea del Norte o Arabia Saudí con los desventurados regímenes de Malasia o Marruecos. Hay democracias y democracias, y hay dictaduras y dictaduras. En esta perspectiva, el régimen político actual de España es una democracia, pero de calidad no muy alta, y más bien baja en algunos aspectos importantes.

España no es una excepción con respecto a la desilusión con las promesas democráticas. Todas las democracias basadas en elecciones con partidos políticos en estados grandes tienen limitaciones y producen frustraciones. En general, el establecimiento del modelo moderno de democracia representativa implicó una pérdida en comparación con el modelo clásico de democracia directa en pequeñas ciudades-república. Pero precisamente: los modos como los diferentes regímenes democráticos abordan las deficiencias de la fórmula representativa moderna es lo que les da diferentes niveles de calidad.

Recordemos brevemente algunos conceptos básicos para aclarar esto. En las antiguas democracias directas, como la clásica Atenas, la renacentista Florencia o los actuales cantones suizos, por ejemplo, las personas, primero, votan sobre políticas públicas en asambleas abiertas, y, segundo, seleccionan delegados para ejecutar sus decisiones. Los delegados no son representantes del pueblo, sino solo mandatarios para ejecutar las instrucciones imperativas de la asamblea. Rinden cuentas de su tarea y pueden ser sancionados por su desempeño.

Por el contrario, en los estados democráticos modernos, los ciudadanos no toman decisiones vinculantes. Los votantes primero eligen representantes sin ningún mandato imperativo sobre políticas públicas, y después los representantes electos eligen las políticas con una amplia libertad discrecional y sin compromisos o promesas electorales jurídicamente vinculantes. Los representantes toman decisiones en nombre de la gente. No son revocables y no pueden ser revocados en función del desempeño de sus políticas. El único mecanismo para la rendición de cuentas es la siguiente elección, que tiene que ver con el desempeño pasado y las nuevas promesas de futuro al mismo tiempo.

El constitucionalista y novelista romántico Benjamin Constant analizó con perspicacia estas diferencias. Señaló que con lo que él llamó «la libertad de los antiguos», la gente era soberana en los asuntos públicos, pero esclava en todas las relaciones privadas. En contraste, la «libertad de los modernos» significa que la gente se ve privada de poder de decisión directa en los asuntos públicos, lo que la mueve a centrarse en el disfrute de la vida privada. Constant advirtió con vehemencia contra un pacto fáustico por el cual toda el alma de los asuntos públicos se perdería. Llamó a quienes disfrutan de su libertad privada moderna a que también «ejerzan una vigilancia activa y constante sobre sus representantes y se reserven el derecho de apartarlos si traicionan su confianza y de revocar cualquier poder del que hayan abusado».

El problema con la democracia representativa es, por lo tanto, no solo la elección de los representantes adecuados con la información necesaria sobre si pueden hacer el trabajo adecuadamente. El problema es especialmente grave en relación con el período poselectoral: cuando los representantes tienen una gran discreción en sus decisiones, vigilar sus acciones es costoso y existen pocos controles institucionales que limiten su capacidad de actuar unilateralmente.

El actual régimen democrático de España es menos que mediocre en ambas dimensiones: la representación electoral y la responsabilidad poselectoral de los gobernantes, como veremos en las siguientes páginas. El régimen democrático español actual es de baja calidad porque los gobiernos siempre se basan en un apoyo electoral minoritario, las oligarquías de los partidos políticos tienden a controlar todas las instituciones políticas, legales, mediáticas y de otros tipos, hay una confrontación permanente entre minorías opuestas y una política de crispación, mientras las autonomías territoriales tienden a involucrarse en una competencia centrífuga.

Estos resultados decepcionantes se derivan, en primer lugar, de la debilidad del Estado revisada anteriormente, la cual produce una débil institucionalización de las relaciones políticas y una aplicación relativamente baja de las reglas del derecho. Asimismo, la incompletitud de la nación española, que analizamos en el capítulo anterior, perjudica la inclusividad de las instituciones democráticas y fomenta los conflictos interterritoriales. Además, algunas instituciones del régimen actual, cuyo diseño estuvo orientado a favorecer la estabilidad política, se han vuelto terriblemente rígidas e incapaces de adaptarse a los cambios sociales y a las nuevas demandas políticas.

OLIGARQUÍA Y CLIENTELISMO

En comparación con los principales países de Europa, España se encuentra al final de la cola en experiencia con la democracia moderna. Consideremos solo los intentos de establecer un régimen democrático «mínimo» basado en requisitos elementales como el sufragio masculino universal, una competencia electoral abierta y un gobierno que dependa de los resultados electorales. Dejemos de lado no solo los derechos de voto femenino, que fueron una novedad tardía en casi todos los países, sino también otras características de alta calidad, como un asociacionismo amplio y variado, la adopción de políticas consensuadas o una vigencia efectiva de la ley. La existencia de una democracia «mínima» en España se limita a períodos muy breves de algunos meses o algunos años a partir de 1812, 1820, 1868 y 1931, más las varias décadas de experiencia iniciadas en 1977.

En total, desde 1800 hasta 2018, ha habido una democracia mínima en España durante solo un tercio o 33 % del tiempo. Esto contrasta con períodos de democracia mucho más largos en Gran Bretaña (63 %), Francia (59 %), Alemania (56 % desde 1868) o Italia (45 % desde 1861). Las puntuaciones relativas son aún peores para España si aceptamos una clasificación bastante común de los regímenes políticos en tres categorías: democráticos, parcialmente libres y dictatoriales, y nos centramos en las dictaduras. España ha sido gobernada por monarcas absolutistas o dictadores militares durante el 38 % del tiempo del mismo período moderno, en contraste con períodos de dictaduras mucho más breves en Francia (16 %), Italia (12 %), Alemania (8 %) y Gran Bretaña (0 %).

En medio de una inestabilidad sostenida, la fórmula política más duradera en la España moderna fue un régimen «parcialmente libre» o «mixto» en el que el poder legislativo era compartido por el Rey y el Parlamento. Comenzó con la Restauración de la monarquía borbónica en 1874 y duró casi cincuenta años. Sus principales características revelaron la debilidad institucional y la fragmentación territorial del país. Su legado tuvo una influencia visible en desarrollos posteriores, incluidas algunas características del régimen democrático actual.

Permítanos revisarlo. Inicialmente, el régimen de la Restauración otorgó derechos de voto solo a un 5 % de la población total. En 1890, la introducción del sufragio masculino universal multiplicó el electorado por más de cinco, con una mayoría de votantes potenciales que eran rurales, pobres y analfabetos. El sistema electoral era muy restrictivo, ya que las tres cuartas partes de los escaños se elegían en distritos con un solo escaño, lo cual fomentaba la representación de estrechos intereses locales y no permitía que más de dos candidatos compitieran efectivamente por obtener representación. Aún más importante, el gobierno no dependía de los resultados electorales, sino que el rey lo cocinaba antes de cada elección.

El notario Joaquín Costa caracterizó el funcionamiento real del régimen de la Restauración como una combinación de «oligarquía y caciquismo». Los políticos y los votantes intercambiaban favores personales por lealtad y votos, como patronos y clientes a través de intermediarios. Veremos que algunos de estos intercambios evocan ciertas prácticas de los partidos políticos en la España actual.

El intercambio clientelista implicaba que, por un lado, los favores de los políticos se otorgaban prioritariamente a amigos, parientes y socios profesionales y económicos. Los favores incluían bienes privados, como recomendaciones, nombramientos, transferencias y ascensos a «chollos» disfrazados de empleos públicos, dispensa del servicio militar, exenciones de impuestos o influencia sobre sentencias judiciales, así como bienes públicos de pequeña escala, como la rama local de una carretera, un puente, una estación de ferrocarril, un mercado o incluso una universidad provincial. Del mismo modo, para los adversarios y enemigos, los intercambios podían implicar la pérdida de documentos en algún trámite burocrático, amenazas de represalias o pleitos arbitrarios, multas y encarcelamientos. Por su lado, los beneficiarios otorgaban deferencia, sumisión y votos a los proveedores.

Por supuesto, esto no era un buen mecanismo para la representación democrática de diferentes grupos e intereses sociales. Los miembros del Parlamento y otros funcionarios electos no respondían a las demandas de los ciudadanos. Era un clientelismo. Pero, como dijo Costa, más allá de la estructura legal oficial, este era el esqueleto del verdadero «gobierno del país por una minoría de los peores que tiende exclusivamente a su interés personal, sacrificándole el bien de la comunidad».

El sistema funcionaba con tres capas. Primero, los oligarcas nacionales eran los diputados y senadores y los editores de los periódicos de gran circulación: una oligarquía política más que económica, aunque con vínculos directos con esta última. Segundo, los caciques locales, que no eran grandes terratenientes, sino principalmente abogados, burócratas locales, periodistas, médicos o farmacéuticos, eran típicamente reconocidos como los notables, los jefes o «las fuerzas vivas» de cada pueblo, provincia o distrito electoral capaces de reclutar y asegurar cierta fidelidad de votos. Controlaban a los alcaldes, los jueces locales y los funcionarios públicos, y algunas veces algunos de ellos también podían convertirse en miembros de la oligarquía política. Tercero, los gobernadores provinciales nombrados por el gobierno central eran los intermediarios cruciales entre los oligarcas y los caciques, las principales vías de comunicación y los instrumentos para llegar a acuerdos y vigilar su cumplimiento.

Los conservadores y los liberales pactaron un «turno pacífico» en el gobierno. Para que se cumpliera la alternancia periódica en el poder de los dos partidos, el fraude electoral era indispensable. En muchos distritos, «la contienda electoral –si ese es el término– tenía lugar en la negociación antes de las elecciones [...]. Habitualmente los candidatos de la oposición, tras fingir que peleaban para preservar su credibilidad para la próxima ronda, se retiraban y aseguraban que no hubiera competencia», como explica Raymond Carr.

Al final de la prolongada experiencia, el líder catalanista Francesc Cambó miraba en retrospectiva:

¿Quién no recuerda elecciones en las que los gobernadores civiles utilizaban a la policía para robar las urnas electorales, o en las que el recuento de los votos se falsificaba en las mismas salas en las que se administra la justicia? ¿Quién no recuerda que el voto de los diputados que declaraba válida una grosera y evidente falsificación hacía que cierto número de personas respetables aceptaran como colegas en el parlamento a sujetos a los cuales jamás hubieran permitido franquear la entrada de sus domicilios particulares?

Una estructura similar en la Italia de fines del siglo XIX motivó al teórico político Gaetano Mosca a acuñar su concepto de «clase política», un concepto que todavía es útil hoy en día. En el análisis crítico de Joaquín Costa, hubo una «selección invertida» de los miembros de la clase política, es decir, «la exclusión consciente, reflexiva y sistemática de los aptos por los incapaces».

Desde este punto de vista, la palabra «oligarquía» se ajusta a los conceptos clásicos aristotélicos. En contraste con la democracia antigua, que debería ser el gobierno de muchos, la «aristocracia» debería ser el gobierno de una minoría de los mejores. Pero cuando la forma moderna del gobierno representativo se ve pervertida por la selección adversa de la minoría gobernante, se convierte en una mera oligarquía, es decir, en el poder de una minoría en su propio beneficio.

La prevalencia de intercambios políticos clientelistas entre los gobernantes y los votantes a través de caciques locales tiende a emerger y sobrevivir en países en los que el estado es débil y centralizado y donde la construcción de una nación moderna se ha visto frustrada por la perduración de localismos fragmentados. En ausencia de una administración pública profesional robusta y de partidos ideológicos con una afiliación masiva, los gobernantes nacionales pueden tratar de mantener cierto control sobre la sociedad a través de intercambios clientelares mediante el caciquismo local.

El sistema caciquil español no contenía partidos políticos reales en competencia o rivalidad. Los conservadores y los liberales, «ni tan siquiera se puede decir que fueran partidos de notables sino tertulias caciquiles, formadas por la acumulación de clientelas personales», en la estimación del historiador Javier Tusell. De hecho, «el cacique de caciques era el jefe del partido», como dijo el historiador José Varela Ortega.

En la visión de Juan Liz, el sistema clientelista español fue el resultado de un intento fallido de las élites urbanas de introducir una «modernidad política temprana en una sociedad atrasada económica y culturalmente». En la versión del historiador Gabriele Ranzato, es «la historia de la transformación forzosa de un país de antiguo régimen infiltrado por la modernización, [donde] no había ningún componente social de importancia nacional impregnado con valores de democracia liberal que se hubiera convertido en portador del cambio».

El atraso de la sociedad es también una explicación de por qué en España, a diferencia de casi cualquier otro país de Europa occidental, los políticos disfrutan de un prestigio social y una reverencia desproporcionados con el poder real de los cargos públicos. Todavía hoy en día, según Linz, «ello explica el papel tan importante de la política en nuestra sociedad».

El sistema de la Restauración evolucionó, como en otros países europeos con estructuras comparables, especialmente con la ampliación de los derechos de voto, un lento crecimiento de la participación electoral, y la competencia de otros partidos en los pocos distritos electorales con múltiples escaños. Pero, aunque se debilitó el control de las elecciones por el gobierno central y se redujo el fraude, en la mayor parte del país aumentó el papel de las redes locales, incluidas las nuevas prácticas de compra directa de votos. El mecanismo fue descrito por Mosca:

La ampliación del sufragio sin duda aumenta el número de votantes. Pero los caciques, los gobernadores, las organizaciones políticas y todos aquellos que están acostumbrados a manipular los llamados resultados de la urna, ven cómo el volumen de pasta que tienen a mano también aumenta, a la vez que se vuelve más suave y más maleable.

Casi sesenta años después del final de la experiencia de la Restauración, un nuevo régimen democrático en España trajo consigo grandes aumentos tanto del número de votantes como de la pasta disponible. En el nuevo contexto, reaparecieron y se expandieron varias de las características del antiguo sistema político, incluidos los partidos oligárquicos, la selección adversa de los políticos, la acción de los caciques locales y el clientelismo, y la reverencia social desproporcionada a los miembros de la clase política.

PARTIDOCRACIA

A través de una trayectoria muy accidentada durante unos cien años, en España los partidos políticos han pasado de ser «tertulias caciquiles» a convertirse en aparatos electorales. Nunca ha habido partidos de masas como los que la democracia moderna construyó en los países europeos más avanzados, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial.

La reconstrucción más reciente de una oligarquía partidista tiene sus orígenes en el proceso de transición a la democracia en los años setenta. Tras una larga dictadura, todos los partidos políticos, tanto los formados a partir de las filas del régimen autoritario como los que surgieron de los movimientos de oposición, tuvieron que crearse o recrearse casi desde cero. Las negociaciones secretas que condujeron a pactos por el cambio político estuvieron altamente personalizadas por un puñado de líderes de partido. Por un lado, estos líderes tenían que demostrar su capacidad de ejecutar las decisiones acordadas a través de las filas escasamente pobladas de sus minúsculos nuevos partidos para así hacer creíbles sus compromisos. Por otro lado, los líderes de partido obtenían el apoyo y el control de los afiliados gracias a los logros negociados con los otros partidos. Los pactos externos entre los líderes partidistas y el autoritarismo interno dentro de sus partidos fueron, por lo tanto, dos caras de la misma moneda.

La consecuencia fue que el diseño de muchas nuevas instituciones fue hecho a la medida de sus autores: pretendían confirmar el papel primordial de los partidos políticos y sus líderes en el nuevo régimen político y acabaron consolidando la estructura oligárquica de los partidos.

Los liderazgos partidistas están sobreprotegidos constitucional y legalmente: los partidos son generosamente financiados con recursos públicos basados en impuestos cuyo gasto apenas es controlado por un organismo imparcial; gozan de tiempo regulado de transmisión en la radio y la televisión públicas, de tarifas postales reducidas y de locales públicos para su propaganda y reuniones públicas; el sistema electoral les otorga un control casi absoluto de la selección de los candidatos a cargos públicos, ya que ni en las elecciones municipales, autonómicas, al Congreso o al Parlamento europeo los votantes pueden expresar preferencia alguna por candidatos individuales en la papeleta de voto; alrededor de dos mil titulares de cargos, incluidos todos los senadores, diputados nacionales y regionales y muchos altos funcionarios nombrados a dedo, están legalmente exentos de enjuiciamiento judicial ordinario.

El poder partidista e institucional está altamente concentrado: España es posiblemente el único país democrático del mundo en el que una misma persona es líder del partido, jefe del grupo parlamentario y presidente del Gobierno. Las campañas electorales se centran en gran medida en los candidatos de cada partido a la presidencia del Gobierno, hasta el punto de que la mayoría de los votantes ni siquiera conocen el nombre del número uno en la lista de candidatos al Parlamento en su circunscripción electoral.

Examinemos algunos pasos sucesivos del proceso político. Como veremos, todos los pasos, desde la formación de las candidaturas electorales, de los grupos parlamentarios y del gobierno hasta las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, están fuertemente marcados por el dominio de los partidos y sus líderes.

Para comenzar, la elección de los candidatos electorales es un privilegio de los líderes del partido. Ya para las primeras elecciones en 1977, el secretario general de la candidatura oficial Unión de Centro Democrático (UCD) y más tarde presidente de gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, llevó a cabo la selección de candidatos decidida por el presidente Adolfo Suárez mediante «la imposición a los líderes [de los partidos de la coalición] de un acuerdo por lo que me daban todo el poder para presentar las listas en todas las circunscripciones electorales».

Algunos años después, el vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, se encargó de ejecutar la selección de candidatos del presidente Felipe González. Advirtió a los candidatos potenciales que «el que se mueve no sale en la foto», un lema que adoptó de Fidel Velázquez, jefe de la Confederación de Trabajadores del partido autoritario mexicano PRI. El mismo González pronto advirtió al público que el PSOE estaba sufriendo un proceso de «oligarquización».

Más tarde, el presidente del Gobierno del Partido Popular (PP), José María Aznar, se jactaba de escribir en secreto los nombres de futuros candidatos para cargos públicos en una libretita azul que mostraba con frecuencia –siempre cerrada, claro–. Aznar designó en privado a su sucesor con un dedazo. El aspirante favorecido, Mariano Rajoy, reconoció en el período posterior que la elaboración de las listas electorales es «un oficio no deseable y bastante poco reconfortante», pero también advirtió a sus compañeros de partido que «el encargado de aprobar las listas soy yo».

Una vez que los candidatos han sido seleccionados, nombrados o elegidos a través de listas electorales cerradas, también prevalecen las decisiones de arriba abajo dentro del partido y los grupos parlamentarios con respecto al lanzamiento de promesas electorales, propuestas de políticas públicas o iniciativas legislativas. La actividad de la mayoría de los miembros del Parlamento es extremadamente limitada. Las reglas parlamentarias restringen fuertemente el papel de las comisiones parlamentarias y hacen que las decisiones legislativas estén ampliamente determinadas por la agenda del gobierno y, en la práctica, por la dirección del partido gobernante. Solo el gobierno y los grupos parlamentarios partidistas están autorizados a presentar proyectos y proposiciones de ley. Cualquier enmienda propuesta por un diputado individual debe ser asumida por el portavoz del partido. Incluso las preguntas a los miembros del gobierno, a pesar de que son formuladas por diputados individuales, siempre se deciden previamente dentro del grupo parlamentario.

En el interior de cada grupo de partido, hay una fuerte disciplina de voto, la cual se mantiene a través de instrucciones explícitas, signos con las manos del portavoz dentro de la cámara, controles y multas de varios cientos de euros a los desobedientes ocasionales. En la práctica, los miembros individuales del Parlamento funcionan como portavoces mecánicos de las directrices partidarias que llegan desde arriba.

Un exdiputado del Partido Popular, Jesús López-Medel, explicó que «un día, antes de salir del hemiciclo, el portavoz adjunto del Grupo Popular me cogió del brazo y me dijo: “Jesús, aplaudes poco”». La conducta de este hombre contrastaba con la de la mayoría de los compañeros de su partido que podían interrumpir con frenéticos aplausos hasta veinte veces el discurso de su presidente, líder y jefe. Este reproche o amenaza le recordó a López-Medel «una prohibición no explicitada pero real de pensar por uno mismo». Su reflexión: «El Parlamento vale solo para aplaudir, jalear o insultar. Pero eso de hacer leyes, incluso lo de votar, es algo del pasado. La intromisión del Gobierno en la función legislativa de las Cortes ha batido todos los récords.»

Tras haber sido presidente del Tribunal Constitucional, el politólogo y jurista Manuel García-Pelayo había hecho una observación general:

Para el representante electo, hacer ejercicio de su libertad de juicio y de voto, formalmente garantizadas por la Constitución, se convierte en una decisión personal en la que se sopesarán las lealtades, valores y roles en conflicto, así como los costos políticos de la decisión entre los que, en la mayor parte de los casos, se contará la exclusión de la clase política.

El paso siguiente es la formación del gobierno. La selección de los ministros está reservada a su presidente. El Consejo de Ministros no opera sobre una base colegiada. La coordinación es esencialmente jerárquica a través de las comisiones delegadas del gobierno, comisiones interministeriales y comisiones de subsecretarios, que adoptan muchas decisiones que se someten al Consejo solo para su ratificación.

A lo largo de los años, se ha observado una «desparlamentarización» de los miembros del Gobierno, un dominio creciente de los políticos profesionales, una baja especialización y una mayor subordinación de los ministros al presidente. «Desde el nombramiento hasta la salida del cargo, la condición ministerial revela una subordinación al jefe del gobierno que resulta incompatible con un nivel suficiente de autonomía política que convierta al ministro en verdadero líder de la máquina política de su respectivo ministerio», como ha observado el politólogo Juan Rodríguez Teruel.

La alta concentración de poder causa una alta personalización de la política, más que una adhesión a la política o la ideología. La mera denominación de «presidente» del gobierno es una rareza en los países parlamentarios, donde el jefe del ejecutivo suele llamarse primer ministro o nombres similares que implican un trabajo colegiado. A lo largo de los años, esto ha generado sentimientos políticos de servidumbre y reverencia llamados suarismo, felipismo, aznarismo, zapaterismo, marianismo, etc., según los nombres de los sucesivos cabezas del ejecutivo.

La partidocracia también erosiona la separación de poderes al dar al partido gobernante un amplio control de los nombramientos de altos cargos de la administración de justicia y otros organismos autónomos. Todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son nombrados por el Parlamento con el objetivo de lograr «coherencia política» con la mayoría del partido gobernante, como se dejó claro cuando se estableció la norma. El CGPJ nombra a los presidentes del Tribunal Supremo, sus tribunales inferiores y los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas.

El «chalaneo» entre partidos políticos para el nombramiento de magistrados y vocales de los órganos superiores de la justicia funciona como en una compraventa de ganado, según expresión del jurista Francisco Rubio Llorente, exvicepresidente del Tribunal Constitucional. Según él, ha generado

la progresiva degradación de nuestros usos políticos, tan arraigada ya que, al parecer, sus protagonistas han perdido incluso conciencia de ella [...]. Las consideraciones basadas en la preparación, la inteligencia o la integridad de los candidatos desaparecen o pasan a muy segundo término, y todo queda reducido al regateo entre partidos, a una simple lucha entre rivales políticos, para los que el único factor que cuenta, el único rasgo relevante, es el de las «simpatías» políticas de esos candidatos.

Esto ha producido, en opinión del profesor de derecho administrativo Alejandro Nieto:

El desmantelamiento implacable del llamado Poder Judicial: se ha esfumado casi por completo su pretendida independencia constitucional y los jueces, abandonados sin protección, son peligrosamente vulnerables a las presiones y tentaciones de los gobiernos y partidos políticos [...]. Los nombramientos [de magistrados] se hacen en una feria al aire libre donde se reparte el botín en cuotas escrupulosas.

Asimismo, los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por el Parlamento, el Gobierno y el CGPJ, normalmente produciendo mayorías partidistas a favor del partido del gobierno y reparto de cargos con el otro partido, por turnos. Como observaron los politólogos Pablo Oñate y Juan Rodríguez Teruel en su exhaustiva encuesta sobre el reclutamiento de magistrados:

Dado el control que ejercen los partidos políticos sobre los cuerpos que nombran a los magistrados, los nombramientos se hacen bajo bases partidistas, negociadas por los líderes del partido cada vez que hay que hacer nuevos nombramientos. Aunque los magistrados sean independientes, su «orientación» política suele ser conocida antes de que sean nombrados.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), formado por los cuarenta y ocho miembros del Consejo de Europa y los Estados Unidos, ha evaluado las normas de prevención de la corrupción con respecto a los miembros del Parlamento, los jueces y los fiscales de España cada cuatro años desde 2001. En particular, el Grupo ha recomendado reiteradamente introducir criterios objetivos y requisitos de evaluación para los nombramientos de los altos cargos de la justicia, es decir, el Consejo General del Poder Judicial, los presidentes de las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia y los magistrados del Tribunal Supremo, «para garantizar que estos nombramientos no arrojen ninguna duda sobre la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso». Su más reciente informe de cumplimiento emitido en 2018 concluye que «ninguna de las recomendaciones ha sido implementada satisfactoriamente ni ha sido tratada de manera satisfactoria por España», que aparece como el país que menos ha cumplido con las recomendaciones con respecto a la prevención y la lucha contra la politización judicial y la corrupción de los veintiún países evaluados.

De modo parecido, el gobierno o el partido político mayoritario en el Parlamento también nombra a la mayoría de los miembros de los consejos de muchos organismos reguladores, incluidos el Banco de España y Radiotelevisión Española, así como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas, con consecuencias comparables.

Todos esos vastos controles de las instituciones son administrados por organizaciones de partido con abundantes recursos financieros y administrativos, pero con poquísimos afiliados, la mayoría de los cuales son cargos públicos actuales o antiguos y aspirantes a ellos. La afiliación partidista en España es insignificante, aunque no hay datos bien controlados al respecto. De los cerca de 25 millones de votantes en las recientes elecciones generales, las declaraciones públicas de los partidos ascenderían a cerca de un millón y medio de miembros en total, o alrededor del 6 %. Pero los censos de partido más formales para votar en las llamadas primarias de partido o en la elección de delegados a los congresos internos de partido en 2016-2017 ascendieron, en total, a menos de un tercio de ese número, alrededor de 400.000 o menos del 2 % de los votantes. Las cuotas obligatorias que cada miembro debe pagar al partido se descuentan del impuesto sobre la renta; pero según el Ministerio de Hacienda, solo lo hacen menos de 100.000 personas, o el 0,4 % de los votantes.

Esta serie de números sugiere diferentes capas en la organización de partido de abajo hacia arriba. Como lo presentó el sociólogo político Robert Michels:

La participación en la vida del partido tiene un aspecto escalonado. La base extensa consiste en la gran masa de votantes; a esta se superpone la masa enormemente menor de miembros inscritos en la agrupación local del partido, que tal vez represente tan solo un trigésimo [3,3%] de los votantes; sobre esta, a su vez, viene el número mucho más pequeño de miembros que asisten regularmente a las reuniones; luego viene el grupo de funcionarios del partido; y por encima de todos [...] la media docena o así de miembros del comité ejecutivo.

Así es como la creciente concentración de poder hacia la cumbre del partido crea una oligarquía. En las famosas palabras de Michels:

La ley sociológica fundamental de los partidos políticos puede formularse en los siguientes términos: La organización es lo que da origen a la dominación de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegadores. Quien dice organización, dice oligarquía.

Para la mayoría de los miembros del partido, estar inscrito en el partido y cumplir pasivamente con la disciplina partidaria es solo una forma de esperar que se le seleccione para un cargo público. No es sorprendente que el reclutamiento de políticos profesionales haya ido degenerando y se haya convertido, una vez más, como en períodos históricos pasados, en una selección adversa. Al comienzo de la experiencia democrática actual, bastantes altos cargos, ya fueran representantes elegidos o ejecutivos designados, eran profesores, abogados o economistas que habían ejercido sus profesiones antes de ingresar en la política. Poco a poco, fueron reemplazados por personas más jóvenes cuya única experiencia laboral era en un partido político o en un cargo público de bajo nivel. Más recientemente, algunos activistas sociales y ciertos tertulianos mediáticos sin habilidades profesionales ni previa experiencia en cargos públicos también se han convertido en políticos a tiempo completo. Los salarios de los parlamentarios españoles están entre los más bajos de Europa, pero, para muchas de estas personas, el costo de oportunidad de no tener un trabajo alternativo es cero. Muchos años después de haber sido escritas, las palabras de Joaquín Costa tienen renovada validez: el reclutamiento de la clase política se basa en «la exclusión consciente, reflexiva y sistemática de los aptos por los incapaces».

A la luz de todo esto, tampoco puede sorprender que los partidos políticos disfruten de la reputación popular más baja en la España actual. Según encuestas recurrentes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los problemas más importantes de España son, junto a la economía y el desempleo, los políticos en general, los partidos políticos y la política. Los partidos políticos son los penúltimos en simpatía en una lista de doce movimientos u organizaciones sociales, solo por encima de los okupas.

Los partidos políticos españoles son supercontroladores, internamente autoritarios y egocéntricos, están sobreprotegidos y tienen escasos afiliados, pero no gastan muchos recursos en el desarrollo de amplias y sólidas redes sociales. En contraste con los clásicos partidos de masas –como los socialdemócratas o los cristianodemócratas en el norte y el centro de Europa, por ejemplo–, la mayor parte de las campañas de los partidos españoles no se basan en interacciones personales entre los afiliados y los votantes potenciales, en la influencia directa de las agrupaciones locales, o en el liderazgo de organizaciones y movimientos sociales. Sus mensajes, por el contrario, se concentran en el líder principal y se difunden principalmente mediante propaganda comercial, medios de comunicación y redes electrónicas.

Sin embargo, los efectos electorales de estos medios pueden ser relativamente volátiles. Para un apoyo electoral más duradero, también han resurgido algunas formas tradicionales de clientelismo, ahora menos sobre la base de caciques individuales, como hace cien años, que del clientelismo y el neocaciquismo de los partidos y los gobiernos locales. Como en el pasado, los favores privados siguen siendo operativos, incluidas las recomendaciones y los nombramientos en empleos públicos; pero los bienes públicos locales están ahora también muy extendidos, incluidas las estaciones de tren de alta velocidad, los aeropuertos locales y las universidades provinciales.

No es que los caciques individuales tradicionales hayan desaparecido por completo. Entre los casos famosos del Partido Popular se incluye, por ejemplo, Carlos Fabra, presidente por quinta generación de la Diputación Provincial de Castellón (desde que su tatarabuelo ocupara el cargo por primera vez en la familia en 1874). Carlos ocupó el cargo de 1995 a 2011 y explicó su fortuna posterior sosteniendo que había ganado la lotería nueve veces en doce años, antes de ir a la cárcel. Otro ejemplo es José Luis Baltar, presidente de la Diputación Provincial de Orense de 1987 a 2012, que se hacía llamar «un cacique bueno» y es recordado con un trombón animando el baile «si no eres del PP, jódete, jódete», antes de nombrar a su hijo como sucesor.

El exvicepresidente de Galicia, Xosé Luis Barreiro, que tenía conocimiento personal muy directo del asunto, afirmó: «Si hiciera uno la relación de concejales, diputados, senadores, altos cargos de la Administración... que siguen la obediencia del partido a cambio de prebendas, cargos, puestos de influencia... ¡llenaríamos un grueso tomo!» Contando solo los empleados de las diputaciones provinciales que no son seleccionados mediante procedimientos formales, sino contratados a discreción por el jefe, el número asciende a unos treinta y cinco mil empleos.

El politólogo Antonio Robles Egea sostiene:

Los patronos y los clientes han sido siempre, con más o menos intensidad y bajo modalidades distintas, protagonistas de nuestra escena política y de nuestra historia contemporánea. Sobreviviendo en el torbellino de cambios provocados por la transformación de la sociedad agraria en otra industrial y de servicios, por los procesos de urbanización y de crecimiento de las clases medias y por la democratización del país, las estructuras clientelares han demostrado una enorme capacidad de adaptación que se asemeja a la del camaleón, que varía la pigmentación de su piel en función del color que predomina en su entorno.

Varios escándalos, procesos judiciales y condenas en Andalucía, en particular, han revelado la extensión de las formas modernas de caciquismo partidista. El pétreo apoyo electoral del PSOE en la región ha sido explicado en parte por la difusión de control partidista de los municipios, diputaciones provinciales, agencias, empresas públicas, fundaciones, periódicos locales y una variedad de asociaciones que están ampliamente dedicadas a proporcionar miles de empleos-chollo, vales de alimentos, pensiones de jubilación y otros beneficios y favores a sus clientes.

El politólogo José Cazorla explicó el mecanismo básico del clientelismo de partido mediante el ejemplo del Plan de Empleo Rural (PER), uno de los muchos programas de subvenciones públicas ejecutados a través de los gobiernos municipales que benefició a varios cientos de miles de personas durante muchos años. El Plan

da salarios a los trabajadores agrícolas siempre que hayan trabajado un número mínimo de días al año. Teniendo en cuenta que el alcalde es el responsable de certificar el número de días trabajados, el potencial de los políticos locales para asegurarse el apoyo electoral a cambio de aprobar el pago de estas subvenciones es obvio, y parece que el PSOE, el partido mayoritario en las áreas cubiertas por el PER, ha hecho uso de este poder para asegurarse una fiel clientela electoral.

La debilidad cívica y organizativa de gran parte de la sociedad española, derivada de pasadas experiencias históricas, se refleja en estos ejemplos de baja participación colectiva, procedimientos democráticos atrofiados y servidumbre y dependencia de muchos ciudadanos del poder de los partidos políticos.

Esto explica nuevamente, como hace cien años, la desproporcionada deferencia y atención pública dedicada en España a los políticos. Las siguientes palabras de José Ortega y Gasset pueden ser perfectamente adecuadas para la España actual, simplemente reemplazando su referencia a un tipo anticuado de reuniones sociales con la presencia en los medios y las redes sociales de hoy:

En España, el hombre político que ha sido gobernante o está en propincuidad de serlo, goza de un enorme poder social. Cualquier mequetrefe que durante veinticuatro horas ha asentado sus nalgas en una poltrona ministerial queda para el resto de su vida socialmente consagrado. Todos los resortes específicamente sociales funcionan en su beneficio. No solo tiene influencia política, sino que al entrar en un baile privado o sentarse en una mesa convivial parece que es «alguien»... No creo que exista en Europa otro país donde el político disfrute de poder igual. No es que posea el ex-ministro español más fuerza social que [por ejemplo] el francés, sino que, por ausencia de otras fuerzas parejas, queda monstruosamente destacado.

Dada su amplitud y sus vastas consecuencias, la partidización de todas las formas políticas en la España actual altera gravemente los principios de la democracia representativa moderna. Como dijimos, a diferencia de la democracia directa clásica, los representantes electos actuales no están sujetos a mandatos imperativos de los electores sobre políticas públicas u otras decisiones colectivas. Pero ahora los representantes electos aparecen sometidos a otros mandatos imperativos o, en otras palabras, a las órdenes unilaterales de las oligarquías de partido encargadas de formar las listas electorales de candidatos y los consiguientes grupos parlamentarios, así como los equipos de gobierno locales, provinciales, regionales y nacionales.

El politólogo Bernard Manin ha analizado el surgimiento de las oligarquías de los partidos políticos como agentes principales de la democracia representativa. En su evaluación, «no hay señales de que las nuevas élites estén en condiciones de inspirar sentimientos de identificación en los votantes. Más que la sustitución de una élite por otra, es la persistencia, posiblemente incluso el agravamiento de la brecha entre la élite gobernante y los gobernados lo que ha provocado una sensación de crisis» de la representación política. El poder que tenían los ciudadanos en la democracia antigua de mandatar a sus representantes ha sido tomado, en la democracia representativa actual, por una clase política minoritaria y cerrada.

GOBIERNOS EN MINORÍA

España es el único país de Europa donde, en más de cuarenta años de democracia, siempre ha habido, a nivel estatal, gobiernos controlados por un solo partido, nunca se ha formado un gobierno de coalición, y todos los gobiernos se han basado en una minoría de votos populares.

El apoyo electoral medio de los gobiernos españoles formados después de trece elecciones fue del 40 %. Esta característica hace que el régimen democrático sea terriblemente excluyente, ya que implica que siempre hay una minoría de votantes que son ganadores absolutos porque el partido por el que votaron controla todo el gobierno, mientras que una clara mayoría de los votantes son perdedores absolutos porque los partidos por los que votaron no comparten el poder en absoluto. Tan alta concentración de poder sobre la base de un apoyo minoritario en votos populares favorece la polarización, obstaculiza la institucionalización de la división de poderes y el pluralismo político, y erosiona la legitimidad social del régimen.

Los gobiernos minoritarios son resultado de reglas institucionales restrictivas, básicamente el sistema electoral y los requisitos para el nombramiento y la destitución del presidente del gobierno. Analicemos brevemente estos procedimientos.

El sistema electoral actual reproduce los elementos básicos que fueron establecidos por decreto por un gobierno no electo antes de la primera elección en 1977. El autor principal del primer borrador del decreto fue el constitucionalista Óscar Alzaga, quien, muchos años después, explicó el diseño electoral en un coloquio en una universidad italiana que probablemente no esperaba que fuera grabado y publicado. Ante una pregunta de la audiencia, confesó:

La orden política real [del gobierno presidido por Adolfo Suarez] era redactar una ley por la cual el gobierno pudiera obtener una mayoría absoluta [de escaños]. Dado que las encuestas preelectorales le daban a la futura Unión de Centro Democrático [el partido gubernamental UCD] alrededor del 36-37% de los votos, intentamos hacer una ley en la que la mayoría absoluta [de los escaños] se situara alrededor del 36-37% [de votos]. Y con un mecanismo que en parte favorecía a las zonas rurales, donde en las proyecciones preelectorales la UCD se imponía con respecto las zonas industriales, donde había un mayor voto favorable al Partido Socialista, intentamos que la consecución de la mayoría absoluta [de escaños] por el Partido Socialista no estuviera en un 36-37%, sino en un 39-40% [de los votos].

Según lo sugerido por la confesión de Alzaga, se esperaría no solo que a un partido electoralmente minoritario se le asignara una mayoría de escaños, sino también que un partido bien situado en los distritos rurales pudiera fácilmente obtener un mayor número de diputados que otro partido con mayor base urbana que pudiera haber recibido más votos populares.

Aunque el sistema electoral está basado en el principio de representación proporcional, de hecho funciona como un sistema electoral dual. Por un lado, alrededor del 50% de los diputados son elegidos en distritos pequeños con muy pocos escaños, en los que solo uno o dos partidos pueden recibir representación. Por otro lado, el 50 % restante de los diputados son elegidos en unos pocos distritos con un mayor número de escaños, lo que permite cierto grado de multipartidismo.

Hasta ahora, el sistema ha favorecido a las dos listas electorales más votadas. Ningún partido ha obtenido una mayoría absoluta de votos en ninguna elección española. Pero en las primeras trece elecciones democráticas desde 1977, el sistema electoral ha producido cuatro mayorías absolutas en el Parlamento para un solo partido: dos para el PSOE y dos para el PP.

En ocho de las otras nueve elecciones, el partido más grande fue capaz de imponer su candidato a presidente del gobierno, a pesar de controlar solo una minoría de los miembros del Parlamento, gracias a las reglas de la «investidura» parlamentaria. En la primera ronda de votación, se requiere el voto de una mayoría absoluta de los diputados para un candidato presidencial. Pero si el candidato no logra dicha mayoría, en una segunda vuelta basta con una mera pluralidad o mayoría relativa. Esto significa que el presidente del Gobierno no necesita el apoyo de más del 50 % de los diputados, sino que solo le hacen falta más votos a favor que en contra, de modo que un número suficiente de abstenciones puede hacer un ganador. El resultado determinado es un gobierno minoritario, tanto en voto popular como en apoyo de los miembros del Parlamento.

Los gobiernos en minoría pueden sobrevivir porque, en contraste con los bajos requisitos para nombrar un presidente, las reglas para derrocarlo son mucho más exigentes. Los partidos de oposición pueden presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, pero la censura debe ser «constructiva», es decir, solo puede tener éxito si hay una mayoría absoluta de diputados en apoyo de un candidato alternativo. Por lo tanto, es posible que un gobierno de un solo partido con apoyo minoritario en el Parlamento sobreviva si sus oponentes son suficientemente competitivos entre sí y no se ponen de acuerdo sobre un candidato común. En la práctica, las mociones de censura que han sido presentadas (por el PSOE en 1980, el PP en 1987 y Podemos en 2017) han sido simples denuncias del gobierno y ejercicios de propaganda de partido ante la audiencia televisiva.

Durante muchos años, el sistema político de España funcionó con una «política de confrontación», como lo caracterizó el politólogo Samuel Finer. Aunque el modelo pretendía explicar el sistema británico, que se basa en un sistema electoral distinto, la caracterización de Finer también puede aplicarse muy bien a la democracia española: «Nuestro sistema», dijo, «es la alternancia de gobiernos de un solo partido.»

Se han identificado dos consecuencias principales de un sistema político de confrontación. Primero, tiende a producir gobiernos socialmente minoritarios y sesgados que satisfacen solo las preferencias de pequeños grupos de ciudadanos y son propensos a ser capturados por intereses minoritarios. Esto puede ser bien observado en España, especialmente en relación con los bancos más grandes, algunos de los cuales fueron el resultado de fusiones fuertemente facilitadas por intervenciones del gobierno, y los antiguos monopolios estatales que fueron privatizados bajo control político.

La segunda consecuencia debe ser matizada. En la experiencia británica de muchas décadas, la alternancia completa de partidos en el gobierno sin puentes intermedios –como coaliciones con partidos centristas– provocó una serie de cambios y la inestabilidad de las políticas públicas, incluyendo privatizaciones y nacionalizaciones de industrias y servicios, y frecuentes cambios de las políticas fiscal, comercial, laboral y otras. Sin embargo, incluso en Gran Bretaña la distancia entre las principales políticas económicas ejecutadas por los dos partidos que se han alternado en el gobierno se redujo considerablemente desde finales de la década de 1990, cuando el Partido Laborista renunció a proseguir la renacionalización de las empresas privatizadas y se adaptó a requisitos básicos de una economía de mercado.

La convergencia de los dos principales partidos de España sobre la política macroeconómica fue anterior y precoz, ya que se derivó principalmente de las opciones políticas del PSOE tras su primera victoria electoral en 1982. El primer ministro de Economía de Felipe González, Miguel Boyer, anunció inmediatamente «diez años de estabilización», una estrategia que fue continuada por los ulteriores ministros de Economía de González y Zapatero, Carlos Solchaga y Pedro Solbes. En los períodos de expansión, la orientación política básica implicó la privatización de monopolios burocráticos estatales que producían bienes privados (en sectores como la automoción, el transporte, la energía o las telecomunicaciones), la liberalización de los mercados de capitales y de trabajo, la apertura a la inversión extranjera, y la expansión de las transferencias y los gastos sociales, mientras que en períodos de recesión dentro de la Unión Europea, implicó equilibrar los presupuestos públicos mediante el aumento de los impuestos, la reducción de los salarios, el recorte del gasto y otras medidas de «austeridad».

Por supuesto, el PP se identificó ampliamente con estas orientaciones políticas. «El sorprendentemente pequeño conflicto partidista e ideológico acerca del tamaño del estado de bienestar en España» ha sido documentado por los politólogos José Fernández-Albertos y Dulce Manzano. En contraste con los desafíos a que tuvieron que hacer frente el Partido Laborista británico y otros partidos socialdemócratas europeos, que estaban asociados a sus previas experiencias de alta intervención gubernamental, el PSOE tenía la ventaja de que sus decisiones a favor de una economía de mercado no contradecían abiertamente ningún desempeño pasado que se pudiera recordar. El PSOE también se benefició de la autonomía política de la oligarquía del partido con respecto a movimientos sociales relativamente débiles, como comentamos antes. Los líderes de los partidos tuvieron, pues, un amplio margen para dar prioridad a las motivaciones electorales, es decir, para competir por el apoyo de los votantes de clase media, en la confianza de que sus votantes nucleares no se irían a apoyar a los conservadores cuando estos todavía estaban manchados por el pasado autoritario.

En los períodos más recientes, la ausencia de una fuerte controversia en torno a las principales políticas macroeconómicas y sociales y la renovación de la dirección del PP han movido a los partidos a elegir otros temas que puedan provocar campañas de confrontación. El PSOE movió en gran medida la agenda pública hacia cuestiones morales, como el aborto o el matrimonio homosexual, la educación religiosa en las escuelas o la revisión de la «memoria histórica» de la Guerra Civil. Mientras tanto, el PP desarrolló campañas simétricamente agresivas siguiendo los mandatos conservadores de los obispos católicos y trató de obtener un beneficio político incluso del terrorismo, a veces con resultados contraproducentes. Como se ha mencionado, los dos principales partidos políticos también han rivalizado en la denuncia de la corrupción del otro, con el efecto no deseado de que la emergencia de escándalos ha acabado erosionando la confianza de los votantes en los dos partidos y disminuyendo sus apoyos electorales.

En una especie de paradoja, el PSOE y el PP se han atacado violentamente entre sí en estos temas, precisamente porque sus posiciones políticas están demasiado «cercanas» en otros temas –especialmente las políticas económicas y sociales que habían marcado las diferencias ideológicas tradicionales entre la izquierda y la derecha.

Cuando el sistema tradicional de partidos quedó abrasado por la Gran Recesión, así como por una serie de escándalos y continuas campañas de confrontación, las elecciones generales de 2015 produjeron un resultado sin precedentes: los dos partidos más grandes, PP y PSOE, que en algunas elecciones anteriores habían obtenido entre los dos hasta un 80 % de los votos, apenas recogieron un 50 %. Surgieron dos nuevos partidos, Podemos en la izquierda y Ciudadanos (Cs) en el centro-derecha, mientras que los partidos regionales mantenían o aumentaban su representación.

Como, por primera vez en casi cuarenta años, ningún partido podía esperar razonablemente que tendría suficiente apoyo en el Parlamento, hubo un clamor en la opinión pública a favor de la formación de una gran coalición. En aquel momento había gobiernos de coalición formados por partidos de centro-derecha y de centro-izquierda en catorce países europeos, empezando por Alemania e incluyendo otros países con democracias más antiguas y más recientes y niveles de vida más altos y más bajos que España. Asimismo, las coaliciones amplias forman la política de consenso típica de la Unión Europea, donde los partidos Popular, Liberal y Socialista europeos cuentan con unos dos tercios de los votos y de los escaños en el Parlamento Europeo y forman la Comisión Europea. Fue una oportunidad para que la democracia española comenzara a seguir las costumbres europeas.

En respuesta a estas demandas, hubo mucho postureo y conversaciones entre los líderes de los partidos. El PSOE y Cs firmaron un acuerdo de gobierno inicial, sobre el cual el portavoz del partido mayor, el PP, dijo que podría aceptar un 70%. Sin embargo, la arrogancia y la animosidad de los políticos y los estrechos intereses internos de los partidos prevalecieron, no se llevaron a cabo más negociaciones y, como no se formó ninguna mayoría en el Parlamento, tuvieron que convocarse unas nuevas elecciones seis meses más tarde, a mediados de 2016. Esta vez, se invistió, de nuevo, a un gobierno de un solo partido. El PP consiguió el apoyo parlamentario de Cs mediante un acuerdo que incluyó cerca de dos tercios del acuerdo previo entre el PSOE y Cs y la abstención en el último minuto del PSOE y otros partidos para evitar unas terceras elecciones en un año. El nuevo gobierno fue apoyado por la minoría electoral más pequeña de la historia: solo el 33% de los votos. Dos tercios de los votantes no habían votado por el partido gobernante.

Los acontecimientos posteriores expusieron la debilidad del Estado español, próxima a la impotencia, que analizamos en el capítulo anterior. El Parlamento perdió en la práctica la mayor parte de sus poderes presupuestarios, legislativos y de control. El gobierno recurrió rutinariamente a decretos-leyes y descuidó casi totalmente el cumplimiento de sus acuerdos con Cs. Muchos políticos y altos funcionarios permanecieron en el cargo de una manera banal y rutinaria. Incluso los políticos más competentes y honestos pudieron sentirse frustrados e impotentes.

Sin embargo, el show político continuó como de costumbre. En la España actual, muchos actores políticos continúan jugando a la gesticulación y la crispación propia de la política de confrontación, aunque la mayor parte de su sustancia haya desaparecido de manera espectacular. Los cargos de partido repiten viejos mantras y clichés fuera de contexto y relevancia. Los partidos se consumen en sus propios tirabuzones internos.

Al mismo tiempo, muchos medios de comunicación y redes sociales proyectan una cultura barriobajera para que siga hirviendo la olla sin perseguir ningún resultado constructivo: la eterna chulería, los insultos, la incapacidad de escuchar, el reflejo automático de interrumpir al orador para bloquear cualquier nuevo punto de vista, el pulso crispado de repetir las mismas palabras y las mismas frases una y otra vez. A veces, el espectáculo de los políticos, los expertos y los tertulianos repitiendo sus discursos, sus gestos y ceremonias mientras ignoran o fingen ignorar el paisaje de fondo de su colosal impotencia, resulta asombroso.

Se podría aplicar a la política española actual lo que dijo Henry Kissinger cuando era profesor en Harvard y alguien le preguntó por qué las disputas en los campus universitarios son tan amargas: porque lo que está en juego es muy poco. Los políticos españoles pueden permitirse el lujo de mantener disputas enconadas porque, al fin y al cabo, no pasa mucho. Incluso si el gobierno no hace nada, o no se forma ningún gobierno durante muchos meses, las consecuencias no son muy graves: la Unión Europea, la administración central, la Seguridad Social, algunas autonomías y municipios continúan operando como de costumbre. Hoy en día, la diferencia entre un gobierno elegido por el Parlamento y un gobierno interino no es muy grande. Como en la política en los campus, lo que está en juego es bastante poco. Muchas de las decisiones importantes se toman cada vez más en Bruselas, Nueva York o Washington, incluyendo aquellas sobre las políticas monetaria, fiscal, financiera, antiterrorista, de seguridad, de migraciones o del cambio climático, mientras que los gobiernos locales y regionales administran casi todos los servicios públicos, incluidas la educación y la sanidad. La democracia española parece un régimen político de confrontación, pero la gestión regular de muchos problemas es bastante banal. La democracia actual no es, ni de lejos, lo que, en otro contexto histórico, con un estado más robusto y una nación más compacta, podría haber sido y no fue.

AUTONOMÍAS CENTRÍFUGAS

Con mucho, el tema que produce más confrontación en la política española es la distribución territorial del poder. Cuando, a principios de la década de 1990, el PSOE en el gobierno no tenía mayoría en el Parlamento y buscaba el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos, el PP en la oposición adoptó una estrategia de confrontación y criticó duramente al PSOE por ceder ante los nacionalistas a expensas de otras regiones. Cuando, unos años más tarde, fue el PP, también sin mayoría parlamentaria, el que buscó el apoyo de los nacionalistas catalanes, vascos y canarios y aceptó algunas de sus demandas en contradicción con sus denuncias anteriores, fue el PSOE quien promovió el nacionalismo español e invirtió sus anteriores compromisos desde el gobierno.

Cuando, por el contrario, el PP logró una mayoría absoluta de escaños en 2000 y lanzó un programa de recentralización del Estado, el PSOE hizo un frente común con los nacionalistas y prometió apoyar un nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña y reformas de los de otras comunidades. Luego, cuando el PSOE volvió al poder en 2004 y contó con el apoyo de los republicanos de izquierda de Cataluña y los nacionalistas gallegos, entre otros grupos, el PP respondió con una campaña para recoger firmas para un referéndum en toda España contra el Estatuto catalán y en defensa de «una sola nación española», lo cual generó una confrontación abierta cuando el PP ganó las elecciones en 2011. Al final, el resultado de que el tema territorial sea utilizado por los partidos sin fuertes restricciones institucionales ha sido una continua confrontación bipolar entre los dos partidos mayores de ámbito español y el aumento de los movimientos centrífugos de los gobiernos regionales.

Las comunidades autónomas también están en competencia permanente entre ellas. Inicialmente se otorgaron derechos especiales al País Vasco, Cataluña y Galicia, pero también existen diferencias entre estas y otras comunidades basadas en las lenguas, el derecho civil, las aguas fluviales, la insularidad o la importancia relativa de las diferentes actividades económicas. La mayoría de los gobiernos autónomos siempre han querido acercarse a o reducir el nivel de autonomía de los vascos y los catalanes en busca de la uniformidad, mientras que los últimos tratan de mantener la diferencia.

Este juego de rivalidad, que se ha denominado «agravio comparativo», es como una carrera de galgos en la que los perros persiguen a la liebre, la cual escapa y provoca la aceleración de todos los jugadores. Los perseguidores, sin embargo, pierden terreno: algunas encuestas muestran que la población de las comunidades que quieren y tienen un mayor autogobierno perciben que tienen demasiado poco (especialmente el País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares), mientras que aquellos a los que les gustaría tener poco perciben que tienen demasiado (especialmente Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura). La carrera por el poder crea caminos desviados y tendencias centrífugas.

Todo esto es factible, en primer lugar, porque la definición de la forma del Estado en la Constitución de 1978 es extremadamente ambigua. Mantiene las provincias que se configuraron como el instrumento básico de control centralizado en el siglo XIX, reconoce derechos especiales a las tres nacionalidades históricas antes mencionadas, agrega privilegios fiscales para el País Vasco y Navarra, e incluye una fórmula descentralizadora opcional para comunidades del resto de España, todo al mismo tiempo. El Estado no se define como federal, regional o unitario, como tampoco lo hizo la Segunda República con su equívoco «Estado Integral». Ni el número ni la lista de comunidades autónomas, ni siquiera la expresión habitual «Estado de las Autonomías» están incluidos en el texto constitucional. En la práctica, la descentralización del Estado ha sido el resultado de estrategias partidistas, competencia y negociación, más que un proceso regulado por una planificación previa y procedimientos predecibles.

Habitualmente, en los países federales construidos de abajo arriba –como los Estados Unidos, por ejemplo–, la constitución deja todas las competencias en manos de los gobiernos territoriales, excepto aquellas explícitamente asignadas al gobierno central, mientras que en los estados descentralizados de arriba abajo –como España–, es al revés: todo queda bajo control del gobierno central, excepto la lista de poderes que se transferirán a los territorios. Sin embargo, la Constitución española estableció dos listas de áreas que delimitan las actividades mínimas de las instituciones central y autónoma, respectivamente, lo que abrió la puerta a una amplia competencia sobre temas no regulados.

Al mismo tiempo, los gobiernos de las comunidades autónomas disfrutan de una ilusión fiscal. Excepto en el País Vasco y Navarra, las autonomías recaudan muy pocos impuestos directamente y reciben la mayoría de los fondos por transferencias del Ministerio de Hacienda. Esto, por supuesto, fomenta el derroche irresponsable y el despilfarro, ya que los gobernantes regionales pretenden aparecer ante los votantes como proveedores de servicios públicos sin costo, y dificulta la posibilidad de hacerlos responsables de su gestión.

Como consecuencia de una competencia poco institucionalizada, Cataluña logró su propia policía como el País Vasco, logro que pronto fue imitado por otras autonomías; todas recibieron nuevas transferencias en educación y sanidad; algunas acusaron al gobierno central de reservarse la legislación básica y dejar a las autonomías con solo su desarrollo y ejecución; y el Tribunal Constitucional acumuló cientos de conflictos y jurisprudencia. Eventualmente, la carrera provocó un aventurado esprint de los vascos hacia una relación confederada con el Estado español y otro de los catalanes hacia la independencia, los cuales terminaron en conflicto frontal.

En el proceso, también se desarrolló una competencia sobre símbolos nacionales –con el trasfondo de la debilidad de la nacionalidad española que analizamos en el capítulo anterior–. Después de que el País Vasco, Cataluña, Galicia y las Islas Canarias se afirmaran como «nacionalidades» históricas, otras autonomías les imitaron. Así lo hicieron, a través de reformas de sus Estatutos en los años 2006 y 2007, los antiguos miembros de la Corona de Aragón, es decir, Aragón, Valencia y Baleares, así como Andalucía por referencia a los reinos musulmanes medievales de Al-Andalus antes de la reconquista cristiana. Un acontecimiento desencadenante fue la introducción de las palabras «nación» y «realidad nacional» en el preámbulo del nuevo Estatuto de Cataluña en 2006 (una referencia que el Tribunal Constitucional se ocupó de especificar que no tenía «eficacia jurídica interpretativa»). Para el lector educado, no puede existir una clara diferencia conceptual entre «nación», «realidad nacional» y «nacionalidad», ya que las dos primeras expresiones se refieren a un colectivo y la otra, a la condición de los individuos que forman parte del mismo. La mayoría de la gente aceptaría, por ejemplo, que los ciudadanos de la realidad nacional de la nación francesa son de nacionalidad francesa. ¿No está claro? Pero los políticos españoles se entretienen discutiendo por el honor de tales palabras.

Durante la Gran Recesión, la mayoría de los gobiernos autónomos se quedaron sin fondos y, durante muchos años, mantuvieron sus finanzas mediante transferencias periódicas de liquidez del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, se mantuvo la amenaza de continuar una carrera interminable por más poderes y recursos. Esta había sido oficializada por el nuevo Estatuto Valenciano de 2006 que, en una disposición única en la experiencia mundial de los países federales o descentralizados, proclama:

La Comunitat Valenciana velará por que el nivel de autogobierno establecido en el presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad con las demás Comunidades Autónomas. A este efecto, cualquier ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a la Comunitat Valenciana con anterioridad obligará, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas para dicha actualización.

Asimismo, el vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, aseguró que «no hay ninguna razón, ni una sola, para que nos conformemos con menos de lo que tiene cualquier otra nación del mundo».

La competencia permanente entre comunidades autónomas para aumentar sus poderes también es factible porque hay muy pocos organismos institucionales para negociar y arbitrar con el gobierno central. En contraste con una característica típica de los países federales, el Senado español no está organizado sobre la base de las mayorías políticas en las comunidades autónomas; por el contrario, es aún más propenso que el Congreso de los Diputados a producir una mayoría absoluta en escaños de un solo partido y no tiene poderes legislativos importantes. En derecho, las comunidades autónomas tienen poder de iniciar legislación ante el Parlamento español, pero en la práctica nunca lo ejercen. La Conferencia de Presidentes del gobierno central y de las comunidades autónomas y el Consejo de Política Fiscal y Financiera y otras reuniones de ministros centrales y regionales deberían promover acuerdos multilaterales sobre la formación de políticas, incluidas las posiciones del gobierno de España en los Consejos Europeos. Pero como solo pueden lograr «recomendaciones» o «compromisos» por unanimidad, se han convertido en escenarios ocasionales de enfrentamiento entre las instituciones controladas por el partido del gobierno central y las que están en manos de la oposición. Más que con una cooperación general, muchos asuntos han sido abordados mediante negociaciones bilaterales entre cada autonomía y el gobierno central en Madrid.

Como lo resumió el politólogo Michael Keating:

La competencia entre las élites regionales para ganar más estatus simbólico y poderes sustantivos crea una dinámica centrífuga. El dominio de los partidos es también un reflejo de la débil institucionalización de las relaciones territoriales y el conflicto intergubernamental.

Como en la mayoría de las esferas de la política española, un marco poco institucionalizado no proporciona mecanismos regulares para una gestión adecuada de la distribución territorial del poder. El tema está particularmente abierto a la confrontación debido a la débil nacionalización del país que analizamos antes. El consenso entre actores comprometidos a interactuar bajo reglas formales ha sido sustituido por la competencia entre partidos, demandas nacionalistas opuestas y acciones estratégicas. Esto ha obstaculizado la cooperación interinstitucional y ha alimentado un conflicto político sostenido.

EL TIOVIVO CATALÁN

Muchos de los conflictos territoriales en España han afectado a las relaciones entre Cataluña y el Estado español. Esto se debe a que una acción política propia de Cataluña está abocada al fracaso en España, debido sobre todo a su tamaño relativo intermedio. Por un lado, Cataluña nunca ha sido lo suficientemente grande para liderar España. Muchos catalanes se han visto a sí mismos como más prósperos, listos y emprendedores que la mayoría de los españoles, y por lo tanto capaces de liderarlos. Pero el tamaño relativo de Cataluña en población y economía (actualmente alrededor de un sexto y un quinto, respectivamente) nunca ha sido lo suficientemente grande y las otras cualidades tampoco lo suficientemente excelsas para tener éxito en los intentos de liderazgo.

Por otro lado, Cataluña nunca ha sido lo suficientemente pequeña para que Castilla y el resto de España la dejen ir por su cuenta o negocien un camino hacia la autodeterminación. La pérdida para España sería demasiado grande, y los gobernantes centrales españoles nunca han estado dispuestos a permitir a Cataluña los altos niveles de autogobierno que han aceptado, en cambio, para una comunidad más pequeña como el País Vasco.

Al mismo tiempo, Cataluña está abocada al fracaso por sus divisiones internas. Por un lado, la sociedad catalana fue históricamente suficientemente burguesa y mediocre como para permitir que el Estado español intentara llegar a arreglos con sectores catalanes moderados en torno a una autonomía limitada. Al fin y al cabo, los dos idiomas son derivaciones cercanas del latín y el bilingüismo y la mezcla o el cambio de referencias culturales implican bajos costos. Pero, por otro lado, existen suficientes diferencias sociales y rivalidades políticas internas para generar cambios frecuentes en las estrategias políticas. Tanto la fragmentación como la polarización política se han acentuado con la descomposición de estructuras sociales producida por la Gran Recesión y los desafíos de la globalización. A través de una serie de ciclos, que se repiten como un tiovivo, los bloqueos y las diferencias tienden a producir una inestabilidad infinita.

Las tres estrategias alternativas recién mencionadas se han intentado una y otra vez en la historia catalana moderna: liderar y modernizar España, llegar a un arreglo con un autogobierno limitado, o buscar la independencia de Cataluña con respecto a España –siempre llevando a fracaso y frustración.

Para hacer frente a la tensión sostenida, muchos de los gobernantes del Estado español han tendido a confiar en la doctrina de la «conllevancia». Según el diccionario español, la palabra significa llevarse bien, congeniar, pero también sufrir algo adverso o penoso. Tal como fue elaborado para la cuestión catalana por Ortega y Gasset en su discurso contra el proyecto de Estatuto de Autonomía en 1932, la actitud se basa en la creencia de que «el problema catalán no se puede resolver, solo se puede conllevar; es un problema perpetuo, que ha sido siempre, antes de que existiese la unidad peninsular, y seguirá siendo mientras España subsista». Este punto de vista implica que la España dominada por Castilla es demasiado débil tanto para asimilar a los catalanes como para confiar en su capacidad de atracción y reconocer la autodeterminación de Cataluña; solo puede tratar de lograr arreglos para ir tirando.

Por eso los ciclos históricos en las relaciones entre Cataluña y el Estado español se repiten una y otra vez en la historia moderna. Como en la canción «Begin the Beguine»: «Hoy al ver que ya todo acabó, qué no daría para volver a empezar.» O como cantaba Raimon: «Quan creus que ja s’acaba, torna a començar!» (cuando crees que ya se acaba, vuelve a empezar).

En cada ciclo histórico, las tres estrategias catalanas mencionadas han sido apoyadas al mismo tiempo por diferentes grupos o partidos, pero cada una de ellas ha prevalecido en diferentes etapas: bien liderando España, bien centrándose en el autogobierno, bien persiguiendo la independencia. Cada etapa ha implicado una reacción ante la decepción o el fracaso de la anterior, la sustitución del grupo dirigente y la elección de un curso de acción alternativo y una nueva fórmula institucional. Si los españoles no aceptan el liderazgo catalán, dediquémonos –pensarán algunos catalanes—a cultivar nuestro propio jardín; si esto también resulta insuficiente y frustrante, vayámonos por nuestra cuenta.

Entre los ciclos, Cataluña ha sido una provincia poco distinguida de España, a veces sometida. Los procesos relativamente rápidos de cambios de estrategia también han generado procesos más limitados y más lentos de cambio de identificación nacional entre algunos sectores de la población, los cuales suelen requerir una renovación generacional para ser claramente visibles. Pero tarde o temprano el ciclo ha comenzado de nuevo.

De hecho, cada ciclo ha sido más corto que el anterior, y cada vez la secuencia completa se ha reiniciado más temprano que la vez anterior, principalmente debido a la velocidad creciente de la información y la acción inducida por los cambios socioeconómicos y tecnológicos, que también cambian algunas formas de acción. Como en la famosa corrección de Marx del dictum de Hegel, la historia se repite, pero «primero como tragedia y luego como farsa». Sin embargo, «las tradiciones de todas las generaciones muertas pesan, como una pesadilla, en las mentes de los vivos». Lo cual ocurre, sin duda, en el caso de Cataluña.

Tras el fracaso de la campaña más reciente por la independencia, los ritmos de cambio podrían, por lo tanto, augurar un nuevo ciclo que comenzaría relativamente pronto, tan pronto –o tan tarde– como una nueva generación de políticos sea capaz de emprender iniciativas renovadas. Los recientes procesos de disgregación de las estructuras económicas, sociales y culturales tradicionales han reducido las limitaciones para el lanzamiento de nuevas campañas estratégicas; ahora pueden ser más «transversales» en la sociedad que en períodos anteriores, y por lo tanto más aleatorias e impredecibles. Sin embargo, el actual contexto europeo e internacional hace que las viejas fórmulas sean menos adecuadas; las nuevas iniciativas políticas podrían requerir estrategias y diseños institucionales innovadores para tener éxito. Mientras tanto, puede haber un nuevo paréntesis de sometimiento, confusión o desconcierto.

Se pueden observar tres ciclos históricos en las relaciones entre Cataluña y España, en los que algunos episodios se han reproducido una y otra vez: desde principios del siglo XVI hasta el siglo XVIII; desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX; y desde finales del siglo XX en adelante.

El primer ciclo comenzó, tras la viudez del rey Fernando de Aragón, con su acceso a la regencia de Castilla en 1506 y la posterior anexión de Navarra. El lema mítico «tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando», se refería a un supuesto acuerdo prenupcial para cogobernar sobre una monarquía unificada. Se podría haber esperado, así, que, una vez enviudado, Fernando gobernara a toda España. Pero en verdad, aunque la pareja había sido cooperativa, los dos reinos habían permanecido separados durante sus vidas. Tras la muerte de Isabel, Fernando dejó, en la práctica, el Reino de Castilla en manos del regente y gobernador Cisneros. Su sucesor, Carlos I, estableció fácilmente el dominio de Castilla, que en ese momento abarcaba las tres cuartas partes de la población de España.

En la siguiente etapa, sin embargo, el Reino de Aragón mantuvo sus leyes e instituciones tradicionales de autogobierno. Cataluña, en particular, mantuvo las Cortes o Parlamento y la Generalidad o comisión permanente que actuaba como el ejecutivo de los acuerdos de las Cortes. Las Cortes aragonesas fueron un contrapeso a los poderes de la Corona española. Sin embargo, al cabo de unos cien años, comenzaron a ser doblegadas por el Rey y, sobre todo, por su primer ministro Gaspar de Guzmán y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar, más conocido como conde-duque de Olivares, que trató de imponer las leyes, los impuestos y el reclutamiento militar de Castilla en todas las provincias. Con el Imperio en la ruina y en declive, la Corona estaba en penuria fiscal y militar y trataba de extraer recursos de las tierras orientales de la Península. En palabras del historiador John Elliott, los habitantes del Reino de Aragón, «cada vez más parroquiales en su perspectiva, incluso comenzaron a derivar una perversa satisfacción en lamentarse del abandono y las heridas que sufrían».

Pero la pérdida del Imperio español en Europa y las subsiguientes presiones centralizadoras de la Corona española acabaron desencadenando la primera insurrección catalana por la independencia, la tercera etapa del primer ciclo. La «Guerra de los Segadores» fue inicialmente, en 1640, una revuelta contra los reclutamientos de soldados y las tropas castellanas antes de convertirse en una rebelión política y social general. Tras un año de luchas, el presidente de la Generalidad, el canónigo de la catedral de La Seu d’Urgell, Pau Claris, proclamó una República catalana independiente bajo protección francesa. Duró una semana. Luego los catalanes transfirieron su lealtad del reino español al reino francés, con la expectativa de mantener sus instituciones dentro del mismo, pero las tropas francesas ocuparon Cataluña al cabo de seis meses. El conflicto continuó como una guerra entre Francia y España hasta 1652. En el ulterior tratado de paz, Francia se anexionó los territorios catalanes de Rosellón, Conflent y Cerdaña, donde las leyes y la lengua tradicionales de Cataluña fueron prohibidas.

Este primer intento catalán de independencia fue derrotado, como ocurriría con otros intentos, tanto por el aislamiento externo como por las disputas internas. La revuelta de los Segadores alentó la revuelta de los portugueses, que tenían cartas externas mucho más ventajosas, especialmente su propio imperio africano, americano y del Lejano Oriente, en contraste con el encierro de Cataluña en el Mediterráneo. Portugal también se benefició mucho del apoyo extranjero de Inglaterra, un enemigo de España, el cual no implicó la anexión de territorio distante en contraste con el expansionismo de la Francia contigua con respecto a Cataluña.

En el lado interno, «los catalanes mismos hicieron mucho para asegurar el fracaso de su experimento. Las potencialidades del Principado de deslizarse en la confusión social y la anarquía se realizaron plenamente», según John Elliott. «Cataluña carecía de la cohesión social y la unanimidad política necesarias para haber establecido un sistema gubernamental estable [...]. Por sus divisiones internas, Cataluña se destruyó a sí misma.» No sería la última vez.

Sin embargo, el conflicto también fue una gran derrota para España, como sucedería asimismo en ediciones posteriores de ciclos similares. Como las revueltas de 1640 fueron seguidas de cerca por el Tratado de Westfalia en 1648, el cual estableció un nuevo orden en Europa, «significaron la desintegración de todo un sistema económico y político», la monarquía imperial europea de España.

Una réplica agravada de la derrota de Cataluña y un nuevo comienzo para España tuvieron lugar unos años más tarde, al final de la Guerra de Sucesión a la Corona española. Las aspiraciones políticas de muchos catalanes fueron derrotadas otra vez a manos de Francia, ahora en la forma máxima de la victoria de su dinastía en toda España. El nuevo rey de España, el francés Felipe V de Borbón, que había sido nombrado por su abuelo, Luis XIV, el archiabsolutista «Rey Sol», dictó decretos de una Nueva Planta para los «reinos rebeldes» de Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña durante el período 1707-1716. Los fueros y las instituciones de estos reinos fueron abolidos y fueron sometidos a un control uniforme análogo a la administración de las colonias de ultramar: un capitán general y una Real Audiencia.

La crónica mitificada de los dos días posteriores a la entrada final de las tropas francesas en Barcelona, el 11 de septiembre de 1714, escrita por el capitán de la Resistencia, Francesc de Castellví, sostiene que «los habitantes generalmente abrieron todas las tiendas y volvió a correr el comercio y los artesanos a su trabajo con tranquilidad, como si dentro de la ciudad no hubiera sucedido cosa alguna». Sin embargo, Castellví escribió esta historia desde el exilio, como muchos otros miles de catalanes derrotados, mientras que varios centenares fueron ejecutados en su lugar de residencia.

Doblemente derrotada por España y Francia, primero a mediados del siglo XVII y luego a principios del siglo XVIII, Cataluña fue, definitivamente, un Portugal frustrado.

El segundo ciclo comenzó a mediados del siglo XIX, cuando España perdió el imperio americano, una incipiente industria alimentó nuevos intereses catalanes en los mercados españoles, y surgieron nuevos apoyos a las ideas liberales. Muchos catalanes participaron en los primeros movimientos liberales por el cambio y la modernización de España. Pero una primera etapa de este ciclo en la que los grupos catalanes trataran más claramente de liderar la reforma y la renovación de España se puede ubicar en el llamado Sexenio Revolucionario, en 1868-1874.

El general catalán Joan Prim i Prats, que estaba subsidiado directamente por los dueños de la España Industrial de Barcelona, la primera empresa algodonera en España, lideró un pronunciamiento para derrocar la Monarquía. Prim se convirtió en jefe del Gobierno y fichó al príncipe Amadeo de Saboya para ser elegido rey de España por el Parlamento. De alguna manera, esta iniciativa catalana hacia España era paralela al papel dirigente del Piamonte, una tierra de Saboya, en la unificación de Italia: tanto Cataluña como el Piamonte eran regiones industriales periféricas del norte de sus penínsulas, cuyos líderes trataban de modernizar un país atrasado, mayoritariamente agrario, a través una monarquía liberal. Un día después de que el Parlamento votara por Amadeo, Prim fue asesinado a tiros. El nuevo rey permaneció en el trono durante poco más de dos años, pero, desconcertado por el faccionalismo y las conspiraciones, abdicó y regresó a Italia en 1873. Cataluña fue un Piamonte frustrado.

Entonces se proclamó la Primera República Española, también bajo fuerte influencia catalana, ahora para adoptar una estructura federal. El primer presidente de la República, el catalán Estanislau Figueras, estuvo en el cargo durante solo cuatro meses. Enfrentado a perennes peleas y altercados entre los mismos republicanos, durante una reunión del Consejo de Ministros Figueras golpeó la mesa con el puño y, como estaba enojado, lo dijo en catalán: «Senyors, estic fins als collons de tots nosaltres» (Señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros); luego dijo que se iba a pasear al Parque del Retiro, se dirigió a la estación de Atocha, tomó el primer tren y no bajó hasta París.

Su sucesor, el también catalán Francesc Pi i Margall, fue más decidido en la introducción de una constitución federal de arriba abajo, pero fue hundido por las insurrecciones cantonales de abajo arriba, incluida una proclamación efímera de una república catalana promovida por los «intransigentes» de su propio partido. Estuvo en el cargo durante solo cinco semanas. La República duró solo cinco meses más con otros dos presidentes y fue derrocada por un nuevo pronunciamiento. Unos meses después, Pi i Margall fue tiroteado por un pistolero en su casa, pero solo resultó levemente herido, lo que movió al atacante a matarse allí mismo.

La suerte del federalismo en España dependió de la debilidad relativa del Estado. Para algunos, el Estado era lo suficientemente fuerte para ser tomado como la plataforma para la descentralización territorial de arriba abajo; para otros, era lo suficientemente débil como para prescindir de él y comenzar a construir una estructura desde abajo mediante la creación de nuevas repúblicas cantonales, locales y regionales. Ninguno de los dos proyectos encontró suficiente apoyo institucional y social.

La segunda etapa de este ciclo fue un resultado de la retirada de los fracasados industrialistas y federalistas catalanes que habían intentado liderar hacia afuera en España y su reemplazo por un movimiento regionalista que se orientó hacia adentro de Cataluña. La última pérdida del Imperio español en América en 1898 motivó a fabricantes y abogados, historiadores y poetas catalanes a actuar juntos en busca de un nuevo camino. A partir de 1901, los regionalistas comenzaron a alcanzar cierto poder ganando alcaldías contra los dos partidos políticos establecidos.

Su principal éxito fue el establecimiento de una Mancomunidad administrativa de las cuatro diputaciones provinciales de Cataluña, inicialmente presidida por el presidente de la Diputación de Barcelona, Enric Prat de la Riba, en 1914. Muy pronto, sin embargo, los regionalistas y algunos republicanos comenzaron a hacer campaña por una verdadera autonomía con poderes legislativos, una demanda que fue ásperamente rechazada por el Parlamento español. El líder de los regionalistas, Francesc Cambó, continuó interviniendo en la política española, por lo que sería acusado de tratar de ser, al mismo tiempo, el Bolívar de Cataluña y el Bismarck de España, empresas ambas en las que fracasó, especialmente en la segunda.

En medio de huelgas generales de trabajadores, terrorismo y violencia política, el capitán general de Cataluña, Primo de Rivera, hizo su pronunciamiento, el cual fue apoyado por el Rey, como vimos, y también por el entonces presidente de la Mancomunidad, Josep Puig i Cadafalch. Fue un gran error: unos meses más tarde, Puig i Cadafalch se exilió a París y la Mancomunidad fue disuelta.

Este fracaso en la consolidación del autogobierno catalán dentro de España generó movimientos radicales de independencia, que formaron la tercera etapa del ciclo. La mejor oportunidad política se perdió cuando, al final de la Primera Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, favorecía algo que podía interpretarse como el derecho de las naciones a la autodeterminación como una forma de pacificar Europa. Tras la derrota de la Alemania ampliada y el colapso y la disolución de los imperios austrohúngaro, otomano y ruso, se formaron y se reconocieron internacionalmente hasta nueve estados nuevos. Algunos catalanistas rebautizaron el conflicto como «Guerra de las Naciones». Según el historiador Enric Ucelay-Da Cal: «La pequeña burguesía, la izquierda catalana –los catalanistas de izquierda y los republicanos catalanes– soñaban con el “nuevo mundo” wilsoniano de las naciones, del progreso y de la paz.»

Pero como España no había sido beligerante en la guerra, las demandas catalanas no fueron incluidas en la agenda. Algunos activistas catalanes fingieron haber enviado miles de voluntarios para luchar por los Aliados como una plataforma para sus demandas. Francesc Cambó planeó una entrevista con Wilson en París, donde estaba de visita para la creación de la Liga de las Naciones. Pero la diplomacia aliada recomendó a los catalanes que no lo intentaran por falta de expectativas; fue, en cambio, el primer ministro español, Romanones, quien se reunió con el presidente de Estados Unidos y el primer ministro francés, Clemenceau, para evitar cualquier interferencia.

La verdadera acción para la autodeterminación de Cataluña comenzó después del establecimiento de la dictadura de Primo y la disolución de la Mancomunidad. Implicó, una vez más, el surgimiento de un grupo diferente de políticos y activistas. De alguna manera, el nuevo movimiento todavía estaba tratando de tomar el tren internacional cuyo último vagón era Irlanda, que estaba llevando a cabo su propia insurrección armada contra la Corona británica lejos de los imperios continentales y logró el Estado Libre Irlandés en 1922. Con esta inspiración, un ex teniente coronel catalán del ejército español, terrateniente y obstinado conspirador, Francesc Macià, organizó, tan tarde como en 1926, una pequeña banda armada para cruzar la frontera en los Pirineos desde Francia con la esperanza de provocar un motín de soldados, una huelga general y la posterior proclamación por radio de la República Catalana. Todos los participantes fueron arrestados por la policía francesa antes de llegar a la frontera.

Una nueva oportunidad política surgió con las elecciones municipales que provocaron la proclamación de la Segunda República española en 1931. Dos días después de las elecciones, Macià salió al balcón del histórico Palacio de la Generalidad, donde la Diputación Provincial de Barcelona tenía entonces su sede, y, sin ningún altavoz, se dirigió a la audiencia improvisada en la plaza para proclamar «el Estado Catalán y la República Catalana», para que «con todo cariño vayamos a la Confederación con las demás Repúblicas de España». Unas horas más tarde, firmó una declaración declarando «la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica» (incluyendo, pues, Portugal). Para celebrar el giro estratégico, algunas gentes gritaron por las calles: «Visca Macià, mori Cambó!» Sin embargo, el lío terminó tres días después con un acuerdo con el gobierno provisional de la República que condujo, primero, a cambiar el nombre del gobierno provisional de Macià por el nombre histórico de Generalidad de Cataluña y, un año más tarde, a la aprobación de un regional Estatuto de Autonomía de Cataluña dentro de la República «integral» de España.

Poco después, Lluís Companys, nuevo presidente de la Generalidad, hizo una nueva proclama durante las huelgas de octubre de 1934, esta vez del «Estado catalán de la República Federal española». Hubo ochenta muertos, y el presidente y todos los miembros del gobierno catalán fueron encarcelados.

Al igual que los antiguos cantonalistas, tanto Macià como Companys hicieron referencias a una federación o confederación, ya fuera española o ibérica, como si tuviera que construirse de abajo arriba mediante la creación de otros estados en toda la Península. Pero, como ninguna otra región en España imitó tal declaración unilateral ni la Constitución de la República fue federal, en la práctica las proclamas catalanas fueron declaraciones de secesión.

A mediados de la década de 1930, el contexto internacional había cambiado drásticamente, y no podía ser peor para las aspiraciones de romper un estado democrático. Portugal con nacionalistas, Italia con los fascistas –las dos experiencias en las que Primo de Rivera se había inspirado–, Alemania con los nazis, incluso varios de los estados recién creados al final de la Primera Guerra Mundial, se habían convertido en dictaduras, mientras que la Sociedad de Naciones se encontraba en fatal decadencia. Como vimos, los golpes de Estado, los contragolpes, las revoluciones, las insurrecciones y las elecciones espurias en España desde 1923, en las que los catalanes fueron destacados participantes, generaron un conflicto creciente hasta la sublevación militar de 1936.

Algunos autores han sostenido que, durante los primeros meses de la Guerra Civil, como el gobierno de la República no podía ejercer un control efectivo sobre el territorio, había estallado una revolución obrera y el gobierno catalán había establecido una economía de guerra, Cataluña logró una considerable independencia política. Sin embargo, la situación se revirtió cuando el gobierno de la República, asediado por los militares rebeldes, dejó Madrid y Valencia y se mudó a Barcelona, con sus doscientos cincuenta mil empleados y sus familias, en 1937.

La tercera etapa de este ciclo terminó, por supuesto, en total derrota ante las tropas que ocuparon Cataluña a los gritos de «¡Arriba España!» y «¡Viva Cataluña española!». Las represalias incluyeron miles de exilios, encarcelamientos y ejecuciones por fusilamiento, incluida la del presidente Companys.

Podríamos ubicar el comienzo del tercer ciclo alrededor de la década de 1960, cuando algunos nuevos grupos catalanes lanzaron iniciativas creativas hacia España. Cataluña volvió a ser uno de los motores de innovación económica cuando el contagio del desarrollo en países más avanzados cruzó los Pirineos. La creatividad cultural de Barcelona fue admirada por amplios sectores intelectuales. En el campo político, la influencia catalana más visible sobre el resto de España provino de los movimientos antifranquistas, incluidos los formados por estudiantes, trabajadores, profesionales y activistas culturales, que en su mayoría se reunieron en la Asamblea de Cataluña, fundada en 1971. El programa básico de la Asamblea fue sintetizado en muchas manifestaciones con las demandas de «Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía», pero el más olvidado cuarto de los cuatro puntos de su declaración fundacional era «la coordinación de la acción de todos los pueblos peninsulares en la lucha democrática». Barcelona era considerada la capital española de la resistencia, y las plataformas unitarias de toda España, especialmente la Coordinación Democrática o PlataJunta, se inspiraron en gran medida en esa experiencia seminal.

El ímpetu catalán llegó a la Ponencia parlamentaria de la Constitución de 1978, en la que, de los siete miembros, dos eran catalanes: el comunista Jordi Solé Tura y el nacionalista Miquel Roca Junyent. También estuvo presente en la vicepresidencia del Gobierno de España por un exalcalde de Barcelona, Narcís Serra, en 1991. Y alcanzó su punto máximo durante los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, un evento que el nuevo alcalde, el socialista Pasqual Maragall, saludó con la tesis de que «lo que es bueno para Barcelona, es bueno para Cataluña, y es bueno para España». Sin embargo, los resultados, en general, fueron bastante modestos. Ningún catalán ha sido presidente del Gobierno de España desde 1873. Liderar a España no ha sido precisamente lo que los catalanes han logrado hacer mejor.

Entonces, dejadnos cuidar nuestro propio jardín, los nacionalistas catalanes lograron hacer oír. El restablecimiento de la Generalidad con el retorno del presidente en el exilio, Josep Tarradellas, en 1977, antes de que fuera aprobada la Constitución española, así como el nuevo Estatuto de Autonomía en 1979 y, sobre todo, las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña en 1980, habían dibujado una línea paralela y abrieron la segunda etapa de este ciclo. Bajo la presidencia de Jordi Pujol, el foco principal de la política catalana fue –como la Mancomunidad de sesenta años antes– la construcción de una nación lingüística y cultural catalana más homogénea dentro del Estado español. El partido nacionalista de Pujol apoyó en el Parlamento español a gobiernos minoritarios tanto del PSOE como del PP, a cambio de más transferencias de poderes y recursos a la Generalitat de Cataluña en la carrera de galgos con otras autonomías. Durante esta etapa, como a principios de siglo, la intervención catalana en la política española se concibió menos como un intento de liderar España que como una forma de presión y negociación para la protección y el refuerzo de la autonomía catalana.

El segundo presidente de la Generalidad en este período, Pasqual Maragall, también trató de intervenir en la política española, pero solo apoyó al PSOE y estuvo en abierta confrontación con el PP. La apuesta, bajo la presión de sus socios gubernamentales, los republicanos de izquierda, fue un nuevo Estatuto de Autonomía que otorgara a Cataluña mayores poderes legislativos y judiciales. De acuerdo con los procedimientos constitucionales, el Estatuto fue aprobado inicialmente por el Parlamento de Cataluña en 2006, revisado y negociado por las dos cámaras del Parlamento español, y sometido a un referéndum de ratificación por los ciudadanos de Cataluña en 2007. Sin embargo, el PP lanzó una campaña por toda España para recolectar firmas «contra los catalanes» por la anulación del Estatuto y, a petición suya, algunos de sus artículos fueron parcialmente invalidados por el Tribunal Constitucional español en 2010.

La reacción posterior en Cataluña fue menos por el huevo que por el fuero. Con respecto del «huevo», el líder del PP, Mariano Rajoy, había declarado que el Estatuto catalán «liquidaba unilateralmente el modelo de Estado, transformándolo del actual Estado de Autonomías en una confederación asimétrica que privilegia únicamente a Cataluña». Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechazó la mayoría de los recursos del PP e introdujo unas invalidaciones relativamente limitadas del Estatuto aprobado inicialmente. Aceptó que el catalán sería la lengua de «uso normal» en la administración pública catalana, pero no «preferencial» al español, una decisión que no tuvo ninguna consecuencia práctica en los usos reales de las lenguas. Favoreció indirectamente una estructura de gobierno con múltiples niveles al preservar los poderes del Defensor del Pueblo español, el Consejo General del Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional, al tiempo que aceptaba contrapartes catalanas «no exclusivas» de las tres instituciones. También preservó los poderes fiscales autónomos de los gobiernos municipales y limitó la participación catalana en las políticas tributarias y de otro tipo en toda España.

Si estos recortes hubieran sido introducidos durante el proceso parlamentario, probablemente el Estatuto habría sido aprobado más o menos igual (al fin y al cabo, ni la derecha españolista del Partido Popular ni la Izquierda Republicana de Cataluña proindependencia lo apoyaron en el referéndum). Así, el Estatuto aún podría haber sido un arreglo temporal, un nuevo ir tirando, que podría haber durado quizá una generación más.

Pero el problema fue el «fuero», es decir, la ruptura del acuerdo político y una violación ostensible de los procedimientos regulares. En palabras del profesor de derecho constitucional Javier Pérez Royo, «la sentencia no carece de argumentación jurídica e incluso se puede estar de acuerdo con algunas de las cosas que se dicen en ella. Pero el problema es otro. El problema es que el Tribunal Constitucional desautorizó el pacto entre el Parlamento catalán, el Parlamento español y el pueblo de Cataluña».

El Tribunal Constitucional, que en la práctica funcionó como una tercera cámara, fue ampliamente considerado ilegítimo. De los doce magistrados que debían formar el Tribunal, solo siete se encontraban en el puesto de manera regular, mientras que otro había fallecido y no había sido reemplazado, otro fue recusado por el PP, dos permanecieron en el cargo después de la fecha límite de sus mandatos porque el PP retrasó los nombramientos de sus sustitutos, que, como vimos anteriormente, se hacen sobre bases partidistas, y la presidenta también extendió su mandato. La sentencia completa fue respaldada por solo cinco magistrados, cuatro de ellos nombrados directa o indirectamente por el PSOE, incluida la presidenta prorrogada, y uno por el PP que permanecía más allá de su mandato. Cuatro de los cinco disidentes habían sido designados directa o indirectamente por el PP y escribieron votos particulares, que no se aplicaron, a favor de más invalidaciones o interpretaciones más restrictivas de algunos artículos del Estatuto.

Esto creó la ocasión de lanzar la tercera etapa de este ciclo, que estuvo abiertamente orientada hacia la independencia. Más de quinientos municipios (sin incluir Barcelona ni las ciudades más grandes) ya habían organizado referendos informales por la independencia durante los años 2009 y 2010, antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, con una participación total de alrededor del 30 % del censo electoral. Varias campañas sobre infraestructuras de transporte deficientes como el aeropuerto de Barcelona o los trenes de cercanías, una serie de diferentes informes sobre las balanzas fiscales entre Cataluña y España, o ciertas críticas de la política lingüística en las escuelas, también se habían presentado como si no dejaran otra salida que la secesión y la creación de un Estado catalán. Desde 2012, una serie de manifestaciones movilizó a varios cientos de miles de personas en el Día Nacional de Cataluña cada año.

Bajo la presidencia del nacionalista Artur Mas, la Generalitat convocó, primero, un «proceso participativo» en 2014, que movilizó a cerca del 37 % del electorado. Luego, una «elección plebiscitaria» en 2015, con el objetivo, tal como lo pronunció el líder de los republicanos de izquierda, Oriol Junqueras, de no conformarse con un pájaro en mano, sino solo con «volar, libres, con todos los pájaros del mundo». Los votos a las candidaturas a favor de la independencia ascendieron al 37 % del electorado nuevamente (el 48 % de los votos con una participación del 76 %). Con el nuevo presidente, Carles Puigdemont, se convocó un referéndum ilegal sobre la independencia en 2017 que, según los datos de los organizadores, atrajo alrededor del 38 % del electorado una vez más (un 90 % de «sí» con un 42 % de participación).

Unos días más tarde, Puigdemont interpretó que tenía «el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república», pero propuso «suspender los efectos de la declaración de independencia». El episodio fue noticia de primera plana en todo el mundo, aunque nadie entendió muy bien qué es lo que había querido decir exactamente. Dos semanas después, el Parlamento de Cataluña votó una resolución para constituir «la república catalana, como Estado independiente y soberano». A continuación, los consejeros y diputados se fueron de fin de semana. El gobierno de España disolvió el gobierno y el Parlamento catalanes y convocó unas elecciones autonómicas. El presidente catalán huyó del país mientras varios miembros de su gobierno eran encarcelados. En las elecciones, los partidos por la independencia recibieron, por cuarta vez, el apoyo de un 38 % del electorado (un 48 % de los votos con una participación del 80 %). Sobre un fondo de alta división y polarización de los ciudadanos, con un empate permanente entre los partidarios y los adversarios de la independencia, Cataluña –como, cada vez más, España— se mostró ingobernable y quedó enredada en una duradera inestabilidad política.

Como en las campañas catalanas por la independencia en ciclos históricos pasados, el contexto internacional era bastante adverso. Cuando la Unión Soviética se disolvió y se crearon quince nuevas repúblicas en torno a 1991, se descartó explícitamente la oportunidad política de seguir la tendencia y reclamar la independencia de Cataluña. El presidente Jordi Pujol sostuvo entonces que «tenemos iguales derechos que Lituania, solo que ellos los ejercen a través de la vía de la independencia, y nosotros, de la autonomía». Señaló las diferencias: España era «una realidad más sólida, democrática» que la URSS, y las repúblicas bálticas «quieren huir hacia Europa, [mientras que] Cataluña ya pertenece a ella».

Más tarde, las referencias a otros países fueron casuales y dispersas. Quebec y Escocia fueron ejemplos esperanzadores porque sus gobiernos habían firmado acuerdos con los gobiernos canadiense y británico, respectivamente, para referendos legales y vinculantes sobre la independencia, pero el «no» ganó en ambos casos. Artur Mas dijo que Cataluña «era la Holanda del Sur» y que debería ser «la Dinamarca del Mediterráneo», pero también que quería que fuera «como Massachusetts», que no es un estado independiente por lo que se sabe. La diplomacia del Estado español fue mucho más efectiva que el servicio exterior de la Generalidad, y ningún estado apoyó la independencia de Cataluña. La Comisión y el Consejo Europeos fueron particularmente receptivos a seguir las instrucciones del gobierno español para declarar que la Catexit de España significaría la Catexit de la UE y que un estado catalán independiente debería solicitar el ingreso de nuevo. Varios llamamientos a la mediación internacional no tuvieron éxito.

De hecho, a muchos participantes en el movimiento catalán no les importaban mucho los vínculos internacionales o el entorno exterior. Ya habían desconectado culturalmente de España y también del resto del mundo y vivían en una especie de burbuja egocéntrica y endogámica que pretendían que podía ser autosuficiente. A menudo, el debate público en Cataluña tiende a emitir un viejo, conocido olor de patio interior.

La historia de las relaciones políticas de Cataluña con el Estado español, que han estado rotando como un tiovivo, ha sido una historia de fracasos y frustraciones. Los catalanes no fueron capaces de liderar la Península, como el Piamonte; no han logrado un estado autogobernado dentro de una federación, como, pongamos, Massachusetts (o siquiera como el enclave privilegiado del País Vasco); ni han conseguido ser un país separado de España, como Portugal.

La histórica «experiencia de disociaciones externas y contradicciones internas ha acabado por constituirse en resorte psicológico del comportamiento colectivo», observó el historiador Jaume Vicens Vives. La estrategia de liderar España fracasó debido a «la impotencia coercitiva de Cataluña». Las acomodaciones que primero fueron aceptadas en nombre de la sensatez, luego fueron rechazadas por insuficientes, lo que puede revelar la importancia del miedo y la miopía, también llamada prudencia, en la decisión inicial. Entonces, cuando la realidad aparece desagradable, «surgen la añoranza, el arrebatamiento y la crítica destructiva, la actitud de decir “¡basta!”..., el todo o nada, la negación del ideal de negociación y pacto dictado por la sensatez colectiva».

Vicens Vives alucinaba:

No es fácil entender cómo podemos pasar, en horas (tiempo histórico), de la más oscura adscripción al mundo de las realidades minimizadas al botafuego del atolondramiento iconoclasta... Abatimos en pocas horas el trabajo de años de reconstrucción. Y después, a empezar de nuevo, lamentándonos del tropiezo, pero sin meditar sobre ello, evitando plantearnos el análisis político, social y espiritual de los hechos.

La sucesión de ciclos históricos ha creado en muchos catalanes la sensación de que los intentos y los fracasos serán permanentes, que –como sostenía Ortega desde el otro lado– el problema catalán no se puede resolver, que ha sido y será perpetuo.

Una serie de comentarios y reacciones en coyunturas cruciales pueden ilustrar la actitud. Acerca de la insurrección y la proclamación del Estado catalán en 1934, el jurista y parlamentario Amadeu Hurtado reflexionó: «Para los partidos que tenían el gobierno de Cataluña, lo importante era seguir la tradición de nuestras luchas, prefiriendo la contrariedad al éxito como un alimento seguro de una protesta más.» En aquellos días, el líder de los catalanistas conservadores, Francesc Cambó, se dirigió de este modo a los demás miembros del Parlamento español: «No os hagáis ilusiones. Pasará este Parlamento, desaparecerán todos los partidos que están aquí representados, caerán regímenes, y el hecho vivo de Cataluña subsistirá.» Cuando un año y medio después, en 1936, el presidente Lluís Companys, al salir de prisión, regresó al balcón, arengó a sus seguidores: «Volveremos a sufrir, volveremos a luchar y volveremos a ganar.»

Casi cincuenta años después, en 1984, cuando el presidente de Cataluña, Jordi Pujol, estaba bajo querella por una malversación de fondos en su banco, el gobierno catalán subvencionó secretamente anuncios en los periódicos convocando una manifestación en solidaridad; uno de los más repetidos decía: «No tendremos ningún derecho a lamentarnos si no sabemos contestar ahora, y con eficacia.» Cuando el presidente Carles Puigdemont anunció la convocatoria de un referéndum por la independencia en 2017, auguró: «Aunque nos quieran ver vencidos o derrotados», al final «seremos soldados derrotados de una causa invencible». El ministro catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, resumió su visión del problema con este pronunciamiento: «Nosotros los catalanes hemos estado trescientos años picando piedra [se entiende que contra el Estado español] y lo más probable es que tengamos que seguir haciéndolo durante trescientos años más.» Justificó su apoyo al referéndum de 2017 con este objetivo: «El 1 de octubre es necesario que se despliegue una gran, y pacífica, demostración de dignidad democrática, y que estemos en condiciones de levantarnos, el 2 de octubre, con la cabeza y la moral muy altas.» Tras la suspensión de la declaración de independencia, la portavoz de las anticapitalistas proclamó: «Ni nosotras ni mucha gente pensamos renunciar, no hay derrota que valga, empezamos una etapa de lucha.»

Obsérvese que cualquier expectativa de lograr algún éxito concreto tendió a estar ausente de todos esos compromisos y convocatorias; el pronóstico más común fue la derrota y la reanudación de las quejas. Pasarán los años, los gobiernos, los parlamentos, los partidos, y el problema de Cataluña continuará sin resolverse; volveremos a sufrir una y otra vez; pero continuaremos teniendo derecho a lamentarnos y a levantarnos con la cabeza bien alta; continuaremos picando piedra durante trescientos años más, empezando, una y otra vez, nuevas etapas de lucha, y seremos, una y otra vez, vencidos y derrotados en una causa invencible. Que estas declaraciones se pronunciaran durante dos ciclos históricos separados durante un período de más de ochenta años confirma que esto fue lo que realmente sucedió casi todo el tiempo.

Construir un estado grande y lidiar con las diferencias territoriales en la construcción de una comunidad política común, como España, es la cara interna de las relaciones exteriores entre los estados. El concepto moderno de «soberanía» tiene precisamente estas dos caras: el monopolio interno del poder y la no intervención externa y el reconocimiento mutuo de otros soberanos.

Para los conflictos territoriales en la Península Ibérica, especialmente entre la Castilla central y las periféricas Portugal y Cataluña, el destino de los imperios transcontinentales ha sido determinante, como hemos visto en capítulos anteriores. Entre los factores que han tenido consecuencias particularmente adversas para las relaciones de Cataluña con el Estado español se cuentan la proximidad con la Francia centralista y estatista; el Tratado de Westfalia, que consolidó la soberanía de los estados existentes; la revisión del mapa de Europa tras el colapso de los imperios continentales en la Primera Guerra Mundial, en la cual los catalanes fueron ignorados; el surgimiento de dictaduras en el deslizamiento hacia la Segunda Guerra Mundial que fue a contracorriente de los intentos de modernización de la República democrática española, y la disolución de la Unión Soviética y su imperio en la Europa del Este cuya oportunidad fue descartada.

En la actualidad, la soberanía real de los estados existentes se ve amenazada por desarrollos tecnológicos y económicos transnacionales, las instituciones globales y, en particular, la creciente integración de la Unión Europea. Como consecuencia, podrían surgir nuevas oportunidades exteriores para nuevos cambios territoriales en España.

Puede parecer paradójico que la UE permitiera el Brexit, es decir, la secesión de Gran Bretaña de Europa, pero, siguiendo a España, no permitiera la Catexit, es decir, la secesión de Cataluña de España. Una explicación puede ser que la UE está menos integrada que España. Sin embargo, puede que las cosas no sean tan simples. De hecho, la UE estuvo firmemente en contra de la Brexit, y la Comisión Europea adoptó una posición muy dura en la negociación posterior, especialmente con la intención de evitar la tentación de salir de otros países (Hungría o Polonia, por ejemplo), hasta el punto de hacer que muchos británicos pensaran en la posibilidad de revertir su decisión.

Además, la UE sí aceptó el referéndum por la independencia de Escocia, que había sido acordado con el gobierno británico. El gobierno escocés planeó un período transitorio permaneciendo en el Reino Unido antes de aplicar la independencia para volver a entrar en la UE sin un paréntesis fuera de ella. La UE ya había supervisado el referéndum por la independencia de Montenegro, que también había sido acordado con el gobierno de Serbia, para el que estableció unos requisitos de un 50 % de participación y un 55 % de los votos «sí» (que se cumplieron). Por lo tanto, uno puede preguntarse si las limitaciones actuales para rediseñar las fronteras en Europa podrían reducirse formalmente para todos.

Puede ser útil comparar la evolución de la UE sobre el tema con la experiencia histórica de Estados Unidos. Unas siete décadas después de la aprobación de la Constitución, el gobierno de Estados Unidos no aceptó la salida. El intento de once estados del Sur de abandonar la Unión fue respondido por el Ejército y desencadenó una guerra civil extremadamente letal. Algo como un Brexit no podía suceder en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, se redibujaron muchas fronteras internas. La Constitución de Estados Unidos estableció que un nuevo estado podría «erigirse dentro de la jurisdicción de cualquier otro Estado» con el «consentimiento de las Legislaturas de los Estados afectados, así como del Congreso». Así, durante la Guerra Civil, Virginia Occidental se separó de Virginia, Nevada se separó de Utah, y Montana se creó reuniendo varias tierras de Oregón, Washington, Idaho y Dakota; todas las nuevas entidades fueron admitidas como estados miembros de la Unión.

A la vista de esto, parece que Estados Unidos estuviera más integrado a mediados del siglo XIX que la Unión Europea ahora. Esto no es cierto en otros asuntos, ya que la UE ahora está más integrada en cuestiones monetarias, financieras y políticas de lo que estaba Estados Unidos entonces. Pero a través de la Guerra Civil, la Unión Americana se hizo lo suficientemente fuerte para no admitir salidas de la Unión al tiempo que admitía el rediseño de fronteras internas entre sus estados miembros. El punto crucial es que los estados miembros dejaron de tener soberanía reconocida, ni para la salida ni para fijar sus fronteras.

¿Qué podría cambiar, por lo tanto, en Europa que produjera una diferencia cualitativa con respecto a las relaciones interterritoriales en España? Si tratamos de inspirarnos en la experiencia de Estados Unidos, una mayor integración de la Unión Europea debería evitar más Brexits y, al mismo tiempo, estar más abierta al rediseño interno de las fronteras. Más concretamente:

• El nivel de integración de la UE debería ser tal que la Unión no reconociera la soberanía de los estados miembros.

• Los referendos de autodeterminación deberían ser consentidos por los parlamentos implicados, pero también por el Parlamento Europeo.

• Para que surgieran nuevas oportunidades, la Unión Europea debería llevar a cabo una gran transformación interna. Alternativamente, el contexto internacional también podría cambiar como resultado de alguna crisis política importante, como lo fueron, en casos como los mencionados, la Guerra Civil en Estados Unidos, la disolución de Yugoslavia o el colapso de la Unión Soviética.

Todo esto puede que ocurra algún día. O puede que no.

EL PÉNDULO VASCO

A diferencia de Cataluña, el País Vasco ha sido afortunado en España debido a su pequeño tamaño relativo (menos de una vigésima parte de la población, muy compactada en un pequeño territorio, y una decimosexta parte de la economía). Debido a las pequeñas dimensiones del país periférico, ningún partido o político vasco se ha atrevido a intentar liderar España.¹ Casi todas las intervenciones vascas en la política española han sido, por el contrario, en resistencia a la nacionalización española, ya fuera por los foralistas y los carlistas en el siglo XIX, o por nacionalistas moderados que aspiran a la autonomía y radicales por la independencia desde principios del siglo XX. Todos los gobiernos centrales españoles, independientemente del régimen político o de la ideología partidaria, han concedido en alguna medida formas únicas de autogobierno vasco, en contraste con las actitudes centralizadoras o reacias más habituales hacia Cataluña y otros territorios en España. El costo para el Estado español de las fórmulas especiales vascas siempre ha sido asequible.

El País Vasco y Navarra, que habían pertenecido al histórico Reino de Navarra y han actuado como un movimiento unido en varias ocasiones contemporáneas, están muy divididos internamente: entre territorios: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra (más la Baja Navarra y otras dos antiguas provincias en Iparralde, en el actual Estado francés), entre bilingües vascohablantes y unilingües hispanohablantes que no suelen entender una conversación o un discurso en lengua vasca, y por varias divisiones sociales y políticas que, en algunos momentos, han producido altos niveles de fragmentación, polarización y violencia.

Así, las estrategias políticas vascas se circunscriben al objetivo común de lograr, mantener y mejorar el autogobierno, pero han oscilado entre dos orientaciones: ya sea hacia derechos especiales y la autonomía negociados con el Estado español o hacia la autodeterminación y la independencia radical. A menudo, estas últimas ramas y movimientos, incluidos los que emplean medios violentos, han sido utilizados por la corriente principal moderada como una herramienta de amenaza y negociación con los gobiernos españoles para obtener altos niveles de autogobierno legal, pero la cuestión se ha movido a bandazos.

La historia del nacionalismo vasco es «en última instancia, la historia de los enfrentamientos, las separaciones y la reunificación de estos dos bloques», según lo plantea el historiador del derecho Javier Corcuera. Como resultado, las relaciones entre el País Vasco (a menudo incluyendo a Navarra) y el Estado español se han movido como un «péndulo patriótico». Siempre «manteniendo su anclaje en la defensa de la identidad nacional vasca, oscilaba alternativamente entre las diferentes posibilidades que se le presentaran, dependiendo de las circunstancias externas y del equilibrio interno de opciones e intereses», según lo metaforizado por los historiadores Santiago de Pablo y Ludger Mees.

Los fueros o leyes e instituciones medievales supervivientes de los diversos territorios de la Península habían sido abolidos en los antiguos reinos de la Corona de Aragón a principios del siglo XVIII, según revisamos. Pero habían subsistido en las tierras del antiguo Reino de Navarra gracias a su apoyo al candidato borbónico en la Guerra de Sucesión a la Corona de España. Los fueros incluían una ley civil particular, una autonomía fiscal completa y la exención de servir en el Ejército español. Durante el siglo XIX, a través de tres guerras civiles sangrientas, los carlistas, es decir, los partidarios del candidato Carlos María Isidro a la Corona de España (contra su sobrina Isabel II), defendieron la validez de tales entidades tradicionales frente a los intentos liberales de unificar legalmente toda España.

Al final de la Primera Guerra Carlista, en 1839, Navarra logró un Convenio con el gobierno liberal español para conservar sus fueros tradicionales. Al final de la Tercera Guerra Carlista, en 1876, los fueros de las provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa fueron abolidos por el gobierno español. Pero las instituciones tradicionales, formadas por una Junta General y un Consejo Foral en cada territorio, se mantuvieron, y condujeron inmediatamente a un pacto fiscal, llamado el Concierto, mediante el cual podrían recaudar y recaudar todos los impuestos y pagar una «cuota» al gobierno central. Estos resultados fueron una derrota del nacionalismo liberal español. Los viejos foralistas y los carlistas resistieron la débil autoridad central del Estado español y confirmaron el afianzamiento de las instituciones tradicionales.

A fines del siglo XIX, se formó un nuevo Partido Nacionalista Vasco (PNV) bajo el lema «Dios y leyes viejas». Su líder, Sabino Arana, acuñó el nombre del país imaginariamente unificado, «Euskadi», y diseñó su bandera. El primer manifiesto del partido apuntó a la «plena reintegración foral». Pero gradualmente se adaptó de la resistencia a la participación en la política regular con objetivos más limitados. La llamada fracción de los «Euskalerriacos», cercana a la burguesía industrial emergente en Vizcaya, usó la etiqueta Comunión Nacionalista y se unió a los carlistas clericales de Navarra en una campaña por «una amplia autonomía» para las provincias y municipios vasconavarros «dentro de la unidad de la nación española» en 1917. La campaña, paralela a una campaña catalana de autonomía antes mencionada, fracasó, lo que provocó la división de los secularistas más radicales «Aberri» o seguidores separatistas de Arana.

Como el PNV no se unió a las conspiraciones en toda España para el establecimiento de la República en 1931, una nueva escisión prorrepublicana formó un partido laico liberal llamado Acción Nacionalista Vasca. Sin embargo, aunque el PNV tampoco apoyó la Constitución de la República, presentó un proyecto de «Estado autónomo dentro de la totalidad del Estado español». Se vendió a sus seguidores como un meta volante en la carrera hacia los plenos fueros, pero causó, de nuevo, la separación de un pequeño grupo radical, esta vez alrededor de una revista semanal con sede en Bilbao, Jagi-Jagi.

El Estatuto vasco fue finalmente aprobado tan tarde como en octubre de 1936, cuando los nacionalistas vascos decidieron inclinarse del lado de la República contra la insurrección militar y fascista que ya había generado la Guerra Civil. El Estatuto estableció que «el País Vasco podrá adoptar el sistema tributario que juzgue justo y conveniente», quedando exento incluso del impuesto español sobre la renta. Como han reconocido los historiadores del derecho Gregorio Monreal y Roldán Jimeno, esta fue una fórmula excepcional y única, que el Estado español podía permitirse debido a la pequeña magnitud de la contribución fiscal del País Vasco: «La extensión a otros territorios autónomos de los sistemas de Concierto y Convenio era sencillamente inimaginable, puesto que con el amplísimo gobierno financiero del poder central que de ello derivaría sería irreconocible no ya el “Estado integral”, sino incluso un genuino Estado federal.»

Durante unos meses de Guerra Civil, al gobierno vasco encabezado por el nacionalista José Antonio Aguirre «el aislamiento del frente norte con relación al resto de la España republicana le permitió ensanchar enormemente la autonomía hasta constituir un Estado semiindependiente en Vizcaya», según el historiador José Luis de la Granja. «El lehendakari [presidente] Aguirre ni siquiera controlaba las tres provincias que oficialmente constituían la Euskadi autónoma, ya que Álava y casi todo Guipúzcoa estaban en manos de los franquistas. Sin embargo, durante los ocho meses anteriores a la conquista [franquista] de Bilbao, Aguirre organizó la región vasca libre como un estado semiindependiente, incluso contando con su propio ejército», en el análisis concurrente de Ludger Mees.

Es interesante observar, por lo tanto, que la misma raíz foral eventualmente dio lugar a nacionalistas vascos que luchaban en el lado republicano de la Guerra Civil y, paralelamente, a las milicias carlistas o Requetés que se unieron a los nacionalistas españoles en el lado fascista. Las dos ramas tenían en común una tradición premoderna, una posición antiliberal que logró resistir, sobrevivir, recuperarse y prosperar en un Estado español débil. La divergencia también mostró la tradicional y persistente fragmentación territorial del antiguo Reino de Navarra. La provincia «muy leal» de Navarra, así como Álava sobre la base de «sus aportaciones valiosísimas a la Causa Nacional», fueron recompensadas por Franco con el mantenimiento de sus instituciones forales y privilegios fiscales, mientras que las «provincias traidoras» de Vizcaya y Guipúzcoa, donde había prevalecido «la más torpe política antiespañola», fueron castigadas con la sumisión a la norma general de España.

El vacío político dejado por el Partido Nacionalista Vasco durante la dictadura de Franco fue llenado por una escisión radical de su organización juvenil a fines de la década de 1950, que se convertiría en el radical grupo independentista «Patria Vasca y Libertad» o «Euskadi Ta Askatasuna», ETA. Inicialmente, el grupo consideró adoptar el nombre «Aberri», como la rama radical del PNV en la década de 1920, pero fue descartado por razones eufónicas. En su primera Asamblea en 1962, ETA presentó sus Principios. Se definió como un Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional que perseguía el autogobierno de las seis regiones históricas con «un régimen democrático e inequívocamente representativo», junto con «la máxima descentralización en la estructuración de la sociedad política vasca». Su objetivo era «el desarrollo y vigorización de la Nación Vasca en todos sus ámbitos» por «los medios más adecuados que cada circunstancia histórica dicte».

ETA también se declaró favorable a la integración federalista europea, prometiendo que «si Euskadi, con entera libertad, estima como más conveniente a sus fines y existencia, la cesión de diversos derechos a organismos supranacionales, así lo hará», mientras abrazaba el objetivo final de «la supresión progresiva de fronteras estatales en todo el mundo». El viejo foralismo preestatal intentaba ser compatible con un mundo posestatal. Muy pronto, sin embargo, ETA rompió con el PNV, adoptó una inspiración revolucionaria anticolonial, promovió la lucha armada y sufrió varias escisiones con diversas versiones de marxismo combatiente.

A partir de 1968 y durante cuarenta años, ETA asesinó a policías, guardias civiles, militares, empresarios, políticos, jueces, profesores y periodistas, y lanzó ataques terroristas mediante la colocación de bombas en cuarteles militares y policiales, aeropuertos, grandes almacenes y otros espacios públicos. El número total de muertos se estimó en 857, dos tercios de ellos en el País Vasco y la mayoría de los demás en Madrid y Cataluña. También hubo 86 personas secuestradas, 3.421 víctimas que fueron oficialmente indemnizadas y varios miles que abandonaron el País Vasco tras ser amenazadas o ser blanco de ataques. Por otro lado, se alegó que la persecución policial y la «guerra sucia» por escuadrones paramilitares, apoyados de algún modo por miembros de las fuerzas de seguridad españolas y los servicios secretos, habían causado unas 200 bajas mortales, mientras que 3.300 militantes de ETA habían sido encarcelados.

Con un total de unas 1.000 víctimas mortales, el conflicto apenas califica como una guerra civil menor, como discutimos antes. La cifra de muertos fue inmensamente inferior a las cuatro Guerras Carlistas anteriores (incluyendo la Guerra Civil de 1936 en la lista, como se ha sugerido). Un conflicto similar durante aproximadamente el mismo período para aproximadamente el mismo tamaño de población, «The Troubles» en Irlanda del Norte, es decir, la contienda entre el Ejército Republicano Irlandés o IRA, las fuerzas de seguridad británicas y diversos grupos paramilitares, produjo cerca de cuatro veces más muertos, unos 3.700.

El objetivo de los insurgentes vascos no era la conquista violenta del poder, como es el caso en las grandes revoluciones y guerras civiles, sino el desarrollo de una estrategia de desgaste destinada a sobrevivir a las Fuerzas Armadas del Estado español. Como se indicaba en un documento interno de ETA: «La función de la lucha armada no es destruir al enemigo, porque eso es utópico, pero sí obligarlo, a través de una prolongada guerra de desgaste psicológico y físico, a abandonar nuestro territorio por agotamiento y aislamiento.»

La mayoría de los asesinatos de ETA se produjeron después de la muerte del dictador Franco. El momento más álgido tuvo lugar justo después de la amnistía que liberó a todos los prisioneros de ETA y a todos los demás presos políticos y exiliados españoles en 1977, especialmente durante los tres años en que se aprobaron la nueva Constitución española y el nuevo Estatuto de Autonomía del País Vasco y tuvieron lugar las primeras elecciones al Parlamento vasco. Los secesionistas violentos arreciaron sus ataques porque percibieron que el asentamiento de las nuevas instituciones podría retrasar una oportunidad política para la independencia durante mucho tiempo.

De hecho, la oportunidad política existió y fue ágilmente aprovechada por el revitalizado Partido Nacionalista Vasco. Antes de las primeras elecciones españolas abiertas en 1977, el PNV presentó su programa para un «Estado vasco autónomo». No participó en la elaboración posterior de la Constitución y llamó a no votar en el referéndum para su ratificación, lo cual, junto con el boicot de los seguidores de ETA, convirtió al País Vasco en la única región de España en la que la Constitución no estuvo respaldada por una mayoría del censo electoral. Sin embargo, los nacionalistas vascos –en una revitalización de las tácticas de la década de 1930– lograron desarrollar una negociación bilateral con el gobierno central español para incluir en la Constitución algunas disposiciones especiales: se derogó la ley que había abolido los fueros en 1839, se estableció la protección y el respeto de los derechos históricos de los territorios forales y se introdujo un procedimiento para la incorporación de Navarra al País Vasco a iniciativa de aquella.

El consiguiente Estatuto de Autonomía del País Vasco restauró las instituciones forales, es decir, las tres Juntas Generales y Provincias Forales, mientras que el Fuero de Navarra fue «amejorado». Las provincias forales tienen plenos poderes normativos y administrativos, ya que «recaudan, gestionan, liquidan e inspeccionan todos los impuestos» (con las únicas excepciones de los derechos de aduana y monopolios). El País Vasco, así como Navarra, contribuyen al Estado con una «cuota» o «cupo», que ahora no es proporcional a los ingresos fiscales –como lo era en los fueros tradicionales–, sino que se estima para completar la financiación de los gastos generales del Estado (básicamente diplomacia, defensa y pago de intereses de la deuda pública).

El nuevo Concierto, que incluye a Vizcaya y Guipúzcoa, se inspiró explícitamente en el que había sobrevivido anteriormente en la provincia de Álava, lo que hizo decir a Gregorio Monreal y Roldán Jimeno que «hay que considerar como algo providencial el mantenimiento del Concierto alavés y del Convenio navarro durante la dictadura, pues posibilitó el renacer de la institución en Bizkaia y Gipuzkoa en la Transición». Puede que no estuvieran equivocados porque, aunque la dictadura no estuvo directamente gobernada por la Providencia, lo pudo haber estado indirectamente a través del Caudillo de España por la Gracia de Dios.

Los mismos autores reconocen que «el sistema presenta notables singularidades, no solo con respecto al resto de comunidades autónomas del Estado, sino comparándolo con los de otros Estados políticamente descentralizados». De hecho, es un arreglo único, que crea un desafío interesante para los gobernantes del País Vasco.

Los ciudadanos de todas las demás comunidades autónomas, como las de algunas otras unidades territoriales en países descentralizados que dependen principalmente de transferencias financieras y subvenciones del gobierno central, sufren, como mencionamos, lo que la economía pública llama una «ilusión fiscal». Los tales ciudadanos pueden percibir que la mayoría de sus impuestos se pagan al gobierno central, mientras que el gobierno regional parece ofrecer un amplio conjunto de servicios públicos casi gratis. Una consecuencia es que los ciudadanos pueden pedir más de esos servicios «gratuitos» y apoyar aumentos de tamaño del gobierno regional. Naturalmente, los líderes regionales pueden sacar ventaja política de este tipo de situaciones culpando al gobierno central por los costos, alardeando de los beneficios que proveen y tratando de expandir los recursos bajo su control.

Pero en el País Vasco sucede todo lo contrario. El gobierno central español es casi invisible y el gobierno vasco tiene que asumir toda la responsabilidad política por su desempeño. Esto ha ayudado a mejorar su eficiencia y también ha contenido la corrupción pública. La responsabilidad política del gobierno aumenta la legitimación popular de la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que el gobierno español se esfuma. El sistema de Concierto y cuota debe ser un buen negocio, ya que cuenta con un apoyo político unánime en el País Vasco tanto de los nacionalistas vascos moderados como de los independentistas radicales y de los partidos socialista y popular de ámbito español. Sería muy difícil para los líderes españoles del PSOE o del PP promover una fórmula alternativa porque las secciones vascas de sus partidos se opondrían abiertamente.

Una de las primeras iniciativas del gobierno vasco, bajo la presidencia de Carlos Garaikoetxea (un nacionalista vasco de Navarra), fue la restauración de las milicias carlistas en Vizcaya y Guipúzcoa, los «Forales» y los «Miqueletes», respectivamente, que, junto con los «Miñones» existentes en Álava, fueron la base para la creación de la fuerza policial vasca, conocida como la Ertzaintza. La Policía foral de Navarra se mantuvo independiente. Contrariamente a la ley, los primeros oficiales de la Ertzaintza no eran miembros anteriores de las fuerzas de seguridad españolas, a las que reemplazaron para todas las tareas excepto el control fronterizo.

El PNV argumentó astutamente que como, en contraste con los policías nacionales y los guardias civiles, los ertzainas y sus oficiales serían vascos nativos y vascohablantes, formarían el mejor cuerpo para perseguir a ETA y controlar a los activistas nacionalistas violentos. Desde el lado del gobierno español, «si no ha habido reparos para forzar el marco constitucional, ha sido por creer que así se ayudaba a solucionar el llamado “problema vasco”, que es dificultad motivada por la existencia de ETA... Dado que su concurso [del PNV] siempre ha sido considerado imprescindible para acabar con el terrorismo, se ha creído que se trataba de un instrumento idóneo para la resolución de aquel problema», como explicó Javier Corcuera. Visto en perspectiva, los escuadrones armados de ETA no se convirtieron, como lo habían soñado, en las fuerzas armadas del País Vasco, pero indirectamente fueron determinantes para la creación de dicho cuerpo.

Una vez que el gobierno autónomo vasco quedó bien establecido, el péndulo nacionalista siguió oscilando. El lehendakari Garaikoetxea lideró una escisión radical del PNV, inicialmente motivada por su voluntad de reforzar el gobierno vasco en vez de las provincias forales, y creó un nuevo partido, Solidaridad Vasca (EA), en 1986.

La oscilación a la inversa se produjo durante los años siguientes, cuando el PNV, de nuevo en el poder bajo la presidencia de José Antonio Ardanza, se coligó con el Partido Socialista Vasco, patrocinó un pacto con los partidos de ámbito español contra ETA y logró varios acuerdos en el Parlamento español con el PSOE y con el PP, siempre a cambio de nuevas transferencias de poderes al gobierno vasco y mejores tratos para la «cuota» fiscal.

La siguiente oscilación hacia el lado radical condujo al Pacto de Lizarra, que reagrupó al PNV y EA, junto con grupos izquierdistas menores y sindicatos de trabajadores, con la rama política de ETA, Unidad Popular (HB), en 1998. Después de que el PNV firmara un acuerdo político secreto con ETA para un alto el fuego, había la expectativa de reproducir el tipo de negociaciones pacificadoras que se llevaban a cabo en ese momento en Irlanda del Norte con el IRA. Pero el intento fracasó debido a la exclusión del gobierno español del acuerdo y la reanudación impaciente de los ataques de ETA.

El nuevo lehendakari del PNV, Juan José Ibarretxe, lanzó, sin embargo, una importante iniciativa de reforma institucional con el apoyo parlamentario de HB, desde 2002. El proyecto de Estatuto Político de la Comunidad del País Vasco reivindicó el derecho a la autodeterminación del País Vasco y propuso una «asociación libre» con el Estado español. Habría otorgado la ciudadanía y la nacionalidad vasca a todos los habitantes de la Comunidad Vasca, manteniendo al mismo tiempo la nacionalidad española solo como optativa. Los elementos fundamentales de continuidad incluían el Concierto fiscal y mantener al Rey de España como jefe del Estado.

«El Plan Ibarretxe intentó encontrar una nueva vía entre las alternativas de autogobierno autónomo restringido dentro de un estado-nación más grande y la independencia en toda regla», en opinión de los politólogos Michael Keating y Zoe Bray. Tomó cierta inspiración en el Acuerdo del Viernes Santo de Irlanda del Norte que habían firmado en 1998 los gobiernos británico e irlandés y los partidos políticos de Irlanda del Norte. Sin embargo, las diferencias fueron cruciales. El Acuerdo de Irlanda del Norte, en primer lugar, se centró en la disolución del IRA armado, en contraste con el mantenimiento de la actividad de ETA. En segundo lugar, obligó a compartir el poder entre los partidos probritánicos y proirlandeses mediante el establecimiento de una asignación proporcional de los ministerios del Gobierno a todos los partidos en el Parlamento, en contraste con el control nacionalista exclusivo del gobierno vasco.

Para los hispanohablantes, la «asociación libre» también evoca la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Sin embargo, el nombre oficial en inglés de dicha fórmula es «Commonwealth» (y nadie sabe exactamente qué pretendía decir el traductor en los años cincuenta). De hecho, la situación de Puerto Rico en Estados Unidos es casi la opuesta a la del País Vasco en España: en lugar de aceptar una responsabilidad financiera a cambio de la responsabilidad política, Puerto Rico depende financieramente del gobierno federal en Washington y es políticamente menos que un estado en la Unión, ya que no tiene representación en el Congreso federal ni en el Colegio Electoral Presidencial. En una serie de referendos recientes, la alternativa más votada ha sido convertirse en un estado de la Unión, mientras que la independencia tiene un apoyo marginal.

El Plan Ibarretxe apuntaba a que los vascos tuvieran una representación «directa» en las instituciones de la Unión Europea. Como los debates del Plan coincidieron con los referendos sobre un proyecto de Constitución Europea, «el contexto europeo podría haber salvado el Plan Ibarretxe si se hubiera vinculado a un programa coherente a nivel europeo», en opinión de Keating y Bray. Sin embargo, «así como los partidos políticos discutieron sobre la identificación con lo vasco, también se pelearon entre ellos sobre la identificación con la europeidad, cada uno con su propia comprensión de lo que significan estos dos conceptos». Curiosamente, no se tuvo en cuenta ningún contexto internacional para una redistribución de poder territorial tan ambiciosa, incluida la relación con Europa.

El Estatuto fue duramente rechazado por el Parlamento español en 2005. (Incluso la Conferencia Episcopal Española lo declaró «moralmente inaceptable».) Ibarretxe amenazó con convocar un referéndum unilateral, pero finalmente fue derrotado en una nueva elección del Parlamento vasco que produjo el primer lehendakari no nacionalista, Patxi López, del PSOE, para el período 2009-2012.

Dos preguntas principales están abiertas sobre el futuro de las relaciones entre el País Vasco y el Estado español. La primera es sobre las posibles consecuencias de la desaparición de ETA y su violencia. Durante varias décadas, hubo múltiples negociaciones bilaterales entre el gobierno español, ya fuera del PSOE o del PP, y ETA para el desarme de esta y un acuerdo político. Todas fueron frustradas, una y otra vez, por nuevos ataques terroristas. Al final, no fue ETA ni su rama política la que negoció un adiós a las armas, como en Irlanda del Norte. ETA dejó de matar, secuestrar y provocar disturbios en 2009, unilateralmente anunció el «cese definitivo de la actividad armada» dos años más tarde y entregó las armas cinco años después. Dejó la continuación de sus objetivos políticos en manos de los partidos.

Esto puede crear nuevas oportunidades para nuevas oscilaciones del péndulo patriótico tradicional, que eran más difíciles de manejar cuando el ala radical estaba asociada con el terrorismo. El lehendakari del PNV, Íñigo Urkullu, ha seguido una línea moderada a favor de la autonomía desde 2012. Pero nuevas coaliciones amplias entre el PNV, los restos de EA, los continuadores de las antiguas ramas políticas de ETA (más recientemente bajo el nombre de «País Vasco Unido» o Bildu) y otros grupos, como las que ya se han formado con particular éxito en Navarra y en muchos ayuntamientos, podrían reintroducir propuestas para la autodeterminación y la independencia en un futuro pacificado.

El actual «período de ascenso electoral proporciona pocos incentivos para alejarse de un objetivo territorial que (como en años anteriores) es deliberadamente ambiguo, con posibles opciones que incluyen una mayor autonomía, un estado federal o confederal, o una relación bilateral con el Estado a través de una actualización de los “derechos históricos” otorgados por la Constitución española», como lo han percibido sagazmente el politólogo Anwen Elias y el historiador Ludger Mees.

La segunda pregunta se refiere al futuro de la forma tradicional del Concierto fiscal. Con motivo de los recientes conflictos entre la Generalidad de Cataluña y el gobierno central de España, se oyeron varias voces que proponían la difusión de dicha fórmula. Sin embargo, como comentamos, la aplicación del Concierto a comunidades más grandes que el País Vasco implicaría un costo mayor del que ningún gobierno español probablemente estaría dispuesto a aceptar. El Ministerio de Hacienda español publica unas «Cuentas Territorializadas» habitualmente interpretadas como «balanzas fiscales» entre el gobierno central y las comunidades autónomas (o la diferencia entre los ingresos tributarios y el gasto central en cada comunidad). Según los datos más recientes para 2014, el saldo fue positivo para el País Vasco en 3.387 millones de euros y negativo para Madrid en 19.205 millones de euros y para Cataluña en 9.892 millones de euros. Más recientemente, en 2017, los expertos del ministerio evaluaron que la aplicación de la «cuota» a Cataluña con los mismos criterios que se utilizan para el País Vasco implicaría un gasto adicional del gobierno central en Cataluña de 16.570 millones de euros. Esta gran diferencia entre el País Vasco y las otras comunidades se deriva en parte de los cálculos sesgados y subvalorados del costo de los gastos centrales para los vascos, la exención de que el País Vasco contribuya a fondos redistributivos interregionales, y de las negociaciones políticas como la de la cuota del período 2018-2022, que estuvo condicionada por el potencial papel pivote del PNV en el Parlamento español.

El debate político sobre la distribución territorial de poderes en el Estado español de las autonomías gira a menudo en torno a la justicia o la injusticia de las contribuciones de cada comunidad. Pero la variable política más importante para las decisiones del gobierno central no es la cantidad de las contribuciones de las comunidades en relación con sus economías, sino la cantidad absoluta de dinero que aportan al gobierno central. En este sentido, el déficit del gobierno central con el pequeño País Vasco puede ser una ineficiencia asequible, mientras que la sustitución de grandes excedentes por grandes déficits con Madrid, Cataluña u otras comunidades no lo sería. Como dijeron los defensores principales antes citados del Concierto y la cuota vascos, su extensión a otras comunidades es simplemente inimaginable.

El Concierto Vasco y el Convenio de Navarra también podrían ser cuestionados por nuevos desarrollos en la Unión Europea. Una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en 2008 desestimó la sospecha de la Comisión Europea de que el bajo impuesto de sociedades del País Vasco había violado las reglas de competencia del mercado de ámbito europeo. Sin embargo, una nueva unión fiscal de la UE, tal como la promueve la Comisión, podría reintroducir la revisión de casos únicos y especiales, como el vasco y el navarro en el contexto de la Unión. Aunque el País Vasco es mucho más pequeño en relación con Europa que con respecto a España, la eficiencia mucho más alta de la UE podría lograr algunas formas de unificación fiscal que el débil Estado español nunca ha podido completar.

UNA CONSTITUCIÓN BLOQUEADA

Como hemos visto, el régimen democrático establecido desde 1978 contiene varias reglas que han demostrado ser excluyentes. Su aplicación ha convertido algunos mecanismos preventivos que pretendían favorecer la estabilidad política en factores de erosión del apoyo electoral y social a los resultados del proceso político. Lo incompleto de la nación española también ha facilitado la competencia política en torno al tema territorial y las rivalidades entre gobiernos autónomos.

A la luz del análisis anterior, debería ser posible concebir algunas reformas legales y constitucionales que pudieran abordar tales problemas, incluyendo el sistema electoral y la regulación de los partidos políticos, la investidura con apoyo minoritario y la moción de censura constructiva, la partidización de los órganos superiores de la justicia y del Tribunal Constitucional, la división de poderes entre el gobierno central y las comunidades autónomas, y la inutilidad del Senado para facilitar la cooperación interterritorial. Además, la mayor restricción sobre el funcionamiento real de las instituciones políticas españolas, que es la creciente inserción en la Unión Europea, podría reconocerse formalmente mediante la introducción del tema en la Constitución, que ni siquiera lo menciona. Algunas de estas, así como otras propuestas de reforma, se han planteado en momentos de crisis como si pudieran arreglar o al menos suavizar algunos de los vicios del régimen.

Sin embargo, durante cuarenta años no se ha aprobado ningún cambio constitucional importante orientado a mejorar la calidad de la democracia. España es uno de los países de Europa con mayores barreras para las reformas constitucionales, ya que requieren mayorías calificadas en las dos cámaras (y su repetición después de unas elecciones para temas de derechos y la Corona), así como un referéndum. También es, en la práctica, el país de Europa en el que ha habido menos reformas constitucionales: desde 1978, solo dos, ambas derivadas de la Unión Europea (derechos de voto para los europeos en las municipales y prioridad a reducir el déficit público y pagar la deuda).

En contraste, todos los países democráticos tienden a revisar sus constituciones periódicamente. La más antigua y más corta de las constituciones actuales, la de Estados Unidos, ha recibido veintisiete enmiendas, con un promedio de una cada ocho años y medio. Las enmiendas han afectado a muchas cuestiones importantes, como los derechos civiles, la esclavitud, los derechos de voto, los impuestos, las reglas electorales o el límite de mandatos del presidente.

El país de Europa con más cambios constitucionales es Portugal, cuya diferencia con el vecino es que la reforma no requiere elecciones ni referendos, sino solo una decisión por amplia mayoría de su Parlamento unicameral. Las reformas portuguesas han incluido cuestiones importantes, como la eliminación de las restricciones a la política económica y la transformación del régimen presidencial en uno parlamentario.

En Gran Bretaña, dado que la constitución no está codificada en un solo texto, los cambios también son relativamente fáciles: ha habido cincuenta y uno desde el final de la guerra mundial, incluidos sobre temas importantes como la Convención de Derechos Humanos, los procedimientos parlamentarios, los lores hereditarios, la libertad de información, la justicia o la elección de alcaldes. En Francia, se han realizado diecisiete reformas en menos de sesenta años, las cuales han afectado a cuestiones como los tratados de la UE, la duración del mandato del presidente, las relaciones parlamentarias y, de acuerdo con el proceso actual, nuevos cambios en el tamaño del Parlamento, el sistema electoral y el procedimiento legislativo. En Alemania, desde la reunificación en 1990 se han llevado a cabo catorce reformas, incluidas aquellas sobre la UE, la protección del medio ambiente, la discriminación positiva de las mujeres o el derecho de asilo. En Italia, las barreras son más altas porque se puede convocar un referéndum, pero se han realizado quince reformas, incluidas las que han otorgado autonomía legislativa y poderes exclusivos a las regiones.

Hay una relación bastante clara entre la longitud y la rigidez de una constitución y su incumplimiento. Las constituciones más breves y abiertas a las reformas, como las de Estados Unidos o Gran Bretaña, tienen un altísimo nivel de cumplimiento. España está cerca del otro extremo: la Constitución española es más bien larga, es decir, regula muchos asuntos, de modo que con el paso del tiempo las disposiciones obsoletas se acumulan y provocan cada vez más desajustes con la realidad política y social, lo cual genera numerosas demandas de cambios. Al mismo tiempo, la Constitución es muy rígida, o sea difícil de reformar. La frustración de las demandas de cambios por la ausencia de reformas tiende a generar altos niveles de incumplimiento y de rechazo.

Solo una reforma muy amplia de la Constitución, que ha permanecido casi intacta durante cuarenta años, puede evitar que acabe estallando toda entera. Pero el miedo a los peligros de «abrir el melón» de la reforma constitucional –como suelen decir los gobernantes españoles– refleja la debilidad y la vulnerabilidad del Estado y la fragilidad de la nación, las cuales han permitido construir solo un apoyo minoritario a los resultados del régimen democrático actual.

CONCLUSIÓN

Transición hacia afuera

En este libro hemos observado una serie de continuidades en la historia moderna de España. Como hemos visto que el régimen democrático actual está amenazado por tensiones interterritoriales e intentos de secesión, hemos analizado los antecedentes históricos de una nacionalización incompleta. También hemos visto que la política española se ha convertido en un campo de juego de partidos políticos oligárquicos cuyos representantes en el gobierno nunca han contado con el apoyo de una mayoría de los votantes. Hemos presentado estas características, junto con la parálisis del poder legislativo y la partidización de los órganos rectores de la judicatura, como expresiones de un bajo nivel general de institucionalización y de cumplimiento de las reglas de derecho, todo con tradiciones muy largas en el país.

En el período más reciente, tanto la lealtad popular a la nación española como el apoyo electoral y social a los gobiernos han disminuido. Esto parece ser el resultado de algunas opciones institucionales desafortunadas en la década de 1970, que han producido efectos no intencionados, y especialmente de las limitaciones de los poderes del Estado introducidas por la Unión Europea. Pero mirando hacia atrás, todas estas fragilidades también pueden explicarse por la debilidad estructural del Estado español, cuyo principal factor causal ha sido identificado en este libro como las aventuras imperiales españolas que mantuvieron al país ocupado –o más bien distraído– desde el siglo XVI.

Como se ha revisado en las páginas anteriores, España nació con el Imperio liderado por Castilla, y se quebró con él. El Imperio multicontinental de la Monarquía española no fue un buen negocio para los españoles ni para la Corona. Pero la principal consecuencia fue la oportunidad perdida de comenzar a construir, en cambio, un estado moderno, como hicieron Gran Bretaña y Francia en ese período y, algo más tarde, Alemania e Italia. España no tenía los recursos humanos, técnicos, financieros o militares para construir un imperio exitoso y rentable cuando intentó hacerlo. Cuando, más adelante, los nuevos desarrollos tecnológicos y económicos permitieron o más bien empujaron a los otros países mencionados a expandir sus mercados, sus conquistas y sus áreas de influencia más allá de sus fronteras, España ya había sido derrotada, aislada, y se había enredado en una serie de graves problemas políticos internos. Así como Gran Bretaña y Francia construyeron estados tempranos, lo que les dio bases sólidas para construir sus imperios, en España ocurrió todo lo contrario: un imperio prematuro frustró la construcción de un estado moderno. La antigua aventura imperial puede ayudar, pues, a explicar, directa o indirectamente, muchos procesos posteriores.

La clave interpretativa de la frustración contemporánea es ver los intentos modernizadores posimperiales como fracasados o incompletos y algunas veces contraproducentes. Muchas normas innovadoras han sido suficientemente fuertes para poner en tela de juicio viejos estándares, pero, debido a las debilidades estructurales heredadas, no para prevalecer en los usos sociales. Así, la pervivencia quebrada de viejas tradiciones ha producido resultados con una ambigua continuidad. Concretamente: la Contrarreforma católica fue en parte domada por el laicismo, pero legó una sociedad bastante supersticiosa, más que profundamente religiosa. Los tradicionales modos de vida de la picaresca sobrevivieron a la difusión del espíritu público y del civismo y se transformaron en una extendida corrupción. Los viejos localismos impidieron la construcción plena de una nación unificada y generaron nacionalismos rivales enfrentados. El militarismo y las dictaduras cortaron el camino a la democracia y acabaron dando paso un partidismo oligárquico en un régimen de libertades de baja calidad.

Actualmente, España ya no es lo que fue, el núcleo de un imperio multicontinental, pero tampoco es algo que podría haber sido, un estado-nación moderno y soberano. A comienzos del siglo XXI, a España le ha costado desmarcarse de los problemas de otros países de la UE al borde de la bancarrota, como Grecia, Irlanda y Portugal. Pero a muchos españoles les ha tomado bastante tiempo darse cuenta de que España, que es más grande que los otros estados mencionados, es también un socio periférico y relativamente desfavorecido de la empresa europea, no uno de los mayores responsables de la toma de decisiones. Su papel de segundón tiene una larga historia de frustraciones detrás.

La teoría de la «dependencia del camino» muestra cómo las opciones tomadas en ciertos momentos históricos condicionan o determinan la trayectoria futura. Ciertas opciones tienen un alto coste de oportunidad, como ocurrió con la aventura imperial española, que postergó fatalmente la construcción de un estado moderno y una nación unificada. Al mismo tiempo, la práctica social refuerza las opciones tomadas mediante pautas de comportamiento que se transmiten a través de generaciones y hacen cada vez más difícil su rectificación.

Las continuidades culturales también se pueden explicar con la ayuda de la teoría de juegos. No necesitamos tecnicismos. Solo identificar algunas variables cruciales, que se llaman la situación inicial, la mezcla de población, y la frecuencia y duración de las interacciones entre los individuos en el grupo, y luego ver si se puede esperar y explicar un resultado estable a partir de estas variables. Intentémoslo.

En términos generales, «la situación inicial» en España, tanto en el siglo XVI como cuando hubo oportunidades de modernización más decisivas en el siglo XIX y principios del XX, fue altamente desfavorable; se caracterizó por una gran pobreza, una industrialización fallida, bajos niveles de escolaridad, una burocracia parasitaria, una larga tradición de improvisar en el último minuto, la picaresca ubicua, y conflictos y revueltas permanentes.

La segunda variable, la llamada «mezcla de población», se refiere a la proporción de individuos identificados con esos rasgos o con orientaciones alternativas bien experimentadas, más eficientes, mejor educadas y más ilustradas. El peso en España cae del lado del primer grupo frente a los repetidos intentos fallidos de introducir y consolidar costumbres más modernas y civilizadas.

De este modo, un país aislado con una población devota de las tradiciones locales, que tiende a considerar que el trabajo es un castigo divino, habituada a escudriñar a cualquier extraño en la calle, inclinada a discutir en tertulias interminables y a matar el tiempo en bares y cantinas, tiende a producir «interacciones» frecuentes, intensas y duraderas, mediante las cuales se difunden la adaptación, la imitación y el contagio de las costumbres dominantes.

Sobre estas bases –es decir, una situación inicial adversa, el dominio de personas identificadas con las viejas costumbres y unas intensas interacciones– se puede predecir que una llamada «estrategia evolutiva estable» es aquella que apunta a sostener y reproducir esos rasgos retrógrados y a dificultar los comportamientos desviados. El resultado o «equilibrio evolutivo» que resulta de esas estrategias implica muchas frustraciones: la España de siempre permanece viva, a veces temporalmente disminuida, pero una y otra vez revivida y prevaleciente.

En Europa, avanzado el siglo XXI, la agenda no es la misma que en el siglo XIX o cien años atrás. En el contexto actual de intercambios económicos y culturales transnacionales abiertos y una creciente interdependencia, tratar de continuar construyendo, reforzando o sosteniendo un estado nacional soberano es un esfuerzo inútil.

De hecho, «la soberanía nacional» –con frecuencia pronunciada con las grandes palabras que están consagradas en la Constitución y que se arrojan unos a otros los políticos españoles– se ha convertido en uno de los conceptos políticos más obsoletos en el mundo de hoy. En la estructura de gobernanza a múltiples niveles que actualmente caracteriza, en particular, la Unión Europea, nadie es soberano: ni los estados tradicionales, que son estados «miembros» de la Unión, privados de competencias en cuestiones políticas importantes y sometidos a fuertes restricciones y controles por las instituciones de la UE, ni ningún gobierno local o regional que pudiere reclamar tal ambición. Los estados miembros de la Unión Europea han cedido o compartido poderes derivados de sus soberanías anteriores, pero tampoco han creado una nueva soberanía europea. Cada nivel de gobierno tiene poderes exclusivos en algunos temas, comparte poderes en otros temas, cada uno debe ser financiado específicamente para cubrir los costos de sus servicios, y ninguno puede imponer su voluntad sobre los demás en todo –que es lo que implicaría la soberanía–. La población de Europa vive bajo varias jurisdicciones de diferentes ámbitos y alcances que frecuentemente se superponen.

En la actualidad, la «soberanía» no es un concepto central ni siquiera en los ordenamientos constitucionales de los estados, como se puede ver en la siguiente breve revisión. En las constituciones escritas de diez estados miembros de la UE, la palabra «soberanía» ni siquiera se menciona (Austria, Bélgica, República Checa, Chipre, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia). Las leyes, estatutos, sentencias judiciales, tratados y otras fuentes que conforman el régimen político del Reino Unido incorporan solo el principio de «soberanía parlamentaria», que se ha hecho compatible con la aceptación de la UE y el cumplimiento de las normas internacionales. En la actual Constitución francesa, se hacen referencias retóricas a los principios de la Revolución que colocan la soberanía en «el pueblo». Se usan expresiones similares, solo como un simple sinónimo de democracia, en las constituciones de otros seis países (Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Portugal). La soberanía del «estado» se afirma solo en cuatro países (las islas recientemente descolonizadas de Irlanda y Malta y las Polonia y Eslovaquia históricamente amenazadas). La soberanía de la «nación» aparece solo en las constituciones de cuatro repúblicas recién liberadas del control imperial soviético (Bulgaria, Croacia, Lituania y Rumanía). En contraste con una doctrina común entre los profesores españoles de derecho constitucional, ninguna constitución de ningún estado miembro de la Unión Europea menciona la soberanía de la propia constitución.

En este contexto, España es un caso extremo, ya que la Constitución proclama la «soberanía nacional» y asigna su defensa a las Fuerzas Armadas. La Unión Europea ni siquiera es mencionada. Por ello, puede ser necesario un giro radical de orientación. Una buena inspiración para una reforma constitucional podría ser, por ejemplo, Eslovenia, una democracia reciente que tuvo como objetivo desde el principio ser miembro de la UE y tomó el tema como un leitmotiv. En no menos de ocho ocasiones, la Constitución eslovena proclama que la República «transferirá el ejercicio de los derechos soberanos a las organizaciones internacionales».

Si, por el contrario, la política española se siguiera centrando en tratar de reforzar la autoridad soberana del Estado y la capacidad institucional de toma de decisiones políticas a nivel estatal, podría producir un gran paso atrás que dejara a España marginada y generar aún más frustración. En lo que se refiere a su agenda política, el debate público y los principales temas de conversación, España es un país ensimismado en su propia fragmentación y en sus divisiones internas. Pero, aunque solo se le presta atención ocasionalmente, el nuevo horizonte es hacia Europa y hacia el mundo; esta es la dimensión clave a desarrollar.

Si se mira hacia afuera, las luchas políticas y las confrontaciones partidistas internas se convierten en nocivas tempestades en un vaso de agua que solo la hacen impotable. La verdadera nueva transición española que queda por hacer es una mayor integración en Europa y en el mundo y una mayor participación en las instituciones europeas y mundiales. En realidad, ya ha sido así desde hace muchos años, aunque no siempre lo pareciera: para un estado periférico, rezagado, débil y limitado como España, la política pública más importante es la política exterior. Ahora ya no es tal, es decir, no es «exterior», sino que se ha convertido en la esencia y la clave de todo lo demás.

FUENTES DE DATOS Y CITAS

INTRODUCCIÓN          p. 11

Ian Gibson, Giardinetto Sessions entrevista, 18 de mayo de 2017. http://ilgiardinetto.blog

Felipe González, 16 de enero de 2018.

1. UN IMPERIO RUINOSO          pp. 19-23

Para una revisión de la literatura sobre los imperios:

Josep Colomer, «Empires versus States», Oxford Research Encyclopedia of Politics, 2017. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.608

La primera cita es de:

Geoffrey Parker, The World is Not Enough: The Imperial Vision of Philip II of Spain. Wako, TX: Markham Fund of Baylor University Press, 2001.

Las siguientes citas:

Ramón Carande [1943], Carlos V y sus banqueros. Barcelona: Crítica, 1987.

Fernand Braudel [1949], El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. México: Fondo de Cultura Económica, 2001.

John H. Elliott [1963], La España Imperial 1469-1716. Barcelona: Vicens Vives, 1998.

Manuel Fernández Álvarez, «El fracaso de la hegemonía española en Europa», en La España de Felipe IV, Historia de España, vol. 24. Madrid: Espasa-Calpe, 1982, p. 789.

Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. Nueva York: Random House, 1987, p. 48.

Anthony W. Marx, Faith in Nation. Nueva York: Oxford University Press, 1992, p. 148.

Henry Kamen, Imperio. La forja de España como potencia mundial. Madrid: Círculo de Lectores, 2003.

Antonio Miguel Bernal, España, proyecto inacabado. Los costes/beneficios del Imperio. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 434.

Véanse también:

John H. Elliott, «The Decline of Spain», Past and Present, 20, 1961, pp. 52-75.

Henry Kamen, «The Decline of Spain: A Historical Myth?», Past and Present, 81, 1978, pp. 24-50.

Jordi Nadal, España en su cenit (1516-1598). Un ensayo de interpretación. Barcelona: Crítica, 2011.

Tan pobre como Gambia          pp. 25-31

Los datos sobre renta per cápita y población de los diferentes países y años están tomadas de The Maddison-Project y convertidos a dólares internacionales de 2016: http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm, versión 2013.

Véase también su elegante resumen:

Angus Maddison, Contours of the World Economy, 1-2020 AD. Essays in Macro-Economic History. Nueva York: Oxford University Press, 2007.

Más datos y análisis en:

Jaime Vicens Vives, Manual de historia económica de España. Barcelona: Teide, 1959.

Henry Kamen, Imperio, op. cit.

Carlo M. Cipolla, Before the industrial Revolution: European Society and Economy, 1000-1700. Nueva York: W. W. Norton, 2.ª ed., 1980.

Jan Luiten Van Zanden, «Cobb-Douglas in pre-modern Europe: simulating early modern growth». International Institute for Social History IISH, Working paper, 2005.

Carlos Álvarez Nogal y Leandro Prados de la Escosura, «The decline of Spain (1500-1800): Conjectural estimates», European Review of Economic History, 11, 2007, pp. 319-366.

Carlos Álvarez Nogal y Leandro Prados de la Escosura, «The Rise and Fall of Spain (1270-1850)», Economic History Review, 66, 1, 2013, pp. 1-37.

Regina Grafe, Distant Tyranny. Markets, Power, and Backwardness in Spain, 1650-1800. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.

Para una discusión sobre los factores del crecimiento económico, véanse las referencias en mi blog: http://jcolomer.blogspot.com/2016/05/the-return-of-big-questions-in-economics.html

En particular:

Douglass North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: Fondo de Cultura Económica, 2006.

Otras citas:

La carta de Rodrigo Manrique de 1533 está traducida del latín y citada en:

Marcel Bataillon, Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 489-490.

Mariano José de Larra, Vuelva usted mañana. Madrid, 1833.

Santiago Ramón y Cajal, Reglas y consejos sobre investigación biológica. Madrid: Fortanet, 1898.

Unamuno, passim.

Sobre la teoría de la «dependencia del camino», véanse Paul Pierson, «Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics», American Political Science Review, 94, 2, 2000, pp. 251-267, y Josep M. Colomer (ed.), «The Strategy of Institutional Change», Journal of Theoretical Politics, 13, 3, 2001, número especial con contribuciones de Gerard Alexander, Alberto Díaz-Cayeros y Beatriz Magaloni, Patrick Dunleavy y Helen Margetts, y Kenneth A. Shepsle.

La plata americana es en Génova enterrada          pp. 32-36

Earl J. Hamilton, American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1650. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934.

Pierre Chaunu, Séville et l’Atlantique (1504-1650). París: SEVPEN, 12 vols., 1955-1960.

John H. Elliott, España imperial..., op. cit.

Francisco de Quevedo, Poderoso caballero es don Dinero, 1603.

Paco Ibáñez, La poesía española de ahora y de siempre. París: Moshe Naim, 1967.

Carlos Álvarez Nogal y Christophe Chamley, «Debt policy under constraints: Philip II, the Cortes, and Genoese bankers», The Economic History Review, 67, 1, 2014, pp. 192-213.

Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff y Miguel A. Savastano, «Debt Intolerance». National Bureau of Economic Research, Working paper 9908, 2003.

Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff, This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009.

Para más datos sobre finanzas y el ejército:

John Lynch, Los Austrias: 1516-1598. Barcelona: Crítica, 1992.

Mauricio Drelichman, «All that glitters: Precious metals, rent seeking and the decline of Spain», European Review of Economic History, 9, 2005, pp. 313-366.

Una monarquía católica          pp. 41-43

La doctrina de Tomás de Aquino sobre el sol y la luna, en De Regimine Principum, libro III, c. 1265.

Reyes electos con el nombre de presidentes          pp. 44-47

Sobre la herencia feudal en Hispanoamérica:

Marcello Carmagnani, Formación y crisis de un sistema feudal: América Latina del siglo XV a nuestros días. México: Siglo XXI, 1976.

Luis Weckmann, La herencia medieval de México. México: Fondo de Cultura Económica, 1984.

Luis Weckmann, La herencia medieval de Brasil. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

Sobre la independencia de las colonias hispanoamericanas y la ulterior inestabilidad:

Simón Bolívar, «Mensaje al Congreso Constituyente de la Republica de Colombia», 1830, en Bolívar, Discursos, proclamas y epistolario político (ed. de Mario Hernández Sánchez-Barba). Madrid: Editora Nacional, 1975, pp. 353-360.

Tulio Halperin Donghi, Hispanoamérica después de la independencia. Consecuencias sociales y económicas de la emancipación. Buenos Aires: Paidós, 1972.

Antonio Annino, Luis Castro Leiva y François-Xavier Guerra. De los imperios a las naciones. Zaragoza: Ibercaja, 1994.

Eduardo Posada Carbó (ed.), Elections Before Democracy: The History of Elections in Europe and Latin America. Nueva York: St. Martin’s Press, 1996.

Josep M. Colomer, «Taming the Tiger: Voting Rights and Political Instability in Latin America», Latin America Politics and Society, 46, 2, 200, pp. 29-58.

La alternativa británica          pp. 48-53

Las citas de las Cortes de Castilla a Felipe II y del embajador Sessa, en Parker, The World is Not Enough, op. cit.

Fray Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, 1552.

Las áreas de los imperios español, británico y otros en:

Rein Taagepera, «Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia», International Studies Quarterly, 41, 1997, pp. 475-504.

Mauricio Drelichman y Hans-Joachim Voth, Lending to the Borrower from Hell. Debt, Taxes, and Default in the Age of Philip II. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014.

Antonio Miguel Bernal, España: proyecto inacabado, op. cit., p. 434.

Véanse también:

Nial Ferguson, Empire. The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power. Nueva York: Basic Books, 2002.

John Darwin, Unfinished Empire. The Global Expansion of Britain. Londres: Bloomsbury, 2013.

Liberarse de Ultramar          pp. 54-58

Jeremy Bentham [1820], «¡Liberaos de Ultramar!», en Jeremy Bentham, Antología (ed. de Josep M. Colomer). Barcelona: Península, 1991.

Pedro Fraile y Álvaro Escribano, «The Spanish 1898 Disaster: The Drift towards National-Protectionism», Revista de Historia Económica, 16, 1, 1998.

Leandro Prados de la Escosura y Santiago Amaral (eds.), La independencia americana: consecuencias económicas. Madrid: Alianza, 1993.

Las citas sobre Cuba, que están descolocadas en varias fuentes, son:

Cánovas, 3 de julio de 1891, 2 de abril de 1895; Sagasta, 8 de marzo de 1895.

María Dolores Elizalde, «Las relaciones de España y Estados Unidos en el umbral de un nuevo siglo», en Lorenzo Delgado y María Dolores Elizalde (eds.), España y Estados Unidos en el siglo XX. Madrid: CSIC, 2005, pp. 19-56.

La calificación del régimen político de Guinea Ecuatorial es de «Freedom in the World», un informe anual de derechos políticos y libertades civiles por Freedom House, accesible en http://freedomhouse.org

Reconstrucción de los vínculos imperiales          pp. 59-61

Sobre la política exterior española hacia Hispanoamérica:

Celestino del Arenal, Política exterior de España y relaciones con América Latina. Iberoamericanidad, europeización y atlantismo en la política exterior española. Madrid: Fundación Carolina-Siglo XXI, 2011.

2. UN ESTADO DÉBIL          pp. 65-67

Para una revisión, definición y tipologías de «estados» como forma de organización política, véase:

Charles Tilly (ed.), The Formation of National States in Western Europe, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1975.

Hendrik Spruyt, The Sovereign State and Its Competitors. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.

Martin L. van Creveld, The Rise and Decline of the State. Nueva York: Cambridge University Press, 1999.

Miguel A. Centeno y Agustín E. Ferraro (eds.), State and Nation Making in Latin America and Spain: Republics of the Possible. Nueva York: Cambridge University Press, 2013.

Los datos y cálculos sobre variables económicas, el número de años con supresión de garantías y estados de guerra, la lista de pronunciamientos y golpes militares, los números de atentados sociales en 1910-1923 y la violencia política durante la Segunda República, 1931-1936, en:

Albert Carreras y Xavier Tafunell (eds.), Estadísticas históricas de España. Madrid: Fundación BBVA, 2005.

La quiebra de las finanzas publicas          pp. 69-74

El modelo de desarrollo económico en cinco estadios fue inicialmente diseñado por:

Walt W. Rostow, The Stages of Economic Growth. Nueva York: Cambridge University Press, 1960.

Sobre las quiebras económicas y financieras de España en los siglos XIX y XX:

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Albert Carreras, Industrialización española: Estudios de historia cuantitativa. Madrid: Espasa-Calpe, 1990.

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Gabriel Tortella, El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX. Madrid: Alianza, 1994, p. 4.

Albert Carreras y Xavier Tafunell, Historia económica de la España contemporánea. Barcelona: Crítica, 2004, p. 85.

Los datos comparativos de la recuperación económica después de la Gran Depresión, la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial están tomados del Maddison-Project, op. cit. Los años máximos y de recuperación de la renta per cápita fueron para Francia 1939-1949, Gran Bretaña 1943-1954, Alemania 1944-1955, la media de Europa occidental 1943-1950 y, en contraste, España 1929-1955.

José Luis Gonzalez Vallvé y Miguel Ángel Benedicto Solsona, La mayor operación de solidaridad de la historia. Crónica de la política regional de la UE en España. Luxemburgo: Publications Office of the European Union, 2006.

Enric Juliana, «Tres Planes Marshall», La Vanguardia, 13 de marzo de 2011.

Informes internacionales del World Economic Forum:

The Global Human Capital Report 2017,

The Global Information Technology Report 2017,

The Global Competitiveness Report (2017-2018),

accesibles en https://www.weforum.org/reports

Un ejército pretoriano          pp. 75-88

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La cita de la Comisión Real de jefes militares está tomada de:

Josep Fontana, La época del liberalismo, en Historia de España, vol. 6. Barcelona y Madrid: Crítica y Marcial Pons, 2007.

La consideración como guerras civiles de conflictos que producen mil muertos corresponde a la categorización de conflictos políticos armados y otros tipos de violencia organizada que usa las Naciones Unidas. Está basada en datos y análisis recopilados por varios informes anuales, especialmente States in Armed Conflict (Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University), SIPRI Yearbook (Stockholm International Peace Research Institute), Human Security Report (Simon Fraser University, School for International Studies) y Journal of Peace Research. Véase, en particular, la base de datos del proyecto Uppsala en http://ucdp.uu.se/

Los números de muertos a finales del siglo XIX y principios del XX están tomados de:

John Lawrence Tine, War and Genocide in Cuba 1895-1898. Chapell Hill, NC: University of North Carolina Press, 2006.

David S. Woolman, Rebels in the Rif. Stanford, CA: Stanford University Press, 1968.

David Long y Bernard Reich, The Government and Politics of the Middle East and Northern Africa. Boulder, CO: Westview Press, 2002.

Michael Clodfelter, Warfare and Armed Conflicts. A statistical Reference to Casualty and Other Figures 1500-2000. Jefferson, NC: McFarland, 2002.

El número de ministros militares de Franco es de Robert Graham, Spain: Change of a Nation. Londres: Michael Joseph, 1984 (que, al incluir algún economista y varios juristas militares, aumenta en seis el número de tales ministros listados y clasificados por Ramón Tamames, La República. La era de Franco. Madrid: Alianza, 1988, Apéndice 1). El número de 955 procuradores en Cortes que también eran militares es de Julio Busquets, «Las Fuerzas Armadas en la Transición española», en Hipólito de la Torre Gómez (ed.), Fuerzas Armadas y poder político en el siglo XX de Portugal y España. Mérida: UNED, 1996, pp. 275-300, ambos citados por Narcís Serra, The Military Transition. Democratic Reform of the Armed Forces. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2010, p. 91.

Las reformas militares desde el decenio de 1970 están explicadas sobre todo en:

Felipe Agüero, Soldiers, Civilians, and Democracy. Post-Franco Spain in Comparative Perspective. Baltimore y Londres: The Johns Hopkins University Press, 1995.

Raquel Barrios Ramos, El proceso de transición democrática de las Fuerzas Armadas españolas 1975-1989. Tesis doctoral, UNED, 2006.

Narcís Serra, The Military Transition, op. cit.

Numerosas ponencias presentadas en los cinco Congresos de Historia de la Defensa organizados por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2006-2012. http://iugm.es/

Los datos y planes están disponibles en el sitio del Ministerio de Defensa:

http://www.defensa.gob.es/

La cita del general Fernando Alejandre, «En el Día de los Caídos por la Patria: Lo demandó el deber», ABC, 2 de noviembre de 2017.

La cita sobre el papel burbuja es de Bernardo Navazo, «Un ejército envuelto en papel burbuja», Política Exterior, noviembre-diciembre de 2013, pp. 94-104.

Una Iglesia gobernante          pp. 89-93

Catecismo y exposición breve de la Doctrina Cristiana, compuesto por el p. Jerónimo de Ripalda de la Compañía de Jesús, 1.ª ed., 1616.

Catecismo de la Doctrina Cristiana, escrito por el p. Gaspar Astete, 1.ª ed., 1599.

Santiago Joe García Mazo, El Catecismo de la Doctrina Cristina Explicado O Explicaciones del Astete que convienen igualmente al Ripalda. Valladolid, 1830 (reediciones anuales).

San Agustín, La ciudad de Dios, citas del libro XIV, 24, 26.

De la picaresca a la corrupción          pp. 94-105

Sobre la picaresca:

Alonso Zamora Vicente, Qué es la novela picaresca. Buenos Aires: Columba, 1962.

Francisco Rico, La novela picaresca española. Barcelona: Planeta, 1966.

Las citas son de:

Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache (1599).

Sobre la corrupción:

Samuel Huntington, El orden político..., op. cit., pp. 59-60.

Enrique Gil Calvo, La ideología española. Oviedo: Nobel, 2006.

Jens Christopher. Andvig y Karl Ove Moene, «How corruption may corrupt», Journal of Economic Behavior & Organization, 13, 1, 1990, pp. 63-76.

Manuel Villoria y Fernando Jiménez, «La corrupción en España (2004-2010): Datos, percepción y efectos», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 138, 2012, pp. 109-134.

Carles Ramió, La Administración pública del futuro. Horizonte 2050. Madrid: Tecnos, 2017.

Las estimaciones de la economía sumergida, la evasión fiscal y el sobreprecio de los contratos públicos están basadas en:

Jordi Sardà, con Gestha (Técnicos del Ministerio de Hacienda), La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis. Madrid, 2014, que incluye una revisión de todas las estimaciones anteriores.

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Analysis of Public Procurement in Spain: Opportunities for Improvement from the Perspective of Competition. Madrid, 2015.

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Guía contra el fraude en la licitación pública. Madrid, 2017.

La cita del presidente de Cataluña, Artur Mas, es de su entrevista en La Sexta TV, 28 de septiembre de 2014; la declaración del vicesecretario de Partido Popular, Javier Maroto, es del 15 de marzo de 2016.

El Índice de Percepción de la Corrupción está publicado por Transparencia Internacional: http://www.transparency.org

Rebeldes primitivos          pp. 106-116

Félix Lope de Vega, Fuenteovejuna, 1619.

Gerald Brenan [1943], El laberinto español: antecedentes sociales y políticos de la guerra civil española. Barcelona: Planeta, 2008.

Eric Hobsbawm, Primitive Rebels: Banditry, Mafia, Millenarians, Anarchists, Sicilian Fasci, The City Mob, Labor Sects, Ritual, Sermons & Oaths. Manchester: The University of Manchester Press, 1959.

Pierre Vilar [1967], Historia de España. Barcelona: Crítica, 1984, pp. 54 y 56.

Sobre las revueltas campesinas y los movimientos anarquistas:

Juan Díaz del Moral [1929], Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Madrid: Alianza, 1967, pp. 202-205.

Murray Bookchin, The Spanish Anarchists. The Heroic Years, 1868-1936. Nueva York: Free Life, 1977.

Josep Termes, Historia del anarquismo en España, 1870-1980. Barcelona: RBA, 2011.

Juan García Oliver, Registro del discurso del 20 de noviembre de 1937, dir. Mateo Santos. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=SxBWAbKQfSE

Ángel Pestaña, Terrorismo en Barcelona (memorias inéditas) (ed. de Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano). Barcelona: Planeta, 1979.

Para los comunistas:

Santiago Carrillo, Hacia la libertad. Informe del Comité Central al VIII Congreso del PCE. París: Éditions Sociales, 1972, pp. 51-52.

Los datos sobre asociacionismo político y protestas sociales:

Laura Morales Díez de Ulsurru, Joining Political Organizations: Institutions, Mobilization and Participation in Western Democracies. Colchester: ECPR Press, 2009.

Para la comparación de ciclos de los movimientos sociales y la acción colectiva:

Sidney Tarrow, Power in Movement. Nueva York: Cambridge University Press, 1994.

Ruud Koopmans, «New Social Movements and Changes in Political Participation in Western Europe», West European Politics, 1996, 19, pp. 28-50.

Sobre el papel de las redes sociales en los movimientos de protesta:

Helen Z. Margetts, Peter John, Scott A. Hale y Taha Yasseri, Political Turbulence. How Social Media Shape Collective Action. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016.

Sandra González-Bailón, «From Chiapas to Tahrir: Networks and the Diffusion of Protest», World Politics Review, 16 de abril de 2013.

Zeynep Tufekci, Twitter and Tear Gas. The Power and Fragility of Networked Protest. New Haven, CT: Yale University Press, 2017.

Algunos datos sobre el movimiento de los Indignados en:

Carlos Taibo, El 15-M en sesenta preguntas. Madrid: Catarata, 2011.

Martín Portos, «Movilización social en tiempos de recesión: Un análisis de eventos de protesta en España, 2007-2015», Revista Española de Ciencia Política, 2016, 41, pp. 159-178.

Descarrilamiento de la vía europea          pp. 117-121

La cita de Juan Linz sobre la ruptura con la tradición sin modernización es de:

Juan J. Linz, «Tradition and Modernity in Spain» (1972), en J. J. Linz (ed. de H. E. Chehabi), Robert Michels, Political Sociology, and the Future of Democracy. New Brunswick, NJ, y Londres: Transaction, 2006, pp. 115-184.

Ha habido cierta discusión entre historiadores sobre las motivaciones y el desempeño de Primo de Rivera. Las citas son de:

Raymond Carr, España 1808-1975. Barcelona: Ariel, 1979, p. 523.

Carolyn P. Boyd, Praetorian Politics in Liberal Spain. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press, 1979, p. 238.

Shlomo Ben-Ami, Fascism from Above: The Dictatorship of Primo de Rivera in Spain, 1923-1930. Oxford y Nueva York: Oxford University Press, 1983, p. 22.

Ramón Villares y Javier Moreno Luzón, Restauración y Dictadura, en Historia de España, vol. 7. Barcelona y Madrid: Crítica y Marcial Pons, 2009, p. 492.

Joan Maria Thomàs, José Antonio. Realidad y mito. Barcelona: Debate, 2017, p. 59.

Pero véanse también, para una perspectiva diferente:

Teresa González Calbet, «La destrucción del sistema político de la Restauración: el golpe de septiembre de 1923», en La crisis de la Restauración: España, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda República (ed. de José Luis García Delgado). Madrid: Siglo XXI, 1986, pp. 101-120.

Javier Tusell, «Los intentos reformistas de la vida política durante el reinado de Alfonso XIII», en Salvador Forner (ed.), Democracia, elecciones y modernización en Europa. Siglos XIX y XX. Madrid: Catedra, 1997, pp. 295-312.

Y la discusión sobre el papel del rey Alfonso XIII, especialmente acerca de las contribuciones de Javier Tusell:

Ignacio Olábarri Gortázar, «Problemas no resueltos en torno al pronunciamiento de Primo de Rivera», Revista de Historia Contemporánea, 7, 1996, pp. 223-248.

APÉNDICE

Los dos contragolpes sucesivos durante la Segunda República española en la década de 1930 se pueden explicar en parte por los resultados incongruentes producidos por el sistema electoral.

Las reglas electorales otorgaron una sobrerrepresentación a las candidaturas más grandes, y así crearon incentivos para formar coaliciones amplias y castigaron a los partidos que se presentaron por separado. Como se puede ver en el cuadro, en las elecciones de 1933, los partidos de izquierda y centro-izquierda recibieron en total más votos (22 + 14 = 36%) que los de derechas (34%), pero estaban más divididos que el bloque de derecha y centro-derecha al que se le asignó una gran mayoría de escaños y formó gobierno. A su vez, en la elección de 1936, el centro-derecha y la derecha recibieron en total una mayoría de los votos (23 + 31 = 54%), pero esta vez estaban más divididos en candidaturas separadas, mientras que la izquierda y el centro-izquierda formaron el Frente Popular, al que se le asignó una gran mayoría de escaños (60%).

Nota:

Los votos y los escaños están en porcentajes.

Izquierda: Socialistas (PSOE, USC), Comunistas (PCE) y grupos menores.

Centro-izquierda: Republicanos de izquierda (AR/IR, UR), Radical-

Socialistas (RS), Regionales (ERC, ANV, ORGA).

Centro-derecha: Radicales (PRR), Liberales (PP, PC, ASR, DLR,

LD), Regionales (PNV, LC), Independientes.

Derecha: Católicos (AN/CEDA), Agrarios (PA), Monárquicos (RE, CT), Fascistas (FE).

Fuentes:

El sistema electoral se basaba en votos a candidatos individuales. Como los votantes en distritos electorales de diferentes tamaños votaban por diferentes números de candidatos, contar los números de votos recibidos por los candidatos puede ser engañoso. Los resultados de las elecciones aquí reportadas se basan, en cambio, en contar el número de votantes que votaron por los candidatos de cada candidatura partidista o de coalición, según lo presentado por:

William J. Irwin, The 1933 Cortes Elections. Origin of the Bienio Negro. Nueva York: Garland, 1991.

Josep M. Colomer, Instituciones políticas. Barcelona: Ariel, 2.ª ed., 2006.

Y con más detalles en:

Josep M. Colomer, Cómo votamos. Los sistemas electorales del mundo: pasado, presente y futuro. Barcelona y Buenos Aires: Gedisa, 2004.

Sobre la relación entre violencia y campañas electorales con resultados inciertos:

Enric Ucelay-Da Cal y Susanna Tavera García, «Una revolución dentro de otra: la lógica insurreccional en la política española, 1924-1934» (Violencia y política en España), Ayer, 13, 1994, pp. 115-146.

Enric Ucelay-Da Cal, «Buscando el levantamiento plebiscitario: insurreccionalismo y elecciones» (Política en la Segunda República), Ayer, 20, 1995, pp. 49-80.

S. P. Harish y Andrew T. Little, «The Political Violence Cycle», American Political Science Review, 111, 2, 2017, pp. 237-255.

Un Estado-burbuja          pp. 122-126

Las fuentes de datos sobre el tamaño del Estado:

Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es

Congreso de Diputados: http://www.congreso.es

European Statistics: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Eur-Lex: http://eurlex.europa.eu/statistics

Los planes actualizados del Ministerio de Economía para reducir el gasto público en:

«Actualización del Programa de Estabilidad. Reino de España. 2017-2020» y «Objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Deuda Pública, Regla de Gasto y Límite de Gasto no Financiero del Estado», ambos disponibles en http://www.mineco.gob.es

3. UNA NACIÓN INCOMPLETA          pp. 129-134

La idea de una «comunidad imaginada» es de:

Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Nueva York: Verso, 1983.

Para el enfoque «constructivista» de la política etnicista:

Kanchan Chandra (ed.), Constructivist Theories of Ethnic Politics. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Las citas son de:

Stein Rokkan, «Nation-Building: A Review of Models and Approaches», en Stein Rokkan, Kirsti Saelen y Joan Warmbrunn (eds.), Nation-Building. La Haya y París: Mouton, 1971, pp. 7-38.

Eugen Weber, La Fins des Terroirs: La Modernisation de la France Rurale (1870-1914). París: Fayard, 1983.

Tullio de Mauro, Storia linguistica dell’Italia republicana: dal 1946 ai nostri giorni. Roma: Laterza, 2014.

Karl Deutsch, Nationalism and Social Communication. An Inquiry into the Foundations of Nationality. Boston: MIT Press, 1953.

Ernest Gellner, Nations and Nationalism. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983, pp. 48-49.

Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 1990, p. 10.

James D. Fearon y David D. Laitin, «Violence and the Social Construction of Ethnic Identity», International Organization, 54, 4, 2000, pp. 845-877, en esp. p. 848.

David Laitin, «National Revivals and Violence», European Journal of Sociology, 36, 1, 1995, pp. 3-43, en esp. p. 4.

Juan J. Linz, «Early State-Building and Late Peripheral Nationalism Against the State: the Case of Spain», en S. N. Eisenstadt y Stein Rokkan (eds.), Building States and Nations, vol. II. Beverly Hills: Sage, 1973, pp. 32-116, en esp. pp. 99 y 102. Trad. en Juan J. Linz, Obras escogidas. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010 y ss.

Juan J. Linz, «State Building and Nation Building», European Review, 1, 4, 1993, pp. 355-369, en esp. p. 364. Trad. en Obras escogidas., op. cit.

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Patriotismos locales          pp. 135-141

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Juan-Pablo Fusi, España. La evolución de la identidad nacional. Madrid: Temas de Hoy, 2000.

La carga imperial          pp. 142-147

Sobre la generación del 98 y la Hispanidad:

Antonio Machado, «El mañana efímero», en Campos de Castilla, 1907-1917.

Miguel de Unamuno, Sobre la tumba de Costa, 1911.

Azorín, Madrid, 1941.

Ramiro de Maeztu, Defensa de la Hispanidad, 1934 (3.ª ed., 1938).

Isidro Gomá, «Apología de la Hispanidad», en Gomá, Por Dios y por España, 1940.

Víctor Pradera, El Estado Nuevo, 1935.

Joan Maria Thomàs, José Antonio. Realidad y mito, op. cit.

Ramiro Ledesma (seudónimo Roberto Lanzas), ¿Fascismo en España?, 1935.

Sobre la generación del 98 y Falange:

Ernesto Giménez Caballero, Genio de España, 1932 (4 eds. en 1938-1939).

Sobre Ortega como un pensador «prefalangista»:

José M. Fontana Tarrats, Los catalanes en la guerra de España. Madrid: Samarán, 1951, pp. 22-29.

Sobre los libros y la película de Franco:

Francisco Franco, Marruecos. Diario de una bandera. Sevilla: Editorial Católica Española, 1939.

Jaime de Andrade (seudónimo), Raza. Anecdotario para el guión de una película. Madrid: Numancia, 1942.

José Luis Sáenz de Heredia (dir.), Raza, 1942; versión expurgada: Espíritu de una Raza, 1950. Prod. Consejo de la Hispanidad.

Roman Gubern, Raza: Un ensueño del general Franco. Madrid: Ediciones 99, 1977.

La maldita «mili»          pp. 148-151

Keith Darden y Harris Mylonas, «Threats to Territorial Integrity, National Mass Schooling, and Linguistic Commonality», Comparative Political Studies, 49, 1, 2016, p. 1455.

Borja de Riquer y Enric Ucelay-Da Cal, «An Analysis of Nationalism in Spain: A Proposal for an Integrated Historical Model», en Nationalism in Europe: Past and Present (eds. Justo G. Beramendi, Ramón Máiz y Xosé M. Núñez). Universidade de Santiago de Compostela, 1994, vol. II, p. 280.

Catolicismo parroquial          pp. 152-158

Para historias revisionistas de la Inquisición española:

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Henry Kamen, La Inquisición española: mito e historia. Barcelona: Crítica, 2013.

Para la cita:

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Encuestas sobre temas religiosos:

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Centro de Estudios Sociológicos CIS, Estudio n.º 3175, Barómetro de mayo de 2017, preguntas 24, 24a.

Manuel Pérez Yruela y Thierry Desrues (dirs.), Percepciones y actitudes hacia el Islam y los musulmanes en España. Córdoba: Instituto de Estudios Sociales Avanzados IESA, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008.

Múltiples lenguas          pp. 159-167

Ramón Menéndez Pidal, «La lengua de Cristóbal Colón», Bulletin Hispanique, 42, 1, 1940, pp. 5-28.

Montesquieu [1721], Lettres Persanes (Cartas persas, ed. de Josep M. Colomer, Tecnos, 1986), carta 109-110.

Eric Hobsbawm [1977], La era del capital 1848-1875. Barcelona: Crítica, 2003, pp. 118-119.

Keith Darden, Resisting Occupation: Mass Schooling and the Creation of Durable National Loyalties. Nueva York: Cambridge University Press, 2013.

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Carolyn P. Boyd, Historia Patria: Politics, History, and National Identity in Spain, 1875-1975. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997, p. XIX.

Datos sobre alfabetismo y escolarización:

Mercè Vilanova y Xavier Moreno Juliá, Atlas de la evolución del analfabetismo en España de 1887 a 1981. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1992.

Clara Eugenia Núñez, «Educación», en Estadísticas Históricas de España (ed. de Albert Carreras y Xavier Tafunell), Fundación BBVA, 2005, vol. I.

José Ignacio Wert, «Españolizar a los niños catalanes», 28 de octubre de 2012.

Anne Cenname, La España perdida. El discurso sobre «moros y cristianos», Master Thesis, Universidad de Oslo, 2014.

Para los números de traducciones y películas extranjeras:

Ashley Beale, «De los medios de comunicación estatales a las redes mundiales», en Miquel de Moragas et al., La comunicación: De los orígenes a Internet. Barcelona: Gedisa, 2012, pp. 157-178.

Tribus con banderas y cánticos          pp. 168-176

Tim Marshall, A Flag Worth Dying for. The Power and Politics of National Symbols. Nueva York: Scribner, 2017.

Javier Moreno Luzón y Xosé M. Núñez Seixas, Los colores de la patria. Símbolos nacionales en la España contemporánea. Madrid: Tecnos, 2017, p. 225.

Rafael Núñez Florencio, «El litigio de los símbolos nacionales: entre la representación y la exclusión», Revista de Libros, junio de 2017.

Véanse también:

Carlos Serrano, El nacimiento de Carmen: Símbolos, mitos, nación. Madrid: Taurus, 1999.

Andrés Sopena Monsalve, El florido pensil. Memoria de la escuela nacional-católica. Barcelona: Crítica, 1994.

Las letras alternativas de la «Marcha Real» y el «Himno de Riego» de finales de la década de 1920 y principios de la de 1930, que son algo diferentes de otras versiones publicadas, provienen de los recuerdos de la familia de mi padre, que vivían en Madrid en ese momento. Las versiones para niños y estudiantes son de memoria personal.

Nacional-futbolismo          pp. 177-181

Karl Marx, Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, 1843.

«What is the Opium of the People?», The Economist Unwinds, 1843, noviembre-diciembre de 2013.

Alejandro Quiroga Fernández de Soto, Goles y banderas. Fútbol e identidades nacionales en España. Madrid: Marcial Pons, 2014.

Vic Duke y Liz Crolley, Football, Nationality and the State. Londres: Routledge, 2014.

No muy españoles, después de todo          pp. 182-186

Los datos de encuestas son de:

Carmen González Enríquez, «El declive de la identidad nacional española», Real Instituto Elcano, ARI, 49, 2016.

Centro de Investigaciones Sociológicas, Estudio n.º 3173. Barómetro de abril de 2017.

Centre d’Estudis d’Opinió, Generalitat de Cataluña, Baròmetre d’Opinió Política, 49, 2.ª onada, 2017.

Euskobarómetro, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, mayo de 2017.

Sobre el «patriotismo constitucional»:

Jürgen Habermas, Identidades nacionales y postnacionales. Madrid: Tecnos, 1989.

Juan José Laborda, «Patriotismo constitucional y Estado democrático», Sistema, 108, 1992, pp. 5-14.

Josep Piqué y María San Gil, «El patriotismo constitucional del siglo XXI», ponencia política del XIV Congreso General del Partido Popular, 2002.

Gregorio Peces-Barba Martínez, «El patriotismo constitucional. Reflexiones en el vigésimo quinto aniversario de la Constitución española», Anuario de Filosofía del Derecho, 20, 2003.

Gregorio Peces-Barba, Trabajos Parlamentarios de la Constitución. Madrid: Publicaciones de las Cortes Generales, 1980, tomo I, pp. 846-851.

Xosé M. Núñez, «What is Spanish Nationalism Today? From legitimacy crisis to unfulfilled renovation (1975-2000)», Ethnic and Racial Studies, 24, 5, 2001, p. 744.

Felipe González, «El referéndum catalán es una burla democrática», El País, 27 de septiembre de 2017.

Jordi Muñoz Mendoza, La construcción política de la identidad española: ¿del nacionalcatolicismo al patriotismo democrático?, Madrid: CIS, 2012, p. 7.

Mateo Ballester Rodríguez, «Auge y declive del patriotismo constitucional en España: en torno a los estados pluriétnicos», Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración, Foro Interno, 14, 2014, pp. 121-145.

Sobre la elaboración de la Constitución:

Soledad Gallego-Díaz y Bonifacio de la Cuadra, Crónica secreta de la Constitución. Madrid: Tecnos, 1989.

Josep M. Colomer, El arte de la manipulación política. Barcelona: Anagrama, 1990.

Josep M. Colomer, La transición a la democracia: el modelo español. Barcelona: Anagrama, 1998.

Citas de:

Gregorio Peces-Barba Martínez, «El patriotismo constitucional», op. cit., 2003, p. 56.

Jordi Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos en España: Autonomías, federalismo autodeterminación. Madrid: Alianza, 1985, pp. 94-95 y ss.

4. UNA DEMOCRACIA MINORITARIA          pp. 189-191

Los cálculos de los años de democracia, dictadura y regímenes parcialmente libres están basados en los datos de la serie anual «Polity IV Project, Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2016», disponible en http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html Benjamin Constant, «La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos», 1816.

Oligarquía y clientelismo          pp. 193-198

Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno de España: urgencia y modo de cambiarla, 1902.

Raymond Carr, España de la restauración..., op. cit., pp. 11-12.

Francesc Cambó, Per concòrdia, 1930, p. 189.

Gaetano Mosca, Sulla teorica dei governi e governo parlamentare, 1884, p. 318.

Javier Tusell, Historia de España en el siglo XX, vol. I: Del 98 a la proclamación de la Republica. Madrid: Taurus, 1998, p. 58.

José Varela Ortega. Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900). Madrid: Alianza, 1977, p. 357.

Juan Linz, «Tradición y modernización en España», Universidad de Granada, 1977.

Gabriele Ranzato, «Il lungo addio: La Spagna tra antico regime e liberaldemocrazia», Quaderni Storici, 16, 46, 1, 1981, p. 268.

Véanse también:

José María Jover Zamora, «La época de la Restauración: Panorama político-social, 1875-1902», en Historia de España (ed. de Manuel Tuñón de Lara), vol. VIII. Barcelona: Labor, 1982, pp. 271-320.

Javier Moreno Luzón, «Political Clientelism, Elites, and Caciquismo in Restoration Spain (1875-1923)», European History Quarterly, 37, 3, 2007, pp. 417-441.

Para el sistema electoral del período:

Josep M. Colomer, Cómo votamos, op. cit.

Partidocracia          pp. 199-211

Leopoldo Calvo Sotelo, Memoria viva de la transición. Madrid: Plaza y Janés, 1990, p. 57.

Alfonso Guerra, 6 de mayo de 1986.

Felipe González, 4 de octubre de 1986.

José María Aznar, Memorias I. Barcelona: Planeta, 2012.

Mariano Rajoy, 3 de noviembre de 2009, 6 de noviembre de 2015.

Jesús López-Medel, El Mundo, 30 de julio de 2012.

Manuel García Pelayo [1986], «El Estado de partidos», en Obras Completas. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, vol. 2, p. 2016.

Juan Rodríguez Teruel, Los ministros de la España democrática. Reclutamiento político y carrera ministerial de Suárez a Zapatero (1976-2010). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011, p. 479.

Alejandro Nieto, El malestar de los jueces y el modelo judicial. Madrid: Trotta, 2010, p. 115.

Pablo Oñate y Juan Rodríguez Teruel, «The political recruitment to the Spanish Constitutional Court (1980-2014)», ponencia presentada en ECPR Joint Sessions, Universidad de Salamanca, 1015 de abril de 2014.

Group of States against Corruption, Fourth Evaluation Round. Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors. Interim Compliance Report. Spain. Estrasburgo: Council of Europe, 2018. Disponible en www.coe.int/greco

Robert Michels [1911], Los partidos políticos: Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Buenos Aires: Amorrortu, 1969.

Antonio Robles Egea (ed.), Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea. Madrid: Siglo XXI, 1996, p. 229.

José Cazorla Pérez, «El clientelismo de partido en la España de hoy: Una disfunción de la democracia», en Robles Egea (ed.), op. cit., p. 307.

José Ortega y Gasset [1927], «El poder social», en Obras Completas. Madrid: Santillana, 2005, vol. IV, pp. 89-92.

Bernard Manin [1996], Los principios del gobierno representativo. Madrid: Alianza, 1998.

Véanse también:

Bonnie Field, «Transition to democracy and internal party rules: Spain in comparative perspective», Comparative Politics, 39, 1, 2006, pp. 83-102.

Nit Atmor, Reuven Hazan y Gideon Rahat, «Candidate selection», en Josep M. Colomer (ed.), Personal Representation: The Neglected Dimension of Electoral Systems. Essex: ECPR Press, 2011, pp. 21-36.

Javier Pradera, Corrupción y política. Los costes de la democracia. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2014.

Oscar Barberá, Juan Rodríguez Teruel, Astrid Barrio y Montserrat Baras, «The selection of party leaders in Spain», en The Selection of Political Party Leaders in Contemporary Parliamentary Democracies. A comparative study (eds. Jean-Benoit Pilet y William P. Cross). Londres: Routledge, 2014, pp. 108-123.

Thomas Poguntke, Susan Scarrow y Paul Webb, «Party rules, party resources and the politics of parliamentary democracies: How parties organize in the 21st century», Party Politics, 22, 6, 2016, pp. 661-678.

Gobiernos en minoría          pp. 212-219

Sobre la transición a la democracia en España en el decenio de 1970 y el consiguiente régimen político:

Josep M. Colomer, El arte de la manipulación política, op. cit.

Josep M. Colomer, La transición a la democracia, op. cit.

Josep M. Colomer, «Spain: A Partisan, Non-institutional Democratic Regime», en Spain Toward the Americas. Fundación Endesa y Georgetown University, 2010.

Sobre la convergencia del PSOE y el PP en política socioeconómica:

Josep M. Colomer, «Development Policy-Making in Democratic Spain», en Democracy and Development (ed. de K. A. Bagchi). Londres: St. Martin’s, 1995.

Josep M. Colomer, «The More Parties, the Less Policy Instability», European Political Science, 2012, 11, 2, pp. 229-243.

José Fernández-Albertos y Dulce Manzano, «The Lack of Partisan Conflict over the Welfare State in Spain», South European Society and Politics, 17, 3, 2012, p. 442.

Citas de:

Óscar Alzaga, «I rapporti tra capo dello stato, governo e parlamento», en Il X Anniversario della Constituzione spagnola: Bilancio, problemi, prospettive (ed. de G. Rolla), Università di Siena: Facoltà di scienze economiche e bancarie, 1989, pp. 127-128.

Samuel E. Finer (ed.), Adversary Politics and Electoral Reform. Londres: Anthony Wigram, 1975, p. 6.

Sobre las propuestas para un gobierno de gran coalición, véase:

Josep M. Colomer, «La super gran coalición», El País, 21 de diciembre de 2015.

Autonomías centrífugas          pp. 220-225

Josep M. Colomer, «La autocrisis del Estado de las autonomías», Claves de Razón Práctica, 94, 1999.

Las encuestas sobre preferencias y percepciones de los grados de autonomía en las diferentes comunidades autónomas son analizadas por:

José Fernández-Albertos e Ignacio Lago, «Gobiernos autonómicos e identidades regionales en España», Política y Gobierno, 22, 2, 2015, pp. 283-315.

Citas de:

Oriol Junqueras, 25 de septiembre de 2015.

Michael Keating y Alex Wilson, «Renegotiating the State of Autonomies: Stature Reform and Multi-level Politics in Spain», West European Politics, 32, 3, 2009, p. 536.

El tiovivo catalán          pp. 226-248

Algunas elaboraciones en este y el siguiente capítulo sobre tamaño, estrategias, divisiones internas, escalada del conflicto y el factor internacional tomaron alguna inspiración inicial, respectivamente, de:

Avidit Acharya, David D. Laitin y Ruxi Zhang, «“Sons of the Soil”. A Model of Assimilation and Population Control», Stanford University, ms. 2017.

Harris Mylonas. The Politics of Nation-Building: Making Co-Nationals, Refugees, and Minorities. Nueva York: Cambridge University Press, 2012.

Kathleen Gallagher Cunningham, Inside the Politics of Self-Determination. Nueva York: Oxford University Press, 2014.

Laia Balcells, Rivalry and Revenge: The Politics of Violence during Civil War. Nueva York: Cambridge University Press, 2017.

Carles Boix, L’obertura catalana. Barcelona: Generalitat de Cataluña, 2001.

José Ortega y Gasset, «Discurso sobre el Estatuto de Cataluña. Sesión de las Cortes del 13 de mayo de 1932», en Obras Completas. Madrid: Taurus, 2005, vol. 5.

Raimon, Per destruir aquell qui l’ha desert, Discophon, 1970.

Karl Marx, El Dieciocho de Brumario de Luis Bonaparte, 1852.

John Elliott [1963], La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España, 1598-1640. Madrid: Siglo XXI, 1977, pp. 18, 532-534 y 526.

Francisco de Castellví [1725], Narraciones históricas desde el año 1700 hasta el año 1725. Madrid: Fundación Francisco Elías de Tejada, vol. IV, 2002, p. 578.

Joaquim Albareda, La guerra de Successió i l’Onze de Setembre. Barcelona: Empúries, 2000.

Las relaciones del general Prim con la España Industrial proceden de una comunicación del profesor Jordi Nadal, que realizó una investigación extensiva en los archivos de la empresa.

Sobre Wilson en 1918:

Enric Ucelay-Da Cal, «Wilson i no Lenin», L’Avenc, 9, 1978, p. 57.

David Martínez Fiol, Els «voluntaris catalans» a la Gran guerra (1914-1918). Barcelona: Abadia de Montserrat, 1991.

Joan Crexell, Origen de la bandera independentista. Barcelona: El Llamp, 1984.

Sobre el plan de invasión de Macià:

Ricard Faura, El complot de Prats de Motlló. Barcelona: El Llamp, 1991.

Para el período 1931-1936, entre muchísimas otras obras, puede leerse, por ejemplo:

Enric Ucelay-Da Cal, «El “octubre catalán” de 1934», Cuadernos de Alzate, 30, 2004, pp. 77-106.

Sobre la independencia durante la Guerra Civil:

Josep M. Bricall, Política econòmica de la Generalitat (1936-1939). Barcelona: Edicions 62, 1970.

Pelai Pagés, War and Revolution in Catalonia, 1936-1939. Leiden y Boston: Brill, 2013.

Josep M. Colomer, Assemblea de Catalunya. Barcelona: Edicions L’Avenc, 1976.

Mariano Rajoy, 31 de julio de 2006.

Javier Pérez Royo, La reforma constitucional inviable. Madrid: Libros de la Catarata, 2015.

Javier Pérez Royo, La Vanguardia, 26 de septiembre de 2017.

Oriol Junqueras, 25 de septiembre de 2015.

Jordi Pujol, 4 de septiembre de 1991.

Jaume Vicens Vives, Noticia de Cataluña. Barcelona: Destino (1954), 2.ª ed., 1960, pp. 212-226.

Amadeu Hurtado, Quaranta anys d’advocat. Història del meu temps, 1931-1936. Barcelona: Ariel, 1967, p. 290.

Francesc Cambó, 13 de diciembre de 1934, cit. en Jesús Pabón, Cambó 1876-1947, Barcelona: Alpha, 1952-1968, vol. 3, p. 10.

Lluís Companys, La Humanitat, 3 de marzo de 1936.

Anuncios para Jordi Pujol, Avui, 29 y 31 de mayo de 1984.

Carles Puigdemont, La Vanguardia, 20 de abril de 2017.

Andreu Mas-Colell, Recepción en Restaurant Nora, Washington, DC, EE. UU., 17 de abril de 2013, y Ara, 6 de agosto de 2017.

Anna Gabriel, 10 de octubre de 2017.

El péndulo vasco          pp. 249-263

Javier Corcuera Atienza, Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco (1876-1904). Madrid: Siglo XXI, 1979, p. 372.

Santiago de Pablo, Ludger Mees y José Antonio Rodríguez Ranz, El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco. I: 1895-1936. II: 1936-1979. Barcelona: Crítica, 1999, 2001. Cita del vol. II, p. 381.

Gregorio Monreal Zia y Roldán Jimeno Aranguren, «El Concierto Económico: Génesis y evolución histórica», Iura Vasconiae, 6, 2009, p. 681.

José Luis de la Granja Sainz, El oasis vasco: El nacimiento de Euskadi en la República y la Guerra Civil. Madrid: Tecnos, 2007, cap. 13.

Ludger Mees, Nationalism, Violence and Democracy: The Basque Clash of Identities. Londres: Palgrave-Macmillan, 2003, p. 20.

Véase también:

Coro Rubio Pobes, Revolución y tradición. El País Vasco ante la Revolución liberal y la construcción del Estado español, 1808-1868. Madrid: Siglo XXI, 1996.

Sobre ETA:

Luigi Bruni, ETA. Historia política de una lucha armada. Tafalla: Txalaparta, 1987.

Francisco Letamendia, Historia del nacionalismo vasco y de ETA. San Sebastián: R&B, 1994.

Antonio Elorza (ed.), La historia de ETA. Madrid: Temas de Hoy, 2000.

Ignacio Sánchez-Cuenca, ETA contra el Estado. Barcelona: Tusquets, 2001.

Francisco J. Llera, «Medio siglo de terrorismo y limpieza étnica en Euskadi», Sistema, 231, 2013, pp. 3-46.

Diego Muro (ed.), ETA’s Terrorist Campaign. From Violence to Politics, Nueva York: Routledge, 2017.

Sobre las diversas formas de federalismo fiscal, en diferentes países:

Akhtar Majeed, Ronald L. Watts y Douglas M Brown (eds.), Distribution of Powers and Responsibilities in Federal Countries. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2006.

Gregorio Monreal y Roldán Jimeno, «El Concierto...», op. cit., pp. 686 y 701.

Javier Corcuera, «Consecuencias y límites de la constitucionalización de los derechos históricos de los territorios forales», Revista Española de Derecho Constitucional, 23, 69, 2003, p. 264.

Michael Keating y Zoe Bray, «Renegotiating Sovereignty: Basque Nationalism and the Rise and Fall of the Ibarretxe Plan», Ethnopolitics, 5, 4, 2006, p. 361.

Brendan O’Leary y J. McGarry, The Northern Ireland Conflict: Consociational Engagements. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Anwen Elias y Ludger Mees, «Between Accommodation and Secession: Explaining the shifting territorial goals of nationalist parties in the Basque Country and Catalonia», Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 25, 2017, p. 146.

Ministerio de Hacienda y Función Pública, Informe sobre la dimensión territorial de la actuación de las Administraciones Públicas. Ejercicio 2014. Madrid, 2017, p. 13.

«Conceder un “cupo catalán” costaría 16.000 millones más al año», Expansión, 29 de septiembre de 2017.

Una constitución bloqueada          pp. 264-266

Sobre reformas constitucionales:

Zachary Elkins, Tom Ginsburg y James Melton, The Endurance of National Constitutions. Nueva York: Cambridge University Press, 2009.

Adam Brown, «Toward a Better Understanding of Constitutional Amendment Rates», Research and Politics, 2018.

Edición en formato digital: junio de 2018

© Josep M. Colomer, 2018

© EDITORIAL ANAGRAMA, S.A., 2018
Pedró de la Creu, 58
08034 Barcelona

ISBN: 978-84-339-3947-0

Conversión a formato digital: Newcomlab, S.L.

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1. La última vez que un rey británico vetó una ley del Parlamento fue en 1707, mientras que el primer ministro, apoyado por el Parlamento, ha nombrado a los ministros y se ha convertido en el verdadero jefe ejecutivo desde 1730.

1. El Catecismo explicado se imprimió anualmente durante muchos decenios para guiar a los sacerdotes y maestros en sus catequesis; concretamente, aclaraba que esta doctrina acerca de la carne proviene de San Agustín, quien sostuvo que cuando la gente vivía en el Paraíso antes del pecado original, «los órganos genitales masculinos, en lugar de ser excitados por la lujuria, se movían a voluntad, como los demás miembros», o como «algunas personas pueden mover sus orejas o producir a su antojo sonidos musicales por el trasero de modo que parece que estén cantando por ahí». El santo sugirió que las mujeres tenían poderes similares, pero no entró en detalles. Tras perder ese poder de voluntad sobre los órganos genitales, los humanos cayeron víctimas de la «concupiscencia, de sus pasiones y apetitos desordenados», que deben combatir.

1. Chorro = malhechor; aplazaos = suspendidos en examen; colchonero = dormilón, según el Diccionario lunfardo: www.todotango.com.

1. El Diccionario de la Real Academia Española define «moro»: «Se dice del musulmán que habitó en España desde el siglo VIII hasta el XV.» Como comenta la lingüista Anne Cenname, «es curioso que ese musulmán tan longevo, que habitó en España durante tantos siglos, no parece llegar jamás a convertirse en español».

1. En los últimos años, ha habido un primer ministro de Francia y una alcaldesa de París nacidos en España, pero un hecho análogo de un jefe de Gobierno de España o un alcalde de Madrid no nacidos en España parece impensable.

1. Compárense, por ejemplo, el himno de Italia, que repite el llamado a «estar dispuestos a morir» (Siam pronti alla morte), o el de México, conocido por hacer frente al enemigo Masiosare (una confusión con el verso «Mas si osare un extraño enemigo profanar...»), el cual empieza con «Mexicanos, al grito de Guerra» y repite el coro «¡Guerra!, ¡guerra!». Etcétera.

1, Solo el conservador Eduardo Dato, aunque nacido en Galicia y crecido en Madrid, fue miembro del Parlamento español por la provincia vasca de Álava y primer ministro de España durante algunos años a principios del siglo XX, antes de ser asesinado por un comando anarquista.