La Carta del Atlántico (1941) garantizaba, entre otras cosas, “el derecho que tienen todos los pueblos a escoger la forma de gobierno bajo la cual quieren vivir” y una paz que había de proporcionar “a todos los hombres de todos los países una existencia libre, sin miedo ni pobreza”. Cuando se cumplen setenta años, la frustración no puede ser mayor. No hay paz, la extensión de la democracia es poco más que una apariencia y, lejos de la prosperidad global que se nos anunciaba, vivimos en un mundo más desigual. Josep Fontana, historiador de renombre, disemina, analiza y responde por las causas de este fracaso.

Josep Fontana

Por el bien del imperio

Una historia del mundo desde 1945

ePub r1.0

FLeCos 01.03.17

Título original: Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945

Josep Fontana, 2011

Editor digital: FLeCos

ePub base r1.2

Porque sabéis tan bien como nosotros que la cuestión de la justicia, tal como van las cosas en este mundo, se plantea entre los que son iguales en poder, mientras que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. (…) Estamos aquí por el bien de nuestro imperio y lo que os vamos a decir es para la salvación de vuestro país, porque queremos ejercer nuestro dominio sin causar ningún trastorno y que os salvéis, tanto por vuestro interés como por el nuestro.

TUCÍDIDES

Historia de la guerra del Peloponeso, v, 17.

¿A quién le pediremos

cuentas, qué tribunal podría

purgar la podredumbre de la historia?

MANUEL CABALLERO BONALD

«Documental», de Pliegos de cordel, 1963.

INTRODUCCIÓN

Este libro tiene su origen en una preocupación personal. Su autor tenía 14 años cuando terminó la segunda guerra mundial y creció con la esperanza de que se cumplieran las promesas que habían hecho en 1941, en la Carta del Atlántico, los que iban a resultar vencedores en la lucha contra el fascismo, en un programa en que nos garantizaban, entre otras cosas, «el derecho que tienen todos los pueblos a escoger la forma de gobierno bajo la cual quieren vivir» y una paz que había de proporcionar «a todos los hombres de todos los países una existencia libre, sin miedo ni pobreza».

Cuando se han cumplido ya setenta años de aquellas promesas la frustración no puede ser mayor. No hay paz —Irak, Afganistán, Libia o Darfur dan testimonio de ello—, la extensión de la democracia es poco más que una apariencia, y en algunos lugares ni siquiera esto, como lo demuestra la frecuencia con que los derechos humanos son vulnerados, en un registro que va desde la existencia de millones de trabajadores forzados hasta extremos como el del canibalismo de que son víctimas los pigmeos bambuti del Congo.[1] Y, lejos de la prosperidad global que se nos anunciaba, vivimos en un mundo más desigual, puesto que la divergencia entre los niveles de vida de los países desarrollados y los de aquellos que se acostumbraba a denominar «en vías de desarrollo», lo cual parece hoy un sarcasmo, no solo es mayor ahora que en 1945 —lo que implica que la globalización ha actuado como un factor de empobrecimiento relativo— sino que sigue aumentando día a día. La pobreza no solo no ha desaparecido en la actualidad, sino que se ve todavía agravada por el encarecimiento de los alimentos, en un mundo que no consigue evitar que centenares de miles de seres humanos, en especial niños, sigan muriendo de hambre cada año.

Era lógico que me sintiera engañado y con derecho a preguntar por las causas de este fracaso, y mi oficio de historiador me llevó a hacerlo en la forma propia de mi trabajo: el estudio de lo sucedido en estos años, que vienen a coincidir en gran medida con lo que se suele llamar la guerra fría, algo que la Wikipedia, reproduciendo una visión generalmente aceptada, define como el «enfrentamiento político, ideológico, económico, tecnológico y militar entre los bloques occidental-capitalista, liderado por los Estados Unidos, y oriental-comunista, liderado por la Unión Soviética».

Un enfrentamiento que desde el bando dirigido por los Estados Unidos, que fue finalmente el de los vencedores, se definía como un combate por las libertades individuales y el gobierno democrático contra el totalitarismo soviético. Mientras el bando de los perdedores lo presentaba, en contrapartida, como la lucha por un proyecto de sociedad socialista igualitaria contra la opresión del imperialismo capitalista.

Muy pronto me pude dar cuenta de que algunas cosas no encajaban bien en este esquema. Para empezar, de acuerdo con la visión establecida la guerra fría empezó en marzo de 1947, cuando el presidente norteamericano Truman enunció la doctrina que proclamaba la confrontación total contra el comunismo, y concluyó en diciembre de 1991, cuando culminó el proceso de disolución de la URSS. A partir de esta fecha no existía ya el enemigo que justificaba la existencia misma de tal guerra; el nuevo enfrentamiento, definido de manera muy confusa como la «guerra contra el terror», iba a tardar diez años en ofrecer un nuevo pretexto bélico. Pero aunque no hubiese enemigo identificable, tampoco hubo paz en estos años.

«Comenzó entonces a circular por Washington todo tipo de insensata charlatanería acerca de una supremacía global permanente y del propósito de alcanzar la plenitud de la historia en el modo de vida norteamericano.»[2] La dinámica del uso del poder a escala internacional, incluyendo las intervenciones militares, permaneció activa. Y mientras la organización del pacto de Varsovia, que aseguraba la coordinación de las fuerzas armadas del bando soviético, se disolvía en 1991, como era lógico, la entidad correspondiente en el bando dirigido por los norteamericanos, la OTAN, siguió y sigue aún hoy en pleno funcionamiento, lo cual viene a significar que sus objetivos iban más allá de la defensa del «mundo libre» contra una amenaza global comunista que hace veinte años que desapareció. La nueva situación, en que la OTAN protagonizó actos como los bombardeos en masa de Yugoslavia y sigue hoy con la intervención armada en Afganistán o en Libia, obliga a plantear una serie de reflexiones acerca de su naturaleza y de sus objetivos.[3]

Cuando se comienza a ahondar un poco más en el conocimiento de estos años se van encontrando una serie de documentos y testimonios que cuentan otra cosa, y que mueven a pensar que el objetivo fundamental de la guerra fría fue en realidad, por una y otra parte, el de asegurar y extender a escala mundial un determinado orden político, económico y social, disfrazándolo como un combate entre «el mundo libre» y el «socialismo». En el bando encabezado por los Estados Unidos ese orden aparece definido en los primeros planteamientos de Truman como «el modo de vida americano» (lo que tanto en Truman como en su sucesor, Eisenhower, aparece ligado a la religión; el enemigo es «el comunismo ateo»), mientras después, y de manera más consistente, se define como el «sistema de libre empresa». Nunca se ha empleado, en cambio, el término «capitalismo», que era el que usaban para definirlo sus enemigos del llamado bando socialista. Incluso hoy, al cabo de tantos años de acabada la guerra fría, se mantiene el tabú: en marzo de 2010 el Departamento de Educación del Estado de Texas proponía que en los libros de texto se usase la expresión «sistema de libre empresa», porque consideraba que el término «capitalismo» tiene connotaciones negativas.[4]

Desde el primer momento estuvo claro que para asegurar el funcionamiento de este sistema se precisaba mantener un clima de estabilidad política internacional bajo una hegemonía norteamericana. George Kennan, uno de los padres de la guerra fría, expresó uno de los condicionamientos fundamentales de esta necesidad en un documento interno de febrero de 1948: «Tenemos alrededor del 50 por ciento de la riqueza del mundo, pero solo el 6,3 por ciento de su población (…). En esta situación no podemos evitar ser objeto de envidia y resentimiento. Nuestra tarea real en el período que se aproxima es la de diseñar una pauta de relaciones que nos permita mantener esta posición de disparidad sin detrimento de nuestra seguridad nacional».[5]

El problema, está claro, iba más allá de la seguridad, para incluir, como dice Kennan, la conservación de «esta posición de disparidad». Este aspecto condicionaba la pauta de las relaciones que había que establecer con el resto del mundo. Como dijo Eisenhower en su discurso de toma de posesión de la presidencia, el 20 de enero de 1953: «Pese a nuestra fuerza material, incluso nosotros necesitamos mercados en el resto del mundo para los excedentes de nuestras explotaciones agrícolas y de nuestras fábricas. Del mismo modo, necesitamos, para estas mismas explotaciones y fábricas, materias vitales y productos de tierras distantes». Este sistema de intercambios debía basarse en la unidad de «todos los pueblos libres», a lo que se añadía que «para producir esta unidad (…) el destino ha echado sobre nuestro país la responsabilidad del liderazgo del mundo libre».

Esta del liderazgo universal es una idea que ha recorrido la política norteamericana desde 1945 hasta la actualidad. Lo dijo con toda claridad el secretario de Defensa, Robert McNamara, en un memorándum destinado al presidente Johnson, en que afirmaba su convicción de que la función dirigente que los norteamericanos habían asumido «no podía ejercerse si a alguna nación poderosa y virulenta —sea Alemania, Japón, Rusia o China— se le permite que organice su parte del mundo de acuerdo con una filosofía contraria a la nuestra».[6]

Estas ideas se han mantenido vivas incluso después del fin de la guerra fría, como lo muestran los objetivos expresados por la Defense Planning Guidance[7] de 1992: «Nuestro primer objetivo es prevenir la emergencia de un nuevo rival. Esta es una consideración dominante que debe subrayar la nueva estrategia regional de defensa y que exige que nos esforcemos en prevenir que ninguna potencia hostil domine una región cuyos recursos pudieran bastar, bajo un control consolidado, para engendrar un poder global (…). Finalmente, debemos mantener los mecanismos para disuadir a competidores potenciales incluso de aspirar a un papel regional o global mayor».[8]

Lo cual explica que haya seguido siendo necesario utilizar todos los medios del poder político y militar acumulado después de la segunda guerra mundial para proseguir la tarea de asegurar el triunfo del sistema «de libre empresa» bajo una hegemonía política y económica norteamericana, asegurada por la existencia de 865 bases militares distribuidas por todo el mundo, sin contar las que existen en zonas de guerra.[9] Nadie ha expresado esta necesidad de manera más contundente que el secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, quien el 19 de octubre de 2001 dijo, en un discurso a las tripulaciones de un grupo de bombarderos: «Tenemos dos opciones. O cambiamos la forma en que vivimos o cambiamos la forma en que viven los otros. Hemos escogido esta última opción. Y sois vosotros los que nos ayudaréis a alcanzar este objetivo.»[10]

Estos objetivos, y esta doctrina, siguen vigentes hoy. En pleno reflujo de las guerras de Irak y Afganistán, el Pentágono se está preparando para la campaña contra el próximo rival, China, con el propósito de obstaculizar su pretensión de dominar el mar del Sur de China, una zona de una extraordinaria riqueza en recursos naturales.[11]

Un análisis de lo realizado entre 1947 y 1991 por el bando que se autocalificaba como el «mundo libre» basta para demostrar cuán poco le importaba la defensa de la libertad. Esto se pudo ver con especial claridad en el caso de las viejas colonias que accedían a la independencia, donde, contradiciendo los principios de la «Carta del Atlántico», hubo un claro empeño en poner trabas a su emancipación, como consecuencia de la incapacidad de asimilar las realidades del nacionalismo. Algo que se expresó formalmente en el documento NSC 162/2 de octubre de 1953, donde se denunciaban las «fuerzas de inquietud y de resentimiento hacia Occidente» que existían en los países que, habiendo accedido a la independencia, se obstinaban en mantenerse no alineados. Entre estas fuerzas negativas que había que combatir «están los sentimientos raciales, el anticolonialismo, el ascenso del nacionalismo, la demanda popular de un rápido progreso social y económico, la superpoblación, la ruptura de pautas sociales estáticas y, en muchos casos, el conflicto entre las filosofías sociales y religiosas locales con las de Occidente».[12]

Esta desconfianza llevó, por ejemplo, al asesinato en enero de 1961, a instancias del presidente Eisenhower, de Patrice Lumumba, jefe del gobierno democráticamente elegido del Congo, lo que favoreció el ascenso al poder de Mobutu, que mantuvo durante treinta y dos años, protegido por los Estados Unidos y por Francia, una dictadura que sobrepasó todos los ejemplos de corrupción conocidos en la historia. Que en 1989, cuando no podía caber duda alguna del desastre a que había llevado a su país, Mobutu fuese todavía recibido en la Casa Blanca como un campeón de la libertad es una muestra de que el concepto de libertad que se ventilaba en la guerra fría no tenía nada que ver con la idea que tenemos habitualmente de la democracia.

Este no es, además, un caso único. Cuatro años después del asesinato de Lumumba, en 1965, los Estados Unidos apoyaron y patrocinaron en Indonesia el golpe militar de Suharto, que tuvo como primera consecuencia el inicio de lo que, en opinión de la CIA, fue una de las peores matanzas del siglo XX, con estimaciones que van de 500 000 a dos millones de muertos y cientos de miles de presos políticos recluidos sin proceso en cárceles y campos de concentración. Suharto fue todavía recibido cordialmente en Washington en 1995; solo cuando dejó el poder se le empezó a valorar de otro modo. En la necrología publicada por el New York Times en enero de 2008 se calificaba su gobierno como «una de las más brutales y corrompidas [dictaduras] del siglo XX». Olvidaron sin embargo añadir que había sido patrocinada desde sus inicios por el «mundo libre».

Pero no hace falta repetir ejemplos como estos. Basta con considerar el apoyo dado a monarquías absolutas como la de Arabia Saudí, a dictaduras del más diverso pelaje o a repúblicas vitalicias y hasta hereditarias en África, América Latina o Asia Central. El caso de las corrompidas dictaduras del norte de África, mantenidas por la protección económica y militar de «Occidente», puede servir de ejemplo. Cuando se condenan las torturas que practicaba la policía de Mubarak, se olvida añadir que esta se había entrenado en la escuela de formación del FBI en Quantico.

La historia de América Latina en los años de la guerra fría se desarrolla como una secuencia de actuaciones patrocinadas por Washington para derrocar gobernantes democráticos e imponer en su lugar dictaduras, que se consideraban más útiles como instrumentos de control social de unos pueblos por los que los dirigentes norteamericanos han mostrado siempre el mayor de los desprecios. Como no se los consideraba aptos para la democracia, pensaban que era mejor que estuvieran sujetos a un poder dictatorial. Una cosa era la retórica destinada al consumo propagandístico, como la de Kennedy en su proyecto de «Alianza para el progreso», y otra la realidad de la política, que iba por otro lado: de 1961 a 1963, mientras Kennedy estaba al frente de los Estados Unidos, seis gobiernos latinoamericanos elegidos fueron derribados por golpes militares. Como afirmaba un documento interno de la CIA en 1968, las juntas militares en los países del sur eran buenas para los Estados Unidos: la ley y el orden de los dictadores eran mejores que la confusión que engendraban las luchas por la democracia, que solían dar motivo a que los grupos sociales que aspiraban a una mejora de los niveles de vida planteasen programas de transformación social poco compatibles con el «sistema de libre empresa».

No fue el temor a un improbable avance «rojo» en América Latina lo que explica esta conducta. Como ha mostrado David F. Schmitz,[13] los Estados Unidos hubieron de hacer frente desde fines del siglo XIX a una contradicción entre su compromiso interno con los ideales democráticos y las necesidades exteriores de seguridad y de promoción de los intereses materiales de una nación que iniciaba un proceso de expansión. Desde los años veinte del siglo pasado los gobernantes de Washington elaboraron una lógica que legitimaba el apoyo a dictaduras de derechas, basándose en el hecho de que protegían los intereses del comercio y de las inversiones estadounidenses, y alineaban a sus gobiernos contra los enemigos de Norteamérica.

Lo ilustraba en los años treinta con sus propias experiencias el general de marines Smedley Butler, condecorado por tres veces con la medalla de honor del Congreso: «En 1914 ayudé a que México, en especial Tampico, resultase seguro para los intereses del petróleo norteamericano. Ayudé a convertir Haití y Cuba en lugares apropiados para que los chicos del National City Bank recaudasen ingresos. Ayudé a la violación de media docena de repúblicas de Centroamérica en beneficio de Wall Street. La lista de los atracos es larga. Ayudé a purificar Nicaragua para la casa de banca internacional Brown Brothers en 1909-1912. Preparé la República Dominicana para los intereses azucareros norteamericanos en 1916…».[14]

La naturaleza global de los enfrentamientos de la guerra fría no solo facilitó la continuidad de esta política, sino que le dio mayor fuerza al situarla en el marco de una lucha universal entre el bien y el mal, en que no podían ni siquiera tolerarse las actitudes neutralistas: «salvo en muy extraordinarias circunstancias —había dicho Foster Dulles en 1956— el de neutralidad es un concepto inmoral y miope».

El discurso acerca de esta equívoca lucha por la democracia quedaba además reforzado por la elaboración de una imagen del enemigo común que no solo debía ser considerado como «el imperio del mal», lo que obligaba moralmente a combatirlo, sino que resultaba ser una amenaza para la seguridad del «mundo libre», ya que, con su tremendo potencial nuclear, estaba acechando para lanzarse a su conquista. Algo de lo que solo podían protegerlo los Estados Unidos que, como había dicho Truman en 1945, «custodiaban» el armamento nuclear «en nombre de toda la humanidad». Lo ha repetido recientemente Richard Perle, secretario adjunto de Estado con Reagan y uno de los promotores de la guerra de Irak: «durante medio siglo los norteamericanos se arriesgaron a la aniquilación nuclear para defender al continente europeo de la invasión soviética».[15]

Esta parte del discurso legitimador de la guerra fría era tan falsa como la que se refería a la lucha por la democracia. Una cosa es que el arsenal nuclear bastase para aniquilar a la humanidad, lo que solo podía producirse en un caso de locura colectiva; otra muy distinta que sirviese para «conquistar el mundo». Ninguno de los dos adversarios se lo propuso nunca, porque les constaba que era un objetivo irrealizable. Los norteamericanos no lograron ganar las guerras de Corea, Vietnam o Afganistán (y en Irak necesitaron dos guerras y un intermedio de doce años de destrucción sistemática del país para imponerse). ¿Cómo iban a pensar en una guerra general contra la Unión Soviética? Lo dijo Eisenhower en 1953: «¿Qué haríamos con Rusia, si venciésemos en una guerra global?». Y lo repitió Reagan treinta años más tarde, cuando se preguntaba, sorprendido de que los rusos temiesen ser invadidos: «¿Qué demonios tienen que alguien pudiera desear?».[16] Los soviéticos, por su parte, hubieran podido adueñarse de la Europa occidental gracias a la superioridad de su ejército de tierra, pero no solo carecían de los medios de desembarcar en los Estados Unidos y conquistarlos, sino que ni siquiera llegaron a planteárselo.

El arma en que el comunismo soviético basaba su esperanza de conquistar algún día el mundo, que evidentemente la tenía, era su fe de poseer una verdad histórica suprema: la que profetizaba que la superioridad de una economía planificada y la adhesión de los proletarios del mundo entero, sublevados contra la explotación capitalista, le darían la victoria final. Tenían «la historia de su lado», de modo que la fuerza militar y el armamento nuclear eran fundamentalmente, en su caso, elementos de defensa para impedir que sus enemigos interfiriesen en el desarrollo de un destino anunciado. Esto ayudó a mantener sus sociedades en tensión hasta que, en enero de 1986, Gorbachov se dio cuenta del engaño en que habían vivido, al afirmar que «nadie nos atacará, aunque nos desarmemos por completo».[17] Ello sucedía en momentos en que el estancamiento económico de la Unión Soviética y el malestar que se iba extendiendo por las áreas en que gobernaba el «socialismo realmente existente» revelaron el fracaso de esta vía. Fue entonces cuando el régimen soviético asumió su derrota e hizo implosión, dejando asombrados a sus enemigos, que no habían previsto semejante final, porque ni siquiera habían llegado a entender la naturaleza del sistema al que combatían.

En uno de los libros más lúcidos que se han escrito acerca de la guerra fría, Andrew Bacevich, un militar norteamericano que se retiró en los primeros años noventa con el rango de coronel, nos cuenta que el día en que, poco después de haber caído el muro, pudo pasar al otro lado de Berlín, a la zona oriental, y vio con sus ojos lo que era realmente el enemigo contra el que había luchado, comenzó a pensar en la posibilidad de que las verdades que había ido acumulando durante los veintitrés años anteriores como soldado profesional —especialmente verdades acerca de la guerra fría y la política exterior de los Estados Unidos— podían no ser del todo verdaderas.[18]

Hasta aquí he hecho la crítica del discurso del bando vencedor, entre otras razones porque es el que sigue manteniendo hoy la legitimidad de su visión de lo sucedido en estos años, lo cual no solo corrompe la verdad histórica sino que tiene graves consecuencias para el presente: el hecho de que la visión del mundo en que se basa forme parte de la lógica que nos ha llevado a la crisis económica general que estamos sufriendo bastaría para justificar la necesidad de deconstruirlo.

Pero esto no significa que fuesen menores las culpas de los perdedores en cuanto se refiere a la frustración de las esperanzas que parecían ofrecerse al mundo después de 1945. En los últimos años de su vida, Stalin liquidó brutalmente el proyecto de una democracia popular europea que soñaban establecer quienes habían luchado contra el fascismo en la resistencia. Y los regímenes de sus sucesores, aunque moderasen la brutalidad extrema del estalinismo, fueron incapaces de tolerar los intentos de resucitar este proyecto democrático-popular que se realizaron en 1956 en Hungría, en 1968 en Checoslovaquia e incluso en 1989 en la Alemania oriental.

Una muestra reveladora de esta culpabilidad compartida la tenemos en lo sucedido con los hombres de las Brigadas Internacionales, que habían acudido a combatir en la guerra civil española de 1936 a 1939 en favor de un proyecto democrático avanzado, y que fueron perseguidos en los Estados Unidos como comunistas y en los países del este europeo como agentes del imperialismo capitalista. Lo cual demostraba que ninguno de los dos bandos era capaz de aceptar un proyecto democrático semejante, que era la condición necesaria para que se hubiera podido construir una sociedad más igualitaria y más libre.

En febrero de 2008 Roger Cohen mostraba su sorpresa al encontrarse con un estudiante de 17 años en lo que antes fue el Berlín Oriental que, cuando le preguntó qué pensaba sobre el comunismo, contestó: «me parece que es algo de que se habló en una lección de historia, pero ese día yo estaba enfermo». Cohen se escandalizaba de que estos niños ignorasen los méritos de Kennedy o de Reagan, que les devolvieron la libertad de que hoy gozan. Pero estaba incapacitado, a su vez, para entender lo que significaban las palabras de la profesora de esta clase, Heike Krupa, una mujer de 45 años que había vivido en la Alemania oriental y que le dijo: «aquello por lo que luchábamos no era una Alemania unida, sino para construir un socialismo mejor, y, por ello, esto [la Alemania de 2008] no es lo que deseaba, aunque he acabado acostumbrándome».[19]

El propósito inicial de desmitificar los tópicos de la guerra fría, con el fin de averiguar las causas que llevaron al fracaso de las grandes esperanzas de 1945, se ha ido complicando, sin embargo, a la luz de los acontecimientos que se han desarrollado con posterioridad a 1991, y muy en especial como consecuencia de la crisis económica iniciada en 2008. Este final no previsto venía a dar un nuevo sentido a la evolución global seguida por el mundo desde 1945, o tal vez fuera mejor decir, en una perspectiva más larga, desde la crisis del capitalismo en los años treinta. Esto obligaba a revisar en profundidad la naturaleza de unos cambios que han acabado marcando nuestras existencias: a averiguar cómo y por qué, para decirlo con las palabras de Adrienne Rich, «las grandes aves negras de la historia se lanzaron» sobre nuestras vidas.[20]

La victoria sobre el fascismo en 1945 pareció inicialmente significar un punto culminante en la larga marcha del mundo hacia una sociedad más igualitaria y más libre, de la que el intento soviético habría acabado resultando, a la postre, un atajo frustrado. El «otro» mundo, el «primero», o sea el del capitalismo, había iniciado paralelamente el desarrollo del estado de bienestar, que en algunos momentos pareció que podía ser el inicio de una transformación social. El 8 de noviembre de 1954 un Eisenhower que había llegado a la presidencia apoyado por el Partido Republicano y que se proponía hacer marcha atrás en los avances de centralización estatal que los demócratas habían establecido en las dos décadas precedentes, advertía a su hermano Edgar, en una carta confidencial: «Si algún partido político intentase abolir la seguridad social, el seguro de desempleo, y eliminar las leyes del trabajo y los programas agrarios, no volverías a oír hablar nunca más de este partido en nuestra historia política. Por supuesto que hay un minúsculo grupo que supone que se pueden hacer estas cosas. Entre ellos H. L. Hunt (…), otros pocos petroleros millonarios de Texas y algún político o algún hombre de negocios ocasional de otras áreas. Pero su número es desdeñable y son estúpidos».[21]

¿Cómo explicar que lo que un presidente republicano consideraba aberrante en 1954 haya acabado siendo normal en 2011? Parece claro que mientras existió la amenaza del comunismo como un modelo alternativo que pretendía ofrecer mayores cotas de igualdad y bienestar al conjunto de la población, había que competir con él en este terreno, y esta necesidad hizo posibles algunas conquistas sociales.

Todo comenzó a desvanecerse cuando las frustraciones de 1968 revelaron que iba a ser imposible construir una nueva sociedad más igualitaria, porque ninguno de los dos bandos del conflicto, capitalista y comunista, estaba dispuesto a tolerarlo. A la vez que los dirigentes de Washington se convencían, una vez neutralizada China, de que el enemigo comunista no tenía capacidad de ganar la guerra, ni en el terreno militar, ni en el de la subversión interna.

El giro que se avecinaba vino anunciado en 1971 por el memorándum que Lewis Powell escribió para la United States Chamber of Commerce, donde llamaba la atención acerca del riesgo que implicaba el avance de ideas contrarias al «sistema de libre empresa», y proponía emprender una campaña para combatirlas, sobre todo en el terreno de la educación. A lo que añadía: «Pero no deberíamos desdeñar la acción política, mientras aguardamos el cambio gradual en la opinión pública que debe lograrse a través de la educación y la información. El mundo de los negocios debe aprender la lección que hace tiempo aprendieron los sindicatos y otros grupos de intereses. La lección de que el poder político es necesario; que este poder debe ser asiduamente cultivado, y que, cuando sea necesario, debe ser utilizado agresivamente y con determinación».[22]

Los efectos de esta implicación de los empresarios y de sus organizaciones en la política, con el propósito de anular todas las concesiones sociales hechas desde los años del New Deal, resultaron espectaculares. Todo comenzó con las primeras desregulaciones iniciadas en los años de gestión de Carter (que tan solo desregulaban las limitaciones que afectaban a los intereses de los empresarios, debidamente protegidos por toda una serie de regulaciones en su favor), y siguió con la lucha contra los sindicatos, que tomó fuerza durante la presidencia de Ronald Reagan y que Margaret Thatcher trasladó al escenario europeo, en una progresión que culminaría con el golpe de estado judicial que significó la decisión Citizens United de 2009, que ponía la vida política norteamericana en manos de los intereses empresariales al liberalizar sus contribuciones a la lucha electoral.

Las diferencias entre republicanos y conservadores en la política de Washington iban a esfumarse rápidamente. Si Carter abandonó a los sindicatos en sus esfuerzos por la «Labor law reform act», Clinton inició el giro económico que iba a proseguir Bush, y que Obama no ha hecho nada para combatir. El primer resultado de esta nueva política, iniciada en los años setenta, iba a ser el comienzo de lo que Paul Krugman ha llamado la «gran divergencia».[23]

El período que va de 1945 a 1979 había sido en los Estados Unidos, y en el conjunto de los países avanzados, una etapa de reparto más equitativo de los ingresos, en que el aumento del salario real en paralelo con el de la productividad permitió mejorar la suerte de la mayoría. Esta tendencia se invirtió en los años setenta, cuando se inició otra nueva y larga fase en que volvió a crecer la desigualdad en el reparto de los ingresos, como consecuencia de un proyecto clasista por el que, enmascarando sus objetivos con la retórica sobre la libertad del mercado y las ventajas de la privatización, «se legitimaron toda una serie de medidas destinadas a restaurar y consolidar el poder de clase del capitalismo».[24]

El análisis que Michael Greenstone y Adam Looney han hecho del caso norteamericano muestra que mientras los salarios reales parecen haberse estancado, si tomamos en cuenta las ganancias totales por trabajador —sin limitarnos tan solo a los que tienen empleo a tiempo completo— se puede ver que estas han disminuido en un 28 por ciento en los cuarenta años que van de 1969 a 2009.[25] Las grandes empresas norteamericanas, en cambio, consiguieron entre estas mismas fechas evadir en buena medida el pago de impuestos: pasaron de aportar conjuntamente el 30 por ciento de los ingresos federales a mediados de los años cincuenta a tan solo un 6,6 por ciento en 2009. Algunas de las mayores, como General Electric o Exxon Mobil, consiguen en la actualidad eludir los impuestos con una combinación de una dura negociación para obtener exenciones «y una contabilidad innovadora» que les permite desviar sus beneficios a paraísos fiscales.[26]

Esta involución, que dejó campo abierto a la codicia de las clases dirigentes, favoreció la oleada especulativa que condujo a la crisis económica de 2008, una de cuyas consecuencias fue consolidar en la sociedad norteamericana una separación neta entre dos grupos —los ricos, por un lado, y las clases medias y los trabajadores, por otro— cuya suerte seguiría evolucionando de modo contrapuesto tras la crisis, en la medida en que la recuperación de los beneficios empresariales estaba condicionada al mantenimiento de unas reglas del juego que determinan también una larga persistencia del desempleo.

Que la crisis se debiera a problemas del sistema y no a un mero accidente en el terreno de la especulación financiera lo vino a demostrar su extensión a Europa, agravada a través del ataque a la deuda pública de sus gobiernos, que aceptaron estrangular el crecimiento de sus países con una estéril política de austeridad. De ese modo culminó la más inesperada de las victorias de la guerra fría: la imposición de las reglas más duras del «sistema de libre empresa» a una Europa que hasta entonces se había resistido a abandonar por completo unas pautas de política social que garantizaban un mínimo de cohesión y un cierto grado de igualdad. El modelo construido en Europa como fruto de siglo y medio de luchas sociales podía ser definitivamente destruido. Algo que no había conseguido ni siquiera el fascismo.

Es por ello que parece importante investigar el verdadero sentido de la guerra fría, en momentos en que el triunfo total del «sistema de libre empresa», que ha sacado a la luz las miserias del «capitalismo realmente existente», nos amenaza con el inicio de una nueva época de regresión y oscurantismo.

El mayor problema que se nos presenta al tratar de analizar la historia de estos años desde una nueva perspectiva, es que la inmensa mayoría de los materiales de que disponemos, desde los documentos públicos de la acción política hasta los estudios producidos por la historiografía académica, se expresan en el lenguaje de las legitimaciones del pasado, que se intenta mantener vigentes, entre otras razones porque las reglas de conducta que se predican respecto del presente podrían quedar seriamente debilitadas si se demostrase la invalidez de aquellas que las antecedieron.

Desenmarañar la secuencia explicativa de esta vulgata y tratar de reordenarla de forma que nos ayude a contestar las preguntas que he intentado plantear, es una tarea larga y difícil, que requerirá muchos años y mucha investigación. Este libro, en el que he puesto unos quince años de trabajo, no es más que un intento prematuro. No podía ser, lógicamente, una obra de investigación, tratándose de un tema de tales dimensiones, pero tampoco he querido hacer un manual en que se describiese todo lo «importante» (he optado por limitarme a lo que me parecía que ayudaba a entender la evolución del conjunto), ni un ensayo interpretativo, como lo acreditan las notas bibliográficas que he colocado al final del volumen para indicar las fuentes de información que he usado y sugerir temas y líneas de reflexión que no he podido desarrollar en el texto para no extenderlo en exceso. Lo que he querido hacer es una reflexión documentada, cuyo objetivo no es establecer certezas, sino proporcionar elementos de discusión que nos ayuden a entender las causas que nos han llevado a la situación actual.

No se trata de sentar los principios de una nueva interpretación que explique todas las verdades —las respuestas que deben reemplazar a las viejas son mucho más complejas que la simple negación de estas—, sino de agudizar el sentido crítico ante los hechos del pasado, para afinar las herramientas intelectuales que nos han de ayudar a aclararnos en un presente tan confuso como este en que vivimos: reflexionar sobre la naturaleza de las «aguas negras» que contienen el día que ha pasado, para prevenir los riesgos que nos amenazan en la noche que viene. Porque, para decirlo con palabras de Walter Benjamin: «No se puede esperar nada mientras los destinos más terribles y oscuros, comentados a diario, incluso a cada hora, en los periódicos, analizados en sus causas y consecuencias aparentes, no ayuden a la gente a reconocer los oscuros poderes a los que su vida está sometida».[27]

JOSEP FONTANA

Agosto de 2011

1

DE UNA GUERRA A OTRA

En 1945 el fin de la segunda guerra mundial dejaba un mundo destrozado y hambriento. Alemania había perdido una gran parte de sus viviendas como consecuencia de los bombardeos y en Japón se había destruido el 40 por ciento de las áreas urbanas. La Unión Soviética fue el país más gravemente afectado: perdió una cuarta parte de su riqueza nacional y tuvo unos 27 millones de muertos, de los que las tres cuartas partes eran hombres de entre quince y cuarenta y cinco años. En la amplia franja de territorio que habían ocupado los alemanes apenas quedó intacta una sola fábrica, granja colectiva, mina o zona residencial. Se arrasaron 1710 ciudades y unas 70 000 aldeas; distritos enteros sufrieron tal devastación que la actividad agrícola cesó en la práctica.

A la destrucción se sumó de inmediato el hambre. La cantidad de alimentos disponible por persona era en 1945 mucho menor que en 1939, y la situación se vio agravada por la combinación de una sequía que arruinó las cosechas de 1946 en buena parte del mundo y del frío invierno de 1946 a 1947. El hambre se extendió no solo por Europa y por la Unión Soviética (donde la producción de pan, carne y manteca había caído a menos de la mitad de la de 1940), sino también por Corea, China, India o Indonesia. A los millones de muertos causados por la guerra habría que sumarles otros millones de víctimas de las grandes hambrunas de 1945 a 1947.

EL PRECIO DE LA DERROTA: EL CASTIGO DE LOS DIRIGENTES

Acabadas las hostilidades se puso en práctica un procedimiento jurídico para castigar a los dirigentes derrotados, acusados de «crímenes contra la paz», de «crímenes de guerra», y de «crímenes contra la humanidad». Ni en Nuremberg ni en Tokio, sin embargo, se dio la importancia debida a los peores crímenes de una guerra en que las víctimas de la violencia contra la población civil habían superado con mucho a las que habían caído en combate, como lo demostraban los doce millones de muertos en los campos de concentración europeos y los de 20 a 30 millones de asiáticos que sucumbieron al hambre y a la explotación creadas por la ocupación japonesa. La definición del genocidio como crimen no se produjo hasta 1948; en 1945, mientras en los países liberados de la ocupación alemana se producían actos brutales de limpieza étnica, no había conciencia del problema.

Los máximos dirigentes nazis aseguraban no saber nada del exterminio que ellos mismos habían ordenado, aunque en una conversación grabada durante el juicio de Nuremberg sin que se apercibiese de ello, un alto funcionario alemán afirmó que «lo único realmente bueno de todo esto es que han dejado de existir algunos millones de judíos». Goering pretendía que ni él ni el Führer «sabían nada de lo que ocurría en los campos de concentración» y Doenitz dirá en sus memorias que solo se enteró de «la parte inhumana del estado nacionalsocialista» después de la guerra, lo que nos consta que no es cierto.

El proceso de Nuremberg, que se limitaba a 22 acusados, duró cerca de un año. Se inició el 20 de noviembre de 1945, con cuatro jueces en representación de cada una de las cuatro grandes potencias que habían intervenido en la guerra en Europa, e hizo público su veredicto en octubre de 1946. Hubo doce condenas a muerte: las de Goering, Von Ribbentrop, Rosenberg, Streicher, Kaltenbrunner, Franck, Saukel, Seyss-Inquart, Frick, Keitel, Jodl y Bormann (este «en ausencia», ya que se ignoraba que había muerto al intentar huir de Berlín). Goering se suicidó en su celda, envenenándose; los otros diez fueron ahorcados, se incineraron sus cadáveres en Munich y las cenizas se dispersaron en las aguas del Isar. Antes de morir Streicher gritó «Heil Hitler», y agregó: «Los bolcheviques os colgarán a todos». Los británicos, que habían sepultado inicialmente a Himmler en un lugar oculto, desenterraron su cadáver y lo quemaron.

Hubo tres condenas a cadena perpetua: las de Raeder, Funk y Hess. Raeder, que tenía setenta años, pidió que le fusilasen, lo que no se le concedió, y salió de la cárcel en 1955. Funk fue liberado también, por razones de salud, en 1957. Solo Hess quedó en Spandau hasta que se suicidó en 1987. Cuatro de los acusados —Speer (el gran simulador, que pasó el resto de su vida fabricando su leyenda), Von Schirach, Von Neurath y Doenitz— recibieron condenas de prisión de entre diez y veinte años. Otros tres —Schacht, Von Papen y Fritzsche— fueron declarados inocentes.

Casi simultáneamente, el 13 de noviembre de 1945, se inició en Dachau un proceso contra oficiales, guardianes y médicos de las SS por los abusos, torturas y crímenes cometidos contra ciudadanos extranjeros, que acabó con 38 condenas a muerte. A este le siguieron otros juicios, como el celebrado en mayo de 1946, también en Dachau, por los crímenes cometidos en Mauthausen, en que 58 de los 61 acusados fueron condenados a morir en la horca, y los otros tres, a cadena perpetua. En un tercer proceso contra los responsables de Buchenwald, 22 de los 31 acusados fueron condenados a muerte en la horca, 5 a cadena perpetua y los otros a 20 años de trabajos forzados.

Gradualmente, sin embargo, las penas dictadas por los tribunales fueron rebajadas o conmutadas por las autoridades militares norteamericanas. Como resultado de un juicio que se celebró de septiembre de 1947 a abril de 1948 contra 24 jefes y oficiales de los Einsatzgruppen de las SS, responsables de las mayores atrocidades, cuatro de los condenados fueron ejecutados en 1951 en la prisión de Landsberg, entre grandes protestas de la población alemana, pero los demás, incluyendo algunos de los que habían sido también condenados a muerte, estaban en libertad en 1958. Los tribunales alemanes fueron todavía más benévolos que los aliados, de modo que la mayoría de quienes perpetraron matanzas en masa en el este durante la segunda guerra mundial no fueron ni acusados ni condenados, sino que vivieron sus vidas en libertad y sin castigo.

El número de los nazis que consiguieron escapar, escondiéndose en España, emigrando hacia América del Sur (en muchos casos con la ayuda de las jerarquías de la Iglesia católica), que adoptaron falsas personalidades o que, simplemente, se ofrecieron a colaborar con los vencedores —como Reinhard Gehlen, uno de los máximos jefes del espionaje nazi, o como el científico Wernher von Braun, cuya complicidad con el nazismo se disimuló cuidadosamente— fue sin duda superior al de los castigados. El propio ejército norteamericano tenía una organización, la rat line, que ayudaba a escapar a quienes habían entrado a su servicio, una tarea en que colaboró un sacerdote croata instalado en un seminario de Roma, Krunoslav Dragonovic, que estableció un negocio de venta de visados a 1500 dólares por cabeza, «sin hacer preguntas».

Ambos bandos procuraron hacerse con los servicios de hombres de las SS. El ejército británico «escondió» a una división entera, integrada por ucranianos, y transportó a más de siete mil de ellos a Gran Bretaña en 1947, donde fueron utilizados como trabajadores agrícolas; desde allí muchos emigraron a los Estados Unidos entre 1950 y 1955, para ser utilizados por la CIA. Los franceses reclutaron antiguos miembros de las SS en la Legión extranjera y los enviaron a Indochina para luchar contra los guerrilleros vietnamitas: en marzo de 1946, cuando el almirante lord Louis Mountbatten llegó a Saigón en un viaje de inspección, los franceses le organizaron una guardia de honor integrada por entero por antiguos miembros de las SS.

El mayor de los errores de estos juicios fue el de reducir la culpabilidad por las atrocidades nazis a la acción de «una pequeña cohorte de líderes monstruosos», cuando la verdad es que fueron «alemanes ordinarios» los que ejecutaron día a día a centenares de miles de hombres, mujeres y niños. En el caso del ejército, se aceptó el mito de que había sido víctima de la locura de Hitler, reduciendo el círculo de los culpables de crímenes contra la humanidad a las SS, cuando los mandos militares de la Wehrmacht coincidían con el Führer en sus ideas, aceptaron entusiasmados sus planes y colaboraron activamente en los peores crímenes de la guerra.

Si los nazis juzgados fueron pocos, a ello hay que sumar que una sucesión de amnistías fue vaciando muy pronto las cárceles. En 1955 solo había en las de la bizona angloamericana veinte inculpados por la participación en los crímenes contra los judíos, que fueron liberados por una amnistía. Hans Globke, uno de los autores de las leyes raciales, no solo no fue perseguido, sino que ocupó cargos políticos desde el primer momento, y en 1953 era secretario de Estado en la Alemania federal. Personajes estrechamente relacionados con las cámaras de gas vivieron sin ser molestados. El amplio programa de depuración imaginado por los aliados atrapó en sus redes a un gran número de nazis menores y dejó en libertad a los más responsables.

Más ineficaz fue aun la desnazificación realizada por los propios alemanes. Para entenderlo hay que tener en cuenta que la mayor parte de la población había aceptado conscientemente los crímenes del nazismo —su falta, se ha dicho, no fue «su incapacidad de resistir, sino su disposición a servir»— y ayudó después a que permanecieran impunes. Durante la guerra los alemanes sabían lo que sucedía y no les preocupaba en absoluto —las persecuciones de la Gestapo no afectaron, por lo menos hasta los meses finales del derrumbe, a los ciudadanos comunes—, por lo que se acomodaron sin dificultad a la situación y no dudaron en colaborar en la represión con sus denuncias. Terminada la contienda se dedicaron colectivamente a fingir que no sabían nada y a callar lo que conocían los unos de los otros. Una actitud que acabó conduciendo a que «se concedieran a si mismos la condición de individuos “seducidos” políticamente, y convertidos al final en “mártires” por la guerra y por sus consecuencias».

Cuál fuese la actitud del alemán medio lo muestra lo que los norteamericanos pudieron ver en torno a Dachau, uno de los últimos campos de concentración liberados. Cuando llegaron las tropas norteamericanas, el 29 de abril de 1945, había 35 000 supervivientes y millares de cadáveres que no se habían quemado por falta de combustible. Junto al campo se encontró un tren con 2000 presos trasladados de Buchenwald, de los que solo 17 mostraban aún signos de vida, pero que no pudieron ya salvarse. Los habitantes de los pueblos cercanos marchaban en bicicleta por la carretera y pasaban indiferentes al lado del tren de la muerte, sin más preocupación que saquear los almacenes de las SS.

En Japón, que había rechazado adherirse a la convención de Ginebra y que se calcula que fue responsable de la muerte de 20 a 30 millones de asiáticos, en su mayoría de origen étnico chino, los juicios por los crímenes de guerra fueron aparentemente más duros que los celebrados en Alemania, a lo que contribuyó que se descubrieran las atrocidades cometidas sobre los prisioneros de guerra y sobre los civiles occidentales en los «cruceros de la muerte» y en unos campos de concentración en que se les obligaba a trabajos agotadores. Mención especial merecen los centros de investigación de armas bacteriológicas en que se sacrificaron millares de presos; el más importante de ellos era el establecido en Pingfan, cerca de Harbin (en el estado títere del Manchukuo), conocido como la unidad secreta 731, donde un millar de investigadores experimentaban armas bacteriológicas y practicaban la vivisección sin anestesia en seres humanos. Sin olvidar que se había ejecutado sistemáticamente a los aviadores norteamericanos capturados: el 15 de agosto de 1945, el mismo día en que el emperador hizo pública la rendición, se fusiló a ocho aviadores.

Estos juicios fueron, sin embargo, selectivos: no se castigó tanto a los autores de crímenes contra la población china como a quienes habían cometido atrocidades contra los blancos. De 1945 a 1948 un Tribunal militar internacional establecido en Tokio condenó a 25 dirigentes militares como culpables de haber preparado y dirigido la guerra del Pacífico: siete fueron condenados a muerte y ahorcados el 23 de diciembre de 1948. Entre ellos figuraban el general Tojo, primer ministro de 1941 a 1944, y el general Matsui, que mandaba las tropas que atacaron Nanking (condenado sin tener en cuenta que cuando las tropas asaltaron aquella ciudad Matsui estaba enfermo y el mando recaía en el príncipe Asaka, pariente del emperador, que no fue ni siquiera molestado). Si el juicio de Nuremberg fue medianamente respetable, ha dicho Chomsky, «el tribunal de Tokio fue simplemente una farsa». MacArthur ya había hecho ejecutar con anterioridad al general Homma, que le había derrotado en Bataán, aunque la evidencia de su participación en crímenes de guerra era escasa. En conjunto las Comisiones militares aliadas condenaron, entre 1945 y 1951, a 920 japoneses a muerte y a unos 3000 a penas diversas de prisión por delitos cometidos en los territorios ocupados (en 1978 los japoneses llevaron al santuario de Yasukuni las cenizas de catorce criminales de guerra, incluyendo las de Tojo, para que fueran venerados como héroes).

Tanto en Alemania como en Japón puede decirse que el castigo fue para unos pocos, con la intención de dar ejemplo, mientras que otros muchos, tan culpables como los condenados, quedaron impunes, o por la utilidad que podían proporcionar a los vencedores o porque se los consideraba indispensables para asegurar el normal funcionamiento de sus respectivas sociedades, evitando los grandes cambios que hubieran podido dar oportunidades a los «rojos».

Más complejo fue lo que sucedió en los países occidentales ocupados por los alemanes, donde interesaba ocultar la amplitud de la colaboración con los nazis y, a la vez, evitar la destrucción de las capas dirigentes. En Francia hubo unas nueve mil víctimas de las sangrientas purgas iniciales del verano de 1944 —agravadas por la violencia y los sabotajes con que pretendió resistir un «maquis blanco» de alemanes y colaboracionistas—, y se procesó a 120 000 personas, que para De Gaulle no eran más que «un puñado de miserables», de las que 95 000 recibieron condenas y 1500 fueron ejecutadas, sin contar con otras formas de sanción, como la de unas 20 000 mujeres humilladas con cortes de pelo por haber mantenido relaciones sexuales con las tropas ocupantes. Pero el castigo pasó por alto las responsabilidades de miles de funcionarios, magistrados, empresarios, etc., que o bien lograron ocultar su pasado, como sucedió con Mitterrand, o fueron tratados con lenidad: Antoine Pinay, miembro del Consejo nacional del estado francés en 1941, fue elegido presidente del gobierno en 1952 (por más que De Gaulle protestase: «No he salvado a Francia para confiarla a Pinay»).

Un aspecto singular de la cuestión fue la tolerancia con los intelectuales que habían colaborado con el nazismo. El escultor alemán Arno Breker, «el Miguel Ángel de Hitler», se libró de responsabilidades con una multa de cien marcos, argumentando que su arte no tenía nada que ver con la política, al igual que ocurrió con la directora de cine Leni Riefenstahl, que en El triunfo de la voluntad había mostrado a los líderes nazis como semidioses. En Francia hubo solo algunos castigos aislados, como la ejecución de Robert Brassillach, que sirvieron para disimular que no se iba a molestar a un gran número de los que habían colaborado discretamente. Algunos casos difíciles de disimular, como el del novelista noruego Knut Hamsun o el del poeta norteamericano Ezra Pound, se resolvieron enviándolos temporalmente a una institución mental.

Si el castigo fue leve, el olvido fue rápido. Lo pueden revelar casos como el del mariscal Kesselring, responsable de la ejecución de 335 civiles italianos en las Fosas Ardeatinas, que fue condenado a muerte en 1947, vio su pena conmutada, recobró la libertad en 1952, y comenzó entonces una carrera de actividades filonazis en las asociaciones de veteranos de guerra. O el de Jochen Peiper, responsable de la matanza de Malmédy —el 17 de diciembre de 1944, durante la batalla de las Ardenas— en que se ejecutó a 72 soldados norteamericanos y a decenas de civiles belgas. Se le juzgó con otros 72 miembros de las SS en un proceso que se inició en Dachau en mayo de 1946; después de dos meses de interrogatorios y declaraciones de testigos el tribunal decretó 43 condenas a muerte, entre ellas la de Peiper. Pero tras una serie de revisiones en que las penas iban siendo progresivamente reducidas, Peiper salió en libertad el 22 de diciembre de 1956, para integrarse con un cargo directivo en la empresa automovilística Porsche.[28]

En Japón, una vez realizados los juicios contra los jefes militares, los norteamericanos se esforzaron en silenciar los crímenes de guerra —MacArthur prohibió que se publicaran los reportajes en que George Weller describía las inhumanas condiciones de vida en los campos de prisioneros japoneses— y ocultaron en especial todo lo que se refería al inmenso saqueo de las riquezas de los países ocupados. En el tratado de paz que se firmó en 1951 en San Francisco se liberó de hecho a los japoneses de pagar indemnizaciones colectivas o personales por los saqueos y destrucciones, los prisioneros de guerra convertidos en trabajadores esclavos, las mujeres forzadas a servir de prostitutas para el ejército, etc. La contrapartida fueron los pactos secretos por los que, al parecer, los japoneses se comprometían a sostener los costes de las bases americanas y a permitir la entrada en sus puertos de buques norteamericanos con armamento nuclear.

Uno de los casos más aberrantes de impunidad fue el de los industriales alemanes y japoneses, que no solo eran responsables de haberse aliado con sus gobiernos, sino de haber aprovechado el trabajo esclavo de los campos de concentración y de los prisioneros de guerra. En Alemania se habían cometido atrocidades como el exterminio por hambre y malos tratos de los hijos de las trabajadoras extranjeras cautivas. Conocemos, por ejemplo, el caso de las mujeres obligadas a trabajar en la fábrica de Volkswagen, donde no menos de 365 hijos de mujeres ucranianas y polacas murieron en una guardería de la muerte en Rühen (una jefa de enfermeras de esta, condenada inicialmente a muerte, vio su pena reducida a ocho años y volvió a ser empleada por Volkswagen). Alfred Krupp, condenado a doce años de cárcel, cumplió tan solo tres y recuperó toda su fortuna y su imperio industrial; Otto Ambros, uno de los dirigentes de IG Farben, asociada a los peores crímenes de explotación de Auschwitz, no solo recuperó su lugar en la empresa, sino que fue directivo de otras, alemanas y extranjeras.

Pero los abusos de los industriales alemanes palidecen ante la forma en que fueron explotados los presos al servicio de las grandes empresas japonesas, transportados en barcos de la muerte. Todavía hoy las empresas que emplearon trabajadores esclavos se niegan a indemnizar a los supervivientes, con argumentos como el de Mitsubishi, que sostiene que es discutible afirmar que los japoneses invadieron China, y que esta compleja cuestión debe dejarse para que la aclaren en el futuro los historiadores. Se silenció también el drama de las «prostitutas de guerra»: decenas de millares de mujeres, sobre todo coreanas y chinas, que fueron convertidas en esclavas sexuales para atender a las «necesidades» de los soldados japoneses. Y se echó tierra sobre las responsabilidades de criminales como el general Ishii Shiro, que había dirigido las experiencias sobre seres humanos en Manchukuo, ya que interesaba aprovechar los resultados científicos a que había llegado exterminando presos.

LAS CONSECUENCIAS DE LA DERROTA: LOS SUFRIMIENTOS DE LA POBLACIÓN CIVIL

Pero la existencia de una impunidad de la que se beneficiaron sobre todo las clases dirigentes, no implica que la derrota no hiciera numerosas víctimas, de las que no se suele hablar, entre la población civil de los países derrotados. El mayor de los daños fue, en Europa, el del desplazamiento de civiles, en especial alemanes, no solo de tierras ocupadas por la conquista nazi, sino de regiones en que sus familias habitaban desde hacía mucho tiempo. Todo comenzó con la despavorida huida hacia el oeste de los que vivían en la Prusia oriental, en Pomerania y en Silesia, ante el avance de los ejércitos rusos. En el verano de 1945, apenas acabada la guerra, cinco millones de alemanes habían participado en esta fuga. Y ese era tan solo el comienzo. Lo peor fue la expulsión, en el transcurso de los tres años siguientes, de acuerdo con medidas aprobadas en Potsdam por las potencias vencedoras, de otros siete millones de alemanes de Polonia, Checoslovaquia, Rumania o Hungría.

Los polacos se dedicaron a perseguir y robar a los alemanes, sin importar cuál hubiese sido su comportamiento político, y a encerrarlos en guetos o en los mismos campos de concentración que estos habían hecho construir. En la ciudad de Breslau (Wrocław), los residentes alemanes disminuyeron en dos años en unos 150 000, reemplazados por otros tantos polacos. A un hombre tan ligado a Silesia, y tan poco afín al nazismo, como el premio Nobel de Literatura Gerhart Hauptmann se le ordenó que marchase a territorio alemán. Se negó a hacerlo, pero tras su muerte, en junio de 1946, se impidió que el cuerpo fuese enterrado en su tierra natal, como había pedido, de modo que fue finalmente expulsado en su ataúd.

La oportunidad de consolidar la pureza étnica del estado polaco no se limitó a la expulsión de los alemanes, entre los que, por otra parte, se incluyó frecuentemente a los naturales de Silesia, Kasubia y Masuria, a quienes los nazis no consideraban alemanes. Los judíos que habían sobrevivido al holocausto fueron objeto de persecuciones, e incluso de matanzas (alimentadas por la difusión de rumores acerca del supuesto asesinato ritual de niños cristianos), con el fin de evitar que volvieran a sus viejos domicilios y pretendieran recuperar sus bienes. Y la persecución y expulsión de miembros de la población de origen ucraniano, que ascendía a cinco millones en la Polonia anterior a la segunda guerra mundial, fue también sistemática y brutal.

La venganza de checos y eslovacos fue tal vez la más despiadada. El presidente checoslovaco Beneš había regresado afirmando que se iba a «liquidar el problema alemán en nuestra república de una vez y para siempre». Se trató a los alemanes, que representaban el 22,5 por ciento de la población del país, como ellos habían tratado a los judíos: fueron encerrados en cárceles y campos de concentración, se les obligó a llevar un distintivo; tenían prohibido ir a los restaurantes o los cines y sentarse en los bancos de los parques; no podían poseer joyas, receptores de radio o cámaras fotográficas; en el racionamiento de alimentos se les dejaba sin carne, huevos, leche o fruta… Fueron muchos miles los que murieron a manos de sus convecinos, como los que fueron arrojados al Elba en Aussig el 30 de julio de 1945, o como las víctimas de la marcha de la muerte a que se sometió a 25 000 alemanes de Brno; en Iglau se suicidaron unos 1200 y otros seis o siete mil fueron a parar a campos de concentración… Lo peor fue, sin embargo, la expulsión en masa de la población de origen alemán, autorizada por el artículo 13 de los acuerdos de Potsdam.

El coste total en términos de vidas humanas de esta sangrienta posguerra europea, como consecuencia de los malos tratos, violaciones, linchamientos y suicidios, puede haber sido hasta de dos millones de muertos. Dos años después del fin de las hostilidades, Alemania tenía más de 16 millones de refugiados y desplazados, que vinieron a agravar la situación de un país en que hubo hambre, desamparo y sufrimiento, en especial durante el invierno de 1946, «el más frío que nadie recordase», cuando la alimentación media de la población no pasaba de las mil calorías diarias. El general Clay pensaba que «el frío y el hambre serán necesarios para que el pueblo alemán se dé cuenta de las consecuencias de la guerra que ellos iniciaron».[29]

En Japón la ocupación norteamericana estuvo llena de abusos: el gobierno japonés organizó «Centros de recreo y diversión» con miles de mujeres destinadas a prostituirse a los soldados aliados, «para defender y cuidar la pureza de nuestra raza», lo cual no impidió que los ocupantes forzasen también a numerosas mujeres «decentes». Los asaltos, robos y asesinatos fueron numerosos, pero se prohibió que se publicaran noticias sobre estas cuestiones con el fin de no alarmar a la opinión pública. A ello hubo que sumar los sufrimientos causados por los grandes desplazamientos de población: hubo que organizar la repatriación de cerca de siete millones de japoneses, tanto soldados como civiles, que se habían instalado en Corea, Manchuria y Taiwán.

Las cosas, además, comenzaron mal. La guerra había significado la pérdida de unos dos millones de hombres en las fuerzas armadas y de por lo menos 400 000 vidas como consecuencia de los ataques aéreos. Los abastecimientos eran escasos en un país al que se había sometido a cerco y a ello se vino a sumar el hecho de que la cosecha de 1945-1946 fue desastrosa. Hubo miles de muertos de hambre y 300 000 casos de tifus. MacArthur se dirigió a Washington en los primeros días de su mandato para pedir: «Dadme pan o dadme balas».

LOS PRIMEROS PASOS DE LA PAZ: YALTA Y POTSDAM

El 25 de abril de 1945, cuando aún faltaban unos meses para que terminara la contienda, se reunían en San Francisco los representantes de 46 países para fundar una Organización de las Naciones Unidas, que se suponía había de contribuir a crear un nuevo orden mundial que respondiera a los ocho puntos de la Carta del Atlántico firmada por Roosevelt y Churchill en agosto de 1941, entre los que figuraban el reconocimiento del derecho de autodeterminación «de todos los pueblos», la supresión de las barreras al comercio y la liberación de la humanidad de los males de la necesidad y del miedo.

La organización, sin embargo, nacía como un instrumento de supremacía mundial de cinco grandes potencias —los Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y China—, con una Asamblea general prácticamente impotente y el poder de decisión en manos de un Consejo de Seguridad de quince miembros, en que los «cinco grandes» tendrían plaza permanente y contarían con el derecho al veto, lo que les permitiría bloquear las decisiones que no les acomodaran.

La verdad era, además, que las líneas fundamentales del nuevo orden mundial habían sido ya establecidas por acuerdos previos entre las tres grandes potencias vencedoras (Estados Unidos, Unión Soviética y Gran Bretaña; Francia y China no eran más que invitados de última hora). En el terreno de la economía lo fueron en julio de 1944 en la conferencia de Bretton Woods, que creó el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (IBRD), que sería el origen del Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional como reguladores de la economía financiera, con la intención de evitar que se reprodujeran los desórdenes monetarios que se habían vivido al término de la primera guerra mundial. Pero también, y sobre todo, para asegurar en el terreno del comercio internacional el tipo de multilateralismo que convenía a los Estados Unidos, eliminando todas las restricciones al libre comercio.

Para asegurar la estabilidad monetaria de este sistema se escogió el dólar como moneda de referencia, según la propuesta del representante norteamericano Harry Dexter White, y se rechazó la de Keynes, que preveía saldar las cuentas comerciales de los países con una especie de moneda mundial, el «bancor». La elección del dólar se basaba en el hecho de que en aquellos momentos las reservas de oro norteamericanas representaban del 60 al 80 por ciento de las del mundo, lo que permitía mantenerlo dentro del sistema del patrón oro, con plena convertibilidad al cambio de 35 dólares la onza de oro.

Las grandes líneas en el terreno de la política se habían ido diseñando paralelamente en una serie de conferencias entre los mismos protagonistas, primero en las celebradas entre británicos y soviéticos, la última de ellas en Moscú en octubre de 1944, en que Churchill y Stalin se habían repartido los Balcanes entre sus respectivas esferas de influencia, en unos momentos en que Gran Bretaña aspiraba todavía a desempeñar un papel dominante en la Europa de la posguerra.

Esta ilusión se desvaneció en las conferencias tripartitas de Yalta (4 al 11 de febrero de 1945) y Potsdam (17 de julio al 2 de agosto de 1945), cuando resultó evidente que los Estados Unidos iban a asumir un papel dirigente en la política europea y que no aceptaban la existencia de esferas de influencia que les restasen protagonismo. Tras Bretton Woods, Yalta y Potsdam, una Gran Bretaña que había salido de la guerra con una economía muy debilitada iba a verse reducida al papel de un satélite de los Estados Unidos. Se había creado un mundo bipolar.

En Yalta se tomaron decisiones acerca de las operaciones militares a realizar, se llegó a acuerdos sobre los límites de las zonas de ocupación de los diversos ejércitos en Alemania, y se aceptó que Francia tuviese también una zona de ocupación propia, algo que le importaba sobre todo a Churchill, en especial después de que Roosevelt dijera que los norteamericanos contaban con retirar sus tropas de Europa en un par de años,[30] lo que dejaría a los británicos el problema de controlar todo el territorio alemán ocupado por las potencias occidentales. El principal asunto que plantearon los rusos, por su parte, fueron sus exigencias de obtener de la Alemania derrotada unas reparaciones que evaluaban en 10 000 millones de dólares, algo que quedó simplemente planteado, pendiente de discusiones posteriores.

Los otros dos grandes temas a discutir fueron la Organización de las Naciones Unidas y la situación de Polonia. Una de las cuestiones más complejas que había que decidir en relación con la ONU era la del derecho al veto por parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Los norteamericanos proponían que los miembros permanentes se abstuviesen de votar, y de ejercer por tanto el derecho de veto, en los asuntos que se refiriesen a sus propios países. Stalin se opuso a ello, creyendo que británicos y norteamericanos se aliaban para controlar un Consejo de Seguridad que, contando con el apoyo de Francia y China, y con la colaboración de sus respectivas clientelas —los países latinoamericanos en el caso de los Estados Unidos, los de la Commonwealth en el británico— podían dominar fácilmente.

En el caso de Polonia tanto británicos como norteamericanos habían aceptado ya que la frontera con la Unión Soviética se estableciese en la «línea Curzon» —una solución que habían propuesto en 1919 las potencias vencedoras de la primera guerra mundial—, pero pedían garantías acerca de la completa autonomía del gobierno polaco. El 6 de febrero Roosevelt entregó a Stalin una carta en que, recordándole que había seis o siete millones de votantes polacos en los Estados Unidos, le decía que los norteamericanos no podían reconocer el gobierno polaco de Lublin que habían instalado los soviéticos, tal como estaba compuesto en aquellos momentos, con un claro predominio comunista, sino que pedían que se diese entrada en él a los diversos partidos de preguerra.

Stalin negoció las dos cuestiones conjuntamente, aceptando su participación en la ONU a cambio de ver reconocido su derecho a asegurarse que hubiera en Polonia un gobierno amistoso, del mismo modo que él admitía que los británicos hicieran en Grecia, aunque se comprometía a introducir en el de Polonia cambios que pudieran satisfacer a sus aliados, tal como quedó fijado en la «Declaración sobre la Europa liberada», basada en un borrador que habían preparado los norteamericanos, donde se afirmaba «el derecho de todos a elegir el tipo de gobierno bajo el cual quieren vivir». Algo que Stalin aceptó porque esperaba que los comunistas iban a ganar todas las elecciones en los países liberados por las tropas soviéticas; pero también porque, como le dijo a Molotov, pensaba que lo más importante en aquellos momentos era conservar la unidad de los aliados,[31] y que «podemos ocuparnos de este asunto a nuestra manera más adelante».

Británicos y norteamericanos no estaban legitimados para mostrarse exigentes en estas cuestiones. No se podía tomar al pie de la letra la retórica liberadora de la Carta del Atlántico, que proclamaba el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, puesto que los británicos no estaban dispuestos a aplicarlo a sus colonias, y los norteamericanos no mostraron mucho empeño en apoyar campañas emancipadoras, salvo en los raros casos en que convenían a sus intereses. La preocupación por la democracia en Polonia no parecía sincera en los británicos, que estaban apoyando en Grecia un régimen que atropellaba los derechos humanos. Ni en los norteamericanos, que no mostraban los mismos escrúpulos en casos como el de la dictadura fascista española o de la autocracia petrolera saudí, y que en América Latina no tenían inconveniente en contribuir al derrocamiento de gobiernos democráticos para reemplazarlos por dictadores que fuesen más favorables a sus intereses.

Para asegurar su hegemonía, los norteamericanos se oponían a que se estableciera en Europa un sistema de esferas de influencia, como el que Churchill y Stalin habían estado diseñando con anterioridad. George Kennan, encargado de la embajada norteamericana en Moscú, escribió a su amigo Charles Bohlen, que se encontraba en Yalta como intérprete del presidente Roosevelt: «¿Por qué no podemos hacer un compromiso decente y definitivo sobre ello —dividir Europa francamente en esferas de influencia—, quedarnos nosotros fuera de la esfera rusa y mantener a los rusos fuera de la nuestra?». A lo que Bohlen dio la respuesta de que: «Una política internacional de este tipo no puede hacerse en una democracia. Solo los estados totalitarios pueden formular y sostener este tipo de políticas». Lo cual no ligaba con la conducta norteamericana respecto de América Latina, que consideraban como un área reservada a su influencia,[32] ni con los esfuerzos que estaban haciendo para dejar a los soviéticos fuera del Mediterráneo.

El 11 de febrero de 1945, al cabo de una semana de discusiones, un Roosevelt que había conseguido ya sus principales demandas, que eran las de obtener de los soviéticos los compromisos de participar en la guerra contra Japón y de integrarse en la ONU, puso fin con cierta precipitación a las reuniones, y regresó a Washington, con una escala previa en Egipto para entrevistarse con Ibn Saud y poner las bases de un acuerdo que aseguraría el aprovisionamiento de petróleo de los Estados Unidos durante más de medio siglo, a cambio de armas y protección.

Los temas que habían quedado esbozados en Yalta fueron discutidos unos meses después, una vez derrotada Alemania, en la nueva conferencia de los «tres grandes», que se celebró del 17 de julio al 2 de agosto en Potsdam, cerca de Berlín, en un palacete que había sido residencia del hijo mayor del último káiser. Se trataba ahora de tomar las decisiones finales sobre cuestiones que no se habían concretado en detalle.

Habiendo fallecido Roosevelt en abril de 1945, representaba a los Estados Unidos su vicepresidente y sucesor, Harry S. Truman, un hombre sin experiencia diplomática y con escasa formación, en quien Roosevelt nunca confió: «Nunca habló conmigo confidencialmente —diría Truman—, ni sobre la guerra, ni sobre cuestiones de política internacional, ni acerca de lo que tenía en mente para la paz». No había participado en la conferencia de Yalta y ni siquiera se le había dado noticia de la construcción de la bomba atómica, de lo que solo se enteró después de haber prestado juramento como presidente. Fue posiblemente una desgracia que Roosevelt hubiese escogido como compañero de candidatura, por consideraciones electorales, a este «hombrecito de Missouri», tendero fracasado y político de corto vuelo.

Truman acudía a la reunión inseguro y hasta asustado. Quería llegar a acuerdos con Stalin —«Me gusta Stalin», le escribía a su esposa, «es directo, sabe lo que quiere y transige cuando no puede conseguirlo»—, pero pretendía que estos acuerdos fuesen conformes con los intereses norteamericanos. Los soviéticos temían, con razón, que iba a ser más difícil entenderse con él que con Roosevelt, como lo comprobó Molotov al entrevistarse con Truman pocos días después de la muerte de Roosevelt y recibir de él una serie de reproches a gritos acerca de la obligación de cumplir todos los acuerdos firmados en Yalta.[33]

El nuevo presidente norteamericano retrasó la fecha de la reunión unas semanas con el fin de dar tiempo a que se realizase la primera prueba de la bomba atómica, que tuvo lugar el 16 de julio, y atravesó el Atlántico en un buque de guerra, acompañado por una serie de amigos con quienes bebía y jugaba al póker. Stalin llegó a Potsdam con un día de retraso, viajando en tren, puesto que tras el accidentado trayecto en avión que había realizado en noviembre de 1943 para acudir a la conferencia de Teherán optó por no volver a volar en su vida (alegaba que sus médicos se lo habían prohibido).

Winston Churchill, que representaba a una Gran Bretaña consciente de su debilidad —decía sentirse como «el pobre leoncito británico entre el gran búfalo americano y el gran oso ruso»—, se vio obligado a regresar a su país el 25 de julio, antes de que concluyera la conferencia, para aguardar el resultado final de unas elecciones en que fue derrotado; le reemplazó desde el 28 el nuevo jefe del gobierno británico, el laborista Clement Attlee, que le había acompañado inicialmente como invitado (escandalizado de que no llevase un criado para cuidar de su ropa, Churchill le prestó el suyo) y que regresó ahora con su ministro de Asuntos Exteriores, Ernest Bevin, un político de origen obrero y escasa instrucción, que había sido camarero, conductor de tranvías y repartidor de agua mineral, pero que era militantemente anticomunista y partidario de la conservación del imperio británico.

Los dos problemas más urgentes que había que resolver en Potsdam eran el de decidir qué hacer con Alemania y cómo acelerar el final de la guerra contra Japón. Esto último era lo que le importaba sobre todo a Truman, quien, alarmado por el elevado número de bajas norteamericanas que había costado la conquista de Okinawa, donde perdieron la vida más de cien mil combatientes de ambos bandos, quería recordarle a Stalin su compromiso de declarar la guerra a Tokio, con el fin de que un nuevo frente retuviese tropas japonesas en Manchuria e impidiese que regresaran cuando se produjese el desembarco norteamericano en la isla de Kyushu, en la llamada Operación Olympic, prevista para noviembre de 1945.

Stalin se había comprometido en Yalta a declarar la guerra a Japón a los tres meses de concluida la campaña de Europa, y había pedido a cambio una serie de concesiones territoriales, una parte de las cuales afectaban a China, lo que le obligó a negociarlas con los dirigentes chinos del Guomindang. Exigía también la recuperación de «los antiguos derechos de Rusia violados por el traicionero ataque de Japón en 1904». Obtenidas estas concesiones, dijo que su entrada en la guerra contra Japón se produciría a mediados de agosto y Truman escribió a su esposa: «He conseguido lo que venía a buscar (…). Yo diría que la guerra acabará así un año antes, y pienso en los muchachos que no morirán. Esto es lo que realmente importa». En momentos en que la eficacia real de la bomba atómica era todavía una incógnita, la entrada en guerra de los soviéticos se consideraba necesaria.

Truman no le habló abiertamente de la bomba a Stalin, sino que el 24 de julio, al cabo de una semana de haber recibido las primeras noticias de su prueba, se limitó a comunicarle que los Estados Unidos disponían de una nueva y poderosa arma, y se sorprendió cuando Stalin ni siquiera mostró curiosidad por el tema, del que estaba en realidad bien informado. Lo que el dirigente soviético hizo fue ordenar que se acelerasen las investigaciones atómicas rusas, que dirigía Igor Kurchatov, y que se apresurase la entrada en la guerra contra Japón, que se adelantó al 8 de agosto, temiendo que los norteamericanos quisieran apresurar el fin de las hostilidades para excluirle de las negociaciones de rendición y de la posterior ocupación de Japón, como en efecto hicieron.

A iniciativa de Truman se redactó una proclamación, firmada por los Estados Unidos, Gran Bretaña y China, que el día 26 de julio se dio a conocer por radio, en que se intimaba a los japoneses a la rendición, amenazándoles con una «inmediata y total destrucción». La exclusión de la Unión Soviética de la firma de este documento, que se justificaba por el hecho de que todavía no estaba entonces en guerra contra Japón, nacía de la preocupación norteamericana por dejar a los soviéticos fuera de las negociaciones de paz en el Pacífico, una vez hubiesen cumplido con su papel de acelerar el fin de las hostilidades invadiendo Manchuria.

Fue sobre todo en lo que se refería al futuro de Alemania y a la cuestión de las reparaciones que exigían los soviéticos que Potsdam significó un cambio respecto de la política de colaboración que Roosevelt había mantenido hasta Yalta. Se confirmó la decisión de dividir el territorio alemán en zonas de ocupación, cuyos límites se habían negociado previamente para evitar conflictos entre los ejércitos que avanzaban en su conquista, al igual que se había decidido la partición de Berlín, que quedaba dentro del territorio asignado a los soviéticos. Surgieron así las cuatro zonas de ocupación de rusos, norteamericanos, británicos y franceses, cada una de las cuales estaba bajo la responsabilidad de su propio mando militar. La única autoridad común era el Consejo aliado de control, que reunía a los representantes de las cuatro potencias y que necesitaba de su consentimiento unánime para actuar.

Se había pensado inicialmente en desmantelar Alemania. En la conferencia de Teherán Roosevelt había hablado de dividirla en cinco estados, y Churchill propuso una fragmentación entre Prusia y el resto de Alemania. En septiembre de 1944 el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Henry Morgenthau, presentó un «Programa para impedir que Alemania inicie una III Guerra mundial», que proponía su división territorial, el desmantelamiento de la industria pesada y la exigencia de grandes reparaciones.[34] Roosevelt dio inicialmente su acuerdo a este plan, que coincidía con la idea de Churchill de una Alemania esencialmente agrícola, «gorda pero impotente», hasta que se vio que, en las condiciones determinadas por la pérdida de las ricas tierras agrícolas que se iban a ceder a los polacos, hubiera sido imposible asegurar la subsistencia de una población alemana aumentada además con millones de desplazados.

El tema de las reparaciones, y el del derecho especial de los rusos a recibirlas para rehacer su economía, habían quedado en Yalta confusamente aludidos. Los rusos sostenían que había de obligarse a los alemanes a pagar 20 000 millones de dólares de reparaciones, la mitad de los cuales serían para la Unión Soviética, y esperaban que estas sumas se recaudasen en el conjunto del territorio alemán. De Yalta a Potsdam, sin embargo, la actitud de los dirigentes norteamericanos había cambiado, de acuerdo con la mayor implicación que estaban asumiendo en la política europea. El secretario de Guerra, Stimson, convenció a Truman de que el restablecimiento de Europa dependía de que Alemania recobrase su capacidad económica, de modo que no se le podían arrebatar las zonas industriales, ni aplastarla con tremendas reparaciones: había que alimentar la vaca, aunque se la mantuviese flaca y sin cuernos. Truman forzó entonces la dimisión de Morgenthau, descartó su plan de desmantelamiento y se dispuso a regatear con los rusos lo referente a las reparaciones que exigían como compensación por los daños que los nazis habían causado en su territorio, que estimaban en 128 000 millones de dólares.

El secretario de Estado norteamericano, James F. Byrnes, que fue quien asumió la dirección de estas discusiones en Potsdam, sostenía que Roosevelt había admitido en Yalta la cifra de los 20 000 millones como un punto de partida para una negociación posterior, pero que no se había decidido nada en firme y que las cosas habían cambiado desde entonces. La ocupación rusa de territorio alemán había dado lugar a numerosos desmantelamientos de equipos industriales que se habían trasladado a la URSS y que debían considerarse como parte de las reparaciones, al igual que las aportaciones de trabajo forzado realizadas por los prisioneros de guerra.

En estas condiciones, y en vista de que la situación económica de Alemania era desastrosa, resultaba imposible mantener una exigencia tan alta de reparaciones. Británicos y norteamericanos no estaban dispuestos, además, a que los recursos para pagar a los rusos saliesen de sus zonas de ocupación (lo que se les concediese de ahí había de ser a cambio de productos agrícolas y carbón de la zona soviética), puesto que no querían un país arruinado que habrían de mantener: no aceptaban que otros «ordeñasen la vaca» que ellos tendrían que alimentar. Ello implicaba negarles a los rusos, que habían de reconstruir un país destruido por la guerra en una medida que no guardaba punto de comparación con los daños sufridos por sus aliados, las esperanzas de una recuperación económica.

Más allá de estas cuestiones, los acuerdos políticos alcanzados en Potsdam fueron de escasa entidad: se organizó un «Consejo de ministros de Asuntos exteriores de las cinco grandes potencias» que había de preparar los tratados de paz, lo que exigió una larga serie de negociaciones hasta que se pudieron firmar en París, en febrero de 1947, los primeros, que eran los que afectaban a los cinco «satélites» de la Alemania nazi: Italia, Bulgaria, Rumania, Hungría y Finlandia. No iba a ser posible, en cambio, llegar a un acuerdo sobre el tratado de paz con Alemania.

Lo que se había configurado en Potsdam, desmintiendo la ilusión de un orden internacional regido por la ONU, era el reconocimiento de hecho de que iba a haber un mundo dividido en dos áreas, en dos grandes «esferas de influencia», en que cada uno de los poderes dominantes, que era evidente que iban a ser tan solo dos, impondría su sistema social y ejercería el control político (como había dicho Stalin, esta guerra no era como las del pasado, sino que «quien ocupa un territorio impone en él su propio sistema social»). Que los norteamericanos no aceptasen esta realidad, y considerasen necesario destruir la esfera de influencia soviética, por miedo a que los comunistas se dispusieran a asaltar el «mundo libre», subvirtiéndolo «por infiltración e intimidación», como dicen sus documentos internos, iba a ser la causa inicial de la guerra fría.

LOS ORÍGENES DEL ENFRENTAMIENTO: LOS PROYECTOS NORTEAMERICANO Y SOVIÉTICO

¿Cuándo y cómo comenzó el enfrentamiento entre los aliados «occidentales» y la Unión Soviética? Aunque sus primeras formulaciones abiertas sean de comienzos de 1946, no puede ignorarse que por lo menos un sector de las clases dirigentes de los Estados Unidos y Gran Bretaña se preparaba para ello desde mucho antes. Durante la segunda guerra mundial muchos altos jefes militares británicos y norteamericanos consideraban a la Unión Soviética como «el próximo enemigo». El 27 de julio de 1944 el mariscal Alan Brooke escribía en su diario que convenía ir convirtiendo a Alemania en un aliado para enfrentarse a la futura amenaza rusa.

En la primavera de 1945, antes de la rendición del Reich, Churchill mandó al mariscal Montgomery que guardase las armas tomadas a los alemanes por si era necesario usarlas contra los soviéticos (una orden que los servicios de inteligencia rusos interceptaron), y encargó que se preparasen los primeros planes para una posible acción contra Rusia. Los autores del proyecto, que llevaba el nombre de «Operación Impensable», presentaron sus conclusiones el 22 de mayo de 1945, apenas dos semanas después de la rendición del Reich.

En los Estados Unidos se boicoteaban en plena guerra los envíos a Rusia: «las máquinas se rompían, las listas se perdían, las asignaciones no se hacían correctamente» —decía Joe Marcus, un economista del New Deal. «Poco antes del fin de la guerra surgió la cuestión de un préstamo a Rusia. Generales y embajadores se pusieron a enviar telegramas: “No lo hagáis sin poner condiciones”.» Después de una etapa de vacilaciones, el Joint Chiefs of Staff (Estado Mayor Conjunto) decidió en abril de 1946 preparar un plan de guerra que comenzaría con la destrucción mediante bombardeos del «corazón industrial de la URSS», en el área al oeste de los Urales y al norte del mar Caspio y del mar Negro, tomando como objetivo esencial el petróleo. Los aviones partirían de los aeropuertos de Egipto, en manos en aquellos momentos de los británicos, y utilizarían los planes de bombardeo nazis, basados en un inmenso archivo de fotografías de reconocimiento aéreo, parte de las cuales estaban guardadas en el refugio de montaña de Hitler en Berchtesgaden. En 1949 la Operación Dropshot proyectaba la destrucción de cien ciudades soviéticas mediante el empleo de 300 bombas atómicas, que eran ahora mucho más potentes que las que se habían lanzado sobre Japón.

Las causas fundamentales de este enfrentamiento hay que buscarlas en la voluntad de los Estados Unidos de construir un mundo que funcionase de acuerdo con sus reglas, que se quería legitimar con la pretensión de que eran las únicas que garantizaban el progreso. Un mundo en el cual tendrían no solo un dominio económico —salían de la guerra habiendo doblado su capacidad productiva, mientras todos los demás participantes lo hacían muy mermados—, sino también una hegemonía militar indiscutida, reforzada con el monopolio de la bomba atómica, que «custodiarían en nombre de toda la humanidad», como dijo Truman en septiembre de 1945. Esta situación debía quedar asegurada por el llamado Plan Baruch, presentado el 14 de junio de 1946, que proponía crear un organismo internacional para inspeccionar y controlar todas las actividades nucleares, capaz de garantizar que ningún otro país podía construir una bomba atómica; solo tras haberse asegurado de ello se ofrecían los Estados Unidos, en fecha indeterminada, a destruir su propio arsenal nuclear. Este plan, que consagraba el monopolio norteamericano de las armas atómicas, fue rechazado por la Unión Soviética, como era previsible.

La visión del mundo que pretendían establecer los norteamericanos se basaba en la convicción de la superioridad del «modo de vida americano»,[35] asociada a la idea de que su componente religioso era una garantía de su ventaja moral sobre «el comunismo ateo». En los papeles personales de Truman encontramos una incomprensión total acerca de la política soviética, que aparece confrontada con su propio gran proyecto personal de «organizar Éxodo XX, Mateo V, VI y VII para salvar la moral en el mundo». Si recordamos que Éxodo XX se refiere a la promulgación del decálogo, y Mateo V, VI y VII al sermón de la montaña y a las bienaventuranzas, parece evidente que desde estas bases era imposible plantear una política de coexistencia con los soviéticos.

Solo que el problema no se reducía a una confrontación puntual con la Unión Soviética, sino que implicaba asumir un proyecto de hegemonía mundial. Como había escrito Henry Luce en 1941, los norteamericanos debían «aceptar sin reservas nuestro deber de ejercer sobre el mundo el pleno impacto de nuestra influencia para aquellos propósitos que creamos convenientes y por aquellos medios que creamos convenientes». Ello obligaba a establecer una amplia red de alianzas con el fin de impedir que su antagonista ganase influencias y apartase a otros países del área de control informal, político y económico, norteamericano.

Contaban con que el temor a que los soviéticos pretendiesen extender su modelo de sociedad a otros países por la acción de los partidos comunistas locales les facilitaría movilizar a los gobiernos de estados basados en un sistema económico capitalista, en especial a los europeos occidentales, que eran los que podían sentirse más inmediatamente amenazados, debido a la existencia en su seno de organizaciones sindicales potentes y de partidos comunistas arraigados. El miedo al cambio social fue desde el principio la base de la solidaridad de «Occidente».

El problema era distinto en el caso de los países subdesarrollados y de las colonias que pretendían acceder en estos años a la independencia, en los cuales no existían sociedades firmemente asentadas con las que se pudiera colaborar para estos propósitos. En estos casos convenía dejar en un segundo plano la retórica democrática y «ejercer la influencia» por aquellos medios que se considerasen convenientes. Los norteamericanos sabían —lo habían descubierto después de la primera guerra mundial— que sus asociados más fiables eran las dictaduras de derechas, que podían garantizarles las tres condiciones que exigían de un aliado: estabilidad política, apoyo decidido contra los enemigos de los Estados Unidos (lo cual significaba, después de 1945, anticomunismo), y una actitud favorable al comercio y a las inversiones norteamericanas.

Esta exigencia podía crear problemas en los países en vías de desarrollo, donde las demandas colectivas de mejora económica podían dificultar que se mantuvieran condiciones favorables a los intereses de las empresas norteamericanas, lo que los apartaría de su alianza política. En unos casos, como en los países de América Latina, lo mejor era combatir a los gobiernos «nacionalistas» que manifestaban preocupaciones sociales, y apoyar a dictadores, que eran por definición «estables»; en el de las colonias independizadas, recurrir a gobiernos militares capaces de mantener el orden social por la violencia.

En 1958 el secretario de Estado John Foster Dulles sostenía que no debía darse la independencia a la ligera a las colonias, argumentando que «hoy muchos de los nuevos países independientes, que no estaban preparados para su independencia, se han convertido en objetivos del comunismo internacional y esto ha conducido con frecuencia a una dictadura del proletariado». Una afirmación que demuestra el grado de delirio a que podían conducir unos temores irracionales (dejando a un lado que la «dictadura del proletariado» no existía ni siquiera en la Unión Soviética).

«De todos los malentendidos que guían la política exterior de los Estados Unidos —ha escrito Mark Weisbrot— el más importante y duradero tal vez sea el fracaso de reconocer o entender lo que la autodeterminación nacional significa para la mayoría de los pueblos del mundo.»

En la base de esta actitud política estaba una visión racista que sostenía que estos pueblos eran incapaces de vivir en un sistema democrático. En el caso de los países latinoamericanos por su inferioridad cultural (las manifestaciones de menosprecio hacia los «latinos» eran constantes en las conversaciones privadas de los políticos norteamericanos). En el de las colonias africanas y asiáticas, la desconfianza se basaba en la creencia, que contradecía la retórica anticolonialista oficial, de que para alcanzar la estabilidad política necesitaban una etapa previa de desarrollo económico y social que solo podía realizarse bajo la férrea tutela de un régimen militar.

Estas eran las condiciones para que pudiera construirse un mundo de libre circulación de mercancías y capitales en que los Estados Unidos tendrían un papel predominante. Como había dicho Cordell Hull: «Si las mercancías no pueden cruzar las fronteras, lo harán los soldados». Significaba un cambio profundo en la filosofía política de un país que se había construido sobre la base del proteccionismo y que adoptaba ahora el ideal del libre cambio, convencido de que su superioridad le iba a dar todas las ventajas (lo cual fue cierto al principio, pero acabó conduciendo, medio siglo más tarde, a su desindustrialización).

Este librecambismo requería, sin embargo, la continuidad del predominio político: una idea que ha recorrido la política norteamericana desde 1945 hasta la actualidad, pasando por los años finales del siglo, cuando los neocons formularon el proyecto de nuevo imperio de G.W. Bush. Nadie lo expresó con más claridad que el secretario de Defensa, Robert McNamara, en un memorándum destinado al presidente Johnson, en que afirmaba su convicción de que el papel de liderazgo que los norteamericanos habían asumido «no podía ejercerse si a alguna nación poderosa y virulenta —sea Alemania, Japón, Rusia o China— se le permite que organice su parte del mundo de acuerdo con una filosofía contraria a la nuestra».

De ahí la preocupación norteamericana al ver que los soviéticos se negaban a integrarse en el sistema diseñado en Bretton Woods en julio de 1944. Los dirigentes soviéticos se mostraron inicialmente dispuestos a aceptar la integración, porque necesitaban préstamos y ayudas de Occidente, pero acabaron rechazándola, porque temieron, no sin razón, que iba a servir para someterles a la clase de reglas del juego que querían imponer sus rivales, que eran incompatibles con su propio modelo económico y social. La actuación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en los años que siguieron vendría a demostrar que sus temores no eran infundados.

En cuanto a la Unión Soviética, una de las preocupaciones fundamentales de Stalin era asegurarse en la Europa del este una zona de protección contra nuevas invasiones de ejércitos europeos y, ante todo, contra un posible renacimiento del militarismo alemán. Pero el más acuciante de sus problemas era el de rehacerse de los tremendos daños que había causado la guerra. Las pérdidas soviéticas habían sido las mayores sufridas por cualquiera de los contendientes (27 millones de muertos, en comparación con 6 millones de alemanes y 300 000 británicos), y se encontraron, además, con el súbito cese de la ayuda norteamericana, el rechazo por parte de sus aliados de sus aspiraciones a obtener mayores reparaciones económicas de Alemania y la negativa de Truman a concederles los créditos para la reconstrucción que se habían comenzado a negociar con Roosevelt. Todo lo cual se combinó con los efectos de la desmovilización de ocho millones de soldados y con el retorno de los presos de guerra. A ello se añadió una desastrosa cosecha que dio lugar a que en el invierno de 1946 a 1947 la Unión Soviética sufriese la peor hambruna de los últimos cincuenta años, que causó más de un millón de muertes por hambre y enfermedad. No fue hasta el 15 de diciembre de 1947 cuando la mejora de la situación permitió acabar con el racionamiento de los alimentos.

La situación política interna sufrió algunos cambios. El Consejo de comisarios del pueblo (Sovnarkom) fue reemplazado por un Consejo de ministros, como prueba, en palabras de Stalin, de que se había llegado a una fase de estabilidad después que «la guerra ha demostrado que nuestro orden social es seguro». Este organismo iba a ocuparse sobre todo de las cuestiones económicas, como parte de una reorganización general que tendía a poner la gestión en manos de comités de especialistas, mientras los asuntos de carácter político quedaban en teoría en manos del Comité Central, que apenas se reunía, y de hecho en las del Politburó (un órgano más reducido que actuaba permanentemente) y de una llamada Comisión de asuntos exteriores, que estaba formada por el núcleo más íntimo de los colaboradores de Stalin, que eran además los compañeros a los que invitaba con frecuencia a su dacha de Kuntsevo para combatir la soledad en que se encontraba a partir del momento en que su hija Svetlana se casó con un individuo que no le gustaba y se alejó del Kremlin. Esta situación reflejaba la realidad de un Stalin envejecido y cansado, que centraría a partir de este momento su actuación personal en las grandes cuestiones de política exterior, aunque se reservaba el derecho de intervenir en cualquier asunto, en especial en los que hacían referencia a la seguridad.

Nada cambió, por el contrario, en lo que se refiere a las libertades de los ciudadanos. El régimen, que se sentía reforzado por el entusiasmo patriótico suscitado por la guerra, no consideró necesario hacer concesiones. El aparato de seguridad de la NKVD se dividió ahora entre el MVD (Ministerio de Asuntos Interiores), que controlaba los campos de prisioneros del gulag, y el MGB (Ministerio de la Seguridad del Estado), que se ocupaba de los servicios secretos y de la policía. Lejos de amainar, la represión fue creciendo, cebándose en nuevos enemigos, con el resultado de que a comienzos de 1950 los campos alcanzaron un máximo, con más de dos millones y medio de prisioneros: un millón más de los que había en 1945, al final de la guerra.

En el terreno de la política internacional Stalin no tenía un proyecto de hegemonía mundial parecido al norteamericano, porque era consciente de su debilidad y porque estaba convencido de que la superioridad del socialismo le daría a la larga la victoria frente a un capitalismo que acabaría derrotado por sus propias contradicciones internas.

En cuanto al futuro inmediato, pensaba que iba a ser el de un mundo en que los Estados Unidos dominarían el conjunto de las Américas y el Pacífico, y en que Gran Bretaña y la Unión Soviética se repartirían Europa. Los soviéticos consideraban que su aspiración a ser tratados en un pie de igualdad con Gran Bretaña y los Estados Unidos estaba plenamente justificada por la aportación decisiva que habían hecho, asumiendo enormes costes humanos y materiales, a la derrota del nazismo: sin las pérdidas que Hitler sufrió en Rusia es improbable que hubiesen sido posibles el desembarco en Normandía y el asalto a Alemania desde el oeste. Pero cuando se vieron excluidos de Italia, del Mediterráneo y de Japón, se encontraron ante una situación en que solo cabían o la aceptación de un papel subalterno en un mundo de predominio norteamericano, o el esfuerzo por mantener en Europa un área separada que se organizaría de acuerdo con sus reglas.

EL NUEVO MAPA EUROPEO

Uno de los primeros motivos de fricción entre los dos bandos se produjo en relación con los gobiernos de coalición que los soviéticos habían ido instalando en los países del este de Europa, lo cual se había hecho siguiendo el acuerdo tomado por la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores en Moscú, en octubre de 1943, de que sería la potencia que recibiese la rendición de un estado la que determinaría las condiciones que habían de establecerse, tal como hicieron británicos y norteamericanos en Italia.

El caso más complejo era el de Polonia. En 1939, cuando la invasión nazi acabó con el gobierno polaco heredero del régimen dictatorial de Piłsudski, se formó un gobierno en el exilio dirigido por el general Władysław Sikorski e integrado por miembros de los cuatro partidos que figuraban en 1939 en la oposición a la dictadura. El llamado «gobierno polaco de Londres», que creía tener la garantía de que los británicos le asegurarían su integridad territorial, contaba con que los soviéticos serían incapaces de vencer a las tropas hitlerianas, y que iban a ser los ejércitos occidentales los que liberasen Polonia, acompañados por los polacos que combatían a su lado (en 1944 tenían 65 000 hombres luchando en Italia junto a los británicos), dispuestos no solo a liberar su país, sino a ampliar su territorio y a enfrentarse a la URSS. Pero las cosas sucedieron de modo muy distinto, y cuando, tras el descubrimiento de la matanza de oficiales polacos en Katy’n, el «gobierno de Londres» rompió sus relaciones con los soviéticos, advirtió que a Churchill le importaba más mantener buenas relaciones con Moscú que atender a las ambiciones de unos nacionalistas polacos cuyas pretensiones empezaban a resultar molestas. Sus planes se vinieron definitivamente abajo cuando los rusos entraron en Polonia y formaron un Comité Nacional Polaco de Liberación que se instaló en Lublin, con una composición de frente popular dominada por los comunistas.

Uno de los problemas más serios que se les planteaba era el de las fronteras con la URSS. Cuando el estado polaco reapareció, al término de la primera guerra mundial, tras 128 años de inexistencia, el ministro británico de Asuntos Exteriores, lord Curzon, propuso, en diciembre de 1919, una frontera entre territorio polaco y ruso, la llamada «línea Curzon», que fue rechazada inicialmente por los dos bandos. La victoria de los polacos en su guerra contra los soviéticos les permitió imponer en 1921 una frontera a unos 200 km al este de la «línea Curzon», con lo que se incorporaron unos 135 000 km2 de territorio reivindicado por los rusos, donde la población de etnia polaca era minoritaria y donde había un gran número de ucranianos y bielorrusos, oprimidos y marginados desde entonces por los polacos. El gobierno en el exilio de Londres pretendía que se le garantizasen las fronteras de 1939, mientras Churchill sostenía que el tema había de decidirse en las conferencias que se celebrasen después de la guerra.

La misteriosa muerte de Sikorski en un accidente aéreo en aguas de Gibraltar, en julio de 1943,[36] vino seguida, el 28 de noviembre de este mismo año, por la sugerencia por parte de Churchill, en la conferencia de Teherán, de que los soviéticos se incorporasen los territorios al este de la línea Curzon y se los compensasen a los polacos por el oeste con tierras tomadas a los alemanes, que fue la solución aprobada finalmente en Yalta y confirmada en Potsdam.

Sus aliados comprendían, aunque no lo reconociesen en público, que los soviéticos, que habían firmado ya en diciembre de 1943 un tratado de amistad con los checos, quisieran asegurarse gobiernos amigos en sus fronteras europeas, y en especial en la de Polonia. Averell Harriman recordaba «a Stalin diciéndome que las llanuras de Polonia eran la ruta de invasión de Rusia desde Europa y que siempre lo habían sido, y que, por consiguiente, él necesitaba controlar Polonia». Unas semanas antes de la conferencia de Potsdam, Stalin le recordaba a Truman en una carta que necesitaba asegurarse un gobierno amigo en Polonia y que, del mismo modo que él no preguntaba si los gobiernos que se habían instalado en Grecia y en Bélgica, acerca de los cuales nadie le había consultado, eran genuinamente democráticos, porque sabía cuán importantes eran Grecia y Bélgica para la seguridad británica, se le debía respetar a él su preocupación por Polonia. En sus recuerdos Molotov sostiene que lo que británicos y norteamericanos pretendían era «imponer en Polonia un gobierno burgués que hubiera sido sin duda alguna un agente del imperialismo; pero nosotros, Stalin y yo, insistimos en tener en nuestra frontera una Polonia independiente, pero no hostil».

Con la «Declaración sobre la Europa liberada», formulada en Yalta, la cuestión pareció quedar definitivamente resuelta en mayo de 1945, tras las conversaciones celebradas en Moscú entre Stalin y el enviado norteamericano Harry Hopkins. Una nota de Truman a Hopkins revela que lo que el nuevo presidente norteamericano quería comunicarle a Stalin era que «Polonia, Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, Lituania, Letonia, Estonia, etc.» no le importaban más que en relación con la paz mundial. Esperaba, por ello, que el «tío Joe» hiciese «alguna clase de gesto, estuviese dispuesto o no a mantenerlo ante nuestro público, de que se proponía sostener su palabra. Es lo que haría cualquier jefe político inteligente». Stalin hizo el gesto que se le pedía, al admitir la participación en el gobierno de Polonia de miembros de partidos ajenos al grupo de Lublin, incluyendo representantes del gobierno de Londres, con tal que aceptasen la frontera de la «línea Curzon», y el 22 de junio de 1945, tras la reunión de una serie de representantes polacos en Moscú, un comité integrado por Averell Harriman, Molotov y sir Archibald Clark Kerr, embajador británico en la URSS, aceptó la composición de un gobierno provisional de unidad nacional de Polonia, que fue reconocido tanto por Gran Bretaña como por los Estados Unidos. El dirigente agrario Mikołajczyk abandonó la presidencia del gobierno en el exilio de Londres para integrarse en el que se iba a crear en Polonia.

El tema había quedado, en consecuencia, resuelto antes de la reunión de Potsdam, donde tan solo se discutió acerca de la frontera con Alemania. Los rusos compensaban a los polacos lo que perdían en el este cediéndoles el territorio alemán hasta la línea de los ríos Oder-Neisse. Esta anexión de territorio por Polonia, y la discusión acerca de cuál de las dos ramas del Neisse, la occidental o la oriental, debía tomarse como base para fijar la frontera (entre ambas quedaba la Alta Silesia, donde vivían 3 millones de habitantes), fueron dos de los asuntos más duramente debatidos en Potsdam. Los norteamericanos acabaron cediendo a las exigencias de los rusos, tras haber fracasado en su propuesta de que los territorios alemanes que se daban a los polacos lo fuesen a título de una «zona de ocupación», o sea temporalmente, y los británicos se vieron obligados a hacer lo mismo, aunque consideraban que la cuestión podía volver a discutirse en una futura conferencia de paz, que nunca llegó a realizarse.

Mientras los dirigentes del exilio londinense y los soldados polacos que habían combatido con los aliados seguían soñando en planes para expulsar a los soviéticos de Polonia, la población local, cansada de la guerra, se iba acomodando a la nueva situación. «Polonia, ha dicho François Fejtö, solo podía escoger entre una democracia nacionalista, vengativa y antisoviética, y un régimen controlado por los rusos.» En las condiciones vigentes después de 1945 la primera alternativa era imposible, porque los rusos no la admitirían, y británicos y norteamericanos no tenían la menor intención de darle apoyo armado. Se formó, pues, un gobierno provisional de 21 miembros, donde había seis representantes de cada uno de los partidos comunista, socialista y campesino, y tres de los católicos, que estaba presidido por un socialista, Osóbka-Morawski, con Mikołajczyk y el comunista Gomułka como primeros ministros adjuntos. Hasta que Mikołajczyk abandonó la coalición, tratando de desafiar a los soviéticos, con la esperanza de que sus aliados occidentales les impedirían imponerse (Churchill le había asegurado que, si le sucedía algo, «empezaremos a combatir»). Pero socialistas y comunistas ganaron las elecciones de enero de 1947, a las que habían ido conjuntamente, formando un Bloque democrático, y Mikołajczyk, viendo su partido relegado a una posición secundaria, dimitió y huyó del país, temiendo un posible arresto y juicio.

Hubo también algunas tensiones acerca de los gobiernos que se habían establecido en Rumania y Bulgaria, mientras británicos y norteamericanos rechazaban, en contrapartida, la propuesta de Stalin de liquidar el régimen fascista de Franco, que había luchado en la guerra al lado de los nazis en el frente ruso. Truman no hubiera tenido inconveniente en ello («No me hubiera opuesto», escribe en su diario), pero cedió a la oposición de Churchill, que alegaba «las valiosas relaciones comerciales que Inglaterra mantenía con España». No era la democracia lo que le preocupaba, como lo demostraría en Grecia.

El tema de los gobiernos que los soviéticos habían instalado en Rumania y Bulgaria reapareció en la reunión del Consejo de ministros de asuntos exteriores celebrada en Londres en septiembre de 1945. Los soviéticos, que esperaban mantener la cooperación con sus aliados, se vieron sorprendidos por el cambio de actitud de estos, que se negaron además a concederles la tutela sobre Libia, pese a que tres meses antes se les había prometido una participación en el reparto de las colonias italianas, de modo que rechazaron, a su vez, la pretensión de norteamericanos y británicos de interferir en la elección de los gobiernos de Rumania y Bulgaria, donde los funcionarios norteamericanos estaban alentando a los elementos de la oposición para que se opusieran a los comunistas.

La realidad era, sin embargo, que Rumania y Bulgaria le importaban muy poco al secretario de Estado Byrnes, de modo que en la siguiente conferencia, celebrada en Moscú del 16 al 26 de diciembre de 1945, aceptó el reconocimiento de ambos gobiernos a cambio de concesiones menores, lo cual, como veremos, le creó considerables dificultades con el presidente Truman.

Grecia era para los británicos, y para su proyecto de seguir controlando el Mediterráneo, y con él la ruta hacia Oriente por Suez, algo parecido a lo que Polonia representaba para los soviéticos. En Grecia el peso mayor de la resistencia contra los nazis lo había asumido un Frente de Liberación Nacional (EAM), con destacada participación de los comunistas, que creó un ejército guerrillero (ELAS), mientras el monarca, Jorge II, que había patrocinado la dictadura de Metaxas, residía en Londres, y en El Cairo se había formado un ineficaz gobierno en el exilio, presidido por Georgios Papandreu. Los dirigentes del EAM luchaban ante todo por la liberación nacional, de modo que aceptaron colaborar con el gobierno en el exilio, llegaron en abril de 1945 a un acuerdo para la desmovilización del ejército guerrillero, y no se opusieron al desembarco de un importante contingente de soldados británicos. Ante la sorpresa de los conservadores, no hicieron nada para adueñarse del poder, sino que se mostraron dispuestos a colaborar en gobiernos de unidad nacional. «En lugar del golpe de estado que se temía, el EAM organizaba fiestas, desfiles y misas para celebrar la victoria.»

Los británicos llegaron a Grecia como a un territorio conquistado. Churchill le dijo a Eden que, habiendo pagado a Rusia el precio de su libertad de acción en Grecia, debían actuar allí sin reparos, de modo que dio órdenes a sus tropas de que liquidaran las manifestaciones izquierdistas a sangre y fuego. El resultado fue el desencadenamiento del «terror blanco» contra los partidarios del EAM y contra los combatientes guerrilleros, con la participación de grupos armados que habían colaborado con los alemanes. Así comenzó, a fines de 1945, una guerra civil en que los comunistas que formaban parte del Frente de Liberación Nacional no lograron apoyo alguno de Stalin. Cuando acudieron a Moscú para pedir ayuda, ni siquiera fueron recibidos por Stalin, sino que fue Zhdanov quien se encargó de darles una rotunda negativa.

En marzo de 1946 se realizaron en Grecia unas elecciones sin participación de las izquierdas, y a estas le siguió un referéndum que restauró la monarquía, mientras de 40 000 a 50 000 izquierdistas permanecían encerrados en prisiones y campos de concentración, los combatientes de la resistencia eran perseguidos y quienes habían colaborado con los alemanes quedaban impunes. Se ha podido decir que fue Churchill el primero que impuso un gobierno por la fuerza a uno de los estados liberados del dominio nazi y que «Stalin siguió su ejemplo, primero en Bulgaria y después en Rumania, aunque con un menor derramamiento de sangre», puesto que en ninguno de estos países hubo nada que se asemejara a la guerra civil griega. La situación del país era entre tanto desastrosa, ya que, como reconoció el propio Truman en sus Memorias, en Grecia había gobiernos incompetentes, hambre, miseria y ruina económica.

Stalin había decidido no intervenir, no tanto por respetar los tratos a que había llegado con Churchill como por la conciencia de su propia debilidad. Según contó más tarde Milovan Djilas, se había opuesto a que los yugoslavos ayudasen a los guerrilleros griegos con estos argumentos: «¿Pensáis que Gran Bretaña y los Estados Unidos —los Estados Unidos, el estado más poderoso del mundo— os permitirán que rompáis su línea de comunicación en el Mediterráneo? Es una insensatez. Y nosotros no tenemos flota. El levantamiento de Grecia debe detenerse lo más pronto que sea posible».

EL CAMINO HACIA LA GUERRA FRÍA

Si Truman se sentía inseguro y desconfiado en cuanto al futuro de las relaciones con los soviéticos, Stalin tenía, por su parte, motivos sobrados para estar descontento de la conducta de los norteamericanos, que le estaban excluyendo de una escena política internacional en que se habían atribuido el mundo entero, de Japón al Mediterráneo, como su campo de acción reservado, y pretendían además inmiscuirse en su área de seguridad de la Europa del este.

A fines de 1945 un Truman presionado por los anticomunistas que le rodeaban, como el almirante Leahy y el secretario de Marina Forrestal, había abandonado la actitud aparentemente conciliadora de seis meses antes, en la época de la nota a Hopkins, lo cual, añadido a su irritación por la forma personal en que Byrnes llevaba la política internacional, llegando a acuerdos con los soviéticos sin ni siquiera consultarle, dio lugar a que el 5 de enero de 1946 le dirigiera a su secretario de Estado una reprimenda, quejándose de que no le hubiera mantenido informado, a la vez que denunciaba la amenaza de la Unión Soviética a Turquía y su «agresión» a Irán, reclamaba «el control completo de Japón y del Pacífico», sostenía que la única política que entendían los rusos era la de la amenaza de la fuerza y afirmaba que en modo alguno reconocería a los gobiernos de Rumania y Bulgaria, contra lo que Byrnes había aceptado en Moscú. Y lo remachaba diciendo que «después» exigiría a Rusia que devolviera los barcos y la forzaría a un arreglo por la deuda que mantenía como consecuencia del programa de préstamo y arriendo. Todo lo cual concluía con un: «Estoy harto de mimar a los rusos».

Ante una manifestación semejante, que Offner ha calificado como la «declaración personal de la guerra fría» por parte de Truman, resulta ridículo atribuir un supuesto cambio de la política norteamericana a la «provocación» que habría significado el discurso «electoral» (para unas elecciones al Soviet supremo con candidatos únicos, designados por el partido) que Stalin pronunció un mes más tarde, el 9 de febrero de 1946, en el teatro Bolshoi de Moscú. Si acudimos directamente al texto del discurso, se puede ver que las «provocaciones» se reducen a afirmar que el desarrollo desigual que causa el capitalismo trae aparejadas crisis que llevan regularmente a conflictos armados (aunque se apresuraba a añadir que en la segunda guerra mundial había habido más que esto, porque había implicado la lucha contra el fascismo por parte de la Unión Soviética, los Estados Unidos, Gran Bretaña «y otros países amantes de la libertad»). Y que la guerra había demostrado, contra todas las suposiciones hechas habitualmente en «Occidente», que el sistema social y el sistema estatal de la URSS eran sólidos, y que el ejército soviético, vencedor de los alemanes, tenía una potencia indiscutible.

Tras de esto venía una interpretación de la historia de la Unión Soviética que atribuía los éxitos alcanzados a los aciertos políticos de Stalin, y un doble juego de promesas, que comenzaba afirmando que se iba a restablecer el país de los daños sufridos por la guerra y a mejorar los niveles de vida de los ciudadanos y que, prosiguiendo por el mismo camino que en el pasado inmediato, se iniciaría un nuevo salto adelante que multiplicaría por tres la producción industrial de preguerra, para lo cual «se necesitarían tal vez otros tres planes quinquenales o más».

El discurso pretendía sacar provecho del sentimiento colectivo de orgullo por el triunfo en la «Gran guerra patria» y, consciente de la imposibilidad de plantear objetivos ambiciosos a corto plazo, se refugiaba en planes para un futuro lejano de triunfo del socialismo. Se puede considerar lamentable que Stalin se expresase en estos términos triunfalistas cuando Rusia estaba sufriendo una terrible hambruna. Pero el contenido global del discurso, expresado en términos del marxismo escolástico estalinista, no tenía nada de nuevo, y en todo caso no planteaba ningún escenario de conflicto inmediato. Contra lo que se suele afirmar, Stalin no actuaba de forma arbitraria en el campo de la política internacional, sino que tenía unos objetivos coherentes, entre los que destacaba el de reivindicar para su país su condición de gran potencia y ponerlo en pie de igualdad con las de «Occidente», tanto en el terreno económico como en el militar.

Que no esperaba una agresión inminente, y que no pensaba en hacer la guerra por su parte, lo demuestra el hecho de que desmovilizase el ejército (que pasó de más de once millones de hombres a menos de tres de 1945 a 1947) y redujese el presupuesto de defensa a menos de la mitad. A fines de 1945 le decía a Gomułka, en una conversación confidencial, que no creía que las potencias occidentales fuesen a declararle la guerra, aunque sus agentes iban difundiendo noticias de que estaba a punto de estallar. «Sus ejércitos se han desarmado por la agitación a favor de la paz y no tomarán las armas contra nosotros. La guerra no la deciden las bombas atómicas, sino los ejércitos (…). Que en unos treinta años más o menos deseen hacer otra guerra es una cuestión distinta.»

En lo cual se equivocaba, porque no supo ver que, si bien sus antiguos aliados no iban a entrar ahora en combate abierto contra los soviéticos, estaban ya preparándose para otra clase de guerra que Stalin fue incapaz de prever. No se puede entender su política en estos años si se olvidan su fe en la superioridad a largo plazo del socialismo y su esperanza de que la situación mundial podía cambiar por la subida al poder a través de mecanismos parlamentarios de unos partidos comunistas que, por lo menos en Europa, habían abandonado hacía mucho tiempo cualquier tentación revolucionaria. Stalin había dado instrucciones tanto a Togliatti como a Thorez para que los comunistas italianos y franceses siguieran una política de frente popular, aliándose a las fuerzas de izquierda, y evitasen cualquier tipo de confrontación que pudiera alarmar a norteamericanos y británicos.

Entre sus grandes errores figuran la previsión de que sus antiguos aliados, enfrentados entre sí por unos intereses divergentes, iban a darle treinta años de tregua[37] y, sobre todo, la esperanza de que los partidos comunistas del occidente europeo podían llegar un día al poder democráticamente. Al acabar la segunda guerra mundial los partidos comunistas de Francia o de Italia, que tenían un peso considerable —en octubre de 1946 los comunistas franceses obtuvieron un 28,5 por ciento del sufragio popular, lo que les convertía en el más votado de los partidos— no intentaron hacerse con el poder por una vía revolucionaria, entre otras razones porque estaban convencidos de que podían llegar a él a través de elecciones libres y del establecimiento de alianzas con otras fuerzas de izquierda. Que sus adversarios también lo temiesen explica los esfuerzos que hicieron para impedírselo.

Era desde el lado norteamericano que se estaba organizando la escalada hacia el enfrentamiento. A darle un programa y una legitimación ideológica vinieron las primeras formulaciones de la doctrina de la guerra fría. El 22 de febrero de 1946 un funcionario de la embajada norteamericana en Moscú, George Kennan, que había quedado como encargado de los asuntos después de la marcha del embajador Averell Harriman, contestó a una demanda de interpretación de las actitudes soviéticas hacia las instituciones financieras internacionales. Kennan, que estaba frustrado por el hecho de que no se hubiese hecho caso hasta entonces de sus admoniciones contra los soviéticos, decidió que este era el momento de que le escuchasen y respondió con el llamado «telegrama largo» de ocho mil palabras, enviado como cinco telegramas separados, para no despertar sospechas.

Kennan sostenía que los soviéticos estaban fanáticamente convencidos de que no era posible un modus vivendi con los norteamericanos y que, para preservar su propia seguridad, necesitaban «romper la armonía interna de nuestra sociedad, destruir nuestro modo de vida tradicional y acabar con la autoridad internacional de nuestro estado». La conducta de los rusos respondía, en opinión de Kennan, que era historiador de formación y conocía la lengua rusa, a una mentalidad de siglos. Temerosos de los extranjeros, e inseguros ante la superioridad tecnológica de Occidente, habían desarrollado una visión del mundo paranoica que les hacía creerse sitiados. En cuanto al marxismo, los dirigentes soviéticos no creían en él, sino que lo utilizaban como un pretexto para disimular la vaciedad de lo que no era más que la última de una larga serie de tiranías rusas que habían recurrido al poder militar para reforzar «la seguridad externa de unos regímenes internamente débiles». No se podía negociar con los soviéticos, ni se debía tratar de aplacarlos. Solo una actitud de firmeza, unida a la voluntad de usar la fuerza si era necesario, podía contener a la Unión Soviética, sensible ante todo a la lógica de la fuerza. «Por esta razón puede retirarse —y normalmente lo hace— cuando encuentra una fuerte resistencia en algún punto.»

Los errores de Kennan eran evidentes e iban a tener graves consecuencias en el futuro. Al demonizar a los dirigentes soviéticos, ha escrito Herring, Kennan «confirmaba la futilidad e incluso el peligro de más negociaciones», y preparaba el camino para una política de enfrentamiento. Este texto venía a dar una confirmación de experto al giro político que se estaba produciendo en Washington. Aunque se trataba de un documento secreto, James Forrestal lo hizo circular por todo el gobierno.

Pocos días más tarde, el 5 de marzo, se producía el discurso de Churchill en Fulton. Alejado del poder por la derrota electoral de los conservadores, y sintiéndose a disgusto sin el protagonismo de que había gozado en los años de la guerra, Churchill había aceptado una invitación para pasar unas vacaciones en Florida, con la esperanza de que tendría oportunidad de participar en algún acto relevante. Aunque no era lo que hubiese querido —esperaba que le invitasen a dirigirse al Congreso—, aceptó pronunciar una conferencia en el Westminster College de Fulton, Missouri, donde acudió en el tren presidencial, acompañado por Truman y jugando al póker con él hasta la madrugada. En Fulton formuló una denuncia de las tendencias expansivas y el proselitismo de la Rusia comunista —los rusos, decía, no querían la guerra, pero querían «los frutos de la guerra y la indefinida expansión de su poder y sus doctrinas»—, en un discurso que iba a recordarse sobre todo por la imagen del «telón de acero» que habría caído en Europa, de Stettin a Trieste.

Stalin se indignó al conocer el discurso de Churchill. Los alemanes habían invadido Rusia y dado muerte a millones de sus ciudadanos gracias a que en Polonia, Rumania, Bulgaria y Hungría había gobiernos hostiles a los soviéticos que les facilitaron el paso. Los rusos vivían bajo el síndrome de la invasión nazi y aspiraban a asegurarse de que no volvería a repetirse. ¿Cómo podía alguien sorprenderse de que, ansiosos por su seguridad futura, quisieran ver gobiernos favorables a ellos en estos países, con el fin de establecer una barrera contra Alemania?

Las propuestas de Kennan no se difundieron públicamente hasta febrero de 1947, con la publicación de un artículo en la revista Foreign Affairs.[38] En «Las fuentes de la conducta soviética», que ha sido considerado como «el más famoso de los textos de la guerra fría», Kennan reiteraba la interpretación que había hecho en el «telegrama largo» y sostenía que, como no se podía hacer nada para razonar con los rusos, lo mejor era desarrollar una política de contención que aplicase una «contrafuerza» en puntos geográficos y políticos cambiantes, oponiéndose siempre a sus actuaciones expansivas, sin necesidad de llegar a una confrontación global. Así se evitaría un choque frontal y, al demostrar que el marxismo no podía derrotar al capitalismo, acabaría conduciendo a los comunistas a la autodestrucción de su sistema o los forzaría a adoptar una actitud negociadora.

Walter Lippman, el periodista norteamericano de mayor prestigio en aquellos años, atacó duramente esta propuesta de una política de presión militar constante que podía condenar a los Estados Unidos a una costosa escalada de inversión en armamento, y les exponía al riesgo de verse embarcados en conflictos internacionales en que no se ventilase nada realmente importante para ellos, con lo que acertó a prever lo que iba a suceder en Corea y en Vietnam. Lippman dedicó a su crítica una serie de artículos que se reunieron en un libro que iba a llevar como título una expresión que haría fortuna: La guerra fría. Los círculos conservadores, por el contrario, dominados por miedos irracionales a la subversión social, le reprochaban a Kennan que plantease una política meramente defensiva, cuando lo que querían era una acción decidida contra el comunismo.

La formulación de esta política de contención se completaba con la suposición de que el sistema soviético era esencialmente inestable, porque no tenía apoyo popular, por una parte, pero también porque la intriga y las maquinaciones dominaban en los escalones más altos del poder: un elemento fundamental de debilidad, que se dejaría sentir en la lucha por la sucesión que habría de producirse a la muerte de Stalin, que tenía por entonces cerca de setenta años de edad y una salud precaria. Kennan creía que el colapso de la Unión Soviética podía producirse en un plazo máximo de diez a quince años, y que lo que había que hacer para asegurarlo era fomentar la inestabilidad detrás del «telón de acero», llegando incluso «a la plena aceptación del riesgo de guerra», que podía evitarse, sin embargo, si los Estados Unidos mantenían su superioridad militar.

Estas ideas inspiraron programas confusos como el «Project Troy» y el «Soviet vulnerabilities project», elaborados en asociación con el Center for International Studies del MIT. El «Project Troy», por ejemplo, hacía propuestas como la de enviar propaganda a los países del este en globos, infiltrar a individuos con poderes hipnóticos o usar aviones para escribir consignas en el cielo en zonas cercanas a la frontera y, basándose en la suposición «de la tendencia histórica de los rusos a creer que un jefe muerto no ha muerto en realidad», proponía que, cuando se produjese la muerte de Stalin, agentes americanos difundiesen que había sido asesinado por un nuevo grupo de poder, o que estaba todavía vivo, refugiado en Georgia, en Siberia o preso de los servicios secretos en el Kremlin, con el fin de crear confusión.

El objetivo final de esta política, según el documento NSC 20/45,[39] era la destrucción del bloque soviético. ¿Por qué medios? Los textos de Kennan hablan indistintamente de «guerra psicológica» y de «guerra política», equívocamente definida esta última como «la contención política de una amenaza política». En el terreno «psicológico» el arma fundamental iba a ser la propaganda radiofónica, destinada a promover el descontento popular en los países del área sometida a los soviéticos, que sería difundida por dos emisoras que se pretendían privadas, surgidas espontáneamente de la actuación de grupos de emigrados anticomunistas, cuando habían sido puestas en marcha y eran mantenidas por el gobierno: Radio Free Europe (que comenzó a emitir en 1950) y Radio Liberation, que cambiaría el nombre por el de Radio Liberty, a partir de 1953.

Revisando estas ideas cuarenta años más tarde, en 1987, Kennan insistiría en que lo que él había planteado era una confrontación política y no militar, y que al hablar de «contención» no se refería a una amenaza armada, sino ideológica y política, a la que había que responder en los mismos términos. Pero la forma en que usó expresiones bélicas creó sin duda un equívoco que facilitó que otros utilizasen sus mismas palabras para sostener programas más agresivos.

Esta confusión podía advertirse, por ejemplo, en la forma en que definía la naturaleza y el alcance de la «guerra política». La directiva NSC 10/2, inspirada por Kennan, sostenía que «en interés de la paz mundial y de la seguridad nacional» era necesario organizar operaciones encubiertas en que no apareciera la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. «Específicamente estas operaciones deben incluir todas las actividades encubiertas relativas a propaganda, guerra económica; actos de prevención directa, incluyendo sabotaje, antisabotaje, medidas de demolición y evacuación; subversión contra estados hostiles, incluyendo asistencia a movimientos de resistencia, guerrillas y grupos de liberación de refugiados, y apoyo a elementos anticomunistas en países amenazados del mundo libre». Medidas de rollback (retroceso a una situación previa) destinadas a forzar la vuelta atrás de los avances del comunismo, que eran más de acoso que de contención y que definían una guerra que sería más lógico calificar de «sucia» que de «fría».

Paralelamente a la formulación de estos programas de acción encubierta, la política exterior norteamericana empezó a endurecerse en el verano de 1946 con motivo de los problemas de Turquía y de Irán.

En el caso de Turquía los rusos estaban presionando para revisar el Convenio de Montreux de 1936 que dejaba en manos de los turcos el control de la navegación por los estrechos que unen el mar Negro con el Mediterráneo (pedían el derecho a cruzar libremente con sus buques de guerra por los estrechos, tal como los turcos lo habían concedido a los nazis). Esta petición rusa iba acompañada inicialmente por la demanda de una base y por reivindicaciones acerca de la recuperación de territorios fronterizos que Turquía se había incorporado en 1921, como las provincias armenias o la zona alrededor de Trebisonda, que los georgianos reclamaban como propia. Pero cuando Stalin se dio cuenta de que iba a encontrarse aislado en la ONU, cuyo Consejo de Seguridad estaba dominado por los aliados de los Estados Unidos, prefirió ceder, defraudando las esperanzas que había engendrado en armenios, georgianos y azeríes, y se limitó al tema de los estrechos. Teniendo en cuenta que esta era una vieja reivindicación rusa y que británicos y norteamericanos se habían mostrado en Yalta de acuerdo respecto de la conveniencia de revisar el convenio de 1936, cuesta entender que esta fuese una cuestión a la que los norteamericanos decidiesen ahora que habían de oponerse incluso con el riesgo de llegar a un conflicto, si no fuese porque en el trasfondo de estas cuestiones estaba la preocupación por salvaguardar las reservas de petróleo del Oriente Próximo. De hecho sabemos que se llegaron a desarrollar planes para poner en marcha operaciones de bombardeo contra la Unión Soviética en un plazo de veinte días, que se mantuvieron en activo hasta octubre de 1946, cuando Stalin abandonó su presión.

En agosto de 1946 el subsecretario de Estado Dean Acheson, que había mantenido anteriormente actitudes conciliadoras respecto de los soviéticos, inició un giro que iba a convertirle en uno de los principales protagonistas de la guerra fría, al denunciar los daños que podían producirse si los rusos dominaban Turquía —peligrarían el cercano y el medio Oriente, quedaría cortada la comunicación entre Gran Bretaña y la India, etc.—, y contribuyó a convencer a Truman para que advirtiese a Stalin que los estrechos debían seguir siendo controlados por Turquía y para que enviase una flota norteamericana al Mediterráneo.[40]

El caso de Irán era todavía más complejo. Británicos y rusos habían ocupado Irán en agosto de 1941 —con el acuerdo de retirarse en los seis meses siguientes al fin de la guerra— para impedir que los alemanes, que tenían una considerable influencia sobre el gobierno de aquel país y que se estaban aproximando con sus ejércitos a la frontera, se adueñasen de su petróleo; el Shah abdicó entonces y fue sucedido por su joven hijo Muhammad Reza.

La permanencia de los soviéticos en Irán hasta abril de 1946, mientras alentaban las revueltas autonomistas en el Azerbaiján y en el Kurdistán iraníes, y pedían participar en la extracción de petróleo en el norte del país, donde sus ingenieros creían que había reservas sustanciales, con la formación de empresas mixtas soviético-iraníes, dio lugar a que los norteamericanos ofreciesen pleno apoyo a Irán para que denunciara en las Naciones Unidas la permanencia de tropas rusas y se resistiera a las concesiones petrolíferas que se le pedían. Los rusos, que no querían quedar aislados internacionalmente, retiraron sus tropas antes de que el tema se discutiese en la ONU, y ello vino a confirmar a Washington su convicción de que convenía seguir aplicándoles una política de dureza. Así el joven Shah pudo invadir el territorio del Azerbaiján iraní y restablecer su unidad a sangre y fuego, al igual que hizo con la república kurda de Mahabad.[41]

En julio de 1946 Clark Clifford, uno de los asistentes del presidente, recibió de Truman el encargo de redactar un informe acerca de la marcha de las relaciones con los soviéticos. La tarea la realizó sobre todo George Elsey, un joven oficial naval que prestaba servicio en la Casa Blanca, y su resultado fue un extenso texto que recogía tan solo los aspectos negativos de estas relaciones, aderezado con referencias al telegrama largo de Kennan y a los prejuicios antisoviéticos del núcleo más duro del entorno de Truman, para llegar a la conclusión de que «los líderes soviéticos creen que es inevitable un conflicto entre la Unión Soviética y los estados capitalistas, y que su deber es preparar a la Unión Soviética para este conflicto», lo cual obligaba a los Estados Unidos a mantener una fuerza militar suficiente para frenarles.

Con la destitución del secretario de Comercio Henry Wallace, el último partidario de una negociación con los soviéticos que quedaba en el gobierno, el escenario estaba preparado para el inicio de las primeras batallas del nuevo conflicto.

LAS PRIMERAS BATALLAS

Las primeras batallas abiertas de la guerra fría comenzaron en marzo de 1947 con la formulación de la llamada «doctrina Truman», seguida en el mes de junio por el anuncio del Plan Marshall. El paso de lo que hasta entonces había sido simplemente un envío de advertencias a una intervención en el Mediterráneo oriental se produjo cuando Gran Bretaña comunicó a los norteamericanos, en febrero de 1947, que por razones económicas no podía seguir sosteniendo la intervención militar en Grecia. Convencidos de que, tras haber sido frenado en Irán y en Turquía, Stalin se disponía ahora a apoderarse de Grecia, lo que era totalmente falso, los hombres que rodeaban a Truman se dispusieron a iniciar una política de intervención más activa.

Fue Dean Acheson quien, en una reunión secreta con Truman, el secretario de Estado Marshall y algunos dirigentes importantes del Congreso, les convenció de la gravedad de la situación con una visión apocalíptica del problema. En unos momentos en que ya no quedaban más que dos potencias reales, la Unión Soviética y los Estados Unidos, enfrentados como Roma y Cartago, si Grecia caía, «igual que manzanas en un barril, infectadas por una podrida, la corrupción de Grecia infectará a Irán y a todo el territorio hacia el este. Y llevará también la infección a África, a través de Asia Menor, y a Europa, a través de Italia y de Francia, que ya están amenazadas por los partidos comunistas domésticos más fuertes».

Los congresistas quedaron impresionados por la visión de Acheson (una anticipación de la teoría del «dominó», que iba a conducir a los Estados Unidos a tantos disparates) y el senador Vandenberg, presidente del Comité de Relaciones Exteriores y figura destacada del Partido Republicano, dijo: «Señor presidente; si usted les dice esto al Congreso y al país, yo le daré apoyo y pienso que la mayoría de sus miembros harán lo mismo». Acheson había puesto los fundamentos de la retórica apocalíptica con que los presidentes convencieron al país de que no había otro modo de sobrevivir que embarcarse en un costoso programa de gasto militar para conseguir la contención global del comunismo. Lo que estaban haciendo en realidad, afirma Neil Sheehan, era «poner los fundamentos morales e intelectuales de un nuevo sistema mundial norteamericano».

Se comenzó sugiriendo a los gobiernos griego y turco que pidiesen ayuda a los Estados Unidos, y Truman, con un discurso cuidadosamente preparado por sus asesores, consiguió el 12 de marzo de 1947 suscitar el terror en el Congreso hablando de la confrontación del bien y el mal, del «mundo libre» y del comunismo. Se le podía objetar que el gobierno de Grecia era antidemocrático y corrupto, como lo habían demostrado las falseadas elecciones de 1946, que Turquía ni siquiera era formalmente una democracia, y que esta actuación implicaba dejar de lado las Naciones Unidas, pero el caso es que consiguió el dinero que necesitaba para auxiliar tanto a Turquía como al gobierno griego, que recibió 345,5 millones de dólares y pudo dominar en un par de años a los 26 000 guerrilleros, a los que opuso unos 250 000 hombres, entre ejército regular y bandas derechistas. El resultado significó, para Grecia, un total de 100 000 muertos, 5000 ejecutados y 800 000 desplazados, con una brutal represión en cárceles y campos de concentración,[42] la formación de una especie de estado paralelo integrado por una «red de oscuras organizaciones paramilitares sostenidas clandestinamente por los norteamericanos» con el pretexto de proteger el país de la izquierda, y el establecimiento de un régimen que, como dirá un jurista, «ofrece el espectáculo original de una “democracia” dominada por el espíritu del fascismo, que admite instituciones que implican la abolición en la práctica de todas las garantías constitucionales, de los derechos del hombre y del ciudadano». Teniendo en cuenta que el apoyo a Grecia se había justificado en nombre de la defensa de la democracia, el resultado de esta primera gran intervención de la guerra fría muestra a las claras la vaciedad de esta retórica.

El discurso del presidente —que hasta su secretario de Estado, George Marshall, encontró de un anticomunismo exagerado— fijaba lo que se llamará la «doctrina Truman»: «La política de los Estados Unidos ha de ser: dar apoyo a los pueblos libres que estén resistiendo las tentativas de sometimiento de que son objeto por parte de minorías armadas o por las presiones exteriores». En la medida en que parecía poner fin a los intentos de negociación con la Unión Soviética, la «doctrina Truman» podía considerarse como una declaración explícita y formal de guerra. Sus consecuencias, además, serían duraderas. Como ha dicho Bacevich: «En manos de sus sucesores la doctrina Truman se convirtió en un cheque en blanco para la intervención». Durante las cuatro décadas siguientes la supuesta obligación de Norteamérica de «dar apoyo a los pueblos libres» (algunos de ellos muy poco libres) «proporcionó cobertura moral y política para acciones abiertas y encubiertas, sensatas e insensatas, afortunadas o fracasadas en casi cualquier parte del mundo».

LA SITUACIÓN DE EUROPA Y EL PLAN MARSHALL

Lo que más preocupaba a los norteamericanos era la situación en que se encontraba Europa. En abril de 1945, a punto de concluir las hostilidades, el secretario adjunto de Guerra, John J. McCloy, regresó de un viaje diciendo que en Europa central había «un colapso total, económico, social y político… de una extensión nunca vista en la historia». Acheson añadía, poco después, que «toda la estructura de la vida social podía quedar destruida, si no se tomaban las más enérgicas medidas en todos los frentes».

La ayuda proporcionada por la UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), sobre la base de distribuir excedentes de aprovisionamientos civiles y militares que estuvieran todavía disponibles, permitió que los países europeos liberados pudiesen adquirir en los primeros momentos lo que necesitaban con mayor urgencia; pero esta institución acababa sus funciones en junio de 1947. El frío invierno de 1946-1947, el peor en el transcurso de un siglo, había arruinado las cosechas de cereales y no se contaba con recursos para importarlos. El hambre comenzó a hacer estragos en Francia, Italia y Alemania, mientras en Gran Bretaña el paro aumentaba amenazadoramente. Expertos norteamericanos preveían a comienzos de 1947 que Europa no podría seguir con sus compras a los Estados Unidos más que por un período de 12 a 18 meses, al término de los cuales habría agotado sus reservas de divisas, lo cual, por otra parte, podía tener graves repercusiones en la actividad y el empleo en Norteamérica.

Había, además, unas razones políticas que obligaban a pensar en las consecuencias de esta situación. Los pueblos europeos liberados pensaban que todos sus males, desde la crisis de los años treinta a la segunda guerra mundial, habían sido causados por el capitalismo y lo que deseaban, decía A.J.P. Taylor, era el socialismo acompañado por el respeto a los derechos humanos. En los países de Europa occidental crecía rápidamente la afiliación a los partidos comunistas, que obtenían alrededor del 20 por ciento de los votos en las elecciones en Francia, Italia y Finlandia. «Para muchos norteamericanos —afirma Leffler— la empresa privada y la libertad de los mercados estaban amenazados por una izquierda en ascenso.»

Se temía que la desastrosa situación económica de la Europa occidental pudiese dar lugar a que los comunistas ganasen elecciones libres en Francia, en Bélgica o en Italia. El secretario de Estado, Marshall, había regresado de Europa con la convicción de que la mayor amenaza a que habían de enfrentarse no era la posibilidad de una agresión soviética, sino la de un avance espectacular de los partidos comunistas locales, obedientes a las órdenes de Moscú. De ahí la urgencia de un plan de ayuda económica, que no solo tenía la finalidad de contribuir a la recuperación de los países de la Europa occidental, sino la de eliminar en ellos la influencia política de los partidos comunistas, a la vez que abría sus mercados a los productos norteamericanos. La apuesta más importante de la nueva política de Truman fue precisamente el European Recovery Program (ERP), más conocido como Plan Marshall.

La oferta, hecha el 5 de junio de 1947 en un discurso pronunciado por Marshall en la Universidad de Harvard, sin cifras ni precisiones, iba dirigida incluso a la Unión Soviética y a los países de su área de influencia. Aunque lo acogieran con desconfianza, los soviéticos, necesitados de créditos para la reconstrucción del país, decidieron estudiarlo. Stalin envió a París en julio de 1947 a Molotov con un amplio equipo de asistentes para evaluar las condiciones del plan; pero reaccionó rápidamente, cuando se dio cuenta de que no solo implicaba la penetración económica de los norteamericanos —«hubiéramos dependido de ellos y no habríamos recibido nada», afirmaba Molotov—, sino que podía utilizarse para apartar de la órbita soviética a los países de la Europa oriental. De modo que no solo lo rechazaron, sino que, temiendo quedar aislados, sin el área de protección que habían establecido en la Europa del este, ordenaron a los checos y a los polacos, que deseaban participar en él, que se echaran atrás.[43] Y es que, como reconocía el senador Henry Cabot Lodge, el Plan Marshall iba a ser «la mayor interferencia en los asuntos internos [de otros países] que jamás hubiera habido en la historia». Fue la percepción de la amenaza que implicaban la doctrina Truman y el Plan Marshall lo que llevó a Stalin a endurecer el control sobre los países de su entorno, lo cual, al confirmar la división de Europa en dos bloques, iba a reforzar el «telón de acero» que Churchill había anunciado anticipadamente en Fulton.

Truman aprovechó la emoción que produjo la crisis política checoeslovaca de febrero de 1948, con la toma del poder por los comunistas y la dramática muerte del ministro Jan Masaryk, para pronunciar un nuevo discurso sobre la lucha de «la tiranía contra la libertad» y para condenar el comunismo que niega «la existencia misma de Dios». A lo que añadía que la recuperación europea era esencial «para mantener la civilización en que se asienta el modo de vida americano». Argumentos que le aseguraron la aprobación del Plan Marshall por el Congreso de los Estados Unidos y su firma el 3 de abril de 1948.

El importe total de la ayuda del ERP fue, de 1948 a 1951, de unos 12 700 millones de dólares —los países europeos habían pedido 22 000—, que se destinaban a pagar importaciones de alimentos (alrededor de un tercio del total), materias primas y maquinaria de los Estados Unidos, que debían ser transportados a Europa en embarcaciones estadounidenses. Los gobiernos debían formar un fondo de valor equivalente en su propia moneda, nutrido por el importe de lo que pagaban quienes adquirían las mercancías norteamericanas. Estos recursos en monedas locales se destinaban a finalidades de reconstrucción muy diversas, según los países, desde a rescatar la deuda pública a corto plazo, en el caso de Gran Bretaña, a créditos de ayuda al desarrollo industrial; un cinco por ciento de estos fondos —unos 650 millones de dólares— se devolvieron a los norteamericanos, que los reservaron para financiar las actividades secretas de la CIA, que pudo disponer así de amplios recursos para operaciones encubiertas.

Se realizó, a la vez, una inmensa campaña de propaganda, con carteles, panfletos, exposiciones, conciertos y espectáculos de todo tipo, pero muy especialmente a través de documentales y noticiarios cinematográficos destinados a mostrar el «modo de vida americano» y el «sistema de libre empresa» como modelos de progreso y bienestar. Una propaganda que tuvo escasos efectos políticos sobre los votantes de los partidos comunistas o los afiliados a los sindicatos, pero que ejerció una considerable influencia en otro sentido, al alentar la aspiración popular a los niveles de consumo «americanos» que se exhibían en la pantalla.

El plan tuvo efectos positivos para la economía estadounidense, a la que evitó una previsible crisis de posguerra; cuál fuese su importancia real en el inicio del rápido proceso de crecimiento económico europeo de los años cincuenta es algo que ha sido largamente debatido. La recuperación de la economía europea había comenzado con anterioridad; la ayuda total recibida ascendía tan solo al 2,5 por ciento del producto combinado de los países beneficiados, y la evidencia muestra que el crecimiento de los distintos países no guardó proporción con el volumen de recursos recibidos: los estudios sobre el crecimiento económico europeo entre 1950 y 1973 muestran que la mayor parte de los países de la Europa occidental crecieron a tasas del 5 al 6 por ciento anual, mientras que Gran Bretaña, que fue el mayor receptor de fondos del Plan Marshall, lo hizo por debajo del 3 por ciento.[44]

Los objetivos políticos del Plan Marshall estaban en línea con las orientaciones de la doctrina Truman. El primero fue la eliminación de los comunistas de los gobiernos europeos occidentales y la marginación de los socialistas. El segundo, y el de consecuencias más duraderas, el de impulsar la Unión Europea, que era la única forma de que los países que habían sido invadidos por Hitler aceptasen la integración de Alemania en el bloque defensivo occidental. Su administración requirió la constitución de una Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE, que se transformaría en 1961 en la OECD) y contribuyó a promover las primeras fases de una política de coordinación internacional, a la vez que consolidaba «la división del continente en un ámbito de hegemonía occidental y otro oriental».

Los orígenes de la Unión Europea arrancan del Plan Schumann de 1950, inspirado por Jean Monnet, que proponía coordinar la producción de acero y de carbón de la Europa occidental en un sistema dirigido por instituciones comunes. Así nació en 1951 la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, integrada por seis naciones —Francia, Alemania federal, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo— cuyo móvil político inconfesado era el de ayudar a la recuperación económica de la Alemania occidental para facilitar su integración en la nueva Europa, venciendo las reticencias de los franceses, que necesitaban el carbón alemán para su siderurgia, pero temían ver una Alemania nuevamente fortalecida.

El paso siguiente se dio el 25 de marzo de 1957 con la firma, por parte de los mismos integrantes de la CECA, del tratado de Roma, que creaba la Comisión Económica Europea, destinada a organizar un Mercado común entre estos seis países, mediante la abolición de las tarifas aduaneras entre los estados miembros, y la creación de otras comunes entre estos y los del exterior. Lo cual se completó en 1962 con la creación de la PAC, la Política Agraria Comunitaria, que establecía precios mínimos protegidos para los agricultores.

LA CREACIÓN DE UNA NUEVA ESTRUCTURA DE DEFENSA

Los Estados Unidos habían de crear una organización de defensa adecuada a las necesidades de los nuevos requerimientos de la guerra fría. En julio de 1947 se aprobó la National Security Act, que unificaba los anteriores departamentos de Guerra y de Marina en un único Departamento de Defensa, alojado en el edificio del Pentágono.[45] Esta estructura se completaba con el Joint Chiefs of Staff (el Estado Mayor Conjunto, creado en febrero de 1942) y el National Security Council (NSC), que iba a convertirse en uno de los principales órganos asesores del presidente, hasta acabar suplantando en muchos asuntos al Departamento de Estado como órgano de definición de la política internacional.

No menos importante fue la fundación de la CIA (Central Intelligence Agency), que pretendía reunir y potenciar los diversos servicios de inteligencia militar, pero que solo podía actuar en territorio extranjero, respetando el frente interior como campo de acción del FBI (Federal Bureau of Investigation), al que le tocó, por su parte, renunciar a sus actividades en América Latina, donde al parecer tenía quinientos agentes. Se trataba de disponer de unos servicios de información más eficaces, destinados a evitar que en el futuro se produjera un nuevo Pearl Harbor. La división de los campos de actuación entre CIA y FBI se debió a la voluntad de Truman de no permitir que ninguna unidad ni agencia del gobierno federal adquiriese demasiado poder, para evitar que se convirtiese en una especie de Gestapo, algo que el presidente temía que podía suceder con el FBI en manos de su jefe, John Edgar Hoover, de quien Clark Clifford opinaba que era «lo más próximo a un fascista americano».

La CIA, sin embargo, acabó dejando en un segundo plano el objetivo de la recogida de información. El temor de Marshall a que el ERP pudiera verse perjudicado si se descubría que el Departamento de Estado patrocinaba operaciones encubiertas se resolvió con un documento secreto, el NSC 4/A de 14 de diciembre de 1947, que las transfería a la CIA. Muy pronto el Directorate of Intelligence de la CIA, encargado de recoger información, perdió importancia frente al Directorate of Operations, que absorbía dos tercios del personal y del presupuesto de la agencia. La Central Intelligence Act de 1949 la dotó además de la capacidad de mantener en secreto sus actividades, lo cual hacía prácticamente imposible controlarlas: en lugar de una agencia de investigación iba a ser «el ejército privado del presidente».

La estructura se completó en octubre de 1952 con la creación, por un decreto presidencial que sigue siendo hoy secreto, de la NSA (National Security Agency), dedicada especialmente a la «sigint» (signals intelligence), o sea a la investigación basada en la intercepción y desciframiento de comunicaciones, en contraste con la «humint» (human intelligence), que se basa en las informaciones obtenidas por agentes, desacreditada tras los tremendos fracasos de la CIA en Corea, donde había usado agentes locales que le pasaban la información falseada que les proporcionaban los chinos. Desconocida por el público durante muchos años, la NSA llegaría a superar en personal y en presupuesto a la CIA, con puestos de escucha en todo el mundo y un equipamiento capaz de analizar billones de llamadas telefónicas, e-mails, webs de internet y datos de todo tipo (en un solo día reúne cuatro veces el volumen de información que se guarda en toda la Biblioteca del Congreso).[46] Con ello se completaba un sistema que daría a las agencias de seguridad, cuyas asignaciones presupuestarias se ocultaban al público en el «presupuesto negro» (creado por Roosevelt durante la segunda guerra mundial para financiar la construcción de las armas atómicas), una considerable autonomía respecto del poder civil.

La concesión al presidente de una autoridad directa y exclusiva sobre el uso de las armas nucleares, combinada con la creación de las nuevas agencias de seguridad, iba a reforzar a partir de ahora los poderes del presidente y a disminuir la capacidad del Congreso para controlarlo. Se entraba en la época de lo que se ha llamado la «presidencia imperial».

La primera actuación importante de la CIA en Europa tuvo por objetivo las elecciones italianas de abril de 1948. El primer documento emitido por el NSC (NSC 1/1), el 14 de noviembre de 1947, advertía que el gobierno italiano «es débil y se ve sujeto a continuos ataques por parte de un fuerte Partido Comunista», y recomendaba la ayuda a los demócrata-cristianos y un programa de propaganda y de guerra psicológica contra los comunistas, financiado con fondos ocultos, para lo cual se «lavaron» 10 millones de dólares de fondos capturados al Eje, puesto que aún no se podía disponer de los de las contrapartidas en moneda italiana del Plan Marshall. Estos fondos fueron a parar, a través de ciudadanos norteamericanos —que podían deducirlos de sus impuestos como donaciones altruistas— a organizaciones creadas por la CIA, que los transferían a su vez a los políticos de la Democracia Cristiana y a clérigos de la Acción Católica. «La práctica de la CIA de comprar elecciones con sacos de dinero —ha escrito Weiner— se repetiría en Italia, y en otras muchas naciones, en los veinticinco años siguientes.»

La situación italiana era en realidad más compleja de lo que pensaba la CIA. Había malestar social, motivado por la situación económica, pero aunque esto sirviese para favorecer el arraigo del Partido Comunista italiano, este había fracasado en sus esfuerzos por mantener la unidad antifascista. La Democracia Cristiana, con De Gasperi al frente, optó por romper la alianza que había permitido establecer un gobierno con socialistas y comunistas, y se dispuso a recuperar a antiguos funcionarios fascistas (incluso en la policía, de cuyas filas se eliminó a resistentes y comunistas) y a dejar en vigor una parte de la legislación represiva del viejo régimen. Lo que se necesitaba ahora era un triunfo electoral que liquidase la política del antifascismo y consolidase el viraje a la derecha de la DC, que contaba con un fuerte apoyo del Vaticano.

Se dieron ayudas millonarias al primer ministro Alcide de Gasperi para que financiase la campaña electoral de los demócrata-cristianos y para pagar en la prensa operaciones de propaganda y de intoxicación contra los comunistas, todo ello acompañado por el estímulo positivo de las ayudas del Plan Marshall y por la declaración explícita de que, si ganaba las elecciones el Frente democrático popular, en que participaban los comunistas, los Estados Unidos detendrían inmediatamente las ayudas económicas y el envío de alimentos. Se desviaron barcos cargados de trigo que se dirigían a América Latina para que lo desembarcaran en Italia, donde era distribuido en camiones con la bandera estadounidense y en un «tren de la amistad», acompañados por políticos demócrata-cristianos, muchos de ellos a sueldo de los Estados Unidos.

Una colaboración importante fue la de la Iglesia católica, que ha permitido decir que en 1947 «los Estados Unidos se habían embarcado en una guerra santa en alianza con el Vaticano», claramente manifestada en la correspondencia que mantuvieron Truman y Pío XII. En julio de 1949 se publicó un decreto del Santo Oficio que excomulgaba a quienes defendieran la «doctrina comunista, materialista o anticristiana»; un gesto de firmeza que nunca empleó este mismo papa frente al fascismo y al nazismo.

Como medida de precaución especial se creó, de acuerdo con los servicios secretos italianos, la organización Gladio, encargada de «defender a cualquier precio la libertad occidental contra el oscurantismo comunista». Con financiación de la CIA se reclutó y entrenó a 600 agentes principales, que a su vez alistaron numerosos subagentes, y se establecieron hasta 132 depósitos de armas, algunos de ellos en los propios cuarteles de la policía, para poner en marcha, si los comunistas llegaban al poder, un «plan X» de actuación militar de contrainsurgencia. A esta organización, que seguiría existiendo por lo menos hasta 1990, se la supone ligada a los más oscuros episodios de la vida política italiana, incluyendo actuaciones terroristas desestabilizadoras.[47]

Una actuación semejante se planeó para Islandia, donde el Partido Comunista ocupaba un tercio de los escaños del Parlamento. En 1949 los británicos no solo proporcionaron al gobierno islandés abundante material anticomunista para que lo usara en la próxima campaña electoral, sino que planearon con los norteamericanos una operación de desembarco «para restaurar el gobierno democrático», en caso de que los comunistas llegasen al poder. Con este fin los británicos retiraron de Alemania una brigada paracaidista, preparándola para una actuación rápida en Islandia, si fuese necesario.

El éxito de la intervención en Italia, donde la Democracia Cristiana alcanzó la mayoría absoluta, animó a los norteamericanos a potenciar las operaciones encubiertas que se pudieran desarrollar con «plausible deniability» (esto es, que permitiesen al gobierno negar plausiblemente su implicación). Entre 1964 y 1967, en una etapa en que la CIA organizó numerosas operaciones encubiertas, un 33 por ciento de ellas estaban destinadas a influir fraudulentamente en elecciones, un 30 por ciento eran para actuaciones de propaganda y para la adquisición de medios de difusión y un 23 por ciento para organizar guerrillas o proporcionar armas a grupos insurgentes, entre otras actividades, como la de financiar al grupo de descargadores del puerto de Marsella que dirigía el mafioso corso Pierre Ferri-Pisani para que organizase la lucha violenta contra el sindicato CGT, dominado por los comunistas. La entidad encargada de dirigir las operaciones de guerra sucia, de acuerdo con los planes diseñados por Kennan, era el Office of Policy Coordination (OPC), dirigido por Frank Wisner, a quien se le proporcionaron recursos no controlados por el Congreso.

Esta organización creció hasta tener hacia 1952 unos seis mil miembros, entre funcionarios norteamericanos y personal contratado en el extranjero, y contar con un presupuesto anual de 82 millones de dólares. Sus actividades encubiertas, que incluían también la propaganda en el interior de los Estados Unidos (a comienzos de los años cincuenta Wisner controlaba a miembros destacados del New York Times, de Newsweek y de la cadena CBS), iniciaron una escalada que llegó al máximo durante la presidencia de Eisenhower, con Allen Dulles al frente de la CIA, de modo que se ha podido decir que la CIA pasó entonces de ser un instrumento de reunión y análisis de información a «un brazo operativo de los servicios militares», hasta el punto que en 1960 trató incluso de organizar un escuadrón de asesinos, reclutados en los bajos fondos del crimen, para «ejecutar» a dirigentes políticos hostiles a los Estados Unidos.

La primera operación «liberadora» en gran escala que intentó la OPC se emprendió con la intención de probar la viabilidad de impulsar movimientos de resistencia semejantes a los que en la segunda guerra mundial habían combatido a los nazis, y su fracaso condujo a que fuera también la última de este estilo. Su objetivo era Albania, donde pretendía proseguir una intervención que habían iniciado los ingleses en 1947 dando apoyo a una guerrilla monárquica. La actuación en gran escala comenzó en la primavera de 1949: durante cuatro años ingleses y norteamericanos se dedicaron a introducir en el país «albaneses libres» reclutados en el extranjero y entrenados en Alemania, a quienes la propaganda presentaba como miembros de un Frente de Liberación Nacional albanés. Pero grupo tras grupo de los que eran lanzados en paracaídas caían inmediatamente en manos de la policía y del ejército. La operación continuó hasta la primavera de 1953, cuando la CIA decidió liquidarla; el intento mostraba cuán prematuros eran los planes de rollback de Kennan, quien pretendía comenzar derribando los gobiernos comunistas de la Europa oriental con las armas de la propaganda y de la acción encubierta, para forzar después a la propia Unión Soviética a cambiar su sistema político.

Los mismos fracasos se repitieron con el gran número de infiltrados que se enviaron a los países del este y a la Unión Soviética, que en su mayoría acabaron en la cárcel o fueron ejecutados sin haber conseguido nada (los norteamericanos no consiguieron nunca infiltrar a un informador en los medios atómicos soviéticos). El intento más prolongado fue el del apoyo proporcionado a las guerrillas nacionalistas ucranianas, integradas en buena medida por hombres que habían luchado al lado de los nazis en la segunda guerra mundial, que aunque duró bastantes años, no alcanzó resultado alguno.

El peor de sus fracasos fue, con todo, el de Polonia, donde los norteamericanos proporcionaron armas, dinero y equipos a un movimiento de resistencia (WIN), que había sido en sus orígenes una organización de antiguos combatientes que se asoció al Partido Socialista, pero que acabó controlada por la policía local, que enviaba a los Estados Unidos fotos trucadas de supuestos actos de sabotaje, con lo que llegó a recibir cinco millones de dólares en oro, armas y equipos de comunicación en calidad de subvenciones. La farsa duró cinco años hasta que, en diciembre de 1952, se descubrió la verdad. Fue este último desengaño el que llevó a dimitir a Frank Lindsay, que se había encargado de las operaciones de la OPC en el este de Europa, quien trató de convencer tanto a Wisner como a Allen Dulles de la inutilidad de esta línea de actuación. Estos fracasos reforzaron el proyecto de una nueva política de obtención de información por medio de la fotografía aérea.[48]

Una vez reelegido como presidente en 1948, contra todas las previsiones de los analistas políticos —gracias a una extraordinaria campaña en ferrocarril que le llevó a aproximarse a la gente en todos los rincones del país—, Truman reafirmó en su discurso inaugural de un nuevo mandato, el primero que fue retransmitido por televisión, la imagen de unos Estados Unidos en lucha contra la amenaza universal del comunismo y lo hizo con un ímpetu renovado: «La iniciativa es nuestra». Fue también entonces cuando, a sugerencia de sus ayudantes, añadió un «punto cuarto» a los tres dedicados al análisis de la política internacional, que se refería al propósito de prestar ayuda tecnológica a los países «subdesarrollados». Este punto cuarto, en que por primera vez se interpretaba la pobreza de los países en términos de subdesarrollo, fue recibido con entusiasmo por sus posibles beneficiarios, pero cuando llegó el momento de convertirlo en realidad recibió escasos fondos del Congreso.

Truman nombró entonces secretario de Estado a Dean Acheson, reemplazando a un Marshall enfermo, y culminó en abril de 1949 la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), destinada a convertirse en la internacional armada «occidental» de la guerra fría. Con esto, dirá en sus memorias, se completaba el sistema integrado por la carta de las Naciones Unidas, el programa de ayuda a Grecia y Turquía, y el Plan Marshall.

LA CRISIS DE BERLÍN Y EL NACIMIENTO DE LA OTAN

Las negociaciones sobre el futuro de Alemania eran muy complejas. Los soviéticos hubiesen querido que se crease una administración conjunta de las cuatro zonas, contando con sacar mayor provecho para las reparaciones a partir de los recursos económicos globales, mientras británicos y norteamericanos preferían una unión que excluyera a los soviéticos, para impulsar el crecimiento económico de las zonas de Alemania que ocupaban, lo que consideraban necesario para la recuperación de la Europa occidental —pero también por el miedo a la influencia que pudieran ejercer los comunistas en un espacio unificado—, mientras los franceses no querían nada que implicase el reforzamiento alemán.

Las dos conferencias de los ministros de Asuntos Exteriores de las cuatro grandes potencias que se celebraron en Moscú (marzo-abril de 1947) y en Londres (noviembre-diciembre de 1947) para discutir las bases de un tratado de paz con Alemania fracasaron por la exigencia soviética de que se cumplieran sus peticiones sobre las reparaciones económicas que se les debían; pero también porque los norteamericanos no estaban interesados en aquellos momentos en alcanzar un acuerdo con los rusos, sino que lo que querían era integrar cuanto antes a Alemania en el bando occidental. Les convenía, sin embargo, sostener que el fracaso de las negociaciones se debía a la intransigencia de los rusos, lo cual les sirvió para justificar la reunión de una nueva conferencia, limitada esta vez a los ministros de las seis potencias occidentales (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo), quienes el 6 de marzo de 1948 anunciaron su propósito de establecer una forma de gobierno federal en las zonas occidentales de Alemania, aun manteniendo la ocupación militar y fijando limitaciones a la soberanía del nuevo estado.

Estos acuerdos produjeron, como era de prever, una dura reacción soviética. Los rusos, que consideraban que eran ilegales porque se habían tomado unilateralmente, abandonaron el Consejo aliado de control de Alemania que se había establecido en 1945 y comenzaron a crear dificultades a las otras zonas de Berlín. Desde marzo de 1948 revisaban los trenes que se dirigían a la antigua capital con el fin de dificultar su acceso. Pero fue el anuncio, el 18 de junio, de que se iba a establecer una nueva moneda occidental, lo cual causaría una evidente confusión en Berlín, lo que llevó a que cortaran por completo el tráfico terrestre el 24 de junio. Su justificación era que, con el proyecto de construcción de un estado alemán separado, los aliados occidentales habían vulnerado los acuerdos de Yalta y de Potsdam, de modo que los artículos de estos tratados que se referían a las comunicaciones con Berlín dejaban de ser válidos.

Los norteamericanos replicaron enviando a las bases de Inglaterra, a título de advertencia, 60 aviones B-29 «Superfortaleza» —un gesto engañoso, puesto que la mayoría de ellos no estaban preparados para transportar y lanzar bombas atómicas—, y establecieron un puente aéreo para abastecer los distritos occidentales de Berlín, sin que los rusos obstaculizaran los vuelos de aprovisionamiento, como podían haber hecho, ni impidieran que los berlineses adquiriesen alimentos en la zona oriental («hasta septiembre de 1948 una corriente incesante de camiones que llevaban toda clase de mercancías pasaban de la zona rusa a los sectores occidentales»), ni retuvieran el correo por el que los berlineses recibían paquetes de alimentos de sus parientes y amigos en el oeste. Aunque el coronel Howley proclamara que este bloqueo era «el más bárbaro en la historia desde que Gengis Khan reducía las ciudades conquistadas a pirámides de calaveras», la verdad es que ha podido decirse «que si eso fue un bloqueo, fue uno de los bloqueos con más goteras de la historia» (norteamericanos y británicos se tranquilizaron además cuando sus servicios de inteligencia les confirmaron que los rusos no estaban haciendo preparativo alguno de guerra). El bloqueo acabó el 12 de mayo de 1949, gracias a un acuerdo para volver a reunir la Conferencia de ministros de Asuntos exteriores en París (mayo-junio de 1949). De haberse propuesto hacer inviable la continuidad de los occidentales en Berlín, no hay duda de que los soviéticos lo hubieran conseguido prolongando el bloqueo, pero lo que querían en realidad era forzarles a negociar.

La crisis de Berlín, al plantear la posibilidad de una confrontación armada, precipitó la solución de dos cuestiones pendientes. Por una parte los norteamericanos necesitaban regular el uso de las armas nucleares en un conflicto. El documento NSC 30, de septiembre de 1948, autorizaba a los militares a planificar su uso,[49] pero dejaba la autorización de su empleo exclusivamente en manos del presidente. La segunda cuestión, que iba a resultar más trascendente, surgía de las demandas de británicos y franceses, que querían contar con un compromiso, en forma de tratado de defensa mutua, que les garantizase que podrían contar en el futuro con el apoyo norteamericano a la defensa de la Europa occidental. Tras unas negociaciones secretas en el Pentágono entre los Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, se iniciaron las conversaciones con los futuros socios europeos, entre los que los Estados Unidos impusieron que estuvieran presentes, además de Francia y de los tres países del Benelux, Portugal (pese a su régimen dictatorial fascistoide, por la importancia estratégica de las Azores), Italia, Noruega y Dinamarca. El 4 de abril de 1949 se firmó en Bruselas el acuerdo constitutivo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que determinaba que un ataque contra cualquiera de los firmantes «en Europa o en América del Norte» —se quiso excluir del acuerdo los conflictos coloniales— se consideraría un ataque contra todos. Su primer secretario general, lord Ismay, lo definió como un pacto «para tener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes debajo».

George Kennan, que había aprobado plenamente la estrategia del NSC 30, empezó a preocuparse por el compromiso militar que implicaba la OTAN y por el riesgo de que pudiera llevar a un conflicto generalizado. En un intento de frenar la escalada que se estaba desarrollando, defendió la posibilidad de un acuerdo con los soviéticos para llegar a una retirada parcial de las fuerzas de ocupación de los dos bandos del corazón de Alemania, lo que dejaría espacio en el centro para un estado alemán «desarmado y neutralizado», con un gobierno salido de elecciones generales, pero sujeto en algunos aspectos al control cuatripartito de los ocupantes. Dean Acheson, el secretario de Estado que había reemplazado a Marshall y que estaba dando un giro cada vez más agresivo a la política exterior norteamericana, no lo encontraba convincente y los militares se oponían a él. Alguien, muy probablemente un militar, «filtró» el llamado «plan A» a la prensa, y el 12 de mayo un artículo de James Reston en el New York Times lo expuso a la luz pública en una versión distorsionada, antes de que se hubiese podido hablar de él a los soviéticos. Ingleses y franceses, «temerosos de sus propias sombras y de una Alemania unificada que no estuviese bajo control occidental y, sobre todo, americano», se indignaron y el gobierno de los Estados Unidos hubo de desautorizar la información.

El 23 de mayo de 1949, pocos días después de haber concluido el bloqueo de Berlín, se creó la República Federal Alemana (Bundesrepublik Deutschland, BRD), con una «Ley básica» que convertía al presidente en una figura decorativa y daba un considerable poder al canciller, que era el jefe del gobierno. Pocos meses más tarde, el 7 de octubre, se constituyó en la zona soviética la República Democrática Alemana (Deutsche Demokratische Republik, DDR), como una respuesta obligada a la creación de la federal.

La nueva República Federal Alemana nacía bajo la dirección del canciller Konrad Adenauer, un político católico conservador, vehementemente anticomunista, que presidía la Unión Cristianodemócrata y mantenía una estrecha alianza con la Unión Socialcristiana de Baviera. Aliado a otros partidos de derechas consiguió una precaria mayoría de un voto en la primera reunión del Parlamento federal y logró mantener el poder en las elecciones sucesivas, hasta que su propio partido lo defenestró en 1963, a los ochenta y siete años de edad. La política de Adenauer estuvo encaminada desde el primer momento a frustrar todos los proyectos de reunificación pactada de Alemania y a aislar a la República democrática. En mayo de 1955 la República Federal ingresó finalmente en la OTAN.

La República Democrática Alemana, donde el control político estaba en manos del SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands), surgido en 1946 de la fusión de los socialistas (SPD) y los comunistas, arrancó con el problema del empobrecimiento del país, como consecuencia de las exacciones soviéticas, lo que implicaba que los niveles de vida y las condiciones de trabajo iban a ser mucho peores que en la Alemania occidental, a la que sus ocupantes aportaron una considerable ayuda económica, lo cual resultaba especialmente visible en el escaparate en que se convirtió el Berlín Occidental. Nacía además con una indefinición política, fruto de la persistente voluntad de Stalin de no crear una situación irreversible que impidiera llegar en el futuro a un acuerdo de unificación con las potencias occidentales.

La documentación que ha resultado accesible en los últimos años demuestra que la intención de Stalin fue siempre la de buscar la reunificación, sin importarle que el resultado fuese una Alemania burguesa, con tal de asegurarse su neutralización en términos militares. Y si bien tuvo que aceptar la constitución de una república separada en su zona, después de que los occidentales hubiesen creado la República Federal en el oeste, impidió inicialmente que esta emprendiese el camino de la «construcción del socialismo», porque quería dejar abierta la posibilidad de una solución negociada.

Hasta 1952, poco antes de su muerte, mantuvo esperanzas en este sentido. Por iniciativa de Moscú, Otto Grotewohl, que fue presidente del consejo de ministros de la República Democrática Alemana desde 1949 hasta su muerte en 1964, pidió al gobierno de la República Federal que se reuniesen los dos estados para organizar elecciones libres en toda Alemania, de acuerdo con la ley electoral de la época de Weimar, con el fin de que se pudiera avanzar hacia la firma de un tratado de paz. La objeción de las potencias occidentales para rechazar la propuesta se basaba en que se les proponían unas elecciones controladas por las cuatro potencias ocupantes, y ellos las querían supervisadas por la ONU. Pero no se trataba más que de un pretexto. En momentos en que el interés de los Estados Unidos estaba centrado en el rearme de la Alemania occidental dentro de la órbita de la OTAN, no podían negarse abiertamente a una propuesta semejante, pero la evitaron embarcándose en una serie de «tortuosos intercambios diplomáticos». En estos momentos estaban decididos a «unificar Alemania a través de la victoria del oeste sobre el este», para que el ejército rojo se retirase tras las fronteras soviéticas.

En marzo de 1952 Stalin pidió que se celebrase una reunión de los «cuatro grandes» para preparar un tratado de paz con un gobierno de toda Alemania, con el fin de formar un estado unificado, independiente, democrático y neutral, del que todas las tropas extranjeras se retirarían en el curso de un año. Un estado que no podría unirse a ninguna alianza militar contra los países que habían combatido a Hitler, pero que podría mantener tropas para su defensa, producir armamento e integrarse en las Naciones Unidas.

Nadie estaba en estos momentos por negociar —y menos que nadie el jefe del gobierno de la Alemania occidental, Adenauer, que incluso pretendía discutir las fronteras acordadas en Potsdam—, lo que explica que un Stalin desengañado dijera en abril de 1952: «Sería un error creer que se puede llegar a un compromiso o que los americanos aceptarán que se haga un tratado de paz. Los americanos necesitan tener su ejército en Alemania occidental para mantener la Europa occidental en sus manos. Dicen que tienen su ejército allí contra nosotros. Pero el propósito real de este ejército es controlar Europa». Una verdad que le había costado demasiado descubrir. Desvanecidas las esperanzas de reunificación, Stalin hubo de aceptar para la Alemania oriental la política de «transición al socialismo» que hasta entonces había vetado, con el fin de asegurar el flanco occidental de sus propias fronteras.

2

LA PRIMERA FASE DE LA GUERRA FRÍA (1949-1953)

La desconfianza y la hostilidad hacia la Unión Soviética habían ido creciendo desde el fin de la segunda guerra mundial. Podemos seguir esta evolución, por ejemplo, en los informes del Joint Intelligence Committee británico. En 1946 sostenía que «El objetivo a largo plazo de los líderes rusos es llevar a la Unión Soviética a una posición de poder y grandeza que corresponda a sus vastas dimensiones y a sus recursos». En 1947 añadía a esto que la política de la Unión Soviética no se podía entender meramente como la de una dictadura totalitaria, sino que era «un miembro de la sociedad internacional único y anormal, inspirado por una ideología dinámica, con un poderoso atractivo internacional». En 1948 estas interpretaciones conducían a una conclusión mucho más alarmante: «El objetivo fundamental de los dirigentes soviéticos es precipitar la eliminación del capitalismo en todo el mundo y reemplazarlo con su propia forma de comunismo».

Dos acontecimientos que tuvieron lugar en 1949 —el triunfo del maoísmo en China y la explosión de la primera bomba atómica soviética— vinieron a reforzar esta tendencia y a dar un nuevo sentido a la guerra fría. La primera explosión atómica soviética tuvo lugar el 29 de agosto de 1949, mucho antes de lo que los norteamericanos pensaban, ya que habían calculado que los rusos, a quienes suponían carentes de la necesaria capacidad industrial, tardarían de dos a cinco años más. Truman, en concreto, estaba convencido de que nunca lograrían construirla; pero los militares no dudaron ni por un momento de la realidad de la explosión nuclear soviética.[50] Esto sucedía por los mismos días en que culminaban la formación de la OTAN y la división de Alemania, en que una Gran Bretaña en crisis se veía forzada a devaluar la libra esterlina y en que empezaba en la Unión Soviética la producción en masa del fusil automático AK-47, el «kalashnikov», que iba a convertirse en el arma más letal de la guerra fría.

El triunfo de los maoístas en China avivó el miedo acerca de los efectos que podía tener la infiltración comunista en otros países y suscitó, por otra parte, el mito de que había habido en los Estados Unidos una conspiración en favor de Mao Zedong. Una idea que derivaba de la incomprensión de la realidad de aquel país, que muchos norteamericanos, que no sabían de los chinos más que lo que habían aprendido en las novelas de Pearl S. Buck, creían que estaba poblado por millones de pacíficos campesinos que admiraban América y amaban a los norteamericanos, de modo que consideraban que su deber moral consistía en americanizarlos. El senador republicano por Nebraska, Kenneth Wherry, afirmaba que: «Con la ayuda de Dios elevaremos Shanghái cada vez más alto, hasta que llegue a ser como Kansas City». No habrá de extrañar que este hombre se convirtiese después en uno de los más duros críticos de la administración demócrata que «había perdido China».

El informe JIC 502 de enero de 1950, preparado a iniciativa del Joint Chiefs of Staff, preveía que la Unión Soviética desencadenaría un ataque nuclear contra los Estados Unidos en el momento en que dispusiese de una reserva suficiente de bombas, que se calculó que podían ser unas doscientas. Esta previsión fue discutida por la CIA, que se basaba, entre otros argumentos, en que los soviéticos carecían de medios suficientes de transporte aéreo para efectuar un ataque de semejante magnitud, y por Kennan, que insistía en recordar que un Stalin convencido de la victoria a largo plazo del socialismo, y de que el capitalismo resultaría minado por sus contradicciones internas, no pensaba en recurrir a una nueva guerra mundial. Pero los miedos de los más, y el afán de rearme de los militares, acabaron imponiéndose, y la suposición de que había que prevenir un ataque nuclear soviético se convirtió en uno de los puntos clave en que iba a basarse el documento NSC 68.

Lo que Kennan había planeado como una confrontación política que excluía cualquier riesgo de conflicto armado directo dio paso entonces a una visión más agresiva, que utilizaba sus mismos argumentos para llegar a distintas conclusiones, alimentadas por la idea de que los soviéticos no tenían otro objetivo que destruir los Estados Unidos con un ataque nuclear preventivo, y por la delirante combinación de dos teorías: la del «dominó» y la del monolitismo comunista.

La teoría del dominó, que tenía su antecedente en el símil de las manzanas podridas que Dean Acheson había utilizado para justificar la necesidad de la «doctrina Truman», la formularon Eisenhower y Nixon para explicar la urgencia de intervenir en Vietnam con el fin de evitar que el comunismo se contagiase a otros países vecinos. «Si tenéis una hilera de fichas de dominó puestas de pie —dijo Eisenhower en una conferencia de prensa en abril de 1954, respondiendo a una pregunta acerca de la importancia de Indochina para el “mundo libre”— y golpeáis la primera, lo que le sucederá a la última es con toda seguridad que caerá rápidamente.» A lo que añadió: «Asia ha perdido ya unos 450 millones de sus habitantes a manos de la dictadura comunista y no podemos permitirnos más pérdidas».

Lo del monolitismo respondía a la idea de que tras de cualquier manifestación que fuera, o pareciera ser, comunista estaba el largo brazo de Moscú dictando paso a paso su conducta. Ni siquiera el ejemplo de Yugoslavia bastó para que los gobernantes norteamericanos se percatasen de que en muchos casos las actuaciones estaban determinadas por móviles y necesidades concretos. Una de las consecuencias más negativas de esta visión fue que alimentó la incapacidad de los norteamericanos para entender los movimientos nacionalistas de los países que buscaban emanciparse del colonialismo.

Kennan, a quien le parecía que los propósitos de la contención podían considerarse logrados en 1949, con Europa occidental y Japón establemente asociados a los Estados Unidos, y que la Unión Soviética había dejado de ser un peligro real, tomó conciencia de que sus ideas no eran ya bien recibidas, de modo que dimitió a fines de 1949 y fue reemplazado por Paul Nitze, un banquero que se había distinguido como uno de los partidarios más fanáticos del endurecimiento de la política contra la Unión Soviética; un halcón cuya influencia belicista se dejaría sentir en la política norteamericana durante cuarenta años.

La nueva orientación de la política exterior se definió en un documento de 14 de abril de 1950 que el presidente Truman ordenó que se mantuviese en secreto. Se trata del llamado NSC 68 —esto es, el documento número 68 elaborado por el National Security Council—, redactado en seis semanas con el objetivo fundamental de vencer las resistencias del secretario de Defensa, y del propio Truman, a aumentar considerablemente el gasto militar: un documento que ha sido descrito como «la Biblia de la política norteamericana de seguridad nacional».

En este texto, que venía a ser una reinterpretación del «telegrama largo» de Kennan con un nuevo sentido de urgencia y con la demanda de muchos más recursos para el rearme, se afirmaba que «la guerra fría es de hecho una guerra real para la supervivencia del mundo libre», y que los soviéticos estaban animados «por una nueva fe fanática, antitética a la nuestra, que trata de imponer su autoridad sobre el resto del mundo».

Se magnificaba la capacidad militar del enemigo y se afirmaba que la única solución para evitar un conflicto era aumentar las fuerzas convencionales norteamericanas para que pudiesen actuar como elemento de contención en Europa, a la vez que se potenciaba el arsenal atómico estadounidense, con el convencimiento de que la economía norteamericana tenía una capacidad mucho mayor que la rusa para aumentar el gasto militar sin afectar el nivel de vida de sus ciudadanos.

El punto fundamental que lo justificaba era la previsión de que los rusos, que ya tenían la bomba atómica (se calculaba que a mediados de 1953 dispondrían de unas 135) y que sin duda obtendrían pronto la termonuclear, estarían hacia 1954 en situación de desencadenar un ataque «preventivo» contra los Estados Unidos, y que esto solo se podía impedir con un esfuerzo de rearme que asegurase una gran superioridad norteamericana antes de este año, lo cual exigía dinero y más dinero para gasto militar, aumentando los impuestos y sacrificando el gasto social.

El gran cambio que iniciaba este documento fundacional de la segunda etapa de la guerra fría era que, manteniendo los mismos objetivos que en la primera etapa, implicaba pasar abiertamente a un terreno militar, marginando los razonamientos políticos. Kennan había descartado en sus textos teóricos que los rusos quisieran iniciar una guerra mundial, mientras que Paul Nitze, imbuido de las ideas apocalípticas del Spengler de La decadencia de Occidente (un libro que, durante sus estudios en Harvard, nos dirá, había «casi memorizado»), y basándose en las previsiones del JIC 502, daba por seguro que lo intentarían.

No sirvió de nada que los expertos en política internacional criticasen que se convirtiera a la URSS en un jugador de ajedrez mecánico que solo hacia movimientos de cara «al dominio del mundo», ya que esta visión llevaba a concluir que la guerra era inevitable, sin tomar en consideración «los temores de los soviéticos, fundados o no, a la amenaza del oeste». El inicio de la guerra de Corea, a los dos meses justos de la aprobación del NSC 68, decidió la cuestión.

En adelante, se ha dicho, los gastos militares reemplazaron en los Estados Unidos «el gasto en necesidades sociales civiles que había inspirado la política económica entre 1865 y 1939». La guerra tuvo la virtud de justificar este incremento del gasto y el proceso entero de militarización, como reconocería Acheson al decir: «Vino Corea y nos salvó». Con el resultado añadido de que la demanda militar significase un estímulo para la recuperación económica de la industria.

La necesidad de atender esta primera guerra de la posguerra, que obligó a multiplicar el gasto de defensa, y el hecho de que el conflicto no resultase de corta duración, como se había pensado inicialmente, trajeron aparejadas una serie de complicaciones para los Estados Unidos. Se hizo un esfuerzo considerable de movilización de la economía norteamericana de cara a la guerra, con políticas de control de los precios y de los salarios que condujeron a una crisis en la industria del acero, que llevó en abril de 1952 a una huelga de 600 000 trabajadores sindicados, lo cual obligó al presidente a amenazar con la toma del control de las grandes plantas siderúrgicas.

Los Joint Chiefs of Staff pensaban que esta era tan solo la primera etapa de una guerra global de la Unión Soviética contra los Estados Unidos, y que las fuerzas armadas norteamericanas eran en aquellos momentos, después de años de austeridad en el gasto militar, demasiado débiles como para enfrentarse a una contienda global. Esto fue lo que forzó a Truman a aceptar plenamente el programa que se le proponía en el NSC 68 —en septiembre de 1950, después de los primeros fracasos en Corea, ordenó que «se asumiera como declaración de la política gubernamental»—, cuando posiblemente lo hubiera rechazado en otras circunstancias. El resultado a largo plazo fue instalar una política basada en la sobrevaloración de la agresividad soviética y en el convencimiento de que ello conduciría a una devastadora guerra total.

El proceso de rearme contaba además con el apoyo de toda una serie de intereses políticos y económicos que promovieron la consolidación de un complejo militar-industrial integrado por grandes empresas como Lockheed, McDonnell o General Dynamics, asentadas en su mayoría en los estados de California y Texas, lo que determinó la formación de un triángulo de hierro que unía a los representantes en el Congreso de estos estados con los militares y las industrias de armamento. Los políticos descubrieron muy pronto que un anticomunismo militante daba votos. Como dijo en una ocasión Emmett Hughes, lo del rollback «no era más que política doméstica».

Al haber perdido el monopolio del arma nuclear, los Estados Unidos decidieron dar un paso más y construir una bomba termonuclear: la bomba «de hidrógeno», a la cual se oponían científicos de prestigio, como Oppenheimer, por considerarla una inútil arma de exterminio, una opinión que compartía Kennan, que colaboraba en estos momentos con él, pero que contrastaba con el entusiasmo del Joint Chiefs of Staff. La primera prueba del nuevo artefacto pudo realizarse a comienzos de noviembre de 1952 en el atolón de Eniwetok, con una explosión de más de diez megatones.[51]

Todo ello implicaba embarcar al país en un rearme costoso y permanente, que llevó el gasto militar y de seguridad nacional de los Estados Unidos a límites impensables con anterioridad: el presupuesto de Defensa pasó de 13 500 millones de dólares en 1951 a 53 000 en 1953. Las decisiones tomadas entonces permanecieron prácticamente indiscutidas durante cerca de dos generaciones. Una consecuencia todavía más grave fue que el mantenimiento de un estado de crisis constante condujo a la militarización de la política norteamericana y a la acumulación de poder en manos de los presidentes y del aparato de consejeros de seguridad que les rodeaba.

La estrategia del NSC 68 tenía otra dimensión fundamental, más allá de la de la preparación para el enfrentamiento militar con el enemigo soviético. La «caída» de China alertaba del peligro de la expansión del comunismo por su difusión pacífica, contra la cual solo se podía luchar con una cruzada mundial que frenase el avance de todos aquellos movimientos políticos o intelectuales que se sospechase que podían favorecer su desarrollo. La técnica preferida del comunismo, se decía, era la de la subversión, de modo que había que vigilar para evitar que se infiltrara en «sindicatos, organizaciones cívicas, escuelas, iglesias y en los demás medios de influencia en la opinión». De ahí nació, por una parte, la lucha contra el enemigo interior del progresismo en la propia sociedad norteamericana, pero también la voluntad de combatir en el mundo entero contra todo lo que pareciese que podía conducir a cualquier triunfo parcial del comunismo, para evitar que, como sostenía la teoría del dominó, se extendiese desde un nuevo foco a los países vecinos.

Lo cual conducía a una conclusión inquietante: no bastaba con frenar los designios del Kremlin, sino que había que luchar por asegurar la estabilidad mundial, «puesto que la ausencia de orden entre las naciones resulta cada vez menos y menos tolerable». A lo cual se añadía, como conclusión obligada: «Este hecho nos impone, por nuestros propios intereses, la responsabilidad de dirigir el mundo» («of world leadership»). Quedaba así completada la trinidad de principios que Bacevich señala como el fundamento de la política norteamericana desde 1945: 1) el mundo debe ser organizado para que no haya desorden, 2) solo los Estados Unidos tienen la capacidad de mantener este orden, y 3) los Estados Unidos deben fijar los principios que definan este orden: unos principios norteamericanos, predicados como de validez universal.

Los norteamericanos se lanzaron, por ello, a contener las reales o imaginadas amenazas comunistas en todos los rincones del planeta. Veían el peligro tras los movimientos izquierdistas y los sindicatos europeos o tras los planteamientos nacionalistas en África, en el sudeste asiático o en América Latina. Lo que hasta entonces había sido una tradición de alianzas con las dictaduras derechistas se convirtió ahora en una opción decidida por dar apoyo económico y militar a cualquiera que justificase su aspiración al poder como una necesidad para enfrentarse a la subversión comunista.

Las peores previsiones del escenario apocalíptico parecían estarse cumpliendo[52] y el miedo permitió a los gobernantes norteamericanos movilizar los recursos que había que arrancar con dificultades de unas cámaras dominadas por los republicanos, que preconizaban presupuestos equilibrados y recortes de impuestos, pero que cedían cuando se esgrimía la amenaza del comunismo internacional. El mundo, ha dicho Michael Howard, volvía a sentirse como en los tiempos de la guerra: «los generales emergían de la oscuridad y recomponían su equipo; los fabricantes de armas prosperaban».

LA GUERRA FRÍA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL SOCIAL

La guerra fría tuvo como uno de sus objetivos fundamentales el de mantener, en el interior de cada uno de los dos bandos —incluyendo el conjunto de los aliados y satélites de los dos contendientes principales—, el modelo de orden social que les interesaba, a la vez que les facilitaba controlar la disidencia. El miedo al enemigo externo —el comunismo internacional, por un lado; el imperialismo capitalista, por el otro— servía de justificación para exigir obediencia y combatir despiadadamente a los enemigos internos, reales o imaginados.

Una de sus primeras víctimas, en este caso a manos de ambos bandos, fue el proyecto de una democracia avanzada que había surgido en la Europa de la inmediata posguerra. Al término del conflicto había en Europa una aspiración generalizada de libertad y de progreso social, herencia del antifascismo. En 1944 Frank Thompson, enviado por los británicos como enlace con la guerrilla yugoslava, le escribía desde Bulgaria a su hermano Edward, el historiador: «Hay un espíritu en Europa que es más noble y más valioso que cualquier cosa que este cansado continente haya conocido durante siglos, y que no se podrá detener. Se puede, si se quiere, pensar en ello en términos de política, pero es mucho más amplio y más generoso que cualquier dogma. Es la voluntad confiada de pueblos enteros que han conocido los mayores sufrimientos y humillaciones, y que han triunfado sobre ellos para construir su propia vida de una vez y por siempre».

Este era el espíritu que animaba a quienes habían luchado contra el fascismo en todo el territorio que la guerra fría iba a dividir en dos bandos. Los partidos comunistas tuvieron un papel importante en estos años porque heredaban el prestigio que les había dado su participación mayoritaria en los movimientos de resistencia contra el fascismo, lo que les permitió romper el aislamiento de su vinculación exclusiva a la clase obrera para convertirse en formaciones con un amplio apoyo popular, como lo revelaba su crecimiento en la inmediata postguerra, cuando sus afiliados llegaron a superar la cifra de un millón en Francia, Italia o Checoslovaquia.

En las primeras elecciones de la postguerra, en los años 1945 y 1946, los comunistas obtuvieron más del 20 por ciento de los votos en Checoslovaquia (37,9%), Francia (26%) y Finlandia (23,5%), y más del 15 por ciento en otros países (19,5% en Islandia, 19% en Italia, 16,9% en Hungría, etc.). La mayoría de estos partidos participaban en los gobiernos de los países del oeste de Europa, al lado de fuerzas progresistas que propugnaban programas sociales avanzados,[53] mientras en los de los países del este se integraban en gobiernos plurales de «frente nacional» que emprendieron políticas nacionalistas y de reforma agraria.

La mitología de la guerra fría ha conducido a dar por sentado que Stalin se había propuesto desde el primer momento «comunistizar» el conjunto de los países de la Europa del este que ocuparon los ejércitos soviéticos. Pero sabemos que tanto a lo largo de la guerra como al fin de ella insistió en afirmar a quienes le rodeaban que su propósito era establecer en estos países regímenes amigos, con gobiernos de frente nacional en que los comunistas pudieran participar, asociados a antifascistas y demócratas.

En marzo de 1945 le había dicho al dirigente yugoslavo Tito que «el socialismo es en la actualidad posible incluso bajo la monarquía de Inglaterra; la revolución no es ya necesaria en todas partes». De acuerdo con una teoría que en fecha tan tardía como el 6 de diciembre de 1948 le explicaba al dirigente búlgaro Dimitrov en el transcurso de una cena en su dacha junto a Moscú, Stalin sostenía que había dos formas distintas de llegar al socialismo. La primera era la república democrática, tal como Marx y Engels la habían visto en la Commune de París: una república democrática en que el proletariado tenía un papel dominante. La vía soviética diseñada por Lenin había surgido como una necesidad en las condiciones concretas de Rusia, donde hubo que luchar contra capitalistas y terratenientes y se les excluyó de participar en la vida política. Pero en los países del este liberados por el ejército ruso no era necesario recurrir al sistema soviético, sino que el dominio de los terratenientes y de los capitalistas, que se habían comprometido con los alemanes, había sido destruido por su derrota en la guerra, de modo que los objetivos de transformación social podían alcanzarse por la vía de un parlamentarismo democrático popular, sin necesidad de recurrir a la dictadura del proletariado. Las empresas capitalistas pequeñas y medias subsistirían y el avance hacia el socialismo se produciría sin necesidad alguna de violencia.

Declaraciones semejantes, que se basaban en su fe acerca de que la superioridad del socialismo era una garantía de un triunfo que podía lograrse por la convicción, sin necesidad del uso de la fuerza, las había hecho en 1946 a dirigentes comunistas checos, búlgaros o polacos, a quienes, por ejemplo, había dicho que «en Polonia no hay dictadura del proletariado y no la necesitáis». Todo lo cual explica que aceptase entonces las tesis del economista Eugeni Varga, que sostenía que en Europa se desarrollaría una «tercera vía» económica, ni socialista ni capitalista, en lo que se preveía como una larga etapa de transición al socialismo. En Hungría, donde aceptó un gobierno con predominio de un partido campesino que incluía grupos francamente derechistas, le dijo a Rákosi que la llegada al poder del Partido Comunista podía tardar de 10 a 15 años.

Ello permite entender que sectores importantes de los dirigentes comunistas de estos países, que habían protagonizado la lucha de liberación contra el fascismo, compartieran la ilusión de unas políticas de reconstrucción nacional y de progreso, en lo que fue una breve etapa feliz de reformas agrarias (que permitió repartir a más de tres millones de campesinos la tierra de los alemanes expulsados) y de nacionalización industrial (fundamentada en la disponibilidad de las empresas de alemanes y de colaboracionistas, así como de las de los judíos exterminados por el nazismo).

En Checoslovaquia, de donde el ejército soviético se había retirado en diciembre de 1945, ante la sorpresa de Truman, el Partido Comunista llegó a tener en 1948 más de dos millones de afiliados, uno de cada cinco adultos del país, y fue el más votado en las elecciones de 1946. En Hungría las elecciones comenzaron dando un gobierno con mayoría del Partido Campesino de los Pequeños Propietarios, que obtuvo el 57 por ciento de los votos en las elecciones parlamentarias de 1945 y dejó a los comunistas en minoría; pero estos aceptaban el modelo de una democracia parlamentaria y de una transición gradual, ya que consideraban «que el camino a seguir por Hungría no podía ser el de Rusia», puesto que era un país diferente, con tradiciones y gentes distintas. Incluso en Polonia Gomułka expresó desde 1945 su voluntad de seguir una «vía polaca al socialismo», con gobiernos de «frente nacional» y con una política de democracia popular, sin colectivizar la tierra ni provocar enfrentamientos violentos de clase, atenta sobre todo a las realidades del país. En Rumania el nuevo gobierno se formó con el acuerdo de una comisión de representantes de las tres grandes potencias. Solo en Bulgaria, donde los comunistas habían llegado al poder en plena guerra, el 9 de septiembre de 1944, con un golpe de estado, antes de que el ejército ruso invadiera el país, se dejó manos libres a la influencia soviética; en 1946 un referéndum abolió la monarquía y proclamó la república.

Incluso en la Alemania del este hubo un tiempo de ilusión. «Aquellos años, escribió el historiador alemán Manfred Kossok, fueron los años de las grandes esperanzas, de las visiones, de las utopías —fin del imperialismo en 10 o 20 años, liberación de todos los pueblos, bienestar universal, paz eterna— y fueron años de ilusiones heroicas: el socialismo real como el mejor de todos los mundos.»

Stalin aspiraba sobre todo a controlar la política internacional de su área de influencia, por cuanto de ella dependían en buena medida sus relaciones con sus antiguos aliados occidentales. Lo que no toleraba era que los gobiernos de los países que estaban bajo su tutela pretendieran hacer una política exterior propia, desafiasen sus planteamientos o actuasen a sus espaldas. Esta fue la primera causa de su enfrentamiento con Tito, a quien no le perdonaba que durante la guerra hubiese mantenido relaciones con Churchill, lo que puede explicar que imputase a la influencia británica los proyectos de federación balcánica avanzados por el yugoslavo.

Que el programa de la vía democrática al socialismo fuese o no realizable a largo plazo es algo que debe quedar en el terreno de la especulación. Es más que probable que quienes compartían la aspiración de Frank Thompson de que los pueblos europeos «construyeran su propia vida» se hubieran ilusionado en exceso, y sobreestimasen la capacidad de tolerancia de Stalin. Una cosa era que el dictador soviético sostuviese en el círculo de los dirigentes comunistas europeos su teoría sobre la vía democrática de acceso al socialismo, y otra, muy distinta, ver cómo entendía en la práctica el «socialismo», sobre todo si hemos de deducirla de su actividad como gobernante de la Unión Soviética. Importa, sin embargo, reconocer que este sueño existía. «Pienso, decía Edward Thompson en una entrevista realizada muchos años después, que había otra alternativa en 1945. No creo que fuese inevitable que hubiese de realizarse la degeneración que se produjo en ambos bandos. Este fue un momento auténtico y no creo que la degeneración posterior, en la cual hubo dos actores, el estalinismo y Occidente, fuese inevitable. Es necesario recordarlo y decir que este momento existió».

Conviene, por ello, tratar de entender las razones que hicieron imposible este proyecto de democracia igualitaria avanzada, para lo cual trataremos de ver cómo surgió la identificación de estos regímenes de frente popular con el pretendido enemigo interior en cada uno de los dos bandos.

EL PÁNICO ROJO EN LOS ESTADOS UNIDOS

No puede decirse que el miedo al rojo fuese nuevo en los Estados Unidos, donde ya en los años veinte se habían denunciado como comunistas las leyes para limitar el trabajo de los niños o la propuesta de extender el voto a las mujeres. El pánico se reactivó en los años treinta en oposición a la política avanzada de Roosevelt durante el New Deal, que fue lo que movió al congresista Martin Dies a promover desde 1938 el que acabaría llamándose House Un-American Activities Committee (HUAC, Comité del Congreso sobre Actividades Antiamericanas), que comenzó buscando subversivos en los sindicatos o en las organizaciones del New Deal[54] y, tras haber prestado una fugaz atención al peligro fascista en los años de la guerra, se dedicó después de lleno a la búsqueda de todo lo que pareciera tener algún matiz de rojo (Truman diría que era más antiamericano que las actividades que investigaba).

El pánico, que se había moderado en apariencia en los años de la «gran alianza» contra el nazismo, se mantenía latente y se reavivó inmediatamente después de la guerra, alimentado por algunos hechos reales y por muchas fantasías, no siempre desinteresadas. Porque este miedo tenía también fundamentos de reacción conservadora contra los avances sociales realizados durante los años del New Deal y, en especial, contra los sindicatos.

El final de la guerra condujo en los Estados Unidos a unos años de agitación social. La contienda había enriquecido a los empresarios y sometido a los trabajadores a una situación de congelación salarial, que pudo aliviarse gracias a los ingresos por horas de trabajo extra y al control de los precios de los principales artículos de consumo realizado por el Office of Price Administration (OPA), creado en 1941. No se produjo la crisis económica que se temía que pudiese ocurrir al concluir la guerra y faltar la demanda estatal, pero hubo inflación e inquietud obrera. La desmovilización del ejército no tuvo los graves efectos que la de la primera guerra mundial, gracias a la previsión de Roosevelt con el llamado G.I. Bill of Rights, de 22 de junio de 1944, destinado a «la reincorporación a la vida civil de los veteranos que vuelven de la segunda guerra mundial», que ofrecía a los soldados desmovilizados ayudas del gobierno federal para estudiar. Pero los efectos negativos se dejaron sentir sobre todo a medio plazo, y la reconversión de la economía creó una serie de problemas y dio pie a numerosas protestas.

Truman, desconcertado ante la situación social, escribía a su familia en enero de 1946: «los obreros se han vuelto locos y los empresarios están próximos al delirio en su egoísmo».[55] Para evitar que se deteriorara más la situación mantuvo el control de los precios a través del OPA, pero ello obligaba a contener también las demandas de aumento de salarios por parte de los trabajadores. De ahí surgió una nueva oleada de conflictos. Si en la segunda mitad de 1945 había habido grandes huelgas en las industrias eléctrica, del automóvil y del acero, en 1946 las hubo en la minería y en los ferrocarriles, a cuyos trabajadores tuvo que amenazar con la militarización para que aceptaran negociar. A mediados de 1946 había inflación y millones de obreros en huelga, de modo que ha podido decirse que, de no ser por el esfuerzo de contención de los sindicatos, pudo haberse producido un «enfrentamiento general entre los trabajadores de muchas industrias y un gobierno que apoyaba a los patronos».

La oposición de los congresistas a los controles de precios obligó a Truman a una dura batalla, que acabaron ganando las grandes empresas distribuidoras de carne, al reducir la actividad de los mataderos e impedir que la carne llegase a las tiendas. Su escasez, exagerada en las noticias de la prensa hasta presentarla como poco menos que una hambruna, desbordó la capacidad de actuación del OPA y produjo un malestar generalizado de los consumidores, que culpaban de sus dificultades a los controles de precios. Preocupado por las consecuencias que esta situación podía tener en las próximas elecciones al Congreso, Truman suprimió los controles sobre los precios de la carne dos semanas antes de estas.

Demasiado tarde, sin embargo, para evitar el castigo de los votantes en estas elecciones de mitad de mandato[56] del año 1946, en que los republicanos alcanzaron una victoria resonante que, por primera vez desde 1932, les dio mayoría en las dos cámaras. Entendiendo este voto como un apoyo a una política más conservadora, los republicanos redujeron los impuestos, boicotearon las propuestas de leyes sociales de Truman —su política de «Fair Deal»—, introdujeron una enmienda para que ningún presidente pudiera optar a más de dos períodos de mandato (una venganza póstuma contra Roosevelt, que había sido elegido en cuatro ocasiones) y en junio de 1947 votaron la ley Taft-Harley, que recortaba la capacidad de acción de los sindicatos en las huelgas. El presidente se vio obligado además a renunciar al más ambicioso de sus planes: un sistema de seguros médicos nacionales que hubiese completado el cuadro de las reformas del New Deal, y que hubo que abandonar debido a la oposición de la American Medical Association, que financió una campaña contra este programa, y a la hostilidad de los blancos pobres del sur, que temían que iba a conducir a que los hospitales estuviesen integrados racialmente.

El clima social confuso de la posguerra favoreció el desarrollo de un nuevo «pánico rojo», basado en la idea, difícilmente justificable, de que el minúsculo Partido Comunista norteamericano era un arma terrible de subversión que había penetrado en los organismos del gobierno, dominaba los sindicatos y auxiliaba a los agentes al servicio de Rusia en su afán por adueñarse de los «secretos atómicos». Un miedo acentuado por las revelaciones de Igor Gouzenko, un funcionario de los servicios de inteligencia militar soviéticos que trabajaba en la embajada rusa en el Canadá, en Ottawa, y que el 5 de septiembre de 1945 «se pasó a Occidente» con un centenar de documentos secretos. Todo esto tenía poco que ver, sin embargo, con la realidad del Partido Comunista de los Estados Unidos, que era una organización de escasa importancia y con actividades bien conocidas, puesto que estaba tan infiltrado por el gobierno que en los años sesenta se calculaba que una sexta parte de sus militantes eran informadores del FBI.

No solo se reactivó entonces el HUAC, sino que a mediados de los años cincuenta había docenas de otras entidades similares que emulaban sus procedimientos, como los comités presididos por los senadores McCarthy y McCarran, y se crearon otros en una docena de estados e incluso en algunas ciudades. Contaban con el pleno apoyo del FBI, cuyo director, J. Edgar Hoover —que descuidó por completo la lucha contra el crimen organizado, ya que ni siquiera creía en la existencia de la mafia— tenía una obsesión anticomunista enfermiza, disponía de medios casi ilimitados (gracias a que poseía informaciones con las que podía arruinar la carrera de cualquier político), mantenía buenas relaciones con una prensa a la que alimentaba con noticias sensacionalistas y daba muestras de una total falta de escrúpulos, lo que le permitía actuar al margen de la ley. Hoover empleaba procedimientos como el de enviar hojas sin membrete ni firma con acusaciones sin pruebas, y no desdeñaba poner en circulación falsedades cuando le convenía. Por otra parte, los jueces que se ocupaban de estas cuestiones eran personajes como Harold Medina, quien años más tarde confesaba que durante los grandes juicios anticomunistas procuraba no mirar a los espectadores para evitar «a los hipnotizadores que el “partido” hubiese podido colocar en la sala del juicio».

A la caza del rojo se unió muy pronto la de los homosexuales, no solo porque se consideraba que eran susceptibles de que los agentes soviéticos los sometieran a extorsión (aunque no hay un solo caso de este tipo documentado en toda la guerra fría), sino porque estaban convencidos de que la Unión Soviética era el paraíso del amor libre, y el Partido Comunista, una organización de libertinos. La cosa llegó al extremo de que en 1950 uno de sus asesores advirtiera a Truman de que el país estaba más preocupado por la presencia en la administración de homosexuales que por la de comunistas. La previsible consecuencia de esta obsesión, que obligó en plena guerra de Corea a que el secretario de Estado, Dean Acheson, tuviera que defender en el Congreso su heterosexualidad y la de los diplomáticos norteamericanos en general, fue que se acabase despidiendo a un gran número de funcionarios. Se sabe que el FBI tenía una lista de 300 000 sospechosos de ser «desviados sexuales», que no se destruyó hasta 1977, en la que no debían estar incluidos el propio Hoover, el senador McCarthy o su lugarteniente Roy Cohn, pese a las dudas razonadas que existían acerca de la orientación sexual de los dos primeros y a la certeza acerca de la del tercero. En el transcurso de la década de los cincuenta el gobierno federal despidió muchos más homosexuales que comunistas.

Hoy, al revisar la historia de las persecuciones anticomunistas a partir de los documentos desclasificados, se puede ver que los norteamericanos que pasaron información a los rusos fueron muchos menos de lo que se suponía, y que el delito más común de los inculpados fue el de mentir respecto de sus posibles contactos anteriores con el Partido Comunista o con organizaciones de izquierda, por miedo a las consecuencias que podía acarrearles. Lo que es comprensible si se piensa que se les estaba obligando a defenderse por hechos que cuando se «cometieron» no eran delictivos y que se castigaban ahora retroactivamente.

Los procesos, por otra parte, no fueron limpios: se usó de testigos profesionales, excomunistas que se beneficiaban de esta actividad y que estaban obligados a seguir proporcionando informaciones, aunque fuesen de dudosa veracidad, para conservar sus ventajas. Uno de los casos más notorios es el de «la reina de los espías rojos», Elizabeth Bentley, que comenzó adornando sus declaraciones para complacer a los comités que la interrogaban y acabó inventando las más fantásticas revelaciones, porque para vivir necesitaba seguir sacando dinero al FBI. La dudosa fiabilidad de los testigos profesionales quedó en evidencia cuando uno de los más notorios, Harvey Matusow, publicó un libro en que confesaba que había estado mintiendo al prestar testimonio; pero hubo jueces que dijeron que las rectificaciones de Matusow eran el producto de una «conjura comunista» y siguieron utilizando las confesiones que este había desautorizado, alegando que su única mentira era la que había cometido ahora, al asegurar que era falso lo que había dicho en el pasado. Sin embargo el escándalo producido por el caso Matusow acabó con el espectáculo de los informadores profesionales.

El FBI, por su parte, sostenía que no podía revelar la procedencia de los datos que aportaba, ya que debía proteger a sus informadores, de modo que muchas decisiones judiciales que podían llevar a alguien a sufrir un castigo, como el de perder su trabajo, se basaban en acusaciones que no se le comunicaban. A veces se trataba simplemente de tener amigos o parientes de izquierdas o de haber tenido en el pasado relación con alguna causa que ahora era mal vista (por ejemplo, el hecho de haber dado apoyo a las organizaciones de ayuda a la España republicana durante la guerra civil se consideraba como un signo de filocomunismo). Cualquier cosa podía dar lugar a una de esas condenas informales. El presidente de un grupo que intervenía en juicios sobre lealtad dijo: «Naturalmente que el hecho de que alguien crea en la igualdad racial no demuestra que sea comunista, pero os hace examinar su caso dos veces. No se puede olvidar que la igualdad racial es parte de la línea comunista». Además, no importaba que un procesado fuese absuelto por falta de pruebas, puesto que quedaba marcado para el futuro, y su vida profesional resultaba gravemente dañada.

Nunca existió la gran amenaza subversiva con la que se pretendió amedrentar al público, y casos como la ejecución de los Rosenberg el 19 de junio de 1953 son difíciles de explicar,[57] como lo es que se haya tardado más de cincuenta años en hacer pública tan solo una parte del proceso. Está claro que Julius Rosenberg espió para los rusos —sobre todo en la época en que estos eran aliados de los Estados Unidos, y no sus enemigos— pero no que sus informaciones fuesen decisivas para el desarrollo de la bomba atómica soviética, ni que actuase con el propósito de traicionar a su país. Y lo que es seguro es que su esposa Ethel fue condenada de modo totalmente injusto, por culpa de su hermano, David Greenglass, que la denunció para reducir su propia condena y la de su esposa. La reciente apertura de una parte de las declaraciones de los testigos ha confirmado que no había suficiente evidencia para condenar a muerte a Ethel Rosenberg, que fue ejecutada ante todo por haber permanecido hasta el fin al lado de su esposo (Eisenhower lo justificó diciendo que, si hubiese perdonado a la mujer y condenado al marido, los soviéticos se habrían dedicado a reclutar mujeres como espías).

Sabemos hoy que la información proporcionada por los espías fue de mucha menos utilidad para el desarrollo de la bomba atómica soviética que algunos informes publicados, como el del científico de Harvard, Henry DeWolf Smyth. Pero el mito de que los rusos habían construido su bomba atómica gracias exclusivamente al espionaje era un elemento que contribuía a mantener la fe en la superioridad norteamericana. En realidad, la más importante contribución hecha por el espionaje a la construcción de la bomba atómica soviética no tuvo nada que ver con los izquierdistas norteamericanos, escapó por completo a las investigaciones del FBI y deja en ridículo buena parte de lo que se ha escrito acerca de la traición de los rojos. Su historia no fue conocida públicamente hasta que los rusos la desvelaron muchos años más tarde.

El 2 de noviembre de 2007 el presidente ruso Vladimir Putin anunció la concesión póstuma de la más preciada condecoración rusa a un agente que había sido «el único funcionario de inteligencia soviético» que se había infiltrado en el proyecto Manhattan y «había contribuido a acelerar considerablemente el tiempo en que la Unión Soviética pudo desarrollar su propia bomba atómica». George Koval, fallecido en Rusia en enero de 2006, a los 94 años de edad, había nacido en Sioux City, Iowa, de padres rusos de origen judío. En 1932, durante la depresión, la familia regresó a la URSS y se instaló en el enclave judío de Birobidzhan, en Siberia. Koval estudió tecnología química en Moscú y en 1940 fue enviado como agente a los Estados Unidos, donde usó su nombre real y pretendía ser huérfano. Lo reclutaron para el ejército y, dada su preparación, se le envió a estudiar tecnología eléctrica en el City College de Manhattan; en 1944 y 1945 trabajó en algunos de los centros más secretos del proyecto de construcción de la bomba atómica, aprendiendo los aspectos más complejos de su producción. Cuando un artículo en una revista rusa presentó a los supuestamente difuntos padres de Koval como felices habitantes de Birobidzhan, este desapareció de escena y regresó a la Unión Soviética, donde se dedicó a la enseñanza en el Instituto Mendeleiev. De su labor como uno de los más importantes de los espías atómicos, con el nombre en clave Delmar, nada se supo hasta que los rusos desvelaron su historia, y sigue sin saberse en qué forma transmitía la información obtenida.

Buena parte de los procesos contra los supuestos «espías comunistas» se basó en las informaciones tomadas de las copias de los mensajes cruzados entre la embajada rusa en Washington y el gobierno de Moscú, que se enviaban codificados a través de los sistemas telegráficos ordinarios; copias que los norteamericanos compraron a las compañías que los transmitían y que empezaron a analizarse en 1943, en plena guerra mundial. Muchos de estos documentos se referían a cuestiones comerciales o diplomáticas carentes de interés, pero entre ellos figuraban también los de la KGB y de los servicios de inteligencia militar.

En el verano de 1946 un criptógrafo del servicio militar, Meredith Gardner, descifró fragmentos de algunos de estos documentos e inició una larga tarea que permitió acceder a unos 2900 telegramas enviados entre 1942 y 1948 (de un total de más de un millón y medio de los que se tenían copias), que mostraban evidencia de actividades de espionaje soviéticas en los Estados Unidos, si bien los agentes responsables de estas actividades no aparecían con su nombre, sino con un seudónimo. Se dio a conocer este material al FBI, y un agente se puso a trabajar en él, sin que se comunicase el hallazgo a la CIA hasta 1952 (Hoover temía que la agencia estuviese infiltrada por los rusos), ni se dijese nada al presidente Truman (por miedo a que este lo revelase a la CIA).

Los rusos supieron desde el primer momento que se había descifrado este material, que es lo que recibe el nombre de Venona, por William Weisband, un lingüista ruso que trabajó en el servicio militar de criptografía hasta que fue arrestado en 1950, y ello les permitió tomar precauciones para minimizar el daño y cambiar por completo la codificación. Aunque los agentes aparecían en estos documentos con seudónimo, y su personalidad había de deducirse de otros detalles, Venona se utilizó en muchas acusaciones y condenas de presuntos agentes soviéticos, sin hacer pública la procedencia de las informaciones que se usaban para la acusación, para no revelar la fuente de que procedían.

La realidad, sin embargo, es que el espionaje «comunista» de conciencia, producto de las convicciones políticas, fue un fenómeno minoritario, reducido a casos como el de los «cinco de Cambridge» (Kim Philby, Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt y John Cairncross) o el de Klaus Fuchs, todos en Gran Bretaña, mientras la mayoría de los espías realmente importantes actuaron por motivos de lucro. Tal sería, por ejemplo, el caso de Aldrich Ames, un funcionario de la CIA arrestado en 1994, después de haber estado pasando información a los rusos durante nueve años, y de haber recibido cerca de tres millones de dólares por venderles los nombres de «los agentes reclutados por los norteamericanos en las estructuras del poder o de los servicios secretos» rusos, lo que llevó a la detención y encarcelamiento de todos y a la ejecución de una decena de ellos. O como Robert Hansen, un alto funcionario del FBI descubierto en 2001, tras una carrera de espionaje que duró veintidós años, durante los cuales entregó a los rusos material muy valioso, incluidos los nombres de cincuenta agentes dobles, y les informó del túnel que se estaba construyendo bajo la nueva embajada rusa en Washington.

Un hecho que revela la finalidad fundamentalmente propagandística del mito del espionaje rojo es que su denuncia llegase al punto más alto una vez terminada la guerra fría, cuando pareció necesario legitimar un pasado más que discutible. Fue entonces cuando se dieron a conocer las traducciones de los documentos de Venona o una parte de los que Vassili Mitrokhin entregó a los servicios de información británicos en 1992. A lo que se añadiría posteriormente la difusión de los cuadernos de Alexander Vassiliev, un periodista ruso que había trabajado con la KGB hasta 1990 y que obtuvo permiso para consultar documentación de los servicios de información, de la que hizo transcripciones manuales en ocho cuadernos que sacó de Rusia en 2001. Todo ello ha servido de base para una nueva orgía de denuncias y revelaciones sobre el pasado, en que se mezclan evidencias y suposiciones, contribuyendo a una imagen sesgada y parcial que solo se aclarará el día en que pueda consultarse el conjunto de la documentación soviética.

EL CASO ALGER HISS

Uno de los casos que muestran los dudosos fundamentos del pánico rojo, y la parcialidad de la literatura que sigue hoy tratando de justificarlo, es el de Alger Hiss, un funcionario del Departamento de Estado que fue denunciado por un informador profesional, Whittaker Chambers, y perseguido por Richard Nixon, que iniciaba con su proceso una carrera marcada hasta su mismo fin por su indiferencia ante la legalidad de los procedimientos usados.

El de Hiss era el típico caso de joven progresista que colaboró en las organizaciones del New Deal en los años treinta y que tuvo contactos entonces con el Partido Comunista norteamericano, en tiempos en que tal cosa no tenía nada que ver con actuar como un espía, que era de lo que se le acusaría en 1948. Como miembro del Departamento de Estado había acompañado a Roosevelt a la conferencia de Yalta, y actuó como secretario general en funciones en la conferencia inaugural de las Naciones Unidas en San Francisco en 1945. Cuando, en 1946, vio su carrera amenazada por los inicios de la caza de brujas, dejó la política para dirigir una fundación privada, recomendado por Dean Acheson.

En realidad el primer objetivo del ataque del HUAC y del FBI era Harry Dexter White, secretario adjunto del Tesoro durante doce años, que fue el artífice fundamental de la creación del Fondo Monetario Internacional: «un americano (…) dedicado a la causa de la cooperación soviético-americana y de la paz internacional», que si bien se esforzó para integrar a los soviéticos en el nuevo sistema que se había diseñado en Bretton Woods, se opuso a las ideas de Keynes y consiguió que el dólar se convirtiese en moneda de referencia mundial. Pero White escapó a las garras de sus perseguidores al haber fallecido de un ataque al corazón en agosto de 1948, y esto avivó el afán de atrapar a Hiss por parte de unos «políticos oportunistas» que, según dijo David Rockefeller, «estaban usando el caso Hiss para atacar el New Deal».[58]

Tras una investigación que se basó en evidencias por lo menos equívocas, como los microfilmes de documentos de escasa trascendencia que se sacaron a última hora de una calabaza —lo que se ha apuntado que pudo ser un montaje ideado por Nixon—, Hiss acabó condenado por perjurio, por haber negado que conocía a Chambers, y pasó cerca de cuatro años en la cárcel, pero siguió sosteniendo hasta el fin de su vida su inocencia.

La apreciación más sensata sobre su caso, que vale para otras víctimas de la «caza del rojo», es la que expresó alguien tan poco sospechoso de lenidad con el comunismo como Dean Acheson: «si Hiss estuvo relacionado con el Partido Comunista a comienzos de los años treinta, cuando la democracia norteamericana parecía estar colapsándose y eran muchos los que buscaban alternativas, rompió después claramente con él. Pero cuando su pasado reapareció durante las investigaciones del Congreso, escogió esconderlo en lugar de admitir sus anteriores flirteos con el comunismo, y resultó atrapado».

El hecho de que el caso Hiss se haya convertido en una especie de prueba de fuego de la legitimidad de la guerra fría interior explica que se siga insistiendo en su culpabilidad, que se suele dar por establecida con las evidencias de los documentos de Venona, completadas ahora con los cuadernos de Alexander Vassiliev, que los cazaespías actuales utilizan sin crítica alguna. Las elucubraciones acerca de si Hiss era o no el «Ales» citado por un documento soviético han llegado a extremos que, en la última versión de Eduard Mark, se aproximan a los más abstrusos debates de la teología medieval. Mark nos dice que la historia de las controversias sobre Hiss es «tan larga y compleja que años enteros de estudio no garantizan un conocimiento completo de ella», tras lo cual nos ofrece su verdad absoluta, enlazando evidencias aisladas con suposiciones más o menos plausibles.[59]

Hiss vivió el resto de su vida, hasta su fallecimiento en 1996, proclamando su inocencia y, al producirse la caída del régimen soviético, se dirigió a funcionarios rusos pidiendo que buscasen información acerca de él en los archivos, porque tenía 88 años y quería morir en paz, dejando claro que «nunca había sido un agente pagado, contratado por la Unión Soviética». El general ruso Volkonogov contestó que no había encontrado ninguna evidencia referida a Hiss en los archivos de la KGB, pero nada de esto parece importar a sus acusadores, que siguen insistiendo en la actualidad en remover «el caso Hiss».

Cuando nos adentramos en las evidencias que nos ofrecen, lo que encontramos son sobre todo informaciones acerca de jóvenes izquierdistas como Alger Hiss o Noel Field, que en los años treinta se significaron como amigos de la nueva Rusia y aceptaron proporcionar informaciones que podían resultar políticamente útiles a los soviéticos, pero que es difícil considerar que dañasen a su propio país. Y lo que parece claro es, por otra parte, que se trataba de simpatizantes no pagados, lo que legitimaría las protestas de Hiss de que se le confundiese con un agente profesional o con un espía.

Lo más lamentable del caso es que los cazaespías no se han molestado nunca en reflexionar acerca de la importancia de la información que podía proporcionar a los soviéticos un funcionario del Departamento de Estado como Hiss. Las grandes batallas del espionaje, por uno y otro lado, se dieron en los terrenos de la defensa y del contraespionaje, y ahí Hiss no tenía nada que ofrecer. Esta cuestión parece no importar porque, como dice Vassiliev, que se considera perseguido por los defensores de la integridad del político norteamericano, Hiss es «una religión». Una religión, en todo caso, cultivada sobre todo por los especialistas en la literatura de la guerra fría, que siguen empeñados en su caza al cabo de quince años de su muerte. La culpabilidad de Hiss es para ellos una verdad sagrada y su función es ejercer de inquisidores para seguir combatiendo las herejías. Ceder en un terreno como este podría poner en peligro la legitimidad misma de la guerra fría, pasada y presente.

EL APOGEO DE LA CAZA DE BRUJAS: EL MACARTISMO

Cuando la guerra de Corea vino a sumarse a este panorama, la histeria anticomunista fue aprovechada para la lucha contra el movimiento obrero, con actuaciones como la de investigar a los sindicatos de descargadores de los muelles de la costa del Pacífico, en especial aquellos en que hubiese habido en el pasado presencia comunista,[60] a pretexto del temor de que pudiesen sabotear los envíos de guerra hacia Corea. Lo cual facilitó deshacerse de los dirigentes sindicales más combativos, y aun de cualquiera que hubiese tenido un papel destacado en alguna huelga. Con tal éxito que la patronal pidió acto seguido que la depuración se extendiese a todos los demás puertos norteamericanos, en una actuación que no tenía nada que ver con cuestiones de seguridad, sino con el propósito de debilitar la fuerza de los sindicatos. Esta operación, que dejó sin trabajo y marginados en las listas negras a un gran número de obreros de los muelles, sería glorificada en la película de Elia Kazan On the Waterfront («La ley del silencio»), basada en un guión de Budd Schulberg, delator también como Kazan, quienes la aprovecharon para justificar su propia conducta en los procesos de Hollywood.

Este clima de pánico preparó el escenario para la aparición de un demagogo como Joseph McCarthy, un oscuro senador republicano por Wisconsin, a quien los corresponsales de prensa habían elegido como el peor miembro del Senado, que había recibido dinero ilegal de diversas empresas y que tenía en su carrera episodios tan oscuros como su intervención en defensa de los nazis que habían cometido la matanza de Malmédy, en su afán por ganar el apoyo de la comunidad germano-americana de su estado.

McCarthy descubrió en 1950 que el del comunismo podía resultar un buen asunto, y conquistó la fama cuando, el 9 de febrero de 1950, declaró en público que tenía en la mano la lista de 205 miembros del Departamento de Estado que eran «comunistas y homosexuales que han vendido a cuatrocientos millones de asiáticos a un esclavismo ateo». Nunca tuvo tal lista y la cifra fue cambiando de un discurso a otro, entre 10 y 121, aunque nunca aceptó concretar las acusaciones. De hecho en sus años de campaña contra los «comunistas en el gobierno», en que amargó la vida al secretario de Estado Dean Acheson, no llegó a denunciar efectivamente ni a un solo miembro de su departamento (en una ocasión en que citó cuatro nombres como «riesgos de seguridad», resultó que tres de ellos no eran ni siquiera funcionarios del Departamento de Estado). McCarthy, alimentado con informaciones por Hoover y contando con la prensa, que le reservaba siempre la primera página —como dijo Dorothy Thompson, muchos periódicos «le concedían la primera página y lo condenaban en el editorial»—, hizo una carrera demagógica, que duró tanto como la guerra de Corea, en la que llegó a acusar a Eisenhower de desleal. Truman había dicho: «El mejor activo que tiene el Kremlin es el senador McCarthy».

McCarthy actuaba en colaboración con Roy Cohn, un abogado, judío y antisemita a la vez, con intereses en el «Studio 54» de Nueva York, a través del cual proporcionaba cocaína a sus amigos. Un personaje de quien Eric Hobsbawm ha dicho que es probable que «fuera un auténtico príncipe de las tinieblas». Cohn —el protagonista de Angels in America— manipulaba las respuestas de los testigos y arruinó las vidas de mucha gente, a la vez que se dedicaba a inspeccionar las bibliotecas de las «Casas de América» en Europa, donde afirmó haber descubierto 30 000 libros procomunistas, lo que obligó a retirar obras de Tom Paine, Thoreau, Hemingway, Arthur Miller o Mark Twain, con la desafortunada consecuencia de que algunas de ellas, como La montaña mágica de Thomas Mann, La teoría de la relatividad de Einstein o las de Freud, fuesen las mismas que años antes habían arrojado a la hoguera los nazis (faltos de espacio para almacenarlos, algunos bibliotecarios de las «Casas de América» las quemaron también ahora).

Desde 1953, al acabar la guerra de Corea, un McCarthy que temía perder la atención que hasta entonces había recibido fue aumentando su agresividad y cometió el error de atacar al ejército, en lo que era en realidad un ataque contra Eisenhower, acusando a los altos mandos de debilidad ante las penetraciones comunistas. El presidente y los militares decidieron entonces que había que acabar con él. Le enfrentaron a un abogado hábil y un McCarthy medio borracho quedó en evidencia en una audiencia transmitida por televisión, que duró treinta y seis días y acabó arruinando su crédito. En diciembre de 1954 recibió una censura del Senado, por 67 votos contra 22, en una votación en que J. F. Kennedy fue uno de los dos únicos senadores demócratas ausentes, lo que puede explicarse por la amistad de su familia con McCarthy. Empezó entonces una triste decadencia, abandonado por viejos amigos que ahora procuraban ignorarle; tres años después moría alcoholizado. Roy Cohn falleció de sida en 1986; mientras agonizaba recibió en el hospital un telegrama de Reagan: «Nancy y yo os recordaremos en nuestros pensamientos y oraciones».

Es verdad que en los Estados Unidos tan solo fueron ejecutados los Rosenberg, lo que contrasta con las sangrientas purgas de Stalin en la Europa del este, pero el daño causado por la caza de brujas en Norteamérica fue mayor de lo que se suele creer. En 1953 el FBI había investigado a 6 millones de norteamericanos, valiéndose de 5000 informantes pagados, y había establecido una lista de 26 000 personas que debían ser detenidas si ocurría una emergencia.

La persecución de los funcionarios comenzó dos semanas después del discurso que definió la «doctrina Truman», en marzo de 1947, cuando el presidente norteamericano estableció un programa para investigar «la infiltración de personas desleales» entre los empleados del gobierno, en unas condiciones de indefinición que favorecieron la expulsión de quienes tuvieran ideas «liberales», ya que, aunque no se les probase delito alguno, pasaban a ser considerados como «riesgos de seguridad».

Eisenhower prosiguió la tarea en mayor escala; en sus memorias escribe: «En el curso de 1953-1954 un conjunto de comisiones, adecuadamente nombradas, identificaron más de ocho mil casos de riesgos de seguridad. Como resultado, tres mil dos personas fueron despedidas de sus lugares [de trabajo] y seis mil más dimitieron, antes de que sus respectivos casos pasasen a la jurisdicción de las comisiones. Al propio tiempo hubo decenas de millares de informes que hubo que examinar y muchos funcionarios fueron trasladados de empleos delicados a otros que no lo eran».

En este tipo de investigaciones bastaba la sospecha para condenar a unos acusados que se encontraban indefensos, ya que no importaba si se podían probar o no los cargos, sino que era el acusado el que debía demostrar su inocencia. Cuando Eisenhower encargó a Foster Dulles que expulsase elementos sospechosos del Departamento de Estado, a este le bastaron unas semanas para echar a centenares, con frecuencia sin darles oportunidad de defenderse, y en muchas ocasiones por razones de conducta o políticas (afinidad al Partido Demócrata o a organizaciones liberales) que no se hacían públicas porque eran injustificables.

Objeto de persecuciones infundadas fueron personalidades como Robert J. Oppenheimer, el más famoso científico del país, que había dirigido el equipo que produjo la bomba atómica, pero que tenía un pasado antifascista, con probables contactos con el Partido Comunista norteamericano, y con muestras de simpatía por las causas democráticas, lo cual lo convertía ahora en sospechoso. A lo que había que añadir que manifestaba poco entusiasmo por la bomba de hidrógeno. Oppenheimer, a quien Hoover llevaba mucho tiempo acosando, fue víctima finalmente de quienes apoyaban la construcción de la bomba de hidrógeno, y en especial de Edward Teller, un turbio refugiado húngaro resentido con él. La humillación a que fue sometido el gran científico no tenía nada que ver con el espionaje ni con el comunismo, sino que pretendía condenar la independencia de los hombres de ciencia que se atrevían a «disentir de la política del gobierno».

Un caso parecido fue el del sinólogo Owen Lattimore, escogido por McCarthy como culpable de la supuesta «conspiración china», y ferozmente perseguido por el SISS (Subcomité del Senado para la seguridad interna) que dirigía Pat McCarran, sin más razón que algunas viejas veleidades progresistas y unas dudosas inculpaciones de Budenz y de Matusow, a las que ni el FBI daba credibilidad. La falta real de Lattimore consistió en denunciar la corrupción del régimen de Chiang Kai-shek, y su condena ayudó a que la política norteamericana hacia China quedase bloqueada durante veinte años, hasta que Nixon descubrió que convenía negociar con Mao.

Los efectos de muerte civil y de corrupción fueron considerables. Se dejaron sentir en la educación y en las universidades, con actuaciones que iban desde la censura de los libros usados en la enseñanza hasta ataques al profesorado, que movieron a la Universidad de California a exigir en 1949 que todos los empleados de la institución hiciesen un juramento de lealtad, y a otras, como Harvard, a establecer convenios con el FBI para recibir información previa acerca de quienes optaban a trabajar en ella. Lo cual no evitó que hubiera centenares de despidos por motivos políticos, en los que colaboraron miembros de las propias profesiones, que se aseguraban con ello su propia promoción. Tenemos así casos como el de Daniel Boorstin, a quien las delaciones le ayudaron en una carrera triunfal, que contrastan con otros como el de Moses Finley, que se negó a denunciar y prefirió rehacer su carrera en Gran Bretaña. O como el paradójico de Ernst H. Kantorowicz, un nazi que había luchado en los «cuerpos libres» después de la primera guerra mundial, pero que se vio obligado a abandonar la universidad alemana en 1935 por su condición de judío, y pasó posteriormente a Oxford y a California, donde se negaría en 1950 a prestar el juramento de lealtad, alegando que representaba una amenaza a la libertad académica.

Este clima contribuyó a que se elaborase una visión de la historia de los Estados Unidos como una «historia de consenso» basada en las doctrinas del «excepcionalismo americano» y del «destino manifiesto», que ponía en primer plano el mito de la conquista del Oeste y omitía, en cambio, cualquier mención de raza, esclavitud o sujeción de los pueblos nativos. Se evitaba la crítica a los abusos de los robber barons creadores de riqueza, y se celebraba el milagro que había engendrado una nación sin clases, respecto de la cual los planteamientos del marxismo no es que fuesen equivocados, sino que resultaban irrelevantes. Toda la historia de las luchas obreras y las reivindicaciones sociales del siglo XX fue eliminada del recuerdo, de modo que el movimiento por los derechos civiles de los años sesenta parecería surgir del vacío. En 1949 el presidente de la American Historical Association declaraba: «No nos podemos permitir no ser ortodoxos» y exhortaba a los historiadores norteamericanos a abandonar su tradicional «pluralidad de objetivos y valores» y aceptar «una amplia medida de regimentación», porque «una guerra total, sea caliente o fría, nos moviliza a todos y llama a cada uno a asumir su parte».

La teoría de la modernización sostenía, por otra parte, que este milagro podía reproducirse en los países menos desarrollados, si estos repetían las mismas fórmulas sociales y políticas.

En un sentido general la persecución destruyó en los Estados Unidos las organizaciones de izquierda, debilitó al movimiento de defensa de los derechos civiles, indujo en las ciencias sociales y de la cultura un viraje neutralizador (que comenzó con el olvido del contexto social) y corrompió profundamente a los intelectuales. Entre estos elementos de corrupción se puede señalar la tolerancia con que miembros de la «izquierda liberal» aceptaron jugar al anticomunismo desde plataformas que se presentaban como neutrales, cuando se trataba de organizaciones financiadas por la USIA (United States Information Agency) y por la CIA.

Las víctimas más importantes del «pánico rojo» fueron el movimiento obrero norteamericano y las aspiraciones socialdemócratas de los sectores más avanzados de la política del New Deal. Hay dos elementos que ayudan a explicar la deriva del movimiento obrero. Por una parte las grandes empresas jugaron hábilmente sus cartas para ofrecer a los sindicatos acuerdos de mejora de salarios y de seguridad social, como en el llamado tratado de Detroit de 1949, que es el nombre que se dio al acuerdo entre el sindicato de los trabajadores del automóvil (United Auto Workers) y la empresa General Motors. Los sindicatos obtuvieron así unos beneficios que, aunque inferiores a los que los obreros europeos estaban consiguiendo en aquellos mismos años, facilitaron el pacto con las empresas, a costa de abandonar sus viejas aspiraciones a tener voz y participación en la política económica del país.

Los empresarios supieron además aprovechar las huelgas de 1945 y 1946, politizándolas para frenar cualquier avance sindical e incluso para recuperar parte de las concesiones que se habían visto obligados a hacer en los años del New Deal. En 1946, por ejemplo, una huelga en la Allis-Chalmers Manufacturing Company, motivada por cuestiones salariales y de trabajo, fue denunciada como una conspiración comunista a través de una serie de artículos de prensa financiados por la propia empresa. En la primavera de 1947 se hizo venir a uno de los testigos profesionales de las campañas comunistas, Louis Budenz, quien no tuvo inconveniente alguno en decir que estas huelgas habían sido ordenadas por el Partido Comunista, aunque resulta difícil que tuviera información sobre ello un hombre que había abandonado el partido un año antes (y que, con anterioridad, llevaba mucho tiempo, según nos cuenta en sus memorias, «escribiendo artículos en defensa de la nueva línea del partido, en tanto que mis dedos acariciaban el rosario que llevaba en el bolsillo»).

La huelga acabó derrotada y el sindicato quedó destrozado. La compañía había conseguido «transformar sus problemas laborales en un símbolo de la amenaza comunista a la economía norteamericana». Esto sucedía por los mismos días en que Truman pedía ayuda para Grecia y para Turquía, y encontraba facilitado su éxito por la marea ascendente del pánico rojo.

La ley Taft-Harley de 1947 exigía que los funcionarios de los sindicatos jurasen no haber tenido relación con ninguna organización filocomunista (lo que era en realidad un método para eliminar a sus miembros más combativos) e introdujo toda una serie de restricciones a la actuación de los sindicatos y al derecho de huelga. Tan reaccionaria era que el propio Truman, que quería impedir «que se cometiese una injusticia con la población trabajadora de los Estados Unidos», la vetó, pero no pudo imponerse a unas cámaras dominadas por los republicanos. En 1950 le ocurrió lo mismo con la ley McCarran (Internal Security Act), que exigía que no solo los miembros del Partido Comunista, sino los de todas las organizaciones que el gobierno determinase como afines, debían registrarse oficialmente. Una ley que permitía las detenciones por la mera sospecha de que hubiese riesgo de espionaje o de sabotaje, y que establecía toda una serie de prohibiciones a cualquier sospechoso de contactos con organizaciones izquierdistas.

A mediados de los años cincuenta el movimiento obrero organizado se había debilitado en extremo. Su sindical más combativa, el CIO (Congress of Industrial Organizations), vio reducidos sus militantes considerablemente y en 1955 se fusionó con la AFL (American Federation of Labor) para sobrevivir.

LA PERSECUCIÓN DEL ENEMIGO INTERIOR EN EL BANDO SOVIÉTICO

La Unión Soviética estaba alcanzando a partir de 1948 un cierto grado de recuperación económica, pero la sucesión de los golpes adversos que experimentó en el terreno de la política exterior —doctrina Truman, fundación de la OTAN, creación de la República Federal Alemana, etc.— no solo se reflejó en el aumento del gasto militar, sino que tuvo aquí unas consecuencias parecidas a las del pánico rojo y el macartismo en Norteamérica, aunque con resultados mucho más sangrientos.

Se agudizó en primer lugar la campaña de adoctrinamiento cultural iniciada con anterioridad, la llamada «Zhdanovschina», por el nombre del ministro Andrei Zhdanov que la protagonizaba, aunque estaba en realidad dirigida directamente por Stalin. Una campaña que atacaba el «cosmopolitismo» para valorar ante todo lo ruso, y que exigía un arte politizado. Los resultados fueron que se suprimieran revistas literarias, que se expulsase a Anna Ajmatova de la Unión de Escritores Soviéticos —denunciada como «típica representante de una poesía vacía, sin ideología, ajena a nuestro pueblo»—, que se fijasen normas acerca del cine o de la música (con censuras a compositores como Shostakovich y Prokofiev, acusados de «formalismo») y, finalmente, que se depurasen las bibliotecas y se publicasen listas negras de obras teatrales y de discos prohibidos.

El propio Stalin, que le expresó a Eisenstein su desacuerdo con el planteamiento de la segunda parte de «Iván el terrible», protagonizó ataques a las ideas lingüísticas de Marr o a la Historia de la filosofía de la Europa occidental de Aleksandrov, un libro que había recibido anteriormente el premio Stalin, pero cuyo autor se vio obligado ahora a disculparse y rectificar, porque Stalin sostenía que había minusvalorado la influencia de la filosofía rusa en Europa. Más grave, y en total coherencia con la naturaleza de este viraje político, fue la condena del economista Eugeni Varga, que era castigado por haber sostenido la tesis, que ahora topaba con el clima de la guerra fría, de que podía haber una tercera vía económica en el tránsito entre la democracia parlamentaria y el socialismo.

Pero tal vez la más escandalosa de estas campañas fuese la que se desarrolló en el terreno de la ciencia. Stalin dio pleno apoyo a las disparatadas teorías genéticas de Lysenko, quien las impuso a los medios académicos esgrimiendo la aprobación oficial del Comité Central del partido, en lo que iba a significar el establecimiento de una distinción entre ciencia «burguesa» y ciencia «socialista». Los físicos, en cambio, se salvaron del ataque de los supuestos «científicos marxistas» que denunciaban la física cuántica como contraria al materialismo; el hecho de que la «ciencia burguesa» fuese necesaria para construir la bomba atómica decidió la cuestión.

En el terreno político más inmediato el disgusto de Stalin ante la situación internacional vino a recaer ante todo sobre las personas de Vyacheslav Molotov, ministro de Relaciones Exteriores, y de Anastas Mikoyan, que lo era de Comercio internacional. A ambos los destituyó de sus cargos, y a Molotov le obligó además a divorciarse de su esposa Polina Zhemchuzhina, una judía que había sido amiga de la esposa de Stalin. Era un primer paso para renovar y rejuvenecer el equipo que le rodeaba, al cual se iban a integrar ahora Bulganin, Malenkov y Jrushchov, recuperado por Stalin para nombrarlo secretario del Comité Central y máximo dirigente del partido en Moscú.

Las cosas tomaron un nuevo y más amenazador giro con la persecución iniciada en relación con los asuntos de Leningrado y del Gosplan (el Comité Estatal de Planificación), que llevaron a la purga de los miembros de la dirección del partido en Leningrado, esto es a la condena de los hombres que habían protagonizado la heroica resistencia de la ciudad contra los alemanes. El problema comenzó al parecer con la condena de la decisión tomada por los dirigentes de Leningrado, y en concreto por Alexey Kuznetsov y por el economista y director del Gosplan, Andrei Voznesensky, de organizar una feria de muestras sin haberlo consultado previamente con el Comité Central, lo que les costó la acusación de practicar separatismo antiestatal. Pero el motivo real de que se condenase a un hombre como Voznesensky, en quien se había pensado para desempeñar los más altos cargos del gobierno, fue que, para complacer unas exigencias poco razonables de Stalin, hubiese falseado los datos estadísticos sobre el cumplimiento del plan. La cuestión acabó con la denuncia de la existencia de un «grupo antipartido», lo que condujo al encarcelamiento de más de doscientas personas, y a una serie de ejecuciones en octubre de 1950.

A la condena de los de Leningrado siguió la de Viktor Abakumov, ministro de Seguridad del Estado, acusado por un subordinado de haber obstaculizado la investigación de lo que se iba a convertir en el último episodio del terror estalinista: la campaña contra los judíos, acusados de cosmopolitismo, que iba a culminar en el infame asunto de los médicos judíos. Despechado por el giro en la política internacional del estado de Israel, a cuya independencia había contribuido, Stalin creía que una serie de médicos «nacionalistas judíos» conspiraban ahora con los norteamericanos, que se habían convertido en los protectores de Israel, y preparaban acciones terroristas contra las vidas de los dirigentes soviéticos.

Las consecuencias más graves de este viraje se dieron en los países de la Europa del este que integraban el área controlada por los soviéticos. Aunque había habido tensiones en Hungría en el verano de 1946, la primera gran crisis del sistema de las «democracias populares» se produjo en Checoslovaquia, donde el Partido Comunista, que contaba con un sólido apoyo popular, había optado por el gradualismo: por una «vía checa» que implicaba una revolución democrática y nacional con una transición gradual al socialismo. Algo que le permitió al Partido Comunista alcanzar el 38 por ciento del voto en las elecciones de 1946, a lo cual habría que sumar el 17 por ciento de sus aliados socialdemócratas, y que permite entender que Klement Gottwald, el máximo dirigente del comunismo checo, esperase obtener más del 50 por ciento de los votos en las de 1948. Zdenek Mlynár, que era entonces un estudiante de dieciséis años, explicaba mucho después que a él le resultaba natural unirse al Partido Comunista, «en la esperanza de que este partido cambiaría las relaciones sociales y la situación social, de modo que estas serían más justas, que no habría más guerra y que el nazismo no volvería a ser una amenaza para otras naciones».

Fue sin embargo en este momento cuando la situación internacional forzó el cambio de las perspectivas de Stalin. La sucesión de medidas agresivas que se inició con la «doctrina Truman», a la que siguió, entre marzo y mayo de 1947, la expulsión de los ministros comunistas de los gobiernos de Francia (donde Ramadier provocó el malestar obrero para tener la oportunidad de echar a los cinco ministros del Partido Comunista, al forzarles a enfrentarse a un voto de confianza), de Bélgica, Italia y Luxemburgo, alarmó a Stalin y le llevó a reforzar el control sobre los países del este de Europa para mantenerlos al margen de esta ofensiva de «Occidente», que se vería reforzada poco después con el intento de proponerles la inclusión en el Plan Marshall. Habiendo fracasado en el oeste la estrategia de las vías nacionales y del gradualismo, Stalin la liquidó también en los países del este y priorizó asegurar el control comunista en ellos.

Con este fin se organizó, a fines de septiembre de 1947, una Oficina de información de los partidos comunistas, Cominform, nacida de una idea sugerida inicialmente por Tito, que aunque decía no tener otro objetivo que el intercambio de informaciones y experiencias, revelaba la preocupación de Stalin por no perder el control de la situación. En la conferencia fundacional, que se inició en la población polaca de Szklarska Poremba el 22 de septiembre de 1947,[61] Zhdanov expuso las líneas de la nueva política exterior soviética. «Con palabras sorprendentemente semejantes a las de la doctrina Truman —ha escrito Herring— el representante de Stalin, Andrei Zhdanov, habló de un mundo dividido en dos campos». Habiendo percibido la amenaza de Occidente, los rusos deseaban asentar la unidad de su área de influencia en una rigurosa disciplina ideológica. La principal función de la nueva institución sería la de cohesionar un bloque dirigido por la Unión Soviética, para evitar «errores» como los que habían cometido los partidos comunistas de Francia e Italia cuando, por falta de comunicación y cooperación, habían cedido ante el ataque de las derechas, apoyadas por los norteamericanos. Si bien el propio Stalin les había recomendado moderación en 1945, ahora, en este nuevo contexto, les reprochaba su falta de combatividad: hubieran debido recurrir a la huelga general y a la movilización de las masas para recuperar sus lugares en el gobierno. El mundo se había dividido netamente en dos campos como consecuencia de la ofensiva norteamericana, y no había ya espacio para las terceras vías ni para la democracia popular. El ciclo de las «vías nacionales» al socialismo había concluido, tanto en Oriente como en Occidente.

Pocos meses después Rudolf Slánský, secretario general del Partido Comunista checo, expuso la necesidad de forzar la evolución de los «frentes nacionales», buscando el pleno apoyo de los partidos progresistas y echando de los gobiernos a los reaccionarios, lo cual se tradujo en un incremento de presión que condujo a la crisis de febrero de 1948, cuando doce ministros no comunistas dimitieron del gobierno de Checoslovaquia, como consecuencia de una disputa sobre el reemplazo de algunos oficiales de policía. Esta dimisión, que dejaba el gobierno reducido a una composición de siete ministros comunistas, cuatro socialdemócratas y dos sin partido, iba encaminada a forzar al presidente Beneš a convocar nuevas elecciones, pensando en acabar con la mayoría de que disponían los comunistas y sus aliados, pero la maniobra fracasó como consecuencia de la acción de las masas movilizadas por los comunistas, con más de dos millones de participantes en la huelga general del 24 de febrero.

Beneš parece haber intentado restablecer la situación anterior al conflicto, proponiendo que los ministros dimitidos volvieran al gobierno, pero en estos momentos Gottwald ya había optado por «una solución revolucionaria», que implicaba incluir en el Frente nacional a miembros de los sindicatos, de organizaciones de antiguos presos políticos y de guerrilleros, que tendrían alguna representación en el gobierno, a la vez que se eliminaba de él a los políticos «derechistas».

Beneš no podía enfrentarse a una situación en que los comunistas dominaban en la calle y en el Parlamento, además de contar con el apoyo del ejército checo, más que desencadenando una guerra civil, con escasas posibilidades de éxito, de modo que el 25 de febrero aceptó la dimisión de los doce ministros y dejó que Gottwald completase el gobierno con otros escogidos por él. El Partido Comunista pasaba a tener pleno control del gobierno, tras un golpe en que le bastó el apoyo de masas con que contaba para decidir la situación. En estos momentos buena parte de quienes lo habían apoyado hasta ahora estaban de acuerdo con el cambio político que se había realizado. Como recuerda Mlynár, «yo estaba de acuerdo con la idea de suprimir los oponentes del comunismo y de imponerles diversos tipos de discriminación: al fin y al cabo, se oponían al progreso histórico».

Lo malo fue que lo sucedido iba a acelerar los ritmos del «tránsito al socialismo» a costa del mantenimiento de la democracia. Sus primeras víctimas fueron el ministro de Asuntos Exteriores Jan Masaryk, hijo de uno de los héroes de la independencia checa, que se suicidó, y el propio presidente Beneš, que dimitió poco después y fue reemplazado al frente del estado por Klement Gottwald. Pero la víctima más representativa, la que iba a reflejar mejor el fin de las esperanzas del gradualismo democrático, iba a ser, poco después, el propio secretario general del Partido Comunista, Rudolf Slánský.

También el sueño democrático de la Alemania oriental se acabó en estos momentos. Como señala Manfred Kossok: «Los intentos espontáneos de un viraje democrático popular inspirados por los comités antifascistas se veían bloqueados rápidamente. Las auténticas posibilidades revolucionarias de los años de 1946 a 1948, que culminaron en la Constitución de 1948, propuesta por el Volkscongress (“Congreso del pueblo”), no llegaron a realizarse. El poder del pueblo se convirtió en una “dictadura de los obreros y campesinos”, que en realidad se reducía a la dictadura de un partido y, finalmente, a la del Buró político del partido dirigente. La historia de la República Democrática Alemana se convirtió en la historia de la creciente enajenación entre el poder y el pueblo».

Tito, que era entonces el más caracterizado dirigente comunista europeo después de Stalin, y que estaba al frente de un país, Yugoslavia, que no había escogido la vía gradualista de las democracias populares, sino directamente la de la «revolución socialista», tenía el ambicioso proyecto de crear una especie de gran federación soviética en los Balcanes, que podía integrar inicialmente a Yugoslavia con Albania —lo que implicaba una forma de resolver el problema de Kosovo, cuya incorporación pedía Albania— y con una Macedonia que podía ampliarse con territorios de Bulgaria y de Grecia. Desafió además la prohibición de Stalin al prestar apoyo a los rebeldes griegos, lo que tenía lógica en el marco de sus propios planes, pero implicaba una ruptura con la estrategia política soviética.

Los rusos estaban cada vez más molestos con el «nacionalismo» que estaba llevando a los dirigentes del Partido Comunista yugoslavo a presentarse como si tuvieran una posición hegemónica en los Balcanes. El intento de Tito de establecer una base militar en el sur de Albania, que Enver Hodja había aceptado inicialmente, provocó en enero de 1948 las protestas de la URSS, a lo que vino a añadirse el malestar por el proyecto, aceptado en principio por el dirigente búlgaro Dimitrov, de iniciar el camino de una federación y de una unión aduanera entre Yugoslavia y Bulgaria, como primer paso para una federación de democracias populares que, en palabras de Dimitrov, abarcaría desde Polonia hasta Grecia, lo cual dio pie a que Stalin se quejase, no solo por el hecho de no haber sido ni siquiera consultado, sino porque la simple mención de Grecia podía provocar un conflicto con las potencias occidentales; algo que deseaba evitar.

El hecho de que el Partido Comunista yugoslavo decidiese proseguir en la línea de sus intereses nacionales, preparando la unión con Albania y auxiliando a la guerrilla griega, lo que implicaba menospreciar el liderazgo ruso, motivó una serie de críticas, cada vez más duras, seguidas de un intento frustrado de promover una revuelta del sector promoscovita del Comité Central del partido yugoslavo.

Tras el fracaso de este intento no quedaba ya más que la condena abierta,[62] que se preparó forzando el asentimiento de los demás partidos del Cominform y anunciando que el problema sería discutido en una reunión de este organismo en el mes de junio de 1948. Tito se ofreció a una discusión directa con los soviéticos, pero se negó a que se celebrase en el marco del Cominform, cuyos miembros ya se habían adelantado a adoptar posiciones contrarias a Yugoslavia, a lo que se le respondió que el tema se discutiría en la reunión, tanto si los yugoslavos asistían como no, y que no hacerlo significaba que «se apartaban del frente unido de las democracias populares con la Unión Soviética». La reunión de junio de 1948 denunció públicamente que los «elementos nacionalistas» se habían apoderado de la dirección del Partido Comunista yugoslavo, a la vez que se decía en privado que había sido infiltrada por agentes de los servicios secretos occidentales.

Tan lejos de la verdad estaba esta última imputación que la crisis tomó al Departamento de Estado norteamericano y a la CIA por sorpresa. Durante un tiempo creyeron que se trataba de una riña temporal, o incluso de un ardid. Franklin Lindsay, el encargado de las misiones de la OPC en el este de Europa, que había sido el jefe de la misión norteamericana enviada a Tito durante la segunda guerra mundial, se puso en contacto con el representante de Yugoslavia en la ONU, al que había conocido como jefe guerrillero durante la guerra. Se establecieron entonces relaciones secretas entre yugoslavos y norteamericanos para ver de qué forma se les podía ayudar a resistir la invasión soviética que Tito creía inminente. Yugoslavia no podía recibir abiertamente envíos de armas, para no dar un pretexto de ataque a Stalin, pero se le hicieron entregas secretas, hasta que Tito se sintió lo suficientemente fuerte como para aceptar públicamente una ayuda militar y económica de los Estados Unidos, que llegó a sumar más de mil millones de dólares en la década siguiente.

El efecto más grave de esta ruptura con Tito fue el de proporcionar nuevos argumentos para la persecución, entre 1948 y 1953, de supuestos elementos nacionalistas en el seno de los partidos comunistas europeos, a quienes se acusaba a la vez de mantener contactos con agentes norteamericanos, británicos y yugoslavos. Así comenzó, por ejemplo, la dramática persecución en los países del este de los antiguos miembros de las Brigadas Internacionales que habían combatido al fascismo en España, al propio tiempo que en los Estados Unidos los veteranos de la brigada Abraham Lincoln eran perseguidos como sospechosos de ser agentes comunistas. El proyecto de democracia social que estos habían ido a defender en España no era ahora aceptable para ninguno de los dos bandos de la guerra fría.

Los primeros procesos se produjeron en Albania en mayo de 1949. En este país Kotchi Dzodze había hecho siempre una política próxima a la de la Yugoslavia de Tito, de quien recibía ayuda económica el estado albanés, y aceptaba la posibilidad de una Confederación balcánica. Enver Hodja dio un giro antiyugoslavo a la política de Albania, y expulsó del partido y condenó a muerte a Dzodze en junio de 1949. La ruptura, que significaba la pérdida de la ayuda económica yugoslava, iba a tener graves consecuencias para su país.

Lo que se condenaba en estos procesos era mucho menos la afinidad con Tito que el planteamiento de políticas de «vía nacional» que podían significar un inconveniente para el intento soviético de mantener su hegemonía. Lo que explica que la condena al polaco Gomułka, que se había manifestado partidario de una línea política de este tipo, estuviese ya preparada antes de que se produjera la ruptura definitiva con Tito.

Que poco después se hiciera una condena colectiva de Yugoslavia, y que se denunciase su supuesta connivencia con los occidentales, dio pie a que la acusación de titismo fuese un recurso cómodo para condenar a dirigentes «nacionalistas» sin necesidad de entrar en la naturaleza real de los problemas. La acusación se usó en Hungría contra Laszlo Rajk y contra el grupo de los antiguos combatientes en la guerra civil española. El proceso Rajk, en el cual este y otros dos dirigentes fueron condenados a muerte, tras haber reconocido sus supuestos crímenes de oposición a la Unión Soviética y haber admitido que habían sido reclutados por los servicios secretos norteamericanos mientras estaban en España, sirvió también para confirmar las acusaciones contra Tito y condujo a que se sometiera a Yugoslavia a un auténtico bloqueo.

El 7 de diciembre de 1949 se iniciaba en Sofía el proceso contra Traicho Kostov, que había ingresado en el Partido Comunista hacía treinta años y que ahora se veía acusado de ser un agente de los británicos y de haber dado pleno apoyo al proyecto de Federación balcánica de Tito, lo que le costó también ser ejecutado. A diferencia de lo ocurrido en otros procesos, Kostov, que sería rehabilitado póstumamente en 1956, no aceptó su culpabilidad, lo que posiblemente explica que este fuera el último de los grandes procesos públicos de este tipo.

En Polonia Stalin decidió asegurarse el control de la situación nombrando ministro de Defensa y jefe del ejército al mariscal Rokossovski, un militar soviético de origen polaco, a la vez que reemplazaba en la jefatura del partido a Gomułka, acusado de «desviaciones nacionalistas y derechistas», y ponía en su lugar a un ortodoxo duro como Bierut. Tras estas caídas vendría aún la del ministro de Asuntos Exteriores checoslovaco Clementis, acusado también de «nacionalismo burgués», en momentos en que tanto Gottwald como Slánský se resistían aún a la presión de Stalin para que buscasen traidores en sus filas.

En 1950 una nueva oleada de detenciones incluyó a Otto Sling, del Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia, acusado de recibir instrucciones de los agentes occidentales para ejecutar un plan que habría comenzado asesinando al presidente de la república, Klement Gottwald. La oleada siguió en 1951, afectando ahora a los propios miembros de los servicios de espionaje y de seguridad que habían tomado parte activa en las purgas anteriores, y en 1952, con el proceso a los «cosmopolitas» checos. La víctima principal de la nueva oleada represiva fue Rudolf Slánský, el número dos del partido, perseguido personalmente por Stalin y comprometido de manera indigna por los servicios de inteligencia norteamericanos con una supuesta oferta para facilitarle la evasión (una «elegante operación» encubierta, en opinión de Igor Lukes). Torturado para hacerle confesar crímenes que no había cometido, fue juzgado en Praga en noviembre de 1952 y ejecutado junto con otros dirigentes. En la misma línea se produjeron depuraciones de políticos de origen judío —ahora se añadía a las acusaciones el cargo de «sionismo»— y el proceso en Alemania de hombres con una auténtica voluntad revolucionaria como Paul Merker, que apoyaba la idea de una reparación a los judíos por los daños recibidos de la Alemania nazi y que fue acusado de todo tipo de posibles corrupciones y complicidades (entre otras, de estar al servicio de los judíos), que nunca pudieron demostrarse.

Las purgas se extendieron también a los dirigentes comunistas de la Alemania occidental, investigados por sus posibles contactos con Noel Field, a quien nos referiremos seguidamente. Algunos de ellos fueron arrestados, interrogados y torturados en ocasión de visitar la Alemania oriental, como les ocurrió a Kurt Müller, torturado por la Stasi y enviado a un campo de internamiento en Siberia, y a su sucesor Fritz Sperling. Un nuevo proceso parece haber sido frenado en 1953 por los levantamientos del Berlín Oriental, y sobre todo por la muerte de Stalin.

Si hubiese sido posible en otras condiciones el mantenimiento de la «democracia popular» en Europa central y del este es una pregunta que debe quedar en el terreno de las hipótesis no verificables. No le convenía a Occidente, que combatió este modelo en aquellos países, como Francia e Italia, donde los comunistas intentaron establecerlo por la vía del parlamentarismo. Y es seguro que Stalin no lo hubiese tolerado a largo plazo, aunque solo fuese por los efectos de contagio que podía ejercer sobre la propia Unión Soviética.

Pero es indiscutible que fueron muchos los comunistas que creyeron en este modelo, como lo demuestra el hecho de que se tratase de recuperarlo en Hungría en 1956 o en Praga en 1968. Y que en la Alemania oriental hubiese hasta su mismo final quienes deseaban establecer un régimen en que libertad democrática e igualdad social fuesen compatibles. «No huyeron al oeste —ha dicho Harvey Cox. Se quedaron allí y trataron de cambiar algo en un lugar difícil. Pueden haber sido ingenuos, pero no fueron cobardes ni traidores». En febrero de 2008 un periodista norteamericano contaba que una profesora que trabajaba en Berlín, en lo que antes había sido la zona oriental, le dijo: «aquello por lo que luchábamos no era una Alemania unida, sino para construir un socialismo mejor, y, por ello, esto no es lo que deseaba, aunque he acabado acostumbrándome.»

La caza del enemigo interior, que liquidó en los Estados Unidos a la izquierda progresista y debilitó al movimiento obrero, y que propició persecuciones semejantes en la Europa occidental, acabó en el este de Europa con las esperanzas de unos hombres que habían combatido al fascismo y soñaban en la posibilidad de un mundo mejor. En palabras de Manfred Kossok: «El crimen histórico de la casta estalinista de dirección consistió en haber abusado del idealismo de generaciones completas y haber desacreditado de manera irreparable la idea del socialismo».

Que la causa fundamental de estas purgas fuese la demencia de un Stalin en plena decadencia física y mental, al que las ambiciones de Tito hicieron ver enemigos por todas partes, es evidente, pero parece claro que el proceso fue estimulado por los servicios de inteligencia occidentales. Allen Dulles, que desde 1948 era uno de los máximos dirigentes de los servicios de inteligencia norteamericanos y que fue director de la CIA de 1953 a 1961, se enorgulleció en más de una ocasión de haber provocado las «purgas» de la Europa oriental de los años 1948 a 1953, afirmando que este había sido «el mayor éxito de su vida». Por lo que la escasa documentación norteamericana puesta al acceso de los investigadores muestra, parece ser que, en efecto, los servicios secretos norteamericanos tuvieron algo que ver en su desencadenamiento.

En Checoslovaquia, por ejemplo, las acusaciones a funcionarios sospechosos de mantener contactos con los servicios de información occidentales se iniciaron sobre la base de los contactos mantenidos en Praga con Noel Field, un personaje que merece alguna atención. Field era un norteamericano de familia cuáquera, que había trabajado en el Departamento de Estado en los años treinta, cuando parece haber tenido contacto con gentes próximas al Partido Comunista y haber trabado amistad con Alger Hiss. En 1936 pasó a trabajar para la Sociedad de Naciones y en 1941 lo hizo para una organización benéfica de ayuda a los refugiados, lo que le puso en contacto con comunistas europeos y le facilitó viajar por el continente. Durante la segunda guerra mundial colaboró con Allen Dulles, que era entonces jefe de la delegación de los servicios secretos americanos (OSS) en Suiza, a quien puso en contacto con comunistas alemanes que luchaban contra Hitler. En 1949 perdió su trabajo y parece que se encontraba en difícil situación económica. Fue entonces cuando Allen Dulles le encargó una misión en Praga, a la vez que utilizaba a Jozef Swiatlo, un funcionario de seguridad polaco a sueldo de los norteamericanos, para que denunciase a Field a los comunistas como un agente norteamericano al frente de una red que habría penetrado en los gobiernos de la Europa del este. La policía lo drogó y lo sometió a interrogatorios bajo tortura en los que Field no solo confesó su vinculación a Allen Dulles, sino que dio todos los nombres que se le pidieron, con lo que contribuyó a la oleada de procesos que produjeron la caída de Laszlo Rajk, de Traicho Kostov y, más tarde, de Slánský.

En 1939, durante su misión de ayuda a los refugiados, Noel había auxiliado a los voluntarios de las Brigadas Internacionales que habían participado en la guerra civil española y que estaban internados en campos franceses. Los estalinistas sostenían que estos hombres habían sido reclutados por los nazis como espías en esta época y que fueron objeto después de chantaje por los servicios occidentales de inteligencia, como consecuencia de que los archivos de las SS, que habían caído en sus manos, les proporcionaron informaciones que los inculpaban. Una acusación delirante e indemostrable, por el estilo de las que hacía circular en Norteamérica el macartismo, pero que sirvió de base para una fantasía conspirativa en que Field representaba el papel de un agente norteamericano que venía a contactar con estos viejos agentes, situados ahora en lugares de responsabilidad en los países del este.

Según la versión oficial norteamericana, Field era un espía soviético —Dulles no quiso interceder ni por él ni por su esposa, y en las publicaciones actuales sobre el espionaje comunista se le sigue considerando como un agente al servicio de los rusos—, pero fue detenido por los comunistas checos con la acusación de actuar como agente norteamericano y pasó cinco años en las prisiones de Hungría, tras salir de las cuales declaró que quería seguir viviendo junto a quienes tenían convicciones semejantes a las suyas, que «odian las mismas cosas y las mismas gentes que yo». Fue liberado y rehabilitado en 1954 y se quedó a vivir en Hungría, donde falleció en 1970, considerado como un héroe de la causa del comunismo. Según su hermano, el motivo fundamental de las acciones de Noel era la busca de la paz mundial, y su apoyo al comunismo se debía a que pensaba que era el que la podía garantizar. «La tragedia, añadió, era que gente como Noel, que habían dedicado sus vidas al Partido Comunista, habían de escoger entre mantener su fe o admitir que habían desperdiciado sus vidas al servicio de una cruel ilusión.»

LA GUERRA FRÍA CULTURAL

La creación por parte de los Estados Unidos de una política más eficaz de propaganda, destinada a un escenario internacional, surgió por la necesidad de dar respuesta a la propaganda por la paz que efectuaban los soviéticos con una notable eficacia. En marzo de 1949 se había celebrado en el hotel Waldorf-Astoria de Nueva York una reunión de propaganda por la paz y contra el belicismo norteamericano donde, junto a europeos y soviéticos, como Shostakovich, figuraban norteamericanos como el compositor Aaron Copland, los dramaturgos Arthur Miller y Clifford Odets, Lillian Hellman o un entonces joven Norman Mailer.

Un grupo de antiguos simpatizantes del comunismo que habían evolucionado hacia el trotsquismo, o más a la derecha aun, como Sidney Hook, el compositor Nicolás Nabokov (primo del novelista), Mary McCarthy o Dwight MacDonald, trataron de reventar la reunión y formaron el núcleo inicial de un grupo de Americans for Intellectual Freedom, que atrajo la atención de la OPC. Tras un primer intento frustrado en París, se decidió patrocinar una gran conferencia anticomunista en el Berlín Occidental: el Congreso para la Libertad de la Cultura (Congress for Cultural Freedom) se inauguró el 26 de junio de 1950, con el apoyo de nombres como Bertrand Russell, Benedetto Croce o Karl Jaspers, y la participación de Hook, James Burnham, James T. Farrell, Arthur Schlessinger jr., Tennessee Williams, el actor Robert Montgomery, Arthur Koestler o Ignazio Silone; aunque los verdaderos organizadores fueron dos figuras menores, Melvyn J. Laski y Michael Josselson. El éxito alcanzado animó a la OPC a convertir el Congreso (CCF) en una organización permanente que iba a recibir amplio apoyo económico de la CIA.

Poco después, el 4 de abril de 1951, se fundaba el Psychological Strategy Board para coordinar las actividades de propaganda, de acuerdo con un «plan de acción cultural» que sigue siendo hoy un documento clasificado que no puede consultarse. Esta nueva política cultural tomó mayor fuerza a partir de 1953, como consecuencia de la preocupación de Eisenhower por reforzar el softpower norteamericano con una actuación bajo mano, que no pusiera en evidencia el protagonismo del gobierno.

La línea central de esta actuación consistía, en el plano internacional, en dar apoyo a la izquierda no comunista con el fin de combatir a los comunistas y a sus aliados con sus mismas armas. La CIA y la USIA procedían en este terreno sutilmente, sin mostrarse a la luz. Muchos intelectuales fueron reclutados para estas campañas internacionales, que eran financiadas con dinero que llegaba por el intermedio de fundaciones, en muchos casos ficticias, para disimular su origen.

Los cuantiosos recursos que el CCF empleaba en financiar congresos, exposiciones y conciertos, en subvencionar revistas en diversos países,[63] o en patrocinar la publicación de más de un millar de libros a través de editoriales privadas (incluyendo una traducción de El príncipe de Maquiavelo al swahili), le permitieron asegurarse la colaboración de figuras intelectuales del mundo entero, entre las que destacan Isaiah Berlin (que en 1966 recibió 4,5 millones de dólares para el Wolfson College de Oxford), Ignazio Silone y Raymond Aron.

Aparte de ello la CIA conseguía «colocar» artículos en publicaciones de considerable audiencia, como el Times Literary Supplement, la Enciclopedia británica o incluso en las guías de viaje Fodor, y la USIA patrocinó la edición de traducciones de obras americanas a diversas lenguas (en 1956 pagó la publicación en la India de dos millones de ejemplares en seis lenguas distintas).

Cuando en 1967 la revista Ramparts denunció las conexiones del Congreso para la Libertad de la Cultura con la CIA, muchos de los que durante años se habían beneficiado de sus becas, subvenciones y ayudas protestaron escandalizados, asegurando que ignoraban la procedencia del dinero. Christopher Lasch resumía así la situación: «Durante veinte años se les ha dicho a los norteamericanos que su país era una sociedad abierta y que los habitantes de los países comunistas vivían en la esclavitud. Ahora resulta que los mismos que se dedicaban a predicar activamente este evangelio estaban al servicio (a sabiendas los unos, ignorándolo otros) de la policía secreta».

Pero la campaña más sorprendente de la CIA es la que se refiere al arte. Entre las grandes operaciones culturales que financió figura el patrocinio de los pintores del expresionismo abstracto, utilizados para luchar contra el realismo socialista de la URSS, donde Stalin había liquidado las vanguardias de los años veinte para instalar por la fuerza un arte académico y adocenado, pero también contra la pintura comprometida de vanguardia, en la tradición del frente popular, como la de Picasso o la de Renato Guttuso. Hubiera costado hacer entender eso del expresionismo abstracto a Truman —que le reprochó en una ocasión a Picasso que hubiese convertido una hermosa cabra en una monstruosa pintura—[64] o al diputado republicano George Dondero, que sostenía que el arte moderno era el fruto de una conspiración comunista, y llegó a sugerir que las pinturas no figurativas eran mapas secretos que indicaban al Kremlin los emplazamientos de las instalaciones estratégicas de los Estados Unidos. Pero Nelson Rockefeller, presidente del MOMA (Museum of Modern Art, de Nueva York), defendía el expresionismo abstracto como el arte de la libre empresa y contaba, además, con una figura carismática como era Jackson Pollock, nacido en Wyoming, un pintor sin influencias europeas (pero sí de los muralistas mexicanos, y muy en especial de Siqueiros), que no era un señorito del este que hubiese estudiado en Harvard o Princeton.

Estos pintores no habían recibido mucha atención hasta entonces. Pollock expuso por primera vez en Nueva York en 1943 en la galería de Peggy Guggenheim —que le extendió un contrato que le permitió vivir en estos años—, donde en 1945 se celebró también una exposición de Rothko, sin que ni uno ni otro llamasen la atención de la crítica. Ahora, en cambio, se hizo una campaña para difundir a estos pintores, consiguiendo que los museos, que en su mayoría dependían del patrocinio privado, comprasen sus obras y las exhibiesen por el mundo entero, en exposiciones o con préstamos, todo ello financiado por la CIA, en una operación en que el papel del MOMA resultó esencial para crear un estado de opinión favorable. Alfred Berr, que había inaugurado el museo en 1929 y lo había dirigido hasta 1943, fue quien se encargó, por ejemplo, de convencer a Henry Luce para que cambiase la política editorial de las publicaciones del grupo Time-Life respecto del «nuevo arte»: fue un reportaje publicado el 8 de agosto de 1949 en las páginas centrales de Life, con el título de «¿Es este el más grande pintor norteamericano vivo?», el que le aseguró a Pollock la popularidad. Tanto los artistas como los críticos asimilaron pronto los argumentos políticos.

Un miembro de la CIA llegó a decir, más adelante, que eso del expresionismo abstracto lo habían inventado ellos para que sirviese de contraste con el realismo socialista. Pero esta es una afirmación injusta, que olvida que estos hombres pintaban ya del mismo modo cuando nadie les protegía ni les hacía caso. Su historia personal resultó, además, dramática: Jackson Pollock murió en un accidente de automóvil a los 44 años, mientras conducía bebido; Arshille Gorky se ahorcó; Franz Kline murió alcoholizado a los 52 años. Mark Rothko fue quien vivió más, hasta 1970, cuando, a los 67 años de edad, se abrió las venas y murió desangrado en su estudio; dejaba su obra a una fundación, pero el hombre a quien se la había confiado la malvendió para sacar provecho.

Todo ello debe situarse en el marco de esa guerra de la cultura, de función netamente propagandística, que enfrentó a la Unión Soviética, que exportaba a Occidente su gran música y sus compañías de ballet (con riesgos como la defección de sus estrellas, comenzando por Rudolf Nureyev en 1961), contra los Estados Unidos, que enviaban sus pintores abstractos, pero también a sus grandes orquestas sinfónicas y, muy especialmente, a los mejores representantes de esa «arma secreta sónica» que era el jazz: Louis Armstrong, Dizzie Gillespie o Duke Ellington («Un Satchmo Armstrong vale a veces por cinco exposiciones de arte», dijo el embajador norteamericano en Brasil). Para combatir la mala imagen que daba el racismo, se favoreció la presencia en la escena internacional de artistas negros como Leontyne Price, Dizzy Gillespie o Marian Anderson, y se organizaron giras por el mundo entero con la ópera «negra» Porgy and Bess.

En Gran Bretaña la propaganda cultural se realizó a través del llamado Departamento de Investigación de Información (IRD), creado en enero de 1948 como una sección del Foreign Office encargada de «recoger información sobre la política, las tácticas y la propaganda comunista y de proporcionar materiales para nuestra propaganda anticomunista a través de nuestras misiones y nuestros servicios de información en el extranjero», que amplió más adelante su cometido a la participación en campañas de contrainsurgencia coloniales, e incluso en las luchas civiles de Irlanda del norte.

El IRD contó con la colaboración de personajes de la importancia de George Orwell o de Robert Conquest, que, como profesor en Stanford, ganaría más adelante una reputación como «sovietólogo». Orwell tuvo el 29 de marzo de 1949, mientras estaba en un sanatorio, gravemente enfermo de tuberculosis, una entrevista con Celia Kirwan, del IRD, en que, según informaba ella misma, «discutimos algunos aspectos de nuestro trabajo con gran confianza». Le envió una lista de «criptocomunistas» —con nombres como Graham Greene, Priestley, A.J.P. Taylor, Spender, Cole, etc.—, diciendo «no es mala idea tener una lista de la gente que no es de fiar». Estas listas, que contenían comentarios más bien indecentes sobre raza, costumbres sexuales o deficiencias físicas, son todavía parcialmente secretas. Según Perry Anderson: «Las convicciones políticas que llevaron a Orwell a colaborar con los servicios secretos británicos no son ningún misterio: estaba tratando de conseguir que “La voz de América” y el ejército norteamericano de ocupación en Alemania financiasen al mismo tiempo la difusión de su obra». Pero la compleja y decepcionante historia de la izquierda heterodoxa en la guerra civil española tiene también mucho que ver en este giro final del escritor.

Estas campañas penetraron en centros académicos de prestigio como la London School of Economics o el St. Anthony’s College de Oxford. En los años cincuenta el círculo interno del IRD lo constituía una serie de personalidades entregadas en cuerpo y alma a la causa de la guerra fría: gente como Brian Crozier, Leonard Schapiro, Hugh Seton-Watson, Maurice Cranston, Leo Labedz o Michael Goodwin, que sostenían posiciones duras contra cualquier política de distensión. A semejanza de la CIA, el IRD montó una editorial aparentemente privada y patrocinó la publicación de libros que interesaba que aparecieran como independientes.

La lucha contra el comunismo había de resultar de especial importancia en un medio de tanta influencia popular como era el cine. La persecución de los miembros progresistas de la industria cinematográfica de Hollywood, que afectó sobre todo a directores y guionistas, fue especialmente lamentable, no solo por los escasos fundamentos de la condena de «los diez», sino por la miseria de algunos delatores, como el actor Robert Taylor o los realizadores Elia Kazan, Robert Rossen y Edward Dmytryk, que dieron nombres espontáneamente. En el caso de Kazan la delación fue sobre todo para asegurar su carrera. Como le dijo el productor Zanuck, si aclaraba su situación, «el estudio era suyo; podía hacer las películas que quisiera».

El miedo paralizó a los realizadores que no se habían visto afectados por la persecución, impulsándolos a la moderación política y a la autocensura. Hollywood vivía en un clima de terror que reflejaría muy bien una alegoría filmada en 1952, Solo ante el peligro (High Noon) de Fred Zinnemann (cuyo guionista, Carl Foreman, sería incluido poco después en la lista negra y se vería obligado a emigrar). Este mismo año la oficina de inmigración negó al «rojo» Chaplin autorización para regresar a los Estados Unidos.

Lo que perseguían los inquisidores cinematográficos no eran espías soviéticos ni infiltraciones comunistas, sino la espléndida tradición del cine progresista de los años treinta y los primeros cuarenta, que alcanzó cimas de calidad artística en un marco de compromiso social y de lucha contra las desigualdades y el racismo. Los miembros de este «Hollywood radical» eran gente que se habían implicado en diversos movimientos de izquierda, la mayor parte de ellos nacidos en los años de la depresión: «se unieron a sindicatos, pertenecieron a sociedades culturales y de asistencia de matices izquierdistas, firmaron peticiones, participaron en marchas o tomaron parte en campañas de recaudación de fondos».

Uno de los realizadores que abandonaron los Estados Unidos para continuar su carrera en Europa, Jules Dassin, hijo de un barbero judío de origen ruso, explicaba que la pertenencia al Partido Comunista en los años anteriores a la guerra fría no tenía que ver con el espionaje ni con nada por el estilo. Los miembros del partido en Hollywood, nos dice, «eran los mejores ciudadanos. Les preocupaban realmente las cosas. Eran los más puros, los más idealistas de todos. Querían hacer un mundo mejor. Este es el sueño idealista e inocente que compartían (…). El tipo de Hollywood que tenía una buena vida, que podía hacer películas, que podía tener una casa y una piscina o un segundo automóvil, este tipo que decía “No, esto no me basta, este mundo mío no es justo” era un norteamericano realmente comprometido, un buen ciudadano. Yo he visto la élite, los intelectuales, ir a repartir octavillas en las manifestaciones y a vender los diarios comunistas». Instalado en París, Dassin pasó unos años de estrecheces, sin poder trabajar en el cine, puesto que las autoridades norteamericanas advertían que no dejarían entrar en el país ninguna producción en que hubiese colaborado. Hasta que al cabo de cinco años pudo filmar «Rififi» y relanzó su carrera en Europa.

La consecuencia de esta persecución fue la diáspora de algunos, el silenciamiento de los mejores —que durante muchos años tuvieron que trabajar, cuando lo hacían, ocultando sus nombres— y una pérdida de calidad del cine norteamericano de la guerra fría que alejó de él a los espectadores, antes de que la televisión se les ofreciera como reemplazo.

La contrapartida fue la iniciativa que tomaron los militares, con el apoyo entusiasta de la CIA, para conseguir que las películas de Hollywood hiciesen alegatos explícitos en favor de la libertad norteamericana y denunciasen las condiciones existentes en el mundo comunista. En junio y julio de 1956 representantes del Joint Chiefs of Staff mantuvieron conversaciones en California, en las oficinas de la Metro, con una serie de personalidades de la industria que incluían a John Ford, Merian Cooper, John Wayne[65] y Ward Bond. Se comprometieron en la causa y comenzaron a producir películas anticomunistas, por lo general de bajo nivel artístico, pero eficaces como medio de difusión de mensajes ideológicos simplistas.

El cine debía dejar de tocar problemas sociales y no había de meterse en la cuestión de los derechos civiles y del racismo. Las películas debían ocuparse de temas en que quedase clara la contraposición entre el bien y el mal, mostrar guerras glorificadoras del patriotismo, epopeyas bíblicas, comedias románticas con muy poco sexo, y nada de trabajadores ni de mujeres contestatarias. En la televisión, la exclusión de los incluidos de las listas negras era mucho más severa que en el cine, porque había que contar con la censura de los anunciantes, que liquidaban, eliminando su publicidad, los programas que consideraban «liberales». Lo ideal eran las «comedias costumbristas» amables que mostraban familias moralmente ejemplares, que nunca parecían tener serios problemas de trabajo o de dinero.

3

ASIA: LA DESTRUCCIÓN DE LOS IMPERIOS

La segunda guerra mundial fue en Asia otra guerra, distinta a la que Europa libraba contra el nazismo. Fue una guerra imperialista iniciada mucho antes de Pearl Harbor, que tenía como objetivo fundamental el control de los territorios asiáticos que se extienden desde Corea hasta la India, a la vez que el dominio del Pacífico occidental. No acabó tampoco el 2 de septiembre de 1945, cuando Japón firmó la capitulación a bordo del Missouri, sino que, tras un breve interregno de confusión, prosiguió en los años siguientes en China, Vietnam, Corea, Indonesia, Birmania o Malaya, transformada, a la vez, en una lucha de liberación contra las viejas potencias imperiales y en una sucesión de guerras civiles, nacidas de enfrentamientos políticos, sociales y étnicos entre los diversos grupos que aspiraban a la conquista del poder en los nuevos estados. Una «gran guerra asiática» que se complicó a partir de 1949 con la extensión a estas tierras de la guerra fría, cuando las viejas potencias imperiales, auxiliadas ahora por los Estados Unidos, pretendieron reducir toda esta compleja suma de conflictos a un enfrentamiento entre «Occidente» y el comunismo.

LA OCUPACIÓN DE JAPÓN

Tras la aceptación por parte del emperador de Japón de la proclamación de Potsdam, el 15 de agosto de 1945, los norteamericanos cesaron inmediatamente las hostilidades, mientras los soviéticos, que consideraban este acto como una mera declaración de intenciones, dieron la orden de continuar los combates hasta que los japoneses abandonasen efectivamente las armas (la orden de hacerlo no se les dio hasta el 18).

Del 15 al 19 de agosto los rusos se apresuraron a ocupar la mayor parte de territorio posible en Manchuria, y se adueñaron después de la parte sur de Sajalín, donde combatieron contra los japoneses hasta el 26 de agosto. Se había acordado en Yalta que los soviéticos recibirían también las Kuriles, aunque no quedó claro si esta concesión se refería a todas las islas o tan solo a las del norte. La ocupación de las del norte se realizó con dificultades, por la resistencia de los japoneses, y Stalin se dispuso a adueñarse también de las cuatro islas del sur, sin hacer caso de las protestas de los norteamericanos.

Después no solo pidió a Truman que se le confirmase en la posesión de la totalidad de las Kuriles, sino que permitiese que tropas soviéticas participasen en la ocupación de territorio japonés, instalándose en el norte de Hokaido, para lo cual dio órdenes formales a su ejército de que se preparase para desembarcar en aquella isla. Fue la aceptación por parte de Truman de que se le cediesen las Kuriles del sur, como contrapartida a una firme resistencia a aceptar que los soviéticos participasen en la ocupación de otros territorios japoneses, lo que acabó decidiendo a Stalin a renunciar al desembarco en Hokaido. Lo que realmente angustiaba a los norteamericanos, que deseaban dificultar a toda costa la presencia de los soviéticos en el Pacífico, era que pudieran unirse a los comunistas chinos a través de Manchuria, pero Stalin estaba satisfecho con las concesiones que había arrancado a Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi), y tenía poco interés en interferir en los asuntos de China.

El 30 de agosto de 1945 llegaron a Japón por aire las primeras fuerzas norteamericanas de ocupación, mandadas por el general Douglas MacArthur, sin hallar ninguna resistencia; su número fue creciendo hasta llegar a 400 000. Pese a la ficción de que existía un Consejo aliado en que estaban representados los Estados Unidos, la Commonwealth británica, la URSS y China, y a que seguían existiendo el emperador y un gobierno imperial japonés, los Estados Unidos tenían un control completo del país, aunque, a diferencia de lo que ocurría en Europa, se veían obligados a recurrir a personal nativo, como consecuencia del escaso número de norteamericanos que dominaban la lengua japonesa. MacArthur, a quien se había encomendado que desarmase y desmilitarizase a los japoneses, que crease una sociedad democrática y dirigiese la industria hacia una economía de paz, gozaba de un poder absoluto.

Japón se integró entonces en lo que Cumings llama un «archipiélago imperial», un dominio no territorial, asentado en bases militares con guarnición norteamericana, destinadas a proteger a sus aliados, «pero también a limitar sus oportunidades de elegir». Una nueva especie de imperio invisible, por lo menos para los propios norteamericanos, que acabaría años más tarde extendiéndose por 153 países.

Hubo en Japón en los primeros meses algunas reformas de importancia, como la distribución de tierra a los campesinos, la disolución de los zaibatsu (los grandes conglomerados industriales), o la liberalización del movimiento obrero, y se redactó una nueva Constitución, cuyo artículo noveno proclamaba la renuncia al uso de la fuerza y al mantenimiento de un ejército.[66] Pero los intentos de democratización se frenaron a partir de 1947, cuando las preocupaciones de la guerra fría impusieron un «curso inverso»: el 12 de marzo de 1947, el mismo día en que Truman enunciaba una «doctrina» que representaba la declaración pública de la guerra fría, el Departamento de Estado proponía un programa encaminado a resolver la grave crisis económica en que se encontraba Japón, para aliviar con ello la situación general del Extremo Oriente, «que necesitaba desesperadamente los productos de la industria japonesa». George Kennan fue enviado para llevar a cabo este plan de «restauración», que quedaría definido en el documento NSC 13/2. Se trataba de restablecer la capacidad económica del país a través de la recuperación de sus empresas privadas, permitiendo que reaparecieran los grandes complejos industriales y que se reactivara el comercio internacional, pero sin restablecer el potencial militar, reemplazado por la protección estadounidense. Lo cual vino acompañado de un freno a las huelgas —lo que había que hacer ahora era trabajar duro y no plantear reivindicaciones sociales— y al proceso entero de democratización. A partir de 1949 el aparato de depuración se volvió contra la izquierda, iniciando una «purga de rojos» que expulsó de sus trabajos a más de 20 000 sindicalistas, maestros, periodistas, etc.

MacArthur se había esforzado, por su parte, en conservar el orden social establecido, en perfecto entendimiento con un Hirohito que no creía en la capacidad de los japoneses para la libertad y que le preguntaba angustiado en mayo de 1947: «¿Quién protegerá Japón, cuando los Estados Unidos se vayan?». A lo que el procónsul contestó: «Igual que protegemos California, protegeremos Japón».

Fue la crisis de Corea, que situó estas tierras en el centro mismo de la guerra fría, la que significó un cambio radical para su suerte. Se negoció un tratado internacional de paz con Japón (negando a China el derecho a participar en él y marginando a los soviéticos), que se firmó en San Francisco en septiembre de 1951, en momentos en que la guerra obligaba a asegurarse el uso de las bases japonesas. El tratado, que iba acompañado de un acuerdo de seguridad, permitía retener Okinawa como base militar y eximía a los japoneses de cualquier reparación por los daños causados a sus víctimas durante la segunda guerra mundial, salvo las que negociasen directamente con los países afectados.

Para tranquilizar a aquellos de sus aliados que temían un renacimiento del militarismo japonés, los Estados Unidos establecieron alianzas con Filipinas, por un lado, y con Australia y Nueva Zelanda (ANZUS), por otro. El 24 de mayo de 1951 Truman proclamaba el Mutual Security Program (MSP) y pedía al Congreso 555 millones de dólares para ayuda militar y 375 millones para ayuda económica, que se destinarían a «los ejércitos chinos de Formosa, para ayudarles a mantener esta isla fuera de las manos de la China comunista; a Indochina, donde más de 100 000 soldados franceses luchan al lado de las fuerzas de Vietnam, Laos y Camboya contra fuerzas dirigidas por los comunistas; a Filipinas y Tailandia, para ayudarlas a crear fuerzas lo suficientemente potentes como para garantizar su seguridad interna y desanimar ataques del exterior».

La combinación de la guerra de Corea —durante la cual los norteamericanos gastaron más de tres mil millones de dólares en suelo japonés— y de la ayuda recibida reactivó la economía de Japón y dio origen al extraordinario fenómeno que representó el rápido desarrollo de los llamados «tigres» asiáticos.

GUERRA CIVIL Y REVOLUCIÓN EN CHINA

En 1937 había comenzado la guerra abierta entre China y Japón, cuyos primeros enfrentamientos resultaron desastrosos para los chinos. Todo el norte del país fue ocupado por los japoneses y cuando Chiang Kai-shek, jefe del gobierno y del partido Guomindang (GMD), intentó resistir en el Yangtsé, la batalla de Shanghái acabó con una derrota que le costó 250 000 bajas. En diciembre de 1937 los japoneses tomaron la capital del gobierno de Chiang, Nanjing, donde tuvo lugar la peor de las atrocidades de la segunda guerra mundial, con el asesinato de más de 200 000 civiles a manos de los soldados japoneses; tras lo cual se estableció en la ciudad un gobierno colaboracionista. En esta primera etapa los soviéticos ayudaron a Chiang, enviándole aviones, tanques y armamento, y se enfrentaron, y vencieron, a los japoneses en Mongolia; pero su ayuda concluyó cuando comenzó la guerra en Europa.

Entre 1938 y 1940 las tropas japonesas siguieron avanzando en sus conquistas y bombardeando las ciudades chinas, esperando que Chiang se rindiera. Controlaban de hecho el norte y el este del país, hasta la frontera con Vietnam, pero las propias dimensiones del frente les impedían completar la conquista con unas fuerzas desproporcionadas a la amplitud de la empresa. Con la aviación china aniquilada, los japoneses bombardeaban despiadadamente las ciudades, esperando forzar a Chiang a un alto el fuego, antes de empezar una nueva etapa de la guerra, esta vez dirigida contra los Estados Unidos y Gran Bretaña, desplazando su actividad hacia el Pacífico y hacia el sudeste asiático.

Las cosas cambiaron con la entrada en la guerra de los norteamericanos, que desde 1940 habían comenzado a proporcionar ayuda al GMD, pero los triunfos de los japoneses en el sureste asiático, y en especial la vergonzosa rendición de Singapur, hicieron temer a Chiang que pudieran dejarle aislado, cortando la ruta de Birmania, que era su única vía de acceso al mundo exterior. Cuando esto sucedió finalmente, Chiang dependió por completo de la ayuda norteamericana que recibía por vía aérea, sin la cual difícilmente hubiera podido resistir. Por más que el general Stilwell, enviado por los norteamericanos como asesor, se quejase repetidamente a Washington de que Chiang no se preocupaba de enfrentarse a los japoneses, sino que procuraba reservar sus hombres para combatir a los comunistas, dirigidos por Mao Zedong. De hecho los japoneses siguieron aumentando sus conquistas con una gran ofensiva en 1944 y se puede considerar que estaban a punto de derrotar por completo al GMD cuando se vieron obligados a capitular.

Mao Zedong, por su parte, se preocupaba sobre todo por asentar la presencia del partido en el noroeste del país, donde el estado del GMD había desaparecido de hecho, reforzando el partido comunista, pero acertando a la vez a desarrollar una política moderada que le permitió establecer una buena cooperación con el conjunto de la sociedad local. No aceptaba implicarse en una lucha abierta contra los japoneses, pese a que el propio Stalin se lo pedía, sino que prefería las actuaciones de guerrilla en la retaguardia japonesa, a la vez que mantenía una guerra civil paralela contra el GMD. Mientras tanto el propio Partido Comunista chino sufría un violento proceso de depuración y abandonaba la línea tradicional del internacionalismo para promover una política que situaba en un lugar primordial la redención del pueblo chino.

La situación al fin de la guerra parecía favorable a Chiang y a su partido, que habían obtenido incluso el reconocimiento de la Unión Soviética —aunque el «Generalísimo» se sintiese humillado al no ser convocado como uno de los grandes a la reunión de Yalta—, pero las fuerzas comunistas, que habían luchado eficazmente y habían establecido una excelente relación con la población campesina, a la que se ganaron con medidas de reforma agraria prudentes y equilibradas, comenzaron a adueñarse del territorio que iban abandonando los japoneses, sin hacer caso de las pretensiones de supremacía de Chiang, quien, ante la imposibilidad de que los norteamericanos, dedicados entonces a ocupar Japón y Corea, pudieran enviarle tropas suficientes para detener a los comunistas, consiguió, por una parte, el apoyo de Stalin, quien advirtió a los comunistas chinos que no era el momento de iniciar una guerra civil abierta,[67] mientras que, por otra, lograba la colaboración del ejército japonés de ocupación, que permanecía en el continente después de su rendición, para que hiciera frente a los comunistas hasta que las tropas de Chiang pudiesen hacerse cargo de la lucha. Gracias a estas fuerzas japonesas se pudo frenar por un tiempo el avance comunista; en diciembre de 1946, cuando hacía más de un año del fin de la guerra, todavía quedaban en China 80 000 militares japoneses luchando al servicio del Guomindang.

Los norteamericanos proporcionaron a Chiang una considerable ayuda militar y económica, y desplegaron 50 000 marines, enviados para hacerse cargo de los soldados japoneses que se habían rendido y organizar el retorno a su país, pero también para apoderarse de sus armas y proteger ferrocarriles y ciudades, con el fin de evitar que los comunistas se aprovechasen de esta situación. Aunque estuviesen apoyando al GMD, los norteamericanos esperaban que se resolviese el enfrentamiento de estos con los comunistas mediante negociaciones, puesto que no deseaban verse involucrados en una guerra civil. Pero los intentos de conseguir un acuerdo entre Chiang y Mao, algo en que insistían tanto los norteamericanos como los soviéticos, fracasaron. Ante la incertidumbre de la situación, Truman envió a China como su embajador especial al general George Marshall, que acababa de retirarse del mando supremo del ejército. Este, que llegó el 20 de diciembre de 1945, consiguió que se reanudasen las conversaciones entre los dos bandos, que se acordara un alto el fuego a partir del 10 de enero de 1946 y que se crease una Conferencia política consultiva que redactó un acuerdo para la reducción y unificación del ejército. El 4 de febrero, satisfecho por las razonables concesiones de los comunistas, escribió a Truman que «los asuntos progresan favorablemente».

Pero cuando los soviéticos se retiraron de Manchuria, tras haber desmantelado todo el aparato industrial que los japoneses habían instalado, dejaron una gran cantidad de armas al alcance de los comunistas chinos. Aunque tuviesen dudas acerca de la capacidad de Mao para imponerse en una guerra civil, no deseaban una presencia norteamericana en sus fronteras. Hubo entonces choques entre las tropas comunistas y las del GMD, integradas por 228 000 hombres que los norteamericanos habían transportado al norte, y las negociaciones de paz se complicaron de nuevo, entre acusaciones mutuas de violaciones de los acuerdos. En julio, una vez expirado el alto el fuego, se reemprendieron en Manchuria los combates entre el ejército del GMD y el que ahora había adoptado el nombre de Ejército de liberación del pueblo y, si bien proseguían las negociaciones, los Estados Unidos perdían la esperanza de que se pudiese llegar a un acuerdo político y empezaban a amenazar al GMD con retirarle la ayuda.

A Chiang le animaba el hecho de que sus tropas estaban consiguiendo resultados favorables en Manchuria, lo que, con un ejército que tenía una superioridad de cinco a uno respecto de las fuerzas comunistas y que contaba con buen armamento norteamericano, parecía prometerle un triunfo total. Mientras fingía aceptar las demandas de Marshall, seguía una política de hechos consumados que pensaba que le iba a dar la victoria total: en los seis últimos meses de 1946 los comunistas perdieron 174 000 km2 de territorio y 165 poblaciones. A partir de este momento, todos los intentos de Marshall por negociar acuerdos de paz se frustraron por la intransigencia de los extremistas de ambos bandos, y en especial por «la decisiva influencia del grupo político y militar reaccionario que rodea al Generalísimo», de modo que acabó abandonando China a comienzos de enero de 1947 y marchó a Washington para asumir el cargo de secretario de Estado.[68]

Liberado de las presiones de Marshall, Chiang comenzó a organizar el nuevo estado chino. En estos momentos controlaba el 80 por ciento del territorio, incluyendo sus regiones más ricas y desarrolladas, y había de comenzar la tarea de administrarlo y gobernarlo. Muy pronto, sin embargo, la ineficacia y la corrupción de las nuevas autoridades, que cayeron sobre el país como bandas de ladrones, iban a extender el malestar por las ciudades, donde se multiplicaban las huelgas, acompañadas por la agitación de los estudiantes, mientras en el campo, donde el GMD no tenía presencia, sino que había dejado en el poder a los mismos grupos que lo habían detentado durante la ocupación japonesa, se extendía un movimiento de resistencia que el gobierno atribuía, sin razón, a maniobras comunistas. El fracaso del GMD en este terreno, ha dicho Odd Arne Westad, «fue una causa tan importante de su colapso político y militar como las derrotas que sufrió en el campo de batalla».

Entre tanto Chiang se preparaba para aplastar por las armas la «rebelión». La conquista de la capital comunista de Yan’an, en marzo de 1947, parecía el comienzo del fin; pero Mao, que estaba informado al detalle de los planes de guerra de sus enemigos a través de un espía —el secretario del jefe del ejército del GMD, Hu Zongnan—, evacuó a tiempo la capital y reorganizó sus fuerzas para que procedieran a atacar puntos débiles o grupos aislados del ejército del GMD, de acuerdo con «la táctica del desgaste y el zarpazo». Hubo de combatir además contra el pesimismo de una parte de su propio entorno, que estaba dispuesto a aceptar que la Unión Soviética patrocinase negociaciones de paz con el GMD.

En el verano de 1947 la ofensiva nacionalista se estancó y los comunistas obtuvieron un éxito espectacular al cruzar el río Amarillo y penetrar en las llanuras centrales, donde tuvieron una entusiasta recepción por parte de los campesinos e infligieron graves daños a las fuerzas del GMD. Aquel invierno, además, una afortunada campaña de Lin Biao proporcionó a los comunistas grandes avances en Manchuria. Chiang escribía en su diario: «Los informes acerca de batallas perdidas se arremolinan como la nieve que cae». Las fuerzas armadas del GMD eran una combinación de un inmenso ejército de reclutas famélicos y descontentos, bandas que saqueaban el país y que desertaban a la primera oportunidad, y de unos cuerpos de élite de gran calidad, pero que no bastaban para contener por sí solos las fuerzas comunistas. A fines de 1 947 640 000 soldados nacionalistas habían sido heridos o muertos y un millón más se habían rendido.

A comienzos de 1948 se producían disturbios civiles en Shanghái, y desde Hong Kong se observaba con asombro la extensión que estaban tomando las actitudes de simpatía hacia los objetivos y programas comunistas «en los más inesperados estratos de la China Nacionalista (…), incluso por parte de hombres de negocios conservadores (…), que piensan ahora que la vida bajo el relativamente honesto totalitarismo de los comunistas no puede ser peor que bajo la corrupta ineficacia del GMD». Chiang se había visto obligado no solo a aumentar los impuestos, a la vez que seguía imprimiendo billetes sin tasa, sino a tolerar que las autoridades locales recaudasen por su cuenta recursos para la defensa de las ciudades y que el ejército exigiese directamente sus provisiones a los campesinos.

Los Estados Unidos, que, ante las presiones de los medios norteamericanos favorables a los chinos, habían reanudado las ventas de armas a Chiang, enviaron al general Wedemeyer a una visita de inspección, en la que pudo comprobar el extremo grado de corrupción a que había llegado el gobierno del GMD; pese a lo cual recomendó a Truman que le proporcionase más ayuda. Chiang recibió entonces 463 millones de dólares de ayuda económica y militar, que había que sumar a los 1400 millones que se le habían concedido desde el fin de la guerra mundial. Marshall, convertido ahora en secretario de Estado, no se hacía ilusiones. Para que el gobierno chino pudiera imponerse a los comunistas, dijo en febrero de 1948 a una comisión del Congreso, «los Estados Unidos deberían prepararse a tomar en sus manos el gobierno de China y administrar sus asuntos económicos, militares y gubernamentales».

Cuando Mao, decidido a pasar a la ofensiva, inició la gran campaña del otoño de 1948, el desmoronamiento de las fuerzas del GMD se hizo patente. Primero fueron las victorias comunistas en Manchuria; después, la batalla de HuaiHai, de noviembre de 1948 a enero de 1949, en la que llegaron a estar implicados 1.800 000 soldados, y que acabó en un desastre total para los nacionalistas. Fue entonces, en unos días confusos en que Chiang «se retiró», sin dimitir, de sus cargos de presidente y jefe de los ejércitos, cediendo la representación, más que el poder, a su vicepresidente Li Zongren, cuando el GMD propuso iniciar negociaciones para alguna forma de armisticio, garantizado por los Estados Unidos y por la Unión Soviética, con el fin de ganar tiempo para reorganizar sus fuerzas en el sur.

Pero Mao, que veía la victoria a su alcance, siguió atacando, pese a que sabía que sus tropas estaban exhaustas, antes de aceptar entrar en conversaciones con el gobierno de Li Zongren. Tianjin se rindió el 15 de enero[69] y Beijing, pocos días más tarde. La entrada en la capital histórica de China la hizo el ejército comunista con un impresionante despliegue de tanques, camiones y vehículos motorizados, todos ellos de fabricación norteamericana, capturados o comprados a los nacionalistas. Mientras tanto Chiang, que seguía controlando la mayor parte de los resortes del poder, se dedicaba a preparar su retirada a Taiwán —una isla donde la revuelta contra los rapaces ocupantes del GMD se resolvió en febrero de 1947 con una represión que causó cerca de 20 000 muertos y en la que el nuevo régimen solo pudo asentarse al precio de décadas de violencia—, trasladando allí sus mejores tropas y los funcionarios de confianza, junto a las reservas de oro del estado, con lo que dejaba al gobierno de Li Zongren sin recursos.

Las conversaciones, que ambos contrincantes utilizaban simplemente como un modo de ganar tiempo para prepararse mejor, no llegaron a resultado alguno, puesto que los comunistas exigían de hecho una rendición total y daban tan solo dos semanas de tiempo para aceptar sus condiciones. En la noche del 20 al 21 de abril de 1949 los ejércitos de Mao comenzaron a cruzar los cerca de tres kilómetros de amplitud de las aguas del Yangtsé sin encontrar prácticamente resistencia, en unos momentos en que eran ya muchos los jefes militares del GMD que optaban por cambiar de bando (aguas arriba, la flota fluvial del GMD se pasó a los comunistas y facilitó el cruce del río a sus soldados). Dos días más tarde llegaban a Nanjing, la capital del gobierno del GMD, mientras la población saqueaba las casas de políticos y militares, las familias de estos trataban de marchar en avión con sus equipajes —en uno de los casos cargando incluso con un piano—, sin encontrar pilotos que aceptasen llevarles, y el propio presidente en funciones, Li Zongren, huía en un avión sin saber muy bien hacia dónde dirigirse.

Chiang Kai-shek se trasladó a Shanghái amenazando con una última resistencia, lo que no hizo más que aumentar la confusión y el pánico de una burguesía de negocios que prefería la entrada de los comunistas a la continuación de la guerra. Pero el Generalísimo abandonó la ciudad a los pocos días, mientras preparaba su definitiva marcha a Taiwán, dispuesto a aguardar el momento en que, tras la esperada guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pudiera regresar victorioso al continente. Tras unas semanas de desorden y violencia interna, Shanghái cayó sin resistencia en manos de sus nuevos dueños a fines de mayo.

Li Zongren abandonó el país en noviembre y Chiang hizo una fugaz visita a Chongqing, la ciudad que había sido capital de su gobierno durante los años de la guerra contra Japón, para explicar que lo que salvaría a China iba a ser la Tercera guerra mundial, que estallaría pronto, en que los norteamericanos les necesitarían para luchar contra los comunistas. Tras lo cual voló de nuevo a Taiwán, donde el primero de marzo de 1950 volvió a proclamarse presidente de la república. A fines de 1949 la totalidad de China había caído en poder de los comunistas.

Truman lo tenía claro: «La caída de Chiang Kai-shek fue obra suya. Sus generales en campaña entregaron el equipamiento que les dimos a los comunistas y usaron sus propias armas y municiones para derrocarle. Solo un ejército norteamericano de dos millones de hombres podría haberle salvado, y eso hubiera significado la III guerra mundial».

El nuevo régimen chino, que conservaba unos dos millones de cuadros y de funcionarios del anterior, comenzó con la campaña de los tres «antis» (contra la corrupción, el despilfarro y el burocratismo) y convocó una Conferencia consultiva del pueblo chino, una especie de Asamblea nacional integrada por miembros de numerosos partidos, de las religiones y de las comunidades de los chinos de ultramar. La Asamblea proclamó la República popular el primero de octubre de 1949, antes por tanto del fin de las operaciones militares, y adoptó una bandera roja con una gran estrella amarilla, rodeada de otras cuatro más pequeñas que representaban a los miembros de la alianza de clases: obreros, campesinos, pequeña burguesía y burguesía nacional. La Constitución de 1949 declaraba que China era una «dictadura democrático-popular», no del proletariado como la URSS. Se iniciaba ahora el período de la «nueva democracia» (1949-1953), al que seguiría un «programa de transformación socialista», hasta que en 1956 se inició la «construcción del socialismo».

La lucha contra la corrupción y la delincuencia proporcionó al régimen uno de sus éxitos más espectaculares: la campaña contra la producción, tráfico y consumo de opio. En 1952 se había llegado a identificar a 369 000 traficantes, lo que condujo a 82 000 arrestos, 35 000 condenas de cárcel y 880 ejecuciones públicas. Una segunda etapa de movilización de masas y de tratamiento compulsivo consiguió que a mediados de los años cincuenta estuviese libre de droga el país que había sido su mayor productor y consumidor.

La primera gran medida transformadora del nuevo régimen fue la reforma agraria (1949-1952), que redistribuyó un 43 por ciento de las superficies cultivadas y dio la independencia a 120 millones de campesinos, que participaron activamente en todo el proceso. A diferencia del caso soviético, en que la lucha contra los propietarios ricos se organizó desde arriba, en China la realizaron los propios campesinos, que sometieron a los grandes propietarios a juicio público ante toda la comunidad y los condenaron, y en muchas ocasiones los ejecutaron, lo que los convertía en protagonistas de la operación.

Una de las tareas fundamentales de estos primeros momentos fue la de regularizar las relaciones con la Unión Soviética, que habían sido hasta entonces «tortuosas» (el embajador soviético había acompañado al gobierno del GMD en su retirada hasta el puerto de Guangzhou). Las conversaciones entre Stalin y Mao, que se celebraron en Moscú en diciembre de 1949 y enero de 1950, tras haber retrasado Stalin en diversas ocasiones el viaje de Mao, se mantuvieron en un tono de aparente cordialidad, aunque los chinos tan solo aceptaban las concesiones que había hecho Chiang Kai-shek —el uso del puerto de Lushun (Port Arthur), el único de aguas calientes que los rusos podrían controlar en el Pacífico, y del ferrocarril de Manchuria que le daba acceso— con carácter transitorio. Stalin cedió en estos aspectos en el nuevo tratado de amistad y alianza que se firmó el 14 de febrero de 1950, y Mao consiguió un compromiso de apoyo militar, en caso de que China fuese objeto de una agresión externa, y la ayuda económica y de asistencia técnica que necesitaba para la reconstrucción del país. Pero, en contrapartida, regresó ofendido por el trato condescendiente que le había dado un Stalin que se negaba a considerarle como un igual, que no le daba ni siquiera el tratamiento de «camarada», y que dudaba de la capacidad de los chinos para acceder a la construcción de un estado socialista. Hasta este momento los rusos no habían prestado atención alguna a los comunistas asiáticos; no fue hasta entonces, por ejemplo, que se pusieron de acuerdo con los chinos para ayudar a los vietnamitas del norte en la lucha por su independencia.

Sin embargo, fue sobre todo la ayuda soviética, generosamente aumentada por Jrushchov, la que contribuyó a la modernización de la economía china. Entre 1954 y 1959 la URSS concedió a la República Popular China lo que se ha podido considerar como un auténtico Plan Marshall, que equivalía al 7 por ciento de la renta nacional soviética de estos años. Se le envió el más moderno equipamiento industrial, a expensas de las propias necesidades soviéticas, junto con expertos que contribuyeron tanto al establecimiento de una base productiva moderna como a la mejora de los sistemas educativo y sanitario. Lo cual no iba a impedir que muy pronto surgieran discrepancias entre la política rusa de coexistencia pacífica con Occidente y la voluntad china de buscar una confrontación.

LA DESTRUCCIÓN DE LOS IMPERIOS

Por más que la guerra contra el Eje se hubiese hecho en nombre de la libertad y de la autodeterminación, las potencias imperiales no tenían intención alguna de renunciar a sus colonias en momentos en que, arruinadas por la contienda, lo que pretendían era explotarlas con más intensidad. Solo los británicos, que contaban con el mayor de los imperios, fueron conscientes de que no podían conservarlo todo y optaron por limitarse a explotar las colonias más rentables en una «segunda ocupación colonial»: una tarea a la que los laboristas, olvidando su vieja retórica antiimperialista, se sumaron con entusiasmo, afirmando, por boca de Ernest Bevin, que respecto del imperio «nuestro crimen no es la explotación, sino el abandono».

Pero cuando otras metrópolis europeas pretendieron hacer efectiva la recuperación de sus dominios asiáticos, hubieron de enfrentarse a movimientos independentistas que no aceptaban volver a las viejas reglas. La derrota ante los japoneses, que había puesto en evidencia la debilidad e incompetencia de los europeos, había acabado para siempre con su prestigio. En Singapur, una fortaleza que era un símbolo del poder imperial británico en Oriente, una guarnición de 85 000 hombres se había rendido a una fuerza de asalto de 30 000 japoneses; en Birmania y en Malaya las tropas británicas apenas resistieron. En aquellos lugares en que hubo resistencia a los japoneses, la protagonizaron sobre todo grupos nativos que respondían con ello a la brutalidad de sus nuevos opresores; aunque hubo también casos de colaboración, como el del indio Subhas Chandra Bose, que formó un gobierno en el exilio y reunió 40 000 hombres para luchar al lado de los japoneses en Birmania. La guerra sacó a la luz en todas partes la miseria humana, el racismo y la crueldad tanto de los viejos como de los nuevos dueños del imperio, y asentó con ello la aspiración a la libertad.

Acabada la guerra, franceses y holandeses empezaron de inmediato el intento de recuperar los territorios de Indonesia y de Indochina. Los británicos, sabiéndose demasiado débiles para mantener la totalidad de sus viejas colonias, renunciaron a las más difíciles de conservar y menos rentables: abandonaron la India en agosto de 1947 —en la desesperada situación económica de Gran Bretaña «la India había dejado de ser un activo imperial»—, y en 1948 dieron la independencia a Ceilán (Sri Lanka) y a Birmania (que en 1989 cambiaría su nombre por el de Myanmar).

Concentraron, en cambio, sus esfuerzos en conservar las posesiones potencialmente más ricas, en especial Malaya, Hong Kong y, de forma indirecta, el Oriente Próximo, donde obtenían un petróleo que podían pagar en libras esterlinas. Las colonias se vieron sometidas en estos años a explotación en una escala sin precedentes, reforzada por el uso de una violencia que se intentaba legitimar con el fantasma del comunismo. Los propietarios blancos y los funcionarios coloniales, se ha dicho, «siempre que las cosas se ponían mal proclamaban que había un rojo bajo la cama».

Enfrentados a este capítulo final de la historia del viejo imperialismo, los Estados Unidos no supieron reconocer la verdadera naturaleza de la lucha y asumir el papel de campeón de la independencia, de acuerdo con lo que proclamaba su retórica política. «La relación de los Estados Unidos con el derrocamiento de los imperios fue una mezcla compleja de principios, intereses y actitudes, frecuentemente en contradicción entre sí», ha dicho un historiador norteamericano que fue secretario adjunto de Estado.

No fueron capaces de entender el trasfondo nacionalista de la mayor parte de estos conflictos, y se dejaron convencer de que los nativos que luchaban por su libertad no eran más, como diría Truman en su diario, que «bandidos que atacan al mundo libre». En 1965 Dean Rusk sostenía que el peligro inmediato a que se enfrentaba Occidente no era el de una guerra convencional y nuclear, sino el de «las guerras de liberación nacional», y criticaba a los gobernantes laboristas británicos, que se proponían abandonar sus colonias en el sudeste asiático, pensando que ofrecer a los ciudadanos de la metrópoli aspirinas y dentaduras postizas gratis era más importante que mantener el papel de Gran Bretaña en el mundo.

Esta actitud contribuyó a acentuar la desconfianza de los asiáticos hacia «Occidente» y hacia unos valores que las metrópolis habían hecho compatibles con la explotación colonial, y que ahora, transformados en anticomunismo, seguían utilizando para legitimar sus intereses. De esta desconfianza nació un sentimiento de solidaridad de los oprimidos que tuvo su máxima expresión en la conferencia afro-asiática de Bandung, en abril de 1955, en la que participaron 29 países afroasiáticos, incluyendo la China de Mao, que representaban en conjunto cerca de dos tercios de la población mundial.

Pese a lo limitado de los acuerdos alcanzados, Bandung significó el inicio de un movimiento de solidaridad y de autoafirmación de los antiguos países coloniales de Asia y de África —en palabras de Leopold Sédar Senghor, fue «la toma de conciencia de su eminente dignidad por los pueblos de color, los pobres del mundo»—, a la vez que el inicio de una actitud de independencia en el conflicto entre los dos bandos de la guerra fría (el sexto de los diez principios aprobados rechazaba la participación en tratados de defensa colectiva, «destinados a servir a los intereses de las grandes potencias»). Algo que iba a culminar en el movimiento de los países no alineados, que celebró su primera conferencia en Belgrado en 1960, y que inspiraría también la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEC), creada en Bagdad en septiembre de 1960 como respuesta al intento de las grandes petroleras, las «siete hermanas», de reducir unilateralmente el precio del crudo, a costa de los países productores.

EL ABANDONO DE LA INDIA

La renuncia de los británicos a una parte sustancial de su imperio asiático nacía fundamentalmente de la imposibilidad de seguir sosteniendo los elevados costes de su mantenimiento en las difíciles condiciones económicas en que Gran Bretaña se encontraba al término de la segunda guerra mundial.

En la mayoría de estos casos el abandono fue precipitado e irresponsable, sin preocuparse por dejar asentado un gobierno que tuviese las mínimas garantías de estabilidad, y rehuyendo implicarse en los problemas que iban a causar los enfrentamientos étnicos que la propia metrópoli había utilizado como una ayuda para dominar unas sociedades divididas. De ahí derivaron, en parte, los problemas que iban a torturar la vida independiente de los nuevos países. En el caso de Sri Lanka (Ceilán), una mayoría cingalesa budista intransigente emprendió una política de limpieza étnica, negando lengua y derechos a la minoría tamil, hinduista y cristiana, que representaba un 18 por ciento de su población y que fue objeto no solo de discriminación, sino de matanzas. El resultado fue que apareciera la resistencia de los «tigres de liberación Tamil», que comenzaron con atentados suicidas y acabaron desencadenando una sangrienta guerra civil, que duró 26 años, causó más de 100 000 muertos y acabó con la victoria cingalesa en 2009, en medio de un baño de sangre y de una brutal represión.[70]

Parecido fue el caso de Birmania. El país, fruto de una unificación colonial que encerraba una gran diversidad étnica, sufrió grandes destrucciones durante la segunda guerra mundial, no solo en sus infraestructuras sino como consecuencia de la pérdida de gran parte de los animales de tiro y de cerca de la mitad de los arrozales. La recuperación del país necesitaba una inversión de recursos que los británicos, más interesados en Malaya, no pensaban hacer, de modo que se resignaron, de mala gana, a aceptar su independencia —a la que se llegó cuando el hombre que más había luchado para conseguirla, Aung San,[71] había muerto asesinado—, que se produjo en enero de 1948, con un gobierno presidido por U Nu, obligado a enfrentarse a guerrillas de distinto signo: de los comunistas excluidos por los británicos de los acuerdos de independencia, de diversos grupos étnicos, como los Karen, y de fugitivos chinos del Guomindang, refugiados en Birmania tras su derrota y armados por la CIA.

Pero el caso más representativo de esta política de abandono es, sin duda, el de la India, la mayor y más importante de las colonias europeas administradas directamente por una metrópoli, que hacia 1931 tenía cerca de 400 millones de habitantes nativos y estaba controlada por menos de cien mil ingleses, que la regían con una combinación de consenso y fuerza. La continuidad del dominio inglés era muy difícil después de la experiencia de la segunda guerra mundial, que había tenido en la India consecuencias muy complejas, que van desde la gran hambruna de Bengala en 1943-1944, que se calcula que causó más de dos millones de muertos (Churchill, que fue responsable de esta catástrofe, por haber decidido usar todos los recursos para la segunda guerra mundial, opinaba que esto no era especialmente grave, puesto que los indios «se reproducían como conejos»), hasta los efectos de una inflación que empobreció a los asalariados y enriqueció a los propietarios agrícolas e industriales, lo cual agravó las desigualdades sociales. En 1946 se registraban en la India un gran número de huelgas, motines de la policía, movimientos populares e incluso una gran revuelta campesina dirigida por el Partido Comunista en Telangana, en los dominios del nizam de Hyderabad, que iba a prolongarse hasta 1951. El poder estaba escapando de las manos de los británicos, quienes, faltando el consenso, carecían de capacidad para mantener su dominio por la fuerza, a lo que hay que añadir que el abandono de la colonia resultaba tanto más lógico por cuanto había dejado de ser rentable.

Uno de los mayores problemas para proceder a su emancipación era que no había modo de transferir el poder a un gobierno nativo, porque hindúes, musulmanes y sijs no se ponían de acuerdo, en unos años en que la violencia entre las comunidades, en especial entre hindúes y musulmanes, era incesante: en agosto de 1946 se inició una gran matanza en Calcuta (4000 muertos y 10 000 heridos), que se extendió a otras zonas, y en especial al Punjab, instigada por la Liga musulmana; en respuesta, los hindúes replicaron salvajemente en Bihar. Como en otros casos, un poder metropolitano que se había basado en fomentar la división de los nativos para controlarlos con más facilidad iba a dejar tras de sí un legado de violencia étnica. Pudo haberse llegado a una solución federal que garantizase los derechos de los musulmanes, minoritarios en el conjunto de la población, pero los británicos no estaban dispuestos a seguir invirtiendo en la India, como hubiera debido hacerse para preparar esta salida, y optaron por marchar lo antes posible y desentenderse de estos problemas.

En marzo de 1947 Attlee nombró a lord Mountbatten como último virrey de la India, con la misión específica de llevarla a la independencia en junio de 1948. El virrey llegó a Delhi el 22 de marzo, y ante la imposibilidad de ceder el poder a un gobierno unificado, debido a la gravedad de los enfrentamientos entre musulmanes e hindúes, optó por acelerar el proceso, con el fin de que pudiese completarse antes de que la partición diese origen a una guerra civil. El 3 de junio, tras haber obtenido la aprobación del Parlamento británico y la aceptación de hindúes, musulmanes y sijs, Mountbatten declaró que entregaría el poder a las doce de la noche del 14 al 15 de agosto de 1947, diez meses antes de lo previsto inicialmente, pese a que en aquellos momentos no se había hecho todavía nada para dividir el país entre hindúes y musulmanes (con la complicación de que estos últimos se agrupaban mayoritariamente en dos zonas muy separadas, en Bengala y en el Punjab, a este y oeste del territorio de mayoría hindú),[72] ni para establecer unas fronteras, sin las cuales no hay nación ni independencia posibles. Y pese a que quedaba también por resolver el problema de los 565 principados nativos, a los que, tras rechazar las aspiraciones de muchos de ellos a la independencia, se iba a obligar a integrarse en una de las dos entidades que se creaban, la India o el Pakistán islámico (un nombre que sintetiza los de sus cinco componentes: Punjab, Afgania —o sea la frontera del noroeste—, Kashmir, Sind y Baluchistán).

Acuciados por el escaso tiempo disponible, se formaron comisiones paritarias de hindúes y musulmanes que no llegaban a acuerdo alguno, y hubo que nombrar un presidente que decidiese, para lo cual ambos bandos eligieron a un hombre que no tenía implicación alguna con la India como era sir Cyril Radcliffe, un abogado inglés que llegó a Delhi el 8 de julio, con solo seis semanas para resolver el problema de establecer seis mil km de fronteras, valiéndose de viejos mapas de territorios que el mediador no conocía —no había estado nunca en la India— y que no tenía tiempo para visitar, y de un censo escasamente fiable, el de 1943, del cual había que usar los datos sobre religión para determinar las zonas en que una u otra comunidad eran mayoritarias (no se tuvo la misma consideración hacia los sijs, que vieron incluidos territorios con propiedades y santuarios religiosos suyos en el Pakistán, y reaccionaron con gran violencia contra los musulmanes). El trazado definitivo de la frontera, que estaba listo el 9 de agosto, no se hizo público, por decisión de Mountbatten, hasta después del 15, cuando hacía ya dos días que se había proclamado la independencia. La finalidad de este retraso era la de ahorrar a los británicos «asumir la responsabilidad de los disturbios que sin duda se producirían».

Hubo que resolver, además, problemas tan complejos como la división de un ejército con cerca de medio millón de soldados, desmembrando las unidades existentes, y el de la integración de los principados que ocupaban una tercera parte del territorio (algunos de ellos tenían sus propios ferrocarriles, moneda y sellos). Mountbatten les ofreció ceder a los dos nuevos estados lo relativo a defensa, relaciones internacionales y comunicaciones, a cambio de conservar las facultades de gobierno interior. Pero ante la agitación popular en favor de la democratización, el gobierno de la India les planteó más adelante, como única salida, integrarse en el nuevo estado, sin conservar más que los títulos y una pensión.

Alguno de estos principados, como el de Travancore, trató en vano de proclamar su independencia; pero el problema más complejo lo planteaban los dos mayores. Hyderabad contaba con 16 millones de habitantes, con predominio de la población hindú, aunque con un soberano musulmán, el nizam de Hyderabad, que era uno de los hombres más ricos y más miserables del mundo, y que presionó por su independencia, en lo que contaba incluso con el apoyo de Pakistán y, paradójicamente, con el de Winston Churchill, aunque no tuvo al cabo más remedio que ceder e integrarse en la India.

Aun resultaba más difícil el caso del principado de Jammu y Kashmir (Cachemira), que era más extenso que Hyderabad, aunque mucho menos poblado (unos 4 millones de habitantes), con un maharajá y unos terratenientes hindúes y una población campesina de mayoría musulmana, situado en una zona fronteriza entre India, Pakistán y China. Kashmir era la tierra natal de la familia de Jawaharlal Nehru, el primer gobernante de la India independiente, pero lo que realmente contaba era su riqueza potencial, con reservas hidráulicas vitales.

La naturaleza y las dimensiones de los trasvases de población que iban a producirse —hindúes y sijs marchando hacia la India y musulmanes refugiándose en Pakistán—, era un problema para el que los británicos no habían hecho previsión alguna, lo cual ayuda a entender su interés por marchar antes de que se produjera. El resultado fue un inmenso estallido de violencia que ninguno de los dos estados recién creados podía controlar: un éxodo, el mayor de la historia, de unos 12 millones de personas (hay estimaciones que lo elevan a 20 millones), en buena medida a pie, puesto que los ferrocarriles eran incapaces de transportar estas grandes masas, que dejó de 200 000 a 500 000 muertos, con predominio de las mujeres jóvenes, que fueron objeto especial de la violencia de una guerra civil sangrienta, una de cuyas víctimas fue el propio Gandhi, el viejo luchador por la independencia, partidario de una India unida, que fue asesinado el 30 de enero de 1948.[73]

Las cosas se agravaron, además, con la disputa por el Kashmir. Su soberano vaciló largo tiempo, pero, cuando vio su territorio invadido por campesinos pakistaníes, a los que se unían los musulmanes de su propio ejército, optó por pedir ayuda a la India y dejó la defensa del territorio en manos de sus tropas. Esta decisión dio lugar a la primera guerra entre India y Pakistán (1947-1948), que acabó con la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de dividir el territorio entre la India y Pakistán, pero que dejaba pendiente un conflicto que sigue hoy sin resolverse.

El siguiente enfrentamiento por la delimitación de las fronteras iba a tener como contrincante a China, irritada por el apoyo dado por los indios al Dalai Lama expulsado del Tíbet y por sus pretensiones de gran potencia. El choque con las tropas chinas en octubre de 1962 fue una dramática experiencia de fracaso para la India, muy inferior en términos militares, y amargó los últimos días de gobierno y de vida de Nehru.

Tras unos años de paz a ambos lados de la línea de alto el fuego con Pakistán en Kashmir, que se había convertido en una frontera, los gobiernos indios echaron en olvido sus promesas de autonomía y dieron pie a un malestar que propició una serie de revueltas y una nueva guerra con Pakistán en 1965, que acabó con la derrota de los pakistaníes. Era el inicio de una secuencia de conflictos que condujo a la grave crisis de 1971 y que se mantiene hasta la actualidad.

En cuanto se refiere a la política interior, sin embargo, el destino de los dos estados surgidos de la partición iba a ser muy distinto. La India, que se constituyó como un estado laico y multiétnico, ha mantenido una trayectoria formalmente democrática: celebró sus primeras elecciones generales por sufragio universal en el invierno de 1951-1952, y las ha repetido quince veces hasta 2009. Estas elecciones han dado repetidas veces el poder a gobiernos del Partido del Congreso, liderado por miembros de la familia de su primer gobernante, Jawaharlal Nehru (primer ministro de la India de 1947 a 1964, mientras su hija Indira Gandhi presidió el gobierno de 1966 a 1977 y de 1980 hasta 1984, fecha en que fue asesinada, y su nieto, Rajiv, lo hizo de 1984 a 1989), alternando con otros del Partido Janata (1977-1980), hasta que, después de 1989, el panorama electoral se hizo mucho más complejo. Con un sistema federal y una amplia gama de partidos, la India consiguió mantener la política cerca de la población.

Pakistán, en cambio, fracasó como estado democrático, puesto que no tuvo su primera Constitución hasta 1956, a los nueve años de la independencia, y experimentó el primero de los numerosos golpes militares que iban a marcar su historia en 1958, en un intento de retrasar que se llegasen a celebrar elecciones a escala del conjunto del país (hasta entonces solo las había habido en el Pakistán occidental). El problema consistía en que la población de la zona oriental, de etnia bengalí, representaba el 60 por ciento del total, de modo que un sistema basado en elecciones democráticas les daría la mayoría y arrebataría el poder de las manos de los terratenientes feudales del Punjab y del aparato burocrático civil y militar de la zona occidental, que no deseaban compartirlo con los bengalíes del Pakistán oriental, a quienes intentaron incluso imponerles la lengua urdu, como si se tratase de una colonia.

La verdad es, además, que el estado musulmán había comenzado en condiciones mucho más difíciles que la India, puesto que esta había heredado el aparato administrativo central, con su capital en Nueva Delhi, y había recibido las partes más desarrolladas del estado colonial, con la mayoría de la industria (de las 394 fábricas de tejidos de algodón que había en la colonia, solo 14 quedaron en territorio pakistaní). Pakistán tenía además su territorio dividido a este y oeste de la India, un problema perpetuo en el Kashmir y unas fronteras difíciles con Afganistán, que no aceptaba los límites impuestos por los británicos en los tiempos coloniales. Los pakistaníes, que nunca han conseguido mantener más que un precario dominio sobre las zonas tribales de la frontera, habían de enfrentarse por ello a frecuentes invasiones desde territorio afgano. Nacido en medio de grandes dificultades, y con el gobierno y el ejército dominados por los habitantes del Punjab, Pakistán no llegó a crear una identidad nacional y la reemplazó fabricando un enemigo exterior: la India y los hindúes. «De esa forma —ha escrito Tariq Ali— el “anti-indianismo” se convirtió en un sustituto del nacionalismo anticolonial genuino.» El fracaso del parlamentarismo contribuiría además a dar un papel predominante en la política al ejército, mucho más participativo en la vida local que unos políticos de los que un propietario pakistaní podía decir, en 2009: «El gobierno es inútil. Sus miembros viven seguros y felices en Lahore. Sus hijos estudian en el extranjero. Solo vienen aquí cuando hay elecciones».

LAS RECONQUISTAS FRUSTRADAS: INDONESIA

La primera colonia que declaró formalmente su independencia fue Indonesia, que proclamó la república el 17 de agosto de 1945, dos días después de hacerse pública la rendición japonesa. Los holandeses, que acababan de liberarse de la ocupación alemana, hubieron de confiar a los británicos la tarea de desarmar a los japoneses y recuperar Indonesia, cuya conservación consideraban vital para su propia supervivencia como nación. Pero a fines de septiembre de 1945, cuando desembarcaron en Jakarta, los británicos, cuyas tropas consistían fundamentalmente en soldados indios, encontraron un gobierno nacionalista ya instalado, bajo la dirección de Sukarno y del musulmán Hatta, que disponía de armas tomadas a los japoneses y que parecía tener un amplio apoyo popular.

Siguieron unos meses de confusión, en que los holandeses que salían de los campos de concentración descubrieron que no podían recuperar tranquilamente sus casas y propiedades, y en que los indonesios mantuvieron duros enfrentamientos, tanto contra los soldados japoneses que aún quedaban en las islas (aunque unos dos mil de estos optaron por unirse a los nacionalistas locales) como contra las tropas británicas, incluyendo una auténtica batalla en Surabaya, en noviembre de 1945, en la que encontró la muerte el general Mallaby, lo que dio pie a que los británicos replicaran con un ataque en gran escala que causó tal vez 15 000 muertos. Ante esta confusa situación Mountbatten trató de convencer al gobernador general interino holandés, Dr. Van Mook, para que negociase con Sukarno, pero el gobierno holandés sostenía que cualquiera que negociase sería considerado un traidor.

Las tropas británicas, cuya función esencial era desarmar y evacuar a los japoneses y liberar a los prisioneros de guerra, no consideraron que su misión fuese la de imponerse por la fuerza a los nacionalistas indonesios —los norteamericanos, por su parte, se negaban a que sus buques fuesen utilizados para transportar tropas con este fin—, de modo que abandonaron las islas en noviembre de 1946. En los territorios más orientales de Indonesia (Borneo, Nueva Guinea y las Célebes) la misión de desarmar a los japoneses y liberar a los prisioneros correspondió a los australianos, que no aspiraban a otra cosa que a entregar el mando lo antes posible, sin implicarse en más problemas.

Los holandeses se esforzaron por su cuenta en reconquistar sus territorios coloniales y a fines de 1948 parecían estar cerca de conseguirlo, tras haber establecido, tomando ejemplo de lo que los franceses habían hecho en Indochina, una especie de Unión holandesa-indonesia en que el territorio de la colonia quedaba dividido en dieciséis estados autónomos, con lo que se pretendía minimizar el territorio que todavía controlaba la república y acabar apoderándose del conjunto de la vieja colonia, superando la resistencia de las guerrillas republicanas. En diciembre de 1948 capturaron a Sukarno y a Hatta; pero tenían en contra suya la opinión internacional, y en especial la de los Estados Unidos, que acabó haciendo caso de observaciones como la de Nehru, que sostenía que la actuación de los holandeses podía acabar echando a Sukarno, hasta entonces claramente anticomunista, en brazos de Moscú. Lo que llevó a los norteamericanos a forzar a los holandeses, que dependían de las armas que estos les proporcionaban y de la ayuda del Plan Marshall, a emprender unas negociaciones triangulares entre Holanda, la República indonesia y los 16 estados-títere. Ante la sorpresa de los holandeses, los estados-títere acabaron negociando con los republicanos independentistas y aceptaron unirse a una República de los Estados Unidos de Indonesia, de carácter federal, que se proclamó a fines de 1949. Lo único que la vieja metrópoli logró conservar de momento fue Nueva Guinea Occidental (Irian Jaya), que iba a convertirse en una fuente de conflictos para el futuro.

El nuevo estado indonesio comenzó a funcionar con un sistema parlamentario, pero con muchas divisiones internas, en especial a causa del predominio de los musulmanes en algunas de las islas. En 1955, al celebrarse las primeras elecciones, el Partido Nacionalista de Sukarno obtuvo el 22,3 por ciento de los votos, los dos principales partidos islámicos el 20,9 y el 18,4, respectivamente, y 16,4 el Partido Comunista. Esta fragmentación explica que los miembros de la asamblea constituyente no pudieran ponerse de acuerdo para redactar una constitución, lo que permitió a Sukarno instaurar un régimen de «democracia guiada». Otro aspecto importante de la política de Sukarno fue su apuesta, en algún modo continuadora del modelo colonial, por un estado unitario en que el indonesio se impondría como lengua nacional en el sistema educativo y en los medios de difusión, con el resultado de que en 1990 más del 80 por ciento de los indonesios mayores de cinco años estuvieran alfabetizados en la lengua oficial.

LA GUERRA DE COREA

En la madrugada del 10 de agosto de 1945, mientras los japoneses iniciaban los contactos con Washington para su rendición, el gobierno norteamericano, preocupado al ver que los rusos podían ocupar fácilmente Corea, encargó a dos jóvenes coroneles que no tenían el menor conocimiento de la realidad de aquellas tierras —uno de ellos era Dean Rusk, que ocuparía la secretaría de Estado de 1961 a 1969—, y que no contaban con más auxilio para su tarea que un mapa del National Geographic Magazine, que trazasen un plan para delimitar en la península dos zonas de ocupación para norteamericanos y rusos. Propusieron dividir el territorio por el paralelo 38, lo cual era totalmente arbitrario y, ante su sorpresa, los rusos, que podían haberse adueñado de la península antes de que los estadounidenses llegasen a sus costas, lo aceptaron y detuvieron sus tropas a la altura fijada, esperando a que estos ocupasen el sur.

En septiembre de 1945 dirigentes coreanos de izquierda moderada proclamaron una República del pueblo coreano en Seúl, pero fueron combatidos por los militares norteamericanos, que rehusaron tratar con los comités populares y prefirieron apoyar a los políticos conservadores locales, que en su mayoría habían colaborado con el poder colonial, y contaron incluso con los japoneses que aún quedaban en la antigua colonia.

Al cabo de tres años de gobierno militar y de vanos intentos de acuerdo para la unificación, los norteamericanos crearon una República de Corea en el sur, el 15 de agosto de 1948, y los rusos replicaron unas semanas más tarde, el 9 de septiembre, con la formación de la República popular democrática de Corea en el norte. Los norteamericanos eligieron para gobernar el sur a Syngman Rhee, un político reaccionario de avanzada edad, que había vivido en el exilio en los Estados Unidos, para contar con una figura que no tuviese un pasado de colaboración con las autoridades japonesas. Este tomó posesión de su cargo en 1949, y se apresuró a anunciar, en presencia del general MacArthur, que la frontera del paralelo 38 era una barrera artificial «que debe ser derribada y lo será».

En el norte el presidente fue Kim Il Sung, un veterano de la lucha guerrillera contra los japoneses, a los que había estado combatiendo desde 1932 (en contraste con el hombre que en 1949 mandaba las tropas de Corea del Sur en la frontera, que había actuado a sueldo de los japoneses persiguiendo a los guerrilleros coreanos). Tras la proclamación de estos dos estados, ambas potencias ocupantes retiraron sus fuerzas de la península.

Los dos gobiernos coreanos podían responder a formas políticas distintas, pero estaban alejados por un igual de la democracia. Si el norte era autocrático, el sur se convirtió en un estado policíaco, que surgía en unas condiciones determinadas por los tres años de gobierno militar norteamericano en que los ocupantes, con el apoyo de una policía creada por los japoneses, aseguraron el dominio de la derecha aplastando los movimientos de izquierda, los «comités populares» que se habían instalado en muchos lugares tras la marcha de los japoneses y las revueltas campesinas, con una brutalidad que se manifestó claramente en la represión aplicada en la isla de Cheju en 1948, donde la policía surcoreana y el ejército norteamericano mataron a unos 60 000 civiles y provocaron la huida a Japón de otros 40 000 (en una isla con una población total de unos 300 000) o en la de la revuelta de Yosu. Roger Baldwin describía en 1947 Corea del Sur como un estado policía impuesto por los norteamericanos.

El conflicto entre los dos estados era previsible. Los dos regímenes aspiraban a unificar el país y desde mayo de 1949 protagonizaban constantes enfrentamientos a lo largo de la frontera, tratando de conseguir el apoyo de sus respectivos protectores para liquidar al contrincante. Se ha dicho que no tiene sentido preguntarse quién inició la guerra, porque los dos bandos provocaban constantes situaciones de tensión, esperando que fuese el otro el que cometiese la estupidez de iniciar el conflicto. «Los dos bandos eran culpables y, de acuerdo con diversas afirmaciones del general Roberts, comandante general de las fuerzas norteamericanas, el sur comenzó más batallas que el norte.» Rhee había pedido incluso ayuda a los norteamericanos para invadir el norte; pero había recibido la respuesta de que esta ayuda solo le llegaría si se podía justificar por un ataque previo de los comunistas.

También Kim Il Sung llevaba tiempo preparando un plan de invasión del sur, para el que necesitaba la autorización y apoyo de Stalin, a quien propuso efectuar un rápido ataque, contando con el apoyo de los descontentos con el régimen de Rhee y con la guerrilla procomunista que existía en el sur, con lo que pensaba que podía movilizar hasta 200 000 combatientes. Pero Stalin se negaba a embarcarse en una provocación que podía conducir a un enfrentamiento directo con los norteamericanos, y el Politburó soviético desautorizó el 24 de septiembre de 1949 la idea de un ataque del norte.

Esto sucedía en momentos en que Stalin negociaba con los chinos el tratado de amistad y alianza que había de reemplazar al que había firmado en 1945 con Chiang Kai-shek, y en que parece haber pensado que podría reemplazar lo que los chinos le regateaban con el acceso a los puertos coreanos del sur, lo que le llevó a aceptar, con reservas, la idea de un ataque coreano, tras una visita secreta de Kim Il Sung en abril de 1950. Stalin le advirtió, sin embargo, que los rusos no intervendrían directamente ni darían mucha ayuda, y que el tema debía consultarse con Mao Zedong, algo que Kim se resistía a hacer. El cambio de actitud de Stalin estaba determinado en buena medida por el establecimiento de la OTAN y el empeoramiento de las relaciones con Occidente en Europa.

Más dudoso resulta que, como generalmente se afirma, le influyese el discurso del secretario de Estado norteamericano, Dean Acheson, quien el 12 de enero de 1950 había dicho que el «perímetro defensivo» de los Estados Unidos en el Pacífico pasaba por las Aleutianas, Japón, Okinawa y las Filipinas, lo que implicaba dejar fuera tanto Corea como Taiwán. La vaguedad y las imprecisiones de este discurso se explican por los complejos designios de la política asiática de Acheson, que parece haber querido por una parte tantear un posible acuerdo con Mao, defendiendo la integridad de China en relación con la Mongolia exterior, independizada bajo la tutela soviética y, por otra, distanciarse de un personaje tan corrupto como Chiang Kai-shek: dos días antes de que comenzase la guerra de Corea, Dean Rusk se entrevistaba en Nueva York con una serie de personajes de Taiwán que se esperaba diesen un golpe de estado y pusieran al frente del gobierno a un político al que Truman pudiera prestar apoyo públicamente. El inicio de la guerra abortó esta posibilidad.

En la madrugada del 25 de junio de 1950 las tropas del norte cruzaron la frontera del paralelo 38 y en tres días llegaron a Seúl, mientras el presidente Rhee se apresuraba a huir hacia el sur. El ejército surcoreano se estaba desmoronando, aunque no se produjo el levantamiento general que Kim Il Sung esperaba, debido en buena medida a los tres años de represión practicados en el sur, completados por Rhee con la creación de una «liga para la reeducación» en la que se obligó a inscribirse a unas 300 000 personas sospechosas de simpatías izquierdistas para que recibiesen cursos de anticomunismo. En los primeros momentos de la guerra se dio orden a la policía de matarlos y consta que hubo cuando menos 4900 civiles asesinados a título preventivo, aunque pudieron ser muchos más.

Entre los miembros del gobierno norteamericano, que en el momento de estallar la guerra se encontraban lejos de Washington con motivo del fin de semana, se produjo un momento inicial de pánico, ya que se pensó que este ataque a una zona que consideraban de muy escasa importancia podía ser una maniobra de distracción de los rusos para invadir Europa occidental o incluso para atacar directamente a los Estados Unidos. A Truman le parecía que Corea era de tan poco interés que opinaba que lo que los soviéticos pretendían era invadir Irán y llegar hasta el golfo Pérsico, mientras los norteamericanos perdían el tiempo luchando contra «el segundo equipo». Una interpretación nada realista, pero que encajaba con la visión geopolítica de Acheson de crear un «gran creciente» que uniese Tokio con Alejandría, pasando por Corea, Taiwán, el sur de Asia y el petróleo del golfo Pérsico.

Fue Dean Acheson quien, mientras Truman se encontraba fuera de Washington, tomó las primeras decisiones de llevar el asunto a la ONU, prestar ayuda a los coreanos del sur y enviar a la séptima flota a interponerse entre Taiwán y el continente, con el fin de proteger la isla de un posible ataque maoísta. Truman, que estuvo de acuerdo en que «hemos de detener a estos hijos de puta a toda costa», y que le dijo a su ayudante George Elsey que Corea era «la Grecia del Extremo Oriente», apoyó las decisiones de Acheson, que se habían tomado sin consultar ni al Congreso ni a los militares. De hecho, el Joint Chiefs of Staff era contrario al envío de tropas de infantería; pero MacArthur opinaba, con su habitual desprecio racista, que con una sola división de caballería norteamericana haría huir a los coreanos del norte hasta la frontera de Manchuria.

Se consiguió que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomase partido el 27 de junio, aunque era discutible la legalidad de su intervención en lo que era en realidad una guerra civil, y legitimase el envío de tropas internacionales, en una resolución que Rusia no vetó porque su representante en la institución, Yakov Malik, recibió instrucciones explícitas de Stalin para que no acudiese a la reunión, con lo que no pudo ejercer el veto.[74]

El carácter internacional de la campaña promovida por la ONU es discutible. La guerra fue fundamentalmente una empresa norteamericana, con una participación importante de Gran Bretaña y mucho menor de otros países, como Australia, Turquía o Colombia, hasta incluir un cuerpo de camellos del Yemen.

Contra las previsiones de MacArthur, el de los coreanos del norte resultó ser un ejército duro y disciplinado, y las primeras intervenciones de las tropas norteamericanas fueron decepcionantes. A fines de agosto las fuerzas estadounidenses y surcoreanas estaban arrinconadas en una estrecha zona alrededor de Pusan, y los norcoreanos parecían estar a punto de dar el último golpe a la guerra. Pero la superioridad aérea de los norteamericanos les permitió resistir, mientras se preparaba la operación que iba a cambiar el curso de la contienda.

El 15 de septiembre de 1950 se produjo un desembarco en Inchon, que puso 80 000 marines tras las líneas de los coreanos del norte —«el último gran éxito de MacArthur», que consiguió imponer su plan a las reticencias que despertaba—, lo que permitió cambiar el signo de la guerra, al sorprender a unas tropas norcoreanas que estaban exhaustas por el esfuerzo que habían hecho hasta entonces. El éxito resultó tan grande como inesperado: el 26 de septiembre, a los once días del desembarco, los norteamericanos recuperaban Seúl y seguían hacia el norte, con la intención de liquidar el régimen de Kim Il-Sung y reunificar Corea. MacArthur fue autorizado a cruzar el paralelo 38 con instrucciones confusas, como lo eran en estos momentos los planes de Truman y de Acheson, que estaban convencidos de que los soviéticos no se embarcarían en una guerra mayor y de que Mao no intervendría. Estas circunstancias iban a permitir a un MacArthur eufórico por sus victorias proseguir una campaña triunfal, aunque la responsabilidad por el ataque debe atribuirse a Washington, por autorizarle a «liberar» el norte.

El problema lo tenía ahora Mao, que se había comprometido a apoyar a los coreanos y había creado un «Ejército para la defensa de la frontera del noreste» por si era necesario intervenir en su ayuda. El hecho de que los Estados Unidos hubiesen enviado la séptima flota a los estrechos de Taiwán, unido a la retórica agresiva de MacArthur —que había tomado por su cuenta, contra la voluntad de Acheson, la iniciativa de entrevistarse con Chiang Kai-shek y de hacer declaraciones acerca de la importancia que tenia Taiwán como base para desembarcar en China y reconquistarla—, hizo temer a los chinos que los norteamericanos se proponían seguir hacia el norte e invadir Manchuria. La intervención china, por otra parte, no tenía como único propósito la defensa de la frontera, sino que era también una muestra de gratitud por la ayuda que los coreanos les habían proporcionado en la lucha contra los japoneses y contra el Guomindang y una muestra de la voluntad revolucionaria del maoísmo.

En una entrevista con Truman en la isla de Wake, MacArthur, que recibió al presidente en el aeropuerto «con la camisa desabrochada y una vieja gorra grasienta de cafetería», le aseguró el 15 de octubre que la guerra de Corea estaba acabada, que los chinos no intervendrían y que el primero de enero siguiente se podría transferir una división a Alemania. En aquel clima de euforia Truman no se preocupó por fijar las cautelas que habían de observarse si, contra las previsiones del procónsul, se producía un enfrentamiento contra los chinos, y MacArthur no estaba por detalles. Era en estos momentos un hombre de setenta años, que había cuidado siempre su imagen pública y que actuaba con el mayor desprecio por el poder civil, como si las reglas solo fuesen válidas para los demás; solo Dios estaba por encima de MacArthur en el escalafón, se decía.

MacArthur pensaba que los chinos no iban a intervenir, y además los despreciaba. Estaba convencido de que, en caso de que entrasen en el conflicto, bastaría con enviar la aviación norteamericana a bombardear sus ciudades. Obsesionado por llegar cuanto antes a la frontera del río Yalu, cuyas centrales hidroeléctricas proporcionaban energía a China, ignoró deliberadamente las informaciones de los servicios de inteligencia que le avisaban de la movilización de tropas chinas, y fue directamente al desastre.

El 19 de octubre, el mismo día en que los norteamericanos tomaban la capital coreana del norte, Pyongyang, los «voluntarios» chinos cruzaban la frontera del Yalu, dos semanas después de que Mao hubiese iniciado la conquista del Tíbet, en lo que para los chinos no era más que la etapa final de la guerra civil,[75] pero que hacía aun más inesperada su implicación en Corea.

Antes de intervenir, Mao había sostenido conversaciones con los rusos con el fin de obtener el apoyo aéreo que necesitarían sus tropas, pero Stalin se manifestó vacilante, alegando que la aviación soviética no estaba preparada, porque temía que ello pudiera conducir a un enfrentamiento directo contra los norteamericanos. Finalmente, tras «un tortuoso proceso de negociaciones», Stalin se comprometió a proporcionar armas y equipo militar, a defender con su aviación el espacio aéreo de China y a proporcionarle cobertura en sus operaciones en Corea durante «dos meses o dos meses y medio».

La intervención comenzó con 130 000 «voluntarios» chinos, cuyo número se elevaría gradualmente, quienes, dirigidos por Peng Dehuai, un jefe militar de origen campesino que había tenido una destacada participación en la guerra civil china, entraron en territorio coreano a fines de octubre y comienzos de noviembre, pese al riesgo de que los norteamericanos, que tenían ahora un arsenal de unas 300 bombas nucleares, decidieran usarlas contra ellos. Truman, forzado por una de las indiscreciones habituales de MacArthur, que dijo en una conferencia de prensa, el 30 de noviembre, que no había que descartar la posibilidad del uso de la bomba atómica, hubo de tranquilizar a un alarmado Attlee, cuando el jefe del gobierno británico viajó a Washington como portavoz de «una rebelión de la Europa libre» contra la forma en que Norteamérica ejercía su liderazgo en Corea; estaba claro que si los soviéticos replicaban a un ataque nuclear norteamericano, su primer objetivo sería la Europa occidental.

El primer enfrentamiento con las tropas chinas se produjo el primero de noviembre en Unsan y acabó cuatro días más tarde en una humillante derrota norteamericana. MacArthur, que el 24 de noviembre sostenía que las tropas regresarían a casa por Navidad, minimizó lo sucedido —creía que había un máximo de 34 500 combatientes chinos en Corea, cuando ya eran 300 000— y no acertó a tomar las medidas necesarias para enfrentarse a un enemigo que, para evitar la detección, se movía de noche por cualquier terreno, se infiltraba por los flancos y por la espalda —en ocasiones los chinos atacaban a medianoche, surgiendo por sorpresa en medio de una compañía—, y que desaparecía durante el día, para rehuir el castigo a que podía someterle la aviación.

MacArthur prosiguió sin embargo su avance hacia la frontera del río Yalu, y cayó en la trampa que se le había tendido, al quedarse sin líneas de aprovisionamiento con la retaguardia. El contraataque comenzó el 27 de noviembre y en pocos días los chinos infligieron a las tropas norteamericanas una de las mayores derrotas de su historia, a lo que MacArthur respondió ordenando que se bombardease implacablemente el territorio del norte. A fines de 1950 los chinos se encontraban ya en la frontera del paralelo 38 y el 4 de enero de 1951 ocuparon Seúl. Eufórico por su victoria, Mao rechazó las propuestas de negociar el fin de los combates que le hizo llegar la India, en nombre de un grupo de 13 miembros de las Naciones Unidas, sin tomar en cuenta que sus tropas se encontraban agotadas por unos combates realizados en condiciones durísimas, sin un equipamiento adecuado para resistir las nieves de lo que fue el invierno más frío en muchos años. Mao no se contentaba ahora con menos que una victoria total que arrojase a los norteamericanos de Corea y le permitiera plantear sus condiciones; pero las dificultades que sus tropas encontraban, y una mejor dirección de las de sus enemigos, mandadas ahora por Ridgway, le obligaron a cambiar de opinión. Estaba claro que no iba a haber, como se temió en algunos momentos, un nuevo Dunquerque que echara a los norteamericanos de Corea.

Truman, por su parte, no aceptó extender la guerra a China, como pedía MacArthur, quien solicitaba que se le proporcionase una cantidad considerable de bombas atómicas. En una entrevista publicada póstumamente explicó cuál era el plan que le hubiera permitido ganar la guerra en diez días: «Hubiera lanzado de 30 a 50 bombas atómicas (…) esparcidas a lo largo de la frontera de Manchuria», introduciría medio millón de soldados chinos nacionalistas en el Yalu y, después, «esparciría detrás nuestro, del mar del Japón al mar Amarillo, un cinturón de cobalto radioactivo… que tiene una vida activa de entre 60 y 120 años. Durante por lo menos sesenta años no habría invasión terrestre de Corea desde el norte».

Pero si no hubo bombas atómicas, sí que hubo, durante tres años, una brutal campaña de bombardeo con napalm de todo el territorio de Corea del norte, que causó un millón de muertos civiles y arrasó una gran parte del país, provocando tan completa destrucción que a fines de 1951 la fuerza aérea consideraba que no había ya objetivos dignos de usar grandes bombas contra ellos.

El problema que se les planteaba a los políticos norteamericanos era que no deseaban una escalada de la guerra, que podía implicar a los rusos e incitarles a atacar Europa occidental, en momentos en que los Estados Unidos no disponían de fuerzas suficientes para enfrentarse a un conflicto global, ni podían abandonar Corea, porque ello significaría animar a los chinos a expansionarse por otras zonas de Asia. La solución era mantener una guerra limitada, unida a un renovado esfuerzo de rearme y a una diplomacia agresiva: en diciembre de 1950 Truman envió a Europa, sin pedir autorización al Congreso, cuatro divisiones más, lo que elevaba a 180 000 los soldados norteamericanos en el continente.

MacArthur, que tenía ambiciones presidenciales, trató de enfrentarse a su descrédito con una huida hacia adelante: proponía «una cruzada para liberar Asia», que había de comenzar con la extensión de la guerra a China, a la vez que criticaba a Truman, a quien acusó de hacer en Asia «las guerras de Europa» y de ignorar que «si perdemos esta guerra contra el comunismo en Asia, la caída de Europa es inevitable».[76] Un Truman furioso dijo: «Le enseñaré a ese hijo de puta quién es el jefe» y, harto de tanta presunción y de tanta incompetencia, le destituyó el 10 de abril de 1951, con la aprobación y el apoyo del general Marshall, que era entonces secretario de Defensa, y de los miembros del Joint Chiefs of Staff.

Las perspectivas norteamericanas habían cambiado y se buscaba ahora una solución política al problema, para lo que Kennan se entrevistó con Yakov Malik, el representante soviético en las Naciones Unidas, con el fin de explorar las posibilidades de llegar a un acuerdo, al tiempo que la aviación norteamericana seguía bombardeando brutalmente objetivos civiles e industriales en el norte, y Truman enviaba un escuadrón aéreo con armas atómicas al Pacífico occidental, en previsión de cualquier posible contingencia. La guerra quedó en un estado de semicongelación y el 10 de julio de 1951 se iniciaron las primeras conversaciones para un alto el fuego.

Unas conversaciones que iban a durar dos años, frenadas por cuestiones como el desacuerdo en torno al intercambio de los prisioneros de guerra o las acusaciones de que los norteamericanos habían recurrido al uso de armas biológicas. Esta prolongación tuvo como consecuencia el aumento de los efectivos chinos en Corea, que llegaron a ser de 1.350 000 hombres a comienzos de 1953. Hubo en este intervalo nuevos choques militares y bombardeos norteamericanos que causaron graves daños a los embalses del norte. No fue hasta después de las conversaciones mantenidas por Zhou Enlai con la nueva cúpula del poder soviético durante los funerales de Stalin, que se decidió avanzar en las negociaciones, sorteando los intentos de boicot realizados por Sygman Rhee, que deseaba que siguiese la guerra para asegurarle la conquista del norte. Por fin el 27 de julio de 1953, con la amenaza del nuevo presidente norteamericano, Eisenhower, de utilizar armas atómicas si no se llegaba a un rápido acuerdo, se firmó el armisticio en Panmunjon. La paz, en cambio, sigue en la actualidad sin haberse firmado. Esta guerra no declarada —Truman intervino sin que el Congreso norteamericano lo autorizara— había causado más de cuatro millones de bajas, de las que la mitad eran civiles, y había visto producirse las mayores brutalidades por los dos bandos, incluida la ejecución de prisioneros de guerra y el asesinato en masa de civiles.

Al abandonar Japón como consecuencia de su destitución, MacArthur fue despedido como un héroe. El entusiasmo se acabó cuando poco después, hablando ante el Senado norteamericano, el general dijo que los japoneses eran más de fiar que los alemanes porque eran más primitivos: «Juzgados por las pautas de la civilización moderna serían como un niño de doce años en comparación con nuestro desarrollo de cuarenta y cinco años». No se lo perdonaron nunca.

Para los Estados Unidos la guerra de Corea tuvo dos consecuencias inmediatas: el recrudecimiento de la persecución de los supuestos enemigos interiores (ya hemos visto que sirvió para combatir a los sindicatos de obreros portuarios) y un aumento brutal del gasto militar, que en 1953 cuadruplicaba el de 1949. Y otra a largo plazo: fue a partir de este momento que los Estados Unidos se convirtieron, en palabras de Bruce Cumings, en un país «con centenares de bases militares permanentes en el extranjero, un gran ejército estable y un estado de seguridad nacional permanente en el interior».

Para China, que sufrió en los combates un gran número de muertes —las estimaciones van de 150 000 a 900 000—, incluyendo la del hijo mayor de Mao, Anying,[77] significaba de hecho una victoria: la primera vez en los tiempos contemporáneos en que un ejército asiático se medía de igual a igual con el de una de las potencias imperiales. De esta experiencia sacaron la convicción de que la fuerza de la voluntad lo podía todo.

LAS RECONQUISTAS FRUSTRADAS: INDOCHINA

En Indochina los japoneses, que durante la guerra habían podido contar con la colaboración de las autoridades coloniales fieles a Vichy, dieron en marzo de 1945 un golpe contra las tropas y los funcionarios franceses, una vez advirtieron que estos negociaban con De Gaulle, que gobernaba una Francia ya liberada, e impulsaron a Bao Dai, el último descendiente de la dinastía imperial de Annam, a asumir la independencia, denunciando los tratados que unían Vietnam a Francia. El príncipe Norodom Sihanuk reivindicó también la independencia para Camboya, mientras fueron los propios franceses quienes instalaron al príncipe Sisavang Vong al frente del reino de Laos.

Al producirse la capitulación de los japoneses se decidió que fuerzas chinas ocupasen el norte de Vietnam, mientras los británicos ocuparían el sur. En el norte los chinos, que no se preocupaban más que de saquear el país, vendieron armas capturadas a los japoneses a las fuerzas del Viet Minh, dirigidas por Ho Chi Minh, que habían ocupado parte del territorio que los japoneses no podían controlar y que el 2 de septiembre de 1945 proclamaron en Hanoi la República Democrática de Vietnam, con un gobierno de coalición de comunistas y no comunistas.

En el sur, en cambio, la intervención de lord Mountbatten, al frente de tropas indias, contribuyó a restablecer el poder colonial francés, lo cual les interesaba a los británicos para asegurarse un entorno favorable al mantenimiento de sus propias colonias en el sudeste asiático, que en aquellos momentos esperaban todavía conservar. El general Douglas Gracey armó a un grupo de antiguos prisioneros de guerra franceses para que derrocasen, el 23 de septiembre de 1945, a los gobernantes vietnamitas que se habían establecido en Saigón, y utilizó sus fuerzas, las de los japoneses que habían capitulado y las de tropas coloniales francesas liberadas del cautiverio, para aplastar aquella revuelta nacionalista, tratando de asegurar el futuro control francés de Vietnam del Sur.

Ho Chi Minh se había hecho ilusiones acerca del apoyo que unos Estados Unidos que se proclamaban antiimperialistas podían dar a la causa del nacionalismo vietnamita y había expresado públicamente su voluntad de neutralismo entre los dos campos; pero lo que Truman hizo, a los dos meses de terminada la guerra mundial, fue poner sus buques a disposición de Francia para que transportase soldados a Vietnam, demostrando que los principios de respeto a la autodeterminación expuestos en la Carta del Atlántico no eran más que retórica. Truman no solo rechazó los intentos de acercamiento de los vietnamitas —Ho Chi Minh había dado garantías a los norteamericanos de que su lucha tenía como objetivo la independencia y no el triunfo del comunismo, pero «las cartas de Ho al presidente Truman no fueron contestadas»—, sino que nunca comprendió que se trataba de nacionalistas que buscaban el apoyo norteamericano para su lucha anticolonial, en momentos en que no recibían ayuda alguna de la Unión Soviética. Dean Acheson, por su parte, resolvió el problema diciendo que no importaba si Ho Chi Minh era nacionalista o comunista, porque en las sociedades coloniales todos los comunistas eran nacionalistas. Estaba convencido, además, de que estos asiáticos analfabetos no tenían capacidad para organizarse y que lo que necesitaban eran consejeros extranjeros que les enseñasen cómo recaudar impuestos y montar escuelas.

Cuando el mariscal Leclerc llegó a hacerse cargo de la situación en Indochina, acompañado por soldados de la legión extranjera, muchos de ellos antiguos combatientes nazis en el norte de África, Ho Chi Minh aceptó la autonomía en el seno de la Unión francesa, mediante un acuerdo, firmado el 6 de marzo de 1946, por el que el gobierno francés reconocía a la República Vietnamita como «un estado libre, con su propio Parlamento, su propio ejército y sus propias finanzas», dentro de una Federación indochina integrada en la Unión francesa, con la promesa de un futuro referéndum que permitiría a todos los vietnamitas elegir su destino. Pero los franceses no hicieron nada para negociar el desarrollo del acuerdo, sino que se contentaron con enviar sus tropas a los territorios del norte para controlarlos. Cuando el 23 de noviembre de 1946 un buque de guerra francés bombardeó el barrio portuario de Haiphong, causando la muerte de unos miles de civiles, no le dejaron al Viet Minh otro camino que el de la lucha: empezaba la primera «guerra de Indochina», que duraría hasta 1954.

Era una guerra que los franceses no podían ganar, porque carecían de recursos para ello. Leclerc, enviado de nuevo a Vietnam a comienzos de 1947 para estudiar el problema, afirmó que se necesitaba medio millón de combatientes para proseguir la guerra y que el principal problema que se planteaba era de naturaleza política. Durante unos años prosiguió esta «guerra olvidada» entre franceses y vietnamitas, en que los norteamericanos llegaron a sufragar un 40 por ciento de los gastos: aviones norteamericanos facilitados a los franceses obligaban a los soldados del Viet Minh a desplazarse de noche; el 22 de diciembre de 1950 se usaron por primera vez en Vietnam las bombas incendiarias de napalm, que tan terribles efectos iban a tener sobre la población civil en los años siguientes.

La participación de los norteamericanos en esta guerra colonial —aunque Dean Rusk se empeñase en sostener que estaban ayudando «no a Francia, sino a naciones independientes en Indochina»— solo puede explicarse como una consecuencia de la paranoia de la guerra fría: del doble principio del «dominó» (si «cae» Vietnam, caerán a continuación todos los países contiguos) y del monolitismo comunista. Donde viesen algún signo que recordase el comunismo, los norteamericanos obraban con la seguridad de que detrás estaba el largo brazo de Moscú: el Departamento de Estado afirmaba que «no hay evidencia de que exista una relación directa entre Ho y Moscú, pero asumimos que existe».

Se equivocaban por completo en este asunto. Stalin, que no tenía confianza alguna en la capacidad de los asiáticos para construir estados socialistas, como el propio Mao Zedong había tenido que experimentar, desalentó sistemáticamente a los partidos comunistas de la India y de Indonesia que aspiraban a repetir la experiencia china y tardó cinco años en reconocer la independencia proclamada por el Viet Minh. Sus preocupaciones se centraban en Europa, que era donde se estaba dirimiendo la supervivencia de la Unión Soviética, y no estaba dispuesto a involucrarse en los problemas de Asia.

En vista de que, pese a su superioridad militar, no podían derrotar a la guerrilla vietnamita, los franceses optaron en 1949 por conceder la independencia, como estados asociados a la comunidad francesa, a Vietnam del Sur —recurriendo una vez más al emperador Bao Dai, dispuesto a servir de títere a cualquiera que pagase sus servicios—, a Laos y a Camboya. La oferta de los franceses, que pretendían mantener un estrecho control sobre la economía, la defensa y las relaciones exteriores, y se negaban a fijar un calendario de pasos ulteriores hacia la independencia, no convenció al Viet Minh, que prosiguió la lucha de guerrillas, y fue denunciado como un truco colonial por otros países, como la India, pero sirvió para que los norteamericanos se implicasen mayormente, ahora que se suponía que Vietnam del Sur había dejado de ser una colonia.

La cuestión se complicó, además, cuando el 18 de enero de 1950 Mao Zedong reconoció al gobierno de Ho Chi Minh, y la Unión Soviética lo hizo dos días más tarde; poco después, el 7 de febrero, los Estados Unidos, seguidos posteriormente por Gran Bretaña, reconocieron al Vietnam asociado a Francia como un estado independiente, aunque el gobierno de Bao Dai solo tenía competencias en asuntos locales, y le concedieron una primera ayuda para fines militares. El cambio que convirtió esta guerra colonial en una parte de la lucha global contra el comunismo se reafirmó cuando en junio de 1950 comenzó la guerra de Corea; los Estados Unidos aumentaron su ayuda y enviaron a Saigón un Grupo de asistencia militar, que comenzó a intervenir en la conducción de la guerra.

La primera guerra de Vietnam se mantuvo en un estado indeciso en los años siguientes, pero acabó de manera desastrosa para los franceses. El Viet Minh, que en 1953 realizó una reforma agraria que se desarrolló en un contexto de extremada violencia, pero que al cabo le aseguró el apoyo campesino (durante la campaña de Dien Bien Phu 200 000 campesinos transportaron provisiones a través de valles y montañas para abastecer al ejército de Ho Chi Minh) pudo contar inicialmente con la ayuda de los comunistas chinos, a quienes los vietnamitas habían dado apoyo en los momentos más difíciles de su lucha contra Chiang Kai-shek. Tras el armisticio en Corea, los chinos les proporcionaron instructores militares y establecieron una academia especial para entrenar a los oficiales vietnamitas en las tácticas maoístas de guerra.

Los asesores militares chinos convencieron a Ho Chi Minh, que a finales de septiembre de 1952 había viajado en secreto a Beijing para llegar a un acuerdo con los dirigentes maoístas, de que convenía concentrar la actividad bélica en la zona del noroeste, en la proximidad de la frontera con Laos, en lugar de dirigirse hacia el Río Rojo para liberar Hanoi, como había propuesto el principal dirigente militar vietnamita, el general Vo Nguyen Giap, un profesor de historia que había visto morir a su esposa en una cárcel francesa; un admirador de Napoleón, cuyas campañas había estudiado.

En mayo de 1953 el general Henri Navarre fue enviado por Francia para que reanudase la ofensiva contra el Viet Minh y tratase de obtener resultados positivos que permitiesen negociar el fin del conflicto; su plan para acabar la guerra recibió una ayuda adicional de 385 millones de dólares por parte de Eisenhower. Eran momentos en que el vicepresidente Nixon regresaba de una visita a Vietnam entusiasmado por las perspectivas de victoria y afirmaba en público: «Si Indochina cae, Tailandia queda en una situación casi imposible. Lo mismo vale para Malaya con su caucho y con su estaño. Lo mismo sirve para Indonesia. Si Indochina pasa a la dominación comunista todo el sudeste de Asia estará amenazado y esto significa que la seguridad militar y económica de Japón también estará peligrosamente dañada».

Obligado a defender Laos de las fuerzas del Viet Minh que se aproximaban a sus fronteras, Navarre decidió establecer una base en el valle de Dien Bien Phu, donde a fines de noviembre de 1953 se enviaron unos cinco mil paracaidistas que comenzaron preparando una pista de aterrizaje para recibir suministros y armamento por vía aérea. La base, fuertemente armada, contaba con una guarnición de 14 000 hombres, mandados por el coronel Christian de Castries, y estaba defendida por nueve centros de resistencia en el valle. Navarre contaba con que la superioridad de su armamento le permitiría derrotar fácilmente el ataque frontal que esperaba de los vietnamitas.

Las cosas sucedieron de modo muy distinto a como había previsto, puesto que los vietnamitas siguieron los consejos que les daban los chinos de «dividir y rodear al enemigo, aniquilándolo poco a poco». Gracias al auxilio de los campesinos que transportaban provisiones y cavaban trincheras y túneles, consiguieron instalar la artillería que Mao les había proporcionado en las montañas alrededor de la base, con la que destrozaron la artillería francesa e inutilizaron el campo de aviación, a la vez que las armas antiaéreas de que ahora disponían hacían imposible que los aviones norteamericanos pudiesen volar a la altura necesaria para lanzar a los sitiados provisiones o refuerzos con alguna precisión.

Eran los momentos en que se había convocado una conferencia en Ginebra para discutir conjuntamente los problemas de Corea y de Vietnam. Los chinos recomendaron a los vietnamitas que tratasen de obtener alguna victoria militar que reforzase su papel en las negociaciones y Giap inició el sitio de Dien Bien Phu el 13 de marzo de 1954 con una tremenda eficacia.

Preocupado por evitar un fracaso de Francia, Eisenhower se sintió tentado a seguir el consejo del general Twining y lanzar tres pequeñas bombas atómicas junto a Dien Bien Phu con el fin de «eliminar a los comunistas y que la banda pudiese tocar la Marsellesa y los franceses salir de la base de un modo airoso». Pero la actitud del Congreso se lo impedía. A comienzos de abril de 1954 Dulles se había reunido con los líderes del Congreso para decidir la conducta a seguir en Vietnam; estos dijeron que no se debía intervenir directamente a menos que los aliados de los Estados Unidos, y en especial los británicos, colaborasen. No debía repetirse el caso de Corea, donde los norteamericanos habían tenido que proporcionar el 90 por ciento de los combatientes. Pero Churchill, que tenía sus propios problemas militares en Malasia y en Kenia, no estaba por sumarse a este nuevo compromiso. En su opinión Indochina no era importante, como no lo era Corea: «nunca oí hablar de ese condenado lugar hasta que tenía 74 años». Si Gran Bretaña había abandonado la India, ¿por qué no iba hacer lo mismo Francia con Indochina? De modo que Eisenhower hubo de contentarse con amenazar a China con emplear bombas atómicas en su contra, si intervenía en Vietnam (y sabemos que estaba decidido a hacerlo).

Dien Bien Phu se rindió el 7 de mayo de 1954, un día antes de que comenzasen las conversaciones sobre Corea e Indochina en Ginebra, en una conferencia en que participaban las cinco grandes potencias junto a Camboya, Laos y a representantes de los dos Vietnams. Los prisioneros que quedaban en manos vietnamitas eran unos once mil (solo una cuarta parte de ellos franceses). Un total de 4426 estaban heridos, de los que los más graves fueron evacuados por la Cruz Roja. Si en Corea chinos y norteamericanos habían luchado de igual a igual, Dien Bien Phu era la primera derrota de un ejército metropolitano moderno por insurgentes coloniales.

En estrecha colaboración con los soviéticos, los diplomáticos chinos, dirigidos por Zhou Enlai, prepararon con cuidado su intervención en la conferencia de paz sobre Corea e Indochina, en la que Foster Dulles se comportó groseramente, «como un puritano en una casa de mala reputación», con gestos como el de negarse a dar la mano al primer ministro y ministro de Exteriores chino (a quien la CIA intentó asesinar poco más tarde).

No se alcanzó acuerdo alguno sobre la unificación de Corea, que sigue siendo un asunto pendiente cuando han pasado cerca de sesenta años, pero en lo que se refiere a Vietnam, los chinos y los soviéticos, que deseaban evitar una escalada del conflicto que diese a los Estados Unidos un pretexto para intervenir directamente —Zhou Enlai había recibido además del nuevo jefe del gobierno francés, Pierre Mendès-France, la confidencia de que deseaba abandonar Indochina, pero quería hacerlo discretamente, como por voluntad propia—, buscaron una solución moderada, aconsejando a los norvietnamitas, que pensaban que la victoria que habían conseguido les ponía en condiciones de exigir más, que aceptasen una partición del país por el paralelo 17, dejando al norte el Viet Minh y al sur el imperio de Bao Dai (con un período de 300 días de libre circulación entre ambas zonas en que los franceses retirarían sus tropas del norte y el Viet Minh las que tenía en el sur, y en que los ciudadanos vietnamitas podrían elegir voluntariamente dónde deseaban residir), hasta que en 1956 se celebrasen unas elecciones generales en ambas partes del país para escoger un nuevo gobierno unificado. El alto el fuego quedaría bajo el control de una comisión de representantes del Canadá, India y Polonia. Los norvietnamitas se vieron obligados a aceptar esta partición temporal, que resultaba muy desfavorable para los revolucionarios que se encontraban en el sur, puesto que quedaban entre tanto a merced de sus enemigos. Mientras los vietnamitas del sur protestaban por el acuerdo de partición y se negaban a firmar.

Tampoco los norteamericanos firmaron los acuerdos, entre otras razones porque no deseaban las anunciadas elecciones que era prácticamente seguro que Ho Chi Minh iba a ganar. Por estos mismos días, el 7 de abril de 1954, Eisenhower había contestado a un periodista que le preguntaba acerca de la importancia que Indochina podía tener para el mundo libre con una cruda formulación de la teoría del dominó: había una hilera de fichas que eran «Indochina, Birmania, Tailandia, la Península (India) e Indonesia», e incluso, más allá, la cadena de las islas, «Japón, Formosa (Taiwán), las Filipinas y hacia el sur; lo que lleva hasta a amenazar Australia y Nueva Zelanda».

De ahí que, lejos de sumarse a los proyectos de pacificación, los Estados Unidos comenzaran la tarea de construir un Vietnam del Sur fuerte, dando pleno apoyo a Ngo Dinh Diem (Ngô Đình Diê.m), un católico, miembro de una vieja familia de mandarines, que les había impresionado por su anticomunismo visceral. Al propio tiempo iniciaban una campaña para ir desplazando a los franceses de Vietnam, con tal eficacia que Maurice Duverger podía dolerse en marzo de 1956 de que mientras los enemigos de Francia habían necesitado siete años de guerra para echarla de Vietnam del Norte, a sus aliados les había bastado un año y medio de «solidaridad» para echarla del sur.

Diem había conocido en Japón, en 1950, a un profesor americano de ciencia política que trabajaba para la CIA, quien le animó a ir a los Estados Unidos en un viaje pagado por la Universidad de Michigan. Pasó allí tres años, viviendo sobre todo en instituciones católicas, ya que tenía un hermano que era obispo, y entró en contacto con dirigentes eclesiásticos católicos como Fulton Sheen y el cardenal Spellman, que fueron sus primeros valedores y le presentaron a políticos influyentes. Con estos apoyos consiguió que las presiones norteamericanas hicieran que Bao Dai le nombrase jefe del gobierno. Contaba como consejeros con un grupo de asesoramiento de la Universidad de Michigan, que permaneció en Vietnam de 1955 a 1958.[78]

Eisenhower escribió el 23 de octubre de 1954 a Diem ofreciéndole una ayuda que iría directamente a sus manos para crear un estado fuerte y viable, capaz de resistir militarmente. Se envió a Vietnam al coronel Edward G. Lansdale, que comenzó mandando grupos de sabotaje a Vietnam del Norte para desestabilizarlo, y se encargó de organizar el desplazamiento del norte al sur que se había acordado en Ginebra: entre agosto de 1954 y mayo de 1955 se transportó por mar hacia el sur a 625 000 norvietnamitas, mayoritariamente católicos, más de la mitad de los cuales habían intervenido en la guerra al lado de los franceses, con la intención de proporcionar una base de apoyo político a Diem.[79] La operación fue estimulada por la CIA, que hizo circular rumores de un inminente ataque atómico a Hanoi y distribuyó por el norte folletos que aseguraban que los católicos iban a ser perseguidos por el gobierno comunista, de modo que su salvación consistía en emigrar hacia el sur, como habían hecho Jesús y la Virgen María cuando huyeron a Egipto. A los que emigrasen se les prometía tierra para trabajar y una cabeza de ganado.

Sin embargo la situación de Diem no era fácil. Vietnam del Sur estaba en pleno desconcierto; sus fuerzas armadas estaban integradas en buena medida por los ejércitos particulares de tres grupos independientes, dos de los cuales pertenecían a sectas religiosas, mientras el tercero se dedicaba a actividades criminales. El grupo de Cao Dai, una secta que mezclaba creencias asiáticas y cristianas y veneraba como santos a Juana de Arco y a Sun Yat-sen, contaba con 30 000 hombres; el de Hoa Hao, una secta cismática budista, tenía de 10 000 a 15 000 hombres; el de Binh Xuyen, que controlaba el juego, el tráfico de opio y la prostitución, disponía tan solo de unos 2500 soldados, pero tenía el apoyo de un número considerable de policías y delincuentes (en Saigón dominaban tanto en la policía como en el mundo del hampa). Su jefe era un antiguo pirata del río, analfabeto, que vivía en la ciudad de Cholon, en una fortaleza rodeada por un foso poblado de cocodrilos. A fines de marzo de 1955 los tres grupos formaron un frente unido contra Diem, que pareció amenazar su continuidad en el poder.

Para asegurar su liderazgo y reforzar el escaso apoyo personal que tenía en el sur, los Estados Unidos dejaron claro que el dinero de su ayuda, que era vital a partir del momento en que se iban a dejar de recibir los subsidios franceses, solo llegaría a través de Diem, quien, contando con el apoyo de la CIA, consiguió convencer a los dos grupos religiosos de que escogiesen miembros para su gobierno, a la vez que se ganaba a sus dirigentes con sobornos por un montante de unos 12 millones de dólares. El tercer grupo armado, el de Binh Xuyen, obtenía tales ganancias de su actividad delictiva que no podía pensarse en comprarlo. La lucha entre el ejército gubernamental de Vietnam del Sur y este grupo permitió reducirlo como amenaza militar, aunque sus miembros siguieron dedicados individualmente a la delincuencia. Tras lo cual Diem procedió a liquidar el ejército de Hoa Hao y a dar muerte a su jefe, mientras el grupo de Cao Dai, sobornado, quedaba al margen de estas operaciones.

El paso siguiente era deshacerse de la figura de Bao Dai, para lo que contaba con el apoyo de políticos norteamericanos tan influyentes como los senadores demócratas Hubert Humphrey y Mike Mansfield. Diem convocó una asamblea ilegal que decidió la destitución de Bao Dai. Se proclamó la República de Vietnam el 26 de octubre de 1955 y se organizó un plebiscito que reconoció a Diem como presidente con el 98,5 por ciento de los votos a favor (con casos como el de Saigón, donde obtuvo el 130 por ciento; esto es, muchos más votos que votantes potenciales).

Las elecciones generales que, de acuerdo con los protocolos de Ginebra, habían de realizarse en el norte y en el sur en 1956, no se celebraron nunca, porque Diem se negó a aceptarlas, y los norvietnamitas no consiguieron que los firmantes de los acuerdos de Ginebra le presionasen, en parte porque pensaban que Diem no iba a sostenerse por mucho tiempo, pero también para no enfrentarse a los Estados Unidos. Lo que le dio a Diem siete años de supervivencia en el poder fue el apoyo de los norteamericanos, que le enviaron asesores y, sobre todo, le proporcionaron 2000 millones de dólares de ayuda económica y militar entre 1955 y 1961.

Durante mucho tiempo su principal consejero fue el grupo de profesores de la Universidad de Michigan, que se dedicó a organizarle una policía propia para reemplazar a la del tiempo de los franceses, y a crear un Vietnamese Bureau of Investigation, según el modelo del FBI norteamericano. Los papeles del grupo de Michigan hablaban en términos científicos de la organización administrativa que había que desarrollar, pero no decían nada de la clase de dictadura familiar que estaba creando Diem (los partidos políticos habían sido abolidos y las persecuciones y ejecuciones eran numerosas), que haría imposible cualquier reforma política seria.

En 1957, cuando llevaba tres años en el poder, Diem viajó a los Estados Unidos, donde fue recibido con el prestigio que le daba el supuesto «milagro de Vietnam». Había conseguido convencer a sus protectores de que con la ayuda norteamericana había frenado el peligro comunista e iniciado un amplio programa de reforma económica y política de signo nacionalista, con el que había mejorado la vida de los ciudadanos; en realidad, como señala Kathryn Statler, lo que se estaba construyendo en Vietnam no era una nación, sino una colonia de los Estados Unidos. En 1959 el director del grupo de asesores publicaba un artículo en que hacía los elogios del «gobierno democrático de una sola persona en Vietnam». No era en realidad de una sola persona, pero sí de «una sola familia»: un hermano de Diem, Ngo Dinh Nhu, que controlaba la policía secreta y el partido oficial del gobierno, era el auténtico hombre fuerte del país, mientras su esposa, Madame Nhu, se encargaba de las organizaciones femeninas y de la juventud, otro de los hermanos era arzobispo de Hue y diversos miembros de la familia ocupaban cargos como los de embajador en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. El entusiasmo norteamericano por Diem tiene su explicación en el hecho de que proporcionaba a Eisenhower algo que había buscado en vano en Camboya y en Laos: un gobernante decididamente anticomunista en quien confiar.

Mientras en Vietnam del Norte «la administración mejoraba, la industria crecía y la agricultura se recuperaba», había descontento en el sur por la negativa a celebrar elecciones, por el favoritismo mostrado hacia los refugiados católicos del norte (colocados al frente de los ayuntamientos en un país de mayoría budista), a lo que se sumaba un profundo malestar campesino, agravado por la política de agrupamiento forzoso en agrovilles, construidas con trabajo forzado de los propios campesinos.

El norte había esperado hasta entonces que los problemas se resolviesen por la vía política y había frenado los deseos de los opositores del sur de recurrir a una acción militar, hasta que la violencia represiva de Diem, matando y encarcelando a supuestos comunistas, hizo obligada una respuesta defensiva de los propios vietnamitas del sur. En 1959 no había más que 2500 guerrilleros (contra un ejército, el de Diem, cuarenta veces mayor); en 1960 ascendían a 12 000 y se organizaron en un Frente de Liberación Nacional del Viet Minh (FLN), que era una especie de frente popular integrado tanto por comunistas como por no comunistas, con una fuerza militar más o menos organizada, a la que el USIS (Servicio de Información de los Estados Unidos) había sugerido que se designase como «vietcong» (comunistas vietnamitas), para combatir el prestigio patriótico que tenía la denominación de Viet Minh y negarle su carácter plural. No fue hasta el verano de 1959 que el gobierno del norte decidió enviar ayuda a los rebeldes del sur.

LA COLONIA SALVADA: MALASIA

Malaya fue la única de las colonias asiáticas que los británicos decidieron defender desde el primer momento. Su justificación era que había que salvaguardar los intereses occidentales en una zona que proporcionaba el 85 por ciento de la producción mundial del caucho natural, el 45 por ciento del estaño y un 23 por ciento del cromo. En los años difíciles de la inmediata posguerra, Malaya era la mayor fuente de dólares del imperio (en 1948 las exportaciones de Malaya a los Estados Unidos superaron en valor a las de la propia Gran Bretaña). Una zona llena de promesas para las inversiones británicas, que se quería que siguiesen siendo dominantes en el futuro (en 1970 representaban el 65 por ciento de todas las inversiones extranjeras), aunque fuese a través de alianzas y fusiones con los intereses locales.

La difícil tarea que los británicos emprendieron en este territorio, y que puede considerarse como el último gran éxito de su política colonial, comenzó con la construcción de un estado que tomó como pretexto una inexistente nación malaya, y se completó con el paso, más arriesgado aún, de unirle los territorios británicos del norte de Borneo en una Federación de Malasia, que no tenía otro objeto que ponerlos bajo el control de un poder amigo, fuera del alcance de las ambiciones indonesias, a la vez que se aseguraban con ello de que hubiese en el conjunto de la federación un predominio numérico de la población étnicamente malaya sobre la china.

El gran problema para la constitución del nuevo estado era precisamente su compleja composición étnica y social, con algo menos de un 50 por ciento de malayos musulmanes que integraban los dos extremos de la sociedad —las familias aristocráticas y los príncipes locales, por una parte, y la masa de los campesinos primitivos, por otra—, un 35 por ciento de población de origen chino y un 15 por ciento de indios, traídos por los británicos para trabajos como el de extraer caucho, que, menospreciados por el racismo malayo y empobrecidos al desaparecer las plantaciones, se convirtieron en una población marginal amontonada en los suburbios y víctima de graves conflictos raciales. La «nación malaya» fue esencialmente una invención británica para asegurarse el control de estas tierras.

Durante la segunda guerra mundial muchos malayos habían colaborado con los japoneses, mientras la resistencia la protagonizó la guerrilla, esencialmente china y comunista, del «Ejército Antijaponés del Pueblo Malayo» (MPAJA), que combatió al lado de los británicos y se desmovilizó al término del conflicto, esperando que los ingleses otorgarían la independencia a la colonia, como iban a hacer con la India y con Birmania, y dispuestos por ello a seguir colaborando en la paz, como lo habían hecho durante la guerra.

Pero en 1948 los británicos firmaron un acuerdo con los nueve sultanes malayos para formar la Federación de Malaya y los plantadores comenzaron a expulsar de la tierra que cultivaban a los campesinos chinos que se habían instalado en ellas durante la guerra, mientras los británicos destruían las organizaciones sindicales. Una guerrilla de unos seis a ocho mil combatientes, mayoritariamente de etnia china, inició entonces una nueva lucha por la independencia, que la maquinaria informativa británica pretendió reducir a bandidaje —puesto que, en el caso de tratarse de una guerrilla, las compañías aseguradoras no hubiesen pagado los daños sufridos por los plantadores—, hasta que más tarde, desde 1952, se decidió ascenderlos a la condición de terroristas, ocultando los aspectos coloniales del enfrentamiento, para hacer creer que no se trataba de un problema interno, sino de la amenaza del comunismo internacional, en este caso en su versión china, lo que era falso.

Los británicos replicaron a la aparición de la guerrilla con una campaña de violencia y contraterrorismo en los años de la llamada «emergencia», que se inició el 17 de julio de 1948 poniendo fuera de la ley al Partido Comunista malayo y a toda una serie de organizaciones izquierdistas, a la vez que se realizaban más de un millar de detenciones. La represión iba dirigida en buena medida contra la población de etnia china, y el terror físico estuvo acompañado de una gran labor de propaganda contra la agitación nacionalista en el sudeste asiático, dirigida por los servicios de inteligencia británicos desde sus oficinas de Singapur, con la intención de convencer al mundo entero (incluyendo a los Estados Unidos y a los pocos laboristas británicos que seguían manteniendo ideales descolonizadores), de que el problema se reducía a la lucha del mundo libre contra la amenaza comunista, para lo cual inventaron una influencia soviética sobre los rebeldes que no existía en la realidad.[80] La campaña, en que los británicos llegaron a emplear 50 000 hombres y unos recursos de que andaban escasos, se completó con una operación en que medio millón de campesinos de etnia china fueron trasladados a «pueblos protegidos», rodeados de alambradas y fuertemente vigilados, para aislarlos de la guerrilla, a la vez que se les sometía a un trato brutal, que incluía la deportación a China. La campaña de «emergencia» fue, no solo la última gran operación imperial británica, sino también, se ha dicho, «la única victoria real de la guerra fría en Asia».

En 1957 una Gran Bretaña que no necesitaba ya en la misma medida los recursos de este territorio, puesto que producía caucho sintético en la metrópoli, y que no tenía capacidad para seguir controlándolo, decidió darle la independencia con un gobierno favorable al mantenimiento de los intereses británicos, presidido por el Tunku Abdul Rahman, hermano del sultán de Kedah, que había obtenido en 1955 un rotundo triunfo electoral al frente del UMNO (United Malays National Organisation, PKMB en malayo), aliado a las organizaciones representativas de los pobladores de origen chino e indio, pero que inició, una vez obtenida la independencia, una política discriminatoria a favor de los malayos.

En 1963 el proceso de consolidación se completó al crear la Federación de Malasia, que reunía Malaya, la ciudad estado de Singapur[81] y las dos posesiones británicas en el norte de Borneo (Kalimantan para los indonesios) de Sabah y Sarawak, dejando a un lado el rico sultanato de Brunei, un protectorado británico productor de petróleo que se independizó en 1983, después de que los británicos hubiesen aplastado una revuelta indígena apoyada por Indonesia. Las revueltas locales contra la inclusión en la federación, dominadas por tropas británicas, dieron motivo a Sukarno para denunciar Malasia como un instrumento del colonialismo, a lo que los británicos respondieron con una campaña sistemática de desprestigio del político indonesio y asumiendo una participación directa en el golpe militar que lo derribó.

Tras las revueltas raciales de 1969, el nuevo estado consiguió un cierto grado de estabilidad sobre la base de un contrato social en que indios y chinos accedían a la ciudadanía, pero dejaban a los malayos y otras etnias nativas (los bumiputras o «hijos de la tierra») un acceso preferente a los cargos de gobierno y a la educación: ello garantizó unas décadas de crecimiento económico, bajo la dirección del UMNO, de las que los ciudadanos de etnia china sacaron buen provecho.

LA CUESTIÓN DE PALESTINA Y EL ASCENSO DEL NACIONALISMO ÁRABE

El escenario del Oriente Próximo estuvo presente en la guerra fría desde su mismo inicio. Hasta entonces los británicos habían controlado la situación con su imperio informal, basado en la existencia de una clientela de reyes y emires, de Irak al golfo Pérsico y a Egipto, que le garantizaban el acceso al petróleo (en 1947 el 60 por ciento del consumido por Gran Bretaña procedía de esta zona). Mientras en abril de 1946 las tropas francesas, obligadas por la resistencia local y por las presiones de ingleses y norteamericanos, se retiraban de Siria y del Líbano, que iban a iniciar su vida independiente en condiciones difíciles, los británicos daban la independencia al reino de Transjordania, aunque seguían manteniendo en él una presencia militar asegurada por la Legión Árabe, mandada por un oficial británico.

Fue la incapacidad de Gran Bretaña para seguir desempeñando este papel hegemónico la que precipitó la entrada en escena de los norteamericanos, cuyos intereses en la zona se habían reducido hasta entonces a sus relaciones con Arabia Saudí, de cuya importancia puede dar idea el hecho de que un Roosevelt enfermo se entrevistase en Egipto con el rey Ibn Saud el 14 de febrero de 1945, a su regreso de Yalta. De estas conversaciones surgió el compromiso de Roosevelt de no actuar en Palestina sin consultar tanto a los judíos como a los árabes, y de no hacer nada allí contra sus intereses. Un compromiso que Truman no respetaría.

Los mayores problemas habían de surgir precisamente en el territorio de Palestina, un mandato de la Sociedad de Naciones confiado a Gran Bretaña, que en 1917 había acordado, en la llamada «declaración Balfour», crear un «hogar nacional para el pueblo judío en Palestina», añadiendo que no se haría nada «que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no-judías que existen en Palestina». A la hora de la verdad, sin embargo, no se respetaron las limitaciones a la inmigración judía, que atrajo oleadas de nuevos pobladores que llegaban con la idea de que tenían derecho al territorio entero del Israel bíblico, que Dios había dado al pueblo elegido, y consideraban que allí no había una población nativa que hubiese que respetar. Pensaban, como Golda Meir (nacida Golda Mabovitch), que «No había palestinos… No existían».

En 1936 los palestinos iniciaron una huelga general, que se convirtió posteriormente en revuelta, para frenar la inmigración ilegal de judíos, que se estaba produciendo ante la impotencia de los británicos. Una inmigración en que el Haganah, la organización militar que se convertiría más adelante en el ejército o Fuerza de Defensa de Israel, llegó a colaborar con Eichmann en la marcha pacífica de Austria de 50 000 judíos e inició unas negociaciones con los nazis, que acabaron cuando los judíos empezaron a acumularse por cientos de miles en Polonia y hubo que idear alguna forma efectiva de deshacerse de ellos, teniendo en cuenta que los aliados se negaban a recibirlos.

La protesta de los palestinos por la invasión ilegal de inmigrantes israelíes era, como diría David Ben Gurión (nacido David Grün), fruto de su resistencia «ante lo que ven como usurpación de su patria por los judíos». Jenin (o Yenin), la ciudad mártir de 2002, fue ya entonces víctima de la violencia. Tras una serie de enfrentamientos en que hubo soldados y policías británicos muertos, las autoridades decidieron que una gran parte de la población debía ser dinamitada. El 25 de agosto de 1938 una patrulla de demolición se dirigió a Jenin, ordenó a la población que abandonase el pueblo y destruyó una cuarta parte de sus casas.

El terrorismo judío, protagonizado sobre todo por el Irgun Zvai Leumi (Organización Militar Nacional) y por el Lehi, conocido también como Stern Gang, preparaba la limpieza étnica de la tierra que los judíos aspiraban a controlar.[82] Poco antes de la destrucción de Jenin, dos bombas judías explotaron en un mercado árabe del centro de Haifa y mataron a 74 árabes; en 1938 murieron en el territorio 77 británicos, 255 judíos y 503 civiles árabes. Desde 1939 el terrorismo judío cobró nueva intensidad, con tiroteos contra civiles árabes, bombas y, sobre todo, con la voladura del hotel Rey David de Jerusalén, sede de la administración civil y militar británicas en Palestina, el 22 de julio de 1946: una operación que causó 91 muertos (británicos, árabes y judíos), que fue denunciada por Churchill como un crimen —«uno de los más miserables y cobardes registrados en la historia»—, y que convirtió al jefe del Irgun, Menachem Begin (nacido Zeev Dov), en un héroe de la resistencia judía, que más adelante proclamaría con orgullo que ellos eran los inventores de la guerrilla urbana. Sin embargo, los británicos replicaron moderadamente ante el terrorismo israelí, a diferencia de la brutalidad con que habían respondido al de los palestinos en años anteriores.

En 1947, ante la intransigencia de los judíos, que boicotearon el plan inicial de un estado palestino en que convivieran árabes y judíos, las Naciones Unidas aprobaron, el 29 de noviembre, la resolución 181, un plan de división entre dos estados, que dejaba Jerusalén y Belén bajo la tutela de las Naciones Unidas. Una partición, inspirada por los sionistas y apoyada por los Estados Unidos (que forzaron el voto favorable de los países de América Latina y de Francia) y por la Unión Soviética, que los palestinos rechazaron, porque daba a los judíos, que eran el 33 por ciento de la población y poseían tan solo un 6 por ciento de la tierra, un 56 por ciento de un territorio en el que vivían 438 000 palestinos, mientras para los palestinos quedaba un 42 por ciento de la tierra, incluyendo la menos fértil, y se establecía un enclave internacional de Jerusalén, compartido por 200 000 palestinos e israelíes a partes iguales.

Truman, que tenía entre sus amigos a apasionados sionistas, había dado pleno apoyo a la inmigración judía en Palestina y en lo relativo a la partición decidió, sin hacer caso de los consejos de sus diplomáticos, favorecer en lo posible a los judíos, escudándose en que necesitaba su apoyo en las elecciones: «Lo siento, caballeros —había dicho a quienes le aconsejaban prudencia— pero he de atender a cientos de miles que ansían el triunfo de los sionistas; no tengo a centenares de miles de árabes entre mis votantes».

A la publicación de la resolución de las Naciones Unidas que fijaba la partición siguieron seis meses de guerra civil en que los palestinos solo contaron con la ayuda de voluntarios de diversos países árabes, mal armados y sin apoyo de sus gobiernos, que se vieron superados por las fuerzas mejor organizadas y armadas de los judíos. Estos, mientras tanto, de acuerdo con la idea de Ben Gurión de que las fronteras de Israel las determinaría la fuerza y no la resolución de las Naciones Unidas, prepararon desde este mismo momento un plan de violencia en gran escala para expulsar a los palestinos del territorio del que pensaban apoderarse.

El 29 de febrero de 1948 se habían dado instrucciones a los mandos militares judíos, en el llamado Plan Dalet, para «la ocupación de aldeas, pueblos y ciudades árabes y, donde fuese necesario, la expulsión de sus habitantes». Las organizaciones sionistas se apresuraron a ocupar las ciudades y a expulsar a los palestinos de las zonas rurales. El 9 de abril de 1948, un mes antes de la proclamación de la independencia, el Stern Gang y el Irgun hicieron una incursión en Deir Yasin, una población con cuatrocientos habitantes árabes. Según la declaración del delegado principal de la Cruz Roja, que visitó la población dos días más tarde, «unos cincuenta escaparon y estaban aún con vida; todo el resto fue deliberadamente asesinado a sangre fría, porque, como pude observar por mí mismo, la banda estaba admirablemente disciplinada y actuaba de acuerdo con órdenes». Entre los muertos había ancianos de más de 90 años y treinta niños, asesinados despiadadamente. La matanza fue aireada para aterrorizar al resto de los árabes. Se emprendían al propio tiempo operaciones en ciudades como Tiberias y Haifa, que estaban en el área concedida a los israelíes, con el fin de obligar a marchar a los árabes que vivían en ellas, en medio de la indiferencia de los funcionarios británicos y de las Naciones Unidas que permanecían aún allí.

Mientras tanto el rey Abdullah de Transjordania había llegado ya a un acuerdo con los israelíes para anexionarse la orilla occidental del Jordán, la única parte del territorio destinado a la creación de un estado palestino que los israelíes renunciaban por el momento a ocupar. Esta alianza les fue comunicada a los británicos, que controlaban de hecho las fuerzas armadas de la Legión Árabe de Transjordania, al mando de John Bagot Glubb, conocido como «Glubb Pacha», y recibió su aprobación. En la guerra que iba a iniciarse los jordanos se limitarían a ocupar el territorio que habían negociado y solo combatirían para evitar que los israelíes les arrebatasen lo que les habían concedido y, sobre todo, para conservar una parte de Jerusalén, donde estaban los santuarios musulmanes.

Los británicos —que no querían enfrentarse ni a Truman, que apoyaba la partición, ni a los países árabes, sus proveedores de petróleo, que la rechazaban— pusieron fin al mandato el 15 de mayo de 1948. El día antes, el 14 de mayo de 1948, Ben Gurión proclamó la independencia del estado de Israel y su soberanía sobre todos los territorios de Palestina, sin hacer caso de las particiones; a los 11 minutos de esta proclamación Truman se apresuraba a reconocer al nuevo estado, anticipándose a sus diplomáticos, que preferían una tutela de las Naciones Unidas, y contra la opinión de la mayoría de los miembros del Departamento de Defensa, partidarios de dar apoyo a los árabes. Los norteamericanos, escribía sir John Troutbeck al ministro de Exteriores británico, Ernest Bevin, eran responsables de la creación de un estado gangsteril judío dirigido «por un conjunto de líderes carentes de todo escrúpulo».

Al día siguiente, 15 de mayo, cinco países árabes enviaban sus tropas en apoyo de los palestinos, en momentos en que un tercio de los que habitaban en las zonas de que se habían adueñado los judíos habían huido ya de sus hogares y sus tierras. Fue gracias al apoyo decidido de Stalin que los israelíes pudieron enfrentarse a sus enemigos árabes y vencerlos: las fuerzas israelíes resultaron muy superiores en número de combatientes a las de sus contrincantes, y estaban mejor equipadas, gracias a las armas proporcionadas por los soviéticos,[83] a través de Checoslovaquia, en momentos en que tanto los Estados Unidos como Gran Bretaña mantenían un embargo de armas en la zona.

A lo que hay que añadir además el escaso empeño real puesto en el conflicto por los países árabes. El más importante de los ejércitos implicados, el de Transjordania, no pretendía más que asegurarse su parte de los despojos; los egipcios enviaron 10 000 voluntarios mal preparados, incluyendo a miembros de la Hermandad Musulmana a los que se sacó de las cárceles para deshacerse de ellos en el combate; los sirios, que temían que Abdullah aspirase a incorporar Siria a su reino, proporcionaron pocos hombres; los libaneses, que tenían un pequeño ejército de 3500 hombres mal armados, se contentaron con quedarse en su frontera y los iraquíes, enviados por un monarca hachemita emparentado con Abdullah, tenían órdenes de actuar de acuerdo con las directrices del soberano de Transjordania.

Mientras tanto, los israelíes creaban un ejército centralizado (Fuerza de Defensa de Israel), integrando en él los grupos terroristas ya existentes, a la vez que proseguían la limpieza étnica de su territorio, con masacres y destrucciones llevadas a cabo de manera despiadada. Los combates se interrumpieron en dos ocasiones como consecuencia de las negociaciones de las Naciones Unidas, que habían enviado al conde Folke Bernadotte para resolver la crisis, pero este fue asesinado el 17 de septiembre por terroristas del Lehi y los combates se reanudaron a mediados de octubre, con una clara superioridad de los israelíes.

La guerra de 1948, que los palestinos conocen como al-Naqba, «el Desastre», acabó con una serie de armisticios firmados entre febrero y julio de 1949, que dieron a Egipto un enclave en Gaza y a Transjordania una parte considerable de los territorios de la orilla occidental (fue precisamente la absorción de los territorios palestinos lo que motivó que cambiase su nombre en 1950 por el de Jordania), mientras Israel se incorporaba todo el resto de lo que debió haber sido el estado palestino. La paz, que había de establecerse en las conversaciones iniciadas en Lausanne a fines de abril de 1949, y en la que los palestinos no estaban presentes, no llegó a firmarse, ante la negativa de los israelíes a aceptar ninguna concesión, y muy en especial el retorno de los 750 000 palestinos obligados a abandonar sus casas y sus tierras por la violencia de la limpieza étnica. En los cincuenta años siguientes Israel acogió a 5 millones de inmigrantes en un estado en armas, con el más alto porcentaje de gasto militar del mundo, que pudo subsistir económicamente gracias a las ayudas de todo tipo de los Estados Unidos: las mayores que cualquier país haya recibido de otro a lo largo de la historia.

Comenzó también ahora la tragedia del pueblo palestino, marginado por sus supuestos protectores árabes, que estaban dispuestos a hacer la guerra, sin mucho empeño, contra Israel, pero no a favor de la creación de un estado autóctono. Si ya fue lamentable que la independencia de Israel se produjera sin que tuviese en frente el rudimento de un estado palestino, todavía lo fue más que los países árabes obstaculizaran posteriormente que fuesen los propios palestinos quienes tomaran las riendas de su destino, algo que solo pudieron hacer tras el fracaso de 1967, con veinte años de retraso, cuando Israel no solo se había consolidado como una potencia militar, sino que ocupaba toda la tierra en que hubiera podido crearse el nuevo estado.

La derrota ante Israel fue el motor de una serie de cambios en los países árabes. El malestar engendrado por este fracaso estuvo en la base de toda una serie de manifestaciones de violencia contra los viejos dirigentes: en diciembre de 1948 fue asesinado el primer ministro egipcio Nuqrashi y en 1951 lo fueron el antiguo primer ministro libanés al-Sulh y el rey Abdullah de Jordania. Más importante fue aun el hecho de que la iniciativa política pasase de las viejas élites que la habían dirigido hasta entonces a una generación de jóvenes oficiales del ejército, generalmente de origen rural, que eran más sensibles a las necesidades de la población y aportaban ideas nuevas de nacionalismo árabe. En Siria un golpe de estado militar auspiciado por la CIA dio el poder en marzo de 1949 a Husni Zaim, quien trató de negociar en secreto un acuerdo de paz con Israel, con propuestas como la de establecer 300 000 refugiados palestinos en Siria, en un proceso de colonización financiado con ayuda norteamericana. Pese a los esfuerzos de Truman y del mediador de las Naciones Unidas, Ralph Bunche, Ben Gurión rechazó esta primera propuesta de paz realizada por un país árabe y se negó incluso a reunirse con el dirigente sirio para discutir su oferta. Zaim fue derrocado y asesinado por un nuevo golpe de estado militar el 8 de julio de 1949.

En Egipto, donde el gobierno del Wafd trataba de conseguir la derogación del Tratado angloegipcio para acceder a la plena independencia —algo a que los británicos se negaban, para no ver desalojadas sus tropas y perder el control del canal de Suez— una manifestación popular contra los ingleses acabó en El Cairo en la violencia del «sábado negro» (25-26 de enero de 1952) en que se dio muerte a diecisiete extranjeros y se prendió fuego a los barrios más ricos de la capital. El rey Faruk destituyó al gobierno y disolvió el Parlamento, mientras una organización de «oficiales libres», formada por comandantes y tenientes coroneles jóvenes y dirigida por Gamal Abdel Nasser, se preparaba para acabar con el corrupto gobierno monárquico. Un golpe incruento les permitió adueñarse del poder el 23 de julio de 1952, dirigidos por el general Mohammed Naguib, y procedieron inmediatamente a realizar una reforma agraria sobre la base de la confiscación de las tierras de la corona y de la aristocracia latifundista que había dominado hasta entonces la vida de Egipto.

En enero de 1953 se suprimieron los partidos, el 10 de febrero Naguib asumió poderes dictatoriales, al frente de un Consejo de la revolución, y en junio se abolió definitivamente la monarquía y se proclamó una república de la que era a la vez presidente y primer ministro. Mientras tanto Nasser negociaba con los británicos para asegurar la salida de sus tropas en un plazo de dos años.

Los «oficiales libres» debían enfrentarse además a otros grupos de oposición, el más importante de los cuales era la Hermandad Musulmana, fundada en 1928 para luchar contra la occidentalización de Egipto, cuyas ideas fueron definidas sobre todo por Sayyid Qutb, quien sostenía que la humanidad estaba en medio de una crisis causada por la falta de un sistema de valores que pudiese permitirla vivir en paz. Como la democracia individualista de Occidente había conducido a un mundo de injusticia social y colonialismo, y el marxismo se había apartado de sus principios originarios para convertirse en un sistema de opresión, la solución estaba en un retorno al islam, que requería, sin embargo, «que la comunidad musulmana sea restaurada en su forma original», algo que resultaba tan incompatible con las monarquías reaccionarias como con las dictaduras laicas, al estilo de la de los militares egipcios.

El temor a que los miembros de la Hermandad estuviesen preparando un movimiento revolucionario —lo que hacían, desde un centro instalado en Suiza con la ayuda de la CIA, era planear el asesinato de Nasser— explica la feroz persecución que sufrieron a manos de los militares. El 26 de octubre de 1954 un miembro de la Hermandad fracasó en su intento de asesinar a Nasser y este aprovechó la emoción suscitada para perseguir a los islamistas (Qutb fue torturado y ejecutado en 1966) y para, a la vez, deshacerse de Naguib, que fue destituido y confinado en un arresto domiciliario para los próximos veinte años.

Nasser iba a ser el nuevo presidente de un Egipto con una estructura institucional modelada al servicio de su poder personal (entre 1953 y 1964 el país tuvo cinco constituciones diferentes y un partido oficial, la Unión nacional, convertida en 1962 en Unión socialista árabe, y disuelta en 1970) a la vez que se convertía en el político nacionalista más influyente del mundo árabe. El primer objetivo de su lucha sería, a partir de ahora, el de conseguir un crecimiento económico por la vía de la expansión de la agricultura y el fomento de la industrialización. Un proyecto que tenía una de sus bases en la construcción de una gran presa en el Nilo, en Asuán, que se esperaba que permitiría transformar la economía del país.

El apogeo del nacionalismo árabe se produciría en los próximos años, con la independencia de Marruecos y Túnez en 1956, la unión de Siria y Egipto en una República Árabe Unida en 1958, seguida poco después por el derrocamiento de la monarquía de Irak por un grupo de «oficiales libres» y por la conquista de la independencia de Argelia en 1962, tras una larga y sangrienta guerra contra Francia.

4

UNA COEXISTENCIA ARMADA (1953-1960)

LA MUERTE DE STALIN

En los primeros meses de 1953 hubo dos cambios fundamentales en la política mundial: Eisenhower sucedió en enero a Truman en la presidencia de los Estados Unidos, y Stalin falleció a comienzos de marzo. Esto último, sobre todo, iba a tener grandes consecuencias, porque llegaba en momentos en que el bloque soviético estaba al borde de una crisis, tanto política como económica.

Stalin había salido de los duros años de la guerra cansado y envejecido. Pasaba largos períodos de vacaciones lejos de Moscú y dejaba en manos de los organismos de la administración y del partido las tareas de reconstrucción y de gestión cotidiana de la economía. No tuvo, por ejemplo, una participación personal destacada en el 19 congreso del partido, que se celebró en octubre de 1952. Un congreso que fijó el nombre de Partido Comunista de la Unión Soviética (ya no se necesitaba especificar «bolchevique»), abolió el cargo de secretario general, reemplazado por una serie de primeros secretarios (Jrushchov iba a ser uno de ellos) y sustituyó el Politburó, que era el órgano que decidía entre las reuniones del Comité Central, por el Presidium, un organismo más amplio (estaba compuesto por treinta y tres miembros, que representaban a las direcciones tanto del gobierno como del partido), en un esfuerzo por rejuvenecer la dirección, lo que no anunciaba nada bueno para una parte de los dirigentes, a los que consideraba demasiado viejos.

La escalada del rearme de la guerra fría, iniciada por los norteamericanos, había obligado a los soviéticos a privilegiar de nuevo el gasto militar y la inversión en la industria pesada, a costa de aumentar los impuestos y de marginar la inversión en la agricultura, que había de sufrir también el peso creciente de las entregas forzosas al estado (en 1948 se deportó a 23 000 campesinos por no haber aportado el trabajo a que estaban obligados en sus explotaciones colectivas), lo que llevó a una disminución de la producción agrícola y ganadera, y condujo a graves situaciones de escasez de alimentos.

Aislado del mundo que le rodeaba y enfermo, Stalin acabó alejándose tanto de la realidad que era incapaz de entender lo que sucedía en su propio país, y no aceptaba las propuestas de reforma de los miembros de su entorno, como lo muestra lo que Jrushchov contó en 1956:

Una vez le dije a Stalin:

—Camarada Stalin, tenemos una crisis en la agricultura.

Él replicó:

—¿Qué quiere decir esto de una crisis?

Respondo:

—Una crisis, no hay leche… no hay ni carne ni leche.

—Eso no es correcto —me dice, e inmediatamente se pone a la defensiva a causa de esta palabra. (…) Le preguntó a Malenkov:

—¿Producimos más o menos carne que antes?

—Más.

Yo dije:

—También yo digo que más.

—¿Más leche?

—Más.

—Bien, la población ha aumentado también. Los salarios han subido. La capacidad de compra ha aumentado.

—Si es así, decidlo de este modo.

No podíamos decirle estas cosas. Pero ¿qué clase de socialismo es aquel en que una persona no puede beber un vaso más de leche? (…)

Stalin dijo que había que formar un comité para estudiar esta cuestión. (…) Empleamos un montón de tiempo, no porque no entendiéramos el problema, sino porque no sabíamos cómo sugerirlo, cómo plantearlo. En consecuencia debíamos disfrazarlo de forma que no pareciese que teníamos razón, y algo se ganó de este modo. Stalin lo leyó:

—Así, —dijo—, [los campesinos] han de dar muchos miles de millones. —Algo así como seis o siete mil millones.

—Es un juego de niños, solo los enemigos miran la cuestión desde este punto de vista. No saben cómo viven los campesinos… —dice Stalin—. Con una gallina —dice— que venda el campesino paga todas sus obligaciones, con una sola gallina.

¿Cómo podía decir tal cosa, cuando no había visto un campesino vivo por lo menos desde hacía treinta años? Stalin, que vivía apartado en su dacha, y que desde su dacha no podía ver nada, porque estaba rodeada de árboles y de guardias. Ni con prismáticos podríais ver desde allí una persona viva, a excepción de los guardias (…).

En lugar de aceptar nuestras sugerencias, Stalin dice:

—No, yo propondré mis propias ideas.

Una vez tuvimos esta propuesta, examinamos la cuestión y fijamos un aumento de los impuestos sobre los campesinos en cuarenta millares de millones de rublos. ¡Dios mío! Me fui entonces y le dije a Mikoyan:

—La única esperanza de salvación es que los campesinos se subleven. Porque no hay otra salida. Porque venden todo lo que producen para pagar las obligaciones, sus obligaciones. No tienen este dinero. ¿De donde podrán sacarlo?

Y empezamos a buscar. Pero ¿qué había que buscar? (…) La cosa acabó con la muerte de Stalin. De modo que quemamos el documento. Pero justo antes de su muerte este documento existía. Y si no hubiese muerto, no sé cómo habría acabado la cuestión. Posiblemente habría acabado con más encarcelamientos. Porque Stalin nos decía:

—Hay populistas y socialistas revolucionarios, —queriendo decir «enemigos».[84]

Como sugieren estas últimas palabras, había una inquietante incertidumbre en el entorno de Stalin, agravada por el inicio de una nueva purga, tanto entre los dirigentes de la Europa del este (Rudolf Slánský y otros políticos checoslovacos fueron ejecutados en diciembre de 1952) como entre los soviéticos. Porque, si bien las cifras de la represión de estos años son mucho menores que las del terror de los treinta —de 790 700 personas condenadas en la URSS por crímenes políticos en 1937 se había pasado a 28 000 en 1952—, la que se practicaba ahora era selectiva y estaba orientada sobre todo contra los dirigentes del estado y del partido.

Hemos hablado ya de la persecución y condena de los altos funcionarios de Leningrado, encarcelados o ejecutados entre 1948 y 1950. En Estonia y en Georgia hubo purgas de dirigentes, acusados de nacionalismo burgués y de corrupción. Más grave fue todavía la campaña contra los judíos, que se iniciaba al mismo tiempo que Stalin rompía las relaciones con Israel. Acusados de «cosmopolitismo» y sionismo, comenzaron a ser eliminados de los cargos políticos o administrativos, a lo que siguió la condena y ejecución de miembros del Comité Antifascista Judío, en 1952, y el infame proceso por la «conjura de los médicos judíos», acusados de haber pretendido envenenar a altos dirigentes soviéticos. Esta campaña antisemita amenazaba a Molotov (a quien Stalin había obligado a divorciarse de su esposa judía), a Kaganovich, que era judío, a Voroshilov, casado con una judía, y a otros muchos. Beria, por su parte, estaba también amenazado por la campaña que Stalin pensaba emprender contra el excesivo predominio que los mingrelios, un grupo étnico al que pertenecía Beria, tenían en el gobierno de su Georgia natal.

Estos temores permiten entender que un grupo de altos dirigentes, convencidos de que Stalin estaba preparando el exterminio del Comité Central, planeasen acortar su vida. Conociendo los achaques que sufría y la medicación que le recetaban sus médicos, proyectaron aumentar la dosis de un anticoagulante que tomaba, para favorecer la pronta aparición de un nuevo ataque cerebral, como los que ya había sufrido. Así debió pensarlo, y tal vez pudo hacerlo, Beria, que presumiría más adelante ante Molotov de haber «eliminado» a Stalin.

El sábado 28 de febrero de 1953 Stalin había pasado la velada con su círculo íntimo —que en estos momentos estaba integrado por Beria, Malenkov, Jrushchov y Bulganin—, como solía hacer desde que se había distanciado de su hija Svetlana. Las noches solían comenzar con la proyección en el Kremlin de una película, con frecuencia una norteamericana «del oeste» o de gángsters, procedentes en buena medida de la filmoteca de Goebbels, que el ministro de Cinematografía iba interpretando de viva voz, traduciendo «de una variedad de idiomas que no conocía». Marchaban después a comer, beber y charlar hasta la madrugada en la dacha que Stalin se había hecho construir en Kuntsevo, cerca de Moscú: un complejo al que había trasladado buena parte de su biblioteca, y donde vivía y trabajaba la mayor parte del tiempo.

Esta noche, en que Stalin se había mostrado de muy buen humor, hablando con sus lugartenientes de cómo iba evolucionando la investigación sobre los médicos judíos, la reunión concluyó a las cuatro de la madrugada. En la mañana del domingo primero de marzo no se levantó; no fue hasta las seis de la tarde que se encendió la luz de su habitación, tranquilizando con ello a guardias y criados, que volvieron a inquietarse al ver que pasaban las horas sin que apareciese. A las diez y media de la noche uno de los miembros de la guardia decidió entrar y lo encontró tirado en el suelo, mojado en sus propios orines, moviendo débilmente la mano e incapaz de hablar. Al parecer había tenido una hemorragia cerebral al levantarse: su reloj de pulsera se había parado a las seis y media. Lo pusieron en un sofá y avisaron a sus superiores. Pese a la gravedad de la situación, Beria y Malenkov no acudieron hasta las tres de la madrugada del lunes 2 de marzo, y Beria se limitó a decirles a los guardias que Stalin estaba durmiendo tranquilamente, que le dejasen en paz y no informasen a nadie de la situación; tras lo cual volvió a marchar con Malenkov. Jrushchov y Bulganin, por su parte, se limitaron a hablar con el jefe de la guardia, sin ni siquiera entrar.

Las horas pasaron sin que se enviase a un médico y sin que los cuatro dirigentes que estaban al corriente de la situación se molestasen siquiera en telefonear para conocer el estado del enfermo. Ante la insistencia de los guardias, que no deseaban asumir la responsabilidad por la muerte de Stalin, los médicos llegaron a las siete de la mañana, cuando habían transcurrido más de doce horas desde el ataque. Era un equipo nuevo, que no le había atendido anteriormente, ya que los médicos que le trataban habitualmente estaban ahora en la cárcel, esperando su próximo juicio y ejecución. Estaban además intimidados y tenían grandes dificultades para proceder, puesto que cada medida que quisieran adoptar debía ser previamente aprobada por los miembros de la dirección del partido que estuviesen presentes.

Stalin permaneció así hasta la noche del día 5 de marzo, la mayor parte del tiempo en estado de coma, con dos de los dirigentes siempre a su lado. Mientras agonizaba, estos negociaban ya el reparto del poder, aparentemente en armonía. Aun estaba vivo cuando, en la tarde del día 5, comenzaron la destrucción de los documentos que Stalin guardaba en el Kremlin, que les implicaban a todos, y convocaron una reunión de unos trescientos funcionarios del estado y del partido en que Beria, hablando en nombre del Presidium, propuso a Malenkov como jefe del gobierno, lo que fue aprobado por aclamación, y este presentó un plan de reorganización, con cuatro vicepresidentes (Beria, Molotov, Bulganin y Kaganovich), y con Beria al frente del aparato de seguridad, reuniendo los dos ministerios del Interior y de Seguridad del estado. Molotov volvía al Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras Jrushchov, que quedaba fuera del gobierno, pasaría posteriormente a integrarse en un secretariado colectivo del Comité Central del partido y asumiría de hecho las funciones de secretario general. Después de lo cual regresaron a Kuntsevo para ver el final de Stalin, que se produjo poco antes de las diez de la noche, en presencia de sus dos hijos, Svetlana y Vasili, un alcohólico que acusaba a los nuevos dirigentes de haber matado a su padre.

Mientras se organizaban los solemnes funerales de Stalin y se colocaba su cadáver embalsamado en el mausoleo, junto al de Lenin (hubo que vestirle con su viejo uniforme militar, lavado y reparado, porque no tenía un traje mejor), sus sucesores concluyeron la destrucción de la documentación y de los ficheros que habían iniciado en el Kremlin, para lo cual vaciaron la dacha por completo, llevándose los muebles con su contenido.

LOS HEREDEROS DEL IMPERIO

En el reparto del poder estaba claro que el primer lugar le había correspondido a Beria, que aspiraba a ser el sucesor único y que empezó inmediatamente una carrera de actividades reformistas, con pleno apoyo de Malenkov, pero con la oposición, en cuanto a la política internacional, de Molotov.

Uno de los primeros actos realizados por los nuevos gobernantes, apenas finalizado el funeral de Stalin, fue el comienzo de la liquidación del aparato represivo (Polina, la esposa judía de Molotov, liberada el mismo día del funeral de Stalin, fue probablmente la primera beneficiaria de este proceso). Había en aquellos momentos en el gulag algo más de 2,5 millones de presos, a los que habría que añadir 3 millones de desplazados forzosos, sin contar las formas de exclusión represiva que sufrían otros que habían quedado en libertad y los parientes de estos «enemigos del pueblo». Todo comenzó con una amnistía, el 27 de marzo de 1953, aplicada a los presos con condenas de hasta cinco años (se liberó a un millón y medio de presos en tres meses, lo que representaba el 60 por ciento de la población del gulag). Los objetivos eran restaurar el principio de la «legalidad socialista», esto es la seguridad de que nadie fuese encarcelado sin un proceso, a la vez que liquidar el sistema de trabajo forzado a causa de su ineficacia económica, puesto que estaba claro que sus costes de producción eran superiores a los que se alcanzaban con trabajadores libres. Esta primera amnistía sería seguida por otras, en 1954 y 1955, que dejaron en 1960 el gulag reducido a 550 882 presos, una quinta parte de las cifras iniciales.

Uno de los problemas de este proceso era que tan solo un 22 por ciento de los reclusos del gulag habían sido condenados por «delitos contrarrevolucionarios», y que la liberación con ellos de un gran número de presos comunes, agravada por el hecho de que no se habían previsto medidas para integrarlos, produjo un gran aumento de los robos, especialmente en Moscú, a lo que Beria replicó trayendo fuerzas de policía a la capital, ante la desconfianza de sus compañeros, que temían que pensase utilizarlas contra ellos.

En política internacional hubo un cambio fundamental, inspirado por Beria, que quería adoptar iniciativas pragmáticas de distensión: acabar la guerra de Corea, liquidar con negociaciones los problemas de Irán, Austria y Turquía, y hacer las paces con Tito. Esto habría de servir para disminuir los costes de la tutela de los satélites y, en especial, los de mantener el gobierno de la Alemania del este. El plan preveía un estado alemán reunificado con un gobierno de coalición, con las cuatro potencias participando por igual en la unificación («Lo que necesitamos —habría dicho— es una Alemania pacífica; que sea o no socialista no es importante para nosotros»). La contrapartida era económica, ya que incluía aumentar las reparaciones alemanas a la Unión Soviética y negociar un programa de reconstrucción financiado por Occidente.

Un documento de 28 de abril de 1953 planteaba la política del «nuevo curso» que se quería implantar en los países de la órbita soviética. A mediados de junio los dirigentes del Kremlin se reunían con Mátyás Rákosi, el dirigente del partido y del estado de Hungría, para criticar la política represiva que practicaba y su fracaso económico, fruto en parte del coste de la represión. Había que hacer marcha atrás para ganarse a la población. Pero el agravamiento de la situación de la Alemania oriental no dio tiempo a poner la nueva política en práctica.

En julio de 1952 los dirigentes del SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) alemán habían iniciado, por orden de Stalin, un plan de «construcción del socialismo» que implicaba mayores exigencias de trabajo y la colectivización de la agricultura. La consecuencia fue que en los cuatro primeros meses del año huyeran al oeste más de 120 000 personas, a lo que Ulbricht reaccionó diciendo: «Seremos más puros cuando el enemigo de clase haya marchado». Las cosas se agravaron todavía porque, a la muerte de Stalin, mientras el vacío de poder en Moscú creaba inseguridad en los dirigentes de la Europa del este, Walter Ulbricht, el máximo dirigente del SED, apostó por el triunfo de las fuerzas más duras y, para ganar el favor de los nuevos dirigentes, aceleró la política de la marcha hacia el socialismo. El 5 de mayo anunciaba que la DDR «había entrado en una nueva etapa de la dictadura del proletariado», lo cual significaba más impuestos y condiciones económicas más duras —un aumento del 10 por ciento en las cuotas de producción de las fábricas, a la vez que una considerable subida de los precios de los alimentos básicos—, que arruinaron a las pequeñas empresas, provocaron la resistencia de los campesinos y sublevaron a los trabajadores industriales.

Los nuevos dirigentes soviéticos se mostraron críticos con las decisiones de Ulbricht, le obligaron a definir una política más liberal, con abandono de la colectivización forzada de la tierra, y destinaron a la DDR algunas ayudas económicas, aunque menos de las que se necesitaban. Esta rectificación llegaba tarde. Lo primero que exigían los trabajadores era la rebaja de las tareas que se les imponían; el partido rechazó inicialmente esta petición, hasta que una gran huelga le forzó a echarse atrás. Pero los trabajadores, que no se fiaban, decidieron seguir adelante con sus protestas. La revuelta se inició el 16 de junio de 1953 en el Berlín Oriental y se extendió al resto de la DDR, jaleada por la propaganda de Occidente, aunque sus gobiernos no tenían intención alguna de actuar en su favor. La URSS intervino con sus fuerzas militares estacionadas en Alemania y aplastó el movimiento rápidamente.

El fracaso de la política promovida por Beria, y la reprobación de su propuesta de consentir en la unificación de una Alemania burguesa, que podía convertirse de nuevo en una potencia enemiga de la Unión Soviética, sirvió de pretexto para legitimar su detención y proceso, aunque la causa real de su caída fuese el miedo que los demás dirigentes sentían por un hombre que estaba dando muestras de ambicionar el mando personal y que tenía a su disposición todo el poder represivo del estado. De hecho uno de los mayores errores de Beria fue el de menospreciar el poder del partido y arrebatar funciones al Comité Central, lo que iba a poner en su contra a toda la red de funcionarios que veían amenazadas sus prerrogativas.

Fue precisamente su posición privilegiada en el partido la que le permitió a Jrushchov organizar esta conjura, aprovechando los días en que Beria se encontraba en Alemania para intervenir en la represión del movimiento del 16 de junio. Los dirigentes soviéticos, puestos de acuerdo, convocaron a Beria el 26 de junio a una reunión del Presidium, en la que, al comienzo y de forma imprevista, se propuso discutir «la cuestión de Beria», con el fin de acusarle de querer conquistar una posición dominante, destituirle y detenerle. Un grupo de hombres armados que Jrushchov había reunido por su cuenta en una sala cercana, le detuvo y lo encerró durante la noche en la guarnición, antes de sacarlo en secreto, sin que lo advirtiese la guardia del Kremlin, que estaba a las órdenes de Beria.

El 2 de julio se convocó una reunión plenaria del Comité Central para discutir las «criminales actividades antipartido y antigobierno» de Beria, cuyo mayor crimen habría sido la pretensión de minimizar la autoridad del partido, por una ambición de poder personal que solo podía realizarse acabando con la dirección colectiva ejercida a través del Comité Central. Ello le habría conducido, según diría Sergei Kruglov, el nuevo jefe de los servicios de seguridad, a colocar en torno suyo a gentes leales a su persona, como Mairanovsky, un científico que experimentaba venenos en seres humanos. Beria reconoció que sabía de estos experimentos y en su acusación se dijo que él y sus hombres «habían ejecutado como terroristas» a personas que podían inculparles. El 23 de diciembre se le condenó a morir ejecutado en unión de cinco colaboradores suyos: murió de un tiro en la nuca disparado por el general Batitsky, tras lo cual otros cinco oficiales le dispararon a su vez; en 1954 todos ellos fueron condecorados por este acto.

Jrushchov, que sería promovido al cargo de primer secretario del partido, inició ahora una batalla contra Malenkov, basada también en la defensa de la primacía del partido, una postura que le garantizaba el apoyo de toda la estructura de sus funcionarios, y en especial la de los secretarios regionales integrados en el Comité Central.

Mientras tanto Malenkov, en su función de jefe del gobierno, había tomado una serie de medidas para resolver los graves problemas de la agricultura y para rebajar las cargas que agobiaban a los campesinos, y anunciaba, en agosto de 1953, que «los Estados Unidos no tenían ya un monopolio en la producción de la bomba de hidrógeno».[85] Un informe de los científicos soviéticos sobre los efectos de las armas nucleares le sirvió además de base para un discurso, el 12 de marzo de 1954, en que sostenía que las negociaciones y la reducción de las tensiones eran la única alternativa a una guerra que, «dadas las armas modernas, significaría la destrucción de la civilización mundial».

Jrushchov, que contaba para ello con el apoyo de Molotov y de Kaganovich, atacó en público a Malenkov el 8 de febrero de 1955, acusándole de incompetencia en cuanto había hecho, en especial en lo referente a la agricultura, y de todo tipo de errores, como el de sostener que en una determinada etapa del socialismo dejaría de ser esencial el desarrollo de la industria pesada y debería darse preferencia a la producción de artículos de consumo, o como su visión de que una nueva guerra mundial podía acabar con la civilización, lo que contradecía la doctrina oficial sobre la victoria final del socialismo. Y le echó en cara además su asociación a Beria, lo que le hacía responsable de complicidad en sus crímenes. Malenkov aceptó las críticas y el Presidium le destituyó de su cargo de jefe del gobierno, rebajándolo a ministro de Electrificación, mientras su lugar era ocupado por Bulganin, un militar bebedor e inofensivo, al que el hijo de Beria califica como «un imbécil pretencioso e increíblemente ignorante». Jrushchov tomó además para sí el cargo de presidente del Presidium que había desempeñado hasta entonces Malenkov, lo que reforzaba considerablemente su poder.

El paso siguiente en su ascenso consistió en la neutralización de Molotov, que criticaba el giro apaciguador de la política exterior soviética. Se enfrentaron por primera vez entre febrero y abril de 1955 con motivo de las negociaciones para liquidar la ocupación militar de Austria, a las que se oponía Molotov. El siguiente choque se produjo a causa del acercamiento a Yugoslavia; Jrushchov viajó a Belgrado en mayo de 1955 para rectificar la condena de la época de Stalin y restablecer las relaciones entre ambos partidos (lo que podía traer como consecuencia la necesidad de revisar las condenas de los dirigentes de los países del este que habían sido acusados de «titismo»). En un pleno secreto del Comité Central de julio de 1955, en vísperas de la conferencia de Ginebra, Jrushchov informó de su viaje a Belgrado y denunció que el apartamiento de Yugoslavia y los procesos de los dirigentes del este habían sido errores cometidos por Beria y por sus aliados (no había llegado aún la hora de dirigir las críticas al propio Stalin). Molotov, que trató de oponerse a esta interpretación, fue criticado por todos y quedó seriamente debilitado, aunque conservó el cargo de ministro de Asuntos Exteriores hasta junio de 1956.

Se iniciaba una nueva época en que la política exterior soviética iba a caracterizarse por el intento de establecer una relación pacífica con «Occidente» y por el reforzamiento, al propio tiempo, de las relaciones con las «democracias populares» del este. En mayo de 1955 los ocho países europeos del área comunista firmaron el «Tratado de amistad, cooperación y defensa mutua», más conocido como pacto de Varsovia, que aparecía como una unión militar paralela y antagónica a la OTAN (legitimaba, por ejemplo, la presencia de tropas soviéticas en estos países, para contrarrestar el hecho de que la OTAN aseguraba la de tropas norteamericanas en la Europa occidental), y completaba de algún modo la relación establecida en 1949 por el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME, conocido también como COMECON).

Lo cual no implicaba renunciar a establecer, al propio tiempo, relaciones de cooperación pacífica con Occidente, abandonando la tesis estalinista de la inevitabilidad de la guerra mundial. Completando este giro en la política exterior, Jrushchov y Bulganin viajaron a la India, Birmania y Afganistán en diciembre de 1955, esforzándose en conocer mejor un mundo con el cual aspiraban a establecer relaciones amistosas.

En el interior de la URSS, Jrushchov había rebajado, en marzo de 1954, la policía política de su rango de ministerio al de un Comité de Seguridad del Estado (KGB), con la intención de poner la seguridad bajo el control del partido, a la vez que se depuraba a sus miembros y se destruía lo que quedaba de los archivos reunidos por Stalin y por Beria.

Encargó además estudios sobre el alcance real del terror entre 1921 y 1953, que fueron la base del informe que iba a leer el 25 de febrero de 1956, en el transcurso del vigésimo congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética: el llamado «discurso secreto», que denunciaba los crímenes de Stalin. Su redacción se fue completando en medio de las mayores discusiones internas entre quienes habían colaborado en la ejecución de estos crímenes y que, habiendo agotado el recurso de atribuir a Beria las responsabilidades por todos los errores y las muertes del pasado, se enfrentaban ahora al problema de justificar su propia conducta.

El informe, que representaba una extraña mezcla de reconocimiento de los méritos de Stalin y de denuncia implacable de sus crímenes, iba a leerse en una sesión final del congreso, a puerta cerrada, y se presentaba como destinado a condenar el culto a la personalidad y a defender la dirección colectiva de la política por el Comité Central. Aunque la versión impresa contenga acotaciones que hablan de grandes aplausos de los asistentes, la realidad es que su lectura parece haberse producido en medio de un silencio de estupefacción. No se publicó en la prensa, pero se procuró difundirlo, en una versión cuidadosamente corregida, entre millones de miembros del partido y de la organización juvenil del Komsomol, en lecturas públicas tras las cuales se prohibía la discusión abierta.

Sus efectos fueron devastadores, no solo en la URSS, sino en los países de la Europa del este con gobiernos nacidos en su mayor parte de la represión estalinista: Bierut, el primer secretario del partido polaco, que recibía atención médica en Moscú, murió como consecuencia de una crisis cardíaca, posiblemente agravada por la conmoción que debió experimentar; Rákosi, el dirigente húngaro, reaccionó de inmediato expresando la esperanza de que en unos meses se declararía traidor a Jrushchov y las cosas volverían al orden. Lejos de ocurrir así, los esfuerzos de los enemigos de Jrushchov por restaurar el viejo orden fracasaron, y fue Rákosi quien cayó como consecuencia de la crisis húngara, pocos meses después.

Parece indiscutible que el móvil fundamental de la campaña antiestalinista de Jrushchov fue su toma de conciencia del horror de unos crímenes en que él mismo se había visto envuelto. Los actos que siguieron al discurso secreto, como su apoyo a los liberados del gulag —algunos de los que habían vuelto a una militancia activa en el PCUS, aprobando el giro político de Jrushchov, abandonaron de nuevo el partido tras su caída—, la retirada del cadáver de Stalin del mausoleo que compartía con Lenin, su propósito, no realizado, de construir un monumento a las víctimas del terror, no solo no formaban parte de una estrategia de afirmación de su poder, sino que hay que contarlos entre las causas de su caída.

LA PRESIDENCIA DE EISENHOWER

En la primavera de 1952 el general Dwight D. «Ike» Eisenhower, que estaba al frente de la OTAN, decidió optar a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, con la idea de contrarrestar la campaña a favor del aislacionismo que propugnaba Robert Taft, una política que le parecía peligrosa en el contexto de la guerra fría. John Foster Dulles fue a verle a París, para plantearle su visión de una nueva línea política, que Eisenhower adoptó y profundizó, tras haber ganado unas elecciones que los republicanos basaron en la fórmula K-1 C-3 («Corea [Korea], comunismo, corrupción y controles»), y en que el joven candidato a la vicepresidencia, Richard Nixon, fue el encargado de realizar el trabajo sucio, haciéndose eco de las campañas que acusaban a Truman y a Acheson de ser complacientes con los comunistas, mientras McCarthy calumniaba al candidato demócrata Adlai Stevenson.

Eisenhower y Dulles eran de una edad semejante —sesenta y tres, y sesenta y cinco años, respectivamente— y coincidían tanto en su anticomunismo intransigente —Dulles estaba convencido de que el objetivo de los soviéticos era conquistar el mundo— como en su religiosidad, lo que contribuyó a que convirtieran la lucha contra la Unión Soviética en una guerra santa. Si Eisenhower aportaba la popularidad que le había dado su papel de jefe supremo en las grandes batallas contra la Alemania nazi, Dulles, que tenía una larga experiencia diplomática —había participado en las negociaciones del tratado de Versalles, acompañando a su tío, el secretario de Estado Robert Lansing— era seguramente quien elaboraba las ideas. Emmett Hughes, uno de los redactores de los discursos del presidente —autor del famoso «Iré a Corea» del discurso de 25 de octubre de 1952, que fue decisivo para que «Ike» consiguiera la elección— diría de Eisenhower que «como intelectual dedicó al golf y al bridge el entusiasmo y la perseverancia que negaba a los libros y a las ideas».

Su discurso de toma de posesión en enero de 1953 comenzaba con la afirmación de que «las fuerzas del bien y del mal están reunidas, armadas y enfrentadas como pocas veces antes en la historia», para seguir con una serie de consideraciones de base religiosa como elemento de movilización contra un enemigo «que no conoce otro dios que la fuerza».

La fe común en esta visión de la libertad, continuaba, unía a los norteamericanos a otros pueblos, pero también les unía la necesidad. «Pese a nuestra fuerza material, incluso nosotros necesitamos mercados en el resto del mundo para los excedentes de nuestras explotaciones agrícolas y de nuestras fábricas. Del mismo modo, necesitamos para estas mismas explotaciones y fábricas materias vitales y productos de tierras distantes. Esta ley básica de interdependencia, tan manifiesta en el comercio en la paz, se aplica con una intensidad mil veces mayor en caso de guerra. Por ello estamos persuadidos, tanto por creencia como por necesidad, de que la fuerza de todos los pueblos libres reside en la unidad; su riesgo, en la discordia. Para producir esta unidad, para enfrentarnos al desafío de nuestro tiempo, el destino ha asignado a nuestro país la responsabilidad de la dirección del mundo libre.» Religión, política y economía se asociaban para justificar tanto el liderazgo político estadounidense como la libertad de comercio y de empresa.

Eisenhower y Dulles opinaban que la política de defensa de Truman era errónea, puesto que, centrándose en la idea de prevenir un posible ataque de los soviéticos, o limitándose a responder a provocaciones concretas, como había sucedido en Corea, les había dejado campo libre para ir ganando, una tras otra, las batallas políticas. De seguir así, decía Dulles, «perderemos pedazo a pedazo el mundo libre y nos arruinaremos financieramente», asumiendo unos gastos militares excesivos. Ello exigía ordenar y rehacer el confuso esquema organizado por Truman, y disminuir los costes previstos por el NSC 68, que podían llegar a resultar insostenibles (se comenzó recortando en más de cinco mil millones de dólares el presupuesto de defensa de Truman para 1954).

Poco después de tomar posesión de la presidencia, Eisenhower y Dulles pusieron en marcha una evaluación de los daños que podían recibir los Estados Unidos en caso de un ataque directo de los soviéticos y organizaron el proyecto Solarium, que recibía el nombre del salón de la Casa Blanca en que se reunían, en virtud del cual se encargó a tres equipos de expertos, dirigidos respectivamente por George Kennan, por el general McCormack y por el almirante Connolly, que discutiesen tres opciones políticas distintas: al equipo A le correspondía la de proseguir con la política de contención aplicada desde 1948; al B, fijar unas líneas fronterizas que debían delimitar las zonas del mundo en que los Estados Unidos no tolerarían que los comunistas se hicieran con el poder, ni con una agresión externa ni con la subversión interna; al C, finalmente, diseñar una política más agresiva para provocar el rollback del imperio soviético y «liberar» a sus satélites, empleando la fuerza militar si fuera preciso.

Al presentarse los primeros resultados Eisenhower expresó su propia opinión, contraria a las posiciones belicistas. «La única cosa peor que perder una guerra global es ganarla, porque no habría libertades individuales después de la próxima guerra global», puesto que los Estados Unidos se habrían convertido entonces en un estado-guarnición. El pueblo norteamericano, por otra parte, había demostrado siempre su repugnancia por ocupar territorios conquistados: «¿Qué haríamos con Rusia, si venciésemos en una guerra global?». Su recomendación era que los tres equipos tratasen de unificar en lo posible sus visiones para hacer una propuesta común; algo que los equipos A y B pudieron intentar, pero que le resultaba imposible al C, que sostenía la línea extrema que los halcones mantendrían hasta el fin mismo de la guerra fría (e incluso más allá).

El resultado final de estas discusiones fue el documento NSC 162/2 que determinaba que los Estados Unidos mantendrían «una fuerte posición militar, con énfasis en la capacidad de infligir daños de represalia en masa», atacando si era preciso con armas nucleares, en una respuesta que no había de darse necesariamente en el lugar en que se produjera el ataque, sino que podía dirigirse al centro mismo de la Unión Soviética o de China.

La vertiente militar de esta política consistía en construir una fuerza de choque nuclear que pudiese disuadir a los soviéticos de emprender un ataque, sabiendo que serían objeto de una réplica demoledora. No se trataba de combatir localmente en las pequeñas guerras que los comunistas pudieran emprender, sino de mantener contra ellos la amenaza global de una réplica, de un ataque en masa. Dulles explicó en un artículo publicado en abril de 1954 que los Estados Unidos no responderían a agresiones comunistas como la de Corea contestando sobre el terreno con sus ejércitos, sino atacando directamente a la fuente de la agresión, en el bien entendido de que se daba por supuesto que todas las agresiones comunistas que pudieran producirse tenían su origen en Moscú.

Los dos colaboradores básicos de este proyecto fueron Allen Dulles y Curtis Le May. Allen Dulles, hermano del secretario de Estado, estuvo al frente de la CIA de 1953 a 1961 y dirigió desde este puesto tanto la política de propaganda como la de las acciones encubiertas. Le May, el hombre que había arrasado las ciudades japonesas con bombardeos salvajes, estaba al frente del SAC (Strategic Air Command), al que se encomendó la misión de crear una fuerza de bombarderos que pudieran alcanzar cualquier punto del planeta para descargar sobre él sus armas nucleares, lo que venía facilitado tanto por el gran número de bases de que los Estados Unidos disponían en los países amigos, como por las nuevas técnicas de aprovisionamiento de combustible en vuelo. Le May consiguió crear una fuerza numerosa y potente, que se erigió en el pilar básico del sistema de defensa de Eisenhower, y se encargó por su cuenta de ir desarrollando planes para un ataque total contra el mundo comunista, que acabaron conduciendo a la elaboración del SIOP (Single Integrated Operational Plan), al que me referiré más adelante. El problema de este modelo de ataque global era que multiplicaba los riesgos de un desencadenamiento accidental del conflicto, que podía producirse no solo por un error humano, sino incluso por un fallo en los sistemas de control.[86]

Eisenhower pretendía además que Europa asumiese una mayor participación en su defensa con el fin de retirar las tropas norteamericanas en un plazo máximo de diez años. Pero esta defensa autónoma de Europa solo era posible con la participación activa de la Alemania occidental, algo que los franceses, víctimas de tres invasiones alemanas en setenta años, se resistían a aceptar. La solución que se propuso fue la de una European Defence Community (Comunidad Europea de Defensa), paralela en cierto modo a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en que se integrarían los soldados alemanes, sin que ello implicase la reaparición de un ejército alemán. La propuesta la hizo el primer ministro francés René Pleven y el tratado de creación fue firmado en París el 27 de mayo de 1952 por los seis países que componían la Comunidad Económica del Carbón y del Acero.

El paso siguiente era su ratificación por los Parlamentos nacionales, pero la muerte de Stalin a comienzos de marzo de 1953 comenzó a cambiar el panorama internacional, al disminuir el miedo a una guerra inminente, y el Parlamento francés decidió, en agosto de 1954, posponer indefinidamente el debate sobre el tratado (los seguidores de De Gaulle rechazaban un plan que implicaba la desaparición del ejército francés, reemplazado por uno europeo). Ante este fracaso, el problema se resolvió con la creación de una fórmula que permitió la entrada de tropas alemanas e italianas en unas fuerzas integradas de la OTAN, bajo control norteamericano. Con su ingreso en la OTAN, en octubre de 1954, Alemania recuperaba una parte de su soberanía, a la vez que optaba por perpetuar su división.[87]

El proyecto de Eisenhower se complementaba con dos elementos adicionales. En primer lugar, una política de alianzas que tenía como objeto dividir el mundo entre aliados y enemigos de los Estados Unidos, sin tolerar la existencia del neutralismo. En Asia se quiso repetir el modelo europeo de la OTAN con el pacto del Sudeste Asiático (SEATO), del que estaban ausentes India, Indonesia y Birmania, y que no contenía ninguna garantía de ayuda colectiva contra la agresión, y con el pacto de Bagdad, destinados ambos a integrarse en lo que en el NSC 162/2 se llama «la coalición». Una política que alcanzó incluso en algún modo a la España de Franco, aislada internacionalmente, que se adelantó a ofrecer por su cuenta bases a los norteamericanos, a cambio de magras compensaciones. El segundo elemento era una potenciación de las actividades encubiertas de la CIA como forma de hacer la guerra sin comprometer directamente las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

Acciones encubiertas y propaganda se combinaban en el diseño de una política destinada a combatir el neutralismo (financiando, por ejemplo, a los grupos de oposición contrarios a los regímenes neutralistas de la India y de Indonesia) y a ejercer presión sobre la periferia del sistema soviético. No bastaba para ello la «contención», sino que se pretendía actuar en una línea más enérgica, de acuerdo con lo que se había definido en el proyecto Solarium como «efectuar acciones agresivas escogidas de un alcance limitado, que implicasen un riesgo moderado de guerra general, (…) para reducir el poder soviético en su periferia de satélites».

El rollback, en cambio, se limitó a una campaña de «liberación por medios pacíficos» de los países bajo dominación soviética, basada en la propaganda y en la acción subversiva de la CIA. Este programa, para el que se creó un organismo de coordinación especial (el Planning Coordination Group), dio lugar a un refuerzo de la propaganda a través de las emisoras Free Europe y Voice of America, que iba a suscitar en los disidentes de la Europa del este la esperanza de que los norteamericanos estaban dispuestos a prestarles ayuda si se sublevaban, lo que no entraba en realidad en sus intenciones, y creó en cambio en los rusos el temor de que sus contrincantes trataban de promover las revueltas en su área para intervenir después directamente.

LAS NEGOCIACIONES DE PAZ Y DE DESARME

La segunda parte de esta nueva política de defensa se proponía mermar la capacidad que los soviéticos habían demostrado para desarrollar una «guerra política» con la que explotaban «las diferencias entre los miembros del mundo libre, las actitudes neutralistas y los sentimientos anticoloniales y nacionalistas en las áreas subdesarrolladas». En un contexto en que ambos bandos disponían de armas nucleares y en que parecía poco probable que ninguno se arriesgase a iniciar una guerra general, por temor a las represalias del contrario, Eisenhower estaba convencido de que la gran batalla del futuro iba a ser la lucha «por los corazones y las mentes de los hombres». Para lo cual necesitaban diseñar una nueva concepción de la propaganda norteamericana, para cuya realización se creó en 1953 la USIA (United States Information Agency), una de cuyas misiones fundamentales era la de «informar e influir a los públicos extranjeros».

En la base de esta política estaba la negativa a entrar en negociaciones de paz y de desarme con los soviéticos. Convencidos de que los comunistas no iban a cambiar en lo fundamental, Eisenhower y Dulles consideraban que los gestos de paz que los nuevos dirigentes rusos estaban formulando iban destinados ante todo a «dividir Occidente, suscitando falsas esperanzas y buscando que los Estados Unidos apareciesen como intransigentes». Esta era la razón de que considerasen la nueva política de coexistencia pacífica que planteaban los sucesores de Stalin más peligrosa que el enfrentamiento abierto de la época anterior, puesto que podía acabar con el miedo que había servido hasta entonces para cimentar la gran alianza del mundo «occidental». Los servicios de inteligencia opinaban que se trataba de «una estrategia para derrotar a Occidente sin guerra (…), manipulando temas como los de la paz, el desarme, el anticolonialismo y el desarrollo económico».

Así se explica que Eisenhower y Dulles desdeñasen la oportunidad de negociar que parecía ofrecer la muerte de Stalin. Pensaban que lo que convenía era presionar a sus sucesores, contando con su confusión e inexperiencia, de acuerdo con un fantasmagórico «Plan para la explotación de la disidencia en el bloque soviético y en las fuerzas armadas de la URSS», diseñado por W.W. Rostow y C.D. Jackson.

Winston Churchill, por el contrario, creyó desde el primer momento que esta era una oportunidad para iniciar nuevas conversaciones en la cumbre. En la conferencia celebrada en diciembre de 1953 en las Bermudas le propuso a Eisenhower reanudar las reuniones con los rusos en una conferencia en la cumbre con Malenkov, pero el presidente de los Estados Unidos rechazó esta iniciativa, alegando que no se había producido ningún cambio en «la política soviética de destruir el mundo libre capitalista por cualquier medio». Rusia, dijo Eisenhower, era «una mujer de la calle» y, aunque ahora hubiese cambiado su vestimenta, lo que había debajo era «la misma puta de siempre». Churchill, que deseaba ante todo evitar el riesgo de una guerra nuclear, en que los aliados europeos de los Estados Unidos serían sin duda las primeras víctimas de las represalias soviéticas, valoraba en cambio los gestos de distensión y apaciguamiento de los nuevos dirigentes rusos, que sostenían que no había ninguna cuestión que no pudiera resolverse negociando.

Cuando la «campaña de paz» soviética comenzó a preocuparles por sus previsibles efectos en la opinión pública, los norteamericanos pusieron en marcha un nuevo estilo de guerra psicológica, con grandes campañas como la de «Átomos para la paz» o la de Open skies, en las que se planteaban propuestas aparentemente muy ambiciosas, pero que resultaban desventajosas para los soviéticos, con el fin de que, si estos las rechazaban, como era previsible, se les pudiera presentar como culpables de oponerse a la negociación.

Lo que ha conducido a dudas y discusiones sobre este punto es el significado real de la amenaza de usar armas nucleares que Eisenhower hizo por lo menos en tres ocasiones: en Corea, durante las negociaciones que condujeron a la firma de un armisticio en julio de 1953, y en dos nuevas ocasiones más adelante, en las crisis suscitadas en 1954 y en 1958 por el cañoneo por parte de la China maoísta de las islas de Quemoy y Matsu, que estaban en poder de los nacionalistas.[88] Eisenhower, de quien sabemos que condenaba que se hubiesen lanzado las dos bombas atómicas sobre Japón, sostuvo siempre que estas amenazas —que alarmaron a sus aliados europeos, que temían verse envueltos en una guerra nuclear por unas rocas inútiles frente a la costa china— no habían sido más que una maniobra política. Pero es difícil pensar del mismo modo respecto de John Foster Dulles, quien, convencido por las informaciones proporcionadas por los aviones espías de que los soviéticos carecían del número de bombarderos y de misiles de largo alcance necesarios para hacer frente a una guerra nuclear contra los Estados Unidos, llegó a especular, en una conversación con el embajador británico, acerca de que aquello les ofrecía una oportunidad única para atacar a los rusos, y que era una lástima que no tuviesen «el valor de tomar ventaja de estas probabilidades». Nadie en Washington parecía dispuesto a hacer la guerra a Moscú, a pesar de que esta era «nuestra última oportunidad favorable», a lo cual añadió: «Nuestros sucesores, dentro de una década, pagarán el precio».

Las campañas de paz soviéticas acabaron sin embargo creando una exigencia internacional de que se convocase una reunión de los jefes de estado. Como reconoció Dulles, «no deseábamos ir a Ginebra; pero la presión de la gente de todo el mundo nos obligó a hacerlo». En la conferencia de Ginebra, celebrada del 18 al 23 de julio de 1955, se reunieron Eisenhower, el jefe del gobierno británico, Eden, y el nuevo primer ministro francés, Faure, con Bulganin, que era el jefe nominal de la delegación soviética, Molotov y Jrushchov. Eisenhower se dio cuenta de que Jrushchov era «el verdadero jefe», y estableció con él una relación que llevó al soviético a confiar en el presidente norteamericano «como un veterano de guerra confía en otro». Macmillan, en cambio, consignó en su diario su desprecio por Jrushchov, «este hombre gordo y vulgar, con sus ojos de cerdo y su charla incesante». Era la primera reunión conjunta de los cuatro grandes desde Potsdam: una ocasión para hacer planteamientos generales y conocerse mutuamente.

La conferencia fue un fracaso, puesto que ni de ella ni de la reunión posterior de ministros de Asuntos Exteriores salió ninguna decisión trascendental. Lo cual era lógico, si se tiene en cuenta que los norteamericanos pensaban que los soviéticos se encontraban en una situación de debilidad y que lo único que había que hacer era presionarles para acelerar su crisis, sin ofrecerles ningún respiro.

Nada más lejos de la idea que se hizo Jrushchov, quien pensaba que lo más importante era que se habían dado cuenta de que «nuestros enemigos nos temían probablemente tanto como nosotros a ellos», y que les habían convencido de que «tendrían que tratar con nosotros honradamente y con juego limpio». Se equivocaba por completo cuando pensaba que se habían abierto posibilidades de negociación y que podía confiar en la voluntad de Eisenhower de llegar a algún acuerdo. La línea política definida en NSC 162/2 unía la voluntad de contención al propósito de «debilitar el poder soviético». Tomando en cuenta que, como manifestó Foster Dulles durante las discusiones del proyecto Solarium, los norteamericanos estaban convencidos de que los soviéticos podían llegar a igualar en el futuro el potencial económico de los Estados Unidos, no se podía esperar que se aceptase coexistir con un enemigo que cada día sería más fuerte.

No había posibilidad de coexistencia para quien pensaba, como Eisenhower, que «la preponderancia en los recursos mundiales no debe pasar a manos de los soviéticos», y consideraba que el objetivo central de su política era el de conseguir que las empresas norteamericanas pudieran acceder a las áreas del mundo que producían materias primas vitales, y asegurarse de que los gobiernos que dominaban en ellas eran «favorables a nuestro estilo de vida», a la libre empresa y al libre comercio.[89]

LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS: IRÁN

La línea de actuación que el equipo de gobierno de Eisenhower puso en marcha con más eficacia fue la de las grandes acciones encubiertas de la CIA, comenzando por el derrocamiento de un gobierno nacionalista en Irán, un país que en el confuso panorama de Oriente Próximo representaba algo así como el guardián del orden internacional patrocinado por «Occidente», y que contaba por ello con pleno apoyo norteamericano.

Todo comenzó cuando el gobierno iraní intentaba conseguir un aumento de los beneficios de la explotación del petróleo que la Anglo Iranian Oil Company (AIOC) le abonaba —muy lejos del cincuenta por ciento que la Aramco norteamericana pagaba a la Arabia Saudí—, y se encontró con que los británicos se negaron incluso a permitir que se inspeccionaran los libros de la compañía para discutir esta cuestión. Dean Acheson expresó su opinión acerca de la conducta de los británicos con estas palabras: «Nunca tan pocos han perdido tanto tan aprisa y de un modo tan estúpido».

El petróleo iraní era vital para Gran Bretaña. Había sido la base que le permitió a Churchill, antes de la primera guerra mundial, pasar la marina de guerra del consumo de carbón al de petróleo, y era además una fuente vital de ingresos para el estado británico, que recibía una parte mucho mayor de los beneficios de su explotación que el gobierno de Teherán.

A comienzos de marzo de 1951 el primer ministro iraní, Hadj Ali Razmârâ, que estaba negociando en secreto con la AIOC, que llegó a ofrecerle un reparto de 50 a 50, y que se negaba a la nacionalización, murió como consecuencia de un atentado del que se supone que el Shah estaba cuando menos informado. Su muerte facilitó que el Parlamento aprobase por unanimidad la nacionalización de la AIOC y que poco después se nombrase primer ministro a quien había sido el máximo impulsor de esta medida, Muhammad Mosaddeq, un hombre de setenta años, de una rica familia de terratenientes: un nacionalista que odiaba a los británicos y que propugnaba una política democratizadora y populista sin afinidad alguna a los comunistas (en opinión de Dean Acheson era «un persa rico, reaccionario y de mentalidad feudal, inspirado por un odio fanático hacia los británicos»).

Se aisló económicamente a Irán, para regocijo de las petroleras norteamericanas, que abastecieron el mercado con la producción creciente de Arabia Saudí y del golfo Pérsico, sin olvidar que hacía años que un grupo norteamericano, cuyo consejero legal era Allen Dulles, trataba de conseguir opciones para buscar petróleo en el norte de Irán, hasta entonces monopolio británico.

Los británicos intentaron organizar, con el apoyo del Shah, un golpe de estado para derribar a Mosaddeq, pero la operación fracasó como consecuencia de la presión popular, y el Parlamento lo reeligió como jefe del gobierno. Proyectaron entonces una operación militar, para lo cual enviaron tropas a Chipre y un crucero al golfo Pérsico. Pero Truman advirtió a Churchill, que en octubre de 1951 volvía a estar al frente del gobierno británico, que se abstuviera de una intervención armada, porque implicaba correr el riesgo de un enfrentamiento con la Unión Soviética (que en 1921 había firmado con Irán un pacto de amistad que le obligaba a intervenir, si una potencia extranjera lo atacaba) en un escenario en que hubiera sido difícil oponerse a las fuerzas armadas de los rusos. Dean Acheson pensaba que era mejor negociar con Mosaddeq, a quien los soviéticos consideraban como un peón de los «monopolios norteamericanos», que arriesgarse a una crisis que solo favorecería a los comunistas iraníes del Partido Tudeh.

La obsesión de los británicos por mantener su prestigio político, en el que se basaba su imperio informal en Oriente Próximo, llegaba al punto que, como diría Eisenhower, «preferían perder el petróleo, incluso en provecho de los soviéticos, que rendirse a Mosaddeq». Eisenhower y su equipo de gobierno, con los dos hermanos Dulles al frente del Departamento de Estado y de la CIA, pensaron, en cambio, que podían complacer a los británicos, deshaciéndose de Mosaddeq, y quedarse además con una buena parte del petróleo.

«Una vez se hubo determinado definitivamente —dice la historia secreta de la operación redactada por la propia CIA— que no convenía a los intereses norteamericanos que Mosaddeq siguiese en el poder», el Departamento de Estado informó de ello a la compañía, en marzo de 1953, y esta comenzó a preparar, en colaboración con el SIS (Secret Intelligence Service) británico, un proyecto para su derrocamiento: el llamado Plan Ajax o TPAJAX. El plan de esta operación encubierta, que era «casi legal» puesto que se basaba en la destitución de Mosaddeq por el Shah, lo prepararon en Chipre las dos organizaciones, CIA y SIS, y se completó finalmente en Beirut el 19 de junio de 1953. Su director sería el agente Kermit «Kim» Roosevelt, nieto del presidente Theodor y jefe de operaciones de la CIA en el Oriente Próximo, que entró en Irán con una identidad falsa.

La operación comenzó con una intensa campaña de propaganda y con la compra de políticos, de militares, de «mullahs» que denunciaban en las mezquitas a Mosaddeq como un ateo al servicio de Moscú, y de matones que atacaban tanto al Partido Tudeh como a objetivos religiosos, fingiendo ser comunistas; incluso un miembro del gobierno de Mosaddeq figuraba en esta nómina.

El punto esencial consistía en convencer al Shah de que firmase un decreto para destituir a Mosaddeq y otro para nombrar ministro de Defensa y jefe del ejército al general retirado Mohammad Fazlollah Zahedi.[90] Para convencer al Shah, que se mostraba indeciso, se hizo regresar de la Riviera francesa a su hermana gemela Ashraf Pahlavi. En las semanas siguientes se sucedieron las visitas al Shah de Assadollah Rashidian, el principal de los agentes del SIS, y del general norteamericano H. Norman Schwarzkopf, por quien el Shah sentía un respeto especial, y se recurrió finalmente al propio Kermit Roosevelt, que le dio todo tipo de seguridades acerca del apoyo con que podía contar, tanto de Churchill como de Eisenhower.

Mientras el Shah se resistía a firmar los decretos, a pesar de los esfuerzos que realizaban día tras día Rashidian y Roosevelt, Mosaddeq organizaba, a comienzos de agosto, un referéndum para conseguir el apoyo necesario para disolver el Majlis, contando con reforzar su poder a partir de unas nuevas elecciones. Los decretos imperiales para destituir al gobierno se firmaron finalmente el 13 de agosto (hubo que traerlos en avión desde Ramsar, en la costa del mar Caspio, a donde el Shah se había trasladado) y se decidió que el golpe se iniciaría al día siguiente, aunque más tarde se aplazó para el 15 de agosto.

Pero Mosaddeq tuvo noticia de lo que se preparaba e impidió por la fuerza el desarrollo de este «golpe casi legal», mientras el Shah huía[91] y el general Zahedi, que no tenía en realidad apoyo alguno en el ejército, se escondía. La situación era tan confusa que el propio historiador de la CIA, que escribía su relato en 1954, confesaba que era imposible establecer con exactitud lo sucedido en la noche del 15 de agosto, en momentos en que se llegó a pensar en renunciar a la operación. En la madrugada del 16 de agosto la radio de Teherán daba el golpe por fracasado y mostraba que Mosaddeq seguía en el poder. Aquella mañana las tiendas de Teherán abrieron y todo parecía normal. Los partidarios de Mosaddeq comenzaban a atacar al Shah y a pedir su abdicación; se empezó a destruir sus estatuas, y se amenazaba con publicar las listas de quienes iban a ser arrestados y ahorcados como cómplices de la frustrada conspiración.

Todo parecía perdido, pero Roosevelt acertó a dar la vuelta a la situación el día 19 de agosto, difundiendo por su cuenta los decretos cuya publicación había sido bloqueada, y organizando un movimiento contrarrevolucionario a favor del Shah, que comenzó en las calles de Teherán: al mediodía se unían a la insurrección cinco tanques y 20 camiones con soldados, y los realistas comenzaban a conquistar la ciudad, dirigidos por militares a sueldo de la CIA. Poco después de las dos de la tarde habían tomado radio Teherán y empezaban a difundir los decretos del Shah: se proclamó el nombramiento de Zahedi, ahora como jefe del gobierno, y se le sacó a la fuerza de su escondite para que asumiese el poder. Poco a poco otras emisoras regionales iban reconociendo el triunfo de los realistas. Por la noche del 19 de agosto Teherán estaba en manos de Zahedi.

El Shah regresó a su palacio, reforzado con la promesa de ayuda económica norteamericana, y con un anticipo de cinco millones de dólares que la CIA le facilitó para pagar los primeros gastos. El conflicto del petróleo acabó con un nuevo acuerdo en que participaban, junto a la Anglo-Iranian (que tendría un 40 por ciento), las cinco grandes petroleras norteamericanas (que se repartirían otro 40 por ciento), además de Shell y de una compañía francesa. El Shah volvió a su función de guardián de la zona, manteniéndose en el poder con el armamento adquirido en los Estados Unidos y con el apoyo de una policía política, la Savak, creada en 1957 y entrenada por la CIA. Con ello se iba a iniciar una década de brutal dictadura. En 1955 Irán se adhirió al pacto de Bagdad, una de las organizaciones con las que los Estados Unidos pretendían establecer el cerco de la Unión Soviética, que en 1959 hubo que rebautizar como CENTO (Central Treaty Organization), como consecuencia de que el nuevo régimen surgido en Irak del derrocamiento de la monarquía abandonase el tratado.

La aventura de Kermit Roosevelt, que había pasado menos de tres semanas en Irán, ha podido ser calificada como «el mayor triunfo de la CIA»; pero la operación misma fue un error. Si se tiene en cuenta que Mosaddeq se había dirigido inicialmente a la administración Eisenhower pidiendo ayuda para desarrollar la explotación de los recursos de su país, y que el temor a la influencia comunista sobre el dirigente iraní era totalmente injustificado, parece claro que no fue una buena elección la de optar por un tirano inestable antes que por un gobernante nacionalista, con el cual Irán hubiera podido seguir una trayectoria enteramente distinta.

LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS: GUATEMALA Y CUBA

La otra gran operación encubierta, que se produjo poco después que la de Irán, tuvo como objetivo América Latina. Cuando Eisenhower asumió la presidencia pidió al Consejo Nacional de Seguridad un informe sobre la situación en América Latina, que se concretó en el documento NSC 144/1, que sostenía que había una deriva «hacia regímenes radicales y nacionalistas», pero mantenía las mismas recomendaciones del pasado, como la de recordar a los latinoamericanos que solo podían recibir ayuda económica del sector privado, y que, para que ello ocurriese, necesitaban crear un clima favorable para los negocios con el fin de atraer a los inversores privados. Lo que debía exigirse a los vecinos continentales era que «eliminasen la amenaza interior del comunismo y de cualquier otra subversión antinorteamericana», produjesen materias primas y colaborasen en la defensa del hemisferio. De momento todo se limitó a una campaña de propaganda anticomunista en gran escala y a unos programas de asistencia militar que totalizaron unos 400 millones de dólares en la década de los cincuenta: el único programa significativo de ayuda norteamericana para América Latina en estos años.

El presidente decidió además enviar a su hermano Milton a un viaje de reconocimiento por América Latina, lo cual aprobaba Foster Dulles, que dijo que era una buena idea, y que todo lo que había que hacer con los latinos era «darles una palmadita en la espalda y decirles que te caen bien». Pero Milton regresó diciendo que la situación era muy mala, que aquellos países tenían aspiraciones de crecer que podían dar lugar a la penetración comunista, y que «una de las naciones de América ha sucumbido víctima de la infiltración comunista», refiriéndose a Guatemala. Una opinión que no dejaba de ser discutible, dado que Milton ni siquiera había visitado América Central.

En Guatemala la United Fruit poseía unas 250 000 hectáreas de tierras cultivables (de las que solo explotaba un 15 por ciento), además del 95 por ciento de la red ferroviaria y el único puerto de mar, a través de su subsidiaria IRCA (International Railways of Central America). Como dijo uno de los dirigentes de la compañía bananera, habían escogido Guatemala para iniciar las actividades en América Central porque su gobierno era «el más débil, más corrupto y más complaciente» de la región. La compañía trataba con sus trabajadores sin interferencias del gobierno, y declaraba tan solo una pequeña parte del valor de sus exportaciones para eludir el pago de impuestos. Estos privilegios se habían obtenido con la protección del dictador Ubico, que fue derrocado por una huelga general el 29 de junio de 1944. Tras un período de gobierno militar, un movimiento dirigido por el comandante Arana y el capitán Árbenz forzó unas elecciones que en 1945 llevaron a la presidencia a un profesor universitario, Juan José Arévalo, un moderado que se inspiraba en los principios del New Deal de Roosevelt, y que permitió la creación de sindicatos en las grandes explotaciones de la United Fruit, ante la indignación de la compañía.

Jacobo Árbenz, hijo de un farmacéutico suizo y de una «ladina» y uno de los héroes del derrocamiento de Ubico, le sucedió en 1951, al ser elegido presidente con el apoyo de los dos principales partidos del país y del movimiento obrero. La influencia comunista era mínima en aquellos momentos, tanto en el país como en el gobierno, ya que el partido tenía tan solo cuatro diputados en una cámara de 61. Se sabe, además, que ni Árbenz ni los propios comunistas guatemaltecos tenían contacto directo con la URSS, con la que Guatemala no mantenía relaciones diplomáticas. Pero para Foster Dulles no cabía duda de que tras las reivindicaciones guatemaltecas estaba el largo brazo del comunismo soviético.[92]

Los primeros enfrentamientos con la United Fruit los tuvo Árbenz cuando la compañía exigió que se le garantizase que no se decretaría ningún aumento de salarios en tres años, y que quedaría exenta de cumplir las leyes de trabajo, para lo cual comenzó a presionar cortando el transporte de pasajeros a los Estados Unidos.

El problema más grave lo causó la reforma agraria que había promulgado Arévalo en 1949, que pretendía resolver el problema de un país en que, según un censo de 1950, había 250 000 campesinos sin tierra y el 99,1 por ciento de las explotaciones eran minifundios que no ocupaban en su conjunto más que el 14 por ciento de la superficie total cultivable. El 17 de junio de 1952 el Congreso votó el «Decreto 900», que proponía expropiar las tierras no cultivadas de los latifundios para darlas a los campesinos; una medida que la FAO calificó de «constructiva y democrática en sus objetivos». Los propietarios recibirían el valor declarado, esto es el que usaban para el pago de impuestos, de las tierras expropiadas en bonos de deuda del estado a 25 años, con un interés anual del 3 por ciento (que era, por cierto, el mismo sistema que los Estados Unidos habían aplicado en la reforma agraria que organizaron en Japón). La resistencia mayor surgió de la United Fruit, que poseía cerca del 85 por ciento de las tierras cultivables de Guatemala, pero había declarado siempre un valor muy bajo —algo así como el 4 por ciento del real— para eludir el pago de impuestos, y que denunció la reforma como inconstitucional.[93]

Mientras tanto el Pentágono y la CIA se habían puesto de acuerdo para actuar, temiendo que el ejemplo de Guatemala pudiera extenderse a otros países americanos. El éxito de la Operación Ajax en Irán les animó a repetirla en Guatemala, bajo la dirección de Bissell, un protegido de Allen Dulles (Kermit Roosevelt, que opinaba que estas operaciones solo debían organizarse «cuando el pueblo y el ejército desean lo que nosotros deseamos», se negó a participar). El primer intento, la Operación Fortune, se había planeado en 1952, todavía bajo la presidencia de Truman, pero no llegó a realizarse, como consecuencia de la oposición de Acheson. Para poner en marcha otro proyecto la CIA esperó a conocer la opinión del nuevo presidente norteamericano, el republicano Eisenhower, lo que le permitió descubrir que el plan encajaba a la perfección con su idea de fomentar operaciones encubiertas como una alternativa a las intervenciones militares directas, que daban una mala imagen en la escena internacional.

A comienzos de 1953 la United Fruit, que estaba introduciendo armas en Guatemala en cajas rotuladas «maquinaria agrícola», pidió ayuda a Eisenhower. Aunque buena parte del equipo del presidente tenía algún tipo de relación económica con la compañía bananera, comenzando por el jefe de la CIA, la verdad es que lo que les preocupaba era ante todo el miedo a lo que estaba sucediendo en el país. No importaba que no hubiese signos de influencia rusa, como lo prueba el hecho de que a la CIA le resultase imposible encontrar después ni una sola evidencia en este sentido. A los norteamericanos les parecía que lo que estaban haciendo los guatemaltecos —sindicatos, reforma agraria, programas de alfabetización de los campesinos…— iba en el sentido del comunismo, y en América Central la mala influencia de este ejemplo podía traspasar rápidamente las fronteras de otros países. La cosa quedó definitivamente decidida cuando el nuevo embajador de los Estados Unidos, John E. Peurifoy, que venía de participar activamente en la persecución anticomunista en Grecia, no consiguió que Árbenz destituyese a los «rojos» de su gobierno, que le denunció en el transcurso de una cena que duró seis horas, el 16 de diciembre de 1953.

La suerte de Guatemala estaba echada, puesto que cinco meses antes, en agosto, Eisenhower había aprobado ya la Operación PBSUCCESS, con un presupuesto de 2,7 millones de dólares para el conjunto de guerra psicológica e intervención militar. Mientras preparaban en Honduras las fuerzas que, al mando de un militar guatemalteco descontento, el coronel Carlos Castillo Armas, habían de derribar a Árbenz, los norteamericanos aislaron al país tanto en el terreno económico como en el diplomático, propagaron que el gobierno «comunista» de Guatemala amenazaba el canal de Panamá, y consiguieron que en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas, en marzo de 1954, se arrancase a los participantes una declaración anticomunista que, si bien preveía consultas previas antes de adoptar medidas contra cualquier estado, creaba un clima propicio a la intervención.

Tras haber decidido que la democracia «no era una alternativa realista para Guatemala», se inició la campaña. El primero de mayo de 1954 comenzó a emitir una emisora móvil, «Radio Liberación: La voz de la libertad», con programas que llegaban grabados desde Miami. El 17 de junio por la mañana Castillo Armas atravesó la frontera desde Honduras con 150 hombres, con el apoyo de tres aviones norteamericanos de bombardeo que operaban partiendo de Nicaragua (con resultados tan gloriosos como hundir un carguero británico y bombardear un pueblo de Honduras, cuyo gobierno se apresuró a denunciarlo como un ataque de Guatemala). El resultado inicial fue decepcionante, ya que, contra lo que se esperaba, el ejército guatemalteco no se puso de parte de los insurgentes. Guatemala protestó ante el Consejo de Seguridad que, a petición de Francia y ante la ira de Foster Dulles, prohibió que se prestase ayuda a los invasores; pero las amenazas posteriores de Eisenhower lograron que tanto Francia como Gran Bretaña se abstuvieran, cuando el propio Consejo de Seguridad decidió, el 25 de junio, discutir la situación.

Que la amenaza de la invasión militar pareciese menospreciable —lo que realmente preocupaba a los guatemaltecos era el cerco económico a que pretendían someterles los Estados Unidos—, explica el error de Árbenz, que confió en la lealtad del ejército y rehusó armar al pueblo. La intentona de Castillo Armas parecía haber fracasado, pero los norteamericanos activaron los contactos que mantenían desde hacía tiempo con los militares guatemaltecos, y fueron estos mismos quienes, el 27 de junio, le exigieron a Árbenz que dimitiera.[94] Una junta militar, presidida por el jefe de las Fuerzas armadas, coronel Díaz, trató de llegar a un pacto con el embajador Peurifoy, que no dudó en descartar a Díaz y en indicarle que la presidencia de la junta debía ser para el coronel Monzón, bien conocido como anticomunista. Peurifoy consiguió después la liquidación de la reforma agraria y organizó una entrada triunfal de Castillo Armas, que le hacía aparecer como vencedor. Bastó más adelante una votación amañada para darle la presidencia.

En un discurso pronunciado el 30 de junio Foster Dulles dijo: «Ahora el futuro de Guatemala está a disposición del propio pueblo guatemalteco». No pensaba lo mismo un joven argentino, Ernesto «Che» Guevara, que se encontraba de viaje en Guatemala en aquellos días, y que juró «no descansar hasta ver aniquilados estos pulpos capitalistas».

Mientras la USIA divulgaba por el mundo entero la recuperación de la libertad en Guatemala, lo que hacía Castillo Armas era suspender las elecciones de 1955, suprimir partidos y sindicatos, arrebatar el derecho al voto a dos tercios de los votantes campesinos, usar la tortura y el asesinato para liquidar la oposición y permitir la entrada de la mafia norteamericana para organizar el juego. Méritos que explican que Eisenhower lo califique como «un magnífico estadista» que disfrutó «en todo momento de la devoción de su pueblo». Fue asesinado en 1957, al parecer a instigación del dictador dominicano Trujillo, pero sus sucesores en el poder, miembros de camarillas militares corrompidas a las que los Estados Unidos exigían tan solo una actividad de contrainsurgencia, resultaron cada vez peores. Los negocios de la United Fruit, por otra parte, fueron de mal en peor, de modo que en 1972 vendió a Del Monte la última finca que le quedaba en Guatemala. La compañía se reconvirtió más adelante en United Brands, y su presidente se suicidó en 1975.

Los Estados Unidos sacaron una lección de esta experiencia: que para evitar otras Guatemalas la fórmula más barata era apoyar a gobernantes como Castillo, sin hacer caso de los informes que les advertían que el grave problema de la pobreza podía favorecer la subversión social en el continente. En 1954 trece de las veinte naciones latinoamericanas tenían regímenes dictatoriales y los Estados Unidos habían decidido no solo tolerarlos, sino darles apoyo.

En 1955 se envió a Nixon a hacer un viaje por el Caribe, abrazando en público a personajes como Batista (a quien comparó con Abraham Lincoln) y Trujillo (quien el 12 de marzo de 1956 hizo secuestrar en Nueva York, para asesinarlo, a Jesús Galíndez, representante del gobierno vasco en el exilio y agente del FBI dedicado a denunciar rojos españoles y latinoamericanos). Las cosas empezaron a ir a peor a partir de 1956, cuando tanto el presidente Castillo de Guatemala, como el de Panamá, Remón, y Anastasio Somoza, de Nicaragua, fueron asesinados, y en Cuba empezaba la revuelta de Fidel Castro (a la que los Estados Unidos no prestaban todavía atención, limitándose a ayudar a Batista).

En 1958 Nixon hizo otro viaje por América del Sur, donde encontró por primera vez recepciones hostiles de los estudiantes en Lima y, muy especialmente, en Caracas, de donde tuvo que salir huyendo, a punto de perder la vida. Pese a que afirmasen en público que eran los comunistas quienes lo organizaban todo, los gobernantes norteamericanos no dejaban de ser conscientes de que el malestar surgía de los problemas internos de estos países. El propio director de la CIA afirmaba que habría problemas en América Latina, «incluso si no hubiera ningún comunista». Pero Eisenhower se siguió resistiendo a invertir en programas de ayuda o a modificar su política de apoyo a los dictadores, convencido de que, como opinaba Nixon, la de gobernarse no era una capacidad que tuviesen los descendientes de españoles. Solo que la situación se agravó de súbito al producirse la radicalización de Castro en Cuba.

El triunfo de Castro a comienzos de enero de 1959 había aumentado las preocupaciones de Eisenhower, que no se fiaba de un régimen que en aquellos momentos no tenía relaciones con la URSS —los cubanos no las establecieron hasta mayo de 1960, cuando los planes de la CIA para una invasión estaban ya adelantados—, ni muchas afinidades con el Partido Comunista. Sin embargo, en opinión de Nixon, que habló con Fidel en Washington en abril de 1959 —Eisenhower abandonó la ciudad para evitar verse con el dirigente cubano, como haría un año más tarde durante la visita de Lumumba—, Castro «es increíblemente inocente respecto del comunismo o está bajo control comunista».[95] Las cosas se complicaron aun más cuando prohibió el juego en Cuba, lo que afectaba a los intereses de la mafia norteamericana, y comenzó a nacionalizar hoteles y latifundios azucareros de propietarios estadounidenses. En diciembre la CIA ya había decidido que no se podía tolerar esta «dictadura de extrema izquierda», cuyo nacionalismo podía resultar una mala influencia para el resto de América Latina.

En el otoño de 1959 el Departamento de Estado y la CIA comenzaron a preparar planes para derrocar a Castro, ayudando a sus enemigos y «haciendo creer que la caída se debía a los errores de este», a la vez que se establecían contactos con la mafia para envenenar al líder cubano. Se inició una campaña de sabotajes y embargos, con grupos de contrarrevolucionarios que incendiaban las cosechas, una tarea a la que contribuían también aviones norteamericanos que bombardeaban los campos de caña (uno de los aparatos enviados a estas misiones explotó en el aire y se pudo recuperar el cadáver del piloto, con documentos de identidad militar norteamericanos). Para asfixiar económicamente al nuevo régimen, Eisenhower recortó, hasta casi anularla, la cuota de azúcar que adquirían los Estados Unidos. La respuesta de Castro fue proceder a la nacionalización de empresas norteamericanas en una campaña con el lema «sin cuota pero sin amo».

La CIA acabó entonces de proyectar una especie de repetición de lo de Guatemala, con un desembarco de exiliados que establecerían un gobierno alternativo y pedirían ayuda para legitimar una intervención de los Estados Unidos. El éxito de la Operación PBSUCCESS les había dado una confianza exagerada en su capacidad para arreglar las cosas con intervenciones encubiertas de bajo coste.

LA CRISIS DE 1956: HUNGRÍA

Para la Unión Soviética y su campo los problemas de 1956, que eran una consecuencia del proceso general de desestalinización iniciado en el XX Congreso del PCUS, comenzaron durante el verano en Polonia. El 28 y el 29 de junio había habido graves alborotos en Poznan, provocados por el malestar de los trabajadores al rechazar el gobierno sus peticiones de mejoras. El orden fue restablecido por el ejército polaco, con 73 muertos y numerosos heridos, y los rusos no hubieron de intervenir. Tras la muerte de Bierut, en el mes de marzo anterior, había que elegir un nuevo secretario del partido polaco y parecía coherente con el nuevo clima político que su sucesor fuera Gomułka, un dirigente que había sido desplazado por las purgas estalinistas, acusado de nacionalismo. La cuestión preocupó, sin embargo, a los dirigentes rusos, comenzando por Rokossovsky, el militar soviético de origen polaco que había sido nombrado ministro de Defensa y jefe del ejército de Polonia en 1949.[96] En el momento en que el Comité Central del partido polaco iba a elegir a Gomułka y a destituir a Rokossovsky, se hizo avanzar una división blindada en dirección a Varsovia, al tiempo que una delegación de dirigentes soviéticos —con Jrushchov, Molotov y Bulganin— se presentaba en la capital polaca para presionar al Partido Comunista. Mientras estaban en plenas negociaciones, los polacos, que tenían el apoyo de Mao Zedong y del partido chino en su voluntad de autonomía, se enteraron del avance de los tanques rusos y consiguieron que se detuviesen.

Se pudo evitar el choque, en parte porque Mao y el Partido Comunista chino advirtieron a los soviéticos que protestarían públicamente si había una intervención militar, pero, sobre todo, porque las grandes manifestaciones de apoyo, que concluyeron con una concentración de más de medio millón de personas en Varsovia, les aconsejaron no emplear la fuerza, temiendo un levantamiento popular. Que los polacos eligieran a Gomułka como primer secretario del partido y destituyesen a Rokossovsky podía tolerarse, dado que conservaban un régimen comunista y mantenían el país dentro del pacto de Varsovia.

Mientras tanto surgían también inquietudes sociales en Hungría, donde en junio de 1953 la política de «nuevo curso» había llevado al poder a Imre Nagy, apoyado por Malenkov y por Beria, aunque seguía en la jefatura del partido húngaro el estalinista Mátyás Rákosi. La caída de Beria y de Malenkov dejó a Nagy sin apoyos para su política reformista y Rákosi consiguió, en la primavera de 1955, alejarlo del poder y expulsarlo del partido.

Pero los acontecimientos de junio en Polonia habían contribuido a crear una voluntad de cambio, de reforma dentro del socialismo, en unos momentos en que ya no se podía liquidar la agitación con los viejos métodos. A diferencia de lo sucedido en Polonia, sin embargo, aquí el conflicto, que iniciaron los estudiantes, se producía con un partido dividido, que no tenía un programa de reivindicaciones que plantear a Moscú, lo que hacía más difícil la negociación. Los soviéticos decidieron que no querían una repetición de los sucesos polacos y enviaron a Budapest a Mikoyan, quien, contra lo que esperaba Rákosi, que contaba con su apoyo para mandar a la cárcel a Nagy y a centenares de «conspiradores», le recomendó que dimitiese y nombró en su lugar a Ernö Gerö, uno de los combatientes en la guerra civil española que había sobrevivido a las purgas de Stalin, al propio tiempo que en Moscú se preparaba un plan preventivo de intervención rápida contra un posible levantamiento húngaro.

Gerö marchó de vacaciones a Crimea hasta la primera semana de octubre, sin ocuparse de la tensa situación que se vivía en Hungría, y del 15 al 22 de octubre volvió a viajar, esta vez a Yugoslavia, para hablar con Tito y pasar unos días en la costa de Croacia. El 23 de octubre, a las pocas horas de su regreso, una gran manifestación de estudiantes en apoyo de los polacos pedía que se introdujesen cambios parecidos en su país, con la consigna de «independencia nacional y democracia».

Los manifestantes se desplazaron hacia el Parlamento, donde aclamaron a Nagy, al que hubo que ir a buscar a su domicilio para que apareciera en el balcón. Un testimonio de aquellos hechos nos dice que la multitud que el 23 de octubre se hallaba frente al Parlamento no tenía intención alguna de iniciar un combate. «Estábamos a gusto, pero sin saber qué más hacer. Había un aire de expectación.» El discurso que Gerö pronunció en la radio, menospreciando a los manifestantes como una turba reaccionaria, fue lo que más contribuyó a provocarles. Alguien gritó «Vamos a la estación de radio». No se sabe quién dio el grito; fue algo inesperado, e incluso se ha supuesto que Gerö plantó provocadores en la multitud para crear problemas y aislar de este modo a Nagy. «Marchamos hacia la estación de radio, y el resto es historia.» Una historia que incluye confusos enfrentamientos armados en la emisora y, más tarde, frente a la redacción del periódico del partido, y que fue transformando lo que había empezado como una manifestación en un movimiento revolucionario.

La respuesta del Partido Comunista húngaro consistió en nombrar a Nagy jefe del gobierno y pedir, al propio tiempo, a los soviéticos ayuda armada para restablecer el orden. Una petición que los rusos aceptaron, contra la opinión de Mikoyan, que sostenía que los húngaros podían resolver el problema por sí mismos.

Ese mismo día, el 23 de octubre, llegaban a Moscú Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, enviados por Mao para discutir acerca de la forma en que debían resolverse este tipo de problemas dentro del movimiento comunista internacional, Gerö telefoneaba para excusar su asistencia por los problemas que se estaban produciendo en Budapest y el ministro de Defensa soviético, mariscal Zhukov, comunicaba que los militares húngaros habían pedido que interviniera en la capital el ejército soviético, acantonado en las afueras de Budapest.

El 24, mientras llegaban a Budapest las primeras tropas rusas, transcurrió en una calma tensa, con la proclamación de la ley marcial, choques esporádicos en las calles y un llamamiento de Nagy a deponer las armas. En Moscú Jrushchov comunicaba al Presidium, en una reunión a la que asistieron los representantes chinos, que el orden se había restablecido en Budapest y que la intervención del ejército ruso había sido bien recibida por los obreros húngaros. En la discusión con los chinos, además, les aclaraba que en Polonia se trataba tan solo de diferencias en el seno del Partido Comunista, mientras que en Hungría se podía advertir una tendencia anticomunista y reaccionaria.

En la noche del 24 al 25, Suslov y Mikoyan, que insistían en que no se adoptase una solución militar y se confiase en la capacidad de los húngaros para resolver sus problemas, imponían la retirada de Gerö, que iba a ser reemplazado al frente del partido por Kádár, un hombre próximo a Nagy. Al mediodía Nagy declaraba que se proponía emprender una política de reformas y negociar con la Unión Soviética la retirada de sus tropas.

El 25 de octubre una gran manifestación, que ignoraba la destitución de Gerö —de haberse sabido, dice Victor Sebestyen, se hubiera evitado «la más sangrienta atrocidad de la revolución»— se reunió ante el Parlamento, al que acudieron tanques soviéticos, que en un principio parecen haber confraternizado con los manifestantes.[97] Desde los tejados de edificios vecinos las fuerzas de policía comenzaron a disparar sobre la multitud e hirieron a los propios soldados soviéticos, lo que provocó su respuesta y una masacre con de 60 a 80 muertos (pero tanto el número de los muertos, que algunos multiplican por diez, como la secuencia de los acontecimientos siguen siendo discutidos). Pese a este agravamiento del conflicto, que se iba extendiendo al resto de Hungría con la formación de Consejos obreros y revolucionarios, la política de negociación seguía.

El 27 Nagy, cuyos actos «iban veinticuatro horas atrasados respecto de la revolución», formaba un nuevo gobierno en que iba a participar Lukács como ministro de Cultura y en que se integraban tres personalidades ajenas al Partido Comunista, procedentes de los antiguos partidos campesinos, con lo que parecía intentarse una vuelta a una política de coalición. El mismo día, y después de que en las negociaciones mantenidas con Mikoyan y con Suslov en la embajada soviética estos parecieran dar apoyo a sus peticiones, Nagy anunció por la radio que había llegado a un acuerdo con los soviéticos para la retirada de sus tropas, que comenzaban en efecto a abandonar Budapest el 28, y definía lo sucedido como un gran movimiento democrático y nacional. Al mediodía del 30 daba por finalizado el régimen de partido único y ponía «el gobierno del país sobre la base de la cooperación democrática entre los partidos de la coalición que existía en 1945».

Los soviéticos, por su parte, publicaron el 30 de octubre una «Declaración sobre los principios de desarrollo y de refuerzo posterior de la amistad y la cooperación entre la URSS y los demás países socialistas», donde se anunciaba que se retirarían las tropas soviéticas de Budapest tan pronto como lo solicitase el gobierno, y se manifestaba la voluntad de negociar la retirada de las que se encontraban en el resto del país, renunciando a interferir en la política húngara. Una medida en la que en estos momentos estaban de acuerdo tanto Tito como Mao, a quienes se mantenía al corriente de las negociaciones.

Todo cambió, sin embargo, en este mismo día 30 de octubre, en momentos en que las fuerzas del orden húngaras estaban desorganizadas y algunos grupos insurgentes actuaban por su cuenta y sin control, persiguiendo y asesinando a miembros de la policía. Uno de estos grupos atacó el edificio del Partido Comunista del Gran Budapest en la plaza de la República, con la intención de liberar a los presos políticos que suponían que guardaba, y los tanques húngaros enviados a defenderlo se pusieron del lado de los asaltantes. No se encontró preso alguno en el edificio, pero veinticuatro de los miembros del Partido Comunista que estaban en él fueron sacados a la calle y asesinados, a la vista de los fotógrafos y de los reporteros de televisión occidentales.

Esto fue lo que acabó decidiendo a Jrushchov a intervenir, tras muchas vacilaciones —«No sé cuántas veces cambiamos de opinión en uno y otro sentido», dirá en sus memorias—, convencido, a la vista de lo que estaba ocurriendo, de que el gobierno Nagy era incapaz de controlar la situación. En este cambio de actitud estaban de acuerdo los chinos. En la discusión participó Liu Shaoqui, que se mantenía en contacto telefónico constante con Mao, y que transmitió a Jrushchov la opinión de que la Unión Soviética no debía en modo alguno retirar sus tropas, porque ello implicaba «abandonar un espacio revolucionario y permitir que lo ocupara el enemigo». También estaban de acuerdo en la intervención los yugoslavos, que no querían que lo que estaba sucediendo en Budapest se extendiese a otros lugares (de hecho ya se estaban produciendo manifestaciones de estudiantes en Checoslovaquia, en Rumania e incluso en Moscú y en Georgia). El 31, el mismo día en que la prensa rusa publicaba, por la mañana, la nota conciliadora del día anterior, Jrushchov abría la sesión del Presidium anunciando que no solo no iban a retirar las tropas de Hungría, sino que se disponían a restablecer el orden en aquel país.

El primero de noviembre las tropas soviéticas comenzaron a cruzar la frontera de Hungría, y Janos Kádár, que hasta este mismo día había dado pleno apoyo a Nagy, fue llevado en avión a Moscú para que regresase acompañándolas. Sabemos que Kádár no aprobaba la invasión, que se resistió a secundar esta farsa y que dijo a los dirigentes soviéticos que la revuelta era para librarse de los compinches de Rákosi, y que no se pretendía derribar el sistema de gobierno popular, sino democratizarlo. Pero no solo acabó aceptando el nuevo papel que se le imponía, sino que tuvo que hacerse responsable de la represión posterior.

Mientras tanto Jrushchov informaba de lo que se iba a hacer a Gomułka y marchaba a Bucarest para hacer lo mismo con búlgaros, rumanos y checos. Alegaba que Nagy había abandonado el pacto de Varsovia, toleraba que se asesinase a comunistas y se preparaba para restablecer el capitalismo, y que, dado que en estos momentos el mundo estaba pendiente de lo que sucedía en Suez, y que habían recibido seguridades de que los norteamericanos no pensaban intervenir (Foster Dulles encargó al embajador Bohlen que le dijese a Jrushchov que los Estados Unidos no tenían intención de «buscar aliados militares entre los satélites soviéticos»), era un buen momento para actuar. Después se dirigió, en compañía de Malenkov, a Yugoslavia, donde mantuvieron diez horas de conversaciones con Tito y con sus lugartenientes, que aprobaron la conducta de los soviéticos.

Mientras la iniciativa política, con el aparato del estado inutilizado, pasaba en Hungría a los consejos revolucionarios, que propugnaban «una Hungría libre, independiente, democrática y socialista», Nagy cometía el error de seguir esta misma línea, proclamando la «neutralidad» de Hungría, lo que implicaba su salida del pacto de Varsovia, en lugar de esforzarse en seguir negociando un acuerdo. Un error al que añadió el de ocultar la nueva invasión soviética al público, lo que explica que los tres primeros días de noviembre se viviesen en Budapest en una alegre euforia, mientras al cardenal Mindszenty, un viejo colaborador de la dictadura de Horthy que había sido liberado en estos días, no se le ocurría otra cosa que reclamar a través de la radio el retorno a un régimen de propiedad privada y el restablecimiento de la prensa católica. Los norteamericanos, que estaban en plena campaña de las elecciones para la presidencia y se mostraban sobre todo preocupados por lo que sucedía en torno a Suez, seguían con moderado interés los acontecimientos de Hungría, de los que estaban escasamente informados (no había sobre el terreno ni un solo funcionario de la CIA que hablase húngaro).

La decisión de Nagy de pedir ayuda a la OTAN y a la ONU era insensata, y no iba a tener respuesta alguna. Los húngaros se habían dejado engañar por la retórica de la «política para la liberación pacífica de las naciones cautivas» que pregonaban las emisoras norteamericanas en Europa, aunque tenían que haber recordado que el secretario de Estado, John Foster Dulles, había dicho públicamente que no se enviarían tropas norteamericanas a Polonia, ni en el caso de que los rusos la invadieran.

Las ilusiones de los rebeldes húngaros se basaban en el hecho de que el 27 de octubre Radio Free Europe no solo les incitaba al sabotaje de ferrocarriles y líneas telefónicas, y a reunir armas «para los luchadores de la libertad», sino que había afirmado que, si los revolucionarios conseguían establecer un mando central, recibirían ayuda extranjera. Al día siguiente se radiaron instrucciones sobre la guerra de guerrillas y se afirmó que las Naciones Unidas darían apoyo a los rebeldes, si seguían luchando; el 30 de octubre se difundieron enseñanzas sobre la lucha contra los tanques y el 4 de noviembre se dio a entender que, si los húngaros podían resistir hasta el día siguiente a la elección presidencial norteamericana, que había de tener lugar el 6 de noviembre, era prácticamente seguro que el Congreso norteamericano declararía la guerra a la URSS. No ha de extrañar, por ello, que se haya acusado a estas emisoras, escasamente controladas por Washington, de haber causado «la muerte de miles de jóvenes húngaros». Cuando G.W. Bush visitó Budapest en junio de 2006, en el cincuentenario de la revolución, los supervivientes del levantamiento le exigieron que pidiese perdón por la conducta norteamericana.

Desde la dirección de la CIA se ordenó a sus agentes que se limitasen a informar y se prohibió que se introdujesen armas, a la vez que se daban instrucciones para que las tropas de la OTAN evitasen cualquier actuación que pudiese parecer provocadora. Los norteamericanos, que habían decidido abandonar a los húngaros en manos de los rusos, se limitaron a presentar el tema al Consejo de Seguridad y a utilizarlo en el terreno de la propaganda. Como diría en 1992 Brzezinski, «la política de liberación era una impostura estratégica, creada sobre todo por razones políticas domésticas».[98]

El 4 de noviembre comenzó la invasión militar soviética que liquidó la revolución húngara en cuatro días (hubo pequeños focos de resistencia durante tres días más) y llevó al poder un gobierno presidido por Kádár, que realizó a partir de entonces la clase de política reformista que era posible en las condiciones de la guerra fría, permitiendo cierto grado de libertad de expresión y promoviendo la descentralización de la economía.

Nagy y sus compañeros se refugiaron en la embajada yugoslava en Budapest, y Tito no solo se negó a entregarlos, sino que aprovechó la ocasión para criticar lo que quedaba del estalinismo. Pero la KGB consiguió apresarlos cuando salían de la embajada yugoslava, tras habérseles prometido que podrían hacerlo en libertad, y los trasladó a Rumania, que los entregó más tarde al gobierno de Kádár. Nagy y algunos de los que le acompañaban fueron ahorcados en 1958.

En su estudio sobre las ilusiones revolucionarias fallidas, Charles Gati señala que los húngaros que participaron en la lucha (que fueron pocos, no más de 15 000) no pretendían abolir el sistema socialista, sino reformarlo, pero que carecieron de unos dirigentes capaces de frenar los planteamientos maximalistas para presentar, como habían hecho los polacos, unos objetivos que los soviéticos, que no deseaban imponerse por la fuerza, hubieran podido aceptar. «Si las demandas húngaras hubiesen sido menos radicales, Jrushchov pudo haber permitido que Hungría evolucionase hacia una existencia semiindependiente». Esta había sido una revuelta «que no tenía por qué fallar.»

LA CRISIS DE 1956: SUEZ

Desde su subida al poder, en 1954, Nasser había tratado de mantener buenas relaciones con los Estados Unidos, a quienes intentó comprar armas, ante la creciente hostilidad de los israelíes, que estaban preocupados por la retirada de las tropas británicas del canal de Suez, y temían que Egipto pudiera convertirse en la Prusia del nacionalismo árabe. Al no conseguir las armas que necesitaba, puesto que los norteamericanos exigían para ello que Egipto se integrase con Gran Bretaña y los Estados Unidos en una alianza contra la Unión Soviética, Nasser las compró en Checoslovaquia, pero este hecho no significaba una ruptura con los Estados Unidos; la propia CIA informó que esta compra no se debía ver como un acto de hostilidad. Tres meses más tarde, en diciembre de 1955, Eisenhower manifestó su apoyo a la financiación de la construcción de la presa de Asuán.

La situación cambió bruscamente el año siguiente, después de que Egipto reconociese a la China maoísta. El Departamento de Estado recomendaba que no se diese apoyo alguno a Nasser, ya que toda ayuda debía estar ligada a «cierto grado de cooperación respecto de los objetivos básicos de los Estados Unidos», de modo que tanto John Foster Dulles como los británicos anunciaron en julio de 1956 que retiraban la promesa de financiación de Asuán, y el Banco Mundial se negó a conceder un crédito a una operación que por su elevado coste podía sobrepasar la capacidad del gobierno egipcio para devolverlo, sin darse cuenta de que el prestigio de Nasser dependía de la construcción de una obra que se había convertido en una gran esperanza colectiva para los egipcios.[99]

Nasser replicó a los cinco días, el 26 de julio, con la nacionalización de la compañía del canal de Suez, con la intención de usar los ingresos que obtuviera para la continuación de las obras de Asuán. La nacionalización era un acto legítimo, puesto que la compañía era legalmente egipcia, a lo cual hay que añadir que se anunció que se compensaría a sus accionistas.[100] La nacionalización representaba un gesto de desafío y de independencia, que fue muy bien recibido, no solo por la población egipcia sino por la totalidad del mundo árabe, pero era de escasa trascendencia real, puesto que los ingresos del canal eran insuficientes para financiar el coste de Asuán.

El primer ministro británico, Anthony Eden, que había sucedido a Churchill en abril de 1955, se encontraba al recibir la noticia en Londres, en una cena de gala con el rey Faisal de Irak y con su primer ministro Nuri es-Said, enemigo a muerte de Nasser, quien le dijo: «¡Golpéele, golpéele fuerte y golpéele ahora!». Para Eden la nacionalización del canal no solo implicaba una posibilidad de extorsión por parte de Nasser, sino que temía que la mala gestión de los egipcios, que daba como segura, podía amenazar la continuidad del comercio británico. De modo que cuando un asesor le dijo que lo que había hecho Nasser no era ilegal, respondió que no le importaba, pero que no iba a dejarle que se saliese con la suya. De hecho, esto le daba un pretexto para actuar contra Nasser, como estaba esperando desde hacía tiempo.

Anthony Nutting, que era miembro del gobierno británico en aquellos momentos, nos ha contado algo que sucedió a comienzos de marzo de 1956, meses antes de que la nacionalización del canal exasperase aun más a Eden. En el transcurso de una conversación telefónica el primer ministro británico le interpeló a gritos: «¿Qué son todas estas chorradas que me ha mandado acerca de aislar a Nasser y neutralizar a Nasser? ¿Es que no le cabe a usted en la cabeza que quiero ver a este hombre destruido?». Yo dije: «Muy bien. Eche a Nasser. ¿Y qué va a poner usted en su lugar?». «No quiero a nadie en su lugar —me contestó. “Muy bien, entonces habrá anarquía y caos en Egipto.” “No me importa si hay anarquía y caos en Egipto. Dejemos que haya anarquía y caos en Egipto. Todo lo que quiero es echar a Nasser.”»[101]

Los británicos necesitaban, además, recuperar prestigio en un escenario en que acababan de sufrir dos humillaciones: la retirada de sus tropas de la zona del canal y la destitución por el rey de Jordania, que se había negado a unirse al pacto de Bagdad, del general Glubb Pacha, cuya posición al mando de la Legión Árabe le permitía controlar las fuerzas armadas del país.

Una conferencia celebrada en Londres en el mes de agosto para crear una Asociación de Usuarios del Canal de Suez (SCUA), a la que acudieron todos los países afectados, excepto Egipto, acordó proponer que el canal fuese gestionado por un organismo internacional, pero Nasser rechazó esta propuesta, alegando que la nacionalización había sido legal y que no había motivo de preocupación, puesto que el canal funcionaba normalmente. Se llegó finalmente a un acuerdo acerca de seis principios para la gestión del canal, aprobado en la sede de las Naciones Unidas, pese a lo cual británicos, franceses e israelíes fraguaron un plan de intervención.

Los británicos no solo estaban preocupados por la libertad de paso por el canal, que Nasser no iba a dificultar, dado que necesitaba los ingresos que producía el tráfico, sino que tenían temores insensatos de que Egipto pudiese aproximarse a los soviéticos. En el diario de Macmillan se dice: «hemos tenido una información muy secreta, pero fiable, de que Nasser ha accedido (más o menos) a autorizar el “socialismo popular” (en otras palabras, el comunismo) en Egipto como parte del trato de compra de armas a los checos». Era un disparate, puesto que Nasser no dejó nunca de perseguir a los comunistas egipcios, pero puede ayudarnos a entender que Eden, que había alentado ya diversos planes para asesinar a Nasser, se forjara una fantástica idea de una conspiración de los rusos para apoderarse del Oriente Próximo y de sus recursos petrolíferos.

Los británicos tenían, además, otras razones de inquietud, de naturaleza económica, que incidían en el problema. Cuando Macmillan se hizo cargo de la gestión de la Hacienda británica, en septiembre de 1955, descubrió que su situación era desastrosa y que se corría el peligro de no poder mantener el valor de la libra esterlina, algo que los británicos consideraban «una cuestión de vida o muerte». Cualquier interrupción de los flujos normales de su comercio internacional, como la que podía producirse con el colapso del canal, les resultaría fatal.

Los franceses, por su parte, estaban seriamente preocupados por el apoyo que Egipto prestaba a los insurrectos argelinos. Habían interceptado un buque sudanés que llevaba setenta toneladas de armas destinadas al FLN, embarcadas en Alejandría con destino a un puerto de Marruecos, a consecuencia de lo cual habían retirado a su embajador de El Cairo.

En cuanto a los israelíes, su excusa era que Nasser mantenía el estado de guerra entre ambos países, lo que les hacía temer que pudiese desencadenar un ataque por sorpresa contra su territorio, aparte de que apoyaba el «terrorismo palestino».

En octubre de 1956 se reunieron en secreto en Sèvres, en las afueras de París, los primeros ministros de Israel (Ben Gurión) y de Francia (Guy Mollet) y el ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña (Selwyn Lloyd) para organizar un plan de acuerdo con el cual Israel atacaría Egipto y, una vez desencadenado el ataque, franceses y británicos intervendrían entre ambos contendientes y les conminarían a que detuviesen los combates y retirasen sus fuerzas a diez millas del canal. El acuerdo, que se firmó el 24 de octubre, decía que los israelíes iniciarían un ataque en gran escala la tarde del 29 de octubre, con el fin de alcanzar la zona del canal al día siguiente, y que los gobiernos británico y francés se apresurarían a publicar por separado sus llamamientos a los contendientes, a la vez que pedirían a los egipcios que aceptasen que tropas británicas y francesas ocupasen la zona para asegurar la libertad del tránsito. Si Egipto no aceptaba estas exigencias en el término de doce horas, Francia y Gran Bretaña atacarían a las fuerzas egipcias en las primeras horas del día treinta y uno.[102]

Los israelíes invadieron territorio egipcio el 29 de octubre con unos 45 000 hombres, y los británicos y los franceses hicieron público al día siguiente su ultimátum que, como era previsible, Nasser rechazó. A las seis de la tarde del día 31 los aviones británicos empezaron a bombardear El Cairo y, en colaboración con los franceses, destruyeron la mayor parte de los aviones militares egipcios. El 5 de noviembre lanzaron paracaidistas sobre Port Said y el 6 se produjo el desembarco de sus comandos, unos 80 000 hombres en total, tras un bombardeo previo efectuado por la flota francobritánica. El ejército egipcio no estuvo a la altura de los acontecimientos, pero la resistencia popular en Port Said representó para los invasores un aviso de las dificultades que podían encontrar en una lucha calle por calle en El Cairo. Mientras tanto los egipcios bloqueaban el canal hundiendo en él 48 embarcaciones, lo que iba a mantenerlo cerrado hasta abril de 1957.

Las cosas no habían salido como se preveía en los planes de la Operación Musketeer, puesto que no se consiguió ocupar el canal antes de que la condena internacional y las presiones de los norteamericanos obligaran a detener los combates, a las dieciocho horas de haberse producido el desembarco. Arabia Saudí detuvo las exportaciones de petróleo a Francia y Gran Bretaña, y Bulganin amenazó a los países invasores con un ataque nuclear (aunque Jrushchov ya había avisado a Nasser que no iban a arriesgarse a que Suez fuese el inicio de una nueva guerra mundial). Nehru proclamaba que nunca había visto un caso semejante de agresión y en la propia Gran Bretaña hubo una condena casi universal contra la insensatez de Eden, mientras los norteamericanos, temiendo que esto lanzase al nacionalismo árabe en brazos de la URSS, consiguieron que las Naciones Unidas condenasen la invasión el 2 de noviembre, forzasen el alto el fuego y obligasen a una retirada de las tropas ocupantes en los meses siguientes, en una iniciativa que secundó la URSS, dispuesta a aprovechar la agresión a Egipto para desviar la atención de lo que sucedía en Hungría (los acontecimientos en Budapest y en Suez se estaban produciendo en los mismos días).

Para evitar que franceses y británicos obstaculizasen con el veto esta resolución de la ONU, Eisenhower les amenazó incluso con expulsarles de la OTAN, y presionó especialmente a Eden, condicionando a la aceptación por su parte de un alto el fuego inmediato el préstamo de mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que Gran Bretaña necesitaba con urgencia para evitar el desplome de la libra esterlina, cuya debilidad se había agravado como consecuencia de la reacción de los mercados contra la moneda británica. Para evitar una mayor humillación de los invasores, su lugar fue ocupado en marzo de 1957 por una fuerza internacional de paz enviada por las Naciones Unidas (UNEF I). Era la primera ocasión en que se recurría a esta forma de control de un conflicto.

A Eisenhower, que había pedido a británicos y franceses que no le creasen problemas en las fechas en que se presentaba a la reelección, le molestaba en especial que los británicos no le hubiesen informado de sus intenciones —enviaron por barco a su nuevo embajador, sir Harold Caccia, con el fin de que en los días de la invasión no hubiese embajador británico en Washington—, y reprobaba sobre todo la forma incompetente en que habían actuado, en un estilo de viejo colonialismo que había de indignar a la opinión pública en el mundo entero. Cuando el ministro de Asuntos Exteriores británico, Selwyn Lloyd, fue a visitar a Dulles en el hospital en que convalecía, este se lamentó de que no hubiesen seguido hasta cargarse a Nasser, mientras que Eisenhower, a quien preocupaba que un ataque a Egipto podía «levantar el mundo, de Dakar a las Filipinas, en contra nuestra», no dudó en afirmar posteriormente que si la operación «se hubiera realizado rápidamente, la hubiéramos aceptado».

Un Eden enfermo y agotado, que sufría los efectos de la medicación, de los estimulantes y del insomnio —desde el mes de julio estaba tomando montones de pastillas—, no se encontró en condiciones de hacer frente a los desastres que se le venían encima: Bulganin esgrimiendo la amenaza de las armas atómicas en un mensaje por radio, los norteamericanos interfiriendo la actuación de los expedicionarios con la sexta flota, la condena de las Naciones Unidas, las protestas populares que se produjeron en la propia Gran Bretaña, y Nasser reforzado por la prueba. Tras mentir en el Parlamento, negando que tuviese acuerdo alguno con los israelíes o que conociese sus planes con antelación, Eden dimitió el 9 de enero de 1957 y fue sucedido por Macmillan, quien se entrevistó con Eisenhower en las Bermudas en marzo para restablecer las relaciones entre ambos países: «la reconciliación, y la sumisión, fueron completas».

Los palestinos de la zona de Gaza sufrieron las consecuencias de esta fallida aventura: el ejército israelí asesinó a centenares de habitantes de Khan Younis (275 muertos, según un informe de las Naciones Unidas) y Rafah. Solo Egipto obtuvo beneficios de la campaña de Suez, transformando una derrota militar en una victoria política. Todos los demás salieron malparados: una Gran Bretaña arruinada inició el abandono gradual de lo que le quedaba al este de Suez, exceptuando Malaya, en tres etapas que vendrían marcadas por el fin del condominio angloegipcio en Sudán (1956), la retirada del sudoeste de Arabia (1967) y el fin de su protectorado en los emiratos del Golfo (1971). Los franceses no consiguieron aliviar la situación a que se enfrentaban en Argelia. Tampoco los soviéticos habían estado a la altura de las circunstancias, ya que no pudieron impedir la derrota de Nasser. Y los norteamericanos, que no entendían lo que sucedía en el Oriente Próximo, siguieron acumulando errores.

LA DOCTRINA EISENHOWER Y LOS PROBLEMAS DEL ORIENTE PRÓXIMO

Los norteamericanos fijaron su política para el Oriente Próximo en la llamada «doctrina Eisenhower», aprobada por el Congreso el 9 de marzo de 1957, que ofrecía cooperación contra la agresión armada de cualquier nación «controlada por el comunismo internacional». Su objetivo, según Eisenhower, era «bloquear la marcha de los soviéticos hacia el Mediterráneo, el canal de Suez y los oleoductos, y hacia los lagos subterráneos de petróleo que proveen los hogares y las fábricas de la Europa occidental». Pero también combatir el nacionalismo árabe, y más en concreto a Nasser, aliándose a los regímenes más reaccionarios del Oriente Próximo: Arabia Saudí, Líbano, Jordania y la monarquía de Irak.

Este planteamiento se basaba en graves errores de percepción acerca de la política de los soviéticos respecto del mundo árabe. Conscientes de que era imposible que los partidos comunistas locales, que se embarcaban con frecuencia en insensatas actuaciones sectarias, alcanzasen algún día el poder, los soviéticos buscaban sobre todo la aproximación a los políticos nacionalistas, como Nasser, incluso cuando, como sucedía en este caso, eran agresivamente anticomunistas en sus propios países.

Los efectos que podían esperarse de la doctrina Eisenhower quedaron patentes en el desconcierto de su actuación en Siria, donde la CIA, que había respaldado al coronel Hosni Zaim, promocionó ahora al coronel Adib Shishakli, quien fue derrocado en febrero de 1954 por un nuevo golpe militar del Baaz (Renacimiento), un partido nacionalista panárabe que habían fundado en Siria en 1947 los maestros Michel Aflaq y Salah al-Din Bitar, a quienes se unió Akram al-Haurani, un político populista con considerable influencia en el ejército. En 1957 Eisenhower y Macmillan, preocupados por la posibilidad de que sirios y egipcios pudiesen desestabilizar Líbano y Jordania, planearon provocar disturbios en el interior de Siria e incidentes en sus fronteras, con el fin de justificar que los ejércitos de Jordania, Líbano e Irak invadiesen el país. El plan lo había diseñado Archibald Roosevelt,[103] pero el agente de la CIA encargado de promover los disturbios, que había sido enviado a Damasco como secretario adjunto de la embajada norteamericana, fracasó miserablemente: los hombres a los que pretendió comprar se quedaron el dinero y se apresuraron a denunciar públicamente que un agente norteamericano había pretendido sobornarles. La operación hubo de desestimarse y su consecuencia inmediata fue favorecer la alianza del régimen sirio con Nasser, que culminó en la creación de la República Árabe Unida (RAU), que en febrero de 1958 asoció Egipto y Siria en una entidad inestable, que acabó disolviéndose en septiembre de 1961 como consecuencia de la retirada de Siria, tras un golpe militar «conservador», apoyado por los intereses contrarios a la política de nacionalización de Nasser.

Este nuevo avance del nacionalismo suscitó una seria inquietud en los regímenes conservadores del Oriente Próximo, y en especial en las dos monarquías Hachemitas de Jordania y de Irak, un país gobernado por los suníes, pero con mayoría de población chií y con una importante minoría kurda, fruto de la compleja composición que los británicos habían establecido después de la primera guerra mundial, al convertir aquellos territorios en el estado de Irak e instaurar en él la monarquía.

En Jordania, el rey Hussein, que en octubre de 1956 había permitido el acceso al poder, tras unas elecciones limpias, de Sulayman al-Nabulsi, un político de simpatías nasseristas, se apresuró a destituirlo y organizó por su cuenta una Unión Árabe que asociaba a las dos monarquías Hachemitas de Jordania e Irak: una entidad que iba a ser de muy corta vida.

El 14 de julio de 1958 un golpe militar, del que ni los norteamericanos ni los soviéticos tenían noticia previa, liquidó la monarquía iraquí y encerró a sus políticos en la nueva cárcel de Abú Grahib, mientras las masas asaltaban el palacio real y daban muerte al monarca, a su familia y al primer ministro Nuri al-Said, que trató en vano de escapar disfrazado de mujer. El poder quedó en manos de los coroneles Qassim y Arif, que proclamaron una república con una voluntad neutralista. Los norteamericanos pensaron inicialmente que detrás del golpe estaba Nasser, al que Foster Dulles veía como un nuevo Hitler que pretendía unir el mundo árabe bajo su poder, y al que Inglaterra consideraba como su peor enemigo. La preocupación de los occidentales aumentó al ver que el nuevo gobierno se retiraba del pacto de Bagdad (que tuvo que trasladar su sede a Ankara y tomó ahora el nombre de CENTO) y establecía relaciones con China, con la Unión Soviética y con otros países de su área.

La barrera de contención del «peligro soviético» que los Estados Unidos se habían esforzado en establecer con el pacto de Bagdad se desmoronaba por uno de sus eslabones centrales, y el temor cundió entre los estados árabes conservadores, como Kuwait y Arabia Saudí, que se sentían desprotegidos ante el avance del nacionalismo revolucionario. Eisenhower se dio cuenta de que necesitaban dar un golpe de fuerza que reafirmase el papel de los Estados Unidos, si no querían perder el Oriente Próximo, «como habían perdido China en 1949».

La oportunidad de hacerlo se la dio la confusa situación de la república del Líbano, un estado que había conseguido la independencia en 1943 y que se había organizado con un complejo e inestable equilibrio de los distintos grupos étnico-religiosos —musulmanes (chiíes y suníes) y cristianos maronitas—, y con un predominio real en el poder de las grandes familias de terratenientes y hombres de negocios. De acuerdo con el censo de 1932 el poder se reparte todavía hoy en el Líbano en proporción al porcentaje de habitantes de cada grupo en aquel año: la presidencia de la república es para los cristianos maronitas, el cargo de primer ministro, para los musulmanes suníes, y la presidencia del Parlamento, para los chiíes. Diputados y ministros guardan la proporción de 6 cristianos por 5 musulmanes. La demografía ha cambiado considerablemente desde 1932, pero es imposible traducir este hecho en cambios políticos, ya que no se hacen nuevos censos ni se publican datos sobre población, con el objeto de mantener intacto el reparto del poder.

El presidente libanés Camille Chamoun, que se había adherido a la doctrina Eisenhower, se sentía amenazado por los nasseristas y había conseguido el auxilio de la CIA, que dedicó considerables fondos a comprar las elecciones parlamentarias de 1957, de acuerdo con el objetivo, expuesto por el embajador norteamericano, de conseguir «un Parlamento cuya predilección por los Estados Unidos fuera plena, prácticamente al cien por cien». Pero cuando Chamoun trató de modificar las reglas constitucionales para hacerse reelegir por el Parlamento, que era el encargado de designar al presidente de la república, se produjo una revuelta de todas las fuerzas opositoras a las que las últimas elecciones habían expulsado del Parlamento, unidas en un Frente nacional. En mayo de 1958 estallaban una serie de revueltas y el jefe del ejército libanés, el general Fuad Chehab, se negaba a intervenir en apoyo del corrompido Chamoun.

Los norteamericanos comenzaron a pensar en la necesidad de intervenir para apoyar a aquel gobierno que habían hecho elegir con su dinero. Cuando se produjo el golpe de estado de Irak, Chamoun pidió ayuda a los Estados Unidos, acogiéndose a la doctrina Eisenhower, y los norteamericanos, que tenían su Sexta flota en aguas cercanas, enviaron a Beirut 15 000 hombres, que desembarcaron el 15 de julio en sus playas ante el asombro de los bañistas, sin una misión concreta que realizar, salvo la de hacer una demostración de fuerza, apoyada por los vuelos de sus aviones a baja altura, con el fin de intimidar a los nasseristas.[104] Mientras tanto en Washington se especulaba acerca de la posibilidad de derribar al nuevo gobierno iraquí, como proponían los británicos, que habían enviado tropas a su casi protectorado de Jordania, o la de ocupar los campos petrolíferos de Kuwait y de Arabia Saudí.

La reafirmación del neutralismo del nuevo gobierno de Bagdad, que se preocupó de tranquilizar a los Estados Unidos, su reconocimiento por el bloque comunista (China tomó pretexto de las amenazas al régimen de Irak para iniciar un nuevo cañoneo de las islas de Quemoy) y, sobre todo, la firma de un pacto de defensa mutua entre Bagdad y El Cairo, hicieron inviable un ataque norteamericano. Los marines se retiraron de Beirut a los tres meses, sin haber disparado un solo tiro, y en el Líbano se eligió un nuevo presidente, Fouad Chehab, que formó un gobierno que integraba a miembros de la oposición y que consiguió restablecer un cierto grado de consenso.

La intervención en el Líbano y las interferencias en la situación de Irak no eran más que el inicio de una política de confusión que iba a prolongarse hasta la actualidad y que explica que, más de medio siglo después del primer desembarco de los marines en Beirut, los problemas del Líbano y de Irak sigan sin perspectivas de resolverse.

Para acabar de completar un panorama de confusión, Turquía, que había sido el aliado más fiel de los Estados Unidos en la zona, en buena medida porque esta alianza le aportaba protección contra las apetencias soviéticas, se sintió defraudada al no recibir la ayuda económica que se le había prometido, e inició en 1959 una aproximación a Moscú. Un año más tarde el ejército turco daba un golpe de estado, ejecutaba al primer ministro Adnan Menderes y volvía a reafirmar su afinidad a la OTAN, aunque el tema de la retirada de los misiles y, sobre todo, la cuestión de Chipre, iban a complicar de nuevo las relaciones con los Estados Unidos.

EL PROYECTO POLÍTICO Y SOCIAL DE JRUSHCHOV

Tras las crisis de 1956 en Europa oriental, Molotov, Malenkov y Kaganovich trataron de limitar el poder de Jrushchov al frente del partido. Su primer intento se produjo en diciembre de 1956, cuando consiguieron que el Comité Central declarase que el sexto plan quinquenal que se había hecho aprobar por el XX Congreso era irrealizable. Jrushchov reaccionó con un proyecto de descentralización que creaba 105 regiones económicas a las que se transferían parte de los poderes que antes controlaban los ministerios.

Aprovechando el descontento creado por estas reformas en quienes habían sido perjudicados por ellas, el grupo opositor organizó una conjura que, como reconocería más adelante Molotov, no tenía otro objetivo que desplazar a Jrushchov del poder. A última hora se unió a ellos Shepilov, un experto en cuestiones teóricas que, como censor ideológico, había condenado la música de Shostakovich, y que en el terreno político había sido hasta entonces un aliado de Jrushchov, quien le nombró ministro de Asuntos Exteriores en junio de 1956. De acuerdo con Bulganin, los conjurados convocaron el 18 de junio de 1957 una reunión del Presidium en que se acusó a Jrushchov de practicar el culto de la personalidad y de gobernar sin contar con los órganos colegiados, a la vez que de practicar una política de derechas. Los debates, que se prolongaron durante cuatro días, fueron de una violencia extraordinaria, pero no hubo un acuerdo inmediato entre quienes querían repartirse el poder, con la voluntad de disminuir las atribuciones del Comité Central y subordinar el partido al gobierno, y su indecisión dio lugar a que no llegasen a aprobar la destitución del primer secretario, que habría tenido fuerza de ley.

Jrushchov consiguió entre tanto que 57 miembros del Comité Central, transportados a Moscú por la aviación militar, exigieran que se convocase una reunión plenaria de este organismo, alegando que el Presidium era simplemente un órgano delegado del Comité Central. Enfrentada a esta resistencia, la coalición opositora se desintegró y quedaron únicamente Molotov, Kaganovich, Malenkov y Shepilov como miembros del «grupo antipartido», que fueron destituidos por el Comité Central. La reunión se convirtió entonces en un juicio a los tres organizadores de la conjura, que se vieron enfrentados a una exposición documentada de sus crímenes en 1937 y 1938, cuando habían sancionado 38 679 ejecuciones, 3167 de ellas en un solo día. Cuando quisieron justificar sus actos como «errores», los partidarios de Jrushchov replicaron que eran «crímenes». Molotov y Kaganovich suplicaron por sus vidas, pero los vencedores no se atrevieron a llevar el asunto más allá, lo que hubiera implicado un proceso público: Molotov acabó como embajador en Mongolia, Malenkov pasó a dirigir una estación hidroeléctrica en el norte del Kazajstán y Kaganovich, a ocuparse de la producción de potasa en un rincón de los Urales. Shepilov, que había traicionado a Jrushchov, fue el más duramente castigado: sus libros fueron retirados de las bibliotecas y se le apartó por completo de la vida pública. Bulganin siguió desempeñando el cargo de presidente hasta que en marzo de 1958 se le forzó a dimitir.[105]

En octubre de 1957 cayó también el mariscal Zhukov, víctima tanto de su campaña de autoglorificación como de su intento de poner al ejército más allá del control del partido, de modo que Jrushchov quedó como único dueño del poder. Aunque, como afirmaría Bohlen unos años más tarde, este poder no era ya absoluto e indiscutido como el de Stalin, puesto que Jrushchov vivía en medio de presiones y tendencias que estaba obligado a tomar en cuenta, y «esto limita su esfera personal de maniobra». Era la consecuencia de haber potenciado el poder del partido y de sus órganos directivos.

En el terreno económico Jrushchov era consciente, al igual que los demás herederos de Stalin, de que los mayores problemas de la Unión Soviética nacían de la necesidad de impulsar el crecimiento y mejorar el nivel de vida de la población. En su opinión el elemento esencial para conseguirlo era aumentar la producción agrícola con el fin de dar satisfacción a las necesidades alimentarias de la población rusa. Y eso lo quiso hacer con su plan de las «tierras vírgenes», aprobado en 1954, que llevó a que en tres años se roturasen para sembrar cereales 36 millones de hectáreas de nuevas tierras en Kazajstán y Siberia, una superficie mayor que la cultivada en Canadá. Al propio tiempo concentró los koljozes (las explotaciones colectivas) en unidades cada vez mayores, les dio más libertad de gestión y suprimió las «estaciones de máquinas y tractores», cuya maquinaria se vendió a los koljozes.

Las cosas empezaron a cambiar rápidamente en la Unión Soviética. Los grandes planes de expansión de los cultivos de cereales a las «tierras vírgenes» parecían estar dando resultados favorables: la cosecha de 1958 estaba casi un 70 por ciento por encima del promedio de las de 1949-1953, en los últimos años de Stalin. Para mejorar la oferta de artículos de consumo, liquidó el monopolio que en la dirección de la industria tenían los ministerios, para dar la iniciativa a consejos económicos que actuaban a escala regional. Se construían bloques de pisos, crecía el consumo de carne, la gente comenzaba a poseer televisores, neveras y lavadoras, los hospitales y la educación eran gratuitos, no había paro y los salarios aumentaban. La realidad es que el nivel de vida de la población soviética fue creciendo, lo cual ayuda a entender la larga etapa de estabilidad que se produjo entre 1956 y 1985. El lanzamiento del primer satélite artificial, Sputnik, el 4 de octubre de 1957, produjo una euforia que iba a verse completada dos años más tarde con el primer cohete a la Luna y, en 1961, con el vuelo orbital de Gagarin. Fueron los años felices en que se creyó posible superar el crecimiento del Occidente capitalista y en que se fijaban plazos para la realización de la sociedad comunista.

Nikita Jrushchov era un hombre singular, que disfrutaba del poder —le encantó, por ejemplo, que su nieto le dijera: «Abuelo ¿quién eres tú, el zar?»—, que bebía vodka en grandes cantidades y era capaz de gestos de mala educación como el de sacarse un zapato en plena sesión de la ONU para golpear la mesa interrumpiendo un discurso de Macmillan. Era, en opinión de Lewin, «un líder impetuoso e impaciente, con una cierta predilección por las panaceas a gran escala y, a veces, arriesgadas». Pero era también un político con un proyecto ambicioso, casi utópico, que no siempre se ha acertado a valorar adecuadamente.

En el terreno político estaba decidido a profundizar el proceso de desestalinización. Más allá del llamado «discurso secreto», Jrushchov hizo una nueva y más enérgica condena del estalinismo en su discurso al XXII Congreso del partido, en octubre de 1961, y esta vez lo hizo públicamente, en una denuncia que no se limitaba a los crímenes contra los miembros del partido, sino a la injusta persecución de ciudadanos soviéticos inocentes, que fue lo que finalmente utilizó para justificar que se retirase el cadáver de Stalin del mausoleo de Lenin.

Esta liberalización se manifestó también en un cierto deshielo cultural. Si en 1957 no se había autorizado la publicación de la novela de Pasternak El doctor Zhivago, y se obligó al autor a renunciar al premio Nobel que se le concedió en 1958, en 1962 se permitió la edición de un libro como Un día en la vida de Ivan Denisovich de Solzhenitsin, una denuncia del gulag que significaba un apoyo para la campaña de condena de los crímenes de Stalin. Se reimprimían ahora las novelas de Dostoievsky, que Stalin no permitía publicar, y había esperanzas de que el deshielo pudiese ir más allá.

Pero el conjunto del partido no estaba dispuesto a aceptar tanto cambio. Muchos de los nuevos dirigentes que el propio Jrushchov había cooptado, y que pertenecían a una nueva generación que, a diferencia de la de los sucesores de Stalin, no tenía las manos teñidas de sangre, pensaban que había ido demasiado lejos en la denuncia de los dirigentes del partido y que estaba poniendo en peligro el propio sistema. Se comenzó a poner freno a las rehabilitaciones de víctimas del terror y se logró impedir que se concediera a Solzhenitsin el premio Lenin.

Pero tal vez el rasgo más ignorado de este proyecto renovador sea lo que podríamos llamar su vertiente social: su intento de adelantar el establecimiento de una sociedad socialista por medios pacíficos, que recuerda hasta cierto punto los modelos libertarios del anarquismo. Para Jrushchov la denuncia del terror estalinista no se limitaba a la búsqueda de la justicia socialista, esto es al establecimiento del principio de que nadie podía ser castigado si no había violado la ley, sino que iba más allá, en la ruta de la construcción de la sociedad del comunismo, tal como lo había expuesto en su discurso de 1961 en el XXII Congreso del PCUS. Según Jrushchov la revolución debía pasar por tres etapas: la primera consistía en el derrocamiento de los explotadores y el establecimiento de la dictadura del proletariado y la segunda consistía en la construcción del socialismo. Habiendo superado el obstáculo que representó el terror, la Unión Soviética había cubierto ya la dos primeras etapas y se enfrentaba ahora al inicio de la tercera: la creación de la sociedad comunista.

Esta había de ser una sociedad armónica y estable, cuyos ciudadanos, adecuadamente reeducados, no tendrían estímulo alguno para delinquir. En marzo de 1959, en el Tercer congreso de escritores, pronunció un discurso que se reprodujo en la primera página de Pravda en que sostenía que no había ser humano alguno que fuera incorregible, ni siquiera los opositores políticos y los criminales. Los únicos enemigos reales eran los capitalistas. En el interior de la sociedad soviética era mejor la corrección que el encarcelamiento. En la paz social del comunismo los crímenes serían tan raros que quienes los cometiesen serían considerados como enfermos mentales. No solo pensaba que era posible un futuro sin cárceles, sino que creía que se estaba en condiciones de alcanzarlo.

Para facilitar la reeducación que había de ir reemplazando a la cárcel, un decreto de 2 de marzo de 1959 creaba brigadas voluntarias en cada fábrica y en cada explotación agraria del país para que se encargasen de patrullar las calles, identificar a los perturbadores del orden e informar de su conducta a su lugar de trabajo, y eventualmente a la policía. Se reformaban a la vez los «tribunales de camaradas», dentro de una opción que lo que pretendía no era detener o encarcelar, sino reeducar a través de la reprobación pública.

Pero en 1960 habían aumentado los delitos, en especial en la ciudad de Moscú, lo cual se atribuía a las excarcelaciones producidas por el decreto de 14 de agosto de 1959 y al nuevo sistema que ponía a los ofensores bajo la tutela de organizaciones sociales, en lugar de someterlos a los habituales mecanismos represivos.

Fue por ello que en el XXII Congreso, en 1961, se organizó la batalla contra los vagos, parásitos, alborotadores y borrachos, que pensaban que en el comunismo no había que trabajar, sino que bastaba tan solo con consumir y disfrutar. Había que echar a estos elementos antisociales para que no impidiesen el avance hacia el comunismo. Pese a todos los inconvenientes, Jrushchov no había renunciado aún a su utopía social. Fue, dirá Miriam Dobson, el «último aliento de la revolución, el último intento de construir un mundo perfecto, esta vez sin necesidad de un uso excesivo de la violencia».

El estado soviético no estaba preparado para enfrentarse a un cambio semejante. En junio de 1962 los trabajadores de Novocherkassk, que se manifestaban pacíficamente contra la subida del precio de los alimentos, fueron reprimidos a tiros y castigados con penas muy severas. Poco a poco crecieron de nuevo las cifras de los presos del gulag y, tras la caída de Jrushchov, sus sucesores abandonaron su utopía social en favor de métodos represivos que asegurasen el orden interno.

EL FIN DE UN PROYECTO DE COEXISTENCIA PACÍFICA

En el terreno de la política internacional Jrushchov hubo de enfrentarse a contratiempos como el distanciamiento de China, o más bien de Mao, pese a que había sido por iniciativa personal suya que la Unión Soviética había prestado a China una generosa ayuda económica y tecnológica a partir de 1954. La mayor, sin embargo, de sus frustraciones fue la de no haber conseguido sacar adelante los proyectos de paz y desarme que se ofrecieron a los Estados Unidos, puesto que para realizar sus planes de reforma necesitaba no verse obligado a invertir demasiados recursos en la guerra. De hecho, convencido como estaba de que el equilibrio nuclear hacía impensable una nueva guerra general, y de que, en todo caso, un conflicto de este tipo lo resolverían los misiles, se negó a hacer fuertes gastos para construir nuevos aviones, y menos aun los grandes buques de guerra de superficie que reclamaban los jefes de la marina. En lugar de los portaaviones, que hubieran podido acercarse a los objetivos sobre los que se quisiera ejercer una amenaza, Jrushchov optó por los submarinos dotados de armamento nuclear. Lo que es más, entre 1955 y 1960 la Unión Soviética redujo sus fuerzas armadas en unos tres millones y medio de hombres, incluyendo cientos de miles de oficiales.

Para presionar a los Estados Unidos Jrushchov había optado por atacar el mundo capitalista por los flancos débiles del «tercer mundo», lo que se podía hacer dando apoyo a los movimientos de liberación nacional en estos años en que se estaba produciendo el acceso a la independencia de un gran número de nuevos estados. En plena crisis de Berlín Shelepin le había propuesto crear «una situación en diversas áreas del mundo que favorezca la dispersión de la atención y de las fuerzas de los Estados Unidos y de sus satélites, y los tenga ocupados mientras se llega a un arreglo de la cuestión del tratado de paz con Alemania y del Berlín Occidental».

Lo esencial, sin embargo, era completar cuanto antes unas negociaciones que asegurasen la paz, resolviendo ante todo el complejo problema de Alemania, como se intentó con el Plan Rapacki, presentado ante las Naciones Unidas el 2 de octubre de 1957 —que proponía desnuclearizar Europa central, incluyendo la Alemania occidental—, con las conversaciones sobre Berlín celebradas en Ginebra en mayo y junio de 1959, o con la visita de Jrushchov a Eisenhower en Camp David, aquel mismo otoño.

A los norteamericanos, en cambio, que contaban con una gran superioridad de armamento atómico, no les interesaba entrar por el camino de la reducción de armamento, y solo se vieron obligados a hacer un nuevo gesto cuando los soviéticos plantearon un objetivo modesto y fácil de controlar, la suspensión de las pruebas nucleares al aire libre, y vieron que la propuesta era acogida con mucho interés por la opinión mundial, concienciada por el problema creciente que representaba la lluvia radioactiva, como la que se produjo, con graves consecuencias para los seres humanos, tras la gran explosión de Bikini, en marzo de 1954. Cuando los soviéticos anunciaron, el 31 de marzo de 1958, que suspendían unilateralmente las pruebas y que invitaban a los norteamericanos a hacer otro tanto, Eisenhower tuvo que reaccionar. Habría que aceptar un cese por lo menos de las pruebas atmosféricas, con el fin de calmar a la opinión mundial.

Fue en estos momentos cuando tuvo lugar el viaje de Jrushchov a los Estados Unidos[106] y cuando empezaron las negociaciones para celebrar en París, a mediados de mayo de 1960, una reunión de las cuatro grandes potencias. Era la primera vez que Eisenhower se proponía llegar a un acuerdo, no porque quisiera que mejorasen las relaciones con los soviéticos, sino porque consideraba vital mantener el apoyo de la opinión pública mundial y quería evitar que los comunistas obtuvieran alguna ganancia en este terreno.

Jrushchov, por su parte, tenía puestas grandes esperanzas en esta conferencia en la cumbre, que podía permitirle continuar con su política de reducción del gasto militar. En diciembre de 1959, en un documento secreto enviado a los miembros del Presidium, exponía su tesis acerca de la reducción de las fuerzas convencionales, dado que las armas nucleares podían servir para disuadir a un atacante potencial, y el 12 de enero de 1960 anunció al soviet supremo que se iba a realizar una nueva reducción de 1.200 000 hombres de las fuerzas armadas en tres años. Pero sus esperanzas acabaron arruinadas por un hecho que nacía de la desconfianza de los norteamericanos.

El fracaso de los intentos de crear una red de espionaje en territorio soviético había llevado a Eisenhower a autorizar los vuelos de los aviones espía U2, aunque ello implicaba una violación del espacio aéreo ruso, lo que en términos de las leyes internacionales se consideraba un acto de guerra. El primero se produjo en julio de 1956 y no pasó inadvertido por los soviéticos; hasta fines de abril de 1960 los U2 realizaron 23 de estos vuelos, todos ellos con éxito. La información que se obtenía por este medio era buena, pero demasiado discontinua. Se estaba desarrollando un proyecto que implicaba el uso de satélites para realizar un reconocimiento continuado y seguro; pero los sucesivos fracasos en el lanzamiento de estos satélites llevaron a la CIA y al Pentágono a presionar a Eisenhower para que autorizase nuevos vuelos de reconocimiento, el último de los cuales iba a producirse poco antes de la cumbre de París, con el fin de asegurarse del volumen y la naturaleza del armamento soviético.

Francis Gary Powers salió de Pakistán, de la base estadounidense secreta de Badaber, el primero de mayo de 1960, para realizar un vuelo que había de pasar por encima de Plesetsk, donde se estaban preparando los primeros misiles intercontinentales soviéticos operativos. Un cohete soviético que estalló junto a su avión lo dañó sin destruirlo por completo, de modo que el piloto pudo lanzarse en paracaídas y tocó tierra en un sovjoz (una explotación agraria estatal). Jrushchov recibió la noticia de la captura mientras estaba en la Plaza Roja, en pleno desfile del primero de mayo.[107]

Al principio Jrushchov se negaba a creer que hubiese sido «su amigo» Eisenhower quien hubiese comprometido el éxito de la reunión de París de un modo tan torpe. Pensaba que el vuelo había sido organizado por elementos incontrolados de la CIA y, en todo caso, esperaba que el presidente norteamericano procurase quedar al margen de este incidente. Los norteamericanos, que sabían que el avión había sido derribado, pero ignoraban en los primeros momentos que el piloto hubiese sido capturado con vida —los propios rusos lo ocultaron, tratando de darles tiempo para «salvar la cara»— comenzaron mintiendo, al asegurar que se trataba de un vuelo de observación meteorológica, hasta que, al saber que Powers estaba vivo, Eisenhower admitió su responsabilidad en la autorización de los vuelos, aunque añadió que ignoraba los detalles de cada misión.

En un contexto en que Jrushchov era atacado continuamente en la URSS por quienes encontraban inaceptable su política de apaciguamiento, esto significaba que era imposible seguir negociando en las mismas condiciones; iría a París a exigir a Eisenhower que pidiese disculpas, que castigase a los responsables y se comprometiese a no repetir los vuelos, aun sabiendo que con ello peligraba la realización de las negociaciones. «Es una lástima, pero no tenemos elección.» La reunión resultó tan violenta que Eisenhower regresó a la residencia del embajador estadounidense agitado, exclamando que estaba harto y que el hijo de puta de Jrushchov había montado este espectáculo para impresionar al Kremlin. Macmillan escribió en su diario que aquel era «el día más trágico de su vida». Eisenhower anunció que no se iban a realizar nuevos vuelos sobre territorio soviético, y Macmillan y De Gaulle se esforzaron en convencer a un Jrushchov excitado para que no exigiese al presidente norteamericano una humillación mayor. Pero este no cedió y la reunión no llegó a realizarse.

Jrushchov sostenía que él confiaría la educación de sus hijos a Eisenhower, porque pensaba que era un hombre honrado, pero se preguntaba si el dirigente norteamericano entendía las responsabilidades que implica el liderazgo político en cuestiones internacionales. Muchos años más tarde Mikoyan diría que aquella no era forma de tratar a Eisenhower y que Jrushchov, con su exhibición histérica, «era culpable de haber retrasado quince años el inicio de la distensión».

Se equivocaba Mikoyan, como se había equivocado Jrushchov al juzgar las intenciones de Eisenhower, que mintió en sus memorias al decir que una de las grandes frustraciones de su presidencia era la de no haber conseguido un acuerdo de desarme. Ambos bandos sabían que una guerra nuclear era inviable y que el desarrollo de la guerra fría iba a convertirse en una competición entre dos sistemas políticos y sociales, que duraría todavía muchos años. En las perspectivas que se presentaban hacia 1960, el desarme nuclear era una opción que convenía a la Unión Soviética, que necesitaba disminuir el gasto militar para financiar su desarrollo económico, pero que no convenía en absoluto a los Estados Unidos, que tenían superioridad en armamento y esperaban que la continuidad de la escalada armamentística impediría el progreso de sus competidores. Y que necesitaban, además, que continuase existiendo el clima de enfrentamiento de la guerra fría, del que el miedo a la guerra nuclear era una pieza esencial, para mantener la cohesión internacional en su campo.

LOS AÑOS FINALES DEL MANDATO DE EISENHOWER

Para Eisenhower los años de su segundo mandato fueron poco afortunados. Se iniciaron con una fuerte recesión económica, siguieron con revelaciones sobre la corrupción de algunos miembros de su administración, incluyendo a su asistente principal, Sherman Adams, y se vieron perturbados por las huelgas en la industria del acero. El lanzamiento del Sputnik ruso produjo en la sociedad norteamericana una sensación de inseguridad, que el presidente no podía contrarrestar con informaciones sobre la debilidad militar soviética, porque no tenía plena seguridad respecto de los datos que le había proporcionado la vigilancia aérea, pero también, y sobre todo, porque no le convenía disminuir la tensión interna que mantenía unido el bloque de la OTAN sobre la base del temor al potencial soviético.

Ello le llevó a la creación de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) y a aceptar que crecieran los gastos de defensa —aunque muy lejos del aumento de tres mil millones de dólares al año para la próxima década que pedían los Rockefeller— como consecuencia más de las rivalidades internas de las diversas ramas del Pentágono, que pugnaban entre sí para beneficiarse del presupuesto, que de la pretendida superioridad soviética que se esgrimía como justificación. Lo que puede ayudar a entender la denuncia final de Eisenhower, en su discurso de 1961: «en los círculos del gobierno hemos de guardarnos contra la adquisición de una injustificada influencia, buscada deliberadamente o no, por parte del complejo militar-industrial».

Estas palabras, que han conducido a la injustificada mitificación de Eisenhower como un hombre de paz, tenían que ver sobre todo con las consecuencias del rearme sobre la economía y con la corrupción que las industrias de armamento podían introducir en la política.[108] Como lo prueba que fuesen seguidas por otras que proclamaban la necesidad de proseguir una lucha «de indefinida duración» contra el comunismo ateo, y que por estas mismas fechas el presidente aprobase el plan de ataque preventivo y de represalia nuclear contra la Unión Soviética que los militares estaban preparando.

Como ya se ha dicho, el presidente había creado al comienzo de su administración un organismo encargado de evaluar los efectos de una guerra nuclear, que se centró inicialmente en los posibles daños a los Estados Unidos de un ataque soviético. En noviembre de 1958 recibió un nuevo estudio de los efectos que podía tener un ataque soviético por sorpresa, al que se añadían ahora los de una acción norteamericana de represalia. A fines de 1960 el presidente y los dirigentes del Departamento de Defensa aprobaron el SIOP-62 (Single Integrated Operational Plan), un proyecto de naturaleza parecida a los que había estado diseñando el SAC bajo la dirección de Le May, pero de mayor amplitud, que preveía cómo utilizar conjuntamente las fuerzas armadas para un ataque nuclear en masa contra la Unión Soviética, China y sus aliados, valiéndose de bombarderos estratégicos, submarinos Polaris, misiles intercontinentales Atlas y otros diversos medios de ataque.

Un ataque preventivo podía enviar 3500 armas nucleares sobre 1060 objetivos en la Unión Soviética, China y sus aliados en Asia y Europa, atacando depósitos, centros de control del gobierno y del ejército, y cuando menos 130 ciudades, con un uso masivo de armas (se preveía emplear tres bombas de 80 kilotones para destruir una ciudad del tamaño de Nagasaki, cuando esta había sido aniquilada en 1945 con una sola bomba de 22 kilotones). Las víctimas podían llegar a ser del orden de los 500 millones de muertos, aunque solo se tomaba en cuenta el efecto de las explosiones, y no el de los incendios que pudieran provocar ni el de la lluvia radioactiva. Entre los aspectos negativos del plan figuraba su carácter global (el ataque a China estaba previsto al mismo tiempo que se realizaba uno dirigido contra la URSS, sin establecer previamente que hubiese un motivo que lo justificase); pero el más grave de los riesgos era el de la posibilidad de un lanzamiento accidental de los misiles que pusiera en marcha este mecanismo de destrucción universal.

Este gigantesco holocausto atómico era irracional. Desde 1960 los jefes de la marina habían presentado planes que mostraban que con una fuerza de unos 40 submarinos Polaris, que podían lanzar sus misiles sin salir a la superficie, se podían alcanzar 232 objetivos en la Unión Soviética, lo que bastaba para causarle destrucciones decisivas, y ofrecía una garantía suficiente de disuasión. ¿Por qué no se hizo caso de este programa de disuasión limitada, sino que se siguieron construyendo emplazamientos terrestres para el lanzamiento de misiles intercontinentales, y multiplicando las armas más allá de cualquier previsión racional? Las explicaciones deben buscarse en toda una serie de motivos: la voluntad política de ofrecer al público la imagen de un poder capaz de hacer frente a la amenaza roja, cuya capacidad había sido sistemáticamente sobrevalorada para cultivar el miedo que reforzaba el consenso social, la rivalidad entre la fuerza aérea y la marina por convertirse en el elemento decisivo de la defensa, pero también los intereses del «complejo militar-industrial-congresual».

El problema de la lucha por los derechos civiles se agravó también en estos años. La decisión legal que ponía fin a la segregación en las escuelas, que Eisenhower no se esforzó en hacer cumplir, dio lugar a una oleada de violencia en Little Rock, Arkansas, en septiembre de 1957, cuando una niña negra de quince años trató de comenzar el curso en la Central High School. Aunque el Tribunal Supremo había ilegalizado en 1954 la segregación en las escuelas, el intento de aplicar esta medida en Little Rock dio lugar a todo tipo de violencias y a que el gobernador del estado, Orval Faubus, movilizase a la guardia nacional para impedir el acceso de los negros a la escuela. Un gesto de desafío a la legalidad que obligó a Eisenhower a enviar tropas federales. No es que la cuestión racial le preocupase personalmente, pero era consciente de la mala imagen que daba en los países del tercer mundo: «era difícil hablar de progreso cuando las tropas federales tenían que escoltar a los niños negros que iban a la escuela». En el movimiento de protesta de los negros comenzaba a destacar entonces un nuevo dirigente: un joven pastor baptista llamado Martin Luther King.

Pero sus peores problemas vinieron en estos años, y en especial después de la muerte de su secretario de Estado John Foster Dulles en el verano de 1959, de la política exterior. El fracaso de las negociaciones con los soviéticos, el agravamiento de la situación en Indochina, la errónea intervención en Indonesia o la deriva de la revolución cubana hacia el comunismo, a la que quiso responder con un desastroso proyecto de invasión que legó en herencia a su sucesor, son claros ejemplos de ello. Aunque tal vez el capítulo más negro de su política exterior sea su actitud de respaldo a los viejos intereses imperiales en el Congo y su responsabilidad directa en el asesinato de Lumumba, movido en parte por el miedo racista que se extendió por los círculos dirigentes norteamericanos ante el ascenso de los pueblos de color, simbolizado por esa internacional de las razas oprimidas que fue la conferencia de Bandung, que en 1955 reunió a representantes de 29 naciones de Asia y de África.

Toda esta serie de crisis, internas y externas, no le impidieron, por otra parte, dedicar bastante más tiempo al golf que a la política. Valorando sus dos períodos como presidente, Maldwyn A. Jones afirma que por su irresolución y pasividad se los ha calificado con frecuencia como unos años perdidos. Pero la comparación con los desastres y las tragedias que causaron con su actividad sus sucesores, ha acabado dando lugar a que sean recordados «como una era feliz de tranquilidad». Lo cual posiblemente se deba a que se tiende a ignorar que buena parte de aquellos desastres posteriores fueron consecuencia de la dirección que Eisenhower y Foster Dulles habían dado a la política exterior norteamericana.

5

LA ESCALADA (1960-1968)

JOHN F. KENNEDY

John Fitzgerald Kennedy llegaba al poder con el propósito de cambiar el estilo burocrático y rígido de su predecesor. Se rodeó de un grupo de universitarios brillantes que integraban su brain trust, como Robert S. McNamara, uno de los jóvenes-maravilla que habían revitalizado la Ford, a quien Kennedy ofreció el cargo de secretario de Defensa (a sus 44 años era el más joven en este cargo de la historia norteamericana, pero el propio Kennedy tenía 43 años y su hermano Robert, a quien nombró fiscal general, 35). Una función esencial le correspondió a McGeorge Bundy, decano de Harvard, quien estuvo de 1961 a 1966 al frente del National Security Council (NSC), una institución que dejaría de ser un mero consejo asesor para convertirse en el órgano fundamental de dirección de la política internacional, puesta directamente en manos del presidente. Junto a ellos, Ted Sorensen, que fue uno de los colaboradores más estrechos del presidente y el autor real, a través de sus discursos, de su retórica política, junto a Kenny O’Donnell o a Walt Rostow, que desarrolló la doctrina de la “Alianza para el progreso” y fue uno de los principales impulsores de la guerra de Vietnam.

Kennedy comenzó su gestión en enero de 1961 con un discurso sobre la defensa de la libertad, como primera muestra de la retórica de la “Nueva frontera” —una expresión inspirada en el New Deal de Roosevelt— que encubría el pensamiento real de un político pragmático y profundamente conservador (creía que Roosevelt había “vendido” Polonia en Yalta, que Truman era culpable de haber perdido China, y que McCarthy, amigo de su familia, podía tener alguna razón). Lo cual no bastó para que una extrema derecha cristiana y anticomunista en rápido ascenso, gracias a las organizaciones que se financiaban con donaciones empresariales que podían deducirse de los impuestos, se ensañase con el nuevo presidente, considerándolo blando con el comunismo y atacándole por plantear una política de derechos civiles.

Su carisma y la promesa de idealismo de su joven administración, se ha dicho, “ocultaban con frecuencia su cinismo y su conservadurismo”. Lo que realmente le preocupaba eran los problemas internacionales relacionados con la guerra fría —pidió que en su discurso de inauguración no se tocasen cuestiones domésticas: “¿A quién le importa eso del salario mínimo?”—, y su mayor contribución fue haber actuado, salvo en el caso de Vietnam, con una prudencia que le permitió esquivar los riesgos de una guerra nuclear, que pudo muy bien haber estallado en unos años de confrontación, para lo cual hubo de enfrentarse a los altos mandos militares y a los jefes de los servicios de inteligencia, que parecían empeñados en provocar un conflicto.

Hoy sabemos que casi todo lo que rodeaba su imagen pública era un fraude, lo que, sorprendentemente, consiguió mantener en secreto. Para empezar, su estado físico era tan deplorable que, de haberse conocido, hubiese hecho imposible que se le aceptara como presidente (se ha dicho que no era seguro que pudiese sobrevivir ni siquiera cuatro años). Porque aquel joven de apariencia brillante, que en 1963 escribía en un artículo que «el buen estado físico y la vitalidad» eran indispensables para «un funcionario agobiado, que trabaja de noche para mantener en marcha un programa del gobierno», era poco menos que un inválido. Desde los tres años de edad fue acumulando dolencias graves, algunas de ellas causadas por la propia medicación que tomaba, que le obligaron a vivir rodeado de médicos y en perpetua dependencia de drogas y calmantes. Tenía la enfermedad de Addison y estaba obligado a tomar fuertes dosis de cortisona y testosterona (lo cual puede haber influido en su agitada vida sexual); consumía antiespasmódicos para controlar una inflamación permanente del colon, lo que parece haber contribuido a ulcerar su estómago, y padecía insufribles dolores de espalda, debidos a la osteoporosis; tomaba antibióticos por una infección urinaria y antihistamínicos que le provocaban depresiones que había de combatir con estimulantes, con medicamentos contra la ansiedad y con barbitúricos para dormir. Antes de una rueda de prensa o de un acto público recibía inyecciones con sedantes. Tomaba por lo menos diez tipos distintos de medicación al día, alguna de ellas dos veces. Pese a lo cual las grabaciones de la Casa Blanca muestran que siempre estuvo lúcido en el momento de tomar decisiones. Fue tan eficaz en ocultar sus fallos físicos como su turbulenta vida privada.

EL CERCO A CUBA

Uno de los primeros problemas a que tuvo que enfrentarse la nueva administración fue la operación para liquidar el régimen de Castro que había preparado en tiempos de Eisenhower Richard Bissell, encargado del Directorio de Operaciones de la CIA, como respuesta al giro a la izquierda de la revolución cubana. Era del mismo estilo que la que se realizó para derrocar a Árbenz en Guatemala en 1954, pero usando esta vez exiliados anticastristas. Se iniciaría con un desembarco apoyado por un ataque aéreo previo, efectuado por aviones norteamericanos camuflados para hacer creer que se trataba de desertores cubanos. La CIA garantizaba los resultados de este proyecto, que Eisenhower había acogido con entusiasmo.

Kennedy encontró el plan ultimado, con los cubanos que habían de invadir la isla entrenándose en una plantación de café de Guatemala, y Allen Dulles y la CIA insistieron en que había de ponerse en práctica de inmediato, lo que el nuevo presidente aceptó, con la condición de que el asunto debía aparecer como enteramente cubano, y dejando claro que no toleraría que los Estados Unidos apareciesen implicados directamente en él, lo que hubiera hecho inviables sus proyectos de acercamiento político a América Latina. La decisión final la tomó cuando un coronel de marines enviado a inspeccionar la brigada cubana en Guatemala informó que creía a aquellos hombres capacitados para realizar «no solo misiones de combate inicial, sino también el objetivo final y definitivo: el derrocamiento de Castro».

«Fue por nuestra parte —diría más adelante Kennedy— la estupidez de unos principiantes, y por la suya, la estupidez de vivir envueltos en sus ilusiones», puesto que el proyecto se basaba en la convicción de que el odio del pueblo cubano al castrismo haría que un simple desembarco bastase para producir un levantamiento en masa (la CIA calculaba que se podía llegar a movilizar a un 25 por ciento de la población); si las cosas no iban bien, los desembarcados podían refugiarse en las montañas para iniciar una guerra de guerrillas, como Castro había hecho en 1956. De una u otra forma el objetivo inmediato no era tanto el derrocamiento de Castro por las tropas invasoras, que solo sería posible de producirse un levantamiento general contra el gobierno, sino el de «apoderarse de una pequeña área y defenderla», con el fin de que desembarcase en ella «un gobierno provisional que pueda ser reconocido por los Estados Unidos», lo cual justificaría una intervención militar norteamericana.

La verdad es que había serias discrepancias acerca de las posibilidades de la operación entre el Departamento de Estado, que se mostraba escéptico, y los militares y la CIA, que lo apoyaban con entusiasmo. La historia oficial de la CIA revela, sin embargo, que en noviembre de 1960, cinco meses antes de la operación, se había llegado a la conclusión de que el proyecto era irrealizable «a la luz de los controles establecidos por Castro». El propio historiador de la CIA se preguntaba cómo era posible que, habiendo llegado en noviembre de 1960 a estas conclusiones, que no se comunicaron al presidente electo, se decidiese en abril de 1961 emprender el desembarco con una fuerza tan reducida.

A lo cual hay que añadir el error en escoger el lugar del desembarco, Bahía de Cochinos (Playa Girón), que estaba en una zona que tenía difícil salida, con tan solo tres carreteras que facilitarían el rápido acceso de tropas cubanas y dejarían a los invasores aislados, separados por una zona pantanosa de las montañas donde se había previsto que estableciesen una base de guerrillas («el peor sitio posible en Cuba», diría Miró Cardona, el presidente del Consejo revolucionario en el exilio, quejándose de que la CIA, que al parecer había basado sus planes en mapas antiguos, no les hubiese consultado).

El 15 de abril, ocho bombarderos norteamericanos B-26 con insignias falsificadas trataron de destruir por sorpresa los cazas cubanos en el suelo, sin conseguir los resultados que esperaban, puesto que quedaron los suficientes aparatos como para hacer frente a la invasión (a Adlai Stevenson, embajador norteamericano en la ONU, le engañaron para que asegurase que se trataba de aviones cubanos que habían desertado y se habían refugiado en Florida).

En la mañana del 17 de abril de 1961 una brigada de 1400 hombres (estudiantes, hombres de negocios, médicos, abogados, campesinos con tan solo unos 135 soldados) desembarcó en Playa Girón en condiciones que llevaron a que la operación fuera un desastre. Combatiendo sin los suministros adecuados, iban a verse obligados a enfrentarse a 20 000 soldados cubanos, con el agravante de que la aviación cubana hizo embarrancar una de las embarcaciones y hundió otra que llevaba su reserva de municiones y la mayor parte de los suministros de alimentos y gasolina, lo que dio lugar a que otros transportes de equipamiento y comunicaciones huyeran para protegerse. Seis de los ocho B-26 que apoyaban la invasión fueron destruidos o inutilizados en el primer día, lo que obligó a poner en juego otros, tripulados ahora por pilotos norteamericanos. Los invasores resistieron mientras esperaban en vano que les apoyara una gran intervención aérea norteamericana, como se les había hecho creer, pero tuvieron que rendirse al tercer día, sin poder reembarcarse, puesto que la aviación cubana hundió las lanchas que habían de recogerlos. Todas las peticiones hechas a Kennedy para que permitiese un ataque aéreo o enviase dos destructores para sostener a los desembarcados fueron rechazadas por este. El resultado final fueron 114 muertos y unos 1200 prisioneros entre los presuntos libertadores de la isla.

El general Lemnitzer, jefe del Joint Chiefs of Staff, parece haber aceptado el plan de desembarco de la CIA, pese a considerarlo desastroso, con la esperanza de que su fracaso obligaría a Kennedy a intervenir. La propia CIA parece haber estado convencida de que el previsible fracaso del desembarco obligaría a un inexperto y asustado Kennedy a aceptar un ataque directo, antes que la vergüenza del fracaso: los hombres enviados a Bahía de Cochinos no habrían sido más que «carne de cañón» destinada a forzar una intervención militar directa. Que la negativa de Kennedy frustrase los planes de ataque directo aumentó el desprecio inicial que los militares, acostumbrados al mando de Eisenhower, sentían por ese gobierno de civiles.

Entre el vuelo orbital que Iuri Gagarin efectuó el día 12 y el fracaso cubano cinco días después, abril de 1961 fue un mal mes para Kennedy, que asumió públicamente su responsabilidad y limpió la CIA, comenzando por destituir a Allen Dulles, que le había garantizado el pleno éxito de la operación cubana (algunos de los agentes expulsados ahora intervendrían años más tarde en Watergate).

Aunque Kennedy desconfiaba de la capacidad de los altos mandos militares que exhibían las cintas de colores de sus condecoraciones —«Estos hijos de puta con toda su ensalada de frutas se sentaban ahí moviendo la cabeza y diciendo que iba a funcionar»— coincidía con ellos en su voluntad de derribar el régimen cubano a toda costa, solo que se proponía hacerlo salvando las apariencias, buscando algún motivo que legitimase la invasión de la isla.

Los Joint Chiefs of Staff habían preparado planes como el de la llamada Operación Northwoods, que incluía una campaña de actos terroristas en los Estados Unidos, incluyendo el asesinato de civiles inocentes, para hacer creer que se trataba de una acción de agentes cubanos. Pero Kennedy no quería dejar estas cuestiones en manos de los militares, sino que lo que se iba a llamar Operación Mongoose, establecida en noviembre de 1961, dependería de su hermano Robert y sería dirigida por el general Edward Lansdale, con el concurso de unos cinco mil hombres, entre cubanos y norteamericanos, una flota de lanchas rápidas y un presupuesto inicial de unos 50 millones de dólares.

Eran los tiempos en que las novelas de espías de Ian Fleming gozaban de la mayor popularidad, lo cual influyó en los planes de los equipos de Mongoose, que proyectaban campañas de sabotaje, operaciones de guerra sucia e intentos de asesinar a Fidel Castro, en colaboración con los hombres de la mafia, que estaban interesados en recuperar sus propiedades en Cuba y en congraciarse con las autoridades norteamericanas, además de en embolsarse los 150 000 dólares que la CIA ofrecía en pago por la eliminación del dirigente cubano.

Cuatro meses después de Bahía de Cochinos, el 17 de agosto de 1961, Ernesto «Che» Guevara contactó en Uruguay con Richard Goodwin, un joven asesor de asuntos latinoamericanos de la Casa Blanca, y le ofreció el inicio de negociaciones para llegar a un modus vivendi: se comprometían a pagar indemnizaciones por las propiedades norteamericanas expropiadas, a no hacer ninguna alianza política con «el Este» y a discutir acerca de las actividades de la revolución cubana en otros países. Pero los Kennedy no estaban en aquellos momentos por negociaciones y no tomaron en cuenta la oferta, lo que resulta más fácil de entender si tomamos en cuenta que estaban entonces en plena organización de una serie de operaciones encubiertas contra Cuba, que, de acuerdo con sus proyectos, habían de culminar con una revuelta que derrocaría el régimen castrista.

En mayo de 1962 se firmaron acuerdos secretos entre Castro y el gobierno soviético, y los cubanos acabaron aceptando la propuesta de Jrushchov de instalar en la isla misiles rusos que habían de defenderles de la esperada invasión norteamericana; unos misiles que podían atacar ciudades norteamericanas y devastarlas con una explosión semejante a la que destruyó Hiroshima. Un año más tarde, en 1963, Guevara viajó a Argelia, donde obtuvo el compromiso de Ben Bella de dar pleno apoyo a las luchas revolucionarias en América Latina. El cambio de campo del régimen cubano era en buena medida una consecuencia del rechazo norteamericano.

LA CUESTIÓN DE BERLÍN

La desastrosa situación a que hubo de hacer frente en los primeros meses de su gestión condicionó a Kennedy en su encuentro con Jrushchov en Viena, a comienzos de junio de 1961. Kennedy necesitó el auxilio de los estimulantes e inyecciones habituales para hacer frente a Jrushchov, quien cometió el error de tratar a su joven colega «como una prima donna que se enfrenta a una debutante», amenazándole con firmar una paz por separado con la República Democrática Alemana, lo que pondría fin a los derechos de acceso de las potencias al Berlín Occidental, sin darse cuenta de que, a diferencia de Eisenhower, a quien había planteado anteriormente esta misma amenaza, Kennedy aspiraba sinceramente a la distensión, por lo menos en este terreno. El presidente norteamericano, que creía que Jrushchov se había mostrado intransigente con él porque su fracaso en la invasión de Cuba le hizo creer que era débil —y en efecto, Jrushchov había dicho a los suyos, para justificar la dureza de la posición que pensaba adoptar, que lo sucedido en Bahía de Cochinos demostraba que el poder no estaba en los Estados Unidos en las firmes manos de un líder—, regresó de Viena descorazonado y con ansias de devolver el golpe.

Eran momentos de tensión entre Jrushchov y Ulbricht, que esperaba un apoyo político más firme de los soviéticos y justificaba la diferencia entre ambas zonas alemanas por el hecho de que los rusos habían estado sacando recursos del este en concepto de reparaciones, mientras los occidentales vertían millones de dólares de ayuda al oeste. Ante la perspectiva de que la situación en Berlín se prolongase durante mucho tiempo, y vista la necesidad de cortar el flujo de ciudadanos que pasaban al oeste y, a la vez, de dificultar las numerosas actividades de espionaje y subversión que se organizaban desde la zona occidental, Jrushchov aceptó en agosto de 1961 la sugerencia de Ulbricht de levantar una barrera de separación entre ambas zonas de Berlín, lo que de algún modo aliviaría la tensión. Kennedy diría en privado: «un muro es muchísimo mejor que una guerra», pero no dejó de aprovechar «el muro de la vergüenza» como objeto de propaganda.

Los soviéticos manejaban estas cuestiones con prudencia, pero no se podía esperar lo mismo de Ulbricht y de los alemanes orientales, como lo demostró el incidente que se produjo en el check-point Charlie, en una ocasión en que los soldados de la Alemania oriental pidieron la documentación a un diplomático de la misión norteamericana en Berlín, Allan Lightner, que el 22 de octubre de 1961 se disponía a cruzar con su esposa la frontera de la zona oriental para dirigirse a la ópera. Como representante de una de las cuatro potencias ocupantes, Lightner se negó a aceptar la autoridad de los funcionarios de la Alemania del este para pedirle la documentación y exigió hablar con un funcionario soviético. Se produjeron forcejeos y escenas de tensión, y el 27 de octubre llegó a haber hasta 33 tanques soviéticos frente a los tanques norteamericanos del otro lado (de hecho el general Clay había pedido a Washington autorización para hacer una incursión en Berlín Este), en una situación que se resolvió cuando, a la mañana siguiente —como consecuencia, al parecer, de un contacto de Jrushchov con Kennedy a través de su hermano Robert y del coronel Bolshakov—, los tanques soviéticos empezaron a retirarse y los norteamericanos hicieron lo mismo veinte minutos más tarde.

El incidente pudo haber tenido consecuencias muy graves, puesto que tanto soviéticos como norteamericanos pusieron en estado de alerta sus fuerzas en el mundo entero: mientras en el check-point Charlie tenían lugar estos incidentes, cuatro submarinos norteamericanos aguardaban en el mar del Norte con sus misiles Polaris preparados para atacar objetivos de la Unión Soviética. Pero la forma en que se resolvió el conflicto tuvo la virtud de convencer a Jrushchov de que los norteamericanos no iban a entrar en una guerra por Berlín, lo que explica que decidiera, tras el XXII congreso del PCUS, en octubre de 1961, anular el ultimátum que le había planteado a Kennedy en Ginebra.[109]

Eran momentos en que algunos pensaban en Norteamérica que se necesitaba una política de negociaciones para resolver el problema alemán, ya que entendían que los soviéticos estuviesen preocupados por el hecho de que se hubiesen colocado armas nucleares en la Alemania occidental y que se hablase de conceder su control a la OTAN o incluso a los propios alemanes, en momentos en que estos tenían a su frente alguien tan poco de fiar, desde el punto de vista soviético, como Adenauer.

Eisenhower y Foster Dulles no habían sido capaces de entender que lo que los rusos querían era seguridad y, si Kennedy se la hubiese ofrecido, la guerra fría habría podido terminar, por lo menos en su escenario europeo. Pero aunque Kennedy mantuvo el control del armamento atómico en manos norteamericanas y evitó que los alemanes occidentales pudiesen acceder a él, con el fin de desvanecer los miedos de los soviéticos, no podía hacer más concesiones por razones de prestigio. Como dijo uno de sus asesores: «A medida que la crisis se hace más tensa, la capacidad de la administración para sumarse a cualquier política que implique “concesiones” a los soviéticos disminuye, por miedo a que la oposición la ataque como “apaciguamiento”».

UNA NUEVA POLÍTICA DE DEFENSA

Kennedy descubrió muy pronto que la política de defensa de los Estados Unidos se basaba en una mentira. Había hecho campaña acusando a Eisenhower de haber consentido que se produjese una situación de inferioridad en materia de misiles, y se enteró al llegar al poder de que esto no era verdad, sino que se trataba de un argumento empleado por los partidarios de una política dura, inspirados por Nitze, para mantener la escalada en el rearme. En 1960 los EUA tenían una enorme superioridad sobre los soviéticos, tanto en lo referente al número de cabezas nucleares (unas 20 000, frente a las 1600 de que disponían los rusos) como al de medios para transportarlas, incluyendo más de un centenar de ICBM (mísiles balísticos intercontinentales), mientras que los rusos disponían tan solo de cuatro. Se suponía que bastaban 400 ICBM para matar a la mitad de la población de la URSS, pero los militares pedían que se construyesen 2400 más. McNamara le dijo a Kennedy que estaba políticamente muerto si construía menos de mil, y Kennedy lo aceptó, aunque sabía que esto no serviría más que para acelerar la carrera de armamentos en los dos bandos.

La crisis de Berlín había puesto en evidencia los riesgos que implicaba la política de Eisenhower, que en una situación como esta no tenía más respuesta que el holocausto nuclear. A comienzos de 1961 Bundy descubrió la existencia del SIOP con sus planes para atacar globalmente y sin previo aviso la Unión Soviética y China, y supo que los militares tenían desde 1957 una autorización, dada por Eisenhower, para utilizar armas nucleares cuando la urgencia de las circunstancias impidiese esperar la decisión del presidente. Kennedy tomó medidas para evitar que la cuestión quedase en manos de los militares; pero lo único que consiguió del Joint Chiefs of Staff fue que dividieran el plan original en cinco distintos.[110] Era una insensatez, puesto que la potencialidad de las armas de que disponían ambos bandos demostraba que un ataque preventivo no podía frenar la respuesta del contrincante. De acuerdo con las estimaciones que presentó en septiembre de 1963 el NESC (Net Evaluation Subcommittee del NSC), la réplica soviética a un ataque preventivo norteamericano podía causar cien millones de muertos en los Estados Unidos.

Kennedy, que había encargado al general Maxwell Taylor que dirigiese el grupo que iba a investigar las causas del fracaso en Cuba, acabó convirtiéndole en su principal asesor militar. Taylor se había mostrado contrario a la política de defensa de Eisenhower, donde solo había lugar para una guerra total, confiada a los bombarderos del SAC, y para operaciones encubiertas a cargo de la CIA, limitadas por lo general a objetivos menores. Eisenhower había marginado por ello al ejército de tierra, que no tenía un papel fundamental en sus esquemas, y Taylor lo criticó y propuso como alternativa un nuevo programa de «respuesta flexible», que implicaba prestar de nuevo atención al ejército, con el fin de hacer posible su utilización en objetivos más ambiciosos que las operaciones encubiertas, sin llegar al límite de la guerra nuclear.

La visión de Taylor fue acogida con entusiasmo por el nuevo equipo dirigente, que veía en el programa de «respuesta flexible» una posibilidad de aumentar la presencia militar norteamericana en el mundo, con la idea de que la participación en guerras limitadas era una forma más adecuada de enfrentarse a los avances parciales del comunismo, y de prevenir con ello el estallido de una nueva guerra mundial, que la de confiar tan solo en la eficacia de la disuasión nuclear. Lo que no iba a significar, sin embargo, que se dejase de invertir en misiles y en armas nucleares, sino que se iba a aumentar considerablemente el gasto global en defensa, que llegó con Kennedy al 13 por ciento del PNB, en lo que se ha dicho que fue «el apogeo de la militarización de los Estados Unidos después de 1945».

En cuanto a la guerra nuclear, McNamara decidió potenciar por un igual la tríada de los bombarderos de largo alcance, los misiles intercontinentales (ICBM) y los lanzados desde submarinos (SLBM), diversificando el gasto entre estos tres componentes, ante la furia de LeMay, que vio limitadas así sus aspiraciones de construir cada vez más aviones, que eran cada vez más caros.

También la carrera hacia el espacio, nacida de la necesidad de replicar a los éxitos espaciales de los soviéticos con un éxito de prestigio, se integró en esta tendencia a la militarización, aunque se pusiera a su frente una entidad civil, la NASA, para diferenciar este proyecto del soviético. Kennedy había preguntado desesperadamente a los suyos qué podían hacer para «ganar a los rusos», sin que importara ni la utilidad científica real ni el coste de la operación, y acordó plantear un programa para llegar a la Luna antes del fin de la década. Era un proyecto muy costoso, que consumió recursos que podían haber tenido una considerable trascendencia social, y que resultaba en realidad de escasa utilidad, sin más finalidad que la propagandística. Pero en la medida en que la idea de la llegada a la Luna como victoria en la carrera del espacio contra los soviéticos había prendido en el público, Kennedy se encontró atrapado por el monstruo que había creado. Tras su muerte, la empresa se convirtió en una especie de deber hacia la memoria del presidente asesinado, y Johnson, a quien la carrera espacial le importaba tan poco como a Kennedy, tuvo que cargar con un compromiso que, unido a los costes de Vietnam, restaba recursos para su guerra contra la pobreza.

La llegada a la Luna se produjo finalmente en julio de 1969, durante la presidencia de Nixon, adornada con toda la retórica de las palabras de Armstrong acerca de «un gigantesco salto para la humanidad». Para acabar descubriendo, al cabo de seis viajes tripulados, que todo se había reducido a llegar antes que los soviéticos a un destino en que no había nada que mereciese los costes y el esfuerzo del viaje, puesto que la observación científica en el espacio exterior era mejor hacerla con vehículos no tripulados.

LA CRISIS DE LOS MISILES CUBANOS

Las razones que movieron a Jrushchov a colocar misiles en Cuba respondían ante todo a su deseo de equilibrar en lo posible la desigualdad existente en el terreno del armamento nuclear. Como le dijo al presidente de Westinghouse, que estaba de visita en Moscú, su situación era como la del campesino que está obligado a vivir con una cabra en casa y acaba acostumbrándose a su olor: «Nosotros, rusos, hemos aprendido a tolerar el hedor de la cabra nuclear americana, y ahora vosotros, americanos, tendréis que hacer lo mismo». A él le parecía, como le dijo a Oleg Troyanovsky, que lo que hacía era lo mismo que los Estados Unidos le habían hecho previamente a la Unión Soviética, cercándola con armas nucleares.[111]

La crisis de Berlín había reavivado el miedo a las consecuencias de una guerra nuclear que pudiera estallar en cualquier momento por un error de cálculo de unos dirigentes que, como se decía en Fail-safe, un relato publicado en 1962 que alcanzó una enorme difusión, «habían perdido todo contacto con la realidad». El escenario de la ficción pareció hacerse realidad el 16 de octubre de 1962, cuando la CIA informó que las fotografías obtenidas por los aviones U-2 mostraban que había misiles soviéticos en Cuba. Comenzaron entonces las reuniones de Kennedy con el Excomm (un Comité Ejecutivo del NSC) para decidir cómo responder a esta amenaza.

A unos hombres que estaban en aquellos días, antes de conocerse la presencia de misiles soviéticos, discutiendo cómo organizar acciones de sabotaje contra Cuba y cómo justificar la invasión de la isla —con propuestas como la de volar un buque norteamericano en la bahía de Guantánamo para culpar a los cubanos, al estilo de lo que ocurrió con el Maine y los españoles en 1898—, la primera respuesta que había de ocurrírseles era precisamente la de acelerar la invasión.

Sólo que esto resultaba ahora dificultado por la propia existencia de los misiles. No había ninguna garantía de que un ataque previo por sorpresa los destruyese por completo (porque la CIA no estaba segura de haber localizado todos sus emplazamientos, y porque, siendo móviles, podían cambiar de ubicación) y, lo que era más grave, no se había descubierto dónde estaban los depósitos en que se guardaban las cabezas nucleares que habían de equiparlos. En realidad la CIA ignoraba el verdadero alcance del armamento nuclear que los soviéticos habían llevado a la isla, que era mucho más abundante y peligroso de lo que sospechaban, puesto que incluía desde armas tácticas para enfrentarse a una flota o a un ejército invasores, hasta bombas para ser lanzadas desde aviones. Por otra parte, había que prever la respuesta de los rusos, que podían dirigir los misiles que no se destruyesen hacia los Estados Unidos o responder en Europa, tomando Berlín e iniciando una guerra.

La mayoría de los reunidos en el Excomm eran partidarios de resolver la cuestión acelerando los planes para invadir Cuba, aunque ello condujese al estallido de una guerra global, que estaban seguros de ganar; pero Kennedy objetaba que no tenía sentido ganar una guerra al precio de setenta millones de norteamericanos muertos. Finalmente, el sábado 20 de octubre se decidió que había que optar entre dos soluciones: o bombardear Cuba (con la opción de avisar previamente a Jrushchov, dándole un plazo de setenta y dos horas para que retirase los misiles), o establecer un bloqueo naval para impedir que llegasen más armas y refuerzos a la isla.

Aunque a los dos hermanos Kennedy les dolía renunciar a aquella oportunidad para librarse de Castro, acabaron optando por un bloqueo naval —una «cuarentena»—, que impidiese que llegaran a Cuba las embarcaciones que estaban todavía transportando más misiles, si bien se les había informado de que había algunos que estaban ya a punto para ser disparados. La decisión se consultó a Eisenhower y se expuso a los líderes del Congreso en una reunión en que el senador Russell sostuvo que lo que se trataba de poner en claro es «si somos una potencia de primera clase o no» y que, puesto que un día u otro había que declarar la guerra, tal vez nunca habría circunstancias tan favorables para hacerlo.

Kennedy había decidido jugar la carta de la amenaza para forzar a Jrushchov a la negociación, y el lunes 22 de octubre, a las 7 de la tarde, anunció por televisión la presencia de misiles soviéticos en Cuba y su propósito de iniciar el bloqueo. Los barcos norteamericanos se desplegaron por el Caribe y se prepararon aviones y tropas por si se necesitaba que interviniesen. La cuarentena empezó el miércoles 24 por la mañana, al propio tiempo que las fuerzas aéreas norteamericanas se ponían en DEFCON-2, a un paso de la guerra nuclear inminente, por primera vez en dieciséis años, y se comenzaba a reunir en Florida un ejército, por si se necesitaba para invadir Cuba. Muy pronto comenzaron a llegar noticias, todavía confusas e inseguras, de que los barcos rusos que se dirigían a Cuba se detenían. Se trataba de una serie de mercantes, acompañados por cuatro submarinos del viejo modelo de motor que combinaba el uso del diésel, en la superficie, y las baterías eléctricas para navegar sumergido.

Jrushchov protestó por este acto de piratería, contrario a la legalidad internacional, a la vez que declaraba que los cohetes instalados en Cuba eran meramente defensivos, pero, al parecer, no trataba de forzar el bloqueo. La KGB detuvo ahora al coronel Oleg Penkovsky, que se sabía que había transmitido informaciones secretas a Occidente, pero a quien se había dejado hasta entonces en libertad, con la intención de descubrir y capturar a sus posibles colaboradores. En estos momentos no se podía correr el riesgo de que siguiese informando a los norteamericanos.[112]

Mientras los militares estadounidenses preparaban una gran invasión y los soviéticos tomaban posiciones en suelo cubano para destruir la base de Guantánamo, el viernes 26 llegó a Washington un primer comunicado de Jrushchov en que mostraba su preocupación por la gravedad de unas circunstancias que podían conducir a un holocausto nuclear (fue entregado en mano en la embajada norteamericana en Moscú, pero su traducción tardó doce horas en llegarle a Kennedy). A este le siguió, a primera hora del sábado 27, otro en que se planteaba ya la eventualidad de la retirada de los misiles rusos en Cuba, a cambio de que los Estados Unidos hicieran lo mismo con los Júpiter que habían instalado en Turquía.

En este mismo día, el sábado 27, —mientras en Londres se preparaban manifestaciones antinorteamericanas, ya que no todo el mundo estaba de acuerdo en ir a una guerra general por Cuba— se produjeron tres graves incidentes que pudieron desencadenar el conflicto. Por una parte uno de los cuatro submarinos rusos, el B-59, que los buques norteamericanos localizaron cuando apareció en la superficie para recargar sus baterías, fue sometido a una serie de «cargas de profundidad de advertencia», como un elemento más del bloqueo, en una situación que su comandante creyó que era un intento de hundirlo, lo que llegó a hacerle pensar, en unos momentos en que no podía recibir instrucciones de sus mandos superiores, en utilizar para defenderse un torpedo nuclear con una cabeza de 10 kilotones. Por suerte acertó a contenerse y el suceso acabó pacíficamente.

A lo cual se añadieron otros dos incidentes graves. En primer lugar, el derribo por un misil ruso de un avión U2 que estaba realizando reconocimientos sobre la isla (su piloto, Rudolf Anderson jr., fue de hecho la única víctima mortal norteamericana de la crisis). El derribo provocó que Paul Nitze dijera que los soviéticos habían hecho el primer disparo y enturbió el clima de las discusiones acerca de lo que había que hacer; Jrushchov, por su parte, reprochó al general Pliyev que hubiese comprometido de este modo la posibilidad de una negociación.

A lo que hay que añadir un tercer episodio, tan absurdo como peligroso: otro avión espía U-2, pilotado por Charles W. Maultsby, que había sido enviado al océano Ártico para tomar muestras de radiación con el objeto de obtener información sobre las pruebas nucleares rusas, se desorientó como consecuencia de una aurora boreal y se introdujo en el espacio aéreo soviético, donde anduvo perdido durante más de una hora, sin que se informara inicialmente de la situación ni al presidente ni al secretario de Defensa. Al tener noticia de este incidente, que podía haber sido tomado por los rusos como el reconocimiento previo al inicio de un ataque nuclear en gran escala, Kennedy dijo: «Siempre hay un hijo de puta que no entiende el mensaje». Estos incidentes que pudieron haber desencadenado el conflicto se habían producido sin que ni Jrushchov ni Kennedy pudiesen controlarlos, contra su voluntad.

Por la tarde de este mismo día, tras horas de discusiones en que se formularon las más diversas propuestas de contestación al último mensaje de Jrushchov, el presidente confió a su hermano Robert y a Ted Sorensen la tarea de redactar una respuesta, sobre la base de las distintas ideas presentadas en la reunión, para que Robert la entregase en mano al embajador soviético Dobrynin. El texto fue discutido en el despacho oval por un grupo muy reducido (que incluía a Robert Kennedy, McNamara, Rusk y Bundy, pero dejaba fuera al vicepresidente Johnson y al nuevo director de la CIA, John McCone), y se decidió que Robert le hiciera ver al embajador ruso que la cuestión urgía, porque los Estados Unidos no podían pasar más tiempo sin actuar.

Robert se había puesto ya de acuerdo para verse con Dobrynin, a quien además le ofreció verbalmente algo que no se mencionaba en el mensaje escrito: una garantía privada de que los misiles Júpiter de Turquía serían retirados más adelante, puesto que su instalación se había hecho de acuerdo con la OTAN y no se podía proceder sin informar a sus miembros, para lo cual se necesitaban de 4 a 5 meses. Si bien advertía a los soviéticos que no debía comentarse públicamente este trato, que era confidencial (este ofrecimiento no se había comunicado ni a los miembros del Excomm que habían discutido el texto que le entregaba). Bob le explicó que el peligro de guerra era muy grande y que su hermano no podría controlar a los generales en el caso de que se produjera algún incidente. Le dio, además, un número de teléfono directo con la Casa Blanca y pidió una respuesta urgente.[113]

Jrushchov creyó que, efectivamente, Kennedy estaba sometido a presión y que se corría el riesgo de un ataque inmediato a la isla. Lo cual podía implicar el inicio de un conflicto general para el que la URSS estaba insuficientemente preparada, de modo que se dirigió al hombre que mandaba las fuerzas soviéticas en Cuba, general Pliyev, quien había estado dirigiendo a toda prisa las operaciones para preparar los misiles, con el fin de que pudiesen dispararse contra las ciudades norteamericanas, y le notificó el cambio de órdenes: «Hemos tomado la decisión de desmantelar los misiles R 12 y evacuarlos. Comience a realizar esta medida».

El domingo Gromyko le dijo a Dobrynin que avisase a Bob Kennedy que la propuesta sería contestada por radio aquel mismo día, con una respuesta positiva. El mensaje emitido por radio Moscú a las cinco de la tarde (9 de la mañana en los Estados Unidos) decía, en efecto, que el gobierno soviético había dado orden de desmantelar las armas y volver a llevarlas a la Unión Soviética.

Los políticos respiraron tranquilos, mientras los miembros del Joint Chiefs of Staff protestaban indignados: «Es la mayor derrota de nuestra historia. Deberíamos invadir Cuba hoy mismo», dijo LeMay. El general Thomas Power, jefe del Strategic Air Command, no entendía que los políticos «civiles» se empeñasen en salvar vidas, cuando de lo que se trataba era de matar a estos «bastardos». Si al final de la guerra quedaban vivos dos norteamericanos y un ruso, «hemos ganado». Debería preocuparse, le replicaron, de que por lo menos fuesen un norteamericano y una norteamericana.

Quien también se indignó por lo sucedido fue Castro, que se negó a recibir al embajador soviético que le llevaba la carta en que Jrushchov justificaba la decisión tomada, mientras en La Habana había manifestantes gritando «Jrushchov maricón» y los desconcertados soldados soviéticos optaban por emborracharse. Las memorias de Evgeni Primakov nos cuentan que Mikoyan fue personalmente a Cuba para explicarle a Castro la necesidad de retirar la totalidad de los misiles, a lo que este se resistía: le había costado aceptarlos y ahora le proponían su retirada, sin más garantía que la palabra de Kennedy, dada además en privado, de que no atacaría a los cubanos. En el transcurso de la reunión Castro recibió la noticia de que la esposa de Mikoyan, que estaba gravemente enferma, había fallecido, y le ofreció un avión para regresar a la Unión Soviética. Mikoyan replicó, lloroso, que no marcharía, porque el destino del mundo estaba pendiente de aquella negociación. A lo que Castro replicó que aceptaba la propuesta soviética.

Revisando a la luz de nuestros conocimientos actuales lo sucedido, lo cual exige obviar los mitos que los propios protagonistas de los acontecimientos introdujeron en sus relatos, descubrimos que el peligro de provocar un conflicto general fue mucho mayor de lo que se suele pensar. Lo sucedido no fue el hábil juego de riesgo calculado que se suele contar, porque, para empezar, los norteamericanos desconocían las dimensiones reales de la amenaza. La NSA había sido incapaz de descifrar los mensajes soviéticos, de modo que los norteamericanos ignoraban —no lo supieron de hecho hasta 1992— que había en la isla 43 000 soldados rusos, y no diez mil, como calculaba la CIA, y que estos contaban con una variedad considerable de armamento. Hacer caso a los militares, dijo años más tarde McNamara, hubiera implicado que «la guerra nuclear hubiera comenzado en las playas de Cuba, y podía haber acabado en un holocausto global».

Los dos factores decisivos parecen haber sido, en última instancia, la prudencia de Kennedy para evitar en lo posible llegar al conflicto, y la actitud de Jrushchov, que aceptó un acuerdo que había de aparecer ante los suyos como una rendición, entre otras razones porque los norteamericanos, aunque acabaron cumpliendo el compromiso de retirar los misiles de Turquía —en octubre de 1963, poco antes del asesinato de Kennedy— se habían negado a que el trato se hiciese público y a dar garantía alguna por escrito de que no iban a atacar Cuba.

Una de las consecuencias de la crisis cubana fue que la Unión Soviética emprendiese una escalada de rearme con el fin de no volver a encontrarse en una situación de inferioridad ante una nueva amenaza de guerra en el futuro. Como le dijo el viceministro de Exteriores soviético, Vasily Kuznetsov, a un militar norteamericano: «Os habéis salido con la vuestra en esta ocasión, pero no podréis volverlo a conseguir nunca más».

Otra, y muy importante, fue asegurar la continuidad del régimen cubano, que de no haber mediado la crisis de los misiles hubiera sido víctima de las operaciones que se preparaban en Washington. Que los norteamericanos, una vez obligados a renunciar a la invasión, siguieran acosando al régimen cubano, como lo vienen haciendo desde hace cincuenta años, ayuda a entender que surgiese en la isla una voluntad de resistencia patriótica que contribuyó a endurecer y fosilizar la evolución del sistema político cubano; pero explica también el fracaso de una economía aislada, demasiado dependiente de la URSS: «El país —ha dicho Guillermo Almeyra— pudo elevar enormemente su nivel de cultura y de sanidad, pero no creó, debido a esa dependencia, una base industrial y una tecnología de punta salvo en medicina».[114]

LA LUCHA POR LOS DERECHOS CIVILES

Kennedy se había preocupado en estos años mucho menos por las cuestiones de política interior, como el problema de los derechos civiles, que por las internacionales. Supo explotar adecuadamente sus gestos de simpatía hacia los negros para ganarse su apoyo, pero nunca aceptó tomar decisiones que pudieran obligarle a enfrentarse a los segregacionistas del sur. Le interesaba conservar el capital electoral del voto negro, a la vez que evitaba que se produjeran conflictos que dieran una imagen desfavorable de la democracia norteamericana y pudieran ser aprovechados por sus enemigos de la guerra fría, que era lo que realmente le preocupaba. La propaganda norteamericana hacia el exterior había de esforzarse por combatir el efecto que producían hechos como el de que en una ciudad segregada, como era Washington, muchos diplomáticos africanos se vieran obligados a vivir en barrios marginales porque los propietarios blancos se negaban a alquilarles viviendas.

En estas cuestiones Kennedy fue, como ha dicho el autor de un estudio sobre su política respecto de la discriminación racial, poco más que «un espectador», que supo crear grandes esperanzas de reforma, pero no se arriesgó a realizarlas.

Manejó con mucho cuidado el problema que planteó James H. Meredith, un negro de 28 años, veterano de las fuerzas aéreas, cuando pretendió ingresar en la Universidad de Mississippi, conocida generalmente como la Ole Miss (la «vieja señora»), lo que dio lugar a incidentes que obligaron a desplazar más de veinte mil soldados al campus. Lo único que le importaba a Kennedy era que se mantuviese el orden público, en esta como en las nuevas campañas de protesta y resistencia de los afroamericanos, que incluían provocaciones, como las de los negros que pedían en los restaurantes que se les sirviera en lugares reservados a los blancos. Unas campañas que comenzaron en abril de 1963 en Birmingham, «el bastión del racismo», y que condujeron al encarcelamiento de Martin Luther King junior, un clérigo baptista que se estaba convirtiendo en el dirigente más activo de la lucha de los negros por sus derechos.[115]

El 11 de junio de 1963 Kennedy apareció en la televisión para anunciar que iba a presentar al Congreso una ley de derechos civiles que garantizaría a todos los norteamericanos «el derecho a ser servidos en establecimientos abiertos al público». En privado, sin embargo, se quejaba de que los negros se mostrasen tan intransigentes: «¿No se dan cuenta de que necesitan conservar el apoyo de la comunidad blanca?». A lo que su hermano Robert añadía: «No se puede hablar con ellos. Todos mis amigos dicen que los criados y las sirvientas negros se están volviendo hostiles. Ella (?) dijo: “No sabes cómo me faltan al respeto en casa” [fragmento no comprensible de la cinta]…qué puedes hacer. ¿Por qué no despacharlos?».

Con el fin de forzar que las promesas se convirtieran en realidad, los dirigentes negros organizaron el 28 de agosto de 1963 una gran marcha a Washington en apoyo de sus derechos, en la que participaron 250 000 manifestantes, con amplia presencia de simpatizantes blancos. Kennedy trató de convencerles de que renunciaran a la marcha y, al no conseguirlo, preparó un gran dispositivo de seguridad para contener lo que temía que pudiese convertirse en una manifestación violenta.

En realidad todo se desarrolló pacíficamente, con un memorable discurso de King acerca de su sueño de igualdad, que contribuyó a cambiar las actitudes de una parte de la población norteamericana acerca de la discriminación racial, y con el acompañamiento de canciones de Joan Baez y Bob Dylan. Durante toda la mañana, mientras la manifestación pasaba bajo las ventanas de la Casa Blanca, Kennedy mantenía con sus asesores una reunión sobre Vietnam. Más tarde se hizo traer un televisor y escuchó el discurso de King, al que el presidente reaccionó diciendo: «Es bueno; es condenadamente bueno». Lo que le había impresionado era la capacidad retórica del orador; no sus ideas.

Mientras seguían los asesinatos y los atentados, como la bomba colocada el 15 de septiembre en una iglesia negra de Birmingham, que mató a cuatro niñas, Kennedy, que no quería que esta cuestión pudiese comprometer su reelección, decidió en noviembre de 1963 emprender un viaje de propaganda por el sur, con el fin de atraer el voto de los moderados respecto de la cuestión racial.

LA TRAGEDIA DE VIETNAM

En cuanto se refiere a Asia la nueva administración, que había criticado a sus antecesores por no haber sabido contener allí el comunismo, tuvo que hacer frente, en primer lugar, al problema de Laos —un país «pequeño, pobre, aislado y remoto», con unos dos millones de habitantes y extensas fronteras con China y con los dos Vietnam—, donde existía un enfrentamiento entre el príncipe Souvanna Phouma, de orientación neutralista, y su hermanastro Souphanouvong, que estaba al frente del procomunista Pathet Lao y que obtuvo una victoria rotunda en las elecciones de 1958. Aunque el propio embajador norteamericano era partidario de dar apoyo a una fórmula neutralista con Souvanna Phouma, Eisenhower, que no aceptaba opciones intermedias, dio apoyo a un general derechista, Phoumi Nosavan, que quería hacerse por la fuerza con el poder, con lo que se dio inicio a una guerra civil contra la alianza de Souvanna Phouma y el Pathet Lao, apoyados por los soviéticos, mientras la CIA, que negociaba con los dos bandos, reclutaba un «ejército secreto» integrado por miembros de la minoría étnica Hmong, o Meo, a quienes no solo se les proporcionaron armas y suministros desde 1959, sino que se les facilitó la salida al exterior del opio que producían, transportado por Air America, la compañía de aviación supuestamente privada, que era propiedad de la CIA.[116]

Eisenhower recomendó a Kennedy que estuviese atento a Laos, que era «el tapón de la botella» del sudeste asiático, y los militares le ofrecieron resolver la cuestión si les dejaba enviar 60 000 hombres con cobertura aérea y bombas atómicas. Kennedy, que había aprendido de la experiencia de Cuba a desconfiar de la capacidad de los militares, lo descartó,[117] enfrentándose a las propuestas belicistas del Joint Chiefs of Staff: era poco sensato pensar que se podía desarrollar una actuación militar eficaz en un país montañoso y cubierto de selvas, sin salida al mar y con pésimas comunicaciones interiores, donde los norteamericanos se hubieran encontrado en una situación desfavorable respecto de los posibles refuerzos chinos y norvietnamitas. De modo que, cuando se vio que Phoumi era incapaz de imponerse, se optó por aceptar las negociaciones de paz propuestas por los soviéticos, que se celebraron en Ginebra y que en julio de 1962 condujeron a una solución neutralista con Souvanna Phouma al frente del gobierno. Sin embargo, a la vez que firmaban el acuerdo de Ginebra, los norteamericanos organizaban una campaña encubierta que llegó a movilizar 30 000 guerrilleros Hmong, financiados y armados por la CIA, en una guerra sucia que llevó a que las hostilidades se reanudasen en la primavera de 1963 y a que Laos fuese entonces brutalmente bombardeado por los norteamericanos.

Vietnam, sin embargo, era algo mucho más importante, puesto que su papel en la teoría del dominó resultaba incomparable con el de Laos. La nueva administración se encontró con informes contradictorios sobre la situación, y con la convicción de la necesidad de apoyar a Diem, de quien el vicepresidente Johnson dijo, de regreso de un viaje a Vietnam, que era «el Winston Churchill del sudeste asiático».

En el verano de 1961 Kennedy envió a Vietnam a dos personas en quienes confiaba, Walt Rostow y el general Maxwell Taylor, quienes regresaron con una visión pesimista, que reflejaba las obsesiones de Rostow, convencido de que todo se reducía a la intervención directa de los vietnamitas del norte, para lo cual no veía más remedio que cerrar los accesos por Laos y Camboya, o atacar directamente al norte. No eran capaces de entender que la guerrilla del FLN estaba constituida esencialmente por hombres del sur y que su fuerza se basaba en el descontento de los vietnamitas hacia el gobierno corrupto y dictatorial de Diem (quien, por ejemplo, restableció en 1959 la pena de muerte en la guillotina).

Finalmente el Joint Chiefs of Staff optó por un plan de mayor apoyo, con acciones de contrainsurgencia y envío de instructores norteamericanos, lo que significaba entrar por el camino de una guerra encubierta, con una campaña de acciones dirigida por la CIA. El éxito final dependía, sin embargo, de la capacidad de Diem para ganarse el apoyo de los vietnamitas. Pero este, que recibía de los Estados Unidos cada vez más aviones, helicópteros y armas de todo tipo, acabó convenciéndose de que las medidas políticas que se le pedían no importaban, sino que se trataba de una guerra convencional, que se ganaría con el apoyo y el armamento norteamericanos, de modo que no se preocupó de hacer una política de reformas que hubiera podido ganarle el aprecio de la población. Lejos de ello, el programa de construcción de «aldeas estratégicas» para reagrupar forzadamente en ellas a los campesinos no hizo más que aumentar el malestar general.

Los norteamericanos vivieron a lo largo de 1962 con la ilusión de que se iba ganando la guerra y de que Diem estaba conquistando el afecto de su pueblo, gracias en buena medida a que los militares y la CIA falseaban los informes que enviaban a Washington. Llegaron a pensar por ello en la retirada parcial del personal norteamericano de apoyo, que era por entonces de unos 16 000 asesores, y siguieron manteniendo esta esperanza pese a que el 2 de enero de 1963 las fuerzas del FLN consiguieron una gran victoria sobre el ejército vietnamita en Ap Bac, a menos de cincuenta km al SO de Saigón, donde derrotaron a fuerzas survietnamitas tres veces más numerosas y que contaban con el apoyo de armas y helicópteros norteamericanos.

Las cosas se envenenaron además en el verano de 1963 por la cuestión budista, nacida del peso excesivo que el clan del presidente había dado a los católicos del norte que habían emigrado para instalarse en el sur, donde los católicos no pasaban del 10 por ciento de la población, mientras los budistas significaban más del 80 por ciento. En Hue, una ciudad de predominio budista de la que era arzobispo católico el hermano de Diem, Ngo Dinh Tuc, una manifestación budista fue disuelta a tiros por las fuerzas del gobierno el 8 de mayo de 1963, con el resultado de ocho muertos y veinte heridos. Los enfrentamientos fueron agravándose y cuando, el 11 de junio del mismo año, un clérigo budista de 73 años, Thich Quang Duc, se sentó en el suelo en un cruce céntrico de Saigón, se roció con gasolina, se prendió fuego y murió sin una sola queja, las imágenes de esta muerte (se había avisado previamente de lo que iba a suceder a los periodistas y fotógrafos extranjeros) dieron la vuelta al mundo y revelaron la naturaleza del problema, alentado por el hermano del presidente, el jefe de la policía Ngo Dinh Nhu, y por su esposa, madame Nhu, quien reaccionó sarcásticamente, diciendo que los budistas habían hecho «una barbacoa con un monje» y que lo que había que hacer era animarles a que lo repitieran.

Poco después de la medianoche del 21 de agosto de 1963, tras haber proclamado Diem la ley marcial, fuerzas del gobierno entraron en las pagodas budistas de todo el país y detuvieron a más de 1400 personas, sobre todo monjes, dando lugar a la resistencia de la población budista y a la indignación de algunos jefes militares, que reprobaban esta línea de actuación y sospechaban que la operación había sido montada por Nhu para desacreditar a los militares. Tran Van Chuong, el padre de madame Nhu, que desempeñaba el cargo de embajador de Saigón en Washington, dimitió de su cargo y, aun exculpando a su hija por lo sucedido, no dudó en decir públicamente que sería imposible derrotar al Vietcong si Diem seguía en el poder. Las preocupaciones de los generales vietnamitas, y las del gobierno de Washington, se agudizaron cuando se supo, por estos mismos días, que Nhu había iniciado contactos con el norte a través de un diplomático polaco.

A estas alturas Kennedy se había convencido ya de que la situación se convertiría en insostenible si el hermano de Diem y su esposa seguían en el gobierno, y estaba pensando, como revelan las grabaciones recientemente desclasificadas, en patrocinar un golpe militar que desplazase a Diem del poder. Para agotar las posibilidades de conseguir este cambio de manera pacífica envió a Saigón como embajador a Henry Cabot Lodge,[118] de quien esperaba que pudiese poner orden en aquella confusa situación.

El 24 de agosto, a los dos días de su llegada a Saigón, Lodge enviaba un cable en que decía: «Se ha sugerido que los Estados Unidos solo tienen que indicar a los “generales” que les agradaría ver a Diem y/o a Nhu fuera y la cosa se haría». A lo que añadía, sin embargo: «La situación no es tan simple, desde nuestro punto de vista».

El cable, que parecía necesitar una respuesta urgente, llegó a Washington en la mañana de este mismo sábado 24 de agosto de 1963, cuando tanto el presidente como los secretarios de Estado, Dean Rusk, y de Defensa, Robert S. McNamara, e incluso el director de la CIA, John McCone, estaban fuera de la capital, descansando durante el fin de semana. Tres funcionarios que trabajaban aquel día —Averell Harriman, Roger Hillsman y Michael Forrestal—, que eran personalmente hostiles a Nhu, redactaron una respuesta y, con el fin de que pasara a una aprobación superior, fueron a buscar al subsecretario de Estado, George W. Ball, partidario también de una política más dura en Vietnam, que estaba jugando al golf y que era la mayor autoridad que en aquellos momentos podía encontrarse en Washington. Ball contactó a Kennedy por teléfono y el presidente dijo que lo aprobaba, si lo hacían también otros altos dirigentes. Tanto el secretario de Estado, Dean Rusk, como Rosswell Gilpatrick, que estaba al frente del Departamento de Defensa mientras McNamara practicaba el montañismo en Wyoming, lo aprobaron y, como no se pudo encontrar al general Maxwell Taylor, que estaba en un restaurante, ni al jefe de la CIA, lo hicieron por ellos sus más próximos delegados.

La aprobación se había conseguido de manera equívoca, diciendo por teléfono a Rusk que Kennedy aceptaba el texto, sin mencionarle que lo condicionaba a su previa aprobación, y a Gilpatrick, que Kennedy y Rusk ya lo habían aceptado. «Un triunvirato de asesores de la línea dura —dice Howard Jones—, que ocurrió que estaban en Washington en el momento de llegar las noticias de un posible golpe, comprometieron a la administración en este.»

A las 9,36 de la noche se envió a Lodge el cable 243, que decía: «El gobierno de los Estados Unidos no puede tolerar una situación en que el poder esté en manos de Nhu. Se debe dar la oportunidad a Diem para que se libere por sí mismo de Nhu y de su facción, y los reemplace con las mejores personalidades políticas y militares disponibles. Si, a despecho de todos los esfuerzos, Diem se mantiene obstinado y lo rehúsa, entonces deberemos considerar la posibilidad de que el propio Diem no pueda ser conservado». Lodge y el equipo norteamericano en Vietnam debían «examinar con urgencia todas las posibles alternativas en el mando y hacer planes detallados acerca de cómo podríamos realizar la sustitución de Diem, si fuese necesario».

El lunes siguiente, con el regreso de Kennedy y de los altos responsables al trabajo, se reanudaron las discusiones. La idea de que el golpe contra Diem haya sido fruto de una conspiración entre los funcionarios que redactaron el cable y el embajador Lodge, difundida por Robert Kennedy con el fin de exculpar a su hermano, resulta hoy insostenible, si atendemos al contenido de las discusiones que se mantuvieron en la Casa Blanca en los días siguientes.

De momento, y ante las medidas de precaución adoptadas por Nhu, que tuvo alguna noticia de la conjura que se estaba preparando, los generales vietnamitas abortaron el golpe. En las semanas siguientes hubo muchas vacilaciones en Washington, mientras un Kennedy escarmentado por la experiencia de Bahía de Cochinos pedía que se tratase de convencer a Diem para realizar «reformas y cambios de personal».

El viaje que MacNamara y Maxwell Taylor hicieron a Saigón a fines de septiembre respondía a un último intento de llegar a una solución negociada. Regresaron convencidos de que la situación militar mejoraba, lo cual permitiría retirar tropas norteamericanas, y que, en lo político, era necesario seguir presionando a Diem, recortándole los programas de ayuda, si era necesario, aunque sin poner en peligro la continuidad de la guerra. «Las perspectivas de que un cambio de régimen pudiera representar una mejora —concluía McNamara— parecen ser alrededor de 50-50.»

Las dudas y vacilaciones siguieron dominando en Washington, donde lo que más preocupaba eran los efectos que un fracaso del golpe pudiera tener en la marcha de la guerra. La lectura de los documentos que reproducen los mensajes y comunicaciones de estos días[119] muestra que esta era la principal cuestión que se debatía con Lodge, quien acabó de enfurecerse con Nhu cuando supo que este proyectaba que lo asesinasen durante una manifestación ante la embajada norteamericana que él mismo se disponía a organizar. El 29 de octubre, finalmente, en la reunión que mantuvo con sus asesores, Kennedy decidió apoyar el golpe, pese a las reservas que mostraron su hermano Robert, Maxwell Taylor y McCone. Las instrucciones que Bundy envió a Lodge el 30 de octubre dejaban clara la cuestión: «Una vez que se haya iniciado un golpe con una dirección responsable (…), interesa al gobierno de los Estados Unidos que tenga éxito».

Cuando se iniciaron los acontecimientos, el día 1 de noviembre, Washington se mantuvo puntualmente informado de lo que sucedía: el agente de la CIA Lucien Conein, encargado «de transmitir las órdenes de mi embajador a quienes proyectaban el golpe», llevaba en un maletín unos 42 000 dólares que los militares habían pedido para atender a los gastos más inmediatos, y estaba en condiciones de informar minuto a minuto acerca de lo que ocurría desde el mando mismo de los militares rebeldes. A las tres de la tarde, a poco más de una hora del inicio de la revuelta, Lodge enviaba al Departamento de Estado el primer informe acerca de lo que estaba ocurriendo.

A las 4,30 Diem telefoneó al embajador Lodge, con quien había estado hablando aquella misma mañana, para preguntarle, gritando en francés, cuál era la actitud de los Estados Unidos ante la revuelta militar que había estallado. Lodge respondió: «No estoy suficientemente informado para contestar… Son las 4,30 de la madrugada en Washington y el gobierno no puede seguramente tener opinión alguna a estas horas», aunque le dijo que sabía que los dirigentes del golpe les garantizaban la salida del país a él y a su hermano si dimitían de inmediato, y se ofreció a proporcionarle un transporte seguro hasta el aeropuerto. Una oferta que Diem rechazó, convencido de que podía dominar la situación.[120]

Tras haber fracasado en su empeño de reunir tropas leales que les defendieran, Diem y su hermano escaparon a las ocho de la tarde por un pasadizo secreto y se refugiaron en el domicilio de un ciudadano chino en Cholon (el barrio chino de Saigón, en la orilla izquierda del río), de donde pasaron posteriormente a una iglesia. A primera hora de la mañana del día 2 telefonearon a Lodge, quien alegó no poder proporcionarles transporte al aeropuerto. Ello les obligó a recurrir a los generales sublevados, que se ofrecieron a llevarles al aeropuerto como pedían. A las 7,30 de la mañana les recogió un vehículo militar, a cuyos ocupantes había dado el general Duong Van Minh la orden de que los asesinaran: los mataron a tiros y puñaladas en el propio vehículo, aunque la versión oficial sostuviese que se habían suicidado. La noticia llegó a la Casa Blanca aquella misma mañana y conmocionó a Kennedy y a Bundy. Lamentaban la muerte de los dos hermanos, pero se alegraban del resultado; para Bundy «era un ejemplo del tipo aceptable de golpe militar». Kennedy murió asesinado tres semanas más tarde, dejando las cosas en Vietnam tan mal como antes.

Ha habido una larga discusión acerca de si Kennedy, que nunca había aceptado que se enviasen a Vietnam tropas de combate, sino tan solo «asesores», se proponía retirarse de Vietnam, forzando una solución neutralista, semejante a la que se había aplicado a Laos. La propia mentira de la paz en Laos, donde la CIA sostenía una guerra secreta, convierte en dudosa esta suposición, y la actitud que revelan las grabaciones de Kennedy en el mes de agosto la hace poco verosímil. Sabemos que en el atardecer del 21 de noviembre de 1963, antes de marchar hacia Dallas, donde iba a ser asesinado, Kennedy le dijo a Forrestal: «Hemos de trazar un plan acerca de lo que vamos a hacer ahora en Vietnam del Sur. Quiero iniciar una completa y profunda revisión de cómo nos metimos en este país, qué pensábamos que íbamos a hacer y qué pensamos ahora que podemos hacer. Quiero incluso que reflexionemos acerca de si deberíamos estar o no allí». Pero la realidad era que, habiéndose implicado en el golpe contra Diem, resultaba mucho más difícil retirarse de Vietnam.

LAS DIFICULTADES DE LA DISTENSIÓN

El episodio de los misiles soviéticos en Cuba, que había llevado hasta muy cerca del enfrentamiento nuclear, pero que pudo acabarse con una negociación, le había revelado a Kennedy la necesidad de frenar la escalada armamentística, y la conveniencia de buscar para ello caminos de acuerdo con los soviéticos. En el último año de su vida Kennedy pareció iniciar un giro en dirección a una política más activa de búsqueda de la paz. Pero, para ello, debía tranquilizar a sus aliados europeos, que temían que una negociación directa entre Washington y Moscú podía significar su marginación.

En diciembre de 1962 Kennedy se entrevistó en Nassau, en las Bahamas, con el primer ministro británico Macmillan y le ofreció, para compensar la cancelación del proyecto Skybolt, un misil lanzado desde aviones que había fracasado en las pruebas, la construcción conjunta de submarinos nucleares equipados con misiles Polaris, que se integrarían en una fuerza conjunta de la OTAN, pero que los británicos podrían usar unilateralmente en caso de «peligro supremo».

La noticia irritó profundamente a De Gaulle, que acumulaba ya toda una serie de motivos de disgusto contra los norteamericanos. Se sentía marginado por la forma en que estos decidían por sí mismos, sin molestarse en consultar a sus aliados, cuestiones que podían afectar a la seguridad de todos, como había sucedido con la crisis de los misiles cubanos, de la que fue simplemente informado, sin que su opinión contase. Y estaba molesto, además, por la forma en que Kennedy lo trataba. En 1961, cuando se produjo el levantamiento de la OAS, el embajador norteamericano en París tuvo la ocurrencia de despertar a De Gaulle a media noche para comunicarle el ofrecimiento de Kennedy de proporcionarle apoyo militar contra los militares rebeldes; De Gaulle lo rechazó, ofendido por ese intento de actuar como su protector.

Mientras tanto la CIA, equivocándose como tantas otras veces, aseguraba que De Gaulle tenía las horas contadas ante el malestar de los militares por el abandono de Argelia: «Estará acabado —decían— probablemente antes de fin de año, o depuesto o asesinado. Una atmósfera prerrevolucionaria domina en Francia». Por si no lo habían estropeado bastante, completaron la jugada al año siguiente, en 1962, cuando un defector del KGB, Anatoli Golytsin, exagerando sus conocimientos reales para darse importancia, les dijo a los norteamericanos que los rusos tenían un infiltrado en un lugar clave del gobierno francés, que era conocido como «Sapphire». Kennedy le envió un aviso personal a De Gaulle, a la vez que la CIA reclutaba al representante de los servicios secretos franceses en Washington para que trabajase para los norteamericanos en la lucha contra la supuesta infiltración comunista.

De Gaulle, que había acelerado los trabajos para la construcción de bombas atómicas, de las que disponía ya desde 1960, aspiraba a colaborar con Gran Bretaña en la construcción de una fuerza nuclear europea, pero el acuerdo de Nassau no solo arruinaba este proyecto, sino que mostraba que lo que pretendían los Estados Unidos era dar un tratamiento parecido a Francia, a la que se le negaría así la posibilidad de convertirse en una potencia nuclear independiente, al obligarla a supeditarse a la OTAN. Su venganza fue, el 14 de enero de 1963, manifestar en una conferencia de prensa su oposición a la entrada de Gran Bretaña en el mercado común europeo.

El canciller alemán Konrad Adenauer, que años antes había declarado que la Alemania federal no deseaba ser «un protectorado nuclear» por siempre, se sentía irritado también por la forma en que Kennedy conducía sus negociaciones con los soviéticos y, sobre todo, por el hecho de que, para tranquilizar a Moscú, decidiese que serían los propios norteamericanos quienes mantuvieran el control del armamento nuclear instalado en Europa (hasta Averell Harriman opinaba que era razonable que los rusos exigieran una garantía contra el rearme nuclear de Alemania). El descontento de ambos dirigentes europeos favoreció la aproximación de Adenauer y De Gaulle, que propusieron una alianza franco-alemana como alternativa a la hegemonía estadounidense. El acuerdo culminó con la firma, el 22 de enero de 1963, del tratado «sobre cooperación franco-alemana» conocido como «tratado de l’Elysée», que fue recibido con malestar por británicos y norteamericanos, puesto que pensaban que contribuía a minar la OTAN.

La continuidad de la OTAN era vista por los Estados Unidos como un elemento fundamental en la guerra fría: representaba, diría Hubert Humphrey, «nuestras cartas diplomáticas en los tratos con los rusos». Las cosas se calmaron en Alemania, donde sus propios compañeros de partido obligaron a Adenauer a abandonar el cargo de canciller en octubre de 1963 y restablecieron la entente con los norteamericanos; pero De Gaulle siguió en Francia con su política de independencia, iniciando una aproximación a la Unión Soviética y a los países del este, que iba a proseguir en los años siguientes.[121]

En su propósito de favorecer el clima para la distensión, Kennedy pronuncio el 10 de junio de 1963 un discurso en la American University de Washington en que manifestaba la necesidad de la paz mundial y su intención de promover negociaciones para poner término a la guerra fría. A la vez, sin embargo, preparaba un viaje a Europa, evitando pasar por París, para tranquilizar a sus aliados, convenciéndoles de que no se proponía abandonar su protección. El momento estelar del viaje fue su visita a Berlín, con el fin de expresar su apoyo decidido a los berlineses del oeste. En el avión quiso elaborar una frase que expresase que igual que en el mundo antiguo se decía con orgullo «Cives romanum sum», en el mundo de la libertad se haría la afirmación orgullosa de «yo soy berlinés». El problema era que el alemán de Bundy, que le asesoraba, no era muy bueno, de modo que en lugar de decir «Ich bin Berliner» («soy berlinés») dijo «Ich bin ein Berliner» («soy un bollo»), pero la multitud que le aplaudía pasó por alto el desliz.

La firmeza agresiva del lenguaje con que se había expresado en el discurso al aire libre de Berlín contrastaba con el tono que había empleado pocos días antes en la American University para manifestar su voluntad de negociación directa con los rusos, que era el que expresaba realmente sus preocupaciones en aquellos momentos, y el que facilitó el inicio de las negociaciones que llevaron a la firma, el 5 de agosto, de un tratado entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña para prohibir los ensayos nucleares en la atmósfera.

EL ASESINATO

Este inicio del camino de la distensión no era bien recibido por una parte de la sociedad norteamericana, en especial por los grupos de extrema derecha, sostenidos con el dinero de los empresarios, que pasaron ahora de las amenazas de muerte a la organización de algunos intentos de magnicidio. En el otoño de 1963 arreció la feroz campaña contra Kennedy que hacía la extrema derecha, que acusaba al presidente y a toda su administración de ser comunistas. Temiendo que el tema de la ley de Derechos civiles iba a dividir al Partido Demócrata en el sur, lo que hubiera sido nefasto para sus aspiraciones a la reelección, en momentos en que los sondeos de la opinión pública le daban un 38 por ciento a él y un 54 a su contrincante republicano en las próximas elecciones, Barry Goldwater, Kennedy decidió hacer un viaje a Texas, un estado que le había dado los votos en 1960 gracias a la habilidad negociadora del vicepresidente Johnson, y que necesitaba también asegurarse para ser reelegido. Antes de marchar le dijo a su esposa: «Vamos hoy a una tierra de locos. Pero, Jackie, si alguien quiere dispararme desde una ventana con un rifle, nadie puede pararlo. Así que ¿para qué preocuparnos?».

La acción que condujo a su muerte en Dallas el 22 de noviembre de 1963 sigue siendo en la actualidad un acontecimiento con muchos aspectos oscuros. A los pocos minutos de recibir la noticia del atentado, Robert Kennedy trataba de averiguar si sus autores eran la CIA, los cubanos anticastristas, los millonarios petroleros de Texas, la mafia o una combinación de los esfuerzos de todos ellos. Aunque se le vendió al público la historia de la culpabilidad de un tirador desequilibrado, Lee Harvey Oswald,[122] que era la versión más tranquilizadora, algunos analistas oficiales llegaron a la conclusión de que los principales organizadores eran H.L. Hunt y otros dos ricos petroleros de Texas, que consideraban a Kennedy débil con el comunismo y temían que iba a recortarles las ventajas fiscales de que gozaban. Pero ninguna de las muchas hipótesis presentadas parece convincente, de modo que, como se ha dicho, «la mitad del público norteamericano (y buena parte del resto del mundo)» comparte la idea de que existió una conspiración.

Robert Kennedy no aceptó nunca la versión oficial de la muerte de su hermano presentada por la comisión Warren, porque era consciente de cuáles eran las fuerzas oscuras que se enfrentaban a él, y pensaba que detrás del magnicidio estaban el crimen organizado y los grupos que propugnaban una acción violenta contra Cuba;[123] aunque tal vez también la CIA. Se proponía reabrir la investigación una vez hubiese llegado a la presidencia, pero fue asesinado en el verano de 1968, cuando faltaban pocos meses para la elección presidencial, tal vez a iniciativa de las mismas fuerzas que habían organizado la muerte de su hermano.

LA CAÍDA DE JRUSHCHOV

En la Unión Soviética Jrushchov seguía mientras tanto en el poder; había comenzado a gobernar antes que Kennedy, pero no duraría mucho más. Si Kennedy murió a fines de 1963, Jrushchov cayó en 1964.

En el verano de 1963, sin embargo, parecía estar a punto de obtener resultados favorables en sus esfuerzos por llegar a una etapa de distensión en las relaciones internacionales. A fines de mayo Adenauer había expresado al embajador soviético sus deseos de normalizar las relaciones con Moscú, y en junio Kennedy pronunciaba el discurso de la American University en que anunciaba la posibilidad de un futuro de paz que pusiera fin a la guerra fría. Poco después Jrushchov, que estaba convencido de que era posible alcanzar resultados por esta vía, anunciaba su voluntad de aceptar una prohibición parcial de las pruebas nucleares que fue la que finalmente se firmó entre la Unión Soviética, los Estados Unidos y Gran Bretaña. Era el inicio de una política de distensión que se frustró finalmente con su caída.

Años atrás, cuando Kennedy había sido nominado como candidato a la presidencia, la embajada soviética en los Estados Unidos había informado a Jrushchov, con evidente sagacidad, de que «en su actividad política no está gobernado por firmes convicciones, sino por consideraciones puramente pragmáticas», lo que llevaba a concluir que «ofrecía la posibilidad de un acuerdo mutuamente aceptable (…) sobre la base de un esfuerzo conjunto por evitar la guerra nuclear». Lamentablemente, las perspectivas de que esta previsión pudiera cumplirse empezaron a tomar cuerpo demasiado tarde, cuando a Kennedy no le quedaban ya más que unos meses de vida, y la caída posterior de Jrushchov estuvo condicionada por este fracaso.

El entendimiento que había acabado estableciéndose entre Kennedy y Jrushchov en los últimos meses de la vida del presidente norteamericano explica el miedo que se sintió en Moscú cuando fue asesinado. Se tranquilizaron cuando la información que recibían —incluyendo la que Bob Kennedy les envió con un amigo personal— sugirió que había sido víctima de una conspiración de extrema derecha que condenaba su política y, en especial, su lenidad con Cuba, y vieron que no implicaba cambios en los altos niveles del gobierno.

Eran muchos, sin embargo, los que en el bando soviético disentían de la política internacional de Jrushchov, que había recogido hasta entonces unos pocos resultados positivos a cambio de hacer muchas concesiones. La retirada de Adenauer en octubre de 1963, y la muerte de Kennedy en noviembre, arruinaron además toda posibilidad de llegar a acuerdos duraderos de mayor trascendencia. Y encima, los norteamericanos conocían ahora, gracias a la información que les proporcionaban sus satélites espías, la debilidad militar de los rusos. A todo lo cual había que sumar la enemistad creciente de los chinos.

Pero los motivos que condujeron a la caída de Jrushchov procedían sobre todo de problemas interiores. Hacia 1964 su plan de siete años, iniciado en 1959, parecía entrar en crisis. Las tierras vírgenes, explotadas demasiado aprisa, empezaron a dar rendimientos decrecientes y las cosechas volvieron a bajar, hasta el punto que en 1963, como consecuencia de una sequía extrema, fue necesario importar grandes cantidades de cereales de los Estados Unidos, lo que era un signo evidente de fracaso. Fallaron también sus planes para multiplicar la producción de carne en los koljozes, cuyos dirigentes proporcionaban al gobierno cifras optimistas que confirmaban el cumplimiento de los planes, pero no la carne necesaria para satisfacer el consumo de la población. También su utopía de una sociedad sin prisiones se había acabado frustrando.

Los dirigentes del partido, y sus propios compañeros del Presidium, comenzaban a cansarse de su forma personal de gobernar. En abril de 1964, con motivo de cumplir setenta años, se publicaron los ocho tomos de sus obras completas, con el título de La edificación del comunismo en la URSS y el desarrollo de la agricultura, que venían a ser un testimonio del fracaso de tantas promesas incumplidas, y se proyectaba en los cines una película aduladora sobre su vida, «Nuestro Nikita Sergueievich». Había actuado siempre por su cuenta, sin consultar a nadie, y había realizado muchos cambios en la estructura del partido, lo que al cabo implicó que se crease muchos enemigos. Algunas de sus propuestas, como la de introducir la rotación obligatoria de los funcionarios en los cargos, amenazaban a los hombres del aparato: «algunos afirman —dice Lewin— que este fue el motivo por el que los brézhnevitas lo derrocaron». Cuando pareció evidente su fracaso político, fueron los mismos hombres a los que había colocado en el Presidium los que se dispusieron a deshacerse de él.

Los viajes de los últimos meses de su mandato —en mayo a Egipto, donde nombró a Nasser «héroe de la Unión Soviética», pese a que perseguía y encarcelaba a los comunistas egipcios; en junio a los países escandinavos— dieron a quienes conspiraban contra él, bajo la dirección de Brézhnev, Podgorny y Shelepin, la oportunidad para preparar sus planes. Todavía tendría ocasión de irritar al aparato del partido con sus propuestas de reorganización de los órganos directivos (el Presidium, diría, «es una asociación de ancianos»), con sus planes regresivos sobre la educación (lo que tenía mucho que ver con su desprecio por los intelectuales) y de ofender incluso a los miembros de la Academia de ciencias, con su empeño en promocionar a los discípulos de Lysenko (el rechazo de los miembros de la Academia, dirigidos en esta actitud por Sajárov, le llevaría a amenazar con disolverla).

A fines de septiembre de 1964 decidió ir a pasar unos días de descanso a las playas del mar Negro, desde donde habló telefónicamente con los cosmonautas del primer vehículo espacial para más de un tripulante, lanzado el 12 de octubre. Aquel mismo día le convocaron a una reunión del Presidium en Moscú, donde se debía discutir la situación de la agricultura. Había recibido diversos avisos, entre otros de su hijo Sergei, de que se estaba preparando una conjura en contra suya, pero no les prestó atención.

Mikoyan intentó negociar previamente para que se llegase a un compromiso, nombrando para el puesto de presidente del consejo de ministros a Kosygin y conservando Jrushchov el control del partido; pero los miembros del Presidium querían deshacerse de él. Brézhnev le echó en cara que no había respetado las reglas de la dirección colectiva, algo en que estuvieron de acuerdo la mayoría de los presentes, y Shelepin le atacó por sus fracasos en el terreno económico y en el campo de las relaciones internacionales. La discusión ocupó la mayor parte del 13 de octubre y se prolongó al día siguiente, en que siguieron las acusaciones. Jrushchov afrontó los ataques con serenidad, reprochando a los que ahora le atacaban que no le hubiesen planteado estas críticas en su debido momento, pero reconoció que el partido tenía derecho a destituirle y que él lo aceptaba, sin pedir clemencia ni renegar de lo que había hecho.

Se publicó que el cambio, que daba el cargo de primer secretario del partido a Leonid Brézhnev y la jefatura del gobierno a Kosygin, era consecuencia de la edad y la mala salud de Jrushchov, pero nadie lo creyó, puesto que era por entonces un hombre en buen estado físico. No produjo inquietud en Washington, porque se pensó que había que buscar los motivos en causas internas. Las cosas habían cambiado mucho desde Stalin, sin embargo. A Jrushchov ni se le ejecutó ni se le envió a la cárcel: se le dejó conservar su casa de Moscú, una dacha, un automóvil (aunque muy inferior al que usaba como jefe de estado) y la pensión de jubilado.

LA PRESIDENCIA DE JOHNSON

En los Estados Unidos el asesinato de Kennedy dejó en el poder a su vicepresidente, Lyndon Baines Johnson, un tejano de 53 años, de origen humilde, que había sido maestro en una escuela para hijos de campesinos pobres y de inmigrantes mejicanos,[124] antes de convertirse en un político profesional y en uno de los más expertos manipuladores de la actividad parlamentaria en el Senado. Se sentía a sí mismo como un progresista al estilo del New Deal y opinaba que «Kennedy era demasiado conservador para mi gusto», pero, obligado a enfrentarse a una elección presidencial en el plazo de un año, era consciente de que este no era el momento adecuado para introducir cambios en la política que había recibido de su predecesor.

Johnson, al que los miembros del entorno político de Kennedy despreciaban por sus carencias culturales y por ser «socialmente inaceptable», difería fundamentalmente de ellos por su preocupación por los problemas internos de la sociedad norteamericana, lo que lo convertiría en última instancia en un personaje mucho más importante que Kennedy para su país. Aspiraba a ser un continuador de la política de reformas de Roosevelt —algo que también quiso Truman, pero que no figuraba entre las preocupaciones de Kennedy—, formuló un programa para una «Gran sociedad» y declaró en 1964 la guerra contra la pobreza. Fue él, gracias a su capacidad de manejarse en las cámaras, quien consiguió que el 2 de julio de 1964 se aprobase la ley de derechos civiles que Kennedy no había sacado adelante, sin preocuparse por las consecuencias que esto podía tener en las elecciones de aquel año. El mismo día en que se aprobó la ley, Johnson le dijo a su ayudante Bill Moyers: «Pienso que hemos entregado el sur al Partido Republicano por mucho tiempo». En noviembre, en efecto, cinco estados del sur votaron a Barry Goldwater.

Hubiera querido dedicarse ante todo a las cuestiones sociales de su propio país, a combatir la injusticia, la desigualdad y la pobreza, como les diría a los gobernadores de diversos estados en el mismo día del funeral de Kennedy, pero las circunstancias le obligaron a emplear gran parte de sus esfuerzos en la política internacional, para la que estaba mal preparado. Había viajado poco y carecía de experiencia diplomática —ni siquiera le gustaba tratar con extranjeros: «no son como la gente a que estoy acostumbrado»—, lo que le iba a obligar a depender en este terreno de los consejeros que le había legado Kennedy, a los que conservó junto a él, desoyendo los consejos de Eisenhower de que renovase por completo el personal de su equipo.

Aunque reuniese en su entorno, en cargos de segunda fila, a una serie de personas más próximas a sus ideas, Johnson confió en el equipo de su antecesor, como lo demostraría el papel predominante que junto a él desempeñaron el secretario de Defensa, McNamara, el de Estado, Rusk (el único personaje del grupo al que apreciaba como ser humano), y el consejero nacional de Seguridad, Bundy. Sin olvidar que los consideraba además útiles para conservar el apoyo de «los medios de difusión, la gente del este y los intelectuales», lo cual no le evitó tener malas relaciones con la prensa desde el primer momento. Se preocupó, en cambio, de cerrar el paso a las ambiciones de poder de Robert Kennedy (se negó a llevarle como vicepresidente en 1964), quien luchó desde entonces por alcanzar por su cuenta la presidencia, un objetivo que se frustró al morir asesinado en junio de 1968.

Los años en que Johnson desempeñó la presidencia fueron confusos en la escena internacional. Su mandato comenzó cuando acababan de producirse, a mediados de octubre de 1964, la caída de Jrushchov y la explosión de la primera bomba nuclear china,[125] y concluyó en 1968, en un año de revoluciones (París, México, Praga), de asesinatos (Martin Luther King, Robert Kennedy) y de frustraciones. Las relaciones con Europa no fueron fáciles en estos años, como consecuencia de la revuelta de De Gaulle, del cansancio de una Gran Bretaña a la que le pesaban demasiado los costes de la guerra fría y de la voluntad de la Alemania federal de mantener una política exterior independiente. Y su actuación en América Latina estuvo marcada por la incompetencia del secretario de Estado adjunto, Thomas C. Mann —«un hombre de mentalidad colonialista y un fanático de la libre empresa», según Schlesinger—, quien le embarcó en errores como el de la intervención en la República Dominicana y degradó la retórica de la Alianza para el Progreso de Kennedy, convirtiéndola en un programa de apoyo a los dictadores y de protección descarada de los intereses económicos norteamericanos.

Pero el problema que amargó su presidencia del primer al último momento, y que acabó arruinándola, fue el de Vietnam, que recibía como una herencia de los errores políticos de Eisenhower y de Kennedy. En 1964, al cabo de un año de haber asumido la presidencia por la muerte de Kennedy, había de presentarse a las elecciones, lo que le forzaba a estar atento a las cuestiones internacionales que su antecesor había dejado pendientes, ya que estaba obligado a no dar señales de debilidad ante su contrincante, un republicano millonario ultraconservador, Barry Goldwater, que si en política interior propugnaba una reducción drástica del poder federal —perdió el voto de los viejos por mostrarse hostil a las medidas de seguridad médica—, en el terreno internacional se declaraba contrario a cualquier forma de coexistencia y planteaba como la necesidad primordial de la política norteamericana la de conseguir una «victoria total» sobre el comunismo, lo que le llevaba a propuestas como la de defoliar Vietnam del Norte con bombas atómicas.

Johnson quiso presentarse ante la opinión, en contraste con Goldwater, como el candidato del progreso social —«Si Lincoln abolió la esclavitud —decía—, nos toca ahora a nosotros abolir la pobreza»—, pero también como un gobernante dispuesto a mostrarse firme ante el comunismo a escala internacional.

EL TRÁGICO VERANO DE 1964

Johnson aborrecía la guerra de Vietnam, pero no podía desentenderse de ella, y debía hacerlo de manera que no se le pudiese acusar de blando o de pacifista. Compartía, además, la idea de que no se podía dejar que la ganasen los vietnamitas del norte, porque «las fichas del dominó caerían y esta parte del mundo iría a parar a los comunistas; podríamos enviar entonces a los marines y nos encontraríamos atrapados en la Tercera guerra mundial o en otra acción como la de Corea». La única alternativa era ayudar a los vietnamitas del sur a que luchasen y resistiesen.

Esta interpretación de lo que podía suceder en Vietnam, unida a la conciencia de que los norteamericanos no tolerarían que se dejase el campo abierto a los comunistas, le obligaba a rechazar el camino de la negociación que proponían quienes sostenían que un Vietnam neutralista, a la manera de la Yugoslavia de Tito, no era ningún desastre (era también la solución que proponía De Gaulle, ante la irritación de Washington, que trató en vano de hacerle rectificar). McGeorge Bundy le reforzó en esta actitud al decirle: «El daño político para Truman y Acheson por la caída de China se produjo porque los americanos pensaban que podíamos y debíamos haber hecho más para prevenirlo. Eso es lo que sucedería si pareciese que somos los primeros en abandonar a Saigón». No era tiempo de negociar; «cuando seamos más fuertes podremos planteárnoslo».

A Johnson le desagradaba la forma en que los Kennedy habían manejado las operaciones encubiertas de la CIA, y lamentaba especialmente el asesinato de Diem. Pero aceptó seguir con el programa que había recibido de su antecesor, encaminado a ejercer presión sobre el gobierno de Hanoi con toda una serie de actividades encubiertas —OPLAN 34-A— que se efectuarían con lanchas norteamericanas tripuladas por combatientes mercenarios del sur o tailandeses. Complementariamente, la marina desarrollaría misiones de vigilancia electrónica en el golfo de Tonkín.

Uno de los problemas a que se enfrentaba esta política de acoso era que el jefe de gobierno del sur salido del golpe contra Diem, el general Duong Van Minh, conocido como «el gran Minh» por su estatura, no estaba a favor de una campaña de ataques al norte como la que proponían los Estados Unidos, sino que parecía apoyar una política de neutralización al estilo de la que se había aplicado en Laos. El 30 de enero de 1964 el general Nguyen Khahn destituyó a Minh en un golpe incruento que Washington recibió con satisfacción. El nuevo gobernante del sur no solo daba pleno apoyo a la política de ataques encubiertos contra el norte, que comenzaron en febrero de 1964 y siguieron en una escalada que llegó al máximo en agosto de este mismo año, sino que pedía ayuda para atacar directamente.

Los militares norteamericanos, por su parte, querían más: una guerra de destrucción, con bombardeos en masa que llevasen a los vietnamitas de vuelta a la edad de piedra. El general Curtis LeMay le dijo a Bundy: «No lo entiendo. Estamos en la cima de nuestro poder. La más poderosa nación del mundo. Y tenemos miedo de usar este poder, nos falta la voluntad de hacerlo. En los últimos treinta años hemos perdido Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, China…». «Hay muchos», le interrumpió Bundy, «que no creen que fueran nuestros.»

De cara a las elecciones que habían de celebrarse en noviembre de aquel mismo año, Johnson había de mostrarse como un político razonable, que no buscaba un conflicto más amplio (no iba a llevar a los jóvenes norteamericanos a la guerra), pero que era, a la vez, duro con los comunistas: una receta que le dio una victoria resonante en las urnas —solo seis estados dieron el voto a los republicanos, y los demócratas obtuvieron claras mayorías tanto en el Congreso como en el Senado—, pero que pagó cara, porque, en su deseo de acabar la guerra cuanto antes, aceptó una política encaminada a forzar al norte a capitular, basada en la errónea convicción de que la revuelta del sur dependía fundamentalmente de la participación y ayuda de Hanoi.

Lo que ocurrió en el mes de agosto de 1964, que iba a ser determinante para el curso de la guerra, no se puede entender sin tener en cuenta que en el entorno de Johnson existía la convicción de que convenía dar un paso firme adelante en la escalada, para lo que estaban convencidos de que se podía conseguir el apoyo del Congreso, en especial si se producía en Vietnam algún acontecimiento que movilizase la opinión, como un ataque contra los norteamericanos. Bundy había preparado ya a mediados de junio la propuesta que había de presentarse para obtener del Congreso la autorización para que el presidente pudiese ordenar acciones de guerra en caso necesario. Se pensaba en principio que era mejor dejar pasar las elecciones, pero tenían claro que, como afirmaba Bundy, «los Estados Unidos deberán afirmar su posición en el sudeste asiático de la manera más clara y firme posible en los próximos cinco meses». Que el acontecimiento movilizador se produjera en el verano, meses antes de las elecciones, obligó a adelantar el proyecto.

A comienzos de agosto se estaban realizando operaciones de ataque contra el norte con lanchas norteamericanas tripuladas por survietnamitas. Eran actividades financiadas por los Estados Unidos y dirigidas contra objetivos escogidos por los servicios de inteligencia norteamericanos, aunque McNamara mintió repetidamente al Congreso asegurando que el gobierno de Washington no tenía nada que ver con estas operaciones.

El 2 de agosto, en pleno día, tres embarcaciones norvietnamitas de patrulla, encargadas de enfrentarse a las lanchas que habían atacado poco antes objetivos en la costa, encontraron al destructor norteamericano Maddox en el golfo de Tonkín, a diez millas mar adentro,[126] e hicieron fuego contra el destructor, sin llegar a hacerle daño (la decisión de atacar la tomó por su cuenta el oficial que mandaba estas embarcaciones, sin haber pedido autorización al gobierno de Hanoi). El Maddox replicó, ayudado por aviones procedentes del portaaviones Ticonderoga, que al parecer dañaron seriamente a dos de las lanchas. La cuestión se discutió aquella noche en la Casa Blanca y se resolvió con una simple nota de advertencia a Hanoi.

El lunes 3 de agosto Johnson comentaba el incidente del día anterior con Robert Anderson, un financiero de Texas muy próximo a Eisenhower, quien le advirtió de los problemas que iba a implicar enfrentarse a un Goldwater muy duro en estas cuestiones, a lo que añadió que debía tener en cuenta que «cuando nos disparan por la espalda no somos blandos… nos hemos de proteger a nosotros mismos, hemos de proteger a nuestros chicos». Johnson, inquieto, le preguntó si pensaba que había dado hasta entonces una sensación de blandura, y Anderson contestó que no había oído aún ninguna crítica, pero que sabía que Goldwater intentaría sacar provecho de esta cuestión.

Johnson quedó preocupado y le dijo por teléfono a McNamara: «Quiero dejar una impresión de fondo… de que seremos firmes como el infierno, sin decir nada que sea peligroso… La gente que me llama… piensa que la flota respondió maravillosamente. Y esto es bueno. Pero quieren estar seguros de que no los retiraré y me marcharé… Es lo que todo el país quiere, porque Goldwater está haciendo tanto ruido acerca de cómo los mandará a la Luna. Y dicen que no hemos de hacer nada que no pida el interés nacional, pero que hemos de dejar la impresión de que si nos disparas, te tocará recibir».

El martes 4 de agosto fue el día en que se tomaron las grandes decisiones. A las 9,43 de la mañana McNamara telefoneaba a Johnson para explicarle los planes que estaba fraguando con los altos mandos de la marina, preparándose para replicar si se producía un nuevo ataque al destructor norteamericano (lo que era tanto más previsible, si se tiene en cuenta que en la misma noche del 3 al 4 de agosto volvió a haber ataques de lanchas a las costas de Vietnam del Norte). Poco antes de las once de esta misma mañana McNamara le comunicaba que el comandante de la fuerza naval creía haber visto dos buques no identificados, y le anunciaba que al mediodía —las comidas del mediodía de los martes eran la oportunidad en que el presidente se reunía con los principales miembros de su equipo de gobierno— le llevaría una lista de posibles objetivos a atacar, tal como el presidente le había pedido. Poco después volvía a ponerse en contacto con Johnson para decirle que estaban torpedeando al destructor.

La verdad era que las primeras noticias del Maddox y de otro destructor que lo acompañaba ahora, el Turner Joy, eran confusas. Creían ser atacados en una noche oscura y replicaban girando sobre sí mismos y disparando al azar alrededor suyo. En una ocasión, según contó uno de los aviadores que habían acudido a protegerlos, y que no encontró ninguna embarcación vietnamita atacante, se pudo ver al Turner Joy apuntando con sus armas al Maddox. («Esos condenados marinos se estaban dedicando a disparar a los peces», diría Johnson cuatro años más tarde, cuando estaba ya claro lo que había sucedido).

Aquel mediodía, en la comida en que McNamara, Rusk y Bundy se reunían con el presidente, se decidió bombardear los objetivos «de prestigio» que el secretario de Defensa había sugerido, y en especial unos depósitos que contenían el 70 por ciento de la provisión de petróleo de Vietnam del Norte. Poco después le llegaba al presidente un informe del capitán Herrick que ponía en duda que hubiese habido buques norvietnamitas ni torpedos, y que sugería que se esperase a que se hubiese hecho una evaluación completa antes de actuar. Pero ya se habían tomado las decisiones de replicar al inexistente ataque, y no podían echarse atrás.

En la reunión celebrada aquella tarde por el Consejo de Seguridad Nacional se aprobó el bombardeo de las bases navales y de los depósitos de petróleo de Vietnam del Norte. Poco después el presidente comunicaba a los líderes del Congreso su decisión de presentar una resolución pidiendo que se le autorizase para dirigir operaciones militares en el sudeste asiático, si la situación lo requería.

A las cinco de la tarde McNamara telefoneó a Johnson que las noticias de los acontecimientos del golfo de Tonkín habían sido ya filtradas a la prensa, lo que les obligaba a hacer una declaración pública, y le sugirió que dijera que «durante la noche los dos destructores habían sido atacados por lanchas de patrulla; el ataque fue rechazado sin víctimas ni daños para los destructores; creemos que varias de las lanchas fueron hundidas; los detalles no estarán disponibles hasta que se haga de día». Pura literatura de imaginación.

A las ocho de la noche de aquel mismo día otro drama muy distinto llegaba al despacho oval: el FBI comunicaba que se habían encontrado tres cadáveres cerca de Philadelphia, Mississippi, a seis millas del lugar en que unos activistas a favor de los derechos civiles habían sido vistos por última vez en la noche del 21 de junio. Este tema debería, sin embargo, esperar, ante la urgencia con que se planteaba la cuestión del golfo de Tonkín.

A las 9,15 de la noche McNamara le sugirió al presidente que dijera en la televisión que los aviones norteamericanos iban a atacar Vietnam del Norte, sin detallar los objetivos, para que los norteamericanos se fuesen a dormir tranquilos (debía tomar en cuenta la diferencia de horarios para hacerlo antes de que se acostasen los habitantes de la costa este). Aunque Johnson temía que se le pudiese reprochar esta declaración como un aviso previo a los comunistas de que iban a ser atacados (y se le criticó, en efecto, por ello), aceptó el consejo y, tras informar a Goldwater y cerciorarse de que habían despegado ya los aviones del Ticonderoga que habían de iniciar el ataque (no así los del Constellation, otro portaaviones que iba a intervenir en la operación), hizo una declaración a las 11,36 de la noche en que daba las razones que justificaban la acción que se iba a realizar.

El miércoles 5 se pudo comprobar que los bombardeos habían sido eficaces —se calculaba que habían hundido unas 25 lanchas y habían destruido el 90 por ciento de los depósitos de petróleo— sin recibir respuesta alguna, de modo que se tranquilizaron. Aquel mismo día Bundy dijo que «por su parte celebraba los acontecimientos recientes como justificación para una resolución que la administración estaba deseando tomar desde hacía algún tiempo».

Sabemos hoy con toda seguridad que el segundo ataque en el golfo de Tonkín, en el que en los primeros momentos creyeron, o fingieron creer, los dirigentes norteamericanos, no existió. En un estudio desclasificado a fines de 2005 sobre el contenido de los mensajes norvietnamitas interceptados, que McNamara utilizó para justificar las medidas adoptadas, la propia CIA llegó a la conclusión de que se había hecho una interpretación sesgada de unos datos que hubieran debido conducir a la conclusión de que no había habido ataque alguno.

Fue responsabilidad de los dirigentes norteamericanos haber ordenado unas represalias que cambiaron el curso de la guerra, puesto que los norvietnamitas, que no habían realizado ningún acto hostil directo contra los norteamericanos (ni siquiera habían querido responder a los ataques que el OPLAN-34 hizo en la misma noche del 4 de agosto) y no habían intervenido hasta entonces con sus tropas en la guerra civil que se estaba desarrollando en el sur, interpretaron los actos de los Estados Unidos como una prueba de que habían decidido entrar en la guerra y que aprovechaban este pretexto para hacerlo.

Que era efectivamente lo que había sucedido. Porque, como muestra la forma en que se prepararon las «represalias», no se debe atribuir a un malentendido acerca de lo que había ocurrido el 4 de agosto la responsabilidad de la escalada en la guerra. El propósito existía con anterioridad y estos acontecimientos no hicieron más que adelantar su inicio. La opinión pública norteamericana, por otra parte, dio una amplia aprobación a lo que se había hecho y a la política del gobierno acerca de Vietnam, en términos generales.

El viernes 7 de agosto, tras la declaración de McNamara de que los buques norteamericanos habían sido atacados sin que hubiese mediado provocación alguna, lo cual era falso en todos sus extremos, el presidente pidió a las dos cámaras una resolución conjunta que le autorizase al uso de la fuerza en el sudeste asiático para prevenir nuevas agresiones, basándose en que «los ataques de Vietnam del Norte no son un acontecimiento aislado, sino que forman parte de un impulso comunista continuado para conquistar Vietnam y, eventualmente, conquistar y dominar otras naciones libres del SE de Asia».[127] Con un voto favorable arrollador (416-0 y 88-2, en las dos cámaras) se aprobó una resolución que autorizaba al presidente a «tomar todas las medidas necesarias, incluyendo el uso de la fuerza armada», para ayudar a cualquier estado miembro de la SEATO «que pidiera ayuda para defender su libertad». Era una autorización que, por su misma amplitud y vaguedad, le iba a permitir a Johnson iniciar una política de escalada de la guerra sin necesidad de volver a consultar a las cámaras.

El sábado 8 el presidente marchó a descansar a su rancho, tranquilizado por las noticias acerca de la reacción del público que le daba McNamara, quien le advirtió que los vietnamitas sostenían que el primer ataque al Maddox había sido una respuesta a las agresiones norteamericanas, y que, si los periodistas le preguntaban, «ha de decir categóricamente que las fuerzas de los Estados Unidos no participaron ni estuvieron asociadas a ningún incidente de este tipo».

El domingo 9 de agosto el presidente se preocupaba por el asesinato en Mississippi de los activistas en favor de los derechos civiles. «Si nos dan cuatro años, yo le garantizo a la delegación por la libertad que algo semejante a lo que piden se habrá hecho, en cuatro años a partir de ahora.» Al fin y al cabo, ya había demostrado su empeño por esta causa con la aprobación de la ley de derechos civiles.

¿Por qué un Johnson que durante la presidencia de Kennedy se había mostrado reticente acerca de lo que se estaba haciendo en Vietnam, siguió ahora el camino que iba a conducir a la escalada? Puede ayudar a explicarlo la necesidad de mostrarse firme para no dar argumentos a Goldwater (a quien acusaría durante la campaña de que se proponía iniciar una guerra nuclear), en una lucha por alcanzar un poder que ambicionaba sobre todo para desarrollar sus grandes proyectos de política social. Pero la razón más profunda reside en lo que Nixon llamaría «el síndrome de la Situation Room»: la sala del sótano de la Casa Blanca en que el presidente se reunía con el NSC y con sus consejeros militares y de defensa para discutir los problemas y tomar las grandes decisiones de política internacional. Lo había hecho construir Kennedy en 1961, tras el fracaso de Bahía de Cochinos, con el objetivo de disponer de información en tiempo real (contaba con un sistema de comunicaciones con las embajadas norteamericanas en todo el mundo); pero la consecuencia de este planteamiento fue crear en los presidentes la ilusión de que el mundo podía gobernarse desde aquella sala cerrada y sin ventanas, siguiendo la «situación» en los mapas colgados en la pared.

Cegados por la teoría del dominó, los dirigentes norteamericanos estaban convencidos de que la derrota de Vietnam del Sur significaría el triunfo del comunismo en Asia y conduciría hacia el estallido de la Tercera guerra mundial. Y ni siquiera los viajes que efectuaban a Vietnam, sin tiempo ni oportunidades para enterarse de la realidad social del país, sirvieron para desengañarles. La ceguera, además, era colectiva. Tanto su entorno político, heredado de Kennedy, como los jefes militares empujaban a Johnson en esta dirección, y las cámaras y el país se dejaron engañar con facilidad.

El día después de haber conseguido la autorización del Congreso, su consejero de seguridad nacional, Bundy, le decía que había que considerar «el uso de fuerzas armadas norteamericanas substanciales operando contra el Vietcong». En su opinión esto no iba a significar una repetición de la guerra de Corea, sino que «era posible que un par de unidades del tamaño de una brigada, puestas a actuar en un plazo de seis semanas a partir de ahora» pudieran realizar una buena tarea.

El planteamiento tenía dos fallos muy graves. El primero, el de pasar por alto que las condiciones del entorno natural de Vietnam eran inapropiadas para el estilo de combate a que estaban acostumbrados los norteamericanos: sus espesas selvas impedían la visibilidad desde el aire, no había rutas para los camiones ni espacios abiertos para los tanques, y las montañas y los humedales, como los campos de arroz, dificultaban la marcha regular de los soldados. Se daba así la paradoja de que una guerrilla vietnamita sin vehículos ni aviones, que había construido miles de kilómetros de túneles subterráneos para sus instalaciones permanentes, se movía sobre el terreno con mucha más facilidad que los norteamericanos.

El segundo, y más grave, de los errores era que habían olvidado el consejo que Kennan había dado en 1948: «El uso de fuerzas armadas regulares de los Estados Unidos para oponerse a los esfuerzos de elementos comunistas indígenas en países extranjeros debe considerarse en general como una empresa arriesgada y sin provecho, más capaz de perjudicarnos que de beneficiarnos».

LA «GRAN SOCIEDAD»

La primera de las medidas de reforma social puesta en marcha por Johnson fue la mejora de la educación, que estaba convencido de que era la clave, tanto para la mejora del nivel de vida de los ciudadanos como para el progreso global de la nación. Era un tema difícil, que había encontrado siempre resistencias en el Congreso y que hubo que enfocar como un programa de ayuda global para los estudiantes, tanto de las escuelas públicas como de las privadas, para vencer las resistencias iniciales de los conservadores, lo que no le ahorró emplear toda su capacidad de manejo del Congreso para acabar consiguiendo la aprobación, en abril de 1965, de la ESEA (Elementary and Secondary Education Act), a la que se unió en noviembre del mismo año la HEA (Higher Education Act), que permitió ampliar considerablemente el porcentaje de los jóvenes que recibían educación superior.

La creación de un programa público de asistencia médica era el segundo punto de su programa. Se trataba de otro tema difícil, más incluso que el de la educación, como lo había demostrado el fracaso de Truman en este terreno. El primer paso fue la constitución de una Comisión sobre las enfermedades cardíacas, el cáncer y la apoplejía (HDCS), que eran las que provocaban el mayor número de muertes en los Estados Unidos y de las que tenía experiencias familiares (el propio Johnson, que había sufrido un ataque cardíaco en 1955, vivía obsesionado por el miedo a que se repitiera). Pero el paso más importante iba a ser la aprobación de las medidas de ayuda hospitalaria para los ancianos (Medicare)[128] y para los pobres (Medicaid), que habían sido rechazadas en diversas ocasiones por el Congreso y que se presentaban como una enmienda a la ley de Seguridad social de 1935. Al firmar el nuevo texto, el 30 de julio de 1965, Johnson quiso que estuviese presente Truman, a quien entregó la primera tarjeta del nuevo servicio Medicare. Que intentos posteriores de universalizar los seguros médicos fracasasen, y que los Estados Unidos siga siendo el único país desarrollado que carece de una buena atención médica universal, muestra la importancia del avance efectuado por Johnson.

El tercer capítulo de su programa, el de la igualdad racial, lo había iniciado con anterioridad, como ya hemos explicado, haciendo aprobar el 2 de julio de 1964 la ley de Derechos civiles (Civil rights act), que solo pudo sacar adelante tras un considerable esfuerzo por vencer las resistencias que encontró en el Senado. En ella se prohibía la segregación racial en hoteles, restaurantes y teatros, y se retiraban los fondos federales a las instituciones que practicasen la discriminación. Johnson sabía, sin embargo, que con ello no bastaba, sino que se necesitaba eliminar los impedimentos que se ponían a los negros del sur cuando pretendían votar, con el fin de dotarlos de los derechos políticos que podían asegurar su libertad.

En una situación en que la violencia racial había llegado a graves extremos, Johnson asumió personalmente la causa en el que tal vez fuese el mejor y más personal de sus discursos, en que sostuvo que la negativa al voto de cualquier ciudadano norteamericano no era una cuestión de derechos de los estados o de derechos nacionales, sino que implicaba «la lucha por los derechos humanos». «Aunque venciésemos a todos nuestros enemigos, aunque duplicásemos nuestra riqueza y conquistásemos las estrellas, si siguiésemos manteniéndonos desiguales en este terreno, habríamos fracasado como pueblo y como nación», dijo en un discurso en que incluyó las palabras del himno de la lucha por los derechos civiles: «And we shall overcome». La aprobación en agosto de 1965 de la ley (Voting rights act), que se consiguió con más facilidad que en el caso de la de derechos civiles (ganó por 79 a 18 en el Senado y por 333 contra 85 en la cámara de representantes), significaba un paso decisivo en la conquista de la igualdad racial, pero, como Johnson sabía muy bien, llevar a una práctica efectiva estos derechos iba a exigir una larga lucha contra impedimentos del más diverso tipo.

Johnson sacó adelante, además, toda una serie de medidas de lucha contra la pobreza, que incluían programas de ayuda a los niños pobres en edad preescolar, de obras públicas en viejas zonas industriales en decadencia, de control de la polución, etc. En agosto de 1965 hacía el balance de lo mucho realizado y de los continuos obstáculos que se le habían presentado, incluyendo las repetidas «sugerencias de que lo que estamos haciendo es inconstitucional, que lo hacemos demasiado aprisa o que lo hacemos mal. Nunca he visto un esfuerzo real y significativo para ayudar a los más pobres que no haya tropezado con apóstoles de la codicia que encuentren razones por las cuales no puede hacerse».

LA GUERRA DE LOS SEIS DÍAS

No fue Vietnam el único problema internacional que se le presentó a Johnson. Además de la intervención en la República Dominicana, en abril de 1965, destinada a evitar el regreso al poder de Juan Bosch, hubo de hacer frente al agravamiento de la situación de Oriente Próximo como consecuencia de la «guerra de los Seis Días», que un Israel que se encontraba en una etapa de crisis económica y de desmoralización —por primera vez desde 1948 se registraba más emigración que inmigración— pretendió justificar como una respuesta a provocaciones egipcias, como el cierre del estrecho de Tirán.

La verdad es que los israelíes no podían temer, como alegaban, que Nasser les atacase, puesto que este tenía a cerca de la mitad de sus tropas implicadas en la guerra civil que se estaba desarrollando en el Yemen entre monárquicos, apoyados por la Arabia Saudí, y republicanos, que contaban con la ayuda de Egipto; una guerra que en cinco años les costó a los egipcios de 10 000 a 15 000 muertos y un gasto insoportable, y que el propio Nasser acabaría calificando como «mi Vietnam».

Israel tenía problemas muy serios con Jordania, desde cuyo territorio se producían infiltraciones de guerrilleros, a lo que respondieron el 13 de noviembre de 1966 con un ataque de 400 soldados contra la aldea jordana de Samu, en la orilla occidental, donde volaron 125 casas, en un acto que fue expresamente condenado por las Naciones Unidas. Pero la confrontación más grave era la que mantenía con Siria, en cuya zona fronteriza, desmilitarizada después del armisticio de 1949, Israel había realizado una agresiva política de expulsión de campesinos sirios y de asentamiento de colonos judíos,[129] lo que dio lugar a una constante sucesión de conflictos, que llegaron a implicar tanques y hasta a las aviaciones de ambos países, con el resultado de que en abril de 1967 seis Migs sirios fuesen derribados, uno de ellos cerca de Damasco.

Al margen de esta disputa por la tierra estaba también la cuestión del apoyo que Siria daba a las incursiones de al-Fatah, el grupo guerrillero de Yaser Arafat, que fue lo que acabó llevando a los israelíes a pensar en una dura réplica, lo que explica que se difundieran noticias de que pensaban invadir Siria y derribar su gobierno. Estas constantes provocaciones israelíes bastan para explicar que Egipto y Siria firmasen en noviembre de 1966 un pacto de ayuda mutua.

Eran momentos en que, tras la caída de Jrushchov, los dirigentes soviéticos estaban revisando a la baja la política de intervención en los asuntos del «tercer mundo», y comenzaban a reducir la ayuda indiscriminada que hasta entonces habían proporcionado a Egipto, que condicionaban ahora a unas concesiones, que Nasser se resistía a hacer, para que abriera sus puertos a la flota soviética en el Mediterráneo, a la vez que le prevenían acerca de su intervención en Yemen, que podía crear un conflicto con los británicos que guarnecían Aden.

Lo que menos deseaban los soviéticos en aquellos momentos era ver a los egipcios promoviendo un nuevo conflicto, de modo que cuando el 13 de mayo de 1967, como consecuencia de un informe erróneo recibido de un agente en Tel Aviv, comunicaron a Nasser que Israel planeaba atacar Siria,[130] le dijeron que debía evitar cualquier intervención y dejar que la diplomacia soviética resolviese la cuestión a través de la ONU. Nasser ignoró estos consejos y, sin avisar a los soviéticos, decidió intervenir, en una operación que estaba pensada para promover su prestigio en el mundo árabe, incluso después de saberse que no era verdad que Israel estuviera enviando tropas a la frontera con Siria. El 16 de mayo pidió que se retirase de la península del Sinaí la fuerza de interposición de la ONU (UNEF I), que estaba allí desde 1957, y llevó tropas egipcias a aquel territorio, sin otra intención que la de conseguir un efecto de intimidación, mientras Israel rechazaba la propuesta de la ONU de trasladar la fuerza de interposición a su lado de la frontera, y se preparaba cuidadosamente para un choque en que podía partir con ventaja.

Las cosas se complicaron por el hecho de que el contingente de las Naciones Unidas era el que aseguraba que se mantuviera abierto el paso de la navegación israelí por el estrecho de Tirán, que daba acceso al golfo de Aqaba y, con ello, al puerto de Eilat, por donde Israel recibía el petróleo de Irán. La retirada de las tropas internacionales ponía el control del estrecho en manos de los egipcios y la propia tensión de aquellos momentos —incluyendo la presión de la opinión del mundo árabe, que no hubiese perdonado que se siguiese tolerando el abastecimiento israelí por esta vía— obligaba a Nasser a cerrarlo, como lo hizo el 23 de mayo, pese al riesgo de que este pudiese ser el motivo que iniciase una guerra que no deseaba. El 30 de mayo, finalmente, Hussein de Jordania volaba a El Cairo y firmaba un acuerdo de defensa mutua con Egipto.

Nasser se había precipitado enviando tropas al Sinaí cuando carecía incluso del armamento necesario para dotarlas adecuadamente. El 25 de mayo el ministro egipcio de la Guerra, Badran, acudió a Moscú con una urgente petición de armamento, asegurando a Kosygin que solo pretendían prepararse para evitar una agresión preventiva israelí y que se comprometían a no usar estas armas para atacar a Israel. La respuesta de los dirigentes soviéticos, divididos acerca de esta cuestión, fue que se les enviaría por lo menos una parte de lo que pedían, pero que no lo recibirían hasta julio y agosto; se trataba, evidentemente, de evitar que los egipcios, que estaban planeando un ataque aéreo preventivo contra Israel, iniciasen una nueva guerra.

En aquellos momentos el gobierno de Israel se mostraba dividido acerca de la respuesta a dar; en la reunión del consejo de ministros de 27 de mayo se llegó a un empate de votos, lo que implicaba seguir negociando, de acuerdo con la postura del primer ministro, Levi Eshkol, quien objetaba que aunque se pudiera obtener una rápida victoria sobre Egipto, los árabes seguirían estando allí: «¿Habremos de vivir siempre con la espada en la mano?». Pero los militares, que se sabían mucho más fuertes que sus enemigos, querían ir a la guerra. El primero de junio Eshkol se vio obligado a renunciar a la cartera de Defensa y a nombrar para desempeñarla a Moshe Dayán, a la vez que Menachem Begin, el viejo terrorista, entraba en el gobierno como ministro sin cartera. La suerte estaba echada.

Mientras los diplomáticos israelíes pregonaban por el mundo que Israel estaba amenazado por un nuevo holocausto, en uno «de los más notables ejercicios de guerra psicológica que jamás se hayan intentado», los militares, con 275 000 hombres, 1000 tanques y 200 aviones a su disposición, preparaban una guerra que estaban seguros de ganar. Informaron a los norteamericanos de lo que se proponían hacer —el jefe del Mossad, Meir Amit, viajó a Washington y se entrevistó con el director de la CIA, Richard Helms, y con el secretario de Defensa, McNamara— y recibieron la aprobación de Johnson para tirar adelante sus planes de guerra.

Johnson se había identificado desde hacía muchos años con los intereses israelíes y contaba con un círculo de amigos judíos, a los que usaba en ocasiones para enviar a Israel mensajes que no deseaba que pasasen por el control del Departamento de Estado, y a través de los cuales recibía también peticiones de armas y de ayuda hechas por el gobierno israelí.

El lunes 5 de junio de 1967 Israel atacó sin previo aviso ni declaración de hostilidades a Egipto: a las 7,45 de la mañana, mientras los pilotos egipcios desayunaban, una primera oleada de 183 aviones israelíes (Mystère de fabricación francesa) que volaron sobre el Mediterráneo para entrar desde el oeste y sorprender desprevenida a la defensa antiaérea local, atacaron por sorpresa nueve bases aéreas egipcias y destruyeron la mayor parte de su aviación de combate en el suelo.[131] Dos horas más tarde (y después de anunciar oficialmente en las Naciones Unidas que era Egipto el que había iniciado el ataque) tropas israelíes asaltaron las posiciones defensivas egipcias en el Sinaí y tres días después llegaban al canal de Suez. El desastre era de tal magnitud —el vicepresidente egipcio se preguntaba: «¿Cómo pudo nuestra fuerza aérea ser borrada en un día y nuestras tropas de tierra ser diezmadas en el siguiente?»— que Nasser anunció públicamente su propósito de dimitir.[132]

Aquel mismo día los israelíes invadieron Jordania: destruyeron su fuerza aérea y ocuparon la totalidad de Jerusalén y todo el territorio palestino de la llamada orilla occidental. El 8 de junio atacaron a los sirios, quienes, en vista del desastre inicial sufrido por sus aliados egipcios, se habían mantenido sin participar activamente en el conflicto, y ocuparon los altos del Golán. En seis días se había obtenido una victoria total: las fuerzas israelíes estaban a 50 km de Ammán, a 60 de Damasco y a 110 de El Cairo.

Alarmado ante el ataque israelí, Kosygin se comunicó el 5 de junio con Johnson a través de la línea reservada que se había establecido en 1963, después de la crisis de los misiles cubanos, y que hasta entonces solo se había utilizado para transmitir las felicitaciones de año nuevo. Contra lo que sostiene el mito, no era un teléfono rojo en la mesa del presidente en el despacho oval, sino un teletipo que transmitía mensajes telegráficos codificados y que tenía su terminal en el Pentágono, de modo que el presidente no lo podía usar directamente.

Johnson, a quien preocupaba sobre todo «lo mal que podíamos quedar si los israelíes perdiesen» —puesto que significaba que tendría que acudir en su auxilio en momentos en que su mayor problema, del cual podía depender su reelección, era Vietnam—, procuró no forzar el alto el fuego, cuando vio que los judíos triunfaban. Pero los medios sionistas americanos, que protestaron indignados cuando el Departamento de Estado dijo que los Estados Unidos se mantendrían neutrales en el conflicto (lo cual les creaba un problema, ya que no podrían recaudar dinero abiertamente en los Estados Unidos para contribuir a los gastos israelíes de guerra), querían más y llegaron a pensar en organizar una manifestación contra Johnson, exigiéndole un apoyo más decidido y abierto. Indignado, el presidente le dijo a uno de sus portavoces: «¿Es que no veis que estoy haciendo todo lo posible por Israel?».

A Kosygin la paciencia se le acabó en la mañana del 10 de junio, ante el ataque israelí a Siria, que se temía que pretendiese llegar hasta Damasco, de modo que volvió a usar la línea reservada para anunciar que, si Israel no cesaba en su agresión contra Siria en las próximas horas, la Unión Soviética se vería obligada a tomar decisiones por su cuenta, «incluyendo las de carácter militar». Ante la gravedad de la amenaza se decidió que la sexta flota norteamericana, en aguas del Mediterráneo, se aproximase al escenario de la guerra, con el fin de presionar a Kosygin.

«Fue una suerte que las hostilidades en los altos del Golán acabasen antes de que finalizase aquel día», dice en sus memorias Richard Helms, que era entonces director de la CIA. No hubo tal suerte. Fue Johnson quien advirtió al embajador israelí en Washington que convenía que cesasen las hostilidades por su cuenta: «El gobierno de los Estados Unidos no desea que la guerra termine como consecuencia de un ultimátum soviético. Esto sería desastroso para el futuro no solo de Israel, sino de todos nosotros. La responsabilidad de actuar es ahora vuestra». Esta vez los israelíes le hicieron caso y detuvieron el fuego a tiempo.

Lo que los relatos israelíes suelen ocultar es la brutalidad de una guerra que habían comenzado mintiendo al mundo al afirmar que eran ellos los agredidos, y en la que asesinaron a un gran número de prisioneros egipcios para no tener la molestia de guardarlos. No fue hasta 1995 que los egipcios reconocieron que, al recuperar el territorio del Sinaí, después del tratado de paz de 1979, habían descubierto las fosas en que los israelíes habían enterrado a unos ochocientos prisioneros de guerra y civiles desarmados que fueron asesinados en las campañas de 1956 y, sobre todo, en la de 1967. El gobierno egipcio había mantenido en secreto este descubrimiento por miedo a que la noticia produjera en su ejército una revuelta contra el tratado de paz. Pero cuando en 1994 un general israelí retirado confesó que en 1956 él y otro oficial habían dado muerte a 49 prisioneros, los egipcios se vieron obligados a dar publicidad a las fosas del Sinaí.

Hay, además, otro misterio en relación con esta guerra: el del ataque israelí a un buque norteamericano. Por un error —nadie había acertado a avisar a sus tripulantes del peligro que corrían— un buque norteamericano de espionaje y escucha electrónica, el Liberty, llegó en estos días a la costa cercana al Sinaí, junto al escenario de los combates. Cuando los israelíes se dieron cuenta, en la mañana del 8 de junio, de la presencia de aquella embarcación que había estado registrando sus comunicaciones, decidieron atacarla, pese a saber que se trataba de una nave norteamericana. Comenzaron bombardeándola y acabaron torpedeándola desde el mar, de modo que estuvieron a punto de hundirla; llegaron incluso a destruir las embarcaciones de salvamento que se habían echado al mar, en su intento de que no quedase superviviente alguno. El resultado fue que mataron a treinta y cuatro tripulantes e hirieron a 174.

Johnson echó tierra sobre el asunto y aceptó la excusa israelí de que se había tratado de un error, aunque era poco creíble (Ahron Bregman, que fue capitán del ejército israelí, afirma, sobre la base «de cintas de audio que están en el archivo del autor», que sabían desde el primer momento que se trataba de un buque norteamericano). ¿Cuál fue la razón de este ataque? Durante mucho tiempo se ha pensado que les interesaba evitar que se conocieran, a través de las comunicaciones interceptadas, sus crímenes de guerra. Pero está claro que estas no son cuestiones que hayan preocupado nunca a los gobiernos de Tel Aviv, de modo que pueden haber sido razones relacionadas con otros aspectos de sus preparativos bélicos, tal vez con las primeras armas nucleares de que al parecer disponían en aquellos momentos, las que aconsejasen silenciar al buque espía.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad el 22 de noviembre de 1967 la resolución 242 que pedía el establecimiento de una paz duradera en el Oriente Próximo, comenzando por el abandono por parte de Israel de todos los territorios conquistados en esta guerra. Pero los israelíes se negaron a acatarla, y han seguido desde entonces obstinados en esta negativa, tanto en lo que se refiere a los territorios de la orilla occidental del Jordán como a los altos del Golán, lo que ha hecho imposible cualquier acuerdo estable de paz.

Israel no solo había vencido, sino que sus aliados norteamericanos decidieron convertirla en la gran potencia militar del Oriente Próximo. Inicialmente las administraciones de Truman y de Eisenhower se habían opuesto a hacer ventas de armas ofensivas a Israel. Fue Kennedy quien comenzó en 1962 a proporcionarles baterías de misiles antiaéreos Hawk, destinadas a la protección de los aeropuertos, pero nunca hubieran obtenido de él las grandes facilidades que consiguieron de Johnson, quien en 1965 les vendió 210 tanques M-48 Patton, un sistema ofensivo que podía ayudarles a golpear en el interior de territorio árabe, y en 1966, 48 aviones A-4 Skyhawk. Estas ventas se hicieron contra el compromiso, aceptado por el gobierno de Eshkol el 10 de marzo de 1965, de que «Israel no será el primero en introducir armas nucleares en el escenario árabe-israelí».

Hasta entonces, sin embargo, los norteamericanos se habían resistido a proporcionar los aviones Phantom que figuraban a la cabeza de las demandas israelíes, ya que les darían una potencia aérea desequilibrante en relación con sus vecinos y antagonistas. En noviembre de 1968, sin embargo, el presidente Johnson aceptó —contra la opinión de Dean Rusk y de Clark Clifford, sus secretarios de Estado y de Defensa— proporcionar al gobierno de Yitzhak Rabin 50 aviones F-4 Phantom, que se entregarían a partir de 1969, pese a saber la indignación que esto iba a producir en los países árabes.

La justificación de este cambio de actitud se basó en el pretexto de que, tras haber visto destruidas buena parte de sus fuerzas aéreas en junio de 1967, Egipto, Siria, Jordania e Irak habían comenzado a reconstruirlas con ayuda soviética, lo que llevó a los israelíes a sostener que pronto iban a quedar en desventaja. Los norteamericanos se resistieron al principio, pero cambiaron al ver que los soviéticos exigían, para llegar a un acuerdo de limitación de armas, que los judíos cumpliesen la resolución de la ONU que ordenaba la retirada de los territorios ocupados durante la guerra, lo que estos no tenían intención alguna de hacer, y conociendo, además, que De Gaulle estaba vendiendo aviones Mirage a Irak.[133]

En cuanto a las armas nucleares, Israel había comenzado sus investigaciones para construirlas en Dimona en 1958, con la ayuda de Francia, de modo que parece ser que el 29 de mayo de 1967, pocos días antes del ataque a Egipto, los israelíes ensamblaron sus primeras armas nucleares, que se pensó en usar en esta guerra si hubiese sido necesario. Los norteamericanos, que estaban al corriente desde el primer momento del propósito de Israel, no hicieron nada para oponerse a que desarrollase armamento nuclear, hasta que el 26 de septiembre de 1969 Richard Nixon y Golda Meir, en una reunión cuyo contenido exacto sigue siendo secreto, llegaron a un acuerdo que, al parecer, se basó en el compromiso israelí de no usar las armas atómicas más que como un recurso en última instancia y de no efectuar pruebas nucleares, lo que permitiría mantener en secreto que las poseyesen y no obligaría a los Estados Unidos a «enterarse». De este modo Israel se ha mantenido hasta hoy al margen del Tratado de No Proliferación Nuclear, como una potencia nuclear secreta.

Las nuevas condiciones creadas por la victoria en la guerra contribuyeron también a cambiar la sociedad israelí. Si inicialmente Israel cultivó, de cara al exterior, el mito de una especie de utopía social que iba a desarrollarse en los espacios abiertos del Neguev, toda esa parafernalia del socialismo israelí de los kibbutzim fue abandonada después de la guerra de los Seis Días. Desde 1967, se ha dicho, «el judaísmo ha atrapado, sobrepasado y dominado al israelismo» y los descendientes políticos e ideológicos de los «padres fundadores» han sido reemplazados en la hegemonía política por los religiosos, los fundamentalistas y los integristas.

Israel salió del conflicto habiendo conquistado la península del Sinaí,[134] Cisjordania y los altos del Golán, y decidió no ceder ahora estos territorios, como había hecho con las conquistas de 1956, entre otras razones porque Johnson no actuó como lo había hecho entonces Eisenhower, forzándoles a devolver sus conquistas. Como dijo Moshe Dayán al cabo de un año de acabado el conflicto, el plan era que «lo que existe en la actualidad debe permanecer como una situación permanente en la orilla occidental». Pierre Vidal-Naquet cuenta que cuando, en una conversación con Golda Meir, le habló de un estado palestino, esta contestó «Where to put it?» («¿Dónde ponerlo?»).

Los palestinos que habitaban desde 1948 en territorio israelí estuvieron desde el principio sometidos a unas normas que daban facultades omnímodas a los militares sobre la libertad de sus personas, sobre sus actividades y sus bienes. Con la conquista de los territorios de la Orilla occidental y de la zona de Gaza Israel se convirtió en potencia ocupante de unos territorios con una numerosa población palestina, a la que iba a someter a normas más duras si cabe que las que había aplicado hasta entonces a la población de etnia árabe que optó en 1948 por no huir, lo cual iba a costarle cuarenta años de guerra interior intermitente: habían elegido vivir con la espada en la mano.

El dominio de los territorios conquistados no solo arrebataba a los palestinos el espacio en que hubieran podido crear un estado, sino que ponía en manos de los israelíes unos recursos hidráulicos de una extraordinaria importancia: los de los altos del Golán, del mar de Galilea, de la cabecera del Jordán y, sobre todo, los de la orilla occidental. Como ha dicho Ewan Anderson, la orilla occidental se convirtió «en una fuente indispensable de agua para Israel, y se puede decir que esta consideración es mucho más importante que los demás factores políticos y estratégicos».

De 1967 a 1982 las aguas de la orilla occidental estuvieron controladas directamente por los militares, que las pasaron después a la compañía israelí Mekorot, y se encuentran desde entonces integradas en la red de agua de Israel. La orilla occidental proporciona de un 25 a un 40 por ciento del consumo hidráulico de Israel, que se apropia de un 82 por ciento de estos recursos, en un régimen de auténtico apartheid: no se puede hacer un pozo sin pedir autorización, y en 1999 solo se dieron siete autorizaciones a los palestinos, con el agravante de que a ellos solo se les permite ahondar hasta los 140 metros de profundidad, mientras los judíos pueden llevarlos hasta los 800 metros.

El shock que esta nueva derrota significó para los países árabes tuvo como consecuencia la ejecución en Egipto de su máximo responsable militar, el general Amer, que conspiraba contra Nasser, mientras en la vecina Libia un joven oficial que consideraba a Nasser como un héroe, Muhammad al-Gaddafi, desencantado ante el hecho de que el monarca Idris al-Sanusi no hubiese dado pleno apoyo a Egipto en su lucha, dirigió un movimiento que derribó en 1969 la monarquía para reemplazarla por un régimen «nasserista» —al-Jamahiriya o el «estado de las masas»— legitimado por su nacionalismo panárabe. A esta misma conmoción nacionalista se pueden atribuir el derrocamiento de Arif en Irak y el golpe militar de 1970 que llevó al poder en Siria a Hafez al-Assad, un miembro de la minoría alauita que iba a mantenerse largamente al frente del país gracias a la creación, a través de la Constitución de 1973, de un régimen presidencialista que ponía el control entero del país en sus manos. Una reunión de jefes de estado árabes que se celebró en Jartum del 28 de agosto al 2 de septiembre de 1967 proclamó como un principio fundamental la negativa a reconocer el estado de Israel y a negociar la paz con sus dirigentes.

Los palestinos, a quienes los propios gobiernos árabes les habían negado desde el principio la posibilidad de crear un Consejo Nacional Palestino autónomo, habían dependido hasta este momento de las iniciativas de los estados árabes, sin más representación que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), creada en 1964 a instancias de Nasser, con la intención de controlarla. Tras el fracaso de 1967, en cambio, comenzaron a asumir la responsabilidad de dirigir su política a través de organizaciones autónomas, como al-Fatah, dirigida por Yasser Arafat, que propugnaba la liberación de Palestina por la fuerza de las armas, o como el Frente Popular de Liberación de Palestina, dirigido por George Habash, que iba más allá del nacionalismo de al-Fatah, mantenía la necesidad paralela de una revolución social y atacaba objetivos israelíes y norteamericanos, con secuestros y sabotajes de aviones de línea de ambos países. La llamada batalla de Karameh, el 21 de marzo de 1968, en que un puñado de guerrilleros de al-Fatah respondió valerosamente al ataque de 15 000 israelíes, fue la primera gran acción de guerra que podía calificarse como obra de los palestinos y dio un considerable prestigio a Arafat y a su organización, que refundaron una OLP en la que se integraron los diversos grupos de la resistencia, salvo el FPLP de Habash.

LA ESCALADA EN VIETNAM

Hasta los incidentes del golfo de Tonkín los gobernantes norvietnamitas habían procurado no provocar a los norteamericanos y, contra lo que estos creían, se habían limitado a enviar armas y suministros al sur, donde los combatientes eran sobre todo locales, unidos en todo caso a hombres que habían emigrado al norte al producirse la división del país y que regresaban ahora para luchar en su tierra.

Fue en septiembre de 1964 cuando el gobierno de Vietnam del Norte decidió implicarse mayormente en la guerra y enviar tropas al sur: su primer enfrentamiento directo con el ejército de Vietnam del Sur se produjo en febrero de 1965. En este nuevo escenario el gobierno de Hanoi estaba obligado a pedir ayuda a chinos y a soviéticos, cuyas malas relaciones mutuas, agravadas cuando en 1960 Jrushchov suspendió la ayuda económica a China y retiró a los técnicos soviéticos que trabajaban allí, les llevaban a competir por la influencia en Vietnam, en lugar de colaborar en su ayuda. Como los suministros soviéticos tenían que llegar a través de China, Mao acabó firmando un acuerdo para permitir que pudieran transportarse por vía férrea, lo que le permitía controlarlos hasta cierto punto, pero no aceptó, en cambio, que se condujeran por vía aérea. Por su parte, los soviéticos supieron usar el gran volumen de ayuda que prestaban para establecer buenas relaciones con los vietnamitas, ante la desconfianza de los chinos, que temían, como dijo Zhou Enlai en 1965, que el propósito de los soviéticos era aislarlos para favorecer sus relaciones con los Estados Unidos y organizar la subversión contra China. Unos años más tarde el propósito de los vietnamitas de entrar en negociaciones de paz con los Estados Unidos contribuyó a separarlos aun más de China y fue empeorando unas relaciones que acabarían en los enfrentamientos armados de 1979.

A los norteamericanos, por su parte, su propia iniciativa les condenaba a acentuar la escalada de la guerra, incitados además por la necesidad de responder a los actos espectaculares de la guerrilla, como el coche bomba que estalló en el hotel Brinks, en el centro de Saigón, en la víspera de la Navidad de 1964 y, sobre todo, el ataque a la base de Pleiku, el 7 de febrero de 1965, con víctimas militares norteamericanas en ambos casos. Bundy se encontraba en Vietnam en los días del ataque a Pleiku y esta experiencia acabó de decidirle a proponer «un programa general y continuado de represalias», mientras Johnson todavía se preguntaba si Vietnam merecía una respuesta en gran escala, y Maxwell Taylor, que era entonces embajador en Saigón, insistía en que una victoria de Hanoi afectaría seriamente a la posición de los Estados Unidos en el sudeste asiático y en el mundo.

En marzo de 1965 el secretario adjunto de Defensa, John McNaughton, señalaba en un memorándum los tres principales objetivos de la actuación norteamericana en Vietnam: 70 por ciento, para evitar una derrota norteamericana humillante; 20 por ciento, para mantener aquellas tierras fuera de las manos de los chinos; 10 por ciento, para asegurar al pueblo de Vietnam del Sur una vida mejor y más libre. La cuestión del mantenimiento de la credibilidad era fundamental para el propio Johnson, que pensaba que «alrededor del mundo, de Berlín a Tailandia, hay gente cuyo bienestar depende en cierta medida de la creencia de que pueden contar con nosotros si son atacados», y que esta confianza se vería seriamente dañada si abandonaban Vietnam a su suerte.

En el sur, mientras tanto, la situación política era caótica. Como se ha dicho, Duong Van Minh fue derrocado en enero de 1964 por el general Nguyen Khanh, que proponía una política mucho más agresiva, que habría de culminar en la «marcha hacia el norte». Khanh se mantuvo en el poder poco más de un año, en medio de constantes amenazas de golpe, que acabaron cuando otros dos generales, Nguyen Van Thieu y Nguyen Cao Ky, se adueñaron del gobierno, instaurando una etapa de cierta estabilidad, asociada a un grado considerable de corrupción.

La escalada norteamericana comenzó con bombardeos sistemáticos de las instalaciones industriales y de las vías de comunicación del norte, que en marzo de 1965 se transformaron en la llamada Operación Rolling Thunder: una campaña de bombardeos que se proyectó inicialmente para ocho semanas pero que iba a durar, con algunas pausas, hasta comienzos de noviembre de 1968, con un total de más de 300 000 ataques estadounidenses, en que se lanzaron 643 000 toneladas de bombas (si se incluyen también las lanzadas sobre Vietnam del Sur, los Estados Unidos emplearon en Vietnam tres veces más bombas que en toda la segunda guerra mundial). La brutalidad de estos bombardeos comenzó a suscitar protestas en los propios Estados Unidos, en el inicio de lo que iba a convertirse en un amplio movimiento contra la guerra; la primera asamblea universitaria (teach-in) contra la guerra se produjo en marzo de 1965 en la Universidad de Michigan.

El objetivo de los bombardeos, que algunos militares, como Westmoreland, hubieran querido que se efectuasen con armas atómicas, era debilitar al norte, para forzarle a retirarse del conflicto. Lo cual no quería decir tanto negociar como rendirse, puesto que la primera exigencia norteamericana, el mantenimiento de un Vietnam del Sur «independiente» —«coerción, rebautizada como “negociación desde una posición de fuerza”», en palabras de Bacevich—, significaba el abandono de los objetivos de la lucha nacionalista que el Vietminh había iniciado contra Francia. Cuando Hanoi hizo públicos, en abril de 1965, los cuatro puntos que proponía para iniciar negociaciones de paz, donde pedía, como era lógico esperar, que se retirasen las tropas extranjeras y se dejase la resolución de sus problemas a los propios vietnamitas, el gobierno de los Estados Unidos se negó ni siquiera a tomarlos en cuenta para iniciar conversaciones. Lo único que se hizo fue realizar una breve pausa en los bombardeos, como base de una exigencia de que disminuyese la actividad guerrillera, sin ninguna propuesta concreta en contrapartida. Se trataba, en realidad, de un gesto hacia el público norteamericano y hacia la opinión internacional para hacerles creer que eran los comunistas los que se negaban a negociar la pacificación.

En abril de 1965 comenzaba a resultar evidente que los bombardeos en el norte no tenían consecuencia alguna sobre la actividad guerrillera en el sur. El FLN estaba ganando la partida; en palabras de Westmoreland, «estaba destruyendo los batallones survietnamitas sin dar tiempo a rehacerlos». Si lo que se buscaba era ganar una guerra como aquella, estaba claro que no se podía conseguir tan solo bombardeando, sino que exigía luchar también contra la guerrilla sobre el terreno, para demostrar al FLN y a los norvietnamitas que nunca podrían ganar.

Los norteamericanos no consiguieron convencer a sus aliados europeos de que el de Vietnam era un problema común. El programa More flags, iniciado en abril de 1964, con el que Johnson buscaba solidaridad hacia la actuación norteamericana, solo obtuvo respuesta positiva de Australia y Nueva Zelanda; la contribución de Corea del Sur (que llegó a sumar 50 000 hombres a fines de 1968), Filipinas y Tailandia se hizo con contraprestaciones económicas que explican que se califique a sus soldados de mercenarios. Gran Bretaña, en cambio, mantuvo su embajada en Hanoi y no cesó de comerciar con Vietnam del Norte, alegando su respeto hacia los acuerdos que se habían tomado en la conferencia de Ginebra de 1954. Japón, donde tenían lugar manifestaciones públicas contra la guerra, se benefició tanto de las compras militares de los Estados Unidos, que ascendieron a unos mil millones de dólares anuales entre 1966 y 1976, como de los bienes de consumo que adquirían, en buena medida gracias a los subsidios norteamericanos, las naciones del sudeste asiático —sin olvidar que vendía también a China y a Vietnam del Norte—, de modo que se ha podido decir que fue el único vencedor de esta guerra.

El 20 de julio de 1965, de regreso de un nuevo viaje a Vietnam, McNamara decía que las cosas iban mal y que había tres opciones: 1) marcharse, 2) seguir como hasta entonces o 3) poner más hombres y tratar de forzar al enemigo a negociar. Él era partidario entonces de la tercera. Años más tarde dirá: «Los acontecimientos demostraron que mi juicio estaba equivocado». Hoy sabemos que tenía los elementos necesarios para saber que se estaba equivocando, pero que no quiso tomarlos en cuenta.[135] Fue en este verano de 1965 cuando se tomó la decisión de implicarse directamente en la guerra.

Los primeros contingentes de marines se habían enviado con el argumento de que iban a ocuparse de defender los aeródromos y otras instalaciones norteamericanas; pero el 31 de diciembre de 1965 había ya 184 300 soldados norteamericanos en Vietnam, a los que el fracaso del ejército vietnamita les iba a obligar a asumir cada vez más un papel protagonista en los combates.

La oposición a la guerra aumentó en los Estados Unidos a partir del momento en que se estaba enviando a soldados norteamericanos, y muy en especial cuando no bastaron ya los profesionales y fue necesario enviar reclutas. Las manifestaciones iban tomando mayores proporciones día a día y la sociedad norteamericana se dividió profundamente (el propio McNamara se iba a encontrar con que su esposa y sus hijos se oponían a la política de guerra, y algo semejante ocurría en los hogares de Rusk y de Bundy).

Aunque Johnson pretendía realizar la escalada de forma contenida, para no alarmar al país, la realidad fue que las necesidades de la guerra obligaron a enviar cada vez más hombres, atendiendo en lo posible las peticiones de los militares, que sostenían, como le dijo a Johnson el general Greene, que para ganar la guerra se necesitaban 500 000 hombres y cinco años. Fue así como se llegó a que, de fines de 1965 a fines de 1967, la guerra de Vietnam se convirtiese en un asunto cada vez más norteamericano. A comienzos de 1965 había en Vietnam tan solo 23 000 soldados estadounidenses; a comienzos de 1966 eran ya 184 000 y llegaron a ser 542 000 en 1967 (en total sirvieron en Vietnam unos 2,5 millones de soldados norteamericanos).

La forma de actuar de las fuerzas armadas estadounidenses en una guerra que se realizaba en un territorio que no permitía grandes despliegues bélicos, era la de la llamada táctica de search and destroy (búsqueda y destrucción), que consistía en localizar las fuerzas enemigas, donde quiera que se encontrasen, para destruirlas, con el fin de causarles tantas bajas que se viesen obligadas a abandonar la lucha. Aviones B-52 gigantes bombardeaban previamente el territorio; cuando el escenario parecía estar preparado, tropas llevadas en helicóptero bajaban a los campos y se dedicaban a buscar y matar enemigos, antes de regresar al anochecer a sus bases. El objetivo no era conquistar el territorio, que se abandonaba después de la incursión, sino debilitar al enemigo. La medida de la efectividad de esta táctica la daba el recuento de cadáveres. De este modo el general Westmoreland podía proporcionarle a McNamara el tipo de datos cuantitativos de la marcha de la guerra que este le pedía (era, por otra parte, una forma de obviar las estimaciones globales que hacían los militares, según las cuales no podía quedar ya un solo combatiente vietnamita vivo). Como los oficiales eran recompensados si producían un buen número de cadáveres, se acabó disparando sin preguntar sobre el primer campesino que se veía: «Si está muerto es un vietcong».

Para facilitar este tipo de guerra los norteamericanos pusieron en marcha la Operación Ranch Hand, un proyecto, concebido en 1963, que consistía en lanzar grandes cantidades de un herbicida y defoliante conocido como «agente naranja» para clarear las selvas y facilitar los bombardeos de objetivos enemigos. Aunque se dijera que era inofensivo para los humanos, para evitar que se lo considerase como un arma tóxica, la fuerte carga de dioxinas que contenía el compuesto lo convirtió en un arma biológica que causó cáncer y serios problemas genéticos a los vietnamitas e incluso a los propios soldados norteamericanos.

Hubo en estos años diversos intentos de negociación con el norte, los más importantes de los cuales fueron las llamadas operaciones Marigold y Sunflower. La primera, a fines de 1966, había de culminar en un encuentro con representantes de Vietnam del Norte en Varsovia. Hanoi había designado ya su enviado, que llevaba propuestas concretas para iniciar las conversaciones, cuando unos inoportunos bombardeos sobre la capital motivaron que se abandonase. La segunda, en enero de 1967, comenzó con un breve alto en los bombardeos y una propuesta, transmitida a través de británicos y rusos, de terminar definitivamente los bombardeos, si Hanoi aceptaba cesar inmediatamente después su actividad en el sur; pero un súbito cambio de los términos propuestos inicialmente, exigiendo un cese previo de la actividad de Hanoi, debidamente comprobado, antes de concluir los bombardeos, arruinó toda posibilidad de negociación.

La guerra tomó en 1967 mayor intensidad, en momentos en que el número de los soldados norteamericanos implicados en ella llegó al máximo y en que incluso se pensó en una invasión del norte, aun sopesando los riesgos de provocar la intervención de China. Artur M. Schlesinger jr. escribía en su diario el 27 de abril de 1967: «Estamos llegando a una especie de crisis respecto de Vietnam. LBJ ha optado evidentemente por una rápida y brutal escalada de la guerra». Estaba claro que el presidente no deseaba negociaciones hasta que la situación militar fuese mucho más favorable a los Estados Unidos.

El doble efecto de su desengaño ante lo que sucedía en Vietnam y del impacto que le produjeron las manifestaciones contra la guerra acabó de minar la fe de McNamara en la eficacia de los bombardeos, una fe que derivaba de su experiencia como oficial controlador de las estadísticas durante los bombardeos sobre Japón en los meses finales de la segunda guerra mundial.

El 19 de mayo le entregaba al presidente un memorándum en que se mostraba contrario a la petición de Westmoreland de que se enviasen otros 200 000 combatientes norteamericanos a Vietnam; finalmente, en la comida semanal del 1 de noviembre de 1967 un McNamara al borde del agotamiento le dijo a Johnson que la continuación de la política que estaban llevando a cabo en el sureste asiático era «peligrosa, muy costosa en términos de vidas humanas e insatisfactoria para el pueblo norteamericano», y le entregó un memorándum en que proponía anunciar una política de estabilización que conduciría a limitar las operaciones militares norteamericanas en el sur, a la vez que se detenían los ataques aéreos al norte, con el fin de facilitar un clima de negociación en busca de un arreglo pacífico.

Johnson, profundamente disgustado por la iniciativa de McNamara —que venía a ser una versión más de las propuestas de «neutralización» que hasta entonces había rechazado—, la sometió a la reunión de un amplio grupo de consejeros (el de los llamados «sabios», que reunía a personajes tan diversos como Dean Acheson o el general Bradley), quienes, con la única excepción de George Ball, se mostraron contrarios a las ideas de McNamara: estaban convencidos de que la guerra evolucionaba favorablemente, que se debía seguir bombardeando el norte y que una retirada norteamericana de Vietnam era impensable. Johnson anunció entonces que McNamara, que pasaría a ocupar la presidencia del Banco Mundial, iba a ser reemplazado en el gobierno por Clark Clifford (McNamara diría posteriormente: «Todavía no sé si dimití o me echaron»). Como Bundy, que se oponía igualmente a la escalada propuesta por Westmoreland, había abandonado ya su puesto el año anterior, dejando su lugar como consejero de seguridad a Walt Rostow, Johnson se iba a encontrar rodeado de halcones que alentaban la voluntad de escalada, alimentándola con informaciones manipuladas.

Por estos mismos días, en el transcurso de una cena en la residencia de Camp David, Johnson le confiaba a Westmoreland que no pensaba presentarse a la reelección el año siguiente; su salud no era buena y tanto él como su esposa, Lady Bird, se sentían cansados.

El 21 de noviembre de 1967 el general Westmoreland anunciaba que la guerra estaba a punto de acabar porque los enemigos estaban exhaustos y no podían seguir combatiendo. Se basaba en las estimaciones norteamericanas de que el número total de combatientes del FLN, incluyendo los refuerzos del norte, era de unos 118 000, cuando se elevaban en realidad a 278 000. Le engañaba, además, la disminución de las actuaciones del FLN en estos meses, que se debían a que se estaba preparando una operación combinada de gran alcance, destinada a impedir que cuajasen los planes de invasión del norte que se temía quisieran poner en práctica los norteamericanos.

El 31 de enero de 1968, durante la fiesta del Tet, el FLN llevó a cabo, movilizando 80 000 hombres, una gran ofensiva contra un centenar de poblaciones que le permitió dominar temporalmente provincias enteras y ocupar algunas ciudades, ante la estupefacción de los norteamericanos, a quienes impresionó muy especialmente que llegasen a asaltar la embajada de los Estados Unidos en Saigón. Los atacantes no consiguieron que esta ofensiva general, que desbordó su capacidad de organización, fuese el golpe final que algunos esperaban y pagaron sus errores con más de 60 000 muertos, contra unos 11 500 de norteamericanos, survietnamitas y mercenarios (sin contar los causados por la aviación norteamericana al bombardear las ciudades del sur, ya que, como dijo el comandante Ben Tre para justificar uno de estos casos, «fue necesario destruir la ciudad para salvarla»).

Se podía decir que había sido un fracaso militar de Hanoi y del FLN, como consecuencia de su falta de preparación para organizar una operación tan ambiciosa, pero sus pérdidas no fueron tan grandes como para impedir que siguieran combatiendo al mismo nivel. Por otra parte, como se ha dicho, «ellos no luchaban para conquistar territorio, sino para ganar una guerra política», de modo que la ofensiva fue, a la vez que una derrota momentánea, la clave de su victoria. Porque, viniendo después del anuncio de Westmoreland, demostraba que no solamente no se estaba ganando la guerra, sino que probablemente no podría ganarse nunca. El público norteamericano descubría ahora que los pronósticos de victoria y pacificación que se le habían estado proporcionando eran falsos.

Cuando una voz tan respetada como la del comentarista Walter Cronkite, que visitó Vietnam después del Tet, dijo públicamente que esta guerra no podía ganarse, Johnson se convenció de que había perdido el apoyo del país (poco después un sondeo mostraba que un 56 por ciento de la población norteamericana deseaba una retirada de Vietnam). Se hizo volver a Westmoreland y se le destinó a un cargo en Washington, lo que significaba el fin de la política de escalada.

Mientras tanto la CIA, bajo la inspiración de Colby, jefe de la División de Extremo Oriente, no estaba por pacificaciones, en lo que venía a coincidir con los militares que opinaban que lo correcto era «una proporción de un 10 por ciento de pacificación y un 90 por ciento de muerte». La compañía se embarcó primero en fantasmagóricos proyectos para conseguir deserciones en masa en el FLN, con los que no logró nada. Más adelante, a partir de 1968, montó la que se conocería como «Operación Phoenix», parte de un pretendido programa de pacificación destinado a «neutralizar» a los que se suponía que eran miembros de la jerarquía clandestina del FLN —los VCI, o sea Vietcong infrastructure— encerrándolos en campos de concentración en condiciones inhumanas y juzgándolos, o en muchos casos sencillamente asesinándolos.[136] La ofensiva del Tet pareció dar mayor sentido al proyecto, que operaba con una dirección norteamericana, pero empleaba policías y soldados vietnamitas. Según Colby, «de 1968 a 1971 17 000 activistas se habían acogido a la amnistía, se había capturado a unos 28 000 y unos 20 000 habían sido muertos».

De la naturaleza del proyecto puede dar idea lo sucedido el 25 de febrero de 1969 en la población de Thanh Phong, en el delta del Mekong. Una unidad de siete hombres, mandada por el teniente de la armada Robert Kerrey, tenía órdenes de capturar al secretario del Comité de Distrito del FLN, que se suponía estaba allí aquella noche. En su aproximación al pueblo el equipo entró en una casa de campesinos y apuñaló a un matrimonio de ancianos y a tres niños; mataron después a una serie de mujeres y niños con el pretexto de que les habían atacado desde el pueblo. Se le concedió a Kerrey por esta hazaña la medalla de bronce «por haber matado a 21 vietcongs». Años más tarde, en 2001, después de haber sido gobernador y senador por Nebraska, y de haber aspirado a la nominación para la presidencia, la prensa y la televisión descubrieron que aquello no había sido una hazaña, sino un crimen de guerra; uno de tantos de los que causó el programa Phoenix.

En 1995 McNamara le confesaba a un periodista: «Lanzamos sobre esa zona minúscula, en un período de cinco años, entre tres y cuatro veces el tonelaje empleado por los aliados en todos los teatros bélicos en la segunda guerra mundial. Fue algo increíble. Matamos —resultaron muertos allí— 3.200 000 vietnamitas, sin contar los soldados de Vietnam del Sur. ¡Dios mío! La mortandad, el tonelaje, fueron disparatados. El problema es que tratábamos de llevar a cabo algo militarmente imposible; tratábamos de doblegar voluntades. No creo que se pueda quebrantar la voluntad bombardeando hasta bordear el genocidio»… También McGeorge Bundy reconocería años después su responsabilidad: «Tomé parte en un gran fracaso. Cometí errores de percepción, recomendación y ejecución». En unas reflexiones escritas en 1996 atribuía la resistencia de los vietnamitas a la combinación de la calidad de sus dirigentes, la fuerza política que tenían en el interior de Vietnam del Sur, la combatividad de sus fuerzas armadas y la cohesión social que enlazaba todas estas variables. Como diría en sus memorias Richard Helms, que fue director de la CIA de 1966 a 1973, el mayor de los problemas a que se enfrentaban los norteamericanos era que lo desconocían todo acerca de Vietnam: su historia, su sociedad, su lengua. No entendían que los hombres a los que se enfrentaban formaban parte de un pueblo que durante generaciones había luchado por su libertad contra China, Francia y Japón, y que estaban preparados para seguir luchando, sufriendo y muriendo por esta causa.

EL FIN DE LA PRESIDENCIA DE JOHNSON

Se ha dicho que 1968 fue un año desastroso para los Estados Unidos, en que «casi cada semana traía una nueva e inesperada calamidad». Los problemas comenzaron en enero con la captura del buque de información Pueblo por los coreanos del norte (un incidente que parece haber respondido al deseo de los soviéticos de apoderarse de una máquina de codificación de mensajes KW-7) y con la ofensiva del Tet, a la que siguieron las protestas crecientes contra la guerra (que el presidente ordenó al FBI y a la CIA que investigasen, porque pensaba que, al igual que los disturbios raciales, tenían una inspiración exterior comunista).[137] En abril se produjo el asesinato de Martin Luther King, que dio pie a una oleada de revueltas raciales y de incendios en todo el país, y en junio, el de Robert Kennedy. En agosto tuvo lugar la invasión de Checoslovaquia por las fuerzas del pacto de Varsovia, mientras la convención demócrata en Chicago se desarrollaba en un clima de guerra civil: grupos de pacifistas y de organizaciones diversas, incluyendo a los Black Panthers, que habían acudido para protestar contra la guerra, fueron objeto de una brutal represión policíaca que recogieron las cámaras de televisión. «Nadie imaginaba, dice Edward Kennedy en sus memorias, el alcance de la desesperación y la cólera que se acumulaban en las calles más marginales de la nación, tanto blancas como negras, a la espera de la chispa que las hiciera estallar.»

Uno de los pocos acontecimientos positivos del año fue la firma, el primero de julio de 1968, del Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT), que firmaron los Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, y al que se adhirieron posteriormente hasta 189 países (solo India, Pakistán, Israel y Corea del Norte permanecen al margen de él). Pero el tratado no era más que la primera etapa de un proyecto que solo conocían los más íntimos colaboradores del presidente: Johnson proyectaba hacer un viaje a la Unión Soviética para entrevistarse con Brézhnev y Kosygin, y negociar un gran acuerdo de control de armamento que había de convertirse en uno de los actos culminantes de su carrera política; pero la invasión de Checoslovaquia lo hizo imposible.

Fueron los acontecimientos de Vietnam, sobre todo, los que decidieron a un Johnson exhausto tanto física como emocionalmente, que confiesa en sus memorias que se sentía incapaz de enfrentarse a las «profundas divisiones» de la sociedad norteamericana, a manifestar públicamente el 31 de marzo que no se presentaría a la reelección, a la vez que anunciaba un alto parcial en los bombardeos, el cese de los refuerzos y su disposición a negociar.

Johnson estaba realizando grandes esfuerzos para que los norvietnamitas aceptasen comenzar unas negociaciones de paz que habían de tener, para que fuesen válidas, cuatro interlocutores: los Estados Unidos, el gobierno de Hanoi, el FLN y el gobierno de Thieu en Vietnam del Sur. Este intento, aceptado en principio por Vietnam del Norte, fue saboteado por Nixon, que se presentaba a las elecciones presidenciales como candidato por el Partido Republicano.

En julio de 1968, cuatro meses antes de las elecciones, Nixon, que había sido informado por Kissinger de los planes de Johnson, se entrevistó en Nueva York con el embajador Bui Diem de Vietnam del Sur y con Anna Chennault, una mujer de origen chino, con conexiones con la CIA y partidaria de dar apoyo a los vietnamitas del sur. La experiencia de lo sucedido en China le hacía temer que las negociaciones que iban a producirse en París podían conducir a que finalmente los norteamericanos acabasen abandonando a los vietnamitas del sur, como habían hecho con Chiang Kai-shek.

El resultado de las conversaciones con Nixon fue que Anna viajase a Saigón como su emisaria para negociar con Thieu, el jefe de gobierno de Vietnam del Sur. Sabiendo que había el proyecto de iniciar las negociaciones de paz el 15 de octubre, lo que hubiera favorecido la candidatura del demócrata Humphrey, Anna convenció a Thieu de que no aceptase acudir a ellas, sino que esperase, porque podría negociar en mejores condiciones si Nixon ganaba. De modo que cuando Johnson, que tenía la aceptación de los norvietnamitas, se dispuso a anunciar el fin de los bombardeos y el inicio de las negociaciones, Thieu rechazó el proyecto. Johnson se enteró a través de los cables que el embajador vietnamita enviaba a Saigón, y que los norteamericanos interceptaban, de que este exhortaba a Thieu a no ceder, porque, si salía elegido Nixon, lo primero que haría sería enviarle un representante, o incluso ir personalmente a Saigón. La vigilancia del teléfono de la Chennault, que residía en el edificio Watergate, acabó de revelar los aspectos turbios de esta trama.

Nixon pudo haber perdido una elección, que se decidió por escaso número de votos, si los demócratas hubiesen denunciado su conducta en este asunto, pero Humphrey rehusó beneficiarse de unas revelaciones que, al poner al descubierto los sistemas de información empleados por el gobierno, hubieran producido un escándalo en el país. Johnson optó también por silenciarlo, al igual que se abstuvo de revelar que los republicanos habían recibido dinero de la dictadura militar de Grecia.[138] Contra lo que había prometido, Nixon se apresuró a reanudar en los mismos términos las negociaciones, a las que Thieu acabó aceptando acudir a mediados de noviembre, una vez celebradas las elecciones norteamericanas. Las conveniencias electorales de Nixon prolongaron cinco años más la guerra y costaron muchos miles de muertes que hubieran podido evitarse. Johnson, ha escrito Randall B. Woods, «vivió torturado cinco años más, viendo como su legado se desmoronaba ante sus ojos».

6

ÁFRICA: EL «VIENTO DEL CAMBIO»

El 3 de febrero de 1960 el primer ministro británico, Harold Macmillan, hizo en Ciudad del Cabo un discurso en que dijo: «Hemos visto el despertar de la conciencia nacional en pueblos que durante siglos habían vivido en dependencia de otros poderes. Quince años atrás este movimiento se extendió por Asia (…). Hoy está pasando lo mismo en África (…). El viento del cambio está soplando en todo el continente».

Habría que preguntarse por qué «el viento del cambio» no había soplado hasta entonces en África, al cabo de quince años del fin de una guerra mundial que se había hecho en nombre de la libertad de los pueblos: la «Carta del Atlántico», que Gran Bretaña y los Estados Unidos habían firmado el 14 de agosto de 1941, proclamaba en su artículo tercero «el derecho de todos los pueblos a elegir la forma de gobierno bajo la cual quieren vivir» (pese a las reticencias de Churchill, quien se manifestaba «un tanto escéptico acerca del sufragio universal para los hotentotes»). Y habría que explicar también por qué era el jefe de gobierno de uno de los mayores imperios coloniales quien anunciaba ahora el cambio.

La fundación de la ONU dio por un tiempo a los territorios coloniales la esperanza de que la nueva institución proclamaría el fin de la colonización, sobre todo después de la conclusión de una guerra mundial a la que los africanos habían ido por la fuerza, «atados con una cuerda alrededor de la cintura» para llevarlos a morir en una tierra extraña. Pero las metrópolis europeas no pensaban en liberar sus colonias, sino en sacar provecho de ellas para su propia recuperación, lo que les llevó a incumplir sus promesas de los años inciertos de la guerra.

En Gran Bretaña, por ejemplo, el nuevo gobierno laborista echó en olvido sus viejos principios antiimperialistas de la «Carta de Libertad para los pueblos colonizados», para proponer un programa de emancipación a largo plazo en el marco de un imperio reforzado. Un político de pasado sindicalista como Bevin se transformó en un patriota que legitimaba su nueva actitud con la afirmación de que, promoviendo el desarrollo de las economías coloniales bajo la tutela de la metrópoli, se favorecería la aparición de líderes africanos democráticos. Algo se había avanzado, sin embargo, desde unos años antes, cuando el Colonial Office opinaba que «la mayor parte de los africanos son todavía salvajes» y que probablemente habría que esperar siglos a que estuviesen a punto para la independencia.

Más ambigua era aún la posición de los Estados Unidos, a pesar de su retórica antiimperialista. Como hemos visto, el programa de la guerra fría expuesto en el documento NSC 68 sostenía que «la ausencia de orden entre las naciones resulta cada vez menos y menos tolerable», y otorgaba a los Estados Unidos «la responsabilidad de dirigir el mundo». En función de esta «responsabilidad», la postura de los Estados Unidos ante los movimientos de independencia se acomodaría a sus concepciones acerca del orden internacional. En una conversación con el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, en octubre de 1958, el secretario de Estado norteamericano John Foster Dulles manifestaba su convicción de que el proceso de acceso a la independencia había de ser lento: «En la actualidad, muchos de los nuevos países independientes que no estaban básicamente preparados para su independencia se han convertido en objetivos del comunismo internacional y eso ha conducido con frecuencia a una dictadura del proletariado». Afirmación delirante —en 1958 no había dictadura del proletariado ni siquiera en la Unión Soviética— que muestra los efectos que el miedo al «salvaje» susceptible de volverse rojo podía producir en los dirigentes estadounidenses.

LAS PRIMERAS INDEPENDENCIAS

Todo lo que se hizo al término de la segunda guerra mundial en el terreno de la liberación de África fue resolver el problema de la liquidación del imperio colonial italiano. El Negus (emperador) Haile Selassie volvió a ocupar el trono de Etiopía en 1941. Los británicos le ayudaron a reorganizar la administración (aunque no se consiguió que los terratenientes feudales pagasen impuestos) y a crear un ejército central que le permitiese prescindir de las tropas de los señores locales, pero el Negus abandonó muy pronto la tutela británica para aliarse con los Estados Unidos, con quienes firmó en 1952 y 1953 dos tratados de colaboración militar.

Uno de los premios que se le adjudicaron fue la cesión de algunos territorios coloniales predominantemente musulmanes, como los del Ogaden (que mantiene todavía hoy una revuelta independentista), o de Eritrea. En este último caso, ante la dificultad de resolver el futuro de un territorio dividido entre los cristianos de las tierras altas y los musulmanes de las tierras bajas, se pensó que lo mejor era unirlo a Etiopía en una federación. La fórmula federativa no llegó a funcionar, sino que se disolvió de hecho entre 1958 y 1962, dejando a Eritrea convertida en una provincia etíope, gobernada de manera tan desastrosa que dio lugar a una guerra de treinta años, que concluyó con su independencia en 1993.[139]

Pese a la ayuda exterior recibida, la monarquía etíope no acertó a modernizar el país y no consiguió hacer frente a las grandes hambrunas que lo asolaban regularmente, con su secuela de revueltas campesinas, ni logró frenar el movimiento secesionista de Eritrea. Hubo una primera intentona subversiva en 1960, mientras el emperador estaba de viaje en Brasil, que fue dominada fácilmente, pero en septiembre de 1974, tras dos años de hambruna en el norte del país, un comité revolucionario militar, el Derg, destronó al Negus, lo confinó en su palacio y nombró «Rey de Etiopía» a su hijo Asfa Wossen, que estaba recibiendo tratamiento médico en Europa. Esto sucedía en unos meses en que los norteamericanos, conmocionados por la caída de Nixon, se despreocupaban de lo que sucedía en aquellas lejanas tierras.[140] En noviembre del mismo año un sangriento golpe militar dio la dirección del Derg al comandante Mengistu Haile Mariam.

El país siguió siendo teóricamente una monarquía hasta que en marzo de 1975 se depuso al nuevo rey, que no había regresado a Etiopía, y se decretó el fin de la dinastía salomónica; Haile Selassie murió, posiblemente asesinado, en agosto de este mismo año. El nuevo régimen militar proclamó el «socialismo etíope», pero su orientación en las coordenadas de la guerra fría se mantuvo indecisa hasta 1977, cuando firmó un acuerdo con Moscú.

Somalia, otra de las viejas colonias italianas, permaneció durante diez años bajo la tutela de la república de Italia (en lo que se pensó que era un estímulo para alejarla del campo comunista, a la vez que se la compensaba con ello por la pérdida de Libia), y se independizó en 1960, uniéndose a los territorios que habían colonizado los británicos (los de la actual Somaliland) para formar la República de Somalia. La pequeña Somalia francesa se mantuvo en cambio asociada a Francia como «Territorio francés de los Afars y los Issas» hasta que se independizó en 1977 con el nombre de República de Djibuti o Yibuti, gobernada por una dictadura familiar que se sustenta de lo que le pagan los Estados Unidos, Francia y Japón por el mantenimiento de sus bases en el país.

En Libia la actitud de británicos y norteamericanos, determinados a mantener a los soviéticos lejos del Mediterráneo, condujo a una temprana independencia en diciembre de 1951, con Idriss el-Senusi como rey de un país de 880 000 habitantes (40 000 de ellos italianos), desarticulado por más de treinta años de un dominio colonial italiano ejercido con brutalidad (se calcula que de 1911 a 1943 hubo unos 500 000 muertos, 60 000 de ellos en campos de concentración). Su territorio estaba ocupado en un 95 por ciento por el desierto y el nuevo estado nacía en condiciones de dependencia de los británicos, que contaban con que podrían establecer una base estratégica en Cirenaica el día en que sus tropas hubiesen de abandonar Egipto.

Los pasos siguientes en el camino de la liberación se produjeron en las tierras islámicas al norte del Sahara. En Marruecos, medidas provocadoras de los franceses causaron el 29 de enero de 1944 alborotos en Rabat y en la vecina Salé, extendidos después a Casablanca y Fez, que fueron aplastados a tiros. Los movimientos nacionalistas cobraron fuerza en los años siguientes, alentados por el propio sultán Mohammed V, al que los franceses enviaron en 1953 al exilio en Madagascar; un exilio del que regresó dos años más tarde como rey Mohammed V para negociar la independencia, que se concedió en 1956 tanto al reino de Marruecos como al protectorado de Túnez (que iba a iniciar una larga etapa de dictadura republicana y de corrupción, treinta años con Habib Burguiba y veinticuatro con Ben Alí en el poder).

El caso de Sudán puede ilustrar acerca de las complejas motivaciones que hubo en ocasiones tras de estas primeras concesiones de independencia. Sudán era un condominio anglo-egipcio que Egipto aspiraba a incorporarse, pero al que los británicos se apresuraron a dar la independencia el 1 de enero de 1956, de acuerdo con Israel, por el interés común de impedir el reforzamiento de Nasser. Comenzó a marchar con un régimen prooccidental, dirigido por Abdallah Khalil, que aceptaba la cooperación con Israel con el fin de defenderse de las ambiciones egipcias; pero en noviembre de 1958 su gobierno fue derribado por un golpe militar y el nuevo, y los igualmente inestables que le siguieron, cambiaron de política y se aproximaron a Egipto. La respuesta de Israel fue dar ayuda a los rebeldes negros y cristianos del sur, los Anya Nya, y a su jefe, el general Joseph Lagu, para debilitar a los dirigentes árabes del norte.

La orientación proárabe se consolidó al subir al poder Gaafar al-Nimeiri, quien en diciembre de 1969 firmó la Carta de Trípoli, que creaba una Federación de Repúblicas Árabes en unión con Egipto y Libia, pero en 1972 el contencioso con Israel se solucionó con un acuerdo firmado en Addis Abeba que ponía fin al apoyo israelí a los rebeldes del sur. Se entró entonces en una fase en que, pese a la retórica oficial de apoyo a los palestinos, el gobierno de Sudán dejaba que el Mossad actuase en su territorio, en momentos en que Israel tenía planes para usarlo como base de operaciones para ayudar al hijo del destronado Shah a regresar a Irán y derribar a Jomeini. Sudán cooperó también con su tolerancia a la operación israelí de rescate de los Falashas, una secta judía de Etiopía, cuyos miembros fueron aerotransportados a Israel entre 1984 y 1991. Pese a los esfuerzos de Nimeiri por legitimarse, instalando en 1980 un régimen islámico, todo el tinglado se vino abajo con el golpe militar de 1985, motivado por la incompetencia con que el gobierno se había enfrentado a una desastrosa hambruna.

La guerra civil entre los musulmanes del norte y los cristianos y animistas del sur, que causó entre 1983 y 2005 un millón y medio de muertos, concluyó en 2005 con un acuerdo de paz que preveía un referéndum acerca de la independencia del sur para enero de 2011.

LA GUERRA DE ARGELIA

Francia concedió la independencia a Marruecos y Túnez, que eran dos protectorados, pero no pensaba hacer lo mismo en el caso de Argelia, donde había una fuerte implantación de colonos franceses, que mantenían la ficción de que aquellas tierras eran provincias francesas (los departamentos del norte de la colonia llegaron a integrarse en la OTAN y en la naciente comunidad europea), aunque se mantenía a los argelinos nativos como ciudadanos de segunda categoría, sin plenos derechos políticos.

En las circunstancias confusas de los años de la segunda guerra mundial, cuando se necesitaba el apoyo de los argelinos, Ferhat Abbas pudo reivindicar el proyecto de Argelia como república federada a Francia sin que se le desmintiese; pero De Gaulle se limitó, el 7 de marzo de 1944, a conceder la ciudadanía francesa a 65 000 argelinos, otorgando a los demás el derecho al voto, pero en colegios separados a los de los ciudadanos de origen europeo, al tiempo que el gobierno tomaba medidas para frenar el nacionalismo y que los colonos franceses, los pieds-noirs,[141] exigían que se controlase la arrogancia de los “indígenas”. Esto sucedía mientras una mala cosecha, la de 1944, provocaba el hambre de las zonas rurales y expulsaba a los campesinos hacia las ciudades, donde su malestar se iba a unir al de los nacionalistas para engendrar un clima de violencia y radicalizar las demandas políticas, que no serían ya de federación, sino de independencia.

El resultado de estas tensiones, coincidiendo con las celebraciones de la derrota alemana en la segunda guerra mundial, en mayo de 1945, fue la brutal represión de Sétif. La violencia con que la policía había disuelto una manifestación dio lugar a que bandas aisladas de argelinos matasen a 103 colonos y a que las autoridades coloniales organizasen una respuesta represiva en que los senegaleses y las unidades de la legión extranjera asesinaron indiscriminadamente a un gran número de argelinos (entre 1300, según las estimaciones más moderadas, y 45 000, según los nacionalistas). El camino de la negociación estaba roto.

Francia aprobó en agosto de 1947 la concesión de un estatuto especial para Argelia, que había de ser elaborado por una asamblea cuyos miembros serían elegidos por mitades por los argelinos y los colonos (lo que significaba que el voto de cada colono valía como el de 9 argelinos); pero no se siguió más allá por este camino, de modo que cuando se disolvió la asamblea, en abril de 1956, ni siquiera se había discutido el contenido que debía darse al estatuto.

Tras unos años de actividades clandestinas de los independentistas, en que comenzó a destacar la figura de Ahmed Ben Bella, un sargento mayor condecorado en la segunda guerra mundial que había abandonado el ejército francés, un grupo de radicales musulmanes se reunió en 1954 en El Cairo para fundar el Frente de Liberación Nacional (FLN). En la madrugada del primero de noviembre de este mismo año unas cincuenta explosiones, incendios y ataques de comandos marcaron el inicio del conflicto de Argelia.

Los franceses, que acababan de sufrir en Vietnam la derrota de Dien Bien Phu, no podían ceder. La reacción del gobierno de Mendès-France fue proclamar que Argelia era francesa y que no había negociación posible, a lo que François Mitterrand, ministro del Interior encargado de los departamentos de Argelia, añadió que lo que había que hacer era reforzar la policía y enviar más soldados. Al propio tiempo se ofrecían algunas medidas de reforma, que eran atacadas en el Parlamento francés con argumentos como que “las libertades no convienen a los pueblos poco evolucionados”, sino que lo primero era la represión. Mientras las negociaciones con Túnez y Marruecos llevaban a su independencia, las escasas concesiones que se ofrecían a los argelinos resultaron tardías y fueron rechazadas. Al FLN se fueron integrando Ferhat Abbas, que había abogado inicialmente por la federación, la Asociación argelina de ulemas y algunos miembros del Partido Comunista.

La lucha abierta comenzó en el verano de 1955, cuando llegaron a suelo argelino nuevos reclutas franceses, enviados por el gobierno Faure. Las últimas perspectivas de negociación se desvanecieron cuando, en agosto, un ataque de los insurgentes en la región de Philippeville (hoy Skikda) masacró a un centenar de colonos, incluyendo mujeres y niños, a lo que las tropas francesas replicaron con una matanza de nativos que se estima que pudo llegar a hacer más de diez mil víctimas.

En febrero de 1956 el presidente del gobierno francés, Guy Mollet, fue recibido en Argel a tomatazos, y decidió adoptar una política más enérgica: disolvió la asamblea argelina y movilizó a los reservistas, con lo que consiguió que a fines de año los soldados franceses que combatían en Argelia se elevasen a 400 000. Al frente de ellos se puso al general Raoul Salan, un hombre que tenía la experiencia de la lucha contra la insurgencia en Indochina.

En agosto de este mismo año una reunión de dirigentes del FLN celebrada en suelo argelino unificó las estructuras militares y creó un Consejo nacional de la revolución argelina como órgano político supremo. Se acordó, además, que no habría alto el fuego sin un reconocimiento de la independencia y que no se admitiría privilegio alguno de doble ciudadanía para los pieds-noirs. Ante la dificultad de hacer frente a un ejército francés reforzado, se decidió responder con una campaña de terrorismo en las ciudades.

En enero de 1957, con motivo de una serie de atentados con bombas en el centro de la capital de la colonia, el general Massu, al frente de 8000 paracaidistas, emprendió la llamada “batalla de Argel”: la destrucción a sangre y fuego del núcleo de apoyo al FLN en la ciudad, y sobre todo en el barrio de la Casbah.

El general Aussaresses sostiene que Massu tuvo que actuar brutalmente en la Casbah porque los pieds-noirs de Argel habían anunciado que estaban dispuestos a liquidar este foco rebelde llevando un convoy de camiones de transporte de gasolina al punto más alto de la Casbah, para abrir los grifos y pegarles fuego, con lo que se calculaba que podía llegar a haber 70 000 muertos.

La responsabilidad por las brutalidades practicadas en la guerra, sostiene Aussaresses, era colectiva: “Al pedir a los militares que restableciesen el orden en Argel, las autoridades civiles habían admitido implícitamente el principio de las ejecuciones sumarias. Cuando creímos útil obtener instrucciones más explícitas, este principio se nos reafirmó claramente (…). En cuanto a la tortura, estaba tolerada, si no recomendada. François Mitterrand (…) contaba con un emisario de hecho junto a Massu en la persona del juez Bérard, y tenía conocimiento exacto de lo que ocurría por las noches”.

Las detenciones se hacían sin ningún requisito legal. La policía y los militares torturaban sistemáticamente a los capturados, combinando los golpes, la electricidad y el agua. Después de haber conseguido que hablasen, se fusilaba a los presos: eran terroristas o tenían relación con los terroristas, y el gobierno no hubiera sabido qué hacer con ellos. Aussaresses lo explica sin ninguna emoción: “Había que matarlos y los he matado; eso es todo (…). Hemos hecho un centenar de presos a los que se ha dado muerte después…”.

Un paracaidista explicaba que un buen día decidieron hacer subir a sus camiones a todos los árabes vestidos a la europea que encontraban por las calles de Argel, sin molestarse en pedirles los papeles. Se los llevaban para interrogarlos con la electricidad, que era el método habitual, y podían quedar detenidos un mes, o más aún, y volver a sus casas, o no volver: la batalla de Argel y sus secuelas dejaron más de tres mil desaparecidos identificables. La brutalidad de estos métodos y la práctica habitual de la tortura suscitaron graves problemas morales y dieron lugar a que comenzasen las protestas en la propia Francia.

La victoria de Massu en la batalla de Argel creó disensiones entre “políticos” y “militares” en la dirección del FLN, donde algunos discrepaban de la táctica de Abbane Ramdane de llevar la guerra a las ciudades, en lugar de desarrollarla en el campo “con el apoyo del pueblo”. Fueron los propios jefes militares insurgentes los que se impusieron a Abbane, que defendía la primacía de la política sobre la guerra y les reprochaba el creciente autoritarismo con que operaban. La disensión acabó el 27 de diciembre de 1957 con su asesinato en las cercanías de Tetuán, aunque se presentó su muerte como producida en combate.

En el terreno militar, sin embargo, los métodos de Salan funcionaban y la guerra comenzaba a ganarse, ya que las fuerzas del FLN se veían obligadas a refugiarse en las montañas. Salan practicó una política de reagrupamiento en que dos millones de campesinos fueron llevados a poblados estratégicos y reclutados en parte como auxiliares para combatir dentro de los grupos de harkis —argelinos que apoyaban a los franceses— o para integrarse en una red de informadores que hizo grave daño al FLN. Fue también en este mismo año cuando comenzó a brotar petróleo de los pozos de Hassi-Messaoud, en el Sahara argelino; algo que parecía prometedor para Francia, pero que podía complicar la guerra, al despertar intereses exteriores no previstos.

Mientras el mundo entero protestaba contra las brutalidades francesas y Salan perseguía a las columnas del FLN incluso en territorio de Túnez, la vida política pasaba en la metrópoli por momentos de desconcierto, de modo que los franceses de Argelia y los militares comenzaron a inquietarse, pensando que el débil gobierno de París estaba dispuesto a ceder ante las presiones internacionales y a negociar con los argelinos.

El 26 de abril de 1958, como respuesta al nombramiento como jefe del gobierno de Pflimlin, que era partidario de iniciar negociaciones, los militares desfilaron desafiadoramente por Argel, y Salan declaró que el ejército solo aceptaría el aplastamiento de los rebeldes, seguido en todo caso de una amnistía. El 13 de mayo siguiente las manifestaciones de los partidarios de una Argelia francesa concluyeron con la formación de un Comité de Salvación Pública, presidido por el general Massu, que reclamaba el retorno del general De Gaulle al poder, a la vez que Salan declaraba: “Tomo en mis manos provisionalmente los destinos de la Argelia francesa”.

El presidente de la república, René Coty, incapaz de enfrentarse a la situación, llamó a De Gaulle, que se había retirado de la política activa diez años atrás, pero este exigía plenos poderes para gobernar por decreto durante seis meses, una suspensión de la actividad de la Asamblea por cuatro meses y autorización para presentar al país una nueva Constitución. La izquierda replicó el 28 de mayo con una gran manifestación en París (“¡Colgad a Massu!”,«¡De Gaulle al museo!»); pero ante la perspectiva de que pudiese llegar al poder con el apoyo de una sublevación militar, los socialistas claudicaron y el primero de junio de 1958 De Gaulle fue investido en la Asamblea nacional por 329 votos contra 224. Era el fin de la Cuarta república: en septiembre se aprobó en referéndum la Constitución de la Quinta república y en diciembre De Gaulle se convirtió en su primer presidente.

En los primeros días de su regreso, el 4 de junio de 1958, De Gaulle marchó a Argelia, donde el poder estaba ahora por completo en manos de los militares, y afirmó solemnemente: «Os he comprendido». El 3 de octubre anunciaba el Plan de Constantina, destinado a mejorar la suerte de la población musulmana con la construcción de viviendas, la escolarización de sus niños (solo el 15 por ciento de los musulmanes estaban escolarizados) y el derecho de acceder a la función pública; pero seguía aplicando en Argelia una política represiva de extraordinaria dureza, tratando de forzar al FLN a negociar lo que en una conferencia de prensa del 23 de octubre definía como «la paz de los valientes», sin ofrecer concesiones políticas sustanciales. Lo que sí hizo fue arrebatar la iniciativa política a los militares, obligándoles a abandonar los comités de salvación y prohibiéndoles presentarse a las elecciones, en momentos en que las propuestas para una paz justa inquietaban a los colonos.

El 16 de septiembre de 1959 De Gaulle hizo un discurso en la televisión en que exponía las tres posibilidades que se ofrecían a los argelinos: seguir unidos a la metrópoli, la independencia o un autogobierno asociado a Francia, lo que implicaba una voluntad de comenzar a negociar. Ante las perspectivas que esto planteaba, los pieds-noirs se asustaron. La concesión de independencia hubiera significado su final. Estaban en una proporción de uno contra nueve respecto de los «indígenas», quienes habían declarado desde el principio que no iban a aceptar que conservasen ningún privilegio, y había habido tantos crímenes en estos años que era imposible pensar en una convivencia pacífica después de la independencia. Por su parte, los jefes militares comenzaban también a conspirar.

De Gaulle se había convencido de que no era rentable seguir con esta guerra. En las conversaciones que recoge Peyrefitte aparece un De Gaulle consciente de la imposibilidad de conservar una Argelia francesa. «Ninguna fuerza puede dominar a un pueblo que lucha por su independencia», decía, en tiempos en que «las masas musulmanas, de Senegal a Indonesia, quieren una Argelia soberana». Ni siquiera se podía pensar en una partición que preservase las zonas de mayor concentración de los colonos, creando un Israel francés, que solo se hubiera podido mantener si los pieds-noirs hubiesen sido muchos más y tuvieran la capacidad de luchar para defenderse. Pero, al propio tiempo, quería salir de Argelia con una negociación y no derrotado: no quería un nuevo Dien Bien Phu. «El tiempo trabaja contra nosotros. Argelia nos gangrena. Gangrena a nuestra juventud. Más vale marchar con la cabeza bien alta que permanecer al precio de más sangre.»

Hacía ya años que los dirigentes de la economía francesa habían descubierto que el mercado colonial solo era importante para ramas de actividad viejas, y entonces ya secundarias, como la industria textil (entre 1945 y 1956 las colonias absorbieron el 75,9 por ciento de la producción francesa de tejidos de algodón), mientras que las actividades industriales de punta miraban con mayor interés a los mercados de los países desarrollados, y sobre todo a los de la Europa que se estaba unificando. A lo cual había que sumar el coste que para el estado tenían la administración de las colonias y la inversión pública en sus infraestructuras y en su desarrollo. En aquellos momentos, con un crecimiento económico notable, parecía claro que la mejor opción era la de librarse de un imperio que daba más gastos que beneficios. Mientras una parte de la izquierda pensaba aún en términos de un imperio reformado, fue la derecha, con De Gaulle a su frente, la que decidió liquidarlo.

El 8 de enero de 1961 un referéndum sobre la política argelina gaullista obtuvo un triunfo del sí, y el 11 de abril de 1961 el presidente manifestó: «la descolonización es en nuestro interés y debe ser, por tanto, nuestra política». Pocos días después, el 21 de abril, los boinas verdes se apoderaron de la ciudad de Argel, en un movimiento que dirigían los generales Challe y Salan, al parecer con apoyo de la CIA; Orán también cayó en sus manos, pero fracasaron en cambio en Constantina. Lo peor para ellos fue que no consiguieron que la aviación se sumara a la revuelta. Se temió que quisieran desembarcar en Francia, pero De Gaulle los denunció y desautorizó por la radio, y su mensaje llegó a través de los transistores a los soldados franceses de reemplazo en Argel, que se oponían a la aventura de sus jefes. Fue precisamente esta rebelión de los soldados la que condenó el golpe al fracaso. Los militares pasaron entonces a la clandestinidad, para dirigir las campañas terroristas de la OAS —«Organisation de l’armée secrète», fundada en Madrid en enero de 1961—, seguidos con entusiasmo por los colonos. Salan anunció que a fines de aquel año tendría un ejército de 100 000 hombres a su mando. Mientras tanto también el FLN multiplicaba los atentados con el fin de negociar desde una posición de fuerza, interesado ante todo en evitar la separación de los territorios del Sahara que los franceses ambicionaban conservar.

Las negociaciones llegaron a su fin el 18 de marzo de 1962, cuando se firmaron los acuerdos de Evian, en que los argelinos se resistieron obstinadamente a hacer concesiones políticas, pero aceptaron, en un anexo secreto, que los franceses conservasen por un tiempo cinco bases en el Sahara, que fueron el escenario de las pruebas atómicas francesas, realizadas sin el debido cuidado de los daños que podían producir en el entorno. Un referéndum celebrado en Francia el 8 de abril aprobó el acuerdo con un 90 por ciento de los votos, mientras en el de Argelia, realizado el primero de julio, el voto positivo fue del 99,7 por ciento. Argelia se convirtió en estado independiente el 3 de julio de 1962, tras una guerra que había causado alrededor de 300 000 muertos (los argelinos hablan de un millón y medio) y al tiempo que comenzaba el exilio de los colonos europeos: de un millón que había a fines de 1962, no quedaron más que 124 000.

Entre las víctimas de la independencia figuran los harkis, como se denominaba a los aproximadamente cien mil argelinos que habían estado al lado de los franceses, como combatientes o como auxiliares, motivados por muy diversas razones, o incluso reclutados por la fuerza. Olvidando que se les había prometido que serían franceses de pleno derecho, fueron abandonados por la metrópoli y muchos de ellos sufrieron la sangrienta venganza de los vencedores; a algunos los envolvieron en banderas francesas, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. Los que lograron refugiarse en Francia con sus familias fueron recluidos en campos de concentración y centros de trabajo, en condiciones de vida indignas, hasta que la revuelta de los jóvenes residentes en ellos forzó al gobierno francés a cerrar los campos en 1975.

Los acuerdos de Evian devolvieron la libertad a los jefes políticos del FLN que estaban encarcelados, lo que dio lugar a una lucha por el poder que acabó con la victoria del grupo encabezado por Ahmed Ben Bella y por el jefe militar Houari Boumedienne. Ben Bella se convirtió en 1963 en el primer presidente de la Argelia independiente, con Boumedienne como ministro de Defensa. El nuevo régimen se presentaba como progresista, propugnaba el arabismo, el neutralismo y los sistemas de autogestión, con una política que, en la Carta de Argel de 1964, pretendía efectuar una síntesis entre marxismo e islam, pero que en la práctica se desarrollaba con la Constitución suspendida y con el apoyo de una policía política, las «brigadas especiales». Pese a su proyección exterior, en un tiempo en que Argelia era la cabeza indiscutible del movimiento de los estados no-alineados, el país vivía en medio del desorden social y de la miseria, mientras sus dirigentes percibían la mitad de los royalties del petróleo. Como diría Mohammed Harbi, la independencia había sido un espejismo: los argelinos se habían librado de los franceses para caer en poder del ejército.

LOS ANTECEDENTES DE LA INDEPENDENCIA DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA

Al sur del desierto del Sahara el proceso emancipador apenas había comenzado antes de 1960 y las independencias no se alcanzaron como fruto de la revuelta de los campesinos y de los desposeídos contra la civilización europea, como Frantz Fanon propugnaba en Los condenados de la Tierra, sino como resultado de negociaciones de los dirigentes de los partidos nacionalistas con las metrópolis.

Tan solo Ghana en 1957, con Kwame Nkrumah, y Guinea en 1958, con Seku Turé (al rechazar la propuesta de integración de De Gaulle), habían dado algún paso por este camino. El de Ghana (Gold Coast) fue el primer intento de emancipación controlada dentro de la Commonwealth británica. Su próspera economía comercial, ligada a la producción de cacao, que era una importante fuente de dólares en unos momentos de auge de las exportaciones, y el hecho de que tenía buenos niveles de escolarización y sanidad, parecían convertirla en un caso ideal para este experimento. Se comenzó a negociar con la United Gold Coast Convention, una fuerza moderada que tenía como secretario a Kwame Nkrumah, una de las grandes figuras del panafricanismo, una transferencia progresiva de responsabilidades, animada por el miedo a un posible asentamiento del comunismo en el África negra. El resultado fue una concesión gradual de autogobierno a esta colonia modelo, con la condición de que se excluyera del poder a los comunistas, de modo que Gold Coast pudo acceder a la independencia en el seno de la Commonwealth el 6 de marzo de 1957, rebautizada como Ghana, en recuerdo de un gran imperio africano del pasado.

Pero hay una historia previa que no suele contarse, sin la cual no se entiende bien el contexto de la lucha por la independencia. Los años de posguerra fueron para estas colonias tiempos de violencia, motivada por el choque entre la reivindicación de sus derechos por parte de los indígenas y la poca disposición inicial de las metrópolis a allanar el camino hacia la emancipación. Es una historia que debería hablar del trabajo forzado de los nativos, que se mantuvo en el África francesa hasta que hubo de abolirse en 1946 a consecuencia de las protestas de los grupos nacionalistas (pero que se conservó en Madagascar), de los 200 000 campesinos explotados como siervos en las minas de estaño del norte de Nigeria o del apartheid que duró en muchos lugares del África francesa hasta los años cincuenta, impidiendo que los nativos entrasen en cafés, restaurantes o cines para blancos.

La mayoría de los conflictos se produjeron en enfrentamientos contra el movimiento obrero. Era normal en las colonias africanas que una huelga acabase con veinte o treinta muertos como consecuencia de la represión policíaca o militar. Cuando los trabajadores blancos de las minas de Rhodesia del norte hicieron huelga en 1940 para pedir mejoras de salarios y de condiciones de trabajo, los obreros negros se sumaron a ellos, en un movimiento que acabó con diecisiete huelguistas muertos y con las compañías decididas a mantener la separación de razas entre sus trabajadores.

En Senegal el ejército mató en diciembre de 1944 a 35 antiguos prisioneros de guerra repatriados que se quejaban de las míseras pagas que se les habían concedido, lo que extendió el descontento entre los africanos que habían combatido al lado de Francia en la segunda guerra mundial. En diciembre de 1945 los trabajadores del puerto de Dakar (Senegal) iniciaron una huelga que en enero de 1946 se convirtió en general, extendida a toda la ciudad, que se mantuvo paralizada durante doce días. La fuerza del movimiento obrero se mostró plenamente en la gran huelga ferroviaria que se inició en octubre de 1947 simultáneamente en toda el África Occidental Francesa, implicando a 17 000 ferroviarios y a 2000 trabajadores de los muelles por un período de cinco meses y medio.

En 1948 hubo revueltas en el territorio de Gold Coast, cuando la policía de Accra disparó contra una manifestación, y al año siguiente la represión de una huelga de mineros en Nigeria produjo 21 muertos. La agitación obrera iba en ascenso; en 1950 otra huelga general en Gold Coast fue reprimida ferozmente, y este mismo año hubo una matanza en Dimboko (Costa de Marfil), además de huelgas en Nairobi (Kenia). Esta violencia llegó al extremo en Madagascar, donde el ejército francés realizó una auténtica masacre en 1947, con unos 40 000 muertos indígenas (89 000, según otras versiones) y brutalidades como la de lanzar presos desde los aviones sobre las poblaciones sublevadas, con fines de intimidación.

El año 1959, que precedió a la gran oleada de independencias, siguió siendo dramático: insurrecciones en el Congo belga, en las dos Rhodesias y en Nyasalandia, masacre de descargadores de los muelles en huelga en Guinea-Bissau, a lo que hay que añadir la misteriosa muerte de Boganda, el más prestigioso líder nacionalista de Ubangui-Shari (hoy República Centroafricana) en un accidente de aviación.

Aunque era evidente que no se iba a poder impedir a la larga la emancipación de las colonias, la violencia sirvió para eliminar o marginar a los dirigentes más radicales y conseguir que la independencia se negociara con quienes convenía a los intereses de las metrópolis, como se pudo ver a partir de 1960, cuando, en el transcurso de cinco años, accedieron a la independencia 25 estados africanos (15 de ellos en el mismo año 1960), con transferencia pacífica del poder por parte de Inglaterra, que fue la primera metrópoli en tomar esta iniciativa que seguirían, con matices y reticencias, Francia y Bélgica.

El cambio vino propiciado por el desengaño de las potencias imperiales, que habían mantenido durante los años anteriores esperanzas de que un refuerzo de las economías africanas podía servir para revitalizar las de las metrópolis. Este fue sobre todo el caso de Gran Bretaña con los planes de Bevin para obtener alimentos a partir de nuevas plantaciones. Mientras se consultaba a los africanos acerca de las posibles reformas políticas, sin ninguna prisa por llevarlas a cabo, se tomaban grandes decisiones sobre su economía, que habrían de afectar su desarrollo en el futuro, sin tener en cuenta su opinión acerca de estos nuevos proyectos imperiales (se ha hablado por ello de la «segunda invasión colonial»).

Los ingleses no consiguieron desarrollar las economías de sus colonias tropicales como esperaban. Invirtieron poco en ellas y en su mayor parte lo hicieron en las infraestructuras que convenían exclusivamente a los negocios de exportación (y se lo hicieron pagar, de uno u otro modo, a las propias sociedades coloniales). Los grandes programas imperiales de desarrollo, como el del ferrocarril de Rhodesia a Kenia, resultaban demasiado costosos y eran de una rentabilidad dudosa, de modo que a la hora de la verdad lo que se procuró fue hacer inversiones que diesen beneficios a corto plazo, con fracasos tan estrepitosos como el del Tanganyika groundnut scheme, que proyectó inmensas plantaciones de cacahuete, destinadas a la producción de aceite, en la actual Tanzania, con un resultado desastroso, que condujo a la pérdida de la inversión y dejó improductivas las tierras implicadas. Colonialismo y desarrollo resultaron incompatibles y el proyecto imperial de los años cincuenta acabó en un fracaso, cuyos costes heredaron los nuevos estados independientes.

Aparte de la insensatez de algunos de estos proyectos había otras razones para explicar su fracaso. El desarrollo africano había hecho aparecer un sector de trabajadores organizados sindicalmente en las actividades más ligadas a la exportación —en las plantaciones, las minas y los puertos—, que habían asociado sus demandas a las de los políticos nacionalistas, lo que dio lugar a que, al fin de la segunda guerra mundial, las reivindicaciones políticas fuesen acompañadas por otras acerca de salarios y servicios sociales, que las empresas metropolitanas se resistían a aceptar, lo que explica las huelgas y los conflictos de estos años, tanto en el África británica como en la francesa. El problema era que los africanos habían acabado creyendo las promesas de que se les iba a integrar en igualdad con los europeos, y pretendían acceder a los mismos derechos y niveles salariales que los trabajadores de las metrópolis.

En Londres y en París los funcionarios coloniales habían de enfrentarse a costes crecientes que no parecía que el progreso de las economías africanas bastase a compensar, además de a los conflictos a que los sometían las presiones internacionales, en un mundo que tenía una nueva sensibilidad hacia los derechos humanos, reflejada en la «Declaración universal» aprobada por la ONU el 10 de diciembre de 1948, cuyo artículo 5.º prohibía la tortura y «el castigo o el trato cruel, inhumano o degradante». Los británicos, por ejemplo, estaban acostumbrados a mantener el orden con métodos de una violencia expeditiva, que tenían un bajo coste, como eran los de bombardear y exterminar a los indígenas rebeldes, de modo que cuando, después de la segunda guerra mundial, se pretendió obligarles a respetar los derechos humanos, la gestión de estos territorios les resultó más difícil y costosa.

Las administraciones metropolitanas comenzaron a pensar entonces que los políticos africanos, que estaban más en sintonía con la cultura y con las realidades sociales de sus pueblos, manejarían mejor los conflictos. La fe en el valor universal de la ciencia social europea no sirvió para salvar el imperio, pero sí para convencer a los funcionarios ingleses y franceses, que habían modelado a los dirigentes africanos en las normas de la modernidad europea, de que podían confiar a esta élite indígena la tarea de dirigir la transición.

Las metrópolis optaron entonces por conceder la independencia a sus colonias: en septiembre de 1959 De Gaulle proponía la autodeterminación de Argelia y en 1960, tras el discurso de Macmillan, se iniciaba la oleada de las independencias graciosamente concedidas. En un solo año accedieron a ella Camerún, Togo, la Federación del Malí, Madagascar, el Congo belga, Somalia, Dahomey, Níger, Alto Volta, Côte d’Ivoire (Costa de Marfil), Chad, República Centroafricana, Congo-Brazzaville, Gabón, Senegal y Nigeria, al propio tiempo que Ghana se convertía en república.

No fue un proceso fácil. En los primeros años de la independencia hubo buen número de golpes militares y guerras civiles. En parte se debieron a la dificultad de ensamblar en un proceso nacional los poderes tribales; pero también a las interferencias de las viejas metrópolis, dispuestas a salvaguardar sus intereses. Poco después de las celebraciones de la independencia una serie de crímenes vinieron a demostrar que las metrópolis habían puesto límites muy estrechos a sus concesiones: mientras los británicos proseguían en Kenia una brutal campaña contra los kikuyus, se producía en octubre de 1960 el asesinato en Ginebra del camerunés Félix Moumié, envenenado por un agente del gobierno francés que pretendía ser un periodista, a lo que siguió, en enero de 1961, el asesinato en el Congo de Lumumba, del que eran asociadamente culpables los belgas y la CIA, por instigación directa de Eisenhower, y en 1963 el de Sylvanus Olympio, presidente de Togo. Si recordamos además que 1960 fue el año de la matanza de Sharperville en África del Sur, donde la policía disparó contra una multitud que protestaba por las limitaciones a la libre circulación que imponían las pass laws, y que de ello resultaron 69 africanos muertos (según las cifras oficiales; las reales pueden haber sido mayores), que en 1964 Nelson Mandela, denunciado a la policía sudafricana por un agente de la CIA, fue condenado a cadena perpetua, o que en 1966 Kwame Nkrumah fue derrocado del gobierno por un golpe posiblemente financiado por la CIA, estaba claro que los vientos de la libertad eran todavía muy débiles.

EL MODELO BRITÁNICO: LAS INDEPENDENCIAS CONTROLADAS

En aquellas de sus colonias africanas en que había una proporción importante de colonos blancos, Gran Bretaña se preocupó sobre todo de que el acceso a la independencia se produjese en condiciones que permitiesen a los colonos europeos conservar sus extensas propiedades agrícolas.

Al fin de la segunda guerra mundial había en Kenia una población de unos cinco millones de nativos y unos 30 000 colonos británicos, dueños de unas 2500 grandes explotaciones, que vivían en medio de la opulencia, habiéndose creado una colonia dentro de la colonia en los White highlands, que eran 30 000 km2 de la mejor tierra agrícola de Kenia, donde solo se permitía vivir a un pequeño número de africanos controlados, unos 150 000, que residían allí como squatters: cultivaban pequeñas parcelas, cedidas a cambio de su trabajo en la explotación del propietario blanco.

La mayoría de los africanos, que estaban discriminados —no podían cultivar productos de exportación— y tutelados —la cerveza solo se vendía a la población blanca o a la asiática— vivían en reservas nativas superpobladas, en una situación que se agravó cuando los colonos europeos comenzaron a expulsar de sus tierras a los squatters con la intención de reemplazarlos por trabajadores asalariados. El malestar se incrementó todavía al regresar los soldados de la segunda guerra mundial. La sociedad nativa se dividió entonces entre una minoría conservadora de jefes tribales que se beneficiaban de las concesiones de tierras del gobierno, un pequeño grupo de nacionalistas moderados que estaban representados por hombres que tenían un buen nivel de educación, como Jomo Kenyatta, y las masas militantes de los antiguos soldados y los campesinos expulsados de las fincas de los europeos.

Un grupo de squatters amenazados de expulsión inició una campaña de juramentos, con el compromiso de luchar por la tierra y la libertad, y de mantener este pacto en secreto. Nadie sabe de donde salió el nombre de Mau mau con que se les designó, pero parece seguro que sus primeros cuadros surgieron de kikuyus juramentados. Las primeras violencias se dirigieron contra africanos que se negaban a jurar o que se sospechaba que eran informadores de las autoridades, y contra los jefes nativos al servicio del poder colonial, que se habían enriquecido a costa de los suyos. Después se atacó al ganado de los blancos y se incendiaron los edificios de las plantaciones. El 9 de octubre de 1952 asesinaron al más destacado de los jefes kikuyus partidarios del gobierno, Waruhiu, y el gobernador proclamó el estado de emergencia, introdujo tropas británicas y comenzó a hacer detenciones en masa, mientras los hombres del Mau mau se retiraban con sus armas a la selva, y se preparaban para la lucha.

Fue a partir de entonces cuando los insurgentes comenzaron a asaltar a cultivadores blancos aislados, en ataques en que mataban a machetazos a hombres, mujeres y niños, lo que contribuyó a crear la imagen de la brutalidad del grupo. Los medios metropolitanos difundían noticias espeluznantes con el fin de sostener la tesis de que lo que sucedía no tenía nada que ver con el colonialismo, sino que era el resurgir de un salvajismo primitivo, de una locura racial que solo se podía combatir con una guerra de exterminio. Se presentó a los Mau mau como una secta demoníaca que practicaba la brujería y asesinaba a los blancos, y los antropólogos se apresuraron a fabricar una interpretación que sostenía que la revuelta era fruto de la incapacidad de los africanos para asimilar la civilización, lo cual les llevaba a optar por un sistema de brujería, juramentos y crímenes rituales.

Los Mau mau, dirigidos en primer lugar por el general China, que había luchado contra los japoneses en Birmania y había recibido la influencia del antiimperialismo de la India, combatieron en las selvas del monte Kenia con un ejército de cuatro mil hombres, hasta que su jefe fue capturado en 1954. Su sucesor, el general Dedan Kimathi, luchó dos años más, hasta que fue capturado y ahorcado en 1956. Los Mau mau mataron en total a 32 miembros de familias de plantadores y a unos 1800 africanos; el ejército y las fuerzas de seguridad tuvieron unas 200 bajas. Las pérdidas humanas del Mau mau deben haber sido en torno a 20 000, pero habría que añadir a ellas las numerosas y no contadas muertes por enfermedad y hambre en los campos de prisioneros y las víctimas de fusilamientos incontrolados.

Uno de los errores cometidos por los británicos fue adjudicar el papel de jefe de la revuelta a Jomo Kenyatta, a quien consideraban erróneamente como un comunista y que era evidente que no tenía nada que ver con los rebeldes. Fue sometido a un proceso dirigido por un juez secretamente sobornado por el gobernador, que lo condenó a cadena perpetua, gracias a lo cual salvó probablemente la vida.

Su segundo y más trágico error fue el de encomendar al arqueólogo Louis Leakey la tarea de resolver el problema nativo, en compañía de un «etnopsiquiatra» que sostenía que lo que había que hacer era obligar a los presos a «confesar», para que renunciaran al juramento. De acuerdo con esta teoría, por lo menos 320 000 kikuyus, un tercio de la población de esta etnia, fueron encerrados en campos de concentración, sin contar las mujeres y niños retenidos en los poblados fortificados. Los cincuenta campos de este gulag se organizaron, de acuerdo con el plan de Leakey, en un sistema de pipeline (oleoducto), a través del cual los retenidos se movían según sus progresos en el proceso de rehabilitación, que debía comenzar por la confesión del juramento, en una primera etapa en que eran sometidos a violencia y tortura, que muchos no superaron, para verse después trasladados a campos superpoblados y sucios, privados de una alimentación suficiente, donde seguían siendo torturados, azotados e interrogados. Las mujeres encerradas en el campo de Kamiti eran también torturadas, y se las obligaba a trabajos como el de llenar con los camiones de muertos de otros campos las fosas en que enterraban también a sus propios hijos, que morían en terribles proporciones en aquellas condiciones extremas.

La brutal campaña de exterminio acabó con la matanza del campo de Hola, en marzo de 1959, cuando 100 presos que se negaron a seguir trabajando fueron atacados por la policía, que mató a diez a golpes y malhirió a muchos más. Aunque el gobernador pretendió que habían muerto por beber agua contaminada y la prensa británica de derechas aseguró que se trataba de un suicidio colectivo, el escándalo obligó a cambiar las cosas. Las noticias de este suceso contribuyeron a que Macmillan comprendiese que ese sistema de violencia no podía seguir y le inspiraron las ideas que le llevarían, meses más tarde, a su discurso sobre «el viento del cambio».

El gobierno británico anunció finalmente que se iba a conceder la independencia a Kenia, con sufragio universal, lo que daría el predominio a los negros, y los plantadores no se opusieron a ello, porque eran conscientes de que la situación podía controlarse. Jomo Kenyatta fue liberado en 1962 y se convirtió en el primer presidente de la Kenia independizada, dentro de la Commonwealth, el 12 de diciembre de 1963; un año más tarde se proclamó república, con un partido único, el KANU, (Kenya African National Union).

Kenyatta se aseguró el equilibrio del poder aliándose con otras dos etnias de las tierras altas del centro del país, los meru y los embu, que representaban, unidas a los kikuyus, un 30 por ciento de la población nativa, y marginando políticamente a los otros grandes grupos étnicos de los luos, los luhya, los kalenjin y los kamba, y se dispuso a hacer una política en favor de los plantadores blancos: no hubo ni reparto de la tierra a los indígenas, ni demanda de responsabilidades por los crímenes de los años de emergencia. Los blancos adoraban a un Kenyatta que proclamó la derrota de los Mau mau, que habían luchado por la tierra y la libertad, escribiendo: «El Mau mau fue una enfermedad que ha sido erradicada y de la que no se debe volver a hablar jamás». Y lo confirmó persiguiendo a las organizaciones de veteranos de las luchas por la independencia, y reprimiendo a los partidarios de políticas nacionalistas más progresivas.

La Comisión por los Derechos Humanos de Kenia (KHRC) sigue reclamando en la actualidad que se reconozcan los méritos de los luchadores del Mau mau, que se haga justicia por los crímenes cometidos por la represión y que Gran Bretaña compense a los supervivientes por las atrocidades de que fueron víctimas.

La situación de Rhodesia del Sur, la actual Zimbabue, se asemejaba a la de Kenia. Los europeos representaban menos del 5 por ciento de la población pero poseían el 70 por ciento de la tierra cultivable, mientras 4,5 millones de campesinos negros debían conformarse con las llamadas «tierras tribales», marginales y pobres. En el terreno político, unos 45 000 habitantes de origen europeo gozaban de algo muy parecido al autogobierno, mientras los negros no podían reclamar mejoras ni protestar a Londres contra los abusos que sufrían, y estaban sometidos a un paternalismo que hasta 1948 se había limitado a conceder el derecho al voto a un total de 258 africanos, incluidos en un censo electoral de 47 000 blancos. Sintiéndose amenazados por los procesos de independencia que se estaban produciendo en el resto del continente, los blancos de Rhodesia decidieron emanciparse por su cuenta, lo cual podía causar graves problemas a los intereses económicos de los colonos en los países independizados en que se había llegado a acuerdos para respetar sus propiedades. Como había dicho Macmillan, «los africanos no son el problema en África; lo son los europeos».

En efecto, cuando en noviembre de 1965 el primer ministro Ian Smith declaró la independencia de Rhodesia del Sur, causó un grave daño a las relaciones entre Gran Bretaña y las colonias emancipadas. Ante el rechazo británico, Ian Smith y el Rhodesian Front proclamaron entonces una república, que se separó de la Commonwealth británica en 1970. Pero cuando los portugueses abandonaron sus colonias, una Rhodesia asediada por países negros independientes, y abandonada por África del Sur, que prefería convivir con un estado negro estable que con uno blanco sumergido en conflictos, hubo de renunciar a resistir. Se intentó organizar un gobierno mixto dirigido por Ian Smith y por un africano manejable, el obispo Abel Muzorewa; pero, ante la presión de la guerrilla, hubo que aceptar la iniciativa de los británicos, que convocaron en 1979 una conferencia de paz en Londres, en Lancaster House, en la que el líder rebelde Robert Mugabe, jefe indiscutible del ZANU (Zimbabwe African National Union) y del movimiento guerrillero, se vio obligado a ceder a las propuestas británicas sobre la tierra, que le obligaban a respetar la propiedad de los blancos por lo menos durante los primeros diez años. Mugabe aceptó porque los presidentes de Mozambique, Samora Machel, y de Zambia, el proamericano Kenneth Kaunda,[142] que eran en aquellos momentos objeto de duros ataques por las tropas de Rhodesia, le pidieron que lo hiciera y le advirtieron que no podían seguir prestando apoyo a la guerrilla (al propio tiempo Machel le instaba a que abandonase cualquier pretensión de presentarse como un revolucionario marxista, para no desafiar a los colonos blancos).

Bajo la supervisión de un gobernador inglés se organizaron en 1980 unas elecciones que el ZANU ganó con una mayoría aplastante, derrotando al ZAPU (Zimbabwe African People’s Union) de Joshua Nkomo y al UNAC del obispo Muzorewa, financiado por la República Sudafricana. Mugabe, que estaba obligado a respetar los acuerdos que garantizaban la continuidad de la tierra en manos de los propietarios blancos, inició su actuación con una política moderada, manteniendo al frente de las fuerzas de seguridad a un británico, el general Walls, que había intentado anular las elecciones. Prometió respetar los términos acordados acerca del mantenimiento de la propiedad durante los próximos diez años, lo cual le valió para ser acogido favorablemente en la escena internacional, donde encontró ayudas que le permitieron iniciar ambiciosos programas sociales y obtener algunos éxitos en terrenos como el del alivio de las primeras hambrunas, la apertura del comercio del grano a los agricultores africanos y la disminución de la mortalidad infantil. Apoyado en una abundante producción de cereales, que aumentó considerablemente con las reformas que se produjeron en los primeros años de la independencia, el de Zimbabue parecía ser un éxito milagroso.

Un caso distinto de interferencia se dio en el proceso que creó en 1964 la federación de Tanzania, que unía a Tanganyka con Zanzíbar. Fueron en este caso los Estados Unidos quienes presionaron a Julius Nyerere, conocido como Mwalimu o «maestro», para llevar a cabo una federación que se esperaba que permitiese controlar Zanzíbar, cuya evolución izquierdista había llevado a que se la considerase «la Cuba de África». En el proceso tuvo una considerable intervención Frank Carluccci, que era por entonces cónsul de los Estados Unidos en Zanzíbar, y que llegaría a ser posteriormente jefe de la CIA.

EL MODELO FRANCÉS: LA FRANÇAFRIQUE

Las colonias francesas del África negra estaban agrupadas en tres grandes uniones: África Occidental Francesa (integrada por Mauritania, Soudan Français [Malí], Níger, Alto Volta [Burkina Faso], Senegal, Guinea, Côte d’Ivoire [Costa de Marfil], Togo y Dahomey), África Ecuatorial Francesa (con Chad, Oubangui-Shari [República Centroafricana], Camerún, Gabón y Moyen Congo [Congo-Brazzaville]) y Madagascar. En todas ellas había escasa población europea, lo que iba a facilitar una descolonización pacífica, aunque mediatizada.

Los franceses habían creado en la Constitución de 1946 una Unión francesa, de la que formaban parte las colonias de África (excluyendo el Magreb), Madagascar e Indochina, con el título de «Estados asociados», pero con ciudadanos coloniales de segunda categoría. En la Asamblea constituyente de 1945 en que se creó la Unión, tan solo 64 de los 856 delegados procedían de las colonias y únicamente 24 de ellos habían sido elegidos por los nativos. Los africanos, que habían enviado 250 000 hombres a luchar por Francia en la segunda guerra mundial, rechazaron la Unión, y 22 diputados coloniales convocaron un congreso africano en Bamako, en octubre de 1946, en el que crearon una especie de superpartido, una alianza intercolonial de partidos que recibió el nombre de RDA (Rassemblement Démocratique Africain), con un programa mínimo de lucha contra la opresión y con principios socialmente avanzados. Muy pronto, sin embargo, algunos de los dirigentes africanos, y en especial Félix Houphouët-Boigny, de Costa de Marfil, y Leopold Sedar Senghor, de Senegal, rompieron sus alianzas con los comunistas y con las fuerzas de izquierda, y se acomodaron a una doble alianza con los jefes tribales y con el gobierno francés, en el inicio de un camino que iba a conducirles a la dependencia y a la corrupción.

El referéndum de 1958 que estableció la Quinta república francesa tenía en las colonias el sentido de pedirles que decidieran si querían la independencia como repúblicas, o aceptaban quedar dentro de una redefinida Unión francesa, recibiendo asistencia económica de la metrópoli. La votación estuvo precedida por un viaje de De Gaulle a los países implicados, en que explicaba las bondades de la oferta, lo que contribuyó a que todos optasen en estos momentos por la asociación, salvo Guinea, donde Seku Turé manifestó que preferían la libertad con pobreza a un bienestar en esclavitud. Francia retiró de inmediato su personal de este país y cortó todos los lazos económicos con él, además de realizar serios esfuerzos para desestabilizar su gobierno, con el pretexto de «proteger a los países francófonos vecinos de la subversión y de la penetración comunistas». Contaban para ello con el apoyo de Houphouët-Boigny, que se había pronunciado explícitamente por «renunciar a la independencia total para optar por la Comunidad Franco-africana», y de Léopold Sedar Senghor. Ambos temían la influencia de Turé y actuaron contra él con métodos tan turbios como la introducción en Guinea de grandes sumas de moneda falsa (en la llamada «Operación Persil») y de armas para fomentar revueltas.

Sin embargo esta comunidad francófona iba a durar tan solo un par de años. Algo que, al parecer, ya preveía el propio De Gaulle, quien dijo en privado que aspiraba a librarse de «una carga demasiado pesada» y afirmaba que él mismo se había esforzado en convencer a los dirigentes africanos para que escogiesen el camino de la independencia. Para lo cual puso al frente de los asuntos africanos, encargándole de preparar la forma de acceso de estos países a la independencia, a Jacques Foccart, responsable de los servicios secretos y hombre de confianza del general, quien siguió en esta tarea, que le valió el apodo de Monsieur Afrique, hasta su muerte en 1997, salvo durante la etapa de gobierno de Giscard d’Estaing.

A partir de 1960 los países del África francesa fueron optando por la independencia, empujados a ello por la propia metrópoli, con algunos intentos frustrados de federación (como la de los cuatro países que formaron la fugaz Federación de Malí). Lo que no significaba, en modo alguno, que la metrópoli hubiese renunciado a su tutela, sino que cambiaba la forma de mantenerla. Francia concedía la independencia a los jefes que le convenía, y seguía conservando una presencia militar en aquellos países, con el fin de mantener en el poder a sus títeres y preservar una hegemonía informal. La descolonización, había dicho Robert Delavignette, «implica a la vez hacer un buen negocio y tener buena conciencia». ¿Qué se podía esperar, además, de unos líderes independentistas que opinaban, como Léopold Sedar Senghor, el primer presidente de Senegal, que la emoción era negra y la razón europea,[143] o como el Félix Houphouët-Boigny que inventó el término Françafrique para definir su voluntad de dependencia?

Esta era, además, una independencia que se producía dentro de una red de intereses que tenía como base el mantenimiento de la moneda común, el CFA (que significaba inicialmente «Colonies françaises d’Afrique», más tarde «Communauté française d’Afrique» y tras la independencia, «Communauté financière africaine»), y la creación de un protectorado en la sombra.[144]

Pronto se pudo advertir cuáles eran los límites que la independencia tenía en este sistema de relaciones. Respecto de Camerún, Foccart se encargó de que se envenenase a Félix Moumié en Ginebra en 1960, y de dar el poder a Ahmadu Ahidjo, a quien ayudó a combatir la guerrilla durante los diez años siguientes, a costa de muchos miles de muertos, sobre todo de la población de los bamileké del oeste. Ahidjo se mantuvo 22 años en el poder, hasta que razones de salud (posiblemente engañado por un médico francés que le convenció de que le quedaba poco tiempo de vida) le llevaron a dimitir y a colocar a un sucesor, Paul Biya, que fue escogido al parecer por la petrolera Elf y que sigue en el poder desde 1982, tras haber impuesto una enmienda a la Constitución que le asegura continuar hasta 2018.

En Gabón, cuyos recursos mineros eran explotados por sociedades franco-gabonesas, la metrópoli mantuvo en el poder a Leon M’ba, que llegó a proponer que se convirtiera el país en un departamento francés. Fue destituido por un golpe militar que parece haber contado con las simpatías de los Estados Unidos, pero los paracaidistas franceses lo restablecieron en 1964. Cuando estaba ya a punto de morir, Francia le fabricó un sucesor, Omar Bongo, que llegó al poder en 1967 —a sus 32 años de edad era el más joven presidente de república del mundo—, y que siguió en él cuarenta y un años, hasta su fallecimiento en 2009 (sucedido por su hijo Alí Ben Bongo, no sin una oposición que amenaza con desencadenar una guerra civil), en un país que ha obtenido grandes recursos de las exportaciones de petróleo —hoy en rápida disminución, en proceso de ser reemplazados por los de una gigantesca explotación de mineral de hierro, Belinga, concedida a una empresa china—, pero donde el 70 por ciento de la población vive por debajo de los límites de la pobreza (está en un lugar medio en las listas de producto por habitante, pero en el 93 en las de desarrollo humano). Durante más de cuarenta años Omar Bongo consiguió silenciar a sus oponentes con una combinación de «generosos sobornos y la amenaza de la cárcel».

En Togo los franceses estaban descontentos con la política económica del presidente Sylvanus Olympio, el hombre que había dirigido el acceso a la independencia y que se proponía crear una moneda nacional, sacando a su país del área del franco CFA. Olympio sostenía que los países africanos no debían dejarse involucrar en la guerra fría, sino que su objetivo había de ser «dedicar todas sus energías y recursos al desarrollo de sus pueblos». Francia alentó el golpe militar de 1963 que lo asesinó e instaló en el poder a un sargento, Étienne Gnassingbé Eyadéma, que, tras autoproclamarse general, se mantuvo en la presidencia hasta su muerte, como consecuencia de un ataque cardíaco, en febrero de 2005, momento en que el ejército decidió, atropellando la Constitución, pasar el poder a su hijo, Faure Gnassingbé, que lo consolidó en 2005 con unas elecciones fraudulentas que dieron lugar a protestas con centenares de muertos. Todo ello con la complacencia de los franceses, que se aseguraban así la continuidad de un régimen que ha favorecido sus negocios y ha arruinado al país.

En otros casos las intervenciones metropolitanas fueron más complejas. En el Congo-Brazzaville, donde el primer presidente, el abbé Foulbert Youlu, un clérigo que vestía sotanas de Dior y vivía abiertamente con sus mujeres, acabó provocando un disgusto general, Francia toleró el golpe que lo derribó del poder y facilitó al propio tiempo la evasión de Youlu, que se retiró a vivir en España. Esta pasividad vigilante se iba a acabar, como veremos más adelante, cuando el hallazgo de petróleo despertase un nuevo interés por estas tierras.

En la República Centroafricana, tras la desaparición en un sospechoso accidente aéreo de Boganda, los franceses sostuvieron inicialmente al sanguinario Bokassa (un antiguo oficial del ejército francés que irritaba a De Gaulle porque en las audiencias se obstinaba en llamarle «papá», en lugar de «presidente» o «general»), hasta que se vieron obligados a derrocarlo en 1979, como consecuencia de su progresiva locura: tras autoproclamarse emperador Bokassa I en 1976, se rodeó de un lujo desmesurado y extremó la represión, con rasgos como el de matar a un ministro a puñetazos en pleno consejo, aparte de la sospecha de que había practicado el canibalismo. De paso que lo derrocaban, los paracaidistas franceses se encargaron de limpiar los archivos de palacio, según se dijo para eliminar las referencias al regalo de diamantes que habría recibido en 1973 el presidente francés Valéry Giscard d’Estaing.

La política colonial francesa en África se ha mantenido de acuerdo con unas mismas líneas tanto con gobiernos metropolitanos de derecha como de izquierda. Las redes de Jacques Foccart, de Charles Pasqua o de Maurice Robert controlaban la política de las antiguas colonias, utilizando en las adecuadas proporciones la corrupción y la fuerza. Cuando los pupilos de Francia se encontraban en una situación difícil, una suma considerable de billetes de francos CFA salía para África (pasando por Suiza, donde una parte quedaba en las cuentas personales de políticos franceses y africanos); en otras ocasiones las ayudas circulaban en sentido contrario: Omar Bongo, por ejemplo, no dudó en financiar generosamente la campaña electoral de su amigo Jacques Chirac.

Mantener en el poder a sus títeres obligó a Francia a tener en el continente más bases que cualquier otra potencia y a convertirse en el gendarme del África negra. Sobre este entramado político-militar se erigía un mundo de actuaciones económicas turbias, de las que hablaremos en otro momento.

Desde 1994, sin embargo, el año del genocidio de Ruanda y, sobre todo, de la devaluación a la mitad de su antiguo valor del franco CFA, que favorecía un comercio más abierto de sus satélites, pero mermaba las cuentas de los dirigentes africanos, el papel de Francia como potencia dominante en África entró en abierta decadencia, reemplazado gradualmente por la influencia de los Estados Unidos, que actúan sobre todo a través de sus peones africanos, y más adelante, en el terreno económico, por la intrusión de China. Francia conserva todavía, sin embargo, unos 10 000 hombres en bases permanentes en Djibuti, Senegal y Gabón, y en «misiones de paz» en Costa de Marfil y Chad, y no renuncia a intervenir para mantener a títeres favorables a sus negocios o derrocar a los que ignoran sus intereses.

Así ha ocurrido en la República Centroafricana, su «neocolonia por excelencia», donde, tras haber derribado a Bokassa y haber mantenido una tutela permanente sobre sus sucesores («los servicios secretos franceses tomaron de facto el mando del país», se ha dicho), acabó cerrando sus bases en 1998, pero no dudó en volver a intervenir con hombres y aviones a fines de 2006, en una operación destinada a sostener al general François Bozizé, un militar que se había adueñado del poder en 2003, tras una sangrienta guerra civil contra un presidente elegido, Ange-Félix Patassé, que contaba con el apoyo de congoleños y de mercenarios de Chad y de Libia. Entre los méritos más patentes de Bozizé, que se ha hecho reelegir en 2011, figura el de que la proporción de los habitantes de su país que viven por debajo del límite de la pobreza haya pasado del 67 por ciento en el año 2000 al 95 por ciento en la actualidad, que la esperanza de vida haya caído en su país hasta los 47 años y que se encuentre en el lugar 159, por debajo de Etiopía y de Sierra Leona, en los índices de desarrollo humano. A comienzos de 2008 se describía la República Centroafricana como «un estado fantasma que carece de cualquier capacidad significativa institucional», devastado por rebeldes partidarios de Patassé y por bandidos enmascarados, zaraguinas, dedicados al robo y al secuestro.

Un caso parecido ha sido, en 2011, el de Costa de Marfil, donde los soldados franceses intervinieron directamente para derribar a Laurent Gbagbo, con el apoyo «moral» de los Estados Unidos.

EL CONGO BELGA

La descolonización del África belga fue tardía, precipitada y desastrosa, y las consecuencias de ello han sido décadas de guerras en el Congo, Ruanda y Burundi. Los belgas, que esperaban mantenerse muchos años en el Congo —cuya explotación resultaba rentable, no solo para las empresas privadas, sino incluso para un gobierno que invirtió poco en su desarrollo— no permitieron allí ni siquiera elecciones municipales hasta 1957, y solo toleraron formaciones políticas de ámbito local, lo que marcó la vida posterior del país con una pauta étnica. En los momentos de la independencia surgieron en el Congo tres líderes destacados: Joseph Kasavubu, de la Asociación Bakongo (Abako), con fuerte apoyo en la región de Léopoldville, pero no más allá; Moïse Tshombé, de una rica familia de Katanga, descendiente de los reyes lundas, y Patrice Lumumba, un hombre de extracción humilde, funcionario de correos, que hablaba diversas lenguas del territorio y era un buen orador: el único que tenía seguidores en todas partes con su Movimiento Nacional Congoleño.

En enero de 1959 hubo revueltas populares en Léopoldville (la actual Kinshasa), aplastadas por una represión que causó 50 muertos, lo cual movió a los belgas a reunir en Bruselas una mesa redonda de líderes congoleños y a decidir concederles la independencia el 30 de junio de 1960. Se preparó un esquema de sistema parlamentario y se formó un gobierno con Kasavubu como jefe del estado y Lumumba como jefe del gobierno. Los belgas seguirían controlando, sin embargo, la economía, el ejército (mandado por oficiales belgas), el clero, etc. El rey Balduino acudió a las ceremonias de la independencia, en las que hizo un discurso paternalista; Kasavubu contestó modestamente, pero Lumumba, que echó en cara al rey belga que la independencia no había sido concedida, sino que la habían ganado los congoleños luchando, le replicó con dureza: «Hemos padecido ochenta años de dominio colonial… Hemos tenido un trabajo agotador obtenido a cambio de un salario que no bastaba para satisfacer nuestra hambre… Hemos sufrido ironías, insultos, golpes que hemos tenido que soportar mañana, tarde y noche por ser “negros”… Hemos aprendido que la ley no era igual según se aplicase a un blanco o a un negro… Hemos conocido los terribles sufrimientos de los que eran excluidos por opiniones políticas o religiosas… Hemos sabido que había casas magníficas para los blancos en las ciudades y chozas de paja miserables para nosotros».[145]

Lumumba había sido ya condenado con anterioridad por el gobierno norteamericano, que opinaba que los africanos eran políticamente inmaduros e incapaces de gobernarse, lo que podía facilitar el acceso al poder a los comunistas, y que Lumumba era uno de los peores ejemplos de esos nuevos dirigentes negros. En la reunión del NSC de 5 de mayo de 1960, casi dos meses antes del discurso de la independencia, Foster Dulles había dicho de él que «era irresponsable, había sido acusado de malversación, se le ofrecían ahora sobornos de diversas fuentes y estaba apoyado por los comunistas belgas». Bastaría su discurso ante el rey Balduino para que Eisenhower le considerase un individuo peligroso: «el presidente Eisenhower estaba especialmente alarmado por las encendidas denuncias que Lumumba hacía de Occidente y de su opresiva herencia en África».

Detrás de esta reacción hay que ver la incomodidad con que tanto el presidente como Foster Dulles se enfrentaban al temor que les producía la imprevisible evolución de «la gran masa de la humanidad, que no es blanca ni europea»; pero también su preocupación por el hecho de que el Congo era uno de sus mayores proveedores de uranio (el que sirvió para construir las bombas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki procedía en buena parte de Katanga), y temían una interferencia soviética en aquellas tierras.

A los pocos días de la independencia los soldados congoleños se sublevaron contra los oficiales belgas que les mandaban, y estos, al igual que la mayor parte de los funcionarios blancos, huyeron del país. Bélgica decidió unilateralmente enviar tropas para la protección de sus ciudadanos y las Naciones Unidas optaron por intervenir; el sueño belga de una transición controlada se había arruinado en pocas semanas. Lumumba hubo de buscar funcionarios africanos y nombró como jefe de un ejército en pleno descontrol a Joseph-Désiré Mobutu, un sargento que al parecer había actuado como informador para los belgas, y que fue ahora reclutado por la CIA.

El 11 de julio Moïse Tshombé, apoyado por paracaidistas belgas y financiado por la compañía belga Union Minière du Haut-Katanga, declaraba independiente Katanga, la rica zona minera que era el único lugar en que los oficiales belgas no solo no habían huido, sino que habían desarmado a los soldados nativos. Aunque el pretexto político de la secesión fuese el de mantener el poder de los jefes tribales contra la política centralizadora de Lumumba, lo que Bélgica pretendía con sus tropas de ocupación era asfixiar económicamente al gobierno central congoleño. Pronto siguió el mismo camino la provincia de Kasai del sur, productora de diamantes, que se alió a Tshombé.

Los cascos azules de la ONU se negaron a intervenir en este conflicto interno (lo harían en cambio tres años más tarde, cuando les convenía a los Estados Unidos), con lo que dieron un apoyo inestimable a la secesión. Lumumba viajó a Washington a fines de julio y se entrevistó con el secretario de Estado, Christian Herter (Eisenhower se preocupó de estar fuera de la capital estos días) para pedirle ayuda, pero solo recibió buenas palabras: ni el secretario general de la ONU, Hammarskjöld, ni el gobierno de los Estados Unidos «tenían intención alguna de colaborar con el gobierno legal y democráticamente constituido de Lumumba para resolver la crisis».

Lejos de ello el presidente Eisenhower preguntó en una reunión del National Security Council «si podemos librarnos de este tipo», lo que puso en marcha el proceso que llevó a su asesinato. Ello sucedía por los mismos días en que culminaba la preparación de la intervención norteamericana contra Cuba en Bahía de Cochinos y, lo que es más importante para entender lo injustificado de la condena, tres días antes de que Lumumba, forzado por la negativa de los Estados Unidos a ayudarle, pidiese medios de transporte a los soviéticos, que le proporcionaron 100 camiones y 15 aviones de transporte, con personal y mantenimiento, lo que Eisenhower calificó como una «invasión soviética».

El 26 de agosto el director de la CIA, Allen Dulles, enviaba un telegrama al jefe de la delegación de la «compañía» en el Congo, Lawrence Devlin, para decirle que la caída de Lumumba era un objetivo prioritario e inmediato (de entrada le enviaron un dentífrico envenenado, al estilo de los filmes de James Bond). Adam Hochschild, que se encontraba por aquellos días en la capital del Congo, recuerda cómo dos jóvenes empleados de la embajada norteamericana, que luego supo que eran miembros de la CIA, hablaban «con una triunfante satisfacción de macho» de la próxima muerte de aquel «enemigo de los Estados Unidos».

Pocos días más tarde, el 5 de septiembre, el presidente Kasavubu, que había consultado previamente lo que iba a hacer con el embajador norteamericano y con el representante de las Naciones Unidas en el Congo, Andrew Cordier, destituyó a Lumumba, pero fue este a su vez, con el voto favorable de las dos cámaras del Parlamento, quien destituyó a Kasavubu. El problema se solucionó nueve días más tarde, el 14 de septiembre, cuando Mobutu, con el apoyo del jefe de estación de la CIA, dio un golpe de fuerza para neutralizar tanto a Kasavubu como a Lumumba, que acabaría con la cesión del poder a un Colegio de comisionados pagado por la CIA. Los cables que se cruzaron entre la dirección de la CIA y su delegación en el Congo muestran que por entonces los norteamericanos estaban preparando ya el asesinato del dirigente congoleño. Al igual que lo hacía el gobierno belga, cuyo ministro para África, d’Aspremont Lynden, envió el 6 de octubre un telegrama secreto pidiendo su «eliminación definitiva».

Lumumba escapó el 27 de noviembre de su confinamiento y se dirigió hacia Stanleyville, donde podía contar con mayor apoyo, en un difícil viaje en medio de grandes lluvias. Lo capturaron a los cinco días y quedó de momento bajo la custodia de las tropas de la ONU, mientras los Estados Unidos, aunque habían reclutado en Europa a un par de criminales para liquidar el asunto de manera directa, trataban de que fuesen los propios congoleños quienes hiciesen el trabajo sucio.

Al final lo consiguieron. Las tropas ghanesas del contingente de la ONU lo entregaron a sus enemigos y contemplaron con indiferencia cómo era maltratado salvajemente por los soldados de Mobutu. Estos lo llevaron de regreso a Léopoldville, donde fue torturado sin cesar; pero el problema era matarlo. Los belgas decidieron que lo mejor era enviarlo a Tshombé para que fuese él quien resolviese el asunto. El 17 de enero de 1961 Lumumba fue transportado a Katanga, en unión de dos colaboradores suyos; los llevaron a un bungalow donde tanto los soldados belgas, como Tshombé y sus amigos se dedicaron a maltratar a los presos hasta convertirlos en unos despojos humanos, de modo que marcharon con las ropas manchadas con su sangre. Los sacaron de noche al bosque, los ataron a los árboles y los fusilaron. Después vino el problema de destruir los cadáveres para que no quedase ni rastro de ellos. Mobutu tuvo más tarde el cinismo de reivindicar a Lumumba como un héroe nacional y elevarle un monumento. Esto sucedía en los momentos de acceso de Kennedy al poder, quien no hizo el menor caso de las peticiones que se le dirigieron para que salvase la vida de Lumumba.

El país quedó momentáneamente dividido entre el gobierno de Léopoldville, (el de Kasavubu y Mobutu, que contaba con apoyo occidental), el gobierno «lumumbista» de Stanleyville (con Gizenga al frente y un cierto apoyo, más bien tibio, de los soviéticos) y las provincias independizadas de Katanga y Kasai, que contaban con apoyo belga y estaban defendidas por los mercenarios europeos que dirigía un pintoresco aventurero francés que se hacía llamar Bob Denard.[146] En 1961 se llegó a un frágil acuerdo en la guerra civil congoleña, con la entrada de los lumumbistas en un gobierno de unidad nacional presidido por Cyrille Adoula, del que fueron expulsados dos años más tarde.

Una vez desaparecido Lumumba no tenía sentido mantener la secesión de Katanga, de modo que los norteamericanos impulsaron la actuación de la ONU para conseguir la reunificación, interesados en asegurarse la producción de cobalto de Katanga, a la que podrían acceder mejor si no estaba en manos de un poder local ligado a la Union Minière belga. Expulsado del país, Tshombé se exilió y se refugió en España.

En 1964 las tropas de la ONU abandonaron el Congo, y norteamericanos y belgas orquestaron un viraje radical, con Tshombé como primer ministro del Congo y Bob Denard y sus mercenarios luchando a favor del mismo gobierno de Léopoldville contra el que habían combatido. La causa de que se produjera esta alianza era la revuelta de los simbas, los campesinos de la zona oriental cercana al Tanganyika que, frustrados por la clase de independencia que les tocaba sufrir, masacraron a los funcionarios y tomaron Stanleyville (Kisangani) en agosto de 1964, proclamando una segunda independencia, la de la República Popular del Congo, dirigidos por el lumumbista Gaston Soumialot, en una revuelta entre cuyos dirigentes figuraba ya Laurent Kabila.

Con el fin de enfrentarse a los rebeldes y liberar a los rehenes belgas y norteamericanos que estos retenían, se organizó una compleja operación, Dragon Rouge, en que participaron 600 paracaidistas belgas, transportados en aviones norteamericanos, junto a los mercenarios del 5 Commando que dirigía Mike Hoare, un antiguo comandante del ejército británico conocido como Mad Mike. Estos mercenarios, que pretendían estar defendiendo el país de la amenaza del comunismo, completaban los grandes sueldos que se les habían prometido con sus propias ganancias sobre el terreno, con actividades como la de dinamitar las cajas fuertes de los bancos para llevarse cuanto había en ellas.

En 1965, con la revuelta lumumbista prácticamente dominada por los mercenarios europeos, el Consejo Supremo de la Revolución, dirigido por Gaston Soumialot, pidió ayuda a los cubanos. Ernesto «Che» Guevara aceptó y viajó al Congo con un pequeño grupo de instructores. Allí encontró una población en situación de miseria, un ejército indisciplinado y con divisiones tribales insalvables, con unos jefes que no se entendían entre sí. Incluso Kabila, el más capacitado, «deja correr los días sin preocuparse nada más que de las desavenencias políticas y es demasiado adicto al trago y a las mujeres». La única fuerza de ejército ordenada eran los doscientos hombres que mandaba Guevara, y resultaban insuficientes contra un ejército del Congo entrenado por instructores belgas y norteamericanos, que contaban con mercenarios blancos en sus filas. Un Guevara desengañado aprendió que aquellas tierras y aquellos campesinos no eran los de América Latina, y que el mensaje que había venido a comunicarles no correspondía a sus problemas. Su reflexión final puede ayudarnos a entender mejor el destino del África independiente: «Si la lucha de liberación puede tener éxito en las actuales condiciones de África, es preciso actualizar algunos esquemas del análisis marxista. ¿Cuál es la contradicción principal de la época? Si esta fuera la de los países socialistas y los imperialistas o entre estos y sus clases obreras, el papel del llamado tercer mundo se vería muy disminuido. No obstante hay cada vez más serias razones para considerar que la contradicción principal es entre naciones explotadoras y pueblos explotados». Una conclusión que sigue teniendo pleno valor para explicar la situación de África a comienzos del siglo XXI.

Derrotada la revolución lumumbista, Mobutu se deshizo de Kasavubu en 1965, en un golpe incruento, realizado por consejo y con el pleno apoyo de los Estados Unidos, y un año más tarde de Tshombé, acusándolo de traición.[147] Abolió entonces los partidos políticos para establecer el suyo (MPR, Mouvement Populaire de la Révolution) como único, a la vez que proclamaba una nueva Constitución que daba plenos poderes al presidente, quien, además, comenzó adueñándose de catorce plantaciones en que trabajaban 25 000 hombres. Más adelante, en nombre de una política de «autenticidad» africana, cambió el nombre del país por el de Zaire, el de Léopoldville por Kinshasa y el de Stanleyville por Kisangani, a la vez que se rebautizaba a sí mismo como Mobutu Sese Seko Nkuku Ngbendu wa Za Banga («el todo poderoso guerrero, etc.»).

Así comenzaron los treinta y dos años de reinado de Mobutu (en las elecciones de 1984, por ejemplo, obtuvo el 99,16 por ciento de los votos), con un régimen cleptocrático protegido por los Estados Unidos y por Francia. Su postura anticomunista le valió además para recibir generosa ayuda tanto del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, como directamente de los Estados Unidos. Que los norteamericanos le considerasen como un líder popular, un auténtico nacionalista que estaba conduciendo a su país a convertirse en una de las grandes potencias de África, y que hasta 1989 fuese recibido en la Casa Blanca como un campeón de la libertad es una muestra más de las ideas delirantes que dominaron en la política de la guerra fría.

LAS COLONIAS PORTUGUESAS

Quien más se resistió a conceder la independencia a sus colonias fue Portugal, que luchó por conservarlas, con el apoyo de África del Sur, que buscaba evitar que el contagio independentista se extendiese al territorio del Sudoeste africano (Namibia), un antiguo mandato de la Sociedad de Naciones que mantenía contra toda razón en su poder. A la internacionalización del conflicto, y a estimular la participación en él de los Estados Unidos, contribuyó la filiación izquierdista que se atribuían buena parte de los movimientos libertadores de estos países, inspirados por las ideas de Amílcar Cabral, jefe del PAIGC (Partido Africano da Independéncia da Guiné e Cabo Verde), ingeniero agrónomo y escritor marxista, que, expulsado de su país, residió unos años en Angola; regresó más tarde a Guinea-Bissau para ponerse al frente de la lucha de guerrillas y fue asesinado en 1973, poco antes de la victoria final del movimiento que encabezaba.

La guerra de la independencia en Angola y Mozambique llegó en los años sesenta a una auténtica vietnamización, con la creación por los portugueses de «aldeas estratégicas» de reagrupamiento (conducta que imitó, en el campo contrario, el FRELIMO de Mozambique), hasta que la revolución «de los claveles», que acabó con la dictadura portuguesa en 1974, precipitó el fin de su imperio africano. Pero tanto Angola como Mozambique accedieron a la independencia minados por guerras civiles iniciadas por los Estados Unidos y por África del Sur, en las que intervinieron posteriormente la Unión Soviética y Cuba.

En Angola el acceso a la independencia pudo haberse producido pacíficamente, pero estuvo mediatizado por el enfrentamiento entre el FNLA (Frente Nacional para a Libertação de Angola), dirigido por Holden Roberto y sostenido por Mobutu y por la CIA,[148] que fue quien realmente inició los combates, el izquierdista MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) de Agostinho Neto, que contó con apoyo soviético, y UNITA (União para a Independéncia Total de Angola), un grupo que se separó del FLNA en 1964 por razones étnicas y que estaba financiado por la República Sudafricana y por la CIA, dispuesta a impedir a toda costa el triunfo de un MPLA supuestamente marxista.

Al frente de UNITA estaba Jonás Savimbi, que pertenecía al grupo étnico ovimbundu, de las tierras altas del sur, mientras el FNLA contaba con reclutas bakongo del norte, y el MPLA era de carácter más urbano y tenía menos peso étnico (se le acusaba de estar dominado por «criollos» mestizos).

En la noche del 10 de noviembre de 1975, mientras el último gobernador portugués embarcaba hacia la metrópoli, tropas del FNLA con refuerzos de Zaire trataron de adueñarse de la capital, Luanda, mientras el MPLA conseguía rechazar un intento de invasión sudafricano, gracias al apoyo de soldados cubanos transportados en aviones soviéticos, y acababa después venciendo en la batalla por Luanda e imponiéndose en primera instancia al FNLA, que se había adueñado de las tierras del norte. UNITA, con Savimbi al frente, buscaba entre tanto su propia ubicación en la batalla, lo que logró cuando África del Sur, consciente de que una segunda intervención directa de su régimen racista provocaría el rechazo internacional, le prestó un amplio apoyo para que instalase en el sur un estado rival, con capital en Huambo, intentando tal vez conseguir una fragmentación en estados étnicos.

Tras controlar el norte, el MPLA pudo derrotar al FNLA, gracias a la fuerte ayuda armada que le prestaron los cubanos, que enviaron a Angola 36 000 combatientes, en una intervención realizada inicialmente contra el parecer de Brézhnev, aunque posteriormente recibió un apoyo soviético sin el cual no se hubieran podido mantener tantos soldados en África. A estos problemas todavía hubo de añadir el MPLA el del movimiento segregacionista del enclave de Cabinda, rico en petróleo, que estaba alentado por franceses y zaireños.

Holden Roberto se retiró a Zaire después de su derrota en 1976, pero Savimbi, como veremos más adelante, iba a mantener la guerra civil hasta más allá de la guerra fría, y a protagonizar un último y sangriento enfrentamiento de 1998 a 2002.

En Mozambique el FRELIMO (Frente da Libertação de Mozambique) obtuvo la independencia de Portugal y dirigió unos primeros años de política progresista, inspirada en la línea del socialismo africano de Nyerere (el partido recibía ayuda de la URSS, pero mantenía al propio tiempo contactos secretos con el gobierno de los Estados Unidos). Su apoyo a los movimientos negros de Rhodesia le costó que los servicios secretos de este país (el CIO o Central Intelligence Organisation) reclutasen y sostuviesen un grupo guerrillero que acabaría siendo conocido como RENAMO (Resisténcia Nacional Moçambicana). Cuando los rhodesianos abandonaron el poder, «traspasaron» el grupo a África del Sur y RENAMO inició entonces una salvaje guerra a muerte, con masacres de la población campesina, pero no recibió apoyo directo de los Estados Unidos, que jugaban la carta del FRELIMO, sino tan solo el de algunos sectores de la extrema derecha europea y de grupos integristas cristianos norteamericanos, a quienes se había logrado convencer de que aquellas bandas de criminales eran soldados del Evangelio que iban al combate contra los marxistas con la Biblia en la mano.

La combinación de las destrucciones causadas por la guerra civil contra el RENAMO y del efecto de los desastres naturales tuvo consecuencias catastróficas para un país que carecía de los recursos minerales de Angola. El FRELIMO se vio obligado, bajo los auspicios de los Estados Unidos, a firmar un pacto con África del Sur en 1984 y a abandonar cualquier pretensión de política socialista, que nunca había ido demasiado lejos en su caso. El presidente Samora Machel murió en un sospechoso accidente de aviación en 1986, y su sucesor, Joaquim Chissano, acabó la evolución: Mozambique dejó de ser una república popular para asumir una Constitución pluralista. En 1992 se llegó a la paz, tras una guerra civil que había costado un millón de muertos y cuatro millones de desplazados. RENAMO, sin el vital apoyo de África del Sur, se convirtió en un partido político y en 1994 participó en unas elecciones, supervisadas por la ONU, que dieron el poder al FRELIMO, que lo ha conservado desde entonces.

LOS CONFLICTOS ÉTNICOS

Reflexionando sobre los cincuenta años de la independencia, Ousmane Sy exponía una de las claves generalmente olvidadas de esta historia: los nuevos estados habían caído en la trampa de aceptar la voluntad colonial de constituirse sobre territorios «concebidos y diseñados en su origen para servir a los designios del colonizador». El proyecto político dominante en estos cincuenta años «ha sido la construcción de una nacionalidad única y homogénea sobre un territorio ocupado por comunidades caracterizadas por su gran diversidad humana y lingüística».

La independencia se inició con la idea de que los nuevos estados iban a emprender un camino de modernización que favorecería el crecimiento económico, y en consecuencia el bienestar de sus habitantes, lo que permitiría asentar una conciencia colectiva de pertenencia a la nueva nación. Cuando las esperanzas de este proyecto se frustraron, a partir de los años setenta, las viejas fracturas étnicas reaparecieron.

La irracional configuración de las fronteras coloniales, fruto de pugnas y negociaciones realizadas a espaldas de los africanos, había sido consagrada por la Organización de la Unidad Africana, que mantuvo el principio de que las fronteras legadas por la colonia eran inviolables, lo cual condujo a revueltas endémicas de los grupos que se sentían marginados por el estado central, como los tuaregs en Malí, Níger o Chad, y a conflictos tan sangrientos como el de Sudán, donde, si el enfrentamiento entre los musulmanes del norte y los cristianos y animistas del sur puede parecer de carácter religioso, el de Darfur, de población musulmana, es netamente étnico. Un caso revelador, que muestra la complejidad del problema, es el de Botsuana, que suele considerarse como el país más democrático y menos corrompido de África, pero donde se pretendió expulsar de sus tierras a la población nativa de los bosquimanos San del Kalahari, privándoles de acceso al agua que necesitaban para su ganado, con el fin de desarrollar un gran proyecto de extracción minera de diamantes (la justificación de esta conducta era, para el presidente Ian Khama, que la forma de vida de los bosquimanos es «una fantasía arcaica».[149])

La diferenciación étnica y tribal se había consolidado en la fase en que la sujeción colonial pasó del dominio directo al indirecto, cuando las metrópolis decidieron apoyarse en las autoridades locales y utilizar la diferencia cultural como base de la organización política, legal y administrativa. Como ha dicho Samuel Abonyo, fueron los colonizadores los que se apoyaron en la existencia de tribus para consolidar un régimen de tribalismo, lo que tenía la ventaja de dividir a los colonizados e impedir que se unieran contra su dominación. La consecuencia fue que, tras la independencia, algunos grupos usaron el poder del estado para seguir manteniendo la división como una base en que afirmar su poder: el enfrentamiento étnico, que permite echar las culpas de la pobreza a un enemigo interno, tiene la ventaja de impedir que lleguen a crearse alianzas de clase que pudieran unir al conjunto de los explotados contra las camarillas que los explotan.[150]

Complicó el problema el hecho de que la fase de euforia exportadora que enlazó los últimos años de la colonia con los primeros de la independencia diera lugar a grandes oleadas migratorias hacia las zonas más prósperas, tanto en el interior de cada país como atravesando sus fronteras. Tal fue, por ejemplo, el caso de Costa de Marfil, que en 1975 contaba con un 22 por ciento de extranjeros en su población. Al extenderse los efectos de la crisis económica de los años setenta y disminuir las oportunidades de trabajo, esta masa de inmigrantes pasó a ser considerada como algo indeseable y su rechazo favoreció la aparición de posturas hostiles en que se mezclaban confusamente tribu, etnia y nación, como en el caso de la reivindicación de la condición de «marfileño» (la ivoirité), establecida a partir de la «nacionalidad» de los padres, a modo de un estatuto de limpieza de sangre. Este fue el argumento que Henri Konan-Bédié (que se proclamó presidente con el apoyo de Francia en 1993, a la muerte de Houphouët-Boigny) utilizó como pretexto para excluir de la lucha electoral que debía tener lugar en 1995 a su contrincante, Alassane Ouattara, que había sido primer ministro con Houphouët, al considerarlo de nacionalidad dudosa, por proceder de una familia de inmigrantes de Burkina Faso (Ouattara, que trabajó como economista en el Fondo Monetario Internacional, tenía también pasaporte de esta nacionalidad). Una situación que acabó conduciendo a la división del país entre un sur cristiano y un norte musulmán, donde predominaba la población de origen inmigrante, y a una sucesión de golpes de fuerza, con la intervención de 3000 hombres enviados por Francia en la llamada Operación Licorne, hasta que el 4 de marzo de 2007 se firmó un acuerdo de paz entre el presidente Laurent Gbagbo y el jefe rebelde Guillaume Soro, que dejaba pendiente el problema de que cientos de miles de marfileños obtuviesen una documentación que acreditase su nacionalidad.[151]

El problema volvió a tomar fuerza en diciembre de 2010, con motivo de unas elecciones presidenciales en que los dos candidatos, Gbagbo y Ouattara, se proclamaron vencedores. Pero Ouattara, que contaba en esta ocasión con el apoyo armado de Francia y con la simpatía de los Estados Unidos, logró imponerse por la fuerza a un Gbagbo de quien se dijo que actuaba impulsado por los clérigos cristianos, ante el temor de que la nacionalización de los inmigrantes que se proponía llevar a cabo Ouattara condujera a que hubiese una mayoría de ciudadanos musulmanes. Aunque un factor más lógico para explicar la implicación internacional en el conflicto puede haber sido la previsión de que Costa de Marfil tiene importantes reservas de petróleo offshore.

En términos generales el juego de las alianzas y enfrentamientos entre los diversos grupos étnicos ha marcado la vida política de muchos de estos países. En Kenia, por ejemplo, tras catorce años de gobierno de una mafia kikuyu afín a Jomo Kenyatta, le sucedió a su muerte, en 1978, Daniel Arap Moi, de la tribu de los kalenjin, quien prometió acabar con los abusos y la corrupción del régimen anterior, pero estableció un sistema de dominio personal, marginando a sus propios aliados kikuyu (expulsó a unos 450 000 de ellos de una zona de bosques para que nuevos pobladores kalenjin la roturasen, lo que produjo un grave problema ecológico), y llevó la corrupción a nuevos y mayores extremos. Cuando dejó el poder a fines de 2002, derrotado en las elecciones tras veinticuatro años de gobierno, se calculaba que el presidente y sus compinches habían amasado una fortuna de 3000 millones de dólares.

Su sucesor, Mwai Kibaki, al frente de una llamada Coalición Nacional del Arco Iris (NARC), prometió también acabar con la corrupción, pero siguió por el mismo camino que sus antecesores y reforzó el control del país por los kikuyu. Cuando el hombre que Kibaki había escogido para luchar contra la corrupción, John Githongo, denunció en 2005 una serie de escándalos en que habían desaparecido cientos de millones de dólares —en especial el llamado escándalo «Anglo-leasing», que incluía contratos gubernamentales con empresas falsas— se vio obligado a huir a Gran Bretaña para salvar su vida. No en vano el alto comisario británico había dicho en Nairobi en 2004 que los nombres de los ministros y altos funcionarios honestos de Kenia podían escribirse en el reverso de un sello de correos. El país estaba registrando un considerable crecimiento económico, pero la desigualdad y la pobreza aumentaban, y con ellas lo hacían la inseguridad y el crimen.

El más grave de los problemas era el del acceso a la tierra de una población que ha pasado de ocho millones en la época de la independencia a cerca de cuarenta millones en la actualidad. Mientras los colonos blancos se iban retirando, la disputa por las tierras, en especial por las más fértiles del valle del Rift, enfrentaba a diversos grupos. Lo peor, sin embargo, iba a producirse en las elecciones del 27 de diciembre de 2007, cuando, ante la posible victoria de Raila Odinga, un luo que capitalizaba el descontento general contra un gobierno corrupto (tenía, por ejemplo, el apoyo de la mayor parte de la población musulmana), la decisión de revalidar a Kibaki como presidente no la tomó, según la cruda descripción de The Economist, el pueblo de Kenia, sino «un pequeño grupo de dirigentes duros de la tribu kikuyu», empeñados en prolongar el dominio que habían ejercido sobre el país desde 1963, lo que desencadenó unos enfrentamientos raciales de una gravedad desconocida hasta entonces en el país, que produjeron 1500 muertos y 300 000 desplazados. En opinión de sir Edward Grey, antiguo alto comisionado británico en Kenia, lo que sucedía era que «los más pobres atacan a sus vecinos, igualmente pobres, y prenden fuego a lo poco que tienen en común, no porque los odien a ellos mismos, sino porque no tienen otro modo de expresar sus agravios» por los votos que les han robado aquellos mismos que los explotan económicamente.

Forzado por las presiones internacionales, Kibaki aceptó un acuerdo por el que, reteniendo la presidencia, cedía el cargo de primer ministro a Odinga; pero la fórmula ha fracasado en un país devastado por la pobreza y sometido a la brutalidad de las ejecuciones extrajudiciales de la policía. El resultado, diría en 2009 Maina Kiai, que había presidido la comisión de derechos humanos de Kenia, era la reaparición de las fracturas étnicas en una vuelta hacia el pasado que impedía la organización en función de otro tipo de criterios políticos transversales, en lo que podía ser el anuncio de una próxima guerra civil. Algo que los dirigentes de Kenia parecen temer menos que la posible aparición de una política de clase que pudiera unir a los pobres de las diversas tribus.

Caso parecido es el de Uganda, que está dividida entre un norte dominado por un pueblo de habla nilótica, los acholi, y una zona de pueblos de habla bantú en el sur, integrados en cinco «reinos»: Buganda, Bunyoro, Busoga, Toro y Ankole. Desde que obtuvo la independencia, en 1962, Uganda vivió en la violencia, con una primera etapa de gobierno de Milton Obote (1962-1971), que fue expulsado del poder en 1971 por un sargento del ejército colonial, Idi Amín, al que Gran Bretaña e Israel alentaron cuando Obote pareció hacer un giro izquierdista.

Los abusos de Idi Amín, que hizo masacrar a los soldados de la etnia acholi, le enajenaron el apoyo de sus patrocinadores y un intento de ocupación de una zona fronteriza de Tanzania provocó la reacción de los tanzanos, que lo echaron del poder en 1979. De 1980 a 1985 volvió a la presidencia Obote, en un tiempo en que el ejército cometía todo género de abusos y brutalidades. Su régimen resultó ahora más sanguinario que el del propio Idi Amín y acabó en 1985, como consecuencia de la revuelta del general Tito Okello, que representaba al grupo étnico de los acholi del norte, pero que no pudo impedir la victoria final de la guerrilla dirigida por Yoweri Museveni, un hombre de los pueblos del sur, que consolidó su poder en 1986, ayudado por los tutsi exiliados de Ruanda, y que persiguió y marginó a los acholi.

Más compleja es aún la situación de Nigeria, el país más poblado de África, y en potencia uno de los más ricos, que abarca cuatro grupos étnicos principales: los hausa-fulani y los kanuri en el norte (Región del norte), los yoruba en la costa (Región occidental) y los igbo en el sur (Región oriental), junto a más de 250 etnias minoritarias obligadas a integrarse en estas tres regiones dominadas por las cuatro principales. Con la complicación de que el norte es predominantemente musulmán, y ha adoptado la ley islámica (sharia), y el sur, más rico y donde se encuentran los yacimientos de petróleo, es cristiano.

En 1966, cuando el país, que se había constituido como república federal tres años antes, era «una cloaca de corrupción y mal gobierno», un grupo de militares, sobre todo igbos, dirigidos por el general Ironsi, se hizo con el poder, para encontrarse con que poco después un general del norte, Yakubu Gowon, daba un contragolpe, asesinaba a Ironsi e iniciaba la persecución de los igbos en el norte, donde se calcula que entre mayo de 1966 y enero de 1970 decenas de millares de igbos fueron masacrados y unos dos millones huyeron hacia el sur.

Para controlar mejor la situación Gowon llevó a cabo una redistribución de los beneficios del petróleo y dividió el país en doce regiones, creando dos nuevos estados para minorías que hasta entonces habían permanecido sujetas a los igbos, quienes perdieron no solo el territorio en que se encontraban los pozos petrolíferos, sino también su salida al mar. El malestar creado por esta situación dio lugar a que en mayo de 1967 el teniente coronel Emeka Ojukwu, de una familia de jefes tradicionales, proclamase en el sur la independencia de una República de Biafra de predominio igbo, que no recibió apoyo más que de los franceses.

De Gaulle, con el pretexto, carente de fundamento, de frenar la presencia soviética en el conflicto, decidió en el verano de 1968 apoyar a los secesionistas, enviándoles armas e instructores y encargando a Bob Denard de la logística de los suministros. En teoría Francia enviaba armas a Houphouët-Boigny en Costa de Marfil para que, según diría De Gaulle, hiciera con ellas lo que le conviniera; lo mismo se hizo a través de Gabón. «Nosotros no enviamos armas a Biafra», dirían los franceses, a la vez que se valían de la Cruz Roja para proporcionar ayuda humanitaria a los combatientes. Pero la implicación francesa resultó insuficiente, dado que los Estados Unidos y la URSS ayudaron a los nigerianos con armas, y que los gobiernos africanos no reconocieron la secesión, por miedo a que se convirtiera en un ejemplo para la desintegración de otros países. La conducción de la guerra por los igbos fue desastrosa y Ojukwu hubo de rendirse en enero de 1970, dejando tras de sí tal vez dos millones de muertos, incluyendo los de una terrible hambruna que conmovió a la opinión mundial.

Tras la guerra civil, nos dice el gran escritor igbo Chinua Achebe, surgió una Nigeria «unificada», dominada por «la ineptitud política, la mediocridad, la indisciplina, la hipocresía étnica y la corrupción de su clase dirigente». El poder se mantuvo sobre todo en manos de los militares del norte, en una sucesión de gobiernos dictatoriales surgidos de golpes de fuerza que, tras un fugaz período de gobierno civil, durante la llamada «segunda república» de 1979 a 1983, culminaron en la nefasta gestión de Sani Abacha, que se mantuvo en el poder desde 1993 hasta que en 1998 murió «en brazos de dos prostitutas indias», como consecuencia de una sobredosis de Viagra. Una comisión de las Naciones Unidas le calculó una fortuna de tres mil millones de dólares, repartidos en múltiples cuentas de bancos del mundo entero.

Su muerte no mejoró las cosas, ya que de 1999 a 2007, con una administración civil surgida de elecciones y con Olusegun Obasanjo como presidente, la corrupción no hizo más que extenderse, hasta el punto que un político que había sido dirigente de la policía pudo decir en 2005 que muchos de los criminales a los que había perseguido en el pasado eran ahora sus estimados colegas en el Parlamento.

La persistencia de estas divisiones en un país que vive con una guerra civil endémica en el delta del Níger, que se ve incapaz de controlar los enfrentamientos entre agricultores cristianos y pastores musulmanes, o de frenar la violencia de las milicias de autodefensa, en especial las de los islamistas del norte, se manifestó de nuevo en las elecciones de abril de 2011, que dieron la victoria a Goodluck Jontahan, un cristiano de etnia ijaw, sobre el candidato musulmán, general Muhammad Buhari, lo cual provocó una violenta reacción hostil en el norte empobrecido: una violencia que tiene un trasfondo de revuelta social, aunque se manifieste en la persecución de los cristianos.

Los conflictos étnicos internos de los países africanos, alimentados con frecuencia desde el exterior, como sucedió en Ruanda, un caso del que nos ocuparemos en detalle más adelante, han dado lugar a que en años recientes, según denunciaba en 2002 el United Nations High Commissioner for Refugees, 13 millones de africanos se hayan visto obligados a emigrar de su tierra natal, huyendo de las guerras civiles (una cifra que ha aumentado considerablemente con las catástrofes humanas del Congo y de Somalia). La mayoría acaban en campos de Kenia, de Tanzania o cerca de las fronteras de los países del África oriental, pero otros huyen más allá.

Observando la tragedia del Congo, donde los negocios de extracción y exportación de minerales han seguido en medio de las matanzas y violaciones de la población civil, un comentarista de un blog norteamericano decía en febrero de 2009: «¿Por qué es tan simple y tan fácil barrer bajo la alfombra cuando se trata de África? Resulta tan conveniente decir que solo se trata de “matanzas étnicas”».

Tanto Kwame Nkrumah, que declaró que la independencia de Ghana «no tenía sentido si no iba ligada a la liberación total del continente africano», como Julius Nyerere supieron ver que la forma en que se había llegado a la independencia, en pequeños estados condicionados por sus orígenes coloniales, era «el equivalente del tribalismo en el contexto de nuestros estados nacionales», y que «el nacionalismo africano carecía de significado y era anacrónico y peligroso, si no era al propio tiempo panafricanismo». Pero los problemas que han acabado provocando lo que se ha dado en llamar «la tragedia de África» tienen, como se verá más adelante, unos orígenes mucho más complejos que la etnicidad o el tribalismo.

EL RÉGIMEN DE «APARTHEID» EN ÁFRICA DEL SUR

La Unión de África del Sur se convirtió en República Sudafricana en 1961, cuando abandonó la Commonwealth. La Native’s Land Act de 1913 había reservado para los «nativos» un 7 por ciento de las tierras, una proporción que se elevó más tarde al 13 por ciento, mientras todo el resto se concedía a los cultivadores «blancos». Ante la amenaza que representaba para su supremacía el avance irresistible de la descolonización, la República Sudafricana, bajo la dirección de su primer jefe de gobierno, Hendrik Verwoerd (1958-1966), construyó un régimen explícitamente racista que reducía a la población negra a una condición subordinada, mediante expedientes tales como la continuidad de un sistema de separación (apartheid), el uso de un rigor policíaco brutal para eliminar a los dirigentes negros (con el encarcelamiento a perpetuidad de Mandela o la salvaje tortura y asesinato de Steve Biko) o el alejamiento de la población negra del contacto con los blancos, segregándola en poblados en que se amontonaban en terribles condiciones de vida, como Soweto, o creando «bantustanes», falsas «naciones negras» establecidas en tierras de las reservas para los nativos: enclaves destinados a acantonar en ellos a millones de pobladores negros, que tendrían todos los derechos dentro de los bantustanes, pero serían considerados como extranjeros en el 87 por ciento del resto del territorio, que estaba controlado por los blancos. La operación llegó al extremo de conceder una independencia ficticia a algunos, como Bophutatswana (de población Tswana) y Transkei (de población Xhosa). La República de Transkei, «independizada» en 1976, con bandera y escudo nacionales propios, no consiguió, sin embargo, reconocimiento internacional y acabó retornando al estado sudafricano en 1994.

Un elemento fundamental de la resistencia del gobierno afrikaaner del Partido Nacional a los movimientos libertadores de su entorno fue su intervención en la vida de los países vecinos, financiando a grupos que los desestabilizaban políticamente, como UNITA en Angola o RENAMO en Mozambique, e incluso con actuaciones militares directas en Angola. Lo cual puede explicar la inquietud que produjo la noticia de que el gobierno sudafricano desarrollaba, con el auxilio de Israel, investigaciones para construir una bomba atómica (lo que había habido en realidad, en 1975, fue un intento por parte del ministro de Defensa sudafricano, P. Botha, de comprar a Israel misiles con cabezas atómicas, que su colega israelí, Shimon Peres, le ofrecía «en tres tamaños distintos»). De hecho Sudáfrica fue uno de los principales aliados y clientes de Israel, que no dudó en recibir amistosamente en Jerusalén al sucesor de Verwoerd, B.J. Vorster, jefe del gobierno entre 1966 y 1978, pese a que se sabía que era un notorio simpatizante de los nazis.

Aunque la opinión pública internacional condenaba la política racista de la República Sudafricana, y los países del tercer mundo pedían en la ONU que se le aplicaran sanciones, los Estados Unidos se mantuvieron hasta 1992 vetando todas las propuestas de este tipo, alegando que una relación de «compromiso constructivo» podía ayudar más a cambiar las cosas que una condena. Kissinger le dijo en 1973 al ministro de Asuntos Exteriores sudafricano que se opondría a cualquier iniciativa de los funcionarios del Departamento de Estado para molestarles. Lo que le importaba fundamentalmente a «Occidente» era que siguiese funcionando su industria minera, de capital internacional, que dependía del bajo coste del trabajo de una población indígena marginada.

Las independencias de Angola y Mozambique en 1975, y la de Zimbabue en 1980, crearon un serio problema a Sudáfrica. El acuerdo de diciembre de 1988 que ponía fin a la intervención de la Unión Soviética y de Cuba en Angola dejó sin justificación internacional alguna una política que se había escudado hasta entonces en la supuesta amenaza del comunismo. El nuevo presidente de la república, Frederik Willem De Klerk, liberó a Mandela y legalizó tanto a su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC), como al Partido Comunista en febrero de 1990, e inició a partir del año siguiente la demolición del sistema de apartheid, hasta llegar en 1994 a unas elecciones democráticas en que el ANC de Mandela obtuvo una victoria total, con el 62,65 por ciento de los votos (sin embargo, Mandela permaneció en la «lista de terroristas» de los Estados Unidos hasta 2008).

Mandela alcanzó durante su presidencia (1994-1999) un éxito considerable en la tarea de transición a una sociedad integrada. No tuvo el mismo acierto su sucesor Thabo Mbeki (1999-2008), quien fracasó en su actuación frente al problema de la pobreza de la población «negra» —en junio de 2008 se decidió calificar como «negra» a toda la población de color, india y china—, y fue obligado finalmente a retirarse por su propio partido, el ANC. De nada sirvió el programa de Black Economic Empowerment (que, en opinión de The Economist, «fue promovido inicialmente por grandes empresarios blancos para prevenirse contra las propuestas post-apartheid de nacionalización», y que no ha hecho más que acentuar la desigualdad social, enriqueciendo a un puñado de negros), ni una reforma agraria basada en la compra de tierras por el gobierno para «devolverlas» a cultivadores africanos.

El resultado sería que en 2011, bajo la presidencia de Jacob Zuma, la República Sudafricana pudiese ser calificada como un país en que un gobierno corrompido malgastaba en la celebración de la Copa del mundo de fútbol cinco mil millones de dólares que hubieran sido necesarios para aliviar sus graves problemas de desigualdad, paro y pobreza. Al tiempo que se preveía que iban a producirse invasiones de tierras, y que el Movimiento de desempleados denunciaba que el ANC «continúa hablando el lenguaje del nacionalismo y de la liberación nacional, pero ha degenerado en una asociación de élites rapaces, decididas a usar el estado para saquear la sociedad», y justificaba por ello «la revuelta de los pobres». La forma en que el gobierno trató de hacer frente a esta situación fue la de dar a la policía poderes paramilitares equivalentes a los de la era del apartheid, y votar una ley de Protección de la información destinada a impedir que los periodistas denunciasen la corrupción política.

7

LAS REVOLUCIONES FRUSTRADAS DE LOS AÑOS SESENTA

El de 1968 fue un año de grandes conmociones. En enero se produjo en Vietnam la ofensiva del Tet, que convenció a los norteamericanos de que no podían ganar aquella guerra (en marzo tuvo lugar la masacre de My Lai, en que la compañía mandada por William L. Calley asesinó a cerca de quinientos civiles vietnamitas indefensos; pero el público no se enteró de ello hasta mucho más tarde). En abril comenzó la primavera de Praga (el frustrado intento de instaurar un «socialismo con rostro humano», que la URSS no iba a tolerar), murió asesinado Martin Luther King (a lo que siguieron graves disturbios raciales en diversas ciudades norteamericanas) y en Berlín se atentó contra la vida del líder estudiantil Rudi Dutschke. En mayo se produjo la gran revuelta de los estudiantes en París. En junio asesinaron a Robert Kennedy, en agosto las tropas del pacto de Varsovia aplastaron el deshielo en Checoslovaquia, en octubre la expulsión del Partido Comunista de Liu Shaoqui señaló un momento culminante de la revolución cultural china, mientras en la ciudad de México se producía la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco y pocos días después, en las olimpiadas, Tommy Smith y John Carlos saludaban en el podio con el signo del poder negro. En noviembre, finalmente, Richard Nixon ganó las elecciones norteamericanas. Era, dirá en sus memorias un agente del FBI, «la época más tumultuosa de nuestra historia desde la guerra civil» norteamericana; lo mismo podía decirse en muchas otras partes del mundo.

Se trataba, de hecho, de una secuencia de acontecimientos que culminaba la evolución de una década de cambios, la de los años sesenta, cuyos orígenes habría que buscar, sobre todo, en una sensación global de frustración, tanto en «Oriente» como en «Occidente». La segunda guerra mundial se había hecho en nombre de la democracia, la liberación de los pueblos y las mejoras sociales ligadas al estado de bienestar. Pero al cabo de veinte años el panorama distaba de responder a las expectativas de las nuevas generaciones, que veían ante sí toda una serie de motivos de frustración: la crisis económica de los países subdesarrollados y de los de la Europa del este, la guerra de Vietnam (donde en diciembre de 1968 los combatientes americanos llegaban a la cifra de 536 100), el fracaso de los intentos de transformación social en América Latina y las dificultades de la lucha por la integración racial en los Estados Unidos. Mientras en Europa occidental se extendía la insatisfacción por la escasa entidad de las conquistas sociales alcanzadas, y la evidencia de que el sistema que se había instalado en algunos países después de la guerra, incluso cuando se presentaba como una socialdemocracia, no estaba hecho para llevar a cabo las viejas promesas de transformación, sino para frenar las acciones que pretendiesen ir más allá de lo que se había decidido conceder inicialmente.

De algún modo, la revolución cultural china, cuyo arraigo entre las masas podía entenderse como una respuesta al malestar social causado por la frustración de las promesas de rápido crecimiento del «salto adelante» y por la burocratización de una política que parecía insensible a las necesidades colectivas, podría integrarse en este cuadro de ruptura de los años sesenta, aunque su historia sea más compleja, de modo que la consideraremos en otro lugar.

La insatisfacción prendió sobre todo en los jóvenes y se manifestó en movimientos de protesta que carecían de proyectos razonables para cambiar las cosas, y que acabaron en todas partes en la desesperación de la impotencia. Ni en Praga se podía pensar en vencer a los tanques soviéticos con manifestaciones pacíficas, ni en los Estados Unidos los universitarios, los «hippies» o el «poder negro» podían amenazar seriamente el sistema, ni en París el entusiasmo milenarista de los estudiantes podía transformar la sociedad. Como tampoco los «guardias rojos» chinos iban a poder acabar con el viejo mundo del maoísmo para crear otro enteramente nuevo.

La amplitud que cobraron estos movimientos se debió a que el orden establecido no supo reaccionar inicialmente a unas amenazas que no había previsto. Los años cincuenta habían sido de satisfacción y mansedumbre, y nada anunciaba las conmociones que iban a producirse. El caso de los Estados Unidos puede servir de ejemplo. La década de los cincuenta acabó allí con los ocho años de presidencia de Eisenhower, que abandonó el poder con un índice de popularidad de cerca del sesenta por ciento. Su discurso final del estado de la nación le permitió envanecerse de que la economía había crecido en un 25 por ciento en sus ocho años de gestión, los salarios reales habían aumentado y se habían construido escuelas y carreteras por todas partes.

Herbert Marcuse teorizó en El hombre unidimensional la decadencia del potencial revolucionario en las sociedades capitalistas, donde una organización aparentemente tolerante había creado nuevas formas de control social que conseguían desmovilizar a la clase obrera, estimulando su afán de consumo y facilitando que se integrara plenamente. Las capas medias de la población y los niveles superiores de los trabajadores se adaptaron a un sistema que les ofrecía la posibilidad de poseer bienes y servicios que antes estaban reservados a los ricos. Los miembros de la generación del baby boom de postguerra se casaban llenos de esperanzas y compraban, cargándose de hipotecas, casas en las afueras de las ciudades, en los nuevos barrios suburbanos que el automóvil hacía accesibles. En 1960 una mayoría de las familias norteamericanas eran propietarias de su casa y William Levitt decía: «Ningún hombre que sea propietario de su casa puede ser comunista. Tiene demasiado que hacer». Por otra parte, los numerosos nacimientos crearon una nueva conciencia de preocupación por los hijos y por la familia.

La televisión no solo fue importante como instrumento de publicidad y vehículo para la difusión de pautas de conducta (el control de sus contenidos era tan riguroso que un crítico pudo decir que «casi todo, desde el embarazo a la libertad religiosa, se consideraba un tema peligroso, lo que dejaba poca cosa más que el homicidio como adecuado para entrar en los hogares»), sino por el hecho de que encerró inicialmente a las familias en sus hogares y destruyó muchos elementos de la vieja sociabilidad. Pero también, en contrapartida, la difusión de acontecimientos en transmisiones directas por satélite contribuyó a crear una conciencia política más viva a través de una información más rica.

Un aspecto importante del nuevo consumismo era que se basaba en el crédito: en la hipoteca para la adquisición de la vivienda y en la tarjeta de crédito —que comenzó con Diners en 1949, pero que se extendió sobre todo con American Express y con BankAmericard, que en 1976 cambió el nombre por el de VISA— para el consumo ordinario. Y el crédito era un factor que aseguraba la continuidad de la dependencia.

La mayor parte de los americanos se sentían «de clase media» y, en lo que se refiere a sus ocupaciones, los trabajadores de «cuello blanco» crecían en número en relación con los de «cuello azul», hasta superarlos (lo que en alguna medida anunciaba el proceso de desindustrialización que se desarrollaría posteriormente). Este mundo feliz vio también un aumento considerable de la práctica religiosa. Entre los programas más populares de la televisión norteamericana figuraban los sermones del católico monseñor Fulton J. Sheen, mientras que un predicador baptista, Billy Graham, arrastraba grandes masas de seguidores.

Los cincuenta fueron en los Estados Unidos, y en buena medida en la Europa occidental, un tiempo de conformismo social, con una aceptación sin discusión de la autoridad del gobierno, la familia y la religión, una rígida subordinación de las mujeres a los hombres y de los hijos a los padres, un tiempo de racismo y de actitudes reprimidas respecto del sexo.

Estos valores fueron reemplazados gradualmente, a lo largo de los sesenta, por la lucha en favor de los derechos civiles de los negros, el feminismo, la liberación sexual y el nacimiento de una contracultura, animados por la fe sincera de los jóvenes en la posibilidad de construir un mundo mejor.

Fueron precisamente los jóvenes, y en especial los estudiantes universitarios, quienes comenzaron esta nueva etapa de cambios.

LA REVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

En el origen de los movimientos estudiantiles están la impaciencia y la frustración de los jóvenes universitarios, lo cual hay que poner en relación con el crecimiento y la masificación de un alumnado que procedía de capas sociales más amplias que en el pasado, y para el cual la universidad no era ya, como antes, una etapa preparatoria para su integración en las clases dirigentes.

En los Estados Unidos las protestas de los estudiantes, que inicialmente habían prestado apoyo a la causa de los derechos civiles, tomaron nueva fuerza por su oposición a la guerra de Vietnam. Estas campañas comenzaron el 24-25 de marzo de 1965 con un teach-in (una asamblea abierta) en la Universidad de Michigan, con más de tres mil participantes; el 17 de abril los «Students for a Democratic Society» se manifestaban en Washington y el 15 de mayo había un teach-in nacional en que participaron 122 campus diferentes. El movimiento siguió hasta alcanzar un máximo en 1967. En abril hubo más de 130 000 manifestantes en Nueva York y más de 70 000 en San Francisco; seis meses después fueron 100 000 los que participaron en Washington en la marcha sobre el Pentágono, y la violencia llegó al extremo durante la Convención demócrata de agosto de 1968 en Chicago.

Fue entonces cuando nació la llamada «nueva izquierda», que mezclaba elementos marxistas y libertarios con los de la contracultura («un movimiento de jóvenes blancos contra el imperialismo y el racismo y a favor de una democracia radical»). Su organización más importante era SDS («Students for a Democratic Society»), nacida de la «League for Industrial Democracy», a la que Tom Hayden dio nueva vida, hasta conseguir que alcanzase los cien mil afiliados en 1968. Sus ideas se exponían en 1962 en un extenso documento —The Port Huron Statement of the Students for a Democratic Society— en que sus miembros comenzaban definiéndose como «gente de esta generación, criados en un por lo menos modesto bienestar, alojados ahora en las universidades, que observamos con incomodidad el mundo que heredamos». Propugnaban evolución social, no revolución; se oponían tanto al papel de los Estados Unidos en la guerra fría como al comunismo, y estaban muy lejos de simpatizar con unos sindicatos que desde 1945 se habían burocratizado y se limitaban a negociar sus beneficios. Como ha dicho Kevin Drum, a estos jóvenes supuestamente izquierdistas «no les preocupaban la seguridad en el trabajo o el coste de la vida, sino en un primer momento los derechos civiles y la hostilidad a la guerra, y más adelante, el feminismo, la revolución sexual y el medio ambiente. Llevaban el pelo largo, tomaban drogas y eran aborrecidos por los mandarines de los sindicatos». Una división que iba a esterilizar la capacidad transformadora de los estudiantes y que contribuiría, por otra parte, a facilitar la progresiva destrucción de los sindicatos.

Su momento más alto fue la participación en los enfrentamientos con la policía que se desarrollaron en torno a la convención demócrata de Chicago en 1968, pero a partir de entonces comenzaron a aparecer en su interior fracciones maoístas, que culminaron en 1969 con el grupo de los wheatermen —un término sacado de la canción de Bob Dylan que decía «tú no necesitas un hombre del tiempo para saber de dónde sopla el viento»—, que daba apoyo a los Black Panthers, proponía una guerra de guerrillas contra los propios Estados Unidos, y que acabó poniendo bombas, antes de extinguirse en 1971. Con el SDS integraban la new left movimientos como el «Free speech movement», que apareció en 1964 en Berkeley, organizando teach-ins y sentadas, de las que se pasó a manifestaciones y a los enfrentamientos con la policía: la guardia nacional de Ohio mató el 4 de mayo de 1970 a cuatro estudiantes de Kent State University que protestaban contra la guerra.

La lucha por los derechos civiles fue la segunda columna del movimiento, y la única en que consiguió victorias importantes, con el liderazgo de Martin Luther King junior y su programa de lucha pacífica, aunque junto a este movimiento surgiesen grupos negros cada vez más violentos, como el de los Black Panthers, que propugnaban la defensa armada.

Una de las expresiones más representativas del mundo cultural de estos estudiantes contestatarios sería su música, en que se integraba la canción de protesta de Joan Baez o de Bob Dylan, salidos de la tradición de la música «folk» y con ecos, a través de Pete Seeger, de las viejas canciones de la lucha obrera, que convertirían en un himno poco menos que universal We shall overcome, un canto baptista que el movimiento obrero adoptó hacia 1930 y que en 1950 hicieron suyo quienes luchaban en favor de los derechos civiles.

En Europa los movimientos de los estudiantes comenzaron en Alemania occidental, con Rudi Dutschke como dirigente más destacado. Este, que había visto cerrado su acceso a la universidad en el Berlín Oriental por negarse a prestar servicio militar, estudiaba en la Universidad libre (Freie Universität) construida en el Berlín Occidental en 1948, lo que le obligó a huir al oeste cuando se construyó el muro. Como consecuencia de su experiencia en ambos bandos, rechazaba tanto el régimen comunista que había conocido en el este como el capitalismo occidental con sus residuos de fascismo, y propugnaba una tercera vía revolucionaria de emancipación social y nacional. El movimiento estudiantil, que condenaba la guerra de Vietnam y la «ocupación» norteamericana de Alemania, consiguió con él un grado notable de actividad, con acciones espectaculares, basadas en la idea de que había que provocar a un público apático. En una manifestación contra la visita del Shah de Irán en junio de 1967 hubo unos incidentes provocados por la banda de matones que acompañaban al soberano, en que un policía alemán de paisano mató a un estudiante: el primer mártir del movimiento. El segundo fue el propio Dutschke, gravemente herido por un perturbado. (Una pequeña parte de quienes habían participado en este movimiento fue a parar posteriormente a grupos de guerrilla urbana como la Rote Armee Fraktion, fundada en 1970 por Andreas Baader y Ulrike Meinhof, entre otros).

Estos movimientos siguieron en Italia, aunque aquí las protestas contra la guerra de Vietnam se asociaban a otros objetivos concretos, como el ataque a una enseñanza adocenada y al sistema de exámenes, lo que llevó a peticiones concretas como las de conseguir profesores dedicados a tiempo entero, seminarios y becas para todos. Comenzó en una institución privada como era la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, cuando se anunció un alza considerable del coste de las matrículas, y siguió en los últimos meses de 1967 por las de Génova, Nápoles, Roma, Florencia y Venecia. En enero de 1968 el movimiento, reprimido duramente por la policía, se extendió a los institutos de enseñanza secundaria. Los estudiantes italianos no buscaban negociar con las autoridades académicas, sino el apoyo de la sociedad, y lo obtuvieron de los sindicatos y de organizaciones como las juventudes de la democracia cristiana.

En Francia la universidad vivía en paz hasta que en Nanterre un nuevo líder, Daniel Cohn-Bendit, hijo de judíos escapados de Alemania, encabezó las protestas contra la ley Fouchet, que se proponía restringir el acceso a la universidad. La oposición a esta ley se vino a unir a viejas reivindicaciones, como la que proponía eliminar la separación de los dormitorios masculinos y femeninos en las residencias de estudiantes, lo que dio lugar a un incidente entre Cohn-Bendit y el ministro de la Juventud, Missofe, cuando este inauguraba una piscina en Nanterre. Enero de 1968 era también el mes de la ofensiva del Tet en Vietnam, de modo que hubo manifestaciones antinorteamericanas —conviene recordar que en Francia había muchos estudiantes vietnamitas— y la policía hizo una serie de detenciones. Los estudiantes ocuparon la torre más alta del campus y organizaron entonces el llamado Movimiento del 22 de marzo, encaminado a lograr la liberación de los estudiantes detenidos, que consiguió movilizar a la vez a quienes se oponían al imperialismo, a los que eran contrarios al capitalismo y a los que simplemente se oponían a la ley Fouchet.

Durante las vacaciones de semana santa se intentó poner en marcha la ley Fouchet, mientras se difundía la noticia del intento de asesinato de Rudi Dutschke en Berlín, y grupos de extrema derecha asaltaban los locales de los estudiantes de izquierdas. Se cerró la Universidad de Nanterre y siete estudiantes fueron llamados a la Sorbona el viernes 3 de mayo para someterlos a un comité disciplinario; sus compañeros convocaron una concentración para protestar.

Ante la presencia de los que protestaban, el rector de la Sorbona, Roche, llamó a la policía y, para evitar un choque, prometió a los estudiantes que se les dejaría salir tranquilamente del recinto universitario. Les engañaba; la policía los embarcó a la salida en sus camionetas y se los llevó. Este fue el comienzo de la revolución de mayo. La indignación de los estudiantes convirtió aquello en una lucha a pedradas contra la policía y la «Unión Nacional de Estudiantes de Francia» (UNEF), el «Comité de Acción de los Estudiantes de Enseñanza Secundaria» (CAL) y el «Movimiento 22 de marzo» convocaron conjuntamente una manifestación en el Quartier latin para el lunes siguiente a las 18,30. Este día, cuando se organizó la manifestación en el Bd. Saint Germain, los estudiantes llevaban las tapas de los grandes cubos de basura como escudos contra las balas de plástico de la policía, y se tapaban la boca para protegerse de los gases lacrimógenos.

Tras este primer y duro enfrentamiento, los estudiantes organizaron el martes 7 de mayo una gran manifestación que llevó de 30 000 a 50 000 personas a los Champs Elysées, con banderas rojas y alguna negra; una manifestación que recorrió 20 km y siguió hasta la media noche. Fue entonces cuando se puso a la venta el primer número de Action, el periódico publicado por la UNEF, el CAL y el Movimiento 22 de marzo, que contenía las moderadas reivindicaciones de estos momentos: «Reapertura de las facultades, anulación de todos los procesos y el Quartier latin para los estudiantes» (esto es, sin policía).

Pero ya había entonces provocadores que querían ir mucho más allá, como los situacionistas,[152] que tenían uno de sus pocos afiliados entre los siete estudiantes expedientados, quienes el 6 de mayo difundían en Nanterre un texto en que atacaban por igual a la policía, a los trotskistas, los maoístas o los anarquistas à-la-Cohn-Bendit, propugnaban la agresión física («el precedente del brigadier Brunet, trepanado ayer, hará jurisprudencia») y sostenían que «la contestación a la universidad burguesa es insignificante, porque es toda la sociedad burguesa lo que hay que destruir».

El miércoles 8 de mayo la agitación se extendió plenamente a los Lycées de segunda enseñanza, mientras la UNEF y el SNESup celebraban un mitin, al que se adhería la FEN («Federación de la Educación Nacional»); el 9, el rector anunciaba la reapertura de la Sorbona, pero, al no acceder a las peticiones de los estudiantes, la huelga continuó. Mientras tanto se producían los primeros contactos entre la FEN y los principales sindicatos obreros, con vistas a una actuación conjunta.

La culminación de la revuelta se produjo en la noche del 10 al 11 de mayo, «la noche de las barricadas». Los estudiantes se agruparon en el Quartier latin para pedir la liberación de los detenidos, y la policía cortó todas las calles. Se empezó entonces a construir barricadas, unas sesenta, lo que no se había visto en París desde los lejanos días de la Commune, que los estudiantes evocaban en sus pancartas. Negociaron con las autoridades sin resultado y de las 2 a las 5,30 de la madrugada hubo durísimos combates en que la policía utilizó gases y balas de plástico endurecido, y en que hubo numerosos heridos (mil estudiantes y cuatrocientos policías, aunque no hubo ningún muerto, «lo cual es un milagro»). La violencia policial hizo nacer en los vecinos una simpatía hacia los estudiantes, a quienes proporcionaban alimentos y escondite, y suscitó la solidaridad de los trabajadores jóvenes.

El sábado 11 los sindicatos, que tenían sus propias reivindicaciones, llamaron a una huelga de 24 horas para el lunes 13 de mayo y a una manifestación por la tarde, en solidaridad con los estudiantes y contra la represión policial. Aquella misma tarde el primer ministro, Pompidou, que regresaba de un inoportuno viaje a Afganistán, apareció en la televisión en son de paz, aceptando en principio las tres peticiones de los estudiantes: las universidades se abrieron el lunes y los detenidos fueron liberados este mismo día.

Era tarde. El lunes 13 una manifestación organizada por los sindicatos y por los estudiantes reunía 800 000 personas. El número 2 de Action proclamaba «La calle vencerá». Ahora se planteaban nuevas exigencias: «Después de la confirmación, con pruebas, de que la policía gaullista ha usado en la represión contra los manifestantes del Quartier latin gases tóxicos mortales de los utilizados por los norteamericanos en Vietnam, el SNESup, la UNEF, el Movimiento 22 de marzo y los CAL deciden que la universidad no funcionará normalmente hasta que el prefecto de policía, Grimaud, y el ministro del Interior, Fouchet, hayan dimitido».

El miércoles 15 los estudiantes ocupaban el teatro nacional del Odéon para convertirlo en un centro de reuniones y asambleas. El mismo día se extendía la huelga a la fábrica de automóviles Renault, paraba la televisión y se interrumpía el festival de cine de Cannes, donde se organizaron unos llamados «Estados generales del cine», que publicaron un manifiesto de denuncia de los abusos policiales firmado, entre otros, por Doniol Valcroze, Claude Chabrol o Louis Malle. En París un escrito del Théatre de poche afirmaba que la gente del teatro no podía seguir encerrada en una capilla, sino que debía abrirse al diálogo con todos, incluso «con aquellos que nos han despertado, esto es los estudiantes y los trabajadores, las profesiones liberales, en una palabra con el espectador».

El paso siguiente en la escalada había de ser, en el programa de los estudiantes revolucionarios, la plena movilización de los trabajadores. Los llamamientos a una lucha en común se multiplicaban y un grupo nuevo, al parecer de estudiantes de secundaria, el FER («Federación de Estudiantes Revolucionarios»), mezclaba las reivindicaciones de ambos colectivos como si fuesen una misma cosa: «Ningún salario de menos de mil francos al mes» y «Acabar con la selectividad». La idea era que «La lucha de los estudiantes es parte integrante de la lucha de las masas trabajadoras y explotadas».

El 17 de mayo los estudiantes decidieron ir en manifestación a Billancourt, a la fábrica de la Renault, ocupada por los trabajadores; el n.º 3 de Action de 21 de mayo decía en su portada: «El viernes 17 de mayo, por primera vez en Francia, una manifestación de estudiantes ha tomado el camino de una fábrica ocupada por los trabajadores: Renault». Pero el sindicato mayoritario en la fábrica, la CGT, y el Partido Comunista francés decidieron que no tenía sentido arriesgarse a jugar con estos jovencitos, y ordenaron a los trabajadores que se mantuvieran en las fábricas para impedir que las ocupasen los estudiantes, quienes encontraron cerradas las puertas de Billancourt. Una hoja del 19 de mayo, firmada por un «Movimiento del 10 de mayo», sostenía que «las organizaciones “obreras” tradicionales, oportunistas y reformistas, han demostrado su incapacidad para dirigir la lucha contra la burguesía», mientras el 21 la «Juventud Comunista Revolucionaria» proclamaba todavía: «La bandera roja de la clase obrera flota sobre las facultades y sobre las fábricas».

Se sabía que los sindicatos estaban negociando el retorno al trabajo a cambio de una serie de mejoras, pero los revolucionarios de manifestación y de octavilla seguían creyendo que estaban a punto de derribar la vieja sociedad y que contaban para ello con el apoyo de los trabajadores. La noche del 23 al 24 de mayo siguieron los enfrentamientos con la policía. El viernes 24 hubo una manifestación de trabajadores y otra separada de estudiantes: la CGT había fijado la marcha de la primera para que no coincidieran.

De Gaulle, que vio desarrollarse los acontecimientos sin enterarse de su naturaleza real, convencido de que la represión policíaca bastaría, había emprendido un viaje a Rumanía para mantener conversaciones con Ceaucescu. Regresó el 18 de mayo (el periódico satírico Le canard enchaîné dijo «De Gaulle ocupa el palacio de l’Elysée»), indignado por la tolerancia de su jefe de gobierno, Pompidou, con la chienlit (la anarquía) y exigiendo medidas duras, sin darse cuenta de que lo que proponía solo podía realizarse en aquellos momentos con un baño de sangre. El 24 un De Gaulle envejecido y cansado apareció en la televisión anunciando un próximo referéndum, pero no entusiasmó a nadie.

Aquella misma noche los estudiantes, que querían dirigirse hacia los grandes bulevares, se encontraron el camino cerrado por la policía, que les disparaba bolas de acero. Intentaron incendiar la bolsa y la comisaría de policía del Beaubourg y mantuvieron grandes enfrentamientos, de modo que a la mañana siguiente el Quartier latin parecía una ciudad después de una batalla.

El sábado 25 y el domingo 26, mientras el gobierno negociaba con los sindicatos, París estaba paralizado y empezaban a faltar las provisiones. El 25 de mayo el Partido Comunista hizo una declaración en que decía que la apertura de negociaciones con la patronal y con el gobierno era un triunfo y llamaba a estudiantes y profesores a dedicarse a «la reforma democrática de la universidad».

El 27 los estudiantes hicieron un gran mitin en que pretendían seguir hablando de la unidad con los trabajadores pero silbaban a los representantes de la CGT. Un De Gaulle deprimido e inquieto dio entonces un golpe de efecto: desapareció. Mientras muchos pensaban que se había retirado a su casa de Colombey, la realidad era que había ido a Alemania a entrevistarse con el general Massu, que mandaba las tropas estacionadas en Baden-Baden, para saber si tenía el pleno apoyo del ejército.

Tranquilizado en este sentido, decidió de improviso el 30 de mayo, sin haberlo anunciado ni siquiera a su primer ministro, anunciar por la radio: «No me retiraré. Tengo un mandato del pueblo y lo cumpliré. No cambiaré al primer ministro. Disuelvo la Asamblea nacional». Se produjo entonces una manifestación en su apoyo con una participación que llegó a estimarse en un millón de personas, que llenaron los Champs Elysées, de Concordia a l’Étoile. Los manifestantes llevaban banderas tricolores y pancartas contra la revolución en que decían: «El pelirrojo —Cohn-Bendit— a Pekín», «La mayoría somos nosotros», «Los silenciosos estamos hartos»… No todos eran gaullistas; había incluso paracaidistas entre ellos, pero la mayoría eran simplemente gentes que temían la revolución que se anunciaba.

Los estudiantes y sus compañeros de lucha no se enteraban. El mismo 30 de mayo los situacionistas publicaban un «Llamamiento a todos los trabajadores» en que decían: «lo que hemos hecho en Francia asusta a Europa y pronto amenazará a todas las clases dominantes del mundo, desde los burócratas de Moscú y Pekín hasta los millonarios de Washington y Tokio. Así como hemos hecho estremecer a París, el proletariado internacional volverá al asalto de las capitales de todos los estados y ciudadelas de la alienación». Y proponía un régimen de consejos, con «la disolución de todo poder exterior, la democracia directa y total, la unificación práctica de la decisión y ejecución, el delegado revocable en todo momento por sus mandantes, la abolición de la jerarquía y de las especializaciones independientes, la gestión y transformación conscientes de todas las condiciones de la vida liberada, la participación creadora permanente de las masas, la extensión y coordinación internacionalistas».

Pero para entonces el gobierno había recuperado la confianza, la policía desalojaba los locales ocupados por los estudiantes y reprimía duramente a los huelguistas de la Renault. En abril de 1969 De Gaulle organizó un referéndum para pedir la aprobación de una reforma constitucional y al obtener un resultado desfavorable, con un 53,97 por ciento de votos negativos, optó por dimitir.

Los movimientos de estudiantes se produjeron también en Polonia, en marzo de 1968, donde se complicaron con las reacciones ante la primavera de Praga. En Brasil, en São Paulo, se dirigían contra el gobierno militar, y tuvieron especial gravedad en la ciudad de México. Allí, poco antes de comenzar los Juegos olímpicos, el presidente Díaz Ordaz temía que se reprodujera una agitación estudiantil semejante a la de París, que creía originada por una conjura comunista de los intelectuales. Los estudiantes habían convocado un acto en el centro de la ciudad, en Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968. Acudieron unos seis mil estudiantes para lo que se había planteado como una concentración de protesta sin más trascendencia. Pero faltaban pocos días para la inauguración de las olimpiadas, y el presidente, decidido a acabar con la agitación, envió el ejército a reprimirla. Algunos testimonios sostienen que fueron hombres del Batallón Olimpia, policías en traje de paisano que se reconocían por el hecho de llevar guantes blancos, los que se mezclaron con los dirigentes estudiantiles que se disponían a hablar desde el tercer piso del Edificio Chihuahua, y empezaron a disparar indiscriminadamente sobre la plaza, tanto sobre los estudiantes como sobre el ejército que vigilaba el acto, y que respondió a la agresión haciendo fuego a su vez. Dos o más horas de tiroteo produjeron un número de muertos que las investigaciones recientes han establecido en 44, de los que 34 son conocidos por su nombre y otros diez están sin identificar.

El responsable de la matanza, como titular de la cartera de Gobernación, Luis Echeverría, sucedió a Díaz Ordaz en la presidencia en 1970 y a los seis meses de haber asumido el cargo, el 10 de junio de 1971, el día en que se celebraba la festividad del Corpus, envió a las bandas de «los Halcones», un grupo de matones a sueldo del gobierno, armados con palos y cadenas, para que atacasen una manifestación de estudiantes, en presencia de la policía, que dejó actuar a los matones sin inmiscuirse en una actuación que causó 25 muertos y numerosos heridos.

LA LUCHA POR LOS DERECHOS CIVILES EN LOS ESTADOS UNIDOS

El día primero de diciembre de 1955 Rosa Parks, una negra veterana en la lucha por los derechos civiles, que estaba cansada tras un largo día de trabajo, fue arrestada en Montgomery, Alabama, por rehusar ceder su asiento en el autobús a un pasajero blanco, como mandaban las leyes del estado. El incidente inició un boicot a los autobuses que duró un año y dio nueva fuerza a la lucha que hizo posible que, en el transcurso de una década, se conquistaran los derechos civiles que permitieron acabar con la segregación racial en los Estados Unidos y aseguraron el derecho al voto a los negros del sur.

Una lucha que iba a remover una sociedad que había pretendido vivir de espalda a estos problemas. Por ejemplo, se estaba preparando la conmemoración del inicio de la guerra de Secesión —la «guerra civil» norteamericana de 1861 a 1865— que había de comenzar en la primavera de 1961, y que se pretendía presentar como una especie de competición «entre dos grupos de americanos blancos amantes de la libertad», sin hablar para nada de negros, esclavitud o emancipación. De lo que se trataba era de celebrar «el comienzo de una nueva América, nacida de la guerra civil». La Comisión del Centenario había convocado una asamblea nacional de delegados de las diversas comisiones de los estados que había de reunirse en Charleston, pero un delegado negro del estado de New Jersey se encontró con que le negaban alojamiento en el hotel, debido a las leyes segregacionistas del estado de Carolina del Sur. Kennedy, que acababa de entrar en funciones como presidente, sugirió que se reuniesen en un centro de la Marina, que no estaba segregado, pero fue entonces la comisión de Carolina del Sur la que se negó a acudir a un local federal, de modo que hubo que organizar dos reuniones separadas: una en el local del estado, segregada, y otra en el federal. La guerra racial seguía viva y la emancipación de los afroamericanos no había concluido.

En las luchas de estos años tuvieron un papel importante las nuevas organizaciones de protesta, como el Congreso por la Igualdad Racial (CORE), el Comité de Acción No Violenta de los Estudiantes (SNCC) o la Confederación de Iglesias del Sur (SCLC), dirigida por Martin Luther King junior, que reunía a unas 85 organizaciones cristianas del sur. Estas organizaciones protagonizaron un nuevo tipo de acciones que sacaron la lucha a la calle, en una campaña de manifestaciones y de desobediencia civil pacífica. Los jóvenes negros del sur comenzaron ahora a movilizarse para manifestarse y resistir la violencia.

Estas manifestaciones pacíficas acababan con frecuencia con sus organizadores en la cárcel, como le ocurrió en más de una ocasión al propio King, o exponían a los jóvenes negros que participaban en ellas a una respuesta brutal de violencia, pero fueron al propio tiempo engendrando actitudes positivas en grupos de jóvenes blancos del norte. En 1961 dos autobuses con blancos y negros, miembros del CORE, que salieron de Washington para hacer una campaña en el sur, fueron atacados: en Carolina del Sur recibieron una paliza y en Alabama prendieron fuego a uno de los autobuses. Mientras los apaleaban, la policía lo miraba sin intervenir, y los agentes del FBI tomaban notas.

Los actos de protesta fueron en aumento hasta que culminaron en agosto de 1963 en la marcha de 250 000 negros hacia Washington, con el apoyo de estudiantes y trabajadores, para presionar a un Congreso demasiado reticente. Fue entonces cuando King hizo su famoso discurso I have a dream…, en que afirmaba: «No habrá calma ni tranquilidad en América hasta el día en que se concedan al negro sus derechos de ciudadano». «Sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación en que no serán juzgados por el color de su piel, sino por la naturaleza de su carácter.» Un mes más tarde, un domingo por la mañana, estalló una bomba en una iglesia negra de Birmingham, en un atentado que causó la muerte de cuatro niños.

En el verano de 1964 tres defensores de los derechos civiles, un negro y dos blancos, fueron arrestados en Philadelphia, Mississippi; los dejaron en libertad por la noche y fueron asesinados por quienes les esperaban fuera. Hasta este momento el gobierno no había hecho nada para proteger a los negros de la violencia racista; fue la revuelta negra en protesta contra esta violencia la que le obligó a actuar.

El resultado fue la ley de Derechos Civiles de 1964, arrancada al Congreso por Johnson, y la de 1965, que eliminó los pretextos que se usaban en el sur para impedir que los negros votasen, en estados en que menos de la mitad de la población con derecho a voto estaba registrada. En 1967 se enviaron funcionarios para que se encargasen de registrar a los votantes potenciales, con resultados espectaculares en relación con el voto negro.

Pero las cosas cambiaban en la realidad mucho menos de lo que prometían los textos legales, lo cual vino a favorecer la aparición de sectores de la población negra que se inclinaban por el uso de la violencia, en una evolución que llegó al máximo en 1967. King era todavía respetado, pero la influencia pasaba a nuevos líderes más combativos.

De hecho el propio King, que se fue concienciando gradualmente de que los problemas de la pobreza no se resolvían con la conquista de los derechos civiles, empezó a hablar contra la guerra de Vietnam en un memorable discurso de 4 de abril de 1967 en que afirmó que había llegado el momento de romper el silencio. Algo que reprobaban muchos dirigentes de su propio movimiento, que temían perder el apoyo de sus amigos blancos en Washington. Esto fue, además, lo que lo separó definitivamente de Johnson, con quien hasta entonces había mantenido una buena relación. King hablaba ahora conjuntamente de la guerra y de la pobreza, mientras el FBI —cuyo director, Hoover, le creía manejado por los comunistas y le odiaba profundamente— le espiaba y se preparaba para destruirlo.

Aunque todavía seguía proponiendo una actuación no-violenta de masas y condenaba la revuelta, King estaba adentrándose en terrenos peligrosos. Planeó un Campamento de los pobres en Washington, para lo que no contaba con la aprobación que la presidencia había dado anteriormente a sus iniciativas, y decidió ir a Memphis para apoyar una huelga de los trabajadores de la limpieza pública, en una manifestación que acabó tomando un carácter violento, lo que le llevó a decir: «Vivimos en una nación enferma. Tal vez hayamos de aceptar que ha llegado el día de la violencia». El 4 de abril de 1968 Martin Luther King jr. fue asesinado en Memphis por James Earl Ray, aunque siempre se sospechó que podía haber alguien más tras la acción de Ray, quien negó su culpabilidad hasta su muerte en 1998.

La muerte de King dio lugar a violentas revueltas negras en más de 120 ciudades norteamericanas, con incendios y saqueos, en una movilización que ayudó a Johnson a conseguir que se aprobasen nuevas leyes contra la discriminación. Pero hoy sabemos que al mismo tiempo que los gobiernos aprobaban concesiones legales en las cámaras, actuaban a través del FBI para infiltrarse en los grupos militantes negros (Ernest Whiters, el fotógrafo negro que gozaba de la confianza de King, era un informador a sueldo del FBI), perseguirlos y destruirlos. Entre 1956 y 1971 el FBI dirigió un gran programa de contrainteligencia (Cointelpro) que protagonizó 285 operaciones encubiertas contra grupos negros (y, más en general, contra los de izquierda, de cualquier color que fuesen, con una especial dedicación al movimiento por la paz). La continuidad de esta persecución y su exasperación ante la injusticia que seguía pesando sobre ellos (los afroamericanos eran el 11 por ciento de la población, pero el 31 por ciento de los combatientes en Vietnam) explica que apoyasen ahora a grupos cada vez más radicales, con líderes como Stokely Carmichael, un nativo de Trinidad criado en los ghettos de Nueva York, que se había distanciado del movimiento pacífico de Martin Luther King. Carmichael, que fue quien creó la expresión Black power, acabó rechazando cualquier colaboración con los liberales blancos, hasta que en 1969, inspirado por ideas panafricanas, marchó a Guinea, donde residió hasta su muerte en 1998.

El más violento de estos nuevos grupos fue el de los Black Panthers, fundados en Oakland, California, en 1966 por Huey Newton y Bobbie Seale, que propugnaban una política de defensa activa contra la violencia blanca y contra la policía, lo que les llevó a enfrentamientos armados y al encarcelamiento de sus miembros. Acabaron siendo víctimas, no solo de la represión policíaca, sino de su propia implicación en el tráfico de drogas, mientras la combatividad de quienes les habían seguido sufría las consecuencias de la difusión, posiblemente deliberada, de drogas (y muy en especial del «crack») en los barrios negros de las ciudades más conflictivas.

Entre quienes se oponían a la política de asimilación de las iglesias negras figuraban también los grupos de musulmanes negros, con dirigentes como Malcolm Little, conocido como Malcolm X (con la X en el lugar del ignorado nombre de sus antepasados africanos), que fue asesinado en 1965.

Pese a todos los avances legales, los métodos de control social y de discriminación se mantendrían en los años siguientes, con un aumento del encarcelamiento de negros —que representan en la actualidad una proporción desorbitada de los hombres retenidos en las cárceles norteamericanas— y la aplicación sistemática de la pena de muerte. No es por casualidad que la zona en que en la actualidad se realizan con más frecuencia ejecuciones (the execution belt) coincida con aquella en que el apartheid y la discriminación eran considerados normales antes de los años sesenta. La cárcel y las ejecuciones han venido a cumplir una función en el mantenimiento del control social y han permitido que las cosas vuelvan a su sitio.

EL COMIENZO DE LA ERA BRÉZHNEV Y LA PRIMAVERA DE PRAGA

Leónidas Brézhnev no tenía la talla política ni intelectual de sus predecesores en el poder. Su preparación era escasa, incluso en el terreno de la liturgia política del llamado marxismo-leninismo, lo que le obligaba a depender de los redactores de discursos (Mikoyan afirmó posteriormente que el nivel intelectual de las discusiones en el Presidium había caído considerablemente en esta nueva etapa). Tenía, como los hombres que le habían ayudado a reemplazar a Jrushchov, una clara voluntad de recuperar algunos elementos de la vieja praxis estalinista, desde los más superficiales (volvió a adoptar el título de secretario general del partido y el Presidium recuperó el viejo nombre de Politburó) a otros más substanciales, como la rusificación y el fin del deshielo cultural. Las nuevas novelas de Solzhenitsin se prohibieron, y Sájarov no consiguió nada con sus demandas de libertad de expresión. En septiembre de 1965 la KGB detenía a dos escritores, Siniavsky y Daniel, acusados de haber hecho circular samizdats —esto es autopublicaciones— satíricos sobre la URSS: fueron juzgados y condenados. Fue en estos momentos cuando surgió en gran escala el fenómeno de los disidentes, que era también un signo de los cambios que se habían producido con Jrushchov: Stalin los hubiese liquidado rápidamente.

Como partidarios de la vieja ortodoxia, los dirigentes soviéticos abandonaron la política de coexistencia pacífica, que no estaba recibiendo en estos momentos ningún estímulo desde los Estados Unidos, pero como tenían clara conciencia de su inferioridad militar, se cuidaron de actuar con precaución incluso cuando, como en los momentos en que Johnson iniciaba la escalada en Vietnam, hubieran deseado intervenir (Kosygin estaba de visita oficial en Vietnam del Norte en febrero de 1965, cuando los norteamericanos bombardearon Hanoi y Haiphong). Hubieron de contemplar con impotencia el desastre que significaba el triunfo de Suharto en Indonesia (con el asesinato de cientos de miles de comunistas y simpatizantes) y vivieron la humillante derrota de Egipto (que les debía 15 000 millones de rublos por la asistencia recibida) en la guerra de los Seis Días como un grave quebranto de su política en el Oriente Próximo.

Los hombres que llegaban ahora al poder, como Kosygin y Podgorny, tenían escasa preparación en materia de relaciones internacionales y el propio Brézhnev se sentía desesperado ante su impotencia, «sentado en el Kremlin, mirando al mundo tan solo a través de los papeles que llegan a mi mesa». Tenían la convicción de que necesitaban poner remedio a su inferioridad militar respecto de los Estados Unidos, lo cual, por otra parte, les mantenía conscientes de que no podían permitirse llegar a una guerra abierta contra su mayor enemigo. Fue esto, finalmente, lo que acabó obligándoles a recuperar la lógica de la política de distensión que habían condenado en Jrushchov.

En lo referente a la agricultura, Brézhnev era partidario de usar abonos químicos y maquinaria, no de grandes roturaciones. Tuvo la suerte, además, de que la coyuntura inmediata le resultase propicia. En 1964 volvió a haber una gran producción de cereales —Jrushchov fue destituido antes de que llegaran a Moscú las estimaciones de las cosechas que podían haberle reivindicado de algunas de las acusaciones que se le hicieron— y esta siguió creciendo en los años siguientes. La producción industrial también se fue recuperando y hacia 1970 todo el mundo parecía estar contento con el viraje estabilizador realizado por Brézhnev.

No todo marchaba bien, sin embargo, en la Unión Soviética. Brézhnev no hizo nada para mejorar la eficacia de un sistema productivo que envejecía sin reformas —«ellos fingen que nos pagan y nosotros fingimos trabajar», decían los obreros en tiempos de Jrushchov—, ni para eliminar la corrupción: «Nadie puede vivir solamente de su salario», reconocía Brézhnev (su propio yerno iba a ser procesado por aceptar 700 000 rublos en sobornos). De modo que se limitaron a dejar seguir las cosas, sin prever la necesidad de modernizarlas. Las preocupaciones de Jrushchov por transformar las relaciones sociales no volvieron tampoco a reaparecer en unos gobernantes para quienes el proyecto de una sociedad socialista no era más que parte de una liturgia del pasado.

Shelepin reconocería, años después, que la elección de Brézhnev había sido un error, y Chernyaev escribió en su Diario que lo que salvó el país en esta época fue la combinación de «Petróleo + vodka + la paciencia de la gente», soportando la burocratización de la maquinaria del partido, que proyectaba buenas cosas, pero no hacía nada.

Como convenía dejar de prestar ayuda económica a los países del este de Europa, se autorizó a Kádár para que introdujese reformas en la economía húngara, donde empezaron a admitirse determinadas actividades privadas. Los mayores problemas se producirían, sin embargo, donde las reformas pretendieron ir más allá de lo estrictamente económico, y muy especialmente en Checoslovaquia, donde se había ido desarrollando un clima de reforma dentro del sistema, que aspiraba a crear un socialismo en que la propiedad colectiva de los medios de producción (en una economía reformada, con cierta participación de elementos de mercado) fuese compatible con una política mucho más democrática y pluralista: «tal vez la clase de socialismo que predicaban algunos partidos comunistas de la Europa occidental».

A este clima de reforma se oponía Antonin Novotný, un viejo dirigente que detentaba el poder desde hacía 15 años y que reunía en su persona los cargos de presidente de la república, primer secretario del partido y jefe de las fuerzas armadas. Al frente del sector reformista estaba Alexander Dubček, secretario del Partido Comunista eslovaco, un hombre de 46 años, hijo de un matrimonio que había emigrado a los Estados Unidos, pero había regresado de allí en 1921, soñando en la posibilidad de que un día hubiera una sociedad socialista en su nueva patria de Checoslovaquia. Dubček, que despertaba confianza en los círculos soviéticos del poder, y muy especialmente en el propio Brézhnev, puesto que había pasado su infancia en la URSS y se había formado en la escuela superior del partido en Moscú, pidió que se separasen los cargos que acumulaba Novotný, con el fin de distinguir los ámbitos del partido y del gobierno, y evitar que siguiera obstaculizando los programas de reforma. Novotný le acusó de nacionalismo burgués e invitó a Brézhnev en diciembre de 1967, esperando recibir su apoyo; pero este, que advirtió la impopularidad de Novotný, se limito a decir a los checoslovacos que aquel era un asunto interno suyo.

A comienzos de enero de 1968 Dubček fue nombrado primer secretario del Comité Central del partido, mientras Novotný seguía como presidente de la república. Muy pronto, sin embargo, los soviéticos comenzaron a inquietarse, a medida que los dirigentes checos empezaban a desarrollar sus planes de reforma. Cierto que, a diferencia de lo que había hecho Nagy en Hungría doce años antes, no se proponían abandonar el socialismo ni dejar el pacto de Varsovia, pero la propia idea del «socialismo con rostro humano» inquietaba, no solo a los soviéticos, sino también a los demás dirigentes de la Europa del este, que temían las reivindicaciones que podían surgir en sus propios países. Como en tantas otras ocasiones, los soviéticos fueron incapaces de interpretar la oposición salvo en términos de conjuras, tras las cuales veían siempre la mano de los servicios secretos de Occidente, en un perfecto paralelismo con la obsesión occidental por el «monolitismo» comunista. No importaba que, en este caso concreto, los funcionarios de sus servicios de información les dijeran desde Washington que lo que estaba sucediendo en Praga había tomado por sorpresa a los norteamericanos y que la CIA no tenía nada que ver en ello.

La alarma se avivó a partir de la progresiva supresión de la censura y de la tolerancia hacia discusiones políticas en que se proponía el restablecimiento de los partidos de antes del golpe de 1948 y la rehabilitación de las víctimas de los procesos políticos. Dubček fue invitado a ir a Moscú, donde trató de tranquilizar a Brézhnev, que mantenía un frecuente contacto con él por carta y por teléfono. En cambio, la entrevista de Dubček con Gomułka, a la que acudía con la intención de convencerle para que Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Rumanía, con el apoyo de Yugoslavia, formasen una especie de ala reformista dentro del pacto de Varsovia, fracasó. Los checos no iban a encontrar apoyo alguno en este terreno, ni siquiera en Hungría, donde se estaban introduciendo algunas reformas, limitadas a la economía.

Los temores de los dirigentes del este se acentuaron cuando algunos jefes militares checos prosoviéticos, acusados de haber querido dar un golpe para restablecer a Novotný, fueron reemplazados por otros a quienes se consideraba reformistas. Andropov, que tenía la experiencia de Budapest en 1956, dijo que lo de Praga se parecía cada vez más a aquello.

El 21 de marzo, forzado por los ataques de la prensa y por las presiones que recibía, Novotný dimitió «por motivos de salud». Este mismo día, en la reunión del Politburó del PCUS, Brézhnev lamentó el curso que habían tomado las cosas y expresó su preocupación por el hecho de que los acontecimientos de Checoslovaquia comenzaran a encontrar eco entre los intelectuales y los estudiantes rusos, a lo que se añadía el temor de que pudieran tener graves repercusiones en Ucrania. Ulbricht, en Berlín, y Gomułka, en Varsovia —donde ya empezaba a haber manifestaciones de estudiantes que pedían «su Dubček»— estaban también preocupados por las consecuencias que estos acontecimientos podían tener en sus respectivos países.

El 23 de marzo se celebró en Dresde una reunión de los checos con los dirigentes de cinco partidos comunistas, en que los ataques a las reformas fueron generales. Dubček se esforzó en tranquilizarles, minimizando el alcance de la situación, pero forzado también por el hecho de que desde Checoslovaquia se le pedía que resistiese a las presiones internacionales. Quería ganar tiempo porque esperaba que cuando el llamado «Plan de acción», el programa de la «ruta checoslovaca al socialismo», saliese adelante, se demostraría que las reformas tenían una amplia aceptación popular y que no amenazaban en absoluto a la comunidad socialista.

Cuando se aprobó el plan, a comienzos de abril de 1968, con su contenido de reformas económicas y de promesas de democratización, crecieron a un tiempo el malestar de los soviéticos y de sus satélites y el entusiasmo de una población checa que pedía todavía más reformas. El 27 de junio apareció en la Gaceta literaria un documento, las «Dos mil palabras», en que una serie de personalidades pedían que se acelerase la vía hacia la democratización. Se restableció la libertad religiosa y se dio un paso tan importante como el de decidir que el gobierno fuese responsable ante la Asamblea nacional, y no ante el partido. Brézhnev se convenció entonces de que lo que estaba sucediendo «no era ya un asunto interno».

Mientras tanto, en Checoslovaquia se intentaba vencer las resistencias internas a las reformas con la celebración de un congreso extraordinario del Partido Comunista en septiembre de 1968, adelantando el que estaba en principio fijado para 1970, con el fin de clarificar la situación. Esto obligaba a apresurar una posible intervención exterior, puesto que los soviéticos no podían arriesgarse a que un congreso del Partido Comunista checoslovaco sancionase la política reformista, ni a que los miembros prosoviéticos de la dirección perdiesen sus cargos. Hasta el propio Kádár, empeñado en la reforma económica en Hungría, denunciaba lo que sucedía en Praga como un proyecto contrarrevolucionario amenazador.

El 15 de julio los dirigentes de los partidos comunistas de Bulgaria, Hungría, la República Democrática Alemana, Polonia y la URSS (no así Rumania, distanciada en estos momentos de los países del pacto de Varsovia) enviaron a los checos una «Carta de Varsovia» en que se manifestaban gravemente preocupados por los acontecimientos en su país: «La ofensiva de la reacción, con el apoyo del imperialismo» estaba amenazando al socialismo y esto, lógicamente, había de preocuparles, porque cada uno de ellos era responsable, no solo ante su país, «sino ante la clase obrera internacional y el movimiento comunista mundial». Estaban entre tanto preparando el «Plan Danubio» para realizar una intervención militar en gran escala.

Los checos contestaron a este ultimátum alegando que el socialismo no corría riesgo alguno en su país y reafirmaron tanto su lealtad a la URSS y a la comunidad de los países socialistas, como su deseo de proseguir por el camino de las reformas.

Se les hicieron entonces advertencias muy serias, señalándoles los cambios que debían hacer y las personas a las que debían expulsar del partido, si querían evitar que los «países socialistas» recurriesen a medidas extremas. El 3 de agosto, una reunión en Bratislava con dirigentes de otros países pareció calmar las cosas, con la aceptación de la postura de Dubček de que había que admitir que cada partido buscase la vía hacia el socialismo de acuerdo con las condiciones de su propio país. Mientras tanto, sin embargo, los miembros prosoviéticos de la dirección del partido checo pedían ayuda a los rusos contra «los avances de la contrarrevolución».

Moscú perdió finalmente la confianza en una solución política, y una reunión del Politburó decidió el 17 de agosto la intervención militar. En la noche del 20 al 21 de agosto veinte divisiones de los países del pacto de Varsovia cruzaron la frontera y aplastaron el movimiento checo sin lucha. Zdenĕek Mlynář cuenta que algunos dirigentes del partido, incluido Dubček, estaban reunidos cuando «se precipitaron en el salón soldados de la división soviética Taman, que se colocaron detrás de cada uno de nosotros, apuntándonos con un Kalashnikov por la espalda». No hubo enfrentamiento armado, pero sí una considerable resistencia popular. Dubček y otros dirigentes fueron arrestados por las tropas invasoras y enviados a la Unión Soviética, donde el 23 de agosto se les obligó a firmar el «Protocolo de Moscú», por el que se comprometían a aceptar las exigencias rusas.

Se ponía así en acción la llamada «doctrina Brézhnev» de soberanía limitada, que sostenía que cuando fuerzas hostiles al socialismo amenazasen derribar el régimen de un país socialista y hacer marcha atrás hacia el capitalismo, el asunto no debía concernir solamente al país afectado, sino al conjunto de los países del campo del socialismo. Esta advertencia se dirigía también a Occidente, para que entendiese que lo de Checoslovaquia era un asunto interno del campo socialista y no formaba parte de una confrontación entre los dos bandos a escala planetaria. Y, en efecto, estos acontecimientos no impidieron que prosiguiera el proceso de distensión.

Los checos habían claudicado, no solo porque carecían de fuerza suficiente para resistir —lo sucedido en Budapest en 1956 era una lección que no podía ignorarse—, sino porque esperaban tener alguna posibilidad de salvar por lo menos una parte de las reformas. Pronto pudieron ver, sin embargo, que lo que se llamaba «normalización» era en realidad una política de vuelta a un neoestalinismo. Dubček siguió con un poder mediatizado hasta abril de 1969, en que, tomando como pretexto unos alborotos populares con motivo de la victoria de los checoslovacos sobre los soviéticos en el campeonato mundial de hockey sobre hielo, se le reemplazó por Husak; comenzó entonces un descenso que acabaría con su expulsión del partido y su degradación a un modesto cargo en la administración forestal de Eslovaquia. En Moscú hubo una manifestación de protesta contra la intervención en Checoslovaquia, al frente de la cual estaba Pavel Litvinof, nieto de un viejo dirigente bolchevique, que fue condenado, como los otros participantes, a tres años de internamiento en un campo de prisioneros.

Los soviéticos habían actuado pensando ante todo en términos de política internacional, puesto que las experiencias de Polonia y de Hungría en 1956 les hicieron temer que podía producirse una caída general en Europa central (era algo así como la teoría del dominó que había llevado a los norteamericanos a intervenir en Vietnam). Tal como Andropov y Gromyko le habían advertido a Brézhnev, no había que temer que la intervención en Checoslovaquia provocase ninguna reacción seria de los Estados Unidos y sus aliados («si conservamos Checoslovaquia seremos más fuertes», había dicho Gromyko). Pero fue una grave derrota en otro sentido.

Se había demostrado que el sistema era incapaz de aceptar este tipo de reformas democratizadoras, que pretendían recuperar los valores con que se había puesto en marcha el proyecto de las democracias populares al fin de la segunda guerra mundial. En Polonia el endurecimiento político de Gomułka vino a combinarse con el malestar producido por el fracaso económico. En diciembre de 1970 el aumento de los precios de los alimentos produjo toda una serie de choques con los trabajadores de las atarazanas, que fueron reprimidos a sangre y fuego. Gomułka fue entonces reemplazado por Edward Gierek, que comenzó a contraer grandes préstamos en Occidente para financiar la expansión de la industria pesada (desgraciadamente los polacos se dedicaron a potenciar actividades sin futuro, como la construcción naval y la minería del carbón, e iniciaron el camino que había de llevarles a un endeudamiento irresponsable y a la ruina económica). En la Europa occidental, las ilusiones acerca de la posibilidad de un socialismo democrático se desvanecieron a partir de este momento, y ello tuvo graves consecuencias en el seno de los partidos comunistas de estos países.

LA REVOLUCIÓN CULTURAL DE LOS SESENTA

Y sin embargo, aunque todos estos movimientos que pretendían cambiar el mundo fracasaron, no lo hicieron sin dejar huella. Los cambios sociales, culturales y en las formas de vida que se introdujeron en los años sesenta fueron importantes y duraderos: los afroamericanos obtuvieron nuevos derechos en los Estados Unidos (dejaron de ser discriminados, aunque siguieran marginados); en el mundo occidental las mujeres ganaron espacios de libertad, y hubo cambios en la conducta sexual, en especial por parte de los jóvenes; el movimiento ecologista tomó una fuerza que no ha hecho más que aumentar desde entonces.

En otros terrenos, por contra, la ilusión de cambio resultó equivocada. Tal sería el caso del pretendido aggiornamento de la Iglesia católica, simbolizado por la persona del papa Juan XXIII y por el Concilio Vaticano II (1962-1965). Las esperanzas de apertura surgidas inicialmente se vieron frustradas por la resistencia de su sucesor, Pablo VI, que en julio de 1968 condenaba el uso de la píldora anticonceptiva y, sobre todo, por la reacción que se produjo durante los pontificados de Juan Pablo II (1978-2005), que se encargó de liquidar la llamada «teología de la liberación» y mantuvo la condena de los métodos anticonceptivos, incluso frente a la terrible amenaza que implicaba la extensión del sida, y de su sucesor Benedicto XVI.

Como había intuido Marcuse, y como señalaría también Roszak en El nacimiento de la contracultura, los protagonistas de los cambios culturales de estos años iban a ser los jóvenes: unos jóvenes con preocupaciones propias y nuevas, que se acomodaban mal al conformismo de sus padres. En el terreno político eran, sin embargo, «rebeldes sin causa», movidos por un rechazo del orden establecido que pudo producir aproximaciones temporales entre demandas sociales tan diversas como las de los estudiantes blancos de Princeton o de California y las de los negros que constituían la parte fundamental de la carne de cañón enviada a morir a Vietnam. Pero unos y otros no tenían objetivos comunes a largo plazo, como no los tenían los universitarios franceses de mayo de 1968 y los obreros de la Renault.

La literatura que se da por supuesto que expresaba esta visión del mundo en los Estados Unidos, la de los escritores de la generación beat, era anterior a las revueltas juveniles de los sesenta y expresaba la desilusión producida por la realidad social de la Norteamérica contemporánea, cuyas miserias denunciaban, lo cual explica que no se les pudiera utilizar en las campañas de la guerra fría cultural. Sus tres iniciadores principales serían Allen Ginsberg, Jack Kerouac y William Burroughs, que trabaron amistad en Nueva York hacia 1943. El poema de Ginsberg, Howl, una de las obras más importantes del siglo XX, que canta el destino de «las mejores mentes de mi generación, destruidas por la locura», data de 1955-1956. On the Road, la versión final de la novela de Jack Kerouac, que se escribió en 1957,[153] era el testimonio de un hombre que falleció alcoholizado en 1969, dejando una obra pictórica que no sería conocida hasta muchos años después de su muerte y que no tiene nada que ver con la «vanguardia» del expresionismo abstracto, oficialmente jaleada en estos años. Naked Lunch, de William Burroughs, dominada por los temas de la droga y la homosexualidad, de la que Ballard dijo que era la obra de ficción más importante producida por un escritor norteamericano después de la segunda guerra mundial, apareció por primera vez en París en 1959, editada por la misma empresa que había publicado en su tiempo las obras de Henry Miller. Burroughs, adicto a la heroína y responsable de la dramática muerte de su esposa en 1951, la escribió en Tánger, donde Ginsberg y Kerouac le visitaron, para marchar juntos a París, mientras trataban en vano de publicar su novela en los Estados Unidos (era por el mismo tiempo en que Howl iba a ser denunciado allí por obscenidad). A estos podrían añadirse otros nombres como el de Charles Bukowski, nacido en Alemania, hijo de un soldado norteamericano que lo trajo a los Estados Unidos a los tres años de edad: un poeta tardío y marginado, que nos cuenta cómo publicó uno de sus primeros libros de poemas, en Nueva Orleáns, por obra de «un exconvicto que poseía una vieja máquina de imprimir», y cómo su siguiente obra la concibió en la cocina de su editor, bebiendo toda la noche con él y con su esposa, mientras las cucarachas se paseaban por las paredes.

Eran hombres que pasaron la mayor parte de su vida en la marginación y la pobreza, inadaptados al mundo que les rodeaba (Ginsberg fue expulsado de Checoslovaquia y de la Cuba castrista, y estaba fichado por el FBI como un individuo peligroso) y que no tenían nada que ver, ni con el mundo de los sindicatos y de las luchas obreras de su tiempo, ni con los estudiantes del SDS, «criados en un por lo menos modesto bienestar». Pese a los rasgos de obscenidad y de denuncia social que se encuentran en sus libros, su obra, tras haber servido de inspiración a unas inofensivas generaciones contestatarias, acabó siendo asimilada por la sociedad bienpensante, que ha convertido a la «generación beat» en un producto cultural apto para el consumo.

Pero no ocurrió así en su tiempo. A diferencia de lo que había sucedido con los pintores del expresionismo abstracto, estos hombres no llegaron nunca a acomodarse; el Ginsberg de los años ochenta, cuando los jóvenes revolucionarios de los sesenta se habían convertido ya en tranquilos conservadores, seguía denunciando «la dictadura de los ricos» o la desigualdad de una sociedad en que «el 4 por ciento de la población mundial consume el 94 por ciento de las materias primas del mundo». En su condena de los dos bandos —«No hay esperanza para el comunismo ni para el capitalismo, todos mienten en los dos lados»— Capitol Air, fechado en 1980, es uno de los grandes poemas políticos del siglo XX y la más elocuente denuncia de la guerra fría.

Muy distante de este universo de la beat generation fue la contracultura de los sesenta, dominada por el intento de encontrar nuevos tipos de comunidad, nuevas pautas familiares, nuevas costumbres sexuales, nuevas formas de subsistencia, una nueva estética y nuevas identidades personales más allá de la política del poder, la familia burguesa y la ética protestante del trabajo. Vistos desde la cultura convencional de los cincuenta, los rasgos en que esta contracultura aparecía en sus formas más visibles eran los de la trilogía: sexo, drogas y rock.

La llamada revolución sexual tuvo mucho que ver con la formación de una visión más realista de la conducta sexual del ciudadano norteamericano medio, a través de los libros de Kinsey (Sexual Behaviour in the Human Male, publicado en 1948, vendió 250 000 ejemplares) o de Masters y Johnson (Human Sexual Response, 1966),[154] pero sobre todo con la difusión de la píldora anticonceptiva. La píldora era un producto de las tendencias sociales, ya que su propio hallazgo fue el resultado de una donación hecha a la asociación Planned Parenthood por Katherine Dexter McCormick, una sufragista viuda de uno de los herederos de la fortuna McCormick, para investigar un anticonceptivo oral que las mujeres pudieran tomar. La idea inicial era la de un producto para las parejas casadas, pero su uso a partir de 1960, cuando fue autorizada, desbordó con mucho este campo. Un filósofo, Ashley Montagu, dijo que era un invento tan importante como el descubrimiento del fuego, que liberaría a las mujeres de «la actitud explotadora y depredadora del macho americano». Una de las razones que ayudaron a su difusión en un país en que muchos estados prohibían el control de natalidad, fue el apoyo de políticos conservadores que creían que la superpoblación podía conducir al socialismo (Eisenhower, por ejemplo, era presidente honorario de Planned Parenthood).

Pero los estudios sobre esta cuestión muestran que los cambios culturales y sociales fueron mucho más trascendentes que la píldora. Sociales como el hecho de que el automóvil permitía a los adolescentes escapar del marco familiar en las noches del sábado y les proporcionaba un espacio privado apto para la intimidad de las parejas. Culturales, como los que derivaban de la nueva visión que proporcionaban obras como las de Kinsey, que obligaron a asumir que la realidad de la vida sexual del norteamericano medio era mucho más compleja, y mucho menos convencional, de lo que se pensaba. Algo que hubiera resultado difícil de aceptar para la generación anterior.

Asustado por los avances de la libertad sexual, el Congreso norteamericano creó en 1967 una Comisión presidencial sobre obscenidad y pornografía. Esta realizó estudios a fondo que la llevaron a descubrir que, contra lo que se pensaba, la pornografía era consumida sobre todo por gente «normal». El cliente habitual de la pornografía era un hombre blanco de media edad, casado, profesional y de clase media. Los estudios mostraron, además, que los agresores sexuales se daban sobre todo entre quienes tenían poco acceso a la pornografía. En los años de 1960 a 1969, en la misma medida en que el material pornográfico era más accesible, los delitos sexuales juveniles disminuyeron; algo que se había podido comprobar antes en Dinamarca, donde la supresión de la censura redujo las violaciones.

La comisión se percató de que los delitos sexuales los causaban más el silencio y la ocultación que el tratamiento abierto de los temas relativos a la sexualidad, y llegó a la convicción de que debían eliminarse todas las prohibiciones sobre venta de pornografía a los adultos. Uno de sus miembros, un clérigo metodista, dijo que pensaba que el informe de la comisión era «un hito en la historia de la comunicación humana» y que su participación en estos trabajos le había demostrado que las causas de los delitos sexuales «se encuentran más bien en los hogares y en los primeros años de las relaciones familiares».

Pero cuando estuvo concluido el informe de la comisión, en septiembre de 1970, se produjo un escándalo. Los políticos dijeron que el propio informe era una muestra de la decadencia social norteamericana, y el Senado, con unas elecciones a la vista al cabo de pocas semanas, lo rechazó por 60 votos contra 5. Si la ciencia quería demostrar la inocuidad de la pornografía, los políticos le replicaban que «es imposible y totalmente innecesario querer demostrar, o negar, la relación causa-efecto entre la pornografía y la conducta criminal». Nixon proclamó: «Si se adoptase una actitud permisiva respecto de la pornografía, ello contribuiría a una atmósfera de aceptación de la anarquía en cualquier otro campo, y aumentaría la amenaza a nuestro orden social y a nuestros principios morales». Lo que les preocupaba no eran las violaciones, sino la aceptación del orden social establecido, y ahí tal vez tenían razón. Tolerar un ataque a los prejuicios establecidos en un campo concreto podía significar el inicio de una reconsideración global de los fundamentos del orden social vigente.

Pero si el informe no tuvo efectos sobre la legislación, ni logró que se atendiesen sus consejos de mejorar la educación sexual en las escuelas, consiguió que muchos jueces evitasen aplicar las rígidas prohibiciones legales y contribuyó a que la sociedad se acostumbrase a expresiones eróticas más libres. Al propio tiempo la industria se apoderaba de las nuevas tendencias: el Playboy de Hugh Heffner convertía el desnudo femenino en una mercancía refinada y el cine pornográfico de Linda Lovelace (Deep Throat) era calificado como «porno-chic».

El movimiento de liberación sexual llegó a su punto más alto a mediados de los años setenta y tuvo uno de sus hitos fundamentales en la decisión del caso Roe contra Wade de 1973, por el que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que era inconstitucional que la legislación de los estados criminalizase el aborto.

Por lo que se refiere a las drogas, en los medios universitarios se difundieron sobre todo la marihuana, el LSD y el peyote. La marihuana era de consumo casi universal y el LSD era una recomendación específica de Allen Ginsberg. De hecho el LSD había sido ampliamente utilizado por la CIA, que experimentó con él en cientos de presos, pacientes mentales y clientes de prostitutas detenidos, sin que ellos lo supiesen, hasta que comenzaron a producirse suicidios y manifestaciones psicóticas y lo abandonaron, reemplazándolo por otras drogas menos agresivas, como el metrazol.

En Harvard fueron dos jóvenes profesores, Timothy Leary y Richard Alpert, quienes comenzaron a dárselo en 1960 a estudiantes escogidos. Publicaron inicialmente trabajos sobre los efectos del LSD en revistas serias, hasta que algunos padres protestaron, quejándose de que sus hijos, jóvenes brillantes y prometedores, les decían «que habían encontrado a Dios y habían descubierto el secreto del universo». Los dos profesores dejaron la universidad; Leary siguió ligado al «movimiento psicodélico», «tuvo el dudoso honor de ser apodado “el hombre más peligroso de Norteamérica” nada menos que por Richard Nixon» y pasó por las cárceles de diversos continentes, mientras que Alpert se convirtió al hinduismo y adoptó el nombre de Baba Ram Dass.

Pese a que el Congreso prohibiera el LSD en 1956, en las universidades se consumieron millones de dosis y la droga se integró en la cultura. Se ha dicho, por ejemplo, que la experiencia de las drogas psicodélicas contribuyó al desarrollo del ordenador personal y de Internet, al mostrar que se puede alterar la realidad a través de formas de pensamiento intuitivo y no convencional. No se debe confundir, sin embargo, esta primera etapa de los alucinógenos con la posterior de la cocaína y el crack, que se difundiría entre las poblaciones pobres de los suburbios negros unos años más tarde.

El rock’n’roll, el tercer elemento de la trilogía, era una derivación del rythm and blues que practicaban Ray Charles o Louis Jordan. Su instrumento característico era la guitarra eléctrica, que servía tanto de instrumento solista como de ritmo. Nació en los años cincuenta con figuras como Chuck Berry, Bill Haley and the Comets (que lo popularizaron con Rock around the clock, una película que produjo tales disturbios en Gran Bretaña que el gobierno la prohibió) y, sobre todo, con Elvis Presley (Halley era demasiado viejo, e inglés, y Chuck Berry era negro; se necesitaba un Elvis para promocionarlo). Elvis comenzó a mediados de los cincuenta y alcanzó muy pronto un éxito espectacular. Cuando en 1955 apareció en televisión en el show de Ed Sullivan, sus movimientos de cadera motivaron que solo le grabaran de cintura para arriba. Hizo 34 películas e innumerables discos, pero murió a los 42 años, consumido por las drogas. El rock cambió y se universalizó en los sesenta con los Beatles o los Rolling Stones, y acabó asociándose a la canción de protesta por obra de músicos como Bob Dylan (que apareció en el festival de Newport con una banda de rock, con canciones como Like a rolling stone) o, más tarde, Bruce Springsteen (que enlazaba con la tradición de la canción del movimiento obrero).

En un nivel más popular hubo también el gran cambio que representaba la aparición de una gran compañía discográfica negra, la Motown de Detroit, que dominó en los años setenta en las listas de éxitos. Mientras en el terreno del baile se difundía una novedad que databa de 1959, el twist, que por primera vez hacía bailar a la gente sola (Chuby Checker se enorgullecía de haber enseñado al mundo a bailar de otro modo).

Un elemento que favoreció la difusión de esta música fue que las radios, sometidas a la competencia de la televisión, se lanzaron de lleno al campo de la música, aprovechando la multiplicación de los pequeños receptores de transistores que, inventados en los cincuenta, se difundieron sobre todo a partir de los sesenta.

La culminación de la música «universitaria», y de la relación entre nueva música y contracultura, se dio en Woodstock. El fin de semana del 15 al 17 de agosto de 1969 se celebró en los llanos de Woodstock, en el estado de Nueva York, un festival que reunió entre 400 000 y 500 000 jóvenes para tres días de música y paz, como decían los carteles. Ante el escándalo de los bienpensantes, los jóvenes escuchaban a Jimi Hendrix tocando a su modo el himno norteamericano, a Joan Baez que protestaba contra la guerra, a Ravi Shankar, los Who, Janis Joplin, Joe Cocker o Carlos Santana. Fueron tres días de lluvia y barro, vividos en una comunión de paz, pero con hippies medio desnudos y tantos malos viajes de LSD que hubo que montar tiendas especiales para atender a los pacientes. Pero el milagro fue que no hubo un solo incidente de violencia o desorden, y que no se produjo la catástrofe que había anunciado el gobernador Nelson Rockefeller. «Nunca antes había experimentado un sentido tan poderoso de comunidad», dirá cuarenta años después uno de los asistentes. Cuando se supo que se les acababan los alimentos, la gente de los alrededores les lanzó huevos duros y bocadillos, de modo que se pudo decir que Woodstock había sido «la mayor fiesta al aire libre desde el milagro de los panes y los peces». Lo malo fue que el éxito abrió los ojos a los empresarios, que comenzaron a comercializar los grandes conciertos supuestamente de protesta o de reivindicación, igual que habían comercializado en el vestido los jeans o el estilo aquarius de los hippies.

La verdad es que de la lucha alternativa de todos estos sectores pretendidamente revolucionarios quedó poco más que su testimonio: estudiantes contestatarios, hippies, situacionistas, adeptos a la liberación sicodélica, participantes en los festivales de rock, proponentes del amor libre o miembros de los movimientos de liberación de la mujer o de los gays creían que con su lucha estaban contribuyendo a derribar la sociedad burguesa y que su contracultura acabaría con la cultura dominante: los weathermen, por ejemplo, pensaban que el sexo en grupo liquidaría la propiedad privada y haría nacer una nueva era de armonía socialista.

Su fracaso se debió, dijo en 2007 Todd Gitlin, que había sido presidente del SDS, a que en lugar de comprometerse en la lucha política real para contribuir a transformarla, decidieron quedar al margen de ella, defendiendo causas extremas. Lo más que puede decirse en su favor es que, si no lograron destruir la sociedad que combatían, la impregnaron y contribuyeron a transformarla, aunque una buena parte de lo que al principio aparecía como ruptura acabó en muchas ocasiones comercializado por la industria cultural de la propia sociedad burguesa.

Hubo, sin embargo, algunas líneas de cambio, tal vez menos espectaculares, que durarían más y tendrían más trascendencia. Si las nuevas formas de ocio liquidaban las viejas formas de sociabilidad, los movimientos contra la guerra de Vietnam y los antinucleares crearon formas de actuación colectiva que contribuyeron al inicio de nuevas estrategias de expresión de la sociedad civil, que se organizaría al margen de los partidos para reclamar o protestar.

El movimiento a favor del desarme nuclear, en concreto, cobró una extraordinaria fuerza en Europa a partir de la creación en Gran Bretaña, en 1958, de la CND (Campaign for Nuclear Disarmement), que tenía a su frente a personalidades intelectuales de la talla de Bertrand Russell, J.B. Priestley o A.J.P. Taylor, y que consiguió movilizar grandes masas en sus actos, tales como las marchas hacia las instalaciones nucleares de Aldermaston. Las manifestaciones contra la guerra de Irak recuperaron, ya en pleno siglo XXI, la tradición de las grandes movilizaciones antibelicistas de medio siglo antes.

También iba a perdurar el movimiento ecologista, que tuvo su antecedente en la publicación, en 1962, de Silent Spring, el libro en que Rachel Carson, una bióloga que había trabajado en el servicio de pesca y vida salvaje, denunció los daños que producían el DDT y otros pesticidas (Carson, que padecía cáncer de mama, escribió buena parte del libro en su lecho de enferma). Su obra fue atacada violentamente por los científicos al servicio de las grandes empresas químicas, pero su influencia sirvió para que diez años más tarde surgiera el primer partido verde en Nueva Zelanda. En 1992 un grupo prominente de norteamericanos eligió Silent Spring como el libro más influyente de los últimos cincuenta años.

Con la crisis económica y la regresión social de los años setenta, sin embargo, se inició el reflujo y se produjo un súbito retorno a la religión (la afiliación a los Testigos de Jehová aumentó en un 36 por ciento entre 1970 y 1980), a la vez que se elegía, en 1976, al primer presidente evangélico, Jimmy Carter. Pero conquistas como los avances en los derechos civiles en Norteamérica, la mejora de la situación social de las mujeres, por lo menos en el mundo occidental, el nacimiento del ecologismo, sumadas a los cambios en el terreno de las relaciones sexuales y la tolerancia, en este campo, de conductas que eran castigadas en pleno siglo XX con la cárcel, así como la aparición de nuevos movimientos sociales que defendían reivindicaciones y protestas que los partidos políticos no acertaban a expresar, son elementos que permiten considerar que las revoluciones de los años sesenta no fueron totalmente estériles. Lo que explica que, para combatir su herencia, se organizase a partir de los setenta una contrarrevolución conservadora que sigue hoy, casi medio siglo más tarde, en plena vigencia.

8

LA GUERRA FRÍA EN ASIA

De modo semejante a cómo ocurrió con la segunda guerra mundial, también la guerra fría fue en Asia distinta a la que se libraba en otros escenarios. Aquí el contrincante mayor de los Estados Unidos no fue la Unión Soviética, sino que la función se repartió entre la China maoísta, hasta 1972, y los diversos movimientos nacionalistas de algunos de estos países, tras los cuales los norteamericanos, obsesionados por el mito del monolitismo, creían ver, casi siempre sin razón, el largo brazo del comunismo ruso.[155] Al igual que había sucedido en Vietnam, los norteamericanos fueron incapaces de aceptar gobiernos que no se alineasen a su lado sin reticencias en la cruzada contra el comunismo: consiguieron derribar a Sukarno en Indonesia o a Norodon Sihanouk en Camboya, se enfrentaron a la India porque mantenía una política exterior demasiado independiente para su gusto, en todo lo cual se equivocaron, y optaron por dar apoyo, o por tolerar sin protesta, a dictadores militares y a gobiernos corruptos (en Corea, Tailandia, Birmania, Pakistán, etc.), con el fin de disponer de aliados más seguros.

Un nuevo y muy importante cambio se produjo a partir de 1979, con el triunfo de la revolución islámica en Irán, que estimuló la respuesta de un islamismo radical contra las pretensiones de hegemonía de «Occidente». Nos ocuparemos más adelante de este nuevo frente de conflicto, que se extendería desde Afganistán hasta el norte de África.

EL FRACASO DE LA UTOPÍA MAOÍSTA

Para entender la política que Mao aplicó en China conviene recordar que procedía de un mundo campesino de autosuficiencia y que el éxito de la guerra de Corea, un triunfo de la fuerza de voluntad contra un enemigo superior, reforzó en él la idea de que todo era posible con esfuerzo y voluntarismo.

Ante la sorpresa general, la colectivización de la tierra, que estaba programada para terminar en 1971, se pudo dar por completada en diciembre de 1956, cuando ya solo quedaban un 3 por ciento de familias campesinas que cultivaban individualmente. Se habían ganado quince años, en un proceso cuya precipitación tendría graves consecuencias, pero que confirmó la fe de Mao en la importancia de la voluntad.

Para contrarrestar el malestar social, Mao distinguió en febrero de 1957 entre los enfrentamientos del partido con sus enemigos, que habían de tratarse por la fuerza de la represión, y las contradicciones en el seno del pueblo, que habían de resolverse por la discusión y la persuasión: «Dejemos que cien flores florezcan, dejemos que cien escuelas compitan». Se estaba entonces preparando el segundo plan quinquenal, de 1958 a 1962, que se trataba de acelerar, y el alud de críticas recibidas desengañó a los maoístas acerca de esta política de tolerancia de la crítica, de modo que se puso fin al estímulo de la discusión, y se inició la «campaña contra la derecha», que prepararía el terreno para la aceptación sin debate del proyecto del «Gran salto adelante», que obligaba a movilizar todas las energías colectivas.

En noviembre de 1957 Mao había asistido en Moscú a las celebraciones por el cuarenta aniversario de la revolución soviética en que Jrushchov dijo que en quince años la URSS sobrepasaría a los Estados Unidos en la producción de acero, carbón y petróleo, así como en la de determinados productos de consumo. Un Mao entusiasmado añadió que en el mismo plazo China sobrepasaría a Gran Bretaña, con lo cual, «en quince años las condiciones materiales del mundo comunista pasarán por una gran transformación y sus economías superarán a las del Occidente capitalista». Las derrotas recientes del capitalismo, como la retirada de Gran Bretaña, Francia y Holanda de sus viejas colonias, en contraste con los éxitos del socialismo, como el lanzamiento de los Sputniks, le llevaban a pensar que estaba llegando el momento en que el campo del socialismo estaría en condiciones de superar al mundo capitalista. Esta era una evolución que nada iba a parar; incluso si sus enemigos les declaraban la guerra nuclear, la victoria estaba asegurada: podía ocurrir que, como consecuencia de ello, muriese la mitad de la humanidad, «pero la otra mitad permanecería, mientras el imperialismo sería destruido; tan solo quedaría el socialismo en el mundo».

De acuerdo con este optimismo voluntarista, la Asamblea popular china lanzó en febrero de 1958 el «Gran salto adelante», y Mao dio la consigna de «atrapar o incluso sobrepasar a Gran Bretaña», con previsiones de crecimientos anuales que eran inviables en la realidad: el 19 por ciento en el acero, el 18 por ciento en la electricidad, el 17 por ciento en el carbón. Se estaban repitiendo errores como los que se habían cometido durante los primeros planes quinquenales de Stalin, pero sin ni siquiera contar con un aparato central de planificación, confiando en que los mensajes de estímulo bastasen para dirigir los esfuerzos individuales en la dirección deseada.

Para alcanzar estos aumentos de la producción industrial todo el mundo debía ponerse a trabajar. En el otoño de 1958 había medio millón de pequeños altos hornos por todo el país, con noventa millones de hombres dedicándose a ellos, y consumiendo sus utensilios domésticos, y hasta sus herramientas, para producir el acero deseado. Al propio tiempo oleadas humanas construían presas y canales, no de acuerdo con un gran plan central parecido a los soviéticos de los años treinta, que el régimen era incapaz de hacer, sino según las iniciativas autónomas de las comunas. En teoría se trataba de un proceso de descentralización que pasaba la realización a los cuadros locales, y que estaba ligado a la formación de grandes comunas populares en el campo, creadas a velocidad estalinista, en lo que en realidad era una aceleración forzada de la colectivización. En noviembre de 1958 26 000 comunas agrupaban al 98 por ciento de la población rural y se convertían, hasta su abolición en 1982, en el cuadro administrativo esencial.

El problema de China, pensaba Mao, era que producía poco acero, que era el elemento fundamental de la industrialización. Los objetivos que fijaba para remediarlo eran insensatos: de una producción anual de 5,3 millones de toneladas quería pasar a 12 millones en 1958, y calculaba que en pocos años más se podrían alcanzar los 100 millones de toneladas, superando a la Unión Soviética y hasta a los Estados Unidos. Había que crear el clima adecuado para forzar el aumento de la producción y la guerra fría era buena para esta tarea: «Es mejor que haya tensión en el mundo. La tensión nos conviene. Mantiene unido nuestro país». Una situación internacional tensa «podría movilizar a las gentes más desfavorecidas, junto con las personas de posición media y, por consiguiente, podría promover el “Gran salto adelante” necesario para la construcción económica».

A ello obedeció en buena medida que Mao buscase reanimar la tensión con un incidente internacional: el 23 de agosto de 1958 los maoístas iniciaron un feroz cañoneo de las islas Quemoy, un archipiélago situado en el estrecho de Taiwán, muy cerca de la costa china, que estaba ocupado por tropas «nacionalistas» de Chiang Kai-shek. Aunque el ataque se presentó dentro de un conjunto de protestas contra la intervención norteamericana y británica en Líbano y Jordania, y como un apoyo al nuevo régimen progresista que en julio de 1958 se había instalado en Irak, estaba claro que una de sus finalidades esenciales era mantener la tensión en la sociedad china.

A decidir a Mao a dar este paso había contribuido también, en buena medida, su primer choque frontal con los soviéticos. Las relaciones de Mao con los sucesores de Stalin habían sido cordiales en los primeros años. Los soviéticos proporcionaron a China ayuda económica y tecnológica, y los chinos colaboraron con los rusos en momentos en que convenía definir de nuevo las relaciones en el seno del colectivo comunista internacional, como se demostró con su participación en la resolución de los problemas con Polonia y con la intervención de Liu Shaoqui y Deng Xiaoping en los debates que condujeron a la publicación de la «Declaración» del 30 de octubre de 1956 y, posteriormente, a la condena de la revolución húngara.

Las cosas cambiaron gradualmente. Mao, que tenía motivos para reprochar la conducta de Stalin respecto de la revolución china, estaba sin embargo en desacuerdo con la forma en que los rusos estaban desarrollando la «desestalinización», y se sentía amenazado por la influencia entre los suyos de un supuesto «jrushchovismo», que se revelaba en hechos como que en el VIII Congreso del Partido Comunista chino, en septiembre de 1956, Liu Shaoqui y Deng Xiaoping hubiesen preparado el informe político sin consultarle, que se hiciesen eco del rechazo soviético al culto de la personalidad y que se hubiese eliminado en la constitución del partido la referencia al «pensamiento de Mao».

El distanciamiento respecto de Jrushchov tenía que ver, además, con hechos como el de que los soviéticos, de acuerdo con los compromisos asumidos con los norteamericanos en la conferencia de Ginebra, dejasen de proporcionarles ayuda técnica en el terreno nuclear. Y, en términos generales, a que estuviesen buscando acuerdos con los norteamericanos, cuando los chinos esperaban que les diesen pleno apoyo en sus campañas por conquistar Taiwán. Lo agravaron aún las prevenciones de los soviéticos acerca de las consecuencias que podía tener el «Gran salto», a las que Mao reaccionó con furor, considerando que tales advertencias nacían del menosprecio racista hacia la capacidad de los chinos.

Cuando Jrushchov, que no era consciente del progresivo resentimiento de los chinos, le propuso a Mao el 22 de julio de 1958 la construcción de una flota chino-soviética de submarinos nucleares y de una estación de radio de propiedad compartida en suelo chino, como instrumento común de defensa en aguas asiáticas, algo que convenía a las perspectivas soviéticas de disponer de medios con los que sostener, a falta de portaviones y de misiles suficientes, una amenaza nuclear a escala mundial, se vio sorprendido por la negativa airada de Mao, que denunció la propuesta como un intento ruso de controlar China.

Jrushchov realizó, del 31 de julio al 3 de agosto de 1958, un viaje secreto a Beijing para aclarar la confusión y se encontró con un recibimiento humillante,[156] en lo que no era más que un primer aviso de la ruptura que iba seguir. Mao estaba en aquellos momentos eufórico ante los aumentos previstos de su producción agrícola y se envaneció ante Jrushchov de que China iba a tener tales excedentes de grano que el problema sería decidir qué hacer con ellos, algo que contrastaba con las dificultades que en ocasiones seguían dándose en la Unión Soviética, que importaba grandes cantidades de cereales de China. La realidad, sin embargo, era que en aquella misma primavera se estaban produciendo ya las primeras situaciones de hambre en muchas zonas de China en que los campos quedaron abandonados como consecuencia de que los hombres habían sido movilizados para construir canales de riego o altos hornos rurales.

Pocos días después de su entrevista con Jrushchov, Mao iniciaba el bombardeo de las islas, sin ni siquiera molestarse en avisar a Moscú. Pero cuando Eisenhower, que temía que se tratase de un primer movimiento para atacar Taiwán, pensó en usar armas nucleares para defenderlas, Jrushchov, que estaba obligado a asumir su papel dentro del campo socialista, y que sabía que Mao no iba a pasar de este gesto de desafío, advirtió al presidente norteamericano que un ataque nuclear contra China implicaría una represalia soviética.

Las relaciones con Mao no mejoraron, sin embargo. Cuando Jrushchov viajó de nuevo a Beijing en octubre de 1959, con motivo de la celebración del décimo aniversario de la revolución china —un aniversario para el que se completó la gigantesca plaza de Tiananmen, arrasando una amplia zona de calles y viviendas— el enfrentamiento se agravó todavía, lo que acabó llevando a Jrushchov a retirar en 1960 los especialistas soviéticos que venían prestando ayuda tecnológica a China.

A fines de 1958 el gobierno chino anunciaba que la producción industrial había aumentado en un 65 por ciento respecto de la del año anterior. Pero este aumento era tan ilusorio como el de las cosechas de grano anunciadas pero no recogidas: más de una tercera parte del hierro producido en los altos hornos campestres no era utilizable en la industria. China estaba repitiendo, agravándolos considerablemente, los errores que los soviéticos habían cometido en su proceso industrializador. El simple aumento de la producción de acero no bastaba además para llevar a cabo los proyectos industriales; se necesitaba importar bienes de producción y tecnología, lo que explica que las importaciones de la Unión Soviética y de los «países socialistas» aumentasen considerablemente hasta alcanzar un máximo en 1959-1960, y estas importaciones había que pagarlas fundamentalmente con productos agrícolas, como arroz, soja y otros alimentos, que cumplían con la función de mejorar los niveles de vida en la Unión Soviética o en la Alemania del este.

Lo cual hubiera sido correcto si la producción agraria china hubiese crecido de acuerdo con unas previsiones que se basaban en las anticipaciones de unos dirigentes provinciales atrapados en el juego de la emulación competitiva por la necesidad de hacer méritos ante la dirección suprema del partido, y condenados luego por ello a ocultar las malas noticias.

Un cierto grado de sacrificio del consumo interno, que era lo que preveían los dirigentes chinos, hubiese sido aceptable en el corto plazo, mientras se realizaba el sueño de la rápida construcción del comunismo, que había de garantizar la abundancia para todos. Pero lo que se produjo a partir de 1959 fue un desastre total: el sueño milenarista acabó en la gran hambruna de los «tres amargos años» de 1959-1962, la mayor y más amplia de la historia de China. Una hambruna que por primera vez se dejó sentir en todos los rincones del país, lo que parecía imposible en un espacio tan amplio y con tan grandes diferencias de ecología y de clima. Se sumaron para ello la sucesión de dos malas cosechas en 1959 y 1960, que vinieron a producirse en los años en que eran mayores las exportaciones de alimentos a cambio de bienes de equipo.[157]

Las cifras de los muertos por la hambruna son difíciles de precisar. La estimación más ajustada calcula que hubo globalmente 32,5 millones de muertes prematuras, pero otras las elevan aun más, hasta unos 45 millones. A diferencia de lo que sucede frecuentemente en las hambrunas, las muertes no solían producirse como consecuencia de enfermedades, sino que eran causadas directamente por el hambre. Las principales víctimas fueron posiblemente los niños, abandonados por sus familias, y las mujeres, sometidas a las duras exigencias colectivas de trabajo.

Al propio tiempo se agravaban las discrepancias en el interior del Partido Comunista chino. Mao había renunciado en 1958 a la presidencia de la república, que pasó a Liu Shaoqui, quien se empeñó, para aliviar la desastrosa situación de los campesinos, en practicar una política de liberalización: se concedió permiso para cultivar pequeñas parcelas privadas, para hacer funcionar talleres artesanos y para vender los productos en los mercados rurales.

Mao estaba en desacuerdo con esta línea política y temía que Liu acabase convirtiéndose en «el Jrushchov chino», pero lo que realmente le enfureció fue recibir las críticas de Peng Dehuai, que culminaron en la conferencia de Lushan, en julio de 1959. El héroe de la guerra de Corea, que era entonces ministro de Defensa, se había entrevistado con Jrushchov en un intento de frenar el distanciamiento ruso-chino —de hecho los soviéticos volvieron a enviar asesores y proporcionaron alimentos para aliviar el hambre en algunas provincias—, y estaba convencido de que convenía oponerse a la política de Mao. Tras haber podido advertir, recorriendo los campos de China, la magnitud del desastre que se había producido, Peng calificó el «Gran salto adelante» de «fanatismo pequeñoburgués».

Mao replicó el 10 de julio admitiendo que podía haber algunos problemas, pero que «la situación en general es excelente». Peng le hizo llegar pocos días después una carta en que, elogiando a Mao por los grandes avances que China había alcanzado bajo su dirección, insistía en que el partido debía aprender de los errores del «Gran salto adelante», que incluían haber malgastado recursos naturales y trabajo humano con propuestas exageradas de producción, que respondían a ilusiones izquierdistas.

Mientras seguían llegando noticias de los estragos del hambre, Mao preparaba su respuesta. A comienzos de agosto inició un duro ataque contra quienes se habían mostrado críticos con su política, calificándolos de «demócratas burgueses» que no tenían nada que ver con la revolución proletaria y que, en consecuencia, debían ser despojados de sus cargos. Los dirigentes del partido, que eran tan responsables como Mao del desastre del «Gran salto», le dieron todo su apoyo y Peng Dehuai y los demás críticos fueron condenados como culpables de haber conspirado contra el partido, el estado y el pueblo. Lin Biao reemplazó a Peng Dehuai en el Ministerio de Defensa y en el control político del ejército, al tiempo que se iniciaba una campaña a escala nacional contra los elementos «derechistas», que anunciaba ya el clima que iba a conducir a la revolución cultural.

La pérdida de su influencia angustiaba a Mao. Su médico nos dice que las iniciativas que adoptó desde entonces —la rectificación del partido, la campaña de educación socialista y, finalmente, la revolución cultural— obedecían todas al propósito de minar las líneas generales establecidas en el VIII congreso, en un proceso que se completó cuando en 1969, en una sesión plenaria del IX congreso del PC, se depuró a Liu Shaoqi y a Deng Xiaoping, se expulsó a la mayoría de los representantes del VIII congreso y se adoptó el pensamiento de Mao como la principal fuerza ideológica del país.

INDONESIA: LA DICTADURA DE SUHARTO

Los Estados Unidos no aceptaban, durante el mandato de Eisenhower, que pudiera haber un campo intermedio entre los dos bandos enfrentados. Como dice en sus memorias un antiguo agente de la CIA: «La guerra fría estaba en su momento culminante y el mundo estaba dividido en dos campos armados, con las naciones no alineadas del tercer mundo en medio. (…) Antes o después, el tercer mundo había de escoger un bando o el otro». Las consecuencias de este planteamiento estaban claras: había que combatir el neutralismo y forzar el paso de los no alineados al bando occidental. La incapacidad de comprender las realidades del nacionalismo, que habían llevado a Truman a menospreciar los intentos de acercamiento de los vietnamitas del norte, reaparecieron con Eisenhower en el NSC 162/2, donde se denunciaban las «fuerzas de inquietud y de resentimiento hacia Occidente» que existían en los países no alineados: «entre estas fuerzas están los sentimientos raciales, el anticolonialismo, el ascenso del nacionalismo, la demanda popular de un rápido progreso social y económico, la superpoblación, la ruptura de pautas sociales estáticas y, en muchos casos, el conflicto entre las filosofías sociales y religiosas locales con las de Occidente».

La primera víctima de esta incomprensión fue Indonesia. En 1953 John Foster Dulles había dicho: «Entre una Indonesia territorialmente unida que se inclina y avanza hacia el comunismo y la ruptura de este país en unidades raciales y geográficas, prefiero la segunda alternativa». Se decidió, por ello, jugar a la fractura de Indonesia, como lo habían hecho los holandeses en 1946. En 1958 una revuelta militar con apoyo musulmán estableció un gobierno indonesio alternativo al de Sukarno en el oeste de Sumatra. Hoy sabemos que la responsabilidad fue del gobierno norteamericano, que cometió el error de creer que Sukarno se estaba volviendo procomunista, pese a que la propia embajada de los Estados Unidos en Jakarta lo desmentía.

La CIA envió asesores militares y un grupo de bombarderos B-26 manejados por pilotos de la línea aérea clandestina de la agencia, Civil Air Transport, que bombardearon posiciones gubernamentales, incluyendo, por error, un hospital. El 18 de mayo de 1958 un B-26 de la CIA, que acababa de lanzar tres bombas sobre la población civil, fue alcanzado por los indonesios, que capturaron a un norteamericano, Allen L. Pope, quien, contra todas las reglas del juego, llevaba encima unos papeles de identificación que, al mostrarle como un agente norteamericano, podían servir como una garantía para no ser ejecutado de inmediato. El resultado de este tremendo error de Eisenhower y de Foster Dulles, que detuvieron entonces la operación, fue que Sukarno no volviese a confiar en los norteamericanos, pero también contribuyó a reforzar el papel del ejército indonesio, que pensaba que había que reemplazar el sistema parlamentario existente por otro en que las fuerzas armadas tuvieran una participación mayor. Desde este momento los Estados Unidos cambiaron de política y dejaron de dar apoyo a los grupos separatistas para aliarse con los sectores anticomunistas del ejército.

Mientras tanto Sukarno, que había recuperado los territorios de Nueva Guinea Occidental (Irian Jaya) en 1962, con un acuerdo por el que se comprometía a celebrar un referéndum de autodeterminación no más tarde de 1969, y había nacionalizado los intereses holandeses en las islas, aspiraba a integrar en una gran nación malaya los territorios británicos en Borneo (Kalimantan), una isla que los indonesios dominaban mayoritariamente, con la idea de reconstruir los lazos que el colonialismo había roto en el siglo XIX. Pero los ingleses optaron en 1963, como ya se ha dicho, por integrar estos territorios en la Federación de Malasia, desoyendo la propuesta indonesia de que se realizase un plebiscito para saber si los naturales preferían unirse a Indonesia, a las Filipinas o a Malasia. Tras la conquista de Irian Jaya, esta nueva reivindicación le permitía a Sukarno mantener la tensión nacionalista y contar con el poderoso Partido Comunista indonesio como aliado. Quienes no estaban de acuerdo en seguir esta escalada eran los jefes del ejército que, convertidos en su mayoría en dirigentes de las compañías incautadas a los holandeses, no querían más aventuras militares.

El general Suharto, el hombre que había dirigido la ocupación de Irian Jaya y que había prometido públicamente «aplastar Malasia», estableció contactos secretos con ingleses y norteamericanos para garantizarles que no habría más programas de conquista, y para negociar el fin de la política de confrontación con Occidente. En estos momentos de distanciamiento entre Sukarno y el ejército, el peso que había adquirido el Partido Comunista, que impulsaba una reforma agraria y la creación de una milicia popular, asustó todavía más a los militares.

El enfrentamiento de Sukarno con los norteamericanos aumentó al ver que estos apoyaban en la ONU a Malasia, lo que le llevó a reconocer a su vez al gobierno norvietnamita y a abandonar la ONU, denunciando que esta estaba controlada por fuerzas imperialistas, lo que debía de haberle resultado evidente desde el primer momento, teniendo en cuenta quiénes tenían en ella el derecho de veto. Sukarno nacionalizó las empresas privadas extranjeras (salvo las petroleras) y en agosto de 1965 abandonó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Para atajar su deriva antioccidental, y prevenir el riesgo de que quisiera nacionalizar las petroleras de propiedad norteamericana, los estadounidenses empezaron a azuzar al ejército contra el Partido Comunista y contra Sukarno.

Será difícil averiguar qué sucedió realmente entre el treinta de septiembre y el primero de octubre de 1965, después de que los comunistas hubieran denunciado que había un Consejo de generales preparando un golpe orquestado por la CIA, y de que el teniente coronel Untung, un hombre del entorno de Sukarno, iniciase un movimiento contra los jefes militares corrompidos que vivían en medio del lujo, malgastando el dinero del estado, lo que le llevó a capturar a seis de los más importantes y a darles muerte, en nombre de un consejo revolucionario del «Movimiento 30 de septiembre», aunque parece claro que los comunistas, que no tenían nada a ganar en esta aventura, cuidaron de quedar al margen de ella.

Al día siguiente un contragolpe dirigido por Suharto, que parece que pudo haber evitado el primer golpe, pero que inicialmente se inhibió de hacerlo (con lo que, de paso, los sublevados eliminaron a unos generales que podían haber dificultado su promoción), aplastó el «Movimiento 30 de septiembre». Ello le dio la oportunidad de deshacerse de Sukarno (arrinconado, primero, y depuesto y recluido, después) y de acusar al Partido Comunista de estar detrás del golpe, lo que le sirvió de justificación para iniciar una masacre, no solo contra los comunistas, sino contra todos sus posibles simpatizantes, destruyendo sindicatos, cooperativas y organizaciones juveniles musulmanas, y matando a maestros de escuela, a la vez que se ganaba el apoyo de los altos mandos del ejército favoreciendo sus intereses en los negocios.

Como los norteamericanos estaban entonces empeñados en Vietnam, las agencias de noticias internacionales hablaron poco de estas matanzas que, en opinión de la propia CIA, figuran entre las peores del siglo XX: las estimaciones más moderadas hablan de 500 000 a un millón de muertos —un buen conocedor de la historia indonesia opina que fueron «entre 300 000 y dos millones»— y de cientos de miles de presos políticos recluidos sin proceso en cárceles y campos de concentración.

No ha sido hasta fecha muy reciente que se han ido conociendo los detalles de la participación norteamericana en estos acontecimientos, algo que durante muchos años se ocultó o se negó. Sabemos ahora que uno de los inspiradores del golpe, Adam Malik, que sería ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente de Indonesia con Suharto, estaba a sueldo de la CIA (el embajador Green propuso que se le pagasen 10 000 dólares por su papel en el golpe) y que los norteamericanos proporcionaron al ejército listas de cinco mil supuestos miembros del Partido Comunista indonesio,[158] propaganda, medicinas, radios, arroz, equipos de transporte, dinero y armas cortas. No ha de extrañar que un alto funcionario estadounidense se encargase de decir a los militares «que la embajada y el gobierno de los Estados Unidos simpatizaban con ellos y veían con admiración lo que había hecho el ejército».

Lo que siguió, comenzando por las leyes que liberalizaban la economía y favorecían las inversiones extranjeras, fueron más de treinta años del gobierno corrompido de Suharto y de los militares. Un régimen de «capitalismo gangsteril», con un «Nuevo orden» político basado en la suposición de que la democracia occidental no era adecuada para Indonesia, un crecimiento económico basado en el petróleo, que representaba el 78 por ciento de todas las exportaciones del país, y en la entrega de los abundantes recursos minerales y forestales a las grandes empresas extranjeras (más de la mitad de los bosques del Borneo indonesio serían destruidos en las décadas siguientes), en medio de una corrupción sin límites (a Suharto se le calculaba una fortuna de 73 000 millones de dólares, repartida en cuentas bancarias diversas). El Banco Mundial no solo apoyó a Suharto en sus proyectos económicos, sino que le ayudó a financiar un gigantesco programa de «transmigración» de millones de pobladores de Java hacia otras islas.

Suharto continuó además la formación del «imperio indonesio», con la complicidad de los Estados Unidos, primero al desvirtuar por completo el referéndum en Irian Jaya: la «ley de libre elección» determinaba que habían de participar en él todos los habitantes nativos, pero solo lo hicieron 1022, escogidos de entre una población de 800 000 para votar pública y unánimemente por la integración a Indonesia. Nixon y su secretario de Estado, Kissinger, visitaron Indonesia en el verano de 1969, en pleno desarrollo del proceso, y Kissinger advirtió al presidente norteamericano acerca de la conveniencia de no hablar de la cuestión, para no enemistarse con Suharto, que, en opinión de Kissinger, era «un militar moderado… preocupado por el progreso y la reforma».

El paso siguiente lo dio Suharto al apoderarse por la fuerza de Timor oriental, una colonia portuguesa que estaba en camino de obtener su independencia en los tiempos confusos en que la metrópoli vivía la «revolución de los claveles» de 1974. Temiendo que un gobierno independiente de Timor pudiese caer bajo la influencia de China, los Estados Unidos autorizaron a Suharto a invadir e incorporarse el nuevo territorio.

David D. Newsom nos ha dejado un testimonio directo de los hechos: «El 6 de diciembre de 1975, mientras yo era embajador de los Estados Unidos en Indonesia, el presidente Gerald Ford y el secretario de Estado Henry Kissinger visitaron Jakarta, de regreso de un viaje a China». Suharto les informó de que Indonesia creía no tener otra opción que actuar militarmente y anexionarse el territorio de Timor oriental. Kissinger opinó que podía hacer lo que le conviniese, siempre que no se usasen armas proporcionadas por los Estados Unidos. Hoy tenemos, sin embargo, algunos detalles que completan lo que cuenta Newsom: sabemos que lo primero que respondieron Ford y su secretario de Estado a Suharto fue que «sería mejor que se hiciera después de que hayamos regresado» (Suharto aguardó amablemente a retrasar la invasión hasta el día siguiente, cuando sus interlocutores estaban ya de regreso en Washington), que se le aconsejó que «lo que hubiese que hacer se hiciese rápidamente» y que lo que realmente dijo Kissinger acerca de las armas proporcionadas por los Estados Unidos fue que, al ser ilegal su uso, «podía crear problemas», pero añadió que esperaba que encontrarían el modo de «interpretar» la invasión de Timor oriental como un acto de defensa propia, lo que no dejaba de ser imaginativo.

Tampoco es que la noticia que les daba Suharto les hubiese sorprendido. Los dirigentes norteamericanos conocían su propósito de invadir Timor oriental desde hacía cinco meses y le daban pleno apoyo. Nunca le plantearon al dictador indonesio problemas acerca de las vulneraciones de los derechos humanos. Pasaron por alto los crímenes y brutalidades cometidos en su nueva colonia, con 60 000 muertos en el primer año de ocupación, siguieron ayudando a que prosiguiera el genocidio durante la presidencia de Carter, cuando Richard Holbroke, por entonces secretario adjunto de Estado para Asia oriental y el Pacífico, y Paul Wolfowitz, embajador en Indonesia, se preocuparon de que se aumentase la ayuda militar a Suharto y se silenciase lo que estaba ocurriendo en Timor. Un silencio que se mantuvo tanto cuando el dictador indonesio hizo una visita a Reagan en 1982, como cuando el vicepresidente norteamericano, G.H.W. Bush, visitó Indonesia en plena etapa de las «misteriosas muertes», cuando, de 1982 a 1984, Suharto hizo ejecutar sumarísimamente a unas 4000 personas, según la estimación de la embajada norteamericana.

Como ha dicho Tariq Ali, «ningún régimen del tercer mundo ha sido más estimado por Occidente que la dictadura de Indonesia, desde su sangriento inicio». En 1995 Clinton y el vicepresidente Gore recibieron a Suharto en la Casa Blanca con los brazos abiertos, le riñeron un poco por las salvajadas que cometía en Timor oriental, y se pusieron enseguida a hablar de cuestiones económicas, que era lo que les interesaba. Un alto funcionario de la administración dijo de Suharto: «He’s our kind of guy» («Es la clase de tipo que nos va»). Era, en efecto, un miembro destacado de la clase de tipos que habían contribuido a la consolidación del nuevo imperio norteamericano. Solo cuando dejó el poder se le empezó a valorar adecuadamente. En la necrología publicada por el New York Times en enero de 2008 se calificaba su gobierno como «una de las más brutales y corrompidas [dictaduras] del siglo XX».

LA «REVOLUCIÓN CULTURAL» CHINA

En lo sucedido en China en estos años se suele considerar como un elemento fundamental el protagonismo de Mao Zedong, que se oponía, a la vez, a su progresiva marginación por parte de los dirigentes del partido y a la política revisionista, «a la Jrushchov», que algunos de estos pretendían imponer. Pero la llamada «revolución cultural proletaria» no hubiera sido posible de no existir además una masa de descontentos, víctimas de la desastrosa situación económica en que había quedado el país después del fracaso del «Gran salto adelante».

La confrontación propiamente dicha comenzó en 1965, y lo hizo en el terreno de la cultura. En Shanghái había un grupo de radicales dirigido por Jiang Qing, la esposa de Mao, que denunciaban que la escena cultural estaba llena de «hierbas venenosas», y que había que arrebatar a la burguesía los dominios de la literatura y del arte, realizando en este terreno una «gran revolución proletaria». El primer objetivo de sus ataques se lo proporcionó una obra de teatro publicada cuatro años antes, La destitución de Hai Rui, escrita por un historiador, Wu Han, que era a la vez un alto cargo del ayuntamiento de Beijing, cuyo alcalde, Peng Zhen, había sido uno de los críticos más duros de Mao. Aunque la obra se refería a un burócrata de la época de los Ming, se quiso entender como una crítica a la destitución de Peng Dehuai, el héroe de la guerra de Corea que había perdido su cargo de ministro de Defensa por criticar la política del «salto adelante».

Detrás de la campaña contra la obra de Wu Han estaba el propio Mao, que se trasladó de Beijing a Shanghái en su lujoso tren equipado con aire acondicionado. Su objetivo iba mucho más allá de la censura a esta obra, puesto que lo que pretendía era atacar la dirección del partido en Beijing en la persona de su alcalde, Peng Zhen, como inicio de una remodelación total de la cúpula dirigente del partido.

Mao, que contaba sobre todo con el apoyo del ejército, dirigido por Lin Biao, había procedido hasta este momento con astucia, dejando actuar a los demás y sin comprometerse personalmente, con el fin de que los enemigos contra quienes iba a dirigir los golpes estuviesen desprevenidos. Lejos de atacar directamente a Liu Shaoqi y a Deng Xiaoping, había comenzado con una actuación de guerrilla contra dirigentes menores, alentando la ofensiva del «Grupo central de la revolución cultural», que era en realidad un instrumento personal suyo, contra «los que querían seguir el camino del capitalismo». En este momento los dirigentes del partido hubiesen podido todavía frenar su actuación; pero no se atrevieron a enfrentarse a él y toleraron tanto la divinización de su persona y de su pensamiento que estaban impulsando Lin Biao y Chen Boda, como las primeras acusaciones que culpaban a Liu Shaoqi por no haberse opuesto a que se desarrollase «una línea antipartido».

En julio de 1966 Mao escribía a su esposa que se disponía a crear «un gran desorden bajo el cielo» con el propósito de alcanzar «un gran orden bajo el cielo». En realidad, el desorden inducido desde abajo había comenzado ya meses antes. Los primeros episodios se produjeron en la Universidad de Beijing, donde en mayo de 1966 apareció un cartel de la secretaria del partido en el Departamento de Filosofía, Nie Yuanzi, en que se acusaba al gobierno municipal de Beijing y al presidente de la universidad de haber suprimido las directivas de Mao sobre la revolución cultural, y se instaba a los estudiantes a sublevarse contra «los revisionistas al modo de Jrushchov». El presidente y los dirigentes del partido en la universidad reaccionaron atacando a Nie; pero Mao expresó en público su apoyo al cartel que esta había presentado, y ordenó que su contenido se difundiese por todas las emisoras de radio, a la vez que el Diario del pueblo, que ahora controlaba Chen Boda, denunciaba la existencia de un grupo antipartido en la universidad.

El 16 de mayo de 1966 el Comité Central del Partido Comunista chino anunciaba el inicio de la Gran Revolución Cultural Proletaria y conminaba a «criticar y repudiar las ideas burguesas reaccionarias en los campos del trabajo académico, la educación, el periodismo, la literatura, el arte y la edición», y a expulsar a «los representantes de la burguesía que se han infiltrado en el partido, el gobierno, el ejército y en todas las esferas de la cultura». El anuncio coincidía con el momento en que en un instituto de enseñanza media de Beijing un estudiante de bachillerato, cuyo nombre se desconoce, ideó el nombre de «guardia rojo» para designar a los jóvenes revolucionarios.

Mientras tanto proseguía la divinización de Mao y el Diario del pueblo publicaba afirmaciones como: «El presidente Mao es el rojo sol de nuestros corazones. El pensamiento de Mao Zedong es la fuente de nuestra vida». Sus obras «son más preciosas que el oro», «cada frase suya es un tambor de guerra; cada expresión, una verdad».

La lucha contra la dirección del partido se presentaba como una «victoria del pensamiento de Mao Zedong», esto es de la ortodoxia revolucionaria, contra el revisionismo burgués, y su dirección iba a recaer en un «Grupo central de la revolución cultural» en que figuraban, junto a otros radicales de Shanghái, Jiang Qing y Chen Boda, que fue uno de los inspiradores del libro de Citas del presidente Mao Zedong, el «libro rojo» del que se publicaron 350 millones de ejemplares y que se convirtió en una especie de breviario del pensamiento ortodoxo, que se iniciaba con la propuesta de «Estudiar las obras del presidente Mao, seguir sus enseñanzas y actuar según sus instrucciones». El libro se repartió a todos los soldados por iniciativa de Lin Biao, el ministro de Defensa que había reemplazado a Peng Dehuai, y se difundió más tarde entre la población civil —«aprended del ejército, dice Mao»— como una especie de catecismo que contenía todas las repuestas.

Sin embargo, no todo debe reducirse en la actuación de Mao a su ambición de poder. Convencido de que la Unión Soviética postestalinista marchaba de vuelta hacia el capitalismo, y perdidas las esperanzas que había depositado antaño en el movimiento comunista mundial, quería mantener viva la revolución luchando contra la degeneración burocrática del socialismo. Recurría, para ello, a los jóvenes con consignas como «Rebelarse está justificado» y «Derribad todo lo viejo», pensando que eran los mejores auxiliares que podía encontrar para enfrentarse al aburguesamiento del partido. Los carteles colgados por todas partes iban a convertirse en uno de los elementos definidores de la espontaneidad del nuevo movimiento.

Mientras Liu y Deng enviaban grupos de trabajo del partido a restablecer la situación en los centros de enseñanza y Chen Boda, por el contrario, estimulaba la agitación, Mao permanecía en el sur del país, lejos de Beijing, pero puntualmente informado de lo que sucedía. El 16 de julio de 1966 Mao participó en la travesía del Yangtsé, junto a otros 5000 nadadores, y mostró su vigor físico nadando durante una hora y cinco minutos (aunque, como explica su médico, sus ejercicios natatorios solían reducirse a dejarse arrastrar por la corriente, flotando panza arriba, con el menor movimiento de brazos posible, acompañado por un barco que le recogía cuando se cansaba). Era el anuncio de que volvía a la lucha y, en efecto, dos días más tarde, mientras los periódicos y los noticiarios cinematográficos destacaban su proeza natatoria, marchaba hacia Beijing sin anunciarlo a nadie.

En Beijing se reunió con su esposa, con Chen Boda y con los demás miembros del grupo, que denunciaban que la decisión de Liu de enviar equipos de trabajo para frenar el movimiento de los estudiantes había sido un error, e incitaban a estos a sublevarse. El propio Mao atacó ahora directamente el intento de reprimir a los estudiantes como algo reaccionario y escribió su propio cartel con el lema «Bombardead el cuartel general», en que se acusaba a algunos dirigentes de haber formado un «cuartel» burgués dentro del partido y de haber practicado el terror blanco. Liu se dio cuenta entonces de la trampa que le había tendido Mao, que le había dejado actuar sin oponerse a su proyecto, para desencadenar más tarde una campaña contra él, sabiendo que ninguno de sus compañeros iba a arriesgarse a defenderle.

El primero de agosto de 1966, el «Día del ejército», se reunió por iniciativa de Mao el pleno ampliado del Comité Central del partido, en unos momentos en que estaba animando al movimiento de los guardias rojos con la consigna de «rebelarse está justificado», que iba a servir para legitimar las violencias que se cometerían en los próximos años. De aquí surgió el manifiesto de los «dieciséis puntos», redactado por el Grupo central, que exponía los principios de la «gran revolución cultural proletaria», basada en la actuación espontánea de las masas. Al término de la reunión se votó la nueva composición del politburó, que Mao hizo modificar finalmente para dejarla a su gusto, encabezada por él mismo, seguido por Lin Biao y Zhou Enlai, con Chen Boda en quinto lugar, Deng Xiaoping en sexto y Liu Shaoqi en octavo.

El 18 de agosto de 1966 un millón de personas, en su mayoría jóvenes, se reunieron en la plaza de Tiananmen y en sus alrededores con el libro rojo en la mano y profesando su adoración por Mao, que había calculado aparecer ante ellos con los primeros rayos del sol, vestido con el uniforme revolucionario. Una niña le puso un brazalete de guardia rojo, lo que implicaba que asumía personalmente la causa de los estudiantes rebeldes, en medio de los himnos y de los discursos entusiastas de Lin Biao y Chen Boda. Sin haber pronunciado una sola palabra, Mao se retiró a un pabellón para recibir a los representantes de los guardias rojos. Millones de carteles de propaganda difundían por todo el país una imagen transfigurada del Gran Timonel. Mao estaba usando la fuerza de los «guardias rojos» para acabar con los apoyos que Liu conservaba en el aparato del partido.

Estos jóvenes compondrían las guerrillas que iban a conmocionar el país con el propósito de combatir la vieja cultura y las viejas costumbres, con el fin de mantener una revolución permanente e impedir el «neocapitalismo». Una guerrilla que atacó a intelectuales y profesores, sometiéndolos a humillaciones públicas y a palizas, o asesinándolos, y que dejó tras de sí millares de muertos. En agosto y septiembre de 1966 miles de hogares «burgueses» de Beijing y de Shanghái fueron asaltados y saqueados por «guardias rojos» o por grupos que pretendían serlo. Los documentos financieros o las cartillas de ahorro incautados eran después quemados en la calle.

Mao había dicho que la revolución «es un acto de violencia con el que una clase derriba a otra», y Lin Biao les pedía a los jóvenes que combatiesen los cuatro «viejos»: «viejo pensamiento, vieja cultura, viejas costumbres y viejas prácticas». Al propio tiempo el ministro de Seguridad indicaba a la policía que dejase hacer a los guardias rojos y simpatizase con ellos, incluso si llegaban a causar muertes. Los estudiantes destruían todo lo que siempre habían sentido que estaba por encima de ellos, con el fin de construir un mundo nuevo desde sus mismos fundamentos. Como se les había autorizado a viajar libremente en los trenes, millones de guardias rojos marcharon a predicar la revolución por el país, mientras otros iban a Beijing o visitaban los lugares santos del maoísmo (el lugar en que nació Mao, los testimonios de la larga marcha…). La campaña contra los «cuatro viejos» les llevó a destruir templos, tumbas, mezquitas y monumentos, como el templo de Confucio de Qufu, y a quemar libros y manuscritos. En su afán por cambiarlo todo llegaron a proponer que en los semáforos fuese el rojo el color que indicase la libertad de pasar, y costó convencerles de que convenía reservar el color más visible para prevenir el peligro.[159]

Pronto, sin embargo, la lucha dividió a los propios guardias rojos, separando a los hijos de soldados, campesinos y trabajadores de los que no tenían este mismo origen social. Los grupos eran manipulados, además, por fuerzas políticas y militares en competencia. A mediados de otoño había centros de detención y reformatorios donde unos estudiantes eran torturados por otros. Los guardias rojos impusieron que en los lugares de trabajo la gente comenzase el día haciendo tres reverencias al retrato de Mao para pedirle inspiración, y terminase la jornada de trabajo con otras tres reverencias. Hacían rezar a sus víctimas pidiendo perdón a Mao, y se preocupaban de que los periódicos publicasen las noticias de los milagros que se habían producido con el «Libro rojo», cuyo contacto había curado a ciegos y sordos.

Mao dirigió ahora a los estudiantes directamente contra Liu y Deng, a la vez que autorizaba a que se creasen también grupos revolucionarios obreros, que muy pronto se dividieron entre rebeldes que querían derribarlo todo y «revolucionarios proletarios» que pretendían conservar el liderazgo del partido.

En este proceso pudo ver cómo se atacaba al Comité del partido en Shanghái y aprobó personalmente, en enero de 1967, que lo reemplazase otro Comité rebelde. Con ello se iniciaba una campaña para derribar los viejos comités que se iba a extender por todo el país, cuyas consecuencias no había previsto, al no darse cuenta de que se corría el peligro de llegar a una situación en que las iniciativas se tomarían a partir de unas directrices fijadas por las masas. Los viejos miembros del partido y los dirigentes del ejército pensaban que se había ido demasiado lejos y que era necesario detenerse, si no querían verse desplazados por nuevos órganos de poder surgidos desde abajo.

Mao, sin embargo, se resistió a hacer marcha atrás. Desde febrero de 1967 el politburó, donde podía haberse encontrado en minoría, dejó de reunirse, y en su lugar lo hacían el Comité Central o el grupo de la revolución cultural, mientras la situación en el país era de auténtica guerra civil. Aquel verano Liu y su esposa fueron sometidos a todo tipo de humillaciones y violencias por parte de grupos de guardias rojos. Liu renunció al cargo de jefe del estado y se le separó de su esposa, que fue encarcelada, y de sus hijos, a quienes se envió a trabajar en el campo, mientras a él se le mantenía confinado en su domicilio.

Zhou Enlai, que ejercía desde el partido una influencia moderadora frente a los excesos del Grupo central, dirigido por Chen Boda y dominado en realidad por la esposa de Mao, hubo de esforzarse para poner a salvo de los asaltos a personalidades aliadas desde el comienzo al maoísmo, como Song Qingling, la viuda del presidente Sun Yat-sen, así como para proteger de los ataques de los guardias rojos a la esposa de Liu Shaoqi o al mariscal Peng Dehuai.

La gravedad de la situación, que llegó a amenazar las vidas de altos funcionarios y condujo a la muerte de Zhang Linzhi, ministro del Carbón y de la Minería, resultó evidente cuando, en julio de 1967, se produjo un grave incidente en Wuhan, donde hubo un enfrentamiento entre un grupo de trabajadores «conservadores», llamado el «Millón de héroes», que tenían el apoyo de Chen Zaidao, comandante militar de la región, y el radical «Cuartel General de los Trabajadores», en unos choques que causaron más de cien muertos y tres mil heridos. Chen fue destituido y en Beijing se produjo, en la plaza de Tiananmen, una gran concentración, presidida por Lin Biao, que se manifestó contra la conducta del ejército en Wuhan. Parecía que Mao estaba dispuesto a dejar que se armase a las masas contra un ejército que apoyaba a los obreros «conservadores»; pero pronto se dio cuenta del riesgo que se corría, sin olvidar que la situación de desorden constante había llevado a una grave caída de la producción industrial.

Los jefes militares comenzaban a inquietarse por la situación y a criticar a los dirigentes del Grupo, y en especial a Chen Boda y a Jiang Qing, por la confusión que habían introducido en el partido, en el gobierno, en las fábricas y en el campo, y los acusaban de proponerse hacer otro tanto en el ejército.

Mao no tomó ninguna medida para frenar la radicalización hasta que estuvo convencido de que toda la vieja estructura de los mandos del partido y de los jefes militares había sido desarticulada. La forma de poner fin a la escalada del proceso revolucionario fue, por una parte, acusar a un grupo de ultraizquierdistas de los abusos cometidos y, por otra, frenar las propuestas de depuración del ejército. El «Grupo 16 de mayo», al que se culpaba de todos los excesos, no pasaba de ser un grupúsculo que nunca tuvo más allá de 40 miembros, pero su nombre sirvió para denominar una gran conspiración imaginaria por la que en los diez años siguientes se acusó a millones de personas. Así surgió una nueva orgía de detenciones y persecuciones en que ahora les tocaba el turno de víctimas a una parte de los propios revolucionarios.

Lo cual no significa que Mao pensase que la revolución cultural había fracasado. Por el contrario, consideraba que había alcanzado los objetivos que perseguía, y que posiblemente convendría repetirla cada siete u ocho años para renovar el impulso revolucionario y evitar la degeneración burguesa; pero creía también que en esta ocasión había llegado el momento de hacer una pausa.

Se trataba ahora de formar comités revolucionarios en que conviviesen los representantes del ejército, los cuadros revolucionarios y las masas, lo cual, dado el debilitamiento que habían sufrido los cuadros del partido, iba a dar un papel preponderante a los militares. La nueva consigna era la de acabar las luchas y formar alianzas. En octubre de 1967 se ordenaba que se iniciasen de nuevo las actividades de enseñanza, que habían permanecido suspendidas cerca de un año y medio, para lo que «equipos de pensamiento propagandístico obrero» iban a las aulas a dar lecciones. Ante la resistencia de los guardias rojos, que los recibían a tiros, fue el propio Mao el que tuvo que decir a sus dirigentes que se habían excedido al lanzarse a la lucha armada. En los años siguientes más de 16 millones de jóvenes urbanos, un diez por ciento de la población de las ciudades, fueron enviados a los campos, lejos en muchos casos de sus familias, para reeducarse.

INDIA Y PAKISTÁN: LA CRISIS DE 1971 Y LA EMERGENCIA

Pakistán, que consiguió aprobar su primera Constitución en 1956, suspendió su vigencia en 1958. «El ejército pakistaní, respaldado por Washington —dice Tariq Ali— decidió tomar una medida preventiva contra la democracia.» Eisenhower simpatizaba con Ayub Khan y aceptó sin ningún inconveniente que estableciera una dictadura paternalista que venía a reproducir, en cierto modo, los hábitos políticos de la época de la colonia, manteniendo el orden mediante el ejercicio de la ley marcial, a la vez que buscaba crearse una base de apoyo en las zonas rurales. En 1962 se promulgó una nueva Constitución que restablecía los partidos, pero para entonces Ayub Khan se había asegurado ya los apoyos suficientes para que nadie protestase por la elección presidencial amañada que se celebró en 1965 y que ganó holgadamente.

El desarrollo económico y social que se produjo en estos años, siguiendo los consejos y los proyectos de sus asesores norteamericanos, benefició sobre todo a las clases dominantes del Punjab, y sobre todo a unos terratenientes de prácticas semejantes a las del feudalismo, a expensas de los campesinos, mientras las amplias capas de población de habla sindhi veían con desagrado la imposición del urdu como lengua dominante, y los bengalíes del Pakistán oriental se sentían completamente marginados, cultural, económica y políticamente.[160] Los choques con la India que tuvieron lugar en 1965 amargaron los últimos años del gobierno de Ayub Khan, mientras en 1967 surgía un nuevo grupo populista, el Partido Popular de Pakistán (PPP), con el lema de «Pan, vestido y vivienda», dirigido por Zulfiqar Ali Bhutto. El PPP canalizó el descontento popular que animó las revueltas estudiantiles de 1968-1969 y acabó conduciendo a la dimisión de Ayub en marzo de 1969.

Ayub cedió el poder al general Yahya Khan, que se preparó para celebrar en diciembre de 1970 las primeras elecciones con sufragio universal, con la esperanza de ceder la jefatura del gobierno a Bhutto, y mantenerse en la del estado. Estas dieron, sin embargo, un resultado inesperado, puesto que mientras en el Pakistán occidental el voto se dispersó entre diversos partidos, con una mayoría de 88 diputados (de un total de 144) para el PPP, la Liga Awami del Pakistán oriental, encabezada por Mujibur Rahman (Mujib), con su programa de autonomía y gobierno civil para el Pakistán oriental, obtuvo 167 diputados (de un total de 169), lo que le daría la mayoría en una futura Asamblea nacional constituyente de poco más de trescientos escaños y, con ella, el derecho a formar gobierno. Esta situación reflejaba el descontento de los bengalíes ante la postergación a que se veían sometidos por el gobierno central, enconado por la escasa atención que se dio a las graves inundaciones producidas por el monzón en 1970, que causaron 200 000 muertes.

Las negociaciones para convocar la Asamblea nacional que había de redactar la nueva Constitución resultaron inviables. Mujib no aceptaba formar un gobierno de coalición con el PPP de Bhutto, si no se le concedía al Pakistán oriental una autonomía que solo dejaría los asuntos de defensa y relaciones exteriores en manos del gobierno central y que, sobre todo, le permitiría controlar los recursos obtenidos por la exportación de sus productos. Exigía además que se derogase la ley marcial y se pasase el poder a representantes elegidos, antes de acudir a la Asamblea. Yahya decidió entonces aplazar la convocatoria de la Asamblea y provocó con ello las protestas de los habitantes del Pakistán oriental, donde se declaró una huelga general.

El ejército pakistaní respondió al clima de resistencia que se percibía en la zona oriental con una campaña de terror, que comenzó en la noche del 25 al 26 de marzo asaltando con tanques la Universidad de Dacca y asesinando a un gran número de estudiantes, que fueron enterrados apresuradamente en fosas comunes, a la vez que Mujib era detenido y llevado preso a Pakistán occidental. Se calcula que la represión hizo de 300 000 a un millón de víctimas, ensañándose especialmente en los muchos hindúes residentes en Bengala. De ocho a diez millones de bengalíes famélicos, en su mayoría hindúes, huyeron hacia la India, mientras Indira Gandhi, la hija de Nehru, que presidía el gobierno de la India desde 1966, daba armas y apoyo a la Liga Awami, preocupada porque la agitación no se radicalizase y se extendiese al territorio de Bengala occidental, dentro de las fronteras indias.

Esta situación indignó a Nixon y a Kissinger, que consideraban a la India un satélite ruso, y mantenían buenas relaciones con Pakistán, al que entre 1954 y 1965 le habían proporcionado armas por valor de 2000 millones de dólares. Pakistán era además, en estos momentos, su intermediario para establecer las primeras relaciones con los comunistas chinos. Fue precisamente en julio de 1971, en plena crisis, cuando Kissinger hizo escala en Rawalpindi, en el transcurso de un viaje a París, y anunció que retrasaba su partida por una indisposición, lo que no era más que un pretexto para ocultar el viaje secreto que emprendió a Beijing para iniciar conversaciones con el régimen de Mao.

Pese a las protestas que en los Estados Unidos comenzaban a hacerse públicas ante las matanzas de civiles bengalíes en que los pakistaníes empleaban las armas que se les habían dado para proteger a su país del comunismo, Nixon, que no era capaz de entender la dimensión étnica del problema, sino que lo veía simplemente como un episodio más de la guerra fría, optó por guardar silencio y mantener relaciones normales con Yahya Khan, a quien consideraba «un hombre razonable y decente», cuya lealtad hacia los Estados Unidos debía ser premiada prestándole apoyo para sofocar la revuelta de Bengala oriental.

La tensión se acentuó cuando Indira Gandhi, que en marzo había obtenido una rotunda victoria electoral, decidió, siguiendo la tradición neutralista de su padre, firmar el 9 de agosto de 1971 un tratado de amistad y cooperación con la Unión Soviética (en lo que no era más que una respuesta al apoyo público que el gobierno de China había ofrecido a Pakistán), lo que dio lugar a que fuese objeto de una fría recepción en Washington, el 4 y 5 de noviembre, en el transcurso de una serie de visitas al exterior que había comenzado a fines de septiembre con un viaje a Moscú. Los norteamericanos querían convencerla para que no interviniese militarmente en Bengala, pero no podían ofrecerle garantía alguna de que Yahya estuviese dispuesto a negociar en serio con Mujib, al que retenía preso sin acusación alguna.

Los intercambios de fuego entre los dos ejércitos iban aumentando, pero fueron los pakistaníes quienes comenzaron realmente la guerra el 3 de diciembre, atacando a la India desde el oeste y bombardeando sus aeropuertos, pese a su evidente inferioridad en fuerzas y armamento, esperando, según parece, contar con el apoyo armado de China, lo que hubiera sido difícil en una época del año en que las nieves cerraban los pasos del Himalaya. Al día siguiente tropas indias atacaron a los pakistaníes en los dos frentes.

De nada sirvieron ni la carta enviada por Nixon a Brézhnev advirtiéndole de la necesidad de poner fin al conflicto y «restaurar la integridad territorial» de Pakistán, ni los intentos de diplomacia triangular de Kissinger, que contactó secretamente con los chinos y presionó a los rusos para que convencieran a su «aliada» la India, si no querían poner en peligro el encuentro en la cumbre que se había planeado realizar en Moscú. Ni sirvió tampoco la intimidación que se pretendió hacer al enviar al golfo de Bengala el portaviones nuclear Enterprise y cuatro buques de escolta, que se encontraban entonces en aguas de Vietnam.[161]

Estos gestos de ayuda a los unos y de amenaza a los otros no llegaron a tiempo. A las dos semanas de iniciarse la guerra, el 16 de diciembre, las tropas pakistaníes en Bangladesh se rendían y al día siguiente la India proclamaba un alto el fuego que Yahya Khan no tuvo más remedio que aceptar, si no quería ver cómo las tropas indias se adentraban por el Punjab (sus generales le propusieron a Indira Gandhi la invasión del Pakistán occidental; algo que ella tuvo la sensatez de rechazar). La guerra había durado menos de dos semanas.

Obligado a abandonar el poder por el descrédito de la derrota, Yahya fue reemplazado por Zulfikar Ali Bhutto, que puso en libertad a Mujib, quien en enero de 1972 se convirtió en el primer jefe de gobierno de Bangladesh (y murió asesinado tres años más tarde, junto con cuarenta miembros de su familia, como consecuencia de un golpe militar del que la embajada norteamericana estaba, al parecer, enterada previamente).

Zulfikar Ali Bhutto, que se mantuvo en el poder como presidente de Pakistán entre 1971 y 1973, y como primer ministro de 1973 a 1977, acabó inquietando tanto a los militares pakistaníes como a sus protectores norteamericanos, de modo que el general Muhammad Zia-ul-Haq, que había sido encumbrado por el propio Bhutto, lo derrocó en 1977 y lo hizo ahorcar en abril de 1979.

Desde 1977 la vida política de Pakistán ha sido extremadamente inestable, con cuatro intervenciones directas de los militares que han interrumpido el precario funcionamiento democrático. Zia ul-Haq colaboró con la CIA en la lucha contra los soviéticos en Afganistán, se benefició de las ayudas económicas norteamericanas y comenzó a establecer los lazos de contacto con los rebeldes islamistas afganos, los talibanes, que han caracterizado desde entonces la ambigua actitud del ejército pakistaní, a la vez que modificaba la Constitución con unas enmiendas que favorecían la intervención autoritaria del ejército en la política, e introducía leyes que tendían a reforzar la islamización de la sociedad.

Su muerte en un extraño accidente de aviación, el 17 de agosto de 1988, llevó al gobierno a la hija del primer ministro ejecutado, Benazir Bhutto, que trató de gobernar en un sistema que estaba totalmente condicionado por el ejército,[162] hasta que en diciembre de 1990 fue destituida por el presidente Ishaq Khan. Nawaz Sharif ganó las elecciones que siguieron, pero fue también destituido en 1993, lo que volvió a permitir a Benazir Bhutto gobernar, hasta que en noviembre de 1996 los militares la echaron nuevamente del poder, acusándola de corrupción por la actuación de su esposo Zardari, conocido como «el señor 10 por ciento» por su hábito de recibir sobornos.

De nuevo favorecieron los militares la llegada al poder, tras las oportunas elecciones, de Nawaz Sharif (de 1997 a 1999), un protegido de Zia y de los militares, al frente de su partido, la Liga Musulmana del Pakistán, grupo Nawaz (LMP-N). Su gobierno acabó cuando, tras un nuevo enfrentamiento fracasado con la India en el Kashmir, el llamado conflicto de Kargil, el general Pervez Musharraf lo derrocó en octubre de 1999 e inició un largo período de dictadura.

El triunfo de 1971 sobre Pakistán significó un momento de gloria para Indira Gandhi —era la primera victoria militar de la India, tras siglos de ser invadida y dominada por conquistadores extranjeros—, pero su prestigio iba a sufrir un grave quebranto poco después, como consecuencia de la crisis económica y de las acusaciones de corrupción electoral.

En 1972, cuando se celebraba el 25 aniversario de su independencia, la India presentaba una imagen desconcertante, en que los éxitos alcanzados en el terreno de la industrialización o el progreso de la agricultura en las zonas irrigadas contrastaba con la situación de las regiones más atrasadas, como Bihar, donde la pobreza estaba provocando la emigración en masa de los hombres en busca de trabajo. El panorama global era el de una población en que por lo menos un 45 por ciento estaba por debajo de los límites de la pobreza y en que, como consecuencia de que el aumento demográfico había desbordado los esfuerzos por construir escuelas, el analfabetismo era mayor que en 1947 (tan solo un 18,4 por ciento de las mujeres estaban alfabetizadas, proporción que descendía hasta el 4 por ciento en el Bihar rural).

El largo e indiscutido dominio del Partido del Congreso había dado paso a una etapa de inquietud política y social, y al descontento contra la corrupción y el autoritarismo que se habían ido desarrollando en torno a Indira Gandhi. En 1974 las protestas, animadas sobre todo por los estudiantes, se extendieron por el estado de Gujarat, contra un gobernador corrupto, y por el de Bihar, donde los estudiantes pidieron que les dirigiera Jayaprakash (JP) Narayan, un viejo combatiente por la libertad que tenía un inmenso prestigio popular y que asumió ahora la dirección de una lucha pacífica contra la corrupción del gobierno.

En mayo de 1974, en medio de la agitación social, mientras una huelga paralizaba los ferrocarriles, la India realizó una primera explosión nuclear, en un momento escogido para contrarrestar el malestar colectivo con una inyección de orgullo patriótico (lo cual, a su vez, fue el origen de que Pakistán, ayudado por China, comenzara a construir también sus propias armas nucleares).

A comienzos de 1975 J.P. Narayan organizó una gran marcha pacífica hacia el Parlamento de Delhi que llegó a reunir 750 000 participantes. Ello ocurría al mismo tiempo que Indira se veía obligada a presentarse ante un tribunal para defenderse de una acusación de corrupción en las elecciones de 1971. Ante una situación que se agravaba continuamente y que amenazaba con obligarla a dimitir, Indira decidió, el 26 de junio, declarar el estado de emergencia para oponerse, según afirmaba, a la «conspiración que se había venido organizando desde que empecé a introducir algunas medidas progresistas que beneficiaban a los hombres y mujeres comunes de la India».

A la vez que trataba de legitimarse con un «Programa de veinte puntos para el progreso económico», que contribuyó a acelerar el crecimiento del sector moderno de la producción, encarceló a unos 36 000 dirigentes de partidos políticos y de movimientos sociales (incluyendo a J.P., cuya precaria salud obligó a llevarlo a un hospital), e inició un período de régimen dictatorial, con un Parlamento que, con 34 de sus miembros en prisión, aprobaba sin reparos su conducta. El inspirador de esta política era su hijo segundo, Sanjay Gandhi, quien, sin tener cargo alguno, daba órdenes a los ministros y consiguió imponer sus programas de destrucción de los suburbios de Delhi y de planificación familiar, que obligaban a esterilizar a todos los hombres que tuvieran dos o más hijos, lo que dio lugar a toda clase de abusos por parte de los funcionarios obligados a cumplir con sus cuotas.

El resultado de tantos errores fue que, cuando Indira volvió a convocar elecciones en 1977, una coalición de fuerzas opositoras formó el Partido Janata, dirigido por Morarji Desai e inspirado por J.P. Narayan, que obtuvo una resonante victoria. Desai formó gobierno, restableció las libertades civiles y dio un cambio a la política exterior, reanudando las relaciones con China y buscando un acercamiento a los Estados Unidos. Pero la dificultad de mantener una política unitaria en un conglomerado de fuerzas muy distintas, la pérdida de la influencia de J.P., fallecido en 1979, la mala evolución de la economía y la evidencia de que los nuevos gobernantes eran por lo menos tan corrompidos como sus predecesores, llevaron a la dimisión de Desai en julio de 1979 y a la necesidad de convocar nuevas elecciones en 1980. Una Indira fortalecida en su prestigio por la persecución a que la había sometido el gobierno de Desai las ganó frente a un Partido Janata debilitado por su división en facciones.

La muerte de Sanjay en un accidente de aviación llevó a Indira a forzar a su hijo mayor, Rajiv, a entrar en la política, en unos años caracterizados por una diversidad de conflictos internos, los más graves de los cuales eran, sin duda, los de casta y de religión. Los conflictos con los sijs en el Punjab, donde reside la mayoría de los seguidores de esta religión, desembocaron en junio de 1984 en la sangrienta represión en el Templo dorado de Amritsar, el lugar más sagrado de los sijs, con cientos de muertos. Cuatro meses más tarde, el 31 de octubre de 1984, Indira fue asesinada por dos sijs de su guardia personal, uno de ellos entrenado en campamentos de Pakistán, lo que desencadenó una oleada de violencia que condujo al asesinato de un gran número de sijs a manos de los hindúes.

Rajiv, que sucedió a su madre como primer ministro, una posición que vio confirmada por una espectacular victoria en las elecciones, tuvo que enfrentarse a otros conflictos étnicos y religiosos, como el que dividía a musulmanes e hindúes en torno a la mezquita de Ayodhya, que los hindúes sostenían que había sido construida sobre un lugar sagrado de su religión, el del nacimiento del dios Rama: un enfrentamiento que contribuyó a reforzar las reivindicaciones hindúes contra el laicismo del Partido del Congreso.

Pese al estímulo dado al crecimiento económico, la multiplicación de los conflictos, a los que se agregó la intromisión de Rajiv en el problema de la revuelta tamil en Sri Lanka (fue precisamente un tamil quien lo asesinó en 1991), unida a acusaciones de corrupción que afectaban a su propia familia, ayudan a entender su derrota en las elecciones de 1989, en que ningún partido obtuvo la victoria, pero pudo formarse un nuevo gobierno de disidentes del Congreso, con el apoyo desde fuera tanto de la izquierda como del Bharatiya Janata Party, un grupo conservador hinduista.

EL MILAGRO ASIÁTICO: JAPÓN Y LOS «CUATRO TIGRES»

En los primeros momentos de la ocupación de Japón los norteamericanos pretendieron poner coto al poder de los grandes monopolios industriales, los zaibatsu, y de un sistema bancario que había financiado el militarismo japonés; pero al recrudecerse la guerra fría, y en especial con la guerra de Corea, necesitaban que la economía japonesa creciese y acabaron aceptando que fuese la banca la que realizase la función de canalizar los escasos recursos disponibles hacia la industria, en lugar de confiar en el mercado.

La política de disolución de los zaibatsu fue anulada en 1948 y se envió a George Kennan a promover un nuevo curso de recuperación, destinado a reducir los costes de ocupación, a reanimar la producción industrial japonesa y a ayudarla a competir de nuevo en los mercados mundiales. El nuevo Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI), bajo la inspiración del viceministro Shigeru Sahashi, y el Ministerio de Hacienda se esforzaron en favorecer el desarrollo de una industria pesada, con una tecnología más avanzada, contribuyendo a que los bancos facilitasen crédito barato a los proyectos seleccionados desde el gobierno, que conseguían además ventajas para la importación de maquinaria extranjera y protección arancelaria para sus productos. Los viejos zaibatsu se transformaron así en keiretsu, que tenían en su centro un gran banco y una firma de comercialización, con una serie de empresas industriales asociadas, con participaciones accionariales cruzadas.

Los cambios institucionales llevaron al poder en 1947 a un gobierno de coalición dominado por el Partido Socialista japonés; pero sus divisiones internas no le permitieron durar, al igual que sucedió con otro encabezado por el Partido Demócrata. Desde 1948 hasta 1954 los gobiernos estuvieron presididos por Shigeru Yoshida, del Partido Liberal, que protagonizó la política de recuperación del comercio exterior, con la reanudación del comercio con China. Pero fue la guerra de Corea la que permitió impulsar la economía japonesa y dio oportunidades a los zaibatsu para invertir.

Fue también en estos momentos cuando se negoció el tratado de paz por el que los norteamericanos conservaban bases en Japón y Okinawa, y liberaban en la práctica a los japoneses de pagar reparaciones por los daños de guerra realizados en los países que habían invadido. El tratado, que ponía fin oficialmente a la ocupación,[163] fue firmado en San Francisco el 8 de septiembre de 1951 por cincuenta y cuatro países, entre los que no figuraban ni China, ni la India ni la Unión Soviética. Complementariamente se firmó un tratado bilateral de seguridad que ratificaba la continuidad de las bases y el control norteamericano de Okinawa y otorgaba a los Estados Unidos el derecho de intervenir unilateralmente en caso de disturbios internos en Japón.

Contra los proyectos norteamericanos de implicar a los japoneses en la defensa del «mundo libre», estos rechazaron la militarización, prefiriendo emplear sus recursos en un desarrollo económico que les permitiría un grado mucho mayor de autonomía. Los zaibatsu se proveían ahora de financiación a partir del ahorro de los japoneses, canalizado por unos bancos que trabajaban en estrecha asociación con el gobierno. En 1956 la economía japonesa había igualado ya sus mejores resultados de la época anterior a la guerra.

La perspectiva de un crecimiento del Partido Socialista asustó tanto a los políticos como a los dirigentes de los negocios, que impulsaron en 1955 la fusión de los dos partidos conservadores, Partido Demócrata y Partido Liberal, en un nuevo Partido Liberal Demócrata, con el beneplácito de los Estados Unidos, que lo financiaron sistemáticamente para ayudarle a ganar las elecciones. Se crearon así las apariencias de un sistema bipartidista; pero lo que hubo después de 1955 fue el dominio incontestado de la derecha, empeñada en introducir modificaciones conservadoras en la Constitución.

A partir de 1960, fecha en que se firmó un nuevo tratado de seguridad en que los Estados Unidos se comprometían a defender Japón si era atacado,[164] se inició una larga etapa de estabilidad política en que el Partido Liberal Demócrata abandonó cualquier contenido ideológico, convertido en un mero gestor, con el apoyo de las clases medias y de los grupos de intereses, mientras el Partido Socialista, que conservaba la adhesión de los obreros, fracasó en sus intentos de movilización de las masas y vio mermada su presencia en la cámara baja por la aparición de nuevos grupos de oposición. En estas condiciones el Partido Liberal Demócrata pudo mantenerse en el poder durante más de cincuenta años, con un interregno de 11 meses. «O, más bien, —se ha dicho— compartió el poder con los directivos de las grandes empresas y con los burócratas de los principales ministerios.»

Se iniciaron entonces unas décadas de crecimiento económico impresionante, que convirtieron a Japón en una de las mayores potencias industriales. Entre 1960 y 1973 la economía japonesa creció a un ritmo de un 9,6 por ciento anual, el doble que la media de la OECD, con un desempleo de tan solo el 1,3 por ciento. Una parte sustancial de este crecimiento estuvo ligada a una política corrupta en que el Ministerio de Hacienda invertía la masa de ahorro depositada en las cuentas de la Caja postal, de los fondos de pensiones del estado y de las aseguradoras, para hacer negocios con las compañías constructoras en una etapa en que las obras públicas, más o menos necesarias, cubrieron todo el país de cemento. Se construyeron, por ejemplo, hasta 97 aeropuertos y se obligó a Japan Airlines a volar a todos ellos, lo que acabaría por arruinar a la compañía.

El llamado doken kokka, o «estado de construcción», se basaba en la connivencia entre los políticos y los burócratas con las instituciones financieras y la industria de la construcción, integrada por corporaciones semipúblicas, al frente de cuya dirección figuraban políticos retirados. Con este sistema los políticos en activo canalizaban el ahorro de los ciudadanos a la realización de unas obras que les servían, a la vez, para ganar votos en los ámbitos locales favorecidos y para asegurarse, además de los beneficios inmediatos, un jugoso retiro en las empresas de construcción.

Esta etapa de estabilidad y recuperación se vio sacudida en 1971 por dos medidas adoptadas por Nixon. La primera fue su decisión de aproximarse a China, un cambio político que el presidente norteamericano ni siquiera se molestó en comunicar al jefe del gobierno japonés, Eisaku Sato (la noticia del viaje la recibió tres minutos antes de que se hiciera pública), que hasta entonces había dado apoyo a la política anticomunista de los Estados Unidos en la zona.

A lo cual siguió, en agosto de este mismo año, el fin de la convertibilidad del dólar y la imposición por parte de los Estados Unidos de un recargo aduanero del 10 por ciento del precio de las importaciones, que forzó a los japoneses a revaluar su moneda, el yen, en un 17 por ciento, y dos meses después, a aceptar una restricción en las exportaciones de tejidos de fibras sintéticas a los Estados Unidos (una restricción que seguía a otras anteriores sobre las exportaciones de acero y de tejidos de algodón). Estas medidas proteccionistas estaban alimentadas en los Estados Unidos por temores irracionales a una guerra comercial con un Japón que se suponía que aspiraba a convertirse de nuevo en una gran potencia.

Las consecuencias de estos «golpes de Nixon» llevaron a Sato a dimitir en 1972, reemplazado al frente del gobierno por Kakuei Tanaka, quien normalizó las relaciones con China en septiembre de 1972, en busca de ampliar los mercados asiáticos para la industria japonesa. Japón logró en este caso que China renunciase a pedir reparaciones por los daños sufridos, a cambio de reconocer que Taiwán formaba parte de la República popular de China, pero la negativa de los japoneses a reconocer las responsabilidades por los abusos cometidos durante la segunda guerra mundial no dejaría de crearle problemas. Así, aunque Japón se convirtió en el más importante inversor extranjero en Indonesia, Tailandia, Malasia, Singapur o Filipinas, en el viaje que Tanaka realizó en 1974 por algunos de estos países fue recibido con muestras de hostilidad en que se mezclaban el resentimiento por los hechos de la guerra y el rechazo por la arrogancia japonesa, que practicaba en su propio suelo el racismo respecto de los inmigrantes de estos países.

Al éxito económico de Japón se vino a sumar el de otros focos de crecimiento del Extremo Oriente, estimulados inicialmente por la guerra de Corea. Este fue sobre todo el caso de los llamados «cuatro tigres» o «cuatro pequeños dragones» (o simplemente NIC, «nuevas naciones industriales»): Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, cuyo crecimiento a partir de 1960 era presentado treinta años más tarde como uno de los fenómenos más inexplicables de la historia económica. No había más que ver cómo los «cuatro tigres» habían alcanzado entre 1965 y 1995 una tasa de crecimiento media del 6,6 por ciento anual y compararlo con las cifras correspondientes de América Latina (un 0,9 por ciento) o del África Subsahariana (un 0,2 por ciento).

Lo más sorprendente, desde el punto de vista de la ortodoxia económica dominante, era que este triunfo del capitalismo, que se extendió también, en mayor o menor medida, a Tailandia, Malasia e Indonesia, se producía contra todas las reglas del liberalismo económico, pero de forma semejante a como había ocurrido en Japón, con fuerte intervención del estado (lo cual traía aparejadas las consiguientes consecuencias de corrupción), y con gobiernos autoritarios que limitaban las libertades políticas de los ciudadanos. O, como diría Krugman, «sin mercados libres ni libertades civiles». Algo que Lee Kwan Yew, dirigente perpetuo de Singapur, atribuía a unas diferencias culturales que hacían que el modelo democrático occidental fuese inadecuado para Asia. Una idea que compartía con Mahathir, que fue primer ministro de Malasia durante 22 años (1981-2003), quien se quejaba de que la imposición por Occidente de la democratización conducía a la desestabilización de la sociedad. En su afán por superar a Occidente Mahathir, que practicó una política sistemática de racismo malayo, se dejó embarcar en proyectos de dudosa rentabilidad, como los automóviles Proton, o en operaciones de prestigio, como la edificación de las «torres Petronas», que entre 1996 y 2003 fueron el edificio más alto del mundo.

Sin embargo, en la medida en que el crecimiento económico se consideraba en la tradición capitalista como el premio obligado a las virtudes colectivas, resultaba difícil condenar estas dictaduras «amigas» de Occidente, que eran miradas benévolamente, al igual que sus líderes, que recibían de Washington la consideración de dirigentes del mundo libre. Como ya se ha hablado en otros momentos de los casos de Malasia, Taiwán o Indonesia, convendrá echar ahora una mirada a otras dos de estas dictaduras virtuosas, bendecidas por un rápido crecimiento económico.

En Corea del Sur, donde el embajador norteamericano Walter P. McConaughy decía en abril de 1960 que los Estados Unidos habían invertido demasiada «sangre, dinero, reputación y seguridad» como para limitarse a ser observadores pasivos de lo que sucedía, Syngman Rhee, que hubo de enfrentarse en abril de 1960 a un movimiento contra su corrupción que se inició con protestas populares encabezadas por los estudiantes, aceptó dimitir, cediendo a las presiones del embajador norteamericano.

El retorno a una situación democrática duró tan solo un año, hasta que en mayo de 1961 el general Park Chung-hee, que se había formado en una academia militar japonesa y había sido condenado a muerte en 1948 por su implicación en la revuelta de Yosu (se salvó de la ejecución entregando una lista de comunistas en el ejército, y dedicándose desde entonces a perseguirlos), dio un golpe militar con el apoyo de la CIA coreana (KCIA) e instauró un régimen de dictadura que colaboró en la guerra de Vietnam, a cambio de que firmas coreanas recibieran considerables beneficios de los contratos militares estadounidenses, a la vez que restablecía las relaciones con Japón. El dictador, que opinaba que «en la vida humana la economía precede a la política y a la cultura», tenía como objetivo impulsar el desarrollo industrial del país, en un proyecto de «capitalismo guiado» que se emprendió siguiendo un modelo semejante al japonés, con los ministerios de Hacienda y de Industria encargados de escoger aquellos sectores a los que se deseaba favorecer, proporcionándoles dinero del gobierno y protección contra la competencia exterior, en lugar de abandonarlos a la suerte del mercado.

Vigilando personalmente cada proyecto y desafiando en ocasiones los consejos del Banco Mundial, que se negaba, por ejemplo, a apoyar la construcción de una gran siderurgia, que, contra sus previsiones, se convirtió en la base de la gran industria coreana, Park alcanzó un notable éxito en esta tarea, en la que se implicó personalmente, a costa de mantener el orden social con una dura política represiva.

El 26 de octubre de 1979, en momentos de crisis económica e inquietud social, Park y su jefe de seguridad fueron asesinados en el transcurso de una comida por el director de la KCIA, que fue más tarde ejecutado por ello. Se produjo entonces una nueva y fugaz fase de promesas de democratización, que acabaron cuando el general Chun Doo-hwan se hizo con el control efectivo del poder el 12 de diciembre del mismo año, proclamó la ley marcial, encarceló y condenó a muerte a Kim Dae-jung, candidato a la elección presidencial (salvado, al parecer, por la intercesión de los Estados Unidos), y reprimió salvajemente, con centenares de víctimas, la revuelta de Gwangju (o Kwangju), que se había iniciado en protesta por el encarcelamiento de Kim. En junio de 1980 Chun se promovió a sí mismo a general de cuatro estrellas, renunció al mando del ejército y se hizo elegir presidente en febrero de 1981 con una nueva Constitución, y con el apoyo explícito de los Estados Unidos. En 1988, poco después de haber concluido su mandato, Ronald Reagan le recibía cordialmente en la Casa Blanca, al igual que hizo con otros campeones del mundo libre de la misma calaña, como Mobutu o Suharto.[165]

A partir de febrero de 1988, cuando Chun terminó su mandato, Corea del Sur volvió gradualmente al gobierno civil, a la vez que se descubrían casos de corrupción que llevaron al encarcelamiento de dos expresidentes (Chun y el sucesor que él mismo había elegido, Roh Tae-woo), y más tarde al procesamiento de los directores de tres de los chaebol o grandes grupos industriales: Samsung, Hyundai y Daewoo. Una muestra de la naturaleza de la cultura dominante se produjo en marzo de 2006, cuando se descubrió el fraude de un científico, Hwang Woo-suk, que había anunciado falsos avances en materia de clonación terapéutica (y que, además, había desviado para su provecho fondos destinados a financiar la investigación por valor de 3 millones de dólares).

La evolución de Corea del Norte contrasta netamente con la del sur. Kim Il Sung, que estableció un poder rígidamente autocrático, asentado en el culto a la personalidad, se empeñó en llevar adelante un programa de industrialización al estilo de los planes soviéticos de los años treinta, con el fin de conseguir un crecimiento económico en el que basar un aumento del potencial militar que le permitiera realizar su sueño de unificar Corea por la fuerza. El fracaso de estos planes, realizados a costa de los niveles de vida de una población que llegó en más de una ocasión al borde de la hambruna, condujo al país a una situación de estancamiento que contrastaba con el rápido despegue que iba a convertir el sur en una gran potencia industrial.

En Tailandia, cuyo gobierno había colaborado con los japoneses durante la segunda guerra mundial, los militares aprovecharon la confusión creada en 1946 por el asesinato del rey Ananda Mahidol para iniciar el primero de una serie de golpes, protagonizados por personajes como Phibun, el hombre que cambió el nombre del país de Siam a Tailandia, quien había invadido en 1940 territorios de Laos y Camboya con la aprobación de los japoneses, y que en 1948 se hizo con el poder y lo conservó hasta 1957, en una etapa en que Tailandia, entusiásticamente asociada a la guerra fría (en 1969 tenía 11 000 hombres combatiendo en Vietnam), recibió una considerable ayuda económica y militar norteamericana, y se benefició de la demanda suscitada por la guerra de Corea. O como Sarit, que sucedió a Phibun en el poder desde 1958 hasta su muerte en 1963, y que dejó por lo menos cincuenta amantes más o menos reconocidas y una fortuna de unos 150 millones de dólares (algo parecido habían hecho otros generales, que se enriquecieron en estos años con negocios diversos, que incluían el contrabando de opio).

El sucesor de Sarit, Thanom Kittikachorn, aceptó los consejos de la CIA para que organizase un partido propio, apoyado por millones de dólares de subsidios norteamericanos, y se presentase a unas elecciones. Lo hizo, ganó las elecciones y acumuló los cargos de primer ministro, jefe supremo del ejército, almirante de la flota y mariscal de la fuerza aérea. Hasta que en 1971, cansado de la «democracia», dio un golpe contra su propio gobierno, alegando la necesidad de desembarazarse de infiltraciones comunistas, y se proclamó presidente del Consejo Ejecutivo Nacional. En 1973 un movimiento que se inició con manifestaciones estudiantiles, reprimidas por las fuerzas armadas, que mataron a más de setenta manifestantes, le obligó a marchar al exilio.

En 1976, tras una nueva masacre de estudiantes universitarios, los militares retomaron el poder, en una muestra de la constante alternancia entre breves etapas de parlamentarismo y largas de dictadura militar, que tendría nuevas manifestaciones en los golpes militares de 1991 y de 2006 y en la brutal represión del movimiento de los «camisas rojas» en mayo de 2010. Todo ello bajo la autoridad suprema del monarca Bhumibol Adulyadej, a quien se calcula una fortuna de 35 000 millones de dólares, y cuya interferencia en la política de su país parece dictada por su escasa fe en la democracia.

Un caso aparte es el de Birmania, cuyo aislamiento comenzó con el golpe militar de 2 de marzo de 1962, que cambió su nombre por el de Myanmar, y lo sometió a una dictadura militar que ha seguido en el poder hasta 2010. Su primer representante, el general Ne Win, sumió al país en una etapa de crisis económica, con la pretensión de instalar «la vía birmana al socialismo», que se concretó en una combinación de aislamiento internacional, nacionalización de industrias, resistencia a la tradición budista (Ne Win, sin embargo, se guiaba en su política por el consejo de adivinos y astrólogos) y represión. Como eran momentos en que, en plena guerra de Vietnam, parecía haber una amenaza comunista entre las minorías étnicas de la propia Birmania, la dictadura militar fue vista inicialmente con buenos ojos por parte de «Occidente».

En 1987 Ne Win, aconsejado por su astrólogo, decidió cambiar las denominaciones de la moneda, expresadas ahora en múltiplos de nueve, y convertir tan solo los billetes depositados en los bancos del gobierno, mientras los ahorros que se conservaban en los hogares quedaban sin valor, con lo que aumentó el caos económico. Perdida la confianza de sus compañeros militares, se le obligó a dimitir, reemplazado por una nueva junta militar que hubo de enfrentarse a las protestas populares de 1988, nacidas de la desastrosa situación económica, que se iniciaron con una huelga el 8 de agosto (se suponía que el «8/8/88» tenía augurios favorables), y fueron reprimidas con más de 3000 muertos.

Fue en estos momentos cuando apareció en escena Aun San Suu Kyi —hija de Aung San, uno de los protagonistas de la independencia—, encabezando la Liga Nacional para la Democracia, que ganó por amplia mayoría las elecciones que la junta decidió celebrar en 1990 (obtuvo cerca del 60 por ciento de los votos, contra un 21 por ciento del Partido de la unidad nacional patrocinado por los militares). Ante esta situación, que les hubiera obligado a entregar el poder, los militares se negaron a aceptar los resultados de las elecciones y mantuvieron durante años en arresto domiciliario a Suu Kyi, que obtuvo el premio Nobel de la Paz en 1991, y continuaron con un régimen de rígida dictadura que mantenía al país aislado del mundo exterior, sostenido por la venta de sus recursos de petróleo, gas natural, oro, madera y gemas.

Las alianzas económicas establecidas con Tailandia y con China, a cuenta de la explotación de sus recursos naturales, permitieron pacificar las zonas de frontera y llegar a acuerdos con muchos de los grupos guerrilleros. La nueva prosperidad se vio aumentada a partir de los años noventa con el descubrimiento de depósitos de gas natural en las aguas costeras, que facilitaron a los militares gestionar apoyos políticos por parte de quienes deseaban sacar provecho de estos recursos, en especial de China e India, y les proporcionaron abundantes ingresos con los que realizar grandes obras públicas, que han incluido la construcción de una nueva capital, Nay Pyi Taw o Naypidaw, donde la casta militar vive separada del pueblo, a la vez que la de centenares de pagodas. La nueva riqueza solo ha llegado, sin embargo, a los clanes militares y a su entorno, mientras que por su índice de desarrollo humano Myanmar se sitúa en 2010 en el lugar 132, por detrás de Bangladesh o Camerún.

Una nueva amenaza para la estabilidad del régimen se produjo en septiembre de 2007, con un rasgo nuevo, como era el protagonismo asumido en la protesta por los monjes budistas, que se manifestaron en masa portando símbolos de la fallida revolución de 1988, y que fueron, de nuevo, objeto de una durísima represión.

El hombre que desde 1992 estaba al frente del poder militar, el general Than Shwe, decidió en 2010 disolver la Junta, liberar a Aun San Suu Kyi y organizar unas elecciones, a las que ni esta ni su partido se pudieron presentar, y que fueron denunciadas internacionalmente como un fraude, pero que parecían iniciar una cierta transición hacia la democracia, aunque manteniendo un considerable peso del poder militar, que cuenta con el apoyo de China (que está construyendo un gigantesco gasoducto), de la India y de Corea del Sur, pendientes de aprovechar los recursos del país. Con estos ingresos, y con un ejército de 500 000 soldados, el régimen puede garantizar la estabilidad interior.

CHINA: EL REFLUJO (1968-1976)

El 13 de octubre de 1968 se reunió en Beijing lo que quedaba del Comité Central del Partido Comunista. Más de dos tercios de sus miembros anteriores habían sido purgados. Quedaban tan solo cuarenta y Mao nombró diez más y llenó la reunión con militares y con miembros de los comités revolucionarios, que podían intervenir en las discusiones, pero no tenían derecho a votar. Se expulsó a Liu del partido y se designó a Lin Biao como sucesor de Mao. Lin padecía hidrosis, lo que le hacía sudar de manera copiosa; procuraba evitar los contactos personales —temía dar la mano— y se hacía representar con frecuencia por su esposa. Una operación le había dejado con adicción a la morfina, y trabajaba en un despacho donde no podía entrar la luz del sol, a una temperatura constante de 21 grados.

Lin Biao controlaba ahora un ejército con cinco millones de hombres armados, que cada vez tenía más poder, como lo mostraba la penetración de los militares en la administración: la mitad de quienes formaban parte de los nuevos comités revolucionarios, que reemplazaban a los que habían sido barridos por la revolución cultural, eran militares. Liu Shaoqi murió en la prisión, en unas condiciones infames, y Deng Xiaoping, a quien Mao pretendía reservar para el futuro, hubo de sufrir todo tipo de humillaciones, antes de ser enviado a hacer «trabajos correctivos» en el interior del país.

En 1969 el IX congreso del partido, el «congreso de los vencedores», liquidaba a los hombres del VIII congreso y mostraba el extraordinario avance que había hecho el ejército: dos tercios de los delegados llevaban uniforme militar, y eran militares cerca de la mitad de los miembros del nuevo Comité Central.

Sin embargo, la posición privilegiada de Lin Biao no iba a durar mucho. En el verano de 1968, en momentos en que la relación con los soviéticos no podía ser peor (los insultos a los diplomáticos soviéticos y las muestras de odio que se produjeron en el transcurso de las manifestaciones revolucionarias llegaron a preocupar seriamente a Moscú), los acontecimientos de Checoslovaquia, en que los soviéticos habían liquidado por la fuerza la «primavera de Praga» —un acto que los chinos compararon con la agresión de Hitler a Polonia o la de los Estados Unidos a Vietnam—, hicieron temer a Mao que los rusos, con quienes había habido una serie de choques armados en la frontera del río Usuri, podían intentar hacer lo mismo en China, con un ataque a sus depósitos atómicos[166] y un golpe de fuerza. En lo que no le faltaba una parte de razón, puesto que los soviéticos llegaron a sondear a los norteamericanos acerca de cuál sería su actitud, si se produjese un ataque de este tipo. Una visita de Kosygin, que se entrevistó con Zhou Enlai en el aeropuerto de Beijing en septiembre de 1969, no bastó para eliminar la tensión, de modo que el gobierno chino se preparó seriamente para resistir el ataque que se pensaba que podían efectuar los soviéticos.

Fue en estas circunstancias cuando el hecho de que Lin Biao comenzase a desarrollar grandes preparativos militares, de acuerdo con las instrucciones de Mao, le hizo temer a este que su ministro de Defensa estaba acumulando demasiado poder. Mao comenzó a mostrar su desconfianza hacia quien había designado como su sucesor (como le dijo a Malraux, hombres como De Gaulle y como él mismo no tenían sucesor posible) y sus relaciones se fueron complicando, hasta el punto que comenzó a buscar el apoyo directo de los jefes del ejército. No parece que existiese la conspiración que se afirmó que organizaba Lin Liguo, el hijo de Lin Biao, que ocupaba un alto cargo en las fuerzas aéreas, a quien se atribuyó un plan que incluía matar a Mao, que se encontraba entonces en el sur de China, atacando su tren mientras regresaba a Beijing.

Lo más probable es que fuese Mao quien preparase la trampa en que cayó el ministro de Defensa, cuya falta real pudo ser la de haber mostrado escasa confianza en las propuestas de acercamiento a los Estados Unidos que comenzaban a formularse, lo que era coherente con la denuncia del revisionismo soviético que había hecho la revolución cultural, durante la cual se habían condenado explícitamente los intentos de Jrushchov de aproximarse a los norteamericanos, pero estaba en contradicción con la nueva línea que Mao estaba preparando.

El 13 de septiembre de 1971, asustados al verse cada vez más acosados, Lin, su esposa y su hijo huyeron hacia la Unión Soviética, pero el avión en que viajaban se estrelló en Mongolia y todos sus ocupantes fallecieron. El artífice de la revolución cultural había acabado devorado por ella y se transformaba en «el gran traidor y espía soviético», conforme a la versión oficial que se divulgó por todo el país. Lo sucedido con Lin era de algún modo una consecuencia de la propia revolución cultural; el desguace de la maquinaria del partido había dado un peso decisivo al ejército, y ello había convertido al ministro de Defensa en alguien que tenía demasiado poder.

La hija de Deng Xiaoping nos cuenta lo ocurrido el 10 de enero de 1972 en el funeral del mariscal Chen Yi, un héroe de la «larga marcha» marginado por la revolución cultural: «Para sorpresa de todos Mao Zedong llegó de repente, con un pijama debajo de su abrigo. El pelo encanecido de su sien colgaba sobre el cuello. Se detuvo ante el féretro del viejo soldado (…) y realizó tres reverencias con respeto». Después de hablar a su viuda elogiosamente del muerto, añadió: «Si Lin Biao hubiera tenido éxito en su complot, nos habría destruido a todos los veteranos», esto es, a los viejos dirigentes del partido. El frío de aquella mañana de invierno le provocó una neumonía que iba a agravar el ya precario estado de salud de aquel hombre de setenta y ocho años de edad.

Era la hora de la pacificación y de poner fin a las persecuciones. El «gran desorden bajo el cielo», basado en una movilización de las masas, y en especial de los jóvenes, para una revolución de un modelo nuevo y distinto, había creado las condiciones que permitirían construir un nuevo «gran orden bajo el cielo». Fue Zhou Enlai, siguiendo las órdenes de Mao, quien se encargó de iniciar el proceso de pacificación y aprovechó las circunstancias para calmar el clima revolucionario, devolver la libertad a muchos cuadros perseguidos y marginados, y recuperar la normalidad en el terreno de las relaciones internacionales, lo que le costó que Jiang Quing y su grupo de radicales reaccionaran acusándole de revisionista.

La desconfianza ante el creciente poder de los militares fue uno de los motivos que movieron a Mao a buscar un acercamiento a los Estados Unidos: un acuerdo con los norteamericanos alejaría el riesgo de ser víctimas de un ataque soviético, y la eliminación de esta amenaza permitiría ir disminuyendo el peso del ejército en la dirección del partido. Los norteamericanos, por su parte, esperaban que el gobierno de Beijing les ayudase a acabar con la guerra de Vietnam. Aunque el principal motivo de la negociación era, para Nixon, dar un golpe de efecto que le ayudase a conseguir su reelección.

Kissinger visitó Beijing en secreto en julio y en octubre de 1971 (su segundo viaje coincidió con la entrada en las Naciones Unidas de la República Popular China y con la expulsión de Taiwán) y el propio Nixon llegó a la capital china el 21 de febrero de 1972. Mao estaba en aquellos momentos en un precario estado de salud, agravado por la neumonía que había contraído en el funeral de Chen Yi, y hubo de someterse a tres semanas de tratamiento para ponerse en condiciones de recibir a Nixon en una única entrevista que duró alrededor de una hora. En sus memorias Kissinger nos presenta a un Mao muy débil, que necesitaba del auxilio de una mujer para sostenerse y que en los momentos finales de la reunión apenas podía hablar, de modo que quienes le rodeaban tenían que escribir lo que decía para que el intérprete pudiese traducirlo. Un Mao que mostraba una sonrisa un poco burlona, como advirtiendo que no tratasen de engañarle, y con un aire de poder y determinación. Su obsesión antisoviética le ayudaba a entenderse con los norteamericanos, lo que racionalizaba diciendo que le era más fácil tratar con dirigentes de derecha, que tenían más recelo contra los soviéticos, ya que los de izquierda de otros países eran sentimentales, poco realistas y vulnerables a las ofensivas de paz de Moscú: «Me gustan los derechistas. Me siento feliz cuando la gente de derechas sube al poder». Al disponer de muy poco tiempo, Mao evitó discutir con Nixon cuestiones concretas, que quedaban bajo la responsabilidad de Zhou. Cuando el presidente norteamericano intentaba plantearle algún problema puntual, Mao contestaba: «Eso hay que discutirlo con el primer ministro, yo solo discuto las cuestiones filosóficas».

Fue en efecto Zhou quien sostuvo el peso de las negociaciones que condujeron a la redacción final del «Comunicado de Shanghái». Pero él también estaba en malas condiciones de salud, enfermo de cáncer, y Mao no deseaba en modo alguno que este hombre que le había sido siempre fiel, y que había llegado a ser el número dos de la jerarquía del partido —y por tanto su eventual sucesor, como consecuencia de la desaparición de Liu Shaoqi y de Lin Biao—, le sucediese en el poder. De acuerdo con Gao Wenquian, que pudo utilizar la documentación reservada de los archivos del partido chino, cuando los médicos le informaron de que la vida de Zhou podía salvarse con una operación, Mao decidió que no se le comunicase este diagnóstico al interesado, que no se le hicieran más exámenes, que no se le sometiese a cirugía y que todo quedase en «recomendarle más cuidado y mejor nutrición». Era el reflejo final de la compleja relación que Mao había sostenido con un hombre que le era necesario, pero al que despreciaba.

Lo que hizo fue poner al lado de Zhou a alguien con suficiente peso, y que fuese respetado por los militares, con el fin de asegurar la continuidad de la dirección del gobierno y del partido. Para ello decidió hacer regresar a Deng Xiaoping, que estaba trabajando con su esposa en una fábrica de Nanchang, y le nombró viceprimer ministro del consejo de Estado en marzo de 1973.

En el X congreso del partido, celebrado del 24 al 28 de agosto de 1973, Mao apenas intervino, salvo para confirmar como a posible sucesor suyo a Wang Hongwen, un hombre joven, de treinta y nueve años, que procedía de una familia campesina y había trabajado como obrero. Era la apuesta de Mao por llevar al poder a un hijo de la revolución cultural, y el primer obrero que habría dirigido el país. En el congreso se fijó un nuevo programa, presentado por Zhou Enlai, que propugnaba las cuatro modernizaciones: de la agricultura, la industria, la ciencia y la técnica, y la defensa nacional. Lin Biao y sus secuaces eran expulsados del partido y la presencia de militares disminuía considerablemente.

Atacado por los radicales, Deng Xiaoping, a quien Mao apoyaba para contrapesar el poder de los militares, que seguían controlando de hecho el gobierno de muchas provincias, se preocupó sobre todo por restablecer una economía que estaba en grave estado de desorganización y por poner orden en el ejército. Fue el propio Mao el que recomendó a Zhou, en momentos en que le estaba abandonando a los ataques de la camarilla de Jiang Qing, que fuese pasando poder a Deng. Desengañado de las esperanzas que había puesto en Wang Hongwen, al darse cuenta de que los radicales podían controlarlo fácilmente y que carecía de talla para gobernar China, Mao había escogido a Deng como el único candidato que podía rivalizar con Zhou.

Deng comenzó a reformar la economía, actuando enérgicamente contra los grupos obreros radicales que se oponían a los cambios, y emprendió con la misma determinación y eficacia la «rectificación» del ejército. Era evidente que debía todo su poder al apoyo explícito de Mao, que en estos momentos ya calificaba a su esposa y al grupo de radicales que la seguían como «la banda de los cuatro». Pero estos, apoyados por un sobrino de Mao que se encargaba de transmitirle las críticas a la política derechista de Deng, consiguieron ir cambiando el ánimo del presidente.

Zhou murió en enero de 1976, siendo todavía jefe del gobierno de China, y Mao se negó a asistir a su funeral. Esto sucedía en momentos en que, en su pretensión de defender la herencia de la revolución cultural, se había vuelto de nuevo contra Deng, dejando que Jiang Qing y su grupo de radicales le atacasen y consiguieran que se le destituyera del cargo de viceprimer ministro, en el que le sucedió Hua Guofeng, el nuevo sucesor de Mao: el tercero que elegía. Por entonces Mao había perdido por completo la visión del ojo izquierdo y tenía graves problemas de salud. Durante los tres últimos años de su vida los médicos le mantuvieron vivo a base de inyecciones de drogas que le dejaban en estado de coma la mayor parte del tiempo.

Se expulsó a Deng de todos sus cargos y se nombró a Hua Guofeng como vicepresidente del Comité Central y primer ministro. Estaba claro que ello significaba que Mao le ungía como su sucesor al frente tanto del partido como del gobierno. Pero los radicales se equivocaban si creían que les iba a resultar fácil dar marcha atrás en la política de cambio iniciada por Deng. El 28 de julio el norte de China experimentó un terremoto que causó la muerte a 242 000 personas. El 9 de septiembre de 1976, nueve minutos después de la medianoche, moría Mao.

9

LA DISTENSIÓN (1969-1976)

RICHARD M. NIXON

Richard Milhous Nixon era un abogado californiano de una humilde familia cuáquera, con una madre profundamente religiosa. Una infancia vivida en la pobreza, la falta del afecto de su padre y las dificultades en sus primeras relaciones personales parecen haber marcado su carácter: solitario, desconfiado y vengativo. Estudió Derecho en Duke y comenzó practicando como abogado en 1937; contrajo matrimonio con Patricia Ryan en 1940. Interesado en seguir una carrera política, marchó a Washington, donde en 1942 comenzó trabajando en la Oficina de Administración de Precios, creada para contener la inflación al fin de la segunda guerra mundial. Congresista desde 1947, tras una campaña electoral en que explotó todos los miedos del anticomunismo, participó activamente en las campañas del HUAC y fue uno de los perseguidores más feroces de Alger Hiss, lo que le dio una notoriedad que le ayudó a acceder al Senado en 1950, elegido por California tras una sucia campaña que le ganó el apodo de «Tricky Dick», Dick el tramposo.[167]

Haber ayudado a entregar los votos de California a la nominación de Eisenhower, en una turbia actuación en que engañó a los otros dos aspirantes republicanos a la presidencia, le ayudó a ser escogido como vicepresidente en 1952, aunque estuvo a punto de verse obligado a renunciar cuando la prensa descubrió que disponía de un fondo de apoyo sostenido por ricos partidarios suyos, de modo que hubo de defender su honradez en una sensiblera comparecencia ante la televisión que le ganó la simpatía de la opinión pública.[168] Volvió a ser candidato con Eisenhower en 1956, aunque este le mostró siempre poco aprecio personal y estuvo a punto de reemplazarlo en su campaña para la reelección.[169]

Disputó en 1960 la presidencia a Kennedy y salió derrotado por pocos votos (49,7 por ciento contra 49,5) por un hombre que dio en la televisión una falsa imagen de vigor y juventud, frente a un Nixon cansado y macilento. Se presentó después, en 1962, a la elección para el cargo de gobernador de California y también fue derrotado, lo que le llevó a manifestar que se retiraba de la política activa para dedicarse a la práctica de la abogacía en Nueva York, aunque su actividad fundamental era la de prepararse a largo plazo para una nueva candidatura a la presidencia. Antes le correspondió, en las elecciones de 1964, dar apoyo a Goldwater contra Johnson, con el fin de hacer méritos para convertirse de nuevo en candidato. Cuando volvió a presentarse en 1968, favorecido por el asesinato de Robert Kennedy, que hubiera resultado un contrincante difícil de superar, lo hizo con el apoyo de 549 000 dólares proporcionados en secreto por los coroneles que estaban al frente de la dictadura en Grecia, y no dudó en cometer lo que muy bien podía considerarse como un acto de traición, al boicotear, como ya hemos explicado, las negociaciones de paz con las que Johnson se proponía acabar la guerra de Vietnam.

Obtuvo un magro triunfo en 1968 —consiguió un 43,42 por ciento de los votos, contra un 42,72 de Humphrey y un 13,53 de Wallace, y no logró la mayoría en ninguna de las dos cámaras— gracias a haber acertado a expresar los miedos sociales de una Norteamérica media, de una «mayoría silenciosa» a la que costó poco convencer de que todos los males que sufría el país —Norteamérica se había convertido, diría en sus discursos, en «la más violenta nación sin ley en la historia de los pueblos libres»— procedían de la actuación en el gobierno de unas élites cultas y liberales, asociadas al Partido Demócrata, que se habían hecho responsables de la decadencia moral del país con su tolerancia hacia los estudiantes opuestos a la guerra de Vietnam, hacia el black power, la enseñanza progresista en las escuelas y universidades, la libertad sexual y el consumo de drogas.

Quienes le escribían los discursos, como Pat Buchanan, un católico tradicionalista, y William Safire, un protestante ultraconservador, acertaron a encontrar el lenguaje que quería oír el norteamericano medio de las capas populares blancas, a las que Nixon prometió durante su nominación que «la larga y oscura noche de América está a punto de acabar». Así nació esa especie de populismo republicano que, asociado al fundamentalismo religioso, iba a dominar la política norteamericana en los cuarenta años siguientes, promocionando a personajes de escasa formación cultural y de una religiosidad ostentosa.

Contó también con los votos racistas del sur de los Estados Unidos, tradicionalmente un feudo del Partido Demócrata, que iba a pagar ahora el precio de la política de Johnson en favor de los derechos civiles. Para congraciarse con estos votantes, escogió como vicepresidente, siguiendo los consejos del senador racista Storm Thurmond, a Spiro Agnew, lo que le permitió contrarrestar la campaña de George Wallace, el gobernador de Alabama, que se presentaba como independiente en defensa de la segregación (el Washington Post comparó la designación de Agnew como candidato a la vicepresidencia con la conducta de Calígula al nombrar cónsul a su caballo). Se modificó así la geografía electoral del país, y el sur se convirtió desde entonces en la reserva electoral de los republicanos.

Nixon llegaba al poder, dice Dallek, como un hombre lleno de contradicciones, reservado, tortuoso, enérgico e inseguro, «que luchaba contra sus demonios interiores y, en ocasiones, contra circunstancias incontrolables, con el fin de alcanzar la grandeza». Uno de sus más estrechos colaboradores, Haldeman, afirmó que era «el hombre más extraño que he conocido» y Kissinger no dudó en calificarle como un bebedor maníaco y tal vez no del todo cuerdo. Quienes trabajaron con él en el gobierno sostenían que era un pragmático, sin demasiadas preocupaciones ideológicas; William Safire, en cambio, sostiene que era un hombre integrado por una sucesión de capas distintas y hasta contradictorias, y que el error que se suele cometer al enjuiciarle es tomar una sola de ellas por el Nixon «real».

Cuando en enero de 1969 tomó posesión de la presidencia habló ante todo en su discurso inaugural de los problemas internos que dividían a la sociedad norteamericana, puesto que los votos que le habían llevado al poder eran los de los ciudadanos inquietos por la agitación social de los años sesenta, a los que había prometido una política de «ley y orden». Pero una vez en el poder hizo muy poco en este sentido. No le importaban estos asuntos. Lo que quería era utilizar el malestar de la «mayoría silenciosa» para reforzar el voto conservador: «necesitaba la polarización y el conflicto, en tanto que los liberales recibieran las culpas».

Más allá de este mensaje de «ley y orden», Nixon aportaba un programa ambiguo y confuso, pensado para complacer a unos y a otros —«las ideas no eran el fuerte de Nixon, escribe Burns, sino la búsqueda del poder»—, con trampas como la que se refiere al plan secreto que decía tener para acabar con la guerra de Vietnam, cuando en privado confesaba que no había modo de ganarla, «pero esto no podemos decirlo». Su discurso de toma de posesión era «un llamamiento a la unidad, la libertad y la paz», sin exponer los métodos para alcanzarlas, en que lo más notable resultaba ser su disposición a negociar a escala internacional.

Se preocupó poco por la formación del gobierno, puesto que aspiraba a concentrar el poder en sus manos, ayudado por una troika de ayudantes compuesta por H. R. Haldeman, John Ehrlichman y John Mitchell, quien desempeñaría el cargo de fiscal general (el único en la historia de los Estados Unidos que acabaría condenado a una pena de cárcel, como consecuencia de su participación en el asunto Watergate), a los que se añadió Henry Kissinger, al que nombró consejero de Seguridad Nacional, cargo al que añadió en 1973 el de secretario de Estado. Kissinger fue su principal colaborador en el terreno de la política exterior, que consideraba que era la labor fundamental de la presidencia. Lo que tuvo como consecuencia que marginara por completo, en su primer mandato, al Departamento de Estado (no les perdonaba a los diplomáticos que le hubiesen menospreciado en sus años como vicepresidente), así como también a la CIA, que pensaba que era «un refugio de intelectuales universitarios» que habían contribuido a su derrota en 1960; de modo que solo contó con ella para que montase operaciones encubiertas. Tampoco fueron fáciles sus relaciones con el FBI, que mantenía una guerra abierta contra la CIA.[170]

Desde febrero de 1969, a los pocos días de tomar posesión de la presidencia, Nixon se ocupó de establecer un «canal» directo entre Kissinger y el embajador soviético Dobrynin para tratar de todo cuanto se refiriese a las relaciones americano-soviéticas, dejando a un lado el Departamento de Estado, en el que, según le dijo Kissinger a Dobrynin, había demasiadas filtraciones a la prensa, en contraste con lo que sucedía con los soviéticos, que «saben conservar la confidencialidad». Al secretario de Estado, William P. Rogers, se le confiarían los asuntos menores. En una ocasión Nixon, que despreciaba profundamente a los africanos, le dijo a Kissinger: «Henry, dejémosle los negros a Bill [Rogers] y ocupémonos nosotros del resto del mundo».[171]

Nixon y Kissinger compartían una visión de la política exterior que no estaba definida por las categorías tradicionales de la guerra fría, sino por metáforas de control y equilibrio, lo que iba a marcar el inicio de una nueva práctica de negociaciones y distensión.

LOS PROBLEMAS INTERNOS: CRISIS ECONÓMICA E INQUIETUD SOCIAL

Al llegar al poder Nixon se encontró con una sociedad al borde de la guerra civil, con disturbios raciales que causaban cientos de muertos, movimientos de oposición a la guerra de Vietnam y una explosión de la contracultura que estaba alarmando a la masa de las capas medias y populares del país.

A ello había que unir la mala situación económica interior, con inflación y paro (lo que se iba a denominar «estanflación»), a la que tuvo que responder de un modo poco habitual para un conservador: estableciendo unos controles económicos en los que personalmente no creía, pero que en aquellos momentos resultaban útiles de cara a la opinión pública.

En 1944, cuando se estableció el sistema de Bretton Woods, las reservas de oro norteamericanas representaban del 60 al 80 por ciento de las del mundo, lo que permitía mantener el dólar dentro del sistema del patrón oro, con plena convertibilidad al cambio de 35 dólares la onza de oro. Esta situación se mantuvo mientras los Estados Unidos tuvieron un superávit en su balanza comercial, de modo que en 1957 seguían contando con unas reservas cuyo valor triplicaba el de los dólares que guardaban en las suyas los bancos centrales extranjeros. Pero hacia 1970 su comercio exterior comenzaba a ser deficitario, en especial el que mantenían con Japón. De este modo fueron aumentando las reservas de dólares en manos de tenedores extranjeros, hasta que llegó un momento en que el valor del oro guardado en Fort Knox, al precio de 35 dólares la onza, que se había mantenido inmutable desde enero de 1934, no hubiera bastado para responder ni siquiera de una tercera parte de los activos en dólares que eran teóricamente convertibles (había 40 000 millones de dólares que podían eventualmente convertirse, contra un oro valorado en 12 000 millones en los depósitos oficiales). Se suspendió la venta de oro a los particulares, pero las reservas del gobierno seguían disminuyendo, y Paul Volcker, subsecretario del Tesoro para asuntos monetarios, escribió un memorándum confidencial avisando de los riesgos que presentaba esta situación, de los que ni Nixon ni Kissinger, que pensaban que estos eran problemas que debían resolver los expertos, se habían preocupado. «Solo más tarde aprendí —dirá Kissinger en sus memorias— que las principales decisiones de política económica no son técnicas, sino políticas.»

En agosto de 1971, mientras los gestores de la política económica estaban discutiendo, bajo la dirección de John Connally, las fórmulas necesarias para controlar los problemas internos que causaba la inflación, a la vez que los que se referían a la balanza de pagos y al cambio del dólar, la petición realizada por Gran Bretaña de recuperar 3000 millones de dólares en oro, o por lo menos usarlos como garantía, precipitó los acontecimientos. El 15 de agosto de 1971 se publicó la Nueva política económica (NEP), que ordenaba la congelación por tres meses de precios, salarios y márgenes de beneficio, junto a otras medidas de reducción del gasto y de estímulo de la economía, incluyendo una sobrecarga del 10 por ciento en los derechos sobre las importaciones (que se suprimió en diciembre de este mismo años, tras el Smithsonian Agreement por el que una serie de países aceptaron revaluar sus monedas respecto al dólar).

La medida más trascendental, sin embargo, fue la decisión de cerrar «la ventana del oro» (esto es, suspender la convertibilidad del dólar). La habilidad retórica de Nixon consiguió convencer a los ciudadanos norteamericanos, como lo demostró la subida de la bolsa el día siguiente a su discurso, de que no se trataba de un signo de debilidad económica, sino de una acción positiva de lucha contra la especulación internacional.[172]

Con esta medida, que desligaba al dólar del oro, se liquidaba el sistema creado en Bretton Woods para mantener el equilibrio monetario internacional y se entraba en una etapa de regulaciones mucho más complejas y mucho menos eficaces. Liberados de la obligación de mantener un equilibrio entre los dólares emitidos y sus reservas, los gobernantes norteamericanos entraron por el camino que iba a conducir a un enorme endeudamiento y, a la larga, a la grave crisis de comienzos del siglo XXI. El propio Nixon, que proclamaba su voluntad de equilibrar el presupuesto, gastó tanto en defensa, en la carrera del espacio y en Vietnam, que en su tiempo se dieron los mayores déficits de la historia norteamericana, hasta que George W. Bush los superó con creces.

En su segundo mandato presidencial se propuso reducir las dimensiones del gobierno, echando a funcionarios y recortando el gasto público, a la vez que tomaba nuevas medidas de control económico para hacer frente a la crisis, pero todo quedó paralizado por las consecuencias del escándalo Watergate. Las medidas de control que quiso implantar en 1973 y 1974 fracasaron rotundamente, de modo que se puede decir que, en líneas generales, su gestión de la economía fue ineficaz: tanto el paro como la inflación aumentaron en los años de su gestión, y el crecimiento del PIB, a una tasa anual del 1,9 por ciento, resultó ser el más bajo que los Estados Unidos habían experimentado desde la época de Truman.

Lo que parece más inconsecuente de su gestión es que, siendo un conservador, su política interior resultase más bien progresista, y que gastase más que el propio Johnson en programas sociales, pese a que en un principio se había presentado como alguien dispuesto a suprimir tales gastos, y a reducir, en especial, los que correspondían a algunos de los programas implantados por Johnson. Para explicarlo hay que tener en cuenta que el Congreso estaba dominado por los demócratas, de modo que, si quería obtener su apoyo para una política exterior de distensión, a la que con frecuencia se oponían los parlamentarios republicanos, tenía que ganarse a los demócratas cediendo en el terreno del gasto social, aunque ello le costase las críticas de los republicanos. Para William Safire todo se debía a su contradictorio carácter: «tenía el corazón a la derecha y la cabeza ligeramente al centroizquierda». Lo cual liga en buena medida con la interpretación de Hacker y Pierson, que piensan que, si bien Nixon atacaba a los demócratas desde la derecha respecto de cuestiones como la raza, la cultura o el crimen, «estaba convencido de que para competir por el centro necesitaba una fuerte dosis de populismo económico».

El problema fundamental del país parecía ser en aquellos momentos el tremendo desorden social: las cifras de crímenes se habían triplicado entre 1957 y 1970, las de robos con violencia se habían cuadruplicado. En 1970 estallaron 1577 bombas, que causaron 41 muertos: el 56 por ciento se colocaron en los campus universitarios, el 19 por ciento eran obra de extremistas negros y el 14 por ciento de extremistas blancos. No solo procedían de la izquierda, aunque los medios y la memoria histórica hayan tendido a olvidar la violencia de las derechas.

Los veteranos negros de Vietnam amenazaban convertirse en guerrilleros urbanos, y el descubrimiento por el público de la guerra de Camboya produjo una oleada de protestas estudiantiles que acabaron con cuatro muertos y nueve heridos en Kent State University, en Ohio, el 4 de mayo de 1970 (cuando una comisión dedicada a investigar la inquietud en los campus, presidida por el republicano Scranton, afirmó que haber disparado sobre los estudiantes era innecesario e imperdonable, Nixon rechazó sus conclusiones). Fue también entonces cuando se descubrió el Plan Cointelpro con el que el FBI había estado acosando ilegalmente a los radicales desde 1956 (una de sus listas recogía 100 000 nombres de sospechosos de haber participado en los disturbios raciales, en su mayoría negros). Lo que no se supo entonces era que tanto Nixon como Kissinger hacían espiar las conversaciones telefónicas de sus colaboradores más inmediatos, aunque esta vigilancia no produjo más, en palabras del propio Nixon, que «chismes y basura».

Entre las paradojas de su gestión figura el hecho de que, aunque en privado dijera de los afroamericanos que eran «genéticamente inferiores» y que «acababan de bajar de los árboles», no se opusiera abiertamente al desarrollo de la integración, sino que optase, cuando le era posible, por seguir el consejo que le había dado Moynihan de dejar las cuestiones raciales en un «benévolo olvido».

En la lucha contra los radicales Nixon utilizó también un organismo de hacienda, el IRS (Internal Revenue Service), que había creado una sección especial para colaborar con el FBI reuniendo información acerca de las declaraciones de renta de un amplio grupo «de individuos y grupos que propugnaban reformas políticas y sociales, o que, simplemente, objetaban la política de la administración». El presidente, que tenía una larga lista de «enemigos», que incluía a todos cuantos se oponían a su política, presionó en muchas ocasiones al IRS para que les hiciera objeto de inspecciones, o para que dejase de hacerlas a sus amigos (mientras el vicepresidente Agnew y el propio Nixon incumplían la obligación de pagar sus impuestos).

Por razones complejas —entre las que hay que destacar el fin del envío de soldados a Vietnam y el proyecto de suprimir el reclutamiento militar para establecer un ejército de voluntarios— la protesta política comenzó a amainar después de 1970. No así la delincuencia común, estimulada por el enorme aumento del consumo de drogas, que siguió creciendo imparablemente en estos años, pese a las campañas de Nixon, más retóricas que efectivas, que culminaron en su proclamación en junio de 1971 de la «guerra contra las drogas», con la creación de la SAODAP (Special Action Office for Drug Abuse Prevention), y en julio de 1973 de la DEA (Drug Enforcement Administration). Tampoco parece claro que un hombre como él, que tenía oscuras relaciones con miembros de la mafia, fuese el más indicado para dirigir la lucha contra el crimen.

LA DISTENSIÓN Y LA «DOCTRINA NIXON»

Nixon le había confesado a un amigo que pensaba dedicar su vida «a los grandes problemas de la política exterior», a los que en su discurso inaugural se refirió con unas palabras que nadie hubiese esperado de él: «Por primera vez, como consecuencia de que la gente del mundo entero quiere paz y los dirigentes del mundo temen la guerra, los tiempos están del lado de la paz (…). Después de un período de confrontación, estamos entrando en una era de negociaciones».

El gran programa de política internacional que ambicionaba desarrollar se basaba, según Kissinger, en cinco puntos: 1) salir de Vietnam en condiciones honorables, 2) plantear abiertamente el tema de la paz para demostrar al público que hacía lo posible para limitar los riesgos de guerra, 3) ampliar el juego diplomático incluyendo a China en el sistema internacional, 4) reforzar las alianzas y 5) desde esta plataforma, pasar a una ofensiva diplomática, sobre todo en el Oriente Próximo.

Por lo que se refiere a las áreas de la política internacional que quedaban más allá de estos grandes problemas, que eran los que le interesaba negociar y resolver personalmente, los principios de la guerra fría quedarían intactos: se proporcionaron armas a los coroneles griegos que en 1967 habían derribado la monarquía y liquidado la democracia, y para la actuación en América Latina se aceptaron las grandes líneas de actuación que había propuesto Nelson Rockefeller en un informe en que sostenía que era necesario seguir apoyando a los dictadores (en la década de los sesenta se establecieron trece nuevas dictaduras militares en América Latina).

El de la distensión era un problema que interesaba vitalmente a los soviéticos, tanto por razones económicas como por el peligro de un conflicto con China, pero no podían hacerlo público mientras Johnson bombardeaba salvajemente Vietnam. En junio de 1967 Johnson se había entrevistado con el primer ministro ruso Kosygin en Glassboro, New Jersey (Kosygin había ido a la ONU, pero no quería viajar a Washington para esta entrevista, de modo que hubieron de encontrarse a mitad de camino) para discutir las fases iniciales de lo que había de acabar convirtiéndose en las SALT (Strategic Arms Limitation Talks: Conversaciones para la limitación de armas estratégicas). Por el momento se llegó a algunos acuerdos acerca de las armas nucleares, como la ratificación del Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT), que se había firmado en Washington, Moscú y Londres el primero de julio de 1968. Había que seguir discutiendo sobre los ABM (Anti-ballistic missiles: Sistemas de defensa de misiles antibalísticos) y sobre la construcción de los MIRV (Multiple independently targeted reentry vehicles: Vehículos con cabezas múltiples guiadas independientemente); pero la invasión soviética de Checoslovaquia en agosto de 1968 frenó la continuación de las conversaciones.

Nixon, como se ha dicho, había iniciado su mandato con un viraje que nadie esperaba de un campeón de la guerra fría, ofreciéndose a entrar en una era de negociaciones. Las razones de este cambio las explicaba diciendo que la política de brinkmanship —de llevar la amenaza nuclear hasta el extremo— era viable en tiempos de Eisenhower, e incluso en los de Kennedy, cuando la superioridad norteamericana en el terreno de las armas nucleares era aplastante, pero que después de la experiencia de los misiles cubanos en 1962, «los soviéticos se apresuraron a alcanzarnos y consiguieron de hecho paridad nuclear con los Estados Unidos», lo que significaba que «llevar la amenaza al margen de la ruptura» no era ya una política viable.

Era tal vez verdad, aunque la CIA dudaba de ello, que hacia 1969 se hubiera llegado a un cierto grado de paridad en el armamento nuclear. Se suponía que los soviéticos disponían ahora de un arsenal de alrededor de un millar de misiles intercontinentales ICBM (sus SS9 eran superiores en algunos aspectos a sus equivalentes norteamericanos), y de misiles que podían lanzarse desde submarinos nucleares, todo lo cual los había convertido en una amenaza real. Se había llegado con ello a la conclusión de que no era necesario dominar al otro por el desequilibrio de fuerzas, sino que la política de MAD (Mutually assured destruction: Destrucción mutua asegurada) evitaría que ninguno de los dos bandos quisiera iniciar una guerra atómica, sabiendo que recibiría un duro castigo del contrario, puesto que, incluso si se consiguiese destruir en el primer golpe todas las bases terrestres de misiles del contrincante, lo cual era poco probable, quedarían los que podían lanzarse desde los submarinos, que, por su movilidad, no podían ser objeto de una completa destrucción previa. La única forma de detener una escalada que podía conducir al desastre era entrar en un período de negociaciones.

Por otra parte Nixon era consciente de que una cosa era la «guerra fría», que se basaba en prestar ayuda a unos aliados para que combatieran al enemigo común tanto en el frente interior como en el exterior —lo que Robert Gates define como «ayudar a otros para que se defiendan por sí mismos»—, y otra la participación directa en costosas guerras exteriores como las de Corea o Vietnam, que arruinaban la economía norteamericana. Sin olvidar que el país estaba cansado del conflicto de Vietnam, como lo demostraba la presión de unas protestas públicas que se intensificaron cuando se descubrió la indignidad de la guerra secreta de Camboya. Este cansancio se había extendido además a las propias cámaras norteamericanas, de modo que sabía que, o bien llegaba a un acuerdo para limitar la carrera de armamentos, o acabaría encontrándose con que se le regateaban los recursos para la defensa.

Las negociaciones con los soviéticos, interrumpidas en el verano de 1968, se reemprendieron en febrero de 1969 bajo el control directo y personal de Nixon, con la estrecha colaboración de Kissinger. Quería además dejar su propia impronta en este terreno, de modo que el 25 de julio de 1969, tras la euforia que provocó la llegada de los norteamericanos a la Luna, durante la que Nixon calificó como «la más grande semana en la historia del mundo desde la creación»,[173] hizo una gran declaración de principios de política exterior, que él mismo insistió en que se conociera como la «doctrina Nixon», en una conferencia de prensa informal que realizó en Guam sin avisar previamente ni al Departamento de Estado ni a Kissinger. Su propósito era definir el futuro de la actuación norteamericana en Asia y en el Pacífico después de la guerra de Vietnam: los Estados Unidos se comprometían a cumplir los compromisos de sus tratados y a intervenir cuando una nación aliada, o cuya supervivencia se considerase vital para la seguridad norteamericana, se viese amenazada por una potencia nuclear, pero en los casos de agresiones de otro tipo, se limitarían a proporcionar la asistencia económica y militar que determinasen los tratados, y «esperarían que la nación directamente amenazada asumiese la responsabilidad básica de aportar hombres para su defensa». Tras de estas afirmaciones había un desinterés creciente por todo lo que afectaba al tercer mundo —«El eje de la historia comienza en Moscú, pasa por Bonn, cruza hacia Washington y de allí va a Tokio»—, unido a la convicción de que los Estados Unidos no podían asumir los costes políticos y económicos de un gran número de intervenciones.

Esta visión reaparecería en sus conversaciones con Brézhnev, en mayo de 1972, en que sostuvo que el mayor peligro no era el de que estallase una guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, sino el de «una situación en que fuésemos arrastrados contra nuestra voluntad a guerras que estallasen en diferentes áreas del mundo». Se refería a lo que Churchill había denominado «la tiranía de los débiles»: la posibilidad de que actuaciones incontroladas de alguno de los participantes menores en el juego desencadenasen un conflicto en que soviéticos y norteamericanos se viesen envueltos.

En la confrontación con los soviéticos Nixon y Kissinger partían de la convicción de que sus dirigentes no eran unos locos insensatos, «sino que buscaban sus intereses tal como ellos los percibían, del mismo modo que nosotros buscamos los nuestros». Pensaban además que en el mundo de aquellos años no se podía seguir manteniendo el dominio bipolar que se había establecido al acabar la segunda guerra mundial. Ahora había nuevas potencias como Europa occidental, Japón y China, y la paz mundial solo podía mantenerse si los cinco se ponían de acuerdo. Los Estados Unidos no tenían ya poder suficiente como para determinar por sí solos las políticas interiores de otros países, excepto en lo que se refiere a su patio trasero, América Latina, donde seguirían actuando a su antojo, como haría Nixon en Chile. En cuanto respecta a Europa, en cambio, les dejó claro a los soviéticos que asumía «que las actuales fronteras europeas eran inmutables».

Tampoco los rusos querían proseguir la escalada. Aunque habían alcanzado un cierto grado de paridad militar con sus contrincantes, lo habían conseguido al precio de un esfuerzo económico demasiado grande. Los pasos siguientes en el desarrollo de armamentos —los MIRV y los ABM— implicaban una complejidad tecnológica mucho mayor y un mayor coste. Necesitaban detener este proceso y potenciar su comercio con Occidente para reactivar su economía.

En Europa la distensión, que se había iniciado años antes con De Gaulle, avanzó de manera independiente tras la victoria en 1969 de los socialdemócratas en Alemania occidental. Willy Brandt, nombrado canciller, potenció una política de aproximación y negociación con el este: la Ostpolitik. En 1967 Alemania occidental había establecido ya relaciones diplomáticas con Rumania, el año siguiente, con Yugoslavia; en agosto de 1970 se firmó un tratado germano-soviético en que los dos bandos renunciaban al uso de la fuerza y aceptaban las fronteras existentes en Europa (a la vez que los rusos reconocían el derecho de Alemania a reunificarse por medios pacíficos) y en diciembre de 1970 se normalizaron las relaciones con Polonia sobre la base de reconocer la frontera del Oder-Neisse. Finalmente, en diciembre de 1973, tras la dimisión de Walter Ulbricht, las dos Alemanias firmaron un tratado que confirmaba la inviolabilidad de sus fronteras, lo que implicaba consolidar pacíficamente la división creada por la guerra fría. En la aproximación habían tenido un papel principal el nuevo jefe de la KGB, Yuri Andropov, que consideraba necesaria la cooperación política y económica con la Alemania occidental, y Egon Barth, consejero de Brandt.

El éxito de estas negociaciones, confirmado por la visita que Brandt hizo a Brézhnev en Crimea, iba a marcar la política de distensión que los soviéticos seguirían en el futuro inmediato. Con Andropov y Gromyko como sus principales asesores, y contando con el prestigio que le daba el potencial militar de que disponía, Brézhnev diseñaba ahora un gran plan de paz que habría de culminar en una Conferencia europea de seguridad y cooperación.

El «canal» establecido a través de Kissinger y Dobrynin tomó especial importancia a partir de 1971, cuando permitió avanzar en una serie de acuerdos, sortear las dificultades que se presentaron como consecuencia de la crisis entre India y Pakistán, a la que me he referido en otro lugar y, sobre todo, preparar la visita de Nixon a Moscú en mayo de 1972, que había sido precedida por un viaje secreto de Kissinger en abril, durante el cual mantuvo cordiales conversaciones con Brézhnev, de las que podía deducirse que existían las bases para llegar a acuerdos de importancia. Pese a la oposición de los políticos soviéticos del ala más dura, reacios a negociar con los Estados Unidos en momentos en que se estaban produciendo los peores bombardeos sobre Vietnam del Norte, Brézhnev vio aprobados sus proyectos en una sesión plenaria secreta del Comité Central.

Nixon y Kissinger estaban desarrollando esta política sin dar cuenta de su contenido ni al Departamento de Estado ni a ninguna personalidad de la administración. El viaje a China, en febrero de 1972, y las conversaciones con Brézhnev en Moscú, en mayo de este mismo año, eran dos golpes de efecto con los que Nixon preparaba su reelección como presidente en 1972.

El 22 de mayo de 1972 Nixon llegaba a Moscú para iniciar unas negociaciones que durarían hasta el 29 del mismo mes. Brézhnev pudo mantener con él una larga y sincera conversación a puerta cerrada —mientras los cerca de doscientos invitados aguardaban pacientemente a que se iniciase la cena oficial— en que ambos estuvieron de acuerdo en que la mejor forma de resolver los conflictos era la discusión personal entre ellos mismos de las cuestiones más difíciles, en lugar de «dejar las decisiones a los burócratas», que no serían capaces de alcanzar ningún progreso.

En el transcurso de las conversaciones posteriores Nixon afirmó que tenía una fe muy firme en el «sistema» norteamericano, pero que al propio tiempo respetaba a quienes creían con la misma fuerza en otro: «Ha de haber lugar en este mundo para que dos grandes naciones con distintos sistemas puedan vivir y trabajar conjuntamente». Fue la iniciativa del propio Brézhnev, más decidido a avanzar por el camino de la distensión que sus consejeros, la que contribuyó a que se firmaran en Moscú el ABM Treaty, o SALT I, de limitación de los ABM, ICBM y SLBM (misiles lanzados desde submarinos). La limitación de las instalaciones permitidas de ABM significaba la aceptación de la doctrina MAD, ya que daba la seguridad de que cualquier ataque de uno de los bandos podía ser respondido por el otro con una considerable capacidad destructiva. En segundo lugar se acordó una congelación temporal del número de ICBM y SLBM. Pero no se llegó a acuerdo alguno acerca de los MIRV, cuya producción iba a multiplicarse a partir de entonces. Lo importante, sin embargo, era que se trataba del primer acuerdo de la guerra fría que frenaba la carrera de armamentos (G.W. Bush abandonó este tratado a comienzos de 2002).

El 29 de mayo Nixon y Brézhnev firmaban un texto sobre los «Principios básicos de las relaciones entre los Estados Unidos y la URSS», cuyo primer punto señalaba que «las diferencias en la ideología y en los sistemas sociales de los Estados Unidos y de la URSS no eran obstáculo» para que se respetasen mutuamente los principios de soberanía, igualdad y no interferencia en los asuntos internos. Se habían establecido, dirá Kissinger, las líneas generales en que había de basarse la coexistencia pacífica entre ambos sistemas.

No había habido acuerdos políticos, en cambio, ni acerca de las reivindicaciones de los norteamericanos sobre Vietnam, ni acerca de las de los soviéticos sobre el Oriente Próximo. Y en cuanto a los posibles acuerdos económicos, y en especial los de intercambio comercial, que eran vitales para los soviéticos, no se hizo gran cosa. Lo más destacado fue una gigantesca operación de compra de cereales por parte de los soviéticos en unos momentos, el verano de 1972, en que el fracaso de las cosechas en la mayor parte del mundo convirtió el trato en un negocio ruinoso para los Estados Unidos, que vieron como en los meses siguientes el precio del grano aumentaba en su propio mercado interno por encima del acordado para esta venta, sin que Nixon o Kissinger llegasen ni siquiera a entender el lío que habían armado, que iba a ser aprovechado poco después por los enemigos de su política de distensión.

Brézhnev se sentía feliz con estos avances, puesto que deseaba ser recordado como el hombre que había traído la paz a su país. En mayo de 1972 comenzó un período de distensión en que la coexistencia de ambos sistemas parecía posible. Un año más tarde, en mayo y junio de 1973, Brézhnev visitó Alemania occidental y los Estados Unidos, donde iba a desarrollar las negociaciones que debían conducir a SALT II, convencido de haber alcanzado el objetivo de poner las bases para una paz a largo plazo.

No estaban por entonces tan entusiasmados Nixon y Kissinger. El éxito de la cumbre de Moscú, sumado al de los acuerdos con China, ayudó sin duda a darle a Nixon una cómoda victoria en su segunda elección, pero el presidente sabía que ni la derecha ni la izquierda le iban a permitir que disfrutase de las nuevas relaciones que había establecido con los soviéticos, sino que le acusarían de haber cedido demasiado. Pronto empezaron a surgir las dificultades. Las fuerzas que se oponían a la distensión, y en especial el poderoso lobby sionista, comenzaron a actuar contra los nuevos acuerdos económicos, esgrimiendo el precedente del mal negocio de la venta de trigo y tomando como pretexto político las limitaciones que planteaba la Unión Soviética a la emigración de judíos a Israel (los soviéticos habían decidido hacer pagar a los judíos que optaban por emigrar una compensación por la educación pública recibida).

Brézhnev comenzó también a encontrar resistencias entre los suyos, escandalizados ante las concesiones que estaba haciendo para mantener abiertas las negociaciones. A todo ello se sumó el problema de los disidentes rusos, a algunos de los cuales se les facilitó la marcha al extranjero, mientras a otros, como al violonchelista Rostropovich, se les retiró la ciudadanía soviética mientras se encontraban en el exterior, para impedir que regresaran. Peor resultó el caso de Solzhenitsin, quien, aunque permanecía en Rusia, no solo publicó en Occidente El archipiélago Gulag, sino también «Una carta a los dirigentes soviéticos», en que les exhortaba a abandonar el marxismo y reemplazarlo por el cristianismo de la iglesia ortodoxa rusa; la solución consistió en este caso en poner al escritor en un avión que había de llevarlo a Frankfurt.

La guerra del Yom Kippur, en octubre de 1973, vino a enturbiar todavía más el clima de las relaciones entre las dos potencias. Nixon quiso reemprender las negociaciones en una nueva reunión en la cumbre celebrada en Moscú en junio de 1974, en momentos en que usaba sus actividades de política internacional para restar atención al escándalo Watergate, pero le quedaban ya tan solo dos meses de presidencia, antes de verse obligado a dimitir. El tratado SALT II, del que un Brézhnev enfermo y agotado y el nuevo presidente norteamericano, Gerald Ford, firmaron un acuerdo básico en Vladivostok en 1974, y que el propio Brézhnev y Carter volvieron a firmar en Viena en junio de 1979, no fue ratificado nunca por el Senado norteamericano (fue el propio Carter quien frenó su aprobación con el pretexto de la invasión de Afganistán). La culminación, y el final, de esta etapa de distensión llegó en agosto de 1975 con los acuerdos de Helsinki, firmados por los Estados Unidos, Canadá y por todos los estados europeos, a excepción de Albania.

LA APROXIMACIÓN A CHINA

Dentro del programa de política exterior de Nixon la aproximación a China era una pieza clave, tanto para establecer un nuevo equilibrio internacional, acabando con «la obsesión del monolito comunista», como para finalizar la guerra de Vietnam, puesto que contaba con que los chinos presionasen a los vietnamitas del norte para que entrasen en negociaciones de paz. En lo que por una parte acertó, puesto que los chinos manifestaron a los norvietnamitas su deseo de que negociasen cuanto antes con los Estados Unidos, pero se equivocó por otra, al no darse cuenta de que, tras treinta años de lucha por su independencia, los vietnamitas tenían una firme voluntad de resistir, que no iba a plegarse a las conveniencias de los chinos.

En 1972, mientras se preparaba para optar a su reelección en noviembre, Nixon pensaba en culminar su actuación en el campo de la política internacional con tres acontecimientos espectaculares: la aproximación a China, la firma de acuerdos de desarme en Moscú y el fin de la guerra de Vietnam o, por lo menos, el inicio de unas conversaciones definitivas de paz. A los chinos, por su parte, con un Mao envejecido y enfermo, que trataba de restablecer su país de las conmociones de la revolución cultural, les preocupaba ahora la llamada «doctrina Brézhnev» con la que los soviéticos habían justificado la invasión de Checoslovaquia, ya que temían que quisieran aplicarla también a China; lo que ayuda a entender el inicio de los conflictos con los soviéticos en el río Usuri, en marzo de 1969, que los chinos emprendieron como una demostración de firmeza.

Los norteamericanos comenzaron los contactos con China a través de Rumania, que Nixon había visitado a comienzos de agosto de 1969, en el transcurso de un viaje por Europa. Los continuaron después con las entrevistas en París entre el embajador Huang Chen y Vernon Walters, y los completaron más adelante a través de Pakistán, aliado a China por su enfrentamiento a la India. El 6 de abril de 1971 los chinos invitaron al equipo norteamericano de tenis de mesa que estaba compitiendo en Japón por el campeonato del mundo a que visitase China. Esta «diplomacia del ping-pong», inspirada por el propio Mao, tendría continuidad unos meses más tarde, cuando, del 9 al 11 de julio, Kissinger visitó en secreto Beijing, invitado por el gobierno chino, para establecer unos primeros contactos que prosiguieron en un segundo viaje, en octubre de este mismo año, a los pocos días de haberse producido la trágica muerte de Lin Biao. Este segundo viaje de Kissinger, al igual que otro que iba a hacer Alexander Haig en enero de 1972, tenían por objeto organizar la visita oficial de Nixon y dejar preparados los acuerdos que habían de tomarse durante el viaje del presidente norteamericano, que iba a ser de carácter más bien ceremonial. Veinticinco horas de negociaciones entre Kissinger y Zhou Enlai sirvieron para establecer, no solo las bases de los acuerdos, sino la forma en que habían de tratarse los desacuerdos, como el problema de Taiwán, de modo que se dejó ya preparado el «Comunicado de Shanghái» que iba a publicarse al final del viaje de Nixon. Por los mismos días en que se producía este segundo viaje de Kissinger, las Naciones Unidas aceptaban el ingreso de la República Popular China y la expulsión de Taiwán, pese a los esfuerzos de los norteamericanos, que hubiesen querido mantener a ambos estados en la organización.

El 5 de febrero de 1972, doce días antes de que Nixon emprendiera el viaje, Kissinger le enviaba un memorándum acerca de su encuentro con los chinos en que, al lado de trivialidades como la de decir «esta gente son a la vez fanáticos y pragmáticos», que «estos líderes son septuagenarios y seguramente desean alcanzar algunos objetivos antes de dejar la escena» o de comparar a Zhou con De Gaulle como «el más impresionante estadista que he conocido»,[174] sintetizaba las bases del acuerdo en el hecho de que «les conviene tratar con nosotros por su miedo de un ataque exterior; necesitan el apoyo de la menos amenazadora de las superpotencias». Este memorándum no era más que la fase final de una preparación que incluyó una compilación de textos, informes de la CIA e incluso una invitación a Malraux para que expresase sus opiniones sobre China, aunque hacía cerca de diez años que la había visitado por última vez. Cerca de un centenar de técnicos y especialistas norteamericanos se ocupaban de preparar el viaje presidencial, que llevaba consigo todos los suministros necesarios, desde papel higiénico a whisky. A la vez que se montaba una estación de comunicación por satélite en territorio chino con el fin de transmitir en directo el espectáculo al público norteamericano.

Nixon llegó a Beijing el 21 de febrero, recibido cortésmente, pero sin excesivas muestras públicas de entusiasmo: la consigna era «Recibir a los huéspedes con cortesía y respeto, con una actitud ni arrogante, ni servil; con un trato ni demasiado cálido, ni demasiado frío». Mantuvo una única entrevista de algo más de una hora con Mao, en la que este no dijo más que generalidades, que después se esforzaron los norteamericanos en reinterpretar, asignando significados trascendentes a sus palabras, y delegó en Zhou Enlai la discusión de los acuerdos concretos. Aunque no se puede negar que en la entrevista hubo momentos reveladores, como cuando Mao, según cuenta Kissinger, se rió a carcajadas, en unión de Zhou, de que «alguien pudiese tomar en serio» frases como la de «el mundo entero debe unirse para derrotar al imperialismo, al revisionismo y a todos los reaccionarios, y establecer el socialismo», que «aparecía garrapateada en cualquier cartel público de China». «Los líderes de China —concluye Kissinger— estaban más allá de la ideología en sus tratos con nosotros. El peligro que corrían había determinado la primacía absoluta de la geopolítica.»

Los siguientes días fueron de conversaciones privadas entre Zhou y Nixon, en compañía de Kissinger, mientras se mantenía al margen al secretario de Estado, Rogers, al que se le dejó tan solo que negociase cuestiones menores. Hasta el punto que cuando Rogers y los funcionarios que le acompañaban pudieron ver, una vez la delegación norteamericana había abandonado ya Beijing, el texto del «Comunicado de Shanghái» en que se sintetizaba el resultado de las negociaciones, se dedicaron a señalar, motivados en buena medida por la frustración de haber sido marginados, lo que les parecían ser errores en la forma en que se había redactado todo lo que se refería a los compromisos norteamericanos con sus aliados asiáticos, de los que solo se mencionaban a Japón y Corea del Sur. Pero lo que realmente les importaba, tanto a Nixon como a los chinos, no era lo que se decía en el documento, sino lo que se había acordado en las conversaciones que habían mantenido estos días, que el propio Nixon se comprometió a mantener en secreto, incluso para el resto de su gobierno. El comunicado no era más que una formalidad, y su ambigüedad era deliberada. En el último banquete en Shanghái, un Nixon eufórico, y animado por la bebida, dijo en su brindis: «Esta ha sido la semana que ha cambiado el mundo» (ya eran dos en poco tiempo, contando con lo que él mismo había dicho acerca de aquella en que se había producido la llegada a la Luna).

El balance del acuerdo sino-americano, que duraría muchos años, lo define así Kissinger: «una estrategia paralela con China para prevenir la hegemonía —en otras palabras, para preservar el equilibrio mundial del poder contra la amenaza soviética—; evitar por parte de cada uno de los dos bandos el desafío de intereses vitales del otro, aceptación por los Estados Unidos del principio de una sola China». Mao había dicho que respecto de Taiwán no tenían prisa; que en esto podían esperar cien años, pero que no podían aguardar cien años en lo referente a sus relaciones con los Estados Unidos.

La noticia de los acuerdos sino-norteamericanos causó conmoción en los aliados asiáticos de los Estados Unidos, que se sintieron traicionados por unas negociaciones de las que ni siquiera se les había informado previamente, pero Nixon fue recibido como un héroe en Washington y se puso de inmediato a preparar la segunda parte de su plan para la reelección: el viaje que iba a llevarle a Moscú en mayo, para firmar los acuerdos de limitación de armas nucleares con Brézhnev.

Lo que le falló entonces, en cambio, fue la tercera pieza del programa: forzar unas negociaciones que permitiesen llegar a una paz en Vietnam, algo en que, contra lo que habían esperado, los chinos no iban a poder ayudarles.

EL FIN DE LA GUERRA DE VIETNAM

El mayor problema a que se enfrentó Nixon al asumir la presidencia era el de acabar la guerra de Vietnam: una guerra que sabía que no podía ganarse, pero de la que los Estados Unidos no podían retirarse con la apariencia de haber sido derrotados. Lo cual no podía decirse al público, al que había que seguir engañando entre tanto con la perspectiva de una victoria. Había por entonces más de medio millón de soldados norteamericanos en la guerra y se habían producido 18 000 muertes tan solo en 1968.

La solución a este problema consistía en conseguir en Vietnam un fin negociado de las hostilidades, como Eisenhower había logrado en Corea, y presentarlo al público norteamericano como una victoria. Como le indicaba Kissinger a Dobrynin en febrero de 1969, las dos condiciones que los norteamericanos exigían para llegar a una paz en Vietnam eran que esta no debía aparecer como la consecuencia de una derrota militar de los Estados Unidos y que no podía ir seguida inmediatamente por la caída del gobierno de Vietnam del Sur. El problema que más les preocupaba, como revelaron sus conversaciones con De Gaulle en 1969, cuando este les aconsejó que siguieran su ejemplo en Argel y abandonasen Vietnam, era el del daño que esto podía causar a su «credibilidad».

Un testimonio de Haldeman, que reproduce Hitchens, parecería mostrar las cosas bajo otra luz, al afirmar que en diciembre de 1970: «K[issinger] vino y la discusión se extendió a algunas ideas generales sobre Vietnam y el plan del presidente para una gran paz para el año próximo, del cual Kissinger, según me dijo después, no era partidario. Piensa que cualquier salida el año próximo sería un error muy serio, porque la reacción adversa al acuerdo podría manifestarse mucho antes de las elecciones del 72. Él está a favor de continuar las negociaciones y hacer una salida espectacular justo en el otoño del 72, de manera que, si hubiesen de producirse malos resultados, lo harían demasiado tarde como para afectar a la elección».

Es posible que Kissinger haya hecho esta elucubración por su cuenta, lo cual sería propio de su miseria moral, pero la interpretación que esto sugiere, la de que se pudo haber llegado antes a la paz en las condiciones que exigía Nixon, y no se quiso hacerlo, no es correcta. Las negociaciones de paz se reemprendieron muy pronto, en el verano de 1969, con la esperanza de llegar a un rápido acuerdo. Nixon estaba convencido de que podía resolver el asunto en el primer año de su mandato; paseando por una playa, durante la campaña presidencial de 1968, le habría dicho a Haldeman: «Soy el único hombre de este país que puede conseguirlo, Bob». Su idea era forzar la negociación mediante amenazas, tal como había hecho Eisenhower para conseguir el armisticio en Corea. «Creerán cualquier amenaza de fuerza que haga Nixon —añadió— porque es de Nixon.» Era lo que llamaba la «teoría del loco»: «quiero que los norvietnamitas crean que he llegado a un punto en que soy capaz de hacer cualquier cosa para detener la guerra».

Puso en marcha los bombardeos secretos sobre Camboya,[175] encaminados a cortar la vía de suministros del norte, la llamada «ruta Ho Chi Minh», e hizo llegar a los norvietnamitas, a través del diplomático francés Jean Sainteny, amigo de Kissinger, una advertencia oral de que, si para el primero de noviembre «no se había llegado a una solución válida, se vería lamentablemente obligado a recurrir a medidas de gran fuerza y graves consecuencias». Era el llamado Plan Duck Hook (un término del léxico de golf que se refiere a los efectos de un golpe que se desvía imprevisiblemente), del que se dejó que se filtrase la interpretación de que estaba dispuesto a bloquear Haiphong, invadir Vietnam del Norte y emplear armas nucleares.

Pero las amenazas que el propio Kissinger hizo llegar a Hanoi fueron contestadas por Ho Chi Minh a fines de agosto de 1969, pocos días antes de morir, con una carta al presidente norteamericano «muy dura, casi insolente». Kissinger, que se negaba «a creer que una potencia de cuarta categoría como Vietnam no tuviese un punto de ruptura» en que se viese obligada a ceder, organizó el llamado «grupo de septiembre», un equipo que estaba preparando un plan brutal de ataque, a la vez que se estaba redactando el discurso con el que Nixon había de anunciar al país, el 3 de noviembre, que el gran ataque se había iniciado.

A comienzos de octubre, sin embargo, Nixon detuvo los preparativos del plan. Tanto su secretario de Defensa, Laird, como el de Estado, Rogers, se oponían a esta brutal escalada, y el presidente comenzó a dudar de que pudiese conservar el apoyo público en el período de tres a seis meses que se necesitaba para el desarrollo íntegro de la operación. Había en aquellos momentos tres grandes manifestaciones contra la guerra programadas para el 15 de octubre y para el 13 y 15 de noviembre, en días próximos a los previstos para el inicio de duck hook. Para defenderse del acoso de los movimientos contra la guerra, el presidente hizo el 3 de noviembre uno de sus mejores discursos, explicando al país la situación en Vietnam y pidiendo el apoyo de la «gran mayoría silenciosa».

Fue también por estos días cuando se descubrió al público la masacre de My Lai, que se había producido en marzo de 1968, en que soldados norteamericanos asesinaron sin ningún motivo, con el añadido de torturas y violaciones, a unos 500 civiles vietnamitas, incluyendo mujeres y niños. Se procedió a juzgar al teniente Calley, que mandaba la unidad responsable de la masacre, ante la indignación, no solo de los políticos —el congresista Mendel Rivers opinaba que estaba perfectamente justificado castigar a «hombres, mujeres y niños que atacaban a sus benefactores [los soldados norteamericanos] con bombas de mano»— sino a una gran parte de la opinión pública, que se manifestó en defensa de Calley (el tribunal le condenó a cadena perpetua, pero Nixon se apresuró a sacarle de la cárcel y quedó en total libertad al cabo de tres años).

Preocupado por el efecto que estas revelaciones hubieran podido producir en la opinión pública, Nixon renunció a los grandes planes de ataque, y optó por acelerar la vietnamización de la guerra, a la vez que mantenía el ritmo de los combates y reemplazaba el duck hook por una serie de veladas amenazas nucleares que pudieron tener consecuencias todavía más graves: el 13 de octubre de 1969 se inició un gran ejercicio de las fuerzas norteamericanas en Europa y en Asia, que el 25 de octubre llegó al estadio de equipar con armas nucleares los aviones y efectuar unas maniobras en Alaska. El objetivo era, claramente, intimidar a soviéticos y norvietnamitas con la amenaza de un ataque nuclear, y el caso es que estuvo a punto de convencer a los soviéticos de que iban a ser atacados y que debían preparar una respuesta, e hizo que los chinos, por temor tanto a la actuación norteamericana como a la respuesta soviética, se pusieran también en estado de alerta. Años más tarde, en una conferencia de prensa, Nixon diría que no haber seguido adelante con el duck hook había sido uno de sus mayores errores.

Los pasos que Nixon se proponía seguir para resolver la cuestión de Vietnam eran la retirada progresiva de las tropas norteamericanas, que era lo que mayormente le solicitaba la opinión pública de su país, con el fin de disminuir el número de estadounidenses muertos, y paralelamente, y como una consecuencia obligada, la «vietnamización» del conflicto: el traspaso de las responsabilidades a un ejército survietnamita reforzado y a un gobierno de Saigón que se esperaba que fuese capaz de reformarse. A comienzos de 1971 había retirado ya por lo menos la mitad de los 550 000 norteamericanos y en septiembre de 1972 solo quedaban 40 000. Lo cual no significa que disminuyeran las actuaciones bélicas.

Primero fueron los ataques aéreos norteamericanos a Laos y a Camboya, destinados a crear problemas a los norvietnamitas en sus rutas de transporte de armas y refuerzos hacia el sur, con el fin de ayudar al proceso de vietnamización. Se intentó, al propio tiempo, una operación espectacular de rescate destinada a obtener rendimientos propagandísticos: el 20 de noviembre de 1970 equipos de helicópteros que transportaban rangers americanos atacaron el campo de prisioneros de Son Tay, al norte de Hanoi, para liberar de cincuenta a cien estadounidenses presos; pero resultó que, como consecuencia de una inundación, los cautivos habían sido trasladados y la operación se frustró.

El 30 de enero de 1971 se emprendió la invasión de Laos por 36 000 soldados survietnamitas con apoyo norteamericano (se lanzaron 48 000 toneladas de bombas durante la operación), con el fin de destruir bases logísticas de Vietnam del Norte en territorio laosiano. El propósito real de la operación era el de realizar una prueba de fuerza que, al demostrar la potencia del ejército survietnamita, facilitase la continuación de la retirada de tropas norteamericanas y permitiese negociar ventajosamente con Hanoi para alcanzar un alto el fuego.[176] Pero la llamada «Operación Lam Son 719» acabó en un fracaso total: las tropas survietnamitas tardaron un mes en alcanzar un objetivo que se había calculado que tomarían en cinco días y se encontraron entonces cercadas por el enemigo, lo que dio lugar a que el presidente Thieu ordenase su inmediata retirada: las imágenes transmitidas por la televisión, que mostraban a soldados vietnamitas que se colgaban de los helicópteros para huir, acabaron de decepcionar a la opinión pública norteamericana. Lo que no impidió que Nixon y Kissinger presentasen la operación como una victoria, basándose en estimaciones incontroladas de los daños que decían haber causado al enemigo.

Ante el fracaso de los intentos de forzar a Hanoi a negociar, Nixon decidió aplicar realmente la «teoría del loco». Como había dicho en una entrevista cuya publicación acabó siendo prohibida: «Es muy importante que nunca demos a los rusos la impresión de que los Estados Unidos actuarán siempre racionalmente. La posibilidad real de una actuación irracional americana es esencial para la relación E.U.A./Unión Soviética».

El fundamento de esta doctrina lo encontramos en un documento recientemente desclasificado, un memorándum de Kissinger para el presidente, fechado el 2 de octubre de 1969, en que recomendaba, dentro de un plan de actuaciones contra Vietnam del Norte, que «la acción debe ser brutal». Se trataba de rectificar la política de escalada gradual de la época de Johnson —lo que Kissinger llamaría «el síndrome McNamara»—, para reemplazarla por una acción breve pero tan violenta que engendrase en el contrario el temor a la amenaza eventual de una reacción desmesurada, que podía implicar, en última instancia, el uso de armas atómicas. En sus momentos de furor, Nixon le decía a Kissinger: «vamos a arrasar este condenado país».[177]

Nixon, que desconfiaba de que las negociaciones a cuatro bandas (los Estados Unidos, gobiernos de Vietnam del Sur y de Vietnam del Norte y representantes del FLN) que se celebraban en París pudiesen llegar a un acuerdo, ante la intransigencia de Thieu, que exigía prácticamente una rendición incondicional del FLN, decidió en febrero de 1970 emprender negociaciones directas con los norvietnamitas, en conversaciones que mantenían en París Kissinger y Lê Duc Tho, miembro del politburó del Partido Comunista.

Uno de los problemas que dificultaban llegar a un acuerdo era que los norvietnamitas exigían la deposición del gobierno de Thieu y rechazaban la propuesta de una retirada conjunta de Vietnam del Sur de las tropas norteamericanas y norvietnamitas, argumentando que Vietnam era un solo país y que no tenía sentido exigirles que se retirasen de una parte de él. Desde septiembre de 1970 Kissinger comenzó a abandonar la exigencia de la retirada mutua de las tropas del territorio de Vietnam del Sur, confiando en que, con la ayuda de las armas norteamericanas, los survietnamitas podían resistir solos durante «un intervalo decente» de tiempo, que durase lo suficiente como para justificar la pretensión de que se había negociado un acuerdo de paz honorable. Como le dijo Kissinger a Zhou Enlai: «lo que necesitamos es un período de transición entre la retirada militar y la evolución política». Lo mismo le repitió a Dobrynin en mayo de 1969: estaban dispuestos a aceptar un cambio de régimen en el sur, si había un «intervalo suficientemente razonable entre la conclusión de un acuerdo y [el establecimiento] de este sistema».

A cambio, los norvietnamitas habían de renunciar a su pretensión de que el armisticio incluyese la defenestración de Thieu, ya que los norteamericanos necesitaban pretender que salían victoriosos de la guerra. Como le dijo Kissinger a Lê Duc Tho, lo que no quería era que los vietnamitas proclamasen su «victoria en la guerra de agresión de los Estados Unidos». Nixon fijó sus últimas condiciones en dos discursos, hechos el 25 de enero y el 8 de mayo de 1972: un alto el fuego, el retorno de los prisioneros, la continuación de la ayuda económica a Vietnam del Sur por parte de los norteamericanos y «dejar que el futuro político de Vietnam del Sur fuese resuelto por los partidos vietnamitas en unas elecciones libres». Necesitaba dejar las cosas claras, por lo menos ante la opinión norteamericana, antes de la elección presidencial de noviembre de 1972: quería declarar la victoria y retirarse.

Paradójicamente, el establecimiento de relaciones amistosas entre los Estados Unidos y China vino a complicar las cosas. Los norvietnamitas, que recordaban cuáles habían sido las consecuencias de haberse plegado en 1954 a las presiones de soviéticos y chinos para que aceptasen una partición temporal que se había convertido en perpetua, temían ahora que los chinos, de acuerdo con los Estados Unidos, pretendieran llevarles a otra negociación que limitase los resultados que esperaban obtener de sus muchos años de lucha. Por esta razón decidieron aplazar las reuniones con Kissinger en París y el 30 de marzo de 1972, el domingo de Pascua, las tropas de Hanoi cruzaron la zona desmilitarizada e iniciaron la mayor ofensiva de toda la guerra, que sorprendió tanto más en Washington por el hecho de producirse después de cuatro años de relativo estancamiento de los combates, desde la campaña del Tet en 1968, en momentos en que los Estados Unidos se estaban convenciendo de sus supuestos triunfos en Laos, y creían que las fuerzas de Hanoi y del FLN estaban seriamente debilitadas.

Esta vez, además, se trataba de una ofensiva en gran escala, encaminada a ganar territorio y ocupar ciudades, preparándose para un eventual asalto a Saigón. Sorprendido mientras preparaba su viaje a Moscú para las negociaciones con Brézhnev, meses antes de las elecciones norteamericanas, un Nixon visiblemente irritado ordenó a la aviación que atacase de nuevo, a la vez que preparaba una campaña de bombardeos en masa y de minado de los puertos de Vietnam del Norte (un acto impropio de un conflicto en que nunca había habido una declaración formal de guerra), convencido de que la ofensiva vietnamita no era más que un movimiento de desesperación y que una respuesta dura, utilizando una vez más la «teoría del loco» —de hecho sabemos que consideró seriamente la posibilidad de utilizar armas nucleares—, obligaría a los comunistas a negociar, tal como lo necesitaba para su estrategia electoral, puesto que en realidad, como confesó ante el NSC, Vietnam no le importaba nada («didn’t get a damn thing on Vietnam»). «Estamos jugando un juego mayor —le diría a Kissinger—, un juego sobre Rusia, un juego sobre China y un juego sobre las elecciones, y no vamos a permitir que el ejército de la República de Vietnam [del Sur] se hunda.»

La siguiente entrevista de Kissinger con el negociador Lê Duc Tho, el 2 de mayo, fue muy dura. Los vietnamitas, alentados por sus victorias, no solo no estaban dispuestos a ceder, sino que, convencidos de la proximidad de su victoria, exigían la inmediata retirada de todas las tropas norteamericanas y la destitución de Thieu. Nixon escribió aquel día en su diario: «Esta ha sido la última oportunidad para Hanoi». A lo que añadiría más adelante: «Vamos a bombardear a estos bastardos como nunca se les ha bombardeado antes».

Lo que siguió fueron «las mayores operaciones de bombardeo de la historia»: las llamadas Linebacker I y II, la primera de ellas en mayo de 1972, y la segunda del 18 al 29 de diciembre del mismo año, que implicaron en total 3420 operaciones de ataque aéreo a Vietnam del Norte.

A comienzos de octubre, Kissinger y Haig regresaban de París con las negociaciones concluidas. El 30 de noviembre Nixon y Kissinger presentaron al Joint Chiefs of Staff los términos del acuerdo que se había negociado y que tan solo Thieu se empeñaba en dificultar. El ejército norteamericano marcharía del país en sesenta días y sus bases serían desmanteladas. El ejército del norte no sería desmovilizado, sino que quedaría en las zonas del sur que ocupaba, en una distribución «a modo de manchas de leopardo», extendida por la totalidad del territorio de la República de Vietnam del Sur, lo que haría prácticamente imposible evitar los choques una vez acordado el alto el fuego. El único compromiso que aceptaban los norvietnamitas, aparte del de la inmediata liberación de todos los prisioneros de guerra norteamericanos, era el de no introducir nuevos refuerzos desde el norte. Se creaba, al propio tiempo, una Comisión internacional de control y supervisión del alto el fuego, integrada por representantes de Polonia, Hungría, Canadá e Indonesia, que había de tomar las decisiones por unanimidad.

Los Estados Unidos se comprometían a «curar las heridas de la guerra y contribuir a la reconstrucción de posguerra» con una ayuda que, aceptada por los comunistas como una reparación, podía resultar una garantía del mantenimiento de la paz (dada la forma en que evolucionaron las cosas, nunca hubo ayuda alguna). La única garantía firme del cumplimiento del acuerdo era el compromiso de los Estados Unidos de reanudar la acción militar si los vietnamitas del norte lo incumplían. El texto era tan confuso, sin embargo, que Kissinger se permitió el chiste de decir, entre risas, que su pobre sucesor tendría en el futuro un trabajo considerable para entender «lo que hemos acordado».

Mientras se trataba de convencer a Thieu, que prefería que la guerra siguiese dos o tres años más, con el fin de obtener un trato más favorable en las negociaciones, había llegado el momento de poner los detalles del acuerdo por escrito, forzando la firma final del acuerdo y la terminación de la guerra antes de que el nuevo Congreso pudiese recortarle al presidente la financiación. Ante las reticencias y dificultades que oponían los negociadores de Hanoi, que llegaron a amenazar el 13 de diciembre con una suspensión de las negociaciones, Nixon ordenó que se iniciara Linebacker II: unos brutales «bombardeos de Navidad» que tenían la doble finalidad de intimidar a los norvietnamitas y de tranquilizar a Thieu, haciéndole creer que se le dejaba un enemigo muy debilitado, al que podría vencer.

Los días que van del 20 al 23 de enero de 1973 vieron toda una serie de acontecimientos memorables: el 20 Nixon tomó posesión de su segundo mandato presidencial; Lyndon B. Johnson falleció el 22, a los 64 años de edad; en este mismo día el Tribunal Supremo aprobó por 7 votos contra 2 la decisión Roe vs. Wade acerca del derecho al aborto, que sigue siendo en la actualidad motivo de movilización de la derecha norteamericana, y el 23 Nixon anunciaba que los Estados Unidos, la República Democrática de Vietnam (del Norte), la República de Vietnam (del Sur) y el Gobierno Revolucionario Provisional (representante de las guerrillas del sur) firmarían en París la paz que ponía término a la guerra, que entraría en vigor el día 27. La presentó a los norteamericanos como «un acuerdo para acabar la guerra y traer una paz con honor a Vietnam y al sudeste de Asia», cuando en realidad dejaba muchos elementos de incertidumbre para el futuro. Al margen de estos acuerdos quedaba la guerra secreta y no declarada de Camboya, donde los bombardeos se reanudaron entre febrero y agosto de 1973, lo que contribuyó a la «revuelta del Congreso», que no solo acabó con las operaciones militares en el sudeste asiático, sino que consiguió recortar los poderes presidenciales con la War Powers Act, que el 7 de noviembre de 1973 votaron conjuntamente la cámara de representantes y el Senado, con el propósito de limitar los poderes del presidente para utilizar tropas de los Estados Unidos sin la previa aprobación del Congreso. Se suponía que esto impediría que se repitiese cierto tipo de actuaciones, como algunas de las realizadas en Indochina durante las presidencias de Johnson y de Nixon, pero el futuro demostraría que la presidencia imperial seguía conservando la capacidad de embarcar al país en otras guerras igualmente insensatas.

En un libro publicado en 1985 con el título de No más Vietnams, Nixon sostenía que cuando se firmó el tratado de paz «nosotros habíamos ganado la guerra, porque habíamos conseguido el objetivo político por el cual habíamos emprendido la lucha: el pueblo survietnamita dispondría del derecho a decidir su futuro político». Aparte de ser mentira en su mismo planteamiento, no se entiende cómo iba a suceder esto si el tratado no obligaba a los norvietnamitas a retirarse de los territorios del sur, ni establecía una solución política a fecha fija (lo referente a la formación de un Consejo nacional de reconciliación no solo era vago, sino que algunos de sus puntos diferían en las versiones inglesa y vietnamita). Nixon dice que, al retirarse los norteamericanos en 1973, Vietnam del Sur tenía una fuerza formidable y era más potente que el norte. Pero los dos Vietnams siguieron luchando como si no hubiese alto el fuego y el gobierno del sur, corrompido y débil, cayó rápidamente.

Nixon lo justifica diciendo que el acuerdo firmado era perfecto, con tal que los norteamericanos hubiesen estado dispuestos a obligar a que se cumpliese en todos sus términos, para lo cual había que «mantener una amenaza efectiva de represalia en caso de invasión procedente de Vietnam del Norte, y proporcionar una continuada ayuda militar al sur, suficiente para mantener el equilibrio del poder. Ambas condiciones las hizo imposibles el Congreso».

No podía decirlo en serio quien había justificado la necesidad del acuerdo de paz por el temor a que el Congreso le negase los recursos para proseguir la guerra. No se podía esperar que el Congreso siguiese proporcionando cada año los 3000 millones de dólares que se suponía que el ejército vietnamita del sur necesitaba para seguir funcionando con sus niveles habituales de ineficiencia y corrupción; en 1973 esta ayuda fue de 2270 millones, en 1974 bajó a mil y en 1975 era de 700 millones. Y menos todavía se podía esperar que los Estados Unidos se lanzaran a una gran campaña de represalias y volvieran a implicarse en Vietnam, desafiando a una opinión pública hostil a los bombardeos. Lo que sucedió hubiera ocurrido aunque Nixon no se hubiera visto obligado a dimitir, porque el Congreso había de responder a las demandas de una población que estaba harta de Vietnam, y no quería volver a oír hablar de él. Nixon lo sabía cuando engañó a Thieu diciéndole que estaban dispuestos a volver a la guerra, si eran atacados.

Sabemos que en 1971 le había dicho a Kissinger que lo que importaba era que Thieu siguiese en el poder mientras los norteamericanos se marchaban: «después, dejemos que se las arreglen ellos mismos». Y Kissinger, en el transcurso de una charla distendida con Zhou Enlai, celebrada en Beijing en junio de 1972, dejó claros los propósitos del gobierno norteamericano de abandonar a sus aliados de Vietnam a su suerte. Tras asegurar que «no queremos nada allí para nosotros», el secretario de Estado norteamericano añadió: «Aunque nosotros no podemos poner un gobierno comunista en el poder, si esto hubiese de ocurrir dentro de cierto tiempo, como resultado de la evolución histórica, está claro que, igual que podemos vivir con un gobierno comunista en China, deberíamos ser capaces de aceptarlo también en Indochina». Para acabar diciendo: «El primer ministro me ha pillado en un día locuaz». A lo que la transcripción añade: «Risas».

En realidad Nixon y Kissinger ya habían previsto que la situación en Vietnam acabaría con la victoria del norte, pero esperaban que eso se produjese tras un «intervalo decente» de cinco o seis años. Kissinger confesó más adelante que regresó de la firma del acuerdo de París convencido de que habría que volver a bombardear en abril o mayo —estaba seguro de que Nixon se proponía «pulverizar Hanoi y Haiphong»—, y de que los bombardeos tendrían que seguir por mucho tiempo. Pero un sondeo de opinión revelaba que el 71 por ciento de los norteamericanos no aprobaba que se reanudasen los ataques aéreos.

La guerra siguió en Vietnam sin interrupción, en especial cuando la dimisión de Nixon hizo creer a los norvietnamitas que los nuevos gobernantes norteamericanos podían mostrarse menos interesados en proseguir su implicación. Cuando comprobaron que sus primeros intentos no recibían la respuesta de nuevos bombardeos, decidieron seguir adelante. En la primavera de 1975 Thieu cometió el error de abandonar las provincias montañosas del norte para concentrar sus fuerzas en las provincias agrícolas y más pobladas del sur, y asegurar la defensa de Saigón. El plan era, en opinión de los norteamericanos, correcto, pero su ejecución fue un desastre. Con sus familias cerca —Thieu permitió que estuvieran próximas a los combatientes para elevar su ánimo—, los soldados comenzaron a desertar, abandonando las armas, y el ejército empezó a desintegrarse. A comienzos de abril las fuerzas del norte y de sus aliados en el sur habían ocupado una gran parte del territorio en poder del gobierno de Thieu, habían conseguido gran cantidad de material militar y habían matado, capturado o cercado a 150 000 hombres del ejército del sur.

Thieu pidió ayuda adicional a los Estados Unidos, pero el Congreso rechazó el 10 de abril proporcionar a Vietnam del Sur los 722 millones de ayuda militar que Ford había pedido. Aunque Nixon había convencido a Thieu para que firmase la paz como condición para seguir recibiendo ayuda, los acuerdos de París no incluían ninguna obligación en este sentido. Cuando Alexander Haig, jefe de las fuerzas de la OTAN, incitó a Ford a reanudar los bombardeos sobre Vietnam, el presidente le contestó: «No puedo. El país está harto de la guerra». Todo lo que se hizo fue admitir a 130 000 vietnamitas fugitivos como refugiados en los Estados Unidos.

A comienzos de abril de 1975 la CIA estaba tratando de organizar en Saigón un golpe para echar del poder a Thieu y crear una especie de «tercera fuerza» que tomase la iniciativa de formar un gobierno de coalición que pudiese ser aceptado por el norte. El golpe estaba preparado para el 23 de abril, pero dos días antes, el 21 de abril de 1975, Thieu dimitió y el embajador norteamericano le proporcionó un avión para huir a Taiwán (antes había sacado ya su oro del país). El 28 de abril volvía a asumir la presidencia el general Duong Van Minh, el hombre que había dirigido en 1963 el golpe que derrocó a Ngo Dinh Diem, que fue quien se encargó, dos días más tarde, el 30 de abril de 1975, de recibir en Saigón a los vencedores con la pretensión de entregarles el poder, a lo que le replicaron que lo tomaban por su cuenta, puesto que él no tenía ya nada que entregar.

Un día antes, el 29, se había dado la orden de que se evacuase a todo el personal de la embajada norteamericana, en medio de escenas de desconcierto y de rabia en que los funcionarios estampaban fotografías de Nixon y de Kissinger contra el suelo. El último mensaje de la estación de la CIA rezaba: «Este será el último mensaje de la estación de Saigón… Ha sido una larga lucha y hemos perdido… Esperemos no tener otra experiencia como la de Vietnam y haber aprendido la lección». En medio del desconcierto, el embajador Martin se apresuró a marchar, dejando tras de sí a los marines encargados de controlar la situación, con más de cuatrocientos vietnamitas esperando en vano en la embajada los helicópteros que les habían asegurado que acudirían a recogerlos. En el caos de la retirada, los funcionarios de la CIA no acertaron siquiera a destruir las fichas de sus colaboradores, que cayeron en manos del nuevo gobierno.

Aunque los norteamericanos hubiesen querido hacerlo, era evidente que les iba a resultar imposible evacuar a más de un millón de vietnamitas, que eran los que, según el cálculo de Frank Snepp, un analista de la CIA, «habían trabajado para la CIA, la embajada y el ejército estadounidenses». En los cinco años siguientes un número considerable de vietnamitas huyó del país, muchos de ellos en pequeñas embarcaciones abarrotadas que no llegaron nunca a su destino.

Así se producía el término de la guerra de Vietnam: una contienda insensata e injustificable por un territorio que ni guardaba recursos naturales que pudieran importar a los Estados Unidos, ni estaba en una situación estratégica determinante. Una guerra en que el ejército norteamericano lanzó sobre Vietnam siete millones de toneladas de bombas y de proyectiles de artillería —mucho más que en todos los escenarios de la segunda guerra mundial— y en que resulta imposible calcular con cierta exactitud el número de bajas, militares y civiles, que pueden haber sido entre un millón y medio y tres millones de muertos vietnamitas (en su mayoría civiles) contra 56 000 soldados norteamericanos fallecidos, 303 000 heridos y unos 1500 desaparecidos. Y que dejó además un país con sus infraestructuras destrozadas y con graves daños ecológicos y sanitarios como consecuencia del uso masivo de defoliantes químicos.

Tras la victoria de los vietnamitas del norte y del FLN no hubo el baño de sangre que Nixon había anticipado, ni ocurrió la temida operación dominó: ningún otro país «cayó» bajo un régimen comunista. Vietnam había quedado destruido por la guerra y no recibió nunca los 4750 millones de dólares que Nixon había prometido en secreto como ayuda para la reconstrucción. La negativa se basó en la excusa de que los norvietnamitas no habían proporcionado un recuento total de los norteamericanos desaparecidos en combate. Y, sin embargo, el nuevo Vietnam unificado avanzó por un camino de prosperidad (de 1998 a 2008 su PNB creció a una tasa del 7,5 por ciento anual), con una esperanza de vida de 74,9 años y una alfabetización del 91 por ciento.

La guerra de Vietnam fue un error estúpido, engendrado por las teorías del monolitismo comunista y del dominó, esto es, por la ignorancia y el miedo: una manifestación evidente del inmenso e innecesario desastre que fue en su conjunto la llamada guerra fría.

WATERGATE

Nixon conquistó su segunda elección presidencial ante un candidato demócrata, McGovern, que esperaba ganar «apelando a la decencia y al sentido común del pueblo norteamericano», sin usar las malas artes en que Nixon era experto. Los republicanos no tardaron en calificarle como el hombre de las tres A (ácido —esto es droga—, aborto y amnistía) y en presentarle a la opinión pública como un radical peligroso, ajeno por completo a los valores tradicionales norteamericanos. En vano denunció McGovern que la administración de Nixon era «la más corrompida de la historia americana», en momentos en que las primeras noticias sobre el escándalo Watergate apenas llegaban a la atención del público. Y encima se descubrió que el candidato que los demócratas habían escogido para la vicepresidencia había estado sometido a tratamiento psiquiátrico.

Le benefició además, en septiembre, la euforia nacional que produjo la victoria obtenida por un norteamericano, Bobby Fischer, sobre el soviético Boris Spassky en el campeonato mundial de ajedrez disputado en Reykjavik,[178] y en octubre Kissinger declaró que la paz en Vietnam estaba próxima, arrebatando a los demócratas su baza más segura. Nixon pudo por ello dejar la campaña en manos de su vicepresidente Spiro Agnew, un hombre del que tenía mala opinión pero que era muy popular entre la «mayoría silenciosa», y obtuvo cerca del 61 por ciento de los votos, más que ningún candidato con anterioridad, si exceptuamos a Johnson.

Poco después de esta elección triunfal, y cuando se disponía a realizar en su segundo mandato una «Nueva Revolución Americana», que comenzaría destituyendo a la mayor parte de los hombres que habían formado su equipo de gobierno anterior, con la intención de liberarse del control de los burócratas, y que seguiría con una «reducción del gobierno», recortando el presupuesto y el número de funcionarios, comenzaron a descubrirse indicios de lo que acabaría siendo el mayor escándalo de la política norteamericana. Lo que al principio parecía un pequeño intento de robo, acabó revelándose como una prueba inequívoca de que el presidente había abusado de su autoridad para aplastar a sus enemigos domésticos, sin vacilar en cometer actos criminales.

Nixon tenía mucho que ocultar, incluyendo los oscuros negocios que compartía con su amigo Charles «Bebe» Rebozo y con Howard Hughes, quienes mantenían conexiones con el gángster Meyer Lanski y con otras figuras de la mafia. En octubre de 1971 un periódico de Long Island comenzó a publicar una serie de artículos sobre los negocios de Rebozo y de Nixon, con lo que el entorno del presidente se puso nervioso, hasta que el FBI y el IRS, con inspecciones de hacienda teledirigidas desde la Casa Blanca, acabaron con los artículos y frenaron el peligro que la revelación de tales conexiones podía encerrar de cara a las elecciones. Sus relaciones con la prensa fueron siempre difíciles, en especial con Jack Anderson, que se dedicó sistemáticamente a revelar sus negocios sucios y los sobornos que recibía de las grandes empresas. Ello explica que el presidente persiguiera despiadadamente tanto a quienes le criticaban como a quienes creía que pasaban información a la prensa. Usó para sus fines métodos ilegales de escucha, la inspección de la correspondencia, un empleo abusivo de la CIA, del FBI y de las agencias de hacienda, y se llegó a decir incluso que había planeado el asesinato de Anderson.

Su nerviosismo se acentuó cuando en junio de 1971 el New York Times comenzó a publicar los Papeles del Pentágono, reunidos por Daniel Ellsberg, que ponían en evidencia que cuatro presidentes, de Truman a Johnson, habían mentido sistemáticamente al país. Su intento de prohibir que prosiguiera la publicación de los documentos en la prensa fracasó ante la decisión del Tribunal Supremo que la autorizaba. Fue precisamente entonces cuando creó una unidad de investigadores especiales, los «fontaneros», cuyo propósito era «detener las filtraciones e investigar otras cuestiones de seguridad sensibles», o sea realizar espionaje político. Comenzó a usarlo para investigar a Ellsberg, temiendo que dispusiera de documentos sobre su propia presidencia, y ordenó a Charles Colson que preparase un plan para desacreditarlo. Este puso a trabajar en ello a Howard Hunt, quien planeó el asalto al despacho del psiquiatra al que acudía Ellsberg, con la esperanza de encontrar en sus archivos elementos con los que chantajearle y obligarle a callar. El asalto fue infructuoso, como lo fueron el intento de Nixon de comprar, ofreciéndole la dirección del FBI, al hombre que había de juzgar a Ellsberg, y el de enviar a un grupo de veteranos de la operación de Bahía de Cochinos a darle una paliza y «partirle las piernas».

Fue finalmente la torpeza de los fontaneros la que acabó poniendo al descubierto este tipo de manejos. El 17 de junio de 1972 la policía detuvo a cinco hombres («cinco tipos trajeados, que solo hablaban español [cuatro eran cubanos], con gafas oscuras y guantes quirúrgicos, con los bolsillos repletos de billetes de cien dólares», tres de ellos antiguos participantes en la operación de la CIA en Bahía de Cochinos) que habían entrado fraudulentamente en las oficinas del Comité Nacional Demócrata en el edificio de apartamentos Watergate, en Washington, para instalar aparatos de escucha y fotocopiar documentos, con el objeto de averiguar qué era lo que los demócratas pensaban utilizar contra Nixon en las elecciones. Era en realidad la segunda vez que lo hacían, porque en una intrusión anterior habían fallado, al hacer una instalación de escucha chapucera. En unión de dos antiguos empleados de la Casa Blanca fueron acusados de robo, conspiración y escuchas ilegales. Estaban empleados por el Comité para la reelección del presidente, que dirigía el antiguo fiscal general John N. Mitchell, pero Nixon aseguró que no tenia nada que ver con el asunto y este no tuvo ninguna repercusión en la campaña.

El juicio contra los siete detenidos comenzó el 10 de enero de 1973, por los mismos días en que el presidente iniciaba su segundo mandato. Cinco de los acusados se declararon culpables; Howard Hunt, que recibió una jugosa compensación por no comprometer a la Casa Blanca (y que siguió exigiendo dinero más adelante), fue condenado a treinta y cinco años de cárcel, de los que cumplió poco más de dos y medio. Parecía que todo iba a acabar sin que se produjera escándalo alguno. Pero el 7 de febrero el Senado había creado un comité para ocuparse del asunto, que celebraba sus sesiones en público, de modo que las investigaciones prosiguieron y, a medida que unos y otros iban contando detalles de lo que sabían, las responsabilidades iban afectando cada vez más al entorno del presidente. El 28 de febrero Gray, el hombre al que Nixon había escogido para suceder a Hoover al frente del FBI, cometió el error de contar, en las sesiones que se celebraban ante el Senado para la confirmación de su cargo, que había permitido a John Dean pleno acceso a las investigaciones del FBI sobre Watergate; el 21 de marzo Dean le advertía al presidente: «Tenemos un cáncer cerca de la presidencia, y está creciendo».

Desde el mes de abril, además, dos reporteros del Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, que disponían de información reservada que les proporcionaba W. Mark Felt, el segundo en el mando del FBI, al que Nixon había marginado en favor de Gray, porque desconfiaba de él, comenzaron a publicar una serie de artículos que llamaron la atención del público sobre lo que inicialmente parecía un delito menor, pero que acabó poniendo al descubierto «una enorme campaña de espionaje y sabotaje político» contra los candidatos demócratas a la presidencia.

El 30 de abril de 1973, al verlos comprometidos, Nixon se apresuró a destituir a sus más próximos consejeros, Haldeman y Ehrlichman, así como a John Dean, que había tenido una parte fundamental en el encubrimiento del asunto. Pero cuando este último se dio cuenta de que se proponían descargar sobre él las culpas, decidió colaborar francamente con el comité investigador. En junio explicó que Nixon tenía una lista de periodistas a los que consideraba enemigos y que pretendía que fuesen sometidos a inspecciones de Hacienda; se supo que John Mitchell controlaba un fondo secreto para usarlo contra el Partido Demócrata, falsificando cartas, filtrando noticias falsas a la prensa y robando materiales de campaña, y se descubrió, por otra parte, que el presidente había usado fondos públicos para sus viviendas (había empleado 10 millones de dólares de dinero público en sus casas de San Clemente y Key Biscaine, con el pretexto de mejorar su seguridad), que debía más de 400 000 dólares en impuestos que no había pagado desde que era presidente (y que nunca acabó de pagar del todo) y que había concedido favores políticos a grandes empresas, como ITT o Gulf Oil, a cambio de contribuciones ilegales para su campaña. Al propio tiempo salían a la luz los manejos de su entorno, como los de su secretario de Agricultura, que negó primero y concedió después, cuando se le ofrecieron contribuciones, los subsidios que los productores de leche le pedían.

Nixon desmintió las acusaciones de Dean, pero se negó a declarar personalmente o a permitir al comité el acceso a los documentos presidenciales. Durante más de un año había insistido en asegurar que no estaba implicado en el caso Watergate, pero la confianza del público fue menguando a medida que la prensa y el Senado encontraban evidencias de un abuso presidencial tras otro.

En junio se producía la visita de Brézhnev a los Estados Unidos, pero Nixon no estaba ahora en condiciones de tomar en cuenta las propuestas de un acuerdo sobre Oriente Próximo que los soviéticos le ofrecían, si quería mantener sus buenas relaciones tanto con Israel como con Egipto. Agotado por la tensión en que vivía, el presidente hubo de ser ingresado el 11 de julio como consecuencia de una neumonía, aunque hubo quien afirmó que lo que había obligado a llevarle al hospital era el alcoholismo, que se le había acentuado en los últimos tiempos.

Fue por los mismos días en que Nixon estaba en el hospital cuando el comité investigador tuvo por primera vez noticia de las grabaciones en que se habían registrado las conversaciones y las llamadas telefónicas en el despacho del presidente y en otros lugares próximos, gracias a un sistema de escucha instalado en febrero de 1971. Se descubrió por casualidad, cuando lo mencionó Alexander Butterfield, un colaborador de Haldeman que había recibido el encargo de montar el sistema de grabación y que era uno de los pocos que conocían su existencia (el propio Kissinger asegura que no sabía nada).

El mismo día en que el público se enteró de que existía el sistema de grabación de la Casa Blanca, el secretario de Defensa Schlesinger admitió que los Estados Unidos habían realizado en 1969 y 1 970 3600 vuelos de bombardeo sobre un país neutral como era Camboya, y que se habían falseado los informes para ocultarlo al público. El descrédito del presidente aumentaba día a día.

La vida política seguía, sin embargo. Septiembre de 1973 vio producirse el derrocamiento de Allende por Pinochet, al que tanto habían contribuido Nixon y Kissinger (quien había recibido pocos días antes el nombramiento de secretario de Estado, reemplazando a Rogers, a la vez que conservaba su puesto como consejero de seguridad). Nixon no podía permitirse ahora el lujo de prescindir de él, como se había propuesto hacer.[179]

El 1 de octubre el vicepresidente Spiro Agnew aceptó dimitir y consiguió una condena leve (10 000 dólares de multa y tres años de libertad condicional sin controles) por los delitos de evasión de impuestos y lavado de dinero, que incluía haber aceptado 29 500 dólares de sobornos de contratistas mientras era gobernador de Maryland. Nixon pidió consejo a los dirigentes del Congreso acerca de la persona más adecuada para reemplazar al vicepresidente dimitido, y estos fueron unánimes en recomendar a Gerald Ford, el líder de la minoría republicana.

LA GUERRA DEL YOM KIPPUR

No había habido una paz real entre Israel y los países árabes tras el fin de la guerra de los Seis Días de junio de 1967. Israel había construido la línea fortificada Bar Lev en la orilla oriental del canal de Suez con el fin de consolidar su dominio sobre la península del Sinaí; Egipto atacaba con fuego esporádico de cañón a las tropas israelíes estacionadas en aquella zona, con la intención de dificultar su presencia, y los israelíes, equipados con nuevos aviones Phantom norteamericanos, replicaban con bombardeos en el interior de Egipto, en una campaña que amenazó incluso la presa de Asuán, cuya destrucción hubiese podido implicar una gravísima inundación, y que tuvo uno de sus momentos culminantes en abril de 1970 con el bombardeo de una escuela egipcia de primera enseñanza en que murieron 46 niños. Esta situación se mantuvo durante la llamada «guerra de Desgaste» («War of attrition»), de marzo de 1969 a agosto de 1970. Ante la inferioridad de las fuerzas armadas egipcias, Nasser viajó en secreto a Moscú en enero de 1970 y, presionando con la amenaza de dimitir, logró no solo armamento, sino un aumento de los instructores soviéticos, que incluiría ahora un cierto número de pilotos, en una de las únicas ocasiones en que hubo participación militar directa de los soviéticos en las campañas de la guerra fría. Los choques prosiguieron hasta que el 7 de agosto de 1970 se llegó a un alto el fuego, negociado por las presiones de Nixon.

En el mes siguiente, septiembre de 1970, se produjeron dos acontecimientos que iban a marcar el futuro del conflicto en esta parte del mundo: la muerte de Nasser y el enfrentamiento entre las tropas del rey Hussein y los guerrilleros palestinos que se habían refugiado en territorio de Jordania después de la derrota de 1967, y que habían instalado en él poco menos que un estado paralelo.

El pretexto para iniciar la crisis en Jordania surgió de la actuación del Frente Popular para la Liberación de Palestina de George Habash, que realizó su mayor operación de secuestro aéreo conduciendo dos aviones de línea a un aeropuerto cercano a Ammán y un tercero a El Cairo: los pasajeros fueron liberados pero los dos aviones fueron destruidos en el desierto. Hussein, cuya vida había sido amenazada, decidió que era el momento de poner orden en la situación y su ejército atacó a los palestinos. Pese a que estos contaron con la ayuda de tanques sirios, Hussein logró superar la crisis, apoyado por un despliegue de las fuerzas navales norteamericanas en el Mediterráneo como amenaza de una posible intervención, y tal vez con la ayuda de la aviación israelí.

El resultado final fue el triunfo de Hussein y la expulsión al Líbano de los guerrilleros palestinos, que iniciarían desde allí sus campañas de hostigamiento a Israel, bajo la dirección de la OLP de Yasser Arafat, que en 1974 aprobó un Programa de Diez Puntos que pedía el establecimiento de un estado binacional en Israel/Palestina y la creación de una autoridad nacional en cualquier territorio palestino liberado.

Fue también entonces cuando se inició una nueva política norteamericana hacia Oriente Próximo, inspirada por Kissinger, que asumía cada vez más responsabilidades en el terreno de la política exterior, a medida que un Nixon desbordado por sus problemas personales se mostraba incapaz de atenderlas. Se optó ahora por reforzar abiertamente el potencial militar de Israel y confiarle el mantenimiento del orden en la zona. Una de las consecuencias de esta política fue el recrudecimiento de actos espectaculares de terrorismo para pedir la liberación de los palestinos encarcelados por los israelíes, como el secuestro del avión de Air France que fue conducido al aeropuerto ugandés de Entebbe en junio de 1970, o como la sangrienta operación contra los atletas israelíes en la olimpiada de Munich en 1972, realizada por un grupo que adoptó precisamente el nombre de «septiembre negro» en recuerdo de la fecha de su expulsión de Jordania.[180]

Por los mismos días en que tenía lugar la crisis de Jordania, el 28 de septiembre de 1970, murió Nasser y su sucesor, Anwar el-Sadat, recibió muy pronto los primeros contactos norteamericanos a través de un diplomático saudí, quien le explicó que Washington estaba preocupado por la presencia soviética en Egipto. Sadat replicó que, antes de acabar con la presencia soviética, necesitaba un gesto de Israel: un inicio de retirada de sus tropas en el Sinaí, que le permitiese reabrir el canal a la navegación. Con esta condición procedería a restablecer relaciones con los Estados Unidos y expulsaría a los soviéticos de su país. En febrero de 1971, en efecto, presentó un plan por el que se manifestaba dispuesto a abrir la navegación por el canal de Suez, a condición de que hubiese un «fin de las hostilidades» y una cierta retirada de las tropas israelíes en el Sinaí. Era muy poco lo que pedía, pero los norteamericanos reaccionaron inicialmente con cautela.

Sadat, que se estaba deshaciendo en Egipto del círculo de los colaboradores más próximos a Nasser, iniciaba un doble juego en el terreno de las relaciones internacionales. Mantenía en público su fidelidad a la alianza con los soviéticos, con quienes firmó un nuevo tratado, a la vez que, a través de sus contactos con Kissinger, instaba en secreto a los norteamericanos a aceptar su oferta y ayudarle a negociar un acuerdo parcial con Israel, ignorando el principio de tratar globalmente las reivindicaciones de los árabes que se había mantenido hasta entonces. Se ofrecía como un aliado, con la equivocada ilusión de recibir de los norteamericanos un trato semejante al que daban a Israel. Para ganar su apoyo, con la esperanza de que Nixon forzase a los israelíes a abandonar el Sinaí, expulsó a los asesores soviéticos, que habían prestado a Egipto una ayuda sin la cual no hubiera podido sostener la guerra de Desgaste, pero no dejó de avisar a unos y a otros que, si no había concesiones por parte de los israelíes, recurriría a una nueva acción militar. Los norteamericanos no le hicieron caso, debido a que estaban en aquellos momentos preocupados sobre todo por Vietnam, y en una etapa de confusión, entre las primeras consecuencias del escándalo Watergate y la dimisión del vicepresidente Agnew.

Al resultarle imposible alcanzar sus objetivos por la vía de la negociación, como consecuencia de la actitud intransigente de Golda Meir, que presidía el gobierno de Israel desde 1969, Sadat se puso de acuerdo con el presidente de Siria Hafez al-Assad para realizar una acción conjunta en que Egipto atacaría por Suez, y Siria lo haría por los altos del Golán, a la vez que se conseguía que Arabia Saudí ayudase económicamente y se comprometiese a usar el petróleo para presionar a la opinión internacional. No contaron en cambio con Hussein de Jordania —algo más tarde, en 1977, se supo que recibía un sueldo de la CIA desde hacía veinte años—, quien avisó a los israelíes de las intenciones agresivas de egipcios y sirios, aunque estos no lo tomaron en serio, dado que despreciaban la capacidad militar de los países árabes y se sentían protegidos de Egipto por la línea defensiva Bar-Lev, que cerraba la orilla oriental del canal de Suez.

Yevgeny Primakov, que pudo conversar pocos años después de la guerra con los dirigentes de Egipto, Jordania y Siria, aclara en sus memorias algunos puntos oscuros acerca del origen de la guerra. En la primavera de 1972 Sadat le dijo al primer ministro jordano, Said Rifai, durante una visita de este al Cairo, que tenía un acuerdo secreto con Kissinger, y que su propósito era reanudar las negociaciones con Israel emprendiendo una acción limitada para poner el pie al otro lado del canal, con el objetivo de forzar a los israelíes a sentarse a discutir. Se trataba, según pudo deducir Primakov de sus conversaciones con militares egipcios y con Hussein de Jordania, de iniciar unas breves hostilidades con la garantía de que se le obligaría a pararlas, con el fin de facilitar que Kissinger propusiera negociaciones (según el propio dirigente egipcio no tenían municiones más que para unos pocos días de combate). Sadat engañó al presidente sirio, Hafez al-Assad, haciéndole creer que lo que le proponía era una actuación seria y a fondo para conseguir una negociación global sobre la situación de Palestina, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas. Lo que no le dijo, según le contó el propio presidente sirio a Primakov, era «que él concebía esta guerra tan solo como un medio para romper el punto muerto y emprender negociaciones bilaterales». Hay que tener en cuenta que Sadat sabía, porque se lo habían comunicado los soviéticos, que Israel disponía en aquellos momentos de armamento nuclear.

El ataque de egipcios y sirios comenzó el 6 de octubre de 1973, el día de la fiesta judía del Yom Kippur. Los israelíes contaban con repetir sus éxitos militares anteriores, como lo esperaba Kissinger, que atendió la petición de Golda Meir de que aguardase tres o cuatro días antes de plantear el tema de un alto el fuego en las Naciones Unidas, para capitalizar la prevista derrota de los árabes. Los egipcios consiguieron, sin embargo, unos éxitos iniciales, que se malograron porque Sadat impidió que avanzaran por el Sinaí, una vez alcanzado el objetivo de crear una amenaza que esperaba que forzaría a Israel a negociar.

A los cuatro días de iniciados los combates las cosas no eran tan favorables para los israelíes como habían esperado, puesto que habían perdido quinientos carros de combate y cincuenta aviones, derribados por misiles proporcionados por los soviéticos, y comenzaban a preparar su armamento nuclear, por si su situación empeoraba seriamente (trece bombas nucleares fueron transportadas a un túnel secreto, preparadas para su uso, si fuese necesario). El secretario de Defensa norteamericano, James Schlesinger, se oponía a dar a Israel el pleno apoyo que Kissinger pedía, y Nixon, aunque estaba decidido a evitar que los israelíes fuesen derrotados, quería que se les proporcionasen municiones, pero que se limitase el envío de aviones, y que no se repusieran los carros de combate hasta después de la guerra, para dejar las cosas en una situación que les forzase a negociar, con el fin de alcanzar una paz duradera.

Convenía además evitar enfrentarse a los países árabes, que comenzaron ahora a usar el arma del petróleo, un riesgo del que la CIA estaba advirtiendo desde hacía algún tiempo al gobierno: el 16 de octubre los ministros del petróleo árabes, reunidos en Kuwait, acordaron recortar la producción, y los seis miembros de la OPEP del golfo Pérsico aumentaron el precio del barril en un 70 por ciento (de 3,01 a 5,12 dólares). Esto, dice Kissinger, «tuvo implicaciones revolucionarias»: al descubrir los países productores que podían aumentar los precios arbitrariamente manipulando la producción, iniciaron con ello «una nueva fase de la historia de la posguerra».

Falló la resistencia de los sirios, al haberse de enfrentar a toda la fuerza del ejército israelí como consecuencia de la inhibición de Sadat, y las tropas judías avanzaron hasta unos cincuenta km de Damasco, lo que hizo temer a los soviéticos que se proponían derribar el régimen de su aliado, Assad, mientras el frente del Sinaí permanecía inmóvil, y Arabia Saudí anunciaba a Jordania que iba a enviar la mayor parte de su ejército a través de los desiertos jordanos para ayudar a Siria. La perspectiva del desastre que podía producirse si Arabia Saudí era derrotada y su petróleo quedaba sin defensa, agudizó los enfrentamientos entre el secretario de Defensa, Schlesinger, y Kissinger, quien se manifestaba partidario de ayudar a toda costa a Israel, con el argumento de que una victoria de Egipto significaría un triunfo soviético en el Oriente Próximo. A Kissinger, dirá Patrick Tyler, parecían preocuparle más los intereses de Israel que los de los Estados Unidos.

Finalmente fue la presión del lobby judío en el Senado, en momentos en que Nixon no se podía permitir crearse nuevos enemigos, la que venció la resistencia del presidente y dio lugar a que, basándose en el pretexto de que los rusos estaban rearmando a los enemigos de Israel, los norteamericanos organizasen, a partir del 13 de octubre, un puente aéreo de transporte de material de guerra, y proporcionasen a los israelíes más de ochenta aviones y una gran cantidad de carros de combate y de armas pesadas, lo que les permitió contraatacar en el Sinaí y obligar a los egipcios a retirarse. Fue este rearme el que hizo posible que los israelíes ganasen una guerra que, de otro modo, hubieran podido perder. El 18 de octubre las fuerzas israelíes cruzaron el canal de Suez, y empezaron una operación que tenía por objeto completar el cerco del tercer ejército egipcio, integrado por cien mil hombres, que se encontraba aún en el Sinaí, y quedaba así sin opción ni de escapar ni de recibir ayuda. La consecuencia inmediata del rearme fue fortalecer en los israelíes su negativa a negociar con los árabes; no estaban dispuestos a ceder nada de lo que habían conquistado en 1967.

Cuando se confirmó que los norteamericanos estaban rearmando a Israel, la indignación de los dirigentes árabes les llevó a actuar de nuevo sobre el petróleo: en seis meses el precio del crudo se cuadruplicó, creando un grave problema a las economías occidentales.

Para evitar que el conflicto se extendiera, una vez se había conseguido el objetivo de que los israelíes recuperasen todo lo que habían perdido en los primeros días, Kissinger, que en todas estas cuestiones estaba actuando como protagonista, marginando tanto como le era posible al presidente, respondió a una petición de Brézhnev para negociar un alto el fuego inmediato y se desplazó el 20 de octubre a Moscú con plenos poderes. Decidió por su propia cuenta desobedecer las instrucciones explícitas que le dio Nixon, quien quería que le propusiera a Brézhnev trabajar conjuntamente para un arreglo estable de la cuestión de Oriente Próximo, y se limitó en cambio a negociar un alto el fuego, aprovechando que Nixon se encontraba en aquellos días en medio de los problemas de la «masacre del sábado noche», en uno de los momentos más confusos del asunto Watergate.

Soviéticos y norteamericanos consiguieron que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobase la resolución 338, que ordenaba un alto el fuego inmediato en la guerra del Yom Kippur, que debía comenzar el 22 de octubre, y exigía el cumplimiento de la resolución 242 de 1967, que había mandado la devolución de las conquistas realizadas por Israel en la guerra de los Seis Días. Los israelíes se vieron obligados a aceptar en principio el alto el fuego, pero prosiguieron el cerco del tercer ejército egipcio y no se detuvieron hasta que las cosas tomaron un cariz amenazador a escala internacional.

A su paso por Tel Aviv, de regreso de Moscú, en lo que Kissinger describe como uno de los momentos más conmovedores de su actuación en el gobierno, se expresó como un vencedor —«vosotros habéis ganado y pienso que también nosotros hemos ganado»—, en términos despectivos hacia los árabes, e incitó a los israelíes a seguir sacando provecho de la situación hasta el último momento: «No tendréis violentas protestas de Washington si ocurre algo durante esta noche, mientras yo estoy volando [de regreso a los Estados Unidos]». Esta incitación a que violasen los términos del alto el fuego iba más allá de lo que pudiera suceder en una noche. Kissinger les había dado por su cuenta a los israelíes garantías de impunidad para que continuasen atacando a los egipcios, y mintió a sus compañeros de gobierno, y ocultó la realidad de lo que sucedía al propio presidente, para evitar que les pusieran obstáculos, a la vez que aconsejaba al embajador israelí que buscasen argumentos para sostener que quienes estaban violando el alto el fuego eran los egipcios.

Agobiado por la continuidad de los ataques israelíes, un Sadat desesperado, que aseguraba que El Cairo «estaba rodeado por tanques israelíes», pedía ayuda a los soviéticos. Ante esta situación Brézhnev escribió a Nixon el 24 de octubre, proponiéndole que enviasen fuerzas conjuntas para asegurar el alto el fuego, tal como había solicitado Egipto, ya que, si no se hacía esto, «nos encontraremos en la urgente necesidad de tomar las medidas adecuadas unilateralmente». No tenía intención alguna de intervenir, pero necesitaba hacer un gesto de fuerza para impedir el total aplastamiento de Egipto, y lo reforzó poniendo en situación de actuar a dos divisiones de paracaidistas en el Cáucaso, y ordenando que la flota soviética en el Mediterráneo se dirigiera hacia Israel.

Era una mera advertencia, pero, siguiendo en su conducta de proceder a espaldas de un Nixon que seguía agobiado por sus propios problemas, Kissinger, que estaba empeñado ante todo en evitar que se llevase a cabo la solución de una fuerza conjunta de interposición soviético-norteamericana, y Haig consiguieron que una reunión del NSC en la Situation Room que no tenía validez legal, puesto que no participaban en ella ni el presidente ni el vicepresidente, pusiera en «el grado de alerta máxima en tiempo de paz», DEFCON-III, las fuerzas armadas norteamericanas, incluyendo la aviación con armamento nuclear —algo que se hizo en secreto, ante la indignación de los miembros de la OTAN, que no fueron avisados— a la vez que advertían a los israelíes de la necesidad de que cesasen la actividad armada.[181] En la noche del 24 al 25 de octubre de 1973 volvió a haber un serio riesgo de estallido de una guerra nuclear, que no fue más allá porque Brézhnev esperó una justificación de los norteamericanos, quienes le dijeron que la medida no era un gesto hostil hacia la Unión Soviética, sino que respondía a consideraciones domésticas.

Al día siguiente se abortó la alerta y Nixon, que necesitaba apuntarse triunfos para desviar la atención de sus problemas con la justicia, asumió públicamente como un éxito unas decisiones que habrían impedido que los soviéticos enviasen una fuerza militar al escenario del Oriente Próximo. Kissinger tuvo entonces el cinismo de telefonear a Haig criticando esta declaración de Nixon por lo que tenía de humillación a Brézhnev: «Este loco hijo de puta nos la ha liado con los rusos».

LA CAÍDA DE NIXON

Mientras tanto, Nixon pretendía atraer la atención del público norteamericano hacia su labor en el terreno de las relaciones exteriores, presentándolas como la respuesta a problemas demasiado importantes como para dejar que un asunto de poca monta como Watergate paralizase su gestión. En cuanto a las cintas que contenían las grabaciones de la Casa Blanca, se negaba a entregarlas, considerándolas documentos privados, y ofrecía tan solo proporcionar resúmenes elaborados personalmente por él de su contenido, y permitir que el senador demócrata Stennis tuviese acceso sin restricciones a ellas para que verificase la exactitud de las transcripciones.

Archibald Cox, el acusador público especial nombrado por el fiscal general Elliot Richardson, manifestó el 20 de octubre que no iba a aceptar resúmenes ni transcripciones. Nixon le ordenó que desistiese de esta demanda, como «empleado del ejecutivo que era» y, cuando Cox se negó a obedecer, le indicó al fiscal general que lo destituyese. Este prefirió dimitir antes que obedecerle, tras lo cual Nixon echó a Cox y ordenó acabar con su oficina de investigación, devolviendo el caso Watergate al Departamento de Justicia, en lo que la prensa llamó «la masacre del sábado por la noche». En estos momentos eran ya muchas las voces que pedían que se procesase a un presidente que parecía considerarse por encima de la ley. No pudo conseguir que se suprimiese el cargo de acusador especial, como había intentado, de modo que se nombró para él a Leon Jaworsky, quien sugirió que se recomendara a Nixon que contratase un abogado criminalista. El 12 de noviembre Time, una publicación representativa de esa América media que había votado a Nixon, publicaba un editorial, el primero que aparecía en los cincuenta años de vida de la revista, con el título de «El presidente debería dimitir».

Los escándalos en torno a Nixon se fueron sucediendo en el invierno de 1973 a 1974. En febrero el responsable del comité para la reelección del presidente reconoció haber aceptado una donación de 100 000 dólares a cambio de la promesa de un nombramiento de embajador, a la vez que se iban descubriendo más detalles de la operación de encubrimiento. Acosado por las exigencias judiciales, el presidente se vio obligado a entregar en abril transcripciones arregladas de algunas cintas, que causaron escándalo al revelar el crudo lenguaje que empleaba en privado y su manera de hacer política, a la vez que daba a entender que lo que se había omitido en las transcripciones debía ser de mucha gravedad. El público comenzaba a ponerse mayoritariamente contra él, y sus nuevas propuestas de reforma, como los planes para el ahorro de energía, o su viaje por el Oriente Próximo —de El Cairo a Jidda, Damasco, Tel Aviv y Ammán—, no recibían ahora atención alguna, en medio de una situación económica que se agravaba con el alza del precio del petróleo. En junio emprendió un nuevo viaje a Moscú, donde hubo mucha cordialidad pero pocos acuerdos.

El 24 de julio de 1974 el Tribunal Supremo le ordenó, en una decisión adoptada por unanimidad, incluyendo los votos de los tres jueces propuestos por Nixon, que entregase todas las cintas que se le pedían, mientras el Comité Judicial del Congreso estaba haciendo investigaciones secretas para destituirlo mediante un proceso de impeachment, y había encontrado ya motivos para iniciarlo. El 5 de agosto Nixon se vio obligado, para cumplir con el mandato del Tribunal Supremo, a hacer pública una cinta que contenía información que «no estaba de acuerdo con mis declaraciones anteriores». Las cintas iban a revelar con toda crudeza lo que Mitchell llamaba «los horrores de la Casa Blanca», y en especial los esfuerzos del presidente para encubrir sus responsabilidades en el asunto Watergate, como la llamada «pistola humeante» de 23 de junio de 1972, que recogía la conversación entre Nixon y Haldeman en que Nixon proponía que se presionase a la CIA para que dijese al FBI que no debían seguir con este caso, si no querían que se abriese de nuevo «todo el asunto de Bahía Cochinos».

La mayoría de los partidarios que le quedaban le abandonaron ahora —el propio vicepresidente Ford, que era su amigo, le dijo que no podía seguir defendiéndole— y, convencido de que podía ser sometido a un proceso y destituido, renunció a la presidencia el 9 de agosto.

Nixon había sido víctima de su propio afán de controlarlo todo. Había hecho instalar en el despacho oval y en las dependencias en torno a este un sistema de grabación automático, que se activaba con la voz y que recogía todas las conversaciones. Otros presidentes, desde Roosevelt para acá, habían dispuesto de sistemas de grabación que usaban discrecionalmente. El de Johnson, por ejemplo, solo funcionaba cuando él lo ponía en marcha. Se lo mostró a Nixon cuando este accedió a la presidencia, explicándole cuán útil le iba a ser para redactar sus memorias, pero Nixon lo rechazó entonces. Cambió de opinión más adelante, e instaló en 1971 un nuevo sistema que grababa cuanto se decía, con la intención de conservar un testimonio exacto de lo sucedido. Pero retener las conversaciones completas, tratándose de un hombre que hablaba demasiado y que decía cosas que hubiera debido callar, era una imprudencia.

Nixon usaba en privado un lenguaje violento y grosero, con expresiones que ofendían la sensibilidad religiosa y contrastaban con la imagen de hombre conservador y respetable que pretendía dar al público; sus comentarios sobre personas eran, se ha dicho, «viles y repulsivos», impregnados de antisemitismo («la mayoría de los judíos son desleales»). El resultado de esta revelación fue destructor, al mostrarlo al desnudo con toda su impudicia, sus trampas y sus abusos. Resulta incomprensible que no hubiese destruido las cintas mientras pudo hacerlo fácilmente, en todo el tiempo que medió desde el inicio de las investigaciones en torno a Watergate. Si lo hubiese hecho a tiempo, hubiera seguido siendo presidente.

Su caída fue terrible. No se le procesó porque su sucesor, Gerald Ford, se apresuró a perdonarle en septiembre de 1974. Se le retiró la condición de colegiado en Nueva York —por obtener la cual había renunciado a la de California— de modo que no podía actuar como abogado. Tenía además deudas considerables, entre atrasos en el pago de impuestos y gastos de abogados e incluso médicos (no se había pensado en proporcionarle un seguro médico), lo que le llevó a buscar ingresos con entrevistas y con toda una serie de libros de memorias y de política internacional, además de a mantener oscuras relaciones de negocios.

A fines de los años ochenta participaba en campañas para que se diese apoyo político y financiero a la nueva Rusia y a las antiguas repúblicas soviéticas. Había pasado estos años amargado al verse olvidado y marginado por sus sucesores en la presidencia, que pensaba que hubieran debido pedirle consejo político abiertamente (Reagan le telefoneaba respetuosamente, pero nunca intimó con él). Una situación que solo acabó con su muerte, en 1994, cuando el hombre de quien Barry Goldwater había dicho que era «el individuo más deshonesto» que había encontrado en su vida, fue despedido como si hubiese sido una gran figura política, digna de celebración y recuerdo. En su funeral el senador Bob Dole llegó a decir que «la segunda mitad del siglo XX será conocida como la edad de Nixon».

ORIENTE PRÓXIMO DESPUÉS DE LA «GUERRA DE OCTUBRE»

La guerra del Yom Kippur llegó a su fin con el acuerdo de 1974 que determinó la retirada de las tropas de Israel del territorio de Siria, y el de 1975 con Egipto por el que los israelíes se retiraron unos treinta kilómetros de la orilla este del canal, dejando que se estableciera de nuevo la fuerza de interposición de la ONU. Este último tratado (Sinaí II) era un acuerdo bilateral entre Israel y Egipto, en el que Sadat se desentendió de los problemas generales de los árabes. No dejaba de ser una nueva muestra del abandono de los palestinos por sus pretendidos protectores árabes, que nunca habían puesto demasiado empeño en su defensa, sino que solían actuar guiados por la búsqueda de sus propios intereses.

Desengañado, Arafat decidió ahora optar por la solución de dos estados, con la aspiración de crear una entidad palestina en los territorios de la franja de Gaza y de la orilla occidental, para lo cual necesitaba ganar el apoyo de los dirigentes árabes, que en las reuniones en la cumbre de Argel, en noviembre de 1973, y Rabat, en octubre de 1974, reconocieron que la OLP era la única representación legítima del pueblo palestino, frenando las apetencias de Hussein de Jordania a reincorporarse los territorios de la orilla occidental. En noviembre de 1974 Arafat, convocado como representante de la OLP, defendía la causa palestina en las Naciones Unidas. Los israelíes, que se negaban rotundamente a reconocer a la OLP, sufrieron en 1975 el golpe moral de ver cómo la ONU condenaba el sionismo como una forma de racismo. La popularidad de la organización en los territorios palestinos creció también rápidamente. En las elecciones municipales de 1976 la OLP obtuvo resultados muy favorables en las ciudades de la orilla occidental.

A Sadat la guerra le sirvió para completar su cambio de alianzas, abandonando a los soviéticos, que habían invertido grandes sumas en apoyo de Egipto. Tras la visita de Kissinger al Cairo, en noviembre de 1973, Egipto restableció las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y comenzó a recibir las ayudas económicas prometidas, que le permitieron reabrir en junio de 1975 el canal de Suez, cegado desde 1967 por los barcos hundidos en él. Fue en este clima cuando Nixon pudo hacer su triunfal viaje por las capitales del Oriente Próximo, en un último intento por distraer a la opinión pública de los problemas que iban a determinar su caída.

Agobiado por la mala situación de Egipto, Sadat quiso introducir una reforma liberalizadora de la economía, la infitah o política de puertas abiertas, a la vez que disolvía la Unión Socialista Árabe fundada por Nasser y creaba su propio Partido Democrático Nacional (en su autobiografía confesaría su admiración por Hitler). Los apuros económicos le llevaron a establecer impuestos sobre el pan y sobre otros productos esenciales, lo cual provocó en enero de 1977 una revuelta popular que pretendió atribuir a izquierdistas que aspiraban a instalar un régimen comunista, cuya represión se saldó con el resultado de 170 muertos y cientos de heridos. También la aventura de declarar una guerra a Libia para apoderarse de una parte de su petróleo acabó en un fracaso. Fue esta situación la que le empujó a forzar las negociaciones de paz con Israel, con la esperanza de que de este modo conseguiría obtener una ayuda económica mayor de los Estados Unidos.[182] Para emprender un giro político que iba a ser difícil que aceptase la mayoría de los egipcios, nombró ministro a Boutros Boutros-Ghali, un cristiano copto casado con una judía, que iba a ser el escogido para acompañarle a Jerusalén, en un viaje en el que pocos musulmames hubiesen aceptado participar.

En Israel las graves pérdidas humanas que había implicado la guerra condujeron al cese de los dirigentes del ejército y de los servicios de inteligencia, que habían fracasado estrepitosamente al mostrarse incapaces de prever el ataque del Yom Kippur. La escalada acabó produciendo la caída de Moshe Dayán y de la propia Golda Meir, que iba a ser reemplazada por Yitzhak Rabin, el primer político sabra (nacido en Israel) que llegaba al poder. El cambio más significativo, sin embargo, fue la derrota del laborismo, que había gobernado el país desde 1948, y que en 1977 iba a ser reemplazado por la derecha, con el Likud, dirigido por Menachem Begin, el antiguo jefe terrorista del Irgun Zvai Leumi, partidario de la plena integración, no solo de los territorios de la orilla occidental, sino de los que sirvieron para formar Jordania, con el fin de completar el Eretz Israel bíblico. Un plan al que su ministro de Agricultura, Ariel Sharon, contribuyó con un proyecto para establecer, desafiando las resoluciones de la ONU, un millón de colonos israelíes en la orilla occidental, en tierras generalmente usurpadas a los palestinos. Al propio tiempo se reforzaban las campañas de confiscación de tierras palestinas en Galilea, encaminadas a «judaizar» los territorios del norte, lo que llevó a que los galileos despojados por la fuerza de sus hogares y sus tierras expresaran públicamente sus protestas en el «Día de la tierra» de marzo de 1976. Estos planes iban acompañados de una voluntad de establecer la superioridad militar de Israel en el Oriente Próximo. El gobierno del Likud estaba dispuesto a sentarse a negociar la paz con los gobiernos árabes, pero no con los palestinos de la OLP, y no aceptaría nunca la existencia de un estado palestino. Los israelíes habían aprendido, además, que la fuerza del lobby judío de los Estados Unidos les permitiría influir en la política exterior norteamericana para acomodarla a sus intereses.

El 20 de noviembre de 1977 el presidente egipcio, Sadat, habló ante el Knesset israelí en árabe, llevando «un mensaje de paz del pueblo egipcio». Pero el efecto de su gesto quedó minimizado cuando Begin le contestó que, como Sadat «ya sabía de nosotros antes de venir a Jerusalén», su posición personal acerca de las concesiones a hacer era muy diferente. Begin se mostró dispuesto a devolver la mayor parte del Sinaí a Egipto y de los altos del Golán a Siria, a cambio de una normalización de las relaciones, pero no pensaba hacer concesión alguna respecto de la orilla occidental, ni quería saber nada de los palestinos. La conducta de Sadat fue repudiada por todo el mundo árabe, lo que llevó a la expulsión de dos millones de egipcios que trabajaban en otros países árabes.

Las negociaciones de paz avanzaron poco. Más adelante hablaremos de la reunión de Camp David, en septiembre de 1978, y del acuerdo al que se llegó por la intervención de Carter. Sadat recibió en 1978 el premio Nobel de la Paz, en unión de Menachem Begin (tras ver la actuación de ambos en Jerusalén, Golda Meir opinó que lo que debían haberles concedido era el Óscar), y fue asesinado el 6 de octubre de 1981, en el aniversario del inicio de la guerra del Yom Kippur, tras unos años en que se había desacreditado ante la opinión de los países árabes, y en que había acentuado duramente el carácter represivo de su gobierno para hacer frente a la vez al descontento popular por la mala situación económica y al malestar de los muchos disidentes con su gestión. A su funeral acudieron Nixon, Ford, Carter y Begin, pero muy pocos dirigentes árabes.

A Sadat le sucedió su vicepresidente Hosni Mubarak, que instauró una república que se pretendía vitalicia y hereditaria, con una política inmovilista mantenida por la represión y una «economía rentista» que dependía de las remesas de los trabajadores en los países del Golfo, de los ingresos del canal de Suez y, sobre todo, de la ayuda económica que recibía de los Estados Unidos a cambio de contribuir a la seguridad de las fronteras de Israel.

En cuanto a Begin, que tenía tras de sí un amplio pasado terrorista, incluyendo la voladura del hotel Rey David, y a quien el propio Ben Gurión despreciaba, hizo honor al premio Nobel de la Paz con la sangrienta invasión del Líbano en 1982.

Hubo sin embargo en estos años un cambio muy importante en el mundo árabe. El poder económico que dio a los productores de petróleo el aumento de los precios del crudo y la coordinación de estos países a través de la OPEP pareció dar una capacidad de actuación independiente a una diplomacia que se expresaría inicialmente, por iniciativa de Argelia, con el lenguaje del movimiento de los países no alineados. Muy pronto, sin embargo, la Arabia Saudí y los emiratos del Golfo se apartaron de esta deriva, preocupados por el ascenso de un radicalismo árabe que se manifestaba en los ataques a las embajadas saudíes, el terrorismo en el Líbano o el asalto de un grupo guerrillero a la reunión de los ministros de la OPEP en Viena, en diciembre de 1975.

10

LA GUERRA FRÍA EN AMÉRICA LATINA

Acabada la segunda guerra mundial los Estados Unidos ayudaron económicamente a Europa con el fin de evitar una catástrofe social de la que podían haber sacado provecho los partidos comunistas locales. Pero no iban a hacer lo mismo en América Latina. En la Novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá en 1948, se creó la Organización de los Estados Americanos (OEA) como organismo de coordinación política, gracias al cual, decía el poeta salvadoreño Roque Dalton, «el presidente de los Estados Unidos es más presidente de mi país que el presidente de mi país».[183]

Pero ante las reivindicaciones de carácter económico de los participantes en la conferencia, el secretario de Estado norteamericano, George Marshall, dijo que la capacidad de su gobierno para la ayuda exterior era limitada, de modo que el capital que sus países necesitaban debía proceder de fuentes privadas (de 1945 a 1950 todos los países de América Latina sumados recibieron menos ayuda pública norteamericana que el Benelux).

Y es que en 1948, a diferencia de lo que ocurría en Europa, el comunismo «no era seriamente peligroso» en América Latina, según opinaba el Departamento de Estado. Lo que explica que Dean Acheson dijera en privado: «puesto que de todos modos van a estar con nosotros, ¿para qué molestarnos en ayudarles?».

Pasados los años de la segunda guerra mundial, en que los comunistas latinoamericanos habían colaborado en el esfuerzo colectivo, con la ilusión de participar después en una vida política más democrática, los gobernantes norteamericanos se ocuparon de eliminar cualquier riesgo, consiguiendo que se prohibieran los partidos comunistas de Chile y de Brasil, se marginase a la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), liderada por el mexicano Vicente Lombardo Toledano, y se expulsara de los otros sindicatos a la mayoría de los dirigentes comunistas. En este escenario, sin embargo, lo que preocupaba sobre todo a los norteamericanos no eran los comunistas, a los que se había podido marginar con facilidad, sino los políticos latinoamericanos nacionalistas, partidarios del proteccionismo como forma de favorecer el crecimiento industrial propio, y opuestos a las inversiones norteamericanas.

Lo peor fue que una combinación de la ignorancia de los políticos norteamericanos acerca de las realidades de América Latina y de su desprecio racista hacia unos pueblos que consideraban inferiores,[184] les llevó a preferir dictaduras estables y a desconfiar de cualquier muestra de política reformista en unos momentos, de 1944 a 1946, en que hubo una sucesión de movimientos democratizadores que hubieran podido contribuir a cambiar el panorama político de un continente en que los años de la depresión habían favorecido la aparición de gobiernos autoritarios.

La primera amenaza «comunista», en la sesgada percepción norteamericana, que se combatió fue la de Guatemala, resuelta con cierta facilidad, como ya hemos explicado. Pero la consecuencia de esta y otras actuaciones contra los gobiernos reformistas fue la de desviar la lucha de las nuevas generaciones latinoamericanas hacia programas más extremistas, convencidos de que los caminos para conseguir la implantación de los cambios sociales necesarios pasaban necesariamente por el enfrentamiento contra la alianza de los Estados Unidos con las fuerzas inmovilistas de sus países.

En Cuba la revuelta de Castro, que se había iniciado en 1953 con el fallido asalto al cuartel de Moncada, comenzó a consolidarse en 1957 con la guerrilla de Sierra Maestra. De momento Castro les preocupaba poco a los norteamericanos, que se limitaban a ayudar a Batista. A comienzos de 1955, en un viaje a Cuba, donde sus amigos de la mafia tenían grandes intereses, Nixon elogió a Batista como un hombre que compartía los ideales democráticos norteamericanos y estaba «preocupado por el progreso social».

Los dirigentes norteamericanos comenzaban, sin embargo, a alarmarse ante los cambios que percibían en su «patio de atrás». Cuando Eisenhower envió a su vicepresidente a hacer un viaje por América del Sur, Nixon descubrió que las cosas eran mucho más complejas de lo que pensaban. Por primera vez se encontró con recepciones hostiles organizadas por los estudiantes, en Lima y sobre todo en Caracas, de donde tuvo que salir huyendo con riesgo de su vida (Eisenhower movilizó a los marines, la aviación y un portaviones, «por si el gobierno de Venezuela pedía ayuda»). De regreso a Washington Nixon se mostró convencido de que los comunistas eran los organizadores de estas protestas. No dejaba de reconocer que la pobreza era un grave problema para América Latina, pero pensaba que no había nada que hacer, puesto que aunque los regímenes existentes favorecían la continuidad de las desigualdades, no podía haber otros, porque estos países no estaban preparados para la democracia.

Kennedy, por su parte, que le dijo en una ocasión al primer ministro británico Macmillan que «América Latina era el área más peligrosa del mundo», no dudó en compaginar la retórica de la «Alianza para el Progreso» con la aprobación de un plan de acción global contra «la insurgencia subversiva» en América Latina y con la organización de todo tipo de operaciones encubiertas para derrocar gobiernos que no eran de su gusto.

Los métodos para mantener el orden eran diversos. En el ámbito más cercano de América Central y del Caribe los norteamericanos seguían utilizando los viejos procedimientos de intervención directa de la política del garrote, actualizados desde la intervención de Guatemala con los nuevos de las operaciones encubiertas de la CIA. En la Guayana Británica, por ejemplo, donde estaba claro que cuando se llegase a la independencia el poder iba a caer en manos del PPP (People’s Progressive Party) de Cheddi Jagan, un izquierdista de retórica marxista que Kennedy temió que fuese a convertir el país en una nueva Cuba, los norteamericanos no hicieron caso de los resultados de las urnas y consiguieron derribar en 1964 al gobierno legítimamente elegido[185] (Jagan no llegó a presidente de Guyana hasta 1992, tras haber pasado 28 años en la oposición).

En la República Dominicana habían echado del poder en 1963, con el apoyo de los empresarios y los militares locales, a Juan Bosch, a quien consideraban demasiado izquierdista. Pero cuando dos años más tarde, en 1965, se produjo un movimiento para volverle a la presidencia, Johnson, alegando «que era inminente que se apoderasen de la república elementos dominados por los comunistas», intervino militarmente para evitarlo, enviando 23 000 hombres para ocupar el país, y abrió el camino del poder, en 1966, a Joaquín Balaguer, que inició ocho años de persecuciones y de terror, protagonizados por «la Banda», un grupo de desertores de los partidos de izquierda y de asesinos a sueldo que fueron responsables de buena parte de las cuatro mil víctimas del terrorismo de estos años. Un artículo de John N. Plank en Foreign Affairs había justificado previamente la legitimidad de la intervención con este despectivo juicio sobre el país: «La República Dominicana (…) ha tenido una triste carrera como estado independiente. Miserablemente pobre, política y socialmente primitiva, sin nada que la distinga en el terreno intelectual y cultural, ha sido un desecho arrastrado por las grandes mareas de los siglos diecinueve y veinte: un objeto y no un sujeto en la escena internacional». A juicio de un historiador norteamericano actual, la intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana partía de una estimación errónea de la realidad y fue «un ataque trágicamente equivocado contra las fuerzas del cambio progresista en América Latina».

Aunque tal vez el lugar en que la política del garrote se ha aplicado en su forma más cruda sea Haití, uno de los países más pobres y más desestructurados del mundo, que había vivido durante veinte años (1915-1934) en un régimen de tutela y ocupación de los Estados Unidos. De 1957 a 1986 el país estuvo bajo el sangriento dominio de la familia Duvalier. François Duvalier, que se proclamó más adelante presidente vitalicio, subió al poder con el apoyo del voto popular de los «negros», que intentaban romper el dominio tradicional de la política por las élites mulatas. Tenía inicialmente la oposición de los Estados Unidos, que cambiaron de actitud cuando «Papa Doc», además de jugar hábilmente la carta del anticomunismo —vendió su voto para la expulsión de Cuba de la OEA a cambio de la financiación de un aeropuerto— aceptó entrar por el camino de convertir a Haití en una economía dependiente de la norteamericana, produciendo frutas para la exportación y proporcionando trabajo barato a empresas industriales estadounidenses, además de adoptar unos aranceles bajos para las importaciones de arroz, que arruinaron la producción local, y de entregar la minería de bauxita a una empresa norteamericana a cambio de tan solo un 7 por ciento de impuestos.

En 1986, cuando la crisis económica amenazaba producir un estallido social, los norteamericanos, que habían asumido que tenían el derecho a decidir quién había de gobernar el país, se encargaron de sacar de Haití al hijo de Papa Doc, Jean-Claude Duvalier, conocido como «Baby Doc», que le había sucedido en la presidencia en 1971, a los 19 años de edad. El presidente norteamericano Reagan prometió ayudar a Haití en su avance hacia la democracia, pero el tal avance se redujo a una sucesión de golpes militares y elecciones fraudulentas.

Un salesiano partidario de la teología de la liberación, Jean Bertrand Aristide, ganó las elecciones en 1990, convirtiéndose en el primer presidente de Haití elegido democráticamente, pero su intento de realizar reformas llevó a que fuese derrocado al año siguiente y a que se viese obligado a marchar al exilio como consecuencia de un golpe militar organizado por la CIA, cuyas actividades en la isla estaban confusamente ligadas al tráfico de drogas. Una de las principales condiciones exigidas para autorizar su retorno en 1994, impuesto por Clinton con la amenaza de una intervención armada, fue que hiciese una rebaja drástica de los aranceles (el del arroz bajó del 35 al 3 por ciento).[186] Tras completar su mandato en 1996, Aristide ganó en 2000 unas nuevas elecciones. Esta vez los norteamericanos procedieron sin ningún disimulo: le pusieron en un avión y lo llevaron secuestrado a África. Haití quedó como un país dominado por la miseria y el crimen —está en el lugar 145 en las tablas del índice de desarrollo humano, a la altura de los países del África Subsahariana—, que sobrevivía malamente gracias a la tutela de las fuerzas internacionales y a la ayuda externa que recibía.

La naturaleza de los problemas latinoamericanos recibió nueva luz con el desastre producido en Haití por el terremoto de enero de 2010, que dio lugar a una orgía mundial de retórica humanitaria, que no estuvo acompañada por un volumen equivalente de ayuda. La magnitud de la tragedia mostraba con toda claridad el fracaso de las políticas de desarrollo seguidas desde 1945. Como ha dicho Greg Palast: «No existen los desastres naturales. 200 000 haitianos han sido sacrificados por las condiciones de vivienda en los suburbios y por los planes de “austeridad” del Fondo Monetario Internacional». Nueve meses después de la tragedia Bill Quigley escribía que «un millón de haitianos morían lentamente», sin que la tan pregonada ayuda internacional hubiese aliviado su suerte.

Después de 1961, tras el fracaso de la operación de Kennedy contra la Cuba castrista, que demostró que era inviable repetir el fácil éxito alcanzado en Guatemala contra Árbenz, se optó por establecer alianzas permanentes con los militares de estos países, a los que se les proporcionaban armas y apoyo. Se organizaron cursos para latinoamericanos en las escuelas militares del norte y sobre todo en la conocida como «School of the Americas» (asentada inicialmente en la zona del canal de Panamá, que se trasladó después a Fort Benning, Georgia, y cambió su nombre por el de «Instituto para la cooperación en la seguridad del hemisferio occidental», WHISC), en que se formaban jefes militares y de policía para los países del sur. De esta escuela salieron el general Galtieri, jefe de la junta argentina; Manuel Callejas, que dirigía los servicios de información de Guatemala; Roberto d’Aubuisson, jefe de las escuadras de la muerte de El Salvador, y un gran número de los responsables directos de los muchos crímenes cometidos en estos años en nombre de la contrainsurgencia. En estas escuelas se preparaban, además, los cuerpos especiales que se usarían para actuar contra las guerrillas.[187]

De 1961 a 1963, con Kennedy al frente de los Estados Unidos, seis gobiernos latinoamericanos elegidos fueron derribados por golpes militares. Como afirmaba un documento interno de la CIA en 1968, las juntas militares de los países del sur eran buenas para los Estados Unidos, puesto que se trataba de la única fuerza capaz de controlar en ellos las crisis políticas. La ley y el orden de los dictadores eran mejores que la confusión que engendraba la lucha por la democracia.

Estos métodos de intervención indirecta permitían acabar con la vieja tradición de los desembarcos de marines que había celebrado en 1935 el general Smedley Butler, condecorado por tres veces con la medalla de honor del Congreso, quien confesaba haber ayudado «a la violación de media docena de repúblicas de Centro América en beneficio de Wall Street». Los métodos habían cambiado, pero los objetivos seguían siendo los mismos.

LAS GUERRAS DE AMÉRICA CENTRAL

Las consecuencias de esta política resultaron patentes en América Central. Guatemala, en concreto, se convirtió en «el laboratorio de experimentación para la represión». Después de la muerte de Castillo Armas, asesinado en 1957, se sucedieron gobiernos de predominio militar, brutales y corruptos, en medio de protestas populares y de la formación, a partir de 1962, de las primeras guerrillas de inspiración castrista, que el ejército dominó fácilmente. El gobierno de los Estados Unidos comenzó entonces a dar ayuda específica a las actuaciones de contrainsurgencia, a la vez que contribuía a crear grupos paramilitares que podían enfrentarse a la guerrilla sin ninguna limitación en sus formas de actuar.

En marzo de 1968 un diplomático norteamericano que regresaba de Guatemala, Viron Vaky, expresaba en un informe todo el horror de la situación y su angustia por la complicidad de los Estados Unidos: «Las escuadras oficiales son culpables de atrocidades. Los interrogatorios son brutales, se emplea la tortura y los cadáveres aparecen mutilados». Muchos latinoamericanos, añadía, piensan que nosotros autorizamos estos crímenes y dudan de nuestras pretensiones de que queremos un mundo mejor y más justo. No es que no hayamos podido hacer nada por evitarlo, sino que nunca lo hemos intentado. Tal vez hemos pensado «que es una buena táctica, y que mientras sean comunistas los que resultan muertos, todo va bien». Lo que completaba con un lúcido análisis de la cuestión: «Hemos estado tan obsesionados con el miedo a la insurgencia que hemos racionalizado nuestras inquietudes y nuestras dudas». El informe de Vaky, que permaneció secreto durante treinta años, no impidió que el Departamento de Estado siguiera apoyando una represión indiscriminada.

El auge de las exportaciones agrarias guatemaltecas condujo a una serie de acciones destinadas a arrebatar la tierra a los campesinos, que dieron lugar a un movimiento de resistencia indígena y a una nueva guerrilla esencialmente campesina con organizaciones como el «Ejército guerrillero de los pobres». En 1978 se inició una oleada de torturas y asesinatos por parte del gobierno, con el fin de liquidar el sindicalismo urbano, mientras en 1981 el ejército emprendía una campaña de masacres e incendios en el medio rural, con una política de tierra quemada que provocó una auténtica guerra popular. Estas campañas de exterminio, nos dice Greg Grandin, estaban movidas a un tiempo «por el celo anticomunista y por el odio racial» hacia los mayas. Los Estados Unidos sabían que el gobierno del general Romeo Lucas Gorría se proponía «exterminar» a los campesinos que daban apoyo a la guerrilla y lo aprobaban. «Las matanzas —añade Grandin— eran brutales hasta un extremo inimaginable. Los soldados asesinaban a los niños a la vista de sus padres, extraían órganos y fetos, amputaban los genitales o las extremidades, cometían violaciones en masa y quemaban algunas víctimas vivas.»

En 1982 un nuevo golpe militar llevó al poder a Efraín Ríos Montt, quien derogó la Constitución y reforzó las actuaciones de contrainsurgencia. Reagan se entrevistó con él en Honduras en diciembre de 1982 y dijo a los periodistas que lo acompañaban que Ríos Montt era «un hombre de una gran integridad personal…totalmente dedicado a la democracia», a quien las organizaciones de defensa de los derechos humanos atacaban porque combatía a guerrillas izquierdistas.[188] Al día siguiente de estas declaraciones, el 6 de diciembre de 1982, uno de los pelotones de élite de Guatemala, conocido como los «Kaibiles», entró en un poblado de la selva llamado Las Dos Erres y exterminó por completo a sus más de 250 habitantes. Los soldados estrellaban las cabezas de los niños contra la pared y decapitaban a los adultos con sus machetes, después de torturarlos. Violaron a una selección de mujeres y jovencitas que habían reservado para el final, las echaron a la fuente «y la llenaron de basura, enterrando vivas a unas pocas desdichadas».

No era algo que pudiera sorprender a los norteamericanos, que conocían la documentación militar del «Plan de operaciones Sofía», donde se mostraba la forma en que se había organizado, en el verano de 1982, una campaña de exterminio que acabó con la vida de miles de campesinos mayas en un acto deliberado de genocidio. El conocimiento de estas atrocidades no impidió que Reagan se esforzara en proporcionar armas a los militares guatemaltecos, para que prosiguieran implantando esta versión tan peculiar de la democracia.

Las investigaciones de una comisión de la verdad patrocinada por las Naciones Unidas han revelado que en los 34 años de conflicto armado hubo en Guatemala 161 500 asesinatos y 40 000 desaparecidos (un 93 por ciento de los casos investigados son atribuibles a los militares, y solo un 3 por ciento a los insurgentes), con un total de 658 masacres documentadas y la evidencia de que de 1981 a 1983 el estado llevó a cabo una actuación deliberada de genocidio contra la población maya. El informe «Guatemala nunca más» en que se publicaban estos resultados se presentó en la catedral de Guatemala el 24 de abril de 1998; dos días más tarde el director del proyecto, el obispo auxiliar Juan Gerardi, un hombre de setenta y cinco años de edad, fue asesinado a golpes por tres militares.

Un gobierno de democracia cristiana salido de las elecciones de 1986 entró en negociaciones en Madrid con la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, pero la oposición de los beneficiarios de la dictadura dificultó el proceso y las masacres del ejército siguieron hasta que se firmó la paz con la guerrilla en 1996. Hoy, al cabo de quince años de «paz», Guatemala sigue siendo escenario de muertes violentas, con un ejército que, impune por los crímenes cometidos en el pasado, continúa matando y unos terratenientes (un 1,5 por ciento de los propietarios poseen el 62,5 por ciento de la tierra) que se niegan a cualquier reforma. La policía echa de las fincas con violencia a los campesinos que se han instalado para cultivarlas e incendia sus casas y sus cosechas.[189]

El caso de Honduras muestra la naturaleza de la implicación norteamericana en la guerra sucia de Centroamérica.[190] Los Estados Unidos prepararon al personal militar local para realizar funciones policíacas, como lo relata el sargento Florencio Caballero, que se entrenó durante seis meses en Texas en 1983-1984: «Ahí estuvo un capitán del ejército estadounidense y hombres de la CIA(…). Ellos nos enseñaron a nosotros métodos psicológicos para estudiar temores y debilidades de un prisionero. Dejarlo parado, no dejarlo dormir, mantenerlo desnudo y aislado, poner ratas y cucarachas en sus celdas, darles mala comida, servirles animales muertos, echarles agua fría encima, cambiar de temperatura». Agentes norteamericanos colaboraban con los militares hondureños en los interrogatorios y en la eliminación de sospechosos, como en el caso del jesuita norteamericano James Francis Carney que, en septiembre de 1983, «fue llevado a una base de suministros de los contras nicaragüenses denominada “El Aguacate”, donde fue interrogado» en presencia de personal norteamericano. «Posteriormente fue lanzado desde un helicóptero.»

La intervención norteamericana fue incluso más allá, puesto que, como reconoció una enmienda del Senado de los Estados Unidos de 20 de septiembre de 1995: «Hay una evidencia considerable de que en 1981 un escuadrón secreto de la muerte del ejército hondureño fue creado con el conocimiento y la asistencia del gobierno estadounidense. Se conoció como Batallón 3-26, y durante los años ochenta realizó una campaña sistemática de secuestrar, torturar y asesinar a supuestos subversivos [se le atribuyen 184 desapariciones]. Estos eran organizadores sindicales, activistas de los derechos humanos, periodistas, abogados, estudiantes y profesores. La mayoría de ellos estaban ligados a actividades que serían legales en cualquier democracia. En aquellos momentos la embajada de los Estados Unidos, que tenía amplia razón para saber de estas actividades, las negó. Aún hoy, funcionarios de los Estados Unidos que estuvieron allí dicen no saber nada».

El presidente Carter quiso hacer de Honduras un ejemplo de su política de democratización, ofreciendo a los militares ayuda a cambio de elecciones. El resultado fue que se creara en abril de 1980 una Asamblea que redactó una Constitución, la de 1982, según la cual los militares no estaban sometidos a la autoridad del presidente de la república, sino a la de su comandante en jefe, el cual tenía, además, la capacidad de nombrar al ministro de Defensa y de vetar los nombramientos de otros ministros. De este modo se democratizaron las apariencias y todo quedó igual. Con Reagan en el poder y con el embajador Negroponte para codirigir las operaciones, Honduras se convirtió en pieza clave para la guerra contra las guerrillas de El Salvador y contra los sandinistas de Nicaragua.

A cambio de su cooperación Honduras recibió una considerable ayuda, especialmente de naturaleza militar, que la convirtió en los años ochenta en el segundo mayor receptor de ayuda norteamericana en América Latina. Sin que esto sirviera de mucho a sus ciudadanos, puesto que en la actualidad los índices básicos que reflejan su calidad de vida son tan malos, o peores, que los de sus vecinos Guatemala, Nicaragua y El Salvador, que sufrieron las consecuencias de largos años de guerra civil.

Los dos casos en que la participación de los Estados Unidos en la política de América Central fue más directa y escandalosa, tras el de Guatemala, fueron precisamente los de El Salvador y Nicaragua. El paréntesis de la presidencia de Carter permite explicar la caída del dictador Somoza, que el 17 de julio de 1979 dejaba Nicaragua y un año después, el 17 de septiembre de 1980, era asesinado en Paraguay. Pero Carter toleró en cambio los crímenes de los militares en El Salvador, donde la prensa norteamericana sostenía que un gobierno moderado luchaba contra una guerrilla marxista, cuando el supuesto gobierno moderado era una camarilla de terratenientes y militares, a quienes los Estados Unidos proporcionaron asesores y subsidios por un importe de unos seis mil millones de dólares, para ayudarles en la tarea de realizar unos 75 000 crímenes políticos, entre ellos el asesinato, el 24 de marzo de 1980, del arzobispo Óscar A. Romero, un conservador moderado que había creado un programa radiofónico de noticias que analizaba críticamente la realidad y que fue condenado por ello a morir, ejecutado en plena misa por un tirador contratado por Roberto d’Aubuisson, a quien el propio embajador norteamericano, Robert White, calificaba como un «asesino patológico», y por Mario Molina, hijo de un militar que había presidido el país de 1972 a 1977. La oposición, por su parte, no era tan solo comunista, sino que se componía de una mezcla heterogénea de campesinos, estudiantes, políticos demócratas, como el antiguo ministro de Agricultura Enrique Álvarez, sacerdotes que creían en «la opción preferencial por los pobres… del Vaticano II, Medellín y Puebla» y hombres de negocios de clase media.

Allen Ginsberg sintetizó las historias del obispo Romero y del embajador norteamericano Robert White, que denunció en vano las atrocidades que se cometían en El Salvador, incluyendo el asesinato de tres monjas y de un laico norteamericanos que se dedicaban a misiones caritativas, con estas palabras: «El obispo Romero escribió a Carter para pedirle que dejase de enviar armas a la Junta de El Salvador y lo mataron; el embajador White denunció las mentiras de la Casa Blanca y Reagan le hizo regresar, porque miraba en los ojos de las monjas muertas».[191]

Reagan pasó de la tolerancia a la intervención, sosteniendo que había una amenaza comunista contra El Salvador, dirigida por rusos y cubanos y organizada desde una base soviética que era Nicaragua, y que esto significaba que existía una amenaza de que el comunismo se apoderase de aquellas tierras. La paz no llegó, de hecho, hasta 1992, cuando estaba claro que la guerrilla no podía ser derrotada por la fuerza y en Washington había un nuevo presidente, G.H.W. Bush, que opinaba que era mejor negociar que mantener indefinidamente una guerra demasiado costosa. El resultado, ha escrito William LeoGrande, fue un país destrozado y «80 000 muertos, la mayoría de ellos civiles inocentes, asesinados por el ejército y por las fuerzas de seguridad del gobierno, armados y financiados por los Estados Unidos». En 2009 el FMNL, convertido en partido político, derrotó al partido derechista ARENA tanto en las elecciones parlamentarias como en las presidenciales.

Con Reagan la política de intervención en América Central iba a llegar al paroxismo. Siguiendo la inspiración de Jeane Kirkpatrick, quien sostenía en 1981 que «América Central era la parte más importante del mundo», el presidente se empeñó en lo que consideraba que era una batalla decisiva de la guerra fría en que se necesitaba obtener una victoria total, aplastando al enemigo. En Nicaragua, después de la caída de Somoza y del triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, heredero de una larga tradición de lucha revolucionaria, los norteamericanos pensaron que la guardia nacional creada por el somocismo podía mantener el control del país. No fue así y con los propios miembros de la guardia que huían para escapar a su previsible castigo se formaron los primeros grupos de «contras» —la «Legión del 15 de septiembre»—, mientras los exiliados formaban en Miami toda una serie de organizaciones, como la Unión Democrática Nicaragüense, y se comenzaban a organizar las fuerzas de la «contra» en campamentos de Honduras, donde el nuevo embajador norteamericano, John Negroponte, que había reemplazado a White en 1981, codirigía el ejército del país en asociación con su jefe supremo, el general Álvarez. En la lucha se implicó además a los indios miskitos, a quienes los pastores protestantes, que protagonizaban una cruzada anticomunista en América Central, convencieron de que los sandinistas pretendían «inyectarles el comunismo y hacerles olvidar a Dios».

Con Reagan estos grupos de «contras» se convirtieron en «luchadores por la libertad» y comenzaron a recibir ayuda. La CIA organizó los grupos dispersos, reunidos en la Fuerza Democrática Nicaragüense, y les preparó campos de entrenamiento en Argentina, bajo la dirección de militares locales, a través de los cuales llegaba la financiación, de acuerdo con un plan de operaciones inicial relativamente modesto, de unos veinte millones de dólares, aprobado por el Congreso (cuando los argentinos dejaron de colaborar, después de que Reagan les hubiese negado su apoyo en la guerra de las Malvinas, los campamentos se trasladaron a Honduras).

Mientras tanto la CIA actuaba con su incompetencia habitual, indignando a la opinión pública internacional al minar las aguas nicaragüenses y provocar accidentes y daños humanos en embarcaciones de diversos países. El resultado final fue que el Congreso se negase a conceder más dinero para la financiación de la «contra» y que Reagan, tras obtener algunos recursos de la Arabia Saudí, se viese obligado a buscarlos en los negocios sucios de la Operación Irán-contra, además de a tolerar que los hombres de la «contra» comenzasen a traficar con cocaína, traída a través de Costa Rica e introducida por Miami en el mercado norteamericano.

El descubrimiento del escándalo Irán-contra acabó con la financiación norteamericana de la guerrilla que, impotente, hubo de firmar la paz. Diez años de guerra, con de treinta a cincuenta mil muertos y grandes daños económicos, agravados por el bloqueo norteamericano, acabaron el 25 de febrero de 1990, cuando las elecciones, con la ayuda de los millones de dólares proporcionados por la CIA y por el National Endowment for Democracy, dieron el poder en Nicaragua a una coalición de todas las fuerzas de oposición (UNO), dirigida por Violeta Chamorro, la viuda de un editor de periódicos asesinado por Somoza, y los sandinistas, ante el asombro de los Estados Unidos, aceptaron su derrota, debida en parte al malestar económico suscitado por el bloqueo, pero también a la evidencia de la corrupción de una parte de la dirección sandinista, que se enriqueció con los bienes de los somocistas en lo que se llamó «la piñata».

MÉXICO: EL PRECIO DE LA ESTABILIDAD

México aparece habitualmente en el panorama latinoamericano como un caso excepcional de estabilidad política. Una apariencia falaz, que se ha conseguido sobre la base del esfuerzo de sus gobiernos por mantener a cualquier precio el orden social en las ciudades y ocultar al público los casi constantes conflictos agrarios.

La política de los gobiernos del PRI (Partido Revolucionario Institucional) tras la segunda guerra mundial estuvo caracterizada en el exterior por su fiel seguimiento de los Estados Unidos en la guerra fría, encubierto con una retórica izquierdista (se trataba, le diría Echeverría a Nixon, de «quitarle a Castro esta bandera» de cara a los países latinoamericanos), que llegó a incluir la defensa puramente verbal de la revolución cubana, de Allende o del sandinismo, pero que iba acompañada por la marginación interior de los sectores izquierdistas del propio partido y del movimiento obrero. Lo cual explica que los Estados Unidos, aunque llegaron a inquietarse en algún momento por los excesos de retórica izquierdista de presidentes como López Mateos, no tuvieron que preocuparse en realidad por la situación de México,[192] ya que el PRI se encargaba de hacer todo el trabajo represivo, sin ni siquiera necesitar la ayuda de la CIA. Todo lo que tuvieron que hacer los norteamericanos fue tolerar y callar ante las brutalidades de la «guerra sucia» mexicana, con 350 desaparecidos entre 1974 y 1978, y ante la práctica sistemática de la tortura.

En el interior la política del PRI estuvo caracterizada por un proyecto de industrialización cuyo coste se hizo pagar inicialmente a los pequeños productores agrícolas, al mantener artificialmente bajos los precios de sus productos, lo que permitía sostener el nivel de vida de la población urbana y proporcionaba excedentes para la exportación. Esta política implicó, además, un creciente desequilibrio territorial a favor del norte del país, que se industrializaba y comerciaba con los Estados Unidos, a expensas del sur, donde la población campesina, en buena parte indígena, era mayoritaria.

Adolfo Ruiz Cortines (presidente de 1952 a 1958) rebajó el precio al por menor del maíz y de los frijoles a la vez que devaluaba el peso, lo que iba a repercutir en el descenso del poder adquisitivo de los salarios, y dio pie a las huelgas ferroviarias de 1958-1959, duramente reprimidas. Su sucesor, Adolfo López Mateos (1958-1964), decidió hacer frente al ascenso del progresismo con una retórica de izquierdas y una práctica de derechas. Alarmados inicialmente por sus discursos, los Estados Unidos se tranquilizaron al ver que elegía como sucesor a un conservador como Gustavo Díaz Ordaz; fue entonces cuando se percataron del complejo juego con el que López Mateos había conseguido mantenerse en el poder, neutralizando la oposición de izquierdas, como la que representaba el Movimiento de Liberación Nacional del antiguo presidente Lázaro Cárdenas, firme defensor de la revolución castrista y partidario de una extensión de la reforma agraria.

Con Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Álvarez Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982) la situación cambió radicalmente, puesto que no solo no había ya maíz que exportar, sino que comenzó a ser necesario importar cantidades cada vez mayores de grano para la alimentación local (en 1983 México importaba la mitad del maíz que consumía). Fue el petróleo, que Cárdenas había nacionalizado en 1938, el que, con los descubrimientos de pozos marinos a partir de 1976, vino a dar un nuevo empuje a la economía mexicana en la etapa de la presidencia de López Portillo.

La respuesta de los dirigentes mexicanos al malestar social que se había ido extendiendo tanto por las ciudades como por el campo fue la «guerra sucia», a consecuencia de la cual, se ha escrito, «en estos años cientos de ciudadanos mexicanos —tanto civiles inocentes como militantes armados— fueron asesinados o “desaparecidos” por las fuerzas militares y de seguridad. Miles más fueron torturados, detenidos ilegalmente o sometidos a acoso y vigilancia por el gobierno».

La represión, que tuvo sus momentos más visibles en las dos masacres urbanas de Tlatelolco (en 1968) y de Corpus Christi (1971), a las que nos hemos referido ya anteriormente, ligadas ambas a la figura de Echeverría (como titular de Gobernación, en la primera, y como presidente, en la segunda), dio lugar a una respuesta que se inició el 23 de septiembre de 1965 con el asalto de un grupo izquierdista al cuartel de Madera, en una clara imitación del de Castro al Moncada, y que hasta 1977 multiplicó los grupos guerrilleros rurales y urbanos por toda la geografía de México.

Capítulo aparte merece una resistencia campesina que seguía la tradición de Emiliano Zapata. Como dice el informe oficial sobre la «guerra sucia» publicado por el gobierno mexicano en 2006: «La guerrilla rural en México pudo implantarse en algunas regiones del país en aquellos lugares donde se conjuntaron las siguientes condiciones: a) los campesinos agotaron los recursos pacíficos para satisfacer sus demandas de justicia sin haber tenido resultados satisfactorios, b) sufrieron persecución del Estado cuando recurrieron a la resistencia pacífica, c) tuvieron conciencia de que esta situación no cambiaría por la vía pacífica, y d) hubo un liderazgo fuerte que los uniera y posibilitara la opción guerrillera».

Esta historia se inicia con las campañas en Morelos de Rubén Jaramillo, un viejo combatiente zapatista que había colaborado con el presidente Cárdenas en las actividades de la reforma agraria, pero que tuvo que volver a tomar las armas en 1943 para salvar su vida, y siguió combatiendo hasta que fue asesinado por el ejército en 1962, a los sesenta y dos años de edad: «Rubén Jaramillo, junto con su esposa Epifanía Zúñiga, que estaba embarazada, y sus hijos Enrique, Filemón y Ricardo, fueron secuestrados y trasladados cerca de las ruinas prehispánicas de Xochicalco donde, horas después, serían asesinados», dice el informe oficial de 2006.

Otros grupos de militancia campesina se mantuvieron en revuelta en estos años, como, en el estado de Guerrero, la Asociación Cívica Guerrerense de Genaro Vázquez, al que se dio muerte en 1972, o el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, cuyo líder fue asesinado en 1974. Tanto Genaro Vázquez como Cabañas eran maestros rurales que se implicaron en las organizaciones campesinas de lucha contra el caciquismo y se vieron obligados a tomar las armas para defenderse de la persecución del ejército.

Tras la conmoción de la matanza de Tlatelolco, Luis Echeverría pretendió dar un viraje aparentemente progresista a su política, tanto en el exterior, con su actitud hostil al golpe de Pinochet en Chile (pero la transcripción de sus conversaciones con Nixon nos revela la falsedad de este progresismo), como en el interior, donde trató de promover un «desarrollo compartido», con aumentos de los salarios y un crecimiento incontrolado del gasto público, que iba en paralelo con su propio enriquecimiento personal. La crisis provocada por este despilfarro tuvo como consecuencia la devaluación del peso.

López Portillo heredó las consecuencias de la mala gestión de Echeverría, pero el petróleo, cuyos beneficios aumentaron con la elevación de precios del crudo que impuso la OPEP en 1979, le permitió alcanzar, entre 1978 y 1981, una elevada tasa de crecimiento. Parte de estos beneficios se canalizaron hacia el campo —se trataba, dirían, de «sembrar petróleo»— para aumentar una producción que era insuficiente para abastecer las necesidades alimentarias nacionales. Pero, en su afán por acelerar el crecimiento económico a corto plazo —el principio constitucional que prohíbe la reelección de los presidentes les condena a hacer política a seis años vista—, López Portillo gastaba los recursos del petróleo antes de disponer de ellos y se veía obligado a reinvertirlos en explotaciones cada vez más costosas para aumentar la producción de crudo.

El país se fue endeudando, en una situación favorecida por un peso sobrevaluado que estimulaba las compras al exterior y creaba un gran déficit comercial, hasta que la caída de los precios del petróleo en 1981 se tradujo en el hundimiento del peso y en la incapacidad del gobierno para hacer frente a su deuda exterior, lo que obligó a los Estados Unidos a intervenir en su ayuda para evitar la quiebra del estado mexicano (y de la banca norteamericana que había adquirido su deuda). Antes de abandonar el poder, dejando tras de sí una imagen de corrupción e incompetencia (puso la política cultural en manos de su esposa y repartió los cargos principales entre parientes y amigos), López Portillo decidió la nacionalización de la banca privada de propiedad mexicana, una fantasía que iba a costarle al estado cuantiosas indemnizaciones. Como sucesor eligió a un economista tecnócrata, Miguel de la Madrid (1982-1988), encargado de gestionar el desastre económico existente, en el comienzo de una etapa que iba a conducir, con el agravante del descrédito que causó la mala gestión del gobierno ante el terremoto de 1985, al hundimiento del régimen del PRI.

LOS PAÍSES ANDINOS

A diferencia de los países de América Central y del Caribe, sometidos a la injerencia constante de los Estados Unidos, los dos grandes países andinos, Colombia y Venezuela, alcanzaron una cierta estabilidad política a partir de los años sesenta, con una fórmula basada en la alternancia pacífica de dos partidos que representaban, más o menos verosímilmente, a la derecha tradicional y a una izquierda liberal, con el apoyo del ejército para mantener a raya a los disidentes. Con ello se buscaba evitar el riesgo de que la continuidad de dictaduras como las de Rojas Pinilla en Colombia (1953-1957) o la de Pérez Jiménez en Venezuela (1952-1958) pudiera acabar desencadenando una protesta social incontrolable; pero de este modo se cerraba al propio tiempo el acceso al poder a los otros grupos y se alimentaba una cultura insurreccional.

Las soluciones arbitradas en ambos países fueron coetáneas y tienen rasgos parecidos. En Venezuela fue el pacto de Punto Fijo, firmado en octubre de 1958, el que hizo posible la alternancia entre el Partido de Acción Democrática, presidido por un Rómulo Betancourt que estaba ya de vuelta de viejas actitudes izquierdistas, y el Partido Social Cristiano COPEI, dirigido por Rafael Caldera, que representaba la derecha tradicional. En Colombia el acuerdo surgió del pacto de Sitges-Benidorm, acordado en julio de 1956 entre Laureano Gómez y Lleras Camargo, que hizo posible el régimen de Frente Nacional que durante dieciséis años (1958-1974) aseguró la alternancia en el poder de los dos partidos, liberal y conservador.

Con la estabilidad alcanzada, ambos países se convirtieron en el modelo de sociedades latinoamericanas con las que los Estados Unidos aspiraban a colaborar. Kennedy visitó a Betancourt, por quien sentía una especial admiración, y a Lleras Camargo en diciembre de 1962 e hizo en Bogotá un discurso en que reconocía los errores cometidos por los Estados Unidos en el pasado y anunciaba su decisión de colaborar con el programa de Alianza para el progreso a mejorar el bienestar de estos países, a la vez que pedía a empresarios y terratenientes que reconociesen también sus errores y asumiesen sus responsabilidades, porque sin una política de reforma agraria y de reforma fiscal, las esperanzas de progreso podrían «consumirse en unos pocos meses de violencia».

El diagnóstico de Kennedy era acertado, pero la naturaleza misma de los regímenes políticos de Colombia y Venezuela, basados en un acuerdo entre sus clases dirigentes, implicaba su incapacidad para desarrollar la política de reformas que hubiera sido necesaria para cambiar las cosas. Ambos países se beneficiaron de las ayudas norteamericanas y las aprovecharon sobre todo para el fomento de una inversión industrial orientada a la sustitución de importaciones. Los tímidos intentos de reforma agraria, en cambio, no tuvieron resultados apreciables.[193]

El precio a pagar por estos acuerdos entre las oligarquías locales era el de dejar sin resolver los graves problemas sociales de fondo, y en especial los que derivaban del desigual reparto de la propiedad de la tierra, fruto en muchos casos de la apropiación ilegítima de tierras campesinas, y agravado por la forma en que los terratenientes, asociados al ejército y al poder político, explotaban el trabajo de los campesinos.

En Venezuela Rómulo Betancourt colaboró con el COPEI y estableció un eficaz sistema de patronazgo social, con una reforma agraria poco conflictiva y una aproximación a las organizaciones obreras que funcionó porque los ingresos generados por el petróleo (en septiembre de 1960 los venezolanos participaron en la fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo) contribuyeron a mantener la prosperidad económica, e impidieron que la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional cobrara importancia. Hasta que, a fines de los años ochenta, la bancarrota de unos gobiernos que se habían endeudado insensatamente obligó al presidente Carlos Andrés Pérez a aceptar las duras normas que le imponía el Fondo Monetario Internacional, que vinieron a agravar la situación del país. El malestar condujo en 1992 a un golpe populista fallido, dirigido por el teniente coronel Hugo Chávez, y al triunfo de este en las elecciones de 1998 (una de las medidas más importantes que promulgó fue precisamente una «ley de tierras» que ponía en práctica una reforma agraria).

En Colombia los problemas eran más complejos: allí el intento de reforma agraria propiciado por la ley 100 de 1936 se había frustrado, de modo que los terratenientes recuperaron la tierra y el poder durante el período de 1946 a 1960, conocido como «la violencia», en que más de 200 000 personas perdieron la vida. Una situación que no mejoró tampoco la limitada reforma agraria de 1961, durante la presidencia de Lleras Camargo. De hecho la situación de los campesinos no hizo más que empeorar en estos años con la adopción del modelo del «Desarrollo económico acelerado» del economista canadiense Lauchlin Currie,[194] cuya «Operación Colombia» proponía desplazar a los campesinos de unas tierras que podían rendir mejores resultados con una explotación moderna en gran escala para emplearlos en las ciudades como mano de obra para la construcción de viviendas. Lo que en los planes de Currie podía parecer un proyecto de reforma socioeconómica, quedó simplemente en la legitimación de un inmenso expolio en favor de una gran propiedad latifundista que producía fundamentalmente para la exportación.

La situación no mejoró, ni en las condiciones de vida de los colombianos ni en las negociaciones para la paz, durante las presidencias de Gaviria (pese a su propuesta de reforma agraria de 1994) y de Samper, desprestigiado al decirse que su campaña había sido financiada por el cártel de la droga de Cali.

Mientras los intereses de la droga penetraban profundamente en la política, los planes del gobierno para combatir la mala situación de la agricultura se orientaban en el sentido de potenciar la producción de cultivos para la exportación, en una línea que favorecía a la gran propiedad y consolidaba los efectos negativos de lo que en realidad había sido, desde los años de «la violencia» para acá, una actuación continuada de contrarreforma agraria, con una usurpación en gran escala de la tierra de los campesinos y una disminución de la producción para el consumo interno, lo que a comienzos del siglo XXI iba a dejar a Colombia en una mala situación alimentaria. La realidad social subyacente a esta historia, y que ayuda a explicarla, es la que se deriva de entre tres y cuatro millones de personas expulsadas del campo y de unos 6,8 millones de hectáreas expropiadas violentamente a los campesinos entre 1985 y 2007.

La respuesta a la incapacidad de un estado que había permanecido impasible ante el expolio de las tierras de los campesinos y ante la actuación violenta de los grandes propietarios fue la aparición de una resistencia surgida de abajo. En su origen se trataba de grupos de autodefensa creados por iniciativa de los propio campesinos, con la participación del Partido Comunista, que consiguieron controlar espacios en que establecían «repúblicas campesinas» —la más conocida, la de Marquetalia—, que vivían al margen del poder y de las reglas del estado, aunque estuvieran asediadas por el ejército. Marquetalia pudo ser recuperada en 1964 por el ejército, auxiliado y asesorado por militares norteamericanos, y ello mismo fue lo que contribuyó a transformar los grupos de autodefensa en un movimiento guerrillero que nació en 1964 y en 1966 adoptó el nombre de Fuerzas Armadas de la Revolución de Colombia (FARC).

Las FARC son un caso muy especial de sintonía entre el Partido Comunista y los movimientos campesinos, lo cual lo distingue de los demás grupos guerrilleros de Colombia, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de inspiración castrista —al cual se unió una figura carismática, Camilo Torres, un sacerdote descendiente de una de las grandes familias de los próceres de la independencia colombiana— o el Ejército Popular de Liberación (EPL), de carácter maoísta. En estos dos movimientos tenían una participación destacada los estudiantes universitarios, en contraste con la base fundamentalmente campesina de las FARC, que tuvo a Manuel Marulanda, «Tirofijo» (cuyo nombre real era Pedro Antonio Marín), como jefe más representativo a lo largo de más de cuarenta años de militancia. A estas se sumaría posteriormente la guerrilla urbana del M-19, con actuaciones espectaculares, como la toma, en febrero de 1980, de la embajada de la República Dominicana, en momentos en que se hallaban en ella los embajadores de los Estados Unidos, Israel y Francia.

Fracasados los intentos de acabar militarmente con la guerrilla, se pasó a propuestas de pacificación, que condujeron al alto el fuego de 1984, pero que acabaron frustradas por el boicot ejercido por las fuerzas armadas. El M-19 rompió la tregua con el asalto del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, reconquistado por el coronel Plazas Vega en un brutal asalto que causó más de setenta muertos, que incluían desde jueces del alto tribunal hasta empleados de la cafetería.

Las FARC, en cambio, respetaron la tregua durante un par de años, a la vez que impulsaban la creación de un partido legal, Unión Patriótica, hasta que el asesinato de un gran número de aquellos de sus miembros que habían intentado volver a la vida civil mostró que no había una posibilidad real de integrarse, lo cual les obligó a reanudar la lucha en una nueva etapa, en que la persistencia de los conflictos en torno a la tierra seguiría alimentando la insurgencia.

Los grupos paramilitares, legitimados por una ley de 1968 que autorizaba la creación de milicias privadas de protección, cobraron especial importancia en los años ochenta, como brazo armado de los grandes propietarios rurales.[195] Su actuación, que se presentaba como una necesidad de defensa ante la violencia guerrillera y la impotencia del ejército, se convirtió en un medio adicional de actuar en provecho de los intereses de los terratenientes, puesto que los paramilitares se dedicaron a las matanzas sistemáticas de campesinos, cometidas con la tolerancia e incluso la colaboración del ejército, lo que favoreció la continuidad del expolio de tierras y de la expulsión de millones de campesinos que contribuyeron a nutrir los desplazados de esta prolongada guerra civil.[196]

De brazo armado de los propietarios, sin embargo, los paramilitares acabaron convirtiéndose en una fuerza autónoma, con una participación considerable en el narcotráfico, aprovechando el vacío que dejó la desintegración de los dos grandes cárteles de Medellín y de Cali. En los años noventa los hermanos Castaño comenzaron a crear estructuras de unión de estos grupos, que culminaron en la formación en 1997 de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que reunían a la mayor parte de estas fuerzas. Fue a partir de entonces que se forjaron los pactos entre los paramilitares y algunos políticos con el fin de que intervinieran en las elecciones, gracias al control que ejercían, con la tolerancia del ejército, en amplias zonas del país. En 2003 el presidente Álvaro Uribe negoció su desmovilización a cambio de una amplia amnistía; pero en 2007 se volvía a constatar la existencia de «nuevos grupos armados ilegales», dedicados a actividades paramilitares.

Ecuador vivió una etapa de constante agitación política entre 1947 y 1979, con una sucesión de breves períodos de normalidad constitucional, dominados por la figura del populista Velasco Ibarra,[197] y una serie de golpes militares (en 1947, 1961, 1963 y 1972) que acabaron estableciendo una junta militar dirigida por el general Rodríguez Lara, que se proclamaba «nacionalista y revolucionaria», en un período que se ha caracterizado como de «estabilidad dictatorial».

La economía ecuatoriana cambió después de una primera fase de auge de las exportaciones bananeras, que hizo crisis en 1960, orientándose hacia un intento de creación de una industria de sustitución de importaciones, favorecida por el auge de la producción de petróleo, que se vio estimulada por el aumento del precio del crudo en los años setenta. Estos cambios fueron acompañados por grandes migraciones de población campesina a las ciudades y por un desplazamiento del peso político de la Sierra, dominada por los propietarios agrarios conservadores, hacia la Costa, tradicionalmente liberal y más avanzada desde el punto de vista económico.

En Bolivia y Perú se produjeron dos movimientos revolucionarios que se aceptaron con tranquilidad en Washington, porque no parecían presentar riesgos de contagio comunista. En Bolivia los enfrentamientos de terratenientes y campesinos indígenas, asociados en muchos casos a los mineros, tenían como justificación no solo el expolio de la tierra, sino el hecho de que se mantuvieran abusos como el de las prestaciones forzosas de trabajo. La Revolución Nacional que inició en 1952 el MNR (Movimiento Nacional Revolucionario) de Paz Estenssoro, llevó a cabo inicialmente medidas tan ambiciosas como la implantación del voto universal (aunque los campesinos indígenas que no hablaban español siguieron quedando al margen de la vida parlamentaria), la reforma agraria y la nacionalización de las minas de estaño, propiedad hasta entonces de los «barones del estaño», y en especial de la familia Patiño. Desde los Estados Unidos, cuyos intereses directos no se veían afectados por las medidas de la Revolución Nacional (que en un principio habían creído de carácter fascista, porque se hizo de forma que dividió el frente de campesinos y mineros), se vio al MNR con buenos ojos y se le prestó ayuda oficial. De hecho los gobernantes bolivianos se encontraron dependiendo de la ayuda económica norteamericana, que acabó cubriendo un tercio de su presupuesto de gastos, de modo que vincularon su moneda al dólar para evitar la inflación y concedieron a las compañías estadounidenses permisos para la prospección de petróleo. Pero, tras haber financiado durante años al MNR, los norteamericanos no tuvieron inconveniente alguno en cambiar de peón y optaron por el general Barrientos, que derribó a Paz Estenssoro con un golpe militar en noviembre de 1964, y que colaboró con la CIA en la operación que condujo a la captura y asesinato de Ernesto Che Guevara, tras su frustrado intento de reproducir en Bolivia el modelo revolucionario cubano en 1966-1967.

Perú experimentó de 1968 a 1975 un fallido intento de «revolución desde arriba», promovido por el general Velasco Alvarado. Se realizó una reforma agraria que convirtió las haciendas en explotaciones cooperativas gestionadas por sus antiguos trabajadores, lo que tuvo como consecuencia que en el sur, en la zona de Puno, donde había la mayor parte de las comunidades campesinas, se creasen grandes empresas cooperativas agrarias y se dejase al margen del reparto a los comuneros indígenas, buena parte de cuyas tierras habían sido usurpadas por los hacendados. Velasco Alvarado fue derrocado por sus propios compañeros del ejército y el país entró en una dinámica de crisis social que explica hechos como la invasión de tierras por las comunidades campesinas de Puno y la aparición de un movimiento maoísta, «Sendero luminoso», creado en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho) por un profesor de filosofía, Abimael Guzmán, e integrado inicialmente en buena medida por estudiantes, que comenzó sus campañas terroristas en 1980. Su estrategia no consistía en crear un foco revolucionario «a la cubana», sino en movilizar a los campesinos en un proyecto de transformación radical de la sociedad que acabó provocando divisiones y violencias en el mundo rural, víctima de torturas y masacres, tanto de la guerrilla como de las fuerzas armadas.

La violencia se agravó aún durante los dos mandatos de Alberto Fujimori (1990-2000), quien en 1992 dio un «autogolpe» y estableció, con la colaboración de Vladimiro Lenin Montesinos, una dictadura legitimada con una nueva Constitución, que fue aprobada en un referéndum de resultados más que dudosos. Fujimori obtuvo éxitos indiscutibles contra «Sendero luminoso», incluyendo la captura de su líder Abimael Guzmán, y contra otros movimientos terroristas con el uso de «escuadrones de la muerte», como el grupo paramilitar Colima, autor de las masacres de Barrios Altos y de la ciudad universitaria de la Cantuta, o con una represión brutal, como la practicada para liquidar el secuestro de rehenes en la embajada de Japón —diciembre de 1996 a abril de 1997— por obra del MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru).

Practicó una política económica neoliberal, siguiendo los dictados del FMI, lo que le permitió combatir la inflación, a cambio de agravar la situación de los asalariados y privatizar empresas públicas. Pero la extrema corrupción de su entorno, que se pudo mostrar al público gracias a que Montesinos grababa en video las reuniones en que realizaba sus negocios, acabaron obligando al propio Fujimori a huir del país y a refugiarse en Japón (en 2009 fue condenado en Perú a 25 años de cárcel). En su informe final, la Comisión investigadora de las actividades financieras de Montesinos y Fujimori comenzaba con una evocación del «terrible sino histórico del aprovechamiento del Estado y los recursos del Tesoro Público que ha recorrido las más diversas administraciones de los sucesivos gobiernos peruanos».

Un informe de la «Comisión de la verdad y reconciliación» del Perú estimaba que «la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia [entre 1980 y 2000] era de 69 280 personas», en su mayor parte campesinos de habla quechua, que «superan el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente».

ECONOMÍA POLÍTICA DE LA DROGA

Un factor que iba a tener una importancia creciente en la evolución política de los países andinos, y en su relación con los Estados Unidos, sería el auge de la producción y tráfico de drogas, primero de marihuana y después, y muy especialmente, de cocaína. Este del narcotráfico, cuyo motor fundamental es la demanda de los consumidores norteamericanos, es un asunto difícil de explicar, donde no todo es lo que parece, puesto que los esfuerzos de prohibición, destinados a disminuir el tráfico de drogas en los Estados Unidos, han ido asociados en muchas ocasiones a la necesidad por parte de la CIA de tolerar el tráfico, para tener el apoyo de determinados grupos —como, según veremos más adelante, ocurrió con la «contra» en Nicaragua—, en una actitud semejante a la que practicó en el Sudeste asiático[198] (y a la que, al parecer, practica todavía hoy en Afganistán).

Aunque la «guerra contra las drogas» la había anunciado ya Nixon en 1972, y aunque Carter realizó una primera intervención en Colombia en 1978 en nombre de la lucha contra la producción de marihuana, fue en tiempo de Ronald Reagan, el 6 de abril de 1986, cuando el NSC aprobó el texto secreto de la NSDD (National Security Decision Directive) n.º 221, «Narcotics and national security», que formulaba toda una política de intervención en los países productores de cocaína. Los resultados de esta «guerra» dirigida por la DEA (Drug Enforcement Administration), en que se ha gastado más de un billón de dólares, son desalentadores. La intervención en Colombia, por ejemplo, no ha conseguido más que causar sufrimientos a los campesinos. La desaparición de los dos grandes cárteles de Medellín, con la muerte de Pablo Escobar en 1993, y de Cali, con la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela en 1995, no hizo más que dar paso a una nueva estructura más diversificada y flexible, de modo que el país sigue siendo el mayor productor de droga del mundo.

Alfred W. McCoy ha explicado el mecanismo que conduce a que los éxitos en la erradicación de campos de coca o de opio se traduzcan en una extensión del cultivo. En la medida en que los campesinos dependen del crédito que les conceden los compradores, la destrucción de su cosecha les obliga a aumentar la del año siguiente para hacer frente a sus deudas, replantando las mismas tierras o desplazándose a otras. Tras el éxito obtenido por las campañas de defoliación química de los cultivos de coca en Colombia, la producción aumentó en un 25 por ciento.

En los Estados Unidos el resultado más visible de las campañas de lucha contra la droga ha sido el de llenar las cárceles con infractores, mientras el número de los consumidores ha aumentado (en 1970 se calculaba que 20 millones de norteamericanos habían consumido en alguna ocasión cocaína, mientras en 2007 esta cifra se había elevado a 138 millones) y el éxito del tráfico se puede verificar en el hecho de que la pureza de la droga ha aumentado y los precios en la calle han bajado.

A asegurar la continuidad de la producción y el tráfico contribuye el hecho de que el dinero de la droga haya llegado a todas partes. «Libres de regulaciones formales como consecuencia de la prohibición —dice McCoy— esta vasta empresa ilícita puede pagar impuestos informales a los policías, los funcionarios de aduanas, los militares y los políticos a lo ancho del mundo entero.» Se aseguraba que la droga era la base de la financiación de «Sendero luminoso» en Perú, y en Colombia se ha relacionado con la droga tanto a las FARC, que cobraban impuestos a los traficantes, como a los paramilitares, que traficaban directamente, y cuyas conexiones con los políticos colombianos, incluida la familia del presidente Uribe, complican todavía el panorama.

La lucha contra la droga se suele dirigir contra quienes la cultivan, la transportan o trafican con ella, pero es mucho menos eficaz en lo que se refiere a perseguir a los que participan en las complejas operaciones de lavado del dinero. La lucha contra el blanqueo se presenta como uno de los frentes fundamentales de estas campañas, pero los resultados obtenidos parecen pequeños y marginales, lo que invita a suponer que una gran parte de los beneficios acaban legitimados en las cuentas de empresas e instituciones financieras (como señalaba el Wall Street Journal en marzo de 2011, los bancos se resisten a identificar al beneficiario individual de sus cuentas).

La lucha contra el narcotráfico permite además encubrir otras formas de intervención. El Plan Colombia, en el que los Estados Unidos invirtieron unos 5000 millones de dólares entre 1999 y 2007, no parece haber servido para disminuir la producción de droga, pero sí para hacer más eficaz la lucha contra las FARC. Y es que, como reconocía The Economist a fines de 2007, «aunque se haya pretendido venderlo como un programa contra la droga, el Plan Colombia es en realidad un ejercicio de contrainsurgencia».

En todo caso, lo que parece evidente, de acuerdo con las estimaciones más recientes, es que la producción potencial de cocaína sigue en sus cifras máximas y que los grandes cambios que han tenido lugar desde 1990 han llevado a una disminución de la parte que corresponde a la producción de Bolivia, un aumento de la de Perú (donde ha reaparecido una guerrilla de la droga, al parecer más eficaz y más capaz de convivir con los campesinos que el viejo Sendero luminoso), y sobre todo de la de Colombia, que se mantiene estable como primer productor pese a todos los «planes», a lo cual hay que sumar el protagonismo creciente de México, cuyos cárteles han obtenido el control de la distribución en muchas ciudades estadounidenses —gracias, en palabras de The Economist, a que «se arman con facilidad en las armerías norteamericanas y lavan sus beneficios en bancos norteamericanos»— y mantienen una guerra abierta que amenaza la propia estabilidad del estado mexicano.

Los intentos de controlar el lavado de dinero en los Estados Unidos han llevado a que aumente el tráfico clandestino de dólares hacia México, que moviliza, según estimaciones de la DEA, un volumen de entre 18 000 y 39 000 millones de dólares al año, de los que por lo menos 10 000 millones volverán «legalmente» a los bancos norteamericanos a través de instituciones financieras mexicanas, mientras otra parte marchará a Colombia y a otros países para pagar a los productores de cocaína.

En mayo de 2010 Martha Mendoza, de la Associated Press, afirmaba que al cabo de cuarenta años esta «guerra contra las drogas» que había costado un billón de dólares y cientos de miles de vidas había fracasado por completo.

LAS DICTADURAS DEL CONO SUR

A medida que la revolución cubana extendía el pánico, no solo en los Estados Unidos, sino entre los grupos dominantes de los países de América Latina, se vio que los métodos que se habían aplicado en América Central y en el Caribe podían no bastar en los grandes países del sur, con partidos de izquierda importantes y unos sindicatos poderosos. Países en que, como se demostró en Chile, la izquierda podía incluso llegar al poder a través de su victoria en unas elecciones democráticas. Para hacer frente a estas amenazas se necesitaban dictaduras militares que contasen con un amplio apoyo logístico y, sobre todo, económico de los Estados Unidos, con el fin de que pudieran presentarse como alternativas de modernización.

En un informe secreto de 3 de agosto de 1976, el secretario adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos, Harry Shlaudeman, hacía un análisis benévolo de las dictaduras militares del Cono Sur, vistas desde la perspectiva de Washington. En él decía que estos regímenes, sintiéndose acosados por las izquierdas de sus países y por «la hostilidad y la incomprensión de las democracias industriales, engañadas por la propaganda marxista», se habían instalado en una mentalidad de asedio y creían estar librando una «guerra del tercer mundo» en que actuaban como «el último bastión de la civilización cristiana». El diplomático norteamericano se daba cuenta de que abusaban de la represión, aplicándola contra cualquier disidencia, pero no le preocupaban sus métodos, que llegaba a disculpar afirmando que «probablemente los militares creen que la tortura es indispensable».

Eran momentos en que el Departamento de Estado, con la aprobación inicial de Kissinger, pensaba aconsejar a los jefes de estado de Argentina, Chile y Uruguay que no iniciasen una campaña de asesinatos como la de la proyectada Operación Cóndor. El 16 de septiembre, sin embargo, Kissinger ordenó a Shlaudeman que no hiciera esta advertencia: cinco días más tarde, el 21 de septiembre, los agentes de Pinochet asesinaban a Orlando Letelier y al norteamericano R.K. Moffitt en las calles de Washington, lo que hubiese podido evitarse si se hubiese advertido previamente al dictador chileno.

BRASIL

La secuencia de estas dictaduras comenzó en 1964 en Brasil, un país que en los años cincuenta había crecido económicamente a tasas muy altas, aunque seguía habiendo en él una gran pobreza rural, que desde 1955 se expresaba a través de las «Ligas camponesas» de Francisco Juliao. La llegada de la crisis económica condujo a una agitación obrera y campesina que alarmó a los terratenientes, y que se extendió incluso a los suboficiales del ejército, lo que asustó a su vez a los militares. Esto sucedía en un país con una izquierda dividida e inactiva, empachada de retórica revolucionaria y de utopía.

La combinación del movimiento de los suboficiales de marina (con apoyo de los sindicatos y de los estudiantes), de una agitación campesina que se manifestaba con una fuerza creciente, de unos sindicatos en plena actividad y de la difusión de las ideas de un nacionalismo antiimperialista parecía apuntar en la dirección de una posible confluencia revolucionaria que había de asustar a la derecha. ¿Qué impidió que cuajasen efectivamente estas posibilidades revolucionarias? Jacob Gorender dice: «La hegemonía del liderazgo nacionalista burgués, la falta de unidad en las diversas corrientes de la izquierda, la competencia entre grupitos personalistas, las insuficiencias organizativas, los desastrosos errores acumulados y las incontinencias retóricas: todo esto en conjunto explica el fracaso de la izquierda. Hubo la posibilidad de ganar, pero se perdió».

Ante el aparente giro a la izquierda del presidente João Goulart, a quien el embajador norteamericano consideraba como un «incompetente delincuente juvenil» que iba a poner Brasil en manos de los comunistas, Johnson dio instrucciones de prestar un apoyo total a los militares que se disponían a echarlo del poder, para lo cual los Estados Unidos financiaron toda una serie de actos de desestabilización e incluso enviaron un portaviones para dar cobertura aérea a los sublevados si era necesario. Los militares, dirigidos por el general Castelo Branco, se hicieron con el poder dentro de un marco aparente de constitucionalismo, que no desembocó en una escalada de violencia hasta mucho más tarde, ya que su objetivo inicial era simplemente el de mantener el orden.

El 31 de marzo de 1964 comenzó el movimiento militar en Minas Gerais, mientras fracasaba una huelga general convocada en apoyo del gobierno. Los militares crearon un Mando central de la revolución, presidido por Costa e Silva, un jefe militar de prestigio, y el general Castelo Branco aceptó la presidencia, convencido por su amigo Vernon Walters, el agregado militar a la embajada norteamericana, que dirigía la intervención en Brasil contra «un régimen básicamente hostil a los Estados Unidos».

La izquierda no supo dar respuesta al golpe de estado de los militares. No solo no le hizo frente —no hubo ninguna resistencia— sino que pasó demasiado tiempo inmóvil, escondiéndose, mientras llegaban los créditos norteamericanos para ayudar a los militares a resolver los problemas económicos del país.

De momento el presidente Castelo Branco se limitaba a introducir medidas puntuales que reforzaban su autoridad, conservando un cierto marco de legalidad constitucional. Los militares crearon un partido, Arena (Alianza Renovadora Nacional), y escogieron candidatos para las elecciones presidenciales. Costa e Silva fue elegido en 1966, y en 1967 se promulgó una nueva Constitución que reforzaba los poderes del ejecutivo. La izquierda descubrió entonces que no había posibilidad de evolución pacífica y optó por la lucha armada. Fueron los años en que se difundió el «foquismo» guevarista y en que se pusieron de moda los esquemas de revuelta guerrillera campesina.

La situación de protesta cristalizó en 1968, a partir del malestar estudiantil. La muerte de un estudiante de Río por la policía militar provocó una gran manifestación en su entierro y un clima acentuado de protesta. Dos grandes huelgas obreras, y en especial una en São Paulo en que los estudiantes colaboraron con los trabajadores, provocaron la respuesta enérgica del gobierno. El punto final fue el discurso del diputado Márcio Moreira Alves, que incitaba a la población a no participar en el desfile militar del 7 de septiembre y sugería a las mujeres que «se negaran a tener relaciones amorosas con oficiales que se mantuvieran en silencio ante la represión». Esto indignó en los cuarteles, que querían encarcelar al diputado, cosa que impedía la Constitución de 1967. Como el Parlamento se negó a suprimirle la inmunidad, el presidente cerró el Congreso el 13 de diciembre de 1968.

Costa e Silva sufrió en 1969 un ataque que lo dejó paralizado, pero los militares, en lugar de proclamar como sucesor al vicepresidente, fingiendo que seguía en vigor la Constitución que ellos mismos habían redactado, optaron por crear una Junta que asumió el poder a fines de agosto de 1969 y que nombró presidente a Emilio Garrastazu Médici (1969-1974), quien estableció un canal secreto de comunicación con Nixon para discutir con él la necesidad de una política común contra «los Castros y Allendes», incluyendo objetivos como una campaña contra el peruano Velasco Alvarado o la manipulación de las elecciones en Uruguay. Garrastazu Médici se comprometió a dar apoyo a los militares chilenos contra Allende e intervino efectivamente en Uruguay en 1971 para evitar un triunfo electoral de la izquierda. Nixon llegó a pensar que el régimen de los militares brasileños podía ser un instrumento adecuado para protagonizar en América Latina la guerra sucia que los Estados Unidos no podían realizar sin comprometerse.

El gobierno de los militares duró en Brasil 21 años, de 1964 a 1985. Al principio se mostraron relativamente moderados. Pero a medida que la izquierda comenzó a responder con la guerrilla urbana, la represión se fue endureciendo y se extendió de los trabajadores sindicados, que fueron su primer objetivo, a los estudiantes y a los miembros de la propia burguesía.

Los intentos de la guerrilla urbana, cuyo dirigente más famoso fue Carlos Marighella, no tuvieron éxito alguno, pese a la realización de algún acto espectacular, como el secuestro del embajador norteamericano Burke Elbrick en septiembre de 1969; Marighella cayó muerto en las calles de São Paulo dos meses más tarde y a comienzos de 1972 no quedaba apenas rastro del movimiento.

Mientras tanto, la nueva oleada de crecimiento económico, el «milagro brasilero» de 1969 a 1973, acabó de consolidar a los militares en el poder. De hecho, las eliminaciones físicas y los desaparecidos no se produjeron sistemáticamente hasta 1971, con Garrastazu Médici, y fue sobre todo a partir de marzo de 1974, después de la toma de posesión como presidente de la república del general Ernesto Geisel, cuando la represión se hizo más brutal.

En el terreno de la economía los militares habían seguido un programa de substitución de importaciones y se embarcaron para ello en la contratación de préstamos en los mercados mundiales de capital. El aumento de los intereses de la deuda después de 1980 llevó al fracaso esta política, lo cual debilitó a los militares, que decidieron retirarse a sus cuarteles, dejando paso a la «nueva república» en 1985. Durante una década las débiles presidencias de Sarney y de Fernando Collor de Melo intentaron hacer frente a la situación, con medidas de liberalización impuestas como condición del Plan Brady para reestructurar la deuda. No se pudo con ello frenar la inflación, que se había convertido ya en hiperinflación cuando Collor fue obligado a dimitir, al descubrirse que estaba inmerso en una red de corrupción (su asesor financiero, Farias, había blanqueado miles de millones de dólares procedentes del tráfico de drogas), y fue reemplazado por su vicepresidente Itamar Franco.

URUGUAY

En Uruguay, considerado habitualmente como un país estable, «la Suiza de América», con su vida política dominada por los dos partidos tradicionales, Blanco (o Nacional) y Colorado, la crisis económica favoreció desde 1968 que se produjese un avance en el apoyo popular a los partidos de izquierda, que se iban a presentar a las elecciones de 1971 asociados en un «Frente amplio», mientras el gobierno de Jorge Pacheco Areco, del Partido Colorado, practicaba una dura política represiva contra el movimiento obrero y contra la agitación de los estudiantes, con el pretexto de la lucha contra la guerrilla urbana de los «Tupamaros» (Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros), que comenzaron realizando acciones espectaculares de propaganda política —atracos a empresas, o al casino de Punta del Este, acompañados por la publicación de documentos que probaban la corrupción de políticos y hombres de negocios—, pero fueron endureciendo sus actuaciones en la medida en que respondían a la brutalidad policíaca, hasta que en agosto de 1970 secuestraron, y mataron más tarde, al «consejero de seguridad» norteamericano Dan Mitrione.[199] En 1971 secuestraron al embajador británico Geoffrey Jackson y lo mantuvieron en cautividad durante ocho meses. Fue la implicación del ejército en la lucha contra la guerrilla urbana la que, con la colaboración de un traidor que les proporcionó la información necesaria, permitió capturar a uno de sus principales dirigentes, Raúl Sendic, y poner fin a la actividad guerrillera en 1973, por el mismo tiempo en que el ejército liquidaba los elementos de democracia formal que subsistían.

La situación política de Uruguay había alarmado a los Estados Unidos y el temor a que el Frente Amplio pudiera conseguir un triunfo electoral movió a Washington, no solo a utilizar todos los medios posibles para ayudar al partido de Pacheco Areco, sino a buscar el apoyo de los gobiernos de Argentina y Brasil, que ayudaron a manipular las elecciones de 1971 para evitar el triunfo de la izquierda. Brasil, en concreto, parece que llegó a proyectar una invasión de Uruguay si se producía la victoria del Frente Amplio. Tras una elección confusa, en que se pretendía que Pacheco repitiese mandato, se proclamó vencedor a su delfín, Juan María Bordaberry,[200] quien, incapaz de controlar una desastrosa situación económica y social, pactó con los militares el golpe de estado que el 27 de junio de 1973 disolvió el Parlamento, los partidos y las organizaciones sociales e instauró una feroz dictadura militar durante la cual millares de personas fueron encarceladas y torturadas, y centenares desaparecieron, mientras las fuerzas de seguridad uruguayas colaboraban con las de otras dictaduras del Cono Sur en la persecución y asesinato de ciudadanos uruguayos refugiados en otros países.

CHILE

El caso de Chile es aquel en que aparece con más claridad la responsabilidad norteamericana en el triunfo de las sangrientas dictaduras del Cono Sur. Lo cual es explicable, dado que la amenaza de que se instalase en el país un gobierno izquierdista con afinidades ideológicas con Castro significaba el fracaso total y definitivo de la política de atracción que se había iniciado con el programa de Alianza para el progreso, que había tenido en Chile y en Venezuela sus dos mayores beneficiarios, y los dos mejores ejemplos del tipo de desarrollo económico en un marco de democracia formal que se propugnaba desde Washington para América Latina.

Las intromisiones norteamericanas para impedir el triunfo electoral de la izquierda comenzaron ya en la época de Kennedy, financiando toda una serie de operaciones encubiertas de propaganda y utilizando fondos secretos para apoyar a Eduardo Frei (que fue presidente de la república de 1964 a 1970) y al Partido Demócrata Cristiano. En la campaña para las elecciones de 1964 la CIA gastó 2,6 millones de dólares para favorecer a Frei y otros tres millones de dólares en propaganda contraria a Allende, tratando de asustar a los votantes para alejarlos del Frente de Acción Popular (FRAP). Frei conocía la procedencia de la ayuda, pero procuró que se mantuviese oculta, porque cualquier relación que lo vinculase con subsidios financieros de los Estados Unidos «sería fatal».

Pero la amenaza de Allende no quedó descartada para el futuro, hasta el punto que el 15 de septiembre de 1970 Nixon ordenó a la CIA que organizase un golpe militar, en el caso de que no se pudiese evitar que Allende ganase las elecciones chilenas al frente de la coalición de la Unidad Popular. Las notas manuscritas de las instrucciones de Nixon que tomó Richard Helms, el director de la CIA, se ha dicho que son «el primer documento escrito en que un presidente norteamericano ordena el derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente». El proyecto FU/BELT recibió una primera formulación el 16 de septiembre en un memorándum del jefe de la División del Hemisferio Occidental de la CIA, donde se decía que «el presidente Nixon ha decidido que un régimen Allende en Chile no es aceptable para los Estados Unidos» y que la agencia debía impedir que llegase al poder, o derribarlo, si fracasaba en este intento, para lo cual se le asignaban originalmente diez millones de dólares, y «más si fuese necesario».

La CIA comenzó a moverse inmediatamente y envió nuevos agentes a Chile, donde les parecía que no había en estos momentos el clima adecuado para un golpe. Se creyó por ello conveniente actuar contra la situación económica del país para crear malestar, y se avisó a los demócrata-cristianos que «haremos todo lo que esté en nuestra mano para condenar a Chile y a los chilenos a la mayor de las privaciones y a la pobreza». Para ello buscaron la colaboración de las grandes empresas norteamericanas establecidas en Chile, como las mineras Anaconda y Kennecott, alarmadas ante la perspectiva de una nacionalización sin indemnización alguna, puesto que Allende argumentaba que los grandes beneficios que habían realizado en el pasado eran compensación suficiente. Algunas de estas empresas endurecieron su postura ante las huelgas, como la ITT, que desde el primer momento colaboró estrechamente con la CIA. Nixon recibía en Washington al embajador norteamericano en Santiago, diciéndole: «Este hijo de puta de Allende. Vamos a aplastarlo».

El 21 de septiembre de 1970 el embajador Korri avisaba que, para impedir el acceso de Allende y sacar adelante el golpe que estaban fraguando con el general Viaux, «el general Schneider [comandante en jefe del ejército de Chile] debería ser neutralizado, desplazándolo si es necesario». El desplazamiento previsto era su secuestro, que la propia CIA preparó: se le capturaría a la salida de una recepción en la residencia del general Valenzuela, lo llevarían en un avión a Argentina y se diría que su desaparición se debía a que había sido secuestrado por los izquierdistas. Ello permitiría iniciar la búsqueda de Schneider por todo Chile, «usando esta búsqueda como pretexto para intervenir en las “poblaciones” [barrios] comunistas». Los militares promoverían a los golpistas al poder, el presidente Frei abandonaría Chile y se crearía una junta militar que disolvería el Parlamento.

El secuestro falló. Había que capturar a Schneider cuando saliese de la reunión en su coche oficial; pero marchó en su coche personal y el equipo de secuestro se puso nervioso y le perdió. Pocos días después, el 23 de octubre, le tendieron una emboscada y lo asesinaron. Nixon envió un telegrama de condolencia al presidente saliente, Frei, expresándole «su pesar por este repugnante acontecimiento», que él mismo había inspirado. Pero las cosas no estaban saliendo como se había planeado y el 25 de octubre el Congreso chileno ratificó a Allende como presidente, ante el furor de Washington.

Pocos días después de esta proclamación Nixon reunió al Consejo de Seguridad Nacional para discutir la forma de derrocar a Allende cuanto antes. Se comenzó bloqueando la economía chilena y se organizaron actividades encubiertas de desestabilización, mientras se mantenían y aumentaban los contactos con los militares.

Todo esto sucedía en la época en que Nixon protagonizaba los momentos culminantes del plan que iba a coronar su política internacional con sus viajes a China, en febrero de 1972, y a la Unión Soviética, en mayo de este mismo año. De regreso en la Casa Blanca, el 15 de junio de 1972, se entrevistó con el presidente mexicano Luis Echeverría, quien, aunque en público se presentase como un defensor de las causas de izquierda —había visitado a Allende en Chile y se disponía a viajar a Moscú y a Beijing— descubría en las conversaciones con Nixon su verdadera faz de anticomunista duro, que denunciaba una conspiración roja que, según su visión paranoica, abarcaba desde Chile y Cuba hasta los grupos «chicanos» de California, los activistas negros norteamericanos y los estudiantes de Berkeley. Pese a que le había encantado encontrar en el mexicano un alma gemela, Nixon no podía dejar de quejarse a Haldeman: «Después de haberte ocupado en dos encuentros en la cumbre —uno en Beijing y otro en Moscú— de temas tan importantes, resulta muy difícil ocuparse incluso de una nación tan importante como México. Lo cual, francamente, se podría decir también de los británicos, los franceses, los italianos y los alemanes. ¿Entiende lo que quiero decir? En estos momentos hay en el mundo unos países que cuentan y otros que no cuentan». Los de América Latina, evidentemente, figuraban entre los que no contaban, salvo para enseñarles a mostrarse disciplinados.

En vista de que ni el acoso económico ni las campañas de propaganda montadas por la CIA a través de los medios que financiaba, como el periódico El Mercurio, habían disminuido la popularidad de Allende, hubo que pensar en hacer algo más, con el fin de poner orden en el patio de atrás latinoamericano. Cuando las elecciones para el Congreso de 1973 mostraron que Allende podía mantenerse en el poder, no quedó otro camino abierto que el del golpe militar. En junio hubo un primer intento, mal organizado, que fue fácilmente aplastado; ninguno de los jefes importantes se había sumado a él. En agosto la CIA recibió fondos para pagar huelgas y manifestaciones callejeras.

La preparación del nuevo golpe tenía como principal problema la resistencia que podía ofrecer el general Carlos Prats, que había sucedido a Schneider en la jefatura del ejército, a quien también se pensó en secuestrar y asesinar. Una campaña de desprestigio montada por El Mercurio y por la derecha consiguió que dimitiera a fines de agosto, y dejó el camino abierto al golpe de estado. En Washington se sabía que representantes de las tres armas habían acordado a comienzos de septiembre un plan para el derrocamiento de Allende que tenía como fecha fijada el día 10; luego se cambió al 11. De paso los militares preguntaban a los Estados Unidos si, en caso de fallar, les darían apoyo. No hizo falta. Como dijo el teniente coronel Ryan: «el golpe de estado de Chile fue casi perfecto».

Kissinger justificó la actuación de los Estados Unidos en una reunión secreta en la Casa Blanca, el 17 de septiembre, diciendo: «Hemos de enfrentarnos en todo el mundo a amenazas a las instituciones democráticas y necesitamos acciones encubiertas para enfrentarnos a ellas»; Allende «era un enemigo de los Estados Unidos y uno se pregunta ¿por qué no teníamos que combatirlo?». En sus memorias escribió así el epitafio del presidente de cuya muerte había sido instigador directo: «El mito de que Allende era un demócrata lo han fomentado aquellos que solo condenan las violaciones de los derechos humanos por la derecha».

El golpe se produjo el 11 de septiembre de 1973 y Salvador Allende se suicidó en el propio palacio de La Moneda. De todos modos las transmisiones radiofónicas interceptadas este día permiten comprobar cuáles eran las intenciones de los militares, y el salvajismo personal de Pinochet, con su cínica declaración: «Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo [a Allende] del país… pero el avión se cae, viejo, cuando vaya volando».

Las relaciones de los conspiradores con los Estados Unidos se mantuvieron inicialmente por contactos personales, porque, dado el carácter sangriento de la represión que siguió, los norteamericanos pretendían aparecer como ajenos a unos crímenes de los que habían sido instigadores y cómplices: aunque la Junta cifraba en 244 las muertes producidas por el golpe, la CIA calculaba el 20 de septiembre que podían haber sido unas 4000 y cuatro días más tarde las estimaba entre 2000 y 10 000.

Los actos de brutalidad eran públicos y deliberados. Por ejemplo, para asegurarse de que las autoridades provinciales del norte «aceleraban» el curso de la represión, Pinochet envió a mediados de octubre al general Arellano Stark con cinco oficiales, en lo que se llamó la «caravana de la muerte», a sacar prisioneros de las cárceles para ejecutarlos brutalmente —se les disparaba de forma que muriesen lentamente—, y arrojar sus cadáveres a fosas comunes: en tan solo cuatro días la caravana dejó tras de sí sesenta y ocho muertos.

El cálculo de las víctimas de la dictadura a lo largo de toda su gestión oscila entre 5000 y 15 000 muertos. El juez Garzón afirmaba en el auto de procesamiento de Pinochet que más de 300 000 personas fueron privadas de libertad; más de 100 000, expulsadas u obligadas a exiliarse: «las personas muertas y/o desaparecidas ascienden a casi 5000 (…) Más de 50 000 personas son sometidas a tortura».

No se trata tan solo de la represión de los primeros momentos, ligada a la voluntad de asentar el triunfo del golpe, sino que esta siguió, llevada a cabo por la temida DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), al frente de la cual estaba el coronel, después general, Manuel Contreras, que se dedicó a matar sin escrúpulo alguno.

Con la DINA trabajaba el norteamericano Michael Vernon Townley, casado con una chilena, que dirigía un proyecto para producir gas sarín, reservado en principio para operaciones militares, pero que se quería también proporcionar a grupos de cubanos anticastristas para sus actuaciones terroristas. Townley fue el encargado de llevar a la práctica la primera gran operación exterior de la DINA, el asesinato en Washington del general Orlando Letelier y de su compañera de trabajo, la estadounidense Ron Moffitt. Marchó para ello a los Estados Unidos con una cantidad de gas sarín en una botella de perfume, pero acabó usando una bomba. La explosión tuvo lugar el 21 de septiembre de 1976 a catorce manzanas de la Casa Blanca, lo que irritó a los norteamericanos, que no habían sido consultados.

El escándalo obligó a desplazar de su mando al general Contreras, que acabó en la cárcel y manifestó que había actuado en todos los casos, el de Letelier incluido, por orden de Pinochet. Le sucedió Odlanier (Reinaldo, al revés) Mena, y la DINA se convirtió entonces en CNI (Central Nacional de Informaciones). «Pero el CNI demostró ser cualitativamente, sino cuantitativamente, tan represivo como su predecesor.» La represión descendió entre 1978 y 1980, pero cuando las protestas contra el régimen aumentaron, también lo hizo la violencia del CNI, con actos como el asesinato del ex presidente Frei en 1982, envenenado en la clínica a la que había acudido para una intervención quirúrgica de escasa gravedad, o la decapitación de tres profesores en marzo de 1985. En la etapa de gestión de Mena hubo entre 160 y 200 desaparecidos más.

En 1978 la iglesia de Chile presentó el estudio de 613 casos perfectamente documentados de «desaparecidos», y poco después hubo descubrimientos como el de «don Inocente, el Viejo», un minero jubilado que, buscando a su hijo desaparecido, encontró un horno de cal en Lonquén con quince cadáveres de hombres que al parecer fueron enterrados vivos. Ante un grupo de dirigentes cristianos Pinochet dijo en 1974 para justificarse: «Ustedes son sacerdotes y tienen el lujo de ser misericordiosos. Yo soy soldado y el presidente de toda la nación chilena. El pueblo fue atacado por el bacilo del comunismo y hay que extirparlos a los marxistas y comunistas. Hay que torturarlos, porque de otra manera no cantan».

El régimen no se civilizó nunca. La justicia estuvo siempre sometida a la voluntad de los militares y se dedicó a legitimar sus atropellos. Un intento de protesta pública en agosto de 1983 fue reprimido por el gobierno con el resultado de la muerte de 26 personas, «algunas cayeron en sus casas, baleadas a través de los muros; otras fueron ultimadas desde autos en marcha; otras, alcanzadas por balas sin destino».

Del perfecto entendimiento entre Kissinger y Pinochet puede dar idea el diálogo que mantuvieron el 8 de junio de 1976 en que Pinochet sostenía que él era un continuador de la lucha contra el comunismo que se había iniciado en la guerra civil española y explicaba que ya cuando la guerra de Vietnam había expresado su apoyo a los norteamericanos, a lo que Kissinger daba esta contestación: «En Vietnam nos derrotamos nosotros mismos por nuestras divisiones internas. Hay una campaña mundial de propaganda por obra de los comunistas».

El mismo día en que tenía lugar esta conversación un oficial de los servicios secretos de Chile que se había refugiado en la embajada de Italia para escapar del país se entrevistó con corresponsales de la CBS y del Washington Post y les contó que, poco después del golpe, los chilenos habían asesinado a un ciudadano norteamericano, Charles Horman —es el caso que el cine difundió con la película Missing—, y que él creía que mientras se le torturaba e interrogaba había un agente norteamericano en la habitación: «Yo diría que fue la CIA la que apretó el gatillo». Pinochet sostenía, en cambio, que lo habían matado unos izquierdistas disfrazados de militares.

Al Departamento de Estado empezó a preocuparle la cuestión porque el Congreso, la comunidad académica, la prensa y la familia Horman le acusaban de complicidad, y la verdad era que sus propios dirigentes temían que los servicios secretos hubiesen colaborado en el crimen. Cuando la prensa norteamericana descubrió algunos aspectos de la conspiración, el jefe de la CIA, Helms, fue llamado a declarar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde afirmó solemnemente, cometiendo perjurio, que la CIA no había hecho nada en contra de Allende.

La dictadura se había instalado en 1973 como un gobierno colegiado de las tres armas, que inicialmente se presentaba, como suelen hacer los golpistas militares, como un paréntesis hasta el retorno de la legalidad constitucional. Después Pinochet, que asumió sucesivamente los títulos de jefe supremo de la Nación y de presidente de la República, desplazó a sus compañeros, se construyó un poder personal y trató de perpetuarse. Pero, a diferencia de otras dictaduras, los militares no constituyeron un partido propio, sino que mantuvieron el poder en sus manos, mientras el contenido político lo aportaban sectores de la derecha tradicional, como los miembros del movimiento «gremialista» (nacido en la Pontificia Universidad Católica de Chile bajo la inspiración de Jaime Guzmán, uno de los redactores de la Constitución pinochetista) y los llamados «Chicago-boys», economistas salidos de la propia universidad chilena que completaron su formación en Chicago con Milton Friedman y que aplicaron en su país la política económica ultraliberal que este propugnaba, con medidas de tanta trascendencia como las privatizaciones del sistema de pensiones, de la sanidad o del sistema eléctrico.

Contra el tan difundido mito del éxito económico de esta política y del acierto de los «Chicago-boys» que la asesoraban, hay que recordar que el liberalismo pinochetista condujo a una sucesión de quiebras, así como a la crisis de la estructura especulativa que se había montado en torno a la dictadura, lo que llevó al desastre económico de 1982 y comienzos de 1983, con fracasos como el de la Corporación General Financiera, una de las muchas empresas que, con un capital mínimo, obtenían créditos bancarios enormes, con los que especulaban. Se descubrió entonces que la economía chilena estaba agobiada por el endeudamiento, que el desempleo era muy alto y que el salario real de los trabajadores había disminuido en comparación con el de las épocas de Frei y de Allende. Pinochet optó entonces por deshacerse de su equipo de asesores liberales y se vio obligado a devaluar la moneda, lo que agravó la situación de las empresas endeudadas.

El dictador cayó en el error de aceptar la celebración de un plebiscito, el 5 de octubre de 1988, que perdió y que le obligó a iniciar una transición hacia la democracia, estrechamente controlada y asegurándose la impunidad personal con su cargo de senador vitalicio. No se trata sin embargo de que cediera ante la expresión de la voluntad popular, sino que lo hizo como consecuencia de la falta de apoyo de los propios militares. Según el general Fernando Matthei, que, como comandante en jefe de la fuerza aérea, era miembro de la junta desde 1978, Pinochet les citó en el Palacio de la Moneda de madrugada, antes de que se conociesen los resultados del plebiscito, y pretendió obligarles a firmar un documento que le concedía plenos poderes de negociación, al tiempo que se manifestaba dispuesto a sacar las tropas a la calle. Dos de los convocados se negaron a firmar.

Los años siguientes estuvieron marcados por el progresivo desmontaje de las leyes de impunidad con que Pinochet había tratado de protegerse de las responsabilidades de la dictadura, mientras eludía a los tribunales alegando que su salud mental no permitía someterle a juicio, algo que quedaba desmentido cada vez que empezaba a justificar sus crímenes con perfecta lucidez. Mientras tanto Contreras, el antiguo jefe de la DINA, declaraba que Pinochet conocía cuanto se estaba haciendo: «Pinochet lo sabía todo. Yo respondo por lo mío como subalterno, pero él debe responder por lo que ordenó a los subalternos». Las cosas se complicaron, además, al descubrirse los 28 millones de dólares que el dictador había ocultado en cuentas secretas en bancos extranjeros. Una fortuna que, según Contreras, procedía en buena medida de la venta de la cocaína que se elaboraba, por cuenta de Pinochet, en la planta del ejército en Talagante, y que su hijo, Marco Antonio, y un socio se encargaban de sacar hacia Europa y los Estados Unidos para embolsarse los ingresos. La muerte de Pinochet en 2006 evitó que fuera llevado ante los jueces.

ARGENTINA

En los orígenes del caso argentino está la figura del general Juan Domingo Perón, elegido presidente por primera vez en 1946, que había utilizado y manipulado los sindicatos en su beneficio, consiguiendo que los trabajadores se integrasen con la «burguesía nacional» en la estructura vertical del Partido Justicialista, de acuerdo con un programa «nacional-popular». Fue derrocado en 1955 por las fuerzas armadas y se inició con ello un período en que los golpes militares, destinados en buena medida a mantener la exclusión del peronismo, alternaron con presidentes elegidos —Arturo Frondizi (1958-1962), Arturo Illía (1963-1966)— que no acabaron sus mandatos. En 1966, finalmente, un nuevo golpe militar protagonizado por el general Juan Carlos Onganía se presentó con la voluntad de establecer una dictadura estable, que se mantuvo hasta que el fracaso de su gestión y la fuerza de la resistencia que se les oponía les llevaron a buscar una nueva salida electoral en 1973, siempre con la prohibición de que Perón se presentase como candidato.

Durante todos estos «años de exclusión» la dirección real del peronismo en el interior quedó en manos de los sindicatos, mientras el régimen peronista se beneficiaba en el imaginario popular de haber coincidido con unos años de prosperidad y, sobre todo, de la imagen que había dejado la esposa de Perón, Evita, con su discurso populista y la actuación benéfica de su Fundación. Surgió incluso una guerrilla urbana que idealizaba el peronismo como un movimiento revolucionario, la de los «montoneros», que se autoproclamaban «soldados de Perón», y que protagonizaron actos como el secuestro y asesinato del general Aramburu. Hasta que el retorno de Perón les demostró que se habían equivocado.

Las elecciones de 1973 dieron la victoria al peronismo en la persona de Hugo Cámpora, quien dimitió para facilitar que unas nuevas elecciones, esta vez sin limitaciones, diesen de nuevo el poder a Perón, que obtuvo la victoria con más del 60 por ciento de los votos. Había regresado en compañía de su segunda esposa, una antigua bailarina de cabaret que pretendía hacerse pasar por otra Evita, y de su secretario, José López Rega, «el brujo», un personaje siniestro, ex cabo de la policía y autor de un libro que aseguraba haber escrito en colaboración con el arcángel San Gabriel: un hombre que estuvo durante horas tratando de resucitar a Perón cuando murió (lo que explica que hubiese dos anuncios públicos de la muerte de Perón, separados por unas horas).

En esta nueva etapa Perón trató de purgar el partido de elementos izquierdistas, se enfrentó a las juventudes peronistas y a los montoneros, y permitió que en noviembre de 1973 comenzase a actuar la triple A (Alianza Anticomunista Argentina), una organización de mercenarios encargada de secuestrar, torturar y asesinar, con plena tolerancia policial, no solo a la extrema izquierda, sino incluso a miembros de la izquierda moderada.

A la muerte de Perón, el primero de julio de 1974, le sucedió su esposa María Estela (Isabel), cuyo gobierno llevó el país al caos, gravemente afectado por la crisis del petróleo. En 1976 la inflación era galopante y el orden público, inexistente: «Cada cinco horas ocurría un asesinato político, y cada tres estallaba una bomba». Que la situación acabase en un nuevo golpe militar era poco menos que inevitable.

El golpe del 24 de marzo de 1976, que inicialmente fue recibido con alivio, nombró una Junta integrada por los generales Videla y Agosti y por el almirante Massera, con Videla como presidente. Pronto hubo de verse que la esperanza de un regreso a una cierta normalidad tras el desbarajuste de los últimos años del peronismo era injustificada. Videla, ha escrito María Seoane, «llegaba al gobierno con un plan simple: la matanza de argentinos, algunos armados y la gran mayoría desarmados, que se oponían al arrasamiento de una Argentina democrática e industrial». El general Ibérico Saint-Jean, gobernador de Buenos Aires, declaraba después del golpe: «Primero mataremos a los subversivos; después a sus colaboradores; después…a sus simpatizantes; después…a los que permanezcan indiferentes: y, finalmente, a los tímidos». Lo que se llamó «el proceso», asegura Patricia Marchak, «había sido planeado con mucha anticipación: las cámaras de tortura estaban preparadas; el personal asignado para torturar había sido entrenado para efectuar sus tareas y estaba a punto para el trabajo pocos minutos después del golpe».

Los presos políticos eran unos 18 000 a fines de 1977; los muertos por el terror militar se calculan entre 10 000 y 20 000, mientras los exiliados fueron incontables. Una comisión investigadora de la OEA que visitó Argentina en 1979 acusó al régimen de «terrorismo de estado».

Sabemos hoy que los Estados Unidos recibieron inicialmente el golpe como «el más civilizado de la historia argentina», pero que cuando las noticias que transmitía la embajada de Buenos Aires comenzaron a revelar la magnitud de los crímenes que cometían los militares —«las cifras de los que fueron detenidos ilegalmente, escribía desde la embajada Maxwell Chaplin, llegan a miles, y muchos han sido atormentados y asesinados»—, optaron por tolerarlos y expresar a sus autores su simpatía. Kissinger le dijo en dos ocasiones —en Santiago de Chile en junio de 1976 y en Nueva York, en octubre del mismo año— al ministro de Exteriores de la Junta argentina, almirante César Augusto Guzzetti, que deseaban que tuvieran éxito y que no les causarían «dificultades innecesarias», a lo que añadió el consejo que solía dar a los dictadores amigos que le anunciaban su propósito de realizar alguna salvajada: «cuanto más pronto se haga mejor». Al año siguiente, ya durante el mandato de Carter, la retórica de defensa de los derechos humanos del nuevo presidente no significó cambio alguno en las relaciones de Washington con los estados al sur de Panamá, de modo que los militares sacaron la impresión de que aquello no iba en serio y que tenían carta blanca para seguir torturando y matando.

Una característica especial del caso argentino es que, a diferencia de lo ocurrido en Chile y en Brasil, donde las autoridades eclesiásticas condenaron la represión y ayudaron a los perseguidos cuando les fue posible, en Argentina la Iglesia colaboró con los represores sin ningún reparo. En el juicio celebrado contra el padre Christian von Wernich, acusado de colaboración con policías torturadores, el padre Rubén Capitanio reconoció que la Iglesia apoyó a la dictadura y la dejó torturar y matar sin hacer nada por ayudar a las víctimas, en lo que, más que una inacción culpable, puede considerarse como una colaboración. Según afirmó el capitán de la Armada Adolfo Scilingo, sus superiores le habían informado de «que el método de arrojar personas vivas al mar [desde helicópteros volando a considerable altura] había sido consultado con la jerarquía eclesiástica, que lo aprobó por considerarlo “una forma cristiana” de muerte».

La comisión que estudiaba la suerte de los «desaparecidos» publicó en 1984 una estimación que decía que los casos documentados y denunciados eran 8960 (la adición de otros nuevos elevó la cifra a 9089, mientras en las cuentas de los propios represores del Batallón de inteligencia 601 se elevaban a 22 000). Se trataba de gente «secuestrada» sin ningún requisito judicial por miembros de las fuerzas armadas, que eran llevados a alguno de los 364 centros de detención clandestinos, donde eran sometidos a tortura. «De algunos de los métodos empleados no se conocían antecedentes en otras partes del mundo. Hay varias denuncias acerca de niños y ancianos torturados junto a un familiar, para que este proporcionara la información requerida por sus captores.» Muchos de los detenidos fueron eliminados «con ocultación de su identidad, habiéndose en muchos casos destruido sus cuerpos para evitar su posterior identificación». Lo más revelador de la naturaleza de estas desapariciones es que no tenían nada que ver con el terrorismo. Los consejos de guerra «normales» —esto es la justicia «pública»— solo condenaron por terrorismo y subversión a 350 personas. Pero es que, como dijo el teniente general Videla, jefe supremo de la junta, no se podía fusilar públicamente a miles de argentinos; lo mejor era hacerlos desaparecer en una guerra sucia.

La inmensa mayoría de estos «desaparecidos» eran civiles, hombres y mujeres de 20 a 30 años de edad, aunque hubo también unos 800 adolescentes de 11 a 20 años y unos 500 niños, algunos de ellos nacidos de las presas embarazadas, que fueron en su mayor parte adoptados por los seguidores de la dictadura, en lo que era una forma de hacer desaparecer hasta la descendencia de los condenados.

Todo ello sucedía a la vez que se alimentaba la pasión nacionalista popular con la conquista en la propia Buenos Aires del campeonato del mundo de fútbol de 1978, «planeado como una vastísima operación política y militar».

Los militares suprimieron los sindicatos, decidieron acabar con la política de protección estatal que había hecho posible una larga etapa de industrialización para la sustitución de las importaciones y confiaron la gestión de la economía a José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de 1976 a 1981, que liberalizó el comercio exterior, con la preocupación de frenar la inflación. El resultado de su gestión fue una combinación de factores que favorecieron la actividad especulativa y dejaron la economía argentina en una situación de estancamiento: el PIB por habitante disminuyó entre 1975 y 1985, con un caída muy sensible de la parte correspondiente a la participación de los asalariados.

Comenzaba la etapa de la especulación financiera, con tipos de interés libres que alentaban las operaciones a corto plazo de capitales del exterior que aprovechaban los altos tipos de interés para obtener beneficios y retirarse del país sin trabas, mientras un peso sobrevaluado y un mercado abierto a las importaciones exteriores arruinaban a la industria local, incapaz de competir, lo que acabó llevando, a partir de 1980, a una oleada de quiebras de empresas y de bancos privados y a una inflación que llegó al 100 por ciento. Fueron estos unos «años de plomo» en que emigraron del país unos 200 000 argentinos de las capas medias educadas (profesionales, profesores universitarios, etc.), lo que representaba una grave pérdida de capital humano.

Mientras tanto los mecanismos de la represión de las dictaduras del Cono Sur se extendían y cobraban una dimensión internacional. Documentación encontrada en Paraguay en diciembre de 1992 puso al descubierto la «Operación Cóndor», una alianza secreta de los gobiernos de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú y Bolivia, creada en Santiago de Chile en una reunión celebrada el 25 de noviembre de 1975, a invitación de Contreras, para coordinar a escala internacional la acción secreta de sus respectivas fuerzas represivas en lo que calificaban como una especie de Interpol «dedicado a la subversión».

Como consecuencia de ello, centenares de exiliados chilenos, bolivianos, paraguayos, brasileños y uruguayos fueron interrogados, torturados y en muchos casos asesinados en los centros de detención de diversos países, muy especialmente en Argentina. Las autoridades peruanas, por ejemplo, secuestraron a tres montoneros en Lima en junio de 1980 y los enviaron a Argentina, donde, según informaba un funcionario norteamericano desde Buenos Aires, «serán interrogados y, después, desaparecerán permanentemente». Se propuso también la eliminación de políticos fuera del ámbito de los seis países participantes en el acuerdo (cuatro agentes argentinos, enviados para asesinar a los dirigentes «montoneros» refugiados en México, fueron descubiertos por los servicios secretos mexicanos y expulsados del país) y se llegó incluso a planear el asesinato de un congresista norteamericano.

La junta que presidía Videla cedió el poder en 1981 a otra dirigida por el general Viola, pero, ante el desastre de la economía, el general Galtieri echó a Viola y trajo consigo un nuevo gestor que acabó de precipitarla en el abismo. Viendo que comenzaban a producirse grandes manifestaciones contra el gobierno, como reflejo del malestar existente, Galtieri optó por organizar una aventura militar que podía hacer vibrar a los argentinos: la conquista de las islas Malvinas (Falkland para los ingleses), que se inició en abril de 1982, con la esperanza de que Gran Bretaña no iba a emprender una operación bélica a tan gran distancia. Se equivocaba. Margaret Thatcher, que contó con el apoyo tanto de Ronald Reagan —quien en esta ocasión no hizo caso a su ideóloga oficial, Jeane Kirkpatrick, que defendía la teoría tradicional norteamericana de apoyar a «nuestro hijo de puta»—, como de Pinochet, organizó una ambiciosa operación naval que le permitió reconquistar las islas a mediados de junio (en una victoria que iba a recordar a los británicos épocas añejas de su pasado imperial y que contribuyó a que la Thatcher obtuviese un amplio triunfo electoral).

Para la Junta militar argentina, que había realizado una propaganda desmesurada de los primeros éxitos militares de esta empresa, como el hundimiento del destructor británico Sheffield, la derrota significó el descrédito final. Galtieri hubo de dimitir y el último de los presidentes de la junta, Reynaldo Bignone, restableció los partidos y convocó elecciones. Las primeras de esta nueva etapa democrática las ganó el radical Raúl Alfonsín en octubre de 1983, rompiendo con largos años de dominación peronista. El intento de someter a la justicia a los dirigentes de la dictadura militar fue frenado por una revuelta de los oficiales en abril de 1987, que se saldó con leyes que les garantizaban la impunidad.[201]

Alfonsín llegaba al poder en un país que se había endeudado más allá de sus posibilidades (la deuda exterior había pasado de 8000 millones de dólares en 1976 a 45 000 en 1983), con paro, una industria en decadencia y un sector financiero que acabó boicoteando el intento estabilizador del Plan Austral y abrió paso a la hiperinflación en que acabó el mandato del gobierno radical —la vox populi atribuía este fracaso a una conspiración de los bancos y del sistema financiero— y que volvió a traer el peronismo al poder en la persona de Menem.

EL FRACASO DEL CENTRISMO

Con el final de la guerra fría y el avance de la globalización la política norteamericana respecto del sur definió un programa de integración económica entre «democracias librecambistas», con el NAFTA —el acuerdo de libertad de comercio entre Canadá, los Estados Unidos y México— como modelo que había de generalizarse a todo el continente con el ALCA —Área de Libre Comercio de las Américas—, propuesta en la Cumbre de las Américas de Miami en 1994. Con la amenaza izquierdista vencida, si dejamos a un lado Cuba, y con los militares de vuelta a los cuarteles, los dirigentes de los países latinoamericanos adoptaron el llamado «consenso de Washington» con un entusiasmo triunfalista, convencidos de que les aguardaba un futuro de libertad y progreso, como pareció que sucedía en los años noventa. Pero las ilusiones duraron poco. Las fórmulas centristas fracasaron, la crisis económica reapareció, y con ella la pobreza, hasta el punto que, de acuerdo con los informes del Banco Mundial, el año 2002 habría sido el peor en dos décadas para la economía latinoamericana.

En Argentina, el retorno del peronismo en la persona de Carlos Menem (1989-1999) pareció iniciar una etapa de bonanza económica, con la paridad peso-dólar, gracias a los ingresos obtenidos con privatizaciones ruinosas de empresas públicas, como la del petróleo (YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales), que dejaron, al parecer, fortunas inmensas en los bolsillos de quienes las gestionaban. Tras la etapa de corrupción de Menem llegó al poder en 1999 una alianza del radicalismo y la izquierda (Unión Cívica Radical y Frepaso), con Fernando de la Rúa como presidente, que continuó la desestructuración económica con una reforma de las leyes laborales que se aprobó sobornando a los senadores para que la votaran. Domingo Felipe Cavallo, a quien De la Rúa llevó a Hacienda para poner orden en la situación, provocó la catástrofe final de diciembre de 2001 y enero de 2002 con su invento del «corralito», que bloqueaba las cuentas bancarias y las devaluaba, a lo que la población respondió con asaltos a supermercados, cacerolazos de protesta o cortes de carreteras por los «piqueteros».[202] El producto interior bruto cayó en un 21,8 por ciento entre 1998 y 2002, mientras un 57,5 por ciento de la población urbana quedaba en una situación de pobreza.

La marcha de De la Rúa dio paso a un período en que el país tuvo cinco presidentes en doce días, con especímenes tan pintorescos como Adolfo Rodríguez Saa, hasta que en enero de 2002 el peronista Eduardo Duhalde se hizo cargo de la presidencia interina e inició el restablecimiento de la normalidad económica, que iba a completarse tras la elección en 2003 de un nuevo presidente peronista, Néstor Kirchner, que comenzó con gestos positivos como la anulación de la amnistía de los militares. Este nuevo peronismo, sin embargo, iba a sufrir nuevos reveses en la etapa en que a Kirchner le sucedió en la presidencia su esposa Cristina, en medio de la confusión propia de un movimiento, el Partido Justicialista, reducido a una máquina de manejos electorales.

En Brasil Fernando Henrique Cardoso, nombrado ministro de Hacienda en 1993, preparó un plan de estabilización destinado a atraer capital extranjero que ayudase a la modernización económica, comenzando por eliminar las barreras que impedían que las compañías extranjeras explotasen los recursos naturales del país y facilitando su participación en la privatización de empresas estatales. El stock de inversión extranjera directa en Brasil pasó de 42,5 millares de millones de dólares (6 por ciento del PNB) en 1995 a 197,7 (21,6 por ciento) en 1999. Se favorecía además con altos tipos de interés, del orden del 40 por ciento, y con facilidades extremas para su salida posterior, la entrada de dinero especulativo. Así se consiguió controlar la inflación y Brasil apareció entre los éxitos del neoliberalismo, mientras las importaciones aumentaban, el PNB subía, igual que los salarios más bajos, y la pobreza disminuía. Todo parecía un éxito.

Pero la balanza comercial, que en los primeros noventa tenía superávits de 10 a 15 millares de millones de dólares, comenzó a registrar déficits y la deuda externa casi se duplicó entre 1990 y 1998, debido a las salidas por pago de intereses, las repatriaciones y el pago de dividendos. Los resultados de esta coyuntura eran previsibles: fuga de capitales en cuanto comenzaron las dificultades, medidas muy duras para intentar retenerlos, incluyendo una subida de los tipos de interés —hasta llegar al 64,8 por ciento en la primera mitad de 1995—, crisis de la demanda interna, paro, pobreza y desigualdad creciente.

Mientras las circunstancias exteriores —aumento de los intereses en los Estados Unidos, crisis rusa de 1998, crisis de Wall Street—, contribuían a disminuir las entradas de capitales, los brasileños agotaban sus reservas y necesitaban un gran préstamo del FMI, que los norteamericanos facilitaron al saberse que Cardoso sería reelegido. Un ataque especulativo al real brasileño en 1999, con miles de millones diarios de salidas del país, obligó a dejarlo flotar y a ver cómo perdía dos quintas partes de su valor respecto del dólar. Brasil siguió necesitando auxilios del FMI para aguantar, mientras una Argentina a la que el FMI había abandonado a su suerte se hundía.

En Uruguay, al cabo de siete años de dictadura militar (1973-1980), se pasó, tras el rechazo en un plebiscito del proyecto de Constitución propuesto por los militares, a cinco años de «dictadura transicional» (1980-1985), seguidos por el mandato presidencial de José María Sanguinetti (1985-1990), elegido en condiciones muy limitadas de libertad, en una etapa de predominio de los políticos tradicionales, que garantizaron la impunidad a los militares y se movieron dentro de un marco de política neoliberal afín al «consenso de Washington». Hasta que la grave crisis económica iniciada hacia 1999 desembocó en el estallido de la protesta social en 2002 y la desastrosa situación en que se encontraba el país dio lugar a que en las elecciones de 2004 se rompiera una tradición de 175 años en que se habían alternado en los gobiernos los dos partidos tradicionales y subiera a la presidencia Tabaré Vázquez, un candidato apoyado por una coalición de izquierdas, y a que en 2009 ganase las elecciones José «Pepe» Mújica, un antiguo guerrillero tupamaro.

Durante las presidencias de Alejandro Toledo (2001-2006) y de Alan García (2006-2011), quien había sido ya presidente de 1985 a 1990, en una etapa caracterizada por la corrupción, Perú inició una fase de rápido crecimiento económico, gracias sobre todo a las inversiones extranjeras en sus recursos naturales, en especial en la minería, lo que iba a ser una de las causas de los enfrentamientos con los campesinos indígenas, a quienes se pretendía arrebatar las tierras en nombre de la ineficacia de su gestión y del beneficio que podía obtener el estado cediéndolas a empresas multinacionales. La consecuencia fue un agravamiento del malestar campesino, que condujo a choques como el sangriento de Bagua el 5 de junio de 2009, en que encontraron la muerte veinticuatro policías y un número indeterminado de civiles (nueve según las cifras oficiales; más de doscientos en opinión de los nativos).

Este crecimiento no se reflejó, sin embargo, en la calidad de vida de los peruanos: la mayoría de ellos trabajaban en el sector informal o lo hacían con contratos temporales precarios, las prestaciones del estado en materia de educación o de sanidad eran insuficientes y los niveles familiares de renta de la mayoría de la población estaban por debajo de los límites de una subsistencia digna. Javier Díez Canseco se preguntaba: «¿Un milagro económico o un milagro social que una olla de presión así no haya reventado?». La radical escisión del país que se manifestó en las elecciones de mayo-junio de 2011 era una buena muestra de la inquietud social existente.

También resultó problemática la evolución de México. Echeverría había dejado un peligroso endeudamiento a su sucesor José López Portillo (1976-1982), al que los ingresos proporcionados por el petróleo no le bastaron para evitar la crisis de 1976, con la devaluación del peso, que condujo a la expropiación de la banca privada nacional, en momentos en que el coste del servicio de la deuda representaba para México más del 15 por ciento del PIB.

Una nueva etapa de incertidumbre durante la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988), con el doble choque del terremoto de 1985 y de la caída de los precios del petróleo, dio paso al giro a la derecha de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), cuya elección fue denunciada como fraudulenta. Salinas volvió a privatizar la banca, integró su país en el acuerdo de libre comercio norteamericano (NAFTA) y creó unas falsas apariencias de prosperidad. Quiso acabar con la ficción, que el PRI había mantenido durante muchos años, de una política agraria progresista, favorable a los campesinos, y lo hizo reformando el artículo 27 de la Constitución, que se refiere a la propiedad de la tierra, lo cual contribuyó a desencadenar la revuelta zapatista de Chiapas.

El llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) surgió a la luz a comienzos de 1994 con la ocupación de varias poblaciones en la zona de Chiapas. Seguía la tradición de los movimientos campesinos de Morelos y Guerrero, nacidos de la necesidad de luchar contra los abusos de los caciques y contra una política agraria que había dado la espalda a los campesinos, y muy en especial a los indígenas. El EZLN, con el subcomandante Marcos a su frente, aportó un nuevo estilo de lucha, que no solo se basaba en el enfrentamiento armado, sino en una actividad colectiva de transformación social, que ha tenido, entre otras muchas manifestaciones, la de crear toda una serie de escuelas indígenas que tienen como objetivo «recuperar los valores culturales, las formas de hablar y entender a los demás dentro de las comunidades».

Salinas organizó en 1994 una red clandestina militar que actuaba dentro del movimiento indígena, con el propósito de obtener información y preparar a grupos paramilitares, integrados sobre todo por «ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico», para enfrentarse a los zapatistas, lo que hicieron en acciones como la de Acteal, donde el 22 de diciembre de 1997 los paramilitares dispararon contra 300 indígenas y mataron a 45, en su mayoría mujeres y niños.

Tras una gestión caracterizada por la corrupción —por la polémica venta de los teléfonos a Carlos Slim o por las relaciones de Raúl Salinas, hermano del presidente, con los cárteles de la droga— y por crímenes políticos como el asesinato del candidato presidencial del PRI, Colosio (o personales, como el de Francisco Ruiz Massieu), Salinas legó a su sucesor, Ernesto Zedillo, un peso sobrevaluado y una deuda a corto plazo (los Tesobonos) a la que este no pudo hacer frente, lo que desembocó en la crisis del «efecto tequila» (1994), que requirió una considerable ayuda norteamericana para evitar el desplome de las finanzas mexicanas y, con ellas, la de uno de los dos únicos estados latinoamericanos importantes —el otro era Colombia—, que habían podido esquivar el giro a la izquierda producido por el fracaso del centrismo. Lejos de ello, el hundimiento del PRI, víctima de la corrupción, dio paso a presidentes del derechista Partido de Acción Nacional (PAN) desde el año 2000.

Una evaluación de los efectos del NAFTA en la economía mexicana, realizada en 2009, sostenía que las industrias locales habían sido desmanteladas y los agricultores se habían arruinado por la competencia de los productos importados de los Estados Unidos, en especial del maíz: «muchos agricultores mexicanos abandonaron simplemente la tierra y se dirigieron al norte» para emigrar clandestinamente a los Estados Unidos o para trabajar en las «maquilas», establecimientos industriales propiedad de empresarios norteamericanos, que daban ocupación a 1,3 millones de trabajadores mexicanos. Las importaciones agrarias «no solo han causado empobrecimiento y emigración hacia las ciudades —decía un estudio anterior—, sino que amenazan el fondo de biodiversidad que representan las plantas cultivadas por los campesinos tradicionales mexicanos». En contrapartida, el acuerdo ha favorecido el negocio de los narcotraficantes, que pasan grandes cantidades de cocaína en los camiones que realizan el tráfico legal de mercancías, y les ha permitido desarrollar una próspera industria de producción de anfetaminas.

El otro régimen «centrista» protegido fue el de Colombia, cuyo presidente, Álvaro Uribe, se convirtió en el más fiel colaborador de los Estados Unidos en el sur, en una alianza confirmada en 2009 por una concesión de bases que alarmó a la mayor parte de los gobiernos vecinos, al ver que Colombia se convertía en una especie de portaviones de las fuerzas de intervención de Washington. Uribe, elegido en 2002, reelegido en 2006, gracias a una reforma constitucional de dudosa legalidad (pero que vio frustrada su pretensión de volver a presentarse en 2010), desmovilizó, como se ha dicho, a los grupos paramilitares ligados al narcotráfico y autores de crímenes en masa contra la población campesina y contra los sindicatos obreros, en condiciones de lenidad que suscitaron sospechas, confirmadas en más de un caso, de connivencia del gobierno con estas mafias criminales, que no solo han vuelto a reaparecer,[203] sino que han visto crecer su fuerza política «legal», hasta el punto de haber creado un Partido de Integración Nacional para presentarse a las elecciones de 2010. El panorama de la llamada «política de seguridad democrática» escondía una considerable medida de menosprecio de los derechos humanos, que pudo ser calificada de terrorismo de estado, dirigido contra los movimientos populares, y muy en especial contra el movimiento obrero.

El sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos, llegó al poder en 2010 con promesas de cambio que incluían un cierto grado de devolución a los campesinos de las tierras usurpadas. Pero el cambio más importante podría proceder del desengaño, ante los magros resultados que México había obtenido del NAFTA, del modelo de crecimiento asociado que ofrecían los Estados Unidos. En marzo de 2011 Santos explicaba al Financial Times que se estaba negociando con China, con quien Colombia mantenía un comercio creciente, un plan para construir un «canal seco» del Atlántico al Pacífico, que podría competir con el de Panamá transportando las mercancías por ferrocarril.

Como centrista podía igualmente considerarse el gobierno chileno de la «concertación» que unía a demócrata-cristianos, radicales, socialistas, etc. y que ganó todas las elecciones posteriores a la caída de Pinochet, hasta que el desencanto por una etapa de cambios insuficientes condujo a la vuelta de la derecha al poder en las elecciones de 2009, con Sebastián Piñera como presidente.

La era del centrismo fue también la edad dorada de los negocios norteamericanos en América Latina. Según James Petras, de 1990 a 2002 los bancos y las empresas estadounidenses habrían obtenido un billón de dólares en concepto de beneficios, intereses de la deuda y regalías en América Latina. La realización del ALCA, que hubiera sido la culminación de este segundo proyecto de conquista, se vio frenada por el giro a la izquierda en la primera década del siglo XXI.

EL GIRO A LA IZQUIERDA

«Diez años antes América Latina parecía iniciar un ciclo virtuoso de progreso económico y mejoras de gobernación democrática, conducidas por un número creciente de gobiernos tecnocráticos centristas»; ahora, sin embargo, estos países habían hecho «un giro a la izquierda», escribía en 2006 Jorge G. Castañeda, que de miembro del Partido Comunista mexicano y amigo personal de Fidel Castro, aunque probablemente a sueldo de la CIA, pasó a partir del año 2000 a ardiente defensor de los intereses estadounidenses.

Aunque los fracasos de las políticas de reforma económica de los políticos centristas de los años noventa podían explicar el giro, admitía Castañeda, cabía esperar que, en unos momentos en que había acabado ya la guerra fría, los hubiera reemplazado una izquierda más moderada. En esta situación recomendaba a los Estados Unidos ir con cuidado para distinguir entre la «buena» y la «mala» izquierdas latinoamericanas.

No iba a haber tal prudencia por parte de G.W. Bush, que puso la política latinoamericana en manos de personajes salidos de los episodios más turbios del reaganismo, como el vicealmirante Pointdexter o el embajador John Negroponte. En Bolivia el embajador norteamericano dijo que los Estados Unidos retirarían su ayuda económica si se elegía al candidato del sector popular; en Venezuela se prestó un descarado apoyo a los intentos de golpe contra Hugo Chávez. El presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso, Henry Hide, avisó que el brasileño Lula eran «un radical castrista», de modo que Bush no envió a su primera toma de posesión al secretario de Estado Colin Powell, sino a un funcionario del ala más agresiva del gobierno: Robert Zoellick, que en 2007 sería nombrado presidente del Banco Mundial.

A ese giro a la izquierda se irían sumando Uruguay, con la elección en 2004 de un primer presidente de izquierdas (ratificada en 2009, cuando llegó a la presidencia un antiguo «tupamaro»), y Bolivia, con la elección como presidente, en diciembre de 2005, de un cocalero nacido en una pobre familia campesina aymara, Evo Morales, que, al frente de un partido llamado Movimiento al Socialismo (MAS), emprendió una campaña de nacionalización de los recursos naturales bolivianos y propuso una reforma constitucional que iba a ser la que por primera vez hiciese pasar a primer plano la voz y los intereses de la mayoría indígena. Fueron precisamente las implicaciones de este cambio las que dieron lugar a la aparición de movimientos «autonomistas» en las provincias más ricas de Bolivia, las productoras de gas natural y de petróleo, que no estaban dispuestas a asumir los costes sociales de esta política, como lo demostrarían los incidentes racistas, incluyendo matanzas de campesinos, que acompañaron a estas manifestaciones.

A ello siguió, en enero de 2007, la elección del ecuatoriano Rafael Correa, dispuesto a no renovar el uso por la aviación norteamericana de la base de Manta (quien se vio amenazado en 2010 por una insurrección de la policía, de oscuras motivaciones), y en abril de 2008 la del antiguo obispo Fernando Lugo en Paraguay, lo que significaba acabar con más de sesenta años de dominio del Partido Colorado (años de dictadura, como los 35 de gobierno de Stroessner, o de una relativa democracia, tras su derrocamiento en 1989). Lugo llegó al poder prometiendo tierra para los campesinos que carecían de ella (en Paraguay un 1 por ciento de los propietarios es dueño del 77 por ciento de la tierra) y comprometiéndose a poner fin a la corrupción en el gobierno. Con ello se completaba lo que desde Washington era visto como el «eje del mal» latinoamericano, con Chávez, Lula, Evo Morales, Correa, el matrimonio Kirchner (a partir del fallecimiento de Néstor Kirchner en octubre de 2010, su esposa Cristina) y Fernando Lugo, pese a las grandes diferencias que existen entre ellos. A lo que habría aun que añadir los resultados de las elecciones en Guatemala (2008) y El Salvador (2009) para completar una imagen, demasiado simplista, de un continente que habría virado a la izquierda, sin atender a la fuerza real de los nuevos gobernantes, esto es a su capacidad para efectuar un cambio político sustancial, ni analizar los apoyos sociales que los sostenían.

Contra los tópicos que afirmaban que estos países iban directos a su ruina como consecuencia de haberse apartado de las normas, adoptando políticas «populistas» y «socialistas», Mark Weisbrot señalaba a fines de octubre de 2009 que el país latinoamericano que iba a tener un crecimiento mayor aquel año era Bolivia, y que Ecuador, cuyo presidente era un economista, había conseguido salir adelante en un tiempo de crisis, pese al descenso del precio del petróleo y a la disminución de las remesas de sus emigrantes. Por lo que cabía concluir que ambos países habían tenido un buen comienzo. En el caso de Venezuela hay que tomar en cuenta que durante los años de gobierno de Chávez ha disminuido la amplitud de la pobreza y se ha producido una mejora considerable del Índice de desarrollo humano. Hasta The Economist había de reconocer el éxito de una economía argentina que había crecido un 8,4 por ciento en 2010, e incluso se le escapó un elogio de la política de bolsa família del brasileño Lula, que proporciona pequeñas ayudas a 12 millones de familias pobres, condicionadas a que sus niños sean vacunados y acudan regularmente a la escuela, con lo que no solo se ha conseguido reducir a la mitad los índices de pobreza en Brasil, sino que «animando la demanda doméstica, ha contribuido al crecimiento económico».

Un estudio global sobre los efectos de las políticas de los gobiernos latinoamericanos que han «girado a la izquierda» muestra que, tras una etapa de estancamiento económico y aumento de la desigualdad social, los años que van de 2002 a 2008 registraron crecimiento económico y disminución de la desigualdad, desmintiendo las informaciones y augurios de la prensa norteamericana, empeñada en anunciar la inminente ruina de estos países, y muy en especial la de Venezuela, con previsiones que no se han cumplido hasta ahora. Por primera vez en muchos años, además, una crisis económica y financiera mundial pudo producirse sin afectar seriamente a los países latinoamericanos.

El problema para los Estados Unidos era que los grandes planes del ALCA iban a quedar frenados ante las reticencias de los nuevos gobiernos. Que lo que se considera fundamental para definir qué gobiernos podían ser aceptados y cuáles debían ser combatidos era la fidelidad a los intereses del norte lo demostraban hechos puntuales, como la campaña hostil con que se demonizó la Constitución «bolivariana» que Chávez sometió a referéndum en diciembre de 2007 (cuyo resultado negativo acató sin protestar), por el hecho de que le iba a permitir presentarse a una reelección, mientras se había aceptado dos años antes sin ninguna reticencia que el colombiano Álvaro Uribe, el presidente «amigo», hubiese cambiado las reglas constitucionales para obtener un segundo mandato e intentase forzarlas para lograr un tercero.

Un Uribe que se presentaba como el salvador de Colombia, gracias a sus triunfos sobre las FARC, favorecidos al parecer por la corrupción de un sector de los dirigentes de la guerrilla, mientras se silenciaba otro género de violencia, como el de la impunidad que permitió que se asesinasen en Colombia 2515 dirigentes sindicales desde 1986, en su mayoría a manos de unos paramilitares cuyas relaciones con el gobierno quedaron en más de una ocasión en evidencia. Pero ni los crímenes sociales, ni la tragedia de los millones de desplazados, buena parte de ellos campesinos expulsados de la tierra (con lo que ha aumentado la concentración de la propiedad en un país en que, en 2005, 16 350 terratenientes, un 0,4 de todos los propietarios, acaparaban el 62,6 por ciento de la tierra, mientras 3,3 millones de pequeños cultivadores debían contentarse, según las estadísticas oficiales, con el 8,8 por ciento), ni los más de dos mil jóvenes asesinados por las fuerzas armadas para hacerlos pasar por guerrilleros muertos, con el fin de cobrar recompensas por ellos, han recibido de los medios internacionales la atención que se dedicó a la «tragedia» de la secuestrada Ingrid Betancourt, fundadora del Partido Verde Oxígeno y personaje de vida política más bien pintoresca, que incluye episodios como el reparto de condones por las calles, y que contaba con una intención de voto inferior al uno por ciento cuando su suerte política fue salvada por su secuestro por las FARC.

Las consecuencias de la vieja política han dejado un rastro imborrable en América Central y en el Caribe. En América Central, la situación podía describirse en 2001 con estas palabras: «corrupción rampante, guerra de bandas, contrabando de drogas, una gran pobreza urbana, sobrepoblación y olvido por parte de la comunidad internacional». En Guatemala, las elecciones de 2007 se celebraron en medio del miedo, con candidatos que recibían dinero de la droga (se calcula que el 75 por ciento de la cocaína consumida en los Estados Unidos pasa por Guatemala), en un país donde el 51 por ciento de la población vivía en la pobreza, donde las escuadras de la muerte, los narcotraficantes y las «maras» seguían matando cada día, sin que una policía impotente tratase de evitarlo, puesto que en muchos casos los asesinatos se producían con participación de la propia policía, dentro de lo que podía ser una política de «limpieza social» aprobada desde arriba, mientras unas 150 familias de oligarcas, que residen en villas cerradas, protegidos por cuerpos enteros de guardaespaldas, viven al margen del estado, prescindiendo de unos gobiernos que no se atreven a desafiarlos. El candidato vencedor de la izquierda, Álvaro Colom, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, se encontró en 2009 en medio de una campaña orquestada por la derecha, a la que muy pronto iba a seguir la destitución y expulsión del presidente de Honduras Manuel Zelaya.

Con un país endeudado, que el huracán de 1998 acabó de arruinar, Zelaya había pedido ayuda económica a Bush, que se la negó. Fue entonces cuando se vio obligado a acudir a Chávez, que le proporcionó petróleo y le ofreció inversiones. Tuvo además atrevimientos mal recibidos por los grupos dominantes, como el de subir el salario mínimo; pero cuando propuso un referéndum para que en las siguientes votaciones presidenciales, a las que él no podía presentarse, se incluyese una pregunta acerca de si se aprobaba crear una asamblea para reformar la Constitución, los militares, con el apoyo de las mismas fuerzas sociales que habían mantenido hasta entonces al país en el atraso y la pobreza, lo expulsaron de Honduras a punta de pistola. Los países americanos condenaron formalmente el golpe de estado,[204] pero los Estados Unidos y sus más próximos aliados aceptaron el resultado de unas elecciones convocadas por los golpistas, a las que tanto la ONU como el Carter Center se negaron a enviar observadores, ante la evidencia de su ilegitimidad. Mientras una Honduras supuestamente vuelta a la normalidad desaparecía de las páginas de la prensa internacional, la vulneración de los derechos humanos —con asesinatos de periodistas, dirigentes campesinos y sindicalistas, destitución de jueces, arrestos en masa, palizas y torturas— se convertía en su realidad cotidiana.

Un caso especial es el de Cuba, donde Fidel Castro hubo de abandonar el poder en 2006 por razones de salud, y fue reemplazado por su hermano Raúl, quien, ante la difícil situación económica, anunció en septiembre de 2010 que el gobierno se disponía a despedir en 2011 a 500 000 empleados, que se colocarían en cooperativas o recibirían una licencia para trabajar por cuenta propia.

Tras este cuadro definido en términos de derechas e izquierdas, marcado en buena medida por la continuidad de los valores de la guerra fría, se esconde sin embargo una realidad social que unos y otros se esfuerzan en ocultar: la de la lucha por la tierra y por los derechos de los campesinos. Desde los zapatistas en México a los mapuches en Chile, pasando por Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil o Paraguay, el motor principal de la confrontación social es la voluntad de recuperar las tierras indígenas —entendiendo el calificativo de indígena, en unas sociedades mestizas como estas, en un sentido más cultural y de clase social que de raza— que les han sido arrebatadas por los terratenientes o por las grandes explotaciones (mineras, madereras, etc.). Junto a ellos están además, las organizaciones de pequeños y medianos cultivadores que defienden sus derechos y sus condiciones de vida contra unas políticas económicas hechas a sus espaldas y, generalmente, contrarias a sus intereses, como ha ocurrido con el NAFTA.

Un estudio sobre el despojo de tierras y las resistencias campesinas en el Caribe colombiano señala las diversas vías usadas para el despojo, que van del «desalojo mediante la intimidación, el terror y la violencia por parte de actores ilegales o el empleo de fuerza pública con o sin determinación judicial; las compraventas en varias modalidades: formales, forzadas, con falsificación de escrituras de propiedad, a bajo precio, compras masivas y/o puntuales de predios en general (…) la apropiación de predios por deudas y avances de dinero para el cultivo…».

Pero estos protagonistas y sus luchas, pese a que cada día son más numerosas y más conscientes, son habitualmente relegados al margen de los estudios de historia, como si fuesen una parte marginal de estas sociedades, cuando en el conjunto de la América Latina los campesinos siguen siendo la mayoría. Este es un tema que examinaremos más adelante en una perspectiva global.

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LOS AÑOS SETENTA: EL INICIO DE LA «GRAN DIVERGENCIA»

En 1972 el informe sobre Los límites del crecimiento, encargado por el Club de Roma y dirigido por Donella Meadows, avisaba que los ritmos de crecimiento de la población mundial, de la producción y del uso de los recursos naturales eran insostenibles a largo plazo. Esta advertencia venía tras la de Paul Ehrlich en su libro de 1968, La explosión demográfica (The Population Bomb), en que sostenía, en una anticipación casi apocalíptica, que el crecimiento de la población iba a conducir a que en las décadas de los setenta y los ochenta «cientos de millones de seres humanos morirán de hambre», pese a todos los esfuerzos que pudieran intentarse previamente. En el mismo año 1968 Garrett Hardin había publicado La tragedia de los comunes, en que proponía la renuncia a la «libertad de reproducción» para hacer frente al agotamiento de los recursos comunes (Hardin y su esposa se suicidaron en 2003).

Estas previsiones de agotamiento del modelo de crecimiento vigente se agravaron pocos años después, cuando los países industrializados sufrieron las consecuencias del alza de los precios del petróleo, iniciada durante la guerra del Yom Kippur, cuando la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC) —que incluía a los miembros árabes de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), más Egipto y Siria—, decidió en octubre de 1973 suspender los envíos a los países que habían apoyado a Israel, y optó después, de acuerdo con los demás miembros de la OPEP, por aumentar los precios del crudo.

Los árabes habían intentado ya usar el petróleo como arma política en 1967, después de la guerra de los Seis Días; pero la solidaridad no había funcionado en aquellos momentos. Ahora se encontraron con el apoyo del resto de los países de la OPEP, que buscaban compensar el fracaso que habían sufrido en sus negociaciones con las grandes petroleras occidentales, «las siete hermanas», a las que pedían aumentar los precios del crudo para resarcirse de la pérdida que implicaba para los productores, que operaban con unos precios fijados en dólares, la depreciación por Nixon de la moneda norteamericana.

La dependencia creciente de las potencias industriales respecto del petróleo importado les permitió a los productores multiplicar el precio del barril, que subió de 3 a cerca de 12 dólares en seis meses, con unas consecuencias que explican que Kissinger y el Shah de Irán planeasen en julio de 1973 una intervención en Arabia Saudí para asegurarse el control del petróleo. Algo a lo que Nixon acabó renunciando, convencido, como dijo públicamente, de que el intento de los productores de subir los precios iba a fracasar, puesto que el petróleo no valía nada sin un mercado en que venderlo, de modo que bastaría con que los Estados Unidos y Europa occidental se negasen a comprarlo para forzar su abaratamiento. No se daba cuenta de hasta qué punto estos países productores, que disponían de una gran parte de las reservas mundiales conocidas, podían controlar el mercado, y de que, con sus cuentas cargadas de petrodólares, no tenían urgencia alguna por vender.

Las importaciones de petróleo se reanudaron, pero los precios del crudo no solo no bajaron, sino que siguieron aumentando después de un segundo oil shock en 1979, como consecuencia de la revolución de Irán, y se mantuvieron altos hasta 1986, cuando se inició una época de petróleo barato que contribuyó a la crisis económica y política de la Unión Soviética, que vio disminuir sus ingresos en momentos en que le hubiesen sido necesarios para asegurar los grandes cambios que intentaba implantar Gorbachov.

No existe, sin embargo, una relación simple y directa entre el aumento del precio del petróleo y la crisis económica mundial. De hecho sus primeras manifestaciones se produjeron en la primavera de 1973, seis meses antes del alza de los precios del crudo. El petróleo fue un factor agravante que contribuyó a sacar a la luz las deficiencias del modelo de crecimiento económico y aceleró una recesión que se hubiera producido probablemente algo más tarde. En el inicio de los problemas está el desorden monetario que sucedió a la crisis del sistema de Bretton Woods, como consecuencia del fin de la convertibilidad del dólar en 1971. Estas circunstancias ayudan a explicar que el shock del petróleo produjera una oleada inflacionista que se disparó desde 1974 (de un 12 por ciento en los Estados Unidos a un 23 por ciento en Japón), acompañada de una subida excepcional de los tipos de interés que condujo a una situación de crisis generalizada. Desmintiendo las ideas expresadas por la «curva de Phillips», que sostenía que había una relación inversa entre inflación y paro, aparecía ahora un fenómeno nuevo, el de la llamada «estanflación», que asociaba los dos azotes conjuntamente.

Todo indicaba que había llegado a su fin la euforia desarrollista de las tres «décadas gloriosas» que, a partir de 1945, habían permitido una rápida etapa de crecimiento económico que había dado a los países avanzados la ilusión de que se había encontrado la fórmula de un crecimiento sin interrupciones, y a los subdesarrollados la de que podían alcanzar otro tanto, imitando sus métodos y endeudándose a largo plazo. Lo que se había interpretado como una aceleración permanente del crecimiento, y había creado la esperanza de que el ciclo económico estaba superado y de que no volverían a producirse grandes crisis, comenzó ahora a verse como un episodio transitorio de la historia del desarrollo económico, tal vez irrepetible en un futuro próximo.

EN EL INICIO DE LA «GRAN DIVERGENCIA»

Aunque los efectos más visibles de la crisis se superasen al poco tiempo, «la sensación de prosperidad general no habría ya de volver nunca». Más allá de lo que mostraban los indicadores de la coyuntura había otros cambios estructurales que iban a durar y que son los que han llevado a fijar en estos años el inicio de lo que Paul Krugman llama «la gran divergencia», un fenómeno en el que seguimos inmersos en la actualidad y que tal vez haya que considerar como la característica más importante de la historia del último cuarto del siglo XX y de comienzos del XXI.

El período de 1945 a 1975 había sido en el conjunto de los países desarrollados una etapa en que un reparto más equitativo de los ingresos había permitido mejorar la suerte de la mayoría. Esta tendencia se invirtió en los años setenta, al producirse la crisis económica. Se iniciaría entonces un proceso de signo contrario, en que los ingresos de los más ricos crecerían a expensas de los trabajadores y de las clases medias. En los Estados Unidos, por ejemplo, podemos ver que el 1 por ciento de los más ricos, que percibían en 1980 un 9 por ciento del ingreso total, habían aumentado su parte en 2007 hasta el 23,5 por ciento, lo cual explica el aumento de la desigualdad que se refleja en la distribución actual de la riqueza: el 1 por ciento de los estadounidenses más ricos posee el 38,5 por ciento del total, mucho más de lo que corresponde al 50 por ciento de los menos ricos, que solo cuentan con un 2,5 por ciento e incluso más que el 90 por ciento, cuya participación no pasa del 28,5 por ciento de la riqueza total.

Los efectos de la divergencia se han dado también en Gran Bretaña entre 1980 y 2011, con las mismas consecuencias de enriquecimiento de los ricos y estancamiento o retroceso de los trabajadores y las capas medias, con el resultado de que, en un país que ha visto casi doblarse su riqueza en estos años, haya en la actualidad cerca de cinco millones de parados e inactivos, mientras otros millones están «atrapados en trabajos mal pagados e inseguros».

La crisis económica había tenido como primera consecuencia que la producción industrial del mundo entero disminuyese en un diez por ciento, lo que dejó a millones de trabajadores en el paro, tanto en Europa occidental como en los Estados Unidos. Estos fueron, por ello, años de conmoción social, con los sindicatos movilizados en Europa en defensa de los intereses de los trabajadores, con lo que consiguieron retrasar unas décadas los cambios que se estaban desarrollando en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde los empresarios decidieron que este era el momento de iniciar una política de lucha contra los sindicatos, de desguace del estado de bienestar, de limitación del papel del estado en el control de la economía y de liberalización de la actividad empresarial.

Los mecanismos que han producido esta divergencia no se explican a partir de la economía, sino que, como señala Krugman, su origen es netamente político: desde 1970 «las normas e instituciones de la sociedad estadounidense han cambiado, de forma que o bien han favorecido o bien posibilitado un radical incremento de la desigualdad». Tomando como pretexto la necesidad de superar los efectos de la crisis, se emprendió la lucha contra los sindicatos y contra el establecimiento de un salario mínimo, completada por una serie de acuerdos de libertad de comercio que les permitieron a las empresas deslocalizar la producción a otros países e importar después sus productos, con el fin de debilitar la capacidad de los obreros de luchar por mejoras de las condiciones de trabajo y de los salarios. Esto provocó, al propio tiempo, un cambio en la estructura del poder económico, con un neto retroceso del papel que desempeñaban los municipios y los sindicatos, y un avance del de los organismos de dirección de las empresas y las finanzas.

En la medida en que los orígenes de la divergencia nacen de unos antecedentes políticos, de «la manipulación de las leyes y las reglas por obra de aquellos que podían pagar cabilderos (lobbyists), legisladores, abogados, y contables para realizar sus encargos», está claro que las explicaciones hay que buscarlas en el terreno de la política, en «las causas que llevaron al movimiento conservador a convertirse en un elemento tan poderosamente influyente en la vida política».[205]

El programa político e intelectual que iba a inspirar este giro lo expresó con toda claridad Lewis Powell en agosto de 1971,[206] en un «Memorándum confidencial: Ataque al sistema americano de libre empresa» escrito para la United States Chamber of Commerce, que se encargó de hacerlo circular entre sus asociados. Powell llamaba la atención acerca del riesgo que implicaba el avance en la sociedad norteamericana de ideas contrarias al «sistema de libre empresa», e insistía en la necesidad de combatirlas, sobre todo en el terreno de la educación. Al margen de este tema, del que nos ocuparemos en otro momento, advertía también: «Pero no deberíamos desdeñar la acción política, mientras aguardamos el cambio gradual en la opinión pública que debe lograrse a través de la educación y la información. El mundo de los negocios debe aprender la lección que hace tiempo aprendieron los sindicatos y otros grupos de intereses. La lección de que el poder político es necesario; que este poder debe ser asiduamente cultivado, y que, cuando convenga, debe utilizarse agresivamente y con determinación».

Para emprender este programa se necesitaban ante todo organizaciones poderosas, que dispusieran de un volumen de ingresos suficiente: «La fuerza reside en la organización, en una planificación y realización a largo plazo, en una actuación persistente durante un período indefinido de años». Si la batalla de las ideas que proponía iba a cobrar una considerable importancia en los años posteriores, su llamamiento a la lucha política tuvo unos efectos inmediatos, protagonizados por asociaciones empresariales como la National Federation of Independent Business, la Business Roundtable y sobre todo la United States Chamber of Commerce, la más politizada de ellas, que pretende todavía hoy ser «la mayor federación empresarial del mundo, en representación de los intereses de más de 3 millones de empresas». En 1972 la National Association of Manufacturers, que se había instalado en Nueva York a fines del siglo XIX, se trasladó a Washington, y lo justificó por el hecho de que lo más importante no era ahora la relación entre las empresas, sino la interrelación entre estas y el gobierno.

Estas asociaciones no solo emprendieron grandes campañas de propaganda, como la que les permitió frenar, en tiempos de Carter, el proyecto de creación de un organismo de «representación de los consumidores», sino que acentuaron su papel en la financiación de las campañas electorales a través de los PAC (Comités de Acción Política), con lo que lograron influir sobre los políticos demócratas, que hasta entonces habían dependido sobre todo del apoyo económico de los sindicatos, pero que optaron ahora por suavizar sus actitudes para no enajenarse el apoyo de las asociaciones empresariales, cuyas contribuciones superarían muy pronto en volumen a las sindicales.

Los resultados a largo plazo de «la gran divergencia», que se iniciaba ahora en los Estados Unidos y Gran Bretaña, para extenderse más tarde a Europa, transformarían profundamente nuestras sociedades. Las consecuencias de una gigantesca redistribución de la riqueza no solo se manifestaron en el empobrecimiento relativo de los trabajadores e incluso de las clases medias, sino que otorgaron a las empresas una influencia política con la que, a partir de ahora, les resultó más fácil fijar las reglas que permitirían consolidar el proceso. Lo cual, dice Chris Hedges, no sucedió como fruto de una conspiración, ni por la acción de un nuevo partido o movimiento: «Fue el resultado de la inercia de nuestra clase política e intelectual, que ante la expansión del poder de las grandes empresas encontró que le resultaba personalmente provechoso facilitarlo o mirar para otro lado».

GERALD FORD

La renuncia de Nixon llevó al poder a comienzos de agosto de 1974 a Gerald Ford, el primer presidente de los Estados Unidos que no había sido elegido. Había tenido que reemplazar con anterioridad en la vicepresidencia al corrupto Spiro Agnew, y después le tocó hacer lo mismo con Nixon. Kissinger dice de él que era «un hombre sencillo, escogido por el destino para hacer frente a algunas de las tareas más complicadas de la historia de la nación». Más que sencillo la gente lo consideraba tonto: incapaz de hacer a un tiempo dos cosas distintas como andar y mascar chicle (lo que, según decían los humoristas, que se ensañaron injustamente con él, explicaba que tropezase y cayese en público con cierta frecuencia). Tuvo además que corregir su costumbre de tomar unos cuantos martinis antes de hablar, porque se le olvidaba lo que iba a decir. Uno de los motivos por los que Nixon había aceptado su nombramiento había sido la convicción de que la baja estima intelectual en que se le tenía disuadiría a quienes se proponían destituirlo, ante el temor de que Ford le sucediese en la Casa Blanca. Greenspan, en cambio, lo ve como un hombre tranquilo y equilibrado, «una de esas raras personas que darían “normal” en un test psicológico».

Si su mensaje inicial tranquilizador —«nuestra larga pesadilla nacional ha concluido»— le ganó la estimación del público, su decisión de perdonar a Nixon, anunciada el 8 de septiembre de 1974, que el nuevo presidente justificaba por la conveniencia de evitar una tremenda controversia interior, le costó ataques durísimos, en los que se llegó a decir que lo había pactado con su antecesor para acceder a la presidencia. Esta decisión, se ha dicho, «ha acabado pareciendo acertada con el tiempo», puesto que evitó lo que hubiera podido ser una durísima confrontación política, pero la consecuencia inmediata del descrédito que implicó en aquellos momentos fue que los demócratas aumentasen su mayoría en el Congreso y le hiciesen más difícil su gestión.

Ford se propuso inicialmente conservar el equipo de Nixon, aunque lo fue completando gradualmente con una serie de hombres más jóvenes, que iban a tener un papel importante en la política de las próximas décadas. Su primer hombre de confianza, a quien recurrió para poner orden en el entorno más inmediato, como coordinador del equipo de la Casa Blanca, fue Donald Rumsfeld, al que nombró para deshacerse de un Haig que se había acostumbrado a asumir demasiada autoridad en los días finales de la presidencia de Nixon, cuando hubo de encargarse de mantener el gobierno funcionando.[207] El paso siguiente fue el nombramiento de Nelson Rockefeller como vicepresidente en diciembre de 1974, y la renovación se completó en noviembre de 1975, en la llamada «masacre de Halloween», cuando nombró a Rumsfeld secretario de Defensa (era en estos momentos, con 43 años, el hombre más joven que había desempeñado este cargo, y al volver a ser nombrado para el mismo en 2001, a los 69 años de edad, se convirtió también en el más viejo), escogió a George H. W. Bush como jefe de la CIA y a Brent Scowcroft como consejero de Seguridad nacional, reemplazando en este cargo a Kissinger, que seguiría sin embargo al frente del Departamento de Estado, aunque con una influencia menor que la que había tenido junto a Nixon, como consecuencia de los ataques que su política de distensión sufría por parte del equipo de halcones que se había reunido en torno a Rumsfeld. En cargos inferiores llegaron Dick Cheney, Colin Powell, Paul Wolfowitz, Richard Perle y Condoleezza Rice: el equipo que iba a adueñarse del poder con George W. Bush veinticinco años más tarde.

Uno de los problemas que urgía resolver era el de la inflación. Comenzaron con la idea, que Greenspan califica como «de una increíble estupidez», de proponer una campaña voluntaria de ahorro que pretendía recordar algunas de las de Roosevelt durante el New Deal, con rasgos como el de pedir que se llevase un pin con la inscripción WIN (Whip inflation now, «Derrotemos a la inflación ahora»). El discurso en que anunciaba esta campaña, proponiendo a los norteamericanos «que hiciesen una lista de diez maneras de combatir la inflación y ahorrar energía», fue objeto del ridículo público. El problema fue que, sin que hubiese desaparecido la inflación, comenzaron a aparecer signos de recesión, con un aumento del paro.

Fue aquí cuando intervino Alan Greenspan, que presidía el Consejo de asesores económicos, sugiriendo medidas para recortar el gasto público, una reducción de los impuestos y las primeras medidas de desregulación, en una pugna constante con unas cámaras dominadas por los demócratas, que acabaron sin embargo apoyando el plan que permitió superar la amenaza de crisis.

No tuvo tanta suerte, al ser rechazado por el Congreso, un gigantesco plan de ahorro de energía propuesto por Rockefeller que incluía la creación de una corporación semipública que financiaría proyectos de innovación del sector privado, lo que podía convertirse en un mecanismo de reparto incontrolado de recursos públicos.

En este contexto un joven economista del Departamento del Tesoro, Arthur Laffer, sostuvo en una comida con Rumsfeld y Cheney la teoría de que un aumento de los tipos de los impuestos no se traducía necesariamente en que aumentasen sus rendimientos para el gobierno. El argumento, apoyado por lo que se llamaría la «curva de Laffer», dibujada en una servilleta de cocktail, se convertiría en una de las bases con las que el Partido Republicano justificaría en el futuro su política de recorte de impuestos.[208]

Parte de los fracasos de Ford cabe atribuirlos precisamente a la oposición de los demócratas, que le infligieron golpes tan duros como las revelaciones de la Comisión Church acerca de los abusos cometidos por la CIA y el FBI. Los ataques iban dirigidos de manera especial contra la CIA, que había practicado sin autorización el espionaje de las comunicaciones privadas en el interior de los Estados Unidos, donde tenía prohibido actuar, había realizado experimentos con drogas en seres humanos y planeado, en ocasiones con éxito, asesinatos de líderes extranjeros. Richard Helms, el hombre que había dirigido «la Compañía» de 1966 a 1973, en una etapa en que abundaron las actuaciones ilegales, y que había incurrido en perjurio al negar ante el Congreso que la CIA hubiese intervenido en Chile, fue condenado en 1977 a 2000 dólares de multa y dos años de cárcel, con la sentencia suspendida.

La agencia y el gobierno se encontraban al propio tiempo atacados por un amplio grupo de halcones, encabezado en algún modo por Rumsfeld, que deseaban acabar con la política de distensión que había realizado Nixon, y que Kissinger trataba de continuar. Se oponían a que se llegase a un acuerdo de limitación de armas, SALT II, y denunciaban que se estaba subvalorando la realidad de la amenaza soviética. Para enfrentarse a estas críticas fue el propio director de la CIA, George H.W. Bush, quien creó en mayo de 1976 el Team B —llamado así en relación con la CIA o Team A—, un equipo de 16 asesores externos que había de proporcionar estimaciones alternativas de la amenaza soviética. El equipo, que contaba entre sus miembros a halcones tan notorios como Paul Nitze, Paul Wolfowitz o el historiador Richard Pipes, constaba de tres grupos, dedicados a estudiar la amenaza aérea de baja altitud, los misiles intercontinentales y los objetivos políticos y estratégicos soviéticos. Fue sobre todo este último grupo, dirigido por Pipes, el que recibió mayor atención del público. Actuando en la órbita de Rumsfeld, el Team B condenaba la política de desarme que había seguido el equipo Nixon-Kissinger y exageraba sin ninguna base la potencia militar de la URSS, contradiciendo las estimaciones de la CIA, que era consciente de la decadencia gradual de los equipamientos militares soviéticos, a las que contraponía las más fantásticas especulaciones acerca de la posibilidad de nuevas armas que no existían, pero que ayudaron al Team B a mantener los miedos de la guerra fría.

A los problemas que implicaba una política internacional esquizofrénica, dividida entre las contrapuestas visiones de Kissinger y Rumsfeld, hubo que añadir la obstrucción del Congreso, que pretendía recobrar el control de la política exterior que Nixon le había arrebatado y que le creó por ello a Ford todo género de dificultades. Se negó, por una parte, a proporcionarle los recursos que pedía para frenar el hundimiento final del gobierno de Vietnam del Sur, que fue abandonado a sus fuerzas por un Congreso que estaba convencido de que era inútil seguir gastando dinero en sostener un ejército que no tenía voluntad de combatir. No pudo hacer nada para impedir el fracaso final de la guerra, con el triunfo de los comunistas, y se vio obligado a intervenir personalmente para conseguir que se diese una mínima ayuda a los refugiados vietnamitas.[209]

Cuando se produjo el enfrentamiento entre Grecia y Turquía, que había invadido Chipre en el verano de 1974, Kissinger y Ford trataron de manejar el asunto con prudencia, conscientes de la necesidad de no perder la amistad de Turquía, que proporcionaba a los Estados Unidos unas bases de inestimable valor; pero el Congreso, decidido a intervenir por su cuenta, e influido por el lobby griego en los Estados Unidos, impuso un embargo de la ayuda militar a Turquía que dañó seriamente las relaciones entre los dos países.

La interferencia de las cámaras, y la actuación de Rumsfeld y de su grupo desde el interior del gobierno, llevaron al fracaso los esfuerzos que Ford realizó para continuar la política de distensión. En noviembre de 1974 se entrevistó en Vladivostok con un Brézhnev enfermo que trataba de reanudar con él la amistosa relación personal que había mantenido con Nixon. Ambos consiguieron llegar a un principio de acuerdo acerca del mantenimiento de un número igual de misiles; pero la situación en los Estados Unidos había cambiado y las negociaciones de Vladivostok encontraron una firme resistencia por parte de unos representantes que criticaban los acuerdos de desarme y que rechazaban los de comercio con la Unión Soviética, que hacía ya dos años que se estaban discutiendo, con el pretexto de los límites que ponían los rusos a la emigración de judíos a Israel, en una oposición alentada por el senador Henry «Scoop» Jackson, en una campaña que pretendía reforzar sus aspiraciones a la presidencia con el apoyo del lobby judío, y que estaba inspirada por su joven ayudante Richard Perle, uno de los miembros más corrompidos del grupo que más adelante embarcaría al país en la invasión de Irak.

Se estaban produciendo, además, cambios perturbadores en la escena internacional, como la revolución que derribó la dictadura en Portugal y que creó una confusa situación en sus colonias: en Timor Oriental, que Ford y Kissinger aceptaron que Suharto se anexionase a sangre y fuego, o en Angola, donde iba a comenzar una guerra civil en que los norteamericanos intervendrían durante muchos años. Ford y Kissinger, de paso por Madrid, trataron en vano de convencer a un Franco ya muy envejecido para que interviniera en Portugal y frenase el proceso revolucionario, con el fin de evitar que un gobierno portugués con participación de comunistas tuviera acceso a los órganos superiores de la OTAN.

Angola fue, precisamente, otro de los problemas en que el Congreso se enfrentó a Ford. La administración había aprobado en julio de 1975, a espaldas del Congreso, una suma de 32 millones de dólares para financiar una operación secreta de la CIA en apoyo de las facciones enemigas del MPLA, que estaba sostenido por los soviéticos y por Cuba. Cuando se descubrió la existencia de esta operación, el Congreso, en momentos en que se estaban juzgando con toda dureza los desmanes anteriores de la CIA, la cortó de raíz, infligiendo una nueva derrota al presidente.

El más importante éxito de Ford en el campo de la política internacional fue la culminación de las negociaciones de la Conferencia sobre la Cooperación y la Seguridad en Europa, que condujo a la firma, en agosto de 1975, de los acuerdos de Helsinki, donde se determinaba la aceptación de las fronteras europeas surgidas de la segunda guerra mundial, se permitía reanudar el comercio con la Unión Soviética y se comprometía a los firmantes (todos los países europeos, salvo Albania, más la Unión Soviética, los Estados Unidos y Canadá), a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Una promesa que importaba muy poco a los dirigentes occidentales, pero que resultó trascendental para la disolución del sistema soviético, porque favoreció la actuación de los disidentes. Los acuerdos de Helsinki, celebrados en Europa como un paso decisivo hacia el fin de la guerra fría, fueron mal recibidos, en cambio, por los políticos norteamericanos, que no supieron apreciar la importancia que iban a tener en la disminución de la tensión en la escena internacional.

Cuando llegó la hora de preparar unas nuevas elecciones a la presidencia, Ford hubo de luchar contra Reagan por la candidatura republicana y, aunque consiguió la nominación, acabó perdiendo después[210] por poco ante el candidato demócrata, Jimmy Carter, que era por lo menos tan mediocre como él y que demostró en su gestión ser mucho más incompetente.

LA PRESIDENCIA DE CARTER

Jimmy Carter, el primer presidente evangelista de los Estados Unidos, resultaba una figura insólita en el panorama político norteamericano. Era un hombre del sur, nacido en una pequeña localidad de Georgia, en una familia de cultivadores de cacahuetes. Estudió en la escuela de la marina de Annapolis, se graduó en ingeniería y trabajó en el diseño de los primeros submarinos nucleares, pero abandonó la marina en 1953, a la muerte de su padre, y regresó a la explotación familiar.

Era un baptista profundamente religioso y tímido, al que le gustaba sobre todo retirarse a la residencia rural de Camp David (en los cuatro años de presidencia fue allá hasta 67 veces, abandonando Washington en momentos de crisis en que hubiera convenido que estuviese dando la cara). Aparecía en escena como un oscuro político del sur, gobernador de Georgia, con escaso peso en el Partido Demócrata —cuando le dijo a su madre que pensaba optar a la presidencia, esta le preguntó: «¿Presidente de qué?»—. Se presentaba como alguien desligado de las intrigas políticas del mundo de Washington: un hombre sencillo, casi del campo, o por lo menos provinciano, con una sonrisa permanente. Su imagen de honradez contrastaba con la de Nixon: su mensaje inicial era «Nunca os mentiré». Con los escándalos de Watergate todavía recientes, y con la decepción pública por el perdón que Ford había concedido a Nixon, era el momento en que se les podía vender a los ciudadanos un programa tan trivial como el de prometerles «un gobierno tan bueno, honesto, decente, veraz, correcto, competente, idealista y compasivo, y tan lleno de amor como el propio pueblo americano».

La campaña de los dos candidatos mostró que ninguno tenía talento, pero Ford, que era superior en términos de capacidad política, resultó claramente perjudicado por la mala situación de la economía. Votó tan solo el 54,4 por ciento de quienes podían hacerlo, lo que significaba el porcentaje más bajo desde la elección que enfrentó a Truman y a Dewey en 1948. Carter obtuvo el 50,1 por ciento de los votos y Ford el 48,0, en una victoria que se debió en buena medida al peso del voto de los trabajadores sindicados, a los que Carter iba a defraudar, y al de los votantes de las zonas empobrecidas de agricultores y productores textiles del sur, que llevaban ya unos años inclinándose por los republicanos, pero que esta vez favorecieron al primer hombre del sur profundo que iba a acceder a la presidencia desde 1848.

UNA NUEVA POLÍTICA EXTERIOR

Carter comenzó su discurso de toma de posesión agradeciendo a Ford «todo lo que ha hecho para curar nuestro país», tras lo cual citó la Biblia, pidió «un nuevo espíritu nacional de unidad y confianza» y manifestó su voluntad de mantener la fuerza a la vez que luchaba por el ideal de «la eliminación de todas las armas nucleares de la Tierra». No puede decirse, sin embargo, que hubiese en su blando discurso ni una sola idea propiamente política. Una vez en el poder trató de dar a la presidencia un aire distinto: vendió el yate presidencial y hablaba por la televisión desde su casa, vestido con un jersey.

Pronto se pudo ver, sin embargo, que, más allá de las ideas morales de su campaña, no tenía una política propia. Él mismo sostenía que no era ni conservador, ni liberal, ni centrista, con lo que quería decir que no se acomodaba a los modelos de política existentes, pero una vez instalado en la presidencia no podía seguir jugando a ser un político al margen de las realidades de Washington, de modo que se limitó inicialmente a una gestión burocrática y, a medida que fueron apareciendo las dificultades, carente como estaba de un programa propio que aplicar, se vio obligado a aceptar toda una serie de compromisos.

Cuidaba mucho los detalles, pero estaba claro que no tenía una visión de largo alcance, ni capacidad para enfrentarse a un problema complejo. Se decía que su principal consejero era su esposa Rosalynn, que participaba en algunas ocasiones en las reuniones del más alto nivel, y a medida que el tiempo fue demostrando su incapacidad, se empezaron a hacer chistes acerca de él. Sus propios compañeros de partido decían: «El presidente hace el trabajo de dos hombres: Laurel y Hardy». En realidad quien más influyó en su política fue su consejero de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski, nacido en Polonia e hijo del embajador polaco en Washington (no adquirió la nacionalidad norteamericana hasta 1958). Era quien más facilidad tenía para ver al presidente en la Casa Blanca —«nos veíamos cuatro o cinco veces cada día, dirá Carter, y empezaba el día reuniéndome con Zbig»— y quien le acompañaba en sus viajes al extranjero.

Carter, que menospreciaba la política pragmática de Nixon y de Kissinger, lo que implicó acabar con el canal directo de negociación que habían establecido Kissinger y Dobrynin, hubiera querido gobernar de manera personal, prescindiendo del apoyo del Congreso, dispuesto, si los legisladores se le enfrentaban, a «acudir directamente al pueblo». De ahí surgieron algunos de sus primeros errores, como el de decidir, sin consultar a nadie, una retirada de tropas de Corea del Sur, lo que provocó tales protestas en Corea, en Japón y en el propio Congreso norteamericano que Brzezinski se vio obligado a idear un subterfugio para frenar la retirada, evitando que el presidente tuviera que hacer marcha atrás públicamente.

Su actuación en la política exterior estuvo marcada en sus inicios por la esquizofrenia de verse sometido a la doble influencia de su secretario de Estado, Cyrus Vance, partidario de una política de negociación, y del feroz antisoviético que era Brzezinski, cuyas visiones geopolíticas acabaron embarcando a Carter en el fin de la distensión y en la reanudación de la guerra fría, a partir del momento en que su influencia se impuso a la del realismo de Vance.[211]

Esta esquizofrenia se reproducía en su entorno en relación con la influencia de dos instituciones con visiones contradictorias. Por una parte la Trilateral, una organización de dirigentes políticos y económicos de Europa occidental, Japón y los Estados Unidos, fundada en 1973 por David Rockefeller, a la que pertenecían tanto Carter como Vance y Brzezinski, que consideraba errónea la fijación en el enfrentamiento contra la Unión Soviética y en las soluciones militares, y propugnaba adaptarse a un mundo de «interdependencia creciente». Este era el marco que iba a definir inicialmente su política exterior.

En contra tenía al Committee on the Present Danger (CPD), integrado por halcones procedentes del Team B, como Paul Nitze, Eugene Rostow, Donald Rumsfeld o Paul Wolfowitz, que desde el primer momento de su mandato se le enfrentaron con una visión alarmista de la amenaza soviética, sosteniendo que tanto Carter como sus predecesores «habían traicionado los intereses de la nación» con la política de distensión. El CPD sobrevaloraba la potencia de una Unión Soviética que, según su opinión, seguía armándose para aniquilar a los Estados Unidos, por lo cual se mostraba contrario a una política de negociaciones y propugnaba un nuevo rearme que asegurase a los norteamericanos una superioridad total.[212] Se oponían además a la visión de la Trilateral de una economía mundial gestionada globalmente por los Estados Unidos, Japón y Europa, para sostener que debían ser tan solo los Estados Unidos los que dominasen unilateralmente la escena internacional, y que para imponer sus objetivos al resto del mundo no habían de dudar en hacerlo más por la fuerza que por la persuasión.

El 22 de mayo de 1977 Carter pronunciaba su primer gran discurso de política exterior en el que expresaba su preocupación por los derechos humanos y decía: «Estamos hoy lejos del exagerado temor del comunismo que nos llevaba a asociarnos con cualquier dictador que coincidía con nosotros en este temor». Lo cual resultó ser una gran falacia, con escasos efectos en la práctica, puesto que toleró los crímenes de los militares en El Salvador (donde 1980 fue un año de horrores, que incluyeron el asesinato del obispo Romero —que Carter lamenta en su diario, olvidando decirnos que no hizo nada por evitarlo— y de tres monjas norteamericanas), y favoreció a dirigentes despóticos como el Shah de Irán, el dictador Zia-ul-Haq de Pakistán (al que criticaba en público por su desprecio por los derechos humanos, pero con quien negociaba bajo mano por intermedio de la CIA), su «amigo» Sadat, el presidente filipino Marcos o Mobutu, que recibió ayuda norteamericana para defenderse de quienes intentaban derribarlo.

Y, lo que es todavía más grave, aumentó, como ya se ha dicho, la ayuda militar a un Suharto que la usaba para dominar Timor a sangre y fuego, y decidió apoyar a Pol Pot para que prosiguiese su genocidio en Camboya (a instancias de Brzezinski, los Estados Unidos votaron en la ONU el 21 de septiembre de 1979 a favor de que el gobierno de Pol Pot, desalojado ya del poder con el apoyo de los vietnamitas, siguiese siendo considerado como legítimo representante de Camboya).

El primer golpe de efecto de Carter en este terreno fue el tratado de devolución de la zona del canal a Panamá, culminando unas negociaciones que llevaban muchos años gestionándose. El tratado propiamente dicho, que ofrecía entregar en 1999 a Panamá la gestión del canal y la jurisdicción sobre la zona, iba acompañado por otro «de neutralidad», que daba a los Estados Unidos el derecho a defenderlo de cualquier amenaza y otorgaba a sus buques de guerra libertad de tránsito. Estaba destinado a impresionar a América Latina, pero irritó profundamente a muchos norteamericanos, de modo que hubo que dar una auténtica batalla para conseguir que el Senado lo aprobara.

Su otro éxito, jaleado en el Congreso como un triunfo, aunque a la hora de la verdad resultase inoperante, fueron los acuerdos de Camp David de septiembre de 1978, que llevaron a la firma por Sadat y Begin del tratado de paz de 1979 por el que Egipto reconocía al estado de Israel y este se comprometía a devolverle la península del Sinaí. De hecho fue el propio Carter, a quien el ministro de Defensa israelí elogió por «su persistencia a modo de un bulldog y su capacidad para ocuparse hasta de los menores detalles», quien consiguió que se llegase a un acuerdo de mínimos que ambos contrincantes pudiesen firmar, aunque Sadat estuvo a punto de abandonar la reunión y su ministro de Asuntos Exteriores, Kamel, prefirió dimitir a aceptar un acuerdo de tan corto alcance. Begin se negó, además, a suspender la construcción de asentamientos judíos en la orilla occidental, de modo que la única concesión real arrancada a los israelíes fue el abandono gradual de la península del Sinaí, a cambio de lo cual los norteamericanos les concedieron 3000 millones de dólares en préstamos a bajo interés para construir nuevas bases aéreas en el desierto de Negev. De hecho no era más que un acuerdo bilateral, que no tomaba en cuenta los intereses del conjunto de los países árabes y no contenía ninguna garantía real para los palestinos, puesto que no resolvía la situación de los territorios ocupados de la orilla occidental del Jordán y de la franja de Gaza. Servía únicamente para acabar con los enfrentamientos entre Israel y Egipto, para dejar a la Unión Soviética al margen del conflicto y para poner a Egipto «firme e inalterablemente en la órbita norteamericana».

Carter se proclamaba preocupado por los asuntos del Oriente Próximo —«Rosalynn y yo, decía, estamos muy interesados en esta región a través de nuestro estudio semanal de la Biblia»—, y las negociaciones de Camp David fueron uno de los pocos acontecimientos de su presidencia en que se le pudo ver realmente implicado. No sucedía lo mismo con los asuntos de Europa, que no parecían importarle. No entendía nada de lo que ocurría allí y tuvo una mala relación con políticos como el canciller alemán Schmidt o con la Thatcher.[213] Los rusos, acostumbrados a la Realpolitik de Kissinger, no sabían si estaban tratando con un ingenuo o con un hipócrita.[214]

La reanudación de las negociaciones de desarme no pudo ser más desafortunada. Los soviéticos habían esperado recomenzarlas en el punto en que habían quedado con Ford, en la reunión de Vladivostok, y se encontraron ahora con una nueva propuesta norteamericana de reducción del número de cabezas nucleares que entendieron como una mera maniobra propagandística, ya que echaba por tierra lo que se había negociado en los últimos años. Sobre todo teniendo en cuenta que al propio tiempo se estaba desarrollando una campaña para potenciar en Europa las defensas de los países de la OTAN con el despliegue de 572 misiles nucleares de alcance intermedio, Pershing II, como respuesta a la instalación en el este de los nuevos SS-20 soviéticos.

A empeorar las cosas contribuyó especialmente Brzezinski, que transformó la voluntad de Carter de normalizar plenamente las relaciones con China, culminadas con la visita de Deng Xiaoping a los Estados Unidos en enero de 1979, en un refuerzo de la alianza contra el enemigo común soviético, que incluía la venta de tecnología y armas. Resultaba incoherente que Carter esgrimiese contra los soviéticos el tema del respeto a los derechos humanos, mientras callaba en el caso de China («Durante el banquete —que, dice Carter en su diario, fue “una encantadora experiencia”— discutí con él [Deng] acerca de religión y de derechos humanos»). Uno de los aspectos más vergonzosos de esta negociación fue que incluyó la aceptación tácita por parte de los Estados Unidos del ataque que China iba a emprender contra Vietnam, al que los norteamericanos colaboraron «ofreciendo información acerca de emplazamientos de tropas [soviéticas] alrededor de China».[215]

Por otra parte, la construcción de armas que no estaban incluidas en SALT I iba aumentando los stocks de destrucción, de modo que un «primer golpe» podía liquidar la capacidad de respuesta del enemigo y acabar con la esperanza en que se basaba la política de MAD. Los norteamericanos empezaron a preocuparse seriamente al saber que los rusos apuntaban sus armas más potentes y exactas a sus depósitos de misiles y no a las ciudades, lo que creaba el temor a una «ventana de vulnerabilidad»; pero los rusos tenían también el mismo miedo a un posible «primer golpe» norteamericano. Siguieron por ello negociando acuerdos de desarme, hasta que Carter y Brézhnev firmaron SALT II en Viena el 18 de junio de 1979, un tratado que quedó pendiente de la ratificación del Senado norteamericano, que no llegó a revalidarlo. La crisis de Afganistán, en la que Carter decidió intervenir pocos días después de haber firmado SALT II, mucho antes de que las tropas soviéticas invadiesen el país, vino a liquidar toda posibilidad de acuerdo.

CRISIS DE LA ECONOMÍA E INVOLUCIÓN SOCIAL

Carter iba a convertirse en protagonista de los inicios del giro a la derecha de la política económica y social que condujo a «la gran divergencia». La fuerza política que los empresarios habían adquirido resultó patente en las dos grandes batallas legislativas que ganaron. La primera fue la que libraron contra la creación de una Oficina de representación de los consumidores, derrotada por 189 contra 227 votos en un Congreso con mayoría demócrata. La segunda, mucho más grave, fue la que tuvo por objeto el proyecto de Labor law reform act, presentado en octubre de 1977. Los sindicatos, que pretendían defenderse de las campañas hostiles de las empresas, estaban convencidos de que este proyecto iba a ser aprobado por un Congreso de mayoría demócrata. El voto de los representantes, favorable por 257 contra 163, parecía anunciarlo así; pero el proyecto, objeto de una dura campaña hostil de las organizaciones empresariales (con el envío de ocho millones de cartas de protesta y con una serie de manifestaciones de pequeños empresarios de todo el país) se eternizó en el Senado, hasta que acabó retirado en junio de 1978.

Fue seguramente Douglas Fraser, dirigente del poderoso sindicato de los trabajadores del automóvil, quien entendió mejor lo que esto significaba, argumentándolo al presentar su dimisión de un organismo que se suponía dedicado a la conciliación de las relaciones industriales, en la que es sin duda la más lúcida visión de la naturaleza de la gran divergencia:

«Creo que los dirigentes de la comunidad empresarial, con pocas excepciones, han escogido desencadenar una guerra de clases unilateral (…) contra los trabajadores (…) y contra buena parte de la clase media. Los líderes de la industria, el comercio y las finanzas de los Estados Unidos han roto y descartado el frágil acuerdo no escrito que estuvo en vigor durante un período pasado de crecimiento y progreso». Fraser denunciaba que los empresarios querían «un gobierno dócil» y la eliminación de los sindicatos, lo que iba a darles facilidades para conseguir mayores ventajas con respecto a unas leyes fiscales que eran ya «un escándalo».

Por los mismo meses en que agonizaba en el Senado la ley de reforma del trabajo se estaba debatiendo la de desregulación de las aerolíneas (Airline Deregulation Act), aprobada en octubre de 1978, que originaría graves daños tanto a las empresas como a los sindicatos, y que anunciaba ya la política sistemática de desregulaciones que iba a emprender su sucesor, Ronald Reagan.

La incapacidad de Carter, que hizo posible que el reflujo social se iniciara con un presidente demócrata asistido por unas cámaras en que dominaba su propio partido, se reflejó también en su actuación en el terreno de la economía.

Había llegado al poder cuando el país estaba inmerso en una crisis que las autoridades económicas no habían sabido frenar, a lo que se agregó el impacto del encarecimiento de la energía, agravado posteriormente por la revolución iraní, y se encontró con una etapa de paro, inflación y caída del poder adquisitivo de los salarios, a la vez que había de enfrentarse a déficits crecientes de los presupuestos estatales. Fracasó ante el problema de la inflación, para ocuparse del cual nombró a Alfred Kahn, el economista que había desregulado las líneas aéreas, como «zar de la inflación», al frente de un inoperante Council on Wage and Price Stability (Consejo sobre la estabilidad de los precios y los salarios), que Ford había creado en 1974, en una gestión que no sirvió para nada. Al igual que sucedió con la iniciativa del propio Carter de proponer a los sindicatos que aceptasen una «deceleración» de los salarios: cuando los representantes sindicales se negaron a ello, se limitó a decir que, si no le apoyaban, no tenía más que decir y abandonó la reunión.

En agosto de 1979, tras la fallida gestión de Kahn, puso a Paul Volcker al frente de la Reserva Federal, desde donde inició una política económica destinada a luchar contra la inflación subiendo los tipos de interés, sin que importasen sus consecuencias en términos de desempleo. En abril de 1980, dice Alan Greenspan, cuando los tipos de interés nominal subieron al 20 por ciento, «los coches quedaron sin vender, las casas sin construir, millones de personas perdieron sus puestos de trabajo».

Fue así Carter, y no Reagan, quien puso fin a una larga época de política reformista favorable a las capas populares y a los trabajadores, que se había prolongado desde Roosevelt hasta Johnson como un objetivo de gobierno propio de los demócratas, y que tanto Eisenhower como Nixon habían respetado.

La crisis de la energía, provocada por la disminución del suministro de petróleo como consecuencia del boicot de los países árabes, parecía un problema adecuado para quien, como Carter, tenía una formación en ingeniería. Preparó su plan para hacer frente al problema casi en secreto, lo anunció el 18 de abril de 1977 en un discurso a la nación en que calificaba esta crisis como «el mayor desafío al que nuestro país se deberá enfrentar en el tiempo de nuestras vidas», presentó su plan al Congreso dos días después y en agosto creó un nuevo Departamento de Energía. Sus objetivos eran reducir la dependencia del petróleo, aumentar la producción de energía alternativa procedente de fuentes limpias, y ahorrar en su consumo. Pero el National Energy Plan que presentó al Congreso era un texto con 113 provisiones distintas, que Carter pretendía que se aprobasen globalmente, porque no concebía que pudiese haber oposición política a lo que consideraba que era una solución racional y correcta. Tras largas discusiones las cámaras lo convirtieron en cinco leyes separadas que se aprobaron el 15 de octubre de 1978 con el nombre conjunto de National Energy Act y que implicaban una serie de concesiones a los intereses de las industrias del gas y del petróleo.

Los problemas se agravaron, además, por los repetidos aumentos del precio del petróleo impuestos por la OPEP, que culminaron en junio de 1979, hasta amenazar con obligar a los norteamericanos a recurrir al racionamiento del combustible; aquel verano había colas en las gasolineras y los camioneros comenzaban a organizar protestas. Un presidente que había hecho del tema de la energía el punto central de su política estaba obligado a responder a las inquietudes de los ciudadanos. Carter, que se encontraba en Tokio en aquellos momentos, en una reunión del G7 en que se condenaron los aumentos de precio del petróleo impuestos por la OPEP, y en que el canciller alemán criticó a los Estados Unidos por haber provocado este aumento con sus manejos en el Oriente Próximo, regresó a Washington, tras una breve visita a Corea, con la intención de hacer un discurso a la nación. Pero se arrepintió de ello y se retiró a Camp David, donde pasó once días meditando acerca de los problemas globales de su presidencia, a la vez que invitaba a un total de 134 personalidades, «los mejores pensadores de nuestra sociedad junto a ciudadanos medios», a hablar con él, lejos de recurrir a los métodos habituales de consultar a quienes formaban parte de los aparatos del gobierno y de la administración.

De todo aquello salió su discurso del 15 de julio de 1979, que sería conocido como «el discurso del malestar», en que sostenía que lo que fallaba era «el espíritu de América», sin ofrecer soluciones prácticas. Fue, afirma Edward Kennedy, «un discurso producto del pánico», que destruyó sus esperanzas de reelección. Lo acabó de estropear, dos días después, con el anuncio de que había pedido la dimisión de todos los ministros y ayudantes del más alto rango, lo que ponía de manifiesto su incapacidad para dirigir al país en esta crisis.[216]

La realidad de la recesión le llevó a reducir gastos. En junio de 1977 suspendió el proyecto de construcción del costoso bombardero B-1 y se echó encima con ello al complejo militar-industrial, pese a que siguió invirtiendo en el desarrollo de bombas de precisión y de aviones indetectables por el radar, a la vez que, con la misma idea de ahorro, se enfrentaba a los demócratas más liberales recortando el gasto social y paralizando los proyectos de seguros médicos. Pero no iba a tardar, como veremos, en lanzarse a una nueva carrera de gasto en armamento.

LA REVOLUCIÓN IRANÍ

A comienzos de 1963, al cabo de una década de gobierno autoritario en que el Parlamento iraní estuvo dominado por los terratenientes y por sus representantes, con los partidos populares prohibidos y el gobierno dirigido por políticos dóciles (el general Zahedi, que había derrocado a Mosaddeq, fue desterrado a Suiza en 1955), el Shah Muhammad Reza adoptó el discurso de la «revolución blanca», que se presentaba como un programa de transformación pacífica y de modernización, con la intención de introducir cambios políticos que pudiesen satisfacer las aspiraciones de los grupos dominantes, haciéndolos compatibles con la continuidad de la monarquía. Unos cambios que le enfrentaron a los ulemas, opuestos a la reforma agraria, a la promoción de la mujer o a las campañas de alfabetización que amenazaban la supremacía local de los mullahs, e irritados finalmente por una medida tan estúpida como la de reemplazar el calendario musulmán por el pahlavi, basado en la fecha de la supuesta fundación del Imperio persa (el año 1976 de la era cristiana, y 1355 de la hégira, se convertía ahora en el 2535 del nuevo calendario). Unos cambios que, por otra parte, resultaban insuficientes para las demandas de una sociedad urbana con buenos niveles de educación y una amplia difusión de la información a través de la radio y la televisión. En junio de 1963 uno de los principales dirigentes religiosos, el ayatollah Jomeini, fue arrestado por hablar contra la reforma agraria y la emancipación femenina, y al año siguiente, tras producirse alborotos en diversas ciudades, fue expulsado del país, en lo que significó el inicio de catorce años de exilio.

El Shah gobernó en estos años como un autócrata, sin contar con sus aliados tradicionales, terratenientes y clérigos, en una línea de despotismo ilustrado inspirada por la pretensión de ser a la vez, como se dijo en su entorno, «Jerjes y Fidel Castro». Sostenía, en privado, que la democracia al estilo occidental no convenía a su país, y procuraba tranquilizar a Carter respecto de las frecuentes violaciones de los derechos humanos que se producían en Irán, diciéndole que para él lo primero era la lucha contra el comunismo, y que solo cuando hubiese vencido en ella podría modificar su conducta.

Gradualmente la oposición se fue aproximando a los sectores que propugnaban la revolución islámica: los terratenientes afectados por la reforma agraria simpatizaban con un clero que también la condenaba; más adelante, ante la agravación de la situación económica, incluso los militantes obreros próximos al Partido Tudeh se aliaron a la protesta liderada por el islamismo. Mientras tanto el soberano aumentaba sin tasa el gasto militar. Se había propuesto que en diez años el ejército iraní fuese más importante que el de Gran Bretaña, para realizar el sueño megalomaníaco de convertir Irán en una gran potencia, con un peso decisivo en Oriente Próximo y en el Índico —«desde el golfo Pérsico al mar del Japón», según le decía a un periodista—, para lo cual empleaba los abundantes recursos que obtenía del petróleo en adquirir cada vez más armas a los Estados Unidos, a quienes se proponía comprar, además, reactores nucleares para uso pacífico, pero con la ambición de disponer un día de armas nucleares.

Culminando este proceso de «revolución blanca», el 2 de marzo de 1975 se anunciaba el fin del sistema de partidos, reemplazados por un partido único, el Rastakhiz, que en vano se intentó poner en marcha entre 1975 y 1978, en medio de las protestas generales.

Todo había marchado más o menos bien mientras los ingresos crecientes del petróleo permitían asumir los gastos, pese al malestar que producían la corrupción de los grupos dominantes y las exhibiciones de opulencia de la corte, como el fastuoso banquete celebrado en Persépolis en octubre de 1971 para celebrar el 2500 aniversario del Imperio persa, a un coste estimado de más de 300 millones de dólares de la época. Pero cuando a mediados de los años setenta llegaron los primeros síntomas de la crisis económica, las cosas cambiaron rápidamente.

En noviembre de 1977 el Shah y su esposa visitaron Washington, lo que sirvió para aumentar la admiración que Carter sentía por el soberano, sin tomar en cuenta las manifestaciones de protesta con que lo acogieron los estudiantes iraníes en los Estados Unidos, que la policía hubo de dispersar con gases lacrimógenos. Al cabo de poco más de un mes, el primero de enero de 1978, fueron el presidente norteamericano y su esposa quienes hicieron una visita a Teherán, durante la cual el presidente norteamericano y el Shah llegaron a acuerdos en privado para ayudar al desarrollo de un programa nuclear iraní «para usos pacíficos». En el transcurso de esta estancia Carter dijo en un banquete: «Irán, a causa del liderazgo del Shah, es una isla de estabilidad en una de las regiones más turbulentas del mundo. Esto es un gran tributo para vos, majestad, para vuestra política y para el respeto, admiración y amor que os tiene vuestro pueblo» («Comprensiblemente —dice Carter en su diario— esto fue ridiculizado cuando el Shah fue derrocado, trece meses más tarde»).

Al cabo de un mes comenzaban los disturbios que acabarían con la expulsión del soberano, en medio de la perplejidad de los norteamericanos, que no solo no habían sabido preverlo, sino que no comprendían nada de lo que estaba ocurriendo. Obsesionada por el comunismo, la CIA no se había percatado del potencial revolucionario del islamismo.

En enero de 1978 los ataques de algunos periódicos al exiliado ayatollah Jomeini —este había calificado al Shah de agente de los Estados Unidos y la prensa del régimen le acusaba a él, en contrapartida, de agente, a la vez, de británicos y soviéticos— provocaron manifestaciones religiosas a las que se sumaron otras de los trabajadores en paro. En junio el Shah declaraba que contaba con el apoyo «de la mayor parte del pueblo, de todos los trabajadores y de setecientos mil soldados». Antes de marchar a México, donde se proponía pasar dos meses de vacaciones, el embajador norteamericano en Teherán comunicó a Washington que la crisis se había superado: el Shah había comprado a los mullahs y estos habían regresado tranquilamente a sus mezquitas. En agosto la CIA aseguraba al presidente Carter que Irán «no se encuentra en una situación revolucionaria, ni tan solo prerrevolucionaria». Pero el 7 y el 8 de septiembre de 1978 nuevas manifestaciones en los barrios populares de Teherán, suscitadas por una situación creciente de paro y de hambre, eran reprimidas a sangre y fuego por el ejército, que el «viernes negro» causó decenas, tal vez centenares, de muertos. Pocos días más tarde un terremoto causaba 15 000 muertos en Tabas y la rápida reacción de ayuda de las instituciones religiosas musulmanas ponía en evidencia la debilidad e ineficacia del estado. El diálogo con la oposición estaba roto y los líderes religiosos iban tomando el control del movimiento de protesta, con un Jomeini que se erigía desde el exilio en su dirigente máximo.

El 10 de octubre hubo manifestaciones y huelgas en más de cuarenta ciudades y a fines de este mismo mes la producción de petróleo quedó prácticamente paralizada. Tratando de hacer frente a los acontecimientos, el Shah nombró un gobierno de predominio militar a comienzos de noviembre. Carter descubría ahora que los informes de la CIA acerca de la popularidad del Shah eran falsos. A comienzos de diciembre se produjeron grandes manifestaciones en Teherán y aunque la represión militar hizo unos 700 muertos en los tres primeros días, el movimiento fue en ascenso hasta reunir dos millones de personas en una inmensa manifestación. En estos momentos los soldados, hartos de disparar contra civiles indefensos, comenzaban a desertar y a unirse a los manifestantes.

Mientras tanto, en Washington, el tema se discutía en la Situation Room, sin asistencia del presidente, con Brzezinski manteniendo la necesidad de que el Shah respondiese con una solución de fuerza —en una conversación telefónica con el soberano le aconsejó en contra de una política de concesiones— y oponiéndose furiosamente a los consejos del embajador en Teherán, que llegó a proponer que se favoreciese la formación de un gobierno civil que reemplazase al Shah.

El 3 de enero de 1979 el Shah, que hablaba ya de su propósito de abandonar el país, intentó un último movimiento de defensa, nombrando un nuevo gobierno civil de carácter constitucionalista, al frente del cual figuraba Shapour Bakhtiar, que había sido ministro adjunto de trabajo con Mosaddeq, pero era ya demasiado tarde. Mientras tanto se decidía en Washington enviar a Teherán al general Robert Huyser, que tenía amistades entre los militares iraníes, para ayudarles «a mantener la cohesión una vez el Shah hubiese marchado», asegurándoles del apoyo norteamericano a cualquier solución de fuerza que pudiesen emprender y animándoles en concreto a dar un golpe si el gobierno de Bakhtiar fracasaba. El Shah se vio obligado a anunciar que marchaba del país por tiempo indefinido y el 16 de enero tomó con su familia un avión hacia El Cairo, en lo que iba a ser el inicio de un viaje sin retorno.

En Washington seguían sin entender lo que estaba ocurriendo. En una discusión del Consejo nacional de seguridad el vicepresidente Mondale pregunto: «¿Qué demonios es eso de un ayatollah?», a lo cual replicó Stansfield Turner, director de la CIA, «no estoy seguro de saberlo». Mientras tanto Brzezinski insistía en que la URSS y los comunistas estaban detrás de la revolución y pretendía seguir incitando a los militares a impedir el acceso de Jomeini y de los suyos al poder. Tan solo el embajador Sullivan tenía claro lo que estaba sucediendo, y llevaba días pidiendo que se iniciasen contactos directos con Jomeini, sin que nadie le hiciera caso. Lejos de ello el gobierno norteamericano decidió establecer los contactos a través de un intermediario francés, ante la desesperación de Sullivan, mientras Brzezinski se quedaba solo con su idea de que lo que había que hacer era promover un golpe militar, tal como lo estaba intentando Huyser.

El primero de febrero de 1979 Jomeini regresaba a Teherán en triunfo y nombraba jefe del gobierno a Mehdi Bazargan. Durante unos días hubo dos gobiernos en paralelo; hasta que una semana más tarde Bakhtiar dimitió y marchó a París, donde fue asesinado años más tarde. El ejército iraní dejó que los revolucionarios tomasen el poder y que, después de ganar un referéndum con el 98 por ciento de los votos a favor, proclamasen la república islámica el primero de abril de 1979.

En octubre los norteamericanos aceptaron que el depuesto Shah, que se encontraba gravemente enfermo, recibiese atención médica en los Estados Unidos, tras habérselo notificado al gobierno de Teherán.[217] El primero de noviembre, durante las fiestas de celebración de los veinticinco años de independencia de Argelia, Brzezinski se entrevistaba en Argel con el primer ministro iraní Mehdi Bazargan. Es posible que esto inquietase a los radicales iraníes, que pasaron entonces a la acción. El 4 de noviembre de 1979 grupos de estudiantes asaltaron la embajada de los Estados Unidos en Teherán, tomaron como rehenes a 66 norteamericanos y exigieron, para liberarlos, la extradición del Shah, con el fin de que pudiese ser juzgado y ejecutado, y la confiscación de su fortuna. La ocupación, que parece haberse planeado como un movimiento de protesta temporal, se endureció cuando Jomeini le dio apoyo público, mientras Bazargan, desalentado ante la radicalización del proceso revolucionario, dimitía.

Un indignado Carter («los estudiantes retienen aún a nuestra gente, con el apoyo público del idiota de Jomeini», escribía en su diario el 5 de noviembre) reaccionó inicialmente cortando las compras de petróleo, lo que agravó la escasez de carburante en los Estados Unidos, y congelando los fondos iraníes en bancos norteamericanos, a la vez que emprendía negociaciones secretas con los iraníes. Ante el fracaso de estas gestiones intentó, en abril de 1980, resolver el problema con una operación militar de rescate en gran escala, ideada por Brzezinski, contra la opinión del secretario de Estado Cyrus Vance, partidario de continuar por la vía de las negociaciones.

La llamada Operación Eagle Claw («Garra de águila») era un proyecto insensato: ocho helicópteros que el portaviones Nimitz conduciría al golfo de Omán se dirigirían el 24 de abril de 1980 con un equipo de rescate a una zona desértica del centro de Irán, donde repostarían con gasolina transportada por tres aviones de carga C-130 salidos de Omán, y llevarían a los 97 soldados del grupo Delta Uno traídos por estos mismo aviones a un punto situado al sureste de Teherán, donde subirían a unos camiones adquiridos por agentes norteamericanos para dirigirse a asaltar el edificio de Teherán en que se encontraban los rehenes y liberarlos; de allí los conducirían a un campo de fútbol desde donde los helicópteros les llevarían a una pista de aterrizaje abandonada, ocupada en una rápida operación militar, donde unos aviones de transporte los llevarían a Arabia Saudí.

Todo falló desde el comienzo. En medio de una tormenta de arena, tres helicópteros resultaron inutilizados. Como la operación no se podía realizar con solo cinco helicópteros, se decidió la retirada. Fue entonces cuando otro helicóptero se estrelló contra uno de los aviones de transporte, provocando una tremenda explosión que mató a ocho soldados, produjo quemaduras en otros y dejó destruidas siete aeronaves. Los supervivientes se apresuraron a huir, dejando sobre el terreno los cadáveres de los ocho soldados muertos. En realidad se puede considerar que el resultado fue afortunado, porque todas las previsiones indican que, de haber llegado el comando americano a Teherán, el resultado pudo haber sido la muerte de una parte considerable de los rehenes. Tan solo Carter era capaz de creer que «la operación estaba bien planeada» y que «teníamos todas las posibilidades de éxito».

Cyrus Vance dimitió, indignado por esta aventura a la que se había opuesto en vano, y los iraníes acabaron negociando la devolución de los rehenes a cambio de una elevada suma y de la disponibilidad de sus activos en los Estados Unidos, pero no fue posible que se llegase a un acuerdo a tiempo para que Carter aprovechara el valor propagandístico que hubiera podido tener el regreso de los rehenes al final de la campaña —una «sorpresa de octubre», como las que en ocasiones preceden a las votaciones presidenciales de noviembre— y los republicanos hicieron por su parte todo lo posible para desacreditarle en este terreno. Trató de forzar las negociaciones, valiéndose de la mediación de Argelia, en el tiempo que le quedaba antes de que Reagan asumiera la presidencia, pero recibió la noticia de que se había llegado a un acuerdo en la limusina en que se trasladaba para tomar el avión de regreso a Georgia, cuando Reagan había ya jurado el cargo. «Esta fue, dice su biógrafa Betty Glad, la última de las crueldades que Carter sufrió a manos de los iraníes.»

La revolución iraní vino a coincidir con un momento de escasez de gasolina en los Estados Unidos que produjo malestar en la población y agudizó la conciencia de la importancia que el petróleo del Golfo tenía en una estrategia global. Fue entonces cuando Brzezinski propuso un «Marco de seguridad para el golfo Pérsico» que recuperaba la actitud agresiva de la doctrina Truman y se proponía compensar la pérdida de influencia diplomática en estos países con una mayor capacidad de intervención militar en la zona.

AFGANISTÁN

A fines de diciembre de 1979 los rusos entraban con sus tropas en Afganistán, un país con el que siempre habían practicado una política de buena vecindad (Jrushchov y Bulganin habían visitado Kabul en 1955). La monarquía, representada por el rey Zahir, fue derribada en 1973, después de una hambruna que causó decenas de miles de muertos, en un movimiento dirigido por el general Daoud, pariente cercano del rey, que había gobernado el país como primer ministro entre 1953 y 1963. Este instaló una república con un programa modernizador, asociado a una parte del Partido Democrático del Pueblo Afgano, que se proclamaba comunista. Al propio tiempo surgía en la Facultad de teología de la Universidad de Kabul un grupo islamista, que más adelante adoptaría el nombre de Jamiat i-Islami, inspirado en la Hermandad Musulmana.

Daoud había intentado años atrás una aproximación a los Estados Unidos, a quienes pedía ayuda militar y apoyo en sus disputas fronterizas con Pakistán, destinadas a recuperar las tierras de etnia pashtun que los ingleses habían incorporado a su colonia de la India, pero fue rechazado por estos y optó por fortalecer la relación con la Unión Soviética, que de 1955 a 1978 proporcionó a los afganos una considerable ayuda militar y económica. A partir de 1975 trató de emanciparse de la tutela soviética, con un acercamiento a Irán; pero el ejército estaba ya penetrado por militantes comunistas, que el 27 de abril de 1978 dieron un golpe que, tras asesinar a Daoud y a dieciocho miembros de su familia, llevó al poder al Khalq, la facción más radical de los comunistas, dirigida por Nur Muhammad Taraki y por Hafizullah Amin, quienes procuraron marginar al ala más moderada, conocida como el Parcham, que dirigía Babrak Karmal.

En junio de 1979 el gobierno del Khalq inició la persecución y liquidación física de sus presuntos opositores y se lanzó a una política radical con la que no estaban de acuerdo los rusos, que pensaban que una sociedad de campesinos analfabetos en que predominaba el islam no estaba preparada para los grandes cambios que los comunistas locales querían introducir de súbito, y temían las consecuencias que todo ello podía tener, en momentos en que la revolución iraní comenzaba a crearles nuevos problemas en su frontera del sur.

En marzo de 1979 comenzaron en la región predominantemente chií de Herat movimientos de revuelta islamista, protagonizados por una fuerza nueva en Afganistán, que tenía el apoyo de Irán y explotaba el descontento campesino contra el gobierno central, que se había ido acumulando desde los años de corrupción e inmoralidad de los gobiernos de Zahir y de Daoud. La revuelta fue inicialmente dominada y los derrotados se refugiaron en Irán, pero los soviéticos temían por la suerte que le esperaba a la revolución afgana si seguía por este camino, ya que pensaban que era la propia intransigencia radical del Khalq la que había provocado esta primera reacción de protesta islámica.

Sabiendo que los soviéticos estaban preocupados por lo que ocurría en Afganistán, la CIA, que había establecido ya en 1978 contactos con los islamistas afganos a través de los servicios secretos de Pakistán, recomendó desde comienzos de marzo de 1979 que se ayudase a los grupos islamistas, una opción que apoyaban el subsecretario de Defensa norteamericano, Walter Slocumbe, quien especulaba con la posibilidad de que la insurgencia afgana «metiese a los soviéticos en un cenagal a la vietnamita», y sobre todo Zbigniew Brzezinski, que había desarrollado una especie de fantasía geopolítica según la cual las actuaciones de los soviéticos en África, en especial en Etiopía y Somalia, formaban parte de un gran proyecto ruso para hacer una pinza con otra presión que, actuando a través de Irán, les permitiría alcanzar el golfo Pérsico para apoderarse de un petróleo que necesitaban a causa de la insuficiencia de sus propias reservas (!). De ahí su insistencia en apoyar al Shah, que le parecía la única garantía para cerrar el acceso al Golfo a los soviéticos.

Desaparecido el Shah, Brzezinski pensó que convenía buscar el apoyo de los grupos islamistas, incitándoles a una especie de guerra santa preventiva. El 2 de febrero de 1979, en un informe al presidente, sostenía que los movimientos islamistas del Oriente Próximo no eran de temer, sino que podían convertirse en una «potente fuerza política de cambio» y que convenía apoyarlos, no solo para impedir que los soviéticos se impusieran en Afganistán, sino para causarles problemas en las repúblicas de Asia central. El 3 de julio de 1979, unas semanas después de haber firmado un acuerdo de desarme con Brézhnev y seis meses antes de la invasión soviética, Carter autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Afganistán.

En octubre el embajador norteamericano en Riyadh llegaba a un acuerdo para compartir el coste económico de la ayuda a los islamistas afganos y el 17 de diciembre, una semana antes de la entrada de los soviéticos, se acordaba en Washington que la CIA proporcionase armas y logística a los rebeldes e iniciase una campaña mundial de propaganda en su favor.[218]

Ante las dificultades con que se encontraba, el régimen de Kabul había pedido ayuda a Moscú. Los soviéticos enviaron inicialmente armas y asesores, pero no deseaban implicarse directamente, sino que pidieron a los gobernantes afganos que frenasen la política de reformas que creaba malestar en los islamistas y formasen un gobierno de coalición con miembros del Parcham e incluso, si era posible, con representantes de algunos grupos islamistas moderados.

Amin no solo rechazó estos consejos, sino que prosiguió con una política represiva que llevó a la emigración de grandes masas de islamistas a Irán y a Pakistán. Moscú no logró tampoco convencer a Taraki, que desempeñaba la presidencia, de que hiciera los cambios políticos que se le pedían y se librase de su segundo en la jefatura del Khalq. En lugar de ello fue Amin quien consiguió apoyos militares, se hizo con el poder, ejecutó a una serie de políticos, incluyendo al propio Taraki, que fue estrangulado en la cárcel, pese a las peticiones personales de Brézhnev para que respetase su vida, y asumió la presidencia en septiembre de 1979.

Amin expulsó entonces al embajador ruso, a la vez que intentaba recuperar personalmente la confianza de Moscú, donde se negaban a recibirlo, e inició contactos amistosos con J. Bruce Amstutz, encargado de negocios de los Estados Unidos en Kabul.[219] Sabiendo que el régimen salido de la revolución iraní se proponía debilitar al gobierno de Afganistán y ejercer su influencia en las repúblicas islámicas de la URSS, los soviéticos no podían dejar que los islamistas afganos ganasen la partida o que Amin hiciese un viraje de alianzas, semejante al que había hecho Sadat en Egipto, y se uniese al campo norteamericano. El nuevo embajador ruso en Kabul avisaba que la situación era grave: el clero islámico, los campesinos y las tribus estaban contra Amin, que no tenía a su alrededor más que lacayos que repetían consignas sobre la construcción del socialismo y la dictadura del proletariado.

Para entender el clima político del otoño de 1979 hay que tomar en cuenta además la confusión reinante en aquellos meses. Mientras las milicias que retenían a los funcionarios de la embajada norteamericana en Teherán anunciaban que los ejecutarían con explosiones suicidas si se intentaba rescatarlos, un grupo radical que denunciaba la corrupción de los gobernantes saudíes trató de adueñarse por la fuerza de la Gran Mezquita de la Meca y los estudiantes universitarios pakistaníes, que pensaban que este ataque era obra de norteamericanos e israelíes, que proyectaban apoderarse de los santuarios de Arabia, asaltaron y prendieron fuego a la embajada de los Estados Unidos en Islamabad, donde estuvieron a punto de perecer cuantos trabajaban en ella.

Por estas mismas fechas se producía en Europa la llamada «crisis de los euromisiles». Ante la alarma manifestada por la Alemania occidental por la instalación de los misiles SS 20 rusos, la OTAN instaló en Europa occidental 572 misiles, incluyendo los Pershing II con carga nuclear, algo que los soviéticos interpretaron como una amenaza. Los tres políticos que, mientras Brézhnev estaba enfermo, se ocupaban del gobierno de la URSS —la troika que formaban Gromyko, Andropov y Ustinov—, decidieron, en unos momentos en que la distensión con los Estados Unidos parecía acabada, que si se quería evitar que en el futuro los norteamericanos instalasen sus misiles en Afganistán, era indispensable eliminar a Amin, invadir Afganistán y colocar en el poder un régimen más moderado que fuese capaz de devolver la estabilidad al país. Hubo entre los dirigentes soviéticos quienes señalaron que aquella era una aventura sin sentido, puesto que no había en Afganistán las condiciones necesarias para emprender una política modernizadora, y que era imposible realizar este tipo de cambios con el apoyo de una fuerza militar. Pero el propio Brézhnev, opuesto en principio a estas aventuras —y dolido porque Amin no hubiese respetado la vida de Taraki, como le había pedido—, acabó aceptándolo y tranquilizó a Dobrynin, el embajador soviético en los Estados Unidos, con la seguridad de que «terminaremos esta guerra en tres o cuatro semanas».

Se infiltró en Kabul a comandos de la KGB que atacaron el palacio en que residía Amin y lo ejecutaron el 27 de diciembre de 1979, mientras las tropas rusas entraban en el país y Babrak Karmal se proclamaba primer ministro y presidente, e iniciaba una política de tolerancia y de reformas sociales que le enfrentó a los grupos islámicos, que comenzaron a organizar guerrillas contra un gobierno que pretendía cambios tales como que las mujeres aprendieran a leer. La intención de los soviéticos no era la de asentar un régimen comunista en el país, sino tan solo la de asegurar en él un gobierno estable, para lo cual emprendieron un programa de nation-building, enviando equipos de asesores y proporcionando ayuda económica, de acuerdo con los propios militares, que entendían que esa era una guerra que no podía ganarse tan solo por las armas.

Cuando se produjo la invasión soviética, Carter, que había contribuido a provocarla, declaró que era «la más seria amenaza a la paz desde la segunda guerra mundial». Preocupado ante todo por el efecto que el secuestro de la embajada en Teherán podía tener en su campaña para la reelección, reaccionó diciendo: «Por el modo en que he manejado el asunto de Irán piensan que no tengo el valor de hacer algo. Quedaréis asombrados de lo duro que puedo llegar a ser». Una consideración que ayuda a entender que replicase con una política que quería ser enérgica, suspendiendo las ventas de cereales a la URSS, lo que perjudicó a los agricultores norteamericanos que exportaban sus excedentes, y negándose a presentar a ratificación el SALT II, acompañada de gestos tan ridículos como el de tratar que el Comité Olímpico Internacional cambiase el lugar de celebración de las olimpiadas que habían de desarrollarse en Moscú en 1980.[220]

El 23 de enero de 1980, dentro de su discurso sobre el estado de la Unión, el presidente norteamericano formuló la llamada «doctrina Carter», que sostenía que «un intento por parte de cualquier fuerza exterior de ganar el control del golfo Pérsico será considerado como un ataque a los intereses vitales de los Estados Unidos y será rechazado por todos los medios necesarios, incluyendo la fuerza militar».[221]

En febrero de 1980 Brzezinski viajó a Pakistán para establecer acuerdos con el dictador Zia-ul-Haq con el fin de que diese pleno apoyo a los islamistas afganos, y pasó en su regreso por la Arabia Saudí, donde se llegó a un acuerdo para que los saudíes colaborasen en la ayuda a los mujahidin invirtiendo una suma equivalente a la que aportarían los norteamericanos, lo que vino a significar que cada uno de los dos «socios» gastase a la larga más de 3000 millones de dólares en la financiación de la guerrilla. «Durante los años ochenta —explica Milton Bearden, que fue responsable de la oficina de la CIA en Pakistán— la compañía proporcionó varios cientos de miles de toneladas de armas y de material militar a Pakistán para que se distribuyesen entre los rebeldes afganos.» Los pakistaníes, que tenían sus propios intereses en el conflicto, fueron los encargados de canalizar los recursos hacia aquellos jefes de guerrilla que podían controlar.

Años más tarde Brzezinski, que se envanecía de que esta fue la primera ocasión en la guerra fría en que los Estados Unidos adoptaron una política de apoyo a acciones encaminadas a matar soldados soviéticos, pero mentía al sostener que se había iniciado en respuesta a la invasión rusa —un afirmación que él mismo iba a contradecir en 1998—, resumía así la estrategia global de la aventura afgana: «La administración Carter no solo decidió de inmediato apoyar a los mujahidin, sino que organizó una coalición que abarcaba Pakistán, China, Arabia Saudí, Egipto y Gran Bretaña en favor de la resistencia afgana. De igual importancia fue la garantía pública norteamericana de la seguridad de Pakistán contra cualquier ataque militar soviético, con lo que se creó un santuario para las guerrillas».

De este modo el presidente que había prometido no embarcar a su país en nuevos Vietnam, lo llevó a la aventura de Afganistán, que se ha convertido en la guerra más larga que los Estados Unidos hayan sostenido en toda su historia, y que sigue sin resolverse treinta años después.

LA REACTIVACIÓN DE LA GUERRA FRÍA

Fue Carter quien puso en marcha el proceso de reactivación de la guerra fría que Reagan iba a continuar. El hombre que había asumido el poder anunciando que se proponía luchar para la eliminación de las armas nucleares en el mundo, acabó su presidencia con un plan que contradecía radicalmente esta política: la Directiva presidencial/NSC 59 (PD 59) de 25 de julio de 1980 sobre «Política de empleo de las armas nucleares», un documento que sigue siendo secreto en su parte dispositiva, proponía mantener y aumentar las fuerzas nucleares con el argumento de que eran necesarias para disuadir a cualquier enemigo, convenciéndole de que era imposible que alcanzase «ninguna definición plausible de victoria». Uno de los aspectos más siniestros del plan, tras el cual había la inspiración de Brzezinski —que tiró adelante con ello sin que precediera una reunión formal del NSC y sin que ni siquiera se informase al nuevo secretario de Estado, Edmund Muskie—, era lo que se dio en llamar «la decapitación», o sea la teoría de que era posible alcanzar la victoria sobre los soviéticos mediante la eliminación sistemática de sus dirigentes en una serie de ataques dirigidos individualmente a sus despachos, domicilios y refugios, acompañados de otros que atacarían 1400 depósitos de ICBM soviéticos.

Esta nueva política, que se había iniciado un año antes con la propuesta de renovar, cambiándolos por Pershing II, los misiles instalados en Europa —una propuesta que fue recibida con protestas populares en Gran Bretaña y que el gobierno holandés rechazó, consciente de que la aceptación podía implicar su caída del poder— tenía una finalidad esencialmente electoral. En 1980, se ha dicho, con la vista puesta en las elecciones de noviembre, Carter «dejó suelto un tigre que esperaba que le condujese a la victoria, pero que en lugar de eso le derribó: ese tigre era la renovación de la hostilidad y de las actuaciones contra la Unión Soviética».

En el transcurso de un año, escriben Craig y Logevall, «el presidente adoptó una medida política antisoviética tras otra, autorizando nuevos sistemas de armas, aislando diplomáticamente a la URSS y sobrepasando a sus críticos en la exageración de los peligros que amenazaban al país».

Le movía a ello un intento de quitar argumentos al belicismo de los republicanos, y de responder a los feroces ataques del CPD, donde un grupo de intelectuales y políticos, no solo republicanos, sino también demócratas conversos, le acusaban de debilidad ante la amenaza soviética, criticaban muy severamente su política de «derechos humanos» y comenzaban a definir las grandes líneas de lo que iba a ser la política de Ronald Reagan. Fue, por ejemplo, ahora cuando uno de estos demócratas conversos, Jeane Kirkpatrick, planteó por primera vez en un artículo publicado en Commentary en 1979 («Dictatorships and double standards»), una distinción entre «gobiernos autoritarios», los de «autócratas moderados favorables a los intereses de los Estados Unidos», que en condiciones determinadas podían evolucionar en un sentido democrático, y «totalitarios», esto es los comunistas, que eran irredimibles, lo cual justificaba que se aplicasen criterios distintos a unos y a otros, a diferencia de lo que se suponía que había hecho Carter, condenando también a los «autoritarios» y debilitando con ello la posición de los Estados Unidos.

El ala «liberal» de los políticos demócratas criticó la «insensatez apocalíptica» del NSC 59, que acababa con el equilibro del MAD, la idea de una destrucción mutua asegurada, que había sido la base para alcanzar la distensión. Acabar con el equilibrio del sistema MAD implicaba, además, el inicio de una nueva carrera armamentística que obligó a Carter a aumentar de nuevo el gasto militar, con el objeto de financiar nuevos programas de construcción de armamento, a costa de disminuir el gasto de carácter social, lo que vino a sumarse al desprestigio en que le hundieron la captura de los rehenes norteamericanos en Teherán y el fracaso de su intento por rescatarlos. A todo ello se añadió la mala situación de la economía, como consecuencia de una política que dejó a millones de norteamericanos sin trabajo, con una inflación del 18 por ciento: un 86 por ciento de los norteamericanos rechazaban su gestión en el terreno de la economía. «La miseria económica, unida a la crisis de los rehenes de Irán —dice Greenspan— le hicieron perder a Jimmy Carter la elección de 1980.»

Al término de su mandato Carter dejaba las relaciones soviético-americanas en su punto más bajo desde hacía muchos años. El hombre que había llegado a la presidencia anunciando que se proponía reducir el arsenal nuclear, la abandonaba dejando al país mucho más armado y habiendo ampliado el número de objetivos soviéticos incluidos en el plan de destrucción del SIOP de 1700 a 7000.

Había iniciado una nueva guerra fría, de la que Reagan se convertiría en portavoz, en los mismos momentos en que en la URSS iba desapareciendo la vieja guardia de los sucesores de Stalin, y en que, como reconocía en su diario Chernyaev, el movimiento internacional comunista había dejado de existir. El enemigo contra el que se intentaba movilizar de nuevo todas las fuerzas no era más que un fantasma nacido de los terrores de unos y de los intereses inconfesables de otros. Pero las fantasías geopolíticas de Brzezinski seguirían marcando las grandes líneas de la política exterior norteamericana hasta la actualidad y la intervención en Afganistán, pensada para crear un «nuevo Vietnam» para los soviéticos, acabaría convirtiéndose en una inacabable pesadilla para los Estados Unidos.

EL FIN DE LA ERA BRÉZHNEV

A quien más le dolió la caída de Nixon fue posiblemente a Brézhnev, que tres meses antes había «perdido» también a su amigo Willy Brandt, obligado a dimitir por un escándalo político. El líder ruso quedaba ahora como el único firme defensor de la distensión. En estos momentos se sentía agotado y su salud empeoraba progresivamente, agravada por las sobredosis de un sedante opiáceo que se había acostumbrado a tomar después de la crisis de Checoslovaquia y que le hacía caer en largos períodos de abatimiento. Gorbachov cuenta que en una reunión del Politburó Brézhnev tuvo un súbito bloqueo mental que le impedía recordar el tema que se estaba discutiendo, lo que los demás participantes procuraron disimular. Tras las conversaciones con Gerald Ford en Vladivostok sufrió un colapso del que le costó semanas recuperarse, y en la cumbre de Helsinki estaba en tan precaria situación que le resultó difícil incluso firmar el acta. Después pasó mucho tiempo en que apenas aparecía por el Politburó.

Estaba claro que no se encontraba ya en condiciones de ejercer un liderazgo adecuado, lo que explica que se formase a su alrededor un grupo que asumía la mayor parte de las funciones cotidianas de gobierno, integrado por Ustinov, ministro de Defensa, Tijonov, en lo relativo a las cuestiones económicas y Chernenko, en lo referente al aparato del partido, con la colaboración de Suslov y de Andropov, responsable del KGB, y con Andrei Gromyko al frente de los asuntos exteriores. Suslov murió en enero de 1982 y su desaparición avivó la pugna entre Andropov y Chernenko para situarse de cara a la prevista sucesión de Brézhnev.

La derrota de Ford en las elecciones significó una nueva decepción para él. Ahora se veía enfrentado a un Carter que no aceptaba la negociación personal, que estaba bajo la influencia de un antisoviético feroz como Brzezinski y que, además, en abierto contraste con el realismo de Nixon y de Kissinger, pretendía inmiscuirse en los asuntos internos soviéticos con su retórica acerca de los derechos humanos. La política de distensión a la que había dedicado su vida se iba al traste, arruinada por la incompetencia de Carter y por la incapacidad del propio Brézhnev para adaptarse a las nuevas condiciones en que había que negociar.

La cumbre de Viena de junio de 1979, en que hubo un encuentro personal cordial entre Carter y Brézhnev, pareció que podía cambiar el signo de las cosas, pero el giro a la derecha del presidente norteamericano, que este pretendía legitimar como una condena a los acontecimientos de Afganistán, acabó de arruinar cualquier perspectiva de arreglo: la guerra fría se recrudecía de nuevo.

Se iniciaba ya, al propio tiempo, la crisis interna en las «democracias populares». Las huelgas de Gdansk, dirigidas por un sindicato independiente, Solidarno’s’c, no solo perturbaron la vida de Polonia, sino que alcanzaron un enorme eco internacional, gracias a la colaboración que les prestaban tanto la Iglesia católica, dirigida en aquellos momentos por un papa polaco, como los Estados Unidos, con un consejero nacional de Seguridad polaco como era Brzezinski. La inquietud creada por las huelgas de Polonia se extendió a los países bálticos e incluso a Bielorrusia.

En estos momentos, con el secretario general del partido soviético recluido en su dacha, eran los miembros de la troika integrada por Andropov, Ustinov, y Gromyko, con Suslov como presidente de la comisión del Politburó, quienes debían tomar las decisiones respecto de la crisis polaca. Contra las propuestas de intervención planteadas por Ustinov, Iuri Andropov, que había sido en su tiempo uno de los partidarios más decididos de las invasiones de Hungría y de Checoslovaquia, se oponía ahora a una nueva aventura militar, que hubiera acabado con todo el proceso de distensión y hubiera puesto en peligro los acuerdos de Helsinki: «El cupo de las intervenciones en el extranjero se ha agotado», diría. Una actitud que coincidía con la del propio Brézhnev, que no hizo caso de las peticiones de los dirigentes de otros países del pacto de Varsovia para que invadiera Polonia.[222] El deseo de recuperar el clima de distensión y el temor al coste de una operación militar de ocupación, que los soviéticos hubieran tenido que financiar, tanto si la ejecutaban directamente como si se encargaban de ella otros países, pesaron fundamentalmente en su decisión.

Los miembros de la troika decidieron que podían tolerar por el momento algunos socialdemócratas en Polonia y que lo mejor sería una solución con un movimiento militar interno que reemplazase a la impotente y desmoralizada dirección del Partido Comunista polaco. Se esgrimió, para facilitar el cambio, la amenaza de una intervención soviética, que no tenían intención alguna de hacer, y se facilitó de este modo el «golpe de estado» del general Jaruzelski —recibido por el ministro de Asuntos Exteriores francés con un «evidentemente nosotros no haremos nada»—, que permitió restablecer el orden el 13 de diciembre de 1981, a costa de imponer la ley marcial.

Para paliar la grave crisis en que vivía la economía polaca, los soviéticos se habían visto obligados a invertir en ella, a partir de agosto de 1980, cuatro mil millones de dólares, sin resultado apreciable, mientras el malestar económico agudizaba los sentimientos antisoviéticos de los polacos. En el invierno de 1981 tuvieron que aprontar 1500 millones más de ayuda para evitar una catástrofe humana, pese a que en la propia Rusia escaseaban los alimentos que se estaban entregando a Polonia. El problema de los costes del imperio se estaba planteando ahora con toda crudeza.

Brézhnev murió el 10 de noviembre de 1982. El balance de su gestión en el interior era más bien mediocre. Abandonó las medidas descentralizadoras de la economía que había intentado Jrushchov y reprimió los movimientos nacionalistas. La estabilidad política la aseguraba manteniendo a los funcionarios en sus puestos, en lugar de practicar los cambios que su antecesor había realizado en sus intentos por mejorar la gestión.

Había conseguido estabilizar inicialmente la economía —la producción agraria creció de 1960 a 1970 a una tasa del 3 por ciento anual y la industrial lo hizo globalmente en un 38 por ciento—, pero no se atrevió a implantar las reformas más ambiciosas que proponía Kosigyn y que eran necesarias sobre todo para mejorar una agricultura estancada que no siempre era capaz de satisfacer las necesidades de subsistencia de la población. De hecho, la economía soviética pudo aplazar la necesidad de reformar un sector industrial ineficaz y anticuado gracias a los beneficios que le proporcionaba el aumento de los precios del petróleo que exportaba, y el propio Brézhnev tuvo la iniciativa de invertir fuertemente en los gasoductos que habían de permitir que la exportación de gas natural se convirtiese en uno de los ingresos fundamentales de la economía rusa en los tiempos difíciles que se acercaban. Por otra parte, los costes del programa de rearme hicieron imposible una mejora substancial de los niveles de vida de los ciudadanos soviéticos.

En lo que se refiere a las relaciones con las llamadas «democracias populares», aceptó que Kádár introdujese en Hungría el mismo tipo de cambios que Kosigyn había querido para la URSS, con el Nuevo Mecanismo Económico, y que Polonia empezase a pedir grandes préstamos a Occidente para impulsar la industria pesada, con la esperanza de desbloquear su economía (el resultado fue un desastre que hubiera debido resultar previsible). Y lo permitió porque esperaba reducir de este modo la carga que la ayuda a estos países implicaba para la economía soviética.

En política internacional tuvo dos grandes fracasos. No logró la reconciliación con los chinos —de hecho acabó de decidir la ruptura cuando la intervención en Checoslovaquia le hizo temer a Mao que podía intentar algo semejante en China— y fracasó en su intento de ayudar a los regímenes árabes amigos tras sus derrotas en las guerras de los Seis Días y del Yom Kippur. La traición de Sadat, que decidió aliarse con los Estados Unidos, fue un duro golpe para su política. Pero, a decir verdad, el gran empeño de toda su gestión había sido la lucha por conseguir la paz a través de la distensión, lo cual exigía, paradójicamente, reforzarse militarmente para poder negociar en pie de igualdad. Esta fue la obra de su vida, a la que dedicó los mayores esfuerzos, incluso cuando estaba ya seriamente enfermo. Pero vivió lo suficiente como para ver que todo lo que había conseguido se desmoronaba ante el retorno de Carter y Reagan a una política de guerra fría.

12

LA CONTRARREVOLUCIÓN CONSERVADORA

En 1975 se publicaba La crisis de la democracia. Informe sobre la gobernabilidad de las democracias a la Comisión Trilateral, un encargo de la Trilateral a dos sociólogos y un politólogo, quienes advertían de los peligros de disolución del orden social como consecuencia de la creciente ingobernabilidad de las democracias por la deslegitimación de la autoridad, la sobrecarga de los gobiernos a causa de las excesivas demandas que les llegaban de la sociedad y de la participación creciente del público en actividades que debían ponerse en manos de una tecnocracia de burócratas especializados. Se señalaba además el peligro que representaban las interpretaciones hostiles al sistema que surgían de intelectuales disgustados por la corrupción, el materialismo y la ineficiencia de la democracia, y por la sumisión de los gobiernos al capitalismo monopolista.

Pronto se echó de ver que no bastaba con oponerse a la agitación de los trabajadores y de las fuerzas de la izquierda con la represión, sino que había que dar la batalla en el campo de las ideas con una contrarrevolución cultural que podía encontrar una amplia audiencia en un público que, en una época de inseguridad económica, empezaba a estar de vuelta de las ilusiones de la revolución cultural de los sesenta: que se oponía a la legalización del aborto, a las reivindicaciones del feminismo o a la tolerancia hacia la homosexualidad, y estaba dispuesto a apoyar la restauración de los que se suponían ser los valores tradicionales. Esta de los setenta había de ser lo que Tom Wolfe caracterizó como la Me decade, la época de afirmación del individuo, con un regreso a valores religiosos —que se manifestaba en el auge de los gurús más o menos orientales, de musicales como Jesus Christ Superstar y de relatos como El exorcista— y al sentimentalismo dulzón (al estilo de Love story), acompañados del éxito de la música «disco», esto es, de la exhibición individual del Tony Manero de Fiebre del sábado noche, en contraposición a la manifestación colectiva que eran los grandes conciertos de rock de los sesenta. Era una restauración que pretendía presentarse como una revolución, como diría Charles A. Reich en The Greening of America, publicado en 1970: «Hay una revolución que llega. No será como las revoluciones del pasado. Se originará en el individuo y con la cultura, y cambiará la estructura política solo como su acto final».

También en la cultura de élite iba a haber cambios fundamentales. Los fallecimientos de Stravinsky en 1971 y de Picasso en 1973 anunciaban el final de una época y el inicio de otra que iba a ver el triunfo de una música cada vez más alejada del público medio, de una arquitectura que rechazaba la «modernidad» del racionalismo (la propia denominación de posmodernismo nace en este terreno), de un arte, en suma, en que desaparecería el concepto mismo de vanguardia, que implicaba la idea de que el artista participaba en las primeras filas de un combate por la transformación de la sociedad, para primar los valores del subjetivismo. Al fin y al cabo, en una época en que las galerías de arte y los museos aceptaban las manifestaciones más provocadoras en busca de la sorpresa de la innovación, no tenía sentido seguir pensando en el artista como en alguien que luchaba contra el arte académico para introducir valores nuevos. El mercado había reemplazado a la academia como evaluador de la calidad artística.

Los empresarios que, siguiendo los consejos de Powell, habían iniciado el asalto al poder, eran conscientes de la importancia que tenía, a largo plazo, ganar también la batalla de las ideas, con el fin de legitimar su triunfo. De hecho la parte más extensa del Memorándum de 1971 se ocupaba de aquellas amenazas al mundo de la «libre empresa» que tenían como autores intelectuales a «los estudiantes universitarios, los profesores, el mundo de los medios de comunicación, los intelectuales y las revistas literarias, los artistas y los científicos». Proponía planes de ataque para limpiar las universidades y vigilar los libros de texto, en especial los de economía, ciencia política y sociología, y pedía que las organizaciones empresariales actuasen con firmeza: «No ha de haber ninguna vacilación en atacar a los Nader, los Marcuse y otros que buscan abiertamente la destrucción del sistema. No ha de haber duda en abogar en todos los espacios políticos por el apoyo al sistema de libre empresa. Ni ha de haber escrúpulo alguno en penalizar públicamente a quienes se oponen a él».

Era evidente que contra estos enemigos había que luchar con armas que iban más allá de las medidas legales, y que debían aparecer como procediendo de fuentes desligadas de unos intereses políticos o económicos concretos. Eso fue lo que inspiró la gran campaña de las fundaciones privadas, financiadas con donaciones con las que los empresarios conseguían, además, descuentos en sus impuestos.[223]

Tal es el caso de las mantenidas por la familia Scaife Mellon (descendientes de uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos de los años veinte), que de 1967 a 1997 gastaron más de 600 millones de dólares en patrocinar institutos y organizaciones ultraconservadores; de la Fundación Coors, dotada por un magnate de la cerveza; de la Fundación Olin, basada en una fortuna ganada con los productos químicos y las municiones (que lanzó, sucesivamente, los «paradigmas» del fin de la historia, de Fukuyama, y del choque de civilizaciones, de Huntington); de la Ave Maria Foundation, ligada a la extrema derecha católica y financiada por el magnate de la «Domino’s Pizza», o de la más poderosa por su dotación económica, la Lynde and Harry Bradley Foundation, sostenida por una fortuna que incluye la gran empresa de armamentos Rockwell International Corporation, que de 1985 a 2005 repartió 565 millones de dólares de subvenciones a entidades de derechas (a think tanks conservadores como la Heritage Foundation o el American Enterprise Institute), que posee una cadena de televisión por cable ultraconservadora y ha financiado la publicación de más de 400 libros.

Estas fundaciones, que actuaban sobre todo a través de los think tanks que financiaban y de los periódicos, revistas, radios y televisiones que poseían o subvencionaban, se convirtieron en el arma más poderosa para difundir no solo los principios de un liberalismo económico favorable a los intereses empresariales, sino todo un trasfondo de ideología conservadora. Valiéndose de sus poderosos medios de información, y de su influencia en la Universidad, donde financiaban cátedras y proyectos de investigación, fabricaron prestigios intelectuales como los de Fukuyama o Huntington, difundieron productos científicos deleznables como el libro de Herrnstein y Murray The Bell curve (1994), que sostenía que la pobreza es producto de la baja inteligencia y de la raza, o mantuvieron campañas de desprestigio contra los estudios acerca del cambio climático, sostenidas financieramente por empresas interesadas en evitar los gastos que implicaría controlar la polución que creaban sus fábricas.[224]

Pero iban también mucho más allá, asociándose a grupos religiosos conservadores en campañas obscurantistas que trataban de eliminar la enseñanza de la teoría de la evolución en las escuelas, reemplazándola por el creacionismo o por el intelligent design, y que han llegado a eliminar el dato de la edad de la Tierra en los libros de ciencias que se utilizan en el estado de Texas. Con un notable éxito, como lo muestra que una encuesta de fines de 2010 revelase que un 78 por ciento de los norteamericanos desconfiaban de la teoría de la evolución y un 40 por ciento estaban convencidos de que Dios creó el mundo hace 10 000 años y que los humanos convivieron en un tiempo con los dinosaurios.

Su afán de control ha acabado llevándolos a buscar la eliminación de la escuela pública, combatida sistemáticamente como ineficaz, sin tomar en cuenta la pobreza de recursos con que funciona, con el argumento de que su baja calidad se debe a que los sindicatos del profesorado se niegan a que se despida a los maestros menos capacitados. Su alternativa son las charter schools, que están «exentas de reglas locales o estatales que inhiben una administración y gestión flexibles». Claro está que cuando se ha eliminado la estabilidad laboral de quienes enseñan se puede controlar con más facilidad lo que enseñan.

RONALD REAGAN

Ronald Wilson Reagan llegó a la Casa Blanca con un pobre bagaje cultural y con escaso conocimiento de las cuestiones políticas, diplomáticas o militares. William Clark, que se convirtió en su segundo ayudante de seguridad a comienzos de 1982, sostenía que el presidente «no sabía apenas nada acerca de lo que estaba ocurriendo en muchos lugares del mundo».

Hijo de un padre alcohólico, vendedor de zapatos, y de una madre piadosa, «Dutch» —como le llamaba su padre— estudió con una beca como jugador de fútbol americano. Comenzó como locutor de deportes en la radio y fue actor de segunda fila, especialista en papeles del «mejor amigo del chico» en 53 películas, en su mayoría de la serie B. Dirigió el Sindicato de actores de 1947 a 1952, a la vez que, como informador secreto del FBI, daba los nombres de quienes le parecían subversivos o comunistoides. Su carrera cinematográfica fue decayendo y su primera esposa, Jane Wyman, que lo consideraba «tan bueno en la cama como en la pantalla», se divorció de él (Reagan le dedica tres líneas y media en unas memorias de más de 748 páginas). Se casó en segundas nupcias en 1952 con Nancy Davis —que se llama en realidad Anne Frances Robbins—, una joven actriz de poco talento e ideas ultraconservadoras, que se convirtió en la única persona con quien llegaría realmente a intimar este hombre contradictorio, de amable apariencia, pero extraño y distante incluso para sus hijos.

Del nivel intelectual del matrimonio, en el que Nancy, a quien el presidente llamaba «Mommy», tenía un papel dominante, puede dar buena idea el hecho de que se guiaban en su vida por el calendario de días favorables y desfavorables que le elaboraba a Nancy su astróloga Joan Quigley. Aparte de que el propio Reagan no solo creía en los «platillos volantes», sino que juraba haberlos visto.[225] Claro está que le costaba distinguir el cine de la realidad. Así, llegó a afirmar en más de una ocasión que había conocido los campos de concentración nazis como fotógrafo del ejército, cuando había pasado toda la guerra en Hollywood, a causa de sus deficiencias visuales. Los elementos esenciales de su cultura, y sus temas habituales de conversación, procedían de su experiencia cinematográfica. Este hombre de escasa inteligencia era, sin embargo, un gran comunicador, que resultaba de la máxima eficacia recitando ante las cámaras unos discursos que iba siguiendo por el teleprompter.[226]

Su primera aparición importante en el campo de la política se produjo en octubre de 1964, dando apoyo a Goldwater en su fracasado intento de obtener la presidencia, con lo que ganó el apoyo del ala derecha del Partido Republicano y de los millonarios que le financiaron la campaña que le llevó a ser gobernador de California de 1966 a 1974, en una época en que estaba claro que su carrera como actor de cine estaba acabada. De su habilidad puede dar buena idea el hecho de que, a pesar de que durante su gestión como gobernador aumentó los impuestos y aprobó una ley sobre el aborto terapéutico, siguió disfrutando del aprecio de sus amigos conservadores.

Tras dos intentos frustrados de obtener la candidatura republicana, en 1968 frente a Nixon y en 1976 frente a Gerald Ford, se presentó en 1980 con un repertorio de ideas de derecha dura, en que recuperaba todos los terrores de la guerra fría y condenaba el «apaciguamiento» de sus predecesores en los años de la distensión. Se expresaba con una retórica llena de confianza en que «los Estados Unidos lo pueden todo», a la vez que explotaba el malestar de las clases medias norteamericanas ante la revolución juvenil y feminista de los años sesentas, y su desconfianza ante los abusos, reales o supuestos, de quienes se beneficiaban de las ayudas sociales que costeaban con sus impuestos los ciudadanos blancos decentes (inventó para ello la historia de una inexistente estafadora que se daba la gran vida a costa de las ayudas sociales). No dudó, además, en buscar el apoyo del racismo de los estados del sur, para lo cual inició su campaña en Neshoba County, Mississippi, donde en 1964 habían asesinado a unos activistas de la lucha por los derechos civiles, con un discurso en que, en medio del entusiasmo local, se manifestó a favor de «los derechos de los estados» («todo el mundo entendió el mensaje», afirma Krugman).

Su campaña se basó en la recuperación de las ideas más duras de la guerra fría, rechazando la distensión y atacando en especial a Carter, cuya preocupación por los derechos humanos, decía, había contribuido a que «se perdiesen» Nicaragua e Irán, y a que hubiese disminuido sensiblemente el prestigio de los Estados Unidos en el mundo. Le favoreció además la desastrosa situación en que Carter dejaba la economía, con paro y unos elevados tipos de interés, algo que Reagan prometía resolver disminuyendo el gasto gubernamental y rebajando los impuestos, pese a comprometerse a mantener un alto presupuesto de defensa, de acuerdo con su reivindicación de la guerra fría. El proyecto era insensato, como se acabaría demostrando, pero los electores apreciaban estas promesas y no se paraban a analizarlas. «Los reaganautas más ilusos —escribiría más adelante Paul Volcker— argumentaban que la reducción de impuestos proporcionaría una especie de elixir mágico para la economía, que haría desaparecer el déficit.» Otros pensaban que, con todo, «el riesgo de un enorme déficit era un precio razonable para que se aprobara su programa radical».

Reagan derrotó a un desacreditado Carter en unas elecciones en que solo votó el 54,7 por ciento de los electores (fue en realidad la abstención lo que le dio la victoria) y en que obtuvo el 51 por ciento de los votos depositados, y asumió la presidencia en enero de 1981, cuando faltaban pocos días para que cumpliese setenta años de edad.

Sus discursos de carácter patriotero y ultraconservador, llenos de optimismo —«Tenemos derecho a soñar en cosas heroicas», diría en el de su investidura—, respondían a lo que la mayoría de los norteamericanos quería oír en estos momentos y explotaban el gran miedo colectivo al fantasmal enemigo soviético. Pero aunque cuidaba hasta el menor detalle lo que se refería a la forma en que los leía al público, las ideas que se expresaban en ellos fueron cada vez más responsabilidad del equipo que los redactaba, integrado por ultraconservadores como Toby Dolan (que fue el autor del discurso de 1983 en que se calificaba a la Unión Soviética como el «evil empire», el imperio del mal) o de Peter Robinson (que escribió el controvertido discurso de junio de 1987 sobre el muro de Berlín).

Su política reproducía inicialmente los esquemas del Committee on the Present Danger (CPD), al cual pertenecía, y del que integró hasta treinta y tres miembros en su administración, veinte de ellos en cargos relacionados con la seguridad nacional, como el secretario de Estado George Shultz, el jefe de la CIA William Casey, Jeane Kirkpatrick, Paul Nitze, Richard Perle, Eugene V. Rostow, Richard Pipes o Richard Allen. De acuerdo con las recomendaciones del Team B, que ahora se convirtieron en doctrina oficial, adoptó desde el comienzo la idea de un retorno a la guerra fría, abandonando la preocupación de Carter por los derechos humanos, un tema que solo importaba en relación con los enemigos de los Estados Unidos. Cuando Gorbachov trataba en Reykjavick de discutir seriamente acerca del desarme nuclear, Reagan contestaba que había que hablar de «derechos humanos, Afganistán, etc.», mientras se negaba a hacerlo, en contrapartida, de las violaciones de derechos humanos que los Estados Unidos patrocinaban en América Central.

La base de esta visión política sesgada era la ya citada teoría de Jeane Kirkpatrick, una demócrata que se había opuesto a la política de derechos humanos de Carter porque minaba a gobiernos favorables a los Estados Unidos, y se había pasado con armas y bagajes al bando de Reagan, al igual que harían otros halcones como Paul Nitze, o intelectuales de pasado izquierdista como Irving Kristol. La distinción que la Kirkpatrick había establecido entre gobiernos «autoritarios» y «totalitarios» implicaba que no había nada que objetar en materia de derechos humanos a Pinochet, a los militares genocidas de Guatemala, a Suharto o a Mobutu, que eran recibidos en la Casa Blanca como héroes del mundo libre, o al gobierno del apartheid de África del Sur: eran gobernantes «autoritarios» respetables, que no debían confundirse con un «totalitario» como Fidel Castro. Reagan nombró a la Kirkpatrick embajadora en las Naciones Unidas, donde se dedicó a criticar a las agencias de la ONU y a los países del tercer mundo que no daban pleno e indiscutido apoyo a los Estados Unidos.

En junio de 1982 Reagan se entrevistó en el Vaticano con el papa Juan Pablo II, con quien colaboraba en un ambicioso plan clandestino de apoyo al sindicato polaco Solidarno’s’c, con el fin de crear dificultades al gobierno del general Jaruzelski. Las directrices de una política antisoviética agresiva quedaron fijadas en la NSDD (National Security Decision Directive) 75 de 17 de enero de 1983, inspirada por el halcón Richard Pipes. Se trataba de un plan de guerra económica y política que iba mucho más allá de los viejos esquemas de la contención, y que alarmó por su dureza al propio Departamento de Estado.

Las actividades cotidianas de gobierno las dirigió, durante su primer período presidencial, un grupo de tres ayudantes —Michael Deaver, Edwin Meese y, muy en especial, James Baker III— que tomaban muchas de las decisiones que correspondían al presidente. Como diría Alexander Haig, su primer secretario de Estado: «No se podía servir en su administración sin saber que Reagan era un símbolo y que eran estos hombres los que dirigían el gobierno». En contraste con la gestión directa y personal de Kennedy, Johnson o Nixon, este anciano —que había sufrido, además, graves heridas en un atentado, el 30 de marzo de 1981, a poco más de dos meses de su llegada al poder— mantenía una mezcla de distanciamiento y desinterés ante la mayoría de los asuntos. Por otra parte, sordo del oído derecho y con escasa capacidad de oír en el izquierdo, solía asistir impasible a las reuniones, sin hacer preguntas ni mostrar signos de lo que pensaba. Esta situación se agravó todavía en los últimos años de su segundo mandato, cuando mostraba signos de depresión, dejaba sin leer papeles importantes de trabajo y dedicaba la mayor parte del tiempo a ver películas en la televisión.

Todo lo cual no significa que abandonase la política en manos de su entorno. Muy al contrario. En lo que consideraba que eran los grandes problemas actuó de acuerdo con sus ideas, sin dejarse influir, como se pudo ver al comienzo de su gestión en sus esfuerzos para conseguir que el Congreso aprobase sus propuestas de recorte de impuestos; y más adelante, en los temas relacionados con la paz y el desarme. Era un hombre aislado y sin amigos, con escasa compenetración con su gobierno. No hubo en su entorno nadie que ocupase la función esencial que en anteriores presidencias habían tenido los consejeros de seguridad nacional como Kissinger (tuvo hasta seis distintos en los ocho años de su gestión) y dejó que los pesos pesados de su administración —Shultz, Caspar Weinberger («el halcón más feroz que jamás hubiera ocupado la secretaría de Defensa») o Casey— se enfrentasen entre sí sin mediar en sus disputas, «presidiendo amistosamente el caos», mientras se iba afirmando en la administración una nueva generación de políticos jóvenes, muchos de ellos miembros también del CPD, que iban a dominar el panorama en los próximos treinta años, como Donald Rumsfeld, Richard Cheney, Richard Perle, Colin Powell o Paul Wolfowitz.

Su segunda etapa como presidente —el de mayor edad, a sus 73 años, en la historia de los Estados Unidos— la obtuvo tras ganar brillantemente, con cerca del 60 por ciento de los votos, a Walter Mondale las elecciones de 1984, en que se hizo famoso el eslogan «it’s morning again in America» («vuelve a amanecer en América»). Fue entonces cuando se disolvió el grupo de sus asesores directos: un Baker agotado cedió su puesto de jefe de equipo de la Casa Blanca a Donald Regan, que había desempeñado la secretaría del Tesoro, lo que resultó un grave error, mientras Meese se convertía en fiscal general y Deaver se dedicaba a explotar privadamente su influencia política, lo que acabó costándole una condena por perjurio. Cuando se descubrió todo el entramado de irregularidades que se derivaban del asunto Irán-contra, el escándalo se llevó por delante a la mayor parte del nuevo equipo que había rodeado al presidente en esta segunda etapa, a la vez que disminuyeron su propio crédito y su autoridad, lo que no impidió que acabase su segundo mandato con una considerable popularidad. Uno de los efectos de este cambio fue la progresiva desaparición en su entorno de los halcones que habían inspirado su política en los primeros años; pero el giro de su gestión hacia una política de desarme y pacificación, con lo que vino a reactivar aquella misma distensión que había criticado duramente en los inicios de su gestión, no debe atribuirse a factores externos, sino a una evolución estrictamente personal, lo que ha llegado a llamarse «la rebelión de Ronald Reagan», que le condujo a una línea de actuación que su sucesor en la presidencia, G.H.W. Bush, se apresuró a abandonar.

REAGANOMICS

Aunque en algunos aspectos pueda decirse que fue Carter quien abrió el camino, es a Reagan a quien se atribuye haber puesto fin a la tradición de una política económica preocupada por elevar el bienestar de las capas populares gracias a un sistema de impuestos progresivo, a la provisión de servicios y ayudas sociales, y al apoyo a la acción de los sindicatos. Esta política, iniciada con el New Deal de Roosevelt, que no se atrevieron a tocar ni siquiera los presidentes republicanos posteriores, como Eisenhower o Nixon, había sido fundamental para asegurar la prosperidad norteamericana.

En los años setenta, sin embargo, y sobre todo después de la recesión de 1973-1975, las ideas de matriz keynesiana en que se basaba la política anterior fueron abandonadas progresivamente ante el miedo a los efectos de la inflación y del déficit. En 1977 el representante Jack Kemp y el senador William Roth presentaron una propuesta para un recorte de impuestos, con una incidencia mucho mayor en las tarifas más elevadas, con la idea de que estos recortes, combinados con una política monetaria estricta, reducirían la inflación.

Reagan, que afirma en sus memorias que sus ideas en torno al recorte de impuestos no procedían de sus conocimientos de economía sino de su experiencia como contribuyente en Hollywood, cuando pagaba a la hacienda 94 céntimos de cada dólar que ganaba, adoptó la propuesta Kemp-Roth como base del programa económico de su campaña. En su discurso inaugural afirmó que «en la crisis presente, el gobierno no es la solución a nuestro problema; el gobierno es el problema» y, una vez asumido el poder, presentó a una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso un «programa para la recuperación económica» que se basaba en la combinación de un recorte de impuestos y una disminución del gasto, iniciado por la reducción de los impuestos, que implicaría una disminución global, en tres años, del 27 por ciento en el impuesto de la renta (un 10 por ciento cada año): el mayor recorte de este tipo en toda la historia del país; algo que el Wall Street Journal saludó como «una victoria espectacular».

Las ideas económicas del presidente se limitaban, según Greenspan, a poco más que a su fe en «la tendencia de los mercados a autocorregirse y en el poder fundamental de creación de riqueza del capitalismo». La tarea de convencer al Congreso para que votase un proyecto cuyas cifras no eran coherentes y de poner en práctica el programa le correspondió inicialmente a David Stockman, el director del Presupuesto, considerado, a sus treinta y cuatro años de edad, como un genio, el «niño maravilla de Washington». Fue él quien consiguió convencer al Congreso de que el recorte produciría tal expansión de la economía que los ingresos fiscales no disminuirían, sin que importara el hecho de que sus consecuencias fueran la eliminación de toda una serie de programas federales de educación, vivienda y ayudas sociales, con lo que se consiguió aumentar el número de quienes vivían en la pobreza del 11,7 por ciento en 1979 al 15,3 por ciento en 1983.

Que esta política condujese a equilibrar el presupuesto se demostró ilusorio. De modo que, como Reagan se embarcó en grandes inversiones militares (en 1985 el presupuesto militar llegó a 294 700 millones, el doble que el de 1980), el resultado final fue que a fines de 1981 el país estaba sometido a una combinación de recesión, tipos de interés en ascenso y déficit creciente, que parecía anunciar un próximo desastre. Lo cual obligó a introducir a partir de 1982 aumentos impositivos que liquidaron buena parte del recorte del año anterior, a lo que se añadieron otros aumentos en años sucesivos, algo que Reagan consiguió hacer con poco coste político personal.[227]

En un artículo publicado en el Wall Street Journal en 1993 Reagan alegó que le habían engañado: «En 1982 el Congreso deseaba aumentar los impuestos. Prometió que cortaría 3 dólares de gasto federal por cada dólar de nuevos impuestos. Siendo nuevo en la ciudad, lo acepté. Desgraciadamente, aunque los nuevos impuestos se implantaron, el Congreso no recortó el gasto ni en un céntimo».

Si se evitó la inflación, no fue por la reaganomics, sino que se debió sobre todo a la labor de regulación efectuada desde la Reserva Federal por Paul Volcker, que elevó los tipos de interés hasta el 20 por ciento, con lo que consiguió reducir la inflación hasta el 1,1 por ciento a fines de 1986. Reagan lo mantuvo en el cargo hasta agosto de 1987, cuando lo reemplazó con Alan Greenspan, que se acomodaba mejor a sus proyectos de desregulación de la economía, y que presidió dos décadas de expansión incontrolada, puntuadas con una sucesión de crisis que iban a conducir a la más grave, que estalló en 2007.

James K. Galbraith ha definido así las líneas esenciales de esta política: «La política monetaria restrictiva estaba encaminada a acabar con la inflación rápidamente, brutalmente si fuera necesario. Y con ello un asalto general al gobierno, las regulaciones y los sindicatos, cuyo propósito era dejar que las fuerzas del mercado —y los capitalistas privados— gobernasen». La propia contraposición de los términos «desregular» y «gobernar» invita a no caer en la trampa de pensar que la desregulación implicaba liberar la economía; de lo que se trataba era de pasar su control de las manos del estado a las de los empresarios privados. Esta combinación de desregulación de la economía, retroceso de los servicios sociales y grandes recortes de los impuestos a los más ricos formaba la esencia de la llamada supply-side economics o «economía de la oferta».[228]

Las ventajas electorales de un programa que se ofrecía a remediar los males de la economía sin más costes que la rebaja de los impuestos eran evidentes. Pero la realidad vino a desmentir las previsiones de que los ingresos del estado se fuesen a recuperar por la vía del aumento de la actividad económica. El descontrol del gasto (Reagan duplicó el militar), unido a la desregulación del dólar-oro realizada por Nixon, permitió a sus sucesores gastar sin tasa durante cuarenta años, imprimiendo dólares de papel que eran aceptados en los mercados internacionales, con lo que se creó un enorme volumen de deuda, como resultado de una política que el propio David Stockman, que fue uno de sus inspiradores, ha calificado después como «un keynesianismo vulgar vestido con los arreos ideológicos de las clases prósperas».

El resultado, ha dicho Anne Hessing Cahn, fue que se menospreció el gasto en «escuelas, ciudades, carreteras y puentes, y en el sistema de salud», mientras «de ser el mayor acreedor del mundo los Estados Unidos pasaban a convertirse en el mayor deudor del mundo, con el fin de costear las armas para contrarrestar la amenaza de una nación [la Unión Soviética] que estaba en pleno colapso».

La política de recortes salvajes de impuestos que realizaría posteriormente George W. Bush, y que prorrogaría Obama, llevaría el problema al paroxismo: se calcula en la actualidad que el total de la deuda pública norteamericana —sin contar la de las empresas garantizadas por el gobierno y la de los gobiernos estatales y locales— puede llegar a alcanzar un valor equivalente al 180 por ciento del PNB en el año 2035.

Los otros elementos esenciales del programa «reaganómico» eran la liberalización de las actividades financieras y una política de apoyo a las empresas, ayudándolas en su pugna contra los sindicatos, con una lógica semejante a la que había servido para justificar el recorte de los impuestos: así se enriquecerían y crearían puestos de trabajo.

En el terreno de la desregulación continuó la política de Carter de dar la máxima libertad a las empresas, suprimiendo las medidas que las coartaban, como los controles sobre la polución (al margen de que el hombre que había puesto al frente de la protección del medio ambiente vendía por su cuenta, y para su provecho, favores y exenciones a los industriales implicados). De lo que se trataba no era tanto de suprimir reglas, como de utilizarlas en provecho de los empresarios: «La derecha, ha escrito Dean Baker, utiliza siempre el gobierno para favorecer sus intereses estableciendo reglas que redistribuyen el ingreso hacia arriba».

Prosiguió además el ataque a los sindicatos con la disolución del de controladores del tráfico aéreo, impulsando una política que conduciría a que entre 1970 y 1990 se produjera en los Estados Unidos un colapso del movimiento sindical que «no tiene parangón en ningún otro país occidental».[229]

Con la desregulación se desarrolló en la economía una oleada de especulación que dio lugar a todo tipo de escándalos y corruptelas, como el de los «bonos basura» (junk-bonds), que ofrecían altos rendimientos para negocios arriesgados, o las opas hostiles que permitían apoderarse de las empresas con recursos obtenidos a crédito.

El mayor de los escándalos de este tipo fue el de las Savings and Loan Associations, algo así como nuestras Cajas de ahorros, que fueron autorizadas a usar sus fondos en operaciones más arriesgadas que las habituales de hipotecas y otras inversiones seguras pero de bajo rendimiento, lo que llevó a que se lanzaran a especulaciones como la compra de bonos basura, e incluso a fraudes, con lo que 747 de ellas se arruinaron. En 1989 el nuevo presidente, George H.W. Bush, tuvo que acudir al rescate, asumiendo un coste para el estado de unos 125 000 millones de dólares.

Los resultados a largo plazo de esta política fueron el aumento de la desigualdad en la sociedad norteamericana, el del déficit público y, sobre todo, el de la deuda, tanto pública como privada, estimulada esta última por las condiciones que permitía ofrecer la desregulación: las familias dejaron de ahorrar y se endeudaron irresponsablemente. Fue precisamente la explosión de la deuda en los veinticinco años siguientes lo que creó las condiciones que facilitaron la crisis iniciada en 2007.

LAS ÚLTIMAS BATALLAS DE LA GUERRA FRÍA

«Los tres primeros años de la administración de Reagan, ha dicho Nicholas Thompson, fueron los más peligrosos de la guerra fría.» Los nuevos gobernantes querían demostrar a los soviéticos que se había acabado la época de la debilidad y de las contemplaciones. No hubo avance alguno en las negociaciones para el desarme, puesto que, si bien la presión del Congreso, las protestas populares y la actitud de sus aliados le impidieron dejar por completo de lado las conversaciones ahora denominadas START (Strategic Arms Reduction Talks), que era el nuevo nombre de las SALT, las manejó de forma que no se consiguiera progreso alguno, ya que las propuestas que se presentaban a los rusos eran tan desfavorables para estos que era previsible que las rechazaran. Lo cual era lógico dada la convicción de Reagan de que las negociaciones eran inútiles.

El hombre al que nombró director de la Agencia de control de armas y de desarme, Eugene Rostow, se había manifestado años atrás como indiferente ante la posibilidad de una guerra nuclear, señalando que Japón había prosperado después de sufrir el ataque atómico de Hiroshima y Nagasaki, y que, al fin y al cabo, aunque las bombas pudieran causar, según las estimaciones, «10 millones de muertes en un lado y 100 millones en otro, eso no es la totalidad de la población».

En 1979 el productor de Hollywood Douglas Morrow llevó a Reagan a visitar el comando aeroespacial de Cheyenne Mountain, Colorado, donde se enteró de que los Estados Unidos no tenían ningún arma capaz de interceptar los misiles que pudiesen dirigirse contra ellos. A comienzos de marzo de 1982 presenció un ejercicio sobre la respuesta a un posible ataque soviético, que le mostró el terrible grado de destrucción que podían sufrir los Estados Unidos. Unos meses más tarde, el 14 de septiembre, Edward Teller —el científico de origen judío-húngaro que había denunciado a Oppenheimer y que estaba obsesionado por construir bombas cada vez mayores y por multiplicar las explosiones nucleares, sin preocuparse por sus efectos sobre la población— le visitaba y le contaba un fantástico plan para interceptar los misiles soviéticos con un rayo láser. La idea, que ligaba con el recuerdo de viejas películas (en 1940 la Warner había rodado Murder in the air, en que Reagan representaba al agente secreto Brass Bancroft J-24, que impedía que los enemigos de los Estados Unidos se apoderasen de un rayo de la muerte que podía destruir los aviones en vuelo) entusiasmó al presidente, como lo revela la anotación que hizo aquel mismo día en su diario.

El 23 de marzo de 1983 Reagan anunció en público su gran proyecto para construir un sistema de defensa general contra los misiles que «iba a cambiar el curso de la historia de la humanidad»: una «visión de futuro» que haría inútiles las armas nucleares. Lo cual se convirtió, dos años más tarde, en un plan de cinco años, con un coste de 26 000 millones de dólares, para desarrollar un sistema de defensa a escala de todo el país llamado SDI (Strategic Defense Initiative), pero conocido como Star wars («Guerra de las galaxias»), una denominación que Edward Kennedy asegura haber inventado. Reagan decía para justificarlo que la teoría de MAD (Destrucción mutua asegurada) carecía de sentido: «era como si dos pistoleros del oeste estuvieran en un “saloon”, apuntando cada uno a la cabeza del otro permanentemente».

El proyecto era de dudosa eficacia y de coste desmesurado, y en el mejor de los casos no estaría a punto para funcionar antes de veinte años. Algunos científicos descubrieron muy pronto su inutilidad. Como dijo Sájarov, era una especie de «línea Maginot en el espacio», ineficaz como elemento de defensa y vulnerable con contramedidas mucho menos costosas. Por otra parte, algunos de los componentes que debían utilizarse fallaron y el desastre del Challenger, que estalló con siete tripulantes a bordo el 28 de enero de 1986, hizo dudar de la capacidad de los norteamericanos para poner en el espacio todos los elementos necesarios (lo que no impidió que se gastasen en el proyecto 17 000 millones de dólares entre 1983 y 1989).

La oratoria agresiva de Reagan, que con frecuencia era responsabilidad de sus ultraconservadores redactores de discursos (Reagan adoptaba en ocasiones una frase inoportuna desde un punto de vista político tan solo porque le gustaba su eficacia retórica), convenció inicialmente a los rusos de que los norteamericanos estaban buscando la confrontación, una idea reforzada por el anuncio de la construcción de la SDI, que les parecía destinada a facilitar un ataque nuclear preventivo, una vez se hubiesen asegurado de que estaban protegidos de una respuesta soviética. No era esta la idea de Reagan, quien, como se puede leer en su diario, había interpretado la idea de Teller como implicando que «las armas nucleares pueden usarse en conexión con los lásers para finalidades no destructivas, excepto cuando se usen para interceptar y destruir misiles enemigos muy por encima de la tierra».

Que Reagan estuviese pensando sobre todo en anular la amenaza nuclear, en lugar de en preparar un ataque preventivo era algo difícil de adivinar para quienes eran objeto de la feroz retórica anticomunista que usaba en público, como sucedió con motivo de la tragedia del KAL 007: un avión de pasajeros surcoreano que fue derribado, el 1 de septiembre de 1983, por aviones de combate rusos, al haberse introducido en el espacio aéreo soviético, cerca de donde se realizaban pruebas secretas de misiles, lo cual se saldó con 269 muertos, incluyendo un congresista norteamericano.

Años más tarde, cuando Yeltsin proporcionó nuevos datos que incluían las conversaciones de los pilotos rusos entre sí y con sus bases, se pudo saber que el vuelo del avión de pasajeros, que se había desviado de su ruta, había coincidido con el de un avión norteamericano de reconocimiento que espiaba los lanzamientos de misiles. El avión militar norteamericano se cruzó en vuelo con el de pasajeros y confundió a los radares soviéticos. Los pilotos rusos avisaron repetidamente al avión de pasajeros, incluso con disparos de advertencia, sin recibir respuesta, y acabaron derribándolo, convencidos de que se trataba de una aeronave militar, sin darse cuenta de su carácter civil.

Aunque la NSA había grabado las conversaciones entre los pilotos rusos y sus controladores de tierra y sabía que se trataba de un error, Reagan aprovechó la tragedia para una de sus habituales exhibiciones, asegurando que se trataba de un acto de barbarie deliberado, y la Kirkpatrick lo adornó con un show audiovisual en el Consejo de Seguridad (con las conversaciones entre los pilotos rusos debidamente manipuladas). Lo que no se dijo en público fue que el acoso que estaban practicando en aquellos días la Flota del Pacífico y la aviación norteamericana cerca de las fronteras soviéticas había sido una de las causas del temor y la desconfianza que acabaron provocando el derribo del avión coreano.

En represalia se prohibieron los vuelos de la compañía soviética Aeroflot a los Estados Unidos, junto a otras medidas gratuitas, que iban desde la negativa a proporcionar a los soviéticos elementos y tecnología para un gasoducto dirigido a la Europa occidental hasta la retirada de la plaza de parking que usaba el embajador Dobrynin en el garaje del Departamento de Estado (se levantó, en cambio, la prohibición dictada por Carter de vender grano a los soviéticos, para complacer las exigencias de los agricultores norteamericanos).

La escalada de actuaciones agresivas que comenzó con el envío de tropas norteamericanas al Líbano, con las intervenciones en América Central y el ataque a Libia, se vino a completar con la invasión de la isla de Grenada, una semana antes de que se iniciaran en Europa, en noviembre de 1983, las maniobras Able Archer 83, que incluían la simulación de un ataque nuclear contra la Unión Soviética. Los rusos temieron que pudiera tratarse de la preparación para un ataque real —Oleg Gordievski, un miembro de la KGB que trabajaba como agente doble para los británicos, les informó de estos temores—, lo que pudo haber creado una de las ocasiones para el inicio de un conflicto directo. En su diario Reagan lo atribuyó al miedo paranoico de los soviéticos a ser atacados por sorpresa: «Sin ser en modo alguno blandos con ellos, deberíamos decirles que nadie aquí tiene intención de hacer algo semejante. ¿Qué demonios tienen que alguien pudiera desear?». Este parece haber sido, sin embargo, el momento en que descubrió que los soviéticos temían realmente ser víctimas de un ataque y en que comenzó, con ello, a cambiar su percepción personal del problema.

Este mismo descubrimiento de que los soviéticos temían ser atacados causó también una profunda impresión en Margaret Thatcher. Estaban acostumbrados a escenificar estos panoramas apocalípticos de cara a su propio público, para reforzar su adhesión por el miedo al enemigo externo, y no se les había ocurrido que los rusos se lo tomasen en serio.

Reagan había iniciado su política de rearme basándose en la equivocada suposición, fruto de las elucubraciones del CPD, de que las fuerzas armadas norteamericanas se habían debilitado y de que su «capacidad para responder eficientemente a un ataque soviético era muy dudosa», lo cual le garantizaba apoyo público y recursos de las cámaras para una costosa política de rearme.[230] Alentado por sus asesores, que en su mayoría eran conservadores opuestos a los tratados SALT, y con un entorno de empresarios directamente interesados en el gasto militar, empleó dos billones de dólares en adquirir nuevo armamento entre 1981 y 1986 (unos años durante los cuales el gasto del Pentágono fue de 28 millones de dólares cada hora), sin atender a las observaciones de quienes urgían un recorte drástico del gasto nuclear en los dos bandos, o de los críticos que señalaban que este despilfarro en armas llevaba al abandono del gasto social interior y conducía a un endeudamiento peligroso para la economía norteamericana.

De hecho, ni siquiera parecía importar lo que pudiese ocurrir si se llegaba a una guerra, ya que los «halcones» estaban convencidos de que el conflicto podía ganarse y un funcionario del Departamento de Defensa llegó a sostener en público que, si había suficientes refugios, la gente podía sobrevivir a una guerra nuclear (sorprendentemente mucha gente lo creyó y se puso a construir unos costosos refugios que no hubieran servido para nada).

Su propio desconocimiento de la realidad ayuda a entender el viraje radical que hizo más tarde, durante su segundo mandato, en la política en relación con la Unión Soviética (en especial en los dos últimos años de su presidencia, cuando los demócratas recuperaron el control del Senado). En su primera administración estaba obligado a confiar en sus asesores más que ningún otro de sus predecesores de la época de la guerra fría, y estos eran sobre todo anticomunistas duros, que no solo pensaban que la Unión Soviética tenía un mayor potencial nuclear, sino que estaban convencidos de que estaba dispuesta a utilizarlo para atacar sin previo aviso. Había que hacer frente a este problema armándose en gran escala, lo que benefició a una industria que había visto menguar su actividad desde el fin de la guerra de Vietnam.

Con el aumento vertiginoso del gasto militar, se ha dicho, se esperaba forzar a los rusos a una escalada en la construcción de armamentos que no podrían resistir económicamente. «Me proponía —diría posteriormente Reagan— hacer saber a los rusos que teníamos el propósito de gastar cuanto fuera necesario para adelantarles en la carrera de las armas», a la vez que los castigaba con una serie de restricciones económicas destinadas a dañar su economía. Sin embargo, tomando en cuenta el carácter errático de lo que puede llamarse su política personal, es difícil creer que jamás tuviese tal plan.

Cuando se analiza la situación real de la Unión Soviética en estos años es fácil ver que no hay que otorgar ninguna credibilidad a la ilusión de que esta política de aumento del gasto militar, y en especial el desafío que implicaba la SDI, contribuyese al hundimiento de una economía, la soviética, que se enfrentaba ya con anterioridad a graves problemas. Lo que es seguro, en cambio, es que sometió a la economía norteamericana a una durísima carga, puesto que de 1980 a 1988 multiplicó por 2,5 la deuda pública.

LA TRAGEDIA DEL LÍBANO

A diferencia de Carter, que había impulsado las negociaciones de Camp David con una pretensión de imparcialidad, Reagan era decididamente proisraelí (en sus memorias asegura que su más firme convicción era «mi creencia de que los Estados Unidos deben asegurar la supervivencia de Israel»), pero veía su política en Oriente Próximo en términos fundamentalmente de la lucha contra la amenaza soviética, que pensaba que sacaba provecho «del salvajismo que yace bajo las arenas» de estos países, lo cual le iba a crear toda una serie de problemas en sus relaciones con árabes y judíos.

Se preocupó también por la situación de inseguridad del Yemen, que podía afectar a Arabia Saudí, en cuyos campos petrolíferos trabajaban un millón de hambrientos yemeníes que podían sentirse tentados por «agitadores» de su país. La consecuencia fue que a la doctrina Carter sobre la protección de los territorios del Golfo se añadiera ahora el «corolario Reagan» que garantizaba «la integridad territorial y la estabilidad interna» de Arabia Saudí.

Los problemas más graves los tuvo en el Oriente Próximo en relación con el Líbano. Reagan había aceptado, sin más que protestas verbales, que Israel se anexionase los altos del Golán, y su secretario de Estado, Alexander Haig, aprobó que los israelíes invadieran el Líbano en junio de 1982 para realizar el plan de Ariel Sharon, nombrado por Begin ministro de Defensa, que pretendía aplastar la OLP en el Líbano con un golpe de fuerza, que serviría además para humillar a Siria, establecer una alianza judeo-cristiana en el Líbano y forzar a los refugiados palestinos a marchar de nuevo a Jordania. Un plan que no reveló ni siquiera al propio gobierno israelí, que le había autorizado tan solo a realizar una incursión de castigo.[231] En esta ocasión, sin embargo, Haig había procedido por su cuenta, comprometiendo a los Estados Unidos al dar vía libre a la agresión israelí sin informar al presidente, que estaba viajando por Europa; la consecuencia de ello fue que Reagan le forzase a retirarse pocos días después, el 24 de junio de 1982, aceptándole una carta de dimisión que no había escrito.

Mientras tanto se había iniciado el ataque israelí al Líbano, un país que había cambiado mucho en los últimos años. Con motivo de la guerra civil de 1975, la Liga Árabe envió en 1976 una fuerza de paz, lo que dio lugar a que el ejército sirio ocupase parte del país e interviniese en su política interna, apoyando inicialmente a los cristianos de derechas, para cambiar de bando en 1978 y defender a los chiíes, que se habían convertido en el componente más numeroso de la población libanesa, aunque también en el más pobre, desplazados desde sus comarcas nativas en el sur y en el valle de la Bekaa a los suburbios de las ciudades. La revolución chií de Irán estableció también lazos con los grupos chiíes del sur, lo que contribuyó a sellar una alianza entre estos y sus dos patrocinadores, Siria e Irán.

Fue en este contexto cuando se produjo la brutal invasión israelí que se inició el 4 de junio de 1982: se bombardearon hospitales y orfanatos y, según informó la Cruz Roja, se atacó a sus ambulancias y a sus voluntarios para impedir que pudieran evacuar a los heridos o transportar alimentos y medicinas donde se necesitaban. Beirut fue bombardeada despiadadamente, incluyendo su principal sinagoga, que estaba llena de refugiados, tratando en vano de matar a Yaser Arafat, lo que causó miles de muertes de civiles,[232] a la vez que se atacaba a las fuerzas y a la aviación sirias en el Líbano (y que Irán enviaba combatientes que constituirían los primeros fundamentos de la creación de Hezbollah).

Reagan forzó a los israelíes a aceptar un alto el fuego controlado por una fuerza internacional de tropas francesas e italianas, con un pequeño contingente británico, que supervisaron la emigración de seis mil palestinos de la OLP, cuya sede central se instaló a partir de entonces en Túnez. Los israelíes, por su parte, estaban decididos a proseguir la neutralización de un Líbano al que querían convertir en un satélite gobernado por los derechistas cristianos. Contaban para ello con un gobernante títere, Bashir Gemayel, un cristiano maronita reclutado por la CIA que fue elegido presidente del Líbano el 23 de agosto «en un cuartel y a la sombra de los tanques israelíes», pero que murió en un atentado el 14 de septiembre de 1982, nueve días antes de su toma de posesión (le sucedió su hermano Amine, que de 1982 a 1988 fue presidente nominal de un país ocupado en su mayor parte por tropas extranjeras, israelíes y sirias, y dominado en el resto por ejércitos sectarios y privados).

La salida de los guerrilleros palestinos del Líbano se había hecho con la condición de que las milicias cristianas protegerían a las familias palestinas que habían quedado en los campos de refugiados para ponerlos a salvo de los ataques israelíes. Sharon aprovechó la muerte de Gemayel para entrar con sus tanques en Beirut oeste, vulnerando el compromiso de alto el fuego que Israel había firmado, y cercó los campos de refugiados palestinos para exterminarlos, valiéndose de una combinación de tropas especiales israelíes y de las falanges derechistas cristianas, que del 16 al 18 de septiembre de 1982 realizaron en el campo de Sabra y Chatila el asesinato de un gran número, imposible de precisar, de familiares de los guerrilleros palestinos —viejos, mujeres y niños— a los que los soldados israelíes impidieron escapar de la masacre, en lo que fue uno de los más monstruosos crímenes del siglo. La operación fue cuidadosamente planeada por los militares israelíes, que emplearon sus focos para que la matanza pudiera proseguir incluso de noche. Los observadores de la Cruz Roja hablaban de «cuerpos de bebés con pañales, ancianos, cadáveres apilados; hasta caballos, perros y gatos fueron masacrados; pechos y penes cortados (…); a muchas mujeres embarazadas les abrieron los vientres». Dos meses y medio más tarde el Congreso norteamericano premiaba a los israelíes con 250 millones de dólares de ayuda militar adicional; en 1991 el Parlamento libanés eximió de responsabilidad criminal a los autores de esta masacre.

Tras esta hazaña las tropas israelíes se retiraron de Beirut, pero se negaron en redondo a abandonar el sur del Líbano, pese a las resoluciones de las Naciones Unidas que les conminaban a hacerlo. Sharon, responsable de las atrocidades de las falanges cristianas, con las que estaba directamente relacionado, hubo de dimitir de su cargo de ministro de Defensa, pero no recibió más castigo.

El nuevo secretario de Estado norteamericano, George Shultz, que, como presidente de la empresa de ingeniería y construcción Bechtel, había establecido relaciones de amistad con muchos dirigentes de los países árabes, hizo público un plan de paz que exigía la retirada de los israelíes de la orilla occidental y de Gaza, y creaba un territorio de autogobierno palestino bajo la soberanía de Jordania. Algo que los israelíes no tenían ni la menor intención de aceptar.

Con el fin de contribuir a estabilizar la situación los Estados Unidos aceptaron enviar de nuevo a los marines para que se integrasen en la fuerza de paz internacional. El 18 de abril de 1983 un camión-bomba destruyó la embajada norteamericana en Beirut, causando 63 víctimas, que incluían 17 norteamericanos, entre ellos los seis miembros de la estación de la CIA, con Robert Ames, un alto funcionario de la compañía, tal vez su mejor experto sobre el Oriente Próximo, «cuya mano se encontró una milla mar adentro, todavía con el anillo de boda en su dedo».

Tras haber replicado bombardeando las zonas en que se creía que se ocultaban los terroristas y haber aumentado el número de los marines destinados a Beirut, el gobierno estadounidense patrocinó, el 17 de mayo de 1983, un acuerdo de paz entre el gobierno libanés y el de Israel, que los países árabes rechazaron y que dejó paso a terribles enfrentamientos internos entre facciones libanesas armadas respectivamente por israelíes y sirios, mientras los cañones de la flota norteamericana disparaban para proteger a sus marines y reforzar el cumplimiento del tratado de paz.

Hasta que el 23 de octubre, en las primeras horas de la mañana, un camión bomba lanzado contra un acuartelamiento en el aeropuerto internacional de Beirut produjo «la mayor explosión no nuclear desde la segunda guerra mundial», con el resultado de 241 marines muertos y de que apenas quedaran unos pocos hombres para buscar a los supervivientes entre las ruinas. Veinte segundos más tarde un segundo camión dirigido contra el edificio que albergaba a un grupo de paracaidistas franceses causó 58 muertos más.

Veinticinco años más tarde, Randy Gaddo, que era sargento de marines en 1983, recordaba el horror de aquella mañana «soleada y placentera» de domingo, cuando una explosión hizo desaparecer por completo un sólido cuartel, «una fortaleza con muros reforzados de cemento armado de más de medio metro de espesor, que habían resistido ataques de artillería sin apenas un rasguño».

Parecía claro que tras los atentados había la inspiración del gobierno de Irán, que deseaba vengarse del apoyo norteamericano a Irak en la guerra que sostenían ambos países. Se aprobó por ello una represalia contra las fuerzas de Hezbollah, pero el secretario de Defensa, Weinberger, paró por su cuenta el ataque, alegando que lo que a los Estados Unidos les importaba más en aquel escenario era el acceso al petróleo, y que había que evitar implicarse directamente en una guerra que causase víctimas musulmanas. Reagan aceptó la desobediencia de Weinberger en momentos en que el éxito de la operación en la isla de Grenada aliviaba la tensión política en los Estados Unidos.

Pese a su voluntad de no ceder —de acuerdo con el que consideraba como el principio fundamental de la política estadounidense: «Nosotros ganamos y ellos pierden»—, Reagan tuvo que aceptar el consejo de Donald Rumsfeld, a quien había nombrado su enviado especial en el Oriente Próximo, y ordenó en febrero de 1984 retirar las tropas norteamericanas de un país que fue abandonado así al control de sirios e israelíes. Tras esta amarga experiencia los Estados Unidos decidieron, afirma Reagan, «no comprometer sus fuerzas en acciones militares en ultramar, a menos que la causa sea vital para nuestros intereses nacionales»; sus sucesores vulneraron repetidamente este principio.

Israel, que había desencadenado esta guerra para expulsar a la OLP del sur del Líbano, se encontró ahora con que los guerrilleros palestinos eran substituidos por los de Hezbollah. En marzo de 1984, un mes después de la retirada de los marines, Hezbollah capturó a William Buckley, jefe de la estación de la CIA en el Líbano, al propio tiempo que la resistencia libanesa lograba una victoria política al conseguir que el consejo de ministros abrogase el tratado con Israel.

En marzo de 1985, siguiendo ya la política de usar a agentes de otros países para desarrollar una política de contraterrorismo, un atentado organizado en Beirut por el director de la CIA, William Casey, con conocimiento y aprobación de Reagan, causó 80 muertos y 256 heridos civiles, en su mayoría mujeres y niños, a la salida de los fieles de una mezquita, en un vano intento por matar a un clérigo chií que escapó con vida. Carter reconocería más adelante que los secuestros y los atentados que tenían lugar en esta zona se explicaban por el hecho de que «en estos pueblos de alrededor de Beirut hemos bombardeado, machacado y matado sin piedad a lugareños enteramente inocentes: mujeres y niños, campesinos y sus esposas. El resultado es que nos hemos convertido a sus ojos en una especie de Satán».

LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS

Como consecuencia de la línea política enunciada por la Kirkpatrick los norteamericanos retiraron el apoyo financiero a la ONU, abandonaron la UNESCO y se negaron a condenar la política de apartheid de Áfica del Sur o a criticar a regímenes brutales como los de El Salvador, Guatemala, Haití o Pakistán, mientras daban un apoyo incondicional a personajes tan impresentables como el filipino Marcos o el haitiano Baby Doc Duvalier. Por este camino se llegó a extremos de indignidad como el de proporcionar a Jomeini, en momentos en que se buscaba su amistad, no solo la lista de los dirigentes del Partido Comunista Tudeh, obtenidos gracias a la defección de un agente soviético, sino la de los contactos internos de los grupos de iraníes exiliados, lo que condujo a la detención o ejecución de más de un millar de personas.

Reagan sostenía que los problemas del tercer mundo no dependían de su situación económica o social, sino de la influencia maléfica de los comunistas, de modo que, en lugar de ayudarles a hacer frente a sus necesidades objetivas, se dedicó a sostener, abiertamente o bajo mano, fuerzas anticomunistas, en busca de éxitos fáciles que aliviasen a los Estados Unidos del síndrome de Vietnam, lo que explica que la CIA se dedicase entonces a ayudar militar y económicamente a todo tipo de dictadores y aventureros.

La puesta en práctica de la «doctrina Reagan», que sostenía que los Estados Unidos debían usar la fuerza para minar los regímenes marxistas del tercer mundo, con el fin de someter a un esfuerzo todavía mayor los recursos de la URSS, tuvo como principal protagonista al jefe de la CIA, William J. Casey, un acaudalado abogado de Wall Street, apasionado por las acciones encubiertas, que tenía la plena confianza del presidente y de su entorno, y que recibió cientos de millones de dólares del presupuesto atribuido al Pentágono, con los que pudo contratar a cerca de dos mil nuevos funcionarios y organizar costosas aventuras.

Los principales objetivos de sus intervenciones fueron la isla de Grenada, Afganistán y Nicaragua. Pero esta misma línea de actuación se extendió también a Etiopía, a Angola (con nuevo apoyo a Savimbi y a UNITA, a costa de frenar un proyecto de paz que estaba ya muy avanzado), Mozambique, Camboya (donde se aumentó la asistencia a los jemeres rojos y a sus aliados) o Chad (donde financió la toma del poder por un criminal como Hissène Habré, juzgado en la actualidad por un tribunal especial en Senegal), y dio lugar a que se planeasen operaciones aberrantes, como la de invadir Surinam con 175 comandos coreanos, que Haig consiguió frenar.

En 1984 estaban en ejecución más de cincuenta operaciones encubiertas, la mitad de ellas en América Latina. Nunca, ni en la etapa más activa de la CIA en tiempos de Eisenhower, se había visto tal proliferación de actividades ocultas. En Europa se revitalizó la propaganda dirigida a los países del área soviética, acabando de una vez con el clima de distensión, y se financió a Wałesa y al sindicato polaco Solidarno’s’c, en una campaña que contaba con el apoyo de la iglesia católica.

La invasión de Grenada, denominada Operation Urgent Fury, se produjo dos días después de que los norteamericanos se retirasen del Líbano, en unos momentos en que la popularidad de Reagan estaba en uno de sus puntos más bajos, como consecuencia de la mala situación de la economía, y en que el presidente necesitaba una «victoria sobre el comunismo» para rehacerse y conseguir que se olvidase la tragedia de Beirut. Esto explica que se diese a esta pequeña operación de castigo un tratamiento propagandístico desmesurado, como si se tratase de una gran victoria militar («Nuestros días de debilidad han acabado», diría Reagan en público, celebrando esta victoria militar, mientras en su diario escribía: «El éxito parece brillar para nosotros y doy gracias por ello al Señor»).[233]

En Grenada, una isla con una población de menos de 100 000 habitantes, firmas británicas y norteamericanas estaban construyendo, usando trabajadores cubanos, una carretera turística y un aeropuerto civil, financiados ambos por el Banco Mundial. Pero Reagan sostenía, sin ningún fundamento, que «era una base soviético-cubana preparada como un gran bastión militar para exportar el terror y minar la democracia». A lo que añadiría: «Llegamos justo a tiempo». El ataque se legitimó además con el argumento de que se temía que el gobierno de la isla pudiese apoderarse de un grupo de 800 estudiantes norteamericanos de medicina que se encontraban en ella y que tratase de repetir algo semejante a lo que habían hecho los iraníes con los rehenes de la embajada en Teherán.

La operación, en que las fuerzas norteamericanas necesitaron una semana para conquistar la pequeña isla, fue un desastre. Hubo paracaidistas lanzados al mar (cuatro de los cuales se ahogaron), bajas a causa de un calor para el que los atacantes iban mal equipados, ataques de fuego amigo como consecuencia de que los helicópteros llevaban mapas turísticos de gasolinera, y tan mala información que algunos soldados norteamericanos preguntaban a los nativos cuál era la carretera para Trinidad. Entre otros errores, que revelaban la falta de coordinación de las diversas ramas de las fuerzas armadas, hay que apuntar el bombardeo de un manicomio en el que murieron 21 internados.

Reagan fracasó tanto en Nicaragua, donde no se consiguió derribar a los sandinistas con las operaciones encubiertas, como en el Líbano, que se vio obligado a abandonar, mientras en Afganistán no hizo otra cosa que crear las condiciones de un conflicto que sigue sin resolverse. Su única victoria indiscutible fue la de la pequeña isla de Grenada, lo cual parece un magro balance para una doctrina tan ambiciosa, un gasto tan considerable y por tantas muertes inútiles.

LA GUERRA ENTRE IRAK E IRÁN

La revolución islámica de Irán, de carácter chií, había de tener repercusiones inmediatas en Irak donde en 1958, como se ha explicado anteriormente, un golpe realizado por militares nacionalistas del Partido Socialista Baaz (Renacimiento), partidario del neutralismo y opuesto al imperialismo, había acabado con la monarquía e instalado una república, que mantuvo en una primera etapa, con Abd al-Karim Qassim como jefe del gobierno, una política de equilibrio entre panarabistas y comunistas. La hostilidad de algunos de los propios militares iraquíes, partidarios de una integración en la República Árabe Unida de Nasser, y el apoyo de la CIA y de los británicos, frustrados por la salida de Irak del pacto de Bagdad y por su deriva izquierdista, condujeron al golpe de estado que acabó con la vida de Qassim en febrero de 1963. Inmediatamente después, las escuadras de la muerte que dirigía Saddam Hussein —que en octubre de 1959 había intentado asesinar a Qassim por encargo de la CIA, organización que financió su subsistencia en el exilio en los años siguientes— emprendieron la matanza de miles de comunistas y de izquierdistas de todo tipo, muchos de ellos profesionales de clase media, con la ayuda de las listas proporcionadas por la CIA, que había prestado pleno apoyo al golpe.

El poder pasó a manos del general Arif, hasta que en 1968 un golpe interno dio la presidencia de Irak a Ahmed Hassan al-Bakr, que tenía a su lado a su pariente Saddam Hussein, quien dirigió la nacionalización del petróleo en 1972. Desde 1979, tras una sangrienta purga de dirigentes de su propio partido, en que Bakr fue destituido, Saddam pasó a controlar por completo el poder y aprovechó los beneficios del petróleo para hacer grandes adquisiciones de armas y para iniciar la construcción de un reactor nuclear en Osirak, cerca de Bagdad, que los israelíes destruyeron en un ataque aéreo antes de que empezase a funcionar, en junio de 1981.

Saddam, que en 1975 había firmado en Argel un pacto con el Shah, se encontró a partir de 1979 enfrentado al nuevo gobierno islámico chií de Teherán, que condenaba el régimen «socialista» de Irak e incitaba a la numerosa población chií de aquel país a sublevarse. Obligado a defenderse de la amenaza chií, Saddam pensó que era el momento de plantear sus reivindicaciones territoriales en la costa del golfo Pérsico, incluyendo la de la entera provincia de Juzestán (que contaba con una importante producción de petróleo y con la refinería de Abadán). El 28 de septiembre de 1980 declaró la guerra a Irán, contando con el apoyo de la mayor parte de los países sunitas, que temían que la revolución iraní se expandiese: Arabia Saudí y Kuwait le proporcionaron ayuda por cerca de 50 000 millones de dólares.[234]

Saddam contaba con la desorganización y debilitamiento que había sufrido el poderoso ejército del Shah a consecuencia de las conmociones de la revolución islámica, y tenía en estos momentos el apoyo de los gobiernos occidentales, que lo veían como un aliado —«como un nuevo Shah»— en aquel escenario convulso, lo que le permitió contar casi desde el comienzo con la colaboración de los norteamericanos. En febrero de 1982 el Departamento de Estado sacó al país de la lista de estados que daban apoyo al terrorismo, lo que era una condición previa para poder proporcionarle armas, y en marzo, siguiendo instrucciones del propio Reagan, se decidió darle asistencia en secreto.

Las cosas empezaron a ir mal para los iraquíes en mayo de 1982 y Saddam trató de empezar negociaciones de paz, apoyadas por la Arabia Saudí, que ofrecía reparaciones y una indemnización económica a Irán. Pero los iraníes rechazaron estos intentos e invadieron Irak, dispuestos a llevar la guerra hasta su conquista final.

Fue entonces, en junio de 1982, cuando Reagan decidió que «los Estados Unidos no podían permitir que Irak perdiese la guerra», lo que se formalizó en una «National Security Decision Directive» secreta. Se dio a Saddam ayuda financiera, a través de la sucursal en Atlanta de la Banca Nazionale del Lavoro italiana, para comprar alimentos en los Estados Unidos, se presionó al Export-Import Bank para que le concediese créditos, se le proporcionaron suministros que podían usarse en la guerra, con el pretexto de que eran para usos civiles (se autorizó, por ejemplo, la venta de sesenta helicópteros «para usos agrícolas»).

Para evitar que resultase evidente la ayuda norteamericana, la CIA procuró que adquiriese armas en otros países: se encargó, por ejemplo, de que consiguiera bombas de racimo (o dispersión) fabricadas en Chile con zirconio norteamericano, y favoreció que Egipto fabricase piezas de recambio y municiones adecuadas al armamento soviético de que Irak disponía. Una de las mayores ayudas que le prestaron, como consecuencia de la directiva secreta de Reagan, fue la de darle informaciones detalladas, obtenidas por los satélites norteamericanos, de los movimientos y la entidad de las tropas iraníes y de la localización de sus líneas de suministro, lo que le permitió frustrar un avance iraní que podía haber sido decisivo.

Los países occidentales, y en especial los Estados Unidos y Gran Bretaña, proporcionaron a Saddam, no solo armamento convencional, sino los medios para fabricar armas químicas y biológicas. Desde los Estados Unidos se le vendió material para producir ántrax, botulismo y otros agentes, a través de la compañía American Type Culture Collection, en operaciones que se efectuaban con contratos aprobados por el Departamento de Comercio, pese a que se sabía que las armas químicas y biológicas se usaban contra los kurdos y contra los iraníes, provocando una inmensa mortandad (un documento del Departamento de Estado de 1 de noviembre de 1983 confirmaba el uso «casi diario» de armas químicas por parte de Irak). Irak fue el primer país que empleó en combate el llamado gas tabun, desarrollado por los alemanes durante la segunda guerra mundial.

Los norteamericanos repudiaban estos actos en público, pero no querían que se impidiese seguir adelante con ellos, de modo que cuando Irán pidió a las Naciones Unidas que condenasen el uso de armas químicas por parte de Irak, el delegado de los Estados Unidos recibió el encargo de ponerse en contacto con otras delegaciones amigas para que no se diese una respuesta positiva a la petición; en caso de no poder conseguirlo, el delegado norteamericano debía abstenerse en la votación.

Robert Fisk ha recordado que escribió un largo artículo para The Times sobre el uso que hacía Saddam Hussein de las armas químicas contra los iraníes —«había visto a jóvenes soldados iraníes tosiendo hasta echar los pulmones dentro de una toalla en un tren hospital militar que se dirigía a Teherán desde el frente»—, lo que dio lugar a que un funcionario de Exteriores británico le dijese al editor del periódico que aquel artículo «no resultaba útil», «porque evidentemente por aquel entonces apoyábamos a Saddam».

La cosa cambió por completo años más tarde, cuando, ante el escaso entusiasmo que suscitaba en los Estados Unidos la primera guerra del Golfo, Bush padre recordó aquellas mismas matanzas en las que anteriormente habían colaborado y encontró en el miedo a las «armas de destrucción masiva», y en la fantástica suposición de que Saddam estaba cerca de poder construir armas nucleares, un elemento de movilización que su hijo volvería a utilizar en la invasión de 2003.

De 1987 a 1989, en la etapa final de la guerra y después de que esta concluyera, en agosto de 1988, Saddam llevó a cabo, por intermedio de su primo Ali Hassan al-Majid, a quien concedió poderes especiales para dirigir la operación, una campaña de exterminio contra los kurdos del norte, a quienes se había ofrecido en 1974 una engañosa autonomía, con el objetivo de desplazarlos del área en torno a Kirkuk, que iba a ser «arabizada», con el fin de mantener el control de sus recursos petrolíferos. La campaña se inició con bombardeos con armas químicas y con operaciones de limpieza en que el ejército incendiaba y arrasaba las aldeas kurdas. El genocidio llegó a su momento culminante de febrero a septiembre de 1988, en la llamada campaña al-Anfal —«los despojos de la guerra», del nombre de la octava sura del Corán—, con el uso masivo de armas químicas contra la población civil, la destrucción de miles de aldeas y de una docena de ciudades y centros administrativos, que puede haber causado más de 100 000 muertes, y con el desplazamiento forzado de cientos de miles de kurdos, recluidos en campos de internamiento.

En estos momentos, sin embargo, Saddam seguía siendo un protegido de los norteamericanos. Ronald Reagan le había enviado por dos veces a Donald Rumsfeld (en diciembre de 1983 y marzo de 1984), para negociar la reanudación de relaciones diplomáticas, que se habían roto en 1967 con motivo de la guerra contra Israel. Según los propios documentos norteamericanos sabemos que en la primera entrevista, que duró hora y media, se discutieron problemas regionales de mutuo interés y que «de acuerdo con notas detalladas sobre el encuentro, Rumsfeld no hizo referencia alguna a las armas químicas».

Como sucede en muchas ocasiones en la política internacional, nada de lo que sucedía era lo que parecía ser. En febrero de 1984, cuando Donald Rumsfeld pasaba por Israel, en el transcurso de su segundo viaje a Bagdad, el primer ministro israelí, Yitzak Shamir, le propuso que ofreciese a Saddam ayuda militar secreta. El ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Tariq Aziz, se negó a recibir la carta del gobierno israelí, alegando que «sería ejecutado de inmediato, si lo hiciera».

Para completar el cuadro conviene tener en cuenta que Irán, que practicaba una política de ataques verbales a Israel, con gestos como el de pedir que se le expulsase de las Naciones Unidas, con la intención de legitimarse ante los países árabes, mantenía un entendimiento bajo mano con los israelíes; algo que les convenía a los dos, y que a los dos les interesaba mantener en secreto.

La realidad era, sin embargo, que Irán se encontraba solo, sin ningún aliado ni apoyo, de modo que al cabo de ocho años de combates, con cientos de miles de muertos por ambos bandos, y con una neta superioridad de un Irak armado por «Occidente», Jomeini se vio obligado a aceptar un alto el fuego en julio de 1988, que entró en vigor al mes siguiente.

Pocos días antes, el 3 de julio, un buque de guerra norteamericano, el Vincennes, derribó —¿por error?— un avión de pasajeros iraní que llevaba 290 peregrinos a la Meca, lo que sin duda favoreció la aceptación del armisticio. Era una consecuencia de la llamada tanker war, la guerra de los petroleros, por la que Irak e Irán trataban de obstaculizar las respectivas exportaciones de crudo atacando a los buques petroleros (con el resultado de 546 buques atacados y 430 marinos muertos). Esta fue la razón de que Kuwait, que era la víctima principal de estos ataques, pidiese protección internacional para sus barcos y que los norteamericanos se la ofrecieran a todos los que adoptasen la bandera de los Estados Unidos. A partir de 1987 estos enviaron a sus barcos de guerra a patrullar por el Golfo, en cuyas aguas coincidieron entonces embarcaciones de diversos países, que daban lugar a continuos incidentes: cuando una fragata norteamericana resultó dañada por los iraníes, en abril de 1988, la réplica norteamericana fue la destrucción de la pequeña flota iraní, algo que el gobierno de Teherán ocultó para no extender el desánimo.

LA OPERACIÓN IRÁN-CONTRA

Reagan estaba especialmente empeñado en aquellos momentos en ayudar a la guerrilla de la «contra» de Nicaragua y al brutal gobierno de El Salvador, convencido de que «de lo que se trata es de una revolución general dirigida contra toda América Central y, sí, también contra México». De modo que, cuando el Congreso le negó recursos para proseguir esta ayuda, comenzó usando subterfugios como el de enviar misiles a Honduras, como si fuesen para su ejército, para que de aquí pasasen a la contra, o el de minar las aguas costeras de Nicaragua, donde a comienzos de 1984 recibieron daños diez buques mercantes, incluyendo un petrolero mexicano.

El problema fundamental era el de encontrar dinero para comprar armas y financiar la guerra. Se recurrió en un primer momento, a mediados de 1984, al embajador saudí, príncipe Bandar, que consiguió que su gobierno —interesado en establecer con los norteamericanos una relación privilegiada, a semejanza de la de Israel— llegase a dar 32 millones de dólares para la contra; fracasaron las gestiones con los israelíes, y obtuvieron algún dinero de los Taiwáneses, mientras que un crédito puente de diez millones de dólares hecho por el sultán de Brunei fue a parar a una cuenta equivocada en Suiza y no llegó nunca a su destino. Otro de los problemas que tenían era que buena parte del dinero enviado desaparecía por el camino, robado antes de llegar a los guerrilleros. En 1986, cuando Oliver North, un teniente coronel del cuerpo de marines que se encargaba de estas gestiones con la colaboración de Don Gregg, antiguo jefe de estación de la CIA en Saigón, y del general retirado de aviación Secord, se encontró sin más dinero, se comenzó a recurrir a los beneficios que se obtenían de la venta clandestina de armas a Irán.

En marzo de 1984 la guerrilla proiraní de Hezbollah secuestró en Beirut a siete norteamericanos, incluyendo al jefe de la estación de la CIA en el Líbano, William Buckley, que murió a consecuencia de las torturas que recibió durante los interrogatorios a que fue sometido. Reagan sostenía entonces públicamente que no había que tratar con los terroristas ni ceder a sus exigencias, a la vez que pedía a todos sus aliados que no vendiesen armas a Irán.

En el verano de 1985 un traficante iraní exiliado, Manucher Ghorbanifar, se puso en contacto con los norteamericanos para ofrecerles un trato que podía conducir a la liberación de los rehenes. Los iraníes, en plena guerra contra Irak, estaban desesperados por la falta de armas (y de recambios para el armamento norteamericano adquirido en su tiempo por el Shah) y se ofrecían a intervenir para que Hezbollah liberase a los rehenes norteamericanos en el Líbano a cambio de que se les proporcionasen armas y recambios. Se trataba simplemente de un proyecto fraguado por traficantes de armas iraníes y saudíes para ganar dinero; pero el plan le llegó a Reagan avalado por los servicios secretos de Israel, y esto bastó para convencerle. A estas alturas, además, había ya dirigentes norteamericanos, como el almirante Pointdexter, que eran partidarios de no dejar aislados a los iraníes, por miedo a que se aliasen con los rusos. Reagan dio a Casey su aprobación para llevar adelante el trato, que se realizaría por intermedio de los israelíes.

La operación se haría vendiendo los israelíes a Irán armas recibidas de los Estados Unidos, con la garantía de que se les enviarían otras para reemplazarlas. De este modo se realizó la venta de 504 misiles antitanque TOW (Tube-launched, Optically tracked, Wire-guided), que los iraníes pagaron a 10 000 dólares la pieza, a cambio de lo cual Hezbollah dejó libre a un rehén. Aunque se dijo que las armas se proporcionaban a una facción militar que pretendía derrocar a Jomeini, esto no era más que una fantasía destinada a mantener abierto el negocio en que el intermediario y los israelíes realizaban grandes ganancias. Más adelante se recibió una nueva oferta de liberar a los rehenes a cambio de misiles antiaéreos Hawk; pero el plan, organizado por los israelíes (que habían de transportar ochocientos misiles a Lisboa, para que allí los cargase un avión nigeriano que los llevaría a Teherán), falló (los israelíes se olvidaron de pedir previamente permiso para aterrizar en Lisboa) y los iraníes acabaron recibiendo tan solo 18 misiles anticuados y con inscripciones en hebreo. La operación concluyó, sin embargo, con 850 000 dólares depositados en un banco suizo que North tomó para proporcionárselos a la contra de Nicaragua.

Las ventas prosiguieron posteriormente, bajo la dirección de Pointdexter y de Oliver North, realizadas ahora directamente por la CIA con el intermediario iraní, con lo que se acumularon grandes beneficios para financiar la guerrilla en Nicaragua, puesto que la CIA pagaba al Pentágono 3469 dólares por cada misil y los revendía por 10 000 al intermediario.

El 3 de noviembre un periódico libanés, al-Shiraa, reveló la historia de las ventas de armas a Teherán y el ridículo de unas operaciones que no habían conseguido liberar más que a un pequeño número de rehenes (en realidad, dado que resultaban tan rentables, el número de rehenes capturado por Hezbollah fue aumentando; dos de ellos murieron en cautividad y los últimos recobraron la libertad cinco años más tarde). El presidente y los altos funcionarios implicados comenzaron negándolo todo —el propio Reagan lo calificaba en su diario de «una historia sin fundamento» y repetía una y otra vez que todo lo que se publicaba era «pura ficción»—, puesto que habían actuado ilegalmente al realizar semejantes ventas de armamento a espaldas del Congreso. Negaron, sobre todo, que hubiesen mantenido tratos con terroristas para rescatar rehenes y trataron de presentarlo como una operación secreta destinada a reforzar la posición norteamericana en la zona. Calculando que Jomeini estaba a punto de morir, decían, estaban tratando con un grupo moderado que podía heredar el poder e iniciar una política proamericana. La verdad era que no había tal grupo moderado, y que el principal objetivo de las ventas era obtener dinero para sostener la guerra sucia de Nicaragua.

La situación, sin embargo, no podía ser más paradójica, con el gobierno norteamericano dando apoyo a Irak en su enfrentamiento contra Irán y vendiendo, al propio tiempo, armas, y según parece también información, a su enemigo. Que esto era menos inocente de lo que puede parecer nos lo revela un mensaje que el consejero de Seguridad nacional Pointdexter envió a Ollie North: «necesito un planteamiento razonado que permita establecer un esquema racional para proporcionar información a los dos bandos».

En el verano de 1986 Reagan había conseguido del Congreso una nueva partida de 100 millones de dólares para la contra, pero, mientras se estaba tramitando, surgió a la luz un nuevo escándalo, cuando los sandinistas derribaron, el 5 de octubre de 1986, un avión que transportaba armas para la contra y el único superviviente del derribo, un norteamericano, explicó que había sido contratado por la CIA, lo que no fue más que el comienzo del descubrimiento de toda una maraña de actuaciones ilegales y clandestinas. Un mes más tarde se descubría la conexión Irán-contra —North y Pointdexter se habían esforzado en destruir todos los documentos, pero se les escapó uno que relacionaba los millones ganados con la venta de armas a Irán y la financiación de la contra— y el Congreso se dio cuenta de que había sido engañado durante años. Era el mayor escándalo político que los Estados Unidos habían conocido desde Watergate.

El asunto se liquidó cargando todas las culpas a la CIA (Casey, gravemente enfermo, hubo de dimitir y otros dirigentes siguieron el mismo camino) y echando a todo el personal del entorno del presidente. Cayó el jefe de su servicio en la Casa Blanca, Donald Regan (que se había peleado en diversas ocasiones con Nancy y que diría, al marchar, que él había sido como los que van detrás de un desfile circense, limpiando lo que deja el elefante) y lo hicieron también el almirante Pointdexter y el coronel Oliver North, que acabaron admitiendo que habían actuado sin que el presidente supiese exactamente lo que hacían —por más que Ollie aclaró en algún momento: «El presidente no sabe qué es lo que sabe»— para dejar a salvo a un Reagan que declaró, en un discurso a la nación el 4 de marzo de 1987: «Hace unos meses dije al pueblo americano que no había intercambiado armas por rehenes. Mi corazón y mis intenciones me siguen diciendo que esto es cierto, pero los hechos y la evidencia me dicen que no lo es», y lo resolvió aceptando la parte de responsabilidad que le correspondía por unas actividades «emprendidas sin mi conocimiento».

La conducta de Reagan en estos últimos años de su presidencia, cuando en muchas ocasiones sus subordinados no estaban seguros de que entendiese realmente lo que le estaban planteando, ha hecho pensar que se estaban manifestando ya en él los primeros síntomas del Alzheimer que le afectaría posteriormente, algo que su hijo Ron ha confirmado en el libro dedicado a su padre a los cien años de su nacimiento.

Pero si el escándalo Irán-contra se hizo público, hubo en cambio un interés especial en ocultar otra fuente ilegal de financiación que relacionaba la guerra sucia de Nicaragua con el tráfico de drogas. Cuando el Congreso prohibió que se siguiesen financiando las operaciones militares en América Central, los «luchadores por la libertad» obtuvieron recursos a partir de la venta de cocaína, sin que la CIA se preocupase demasiado por ello.

A comienzos de los años ochenta había comenzado a difundirse por los barrios negros de Los Angeles el crack, elaborado con cocaína y bicarbonato, que se presentaba en cristales que se podían fumar. Era más fuerte y activo que la cocaína y creaba más adicción, pero era más barato: se podía comprar una dosis incluso por cinco dólares.

Un periodista, Gary Webb, hijo de marine y nada sospechoso de izquierdismo, comenzó a descubrir los hilos que mostraban la extraña relación entre los traficantes de droga nicaragüenses y la CIA, y preparó unos reportajes que al principio fueron bien recibidos, pero que pronto le valieron ataques salvajes de los medios «respetables» y de amigos y dependientes de la CIA, que consiguieron silenciarlo, arruinar su carrera y llevarle finalmente al suicidio en diciembre de 2004, pese a que la propia CIA había admitido en 1998 su relación con los traficantes de drogas. Pero es que sus descubrimientos habían provocado la indignación de los negros, que vieron que el gobierno toleraba que la droga se difundiese en sus barrios (un rumor extendido aseguraba que había sido un arma de lucha empleada deliberadamente contra la protesta negra, y muy en especial contra los Black Panthers).

Las sospechas acerca de las conexiones entre el tráfico de drogas y las guerrillas derechistas en América Central no se acabaron aquí. El 12 de junio de 1986, cuando el general panameño Manuel Noriega iba a Washington a recibir una medalla de honor, el New York Times publicó en su primera página un artículo denunciando la asociación de Noriega con los cárteles de la droga colombianos, y acusándole además de asesinatos políticos como el de su oponente liberal Hugo Spadafora, que fue decapitado.

La primera reacción del gobierno fue la de «evitar la imagen de que “trabajamos con” Noriega». Se le seguía necesitando mientras no se hubiese acabado con los sandinistas, ya que el panameño, además de haber hecho una donación de 100 000 dólares, les había ayudado en muchos aspectos y era una pieza esencial del juego. Los Estados Unidos sabían que Noriega traficaba con droga desde fines de los sesenta, pero como trabajaba para la CIA, de la que llegó a cobrar de cien a doscientos mil dólares anuales por sus servicios, la propia compañía paró el asunto de momento, aunque le resultó cada vez más difícil hacerlo, a medida que iban apareciendo nuevas informaciones que relacionaban la financiación de la guerra con la droga.

Washington se dedicaba mientras tanto a difundir que eran los sandinistas, asociados a Castro, quienes mantenían una red de tráfico de droga. Cuando un redactor de la revista Time fue enviado a América Central para investigarlo y regresó con historias que implicaban a la contra en el tráfico, la revista se negó a publicarlas, diciéndole que eso no les interesaba: que ellos apoyaban a la contra y lo que querían eran historias que condenasen a los sandinistas.

LA TRAMPA AFGANA

Parece mentira que los hombres que embarcaron a Reagan en la escalada de apoyo a los islamistas afganos —entre los que se encontraba Richard Perle, que años más tarde habría de lamentar que «miles de terroristas recibían entrenamiento en campamentos de Afganistán»— no se diesen cuenta de los riesgos que implicaba para el futuro esta operación de apoyo a los mujahidin contra el comunismo laico afgano, organizada por la CIA y por los servicios secretos —ISI (Inter-services Intelligence)— de Pakistán, que se potenció desde 1983 gastando más de 3000 millones de dólares en proveerlos de armamento y en pagar los sueldos de los combatientes. Alentando y financiando la participación de milicias islamistas de otros países convirtieron lo que era un conflicto rural localizado en un foco de integrismo islámico que muy pronto se extendería más allá de este escenario.

La operación se había iniciado en tiempos de Carter sin ninguna previsión de que los rebeldes pudieran vencer al gobierno de Kabul, con el único propósito de que los mujahidin matasen al mayor número de soldados soviéticos posible. Pero ahora cambió de objetivo, al preverse una posible victoria de los islamistas, lo cual requería un mayor apoyo norteamericano.

El hombre que dirigió la CIA de 1981 a 1987, William J. Casey, un multimillonario septuagenario, católico de misa diaria, pensaba que la Iglesia católica y el islam eran aliados naturales contra el comunismo ateo, lo que explica que no solo diese apoyo a las organizaciones islamistas radicales, sino que hiciese imprimir miles de ejemplares del Corán en lengua uzbeca para distribuirlos en Afganistán.[235] Y estaba además entusiasmado por la oportunidad de alentar una guerra en que los rusos iban a aparecer como «los malos»: «Esta es la belleza de la operación de Afganistán, diría. De ordinario parece como que son los americanos los malos que atacan a los nativos. Afganistán es precisamente lo contrario». Casey favoreció en Afganistán la práctica del terrorismo más brutal, fomentando el uso por los mujahidines de los coches bomba, dirigidos en buena medida contra los profesores de la universidad y contra los medios de comunicación de la izquierda laica, con los que destrozaron Kabul, y alentó además los ataques terroristas en las repúblicas del Asia Central soviética, desafiando los límites que la ley fijaba a su autoridad (hubo que detenerlos cuando los soviéticos avisaron a norteamericanos y pakistaníes que, si no acababan estos ataques a su territorio, intervendrían directamente en Pakistán).

Esta fue sobre todo la guerra de Casey, aunque contó con la entusiasta colaboración del congresista tejano Charles Wilson, un alcohólico que aprovechaba su cargo para viajar por el mundo en compañía de reinas de la belleza de segunda fila. En 1980 había visitado Pakistán y se convirtió en decidido partidario del dictador Muhammad Zia-ul-Haq. Entusiasmado con las hazañas de los mujahidines afganos, Wilson contribuyó a derivar en su favor cientos de millones de dólares del «presupuesto negro» del Departamento de Defensa, cuyo desglose no se da a conocer al público.[236]

Inicialmente se procuró enviar a los islamistas armas soviéticas capturadas en diversos lugares o compradas a antiguos aliados de los rusos, como Egipto. Después se compraron a China —que proporcionaba también las mulas, indispensables para la logística de la guerrilla— o, a través de compañías ficticias, a los propios países del área soviética, y en 1985 se montó una fábrica en Egipto para producir armas de modelos soviéticos destinadas a los mujahidines. Se trataba de disimular la implicación norteamericana, para no provocar a los soviéticos, pero muy pronto se objetó que los islamistas no podían hacer la guerra eficazmente sin armas modernas, y en 1986 Reagan acabó autorizando que se les proporcionase 500 misiles Stinger (a la vez que se enviaban a Angola, para potenciar a UNITA, y a Gran Bretaña, que los usó contra Argentina en la guerra de las Malvinas).

A financiar esta guerra santa contribuyó en buena medida el gobierno saudí, pero también un gran número de donantes particulares, tanto de Arabia Saudí como de los emiratos del Golfo, que han seguido desde entonces implicados en Afganistán; aparte de otros como el Bank of Credit and Commerce International, fundado en 1972 por un pakistaní amigo de Carter, una empresa ligada al tráfico de drogas y al comercio de armas que se utilizó para canalizar parte del dinero aportado por la CIA. En 1987 llegó a Peshawar, en un avión de transporte C-123 cargado de armas para los mujahidines, un millonario saudí, Osama bin Laden, hijo de la cuarta esposa de un magnate de los negocios de la construcción, que más tarde comenzaría la tarea de crear un movimiento de integrismo islámico que un día iba a declarar la guerra santa a los Estados Unidos.

Con esta financiación se creó una auténtica organización terrorista cuya dirección compartía Casey con el príncipe saudí Turki y en la que el jefe de los servicios de inteligencia del Pakistán, Muhammad Yousaf, tenía un papel aparentemente secundario, encargado sobre todo de canalizar a través de su país la ayuda a los islamistas afganos, pero que resultó decisivo, puesto que se cuidó de dirigirlas hacia los grupos radicales y los señores de la guerra afganos favorables al Pakistán, lo que tuvo como consecuencia la eliminación en la práctica de los grupos de oposición monárquicos o laicos que se habían sumado inicialmente a la lucha contra los soviéticos.

Gracias a estos recursos se pudo potenciar la guerrilla con voluntarios musulmanes venidos de otros países, que eran reclutados sobre todo en un norte de África en crisis por miembros del movimiento religioso Tabligh —con el apoyo explícito de los gobiernos de Egipto y Túnez, que de este modo se libraban de extremistas islámicos— y entrenados por funcionarios del ISI, con asesores de la CIA, en campamentos organizados primero en los Estados Unidos (en Virginia) y después en el propio Afganistán. Se calcula que unos 35 000 musulmanes venidos de otros países fueron entrenados en estos campamentos entre 1982 y 1992. Así se creó la infraestructura que años más tarde serviría para alimentar el terrorismo en el mundo entero.

Los chinos contribuyeron con armas, en especial cohetes, y entrenando a 55 000 voluntarios uighur en una operación pagada por la CIA con una contribución de unos 400 millones de dólares, además de permitir que los norteamericanos construyesen dos estaciones de escucha electrónica, operadas por los chinos, en el Chinjiang, cerca de la frontera afgana.

También la Thatcher se sumó entusiásticamente a la cruzada. Después de que la CIA le hubiese proporcionado en secreto los misiles Stinger que se utilizaron en la guerra de las Malvinas, dio facilidades para reclutar mercenarios y entrenar a los guerrilleros que proporcionaban los saudíes o el presidente Sadat de Egipto. Más paradójico parece el hecho de que los israelíes ayudasen con armas; pero hoy sabemos que, por mediación de Charlie Wilson y con el patrocinio de la CIA, Zia-ul-Haq envió a los mujahidines toneladas de armas que los israelíes habían tomado a la OLP en el Líbano. La única observación que hizo fue: «no pongáis estrellas de David en las cajas».

Zia, que era quien distribuía la ayuda, se preocupaba de canalizarla a los grupos afganos que prefería, puesto que estaba preparando el terreno para controlar Afganistán en el futuro, prescindiendo de los Estados Unidos. Por otra parte, se estaba ya produciendo entre los rebeldes afganos una pugna interior en que los grupos más radicales marginaban a los mujahidines más moderados, a la vez que decían a sus seguidores que había que condenar tanto a Rusia como a Norteamérica, mientras se armaban con los suministros que les proporcionaba la CIA.

Gorbachov trató en 1986 de frenar el desastre afgano, con una política de reconciliación protagonizada por Muhammad Najibullah, a quien inicialmente asociaron a Karmal y que en noviembre de 1986 fue elegido presidente de la república y publicó una nueva Constitución que admitía el multipartidismo, la libertad de expresión y un sistema legal islámico presidido por una judicatura independiente.

El 10 de diciembre de 1986, Cherniaev, que trabajaba estrechamente unido a Gorbachov, escribía en su diario, con motivo de una visita de Najibullah a Moscú en demanda de más ayuda, que el coste económico de la operación era excesivo y que el nuevo Afganistán tardaría aún cien años en aparecer. Desengañados, los soviéticos anunciaron su retirada en 1987, a la vez que Najibullah ofrecía, sin éxito, a los rebeldes veinte lugares en el consejo de estado, doce ministerios, la posibilidad de acceder al cargo de primer ministro y la declaración de Afganistán como un estado islámico no alineado. La retirada de los rusos culminó en febrero de 1989.

Shevardnadze, el ministro de Asuntos Exteriores soviético, viajó entonces a Islamabad para proponer a su jefa de gobierno, Benazir Bhutto, que el ejército pakistaní y sus servicios de inteligencia, el ISI, aceptasen una tregua durante la cual el régimen de Kabul y los mujahidines compartiesen el gobierno, para preparar una transferencia pacífica del poder que evitase una sangrienta guerra civil. Ni el ISI, empeñado en colocar en el poder a un títere suyo, ni la CIA, deseosa de cobrarles a los soviéticos la humillación de Vietnam, aceptaron, convencidos además de que derrocar al régimen prosoviético sería cosa de semanas.[237] Pero el régimen de Najibullah, que seguía recibiendo abundante ayuda rusa, tanto de armas como de alimentos, resistió en Kabul y en las principales ciudades y consiguió frenar los éxitos de los mujahidines durante tres años, hasta que en abril de 1992 dimitió para dar paso a un gobierno de transición que trató inútilmente de llegar a un acuerdo de paz.[238]

Kabul cayó poco después en manos de los rebeldes, quienes instalaron un gobierno presidido por el islamista Burhanuddin Rabbani, apoyado por Ahmad Sha Masud, un jefe tadjiko del norte, y consiguieron mantenerse en el poder hasta septiembre de 1996, en una situación confusa, hasta que el protagonismo pasó a los talibán,[239] la nueva fuerza sectaria surgida de las madrasas del sur y armada por el ISI pakistaní: «jóvenes barbudos y tocados con un turbante que llevaban un Corán en una mano y una kalashnikov en la otra».

Una vez dueños de Kabul, los talibanes, a cuyo frente estaba Mullah Omar, el guerrillero tuerto, se apresuraron a asesinar salvajemente a Najibullah, que había permanecido en la ciudad, a la vez que expulsaban de la Universidad a ocho mil muchachas y dejaban sin trabajo a millares de maestras, en el inicio de una política de fundamentalismo sustentada en un régimen de terror. Las más estrictas normas de vida se imponían al conjunto de la población en un intento de «vivir como vivía el Profeta hace 1400 años»: se prohibía la música, el baile, el tabaco, cantar, ver la televisión, incluso el dentífrico estaba prohibido, puesto que debía reemplazarse por las raíces que usaba Mahoma; se prohibían los cortes de pelo al estilo occidental, las mujeres debían vestir una burka completa…[240]

Los talibanes eran en su mayoría de origen pashtun (la población del país se divide en un 63 por ciento de pashtun, un 12 por ciento de tadjikos, un 9 por ciento de uzbekos y un 6 por ciento de hazaras chiíes, entre otros) y actuaron contra las otras etnias del país. No había de hecho un estado talibán: no había hacienda central y el gobierno vivía —a parte de las ayudas que siguieron recibiendo de Arabia Saudí, hasta que la protección que prestaban a Osama bin Laden comenzó a preocupar a sus patrocinadores— de lo que ingresaba de la corporación de los transportistas por tolerar sus actividades de contrabando, y del tráfico de drogas, en especial del opio, cuya producción había aumentado considerablemente durante la guerra contra los soviéticos (los talibanes prohibían el cultivo del hachís, que solían consumir los afganos, pero no en principio el del opio, que estaba destinado al consumo de los infieles extranjeros).

El tráfico de drogas beneficiaba también, por otra parte, a militares y políticos pakistaníes, lo que explica que su entusiasmo por contenerlo fuese limitado. El resultado fue que en 1999 se calculase que había 5 millones de drogadictos en Pakistán, tres millones en Irán y cantidades crecientes en las repúblicas de Asia Central; en 2004 se afirmaba que el 95 por ciento de la heroína que llegaba a Europa procedía de Afganistán, cuyas exportaciones de opio se valoraban en 2800 millones de dólares, equivalentes al 60 por ciento de su PNB. Hubo, por otra parte, una mafia que excavaba y exportaba los tesoros arqueológicos del país, como hizo uno de los señores de la guerra en Kharwar, vendiendo las ruinas de una ciudad con restos macedónicos y mongoles.

Para Reagan y la Thatcher la retirada de los soviéticos era la victoria del mundo libre sobre el comunismo, conseguida a costa de los miles de millones de dólares que la CIA y los saudíes invirtieron en estas campañas. Pero los talibanes y sus asociados no pensaban que todo había acabado. Uno de los problemas que se le plantearon a la CIA al acabar la guerra fue el de recuperar, comprándolos a un precio elevado, los 400 misiles Stinger que habían quedado sin utilizar en poder de los islamistas. Al cabo de un tiempo algunos estaban ya en manos de los iraníes, que posiblemente los pagaban a un precio superior.

Mientras miles de soldados rusos drogadictos —porque la CIA favoreció la difusión de heroína entre ellos, según una propuesta del conde Alexandre de Marenches, uno de los jefes del espionaje francés— volvían desmoralizados a su país, los voluntarios islámicos vencedores regresaban a los suyos eufóricos, dispuestos a proseguir la lucha. La implosión de la Unión Soviética explica que los norteamericanos perdiesen interés por Afganistán durante unos años, mientras Pakistán y la Arabia Saudí seguían apoyando a los talibanes en su guerra civil contra las otras etnias, con episodios tan sangrientos como la toma, en julio de 1998, de Mazar-e-Sharif, la ciudad del norte que era el centro de la resistencia de los chiíes, donde de 6000 a 8000 hombres, mujeres y niños fueron víctimas de una salvaje matanza.

Felipe González contaba que Gromiko le dijo en una ocasión: «Estamos haciendo en Afganistán un trabajo sucio, sin duda para nosotros, pero también para ustedes. Porque estos señores que ustedes prefieren, los Estados Unidos, que están ayudando a la guerrilla y a la insurgencia afgana, no cumplieron con su obligación en Irán, y alguien tiene que taponar lo que se nos viene encima. Lo vamos a taponar nosotros. Le ruego que lo piense». Los propios norteamericanos que se lo impidieron siguen pagando hoy las consecuencias.

EL TERRORISMO NORTEAMERICANO

En el entorno radical de Reagan, con personajes como Haig, Meese o Casey, la política antiterrorista acabó convirtiéndose en puro y simple terrorismo. La justificación para ello era la convicción, expresada en más de una ocasión por el presidente, de que la Unión Soviética era la inspiradora de todos los actos de terrorismo contra los Estados Unidos. Cuando el fracaso de la actuación militar directa en el Líbano reveló los límites de su capacidad de reacción,[241] la directiva NSDD 138, de 26 de abril de 1984, donde se sostenía que actuaciones como las de Beirut eran «terrorismo organizado por estados extranjeros», acordó responder con operaciones encubiertas y financiando a agentes extranjeros para que realizasen los crímenes de represalia que le estaban prohibidos a la CIA.

Más allá de los asesinatos a sueldo y de las operaciones encubiertas hay, además, todo un amplio repertorio de actuaciones de terrorismo de estado. El gobierno de Reagan no solo financió el terrorismo en Afganistán y en el Líbano, sino que lo alimentó en América Central, dio pleno apoyo al brutal bombardeo israelí de Túnez en octubre de 1985 (justificado como represalia por el asesinato de tres israelíes en Chipre, un acontecimiento con el que Túnez nada tenía que ver; de lo que se trataba era de asesinar a Arafat, que se encontraba refugiado en este país con la dirección de la OLP, desde su expulsión del Líbano) y bombardeó por su propia cuenta Libia.

En cuanto al problema con Libia, se tomó como pretexto una explosión en la discoteca La Belle, en el Berlín Occidental, frecuentada sobre todo por soldados negros norteamericanos, el 5 de abril de 1986, con el resultado final de dos soldados norteamericanos y una mujer turca muertos y de 229 heridos, incluyendo 79 norteamericanos y cuatro árabes. Los norteamericanos dijeron que el atentado se había preparado en la embajada de Libia y Reagan tomó pretexto de ello para bombardear, nueve días más tarde, Trípoli y Bengasi, en la llamada «Operación El Dorado Canyon», intentando matar a Gaddafi, lo que no se consiguió, pero sí provocar treinta y siete muertos, entre los que figuraba una hija adoptiva del dictador libio. Chomsky ha señalado que este del 16 de abril de 1986 es «el primer bombardeo de la historia que ha sido programado para que coincida con la hora de máxima audiencia en la televisión» (las siete de la tarde, hora de la costa este de los EUA, cuando las tres grandes cadenas de televisión dan sus noticiarios).

Todo lo que rodea este asunto es sin embargo confuso, comenzando por la autoría real del atentado en Berlín. Lo que ocurría era que Reagan estaba empeñado en deshacerse del dirigente libio, un personaje que aparece repetidamente mencionado en sus diarios personales con las más variadas grafías, como si se tratase de uno de los mayores villanos de la escena mundial. La guerra secreta que había empezado años antes —financiando grupos de oposición a Gaddafi, alentando revueltas en Chad, realizando maniobras navales frente a las costas libias— llegó a un punto culminante en 1985, cuando Reagan trató de convencer a Mubarak para que Egipto invadiese Libia y derrocase a su jefe de estado, a quien acusaba de estar preparando una operación para invadir Sudán. Al no conseguirlo, planeó por su cuenta una acción de castigo y el atentado de Berlín vino a darle el pretexto para hacerlo.

Pero tal vez las implicaciones más graves del terrorismo de estado norteamericano fuesen la continuidad de la guerra secreta de Laos y el apoyo dado al régimen de terror impuesto por Pol Pot en Camboya.

En Laos no fue hasta 1970, por los mismos momentos en que los Estados Unidos bombardeaban el país, que Nixon admitió algún tipo de implicación norteamericana en una guerra en que llevaban más de quince años interviniendo (el pleno reconocimiento de la existencia de una guerra secreta no se produjo hasta 1997). Pero las negociaciones de paz con Vietnam y la War Powers Act de 1973, que limitaba la capacidad del presidente para emplear tropas sin una previa aprobación del Congreso, hacían imposible seguir en esta línea. Al año siguiente de aprobarse esta ley los últimos hombres y aviones norteamericanos abandonaron Laos y en 1975 los comunistas tomaron el poder, abolieron la monarquía y crearon la República Democrática Popular de Laos. Los Hmong, que habían sido los fieles aliados de los Estados Unidos en esta larga guerra secreta, en la que se habían acostumbrado a depender de los bombardeos norteamericanos, fueron abandonados a la represión de los vencedores y acabaron en campos de refugiados en la vecina Tailandia, de donde fueron después repatriados a la fuerza (todavía en diciembre de 2009 los militares tailandeses expulsaban violentamente a 4000) o se vieron obligados a exiliarse. Solo en 2004 se autorizó su inmigración en los Estados Unidos.

La más vergonzosa de estas historias, demasiado olvidada por la historiografía tradicional de la guerra fría, es la que se refiere a Camboya. La guerra sucia contra este país, iniciada en la etapa de Nixon, en 1969, como un apoyo para la lucha contra Vietnam, prosiguió durante las presidencias de Carter, y muy en especial de Reagan, quienes financiaron y apoyaron un genocidio que no tenía justificación política posible, una vez acabada la guerra de Vietnam.

Desde que obtuvo la independencia en 1953, con Norodom Sihanuk como rey (después como jefe del gobierno), Camboya mantenía una política de neutralidad. En 1963 un grupo de estudiantes que regresaban de Francia reavivaron los restos del Partido Comunista, bajo la dirección de Pol Pot, y huyeron a las montañas. En 1968 los «Jemeres (Khmers) rojos», el grupo dirigido por Pol Pot y Khieu Samphan, comenzaban las acciones de guerrilla.

En marzo de 1970 los norteamericanos apoyaron al primer ministro derechista Lon Nol para que proclamase la república jemer y derribase a Norodom Sihanuk mientras estaba de visita en Moscú. Al mes siguiente tropas norteamericanas y survietnamitas invadían Camboya en una misión que duró un par de meses y que no sirvió para nada, aunque Nixon opinase que había sido un éxito rotundo y que significó un golpe decisivo para los vietnamitas del norte, a los que se pretendía cortar las rutas por las que hacían llegar los suministros al sur. No debió ser tal el éxito, cuando se consideró necesario proseguir con los bombardeos. En diciembre de 1970 Nixon le dijo a Kissinger: «Quiero un plan en que cada maldita cosa que pueda volar vaya a Camboya y bombardee cada objetivo abierto… Quiero que se usen los aviones grandes, los aviones pequeños, todo lo que se pueda».

El resultado de esta interferencia norteamericana fue una guerra civil feroz entre Lon Nol y un frente político en que figuraba el antiguo monarca, pero que estaba dirigido en realidad por Pol Pot y sus jemeres rojos. Los norteamericanos siguieron apoyando a Lon Nol con bombardeos salvajes, incluso después de haber firmado la paz de París con los vietnamitas del norte en 1973, hasta que, en agosto de este mismo año, el Congreso norteamericano obligó a poner fin a estos ataques aéreos, que en total arrojaron sobre Camboya cuatro veces y media más bombas que sobre Japón durante toda la segunda guerra mundial: medio millón de toneladas de bombas norteamericanas habían matado a 100 000 campesinos, obligado a abandonar sus hogares a dos millones de fugitivos y devastado el país. Cuando unos estudiantes ingleses le preguntaron a Nixon en 1978 si no se arrepentía de haber atacado Camboya, contestó que solo se arrepentía de no haberlo hecho antes. En Camboya, diría en 1975 un representante republicano, «hemos hecho más daño que en ningún otro lugar del mundo, sin ninguna razón, salvo nuestras conveniencias en la lucha contra los vietnamitas».

El efecto de los bombardeos ayuda a entender que los campesinos, que se veían obligados a refugiarse en las ciudades, acabasen dando apoyo a Pol Pot. En abril de 1975 el corrompido gobierno de Lon Nol se hundió y los jemeres rojos ocuparon el país, cerraron las fronteras, abolieron la religión (obligando a los monjes budistas a trabajar), condenaron la ciencia occidental (un 90 por ciento de los médicos perdieron la vida) y crearon una economía natural, sin moneda (volaron el Banco central y echaron el papel moneda a la basura). Se obligó a los habitantes de las ciudades a marchar al campo y tres millones de personas comenzaron un éxodo en que los viejos y los débiles morían por el camino. Los campesinos fueron agrupados en comunas que habían de ser autosuficientes, y se les obligó a hacer canales y presas con sus propios medios.

En lugar de un «salto adelante» al estilo maoísta, lo que Pol Pot estaba realizando era un «salto atrás» hacia una economía natural de carácter preindustrial, esencialmente campesina. En su intento de utopía primitivista, contraria a cualquier planteamiento marxista, Pol Pot exterminaba a intelectuales y terratenientes, quemaba los libros y perseguía a los maestros (tres cuartas partes de los 20 000 maestros de escuela murieron o huyeron del país), a la vez que mataba a los dirigentes comunistas (había eliminado de su discurso toda referencia al marxismo) y practicaba una política de racismo jemer, exterminando a los miembros de las minorías, incluyendo a los numerosos vietnamitas que vivían en el país. Sihanuk regresó como jefe nominal del estado, para vivir arrestado en el palacio, aunque efectuaba viajes esporádicos al extranjero, que aprovechaba para cantar las maravillas del nuevo régimen.

Al propio tiempo Pol Pot reivindicaba lo que consideraba ser territorios jemer perdidos y atacaba Vietnam en 1977-1978, con unos objetivos que se limitaban a matar vietnamitas —de acuerdo con la consigna de que «cada camboyano ha de matar a 30 vietnamitas»— y ocupar todo el delta del Mekong. La respuesta a esta agresión fue, en diciembre de 1978, una invasión vietnamita, acompañada por dirigentes camboyanos que habían tenido que huir del terror de los jemeres rojos. Conquistaron el país en diecisiete días, mientras Pol Pot se refugiaba en la zona fronteriza con Tailandia, matando a millares de personas a su paso y llevándose a decenas de miles de rehenes civiles.

Se creó entonces una República Popular de Kampuchea que trató de restablecer la normalidad: se volvió a permitir la residencia en las ciudades y se abrieron las escuelas, aunque la reconstrucción hubo de hacerse en medio de un embargo organizado por China y por los Estados Unidos, que en unión de los países de la ASEAN (la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, fundada en 1967), se aliaron ahora con el régimen de Pol Pot contra los vietnamitas, «en defensa de la legitimidad nacional». Se pudo descubrir entonces que el genocidio practicado por los jemeres rojos durante cuatro años (1975-1979) había causado tal vez 1.700 000 muertos en una población de 7.900 000 (más del 20 por ciento de los habitantes). Como las ejecuciones seguían al mismo ritmo al final de esta etapa, no se puede calcular qué hubiese sucedido sin la invasión que les forzó a huir.

Lo más lamentable del caso, que ilustra la realidad de la guerra fría y la mentira de su retórica libertadora, fue que chinos y norteamericanos, enfrentados con los vietnamitas que habían restablecido el orden en Camboya, dieron apoyo durante muchos años a una coalición de opositores, con Sihanuk como presidente, que tenía a Pol Pot y a los suyos como principal brazo armado, y se aseguraron de que fuesen estos los que representasen a Camboya en las Naciones Unidas, mientras la CIA armaba y protegía sus guerrillas. Un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano reconoció que de 1978 a 1986 «los Estados Unidos jugaron la carta de la recuperación y el reforzamiento de la capacidad política y militar de los jemeres rojos para hacer contrapeso a la fuerza de los vietnamitas».

Los vietnamitas se retiraron por completo en 1989, y un tratado de paz firmado en París el 23 de octubre de 1991 acordó el desarme de los diversos grupos combatientes y la celebración de elecciones libres. Pero, con el apoyo de británicos y norteamericanos, que impidieron que se discutiera el tema del genocidio camboyano, el delegado de los jemeres rojos se mantuvo en la ONU hasta 1992 como legítimo representante de Camboya.

Tras el acuerdo de 1991, Sihanuk regresó al palacio real de Phnom Pehn, mientras un cuerpo de intervención de la ONU de unos 25 000 soldados y administradores vigilaba el proceso de paz y las elecciones. Los jemeres rojos no cumplieron lo acordado, sino que reunieron armas y fueron ocupando de nuevo territorios de los que habían sido desalojados, prosiguiendo sus campañas de limpieza étnica (los observadores de las Naciones Unidas hablaban de crímenes salvajes, con fusilamientos de mujeres y niños). No solamente rechazaron presentarse a las elecciones de 1993, sino que aseguraban que impedirían que la población que ellos controlaban pudiese votar. Cuando la misión de la ONU marchó de Camboya, cumplida su tarea, los jemeres rojos controlaban cuatro veces más territorio que en 1991, en los momentos en que se firmó la paz, y seguían amenazando al resto del país.

En 1995, sin embargo, un ofrecimiento de amnistía por parte del gobierno dio lugar a que cerca de la mitad de los guerrilleros abandonase la lucha y un año más tarde, al fallarles la ayuda que les proporcionaban los norteamericanos a través de Tailandia, se acentuaron las deserciones y los guerrilleros que quedaban se refugiaron en sus bases de la selva. En junio de 1997 Pol Pot acusó de traición al jefe de sus guerrillas y lo mató, con toda su familia, además de llevarse secuestrado a Khieu Samphan, el ideólogo del movimiento, que hacía las funciones de jefe de estado. Fueron finalmente sus propios hombres los que acabaron derrocándolo, hartos de su locura asesina, en julio de 1997. Pol Pot murió, ¿de muerte natural?, el 15 de abril de 1998, entre los últimos restos de sus guerrillas. Dos días más tarde el cadáver era enseñado a los periodistas extranjeros e incinerado sobre un colchón en un fuego de muebles y neumáticos viejos.

Una Camboya destrozada por treinta años de una guerra infame, suscitada y mantenida desde el exterior, se había convertido en un país dominado por la corrupción —«un vasto bazar de bienes robados, un centro regional de negocios turbios de toda clase: drogas, juego y sexo»— en que los millones de dólares pagados al gobierno por concesiones para la explotación de petróleo no aparecen en los ingresos del estado. No fue hasta agosto de 2007 que un tribunal especial auspiciado por la ONU acusó de crímenes contra la humanidad a un primer dirigente menor de los jemeres rojos. Nunca se juzgará, en cambio, a quienes los armaron y financiaron.

LA EUROPA DEL DESENCANTO

En mayo de 1979 Margaret Thatcher llegó al poder en Gran Bretaña y comenzó anunciando su propósito de reducir el sector público, suprimir los controles de precios y «reformar» los sindicatos. Su primer presupuesto redujo el gasto, disminuyó los tipos del impuesto sobre la renta, en especial para la tarifa máxima, pero aumentó el IVA, suprimiendo la exención que regía para los productos básicos de la alimentación. Más adelante, y tras su hora de gloria de la «guerra de las Malvinas», la siguiente batalla fue la que emprendió contra el sindicato de los mineros, el National Union of Mineworkers, dirigido por Arthur Scargill. La huelga de los mineros, provocada por los cierres de minas, se inició en marzo de 1984 y duró un año, hasta acabar con la derrota total de los trabajadores.

A diferencia de lo que ocurría en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, la Europa occidental conservó gobiernos de izquierda en los años que siguieron a la crisis económica de los setenta, en una época en que, en contraste con la derrota de los mineros británicos, el movimiento obrero se mantenía vivo y activo en la mayor parte de la Europa occidental: los sindicatos consiguieron en Italia que se estableciera una escala móvil que asociaba precios y salarios, y en Alemania obtuvieron derechos de participación en las decisiones empresariales.

El 25 de abril de 1974 un golpe militar pacífico, la «revolución de los claveles», provocó la caída de la dictadura en Portugal y la subida al poder de la izquierda, ante la alarma de los Estados Unidos, que temieron ver a ministros comunistas en los organismos de la OTAN. Pocos meses después caía también la dictadura militar que gobernaba Grecia. En España la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975 dio paso a una etapa indecisa en que la agitación sindical contribuyó en buena medida a forzar la transición a la democracia.

En algunos países los partidos de izquierda experimentaron avances electorales considerables, como ocurrió en Italia con el Partido Comunista (que afirmó entonces su propuesta de «compromiso histórico», esto es de colaboración con las demás fuerzas democráticas); en Francia en las elecciones de 1981, con la victoria de un François Mitterrand que manifestaba su propósito de «romper el discurso del beneficio privado», y en España con la del PSOE en las de 1982. Este avance llevaría, en los casos de Francia y de España, a una larga etapa de aparente estabilidad (de 1981 a 1995 en Francia, con Mitterrand en la presidencia, y de 1982 a 1996 en España, con Felipe González al frente del gobierno).

Este giro que llevó al poder en diversos países europeos a partidos «socialistas» en la órbita de la Segunda internacional, no implicó, sin embargo, que estos adoptasen medidas de transformación social propias de la tradición de la izquierda, sino que en todos los casos se produjo una deriva hacia posiciones centristas moderadas, que se justificaban por la necesidad de hacer frente a la desfavorable evolución de la coyuntura económica y al endeudamiento que había implicado el desarrollo del estado de bienestar. Esta evolución hacia la derecha de los partidos socialistas vino acompañada por el declive de los comunistas —tras el fugaz intento de los partidos de Italia, Francia y España por crear una tercera vía próxima a la socialdemocracia, la del llamado «eurocomunismo», que se distanciaba de la obediencia a la URSS— y por el retroceso, ante el ataque ideológico conjunto de la derecha y de una socialdemocracia que necesitaba justificar su abandono de los viejos principios, de la cultura más o menos legítimamente marxista que había florecido en los años sesenta.

El caso de Italia era distinto, debido a la fuerza que conservaron allí los grupos de izquierda extraparlamentaria, herederos de los combates estudiantiles del 68, que llevaron su lucha a la calle en lo que comenzó en muchos casos como una serie de actos de «propaganda armada», para pasar posteriormente al terrorismo de la guerrilla urbana, en respuesta a la violencia del estado, que no solo actuó con la represión policíaca, sino con los atentados organizados por grupos terroristas neofascistas, con el apoyo del gobierno, y probablemente de la CIA, como el de Piazza Fontana en Milán, el 12 de diciembre de 1969, las bombas que estallaron en 1974 en medio de una manifestación antifascista en Brescia, o las del Italicus Express, en ruta de Roma a Munich. Su objetivo era crear un clima de inestabilidad que facilitase obstaculizar el avance electoral del Partido Comunista. Nixon envió como embajador, a petición de elementos de la derecha italiana, a Graham Martin, un especialista en corrupción política, que decidió proceder al viejo estilo y repartió 25 millones de dólares a cristianodemócratas y neofascistas, que no solo sirvieron para que el democristiano Giulio Andreotti triunfara en las elecciones de 1976, sino que llegaron hasta grupos clandestinos de extrema derecha, como Ordine Nuovo, que emprendieron una escalada de terrorismo, con la colocación de bombas que el gobierno atribuía a la extrema izquierda.

Los grupos de la extrema izquierda, como Brigate rosse o Prima linea, respondieron por su parte a la violencia de estos «años de plomo» con acciones terroristas que culminaron el 16 de marzo de 1978 con el secuestro y posterior ejecución del antiguo primer ministro democristiano Aldo Moro, que estaba negociando la colaboración del Partido Comunista con el gobierno. En este confuso asunto hubo sospechas fundadas de que sus ejecutores podían estar movidos por intereses oscuros. En todo caso lo que está claro es que desde el gobierno se hizo muy poco para salvar la vida de Moro.

La actuación de la policía, con la ayuda de leyes de emergencia que hicieron posible desmantelar los grupos de extrema izquierda, acabó conteniendo la escalada terrorista, que tendría una muestra más de su ambigüedad en el brutal atentado realizado por la extrema derecha en la estación de Bolonia en agosto de 1980, con el resultado de 85 muertos, por el que ni siquiera se efectuaron arrestos.

Frustrado el «compromiso histórico», el poder quedó entre 1983 y 1994 en manos de una sucesión de gobiernos de cinco (pentapartito) y cuatro partidos, dominados por la alianza entre el Partido Socialista (cuyo líder, Bettino Craxi, fue jefe del gobierno de 1983 a 1987) y la Democracia Cristiana, que acabaría en la disolución del sistema en medio de los escándalos de corrupción de la llamada Tangentopoli y favorecería la llegada al poder de Silvio Berlusconi, un magnate de los negocios que controlaba la televisión privada.

En la política italiana se fue descubriendo, además, todo un trasmundo de asociaciones secretas y grupos de conspiradores que solo tenían en común, aparte de la habitual legitimación de anticomunismo, sus aspiraciones a disfrutar del poder y de los negocios que podían hacerse bajo la protección del gobierno. En 1981 salieron a la luz, entre los papeles de Licio Gelli, las listas de 972 miembros de la logia masónica secreta Propaganda 2 (Pidue), entre los cuales figuraban todos los jefes de los servicios secretos, 43 generales, ocho almirantes, diputados, ministros, banqueros y hombres de negocios. Entre las pocas actividades de la logia que llegaron a salir a la luz figuraban la toma de control en 1977 del periódico Corriere della Sera, con dinero aportado en parte por la banca del Vaticano, que dirigía entonces el obispo Marcinkus, y la transferencia de 7 millones de dólares a una cuenta suiza a disposición del secretario del Partido Socialista, Bettino Craxi, realizada por el banquero Roberto Calvi, que un año más tarde aparecería ahorcado en un puente de Londres. De lo demás, incluida la posible complicidad en atentados terroristas, poco llegó a saberse, puesto que la justicia italiana se encargó de que la investigación se prolongase hasta 1994, cuando concluyó que la logia P2 era simplemente un «comité de negocios» (en este mismo año Craxi huyó a Túnez para escapar de la cárcel que le amenazaba por corrupción).

En la Alemania federal la guerrilla urbana estuvo protagonizada sobre todo por la Rote Armee Fraktion, que sirvió para legitimar una política represiva desproporcionada en lo que Heinrich Böll calificó como «la guerra de seis contra sesenta millones»: entre 1971 y 1979 los servicios de investigación alemanes interrogaron a un millón y medio de ciudadanos acerca de sus ideas políticas, mientras a 4000 se les negaba trabajar para el estado por razones difícilmente justificables. Los dirigentes de la RAF murieron además en extrañas circunstancias en la cárcel de alta seguridad de Stammheim. Todo esto ocurría mientras los socialdemócratas seguían en el poder, aliados a los liberales, hasta que en octubre de 1982, agotados por los efectos de la crisis económica, la lucha contra el terrorismo y su división interna en torno al rearme atómico, hubieron de dar paso a la larga era de gobierno de los cristianodemócratas, con Helmut Kohl como canciller (1982-1998).

En el terreno de las ideas comenzó a desarrollarse una contrarrevolución conservadora que encontró escasa resistencia por parte de aquellos intelectuales que habían adoptado en los sesenta un bagaje de ideas pretendidamente marxistas, que abandonaron ahora, desencantados ante el agotamiento de las esperanzas políticas de la izquierda. Una amalgama de fórmulas de conjuro que habían pasado fraudulentamente por marxismo y que se habían convertido, amparadas por la cobertura filosófica de intelectuales como Althusser, en la doctrina común de buena parte de la izquierda de Europa occidental y de América Latina, se vino abajo con estrépito en breve tiempo, cediendo el paso a propuestas que trataban de rescatar los viejos temas en formulaciones políticamente inocuas, generalmente de escaso rigor intelectual.

Muy pronto se fueron organizando alternativas globales más ambiciosas, como la del posmodernismo y, en el terreno de las ciencias sociales, la del «giro cultural» o «giro lingüístico». El de posmodernismo es, en términos generales, un concepto muy amplio y, por ello mismo, difícil de definir. Quien le daría una mayor difusión sería Jean-François Lyotard con La condition posmoderne, un libro publicado en 1979, donde anunciaba el fin de lo que denominaba las «metanarrativas», es decir de las grandes interpretaciones generales como el socialismo, el cristianismo, la ideología del progreso, etc., lo que llevaba al rechazo de las periodizaciones y de las interpretaciones globales, a la substitución del grand récit (el gran relato) de la ciencia social en mayúsculas —que Lyotard consideraba de naturaleza legitimadora— por el petit récit de las historias en minúsculas y al reemplazo de las afirmaciones sobre la realidad por metáforas. Lo que se buscaba en el nuevo método era «el análisis de la representación frente a la quimérica persecución de una “realidad” perceptible y accesible».

En líneas generales la calificación de «posmoderno» iba a cubrir todas las propuestas de rechazo de la tradición cultural progresista del siglo veinte, lo que implicaba abandonar también su trasfondo de compromiso político.

13

EL FIN DEL «SOCIALISMO REALMENTE EXISTENTE»

La herencia más grave que Brézhnev dejaba a sus sucesores tras su muerte, en noviembre de 1982, era la crisis económica del imperio soviético. Como había ocurrido en el caso de Polonia, la Unión Soviética se vio obligada a asumir cuantiosos gastos para asegurar la viabilidad económica de los países de su órbita política. Gran parte de esta ayuda la recibían como suministros de petróleo y de gas subsidiados, lo que resultó cada vez más grave a medida que los precios internacionales de la energía aumentaban y los rusos se veían obligados a proporcionar a sus satélites gas y petróleo a coste muy inferior al del mercado, y a concederles además préstamos a bajo tipo de interés para pagarlos. Si algo estaba claro a la muerte de Brézhnev era que el mantenimiento del imperio era económicamente inviable, puesto que no se podía seguir haciendo pagar a la población soviética el coste de financiar los niveles de vida de la Europa del este, sin contar la ayuda que se prestaba a toda una serie de «clientes» en otros lugares del mundo.

Iuri Andropov, a quien el propio Brézhnev había situado como número dos de la jerarquía poco antes de morir, heredó el poder a 68 años de edad, con una grave enfermedad renal, obligado a hacer frente a una situación económica difícil y a la agresividad de un Reagan que se manifestaba con la retórica del «imperio del mal» y que, con su proyecto de la SDI, amenazaba, por lo menos en teoría, con crear una situación en que, con una Norteamérica invulnerable a los misiles rusos, la Unión Soviética podía ser víctima fácil de una agresión. Ante estos temores, Andropov no hizo caso de las propuestas que un Reagan en quien no confiaba en absoluto le hizo en julio de 1983 para establecer una comunicación privada y franca entre ambos, como habían hecho sus respectivos predecesores.

Indignado ante el tono agresivo que iba adoptando la retórica anticomunista norteamericana, sus temores iban a aumentar con los nuevos desafíos en el terreno del armamento. Hasta entonces, decía Andropov, los norteamericanos hablaban de sus armas como medios de intimidación, ahora se referían a los nuevos sistemas de misiles como destinados a una futura guerra. Sus inquietudes aumentaron con la instalación en las bases de Alemania occidental de los nuevos misiles Pershing, cuyo tiempo de llegada a objetivos en Rusia se calculaba que era de 4 a 6 minutos, con las grandes maniobras de la OTAN, como los ejercicios Able Archer 83 de que ya hemos hablado, o con la presencia desafiante de la Flota del Pacífico cerca de las aguas territoriales soviéticas y las provocaciones de la aviación estadounidense. Como ya se ha dicho, fue esta amenaza junto a sus fronteras la que llevó a los soviéticos a extremar una vigilancia que tuvo como consecuencia el derribo del KAL 007. La feroz campaña que los Estados Unidos emprendieron con este motivo acabó de convencer a Andropov de la doblez de los norteamericanos. Denunció el escándalo montado en torno al avión coreano como «una sofisticada provocación organizada por los servicios especiales americanos» y concluyó que no cabía hacerse ninguna ilusión acerca de la política de la administración Reagan.

Los representantes soviéticos abandonaron el 23 de noviembre de 1983 las negociaciones de limitación de armamentos de Ginebra, mientras un Andropov hospitalizado manifestaba su convicción de que los norteamericanos se habían propuesto aplastarles y que no se les podía hacer concesión alguna: «Si alguien ha soñado alguna vez en la posibilidad de una evolución a mejor de la política de la actual administración norteamericana, ahora deberá dejar de soñar». Cuando un Reagan que había sido avisado del endurecimiento que su política agresiva estaba produciendo en las actitudes del Kremlin pronunció, en enero de 1984, un discurso conciliador, que contenía propuestas de negociación, Andropov reaccionó secamente.

Entre los aspectos más positivos de su corta actuación figuran la enérgica campaña emprendida contra la corrupción, con la destitución y juicio de numerosos altos funcionarios, comenzando por el ministro de Asuntos Interiores, N.A. Schelokov, de quien se sospechaba que tenía contactos con estructuras mafiosas, y por el jefe del KGB, unida a la promoción de una serie de políticos jóvenes. También la forma realista y abierta con que se enfrentó al estancamiento económico y al atraso científico del país. Fueron muchos los que creyeron que Andropov era el hombre que podía haber enmendado el rumbo del estado soviético sin necesidad de destruirlo, evitando los graves costes sociales que iba a tener la experiencia de Gorbachov, un hombre al que el propio Andropov estaba promocionando y al que propuso como su sucesor.

En opinión de Markus Wolf, Andropov era el reformista más capaz de todos: entendía la mala situación de la URSS y quería aplicar buena parte de las medidas que más tarde se adoptarían, pero con orden y prudencia: «estaba en favor de las reformas, pero nunca las hubiera permitido a la manera democrática occidental (…); se habrían ido imponiendo de arriba hacia abajo, con todas las limitaciones que esto hubiese implicado. Pienso que estas reformas habrían seguido un camino más mesurado y tal vez hubieran tenido más éxito». Pero, enfermo como estaba, permaneció poco más de un año al frente de la Unión Soviética.

Tras su fallecimiento, el 9 de febrero de 1984, la recomendación de nombrar a Gorbachov fue ignorada y el poder pasó a manos de Konstantin Chernenko, un hombre de setenta y tres años de edad, débil y enfermo —tenía una grave afección asmática y se mantenía activo gracias al consumo de una gran cantidad de tranquilizantes—, quien se vio obligado a abandonar el ejercicio efectivo del gobierno en manos del ministro de defensa Ustinov, un militar que añoraba los viejos tiempos del estalinismo y que falleció en diciembre de 1984, y del incombustible Andrei Gromyko, que era ministro de Asuntos Exteriores desde 1957. La subida al poder de Chernenko significaba detener la línea del reformismo iniciado por Andropov y volver a la tranquila pasividad de los tiempos de Brézhnev, pese a que la gravedad de la crisis resultaba cada vez más evidente y a que desde el ejército se criticaba la ineficacia del aparato militar-industrial soviético y la insensatez de los grandes proyectos ideados para seguir a los norteamericanos en la carrera armamentística.

Eran momentos en que la amenaza de un posible ataque nuclear norteamericano parecía real, y en que los líderes soviéticos sabían que la directiva P.D. 59, firmada por Carter en 1980, incluía a los propios dirigentes rusos como uno de los objetivos inmediatos de un primer ataque que, con los misiles Pershing II instalados en Europa, podía completarse en pocos minutos. ¿Quién podría dar las órdenes para responder a este ataque, si la cúpula gobernante era eliminada? ¿Cómo podría organizarse una respuesta?

Los soviéticos crearon entonces un sistema de represalia automático, «Mano Muerta», integrado por satélites de observación que transmitirían la noticia de un ataque a unos oficiales instalados en un bunker subterráneo, desde el cual podían dar las órdenes para lanzar la respuesta, incluso si todos los dirigentes y todos los sistemas de mando habían sido destruidos. Un proyecto que estaba a punto de entrar en funcionamiento a fines de 1984 y que incluía, al parecer, elementos de guerra biológica.

Chernenko falleció el 10 de marzo de 1985, pero esta vez no se optó por los miembros del viejo aparato para sucederle, porque se era consciente de que urgía realizar grandes cambios. «Recuerdo mi conversación con el ministro de Asuntos Exteriores Andrei Gromyko —ha contado Mijail Gorbachov— pocas horas antes de la reunión del Comité Central que me eligió como nuevo secretario general del partido en marzo de 1985. Gromyko estaba de acuerdo en que se necesitaba un cambio drástico, por grandes que fueran los riesgos.» Fue precisamente Gromyko, el único superviviente del grupo que había gobernado en los últimos años de Brézhnev, quien hizo la propuesta de que se eligiera a Gorbachov, el más joven de los miembros del Politburó, mientras se contentaba con el cargo, de naturaleza casi ceremonial, de presidente del Soviet supremo de la Unión Soviética. De esta manera desaparecía del gobierno el último miembro de la vieja guardia de los herederos de Stalin.

LA CONVERSIÓN DE RONALD REAGAN

En 1983 Ronald Reagan empezó a cambiar su actitud hacia el desarme. Para empezar, la reacción hostil de los rusos al anuncio de la SDI y su pánico ante las maniobras Able Archer le descubrieron que estos temían que los norteamericanos quisieran atacarlos (dirá en sus memorias que esto le sorprendió, y lo más grave es que puede ser verdad). Los rusos siempre habían temido que un loco incontrolado pudiese iniciar un ataque general desde los Estados Unidos, y la política de rearme y la retórica agresiva de Reagan les hicieron temer que podía ser ese loco.

Otras cosas hubo, además, que le influyeron. Vio una película para televisión, El día después, que mostraba lo que podía suceder en una ciudad norteamericana después de un ataque atómico; quedó deprimido, nos dice en su diario, y reforzó su convicción de que había que asegurarse de que «nunca habrá una guerra nuclear». Asistió también por primera vez —siempre se había negado a hacerlo— a unos juegos de guerra que simulaban el inicio de una guerra nuclear, lo que le hizo consciente del desastre que podía producirse (inmediatamente después volvió a hacer que le pasaran El día después).

Al cambio de su actitud contribuyó también el rechazo que había producido su apoyo a regímenes despóticos como el de El Salvador, de modo que cuando en 1986 cayó del poder en Filipinas el corrupto régimen de su amigo Ferdinand Marcos, al que los Estados Unidos habían dado generosa ayuda durante su administración —a cambio de lo cual Marcos parece haber contribuido con una suma considerable a la reelección de 1984—, Reagan no tuvo posibilidad alguna de ayudarle. En el nuevo tono de su política internacional influyó igualmente el nombramiento como secretario de Estado, reemplazando a Haig en julio de 1982, de un hombre como George Shultz, que parecía un moderado al lado de los partidarios de una línea dura que rodeaban al presidente, como el secretario de Defensa Weinberger o el jefe de la CIA, Casey, responsable de hacer circular informes falseados que exageraban la potencia militar soviética.

Shultz consiguió que Reagan hiciese el 16 de enero de 1984 un discurso más conciliador, pero la muerte de Andropov dio lugar a que la respuesta de su sucesor, Chernenko, no llegase hasta fines de junio de 1984. Preocupado en aquellos momentos por quitarle el argumento del desarme al candidato demócrata Mondale, al que había de enfrentarse para su reelección, y condicionado por el Congreso —que no le concedía más recursos para armas atómicas, si no hacía al propio tiempo esfuerzos para negociar su limitación—, propuso a la asamblea general de la ONU, en septiembre de 1984, esto es dos meses antes de las elecciones a que iba a presentarse por segunda vez, que se abriesen nuevas negociaciones NST (Nuclear and Space Arms Talk), lo que los soviéticos aceptaron en noviembre, una vez concluidas las elecciones presidenciales norteamericanas. Las conversaciones previstas se frustraron, sin embargo, primero por la muerte de Chernenko, en marzo de 1985, y después, en julio del mismo año, por la operación a que fue sometido el presidente norteamericano al descubrírsele un cáncer de colon.

Cuando finalmente se iniciaron en Ginebra, en noviembre de 1985, el antagonista con quien Reagan habría de tratar era Mijail Gorbachov, que había llegado al poder el 11 de marzo de 1985: un hombre nuevo y mucho más joven que quienes le habían precedido en el cargo desde la muerte de Stalin, que llegaba al gobierno con el apoyo unánime del Comité Central y del Politburó. Se iba a iniciar entonces un cambio radical en sus actitudes hacia el desarme, que solo puede explicarse en términos de una evolución personal.

GORBACHOV Y LA POLÍTICA DE DESARME

Mijail Gorbachov, que acababa de cumplir 54 años, era hijo de campesinos y había ascendido en el partido gracias a su esfuerzo y a su inteligencia. Fue Andropov quien lo sacó de la administración provincial para convertirlo en el miembro más joven del Politburó. Había viajado por diversos países de Occidente, lo cual le hizo consciente del atraso económico de la URSS y le llevó a preocuparse desde el primer momento por el elevado gasto de la política de rearme, que consumía del 15 al 17 por ciento del PNB (contra de un 6 a un 7 por ciento en los Estados Unidos), así como por los costes de mantenimiento del imperio europeo (los subsidios a las economías del «campo socialista» europeo, que aumentaban a cada crisis política que se producía en estos países, llegaron a ser de cinco mil a diez mil millones de dólares anuales) y el de las ayudas a países como Cuba, Nicaragua, Camboya, Angola o Etiopía, sin olvidar el gasto por la guerra de Afganistán.

Los costes de la carrera de armamentos eran de una especial gravedad. La troika que habían formado Gromyko, el ministro de Defensa Ustinov y el jefe de la KGB, Andropov, que controlaban el poder desde que Brézhnev comenzó a enfermar, siguió alimentando una incontrolada carrera de gasto militar, justificada por la obsesión de que era necesario mantenerse cerca del potencial de los Estados Unidos, porque en el preciso momento en que los norteamericanos se creyesen superiores podían sentirse tentados a dar el primer golpe y emprender un ataque nuclear contra la Unión Soviética.[242] La máquina del rearme había tomado tales dimensiones y funcionaba con tal independencia del gobierno que Gorbachov reconoció que ni siquiera en los momentos en que concentró en sus manos los máximos poderes de la URSS pudo llegar a averiguar con toda certeza «las cantidades de dinero que se vertían en este barril sin fondo», aunque se llegó a estimar que el gasto militar consumía el 40 por ciento del presupuesto.[243]

Disminuir a la vez el gasto militar y los costes del imperio y volver a negociaciones de distensión eran pasos necesarios para disponer de recursos con los que mejorar la situación interior de la Unión Soviética sin necesidad de abandonar el sistema vigente, porque estaba convencido de que, con todos sus defectos, el socialismo era más justo y equitativo, más beneficioso para la gente común.

Sin embargo, para que el sistema siguiese funcionando había que realizar reformas muy costosas en la economía —en junio de 1985 revelaba a un grupo de dirigentes que se necesitaba reemplazar un 50 por ciento de la maquinaria de las industrias soviéticas—, que debían venir acompañadas por cambios a fondo en el terreno político, para lo cual comenzó con una campaña para eliminar a los dirigentes corruptos, tanto en la administración central como en las repúblicas, echando a cientos de funcionarios regionales del partido. Pretendía incitar a los dirigentes de la Europa del este a que hicieran otro tanto, lo cual escucharon estos como el típico discurso ceremonial de inauguración de un mandato, tal como había venido sucediendo desde los tiempos de la desestalinización, sin tomárselo en serio.

Convencido de que la distensión y el desarme eran condiciones necesarias para su proyecto, se dedicó a la vez a la reforma política interior y a las relaciones exteriores. Para colaborar con él en el campo de la política internacional escogió al georgiano Eduard Shevardnadze, que reemplazó a Gromyko y se integró en el núcleo de los jóvenes reformadores que formaron el equipo del nuevo secretario general, junto a hombres como Yakovlev, que regresaba de un exilio de diez años como embajador en Canadá, Primakov o Chernyaev. Sin olvidar la influencia que sobre Gorbachov ejerció su esposa Raisa, que había realizado estudios universitarios de sociología.

Inició entonces una política de conciliación que pretendía abrir la Unión Soviética al mundo y acabar con su aislamiento.[244] Una política que la Thatcher, que le había invitado a visitar Gran Bretaña en diciembre de 1984, antes de que fuera nombrado secretario general, fue la primera en tomar en serio —«este es un hombre con quien se puede tratar», dijo—, pero que costó más que comprendiera Reagan. Cuando se le dijo que Gorbachov era un tipo muy diferente a los anteriores dirigentes soviéticos, Reagan escribió en sus Diarios, el 24 de junio de 1985: «Soy demasiado cínico para creerlo».

Las primeras conversaciones entre Reagan y Gorbachov en Ginebra, del 19 al 21 de noviembre de 1985, permitieron que ambos se conocieran. Reagan deseaba verificar las favorables impresiones que del nuevo secretario general le habían dado tanto Margaret Thatcher como Mitterrand, mientras Gorbachov descubrió, por su parte, que su antagonista no era solamente un instrumento del complejo militar-industrial norteamericano, sino que parecía creer sinceramente en lo que decía. Y aunque de estas conversaciones no salieran resultados efectivos, debido a que Reagan se mantenía inflexible en no renunciar a su proyecto de la SDI, se llegó por lo menos a una manifestación solemne de que las dos potencias rechazaban competir para obtener la superioridad militar y se comprometían a mantener abiertas las negociaciones de limitación de armamentos. «Esta reunión, afirma Dobrynin en sus memorias, abrió una nueva época que eventualmente condujo a un drástico cambio de relaciones entre los dos países.»

Chernyaev escribía en enero de 1986 en su diario que Gorbachov estaba decidido a acabar unilateralmente con la carrera armamentística, porque se había dado cuenta de que «nadie nos atacará, aunque nos desarmemos por completo», y que liquidar esta carga era necesario para liberar el país y ponerlo en el buen camino. El 15 de enero de 1986 Gorbachov hizo un llamamiento a los jefes de estado para que en el año 2000 se suprimieran todas las armas de destrucción masiva. Una propuesta que tan solo Reagan, obsesionado por acabar con la amenaza nuclear, recibió con un interés que su entorno se encargó de neutralizar.

Al propio tiempo Gorbachov preparaba el decimosegundo plan quinquenal (que preveía un crecimiento de la economía del 25 por ciento y sostenía que para el año 2000 la Unión Soviética habría duplicado su potencial) y las propuestas políticas que iba a presentar en el XXVII Congreso del partido, que se celebró del 25 de febrero al 6 de marzo de 1986, en la línea de un «nuevo pensamiento» que abandonaba la teoría de los dos campos enfrentados que Stalin había sostenido en su discurso de 1946. Nada de esto fue tomado todavía en serio por los norteamericanos, que seguían efectuando pruebas nucleares, contribuían a la escalada de la guerra en Afganistán y realizaban provocaciones como la que dos de sus buques de guerra protagonizaron a seis millas de la costa de Crimea, en momentos en que Gorbachov estaba allí de vacaciones.

El 26 de abril de 1986 se produjo la catástrofe de Chernóbyl: la explosión en una central nuclear en Ucrania, que causó la muerte de unas ocho mil personas y obligó a desplazar a más de doscientas mil. El accidente vino a mostrar, dirá Gorbachov, «no solo cuán obsoleta era nuestra tecnología, sino también el fracaso del viejo sistema», lo que reforzó la conciencia de los nuevos dirigentes soviéticos acerca de la urgencia de los cambios e impulsó a Gorbachov a hacer propuestas cada vez más atrevidas en materia de desarme, en medio de unas relaciones enrarecidas en aquellos momentos por el descubrimiento tanto de espías norteamericanos en la URSS, gracias a las informaciones proporcionadas por el agente de la CIA Aldrich Ames, como de agentes soviéticos en los Estados Unidos, lo que dio lugar a una dura campaña antisoviética de los medios de información norteamericanos.

Impaciente por avanzar, Gorbachov propuso a Reagan una nueva reunión, de carácter personal, que se iba a celebrar en Reykjavik en octubre de 1986, a la que llevó propuestas más avanzadas de desarme. En el transcurso del encuentro parecían estarse realizando más progresos que en los veinte años anteriores, gracias a las concesiones que ofrecían los soviéticos, que sorprendieron a los norteamericanos, quienes pensaban que esta era una reunión de trámite, que debía servir, en todo caso, para preparar un futuro encuentro en la cumbre. Los problemas surgieron por la pretensión de Reagan de seguir desarrollando el sistema de defensa de la SDI, aunque aceptaba que en diez años se procediera a la eliminación de todos los misiles balísticos.

La actitud de Gorbachov en este punto fue tal vez un error, puesto que, como él mismo le dijo a Grachev años más tarde, «no teníamos miedo de la SDI, en primer lugar porque nuestros expertos estaban convencidos de que este proyecto era irrealizable, y en segundo lugar, porque sabíamos cómo neutralizarlo. Cuando le dije esto al presidente de los Estados Unidos no estaba marcándome un farol. Teníamos, en efecto, la posibilidad de una respuesta eventual, una respuesta terrible —puedo confirmarlo ahora— más eficaz y menos costosa que la SDI. No era por miedo que nos oponíamos a ella, sino por su efecto desestabilizador». Si Gorbachov regresaba a la Unión Soviética habiendo hecho tantas concesiones, sin obtener de los norteamericanos que renunciasen a hacer experiencias nucleares en la atmósfera, lo que era necesario para desarrollar la SDI, parecería que se había rendido sin condiciones.

Reagan, por su parte, estaba obsesionado personalmente por la ilusión de contar con un escudo defensivo en el espacio, que consideraba como la condición necesaria para acabar definitivamente con la amenaza nuclear. «No quería entregar la SDI —escribe en sus Diarios— y no la entregué, pero esto significó que no hubiera acuerdo en ninguna de las reducciones de armas.» La verdad es, sin embargo, que Reykjavik significó, por la amplitud de sus planteamientos, el inicio de una nueva y decisiva etapa en las discusiones de desarme.

Un paso adelante hacia el entendimiento se produjo con el anuncio por parte de Gorbachov de que iba a retirar las tropas soviéticas de Afganistán. En noviembre de 1986 había manifestado al Politburó: «No buscamos establecer el socialismo allí. Nuestro objetivo es tener un vecino neutral y amistoso para marchar de allí. Lo que no queremos es a los norteamericanos con sus tropas y sus bases. Si no hay aeródromos o campamentos norteamericanos, todo lo demás lo pueden decidir como quieran».

Una cifra total de 14 453 muertos soviéticos y unos gastos anuales de 6000 millones de rublos eran demasiado como para seguir sosteniendo aquella aventura. En el Diario de Chernyaev podemos leer, en diciembre de 1986, sus reflexiones acerca de que la ayuda a Afganistán «nos dejará a nosotros mismos sin camisa, sin olvidar que el “nuevo Afganistán” tardará cien años en aparecer». La retirada de las tropas soviéticas comenzó en mayo de 1988 y concluyó antes de lo previsto, en febrero de 1989.

A vencer la oposición de la cúpula militar soviética a esta política de negociaciones ayudó, por otra parte, el incidente protagonizado por Matthias Rust, un joven piloto alemán que, el 27 de mayo de 1987, consiguió penetrar en el espacio aéreo soviético con un avión deportivo, superando el sistema de vigilancia ruso, y aterrizó cerca de la Plaza Roja de Moscú. Un fallo semejante en los sistemas de seguridad dio pie a un enfurecido Gorbachov, que se encontraba aquel día en Berlín en una reunión del Pacto de Varsovia, para forzar la dimisión del ministro de Defensa y de otros muchos altos cargos militares, que fueron reemplazados por hombres más flexibles.[245]

Decidido a romper el impasse de Reykjavik, Gorbachov hizo nuevas propuestas desligadas del tema de la SDI. Convencido de que los Estados Unidos no preparaban un ataque a la Unión Soviética, optó por tirar adelante los proyectos de reducción de armas, prosiguiendo una línea de actuación que estaba alejando de él, no solo a los militares, a quienes se les exigía que abandonasen la lucha por alcanzar la superioridad sobre el enemigo, y a los viejos políticos —Gromyko le echó en cara que lo que se proponía implicaba dejar a los soviéticos a merced de la buena fe de los norteamericanos— sino incluso a algunos de los jóvenes colaboradores que le habían dado apoyo hasta entonces.

Tampoco Reagan tenía fácil continuar con la política de acuerdos en que se había embarcado. El Pentágono seguía sosteniendo que las propuestas soviéticas de desarme eran una trampa y los conservadores que le habían dado siempre apoyo se mostraban ahora en desacuerdo con él. La situación había cambiado hasta tal punto que no eran ya tan solo los miembros del CPD, que le habían apoyado en su subida al poder, sino los viejos políticos de la época de la distensión, como Kissinger o Nixon, que visitó en secreto a Reagan el 28 de abril de 1987, quienes se mostraban en abierta oposición a sus propósitos de negociación. En estos momentos Reagan no dudaba ya de la sinceridad de Gorbachov, puesto que le constaba que corría grandes riesgos asumiendo una política impopular en su entorno; su asesora para asuntos rusos, Suzanne Massie, le dijo que un alto funcionario soviético le había confiado que si Gorbachov viajaba a los Estados Unidos podía ser asesinado.

Pese a lo cual no supo resistirse el 12 de junio de 1987, durante una visita a Berlín, a adoptar en público un tono agresivo, al estilo de la retórica más dura de la guerra fría, con un discurso en que exhortaba a Gorbachov a derribar el muro. El texto, largamente elaborado por todo el equipo de redactores, pero inspirado sobre todo por el ultraconservador Peter Robinson, pareció inoportuno incluso a muchos miembros del entorno del presidente, pero Reagan decidió tirar adelante con él, seducido probablemente por el efecto teatral de una frase («¡Señor Gorbachov, derribe este muro!»), que le permitiría competir con el recuerdo del famoso discurso de Kennedy en 1963 («tuve una acogida tremenda— interrumpido 28 veces por los aplausos», escribe en su diario, en una muestra de su sensibilidad de actor).

Esta salida de tono, que se producía en unos meses en que Shultz proseguía las negociaciones con Moscú y en que Gorbachov había hecho toda una serie de nuevas concesiones a los estadounidenses, era una muestra más de hasta qué punto el propio Reagan consideraba esta clase de retórica como un discurso para el consumo popular, que no guardaba relación alguna con el estado real de las relaciones con los soviéticos.

En diciembre de 1987 Gorbachov viajó a Washington para una serie de conversaciones que condujeron a la firma del tratado de eliminación de armas nucleares de alcance medio (INF: Intermediate-Range Nuclear Forces), que implicaba muchas más destrucciones de armamento por parte de los soviéticos que de los norteamericanos, en lo que Reagan calificaría en su diario como «la mejor cumbre que nunca hayamos tenido con la Unión Soviética».

El punto culminante de los encuentros entre Reagan y Gorbachov había de producirse, sin embargo, en el viaje que el presidente norteamericano hizo a Moscú, donde permaneció del 29 de mayo al 3 de junio de 1988. En estos mismos días hubo también conversaciones de trabajo entre Shultz, Shevardnadze y otros políticos en que no se pudo llegar a los objetivos globales que los soviéticos pretendían, sino que se limitaron a una serie de acuerdos bilaterales. Pero tal vez lo más sorprendente fuese la cordialidad de las conversaciones personales entre los dos dirigentes máximos, que no discutían cuestiones relacionadas con los acuerdos, sino que se limitaban a exponer sus puntos de vista en un tono amistoso. «No tengo dudas de que existe una cierta química entre nosotros», escribió en su diario Reagan, que le había dicho a Gorbachov: «Estoy convencido de que es voluntad de Dios que cooperemos».

Hablaron de temas muy diversos. Reagan le presentó casos concretos de personas que le habían pedido que intercediese por sus familiares o amigos, y el ruso, ante la crítica que hacía de las libertades en la Unión Soviética, le recordó a su vez los problemas de derechos humanos que existían en los Estados Unidos, como los de la discriminación de los negros. En otro momento, en cambio, Gorbachov planteó la posibilidad de que ambos países cooperasen en preparar un viaje tripulado a Marte. Esta conversación, que se desarrolló el 29 de mayo a primera hora de la tarde, acabó con la propuesta de Reagan de que se llamasen entre ellos Mijail y Ron, y con una observación que tenía que ver con lo que habían estado hablando acerca de la religión.

«El presidente concluyó que había algo que había deseado por mucho tiempo hacer por Ron, su hijo ateo. Quería servirle a su hijo una perfecta comida de gourmet, dejarle disfrutar los alimentos y preguntarle entonces si creía que había un cocinero. El presidente dijo que se preguntaba lo que su hijo contestaría. Como era el fin de la reunión, Gorbachov dijo que la única respuesta posible era “sí”.»

El conjunto de los acuerdos firmados en Moscú versaba sobre diversos aspectos de la cooperación entre ambos países, sin que hubiera entre ellos ninguno significativo sobre desarme. Las discusiones que se habían iniciado en febrero entre Gorbachov y el secretario de Estado Shultz con el fin de llegar a un acuerdo de reducción al 50 por ciento de las armas nucleares estratégicas se vieron frenadas por la desconfianza del nuevo secretario de Defensa, Frank Carlucci, de Colin Powell y de otros personajes de la administración norteamericana, que seguían sin creer en la sinceridad de las ofertas soviéticas, al igual que le sucedía al vicepresidente Bush.

En la comunicación que los negociadores norteamericanos enviaron desde Moscú al Departamento de Estado se decía que lo que se había acordado era «un signo de la madurez de nuestra relación con la Unión Soviética y un tributo a la amplia agenda que hemos estado desarrollando (…). Aunque no se resuelve ninguno de nuestros problemas, muestra que pueden resolverse con un trabajo duro de las dos partes, y que se están resolviendo paso a paso». Podía parecer poco, pero era una actitud nueva, que anunciaba la posibilidad del fin de la guerra fría. Cuando un periodista le preguntó a Reagan si seguía creyendo en lo que había dicho en su discurso sobre el «imperio del mal» de 1983, replicó: «No. Estaba hablando de otro tiempo, de otra era».

En su esfuerzo por llevar más adelante los acuerdos, Gorbachov presentó al Politburó, en noviembre de 1988, el proyecto de un discurso radical que se proponía pronunciar en las Naciones Unidas, y que él concebía como un «anti Fulton», en referencia al discurso de Churchill de marzo de 1946 sobre el «telón de acero». Al propio tiempo le pidió a Gromyko que dimitiese de su cargo de presidente del Soviet supremo y miembro del Politburó, para eliminar en lo posible el recuerdo de quien había sido conocido en Occidente como Mr. Nyet por su resistencia a cualquier concesión.

En el discurso que pronunció el 7 de diciembre de 1988 en Nueva York Gorbachov pedía la «no politización de las relaciones internacionales», hablaba de la democracia y de la superioridad de los valores humanos universales respecto de los intereses de clase, exponía las líneas de un «nuevo pensamiento» que se apartaba cada vez más del «marxismo-leninismo», y acompañaba estos planteamientos con el anuncio de la liberación de presos políticos, la reducción unilateral de sus tropas y la evacuación de hombres y tanques de la República Democrática Alemana, Hungría y Checoslovaquia. Chernyaev nos cuenta el efecto electrizante que produjo su discurso: «Durante más de una hora nadie se movió. Y luego la audiencia estalló en ovaciones, e impidió que M. S. [Gorbachov] marchase. Tuvo incluso que levantarse y saludar, como si estuviese en un escenario». Seguidamente Reagan, el nuevo presidente electo George H.W. Bush y Gorbachov se retrataron juntos ante la Estatua de la libertad. Cuando Reagan dejó Washington en enero de 1989, tras la toma de posesión de su sucesor, pudo creer que el enfrentamiento había terminado. Una opinión que no compartía su sucesor, quien, refiriéndose al giro dado por Reagan en relación con la Unión Soviética, diría, años más tarde, que «incluso empezó a hablar del fin de la guerra fría».

LA CRISIS SOVIÉTICA

El éxito de Gorbachov en el terreno de la política internacional era incuestionable, aunque se hubiese obtenido a cambio de una sucesión de concesiones unilaterales. Pero estos resultados, conseguidos en un terreno en que no tenía oposición, sobre todo después de haber añadido el cargo de jefe del estado —esto es de presidente del Presidium del soviet supremo— al de secretario general del partido, no se correspondían con el fracaso de su actuación en el campo de la política interior.

En el terreno de la transformación interior de la propia Unión Soviética, tras dos años en que se limitó a seguir la tarea de depuración de funcionarios corruptos que había iniciado ya Andropov, comenzó una política más ambiciosa que se definía por dos términos, glasnost («transparencia») y perestroika («reestructuración»), destinados a favorecer la discusión y la crítica, no solo en el interior del partido, sino entre el partido y los ciudadanos.

Pero, como el propio Gorbachov reconoció años más tarde, la política de transparencia encontró la oposición de unos funcionarios que no deseaban verse afectados por ella y «a comienzos de 1987 comenzó una batalla en el seno del PCUS entre los reformistas y el ala contraria a la reforma». No había previsto tampoco los efectos desestabilizadores que iba a tener esta súbita apertura que estimulaba la crítica del sistema. Hasta 1988 se defendían todavía en público los valores del socialismo, pero el propio proceso de la glasnost acabó conduciendo a un clima general de condena de todo lo que hasta entonces había caracterizado la vida de la Unión Soviética, a la demolición de su historia y a la condena del comunismo y del marxismo.

Gorbachov abrió paso a este proceso a fines de 1987 con su informe en el setenta aniversario de la Revolución, en que propuso una aproximación más crítica al pasado y al presente. «Desgraciadamente —dirá en sus conversaciones con Mlynář—, al propio tiempo se puso de moda condenarlo todo públicamente y de la manera más radical posible, comenzando con octubre de 1917 y acabando con el papel del partido en la política de perestroika. Se produjo una gran confusión en las mentes de la gente común, mientras la nomenclatura del partido, buscando usarlo todo en su propio interés, hacía nuevos intentos de frenar el cambio.»

Para vencer estas resistencias necesitaba separar el estado del partido, sometiéndolo al control de la sociedad, lo que se planteaba como la recuperación de la vieja consigna de dar todo el poder a los soviets. En el verano de 1988, en el transcurso de la 19ª Conferencia del partido, Gorbachov propuso realizar «una transición pacífica de un sistema político a otro», y el primero de diciembre del mismo año hizo aprobar por el soviet supremo una reforma constitucional que instituía un nuevo Parlamento, el Congreso de los diputados del pueblo, de 2250 miembros, de los que 1500 serían elegidos entre una pluralidad de candidatos, mientras los restantes 750 se reservaban a las «grandes organizaciones nacionales», incluido el Partido Comunista. Los diputados de este Congreso, que se reunirían dos veces al año, serían quienes eligiesen a su vez a los 450 miembros de un soviet supremo de nuevo estilo, que funcionaría permanentemente como órgano legislativo y de control. Al propio tiempo se aumentaban las facultades del gobierno de la URSS y de su consejo de ministros.

Las elecciones al nuevo Congreso se celebraron en marzo de 1989, con resultados muy desiguales —permanencia de la burocracia en muchos lugares y triunfo de las fuerzas alternativas en las grandes ciudades— y dio paso a un colectivo abigarrado y confuso, cuyas discusiones, transmitidas por televisión por primera vez, sorprendieron y paralizaron a un país acostumbrado a otro estilo político.

La realidad era, por otra parte, que mientras Gorbachov y sus colaboradores estaban soñando en transformar la sociedad —Chernyaev escribía en su diario, a comienzos de 1988, que «tal vez es este el momento de la historia en que, después de dos mil años, habiendo sufrido a través del fascismo, del estalinismo, de Hiroshima y de Chernóbyl, la humanidad tiene la oportunidad de llevar a término los diez mandamientos en la práctica»—, su política estaba fracasando en dos cuestiones decisivas: la reforma económica y la cuestión nacional.

Era muy difícil cambiar un sistema económico que tenía ya setenta años de funcionamiento, cuando las reformas había que consensuarlas con un gran número de organismos y de autoridades intermedias, en un terreno en que los ministerios y el aparato del Partido Comunista habían sido siempre bastante independientes de la dirección central.[246] No era fácil introducir mecanismos de mercado donde los dirigentes intermedios los rechazaban. Y menos aun en momentos en que la economía soviética estaba no solamente estancada, sino iniciando un cierto retroceso.

Gorbachov aspiraba a construir una economía mixta, introduciendo elementos de mercado, descentralizando la gestión y mejorando tecnológicamente una producción que solo podía considerarse avanzada en los sectores ligados a las cuestiones militares y del espacio (de los 25 000 millones de rublos destinados en el presupuesto a la ciencia, 20 000 iban a parar a los militares). Por poner un ejemplo, el número de ordenadores disponibles era muy escaso, hasta el punto que la propia Administración central de estadística no contaba con ninguno. Y los resultados de las reformas económicas eran, por el momento, decepcionantes. Chernyaev escribía en abril de 1988: «No hay idea de cómo ajustar los mecanismos económicos para que trabajen de acuerdo con los nuevos principios. La producción cae, la oferta comienza a escasear en el mercado».

Cometieron además errores tan estúpidos como el de dejarse embarcar en los primeros momentos en una campaña contra las bebidas alcohólicas que, aplicada a una sociedad tradicionalmente alcoholizada, dio lugar a malestar, destilación clandestina de licores y un descenso de 15 000 millones de rublos en los ingresos fiscales («una noble causa, un triste fin», dirá Gorbachov). Otros errores residieron en la forma de legalizar pequeñas actividades individuales y de liberalizar supuestas cooperativas que en realidad enmascaraban empresas privadas.

El abastecimiento empeoró y también lo hizo la situación de los trabajadores, hasta el punto que comenzaron a producirse grandes huelgas de mineros (en julio-agosto de 1989 llegó a haber 200 000 huelguistas y la producción de carbón cayó en un 90 por ciento), que ahora no eran reprimidas, sino escuchadas y satisfechas en la medida, muy escasa, en que ello era posible. Las huelgas se politizaron, además, por influencia de los mineros polacos de Silesia, que se habían asociado a los de los muelles de Gdansk en las peticiones de reforma; los mineros ucranianos, asesorados por grupos venidos de Polonia, reivindicaban «las mismas libertades de que disfrutan los polacos».

«El año 1988 —escribe Chernyaev— reveló que las reformas del mercado que se habían iniciado eran inadecuadas (e imposibles en esencia en la URSS). Las innovaciones iniciadas por Gorbachov y el abandono de la economía de planificación estatal empeoraron abruptamente la situación económica y, a la vez, el clima psicológico del país.» En estas circunstancias el «pluralismo de la opinión» adoptado por la intelligentsia y por los miembros del aparato, les permitió aprovechar la insatisfacción general con la política de perestroika y con el liderazgo de Gorbachov, y transformar la crítica de la «deformación del socialismo» y de la «desviación de Lenin» en «una condena total del marxismo-leninismo como ideología y teoría, y en el rechazo en general de un régimen socialista». No iban a encontrar resistencia alguna por arriba, ya que, como afirmaba Chernayev a comienzos de 1990, «M.S. [Gorbachov] no cree en ninguna ideología».

Con una economía estancada, que había salvado sus resultados con los beneficios de las exportaciones de petróleo, y una población descontenta, tanto en la URSS como en los demás países del «área socialista», de las condiciones de vida y trabajo que les proporcionaba el sistema, se había llegado a un momento en que parecía lógico que comenzasen a ponerse en duda tanto la pretendida superioridad de la economía planificada como los beneficios que el «socialismo realmente existente» proporcionaba a la clase trabajadora.

A partir de este punto se produjo un desplome de la fe en el sistema en que se había basado toda la historia de la URSS, sin que estuviera claro con qué se pretendía reemplazarlo. El propio Chernayev denunciaba en su diario la mentira de un sistema que prometía seguridad y bienestar a los trabajadores: «Tenemos desempleo y lo más probable es que siga existiendo, y nuestros sistemas de sanidad y educación se encuentran en tal estado que resulta embarazoso mencionarlos. La norma de las vacaciones en Occidente es de 5 semanas; aquí son dos. La gente no puede vivir con nuestras pensiones. La calidad de la vida está de 2 a 3 veces por debajo de la de Occidente». No lo veía como el resultado de una coyuntura desfavorable, sino como la constatación del fracaso de «las normas y principios con los que hemos vivido durante dos tercios del siglo XX».

Tales críticas eran exageradas. La televisión y la prensa mostraban ahora a la población una imagen idealizada de la vida en el Occidente capitalista, que ignoraba sus limitaciones y escondía la pobreza. Y su resultado fue que condujeron finalmente a que lo que pretendía ser una rectificación acabase convirtiéndose en un desastre: el régimen soviético no iba a ser derribado por sus enemigos interiores o exteriores; sino por la renuncia a los principios que le daban sentido. Habiéndolos perdido, hizo implosión.

De acuerdo con Mark Harrison, la economía soviética no necesitaba tantos cambios, y su colapso se produjo a partir de 1990 por la intromisión de Gorbachov. Harrison combate los tópicos habituales sobre el fracaso económico soviético y muestra que de 1928 a 1987 la productividad creció establemente, que el PNB per cápita se multiplicó por cinco, que la economía soviética avanzaba hacia igualar a las occidentales a mediados de los años setenta y que entonces fue cuando comenzó a frenar su progresión, pero conservando un crecimiento positivo. Si Andropov hubiese vivido más, o si Gorbachov no hubiese llegado al poder, la economía y el estado soviéticos hubieran sobrevivido en un estado estacionario semejante al de la etapa de Brézhnev. Tratando de averiguar las causas del fracaso, las ve en haber fallado las razones que hacían aceptable el sistema, ligadas al prestigio del dictador. «En 1989, enfrentado a un movimiento de huelgas, y sin capacidad de seguir aplicando una penalización adecuada, el dictador se vio obligado a abandonar el sistema de control.»[247]

Nada hacía prever que el sistema entero estuviese abocado a una pronta crisis. «La historia engaña hasta a sus estudiosos más diligentes. Nadie previó la rápida caída del sistema soviético en 1989; los especialistas más cuidadosos pensaban que su imperio mortal duraría otros cincuenta años.» Un disidente como Alexandr Zinoviev dice: «Occidente no se alarmó por la “oscura vorágine” ni por el “estancamiento”, sino por los resultados sin precedentes que obtenía la Unión Soviética en los sectores más variados y por el efecto contagioso que podía tener el ejemplo comunista sobre cientos de millones de personas. (…) La posteridad, que sabrá emitir un juicio más equitativo de la época en cuestión, se asombrará de todo lo que se hizo en estos años, por añadidura en unas condiciones históricas muy difíciles». Un discurso que era probablemente válido para los años sesenta, pero no para los ochenta.

EL HUNDIMIENTO DEL SISTEMA «SOCIALISTA»

Los gobiernos de los países de la Europa central y oriental que quedaban en el área de influencia soviética no habían conseguido establecer sistemas políticos capaces de satisfacer las aspiraciones populares de libertad y democracia, como lo demostraron los fracasos de Hungría en 1956 y de Checoslovaquia en 1968, pero habían protagonizado una auténtica transformación social: en todos ellos se crearon sistemas de beneficios sociales en el terreno de la salud o las pensiones, se aseguró el pleno empleo y se desarrolló un sistema educativo que transformó por completo los niveles culturales de sus sociedades. Estos avances pudieron sostenerse gracias a un progreso económico que durante veinticinco años mantuvo tasas de crecimiento cercanas al 4 por ciento anual.

Pero con la crisis de mediados de los setenta unas economías que se habían basado en el carbón, el hierro, las manufacturas metálicas o la construcción naval, y que dependían en buena medida de sus relaciones económicas con Occidente, comenzaron a experimentar los efectos de la recesión y buscaron saldar los déficits de sus balanzas comerciales, y mantener el gasto social que era una de sus únicas fuentes de legitimación, con créditos que fueron agobiándolos con una carga insoportable de deudas.

Gorbachov pensaba que el sistema de relaciones entre los países socialistas europeos no tenía por qué cambiar desde un punto de vista político, pero que no podía mantenerse como hasta entonces en el terreno económico. Estaba dispuesto a reconocer el derecho de sus diversos integrantes a organizarse políticamente como les acomodara —«los métodos [represivos] que se aplicaron en Checoslovaquia [en 1968] y en Hungría [en 1956] son inaceptables», diría— pero las relaciones económicas existentes en el llamado COMECON (o CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica, creado en 1949) debían modificarse.

Cuando un alto funcionario del partido denunció, al comienzo de la gestión del nuevo mandatario soviético, la confusión existente en el «campo socialista» —«Kádár hace lo que le viene en gusto, Honecker nos esconde cosas, comerciando con la Alemania occidental, aceptando préstamos, dejando a la gente viajar, nadie sabe lo que está haciendo; los polacos flirtean con los norteamericanos y planean comprar Boeings en lugar de nuestros aviones»— y se le ocurrió pedir que se restableciese el orden, solo consiguió que se le destituyera. Nadie pensaba en interferir en la vida política de estos países. En perestroika, el libro de 1987 en que daba a conocer los principios del «nuevo pensamiento político», Gorbachov afirmaba taxativamente que cada nación tenía el derecho a escoger «su propio camino de desarrollo social», el del socialismo o el del capitalismo.

Lo que debía cambiar eran las relaciones que mantenían los países de la Europa oriental con la Unión Soviética en el terreno económico, que implicaban que los soviéticos estaban subsidiando en estos países un nivel de vida superior al de la mayoría de la población soviética, a través de unos créditos que no se devolvían y de precios especiales para los suministros de petróleo y de gas (que la Alemania del este reexportaba hacia Occidente en grandes cantidades y a un precio mucho más elevado). Sin olvidar el coste de asegurar la estabilidad de sus regímenes con la presencia en sus países de fuertes contingentes de tropas rusas. Todo esto representaba una carga difícil de sostener en momentos en que se había producido una caída de los precios internacionales del petróleo que los soviéticos exportaban.

En noviembre de 1986 se convocó una reunión secreta del COMECON en Moscú, a la cual tan solo asistían los máximos dirigentes, en que se presentó una especie de «doctrina Gorbachov» sobre las relaciones entre los países socialistas: la época del paternalismo había concluido y en el futuro cada partido sería responsable ante su propia población y ante su opinión pública. Se trataba de un anticipo de los grandes cambios que se iban a anunciar en la reunión plenaria del Comité Central de enero de 1987.

Algunos de los líderes asistentes le escucharon con escepticismo, pero el aspecto más desagradable de este anuncio de una nueva política era el que se refería a la exigencia de que en el futuro las relaciones económicas con la URSS debían ser mutuamente provechosas y realizarse en términos de las condiciones y precios del mercado mundial. Esto implicaba que debían comenzar a buscar nuevas vías de financiación, orientándose hacia los países de Occidente, con los que en principio ya estaban endeudados, lo que agravaría aún más su situación, en especial en los casos de Polonia y de Alemania del este.

Gorbachov creyó tal vez que, empujando a estos países a cambios como los que él trataba de introducir en la Unión Soviética con la perestroika, podía conducirlos por un camino de reformas que mantendría incólume el sistema. No era fácil, sin embargo, que las nomenclaturas que controlaban el poder en ellos encontraran fórmulas de acomodación a la necesidad de subsistir sin las ayudas económicas de que venían gozando, y cuando Gorbachov anunció que iba a retirar medio millón de miembros de sus fuerzas armadas de los países del este, a la vez que proclamaba su voluntad de renunciar al uso de la fuerza, no consiguió estimular a los sectores reformistas para que iniciaran la tarea de crear un nuevo socialismo en libertad, sino sobre todo a las fuerzas anticomunistas, sabedoras de que no iban a tener nada que temer de los tanques soviéticos.

Que Gorbachov pudiera pensar que por el camino de unas reformas incontroladas se iba a poder mantener una Europa del este que realizase el «socialismo con rostro humano» que los soviéticos habían aplastado en Checoslovaquia en 1968, y que un documento de la Comisión Bogomolov, redactado en febrero de 1989, afirmase que la situación podía permitir que reviviese el ideal socialista de la primera época de las democracias populares, con un sistema parlamentario y una economía mixta, muestra tan solo la falta de sentido de la realidad de los dirigentes soviéticos.

El 22 de diciembre de 1989, en pleno desmoronamiento del régimen de Rumania, V.L. Musatov, director adjunto del departamento internacional del Comité Central del PCUS, afirmaba que lo que estaba sucediendo en Europa del este era «el resultado de necesidades objetivas», pero que lo ocurrido había ido más allá de lo inicialmente planeado por los comunistas locales, que habían perdido el control de la situación. Los dirigentes soviéticos lo veían con preocupación, pero no pensaban en implicarse en los asuntos internos de estos países.

LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN

En el rápido desmoronamiento de los países del este tuvo una influencia decisiva lo sucedido en la República Democrática Alemana, cuya crisis se precipitó cuando los ministros de Asuntos exteriores de Hungría y de Austria cortaron simbólicamente las alambradas de la frontera que les separaba. Esta decisión, que el primer ministro, Németh, consultó a comienzos de marzo de 1989 con Gorbachov, que no dudó en aprobarla,[248] estaba destinada en principio a ahorrarse el alto coste de mantenimiento de unas alambradas que eran totalmente inútiles, dado que los ciudadanos húngaros tenían libertad para viajar al extranjero.

Aquel verano, sin embargo, Hungría se encontró llena de «turistas» alemanes del este que no deseaban regresar a la República Democrática, sino emprender la ruta hacia Alemania occidental. Németh viajó en agosto a Bonn para explicarle al canciller Kohl que, no pudiendo hacerse cargo de tan gran número de «visitantes», pero también por razones humanitarias, habían decidido dejar que los alemanes del este abandonasen el país y que ello podía significar que en el oeste tuvieran que acoger a más de cien mil refugiados. Se ha dicho repetidamente que los húngaros lograron a cambio de ello un generoso préstamo de la Alemania occidental, pero Németh y sus colegas lo negaron y no hay evidencias para ponerlo en duda. Conocido el acuerdo por los rusos, la respuesta de Shevardnadze fue que eso era algo que les concernía tan solo a los húngaros y a las dos Alemanias.

Pese a la oposición de la República Democrática, que no encontró apoyo en sus protestas ni en Moscú ni en Varsovia, los húngaros anunciaron el 10 de septiembre que se iban a abrir por completo las fronteras, y una flota de autobuses de la Alemania occidental acudió a llevarse a los fugitivos a través de Austria.

El éxodo en masa dio nuevos ánimos en la Alemania del este a las manifestaciones populares, animadas en buena parte por los grupos disidentes y por algunos sectores de las iglesias, que lo que querían no era la unión a la Alemania occidental, sino un nuevo socialismo democrático en la línea de lo que Gorbachov proponía en la Unión Soviética, lo cual ponía al gobierno ante la alternativa de la reforma política o la represión. Pero la amplitud de la manifestación que tuvo lugar en Leipzig el 9 de octubre de 1989 hacía inviable la represión, sobre todo sabiendo que no se contaba con ninguna posibilidad de apoyo soviético. Gorbachov, que había viajado a Berlín dos días antes, el 7 de octubre de 1989, para asistir a las celebraciones del cuarenta aniversario de la República Democrática, había dicho en una rueda de prensa que «la vida castiga al que se queda atrás en la política» y había dado instrucciones para que las tropas soviéticas de guarnición en Alemania se abstuvieran de intervenir en sus asuntos internos.

El 17 de octubre Honecker, que era partidario de responder al clima de protesta popular con la violencia, como habían hecho los chinos en junio en Tiananmen, fue destituido y reemplazado al frente del SED por Egon Krenz, contrario al uso de la represión. Pero los mayores problemas del país, como descubrió ahora el nuevo secretario general, eran de índole económica: la República Democrática Alemana estaba al borde de la quiebra, sin capacidad para hacer frente al pago de los intereses de su deuda exterior; algo que Honecker había ocultado a los dirigentes del partido. Cuando viajó a Moscú para comunicar a Gorbachov que el país se encontraba en una situación desesperada, recibió la respuesta de que la Unión Soviética no podía ayudarles y que la solución residía o en decirles a los ciudadanos alemanes que habían estado viviendo por encima de sus medios y que tocaba sacrificarse —algo que era imposible en aquellos momentos de protesta generalizada—, o en buscar la ayuda económica de la Alemania occidental, que solo se podría obtener a cambio de concesiones políticas. Lo que hizo Gorbachov fue renovar a las tropas soviéticas la orden de no interferir en los problemas internos alemanes.

Las actas del Politburó soviético revelan que el 3 de noviembre se preveía ya que podía producirse una irrupción en masa frente al muro de Berlín, ante lo que Shevardnadze no dudó en decir: «Haríamos bien en derribar el muro nosotros mismos». Pero el comienzo del fin, la mitificada «caída del muro» del 9 de noviembre de 1989, que se ha convertido poco menos que en el símbolo representativo del hundimiento del comunismo, fue un acontecimiento más complejo de lo que se solía decir cuando se presentaba como el resultado de un asalto de las masas.

El día 8 de noviembre, mientras seguían produciéndose salidas en gran escala, el gobierno de Checoslovaquia, agobiado por el gran número de fugitivos que marchaban hacia el oeste a través de su territorio, pidió al de la Alemania del este que resolviera directamente el problema de los ciudadanos alemanes que pasaban al oeste, en lugar de transferirlo a Checoslovaquia. Esta fue una de las razones principales de que se preparase una nueva ley que permitiría obtener permisos para viajar al extranjero, aunque con una serie de limitaciones; un proyecto que no se refería en principio al muro y que había sido comunicado ya a Moscú, donde se les contestó que eran ellos quienes debían tomar las decisiones. En medio del desconcierto general, Günter Schabowski, un miembro del politburó que actuaba como portavoz aquel 9 de noviembre, se presentó en la rueda de prensa fijada para las seis de la tarde, cansado y soñoliento, y en el último momento leyó por inadvertencia —lo había incluido entre sus papeles por equivocación— una disposición que había de entrar en vigor al día siguiente, y que no tenía el alcance global que los presentes interpretaron, al entender que se permitiría a los alemanes del este abandonar el país directamente por la frontera con el oeste, sin necesidad de pedir autorización alguna. A la pregunta de un periodista acerca de cuándo entraría en vigor el decreto, Schabowski, hurgando entre los papeles, contestó que inmediatamente.

La televisión alemana occidental se encargó de difundir la estupenda noticia de que el muro iba a ser abierto de inmediato y sin restricciones, y la multitud comenzó a presentarse en los pasos fronterizos, donde los guardias les dijeron inicialmente que no tenían todavía instrucciones y que esperasen al día siguiente, hasta que, agobiados por la presión, y con el deseo de evitar un baño de sangre, algunos comenzaron a dejar pasar gente y, finalmente, la mayor parte de ellos permitieron el paso con toda libertad. Cuando concluyó la reunión del Comité Central del Partido Socialista Unificado, a comienzos de la noche, la situación era ya irreversible.

La noticia, totalmente inesperada, fue recibida con aparente júbilo por los gobiernos occidentales, ocultando al público sus reservas y los temores de que se pudiera producir una grave desestabilización. El canciller occidental, Kohl, se enteró de lo que sucedía mientras estaba de viaje en Polonia, en una reunión solemne con Wałęsa, en busca de afirmar la amistad germano-polaca en el cincuenta aniversario de la invasión nazi, y, sintiéndose «como en otro planeta», hubo de ingeniárselas para regresar rápidamente a Berlín sin ofender a los polacos.[249] Allí hizo en la televisión unas primeras declaraciones en que les decía a los alemanes del este: «¡No estáis solos! ¡Estamos a vuestro lado! ¡Somos y seguiremos siendo una nación!». Una declaración imprudente y precipitada, que irritó a Gorbachov e inquietó a los dirigentes occidentales, preocupados por lo que pudiera hacer la Unión Soviética.

Gorbachov y Shevardnadze, que no se enteraron de lo sucedido hasta el día siguiente, puesto que nadie pensó que fuese necesario despertarles para comunicarles la noticia, recomendaron a los dirigentes alemanes del este que no vertieran sangre, a la vez que le pedían a Kohl que tomase las medidas necesarias para evitar que se produjese una desestabilización.

Los gobiernos occidentales, comenzando por el de los Estados Unidos, decidieron respetar la situación sin tomar ventajas de ella. Temían que lo que había ocurrido en Berlín condujese a que Gorbachov fuese desplazado por los militares o por políticos soviéticos de la línea dura, que podían responder de manera violenta.

Al día siguiente, 10 de noviembre, Chernyaev escribía en su diario: «El muro de Berlín ha caído. Una época entera de la historia del “sistema socialista” ha llegado a su fin. (…) No se trata ya del socialismo, sino de un cambio en el balance mundial de las potencias: el fin de Yalta, el fin del legado de Stalin y de la derrota de la Alemania nazi en la Guerra mundial».

LA CRISIS DE LAS «DEMOCRACIAS POPULARES»

En julio de 1989 se celebraba en Bucarest la reunión del Consejo político consultivo del pacto de Varsovia en lo que parecía ya una ceremonia funeral. Ceauşescu y Honecker pensaban aún en persuadir a sus colegas para que prestasen «ayuda fraternal a Polonia», al modo que lo habían hecho en 1968 con Checoslovaquia, mientras Gorbachov hablaba ilusionado, convencido de que unos regímenes socialistas renovados por la democracia podían persistir. Pero la mayoría de los dirigentes de estos países se daban cuenta de que no podían subsistir sin los subsidios económicos y las tropas de la Unión Soviética, de modo que comenzaron a prepararse para la transición.

La primera y más sensible de las crisis fue la de Polonia, donde los mismos comunistas dirigieron el cambio. Solidarno’s’c volvió a convertirse en protagonista de la política polaca cuando el viraje político de Gorbachov llevó a que fuese el propio Jaruzelski quien intentase cooptar las fuerzas de oposición e iniciase desde 1988 el diálogo con ellas. Las negociaciones de una mesa redonda llevaron al reconocimiento de Solidarno’s’c en abril de 1989.

Desde Moscú se alentó a que se realizara esta negociación, alegando que no les preocupaba que reapareciera Solidarno’s’c o que hubiese pluralismo sindical en Polonia. Los soviéticos aceptaron los acuerdos de abril de 1989, que creaban un nuevo cargo de presidente y un Senado de 100 plazas, a las que la oposición podría optar en las elecciones, al igual que a 161 escaños de los 460 con que contaba el Sejm o Parlamento (el 65 por ciento restante se reservaba para los comunistas y sus aliados). Las elecciones de junio dieron un triunfo aplastante a Solidarno’s’c (que ganó los 161 escaños del Sejm a que podía acceder y 99 de los cien del Senado) y a su líder Lech Wałęsa, que contaron con el apoyo incondicional de la Iglesia. Pero los soviéticos dejaron los asuntos de Polonia en manos de Jaruzelski, negándose a intervenir, pese a las peticiones angustiadas de Ceauşescu. Los momentos finales de la negociación que dio el poder a Solidarno’s’c se produjeron mientras los dirigentes soviéticos estaban de vacaciones, sin suscitar ninguna reacción en ellos. Shevardnadze reconoció en privado que la situación era irreversible: «Nuestro imperio estaba condenado. Solo que no creíamos que fuera a ocurrir tan pronto».

Jaruzelski iba a seguir como presidente de la república, incitado a ello por el propio presidente norteamericano, Bush, que pasó por Polonia en julio, en un viaje por Europa, y que desconfiaba de Wałęsa, de quien temía que podía conducir Polonia al caos.[250] Jaruzelski exigió que se conservase en los ministerios de Defensa y de Interior a dos comunistas y que el país se mantuviese dentro de la Organización del pacto de Varsovia. Mientras Wałęsa dudaba en aceptar, el papa Juan Pablo II insistió en que debía tomar tanta participación en el poder como pudiera, de modo que acabó aceptando que se formase un gobierno de Solidarno’s’c con los comunistas en los ministerios de Interior y Defensa, aunque se negó a presidirlo y cedió el cargo al católico Tadeusz Mazowiecki, el primer jefe de gobierno no comunista de la Europa del este desde 1948. Como parte del pago por este trato, el propio Wałęsa reconoció en la televisión que Polonia seguía estando en el ámbito del pacto de Varsovia. Los movimientos de reforma política se veían hasta cierto punto contenidos en Polonia por la conciencia de la gravedad de sus problemas económicos, que los norteamericanos no estaban dispuestos a resolver por su cuenta (esperaban convencer a los gobiernos europeos occidentales para que se encargasen de ayudar a los polacos).

En Hungría Janos Kádár había intentado hacer compatible la reforma económica, que alcanzó excelentes resultados en la agricultura, con el inmovilismo político, hasta que después de 1985 comenzó a resultar claro que la continuidad del crecimiento económico exigía también reformas institucionales. Fueron aquí sobre todo los intelectuales integrados en el Foro democrático húngaro quienes iniciaron el diálogo con los gobernantes comunistas en un clima en que sus propios compañeros forzaron la dimisión de Kádár en mayo de 1988, reemplazado al frente de partido por Karóly Grósz, en un movimiento que contó, por una parte, con el apoyo soviético y, por otro, con la promesa del gobierno de la Alemania federal de concederles créditos si se desplazaba a Kádár y se hacían reformas económicas. Se inició entonces el camino de retorno al pluralismo: el Comité Central del Partido Comunista (Partido Húngaro Socialista de los Trabajadores) creó una comisión para estudiar el desarrollo de Hungría en los treinta años anteriores; el 27 de enero de 1989 el subcomité histórico, uno de los cuatro grupos que participaban en el proyecto, presentó unas conclusiones en que sostenía que los sucesos de 1956 no habían sido una contrarrevolución, sino un levantamiento popular. La noticia se dio a conocer al público, sin consultar previamente a la dirección del partido, lo que influyó sin duda en crear el clima que iba a llevar al proceso de transición.

Todo esto sucedía al propio tiempo que Hungría se había visto obligada a acoger una gran cantidad de refugiados de la minoría húngara de Transilvania, expulsados por el brutal comportamiento de Ceauşescu, que había fortificado su frontera con Hungría y sostenía planes megalomaníacos como el de arrasar 8000 poblados agrícolas y concentrar su población en 500 grandes centros agro-industriales, lo que llevó a una situación en que parecía que se podía llegar a algo tan insólito como un enfrentamiento entre dos países que formaban parte de la Organización del tratado de Varsovia, como eran Hungría y Rumania.

El Comité Central del partido adoptó en febrero de 1989 el proyecto de una nueva Constitución que preconizaba elecciones libres y multipartidismo. En medio de los temores a provocar a los soviéticos —lo que no impedía que el presidente del consejo de ministros, Németh, le dijera en marzo de 1989 a Gorbachov que «nadie duda en la actualidad de que un estado constitucional democrático es inevitable para que funcione la economía nacional»— se iniciaron las negociaciones con las fuerzas opositoras en una «mesa redonda» que llevó a que se celebraran elecciones en 1990. En los dos casos, tanto en Polonia como en Hungría, las negociaciones se hicieron sobre todo por arriba, sin participación de las masas, que en el caso de Hungría hicieron su primer acto de presencia en la manifestación de 200 000 personas que participó en el funeral celebrado el 16 de junio de 1989 en memoria de Imre Nagy, el dirigente ejecutado de la revolución de 1956.[251]

En Bulgaria el movimiento de reforma surgió, a falta de una oposición anticomunista, de las nuevas organizaciones de debate político, como el «Club por la perestroika y la glasnost», creado por un centenar de intelectuales en noviembre de 1988, o de las de defensa de la ecología, a la vez que de los sectores reformistas del propio Partido Comunista, que contaron con la colaboración de la embajada soviética para forzar a Todor Zhivkov, el dirigente comunista de la Europa del este que llevaba más años en el poder —cuya última hazaña había sido la brutal expulsión de 350 000 miembros de la minoría turca, con desastrosas consecuencias para la economía búlgara— a que «dimitiese» el 10 de noviembre de 1989. La evolución posterior, estimulada en este caso por amplios movimientos de protesta popular, obligó a imitar los modelos de las mesas redondas de Polonia y de Hungría, lo que acabó conduciendo a un gobierno de coalición y a la desaparición del Partido Comunista, reconvertido en «Partido Socialista».

En Checoslovaquia no existía una entidad opositora, puesto que los firmantes de Carta 77, un documento en defensa de los derechos humanos que surgió inicialmente de la protesta contra la absurda condena de un grupo checo de rock, no llegaron a constituirse en asociación. Pero 1989 comenzó con la amenaza de una serie de manifestaciones populares pacíficas que tomaron especial gravedad en enero y febrero, con los actos de conmemoración de la muerte, veinte años antes, del estudiante Jan Palach, que se inmoló en protesta por la invasión soviética. La policía reaccionó deteniendo manifestantes y encarcelando al dramaturgo Václav Havel, lo que contribuyó a darle a conocer como dirigente de la disidencia. Las cosas, sin embargo, parecieron calmarse hasta los momentos finales, en noviembre de 1989, después de la caída del muro de Berlín y de la crisis del gobierno de la Alemania del Este. El 17 de noviembre la policía reprimió brutalmente en Praga una manifestación de los estudiantes y se difundió la noticia de que habían dado muerte a uno de ellos, lo cual era falso, pero contribuyó a crear un nuevo clima de protesta y a animar a los sectores reformistas del propio Partido Comunista a buscar alguna forma de acuerdo que permitiese una salida pacífica.[252]

El 19 de noviembre se creó el Foro cívico y los teatros se sumaron a la huelga que habían iniciado los estudiantes universitarios. Las manifestaciones de los días siguientes no tuvieron ya respuesta de un gobierno que no quiso arriesgarse a usar el ejército contra los manifestantes y que sabía que no podía esperar apoyo alguno de los soviéticos. Esta situación condujo a la apertura de negociaciones entre el gobierno y el Foro cívico, de las que salió un gobierno de coalición con Alexander Dubček, quien seguía creyendo en la posibilidad de un socialismo democrático, en la presidencia del Parlamento, y Havel en la de la república, y dieron paso a unas elecciones libres en junio de 1990. La «revolución de terciopelo» había conseguido sus objetivos en pocas semanas y con escasa violencia.

Solo en Rumania puede decirse que el cambio fue el fruto de una revolución, nacida en un clima social de malestar como consecuencia de los abusos en el terreno de los derechos humanos y de la escasez de unos alimentos que el gobierno destinaba fundamentalmente a la exportación. Ceauşescu se creía tan seguro en esa especie de monarquía en que había convertido el estado rumano, que marchó a Teherán el 18 de diciembre para negociar el intercambio de petróleo iraní por armas rumanas, mientras en Timi¸soara se producía una manifestación que fue duramente reprimida, con 70 muertos en los primeros días, hasta que el ejército se negó a seguir reprimiendo en gran escala y se retiró a los cuarteles. De regreso de Irán, el día 20, Ceauşescu reunió al Politburó y ordenó que al día siguiente se organizase una grandiosa manifestación de adhesión en la plaza del Palacio de Bucarest para mostrar el apoyo de los obreros a su política. Estaba convencido de que contaba con la adhesión de su pueblo; pero, ante su estupor, el discurso que estaba pronunciando se vio interrumpido por una parte de la multitud, que comenzó a gritar el nombre de Timi¸soara. La propia sorpresa que le obligó a interrumpir el discurso que estaba leyendo mostró su debilidad y contribuyó a que arreciaran las protestas. La policía no intervino en el momento y muy pronto se unieron a los manifestantes de la plaza millares de ciudadanos que habían visto lo sucedido por televisión.

Empeñado en resistir, Ceauşescu ordenó a la policía y al ejército que reprimieran a los manifestantes a tiros, mientras él permanecía en el palacio, rodeado de su guardia personal. Las fuerzas armadas causaron aquella noche treinta y cinco muertos, pero a la mañana siguiente habían desaparecido de las calles y la multitud volvía a reunirse pacíficamente en la plaza del Palacio, mientras en el interior del edificio ocurría una serie de dramáticos incidentes que condujeron a la muerte del ministro de Defensa, general Milea, acusado de traición por no haber ordenado que el ejército disparase sobre los manifestantes; su muerte contribuyó a que los militares abandonaran la causa de Ceauşescu. La situación se precipitó al día siguiente, cuando los soldados comenzaron a confraternizar con la multitud, mientras el Conducator y su esposa Elena huían en un helicóptero, abandonados incluso por sus guardias.

Se formó apresuradamente un Consejo del Frente de salvación nacional integrado por 36 miembros: antiguos dirigentes del Partido Comunista (su jefe, Ion Iliescu, había sido secretario del partido hasta 1971), militares y disidentes, mientras los partidarios del dictador depuesto, y en especial los miembros de la policía de seguridad, que tenían motivos para temer el castigo que podían recibir, mantuvieron dos días de violencia indiscriminada, y sin objetivo aparente, que produjeron más de un millar de muertos.

Asustados ante la violencia y el desorden que se estaba produciendo en Rumania, y temiendo que pudiera extenderse al resto de los Balcanes, los norteamericanos pidieron al gobierno soviético, a través del secretario de Estado James Baker, que interviniera con sus tropas para controlar la situación. Shevardnadze, que recibió esta sugerencia por el embajador norteamericano en Moscú, replicó que era una estupidez, y que no tenían intención alguna de mezclarse en los acontecimientos de Rumania. Ceauşescu y su esposa Elena, entre tanto, trataban en vano de huir del país. Capturados, fueron objeto de un simulacro de proceso y se les ejecutó de inmediato.

«Todavía no sabemos qué sucedió exactamente entre el 22 y el 25 de diciembre», se ha escrito. Se ha dicho que lo ocurrido fue «un golpe de estado que confiscó la revolución», en medio de la violencia desatada en una etapa de anarquía a manos de unos llamados «terroristas».

Pero la verdad es que ni en Rumania ni en ninguno de los otros países de la Europa del este se puede hablar exactamente de «revolución», aunque los acontecimientos estuvieran acompañados por grados diversos de agitación popular. Con motivo de la conmemoración de los veinte años de estos sucesos, en 2009, Philip D. Zelikow observaba que los nuevos estudios que se publicaban estaban abandonando la vieja imagen mítica de una revolución popular contra el comunismo, para incidir sobre todo en los rasgos de «una guerra civil dentro de las élites comunistas»: una especie de suicidio colectivo de los propios dirigentes.

LA CAPITULACIÓN

El deshielo de las relaciones internacionales que Gorbachov ambicionaba conseguir, y que con Reagan parecía cercano, tardó en producirse ante los recelos de su sucesor, George H.W. Bush. Pese a que este asegure en sus memorias que siempre creyó en la sinceridad de Gorbachov y que simpatizaba personalmente con él, estaba mucho más condicionado que su antecesor por las resistencias de su entorno. Si la CIA había juzgado el discurso de Gorbachov en las Naciones Unidas como parte de una política para debilitar a los Estados Unidos, el vicepresidente Dan Quayle opinaba que la perestroika era «una forma de leninismo», lo que se hubiera podido considerar una apreciación muy sutil, de no venir de un hombre de muy pocas luces. Nixon había aconsejado a Bush que no cometiese el error de Reagan al confraternizar con Gorbachov, y le había advertido que no debía negociar con él ni la reunificación alemana ni el futuro de la OTAN. Los altos mandos militares norteamericanos, por su parte, no deseaban aceptar ninguna reducción de «su» armamento, y Cheney, el secretario de Defensa, usaba cínicamente la convicción de que Gorbachov fracasaría, derribado por los sectores más duros del régimen, para justificar la continuidad de la inversión en armamento.

Entendían tan poco lo que estaba ocurriendo en la URSS que llegaron a pensar que Gorbachov era en realidad más peligroso que los gobernantes que le habían precedido. En palabras de Scowcroft: «Creía que el objetivo de Gorbachov era devolver el dinamismo a un sistema político y económico socialista y revitalizar la Unión Soviética domésticamente e internacionalmente para competir con Occidente. Para mí, especialmente hasta 1990, esto hacía a Gorbachov más peligroso que sus predecesores».

Eran sobre todo los gobernantes europeos, como François Mitterrand, Margaret Thatcher o Hans-Dietrich Genscher, quienes estaban convencidos de que había que dar una oportunidad al dirigente soviético y presionaban en este sentido a los Estados Unidos. Sin embargo, no fue hasta comienzos de diciembre de 1989, con un año de retraso, que se produjo una primera reunión entre George H. W. Bush y Gorbachov a bordo del buque soviético Maxim Gorky, en el puerto de Malta, en medio de una furiosa tormenta, en lo que fue una ocasión malograda por el temor y la desconfianza de Bush, que no deseaba llegar a ningún compromiso, sino que difería lo esencial para futuras reuniones formales en la cumbre.

De acuerdo con la estrategia propuesta por el secretario de Estado James Baker, Bush pensaba frenar cualquier planteamiento que pudiera hacer Gorbachov atacando de entrada con toda una batería de propuestas propias. Unas propuestas que muestran que estos hombres estaban lejos de entender lo que sucedía realmente en el mundo a su alrededor, puesto que Bush se dedicó a hablar de los valores morales de Occidente y, sobre todo, de la situación de América Central y del apoyo de los rusos a Cuba y Nicaragua, convencido de que era tan solo la iniciativa soviética la que movía a quienes se habían sublevado contra las sangrientas dictaduras sostenidas por los Estados Unidos a que los habitantes de estos países habían vivido sometidos. Gorbachov respondió a sus inquietudes dándole la seguridad de que habían cesado los envíos rusos de armas a América Latina y con un intento de razonar la cuestión: «No tenemos claro lo que queréis de Nicaragua. Hay pluralismo político en este país; hay más partidos que en los Estados Unidos. Y los sandinistas, ¿qué clase de marxistas son? Esto es risible. ¿Dónde esta la raíz del problema? Lo fundamental consiste en cuestiones económicas y sociales». Un lenguaje que no podían ni querían entender sus interlocutores.

Reveladoras de la limitación de estos personajes son las palabras de Scowcroft, que sostiene: «El plan de Baker había funcionado. Sea lo que fuere lo que Gorbachov tuviese en mente para sus planteamientos iniciales, sigue siendo un misterio, porque el presidente había arruinado su plan (…), enterrado bajo el alud de propuestas norteamericanas». Bush pudo así hacer oídos sordos a lo que Gorbachov quería discutir acerca de la configuración del mundo después de la guerra fría o acerca de los problemas de la Europa del este y de la reunificación alemana.

Que Gorbachov regresase de Malta, según contaba Chernyaev, «verdaderamente impresionado por el hecho de que Bush y Baker acudiesen con propuestas concretas que confirmaban su resolución de empezar una nueva etapa en las relaciones entre la URSS y los Estados Unidos» —como el propio Gorbachov dirá en sus memorias, pensaba que «habíamos cruzado definitivamente el Rubicón»—, revela tan solo la magnitud de su autoengaño. Lo único positivo que salió de la reunión fue la impresión de acuerdo dada a la opinión pública por los dos líderes al anunciar que sus dos países no se consideraban ya como enemigos. La mala fe con que los dirigentes norteamericanos estaban negociando se pudo ver en dos cuestiones cruciales como eran la unificación de las dos Alemanias y la extensión de la OTAN.

Aunque resultaba claro que el mantenimiento de la República Democrática Alemana era inviable a la larga, nadie sabía cuánto podía durar y se pensaba en la posibilidad de una larga transición negociada, que podía comenzar en forma de una confederación de los dos estados. El propio G. H. W. Bush reconoce que a comienzos de 1989 la reunificación parecía un acontecimiento distante. Y lo que estaba claro era que los aliados europeos de los Estados Unidos no la deseaban, por lo menos de inmediato.

El 23 de septiembre de 1989, antes por tanto de la apertura del muro de Berlín, Margaret Thatcher le había dicho confidencialmente a Gorbachov que «Gran Bretaña y la Europa occidental no están interesados en la unificación de Alemania. Lo que dice el comunicado de la OTAN puede sonar diferente, pero no le haga caso. Nosotros no deseamos la unificación de Alemania (…), no estamos interesados en desestabilizar la Europa del este, ni en la disolución del tratado de Varsovia». A lo que añadió: «Puedo decirle que esta es también la posición del presidente de los Estados Unidos», lo cual no sería cierto, si hemos de creer lo que G.H.W. Bush dice en sus memorias.

En cuanto a Kohl, hablaba en 1989 de un largo proceso, que comenzaría con unas elecciones libres en la DDR, seguiría con una confederación entre dos países independientes, que daría paso a una federación en un solo estado años más tarde, «tal vez cinco», que no se produciría más que con el acuerdo de los países vecinos.

Esto ayuda a entender que los dirigentes del este no esperasen un cambio radical en la situación política de Europa. En una conversación con Egon Krenz, Gorbachov le decía el 1 de noviembre que «todos los políticos serios —Thatcher, Mitterrand, Andreotti, Jaruzelski y hasta los norteamericanos— (…) no piensan en la unificación alemana (…). La mayoría de los dirigentes del oeste no desean ver la disolución ni de la OTAN ni de la Organización del tratado de Varsovia». Andreotti decía: «amamos tanto a los alemanes que cuantas más Alemanias haya, mejor; dejad que haya por lo menos dos». El 29 de noviembre de 1989 Gorbachov le decía al primer ministro canadiense Mulroney que habría reunificación alemana algún día, «pero no en mi vida». Incluso alguien tan poco sospechoso de simpatías con el bloque socialista como Brzezinski le había dicho a un miembro del Politburó que era partidario de que Hungría y Polonia permaneciesen dentro de la Organización del tratado de Varsovia, y que una Alemania unida y fuerte «no conviene ni a nuestros intereses ni a los vuestros». Otra cosa era que los políticos occidentales ocultasen estas ideas en sus manifestaciones al público, obligados a mostrarse consecuentes con la retórica de la guerra fría.

Gorbachov, por su parte, en medio de los problemas a que había de enfrentarse en la propia Unión Soviética, no tenía idea alguna de cómo resolver el problema alemán. Como diría Bessmertnykh, que sucedió a Shevardnadze al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, «cuando las cosas empezaron a evolucionar, nos dimos cuenta de que no había forma de detener la unificación, de modo que lo que tratábamos de hacer era negociar la situación lo mejor que podíamos». No les quedaba otro remedio que resignarse a la forma en que se fueron produciendo los acontecimientos, porque no tenían otra alternativa para frenar el proceso que prolongar el estacionamiento de los 400 000 hombres que tenían en la Alemania del este, algo que no podían sostener económicamente.

Pero una cosa era lo que el canciller de la Alemania occidental, Kohl, decía para tranquilizar a aliados y vecinos, y para no alarmar a Gorbachov, y otra lo que planeaba realmente. Cuando, alentado por contactos informales que había mantenido con algunos funcionarios soviéticos, y muy en especial con Nikolai Portugalov, que le transmitió puntos de vista que no tenían respaldo oficial, expuso el 28 de noviembre un plan de diez puntos para la reunificación gradual de Alemania, sus aliados occidentales, incluyendo los norteamericanos, reaccionaron indignados, lo mismo que le ocurrió a Gorbachov, que se vio sorprendido por la iniciativa «anexionista» de Kohl, que amenazaba con echar por tierra sus planes para un futuro de paz europea.

Es probable que Kohl hubiera querido anticiparse a la reunión que habían de celebrar Bush y Gorbachov en Malta, pocos días después. Su temor de que allí pudiera decidirse la suerte de Alemania, al estilo de lo que había sucedido en Yalta o en Potsdam, estaba totalmente injustificado, ya que no era este el propósito de los norteamericanos, que consiguieron que el tema no fuese discutido seriamente. De regreso de Malta, el 3 de diciembre de 1989, Bush se entrevistó con Kohl cerca de Bruselas, en una reunión en que el canciller alemán logró convencer al presidente norteamericano, y obtuvo el pleno apoyo de este para sus planes de absorción de la Alemania oriental.

En diciembre comenzaba a desintegrarse el régimen de la Alemania «democrática»: el Politburó se disolvió y Krenz renunció al cargo de jefe del estado. Fue substituido por Hans Modrow, partidario de implantar reformas al estilo de Gorbachov y de establecer una confederación con la Alemania occidental. Solo que era demasiado tarde para ello. Kohl viajaba a Dresde el 19 de diciembre para comenzar a hablar con Modrow y con los dirigentes del este de los pasos hacia una confederación, cuando había decidido ya ir a una rápida unificación.

A comienzos de febrero de 1990, y tras haber compartido ideas con Genscher, el secretario de Estado norteamericano James Baker viajó a Moscú, donde ofreció a Gorbachov, que seguía soñando en el proyecto de una Europa en paz en que tanto la Organización del pacto de Varsovia como la OTAN se disolverían para dejar paso a una organización común,[253] la perspectiva de una Alemania unificada, pero en la que la OTAN no se implantaría en el territorio del este. Por entonces, sin embargo, el presidente norteamericano pensaba ya de otro modo y Kohl, que no lo ignoraba, llegó a su vez a Moscú el 10 de febrero, al día siguiente de la marcha de Baker, y se preocupó tan solo de arrancarle a Gorbachov la promesa de que permitiría que fuesen los alemanes quienes decidiesen su futuro, sin plantear el tema de la OTAN, dejando que Gorbachov siguiese creyendo que esta cuestión estaba resuelta, de acuerdo con lo que le había dicho Baker, aunque no tenía garantía alguna por escrito de su ofrecimiento.

Con estas concesiones Gorbachov traicionaba no solo el plan de transición en tres etapas de Modrow, sino las esperanzas de los disidentes del este, que, asociados en una mesa redonda, preparaban un nuevo texto constitucional en que se aceptaría el pluralismo de la propiedad estatal y la privada, en un marco de socialismo en libertad en la línea de los proyectos de la posguerra alemana o de la primavera de Praga. Nada podía interesar menos a Kohl que un sistema que aspiraba, en el fondo, a convertirse en un ejemplo para regenerar al conjunto de Alemania. Las cosas se precipitaron, en parte por la torpeza de lo que quedaba del gobierno y de la policía del viejo régimen, y las elecciones celebradas el 18 de marzo en la Alemania oriental dieron un inesperado triunfo a los cristianodemócratas (la coalición CDU-CSU), que obtuvieron el 48 por ciento de los votos, contra el 21,9 obtenido por los Socialdemócratas (SPD) y tan solo un 16,4 por ciento del Partido del Socialismo Democrático, formado por una alianza de viejos miembros del disuelto SED y disidentes. El problema era que los ganadores, que contaban con un amplio apoyo entre una población que pensaba que la unificación iba a resolver sus problemas económicos (Kohl les había prometido una unión monetaria a un tipo de cambio favorable), eran partidarios de que se hiciese de acuerdo con el artículo 23 de la Ley básica de la República Federal, que preveía la simple absorción de los territorios del este, mientras los socialdemócratas hubiesen querido hacerlo de acuerdo con el artículo 146, que hubiera implicado que los dos estados hubiesen negociado una nueva Constitución para el estado unificado.

La elección no había dado, sin embargo, una mayoría absoluta a los cristianodemócratas, que deberían formar un gobierno de coalición, presidido por Lothar de Maizière, en lo que seguía siendo, para todos los efectos, otro país. Para seguir adelante quedaba el problema de conseguir que los soviéticos, que tenían 400 000 soldados en la Alemania oriental, aceptasen la unificación, y había que conseguirlo de un Gorbachov debilitado por la crisis económica y por la oposición interior, antes de que su régimen fuese barrido por los muchos descontentos que había creado su gestión. Esto sucedía cuando incluso los nuevos gobernantes de la Alemania oriental parecían compartir con Gorbachov la idea de quedar al margen de la OTAN.

En la reunión en la cumbre celebrada en Washington y Camp David en mayo-junio de 1990 Gorbachov, aunque acudía sometido a fuertes presiones de su entorno —descontento de que, como ha dicho Dobrynin, actuase en estas cuestiones como un monarca que toma sus decisiones sin consultar a nadie—, acabó sin embargo aceptando el derecho a que la nueva Alemania unificada escogiera la alianza militar a que quería unirse —una elección de resultado claramente anticipado— ante el asombro de sus huéspedes norteamericanos que habían conseguido su objetivo casi sin resistencia, y ante la clara reprobación del equipo diplomático que le acompañaba. Todo lo que los soviéticos obtenían del encuentro, al que se suele atribuir una importancia que no tuvo, era un acuerdo comercial pendiente de aprobación, del que esperaban erróneamente la ayuda económica que necesitaban para sostener una agonizante perestroika.[254]

Desde la Unión Soviética, sin embargo, lo sucedido, con el último fracaso en el tema de la OTAN, solo podía interpretarse como una derrota total, que llevaría al general Makashov a quejarse en el pleno del Comité Central de junio de 1990, al regreso de Gorbachov de la cumbre de Washington/Camp David, de que el ejército soviético estaba abandonando sin lucha «los países que nuestros padres liberaron del fascismo». La reprobación de Gorbachov no solo procedía ahora de los políticos que opinaban que Malta había sido un nuevo Munich, sino también del conjunto de la población, cuyas condiciones de vida seguían empeorando.

El rápido deterioro de la situación en una URSS en proceso de disolución facilitó que Kohl pudiese imponer sus condiciones en julio, en una visita a Moscú en la que, agobiado por la situación económica, Gorbachov fue rindiéndose sin demasiada resistencia y acabó aceptando que la unificación se realizase en aquel mismo año y dejando en una especie de equívoco silencio lo relativo a la extensión de la OTAN, una vez las tropas soviéticas de ocupación hubiesen sido repatriadas, lo cual se haría en un plazo de cuatro años, contra pago por parte de los alemanes de 20 000 millones de marcos para asegurar el traslado y alojamiento de las tropas en territorio ruso (Kohl acabó aceptando pagar 12 000 millones y un crédito sin interés de otros 3000). El 12 de septiembre se firmaba en Moscú el acuerdo que acababa con el régimen de ocupación de las cuatro potencias vencedoras de la segunda guerra mundial y devolvía la plenitud de la soberanía a la Alemania federal. «Para mí, afirma Scowcroft, la guerra fría acabó cuando los soviéticos aceptaron una Alemania unida dentro de la OTAN.»

Los Estados Unidos, la Unión Soviética y otros treinta países firmaron el 21 de noviembre de 1990 la Carta de París para una nueva Europa que anunciaba «una nueva era de democracia, paz y unidad», y proclamaba que «la era de la confrontación y división de Europa ha concluido». Un mes antes se había firmado en Versalles el tratado de paz de las cuatro potencias ocupantes con la Alemania unificada, que ponía fin formalmente a la segunda guerra mundial, y en julio de 1991 se disolvía el pacto de Varsovia.

Pero las previsiones de que a partir de este punto se fuese a una plena integración, en pie de igualdad, de los países de Oriente y de Occidente, con unas estructuras conjuntas, como un Consejo europeo de seguridad, no se cumplieron nunca. Tras el desmoronamiento de la Unión Soviética la prevista integración de este y oeste fue reemplazada por la expansión de la OTAN y de la Unión Europea hacia el este, vulnerando, no solo lo que Baker había prometido, sino el espíritu de lo que se había firmado en la Carta de París. Como ha dicho Zbigniew Brzezinski, la Carta de París fue un acto de capitulación, como la de Alemania en 1918 o la de Japón en 1945.

LA DISOLUCIÓN DE LA UNIÓN SOVIÉTICA

Los problemas políticos que Gorbachov experimentaba en el interior se vieron agravados por su fracaso en la cuestión nacional, que no era un problema nuevo, sino viejo y mal resuelto —la Unión Soviética nunca respondió en la realidad a las pretensiones de federalismo proclamadas en su Constitución—, que la propia debilidad del estado soviético reanimaba ahora. En septiembre de 1989 Gorbachov anunciaba su propósito de «ampliar los derechos de las repúblicas», a la vez que el de consolidar los de los ciudadanos soviéticos, para evitar que pudiesen ser víctimas en ellas de discriminaciones étnicas.

Durante un tiempo, sin embargo, se intentó luchar en este terreno con métodos del viejo estilo. En los primeros momentos la KGB actuó en algunos de los países que manifestaban inquietudes nacionalistas, especialmente en los del Báltico, fomentando «interfrentes» plurinacionales, que eran en realidad quintas columnas antinacionalistas. En Letonia, por ejemplo, el Frente Internacional de los Trabajadores proclamaba la obligación de mantenerse unidos a la URSS en enero de 1989 (en su congreso había representantes de 19 nacionalidades, pero solo 26 de los 713 delegados eran letones). En Lituania, Unidad se manifestaba el 15 de febrero de 1989 contra la declaración del lituano como lengua oficial. En el Cáucaso, en cambio, se tomó el partido de oponer a las minorías étnicas contra las mayorías independentistas, con los desastrosos resultados que se siguen experimentando todavía hoy.

De hecho el final de la experiencia Gorbachov aparece ligado al fracaso ante el problema de la cuestión nacional, en que no se supo actuar. Por ejemplo, en Kazajstán Gorbachov reemplazó en diciembre de 1986 a un viejo líder local corrupto, Kunayev, que llevaba veintidós años en el cargo, y puso en su lugar a un ruso, lo cual desencadenó manifestaciones hostiles de estudiantes y de obreros en la capital Alma Ata (hoy Almaty), con el resultado de un total de 300 heridos. Se mezclaba así, en este como en otros casos, una aparente ofensa nacional y el juego de intereses de las nomenclaturas locales, que descubrieron que el recurso a la reivindicación nacionalista podía ayudarles a perpetuarse en el poder. El Kremlin apoyó frente a ellos a nacionalistas liberales que creaban «frentes nacionales» (o «populares») al margen del partido, pero en ocasiones estos acabaron aliándose a los viejos apparatchik para reivindicar la soberanía nacional.

No había, pese a lo que pueda hacer creer el caso de Kazajstán, problemas serios de nacionalismo en las repúblicas del centro de Asia, pero sí los hubo en las del sur. Los más graves comenzaron con el del Alto Karabaj, que era un enclave armenio dentro de la república de Azerbaiján, donde los armenios eran discriminados y reprimidos por los azeríes (en lo que era, además, un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes). Las reivindicaciones armenias dieron lugar el 29 de febrero de 1988 a una matanza de armenios en la ciudad de Sumgait, a la que siguieron violencias en el enclave y persecuciones de azeríes en Armenia.

A fines de noviembre de 1988 Chernyaev describía en su diario una situación dramática: «En Armenia y en Azerbaiján hubo unos 50 asesinatos esta semana; hay una violencia extrema entre los grupos étnicos; hay 50 000 refugiados, niños sufriendo el frío, casas saqueadas, huelgas por todas partes, sabotaje del transporte público…». En Bakú se podían ver manifestaciones con banderas verdes islámicas y retratos de Jomeini.

El gobierno de Moscú no podía aceptar modificaciones de fronteras entre las repúblicas, si no quería que se produjese una lluvia de reclamaciones por todas partes, e intentó resolver la cuestión directamente, tomando el control de la zona con la intervención del ejército. Con la disolución de la Unión Soviética el conflicto se convirtió en una guerra que, al margen de los muertos en combate, ha provocado expulsiones en masa de la población de uno y otro lado.

Peor sucedió en Tbilisi el 9 de abril de 1989, cuando una manifestación nacionalista que se oponía a los intentos de Abjasia de separarse de Georgia fue reprimida por el ejército soviético con diecinueve muertos y centenares de heridos. Gorbachov, que se encontraba en el extranjero durante estos acontecimientos, criticó en este caso el uso de la violencia, pero la masacre de Tbilisi sirvió para muchos como una muestra de los límites de la perestroika. La comisión del Congreso de la URSS que estudió los acontecimientos comenzaba reconociendo que «la perestroika ha dado lugar a un despertar de la conciencia nacional y a un intento de conseguir independencia económica y soberanía estatal que hoy caracterizan la situación política y social, no solo en Georgia sino en otras repúblicas de la unión».

En otros lugares los problemas eran distintos, pero no menores, en especial en las repúblicas bálticas, que no querían saber nada de los proyectos federales de Gorbachov. El 9 de noviembre de 1989, el día en que se produjo la «caída del muro» de Berlín, se estaba discutiendo en el Politburó del partido soviético acerca de la forma de oponerse al secesionismo de las repúblicas bálticas. En 1990 se publicó, en respuesta a las demandas de estas, una ley de Secesión que decía que se necesitaba que votasen a favor dos tercios de la población, para iniciar un período de transición de cinco años, que habría de concluir con la aprobación final de la legislatura soviética. Se especificaba, además, que las regiones autónomas, como Karabaj, podían optar, si lo preferían, por seguir unidas a la URSS (Bielorrusia se apresuró a decir que, si Lituania se independizaba, le reclamaría la devolución de territorios que habían sido suyos).

Sin embargo, solo el caso de las repúblicas bálticas era realmente insoluble, salvo con el uso de la fuerza, como se demostró con la dura represión ejercida en Vilnius en enero de 1991, cuando las fuerzas especiales de la KGB causaron 13 muertos y 165 heridos entre los lituanos que rodeaban pacíficamente la torre de la televisión. Los casos de Georgia, Armenia y Moldova podían haberse resuelto con negociaciones, de haberse sabido emprenderlas a tiempo, y en el de Ucrania, en que el referéndum de marzo de 1991 había dado un 70,5 por ciento de votos favorables al mantenimiento de una «federación renovada», el giro hacia el separatismo, que no se produjo hasta después del abortado golpe de estado contra Gorbachov, tuvo que ver con la convicción de que la URSS era incapaz de mantener una relación adecuada con las repúblicas y, sobre todo, con la preocupación por salvaguardar la situación económica, lo que explica que votaran por la independencia incluso las zonas de fuerte población rusa. En aquellos momentos, afirma Cohen, la gran mayoría de la población deseaba conservar un sistema socialista reformado. «La Unión Soviética —afirma Tuminez— no estaba condenada a desintegrarse en 1991. (…) El imperio soviético pudo haber durado por muchos años más, tal vez incluso décadas, si hubiese habido un líder o un conjunto de líderes dispuestos a mantener el control imperial.» Desde el otro bando se dirá, muchos años después, con complacencia: «El imperio soviético recibió la muerte suavemente, y no fue a manos de sus enemigos, sino de su médico, el último secretario general de la URSS, Mijail Gorbachov».

Gorbachov tuvo que hacer frente a las resistencias que provocaba su doble fracaso en el terreno de la política internacional y en el de la reforma interna. El abandono de las posiciones en los países del este europeo, sin que existiera reciprocidad en la reducción de tropas por parte de la OTAN, suscitó las críticas de los militares rusos, que habían soportado sin protesta la retirada de Afganistán, la disminución de las actividades navales en aguas internacionales y el recorte en las ayudas militares a países del tercer mundo, pero que consideraban esta entrega de la Europa del este como un grave daño para la Unión Soviética. Sin olvidar que no había nada previsto, ni siquiera alojamiento, para las tropas que regresaban ahora a territorio ruso (de hecho el transporte de tanques y artillería absorbió la capacidad ferroviaria del país y contribuyó a crear graves problemas en la distribución de alimentos). A ello siguió la quiebra progresiva del pacto de Varsovia, que acabó de suscitar la indignación de los militares. Y, finalmente, la forma en que se produjo la reunificación de Alemania volvió contra Gorbachov incluso a muchos de sus partidarios de primera hora.

En el interior, por otra parte, tenía que enfrentarse a los miembros de la vieja clase dirigente del partido, que se oponían a unas reformas que, además de perjudicarles personalmente, estaban destrozando la Unión, mientras en el congreso de Moscú aparecía un grupo de políticos ambiciosos que querían llevar las cosas al extremo. El más destacado de ellos era Boris Yeltsin, que en 1985 había sido secretario del partido en Moscú y miembro suplente, y candidato, del Politburó. Su estilo demagógico y su denuncia de la corrupción le hicieron popular, pero fueron también la causa principal de que se le negara el ascenso, de modo que en septiembre de 1987 renunció a su pertenencia al Politburó.

Un Yeltsin defraudado personalmente, y consciente del fracaso de la política de reforma, comenzó a atacar a Gorbachov «poniendo en duda todo lo que se había realizado durante los tres años de perestroika», con un lenguaje que recogía la incertidumbre y las sospechas de los ciudadanos comunes respecto de la honradez de sus dirigentes. Habiéndose cerrado con ello el camino del ascenso en el partido, optó por la nueva vía política. Se presentó en marzo de 1989 a las elecciones para el nuevo Congreso de los Delegados del Pueblo organizado por Gorbachov con un programa que insistía en la necesidad de proporcionar a los ciudadanos alimentos, servicios y vivienda, recortando los gastos de defensa y del programa espacial. Fue elegido con cerca del noventa por ciento de los votos de los moscovitas y se integró en el núcleo contestatario del llamado «Grupo interregional de diputados», constituido por 250 representantes, del que formaba parte un disidente de tanto prestigio como el físico Andrei Sájarov, que falleció en diciembre de 1989 y dejó despejado el camino de Yeltsin.

Tras un viaje a los Estados Unidos, en septiembre de 1989, en que pudo hablar brevemente con el presidente G.H.W. Bush, Yeltsin comenzó a distanciarse del comunismo y a jugar la carta de un nacionalismo que expresaba el malestar de los ciudadanos rusos por las consecuencias de la crisis, y en especial por el hecho de que los recursos de Rusia fuesen usados para mejorar las condiciones de vida en otras repúblicas soviéticas.

Para vencer la resistencia a las reformas por parte de los órganos del partido, se creó un sistema republicano presidencialista. Gorbachov consiguió ser investido como presidente de la URSS en marzo de 1990, tras una votación de 1329 contra 495, que reflejaba el desgaste de su popularidad, pero la consecuencia de esta medida fue que los dirigentes de las diversas repúblicas, conscientes de que se estaba reforzando el poder central, pidieron que el mismo sistema se aplicase también en ellas, lo que iba a facilitar la consolidación de las nomenclaturas. Desde este momento la estrategia de la contestación consistió, no en tratar de obtener poder en el PCUS o en la Unión, sino en las repúblicas.

En el desfile del primero de mayo de 1990, nos cuenta Chernyaev, aparecieron grupos que llevaban pancartas con lemas contra Gorbachov, contra el PCUS «explotador y ladrón del pueblo» o contra «el imperio rojo fascista». Las cosas iban mal. En septiembre añadía: «todo va cuesta abajo: la cosecha se pierde, las comunicaciones se interrumpen, no hay aprovisionamiento, las tiendas están vacías, las fábricas han parado y los trabajadores del transporte están en huelga». Todos estos males se atribuían a Gorbachov y a su política.

Yeltsin consiguió la presidencia del soviet supremo o Parlamento de la República rusa en mayo de 1990, abandonó entonces el Partido Comunista e hizo una declaración de soberanía rusa. Organizó después una elección democrática para el cargo de presidente de la república de Rusia y la ganó en junio de 1991, imponiéndose al candidato apoyado por Gorbachov.

Al asumir la soberanía rusa Yeltsin animaba a las otras repúblicas a hacer otro tanto, y era consciente de ello. Uzbekistán, Moldavia, Bielorrusia y Ucrania se proclamaron soberanas, mientras las repúblicas bálticas tomaban medidas para independizarse. Gorbachov reunió en julio de 1990 el 28 y último congreso del PCUS, que le reeligió como secretario general del partido —aunque su poder dependía ahora sobre todo de su posición como presidente de la URSS—, y aceptó su propuesta de establecer un nuevo marco de relaciones federales dentro de una Unión de Repúblicas Soviéticas Soberanas, que se sometería a referéndum en marzo de 1991 en las quince repúblicas de la Unión: el primero de la historia del país.

El referéndum tuvo un 80 por ciento de participación y dio más de un setenta por ciento de votos favorables al mantenimiento de una Federación «de repúblicas soberanas e iguales en derechos». Su resultado fue sobre todo positivo en las repúblicas asiáticas (y en Ucrania, donde un 80 por ciento se manifestó partidario de permanecer unidos a la URSS). En seis repúblicas —las tres bálticas, Armenia, Georgia y Moldova— se boicoteó el referéndum; en las del Báltico se habían votado previamente otros que arrojaron un 90 por ciento a favor de la independencia en Lituania, un 78 por ciento en Estonia y un 74 por ciento en Letonia.

Gorbachov estaba cada vez más solo y cada vez tenía menos poder. Algunos de sus colaboradores más próximos, como Shevardnadze, que pensaba que «la situación estaba fuera de control», se vieron forzados a dimitir, como consecuencia de las feroces críticas de los conservadores, que atacaban a Gorbachov en los organismos del partido, mientras Yeltsin le minaba en el congreso, y de la actitud a la defensiva del propio Gorbachov. Alguien como Chernyaev, que le acompañó hasta el final, observaba en su diario el 13 de enero de 1991: «Nunca pensé que el proceso inspirador que inició Gorbachov pudiese conducir a un final tan ignominioso». El 19 de febrero Yeltsin, hablando por la televisión, pedía la dimisión de Gorbachov, acusándole de ser el culpable de la sangre vertida en los conflictos étnicos y de la ruina y la pobreza del país. Gorbachov, señalaba Chernyaev el 20 de marzo de 1991, no hacía más que repetirse: «palabras, frases, ejemplos, líneas de pensamiento, argumentos que sorprendían en 1986 y que seguían impresionando en 1988, suenan ahora a mera palabrería». Sus planes políticos no tenían ya sentido alguno en la situación actual de la Unión Soviética.

En aquellos difíciles momentos lo único que hubiera podido salvarle hubiera sido obtener de Occidente una ayuda económica de volumen suficiente como para aliviar los graves problemas internos. Pero aunque los dirigentes occidentales no deseaban crearle dificultades, que podían arrojar el indeseado resultado de verlo reemplazado al frente de la Unión Soviética por un general del ejército, no fueron capaces de proporcionarle la ayuda económica que necesitaba. Su petición de créditos a la reunión del G7 en Londres, en julio de 1991, recibió respuestas dilatorias, debido ante todo a la oposición de los norteamericanos. En aquellos momentos comenzaba a resultar evidente su debilidad. Un mes más tarde se precipitaría el final.

El 18 de agosto de 1991, dos días antes del que se había fijado para la entrada en vigor del nuevo tratado federal, mientras Gorbachov estaba descansando en Crimea, se organizó un golpe contra él en Moscú, encabezado por su mismo vicepresidente, por el primer ministro y por los ministros de Defensa y del Interior del gobierno de la Unión, que enviaron una delegación a Crimea para pedirle que dimitiese, a lo que se negó (mientras tanto los golpistas anunciaban por la radio y la televisión que el presidente había sido sustituido por razones de salud, y que se creaba un Comité Estatal para el estado de excepción).

«La conspiración fracasó, dirá Primakov, porque el país había cambiado.» Fracasó, también, porque sus organizadores no supieron tomar las medidas de urgencia adecuadas —los teléfonos y los fax seguían funcionando en Moscú, por ejemplo—, por el rechazo internacional y, sobre todo, porque las fuerzas de seguridad y el ejército se negaron a disparar contra la oposición popular dirigida por Boris Yeltsin, y contra los diputados radicales que se habían refugiado en la Casa Blanca de Moscú, el edificio del Soviet supremo o Parlamento. Mientras tanto, en la madrugada del 21, un grupo de asesores de Gorbachov que se encontraban en el Kremlin se pusieron de acuerdo con el jefe de la guardia, cerraron las puertas, detuvieron al vicepresidente Yanaev, el único golpista que quedaba en la fortaleza, y empezaron a emitir órdenes para restablecer la situación y conseguir la retirada de las tropas.

Yeltsin, que se había mostrado al público subido en un tanque, mientras a su alrededor unos miles de moscovitas organizaban frágiles barricadas de defensa, vivió entonces su momento de gloria como supuesto vencedor del golpe, en una escena que retransmitieron las televisiones del mundo entero.

El golpe precipitó el desenlace de la crisis soviética. Yeltsin, que se había preparado para una larga lucha contra lo que quedaba del estado federal, descubría ahora que el fracaso del golpe le ponía la victoria en las manos. Cuando Gorbachov volvió a Moscú se encontró con que Yeltsin controlaba buena parte de los organismos decisivos, tomaba el mando de las fuerzas militares de la república rusa, ordenaba que el PCUS suspendiese sus actividades en Rusia y humillaba a Gorbachov en la cámara, cuyas sesiones transmitía la televisión, por el hecho de ser el secretario del partido implicado en el movimiento antidemocrático: un partido que había dado un apoyo mayoritario al golpe.

Gorbachov lo aceptó, renunció a su posición como secretario general del partido que le había traicionado, incitó al propio Comité Central del PCUS a dimitir y anunció la disolución del partido el seis de noviembre. Su única autoridad era ahora la de presidente del Soviet supremo de una Unión de la que no formaban parte ya los países bálticos, que aprovecharon el golpe para independizarse formalmente, y que habían sido ya reconocidos por otros países, entre ellos por la propia Rusia de Yeltsin. El resto de las repúblicas estaban en pleno desconcierto y fueron proclamando su independencia entre agosto y diciembre. Ucrania lo hizo subordinando la decisión a un nuevo referéndum que se celebraría en diciembre. El primero que minaba la Unión era Yeltsin, que, a la vez que se iba apoderando de las instituciones estatales soviéticas que quedaban a su alcance, como la banca del estado, tenía claro que acabar de destruir la Unión Soviética significaba hacerse con todo el poder en Rusia.

Mientras se intentaba poner en marcha la nueva Unión, el referéndum de Ucrania dio un 90 por ciento de votos favorables a la independencia (por parte del mismo electorado que en marzo había votado continuar en la Unión) y Yeltsin, a escondidas de Gorbachov, se reunía en Belovezh con los presidentes de Ucrania y de Bielorrusia el 8 de diciembre de 1991 para proponerles que las tres repúblicas que en 1922 habían firmado el acuerdo de creación de la URSS la disolviesen ahora, reemplazándola por la CEI, que era una simple confederación sin órganos ni poderes: un proyecto al que se sumaron las repúblicas de Asia, pero no las tres bálticas ni, inicialmente, Georgia, aunque lo haría más tarde.

El 12 de diciembre el Soviet supremo de Rusia ratificaba la disolución de la URSS, al igual que lo hacían las cámaras de Ucrania y de Bielorrusia; el 25 de diciembre de 1991, ante la situación creada por la formación de la CEI, Gorbachov dimitía del cargo de presidente de la URSS. Como había aceptado previamente la disolución del partido del que había sido secretario general, quedaba ahora reducido a la condición de ciudadano particular. El 27 de diciembre Yeltsin ocupó su despacho en el Kremlin, donde la bandera de la Unión Soviética había sido reemplazada ya por la de Rusia. Chernyaev terminaba su diario de 1991 con estas palabras: «Este es el año de la desintegración del estado, del colapso de la economía y del caos social».

En la declaración formulada en el momento de dimitir, Gorbachov repasaba lo ocurrido desde que había llegado al poder, siete años antes, al frente de un país «que no marchaba bien», que tenía «mucho de todo», pero donde se vivía mucho peor que en los países desarrollados y donde el atraso respecto de ellos se acentuaba cada día, porque «la sociedad se ahogaba en las garras de un sistema autoritario burocratizado». Celebraba el hundimiento del autoritarismo, los avances democráticos y la transición hacia una economía mixta, y achacaba la mala situación del momento al hecho de que el viejo sistema se hubiera derrumbado «antes de que lograra empezar a funcionar el nuevo».

Analizando las causas de su fracaso Yakovlev diría años más tarde que los reformadores acabaron con la superestructura política, pero no supieron actuar sobre su infraestructura, ni prever la fuerza de la nomenclatura y la resistencia que iba a oponer a las reformas. «Cuando Gorbachov y yo decidimos emprender la perestroika no sabíamos claramente dónde íbamos.» Querían abandonar el viejo sistema, pero no sabían realmente lo que harían después. «Nuestros puntos de vista evolucionaban constantemente en función de lo que ocurría.»

Lo que iba a venir, sin embargo, no sería una transición, sino una catástrofe. Para Alexandr Zinoviev lo que habían hecho Gorbachov y los suyos era «una traición a los intereses de su país y de su pueblo, que por su magnitud no tiene precedentes en la historia de la humanidad».

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LA TRAGEDIA DE ÁFRICA

Los países del África Subsahariana comenzaron su vida independiente con el propósito de emprender nuevos caminos de progreso, alejados de los que les había impuesto la tutela del imperialismo. De ahí que algunos de los nuevos gobiernos se proclamasen «socialistas», lo que expresaba simplemente su voluntad de asumir, si no la dirección centralizada de la economía, para lo que hubieran necesitado medios de los que carecían, comenzando por un adecuado conocimiento de su realidad, sí, por lo menos, el estímulo a su desarrollo a través de la política económica, en ausencia de una sociedad civil que pudiera tomar la iniciativa.

Casi todos compartían el sueño de llevar adelante un proyecto de industrialización, que parecía ser una condición necesaria para su progreso, de acuerdo con los modelos de modernización vigentes, y a ello dedicaron buena parte de los ingresos que obtuvieron por sus exportaciones en los años dorados de 1960 a 1975, cuando los precios a que se cotizaban sus exportaciones de café, cacao o cobre eran elevados, complementándolos con créditos exteriores. Unos recursos que se invirtieron en la mayoría de los casos en estériles proyectos de industrialización, mal planteados o fraudulentos, con frecuencia ambas cosas a la vez.

El sueño acabó en los años ochenta, cuando la crisis provocada por la subida de los precios del petróleo se combinó con la caída de los de las materias primas que producían los países africanos, con descensos del orden del 40 por ciento entre 1980 y 1982, a la vez que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, respondiendo al giro conservador que en tiempos de Reagan se dio a estas instituciones, les imponían unas líneas de actuación que no solo agudizaron el estancamiento, sino que acabaron conduciendo a una tragedia social colectiva, agravada por el hecho de que su población conjunta se triplicó entre 1961 y 2005, a un ritmo de crecimiento que no pudo seguir su producción de alimentos.

África ha sido el único continente que en los años noventa del siglo XX ha visto aumentar la pobreza y el analfabetismo, y que —si dejamos a un lado la opinión del Banco Mundial, empeñado en usar a su modo los datos para sostener que los africanos mejoran—, sigue viendo cómo su situación empeora en el nuevo siglo. En 1975, en los momentos finales de la euforia exportadora, el PNB per cápita del África Subsahariana equivalía al 17,6 por ciento del PNB medio mundial, mientras que en 1999 había caído al 10,5 por ciento. La esperanza media de vida no pasaba a comienzos del siglo XXI de los 52 años, mientras la media mundial era de 67, y la tasa de mortalidad infantil era de 87 por cada mil nacimientos vivos (la de Sierra Leona llegaba a 155 por mil), en comparación con una media mundial de 49. El número de las personas desnutridas pasó en el conjunto del África Subsahariana de 168,8 millones en 1990-1992 a 212,3 en 2004-2006, para una población total de 716,3 millones, lo que en algunos países, como Burundi y Eritrea, representaba más del 60 por ciento de su población total y en la República Democrática del Congo, el 75 por ciento.

¿A qué se debe el fracaso del África independiente? Ha pasado el tiempo en que se atribuían todos los males a las consecuencias de la colonización. Estamos hoy, por contra, en una época de reivindicación del imperialismo, que vuelve a estar de moda en «Occidente». Algunos historiadores y politólogos sostienen que las viejas formas del colonialismo representaron la forma menos sangrienta posible de conseguir que los colonizados alcanzaran la modernidad, lo que explica que haya quienes defienden la conveniencia de establecer nuevas formas de protectorado para remediar la situación de países en dificultades. Stephen Krasner, a quien Condoleezza Rice nombró jefe de planeamiento político del Departamento de Estado, propugnaba formas de soberanía compartida para remediar el problema que plantean «estados fallidos y mal gobernados».

Como escribía poco antes de morir Edward Said, estamos ante una oleada de revisionismo que reivindica el colonialismo como una fuerza civilizadora y demoniza a los Nkrumah, Lumumba o Nasser como responsables de los males que sufren hoy sus países. Lo cual no tiene nada de inocente, porque no se trata de una nueva moda académica, sino de una toma de posiciones políticas.

Estas interpretaciones, fundamentadas en una doble combinación de racismo y de ortodoxia económica neoliberal, han conducido a que se atribuya la crisis de estas sociedades a las culpas de los propios africanos. Lo dice incluso un académico nativo como el ghanés George B. N. Ayittey, que concluye que «los africanos no tienen futuro porque sus líderes no usan sus cabezas y porque los donantes occidentales que les dan dinero tampoco lo hacen». Stephen Smith, que pasó en un tiempo por ser un periodista progresista, sostiene ahora que «África muere en un suicidio asistido». Una afirmación que viene completada por la de que lo que deben hacer las viejas potencias coloniales es dejar de ocuparse de su «misión civilizadora» para mirar únicamente por sus intereses.

Para Paul Collier el problema es que estos países son «demasiado grandes para ser una nación, y demasiado pequeños para ser un estado»: que están demasiado divididos en un sentido étnico para crear un vínculo nacional común, y que son demasiado pequeños para poder proporcionar a sus ciudadanos los bienes públicos requeridos, y en especial el de la seguridad, necesaria para atraer inversiones extranjeras.

La mayoría de las denuncias de los males de las sociedades africanas omiten, sin embargo, un factor explicativo esencial: el de la responsabilidad exterior al continente en este «suicidio», que no es «asistido» sino provocado, lo cual lo convierte en un asesinato. Se pasan generalmente por alto toda una serie de factores que condicionaron la evolución de estos países, que comienzan por los efectos de la path dependence en unas economías que los colonizadores habían organizado para que fueran esencialmente productoras de materias primas para la exportación, y acaban por el hecho de que las grandes potencias escogieran este escenario para dirimir en él algunas de las batallas más sangrientas de la guerra fría, fomentando y armando guerras supuestamente civiles que tendrían un terrible coste en términos de vidas humanas y de destrucción de recursos. El resultado final, se ha dicho, es que «en África nadie ganó la guerra fría, porque todos los territorios del conflicto (…) quedaron en ruinas». Y hay, además, el problema de aclarar las responsabilidades exteriores en la corrupción de los políticos africanos, a la que suelen atribuirse la mayor parte de los males que el continente sufre en la actualidad.

LOS AÑOS DE LA ILUSIÓN INDUSTRIAL

Los primeros veinte años de la independencia estuvieron dominados por proyectos industriales fantasmagóricos, los llamados «elefantes blancos», que proporcionaron grandes beneficios a las empresas europeas y americanas que intervenían en ellos —y a los dirigentes locales que se embolsaban sus comisiones— y consumieron los recursos locales en intentos condenados al fracaso.

El África francófona, en especial, tiene todo un repertorio de este tipo de costosas fantasías, aunque los hubo también en la anglófona, como el de la acería de Ajaokuta en Nigeria, que devoró más de cuatro mil millones de dólares en veinte años, sin llegar a producir acero, o el de una fracasada fábrica de zapatos en Tanzania.

El caso de un pequeño país como Togo puede servir de ejemplo. Gnasinbe Eyadéma, el hombre a quien los franceses pusieron en el poder tras haber organizado el asesinato de Sylvanus Olympio, inauguró en Kara una gran fábrica textil que se suponía que iba a producir para el consumo local y para la exportación, pero que solo llegó a trabajar al 10 por ciento de su capacidad antes de cerrar. En Lomé se quiso establecer una gran empresa de cemento que debía abastecer a los países del oeste africano; duró apenas un mes y se tragó los millones invertidos. Se emplearon además 14 000 millones de francos CFA[255] en construir una refinería de petróleo, en un país sin petróleo, con una capacidad prevista de refino que era diez veces el consumo de Togo. La refinería no llegó a funcionar. Lo hizo en cambio por un tiempo, para acabar en un fiasco, la Sociedad togolesa de siderurgia, que costó 13 000 millones de francos CFA. Del mismo estilo fue el proyecto de transformar la agricultura mediante la compra de 332 tractores —Renault, naturalmente— de los que diez años más tarde solo funcionaban cincuenta, sin mantenimiento ni recambios, mientras el resto se oxidaba en los campos, sin haber llegado a ser alquilados por los campesinos, puesto que ni se había previsto si se adecuaban a sus necesidades, ni se pensó en que había que formarles previamente para que pudieran utilizarlos.

En el Congo se construyeron dos grandes presas, Inga 1 e Inga 2, con la idea de que proporcionasen electricidad para un proyecto industrial que nunca llegó a iniciarse. Sin llegar a operar más que al 40 por ciento de su capacidad, se convirtieron en una de las fuentes más graves de endeudamiento del país, lo cual se ha agravado todavía en los últimos años con la inversión de cientos de millones de dólares prestados por el Banco Mundial para su rehabilitación; mientras los campesinos desplazados de sus tierras por la construcción de los embalses no han recibido compensación alguna por su despojo.

Estas y otras fantasías, como la construcción de hoteles de lujo, de palacios y de rascacielos que acababan quedándose sin ascensores, consumieron los recursos obtenidos en unos años de euforia exportadora y dejaron al país endeudado y arruinado (en diez años, de 1970 a 1980, la deuda exterior de Togo pasó de 40 a 1120 millones de dólares), listo para la siguiente fase de su «suicidio asistido», que sería la de caer bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional.

EL FRACASO DE LOS SOCIALISMOS AFRICANOS

La alternativa al modelo ortodoxo de industrialización fueron los intentos de crear una economía planificada, al estilo soviético, y los de implantar formas de socialismo «africano» más o menos adaptadas a las condiciones y a las culturas locales.

Entre los casos en que se pretendió crear una economía socialista planificada destaca el de Argelia. El 19 de junio de 1965 el coronel Houari Boumediène destituyó a Ben Bella y le condenó a residencia forzada. El nuevo jefe del estado, que se presentaba con una retórica populista de justicia social y recuperación de los valores islámicos, suprimió la Asamblea nacional y la Constitución de 1963, que fue reemplazada en 1976 por otra que daba considerables poderes al presidente, proclamaba el socialismo como la base del régimen y confirmaba al FLN en el papel de dirigente de la revolución, además de omitir toda referencia a la lengua y cultura bereberes (tamazigh) y forzar la implantación del árabe.

De 1966 a 1971 se nacionalizaron la mayor parte de los sectores modernos de la economía, incluyendo el petróleo y el gas natural, y se destinaron los recursos obtenidos a un programa de industrialización rápida que no tuvo efecto beneficioso alguno sobre la situación de una agricultura en que la población crecía más que la producción. El intento de Boumediène de remediar esta situación con una ambiciosa reforma agraria no hizo más que crearle graves enfrentamientos con los terratenientes musulmanes.

Su muerte en 1978, a los 53 años de edad, significó el fin del intento de poner en marcha una revolución. Pese a la dureza con que había gobernado, Boumediène iba a quedar en el recuerdo de los argelinos como un gobernante preocupado por el pueblo y que no toleraba la corrupción, lo que explica que se rumorease que había sido envenenado por miembros de su propio entorno.

Su sucesor, el coronel Chadli Bendjedid, que gobernó el país desde 1979 hasta 1992, quiso acabar con la idea misma de un régimen revolucionario y socialista, introduciendo una economía liberal, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, al que hubo que recurrir cuando la caída de los precios de los hidrocarburos condujo a una crisis económica. El FMI obligó a eliminar todos los rasgos socializantes de la etapa Boumediène (granjas colectivas, subvenciones a los alimentos básicos), lo que favoreció la progresiva degradación del régimen del FLN. Lo que se iba a instalar a partir de entonces en Argelia sería el dominio de los clanes militares, en medio de una corrupción generalizada y en una economía que se contentaba con vivir de las exportaciones de hidrocarburos, importando los bienes de consumo e industriales que no producía.

Al sur del Sahara fracasó el intento de Modibo Keita en Malí, porque sus dificultades fueron aprovechadas para legitimar un golpe militar, el de Moussa Traoré, que se mantendría en el poder de 1968 a 1991 (desde 1976 bajo la forma de una república de partido único), tras haber acatado la ortodoxia del Fondo Monetario Internacional, con lo que dejó a su país en la misma situación de pobreza en que lo había encontrado, agravada además por una enorme carga de deuda.

En otros casos, como en el del régimen de Seku Turé en Guinea, el fracaso se debió a una combinación de ineficacia y corrupción, hasta el punto de que pudo señalarse que a la muerte de este, en 1984, el balance de su gestión eran dos millones de exiliados, un número considerable de presos y desaparecidos, etnias enteras condenadas como «enemigos del socialismo», corrupción y fracaso económico.[256]

Fallaron también los intentos de encontrar una vía autóctona al desarrollo: un «socialismo africano». Tal era, por ejemplo, la doctrina de la autoconfianza de Julius Nyerere, presidente de Tanzania, quien en la «declaración de Arusha», en 1967, proponía luchar contra la pobreza basándose sobre todo en la propia agricultura, sin embarcarse en una industrialización para la que estos países carecían de recursos. Con este «socialismo africano» basado en la ujamaa o «espíritu de familia» se quería alcanzar un socialismo de cooperación, no estatal, que daría lugar a «una nación de pueblos ujamaa donde la gente cooperará directamente en pequeños grupos y donde estos pequeños grupos cooperarán conjuntamente en grandes proyectos».

Para realizar este plan se decidió, con la aprobación del Banco Mundial, reagrupar a los habitantes dispersos en pueblos, con el fin de proporcionarles servicios sociales y ayudarles a crear una agricultura más moderna y eficaz. Se había previsto que el reagrupamiento fuese voluntario, pero pronto se empezó a presionar a los campesinos y en 1973 el gobierno decidió declararlo obligatorio. Y si bien las condiciones de salubridad y educación mejoraron, no lo hizo la producción agrícola, contra lo que se esperaba. Tanzania se vio obligada a importar alimentos, gastando unos recursos que habrían bastado, como diría el propio Nyerere, para comprar una vaca a cada familia campesina. El resultado final fue un fracaso, que Nyerere reconocía en 1977: «Diez años después de la declaración de Arusha Tanzania no es ni socialista ni autosuficiente». En 1999, poco antes de su muerte, admitió su error: «No supe ver cuán difícil sería para el estado dirigir la agricultura. La agricultura es difícil de socializar».

En Mozambique se intentó repetir la experiencia y se procedió a una aldeação en que las poblaciones reunidas durante la guerra de independencia por razones estratégicas habían de convertirse en pueblos comunales, reagrupando los servicios y las infraestructuras. El malestar suscitado por estas medidas contribuyó a la aparición del RENAMO —financiado por África del Sur para contrarrestar el apoyo que Mozambique daba al ANC de Mandela— y a la larga guerra civil de este contra el FRELIMO.

También se intentó algo semejante en la Etiopía pretendidamente socialista de Mengistu Haile Mariam. El 4 de marzo de 1975 Mengistu proclamó la reforma agraria: nacionalizó la tierra, cerró la universidad y envió a 50 000 estudiantes al campo para ayudar a establecer asociaciones campesinas. Al cabo de un año se afirmaba que se había asentado a 4,5 millones de campesinos en 4500 pueblos. Hubo un cierto aumento inicial de la producción de alimentos, pero la imposición forzada de formas de explotación colectiva condujo a la desarticulación de la agricultura. Una hambruna, debida en parte a la guerra contra los insurgentes del Tigray y del norte de Wollo, se vio agravada por la sequía de octubre de 1983 a mayo de 1984. Mengistu reaccionó transportando 800 000 campesinos a nuevos asentamientos y forzando la campaña de agrupación, pero en 1990 hubo de reconocer su fracaso y propuso un cambio radical, disolviendo las cooperativas y liquidando los asentamientos forzosos, que desaparecieron sin dejar rastro, mientras los campesinos regresaban a sus viejos hogares, sin que quedase claro que recuperaban los derechos de propiedad sobre unas tierras que se había atribuido el estado. Falto ya del apoyo soviético, el régimen revolucionario etíope no pudo hacer frente a las guerrillas del Frente de liberación del pueblo de Tigray. Mengistu huyó el 21 de mayo de 1991 a Zimbabue, en una fuga organizada y pagada por los norteamericanos, mientras los vencedores, con Meles Zenawi, el líder de las fuerzas del Tigray, a la cabeza de un Frente democrático revolucionario de los pueblos de Etiopía (dominado por los nativos de Tigray, pese a que estos representan tan solo un 7 por ciento de la totalidad de la población), heredaban el poder e iniciaban, en la ahora llamada República Democrática Federal de Etiopía, una nueva época de corrupción y de violación de los derechos humanos (la masacre de los anuak en diciembre de 2003, la matanza de 194 manifestantes en Addis Abeba en noviembre de 2005, etc.) tolerada por los Estados Unidos a cuenta del apoyo que el nuevo gobierno daba a la lucha contra los islamistas de Somalia y de otros servicios, como el de proporcionarles soldados etíopes al precio de 1200 dólares al mes. Como en tantas otras ocasiones, los oprimidos se habían convertido a su vez en opresores.

LA CRISIS ECONÓMICA Y LA TUTELA DEL FMI

La recesión internacional iniciada a mediados de los setenta con el encarecimiento del petróleo hizo caer los precios de las exportaciones africanas y condujo a lo que se ha llamado la «década perdida» de los años ochenta, a mediados de la cual «la mayoría de los africanos eran tanto o más pobres que en la época de la independencia».

El final de la guerra fría empeoró todavía las cosas, puesto que llevó a que disminuyera drásticamente el tipo de ayuda económica destinada a ganar aliados. En sus memorias, el que fue secretario general de la ONU, Boutros-Ghali, dice: «Durante toda la guerra fría hubo competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por responder a las necesidades en materia política y económica de los estados africanos (…). Pero, acabada esta, el interés del mundo exterior por África ha caído brutalmente».

El malestar interno provocado por la crisis, la necesidad de mejorar su imagen para optar a nuevos créditos y la presión de los donantes «occidentales» que les proporcionaban auxilios, condujo en los primeros años noventa a movimientos de pretendida democratización de unos gobiernos que se habían convertido en autocracias; de 1990 a mediados de 1992 cayeron del poder once jefes de estado africanos, cuatro de ellos como consecuencia de su derrota en las elecciones. Hasta el decano de estos autócratas, Houphouët-Boigny, en el poder desde 1960, se vio obligado a enfrentarse por primera vez a unas elecciones multipartidistas. Se llegó por entonces a hablar de este aparente viraje como de una «segunda independencia», pero estos cambios fueron en la mayoría de los casos superficiales, sin que bastasen para transformar realmente la vida política de estos países.

Cuando los gobiernos que habían solicitado créditos para invertir en su desarrollo industrial comenzaron a encontrarse ahogados por sus obligaciones (la deuda exterior del África negra pasó de 6000 millones de dólares en 1970 a 66 000 en 1982) y pidieron nuevas ayudas, el Fondo Monetario Internacional les impuso programas de ajuste estructural que exigían, para empezar, la reducción del déficit fiscal, lo que les obligaba a recortar el gasto social.

Según la interpretación del FMI y del Banco Mundial las crisis africanas tenían causas internas: monedas sobrevaluadas, industrias protegidas, salarios demasiado elevados y excesiva intervención estatal, contra lo cual se recomendaba devaluar la moneda, desmantelar la protección industrial, eliminar los subsidios y los incentivos de precios para la producción agrícola y para las exportaciones, disminuir los salarios[257] y privatizar las empresas públicas. El remedio a la crisis, sostenía el Banco Mundial, consistía en combatir el desorden político y la corrupción con el fin de atraer inversiones extranjeras. De este modo quienes pedían ayuda eran obligados a someterse a planes diseñados por jóvenes salidos de las universidades y de los bancos occidentales, sin conocimiento alguno de las realidades de países de las más diversas entidades socioculturales; el resultado, afirma el profesor Patrick Bond, ha sido «hambre, deterioro del medio ambiente y abandono de los programas de sanidad, educación y bienestar social».

En opinión de Doug Hellinger, estas medidas, al cambiar el entorno político de estos países, no hicieron otra cosa que facilitar los negocios de las empresas extranjeras y favorecer que se crease un clima de corrupción. En todo caso, la realidad es que las inversiones han acudido sobre todo a aquellos países donde el desorden y la corrupción reinan, lo cual parece ser un incentivo para las empresas del capitalismo depredador. De hecho, una de las recomendaciones del Fondo, la de bajar los impuestos para atraer inversiones, no ha hecho más que facilitar el despojo a bajo precio de los recursos naturales de estos países, como ocurrió en Malí, que, siguiendo estas normas, rebajó los impuestos sobre las compañías que extraen oro del 6 al 3 por ciento, con el resultado de que las empresas extractoras se hayan enriquecido en una época de aumento de los precios del oro (el precio de una onza pasó de 309,97 dólares en 2002 a 871,71 en 2008), mientras Malí figura como uno de los países más pobres del mundo (en la serie del índice de desarrollo humano está en el lugar 160 sobre un total de 169).

Con los programas de ajuste del Fondo no mejoró ni siquiera la situación financiera de estos países, puesto que, según las cifras del Banco Mundial, África ha pagado ya cuatro veces el importe de la deuda que tenía en 1980, y se encuentra ahora tres veces más endeudada que entonces.

Lo peor, sin embargo, han sido sus efectos en otros terrenos. La reducción del gasto social —en especial en educación y sanidad— ha tenido graves consecuencias para la población de estos países, como la ha tenido para su producción agraria la disminución de los subsidios a los campesinos para la compra de abonos o de productos veterinarios, o la del gasto para el mantenimiento de las fuentes y pozos, que ha conducido a su agotamiento o a su privatización. El FMI y el Banco Mundial propugnaron políticas contrarias a la agricultura campesina y a la ganadería trashumante, con la idea de que la solución consistía en fomentar las grandes explotaciones comercializadas que producirían cosechas para la exportación, con lo que, de paso, se facilitaría que estos países obtuvieran los recursos necesarios para pagar la deuda exterior. En teoría, aplicando la doctrina ortodoxa de una revolución industrial a la Rostow, los campesinos desplazados irían a las ciudades para integrarse en su desarrollo industrial y disminuiría su natalidad. La industrialización no se produjo, con lo que los campesinos desarraigados no hicieron otra cosa que amontonarse en inmensos suburbios, sin que, en medio de su pobreza, se produjera el esperado descenso de la natalidad.

Los efectos negativos de los planes de ajuste del FMI y del Banco Mundial sobre las economías africanas parecen ser generales. Un análisis de doce países africanos que recibieron préstamos para el ajuste entre 1980 y 1999 muestra que en siete de ellos se produjo una disminución del crecimiento per cápita, que en otros tres hubo un crecimiento muy corto y que tan solo se advierte un éxito moderado en Ghana (+1,20) y otro más consistente en Uganda (+2,30), que habrá que considerar con más detalle. Otra consecuencia negativa ha sido la de que «casi todos los casos recientes de colapsos en la anarquía vinieron precedidos por una considerable actuación del FMI y el Banco Mundial». Siete de los ocho casos de estados fallidos entre 1977 y 1995 se dieron en países que pasaron buena parte de los diez años anteriores dentro de programas de ajuste del FMI. Unos programas que, podía decirse en 2009, «han dejado al continente peor de lo que estaba treinta años antes».

Zambia, que había sido uno de los países más prósperos del África Subsahariana, cometió graves errores en los años en que Kenneth Kaunda impulsó un proyecto industrializador que se basaba en la esperanza de que los altos precios que recibía por las exportaciones de cobre iban a mantenerse. Pero cuando se atribuye a estos errores la culpabilidad por el desastre posterior, se suele olvidar la parte que corresponde a las reglas que le fueron impuestas por el Fondo Monetario Internacional cuando llegó la crisis y se desviaron los recursos del gasto interno al pago de la deuda: la resistencia de Kaunda, que quería limitar el porcentaje del valor de las exportaciones asignado al pago de la deuda, llevó finalmente a su caída, tras 27 años en el poder, reemplazado por Frederick Chiluba, quien se vio obligado a aceptar las reglas y a privatizar las minas, que prosperan hoy en manos de empresas extranjeras, aprovechando los recursos y el trabajo baratos del país, y sin ninguna preocupación por controlar la polución que producen. Por otra parte, las normas de supresión de subsidios, liberalización del mercado y abandono del control de precios crearon graves problemas sociales y arruinaron una industria de bienes de consumo incapaz de resistir la competencia de las importaciones liberalizadas. Las consecuencias no solo implicaron la ruina de la economía, sino también un empeoramiento del nivel de vida de los habitantes. En 1970 la esperanza media de vida era en Zambia de 49,7 años, en 2005 había caído a 40,5 (el promedio del África Subsahariana es de 49,6). En este mismo año llegaba a la presidencia Levy Mwanawasa, durante cuyo mandato, hasta su muerte en 2008, la suerte de Zambia comenzó a cambiar, gracias a las inversiones de China y a una nueva política que restablecía los subsidios y los incentivos en la agricultura, y que obtuvo en 2010 la mayor cosecha de maíz de su historia.

También el Zaire de Mobutu entró en crisis hacia 1975 con la caída de los precios del cobre. El país inició entonces una larga etapa de depresión e inflación, en que sobrevivía gracias a la ayuda económica exterior, y en que se sometió a nada menos que a cuatro planes de estabilización del Fondo Monetario Internacional y a nueve arreglos de la deuda, a la vez que, de acuerdo con las normas impuestas por estos planes, abandonaba el gasto en servicios sociales (el número de maestros cayó de 285 000 a 126 000 y la sanidad pasó a ser de pago), mientras el abono de los intereses de la deuda se llevaba hacia «Occidente» una suma mucho mayor que las ayudas que recibía: Zaire se había convertido en un exportador neto de capitales.

Las instituciones financieras internacionales habían sido tolerantes hasta entonces con Mobutu por razones políticas: en enero de 1989, al acceder George H. W. Bush a la presidencia, el dictador congoleño fue todavía recibido con cordialidad en la Casa Blanca. Pero, poco después, el fin de la guerra fría hizo innecesario seguir financiándolo. El hombre que había sido un peón privilegiado de la lucha anticomunista durante cerca de treinta años, se había convertido en un cadáver político y se le retiraron las ayudas, pese a que se apresuró a montar un falso tinglado de democratización (cuando cayó Mobutu había en el país unos trescientos partidos políticos, la mayor parte de los cuales vivían de las subvenciones oficiales). El Banco Mundial no veía sentido en seguir sosteniendo un gobierno incompetente al que había proporcionado 9000 millones de dólares desde 1975, sin contar otros 860 millones recibidos como ayuda directa de los Estados Unidos, ni la tajada que había sacado de las partidas que se le proporcionaron para transferirlas a UNITA en la guerra civil de Angola.

Zaire acabó entonces de descomponerse, mientras se convertía en una base de blanqueo de dinero, a través de la compra de oro y diamantes, y del tráfico de moneda falsa.[258] La economía estaba destruida y se había llegado a una inflación galopante, con lo que la moneda en que se cobraban los salarios pasaba a ser de inmediato papel sin valor alguno. Los soldados, al encontrarse con que no se aceptaba el papel moneda que recibían, se dedicaban al saqueo de lo poco que quedaba de los bienes productivos.

Los Estados Unidos sostenían ahora a los enemigos del que había sido su colaborador más fiel; solo Francia, obsesionada por defender al mayor país francófono del continente frente a sus enemigos anglófonos, siguió apoyando hasta el final al viejo dinosaurio, que huyó en mayo de 1997, dejando tras de sí 14 000 millones de dólares de deuda, y murió pocos meses después en Marruecos. Se trataba en este caso de salvar el proyecto postimperial de la Françafrique, que ya había resultado gravemente dañado cuando, en 1994, el Fondo Monetario Internacional obligó a devaluar el franco CFA a la mitad, esto es a una equivalencia de 100 por 1 franco francés, lo que se hizo sin dar aviso previamente a los políticos africanos francófonos, que vieron drásticamente reducida la parte de su fortuna que mantenían en la moneda colonial.

El caso de Uganda requiere alguna consideración. El supuesto éxito económico del país que con mayor docilidad se ha plegado a las normas impuestas por el Banco Mundial, que se lo ha compensado desde 1987 con unos 1790 millones de dólares en ayudas de diverso tipo, es ilusorio. No solo porque es difícil creer que sea sostenible la economía de un país cuyo presupuesto depende en un 55 por ciento de la ayuda exterior, sino porque la corrupción invade todos los niveles de la administración, la policía y la judicatura, como reconoce el propio Banco Mundial. En este país supuestamente modelo, el mayor banco comercial de la nación, el Ugandan Commercial Bank, acabó en la bancarrota, saqueado por políticos, militares y hombres de negocios próximos a la camarilla gobernante de un presidente que lleva veinticinco años en el poder. «Amigo de América», Yoweri Museveni —que ha cambiado la Constitución para poder «reelegirse» indefinidamente, como lo ha vuelto a hacer en 2011— puede ser un receptor privilegiado de ayuda, pero invierte muchos de los recursos que recibe en un ejército bien equipado, mientras deja abandonadas las infraestructuras, y una gran parte del país no tiene ni siquiera corriente eléctrica. Uno de los rasgos que caracterizan al régimen son los abusos de los derechos humanos por obra de una policía acusada por Human Rights Watch de practicar la tortura, la extorsión y los asesinatos al margen de la ley.

A lo que se ha dedicado en los últimos años el gobierno de Uganda ha sido a participar, junto al de Ruanda, en el saqueo de los recursos minerales de las zonas del este del Congo, lo que explica que exportase más oro del que producía, junto a diamantes y coltan, que no se encuentran en su suelo. El hallazgo en 2009 de petróleo en el entorno del lago Alberto servirá, sin duda, para consolidar el poder de Museveni, que negocia acuerdos con China para financiar la costosa construcción de un oleoducto para conducir el crudo hacia la costa, pero es difícil esperar que mejore la suerte de sus súbditos.

Uno de los ejemplos que muestran que la virtud, entendida en los términos del neoliberalismo, no siempre tiene premio es el de Mozambique, que, obligada por el Banco Mundial y el FMI a adoptar la ortodoxia de las políticas de ajuste, como precio a pagar por su pasado marxista, recibió abundantes donaciones económicas, condicionadas siempre al cumplimiento de exigencias muy estrictas, y en ocasiones contrarias a los intereses mozambiqueños, por lo que aunque llegó a presumir de tasas de crecimiento del 7,8 por ciento y a recibir los elogios del Banco Mundial, sigue figurando hoy en los últimos lugares en la lista mundial de países clasificados por su producto bruto, y más aún en la del desarrollo humano (el 165 entre 169), con una esperanza media de vida de poco más de 48 años. Y, lo que es peor, se encuentra dominado por una corrupción que ha llevado a que se afirme que «las altas esferas del régimen están involucradas en el crimen organizado, incluyendo el narcotráfico, el contrabando a gran escala y el blanqueo de dinero».[259]

El 4 de febrero de 2008 Robert Zoellick, gobernador del Banco Mundial, concluía una visita a Mozambique declarándose «verdaderamente impresionado por el progreso económico y social que ha alcanzado en esta década». Al día siguiente, 5 de febrero, estallaba en la capital, Maputo, una revuelta popular contra el alza del coste de la vida, en que la policía mató a seis manifestantes e hirió a un centenar. Como reconoció un periódico del gobierno, eso era consecuencia del respeto religioso con que se aceptaban unas prescripciones del Banco y del Fondo que habían tenido efectos catastróficos. Las revueltas iban a reanudarse en septiembre de 2010, esta vez en protesta por el alza del precio del pan.

El ejemplo más espectacular de los errores de enfoque de esta política de intervención de las instituciones financieras internacionales nos lo proporciona Malawi. Durante veinte años siguió las reglas de libertad de mercado y supresión de subsidios a los agricultores con que el Banco Mundial y los países donantes condicionaban sus ayudas. Hasta que el fracaso de la cosecha de 2005, que puso al país al borde de un hambre catastrófica, movió a su nuevo presidente, Bingu wa Mutharika, a emprender una política semejante a la que los países desarrollados aplican a su agricultura, en lugar de aquella que predican a quienes reciben sus ayudas. Volvió a dar a los agricultores subsidios para adquirir abonos y el éxito espectacular de las cosechas de 2005 y 2006 le permitió incluso exportar granos a los países vecinos. El Banco Mundial reconocía en septiembre de 2008 que el país estaba creciendo satisfactoriamente y citaba, entre los factores que explicaban la mejora de la producción agrícola, «el aumento del acceso a fertilizantes subsidiados».

LA INTERNACIONAL HUMANITARIA

La ayuda de estado a estado de los años de la guerra fría dio paso a una nueva etapa en que esta la proporcionaban las organizaciones humanitarias internacionales, los donantes y las ONG, lo cual significó pasar de los programas para el desarrollo a los de un mero alivio de la pobreza. Aunque el arranque de estas campañas puede fecharse en el fallido intento de combatir el hambre durante la guerra de Biafra (1967-1970), su desarrollo se produjo sobre todo a partir de los años ochenta, gracias al apoyo de los medios de difusión, que favorecieron las campañas en demanda de recursos de estas instituciones al llamar la atención del público sobre las catástrofes humanas africanas.

La mayoría de las instituciones que participan en esta actividad la justifican por la necesidad de aliviar el hambre, bien sea directamente, con envíos de alimentos, bien promoviendo proyectos que ayuden a paliarla. En principio se canalizaron las ayudas a través de ellas porque se suponía que los gobiernos africanos no las utilizaban adecuadamente. Pero la realidad es que muchas de estas instituciones han resultado ser poco eficaces y no ofrecen garantías de transparencia en su actuación. Algunas se han convertido con el tiempo en negocios de ayuda que consumen la mayor parte de los recursos que reciben en viviendas, vehículos todo terreno y salarios para sus funcionarios. Venden imágenes de catástrofes, donde nunca faltan niños hambrientos, al público de los países desarrollados para obtener dinero destinado a la realización de proyectos que en ocasiones solo existen sobre el papel. Cuando no se trata pura y simplemente del robo de los recursos destinados a la ayuda, como le ocurrió a la organización norteamericana World Vision, que descubrió que quienes administraban su programa en Liberia se habían apropiado del 90 por ciento de los fondos.

Sabemos de un proyecto en Somalia que recibía unos dos millones de dólares anuales para poner en regadío 1220 Ha de tierra y repartirlas entre 2500 familias de refugiados, mientras en la realidad el dinero se consumía en los salarios de la ONG. A nadie interesaba que el proyecto acabase de realizarse y que los refugiados fuesen autosuficientes, porque entonces se acabarían los ingresos. Una ONG que asumía la tarea de velar por la conservación del medio natural en la República Centroafricana, ARRC (Africa Rainforest and River Conservation), organizó bandas armadas dirigidas por mercenarios veteranos de las guerras civiles para combatir a los furtivos, y vendió para financiarse los diamantes que «encontraba» en el territorio. En otros casos, como en el de la ONG francesa L’Arche de Zoé, se la pudo ver en Chad al frente de un turbio negocio de compra o secuestro de niños pretendidamente huérfanos para venderlos a familias francesas que deseaban adoptar un africano hambriento (en Etiopía, otra ONG «benéfica», Christian World Adoption, recaudó en 2008 6 millones de dólares vendiendo supuestos huérfanos a 15 000 dólares la pieza).

Más allá de estas objeciones acerca de la falta de transparencia de las actividades humanitarias están las sospechas acerca de su papel político. Kirsten Sellars denunció los «batallones de ONG marchando hacia Mogadiscio, Sarajevo y Goma, armadas de todoterrenos, teléfonos móviles y la más reciente ortodoxia imperialista liberal. Los gobiernos locales retrocedían ante su avance, y pronto muchas regiones de estos países se convertían en zonas de ocupación bajo el control de los ejércitos humanitarios». Mike Davis sostiene que las ONG (que frecuentemente tienen poco de no gubernamentales: las norteamericanas reciben el 70 por ciento de sus ingresos del gobierno a través de la USAID) representan una forma de imperialismo blando. Desempeñan un papel semejante al que los misioneros representaban en la primera etapa del imperio. «Proporcionan una cobertura moral —una misión civilizadora de ayuda a los pobres paganos— a los poderes que están saqueando estas sociedades.» Y al igual que las instituciones religiosas justificaban la guerra imperial, muchas ONG, abandonando sus pretensiones de neutralidad en los conflictos, optan por apoyar gobiernos autoritarios como el de Meles Zenawi en Etiopía, con el argumento de que favorecen la estabilidad, o incluso llegan a promover operaciones de intervención militar, tanto en el caso de Darfur, como en el de Uganda, donde abogan por una intervención militar norteamericana contra el Lord’s Resistance Army de Joseph Kony, del que se hablará más adelante.

No se puede negar el carácter altruista de muchos de cuantos intervienen en estas gestiones, ni menospreciar la ayuda real que han prestado a poblaciones que se encontraban en graves dificultades. El caso de Médicos sin fronteras, que nació con un propósito netamente reaccionario —el de ofrecer alivio médico como substitutivo de las ayudas económicas al desarrollo— pero que fue transformándose en muchos casos ante el contacto con la realidad de los países en que actuaba, es una muestra de la ambivalencia de las actividades de ayuda. Muchos de cuantos trabajan en ellas, nos dice Foley, se enfrentan cada día a las dudas acerca del valor de las ayudas individuales que pueden prestar, temiendo contribuir a crear la ilusión de que la acción humanitaria resuelve unos problemas que necesitan en realidad de soluciones globales. En todo caso, conviene prevenir el riesgo de que se utilicen para justificar nuevas formas de dominación informal, al modo en que en su tiempo se empleó la visión de «la carga del hombre blanco» para justificar el imperialismo.

LOS «ESTADOS FALLIDOS»

El análisis de dos casos concretos de «estados fallidos» puede mostrar cómo se han sumado toda una serie de factores de origen externo para contribuir a la ruina de estados que aparecen normalmente en los medios de difusión como ejemplos del fracaso político africano.

Los males de Somalia, un país con una única lengua y sin diferencias étnicas, comenzaron como consecuencia de la guerra fría, y se complicaron más tarde con los efectos que tuvieron, simultáneamente, las regulaciones del FMI y las ayudas humanitarias.

En 1969 el coronel Mohammed Siad Barre dio un golpe militar, proclamó un estado «marxista» y obtuvo el apoyo soviético, materializado sobre todo en envíos de armas, a cambio de lo cual les concedió el uso del puerto de Berbera, en el golfo de Adén. Cuando se instauró en Etiopía el régimen del coronel Mengistu Haile Mariam, que se declaraba también marxista, Somalia decidió en julio de 1977, aprovechando la mala situación de sus vecinos, invadir el Ogaden, un amplio territorio en que abundaba la población de origen somalí, que se había cedido a Etiopía después de la segunda guerra mundial. Los rusos intentaron en vano que se llegase a un alto el fuego y, al no poder ayudar a ambos bandos, escogieron ponerse del lado de Etiopía, que aparecía con la legitimidad que le daba ser el país agredido. Las armas rusas y los soldados cubanos decidieron una guerra en que Somalia acabó derrotada en marzo de 1978 y hubo de acoger en campos de refugiados a unos 650 000 fugitivos del Ogaden. Siad Barre rompió las relaciones con la Unión Soviética y se alió con los Estados Unidos, que empezaron a proporcionarle armamento y excedentes agrícolas, hasta que el fin de la guerra fría condujo a que en 1988 cesase la ayuda militar y en 1989, la económica.

En 1988 se inició en Somalia una guerra civil entre diversos clanes que dejó al país desarticulado, mientras en el norte, en el antiguo territorio colonizado por Gran Bretaña, se creaba en 1991 una república secesionista de Somaliland. Siad Barre, que no controlaba ya mucho más que la capital, marchó del país en abril de 1992 y Somalia quedó sin gobierno, con 800 000 exiliados y tal vez medio millón de muertos como consecuencia del hambre de 1991-1992. La situación acabó de descontrolarse por completo tras la fracasada intervención internacional iniciada a fines de 1992 por G.H.W. Bush, de la que nos ocuparemos en otro lugar.

Los años siguientes iban a ver la progresiva destrucción del estado somalí, del que en 1998 se escindió también el territorio que tomaría el nombre de Puntland, «un santuario tribal para los cientos de miles de miembros del clan Darod que huían de las matanzas en el sur», que iba a convertirse en el lugar desde el que actúan los piratas. Mientras en el resto, en la Somalia propiamente dicha, se enfrentaban guerrillas de la Unión de Tribunales Islámicos y de los jefes de clan. Tras un inútil intento de utilizar el ejército de Etiopía para luchar contra los islamistas —una idea, la de usar unas tropas odiadas por los somalíes, que solo podía surgir del entorno de G.W. Bush y que no hizo más que agravar las cosas—, se pasó con Obama a dar apoyo con armas y con instructores de la Africom a la lucha contra al-Shabab, la fuerza islamista que se proclama como la rama somalí de al-Qaeda, mientras en el campo de refugiados de Dadaap, en Kenia, el mayor del mundo, se calcula que pronto se puede llegar a los 450 000 fugitivos, y mientras Somaliland, que no es reconocida internacionalmente, aparece como un modelo de sociedad islámica estable y democrática (las elecciones presidenciales de 2010 las ganó el candidato de la oposición). Lo cual debería significar que los problemas del país no son por entero culpa de los somalíes. «La emergencia de al-Shabab, ha escrito Yohannes Woldermariam, no es un accidente. Es el resultado de muchas décadas de mala gestión, de dictadura y de abusos regionales e internacionales.»

Esta historia política tiene sin embargo un trasfondo que no se menciona habitualmente y que ayuda a explicar muchas cosas. Hacia 1970 Somalia era un país autosuficiente. El 50 por ciento de su población se dedicaba a la ganadería nómada y exportaba sus rebaños a Arabia Saudí (millones de corderos y de cabras son consumidos en los sacrificios de los peregrinos a la Meca) y a los emiratos del Golfo, lo que le permitía importar los alimentos que le faltaban. Todo comenzó a cambiar cuando el FMI le impuso un programa de austeridad destinado a reunir recursos para pagar la deuda exterior. Se obligó al gobierno a recortar el gasto sanitario y educativo, y a expulsar al 40 por ciento de los funcionarios. En estas condiciones de erosión de la administración y de abandono de la prestación de servicios sociales no tiene nada de raro que el estado somalí acabase disolviéndose.

Pero esto no fue lo peor, sino la destrucción paralela de la economía. Las obligaciones impuestas por el FMI incluían la disminución del gasto destinado a apoyar la producción, en momentos en que la devaluación de la moneda, impuesta también por el FMI, hacía poco menos que imposibles las compras de los particulares en el extranjero. Al mismo tiempo los somalíes recibían generosas y crecientes donaciones de excedentes agrícolas, que a los Estados Unidos les resultaba más barato donar que mantener almacenados. La combinación de estas importaciones de trigo y arroz a bajo precio con el encarecimiento de los abonos y del utillaje agrícola que habían de adquirirse en el extranjero arruinó la agricultura local que producía para el mercado interior, hasta el punto de que Somalia pasó de importar un 33 por ciento de sus alimentos en los años 1970-1979 a un 63 por ciento en los años 1980-1984.[260]

Lo peor fue lo que ocurrió en el sector crucial de la ganadería trashumante, vital para la economía somalí. El gobierno hubo de atender la recomendación de no prestar ayuda veterinaria gratuita a los ganaderos y el colapso de estos servicios, combinado con el encarecimiento de los precios de las vacunas y medicamentos que habían de importarse, dio paso a la aparición de epizootias, lo que explica que Arabia Saudí y los emiratos del Golfo dejasen de comprarles carne para adquirirla en Australia y en la Comunidad europea, que ofrecían mayores garantías sanitarias.

Todo ello no impidió que la deuda exterior creciese, de modo que en 1989 sus obligaciones ascendían a casi el doble de lo que se obtenía de las exportaciones y que un nuevo préstamo solicitado por el gobierno se congeló porque Somalia no mostraba buenas cifras macroeconómicas. Se entiende así mejor la forma en que el régimen de Siad Barre acabó hundiéndose en 1991. Al margen de los errores de sus gobernantes y de las ambiciones de los jefes de clanes, el estado somalí fue destruido en buena medida por la interferencia de las potencias y del Fondo Monetario Internacional. A este hundimiento se vino a unir la presencia en aguas somalíes de las flotas pesqueras europeas y asiáticas que comenzaron a explotar desmedidamente los recursos de la zona, incluso dentro de sus aguas territoriales, dejando a los pescadores locales sin otra respuesta que la de la piratería.

Si vamos a buscar datos sobre este país en las publicaciones actuales no encontraremos nada: ha desaparecido de las tablas generales de indicadores económicos y de las de los índices de desarrollo humano. Es como si hubiera desaparecido del mapa.

Otro caso que merece especial atención es el de Zimbabue, donde todo se quiere explicar a partir de la demonización de Robert Mugabe, ignorando las condiciones en que se ha desarrollado su historia. Hemos explicado ya con anterioridad cuál era la situación de un país en que las mejores tierras estaban en manos de 6000 colonos de origen europeo, mientras la población autóctona estaba condenada a la pobreza. La lucha por la independencia se hizo para recuperar la tierra, pero las condiciones impuestas en los acuerdos de Lancaster House obligaron a Mugabe a comprometerse a no intervenir en la estructura de la propiedad en los próximos diez años, salvo por compra aceptada por quienes cedieran voluntariamente la tierra para su venta, de acuerdo con el sistema llamado willing-seller willing-buyer, para lo cual Gran Bretaña se comprometía a proporcionarle ayuda económica (también la prometió Carter, pero su oferta, meramente verbal, quedó en nada al perder las elecciones ante Reagan).

Las iniciativas de reforma rural tomadas en los primeros años fueron bloqueadas por los colonos europeos, que cultivaban la tierra con 345 000 peones africanos, procedentes en su mayoría de países vecinos y sometidos a condiciones cercanas a la esclavitud. Contaban para imponerse con la fuerza que les daba el hecho de que controlaban el 90 por ciento de la producción agrícola, generaban un tercio de todos los salarios y aportaban cerca del 50 por ciento de las exportaciones del país.

Durante los primeros diez años de vida independiente Zimbabue era, a los ojos de la ortodoxia económica neoliberal, un país modelo, y se pasaban por alto aberraciones como la durísima represión que Mugabe practicó, entre 1983 y 1985, en Matabeleland, la zona sur del país donde dominaba la población de habla ndebele, que daba apoyo sobre todo al ZAPU (Zimbabwe African People’s Union), dirigido por Joshua Nkomo y enfrentado al ZANU-PF (Zimbabwe African National Union-Patriotic Front) de Mugabe, que representaba sobre todo a la mayoría de habla shona. El resultado fue una guerra civil, dominada por la violencia gubernamental en la campaña Gukurahundi (del nombre de la brigada encargada de la salvaje represión), con tal vez 200 000 muertos, y agravada por la negativa a proporcionar ayuda y alimentos a la población de Matabeleland en unos años de sequía; una situación que solo concluyó en 1987, con la absorción del ZAPU por el ZANU-PF.

Hubo unos años de euforia en que la economía crecía al ritmo del 5 por ciento anual y en que el gobierno empleó abundantes recursos en llevar la educación y los servicios sociales a las zonas campesinas. Pero este gasto se había pagado en buena medida con préstamos del Banco Mundial que iban cargando al país con unas obligaciones cada vez mayores (en 1987 la atención de la deuda consumía el 37 por ciento de los ingresos por exportaciones) y le obligaban a seguir las reglas de ajuste dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Hubo que reducir las ayudas a la alimentación (los centros de compra y redistribución del maíz no podían funcionar con pérdidas), se favoreció la exportación de los excedentes, a costa de disminuir peligrosamente las reservas almacenadas, y se recomendó la reducción de los precios a que se pagaba el maíz a los campesinos locales, para estimularles a que se dedicaran a cosechas comerciales como el tabaco, para facilitar con su exportación las divisas para el pago de la deuda. Se redujo además el gasto social: la escuela dejó de ser gratuita, se suprimieron empleos de enfermeras (diez mil de ellas emigraron para prestar servicios en Gran Bretaña) y se recortaron los fondos destinados al mantenimiento del agua pública, con el resultado de que se agotara o privatizara una gran parte de los recursos de que se proveían las aldeas. Al propio tiempo la liberalización forzada del comercio exterior arruinó la en un tiempo próspera industria textil local, mientras crecía el paro y se producían enfrentamientos entre el gobierno y los sindicatos.

Hacia 1990 la euforia había desaparecido. La propuesta de una reforma agraria «voluntaria» había fracasado: en diez años tan solo se había logrado asentar a 52 000 familias en tierras que habían sido anteriormente propiedad de los blancos. La situación económica empeoró rápidamente; la reducción de las reservas de maíz, como consecuencia de una sequía, obligó en 1991 a importarlo, pero la cosecha de 1992 volvió a fallar y el resultado fue un desastre humano, mientras los ingresos de las exportaciones seguían destinados a atender la deuda externa.

Las quejas de los veteranos de la guerra de la independencia movieron a Mugabe a anunciar en noviembre de 1997 un programa para confiscar el 45 por ciento de las tierras de los 4500 colonos comerciales a precios fijados por el gobierno, con el fin de repartirlas a campesinos africanos. Ante las protestas de Gran Bretaña, de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional hubo que limitar la ambición del proyecto, si bien sucesivos momentos de crisis fueron dando lugar a nuevas incautaciones. De todos modos en 1999 unas 4000 familias blancas poseían aún el 75 por ciento de las tierras más fértiles y el 90 por ciento de los recursos de irrigación y electricidad, y se beneficiaban de la mayor parte de las infraestructuras públicas.

Mugabe se consideraba estafado por Gran Bretaña, puesto que Margaret Thatcher se negó en 1994 a seguirle proporcionando la ayuda económica prometida para adquirir tierras a los propietarios blancos, alegando que las fincas compradas se repartían entre los amigos del presidente, y Tony Blair se reafirmó en esta negativa y sostuvo que no tenía ninguna obligación de seguir sufragando indefinidamente la compra de tierras (el compromiso asumido en Lancaster House era cosa de los conservadores, y los laboristas solo lo aceptarían si se trataba de sumas más reducidas, y si las compras se hacían a través de ONG). Para completar su frustración, el Banco Mundial le negó un crédito para financiar la reforma agraria. Incapaz de atender las obligaciones de su deuda, Zimbabue rompió con las instituciones financieras internacionales.

Las cosas se agravaron aún más a partir de febrero de 2000, al producirse invasiones colectivas de fincas comerciales, protagonizadas sobre todo por veteranos de guerra, organizados en bandas que asaltaban y saqueaban las fincas de los cultivadores de origen europeo, ante la pasividad de la policía, lo cual acabó de decidir el aislamiento internacional del país. La forma en que se realizó esta «reforma agraria» violenta no benefició tampoco a los nativos que trabajaban en estas tierras, que en su mayor parte fueron expulsados de ellas por los nuevos propietarios del ZANU-PF, y se vieron condenados a la miseria o a la emigración.

Es evidente que la independencia sin una amplia devolución de propiedad a los nativos, que habían luchado por la tierra y no tan solo por establecer un gobierno propio, resultaba un fraude. Pero también lo fue la forma en que Mugabe afrontó el problema, que condujo al país a una situación de miseria, como lo reflejan los millones de emigrantes que hubieron de marchar en busca de alimento y de trabajo, en especial a Sudáfrica (de 2002 a 2010 la población del país disminuyó de 14 a 10 millones de habitantes).

Presentándose como víctima del imperialismo, en la suposición de que todo se reducía al intento de volver a imponer un gobierno «de los blancos» que les arrebatarían la tierra a los nuevos propietarios indígenas, Mugabe consolidó un régimen autoritario y corrompido. En 2008 falseó los resultados de las elecciones para mantenerse en el poder (su partido fue acusado de desencadenar una oleada previa de terror por medio de violaciones en masa) y, si bien acabó cediendo a las presiones exteriores y aceptó asociar como primer ministro al candidato opositor, Morgan Tsvangirai, que había vencido en las urnas, los resultados de este pacto fueron caóticos y los avances hacia la democratización, nulos. En un Zimbabue arruinado, las élites del poder han encontrado entre tanto una nueva manera de enriquecerse con los depósitos de diamantes que se han descubierto en el este del país.

No se trata de convertir en una víctima a un autócrata brutal. Pero el caso es que lo era ya en los años ochenta, cuando la misma opinión internacional que ahora le condena, callaba ante sus campañas contra la población ndebele, al igual que calla hoy ante otros abusos y crímenes de «países amigos» de África. La víctima es en todo caso el pueblo de Zimbabue, que en 2010 se encontraba en el último lugar en las listas del índice de desarrollo humano (con una cifra de 0,140, cuando el promedio del de los países menos desarrollados es 0,386), con un 94 por ciento de paro, una inflación galopante y una escasez de alimentos que afecta a siete millones de seres humanos. El responsable de esta situación extrema no es solo Mugabe; una serie de personalidades internacionales firmó a comienzos de 2009 una petición que declaraba que el agua potable, los alimentos y las medicinas «deben dejar de ser empleados como armas de guerra», y recordaba a los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea «el exorbitante coste social y humano de las medidas de castigo» que han usado para favorecer un cambio de régimen en Zimbabue.

ANGOLA: LA ÚLTIMA BATALLA AFRICANA DE LA GUERRA FRÍA

Resultan difíciles de entender, en términos de los principios con que se justifica habitualmente la política, las razones por las que los Estados Unidos apoyaron durante tantos años a un luchador por la libertad tan equívoco como el angoleño Jonás Savimbi. Tras haber formado su propio movimiento de resistencia, UNITA, y haber buscado inicialmente el apoyo de la China maoísta, Savimbi se acogió a la protección de la República Sudafricana y de los Estados Unidos, donde no solo tenía el apoyo oficial del gobierno (durante una visita a la Casa Blanca, en 1986, Reagan le recibió como «el Abraham Lincoln de África»), sino el de grupos ultraconservadores como la fundación Heritage, y de personajes como Jack Abramoff, condenado en 2006 por corrupción, quien en 1985 organizó en la capital angoleña de UNITA, Jamba, una Internacional Democrática de la que formaban parte, con Savimbi, líderes de la contra de Nicaragua o de los mujahidin de Afganistán.

El armamento y la ayuda económica proporcionada por los Estados Unidos le permitieron a Savimbi mantener una guerra civil que entre 1981 y 1988 causó 435 000 muertes y tremendas destrucciones, mientras los cubanos luchaban al lado de sus rivales del MPLA y derrotaban a los sudafricanos, lo que favoreció la independencia de Namibia en 1990.[261] Ello sucedía en momentos en que el gobierno de Angola había establecido ya acuerdos con empresas petroleras norteamericanas para la explotación de sus recursos y daba pie a un escenario delirante en que «fuerzas comunistas cubanas defendían instalaciones en Cabinda, cuyo petróleo se vendía a los Estados Unidos, facilitando que un gobierno marxista-leninista [el de Angola] comprase armas a la Unión Soviética para luchar contra rebeldes apoyados por los Estados Unidos». Algo que muestra tanto la distancia que existía entre la retórica de la guerra fría y los intereses reales que amparaba, como la profunda irracionalidad de sus planteamientos.

En 1988 Cuba y la República Sudafricana acordaron retirar sus tropas de Angola y en 1990 norteamericanos y rusos negociaron el fin de su enfrentamiento en aquel territorio. Pero la guerra civil duró hasta que Savimbi murió en combate el 22 de febrero de 2002, tras haber sido localizado, gracias a la tecnología proporcionada por una empresa norteamericana, filial de Halliburton.

El resultado ha sido que, si bien la Angola actual, donde el ejército y la policía siguen torturando en el enclave petrolero de Cabinda, con el propósito de aniquilar el movimiento secesionista de la población de etnia ibinda, y donde los tribunales encarcelan por criticar al estado, se ha enriquecido extraordinariamente con el petróleo, este progreso tan solo se refleja en la vida opulenta de sus élites dirigentes, a cuyo frente está José Eduardo dos Santos, un supuesto marxista que lleva 31 años al frente del gobierno. Los recursos del petróleo, que explican que el país tenga un ingreso nacional bruto per cápita de cerca de 5000 dólares, no han llegado a la inmensa mayoría de la población, que carece de los más elementales servicios (solo un 9 por ciento de los 5 millones de habitantes de la capital, Luanda, disfruta de agua corriente). Más del 70 por ciento de la población vive por debajo de los límites de la pobreza y la esperanza media de vida es de 48 años, a lo que contribuye uno de los mayores índices de mortalidad infantil del mundo. Sigue habiendo además —como en los tiempos en que los campesinos ovimbundu del interior daban apoyo a UNITA—, una clara diferencia entre la zona de la costa, donde la población, que habla portugués, recibe la mayoría de las inversiones públicas, y el interior indígena, cuyas actividades se ven perjudicadas, además de por la marginación en que las deja el gobierno, por la existencia de unos cuatro millones de minas, herencia de las guerras civiles.

LA CORRUPCIÓN

La corrupción, que suele presentarse como una de las causas fundamentales del atraso de África, es un asunto más complejo de lo que parece a primera vista. Se suele olvidar que se encuentra en la historia de todos los países desarrollados —no en vano Gibbon pudo escribir que «la corrupción es el más infalible síntoma de la libertad constitucional»— y que hoy está presente en estados como Italia, Corea del Sur o Japón, sin que a nadie se le ocurra asociarla con pobreza o subdesarrollo. Mientras que en los Estados Unidos, como señalaba Mark Weisbrot, la corrupción está legalizada en formas como las contribuciones a las campañas electorales, una trampa que da, por ejemplo, a las compañías farmacéuticas y de seguros un derecho al veto sobre las medidas referidas a la salud que pudieran perjudicar sus intereses.

En cuanto se refiere a África conviene recordar que lo más frecuente es que en el origen de la corrupción se encuentre un interés político o económico europeo o norteamericano —ahora también chino o indio— que la propicia con el fin de beneficiarse de ella. Las potencias metropolitanas decidieron desde el principio utilizarla como un método para asegurarse el control de los gobernantes independizados, lo que en el fondo significaba continuar la tradición del gobierno indirecto de unos territorios en que la presencia física de los representantes de la metrópoli había sido en la mayor parte de los casos minoritaria, y en que el dominio se ejercía con el auxilio de los dirigentes locales.

Fue también un método generalmente practicado, no solo en África, para ganar amigos y aliados en los años de la guerra fría. Jack A. Blum, antiguo investigador del Congreso de los Estados Unidos, aseguraba, sobre la base de su «experiencia de treinta años en esto (…), que todo este sistema de no prestarle atención a la corrupción y de ayudar a los jefes de estado extranjeros a ocultar sus fondos en cuentas secretas, era algo muy conveniente durante la guerra fría. Nos ayudó a mantener de nuestro lado a todos estos líderes extranjeros».

Pero, una vez acabada la guerra fría, las contribuciones de los «donantes» extranjeros y las ayudas del Fondo Monetario Internacional han seguido beneficiando, por oscuras e inconfesables razones, a gobernantes corruptos, entre cuyos méritos figura la falta de respeto por la democracia o por los derechos humanos como Paul Biya, Idriss Déby, Yoweri Museveni o Meles Zenawi.

No se debe olvidar además el auxilio que la corrupción recibe por parte de los bancos europeos y norteamericanos, que contribuyen a facilitar métodos indirectos por los que el dinero sucio llega a una cuenta sin haber sido detectado. Un informe de Global Witness revelaba en octubre de 2010 que un grupo de bancos británicos —Barclays, NatWest, RBS, HSBC— más la suiza UBS, que tras haber ayudado al dictador nigeriano Sani Abacha a sacar de su país unos mil millones de libras, se ofrecieron a ser más vigilantes en el futuro, habían seguido facilitando la evasión de dinero ilegal a otros gobernantes corruptos de Nigeria. Ante lo cual quedan como incidentes menudos las multimillonarias compras de fincas y edificios que los Obiang, Bongo, Denis Sassou Nguesso o Paul Biya han efectuado en Francia, que son los hechos que se suelen airear en los medios de comunicación cuando se habla de la corrupción africana.

En la galería de los dirigentes corruptos figura en primer lugar Mobutu, a quien se le suponía una fortuna de cuatro mil millones de dólares (él mismo dijo en 1984 que era el segundo hombre más rico del mundo). Pero el suyo no era solo un caso de enriquecimiento personal, sino que la corrupción llegó en Zaire a extremos desconocidos en la historia. Dos tercios de los 400 000 funcionarios civiles que recibían salario del estado eran ficticios y su presencia en las nóminas solo servía para que funcionarios de mayor rango cobraran sus sueldos; los oficiales del ejército se embolsaban las pagas de los soldados y vendían los suministros de alimentos en el mercado negro, de modo que los soldados se veían obligados a extorsionar a los civiles para sacarles dinero y a confiscar a los campesinos los alimentos que llevaban al mercado.[262]

La corrupción aparece con mucha frecuencia ligada al petróleo, como en Camerún, donde se calcula que más de la mitad de los ingresos producidos entre 1977 y 2006 por su explotación han desaparecido sin llegar al presupuesto. En Nigeria procede sobre todo de lo que pagan las petroleras que explotan los yacimientos offshore, y en especial de Shell (que entre 2005 y 2008 abonó unos 36 000 millones de dólares en derechos e impuestos al gobierno nigeriano). Los documentos publicados por Wikileaks en noviembre de 2010 mostraban a la compañía envaneciéndose de haber colocado funcionarios a sueldo en todos los ministerios de Nigeria. Con la tolerancia y la colaboración de los gobernantes, que ponen a su disposición el ejército y la policía, las petroleras han destruido durante años el medio natural de la zona del delta del Níger, donde viven 20 millones de habitantes, que sufren las consecuencias de los vertidos y, sobre todo, de las quemas del gas natural que surge con el petróleo en las explotaciones cercanas a la costa. Esta protección llegó en 1995 al extremo de indignidad de ahorcar al escritor Ken Saro-Wiwa, que participaba en la lucha pacífica del pueblo Ogoni contra los abusos de Shell y que resultaba especialmente molesto por la audiencia internacional a que alcanzaba su voz. En 2006, ante el abandono y la miseria de la región del delta, surgió un Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger que, saboteando las instalaciones y secuestrando trabajadores, hizo disminuir en un 25 por ciento la producción de petróleo. El nuevo presidente del país, Umaru Yar’Adua, que sucedió a Olasanju en mayo de 2007, tras unas elecciones de dudosa limpieza, negoció en 2009 el fin del enfrentamiento. En 2010 Shell se disculpó públicamente, alegando que no eran conscientes de que estaban produciendo «pobreza, conflictos, abusos y privaciones», y que el gobierno nigeriano no les había advertido nunca de ello.

No todo son gángsters impresentables como Mobutu o Sani Abacha. Tenemos también casos como el de Félix Houphouët-Boigny, presidente de Costa de Marfil desde la independencia hasta su muerte en 1993, considerado generalmente como un modelo de sabiduría y moderación, que justificaba su dictadura por su voluntad de «preferir la injusticia al desorden», y al que se suele calificar como artífice del «milagro económico ivoriano», gracias a las generosas medidas concedidas a los inversores extranjeros. Solo que a su muerte se le calculaba una fortuna de seis a siete mil millones de dólares, sin contar despilfarros como la construcción en su país del mayor templo católico del mundo, la basílica de Yamoussoukro, que fue consagrada por el papa Juan Pablo II en 1990: una réplica de San Pedro de Roma, con una cúpula de 127 metros de altura y con capacidad en su interior para 30 000 fieles. Los efectos de su «sabia política» están claros en las guerras civiles que han devastado posteriormente el país y en el hecho de que este se encuentre hoy por debajo de Haití en los índices de desarrollo humano.

Tras de estos enormes patrimonios siguen los algo más modestos de Mousa Traoré de Malí, de Henri Konan Bédié de Costa de Marfil (el sucesor de Houphouët-Boigny), de Omar Bongo de Gabón (que se mantuvo más de cuarenta años en el poder, hasta su muerte en 2009), de Paul Biya de Camerún, de Mengistu Haile Mariam o de Hissène Habré de Chad (que fue apoyado por Reagan como un baluarte contra las ambiciones de Libia y que, derrocado por un golpe de estado en 1990, aguarda hoy ser juzgado por crímenes contra la humanidad en un tribunal especial establecido en Dakar), entre otros muchos. No tenemos todavía cifras de la fortuna de Teodoro Obiang Nguema, que se hizo con el poder en Guinea Ecuatorial en 1979, tras derrocar y ejecutar a su tío Francisco Macías Nguema, y que lo ha mantenido desde entonces a sangre y fuego. Eso sí, atribuyéndose las sucesivas elecciones con el 95 por ciento de los votos para tranquilizar a sus tolerantes amigos democráticos. El hecho de que Guinea Ecuatorial se contentase con el 26 por ciento del valor de su petróleo (contra el 45 por ciento que percibe Angola) permite entender que Paul Wolfowitz se declarase, en la época en que presidía el Banco Mundial, impresionado por el liderazgo de Obiang, y que Condoleezza Rice lo recibiese, en la mejor tradición norteamericana de la guerra fría, como «un buen amigo» (mientras el hijo del dictador guineano gastaba en París millones de euros en coches deportivos).

Pero los miembros de esta galería de gobernantes corruptos, que se supone que explican el fracaso económico de África, no representan más que una pequeña parte del problema. Los millones de dólares sustraídos por los políticos locales son poco más que la propina que reciben por el inmenso despojo practicado por las empresas foráneas que en el pasado se beneficiaron de los proyectos de fábricas, hospitales y obras públicas basados en préstamos del exterior, y se siguen beneficiando hoy con el continuo saqueo en la explotación de los recursos naturales del continente, difícil de contabilizar, puesto que habría que tomar en cuenta los bajos precios a que se ceden el petróleo, el coltan o el uranio, y añadir además las enormes sumas que importa la evasión de impuestos por parte de las compañías que explotan estos recursos, favorecidas por la tolerancia culpable de los gobiernos locales.

Puede servir de ejemplo el caso de Denis Sassou Nguesso, otro «marxista» que preside la República del Congo-Brazzaville desde 1979, que se mantuvo en el poder gracias a la ayuda armada francesa en una sangrienta guerra civil que destrozó el país,[263] y que en 2009 «ganó», con el 78,5 por ciento de los votos, una nueva votación fraudulenta que le da siete años más de presidencia. Los medios de difusión suelen publicar historias acerca de los despilfarros de su hijo; pero nadie ha calculado lo que la petrolera Elf-Total, que ayudó al gobierno francés a financiar la guerra civil, ha obtenido, gracias al bajo porcentaje que abona al gobierno congoleño por el petróleo que extrae. Así se explica que el país tenga una gran parte de su población por debajo de los límites de la pobreza y que el gobierno esté tan endeudado que en 2001 se vio obligado a dedicar el 46 por ciento de los recursos obtenidos al pago de los intereses de la deuda.

Según los cálculos de Tax Justice Network, de los cerca de 150 000 millones de dólares de capitales que salen cada año del continente africano, el 60 por ciento corresponde a la manipulación interna de las compañías multinacionales y tan solo de un 3 a un 5 por ciento a las remesas al extranjero de los dirigentes políticos africanos.

No hay duda, sin embargo, de que la corrupción resulta mucho más respetable en términos de la opinión internacional que los intentos de aplicar políticas alternativas que amenacen las reglas del juego. Angola, por ejemplo, fue denunciada como una dictadura marxista hasta que su régimen acabó corrompiéndose con los beneficios del petróleo. Ahora es, por lo menos, un estado decente, cuyos gobernantes roban, pero permiten a las petroleras hacer negocios: se ha adaptado a las normas del petrocapitalismo y a nadie se le ocurre denunciar que los recursos del petróleo, manejados sobre todo por la «empresa pública» Sonangol, no se usen para aliviar la pobreza de la población, sino para enriquecer a sus gestores, y que la mortalidad infantil sea de un 132 por mil (muy superior incluso a la media de África, que es de 87 por mil).

El último invento del Banco Mundial para culpabilizar a los africanos de su situación ha sido el de la «corrupción tranquila» (quiet corruption), o sea el incumplimiento de los funcionarios públicos, presentado como un factor «silencioso y letal» que «socava los esfuerzos del desarrollo», y olvidando las responsabilidades que el propio Banco y el FMI tienen por haber creado, a través de los planes de ajuste estructural, las condiciones que han facilitado la consolidación de las diversas formas de corrupción.

LA GRAN GUERRA DE ÁFRICA CENTRAL

Una de las consecuencias más graves de la combinación de las herencias del colonialismo y de la interferencia posterior de las potencias, y las empresas, de «Occidente» ha sido la gran guerra civil que ha desangrado, y desangra, África Central, comenzando con las matanzas de Ruanda en 1994 y siguiendo, de 1998 hasta la actualidad, con la guerra civil del Congo, que, con sus 5,4 millones de muertos, según una investigación efectuada por el International Rescue Committee, ha resultado ser el más sangriento de los conflictos armados desde la segunda guerra mundial.[264]

El primer acto de este conflicto se inició en Ruanda, donde convivían tradicionalmente dos grupos indígenas: los tutsi, que eran ganaderos, y los hutu, sobre todo agricultores. Los hutu eran mayoritarios, puesto que representaban un 85 por ciento de la población, contra un 14 por ciento de los tutsi y un 1 por ciento del grupo minoritario de los twa. No eran grupos étnicos enteramente diferenciados, puesto que comparten lengua (el kinyarwanda), cultura y religión, y habían vivido tradicionalmente en paz, aunque separados por una rígida estructura feudal que daba a los tutsi autoridad sobre los campesinos hutu, sometidos a una especie de servidumbre.

Después de la primera guerra mundial la colonia, que hasta entonces había dependido de Alemania, pasó a los belgas, que en 1924 la recibieron como mandato de la Sociedad de Naciones. Los nuevos colonizadores intervinieron en la política local, debilitaron la monarquía y utilizaron a los misioneros para «reforzar la colonización a través del dominio indirecto y la hegemonía de los tutsi», a quienes los frailes escogieron y educaron para formar una especie de aristocracia dominante. Se inventó entonces toda una ficción histórica en que los tutsi aparecían como los señores de una raza invasora superior venida del norte, de origen egipcio —o descendientes de cristianos abisinios—, que se habían convertido en los dominadores naturales de los siervos hutu. La peor de las decisiones de los belgas fue la de incluir en los documentos de identidad, desde 1933, la condición de hutu o tutsi (o twa), consolidando una división racial que facilitó más adelante la tarea de la masacre.

Esta preferencia por los tutsi acabó hacia 1950, cuando resultó que eran sobre todo tutsi quienes reivindicaban la independencia y querían acabar con el monopolio de la Iglesia católica en la enseñanza. La vieja historia de su superioridad feudal se volvió ahora en su contra. Los católicos belgas se pusieron a favor de los hutu, un pueblo oprimido, contra los nacionalistas tutsi, tentados por el socialismo.

En 1959 hubo una primera revuelta, a raíz de la extraña muerte en un hospital del rey tutsi Mutara III Rudahigwa, que sus partidarios creyeron que había sido asesinado por los belgas en complicidad con los hutu. Los alborotos acabaron en un ataque de los hutu a los tutsi, muchos de los cuales emigraron a países vecinos. Los belgas restablecieron el orden y afirmaron, apoyados por la Iglesia, que lo que había ocurrido era una revolución social contra el feudalismo tutsi.

La independencia se proclamó tanto en Ruanda como en Burundi en 1962. En Burundi se mantenía el predominio de los tutsi y, en una evolución que vino marcada por los sucesivos golpes militares de Micombero (1966), Jean Baptiste Bagaza (1972) y Pierre Buyoya (1987), se sucedieron las persecuciones de los elementos dirigentes hutu. Una guerra civil de trece años terminó en 2009, cuando los rebeldes hutu se integraron en la vida política del país, abandonando la confrontación étnica.

La situación en Ruanda fue muy distinta. Allí los hutu, con el apoyo de los belgas y de la Iglesia, obligaron a marchar al último rey tutsi, Kigeri, y convirtieron el país en una república, a la vez que se hacían con los mecanismos de control político. Los tutsi pasaban aquí a ser ciudadanos de segunda clase, a quienes se negaban plenos derechos en la educación o en el empleo. Al frente de la nueva república estaba Grégoire Kayibanda, un hutu del sur a quien los belgas ayudaron a contener los intentos de invasión de los tutsi emigrados y a organizar desde 1963 matanzas programadas que anunciaban lo que iba a ocurrir en 1994.

Kayibanda gobernó con un régimen de partido único hasta que en julio de 1973 fue derrocado por el general Juvenal Habyarimana, apoyado por una élite de hutus del norte, más radicales en sus posturas étnicas, que iba a enviar al exilio, no solo a los tutsis, de los que había ya unos 700 000 refugiados en los países vecinos, sino también a hutus del centro y del sur del país que habían gobernado con Kayibanda. En una Ruanda que progresaba económicamente y que recibía abundante ayuda exterior se fue desarrollando una política de limpieza étnica, con el apoyo de la Iglesia (el arzobispo de Kigali era miembro del Comité Central del partido de Habyarimana) y de los belgas, y ante la indiferencia de las grandes potencias. Francia no dudó en firmar en 1975 un acuerdo de cooperación militar con Habyarimana, y Egipto le vendió armas, en una operación de que fue directamente responsable Boutros Boutros-Ghali, quien poco después, como secretario general de la ONU, iba a contemplar sin intervenir las matanzas en que se usaron estas armas. Las cosas comenzaron a empeorar en Ruanda a partir de 1986, con la caída en el mercado mundial de los precios del café y del estaño, que eran los principales productos de exportación del país.

Fue en la vecina Uganda, donde los exiliados ruandeses habían ayudado a Museveni a derribar el régimen de Milton Obote en 1986, donde se formó el Frente patriótico ruandés (RPF) que en 1990 realizó un primer intento de invasión, tratando de derrocar a Habyarimana para instalar un gobierno multiétnico de unidad nacional. El régimen ruandés tuvo entonces el pleno apoyo de Francia, para lo que se consideraba como una batalla en defensa de la Françafrique contra unos invasores que, tras los años pasados en el exilio de Uganda, hablaban en inglés. Habyarimana, amigo personal y político del presidente francés Mitterrand, consiguió vencer este intento de invasión, pero hubo de enfrentarse desde entonces a los ataques de las guerrillas del RPF.

Ruanda siguió gobernada por una camarilla secreta de parientes y gentes del clan de Habyarimana, llamada akazu o «casita», quienes estaban planeando el exterminio total de los tutsi como una solución al problema étnico, a la vez que pensaban aplastar la oposición de los hutus moderados del centro y del sur. El enfrentamiento étnico era el principal argumento político del gobierno y de los grupos extremistas que le apoyaban, mientras el RPF, que acogía ahora también a políticos y militares hutu opuestos al clan de Habyarimana, pasaba a ser dirigido por el coronel Paul Kagame, un hombre que había emigrado a Uganda con sus padres cuando tenía dos años, que había crecido en los campamentos de refugiados y se había preparado en instituciones militares de los Estados Unidos.

La mala situación económica, agravada por los costes del enfrentamiento a la guerrilla, y las presiones del gobierno francés obligaron a Habyarimana a iniciar un proceso de democratización, más aparente que real, y a entrar en negociaciones con los tutsi, en unas conversaciones que se celebraron en Tanzania a partir de junio de 1992 y que culminaron en los llamados acuerdos de Arusha, que comenzaron con la firma de un alto el fuego y siguieron en 1993 con una serie de medidas que preveían un gobierno de transición hasta la celebración de elecciones democráticas, con participación de los tutsi en la Asamblea nacional y una integración gradual de las fuerzas del RPF en el ejército.

Resultaba difícil creer que pudiesen tener efecto práctico unos acuerdos que el ejército hutu rechazó desde el primer momento con una serie de motines, que llevaron a que el propio Habyarimana dijera públicamente que solo se trataba de «un pedazo de papel», mientras el coronel Bagosora, que le había acompañado a Arusha, decía a su vuelta: «vengo para preparar el Apocalipsis». Mientras tanto el presidente y su entorno se reunían con treinta y cinco líderes de las milicias interahamwe («los que trabajan juntos») para establecer la identificación de todos aquellos que debían ser eliminados, y se preparaban para la tarea adquiriendo armas en el extranjero.

De 1990 a 1993 Francia —que consideraba al país como parte vital de su imperio informal africano— había enviado a Ruanda armas por valor de más de 25 millones de dólares, así como instructores, no solo del ejército sino de las milicias juveniles que iban a realizar la mayor parte del genocidio. Estas importaciones, pagadas con dinero recibido del Banco Mundial para fines de desarrollo, siguieron a lo largo de 1993, incluyendo cerca de seiscientos mil machetes, el arma esencial del genocidio, que eran facturados como herramientas agrícolas para disimular la naturaleza militar del gasto.

Era evidente que se estaba organizando metódicamente el exterminio de los tutsi. Un pequeño grupo de observadores de la ONU enviados a la capital ruandesa, Kigali, denunció que se estaban preparando las matanzas. Pero el presidente norteamericano Clinton, que tenía amplia información de cuanto ocurría, escarmentado por el fiasco que había sufrido en Somalia y convencido de que los intereses norteamericanos no iban a resultar afectados por lo que allí pudiese ocurrir, se negó a embarcarse en una nueva intervención, en momentos en que los asuntos de Yugoslavia podían requerir nuevos esfuerzos.

Se aceptó al fin enviar una pequeña misión de las Naciones Unidas, UNAMIR, integrada por unos dos mil quinientos hombres y dirigida por el teniente general canadiense Roméo Dallaire, que muy pronto pudo advertir que las dificultades iban a ser mucho mayores de lo que se había imaginado y avisó de que carecía de medios, recursos y atribuciones para enfrentarse a la situación. Mientras Dallaire daba cuenta de las evidencias que anunciaban la preparación de una catástrofe, se le ordenaba desde las Naciones Unidas que se limitase a hablar con las autoridades, sin aventurarse a ninguna intervención directa.

El seis de abril de 1994 el avión, un Mystère regalado por Mitterrand, en que viajaba Habyarimana, acompañado por el presidente Cyprien Ntaryamira de Burundi, de regreso de una reunión en Tanzania en que se dice que había aceptado finalmente poner en marcha el gobierno de transición, fue derribado por un misil al descender en Kigali, en un atentado que, en opinión de los servicios de inteligencia, había sido organizado por elementos de la propia guardia presidencial y por militares opuestos a que se materializase el acuerdo de Arusha, que podía llevarles a perder parte de sus privilegios.[265]

Siguiendo un plan de actuación cuidadosamente preparado, que se inició de inmediato, la guardia presidencial, auxiliada por las milicias interahamwe, bloqueó las calles de Kigali y comenzó a ejecutar a todos los políticos liberales y de la oposición, incluyendo a la primer ministro, al presidente del Tribunal constitucional y a otros notables, en su mayoría hutu, de acuerdo con las listas preestablecidas, a la vez que atacaba al batallón de fuerzas del RPF que, conforme al acuerdo de Arusha, se encontraba en la capital en espera de integrarse en el ejército.

En medio de la confusión, un comité de militares presidido por el coronel Bagosora se hizo cargo del poder y nombró un gobierno supuestamente multipartido, presidido por Jean Kambanda, lo que sirvió cuando menos para justificar que Francia siguiese dando ayuda económica y militar a este gobierno títere, destinado a ocultar la responsabilidad de los militares, que se entregaban mientras tanto de lleno a la tarea del genocidio.

Las matanzas, iniciadas en Kigali con un plan metódico, se extendieron al resto del país, en una orgía de sangre que durante tres meses hizo de 800 000 a un millón de víctimas, en especial tutsi, pero también hutus moderados o intelectuales. Fue, se ha dicho, «el período más intenso de masacre de todo el siglo XX en el mundo entero, con más muertos diarios que el holocausto nazi», del que se diferenciaba, sobre todo, por su carácter preindustrial, teniendo como herramienta fundamental el machete. Para valorar esta cifra hay que tener en cuenta que Ruanda es un país pequeño, que tiene hoy en torno a los nueve millones de habitantes.

Las masacres las iniciaba la gendarmérie, que los franceses habían instruido, pero se realizaban con la colaboración de una multitud de campesinos hutu, que, adoctrinados durante años en el odio racial, obedecieron ahora sin resistencia las órdenes de matar y acabaron habituándose a ello. Como los que se movilizaban procedían en su mayor parte de las capas más humildes de la población, las matanzas tomaron también un tinte de guerra social. Uno de los participantes le dijo a Prunier: «Los padres de los niños que iban descalzos a la escuela mataron a los padres que podían comprarles zapatos a los suyos».

No era «el clímax sangriento de una “caótica guerra tribal”», como se dijo en aquel tiempo, sino una matanza deliberada y sistemática en que, incitados desde arriba, y hasta castigados cuando no actuaban con la suficiente brutalidad, acabaron participando todos. La Iglesia de Ruanda fue a la vez víctima, en el sacrificio de sus miembros tutsi —tres obispos y 250 clérigos, monjas y misioneros fueron asesinados— y cómplice, por su participación en las matanzas: en el proceso celebrado en Bruselas por crímenes contra la humanidad se condenó, por ejemplo, a 15 años de cárcel a sor Gertrudis y a 12 a su subalterna sor María Kizito por haber expulsado del convento en que se habían refugiado a 7000 tutsis, incitando a las milicias hutu a masacrarlos, y proporcionándoles gasolina para que quemasen vivas a 500 personas que habían buscado cobijo en un garaje.

Se buscaba el exterminio total del «enemigo», sin que importara que se tratase de mujeres o de niños, o de que se estuviese quitando la vida a vecinos con los que hasta entonces se había vivido en paz. «El hombre puede acostumbrarse a matar si mata sin parar», dijo uno de los que participaron en las masacres, expresando una opinión que compartía la mayoría: «Cuanto más rajábamos, mas inocente nos parecía rajar» o «como mataba con mucha frecuencia, empezaba a notar que no me hacía ningún efecto».

La matanza prosiguió ante la indiferencia de las grandes potencias —Mitterrand opinaba que «en estos países un genocidio no es muy importante»—, la incompetencia de Boutros-Ghali y la negativa norteamericana a aceptar su parte en el coste de una operación para contenerla. Obediente a los intereses norteamericanos, Kofi Annan, que era por entonces asistente de Boutros-Ghali en la ONU, no solo se negó a tomar las medidas preventivas que proponía Roméo Dallaire, «sino que se aseguró de que el fax que le informaba de lo que se estaba preparando no llegase a conocimiento del Consejo de Seguridad». Británicos y norteamericanos se limitaron a ofrecer como ayuda un material viejo de transporte, casi inservible, que pretendían, además, cobrar por anticipado. La incapacidad de la comunidad internacional para intervenir resultaba tanto más escandalosa por cuanto lo que estaba sucediendo era perfectamente conocido. Como se ha dicho, «el genocidio fue retransmitido por la radio».

Francia reconoció al nuevo gobierno genocida hutu, lo siguió armando y se esforzó por convencer al mundo de que eran los hutu las víctimas de la persecución de los tutsi. La única respuesta positiva a favor de las víctimas vino de la invasión del país, desde Uganda, de los hombres del Frente patriótico ruandés, dirigidos por Paul Kagame, que contaba con el pleno apoyo del presidente de Uganda, satélite fiel de los Estados Unidos. Con una fuerza numéricamente inferior, pero con un planteamiento militar más eficaz, Kagame derrotó a los ejércitos hutu armados por Francia y los expulsó hacia Zaire en una campaña que concluyó en poco más de tres meses y que tuvo, como era lógico esperar en aquellas circunstancias, su propio corolario de abusos y represión. El 18 de julio de 1994 se había completado la derrota hutu y al día siguiente se formó en Kigali un gobierno de concentración en que el presidente y doce de los dieciocho ministros eran hutu.

Ante la pasividad internacional y la tardía e insuficiente implicación del Consejo de Seguridad de la ONU, Francia se ofreció a realizar su propia intervención «humanitaria»: la llamada «Opération Turquoise», que apoyaron tanto Boutros-Ghali como los norteamericanos. La supuesta misión humanitaria, fuertemente armada, se dedicó desde el primer momento a la protección de los combatientes hutu, sin ni siquiera desarmarlos: creó una zona de refugio en el sur de Ruanda que abarcaba una quinta parte del territorio nacional para que se refugiara en ella lo que quedaba del ejército hutu con sus dirigentes, llevándose con ellos a dos millones de civiles que serían los que ayudasen a dar al mundo la imagen de una tragedia de fugitivos inocentes amontonados en campos de refugiados, mientras se ocultaba que entre ellos se escondían las milicias asesinas de los interahamwe y los responsables del genocidio, como el coronel Bagosora, que se preparaban para volver a empezar la guerra en cuanto pudiesen, con el fin de concluir la tarea de exterminar a todos los tutsi.

«Equipados con esterillas de paja para dormir y utensilios de cocina (…), en lo que supuso el éxodo humano más grande y repentino de la historia moderna», los refugiados se alojaron en los campos de Goma, Bukavu y Uvira, cerca del lago Kivu. Cuando una epidemia de cólera comenzó a matar a los internados al ritmo de tres mil al día, «periodistas y reporteros de la televisión se sumergieron entusiasmados en medio de este horror». Los medios de difusión, que apenas habían reaccionado ante el genocidio, divulgaron ahora esta «catástrofe humana» y los Estados Unidos se apresuraron a enviar a estos campamentos la ayuda que antes habían regateado, mientras 150 ONG y organizaciones de ayuda acudían a la tarea, gastando unos recursos que hubieran bastado en su momento para detener la matanza. Estas organizaciones decidieron, además, distribuir la ayuda a través de las cadenas de mando reconocidas por los refugiados, lo que facilitó que los dirigentes políticos y militares del genocidio, que eran quienes tomaban las decisiones en el reparto de la comida, recuperasen su ascendencia sobre los refugiados y les convencieran de que no debían regresar a Ruanda, donde les arrancarían los ojos. Los cadáveres de quienes se atrevían a desafiarles demostraban cómo se estaba volviendo a crear una estructura de poder que entrenaba militarmente a jóvenes combatientes a la vista de los funcionarios de las ONG.

De este modo los campos, con un total de 400 000 habitantes, se estabilizaron, convirtiéndose en auténticas ciudades, cuyos pobladores saqueaban los recursos del entorno. En 1995 se calculó que había en ellos 82 000 empresas, entre las cuales se podían contar 2324 bares, 450 restaurantes, 62 peluquerías, 51 farmacias, 25 carnicerías, 3 cines, etc. Las organizaciones internacionales de ayuda invirtieron en estos campamentos una suma superior al presupuesto operativo anual de Zaire, de modo que los generales del ejército y los altos funcionarios zaireños descubrieron aquí una fuente de negocio y comenzaron a establecer convenios con los dirigentes refugiados y a venderles armas, a la vez que proporcionaban alimentos y servicios de transporte a las ONG. Así se fue consolidando una alianza entre los dirigentes zaireños y los refugiados hutu, empeñados conjuntamente en una futura lucha contra los tutsi, que afectó inicialmente a las poblaciones tutsi del este del Zaire, los banyamulenge, que se dieron cuenta de que podían convertirse en las víctimas de un nuevo genocidio.

A fines de 1996 los gobiernos de Ruanda y de Uganda estaban decididos, no solo a hacer frente a la amenaza de los campamentos de refugiados que se habían establecido en sus fronteras, y que se había manifestado ya en ataques esporádicos provenientes de Zaire, sino a atacar a Mobutu, fingiendo que la iniciativa surgía de una revuelta de los banyamulenge congoleños. La iniciativa, que contó con el apoyo de toda una serie de países africanos, decididos a acabar con el viejo dinosaurio de Kinshasa, se legitimó con la creación de una Alianza de fuerzas democráticas para la liberación del Congo-Zaire (AFDL), que se fundó en realidad dos meses después de iniciado el ataque, en la que figuraba Laurent Désiré Kabila como portavoz.

Kabila, que había luchado al lado de Guevara en la revuelta lumumbista de 1965, estuvo dos años en el extranjero, parece ser que sobre todo en China, hasta que el 24 de octubre de 1967 atravesó el Tanganyika con una guerrilla de dieciséis personas, sin más armas que tres revólveres chinos, y sobrevivió en un feudo en el este del Zaire, dedicado sobre todo al contrabando de oro y marfil, hasta que los dirigentes de Ruanda y de Uganda le escogieron como uno de los dirigentes congoleños que legitimaban su lucha contra Mobutu.

Cuando las tropas asaltaron los campos, un grupo de unos 200 000 interahamwe, que podían ser acusados de genocidio, se dispersó en Zaire, mientras gran parte de los refugiados regresaban a Ruanda. Las tropas tutsi que se adentraron en el territorio congoleño masacraron indiscriminadamente a hutus ruandeses y congoleños, asesinaron familias enteras e incendiaron poblados, en una actitud claramente genocida, que la opinión pública tardó muchos años en conocer.

El ejército zaireño, débil y corrompido, no opuso ninguna resistencia a la invasión, sino que huyó apresuradamente, saqueando cuanto encontraba a su paso. Que un ejército que se consideraba potente, con aviones a reacción Mirage y personal de la CIA para su instrucción, se viniese abajo sin resistencia fue algo que sorprendió al mundo entero, comenzando por el embajador norteamericano, que no entendía lo que estaba sucediendo.

Ante el temor de que pudiese producirse un baño de sangre en Kinshasa, el enviado especial de Clinton, Bill Richardson, pidió a Mobutu, en nombre del presidente de los Estados Unidos, que se retirase con dignidad. Mientras Mobutu y su familia huían hacia Togo en un viejo avión de carga ruso, abandonados por los suyos, que incluso trataron de darles muerte derribándolos en vuelo, las embajadas norteamericana y británica, que temían lo que podía suceder si se producía un vacío de poder, le pidieron a Kabila que apresurase su avance hacia la capital para controlar el país, y lograron que las tropas de Mobutu abandonasen la idea de resistir.

En mayo de 1997 Laurent Désiré Kabila creó la República Democrática del Congo, devolviendo al país su viejo nombre, tras haberse deshecho de una u otra forma de los otros líderes del AFDL, que era en su origen una alianza de diversas facciones opuestas a Mobutu. Francia, que se empeñó en apoyar a Mobutu hasta el final, perdió la partida y fue reemplazada como potencia influyente de la zona por los Estados Unidos.

Tanto Ruanda como Uganda, a las que se sumó Burundi, habían usado a Kabila como hombre de paja para establecer unas zonas de influencia en el este del Congo y explotar allí sus riquezas minerales. De modo que, cuando vieron que Kabila pretendía, en julio de 1998, expulsar las tropas que le habían llevado al poder y se ponía en contacto con miembros del interahamwe y de las milicias genocidas hutu para reemplazar a quienes le habían servido de aliados, decidieron buscar otro títere y apoyaron a uno de los dirigentes de la AFDL que Kabila había marginado, Déogratias Bugera, un representante de los tutsi del Congo, los banyamulenge, en una nueva guerra civil para la cual se creó el RCD (Rassemblement Congolais pour la Démocratie), en que se agrupaban una serie de enemigos de Kabila, especialmente tutsi congoleños, además de un personaje tan turbio como Jean-Pierre Bemba, de la región de Equateur.[266] En el nuevo conflicto, que se ha calificado como «la primera guerra mundial africana», Kabila tuvo enfrente, además de a los diversos grupos rebeldes congoleños (el RCD y el Mouvement de Libération du Congo [MLC] de la provincia de Equateur), a Ruanda y Uganda, pero pudo contar con la ayuda de Angola (preocupada de que un vacío de poder en el Congo pudiese favorecer una recuperación de UNITA), que salvó Kinshasa de caer en manos de un comando aerotransportado de soldados ruandeses, además de con las de Namibia y de Zimbabue, que se cobraron su apoyo con sustanciosas concesiones para participar de las riquezas minerales del país, así como con el de Sudán, que se implicó en la lucha por sus diferencias con Uganda. Fueron sobre todo las tropas de Angola y los 11 000 hombres enviados por Mugabe los que hicieron posible evitar la victoria total de los rebeldes y de sus aliados, más interesados en explotar las zonas del este del país que ocupaban que en derrotar a Kabila, lo que explica que se enfrentasen entre sí y peleasen por el botín: en mayo y junio de 2000 Ruanda y Uganda pugnaron en tres ocasiones por el control de Kisangani y de su comercio de diamantes.

El 31 de agosto de 1999 se firmó en Lusaka un acuerdo de alto el fuego entre quince países, una serie de movimientos rebeldes y el presidente de la República Democrática del Congo, Laurent Kabila, a la vez que este se comprometía a iniciar conversaciones con los diversos grupos rebeldes que ocupaban una parte del este y del norte del país. Pero el «diálogo nacional» previsto por los acuerdos de Lusaka, y el desarme de las diversas facciones, que debía ser supervisado por una misión de la ONU (MONUC), no se realizaron, porque Kabila no estaba dispuesto a compartir el poder, y el acuerdo de alto el fuego fue repetidamente violado por unos y otros.

El presidente congoleño fue asesinado el 16 de enero de 2001 (el asesino, un joven miembro de su guardia, fue ejecutado de inmediato, de modo que resulta difícil saber quién pudo inspirar el crimen). El cadáver de Kabila fue trasladado en avión a Zimbabue, como si se fuese a buscar atención médica para un herido, y su muerte se ocultó durante dos días. Las razones del magnicidio se han prestado hasta ahora a las más diversas hipótesis, sin que ninguna de ellas parezca tener suficiente verosimilitud.[267]

Se eligió rápidamente como sucesor provisional al hijo del presidente asesinado, Joseph Kabila, un hombre de 29 años que tenía la ventaja de no estar mediatizado por compromisos tribales, como consecuencia de haber pasado la mayor parte de su vida en el extranjero. En el transcurso del año siguiente se llegó a acuerdos para la retirada de las tropas de Ruanda y Uganda, a la vez que para la disolución de los grupos del antiguo ejército hutu de Ruanda y del interahamwe que seguían en el Congo, y el 16 de diciembre se firmó en Pretoria un acuerdo que debía llevar al fin de la guerra civil y a una transición democrática, con Joseph Kabila como representante de la continuidad del estado, mientras el Congo seguía siendo terreno abonado para el juego de bandas armadas que se aliaban o se enfrentaban entre sí, con tropas mal pagadas que tenían que vivir del país, junto a grupos de auténticos bandidos que traficaban con armas, oro y diamantes.

Joseph Kabila dio un paso más para acabar con el conflicto al formar un gobierno de unidad nacional en que dio a diversos grupos rebeldes tres de las cuatro vicepresidencias del gobierno y unos 40 ministerios, y obtuvo de ellos el compromiso de que formarían partidos políticos para presentarse a unas elecciones democráticas, algo desconocido en el país. El 30 de julio de 2006 se celebraron, gracias al esfuerzo organizativo realizado por las Naciones Unidas, unas elecciones presidenciales que, en la segunda vuelta, arrojaron una victoria de Joseph Kabila, con el 58 por ciento de los votos, sobre Jean-Pierre Bemba, pero que dejaron el país dividido, como lo mostraron los enfrentamientos en Kinshasa en marzo de 2007, con centenares de muertos.

Durante cerca de seis años, de agosto de 1998 a abril de 2004, seis ejércitos nacionales distintos se dedicaron al saqueo del Congo. Acabada la guerra, sin embargo, el saqueo siguió, y siguieron las atrocidades cometidas en las regiones del este del país. Carente de un ejército estatal que pudiera garantizar un mínimo de seguridad, el gobierno de Kinshasa se mostró incapaz de poner fin a una revuelta activa en Kivu del norte, donde se enfrentaban hutus fugitivos de Ruanda, miembros del llamado FDLR asociados al ejército del Congo, con tutsis congoleños, dirigidos por el general Laurent Nkunda, que solo acabó cuando Kabila autorizó al ejército de Ruanda a entrar de nuevo en el Congo para liquidar los grupos hutu del FDLR.

Una vez retiradas las fuerzas armadas de Ruanda, las milicias hutu regresaron de las selvas en que se habían refugiado y atacaron de nuevo a la población civil, iniciando una violencia a la que se añadieron los propios soldados del ejército congoleño, que llevaban meses sin recibir sus pagas y que, hambrientos y frustrados, se dedicaban también a extorsionar, matar y violar. La situación de las provincias orientales del Congo siguió siendo la de una tierra sin ley, donde las viejas guerrillas se habían convertido en grupos de delincuentes que practicaban una salvaje violencia. «La capital de la violación del mundo se encuentra en el este del Congo, donde, en algunas áreas, han sido violadas tres cuartas partes de las mujeres»; según algunos cálculos, centenares de miles.

Esta es una historia todavía en plena evolución, sin un final previsible a corto plazo. Entre otras razones porque resulta difícil pensar que Ruanda —donde Kagame ganó en 2003 la elección a la presidencia, desde la que implantó un sistema de gobierno autoritario— renuncie a seguir explotando los recursos mineros de las provincias de Kivu —el año 2000 se descubrió que producía 83 toneladas de coltan en sus minas, pero exportaba 603—, que aportan un porcentaje significativo de su PNB. De hecho se supone que el gobierno ruandés, que no se ha caracterizado precisamente por respetar los derechos humanos en su propio territorio, apoya a las bandas que devastan la zona oriental del Congo y comercializa los minerales que estas rapiñan.

La Operación Kimia II, iniciada a comienzos de 2009 con una colaboración entre las Naciones Unidas (MONUC) y el ejército del Congo, no solo no bastó para conseguir la pacificación de las regiones orientales, sino que ha agravado la situación de la población civil con nuevos asaltos, violaciones y asesinatos. El informe final que el «Grupo de expertos sobre la República Democrática del Congo» presentó al Consejo de Seguridad de la ONU el 9 de noviembre de 2009 aseguraba que el FDLR seguía actuando, sostenido por la explotación de las reservas de casiterita y de oro en los Kivus, que comerciaba con compañías mineras internacionales a través de Uganda, Burundi, Tanzania y los Emiratos Árabes Unidos, con lo que obtenía considerables recursos que le permitían adquirir armas en el extranjero, a través de la red que mantiene en la diáspora, o comprándolas a las propias fuerzas armadas de la República Democrática del Congo.

El resultado ha sido causar una tremenda mortalidad, en su mayoría entre la población civil, víctima de los combates, de los abusos de las tropas, del hambre y de la enfermedad, en una guerra que no ha tenido en realidad otro objetivo que el saqueo sistemático de las riquezas minerales del país, pero que no ha recibido de los medios de difusión internacional una atención como la que se da a conflictos en los que no hay tanto que ocultar. Al cabo de doce años de esta guerra, ha escrito Eve Ensler, «seguimos repitiendo una y otra vez esta historia de horror y atrocidades, y nos damos cuenta de que nada está cambiando, de que el mundo sigue obteniendo sus minerales para su disfrute, y de que las muertes, las masacres, las violaciones y la tortura de millones de seres humanos no importan».

El Congo, como dice un informe de Global Witness publicado en diciembre de 2009, «ha sido considerado desde fuera como un depósito de una gran riqueza de recursos naturales, con el pueblo congoleño como la fuerza de trabajo destinada a extraer esta riqueza. Desgraciadamente esta visión perdura hoy».

El Congo es hoy un país enteramente desestructurado (no se conoce con certeza su población, que la CIA estima en 71,7 millones de habitantes en julio de 2011), con un ejército corrompido en que se han integrado miembros de los diversos grupos armados que han participado en las guerras civiles de estos años, sin medios de comunicación suficientes para asegurar la articulación de un mercado interior y la salida de sus productos al exterior, donde las compañías mineras extranjeras actúan pagando sobornos a los funcionarios de los diversos niveles de la administración, en lugar de abonar impuestos a la hacienda pública.[268] En marzo de 2009 Jeffrey Herbst y Greg Mills publicaban en Foreign Policy un artículo en que sostenían que «la comunidad internacional debe reconocer un hecho tan simple como brutal: la República Democrática del Congo no existe», sin tomar en cuenta que a esta situación se ha llegado fundamentalmente, desde el asesinato de Lumumba en enero de 1961, por la interferencia exterior, y que una balcanización como la que proponen no haría más que facilitar la continuidad del saqueo de sus recursos naturales en provecho de intereses extranjeros.

Lo que los Collier y compañía no quieren entender, con su reducción de los problemas de África a los del fracaso de sus sociedades, es que este fracaso tiene unas raíces históricas estrechamente ligadas al colonialismo y al postcolonialismo. «Incluso los peores de entre quienes perpetran la violencia en el Congo —ha escrito Mahmood Mamdani— deben ser entendidos como actores humanos atrapados en un conflicto que se inició con la conquista colonial, hace un siglo.»

LAS GUERRAS DE LA CUENCA DEL NILO

Uganda, donde Yoweri Museveni se mantiene en el poder desde 1986, debe hacer frente a los problemas que causa el crecimiento demográfico del país, que ha pasado de 6 a 34,6 millones de habitantes desde la independencia, lo que ha creado serios conflictos por la tierra, agravados por la emigración de los acholi que han huido de las regiones del norte, escapando de un conflicto que Museveni ha sido incapaz de resolver. Desde 1987 el norte de Uganda vive bajo el terror del llamado Ejército de Resistencia del Señor (Lord’s Resistance Army; LRA), dirigido por Joseph Kony, un acholi de educación católica que sufrió las consecuencias de la represión de Museveni y que a los doce años se convirtió en profeta y empezó a luchar para derribar al gobierno, restaurar la cultura acholi y conseguir que Uganda viviera bajo la ley de los diez mandamientos, aunque muy pronto «comenzó a violar todos y cada uno de ellos».

Kony utiliza recursos de magia primitiva, se dice poseído por diversos espíritus que hablan a través de él, y secuestra niños, a los que obliga a matar a otros seres humanos y a beber su sangre para utilizarlos como soldados: en el período entre junio de 2002 y octubre de 2003 se calcula que capturó 10 000 niños. El norte de Uganda quedó prácticamente desierto y sin cultivo, con 1.800 000 desplazados que el gobierno, que consideraba a los campesinos acholi del norte como sus enemigos políticos, se preocupó de internar en campos fortificados.

Kony parece haber contado no solo con la indiferencia inicial de Museveni, sino también con el apoyo de Sudán, que se supone que le rearmó para que luchara contra los rebeldes del sur, pero también para que desestabilizase Uganda, hasta que Museveni firmó en 1999 un acuerdo con Sudán para acabar con el apoyo que ambos países daban a los rebeldes del otro. Sudán aceptó entonces que fuerzas ugandesas entrasen en su territorio para perseguir a Kony, que se refugió en el Congo con sus seguidores y sus sesenta esposas-niñas; pero parece claro que Jartum desarrollaba un doble juego y seguía armando a Kony. Solo a partir de las complicidades de que se ha beneficiado se puede explicar que el LRA haya podido subsistir durante veinticinco años y que siga actuando aún en la actualidad en el noroeste del Congo y, sobre todo, en la República Centroafricana, donde en los cuatro primeros meses de 2010 se registraron una veintena de ataques con muertes y secuestros.

Mientras tanto el gobierno de Sudán, dirigido por un al-Bashir acusado de crímenes de guerra, había de hacer frente a una sucesión de movimientos secesionistas de pueblos africanos sin ninguna afinidad étnica ni cultural con sus dominadores árabes del norte, cada vez más aislados de su entorno.

Los conflictos arrancaban de la radicalización del poder islamista instalado en Sudán desde 1989 por un golpe militar dirigido por Omar al-Bashir, que formó un gobierno inspirado por Hassan al-Turabi, quien creó una organización, el Congreso Popular Árabe e Islámico, a cuyas reuniones asistían miembros de Hamas, del jihadismo argelino y personalidades como Osama bin Laden y Ayman al-Zawahiri.

La semilla del islamismo cuajó en grupos de jóvenes radicales como el que dirigía el egipcio conocido como al-Banshiri (se llamaba en realidad Alí Amin al-Rashidi), que estableció en Nairobi la célula que en agosto de 1998 puso bombas en las embajadas norteamericanas de Nairobi y Dar es Salaam, con 225 muertos como resultado, lo que provocó una errónea represalia de Clinton, que bombardeó una industria farmacéutica de Jartum, ante la creencia de que producía armas químicas.

Asustado ante lo que podía sucederle, Bashir hizo un viraje a partir de 1999: expulsó a Bin Laden del país y encarceló a Turabi, cuyas ambiciones de promover una revolución islámica en África y en Oriente medio le resultaban incómodas a un gobierno acusado de apoyar a terroristas. Si bien los grupos jihadistas siguieron con actuaciones puntuales, como las bombas en un hotel de Mombasa en 2002 o el intento de asesinar a Mubarak en Addis Abeba, al-Bashir se aproximó a los Estados Unidos y, presionado por ellos, inició negociaciones con el sur, donde una guerra civil incesante desangraba al país. Una guerra cuya solución urgía a causa del descubrimiento de petróleo en las tierras controladas por los rebeldes, y que el gobierno no había podido resolver, pese a la ayuda que le proporcionaron las empresas petroleras, acusadas hoy de haber colaborado en crímenes de guerra.

El 26 de mayo de 2004 se firmó en Naivasha, Kenia, un acuerdo de paz entre el vicepresidente del gobierno, Alí Osman Taha, y el jefe del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, John Garang, por el que ambos bandos, norte y sur, debían repartirse el poder y los beneficios del petróleo en los seis años siguientes, al cabo de los cuales, en 2011, se haría un referéndum en el sur. Acababa así una guerra que costó 2,2 millones de vidas, aunque este final pudo complicarse por la rapacidad con que el gobierno de Jartum se lanzó a explotar a toda prisa el petróleo del sur, entregado a compañías extranjeras y destinado en buena medida al consumo de China.

En octubre de 2007 los ministros del sur que participaban en el gobierno de unidad nacional de Jartum, sintiéndose estafados por el norte en el reparto de los beneficios del petróleo, abandonaron sus puestos y amenazaron con la reanudación de la guerra. Confirmando estos temores, Global Witness reveló en septiembre de 2009 que el gobierno de Sudán falseaba las cuentas de explotación del petróleo y que podía haber estafado al sur cientos de millones de dólares.

En 2010 Sudán realizaba sus primeras elecciones en 24 años, y aunque resultaba claro que se habían producido todo tipo de irregularidades para asegurar la victoria de al-Bashir y de su partido, que obtuvieron el 98 por ciento de los votos en el norte y el 7 por ciento en el sur, la comunidad internacional se abstuvo de condenarlas, esperando que el gobierno sudanés mantuviese el compromiso de celebrar el referéndum de enero de 2011, que se realizó, en efecto, y dio un triunfo aplastante a los votos en favor de la independencia del sur.

Mientras el dinero afluía a Jartum, que estaba construyendo rascacielos de negocios con la pretensión de emular a Dubai, y los norteamericanos edificaban allí su más importante embajada en África, con la mayor estación de escucha de la CIA fuera de los Estados Unidos, el gobierno sudanés se dispuso a actuar contra otras rebeldías interiores. En mayo de 2009 se calculaba que el conjunto de los diversos conflictos de Sudán había creado una masa de 4,9 millones de desplazados interiores, la mayor de esta naturaleza en el mundo.

El próximo drama humano, basado en el enfrentamiento entre «las tribus del río que gobiernan el país», en expresión de Prunier, y los grupos de etnia y cultura negra, aunque algunos sean musulmanes, tuvo como escenario la región occidental de Darfur, un territorio del tamaño aproximadamente de España, donde habitan unos 6,5 millones de pobladores, convencionalmente divididos entre «árabes» y «africanos», aunque de composición étnica compleja (uno de estos grupos, el de los Fur, da nombre al territorio, que fue un sultanato hasta su integración forzada por los británicos en 1916, tras derrotar al último sultán).

Los problemas habían comenzado con la sequía y hambruna de 1984-1985, que enfrentó a los agricultores sedentarios «africanos» con los ganaderos nómadas de origen árabe, que se desplazaron hacia el sur, invadiendo las tierras de cultivo, para huir de la desertización del norte. Los agricultores se sublevaron en 1994 contra el mal trato recibido de la elite árabe que gobernaba el estado y hubieron de hacer frente a un grupo islamista radical que sostenía que los descendientes del profeta y de su tribu de Quraish tenían derecho a dominar las tierras islámicas, lo que dio pie a que la confederación de los Juhayna, beduinos del Sahara, se considerasen dueños legítimos de toda la tierra entre el Chad y el Nilo, en una reivindicación que se expresaba a través del grupo «Alianza árabe».

Mientras la atención del mundo se fijaba en la paz que se negociaba con el sur, el gobierno de Jartum, que creyó que, no habiendo en Darfur ni cristianos ni petróleo, no había de temer la reacción internacional, decidió aliarse a estos grupos pretendidamente árabes en una cooperación en que las bandas nómadas de los janjawid, dirigidas por Musa Hilal, desencadenaron a partir de febrero de 2004 una guerra de terror, con el apoyo de bombardeos aéreos gubernamentales. De este modo lo que había comenzado como la lucha contra una rebelión, se fue convirtiendo en un proyecto de limpieza étnica.[269]

A mediados de 2008 se calculaba que la violencia en Darfur había causado unas 300 000 muertes (el 80 por ciento de ellas como consecuencia de enfermedades causadas por la escasez de agua potable y alimentos) y había expulsado de sus tierras a más de dos millones de personas. Los intentos de negociar una paz, arbitrada por la ONU y por la Unión Africana, resultaron prácticamente inviables ante la división de los dos grupos rebeldes principales, lo que el gobierno de Sudán aprovechó para seguir atacando, a la vez que sostenía, en palabras del presidente al-Bashir a mediados de noviembre de 2007, que lo que sucedía en Darfur era el resultado de «conspiraciones occidentales» y lo comparaba con las viejas campañas imperiales británicas. Hasta que en los primeros meses de 2010, en vísperas de unas elecciones, se llegó a preacuerdos para negociar con todos los grupos, salvo el Ejército de Liberación de Abdul Wahid.

Cuando los países de la Unión Europea, en desacuerdo en este punto con los Estados Unidos, pretendieron enfrentarse al problema acusando al presidente al-Bashir ante el Tribunal criminal internacional como culpable de «exterminio, asesinato y violación», la respuesta del dirigente sudanés fue la de expulsar a las ONG y a otros grupos de cuya ayuda dependía la subsistencia de más de un millón de habitantes de la zona, en especial la de los fugitivos amontonados en campamentos de refugiados. Ante lo cual todo lo que el Departamento de Estado norteamericano acertó a hacer fue declarar que esta medida «no es ciertamente favorable para una gente que necesita ayuda». Como señaló la propia Madeleine Albright, en Darfur se estaba repitiendo la misma actitud de insensible pasividad que hizo posible la masacre de Ruanda.

Darfur no es, además, el único foco de rebeldía a que ha de enfrentarse el gobierno de Jartum. Los pueblos nuba de las montañas, de religión cristiana, que ya en los años ochenta habían sido atacados por bandas islamistas, son ahora combatidos salvajemente con bombardeos aéreos, en lo que se anuncia como una nueva edición del conflicto étnico de Darfur, agravado en este caso por las diferencias religiosas (en el pasado se encerró en «campamentos de pacificación» a nubas cristianos que eran obligados a convertirse al islam).

El conflicto de Darfur ha afectado también a dos estados vecinos: la República Centroafricana, que sufre además una violencia interna que en los últimos diez años ha obligado a desplazarse a 300 000 personas, y, sobre todo, Chad, «uno de los países más corrompidos del mundo», gobernado por un dictador, el general Idriss Déby, que se mantiene en el poder desde 1990, tras haber modificado la Constitución para hacerse reelegir en 2006 por tercera vez, con el apoyo de Francia y sobre todo de los Estados Unidos, con quienes colabora en el proyecto Contraterrorista Trans-saheliano, para prevenir la extensión del salafismo argelino y de otros grupos islamistas. La guerra ha tomado una dimensión de conflicto no declarado entre Chad y Sudán, que actúan dando apoyo cada uno a grupos rebeldes contra el país vecino. Los chadianos apoyados por Sudán llegaron incluso a apoderarse por breves días de la capital, Ndjamena, en una escalada de violencia que coincidía con las denuncias de que el gobierno sudanés volvía a reforzar su política de tierra quemada apoyando con tropas y bombardeos los ataques de los janjawid.

El resultado es que en el triángulo que abarca la zona oriental de Chad, el norte de la República Centroafricana y Darfur se calcula que hay tres millones de personas desplazadas, como consecuencia de un conjunto confuso de conflictos, que abarcan enfrentamientos étnicos por la tierra y el agua, la actuación de los grupos del janjawid y de los propios rebeldes de Darfur, que «actúan como señores de la guerra y asaltan los envíos internacionales de ayuda», las depredaciones del LRA de Kony, los ataques de bandas criminales que asaltan los campamentos de refugiados y confusas interferencias externas como la de Libia, agravados por circunstancias naturales como la sequía que en 2009 afectó gravemente a las cosechas y los ganados de Chad.

UN NUEVO REPARTO DE ÁFRICA

Vivimos en momentos en que se intenta recuperar el prestigio del imperialismo, sobrevalorando sus aportaciones a las colonias y afirmando que el crecimiento de las potencias metropolitanas debió muy poco a los beneficios que obtuvieron de ellas. Hace ya muchos años que la investigación aclaró el segundo de estos puntos, al descubrir que si bien las colonias fueron en muchos casos ruinosas para las metrópolis en términos globales, no lo fueron para todos los intereses metropolitanos. Los costes del imperio los asumía el conjunto de la sociedad a través de los impuestos y del servicio militar, mientras que sus beneficios eran para un limitado sector implicado en los negocios coloniales.

Unos beneficios que se mantuvieron incluso después de que se acabaron formalmente los imperios. François Crouzet ha escrito que las colonias se perdieron y no pasó nada. No pasó nada, entre otras razones, porque las metrópolis siguieron sacando provecho de sus economías: los cien grandes grupos franceses presentes en África controlaban después de la independencia más del 50 por ciento de los mercados de Gabón, Camerún, Senegal, etc. Y seguía también, en el imperio informal, el viejo sistema de pago de los costes por los gobiernos metropolitanos y cobro de los beneficios por las empresas. En Camerún, por ejemplo, la petrolera Elf-Total colocó en 1982 en el poder a Paul Biya para asegurarse la continuidad de sus negocios, mientras era el gobierno francés quien proporcionaba la ayuda que servía para pagar la policía que contribuía a mantener el régimen de Biya, quien en 2004, tras ganar sus quintas elecciones a la presidencia, recibía la felicitación de Chirac, con su «más cálido apoyo para vuestra gran misión»: la de preservar los beneficios de la petrolera francesa.

Si el fin de la guerra fría parecía haber alejado África de los planes políticos de las grandes potencias, el aumento de su producción de petróleo y la importancia de sus recursos minerales (uranio de Níger, coltan de la República Democrática del Congo, etc.) han vuelto a situarla en el centro de sus intereses y suscitan una nueva oleada de intervenciones. Han cambiado los objetos de comercio, que no son ya el algodón, el cacao o el café, pero la demanda del petróleo de Nigeria, Angola, Sudán, Guinea Ecuatorial, Gabón o Camerún (se calcula que las reservas del golfo de Guinea pueden ser tan importantes como las del golfo Pérsico y se espera que de aquí a diez años el petróleo africano cubra la cuarta parte de las necesidades norteamericanas) sigue siendo un factor esencial para explicar la interferencia en su política de las viejas potencias metropolitanas, a las que se añaden hoy India y China. Las guerras que han asolado la República Democrática del Congo han tenido como motor fundamental la demanda de minerales como el uranio o el coltan (columbita-tantalita), del que el Congo parece contener las mayores reservas mundiales, y que es vital para usos industriales como la fabricación de teléfonos móviles o de las consolas de videojuegos.

Un ejemplo de la relación que existe entre la necesidad de las viejas potencias imperiales de disponer de los recursos naturales africanos y su intervención en la política de estos países lo tenemos en el caso de Níger. Independizado en 1960 bajo la presidencia de Hamani Diori, un fiel peón de Francia, subsistió con cierta estabilidad hasta los primeros años setenta, cuando se descubrieron yacimientos de uranio que lo situaban como tercero en el cuadro de las reservas mundiales, lo cual tentó a su presidente a emanciparse de la tutela de la antigua metrópoli. Diori fue derrocado en abril de 1974 por el general Kountché, un militar retirado del ejército francés, que conservó el poder hasta que en 1987 fue derrocado y muerto por el coronel Ali Saibou. Toda una sucesión de golpes de estado no alteró el curso de las exportaciones de uranio, gracias a las cuales Francia pudo desarrollar la producción de energía eléctrica de origen nuclear, de la que depende hoy su economía (el 77 por ciento de su electricidad es de origen nuclear, mientras la media mundial es del 17 por ciento).

El fin del monopolio francés vino a coincidir en 2007 con una revuelta de los tuaregs, encuadrados en el Mouvement des Nigeriens pour la Justice, que exigían una mayor participación en los beneficios de la venta del mineral. Una revuelta que, según el gobierno, que calificaba a los rebeldes de bandidos y traficantes de drogas, era alentada por la compañía francesa Areva, que hasta este año tenía total prioridad en la compra del mineral, y que trataba con ello de desplazar a sus nuevos competidores norteamericanos y chinos. Pese a su riqueza en uranio, Níger —presidido desde 1999 por Mamadou Tandja, que sobrepasó los dos mandatos que permitía la Constitución y fue derrocado en febrero de 2010 por un nuevo golpe—, tiene en la actualidad uno de los índices de desarrollo humano más bajos del mundo (0,261), tan solo por encima de la República Democrática del Congo y de Zimbabue.[270]

Las interferencias externas en la vida política africana parecen haber tomado nueva fuerza en 2011, con manifestaciones como el apoyo armado a la revuelta contra Gaddafi en Libia, de que nos ocuparemos más adelante, o a Alassane Ouattara contra Laurent Gbagbo en Costa de Marfil, en un caso del que hemos hablado anteriormente.

En ocasiones son las propias empresas las que interfieren directamente en la vida política. La demanda de diamantes fue la causa de que la industria de la joyería internacional financiase las guerras civiles de Liberia[271] y Sierra Leona. Estas guerras se iniciaron en Liberia a partir de la muerte del dictador Samuel Doe en 1990, cuya caída se debió en buena medida al cese de las cuantiosas ayudas que los norteamericanos le proporcionaban en los años de la guerra fría. Tras siete años de enfrentamientos entre distintos señores de la guerra, con un coste de unos 150 000 muertos, Charles Ghankay Taylor —procesado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el Tribunal internacional especial para Sierra Leona, en la Haya— se hizo elegir presidente de Liberia, al parecer con apoyo de la CIA. Pero no solo no concluyó con ello la guerra civil, sino que Taylor se encargó de extenderla a Costa de Marfil y, sobre todo, a Sierra Leona, en busca de adueñarse de sus diamantes, colaborando con una banda que había adoptado el nombre de Frente revolucionario unido (RUF), dirigida por Foday Sankoh, un antiguo cabo de las fuerzas voluntarias británicas, en una guerra librada en gran medida con niños soldados forzados a combatir, que hizo más de diez mil muertos y un gran número de mutilados, víctimas de la amputación de brazos o piernas.

El 25 de mayo de 1997 el ejército de Sierra Leona dio un golpe de estado contra el presidente Kabbah y buscó aliarse con los rebeldes del RUF para formar un gobierno conjunto y saquear lo que todavía no había sido robado. La intervención de una fuerza de interposición (Ecomog) compuesta principalmente por nigerianos, seguida por otra de las Naciones Unidas (Minusil) y, sobre todo, por el envío de comandos británicos, cuando el RUF tomó a quinientos «cascos azules» de la ONU como rehenes, consiguió restablecer la paz, al precio de dejar sin resolver los graves daños causados a la población. La paz no ha significado el fin de la pobreza en una actividad, la minería de los diamantes, que se realiza manualmente, en condiciones que explican que los distritos mineros sean más pobres que los que se dedican a la agricultura.

Como ha dicho Jean-Hervé Jezéquel refiriéndose a Liberia, en un análisis que vale para el conjunto de los países del golfo de Guinea, los sufrimientos de la población civil «no son el resultado de una guerra bárbara desarrollada al margen del mundo civilizado», sino que dependen del «funcionamiento actual del sistema político y económico mundial», que alimenta estos conflictos a través de las relaciones de los señores de la guerra con las redes del comercio internacional. Algo que ha revivido en 2010, con nuevos matices pero consecuencias semejantes, con el hallazgo de nuevos yacimientos de diamantes en Zimbabue.

Los empresarios de «Occidente» han descubierto además una nueva riqueza africana de la que sacar provecho. Los «fondos carroñeros» (vulture funds) compran a bajo precio viejas deudas impagadas y las llevan a los tribunales internacionales para exigir de los gobiernos africanos no solo el total de la deuda, sino los intereses vencidos. Zambia, por ejemplo, debía a Rumania 15 millones de dólares por una compra de equipo agrícola realizada en 1979. Los dos gobiernos se habían puesto ya de acuerdo para liquidarla por 3 millones de dólares, pero entre tanto el fondo Donegal International compró la deuda por su cuenta y exigió a los zambianos 55 millones, agregando los intereses a la deuda original. Otro fondo norteamericano, que compró 31 millones de deudas de los años ochenta que la República del Congo-Brazzaville había dejado impagadas, reclamó en los tribunales norteamericanos, europeos y asiáticos más de cien millones de dólares en concepto de deuda, intereses y penalización; de momento ha obtenido ya 39 millones.

No es verdad tampoco que, como sostiene el tópico, estos países sean menospreciables como destino de las exportaciones de los países avanzados. En el caso de Francia, por ejemplo, África es el segundo destino en importancia de sus exportaciones, detrás tan solo de la Unión Europea, y con una rentabilidad mucho mayor. Por no hablar de un comercio que no suele contabilizarse en los anuarios estadísticos como es el de las armas, con negocios tan escandalosos como el llamado «Angolagate» de 1993: la venta de armas a Angola por un valor de 633 millones de dólares, negociada a título personal por el ministro francés Charles Pasqua y por Jean-Christophe Mitterrand, hijo del presidente de la república francesa.

La situación se ha complicado aun con la incorporación a la competencia por los recursos africanos de nuevos participantes como la India y, en especial, China, que no solo se ha adaptado rápidamente a las reglas del juego, sino que ha introducido cambios en ellas, como el de pagar precios superiores a los de las compañías occidentales por los derechos de explotación, y el de ofrecer, a cambio de petróleo, oportunidades de desarrollo con préstamos que no llevan aneja ninguna obligación política, a diferencia de los del Fondo Monetario Internacional. Lo cual no obsta para que, una vez hechos los tratos, los chinos actúen con la misma voracidad depredadora que sus rivales occidentales.

China no solo negocia con el petróleo, sino que está recuperando explotaciones mineras abandonadas e interviene en países agrícolas como Costa de Marfil, donde está edificando la nueva capital en Yamoussoukro. Sus préstamos sirven para pagar la construcción o rehabilitación de ferrocarriles en Nigeria y en Angola, presas en Sudán, y carreteras y puentes en diversos países. Una de sus más espectaculares operaciones ha sido su intervención en el Chad, uno de los países más pobres y atrasados de la zona, donde el presidente Déby había invertido los grandes beneficios obtenidos del petróleo, cuya explotación ha arruinado las vidas de los campesinos que sufren las consecuencias de su extracción y del oleoducto que conduce el crudo hasta su embarque en Camerún, en comprar armas para asegurar su poder.[272] Los chinos han ofrecido construir una refinería de petróleo y una fábrica de cemento, mejorar las carreteras, desarrollar proyectos de irrigación y establecer una red de telefonía móvil, a cambio de obtener uranio, una vez liquidado el monopolio virtual de que disfrutaba Francia.

La inquietud que comienza a producir en las viejas potencias la presencia de este competidor —a lo que hay que agregar que China forma hoy en sus universidades y escuelas militares a los dirigentes africanos del mañana— la reflejan las acusaciones de que los chinos no tienen reparos en invertir en países con regímenes corruptos y no democráticos, que es lo mismo que sus competidores han estado haciendo desde 1960 hasta la actualidad.

La respuesta norteamericana al cambio de situación que se ha producido en África en los primeros años del nuevo siglo ha sido la de renovar sus instrumentos de intervención política. Por una parte creando un frente de actuación contraterrorista (Trans-sahel Counterterrorism Partnership) con siete países de la zona del «sahel», en la frontera sur del Sahara, a los que proporciona ayuda militar con el propósito de frenar la posible expansión hacia el sur del islamismo radical argelino, nominalmente asociado a al-Qaeda («al-Qaeda en el Magreb islámico»), sin que importe contribuir con ello al mantenimiento de regímenes dictatoriales como los de Malí o de Chad en su lucha contra los tuaregs discriminados.

El 6 de febrero de 2007 Bush anunció la formación del United States Africa Command (Africom), asentado inicialmente en Stuttgart —no ha encontrado aún ningún país africano que acepte la instalación de una base—, pero que ha establecido ya colaboraciones con Nigeria, Etiopía, Liberia y Uganda (interviene, por ejemplo, con armas y asesores en las luchas civiles de Somalia) y que ha dado formación a un gran número de oficiales de países africanos en bases y escuelas militares norteamericanas, al modo que se hizo en el pasado con los militares latinoamericanos. Los dos objetivos esenciales del Africom parecen ser la lucha contra el islamismo en el África oriental y, sobre todo, la vigilancia y protección del área del golfo de Guinea, de la que los Estados Unidos esperan proveerse de petróleo en un futuro cercano. Un propósito que su primer jefe, el general Ward, definía como una ayuda para que los países africanos puedan «acceder a los mercados de forma libre y competitiva». Ya que, como sigue afirmando en la actualidad el teniente coronel Beebe, uno de los inspiradores de la creación de Africom: «la seguridad sostenible es una necesidad previa del desarrollo sostenible». Y, como dijo en octubre de 2010 el embajador norteamericano Michel Battle: «Si no invertimos ahora en África, nos encontraremos con que China e India han absorbido sus recursos sin nosotros».

Que la conducta del mundo desarrollado hacia «el Sur» no va a cambiar en lo sustancial lo revela el discurso que el presidente Barack Obama pronunció en Ghana, un país que está iniciando una prometedora explotación petrolífera, el 11 de julio de 2009, en que, ante la indignación de muchos africanos, atribuyó todos los males del continente a causas internas, y en especial al mal gobierno y a la corrupción, ignorando las responsabilidades de «Occidente», y muy en especial de los propios Estados Unidos, en sostener y corromper a estos malos gobernantes (a la vez que ha aumentado los recursos presupuestados para los planes de intervención militar en África y que participa en la guerra no declarada de Libia).

15

EL NUEVO RUMBO DE LA GUERRA FRÍA

LA PRESIDENCIA DE G. W. BUSH

En 1988 un Reagan en plena decadencia concluía una presidencia que, se ha dicho, de haber terminado en 1987 se hubiera considerado un fracaso, pero que acabó salvándose por el éxito de las negociaciones de paz con la Unión Soviética y por la pretensión de que su política había conducido al colapso del evil empire.

Para sucederle, el Partido Republicano escogió al hombre que había ocupado la vicepresidencia junto a él, George Herbert Walker Bush, hijo de un banquero y presunto héroe de guerra (fue derribado a los 20 años, cuando combatía como piloto en el Pacífico), que había sido embajador en las Naciones Unidas y director de la CIA. Este hombre del que Kissinger dijo que era «poco sofisticado», se presentaba al público como un americano medio, amante de la familia, aficionado a la música country y encariñado con su perra Millie. Su esposa, Barbara Bush, era madre de cinco hijos, tenía el pelo blanco y quería dar la imagen de un ama de casa: «lo que sucede en nuestra casa es más importante que lo que sucede en la Casa Blanca». No querían parecer de Camelot, como los Kennedy, ni de Hollywood, como los Reagan.

Lo que esta imagen ocultaba era la realidad de una fortuna millonaria, basada inicialmente en el petróleo, pero también en negocios turbios, como los del Grupo Carlyle, que se creó en 1987 como una especie de banco de inversiones, y que obtuvo sus mayores éxitos con negocios relacionados con la defensa, en los que se beneficiaba de las influencias de sus dirigentes.[273]

Donald Rumsfeld, que intentó disputarle la candidatura del Partido Republicano por la derecha, hubo de ceder, ante la imposibilidad de reunir el dinero necesario para competir con su campaña. Bush tuvo además la suerte de que los demócratas no dispusieran entonces de un buen candidato. Lo parecía Gary Hart, pero se le descubrió un escándalo sexual y quedó eliminado. El hombre propuesto para reemplazarlo, Michael Dukakis, hizo una campaña tan desastrosa que, habiendo comenzado con 17 puntos de ventaja, acabó 10 puntos por debajo, pese a que los republicanos cometieran el error de elegir como vicepresidente a Dan Quayle, uno de los individuos menos inteligentes que hayan ocupado un cargo en que han abundado las mediocridades. Bush, por su parte, se equivocó también al prometer que no subiría los impuestos —«leed mis labios: ningún impuesto nuevo»— lo que era harto arriesgado, puesto que debía haber sido consciente de que iba a comenzar gobernando con un déficit de 170 000 millones de dólares, producto de años de gasto incontrolado por parte del gobierno de Reagan.

Tras su fácil victoria en las urnas, llevó al Departamento de Estado a James A. Baker III, y se rodeó de un equipo que tuvo que adaptarse de súbito al hecho de que la guerra contra la Unión Soviética se estaba acabando, con Dick Cheney como secretario de Defensa, Colin Powell al frente del Joint Chiefs of Staff y la colaboración de jóvenes halcones como Paul Wolfowitz y Condoleezza Rice. Fue en este entorno que se preparó el texto del «Defense Planning Guidance» de 1992, del que hablaremos seguidamente.

Su más estrecho colaborador fue su consejero de Seguridad nacional, el general Brent Scowcroft, un hombre próximo a Kissinger, desconfiado y prudente, con quien emprendió una política exterior que se apartó al comienzo del entusiasmo negociador del Reagan de los últimos tiempos, y que se vio obligada después a adaptarse a los grandes cambios que se estaban produciendo en el mundo. Reaccionaron tarde y mal, por ejemplo, ante los acontecimientos que se produjeron en China en el verano de 1989, que el mundo conoció a partir de lo ocurrido en la plaza de Tiananmen. Mientras los Estados Unidos imponían públicamente sanciones a China e indignaban con ello a su gobierno, el presidente enviaba en secreto a Beijing a Scowcroft para restablecer las buenas relaciones, lo que se completó levantando gradualmente las sanciones.

Hemos explicado ya la vacilante, y con frecuencia confusa, actuación del presidente y de su consejero en la crisis de los regímenes de la Europa oriental y en el fracaso final de Gorbachov, con quien se negaron a negociar en Malta. En el caso de los satélites soviéticos está claro que su actitud moderada se debió al temor de que la caída de los regímenes comunistas condujera al caos social: Scowcroft nos dice que no quería ver cómo se reproducían los «traumáticos levantamientos» de 1956 o 1968; lo que deseaba era que se realizara una liberalización «sin rupturas internas».

Cuando se produjo el hundimiento definitivo de la Unión Soviética, en 1991, un acontecimiento que tanto Bush como su administración se limitaron a contemplar con estupefacción, sin acabar de entenderlo, no acertaron a definir la nueva política que requería un mundo en que, de súbito, se habían quedado sin contrincante y necesitaban un nuevo proyecto de futuro.

Lo que empezó ahora a quedar al descubierto fue la gran mentira en que se había basado la guerra fría. ¿Qué sentido tenía esforzarse en conservar y extender la OTAN cuando el enemigo contra el cual se dirigía había desaparecido? Tomando en cuenta que el objetivo real que se buscaba era el de mantener y extender el «sistema de libre empresa», en una versión sometida a la hegemonía estadounidense, estaba claro que para conservar el consenso había que reemplazar la vieja filosofía del enfrentamiento al enemigo comunista por otra que legitimase con otros argumentos la continuidad del poder unilateral de los Estados Unidos.

Porque las amenazas al sistema establecido no habían desaparecido con la desactivación del comunismo soviético. La naturaleza real de los problemas se pudo advertir, por ejemplo, en el verano de 1989, cuando G.H.W. Bush, que se dirigía a una reunión de los países del G7 en París, se enteró de que el presidente francés, Mitterrand, pensaba organizar una reunión «Norte-Sur» entre los países desarrollados y los que estaban en vías de desarrollo, y se negó en redondo a participar en un acto de esta naturaleza: «Nos opusimos a tal reunión —dice en sus memorias— porque creíamos que era inevitable que el Sur pidiese, en una inflamatoria retórica inspirada por el marxismo-leninismo, “reparaciones” por los años de “explotación” colonial, apoyados posiblemente por los partidos gobernantes izquierdistas de algunos países del Norte».

La primera formulación del que iba a convertirse años más tarde en el nuevo programa imperial se produjo en la redacción del «Defense Planning Guidance» (una guía confidencial de la política de defensa, que se revisa cada dos años) preparado por un grupo dirigido por Paul Wolfowitz. Cuando el New York Times filtró sus líneas esenciales en marzo de 1992, se produjo un auténtico escándalo, por cuanto se trataba poco menos que de un plan de dominio global para después de la guerra fría, en un mundo en que los Estados Unidos debían ser la única superpotencia. «Nuestro primer objetivo —se decía— es prevenir que emerja un nuevo rival», estableciendo un nuevo orden que convenza a los posibles competidores de que «no necesitan aspirar a un papel más importante». En el plan, en que ni tan siquiera se mencionaba a las Naciones Unidas, se afirmaba el derecho de los Estados Unidos a actuar preventivamente en cualquier lugar del mundo, cuando se tratase de cuestiones que pudieran afectar sus intereses, con la mención explícita, entre estas, de la necesidad de asegurarse el control del petróleo del Oriente Próximo.

La Casa Blanca se vio obligada a rechazar este borrador y obligó a preparar una versión suavizada, donde el objetivo se transformaba en «impedir que una potencia hostil domine una región crítica para nuestros intereses». La formulación pública del proyecto de un nuevo imperio se aplazaría por unos años; pero la forma en que comenzó a emplearse el poder militar mostraba la voluntad de preservar la hegemonía norteamericana en los nuevos tiempos.

LA INVASIÓN DE PANAMÁ

En América Central parecía volver la paz. Se seguía ayudando a la «contra» en Nicaragua cuando en febrero de 1990 se produjo la derrota de los sandinistas en unas elecciones en que el dinero aportado por la CIA aseguró la victoria de la candidata conservadora Violeta Chamorro y, ante la sorpresa de los norteamericanos, los sandinistas aceptaron el resultado y cedieron el poder.

Más complicada era la situación de Panamá, que seguía bajo la dictadura de Manuel Noriega, de quien Bush deseaba desembarazarse. Se rumoreaba, nos dice el propio presidente, que Noriega tenía un documento «que databa de mis tiempos de la CIA, que me relacionaba con sus tráficos de drogas». Bush lo desmiente, pero se sabe que el panameño alardeaba: «Tengo a Bush agarrado por los huevos».

Noriega había sido el más útil informador de Reagan acerca de la situación de Cuba, aunque se sospechase que negociaba también con los cubanos, y un colaborador activo en su actuación contra Nicaragua. Sin embargo, el escándalo Irán-contra no solo obligó a renunciar a sus servicios, sino que mostró la conveniencia de deshacerse de un colaborador incómodo, acusado públicamente de participar en el tráfico de drogas.

Durante la campaña electoral sus contrincantes acusaron a Bush de haber colaborado con Noriega. Este negó haber tenido contacto alguno con él, pero la publicación de una fotografía en que aparecían juntos envenenó el asunto, que acabó de complicarse cuando Reagan cometió el desliz de ofrecerle al dictador panameño la retirada de los cargos por tráfico de drogas a cambio de que abandonase el poder, lo que obligó a Bush a distanciarse públicamente de Reagan en esta cuestión.

Al llegar a la presidencia, Bush trató de desalojar del poder a Noriega interviniendo con la CIA a favor de su contrincante en las elecciones panameñas de 1989. La operación acabó en un desastre: al saberse que el candidato opositor podía ganar, Noriega ordenó destruir las urnas e hizo que grupos paramilitares a su servicio atacasen brutalmente a la oposición.

Tras este fracaso, y ante un Noriega desafiante, Bush permaneció momentáneamente inactivo. No quería cometer un error al comienzo de su gestión, «como el de Kennedy en Bahía de Cochinos». Pero este asunto, unido a su indecisión ante los acontecimientos de la Europa del este y de China, estaba dando una mala imagen de su capacidad de gestión. Lo cual se agravó todavía cuando, a comienzos de octubre de 1989, el comandante Giroldi dio un golpe militar en Panamá, capturó a Noriega y pidió ayuda a los Estados Unidos, que fueron incapaces de reaccionar a tiempo —temieron que Giroldi fuese un provocador que quería embarcarles en una acción que redundaría en su descrédito—, lo que le permitió a Noriega imponerse y dejar a Bush, a quien acusaba de haber inspirado el golpe, en ridículo (el New York Times calificó la gestión de este acontecimiento como «un modelo de incompetencia»).

Ante esta situación, y en unos momentos en que el fin de la guerra fría exigía que los Estados Unidos demostrasen que seguían estando a la altura de su papel de liderazgo del mundo, no quedaba otra solución que preparar una invasión en gran escala, precedida por una serie de provocaciones por parte de las fuerzas estadounidenses de la zona del canal, con el fin de suscitar un motivo legítimo para la invasión.

Tras recibir las seguridades de Colin Powell de que no se repetiría un fracaso como el de Carter en Irán, se organizó una expedición de 26 000 soldados y marines, la mayor operación de este tipo desde Vietnam —que recibió inicialmente el nombre de «Cuchara azul», cambiado más adelante por el de «Causa justa», en atención a que sonaría mejor en los libros de historia— y el 20 de diciembre de 1989 se llevó a cabo una vergonzosa invasión, que causó numerosas muertes de civiles —400 según fuentes oficiales norteamericanas y por lo menos 4000 según la emisora CBS; la Cruz Roja habló de una masacre— y grandes destrozos provocados por los saqueos de las tropas invasoras. Acabaron llevándose a Noriega, lo juzgaron en Miami y le condenaron a 40 años de cárcel por tráfico de drogas y lavado de dinero, lo que permitió cerrar la boca de un testigo incómodo.[274]

La asamblea general de las Naciones Unidas condenó la intervención en Panamá como una «violación flagrante» de las leyes internacionales, el nuevo presidente panameño colocado por los Estados Unidos, Guillermo Endara, necesitó de nuevo apoyo militar para evitar que lo derribasen y el tráfico de drogas siguió en aumento. Pese a lo cual los biógrafos de G.H.W. Bush aseguran que los norteamericanos consideraron que Panamá fue el mayor de sus éxitos.

LA PRIMERA GUERRA DEL GOLFO

Fue en Oriente Próximo donde Bush, en unos momentos en que pretendía vender al pueblo norteamericano las promesas de prosperidad de una nueva época, como consecuencia del llamado «dividendo de la paz», se vio obligado a organizar la primera gran guerra posterior al fin de la guerra fría. El del golfo Pérsico era un escenario en que los norteamericanos se habían ido implicando tras la retirada de los británicos, enviando buques de guerra, a demanda inicialmente de Kuwait. Lo cual condujo a algunos incidentes, como el de mayo de 1987, cuando un piloto iraquí confundió una embarcación norteamericana con otra iraní y le disparó dos misiles que mataron a 37 marineros norteamericanos. Los Estados Unidos aceptaron en esta ocasión las disculpas y compensaciones que ofreció Saddam Hussein, a quien por entonces protegían.

En abril de 1988 una mina iraní causó graves daños a una fragata ligera norteamericana que actuaba como escolta en aguas del Golfo; pocos días más tarde la armada norteamericana contestaba atacando a las fuerzas navales iraníes. Unos meses más tarde, el 3 de julio de 1988, se produjo el incidente, que ya hemos explicado, del Vincennes, que derribó un avión de pasajeros iraní con 290 peregrinos que volaban con destino a la Meca. El vicepresidente Bush declaró ante el consejo de Seguridad de la ONU que el Vincennes había acudido en defensa de un mercante atacado por los iraníes, lo que era falso, y los responsables del ataque fueron premiados por su gesta. Jomeini, por su parte, ofreció 10 millones de dólares de recompensa a quien vengase el crimen norteamericano. Esta parece haber sido la razón de que el 21 de diciembre de 1988 se colocase una bomba en un avión de la compañía Pan American (en el vuelo Pan Am 103), en vuelo de Londres a Nueva York, con el resultado de causar en Lockerbie 270 muertos, entre pasajeros, tripulantes y víctimas producidas en los alrededores del lugar en que cayó la aeronave.[275]

Fue en este escenario inestable donde surgió la crisis de 1990. Irak salía arruinado de su guerra contra Irán, en la que consideraba que se había empeñado para proteger al conjunto de los estados suníes de la amenaza de la revolución chií. Para empeorar las cosas, durante estos años los estados del Golfo, y en especial Kuwait, habían ocupado el lugar de Irak en el mercado mundial del petróleo, aumentando además la producción por encima de las cuotas fijadas por la OPEP, con lo que habían hecho bajar el precio del barril de 21 a 8 dólares, lo que haría que Irak tuviese más difícil reunir recursos para pagar sus enormes deudas y reconstruir el país. Saddam se quejó también de la conducta de Kuwait, que se negaba a perdonarle sus deudas, y pidió a los estados del Golfo que disminuyesen la producción con el fin de que subiesen de nuevo los precios del petróleo, sin conseguirlo, como tampoco logró que Kuwait atendiera sus reivindicaciones territoriales de dos islas (necesarias para construir un puerto de aguas profundas) y de un campo petrolífero en la frontera.

Saddam, que no se percataba de que, con la rápida decadencia de la Unión Soviética, el escenario internacional había cambiado, creyó entender que la embajadora norteamericana April Glaspie, una diplomática que hablaba árabe, se mostraba comprensiva con sus aspiraciones respecto de Kuwait. En momentos en que el presidente Bush le había dado instrucciones de mejorar las relaciones con Irak y en que se pensaba que las reivindicaciones contra Kuwait se limitaban a los problemas acerca de las dos islas y del campo petrolífero fronterizo, la embajadora le dijo, el 25 de julio de 1990: «no tenemos opinión acerca de las disputas entre árabes, como vuestra disputa de límites con Kuwait». Saddam creía, por otra parte, que los Estados Unidos, que no tenían en el escenario del Oriente Próximo fuerzas suficientes para oponerse a sus ejércitos, y que, como le dijo a la embajadora Glaspie, «no eran capaces de aceptar 10 000 muertos», no interferirían en una operación militar en gran escala.

El 30 de julio los analistas de la agencia de inteligencia del Pentágono (DIA) avisaron que el ejército iraquí estaba concentrándose en la frontera con Kuwait, pero nadie les hizo caso. El primero de agosto April Glaspie, tranquilizada por sus conversaciones con Saddam, marchó de Bagdad para iniciar sus vacaciones de verano, a la vez que el secretario de Defensa, Cheney, comenzaba las suyas y que el secretario de Estado viajaba a Mongolia.

Poco después de la media noche del 2 de agosto de 1990 los iraquíes invadieron Kuwait con centenares de tanques y lo conquistaron en 24 horas. Las Naciones Unidas, que habían tolerado sin ninguna preocupación la agresión de Saddam a Irán, reaccionaron ahora de inmediato con la resolución 660, que ordenaba la retirada de las tropas invasoras, y el 6 de agosto aprobaron una serie de sanciones económicas contra Irak.

Pero ni las sanciones, ni la previsión de una respuesta norteamericana del tipo de la que Carter había dado a la revolución iraní podían tranquilizar a los países vecinos. Disponiendo de unas fuerzas armadas muy superiores, Saddam podía sentirse tentado a ocupar los débiles estados petrolíferos del Golfo e incluso a adueñarse de las zonas productoras de Arabia Saudí, a 40 km de la frontera kuwaití, lo que pondría en sus manos el control del 40 por ciento de las reservas de petróleo del mundo (sin olvidar, además, que el principal de los oleoductos por los que Irak exportaba su petróleo atravesaba territorio saudí y desembocaba en el mar Rojo). Era una amenaza que ni los Estados Unidos ni sus aliados podían tolerar.[276]

Los dirigentes norteamericanos debatieron largamente la conducta a adoptar, divididos entre la opinión de Powell, que era partidario de recurrir a una serie de sanciones, y las de Cheney, de Scowcroft y del propio presidente, que estaban decididos a intervenir, en lo que coincidían con Margaret Thatcher, que le dijo a Bush: «si Irak gana, no habrá pequeño estado que pueda considerarse seguro. No se detendrán ahí».

Para una operación semejante se necesitaba contar con la colaboración de Arabia Saudí, cuyo soberano, Fahd, se alarmó ante el hecho de que el rey Hussein de Jordania se negase a condenar a Saddam, lo que le hacía temer que pretendiese aprovechar la guerra para recuperar el trono de Arabia, del que los saudíes habían desposeído a sus antepasados de la dinastía hachemita. Tan solo la seguridad de una respuesta en masa de los Estados Unidos podía animar a los saudíes a resistir. Contando con la garantía de una promesa de Bush, Fahd se prestó a ofrecer su colaboración y dio permiso a los norteamericanos para usar temporalmente bases en territorio saudí, tal como Cheney y el general Schwarzkopf fueron a pedirle, aterrorizándolo con fotografías trucadas que mostraban tanques y soldados iraquíes en la frontera saudí.

En los seis meses siguientes, mientras Saddam, que el 10 de agosto proclamaba una guerra santa contra los Estados Unidos e Israel, se mostraba desafiante y declaraba que nunca abandonaría Kuwait, se movilizó para la Operación Escudo del desierto (Desert shield) a 650 000 hombres, dos tercios de los cuales eran norteamericanos, pero que contaban además con 100 000 saudíes, con tropas de otros países árabes, incluyendo Egipto y Siria, y contingentes de otros muchos, en especial de Gran Bretaña y Francia.

Tras una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad instando a Irak a la retirada de Kuwait, el 29 de noviembre de 1990 la resolución 678 declaraba que, si Irak no cumplía antes del 15 de enero de 1991 con las exigencias que se le habían hecho, se autorizaba a los estados miembros de la ONU a «utilizar todos los medios necesarios» para obligarle a hacerlo.

La verdad es que las reivindicaciones iraquíes, que ya había expresado Qassim en 1961, tenían algún fundamento, puesto que había sido Gran Bretaña quien había separado por su cuenta, y por el interés de asegurar su dominio en la zona, el territorio de Kuwait del reino de Irak, al que dejaba sin una salida adecuada al mar. La inmediata reacción de la ONU al ataque iraquí a Kuwait se avenía mal, por otra parte, con la tolerancia que había mostrado repetidamente hacia actuaciones semejantes de Israel, que todavía ocupaba en aquellos momentos el sur del Líbano. Pero la cuestión del petróleo, y del peligro que se corría si Saddam lograba controlar toda la producción de Arabia y de los emiratos del Golfo, lo cambiaba todo.

El 12 de enero de 1991 el Congreso norteamericano aprobó la declaración de guerra. La nueva Operación Tormenta del desierto (Desert Storm) comenzó el 18 de enero, con una primera fase de 38 días de bombardeos destructivos en que se lanzaron 88 500 toneladas de bombas, incluyendo 7400 «bombas inteligentes», no solo sobre los invasores iraquíes de Kuwait, sino sobre todo el territorio de Irak, donde destruyeron mezquitas, escuelas, hospitales, plantas de depuración del agua o mercados, y causaron centenares de muertes de mujeres y niños.

Los iraquíes replicaron lanzando unos cuantos misiles contra Arabia Saudí y contra Israel (intentaban provocar que los israelíes entrasen en la guerra para ganar el apoyo de los pueblos árabes), con pequeñas cargas explosivas y con un balance de 32 muertos de sus enemigos (28 de ellos eran soldados norteamericanos alcanzados por un misil en un acuartelamiento de Arabia Saudí), contra 20 000 víctimas causadas en Irak por los bombardeos de la coalición.

El 15 de febrero Saddam se manifestó dispuesto a cumplir con la resolución de las Naciones Unidas y a retirar sus tropas de Kuwait, pero las condiciones que exigía, desde la retirada de los norteamericanos del Golfo a la solución del conflicto palestino, hacían inaceptable la propuesta. Al verla rechazada, presentó una nueva fórmula, transmitida por la mediación de Gorbachov: retirada de las tropas en un plazo de veintiún días, que comenzaría inmediatamente después del alto el fuego, sin ninguna exigencia adicional. Tampoco era aceptable, puesto que de lo que se trataba era de impedir una retirada ordenada de sus tropas; según Scowcroft, «si Saddam se retira con la mayor parte de sus fuerzas armadas intactas, no se puede decir que hayamos ganado».

Fue en este momento cuando los iraquíes, que veían ya su causa perdida, prendieron fuego a las instalaciones petrolíferas de Kuwait. Bush seguía exigiendo una retirada inmediata, sin aceptar los plazos que Saddam proponía a través de la mediación de Gorbachov, quien se esforzaba en impedir el inicio de la guerra. Algo en que coincidía con el general Colin Powell, que opinaba que era mejor aceptar una retirada que ahorrase vidas norteamericanas, a lo que el presidente replicó que prefería obligar a los iraquíes a ceder por la fuerza que dejarlos retirarse. Los últimos intentos de Gorbachov por detener el ataque de los 500 000 soldados de la coalición fueron inútiles.

El 24 de febrero, a las cuatro de la madrugada según la hora local, comenzó la invasión de Kuwait y del territorio iraquí, sin encontrar en principio más inconvenientes que el mal tiempo y las tormentas de arena, mientras el ejército de Saddam huía en desbandada por la «carretera de la muerte», de Kuwait a Basora. Hasta que cuatro días después, el 28 de febrero, tras la derrota de la guardia republicana, que era su principal fuerza de apoyo, no le quedó a Saddam capacidad alguna de resistencia y se plegó a las exigencias de una rendición incondicional, con lo que se llegó a un alto el fuego que ponía fin a la «guerra de las cien horas». El balance total de bajas fue de 240 muertos de los atacantes —incluyendo un cierto número de víctimas de «fuego amigo»— contra más de 100 000, muchos de ellos civiles, de los iraquíes, víctimas sobre todo de unos bombardeos brutales —como el del refugio antiaéreo de Amiriyya, en que perdieron la vida por lo menos 319 civiles, incluyendo 130 niños—, y de un tipo de armas que seguirían causando daño hasta mucho más tarde, no solo a los iraquíes sino a soldados estadounidenses que necesitaron atención médica por las secuelas del combate.[277]

La guerra que se mostró al mundo por televisión tenía poco que ver con lo que realmente sucedía. La propaganda inventó, por una parte, atrocidades como la de los niños prematuros asesinados en sus incubadoras por los invasores iraquíes de Kuwait, cuya difusión por una empresa de relaciones públicas contratada por los kuwaitíes sirvió para sacar adelante la votación que decidió la entrada de los Estados Unidos en la guerra (la niña que estremeció al mundo explicando entre lágrimas estos horrores era la hija del embajador de Kuwait, que no se había movido de los Estados Unidos, y la historia que contaba había sido inventada por completo).

Se cuidó también de que los corresponsales de los medios informativos no viesen más que lo que los militares habían preparado para ellos. Se quería evitar la repetición del «síndrome de Vietnam» y se les ocultaron cuidadosamente las realidades desagradables, como la destrucción de instalaciones que no tenían finalidad militar alguna y la mortalidad de civiles producida por los bombardeos. O episodios como el de los ocho mil soldados iraquíes enterrados vivos en la arena por bulldozers norteamericanos, sin darles ocasión de rendirse o de escapar (se envió después equipos mecánicos que completaron la operación de cubrirlo todo y retirar las armas y los restos humanos visibles). Cuando algunos periodistas se preguntaron qué sucedía en aquella extraña guerra en que no había cadáveres, Colin Powell aclaró que el de enterrar soldados vivos era un procedimiento acorde con las leyes de la guerra.

La tremenda destrucción infligida no podía justificarse por las necesidades de una victoria militar sobre el ejército de Saddam Hussein. Como dijo nada más concluir la guerra la periodista Susan Sachs, las tropas invasoras habían luchado contra un enemigo fantasma, cuyos número, potencia y armamento habían sido inventados previamente. El objetivo real de los bombardeos era el de aplicar una nueva concepción de la guerra aérea que pretendía conseguir la destrucción sistemática del país con bombardeos «tradicionales», sin necesidad de recurrir a las armas nucleares.

Estaba claro, por otra parte, que del supuesto potencial militar de Saddam no quedaba nada al término de la guerra. En sus memorias el general Schwarzkopf dice taxativamente que la capacidad de agresión nuclear, biológica y química de Saddam se había destruido por completo, «y esta situación no cambiará a poco que nosotros nos esforcemos en impedirle que reciba nuevas armas».

Se abandonó a su suerte a los chiíes del sur y a los kurdos del norte, que habían respondido a las incitaciones norteamericanas a sublevarse, puesto que lo que los norteamericanos buscaban era promover un golpe militar en Bagdad, pero no veían con buenos ojos ni una revuelta de los kurdos, que alarmaría a Turquía, ni un levantamiento chií, favorable a los intereses de Irán. Todo lo que se hizo fue establecer dos zonas de exclusión aérea, al sur y al norte del país, en que se prohibía el vuelo de los aviones iraquíes, lo que dio lugar a innumerables choques en los años siguientes, pero Schwarzkopf se equivocó al autorizar en cambio los vuelos de los helicópteros, que los militares iraquíes dijeron necesitar a consecuencia de que los muchos puentes destruidos dificultaban la circulación por tierra, y que se utilizaron en realidad para aplastar la revuelta chií, ante la indiferencia de los norteamericanos.

No fue un error, en cambio, no haber proseguido la guerra hasta derrocar a Saddam y ocupar el país por entero. Dejando a un lado que el mandato recibido de las Naciones Unidas no incluía este objetivo, puesto que se concretaba a la liberación de Kuwait, G.H.W. Bush no quería incurrir en los elevados costes de una ocupación de Irak, con el riesgo de verse implicado en una guerra civil «que lleva siglos abierta». Colin Powell, por su parte, opinaba que convenía dejar a Irak con la suficiente fuerza como para que siguiera siendo una amenaza contra un Irán ferozmente antinorteamericano. El acierto de esta decisión resultó evidente cuando, con el hijo de Bush en la presidencia, se completó este programa en la segunda guerra del Golfo. Tras la primera guerra del Golfo Cheney había replicado a quienes les acusaban de no haber terminado la tarea derribando a Saddam: «Una vez llegados a Bagdad ¿qué haríamos? ¿A quién pondríamos en el poder?». Pero no supo hacerse de nuevo estas preguntas unos años más tarde. Uno de los grandes aciertos de una operación rápida y limpia como esta fue que se consiguió que fuesen los asociados, y en especial Kuwait y Arabia Saudí, quienes pagasen la mayor parte de los gastos, de modo que le salió barata al contribuyente norteamericano.

El entorno de Bush se envanecería, además, de que su conducta, deteniendo el avance de los ejércitos una vez conseguida la rendición, era única en la historia. No era verdad. Esta había sido una campaña compuesta por dos guerras: la que se realizó por medio de bombardeos durante treinta y ocho días, y la de las «cien horas» de actuación del ejército. Y la primera había destruido el país por completo. El subsecretario general de la ONU Martti Ahtisaari dijo que un país que hasta enero de 1991 tenía un grado notable de desarrollo tecnológico había quedado reducido «a una etapa preindustrial». Todo había quedado destruido: puentes, carreteras, la red eléctrica (Irak solo producía ahora el 4 por ciento de la electricidad que antes de la guerra), las instalaciones industriales, las plantas depuradoras de agua… La víctima real de la guerra no fue Saddam, sino el pueblo iraquí, para quien, además, el fin de las hostilidades no significó el fin de sus sufrimientos.

Fallaron las previsiones de que Saddam sería derrocado después de la derrota por los humillados y disgustados generales iraquíes. «Nos sentimos frustrados, dicen Bush y Scowcroft, al ver que la derrota de Saddam no acabó con su control del poder, como muchos de nuestros aliados árabes profetizaban y nosotros mismos esperábamos.» Como dijo Robert Gates, nombrado entonces para dirigir la CIA, los iraquíes iban a pagar el precio de que Saddam siguiera en el poder.

En los doce años que siguieron al final de la lucha armada la «coalición», con la excusa de contener a Saddam, mantuvo otra inacabable y durísima guerra contra los ciudadanos de Irak, en que lo menos grave fueron los bombardeos ocasionales. La peor acción de castigo fue la de las sanciones económicas, que H. C. Von Sponeck, coordinador humanitario de las Naciones Unidas en Irak, ha calificado como «una forma de guerra diferente». Interpretando de un modo abusivo la prohibición de comprar materiales que pudieran ser utilizados para la guerra, se impidió a los iraquíes adquirir ambulancias y medicamentos (e incluso las publicaciones científicas médicas), o reparar los sistemas de depuración del agua, con unas consecuencias gravísimas para la salud y la vida de sus habitantes, y en especial de los niños, que se vieron privados, por ejemplo, de vacunas contra la hepatitis infantil, el tétanos y la difteria, con el argumento de que contenían cultivos vivos que, aunque estuviesen debilitados, podían usarse para desarrollar armas bacteriológicas.

Según una estimación que la UNICEF publicó en 1999, las sanciones fueron responsables de que, desde el fin de la guerra del Golfo, hubiese cada mes 5000 muertes de niños de edad inferior a los cinco años que hubieran podido evitarse con una atención médica adecuada. La tasa de mortalidad infantil, que en 1990 era en Irak del 50 por mil, llegó en 1998 a 125 por mil, más del doble. El profesor Richard Garfield, de la Universidad de Columbia, calculó que las sanciones habían causado tal vez medio millón de muertes. Cuando le preguntaron a Madeleine Albright, en momentos en que era representante de los Estados Unidos en la ONU, si pensaba que la muerte de medio millón de niños era un precio que mereciera pagarse para castigar a Hussein, contestó: «Es una elección difícil, pero pienso que sí, que valía este precio».

EL FINAL DE LA PRESIDENCIA DE BUSH

La presidencia del primer Bush no acabó bien. Tras la euforia del triunfo militar del Golfo que, en opinión del presidente, había «restaurado la credibilidad» norteamericana perdida en Vietnam, las cosas se complicaron. En 1992, el año que en sus memorias aparece calificado como «el peor de los tiempos», se produjo en los Estados Unidos una oleada de enfrentamientos raciales, que se desencadenó cuando un jurado blanco de Los Ángeles exculpó a cuatro policías blancos que habían dado una paliza brutal a un motorista negro, en una escena que grabó un videoaficionado y que proyectaron todas las televisiones. El resultado fue una revuelta con 55 muertos, más de 4000 heridos, más de 12 000 detenidos y 5270 edificios destruidos o dañados.

La economía norteamericana sufrió las consecuencias de una recesión, agravada por la costosa liquidación del problema de las Savings and Loans y por las dificultades por las que pasaban muchos bancos que habían invertido especulativamente en deuda latinoamericana y habían comprometido sus recursos en créditos inmobiliarios poco seguros, en una línea que anunciaba lo que iba a ser el desastre de 2007. Todo lo que se le ocurrió decir a Bush en sus memorias sobre esto fue que «el país estaba en una recesión pese a nuestros muchos intentos para arrancar la economía». Por otra parte, la guerra del Golfo implicó restricciones en el aprovisionamiento de petróleo y la necesidad, contra todas las promesas electorales del presidente, de crear nuevos impuestos, lo que acabó definitivamente con su escaso crédito público.

Con vistas a las elecciones de 1992 trató de redondear el triunfo militar sobre Saddam con un acuerdo para resolver el conflicto entre los israelíes, a quienes Bush concedió un crédito de 10 000 millones de dólares para financiar la acogida de inmigrantes de la Unión Soviética, y los palestinos, que se negociaría en una conferencia general, con participación de delegaciones de Israel, Siria, Egipto, Líbano y una conjunta de jordanos y palestinos, en la primera ocasión en que los palestinos participaban en una negociación de esta naturaleza, que se inició en Madrid el 31 de octubre de 1991 y estableció las bases para futuras reuniones multilaterales en los años siguientes. Pero el intento de montar un espectáculo preelectoral organizando un bombardeo de Bagdad se frustró cuando el New York Times lo reveló y los inspectores de la ONU, que habían de legitimar el ataque provocando al gobierno de Saddam para que este rechazase sus propuestas, se negaron a dejarse manipular por Washington.

Que su mandato acabase en tiempos de crisis económica favoreció el triunfo de su sucesor, el demócrata Bill Clinton, que consiguió superar la malintencionada campaña electoral de Bush, en que sus ayudantes se dedicaron a buscar en vano evidencias de que Clinton había tenido tratos con agentes soviéticos en Moscú durante la guerra de Vietnam. La derrota lo dejó dolido y sorprendido; nunca entendió que los norteamericanos lo hubieran rechazado por un hombre como Clinton («estaba convencido de que podía vencerle», dice en sus memorias).

Todavía tuvo tiempo, sin embargo, de rematar su gestión, una vez derrotado en las urnas, con un nuevo error y con una última vergüenza. En diciembre de 1992, un mes después de su derrota en las elecciones presidenciales, George Bush quiso hacer un gesto de prestigio tomando la iniciativa de una intervención en Somalia, bajo la bandera de la ONU y de acuerdo con su secretario general, Boutros-Ghali. El pretexto era la dificultad de hacer llegar al país ayuda humanitaria, puesto que el general Aidid, el más importante señor de la guerra local, se oponía a la actuación de la UNOSOM, la entidad de la ONU encargada de distribuirla. Bush decidió montar una operación con el nombre de Restore hope («Restablecer la esperanza»), que se suponía que iba a ser rápida (le aseguró a Clinton que se habría acabado antes de su toma de posesión en enero).

En la noche del 9 de diciembre de 1992 los norteamericanos desembarcaron en la playa de Mogadiscio en presencia de fotógrafos y cámaras de televisión, tras haber negociado previamente la conformidad de los jefes locales, y se apoderaron fácilmente del aeropuerto. Boutros-Ghali había dicho que se desarmaría a los grupos rivales y se restablecería la paz; pero los norteamericanos tenían prisa y se negaron a ello, buscando en cambio un acuerdo con los dos principales jefes de milicias, Aidid y Ali Mahdi Muhammad. Todo parecía funcionar de acuerdo con las previsiones, aunque la ayuda real prestada a una población que moría de hambre fue más bien escasa.

Pero cuando una segunda operación, bautizada como UNOSOM II, trató de realizar los planes más ambiciosos de Boutros-Ghali, pasando de la ayuda humanitaria al restablecimiento de la paz, con una nueva fuerza multinacional como apoyo, Aidid replicó, el 5 de junio de 1993, atacando a los cascos azules pakistaníes y matando a 25 de ellos. La operación se transformó entonces en una lucha directa contra Aidid, por cuya cabeza los norteamericanos, dirigidos por el almirante Howe, un integrista cristiano que actuaba como un cruzado, ofrecían 25 000 dólares, lo cual se anunciaba en carteles, al estilo del oeste americano (mientras los soldados italianos que participaban en la operación parecían, dirá Boutros-Ghali, estar informando y ayudando a Aidid).

El 3 de octubre de 1993 una operación de rangers norteamericanos, con el apoyo de 16 helicópteros, trató de capturar a asociados de Aidid en una emboscada en Mogadiscio. Fracasaron en el empeño y perdieron dos helicópteros y 18 hombres, y aunque los somalíes tuvieron muchos muertos, su victoria sobre una de las fuerzas técnicamente más avanzadas del mundo les dejó una sensación de victoria.

BILL CLINTON

William Jefferson Blythe III —que más adelante adoptaría el nombre de su padrastro, Roger Clinton, un vendedor de automóviles aficionado a la bebida y de conducta inestable— comenzó estudiando en la Escuela del servicio exterior de la Universidad de Georgetown y en 1968 obtuvo una beca Rhodes, que le permitió ir a Oxford, donde jugó al rugby, participó en actos contra la guerra de Vietnam y fumó cannabis (aunque más tarde pretendiera que no se tragaba el humo). Acabó sus estudios de derecho en Yale (procurando esquivar que le enrolasen para combatir en Vietnam), se casó con Hillary Rodham en 1975 y comenzó una carrera política que le llevó a ser gobernador del estado de Arkansas, un cargo que desempeñó de 1978 a 1992.

Ganó las elecciones a la presidencia de 1992 como consecuencia del malestar por una crisis económica que G.H.W. Bush había sido incapaz de remediar. «Es la economía, estúpido» era uno de los lemas fundamentales de su campaña y uno de sus carteles decía: «Saddam Hussein sigue teniendo su empleo. ¿Y tú?». Era la primera elección que se convocaba tras la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, y de lo que se trataba era de no seguir dando prioridad a la política exterior, como había hecho Bush, para ocuparse ante todo de los problemas internos de la sociedad norteamericana, que era algo en que tenía una experiencia más directa un hombre como Clinton, que había sido gobernador de un pequeño estado.

Aunque fue a las elecciones con un discurso populista y con promesas equívocas acerca de la necesidad de «cambiar» los sistemas de asistencia social, en lo político se presentaba en una línea moderada, como uno de los «nuevos demócratas» que se habían movido hacia el centro y se mostraban partidarios del liberalismo económico, en la línea del pensamiento que inspiró las reuniones internacionales de dirigentes del llamado «Movimiento tercera vía», que Clinton patrocinó en los últimos años de su mandato, con la asistencia de políticos como Jospin, Blair, Romano Prodi, Fernando H. Cardoso, el chileno Ricardo Lagos o Gerhard Schroeder, representantes de una socialdemocracia que había virado hacía mucho tiempo hacia la moderación.[278]

Llevaba como vicepresidente a un ecologista, Al Gore, y nombró un equipo en que dominaban los asesores económicos conservadores, bien relacionados con el mundo financiero, que sostenían que las tareas fundamentales a realizar eran la de reducir el enorme déficit que se había ido acumulando desde la época de Reagan y la de promover la prosperidad a través del comercio internacional. Había que pagar las facturas de doce años de desorden, dijo, y quería hacerlo invirtiendo los términos de la política fiscal republicana, esto es aumentando los impuestos a los más ricos y a las empresas, con el fin de disminuir el endeudamiento del gobierno; lo que no figuraba explícitamente en el programa electoral era que la otra faceta de esta política era la contención del gasto social.

Uno de los puntos que le creó complicaciones fue su promesa de derogar la prohibición de que los homosexuales sirvieran en las fuerzas armadas. Tras una larga batalla, todo se redujo a ordenar que no se preguntara a quienes optaban al servicio por su orientación sexual, lo que iba a conocerse desde entonces como Don’t ask, don’t tell («no preguntes, no digas nada») o DADT. Esto envenenó su relación con los altos mandos militares, que lo despreciaban por no haber realizado el servicio militar y haber eludido la guerra de Vietnam; una mala referencia para quien había derrotado a un héroe de guerra como G.H.W. Bush.

Una vez comenzada su gestión, sus primeros esfuerzos fueron para presentar un proyecto de presupuesto en que el objetivo de eliminar el déficit venía acompañado de algunos aumentos de impuestos, lo cual fue mal recibido por los congresistas, sin que ni siquiera pudiera contar para aprobarlo con el apoyo de unos demócratas que no respetaban su liderazgo, debido, en opinión de Greenspan, a que ofrecía objetivos abstractos a largo plazo y no «proyectos de carreteras, programas de armamento u otras atractivas golosinas que estos pudieran ofrecer a sus votantes». Se hizo una resistencia feroz a su complejo proyecto de impuestos sobre diversas formas de energía (el llamado BTU Tax) y el nuevo presidente se vio obligado a aceptar, en contrapartida, un aumento sobre los de la gasolina.

La deriva a la derecha que los demócratas habían iniciado desde la presidencia de Carter resultaba patente en su política económica, claramente favorable a los intereses de Wall Street, como lo demuestra, no solo el hecho de que mantuviera al frente de la Reserva federal a Alan Greenspan, nombrado inicialmente por Reagan, sino que escogiera como sus asesores económicos a personas próximas al mundo de los negocios (Robert Rubin, a quien nombró secretario del Tesoro, procedía de la dirección de Goldman Sachs), quienes hicieron posible una etapa de aumento de los beneficios de las grandes empresas y un ascenso de las cotizaciones de la bolsa como no se había experimentado desde hacía veinte años. Sus dos presidencias fueron una etapa de prosperidad —la economía creció al 3,7 por ciento en los ocho años de su mandato—, alentada en la bolsa por movimientos especulativos como el que suscitaron las inversiones en las empresas relacionadas con internet (dot.com). Fue esta prosperidad la que, al aumentar los ingresos fiscales, le permitió transformar el déficit del presupuesto en un superávit que pudo reivindicar como prueba de su éxito.

Pero los gestores de su política económica no solo se hicieron responsables de una actitud pasiva ante el crecimiento especulativo, sino que lo agravaron con medidas como la Gramm-Leach-Bliley Act o «Ley de modernización de los servicios financieros», aprobada en 1999, que derogaba la ley Glass-Steagall de 1933, que prohibía que un banco actuase a la vez como banco comercial y de inversión (fue esta supresión la que permitió que los bancos usasen los fondos de sus depósitos para arriesgarlos en operaciones de derivados), y con la disposición promulgada en los últimos días de su gestión, que eximía de control las operaciones de futuros y derivados. Se habían establecido así las condiciones que iban a hacer posible la vertiginosa expansión del casino de Wall Street.

Su interés por favorecer la prosperidad económica a través de la expansión del comercio internacional le llevó a impulsar el acuerdo de libre comercio que integraba a Canadá y México con los Estados Unidos (NAFTA), que había negociado su antecesor, contando en buena medida con los votos de los republicanos, que completó con los que pudo comprar (un congresista dijo que le habían ofrecido tantos puentes para su distrito que lo único que necesitaba era un río) y oponiéndose tanto a los demócratas de izquierda como a los sindicatos, que le habían apoyado en su elección y que iban a experimentar ahora las consecuencias de la pérdida de puestos de trabajo que iba a causar la deslocalización de la producción industrial en las maquiladoras situadas al sur de la frontera mexicana.[279] El acuerdo entró en vigor el primero de enero de 1994, lo cual ayuda a explicar que la crisis de la economía mexicana que se inició en este mismo año, el «tequilazo», obligase a los Estados Unidos a asumir la dirección de una gigantesca operación de rescate para evitar el total desplome del crédito de México.

El complejo proyecto de reforma de la sanidad pública, que era obra de su esposa Hillary y que formaba parte de sus promesas electorales, hubo de sufrir el ataque de los intereses que podían resultar afectados —«el complejo médico-industrial», según lo llama Krugman—, que gastaron cerca de 100 millones de dólares para influir en el Congreso en contra del proyecto, sin contar las cantidades que las compañías de seguros médicos emplearon en campañas de televisión en su contra. Las primeras propuestas se presentaron en noviembre de 1993, cuando Clinton había perdido ya el empuje inicial, de modo que no pudo sacarlas adelante en un Congreso en que todavía contaba con una mayoría demócrata. Este fracaso, ha escrito Paul Krugman, condenó su presidencia «a un rango de segundo orden».

Fue precisamente la oposición a sus proyectos de reforma de la sanidad lo que dio mayor fuerza al contraataque republicano, dirigido por Newt Gingrich, un político agresivo que tuvo ahora su época de gloria con su Contrato con América, el libro en que formulaba un programa conservador para transformar el país. En las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 1994, en unos momentos en que todavía no eran perceptibles los efectos positivos de las nuevas medidas económicas, los republicanos, con eslóganes como God, gays and guns (en referencia a la ley DADT y a sus intentos de imponer medidas de control de las armas, lo que tuvo un peso considerable en el desvío de votos), consiguieron mayoría en la cámara de representantes, por primera vez en cuarenta años, y en el Senado, lo cual significó un duro golpe para Clinton, que hubo de actuar a partir de este momento con la rémora de unas cámaras que le eran hostiles.

Gingrich, cuya pretensión era destrozar a los demócratas, como venganza por cuarenta años de sufrir su prepotencia, utilizó la fuerza que tenía en el Congreso para erigirse en poco menos que en un poder alternativo al de la Casa Blanca, y organizó una ofensiva para obligar a disminuir los impuestos de los más ricos, a costa de grandes recortes en las partidas de sanidad pública, convencido de que iba a acabar imponiéndose al presidente, lo que le permitiría desarrollar el programa de su Contrato. Clinton, mientras tanto, desviaba la atención pública hacia las campañas de Bosnia y se disponía a resistirse a los republicanos, vetando los recortes de gasto social que querían imponer. El resultado fue que del 14 al 19 de noviembre de 1995 y del 16 de diciembre de 1995 al 6 de enero de 1996 el gobierno, bloqueado por el Congreso, hubo de cesar toda actividad por primera vez en la historia norteamericana, y 800 000 empleados federales dejaron de trabajar.[280] El público achacó ahora la culpa de esta situación a la intransigencia de los republicanos y Gingrich, empeñado en llevar adelante su guerra, empezó a encontrar resistencias en su propio partido.

Para salir de tan difícil situación, Clinton, asesorado ahora por Dick Morris, inició una política que aceptaba una parte del programa republicano, pero rechazaba sus aspectos más antisociales: «La era del gran gobierno se ha acabado —diría en su discurso sobre el estado de la Unión de enero de 1996— pero no podemos volver al tiempo en que nuestros ciudadanos habían de componérselas por sí mismos». A lo que añadiría en su discurso inaugural de 1997: «Necesitamos un nuevo gobierno para un nuevo siglo, lo suficientemente humilde para no tratar de resolver por nosotros todos nuestros problemas, pero lo suficientemente fuerte para proporcionarnos las herramientas para que los resolvamos por nosotros mismos; un gobierno que es más pequeño, que vive de acuerdo con sus medios y que hace más con menos».

Estos planteamientos le llevarían a lo que se definía, en sus grandes líneas, como una política de «triangulación», en que el presidente se colocaba en medio de ambos partidos e iniciaba una serie de medidas que implicaban una deriva hacia la derecha, arrebatando con ello la iniciativa a los republicanos, como en el planteamiento de una reforma restrictiva de las ayudas sociales, que indignó a buena parte de sus partidarios y llevó a la dimisión de su amigo Peter Edelman, que le acusó de «haber suscrito un seguro de elección», o en la presentación de un presupuesto equilibrado, que implicaba la reducción del gasto gubernamental, mientras buscaba atraerse a un sector de las clases medias con una «Ley de derechos de la clase media». Morris gestionaba en la sombra esta política con un complejo sistema de sondeos que le revelaba al momento el grado de aceptación popular de cada propuesta que hacía Clinton, lo que le permitía orientar día a día su actuación.

El presidente pudo entonces comenzar la reconstrucción del Partido Demócrata en torno a su política centrista y preparar el terreno que le iba a llevar a ganar por segunda vez las elecciones a la presidencia en 1996, con una continua formulación de iniciativas y una hábil campaña de propaganda, basada en la idea de «construir un puente hacia el siglo XXI», que le permitieron sobreponerse a los intentos de desprestigio que los medios de la derecha organizaron contra el matrimonio Clinton por el asunto Whitewater, una inversión inmobiliaria fallida de la época en que era gobernador de Arkansas. Su fácil victoria ante el candidato republicano, Robert Dole, un hombre de setenta y tres años, en unos comicios con muy baja participación de votantes, era una consecuencia del buen estado coyuntural de la economía (su crecimiento fue del 8,2 por ciento en 1997, y en 1998 se consiguió el superávit en el presupuesto), pero no vino acompañada por un triunfo demócrata suficiente como para arrebatar el control del Congreso a los republicanos, lo que le llevó a una segunda presidencia en que se vio imposibilitado de plantear medidas ambiciosas en el terreno de la política interior.

Su segundo mandato dio pie a que los republicanos y el potente aparato de medios de difusión de la derecha, empeñados en la causa de la contrarrevolución conservadora, comenzaran tratando de crear escándalos acerca de la financiación de las campañas, destinados sobre todo a atacar al vicepresidente Gore, que se perfilaba como el más probable candidato demócrata tras la segunda presidencia de Clinton.

A lo que siguió, desde 1998, un acoso al propio presidente como consecuencia del asunto de Monica Lewinsky, una becaria de poco más de veinte años que se prestó a diez sesiones de sexo oral con el presidente, en el transcurso de dieciséis meses; solo las dos últimas sesiones fueron «completas», y de ellas procedía el DNA en la ropa de Lewinsky que hizo posible fundamentar la acusación por algo que no dejaba de ser un episodio menor en comparación con la activa vida sexual de Kennedy, la infidelidad matrimonial de Eisenhower o las aventuras del propio Gingrich, el dirigente republicano que dirigía la persecución contra Clinton, y que vio su carrera truncada cuando se descubrió la relación que mantenía con una joven ayudante del Congreso.[281]

Las ilusiones republicanas de capitalizar la campaña de desprestigio con la que se acosó al presidente resultaron fallidas: aunque mantuvieron la mayoría, perdieron cinco escaños en las elecciones de mitad de mandato de 1998. Al igual que fracasó el intento de conseguir su destitución por las cámaras (impeachment), que concluyó con la retirada de los cargos el 12 de febrero de 1999. Clinton se estaba beneficiando ante la opinión pública del efecto que producía su éxito en la gestión de la economía. Si en el discurso sobre el estado de la Unión de 1998 pudo decir «Estos son buenos tiempos para América (…). El estado de nuestra Unión es vigoroso», en el de 1999 hizo un balance global de sus logros, señalando que el país había «creado la más duradera expansión económica en tiempo de paz de toda nuestra historia», con cerca de 18 millones de nuevos puestos de trabajo, los salarios creciendo a un ritmo más de dos veces superior al de la inflación y, por primera vez en treinta años, con un presupuesto equilibrado que se saldaba con superávit.[282]

Sin embargo, la necesidad de «emplear todo su capital político» para hacer frente a un entorno hostil le llevó a malgastar los tres últimos años de su presidencia. Esta sería también la razón de que, ante su incapacidad para desarrollar un programa de política interior más ambicioso, se implicase cada vez más en las cuestiones de política internacional.

LA POLÍTICA INTERNACIONAL

Clinton había comenzado su mandato con una escasa atención a la política internacional, para la que estaba poco preparado y en la que inicialmente dependía casi por completo de sus asesores. Aunque reaccionase inicialmente enviando más tropas a Somalia, tratando de solucionar un problema heredado de Bush, el fracaso de la operación y las críticas recibidas del Congreso, que tras la experiencia de Vietnam pretendía evitar que los presidentes enviasen tropas norteamericanas a combatir en el exterior sin autorización de las cámaras, le llevaron a retirarse de la operación, lo que ayuda a entender su negativa posterior a implicarse en los problemas de Ruanda, que hubiera exigido volver a enviar un gran número de soldados a una campaña en África, agravada en este caso por las dificultades logísticas de combatir en un territorio del interior, sin acceso marítimo.

Sus primeras actuaciones en el terreno de la política internacional fueron erráticas, desde el ataque con misiles a Bagdad en junio de 1993, al que me referiré más adelante, a la operación que permitió restaurar al presidente Aristide en Haití, que le costó un enfrentamiento con un Congreso que le negaba el derecho a invadir la isla. Fue cuando se aproximaba su reelección cuando se implicó en las cuestiones de Bosnia y de Kosovo, donde esperaba poder realizar la guerra con aviones de bombardeo, sabedor de que una política enérgica de este tipo iba a reforzar ante el público su imagen de estadista.

Eran además estos los momentos en que, acabada la guerra fría con la disolución de la Unión Soviética, había que redefinir el papel de los Estados Unidos en el mundo y diseñar una política internacional adecuada a las nuevas condiciones que planteaba el auge de la globalización. Fue a fines de su primer mandato cuando, obligado a compensar sus fracasos en temas como el de la asistencia médica, y a enfrentarse a una situación interior de inquietud, se enunciaron los fundamentos de lo que iba a convertirse en el inicio de la doctrina de la guerra contra el terror, «hija bastarda de la guerra fría», como base de una redefinición del liderazgo mundial de los Estados Unidos.

La alarma acerca del terrorismo nació de una sucesión de amenazas internas de proporciones espectaculares: el 19 de abril de 1993 tenía lugar el asalto del FBI al centro de la secta de los «davidianos» en Waco (Texas), en que murieron 76 de los seguidores de David Koresh, incluyendo 17 niños; dos años más tarde, el 19 de abril de 1995, Timothy McVeigh vengaba a los muertos de Waco haciendo estallar un camión cargado de explosivos ante un edificio oficial en Oklahoma, con lo que causó 168 muertos, en su mayor parte empleados del gobierno; en octubre del mismo año se producía la «marcha del millón de hombres» organizada por Louis Farrakhan, líder de la Nación del Islam.

Trasladando a la escena internacional esta inquietud, la lógica de esta nueva política se basaba en la idea de que aunque el fascismo y el comunismo estuviesen muertos, «las fuerzas de destrucción siguen vivas». En el discurso sobre el estado de la nación de 1996 señalaba las nuevas amenazas a que habían de enfrentarse los Estados Unidos —tales como «el terrorismo, la difusión de armas de destrucción en masa, el crimen organizado, el tráfico de drogas…»— y sostenía que era necesario enfrentarse a ellas, rechazando la tentación del aislacionismo. «No podemos hacerlo todo», añadía, «pero donde nuestros intereses y nuestros valores estén en juego, y donde podamos aportar una diferencia, América debe dirigir», puesto que los Estados Unidos seguían siendo «la nación indispensable», en especial en cuanto se refería a la lucha global contra el terrorismo.

Conviene señalar la importancia de esta nueva doctrina, que renovaba la exigencia de un world leadership estadounidense que se había formulado por primera vez en el NSC 68 de 1950, sin referencia alguna ya a la lucha contra el comunismo, reemplazado por la amenaza terrorista y, en un sentido más general, por la necesidad de preservar «nuestros intereses y nuestros valores». A lo que el secretario de Defensa, William Cohen, añadiría en 1998 que necesitaban mantener el despliegue de bases en Europa y Asia «con el fin de influir en las opiniones de la gente de forma que nos sean favorables», a la vez que para disuadir a los posibles adversarios de cualquier tentación de oponerse a sus designios.

El lenguaje de este anuncio de una nueva guerra fría anticipa claramente el de la «guerra contra el terror» de G.W. Bush, pero la estrategia de Clinton era muy distinta. Las bases esparcidas por todo el mundo debían servir para facilitar acciones armadas puntuales, apoyadas en la superioridad del potencial aéreo y marítimo norteamericano, sin caer en el error de enviar grandes contingentes a destinos lejanos, como G.H.W. Bush había hecho en la primera guerra del Golfo, o como haría más adelante su hijo en las de Irak y Afganistán.

La encargada de dar voz a esta política fue Madeleine Albright, hija de un diplomático checo de origen judío que se exilió en 1948. Albright, que fue representante en la ONU durante el primer mandato de Clinton, pasó a desempeñar la secretaría de Estado en el segundo, reemplazando a un Warren Christopher que no había brillado demasiado en su gestión. La nueva secretaria, la primera mujer que desempeñaba este cargo, enunció lo que se ha conocido como la «doctrina Clinton» o «doctrina del multilateralismo afirmativo», que defendía el uso de la fuerza militar norteamericana donde conviniera, en virtud de la idea de que «la restauración de la democracia y la deposición de dictadores es responsabilidad de los Estados Unidos como último superpoder que queda». Si bien ello debía hacerse siempre por una vía indirecta, asociándose a la OTAN o a las Naciones Unidas, renunciando a las intervenciones directas unilaterales y minimizando la aportación de tropas norteamericanas en escenarios lejanos.

Esta política había enfrentado a Albright, cuando era representante en la ONU, con el secretario general de la institución, el egipcio Boutros-Ghali y, dentro del propio gobierno norteamericano, con el general Colin Powell. Albright, que por sus orígenes centroeuropeos creía ver en lo que estaba ocurriendo en Yugoslavia una repetición de la actuación de Hitler en Checoslovaquia —ella «pensaba en términos de Munich», decía, y no, como la mayor parte de su generación, «en términos de Vietnam»— era partidaria de una intervención en Bosnia, mientras que Boutros-Ghali reprochaba a los norteamericanos que, habiéndose marchado de Somalia y rehusado intervenir en Ruanda, quisieran ahora que la ONU autorizase una «guerra de ricos» en territorio europeo. La consecuencia fue que los Estados Unidos se empeñasen en vetar la reelección de Boutros-Ghali, a quien la mayoría de los miembros de la ONU apoyaban en principio, y forzasen el nombramiento de un africano más flexible, Kofi Annan.

Annan era un nativo de Ghana educado en los Estados Unidos, que había contribuido a dificultar que la ONU tomase medidas para impedir el genocidio de Ruanda, de acuerdo con lo que en aquellos momentos interesaba a los norteamericanos, y que se mostró posteriormente, ya como secretario, como un fiel defensor de los intereses estadounidenses, desde la autorización dada para legitimar los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia hasta su colaboración en la ocupación de Irak. Unos servicios que por una parte le valieron el premio Nobel de la Paz y que, por otra, le fueron compensados echando tierra sobre un escándalo de corrupción que afectaba a su hijo y le salpicaba a él mismo.

El enfrentamiento de Madeleine Albright con Powell, que dirigió el Joint Chiefs of Staff hasta fines de septiembre de 1993, se debió a que este sostenía que los Estados Unidos solo habían de implicarse militarmente en aquellos casos concretos en que sus intereses estuvieran directamente afectados, y que habían de hacerlo entonces con toda su fuerza, con plenas garantías de éxito y con objetivos políticos claramente definidos: «Los soldados norteamericanos —diría en sus memorias— no son juguetes que se puedan mover donde convenga en una especie de juego mundial de mesa».

A lo que Albright objetaba que no tenía sentido disponer de una soberbia maquinaria militar, si no se podía usarla; que la de Powell era una doctrina de los tiempos de la guerra fría, una consecuencia tardía del «síndrome de Vietnam», y que la globalización, en la que a los Estados Unidos le correspondía un papel único y determinante, el de «la nación indispensable», exigía un protagonismo total y continuo.

Fue en el verano de 1995, cuando el agravamiento de la cuestión de Bosnia, con las noticias sobre la catástrofe de Srebrenica horrorizando al mundo, le dio a Clinton ocasión de intervenir, en los mismos momentos en que se llegaba a los acuerdos de Dayton y en que una fuerza de la OTAN reemplazaba a la pequeña que las Naciones Unidas habían enviado en 1992. Clinton hubo de aceptar que se enviase temporalmente a 20 000 militares norteamericanos, para lo cual tuvo que enfrentarse al Congreso y vencer la resistencia de los altos mandos militares, aunque consiguió imponer que en el futuro estas acciones internacionales realizadas en el marco de la OTAN (la de Bosnia fue la primera guerra que emprendía la OTAN en los cincuenta años de su historia) se desarrollasen de acuerdo con una fórmula en que los norteamericanos ponían los aviones y las bombas, y los otros, en este caso croatas y bosnios, los hombres.

Una política semejante de utilizar los medios aéreos y minimizar la presencia de tropas la empleó contra Saddam Hussein. Pese a que la soberanía de Irak resultaba seriamente condicionada por el mantenimiento de las zonas de exclusión de vuelo y por las repetidas operaciones de bombardeo sobre sus instalaciones militares, Saddam Hussein seguía actuando de manera desafiante, hasta llegar a organizar un atentado fallido contra la vida de G.H.W. Bush cuando este visitó Kuwait en abril de 1993. Tras dos bombardeos en enero y agosto de 1993, el segundo planteado como una represalia del intento contra Bush, los Estados Unidos hubieron de reaccionar más duramente cuando en 1994 Saddam volvió a enviar fuerzas a la frontera de Kuwait.

Ello sucedía mientras algunos agentes de la CIA, en colaboración con Ahmad Chalabi, presidente del Consejo Nacional Iraquí, una de las organizaciones del exilio, preparaban una revuelta contra Saddam, con el apoyo de los kurdos en el norte y de los chiíes en el sur. La operación no llegó a iniciarse, debido a la oposición del gobierno de Washington, que no la creía viable. Los planes se reemprendieron en el verano de 1996, pero Saddam los descubrió y liquidó el problema con una serie de ejecuciones. Durante la campaña de reelección de Clinton, en septiembre de 1996, Saddam volvió a violar las reglas con un ataque a los kurdos, lo que motivó otro bombardeo con misiles sobre las provincias del sur, mientras los kurdos seguían muriendo en el norte.

Llegó, sin embargo, el momento en que Clinton decidió ajustarle las cuentas a Saddam con una gran campaña de bombardeo, Desert Fox («zorro del desierto»), que tomó como pretexto las dificultades que Saddam oponía a los inspectores de las Naciones Unidas. La operación comenzó a prepararse cuando se aproximaban las elecciones a las cámaras de noviembre de 1998 —las midterm elections que se celebran dos años después de las presidenciales— y culminó el 16 de diciembre del mismo año con el lanzamiento de un gran número de misiles —más que los que se habían empleado en toda la guerra de 1991—, seguido por cuatro días de bombardeos en masa por las aviaciones británica y norteamericana sobre un gran número de objetivos militares, lo que implicó asestar un duro golpe a la infraestructura militar iraquí.

No puede olvidarse, sin embargo, que algunas de las incursiones de Clinton en la escena internacional estuvieron ligadas a una necesidad coyuntural de distraer a la opinión pública norteamericana del acoso a que le sometían los republicanos. Así pareció ocurrir con la Operación Infinite reach («Alcance infinito»), que condujo a que el 20 de agosto de 1998, en el mismo momento en que estallaba el escándalo Lewinsky, se atacase con misiles a supuestas bases terroristas en Afganistán y a una fábrica de productos farmacéuticos en Sudán, como represalia por los atentados de al-Qaeda contra las embajadas de los Estados Unidos en Kenia y Tanzania (lo que algunos llamaron «la guerra de Monica»).

Robert Fisk escribió: «Cuando el presidente Clinton se enfrentaba a lo peor del escándalo de Monica Lewinsky, bombardeó Afganistán y Sudán. Ahora, enfrentado al impeachment, bombardea Irak. ¿Hasta dónde puede llegar una coincidencia?». Coincidencia que se repitió meses más tarde: «Al día siguiente de aquel en que terminó el proceso del Senado, 13 de febrero de 1999 —dice Sidney Blumenthal, que fue su consejero presidencial— el presidente Clinton hizo su intervención semanal en la radio sobre el tema de Kosovo».

En febrero de 1999, en efecto, una vez liberado de la amenaza del asunto Lewinsky, decidió dedicarse al tema de Kosovo, para lo que envió a Madeleine Albright a forzar el acuerdo de Rambouillet, a la vez que preparaba, aliado al británico Tony Blair, las condiciones de una nueva campaña de bombardeos, que respondía a una pretendida política de «internacionalismo del centro-izquierda». Comenzaba con estas campañas yugoslavas la experimentación de un nuevo estilo de guerra basado en la eficacia de los bombardeos en masa y en el uso de armas de avanzada tecnología; una guerra que costaba pocas vidas de soldados norteamericanos, pero que tenía unos elevados costes económicos (la campaña de Kosovo habría costado a los Estados Unidos 2300 millones de dólares).

LA DESTRUCCIÓN DE YUGOSLAVIA

En la tarea de liquidación de los gobiernos del «socialismo» quedaba pendiente de resolver el caso de Yugoslavia, donde Josip Broz «Tito», muerto en 1980, había conseguido crear una estructura estable con una República Federal integrada por las seis repúblicas de Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia, y por las regiones autónomas de Vojvodina y Kosovo. Una estructura que hacia 1989 tenía problemas internos, pero que fue dinamitada desde fuera. En un libro de denuncia de la brutalidad de la guerra de Bosnia, Peter Maas nos dice que si en 1984, cuando se celebraron en Sarajevo los Juegos olímpicos de invierno, «hubieseis preguntado a algún yugoslavo —que es como se denominaban a sí mismos entonces— si podía imaginar que al cabo de ocho años la ciudad sería un escenario de guerra, se hubiera reído a carcajadas de vosotros». Lo que ocurrió en Bosnia, añade, no fue «un espectáculo grotesco balcánico, sino un violento proceso de colapso nacional a manos de manipuladores políticos».

Los problemas comenzaron como consecuencia de una crisis económica debida a la imposibilidad de atender las obligaciones que derivaban de los préstamos que los gobiernos yugoslavos habían contraído en los años setenta. El paro y el malestar social fueron alejando a la población del gobierno y crearon tensiones separatistas.

En Serbia la desintegración de la Liga de los comunistas (que era el nombre del PC yugoslavo) había dejado un caos político, que fue aprovechado por Slobodan Miloševic’, quien fundó un Partido Socialista de Serbia con el que alcanzó en 1997 la presidencia federal de la República yugoslava. Su ascenso lo consiguió alentando el nacionalismo popular serbio contra los albaneses de Kosovo, que presionaban para que su territorio se convirtiese en una nueva república dentro de la federación yugoslava.

Eran momentos en que, desaparecida la URSS, los Estados Unidos habían perdido interés en el mantenimiento de la integridad del estado yugoslavo. Mientras Alemania, que fue la primera instigadora del proceso, Austria y Hungría —que proporcionó gran cantidad de armas a los croatas, pensando en favorecer indirectamente a la minoría magiar de Vojvodina— se esforzaban en su disolución. Incluso el Vaticano intervino, por su interés en apoyar a los católicos de Croacia.

La separación de Eslovenia se produjo con cierta facilidad, ya que se trataba de una zona de neto dominio étnico de los eslovenos (88 por ciento), que tenían además una lengua propia, diferenciada del serbo-croata que hablaban los demás. Muy distinta era la situación de Croacia, donde había un 12 por ciento de serbios, cuyos derechos debían ser respetados en el caso de acceder a la independencia, y más compleja aún la de Bosnia-Herzegovina, donde los bosnios propiamente dichos, identificados habitualmente como «musulmanes», no eran ni siquiera mayoría (44 por ciento), frente a un 31 por ciento de serbios y un 17 por ciento de croatas.

Eslovenia realizó en diciembre de 1990 un plebiscito que arrojó un resultado aplastante en favor de la independencia, y la proclamó el 25 de junio de 1991. La intervención militar del gobierno federal para evitar la separación duró poco más de una semana. A instancias de la Unión Europea las tropas yugoslavas se retiraron de Eslovenia, que aceptó una moratoria de tres meses antes de ver reconocida su separación.

La facilidad con que Belgrado aceptó esta situación se debió en buena medida a la necesidad de destinar las fuerzas disponibles a defender las «Regiones Autónomas Serbias» de Croacia, ante la perspectiva de su independencia. Desde el principio la provincia croata de Krajina, en cuya población dominaban los serbios, dijo que se separaría de Croacia si esta se independizaba, con el fin de mantenerse dentro de la república yugoslava. De modo que cuando los croatas proclamaron su independencia comenzó la revuelta de las zonas de mayoría serbia y se inició una guerra que iba a causar 20 000 muertos hasta el alto el fuego de 2 de enero de 1992, negociado por Cyrus Vance en nombre de las Naciones Unidas, que aportaron un cuerpo de 14 400 cascos azules —UNPROFOR (United Nations Protection Force)— para actuar como fuerza de interposición entre ambos contendientes. Aunque el ejército serbio ocupaba todavía parte del territorio de Krajina, el presidente croata, Tud¯man, aceptó el alto el fuego porque prefería en este momento ponerse de acuerdo con Miloševic’ para repartirse conjuntamente Bosnia-Herzegovina.

Los combates en Krajina se reanudaron de 1993 a 1995, con la aprobación explícita de los Estados Unidos, en una nueva etapa de una «guerra de independencia» en que los croatas echaron al ejército serbio de los territorios que ocupaban al producirse el alto el fuego de enero de 1992, mataron a millares de civiles y expulsaron a 225 000 ciudadanos de etnia serbia, en una campaña dirigida por Ante Gotovina, antiguo sargento de la legión extranjera francesa y «héroe de guerra» croata, que fue capturado en las Canarias en 2005 y condenado en 2011 a 24 años de cárcel por el Tribunal penal internacional.

Croacia estaba gobernada por Franjo Tud¯man, que había combatido durante la segunda guerra mundial al lado de Tito y había llegado a ser general del ejército yugoslavo, pero que en 1989 sostenía que «el establecimiento del nuevo orden europeo de Hitler se puede justificar por la necesidad de deshacerse de los judíos», y que «el genocidio es un fenómeno natural», no solo permitido, «sino ordenado por la palabra del Todopoderoso cuando es útil para la supervivencia del reino de la nación escogida o para la preservación y difusión de su única fe, la sola verdadera», que, naturalmente, era el catolicismo. Tud¯man, que se rodeó de antiguos nazis, falseó las elecciones, permitió una limpieza étnica brutal y estimuló una «renovación espiritual» en colaboración con la iglesia católica, murió en su cama en 1999, dejando tras de sí un legado de corrupción.

En 1992 se proclamó también la independencia de Macedonia, protegida por los norteamericanos y vetada por Grecia, que obliga aún hoy a que el país se denomine FYROM: «Former Yugoslav Republic of Macedonia». Tras esta actitud griega está la larga lucha de los macedonios por su independencia y el recuerdo de las persecuciones y atropellos que sufrieron a manos de serbios y de griegos, empeñados en repartirse su territorio después de la primera guerra mundial.

Las potencias de la Unión Europea que favorecían la desintegración de Yugoslavia estaban vulnerando los acuerdos del tratado de París de 1990 en que se decía que se respetarían las fronteras existentes. El pretexto fue considerar las repúblicas yugoslavas como estados con fronteras definidas, y aunque exigieron en principio el respeto a los derechos de las minorías que iban a quedar englobadas dentro de los nuevos estados, no se preocuparon en absoluto de hacer respetar los de los serbios que habitaban en ellos. Alemania, en concreto, se apresuró a reconocer las independencias de Eslovenia y de Croacia el 23 de diciembre de 1991, contra la opinión de los Estados Unidos, sin aguardar siquiera a que una comisión de juristas completase un informe sobre la situación de los derechos humanos en las repúblicas, que había de entregarse el 15 de enero de 1992. Los otros miembros de la Unión Europea se sumaron poco después a este reconocimiento y los norteamericanos lo hicieron en abril de 1992.

En cuanto a Bosnia, la Unión Europea había defendido la idea de que no podía haber independencia sin la aceptación previa por parte de las tres comunidades principales que habitaban en ella —bosnios, serbios y croatas— y la garantía de que se respetarían los derechos de todos. Pero comenzaron a aparecer «Regiones autónomas serbias» en las zonas en que la población era mayoritariamente de esta etnia y los diputados del Partido Democrático Serbio abandonaron la asamblea bosnia en octubre de 1991 para formar otra asamblea propia en Banja Luka; en noviembre aparecieron también dos «comunidades» croatas en el propio territorio.

Tras reconocer la separación de Croacia y de Eslovenia, la Unión Europea invitó a Bosnia-Herzegovina a emanciparse, y promovió, en febrero de 1992, un referéndum que arrojó una mayoría absoluta en favor de la independencia. En principio nada parecía conducir a una ruptura violenta: los serbios aceptaban la independencia, con tal de que se estableciera con un gobierno central débil y se respetase la autonomía de las zonas en que la población de etnia serbia era mayoritaria. Pero estas aspiraciones tropezaron con la actitud del presidente bosnio Izetbegovic’, al que los Estados Unidos presionaban para que intentase establecer un estado «nacional» centralizado, a la vez que le proporcionaban bajo mano armas e instructores.

Cuando la Unión Europea y los Estados Unidos reconocieron la independencia de Bosnia, en abril de 1992, fuerzas paramilitares serbias, a cuyo frente estaba Ratko Mladic’, comenzaron a atacar Sarajevo y en poco más de un mes controlaban dos tercios del territorio bosnio, donde iniciaron una sangrienta limpieza étnica. También los croatas expulsaron a los bosnios de las zonas en que tenían mayoría y crearon una «Comunidad croata autónoma de Herzeg-Bosna». Todos aspiraban a que se les concediesen los territorios en que tuviesen una población mayoritaria; algo que no aceptaba la Unión Europea, que solo reconocía los derechos que correspondían a las fronteras políticas establecidas y no a las etnias, lo cual condujo a que los serbios de Bosnia decidieran proclamar su propia independencia y establecieran la Republika Srpska.

Cuando el ejército yugoslavo abandonó Bosnia, en mayo de 1992, el terreno quedó libre para los diversos grupos irregulares creados en torno a líderes más o menos carismáticos como Željko Ražnatovic’, conocido como Arkan, que reclutaba sus «tigres» entre los aficionados del equipo de fútbol Estrella Roja de Belgrado. En muchos casos estos grupos paramilitares no pasaban de ser bandas de delincuentes que robaban, violaban y mataban porque había una buena oportunidad para hacerlo, no por razones patrióticas, y las propias autoridades serbias de la zona tuvieron que esforzarse para librarse de algunos de ellos.

Ante la gravedad de la situación, las Naciones Unidas acordaron en junio de 1992 extender a Bosnia la actuación de las fuerzas de la UNPROFOR, a las que se encargó la misión de proteger seis zonas de seguridad que se habían creado para dar cobijo a los refugiados civiles, sin que, más allá de esta función, pudieran intervenir directamente en el conflicto. En octubre de 1992 se presentó el Plan Vance-Owen, que dividía Bosnia en diez provincias autónomas, de forma que cada comunidad tuviese mayoría en tres de ellas, y que todos los grupos principales estuviesen representados en los gobiernos provinciales. La situación se había complicado entre tanto hasta el punto de hacer inviable la propuesta, sin contar con que fue boicoteada por los Estados Unidos, que no deseaban verse obligados a enviar hombres para asegurar su ejecución, y que plantearon como alternativa el Plan Lift and strike, que incluía armar a los bosnios para que se defendieran por si mismos y bombardear a los serbios hasta que los bosnios tuviesen suficiente fuerza para resistir por su cuenta. Pero los europeos, que tenían hombres suyos combatiendo en las filas de la UNPROFOR, rechazaron levantar el embargo de la venta de armas, que hubiese puesto en peligro a los miembros de la fuerza de mediación.

Tras los sucesos de 5 de febrero de 1994, cuando un ataque con morteros mató a 68 civiles en un mercado de Sarajevo, la OTAN, respondiendo a una demanda de la ONU promovida por los Estados Unidos, decidió intervenir directamente y su aviación derribó cuatro de los seis aviones que los serbio-bosnios usaban para bombardear. No se pudo impedir, sin embargo, que los serbios comenzasen a apoderarse del territorio de las zonas de seguridad, ante la impotencia de las fuerzas de la UNPROFOR y la falta de entendimiento entre estas y la OTAN.

Mustafa Ceric’, gran muftí de Bosnia-Herzegovina, denunciaba lo que estaba ocurriendo ante la pasividad general: «Este es el primer crimen en masa que se desarrolla como un partido de fútbol transmitido por la televisión al mundo entero». La situación permaneció confusa hasta que en julio de 1995 se produjo la brutal matanza a manos de los serbios de 7600 musulmanes en Srebrenica (con su habitual incompetencia, la CIA no examinó las imágenes que recibía por satélite hasta tres semanas después, tras haberse enterado de los hechos por la prensa), a la que siguieron la de unos 3000 hombres en Zepa y la de otros 4000 en Banja Luka.

Fue entonces cuando Richard Holbrooke convenció a Clinton de la necesidad de que interviniera por medio de la OTAN, si quería asegurar el futuro de los Estados Unidos en Europa. La respuesta fue la campaña Deliberate Force de la OTAN, iniciada el 30 de agosto, que totalizó en quince días 3515 salidas de los bombarderos, que forzaron a los ministros de Asuntos exteriores de Bosnia, Croacia y Serbia a llegar a un principio de acuerdo para declarar un alto el fuego en octubre y firmar, el 14 de diciembre de 1995, los acuerdos de Dayton, que creaban una república federal bosnia integrada por dos entidades autónomas: la Federación musulmano-croata, que ocuparía el 51 por ciento del territorio, y la República Srpska, con el 49 por ciento. La nueva entidad federal tendría un gobierno establecido en Sarajevo, con dos cámaras y tres presidentes (serbio, bosnio y croata), aunque de hecho el nuevo país seguiría siendo una especie de protectorado de las Naciones Unidas, con un Alto representante que tendría autoridad ejecutiva sobre las dos comunidades. La UNPROFOR fue reemplazada por la IFOR (Implementation Force), una fuerza de interposición de la OTAN que constaba de 60 000 hombres, entre ellos 20 000 norteamericanos, que Clinton consiguió enviar pese a la oposición de los republicanos en el Congreso, y que contaba además con un contingente ruso.

Era un resultado lamentable, que venía a sancionar lo que se pudo haber obtenido en 1992 con el Plan Vance-Owen, ahorrándose tres años de guerra que causaron 100 000 muertos y grandes desplazamientos de población. Las destrucciones económicas y el retroceso en la producción de alimentos dejaron al país en una situación en que no hubiera podido subsistir sin ayuda internacional.

Los kosovares, que no habían conseguido que se atendieran sus reivindicaciones, descubrieron con el ejemplo de los serbios en Bosnia que la violencia pagaba. Kosovo había sido siempre un componente conflictivo de Yugoslavia, sobre todo durante la segunda guerra mundial, cuando milicias albanesas fascistas que colaboraban con los italianos mataron y expulsaron a muchos serbios del territorio. El malestar se agravó con la disminución progresiva de la población serbia y montenegrina en Kosovo, que pasó de ser un 27,4 por ciento en 1961, a tan solo un 10 por ciento en 1991, como consecuencia de la natalidad más alta de los kosovares de etnia albanesa y de que la pobreza del territorio no atraía a inmigrantes de otras zonas.

Desde 1990 los kosovares iniciaron movimientos de resistencia pasiva, dirigidos por Ibrahim Rugova y su Liga democrática de Kosovo, con la tolerancia de Miloševic’, que entre tanto favorecía la creación de grupos paramilitares serbios de autodefensa. La falta de perspectivas de esta política de resistencia pasiva fue produciendo el desencanto de los kosovares, que se acentuó cuando los acuerdos de Dayton de 1995 parecieron premiar la resistencia violenta de los serbios de Bosnia, pero no se pronunciaron sobre el caso de Kosovo.

Hasta entonces los serbios habían actuado con una política de acoso étnico, pero sin llegar a la persecución. El problema se complicó cuando, en abril de 1996, se produjo el primer atentado terrorista del KLA,[283] y se inició una serie de actividades violentas. Mientras tanto el estado albanés, con el gobierno corrupto y dictatorial de Sali Berisha, se hundía en la crisis de 1997, cuando la quiebra de una especulación de pirámide arruinó a millones de familias. Los desórdenes civiles se tradujeron en asaltos a los depósitos de armas, violencias de todo género y más de 1500 muertos. Entre las armas robadas de los depósitos y las de los policías y soldados que desertaban, 750 000 kalashnikovs pasaron a Kosovo, a manos del KLA.

El empeoramiento de la situación en Kosovo provocó una intervención militar serbia en gran escala, con el objeto de cerrar la frontera con Albania. Mientras el llamado «Grupo de contacto», integrado por algunos miembros de la Unión Europea, los Estados Unidos y Rusia, acordaba suspender la provisión de armas a la zona, la CIA armaba y entrenaba a las bandas del KLA a través de una compañía privada, MPRI (Military Professional Resources Inc.), que podía mantenerse al margen del escrutinio público.

En el verano de 1998 se había llegado a una guerra abierta que causó la muerte de 3000 kosovares y el desplazamiento de 300 000, y en septiembre el Consejo de Seguridad de la ONU exigió un alto el fuego y el inicio de negociaciones de paz. El 13 de octubre se firmó un acuerdo entre el representante norteamericano Holbrooke y Miloševic’ en el que se ordenaba el cese de la represión serbia y la retirada de sus fuerzas militares y de policía a las posiciones que ocupaban en marzo de 1998. Para supervisar el cumplimiento de lo acordado se introdujo un cuerpo de 2000 observadores desarmados de la OSCE y se estableció una vigilancia apoyada por vuelos de observación y de disuasión de la OTAN.

Los representantes de serbios y kosovares fueron convocados a una conferencia que se celebraría en Rambouillet, en las afueras de París, del 6 al 23 de febrero de 1999, con una etapa final en París, del 15 al 18 de marzo. En estos momentos la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, endureció su postura con un documento que exigía la retirada de la mayor parte de las tropas serbias y la admisión de un cuerpo de pacificación de 28 000 hombres de la OTAN (KFOR), con lo que se creaba una especie de protectorado de la OTAN, aunque se siguiese reconociendo jurídicamente el territorio como una provincia autónoma de Yugoslavia que, al cabo de tres años, tendría apoyo internacional para negociar su futuro con Belgrado.

Los acuerdos de Rambouillet implicaban demandas tan inaceptables como las del Apéndice B, que exigía la libre circulación de hombres y materiales de la OTAN por la república de Yugoslavia, con inmunidad por cualquier delito civil, administrativo o criminal que pudieran cometer. Era esto, que significaba en la práctica la ocupación de Yugoslavia, o el bombardeo. Los kosovares firmaron el acuerdo el 18 de marzo, pero los serbios se negaron a hacerlo, y no lo hizo tampoco el mediador ruso. Los serbios se prepararon para reanudar la guerra y los norteamericanos para iniciar los bombardeos sobre Serbia.

El 24 de marzo de 1999 un total de 400 aviones de la OTAN, a los que se sumaron los misiles lanzados desde el mar, comenzaron 78 días de bombardeo sistemático de Belgrado, Novi Sad y Montenegro, que harían numerosas víctimas civiles, en lo que Clinton justificaba como una campaña necesaria para mantener «una Europa libre, pacífica y estable», aparte de para salvar vidas kosovares.[284] Era la primera vez, en sus cincuenta años de historia, que la OTAN atacaba a una nación soberana, en un cambio que desmentía su definición inicial como una organización de defensa contra la «amenaza soviética». La campaña de bombardeos se iniciaba sin solicitar la aprobación de la ONU, donde estaba claro que el veto de Rusia y de China hubieran impedido que se autorizase.

El gobierno norteamericano había optado por una política de fuerza, abandonando la vía de la negociación que hasta entonces habían impulsado la Unión Europea y Rusia —que suspendió en este momento su cooperación con la OTAN—, para embarcarse en una «guerra virtual» que podía resolverse por su superioridad aérea, sin necesidad de enviar tropas de tierra, a lo que se hubieran opuesto las cámaras norteamericanas. Cada mañana los planificadores de las bases estadounidenses en Italia, Alemania, Bélgica y los Estados Unidos recogían la información sobre objetivos que les llegaba por la red digital militar. A partir de estos datos, expertos en armamento del centro de Vicenza seleccionaban las órdenes más adecuadas para los diversos objetivos, mientras, desde una base alemana, un jurista evaluaba la legitimidad de los ataques. De este proceso salían las órdenes de bombardeo que los pilotos habían de ejecutar. Todas las acciones se planeaban, y se evaluaban posteriormente, en reuniones por videoconferencia entre el general Wesley Clark, que mandaba esta campaña como jefe supremo de la OTAN, y los jefes de las diversas fuerzas de la organización.

Para lo que no servían los bombardeos, sin embargo, era para defender a los kosovares, habiéndose renunciado previamente a utilizar fuerzas de tierra de la OTAN para protegerlos.[285] A partir del 31 de marzo las tropas yugoslavas, la policía serbia y los paramilitares realizaron expulsiones en masa de la provincia y dieron muerte a unos 5000 kosovares. Estaba claro que lo que preocupaba ante todo a Clinton era la reafirmación del liderazgo norteamericano ante las reticencias de sus socios europeos y la redefinición de las funciones de la OTAN.

No fue hasta el 3 de junio cuando, ante el desastre que significaban los bombardeos de infraestructuras esenciales, incluyendo las de producción de electricidad, cuya finalidad era, en palabras del almirante alemán Elmar Schmaling, «presionar a la población civil y destruir la economía de Yugoslavia hasta un punto que no pudiese recuperarse», Miloševic’ aceptó las condiciones de paz que se le imponían, comenzando por la retirada de sus fuerzas del territorio kosovar y el establecimiento en él de la KFOR y de una administración provisional confiada a la ONU. En estos momentos la suerte de Kosovo estaba ya decidida, como lo demuestra que los norteamericanos comenzasen a construir una gran base en Camp Bondsteel, algo que no habrían hecho si hubieran creído que aquel territorio iba a volver algún día a manos de Serbia.

Miloševic’ perdió las elecciones en octubre del 2000 y fue arrestado en 2001, para conducirlo a ser juzgado por el Tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia en La Haya, donde falleció en marzo de 2006. Serbia hubo de hacer frente a las graves consecuencias de todos estos conflictos, acogiendo a cerca de un millón de serbios desplazados de otros territorios, sin que esta catástrofe humana pareciese preocupar a escala internacional.

El 14 de mayo de 2001 la administración provisional de las Naciones Unidas estableció un marco constitucional provisional para Kosovo, por el que se creaba un Parlamento de 120 escaños, de los que 10 estaban reservados a los serbios y otros 10 a las restantes minorías. La asamblea elegiría a un presidente que nombraría a un primer ministro, con atribuciones limitadas, ya que la autoridad ejecutiva seguía en manos del administrador designado por la ONU, que tenía incluso la facultad de disolver el Parlamento.

Quedaba sin embargo el problema de decidir si, en estas condiciones, el territorio podía seguir como una provincia de Serbia o había que ir a su independencia. La cuestión pasó en julio de 2007 a la comisión integrada por representantes de la Unión Europea, los Estados Unidos y Rusia, pero como la oposición de Rusia hacía imposible que la ONU reconociese la independencia, la solución adoptada fue la de dejar que los kosovares accediesen unilateralmente a ella, como sucedió el 17 de febrero de 2008, cuando proclamaron «una república democrática, laica y multiétnica», lo que no impidió que los serbios fuesen perseguidos ahora como lo eran anteriormente los albaneses.

Esta independencia, sumada a la separación de la república de Montenegro, que se había producido en 2006, significaba el fin de la existencia del estado de Yugoslavia.

LA INVENCIÓN DE LA «GUERRA CONTRA EL TERROR»

El fin de la cruzada antisoviética, que dio lugar a que se difundiese la opinión de que no iba a haber ya más guerras, obligaba a buscar una nueva amenaza colectiva para consolidar la unidad de «Occidente» alrededor del liderazgo norteamericano. De las diversas opciones posibles pronto se pudo ver que la de más fácil desarrollo era la que situaba como al próximo enemigo de «la civilización» al fundamentalismo islámico. Esta demonización venía favorecida por la propaganda desarrollada por los medios favorables a Israel, con portavoces como el historiador Bernard Lewis, aunque su consagración fue obra de Samuel Huntington, que publicó en 1993 un artículo en Foreign Affairs con el título de «The Clash of Civilizations?», en que ponía en circulación «un nuevo paradigma del mundo después de la guerra fría» basado en la idea de que los conflictos mundiales no se definirían a partir de ahora por razones ideológicas, como en el pasado, sino que «el choque de civilizaciones dominará la política global». Pese a lo ridículo de su esquema de las siete, u ocho, civilizaciones mundiales (occidental, confuciana, japonesa, islámica, hindú, eslavo-ortodoxa, latinoamericana y «probablemente» africana) y de su propuesta de que la próxima amenaza global vendría de la «alianza islámico-confuciana», los medios intelectuales de la derecha utilizaron esta tesis para sus fines.

Hasta los años ochenta la denominación de terrorista se aplicaba sobre todo a grupos que empleaban métodos violentos para combatir por causas nacionalistas o sociales. En el Oriente Próximo el terrorismo político lo iniciaron los judíos en los años que precedieron a la independencia de Israel, y lo recuperaron los palestinos a partir de la primera intifada, en 1987.

La aparición de una violencia de signo religioso es un fenómeno distinto, que solo puede entenderse plenamente dentro del conjunto de razones que explican la frustración de los pueblos islámicos, donde el fracaso del nacionalismo republicano dio paso a nuevos planteamientos basados en el retorno a los valores islámicos.[286] Como ha dicho Eugene Rogan, quienes en Occidente ven el terrorismo islámico como una amenaza contra su seguridad y su forma de vida, «no entienden que son muchos los que en los mundos árabe e islámico piensan que la mayor amenaza contra su seguridad y su forma de vida proviene de Occidente». Un hombre con experiencia en la guerra de Irak, el teniente coronel Barry Wingard, definía el terrorismo como el fruto de una experiencia de «apatía, pobreza, marginación e incomprensión», usado para defender sus ideales por grupos «que carecen de la fuerza necesaria para rebelarse abiertamente».

La expresión en lenguaje religioso de este malestar tuvo uno de sus orígenes en la pugna entre la Hermandad Musulmana (al-Ikhwan), fundada en 1928 para luchar contra la influencia occidental, que, tras la caída de la monarquía en Egipto, pretendió instaurar una república islámica regida por la sharia, enfrentándose a los «oficiales libres» del ejército que querían desarrollar un proyecto nacionalista laico. Tras sufrir persecución por parte de Nasser, a quien habían pretendido asesinar, los presos de la Hermandad comenzaron a ser liberados desde 1971, con Anwar al Sadat en el poder, aunque la entidad permaneció desde entonces en una extraña situación, ilegal pero tolerada, perseguida en ocasiones, sin que se le permitiera participar abiertamente en la vida política, obligada a presentarse a unas elecciones estrictamente controladas por el gobierno egipcio bajo el nombre de otro partido o presentando candidatos independientes. Las ideas de Sayyid Qutb, ejecutado por Nasser en 1966, acerca de la quiebra del modelo social de Occidente, el rechazo del nacionalismo árabe laico y la necesidad de «restaurar la comunidad musulmana en su forma original», se extendieron entre tanto por el mundo árabe y sirvieron de inspiración para las jóvenes generaciones.

Las protestas fueron obra de una nueva juventud urbana, fruto del rápido desarrollo demográfico de estos años y del éxodo rural, que había tenido acceso a la educación y reaccionaba contra la incompetencia de los nuevos gobiernos nacionalistas y contra su fracaso en la tarea de proporcionarles trabajo y un mejor nivel de vida. Tal sería por ejemplo el caso de Argelia, donde el malestar engendrado por la corrupción del gobierno y por la crisis económica desembocó en las revueltas urbanas que se iniciaron en Argel el 5 de octubre de 1988, conocidas como «el octubre negro», con una respuesta represiva del ejército que dio lugar a que las mezquitas se convirtieran en el único lugar en que podía expresarse una política de disidencia y a que el enfrentamiento a la política gubernamental adoptase un lenguaje islamista.

El resultado fueron los conflictos civiles que entre 1992 y 2001 arrojaron un balance de 150 000 muertos, en lo que era una guerra civil, que el gobierno legitimaba con la amenaza del islamismo, pero que se alimentaba en realidad del malestar por la corrupción de un ejército que no ofrecía a los marginados por el fracaso de la modernización otra respuesta política que la de la represión. «El problema de nuestro país, afirma Habib Souaidia, no es la religión, ni es el islam. Es la injusticia.»

De un modo semejante podría interpretarse la revolución iraní de 1979, de la que hemos hablado anteriormente, donde el islamismo consiguió recoger el malestar popular en la lucha contra el régimen corrupto del Shah. Solo que en este caso la revolución resultó triunfante y pudo establecer una nueva forma de gobierno, una «república islámica» con una Constitución aprobada por votación popular en que los principios democráticos modernos se asociaban a planteamientos islámicos.

Fracasaron los intentos de imponer el islamismo por la fuerza en Egipto, donde Sadat murió en 1981 como consecuencia de un atentado, o en Siria, donde la revuelta de 1980-1982 contra Hafez al-Assad fue aplastada a sangre y fuego, y la Hermandad evolucionó hacia un nuevo concepto de jihad, que se planteaba ahora a escala internacional, dirigida contra Israel, la Unión Soviética, los Estados Unidos y, en términos generales, contra el imperialismo occidental, entendido en términos de una cruzada contra el islam. La guerra de Afganistán contra los soviéticos, primero, y contra los Estados Unidos, después, favoreció la cristalización de esta nueva estrategia.

Las ideas de la Hermandad llegaron a Arabia Saudí llevadas por quienes huían de la persecución a que estaban sometidos en Egipto, comenzando por el hermano de Sayyid Qutb, Muhammad, y fue en sus universidades donde las difundieron extremistas religiosos como el palestino Abdullah Azzam. De este medio surgió Ayman al-Zawahiri, que marchó a prestar ayuda a los mujahidines de Afganistán, donde las ideas de Qutb fueron difundidas por jóvenes profesores educados en la universidad al-Azhar de El Cairo.

Afganistán fue escuela y foco central de un terrorismo islámico a escala mundial, gracias a los campamentos para la formación de terroristas financiados por los Estados Unidos y asesorados por los pakistaníes y por la CIA. Los voluntarios que habían colaborado en la victoria de la jihad contra los soviéticos regresaron a sus países de origen eufóricos, con el propósito de proseguir en ellos la lucha por el islam. Los afgano-árabes participaron en luchas islámicas en Bosnia, en Filipinas, en Kosovo, en Cachemira o en Argelia, colaboraron con los grupos radicales egipcios que atentaban contra los cristianos coptos y contra los turistas, militaron en Palestina en las filas de Hamas y en el Líbano en las de Hezbollah, y agravaron la lucha de los musulmanes uigur contra los chinos en Xinjiang.[287]

Osama bin Laden, nacido en Riad en 1957, era el decimoséptimo hijo, entre cincuenta y dos (o cincuenta y cuatro, según otra estimación) hermanos, de un trabajador yemení analfabeto que emigró a Arabia Saudí hacia 1930 y se convirtió allí en un constructor que hizo una enorme fortuna en negocios realizados en asociación con la familia real. Murió en un accidente de aviación en 1967, y sus hijos mayores, que heredaron su fortuna y sus responsabilidades familiares, participaron después en negocios de alcance internacional, como los que los asociaron a la familia Bush en el terreno de la industria de la defensa, a través del grupo Carlyle, hasta el mismo 11 de septiembre: mejor dicho, hasta que después del 11 de septiembre pareció comprometedor que los bin Laden apareciesen públicamente en negocios de defensa norteamericanos (el propio George W. Bush pudo salvar en 1987 una de sus desastrosas experiencias en el campo de los negocios, Herken Energy, gracias a una aportación de dinero saudí).

Osama tuvo una educación islámica, antes de recibir una formación de estilo británico en una escuela privada de Jeddah y seguir en la Universidad Rey Abdulaziz unos estudios de economía y administración de empresas que no concluyó, a la vez que trabajaba personalmente en las empresas de construcción de su padre. Marchó a Pakistán por primera vez en 1979, al comienzo de la guerra de los talibanes afganos contra los soviéticos, donde hizo amistad con Azzam, que sostenía que la decadencia del islamismo se debía al abandono de la jihad. En colaboración con Azzam fundó en 1984 una organización de ayuda a los voluntarios islámicos que acudían a Afganistán, financiada con dinero recaudado en la Arabia Saudí.

Poco después, Osama decidió pasar personalmente a Afganistán, mientras seguía aún la lucha contra los soviéticos, donde realizó trabajos de ingeniería, construyendo campamentos de entrenamiento, túneles o equipamientos como la base de Tora Bora, en que más adelante se iba a refugiar, empleando maquinaria pesada traída de Arabia Saudí, que él mismo manejaba bajo el fuego enemigo.

En 1988 fundó, a partir de una base de datos de voluntarios islámicos en el mundo entero, al-Qaeda al-Askariya («la base militar»), una organización internacional descentralizada y de organización muy laxa (muchos han llegado a dudar incluso de que exista realmente) que tenía por objetivo la lucha por el islam, dentro de un proyecto global de establecer un califato mundial.

Regresó a Arabia Saudí en 1989, donde volvió a implicarse en los negocios de construcción familiares, pero se distanció de los gobernantes saudíes cuando estos rechazaron su oferta de combatir contra los iraquíes que habían invadido Kuwait con militantes islamistas que habían luchado en Afganistán, y prefirieron recurrir al auxilio de los Estados Unidos, a los que consideraba como un enemigo del islam. A partir de este momento enfocó la lucha contra los estados árabes impíos y contra su protector, los Estados Unidos, quienes, con el estacionamiento de tropas en territorio saudí, durante y después de la guerra del Golfo, profanaban la tierra de las dos ciudades santas. Así se fue preparando el proyecto de una gran jihad que contaba como sus primeras victorias las obtenidas en Afganistán, Somalia y Chechenia.

Marchó de nuevo a Pakistán, decidido a no regresar a Arabia Saudí, y de 1992 a 1996 se instaló en Sudán, donde ayudó a Turabi en la tarea de consolidar un estado islámico, hasta que la presión norteamericana condujo a que el presidente al-Bashir y el propio Turabi, que no tuvo escrúpulo en traicionarle una vez había sacado provecho económico de él, le obligaron a abandonar el país en mayo de 1996, con grave quebranto de los negocios que había iniciado allí, invirtiendo más de 100 millones de dólares de su fortuna personal. Como el gobierno de Arabia Saudí le había revocado la ciudadanía en 1994 —a lo que siguió el repudio formal por parte de sus hermanos, a quienes no convenía que los relacionaran con él mientras hacían negocios en los Estados Unidos—, se instaló de nuevo en Afganistán, cerca de Jalalabad, acogido por aquellos con quienes había combatido contra los soviéticos, y al año siguiente, a invitación de Mullah Omar, se trasladó a Kandahar, donde los talibanes podían protegerle mejor de los intentos de asesinato organizados por los servicios secretos saudíes.

El 23 de agosto de 1996 hizo pública una declaración de «guerra contra los norteamericanos que ocupan la tierra de los dos lugares santos» (la Meca y Medina), y en 1998, en colaboración con el egipcio Ayman al-Zawahiri, hizo pública una nueva fatua que proclamaba el deber de todo musulmán de luchar «contra los cruzados y los judíos» y anunciaba la creación de un Frente Islámico Mundial dedicado a esta misión.

Aunque ya había habido un primer ataque a los Estados Unidos con el atentado al World Trade Center de Nueva York en febrero de 1993 (organizado por Ramzi Youssef, que procedía de los campamentos de formación de terroristas de Afganistán), fue después de las explosiones en las embajadas norteamericanas en Nairobi y Dar es-Salaam, el 7 de agosto de 1998, que causaron 224 muertos y más de 4500 heridos, cuando los norteamericanos empezaron a perseguir el terrorismo islámico y a su viejo aliado Osama bin Laden.

La respuesta inmediata de Clinton, que por estos días estaba en plena crisis por su «asunto» con Monica Lewinsky, fue la de disparar, el 29 de agosto de 1998, desde embarcaciones americanas en el mar de Arabia, una serie de misiles Tomahawk (las estimaciones van de 75 a 88), que costaban 750 000 dólares cada uno, contra una fábrica de productos farmacéuticos de Jartum, que creyeron equivocadamente que producía armas químicas para Irak (aunque la evidencia que tenían era muy débil), y contra cuatro de los campos de entrenamiento de Osama bin Laden en Afganistán, donde mataron a veintiún pakistaníes, pero no a Osama, que estaba ausente.

Los talibanes les decían a los norteamericanos que bin Laden escapaba de sus intentos de capturarlo, mientras Mullah Omar, a quien su protección del perseguido daba un extraordinario prestigio en el mundo islámico, se negaba a aceptar las peticiones de los saudíes para que se lo entregasen, lo que dio lugar a que terminasen a partir de este momento sus ayudas económicas. A los pakistaníes, por otra parte, les convenía que siguiera vivo, puesto que les garantizaba la continuidad de las subvenciones que recibían de Washington. Pese a seguir su rastro día a día, los servicios secretos estadounidenses no encontraban ocasión de matarlo sin provocar una carnicería de civiles, por más que Clinton reclamase a una desacreditada CIA que hiciese algo para liquidarlo.

El siguiente ataque de al-Qaeda se produjo el 12 de octubre de 2000, con la explosión que mató a 17 marinos del destructor norteamericano Cole en el puerto de Adén. Mientras tanto un tío de Ramzi Youssef, Khalid Sheik Muhammed, entraba en contacto con bin Laden para preparar la operación que iba a acabar la tarea de demolición del World Trade Center en que su sobrino había fallado por poco.

CLINTON Y LA CUESTIÓN DE PALESTINA

La primera y la última de las actuaciones en el terreno de la política internacional de Clinton, de quien Avi Shlaim afirma que fue «el más proisraelí de los presidentes norteamericanos hasta la subida de George W. Bush al poder», estuvieron encaminadas al tema de la paz en el Oriente Próximo, y más en concreto al de la guerra latente en Palestina, donde en diciembre de 1987, tras veinte años de ocupación y de violación sistemática por Israel de los derechos humanos, estalló la Intifada,[288] que comenzó con la llamada «revuelta de las piedras», en lo que iba a significar el inicio de nuevas formas de resistencia palestina.

Fue entonces, en 1987, cuando en la franja de Gaza, que era el escenario principal de la intifada, grupos islamistas inspirados por Ahmed Yassin —un hombre tetrapléjico y casi ciego al que los israelíes asesinarían en 2004— crearon el movimiento de resistencia islámica Hamas, que no solo actuaba con independencia de la OLP, cuyo laicismo criticaba, sino que propugnaba una nueva doctrina de resistencia basada en la negativa a aceptar la existencia de Israel y en la reivindicación de la totalidad del territorio. La OLP, por el contrario, expondría por boca de Yasser Arafat en la reunión del Consejo Nacional Palestino, celebrada en noviembre de 1988 en Argel, una propuesta que aceptaba la partición de 1947 y las resoluciones 242 y 338 de las Naciones Unidas, publicadas tras los conflictos de 1967 y de 1973, y reivindicaba la creación de un estado palestino que viviría en una coexistencia pacífica con Israel. Una actitud que le ganó a la OLP un amplio reconocimiento internacional, pero que no encontró respuesta alguna por parte de los israelíes.

G.H.W. Bush había abierto una nueva etapa de negociaciones en la conferencia de Madrid, iniciada el 30 de octubre de 1991; pero este primer intento acabó en el estancamiento, sobre todo después de la deportación por orden de Rabin de 416 miembros de Hamas, que fueron abandonados en diciembre de 1992 en tierra de nadie, entre Israel y el Líbano, como represalia por la muerte de un guardia de fronteras israelí. La situación se desbloqueó con el inicio de unas negociaciones secretas que mantuvieron en Noruega los israelíes con representantes de la OLP, dirigidos por Arafat desde su exilio en Túnez (una OLP arruinada, al haber perdido el apoyo financiero de Arabia Saudí y de Kuwait, como consecuencia de su error al apoyar a Saddam en la guerra del Golfo).

Los acuerdos alcanzados en Oslo, tras meses de negociaciones, se firmaron solemnemente en Washington el 13 de septiembre de 1993[289] y se completaron con un acuerdo de mayo de 1994 en El Cairo (lo que les valió a Arafat, Peres y Rabin un controvertido premio Nobel de la Paz). Por estos acuerdos Israel reconocía como representante de los palestinos a la OLP y esta, a su vez, reconocía al estado de Israel y se comprometía a poner fin a la «intifada» y a cualquier otra actuación terrorista.

Era el primer paso en lo que pretendía ser un camino hacia el establecimiento de un autogobierno que comenzaría en Gaza y en algunos territorios de la orilla occidental, reducidos inicialmente al área en torno a Jericó, que Israel cedería a una «Autoridad palestina interina», sin que las facultades de esta se extendiesen en modo alguno a los establecimientos judíos en este territorio, que a comienzos de 2000 llegaron a tener una población de 400 000 colonos, ni existiese un compromiso de limitar el crecimiento de estos asentamientos. Como ha dicho Ilan Pappé, el proceso de Oslo significaba poco más que el ofrecimiento a los palestinos de los términos de una rendición, y no «un intento genuino de reconciliarse y vivir unidos en paz en una tierra disputada».

Un nuevo acuerdo firmado el 28 de septiembre de 1995 (Oslo 2) determinaba que el territorio de la orilla occidental quedaría dividido en tres zonas: la A, en que los palestinos tendrían plena autoridad, se limitaba al territorio en torno a unas pocas ciudades; en la zona B, que abarcaba los pueblos, campos de refugiados y aldeas, los palestinos tendrían la autoridad en los municipios, pero el ejército israelí podría actuar en ella con libertad. La zona C, finalmente, que quedaba bajo entero control israelí, abarcaba el 72 por ciento de la superficie y comprendía las mejores tierras de cultivo, la ribera oeste del río y las colonias judías. Por otra parte, el territorio de las zonas A y B, bajo control total o parcial palestino, no tenía continuidad, sino que estaba formado por núcleos aislados, rodeados por enclaves israelíes con presencia del ejército, y las comunicaciones entre los diversos núcleos quedaban sujetas a limitaciones y controles israelíes.

La resistencia por parte de los extremistas judíos a estas limitadas concesiones, manifestada en actos como la masacre de palestinos que rezaban en la «Cueva de los patriarcas» de Hebrón, culminó en el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin, el 4 de noviembre de 1995, por obra de un fanático que creía que «se proponía dar nuestro país a los árabes». Las dificultades que iba a haber en el camino de la paz eran evidentes; las elecciones israelíes de 1996, fuertemente influidas por un atentado suicida palestino en un autobús, que causó la muerte de 18 israelíes, y por la campaña de violencia que siguió a este acontecimiento, dieron la victoria a Netanyahu y al Likud, lo que implicaba un giro hacia la derecha y hacia una política más intransigente, que incluiría el asesinato de miembros de Hamas por el Mossad, el servicio secreto israelí, y otros actos de provocación. Mientras tanto Arafat, que había ganado las primeras elecciones palestinas, celebradas en enero de 1996, ejercía su escaso poder real de presidente y primer ministro con autoritarismo y en medio de la corrupción de su partido, Fatah.

Netanyahu quiso aprovechar las dificultades que le creaba a Clinton el caso Monica Lewinsky para paralizar la continuación del proceso de paz planeado en Oslo. Pero el presidente norteamericano, que necesitaba obtener resultados para apuntárselos, les convocó a él y a Arafat a una reunión en Wye River Plantation, en octubre de 1998, lo cual contribuyó a que Netanyahu perdiera las elecciones de mayo de 1999, que devolvieron el poder al laborismo, con Ehud Barak a su frente.

El 11 de julio de 2000 Clinton, que había fracasado en sus intentos por lograr un tratado de paz entre Israel y Siria, reunió en Camp David a Barak y a Arafat, intentando forzar un nuevo acuerdo, lleno de limitaciones: los enclaves judíos en Cisjordania, que ocupaban el 40 por ciento del territorio, pasarían a ser territorio israelí; en Jerusalén se concedería a los palestinos unos suburbios al este, lo que dejaba al margen el monte del Templo, en que se halla la mezquita de al-Aqsa; Israel controlaría las fronteras del territorio palestino para vigilar la «infiltración» de refugiados que pretendieran regresar. Pese a las presiones de Clinton, Arafat se negó a aceptar tantas imposiciones y la reunión acabó el 25 de julio con una conferencia de prensa en que Clinton presentó una visión falseada de las «concesiones» israelíes, con la pretensión de mostrar a los palestinos como culpables de rechazar la paz.

A las dificultades de la negociación se unieron, en septiembre, las provocaciones de Ariel Sharon, que aprovechó la oportunidad para denunciar a Barak como alguien dispuesto a compartir Jerusalén con los palestinos. Con este fin organizó el 28 de septiembre de 2000 una provocación en la explanada del Templo, al subir al monte con una escolta de centenares de policías que actuaron violentamente contra los palestinos que protestaban, y maltrataron y humillaron al clérigo musulmán que estaba al frente de la mezquita de al-Aqsa. El resultado de esta provocación fue el inicio de la segunda intifada, mucho más violenta que la primera.

Clinton no renunció, sin embargo, a un último intento de forzar un acuerdo de paz a fines de diciembre y comienzos de enero,[290] en los últimos días de su mandato, en una reunión con Arafat en Washington, donde, con el apoyo de saudíes y egipcios, trató de forzar al líder palestino a que aceptase las escasas y confusas concesiones israelíes. No hubo posibilidad, sin embargo, de encontrar términos aceptables para Barak y para Arafat y la reunión de Camp David que debía haber sellado el acuerdo no llegó a celebrarse.

Con este último intento de negociar la paz en Palestina concluyó la actividad política de Clinton, de quien Anthony Lake, que fue su consejero nacional de Seguridad de 1993 a 1997, opina que quiso intervenir en todo lo que se le presentaba, dispersándose en las más diversas direcciones, en lugar de elegir unos objetivos prioritarios, lo que dio lugar a que su presidencia no pueda ser recordada por ninguna conquista o avance concretos. A algunos conseguiría convencerlos, a partir de su retórica, de que había sido un gobernante progresista, pero Lawrence O’Donnell, aparte de observar que durante seis de sus ocho años de gestión fue en realidad Gingrich quien determinó la política del gobierno, concluye que Clinton era más reaccionario que Ronald Reagan. En todo caso, su actuación política no debería valorarse sin tomar en cuenta la herencia que legó a su sucesor, el republicano G.W.Bush, que recibió de Clinton los fundamentos de la «guerra contra el terror» y una situación económica cuya aparente euforia ocultaba las semillas de un próximo desastre.

En cuanto a los palestinos, su situación iba a empeorar todavía con el inicio de la presidencia de G.W. Bush. Aunque al nuevo presidente no le importaba en absoluto la cuestión de Palestina, estaba decidido a dar pleno apoyo a los israelíes, en momentos en que, en marzo de 2001, la derecha intransigente ganaba las elecciones en Israel. Ariel Sharon, el nuevo jefe del gobierno, asedió con sus tanques a Arafat en su residencia de Ramallah, proclamó en diciembre de 2001 que Oslo había sido un error histórico que no iba a proseguir, y comenzó la destrucción sistemática de lo poco que había llegado a crearse de la Autoridad palestina. Respecto del propio Arafat lo que los israelíes debatían era si había que expulsarlo o que matarlo, una «opción» que Ehud Olmert consideraba legítima y que el Jerusalem Post propuso abiertamente, sin recibir más que un tibio rechazo por parte del secretario de Estado norteamericano Colin Powell. Arafat murió el 11 de noviembre de 2004 en un hospital de París por causas no aclaradas, tal vez envenenado por los israelíes.

LA NUEVA RUSIA

Tras la disolución de la Unión Soviética, lo primero a que atendieron los nuevos gobernantes de Rusia, a quienes el poder les había caído en las manos inesperadamente, sin que tuvieran planes concretos para actuar, fue conseguir que la situación resultase irreversible. Para lo cual nada mejor que cambiar la base misma de la sociedad, procediendo a una privatización de los activos públicos con el fin de crear una clase de propietarios interesada en la continuidad del nuevo régimen. Todo lo demás, y en especial lo que podía garantizar la democratización del estado, les parecía secundario.

Yeltsin nombró viceprimer ministro, con capacidad para formar un gobierno y presidirlo, a Gennady Búrbulis, que había sido profesor de marxismo y de comunismo científico, y eligió a Yegor Gaidar, un economista de treinta y cinco años de edad, sin experiencia ni en la industria ni en la administración, pero que le cautivó por la claridad con que exponía sus ideas simplistas acerca de los cambios que había que introducir, para encargarle la dirección de la gran reforma que había anunciado el 28 de octubre de 1991. Para iniciarla pidió y obtuvo del Congreso del Pueblo una autorización para hacer las reformas por decreto durante un período de doce meses: durante este período podía publicar decretos contrarios a las leyes existentes, reorganizar el gobierno sin dar cuenta al Parlamento y hacer nombramientos en la administración provincial.

Gaidar convenció a Yeltsin para que emprendiera una rápida implantación del nuevo orden neoliberal con la llamada «terapia de choque». De acuerdo con los consejos de los expertos del Fondo Monetario Internacional y de los de otras instituciones norteamericanas, Gaidar pretendía hacer la transición en un año, comenzando por algo tan fundamental como la liberalización de los precios que, según le dijo a Yeltsin, no iba a producir más allá de un aumento de estos por un factor de tres, como máximo de cuatro.

El 2 de enero de 1992 se liberalizaron los precios de la mayor parte de los artículos, en unas condiciones —un sistema financiero inestable y un déficit considerable— que parecían inadecuadas para una medida semejante: era, dirá Gaidar, como «cerrar los ojos con fuerza y saltar hacia lo desconocido». El 29 de enero se decretaba la libertad de comercio y el país entero se convertía en un bazar en que unos ciudadanos súbitamente empobrecidos trataban de vender sus pertenencias. Contra sus previsiones, los precios se desbocaron, y la inflación alcanzó el 2520 por ciento en 1992, lo que implicaba la destrucción de los ahorros de 118 millones de ciudadanos rusos que tenían cuentas en el Sberbank, el banco nacional de ahorros. El dólar, que valía 6 rublos en 1990, llegó a cotizarse a 500 en enero de 1993. Todo ello se producía, además, en medio de la corrupción general de los dirigentes.

Cayó la producción (en 1998 había retrocedido globalmente en un 44 por ciento respecto de la de 1992; la industrial lo hizo en un 52 por ciento), se registraron las peores cosechas de cereales de los últimos treinta años y aumentó el déficit. Y aunque para atender a estos incrementos hubo que apresurarse a imprimir billetes hasta de 500 000 rublos, faltó el dinero, de modo que hubo empresas que tuvieron que pagar los salarios en especie, con vajillas, vodka o neveras. En el otoño de 1992 el gobierno se vio obligado a cortar la inversión en los servicios sociales, y el ejército y la marina quedaron abandonados. El estado de la agricultura era caótico; las cosechas de girasol, por ejemplo, estaban sin recoger, mientras el gobierno se veía obligado a importar aceite de girasol del extranjero. Pese a la disminución de la producción, las exportaciones de materias primas aumentaron enormemente, beneficiando a unos intermediarios que compraban a los precios internos del mercado ruso y los vendían a los del mercado mundial (lo que en el caso del petróleo, por ejemplo, podía significar multiplicar el precio de compra por más de 100), y que dejaban sus beneficios en cuentas bancarias extranjeras.

Faltaba todavía, sin embargo, la más importante de las medidas de liberalización, la privatización de la economía estatal, que iba a realizarse con Gaidar actuando como jefe de gobierno, después de que Yeltsin se hubiese desembarazado de Búrbulis en junio de 1992.

«La mayor transformación de las relaciones de propiedad de la historia mundial» se inició de acuerdo con los planes diseñados por Gaidar y por Anatoly Chubais. Se trataba de conseguir que en dos o tres años la mayor parte de la propiedad acumulada en manos del estado fuese vendida o traspasada a los ciudadanos, con la esperanza de que así surgiría una nueva clase de propietarios y empresarios que llevarían a cabo la transición a una economía capitalista de mercado (Yeltsin la anunció diciendo: «necesitamos millones de propietarios y no un puñado de millonarios»).

Se calculó el valor de todos los activos estatales, fuesen fábricas o aeropuertos, a los precios que había costado su construcción, y la suma total estimada, que era de 1260 billones de rublos, se dividió por el número de habitantes de Rusia (148,7 millones), lo que daba un resultado de 8467 rublos para cada uno, cifra que se redondeó a 10 000. De acuerdo con este cálculo se dio a cada ciudadano un vale por un valor nominal de 10 000 rublos con el que podía participar en la liquidación de las empresas estatales medianas o grandes (exceptuando las militares y las extractivas) que iban a convertirse en sociedades anónimas: un vale que solo servía para invertir en la privatización, comprando acciones de las nuevas sociedades.

La utilidad inmediata de los vales era discutible, ya que no todas las buenas empresas estaban incluidas en esta forma de privatización, y que las que ya habían sido privatizadas previamente no estaban obligadas a seguir vendiendo sus acciones de este modo. Por otra parte, quienes habían invertido en la compra de acciones no obtenían beneficio alguno de su condición de supuestos propietarios, puesto que las empresas no pagaban dividendos. La inflación galopante redujo enseguida el valor real de los vales, de modo que, en una situación de pobreza generalizada, muchos revendieron su vale, que no estaba personalizado, por 3 o 4 mil rublos en efectivo, lo que, dada la inflación, podía representar en 1993 un valor de poco más de 30 o 40 rublos de 1991, la época en que se habían basado los cálculos en que se fundaba todo el proceso de privatización. La mayoría de los vales fueron a parar a unos 650 «fondos de inversión», los más de los cuales no pagaron nunca dividendos y acabaron quebrando.

En algunos casos se dio a los colectivos de obreros una participación minoritaria en el capital de las empresas, pero muchos de los beneficiarios no tuvieron más remedio que malvender sus participaciones, cuando los nuevos dueños dejaron de pagar los sueldos y comenzaron a despedir trabajadores. En otros casos en que se les dio a los trabajadores una mayoría del capital, un 51 por ciento, el resultado fue dificultar la gestión de las empresas en algunas cuestiones, como la mejora de la productividad, si esta había de implicar que se despidiera a una parte de los trabajadores-propietarios.

De las cerca de 90 000 empresas que se privatizaron hasta fines de diciembre de 1993 tan solo el 14 por ciento se adjudicaron por medios accesibles al público; la mayoría lo fueron bajo mano, en negociaciones marcadas por el signo de la corrupción. Como las empresas se habían valorado a precios anteriores al desencadenamiento de la inflación, las estimaciones resultaban ahora ridículas, de modo que hacían posible que los beneficiarios del expolio adquiriesen edificios y activos a precios muy bajos. La mayor industria de Rusia, Uralmash, que había empleado en su tiempo a más de 100 000 trabajadores, pasó al control de un hombre de negocios moscovita a cambio de vales por un valor en rublos que equivalía entonces a dos millones de dólares; su comprador, que reconoció haberla adquirido por una milésima parte de su valor real, no pretendía gestionarla, sino revenderla a un precio muy superior. En muchos casos esta transferencia a unos propietarios que no disponían del capital necesario para modernizar la fábrica, muy superior al que habían pagado por su propiedad, no significó mejora alguna en su funcionamiento, lo que llevó a los nuevos propietarios a pedir créditos al estado, con la amenaza, en caso de no recibirlos, de cerrar y echar a la calle a miles de trabajadores.

Mientras tanto se producía una gigantesca fuga de capitales, que a lo largo de todo el período de la gestión de Yeltsin se estima que fue de mil a dos mil millones de dólares al mes. La orgía del robo de la propiedad estatal y el colapso del orden constitucional minaron todo respeto por la ley: el crimen aumentó en proporciones catastróficas y la actividad empresarial se movía con normas mafiosas, dejando además campo abierto a todo tipo de fraudes, como el de la pirámide MMM, que captó billones de rublos de inversores privados con la promesa de dividendos del mil por ciento.

Este sistema corrupto, que favoreció los intereses de los llamados «oligarcas», en especial de los «siete grandes», permitiéndoles adueñarse de las empresas estatales más valiosas a precios muy inferiores a su valor, creó fortunas fabulosas que reforzaban la capacidad de estos nuevos potentados para influir en el poder, obteniendo de él toda clase de favores adicionales.

En octubre de 1992, cuando estaban a punto de expirar los poderes extraordinarios que el Congreso le había concedido para realizar la reforma económica, Yeltsin pidió que se le prorrogaran hasta la primavera de 1993. El Congreso se lo negó, rechazó también la reelección de Gaidar como primer ministro, y le impuso el nombramiento de Viktor Chernomyrdin, que se distinguía, entre otros rasgos, por su escaso dominio de la lengua rusa. El desastre económico parecía comenzar a remediarse, con la inflación contenida y una nueva etapa de privatización de las propiedades estatales, vendidas ahora en operaciones de «crédito por acciones», que implicaron que las empresas se cedieran a precios muy bajos a quienes habían prestado al gobierno unas sumas que este se veía incapaz de devolver.

Con las privatizaciones se enriquecieron hombres como Mijail Jodorkovski, un químico del Instituto Mendeleiev, que compró el 78 por ciento de las acciones de la petrolera Yukos por un precio irrisorio (350 millones de dólares); había empezado a negociar con dinero del estado depositado en su banco, Menatep, pero el asalto a la petrolera se produjo como consecuencia de una de las operaciones de «crédito por acciones».[291] Por métodos semejantes Boris Berezonvsky, un matemático, miembro de la Academia de Ciencias, y Roman Abramovich compraron por 100 millones de dólares la mitad de la petrolera Sibneft (cuando Abramovich vendió sus acciones, diez años más tarde, obtuvo 9000 millones por su parte). Berezonvsky se enriqueció también con la industria del automóvil y con la televisión, y controlaba además la compañía de aviación Aeroflot, asociado en este caso a la familia Yeltsin, a la que asesoraba en sus negocios turbios.

A comienzo de 1993 Yeltsin intentaba resolver su enfrentamiento a las instituciones, que habían impuesto un freno a su política de choque, tratando de que se aprobara una «regla administrativa especial» que le permitiría imponerse a las cámaras, que no podrían oponerse a sus decretos; pero estas le replicaron amenazando con destituirlo. El conflicto se saldó a fines de abril de 1993 con un referéndum en que se pedía a los votantes que manifestasen su confianza en el presidente y aprobasen su política o, en caso contrario, optaran por elecciones anticipadas. El resultado fue favorable a Yeltsin, quien, legitimado por este resultado, disolvió el 21 de septiembre el Soviet y el Congreso del Pueblo, anunciando que en diciembre presentaría el borrador de una nueva Constitución y que, entre tanto, el presidente y su gabinete gobernarían por decreto.

Los diputados trataron de resistir. Acusaron a Yeltsin de intentar un golpe de estado y le destituyeron, mientras se atrincheraban en la Casa Blanca; esta vez, sin embargo, no consiguieron suficiente apoyo popular. El edificio fue cercado y aislado, mientras se sucedían inútiles intentos de negociación y los partidarios del Congreso trataban en vano de apoderarse de la televisión, a costa de ser reprimidos a sangre y fuego. El juego duró hasta el 4 de octubre, cuando Yeltsin, que se estaba recuperando de una de sus habituales borracheras, ordenó que los tanques bombardearan la Casa Blanca y acabó con la resistencia, a costa de varios centenares de muertos. Esto sucedía mientras los ministros de finanzas del G-7 elogiaban al presidente ruso y expresaban la esperanza de que siguiera por la vía de esta clase de «reformas del mercado».

Se convocaron nuevas elecciones para la Duma el 12 de diciembre de 1993, de acuerdo con nuevas reglas, y los mejores resultados fueron para el partido del ultranacionalista Zhirinovski, seguido por el «partido del gobierno» y, en tercer lugar, por el Partido Comunista de la federación rusa de Zyuganov, reconstruido a comienzos de 1993. Al propio tiempo que se elegía a los diputados se votaba un referéndum acerca de la nueva Constitución, en que se fijaba una estructura con dos cámaras: la alta, Consejo de la Federación, estaba integrada por representantes locales de las diversas repúblicas y territorios; la cámara baja o Duma, que recuperaba el nombre de la vieja cámara del zarismo, era en cambio elegida. El presidente de la república era jefe del estado y comandante supremo de las fuerzas armadas, designaba al jefe del gobierno, que debía ser refrendado por la cámara baja o Duma, y podía disolver el gobierno tantas veces como se le antojara. Se dijo que el proyecto lo habían aprobado el 58 por ciento de los votantes, pero hubo sospechas de que se habían falseado los datos.

La «tercera república» que se instalaba ahora, tras haber liquidado el sistema de la segunda, que había llevado a Yeltsin al poder, era una «república monárquica». El gobierno no dependía del apoyo del Parlamento, sino que era designado por el presidente y no tenía por qué preocuparse por la cámara. De ahí que no importase que las elecciones de diciembre hubiesen favorecido a fuerzas hostiles a Yeltsin. Lo que estos partidos de la oposición pudieran hacer o decir no importaba, en términos del mantenimiento del poder, puesto que la nueva Constitución determinaba que si el Parlamento emitía un voto de censura al gobierno, no pasaba nada; si en el curso de dos semanas se repetía el voto negativo, tampoco pasaba nada; pero si había un tercer voto de censura, se disolvía el Parlamento y el gobierno seguía en funciones, en espera de nuevas elecciones. El presidente se podía permitir así el lujo de chantajear al Parlamento con la amenaza de disolverlo, y conseguía con ello que le criticasen en sus discursos pero que le dejasen hacer, sin interferir con unos votos en contra que podían mandarles a casa.

Las consecuencias de la política de liberalización rusa fueron terribles. De 1989 a 1998 hubo una reducción a la mitad del producto nacional. La locura de la terapia de choque, con la liberalización de los precios, la privatización descontrolada de las empresas públicas y el desguace de los servicios sociales produjo un caos económico con unas consecuencias humanas tremendas: el consumo de carne cayó en un 23 por ciento y el de leche en un 28 por ciento; los hospitales quedaron sin fondos y la situación sanitaria se convirtió en un desastre: «El país no había conocido tal crisis en tiempos de paz desde los años difíciles de Stalin en los treintas». A partir de 1992 la población de Rusia disminuyó en tres millones de habitantes y la esperanza de vida de los hombres cayó de 64 a 58 años, todo lo cual ha permitido que se hable de «una catástrofe demográfica».

Para compensar la disminución del poder adquisitivo de los salarios, Yeltsin no solo liberalizó por completo la producción y venta de vodka y de otras bebidas alcohólicas, sino también la importación de licores extranjeros, con lo que se consiguió que los precios de las bebidas alcohólicas fuesen cada vez más bajos y que su consumo creciese. «El vodka desempeñó su función social al reducir la combatividad durante la etapa más dura de las reformas económicas.»

El panorama de la Rusia de los últimos años de Yeltsin lo sintetizaba así una especialista en el estudio del país: «un resurgir de enfermedades contagiosas que habían desaparecido en la Unión Soviética, escuelas en ruinas, cientos de miles de niños sin hogar, millones de emigrantes, una economía en descenso que durante los tiempos de Yeltsin disminuyó en un 40 por ciento y, finalmente, una corrupción y una ilegalidad rampantes (…). La gente común había perdido a la vez su pasado y su futuro». Ella Pamfilova, que había sido ministra con Yeltsin, aseguraba que la corrupción de la burocracia sobrepasaba ahora todo lo que se había visto en el país en la época de Brézhnev.

La caída del nivel de vida de los ciudadanos provino del hecho de que el estado, al entregar su propiedad a bajo precio, se quedó sin recursos para atender las necesidades sociales que antes cubría el propio sistema productivo soviético. «Una solución de mercado a los problemas sociales, incluso para mantener el nivel a que los ciudadanos soviéticos estaban acostumbrados, hubiera exigido aumentos de salarios enormes, que hubiera sido imposible conceder sin minar la competitividad de las empresas.» Los almacenes estaban antes vacíos de mercancías, ahora lo estaban de compradores.

En diciembre de 1994 se inició la primera guerra de Chechenia, la república semiindependiente donde, bajo la dirección de Yojar Dudáyev, un antiguo general soviético que en su momento había dado un apoyo entusiasta a Yeltsin, se imprimían miles de millones en billetes de banco falsos y los hombres de negocios de Moscú lavaban el dinero negro; un territorio que servía de mercado libre al margen de las aduanas rusas y de lugar de asilo para delincuentes de todas las nacionalidades. Se esperaba que esta guerra proporcionase a Yeltsin una cómoda victoria; pero no ocurrió así, sino que el conflicto mostró las debilidades del aparato militar ruso y se arrastró hasta agosto de 1996, con episodios sangrientos, como el asalto por un grupo checheno de un hospital en Budyonnovsk, en el vecino Daguestán, que le costó a Yeltsin un voto de censura de la Duma.

En diciembre de 1995 se celebraron en Rusia nuevas elecciones para la Duma, mientras se convocaban para junio de 1996 las presidenciales, en momentos de pleno descrédito de Yeltsin y con unos índices muy favorables a su contrincante, Gennady Zyuganov, y al Partido Comunista de la Federación rusa, que obtuvo, con sus aliados, 186 de los 450 escaños de la Duma.

Yeltsin llegó a pensar en posponer las elecciones presidenciales por dos años, disolver la Duma e ilegalizar de nuevo al Partido Comunista, pero su entorno le disuadió de un propósito que podía haber iniciado una nueva guerra civil. Decidió entonces realizar un cambio de política, abandonando el «romanticismo del mercado» para ocuparse de cuestiones de interés social, a la vez que anunciaba una nueva época de preocupación por el bienestar ciudadano, para lo cual copiaba los programas de su oponente comunista (ninguna de las promesas hechas en estos meses se cumplió después de la elección). Al propio tiempo negociaba con algunos de los candidatos que iban a presentarse para que le diesen su apoyo en la segunda vuelta, que previsiblemente iba a enfrentarle a Zyuganov. Y se presentaba también como dispuesto a negociar la paz en Chechenia, para lo cual realizó un arriesgado viaje al territorio en guerra, después de que un misil ruso hubiese dado muerte a Dudayev, mientras hablaba por teléfono móvil con un miembro de la Duma.

En la primera vuelta de las nuevas elecciones Yeltsin obtuvo el 36 por ciento de los votos y Zyuganov el 32 por ciento. En la segunda, sin embargo, Yeltsin, jugando la carta del miedo al comunismo, y con una campaña financiada por el dinero de los oligarcas, consiguió superar a Zyuganov con el 53,7 por ciento del voto, contra el 40,4 por ciento de su contrincante.

Con la propiedad estatal totalmente repartida, parecía haber llegado el momento del triunfo del neoliberalismo y de sacar al país, a la vez, del estancamiento de las inversiones y del miedo a que las protestas populares, que iban a cuajar en las manifestaciones de marzo de 1997, condujeran a una grave crisis social. Pero fue precisamente entonces cuando el sistema fue presa de una crisis financiera total, tan inesperada por los expertos que el propio George Soros perdió tres mil millones de dólares en ella.

Contra las previsiones optimistas de los políticos en el poder —Chubais anunciaba «una larga, decidida y poderosa trayectoria de crecimiento que gana fuerza constantemente»— corroboradas por la prensa económica occidental, que preveía un rápido progreso de la economía rusa (en julio de 1998 el Fondo Monetario Internacional había concedido a Rusia un crédito de 22 000 millones de dólares), el 17 de agosto de 1998 se produjo su colapso. El gobierno ruso se declaró en bancarrota, incapaz de atender las obligaciones de la deuda, pese a que había destinado a su pago la totalidad de los recursos de que disponía, incluyendo los que debían haber servido para atender salarios y pensiones. Uno de los componentes esenciales del desastre fue la quiebra de los bonos del tesoro a corto plazo, emitidos por el gobierno desde 1993 como un método para captar dinero a cambio de la oferta de tipos elevados de interés, lo que no dejaba de ser una pirámide organizada legalmente, destinada a acabar como suelen hacerlo este tipo de fraudes. En diciembre de 1997 se había llegado a una situación en que los ingresos que pudiera obtener por nuevas emisiones eran inferiores a los gastos de atender los intereses de la masa de títulos ya emitida.

Hubo que devaluar el rublo, hundiendo a buena parte de la población en la miseria (no a los oligarcas, que, informados de la situación, habían sacado a tiempo su dinero de los bancos rusos). El resultado de esta quiebra del estado fueron empresas arruinadas, trabajadores en el paro sin cobrar subsidio alguno (los que tenían derecho a él lo cobraban con seis meses de atraso) y déficit del presupuesto, porque no había de donde cobrar los impuestos. El rublo perdió dos tercios de su valor en tres semanas. En un mes y medio los precios subieron un 56 por ciento, mientras los salarios, cuando se pagaban, se mantenían estables. Incluso los ferrocarriles dejaron de funcionar.

En marzo de 1998 Yeltsin había echado del gobierno a Chernomyrdin, a quien reemplazó por el joven e inexperto Sergei Kiriyenko, que hubo de hacer frente en agosto al desencadenamiento del colapso económico y fue destituido en septiembre. Con un Yeltsin que parecía ya fuera de juego (su entorno llegó a negociar con Zyuganov que no hubiese represalias si dimitía), el presidente propuso de nuevo a Chernomyrdin como jefe del gobierno, en lo que parecía ser ya una selección previa para las elecciones presidenciales del 2000. La Duma lo rechazó por dos veces y Yeltsin, antes de arriesgarse a un tercer voto negativo, que hubiera implicado la disolución del Parlamento, decidió el 11 de septiembre nombrar jefe del gobierno a Yevgeny Primakov, un hombre que había tenido una larga experiencia política al lado de Gorbachov. El propio Primakov describe así la situación en que se encontraron los nuevos componentes de su gobierno: «La producción disminuía, el paro aumentaba, un mes tras otro los funcionarios del estado, los militares y los pensionistas se quedaban sin recibir sus pagas. Las huelgas no solo se extendían por todo el país, sino que eran cada vez más peligrosas. En mayo los huelguistas comenzaron a bloquear los ferrocarriles y las carreteras, amenazando con cerrar las fábricas que todavía trabajaban. Cuando llegué a la Casa Blanca los mineros habían organizado un campamento a la entrada. Periódicamente lanzaban sus cascos contra el pavimento, reclamando sus pagas». El relato que nos ha dejado de su gestión de gobierno nos habla de sus esfuerzos por volver a pagar a los empleados del estado, los militares y los pensionistas, que habían quedado sin recurso alguno.

Era, nos dirá, «el resultado lógico del curso del desarrollo económico iniciado en 1992» por los liberales de la escuela de Chicago. Los esfuerzos que había que hacer para remediar la situación eran enormes y Yeltsin no encontró colaboración ni por parte de la Duma, que lo que deseaba era la caída del presidente, ni por la de los oligarcas, ni obtuvo en esta ocasión ayuda del Fondo Monetario Internacional, que se limitó a darle consejos y a diferir cualquier acuerdo, debido, al parecer, a la voluntad de los Estados Unidos, que no consideraban necesario ayudar a un gobierno corrupto y en plena decadencia, en momentos en que Rusia había dejado de ser una amenaza.

Al margen de que los norteamericanos pretendían, además, dictar al gobierno ruso su conducta en cuestiones como la colaboración con Irán en materia de instalaciones nucleares o en el tema de Kosovo, en que querían que desautorizase a Serbia. Pronto, sin embargo, Primakov alarmó a los oligarcas, al no resultar claro que se plegase a sus directrices y comenzar una actividad contra el crimen que amenazaba con extenderse a sus relaciones con el mundo de los negocios. El colapso económico había debilitado el poder de Yeltsin y frente a él comenzaban a afirmarse el del gobierno de Primakov y el de una Duma donde abundaban los enemigos del capitalismo depredador de los oligarcas. Lo cual resultaba especialmente grave, si se tiene en cuenta que comenzaba a ser necesario elegirle sucesor a un Yeltsin en plena decadencia física, enfermo y alcoholizado, que había abandonado el poder en manos de una camarilla en que el principal papel lo tenía su hija Tatyana (Tanya), con su novio y un grupo de oligarcas como Boris Berezonvsky y Roman Abramovich. La mayor preocupación de esta gente era colocar en la presidencia a un sucesor que no interfiriese en sus negocios, y eso había de hacerse nombrándole antes primer ministro, mientras Yeltsin seguía como presidente, con el fin de darle a conocer y de que pudiese organizar desde el poder su elección a la presidencia de la república.

Primakov, que no parecía el candidato idóneo para esta operación, fue destituido en mayo de 1999 por Yeltsin, al cabo de ocho meses de gobierno, como lo fue posteriormente su sucesor, Sergei Stepashin, que duró tan solo tres meses en el cargo, por haberse negado a frenar las investigaciones acerca de la corrupción. Hasta que creyeron encontrar la persona adecuada en Vladimir Putin, un hombre hasta entonces desconocido, un teniente coronel que había trabajado para la KGB en Alemania oriental y que vivía modestamente en San Petersburgo con su esposa y dos hijas, hasta que se integró en la administración del Kremlin, donde acertó a ganarse la confianza tanto de Yeltsin como de Berezonvsky. El 16 de agosto de 1999 Putin fue nombrado jefe del gobierno: el quinto en diecisiete meses. En principio, nada hacía prever que este personaje oscuro y de apariencia insignificante fuese a durar más que sus fugaces predecesores en el cargo.

Su elección se produjo cuando se iniciaba una segunda guerra de Chechenia, que comenzó esta vez con ataques chechenos al Daguestán en agosto de 1999, y siguió en septiembre con atentados terroristas en diversas ciudades rusas que causaron cerca de 300 víctimas. Ambos hechos creaban una sensación de vulnerabilidad en la población y daban un valor especial a la reacción enérgica que mostró Putin: la segunda guerra de Chechenia, se ha escrito, «fue su campaña electoral» (el mayor bombardeo ruso vino a coincidir con los días de las elecciones).

Algunos sospecharon que el oportuno estallido terrorista había sido preparado por Berezonvsky, que estaba en contacto con las mafias chechenas en territorio ruso. El propio presidente de Chechenia, Masjádov, le dijo entonces a un amigo que «esas gentes que predican la guerra santa están controladas y financiadas por alguien más, incluyendo los oligarcas financieros que rodean a Yeltsin en Moscú». Hubo además sospechas de que los atentados en las ciudades rusas podían ser actos de provocación de los servicios secretos. Lo cierto es que los oligarcas se sentían tan seguros del futuro, en momentos en que se beneficiaban además del aumento de los precios del petróleo, que entre fines de 1999 y comienzos del 2000 Berezonvsky y Abramovich se apoderaron de buena parte de la producción de aluminio rusa.

Apoyado por la cadena de televisión de Berezonvsky, que se encargó de destrozar a los candidatos que podían oponerle resistencia, Putin se convirtió en una figura destacada, y su partido recién creado, Unidad, al que se apresuraron a unirse los gobernadores provinciales que tenían problemas con la ley, obtuvo un triunfo resonante en las elecciones de diciembre de 1999, que Berezonvsky y otros oligarcas y delincuentes económicos aprovecharon para hacerse elegir diputados y garantizarse la inmunidad. El 31 de diciembre de 1999 Yeltsin dimitía, con un discurso en que pedía perdón «porque muchos de nuestros sueños no se realizaron», y Putin, convertido en presidente en funciones, firmaba un decreto que ofrecía inmunidad a Yeltsin y a su familia por los actos realizados durante su presidencia. Se organizaron elecciones presidenciales para marzo del 2000, aprovechando la popularidad de Putin, que ganó en la primera vuelta con el 52,6 por ciento de los votos, contra el 29,2 para el comunista Zyuganov.

De lo que significaron los años de Yeltsin pueden dar idea estas palabras de un ruso que fue prisionero político en la época de Brézhnev y que no ahorra críticas al viejo régimen: «En los mil años de historia de Rusia, pocos de sus gobernantes han conseguido hacer tanto daño a su país en tan corto espacio de tiempo como Boris Yeltsin». Lo liquidó todo: destruyó la Unión Soviética, presenció el colapso de la industria, una drástica caída del nivel de vida —convirtió una crisis económica en un desastre nacional—, perdió la guerra de Chechenia y experimentó los escándalos de la corrupción en su propia familia. Su momento de gloria fue la defensa del Parlamento durante el golpe de estado contra Gorbachov, pero los últimos años de su gestión los pasó preocupándose tan solo por retener el poder, alentado por un entorno que temía lo que pudiese ocurrir a su caída.

Putin, que tuvo que hacer frente a los pocos meses de su llegada al poder, en agosto de 2000, al descrédito que significó la catástrofe del submarino nuclear Kursk, que se hundió en el mar de Barents con sus 118 tripulantes, se puso de inmediato a la tarea de asumir el control de un sistema confuso en que el poder político y el económico estaban estrechamente entrelazados, y en que los medios de difusión se encontraban en manos de los oligarcas. De inmediato pudo verse que no iba a ser el dócil instrumento que quienes lo habían promocionado esperaban. Muy pronto comenzó a reforzar su autoridad en las repúblicas, a neutralizar los medios de difusión en poder de sus enemigos, como el Media-Most de Vladimir Gusinsky, que imprudentemente había optado por desafiar las indicaciones de que apoyase en las elecciones al candidato del gobierno, por lo que fue arrestado en junio del 2000 y liberado sin proceso en el momento en que se avino a vender su cadena de medios a Gazprom-Media. En enero de 2001 fue Berezonvsky, que intentó en vano organizar la oposición a Putin, quien perdió el control de su cadena de televisión, antes de huir a Gran Bretaña para escapar de la condena de los tribunales rusos.

Yeltsin había tenido que obrar con miramientos respecto de unos oligarcas a los que debía el poder y con los que había acrecentado la fortuna familiar. Putin no tenía este problema y contaba para enfrentarse a ellos con un arma poderosa: la exigencia del pago regular de impuestos,[292] un procedimiento que empleó con la empresa petrolera Yukos, que fue intervenida y liquidada, mientras Jodorkovski, que se había enfrentado al estado con su intento de construir un oleoducto hacia China o con proyectos de fusión con Exxon o Chevron, además de financiar generosamente a los partidos de la oposición, fue a parar a la cárcel, donde todavía sigue, con una condena prolongada por un nuevo juicio en diciembre de 2010. El resultado inmediato fue volver sensatos y tranquilos a los oligarcas que no se habían enfrentado al gobierno. A fines de julio una veintena de empresarios se reunieron con Putin y se comprometieron a pagar impuestos y a actuar dentro de la ley, a cambio de la garantía de que se mantendrían las privatizaciones realizadas en el pasado.

Una vez dominada la oposición de los oligarcas llegó el tiempo de asentar las reformas políticas y administrativas que iban a dar estabilidad a la nueva Rusia, beneficiada por el crecimiento de una economía que progresaba desde 1999 a ritmos del 4 al 7 por ciento anual (aunque las cifras de producto de 2006 eran todavía tan solo un 65 por ciento de las de 1989 y el índice de desarrollo humano de Rusia, incluyendo la esperanza de vida, seguía siendo inferior al de la antigua URSS).[293]

El único problema que no consiguió resolver fue el de Chechenia, cuyos comandos islamistas protagonizaron actos de terror como el secuestro de los espectadores del teatro Dubrovska en Moscú, en octubre de 2002, que acabó con 170 muertos, o el secuestro y matanza en una escuela de Beslan, en septiembre de 2004, que se saldó con 331 víctimas, 186 de ellas niños.

Los elevados precios del gas y del petróleo le dieron un elemento de fuerza en su relación con Europa, que, dada su dependencia de los suministros energéticos rusos, procuraba desmarcarse de la política de acoso del gobierno de George W. Bush, secundada tan solo por países dependientes políticamente de los Estados Unidos, como Polonia, Ucrania o Georgia. La voluntad de reafirmar a Rusia como una gran potencia, tras los años de miseria internacional de Yeltsin, contribuyó a que Putin obtuviese con facilidad su reelección en 2004 y a que las elecciones de 2008, a las cuales no se podía presentar, de acuerdo con la Constitución, asegurasen la presidencia a un colaborador suyo, Dimitri Medvédev.

La estabilidad del sistema implantado por Putin se manifestaba en la facilidad con que su partido, Rusia Unida, ganó todas las elecciones a que se presentaba. Un análisis basado en sondeos de opinión de las elecciones de 2007-2008 mostraba un considerable grado de aceptación de su política, con respuestas afirmativas con respecto a puntos como el arresto de Jodorkovski o el enfrentamiento a Georgia, y una valoración positiva de la estabilidad alcanzada y del aumento de la influencia de Rusia en el mundo. Con la elección de Medvédev y con Putin actuando como primer ministro, en lo que se dio en llamar una «tandemocracia», la continuidad del sistema parecía asegurada.

LAS CRISIS ECONÓMICAS DE FIN DE SIGLO

«Los años que van desde comienzos de los setenta, escribía en 2005 Robert Z. Aliber, no tienen precedentes en términos de la volatilidad de los precios de las mercancías, de las monedas, de las propiedades inmobiliarias y de los valores, así como de la frecuencia y gravedad de las crisis financieras.» La inestabilidad de las bolsas pareció acelerarse en los años finales del siglo, marcados por una sucesión de crisis que denunciaban la inestabilidad de un sistema basado en la desregulación financiera, que animaba a buscar mayores beneficios en operaciones especulativas de alto riesgo. El resultado fue una sucesión de crisis financieras, que acababan repercutiendo en el conjunto de la economía, penalizando la producción.

La secuencia comenzó con la crisis de la bolsa de los Estados Unidos que se inició el «lunes negro», 19 de octubre de 1987, y que acabó sin que nadie entendiese muy bien cuáles habían sido sus causas, hasta el punto que el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, dijo que había sido «un accidente» que había de ocurrir en algún momento; le siguió en 1989-1990 el colapso de los «bonos basura».

La segunda etapa fue de carácter internacional. Se inició en enero de 1990 con el hundimiento de la bolsa japonesa, como consecuencia del fin de la burbuja inmobiliaria y financiera, con lo que se inició una crisis que sigue sin haberse resuelto veinte años después; siguió poco más tarde con el colapso de los bancos suecos, que se recuperaron rápidamente gracias a la intervención del gobierno. Lo más grave llegó con una serie de crisis monetarias, la primera de ellas en diciembre de 1994, el llamado «efecto Tequila», originado por la incapacidad por parte del gobierno mexicano de atender a las obligaciones de la deuda (tenía obligaciones por un monto de 25 000 millones de dólares y reservas de tan solo 6000 millones para atenderlas). Como ya hemos visto, la crisis mexicana requirió una considerable ayuda norteamericana para evitar el desplome del país y ejerció un efecto inmediato en Argentina.

A esta siguió en 1997 la crisis financiera asiática, lo que Greenspan llama «el contagio asiático», que fue un fenómeno de corta duración, aunque no exento de consecuencias, que examinaremos en el contexto del «siglo de Asia». En Rusia, donde el tipo de interés llegó a ser en mayo de 1998 del 150 por ciento, un paquete de ayuda de 22 000 millones de dólares del FMI no consiguió evitar que el gobierno suspendiera los pagos de la deuda a corto plazo, que se declarase una moratoria sobre los pagos de la deuda comercial a los no residentes, y que el rublo quedase en flotación.

Las consecuencias de esta nueva oleada de inseguridad financiera se extendieron a Chile y, sobre todo, a Brasil, donde los tipos de interés subieron al 50 por ciento y el real quedó en flotación. Eran las consecuencias de la política del Fondo Monetario Internacional, que al impulsar la liberalización de los mercados financieros, en un marco de tipos de cambio fijos, estimulaba a las empresas y a los bancos a endeudarse irresponsablemente en el extranjero.

Fue precisamente el imprevisto desastre de Rusia, en el verano de 1998, el que provocó la crisis de un sofisticado fondo de inversión norteamericano, el Long-Term Capital Management (LTCM), asesorado por dos premios Nobel de economía, quienes habían diseñado los complejos modelos que controlaban sus operaciones. Durante cuatro años el LTCM funcionó con un éxito asombroso, que le permitió cuadruplicar su capital; pero en el verano de 1998 todo el tinglado se desmoronó —los modelos con que trabajaba no habían podido prever los efectos que iba a tener sobre el mercado la suspensión de pagos de la deuda rusa— y hacia el 22 de septiembre había perdido cerca de 4500 millones de dólares. Temiendo que su hundimiento pudiera arrastrar al conjunto del sistema financiero, se organizó su rescate mediante la aportación de 3650 millones de dólares por parte de catorce firmas de Wall Street, a la vez que la Reserva federal realizaba tres recortes sucesivos de 0,25 puntos en los tipos de interés y Greenspan proclamaba, con el fin de restablecer la confianza, que las transformaciones que la tecnología de la información había introducido en la economía norteamericana abrían esperanzas de nuevos niveles de beneficios.

Lo cual iba a contribuir a la euforia que llevó, de 1995 a 2000, a la burbuja de las dot.com, los negocios de tecnología informática en que los inversores pagaban por las acciones de unas empresas que se esperaba que tuviesen un rápido crecimiento, el equivalente de cien veces sus rendimientos anuales (de marzo del 2000 a octubre de 2002 el índice bursátil S&P perdió el 45 por ciento, y el tecnológico Nasdaq, el 78 por ciento). A lo cual se iba a agregar todavía en 2001 el escándalo Enron, que demostró la escasa fiabilidad de los controles sobre las cuentas de las sociedades que se suponía que estaban ejerciendo las empresas de auditoría, y fue una de las razones fundamentales de que se aprobase la ley Sarbanes-Oaxley de 2002, destinada a prevenir los fraudes en las empresas que cotizaban en bolsa, pero que fue incapaz de prevenir el tipo de abusos que iban a desencadenar la gran crisis de 2007-2008.

Eran los frutos lógicos de una época en que los bajos tipos de interés ayudaron a impulsar una orgía especulativa. Unos tipos cuyo nivel tenía que ver con el hecho de que las economías asiáticas, y en especial la china, habían decidido mantener sus reservas en dólares invirtiendo buena parte de los beneficios de sus exportaciones en la compra de bonos del tesoro norteamericano. China, por ejemplo, lo hizo por un volumen de más de un billón de dólares, lo que venía a representar un gigantesco préstamo que ayudó a mantener en los Estados Unidos un crédito barato que iba a favorecer tanto los altos niveles de consumo como la burbuja inmobiliaria, a la vez que, incentivando la importación de productos industriales asiáticos, arruinaba el aparato industrial norteamericano, ya en franca decadencia.

Se animó entonces a los inversores a que se endeudaran con créditos baratos para poner el dinero en negocios de riesgo que ofrecían rendimientos más altos que los costes del endeudamiento, en operaciones que los propios expertos calificarían más tarde, cuando tras el desastre de 2008 vino el momento de hacer un examen de sus causas, como «difíciles de comprender y más difíciles aún de valorar», pero que el propio Greenspan había alentado, asegurando que «distribuían el riesgo por toda la economía» y la hacían más estable, a la vez que justificaba que se mantuviesen estas operaciones al margen de las regulaciones oficiales, basándose en la creencia de que los modelos de control de riesgo de los bancos eran mucho más efectivos que los que pudiese imponer la administración.

Wall Street consiguió, en consecuencia, evitar que se regulase el mercado de estos instrumentos de «banca en la sombra» que se negociaban por teléfono entre los agentes, al margen de los tratos públicos que se hacían en las bolsas, y que carecían por ello de cotizaciones públicas que pudieran servir de referencia, a lo que se sumó el hecho de que las agencias calificasen favorablemente, incluso sin saber de qué activos dependían, unos productos financieros cada vez más complejos como los derivados, cuyo valor se basaba en el precio de otro activo (de hecho las crisis de LTCM y de Enron fueron motivadas por sus operaciones en derivados), hasta llegar a casos que llevaron a un profesor de la Universidad de Duke a decir que había visto contratos «tan complicados que no sería práctico para los inversores tratar de entenderlos: tendrían que gastar más dinero contratando expertos para deconstruirlos de lo que nunca podrían esperar ganar con sus beneficios». Como diría en 2008 un experto en inversiones, «ni siquiera la gente que dirigía Wall Street entendía realmente lo que estaban comprando y vendiendo».

El hecho mismo de que se hubiera conseguido superar toda la serie de crisis que se sucedieron desde 1987 infundía confianza en el futuro y llevaba a que se pasasen por alto los fallos internos del sistema. Nadie pareció prestar atención tampoco al hecho, que señalaba Aliber, de que el Fondo Monetario Internacional, creado para dar estabilidad al sistema, no hubiese sido capaz ni de prever las crisis ni de aliviarlas. Esta alegre inconsciencia iba a marcar el camino que conduciría a una crisis mucho más grave, como iba a ser la que se inició en el verano de 2007.

16

EL NUEVO IMPERIO NORTEAMERICANO

La presidencia de Clinton no había hecho nada para cambiar la deriva hacia la derecha de la política norteamericana: el triunfo del conservadurismo era total. Desde Nixon hasta la llegada de G. W. Bush a la Casa Blanca, en 2001, se consolidó un consenso por el que incluso muchos demócratas abandonaron la filosofía del New Deal, que exigía el control por el gobierno de la actuación del mercado con el fin de favorecer una modesta redistribución de la riqueza, reemplazada ahora por la idea de que había que dejar actuar con libertad el mercado capitalista para que crease tanta riqueza que haría la redistribución innecesaria.[294]

Una situación que se veía agravada además por la involución del Tribunal Supremo, cuyos nueve jueces habían tenido en el pasado un papel fundamental en la transformación progresiva de la sociedad norteamericana, con decisiones como la de Brown v. Board of Education, de 1954, que ilegalizó la segregación racial en la educación pública, o la de Roe v. Wade, de 1973, que definió los derechos al aborto. Reagan había comenzado a cambiar la composición del tribunal con el nombramiento de dos derechistas radicales —Anthony Kennedy y Antonin Scalia—, a los que G. H. W. Bush añadió Clarence Thomas (un afroamericano católico y profundamente reaccionario, acusado en la actualidad de corrupción), en una tarea que G.W. Bush iba a completar con dos nuevos jueces conservadores. Fue precisamente este tribunal escorado a la derecha el que finalmente llevó al poder a G. W. Bush en el año 2000, al decidir por 5 votos contra 4 detener el recuento electoral en el estado de Florida, que podía haber dado la presidencia a Al Gore, el sucesor postulado por Clinton. Este fue tan solo el primero de una serie de golpes de estado judiciales, que culminarían en 2009 con «Citizens United», la decisión que liberalizaba el gasto político de las empresas, promovida a instancias de la U.S. Chamber of Commerce.

Pero no solo se trataba de la actuación de los políticos y de los jueces del Tribunal Supremo, sino que en el retroceso social que iba a consolidar el poder político de los dirigentes empresariales tuvo un papel decisivo la atonía de la sociedad civil, influida por la «batalla de las ideas» que financiaban las fundaciones privadas y que se desarrollaba a través de los periódicos, revistas, radios y televisiones que subvencionaban —lo que se ha llamado «la máquina de los mensajes conservadores»—, que se convirtieron en el arma más poderosa para difundir la doctrina de un liberalismo económico favorable a los intereses empresariales.[295]

El grupo elitista conservador que había iniciado la contrarrevolución de las ideas veinte años antes, consiguió, dice Krugman, asociarse con otras facciones hostiles a la política moderada de la Norteamérica de posguerra. Fue así como anticomunistas fervientes, «gente resentida por el hecho de que otros recibiesen ayudas sociales», «hombres de negocios furiosos por haber de tratar con los sindicatos», miembros de la derecha cristiana, etc., se sumaron a un movimiento que daba respetabilidad a sus prejuicios, y que se ofrecía a convertir sus resentimientos en acción política efectiva.

Para explicar el clima social que favoreció el éxito de esta contrarrevolución conservadora hay que tener en cuenta los cambios que se habían producido en la sociedad norteamericana en las últimas décadas del siglo XX. Hasta 1979 el enriquecimiento posterior a la segunda guerra mundial había favorecido en buena medida a las clases medias, y las mayores fortunas seguían siendo las del petróleo y de las industrias de punta. Todo cambió a partir de los ochenta, cuando las medidas de desregulación, acompañadas por la progresiva debilidad del poder de los sindicatos (que pasaron de tener afiliados a un tercio de todos los trabajadores de las empresas privadas en 1940 a tan solo un 6,9 por ciento en 2010), permitieron no solo crear nuevas grandes fortunas, sino también aumentar las diferencias de riqueza.

Los recortes de impuestos para los más ricos favorecieron la aparición de nuevos millonarios, como Sam Walton (de los almacenes Wal-Mart), Bill Gates, Ted Turner, etc. No sucedió lo mismo con las clases medias, que para mantener sus niveles de gasto se endeudaron sobre sus viviendas. Los asalariados, por su parte, vieron estancarse sus remuneraciones durante dos décadas e incluso caer en términos reales en los años de crecimiento eufórico de 2001 a 2007. La consecuencia inmediata de estos cambios fue que la desigualdad aumentara: en 1980 el 1 por ciento de los norteamericanos más ricos recibía el 9 por ciento del ingreso total; en 2007 esta proporción había pasado a ser el 23,5 por ciento. El censo de 2009 reveló que la desigualdad, medida por el índice Gini, era la mayor desde que en 1967 comenzaron a calcularse estos datos en los Estados Unidos, y superior a la de cualquier otro país occidental industrializado.

Este proceso se vio reforzado por el hecho de que los que se habían enriquecido consiguieron aumentar también su capacidad de manipular las leyes y las reglas del sistema para asegurarse cada vez más riqueza y más influencia. Así se explica que los Estados Unidos fuesen, a la vez, el país con unas tasas más elevadas de impuestos a las empresas y aquel en que estas pagaban menos, como consecuencia de las exenciones y del desvío de los beneficios a paraísos fiscales. En 1955 los 400 mayores contribuyentes de los Estados Unidos pagaban en impuestos un 51,2 por ciento de sus ingresos; en 2010 esta proporción había bajado hasta el 18,1 por ciento.

Los beneficios de las empresas alcanzaron máximos históricos a comienzos del nuevo siglo: en 2004 significaban la mayor proporción del PNB desde hacía 75 años. «El otro lado de la cuestión —afirmaba una publicación tan poco sospechosa de izquierdismo como The Economist— es que la parte del trabajo nunca ha sido más baja (…). En los últimos tres años los beneficios empresariales han aumentado en los Estados Unidos en un 60 por ciento; los ingresos salariales en tan solo un 10 por ciento.» Según cálculos de Stiglitz, la media de los ingresos de los hogares norteamericanos había caído en un 4 por ciento entre 2000 y 2008, en una etapa en que el PNB aumentaba; en el año 2009 el consumo por hogar había caído en un 2,8 por ciento (era la primera vez que esto sucedía desde que comenzaron a recogerse estos datos en 1984). Entre el año 2000 y el 2007, declaraba un documento firmado en mayo de 2009 por cuarenta economistas norteamericanos, que incluían a premios Nobel como Arrow, Stiglitz o Solow, «prácticamente todo el crecimiento económico de la nación fue a parar a un reducido número de norteamericanos ricos. Una de las razones de peso que explican este paso que va de una prosperidad ampliamente compartida a una creciente desigualdad es la erosión de la capacidad de los trabajadores para organizarse sindicalmente y negociar colectivamente».[296]

«El rasgo más desconcertante de la sociedad norteamericana a fines del siglo XX», se ha dicho, era posiblemente la desaparición de la protesta pública, que podía haberse esperado que floreciera en estas circunstancias. En junio de 2011 se calculaba que unos 44 millones de norteamericanos vivían por debajo de los límites de la pobreza (lo que daba lugar a The Economist para congratularse por el desarrollo de un próspero mercado de productos destinados a los consumidores pobres), y en las calles de las ciudades norteamericanas no pasaba nada: no solo no volvieron a repetirse las luchas sociales del tiempo de la depresión de los años treinta, sino ni siquiera manifestaciones como las que en los años sesenta se habían movilizado contra la guerra de Vietnam. Ello se debió a la debilidad de las organizaciones obreras, pero también a la pérdida de fe del ciudadano común en la capacidad, y en la voluntad, del sistema político para cambiar las cosas, como lo demostraba el fracaso de los intentos de establecer un amplio sistema de sanidad pública, pese a que 46 millones de norteamericanos no tenían un seguro sanitario (una cifra que en 2010, con motivo de la crisis, se elevó a 50,7 millones).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud los Estados Unidos tenían el primer lugar del mundo en gasto médico per cápita y el 37 por la calidad de su servicio, como consecuencia de unas industrias farmacéuticas y unos hospitales que han podido ser calificados como parte de «un gigantesco fraude». Un claro indicador del carácter creciente de la desigualdad era el hecho de que la diferencia entre las esperanzas de vida de los norteamericanos más ricos y los más pobres tendiese a aumentar: en 1980-1982 era de 2,8 años; en 1998-2000 había pasado a ser de 4,5 años.[297]

EL NUEVO PROYECTO IMPERIAL

Mientras Clinton ejercía la presidencia, el equipo de políticos neoconservadores que habían hecho sus primeras experiencias en el poder en tiempos de Reagan y que se habían consolidado con G.H.W. Bush, preparaban, alejados de los puestos de gobierno, no solo la vuelta de un presidente republicano al poder, sino una nueva formulación de los planes de afirmación norteamericana en la política mundial, inspirados en los programas del CPD, que implicaban un retorno al rearme y al unilateralismo, con una nueva idea de imperio para la etapa posterior a la guerra fría. Si la dirección política correspondía a hombres que habían desempeñado ya importantes cargos en el pasado, como Donald Rumsfeld o Richard Cheney, la formulación de los nuevos proyectos procedería de un grupo de jóvenes intelectuales de derechas, muchos de ellos de origen judío y reconvertidos de viejas posiciones de izquierda, influidos por el pensamiento político antiliberal de Leo Strauss, que había sido el maestro de muchos de ellos en la Universidad de Chicago.

Nos hemos referido ya al escándalo que produjo en 1992 el Defense Planning Guidance y a cómo la Casa Blanca se vio obligada a elaborar una versión suavizada del mismo. Las ideas de fondo de aquel documento reaparecieron en junio de 1997 en la declaración de principios del Project for the New American Century, una organización dirigida por William Kristol y Robert Kagan, y financiada por varias fundaciones conservadoras, que sostenía que «el liderazgo de Norteamérica es bueno para Norteamérica y bueno para el mundo» y abogaba por una «hegemonía benévola», con el fin de promover la democracia y la libertad de los mercados.

En septiembre de 2000 este grupo publicó un estudio que desarrollaba a fondo las ideas del nuevo proyecto imperial, con el título de Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century. En él se afirmaba que el objetivo para esta etapa posterior a la guerra fría era el establecimiento de un sistema unipolar dedicado a preservar la Pax americana. Las misiones militares irían destinadas a «asegurar y extender las zonas de paz democrática; evitar la aparición de nuevas potencias competidoras, defender las regiones clave y explotar la transformación de la guerra». El foco de la competición estratégica se suponía que iba a situarse en Asia y se insistía en la necesidad de tener una fuerza norteamericana substancial en el golfo Pérsico, para lo que se necesitaría buscar nuevas bases, dado que no se podían mantener las concedidas por Arabia Saudí, como consecuencia del rechazo musulmán a la presencia de extranjeros en una tierra santa. Ni en este, ni en los primeros documentos publicados a comienzos de 2001, cuando G.W. Bush accedió al poder, se hablaba todavía de terrorismo, sino tan solo del plan para una nueva supremacía mundial norteamericana en un mundo cuyos protagonistas políticos eran estados y naciones.

Que estos proyectos tuviesen como primer escenario el Oriente Próximo no solo estaba justificado por la preocupación por el petróleo, sino por la estrecha relación de un amplio grupo de estos «neocons» con el lobby judío, integrado por asociaciones como el AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) y por personalidades muy diversas.[298] Lo revela un documento reservado que algunos miembros destacados del grupo, integrados en un «Instituto de estudios estratégicos y políticos» americano-israelí, enviaron a Benjamin Netanyahu cuando este accedió a la jefatura del gobierno en el verano de 1996, titulado «Un corte limpio: una nueva estrategia para asegurar el reino», donde se propugnaba una nueva política global que había de tener como uno de sus objetivos «echar del poder en Irak a Saddam Hussein, un importante objetivo estratégico de Israel», aderezada con fantasías tales como la suposición de que el derrocamiento de Saddam provocaría en Irak un movimiento popular a favor del restablecimiento de la dinastía hachemita.

Esta política favoreció además la aproximación a la extrema derecha cristiana, y en especial a los numerosos seguidores del «sionismo cristiano», que sostenían que «la tierra de Israel ha sido dada por Dios al pueblo judío como una posesión perpetua por un acuerdo eterno», creían que el apoyo a Israel era «la política exterior de Dios» y estaban convencidos de que en nuestros días se estaban librando las batallas decisivas del fin de los tiempos anunciadas en el Apocalipsis. Según revela una encuesta, un cuarenta por ciento de los habitantes de los Estados Unidos creen que la Biblia debe interpretarse literalmente, y que todo lo que en ella se dice es verdad, incluso en el más pequeño de los detalles. Esto conduce a una lectura del Apocalipsis en términos de actualidad, identificando en él una descripción de lo que sucede hoy en el mundo y una profecía de lo que va a ocurrir en un futuro inmediato, lo cual ha conducido a los grupos de «cristianos sionistas» a considerar que la restauración de Israel en su territorio «bíblico» es una condición indispensable del cumplimiento de las profecías que anuncian la culminación de los tiempos. Un período que comenzará con siete años de tribulación —que se ahorrarán los verdaderos creyentes, puesto que en su mismo comienzo Jesús los abducirá en cuerpo y alma al cielo—, al término de los cuales los ejércitos del Anticristo librarán la batalla final en el valle de Armagedón, precediendo la segunda venida del Mesías. De hecho sabemos que Bush le pidió al presidente francés Chirac, ante la estupefacción de este, su colaboración para la invasión de Irak en nombre de su fe común, diciéndole que «Gog y Magog están a la obra en el Oriente Próximo… Las profecías de la Biblia se están cumpliendo… Esta confrontación la quiere Dios, que desea usar este conflicto para eliminar a los enemigos de su pueblo antes de que comience una Nueva Era».

LA PRESIDENCIA DE G. W. BUSH

Que el hombre que fuese a dirigir esta nueva época de la política norteamericana fuese George W. Bush, hijo de un presidente anterior, que había rehuido servir en Vietnam con un oportuno enchufe en la Guardia nacional, cristiano reconvertido tras una juventud dada al alcohol (dejó de beber a los cuarenta años, según cuenta en sus memorias, después de que Dios le habló), hombre de negocios fracasado en casi todo lo que emprendió y persona de no muchas luces y de escasa cultura, sorprendió hasta a su propia familia. Y no se hubiera logrado su triunfo sobre Al Gore, que recibió 337 576 votos más que él, sin el fraude electoral de Florida, donde era gobernador su hermano «Jeb» Bush, legitimado por el Tribunal Supremo. Aunque algunos de sus partidarios considerasen que el mérito de su elección se debía exclusivamente a la providencia. El teniente general William (Jerry) Boykin dijo, hablando ante una congregación de la iglesia baptista: «¿Por qué este hombre está en la Casa Blanca? La mayoría de los norteamericanos no votó por él. ¿Por qué está allí? Yo os digo esta mañana que está en la Casa Blanca porqué Dios le puso allí».

Con Bush volvían al poder los hombres de los equipos formados en tiempos de Reagan, conservadores duros que no habían aceptado que el fin de la guerra fría hubiese de significar una política de apaciguamiento, como la que había tratado de hacer Clinton, y que escogieron como a sus más inmediatos colaboradores a los neocons que habían diseñado el nuevo proyecto imperial.

Richard Cheney, que abandonó la rentable dirección de Halliburton, tras asegurarse unas jugosas stock options que lo mantenían vinculado a sus intereses, ocupó la vicepresidencia, con un poder real mucho mayor que el que hasta entonces hubiera tenido ninguno de sus antecesores en el cargo. Desde el primer momento se dedicó a reforzar la autoridad del poder ejecutivo —en realidad, de su propio poder—, mermado desde la War Powers Act de 1973, y se entregó a la tarea de restringir las libertades, hasta el punto de legitimar la utilización de la tortura, usada sin ningún escrúpulo contra «presos de alto valor» en las cárceles secretas de la CIA, para «defender la nación».[299]

Donald Rumsfeld, que ya había sido secretario de Defensa veinticinco años antes con Gerald Ford, obtuvo de nuevo este cargo y formó su equipo con Paul Wolfowitz como secretario adjunto, con William Feith (que acabó envuelto en un escándalo, cuando se supo que en su entorno se pasaba información reservada a Israel)[300] como subsecretario, y con Richard Perle. Rumsfeld había tenido una brillante carrera en el mundo empresarial —presumía de no haber estado nunca en una compañía en que no pudiese ahorrar un 15 por ciento del gasto—, quería llevar los mismos criterios a la gestión del ejército y se enfrentó desde el principio a los Joint Chiefs of Staff, dejando claro a su presidente, el general Hugh Shelton, que era él quien tenía que actuar como «principal consejero militar» del presidente (Shelton diría en sus memorias que el de Rumsfeld era «el peor estilo de liderazgo que he experimentado en 38 años de servicio»).

Colin Powell fue nombrado secretario de Estado, y Condoleezza Rice, una especialista en asuntos soviéticos que estuvo unos años en el consejo de administración de la petrolera Chevron, se convirtió en consejera de Seguridad nacional. Powell era un realista moderado que iba a chocar muy pronto con la línea más dura patrocinada por Rumsfeld. En enero de 2005 Bush lo reemplazó por una Condoleezza Rice que era, de todo el grupo, quien mantenía una mejor relación personal con él.

Desde el primer momento de su mandato Bush asumió la defensa de los principios del neoliberalismo, con dos recortes de impuestos a los más ricos en 2001 y 2003, que venían a demostrar que no habían aprendido nada de la frustrada experiencia de Reagan en 1981, y estableció contactos con los grupos de la derecha cristiana, a la que se dieron puestos clave en la administración de justicia (la División de Derechos Civiles, dirá Krugman, «desvió su actividad de la protección de minorías a la de los esfuerzos evangelizadores de los grupos religiosos») y en organismos que les permitieron frenar el reparto de anticonceptivos o retrasar la aprobación de la «píldora del día siguiente». Tras haber perdido las elecciones de 2008, el director de la campaña del candidato republicano, John McCain, afirmaba que el Partido Republicano había sido en gran medida capturado por sus elementos religiosos. Esta orientación religiosa iba a ser un elemento determinante de su enfrentamiento contra el fundamentalismo islámico.

LOS ATENTADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE

Al inicio de la administración de G.W. Bush los neocons se burlaban de la obsesión de Clinton por Bin Laden, de modo que pasaron por alto toda la información que se les estaba ofreciendo acerca de la amenaza que representaba al-Qaeda,[301] empeñados en una visión más a lo grande de la misión global de los Estados Unidos como «la única gran potencia del mundo».

Richard A. Clarke, que había sido coordinador del contraterrorismo con Clinton, envió el 25 de enero de 2001 un memorándum a Condoleezza Rice en que pedía una reunión de alto nivel con el fin de discutir estrategias para combatir a al-Qaeda. La reunión no se celebró hasta el 4 de septiembre, siete días antes del atentado, y no llegó a resultado alguno. Lo más grave fue que Condoleezza Rice no hizo tampoco caso de los informes del FBI, de la NSA y de la CIA, que prevenían de que Osama bin Laden podía emprender un ataque terrorista contra los Estados Unidos, e incluso mencionaban que uno de los medios para hacerlo podía ser el secuestro de aviones para estrellarlos contra edificios.

Resulta asombrosa la impunidad con que actuaron en suelo norteamericano los conspiradores, que pudieron preparar con toda calma los atentados, fijados para el 11 de septiembre con el fin de que en el previsto ataque al Capitolio se pudiese matar al mayor número posible de congresistas y senadores —la Casa Blanca hubo de descartarse porque su escasa elevación la convertía en un objetivo difícil para los aviones. Gracias a las informaciones que reunió el gigantesco aparato de investigación de la National Security Agency, pero que no supo interpretar hasta que ya se habían producido los atentados, podemos seguir historias como la de los hombres destinados a realizar el ataque al Pentágono, que se reunieron en Laurel, Maryland, la ciudad en que vivían muchos de los miles de funcionarios que trabajaban en el edificio central de la propia NSA, de modo que convivieron con ellos durante un par de semanas. La mañana del lunes 10 de septiembre los terroristas marcharon de la ciudad, cruzándose con quienes iban a trabajar a la agencia, donde horas después se interceptaron mensajes de teléfono móvil captados en Afganistán y en Arabia Saudí que decían «Mañana es el día». Solo al día siguiente se enteraron de su significado.

En la mañana del 11 de septiembre de 2001 se desarrolló el ataque. Cuatro equipos de al-Qaeda secuestraron dos aviones en Boston, uno en Washington y otro en Newark; escogieron aeronaves destinadas a vuelos de larga distancia, por su mayor carga de combustible, lo que aumentaría el efecto de las explosiones. Entre las 8,46 y las 9,37 de la mañana dos aviones se estrellaron contra las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York, causando 2973 muertos y daños estimados en 80 000 millones de dólares, y otro contra el edificio del Pentágono; el ataque con el cuarto avión fracasó como consecuencia de la resistencia de sus pasajeros. Diecinueve hombres habían causado a los Estados Unidos mayores daños y más víctimas que el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941.

Las fuerzas armadas norteamericanas seguían entre tanto empeñadas en combatir en una guerra fría que hacía diez años que se había acabado. En la mañana del 11 de septiembre el North East Air Defense Sector en Rome (Nueva York) estaba desarrollando un ejercicio de defensa contra un eventual ataque ruso volando sobre el Polo Norte (algo que McNamara había considerado ya irrelevante en 1966). Cuando se produjeron los ataques terroristas, el subsecretario de Defensa, Wolfowitz, y el vicepresidente Cheney informaron tarde y mal de lo que sucedía, de modo que los cazas enviados a patrullar sobre Washington llegaron cuando el Pentágono estaba ya en llamas y los pilotos, carentes de noticias acerca de lo que realmente sucedía, pensaron que los rusos habían lanzado un misil desde el mar. El sistema de defensa norteamericano no había sido capaz de reaccionar ante un tipo de ataque que no esperaba y el propio presidente, sorprendido en una escuela de Sarasota, en Florida, no acertó a hacer otra cosa que esconderse en un búnker subterráneo, mientras el vicepresidente Cheney asumía el mando.

Las consecuencias internas del ataque del 11 de septiembre de 2001 fueron considerables. Creó un clima de terror que facilitó la política de reforzamiento del poder presidencial y del secretismo de los órganos dirigentes, a la vez que la limitación de las libertades de los norteamericanos. La «Patriot Act» de 26 de octubre de 2001 —que Obama renovó por cuatro años más en mayo de 2011— digna de un estado policía, daba al gobierno nuevas y amplísimas facultades para invadir la esfera privada, espiando incluso las comunicaciones íntimas, y sirvió para justificar graves vulneraciones de los derechos humanos, como las infligidas en Guantánamo (donde veinte años después sigue habiendo presos políticos), las torturas de Abu Grahib o la reclusión por la CIA en cárceles secretas esparcidas por todo el mundo de detenidos que podían permanecer meses y años sin cargos, sin defensa legal, a veces sin que ni siquiera se notificara la detención a sus familias: «nadie sabe cuántos fueron los capturados y despachados a estos destinos secretos, aunque pueden ser millares; nadie sabe tampoco cuántos han muerto en el cautiverio».

El propio concepto de «guerra contra el terror», al fijar un enemigo sin territorio propio, favorecía esta clase de abusos. Se decidió unilateralmente que no se iba a aplicar a los «terroristas» (por ejemplo a los resistentes afganos o iraquíes) el artículo de la convención de Ginebra que obliga a dar un trato humano a los prisioneros de guerra; se acordó también que el presidente podía, como comandante en jefe, autorizar el encarcelamiento preventivo por tiempo indefinido y el uso de métodos violentos en el interrogatorio de detenidos en el campo de batalla, y que los sospechosos de terrorismo podían ser juzgados por comisiones militares.

El fracaso que implicó la incapacidad de prever los atentados tuvo como consecuencia inmediata que se pretendiese poner orden en el terreno de la información creando una Dirección Central de Inteligencia para coordinar las dieciséis agencias existentes, a las que se iba a sumar el National Counterterrorism Center. Pero una vez más iba a resultar imposible evitar la dispersión, de modo que en 2010 se calculaba que había «unas dos mil agencias secretas del gobierno de los Estados Unidos trabajando para obtener información acerca de grupos terroristas».

En opinión de Bacevich, la «doctrina Bush», enunciada en su discurso de 20 de septiembre de 2001, repetía en buena medida los planteamientos y los objetivos de la doctrina Truman de 1947. Llamando a la guerra contra el terrorismo en cualquier parte del mundo, Bush consiguió establecer algo que no habían podido hacer los dirigentes políticos norteamericanos desde que el colapso de la Unión Soviética les privó de un enemigo fácilmente identificable: «una poderosa razón para un uso sostenido y activo del poder norteamericano a escala global, justificado como una medida necesaria de protección».

Una voz más crítica aún, la de Thom Hartmann, denunciaba en 2004 la «guerra contra el terror» como una mera continuación de las mentiras interesadas de la «nueva guerra fría», «buena para los negocios y buena para el poder político de sus abogados, de Rumsfeld a Reagan»: una ficción basada en la sobrevaloración de «una amenaza real, pero relativamente pequeña, planteada por grupos criminales completamente al margen de la corriente principal del islam».

LA «GUERRA CONTRA EL TERROR»

Afganistán, que había quedado entregado a sus propios problemas desde 1992, volvió al centro del panorama cuando se supo que se habían organizado desde allí los atentados del 11 de septiembre. Esta fue la razón de que se lo escogiera ahora como el primer objetivo de la «guerra contra el terror», con el fin de capturar a Bin Laden, rectificando así la conducta que había dado lugar a que, poco antes del 11 de septiembre, se ordenase a la unidad de inteligencia dedicada a su búsqueda que cesase en su actividad.

No era posible, sin embargo, organizar a corto plazo una invasión en gran escala del país por el ejército norteamericano, de modo que, a inspiración de la CIA, que deseaba recuperar el crédito perdido, se llevó a cabo una breve campaña (7 de octubre-6 de diciembre de 2001), que ha sido descrita como una operación en que 110 agentes de la CIA y 316 soldados de las Fuerzas Especiales, combinados con unos 100 millones de dólares en sobornos, para obtener la colaboración de los señores de la guerra de la «coalición del norte»,[302] y con grandes operaciones de bombardeo, derribaron en dos meses a los talibanes, que no estaban preparados para resistir, puesto que no esperaban que los Estados Unidos les atacasen sin un motivo válido. No lo había en realidad, puesto que ningún afgano participó en los atentados del 11 de septiembre, de cuya preparación no fueron ni siquiera informados. De hecho los talibanes, preocupados por el inicio de los bombardeos, llegaron a ofrecer a los norteamericanos que entregarían a Osama bin Laden a un tribunal islámico para que fuese juzgado por los atentados del 11 de septiembre; pero Bush rechazó cualquier propuesta de negociación.

La rapidez con que se había obtenido el éxito de esta operación, bautizada como Enduring Freedom («Libertad duradera»), era engañosa. Sorprendidos por la violencia de los bombardeos, realizados con las grandes y devastadoras daisy cutters, las bombas que se empleaban en Vietnam para abrir en la selva claros de 100 a 300 metros de radio donde podían aterrizar los helicópteros, los talibanes se apresuraron a huir, refugiándose en las zonas escasamente controladas del oeste del Pakistán, o regresaron a sus hogares, sin haber sido realmente derrotados, ni haber entregado sus armas.

Lo cual no impidió que Rumsfeld se convenciera de que se trataba del triunfo de un nuevo estilo de guerra, basado en la combinación de pequeñas unidades de tropas especiales y bombardeos de precisión: algo que reforzaba sus ideas pretendidamente innovadoras y que acabó llevando al desastroso planteamiento de la ocupación de Irak.

Que el terror generado por los bombardeos, que causaron unas 4000 muertes de civiles, fuese un factor decisivo en esta rápida victoria parece claro. Lo que lo está también es que no fue el pequeño contingente de soldados norteamericanos el que ganó la batalla terrestre, sino el ejército uzbeco y tadjico de la Coalición del norte, peleando contra los pashtunes del sur.[303]

Sabiendo que los supervivientes de al-Qaeda se habían refugiado en la región montañosa de Tora Bora, cerca de la frontera de Pakistán, y que el propio Bin Laden podía estar escondido allí, norteamericanos y británicos desencadenaron grandes bombardeos sobre la zona, que resultaron inútiles, dado que la mayoría de los hombres a los que perseguían se refugiaron en cuevas y búnkers, mientras afganos y pakistaníes ayudaban a escapar hacia Pakistán de 600 a 800 miembros de al-Qaeda (a unos 1200 dólares de coste por cabeza), y Bin Laden huía a caballo con sus guardaespaldas a tierras del Waziristán del sur. Aunque Musharraf, el dictador pakistaní, había destituido, para tranquilizar a los norteamericanos, a tres generales implicados en la ayuda a los talibanes, incluyendo al jefe del ISI, general Mahmoud Ahmad, le hubiera resultado complicado mudar de súbito la política de apoyo a al-Qaeda que habían estado manteniendo hasta entonces los pakistaníes.

Un serio problema para los norteamericanos, que venían debatiéndolo desde antes de la invasión, era el de encontrar un dirigente a quien colocar en Kabul. Uno de los jefes de la Alianza del Norte, el tadjico Ahmad Sha Masud, parecía un candidato apropiado, pero tanto los pakistaníes como la monarquía saudí lo rechazaban, por moderado, y preferían que fuese un pashtun; al-Qaeda lo resolvió asesinando a Masud dos días antes de los atentados del 11 de septiembre. Del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2001 se celebró en Bonn, bajo los auspicios de la ONU, una reunión de personalidades afganas (escasamente representativas y sin presencia alguna de los talibanes), que dieron su acuerdo a un plan para realizar una transición en diversas etapas, formando un gobierno provisional, a cuyo frente estaría el dirigente que los norteamericanos habían escogido, Hamid Karzai: un oscuro personaje pashtun con escasa influencia en el país, que vestía con un «traje nacional» de su invención, y que iba a gobernar con un Parlamento salido en 2005 de unas elecciones poco representativas, en que la participación en la propia capital fue de un 35 por ciento.

Fue posiblemente en este momento cuando los norteamericanos cometieron su mayor error político, al no ser capaces de entender las diferencias que separaban a los talibanes de al-Qaeda, cuando había entre ellos un grupo significativo que estaba dispuesto a integrarse en el nuevo proceso político, si se les permitía regresar sin represalias, y cuando hubo incluso quienes propusieron que se entregase a Bin Laden a los norteamericanos, algo a lo que se negó el mullah Muhammad Omar.

Mientras tanto el gobierno efectivo de la mayor parte del territorio, donde una fuerza internacional de paz autorizada por las Naciones Unidas iba a intentar en vano mantener el orden, cayó en manos de los señores de la guerra y de algunos aventureros, amigos de Karzai, que complacían a los norteamericanos entregándoles supuestos dirigentes talibanes, a cinco mil dólares de recompensa por cabeza, para que los interrogasen en Guantánamo. En contrapartida, las exportaciones de droga aumentaron hasta el punto de poder afirmarse que Afganistán producía más del 90 por ciento de todo el opio del mundo. Como diría Malalai Joya, los norteamericanos habían caído en el error de dar el gobierno a unos señores de la guerra fundamentalistas, que no eran mejores que los talibanes.

Lo que no hubo, pese a la multiplicación de los proyectos y de las intervenciones, fue un avance económico que mejorase las vidas de los afganos. El escaso dinero invertido en la reconstrucción se destinó a provechosas concesiones a contratistas privilegiados, como KBR (una empresa ligada a Halliburton, o sea a los intereses de Cheney), que edificaron obras de baja calidad —escuelas sin maestros y clínicas sin médicos—, en lugar de destinar los recursos a tareas de reconstrucción que hubiesen dado empleo a un buen número de nativos sin trabajo. La realidad era que tan solo un 6 por ciento de la población de Afganistán tenía suministro de electricidad, Kabul carecía de alcantarillado y «cerca de 50 000 niños y niñas trabajan en las calles como limpiabotas, vendiendo frutas, como porteadores en los bazares, limpiando coches, escarbando en las basuras o mendigando limosnas».

Tras esta nueva victoria, Afganistán había dejado de interesar a los norteamericanos, de modo que la administración de Bush dejó el país en manos de los señores de la guerra y de la CIA, lo que facilitó que, a partir del verano de 2003, los talibanes volviesen a ocupar parte del territorio y rearmasen a sus fuerzas con el dinero de la droga, secretamente ayudados por los pakistaníes, que consideraban a los miembros de la Alianza del norte, e incluso al propio Karzai, como favorables a la India: en 2003 había por lo menos siete nuevos campos de entrenamiento talibanes en Baluchistán.

LA INVENCIÓN DE LA GUERRA DE IRAK

Tras este primer asalto a Afganistán Bush pudo concentrarse en su objetivo preferido, que era la invasión de Irak; algo que estaba planeando con anterioridad al ataque del 11 de septiembre de 2001, lo que significa que no tenía nada que ver con la «guerra contra el terror» con que se lo quiso justificar. En efecto, Mickey Herskowitz, el periodista que firmó un contrato con Bush para escribir un libro para su campaña —compromiso que el presidente rescindió más tarde—, explica que dos años antes del 11 de septiembre Bush le hablaba ya de lo importante que era para el prestigio de un presidente actuar como comandante en jefe en una guerra, y le decía: «Mi padre tuvo en sus manos este capital político cuando echó a los iraquíes [de Kuwait] y lo malgastó. Si tengo una oportunidad de invadir Irak, si consigo este capital, no lo malgastaré». Necesitaba librarse de la sombra que su padre proyectaba sobre su carrera, para tener «una presidencia de éxito». Como reveló el que fue secretario del Tesoro de su gobierno, Paul O’Neill, la decisión de atacar Irak comenzó a discutirse en la Casa Blanca en enero de 2001, el día siguiente a la toma de posesión de Bush, mucho antes por tanto del ataque terrorista de septiembre.

El proyecto formaba parte del nuevo rumbo que iba a tomar la política exterior norteamericana, anunciado en el discurso sobre el estado de la Unión que Bush pronunció el 20 de enero de 2002, donde exponía su propósito de combatir a los países de un «eje del mal», en que citaba específicamente a Irak, Irán y Corea del Norte, pese a que Irán les había apoyado en la guerra contra los talibanes afganos.[304]

El ataque a Irak, el primer eslabón del «eje del mal», se justificó con una serie de argumentos que Rumsfeld recapitula en sus memorias: Saddam estaba relacionado con los atentados del 11 de septiembre, atacaba los aviones que vigilaban las zonas de exclusión aérea (pero no llegó a derribar ninguno), apoyaba el terrorismo (no se lo relacionaba todavía con al-Qaeda, pero se suponía que, en caso de desesperación, podía sentirse tentado a unirse a ella para atacar a los Estados Unidos), intentaba construir una bomba atómica (los israelíes habían destruido en 1981 un reactor en construcción en Osirak; pero ahora se inventó una fábula acerca de sus intentos de compra de uranio en Níger)[305] y, finalmente, tenía todo un arsenal de «armas de destrucción masiva» de carácter biológico que podía utilizar fácilmente. «Ninguna de estas afirmaciones, que en su conjunto formaban la razón oficial para desencadenar una guerra —ha escrito Ian Buruma— resultó ser ni remotamente verdadera.»

En cuanto se refiere a las «armas de destrucción masiva», que eran el argumento más importante de este repertorio, se sabía con toda certeza que no las había. En el verano de 2002, Naji Sabri, ministro de Asuntos Exteriores de Irak, informó a los norteamericanos que Saddam ni tenía armas de destrucción masiva, ni se estaba esforzando seriamente en obtenerlas. Lo que no impidió que el 5 de febrero de 2003 se enviase a Colin Powell al Consejo de Seguridad de la ONU para que defendiese la existencia de tales armas, en un discurso escrito por el asistente de Cheney, I. Lewis «Scooter» Libby, sobre la base de informaciones manipuladas e inconsistentes. Powell, engañado para que hiciese este papel, que más tarde consideró que había sido una mancha en su carrera, cumplió a la perfección con él.

En realidad hacía ya mucho que las informaciones sobre Irak se estaban manipulando para acomodarlas a la voluntad de declarar la guerra. Según un memorándum secreto británico de 23 de julio de 2002, sir Richard Dearlove, el jefe del M16, explicó a su regreso de Washington que «la acción militar se ve como inevitable. Bush desea echar a Saddam por medio de una acción militar, justificada por la conjunción del terrorismo y las ADM» («armas de destrucción masiva»). Blair le había dado ya seguridades al presidente norteamericano de que estaría a su lado en este asunto, pese a que el fiscal general, lord Goldsmith, le había advertido de la ilegalidad de la acción; de ahí que el jefe del gobierno británico se preocupase por establecer «el contexto político», organizando un plan para presentar un ultimátum a Saddam en relación con el retorno de los inspectores de la ONU, con el fin de crear «una justificación para el uso de la fuerza»; algo que no preocupaba en absoluto a los norteamericanos. De hecho Cheney se oponía a volver a enviar a los inspectores, y Blair hubo de insistir personalmente ante Bush para que este aceptase «ir a las Naciones Unidas», de modo que se guardasen las apariencias.

¿Cuáles eran, pues, los motivos que condujeron a la guerra? Uno de ellos, posiblemente el fundamental desde la óptica de los neocons, era transformar políticamente el Oriente Próximo. Richard A. Clarke, que dirigió el Grupo de Seguridad Antiterrorista de 1992 a 2004, ha definido estos objetivos como: arreglar el desorden que había dejado Bush padre en 1991, cuando permitió que Saddam conservara el poder; mejorar la posición estratégica de Israel, eliminando el más importante ejército hostil de la zona; establecer una democracia árabe como modelo para los otros países de la región (los neocons se proponían crear un nuevo Oriente Próximo «compuesto de estados árabes democráticos y proisralíes») y facilitar la retirada de las tropas norteamericanas de Arabia Saudí, donde su estancia provocaba antiamericanismo.

De acuerdo con estos planes la caída de Saddam iba a sacar a los regímenes islámicos del Oriente Próximo de su pasividad y a «drenar el pantano», eliminando tanto a los viejos autócratas como a los nuevos musulmanes radicales, y a favorecer a las fuerzas democráticas en países como Irán o Egipto, lo cual ayudaría a que se llegase a establecer una paz general con Israel.

Para los neocons esta línea de actuación iba asociada a su visión de lo que había de ser el nuevo imperio americano. Como escribían William Kristol y Lawrence Kaplan: «La misión comienza en Bagdad, pero no termina aquí (…). Estamos en los albores de una nueva era histórica (…). Este es un momento decisivo (…) y es claramente sobre mucho más que Irak. Es más incluso que sobre el futuro del Oriente Próximo y sobre la guerra contra el terrorismo. Es sobre el papel que los Estados Unidos se proponen representar en el siglo XXI». Desde un punto de vista militar el nuevo imperio no se fundamentaría en grandes guarniciones permanentes, como los más de cien mil hombres que se mantenían en Alemania —para defenderla de «la invasión de una Unión Soviética que ya no existía»— o los contingentes estacionados en Japón y en Corea del sur desde el comienzo de la guerra fría, sino en una serie de bases que permitirían un rápido despliegue de las fuerzas norteamericanas para intervenir en cualquier lugar del mundo (por ejemplo, en áreas mal gobernadas «que pudieran servir de territorio de formación y de refugio de terroristas»).[306]

Lo que no se confesaba en público, en cambio, era que la ambición por controlar el petróleo iraquí era uno de los objetivos fundamentales de estos planes. Desde la crisis de 1973-1974 los norteamericanos habían creado una Reserva estratégica de petróleo de hasta mil millones de barriles, almacenada en cavernas vacías de Texas y Luisiana, y habían empezado a pensar en términos de futuro. El grupo que Cheney organizó con el fin de planear una nueva estrategia de la energía publicó en mayo de 2001 una estimación en que sostenía: «al ritmo actual América importará dentro de veinte años dos de cada tres barriles de petróleo». La consecuencia era que había que actuar para controlar las reservas del Oriente Próximo. No ha de extrañar que mientras en la conquista de Bagdad no hubo la menor preocupación por salvaguardar del saqueo museos y bibliotecas, el único edificio protegido por las tropas norteamericanas fuese el Ministerio del Petróleo.[307]

Hoy sabemos, además, que tras la decisión de Blair de implicarse en la invasión estaban las presiones de la empresa petrolera británica BP, que quería asegurarse de que no iba a quedar al margen del reparto de las reservas iraquíes que se preveía que iba a ser una de las consecuencias inmediatas de la guerra, para lo cual resultaba necesario dar apoyo a los proyectos estadounidenses de invasión.

Lo más grave fue tal vez que la operación se planificó con una completa ignorancia de las realidades de aquellos territorios[308] y con graves errores militares. A fines de abril de 1999 el Mando central (CENTCOM) de los Estados Unidos, dirigido por el general Zinni, organizó una serie de juegos de guerra dedicados a estudiar los diversos aspectos de una operación para derrocar a Saddam. El plan, que no fue tomado en cuenta por quienes diseñaron finalmente la invasión, pedía muchas más fuerzas que las que Rumsfeld juzgaba necesarias, siguiendo las teorías de shock and awe («choque e intimidación») expuestas por Harlan Ullman, que preveían que un ataque acompañado por bombardeos que aterrorizaran a la población podía provocar una rápida y total sumisión de los iraquíes.

En diciembre de 2001 se había pedido al general Newbold que expusiera los planes de los militares para una invasión de Irak y este sostuvo que se necesitaba una fuerza de 400 000 hombres. Rumsfeld, que opinaba que los militares se estaban limitando a repetir los planes de la anterior guerra del Golfo, sin tomar en cuenta los avances que se habían producido en la calidad del armamento, dijo que esto era absurdo y le contrapuso la estimación que le había pedido al general Tommy Franks, que sostenía que bastaría con un ejército de 145 000 hombres por tres meses, que podían elevarse a 275 000 en caso necesario. Era un plan adecuado para una rápida conquista, como la de la guerra del Golfo, pero desastroso si tras la conquista había que afrontar un largo período de ocupación.

Los expertos de Rumsfeld estaban convencidos de la debilidad de Irak y tenían una fe absoluta en la eficacia de las nuevas tecnologías aplicadas a la guerra. Querían una conquista rápida y barata, que no requiriese una larga estancia sobre el terreno. Un grupo de planificación militar calculaba en 2002 que los iraquíes permanecerían en sus guarniciones y que el retorno a la normalidad sería cosa de pocos meses.

Lo cual se completaba con la previsión de que, según la CIA, los ocupantes encontrarían en los pueblos multitudes que los recibirían alborozados, para lo que se sugería que se les repartiesen banderitas de los Estados Unidos que pudiesen ondear. Cheney le dijo en septiembre de 2002 a un político que le manifestaba sus dudas: «Nos van a dar la bienvenida. Será como el ejército norteamericano desfilando por las calles de París (…). La gente estará tan feliz con sus libertades que probablemente podremos retirarnos en uno o dos meses». Calculaban que a las pocas semanas de la conquista podrían comenzar a retirarse las tropas norteamericanas, dejando tan solo unos 34 000 hombres sobre el terreno, que en diciembre de 2006 habrían quedado ya reducidos a 5000.

Se ignoraron deliberadamente las advertencias de los servicios de inteligencia acerca de las dificultades que se podían encontrar en un Irak dividido, y se menospreció la opinión de buena parte de los dirigentes del Pentágono y de algunos republicanos realistas, incluyendo a Kissinger y al secretario de Estado Colin Powell, que hubiesen preferido que siguiese la política de contención y avisaban que la conquista podía ir seguida de una larga ocupación militar.

La guerra la inició el 20 de marzo de 2003 una coalición de treinta y cuatro países, muchos de los cuales ofrecieron colaboraciones meramente simbólicas: solo Gran Bretaña (41 000) y Australia (2000) aportaron un número estimable de combatientes (Marruecos, por ejemplo, envió 2000 monos, para que ayudaran a encontrar y detonar minas). La iniciaban en total 200 000 hombres, la mitad de los que habían intervenido en la guerra de 1991, con un importante apoyo naval y aéreo. La lucha comenzó al alba del 21 de marzo. En el primer día seiscientos misiles y mil quinientos aviones de combate atacaron un millar de objetivos; en los días siguientes los bombardeos prosiguieron, arrasando edificios y destruyendo equipo pesado. Mientras tanto una fuerza de 145 000 hombres, que solo tenían enfrente los restos desmoralizados del ejército derrotado en 1991, carente de apoyo aéreo, avanzaban sin oposición. El 23 de marzo se encontró alguna resistencia, más de combatientes irregulares que del ejército iraquí o de la guardia republicana, y en los días siguientes la conjunción de una tormenta de arena y de lluvias torrenciales frenó el avance de los invasores. El día primero de abril pudo reanudarse la actividad y el 3 por la madrugada, en una noche sin luna, la guardia republicana iraquí organizó un contraataque que fue completamente dominado después de tres horas de lucha. Pronto se pudo ver que las bravatas de Saddam, incluyendo su pretensión de disponer de armas químicas y biológicas, eran vanas, de modo que el avance posterior hacia Bagdad encontró escasa resistencia.

El 9 de abril, en el mismo momento en que el régimen de Saddam desaparecía de la capital, comenzó en Bagdad una oleada de saqueos que arrancaron todo lo que hubiese de valor en los edificios públicos y vaciaron el Museo Nacional de sus preciosas reliquias, en robos que en ocasiones parecen haber sido programados por la demanda externa (Rumsfeld asegura, sin embargo, que los relatos sobre estos saqueos son exagerados, puesto que solo faltaron de 3000 a 15 000 piezas). Al ocupar Bagdad los norteamericanos —que exhibieron repetidamente en la televisión las imágenes de iraquíes derribando una gran estatua de Saddam en un acto que se pretendía espontáneo, pero que había sido organizado por un coronel de marines— no hicieron nada por evitar la destrucción de las colecciones del museo y de los riquísimos fondos de la Biblioteca Nacional. Cuando se le instó a que terminase con los saqueos el general McKiernan respondió que ese no era su trabajo. «La civilización, ha escrito Jeremy Salt, estaba siendo saqueada en su misma cuna, a la vista de quienes atacaban Irak en su nombre.»

El primero de mayo de 2003, a bordo del portaviones Abraham Lincoln, en el mar frente a las costas de California, Bush declaró «Las operaciones de combate en gran escala en Irak han acabado»; una pancarta en el fondo decía: «Misión cumplida» («Esta frase, dice Rumsfeld en sus memorias, iba a amargar hasta el final su presidencia»). Tras el rápido triunfo de la operación de Afganistán, esta nueva victoria en Irak parecía culminar la demostración de que la máquina militar norteamericana era invencible y podía asegurar a los Estados Unidos una larga etapa de superioridad indiscutida. Muy pronto se iba a ver que esta era una ilusión infundada.

LA GUERRA DESPUÉS DE LA GUERRA

Apenas había pasado un mes desde los ataques del 11 de septiembre cuando el Departamento de Estado inició un estudio sobre la transición en Irak, con un equipo de unos 200 iraquíes (ingenieros, abogados, hombres de negocios y expertos de diverso tipo). En 33 reuniones plenarias, de julio de 2002 a abril de 2003, recomendaron que no se eliminase «por completo la actual administración, ya que, además de su papel de control, esta estructura proporciona un encuadramiento para el orden social», a la vez que aconsejaban que se procediese a una reducción y rehabilitación del ejército iraquí, al que incumbirían tareas como las de luchar contra el terrorismo y contra el tráfico de drogas.

Los neocons que dominaban en el Pentágono habían tenido la genial idea de que el problema de «reconstruir la nación» podía resolverse con poco esfuerzo, sobre la base de crear un gobierno iraquí en el exilio alrededor del hombre que habían escogido para dirigir el país, Ahmad Chalabi, y trasladarlo en bloque a Bagdad. Chalabi procedía de una rica familia chií de Bagdad, pero había abandonado Irak a los doce años de edad. Ni el Departamento de Estado ni la CIA confiaban en él —había huido de Jordania por un fraude bancario—, pero su palabrería acerca de establecer una democracia laica que reconocería a Israel era lo que Wolfowitz, Perle y Feith deseaban oír, de modo que depositaron toda su confianza en él y en su partido fantasma, Congreso Nacional Iraquí (INC), subvencionado con grandes sumas por los norteamericanos. En abril de 2005 se le nombró primer ministro adjunto, pero en las elecciones de diciembre del mismo año no fue capaz de obtener ni siquiera un acta de diputado para sí mismo, de modo que quedó marginado por completo de la política iraquí.

Esta transición política era lo único de que se habían preocupado Rumsfeld y sus acólitos, que contaban con que el nuevo gobierno se encargaría del restablecimiento del país, y no se habían detenido a pensar en planes de reconstrucción. Ni Rumsfeld ni Cheney quisieron oír previamente los consejos de expertos que hablaban de dificultades, de modo que se puede decir que se fue a la guerra sin ningún plan acerca de lo que había que hacer después, salvo que la finalidad de la invasión era «cambiar el régimen». El general Odierno, comandante general de las tropas norteamericanas en Irak, reconocía en 2010 que fueron allí «a derribar el gobierno», sin entender en absoluto cuáles eran los problemas reales del país.

Dos meses antes de empezar la invasión, Feith reclutó al teniente general retirado Jay Garner para gestionar la ocupación al frente de una oficina «de reconstrucción y ayuda humanitaria» (Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance, ORHA). Se trataba, le dijo, de una especie de tarea humanitaria para un máximo de tres meses, hasta que hubiese un gobierno establecido en Irak y se pudiese enviar a Bagdad un embajador de los Estados Unidos.

Garner, un hombre que conocía el país y que era apreciado por los iraquíes, no recibió instrucción alguna acerca de lo que debía hacer; se le envió con un equipo del que Rumsfeld cuidó de eliminar cualquier persona que procediese del Departamento de Estado o del entorno de Powell —eso de Irak era cosa de Defensa— y se le dejó en la ignorancia de los planes que los neocons estaban preparando para desmontar toda la estructura del estado. La situación llegó a tal grado de confusión que el 11 de mayo se decidió reemplazar a Garner por alguien en quien se pudiese depositar más poder, al frente de una Autoridad Provisional de la Coalición (CPA). El sucesor de Garner era Lewis Paul Bremer III, un diplomático sin ninguna experiencia ni conocimiento acerca de Oriente Próximo, quien llegó al país con una legión de jóvenes republicanos reclutados a través de la web de la derechista fundación Heritage.

Bremer, que actuaba con la arrogancia de un virrey, sin dar cuenta de lo que hacía más que al presidente y a Rumsfeld, comenzó dejando claro que a él solo le importaba la reforma económica: implantar un mercado libre, aboliendo todos los elementos de subvenciones y ayudas del régimen de Saddam, que le parecían «socialistas». Para los neocons era evidente que una economía libre era la base necesaria para crear una sociedad democrática. Bremer publicó disposiciones «para 2004 y años siguientes», que condenaban a un futuro gobierno iraquí a no deshacer lo que habían establecido los ocupantes: privatizó las empresas estatales, vendió los bancos a extranjeros (liberándoles de las limitaciones en las tasas de interés propias de un país musulmán), liberalizó el comercio exterior (con lo que se cargó lo que quedaba de industria local), dio plena libertad a las inversiones extranjeras y a la remesa al exterior de beneficios, mantuvo la prohibición de funcionamiento de los sindicatos, concedió a los contratistas extranjeros, incluyendo las empresas de seguridad, exención plena de las leyes iraquíes, etc.

Pero sus dos medidas más importantes fueron de carácter político y las adoptó en los primeros días de su gestión. El 16 de mayo publicó una disposición de «desbaazificación» de la sociedad iraquí que ordenaba la inmediata destitución de sus cargos en la administración de todos los miembros del Partido Baaz, que había gobernado el país desde 1968. Como la pertenencia al partido era obligatoria para todo funcionario, esto dejaba a cincuenta mil personas sin medios de vida, mientras la administración quedaba paralizada, al haberse despachado a todos aquellos que tenían algún conocimiento acerca de su funcionamiento.

Lo más grave vino pocos días más tarde, el 23 de mayo, con una orden de «disolución de entidades» que afectaba al ejército iraquí, al Ministerio de Defensa y a los servicios de inteligencia. Los planes que se habían preparado poco antes de la invasión preveían disolver y desarmar tan solo las unidades de la guardia republicana, las más leales a Saddam, pero conservar el resto del ejército para mantener el orden social y ayudar a la reconstrucción del país. Lo cual era tanto más necesario por cuanto el ejército de ocupación se componía sobre todo de fuerzas motorizadas y blindadas, aptas para el combate, pero no para restablecer el orden civil, para lo que se necesitaban una policía militar o una infantería ligera entrenada en las luchas urbanas (y que, además, conociera la lengua propia de la población local).

La disolución del ejército dejaba a más de 300 000 hombres con preparación militar, y la mayoría de ellos con armas, en la calle, sin medios de vida ni pensiones. Ante las violentas manifestaciones de protesta la CPA decidió pagar a los militares licenciados un estipendio, lo que no hacía más que empeorar las cosas. La medida, que conocían tan solo Bush y Rumsfeld, quien en sus memorias confiesa «que pudo haber hecho algo para detenerla», tomó por sorpresa incluso al secretario de Estado, Colin Powell, que estaba este día en París. Era tan disparatada que a Anthony Zinni, un general de cuatro estrellas de considerable prestigio personal, no se le ocurrió otra explicación que la de que los neocons habían optado por dejar que Irak cayese en el caos para desviar la atención de los problemas de Israel y Palestina.

Tres días después del anuncio de la disolución del ejército murió el primer soldado norteamericano en un atentado en la carretera al aeropuerto de Bagdad. No habían pasado ni siquiera tres meses cuando, el 7 de agosto de 2003, explotó un coche bomba junto a la embajada jordana, matando a 11 personas e hiriendo a más de cincuenta. El 29 de agosto se produjo el ataque más espectacular, dentro de una zona protegida de Bagdad: el atentado contra la misión de la ONU, que produjo 22 muertos, entre ellos el enviado especial Sérgio Vieira de Mello.

Fue entonces cuando comenzó la auténtica guerra de Irak y cuando la presencia militar norteamericana se transformó en una ocupación. La invasión había sido un paseo militar; ahora se iniciaba una combinación de guerra civil entre suníes, chiíes y kurdos, y de una oleada de terrorismo que asociaba a radicales islamistas, miembros de al-Qaeda, baasistas marginados y toda clase de descontentos con la ocupación norteamericana. Murieron más soldados norteamericanos entre mayo y noviembre de 2003 que en todo el transcurso de la invasión. Esta iba a ser, paradójicamente, una campaña de terrorismo engendrada por una guerra contra el terror que había equivocado sus objetivos. Incapaz de entender el problema a que se enfrentaba, la CPA cometió además el error de dedicarse a perseguir y matar terroristas, en lugar de ocuparse de proteger a la población civil, lo que contribuyó a aumentar la insurgencia.

Aunque Bremer había recibido el consejo de Feith de formar un gobierno integrado por exiliados, y el de Wolfowitz de celebrar elecciones cuanto antes, decidió que ni una ni otra cosa convenían, y reunió a los dirigentes iraquíes para decirles que él iba a seguir mandando por todo el tiempo que fuera necesario hasta que se hubiese aprobado una Constitución y hubiese un gobierno debidamente elegido, y que todo lo que iba a hacer era formar un Consejo consultivo integrado por veinticinco iraquíes, que iban a ser 13 chiíes, 11 suníes (de ellos, 5 kurdos, 5 árabes y un turcomano) y un cristiano.

Su plan preveía ir pasando gradualmente atribuciones al Consejo consultivo, mientras se preparaba la redacción de una Constitución que habría de ser ratificada por un referéndum, para pasar entonces a la elección de un gobierno al que se pudiese entregar la soberanía; algo que se esperaba que pudiese concretarse a fines de 2004, o a lo sumo en 2005. A este plan se opuso la principal autoridad religiosa chií, el gran ayatollah Alí al-Sistani, quien, previendo que los norteamericanos pretendían redactar una Constitución a su estilo, publicó una fatua diciendo que la Constitución debía ser redactada por representantes iraquíes elegidos, lo que hacía inviable la vía prevista por Bremer: las elecciones debían preceder a la Constitución.

Fue la oposición de al-Sistani, combinada con la creciente violencia de quienes se resistían a la ocupación norteamericana —que se vio agravada por la divulgación de brutalidades como las realizadas en la cárcel de Abu Grahib— lo que obligó a Washington a dejar a un lado el proyecto de Bremer y a recurrir a la ONU, que propuso un plan para la celebración de elecciones y para la redacción de una Constitución, mientras Washington negociaba ceder la soberanía a un gobierno provisional iraquí el 30 de junio de 2004; algo que le convenía a Bush de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

Tras haberse aprobado en febrero una «Ley administrativa de transición», que preveía un gobierno «republicano, federal, democrático y pluralista» en que el islam sería la religión oficial y una fuente de derecho, la soberanía fue transferida al gobierno provisional el 28 de junio de 2004, con limitaciones como la de aceptar la permanencia de las tropas norteamericanas y garantizarles la exención de las leyes iraquíes. En este mismo momento cesaba el mandato de Bremer.

Para encabezar el gobierno provisional, en cuya designación intervino la ONU, se escogió a Ayad Allawi, un chií laico relacionado con la CIA, que al-Sistani aceptaba, y que se mantuvo diez meses en el poder, hasta que su partido perdió las elecciones del 30 de enero de 2005, boicoteadas por los suníes.

Las elecciones de 2005 permitieron nombrar presidente al kurdo Jalal Talabani, que escogió como primer ministro a Ibrahim al-Jaafari, un chií casado con una hermana de al-Sistani, a quien se consideraba próximo a Irán, lo que fue uno de los motivos, junto a las quejas de suníes y de kurdos, de que se forzara su dimisión y que el cargo pasase en abril de 2006 a Nuri al-Maliki. Fue este nuevo gobierno el que ejecutó, el 30 de diciembre de 2006, a Saddam Hussein, capturado tres años antes por Bremer; la difusión del video que mostraba la brutalidad que había rodeado su muerte no hizo más que aumentar las disensiones internas.

La situación se agravó con el atentado de 22 de febrero de 2006 contra el santuario chií de los Dos imams en Samarra. Un grupo que vestía uniformes militares penetró en el templo durante la noche y colocó cargas explosivas que provocaron el hundimiento de la cúpula dorada y la destrucción del santuario. Como dijo uno de los vicepresidentes, aquello fue para Irak como el 11 de septiembre para los Estados Unidos. Comenzó desde entonces una salvaje venganza en que más de veinte mezquitas suníes fueron atacadas y centenares de iraquíes torturados y asesinados.

A fines de 2006 más de veinte milicias sectarias gobernaban la vida en las ciudades, imponiendo un régimen de terror y desafiando al gobierno: las tiendas que vendían alcohol eran atacadas, las dedicadas a la música cerraron, se asesinó a los barberos que afeitaban a los hombres, y las mujeres que no vistieran de acuerdo con las reglas de la moral islámica eran amenazadas. Se expulsó a los suníes que tenían empleos en la administración o en el ejército, y se les negó atención en los hospitales. La guerra civil entraba ahora en una nueva escalada de violencia.

A comienzos de 2006 ocho generales y almirantes retirados pidieron la dimisión de Rumsfeld, acusándolo de incompetencia militar. Bush optó inicialmente por defenderlo, pero cuando se produjo una victoria demócrata en las elecciones al Congreso, en noviembre de 2006, aceptó su dimisión y nombró en su lugar a Robert Gates, lo que permitió el cambio de política que iba a conducir al aumento de tropas en lo que se llamó the surge.

Se abandonaron los planes de retirar tropas norteamericanas, se prolongó forzosamente el servicio de los militares voluntarios que habían cumplido el plazo de su compromiso y Bush anunció en enero de 2007 un «nuevo camino hacia adelante» que incluía el envío de 20 000 hombres más, con el propósito de garantizar la seguridad. The surge era, sin embargo, mucho más que un aumento de fuerzas. Implicaba la sustitución de la política de guerra global masiva y rápida que había sostenido Rumsfeld, por una nueva concepción de «contrainsurgencia», cuyo máximo proponente era el general David Petraeus. Su fundamento era que no bastaba conquistar territorio o destruir enemigos, sino que había que ganarse a la población. Este cambio de política condujo a la formación de al-Sahwa («el despertar»), con la contratación de unos cien mil miembros de fuerzas suníes que hasta entonces se habían enfrentado a los ocupantes: una operación que los americanos realizaron al margen de un gobierno iraquí dominado por chiíes y kurdos.

Que el refuerzo de la lucha contra el terrorismo pareciese estar llevando a una progresiva pacificación, no bastaba para ocultar las consecuencias del fracaso en organizar un nuevo ejército iraquí, que era esencial para permitir la retirada de los ocupantes. A mediados de 2007 se podía comprobar que, tras haber invertido 20 000 millones de dólares en equiparlo, el nuevo ejército era incapaz de funcionar sin ayuda norteamericana. La corrupción de su oficialidad era enorme; muchos iraquíes se alistaban porque era el único trabajo en que podían recibir una paga con seguridad, pero la mayor parte del tiempo se ausentaban sin permiso. Peor era aún lo que sucedía en la policía; había en ella 180 000 funcionarios que cobraban, pero en muchas unidades la mitad de la plantilla estaba ausente y muchos de los que se mantenían en el servicio pertenecían a la vez a milicias chiíes. En estas condiciones no se podía pensar en el fin de la ocupación.

EL PRECIO DE LA GUERRA

¿Cuál ha sido el coste de la guerra? Las pérdidas de vidas de los norteamericanos fueron mayores de lo que se había previsto, guiándose por el precedente de la primera guerra del Golfo. En octubre de 2010 se estimaban en unos 5700 muertos; pero a esta cifra había que añadirle la de los veteranos fallecidos después del regreso por suicidio o por accidentes, sobredosis de drogas y otras causas relacionadas con la experiencia vivida en suelo iraquí.

Se buscó disminuir el impacto causado por estas muertes empleando contratados, cuyo número fue creciendo hasta llegar a 160 000 en 2008: guardas de seguridad reclutados en todo el mundo, que realizaban servicios que normalmente correspondían al ejército. En 2009 se calculaba que los contratados integraban un 48 por ciento del personal que trabajaba para el Departamento de Defensa en Irak y un 57 por ciento del de Afganistán, lo que explica que en los seis primeros meses de 2010 murieran en ambos escenarios más contratados que soldados. El conflicto, diría el teniente coronel William J. Astore, se estaba convirtiendo en algo semejante a los que en los siglos XVII y XVIII mantenían los soberanos europeos, empleando soldados profesionales y bandas de mercenarios en defensa de los intereses de unas élites gobernantes.

Alrededor de una décima parte de lo que en 2004 se gastaba en la reconstrucción de Irak iba a parar a compañías de seguridad, como la siniestra Blackwater, cuyo propietario, Erik Prince, se sentía como «un cruzado cristiano encargado de eliminar a los musulmanes y a la fe islámica de la faz de la tierra», y que aceptó de la CIA contratos para buscar y asesinar a presuntos miembros de al-Qaeda, además de participar en los más diversos delitos, incluyendo el tráfico de armas.[309] Uno de los peores problemas era que estos mercenarios, que estaban al margen de las leyes y tribunales iraquíes, no estaban tampoco sujetos a las limitaciones legales que rigen para los miembros del ejército norteamericano, de modo que podían cometer brutalidades y crímenes impunemente.

En cuanto a los iraquíes, las pérdidas demográficas causadas de uno u otro modo por la guerra fueron muy grandes, pero resulta difícil evaluarlas con precisión. Mientras una organización llamaba Iraq Body Count ha fijado las muertes de civiles en 100 000, una cifra que adoptan sin reservas los políticos y los medios de comunicación, un estudio más serio, realizado por los epidemiólogos de la Bloomberg School of Public Health de la universidad Johns Hopkins, colaborando con la universidad Al-Mustansiriya de Bagdad, concluía que entre marzo de 2003 y julio de 2006 había habido en Irak 654 965 muertes «de más» (esto es, que no se hubieran producido de no haber ocurrido la guerra), de las que un 91,8 por ciento habían sido violentas. La investigación se basaba en un método que estos epidemiólogos habían aplicado también al Congo y a Darfur, con resultados que fueron generalmente aceptados. No ocurrió lo mismo con los referidos a Irak, que fueron recibidos con una oleada de críticas. Un estudio realizado por Opinion Research Business, una empresa de encuestas británica sin ninguna connotación política, publicaba en enero de 2008 una estimación de 1.033 000 muertos; en este caso la encuesta fue simplemente silenciada. De manera que se ha seguido manteniendo la cifra de los 100 000 muertos, pese a que no cuadra con el hecho de que en 2010 hubiese en Irak 744 000 viudas. Hay además que contar con la huida a otros países de unos dos millones de iraquíes y con el desplazamiento interno de por lo menos otros dos millones, que ha afectado sobre todo a los grupos más educados de las clases medias.

En cuanto se refiere al coste económico para los Estados Unidos es difícil de establecer. Los enormes aumentos presupuestarios que hubo que destinar a las guerras de Afganistán y de Irak —400 000 millones de dólares, primero, seguidos de otros 80 000 millones, que salían de los «fondos suplementarios» que se pedían al Congreso— se compensaron, aunque solo en pequeña parte, con la disminución del gasto norteamericano en educación, cultura y atención médica (con un recorte, por ejemplo, de 50 millones en el mantenimiento de bibliotecas públicas, que obligó a muchas a reducir servicios o a cerrar) y contribuyeron a aumentar el enorme volumen de la deuda pública norteamericana. La cifra de tres billones de dólares, estimada por Joseph Stiglitz y Linda Baines, pretende tomar en cuenta la totalidad de los complejos gastos de la guerra.[310]

Uno de los aspectos más lamentables de este gasto fue el despilfarro en armas de coste muy elevado, que eran de escasa o nula utilidad para la lucha contra la insurgencia, mientras los soldados se quejaban de que sus vehículos estaban escasamente acorazados y recibían de Rumsfeld esta respuesta, en una reunión celebrada en Kuwait en diciembre de 2004: «Como ustedes saben, vamos a la guerra con el ejército que tenemos, no con el ejército que podríamos desear o el que quisiéramos tener en el futuro».

Parecía imposible frenar el entusiasmo de los militares por gastar miles de millones de dólares en juguetes de alta tecnología que ni siquiera se sabía si eran viables, ni en qué año estarían disponibles, o en armas ideadas de acuerdo con la experiencia de la confrontación con los soviéticos, pero que no tenían sentido en una guerra contra guerrilleros y terroristas (cañones demasiado pesados, aviones demasiado rápidos y hasta 30 submarinos al precio de 2400 millones de dólares la pieza).

A que se produjera este tipo de gasto contribuyó la forma en que se mezclaban en la política los intereses de las empresas de armamento. Había, por una parte, personajes como G.H.W. Bush, el padre del presidente, o el vicepresidente Dick Cheney, que mantenían una estrecha relación con la industria del armamento. Cheney había sido director (CEO) de Halliburton Company de octubre de 1995 a agosto de 2000, y su salida de la empresa no fue una dimisión sino un «retiro anticipado», lo que le dio derecho a las stock options que ya hemos mencionado con un valor de mercado de 62,6 millones de dólares, además de a otros beneficios.

Pero es que además se nombró para cargos que tenían una relación directa con las inversiones militares a gentes que procedían de las propias empresas de armamento. Gordon England, antiguo presidente de Lockheed y vicepresidente de General Dynamics, que fue nombrado secretario de Marina en octubre de 2003 y secretario adjunto de Defensa en enero de 2006, sostenía que uno de sus objetivos fundamentales era «el desarrollo de armas futuristas para enfrentarse a los nuevos tipos de amenaza que podían emerger en el mundo postsoviético». Que no era precisamente lo que se necesitaba en Irak o en Afganistán.

Hubo casos como el Future Combat System —un sistema de vehículos terrestres y aéreos enlazados por una red de ordenadores que identificarían los objetivos y los destruirían inmediatamente— que se calculaba que iba a consumir 128 000 millones de dólares hasta 2014. O proyectos insensatos, como el del Crusader, de United Defense (una empresa filial de Carlyle, en la que participaba Bush padre), que recibió el 26 de septiembre de 2001 un contrato de 665 millones de dólares para la adquisición de un cañón que el ejército acabó descartando por ser demasiado pesado.

Se compraba armamento a empresas que no ofrecían garantías y que no eran previamente controladas. A fines de marzo de 2008 se produjo un escándalo cuando se descubrió que la compañía AEY, que había recibido contratos por valor de 200 millones de dólares al año, había enviado a Afganistán municiones fabricadas cuarenta años atrás en los antiguos países del área soviética y en China, que no estaban en condiciones de uso normal y que pudieron haber provocado explosiones en los polvorines.

O, para acabar, se proponían compras innecesarias, como aquella con que se trató de favorecer a Boeing, persuadiendo a las fuerzas aéreas para que adquiriesen un centenar de Boeing 767 y los adaptasen para convertirlos en abastecedores de gasolina en vuelo, algo que la fuerza aérea no había pedido, que era innecesario y que implicaba un gasto de 30 000 millones de dólares. El contrato, defendido públicamente por Richard Perle —que había recibido de Boeing una inversión de 20 millones de dólares para una compañía que él dirigía— acabó en un escándalo que obligó a anularlo.

Cuando se criticó al Pentágono por los gastos incontrolados en armamento, Rumsfeld se excusó diciendo que había estado demasiado ocupado en la gestión de la guerra como para cuidarse de las adquisiciones.

Mucho más cara que el armamento resultó ser la corrupción, que se extendió a todos los niveles, desde los grandes proyectos de reconstrucción —Peter van Buren nos habla, entre otros muchos disparates, de un hospital «Laura Bush» inaugurado en 2004, que seguía sin haber visto un solo paciente en 2011 y de otro que quedó abandonado, a falta de construir un techo para cubrirlo—, a las contrataciones de servicios y aprovisionamiento para los soldados. KBR, la filial de Halliburton que había sido acusada de hinchar los presupuestos de diversos proyectos militares, recibió el encargo de gestionar aspectos cruciales de los abastecimientos de alimentación, petróleo y electricidad; pero las auditorías realizadas por el Pentágono encontraron en agosto de 2004 que no había justificado un 43 por ciento de los 4180 millones de dólares que había facturado por el alojamiento y manutención de las tropas norteamericanas.[311]

Lo más espectacular, sin embargo, deben ser los 6600 millones de dólares que formaban parte de los cargamentos de billetes enviados en 2003 y 2004 en aviones de carga, con destino a la reconstrucción de las infraestructuras de Irak, que desaparecieron en lo que se ha calificado como «el mayor robo de fondos de la historia nacional». Algo que quedaba muy por encima de las numerosas apropiaciones menores que hicieron pasar millones de dólares a los bolsillos de militares norteamericanos.

Las nuevas autoridades iraquíes participaron de pleno en este saqueo del dinero público. Cuando se tomó la decisión de organizar el nuevo ejército iraquí se dieron casos como el de la total desaparición, por obra de funcionarios iraquíes corruptos, de los 1300 millones de dólares destinados a la compra de armamento. Cuando, un par de años más tarde, retirado ya del cargo, se le preguntó a Bremer, en el transcurso de una conferencia dada en Clark University, qué pensaba de las alegaciones de que se habían esfumado nueve mil millones de dólares de los fondos destinados a la reconstrucción de Irak, contestó que no había por qué preocuparse, puesto que se trataba de dinero iraquí (procedente de la venta de petróleo) y no estadounidense.

IRAK: FINAL Y BALANCE

El propósito inicial de los Estados Unidos, cuyo mandato internacional para actuar en Irak expiraba a fines de 2008, era el de establecer una especie de protectorado sobre un país inestable, a partir de unas bases en que sus tropas permanecerían durante una serie de años (la de Balad, la mayor base aérea del mundo, era una ciudad en que podían acomodarse 40 000 personas), con el centro del poder en la embajada en Bagdad, un «megabunker» fortificado que era uno de los mayores edificios de su género en el mundo.

Las primeras exigencias norteamericanas eran la obtención de bases en territorio iraquí, libertad para realizar operaciones militares y para arrestar y detener a iraquíes, e inmunidad total de las tropas norteamericanas y de los contratados ante las leyes del país. El acuerdo votado por el Parlamento iraquí el 27 de noviembre de 2008, que aprobaba los términos de la retirada gradual norteamericana, negaba sin embargo las concesiones que se habían pedido, tanto la de conservar alguna base después de la marcha, como la de inmunidad de las leyes iraquíes para soldados y contratados, difícil de aceptar como consecuencia de los muchos abusos cometidos durante la ocupación.

La retirada de las tropas norteamericanas, en momentos en que el aumento del terrorismo parecía desvanecer las ilusiones de pacificación, planteaba una serie de problemas, como el de buscar alguna forma de integración de los suníes, comenzando por dar empleo en el ejército o la policía a los cien mil milicianos de «el despertar», cuya actuación parece haber sido más importante para asegurar una tranquilidad transitoria que el reforzamiento de las tropas norteamericanas. El gobierno chií se ofreció a integrar alrededor de un 20 por ciento en las fuerzas de seguridad, pero en abril de 2009 esta integración se había limitado a 5000 de los cerca de 100 000 que esperaban un empleo del estado, y se comenzaba a comprobar que muchos de ellos, a medida que tomaban conciencia de que los norteamericanos les habían abandonado a la hostilidad del gobierno chií, volvían a las filas de la insurgencia. Como insistió en señalar el general Petraeus antes de abandonar el mando, la pacificación del país era «frágil y reversible», y seguían presentes todos los elementos necesarios para iniciar una nueva etapa de guerra civil y terrorismo. Ante el recorte de las libertades civiles que se estaba produciendo en Irak y las brutalidades y torturas practicadas por su policía, The Economist se preguntaba en septiembre de 2009 si iba a volver a implantarse un «estado policía» no muy distinto al de Saddam, solo que ahora dominado por los chiíes.

En junio de 2009 los norteamericanos pasaron el control de las ciudades a las autoridades iraquíes y comenzaron una retirada gradual de las tropas. Las elecciones de marzo de 2010 vinieron a complicar todavía el panorama, al dar como inesperado ganador, aunque por un reducido margen de votos, a Ayad Allawi, que había acertado a incorporar a políticos suníes en sus listas. Una victoria que al-Maliki no estaba dispuesto a aceptar, con el agravante de que Allawi no podía contar tampoco con el apoyo de otros dos grupos importantes: los kurdos y la Alianza Nacional Iraquí del clérigo chií al-Sadr, lo que permitió a al-Maliki seguir en el poder, en un clima de incertidumbre.

En el verano de 2010 comenzó la retirada de las tropas norteamericanas, que se proponían dejar tan solo 50 000 militares y 7000 contratistas privados en funciones de apoyo y asesoramiento, pero también de contraterrorismo. Las previsiones eran que la representación norteamericana en Irak iba a pasar del ejército al Departamento de Estado, esto es a la embajada en Bagdad, a partir del primero de octubre de 2011.

El 31 de agosto de 2010, cuando Obama declaraba oficialmente terminada una guerra que estaba ya en su octavo año, Irak no tenía un gobierno estable, lo único que funcionaba en su economía era la producción de petróleo (el deficiente aprovisionamiento de electricidad no permitía una actividad industrial regular) y vivía en medio de la violencia terrorista. Si algo era evidente era que la guerra la había perdido el pueblo iraquí. Sin que ello implicase que la habían ganado los norteamericanos, puesto que estaba claro que el proyecto imperial de Bush había fracasado. Nadie lo ha dicho con más elocuencia que Andrew Bacevich: «Billones gastados en Irak, ¿para qué?». Estaba claro que «la apuesta norteamericana por actuar como el único superpoder del mundo y establecer un control casi colonial de Irak» había concluido en un fracaso.

LA PRESIDENCIA DE OBAMA

La política norteamericana pareció que podía experimentar un giro con la subida al poder, en enero de 2009, del primer presidente negro, el demócrata Barack Obama. Utilizaba una retórica al estilo de Kennedy y su ascenso hizo nacer muchas esperanzas de cambio que pronto se vieron defraudadas, ante la incapacidad de llevar a cabo las reformas proyectadas, como consecuencia, por una parte, del escaso empeño reformista de los demócratas y, por otra, de la feroz campaña opositora en que se asociaron la derecha religiosa, cuya presencia política había aumentado considerablemente, los medios de comunicación conservadores y los grupos del llamado «Tea party», sostenidos y financiados por algunos «billonarios» interesados tanto en conservar los privilegios fiscales alcanzados de Bush, como en concluir la destrucción de lo que quedaba de servicios sociales.

La decisión del Tribunal Supremo «Citizens United», que liberalizaba el «gasto político» de las empresas,[312] permitió que estas hicieran cuantiosos donativos «anónimos» a organizaciones de nombre patriótico y oscuras intenciones («American Crossroads», «Americans for Job Security», «Americans for Prosperity», etc.), creadas de acuerdo con unas reglas que no las obligan a declarar al público la procedencia del dinero que emplean en las campañas de publicidad política. La primera manifestación de lo que esto significaba se dio en las elecciones de mitad del mandato de noviembre de 2010, que acabaron en un tremendo desastre para los demócratas, donde se vio cómo «cientos de millones de dólares secretos» se abocaban en campañas dedicadas a ataques contra los candidatos del Partido Demócrata. Aunque la participación más importante fue tal vez la de la U.S. Chamber of Commerce, que no dudó en canalizar donaciones de empresas extranjeras interesadas en evadir los controles a la contaminación, como Shell o B.P., responsable del desastre ecológico del golfo de México. La lógica contrapartida de los triunfos electorales obtenidos con apoyo del dinero de las empresas fue un aumento de la influencia de estas en la política.[313]

En nombre de la voluntad de limitar la esfera de actuación del gobierno estos grupos reaccionarios atacaban las medidas contra la contaminación o las destinadas a prevenir el calentamiento global (lo cual es lógico cuando los que pagan son propietarios de industrias contaminantes), la reforma sanitaria, los sindicatos, el aborto, la fijación de un salario mínimo e incluso la escuela pública, con el fin de que «las cosas sean como en el primer siglo de la nación norteamericana». Sin tomar en cuenta el contrasentido que implicaba la reducción del gasto público en unos momentos en que los expertos avisaban, por poner un ejemplo, de que el deficiente estado de las infraestructuras de transporte norteamericanas amenazaba el crecimiento futuro de su economía. Todo ello acompañado de lo que Henry Giroux llama la «política de humillación», encaminada a denigrar y penalizar a todos aquellos que se apartan de los cánones conservadores, desde ecologistas a gentes sin hogar, pasando por inmigrantes, sindicalistas o estudiantes afroamericanos, utilizando una combinación de represión policíaca y de intervención social.

La gran causa política de Obama era la reforma sanitaria, un objetivo que suscitaba la mayor oposición por parte de los sectores conservadores y del negocio médico-farmacéutico. En marzo de 2010 se aprobó finalmente la ley, que aunque quedaba muy lejos de los sistemas europeos de sanidad pública, se convertía en el gran objeto de ataque de los republicanos y del Tea Party, que se proponían mediatizarla y siguen pensando en derogarla más adelante.

Pero tal vez los signos más reveladores de las limitaciones de Obama sean, por una parte, su decisión de impedir que se procese a los responsables de las torturas practicadas durante la presidencia de Bush y, por otra, el tratamiento conservador que dio a la crisis económica, de la que nos ocupamos más adelante, accediendo a invertir grandes sumas en la asistencia a las entidades financieras en peligro. Los tímidos intentos posteriores de introducir reformas en el sistema financiero fueron recibidos con furiosas protestas de los interesados, que eran ampliamente difundidas por unos medios de comunicación que, en palabras de Mark Weisbrot, se han convertido en «una de las fuerzas más poderosas que bloquean el progreso social y económico».[314]

Un Obama debilitado por la derrota de los demócratas en las elecciones de 2010 se vio obligado a negociar con los republicanos la renovación de los recortes de impuestos a las grandes fortunas que había concedido Bush, ante las protestas de Bernie Sanders, senador independiente por Vermont, que afirmaba: «Hay una guerra en marcha en este país. No me refiero a la guerra de Irak o a la de Afganistán. Hablo de una guerra sostenida por algunos de los más ricos y poderosos contra las familias trabajadoras, contra la clase media de nuestro país, que está en proceso de desaparición». En diciembre de 2010, finalmente, Obama hubo de aceptar una ley de recorte de impuestos que, con algunas mejoras para las «clases medias», confirmaba las exenciones para los más ricos, en un regreso a lo peor de la política de Reagan.

Pero no fue una imposición republicana, sino una elección libremente decidida, la que le llevó a fines de 2010 al nombramiento de nuevos miembros de su equipo económico que eran netamente favorables al mundo de los negocios —como Bill Daley, procedente del J. P. Morgan Chase—, en un claro intento de aproximación a Wall Street, preparándose para la campaña de reelección del 2012. Combatido con saña por los republicanos en la discusión del presupuesto de 2011, Obama se vio obligado a aceptar lo que William R. Pitt definió como «la demolición del contrato social que ha guardado y sostenido el pueblo norteamericano durante generaciones».

En el terreno militar Obama conservó como secretario de Defensa a Robert Gates, que lo había sido con Bush, se comprometió a acabar «la misión de combate en Irak» el 31 de agosto de 2010, y decidió proseguir la guerra en Afganistán con una combinación de aumento de las fuerzas implicadas y ataques contra los dirigentes talibanes con aviones no tripulados, con lo que desmentía sus planteamientos iniciales contra la continuación de las guerras.

El general Petraeus firmó en septiembre de 2009 una directiva secreta que autorizaba la realización de actividades militares clandestinas en Irán, Arabia Saudí, Somalia y otros países de África oriental, Asia Central o el Oriente Próximo; un plan que superaba por su ambición todo lo realizado durante la presidencia de Bush. De hecho fue una de estas operaciones, realizada a pocos kilómetros de la capital de Pakistán, sin conocimiento de su gobierno, la que permitió el éxito más espectacular de la «guerra contra el terror», como fue la muerte de Osama bin Laden a comienzos de mayo de 2011 por obra de un comando de Navy Seals que se introdujo en Pakistán clandestinamente y asesinó a un hombre que estaba desarmado y que no hizo ademán alguno de resistencia.

La retirada de Irak no permitió ninguna celebración de victoria, puesto que dejaba un país destrozado y dividido, donde los ataques terroristas seguían con la misma fuerza que en plena guerra civil. Mientras en Afganistán la certeza de que es imposible alcanzar la victoria, tras nueve años de lucha, en la que se ha convertido en la guerra más larga que jamás hayan sostenido los Estados Unidos, no parecía tener otra salida que la negociación con los talibanes para devolverles el poder. Una contienda, la llamada «guerra AfPak», que, por la necesidad de situarla dentro de su contexto asiático —a diferencia de la de Irak, que era un asunto exclusivamente norteamericano— examinaremos en el próximo capítulo.

Fue precisamente Robert Gates, director de la CIA con G.H.W. Bush y secretario de Defensa tanto con G.W. Bush como con Barack Obama, quien expuso el más lúcido juicio final acerca de estas dos guerras: «En mi opinión, a cualquier futuro secretario de Defensa que aconseje de nuevo al presidente enviar un gran ejército de tierra norteamericano a Asia, al Oriente Próximo o a África habría “que examinarle la cabeza”, como dijo delicadamente el general MacArthur».

Que el entusiasmo por la continuidad de la guerra fría que habían mostrado los neocons necesitase matizaciones lo confesaba el propio Gates en un artículo publicado en mayo de 2010 en Foreign Affairs con el título de «Ayudando a otros para que se defiendan por sí mismos», donde se solidarizaba con la «doctrina Nixon» y advertía que en el «entorno de seguridad global», que «es hoy más complejo, más impredecible y en muchos aspectos más peligroso, incluso sin una superpotencia como adversario», la función de los Estados Unidos había de ser la de asistir a sus aliados y no la de hacer sus guerras.

No cabe duda de que la guerra fría ha seguido hasta la actualidad, inequívocamente dirigida a lo que siempre fue su objetivo central: el mantenimiento del complejo «capitalismo-sistema de libre empresa-modo de vida americano». Lo que ha cambiado es la capacidad de los Estados Unidos para sostenerla, siguiendo, como recordaba Tom Engelhardt, la evolución de todos los imperios: «Viven alimentándose como vampiros de los otros hasta que, más pronto o más tarde, empiezan a alimentarse de sí mismos, a chupar su propia sangre y a vaciarse por dentro. Más pronto o más tarde acaban encontrándose, como ocurre en nuestro caso, económicamente exhaustos y comprometidos militarmente en guerras que no pueden permitirse ni ganar ni perder».

Esta conciencia de la necesidad de poner fin de una vez a la guerra fría e iniciar una nueva etapa, en busca de otros objetivos, es lo que ha venido a plantear un documento publicado como obra de Mr. Y, en una clara alusión al que Kennan firmó como X en febrero de 1947, que estableció en aquellos momentos la doctrina oficial de la guerra fría.[315] El propósito es ahora el de dar un nuevo sentido a la estrategia de seguridad global, explicando que los Estados Unidos:

«Deben perseguir sus intereses duraderos de prosperidad y seguridad por medio de una estrategia de sostenibilidad, basada en el sólido fundamento de nuestros valores nacionales. Como americanos no necesitamos buscar la amistad del mundo ni hacer proselitismo de las virtudes de nuestra sociedad. Ni buscamos tampoco presionar, intimidar, halagar o persuadir a otros para que acepten nuestros propios valores o compartan nuestros objetivos nacionales (…). Perseguiremos nuestros intereses nacionales y dejaremos que los demás persigan los suyos».

Esta sería, efectivamente, la doctrina antagónica de la que puso en marcha, hace sesenta y cinco años, la guerra fría. Solo que en un mundo que ha cambiado considerablemente en estos años, y en que el peso que tienen en la determinación de las políticas «nacionales» los intereses y las estrategias empresariales es cada día mayor, resulta difícil pensar que vaya a poder realizarse una política en que, como dice el documento de Y, el «país indispensable» aceptaría limitarse a su lugar «en un ecosistema estratégico complejo y dinámico».

17

EL SIGLO DE ASIA

Si en la primera mitad del siglo XX, por lo menos hasta 1945, el panorama de la historia universal pareció desarrollarse fundamentalmente en torno a Europa, y la segunda mitad del mismo siglo fue esencialmente de protagonismo norteamericano, el siglo XXI parece estar desplazando su escenario central a Asia.

Este protagonismo se manifiesta en dos ejes principales, y con características muy distintas en cada uno de ellos. El primero se desarrolla en Asia oriental, de Corea a la India, donde se ha producido un crecimiento que está convirtiendo aquella parte del mundo en el motor más dinámico de la economía global. Con la particularidad de que este crecimiento se inició en los años cincuenta en Japón, Taiwán y los «tigres» (o «nuevos países industriales»), para perder después protagonismo en el tránsito al nuevo siglo, mientras cobraba una importancia primordial el de la India y China.

El segundo eje se extiende desde las orillas del Mediterráneo islámico —lo que se ha dado en llamar MENA (Middle East and North Africa)— hasta Pakistán, con ramificaciones por el sudeste asiático y hacia Asia central. Lo que en este eje domina son los problemas de las sociedades islámicas en su confrontación con «Occidente», con un protagonismo de los Estados Unidos en todos los casos.

Una visión superficial de estos hechos tiende a situarlos de manera simplista en el marco global de la interpretación eurocéntrica de la historia. En un caso, el del crecimiento económico del Extremo Oriente, se trataría simplemente del desplazamiento geográfico del modelo industrializador europeo a nuevos escenarios que entrarían así en el campo de la normalidad europeo-occidental.[316] En el otro, el del islamismo, se ha basado la explicación en la supuesta resistencia de unas sociedades atrasadas, las musulmanas, a adaptarse a la modernidad: un error que condujo al desastroso intento de los neocons norteamericanos de transformar el Oriente Próximo en un conjunto de sociedades regidas por gobiernos de democracia formal de estilo «occidental», integrados en el marco de las reglas de la globalización capitalista.

Las dos interpretaciones pecan por su incapacidad de percibir la importancia que tienen las diferencias de civilización subyacentes, y por su dependencia del modelo de la historia universal hegeliana que hace del desarrollo europeo el único modelo válido de progreso humano. Un replanteamiento de la historia del mundo en la perspectiva que se requiere para integrar adecuadamente el siglo asiático deberá tomar como fechas de referencia los años posteriores a la segunda guerra mundial, que vieron el hundimiento de los imperios europeos en Asia, y 1978, el año en que comenzó en China el proceso de reforma que iba a conducir a un crecimiento económico en un marco político de características muy distintas a las de los gobiernos «liberales» de «Occidente».

LAS «DÉCADAS PERDIDAS» DE JAPÓN

El caso de Japón muestra el peso que tienen las diferencias culturales, incluso en un caso como este, en que la vida política se desarrolla con las reglas «occidentales», que les fueron impuestas por los Estados Unidos tras su derrota en la segunda guerra mundial.

Solo en este contexto se puede entender la pasividad con que la sociedad japonesa aceptó la corrupción que implicaba el «estado de construcción». Kakuei Tanaka, por ejemplo, que accedió al poder en 1972, después de que su país sufriera las consecuencias de los «dos golpes de Nixon», aumentó considerablemente el gasto en obras públicas, con la doble finalidad de ganar los votos de las comarcas beneficiadas (su distrito electoral de Niigata fue premiado con un tren directo a Tokio y dos grandes carreteras) y de permitir que los políticos participasen bajo mano de los beneficios que repartían las empresas constructoras. Ello sucedía en una época en que el crecimiento económico del país comenzaba a debilitarse.

La situación se agravó cuando, como consecuencia de la guerra del Yom Kippur, la OAPEC amenazó con embargar las exportaciones de petróleo a Japón, si no apoyaba la causa árabe. El pánico de los industriales japoneses, que importaban el 99,7 por ciento del petróleo que consumían (y el 80 por ciento de este procedía del Oriente Próximo) llevó a que el gobierno japonés expresase su apoyo a la causa palestina y pidiese la retirada israelí de los territorios ocupados, ante el enojo de los Estados Unidos. Ello sirvió para que se suspendiera la amenaza de embargo, pero no para evitar las repercusiones del aumento de los precios del crudo: en 1974 la producción industrial japonesa cayó en un 9 por ciento y en 1974-1975 la tasa de crecimiento registrada fue negativa, por primera vez desde el fin de la segunda guerra mundial; la balanza de pagos, tradicionalmente positiva, experimentó en 1973 un déficit de 10 000 millones de dólares. Esta situación dio un impulso a la construcción de centrales nucleares para disminuir la dependencia del petróleo.

En este contexto de crisis los grandes planes de obras de Tanaka hubieron de frenarse y se dieron las condiciones adecuadas para que las noticias acerca de sobornos (se supo más adelante, por poner un ejemplo, que el propio Tanaka había cobrado de la Lockheed un soborno de 500 millones de yenes para que se escogieran sus aviones en una aerolínea japonesa), de evasión fiscal y de ocultación de las donaciones a su partido dieran lugar a un escándalo que le obligó a dimitir en diciembre de 1974.[317]

De 1982 a 1987 el gobierno japonés presidido por Yasuhiro Nakasone, que llegó al poder con el apoyo de la facción de Tanaka, planteó el «Ajuste final de la posguerra», retomando objetivos políticos que el PLD había eludido hasta entonces, con la intención de demostrar que Japón no era «un gigante económico y un enano político», para lo cual iba a asumir un mayor papel en la política internacional y a reforzar su capacidad militar defensiva en el marco de la guerra fría.

Pero si esta política le aproximó a los Estados Unidos, el crecimiento de la economía japonesa y el aumento de sus exportaciones al mercado norteamericano recrudecieron la hostilidad de quienes hacían responsable de la decadencia industrial norteamericana a la invasión de mercancías japonesas, sin querer ver las causas internas que la explicaban. Se quiso poner remedio a esta situación con el «Acuerdo Plaza» de 22 de septiembre de 1985, llamado así por el hotel de Nueva York en que se firmó, que establecía una depreciación del dólar respecto del yen japonés y del marco alemán, lo cual no sirvió para mejorar el déficit comercial de los Estados Unidos respecto de Japón, pero tuvo como consecuencia que las empresas japonesas tendiesen a buscar una disminución de sus costes de producción trasladando las fases más intensivas en trabajo al sureste asiático, que de 1985 a 1990 recibió más de 15 000 millones de dólares de inversión directa japonesa. El «pánico japonés» explica el éxito que obtuvo en los Estados Unidos en 1987 el libro de Paul Kennedy Auge y caída de las grandes potencias, que pretendía dar una explicación y un fundamento histórico al temor norteamericano a la decadencia.

El debilitamiento posterior del Partido Liberal, conmovido por un nuevo escándalo económico, que coincidió en el tiempo con la muerte del emperador Hiro Hito (que falleció el 7 de enero de 1989 y fue sucedido por su hijo Akihito) y con la grave crisis de la economía japonesa que se inició a fines del mismo año, provocó disensiones en el seno del partido e hizo posible que llegasen al poder en 1993 gobiernos de una coalición de grupos de la oposición. Desde 1996, sin embargo, el PLD recuperó el gobierno, aunque ahora en coalición, al no disponer de la mayoría absoluta como en la etapa precedente.

La revaluación del yen como consecuencia del Acuerdo Plaza hizo temer que una disminución de las exportaciones pudiese frenar el crecimiento económico, lo que se quiso compensar con una política monetaria expansiva. El Banco de Japón comenzó a bajar los tipos de interés, lo que dio lugar a un espectacular aumento de las inversiones en propiedades inmobiliarias, que originó una burbuja alimentada por el dinero barato y dio lugar a una situación en que las cuatro quintas partes de los créditos concedidos estaban ligados a especulaciones inmobiliarias. Cuando, el día de Navidad de 1989, el banco central quiso frenar la especulación y subió medio punto los tipos de interés, el valor de las acciones comenzó a desplomarse (el índice Nikkei cayó al 50 por ciento de su valor en nueve meses), las transacciones inmobiliarias cesaron (sus precios cayeron en un 80 por ciento entre 1989 y 2002) y se sucedieron cuatro años de calma, con los bancos en una situación delicada, pero sin poder evaluar de inmediato su estado real, dado que muchas de las operaciones de crédito de los grandes bancos se habían realizado a través de entidades afiliadas y no estaban claramente integradas en sus cuentas.

Poco a poco los bancos se vieron obligados a restringir el crédito que concedían a las empresas, lo que significó la disolución del sistema de los keiretsu, mientras los particulares sacaban los ahorros de sus cuentas para llevarlos a la Caja postal o para guardarlos en el hogar, y comenzaba a resultar claramente visible que las cuentas bancarias escondían 600 000 millones de dólares de créditos incobrables. Hacia 1994 se pudo ver ya que esta no era una crisis temporal como otras. Comenzaron a caer las cooperativas de crédito y las siete Jusen, las grandes corporaciones de crédito a la vivienda creadas por los bancos, se enfrentaron a serios problemas. En 1997 algunos bancos comenzaron a tambalearse y el estado tuvo que inyectar fondos públicos al sistema bancario para evitar su colapso —en una costosa operación de saneamiento que cargó al gobierno con una deuda gigantesca, que siguen pagando hoy los contribuyentes—, mientras el desempleo iba a alcanzar la cifra de 2,4 millones de parados.

Así se llegó a una situación paradójica en que, de 1998 a 2006, dentro de la llamada «década perdida», el tipo de interés bancario fue en Japón del cero por ciento, sin que se consiguiese reanimar la economía. Había sido imposible, pese a todos los esfuerzos del gobierno, liquidar toda la masa de créditos fallidos de los bancos, y se produjo una larga etapa de deflación, en una crisis de insólita duración en que los precios del suelo urbano llegaron a caer en un 70 por ciento.

En abril de 2001 el PLD volvió al poder con una sólida mayoría, dirigido por Junichiro Koizumi, primer ministro de 2001 a 2006, quien intentó sacar la economía del marasmo en que había caído. En octubre de 2002 se puso en marcha el Plan Takenaka, que intervenía directamente en la situación de los bancos; tras haber empleado billones de yenes en ayudarlos, se les obligaba ahora a someterse a auditorías rigurosas, que llevaron a la nacionalización de uno de los mayores, el Resona, y a que se dejara caer a los más débiles. Para entonces el índice de bolsa Nikkei había perdido tres cuartas partes de su valor y el país estaba instalado en la deflación. Con estas medidas los bancos eliminaron una enorme suma de deudas incobrables de sus cuentas y recuperaron la credibilidad y la confianza. Hubo que vencer, sin embargo, muchas resistencias, lo que obligó a Koizumi a renunciar a algunos de sus propósitos más ambiciosos, como la privatización de la Caja de ahorros postal.

En su debe hay que anotar el malestar producido entre los países vecinos, en especial Corea y China, por sus visitas al santuario Yasukuni, donde se guardan los restos de algunos criminales de guerra. Esto sucedía a la vez que un renacimiento del nacionalismo difundía, en la escuela y en las obras de historia destinadas al gran público, que lo único que hizo Japón en la segunda guerra mundial fue liberar a los asiáticos del yugo imperialista europeo y que las historias acerca de sus atrocidades eran falsas.

Poco a poco, sin embargo, la fortuna política del PLD se iba degradando. Shinzo Abe, el primer jefe de gobierno japonés nacido después de la segunda guerra mundial (nieto de quien fue ministro de Comercio y minas durante la guerra) tuvo una gestión tan desastrosa que se vio obligado a abandonar el poder al cabo de un año (septiembre de 2007). Lo mismo le ocurrió a su sucesor, Yasuo Fukuda, que fue reemplazado en septiembre de 2008 por el católico Taro Aso. De la situación política de aquellos momentos, estancada e inestable a la vez, daba un buen dictamen The Economist al afirmar que la política era en Japón, más que en ninguna otra democracia rica, «un negocio que funciona de arriba hacia abajo, gestionado por una élite autoelegida, que raramente informa al público de sus acciones y menos aún le consulta». Lo cual era en buena medida culpa de unos votantes que aceptaban dócilmente lo que se les ofrecía.

Japón, con una economía dependiente de la exportación, sintió agudamente los efectos de la crisis de 2008, lo que llevó al primer ministro a intentar en los primeros meses de 2009 planes de reflotación de la economía, en medio de un rápido descenso de su apoyo popular. Las ilusiones de recuperación de los cinco años anteriores, 2003 a 2007, se vinieron abajo y se comenzó a hablar de una segunda década pérdida (el índice de bolsa Nikkei había pasado de 38 916 el 29 de diciembre de 1989 a 10 638 el 29 de diciembre de 2009), en la medida en que la deflación amenazaba tanto a los beneficios como al empleo, el déficit comercial crecía y no había perspectivas de una recuperación de la demanda interna. En 2009 se calculaba que el crecimiento del PNB japonés desde 1991 había sido, en términos nominales, del 0,1 por ciento anual; según el Banco Mundial el PNB de Japón había pasado de ser el tercero del mundo en 1991 hasta el 18 (el peso de su economía había caído en 20 años de representar el 14 por ciento de la del mundo al 8 por ciento).

El Banco de Japón rebajó en noviembre de 2008 los tipos de interés hasta un 0,3 por ciento, mientras parecía que se iba a volver a la situación de los años noventa. El resultado fue el hundimiento del PLD en las elecciones de 2009, poniendo fin a cerca de medio siglo de gobierno.

Las mejoras prometidas por el nuevo equipo del Partido Demócrata no bastaron para sacar de su parálisis a la economía japonesa, lo cual se reflejó en el rápido descrédito del primer ministro Yukio Hatoyama, que dimitió en junio de 2010 y fue sucedido por Naoto Kan. Una sociedad que siempre había presumido de un elevado grado de igualitarismo, descubría ahora que uno de cada seis japoneses vivía por debajo de los límites de la pobreza, mientras el envejecimiento de la población obligaba a replantear el futuro de las pensiones (ante cálculos de que en 2055 pudiera haber un 40 por ciento de japoneses por encima de los 65 años). Esta situación de estancamiento no debía, sin embargo, confundirse con la de una crisis como la norteamericana de comienzos del nuevo siglo; la tasa de paro no pasaba aquí del 5 por ciento, e incluso un crítico de su economía como Krugman reconocía que los políticos japoneses habían conseguido, en condiciones difíciles, «mantener la economía a flote».

Todo cambió, sin embargo, en marzo de 2011, cuando el terremoto y el consiguiente tsunami que devastaron la costa noreste de Japón, seguidos por el desastre nuclear de la central de Fukushima, dieron lugar a una catástrofe humana y económica sin precedentes, e hicieron evidente la escasa capacidad de gestión de un gobierno cuyo jefe, Naoto Kan, que confesaba que se enteraba de parte de lo que estaba ocurriendo por la televisión, se vio obligado a dimitir, tanto de la jefatura del gobierno como de la de su partido, pocos meses después. A la vez que se planteaban serias dudas acerca del futuro de una economía demasiado dependiente de la energía nuclear.

LOS TIGRES: LA CRISIS DE UN MODELO DE CRECIMIENTO

El crecimiento de los «tigres» o «nuevos países industriales» se aceleró a mediados de los ochenta, como consecuencia de la necesidad de la industria japonesa de remediar los inconvenientes de la revaluación del yen con una disminución de los costes de producción, que se trató de conseguir desplazando actividades con un uso intensivo de trabajo a China y, sobre todo, a los países del sureste asiático, que entre 1985 y 1990 recibieron al menos 15 000 millones de dólares de inversiones directas japonesas.

Este proceso, por el que se pretendió crear una zona internacional del sureste asiático que produjera artículos industriales cuya elaboración se completaría en Japón, desde donde serían exportados, se desarrolló sobre todo en Indonesia, Malasia y Tailandia (que recibió 24 000 millones de dólares de inversión japonesa entre 1987 y 1991), en un proceso al que se sumaron después otros países, como Corea del Sur y Taiwán, que intervinieron con sus propias inversiones.

La crisis de 1997 vino a poner en evidencia, sin embargo, la fragilidad de un proceso en que se había buscado el crecimiento sin la suficiente atención a la rentabilidad, y en que los bancos habían dado créditos a las empresas que tenían apoyo político, aunque no hiciesen beneficios. En 1997, antes de que se produjera la crisis, algunos de los mayores grupos de negocios de Corea del Sur estaban perdiendo dinero y algunos bancos quebraron sin aguardar a los efectos del «contagio», que contribuyó por su parte a hacer pensar que las causas del desastre eran externas y no se debían a fallos en el modelo de crecimiento asiático.

Todo comenzó el 2 de julio de 1997 con la crisis de la moneda de Tailandia (baht), que estaba fijada a una cesta de monedas que incluía el dólar. En la medida en que el dólar se estaba apreciando, las exportaciones de Tailandia resultaban perjudicadas y el país se endeudaba con sus importaciones. Sabiendo además que sus bancos y empresas estaban fuertemente endeudados en el exterior, quienes se dedicaban a las especulaciones monetarias se dieron cuenta de que el país no tendría más remedio que depreciar su divisa. El banco central de Tailandia se esforzó en evitarlo vendiendo dólares de sus reservas, hasta que, al borde de la bancarrota, el gobierno no tuvo más remedio que romper la vinculación del baht con el dólar, lo que llevó a que perdiera un 16 por ciento de su valor en un solo día.

La economía tailandesa se recuperó con la subida al poder en 2001 de Thaksin Shinawatra, un multimillonario que supo ganarse el apoyo de la población rural de las provincias del norte con una serie de medidas para aliviar la pobreza (lo cual le dio una nueva y espectacular victoria en las elecciones de 2005), pero que alarmó a las élites tradicionales y suscitó el descontento de las provincias del sur, de etnia malaya y religión musulmana. El ejército, que le acusaba de corrupción, echó del poder a Thaksin Shinawatra en 2006, disolvió su partido, el Thai Rak Thai, y realizó cambios en la Constitución en un sentido restrictivo de la democracia, con el fin de mantener a los gobiernos del futuro bajo su control. Tailandia vivió desde entonces en un clima de inquietud, entre la agitación de los «camisas rojas» partidarios de Thaksin, reprimidos a sangre y fuego por el ejército en mayo de 2010, y la revuelta de las provincias islámicas del sur. La victoria electoral de una hermana de Thaksin en julio de 2011 planteaba un nuevo escenario.

La misma crisis que había sufrido Tailandia afectó a la moneda de Malasia, el ringgit, y sus efectos se extendieron sucesivamente a Hong Kong, Filipinas, Singapur y, sobre todo, a Indonesia. La situación resultó seriamente agravada por la retirada de los capitales que los inversores extranjeros habían prestado a estos países. En 1996 Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas recibieron 93 000 millones de fondos del exterior; en 1997 la balanza se invirtió y 12 000 millones de dólares salieron de sus economías, una suma que equivalía al 11 por ciento del PNB de los cinco países.

La rupiah de Indonesia se hundió, a la vez que se desplomaba la bolsa y que sus problemas económicos se veían agravados por las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que impuso la liberalización del comercio exterior, la liquidación de los bancos con problemas y la reducción del presupuesto, recortando los subsidios de comida y combustible a los más pobres, lo que dio lugar a una serie de revueltas de protesta social. El 12 de mayo la represión de la policía causó la muerte de seis estudiantes, y la respuesta popular, dos días más tarde, fue un asalto multitudinario contra la minoría china enriquecida durante la dictadura, saqueando e incendiando los edificios del barrio chino de Jakarta. El caos forzó a Suharto a abandonar el poder el 21 de mayo de 1998, dos meses después de haberse hecho elegir presidente por séptima vez (consiguió, sin embargo, librarse de ser procesado por sus crímenes y por haber robado miles de millones de dólares, y murió tranquilamente en Jakarta en 2008, despedido por The Economist con un «Adiós a un ladrón»).

Su sucesor, Habibie, liberó a los presos políticos y suprimió la censura, pero prolongó el desastre económico despilfarrando los recursos en un fantasioso proyecto de iniciar la revolución industrial por arriba, a partir de la industria aeronáutica. Hasta que a partir de 1999, con gobiernos elegidos democráticamente, y especialmente con el primer presidente elegido por sufragio directo, Susilo Bambang Yudhoyono, elegido en 2004 y de nuevo en 2009, comenzó un cierto grado de consolidación de la economía, favorecida por el aumento de los precios de las materias primas que exportaba.

Más grave era el riesgo de que los problemas se extendieran a una economía de mayores dimensiones, y más ligada a los mercados internacionales de capitales, como era la de Corea del Sur. Cuando se supo que su banco central había especulado con sus reservas, prestándolas a la banca comercial, que las había usado para cubrir operaciones fallidas, el Fondo Monetario Internacional tuvo que acudir al rescate con una ayuda de 58 000 millones de dólares, que venían a sumarse a los 20 100 millones que el Fondo había proporcionado a Tailandia y a los 43 000 para Indonesia.

Unos préstamos que llevaban aparejadas las usuales recomendaciones del Fondo, que obligaban a subir los tipos de interés, a recortar el gasto y a liquidar los bancos que se encontrasen en una situación difícil, con la idea de que de este modo se restablecería la confianza de los inversores extranjeros y volvería la prosperidad. Pero las cosas no se arreglaban: el wong seguía cayendo y cada día salían de Corea 1000 millones de dólares en moneda extranjera. La elección en aquellos momentos de Kim Dae Jung, que parecía oponerse a las recomendaciones del FMI, acentuó la desconfianza exterior y la consiguiente caída de valor del wong. Ante el riesgo de que el país fuese a la quiebra, los Estados Unidos, el FMI y otros países emprendieron un plan de salvación que exigía la colaboración de Kim, a quien se pidió que liquidara el sistema de patronazgo político de las empresas, herencia del estilo de crecimiento impuesto por Park Chung Hee, abriera la economía a la inversión exterior y convenciera a los sindicatos para que aceptasen la reestructuración de las grandes empresas. Kim consiguió que cuatro de los mayores chaebol adoptasen nuevas prácticas y disminuyesen su endeudamiento; Daewoo, que se negó a aceptar el cambio, acabó hundiéndose en 1999, al igual que les sucedió a otras grandes empresas. Bajo la dirección del secretario norteamericano del Tesoro, Robert Rubin, un consorcio internacional de bancos aceptó reestructurar 24 000 millones de la deuda de Corea, y tanto la moneda como la bolsa se estabilizaron.

Solo Mahathir, el jefe de gobierno de Malasia, rechazó la receta con que el Fondo acudía a salvar su moneda, el ringgit, porque no admitía su diagnóstico de la crisis, sino que estaba convencido de que esta se debía a una conspiración de los países industrializados para arruinar a las nuevas economía asiáticas que competían con ellos, de que la depreciación de su moneda se debía a la actuación de especuladores judíos sin escrúpulos, comenzando por George Soros, y de que las medidas propuestas por el FMI agravaban la crisis, mientras lo que convenía, por el contrario, era adoptar estímulos que reactivasen la economía. Se opuso por ello a su ministro de Hacienda y amigo personal, Anwar Ibrahim, partidario de seguir las normas de la ortodoxia financiera —el resultado final de este enfrentamiento fue que Anwar acabó en la cárcel, acusado de sodomía— y el primero de septiembre de 1998, Mahathir decretó la prohibición de ventas de ringgit al exterior y fijó su cambio en 3,8 el dólar, un tercio por debajo del que tenía antes de la crisis. Pese al escándalo que se produjo a escala internacional, y a la oposición que encontró en el interior, los controles impuestos por Mahathir evitaron el desplome de la moneda, y la economía de Malasia comenzó a reactivarse. El propio Fondo Monetario tuvo que acabar admitiendo que el régimen de control de capitales había producido más beneficios de lo que se esperaba.

Las consecuencias globales de la crisis fueron una reducción del producto de las economías de los tigres (en 1998 la de Corea había retrocedido en un 7 por ciento, la de Tailandia en más del 10 por ciento y la de Indonesia en un 13 por ciento) y un aumento del paro (que se multiplicó por 3 en Tailandia, por 4 en Corea y por 10 en Indonesia). Mientras tanto China y la India escapaban de las consecuencias de esta conmoción general siguiendo políticas que tenían poco que ver con las recetas de austeridad del Fondo.

Algunos aspectos sociales del viejo modelo iban a cambiar, sin embargo. En Corea del Sur y en Japón, por ejemplo, la proporción de los trabajadores fijos, protegidos por las leyes y tutelados por los sindicatos, disminuyó como consecuencia de un aumento considerable de los empleados temporales, que cobraban sueldos inferiores y podían ser despedidos fácilmente.

La crisis mundial de 2008, que afectó tan solo temporalmente a estos países, volvió a demostrar la incapacidad de los modelos interpretativos eurocéntricos para comprender el fenómeno del crecimiento asiático. Mientras los analistas occidentales predecían que estas economías orientadas a la exportación iban a sufrir una década de estancamiento, como consecuencia de haber recurrido a excesos de endeudamiento e inversión, y el Fondo Monetario Internacional seguía sosteniendo en mayo de 2009 que su recuperación iba a ser débil, como consecuencia de la disminución de la demanda internacional de los productos que exportaban, el rápido relanzamiento que resultaba visible en agosto de 2009 desconcertaba una vez más a los expertos y les obligaba a replantearse las explicaciones de lo que estaba ocurriendo, para acabar por lo menos reconociendo que «la crisis ha reforzado el desplazamiento del poder económico del Oeste al Este». Lo cual acentúa la exigencia de considerar el «milagro asiático» en un marco de análisis más complejo.

LAS REFORMAS DE DENG XIAOPING Y EL AUGE DE CHINA

Con la muerte de Mao en 1976 comenzó una lucha por el poder. En la pugna inmediata entre Hua y la banda de los cuatro, que cometieron el error de pensar que podían imponerse fácilmente, contó sobre todo la actitud del ejército, que permitió que se encarcelase a Jiang Qing y a sus compañeros, acusados de haber envenenado a Mao, sin permitirles que organizaran la resistencia de sus partidarios.

Deng Xiaoping, mientras tanto, se mantenía a la expectativa, sabiendo que Hua era un personaje escasamente respetado por el partido y por el ejército. El retorno de Deng, apoyado por la mayoría de los dirigentes, que deseaban olvidar el desastre de la revolución cultural, era inevitable. En julio de 1977 fue nombrado vicepresidente del partido y de la comisión militar, y primer ministro adjunto, a la sombra todavía del poder de Hua. Las cosas comenzaron a cambiar rápidamente, y el tercer pleno del Comité Central nombró en diciembre de 1978 a Deng para presidir el organismo encargado de iniciar las reformas económicas y el proceso de apertura al mundo. Desde este cargo pudo ganarle la batalla a Hua, hasta desplazarlo en 1980 y poner al frente del gobierno a un hombre suyo, Zhao Ziyang, a la vez que se nombraba secretario general del partido a Hu Yaobang y se dejaba a Hua la presidencia del partido, convertida en un cargo intrascendente, meramente figurativo.

Deng quería deshacerse de todas las rémoras del maoísmo que impedían el progreso, pero sabía que no le convenía atacar directamente la figura del propio Mao. La solución consistió en procesar a la banda de los cuatro, y con ellos a Chen Boda, para hacerles responsables de los excesos de la revolución cultural, acusándolos de haber traicionado a Mao y a la revolución (Jiang Qing se defendió diciendo que Mao aprobaba todo lo que hacían: «Yo era la perra de Mao y mordía a quien él me mandaba que mordiese»). Dos de los procesados fueron condenados a muerte pero se les conmutó la pena. Jiang murió en la cárcel en 1991, a los setenta y siete años de edad, acusando a Deng y en medio de manifestaciones de adoración a Mao.

Uno de los puntos esenciales de la campaña de apertura al exterior era la normalización de las relaciones con los Estados Unidos. En enero de 1979, mientras las tropas chinas se preparaban para realizar una operación de castigo contra Vietnam, Deng viajó a los Estados Unidos, donde Carter, aunque le desaconsejó el ataque a Vietnam, se ofreció a proporcionarle información sobre las guarniciones soviéticas cerca de las fronteras de China. La operación tenía como finalidad «dar una lección» a los vietnamitas, frenar su actuación en Camboya —lo que sirvió para aliviar la situación de los jemeres rojos, a quienes tanto China como los Estados Unidos daban apoyo— y debilitar el prestigio e influencia de la Unión Soviética, a la que los gobernantes chinos seguían considerando como su mayor enemigo.

Deng, que había rehusado asumir cargos destacados, contaba con el poder, informal pero efectivo, que le daba su condición de uno de los ocho «viejos dirigentes» del partido. Gracias a ello pudo dar nueva vida al programa de las cuatro modernizaciones, con el apoyo de los cuadros descartados durante la revolución cultural: se comenzó a adoptar tecnología occidental y a enviar a los jóvenes a estudiar en el extranjero. Había optado por una vía de transformación que buscaba mejorar el nivel de vida de la población china a través de la reforma económica, introduciendo mecanismos de mercado, sin que ello implicase concesiones paralelas en el terreno político, que quedaba definido por los «cuatro principios cardinales» que debían permanecer inalterables: socialismo, dictadura democrática popular, dirección del Partido Comunista y pensamiento marxista-leninista-maoísta.

Para emprender las reformas económicas, que le enfrentaron inicialmente a aquellos dirigentes que pretendían mantener con todo rigor los mecanismos de una economía planificada, contó sobre todo con la colaboración de Zhao Ziyang, pero no con la de Hu Yaobang, que insistía en la necesidad de llevar a cabo paralelamente reformas políticas, lo que le forzó a abandonar el cargo de secretario del partido en 1987.

La política de reformas se inició en 1978 con la mejora de la situación de los agricultores, en una actuación que comenzó aumentando los precios de sus productos, continuó con la reducción en 1985 de las cuotas que debían entregarse al estado y culminó con la cesión del uso de la tierra a los campesinos en contratos de larga duración. Estas medidas, combinadas con los efectos de una sucesión de buenas cosechas, de 1979 a 1984, permitieron aumentar la capacidad de consumo de la población campesina que iba a ser satisfecha por la producción de industrias que atendían esta demanda, como las de tejidos, que recibieron ahora las ayudas que hasta entonces se habían reservado para las que producían acero o maquinaria.

Se estimuló además a los municipios y a las provincias para que invirtiesen en las actividades que considerasen más provechosas, lo que favoreció el desarrollo de industrias ligeras, intensivas en el uso de trabajo humano, y permitió transferir mano de obra de la agricultura a la industria. El resultado inmediato de estos primeros cambios fue un aumento de la producción de alimentos y una mejora de las condiciones de vida tanto de los campesinos como de los trabajadores urbanos.

Tras una primera fase en que la demanda de artículos de consumo superaba a la oferta autóctona, se comenzó a exportar los productos de las nuevas industrias, lo que proporcionó recursos para la importación de maquinaria extranjera.

La apertura de la economía china al exterior se vio favorecida por la creación de «zonas económicas especiales» en las regiones costeras del sur en que la práctica de un comercio más libre dio lugar a fenómenos diversos de corrupción y contrabando, pero impulsó considerablemente el crecimiento de la economía. A ello iban a seguir las concesiones a la inversión extranjera, mucha de ella procedente de la propia comunidad china en el exterior.

En septiembre de 1982, en el XII Congreso Nacional del Partido, Deng sostuvo que los principios universales del marxismo debían integrarse con las realidades concretas de China para que el país encontrase su propia ruta hacia un «socialismo con características chinas». El país estaba entonces en una etapa inicial del socialismo y durante esta etapa lo que correspondía era unir al pueblo de las diversas nacionalidades en un esfuerzo común para crear una China socialista próspera, democrática, culturalmente avanzada y moderna, lo que implicaba hacer del crecimiento económico su tarea principal, estimulando la acción de los individuos, pero sin caer en el liberalismo burgués ni en el desarrollismo capitalista. No se fue aquí a liquidar las empresas estatales, como en la Unión Soviética, pero la Ley de empresas de 1988 dio a sus directores la facultad de fijar las condiciones en ellas, incluyendo el derecho a despedir a cuadros y trabajadores.

En el plano político las reformas implicaban un proceso de descentralización, destinado a transferir la capacidad de decisión a diferentes niveles de gobierno local, lo que, si bien conducía a una disminución de los ingresos del gobierno central en términos de la proporción del PNB que recibía, contribuía a legitimar la acción del partido en su propósito de construir una nación fuerte y poderosa, para lo cual, sostenía Deng Xiaoping, se necesitaban dos condiciones: «paz internacional y estabilidad política interna».

La marcha del proceso reformista encontró un grave obstáculo en la crisis de 1988, cuando hubo que hacer frente a la inflación, en especial en los precios de los alimentos, que se había desarrollado en una economía sobrecalentada en que resultaba difícil manejarse con un doble sistema de precios, unos fijados por el gobierno, a costa de enormes subsidios, y otros por el mercado. La situación, que condujo a la retirada de fondos de los bancos y al acaparamiento de mercancías, permitió al sector más duro del gobierno frenar momentáneamente las políticas de reforma.

Al propio tiempo el malestar popular, agravado por la conciencia de que existía un considerable grado de corrupción en las filas de la administración y del gobierno, dio lugar al inicio de una serie de protestas de los estudiantes universitarios que tuvieron como primera manifestación en gran escala la presencia de decenas de millares de asistentes al funeral que había de celebrarse en la plaza de Tiananmen en memoria de Hu Yaobang, el secretario del partido destituido en 1987 por sus planteamientos democratizadores, que había fallecido de un ataque cardíaco el 15 de abril de 1989.

Las cosas empeoraron cuando el 26 de abril el Diario del pueblo publicó un editorial en que se atribuía a Deng la condena de la agitación estudiantil, a la que se habían sumado también trabajadores, denunciándola como un movimiento contra el partido y contra el socialismo. Esta condena acentuó el malestar de los estudiantes, en unos días en que Zhao Ziyang, que había sucedido a Hu Yaobang como secretario general del partido, se encontraba de viaje en una visita a Corea del Norte. A su regreso trató de buscar una salida pacífica con un discurso, el 4 de mayo, en que sostenía que solo una minoría mezclada en el movimiento podía considerarse contraria al sistema vigente. Pero un grupo de más de doscientos estudiantes de diversas universidades del país decidieron iniciar entonces una huelga de hambre en la plaza, y Deng no solo se negó a dar marcha atrás, atribuyendo al discurso de Zhao el empeoramiento de la situación, sino que decidió que había llegado el momento de traer tropas a Beijing y declarar la ley marcial.

En la mañana del 19 de mayo Zhao se presentó en la plaza tratando de persuadir a los estudiantes para que abandonasen la huelga de hambre, sin poder comunicarles, sin embargo, el peligro de una intervención militar que les amenazaba. El movimiento parecía estar desmovilizándose cuando la proclamación de la ley marcial, el 20 de mayo, le dio nueva fuerza. En aquellos momentos Zhao estaba ya prácticamente apartado de las tareas de dirección; en la noche del 27 de mayo los viejos dirigentes designaron como nuevo secretario general a Jiang Zemin, partidario de una actuación enérgica.[318]

La situación en la plaza de Tiananmen no mejoraba, de modo que el 2 de junio de 1989 se decidió echar a los manifestantes. Al día siguiente entraron las tropas que se habían mantenido en los alrededores de la capital con la intención de desalojarla pacíficamente; pero el 4 de junio, finalmente, la resistencia de los manifestantes dio lugar a que hubiera una actuación violenta por parte de unas fuerzas armadas que no estaban preparadas para enfrentarse a este tipo de movimientos urbanos pacíficos con elementos de disuasión, sino que disponían únicamente de sus armas de fuego, con las que causaron un gran número de muertos.

La tentación de interpretar todos los acontecimientos de acuerdo con un modelo eurocéntrico ha convertido el movimiento de Tiananmen en una lucha «en demanda de democracia», entendida en el sentido del parlamentarismo «occidental». Como ha señalado James Kynge, que estaba por aquellos días en Beijing como reportero, el movimiento respondía a la frustración de las esperanzas de una generación que se liberaba de la rigidez de los años de Mao, y expresaba su malestar por la corrupción, la inflación, la brutalidad de la policía, la burocracia y toda una serie de deficiencias y abusos. En la medida en que se dirigían contra los fallos dentro del sistema, «estaban motivados más bien por la protesta por la traición de los ideales socialistas que por la aspiración a un nuevo sistema».

La brutal intervención de Tiananmen desencadenó protestas en todo el país y dio pie a numerosas condenas internacionales, pero el partido la consideró necesaria para evitar una crisis que hubiera puesto en peligro su programa de reformas. Pocos meses después se producía en Europa la caída de los gobiernos comunistas, mientras la Unión Soviética se encaminaba a un desmoronamiento tanto político como económico.

Tiananmen, por contra, no significó, como se pensaba en Occidente, el comienzo del fin del sistema político chino, que resistió sin grandes cambios formales en la etapa de estabilidad social que iba a seguir. Como afirma alguien que participó en los movimientos de protesta de 1989, la jaula en que entonces se sentían atrapados creció tanto que se podía vivir en ella sin sentirse oprimido por un estado que interfería menos en las vidas, y que comenzó a permitir una cierta expansión de las libertades personales, como lo demostraba el hecho de que los millones de chinos que viajaban cada año al extranjero optasen por «regresar libremente a su tierra “sin libertades”». La sociedad china, opina Steinfeld, empezó a cambiar realmente después de Tiananmen, en una revolución tranquila.

El resultado fue, en opinión de David Shambaugh, un sistema económico que era un híbrido en que el sector estatal tan solo abarcaba un 30 por ciento de la economía, pero en que el estado seguía siendo la «mano invisible» que controlaba el conjunto con su capacidad de intervención. En contrapartida, se comenzó a desmantelar parte del sistema de beneficios sociales que el estado proporcionaba a los ciudadanos.

Lo que cambió, como consecuencia de la condena por parte de los Estados Unidos de los sucesos de Tiananmen, combinada con la desaparición del enemigo común soviético que justificaba la alianza establecida por Mao y Nixon, fue la relación entre ambos países: los norteamericanos siguieron armando y protegiendo a Taiwán, y los nuevos mandos militares chinos volvieron a expresarse en un lenguaje que señalaba a los Estados Unidos como su gran enemigo.

Jiang Zemin mantuvo su cargo de secretario general del partido en una etapa en que se consiguió el retorno de Hong Kong y de Macao de manos de ingleses y portugueses respectivamente, reuniéndolos a China de acuerdo con el principio de «un país, dos sistemas». Deng, que iba a retirarse de la política en 1992, realizó previamente un viaje de cinco semanas por las zonas desarrolladas del sur, reiterando los principios de la «política socialista de mercado», para confirmar el proyecto reformista, fortalecido contra las reticencias de los conservadores por el apoyo del ejército.

Tras el fallecimiento de Deng, en 1997, Jiang Zemin definió la base ideológica de esta etapa de reforma y crecimiento en la llamada doctrina de «los tres representantes», basada en la conjunción del marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao y la «doctrina de Deng Xiaoping». A partir de 2002 Jiang comenzó a retirarse gradualmente de los organismos de poder y fue cediendo paso a un dirigente más joven, Hu Jintao, que había sido inicialmente promocionado por Deng y que se convirtió en presidente de la república en marzo de 2003, a la vez que se nombraba primer ministro a Wen Jiabao, un hombre que había acompañado a Zhao Ziyang cuando este intentó negociar con los manifestantes en Tiananmen, y que en marzo de 2007 proclamó en una conferencia de prensa que «la ciencia, la democracia, el imperio de la ley, la libertad y los derechos humanos no pertenecen tan solo al capitalismo. Son, más bien, valores compartidos que la humanidad ha buscado a lo largo del curso de su historia; productos de una civilización común».

El modelo de crecimiento seguido por China se aparta no solo del de los países occidentales, sino del seguido por Japón, Corea del Sur y los demás tigres asiáticos. No hubo aquí el tipo de políticas proteccionistas con que Japón y los tigres trataron de favorecer su desarrollo industrial, sino que se optó por una actuación más compleja, que favorecía las importaciones que convenían al desarrollo de determinadas industrias, a la vez que protegía a otros sectores hasta que estuviesen en situación de hacer frente a la competencia exterior (China es hoy una de las economías más abiertas del mundo, con una tarifa media sobre las importaciones de un 5,7 por ciento). Se rehuyó, en cambio, la liberalización financiera, lo cual le permitió mantenerse al margen de la crisis que afectó a las economías del oriente asiático en 1997, manteniendo su moneda, el renminbi o yuan, fuera del alcance de los movimientos especulativos que sufrieron Tailandia o Indonesia.

El crecimiento económico de China resultó todavía potenciado por su entrada en la Organización Mundial del Comercio (WTO) en 2001, lo que se reflejó en un aumento prodigioso de su participación en el comercio mundial, con una atención especial a los mercados africanos, en una penetración que le aseguraba la obtención de recursos naturales, como petróleo y uranio, y a los del área poco desarrollada aún del sudeste asiático, que se manifiesta en la construcción de puertos en Pakistán, Bangladesh, Myanmar o Sri Lanka, o en la de ferrocarriles en Nepal, lo que la India ve con alarma, como una invasión de lo que considera su área de expansión de mercado.

Entre 1978 y 2005 la economía de China creció a una tasa del 9,7 por ciento anual, lo que significaba más que doblar sus dimensiones iniciales. Y, si bien este progreso se reflejó sobre todo en las ciudades y en las zonas costeras, sus consecuencias se extendieron a todo el país. Una de estas consecuencias ha sido el aumento de las desigualdades sociales y el enriquecimiento de un sector de la burocracia que se benefició de las ventas de las empresas estatales, que se acentuaron a fines de la década de los noventa. Pero, en contrapartida, la forma en que se ha realizado el crecimiento ha permitido eliminar la pobreza rural en una escala nunca conocida con anterioridad en ningún otro lugar —en evidente contraste con el empobrecimiento general que produjo la privatización de la economía estatal en la Unión Soviética— en lo que se ha calificado como «un éxito formidable en términos de la historia universal», mucho más importante que las exhibiciones hacia el exterior que significaron las olimpiadas de 2008 y los vuelos espaciales tripulados.

Ante evidencias como la de que tanto la esperanza de vida como las cifras de mortalidad infantil de la China urbana eran mejores que las correspondientes de Norteamérica, Nicholas D. Kristof afirmó que los dirigentes del Partido Comunista chino eran autócratas, pero «autócratas competentes», que los ciudadanos chinos estaban contentos con su suerte y que intuía que «si el Partido Comunista convocase elecciones libres, las ganaría con toda claridad, en especial en las zonas rurales».

Lo que el auge de China representa no solo tiene que ver con el mantenimiento de unas tasas de crecimiento elevadas, sino que, como señala Martin Jacques, es «una cuestión de tamaño»: tan enormes son sus consecuencias, sostiene, que la historia económica moderna del mundo deberá dividirse en dos épocas, antes y después de China, con 1978 como fecha divisoria. La fuerza de trabajo del país significa un 25 por ciento de la del mundo y la parte que su PNB representa del global del planeta, que era de un 4,9 por ciento en 1978, puede llegar a ser de un 18 a un 20 por ciento en el año 2020. En 2010 se calculaba que había pasado a ser la segunda economía del mundo, adelantando a Japón, y en abril de 2011 The Guardian afirmaba: «Diversos observadores han asegurado que la economía de China será mayor que la de los Estados Unidos en 2016. Esto se deduce de las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional».

El XII plan quinquenal, aprobado en 2011, parecía romper con el modelo que priorizaba ante todo el crecimiento, en busca de desarrollar una sociedad «más verde y más social, igualitaria, urbana y formada». Propósitos complejos ante la realidad de un tipo de crecimiento que potencia la desigualdad social.

Los problemas para el futuro de China pueden venir, por otra parte, de sus relaciones con los Estados Unidos. Mientras Kissinger defiende públicamente que la cooperación entre China y los Estados Unidos es «esencial para la paz y la estabilidad globales» y que una «guerra fría» entre ambas potencias «detendría por una generación el progreso en las dos orillas del Pacífico», en una época en que problemas como la proliferación nuclear, la conservación del medio ambiente, la seguridad de la energía y el cambio climático «imponen una cooperación global», se sabe que en el Pentágono está planeado desde hace años una estrategia destinada a intervenir en el escenario del Pacífico occidental, con la intención de frenar la pretensión de Beijing de controlar la zona del mar del sur de China, un área que parece ser extraordinariamente rica en recursos naturales.

UN PROGRESO AMENAZADO: INDIA

En 1989 acabó el predominio del Partido del Congreso en el Parlamento indio. A comienzos de los años noventa buena parte de los indios de las castas superiores optaron por el Bharatiya Janata Party (BJP), hindú y conservador, que capitalizó el miedo a los musulmanes y al ascenso de las castas inferiores, mientras los del grupo inferior de los dalits (intocables) y parte de los musulmanes votaron a otras fuerzas, a la vez que proliferaban los partidos regionales, como reflejo de las profundas divisiones de la India, de carácter social (los enfrentamientos entre castas siguen en plena vigencia), étnico (como las revueltas de los nagas, en la zona fronteriza con Myanmar) o político.

Estos distintos criterios se mezclan entre sí con frecuencia, como en el caso de los rebeldes naxalitas (que toman nombre de una revuelta que tuvo lugar en 1967 en el pueblo de Naxalbari), un movimiento de inspiración maoísta, integrado sobre todo por campesinos pobres y por miembros de los grupos inferiores de dalits y adivasis, que se ha convertido en una de las principales amenazas para el estado indio y da lugar a choques sangrientos contra la policía o a luchas entre estos grupos de revolucionarios campesinos y los ejércitos privados de los propietarios de las castas superiores, que se defienden asesinando dalits. Los naxalitas, que se manifiestan activos en 20 estados de la India, en especial en el llamado «corredor rojo», a lo largo de la costa del este, y que dominan un extenso territorio, donde han creado un estado dentro del estado, luchan contra el desalojo de los grupos tribales por un gobierno que pretende sacar provecho de los abundantes recursos naturales que se encuentran en sus tierras.

Se explica así la fragmentación política a que se ha llegado. El poder estuvo en manos del BJP entre 1999 y 2004 —cuando perdió las elecciones en que había pretendido capitalizar la euforia por el progreso económico con el slogan India shining («India resplandeciente»), olvidando que había muchos aspectos nada esplendorosos en aquella sociedad—, y del Partido del Congreso de 2004 a 2009, gracias a sus respectivas alianzas con partidos regionales: la Alianza Nacional Democrática (NDA), una coalición de 23 partidos gobernó con el BJP, y la Alianza Progresista Unida (UPA), que reunía 20 partidos, lo hizo con el Partido del Congreso.

Ante esta erosión del dominio de los dos grandes partidos se pensaba que en las elecciones de 2009 —a las que se presentaron 1055 partidos, de los que solo siete tenían implantación a escala estatal— podía formarse un tercer frente que marginase a los dos grandes grupos tradicionales, encabezado por el Partido Comunista de la India-Marxista (CPI-M) o por el Bahujan Samaj Party (BSP), que dirige una mujer dalit y que tiene su mayor fuerza en el estado de Uttar Pradesh, el más poblado de la India. Ante la sorpresa general, el Partido del Congreso obtuvo una victoria resonante, con 262 escaños que, con los de otros partidos asociados, le daban una mayoría de 322 puestos de un total de 543. En comparación, el BJP obtuvo 179 y el CPI-M, 79.

India está experimentando un gran crecimiento económico, lo cual ha llevado a considerar que se encuentra, en paralelo con China —«el elefante y el dragón»— en la punta del progreso mundial. La interpretación ortodoxa de este crecimiento señala como su origen las reformas «liberales» introducida en 1991 por el entonces ministro de Hacienda Manmohan Singh, un sij que es desde 2004 jefe del gobierno (el primer no hindú que ocupa este cargo).

Pero en el caso de la India parece haber dos graves peligros que ponen en riesgo este crecimiento. El primero, externo, es la presencia de la amenaza islámica en su frontera occidental y en las manifestaciones del terrorismo en su propio interior. El caso del Kashmir es aparentemente insoluble y ello hace imposible llegar a acuerdos estables con Pakistán, cuyo ejército, dotado de armas nucleares, parece no tener otro objetivo que reforzarse para un nuevo ataque a la India.

El segundo, y más grave, de estos peligros surge de una serie de carencias internas: mala infraestructura, servicios sociales deficientes (en especial los que corresponden a educación y sanidad) y, sobre todo, incapacidad para eliminar la pobreza para hacer compatibles el crecimiento económico y las necesidades de millones de campesinos pobres. Una comparación de los datos que indican el bienestar económico de su población —esperanza de vida, mortalidad infantil, nivel de alfabetización, etc.— muestra una situación muy inferior a la de China, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam o Filipinas, y semejante a la de Laos o Myanmar. Como ha dicho Vandana Shiva, «India tiene una de las mayores tasas de crecimiento y también una de las mayores tasas de aumento de la pobreza y del hambre. Un millón de niños de menos de cinco años mueren de hambre cada año».

Lo cual tiene que ver, en buena medida, con el fracaso de su agricultura. Aunque esta solo aporta el 17 por ciento del producto nacional, más de la mitad de la población, tal vez un 65 por ciento, vive del cultivo de la tierra en regiones pobres y marginadas, que se sienten escasamente ligadas a la «nación» india, lo que engendra un grado considerable de rebeldía y violencia.

De 1968 a 1998 la producción de cereales se duplicó, gracias a las aportaciones de una «revolución verde» en que el gobierno difundió la irrigación, los abonos y los pesticidas, a la vez que contribuía a introducir variedades de cereales y arroz de altos rendimientos. Desde 1980, sin embargo, cesaron las obras de irrigación, las reservas de agua en el subsuelo se fueron agotando y los avances tecnológicos acabaron, mientras unos cultivadores que habían de recurrir al crédito para sobrevivir se arruinaban. Muchos optaron por vender su tierra a promotores de edificios industriales y abandonaron la agricultura.

El problema tiene que ver con la herencia de la «revolución verde», que introdujo variedades de mayores rendimientos que exigían pasar del abono orgánico al químico y necesitaban mayores cantidades de agua. La agricultura de la India, como la de buena parte del tercer mundo, se dedicó entonces intensivamente a la producción de arroz y de trigo, utilizando las nuevas semillas, y abandonó el mijo o el sorgo. Pero con una misma cantidad de agua, dice Vandana Shiva, el sorgo produce 4,5 veces más proteína, 7,5 veces más calcio, 5,6 veces más hierro y proporciona tres veces más alimento que el arroz.

El sistema de comercialización, además, que paga al productor una quinta parte del precio a que llega al consumidor acababa de estropear la situación. Los pequeños propietarios que se beneficiaron inicialmente de las nuevas semillas y compraron un tractor, se encontraron un buen día con que las necesidades de riego de los nuevos cultivos habían vaciado los recursos hídricos del subsuelo y obligaban a profundizar cada vez más los pozos. Mientras que aquellos que pretendieron dedicarse a una producción comercial, como la del algodón, fueron víctimas de las fluctuaciones de los precios internacionales, como consecuencia de la protección que los Estados Unidos prestan a sus cultivadores. A comienzos de 2007 The Economist contaba la tragedia de los productores de algodón de Wardha que, incapaces de hacer frente a sus deudas con los precios a la baja que recibían por sus cosechas, se quitaban la vida: en 18 meses más de 1200 agricultores de Wardha se suicidaron. En el conjunto de la India se calcula que desde 1993 se han suicidado unos 150 000 campesinos endeudados, muchos de ellos ingiriendo los pesticidas que compraron para asegurar sus cosechas.

Denunciando los efectos de la revolución verde un periódico indio afirmaba en septiembre de 2009 que: «El impacto que ha dejado al cabo de medio siglo es que la mitad de la tierra cultivable del país se ha vuelto salina por el uso excesivo de abonos químicos, y la productividad ha bajado drásticamente». India paga ahora los efectos perversos de esta pretendida revolución y necesita importar alimentos básicos como los cereales, legumbres y aceites vegetales. No hay nuevas soluciones tecnológicas que puedan resolver de inmediato el problema, que no se arregla con lo único que sabe hacer el gobierno: pagar subsidios para la adquisición de fertilizantes.

Arundathi Roy ha planteado el problema en términos políticos y sociales: «India ha progresado, pero la mayoría de sus habitantes no lo han hecho (…). El estado indio no es un estado fallido, es un estado que ha alcanzado un éxito impresionante en lo que se propuso hacer. Ha sido brutalmente eficiente en la forma en que se ha apropiado de los recursos de la India —su tierra, su agua, sus bosques, sus peces, su carne, sus huevos, su aire— y los ha redistribuido a unos pocos favorecidos (a cambio, sin duda, de unos pocos favores)».

India tenía en 2005, según el Banco Mundial, 456 millones de personas que vivían en los límites de la pobreza y 60 millones de niños mal alimentados crónicamente, con lo que esto implica de previsible retraso intelectual (en 2006 murieron en la India 2,1 millones de niños, más de cinco veces la cifra que se dio en China). En los primeros meses de 2009 el World Food Program de las Naciones Unidas calculaba que en la India había una cuarta parte de la gente hambrienta del mundo entero, con especial incidencia en las mujeres rurales en edad de dar a luz y en los niños. En el Global Hunger Index la India se encuentra cerca en muchos aspectos de los países del África Subsahariana, incluso en aquellas zonas que han alcanzado un elevado crecimiento económico en términos globales.

Lo cual no impide que los analistas sigan sosteniendo que «su abundante población juvenil, su creciente clase media y el aumento de la demanda» podrían convertirla en 2030 en «la tercera economía del mundo, tras las de China y los Estados Unidos». Y que cuando empiezan a aparecer signos de crisis —inflación elevada, disminución de las tasas de aumento del producto y de la inversión exterior, etc.— las recetas ortodoxas que se les recomiendan desde el exterior se reduzcan a las tradicionales de «bajar las barreras al comercio y la inversión internacionales y reformar el sector financiero y el mercado de trabajo», lo que parece difícil que remedie a corto plazo una situación que da lugar a que mueran de hambre millones de niños.

PAKISTÁN Y AFGANISTÁN: LA GUERRA PERPETUA

El intermitente parlamentarismo del Pakistán volvió a interrumpirse en octubre de 1999 con el golpe del general Pervez Musharraf,[319] que inició un largo período de dictadura, con pleno apoyo de los Estados Unidos, quienes lo convirtieron en su primer aliado contra los talibanes afganos y contra al-Qaeda, y le proporcionaron unos 11 000 millones de dólares en ayuda, que se destinó especialmente al gasto militar.

Cuando comenzó la guerra contra el terror, tras los atentados de septiembre de 2001, los militares pakistaníes fingían combatir a los talibanes afganos, a quienes en realidad apoyaban, puesto que lo que temían era que se estableciese en Kabul un gobierno afín a la India, como consideraban que era el de Karzai, mientras los norteamericanos se daban por satisfechos con lo poco que Musharraf hacía.

Para entender la compleja situación a que habían de hacer frente los pakistaníes hay que tomar en cuenta que entre Pakistán y Afganistán existe una región intermedia con una población de etnia pashtun y de habla urdu, que fue dividida en 1893 por la frontera inventada por los colonizadores británicos, la «línea Durand», que dejaba territorios habitados por los pashtun a uno y otro lado, con el propósito deliberado de dividir a uno de los pueblos que mayor resistencia había ofrecido a la conquista. En la actualidad este «Pashtunistán» podría constituir una nación de unos 41 millones de habitantes (28 de ellos en Pakistán y 13 en Afganistán), de modo que hablar en este contexto de talibanes pakistaníes o afganos es poco menos que una ficción, y que la tarea de cerrar la frontera que los norteamericanos pretendían que desempeñase el ejército pakistaní era, como afirmó el antiguo jefe de estación de la CIA en Kabul, una fantasía irrealizable.

Musharraf cumplía aparentemente con las exigencias norteamericanas: en colaboración con la CIA y con las fuerzas especiales norteamericanas, el ejército arrestó a cientos de islamistas extranjeros, pero no molestó a los talibanes, sino que les dejó abierto el camino que les llevaría a buscar refugio en los dos Waziristán —las dos áreas tribales más meridionales—, y en Baluchistán. Los recursos obtenidos de los Estados Unidos se dedicaron sobre todo a reforzar las defensas contra la India, a aumentar el arsenal nuclear y a fomentar las guerrillas islámicas en el Kashmir —en una escalada de provocaciones que estuvo a punto de llevar a un nuevo enfrentamiento armado contra la India en enero de 2002—, en lugar de emplearlos en combatir contra los talibanes en la frontera. Lo que llevó a un antiguo agente de la CIA a declarar que el ejército pakistaní estaba resultando ineficaz en la lucha contra al-Qaeda y contra el islamismo radical, y que «nuestra cara inversión» en Musharraf «ha rendido muy poco en términos de resultados tangibles».

Deseando perpetuarse en el poder, Musharraf se hizo elegir presidente en noviembre de 2007 y destituyó al juez supremo Iftikhar Chaudhry, que había denunciado la corrupción del gobierno y la desaparición de cientos de supuestos terroristas en las cárceles, lo que se había realizado a instancias de los Estados Unidos, como el propio general reconoció en sus memorias. La destitución de Chaudhry provocó una oleada de protestas, a las que Musharraf respondió con un autogolpe militar y con la declaración del estado de emergencia. Los Estados Unidos se vieron obligados a aceptar la nueva situación y a mantener las ayudas económicas (que incluían una considerable cantidad para proteger sus armas nucleares), puesto que preferían la estabilidad que les garantizaba Musharraf a una democracia incontrolada.

Con la idea de mantenerse como presidente en una república que tendría un gobierno elegido democráticamente, Musharraf facilitó el regreso a Pakistán de Benazir Bhutto, que volvía con la intención de presentarse a las elecciones, pero que fue asesinada el 27 de diciembre de 2007 (posiblemente a instigación del talibán Baitullah Mehsud, aunque hay quienes culpan a su propio esposo).

Las elecciones se celebraron en febrero de 2008 y dieron la victoria al Partido del Pueblo del Pakistán, dirigido ahora por Asif Alí Zardari, el viudo de Benazir, quien se alió para formar gobierno a la Liga Musulmana del Pakistán de Nawaz Sharif, pero este retiró poco después a sus ministros del gobierno y comenzó una campaña de presiones a Zardari en favor de la democratización, un tema que no le había preocupado en demasía cuando gobernaba. Ante el movimiento que se había desarrollado en su contra, Musharraf se vio obligado en agosto de 2008 a abandonar la presidencia, en la que le reemplazó Zardari.

Desoyendo el consejo de los pakistaníes, y engañándose a si mismos con su fácil victoria en la Operación Enduring freedom, los norteamericanos se negaron en 2001 a negociar el fin de las hostilidades con los talibanes y se desinteresaron de nuevo por lo que ocurría en Afganistán. Mientras tanto, Osama bin Laden se instalaba en las Áreas tribales administradas federalmente, un territorio pakistaní en la frontera de Afganistán que abarca siete áreas habitadas por unos tres millones de pashtun, que se administran de un modo especial, gobernados por agentes, de modo semejante a como ocurría en tiempos de la colonia, y donde tienen una considerable influencia los mullahs y los grupos religiosos.

Durante unos años se instalaron en este territorio, en Waziristán del sur, miles de talibanes y de miembros de al-Qaeda y del Movimiento islamista uzbeco, que crearon nuevas bases y reanudaron la actividad militar, cruzando la frontera para atacar a los norteamericanos en territorio de Afganistán. Según Ahmed Rashid, «fue desde allí que se planearon los atentados con bombas de Londres, Madrid, Bali, Islamabad y, después, de Alemania y Dinamarca». Cuando el ejército pakistaní se vio forzado a intervenir, en un fallido intento de controlar la situación, estos grupos se desplazaron hacia Waziristán del norte, donde encontraron un nuevo jefe en la figura de Baitullah Mehsud. Los talibanes fueron dominando estas áreas y establecieron en ellas un duro control, imponiendo normas religiosas estrictas y ejecutando a quienes no se sometían.

El resultado fue que en 2005, tras cuatro años en que pudieron prepararse en estas zonas, los talibanes volvieron al combate en Afganistán. Se multiplicaron los IED (Improvised Explosive Devices; artefactos explosivos improvisados), contra los cuales resultaban ineficaces los medios tecnológicos norteamericanos (el medio más eficaz de detectarlos parece ser el uso de perros) y se acentuó el desastre interno de un país en que el caos se había convertido en un estado permanente. Reaparecieron entonces las guerrillas talibanes, mientras los Estados Unidos replicaban bombardeando indiscriminadamente a la población civil de las zonas que habían escapado a su control, lo que dio lugar, por una parte, a que los fugitivos de este escenario bélico comenzaran a amontonarse en campos de refugiados en las afueras de Kabul, pero también a que creciera día a día el odio de los afganos a las tropas extranjeras.

El conflicto afgano ofreció entonces una oportunidad de reavivar una OTAN que parecía haber quedado sin objetivos que cumplir tras la desaparición de la Unión Soviética. Para vencer la resistencia de los ciudadanos de los países a quienes se solicitaba la cooperación, que se habían opuesto ya a la guerra de Irak, se planteó su colaboración como limitada a las tareas de reconstrucción y pacificación, pero pronto pudo verse que este planteamiento era falaz y que se les llamaba a participar en una guerra sin un final previsible, lo que llevaría al general canadiense Rick Hillier a denunciar el desastre que había significado esta intervención y a concluir que la OTAN era ya «un cadáver en descomposición».[320]

Hasta 2006 los neotalibanes se limitaron a actuar en el corazón de la zona pashtun, al sur del Hindu Kush, pero en 2007 crearon líneas de comunicación y aprovisionamiento con otras partes del país para abrir nuevos frentes en el oeste y el norte, y empezaron a actuar cada vez más activamente en la región de Kabul, sin que los bombardeos parecieran afectar seriamente la capacidad de la guerrilla. En enero de 2008 la situación era descrita en estos términos: «los talibanes (…) están volviendo a ganar terreno; incluso quienes deploran sus duras reglas y su conducta caprichosa celebran la ilusión de seguridad que traen consigo».

Mientras tanto proseguía en el sur del país una extraña guerra, en que los talibanes —cuyo jefe, Mullah Muhammad Omar, el legendario luchador tuerto y semianalfabeto, residía al frente de un gobierno en la sombra en Quetta, en Baluchistán, presumiblemente protegido por el ejército pakistaní— afirmaban que no les interesaba ni ocupar territorio, ni derrotar a las fuerzas de los Estados Unidos y de la OTAN, sino tan solo mantenerse allí, hasta que sus enemigos se cansasen de esta guerra imposible, en que estaban cayendo centenares de norteamericanos y un buen número de británicos, y se retirasen humillados, como lo hicieron de Vietnam.

La insurgencia podía mantenerse de los ingresos del narcotráfico y de los donativos que recibían de los musulmanes de diversos países, por un importe que, según Richard Hoolbroke, superaba la suma que obtenían de las drogas (un cálculo de la CIA estimaba que en 2008 habían sido 106 millones de dólares). Lo peor del caso era que el Afganistán de Karzai se estaba convirtiendo también en un narcoestado, en medio de la tolerancia general. Thomas Schweich, que participó en los inútiles proyectos para controlar la producción de opio, explicaba que sus esfuerzos tropezaban con la indiferencia del Pentágono, que sostenía que su función era la de ganar la guerra y no la de llevar a cabo reformas humanitarias, y con la del gobierno de Karzai, plenamente consciente de que la droga beneficiaba a buena parte de los políticos que le daban apoyo, incluyendo a su propio hermano, que fue asesinado en 2011.[321] Mientras tanto el cultivo no solo aumentaba, sino que se transformaba. No era ya un recurso tradicional de campesinos pobres, sino que se realizaba en explotaciones concentradas sobre todo en el sur, donde la revuelta tenía mayor fuerza, que estaban en manos de cultivadores ricos, y se daba el caso de que buena parte de las obras de infraestructura —riegos y carreteras— realizadas por la ayuda internacional, se utilizaban para mejorar los rendimientos de estas explotaciones.

Malalai Joya, diputada al Parlamento afgano, decía en octubre de 2008: «La inseguridad es terrible y la perpetúan para justificar la presencia extranjera. 300 000 niños no van a clase. Hay saqueos, violaciones, queman escuelas y cortan orejas a maestros para ejemplarizar. Kabul es una ciudad de mendigos. Para comer, hay familias que venden niños por 10 dólares». Era difícil mantener la pretensión de que la intervención en Afganistán tenía como objetivo el bienestar de sus habitantes, cuando lo que los Estados Unidos preveían gastar allí en 2010 ascendía a 100 000 millones de dólares para la guerra y 2000 para su desarrollo económico. Un desarrollo que había de enfrentarse, además, a los obstáculos que imponía la corrupción de un gobierno en que un ministro fue acusado de embolsarse 30 millones de dólares por la concesión de una mina de cobre a los chinos.

Mientras tanto los nuevos reclutas de las milicias islamistas, llegados de Turquía, de Asia Central y del Oriente Próximo, se preparaban en territorio pakistaní, en las áreas tribales de la frontera, de modo que la CIA podía presentar al gobierno de Islamabad informaciones que demostraban que sus servicios secretos estaban colaborando con grupos de militantes islamistas, como el que dirigía Haqqani, que se suponían afines a al-Qaeda, y que el propio ISI podía ser directamente responsable de violencias como el ataque de un terrorista suicida contra la embajada de la India en Kabul, que causó un gran número de muertos.

El general Dan McNeil afirmaba en junio de 2008 que la ocupación de Afganistán podía necesitar 400 000 hombres armados, lo que iría en camino de convertirla en la guerra de Vietnam del siglo XXI. Mientras tanto el proyecto de proceder a algo semejante a lo que fue en tiempos de Nixon la «vietnamización» de la guerra, entrenando un ejército afgano de hasta 400 000 hombres, con la esperanza de que fuera capaz de sostener al gobierno central y de proteger a la población civil, parecía estar fracasando.

Se esperaba poco del nuevo presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, el viudo de Benazir Bhutto, y del entorno de corrupción que lo acompañaba —según Tariq Ali, «atracos, robos, asesinatos, muchos de ellos parte de negocios sucios vinculados a políticos» dominan hoy la vida de Karachi—, pero la rapidez del colapso que se produjo sorprendió a todos los observadores. El mayor de los problemas era la disolución progresiva del estado ante una ofensiva islamista en ascenso y ante la independencia de un ejército que se negó a ceder el control del ISI al Ministerio del Interior y al que solo parecía preocuparle prepararse para un conflicto con la India, construyendo cada vez más armas nucleares.[322]

En mayo de 2009 los talibanes pakistaníes, miembros de grupos como Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), dirigido por Baitullah Mehsud, que al parecer se estaban financiando con actividades criminales mafiosas, en especial con los secuestros y los atracos a bancos, controlaban un 11 por ciento del territorio nacional, en alianza con grupos del Punjab, la provincia en que viven más de la mitad de los pakistaníes, lo que les estaba dando el control de las pobres zonas rurales del sur y del oeste de la provincia, donde amenazaban todo aquello que no les parecía acorde con una versión integrista del islam, como los barberos, las tiendas de música o los cafés de internet, e inspiraban ataques sectarios, como los que en el verano de 2009 se produjeron en Gojra contra los cristianos, incluyendo quemar en vivo a una familia. Mientras en Baluchistán, un territorio que representa casi la mitad de la superficie de Pakistán pero donde solo viven 12 millones de habitantes, una insurrección separatista, quejosa de su marginación, ocupaba el 10 por ciento de la provincia y el ISI replicaba asesinando a políticos nacionalistas, lo que podía llevar al camino que siguió en el pasado Bangladesh.

La debilidad del gobierno quedó patente cuando aceptó la instalación de la sharia, la ley musulmana, en el valle del Swat. Los talibanes mostraron entonces su voluntad de expandirse y fueron conquistando posiciones que podían convertirse en una amenaza para la propia capital, lo que llevó a los Estados Unidos a forzar al ejército pakistaní a iniciar una ofensiva para la reconquista del valle del Swat y, más adelante, a una campaña en el Waziristán del sur, que debía completarse antes de que las nieves del invierno de 2009 dificultasen las operaciones. Estas actuaciones dieron lugar a que varios millones de desplazados se amontonasen en campos de refugiados, en unos momentos en que la embajadora norteamericana, Anne Patterson, se felicitaba de que, a diferencia de Musharraf, Zardari «hace todo lo que le pedimos».

Mientras tanto, una serie de ataques terroristas en Rawalpindi, la capital militar del país, donde se encuentran los laboratorios nucleares pakistaníes, servía para recordar que tanto los talibanes como al-Qaeda proclamaban que su objetivo era derribar al gobierno de Pakistán y apoderarse de su arsenal nuclear.[323] La multiplicación de los ataques a instalaciones del ejército parecía anunciar que al-Qaeda, los talibanes pakistaníes y grupos jihadistas del Punjab, hasta entonces protegidos por el gobierno, se habían aliado para destruir el estado pakistaní.

La CIA, que tomaba una parte cada vez más activa en operaciones paramilitares, utilizó la cooperación de Blackwater, que actuaba ahora bajo el nombre de «Xe Services and US Training Center», en operaciones secretas de asesinato de quienes sospechaba que eran miembros activos de al-Qaeda o de los talibanes, como las que permitieron dar muerte el 5 de agosto de 2009 a Baitullah Mehsud, sin demasiadas consecuencias, puesto que dos de sus lugartenientes, Hakimullah Mehsud y Waliur Rahman, se pusieron de acuerdo para proseguir la campaña de ataques terroristas que ponían en jaque al gobierno y al ejército de Pakistán. En julio de 2009 Tariq Ali afirmaba que nunca había visto tan mal la situación de su país: «Los principales problemas son los Estados Unidos y sus exigencias, los extremistas religiosos, el alto mando militar, y la corrupción, que no solo es del presidente Zardari y de sus principales rivales, sino que se extiende muy por debajo de ellos».

Tal vez lo más preocupante fuese la incapacidad mostrada por los gobiernos de Islamabad para remediar la mala situación de la economía y mejorar los niveles de vida de su pueblo. La propia frecuencia y abundancia de las ayudas económicas recibidas había contribuido a la ruina de un estado incapaz de bastarse con sus ingresos fiscales y que necesitaba importar cereales, ante el fracaso de la agricultura. Los talibanes habían conseguido, por el contrario, encabezar la lucha de los campesinos sin tierra contra los grandes propietarios, en una dinámica que amenazaba con extenderse al conjunto del Punjab, puesto que no solo ofrecían prohibiciones y rigor, sino también «justicia islámica, gobierno efectivo y redistribución económica».

Las desastrosas inundaciones producidas por las lluvias del monzón en el verano de 2010 vinieron a demostrar una vez más la total incapacidad del gobierno; hubo de ser el ejército el que asumiera sus funciones en momentos de crisis, mientras el presidente Zardari marchaba «de vacaciones» a Francia, donde posee un lujoso chateau del siglo XVI. Lo peor era, sin embargo, que dejaba la economía pakistaní arruinada y sin perspectivas de futuro, a la vez que con graves sospechas de que los jefes del ejército habían agravado la situación al abrir los pantanos para proteger sus propiedades agrícolas.[324]

En Afganistán la situación del gobierno de Kabul era mucho peor que la del de veinte años atrás, cuando los soviéticos se disponían a retirarse.[325] Si las tropas de la OTAN abandonasen el país, Karzai no duraría tres años, como Najibullah tras la retirada soviética, sino ni siquiera tres meses. En febrero de 2009 Walter Darlymple describía una situación en que los talibanes estaban «a las puertas de Kabul, amenazando con rodear y estrangular la capital, de modo parecido a como los mujahidines apoyados por los Estados Unidos hicieron con el régimen instalado por los soviéticos en los años ochenta». «Miembros de los talibanes controlan cerca del 70 por ciento del país (…), donde cobran impuestos, imponen la sharia y dispensan su acostumbrada justicia brutal, pero consiguen, en alguna medida, contener la ola de crimen y corrupción que ha caracterizado el gobierno de Hamid Karzai. Esto se ha convertido en una de las principales causas de su creciente popularidad, de modo que su esfera de influencia aumenta cada mes.» Mientras tanto la base aérea de Bagram, al norte de Kabul, se convertía en otro Guantánamo, con unos seiscientos presos detenidos, alguno de ellos durante años, sin cargos ni acceso a ninguna garantía legal.

El hombre al que Obama confió la solución militar de esta guerra, el general McChrystal, uno de los artífices de la mejora de la situación en Irak, llegó a su nuevo destino en junio de 2009 y comenzó pidiendo 40 000 soldados norteamericanos más y un mayor esfuerzo para entrenar un ejército y una policía nativos (con el fin de elevar sus números de los 165 000 hombres con que contaban conjuntamente a unos 400 000) y para construir un estado viable en Afganistán, con la perspectiva de obtener un avance decisivo en tres años. Para lo cual contaba también con atraerse a un gran número de talibanes, al modo en que en Irak habían conseguido neutralizar a muchos suníes con «el despertar».

En los Estados Unidos, sin embargo, las voces que hablaban de retirada eran cada vez más numerosas. La mayor parte de las expectativas se basaban en la suposición de que se podía negociar: el New York Times afirmaba en un editorial que «algunos mandos militares norteamericanos dijeron que estaban extendiendo los contactos con miembros pretendidamente moderados de los talibanes» y a fines de enero de 2010 se hablaba ya de contactos entre funcionarios de las Naciones Unidas y dirigentes talibanes con vistas a iniciar negociaciones de paz.

El debate acerca del futuro se planteaba entre los generales, como McChrystal y Petraeus, que sostenían que era necesario ganar esta guerra para evitar que al-Qaeda obtuviese una victoria que explotaría extendiendo la guerra santa a otros escenarios, y los políticos, como el vicepresidente Joe Biden, que pensaban que la participación de al-Qaeda era minoritaria y que esta era esencialmente «una guerra tribal» en que «un 70 por ciento aproximadamente están implicados solo por el dinero», o como el ministro de Asuntos Exteriores británico, Milliband, que sostenía que el ejército de los talibanes se compone de mercenarios que cobran 10 dólares al día, cultivadores de opio, traficantes de droga y «afganos comunes», de modo que la solución consistía en crear unas condiciones que les convenzan para que se aparten del combate, garantizándoles un gobierno limpio, oportunidades de trabajo y seguridad contra los propios talibanes.

Cansado de las inútiles victorias en campo abierto sobre un enemigo que reaparecía y volvía a controlar el territorio cuando se retiraban las tropas norteamericanas —en lo que los marines definían como «segar la hierba»— McChrystal intentó a comienzos de 2010 «limpiar» las provincias del sur con un ejército que contaba con una importante participación de afganos, para dejar después las fuerzas suficientes para asegurar el control del territorio. Algo necesario, si se quería cumplir con el propósito de Obama de comenzar a abandonar Afganistán en manos del gobierno de Kabul. A mediados de 2010 las esperanzas puestas en la nueva campaña comenzaron a fallar; Karzai, que había sido reelegido en 2009 gracias en buena medida al dinero aportado por el presidente del Da Kabul Bank, una entidad que entró en crisis en agosto de 2010, dudaba de que los norteamericanos consiguieran algún día la victoria y el general McChrystal se vio obligado a dimitir, tras haber criticado en público al propio gobierno estadounidense.

Muchos norteamericanos pensaban ya que la de Afganistán, que se había convertido en la de más larga duración de la historia de los Estados Unidos, era una guerra que no se podía ganar, que tan solo servía para alimentar la rebeldía y que, con su empeño en tratar de establecer en Afganistán un estado centralizado con formas de organización social y cultural que eran contrarias a su cultura, estaban favoreciendo en realidad a al-Qaeda. Bob Churcher, un antiguo oficial del ejército británico con un buen conocimiento del país, añadía a ello la imposibilidad de controlar la situación con un ejército «nacional» que era fundamentalmente tayico, y que sería visto siempre como un invasor en el sur del país, donde predomina la etnia pashtun. Lo cual explica que Robert D. Blackwell, un antiguo embajador de los Estados Unidos en la India, propusiera que los norteamericanos aceptasen una partición de facto del país, dejando en manos de los talibanes los territorios pashtun del sur y del este, que ya controlaban, mientras proseguían una política de construcción nacional en el norte.[326]

Con el agravante de depender de un ejército pakistaní que se mantiene al lado de los Estados Unidos tan solo para seguir recibiendo miles de millones de dólares de ayuda año tras año, pero cuya guerra real es la que mantiene contra la India y que lo que desea es instalar en Kabul un gobierno amigo, que elimine toda influencia de la India o, como mal menor, que Afganistán siga siendo ingobernable.

La hostilidad de los ciudadanos norteamericanos a la guerra se agravó cuando en julio de 2010 la web WikiLeaks hizo público un informe titulado «Afghan War Diary, 2004-2010», con más de 70 000 documentos que llevaron al New York Times a declarar en un editorial que lo que estos documentos mostraban era «la debilidad del ejército y la corrupción del gobierno afganos; el doble juego que practica Pakistán», y el fracaso de la administración Bush, que no fue capaz, a lo largo de siete años, de dedicar las tropas, el dinero y la atención que se requerían para acabar esta guerra.

El primer error de la política norteamericana había consistido en creer que había un enemigo identificado al cual atacar. Pero al-Qaeda era en Afganistán una presencia marginal, un huésped al que se reforzaba cuando se pretendía sujetar a la sociedad pashtun, que se resistía ahora, como lo había hecho en tiempo de la intervención soviética, a someterse a las pautas de un estado centralizado de modelo europeo. «No hay una autoridad central de los talibanes», dice Scott Atran, «Ser talibán significa hoy poco más que ser un pashtun que piensa que sus creencias y las formas de vida a que está acostumbrado se encuentran amenazadas.»

En el transcurso del año 2011, mientras la actividad de los talibanes parecía ir en aumento, las previsiones acerca de negociaciones con ellos parecían desvanecerse, y cobraba fuerza, en contrapartida, el rumor de que el gobierno de Washington había llegado a un acuerdo con Karzai para mantener hasta 2024 un amplio cuerpo de «instructores» norteamericanos en las gigantescas bases construidas en el país. Todo lo cual revelaba el desconcierto general ante un conflicto sin salida.

Por otra parte, las relaciones de los Estados Unidos con los militares pakistaníes, mantenidas tradicionalmente en un clima de desconfianza mutua, fueron empeorando gradualmente, como consecuencia del aumento de los ataques con aviones no tripulados que la CIA realizaba por su cuenta, hasta llegar a la crisis que produjo la «ejecución» de Osama bin Laden en mayo de 2011 por obra de un comando norteamericano, en una operación realizada a espaldas del gobierno local. La realidad, además, era que la colaboración con los pakistaníes perdía sentido en la misma medida en que los norteamericanos renunciaban a ganar la guerra contra los talibanes, ante la imposibilidad de alcanzar una victoria final. Sobre todo una vez que el objetivo de matar a Osama bin Laden se había conseguido. La situación podría complicarse, además, como consecuencia de la aproximación de los Estados Unidos a la India, en busca de una alianza para contener la expansión de China.

LAS REPÚBLICAS POST-SOVIÉTICAS

En las antiguas repúblicas soviéticas del Cáucaso y de Asia Central los miembros de la vieja nomenclatura del Partido Comunista aprovecharon la progresiva debilidad del imperio para crear una estructura burocrática privilegiada que, cuando llegó el momento de la separación, apeló a la nacionalidad, —manifestada, por ejemplo, en la proclamación de sus respectivas lenguas como oficiales de los nuevos estados—, para perpetuarse en el poder y en el disfrute de los recursos del país. Una «nacionalización» que no tuvo nada que ver con las viejas reivindicaciones del «nacional-comunismo» de los años veinte, movidas por razones de patriotismo, sino que se dirigía a establecer regímenes autoritarios disfrazados de democracia y basados en la corrupción.

Los dos territorios con la más legítima tradición histórica nacional, Armenia y Georgia, renacieron en medio de conflictos y de manifestaciones de limpieza étnica. Armenia recuperaba su existencia en condiciones difíciles, tras el terremoto de 1988 y la guerra con Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj. Su territorio era la cuarta parte del que se le reconocía en el tratado de Sèvres de 1920, al fin de la primera guerra mundial, con una economía dificultada por su emparedamiento entre Turquía, Irán y Azerbaiyán, obligada a confiar en el apoyo de Rusia para su supervivencia.

En Georgia el independentista Gamsakhurdia, que llegó a presidente en 1991, se convirtió en un dictador paranoico, dispuesto a acabar con todos los rasgos de autonomía para las minorías que se habían establecido en la época soviética, como los de la república de Abjasia y de la provincia autónoma de Osetia del Sur. Fue derribado en 1992 y le reemplazó Eduard Shevarnadze, que había sido uno de los artífices de la perestroika. Este se vio incapaz de controlar una situación interior desastrosa, en que el nacionalismo resultaba exacerbado por la crisis económica (el PNB de Georgia en 2005 era menos de la mitad del de 1989) y fue derrocado en 2003 por una «revolución rosa» liderada por Mijail Saakashvili, un político formado en los cursos organizados por el gobierno de los Estados Unidos, que reivindicó la memoria de Gamsakhurdia, envió tropas a Irak, solicitó la entrada de Georgia en la OTAN y provocó un conflicto con Rusia en agosto de 2008, invadiendo con sus tropas el territorio de Osetia del Sur, pese a las advertencias en contra de sus aliados norteamericanos, que no pudieron impedir que recibiera un duro correctivo ruso, que acabó con el reconocimiento por parte de Moscú de las independencias de Osetia del Sur y de Abjasia (un reconocimiento que Rusia había anunciado ya que sería su respuesta al de la independencia de Kosovo por «Occidente»).[327]

Ejemplos de corrupción y autoritarismo, en que las repúblicas acabaron degenerando en regímenes vitalicios y hasta en sistemas de sucesión hereditaria, los tenemos en Azerbaiyán, donde Haidar Aliev, que controlaba el país desde 1969 como funcionario soviético, siguió haciéndolo como presidente de la república desde 1993, sostenido por los Estados Unidos como un contrapeso a la influencia rusa y a la del vecino Irán, y usó la situación de su país para negociar contratos sobre el tránsito de oleoductos que pudieran conducir el petróleo del Caspio evitando el paso por territorio ruso. En 2003, gravemente enfermo, nombró a su hijo Ilham primer ministro, lo que le aseguraba la sucesión en el poder cuando se produjera su muerte, ya que la ley fijaba que fuese el primer ministro quien sucediese al presidente, si este moría durante su mandato. Tras convertirse en presidente, Ilham propuso en marzo de 2009 un cambio en la Constitución que reforzaba sus poderes y le permitía ser reelegido permanentemente.

Otro caso parecido es el de Kazajstán, donde Nursultan Nazarbayev ha podido mantenerse en el poder desde la destrucción de la URSS hasta la actualidad. Su Constitución solo concede dos mandatos a los presidentes, pero una enmienda aprobada en 2007 introdujo una excepción para Nazarbayev, que puede renovar su mandato tantas veces como se le antoje, favorecido por una prosperidad basada en las exportaciones de gas y de petróleo. Las últimas elecciones, celebradas en abril de 2011, le otorgaron un voto favorable del 95,5 por ciento, con una participación del 89,5 por ciento del electorado. Kazajstán está considerado como un país con un considerable grado de corrupción y a su presidente se le calcula una fortuna de mil millones de dólares, depositados en bancos extranjeros; pero está entre los países de desarrollo humano alto, en el lugar 66, por encima de Brasil o Venezuela, y tiene un ingreso nacional bruto per cápita que supera los 10 000 dólares. De ahí, probablemente, derivan su estabilidad social y étnica, y el conformismo de sus habitantes.

No es este el caso de Uzbekistán, donde Islam Karimov gobierna desde 1991 con un régimen férreo que se justifica con el pretexto de evitar la propagación del integrismo islámico, contra el que ha tenido que luchar en su propio territorio, combatiendo a las milicias del Movimiento islamista uzbeco. Pese a la ayuda recibida de los Estados Unidos, a cambio de sus bases y de aceptar los presos secretos de la CIA en su territorio, la situación económica del país era desastrosa, mientras la familia del presidente, y en especial su hija Gulnora Karimova, en quien se pensó como en su probable sucesora, se enriquecía con sus negocios. El régimen fue acentuando su carácter represivo ante la tolerancia norteamericana que, forzada por la necesidad de mantener la vieja base soviética de Karshi-Khanabad, o K2, desde la que se preparó el asalto a Afganistán, elogiaba, por boca de Rumsfeld, la cooperación de Karimov. En febrero de 1999 una serie de atentados supuestamente islamistas, que se sospechó que podían haber sido orquestados por sus propios servicios secretos, le permitieron reforzar la represión, liquidando a todos sus enemigos potenciales, mientras, para prevenir una desautorización norteamericana, se aproximaba a Rusia, firmaba con Putin un pacto de seguridad y abría a las compañías rusas el negocio del petróleo. Este juego a dos bandas le permitió ir trampeando la situación, hasta que la masacre de mayo de 2005 en Andijan, en el valle de Ferghana, con más de un millar de muertos, suscitó protestas internacionales y le llevó a cerrar la base norteamericana de K2.

Karimov se hizo reelegir en 2007, pero el futuro del país estaba amenazado por las milicias del Movimiento islamista uzbeco que, tras su primer fracaso en Uzbekistán, reapareció en la sangrienta guerra civil de Tayikistán (1992-1997) y pasó posteriormente a la clandestinidad, protagonizando actos terroristas y acciones de guerrilla. En el año 2000 el Movimiento se refugió en Afganistán y se alió a al-Qaeda; su líder, Juma Namangani, se convirtió en jefe de los talibanes en el norte y tuvo una participación muy activa en la lucha contra los norteamericanos y contra sus aliados, que acabó con la muerte de Namangani como consecuencia de los bombardeos norteamericanos y con la sangrienta represión de los combates en la fortaleza de Qala-i-Janghi. En la actualidad, y bajo la dirección de Tahir Yuldashev, el movimiento uzbeco sigue luchando en Afganistán en colaboración con al-Qaeda, mientras se prepara para su propósito de establecer una república islámica en Uzbekistán y extender el islamismo por toda Asia Central.

En ningún caso fue tan lejos la locura autocrática como en Turkmenistán, donde Saparmurat Niyazov, convertido en presidente vitalicio de la república hasta su muerte en 2006, cambió los nombres de los días de la semana y de los meses del año para acomodarlos a sus gustos personales, impuso un libro suyo de espiritualidad como lectura en las escuelas y erigió en la capital, Ashgabat, una estatua suya en oro que giraba para dar siempre la cara al sol. A su muerte dejaba un país pobre y atrasado —cerró teatros y bibliotecas, bajó sueldos y pensiones y limitó el acceso público a la sanidad y a la educación—, aunque a él se le calculaba una fortuna de mil millones de dólares. Le sucedió Gurbanguly Berdimujammedow, un dentista nombrado ministro de Sanidad en 1997, que prometió cambiar la situación pero no lo ha hecho, ocupado en reemplazar los funcionarios de su antecesor por partidarios suyos y en negociar entre las diversas opciones de oleoductos que proyectan cruzar el país. Turkmenistán parece tener sus propios acuerdos con los talibanes afganos, incluyendo la participación de algunos de sus políticos en el tráfico de la droga.

Junto a estos tres países relativamente ricos, gracias en buena medida al gas y al petróleo, hay en Asia Central dos parientes pobres. Kirguistán, que no tenía tradiciones nacionales, eligió como presidente en 1991 a Askar Akaev, presidente de la Academia de Ciencias, el único dirigente no comunista que llegó al poder en estos países en el momento de la independencia, quien, habiendo comenzado con propósitos de establecer un régimen democrático, adoptó con el tiempo métodos autoritarios de gobierno que llegaron al crimen político. El país, que en la época soviética se beneficiaba de los subsidios que recibía de las otras repúblicas de la unión, buscó aproximarse a Occidente y cedió a los Estados Unidos la base aérea de Manas, aunque se vio obligado a ceder otra también a los rusos. Poco a poco vio hundirse su economía y sufrió la penetración de las mafias del narcotráfico en las estructuras del estado, mientras la familia del presidente se enriquecía con negocios turbios, lo que dio lugar en 2005 a una revuelta —calificada en su tiempo como la «revolución tulipán», en la línea de las llamadas «revoluciones de color» de Ucrania y Georgia— que echó del poder a Akaev y dio la presidencia a Kurmanbek Bakiyev, reelegido fraudulentamente en 2009, quien, amenazando con cerrar la base norteamericana, vital para el abastecimiento de las tropas en Afganistán, consiguió que los Estados Unidos aumentase el pago por su mantenimiento. Fortalecido por el apoyo «de Occidente», estableció un régimen de terror, que dio lugar en abril de 2010 a una revuelta que le obligó a huir de la capital y a una dura sucesión de enfrentamientos en el sur del país, que aunque tomaran el aspecto de una lucha étnica entre los kirguizos y la minoría de uzbecos del sur, respondían en realidad a los intereses de las mafias cercanas al poder.

Peor es todavía el caso de Tayikistán, que tiene fronteras con Afganistán y Pakistán. Era el país más pobre del bloque soviético y accedió a la independencia tras una dura guerra civil iniciada en 1992 que se calcula que causó de 40 000 a 100 000 muertos. Aunque se la suele presentar como una guerra de religión, protagonizada por los grupos del Movimiento islamista uzbeco, que cruzaban con facilidad unas fronteras que las autoridades tayicas eran incapaces de controlar, la realidad es que tras el conflicto había también la disputa por el poder entre viejos grupos dominantes, asociados de una u otra forma a las mafias criminales. Su gobierno es tan corrupto como el de sus vecinos, con Emomali Rajmónov (que cambió posteriormente su nombre por el de Rajmon) en la presidencia desde 1992, confirmada por una nueva votación fraudulenta en febrero de 2010. El poder y la riqueza se reparten casi exclusivamente entre los miembros de la familia del presidente, mientras el índice de desarrollo humano es el más bajo de la región (un 70 por ciento de sus habitantes vive por debajo del límite de la pobreza), lo que explica la importancia de la emigración hacia otros países de más de un millón de tayicos en busca de trabajo. Uno de sus principales problemas es la incapacidad de producir la electricidad y el gas necesarios para soportar su crudo invierno, una incapacidad que se vio agravada en los últimos años por la sequía y el alza de los precios del petróleo.

La posición estratégica de las repúblicas de Asia Central explica que tanto Rusia como los Estados Unidos buscasen conseguir alianzas con sus gobiernos y obtener la concesión de bases en sus territorios. Pero la influencia que parecían haber conseguido los gobernantes norteamericanos ha declinado en los últimos años, cediendo paso a la de Rusia y, sobre todo, a la de China, que se ha asegurado el aprovisionamiento del petróleo de Kazajstán y del gas natural de Turkmenistán, que le llegará a través del gran oleoducto de Asia Central. Los problemas comunes de defensa ante la amenaza islámica y ante la penetración de las mafias del narcotráfico explican que se haya llegado al establecimiento del Grupo de Cooperación de Shanghái, creado inicialmente en 1996, que engloba en la actualidad a cuatro de las repúblicas —solo Turkmenistán queda fuera de él—, a Rusia y a China, interesada en mantener las barreras a la penetración islámica hacia la minoría musulmana de los uigur en el Xinjiang. Está claro que una de las grandes batallas sobre el futuro del islamismo se desarrollará un día en este escenario.

LA SITUACIÓN EN EL ORIENTE PRÓXIMO

Mientras tanto el foco principal de la lucha de «Occidente» contra el islam, el del Oriente Próximo, no solo seguía activo, sino que se iba agravando su radicalización como consecuencia de los errores de la política norteamericana en la época de G.W. Bush. Al propio tiempo el islamismo comenzaba a extender su influencia por los países del Magreb, alimentado por el descontento general ante la gestión de una serie de gobiernos corruptos y represivos, protegidos por los Estados Unidos y por la Unión Europea.

En Irán, tras la muerte de Jomeini el 3 de junio de 1989, se eligió como jefe supremo a Alí Jamenei, cuyo liderazgo en el terreno religioso era discutido, pero que, habiendo desempeñado la presidencia de la república desde 1981, contribuyó con su experiencia a consolidar un régimen asentado en el doble poder del voto popular, que elige el Parlamento y el presidente, y de la sanción religiosa (los candidatos que se presentan a las elecciones deben obtener la aprobación del Consejo de guardianes, y algunas de las decisiones políticas fundamentales dependen de la aceptación del líder religioso supremo), sin que las demandas de democratización de una parte de las capas medias urbanas bastase para mudar el rumbo durante las presidencias de Rafsanjani (1989-1997) y Jatami (1997-2005), cuyas tentaciones reformistas fueron frenadas por Alí Jamenei. Las elecciones de 2005 llevaron por primera vez a la presidencia a alguien que no era un religioso sino un ingeniero, Mahmoud Ahmadineyad, cuyas actitudes radicales, en especial respecto de Israel, lo convertirían en objeto de ataque de los medios de comunicación «occidentales». Apoyado públicamente por Alí Jamenei, Ahmadineyad volvió a ganar las elecciones en 2009; pero en esta ocasión se produjeron grandes protestas por parte de aquellos sectores de la población que esperaban un viraje hacia la moderación y que consideraban que se había producido un fraude electoral.

Con su influencia sobre el régimen chií establecido en Irak, sobre las milicias libanesas de Hezbollah, sobre Hamas en Palestina y sobre los chiíes en Yemen —en lo que ha podido definirse como una «guerra fría» con Arabia Saudí— Irán se ha convertido en un factor decisivo en el Oriente Próximo. Su aspiración a desarrollar la energía atómica, y tal vez a construir armas nucleares, lo que le equipararía a Israel, se ha convertido en un motivo de demonización del régimen, que vive entre constantes amenazas de ser objeto de una nueva guerra internacional de exterminio. En julio de 2011 Robert Baer, un antiguo agente de la CIA que sigue disponiendo de buenas fuentes de información, avisaba de la intención del jefe del gobierno israelí, Netanyahu, de atacar Irán antes de que se produzca el previsto reconocimiento internacional de un estado palestino.

Para mantener la tensión, además, la cuestión de Palestina no solo no ha entrado en vías de solución, sino que parece cada vez más enconada. Tras el fracaso de las negociaciones entre Barak y Arafat en Camp David, la segunda Intifada facilitó el triunfo en las elecciones de febrero de 2001 de Ariel Sharon, a quien el historiador judío Avi Shlaim define como un hombre caracterizado por «la mendacidad, la más salvaje brutalidad hacia los civiles árabes y una continuada preferencia de la fuerza sobre la diplomacia en la resolución de los problemas políticos». Los años de su mandato vieron la más violenta actuación israelí contra los palestinos desde el comienzo de la ocupación de 1967: de septiembre de 2000 a julio de 2 006 4142 palestinos, incluyendo 845 menores de edad, recibieron la muerte a manos del ejército israelí, y 41 más fueron asesinados por civiles israelíes; 664 edificios habitados por palestinos fueron derribados.

Sharon, que contaba con el entusiasta apoyo de G.W. Bush, empleaba sin ningún escrúpulo el ejército y la aviación con la excusa de la lucha contra el terrorismo, que le sirvió para justificar en marzo de 2002 una nueva ocupación de la orilla occidental por el ejército, en que se cometieron brutalidades como el asalto del campo de refugiados de Jenín, donde se repitieron los horrores de las matanzas de Sabra y Chatila, solo que cuidando esta vez de mantener los hechos fuera del conocimiento de la opinión internacional. La respuesta de unos palestinos impotentes para hacer frente a los tanques y a los helicópteros con que se los atacaba fue una nueva oleada de atentados suicidas.

Solo algunas organizaciones humanitarias denunciaron esta política, financiada por los Estados Unidos con su ayuda económica y con su protección contra cualquier censura de la ONU, mientras la Unión Europea se limitaba a aceptar los hechos. Nada cabía esperar de propuestas de paz hechas en este contexto, como el llamado «mapa de ruta» de 2003, nacido de un proyecto de Tony Blair, pero mediatizado desde el primer momento por las 14 condiciones previas que imponían los israelíes. Sharon estaba decidido a impedir que se crease un estado palestino viable, limitando todas sus concesiones a la formación de una serie de «bantustanes», con el fin de seguir controlando el valle del Jordán y partes sustanciales de la orilla occidental, sin ninguna intención de que se llegasen ni siquiera a discutir temas como el de las colonias judías, de Jerusalén o de los refugiados.

Su más importante y significativa actuación política fue el inicio de la construcción de un muro de separación de 720 km de longitud, declarado ilegal por el Tribunal internacional de La Haya, que recortaba en un 9,5 por ciento el territorio palestino, y que se edificó expropiando tierras, destruyendo casas, separando a campesinos de sus campos o a las comunidades de sus fuentes de agua.

Esta operación se complementó con la retirada de la zona de Gaza, realizada en el verano de 2005, que implicaba retirar 8000 colonos judíos de aquella franja, a cambio de incorporar al estado de Israel 246 000 colonos establecidos en la orilla occidental, 200 000 en Jerusalén este y 20 000 en los altos del Golán. Tras esta medida, que pretendía presentarse como una muestra de su voluntad de pacificación, había en realidad el objetivo de impedirla. El territorio de Gaza, en las condiciones fijadas por Sharon, quedaba aislado como una gran prisión a cuyos habitantes se les negaba la libertad de movimientos y se les dejaba con frecuencia cercados, sin alimentos ni medicamentos, con el fin de generar una situación insostenible, que, cuando desembocase en las lógicas protestas de los confinados, permitiría mostrarlos al mundo como una gente ingobernable, indigna de la independencia.

Mientras tanto, y con la atención mundial fija en la tragedia humana de Gaza, la orilla occidental podía seguir «cantonalizándose», relegando a los palestinos a reductos aislados, con el apoyo de una declaración escrita de Bush que legitimaba los asentamientos en la orilla occidental, con el argumento de que «a la luz de la nueva realidad, incluyendo la existencia de importantes zonas de asentamiento israelíes, no es realista esperar que el resultado de las conversaciones finales sobre la situación pueda incluir una retirada completa a las líneas de armisticio de 1949».

Este «pacto Bush-Sharon» de abril de 2004, aceptado de hecho por la Unión Europea, significaba una rendición total a las peticiones de los sionistas. Sus consecuencias fueron que una gran parte del territorio de la orilla occidental quedase prohibida a la población palestina y que el resto, incluyendo las poblaciones más importantes, como Nablús y Jericó, permaneciese aislado en enclaves que tienen la comunicación entre sí limitada por 450 bloqueos de carretera y 70 pasos controlados por soldados israelíes. «Estas son las realidades sobre el terreno —ha escrito Henry Siegman— que trata de ocultar la desinformada y/o cínica charla en Jerusalén, Washington y Bruselas acerca de esperar a que los palestinos reformen sus instituciones, democraticen su cultura, desmantelen las “infraestructuras de terror” y detengan toda violencia y toda incitación a ella antes de que puedan comenzar las conversaciones de paz.»

Tras el fallecimiento de Arafat en noviembre de 2004, las elecciones palestinas de enero de 2006, patrocinadas y financiadas por las potencias «occidentales», dieron un inesperado triunfo a Hamas, el ala radical del movimiento palestino, que derrotó a Mahmud Abbas, el sucesor de Arafat al frente de Fatah. Esta victoria en las urnas, que Jimmy Carter, que había participado como observador, celebró como un triunfo de la democracia, representaba el primer caso en que un electorado árabe echaba a un gobierno corrupto por medio de una elección democrática. Pero, paradójicamente, las mismas potencias que decían perseguir el establecimiento de la democracia en Oriente Próximo decidieron desde el primer momento boicotear y condenar al nuevo gobierno, que aceptaba acabar con los ataques terroristas, pero se negaba a «reconocer» un estado de Israel que había extendido sus fronteras en más de un 50 por ciento en relación con el área asignada por las Naciones Unidas en 1947, mientras la superficie reservada a los palestinos se había reducido en cerca de un 60 por ciento, todo ello sin tomar en cuenta los asentamientos y otras formas de apropiación territorial israelí en la orilla occidental. Los Estados Unidos, seguidos servilmente por la Unión Europea, optaron por apoyar la continuidad en el gobierno, como jefe de la Autoridad Nacional Palestina, de Mahmud Abbas, que había sido derrotado en las urnas y había rechazado la propuesta de formar un gobierno de coalición con Hamas, que quedó limitado así al control de la zona de Gaza.

Por los mismos días en que se produjo la victoria electoral de Hamas, Ariel Sharon, que había abandonado el Likud para fundar un nuevo partido, Kadima, sufría una hemorragia cerebral que le impedía continuar su actividad política. Le sucedió Ehud Olmert, el primer jefe del gobierno israelí que no procedía del ejército.

La situación real del problema recibió una nueva luz con la publicación por Al Jazeera en enero de 2011 de los llamados «Papeles palestinos», una colección de 1600 mapas, minutas y documentos que revelaban que lo que se había presentado al público «como negociaciones de paz facilitadas por un gobierno norteamericano imparcial», era en realidad la imposición de los términos de una rendición en que la Autoridad palestina, con Mahmud Abbas a su frente, estaba negociando asumir, en palabras de Adam Hanieh, «el papel de administrar un ejército de reserva de varios millones de trabajadores, encerrados tras los muros y los puestos de control, a cambio de lo cual sus dirigentes manejarían las apariencias de un estado, y obtendrían para si mismos los privilegios de viajar y moverse libremente, y una participación en los beneficios».

En Israel puede decirse que hay en la actualidad dos países distintos. Uno, dentro de las fronteras anteriores a 1967, que tiene las apariencias de una vida democrática (aunque no disponga de una Constitución ni de una definición civil de ciudadanía); otro, en la orilla occidental, que es un territorio sin ley, donde «el gobierno es incapaz de hacer cumplir las propias leyes israelíes» a los colonos judíos armados, asentados en una tierra que ha sido en su mayor parte robada a los palestinos, y que se benefician de los grandes subsidios que les proporciona el estado. Más de una tercera parte del territorio de la orilla occidental les está ahora prohibido a sus habitantes palestinos, a quienes el ejército impide circular por las carreteras reservadas para los colonos judíos, que han sido construidas en territorio arrebatado a sus propietarios. Toda una red de puestos de control tiende además a atomizar lo que queda de la sociedad palestina.

La realidad de la situación la pusieron en evidencia los salvajes ataques israelíes al territorio de la franja de Gaza, iniciados el 27 de diciembre de 2008, con la intención de reparar el prestigio que Olmert había perdido a causa de su fracaso en el Líbano, con vistas a las elecciones que habían de celebrarse en febrero de 2009. Un ataque que no tenía justificación alguna, puesto que si los cohetes lanzados desde aquel territorio habían costado la vida a 11 israelíes entre 2005 y 2007, en el mismo período el ejército israelí había matado en Gaza a 1290 palestinos, incluyendo 222 niños. Como ha escrito Henry Siegman —que fue director nacional del American Jewish Congress— no era verdad que Hamas hubiese violado la tregua, como sostenían sistemáticamente los medios de difusión occidentales, sino que fue Israel quien la violó repetidamente y aprovechó la oportunidad para desencadenar un ataque con armas químicas, como el fósforo blanco, que se cebó en los civiles y destruyó viviendas, escuelas y hospitales.

Entre los aspectos más vergonzosos de esta masacre —que destruyó 58 000 hogares, 280 escuelas y el 80 por ciento de las cosechas agrícolas— figuran la tolerancia de la opinión internacional y la pasividad cómplice de los países árabes (el gobierno egipcio de Mubarak mató desde mediados de 2007 unos 60 emigrantes ilegales en la frontera con Israel) y posiblemente del propio Mahmud Abbas. El intento de Israel de negar las acusaciones de haber cometido crímenes de guerra, como reconoció el informe del enviado de la ONU, Richard Goldstone,[328] quedó desmontado ante el hecho de que soldados israelíes que habían participado en el ataque reconocieran públicamente las atrocidades cometidas.

La victoria en las elecciones de marzo de 2009 llevó al poder un nuevo gobierno israelí presidido por Benjamin Netanyahu, que respondió a los planteamientos de Barack Obama con un discurso pronunciado el 14 de junio de 2009 en la Universidad Bar-Ilan en que fijaba condiciones inadmisibles para aceptar la creación de un estado palestino, que quedaría como un apéndice del «estado racial judío», sin fuerzas de defensa y obligado a aceptar los enclaves israelíes en su territorio. Lo que podía esperarse de él lo mostraría el sangriento asalto israelí de junio de 2010 a una flotilla internacional que pretendía llevar auxilio a Gaza, con la justificación de que se trataba de proveer a grupos terroristas, cuando, como diría Amos Oz, Hamas no es un movimiento terrorista, «sino una desesperada y fanática idea que nació de la desolación y la frustración de muchos palestinos».

Si Obama mostró ya que no iba a dar la batalla por resolver la cuestión de Palestina cuando en febrero de 2011 utilizó por primera vez el veto en el Consejo de Seguridad para rechazar una resolución árabe que condenaba los establecimientos judíos en territorio palestino como un obstáculo para la paz, está claro que el control republicano de la cámara de representantes hace ilusorias las perspectivas de que los Estados Unidos se impliquen en cualquier negociación. Siguen plenamente activos, en cambio, los factores que pueden dar lugar a nuevos conflictos, en un escenario en que la intransigencia israelí se basa, no solo en el apoyo norteamericano, sino en el hecho de ser la única potencia con un arsenal nuclear en la zona. Y la pervivencia del conflicto, y la sucesión de las agresiones que causan nuevas víctimas palestinas, mantiene vivos los odios del mundo islámico contra Israel y contra sus protectores, alimentando una respuesta que ninguna «guerra contra el terror» puede frenar. La situación de Israel, además, puede cambiar por completo si el gobierno iraní de Ahmadineyad completa la construcción de armas nucleares, algo que no parece que ahora puedan evitar los israelíes con incursiones aéreas como las dirigidas contra Irak en 1981 y contra Siria en 2007, sino que exigiría una guerra abierta contra Irán, tal como reclaman ya una serie de políticos norteamericanos, y como se asegura que está preparando Israel: algo que daría lugar a un conflicto más grave que la suma de los de Irak y Afganistán.

Mientras las tropas norteamericanas que se suponía que iban a traer la democracia a toda la región se retiraban oficialmente de Irak, dejando tras de sí un país destrozado por una guerra civil entre suníes y chiíes que no parece tenga solución, en Líbano resultó imposible superar una situación de equilibrio inestable en que se mezclaban las reivindicaciones acerca de la necesidad de ajustar el reparto del poder a la situación demográfica actual y el temor a la influencia que Siria e Irán pueden tener sobre la población chií. Los acuerdos de Taif de 1989 parecieron ofrecer una salida; se formó un gobierno de unidad nacional y se desarmaron las milicias, salvo Hezbollah, encargada de defender el sur del Líbano de los israelíes. Tras el asesinato, nunca satisfactoriamente aclarado, en febrero de 2005 del primer ministro Rafik Hariri y de veintiuno de sus partidarios, que la opinión de los grupos de derechas atribuían a Siria, se produjeron los movimientos de la llamada «primavera del cedro» que forzaron la retirada del país de las tropas sirias.

Hariri era un personaje corrupto, patrocinado por los saudíes, y la confusa pugna organizada en torno a su muerte debe entenderse sobre todo en la línea del interés fundamental por parte de norteamericanos e israelíes de destruir Hezbollah, que se ha convertido en el ejército de un estado paralelo y en una de las más graves amenazas para Tel Aviv. La guerra declarada por Israel en 2006 no fue, como se pretendió, la respuesta a una actuación de Hezbollah, que el 12 de julio de 2006 había atacado a una patrulla fronteriza israelí y apresado a dos soldados, puesto que estaba preparada con antelación, sino que su objetivo era aniquilar al grupo guerrillero. Olmert pretendió acabar con Hezbollah y, sobre todo, con su jefe, Nasrallah, que había reemplazado a Abbas al-Musawi, asesinado por Israel en 1992.[329] La superioridad aérea de Israel le permitió organizar una respuesta brutal, estimulada por los Estados Unidos —cuya primera reacción fue apresurar la entrega a los israelíes de bombas dirigidas de precisión— y tolerada vergonzosamente por el resto de la comunidad internacional, que solo sirvió para destrozar viviendas e infraestructuras en el Líbano y para matar a centenares de víctimas civiles que no tenían nada que ver con la contienda. Pero el ejército israelí fracasó ante la respuesta de las fuerzas de Hezbollah, que hicieron la guerra a su modo, con armamento moderno, abundancia de misiles y tácticas adecuadas para contrarrestar los ataques israelíes, lo que condujo finalmente a lo que se puede considerar como una derrota israelí en la llamada guerra «de los 33 —o 34— días».

De la guerra salió un Líbano destrozado por los bombardeos y por sus propias divisiones políticas internas, lógicas en una falsa democracia que tiene el poder dividido en cupos fijos que se asignan a los diversos grupos religiosos, en perjuicio de los chíies, «los oprimidos, los pobres y desposeídos, los permanentemente ignorados por los figurones del gobierno libanés», víctimas de un sistema electoral, y de una realidad social, que aseguran en el poder a la población suní, a los drusos y a los cristianos, lo cual conduce a una situación que no es tan solo de enfrentamiento religioso, como se pretende hacernos creer, o de juego de influencias entre Siria y Occidente, sino de carácter netamente social.

La consecuencia fue una nueva etapa de inestabilidad y el fracaso del gobierno de Fuad Siniora, patrocinado por los Estados Unidos, Arabia Saudí y Egipto, en un esfuerzo por aislar a Siria. La retirada de los representantes de los chiíes del Parlamento en noviembre de 2006 privaba de legitimidad al gobierno y dio paso a una nueva etapa de desórdenes y enfrentamientos civiles, en que el intento de desmantelar la red militar de comunicaciones de Hezbollah fracasó, ante la rápida reacción del grupo. La situación se resolvió con el acuerdo de Doha de mayo de 2008, por el que se nombraba presidente al general Michel Sleiman, se formaba un gobierno de concentración y se reconocía el derecho de veto a la oposición. Las elecciones de junio de 2009 dieron una apariencia de triunfo a las fuerzas pro-occidentales; pero era una ilusión. En diciembre de 2010 Roger Cohen escribía que Hezbollah era más fuerte que nunca: «Tiene el más poderoso de estos dos ejércitos (el otro son las fuerzas armadas libanesas)», participación en el gobierno, derecho de veto y un líder, Hassan Nasrallah, «cuya popularidad como el rostro orgulloso del desafío árabe nunca ha sido tan grande». En enero de 2011 consiguió incluso el apoyo parlamentario suficiente para escoger un primer ministro (que sería suní, como obligan las reglas del reparto étnico del poder).

LA «PRIMAVERA ÁRABE» DE 2011

La pax americana en el Mediterráneo se asentaba en el apoyo a una serie de gobiernos corruptos del norte de África, de Egipto a Marruecos: regímenes autoritarios que mantenían unas apariencias exteriores democráticas (Mubarak era incluso miembro de la Internacional socialista) de escasa credibilidad. Solo la Libia de Gaddafi, con su retórica populista, se apartaba de este modelo; pero incluso el régimen libio había acabado siendo cooptado al sistema, pasados los años de persecución de que lo hizo objeto Reagan.

La falsedad de estas supuestas democracias resulta evidente en el caso del régimen militar de Argelia, que inició en 1989 un viraje liberalizador con la promulgación de una Constitución que no hablaba ya de revolución ni de socialismo, y que admitía el pluripartidismo. Ello no impidió el ascenso del fundamentalismo, que ganaba influencia entre una población que contrastaba el rigor de los islamistas con la corrupción del aparato político, y la ostentación de riqueza de los chi-chis, los hijos de la élite del partido.

En las elecciones municipales de 1990 el Frente Islámico de Salvación (FIS) obtuvo unos grandes resultados; pero cuando en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias de diciembre de 1991 sacó 188 escaños, contra tan solo 16 el FLN, el ejército cerró la Asamblea nacional y suspendió la segunda vuelta de las elecciones. El FIS fue declarado ilegal, se disolvieron los cerca de 400 ayuntamientos que controlaba y la violencia se transformó en el terrorismo del GIA (Grupo Islámico Armado).

En junio de 1992 el presidente Boudiaf, uno de los fundadores del FLN, que había anunciado su voluntad de luchar contra la corrupción, y que proyectaba la liberalización del gas y del petróleo, fue asesinado. Fue entonces cuando comenzó propiamente la llamada «guerra civil argelina», una «guerra contra el pueblo» disfrazada de lucha contra la subversión islamista, que contaba con el pleno apoyo de Francia, que proporcionaba a los militares ayuda económica (además de perseguir a los islamistas en suelo francés), así como del Fondo Monetario Internacional, que ayudó al gobierno a escalonar una deuda exterior de 26 000 millones de dólares.

El drama de Argelia surgía de una violencia que se atribuía exclusivamente al islamismo, pero que nacía en realidad del profundo descontento hacia una política controlada por clanes militares que elaboraban falsos planes de desarrollo en la línea del liberalismo ortodoxo, con el fin de acceder a los préstamos del Banco Mundial, mientras cerca de la mitad de la población estaba por debajo de los niveles de la pobreza (los jóvenes se enfrentaban a un paro del 25 por ciento) y había una elevada tasa de analfabetismo.

Otro ejemplo revelador es el de Egipto, que era una pieza fundamental del sistema, como consecuencia de sus relaciones especiales con Israel. El país que había sido la avanzada del nacionalismo árabe en tiempos de Nasser quedó reducido, bajo la dirección de Hosni Mubarak, que se mantuvo treinta años en el poder, a un satélite autocrático y corrompido de los Estados Unidos y de Israel, donde las elecciones no pasaban de ser una ficción estrictamente controlada (lo que explica que Mubarak hubiese ganado cinco consecutivas y aspirase a seguir en el poder «hasta el último aliento»). El «orden social», que el Banco Mundial elogiaba como una de las condiciones para una política de «reformas» que favorecía el clima de los negocios, se asentaba sobre el terror, bajo una «ley de emergencia» que se mantenía desde el asesinato de Sadat, con resultados como el de haber dado lugar a 269 ejecuciones en 2009, y una policía entrenada por el FBI. Mientras la pobreza y el malestar engendraban una sucesión de movimientos huelguísticos que se multiplicaron desde 2008, el Partido Democrático Nacional, lejos de ocuparse de estos problemas, se preocupaba ante todo de preparar la sucesión del anciano presidente en la persona de su hijo Gamal Mubarak.

Todo este tinglado se vio sacudido a comienzos de 2011 por la oleada de protestas sociales que conmovieron el Magreb y se extendieron al conjunto del MENA: Túnez, Egipto, Argelia, Jordania, Yemen, Omán, Bahrain (la base de la Quinta flota norteamericana), Marruecos y, con una gravedad especial, Siria y Libia.

Todo comenzó el 17 de diciembre de 2010 en Sidi Bouzid, una localidad del interior de Túnez, cuando Mohamed Bouazizi, un hombre de 26 años a quien un policía había abofeteado y le había confiscado su puesto callejero de venta, se prendió fuego ante un edificio oficial, desencadenando el proceso de la «revolución del jazmín», que obligó al dictador Ben Alí y a su corrompida familia a huir del país y refugiarse en Arabia Saudí.[330]

El estímulo de Túnez se extendió a Egipto. Los acontecimientos comenzaron allí el 25 de enero de 2011 con una serie de manifestaciones callejeras en demanda de «desarrollo y libertad» que, ante la neutralidad del ejército, acabaron provocando a comienzos de febrero la caída de Mubarak, que dejó el poder en manos de las fuerzas armadas, encargadas de gestionar la transición. El caso de Egipto puso al descubierto la doblez de la política norteamericana, que daba apoyo al régimen despótico de Mubarak, entrenando a su policía y armando a su ejército, al tiempo que financiaba los movimientos de oposición al régimen egipcio. Los servicios de inteligencia norteamericanos fueron incapaces de advertir lo que se avecinaba, como lo revela el hecho de que en los días en que estallaba el conflicto en El Cairo, una parte significativa del alto mando militar egipcio se encontrase en Virginia del norte, asistiendo a una reunión anual del Comité de Cooperación Militar egipcio-norteamericano.

Sorprendidos ante un movimiento popular que no sabían cómo manejar, se optó por deshacerse de Mubarak —a quien Obama había calificado en junio de 2009 como «una fuerza para la estabilidad y el bien»— y confiar en que el ejército asegurase una transición que evitase la repetición en Egipto de fenómenos como la revolución iraní de 1979. Como escribía William Fisher, «El ejército vigila Egipto; pero ¿quién vigila al ejército?», que ha seguido controlando el poder desde la marcha de Mubarak. A asegurar una «transición pacífica», sin riesgos de radicalización, contribuyeron también los millones de dólares aportados en préstamo por el FMI y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, a los que muy pronto se unieron grandes inversiones de Arabia Saudí y de Kuwait, con la finalidad de asegurar la continuidad del programa neoliberal iniciado por Mubarak.

Muy pronto se pudo ver que la intención del ejército —que asumía ahora la función policíaca de reprimir las huelgas obreras, agudizadas por los aumentos paralelos del paro y de los precios de los alimentos— era la de ayudar a crear lo que Adam Hanieh califica como «un estado autoritario neoliberal dominado por el ejército y por la élite de los negocios», comenzando por intervenir en un proyecto de Constitución que les permitiese conservar lo más posible de su poder político y económico (el ejército tiene un presupuesto propio, que no pasa por el Parlamento, y es propietario de una serie de empresas comerciales e industriales, hasta el punto que se calcula que antes de la revolución controlaba un tercio de la economía egipcia).

Todo lo cual permite entender que en junio de 2011 los manifestantes volvieran a la plaza Tahrir de El Cairo para expresar su inquietud ante la lentitud del proceso de democratización.

Las características de esta primavera de revoluciones, basadas en su mayor parte en las quejas por la mala situación económica, el paro de los jóvenes y el encarecimiento de los alimentos, fueron muy distintas en unos y otros casos. En Argel, donde la protesta social contra el corrompido régimen militar era endémica, no obtuvo más respuesta del gobierno que la de prometer que levantaría «en un próximo futuro» un estado de emergencia que duraba desde hacía 19 años. En Jordania se trataba sobre todo de la carestía de los alimentos y en Marruecos de manifestaciones pacíficas en demanda de democratización, a las que el monarca respondió con una Constitución hecha a su medida, que fue aprobada en un referéndum de dudosa legitimidad.

En Yemen, gobernado desde hace 33 años por Alí Abdullah Saleh, se produjo una revuelta violenta a la que se sumaban el descontento de los chiíes del norte, las tendencias secesionistas del sur y una amenazadora presencia de al-Qaeda. A lo que hay que agregar que la mitad de sus habitantes están por debajo del límite de la pobreza, que el agua escasea y que la población crece a tal ritmo que se calcula que puede duplicarse hacia 2030. El frágil tinglado del estado se ha mantenido gracias a unas subvenciones que los Estados Unidos se ven obligados a pagar para evitar que el caos se extienda por la península y afecte a la Arabia Saudí, que cuenta con una abundante población de trabajadores inmigrantes yemeníes. El 23 de marzo de 2011 el secretario de Defensa, Robert Gates, aseguraba todavía que «Hemos tenido una buena relación de trabajo con el presidente Saleh. Ha sido un importante aliado en la lucha contraterrorista». Mientras tanto, aviones no tripulados norteamericanos actuaban contra reales o supuestas fuerzas de al-Qaeda y contribuían a desestabilizar el país con esta guerra sucia.

La monarquía saudí, en cambio, reaccionó a los sucesos de Túnez y de Egipto con una subvención de 130 000 millones de dólares para aumentar los sueldos, construir viviendas asequibles y financiar entidades musulmanas, con lo que ha conseguido, por lo menos de momento, asegurar la estabilidad social.

Respecto de Siria, donde el gobierno de Bashir al-Assad, que no logró frenar las protestas con la promesa de derogar la ley de emergencia que seguía en vigor desde 1962, ha respondido brutalmente a las manifestaciones, la situación no puede ser más compleja, ante el temor que suscita la naturaleza del gobierno que pueda reemplazarle. Una gran parte de la población urbana, asegura Vicken Cheterian, teme que la caída de Assad cree una situación semejante a la del Líbano o de Irak, ante la posibilidad de que la desaparición de la férrea seguridad del régimen actual dé paso a luchas confesionales como las que desangran a los dos países vecinos. Una eventualidad que resulta especialmente alarmante para Israel.

El caso más vergonzoso es el de Libia, donde la caótica dictadura de Gaddafi justifica difícilmente que se le trate como un peligro mayor que otros tantos dictadores tolerados, y hasta financiados, por «Occidente».[331] Gaddafi era hasta hace poco un colaborador amistoso de la Unión Europea, con la que colaboraba para frenar por métodos violentos, plenamente aprobados por Europa, el flujo de la migración africana a través del desierto. De que su régimen era respetado puede dar testimonio el hecho de que el Fondo Monetario Internacional le elogiase todavía el 15 de febrero de 2011, le animase a seguir con sus reformas económicas neoliberales y se congratulase de que Libia hubiese quedado al margen de las conmociones de Túnez y de Egipto.

El encono de la intervención militar posterior, iniciada con bombardeos sistemáticos efectuados por británicos, franceses y norteamericanos, en una operación aprobada por las Naciones Unidas y puesta bajo el mando de la OTAN, no tiene motivos claros, salvo que obedezca al hecho de que en marzo de 2011 Gaddafi amenazó con echar de Libia a las petroleras occidentales e invitó a las empresas de Rusia, China y la India a que invirtiesen en la producción de petróleo en su país (lo que ayuda a entender que Rusia, China, la India, pero también Brasil, se abstuviesen de votar la resolución de la ONU que legitimaba la intervención). Pilger compara la operación sobre Libia a la que más o menos los mismos realizaron en 1999 para destruir Yugoslavia, con métodos semejantes.

La realidad es que al mismo tiempo que el régimen de Gaddafi se iba desmoronando, de lo único que se hablaba en la prensa internacional era de los planes para nuevos contratos relacionados con el petróleo y del espléndido negocio en que podía convertirse la reconstrucción de un país destrozado por la guerra, que cuenta con recursos suficientes para pagar, por ejemplo, las destrucciones causadas por los bombardeos de la OTAN.

Lo que en la primavera parecían revoluciones, se habían convertido en el verano en transiciones que aspiraban a dejar las cosas más o menos como antes, con los mínimos cambios de decorado necesarios. El inesperado hundimiento de unos regímenes corruptos que las potencias occidentales habían contribuido a sostener durante más de treinta años en nombre de la democracia obligaba a buscar soluciones de urgencia para evitar que se cumplieran las aspiraciones populares, en una perspectiva que tiene poco que ver con al-Qaeda o con la «guerra contra el terror» (al parecer en el Consejo Nacional de Transición Libio hay islamistas que combatieron en Irak y Afganistán), que aparecen ahora en toda su desnudez de mitos legitimadores de una política de intervención mundial.

Angelina Jarrouj advertía que más que «protestas a favor de la democracia», tal como se interpretaba habitualmente en Occidente, estos movimientos representaban la expresión del malestar creado por gobiernos que seguían los programas fijados por las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, que consideraba a Túnez y a Egipto como dos modelos de una adecuada política de desarrollo, ante la evidencia de la corrupción de los gobiernos, el empobrecimiento de las masas y el desamparo de unas generaciones jóvenes condenadas al paro, lo que ayuda a entender su destacado papel en las protestas.

Una muestra de lo equívocas que son las actitudes de «Occidente» la tenemos en el caso de Bahrain, que pidió auxilio a Arabia Saudí para aplastar una revuelta chií, pero que queda al margen de las críticas habituales de los medios a los gobiernos autoritarios y corruptos. La situación es en este caso tan delicada que los Estados Unidos parecen haber apoyado la iniciativa de Erik Prince, el fundador de Blackwater, de enviar a los Emiratos Árabes Unidos un cuerpo de centenares de mercenarios, en especial colombianos y sudafricanos, para encargarse no solo de la seguridad interior, sino de hacer frente a la posible intervención de Irán en la ocupación de algunas islas del Golfo, en su mayor parte deshabitadas, que podrían dar acceso a nuevas reservas de petróleo. Donde el petróleo está en juego no hay democracia que valga.

Que lo que preocupa a «Occidente» es, fundamentalmente, que los cambios políticos no impliquen modificaciones en las reglas económicas vigentes lo revela la declaración de los gobiernos del G8 condicionando la ayuda que se pueda dar a estos países a la realización de reformas que creen mercados abiertos.

18

UNA CRISIS GLOBAL

El rasgo más destacado de la historia de los primeros años del siglo XXI ha sido la crisis económica que comenzó en el verano de 2007 como un fenómeno local de los Estados Unidos, pero que acabó afectando al mundo entero, dejando sin trabajo, sin vivienda y sin recursos a millones de seres humanos, y condenando al hambre a muchos millones más. Porque la crisis financiera no fue más que una parte de la global, que iba a tener otra manifestación, paralela en el tiempo, que afectó sobre todo a la población de los países subdesarrollados. En junio de 2009 The Economist llamaba la atención hacia el hecho de que, nueve meses después del colapso de Lehman Brothers, se siguiese hablando de la crisis como de un problema de bancarrota y paro, olvidando que afectaba también, en los países pobres, a millones de niños desnutridos y de mujeres anémicas.

No eran dos acontecimientos distintos, sino dos caras de una misma crisis del capitalismo globalizado, cuyas consecuencias a largo plazo son todavía imprevisibles.

LA QUIEBRA DEL SISTEMA FINANCIERO

La marcha hacia el abismo

Todo comenzó en un supuesto mundo feliz en que, como dice Peter Radford, los dirigentes del sistema estaban convencidos de haber conquistado las incertidumbres del ciclo económico. «En fechas tan recientes como 2004 y 2005 los dirigentes máximos se daban palmaditas en la espalda por haber resuelto el problema del crecimiento indefinido.» Pero cuando se produjo la catástrofe, los mismos que la habían provocado con sus especulaciones se negaron a aceptar sus responsabilidades, y pretendieron reescribir la historia para afirmar que la crisis se debía a la excesiva intervención del gobierno y al elevado coste del gasto social (no dijeron nada, en cambio, de los tres billones de dólares que costaron las guerras de Irak y Afganistán, que son solo una parte del total de los gastos militares desde 2001, evaluados en 11 billones de dólares, ni de las consecuencias a largo plazo del despilfarro militar en los años de la guerra fría).

Los orígenes de lo que sucedió en 2008 habría que buscarlos en el cambio de modelo económico que se inició en los Estados Unidos en la década de 1970, cuando se abandonó la preocupación por el pleno empleo y se rompió la relación directa entre la mejora de la productividad y los salarios, que estimulaba el crecimiento de la producción por la vía del aumento de la demanda de bienes de consumo. El nuevo modelo reemplazó este mecanismo por la expansión del crédito, mientras, en nombre de la necesidad de controlar la inflación, se limitaba el alza de los salarios, se combatía a los sindicatos y se desmantelaban las protecciones de los trabajadores.

Se estaba desarrollando lo que unos analistas de Citigroup, dirigidos por Ajay Kapur, definieron en 2005 como una «plutonomía»: un sistema en que el crecimiento económico era alimentado, y consumido, por el sector de los más ricos de la sociedad. Un sistema cuyo crecimiento dependía de la actitud favorable de los gobiernos, de un crecimiento de la productividad debido a la tecnología y de la globalización.[332]

Entre 1976 y 2007, al propio tiempo que crecía la parte de los ingresos totales que percibían los más ricos, el salario medio por una hora de trabajo, ajustado a la inflación, disminuía en más de un 7 por ciento. Una consecuencia de esto, nos dice Robert Reich, fue que «una gran parte de los norteamericanos cayeron en un endeudamiento insostenible, porque no tenían otra forma de mantener sus niveles de vida, a causa de que durante tantos años casi todas las ganancias del crecimiento económico habían ido a parar a un número relativamente reducido de personas en la cima».

El resultado fue un aumento de la deuda privada que en febrero de 2009 llegó a equivaler a cerca de tres veces el PNB norteamericano. Mientras los dirigentes de la economía celebraban lo que parecía ser un imparable crecimiento, un grupo de economistas, a quienes nadie iba a hacer caso en momentos en que todo parecía marchar a plena satisfacción, avisaba de que esta prosperidad aparente se asentaba sobre una burbuja de crédito que había de acabar estallando y que podía provocar una grave crisis financiera.

Eran los resultados previsibles de una economía que no se basaba esencialmente en la producción, sino en las actividades relacionadas con las finanzas, los seguros y los inmuebles (lo que se dio en llamar FIRE, Finance, Insurance and Real Estate), que se desarrollaban, además, en un marco de desregulación que favorecía la especulación. Una desregulación iniciada en las épocas de Carter y Reagan, pero que culminó durante la presidencia de Clinton con la «Ley de modernización de los servicios financieros» o GLBA (Gramm-Leach-Bliley Act) de 11 de noviembre de 1999, patrocinada por Robert Rubin, que pasó de secretario del Tesoro a ejecutivo de Citigroup. La supuesta «modernización» consistía en derogar la ley Glass-Steagall de 1933, que había introducido controles en la actividad financiera, prohibiendo que un banco actuase a la vez como banco comercial y de inversión o como asegurador: esto es, que los bancos usasen los ahorros de sus clientes para especular. Un año después, en los días finales de la gestión de Clinton, se aprobaba otra ley que eximía de control legal a las operaciones de futuros y derivados, lo que iba a favorecer la especulación. «Nunca en la historia de las finanzas se había otorgado un espacio tan grande a la codicia», ha dicho Skidelsky.

Desde 2001, además, la Reserva federal iba rebajando el tipo de interés, que a mediados de 2003 llegó a ser del 1 por ciento, de modo que, ajustándolo a la inflación, se convertía en negativo (o sea que un crédito podía transformarse en una aparente fuente de ganancias para el que lo solicitaba). Esto afectó al coste de las hipotecas y desencadenó el furor por la compra de viviendas. Sus precios, que habían permanecido prácticamente estables durante un siglo, comenzaron ahora a crecer (del año 2000 al 2005 el valor de los inmuebles existentes aumentó en un 50 por ciento), con lo que sus propietarios se sentían dueños de una riqueza ficticia que aumentaba con el tiempo y, animados por los bajos tipos de interés, pedían después créditos sobre sus viviendas para invertir y consumir. Los norteamericanos gastaban más de lo que ganaban y dejaban de ahorrar, hasta el punto que la tasa de ahorro llegó en 2005 a ser negativa.

Se fue agravando así el endeudamiento de las familias —que pasó del 83 por ciento de sus ingresos en los años noventa al 130 por ciento a fines de 2007—, estimulado por el dinero barato y por la actitud de las entidades financieras, que concedían a los particulares créditos que les permitían adquirir propiedades inmobiliarias que estaban por encima de sus posibilidades, a sabiendas de que muchos no podrían atender a la larga las obligaciones que asumían.

Estas hipotecas de muy baja fiabilidad (subprime mortgages) se «titulizaban», esto es se «empaquetaban» con otros productos de menor riesgo en CDO (obligaciones de deuda colateralizada), con la intención de dispersar y minimizar el riesgo de impago. Pero empaquetar y mezclar hipotecas de riesgo con otros productos no podía generar los miles de millones adicionales de valor que se suponía que estaban creando estas «innovaciones».

Que se cayese en la ilusión de que este iba a ser un negocio de crecimiento indefinido se debió en parte a la euforia causada por la abundancia de liquidez, que se alimentaba del gran volumen de recursos extranjeros obtenidos a través de la venta de títulos de la deuda pública —en los que tan solo China había invertido por valor de más de un billón de dólares—, que venían a compensar el enorme déficit de la balanza exterior norteamericana. Algo que los dirigentes de la política económica habían estimulado desde que en 1984 el secretario del Tesoro, Donald Regan, eximió del pago de impuestos a los tenedores extranjeros de deuda americana, y que consideraban como un hecho natural, fruto de la confianza que la economía norteamericana despertaba en quienes querían invertir sus ahorros a salvo de cualquier peligro.

Los riesgos en que se había embarcado el sistema financiero no se reducían, sin embargo, a las hipotecas, sino que incluían toda una serie de operaciones de derivados, de contratos redactados en privado, de una complejidad que a veces no entendían del todo los mismos que los vendían. Los más importantes eran los credit default swaps o CDS, créditos de cobertura mutua creados en 1996-1997 por bancos que pagaban a otros para que asumieran los riesgos que habían contraído haciendo préstamos con escasas garantías.

A fines de 2007, según afirma Brett Arends, «las empresas de Wall Street tenían inscritos en sus libros derivados financieros de riesgo por un asombroso valor de 183 billones de dólares: trece veces el tamaño de la economía de los Estados Unidos». La aseguradora A.I.G. llegó a tener, como consecuencia de la actividad de una división de Londres que los vendía como productos financieros, una cartera de 500 000 millones de dólares en CDS, que le proporcionaban 250 millones de dólares anuales de beneficios. Lo que no tenía eran los recursos suficientes para hacer frente a los compromisos que asumía, si las cosas iban mal dadas, como acabó sucediendo. Cuando llegó la crisis, el problema no solo cayó sobre la aseguradora, sino sobre Goldman Sachs, su principal socio de negocios.

La teoría dominante afirmaba que todos estos productos repartían los riesgos[333] y daban por ello una mayor seguridad global al sistema, en una ficción agravada por el hecho de que las agencias que evaluaban estos activos financieros —que cobraban de los mismos propietarios de los activos que solicitaban la evaluación— engañaron al público acerca de su fiabilidad y solvencia. Hasta que llegó el momento en que estalló la burbuja inmobiliaria y las pérdidas originadas por los títulos «tóxicos» en que estaban incluidas las hipotecas se extendieron al conjunto de estos valores y colapsaron el sistema bancario, afectando gravemente las funciones que este desempeña en la marcha ordinaria de la economía como proveedor de crédito a las empresas.

Confiados en la eficacia de sus modelos de valoración, los economistas y los dirigentes de instituciones financieras no habían previsto los riesgos de esta situación. En 2003 Roger Alcaly, director de una firma de inversiones que administraba un grupo de fondos, cantaba las maravillas de «las formas en que la economía ha cambiado durante la última generación», con lo que en su opinión se había iniciado «un período de gran innovación y revitalización, cuyo impacto se dejará sentir por al menos otra generación y probablemente incluso por más tiempo». Un cambio revolucionario, el de estas nuevas estrategias financieras, que no dudaba en comparar con otras grandes transformaciones económicas de la historia como la revolución industrial, de la que se diferenciaba esencialmente por el hecho de que no producía nada tangible y utilizable.

En 2004 Ben Bernanke, que iba a ser nombrado presidente de la Reserva federal después del desastre, decía que la baja inflación de las dos décadas anteriores, un fenómeno bautizado como la «gran moderación», había traído una reducción de la volatilidad económica, que tendría como consecuencia que las recesiones fuesen menos frecuentes y menos duras, y que se redujera la incertidumbre en la producción y en el empleo.

Sin embargo, a fines de 2006 Goldman Sachs, que preveía el peligro que podía producirse, comenzaba a deshacerse discretamente de sus propias hipotecas subprime, vendiéndolas sin ningún escrúpulo a sus clientes, y a cubrirse de riesgos con CDS. Una conducta que fue denunciada como cínica, puesto que «cuando compras protección contra un acontecimiento que estás contribuyendo a que se produzca, es como si comprases un seguro contra incendios para la casa de otro, con la intención de pegarle fuego después». De ahí que en abril de 2010 la SEC (Securities and Exchange Commission) acusase a la empresa de fraude, por haber seguido vendiendo a inversores institucionales productos financieros que le constaba que eran inseguros.[334]

La ceguera de los expertos siguió hasta el final. En junio de 2007, en vísperas de que se desencadenase la tormenta, Alan Greenspan, responsable de haber estimulado esta situación desde su gestión al frente de la Reserva federal, celebraba todavía este nuevo «mundo de economía capitalista global que es mucho más flexible, resistente, abierta y autocorrectora», y formulaba una profecía de crecimiento económico continuado para los Estados Unidos y para el mundo entero, si se mantenían los principios liberales de respeto a los derechos de la propiedad y no interferencia del estado en la economía. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, elogiaba la vitalidad del negocio financiero en los Estados Unidos y predecía, en el verano de 2007, que la economía de la zona del euro «está lista para un período de crecimiento sostenido».

Cuando llegó la crisis, los mercados financieros se hundieron a gran velocidad. Todo lo que podía salir mal, salió mal, mientras los participantes en el juego descubrían que ni siquiera comprendían bien el complejo sistema que habían creado (Citigroup, ha dicho Brad DeLong, «no sabía cuál era su exposición respecto de las subprime, pese al esfuerzo realizado por sus dirigentes para averiguarlo»). Lo único que les había importado era obtener beneficios, como se pudo ver en el caso del fraude de Bernard L. Madoff, antiguo presidente del Nasdaq, que estafó miles de millones de dólares —las estimaciones van de 21 000 a 65 000— en una pirámide, el mayor fraude financiero de la historia de los Estados Unidos, sin que las instituciones que se suponía que debían investigarlo verificasen las operaciones que decía estar realizando a lo largo de los años, que le proporcionaban unos beneficios que eran «demasiado buenos para ser ciertos».[335] Como ha señalado el propio Madoff, los bancos estaban enterados del carácter fraudulento de la operación, pero optaron por seguir colocando sus títulos mientras obtenían beneficios con ello, y se desentendieron después de las consecuencias de haber embarcado a sus clientes en una inversión cuya ruina era previsible.

La crisis de las hipotecas

El 6 de agosto de 2007 American Home Mortgage, una gran empresa privada dedicada al crédito hipotecario, se declaró en bancarrota, como consecuencia de la caída de los precios en el mercado inmobiliario norteamericano. Tres días más tarde comenzaba la congelación general del crédito, que se iniciaba como resultado de que los bancos, conscientes de sus propias debilidades, se negaban a prestar a otros bancos que podían estar en su misma situación.

El efecto se extendió rápidamente a otras entidades y, como cerca de una cuarta parte de las hipotecas norteamericanas se habían colocado en el extranjero, a otros países (el 13 de septiembre se producía en Gran Bretaña la crisis del Northern Rock). En los meses siguientes instituciones como Bear Sterns, Goldman Sachs o Citigroup anunciaban que iban a sufrir pérdidas cuantiosas en sus préstamos más arriesgados. Su situación era delicada: en el caso de los cinco grandes bancos de inversión norteamericanos la relación entre sus activos y sus deudas era de 1 a 30, lo que hacía más que difícil su supervivencia.

En el transcurso de 2008 la sucesión de crisis de empresas financieras obligó al gobierno norteamericano a intervenir, contradiciendo la teoría del liberalismo conservador. Como señalaba Krugman, los neoliberales parecían haber descubierto ahora que «el gobierno no es el problema, sino la solución». Joseph Stiglitz diría que «la caída de Wall Street significa para el fundamentalismo del mercado lo que la caída del muro de Berlín para el comunismo». Pronto se iba a ver, sin embargo, que las instituciones financieras eran capaces de sacar provecho incluso de esta situación, gracias a su capacidad para influir en las decisiones políticas.

El gobierno de Bush aplicó la «doctrina del demasiado grande para dejar que se hunda», primero a Bear Sterns (que se vendió a bajo precio a J.P. Morgan Chase, después de que la Reserva federal le hubiera proporcionado un préstamo para evitar su hundimiento) y el 7 de septiembre a las dos grandes empresas hipotecarias respaldadas por el gobierno, Fannie Mae y Freddy Mac, que fueron nacionalizadas en la práctica (lo que implicaba asumir un gran volumen de deuda).

En contrapartida, el 15 de septiembre de 2008 el secretario del Tesoro, Hank Paulson, dejó que se hundiera Lehman Brothers, una entidad fundada en 1850, que no era propiamente un banco —no admitía depósitos y no estaba sujeta a las reglas convencionales de la banca— pero que ejercía actividades de «banco en la sombra», prestando a constructores de edificios de oficinas y repartiendo después la deuda, fragmentada y empaquetada, a los inversores. El gobierno federal tomó la decisión de dejarlo caer por cuanto Lehman tenía un gran número de contratos de derivados, «miles de pozos sin fondo», esparcidos por 80 países distintos, y el Tesoro no estaba dispuesto a responder de las pérdidas de bancos extranjeros, sobre todo alemanes. Ante la catástrofe que se estaba produciendo, Greenspan se declaraba «en un estado de sorprendida incredulidad», y confesaba su error al creer que el sistema podía regularse por si mismo.

La quiebra de Lehman Brothers produjo el caos en la bolsa y vino a confirmar que los grandes bancos, debido a sus conexiones con el conjunto de la economía, eran realmente «demasiado grandes para caer», lo que les daba la garantía de que, si llegaban a encontrarse en una situación difícil, los gobiernos se verían obligados a acudir a su rescate con dinero del contribuyente: sus beneficios eran privados, y sus dirigentes se los repartían generosamente, pero sus pérdidas se socializaban. Paulson no se atrevió a dejar que se produjeran nuevas caídas: A.I.G. recibió grandes préstamos del gobierno y se aplicó el modelo Bear Sterns (compra subsidiada por otra empresa) a otros casos. Finalmente, y ante el peligro de una crisis global de las instituciones financieras norteamericanas, el gobierno anunció, el 25 de septiembre de 2008, un plan general de rescate que se evaluaba en setecientos mil millones de dólares, pero que los especialistas calculaban que podía llegar a un billón, destinado inicialmente a adquirir activos devaluados («tóxicos») de las instituciones con problemas de liquidez, en lo que se denominó TARP (Troubled Asset Relief Program). Así fue como se repartieron miles de millones de dólares a Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs y a otros, escogidos arbitrariamente para sobrevivir, mientras se abandonaba a su suerte a los más de 8000 pequeños bancos provinciales y locales, de los que se preveía que por lo menos un millar tendrían que cerrar en los próximos años.

El programa escandalizó a muchos por la forma en que se iba a ayudar a las empresas, sin contrapartidas para el estado (Stiglitz lo calificó como «el gran atraco norteamericano», un producto «del soborno y la corrupción»), en lo que parecía ser un intento de rescatar a las instituciones privadas de las consecuencias de su locura especulativa, sin una garantía de que se les impediría seguir con la misma conducta en el futuro. El plan fue finalmente aprobado, con retoques, pero lo que resultó más escandaloso fue que los mismos senadores que lo aceptaron mayoritariamente se negaron a continuación a votar un plan para extender los beneficios del subsidio de paro a 800 000 norteamericanos sin trabajo.

La idea que legitimaba el rescate de los bancos era la de que iba a servir para restablecer el flujo del crédito y a facilitar así la recuperación de la actividad económica. Los bancos, decía el secretario del Tesoro Paulson, habían aceptado el dinero «para el bien de la economía de los Estados Unidos», con el fin de aumentar sus préstamos a los consumidores y a los negocios. Pero la realidad fue que hicieron lo contrario; prevenirse restringiendo el crédito, de modo que, como decía Robert Solow, «los mercados del crédito se inmovilizaron y los negocios ordinarios que lo necesitaban para aplicarlo a los propósitos habituales de su actividad, se encontraron con que no podían obtenerlo en términos razonables».

Al final de su gestión, en marzo de 2011, el inspector general del TARP, Neil M. Barofsky, reconocía que había sido un fracaso, ya que solo se consiguió salvar a la banca y restablecer los beneficios de sus dirigentes («los grandes bancos son un 20 por ciento más grandes que antes de la crisis y controlan una parte mayor de nuestra economía»), mientras se había abandonado a su suerte a la multitud de los desahuciados y no se había hecho nada para cumplir con las promesas de efectuar reformas para evitar que pudieran reproducirse desastres semejantes.

El lado humano del drama, que se manifestó inicialmente en el aumento del paro, se acentuó a medida que las familias que no podían seguir pagando sus hipotecas eran expulsadas de sus casas. En el otoño de 2010 6,2 millones de familias norteamericanas habían perdido sus hogares, y se estimaba que otros tres millones y medio los perderían hasta fines de 2012, en medio de atropellos escandalosos en que los bancos se apoderaban de las viviendas de manera irregular, sin presentar muchas veces documentos que avalasen sus reclamaciones.

Las razones para una internacionalización de la crisis eran muy diversas, pero una de las más importantes fue la repetición del mismo fenómeno en países que mantenían balanzas exteriores deficitarias y que usaron alegremente el crédito bancario para alimentar burbujas inmobiliarias, como ocurrió en Gran Bretaña, Irlanda o España, lo cual iba a originar las mismas consecuencias de disminución de la demanda y paro, a la vez que forzaba a los gobiernos a sanear las entidades financieras que se habían implicado en la especulación concediendo créditos demasiado arriesgados.

En Gran Bretaña el gobierno se vio obligado a emplear grandes sumas para sanear la banca, con la compra de acciones preferentes de entidades como el Lloyds Banking Group, el Royal Bank of Scotland y, sobre todo, el Northern Rock. En España hubo que acudir a la restructuración de las cajas de ahorro, que habían concedido un gran volumen de crédito a los constructores. En Islandia el sistema bancario se hundió estrepitosamente, incapaz de atender los compromisos que había asumido con los británicos y holandeses que le confiaron sus ahorros, atraídos por los altos intereses que ofrecía.

España fue uno de los países donde la burbuja de la construcción alcanzó niveles más insensatos. Se sumaron para ello las oportunidades de beneficio que la gestión urbanística ponía en manos de las autoridades locales, y la facilidad de obtener créditos de la banca y, sobre todo, de unas cajas de ahorros en cuyos órganos de dirección figuraban representantes políticos ligados de una u otra forma a los intereses de las constructoras. Se multiplicaron así los planes de grandes bloques de viviendas alrededor de las ciudades, y sobre todo los de urbanizaciones de segundas residencias en la costa mediterránea. En la medida en que la construcción se había convertido en el motor fundamental del crecimiento, atrayendo a un número considerable de trabajadores inmigrantes, su brusca detención, cuando créditos e hipotecas se congelaron, causó una rápida escalada del paro y dejó a un gran número de familias sin recursos para seguir pagando las hipotecas con que se habían endeudado, lo que no solo significaba que perdían sus viviendas, sino que seguían condenados a pagar los créditos pendientes.

La gestión de la crisis

La recuperación de las actividades financieras norteamericanas fue rápida. Un comité del National Bureau of Economic Research declaraba que la recesión había concluido en junio de 2009, lo que significaba que la crisis había acabado para los negocios de la banca, que comenzaba otra vez a inventar complejos productos financieros[336] y volvía a repartir cuantiosas primas a sus dirigentes. En diciembre de 2009 Robert Reich observaba: «Los cinco grandes bancos que siguen activos son hoy más grandes, sus ejecutivos y agentes, más ricos, y sus estrategias para hacer grandes apuestas con el dinero de los demás no son menos arriesgadas que antes del desastre». Lo peor del caso era que parecían no haber aprendido nada de la crisis. En julio de 2011 Market Watch calculaba que los derivados en poder de las entidades financieras norteamericanas representaban un valor de 248 billones de dólares, muy superior al que tenían antes de la crisis.

En los mismos momentos en que los banqueros mostraban su euforia por la subida de la bolsa y anunciaban repartos sustanciales de beneficios para sus dirigentes (según los cálculos de la AFL-CIO los ingresos medios de cada directivo en 299 de las grandes empresas norteamericanas habría sido en 2010 de 11.358 445 dólares), Robert Reich advertía que se trataba de una recuperación fantasma y que los supuestos «brotes verdes» no podían ocultar la realidad de la continua pérdida de puestos de trabajo, que llegaba «después de décadas de puestos perdidos por la mecanización, informatización y globalización, que condujo a una drástica disminución de los empleos en la industria y de la afiliación a los sindicatos en el sector privado».

Confirmando estas críticas, el Departamento de Comercio anunciaba a fines de julio de 2011 que la recesión había sido mucho más profunda y la recuperación mucho más débil de lo que inicialmente se había calculado. Lo que no se había recuperado, ni era previsible que lo hiciera en un futuro próximo, era la pérdida de ingresos sufrida por los trabajadores. Y es que la obsesión por considerar exclusivamente los aspectos financieros de la crisis había llevado a olvidar que no se trataba solo de las hipotecas, sino que en su base estaba el fin de la burbuja inmobiliaria, lo que significaba que con el cese de la construcción iba a perderse un gran volumen de demanda (Dean Baker calculaba que en los Estados Unidos representaría una pérdida del 8 al 10 por ciento del PNB, con un valor próximo a 1,5 billones de dólares). Lo cual iba a tener graves consecuencias sobre el empleo y sobre el bienestar general, por más que las bolsas se recuperasen.

Nadie podía aventurar, por ello, cuándo acabaría la crisis para el alrededor del 10 por ciento de parados norteamericanos registrados, que elevaban la estimación real del desempleo a un 17 por ciento, uno de cada seis trabajadores (el de los jóvenes negros de 16 a 24 años era del 34,5 por ciento). Y lo mismo podía decirse del 9,9 por ciento de los parados en el conjunto de la zona del euro, con un máximo del 20 por ciento en España. La evolución de la crisis parecía dar la razón a quienes estimaban que se necesitarían por lo menos cinco o seis años para que la economía volviese a la normalidad, salvo para los mayores de cincuenta años, que era posible que nunca más encontrasen trabajo.[337]

Cuando en enero de 2011 se presentaba en Washington The Financial Crisis Inquiry Report, el informe final de la comisión dedicada a estudiar las «causas de la crisis económica y financiera en los Estados Unidos», se podía ver que, si bien criticaba la gestión tanto de Greenspan y de Bernanke como de la administración de Bush, no aclaraba nada acerca de las causas reales de lo sucedido, sino que se limitaba a «una confusa y contradictoria combinación de tópicos».

Lo que sí estaba claro era cuáles habían sido sus costes humanos: «Mientras este informe va a la imprenta, hay más de 26 millones de norteamericanos que se han quedado sin trabajo, no pueden encontrar un trabajo a tiempo completo o han dejado de buscarlo. Alrededor de cuatro millones de familias han perdido sus hogares por desahucio y cuatro millones y medio más han entrado en un proceso de desahucio o han quedado seriamente atrasadas en el pago de sus hipotecas. Cerca de unos 11 billones de dólares en riqueza inmobiliaria se han evaporado, y los ahorros de su vida y sus cuentas de pensiones han volado con ellos. Todo esto ha provocado mucha angustia, y con razón. Muchas personas que cumplieron con todas las reglas se encuentran ahora sin trabajo e inseguras acerca de sus perspectivas de futuro». En septiembre de 2010 la oficina del censo calculaba que en el año 2009 había habido 43,6 millones de norteamericanos viviendo en la pobreza (uno de casa siete, una proporción que no había vuelto a registrarse desde hacía cincuenta años), mientras millones más subsistían gracias a la extensión de los seguros de desempleo y a otras formas de asistencia.

La crisis no había sido igual para todos, sino que había contribuido a aumentar las diferencias en el interior de la sociedad. Para los dirigentes de las grandes empresas todo iba a quedar igual. La posibilidad de una reforma que regulase los mercados financieros hubo de desestimarse ante la feroz resistencia de los grandes bancos. Los directivos interrogados por la Financial Crisis Inquiry Commission sostenían que la crisis había sido un acontecimiento imprevisible, como un huracán o un terremoto, y que no tenía sentido pretender evitarlo con regulaciones. Deseaban seguir como hasta entonces y, para conseguirlo, invertían grandes sumas para influir en el Congreso y en la opinión pública.

Las cosas cambiaron poco con la llegada a la Casa Blanca de Obama, a quien Krugman definiría como «un conservador moderado», tal como se podía prever por el hecho de que mantuviese a Bernanke al frente de la Reserva federal y confiase la dirección del National Economic Council a Lawrence Summers, quien, como secretario del Tesoro en los últimos años de la presidencia de Clinton, había sido uno de los máximos responsables de que se eximiera de control legal a las operaciones de futuros y derivados, por lo que podía considerársele como uno de los artífices del desastre que se suponía que ahora debería contribuir a remediar.[338]

La destrucción del estado de bienestar

Uno de los rasgos más negativos de la respuesta a la crisis fue que los gobiernos desoyeran sistemáticamente las opiniones de una serie de economistas de prestigio —incluyendo a premios Nobel como Solow, Stiglitz o Krugman—, que sostenían que lo más importante era invertir en crear puestos de trabajo para reanimar la demanda, utilizando los recursos que pudieran obtenerse con una mayor presión fiscal sobre las empresas y sobre las grandes fortunas, sin temor a recurrir al endeudamiento, si era necesario. En lugar de ello optaron por una política de restricción del gasto en servicios sociales, a costa de mantener baja la fiscalidad sobre las empresas. Los gobiernos europeos imitaron también a los Estados Unidos en estos planteamientos, y transportaron así a sus países una dinámica social que les era extraña.

Que este programa se impusiera en los Estados Unidos se debía al poder político que habían alcanzado los intereses empresariales, en una evolución que se había iniciado en 1971 con el memorándum de Lewis Powell y que pareció culminar durante el mandato de G. W. Bush, que llenó sus arcas gastando sin medida en guerras innecesarias y en armas inútiles, y completó el regalo con la mayor rebaja de impuestos de la historia. Un gran inversor, Warren Buffet, no pudo resistirse en 2006 a exteriorizar su euforia de vencedor: «Hay una lucha de clases, de acuerdo; pero es mi clase, la clase de los ricos, la que está luchando, y estamos ganando».[339]

Si la influencia de las empresas en las elecciones era ya considerable, el Tribunal Supremo la consolidó con su decisión sobre Citizens United, que Obama calificó como «una victoria para las grandes petroleras, los bancos de Wall Street, las compañías de seguros médicos y todos los demás poderosos intereses que utilizan cada día su fuerza en Washington para ahogar las voces de los norteamericanos ordinarios». El primer fruto de Citizens United fue la conquista por parte del Partido Republicano de la cámara de representantes y de una serie de gobiernos estatales en las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2010.

A partir de este momento los políticos de la derecha, financiados y alentados por las organizaciones empresariales, se lanzaron a una feroz campaña de destrucción, no ya del estado de bienestar, sino del estado mismo, con la ambición de despojarlo de la mayor parte de sus actividades públicas, lo que justificaría, al propio tiempo, una reducción mayor de la parte de los beneficios empresariales con que estas actividades hubieran debido financiarse, a través de los impuestos.

Esta política se basaba en la suposición de que la causa de la crisis económica que se estaba viviendo era el exceso de gasto del estado, que había conducido a su endeudamiento. En lo cual tenían una parte de razón, por cuanto la deuda que agobiaba en estos momentos a los Estados Unidos procedía de los tres billones malgastados por la administración republicana de Bush en las guerras de Irak y Afganistán, y de la reducción de ingresos debida a los cortes de impuestos a los más ricos. A lo cual había que agregar los efectos de la crisis de 2008, incluyendo el coste de las ayudas a las empresas financieras en apuros.

Pero la preocupación por el déficit, señalaba Krugman, no era más que un pretexto para atacar los programas del gobierno, como lo demostraba el hecho de que los republicanos no estuvieran dispuestos a considerar la posibilidad de remediarlo aumentando los impuestos a los más ricos. Y su angustia por la deuda, que llevó a un conflicto con el presidente en el verano de 2011, no parecía tener fundamento, por cuanto ni el conflicto ni la rebaja de la valoración efectuada por Standard and Poor’s el 5 de agosto de 2011 impidieron que el gobierno norteamericano obtuviese crédito a tipos de interés aún más bajos (al 2,2 por ciento). Lo que justificaba las recomendaciones de que se debiera aprovechar el bajo coste del crédito para reconstruir las infraestructuras (carreteras, trenes, sistemas de distribución del agua y de la electricidad), reducir la deuda privada ayudando a refinanciar las hipotecas y crear una serie de estímulos para el crecimiento económico.

Peter Radford denunció esta conducta de la élite de los negocios: «Desviar el foco del debate a la deuda nacional era esencial para disfrazar su culpabilidad colectiva y su corrupción. Imponernos austeridad al resto de nosotros era esencial para evitar verse obligados a pagar las consecuencias de su ineptitud y su indiferencia». Pronto descubrieron, además, que por este camino podían imponer una política pensada para favorecer los intereses de las empresas, que se legitimaba ante el público con la suposición de que estas dedicarían sus ganancias a la inversión y reactivarían la economía.

Nunca se había visto en el pasado que sucediera tal cosa. En marzo de 2011 Krugman insistía en que recortar el gasto con un paro muy alto era un error, y que el engaño de la austeridad estaba agravando el coste social de la crisis tanto en los Estados Unidos como en Europa, sin mejorar tampoco la situación de las respectivas haciendas públicas. Pocos meses después, en julio, The Economist publicaba un artículo con el título de «La historia muestra que la austeridad y el crecimiento no ligan bien». Pero tras esta afirmación venían toda una serie de consideraciones dubitativas, que sostenían que la austeridad generaba confianza y que, en todo caso, era mejor imponérsela a los trabajadores y a la clase media, recortando salarios y servicios sociales, que a los ricos, aumentando sus impuestos. En todo caso, dijo el senador republicano Orrin Hatch, si el estado necesitaba más ingresos los había de buscar en las clases medias y en los pobres, que debían compartir el esfuerzo común por remediar el déficit.

Hay que tener en cuenta, además, que esto se planteaba en unos momentos en que las grandes empresas norteamericanas apenas pagaban impuestos, escudándose en toda una serie de exenciones o trasladando sus beneficios a paraísos fiscales. La consecuencia de esta situación era que mientras los impuestos sobre las empresas representaban a mediados de los años cincuenta un 30 por ciento de los ingresos fiscales del tesoro americano, en 2009 se habían reducido al 6,6 por ciento. Se daban casos tan escandalosos como el de General Electric, que en 2010 había hecho más de 14 000 millones de beneficios, buena parte de ellos por operaciones en los Estados Unidos, pero que no solo no había pagado impuestos, sino que había recibido devoluciones de la hacienda por valor de 3200 millones.[340]

La campaña de contrarreforma de los empresarios apuntaba también a otros objetivos políticos. Uno de los más importantes era la destrucción de los sindicatos de los trabajadores del sector público. Una vez ganada la batalla contra los de la empresa privada, decía Eric Alterman, «el asalto a los sindicatos de los funcionarios será la próxima fase en Norteamérica de una guerra de clases de los ricos contra el resto, que ya lleva cuarenta años». La batalla mantenida en Wisconsin entre el gobernador Scott Walker y los sindicatos de funcionarios a comienzos de 2011 no fue más que la primera escaramuza de una ofensiva general que se extendería a otros estados gobernados por los republicanos. Con ello se contribuía además a facilitar el propósito de privatizar la totalidad de los servicios sociales que abandonaría el estado, desde la enseñanza hasta las prisiones.

Uno de los instrumentos de esta política al servicio de las empresas es ALEC (American Legislative Exchange Council), una asociación en cuyas reuniones coinciden legisladores estatales y dirigentes de las grandes empresas (desde Coca Cola hasta gestoras de prisiones privadas, como Corrections Corporation of America) para discutir los proyectos que los legisladores presentarán al Congreso. ALEC tiene como lema «Gobierno limitado, Mercados libres, Federalismo» y en su programa, donde figuran puntos como «Recortar el crimen y los presupuestos», se defienden, además de la reducción de impuestos a los ricos y la lucha contra los sindicatos, aspectos de tanto interés para la industria como la supresión de los controles sobre residuos tóxicos y polución.

La ofensiva empresarial no se limita, sin embargo, a buscar ventajas temporales, sino que aspira a una transformación permanente del sistema político. Sin necesidad de llegar al extremo de quienes proponen modificar la Constitución en un sentido restrictivo, uno de los medios para conseguir la prolongación del actual dominio conservador del Congreso reside en dificultar el acceso al voto de amplias capas de la población que consideran poco afines a sus principios: ancianos, minorías étnicas, pobres… Una de las formas de conseguirlo consiste en establecer un «documento de identidad como votante», para cuya obtención se exige la presentación de documentos acreditativos de la personalidad, como el permiso de conducir.[341]

Zbigniev Brzezinski expresaba su temor a que se produjera «una situación de conflictos sociales intensificados» por parte de quienes compartían «el sentimiento de que esta no es una sociedad justa». Por el momento, sin embargo, no sucedía nada de lo que Brzezinski temía: el paro no mejoraba, la pobreza aumentaba, un informe revelaba que desde el año 2000 el número de niños que vivían en la pobreza había crecido en cuatro millones… Pero la sociedad norteamericana permanecía en paz.

La internacionalización de la crisis se agravó considerablemente a partir de 2010 para los países de la zona del euro, en la medida en que pasaron a aplicar el desvío de las responsabilidades hacia la deuda pública, tal como había ocurrido anteriormente en los Estados Unidos. El proceso se inició con la crisis de Grecia, que fue obligada a duros reajustes a cambio de los préstamos que habían de salvar de la bancarrota su crédito público (esto es, la solvencia de unos títulos de la deuda que estaban en su mayor parte en poder de la banca internacional), siguió con la de Irlanda —lo que puso de relieve la mentira del supuesto «milagro celta», elogiado como un modelo por los teóricos del neoliberalismo, cuyas altas tasas de crecimiento se basaban en minimizar los impuestos a las empresas—, y se extendió en 2011 a Portugal, para amenazar seguidamente a España e Italia.

Estos países sufrieron a la vez como consecuencia de los ataques contra sus títulos públicos y privados por parte de especuladores internacionales, en connivencia con las grandes agencias de evaluación, y de la imposición por el Fondo Monetario Internacional y por las autoridades económicas de la Unión Europea, al dictado de las conveniencias de Washington y de Berlín, de duras condiciones de ajuste. Como denunció Dean Baker: «Los banqueros y sus cómplices en el Fondo Monetario Internacional están dictando políticas a gobiernos elegidos democráticamente. Su programa parece ser el mismo en todas partes: recortad las pensiones, reducid el gasto público en sanidad, debilitad los sindicatos y haced que los trabajadores sufran recortes en sus salarios». Se trataba, en suma, de modificar los términos del contrato social en que se basaban las sociedades europeas.

Lo más grave fue que estos gobiernos, coartados hasta cierto punto por la incapacidad de responder en el terreno de la política monetaria, como consecuencia de su vinculación al euro, aceptaron mansamente la receta, pese a las denuncias de quienes señalaban que de este modo se iba a agravar y alargar la crisis, en especial para los trabajadores. La contracción de la demanda causada por estas medidas de disciplina en el gasto ha dejado sin ocupación a algunos millones más de trabajadores, que se han agregado a los que había causado el cese de la actividad en la construcción, y han debilitado la capacidad de negociación de los que todavía conservan un trabajo.

«Esta es la trágica ironía —ha escrito Mark Weisbrot— de lo que está sucediendo en los Estados Unidos y en Europa: se está preparando una década perdida y todo va a ser por culpa propia, de manera innecesaria y estúpida.»

LA OTRA CARA DE LA CRISIS: LA LUCHA POR LA TIERRA Y POR LOS ALIMENTOS

La crisis alimentaria

En 2006 había comenzado un período de aumento de los precios de los alimentos básicos que se prolongó en los años siguientes y que experimentó dos máximos en 2008 y en 2011. Esta alza de los precios, que produjo revueltas de subsistencia «en tres docenas de países», había revelado, según decía The Economist en noviembre de 2009, «desequilibrios estructurales en la cadena alimentaría mundial, no solo fluctuaciones temporales como las causadas por el clima o por los errores de los gobiernos». Unos desequilibrios que amenazaban con volver a repetirse en un mundo en que, según reconocían los economistas del Banco Mundial, la pobreza iba a seguir creciendo. Estaban renaciendo las medidas proteccionistas, nacidas de la desconfianza en el mercado mundial, y se estaba extendiendo una nueva reivindicación, la de la «soberanía alimentaria», esto es la de la garantía de una producción suficiente para el propio consumo, en un mundo que no se contentaba ya con la «seguridad alimentaria» que se suponía que aseguraba la globalización.

Que lo que estaba ocurriendo no era meramente coyuntural lo reconocía la FAO en su informe de diciembre de 2009, al señalar que los precios de los alimentos volvían a subir, pese a que ya no se daban las causas que podían haberlo justificado en 2007-2008: las cosechas de arroz y de cereales eran satisfactorias y había stocks almacenados suficientes. Los problemas reaparecían en 2010, y la FAO anticipaba que los precios de los alimentos no volverían a sus niveles de 2006 en la próxima década.

Sin embargo, el aumento de los precios no se puede explicar tan solo en función de la evolución de las cosechas. Como afirma Jomo Kwame Sundaram: «El mundo produce hoy suficientes alimentos para nutrir a todos. El problema es que hay cada vez más gente que no puede permitirse comprar los que necesita». Son, en última instancia, los mecanismos económicos que determinan la fijación de los precios a escala global los que explican una situación en que, según Sean O’Grady, «motines de subsistencias, tensiones geopolíticas, inflación global y aumento del hambre entre los habitantes más pobres del planeta van a ser el efecto previsible de un nuevo aumento de los precios mundiales de los alimentos, que, según las Naciones Unidas, han alcanzado un máximo histórico».

La lucha por la tierra

La crisis alimentaria ha producido una reacción de pánico en algunos países desarrollados, que han despertado de súbito de los sueños de un crecimiento ilimitado de la producción de alimentos, que se suponía garantizada por los progresos científicos y técnicos aplicados a la agricultura. Las dudas han llevado a escribir: «Malthus vuelve». Calculando que la población mundial puede ascender en 2050 a 9000 millones de habitantes, las previsiones son que se necesitaría «aumentar la producción global de alimentos de un 70 a un 100 por ciento (…), en prácticamente la misma superficie de tierra arable y con menos agua de la que usamos en la actualidad».[342]

Parte de esta revisión procede del desengaño producido por experiencias como el agotamiento de la primera «revolución verde», o la del fracaso de Arabia Saudí, que puso en marcha en los años ochenta un programa de incentivos para independizarse en el aprovisionamiento de alimentos, con un éxito inicial extraordinario —la producción de trigo se multiplicó por 29 entre 1980 y 1992— hasta que topó con el problema del agotamiento de los caudales de agua del subsuelo, en cuyo uso se había basado esta expansión agraria, y empezó a hacer marcha atrás. Se recortaron los subsidios, la producción de trigo cayó de nuevo a la mitad y se calcula que en 2016 el país dependerá por completo de la importación de cereales.

En febrero de 2009 Robert Zeigler, un botánico que dirige el International Rice Research Institute, dedicado a la busca de mejoras tecnológicas para el aumento de las cosechas, fue llamado a Arabia Saudí. Pensaba que iban a ofrecerle apoyo para sus investigaciones, pero, en lugar de ello, se encontró con un grupo de funcionarios, banqueros y hombres de negocios que le hablaron del proyecto de invertir miles de millones de dólares en plantaciones para producir arroz y otros alimentos en tierras africanas de Malí, Senegal, Sudán y Etiopía.

Lo comentaba Andrew Rice al comienzo de un artículo titulado «Is there such a thing as agro-imperialism?», que se publicó en el New York Times en noviembre de 2009 y que tiene ya cientos de comentarios y glosas en la red. Rice partía de su propia experiencia en la Etiopía sometida al régimen dictatorial de Meles Zenawi, que se proponía ceder en arrendamiento a explotadores extranjeros tres millones de hectáreas de tierras fértiles que habían sido «colectivizadas» en la época del régimen supuestamente marxista de Mengistu Hayle Mariam, y que ahora les eran de nuevo arrebatadas a los campesinos que las habían cultivado tradicionalmente, por obra de otro político que en un tiempo se había pretendido también marxista y ahora se proclamaba vencedor del comunismo.

El caso de Etiopía, de donde Arabia Saudí había recibido ya alguna cosecha de arroz, al propio tiempo que la prensa publicaba la noticia de que «6,2 millones de personas, la mitad de ellos niños, necesitarán ayuda alimenticia de emergencia en los próximos meses», no era más que uno de los muchos casos de landgrabbing que se estaban negociando en África, para aprovechar las tierras de la vasta zona de sabana que corre de Guinea a Etiopía y llega por el sur hasta Angola, donde los grandes negocios agrarios esperan establecer, en colaboración con los gobiernos locales, «repúblicas cerealeras» al estilo de lo que fueron las «repúblicas bananeras» de América Central.[343]

Los estados del golfo Pérsico, en especial Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que son grandes importadores de alimentos, se han mostrado especialmente activos en este aspecto. Los Emiratos Árabes Unidos controlan más de 2800 km2 de tierra cultivable en Sudán; Qatar, que negociaba también contratos de cesión de tierras en Ucrania y Argentina, arrendó en diciembre de 2008 40 000 ha de la tierra más fértil de Kenia, con agua abundante del río Tana. Ello sucedía semanas antes de que en este país se declarase un «estado de catástrofe nacional», a causa sobre todo de su incapacidad para garantizar su seguridad alimentaria. China, Japón, India, Corea del Sur, Malasia, Libia e incluso Bangladesh, que ha negociado la cesión de 60 000 hectáreas de tierra en Uganda, ante la imposibilidad de producir suficiente arroz para una población en rápido crecimiento, participan en esta caza de las mejores tierras para asegurarse alimentos.

Se han dado casos escandalosos como el de Madagascar, donde un contrato oficial con la compañía surcoreana Daewoo International Corporation, que le concedía 1.300 000 hectáreas —casi la mitad de la tierra arable de la isla— por un período de 99 años para que produjera en ellas cereales y aceite de palma que se exportarían a Corea del Sur, fue una de las causas de una insurrección que provocó en 2009 la caída del gobierno del presidente Ravalomanana. Que el acuerdo fuese a crear 45 000 puestos de trabajo, en un país con cerca de 20 millones de habitantes, no parecía suficiente como para justificar semejante cesión. O el de Loliondo, en la región de Arusha, en el norte de Tanzania, donde el gobierno arrendó en 1992 a la Otterlo Business Corporation, de los Emiratos Árabes Unidos, una extensa área en una zona de caza donde existían ocho poblados de pastores Massai, desplazados de sus tierras por fuerzas del gobierno y de la empresa, que comenzaron destruyendo sus viviendas y recursos.

Se trata de tierras que en su mayor parte eran trabajadas tradicionalmente por campesinos que cultivaban pequeñas parcelas para su subsistencia, y que se han visto desposeídos de ellas por gobiernos en busca del dinero fácil de los nuevos concesionarios. Aunque hay que añadir que tan solo un 21 por ciento de estas extensiones se ha puesto en cultivo, como consecuencia de las dificultades objetivas para hacerlo y de las resistencias locales al expolio.

El asalto a las tierras africanas se justifica con el argumento de que en la transformación de su agricultura reside la solución al problema de la alimentación futura del planeta. «El continente que se ha nutrido con la ayuda alimentaria mundial debe ahora contribuir a alimentar el mundo», escribe Roger Thurow. Pero los proyectos de explotación no se limitan a África. Acciones semejantes se están produciendo en Camboya o en América Latina, con mucha menos publicidad y con la tolerancia de los gobiernos, pero con graves consecuencias humanas: en Brasil, fondos de pensiones y entidades financieras norteamericanas y grandes empresas internacionales de negocios agrarios han estado invirtiendo en la compra de tierras; en Perú, el gobierno ha subastado 235 500 hectáreas de tierras de la región costera en los últimos quince años; en Argentina, una empresa china proyecta una colonización de 320 000 ha en la provincia de Río Negro…

La organización internacional «La Vía Campesina» denunciaba en abril de 2011: «Las noticias que llegan de Asia, África y América Latina revelan que las comunidades locales están siendo despojadas como nunca antes de su única fuente de seguridad de vida y alimentación. Los informes indican que por lo menos 50 millones de hectáreas de buenas tierras agrícolas —suficientes para dar de comer a 50 millones de familias— fueron transferidas de los campesinos a las empresas tan solo en los últimos años. Los agentes de inversión calculan que ya se han comprometido unos 25 000 millones de dólares a nivel global, y alardean que la cifra se triplicará en un futuro muy próximo». A lo que añadía poco después: «Solo en África, 30 millones de hectáreas han sido acaparadas, allí donde la inseguridad alimentaria hace estragos todos los días. La cohesión social, la soberanía alimentaria aprobada legalmente por algunos países africanos, sin olvidar la soberanía misma de los estados, están en tela de juicio».

El problema del agua

Pero el problema fundamental para la producción de alimentos no es en realidad el de la tierra sino el del agua: de un 60 a un 75 por ciento del consumo global de agua se destina a la irrigación. Cuando se habla del crecimiento de la población en el mundo, se fija siempre la atención en la capacidad de alimentarla y se suele llegar a la conclusión de que nuevos cultivos pueden hacerlo posible. Pero ocurre que unos cultivos más intensivos requieren más agua, sin olvidar la que necesitará para su consumo directo una población creciente (según cálculos de la ONU, mil millones de seres humanos no tienen acceso a agua limpia) y la que requiere la industria: la producción de un automóvil necesita unos 400 000 litros de agua, y grandes caudales, después irrecuperables, se utilizan en muchos lugares para bombearla en los pozos de petróleo con el fin de aumentar la presión y, sobre todo, en la obtención de gas natural por el procedimiento de «fractura hidráulica» o fracking, denunciado como consecuencia de la contaminación por los productos químicos empleados.

En el Oriente Próximo se calcula que Arabia Saudí puede agotar sus acuíferos en cincuenta años, y en todo el llamado «creciente fértil», en especial en Siria e Irak, la sequía y el agotamiento de los pozos está conduciendo a una situación insostenible. En China las reservas de los acuíferos están disminuyendo y el río Amarillo pasa una parte considerable del año con la última parte de su tramo seca, sin llevar agua al mar.

La falta de agua, debida en parte al abuso que se ha hecho de ella para el riego, está condenando a la desertización a grandes superficies que antes se cultivaban: el lago Chad, una de las grandes reservas del centro de África, ha perdido el 90 por ciento de sus reservas desde 1960, y el mar de Aral, en Asia central, el 80 por ciento del agua, que es ahora mucho más salada.

Se corre además el riesgo de que el agua acabe controlada por unas cuantas multinacionales que tienen en su explotación un presente de grandes beneficios y un futuro asegurado. Una sola de estas empresas, la francesa Suez, heredera de la compañía del canal, suministra agua a 110 millones de personas. Una de las grandes empresas que había entrado agresivamente en el doble negocio de la energía y del agua era Enron, que se proponía, a través de su filial Azurix, hacer negocios privatizando el agua en cualquier lugar del mundo. Su director fue uno de los principales apoyos de Bush en su elección; pero Azurix no sobrevivió al fracaso de Enron, su empresa madre, que se hundió en medio de trampas y fraudes.

El problema tiene que ver con otro que se ha señalado en relación con la llamada «revolución verde», asociada a la introducción de variedades de mayores rendimientos, que implicaron el paso del abono orgánico al químico, y la necesidad de mayores riegos. La agricultura del tercer mundo se dedicó intensivamente a la producción de arroz y de trigo utilizando las nuevas semillas, con una alta demanda de riego, y abandonó el mijo o el sorgo, que proporcionan tres veces más alimento que el arroz con una exigencia de riego mucho menor.

En el foro económico mundial de Davos los representantes de Nestlé dijeron el año 2001 que la ingeniería genética podía ser una solución a este nuevo problema que había suscitado la revolución verde, creando variedades de semillas resistentes a la sequía. Pero esas variedades ya existían en el repertorio de las plantas cultivadas indígenas antes de ser desplazadas por las semillas industriales. Vandana Shiva concluye: «El mito de la solución del problema del agua por medio de los cultivos transgénicos disimula el coste escondido de la industria biotecnológica: la negativa a los pobres de los derechos fundamentales al agua y al alimento. Invertir en los conocimientos agrarios indígenas y proteger los derechos de las comunidades locales son formas más equitativas y sostenibles de asegurar a todos el acceso al agua y a la comida». Grupos de agricultores de Malí y de la India han rechazado proyectos que se basaban en el empleo de semillas híbridas que deben comprarse cada año, pidiendo, como alternativa, que los expertos se ocupen de mejorar las semillas locales. Sin contar con los fallos de la propia agroindustria: en la temporada 2008/2009 un error en las semillas de maíz transgénico proporcionadas por Monsanto —que en 2008 tuvo 2926 millones de dólares de beneficios— dejó 200 000 hectáreas de Sudáfrica sin cosecha.

La privatización del agua es, además, una de las vías más eficaces de desposesión de los campesinos. Vandana Shiva nos describe las consecuencias que ha tenido la pérdida gradual de los derechos comunitarios sobre el agua y su privatización en el empobrecimiento de una gran parte del mundo, y sostiene que muchos conflictos que se nos presentan como de origen étnico o religioso tienen en realidad en su trasfondo la lucha por el agua.

La privatización se justifica en la mayoría de los casos, como en el de la construcción de presas, en nombre del progreso económico global. Arundathi Roy denunciaba en 1999 el caso de la India, que había construido 3300 grandes presas desde la independencia, sin ninguna preocupación por los millones de campesinos desalojados. La población del valle de Narmada, por ejemplo, ha sido víctima de un proyecto que ha desplazado ya más de 200 000 habitantes de la zona: «algunos de ellos han sido desalojados sucesivamente tres y cuatro veces —por una presa, un campo de tiro de la artillería, otra presa, una mina de uranio, un proyecto de energía. Una vez empiezan a moverse no encuentran lugar de reposo. La gran mayoría será eventualmente absorbida en los suburbios de la periferia de las grandes ciudades, donde se funden en una inmensa bolsa de trabajo barato para la construcción (que realizará nuevos proyectos que desplazarán a más personas)». Lo cual no impedía que 250 millones de indios no tuviesen acceso al agua potable y que alrededor del 80 por ciento de las viviendas rurales carecieran de electricidad.

Los desplazados por las presas en la India, unos 40 millones, son en un 60 por ciento miembros de las castas más pobres, adivasis y dalits, aunque entre estos dos grupos no representan más que un 23 por ciento de la población del país. «La gente más pobre de la India paga los niveles de vida de la más rica.» Como los gobiernos no tienen política alguna de asentamiento de estos millones de desplazados —«refugiados de una guerra no reconocida»— resulta que ni siquiera existen en las estadísticas: cuando se escriba la historia, no estarán en ella, ni tan solo como cifras.

Lo mismo sucede en África, según los estudios de Thayer Scudder, profesor emérito del Caltech, que fue comisionado de la World Commission on Dams, antes de convertirse en uno de sus más documentados críticos. Siguiendo los impulsos del Banco Mundial se construyen grandes presas, sin tomar en cuenta las graves consecuencias que tienen para millones de africanos que dependen de los ríos para su sostén, en especial por la pérdida de tierras arables y de trabajo, que ha dejado en la marginalidad a más de un 80 por ciento de los desplazados.

Lo que no está claro, además, es que estos proyectos beneficien el desarrollo interno, sino que sirven sobre todo para el funcionamiento de la industria o de la minería explotadas por empresas extranjeras. La gran presa de Kariba, construida de 1955 a 1959 entre Zambia y Zimbabue, se proyectó para dar energía a las industrias de la Rhodesia del sur colonial y a las minas de cobre de la del norte. Se llevó a cabo una llamada «Operación Noé» para rescatar a miles de grandes animales amenazados por la subida de las aguas, pero no se hizo nada para ocuparse de los 57 000 campesinos desplazados. La de Cahora Bassa, en Mozambique, cuya construcción obligó a desplazar a 42 000 campesinos, produce electricidad suficiente para abastecer todo el país, pero la mayor parte de su producción se exporta a Sudáfrica o se consume en la industria, mientras menos del 9 por ciento de los habitantes de Mozambique tiene acceso a la electricidad. Entre los más recientes de los grandes proyectos figuran la presa Gibe 3, en Etiopía, financiada por un banco chino, que se calcula que puede dejar sin medios de subsistencia a medio millón de campesinos en el sur de Etiopía y en el norte de Kenia, o la gigantesca de Grand Inga, en el Congo, un proyecto de 80 000 millones de dólares de coste. Como dice Scudder, «el Banco Mundial desea seguir con este juego; las compañías desean construir y los gobiernos son más que felices de prestarse a ello. Es una forma de que las élites políticas y las compañías ganen miles de millones».

El asalto a la agricultura campesina

Una de las amenazas más graves que se ciernen sobre el mundo campesino es la de la generalización de las propuestas de resolver el problema de la insuficiencia de alimentos por la vía de establecer grandes explotaciones agroindustriales, a costa del desalojo de la tierra de millones de cultivadores. Las políticas que proponen esta solución tienen el apoyo de las ideas de liberalismo ortodoxo, defendidas en este terreno por Paul Collier, un profesor de Economía de Oxford que trabajó para el Banco Mundial en cuestiones sobre desarrollo, con especial referencia a África, quien sostiene que la solución a la falta de alimentos y a la pobreza africana reside en el desarrollo de una agricultura comercial en gran escala que haga uso de la ingeniería genética, desplazando una producción campesina de pequeños cultivadores, que es ineficaz porque los campesinos no actúan ni como empresarios ni como innovadores, puesto que están demasiado preocupados por asegurar su propia alimentación.

Collier sostiene además que esta política no puede desarrollarse de manera eficaz en África, donde los gobiernos son incapaces de garantizar las condiciones necesarias de seguridad y responsabilidad que se requieren para el desarrollo económico, sin una intervención militar externa, ya que «las fuerzas militares propias de estos países suelen ser más una parte del problema que un substitutivo de las fuerzas externas». Para legitimar este programa neoimperialista Collier ataca, en nombre de la supuesta racionalidad de la agricultura industrial, los intentos de defensa de una producción campesina, que sostiene que responden tan solo a una tendencia ideológica romántica de las clases medias y altas «occidentales».

Esta lucha contra la agricultura campesina, que exige expulsar a los hombres de sus tierras, configura una guerra que nadie quiere ver, con masacres realizadas muchas veces con la tolerancia e incluso la cooperación de las fuerzas armadas, que son silenciadas por los medios de comunicación y que, cuando acaban en un proceso contra quienes las han realizado, suelen ir acompañadas de prontas amnistías, como ocurrió en México respecto de la «masacre de Acteal», efectuada en diciembre de 1997 por un grupo de paramilitares que asesinó a 45 campesinos de Chiapas, «hombres, mujeres, niños y niños por nacer en el vientre de sus madres», y que no es más que un episodio del acoso cotidiano del estado mexicano, con el ejército o con fuerzas paramilitares, contra los campesinos de Chiapas. O como ocurre con las repetidas matanzas efectuadas por los paramilitares colombianos, también con la complicidad del ejército, como la de El Salado en el año 2000, o en Perú con la de Bagua, en 2009, que el presidente Alan García justificó con el argumento de que 400 000 nativos no podían negar a 28 millones de peruanos el derecho a conceder el agua a las empresas mineras.

La realidad, como nos muestran los censos de la FAO, es que vivimos en un mundo en que hay unos 525 millones de explotaciones agrícolas que proporcionan medios de vida a un 40 por ciento de la población mundial. Cerca de un 90 por ciento de estas son pequeñas explotaciones de menos de dos hectáreas, que ocupan un 60 por ciento de toda la tierra arable y contribuyen substancialmente a la producción de alimentos: en África, por ejemplo, un 90 por ciento de la producción agrícola procede de estas pequeñas explotaciones. Transformar este panorama en otro de grandes empresas de producción agraria resulta discutible desde el punto de vista de la eficacia productiva a largo plazo, y tiene un coste humano intolerable, como es el de condenar a millones de familias a abandonar sus tierras y seguir el camino que las acumula en las «ciudades miseria» de los suburbios, donde se hacinan ya mil millones de seres humanos.

Los presupuestos de una nueva «revolución verde» han sido también atacados, desde una perspectiva distinta, por los agroecologistas como Miguel Altieri, quien reivindica el papel de los millones de pequeños cultivadores del Sur global, que producen la mayoría de las cosechas básicas para alimentar a las poblaciones rural y urbana del planeta, y que, sin embargo, componen la mayor parte de los pobres del mundo. «En América Latina alrededor de 17 millones de unidades de producción campesinas, que ocupan 60,5 millones de hectáreas, o sea el 34,5 por ciento de la superficie total cultivada, en explotaciones de una media de 1,8 hectáreas, producen el 51 por ciento del maíz, el 77 por ciento de las judías y el 61 por ciento de las patatas para el consumo doméstico.» Las pequeñas explotaciones son más eficaces que las grandes si se considera su producción total, y no solo los rendimientos de una cosecha única.

Marc Dufumier, por su parte, sostiene que la resolución de los problemas de la agricultura africana requiere, aparte de la adopción de métodos de cultivo agroecológicos, medidas de orden político y social, como «una redistribución igualitaria de las tierras que permita la creación de explotaciones agrícolas de talla media en que los campesinos trabajarían directamente sus tierras, con el interés de movilizar lo mejor posible la fuerza de trabajo familiar para aumentar la producción». En diciembre de 2010, el informe de Olivier De Schutter a las Naciones Unidas sobre el «derecho a la alimentación» concluía que la agroecología no solo favorecía una aproximación más equitativa al problema, sino que tenía ventajas en el terreno de la contribución al desarrollo económico.

Sabemos, por la experiencia histórica, que la gran explotación agraria comercializada según el modelo británico del siglo XVIII acabó fracasando en Europa, cuando desde fines del siglo XIX se mostró incapaz de hacer frente al alza de los salarios, ni siquiera con la ayuda de la mecanización, de modo que la explotación directa cedió gradualmente el paso al arrendamiento. Las «fábricas agrarias» que prosperaron en el siglo XX fueron sobre todo las plantaciones coloniales o semicoloniales en África y en América Latina, que funcionaban en condiciones políticas que les garantizaban salarios e impuestos bajos. Junto a otra experiencia muy distinta, la de los sovjozes soviéticos, que se reveló a la larga igualmente ineficaz.

Sostener una alternativa basada en la pequeña explotación campesina, auxiliada por formas diversas de coordinación y cooperación, no significa apoyar un cultivo tradicional o retardatario. Como dice Andrew Rice, «se puede creer en el desarrollo sin compartir la visión de Paul Collier de que el pequeño cultivador es un obstáculo. De hecho hay toda una escuela de pensamiento económico que sostiene que Collier está equivocado, que lo grande no es necesariamente lo mejor en agricultura».

Esta recuperación de la racionalidad de la pequeña explotación es paralela a la de la gestión comunal. Contra la ortodoxia neoliberal de «la tragedia de los comunes», proclamada por Hardin, muchos estudios históricos reivindican la racionalidad de formas de explotación en común en el pasado. Incluso para la atrasada agricultura campesina rusa del siglo XIX ha podido afirmarse que «no había ninguna contradicción inherente entre el reparto comunitario y la introducción de una serie de mejoras que requerían una aportación sustancial de trabajo, capital y conocimiento». Unas ideas que se han visto confirmadas, para el presente, por los estudios de Elinor Ostrom sobre la gestión de los bosques, quien sostiene que «cuando los usuarios están genuinamente implicados en las decisiones acerca de las reglas que afectan su uso, la probabilidad de que sigan las reglas y vigilen que otros lo hagan es mucho mayor que cuando una autoridad impone simplemente unas reglas».

La amenaza del hambre

En el verano de 2009 la directora de la empresa de inversiones Emergent Asset Management Ltd., Susan Payne, les decía a un grupo de propietarios agrícolas y banqueros reunidos en Manhattan: «Cuidado con el 2020 y con los años posteriores, porque pensamos que puede haber una grave escasez de alimentos en este período». Para lo cual les invitaba a invertir en un «African Agricultural Land Fund» que se proponía adquirir y administrar «un amplio espectro de propiedades agrícolas a lo largo de la región subsahariana». La aportación mínima para participar en el negocio, como puede leerse en los anuncios de la empresa que se encuentran en la red, es de 500 000 € para los particulares y de cinco millones para los inversores institucionales.

La repetición de crisis prolongadas, avisaba la FAO en octubre de 2010, en momentos en que se consideraba que había 22 países en esta situación, podía tener graves consecuencias para el futuro. «Las crisis prolongadas no son fenómenos de corta duración, interrupciones temporales de las que los países regresan fácilmente hacia un camino de desarrollo a largo plazo. Representan, por el contrario, amenazas continuas y fundamentales tanto a las vidas como a los medios de subsistencia, de modo que con el tiempo la recuperación puede resultar cada vez más difícil.»[344]

El cambio climático tendrá además una especial gravedad, como reconoce el informe sobre el desarrollo del Banco Mundial para 2010, en los países subdesarrollados, en los cuales «amenaza con ahondar sus vulnerabilidades, erosionar avances difícilmente obtenidos y minar seriamente sus perspectivas de desarrollo». Según sus cálculos, un calentamiento de 2º C «podría resultar en una reducción permanente del 4 o 5 por ciento en el consumo per cápita en África y el sur de Asia». En el caso del este de África, en Etiopía, Somalia, Eritrea y Kenia, parece que el ciclo de la sequía se está acelerando: de una temporada de lluvias fallidas cada nueve o diez años, se está pasando a otra en que sucede cada dos o tres años, lo que no permite la recuperación de las reservas de alimentos y ganado.

No está claro, sin embargo, que haya que atribuir por entero al clima fenómenos puntuales como la terrible hambruna que ha afectado en 2011 a más de diez millones de personas en la región del «cuerno de África», y muy en especial en Somalia. Los medios de comunicación se apresuraron a atribuir el problema a la sequía, pero, basándose en los datos de pluviosidad de Kenia y de Tanzania —de Somalia no los hay, como es lógico— se ha podido sostener que la hambruna se debe ante todo a «circunstancias políticas y sociales que, si se dejan sin corregir, darán origen a una hambruna terrible y sin fin, capaz de liquidar poblaciones enteras».[345]

En líneas generales el problema va a ser el de resolver cómo se pueden obtener alimentos para una población creciente a partir de un tipo de agricultura en que los rendimientos de los principales cultivos están disminuyendo desde los años sesenta y que van a sufrir en las décadas siguientes las consecuencias de cambios como la disminución del agua disponible para el riego. Las fórmulas propuestas por el Banco Mundial no son tan solo vagas, sino poco realistas, en la medida en que no son realizables en el marco social existente, puesto que suponen la aplicación de reglas colectivas que chocan con las expectativas de ganancia de los empresarios, tanto en el terreno de la producción como, sobre todo, en el de la organización de los mercados.

A escala mundial, uno de los problemas que mantienen y aumentan la desigualdad es la imposición de reglas de comercio desfavorables para los países en desarrollo. El 13 de agosto de 2003 una propuesta de los Estados Unidos y de la Unión Europea en la reunión internacional de Cancún, dentro de la llamada «Ronda de Doha», proponía llegar a un acuerdo acerca del tema del comercio de los productos agrícolas, preparando la cumbre en que los ministros de los países miembros de la WTO (u OMC, Organización Mundial del Comercio) tenían que llegar a acuerdos sobre el comercio multilateral. La propuesta, se decía, «confirma el objetivo de establecer un sistema justo y orientado al mercado a través de reformas fundamentales en la agricultura». Pero lo que ofrecía realmente se limitaba a una liberalización de cuotas y aranceles, sin tocar los subsidios a los agricultores, que en Europa representaban 88 000 millones de dólares al año y en los Estados Unidos 52 000 millones, y que contribuían a mantener a los agricultores que viven en países pobres —un 96% del total— fuera de los mercados europeos y norteamericanos.

El resultado previsto fue el fracaso total de esta reunión y de las posteriores (la de Cancún concluyó en septiembre de 2003 «sin consenso», y las de Hong-Kong en 2005 y Ginebra en 2009 hubieron de enfrentarse a una fuerte oposición de los países menos desarrollados y a violentas protestas en las calles). La clase de juego que los países desarrollados pretenden imponer se puede entender mejor cuando se consideran, por ejemplo, las condiciones que la WTO puso al ingreso de un país tan pobre como Camboya, que debía comprometerse a adoptar unos aranceles agrícolas máximos del 60 por ciento (aunque los Estados Unidos llegan en algunos casos al 121 por ciento y la UE al 252 por ciento) y a no «subsidiar» nunca la agricultura, aunque EUA y la UE gastan miles de millones en subsidios agrícolas cada año.

Un problema semejante se produce en el interior de las economías de los países desarrollados, donde la protección política que se da a los productores agrícolas no se ve complementada por una regulación de los mercados que les permita obtener una parte justa de los beneficios que produce la comercialización. Hablar de regulación de mercados como de un mero problema técnico, al modo en que lo hacen los teóricos del Banco Mundial, significa ignorar las realidades del sistema económico vigente.

En última instancia, dice Marc Dufumier, lo que necesitamos tal vez sean «nuevas modalidades de gobernanza mundial, más democráticas, menos tolerantes en relación con los intereses de las grandes empresas agroindustriales y comerciales, menos crédulas respecto de las virtudes de las “fuerzas del mercado”, más conformes con el derecho de cada uno a una alimentación correcta y más respetuosas del medio ambiente que van a heredar las generaciones futuras». Solo que un término como el de «gobernanza», que se aproxima a los problemas como si fuesen cuestiones que se pueden resolver con una mejora organizativa que aumente la calidad de la gestión, conduce a oscurecer la realidad del problema, puesto que está claro que los objetivos que señala solo pueden resolverse con un cambio de «gobierno», o sea de política: con un reparto distinto del poder. Y eso implica la transformación previa de las reglas del «capitalismo realmente existente».

19

AL FINAL DEL RECORRIDO: EL TRIUNFO DEL CAPITALISMO REALMENTE EXISTENTE

Al cabo de este largo recorrido, ha llegado el momento de valorar cuál ha sido el grado de cumplimiento de las promesas formuladas al fin de la segunda guerra mundial. En 1992 Francis Fukuyama publicó El fin de la historia y el último hombre, donde sostenía que el mundo había llegado finalmente a una etapa de estabilidad, presidida por el triunfo definitivo del capitalismo neoliberal. Sería dentro de este sistema de referencia donde se produciría a partir de ahora el progreso humano, lo cual permitía, tras la derrota final del «socialismo realmente existente», renovar las promesas de 1945, confiadas ahora a la supremacía incontestada de los Estados Unidos en el terreno político, y a los efectos de una globalización liberal en el económico. Lo que venía a significar que aquello que no había sido posible en 1945 ni inmediatamente después, como consecuencia de las necesidades de la guerra fría, podía realizarse una vez había concluido victoriosamente aquella Tercera guerra mundial contra el comunismo, que habría venido a completar los objetivos de la Segunda, librada contra el fascismo. Pero los años transcurridos desde entonces han visto desvanecerse las esperanzas depositadas en este vaticinio renovado de una era de paz y democracia universales, en que el conjunto de la humanidad viviría libre de temor y de pobreza.

No ha habido paz. El World Development Report de 2011 afirma que «alrededor de 1500 millones de personas viven en países afectados por ciclos repetidos de violencia política o criminal». Las guerras no solo siguen, sino que aumenta el número de víctimas civiles que causan. El informe anual publicado en 2011 por MRG (Minority Rights Group International) denuncia este aumento en Afganistán, donde su número creció en un 19 por ciento en 2010, Costa de Marfil, Yemen, Libia, Somalia, la República Centrafricana, Colombia o Sri Lanka (donde parecen haber muerto 40 000 civiles en 2009, en los últimos momentos del conflicto tamil). En el mundo hay en la actualidad, según la comisión sobre refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), un total de 10,55 millones de fugitivos de las diversas guerras en curso, albergados en campamentos de acogida.

Las guerras, al fin y al cabo, se supone que son buenas para el mantenimiento del sistema. El israelí Martin van Creveld sostiene que «la guerra y en particular el combate es una de las actividades más excitantes, más estimulantes a que podemos librarnos nosotros, los humanos». Lo que explica su entusiasmo por el hecho de que, si bien el miedo al holocausto atómico ha impedido desde 1945 que se produzca una confrontación general, no ha frenado, en cambio, la existencia de todo un montón de guerras de la mayor ferocidad que, según su visión del mundo, deberíamos considerar como un estímulo para la actividad humana.

Lo cual es verdad, cuando menos, para la industria del armamento, que ha aumentado exponencialmente el valor de su producción, tanto para el consumo interno como para la exportación (en 2008 los Estados Unidos vendieron armas a otros países por un valor de 37 800 millones de dólares; cerca de un 80 por ciento de ellas a países «en vías de desarrollo»).

Vivir más de medio siglo en una situación continuada de guerra latente implicó que el gasto en armamento consumiese una gran parte de los recursos que hubieran permitido mejorar la vida de los ciudadanos de uno y otro bando. Los costes de la guerra fría explican la degradación de la sociedad norteamericana, incapaz de eliminar la pobreza en su propia casa —mientras en el presupuesto para 2011 seguía destinando a las operaciones de Irak y Afganistán 159 000 millones de dólares—, al igual que permiten entender el desastre económico y humano que implicó la crisis final de la Unión Soviética, y son también una de las causas principales de problemas que afectan al mundo entero, como la destrucción del estado de bienestar y la crisis ecológica.

Si es inoportuno hablar de paz en este mundo que mantiene tantos conflictos abiertos, tampoco el panorama de la democracia es satisfactorio. Que le siga importando poco al llamado «mundo libre» lo demuestra el hecho de que apoye en la actualidad a dictadores sanguinarios, como el presidente Teodoro Obiang Nguema de Guinea Ecuatorial, a monarquías absolutas como la saudí, o a gobernantes corruptos como el presidente de Kirguistán, Kurmanbek Bakiyev, a quien Obama se apresuró a elogiar a renglón seguido de haber renovado la autorización de una base norteamericana en su país. Sin necesidad de llegar a una crítica a fondo de las corrupciones del sistema, como la que Luciano Canfora ha hecho de la compra-venta de votos en el mercado político, o la de John Kampfner sobre cómo los ciudadanos han puesto en venta sus libertades, apoyando a gobiernos que les garantizan seguridad a cambio de una represión selectiva, basta ver el caso de los Estados Unidos, donde es cada vez mayor la influencia de los lobbies, o grupos de cabilderos, y el peso de las entidades que proporcionan los fondos con los que se financian los gastos electorales de representantes y senadores. Lo cual acaba determinando el resultado de votaciones vitales, hasta el punto que haya podido afirmarse que «el Congreso se compra y se vende, pura y simplemente: cada noche pululan en Washington los buscadores de fondos políticos; cada día se cierran los tratos y se consiguen los favores».

Si esto sucede en el país que hizo la guerra fría en nombre de la voluntad de extender la democracia a todo el mundo, el problema se acentúa en muchos de los que la han adoptado formalmente. Las independencias de las colonias asiáticas y africanas, o las de las antiguas repúblicas soviéticas en Asia, han conducido a la formación de gobiernos que imitan las formas de los estados parlamentarios «occidentales», pero no garantizan ninguna de las libertades que aquellos se supone que defienden. La diferencia reside en que una cosa son las estructuras políticas que surgieron como resultado de las luchas sociales mantenidas a lo largo de siglos, que permitieron a la sociedad civil controlar gradualmente el poder, y otra muy distinta la adopción formal de estas mismas instituciones, implantadas por arriba en países donde no hay una sociedad civil que pueda intervenir en su funcionamiento. El resultado han sido repúblicas con dirigentes vitalicios, e incluso hereditarios, al estilo de las viejas monarquías, tanto en Asia central, como en África, que gobiernan sin respeto alguno por los derechos humanos.

La situación de la libertad, incluso reducida a sus términos más estrictos, no es mejor que la de la democracia, como lo muestra la persistencia de formas de trabajo forzado: en los Estados Unidos se calcula que entran cada año alrededor de 15 000 trabajadores extranjeros que se ven sometidos a condiciones de servidumbre. El embajador Luis CdeBaca, a quien Obama nombró en mayo de 2009 coordinador de la lucha contra el tráfico de personas y contra la esclavitud, declaró en 2011: «En los Estados Unidos no ha habido un solo día desde 1619 en que no se haya esclavizado a alguien».

La verdad es que persiste la esclavitud, incluso en sus formas más crudas. Según las investigaciones de la ONU, en Mauritania habría en la actualidad 125 000 esclavos al modo tradicional, como propiedad de sus dueños, que pueden incluso torturarlos y darles muerte[346] y en Níger serían 180 000.

Pero el número mayor de los esclavizados lo constituyen los trabajadores forzados, de los que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que hay 12,3 millones en el mundo, mientras Kevin Bales eleva la cifra actual de los esclavos a 27 millones, y hay estimaciones de la ONU que hablan de muchos millones más. En Pakistán el gobierno admite que hay de 5000 a 7000 trabajadores forzados en condiciones semejantes a las de la esclavitud, mientras una investigación auspiciada por la OIT sostiene que tan solo en el Sindh, una de sus cuatro provincias, hay 6,8 millones de trabajadores forzados empleados en la agricultura y 700 000 en la producción de tejas y ladrillos. En la India hay un número incalculable de campesinos obligados a trabajar indefinidamente por la deuda de un pequeño anticipo recibido de un contratista.

Diferencias de cifras que proceden de las distintas definiciones aplicadas, pero que vienen a coincidir en que hay en la actualidad más esclavos que en ningún otro momento de la historia, en una nueva servidumbre que no se basa tanto en la propiedad como en el endeudamiento, y que se distingue por ello de la antigua por el hecho de que un esclavo cuesta hoy mucho menos que en el pasado. Según el Departamento de Estado norteamericano entre 600 000 y 800 000 hombres, mujeres y niños son objeto cada año del tráfico internacional de seres humanos, que es hoy la tercera fuente de ingresos para las organizaciones criminales, superada tan solo por los tráficos en armas y en drogas.

Víctimas prioritarias de este negocio son las mujeres destinadas al servicio doméstico o a la prostitución, que se cuentan por millones, y los niños, esclavizados a domicilio para elaborar prendas de ropa y calzado deportivo para las grandes marcas, o vendidos para realizar trabajos forzados o para su explotación sexual. En 1996 la OIT calculaba que había en el mundo no menos de 120 millones de niños de 5 a 14 años que trabajaban en condiciones inhumanas. En Ghana, un niño de ocho años, Nana Yaw, fue vendido por su madre por 50 dólares. Durante dos años fue obligado por sus dueños a bucear recuperando redes en el lago Volta, hasta que enfermó y fue abandonado en el hospital. Por otra parte, esto no sucede tan solo en países pobres y atrasados: cientos de miles de niños a partir de los 12 años de edad trabajan en los campos de los Estados Unidos 10 o más horas al día.

El peor aspecto de este tráfico de seres humanos es, sin embargo, el que se refiere a los menores vendidos para ser explotados sexualmente, que ha llevado a Nicholas D. Kristof a denunciar: «el momento culminante del comercio de esclavos a través del Atlántico se dio hacia 1780, cuando unos 80 000 esclavos eran transportados cada año de África al Nuevo Mundo. En la actualidad UNICEF estima que 1.800 000 niños caen cada año en el tráfico del sexo comercial».

Pero el incumplimiento más escandaloso de las promesas de 1945 es sin duda el que se refiere a la eliminación de la pobreza en el mundo. La divergencia entre los niveles de vida de los países desarrollados y los que se acostumbra a denominar «en vías de desarrollo» no solo es mayor ahora que en 1945 —lo que implica que el funcionamiento del sistema ha actuado como un factor de empobrecimiento relativo— sino que sigue aumentando día a día. Las cifras admitidas de la pobreza eran en 2010 de alrededor de mil millones de seres humanos, a quienes se les calculaban ingresos diarios inferiores a un euro, y se mantenían realidades tan sangrantes como la de que cada seis segundos muriera un niño como consecuencia de la desnutrición.

A lo cual habría que añadir la aparición de nuevas formas de pobreza en países desarrollados, engendradas por el efecto conjunto de la crisis y la desigualdad. Según Ejaz Ghani, «la geografía de la pobreza y la privación social ha cambiado radicalmente en las últimas dos décadas. Más del 70 por ciento de los pobres del mundo viven hoy en países de ingresos medios» (en 2010 se calculaba que por lo menos 50 millones de norteamericanos, incluyendo 17 millones de niños, estaban insuficientemente alimentados).

La coincidencia en el tiempo de la aceleración de la globalización económica y del término de la guerra fría contribuyó en un primer momento a unir ambos fenómenos para construir una teoría de la evolución social en que la globalización se presentaba, a la vez, como una manifestación de esta victoria final y como un factor indiscutible del progreso humano. Una teoría que pretendía repetir en algún modo el modelo tradicional de la industrialización británica, imaginando un mundo en que los campesinos abandonarían el trabajo poco productivo en una agricultura de subsistencia, que se mecanizaría para poder prescindir de sus brazos, de modo que los desplazados se instalasen en las ciudades, donde se convertirían en el proletariado de una nueva revolución industrial a escala planetaria.

Una parte de este programa está en avanzado curso de realización. En agosto de 2011 Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, declaró: «Mientras celebramos el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo este año, muchos de los cerca de 370 millones de miembros de pueblos indígenas alrededor del planeta han perdido o están bajo la inminente amenaza de perder sus tierras ancestrales, territorios y recursos naturales debido a la inequitativa e injusta explotación en nombre del “desarrollo”».[347] Los agricultores pobres se han ido desplazando a las ciudades, como estaba previsto, pero no han encontrado en ellas ocupación para su trabajo, de modo que lo que han hecho ha sido amontonarse en inmensos suburbios donde sobreviven en medio de una pobreza extrema. La mayor proporción de habitantes en suburbios se dan en el África Subsahariana (199,5 millones), en el sur de Asia (190,7 millones) y en el este del mismo continente (189,6 millones); sin olvidar la importancia de las villas miseria que rodean algunas grandes capitales latinoamericanas como Ciudad de México, Lima o Bogotá. Se calcula que en 2030 dos tercios de la población mundial habitarán en núcleos urbanos del mundo subdesarrollado, y que la mayor parte de los que se habrán integrado en ellos serán pobres.

No está claro que la globalización haya favorecido la igualdad. Si examinamos el problema de la desigualdad en una perspectiva de larga duración podemos ver que a comienzos del siglo XIX los niveles de renta de los países que hoy llamamos desarrollados y de los que consideramos subdesarrollados eran prácticamente equiparables. Comenzó entonces, sin embargo, un proceso gradual de divergencia que no ha hecho más que acentuarse con el paso del tiempo. En 1860 el PNB per cápita de los países avanzados no llegaba todavía al doble del de los atrasados; en 1913 era ya más del triple y en 1950 era cinco veces mayor. La divergencia ha seguido en las últimas décadas a un ritmo cada vez más acelerado: en 1970 la relación era de uno a siete y en 1994 el PNB de los países desarrollados era diez veces mayor que el de los atrasados.

Si nos referimos a la riqueza y no al producto, los datos publicados por el Banco Mundial en su estudio Where is the Wealth of Nations? calculan que en el año 2000, partiendo de una media mundial de 90 210 dólares de riqueza per cápita, la de los países de bajos ingresos era de 7216 y la de los países de ingresos elevados de la OECD, de 439 063. O sea que la relación era de más de sesenta veces.

Si hacemos las comparaciones en términos de la calidad de la vida humana, podemos ver que, en contraste con las más de 3000 calorías diarias por cabeza de que disponen los habitantes de Europa y de América del Norte para alimentarse, en el África Subsahariana hay diez países en que esta disponibilidad está por debajo de las 2000, que en el caso de Somalia son, en años normales, poco más de 1500. En Somalia la mortalidad de los niños hasta cinco años es de 316 por mil y en Níger de 320 por mil, lo que significa que uno de cada tres nacidos vivos muere antes de los cinco años.

De 2005 a 2007, en una época de prosperidad económica para los países desarrollados, el número de los que sufrían hambre aumentó en 80 millones, hasta llegar a fines de 2008 a la cifra de 936 millones, y en septiembre de 2009 a 1020, de los que 642 millones estaban en Asia y el Pacífico y 265 en el África Subsahariana. La conferencia de Roma sobre la seguridad alimentaria declaraba en noviembre de 2009 que el mundo está hoy más hambriento que nunca. Esta situación afecta con especial gravedad a dos grupos humanos: las madres en cinta y los niños, lo que tiene graves consecuencias para el futuro de unas nuevas generaciones que verán su desarrollo frenado por las consecuencias físicas e intelectuales de la mala nutrición recibida en la etapa de su formación.

Porque no se trata tan solo de la cantidad de los alimentos a que se puede acceder, sino también de su calidad: de la disponibilidad de unos nutrientes esenciales, cuya carencia provoca la anemia. Un europeo o un norteamericano suele tener un nivel de hemoglobina de 13, mientras que el de las mujeres y niños anémicos de África es con frecuencia de 5, e incluso está por debajo de esta cifra. Joachim von Braun, del Ifpri, calcula que las deficiencias en micronutrientes afectan a unos 2000 millones de habitantes y que la actual crisis producirá de 200 000 a 400 000 muertes de niños más al año. La preñez y el parto causan 536 000 muertes al año, más de la mitad de ellas en África (Tanzania tiene una tasa de muertes maternales de 950 por 100 000, cuando la de Irlanda es de 1 por 100 000). En Delhi, un 80 por ciento de las familias dedicadas a vivir de la rebusca de la basura reconocían en 2009 que habían prescindido de los «alimentos de lujo», como fruta, leche y carne. Cerca de la mitad habían dejado de comprar leche para sus niños, que habían reducido además las horas que pasaban en la escuela para trabajar junto a sus padres.

Lo más aterrador de los niños subalimentados, dice Nicholas D. Kristof, hablando de lo que vio en Guinea Bissau, es que «no lloran, no sonríen ni se mueven. No muestran ningún signo de miedo, sufrimiento o interés. Son pequeños zombis arrugados que eliminan todas las operaciones no esenciales para emplear hasta la última caloría en mantenerse vivos». El Banco Mundial calcula que la extensión de la desnutrición pudo haber causado en 2008 que 44 millones de niños sufrieran daños físicos o mentales permanentes. No se trata tan solo del África Subsahariana y del sudeste asiático. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en 2008 un total de 17 millones de niños norteamericanos, el 22,5 por ciento del total, vivía en hogares en que la alimentación no estaba asegurada.

La situación se ha agravado con el aumento del precio de los alimentos que se ha producido desde 2007, en paralelo a la recesión global de la economía, con la consecuencia de aumentar las horas de trabajo requeridas para poder adquirir la alimentación necesaria, lo que significa, en términos del horario semanal de trabajo, de 9 a 12 horas más a la semana en India, Bangladesh e Indonesia, y unas 15 horas más en México y en Nigeria.

La situación es de especial gravedad en África; según informaba la FAO en julio de 2009, en 27 países del África Subsahariana, donde el número de quienes subsistían con menos de 2 dólares al día se calculaba que podía representar un 40 por ciento de la población, los precios de los cereales se mantenían un 25 por ciento por encima de los de dos años antes. Cuatro de estos países (Burundi, Eritrea, Liberia y Zimbabue), en que la población subsistía con menos de 2200 calorías diarias por persona, importaban más del 40 por ciento de su alimentación; disminuir estas importaciones, como consecuencia de su encarecimiento, podía causar un serio daño a una nutrición vulnerable. Y la situación se agravó en 2010, cuando un virus arruinó la cosecha de casabe, el tercer producto en importancia en la alimentación humana, tras el arroz y el trigo.

Todo lo cual sirve para ilustrar una vez más acerca de la irracionalidad del sistema: la ONU calculaba en 2010 que uno de cada tres africanos sufría crónicamente hambre, pese a que el continente importaba cada año alimentos por un valor de 33 000 millones de dólares y recibía 3000 millones más en forma de ayuda alimentaria. Mientras la agricultura africana, cuya participación en el producto mundial ha caído desde un 15 por ciento que representaba hacia 1960 a tan solo un 3,2 por ciento en 2006, sufre por falta de irrigación (que solo alcanza a un 4 por ciento de sus tierras arables, en comparación con un 29 por ciento en el Oriente Próximo) y por la escasez de fertilizantes (14,6 kg por hectárea, contra 114,3 en los países desarrollados).

Aunque tal vez no sea irracionalidad la palabra adecuada para definir los fallos del sistema. En el mismo artículo en que planteaba la necesidad de que África contribuyese a alimentar ahora al mundo que la había estado alimentando, a Roger Thurow se le escapaba esta observación: «Producimos los alimentos suficientes para alimentar adecuadamente a cada ser humano en este planeta; el hecho de que cerca de mil millones de personas pasen hambre implica una dura condena del sistema mundial de distribución de alimentos».

¿Qué significa «el sistema mundial de distribución de alimentos» al cual se acusa de ser responsable del hambre de «cerca de mil millones de personas»? La apariencia es que se trata de un término «técnico», como, por poner otro ejemplo, el de «competitividad». Pero cuando nos aproximamos a la realidad de los mecanismos que engendran el hambre nos encontramos con que las alzas de precios de estos últimos años están asociadas al aumento de las operaciones de derivados sobre alimentos realizadas por bancos y fondos de inversión norteamericanos y europeos, en una escala que no tiene nada que ver con los tradicionales contratos de futuros sobre las cosechas.[348] En la medida en que los precios de los alimentos suben, «tanto más dinero acude al mercado, y tanto más aumentan los precios».

Este es el mundo que ha creado el capitalismo realmente existente, una vez ha conseguido librarse de la amenaza del socialismo realmente existente y, a la vez, de las fuerzas que se le resistían en el interior de su propia sociedad, a las que ha conseguido controlar hasta hacerlas inofensivas. Pero en la hora misma de esta victoria parecen surgir unas nuevas contestaciones, incipientes y poco organizadas por el momento, que representan una inesperada amenaza al poder de «la jerarquía global existente».

No se puede decir que los dirigentes del «mundo rico» (mucho más que «libre») no hubiesen previsto este riesgo. Tenemos una serie de declaraciones formuladas en los años 2008 y 2009 que muestran plena conciencia de los peligros a que podía conducir el malestar provocado por la crisis. Desde la del jefe del FMI, Strauss-Khan, que en diciembre de 2008 prevenía de que podían producirse violentas protestas por todo el mundo si el sistema financiero no se reestructuraba en beneficio de todos, a la del presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, que temía que si la crisis se prolongaba podían producirse levantamientos sociales. Mientras el M15 británico, encargado de la seguridad interior, se preparaba desde 2009 para enfrentarse a «un verano de descontento», que ha acabado estallando en 2011.

Pero tal vez la advertencia más razonada fuese la que hizo Zbigniew Brzezinski, quien, hablando ante el Council of Foreign Relations, iba más allá del malestar económico causado por la crisis y planteaba el problema en términos del rechazo global del sistema:

«La población del mundo está experimentando un despertar político sin precedentes por su amplitud e intensidad. (…) El desafío central de nuestro tiempo no lo plantea el terrorismo, sino la creciente inquietud causada por este fenómeno (…). No es exagerado decir que ahora, en el siglo XXI, la población de una gran parte del mundo en vías de desarrollo está moviéndose políticamente y en muchos lugares se agita con malestar. Es una población agudamente consciente de la injusticia social, y resentida por lo que percibe como una falta de dignidad política (…). Estas energías traspasan las fronteras nacionales y plantean un desafío tanto a los estados existentes como a la jerarquía global establecida, en lo alto de la cual se asientan los Estados Unidos».

El problema es complejo. La «jerarquía global establecida» ganó su guerra contra el comunismo y está a punto de completar, con mucha menos brillantez, la «guerra contra el terror». Pero ¿cómo se puede librar una guerra contra quienes se sublevan contra la «injusticia social» y la «falta de dignidad política»?

Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla este nuevo «desafío», para valorar la capacidad de respuesta del sistema. Lo que hasta ahora se ha podido ver en los más diversos escenarios del planeta son movimientos que nacen de la resistencia de unas capas populares que no se resignan al futuro de indefensión y pobreza a que les condena el nuevo orden triunfante, y expresan sus protestas al margen de los canales tradicionales (partidos, sindicatos, iglesias…), a los que acusan de haberse vendido o, cuando menos, de haberse dejado neutralizar.

Los periódicos nos hablan de una serie de movimientos dispersos que no parecen tener nada en común entre si, salvo la aparente espontaneidad de su origen: indignados europeos, que en España ocupan las plazas públicas y en Gran Bretaña se enfrentan a la policía y asaltan los comercios, estudiantes chilenos que luchan en las calles en defensa de la enseñanza pública, revueltas de la «primavera árabe», movimientos insurreccionales del oeste de África… Lo único que parecen compartir es el rechazo del sistema establecido.

Las revoluciones de la «primavera árabe», ha escrito John Pilger, no se dirigían tan solo contra los dictadores patrocinados por «Occidente», sino «contra una tiranía económica mundial diseñada por el Tesoro norteamericano e impuesta por la USAID, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial», que había reducido países potencialmente ricos como Egipto a inmensas fábricas en que sus pobladores eran explotados en condiciones de miseria. Buena prueba de la naturaleza básicamente social de estas protestas la tenemos en el hecho de que un movimiento parecido se haya extendido a Israel.

Lo mismo puede decirse de las revueltas que se han estado produciendo simultáneamente en el África Subsahariana —en Gabón, Camerún, Burkina Faso, Costa de Marfil o Djibuti—, a las que se ha pretendido interpretar, en las escasas ocasiones en que se les presta atención, en términos de la lucha contra las dictaduras que dominan estos países, mientras Fironze Manji sostiene que lo que representan es la protesta contra treinta años de programas de ajuste en que todos los servicios sociales han sido privatizados: treinta años de desposesión, con los campesinos perdiendo la tierra y emigrando a las ciudades, con unos gobiernos «más inclinados a escuchar al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a las agencias internacionales de ayuda que a su ciudadanía». «Pienso —añade— que hay un descontento que se extiende por el continente. Es un fenómeno que no se había visto desde los años cincuenta, durante el ascenso de la revolución anticolonial.»

Un descontento que no solo aparece en África, sino en el mundo entero. Tal vez incluso en los Estados Unidos, donde Matt Renner nos dice: «Hay una resistencia activa formándose en los Estados Unidos. Es joven, está en paro, es creativa y tiene potencial». En mayo de 2011 un grupo de «Jóvenes revolucionarios panafricanos» de Senegal reflexionaba acerca de lo que había en común en el conjunto de las revueltas que se estaban produciendo en África, Europa y América Latina, y llegaba a la conclusión de que lo fundamental era el rechazo común del canon neoliberal que sostenía que era imposible transformar la sociedad (lo que Margaret Thatcher resumió en la jaculatoria «there is no alternative»: «no hay alternativa»).

Esta vez, además, el despertar de la protesta popular parece muy distinto al de otras ocasiones anteriores, y va a resultar más difícil contenerlo. No se trata de una repetición de las revueltas de 1968, que movilizaron a unos jóvenes que querían un mundo mejor y más justo, pero a los que el sistema, una vez derrotados, pudo recuperar sin demasiadas dificultades. Los jóvenes vuelven a ser la parte fundamental de estos nuevos ejércitos de protesta, pero su móvil es ahora mucho más directo y personal: en un mundo de desigualdad creciente, dominado por el paro y la pobreza, piden el derecho a un trabajo digno y a una vida justa, tal como se les prometió a sus abuelos cuando los llevaron a combatir en la guerra fría, no por la democracia, sino con el objetivo de asegurar el triunfo de la «jerarquía global establecida».

A lo cual hay que sumar el hecho de que, a diferencia de lo que sucedió en 1968, el sistema es ahora incapaz de integrarlos ofreciéndoles unas compensaciones adecuadas. Como los trabajadores de 1848, los jóvenes de esta nueva revuelta tienen muy poco que perder y un mundo que ganar. El futuro está en sus manos.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

CAPÍTULO 1: DE UNA GUERRA A OTRA

Lizzie Collingham, The Taste of War. World War Two and the Battle for Food, Londres, Allen Lane, 2011, pp. 467-476; Ben Shephard, The Long Road Home. The Aftermath of the Second World War, Londres, The Bodley Head, 2010.

El precio de la derrota: el castigo de los dirigentes

James Owen, Nuremberg. El mayor juicio de la historia, Barcelona, Crítica, 2007; Telford Taylor, The Anatomy of the Nuremberg Trials, Nueva York, Knopf, 1992; G. MacDonogh, After the Reich. From the Liberation of Vienna to the Berlin Airlift, Londres, John Murray, 2007, pp. 429-467 (que incluye los juicios menores y los primeros realizados por los propios alemanes); Gary Jonathan Bass, Stay the Hand of Vengeance. The Politics of War Crime Tribunals, Princeton, Princeton University Press, 2000, pp. 147-205; Whitney R. Harris, Tyranny on Trial. The Evidence at Nuremberg, Nueva York, Barnes and Noble, 1995 (ed. original, 1954). Sobre el proceso de desnazificación, en líneas generales, Perry Biddiscombre, The Denazification of Germany. A History, 1945-1950, Stroud, Tempus, 2007 y Marie-Bénédicte Vincent, ed., La dénazification, París, Perrin, 2008. El más reciente y completo estudio sobre la fuga de los nazis se encontrará en Guy Walters, Hunting Evil, Nueva York, Broadway Books, 2009. Además, Richard J. Aldrich, The Hidden Hand. Britain, America and Cold War Secret Intelligence, Londres, John Murray, 2001, pp. 180-205; José María Irujo, La lista negra. Los espías nazis protegidos por Franco y la Iglesia, Madrid, Aguilar, 2003; Uki Goñi, The Real Odessa. How Perón Brought the Nazi War Criminals to Argentina, Londres, Granta Books, 2002. Sobre el caso de los SS ucranianos, Sol Littman, Pure Soldiers or Sinister Legion. The Ukranian 14th Waffen-SS Division, Montreal, Black Rose Books, 2003, passim.

Sobre la vida en la cárcel y la actividad posterior de los presos de Spandau, Norman J.W. Goda, El oscuro mundo de Spandau. Los criminales nazis, los aliados y la Unión Soviética, Barcelona, Crítica, 2008, passim; sobre Raeder, Erich Raeder, Grand Admiral, Nueva York, Da Capo Press, 2001, pp. 384-407. Hay una amplia literatura sobre «el caso Speer»: Gitta Sereny, Albert Speer, Buenos Aires, Javier Vergara, 1996; Dan van der Vat, The good Nazi, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1997; Joachim Fest, Albert Speer, esp. pp. 350-381, etc. Sobre Hess hay una bibliografía sensacionalista que va desde el libro que en 1979 publicó Hugh Thomas, el médico militar que le atendió en Spandau, quien aseguraba que aquel preso no era Hess, hasta el Enigma Hess de Martín Allen (Barcelona, Planeta, 2004), que no hace gran cosa más que dramatizar lo que John Harris y Mei Trow habían dicho en 1999 en Hess: The British Conspiracy (Londres, Deutsch, 1999). Es mejor recurrir a Goda, pp. 347-413. Sobre los procesos de Dachau, Joshua M. Greene, Justice à Dachau, París, Calmann-Lévy, 2005; Samantha Power, «A Problem from Hell». America and the Age of Genocide, Nueva York, Basic Books, 2002, pp. 47-64; Rudolf Höss, Yo, comandante de Auschwitz, Barcelona, Muchnik, 1979; Richard Overy, Interrogations. The Nazi Elite in Allied Hands,1945, Londres, Allen Lane, 2001, pp. 193-199; Karl Doenitz, Diez años y veinte días, Barcelona, Caralt, 1965, p. 463. Wolfram Wette, La Wehrmacht. Los crímenes del ejército alemán, Barcelona, Crítica, 2007.

Cuando los israelíes capturaron a Eichmann en Argentina, se descubrió que toda una serie de hombres relacionados con Eichmann trabajaban para la CIA o para los servicios secretos de la Alemania federal (National Security Archive, electronic briefing book 150, 24 de marzo de 2005 y Eric Lichtblau, «Nazis were given “Safe haven” in U.S., report says», en New York Times, 13 de noviembre de 2010). Richard Helms, A Look Over my Shoulder, Nueva York, Random House, 2003, pp. 83-91; Richard Breitman, N.W. Goda y Paul Brown, «The Gestapo», en Richard Breitman et al., U.S. Intelligence and the Nazis, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 144-146. Thomas Laqueur, «Four pfenninge per track km», en London Review of Books, 4 de noviembre de 2004, pp. 7-12. Sobre la responsabilidad colectiva de los alemanes, Robert Gellately, La Gestapo y la sociedad alemana, Barcelona, Paidós, 2004 y, del mismo autor, No sólo Hitler, Barcelona, Crítica, 2002; Peter Fritzsche, Vida y muerte en el Tercer Reich, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 217-292.

Philip R. Piccigallo, The Japanese on Trial. Allied War Crimes Operations in the East, 1945-1951, Austin, University of Texas Press, 1979; Annette Wiewiorka, ed., Les procès de Nuremberg et de Tokyo, Bruselas, Complexe, 1996: Takemae Eiji, The Allied Occupation of Japan, Nueva York, Continuum, 2003, pp. 243-260; Ian Buruma, The Wages of Guilt. Memories of War in Germany and Japan, Londres, Phoenix, 2002, pp. 159-176; Laurence Rees, El holocausto asiático. Los crímenes japoneses en la segunda guerra mundial, Barcelona, Crítica, 2009.

Los dos volúmenes preparados por Kevin C. Ruffner, Forging an Intelligence Partnership: CIA and the Origin of the BND, 1945-49, publicados en 1999, pueden consultarse íntegramente en la web de NSArchive, 4 de febrero de 2005. Sobre la depuración en Francia, Herbert Lottman, La depuración, 1943-1953, Barcelona, Tusquets, 1998; Robert Gildea, Marianne in Chains. In Search of the German Occupation, 1940-45, Londres, Macmillan, 2002; Fabrice Virgili, La France «virile». Des femmes tondues à la Libération, París, Payot, 2004; Gérard Chauvy, Les acquittés de Vichy, París, Perrin, 2003; Albrecht Betz et Stefan Martens, eds., Les intellectuels et l’Occupation, 1940-1944, París, Autrement, 2004; Pierre Assouline, L’épuration des intellectuels, Bruselas, Complexe, 1996; Marc Olivier Baruch, Une poignée de misérables. L’épuration de la société française après la seconde guerre monidale, París, Fayard, 2004; Alain Brossat, Les tondues, París, Hachette, 2008; Gilles Richard y Jacqueline Sainclivier, eds., La recomposition des droites en France à la Libération, 1944-1948, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004, p. 367, passim. Richard Vinen, Bourgeois Politics in France, 1945-1951, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 112-113. Max Paul Friedman, Nazis and Good Neighbors, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 226. Perry Biddiscombe, «The last white terror: The Maquis Blanc and its impact in liberated France, 1944-1945», en Journal of Modern History, 73 (diciembre de 2001), pp. 811-861. Sobre el retorno de los deportados y el descubrimiento del horror de los campos nazis, Olga Wormser-Migot, Quand les alliés ouvrirent les portes… Le dernier acte de la tragédie de la déportation, París, Robert Laffont, 1965.

Sobre las responsabilidades de los industriales alemanes, otro tema con una amplia bibliografía, Michael Thad Allen, The Business of Genocide. The SS, Slave Labor, and the Concentration Camps, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2002; Joseph Borkin, The Crime and Punishment of I.G.Farben, Nueva York, Barnes and Noble, 1997 (ed. original Free Press, 1978); Stuart E. Eizenstat, Imperfect Justice. Looted Assets, Slave Labor, and the Unfinished Business of World War II, Nueva York, Public Affairs, 2003. Para Japón, Jean-Louis Margolin, L’armée de l’empereur. Violences et crimes de Japon en guerre, 1937-1945, París, Armand Colin, 2007 pp. 326-365. Brian MacArthur, Surviving the Sword. Prisoners of the Japanese, 1942-45, Londres, Time Warner Books, 2005.

Las consecuencias de la derrota: los sufrimientos de la población civil

James Bacque, Other Losses. An Investigation into the Mass Deaths of German Prisoners at the Hands of the French and Americans after World War II, Londres, Macdonald, 1990, estimaba en 800 000 los soldados muertos de hambre y abandono en los campamentos en que estaban recluidos. Sus cifras, y sus métodos, han sido criticados, pero la realidad de los presos muertos en los campos es innegable. Stanislaw Jankowiak, «“Cleansing” Poland of Germans: The province of Pomerania, 1945-1949», en Philip Ther y Ana Siljak, eds., Redrawing Nations. Ethnic Cleansing in East-central Europe, 1944-1948, Lanham, Rowman and Littleflied, 2001, pp. 87-105; Norman M. Naimark, Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in Twentieth-century Europe, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2001, pp. 108-138; Norman Davies y Roger Moorhouse, Microcosm. Portrait of a Central European City, Londres, Jonathan Cape, 2002, pp. 417-439. Sobre la nueva persecución de los judíos en Polonia, Jan Tomasz Gross, Fear: Anti-semitism in Poland after Auschwitz: an Essay in Historical Interpretation, Princeton, Princeton University Press, 2006. MacDonogh, After the Reich, pp. 125-196 (el caso Hauptmann, pp. 187-189). Benjamin Frommer, National Cleansing. Retribution against Nazi Collaboration in Postwar Czechoslovakia, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 228-266. Los casos de limpieza étnica fueron en algunos lugares de gran complejidad: en un territorio de frontera entre Polonia y Rusia, donde en 1925 vivían conjuntamente polacos, alemanes, judíos, ucranianos y rusos, las sucesivas ocupaciones de los soviéticos, los alemanes y de nuevo los soviéticos dieron lugar a una serie de expulsiones que lo cambiaron todo; como sucedió en otros puntos a consecuencia de las persecuciones antagónicas de polacos y ucranianos (Kate Brown, A Biography of no Place. From Ethnic Borderland to Soviet Heartland, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2004; Timothy Snyder, «The causes of Ukrainian-Polish ethnic cleansing 1943», en Past and Present, 179 [mayo de 2003], pp. 197-234). Sobre la limpieza étnica en Polonia, Anita J. Prazmowska, Civil War in Poland, 1942-1948, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2004, pp. 168-190 y Ionas Turkov, En Pologne après la libération. L’impossible survie des rescapés juifs, París, Calmann-Lévy, 2008. Dagmar Barnow, Germany 1945. Views of War and Violence, Bloomington, Indiana University Press, 1996; Richard von Weizsäcker, From Weimar to the Wall, Nueva York, Broadway Books, 1999, p. 75. Sobre los desplazados judíos, Juliane Wetzel, «Les camps pour personnes déplacées juives en Allemagne de 1945 à 1957», en Vincent, La dénazification, pp. 157-172. La descripción de la situación en el invierno de 1946 de James H. Critchfield, Partners at the Creation. The Men behind Postwar Germany’s Defense and Intelligence Establishments, Annapolis, Naval Institute Press, 2003, pp. 52-54; Adam Tooze, The Wages of Destruction, Londres, Allen Lane, 2006, pp. 672-674; Ferran Gallego, De Auschwitz a Berlín, Barcelona, Plaza y Janés, 2005, pp. 25-54. Las violaciones de los soldados soviéticos fueron muy numerosas en Berlín y en Budapest, una ciudad que se resistió y fue sitiada (James Mark, «Remembering rape: divided social memory and the Red army in Hungary 1944-1945», en Past and Present, n.º 188, agosto de 2005, pp. 133-161). Sobre las de los soldados norteamericanos, Joanna Bourke, An Intimate History of Killing, Londres, Granta Books, 2000, p. 184 (hay traducción española con el título de Sed de sangre, Barcelona, Crítica, 2008); J. Robert Lilly, La face cachée des GI’s. Les viols commis par des soldats américains en France, en Angleterre et en Allemagne pendant la Seconde Guerre Mondiale, 1942-1945, París, Payot, 2003. Joanna Bourke, Los violadores. Historia del estupro de 1860 a nuestros días, Barcelona, Crítica, 2009, pp. 436-438.

Walter LaFeber, The Clash. U.S.-Japanese Relations Throughout History, Nueva York, Norton, 1998, pp. 260-262; John W. Dower, Embracing Defeat. Japan in the Wake of World War II, Nueva York, Norton, 1999, pp. 648-652; Takemae Eiji, The Allied Occupation of Japan, Nueva York, Continuum, 2002, pp. 67-79; Andrew Gordon, A modern History of Japan, Nueva York, Oxford University Press, 2009, pp. 227-229.

Los primeros pasos de la paz: Yalta y Potsdam

Sobre la fundación de la ONU, Stephen C. Schlesinger, Act of Creation. The Founding of the United Nations, Boulder (Colorado), Westview Press, 2003, passim (por ejemplo, pp. 93-102 acerca del espionaje de las comunicaciones de los representantes, que permitió a los Estados Unidos obtener abundante información; pp. 127-142 sobre el debate acerca de la participación de Argentina y de Polonia; pp. 193-207 sobre el veto). Una detallada discusión del problema del veto en Fraser J. Harbutt, Yalta 1945. Europe and America at the Crossroads, Nueva York, Cambridge University Press, 2010, pp. 257-269. Peter Gowan, «US : UN», en New Left Review, 24 (noviembre/diciembre de 2003), pp. 5-28. Fue Roosevelt, que creía que China iba a convertirse en una gran potencia en los próximos cuarenta o cincuenta años, y que estaba más interesado en el área del Pacífico que en Europa, quien insistió en darle un papel preponderante, contra la indiferencia de Stalin y la oposición despectiva de Churchill (Gerhard L. Weinberg, Visions of Victory, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 185-186). Barry Eichengreen, Globalizing Capital. A History of the International Monetary System, Princeton, Princeton University Press, 1996, pp. 93-192. Molotov tuvo un primer y duro enfrentamiento verbal con Truman cuando se dirigía a San Francisco; la versión de Truman en Robert H. Ferrell, ed., Off the Record. The Private Papers of Harrys S. Truman, Columbia, University of Missouri Press, 1997, pp. 131-133. Una excelente visión de los acuerdos económicos de postguerra se encontrará en Charles P. Kindleberger, Historia financiera de Europa, Barcelona, Crítica, 1988, pp. 573-603.

Sobre Yalta los estudios fundamentales son los de S.M. Plokhy, Yalta. The Price of Peace, Nueva York, Viking, 2010, que hace un detallado estudio de la reunión, y especialmente el ya citado de Fraser J. Harbutt, Yalta 1945. Europe and America at the Crossroads. Complementariamente se han empleado Max Hastings, La guerra de Churchill, Barcelona, Crítica, 2010, pp. 679-691 (que nos ofrece una visión de la conferencia desde la perspectiva de Churchill); Edward R. Stettinius, Roosevelt y los rusos. La conferencia de Yalta, Barcelona, Janés, 1950; Jost Düffer, Yalta, 4 febbraio 1945. Dalla guerra mondiale alla guerra fredda, Bolonia, Il Mulino, 1999; sir John Roberts, «The Yalta Conference», en Gill Bennett, ed., The End of the War in Europe 1945, Londres, HMSO, 1996, pp. 55-62; Susan Butler, ed., My Dear Mr. Stalin. The Complete Correspondence of Franklin D. Roosevelt and Joseph V. Stalin, New Haven, Yale University Press, 2005, pp. 289-329 contiene información interesante sobre las discusiones en torno a Polonia o al «incidente de Berna» (los tratos por separado con los alemanes de Italia), etc. Sobre estos tratos de rendición de los alemanes de Italia, contados por Allen Dulles en The Secret Surrender, y las intenciones de Hitler de dividir a los aliados, John Lukacs, The Legacy of the Second World War, New Haven, Yale University Press, 2010, pp. 170-174; Felix I. Chuev, Molotov remembers: Inside Kremlin Politics: Conversations with Felix Chuev, Chicago, I.R. Dee, 1993, p. 51; Arthur Schlessinger, jr., «Hopefully cynic», en Times Literary Supplement, 27 de mayo de 2005, pp. 12-13 (versión «editada», y anticipada, del prólogo al libro de Butler citado aquí); David Reynolds, «Had he not run», en London Review of Books, 2 de junio de 2005, pp. 29-31.

Sobre la conferencia de Potsdam: la mayor parte de las informaciones se han tomado de los documentos reunidos en R. Butler y M.E. Pelly, eds., Documents on British Policy Overseas. Series I, Volume I: The Conference at Potsdam 1945, Londres, HMSO, 1984 (los británicos fueron los únicos que hicieron transcripciones completas de la conferencia; no las hicieron los norteamericanos, que prohibieron la asistencia de taquígrafos, según Robert Murphy, Diplomático entre guerreros, México, Diana, 1964, pp. 348-349). El protocolo de la conferencia de Berlín, que este era su nombre oficial, en pp. 1263-1277. James F. Byrnes, Hablando con franqueza, Barcelona, Juventud, 1948, pp. 75-95; Campbell Craig y Sergei Radchenho, The Atomic Bomb and the Origins of the Cold War, New Haven, Yale University Press, 2008, pp. 75-81; una nueva visión de la breve conversación entre Truman y Stalin acerca de la nueva arma en Michael D. Gordin, Red Cloud at Dawn. Truman, Stalin, and the End of the Atomic Monopoly, Nueva York, Farrar, Strauss and Giroux, 2009, pp. 3-16; Laurence Rees, A puerta cerrada, Barcelona, Crítica, 2009, pp. 424-438; Geoffrey Roberts, Stalin’s Wars. From World War to Cold War, 1939-1953, New Haven, Yale University Press, 2006, pp. 272-279; David Dilks, «The conference at Potsdam, 1945», en Bennett, The End of the War in Europe, pp. 77-100; Thomas Parrish, Berlin in the Balance, 1945-1949, Reading, Mass., Perseus Books, 1998, pp. 36-69; Robert E. Sherwood, Roosevelt y Hopkins. Una historia íntima, Barcelona, Janés, 1950, II, pp. 389-411, etc. T. Michael Ruddy, The Cautious Diplomat. Charles E. Bohlen and the Soviet Union, Kent, Kent State University Press, 1986, pp. 25-29 y 40-42; Robert H. Ferrell, Harry S. Truman. A Life, Columbia, University of Missouri Press, 1994, p. 207; W.R. Smyser, From Yalta to Berlin. The Cold war Struggle over Germany, Nueva York, St. Martin’s Press, 1999, pp. 5-26; Geoffrey Roberts, «Stalin at the Tehran, Yalta, and Potsdam conferences», en Journal of Cold War Studies, 9 (2007), pp. 6-40. El libro de Tsuyoshi Hasegawa, Racing the Enemy. Stalin, Truman, and the Surrender of Japan, Cambridge, Mass., Belknap Press, 2005 ha obligado a modificar la visión admitida en lo que se refiere a la proclamación sobre Japón. Lucius D. Clay, «Berlin», en Foreign Affairs, 41 (1962-1963), pp. 47-58. Sobre la situación de Alemania: MacDonogh, After the Reich, pp. 339-467; Laure Castin-Chaparro, Puissance de l’URSS, misères de l’Allemagne. Staline et la question allemande, 1941-1955, París, Publications de la Sorbonne, pp. 84-90 (De Gaulle volvió a proponer la partición más adelante, p. 153); Gerhard L. Weinberg, Un mundo en armas, Barcelona, Grijalbo, 1995, II, pp. 920-921. Sobre el Plan Morgenthau y su abandono, Jeffrey K. Olick, In the House of the Hangman. The Agonies of German Defeat, Chicago, University of Chicago Press, pp. 75-94; Geoffrey Regan, Guerras, políticos y mentiras, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 43-47; George F. Kennan, Memoirs, 1925-1950, Boston, Little, Brown and Co., 1967, pp. 266-270; Pieter Lagrou, «Bilan chiffré de la Seconde guerre mondiale», en S. Audoin-Rouzeau et al., eds., La violence de guerre, 1914-1945, Bruselas, Complexe, 2002, p. 323. Sobre los desmantelamientos industriales en la zona soviética, Norman M. Naimark, The Russians in Germany. A History of the Soviet Zone, 1945-1949, Cambridge, Mass., Belknap Press, 1995, pp. 69-140 y 166-170.

Que los soviéticos sabían que los norteamericanos estaban a punto de hacer estallar su primera bomba atómica queda claro en las memorias de Sergo Beria, Beria, my father. Inside Stalin’s Kremlin, Londres, Duckworth, 2001, pp. 118-119. Sobre la bomba atómica: Craig y Radchenho, The Atomic Bomb and the Origins of the Cold War; Gerard DeGroot, The Bomb: a Life, Londres, Jonathan Cape, 2004; Wilson D. Miscamble, From Roosevelt to Truman: Potsdam, Hiroshima, and the Cold War, Nueva York, Cambridge University Press, 2007, pp. 218-261; Mark A. Stoler, Allies and Adversaries. The Joint Chiefs of Staff, the Grand Alliance and U.S. Strategy in World War II, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2000, pp. 246-250; Kai Bird y Martin J. Sherwin, American Prometheus. The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, Nueva York, Alfred A. Knopf, 2005, pp. 300-301; Butler et al., Documents, pp. 364-367; Simon Sebag Montefiore, La corte del zar rojo, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 528-533. Nueva información sobre la bomba atómica soviética en Roy A. Medvedev y Zhores A. Medvedev, The Unknown Stalin, Londres, I.B. Tauris, 2002, capítulo 5. Michael D. Gordon en Five Days in August. How World War II Became a Nuclear War, Princeton, Princeton University Press, 2007, ha tratado de desmitificar el tópico de que las bombas nucleares hubiesen sido decisivas en el final de la guerra. Las últimas citas proceden del documento NSC 68, del que se habla en extenso en el próximo capítulo.

Los orígenes del enfrentamiento: los proyectos norteamericano y soviético

Arnold A. Offner, Another such Victory. President Truman and the Cold War, 1945-1953, Stanford, Stanford University Press, 2002, pp. 169-173 y 200; David S. Foglesong, «Foreign intervention», en Edward Acton, V. Cherniaev y W. G. Rosenberg, eds., Critical Companion to the Russian Revolution, 1914-1921, Bloomington, Indiana University Press, 1997, pp. 106-114 (Foglesong es autor de un estudio sobre America’s Secret War against Bolshevism: US Intervention in the Russian Civil War, 1917-1920, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1995). Markku Ruotsila, British and American Anticommunism before the Cold War, Londres, Frank Cass, 2001, pp. 220-239 («The renascence of conservative anticommunism»); Vladislav M. Zubok, Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la Guerra Fría, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 38-40. Ronald E. Powaski, La guerra fría. Estados Unidos y la Unión Soviética, 1917-1991, Barcelona, Crítica, 2000. Michael J. Carley, 1939. L’alliance de la dernière chance. Une réinterprétation des origines de la seconde guerre mondiale, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2001, p. 300. La afirmación de Marcus, en Studs Terkel, The Good War. An Oral History of World War II, Nueva York, The New Press, 1984, p. 329. Sobre la «Operación impensable», Laurence Rees, A puerta cerrada, Barcelona, Crítica, 2009, pp. 425-426. Sobre el proyecto de usar los aeropuertos egipcios para bombardear el sur de la URSS, Michael J. Cohen, «From “cold” to “hot” war: Allied strategic and military interests in the Middle East after the Second World War», en Middle Eastern Studies, 43 (2007), pp. 725-748. Sobre el Plan Baruch y los intentos de controlar la energía atómica, Craig y Radchenko, The Atomic Bomb, pp. 111-134; Gordin, Red Cloud at Dawn, pp. 29-62; Lawrence S. Wittner, Confronting the Bomb. A Short History of the World Disarmement Movement, Stanford, Stanford University Press, 2009, pp. 19-24; Stephanie Cooke, In Mortal Hands. A Cautionary History of the Nuclear Age, Nueva York, Bloomsbury, 2009, pp. 36-52.

El programa «bíblico» de Truman procede de su diario, 26 de febrero de 1952 (Ferrell, Off the record, p. 241); la cita de Luce, de la introducción del libro de Andrew J. Bacevich, Washington Rules. America’s Path to Permanent War, Nueva York, Metropolitan Books, 2010. Sobre la tradición del apoyo a las dictaduras de derechas, David F. Schmitz, Thank God They’re on Our Side: The United States and Right-Wing Dictatorships, 1921-1965, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1999 y The United States and Right-Wing Dictatorships, 1965-1989, Nueva York, Cambridge University Press, 2006. La frase de Dulles en U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1958-1960. Africa, vol. XIV (1958-1960), p. 252. Mark Weisbrot, «The great U.S. foreign policy flaw», en The Guardian, 8 de abril de 2010. El rechazo del término capitalismo: Norman Stone, The Atlantic and Its Enemies, Londres, Allen Lane, 2010, p. xi; James C. McKinley, jr., «Texas conservatives win curriculum change», en New York Times, 12 de marzo de 2010. Las ideas sobre el librecambismo, en Ian Fletcher, Free Trade Doesn’t Work, Washington, U.S. Business & Industry Council, 2010. El texto del memorándum de McNamara lo tomo de Lloyd C. Gardner, The Long Road to Baghdad. A History of U.S. Foreign Policy from the 1970s to the Present, Nueva York, The New Press, 2008, pp. 12-13.

Sobre la situación en la Unión Soviética y los proyectos de Stalin: Yoram Gorlizki y Oleg Khlevniuk, Cold Peace. Stalin and the Soviet Ruling Circle, 1945-1953, Nueva York, Oxford University Press, 2004 (en especial pp. 45-65, sobre la reorganización de la estructura política); Vladimir O. Pechatnov, «The Soviet Union and the world, 1944-1953», en Melvyn P. Leffler y Odd Arne Westad, eds., The Cambridge History of the Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, I, pp. 90-111; Mark Kramer, «Stalin, Soviet policy, and the consolidation of a communist bloc in Eastern Europe, 1944-53», en Vladimir Tismaneanu, ed., Stalinism Revisited. The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe, Budapest, Central European University Press, 2009, pp. 51-101; Donald Filtzer, Soviet Workers and late Stalinism. Labour and the Restoration of the Stalinist System after World War II, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 41-76 («The food crisis of 1946-1947») y 77-116 (la «atenuada recuperación» de 1948-1953). Sobre la represión y los campos de prisioneros, Anne Appelbaum, Gulag. A History of the Soviet Camps, Londres, Penguin, 2004, pp. 414-427; Roberts, Stalin Wars, pp. 325-332; Chuev, Molotov Remembers, p. 367. Sobre las relaciones entre Stalin y Roosevelt, Butler, My Dear Mr. Stalin. Zubok, Un imperio fallido, pp. 59-107. Elena Zubkova, Russia after the War. Hopes, Illusions and Disappointments, 1945-1957, Armonk, M.E. Sharpe, 1998, pp. 40-50 («The hungry years: the famine of 1946-1947»). Las diversas evaluaciones de las pérdidas soviéticas son analizadas, con información actualizada, en el primer capítulo de Chris Bellamy, Absolute War. Soviet Russia in the Second World War: a Modern History, Londres, Macmillan, 2007. Los propios servicios secretos británicos reconocían que los dirigentes soviéticos tenían motivos para creer que la actitud de sus aliados se había endurecido desde el fin de las hostilidades y que estaban coartando sistemáticamente sus aspiraciones, Peter Hennessy, The Secret State. Whitehall and the Cold War, Londres, Allen Lane, 2002, pp. 14-16.

El nuevo mapa europeo

Marc Trachtenberg, A Constructed Peace. The Making of the European Settlement, 1945-1963, Princeton, Princeton University Press, 1999, pp. 4-33 («A spheres of influence peace?») y, del propio autor, «The United States and Eastern Europe in 1945. A Reassesment», en Journal of Cold War Studies, 10 (2008), n.º 4, pp. 94-132; Miscamble, From Roosevelt to Truman, pp. 172-217. Gerhard Wettig, Stalin and the Cold War in Europe. The Emergence and Development of East-West Conflict, 1939-1953, Lanham, Rowman & Littlefield, 2008, pp. 35-51;, aunque referirse al tema de la frontera ruso-polaca como «las anexiones soviéticas de 1939» resulta insuficiente y malintencionado. La obra que se ha tomado como guía fundamental para dar una visión esquemática del complejo caso de Polonia ha sido Anita J. Prazmowska, Civil War in Poland, 1942-1948, Houndmills, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2004; Antony Z. Kaminski y Bartłomiej Kaminski, «Road to “People’s Poland”: Stalin’s conquest revisited», en Tismaneanu, ed., Stalinism Revisited, pp. 195-228, es un alegato primario, de escaso interés. Para los antecedentes diplomáticos resulta indispensable el libro de Harbutt, Yalta 1945, pp. 139-182 y hay abundante información en Gabriel Kolko, Políticas de guerra. La diplomacia aliada y la crisis mundial de 1943-1945, Barcelona, Grijalbo, 1974, pp. 554-572. Wettig, p. 31, se equivoca al decir que De Gaulle reconoció el gobierno de Lublin cuando firmó el tratado de amistad con la URSS en diciembre de 1944 (sobre esta cuestión, Eric Roussel, Charles de Gaulle, París, Gallimard, 2002, pp. 468-477). Chuev, Molotov remembers, pp. 54-55. Además Geoffrey y Nigel Swain, Eastern Europe since 1945, Londres, Macmillan, 1993, pp. 39-46; A. Kemp-Welch, Poland under Communism. A Cold War History, Cambridge, Cambridge University Press, 2008; Jan T. Gross, Revolution from Abroad. The Soviet Conquest of Poland’s Western Ukraine and Western Belorussia, Princeton, Princeton University Press, 2002 y Fear, pp. 3-30; Hansjakob Stehle, «Polish communism», en W. E. Griffith, ed., Communism in Europe, Cambridge, Mass., M.I.T. Press, 1964, I, pp. 89-100. El tema del futuro gobierno provisional de Polonia ocupa un lugar fundamental en la correspondencia que mantuvieron Roosevelt (que solía enviar las cartas que contenían puntos de política importantes a Churchill, para que este los revisara o corrigiera) y Stalin. Esta correspondencia muestra la incomodidad de británicos y norteamericanos ante las pretensiones del grupo polaco de Londres y desmiente el mito de que los soviéticos habrían dejado deliberadamente que los alemanes destruyesen Varsovia (Butler, My Dear Mr. Stalin, pp. 221-224, 236-236, 239-240, 244-246, 247-254, 274-276, 290-292, 309-312, passim). Sobre la extraña muerte de Sikorski: J. Harris y M. Trow, Hess: The British Conspiracy, Londres, Deutsch, 1999 atribuyen su eliminación a su participación en el intento propiciado por Hess de una paz separada con Hitler, pero se trata de un libro poco fiable. Es importante, en cambio, «The conversation between Wladislaw Gomułka and Josef Stalin on 14 november 1945», en Bulletin of the Cold War International History Project, 11 (invierno de 1998), pp. 134-140 (cita de p. 136; téngase en cuenta que el texto procede de las notas de Gomułka y que en él se mezclan el estilo directo, transcribiendo las palabras de Stalin, con el indirecto). Sobre la matanza de Katy’n, A. M. Cienciala, N. Lebedeva y W. Materski, Katyn. A Crime Without Punishment, New Haven, Yale University Press, 2007. Arthur Bliss Lane, I Saw Poland Betrayed, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1948; François Fejtö, Histoire des démocraties populaires. I: L’ère de Staline, 1945-1952, París, Seuil, 1969, pp. 5-65 (cita de p. 65). Richard Sakwa, The Rise and Fall of the Soviet Union, 1917-1991, Londres, Routledge, 1999, pp. 290-293. La cita de Harriman, de Terkel, The Good War, p. 330; la carta de Stalin en Roberts, Stalin’s Wars, p. 269. Robert Gellately, Lenin, Stalin and Hitler. The Age of Social Catastrophe, capítulo 36. Las conversaciones entre Hopkins y Stalin reciben amplia atención en Miscamble, From Roosevelt to Truman, pp. 154-167; de especial importancia son las instrucciones de Truman a Hopkins en p. 145 nota. MacDonogh, After the Reich, pp. 471-495; Harry S. Truman, Memorias. I: Año de decisiones: De Potsdam a Hiroshima, Barcelona, Vergara, 1956, II, pp. 77-172. Roberts, Stalin’s Wars, pp. 296-305. Sobre la aceptación inicial británica de la «esfera de influencia soviética», Harbutt, Yalta 1945, pp. 186-199, que analiza después en paralelo la «esfera británica» (pp. 199-210). Stephen Borsody, The New Central Europe, Boulder, East European Monographies, 1993, pp. 170-175; Joseph Held, Marin Pundeff y Sharon L. Wolchik en Joseph Held, ed., The Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth Century, Nueva York, Columbia University Press, 1992, pp. 204-210, 98-102 y 129-134.

Sobre la situación de Grecia, C. M. Woodhouse, The Struggle for Greece, 1941-1949, Londres, Hurst and Co., 2002/2; André Gerolymatos, Red Acropolis, Black Terror. The Greek Civil War and the Origins of Soviet-American Rivalry, 1943-1949, Nueva York, Basic Books, 2004 y Mark Mazower, Inside Hitler’s Greece, que uso por la traducción francesa Dans la Grèce d’Hitler, 1941-1944, París, Les Belles Lettres, 2002 (cita de p. 386); Polymeris Voglis, Becoming a Subject. Political Prisoners During the Greek Civil War, Nueva York, Berghahn Books, 2002, pp. 44-58; William Blum, Killing Hope. U.S. Military and CIA Interventions Since World War II, Montréal, Black Rose Books, 1998, pp. 34-39; George Kousoulas, Revolution and Defeat. The Story of the Greek Communist Party, Londres, Oxford University Press, 1965; Dominique Eudes, Les kapétanios. La guerre civile grecque, 1943-1949, París, Fayard, 1970; Thanasis D. Stikas, «War and peace in the strategy of the Communist party of Greece, 1945-1949», en Journal of Cold War Studies, 3 (2201), n.º 3, pp. 5-30; Vladislav Zubok y Constantine Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War. From Stalin to Khrushchev, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1996, pp. 128-130. Sobre la reacción hostil de la prensa norteamericana a la intervención británica, Max Hastings, Finest Years, Churchill as Warlord 1940-45, Londres, HarperPress, 2009, pp. 540-542. Poco satisfactoria la versión anticomunista de John O. Iatrides, «Revolution or self-defense? Communist goals, strategy, and tactics in the Greek civil war», en Journal of Cold War Studies, 7 (2005) n.º 3, pp. 3-33, que parece ignorar los elementos de la toma de decisión de Stalin y su relación con el conflicto con Tito.

El camino hacia la guerra fría

Offner, Another Such Victory, pp. 71-99, 117-124, 138-144 y 179-182; los términos de la protesta a Byrnes los conocemos por una carta «no enviada» de 5 de enero de 1946 en Ferrell, Off the Record, pp. 79-80; Melvyn P. Leffler, A Preponderance of Power. National Security, the Truman Administration, and the Cold War, Stanford, Stanford University Press, 1992, pp. 79-81, 130-138, 149-150, 192-197 y 359; Zubok y Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War, pp. 36-77. El discurso electoral de Stalin en Speeches Delivered at Meetings of Voters of the Stalin Electoral District, Moscow, Moscú, Editora en lenguas extranjeras, 1950, pp. 19-44. Acheson sostiene que este discurso anunciaba: «la ofensiva de Stalin contra los Estados Unidos y Occidente», Dean Acheson, Present at the Creation. My Years in the State Department, Nueva York, New American Library, 1970, p. 262. Las instrucciones de Stalin a Togliatti y Thorez en Wettig, Stalin and the Cold War Europe, pp. 30-32. Vladimir O. Pechatnov, «The big three after World War II: New documents on Soviet thinking about post-war relations with the United States and Great Britain» y «“The allies are pressing on you to break your will…” Foreign policy correspondence between Stalin and Molotov and other politburo members, september 1945-december 1946», Cold War international history project, working papers n.os 13 y 26, respectivamente, 1995 y 1999; sobre el informe de Novikov, Wettig, Stalin and the Cold War in Europe, pp. 104-106 y Peter Grose, Operation Rollback. America’s Secret War behind the Iron Curtain, Boston, Houghton Mifflin, 2000, pp. 90-91; Ruddy, The Cautious Diplomat, pp. 62-64; Silvio Pons, «Stalin, Togliatti and the origins of the Cold War in Europe», en Journal of Cold War Studies, III (2001), n.º 2, pp. 3-27. Melvyn P. Leffler, La guerra después de la guerra, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 90-98. Stoler, Allies and Adversaries, pp. 262-264. Sobre Kennan y el «telegrama largo» (pp. 57-62), Nicholas Thompson, The Hawk and the Dove. Paul Nitze, George Kennan, and the History of the Cold War, Nueva York, Henry Holt and Co., 2009. El texto original del telegrama en Denis Merrill, ed., Documentary History of the Truman Presidency, vol. 7, Bethesda, University Publications of America, 1996, pp. 68-91. George F. Kennan, Memoirs, 1925-1950, Boston, Little, Brown and Co., 1967, pp. 271-297 y 354-367, cita de p. 358, y Al final de un siglo. Reflexiones, 1982-1995, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 41 y ss. Neil Sheehan, A Fiery Peace in a Cold War: Bernard Schriever and the Ultimate Weapon, Nueva York, Random House, 2009, pp. 78-87. La realidad de los proyectos de Kennan en Grose, Operation Rollback, pp. 87-118. Robert Frazier, «Kennan, “Universalism”, and the Truman doctrine», en Journal of Cold War Studies, 11 (2009), n.º 2, pp. 3-34, documenta las rectificaciones posteriors de Kennan. Acerca del Policy Planning Staff véase la web del Departamento de Estado <www.state.gov/s/p/>. Sobre el discurso de Churchill en Fulton, sus antecedentes y sus consecuencias, Patrick Wright, Iron Curtain. From Stage to Cold War, Nueva York, Oxford University Pres, 2007; Roy Jenkins, Churchill, Londres, Pan Books, 2001, pp. 809-813; Klaus Larres, Churchill’s Cold War. The Politics of Personal Diplomacy, New Haven, Yale University Press, 2002, pp. 108-109 y 140-141. Sobre el informe Clifford-Esley, Schlesinger, White House Ghosts, pp. 42-43 y Miscamble, From Roosevelt to Truman, pp. 305-306; el texto del informe en Merrill, Documentary History of the Truman Presidency, vol 7, pp. 215-295. John Lewis Gaddis, We Now Know. Rethinking Cold War History, Oxford, Clarendon Press, 1997, p. 37. Gregory Mitrovich, Undermining the Kremlin. America’s Strategy to Subvert the Soviet Bloc, 1947-1956, Ithaca, Cornell University Press, 2000, pp. 5-13, 23-28, 80-82 y 117-121; Frances Stonor Saunders, Who paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War, Londres, Granta Books, 1999, p. 38. El más completo estudio sobre la creación de un aparato de propaganda es el de Nicholas J. Cull, The Cold War and the United States Information Agency. American Propaganda and Public Diplomacy, 1945-1989, Nueva York, Cambridge University Press, 2008 (sobre el proyecto Troy, por ejemplo, pp. 60-61); Michael Nelson, War of the Black Heavens, The Battles of Western Broadcasting in the Cold War, Londres, Brassey’s, 1997; Helms, A Look over my Shoulder, pp. 334-366. David F. Rudgers, «The origins of covert action», en Journal of Contemporary History, 35 (2000), pp. 249-262. Robert L. Baisner, Dean Acheson. A Life in the Cold War, Nueva York, Oxford University Press, 2006, pp. 38-43 y 70. Sobre la influencia alemana en Irán, Suleyman Seydi, «Intelligence and counter-intelligence activities in Iran during the Second World War», en Middle Eastern Studies, 46 (2010), n.º 5, pp. 733-752; sobre la compleja política de los soviéticos, y sus vacilaciones entre el apoyo a la causa azerí y su interés por obtener participación en la explotación del petróleo (y sobre el engaño final de que les hizo objeto el primer ministro iraní Qavam), Jamil Hasanli, At the Dawn of the Cold War. The Soviet-American Crisis over Iranian Azerbaijan, 1941-1946, Lanham, Rowman & Littlefield, 2006. Complementariamente, Natalia I. Yegorova, «The “Iran crisis” of 1945-46: A view from the Russian archives», Cold War International History Project, working paper, n.º 15, 1996. Además, Homa Katouzian, The Persians. Ancient, Medieval and Modern Iran, New Haven, Yale University Press, 2009, pp. 229-240 y Yann Richard, L’Iran de 1800 à nos jours, París, Flammarion, 2009, pp. 296-307. Sobre el proyecto secesionista británico, Aldrich, The Hidden Hand, pp. 134-136. Sobre la destitución de Wallace, Leffler, A Preponderance of Power, pp. 138-140.

Las primeras batallas

Una equilibrada visión de los fundamentos de la política exterior de Truman-Byrnes en George C. Herring, From Colony to Superpower. U.S. Foreign Relations since 1776, Nueva York, Oxford University Press, 2008, pp. 595-650; Miscamble, From Roosevelt to Truman, pp. 262-306 (pp. 307-332 para una valoración global de la política exterior de Truman) y el «Forum» en que Ruud van Dijk y Arnold A. Offner critican este libro en Journal of Cold War Studies, 10 (2008), n.º 4, pp. 133-141. David Reynolds, «From World war to Cold war: The wartime alliance and post-war transitions, 1941-1947», en Historical Journal, 45 (2002), pp. 211-227. Una fuente interesante para una visión interna de la presidencia de Truman es la serie de entrevistas «Oral History Interview with Clark M. Clifford», que pueden consultarse en la web <www.trumanlibrary.org>; Craig y Radchenko, The Atomic Bomb, pp. 162-170. Ferrell, Harry S. Truman. A Life, pp. 285-312. Michael R. Gardner, Harry Truman and Civil Rights. Moral Courage and Political Risks, Carbondale, Southern Illinois University Press, 2002; David Carlton, Churchill and the Soviet Union, Manchester, Manchester University Press, 2000, pp. 137-140. Stoler, Allies and Adversaries, pp. 258-270; Borsody, The New Central Europe, pp. 166-167.

Sobre la formulación de la «doctrina Truman», Marc J. Selverstone, Constructing the Monolith. The United States, Great Britain and International Communism, 1945-1950, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2009, pp. 54-72 (véase también la excelente reseña de Neal Ascherson, «Wedgism», en London Review of Books, 23 de julio de 2009, pp. 13-15); Robert Frazier, «Kennan, “Universalism”, and the Truman doctrine», ya citado; Offner, Another such Victory, pp. 185-212; Leffler, A Preponderance of Power, pp. 143-144; Acheson, Present at the Creation, pp. 290-301; Truman: Memorias. II, 1, pp. 127-128 y 139; Beisner, Dean Acheson, pp. 48-65; Sheehan A Fiery Peace in a Cold War, pp. 77-94 (la frase citada en p. 91). Milovan Djilas Conversaciones con Stalin, citado en Blum, Killing hope, p. 37. Sobre el caso George Polk, William Burr, «The George Polk case», en National Security Archive, 10 de agosto de 2007. Sobre las presiones de Stalin a Turquía e Irán, Zubok, Imperio fallido, pp. 70-85.

La situación de Europa y el Plan Marshall

Sobre la actividad y las limitaciones de la UNRRA, Shephard, The Long Road Home, pp. 136-161. Irvin M. Wall, The United States and the Making of Postwar France, 1945-1954, Cambridge, Cambridge University Press, 1991; Georgette Eley, Histoire de la IVe République. I: La République des illusions, 1945-1951, París, Fayard, 1993, pp. 313-369; Antony Beevor y Artemis Cooper, París después de la liberación: 1944-1949, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 237-247; Jean-Pierre Rioux, La France de la quatrième république, 1: L’ardeur et la nécessité, 1944-1952, París, Seuil, 1980, pp. 159-164; Martin Evans y Emmanuel Godin, «The great fear of 1947. Could France have gone communist?», en History Today, 55 (2005), n.º 1, pp. 21-27; René Rémond, Le siècle dernier, 1918-2002, París, Fayard, 2003, pp. 401-405. La frase de Cabot Lodge —«God knows this Marshall Plan is going to be the biggest damned interference in internal affairs that there has ever been in history»— citada en David M. Barrett, The CIA & Congress. The Untold Story from Truman to Kennedy, Lawrence, University of Kansas Press, 2005, p.31. Beisner, Dean Acheson, pp. 52-63; John Chace, Acheson. The Secretary of State Who Created the American World, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1998, pp. 164-169; Leffler, A Preponderance of Power, pp. 182-186; Michael J. Hogan, The Marshall Plan. America, Britain and the Reconstruction of Western Europe, 1947-1952, Cambridge, Cambridge University Press, 1987; David Ellwood, «“You too can be like us”. Selling the Marshall Plan», en History Today, 48 (1998), n.º 10, pp. 33-39; Hermann van der Wee, Prosperidad y crisis. Reconstrucción, crecimiento y cambio, 1945-1980, Barcelona, Crítica, 1986 (cita de p. 40); Diane B. Kunz, «The Marshall Plan reconsidered» y David Reynolds, «The European response», ambos en Foreign affairs, 76 (1997), n.º 3, pp. 160-170 y 171-184; Greg Behrman, The Most Noble Adventure. The Marshall Plan and the Time When America Helped Save Europe, Nueva York, Free Press, 2007; William I. Hitchcock, «The Marshall Plan and the creation of the West» en Leffler y Westad, eds., The Cambridge History of the Cold War, I, pp. 154-174. Offner, Another such Victory, pp. 193-202, 220-229 y 236-240; Ferrell, Harry S. Truman. A life, pp. 247-253; Dean Rusk, As I saw it, Nueva York, Norton, 1990, pp. 130-131 y 138-142; Robert David Johnson, Congress and the Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 15-24; Ruddy, Cautious Diplomat, pp. 72-75; Kennan, Memoirs 1925-1950, pp. 313-324 y 325-353, en que se atribuye un papel considerable en la paternidad del «plan»; Andrew J. Bacevich, American Empire. The Realities and Consequences of U.S. Diplomacy, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2002, p. 228. Kai Bird y Martin J. Sherwin, American Prometheus. The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, Nueva York, Alfred A. Knopf, 2005, p. 352; Montefiore, La corte del zar rojo, p. 601. La visión alternativa del plan como una ofensiva política procede de Michael Cox y Carolyne Kennedy-Pipe, «The tragedy of American diplomacy? Rethinking the Marshall Plan», en Journal of Cold War Studies, 7, n.º 1 (invierno de 2005), pp. 97-134 (y discusión en pp. 135-181). Sobre las vacilaciones de los soviéticos ante el plan Marshall, Zubok, Imperio fallido, pp. 124-126; Sheehan, A Fiery Peace, p. 93; Chuev, Molotov remembers, pp. 61-62. Sobre la génesis y desarrollo de la comunidad económica europea, Alan S. Milward, The European Rescue of the Nation-state, Londres, Routlege, 2000/2; Ann-Christina L. Knudsen, Farmers on Welfare. The Making of Europe’s Common Agricultural Policy, Ithaca, Cornell University Press, 2009.

La creación de una nueva estructura de defensa

Michael J. Hogan A Cross of Iron. Harry S. Truman and the Origins of the National Security State, 1945-1954, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 23-68; Chalmers Johnson, Nemesis. The Last Days of the American Republic, Nueva York, Metropolitan Books, 2006, pp. 90-136; Mitrovich, Undermining the Kremlin, pp. 16-21; Leffler, A Preponderance of Power, pp. 174-179; Offner, Another such Victory, pp. 187-193; Christopher Andrew, For the President Eyes Only. Secret Intelligence and the American Presidency from Washington to Bush, Londres, HarperCollins, 1995, pp. 168-174 y 193-197; Rhodri Jeffrey-Jones, Cloak and Dollar. A History of American Secret Intelligence, New Haven, Yale University Press, 2002, p. 175; y, del mismo, The FBI. A History, New Haven, Yale University Press, 2007, pp. 137-142; James Bamford, Body of Secrets. Anatomy of the Ultra-secret National Security Agency from the Cold War to the Dawn of a New Century, Nueva York, Doubleday, 2001; Bob Graham, Intelligence Matters, Lawrence, University Press of Kansas, 2008/2, pp. ix-x. George Friedman, America’s Secret War, Londres, Little Brown, 2004, pp. 63-70; Tim Weiner, Legacy of Ashes, Londres, Allen Lane, 2007, pp. 67-68. Sobre el Bureau of Intelligence and Research, John Prados, «The mouse that roared. State Department intelligence in the Vietnam war», en National Security Archive, electronic briefing book 121, 2004. Rudgers, «The origins of covert action», pp. 257-259; John Kenneth McDonald, «Les premières actions de la CIA vers l’Europe», en J. Delmas y J. Kessler, eds., Renseignement et propagande pendant la guerre froide (1947-1953), Bruselas, Complexe, 1999, pp. 101-110; Frédéric Attal, Histoire de l’Italie de 1943 à nos jours, París, Armand Colin, 2004, pp. 46-60; Pietro Ingrao, Pedía la luna, Barcelona, Península, 2008, pp. 206-212 y 220; Dianne Kirby, «Divinely sanctioned: The Anglo-American cold war alliance and the defence of western civilization and Christianity, 1945-1948», en Journal of Contemporary History, 35 (2000), pp. 385-412 (cita de p. 392); J.Cornwell, Hitler’s Pope, Londres, Viking, 1999, p. 331. Sobre la financiación de las elecciones italianas, Weiner, Legacy of ashes, pp. 26-27 y 530-532. Sobre la política posterior de contención de la izquierda en Italia, véase el número monográfico del Journal of Cold War Studies, «Italy and the Cold War», 4 (2002), n.º 3. John Prados, Lost Crusader. The Secret Wars of CIA Director William Colby, Nueva York, Oxford University Press, 2003, pp. 43-53 y 157-158; Romain H. Rainero, «L’Italie, terrain de rencontre et de rupture», en Delmas y Kessler, Renseignement et propagande, pp. 121-134. Sobre Gladio, Daniele Ganser, Los ejércitos secretos de la OTAN. La operación Gladio y el terrorismo en Europa occidental, Barcelona, El Viejo Topo, 2010. Alfredo Grimaldos, La CIA en España, Barcelona, Debate, 2006, pp. 85-92. Aldrich, The Hidden Hand, pp. 143-172; John C. McWilliams «Covert connections: The FBI, the OSS and the CIA», en Historian, 4 (1991), pp. 657-678. Sobre la creación de la OPC, Thompson, The Hawk and the Dove, pp. 84-87; la enumeración de sus actividades, en un documento publicado en «The secrecy court of last resort», National Security Archive, electronic briefing book 276, 5 de junio de 2009. Noticias abundantes sobre Wisner y su actuación en Richard Helms, A Look over my Shoulder, passim; además, V. Prashad, Fat Cats and Running Dogs, Monroe, Maine, Common Courage Press, 2003, p. 126; Mitrovich, Undermining the Kremlin, pp. 42-45; Blum, Killing hope, pp. 55-57; Charles Gati, Failed illusions. Moscow, Washington, Budapest, and the 1956 Hungarian Revolt, Stanford, Stanford University Press, 2006, pp. 86-88; Jonathan E. Lewis, Spy Capitalism. Itek and the CIA, New Haven, Yale University Press, 2002, pp. 17-19; Sol Littman, Pure Soldiers, p. 189. Sobre Albania, Roderick Bailey, The Wildest Province. S.O.E. in the Land of the Eagle, Londres, Jonathan Cape, 2007, pp. 327-331; Grose, Operation Rollback, pp. 154-163 y Mitrovich, Undermining the Kremlin, pp. 42-45. Sobre WIN, además de Grose, pp. 176-179, Prazmowska, Civil War in Poland, pp. 151-155 y Weiner, Legacy of Ashes, pp. 67-68. Sobre la campaña para la reelección de Truman y el «punto cuarto», Schlesinger, White House Ghosts, pp. 47-63; Truman, Memorias, II, 1, pp. 265-267 y David Halberstam, La guerra olvidada, Barcelona, Crítica, 2009, pp. 265-279. Sobre el suicidio de Forrestal, entre la locura y el pánico, véanse los informes reunidos por el almirante Willcutts en <www.princeton.edu>, entre los materiales de la biblioteca de manuscritos Seeley G. Mudd; además, Thompson, The Hawk and the Dove, pp. 86-89.

La crisis de Berlín y el nacimiento de la OTAN

Trachtenberg, A Constructed Peace, pp. 41-91; Leffler, A Preponderance of Power, pp. 198-218; Wettig, Stalin and the Cold War in Europe, pp. 89-104, 116-118 y 158-180; Offner, Another such Victory, pp. 245-270 y 424-455; Thomas Parrish, Berlin in the Balance, 1945-1949. The Blockade, the Airlift, the First Major Battle of the Cold War, Reading, Perseus, 1998, pp. 70-73 y 156-167, está dedicado esencialmente a la historia del «airlift», al igual que el libro de Andrei Cherny, The Candy Bombers. The Untold Story of the Berlin Airlift and America’s Finest Honour, Nueva York, Penguin, 2008, una obra carente de interés que repite los tópicos más manidos de la literatura tradicional de la guerra fría. El 24 de junio de 2008 el New York Times publicó una compilación de materiales en conmemoración del 60 aniversario (Berlin Airlift. 1948-1949), con afirmaciones poco convincentes como la de que esta fue la ocasión en que más cerca se estuvo de la tercera guerra mundial, «más cerca que en la crisis de los misiles cubanos». MacDonogh, After the Reich, pp. 471-516; Zubok, Imperio fallido, pp. 127-133; Percy Cradock, Know Your Enemy. How the Joint Intelligence Committee Saw the World, Londres, John Murray, 2002, pp. 68-82; Zukov y Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War, pp. 51-52; David E. Murphy, Sergei A. Kondrashev y George Bailey, Battleground Berlin. CIA vs. KGB in the Cold War, New Haven, Yale University Press, 1997, pp. 51 y ss; Dean Rusk, As I Saw It, pp. 143-144; Lucius D. Clay, «Berlin», en Foreign Affairs, 41 (1962-1963), pp. 47-58; Deborah Welch Larson, «The origins of commitment. Truman and West Berlin», en Journal of Cold War Studies, 13 (2011), n.º 1, pp. 180-212 y David G. Coleman, «Eisenhower and the Berlin problem, 1953-1954», en Journal of Cold War Studies, II (2000), n.º 1, pp. 3-34. Roberts, Stalin’s Wars, pp. 350-359; Large, Berlin, pp. 400 y ss. (cita de p. 402); Murphy, Diplomático entre guerreros, pp. 377-408; Hennessy, The Secret State, p. 25. Sobre el NSC 30, David Alan Rosenberg, «Constraining overkill. Contending approaches to nuclear strategy, 1955-1965» en <http://www.history.navy.mil/colloquia/cch9b.html.> Campbell Craig y Fredrik Logevall, America’s Cold War. The Politics of Insecurity, Cambridge, Mass, Belknap Press, 2009, pp. 94-99; Fernando Hernández Holgado, Historia de la OTAN. De la Guerra fría al intervencionismo humanitario, Madrid, Catarata, 2000, pp. 29-49. La frase de lord Ismay en Herring, From Colony to Superpower, p. 626. Sobre el «plan A» de Kennan, Thompson, The Hawk and the Dove, pp. 89-93; George Kennan, «A letter on Germany», New York Review of Books, 3 de diciembre de 1998, pp. 19-21 (ya había explicado más o menos lo mismo en 1967 en Memoirs, 1925-1950, pp. 442-446). Chace, Dean Acheson, pp. 205-209; Beisner, Dean Acheson, pp. 134-150. Torsten Opelland, «Domestic political developments, 1949-1969», en Klaus Larres y Pánicos Panayi, eds., The Federal Republic of Germany Since 1949, Harlow, Longman, 1996, pp. 74-99; H.W. Koch, A Constitutional History of Germany in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Harlow, Longman, 1984, pp. 318-352. William Glenn Gray, Germany’s Cold War. The Global Campaign to Isolate East Germany, 1949-1969, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2003. Geir Lundestad, The United States and Western Europe since 1945, Oxford, Oxford University Press, 2005, 48-53. K. Adenauer, «The German problem, a world problem», en Foreign affairs, 41 (1962-1963). Wilfried Loth, Stalin’s Unwanted Child. The Soviet Union, the German Question and the Founding of the GDR, Londres, Macmillan, 1998, p. 183. Zubok, Failed Empire, pp. 62-71 discrepa de la idea generalmente aceptada acerca de que Stalin deseaba una Alemania neutral y unificada.

CAPÍTULO 2: LA PRIMERA FASE DE LA GUERRA FRÍA (1949-1953)

Los textos del JIC británico en Percy Cradock, Know Your Enemy. How the Joint Intelligence Committee Saw the World, Londres, John Murray, 2002, pp. 26-27 y en Peter Hennessy, The Secret State, Whitehall and the Cold War, Londres, Allen Lane, 2002, p. 1. Las discusiones que, partiendo del JIC 502 norteamericano, condujeron a las formulaciones del NSC 68 se pueden seguir en Gregory Mitrovich, Undermining the Kremlin. America’s Strategy to Subvert the Soviet Bloc, 1947-1956, Ithaca, Cornell University Press, 2000, pp. 47-58. La rueda de prensa de Eisenhower en Public Papers of the Presidents of the United States: Dwight D. Eisenhower 1954, que puede consultarse en la web de The American Presidency Project. Sobre la tesis del monolitismo, Marc J. Selverstone, Constructing the Monolith. The United States, Great Britain and International Communism, 1945-1950, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2009.

Sobre la bomba atómica rusa David Holloway, Stalin and the Bomb. The Soviet Union and Atomic Energy, 1939-1956, New Haven, Yale University Press, 1994; Michael D. Gordin, Red Cloud at Dawn. Truman, Stalin, and the End of the Atomic Monopoly, Nueva York, Farrar, Straus, and Giroux, 2009 pp. 246-283 (sobre el informe Smyth, pp. 93-105); Richard Rhodes, Arsenals of Folly. The Making of the Nuclear Arms Race, Nueva York, Alfred A. Knopf, 2007, pp. 74-83 y 102-111; Sergo Beria, Beria, my Father. Inside Stalin’s Kremlin, Londres, Duckworth, 2001, pp. 172-194; Campbell Craig y Sergei Radchenho, The Atomic Bomb and the Origins of the Cold War, New Haven, Yale University Press, 2008, pp. 37-61, 106-110, y passim; Zhores A. Medvedev y Roy A. Medvedev, El Stalin desconocido, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 133-197. La historia del Kalashnikov en C.J. Chivers, The Gun, Nueva York, Simon and Schuster, 2010. Sobre Nitze y el NSC-68, Nicholas Thompson, The Hawk and the Dove. Paul Nitze, George Kennan and the History of the Cold War, Nueva York, Henry Holt and Co., 2009 (sobre el NSC-68, pp. 112-114), más la reseña de Brian Urquhart en New York Review of Books, 17 de diciembre de 2009, pp. 50-56; Campbell Craig y Fredrik Logevall, America’s Cold War. The Politics of Insecurity, Cambridge, Mass., Belknap Press, 2009, pp. 108-110 y 127-138, y Robert Bowie y Richard H. Immerman, Waging Peace. How Eisenhower Shaped an Enduring Cold War Strategy, Nueva York, Oxford University Press, 1998, pp. 17-29. El título completo del NSC 68 es «A report to the National Security Council by the Executive Secretary on United States objectives and programs for national security»; puede verse en Denis Merrill, ed., Documentary History of the Truman Presidency, vol. 7, Bethesda, University Publications of America, 1996, pp. 324-392; sobre su redacción, Robert L. Beisner, Dean Acheson. A Life in the Cold War, Nueva York, Oxford University Press, 2006, pp. 236-251; Melvyn P. Leffler, A Preponderance of Power. National Security, the Truman Administration, and the Cold War, Stanford, Stanford University Press, 1992, pp. 355-360. Sobre las actitudes de Oppenheimer y de Kennan, Kai Bird y Martin J. Sherwin, American Prometheus. The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, Nueva York, Alfred A. Knopf, 2005, pp. 424-428; George F. Kennan, Al final de un siglo: reflexiones, 1982-1995, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 43 y Memoirs, 1925-1950, Boston, Little, Brown and Co., 1967, pp. 466 y ss.; Ronald Steel, «George Kennan at 100», en New York Review of Books, 29 de abril de 2004, pp. 8-9. T. Michael Ruddy, The Cautious Diplomat. Charles E. Bohlen and the Soviet Union, 1929-1969, Kent, Kent State University Press, 1986, pp. 98-99 y 105; Christopher Andrews, For the President’s Eyes Only, Londres, HarperCollins, 1995, p. 182. Gerard J. DeGroot, The Bomb: a Life, Londres, Jonathan Cape, 2004, pp. 162-183. Sobre el error al valorar las intenciones soviéticas, William Burr y Svetlana Savranskaya, «Previously classified interviews with former soviet officials reveal U.S. strategic intelligence failure over decades», en National Security Archive: The nuclear vault, octubre de 2009. Sobre la «trinidad» de principios, Andrew J. Bacevich, Washington Rules. America’s Path to Permanent War, Nueva York, Metropolitan Books, 2010, pp. 20-21, passim. El texto del diario de Truman en William Stueck, Rethinking the Korean War, Princeton, Princeton University Press, 2002, p. 165. La frase final es de Michael Howard, Liberation or Catastrophe? Reflections on the History of the Twentieth Century, Londres, Hambledon Continuum, 2007, p. 99.

La guerra fría como instrumento de control social

La carta de Frank Thompson en E.P. Thompson, Beyond the Frontier. The politics of a failed mission: Bulgaria 1944, Suffolk, Merlin Press, 1997, p. 102. Geoff Eley, Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 284-298; la cita de Stéphane Hessel procede de ¡Indignaos!, Barcelona, Destino, 2011, pp. 22-23. Gerhard Wettig, Stalin and the Cold War in Europe. The Emergence and Development of East-West Conflict, 1939-1953, Lanham, Rowman & Littlefield, 2008, pp. 28-30, 77-90 y passim; Geoffrey Roberts, Stalin’s Wars. From World War to Cold War, 1939-1953, New Haven, Yale University Press, 2006, pp. 245-253; Alfred J. Rieber, «Popular democracy: an illusion?», en Vladimir Tismaneanu, ed., Stalinism Revisited. The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe, Budapest, Central Euopean University Press, 2009, pp. 103-128; Norman Naimark y Leonid Gibianskii, eds., The Establishment of Communist Regimes in Eastern Europe, 1944-1949, Boulder (Colorado) Westview Press, 1997; Geoffrey and Nigel Swain, Eastern Europe since 1945, Londres, Macmillan, 1993; François Fejtö, Histoire des démocraties populaires. I: L’ère de Stalin, París, Seuil, 1952; Marc Trachtenberg, «The United States and Eastern Europe in 1945», en Journal of Cold War Studies, 10 (2008), n.º 4, pp. 94-132; Eduard Mark, «Revolution by degrees: Stalin’s national-front strategy for Europe, 1941-1947», en Cold War International History Project, working paper, n.º 31, 2001; George Dimitrov, The Diary of George Dimitrov, 1933-1949, ed. de Ivo Banac, New Haven, Yale University Press, 2003, pp. 450-451; Adam B. Ulam, «A few unresolved mysteries about Stalin and the Cold War in Europe», en Journal of Cold War Studies, I (1999), n.º 1, pp. 110-116. La cita de Kossok procede de una versión mecanografiada de su conferencia «La cuestión alemana».

El pánico rojo en los Estados Unidos

Sobre la situación en la inmediata posguerra: Robert H. Ferrell, Harry S. Truman. A Life, Columbia, University of Missouri Press, 1994, pp. 218-232; David McCullogh, Truman, Nueva York, Simon and Schuster, 1992, p. 470 y 486-490. Meg Jacobs, «“How about some meat?”: The Office of Price Administration, consumption politics, and state building from the bottom up, 1941-1946», en Journal of American History, 84, 3 (diciembre de 1997), pp. 910-941; las opiniones de Truman sobre el enfrentamiento de patronos y sindicatos en una carta a su madre y su hermana, en Robert Ferrell, ed., Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman, Columbia, University of Missouri Press, 1997, pp. 82-83. Robert Schlesinger, White House Ghosts. Presidents and Their Speechwriters, Nueva York, Simon and Schuster, 2008, pp. 37-40; Howard Zinn, A People’s History of the United States, Nueva York, Harper and Row, 1980, pp. 396-397; Fraser J. Harbutt, The Cold War Era, Oxford, Blackwell, 2002, pp. 37-61; Harry S. Truman: Memorias. II: Años de prueba y esperanza (* De Hiroshima a la N.A.T.O., 1945-1949), Barcelona, Vergara, 1956, tomo 1, pp. 39-41. Arthur M. Schlesinger, jr., La presidencia imperial, Barcelona, Dopesa, 1974, pp. 131-132 (cita de p. 132); Paul Krugman, The Conscience of a Liberal, Nueva York, Norton, 2007, pp. 57-58, 67-68 y 179-180 (traducción española, Después de Bush, Barcelona, Crítica, 2008). Michael S. Sherry, In the Shadow of War. The United States since the 1930s, New Haven, Yale University Press, 1995, pp. 126-127. Fundamental para comprender las formulaciones de la política norteamericana en estos años, y la acción de Dean Acheson como inspirador de la «doctrina Truman», es el libro de Beisner, Dean Acheson, pp. 38-83.

Markku Ruotsila, British and American Anticommunism before the Cold War, Londres, Frank Cass, 2001; Richard M. Fried, Nightmare in Red. The McCarthy Era in Perspective, Nueva York, Oxford University Press, 1990, pp. 23-29, 37-58 y 182-191; Katherine A. S. Sibley, Red Spies in America. Stolen Secrets and the Dawn of the Cold War, Lawrence, University Press of Kansas, 2004; Peter Hennesy, The Secret State, Londres, Allen Lane, 2002, pp. 79 y ss. Sobre Gouzenko y la anulación de los planes de control internacional de la energía nuclear, Craig y Radchenho, The Atomic Bomb, pp. 111-134. Un extenso relato de la carrera de Dies, hasta que fue eclipsado por McCarthy, en Ted Morgan, Reds. McCarthysm in Twentieth-century America, Nueva York, Random House, 2003, pp. 184-222 (otras cuestiones en pp. 290, 314-317, 389-390 y 528-540). La observación de Truman en Robert David Johnson, Congress and the Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 10. Michael Barson y Steven Heller, Red Scare! The Commie Menace in Propaganda and Popular Culture, San Francisco, Chronicle Books, 2001.

Christopher Andrew y Vasili Mitrokhin, The Mitrokhin Archive. The KGB in Europe and the West, Londres, Allen Lane, 1999, pp. 180-181; R. Bruce Craig, Treasonable Doubt. The Harry Dexter White Spy Case, Lawrence, University Press of Kansas, 2004, pp. 239-246 (el propio Truman opinaba que White era un ciudadano leal que había sido acusado injustamente y que los testimonios de la Bentley y de Chambers no tenían valor, puesto que eran comunistas «y un comunista no se espera que diga la verdad ni sometido a tortura». Ferrell: Off the Record, pp. 300-301). Ruddy, The Cautious Diplomat, pp. 119-121. Ellen Schrecker, Many are the Crimes. McCarthysm in America, Boston, Little Brown, 1998, pp. 198, 230-232, 277-282 y 350-352 y The Age of McCarthyism. A Brief History with Documents, Boston, Bedford/St.Martin’s, 2002/2, pp. 63-70; Studs Terkel, The Good War. An Oral History of World War II, Nueva York, The New Press, 1984, pp. 331-333 (cita de p. 333). Sobre la persecución de los homosexuales, David Johnson, The Lavender Scare: The Cold War Persecution of Gays and Lesbians in the Federal Government, Chicago, University of Chicago Press, 2004 y David M. Barrett, The CIA and Congress. The Untold Story from Truman to Kennedy, Lawrence, University Press of Kansas, 2005, pp. 64-81 (p. 67 acerca de la dudosa sexualidad de McCarthy); George Chauncey, «Last ban standing», en New York Times, 20 de diciembre de 2010. Rhodri Jeffreys-Jones, The FBI. A History, New Haven, Yale University Press, 2007, pp. 140-142 y 158-160. Kathryn S. Olmsted, Red Spy Queen. A Biography of Elizabeth Bentley, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2002, pp. 132-133, 168 y 180-192; Richard Hofstadter, The Paranoid Style in American Politics and Other Essays, Nueva York, Vintage Books, 1967, p. 35. Sobre el caso Matusow, Ted Morgan, Reds, pp. 528-540. Sobre los Rosenberg hay una amplia bibliografía que no resulta concluyente (la aportación más reciente, Walter Schneir, Final verdict: What Really Happened in the Rosenberg Case, Nueva York, Melville House, 2010). Sam Tanenhaus, «A family affair», en New York Review of Books, 11 de abril de 2002, pp. 41-44, comentando el libro de Sam Roberts, The Brother: The Untold Story of Atomic Spy David Greenglass and How he Sent his Sister Ethel Rosenberg to the Electric Chair, Nueva York, Random House, 2002; Rhodri Jeffrey-Jones, Cloak and dollar. A history of American secret intelligence, New Haven, Yale University Press, 2002, pp. 265-268. Algunos materiales del juicio, y el texto de la sentencia de Kaufman, pueden consultarse en una web de la Universidad de Missouri-Kansas City (www.law.umkc.edu). No ha sido hasta 2008 que los tribunales han accedido a permitir la consulta de las declaraciones de 35 de los 45 testigos que intervinieron en el proceso de los Rosenberg. (National Security Archive, «Secret Rosenberg grand jury testimony», 11 de septiembre de 2008 y Sam Roberts, «Figure in Rosenberg case admits spying for Soviets», en New York Times, 12 de septiembre de 2008.) Resulta además que, según los datos de los cuadernos de Vassiliev, la labor de espionaje de Rosenberg tenía más que ver con el radar que con la bomba atómica (Steven T. Usdin, «The Rosenberg ring revealed: industrial-scale conventional and nuclear espionage», en Journal of Cold War Studies, 11 (2009), n.º 3, pp. 91-143). Sobre George Koval, William J. Broad, «A spy’s path: Iowa to A-Bomb to Kremlin honor», en New York Times, 12 de noviembre de 2007. Los casos de los «cinco de Cambridge» y de Klaus Fuchs están ampliamente documentados en Christopher Andrew, The Defence of the Realm. The Authorized History of MI5, Londres, Allen Lane, 2009, pp. 168-173, 420-441 y 836-837 (la actuación del grupo de Cambridge durante la segunda guerra mundial en Nigel West and Oleg Tsarev, eds., Triplex. Secrets from the Cambridge Spies, New Haven, Yale University Press, 2009).

Sobre Venona puede consultarse la información que da la NSA en su web <www.nsa.gov/public_info/declass/venona/feb_1948.shtml>; además John Earl Haynes y Harvey Klehr, Venona. Decoding Soviet Espionnage in America, New Haven, Yale University Press, 1999; Nigel West, Venona. The Greatest Secret of the Cold War, Londres, Harper Collins, 1999; Frank Cain, «Venona in Australia and its long-term ramifications», en Journal of Contemporary History, 35 (2000), pp. 231-248; «National Security Agency releases history of Cold War intelligence activities», en National Security Archive, electronic briefing book 260, 14 de noviembre de 2008, etc. Sobre los casos Ames y Hansen, David E. Hoffman, The Dead Hand, Nueva York, Doubleday, 2009, pp. 189-203; Sibley, Red spies in America, pp. 231-238. Evgeni Primakov, Russian crossroads, New Haven, Yale University Press, 2004, pp. 106-108, piensa que Ames no estaba movido fundamentalmente por «intereses materiales», mientras que los espías soviéticos al servicio de los norteamericanos eran tipos miserables e interesados.

Sobre la nueva etapa de «revelaciones» desencadenada por los cuadernos de Alexander Vassiliev, que pueden consultarse on line —en versión original, transcritos y traducidos— en la web de Cold War International History Project, John Earl Haynes, Harvey Klehr y Alexander Vassiliev, Spies. The Rise and Fall of the KGB in America, New Haven, Yale University Press, 2009, un mamotreto ilegible que repite lo mismo que los dos primeros autores habían publicado diez años antes en Venona, con el añadido de nuevas acusaciones basadas en los cuadernos de Vassiliev, a lo que hay que agregar los materiales complementarios publicados en un número especial sobre «Soviet Espionage in the United States during the Stalin Era» del Journal of Cold War Studies (noviembre de 2009, n.º 3), que se abre con un artículo de Haynes y Klehr sobre los cuadernos de Vassiliev. Acerca de las manipulaciones del libro en relación con un periodista tan respetado como I.F.Stone, véase D.D. Guttenplan, autor de una reciente biografía de Stone, «Red harvest: the KGB in America», en The Nation, 25 de mayo de 2009 y el intercambio entre los dos autores y Guttenplan en New York Review of Books, 17 de diciembre de 2009, pp. 100-101, donde este denuncia la fe ciega depositada en los cuadernos de Vassiliev. Una crítica demoledora de este y del anterior libro de Haynes y Klehr puede verse en Amy Knight, «Leonard?», en Times Literary Supplement, 26 de junio de 2009, pp. 8-9, que ha suscitado la furiosa réplica de ambos en Times Literary Supplement, 31 de julio de 2009, p. 6. Las críticas y los llamamientos al sentido común no servirán de nada, puesto que este género de literatura parece tener buena acogida entre un público norteamericano que sigue aceptando toda la mitología de la guerra fría, de modo que cabe esperar nuevas y sensacionales revelaciones.

El caso Alger Hiss

La identificación de Hiss con Ales ha sido largamente discutida, alegando que los rusos empleaban para designar a los agentes seudónimos sin ninguna semejanza fonética con sus nombres reales, y no parecía lógico que denominasen Ales a alguien que se llamaba Alger. Es difícil, por otra parte, explicar que un alto funcionario soviético felicitase en Moscú a alguien cuya aportación esencial en Yalta había sido oponerse a que se diesen a la Unión Soviética tres votos en la asamblea de las Naciones Unidas. Hay además un caso en que Hiss es citado por su nombre, en una referencia que no tiene nada que ver con su identificación con un agente —lo cual parece mostrar que no figuraba en las listas codificadas de la KGB— y la última «revelación» le atribuye ahora el nombre de «Leonard».

No menos sensacionales resultaron las «revelaciones» de una historiadora húngara, Maria Schmidt, usando las transcripciones de los interrogatorios a que la policía húngara había sometido a Noel Field, donde este confesaba que había entrado en contacto con Hiss y que este le confirmó que era agente soviético. Ethan Klingsberg examinó poco después esta misma documentación en los archivos de Budapest y llegó a la conclusión de que el conjunto de la evidencia relativa a Hiss contradecía esta suposición y que la «revelación» se basaba en un pasaje aislado de unas declaraciones en que Field trataba de defenderse, sometido a tortura, de la acusación de ser un espía norteamericano citando todos los nombres y las evidencias que pudieran satisfacer a los policías y utilizando a Hiss como coartada (en un interrogatorio semejante un poeta húngaro citó a William Shakespeare como uno de sus contactos en Occidente). Pese a lo cual la supuesta evidencia húngara sigue presentándose como definitiva.

Otra vez se remueve el caso en el último libro, ya citado, de Haynes y Klehr, a cuya autoría se suma ahora Vassiliev, quien termina su lastimera introducción con la convicción de que el libro va a suscitar nuevas discusiones en torno a Hiss, que «Alger es una religión» y que no desea verse implicado en los debates, porque «no me importa un cuerno Alger Hiss. Nunca me importó». Para Haynes y Klehr, en cambio, lo que está claro es que Hiss es un negocio. El toque «final» de la ortodoxia lo da Eduard Mark en un artículo de minuciosa erudición, casi teológica, publicado en el ya citado número especial del Journal of Cold War Studies del verano de 2009, pp. 26-67: «In Re Alger Hiss: A final verdict from the archives of the KGB». Pero, en contra de esta opinión, una extensa y detallada reseña de los abusos y errores de Spies por Jeff Kisseloff, en colaboración con Svetlana Chervonnaya, «“Spies”: fact or fiction?», que puede leerse en la web «The Alger Hiss story» (<http://homepages.nyu>), concluye que «la búsqueda de la verdad continúa». Una nueva muestra de inconsecuencia en S.M. Plokhy, Yalta. The price of Peace, Nueva York, Viking, 2010, que afirma inicialmente que «nueva evidencia de los archivos soviéticos apoya que Hiss era un espía soviético» (p. xxiv), cuando no nos muestra esta nueva evidencia por ninguna parte, sino que sigue apoyándose en la equívoca de Venona para dar por segura la identificación de Hiss (pp. 353-358), después de haber mostrado que su actuación en Yalta fue desfavorable a la URSS, como cuando aconsejó que no se aceptase a ninguna república soviética como miembro de la ONU (pp. 192-193) o intervino en la redacción de la Declaración sobre la Europa liberada (pp. 264-267), lo que no justificaría precisamente una condecoración.

La bibliografía utilizada en este caso ha sido, además de la ya citada: Sam Tanenhaus, An Un-American Life. The case of Whittaker Chambers, Londres, Old Street Publishing, 2007; William Howard Moore, Two Foolish Men: the True Story of the Friendship between Alger Hiss and Whittaker Chambers, Portland, Moorop Press, 1987; James M. Boughton, «Harry Dexter White and the International Monetary Fund», en Finance and Development, 35 (1998), n.º 3; Fried, Nightmare in Red, pp. 17-23; Olmsted, Red Spy Queen, pp. 130-133; Dean Rusk, As I saw it, Nueva York, Norton, 1990, p. 136. Dean Acheson se refiere al caso Hiss en sus memorias, Present at the Creation. My Years in the State Department, Nueva York, Signet, 1970, pp. 333-335 y 460-471. Beisner, Dean Acheson, pp. 281-298; David Rockefeller, Memorias, Barcelona, Planeta, 2004, p. 194; Hofstadter, The Paranoid Style, p. 61, nota; Antonia Juhasz, The Bush Agenda, Nueva York, ReganBooks, 2006, pp. 53-62; Schrecker, The Age of McCarthyism, pp. 134-151; Georg Dallas, Poisoned Peace. 1945. The War that Never Ended, Londres, John Murray, 2005, pp. 264-265; James Bamford, Body of Secrets. Anatomy of the Ultra-secret National Security Agency from the Cold War to the Dawn of a New Century, Nueva York, Doubleday, 2001, pp. 20-21; Andrews, For the President’s Eyes Only, pp. 180-181; Craig, Treasonable Doubt, p. 276. Los elementos que inculpan a Hiss en Venona en Haynes y Klehr, Venona, pp. 167-173; un testimonio en su favor, John Lowenthal, «Venona and Alger Hiss», en Times Literary Supplement, 2 de julio de 1999, p. 17 («Letters to the editor»). Sobre Hiss en Yalta, donde apenas tuvo contacto con Roosevelt, Conrad Black, Roosevelt. Champion of Freedom, Nueva York, Public Affairs, 2003, p. 1080; también Stephen C. Schlesinger, Act of Creation. The Founding of the United Nations, Boulder, Westview Press, 2003, pp. 103-107. Ethan Klingsberg, «Case closed on Alger Hiss?», en The Nation, 8 de noviembre de 1993; G. Edward White, Alger Hiss’s Looking-glass Wars. The Covert Life of a Soviet Spy, Nueva York, Oxford University Press, 2004. Véase, en contraste, la imagen que de Hiss da su hijo en Tony Hiss, The View from Alger’s Window. A Son’s Memoir, Nueva York, Knopf, 1999. Una revisión de sesenta años de debate en Susan Jacoby, Alger Hiss and the Battle for History, New Haven, Yale University Press, 2009.

El apogeo de la caza de brujas: el macartismo

Sobre McCarthy y el macartismo: Haynes Johnson, The Age of Anxiety. McCartyism to Terrorism, Orlando, Harcourt Books, 2005; Schrekker, Many are the crimes, pp. pp. 186-187 y 399 y The Age of McCarthyism, passim; Fried, Nightmare in red, pp. 100-104, 126-127, 145-153, 172-173, 179-180 y 199-200; Morgan, Reds, passim; Barrett, The CIA and Congress, pp. 177-196; Roberta Strauss Feuerlicht, Joe McCarthy y el mccarthysmo, Barcelona, Grijalbo, 1976; Roger Martin, «Connexion américaine: McCarthy au service des nazis», en Alain Bihr et al., Négationnistes: les chifonniers de l’histoire, París, Golias et Syllepse, 1997, pp. 83-93. Sobre Roy Cohn, Johnson, Age of Anxiety, pp. 253-259 y Eric Hobsbawm, «Epitafio para un granuja: Roy Cohn», en Gente poco corriente, Barcelona, Crítica, 1999, pp. 203-205. Chris Hedges, «The origin of America’s intellectual vacuum», en Truthout, 16 de noviembre de 2010 (recoge las opiniones de Chandler Davis, un matemático condenado por negarse a prestar declaración ante el HUAC); Kenneth Osgood, Total Cold War. Eisenhower’s Secret Propaganda Battle at Home and Abroad, Lawrence, University Press of Kansas, 2006, pp. 295-296. Arnold A. Offner, Another such Victory, Stanford, Stanford University Press, 2002, pp. 202-205; Sibley, Red Spies in America, pp. 205-209; Jeffreys-Jones, The FBI. A History, pp. 159-168; Dwight D. Eisenhower, Mis años en la Casa Blanca. Primer mandato, 1953-1956, Barcelona, Bruguera, 1964, pp. 327-340; Tony Shaw, British Cinema and the Cold War. The State, Propaganda and Consensus, Londres, I.B.Tauris, 2001, p. 39; Marshal Berman, «The lonely crowd: New York after the war», en A. Green, New York, the City, and the World, pp. 536-541 (cita de p. 539); Michael J. Hogan A Cross of Iron. Harry S. Truman and the Origins of the National Security State, 1945-1954, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 380-383. El libro de Bird y Sherwin, American Prometheus. The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, es la obra fundamental sobre la vida y la injusta persecución del gran científico, culpable, según Sibley, Red Spies, pp. 136-154, de delitos como haber participado en una reunión para recoger fondos para ayudar a las víctimas de la guerra civil española; complementariamente, Gregg Herken, Brotherhood of the Bomb. The Tangled Lives and Loyalties of Robert Oppenheimer, Ernest Lawrence, and Edward Teller, Nueva York, Henry Holt, 2002 y Priscilla J. McMillan, The Ruin of J. Robert Oppenheimer and the Birth of the Modern Arms Race, Nueva York, Penguin, 2006; Thomas Powers, «An American tragedy», en New York Review of Books, 22 de septiembre de 2005. La obsesión de los actuales cazadores de espías puede seguirse en el e-dossier n.º 11, «Was Oppenheimer a Soviet spy? A roundtable discussion with Jerrold and Leone Schechter, Gregg Herken and Hayden Peake» en la web de Cold War International History Project. Los «cuadernos» de Vassiliev se supone que han demostrado finalmente su inocencia (Gregg Herken, «Target Enormoz: Soviet nuclear espionage on the West Coast of the United States, 1942-1950», en Journal of Cold War Studies, 11 (2009), n.º 3, pp. 68-90). Sobre Lattimore, Morgan, Reds, pp. 396-405; Bruce Cumings, The Korean War, A History, Nueva York, Modern Library, 2010, pp. 87-91; Robert N. Bellah, «McCarthysm at Harvard», en New York Review of Books, 10 de febrero de 2005, pp. 42-43, explica que se le imponía un contrato que le dejaba sin trabajo si se negaba a «dar nombres» al FBI.

Sobre la influencia en las ciencias sociales y la historia, Peter Novick, That Noble Dream. The «Objectivity Question» and the American Historical Profession, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 325-330; Gerda Lerner, Why History Matters, Nueva York, Oxford University Press, 1997, pp. 202-203; Irene Gendzier, «Pay it again Sam: the practice and apology of development», en Christopher Simpson, ed., Universities and Empire. The Cold War and the Production of Knowledge, Nueva York, The New Press, 1998, pp., 57-95; sobre Kantorowicz, Alain Boureau, Histoires d’un historien, Kantorowicz, París, Gallimard, 1990. Sobre la depuración de las bibliotecas, Nicholas J. Cull, The Cold War and the United States Information Agency. American Propaganda and Public Diplomacy, 1945-1989, Nueva York, Cambridge University Press, 2008, pp. 92-94. Nelson Lichtenstein, «From corporation to collective bargaining: organized labor and the eclipse of social democracy in the postwar era», en Steve Fraser y Gary Gerstle, eds., The Rise and Fall of the New Deal Order, 1930-1980, Princeton, Princeton University Press, 1989, pp. 122-152. Sobre los cambios en el clima de la enseñanza en Yale, André Schiffrin, Una educación política. Entre París y Nueva York, Barcelona, Península, 2008, pp. 121-126. Louis F. Budenz, Esta es mi historia, Barcelona, Janés, 1947, p. 224; Truman, Memorias, II, 1, pp. 39-41.

La persecución del enemigo interior en el bando soviético

Sobre la situación en Rusia y la crisis política de los últimos años de Stalin se han usado fundamentalmente Elena Zubkova, Russia after the War. Hopes, Illusions and Disappointments, 1945-1957, Armonk, M.E. Sharpe, 1998, pp. 117-129 («The struggle with dissent») y Yoram Gorlizki y Oleg Khlevniuk, Cold Peace. Stalin and the Soviet Ruling Circle, 1945-1953, Nueva York, Oxford University Press, 2004. Además, Simon Sebag Montefiore, La corte del zar rojo, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 622-625, 672 y ss.; Solomon Volkov, Saint-Pétersbourg. Trois siècles de culture, París, Anatolia-Éditions du Rocher, 2003, pp. 547-578; Orlando Figes, The Whisperers. Private Life in Stalin’s Russia, Londres, Penguin, 2008, pp. 487-492, sobre la «Zhdanovschina»; Medvedev, El Stalin desconocido, pp. 201-238, («Stalin y la ciencia»); Dominique Lecourt, Lysenko. Historia real de una «ciencia proletaria», Barcelona, Laia, 1978; Vladimir J. Birstein, The Perversion of Knowledge. The True Story of Soviet Science, Boulder, Westview Press, 2001, pp. 160-163; Richard Sakwa, The Rise and Fall of the Soviet Union, 1917-1991, Londres, Routledge, 1999, pp. 297-302; Roberts, Stalin’s wars, pp. 333-344. Los aspectos más políticos del «zhdanovismo» son analizados en Moshe Lewin, El siglo soviético, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 167 y ss. Norman N. Naimark, The Russians in Germany. A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945-1949, Cambridge, Mass., Belknap Press, 1997, pp. 318-320; Geoffrey Hosking, «The Second world war and Russian national consciousness», en Past and Present, 175 (mayo de 2002), pp. 162-187. Katerina Clark y Evgeny Dobrenko, eds., Soviet Culture and Power. A History in Documents, 1917-1953, New Haven, Yale University Press, 2007, pp. 393-472.

Eley, Un mundo que ganar, pp. 304-310; Fejtö, Histoire des démocraties populaires, I, pp. 205-234 y 250-268; Mijail Gorbachov y Zdenek Mlynár, Conversations with Gorbachev on Perestroika, the Prague Spring, and the Crossroads of Socialism, Nueva York, Columbia University Press, 2002, pp. 14 y 19; Giuliano Procacci, ed., The Cominform. Minutes of the Three Conferences 1947/1948/1949, Milán, Feltrinelli, 1994, passim. Stalin pidió además a las democracias populares que se rearmasen, Wettig, Stalin and the Cold War in Europe, pp. 204-206. La cita de George C. Herring de From Colony to Superpower. U.S. Foreign Relations since 1776, Nueva York, Oxford University Press, 2008, p. 622; Selverstone, Constructing the Monolith, pp. 73-82, 96-115, passim; Zubok y Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War, pp. 110-137; Vladimir V. Kusin, The Intellectual Origins of the Prague Spring, Cambridge, Cambridge University Press, 2002 (ed. original de 1971), pp. 1-16; Andrzej Paczkowski, «The Polish contribution to the victory of the “Prague Coup” in february 1948», en Bulletin. Cold War International History Project, 11 (invierno de 1998), pp. 141-148; Sharon L. Wolchik, en Held, Columbia History of Eastern Europe, pp. 130-131 y 214; Kennan, Memoirs, p. 378. La cita sobre la Alemania del este, de Kossok, «La cuestión alemana». La formulación por parte del propio Stalin del proyecto de paso al socialismo por una vía no revolucionaria aparece, como ya se ha dicho, en Banac, ed., The Diary of George Dimitrov, pp. 450-451. (véase también pp. 347-368); Leonid Gibianskii, «The Soviet bloc and the initial stage of the Cold war: Archival documents on Stalin’s meetings with communists leaders of Yugoslavia and Bulgaria, 1946-1948», y «Soviet and Yugoslav transcriptions of the Tito-Stalin conversation of 27-28 May 1946», ambos en Bulletin. Cold War International History Project: Leadership Transitions in a Fractured Bloc, n.º 10 (marzo de 1998); Jeronim Perovic’, «The Tito-Stalin split: a reassessment in light of new evidence», en Journal of Cold War Studies, 9 (2007), n.º 2, pp. 32-63; Coleman Mehta, «The CIA confronts the Tito-Stalin split, 1948-1951», en Journal of Cold War Studies, 13 (2011), n.º 1, pp. 101-145; Roberts, Stalin’s Wars, pp. 348-350; Leonid Gibianskii, «The beginnings of the Soviet-Yugoslav conflict and the Cominform», en Procacci, The Cominform, pp. 465-481 y «The Soviet-Yugoslav split and the Cominform», en Naimark y Gibianskii, The Establishment of Communist Regimes, pp. 291-312; Stevan K. Pavlowitch, Tito, Yugoslavia’s Great Dictator. A Reassessment, Columbus, Ohio State University Press, 1992, pp. 50-61; Milovan Djilas, Tito. The Story from Inside, Londres, Phoenix Press, 2000, pp. 4-36; Mark Kramer, «Stalin, Soviet policy, and the consolidation of a communist bloc in Eastern Europe, 1944-53», en Tismaneanu, Stalinism Revisited, pp. 51-101; «Stalin’s plan to assassinate Tito», en Bulletin. Cold War International History Project, n.º 10, p. 137; Andrew, For the President’s Eyes Only, p. 174; Stehle, «Polish communism», pp. 98-99; Artur London, Se levantaron antes del alba. Memorias de un combatiente de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil, Barcelona, Península, 2006, pp. 27-31. Sobre Slansky, Igor Lukes, Rudolf Slansky: his Trials and Trial, Cold War International History Project, working paper, n.º 50; Vladimir Tismaneanu, «Diabolical pedagogy an the (il)logic of stalinism in Eastern Europe», en Tismaneanu, Stalinism Revisited, pp. 25-49. Jeffrey Herf, Divided Memory. The Nazi Past in the Two Germanys, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1997, pp. 125-157; Catherine Epstein, The Last Revolutionaries. German Communists and their Century, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2003, pp. 140-141. Las palabras de Harvey Cox que cito proceden de una carta publicada en New York Review of Books, 19 de julio de 2007, p. 78. Roger Cohen, «The Cold war as ancient history», en New York Times, 4 de febrero de 2008. Donald Rayfield, Stalin and his Hangmen, Londres, Penguin, 2005, pp. 414-422; Medvedev, El Stalin desconocido, pp. 133-197; Beria, Beria, my father, pp. 208-211. Los textos de Frank y de Edward Thompson proceden de E.P. Thompson, Beyond the Frontier, pp. 102-103. Las palabras de Kossok de la misma conferencia citada anteriormente.

Sobre el «misterio» de Noel Field: James Srodes, Allen Dulles, Master of Spies, Washington, Regnery Publishing, 1999, pp. 412-417; Lukes, Rudolf Slansky: his Trials and Trial, pp. 22-28 cuenta la historia con riqueza de informaciones, pero con una confusión que la convierte en un embrollo incomprensible; Hynes y Klehr, Venona, p. 75. Epstein, The Last Revolutionaries, pp. 138-139; Klingsberg, «Case closed on Alger Hiss?»; Arthur M. Schlesinger, jr., A Life in the Twentieth Century. Innocent Beginnings, 1917-1950, Nueva York, Houghton Mifflin, 2000, pp. 499-503; Aldrich, The Hidden Hand, pp. 174-179. Una prueba de la falta de rigor de este tipo de publicística la tenemos en la forma en que Haynes y Klehr cuentan el viaje de Field a Praga en Spies, p. 9: «en 1949 viajó por la Europa del este en busca de empleo, para evitar volver a los Estados Unidos y verse arrastrado a los procesos de Hiss. Desgraciadamente para él, Stalin estaba purgando los regímenes comunistas…». Semejante montaje, que omite, entre otras cosas, mencionar el papel de Allen Dulles, viene avalado por los editores con elogios acerca de una erudición irreprochable.

La guerra fría cultural

David Caute, The Dancer Defects. The Struggle for Cultural Supremacy During the Cold War, Oxford, Oxford University Press, 2003; Volker R. Berghahn, America and the Intellectual Cold Wars in Europe, Princeton, Princeton U.P., 2001; Peter Grose, Operation Rollback. America’s Secret War behind the Iron Curtain, Boston, Houghton Mifflin, 2000, pp. 121-143; Christopher Lasch, «The cultural cold war: A short history of the Congress for Cultural Freedom», en Barton J. Bernstein, ed., Towards a New Past: Dissenting Essays in American History, Nueva York, Vintage Books, 1969, pp. 322-359 (cita de p. 356); «Origins of the Congress of Cultural Freedom, 1949-1959», en CIA. Studies in Intelligence, 38 (1995), n.º 5; Daniela Muraca, «L’archivio del Congresso per la libertà della cultura a Chicago», en Passato e Presente, Florencia, 75 (XXVI-2008), pp. 101-115; Giles Scott-Smith y Hans Krabbendam, eds., The Cultural Cold War in Western Europe, 1945-1960, Londres, Frank Cass, 2003; Hugh Wilford, The CIA, the British Left and the Cold War. Calling the Tune?, Londres, Frank Cass, 2003, pp. 193-224 (criticando el libro de Saunders que se cita más adelante, Wilford sostiene que se ha exagerado la dependencia directa del movimiento anticomunista británico de la CIA y de su financiación); Richard G. Powers, Not Without Honor. The History of American Communism, Nueva York, Free Press, 1995, pp. 209-212; Richard Helms, A Look over my Shoulder, Nueva York, Random House, 2003, pp. 343-374. Pierre Grémion, ed., «Preuves». Une revue européenne, París, Julliard, 1989 (está claro, sin embargo, que el dinero que la sostenía generosamente no era «européen»); M.J. Borja-Villel, ed., Bajo la bomba. El jazz de la guerra de imágenes transatlántica, 1948-1956, Barcelona, MACBA, 2007. Sobre Truman y Picasso, Arthur M. Schlesinger, jr., Journals, 1952-2000, Nueva York, Penguin, 2007, pp. 55-56. Sobre los intelectuales reaccionarios de la guerra fría, y muy en especial sobre Isaiah Berlin, Zeev Sternhell, Les anti-Lumières. Du XVIIIe siècle a la guerre froide, París, Fayard, 2006, pp. 494-553.

Frances S. Saunders: Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War, Londres, Granta Books, 1999; Fried, Nightmare in Red, pp. 31-33; Serge Guilbaut, De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno, Madrid, Mondadori, 1990 (sobre las opiniones de Truman acerca de la pintura, Cull, Cold War and the United States Information Agency, p. 33). Dan Hind, The Threat to Reason, Londres, Verso, 2007, pp. 113-130. Sobre el IRD británico Paul Lashmar y James Oliver, Britain’s Secret Propaganda War, Stroud (Gloucestershire), Sutton, 1998; Richard J. Aldrich, The Hidden Hand. Britain, America and Cold War Secret Intelligence, Londres, John Murray, 2001, pp. 122-142; Tony Shaw, «The Information Research Department of the British Foreign Office and the Korean War, 1950-1953», en Journal of Contemporary History, 34 (1999) pp. 263-281. Sobre Orwell, Scott Lucas, «Policing dissent: “Orwell” and cold war culture», en Douglas Field, ed., American Cold War Culture, Edimburgo, Edinburgh University Press, 2005, pp. 128-145; Perry Anderson, en una carta publicada en London Review of Books, 20 de enero de 2000, pp. 4-5. Una visión más favorable en Wilford, The CIA, the British Left and the Cold War, pp. 58-63. Información adicional en Timothy Garton Ash, «Orwell’s list», en New York Review of Books, 25 de septiembre de 2003, pp. 6-11, quien, pese a sus esfuerzos, no consigue ocultar el carácter del asunto. Orwell había sido, sin embargo, vigilado por la policía británica, «Watching Orwell», editorial del New York Times de 6 de septiembre de 2007.

Sobre el cine: Eric Bentley, ed., Thirty Years of Treason. Excerpts from Hearings Before the House Committee on Un-American Activities, 1938-1968, Nueva Yok, Viking Press, 1971, pp. 482-496; Caute, The Dancer Defects, pp. 117-246 (que se ocupa también de la evolución del cine soviético); Schrekker, Many Are the Crimes, pp. 266-270; Fried, Nightmare in Red, pp. 73-78. Patrick McGilligan y Paul Buhle, Tender Comrades. A Backstory of the Hollywood Blacklist, Nueva York, St.Martin’s Press, 1997, p. 380; Shlomo Sand, El siglo XX en la pantalla, Barcelona, Crítica, 2005, pp, 366-377. Tomo datos sobre Kazan de Martin Gottfried, Arthur Miller: A Life, Londres, Faber, 2003 y, sobre todo, de Caute. Paul Buhle y Dave Wagner, Radical Hollywood. The Untold Story behind America’s Favorite Movies, Nueva York, The New Press, 2002, p. XII. También la BBC británica estableció «listas negras», Tony Shaw, British Cinema and the Cold War, Londres, Tauris, 2001, p. 39. La intervención del Departamento de Defensa censurando los guiones de películas y series de televisión ha seguido hasta la actualidad, como lo revela David L. Robb, Operación Hollywood. La censura del Pentágono, Barcelona, Océano, 2006. Sobre la muerte de Wayne, DeGroot, The Bomb, p. 237.

CAPÍTULO 3: ASIA: LA DESTRUCCIÓN DE LOS IMPERIOS

La ocupación de Japón

Sobre la pugna entre soviéticos y norteamericanos en relación con la ocupación de Japón, Tsuyoshu Hasegawa, Racing the Enemy. Stalin, Truman and the Surrender of Japan, Cambridge, Mss., Belknap Press, 2005, pp. 252-289; Takemae Eiji, The Allied Occupation of Japan, Nueva York, Continuum, 2003, pp. 235-292 (las reformas políticas); 310-324 (la reorganización de los sindicatos); 339-346 (la reforma agraria); 458-462 (el viraje y la «restauración de Kennan»); 473-476, 485-489 (el rearme), etc.; Walter LaFeber, The Clash. U.S.-Japanese Relations Throughout History, Nueva York, Norton, 1998, pp. 257-270; Herbert P. Bix, Hirohito and the Making of Modern Japan, Londres, Duckworth, 2001, pp. 623-625 y 635; John W. Dowe, Embracing Defeat. Japan in the Wake of World War II, Nueva York, Norton, 1999; Milton W. Meyer, Japan. A Concise History, Lanham, Rowland & Littlefield, 2009/4; Robert Harvey, The Undefeated. The Rise, Fall and Rise of Greater Japan, Londres, Macmillan, 1994, pp. 336-338. La visión del «archipiélago de imperio», en Bruce Cummings, Dominion from Sea to Sea. Pacific Ascendancy and American Power, New Haven, Yale University Press, 2009, pp. 388-421. Sobre las negociaciones con Japón, Robert L. Beisner, Dean Acheson. A Life in the Cold War, Nueva York, Oxford University Press, 2006, pp. 469-483; el relato del propio Dean Acheson en Present at the Creation. My Years in the State Department, Nueva York, Signet, 1970, pp. 553-565. Paul G. Pierpaoli, Truman and Korea. The Political Culture of the Early Cold War, Columbia, University of Missouri Press, 1962, pp. 16-48, 225, 293 y ss. y 313-319; John Chace, Acheson. The Secretary of State who Created the American World, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1998, pp. 274-279 y 317-321; Michael J. Hogan, A Cross of Iron. Harry S. Truman and the Origins of the National Security State, 1945-1954, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 69-118 y 317-319. Chalmers Jonson, Blowback. The Costs and Consequences of American Empire, Londres, Time Warner, 2003, pp. 35-66 («Okinawa: Asia’s last colony»).

Guerra civil y revolución en China

Odd Arne Westad, Decisive Encounters. The Chinese Civil War, 1946-1950, Stanford, Stanford University Press, 2003; U.S. Department of State, United States Relations with China, Washington, Department of State Publications, 1949 (citas de pp. 173 y 247-248); Jay Taylor, The Generalissimo. Chiang Kai-shek and the Struggle for Modern China, Cambridge, Mass., Belknap Press, 2009; Philip Short, Mao, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 413-441; Immanuel C.Y. Hsü, The Rise of Modern China, Nueva York, Oxford University Press, 1995/5, pp. 619-670; Chen Jian, La China de Mao y la Guerra Fría, Barcelona, Paidós, 2005, pp. 39-68; Odd Arme Westad, «Struggles for modernity: the golden years of the Sino-soviet alliance», en Tsuyoshi Hasegawa, ed. The Cold War in East Asia 1945-1991, Stanford, Stanford University Press, 2011, pp. 35-62. El reconocimiento de su error por parte de Stalin en Georgi Dimitrov, The Diary of Georgi Dimitrov, 1933-1949, New Haven, Yale University Press, 2003, p. 443. La opinión de Truman en Robert H. Ferrell, Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman, Columbia, University of Missouri Press, 1997, p. 271. Roland Lew, 1949, Mao prend le pouvoir, Bruselas, Complexe, 1999, pp. 66-67; Ronald H. Spector, In the Ruins of Empire. The Japanese Surrender and the Battle for Postwar Asia, Nueva York, Random House, 2007, passim; David Halberstam, The Coldest Winter, Nueva York, Hyperion, 2007, pp. 223-250 (traducción castellana, La guerra olvidada, Barcelona, Crítica, 2009); Marc J. Selverstone, Constructing the Monolith. The United States, Great Britain and International Communism, 1945-1950, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2009, pp. 82-86; Sergei Radchenko, «Sino-Soviet relations and the emergence of the Chinese communist regime, 1946-1950», en Journal of Cold War Studies, 9 (2007), n.º 4, pp. 115-124. Vladislav M. Zubok, Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la Guerra Fría, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 181-184. Sobre las negociaciones del nuevo tratado entre Stalin y Mao: Westad, Decisive Encounters, pp. 310-315; Chen Jian, La China de Mao, pp. 88-94 y «The Sino-Soviet Alliance and China’s entry into the Korean War», en Cold War International History Project, working paper, n.º 1 (1992). Una transcripción de las conversaciones entre Mao y Stalin en diciembre de 1949 y enero de 1950, y entre Stalin y Zhou Enlai en 1952, en Cold War International History Project. Bulletin, n.ºs 6-7 (1995-1996), «Stalin conversations with Chinese leaders», pp. 3-21. Nuevos datos sobre la larga preparación del encuentro entre Mao y Stalin en Sergei Radchenko y David Wolff, «To the summit via proxy-summits: New evidence from Soviet and Chinese archives on Mao’s long march to Moscow, 1949», en Cold War International History Project. Bulletin, n.º 16 (2007-2008), pp. 105-182. Robert Dallek, The Lost Peace. Leadership in a Time of Horror and Hope, 1945-1953, Nueva York, Harper Collins, 2010, cap. V. Sobre la lucha contra la droga, Alfred McCoy, The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade, Chicago, Lawrence Hill, 2003, p. 14.

La destrucción de los imperios

Algunas ideas fundamentales proceden de William Roger Louis y Ronald Robinson, «The imperialism of decolonization», en William Roger Louis, Ends of British Imperialism. The Scramble for Empire, Suez and Decolonization, Londres, I.B. Tauris, 2006, pp. 451-502. Christopher Bayly y Tim Harper, Forgotten Armies. The Fall of British Asia, 1941-1945, Londres, Allen Lane, 2004, y Forgotten Wars. The End of Britain’s Asian Empire, Londres, Allen Lane, 2007; Spector, In the Ruins of Empire; sobre la caída de Singapur, Piers Brendon, The Decline and Fall of the British Empire, Londres, Jonathan Cape, 2007, pp. 417-423; Robert Smith Thompson, Empires on the Pacific. World War II and the Struggle for the Mastery of Asia, Nueva York, Perseus Press, 2001. John Keay, Last Post. The End of Empire in the Far East, Londres, John Murray, 1997; Oliver Lindsay, The Battle for Hong Kong 1941-1945. Hostage to Fortune, Londres, Spellmount, 2007; Frank Heinlein, British Government Policy and Decolonisation, 1945-1963. Scrutinising the Official Mind, Londres, Frank Cass, 2002, pp. 11-86. Sobre las actitudes anticoloniales en los Estados Unidos, G. L. Weinberg, Visions of Victory, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 191-193; Robert David Johnson, Congress and the Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, p. 4. P.J. Cain y A.G. Hopkins, British Imperialism: Crisis and Deconstruction, 1914-1990, Londres, Longman, 1993, p. 196 (cita sobre la India) y pp. 275-281 (cita literal de p. 277); una cita de Brian Lapping, The End of Empire, tomada de Paul Lashmar y James Oliver, Britain’s Secret Propaganda War, 1948-1977, Stroud, Sutton, 1998, p. 85. David D. Newsom, The Imperial Mantle. The United States, Decolonization, and the Third World, Bloomington, Indiana University Press, 2001, pp. 47, 123-133, passim. S. R. Ashton y William Roger Louis, East of Suez and the Commonwealth, 1964-1971 (British Documents on the End of Empire), Londres, TSO, 2004, I, East of Suez, pp. xxxiv y xlii. Arthur Conte, Bandung, tournant de l’histoire, París, Robert Laffont, 1965 (el comunicado final de la conferencia en pp. 309-316); Odd Arne Westad, The Global Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 110-157; Matthew Yeomans, Oil. Anatomy of an Industry, Nueva York, The New Press, 2004, pp. 21-24.

El abandono de la India

Yasmin Khan, The Great Partition. The Making of India and Pakistan, New Haven, Yale University Press, 2008; Ramachandra Guha, India After Gandhi. The History of the World’s Largest Democracy, Nueva York, Harper Collins, 2007 (sobre el tema de los principados, pp. 51-73; sobre Cachemira, pp. 74-96, etc.); Barbara D. Metcalf y Thomas R. Metcalf, A Concise History of India, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 200-259; Sashi Tharoor, Nehru. La invención de la India, Barcelona, Tusquets, 2009; Bayly y Harper, Forgotten Wars, pp. 223-239, 252-273, 301-323 y 372-406; Karl E. Meyer, The Dust of Empire. The Race for Mastery in the Asian Heartland, Nueva York, Public Affairs, 2003, pp. 94-96; Ronald Hyam, Britain’s Declining Empire. The Road to Decolonization, 1918-1968, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 94-122. Sobre el hambre de Bengala, Madhusree Mukerjee, Churchill’s Secret War. The British Empire and the Ravaging of India during World War II, Nueva York, Basic Books, 2010; Cormac Ó Gráda, «The ripple that drowns? Twentieth-century famines in China and India as economic history», en Economic History Review, 61, (agosto de 2008), pp. 5-37; Bernard Porter en London Review of Books, 2 de agosto de 2007, p. 8, eleva los muertos a tres millones. Philip Ziegler, Mountbatten, Londres, Phoenix Press, 2001, pp. 363-456; François Kersaudy, Lord Mountbatten, París, Payot, 2006, pp. 219-263; Indivar Kamtekar, «A different war dance: State and class in India, 1939-1945», en Past and Present, 176 (2002), pp. 187-221. Los pakistaníes, frustrados por la partición, consideran que el virrey Mountbatten les perjudicó gravemente en ella, lo cual parece cierto, y lo atribuyen a una relación adúltera entre la virreina, Edwina Mountbatten, y Nehru —que la relación afectiva existió resulta claro, pero no cuál fue «su carácter físico». Algún pakistaní va más allá y sugiere que entre el virrey, la virreina y Nehru hubo un triángulo bisexual, lo que no cuadra con lo que sabemos de Mountbatten (Akbar S. Ahmed, Jinnah, Pakistan and Islamic Identity. The Search for Saladin, Londres, Routledge, 1997, pp. 143 y ss.). Sobre las últimas palabras de Gandhi al morir, Vinay Lal, «“Hey Ram”: The politics of Gandhi’s last words», en Humanscape, 8 (2001), n.º 1, pp. 34-38. Denis Judd, Empire. The British Imperial Experience from 1765 to the Present, Londres, Phoenix, 2001, pp. 323-345; Robert W. Stern, Changing India. Bourgeois Revolution on the Subcontinent, Cambridge, Cambridge University Press, 1993; Tariq Ali, Pakistán en el punto de mira de Estados Unidos. El duelo, Madrid, Alianza Editorial, 2008, pp. 49-72 (una cita de p. 253); Ian Talbot, Pakistan. A Modern History, Londres, Hurst and Company, 2005/2. Sabrina Tavernise, R. A. Oppel Jr. y E. Schmitt, «Allied militants threaten Pakistan’s populous heart», en New York Times, 14 de abril de 2009. Sobre Sri Lanka y el problema Tamil, A. Sivanandan, «An island tragedy. Buddhist ethnic cleansing in Sri Lanka», en New Left Review, 60 (noviembre/diciembre de 2009), pp. 79-98. Sobre la lucha de Birmania por la independencia, Brendon, Decline and Fall of the British Empire, pp. 423-427 (sobre el proceso de independencia de Ceilán, pp. 438-448), Thant Myint-U, The River of Lost Footsteps. Histories of Burma, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2006, y Mary Callahan, «Myanmar’s perpetual junta», en New Left Review, 60 (noviembre/diciembre de 2009), pp. 27-63.

Las reconquistas frustradas: Indonesia

Spector, In the Ruins of Empire, pp. 167-214; Bayly y Harper, Forgotten Wars, pp. 138-189; Ziegler, Mountbatten, pp. 330-338; Kersaudy, Lord Mountbatten, pp. 214-215 y, sobre todo, Keay, Last Post, pp. 205-212 y 247-269; Newsom, The Imperial Mantle, pp. 55-59; R.E. Elson, Suharto. A Political Biography, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 13-44; M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1300, Stanford, Stanford University Press, 1993/2.

La guerra de Corea

Bruce Cumings, The Korean War. A History, Nueva York, The Modern Library, 2010; North Korea. Another Country, Nueva York, The New Press, 2004, y Korea’s Place in the Sun. A Modern History, Nueva York, W.W.Norton, 1997 (tomo datos también de la carta de Cumings a la New York Review of Books, 22 de noviembre de 2007, pp. 67-68); David Halberstam, La guerra olvidada. Historia de la guerra de Corea, Barcelona, Crítica, 2009; Sergei N. Goncharov, John W. Lewis y Xue Litai, Uncertain Partners, Stalin, Mao and the Korean War, Stanford, Stanford University Press, 1993 (pp. 110-129, 130-154, 187 y ss.); más el panorama de los nuevos hallazgos documentales que se encontrará en las contribuciones de Ilya V. Gaiduk, Chen Jian y Steven Hugh Lee en Hasegawa, ed., The Cold War in East Asia. Campbell Craig y Fredrik Logevall, America’s Cold War. The Politics of Insecurity, Cambridge, Mass., Belknap Press, 2009, pp. 114-122. Sobre las matanzas «preventivas» de izquierdistas en Corea del Sur, Choe Sang-Hun, «South Korea admits civilian killings during war», en New York Times, 27 de noviembre de 2009. Pierpaoli, Truman and Korea, passim; Beisner, Dean Acheson, pp. 180-185, 273-280, 326-329 (sobre el discurso del «perímetro»), 338-347, 393-416 y 426-447; sobre la política asiática de Acheson, Jonathan Haslam, Russia’s Cold War. From the October Revolution to the Fall of the Wall, New Haven, Yale University Press, 2011, p. 125 y Gary D. Rawnsley, «Taiwan’s propaganda cold war: The offshore island crises of 1954 and 1958», en Richard J. Aldrich, G. D. Rawnsley y M-Y. T. Rawnsley, eds., The Clandestine Cold War in Asia, 1945-1965, Londres, Frank Cass, 2000, pp. 82-101; Don Oberdorfer, The Two Koreas. A Contemporary History, ed., rev. Nueva York, Basic Books, 2001, pp. 16-23; William Stueck, Rethinking the Korean War. A New Diplomatic and Strategic History, Princeton, Princeton University Press, 2002, pp. 54, 68-69, 88-93, 111-113, 124-125 y 326-329; Chalmers Johnson, Blowback, pp. 98-103; Spector, In the Ruins of Empire, pp. 138-166. Alan J. Levine, Stalin’s Last War. Korea and the Approach to World War III, Jefferson, North Carolina, McFarland and Co., 2005, es un panfleto escrito en el más puro estilo de la guerra fría (pp. 193-196 y 204-211). Utilizo también las memorias de Dean Rusk, As I Saw it, Nueva York, Norton, 1990, pp. 154-177 y hago citas de Thompson, Empires on the Pacific, pp. 385-388. La entrevista con MacArthur en Wake la describo a partir de los recuerdos de Truman en Robert H. Ferrell, Off the Record, pp. 200 y 210. Chae Jin-Lee, A Troubled Peace. U.S. Policy and the Two Koreas, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2006, pp. 26 y 31-34. Chace, Acheson, pp. 221-227 y 312-313. Sobre Kim Il Sung, Oberdorfer, The Two Koreas, pp. 16-23. Short, Mao, pp. 426-435; Shen Zhiua: «Sino-Soviet relations and the origins of the Korean war: Stalin’s strategic goals in the Far East», Journal of Cold War Studies, 2 (2000), n.os 2, pp. 44-68; Kathryn Weathersby, «New findings on the Korean war», en Cold War International History Project. Bulletin, n.os 6-7 (1995), «The Cold War in Asia». Una visión revisionista que arroja serias dudas acerca del comienzo de la guerra es la de John Quigley, The Ruses for War, Amherst, Prometheus Books, 2007, pp. 31-78. Christopher Andrew, For the President Eyes Only. Secret Intelligence and the American Presidency from Washington to Bush, Londres, Harper Collins, 1995, p. 184. Matthew M. Aid, «US humint and comint in the Korean war: from the approach of war to the Chinese intervention», en Aldrich et al., The Clandestine Cold War in Asia, pp. 17-63; Peter Hennessy, The Secret State. Whitehall and the Cold War, Londres, Allen Lane, 2002, p. 28. Es delirante la afirmación de Jung Chang y Jon Halliday, Mao. La historia desconocida, Madrid, Taurus, 2006, p. 445, de que Stalin quería aprovechar la guerra de Corea para «apoderarse de varios países europeos, entre ellos Alemania, España e Italia». Incluso geográficamente, ya que hubiese sido necesario conquistar Francia para llegar a España. El origen procede de la misma fuente que recoge Levine, Stalin’s Last War, pp. 170 y ss. Arthur M. Schlesinger, jr., La Presidencia Imperial, Barcelona, Dopesa, 1974, pp. 134-141; Marilyn B. Young, «An incident at No Gun Ri», en Omer Bartov et al., eds., Crimes of War. Fault and Denial in the Twentieth Century, Nueva York, The New Press, 2002, pp. 242-258; John Lewis Gaddis, We Now Know. Rethinking Cold War History, Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 71-82 (una visión crítica de este libro en Neal Ascherson, «Khruschev’s secret», en London Review of Books, 10 de octubre de 1997, pp. 26-28). Jian, La China de Mao y la Guerra fría, pp. 94-106 y 141-191; Percy Cradock, Know your Enemy. How the Joint Intelligence Committee Saw the World, Londres, John Murray, 2002, pp. 97-103; J. Bamford: Body of Secrets. Anatomy of the Ultra-secret National Security Agency from the Cold War to the Dawn of a New Century, Nueva York, Doubleday, 2001, pp. 28-29; Arnold A. Offner, Another Such Victory. President Truman and the Cold War, 1945-1953, Stanford, Stanford University Press, 2002, pp. 384-391 y 402-404. Una larga discusión acerca de las responsabilidades por la derrota en Corea en Eliot A. Cohen y John Gooch, Military Misfortunes. The Anatomy of Failures in War, Nueva York, Free Press, 2006, pp. 165-195. Rupert Smith, The Utility of Force. The Art of War in the Modern World, Londres, Penguin, 2006, pp. 197-202 (el malestar causado por el apoyo de la ONU a la actuación norteamericana explica que hasta el fin de la guerra fría las nuevas intervenciones de las Naciones Unidas se hicieran sin contar con la aportación de hombres de las grandes potencias). Xiaoming Zhang, «China and the air war in Korea, 1950-1953», en Journal of Military History, 62 (1998), pp. 335-370. Lo de la amenaza de Eisenhower se lo contó Nixon a Haldeman (Jeffrey Kimball, The Vietnam War Files, Lawrence, University Press of Kansas, 2004, p. 55); también en Barrett Tillman, LeMay, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2007, p. 115. Cumings (North Korea, pp. 23-26) sostiene que tanto Truman como los dirigentes militares norteamericanos siguieron pensando seriamente en usar armas atómicas en Corea. Dowe, Embracing Defeat, pp. 648-652. Short, Mao, pp. 438-439 y 477 para referirse a la soledad del dirigente chino, acentuada por la enfermedad, primero, y por el distanciamiento, después, de su esposa Jiang Qing. Para Chang y Halliday, Mao, pp. 466-467, un Mao celoso «sexualmente» de su hijo se habría mostrado indiferente ante su muerte. Sobre la cuestión del Tíbet véase el número monográfico de Journal of Cold War Studies, 8 (2006), n.º 3, «Great-power rivalries, Tibetan guerrilla resistance, and the cold war in South Asia»; Rafael Poch, La actualidad de China, Barcelona, Crítica, 2009, pp. 535-579; Tim Weiner, Legacy of Ashes. The History of the CIA, Londres, Allen Lane, 2007, pp. 300-302. Una opinión contraria a los argumentos sobre la opresión del Tíbet, Slavoj Žižek, «No Shangri-la», en London Review of Books, 24 de abril de 2008, p. 4 (carta).

Las reconquistas frustradas: Indochina

Kathryn C. Statler, Replacing France. The Origins of American Intervention in Vietnam, Lexington, University Press of Kentucky, 2009; John Prados, Vietnam. The History of an Unwinnable War, 1945-1975, Lawrence, University Press of Kansas, 2009, pp. 1-67; Ilya V. Gaiduk, «The second front of the Soviet cold war: Asia in the system of Moscow’s foreign policy priorities, 1945-1956», en Hasegawa, The Cold War in East Asia, pp. 63-80; Christian G. Appy, La guerra de Vietnam. Una historia oral, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 61-89; Bernd Greiner, War without Fronts. The USA in Vietnam, Londres, The Bodley Head, 2009, pp. 28-54; Robert D. Schulzinger, A Time for War. The United States and Vietnam, 1941-1975, Nueva York, Oxford University Press, 1997, pp. 3-51 y 58-77; Robert Mann, A Grand Delusion. America’s Descent into Vietnam, Nueva York, Basic Books, 2001, pp. 177-221; Gabriel Kolko, Anatomy of a War. Vietnam, the United States and the Modern Historical Experience, Londres, Phoenix Press, 2001, pp. 80-96; David Kaiser, American Tragedy. Kennedy, Johnson, and the Origins of the Vietnam War, Cambridge, Mass., Belknap Press, 2000, pp. 10-35. Una documentada, y muy sesgada, revisión, en Mark Moyar, Triumph Forsaken. The Vietnam War, 1954-1965, Nueva York, Cambridge University Press, 2006, obra de un profesor de la U.S. Marine Corps University, pp. 35-54 y 64-79; en p. 79 y ss. da una visión delirante de la formación de una oposición a Diem en el Sur y de las razones por las que esta obtuvo el apoyo de los campesinos. David L. Anderson, The Columbia Guide to the Vietnam War, Nueva York, Columbia University Press, 2002 (y, del mismo autor, una breve síntesis, The Vietnam War, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2005); Bayly y Harper, Forgotten Wars, pp. 140-158; Spector, In the Ruins of Empire, pp. 93-137 y 256-263; la caracterización de Diem en Robert McNamara, In Retrospect. The Tragedy and Lessons of Vietnam, Nueva York, Vintage Books, 1996, pp. 41-42; Keay, Last post, pp. 215-221 y 270-296; Tom Bissell, «Was uncle [Ho] a stalinist?», en The Old Town Review, diciembre de 2004 (puede consultarse en <www.fluxfactory.org/otr/bissellhcm.htm>); Martin Windrow, The Last Valley. Dien Bien Phu and the French Defeat in Vietnam¸ Londres, Weidenfeld and Nicolson, pp. 78-90; Nguyen Vu Tung, «Coping with the United States: Hanoi’s search for an effective strategy», en Peter Lowe, ed., The Vietnam War, Londres, Macmillan, 1998, pp. 30-61; G.M. Watson y R. O’Neill, «The end of French rule in Indochina», en el volumen colectivo, prologado por el general Westmoreland, Ray Bonds, ed., The Vietnam War, Nueva York, Crown Publishers, 1979, pp. 46-55; Richard Helms, A Look Over my Shoulder, Nueva York, Random House, 2003, cita de p. 309. The Pentagon Papers, Nueva York, Bantam Books, 1971, pp. 26-27. Robert A. Divine, Eisenhower and the Cold War, Nueva York, Oxford University Press, 1981, pp. 39-51. Chen Jian, La China de Mao, pp. 211-221; Ewan Bergot, La batalla de Diên Biên Phu, Sant Andreu de Llavaneres, Malabar, 2007. Georges Bidault, el ministro de Asuntos Exteriores francés que acabó propugnando el terrorismo para impedir la independencia de Argelia, pidió en 1954 a los norteamericanos que le proporcionasen bombas atómicas para acabar con los rebeldes vietnamitas (André Nouschi, Les armes retournées. Colonisation et décolonisation Françaises, París, Belin, 2005, p. 89). Para lo que se refiere a la participación china en la primera guerra, Qiang Zhai, China and the Vietnam Wars, 1950-1975, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2000, completada con el capítulo que al tema dedica Chen Jian en La China de Mao, pp. 193-230 (sobre la conferencia de Ginebra, pp. 222-230). Acerca de los acuerdos de Ginebra, además, Statler, Replacing France, pp. 85-114, que sitúa la cuestión en relación con los problemas entre Francia y los Estados Unidos con motivo de la European Defence Community, de que se habla en el capítulo siguiente; Chen Jian y Shen Zhihua, «The Geneva conference of 1954. New evidence from the archives of the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China» (pp. 7-9), Zhang Sulin, «The declassification of Chinese Foreign Ministry archival documents» (pp. 10-84) y Paul Wingrowe, «Russian documents on the 1954 Geneva Conference» (pp. 85-103), en Cold War International History Project. Bulletin, n.º 16 (2008). Pierre Asselin, «Choosing peace: Hanoi and the Geneva Agreement on Vietnam, 1954-1955», en Journal of Cold War Studies, 9 (2007), n.º 2, pp. 95-126. Sobre el intento de asesinar a Zhou Enlai, Joseph J. Trento, La historia secreta de la CIA, Barcelona, Círculo de Lectores, 2004, pp. 277-278. Los documentos esenciales en The Pentagon Papers, pp. 42-53. Kenneth Osgood, Total Cold War. Eisenhower’s Secret Propaganda Battle at Home and Abroad, Lawrence, University Press of Kansas, 2006, pp. 119-120; Bernard C. Nalty, «Rival ideologies in a divided nation», en Bonds, The Vietnam War, pp. 56-63. Nancy Bernkopf Tucker, «John Foster Dulles and the Taiwan roots of the “two Chinas” policy», en Richard H. Immerman, John Foster Dulles and the Diplomacy of the Cold War, Princeton, Princeton University Press, 1990, pp. 235-262.

La colonia salvada: Malasia

Benjamin Grob-Fitzgibbon, Imperial Endgame. Britain’s Dirty Wars and the End of Empire, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2011, pp. 100-172; Bayly y Harper, Forgotten Wars, pp. 28-59, 98-136, 273-283, 326-371 y 407-515; Spector, In the Ruins of Empire, pp. 73-92; Brendon, Decline and Fall of the British Empire , pp. 448-459; Matthew Carr, The Infernal Machine. A History of Terrorism, Nueva York, The New Press, 2006, pp. 78-83; Phillip Deery, «Malaya, 1948: Britain’s Asia cold war?», en Journal of Cold War Studies, 9 (2007), n.º 1, pp. 29-54; sobre la «guerra clandestina» de los británicos en Malaya hay una serie de trabajos en el volumen colectivo de Aldrich et al., eds., The Clandestine Cold War in Asia, pp. 211-283. Sobre la formación de la nueva Malaya por obra de los británicos, T.N. Harper, The End of Empire and the Making of Malaya, Cambridge, Cambridge University Press, 1999; sobre la campaña de «emergencia», además del artículo de Deery citado, Robert J. Aldrich, The Hidden Hand, Londres, John Murray, 2001, «Victory in Malaya», pp. 494-518; Cradock, Know Your Enemy, pp. 210-223; Christopher Andrew, The Defence of the Realm. The Authorized History of MI5, Londres, Allen Lane, 2009, pp. 447-451; sobre la participación de la etnia china en las revueltas y su marginación posterior, Indira Ramanathan, China and the Ethnic Chinese in Malaysia and Indonesia, 1942-1992, Londres, Sangam Books, 1994; sobre las campañas de propaganda, Lashmar y Oliver, Britain’s Secret Propaganda War, pp. 1-10 y 84-87 (cita de p. 8) y Susan L. Carruthers, Winning Hearts and Minds. British Governments, the Media and Colonial Counter-insurgency, 1944-1960, Londres, Leicester University Press, 1995. La opinion de Neal Ascherson en «Wedgism», en London Review of Books, 23 de julio de 2009, pp. 13-15. Sobre Singapur, C.M.Turnbull, A History of Singapore, 1819-1988, Nueva York, Oxford University Press, 1989/2 (cita de p. 288); John Kampfner, Freedom for Sale, Londres, Pocket Books, 2010, pp. 15-39 («Singapore: Comfortable model»). Smith, Utility of Force, pp. 206-209.

La cuestión de Palestina y el ascenso del nacionalismo árabe

Ilan Pappé, La limpieza étnica de Palestina, Barcelona, Crítica, 2008. Del mismo autor, The Forgotten Palestinians. A History of the Palestinians in Israel, New Haven, Yale University Press, 2011, pp. 15-45; A History of Modern Palestine, Cambridge, Cambridge University Press, 2006/2, pp. 122-128 y La guerre de 1948 en Palestine. Aux origines du conflit israélo-arabe, París, La Fabrique, 2000, pp. 34-73 (sobre la conferencia de Lausanne, pp. 270-315). Grob-Fitzgibbon, Imperial Endgame, pp. 5-74, passim; Rashid Khalidi, Sowing Crisis: The Cold War and American Hegemony in the Middle East, Boston, Beacon Press, 2009 y L’identité palestinienne. La construction d’une conscience nationale moderne, París, La Fabrique, 2003 (ed. original de 1997); Patrick Tyler, A World of Trouble. The White House and the Middle East —from the Cold War to the War on Terror, Nueva York, Farrar, Strauss and Giroux, 2009; Mehran Kamraya, The Modern Middle East, Berkeley, University of California Press, 2205, pp. 67-106; Fred Halliday, The Middle East in International Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 97-129. Un libro fundamental es el de Eugene Rogan, Los árabes. Del Imperio otomano a la actualidad, Barcelona, Crítica, 2010, del que he hecho un amplio uso (sobre Qutb y su contribución al ideario del islamismo, por ejemplo, pp. 622-630). Una versión sionista de los acontecimientos de 1948 en Efraim Karsh (quien afirma que los palestinos nunca han vivido mejor que dominados por los judíos, algo que la obra del israelí Ilan Pappé desmiente rotundamente), Palestine Betrayed, New Haven, Yale University Press, 2010. Mark Tessler, A History of the Israeli-Palestinian Conflict, Bloomington, Indiana University Press, 2009/2, pp. 269-335. He prescindido, en cambio, de las obras de Benny Morris (The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1987 y 2004 y 1948: A History of the First Arab-Israeli War, 2008), que sostiene que los israelíes tuvieron que expulsar a los palestinos para no perecer a sus manos, víctimas de un nuevo holocausto, y de las de Martin van Creveld, taradas por las distorsiones y los silencios de su relato, destinados a dar un carácter poco menos que milagroso a la victoria judía. William Roger Louis, «The end of the Palestine mandate», en Louis, Ends of British Imperialism, pp. 419-447; Brendon, The Decline and Fall of the British Empire, pp. 460-480; la frase de sir John Troutbeck en Avi Shlaim, «Israel and Gaza: rhetoric and reality», en OpenDemocracy, 7 de enero de 2009. Avi Shlaim, Israel and Palestine, Londres, Verso, 1999, pp. 3-24. Según Ronald y Allis Radosh, en A Safe Haven: Harry S. Truman and the Founding of Israel, Nueva York, Harper Collins, 2009, Truman era un creyente en la verdad literal de la Biblia y un «sionista cristiano»; sobre la importancia real del voto judío en los Estados Unidos, William Safire, Before the Fall, New Brunswick, Transaction, 2005/2, pp. 564-566. Karl E. Meyer y Shareen Blair Brysac, Kingmakers. The Invention of the Modern Middle East, Nueva York, Norton, 2008, pp. 260-292; T.G. Fraser, The Makers of the Modern Middle East, Londres, Haus Books, 2011, pp. 295-322: D. K. Fieldhouse, Western Imperialism in the Middle East, 1914-1958, Nueva York, Oxford University Press, 2006, pp. 151-219; Hyam, Britain’s Declining Empire, pp. 123-130; Mehran Kamrava, The modern Middle East. A Political History since the First World War, Berkeley, University of California Press, 2005, pp. 42-43 y 72-80; Henry Laurens, Paix et guerre au Moyen Orient, París, Armand Colin, 2005/2, pp. 63-81; Noam Chomsky, Fateful Triangle. The United States, Israel, and the Palestinians, Cambridge, Mass., South End Press, 1999/2, pp. 91-92; Mazin B. Qumsiyeh, Sharing the Land of Canaan. Human Rights and the Israeli-Palestinian Struggle, Londres, Pluto Press, 2004. Elad Ben-Dror, «The Arab struggle against partition: the international arena of summer 1947», en Middle Eastern Studies, 43 (2007), pp. 259-293 y, del propio autor, «How the United Nations intended to implement the Partition plan: The Handbook drawn up by the Secretariat for the members of the United Nations Palestine Commission», en Middle Eastern Studies, 43 (2007), pp. 997-1008. Gordon Corera, «The British in Jenin», en History Today, 52, julio de 2002, pp. 2-3. Sobre el terrorismo israelí, Andrew, The Defence of the Realm, pp. 352-366; Mike Davis, Buda’s Wagon. A brief History of the Car Bomb, Londres, Verso, 2007, pp. 18-27; James Barker, «The bombing of the King David Hotel», en History Today, 56, julio de 2006, pp. 50-56; Carr, The Infernal Machine, pp. 69-70. Datos adicionales de Walter Laqueur, «Four pfennige per track km», en London Review of Books, 4 de noviembre de 2004, pp. 7-12 y de una carta de Pablo Mukherjee en London Review of Books, 18 de agosto de 2005, p. 4. Ahron Bregman, Israel’s Wars. A History since 1947, Londres, Routledge, 2002/2, pp. 21-33; Avi Kober, «Great-power involvement and Israeli battlefield success in the Arab-israeli wars, 1948-1982», en Journal of Cold War Studies, 8 (2006), n.º 1, pp. 20-48; Zahar Segev, «Struggle for cooperation and integration: American Zionists and Arab oil», en Middle Eastern Studies 42 (2006), n.º 5, pp. 819-830; Charles Glass, «It was necessary to uproot them», en London Review of Books, 24 de junio de 2004, pp. 21-23. Sobre Egipto y el nacionalismo árabe Yevgeny Primakov, Russia and the Arabs. Behind the Scenes in the Middle East from 1950 to the Present, Nueva York, Basic Books, 2009; Stephen Zunes, La poudrière. La politique américaine au Moyen Orient et les racines du terrorisme, París, L’Aventurine-Parangon, 2002, pp.58-62 y 140-143; Robin Wright, Dreams and Shadows. The Future of the Middle East, Nueva York, Penguin, 2008, pp. 65-136. Anne Alexander, Nasser, Londres, Haus Publishing, 2005, pp. 43-69; General Naguib, El destino de Egipto, Barcelona, Corinto, 1955; Mehran Kamrava, «Preserving non-democracies: Leaders and state institutions in the Middle East», en Middle Eastern Studies, 46 (2010), n.º 2, pp. 251-270. Sobre la Hermandad Musulmana, Sayyid Qutb, Milestones, Nueva Delhi, Islamic Book Service, 2007 (una interpretación de las ideas de Qutb en Mary Habeck, Knowing the Enemy. Jihadist Ideology and the War on Terror, New Haven, Yale University Press, 2006); Xavier Ternisien, Los Hermanos Musulmanes, Barcelona, Bellaterra, 2007. Sobre los desastrosos efectos a largo plazo de la construcción de la presa de Asuán, J. Donald Hughes, An Environmental History of the World, Londres, Routledge, 2001, pp. 162-168.

CAPÍTULO 4: UNA COEXISTENCIA ARMADA (1953-1960)

La muerte de Stalin

Geoffrey Roberts, Stalin’s Wars. From World War to Cold War, 1939-1953, New Haven, Yale University Press, 2006, pp. 324-328 y 344-346. El texto de Jrushchov se ha transcrito de su intervención en Polonia: «Khrushchev second secret speech», en Cold War International History Project. Bulletin, n.º 10 (marzo de 1998) «Leadership transition in a fractured bloc», pp. 44-49; los mismos hechos, con detalles como que Stalin no había visitado un pueblo desde que en 1928 viajó a Siberia, se encuentran en el «discurso secreto» pronunciado en el XX Congreso. Según Vladislav M. Zubok, Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la Guerra Fría, Barcelona, Crítica, 2008, p. 98 los impuestos sobre los campesinos habrían aumentado en un 30 por ciento entre 1946 y 1948 y hasta un 150 por ciento en 1950 (sobre la persecución de los judíos y el asunto de Leningrado, pp. 98-107). La mejor visión de conjunto de la actuación de Stalin en estos años es la que nos ofrecen Yoram Gorlizki y Oleg Khlevniuk, Cold Peace. Stalin and the Soviet Ruling Circle, 1945-1953, Nueva York, Oxford University Press, 2004, passim (pp. 79-88 y 92-95, sobre el caso de Leningrado; pp. 153-163, sobre la «conjura de los médicos judíos»; pp. 124-133, sobre el gulag; pp. 133-142 sobre la situación del campo y los problemas de abastecimiento). Además, Donald Rayfield, Stalin and his Hangmen, Londres, Penguin, 2005, pp. 423-442; Elena Zubkova, Rusia after the War, Armonk, Sharpe, 1998, pp. 139-148; Simon Sebag Montefiore, La corte del zar rojo, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 639-646 y 688-705. Sobre el clima de terror generado en su propio entorno en los últimos días de su vida, Sergo Beria, Beria, my father. Inside Stalin’s Kremlin, Londres, Duckworth, 2001, pp. 232-246; Jonathan Breny y Vladimir P. Naumov, Stalin’s Last Crime. The Plot against the Jewish Doctors, 1948-1953, Nueva York, Harper Collins, 2003, pp. 312-329; Alexander N. Yakovlev, A Century of Violence in Soviet Russia, New Haven, Yale University Press, 2002, pp. 201-210; David Holloway, Stalin and the Bomb. The Soviet Union and Atomic Energy, 1939-1956, New Haven, Yale University Press, 1994, pp. 333-345; Stuart Kahan, El lobo del Kremlin, Barcelona, Datanet [1988?], es una extraña biografía de Kaganovich escrita por su sobrino, un periodista norteamericano, que usa fuentes orales, incluido el propio Kaganovich, pp. 306-330 (con divergencias que pueden proceder del origen oral de su información). Aunque Gorlizki y Klevniuk afirmen repetidamente que los altos dirigentes hostigados por Stalin no corrían peligro de perder sus vidas —contra lo que sostienen Vladislav Zubok y Constantine Pleshakov en Inside the Kremlin’s Cold War. From Stalin to Khruschev, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1996, p. 145 o Robert Service, Historia de Rusia en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 2000, p. 306— no está claro que estos pensasen lo mismo. Sobre la progresiva marginación de Molotov y el caso Zhemchuzhina, Cold peace, pp. 19-24 y 75-79; Felix Chuev, Molotov Remembers. Inside Kremlin Politics, Chicago, Ivan R. Dee, 1993: lo referente a la ropa con que se enterró a Stalin, p. 210; la pretensión de Beria de haber matado a Stalin, p. 237; además, pp. 315-328. La mejor narración de lo sucedido alrededor de la muerte de Stalin es la de Roy y Zhores A. Medvedev, El Stalin desconocido, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 15-48, que confrontan las diversas versiones de los testigos oculares; Gorlizki y Khlevniuk, Cold Peace, pp. 49 y 162-163; datos adicionales en Nikita Jrushchov, Kruschef recuerda, Madrid, Prensa Española, 1970, pp. 321-330, aunque se ha demostrado que su relato contiene inexactitudes interesadas; William Taubman, Khruschev. The Man and his Era, Nueva York, Norton, 2002, pp. 211-215 y 235-248. Sobre la sucesión, Jonathan Haslam, Russia’s Cold War. From the October Revolution to the Fall of the Wall, New Haven, Yale University Press, 2011, pp. 136-141.

Los herederos del imperio

El tema de la liberación de los presos ha sido objeto de un excelente estudio por parte de Miriam Dobson en Khrushchev Cold Summer. Gulag Returnees, Crime, and the Fate of Reform after Stalin, Ithaca, Cornell University Press, 2009 (para estos párrafos tomo datos de pp. 2-7, 37-43, 51-53, 109 y 154). Además Stephen Cohen, The Victims Return: Survivors of the Gulag after Stalin, Exeter, NH, Publishing Works, 2010, passim; Anne Applebaum, Gulag. A History of the Soviet Camps, Londres, Penguin, 2004, pp. 428-434 y el capítulo que Stephen F. Cohen le dedica en Soviet Fates and Lost Alternatives. From Stalinism to the New Cold War, Nueva York, Columbia University Press, 2009, pp. 29-60; Aleksei Tikhonov, «The end of the gulag», en Paul R. Gregory y Valery Lazarev, eds., The Economics of Forced Labor. The Soviet Gulag, Stanford, Hoover Institution Press, 2003, pp. 67-73. Zubok, Imperio fallido, pp. 144-174 (sobre la superbomba soviética, pp. 200-207); Mark Kramer, «The early post-Stalin succession struggle and upheavals in East-Central Europe. Internal-External linkages in Soviet policy making», en Journal of Cold War Studies, I (1999), 1, pp. 3-55. Beria, Beria, my Father, pp. 128 y 251-267, sobre la «primera desestalinización» que habría protagonizado su padre y pp. 267-271 sobre el arresto y ejecución de este; Jrushchov, Kruschev recuerda, pp. 334-346; Taubman, Khruschev, pp. 247-254, 263-264, 270-273, 309-323 y 366-368; Wilfried Loth, Stalin’s Unwanted Child. The Soviet Union, the German Question and the Founding of the GDR, Londres, Macmillan, 1998, pp. 151-156; Christian V. Ostermann, «“This is not a politburo but a madhouse”. The Post-Stalin succession struggle, Soviet Deutschlandpolitik and the SED: New evidence from Russian, German and Hungarian archives», en Cold War International History Project, Bulletin, n.º 10, marzo de 1998, pp. 61-110; James Richter, «Reexamining Soviet policy towards Germany during the Beria interregnum», en Cold War International History Project, working paper, n.º 3, 1992; David E. Murphy, Sergei A. Kondrashev y George Bailey, Battleground Berlin. CIA vs. KGB in the Cold War, New Haven, Yale University Press, 1997, pp. 151-156; Zubok y Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War, pp. 154-169 (Beria, que había sido uno de los principales responsables de las requisas y desmantelamientos en la Alemania de postguerra, no tenía el menor interés en el futuro «socialista» de la DDR, ni en el de sus dirigentes, p. 147). Chuev, Molotov Remembers, pp. 333-346 (donde da su versión de las discusiones con Beria). Laure Castin-Chaparro, Puissance de l’URSS, misères de l’Allemagne. Staline et la question allemande, 1941-1955, París, Publications de la Sorbonne, 2002, pp. 362-368; Markus Wolf, L’home sense cara, Barcelona, Quaderns Crema, 1999, pp. 121-134. Kahan, El lobo del Kremlin, pp. 341-364 (sobre las responsabilidades de Kaganovich como colaborador en los peores aspectos de la represión estalinista, Jeffrey J. Rossman, Worker Resistance under Stalin. Class and Revolution on the Shop Floor, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2005, pp. 235-236, passim); Montefiore, La corte del zar rojo, pp. 538-542.

Sobre el ascenso de Jrushchov se ha utilizado ampliamente el libro de Jean-Jacques Marie, Khrouchtchev. La réforme impossible, París, Payot, 2010. Sobre los ataques a Malenkov y su destitución, William Taubman, «[Uncorrected] transcript of a meeting of the Party group of the USSR Supreme Soviet on 8 February 1955», en Cold War International History Project, e-dossier 18, «Khrushchev at his Most Khrushchevian». Sobre el «discurso secreto», Richard Sakwa, The Rise and Fall of the Soviet Union, 1917-1991, Londres, Routledge, 1999, pp. 316-322; Isaac Deutscher, Ironías de la historia, Barcelona, Península, 1969, pp. 9-25 y Zubok, Un imperio fallido, pp. 208-213. Alexander Fursenko y Timothy Naftali, Khrushchev’s Cold War. The Inside Story of an American Adversary, Nueva York, Norton, 2006, pp. 15-32 y 144-157. La frase de Bohlen en Ernest R. May y Philip D. Selikow, eds., The Kennedy Tapes, Nueva York, Norton, 2002, p. 23. Rayfield, Stalin and his Hangmen, pp. 442-453; Luciano Canfora, 1956. L’anno spartiacque, Palermo, Sellerio, 2008, pp. 29-36.

La presidencia de Eisenhower

Dwight D. Eisenhower, Mis años en la Casa Blanca. Primer mandato, 1953-1956, Barcelona, Bruguera, 1964. Todo lo referente a la evaluación de los riesgos de un ataque soviético y al Proyecto Solarium se toma de United States Department of State, Foreign Relations of the United States, 1952-1954. National Security Affairs, Vol. II, part 1, la evaluación de la capacidad neta de la Unión Soviética para infligir daños a los Estados Unidos, en pp. 328-349; la convocatoria del proyecto, pp. 349-355 y 360-367; la presentación de los resultados, en julio de 1953, en pp. 388-434 y las discusiones posteriores en pp. 435-455; la intervención de Eisenhower, el 16 de julio, en p.397. Para la interpretación de la política de defensa sigo a Andrew J. Bacevich en Washington Rules. America’s Path to Permanent War, Nueva York, Metropolitan Books, 2010, pp. 32-58 (excelentes caracterizaciones de Allen Dulles, en pp. 36-43, y de Curtis Le May, en pp, 43-56). James Srodes, Allen Dulles, master of spies, Washington, Regnery, 1999; Robert A. Divine, Eisenhower and the Cold War, Nueva York, Oxford University Press, 1981, pp. 12-13, 51-54 y 61-70; Robert Bowie y Richard H. Immerman, Waging Peace. How Eisenhower Shaped an Enduring Cold War Strategy, Nueva York, Oxford University Press, 1998 (sobre Solarium, pp. 123-138; sobre NSC-162/2, pp. 169-175, passim). Sobre Foster Dulles, Richard H. Immerman, John Foster Dulles and the Diplomacy of the Cold War, Princeton, Princeton University Press, 1990 y Bowie e Immerman, Waging Peace, pp. 55-69; T. Michael Ruddy, The Cautious Diplomat. Charles E. Bohlen and the Soviet Union, 1929-1969, Kent, Kent State University Press, 1986, pp. 109-115; William Stueck, Rethinking the Korean War. A New Diplomatic and Strategic History, Princeton, Princeton University Press, 2002, pp. 143-181. El texto del documento NSC 162/2 puede consultarse en la red. Michael S. Sherry, The Shadow of War. The United States since the 1930s, New Haven, Yale University Press, 1995, pp. 188-236; Richard Rhodes, Asrsenals of Folly. The Making of the Nuclear Arms Race, Nueva York, Knopf, 2007, passim. George C. Herring, From Colony to Superpower. U.S. Foreign Relations since 1776, Nueva York, Oxford University Press, 2008, pp. 651-701; James Marchio, «The Planning Coordination Group: bureaucratic casualty in the Cold War campaign to exploit Soviet-bloc vulnerabilities», en Journal of Cold War studies, 4 (2002), n.º 4, pp. 3-28. Sobre la fracasada Comunidad Europea de Defensa, Kevin Ruane, The Rise and Fall of the European Defence Community. Anglo-American Relations and the Crisis of European Defence, 1950-55, Basingstoke, Macmillan, 2000; Rolf Steininger, «John Foster Dulles, the European Defence Community, and the German question», en Immerman, John Foster Dulles and the Diplomacy of the Cold War, pp. 79-108; Jean Lacouture, Pierre Mendès France, París, Seuil, 2003, pp, 401-431; René Rémond, Le siècle dernier, 1918-2002, París, Fayard, 2003, pp. 470-478; Eric Roussel, Charles de Gaulle, París, Gallimard, 2002, pp. 562-564. Arnold A. Offner, Another Such Victory, Stanford, Stanford University Press, 2002, pp. 417-420 y p. 567 (nota 99); Mark Trachtenberg, A Constructed Peace, Princeton, Princeton University Press, 1999, pp. 125-156. Vojtech Mastny nos ofrece en «The new history of cold war alliances», en Journal of Cold War Studies, 4 (2002), n.º 2, pp. 55-84, una excelente revisión bibliográfica de los estudios sobre la OTAN y el pacto de Varsovia. Rhodri Jeffrey-Jones, Cloak and Dollar. A History of American Secret Intelligence, New Haven, Yale University Press, 2002, p. 167. Sobre los acuerdos con España, Ángel Viñas, Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos, Barcelona, Grijalbo, 1981; sobre el espionaje y el túnel de Berlín, David Stafford, Spies Beneath Berlin, Londres, John Murray, 2002; y Richard Helms, A Look Over my Shoulder, Nueva York, Random House, 2003, pp. 133-140. Gerard DeGroot, The Bomb: a Life, Londres, Jonathan Cape, 2004, pp. 184-192. Stephen E. Ambrose, Nixon, I: The Education of a Politician, 1913-1962, Nueva York, Simon and Schuster, 1987, pp. 271-300; Michael J. Hogan A Cross of Iron. Harry S. Truman and the Origins of the National Security State, 1945-1954, Cambridge, Cambridge University Press, 1998 pp. 394-414; Anthony Eden, Memorias, Barcelona, Noguer, 1960, III, pp. 191 y ss. Gregory Mitrovich, Undermining the Kremlin, Ithaca, Cornell University Press, 2000, pp. 122-132.

Las negociaciones de paz y de desarme

Sobre la voluntad negociadora de Churchill y la conferencia de las Bermudas, Klaus Larres, Churchill’s Cold War. The Politics of Personal Diplomacy, New Haven, Yale University Press, 2002, pp. 189-222 y 308-317; Geoffrey Best, «Winston Churchill, the H-bomb and nuclear disarmament», en History Today, 55 (2005), n.º 10, pp. 37-43; David Carlton, Churchill and the Soviet Union, Manchester, Manchester University Press, 2000, pp. 162-199; Peter G. Boyle, ed., The Churchill Eisenhower Correspondence, 1953-1955, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1990. Una aportación importante es la de Geoffrey Roberts, «A chance for peace? The Soviet campaign to end the cold war, 1953-1955», en Cold War International History Project, working paper, n.º 57 (diciembre de 2008). Nicholas Daniloff, Of Spies and Spokemen. My Life as a Cold War Correspondent, Columbia, University of Missouri Press, 2008, pp. 149-152. Service, Historia de Rusia, pp. 315-333. Sobre la propaganda, Kenneth Osgood, Total Cold War. Eisenhower’s Secret Propaganda Battle at Home and Abroad, Lawrence, University Press of Kansas, 2006 (fundamental para cuanto se refiere a las campañas de propaganda públicas y encubiertas: sobre «Átomos para la paz», pp. 153-180; sobre «Open skies», pp. 190-195, etc.; una cita literal de p. 366); además, Nicholas J. Cull, The Cold War and the United States Information Agency. American Propaganda and Public Diplomacy, 1945-1989, Nueva York, Cambridge University Press, 2008, pp. 81-133. Campbell Craig y Frederik Logevall, America’s Cold War. The Politics of Insecurity, Cambridge, Mass., Belknap Press, 2009, pp. 139-178. Sobre las explosiones nucleares y la lluvia radioactiva, Stephanie Cooke, In Mortal Hands. A Cautionary History of the Nuclear Age, Nueva York, Bloomsbury, 2009, pp. 167-171. Sobre la conferencia de Ginebra de 1955 tenemos visiones contrastadas de Eisenhower (Mis años en la Casa Blanca, pp. 507-535), de Jrushchov (Kruschef recuerda, pp. 397-405), y de Dobrynin, que acudió a ella como ayudante de Molotov (Anatoly Fedorovich Dobrynin, In Confidence. Moscow’s Ambassador to Six Cold War Presidents, Seattle, University of Washington Press, 2001, pp. 36-42). Fursenko y Naftali, Khrushchev Cold War, pp. 33-58 (las opiniones de Dulles sobre la vulnerabilidad soviética en aquellos momentos, en p. 177); Eden, Memorias, III, pp. 373-393; Larres, Churchill’s Cold War, pp. 371-380; Melvyn P. Leffler, La guerra después de la guerra, Barcelona, Crítica, 2008, p. 192.

Las operaciones encubiertas: Irán

La fuente que se ha seguido fundamentalmente es el relato oficial de la CIA: Clandestine Service History: «Overthrow of Premier Mossadeq of Iran. November 1952-August 1953», redactado en marzo de 1954 por Donald Wilber, que puede consultarse en el electronic briefing book n.º 28 de National Security Archive. Además Stephen Kinzer, All the Shah’s Men. An American Coup and the Roots of Middle East Terror, Hoboken, John Wiley and Sons, 2003 y Overthrow. America’s Century of Regime Change from Hawaii to Iraq, Nueva York, Times Books, 2006, pp. 117-128; William Roger Louis, «Mussadiq oil, and the dilemmas of British imperialism», en Ends of British Imperialism, Londres, I.B.Tauris, 2006, pp. 728-787; Tim Weiner, Legacy of Ashes. The History of the CIA, Londres, Allen Lane, 2007, pp. 81-92; John Prados, Safe for Democracy. The Secret Wars of the CIA, Chicago, Ivan R. Dee, 2006, pp. 100-107; Karl E. Meyer y Shareen Blair Brysac, Kingmakers. The Invention of the Modern Middle East, Nueva York, Norton, 2008, pp. 326-341; Robert L. Beisner, Dean Acheson. A Life in the Cold War, Nueva York, Oxford University Press, 2006, pp. 542-567; Homa Kapouzian, The Persians. Ancient, Medieval and Modern Iran, New Haven, Yale University Press, 2009, pp. 245-253; Yann Richard, L’Iran de 1800 à nos jours, París, Flammarion, 2009, pp. 316-320; Francis J. Gavin «Politics, power, and U.S. policy in Iran, 1950-1953» en Journal of Cold War Studies, I (1999), n.º 1, pp. 56-89; Richard J. Aldrich, The hidden hand, Londres, John Murray, 2001, pp. 467-476; Divine, Eisenhower and the Cold War, pp. 71-79; William L. Cleveland, A History of the Modern Middle East, Boulder, Westview Press, 1994, pp. 272-276; Reinhard Schulze, A Modern History of the Islamic World, Nueva York, New York University Press, 2000, pp. 141-143; Steve Marsh, «The United States, Iran and operation “Ajax”: Inverting interpretative orthodoxy», en Middle Eastern Studies, 39 (2003), n.º 3, pp. 1-38; Osgood, Total Cold War, pp. 136-138. Sobre la realidad de la escasa influencia comunista en el Irán de Mossadeq, contra lo que pretende la propia historia «clandestina» de la CIA, Christopher Andrew y Vasili Mitrokhin, The Mitrokhin Archive II. The KGB and the World, Londres, Allen Lane, 2005, pp. 169-170. La versión que da de los hechos Eisenhower en sus memorias —Mis años en la Casa Blanca, pp. 177-183— es simplemente cínica (su afirmación acerca de la obsesión de los británicos con Mosaddeq en U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1952-1954. National Security Affairs, Vol. II, part 1, p. 439).

Las operaciones encubiertas: Guatemala y Cuba

El relato sobre la intervención en Guatemala tiene como fuentes fundamentales: el libro de Richard H. Immerman, The CIA in Guatemala. The Foreign Policy of Intervention, Austin, University of Texas, 1982, pp. 44-57, 61-75 y 101-132, passim (pp. 182-186 sobre la infructuosa búsqueda de evidencias de contactos con Moscú); Nick Cullather, Secret History. The CIA’s Classified Account of its Operations in Guatemala, 1952-1954, Stanford, Stanford University Press, 1999, que es un texto elaborado internamente por la propia CIA; Piero Gleijeses, La esperanza rota. La revolución guatemalteca y los Estados Unidos, 1944-1954, Guatemala, Editorial Universitaria, 2008; y Greg Grandin, The Last Colonial Massacre. Latin America and the Cold War, Chicago, The University of Chicago Press, 2004. Además, María Vilanova de Árbenz, Mi esposo el presidente Árbenz, Guatemala, Editorial Universitaria, 2003/2; Michael Grow, U.S. Presidents and Latin American Interventions. Pursuing Regime Change in the Cold War, Lawrence, University Press of Kansas, 2008, pp. 1-27; Stephen G. Rabe, «Dulles, Latin America, and cold war anticommunism», en Immerman, John Foster Dulles and the Diplomacy of the Cold War, pp. 159-187 (citas de pp. 162 y 165); Leandro Ariel Morgenfeld, «El inicio de la Guerra Fría y el sistema interamericano. Argentina frente a los Estados Unidos en la Conferencia de Caracas (1954)», en Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX (Montevideo), I (2010), 1, pp. 75-97; Lars Schoultz, Beneath the United States. A History of U.S. Policy Towards Latin America, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1998, pp. 336-344; la frase de Dulles procede de la transcripción de una conversación telefónica que se encuentra entre sus papeles. Milton S. Eisenhower, Informe del Dr. Milton S. Eisenhower sobre las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina, Ciudad Trujillo, Secretaría de Estado del Tesoro y del Crédito Público, 1954, p. 15; Osgood, Total Cold War, pp. 144-146. Además, Adam Hochschild, «The golden years of United Fruit», en Times Literary Supplement, 17 septiembre de 1999, p.8. Kinzer, Overthrow, pp. 129-147. Juan José Arévalo, Guatemala, la democracia y el imperio, Buenos Aires, Palestra, 1964; Srodes, Allen Dulles, Master of Spies, pp. 460-462. Las informaciones sobre la operación planeada en 1952 en Kate Doyle y Peter Kornbluh, «CIA and assassinations: The Guatemala 1954 documents», en National Security Archive, electronic briefing book, n.º 4. Eisenhower, Mis años en la Casa Blanca, pp. 128-129; John Lewis Gaddis, We Now Know, Nueva York, Oxford University Press, 1997, p. 178. Sobre el papel de la radio, Laura Vattano, «Il Guatemala del 1954: esordi della psywar», en Passato e Presente, 63 (septiembre/diciembre de 2004), pp. 97-111. Max Holland, «Private Sources of U.S. Foreign Policy: William Pailey and the 1954 Coup d’État in Guatemala», en Journal of Cold War Studies, 7 (2005), n.º 4, pp. 36-73; Christopher Andrew, For the President’s Eyes Only, Londres, Harper Collins, 1995, pp. 210-211. Roberto García Ferreira, La CIA y los medios en Uruguay. El caso Arbenz, Montevideo, Amuleto, 2007. Sobre la actuación de la United Fruit en Costa Rica, véase la novela de Carlos Luis Fallas, Mamita Yunai, que contiene su discurso sobre la huelga de 1934, San José, Editorial Costa Rica, 2008; sobre Colombia, Renán Vega Cantor, Gente muy rebelde, Bogotá, Pensamiento Crítico, 2002, I, pp. 321-338, que nos habla de la masacre en Magdalena. Sobre el asesinato de Galíndez, tema al que Manuel Vázquez Montalbán dedicó un libro, Manuel de Dios Unanue, El caso Galíndez. Los vascos en los servicios de inteligencia de los EE UU, Tafalla, Txalaparta, 1999. Prados, Safe for Democracy, pp. 204-235; Richard Gott, Cuba. A New History, New Haven, Yale University Press, 2004, pp. 180-186. Sobre la entrevista de Nixon con Castro, Anthony Summers, Nixon. La arrogancia del poder, Barcelona, Península, 2003, pp. 235-236.

La crisis de 1956: Hungría

Sobre los acontecimientos de Poznan y el debate con los polacos, A. Kemp-Welch, Poland under Communism. A Cold War History, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 86-104. La opinión sobre Rokossovsky en Chuev, Molotov remembers, p. 54. Sobre Hungría, las fuentes esenciales usadas han sido el espléndido libro de Charles Gati, Failed Illusions. Moscow, Washington, Budapest and the 1956 Hungarian Revolt, Stanford, Stanford University Press, 2006; Jeno Györkey y Miklós Horváth, eds., Soviet Military Intervention in Hungary, 1956, Budapest, Central European University Press, 1999; Victor Sebestyen, Twelve Days. Revolution 1956. How the Hungarians Tried to Topple their Soviet Masters, Londres, Phoenix, 2007; Mark Kramer, «The Soviet Union and the 1956 crises in Hungary and Poland: Reassessments and new findings», en Journal of contemporary history, 33 (1998), 2, pp. 163-214; Nikita Jrushchov, Memorias. El último testamento, Barcelona, Euros, 1975, pp. 175-184 y Kruschef recuerda, pp. 421-435; una fuente más directa y extensa la tenemos en el discurso hecho por Jrushchov en noviembre de 1956, «Stenographic record of a 4 november 1956 meeting of Party activists», en Cold War International History Project, archivo virtual, «The Nikita Khrushchev papers». François Fejtö, 1956, Budapest, l’insurrection, Bruselas, Complexe, 2006, pp. 17 y 46-72; Csaba Békés, «New findings on the 1956 Hungarian revolution», en Cold War International History Project Bulletin, n.º 2 (1992), pp. 1-3; Marie, Khrouchtchev, pp. 283-295. El testimonio de alguien presente en la manifestación, «Hungary 1956», carta de Sandor Vaci en London Review of Books, 14 de diciembre de 2006, p. 4. Sobre la actitud de los chinos, Chen Jian, La China de Mao y la guerra fría, Barcelona, Paidós, 2005, pp. 231-255. Naciones Unidas, Informe de la comisión especial para el problema de Hungría, Nueva York, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1957. Sobre las emisiones radiofónicas, Michael Nelson, War of the Black Heavens. The Battles of Western Broadcasting in the Cold War, Londres, Brasseys, 1997, pp. 72-84; Chris Tudda, «“Reenacting the story of Tantalus”: Eisenhower, Dulles, and the failed rethoric of liberation», en Journal of Cold War Studies, 7 (2005), n.º 4, pp. 3-35 y la réplica de István Deák, que había trabajado en estos servicios, en New York Review of Books, 26 de abril de 2007, pp. 63-64; Haslam, Russia’s Cold War, pp. 169-170 muestra que el gobierno norteamericano era consciente de su responsabilidad al incitar a la revuelta y asegura que se prohibió a Frank Wisner que enviase hombres o armas. Sobre la reacción de los comunistas italianos a los acontecimientos de Polonia y de Hungría, Pietro Ingrao, Pedía la luna, Barcelona, Península, 2008, pp. 266-278; Arpad Kádárkay, Georg Lukacs. Vida, pensamiento y política, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1994, pp. 701-731; Eric Hobsbawm, «Could it have been different?», en London Review of Books, 16 de noviembre de 2006, pp. 3-6; «CIA had single officer in Hungary 1956», en National Security Archive electronic briefing book N.º 206, 31 de octubre de 2006; Gabriel Ronay, «Hungary calling. A student’s appeal to the conscience of the world», en History Today, octubre de 2006, pp. 48-55. Zbigniew Brzezinski, «The Cold War and its aftermath», en Foreign Affairs, 71 (1992); n.º 4, pp. 31-49.

La crisis de 1956: Suez

Donald Neff, Warriors at Suez, Eisenhower Takes America into the Middle East, Nueva York, Simon and Schuster/Linden Press, 1981, passim. Joyce Battle, «U.S. Propaganda in the Middle East. The early cold war version», en National Security Archive, electronic briefing book, n.º 78, 23 de diciembre de 2002; Matthew Connolly, «Taking off the cold war lens: visions of north-south conflict during the Algerian war for independence», en American Historical Review, junio de 2000; Osgood, Total Cold War, pp. 133-134 y 139-143; Yevgeny Primakov, Russia and the Arabs. Behind the Scenes in the Middle East from 1950 to the Present, Nueva York, Basic Books, 2009; Haslam, Russia’s Cold War, pp. 152-156 en un texto confuso que cita algunos documentos interesantes sobre las relaciones con Egipto, que se habrían iniciado ya en tiempos de Naguib; Eugene Rogan, Los árabes. Del Imperio otomano a la actualidad, Barcelona, Crítica, 2010, pp. 463-473; Anne Alexander, Nasser, Londres, Haus Publishing, 2005, passim. Keith Kyle, Suez. Britain’s End of Empire in the Middle East, Londres, Tauris, 2003, pp. 89-96. Frank Heinlein, British Government Policy and Decolonisation, 1945-1963. Scrutinising the Official Mind, Londres, Frank Cass, 2002, pp. 93-98. Las noticias sobre el acuerdo de Sèvres proceden de Kyle y de Jean-Yves Bernard, La genèse de l’expédition franco-britannique de 1956 en Égypte, París, Presses de la Sorbonne, 2003. Además, Divine, Eisenhower and the Cold War, pp. 71-104; W. Roger Lewis, «Dulles, Suez and the British», en Immerman, John Foster Dulles and the diplomacy of the cold war, pp. 133-158; William Roger Louis, «An American volcano in the Middle East: John Foster Dulles and the Suez crisis», en Louis, Ends of British Imperialism, pp. 639-664; Eden, Memorias, III, pp. 531-740; Peter Hennessy, The Prime Minister. The Office and its Holders since 1945, Londres, Allen Lane, 2000, pp. 215-247 (cita de pp. 215-216); Robert L. Tignor, Egypt. A Short History, Princeton, Princeton University Press, 2010, pp. 260-274; Andrew, For the President’s Eyes Only, pp. 236-238; Ruddy, Cautious Diplomat, p. 139; Aldrich, The Hidden Hand, p. 486 (sobre los planes para asesinar a Nasser) y 479; R.W. Johnson, «Bad timing», en London Review of Books, 22 de mayo de 2003, pp. 19-22; Brian Urquhart, «Disaster: from Suez to Iraq», en New York Review of Books, 29 de marzo de 2007, pp. 33-36; Percy Cradock, Know Your Enemy, Londres, John Murray, 2002, pp. 128-129. Sobre las complejas relaciones de Jrushchov con Nasser y la actuación soviética durante la crisis de Suez, Fursenko y Naftali, Khrushchev Cold War, pp. 57-113, 139, 158-184 y 511-513. Sobre la «campaña del Sinaí» de 1956 —la «guerra de Kadesh» para los judíos— Ahron Bregman, Israel’s Wars. A history since 1947, Londres, Routledge, 2002/2, pp. 55-61; Avi Kober, «Great-power involvement and Israeli battlefield success in the Arab-israeli wars, 1948-1982», en Journal of Cold War Studies, 8 (2006), n.º 1, pp. 20-48; sobre la retirada de los emiratos del golfo, Uzi Rabi, «“Special position” in the Gulf: its origins, dynamics and legacy», en Middle Eastern Studies, 42 (2006), n.º 3, pp. 351-364. W.W. Rostow, La difusión del poder, 1957-1972, Barcelona, Dopesa, 1973, pp. 109-113. Sobre la destitución de Glubb, Meyer y Brysac, Kingmakers, pp. 288-291. A las matanzas israelíes en la zona de Gaza se dedica el libro de Joe Sacco, Footnotes in Gaza, Londres, Jonathan Cape, 2009; una original forma de contar una investigación histórica por medio del «comic».

La doctrina Eisenhower y los problemas del Oriente Próximo

Primakov, Russia and the Arabs, pp. 88-90; Schulze, A Modern History of the Islamic World, pp. 148-158; Fursenko y Naftali, Khrushchev’s Cold War, pp. 158-184; Rogan, Los árabes, pp. 473-493. Sobre la operación de Siria, Weiner, Legacy of Ashes, pp. 138-139; Prados, Safe for Democracy, p. 164; Ignacio Álvarez-Ossorio, Siria contemporánea, Madrid, Síntesis, 2009, pp. 68-79; William Blum, Killing Hope. U.S. Military and CIA Interventions since World War II, Montréal, Black Rose Books, 1998, pp. 84-99; sobre la disolución de la República Árabe Unida en 1961, Warren Bass, Support Any Friend. Kennedy’s Middle East and the Making of the U.S.-Israel Alliance, Nueva York, Oxford University Press, 2003, pp. 80-85. Meyer y Brysac, Kingmakers, pp. 348-380. Sobre la actuación en el Líbano, Robert Fisk, Pity the Nation. Lebanon at War, Oxford, Oxford University Press, 2001/3, pp. 70, passim; Jeremy Salt, The Unmaking of the Middle East. A History of Western Disorder in Arab Lands, Berkeley, University of California Press, 2008, pp. 184-186; John Quigley, The Ruses for War. American Interventions since World War II, Amherst, Prometheus Books, 2007/2, pp. 87 y ss. David M. Barrett, The CIA and Congress. The Untold Story from Truman to Kennedy, Lawrence, University Press of Kansas, 2005, pp. 290-300 y 351-353; Gilbert Achcar y Michel Warschawski, La Guerra de los 33 días, Barcelona, Icaria, 2007, pp. 9-21; Augustus R. Norton, Hezbollah, Princeton, Princeton University Press, 2009, pp. 3-25. Giuditta Fontana, «Creating nations, establishing states: Ethno-religious heterogeneity and the British creation of Iraq in 1919-23», en Middle Eastern Studies, 46 (2010), n.º 1, pp. 1-16. Marion Farouk-Sluggett y Peter Sluggett, Iraq Since 1958. From Revolution to Dictatorship, Londres, Tauris, 2001, passim; Elie Podeh, «To unite or not to unite. That is Not the question: The 1963 tripartite unity talks reassessed», en Middle Eastern Studies, 39 (2003) n.º 1, pp. 150-185; Henry Laurens, Paix et guerre au Moyen Orient, París, Armand Colin, 2005/2, pp. 187-193. Douglas Little, «The United States and the Kurds. A cold war story», en Journal of Cold War Studies, 12 (2010), n.º 4, pp. 63-98.

El proyecto político y social de Jrushchov

Fursenko y Naftali, Khrushchev Cold War; Zubok, Un imperio fallido, pp. 238-288; Kruschev, Memorias. El último testamento; Marie, Krouchtchev, pp. 297-320; Cohen, The Victims Return, pp.87-112, y William Taubman, Sergei Khrushchev y Abbot Gleason, eds., Nikita Khrushchev, New Haven, Yale University Press, 2000; Tariq Ali, The Idea of Communism, Londres, Seagull, 2009, pp. 91-93; sobre sus discrepancias con Molotov, Chuev, Molotov remembers, pp. 346-352. La visión de la utopía social de Jrushchov procede fundamentalmente del libro de Marjorie Dobson, Khrushchev’s Cold Summer, ya citado, passim (la cita final de p. 240). Complementariamente, de Cohen, Soviet Fates and Lost Alternatives, pp. 29-60. Zubok y Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War, pp. 236-274; Moshe Lewin, El siglo soviético. ¿Qué sucedió realmente en la Unión Soviética?, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 300-335. Sobre Novocherkassk, Marie, Khrouchtchev, pp. 439-453 y Yakovlev, A Century of Violence in Soviet Russia, pp. 226-229. La visión jruschoviana de un crecimiento imparable estuvo en el origen del «Gran salto» de la China maoísta y fue compartido también por los comunistas de los países occidentales. Véase, por ejemplo, Giuseppe Boffa, La grande svolta, Roma, Riuniti, 1959. La nota sobre Bulganin procede de un discurso en Varna en mayo de 1962, reproducido en Cold War International History Project, archivo virtual, «The Nikita Khrushchev papers», un texto que es especialmente interesante por sus recuerdos acerca del descubrimiento de la realidad del estalinismo.

El fin de un proyecto de coexistencia pacífica

Fursenko y Naftali, Khruschev’s Cold War, pp. 214-291; Marie, Khrouchtchev, pp. 387-400. Sobre el trasfondo de la política norteamericana en estos momentos, Jonathan E. Lewis, Spy Capitalism. Itek and the CIA, New Haven, Yale University Press, 2002, passim (por ejemplo, pp. 142-144 sobre el viaje de Jrushchov y la caída de la bolsa); Philip Short, Mao, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 495-496. Li Zhisui, The Private Life of Chairman Mao, Nueva York, Random House, 1994, pp. 261-263. Jeffrey T. Richelson, The Wizards of Langley, Boulder, Westview, 2001; National Security Archive, «The U-2, Oxcart, and the SR-71», electronic briefing book de 16 de octubre de 2002; Tom Blanton, White House e-mail, Nueva York, The New Press/National Security Archive, 1995, p. 169.

Los años finales del mandato de Eisenhower

Sobre el discurso acerca del complejo militar-industrial, Robert Schlesinger, White House Ghosts. Presidents and Their Speechwriters, Nueva York, Simon and Schuster, 2008, pp. 98-100; Sam Roberts, «In archive, new light on evolution of Eisenhower speech», en New York Times, 10 de diciembre de 2010 y John Milburn, «Papers shed new light on Eisenhower’s famous “military-industrial complex” farewell speech», en Huffington Post, 14 de diciembre de 2010. Las noticias sobre la parte referente al Congreso proceden de Melvin A. Goodman, quien afirma que las escuchó en la primavera de 1961 al hermano del presidente, Milton, y al profesor Moss, ambos entonces en la Johns Hopkins University (Truthout, 15 de enero de 2011). El discurso ha sido seriamente criticado por Ira Chernus (por ejemplo en «The real Eisenhower», en History News Network, 17 de marzo de 2008). Sobre el SIOP, Richard Rhodes, Arsenals of Folly. The Making of the Nuclear Arms Race, Nueva York, Alfred A. Knopf, 2007, pp. 87-90; William Burr, ed., «The creation of SIOP-62. More evidence on the origins of overkill», en National Security Archive electronic briefing book, n.º 130 (13 de julio de 2004) y «To have the only option of killing 80 million people is the height of immorality. The Nixon administration, the SIOP, and the search for limited nuclear options, 1969-1974», electronic briefing book, n.º 173 (23 de noviembre de 2005). National Security Archive, «The nuclear vault: Air Force histories released through Archive law suit show cautious presidents overruling Air Force plans for early use of nuclear weapons», 30 de abril de 2008. Lawrence Freedman, Kennedy’s Wars. Berlin, Cuba, Laos and Vietnam, Nueva York, Oxford University Press, 2000, pp. 92-111; Jeremi Suri, Power and Protest. Global Revolution and the Rise of Detente, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2003, pp. 11-15 y 18-20; William Burr, «The Nixon administration, the “horror strategy”, and the search for limited nuclear options, 1969-1972: Prelude to the Schlessinger doctrine», en Journal of Cold War Studies, 7 (2005), n.º 3, pp. 34-78. David E. Hoffman, The Dead Hand, Nueva York, Doubleday, 2009. La estimación de las posibles víctimas en Daniel Ellsberg, Secrets, Nueva York, Viking, 2002, pp. 58-59. DeGroot, The Bomb, p. 214. Helms, A Look Over my Shoulder, pp. 11 y 216-222. Zubok y Pleshakov, Inside the Kremlin’s cold war, pp. 182-235; Andrew, For the President’s Eyes Only, pp. 246 y 252-254; Rostow, La difusión del poder, 1957-1972, pp. 76 y 84-86; Jeffrey Robinson, The End of the American Century, Londres, Simon and Schuster, 1997, pp. 176-178; Richard M. Bisell, jr., Reflections of a Cold Warrior. From Yalta to the Bay of Pigs, New Haven, Yale University Press, 1996, pp. 92-140 y 157-158; Ambrose, Nixon, I, pp. 437-438, 489-495 y 536-544; Lewis, Spy Capitalism, passim (pp. 79-81 para el informe, preparado por Kissinger, en que los Rockefeller pedían un aumento en el gasto de Defensa que debería ir a parar a industrias privadas, como Itek); Sherry, The Shadow of War, pp. 207-212; Maldwyn A. Jones, The Limits of Liberty, Nueva York, Oxford University Press, 1995, p. 542. Sobre los incidentes de Little Rock, John A. Kirk, «Crisis at Central High», en History Today, 57 (2007), septiembre, pp. 23-30. Sobre el plan de disuasión limitada de la Marina, William Burr, «“How much is enough?”: The U.S. Navy and “finite deterrence”», en National Security Archive, electronic briefing book, n.º 275, 1 de mayo de 2009.

CAPÍTULO 5: LA ESCALADA (1960-1968)

John F. Kennedy

La visión más documentada de las limitaciones físicas de Kennedy se encuentra en Robert Dallek, An Unfinished Life. John F. Kennedy, 1917-1963, Boston, Little, Brown and Co., 2003, que llega a parecer una crónica médica, pese a que el autor ha tropezado con dificultades para completar su investigación, como la desaparición de las notas de su autopsia o las de su urólogo, destruidas por iniciativa de Robert Kennedy. Ted Sorensen viene a confirmar la gravedad de estos problemas (Counselor. A Life at the Edge of History, Nueva York, 2008, pp. 105-107), mientras que otros minimizan el tema, como Arthur M. Schlessinger jr., en Journals, 1952-1960, Nueva York, Penguin, 2007, p. 58, donde cita una conversación con JFK en diciembre de 1959 en que este asegura estar curado y no tomar cortisona. Una minuciosa descripción de la campaña para la presidencia se encontrará en Edward M. Kennedy, Los Kennedy. Mi familia, Madrid, Martínez Roca, 2010, pp. 145-188. David Talbot, La conspiración, Barcelona, Crítica, 2008, reivindica su esfuerzo por una política de distensión (en ocasiones se cita aquí por la versión original: Brothers. The Hidden History of the Kennedy Years, Nueva York, Free Press, 2007). Seymour M. Hersh, La cara oculta de J.F.Kennedy, Barcelona, Planeta, 1998. Sobre su estilo de hacer política y su carrera hacia la presidencia, James McGregor Burns, Running Alone. Presidential Leadership JFK to Bush II. Why it has Failed and how We Can Fix it, Nueva York, Basic Books, 2006. Un estudio detallado de la elección del personal de gobierno en Arthur M. Schlessinger, Los mil días de Kennedy, Barcelona, Aymá, 1966, pp. 103-123. Sobre Bundy y la transformación del NSC, Andrew Preston, The War Council. McGeorge Bundy, the NSC, and Vietnam, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2006, pp. 37-45, passim; sobre Sorensen, Brothers, pp. 39-42.

El cerco a Cuba

Lawrence Freedman, Kennedy’s Wars. Berlin, Cuba, Laos and Vietnam, Nueva York, Oxford University Press, 2000, passim; John Prados, Safe for Democracy. The Secret Wars of the CIA, Chicago, Ivan R. Dee, 2006, pp. 236-272; sobre las actuaciones posteriores, pp. 298-323 («The war against Castro»); Gordon M. Goldstein, Lessons in Disaster. McGeorge Bundy and the Path to War in Vietnam, Nueva York, Henry Holt, 2008, pp. 35-44. La mejor compilación de información sobre la operación de bahía de Cochinos se encontrará en Peter Kornbluh, «CIA sued for “holding history hostage” on Bay of Pigs invasion», en National Security Archive, electronic briefing book, n.º 341, 14 de abril de 2011, y «Top secret CIA “Official history” of the Bay of Pigs: revelation», electronic briefing book, n.º 355, 15 de agosto de 2001, que incluyen, entre otros materiales, los obtenidos de los cuatro volúmenes desclasificados (el quinto sigue siendo inaccesible) de la crónica oficial de la operación, escrita por el historiador de la CIA Jack Pfeiffer; el relato por Dick Goodwin de su entrevista con Guevara o la entrevista de Kornbluh a los dos principales organizadores de la operación. A lo que se puede añadir la detallada cronología publicada también por National Security Archive en 2001 con el título de «Bay of Pigs. 40 years after». Sobre la forma en que el proyecto se vivió desde el interior del gobierno, Schlesinger, Los mil días, pp. 177-222, y una visión del día a día en Schlesinger, Journals, 1952-2000, pp. 109-122 (la queja de Miró Cardona en p. 115); Dallek, An Unfinished Life, pp. 356-369; David M. Barrett, The CIA and Congress. The Untold Story from Truman to Kennedy, Lawrence, University Press of Kansas, 2005, pp. 425-457; Tim Weiner, Legacy of Ashes. The History of the CIA, Londres, Allen Lane, 2007, pp. 171-188; James Bamford, Body of Secrets. Anatomy of the Ultra-secret National Security Agency from the Cold War to the Dawn of a New Century, Nueva York, Doubleday, 2001, pp. 65-91; Talbot, La conspiración, pp. 73-104. Ernest R. May y Philip D. Selikow, eds., The Kennedy Tapes, Nueva York, Norton, 2002, p. xliv; Richard Helms, A Look over my Shoulder. A Life in the Central Intelligence Agency, Nueva York, Random House, 2003, p. 201; Joseph J. Trento, La historia secreta de la CIA, Barcelona, Círculo de Lectores, 2004, pp. 296-300. Nixon sostenía que había que ocultar aspectos de esta operación que podían resultar desastrosos para la CIA, Anthony Summers, Nixon. La arrogancia del poder, Barcelona, Península, 2003, pp. 228-234 y 536-537. Sobre los intentos de asesinar a Castro, David Kaiser, The Road to Dallas. The Assassination of John F. Kennedy, Cambridge, Mass., The Belknap Press, 2008, pp. 53-80 y 159-166, passim. Uno de los hombres que la CIA empleó en sus intentos de derribar a Castro, Luis Posada Carriles, culminó su carrera en octubre de 1976, cuando provocó una explosión en un avión cubano de pasajeros, en que perdieron la vida 73 personas, la mayoría de ellos adolescentes (véanse los documentos publicados por National Security Archive en 10 de mayo y 9 de junio de 2005, 5 de octubre de 2006; 15 de noviembre de 2007 y 11 de enero de 2011). Kai Bird, The Color of Truth, Nueva York, Simon and Schuster, 1998, pp. 201 y 215-216. Sobre las conversaciones entre Guevara y Richard Goodwin, además de su propio relato, ya citado, Talbot, Brothers, pp. 55-64; National Security Archive, «Cuba and the U.S.», electronic briefing book, n.º 269, 22 de enero de 2009 y «Kennedy Sought Dialogue with Cuba», 24 de noviembre de 2003. Sobre el viaje de Guevara a Argelia, la entrevista con Ben Bella publicada en Red Voltaire y reproducida en Sinpermiso, 24 de abril de 2006. Sobre las relaciones de los Kennedy con la mafia, Sam y Chuck Giancana, Fuego cruzado, Barcelona, Grijalbo, 1992, pp. 345 y ss., y Rhodri Jeffreys-Jones, The FBI. A History, New Haven, Yale University Press, 2007, pp. 166-167. Anatoly Dobrynin, In Confidence. Moscow’s Ambassador to America’s Six Cold War Presidents, Seattle, University of Washington Press, 1995, pp. 71-73.

La cuestión de Berlín

Sobre la conferencia de Viena, Vladislav Zubok y Constantine Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War. From Stalin to Khrushchev, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1996, pp. 236-248 (sobre el muro de Berlín, pp. 248-256) y Alexander Fursenko y Timothy Naftali, Khrushchev’s Cold War. The Inside Story of an American Adversary, Nueva York, Norton, 2006, pp. 359-366 (sobre el muro, pp. 367-387; sobre el conflicto del check-point Charlie, pp. 401-405). Sobre la construcción del muro, Frederick Taylor, The Berlin Wall, 13 August 1961-9 November 1989, Londres, Bloomsbury, 2006, pp. 139-163, passim (sobre el incidente del check-point Charlie, pp. 278-285), a lo que hay que añadir las recientes aportaciones de Paul Maddrell en «Exploiting and securing the open border in Berlin: the western secret services, the Stasi and the second Berlin crisis, 1958-1961», en Cold War International History Project, working paper, n.º 58, febrero de 2009. El propio Cold War International History Project ha creado en 2009 toda una web dedicada al muro: sus orígenes, la crisis de Berlín en 1958-1961 y su caída, con una amplísima documentación. Carroll, La casa de la guerra, pp. 360-375, 387-392, 403-412 y 430-432; David E. Murphy, Sergei A. Kondrashev y George Bailey, Battleground Berlin. CIA vs KGB in the Cold War, New Haven, Yale University Press, 1997, pp. 363-398; W.R. Smyser, From Yalta to Berlin. The Cold War Struggle over Germany, Nueva York, St. Martin’s Press, 1999, pp. 156-160 y 172-178; Jeremi Suri, Henry Kissinger and the American Century, New Haven, Harvard University Press, 2007, p. 23; Kruschev, Memorias. El último testamento, Barcelona, Euros, 1975, p. 448; Theodore C. Sorensen, Kennedy, Nueva York, Konecky and Konecky, 1965, pp. 593-601 y Counselor, p. 324; Bird, The Colour of Truth, pp. 215-216, 247, 387-392 y 430-432, y nota 59; Marc Trachtenberg, A Constructed Peace, Princeton, Princeton University Press, 1999, pp. 292-296; May and Zelikow, The Kennedy Tapes, p. xlvi.

Una nueva política de defensa

Las ideas fundamentales proceden de Andrew J. Bacevich, Washington Rules. America’s Path to Permanent War, Nueva York, Metropolitan Books, 2010, pp. 59-72. Michael S. Sherry, In the Shadow of the War. The United States since 1930s, New Haven, Yale University Press, 1995, pp. 237-254. Sobre la amenaza nuclear, Richard Rhodes, Arsenals of Folly. The Making of the Nuclear Arms Race, Nueva York, Alfred A. Knopf, 2007, pp. 84-101; William Burr y David Alan Rosenberg, «Nuclear competition in an era of stalemate, 1963-1975», en Melvyn P. Leffler y Odd Arne Westad, eds., The Cambridge History of the Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, II, pp. 88-11; sobre la «predelegación», William Burr, «Newly declassified documents on advanced presidential authorization of nuclear weapons use», en National Security Archive, 30 de agosto de 1998. Sobre la carrera espacial, Gerard DeGroot, The Dark Side of the Moon: The Magnificent Madness of the American Lunar Quest, Londres, Jonathan Cape, 2007, passim; Tom Wolfe, «One giant leap to nowhere», en New York Times, 19 de julio de 2009.

La crisis de los misiles cubanos

Hay una extensa bibliografía sobre este tema, pero el documentado estudio de Michael Dobbs, One Minute to Midnight. Kennedy, Khruschev, and Castro on the Brink of Nuclear War, Nueva York, Knopf, 2008, ha venido a demostrar que las versiones establecidas estaban llenas de tópicos e inexactitudes, en buena medida porque los hermanos Kennedy se dedicaron desde el principio a falsificar esta historia, como sostiene Weiner, Legacy of Ashes, pp. 594-595. El relato tradicional se basa en Robert F. Kennedy, Thirteen Days. A Memoir of the Cuban Missile Crisis, Nueva York, W.W. Norton, 1999, prefacio de R. Schlesinger, jr. (cuando se filmó la película Thirteen Days el Pentágono trató de cambiar el guión, evitando, entre otras cosas, que se viese a Curtis LeMay incitando a una guerra general: David L. Robb, Operación Hollywood. La censura del Pentágono, Barcelona, Océano, 2006, pp. 57-63; sobre la actitud de este, Barrett Tillman, LeMay, Nueva York, Palgrave Macmillan 2007, pp. 156-159 y Dobbs, p. 335). Además, May y Zelikow, The Kennedy Tapes, pp. 138-193, 336-391 y 402-404; Aleksandr Fursenko and Timothy Naftali: «One Hell of a Gamble». Khrushchev, Castro and Kennedy, 1958-1964, Nueva York, Norton, 1997 y, de los mismos autores, Khruschev's Cold War, pp. 465-492; Dobrynin, In Confidence, pp. 71-95; Laurence Chang y Peter Kornbluth, eds., The Cuban Missile Crisis, 1962, Nueva York, Norton/National Security Archive, 2002, y el material publicado por National Security Archive relativo a la conferencia internacional «La crisis de octubre: una visión política cuarenta años después», celebrada en La Habana en octubre de 2002, por ejemplo: «Newly declassified documents show risk of nuclear incidents during Cuban missile crisis submarine chase» (31 de octubre de 2002). Nuevos detalles, y algunas rectificaciones, en David G. Coleman, «The missiles of November, December, January, February…: The problem of acceptable risk in the Cuban missile crisis settlement» y en Dominic Tierney, «“Pearl Harbor in reverse”: Moral analogies in the Cuban missile crisis», ambos publicados en Journal of Cold War Studies, 9 (2007), n.º 3, pp. 5-48 y 49-77, respectivamente. La versión de que se había ordenado a los militares soviéticos no usar las armas nucleares, en Vladislav M. Zubok, Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la Guerra Fría, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 233-234 y en Dobbs. Talbot, Brothers, pp. 164-169; Robert Schlesinger, White House Ghosts. Presidents and Their Speechwriters, Nueva York, Simon and Schuster, 2008, pp. 123-129. Dallek, An Unfinished Life, pp. 535-565; Evgeni Primakov, Russian Crossroads. Towards the New Millenium, New Haven, Yale University Press, 2004, pp. 120-121 es quien cuenta la intervención de útlima hora de Mikoyan, que nadie más menciona. Sorensen, Counselor, pp. 285-309, da una descripción detallada de la atmósfera de confusión vivida en estos días en el grupo del ExComm. Guillermo Almeyra, «Cuba: un documento peligroso y contradictorio», en Sinpermiso, 21 de noviembre de 2010. La visión del problema desde la perspectiva turca en Süleyman Seydi, «Turkish-American relations and the Cuban missile crisis, 1957-63», en Middle Eastern Studies, 46 (2010), n.º 3, pp. 433-455.

La lucha por los derechos civiles

Nick Bryant, The Bystander. John F. Kennedy and the Struggle for Black Equality, Nueva York, Basic Books, 2006; Jonathan Rosenberg y Zachary Karabell, Kennedy, Johnson, and the Quest for Justice. The Civil Rights Tapes, Nueva York, Norton, 2003 (una cita de p. 118), amplia información sobre el caso Meredith en pp. 27-84, que puede completarse con Schlesinger, Journals, pp. 166-171). Sorensen, Counselor, pp. 270-284; Dallek, An Unfinished Life, pp. 631-650. Taylor Branch, America in the King Years (Parting the Waters, 1954-63; Pillar of Fire, 1963-65; At Canaan’a Edge, 1965-68), Nueva York, Simon and Schuster, 1988-2006. Los discursos de King en Martin Luther King, Un sueño de igualdad, Barcelona, Diario Público, 2010. Nicholas J. Cull, The Cold War and the United States Information Agency. American Propaganda and Public Diplomacy, 1945-1989, Nueva York, Cambridge University Press, 2008, pp. 211-213.

La tragedia de Vietnam

Sobre Laos, Prados, Safe for Democracy, pp. 344-365 y Lost Crusader. The Secret Wars of CIA Director William Colby, Nueva York, Oxford University Press, 2003, pp. 94-104; Freedman, Kennedy’s Wars, pp. 293-304, passim; Goldstein, Lessons in Disaster, pp. 44-47. Sobre la guerra secreta de los Hmong, Jane Hamilton-Merritt, Tragic Mountains: the Hmong, the Americans and the Secret War for Laos, 1942-1992, Bloomington, Indiana University Press, 1999; William Blum, Killing Hope. U.S. Military and CIA Interventions since World War II, Montréal, Black Rose Books, 1998, pp. 140-145. La complicidad de la CIA en el tráfico de heroína ha quedado claramente establecida en las investigaciones del profesor Alfred McCoy, de la Universidad de Wisconsin, Madison, en especial en The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade, Chicago, Lawrence Hill, 2003, segunda edición revisada.

Sobre Vietnam: John Prados, Vietnam. The History of an Unwinnable War, 1945-1975, Lawrence, University Press of Kansas, 2009; Christian G. Appy, La guerra de Vietnam. Una historia oral, Barcelona, Crítica, 2008; Freedman, Kennedy’s Wars, pp. 287-413; Prados, Lost Crusader, pp. 105-131. David Kaiser, American Tragedy. Kennedy, Johnson, and the Origins of the Vietnam War, Cambridge, Mass., Belknap Press, 2000, passim; Preston, The War Council, pp. 101-128 (una cita de p. 127); Goldstein, Lessons in Disaster, pp. 75-82. Una fuente esencial es Robert S. McNamara, In Retrospect. The Tragedy and Lessons of Vietnam, Nueva York, Vintage Books, 1996. Mark Moyar, Triumph Forsaken. The Vietnam War, 1954-1965, Nueva York, Cambridge University Press, 2006, pp. XVI-XVII, 125-129, 186-205, 212-223 y 229-239, afirma que Kennedy no consintió en el golpe que derribó a Diem, que Lodge actuó por su cuenta y que haber dado apoyo al golpe fue, en última instancia, «el peor error norteamericano en la guerra de Vietnam» y pp. 244-274. Una de las bases de la interpretación revisionista de Moyar consiste en sostener que las exageraciones y mentiras sobre la batalla de Ap Bac, debidas en parte a las informaciones distorsionadas del coronel John Paul Vann y transmitidas por los periodistas David Halberstam y Neil Sheehan, fueron responsables de que el público norteamericano creyera que la conducción de la guerra por Diem estaba fracasando. También sostiene que los budistas eran manipulados por los comunistas y que la culpa de cómo lo entendieron los norteamericanos era igualmente de los periodistas. Una reseña, no crítica, del libro de Moyar por Nathan Alexander en Journal of Cold War Studies, 11 (2009), n.º 4, pp. 167-170. La interpretación conspirativa que atribuía a los funcionarios que redactaron el telegrama a Lodge, y al propio Lodge, la responsabilidad por el apoyo dado al golpe militar ha quedado desacreditada por lo que nos dicen las grabaciones de Kennedy en agosto de 1963, recientemente desclasificadas («Kennedy considered supporting coup in South Vietnam, august 1963. Newly declassified audio tapes reveal JFK saw only negative choices», en National Security Archive, electronic briefing book, n.º 302, 11 de diciembre de 2009). En sentido contrario a Moyar, Wiener, Legacy of Ashes, pp. 210-221. Una muestra del modo en que Moyar manipula la información se puede ver en Prados, Vietnam, p. 563, nota 40. La nueva documentación publicada por National Security Archive, «Fighting the war in Southeast Asia, 1961-1973», sobre la base de las «historias» de las fuerzas aéreas, muestra también que la visión de los altos mandos norteamericanos sobre la suerte de la guerra era mucho más pesimista de lo que Moyar supone. John Quigley, The Ruses for War. American Interventions Since World War II, Amherst, Prometheus Books, 2007/2, pp. 105-116; Helms, A Look Over my Shoulder, pp. 250-268, que, en contraste con Quigley, considera que esta es «la guerra que ganamos». Robert Mann, A Grand Delusion. America’s Descent into Vietnam, Nueva York, Basic Books, 2001, pp. 225-291 y 296-297; Neil Sheehan, The Pentagon Papers, Nueva York, Bantam Books, 1971, pp. 79-111, 118-130, 194-195 y 224-233; Stephen Kinzer, Overthrow. America’s Century of Regime Change from Hawaii to Iraq, Nueva York, Times Books, pp. 154-155; Kai Bird, The Color of Truth, p. 262; Gabriel Kolko, Anatomy of a War. Vietnam, the United States and the Modern Historical Experience, Londres, Phoenix Press, 2001, pp. 115-118; John Prados, Lost Crusader, pp. 105-131 y «JFK and the Diem coup», en National Security Archive, 5 de noviembre de 2003; Talbot, Brothers, pp. 214-222. Sobre el complejo tema de la implicación en el golpe y el asesinato de Diem y de su hermano, en que el relato de McNamara resulta poco fiable, se ha seguido sobre todo a Howard Jones, Death of a Generation. How the Assassinations of Diem and JFK Prolonged the Vietnam War, Nueva York, Oxford University Press, 2003, pp. 49-113, 221-229, 297-321 y 407-442, completado con Prados, Vietnam, pp. 80-81; Goldstein, Lessons in disaster, pp. 79-91; Wiener, «Lucien Conein, 79, legendary Cold War spy», en New York Times, 7 de junio de 1998 y con los documentos publicados en Foreign Relations of the United States, Kennedy Administration, 1961-1963, IV, Vietnam, agosto-diciembre de 1963. Sobre los propósitos de Kennedy acerca de Vietnam, Sorensen, Counselor, pp. 353-359 opina que no tenía clara la actitud a tomar; aunque tanteó una aproximación a Vietnam del Norte a través de la India, valiéndose de su amigo Galbraith, que era entonces embajador en aquel país; Edward Kennedy, Los Kennedy, pp. 249-250, se limita a sugerir que su hermano buscaba una solución; Richard Holbrooke, «The doves were right», en New York Times, 30 de noviembre de 2008.

Las dificultades de la distensión

Geir Lundestad, The United States and Western Europe since 1945, Oxford, Oxford University Press, 2005, pp. 111-141 («De Gaulle’s challenge to the American hegemony, 1962-1969»); Pierre Maillard, De Gaulle et le problème allemand. Les leçons d’un grand dessein, París, Guibert, 2001/2, pp. 181-185; Eric Roussel, Charles de Gaulle, París, Gallimard, 2002, pp. 735-757 y 791-799; René Rémond, Le siècle dernier, 1918-2002, París, Fayard, 2003, pp. 608-613 y 667-670; Serge Berstein, Histoire du gaullisme, París, Perrin, 2002, pp. 298-314; Frédéric Bozo, «France, “Gaullism”, and the Cold War», en Melvyn P. Leffler y Odd Arne Westad, eds., The Cambridge History of the Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, II, pp. 158-178; Hans-Peter Schwarz, Adenauer, Santiago de Chile, Aguilar, 2003, II, pp. 1779-1882; Schlesinger, Los mils días de Kennedy, pp. 633-636; Randall B. Woods, LBJ Architect of American Ambition, Nueva York, Free Press, 2006, pp. 700-705; Richard J. Aldrich, The Hidden Hand. Britain, America and Cold War Secret Intelligence, Londres, John Murray, 2001, p. 615 (la opinión de Harriman en Schlesinger, Journals, p. 195). Sobre la lógica de la «force de frappe» nuclear francesa, Jurgen Brauer y Hubert Van Tuyll, Castles, Battles and Bombs. How Economics Explains Military History, Chicago, The University of Chicago Press, 2008, pp. 244-286. Vojtech Mastny, «The 1963 Nuclear Test Ban Treaty. A missed opportunity for détente?», en Journal of Cold War Studies, 10 (2008), 1, pp. 3-25; Freedman, Kennedy’s Wars, pp. 261-275. Dallek, An Unfinished Life, pp. 631-650 y 691-702. Sobre el viaje a Berlín Taylor, The Berlin Wall, pp. 337-342. Sobre el discurso de Kennedy, cuyo tono vehementemente anticomunista preocupó al alcalde del Berlín Occidental, Willy Brandt, Schlesinger, White House Ghosts, pp. 138-141; Dallek, An Unfinished Life, pp. 401-414; Carroll, La casa de la guerra, pp. 360-375, 387-392, 403-412 y 430-432; Murphy, Kondrashev y Bailey, Battleground Berlin, pp. 363-398. Sobre los condicionamientos de la política respecto de Alemania, Bruce Kuklick, Blind Oracles. Intellectuals and War from Kennan to Kissinger, Princeton, Princeton University Press, 2006, pp. 103-117.

El asesinato

Parece innecesario referirse a la abundante literatura especulativa sobre el atentado de Dallas. Sobre la caótica investigación del asesinato y el caso Nosenko, Weiner, Legacy of Ashes, pp. 222-235; la frase sobre la opinión norteamericana procede de Alan Brinkley, «Conspiracy?», en New York Times, 20 de mayo de 2007, reseñando uno de los libros más recientes, y más convincentes: David Talbot, La conspiración, que apareció casi al mismo tiempo que otro (Vincent Bugliosi, Reclaiming History: The Assassination of President John F. Kennedy, Nueva York, Norton, 2007) que sostiene la tesis de que Oswald fue el único asesino y que actuó solo. Comentando el libro de Talbot, Gabriel Molina escribió en la revista cubana Granma, el 19 de mayo de 2007, p. 5: «Robert Kennedy sospechaba de la pandilla cubana, la CIA y la mafia». Es una conclusión semejante a la del libro de David Kaiser, The Road to Dallas, que ha podido usar documentación recientemente desclasificada del FBI y de la CIA, aunque este excluye la participación directa de la CIA, por falta de evidencia, si bien no descarta su relación con Oswald. Sorensen, Counselor, p. 348; Bryant The Bystander, pp. 438-458. La CIA sigue oponiéndose, sin embargo, a desclasificar documentación relativa al caso (Scott Shane, «C.I.A. is still cagey about Oswald mystery», en New York Times, 17 de octubre de 2009). Sobre las campañas de la extrema derecha, que amenazó repetidamente a Kennedy con quitarle la vida, John A. Andrew III, Power to Destroy. The Political Uses of the IRS from Kennedy to Nixon, Chicago, Ivan R. Dee, 2002, pp. 19, 25-37, 45, 93 y ss. Sobre la política de distensión de Kennedy en los últimos meses de su vida, Melvyn P. Leffler, La guerra después de la guerra, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 233-246.

La caída de Jrushchov

Las fuentes esenciales usadas han sido el libro de Fursenko y Naftali, Khrushchev Cold War, pp. 493-545; Zubok, Un imperio fallido, pp. 238-288, útil para la etapa de Jrushchov, pero vital sobre todo para la etapa de Brézhnev; Zubok y Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War, pp. 236-274; Nikita Kruschev, Memorias. El último testamento, Barcelona, Euros, 1975, y William Taubman, Sergei Khrushchev y Abbot Gleason, eds., Nikita Khrushchev, New Haven, Yale University Press, 2000; Leffler, La guerra después de la guerra, pp. 204-257; Moshe Lewin, El siglo soviético. ¿Qué sucedió realmente en la Unión Soviética?, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 300-335. Además, Robert Service, Historia de Rusia en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 325-333; Richard Sakwa, The Rise and Fall of the Soviet Union, 1917-1991, Londres, Routledge, 1999, pp. 313-350. Nicholas Daniloff, Of Spies and Spokemen. My Life as a Cold War Correspondent, Columbia, University of Missouri Press, 2008, pp. 112-116. Sobre los fracasos en lo relativo a la agricultura y a la ganadería, Jean-Jacques Marie, Khrouchtchev. La réforme impossible, París, Payot, 2010, pp. 229-234 y 373-386; sobre la conjura para derribarlo, pp. 505-530.

La presidencia de Johnson

Incompleta la monumental biografía de Johnson que escribe Robert A. Caro, The Years of Lyndon Johnson, de la que han aparecido tres volúmenes, que no cubren aún su etapa en la presidencia, he utilizado Robert Dallek, Flawed Giant: Lyndon Johnson and his Times, 1961-1973, Oxford, Oxford University Press, 1998 y Randall B. Woods, LBJ. Architect of American Ambition, Nueva York, Free Press, 2006 (un libro con abundante información, pero donde se dicen sandeces como la de asegurar que la decisión de Johnson de comprometerse en Vietnam nacía de «su idealismo cristiano», p. 503). Sus memorias (Lyndon B. Johnson, Memorias de un presidente, 1963-1969, Barcelona, Dopesa, 1971), que Alan Brinkley califica de «pesadas y poco reveladoras», son de escasa utilidad. Sobre su enfrentamiento a Robert Kennedy, Schlesinger, Journals, pp. 229-290. Sobre Goldwater, Rick Perlstein, Before the Storm. Barry Goldwater and the Unmaking on the American Consensus, Nueva York, Hill and Wang, 2001. Sobre su participación en la lucha por los derechos civiles, Nick Kotz, Judgment Days. Lyndon Baines Johnson, Martin Luther King Jr., and the Laws that Changed America, Nueva York, Mariner Books, 2006; hay una amplia selección de las cintas referentes a este tema en el libro ya citado de Rosenberg y Karabell, Kennedy, Johnson and the Quest for Justice, pp. 194-330 (cita de p. 330). Para una idea general de la incompetente política latinoamericana de Thomas C. Mann, véase la extensa entrevista que, con el título de «One man and 20 problems» se publicó en Time el 31 de enero de 1964. Algunas observaciones interesantes sobre su carácter en Sylvia Ellis, «Secrets, lies and telephone tapes», en History Today, julio de 2006, pp. 41-43.

El trágico verano de 1964

La reconstrucción de los acontecimientos de agosto de 1964, complicada por el hecho de que muchos documentos esenciales se han mantenido en secreto durante más de cuarenta años, se basa en las cintas que recogen las conversaciones de Johnson y su entorno en la Casa Blanca, tal como las publicó Michael R. Beschloss, Taking Charge. The Johnson White House Tapes, 1963-1964, Nueva York, Touchstone (Simon and Schuster), 1997, a lo que hay que agregar las aportaciones posteriores de John Prados: Vietnam, pp. 93-101, «LBJ tapes on the Gulf of Tonkin incident», «Essay: 40th anniversary of the Gulf of Tonkin incident» y «Tonkin gulf intelligence “skewed” according to official history and intercepts», todas ellas en National Security Archive. McNamara, In Retrospect, pp. 127-143 y 204, y lo que podemos llamar las «casi memorias» de Bundy, que en los últimos años de su vida quiso revisar la versión establecida de los acontecimientos, y aunque no pudo terminar el libro en que se proponía justificarse, los argumentos en que se basaba nos han llegado a través de Gordon M. Goldstein, en la obra que hemos citado ya en diversas ocasiones, Lessons in Disaster. McGeorge Bundy and the Path to War in Vietnam (véase también, Preston, The War Council, pp. 129-154). Campbell Craig y Fredrik Logevall, America’s Cold War. The Politics of Insecurity, Cambridge, Mass, The Belknap Press, 2009, pp. 232-240 (un interesante análisis de las motivaciones tras la guerra y la escalada). Además, Kaiser, American Tragedy, pp. 312-341. Weiner, Legacy of Ashes, pp. 241-243. Mann, A Grand Delusion, pp. 342-370 (y pp. 303-321, sobre las propuestas neutralizadoras: Fulbright sostenía aún la comparación con el régimen de Tito en 1965, en plena escalada de la guerra, pero Johnson no estaba por escuchar estos planteamientos). Las consideraciones de Mao Lin en «China and the escalation of the Vietnam war: the first years of the Johnson administration», en Journal of Cold War Studies, 11 (2009), n.º 2, pp. 35-69 acerca de la importancia de intervenir para impedir un acercamiento de la Unión Soviética a China, etc. no resultan muy convincentes. Las palabras de Kennan en su memorándum de 24 de febrero de 1948, en Foreign Relations of the United States, 1948, General, I, pp. 509-529. Sobre el «síndrome de la Situation Room», Henry Kissinger, White House Years, Londres, Phoenix Press, 2000, p. 315.

La «Gran sociedad»

Dallek, Flawed Giant, pp. 189-232; Woods, LBJ, pp. 557-592; Jeffrey W. Helsing, Johnson’ War / Johnson’s Great Society. The Guns and Butter Trap, Westport, Praeger, 2000 plantea el problema de cómo el coste de la guerra de Vietnam condicionó las posibilidades de una política social ambiciosa. Sobre la lucha por los derechos civiles, Simon Hall, Peace and Freedom. The Civil Rights and Antiwar Movements in the 1960s, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2006; Kotz, Judgment Days, passim; Rosenberg y Karabell, Kennedy, Johnson and the Quest for Justice, pp. 194-330; Robert A. Caro, «Johnson’s dream, Obama’s speech», en New York Times, 28 de agosto de 2008. Johnson era consciente en los últimos días de su vida de que la tarea estaba lejos de haberse completado. En 2007 pudo todavía decirse que «cinco décadas después de que el Tribunal Supremo prohibiese la segregación en las escuelas, los niños blancos y negros siguen aprendiendo en mundos distintos. Y podría acabar siendo peor» («Still separate after all these years», en The Economist, 28 de abril de 2007, pp. 49-50). La elección de Obama como presidente y la de un afroamericano al frente del partido republicano (Michael Fauntroy, «The meaning of Michael Steele», en The Huffington Post, 2 de febrero de 2009) fue un espejismo; el ascenso del Tea Party sacó de nuevo a la luz la persistencia del racismo, agravada por las campañas contra los inmigrantes hispanos.

La guerra de los Seis Días

Estos párrafos dependen en gran medida de dos libros que han aportado una nueva visión del problema: Jeremy Salt, The Unmaking of the Middle East. A History of Western Disorder in Arab Lands, Berkeley, University of California Press, 2008, pp. 211-237 y Patrick Tyler, A World of Trouble. The White House and the Middle East- from the Cold War to the War on Terror, Nueva York, Farrar, Strauss and Giroux, 2009, pp. 64-106. Este último, en concreto, aporta un detallado análisis de los debates y las pugnas internas que condujeron a la guerra, que ha sido imposible sintetizar aquí. Mark Tessler, A History of the Israeli-Palestinian Conflict, Bloomington, Indiana University Press, 2009/2, pp. 336-397, passim para la historia de la OLP. Una corrección a la suposición de que los soviéticos habrían incitado a los egipcios con falsas informaciones sobre los planes israelíes (como sostiene, por ejemplo, Isabella Ginor, «The Russians were coming: The Soviet military threat in the 1967 six-day war», en Meria [Middle East Review of International Affairs], 4 [2000], n.º 4), proviene de Guy Laron, «Stepping back from the third world. Soviet policy toward the United Arab Republic, 1965-1967», en Journal of Cold War Studies, 12 (2010), n.º 4, pp. 99-118. Algunos matices interesantes proceden de Yevgeny Primakov, Russia and the Arabs. Behind the Scenes in the Middle East from 1950 to the Present, Nueva York, Basic Books, 2009, pp. 101-123 y de Eugene Rogan, Los árabes. Del Imperio otomano a la actualidad, Barcelona, Crítica, 2010, pp. 517-529. Una detallada descripción de la guerra en Jeremy Bowen, Seis días de guerra. El conflicto de 1967 y la configuración de Oriente Medio, Barcelona, Paidós, 2007, passim (sobre las consecuencias de la guerra para Israel, pp. 309-357); la versión oficial y apologética israelí en Michael B. Oren, Six Days of War. June 1967 and the Making of the Modern Middle East, Nueva York, Oxford University Press, 2002 y una visión israelí menos sesgada y más interesante, en Tom Segev, 1967. Israel, the War, and the Year that Transformed the Middle East, Nueva York, Metropolitan Books, 2007 (véase, por ejemplo, su visión del «síndrome sirio», pp. 191-222; sobre el viaje de Amit a Washington, pp. 328-334, etc.). Sobre el ataque a la aldea de Samu, Clea Lutz Bunch, «Strike at Samu: Jordan, Israel, the United States, and the origin of the six-day war», en Diplomatic History, 32 (2007), 1, pp. 55-76. Yaacov Ro’i y Boris Morozov, eds., The Soviet Union and the June 1967 Six Day War, Washington, Woodrow Wilson Center, 2008; Bregman, Israel’s Wars, pp. 62-93. Complementariamente, Doron Arazi, Yitzhak Rabin, héroe de la guerra y de la paz, Barcelona, Herder, 1996, pp. 83-97; más los documentos publicados en Foreign Relations, 1964-1968, vol. XIX, «Arab-Israeli crisis and war, 1967», pp. 149-205. Sobre Egipto y la guerra del Yemen, Warren Bass, Support any Friend. Kennedy’s Middle East and the Making of the U.S.-Israel Alliance, Nueva York, Oxford University Press, 2003, pp. 98-143; Tariq Ali, «Unhappy Yemen», en London Review of Books, 25 de marzo de 2010, pp. 31-33. Galia Golan, «The Soviet Union and the outbreak of the June 1967 six-days war», en Journal of Cold War Studies, 8 (2006), n.º 1, pp. 1-19; John A. Lynn, Battle. A History of Combat and Culture, Boulder, Co., Westview, 2003, pp. 281-285; tomo datos también de una carta de Pablo Mukherjee en London Review of Books, 18 de agosto de 2005, p. 4. Sobre el petróleo iraní y el oleoducto de Eilat, Trita Parsi, Treacherous Alliance. The Secret Dealings of Israel, Iran, and the United States, New Haven, Yale University Press, 2007, p. 23. Yehudit Ronen, «Libya’s Gadhafi and the Israeli-Palestinian conflict, 1969-2002», en Middle Eastern Studies, 40 (2004), n.º 1, pp. 85-98. Shlomo Ben-Ami, Quel avenir pour Israel? París, Presses Universitaires de France, 2001, pp. 10-17. La comparación de lo que dice Johnson, Memorias de un presidente, pp. 312-329, con lo que afirma Helms (A Look Over my Shoulder, pp. 292-305, cita de p. 303 y 330-335) muestra las debilidades de las memorias del presidente, tanto más sorprendentes por cuanto estaba ya instalado el servicio de grabación en la Casa Blanca: Johnson asegura, por ejemplo, que fue él quien tomó la decisión de enviar la flota y Helms sostiene que fue una propuesta de McNamara que Johnson aceptó con un gesto, sin decir una palabra. Woods, LBJ, pp. 768-781. Sobre los crímenes de guerra, Youssef M. Ibrahim, «Sept. 17-23: mass graves; Egypt says Israel shot P.O.W.’s in ’67 war», en New York Times, 24 de septiembre de 1995. Sobre el Liberty, la web de los supervivientes: U.S.S. Liberty memorial, en <www.gtr5.com>; Bamford: Body of Secrets, pp. 190-226; Bergman, Israel’s Wars, pp. 88-90, confirma lo denunciado por Bamford (sobre «la guerra de desgaste» de 1968-1970, pp. 93-101). Oren, pp. 262-271, hace un detalladísimo relato para concluir que todo fue un desgraciado accidente y Tom Segev, pp. 568-570, se esfuerza en el mismo sentido. Richard Helms —A Look Over my Shoulder, pp. 298-305— está convencido de la culpabilidad israelí. Sobre el petróleo del Sinaí, Gawdat Bahgat, «Energy and the Arab-Israeli conflict», en Middle Eastern Studies, 44 (2008), n.º 6, pp. 937-944. Sobre las relaciones entre Francia e Israel, Gary J. Bass, «When Israel and France broke up», en New York Times, 1 de abril de 2010. Sobre el rearme israelí y su programa nuclear, David Rodman, «Phantom fracas: the 1968 American sale of F-4 aircraft to Israel», en Middle Eastern Studies, 40 (2004), n.º 6, pp. 130-144; Bass, Support any friend, pp. 186-238; Avner Cohen, The Worst-kept Secret. Israel’s Bargain with the Bomb, Nueva York, Columbia University Press, 2010; Avner Cohen y William Burr, «Israel crosses the threshold», en Bulletin of the Atomic Scientists, 62 (2006), n.º 3, pp. 22-30; David Stout, «Israel’s nuclear arsenal vexed Nixon», en New York Times, 29 de noviembre de 2007; William Burr, «In 1974 estimate, CIA found that Israel already had a nuclear stockpile and that “many countries” would soon have nuclear capabilities», en National Security Archive, 14 de enero de 2008; William J. Broad, «Hidden travels of the atomic bomb», en New York Times, 9 de diciembre de 2008; Stephanie Cooke, In Mortal Hands. A Cautionary History of the Nuclear Age, Nueva York, Bloomsbury, 2009, pp. 226-243; Avner Cohen y Marvin Miller, «Bringing Israel’s bomb out of the basement», en Foreign Affairs, 89 (2010), n.º 5, pp. 30-44. Sobre la colaboración nuclear de Israel con África del Sur y el llamado «incidente Vela» de 1979, cuando pareció detectarse una explosión en el Atlántico Sur, hay abundante información en National Security Archive («U.S. Intelligence and the South African bomb», 13 de marzo de 2006; «The Vela incident», 5 de mayo de 2006, etc.). El tema ha sido estudiado además en un libro de J.T. Richelson, Spiying on the Bomb, Nueva York, Norton, 2006, pp. 283-316. La afirmación de Dayán en Henry Siegman, «The great Middle East peace process scam», en London Review of Books, 16 de agosto de 2007, pp. 6-7. La frase de Golda Meir en Pierre Vidal-Naquet, Mémoires. 2. Le trouble et la lumière (1955-1998), París, Seuil, 2007, p. 259. Sobre Siria, Moshe Maox y Avner Yaniv, eds., Syria Under Assad, Londres, Croom Helm, 1986 e Yvette Talhamy, «The Fatwas and the Nusayri/Akawis of Syria», en Middle Eastern Studies, 46 (2010), n.º 2, pp. 175-194.

La escalada en Vietnam

Prados, Vietnam, pp. 102-222, sobre la ofensiva del Tet y sus consecuencias, pp. 223-255; sobre la Operación Rolling Thunder, pp. 114, 154-155 y 159-162 (también, Edward Kennedy, Los Kennedy, pp. 279-298); sobre los momentos finales de la presidencia, pp. 256-278. Sobre el error de haber confiado en la eficacia de los bombardeos, Daniel R. Headrick, El poder y el imperio, Barcelona, Crítica, 2011, pp. 316-326. Un documentado análisis sobre la ayuda de soviéticos y chinos a Vietnam, y sobre su enfrentamiento por esta cuestión, en Nicholas Khoo, «Breaking the ring of encirclement: The Sino-Soviet rift and Chinese policy toward Vietnam, 1964-1968», en Journal of Cold War Studies, 12 (2010), n.º 1, pp. 3-42. Appy, La guerra de Vietnam, pp. 137-347; Kaiser, American Tragedy, pp. 341-483; Preston, The War Council, pp. 155-235; Daniel Ellsberg, Secrets. A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers, Nueva York, Viking, 2002. The Pentagon Papers, pp. 382-458 (Neil Sheehan, «The launching of the ground war: march-july 1965»), pp. 459-509 («The buildup: july, 1965-september, 1966»), pp. 542-553; Goldstein, Lessons in Disaster, pp. 144-185 (sobre Pleiku, pp. 155 157); Robert D. Schulzinger, A Time for War. The United States and Vietnam, 1941-1975, Nueva York, Oxford University Press, 1998, pp. 182 y ss.; Kolko, Anatomy of a War, pp. 122-124 y 163-299 (sobre la ofensiva del Tet, pp. 303-337). Sobre el «agente naranja», Geoffrey Regan, Guerras, políticos y mentiras, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 47-49. Sobre el programa «More flags», que intentaba conseguir apoyo de sus aliados, Sylvia Ellis, Britain, America, and the Vietnam War, Westport, Praeger, 2004, pp. 4-7; sobre Japón, Walter La Feber, The Clash. U.S.-Japanese Relations throughout History, Nueva York, Norton, 1997, pp. 338-347. Sobre los intentos frustrados de negociación, William Conrad Gibbons, The US Government and the Vietnam War: Executive and Legislative Roles and Relationships Part IV: July 1965-January 1968, Princeton, Princeton University Press, 1995, pp. 511-523. Sobre la Operación Phoenix y sus consecuencias, Prados, Lost Crusader, pp. 175-179 y 187-238; Helms, A Look over my Shoulder, pp. 335-338 y Bernd Greiner, War without Fronts. The USA in Vietnam, Londres, The Bodley Head, 2009, pp. 60-61. La operación se realizaba al margen, en teoría, de la CIA, en la organización CORDS (Civil Operations and Revolutionary Development Suport Staff) que se suponía depender de la Agencia de Desarrollo Internacional (AID). Sobre las protestas contra la guerra: Simon Hall, Peace and Freedom. The Civil Rights and Antiwar Movements in the 1960s, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2005; Schlesinger, Journals, 1952-2000, p. 260; Weiner, Legacy of Ashes, pp. 285-288. Acerca de la teoría que pretende que la guerra se perdió por la defección interior, al modo de «la puñalada por la espalda» con que los militares alemanes justificaron su derrota en la primera guerra mundial, Marc Jason Gilbert, «Introduction» y Marilyn Young, «Ho, Ho, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh is gonna win», en Marc Jason Gilbert, ed., Why the North Won the Vietnam War, Nueva York, Palgrave, 2002, pp. 1-45 y 219-232, respectivamente. La necrología de McNamara, Tim Weiner, «Robert S. McNamara, former Defense secretary, dies at 93», en New York Times, 7 de julio de 2009; véase también, «Robert McNamara: An appreciation», en National Security Archive, 9 de julio de 2009. Las palabras finales sobre Vietnam, de Helms, A Look over my Shoulder, pp. 318-320.

El fin de la presidencia de Johnson

Johnson, Memorias, pp. 573-602; Woods, LBJ, pp. 798-865; Edward Kennedy, Los Kennedy, pp. 299-321 (la cita sobre los incidentes raciales, de p. 289). Sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear, Susan Watkins, «Lulling nuclear protest», en New Left Review, 54 (2008) pp. 5-26. El asunto Anna Chennault está hoy ampliamente documentado: Anthony Summers, Nixon. La arrogancia del poder, Barcelona, Península, 2003, pp. 376-388; William Bundy, A Tangled Web. The Making of Foreign Policy in the Nixon Presidency, Nueva York, Hill and Wang, 1998, pp. 35-48; Woods, LBJ Architect of American Ambition, pp. 872-875; Mann, A grand delusion, pp. 620-621; Melvin Small, The Presidency of Richard Nixon, Lawrence, University Press of Kansas, 1999, pp. 29-30, William Safire, Before the Fall. An Inside View of the Pre-Watergate White House, New Brunswick, Transaction, 2005/2, pp. 88-91, etc. En los días difíciles del proceso sobre Watergate el tema de las escuchas en poder de Johnson salió en algunos momentos a la luz; pero su muerte en enero de 1973 acabó con el problema (véase, Stanley I. Kutler, Abuse of Power. The New Nixon Tapes, Nueva York, The Free Press, 1997, pp. 175 y 202-204).

CAPÍTULO 6: ÁFRICA: EL «VIENTO DEL CAMBIO»

Ronald Hyam, Britain’s Declining Empire. The Road to Decolonisation, 1918-1968, Cambridge, Cambridge University Press, 2006 (un análisis detallado del discurso de Macmillan en pp. 242-262); William Roger Louis, Ends of British Imperialism. The Scramble for Empire, Suez and Decolonization, Londres, I.B. Tauris, 2006; Piers Brendon, The Decline and Fall of the British Empire, 1781-1997, Londres, Jonathan Cape, 2007. Roland Quinault, «Churchill and black Africa», en History Today, 55 (2005), n.º 6, pp. 31-36; J.D. Hargreaves, Decolonization in Africa, Londres, Longman, 1988, pp. 87-88. Marcel Reggui, Les massacres de Guelma, París, La Découverte, 2006, p. 77. Antoine Glaser y Stephen Smith, Comment la France a perdu l’Afrique, París, Calmann-Lévy, 2005, pp. 35-36. United States Department of State, Foreign Relations of the United States 1958-1960, vol. XIV, Africa (Congo, pp. 251-644). Cita de p. 252.

Las primeras independencias

Paul B. Henze, Layers of Time. A History of Ethiopia, Londres, Hurst, 2000, pp. 229-300. Geoffrey Roberts, Stalin Wars. From World War to Cold War, 1939-1945, New Haven, Yale University Press, 2006, pp. 297-298; William Roger Louis, «Libya: the creation of a client state», en Louis, Ends of British Imperialism, pp. 503-528 y «The coming of independence in the Sudan», en pp. 529-551; Hargreaves, Decolonization in Africa, pp. 90-91; Yves Benot, Massacres coloniaux. 1944-1950: la IV république et la mise au pas des colonies françaises, París, La Découverte, 1994, pp. 64-68; René Gallisot, «La décolonisation du Maghreb: de l’Afrique du Nord française au Maghreb en suspens», en Mohammed Harbi y Benjamin Stora, eds., La guerre d’Algérie. 1954-2004, la fin de l’amnésie, París, Robert Laffont, 2004, pp. 47-76; Alex de Waal, Famine Crimes. Politics and the Disaster Relief Industry in Africa, Londres, African Rights, 2006/5, pp. 86-98; Stephen Blackwell, «Israel and Sudan: the saga of an enigmatic relationship», en Middle Eastern Studies, 35 (1999), n.º 3, pp. 19-41. Sobre Eritrea, Selam Kidane, «Isaias Afewerki and Eritrea: A nation’s tragedy», en Pambazuka News, 2 de julio de 2009; Yohannes Woldermariam, «The plight of Eritrea’s boat people», en Pambazuka News, 29 de octubre de 2009 y Yosief Ghebrehiwet, «Western mining companies and slave labor in Eritrea», en Asmarino independent, 20 de abril de 2010 (Asmarino independent es un periódico digital realizado en los Estados Unidos en el que se pueden seguir las noticias de Eritrea, desde el punto de vista de su oposición en el exilio).

La guerra de Argelia

Las fuentes fundamentales usadas han sido el libro ya citado de Harbi y Stora, eds., La guerre d’Algérie; Alistair Horne, A Savage War of Peace. Algeria 1954-1962, Nueva York, New York Review of Books, 2006; Martin Evans and John Phillips, Algeria. Anger of the Dispossessed, New Haven, Yale University Press, 2007; Benjamin Stora, Histoire de la guerre d’Algérie, París, La Découverte, 1993; Général Paul Aussaresses, Services Spéciaux. Algérie, 1955-1957, París, Perrin, 2001 (citas de las pp. 98, 151 y 155); Pierre Vidal-Naquet, Les crimes de l’armée française. Algérie 1954-1962, París, La Découverte, 2001/2 (sobre los métodos empleados en la «batalla de Argel», pp. 71-93; sobre el reagrupamiento de campesinos, pp. 137-152); Raphaëlle Branche, La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie, París, Gallimard, 2001; Mohamed Benrabah et al., Les violences en Algérie, París, Odile Jacob, 1998; Habib Soauïdia, La sale guerre. Le témoignage d’un ancien officier des forces spéciales de l’armée algérienne, París, La Découverte, 2001 (cita de p. 194) y Lounis Aggoun y Jean-Baptiste Rivoire, Françalgérie, crimes et mensonges d’états, París, La Découverte, 2005, pp. 35-59. Además, Raoul Girardet, L’idée coloniale en France de 1871 à 1962, París, Hachette, 2005 (ed. original de 1972), pp. 277-301; Benot, Massacres, pp. 9-35; Jean Lacouture, Pierre Mendès France, París, Seuil, 2003, pp. 465-471 y 589-605; Serge Berstein, Histoire du gaullisme, París, Perrin, 2002, pp. 195-244. Sobre la historia interna de la contrarrevolución, J.R. Tournoux, Secretos de estado, Barcelona, Plaza y Janés, 1962. Para situar la guerra en un contexto internacional, Matthew Connelly, «Taking off the cold war lens: visions of north-south conflict during the Algerian war for independence», en American Historical Review, 105 (2000), n.º 3, pp. 739-780. Martin Evans, «France 1956. The decisive moment», en History Today, diciembre de 2006, pp. 40-46; Alain Peyrefitte, C’était De Gaulle, Gallimard, Quarto, 2002 (citas de pp. 86-88 y 98-104); sobre la rentabilidad del imperio, Jacques Marseille, Empire colonial et capitalisme français. Histoire d’un divorce, París, Seuil, 1989 y Edward Peter Fitzgerald, «Did France’s colonial empire make economic sense? A perspective from the postwar decade, 1946-1956», en Journal of Economic History, XLVIII, n.º 2, junio de 1988, pp. 373-385. Sobre la tragedia de los harkis, Fatima Besnaci-Lancou y Gilles Manceron, Les harkis dans la colonisation et ses suites, Ivry sur Seine, Les Éditions de l’Atelier, 2008.

Los antecedentes de la independencia del África Subsahariana

Dos libros fundamentales empleados aquí son el de Frederick Cooper, Decolonization and African Society. The Labor Question in French and British Africa, Cambridge, Cambridge University Press, 1996 y el de Hyam, Britain’s Declining Empire, pp. 130-150, que aclara los limitados propósitos de la política laborista de emancipación, que solo preveía la independencia a muy largo plazo. Hargreaves, Decolonization in Africa, pp. 76-82, 97-109 y 129-131; Frederick Cooper, «“Our strike”. Equality, anticolonial politics and the 1947-48 railway strike in French West Africa», en James D. Le Sueur, ed., The Decolonization Reader, Londres, Routledge, 2003, pp. 156-185. Sobre Nkrumah, Yao Graham, «Nkrumah: Model challenge for Ghanna’s rulers», en Pambazuka News, 438, 18 de junio de 2009 y Ama Biney, The Political and Social Thought of Kwame Nkrumah, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2011. Benot, Massacres coloniaux, pp. 114-123; Martin Shipway, «Madagascar on the eve of insurrection, 1944-47», en Le Sueur, The Decolonization Reader, pp. 80-102; Michael Havinden y David Meredith, Colonialism and Development. Britain and its Tropical Colonies, 1850-1960, Londres, Routledge, 1993; Kassim Guruli, «The struggle for socialism in Tanzania», en The Silent Class Struggle, Dar es Salaam, Tanzania Pub. House, 1976, pp. 118-128; Frederick Cooper, Africa since 1940. The past of the present, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 4; Glaser y Smith, Comment la France a perdu l’Afrique, pp. 54-55; Arthur Herman, La idea de decadencia en la historia occidental, Barcelona, Andrés Bello, 1998, pp. 358-363; A.W.B. Simpson, Human Rights and the End of Empire: Britain and the Genesis of the European Convention, Oxford, Oxford University Press, 2001. Sobre el asesinato de Felix Moumié, Rene Wadlow, «Political assassination: lead up to African independences», en Toward Freedom, 1 de noviembre de 2010. Sobre la participación de la CIA en la captura de Mandela, William Blum, El estado agresor. La guerra de Washington contra el mundo, Arrigorriaga, Status Ediciones, 2004, pp. 355-357 y Tim Weiner, Legacy of Ashes. The History of the CIA, Londres, Allen Lane, 2007, pp. 361-363.

El modelo británico: las independencias controladas

Este apartado se basa esencialmente, para Kenia, en Caroline Elkins, Imperial Reckoning. The Untold Story of Britain’s Gulag in Kenya, Nueva York, Henry Holt, 2005; David Anderson, Histories of the Hanged. Britain’s Dirty War in Kenya and the End of Empire, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 2005; Benjamin Grob-Fitzgibbon, Imperial Endgame. Britain’s Dirty Wars and the End of Empire, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2011, pp. 208-226, 233-251 y 264-275; Timothy H. Parsons, The Rule of Empires, Nueva York, Oxford University Press, 2010, pp. 289-349; R. Mugo Gatheru, Kenya. From Colonization to Independence, 1888-1970, Jefferson, McFarland, 2005; Christopher Andrew, The Defence of the Realm. The Authorized History of MI5, Londres, Allen Lane, 2009, pp. 454-458. El cine hizo su aportación a la campaña de demonización del Mau mau con películas, algunas de ellas brillantes, como Simba (1955), Safari (1956) y Something of value (1957). Para Rhodesia-Zimbabue, Martin Meredith, Mugabe. Power and Plunder in Zimbabwe, Oxford, Public Affairs, 2002, pp. 1-15 y 41-48; Brendon, Decline and Fall, pp. 569-598. Además de Hargreaves, Decolonization, pp. 76-78; Neal Ascherson, «The breaking of the Mau Mau», en New York Review of Books, 7 de abril de 2005, pp. 26-28. William Roger Louis y Ronald Robinson, «The imperialism of decolonization», en Le Sueur, The Decolonization Reader, pp. 49-79; Alex de Waal, Famine crimes, pp. 57-62 y V. Bushin, Social Democracy and Southern Africa, 1960s-1980s, Moscú, Progreso, 1989, pp. 116-118. Sobre las reclamaciones a Gran Bretaña de los Mau mau veteranos de guerra, Ken Olende, «Haunteds by history», en Pambazuka News, 443, 23 de julio de 2009. Sobre la federación de Tanzania, Haroub Othman, «Tanzania: Beyond sectarian interests», en Pambazuka News, 430 (30 de abril de 2009).

El modelo francés: la Françafrique

Patrick Manning, Francophone Sub-saharan Africa, 1880-1995, Cambridge. Cambridge University Press, 1998; Alexandre Gerbi, Histoire occultée de la décolonisation franco-africaine. Impostures, refoulement et névroses, París, L’Harmattan, 2006; André Nouschi, Les armes retournées. Colonisation et décolonisation françaises, París, Belin, 2005; Damián Mollet, África sin deuda, Barcelona. Icaria, 2008; Yves Benot, «La décolonisation de l’Afrique française, 1943-1962», en Marc Ferro, Le livre noir du colonialisme, París, Hachette, 2004, pp. 689-741; Girardet, L’idée coloniale en France de 1871 à 1962. Una desmitificación del papel «heroico» de Seku Turé, en Abdoulaye Diallo, Sékou Touré, 1957-1961. Mythe et réalités d’un héros, París, L’Harmattan, 2008. Sobre Togo, Gilles Labarthe, Le Togo, de l’esclavage au libéralisme mafieux, Marsella, Agone, 2005, pp. 40-49; las ideas de Sylvanus Olympio en su artículo «African problems and the cold war», en Foreign Affairs, 40 (1961-1962), pp. 50-57 (su apuesta por la construcción nacional y la cooperación entre naciones contra las vaguedades del panafricanismo); Parti des Travailleurs, «105e anniversaire de Sylvanus Olympio», en letogolais.com, 6 de septiembre de 2007 (sobre la desinformación de la prensa española al producirse la muerte de Eyadéma, José Bape, «Complicidad o incompetencia: desinformación en los periódicos españoles tras la muerte de Eyadéma, dictador de Togo», en <www.oozebap.org 2005>); José Bape, ed., El bombero pirómano. La actuación criminal de Francia en el África contemporánea, s.l., Oozebap, 2006. Sobre Gabón y las personalidades de Léon Mba y Omar Bongo, Nicholas Shaxson, Poisoned Wells. The Dirty Politics of African Oil, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2007, pp. 63-82; el problema es que el petróleo empieza a acabarse en Gabón y urge encontrar nuevos recursos (Lydia Polgreen, «Pristine African park faces development», en New York Times, 22 de febrero de 2009, de donde tomo también la caracterización del régimen de Bongo). Sobre la sucesión de Bongo, Rodrigue Kpogli, «Le fils Bongo hérite du contrat de métayage de son feu père», en Pambazuka News, 13 de septiembre de 2009. Maurice Robert, «Ministre» de l’Afrique. Entretiens avec André Renault, París, Seuil, 2004 (cita de p. 103); Philippe Gaillart, Foccart parle. Entretiens avec Philippe Gaillard, I, París, Fayard-Jeune Afrique, 1995; Alain Peyrefitte, C’étatit de Gaulle, París, Gallimard, 2002; Glaser y Smith, Comment la France, pp. 68-77, 108-109 y 160-161. La cita de Diop, de Boubacar Boris Diop, África más allá del espejo, Barcelona, Oozebap, 2009, pp. 103-104. «The glory days are passing», en The Economist, 16 de diciembre de 2006, pp. 23-24. Sobre la intervención en la República centroafricana, Glaser y Smith, Comment la France a perdu, pp. 129-134; Odile Tobner, Billets d’Afrique et d’ailleurs, n.º 154, enero de 2007; Lydia Polgreen, «Wedged amid African crises, a neglected nation suffers», en New York Times, 2 de abril de 2007. Sobre Bozizé y su país, «The International Criminal Court: More suspects in its sights», en The Economist, 26 de mayo de 2007, p. 48 y «Beyond a failed state», 26 de enero de 2008, pp. 38 y 39. Sobre los bandidos «zaraguinas», véanse las noticias publicadas por Amnesty International el 19 de septiembre de 2007. Sobre el fin de la Françafrique, Stephen Smith, «Nodding and winking», en London Review of Books, 11 de febrero de 2010, pp. 10-12.

El Congo belga

Los dos textos principales que he seguido en estos párrafos son Ludo de Witte, El asesinato de Lumumba, Barcelona, Crítica, 2002 y Georges Nzongola-Ntalaja, The Congo from Leopold to Kabila. A People’s History, Londres, Zed Books, 2002. A los que hay que añadir la documentación publicada en United States Department of State, Foreign Relations of the United States 1958-1960, vol. XIV Africa (Congo, pp. 251-644; la reunión entre Lumumba y el secretario de Estado norteamericano en pp. 359-366), el extenso estudio que la comisión Church hizo de las responsabilidades norteamericanas, y del papel de Eisenhower, en el asesinato de Lumumba, que puede consultarse en <www.aarclibrary.org>, y L. Namikas y S. Mazov, The Congo Crisis, 1960-1961, un amplio dossier de documentos preparado en septiembre de 2004, que puede consultarse entre los materiales del Cold War International History Project. Sobre las responsabilidades de Eisenhower y la CIA en el asesinato, John Prados, Safe for Democracy. The Secret Wars of the CIA, Chicago, Ivan R. Dee, 2006, pp. 273-279 y las informaciones que De Witte añadió a la edición española de El asesinato de Lumumba, pp. 7-12 y 291-292. Adam Hochschild, «An assassination’s long shadow», en New York Times, 16 de enero de 2011. David F. Schmitz, The United States and Right-Wing Dictatorships, 1965-1989, Nueva York, Cambridge University Press, 2006, pp. 9-35; en pp. 83-85, la relación Nixon-Mobutu. Datos adicionales de interés en Cameron Duodu, «Patrice Lumumba: the rise and assassination of an African patriot», en Pambazuka News, 513, 20 de enero de 2011. Sobre la rentabilidad del Congo para la metrópoli, Frans Buelens y Stefaan Marysse, «Returns on investment during the colonial era: the case of the Belgian Congo», en Economic History Review, 62 (2009), número especial S1, pp. 135-166. Michela Wrong, Tras los pasos del señor Kurtz. El Congo al borde del colapso, Barcelona, Intermón Oxfam, 2005; Joseph J. Trento, La historia secreta de la CIA, Barcelona, Círculo de Lectores, 2004, pp. 280-282; Weiner, Legacy of Ashes, pp. 162-163; Mbuyi Kabunda Badi, El nuevo conflicto del Congo, Madrid, SIAL-Casa de África, 1999, pp. 14-15; Guy Vanthemsche, La Belgique et le Congo (Nouvelle histoire de Belgique, vol. 4), Bruselas, Complexe, 2007; algunas informaciones puntuales recogidas sobre el terreno por Tim Butcher, Blood River. A Journey to Africa’s Broken Heart, Londres, Chatto and Windus, 2007, pp. 57-58 y 186-187 y las noticias sobre los mercenarios que da Tony Geraghty, Guns for Hire. The Inside Story of Freelance Soldiering, Londres, Portrait, 2007, pp. 46-54. Nancy Rose Hunt, «Rewriting the soul in a Flemish Congo», en Past and Present, n.º 198 (2008), pp. 185-215. Ernesto Che Guevara, Pasajes de la guerra revolucionaria: Congo, Barcelona, Mondadori, 1999 (citas de p. 99); sobre Bob Denard, Véronique Vasseur, Lo que yo he visto en la prisión de la Santé, Hondarribia, Argitaletxe Hiru, 2001, pp. 85-86 y 125; James Srodes, Allen Dulles, master of spies, Washington, Regnery, 1999, pp. 495-496; Jean Ziégler, La contrarrevolución en África, Barcelona, Lumen, 1967, pp. 63-82; Robert, «Ministre» de l’Afrique, pp. 163-178; John Prados, Lost Crusader, Nueva York, Oxford University Press, 2003, p. 320; Robert L. Beisner, Dean Acheson. A Life in the Cold War, Nueva York, Oxford University Press, 2006, pp. 527-528; William Blum, Killing hope. U.S. Military and CIA Interventions since World War II, Montréal, Black Rose Books, 1998, pp. 156-163. Sobre la intervención de los paracaidistas belgas en Stanleyville, John Quigley, The Ruses for War. American Interventions Since World War II, Amherst, Prometheus Books, 2007/2, pp. 129-136 y 183-190. El tema de la responsabilidad de la ONU en la caída de Lumumba es complejo; Brian Urquhart, que era ayudante del subsecretario de la ONU, Ralph Bunche, defiende la actuación de este y de Hammarskjöld, frente a un Lumumba irracional e intratable; pero Nzongola-Ntalaja nos asegura que sus investigaciones en la documentación de la ONU le han permitido ver el desprecio que Bunche sentía por Lumumba y comprobar la colaboración entre miembros del personal de la ONU y los Estados Unidos.

Las colonias portuguesas

Odd Arne Westad, The Global Cold War, Nueva York, Cambridge University Press, 2007, pp. 207-241; Werner, Legacy of Ashes, pp. 348-349. Prados, Safe for Democracy, pp. 439-455, relata la implicación de la CIA y sostiene que fue suya la responsabilidad por haber iniciado una guerra innecesaria. David Birmingham, «Angola», en Patrick Chabal, ed., A History of Postcolonial Lusophone Africa, Londres, Hurst and Co., 2002, pp. 137-184; Mark Huband, África después de la guerra fría. La promesa rota de un continente, Barcelona, Paidós, 2004, pp. 63-95; Piero Gleijeses, «Moscow’s proxy? Cuba and Africa, 1975-1988», en Journal of Cold War Studies, 8 (2006), n.º 2, pp. 3-51 (sobre las intervenciones cubanas en Angola y Etiopía, Piero Gleijeses, «Cuba and the Cold War, 1959-1980», en Melvyn P. Leffler y Odd Arne Westad, eds., The Cambridge History of the Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, II, pp. 327-348). Christine Messiant, «Angola: malheur aux vaincus!», en Fabrice Weissman, ed., À l’ombre des guerres justes. L’ordre international cannibale et l’action humanitaire, París, Flammarion, 2003, pp. 119-143; Geraghty, Guns for Hire, pp. 55-75; Lisa Rimli, «Economía de guerra en tiempos de paz. La industria privada de seguridad en Angola», en Dario Azzellini, ed., El negocio de la guerra, Tafalla, Txalaparta, 2005, pp. 197-212; Jad Mouawad, «Nowadays, Angola is oil’s topic A», en New York Times, 20 de marzo de 2007. Malyn Newitt, A history of Mozambique, Bloomington, Indiana University Press, 1995 y «Mozambique», en Chabal, ed., A History of Postcolonial Lusophone Africa, pp. 185-235; Meredith, Mugabe, pp. 43-44.

Los conflictos étnicos

Mwangi S. Kimenyi, Ethnic Diversity, Liberty and the State. The African Dilemma, Cheltenham, Edward Elgar, 1997; Jordi Tomás, ed., Secesionismo en África, Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2010 (sobre Nigeria, José María Ortuño Aix, «Acciones y dividendos en una sociedad fragmentada: Nacionalismo, etnicidad y secesionismo en la Nigeria postcolonial», pp. 167-197). Sobre el caso de Botsuana y los bosquimanos, véanse las noticias en Survival (<www.survivalinternational.org>), por ejemplo en 21 de julio de 2010 y 18 de enero de 2011; además, Barry Bearak, «For some bushmen, a homeland worth the fight», en New York Times, 4 de noviembre de 2010. Sobre el trato brutal reservado a los refugiados de Namibia, Gowenius Toka, «The ugly face of Botswana», en Pambazuka News, 480, 5 de mayo de 2010. Ousmane Sy, «Le Mali, une nation qui cherche encore un état», en Pambazuka News, edición francesa, 163, 17 de octubre de 2010. José Bape, «Costa de Marfil, ¿el Irak de Francia?», en <www.oozebap.org>; Pierre-Aimée Kipré, «Migraciones y construcción de países en el África negra: el caso de Costa de Marfil a partir de mediados del siglo XX», en Debats (Valencia), n.º 99 (2008), pp. 55-68. Sobre los niños esclavos que producen cacao en Costa de Marfil y Ghana, Kevin Bale, Ending Slavery. How We Free Today Slaves, Berkeley, University of California Press, 2007. Sobre las elecciones de 2010 y el conflicto con Gbagbo véanse los artículos, con opiniones contrastadas, que aparecen en los n.os 511 y 512 de Pambazuka News, de 6 y 13 de enero de 2011, Uche Igwe, «Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo against the world», en Pambazuka News, n.º 510, 16 de diciembre de 2010, y en especial el de Horace Campbell, «Gbagbo and the Ivorian test: Moving beyond anti-imperialistic rethoric», que repasa toda la historia de Costa de Marfil independiente; pueden completarse con el de Pierre Sané, del n.º 520, 10 de marzo de 2011 y el de Ley-Ngardigal Djiomadoum en el n.º 185 de la edición francesa de Pambazuka News, 11 de abril de 2011. Además de Stephen Smith, «The story of Laurent Gbagbo», en London Review of Books, 19 de mayo de 2011, pp. 10-12.

Samuel Abonyo, «“Tribe” and tribal statistics in Kenya», en Pambazuka News, n.º 446, 3 de septiembre de 2009; M. Mamdani, «The politics of naming», en London Review of Books, 26 abril 2007, p. 4. Stefan Wolff, Ethnic Conflict. A Global Perspective, Oxford, Oxford University Press, 2006. Sobre Kenia después de Kenyatta, Martin Meredith, The State of Africa. A History of Fifty Years of Independence, Londres, Free Press, 2006, pp. 383-385, 400-404 y 687; Stefan Ehlert, Wangari Maathai. La madre de los árboles, Barcelona, Icaria, 2006, pp. 119-121; Korwa G. Adar e Isaac M. Munyae, «Human rights abuse in Kenya under Daniel Arap Moi, 1978-2001», en African Studies Quarterly, 5, n.º 1; Johnnie Carson, «From Moi to Kibaki: An assessment of the Kenyan transition», en Cold War International History Project, Project Africa, occasional paper series; John Githongo, «Fear and loathing in Nairobi. The challenge of reconciliation in Kenya», en Foreign Affairs, 89 (2010), n.º 4, pp. 2-9; Huband, África después de la guerra fría, pp. 318-329; Citizens for Justice, We Lived to Tell. The Nyayo House Story, Nairobi, Friedrich Ebert Stiftung. Sobre el caso Githongo, Raymond Fisman y Edward Miguel, Economic Gangsters. Corruption, Violence, and the Poverty of Nations, Princeton, Princeton University Press, 2008, pp. 208-210. No he tenido ocasión, en cambio, de consultar el libro que le ha dedicado Michela Wrong, It’s Our Turn to Eat: The Story of a Kenyan Whistleblower, del que hace una interesante reseña Bernard Porter («This is Africa, after all. What can you expect?») en London Review of Books, 26 de marzo de 2009, pp. 4-5. Una muestra de la situación actual de los grandes propietarios blancos en Kenia, Jeffrey Get-telman, «Kenya killings put aristocrat in racial fire», en New York Times, 5 de septiembre de 2006. Sobre la crisis de 2007-2008, Gérard Prunier, «Kenya: roots of crisis», en OpenDemocracy, 7 de enero de 2008, The Economist, 5 de enero de 2008, pp. 34-35 y la carta de sir Edward Clay en The Economist, 12 de enero de 2008, p. 13; Horace Campbell, «Drama of the popular struggle for democracy in Kenya», en Pambazuka News, 3 de enero de 2008; Jeffrey Gettelman, «Signs in Kenia of a land redrawn by ethnicity», en New York Times, 15 de febrero de 2008 y Maina Kiai, «Kenia: Impunity and the politicisation of ethnicity», en Pambazuka News, n.º 444, 30 de julio de 2009. Un debate acerca de los blancos de Kenya se inició con una reseña de Bernard Porter en London Review of Books, 3 de marzo de 2005, una queja de Niall Ferguson en la propia revista el 19 de mayo, la réplica de David Elstein a Porter, el 2 de junio de 2005, y la respuesta, en el propio número, de Porter.

Sobre la fortuna de Sani Abacha, «Nigeria: $450m of Abacha’s loot missing», en Africa News, 21 de mayo de 2009; Nicholas Shaxson, Treasure Islands. Tax Havens and the Men Who Stole the World, Londres, The Bodley Head, 2011, pp. 144-145 (lo de la muerte de Abacha, además, en «Big men, big fraud and big trouble», en The Economist, 28 de abril de 2007, pp. 45-48). «Bribe Britannia», en The Economist, 23 de diciembre de 2006, pp. 55-56. Sobre las elecciones de 2011, Dele Olojede, «Fair vote, fragile democracy», en New York Times, 21 de abril de 2011.

El régimen de apartheid en África del Sur

Leonard Thompson, A History of South Africa, New Haven, Yale University Press, 1995, pp. 241-277; Westad, Global Cold War, pp. 208-218; Vladimir Shubin, ANC. A View from Moscow, Bellville, Mayibuye Books, 1999; William Beinart y Saul Dubow, eds., Segregation and Apartheid in Twentieth-century South Africa, Londres, Routledge, 1995; Gordon Winter, Inside Boss, South Africa’s Secret Police, Harmondsworth, Penguin, 1981; James Ferguson, Global Shadows. Africa in the Neoliberal World Order, Durham, Duke University Press, 2006, pp. 50-66. Sobre las relaciones de los Estados Unidos con Sudáfrica, y su conducta en el Consejo de Seguridad, David D. Newson, The Imperial Mantle. The United States, Decolonization, and the Third World, Bloomington, Indiana University Press, 2001, pp. 173-175 y 180-184; acerca de la vida en uno de los bantustanes, la «República de Ciskei», John Pilger, Hidden Agendas, Londres, Vintage, 1998, pp. 597-610. Sobre sus ambiciones nucleares, Jeffrey Richelson, ed., «U.S. intelligence and the South African bomb», en National Security Archive, 13 de marzo de 2006 y Chris McGreal, «Revealed: how Israel offered to sell South Africa nuclear weapons», en The Guardian, 24 de mayo de 2010. Glenn Frankel, «South Africa: Israel/Apartheid connections», en AfricaFocus bulletin, 31 de mayo de 2010. Sobre su situación actual, William Gumede, «The left’s challenge is the new poor» y Dale T. McKinley, «2010: South-Africa’s upside down world», ambos en Pambazuka News, n.º 464 (7 de enero de 2010) y 465 (14 de enero de 2010), respectivamente; Jason Hickel, «From rights to commons», en Pambazuka News, n.º 466, 21 de enero de 2010; «South Africa’s black empowerment. The president says it has failed», en The Economist, 3 de abril de 2010, pp. 36-37; Dale McKinley, «South Africa: the history and character of “black economic empowerment”», en Pambazuka News, 9 de marzo de 2011; Brendan Boyle, «Massive farm failure in South Africa», en Food Crisis and the Global Land Grab, 2 de marzo de 2010; Grasia Mkodzongi, «South Africa: The next frontier for land occupations?» y Unemployed People’s Movement, «South Africa: Statement on the national crisis and proposal for a way forward», ambos en Pambazuka News, n.º 477, 15 de abril de 2010.

CAPÍTULO 7: LAS REVOLUCIONES FRUSTRADAS DE LOS AÑOS SESENTA

Para un panorama general de estos años, Arthur Marwick, The Sixties, Oxford, Oxford University Press, 1998; Mark Kurlansky, 1968. The Year that Rocked the World, Nueva York, Ballantine Books, 2004; Jeremi Suri, Power and Protest. Global Revolution and the Rise of Detente, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2003 (en especial el capítulo sobre el lenguaje del disentimiento, pp. 88-130 y «The global disruption of 1968», pp. 164-212); James S. Olson, ed., Historical Dictionary of the 1960’s, Westport, Greenwood Press, 1999, etc. Oliver «Buck» Revell, A G-man’s Journal, Nueva York, Pocket Books, 1998, pp. 69-70. Ellen Schrecker, Many Are the Crimes. McCarthysm in America, Boston, Little Brown, 1998, p. 400.

La revolución de los estudiantes

Suri, Power and Protest, pp. 166-181 (complementariamente, del propio autor, «Counter-cultures: the rebellions against the Cold War, 1965-1975», en Melvyn P. Leffler y Odd Arne Westad, eds., The Cambridge History of the Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, II, pp. 460-481). La definición de la «nueva izquierda» procede de Doug Rossinow, «The New Left in the counterculture: hypotheses and evidence», en Radical History Review, 1997 (n.º 67), pp. 79-120. Marwick, The Sixties, pp. 536-555; Gerd-Rainer Horn, The Spirit of ’68. Rebellion in Western Europe and North America, 1956-1976, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 54-67 y 81-85. Servando Rocha, Los días de furia. Contracultura y lucha armada en los Estados Unidos, 1960-1985, La Laguna, La Felguera, 2005/2; André Schiffrin, Una educación política. Entre París y Nueva York, Barcelona, Península, 2008, pp. 126-135; John D. Skrentny, The Minority Rights Revolution, Cambridge, Mass., Belknap Press, 2002; Kurlansky, 1968, pp. 81-102. Uwe Bergmann, Rudi Dutschke, Wolgang Lefèvre y Bernd Rabehl, La rebelión de los estudiantes, Barcelona, Ariel, 1976; Rudi Dutschke, Tentativas de poner a Lenin sobre los pies, Barcelona, Icaria, 1976. Nanni Balestrini y Primo Moroni, La horda de oro (1968-1977). La gran ola revolucionaria y creativa, política y existencial, Madrid, Traficantes de sueños, 2006, pp. 259-280; Pierre Vidal-Naquet, Mémoires. 2. Le trouble et la lumière (1955-1998), París, Seuil, 2007, pp. 282-295. El policía alemán que mató a un estudiante en Berlín se ha sabido más tarde que espiaba para la Stasi de la RDA, lo cual no parece tener nada que ver con su actuación en este caso.

El relato de los acontecimientos de París en 1968 se basa esencialmente en una amplia colección de periódicos, documentos de la época (impresos y policopiados), octavillas, etc. reunidos coetáneamente y que se encuentran en el archivo del autor. Un resumen día a día de los acontecimientos en Bulletin du Syndicat National de l’Enseignement Supérieur, junio de 1968, pp. 2-10 y en L’enseignement public, n.º 11, juin 1968, pp. 12-23. Una buena colección de fotografías de los sucesos en Noir et blanc. Numéro special. Les journées de mai (publicado probablemente en los primeros días de junio). Paralelamente se han utilizado, además de las obras más generales citadas más arriba, libros como el de Bernard Brillant, Les clercs de 68, París, P.U.F., 2003; el de Kristin Ross, May ’68 and its Afterlives, Chicago, University of Chicago Press, 2002, etc. Sobre el movimiento situacionista, Simon Ford, The Situationist International. A User’s Guide, Londres, Black Dog Publishing, 2005; Horn, The Spirit of ’68, pp. 5-18 y Eric Roussel, Charles de Gaulle, París, Gallimard, 2002, pp. 850-883.

A continuación se indican las referencias exactas de los documentos en el orden en que se utilizan en el texto: «Union Nationale des Étudiants de France: Appel à la population» y «Le Bureau National de l’UNEF aux organisations syndicales»; Mouvement d’Action Universitaire, «À Berlin comme à Paris un mot d’ordre: Écrassons l’étudiant»; Mouvement du 22 Mars: «Tous à la manifestation lundi 6 mai», Jeunesse Communiste Révolutionnaire, «D’ou vient la violence?» (hojas del 4 y 5 de mayo convocando a la manifestación del día 6) y «Roche Demission», (hoja del mismo 6 de mayo). Action, n.º 1, 7 de mayo de 1968 y hojas diversas de los días 7 a 10 de mayo del Mouvement 22 de marzo, con instrucciones para defenderse de los gases que lanza la policía, de la Jeuneusse Communiste Révolutionnaire (trotskista), etc. «La rage au ventre», una hoja que en su segunda cara daba los nombres, direcciones y teléfonos del Consejo de la Universidad, para estimular a la agresión. Sobre la actuación de los estudiantes de secundaria, Partisans, n.º 49, septiembre-octubre de 1969, «Le mouvement des lycéens». Action, n.º 2, 13 de mayo de 1968; hoja de los Comités d’Action Universitaire. Las protestas contra la brutalidad policial aparecen en una serie de hojas, de contenido semejante, demasiado numerosas para citarlas, que convocan a la manifestación del día 13. La convocatoria la hacen, por una parte, UNEF-UGE, SNESup, CAL y el Movimiento 22 de marzo y por otra los sindicatos, CGT, CFDT y la FEN. El PSU se solidariza con los estudiantes y propugna la huelga general, convencido de que «al gaullismo no le debe suceder otra forma de sociedad burguesa, sino una sociedad socialista bajo el control democrático de los trabajadores» («De Gaulle jette le masque»), mientras que la Unión de los estudiantes comunistas se limita a pedir la transformación de la universidad («Les propositions des communistes. Contre l’université de classe. Pour une université démocratique»). «Thèatre de poche», 21 de mayo de 1968; «Document» de denuncia de los abusos policiales de los États Généraux du Cinéma (sobre estas colaboraciones, Brillant, Les clercs de 68, pp. 257-306, «L’imagination au pouvoir: tous créateurs»). Union Jeunesse Communiste (ml), maoístas, «Et maintenant, aux usines» (7 de mayo). La Féderation des Étudiants Révolutionnaires (Révoltés), que afirmaba haber llevado más de 5000 estudiantes y trabajadores a la manifestación exponía sus reivindicaciones en una segunda hoja, del 24 de mayo, en que convocaba a «centenares de millares de estudiantes y profesores» a manifestarse. Action, n.º 3; Mouvement du 10 mai, «Debout peuple ouvrier!» (19 de mayo); Mouvement de soutien aux luttes du peuple, «Vive la révolte ouvrière!» y Comité de soutien aux luttes des travailleurs du bassin Creillois, «Contre le gouvernement Gaulliste anti-populaire de chomâge et misère» (ambos de alrededor del 17 de mayo), etc. En estos días se multiplican los textos en que los estudiantes «pasan la dirección de la lucha» a los trabajadores; Jeunesse Communiste Révolutionnaire, «Travailleurs, étudiants» (21 de mayo). «Déclaration du Bureau Politique du parti Communiste Français, París le 25 mai 1968, 18 heures 30.» La justificación de la política del PCF se haría en un número especial de La nouvelle critique, junio de 1968. Una octavilla gaullista, dirigida a los estudiantes («Étudiants…») trae a colación una frase de Cohn-Bendit sobre la bandera francesa para condenar a los «agitadores extranjeros». «Llamamiento a todos los trabajadores», en versión castellana, firmado por «Comité “Enragés”-Internacional Situacionista. Consejo para el mantenimiento de las ocupaciones». Los textos que sostienen que la lucha continúa o que, como dicen los trotsquistas, «una primera fase de la revolución comenzada en mayo ha acabado. Una nueva fase comienza», o que pretenden conseguir movilizaciones contra la represión son numerosos aún en los primeros días de junio. Sobre la miseria de un Cohn-Bendit, convertido años después en defensor de la economía capitalista y del orden establecido, puede verse, por ejemplo, la entrevista publicada en El temps, Valencia, 17 de octubre de 2000, pp. 43-45.

Sobre México: Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Informe histórico a la sociedad mexicana. 2006, tema 3.º «Movimiento estudiantil de 1968». Un extenso documento oficial al que se puede acceder a partir de la web de National Security Archive, James C. McKinley, jr, «Mexican report cites leaders for “dirty war”», 23 de noviembre de 2006. De la misma procedencia, en National Security Archive, Kate Doyle, «The Tlatelolco massacre. U.S. documents on Mexico and the events of 1968», 10 de octubre de 2003; «The dead of Tlatelolco», en National Security Archive, 1 de octubre de 2006 y «2 de octubre de 1968. Verdad bajo resguardo», en 2 de octubre de 2008, donde se denuncian los obstáculos que el Gobierno del presidente Calderón estaba poniendo a la investigación de lo sucedido cuarenta años antes. Una síntesis de toda la documentación aportada se puede consultar a partir de su web, «The Mexico project», dirigida por Kate Doyle. De la propia Kate Doyle, «The Corpus Christi massacre», en National Security Archive, 10 de junio de 2003; «Report documents 18 years of “dirty war” in México», 26 de febrero de 2006. Además, Paco Ignacio Taibo II, 68, Madrid, Traficantes de sueños, 2006, cita de p. 101; Joaquín Leguina y Antonio Ubierna, Años de hierro y esperanza, Madrid, Espasa, 2000, pp. 213-250; Kurlansky, 1968, pp. 321-344. Sobre Polonia, Kurlansky, 1968, pp. 118-128.

La lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos

Nick Kotz, Judgment Days. Lyndon Baines Johnson, Martin Luther King Jr., and the Laws that Changed America, Nueva York, Houghton Mifflin, 2005, pp. 42-52, 77-80, 384-388 y 401-415; Taylor Branch, America in the King Years, (Parting the Waters, 1954-63, Pillar of Fire, 1963-65, At Canaan’s Edge, 1965-68), Nueva York, Simon and Schuster, 1988-2006; Suri, Power and Protest, pp. 181-186. Nelson Blackstock, Cointelpro. The FBI’s Secret War on Political Freedom, Nueva York, Pathfinder, 2001/4; Rocha, Los días de furia, passim. Contra la visión heroica de los black panthers, Stanley Crouch, «By any means necessary», en New York Times, 10 de septiembre de 2006. El gesto de Rosa Parks se produjo nueve meses después del de una joven de 15 años, Claudette Colvin (Brooks Barnes, «From footnote to fame in civil rights history», en New York Times, 29 de noviembre de 2009).

El comienzo de la era Brézhnev y la primavera de Praga

Vladislav M. Zubok, Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la guerra fría, Barcelona, Crítica, 2008; Anatoly S. Chernyaev, Diary 1986, publicado en mayo de 2007 por National Security Archive, entrada de 7 de junio de 1986 y Diary 1988, publicado en mayo de 2008, entrada de 24 de abril, por lo que se refiere a la corrupción del yerno de Brézhnev.

Vladimir V. Kusin, The Intellectual Origins of the Prague Spring. The Development of Reformist Ideas in Czechoslovakia 1956-1967, Cambridge, Cambridge University Press, 2002 (ed. original de 1971), cita de p. 141; Mijail Gorbachov y Zdenêk Mlynář, Conversations with Gorbachev on Perestroika, the Prague Spring and the Crossroads of Socialism, Nueva York, Columbia University Press, 2002, pp. 39-43 y 57-62; Mark Kramer, «New sources on the 1968 invasion of Czechoslovaquia», en Cold War International History Project Bulletin, n.º 2 (1992) y «Attaché note from Prague on events in Czechoslovakia from 28 July to 5 August 1968», en Virtual Archive 2.0. Salvador López Arnal, La destrucción de una esperanza. Manuel Sacristán y la primavera de Praga: lecciones de una derrota, Madrid, Akal, 2010. Sobre algunos antecedentes, John P.C. Mathews, «Majales: The abortive student revolt in Czechoslovakia in 1956», en working paper, n.º 24, Washington, Cold War International History Project, 1998. Pero, como aclara Mlynář, en Checoslovaquia no hubo movimientos sociales de protesta en 1956. Robert Service, Historia de Rusia en el siglo XX, Barcelona, Crítica, pp. 361-363. Christopher Andrew y Oleg Gordievski, KGB. La historia interior de sus operaciones desde Lenin a Gorbachov, Barcelona, Plaza y Janés, 1991, pp. 595-596.

Los primeros alborotos de 1969 se produjeron el 21 de marzo; según Mitrokhin la KGB preparó a unos alborotadores para que el 28 de marzo, después de una segunda victoria checa en hockey sobre hielo, promoviesen incidentes lo suficientemente graves como para presionar a Dubček para que dimitiese, evitando una nueva intervención rusa (Christopher Andrew y Vasili Mitrokhin, The Mitrokhin Archive. The KGB in Europe and the West, Londres, Allen Lane, 1999, pp. 342-343).

La revolución cultural de los sesenta

Trabajo directamente con las obras literarias que cito: Allen Ginsberg, Collected Poems, 1947-1997, Nueva York, Harper Perennial, 2006. Uso también Illuminated Poems, Nueva York, Four walls eight windows, 1996, citas de pp. 42, 76 y 117; The Book of Martyrdom and Artifice, Cambridge, MA., Da Capo Press, 2006 (sobre los recelos actuales ante su obra, Patricia Cohen, «“Howl” in an era that fears indecency», en New York Times, 4 de octubre de 2007); W. Burroughs, Naked Lunch. The Restored Text, con una introducción de J.G. Ballard, Londres, Harper Perennial, 2005; Jack Kerouac, On the Road, Londres, Penguin, 2000 y On the Road. The Original Scroll, Nueva York, Viking, 2007; Ed Adler, Departed Angels. Jack Kerouac, the Lost Paintings, Nueva York, Thunder’s mouth press, 2004; Charles Bukowski, Burning in Water Drowning in Flame, Santa Rosa, Black Sparrow Press, 200 (cito partes de su introducción, escrita en 1974), así como la edición bilingüe de Lo más importante es saber atravesar el fuego, Barcelona, La poesía, señor hidalgo, 2002. Dennis McNally, Jack Kerouac. América y la generación beat. Una biografía, Barcelona, Paidós, 1992. Fred Kaplan, 1959. The Year Everything Changed, Hoboken, John Wiley, 2009, toma pretexto de la obra de la beat generation para pretender que los cambios de los sesenta nacieron en realidad en 1959; no parece haber convencido a nadie. Sobre la influencia de Ginsberg en los beatles John Lennon y Paul McCartney, Horn, The Spirit of ’68, pp. 17-18. Tomo algunos datos del prólogo de Ralph Metzner a la edición bilingüe del Devocionario psicodélico de Leary, Madrid, Tf editores, 2003, pp. 9-26. Sobre la «Comisión acerca de la pornografía y la obscenidad», Walter Kendrick, The Secret Museum. Pornography in Modern Culture, Berkeley, University of California Press, 1996, pp. 213-220. Sobre Woodstock, Paul Krassner, «On the 40th anniversary of Woodstock», en Huffington Post, 14 de agosto de 2009. La contrarrevolución ha producido denuncias estúpidas sobre los horrores de los sesenta como las de Hilton Kramer, The Twilight of the Intellectuals. Culture and Politics in the Era of the Cold War, Chicago, Ivan R.Dee, 1999 (por ejemplo, en pp. 306-307). Sobre el supuesto aggiornamento católico, Jean-Pierre Moisset, Histoire du catholicisme, París, Flammarion, 2006, pp. 451-488. La reflexión de Todd Gitlin acerca de la esterilidad política del movimiento estudiantil, en su libro, The Bulldozer and the Big Tent, Nueva York, John Wiley and Sons, 2007. Sobre los movimientos en favor del desarme nuclear, Lawrence S. Wittner, Confronting the Bomb. A Short History of the World Disarmement Movement, Stanford, Stanford University Press, 2009; sobre la vigilancia a que fueron sometidos en Gran Bretaña, Christopher Andrew, The Defence of the Realm. The Authorized History of MI5, Londres, Allen Lane, 2009, pp. 673-674. Sobre el uso por la CIA de las drogas en los interrogatorios, un uso que sigue en las cárceles secretas actuales, véase Jeffrey T. Richelson, The Wizards of Langley. Inside the CIA’s Directorate of Science and Tehnology, Boulder, Co., Westview Press, 2001 y H.P. Albarelli, jr y Dr. Jeffrey S. Kaye, «The hidden tragedy of the CIA experiments with children», en Truthout, 11 de agosto de 2010.

CAPÍTULO 8: LA GUERRA FRÍA EN ASIA

Tsuyoshi Hasegawa, ed., The Cold War in East Asia, 1945-1991, Stanford, Stanford University Press, 2011, en especial la introducción de T. Hasegawa, «East Asia-The second significant front of the cold war», pp. 1-34, y Ilya V. Gaiduk, «The second front of the Soviet cold war: Asia in the system of Moscow’s foreign policy priorities, 1945-1956», pp. 63-80, donde se muestra el escaso interés de Stalin por las revoluciones asiáticas. Richard J. Aldrich, G. D. Rawnsley y M-Y. T. Rawnsley, eds., The Clandestine Cold War in Asia, 1945-1965, Londres, Frank Cass, 2000.

El fracaso de la utopía maoísta

Una fuente de información esencial para este capítulo ha sido Mark Dikötter, Mao’s Great Famine. The History of China Most Devastating Catastrophe, 1958-62, Londres, Bloomsbury, 2010, que resulta útil, además de por su estudio de la hambruna, por su excelente información acerca de la evolución política interna; véanse las críticas que le formula Michael Dillon en Times Literary Supplement, 7 de enero de 2011, p. 13 y la réplica de A. Foster-Carter en TLS, 18 de febrero de 2011, p. 6. Philip Short, Mao, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 465-475 y 482-505; William Hinton, Fanshen: un documento sobre la revolución en una aldea china, Barcelona, Laia, 1977; Jasper Becker, Hungry Ghosts. China’s Secret Famine, Londres, John Murray, 1996; una interpretación más ponderada en Cormac Ó Gráda, «The ripple that drowns? Twentieth-century famines in China and India as economic history», en Economic History Review, 61, agosto de 2008, pp. 5-37. Gao Wenquian, Zhou Enlai. The Last Perfect Revolutionary, Nueva York, Public Affairs, 2007; Immanuel C.Y. Hsü, The Rise of Modern China, Nueva York, Oxford University Press, 1995/5, pp. 655-658; Michael Dillon, China. A Modern History, Londres, Tauris, 2010, pp. 316-318; Li Zhisui, La vida privada del presidente Mao, Barcelona, Planeta, 1995, pp. 242, 316-324 y 334-335; Ross Terrill, Mao. A Biography, Nueva York, Simon and Schuster, 1980, pp. 290-291. Sobre las intervenciones de Mao en la conferencia de Moscú de 1957, Zhihua Shen y Yafeng Xia, «Hidden currents during the honeymoon. Mao, Khrushchev, and the 1957 Moscow conference», en Journal of Cold War Studies, 11 (2009), n.º 4, pp. 74-117 y Pietro Ingrao, Pedía la luna, Barcelona, Península, 2008, pp. 280-281. Sobre el conflicto con los soviéticos, Chen Jian, La China de Mao y la Guerra Fría, Barcelona, Paidós, 2005, pp. 106-139 y 257-316 (la batalla de Quemoy); Aleksandr Fursenko y Timothy Naftali, Khruschev’s Cold War, Nueva York, Norton and Company, 2006, pp. 178-182; Vladislav M. Zubok, Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la Guerra Fría, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 218-220 y Shu Guang Zhang, «The Sino-Soviet alliance and the Cold War in Asia», en Melvyn P. Leffler y Odd Arne Westad, eds., The Cambridge History of the Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, pp. 353-376. Sobre los errores del modelo industrializador soviético, Robert C. Allen, Farm to Factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution, Princeton, Princeton University Press, 2003. Hay que tomar con muchas reservas lo que se dice en Jung Chang y Jon Halliday, Mao. La historia desconocida, Madrid, Taurus, 2006, pp. 541-554.

Indonesia: la dictadura de Suharto

R. E. Elson, Suharto. A Political Biography, Cambridge, Cambridge University Press, 2001; Benedict Anderson, «Exits Suharto. Obituary for a mediocre tyrant», en New Left Review, 50 (marzo/abril de 2008), pp. 27-59; Marilyn Berger, «Suharto, former Indonesian dictator, dies at 86», en New York Times, 28 de enero de 2008. Duane R. Clarridge, A Spy for All Seasons. My Life in the CIA, Nueva York, Scribner, 1997, p. 75; Audrey y George Kahin, Subversion as Foreign Policy. The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia, Seattle, University of Washington Press, 1995; James Srodes, Allen Dulles, Master of Spies, Washington, Regnery, 1999; John Quigley, The Ruses for War. American Interventions since World War II, Amherst, Prometheus Books, 2007/2, pp. 79-86; John Prados, Lost Crusader, Nueva York, Oxford University Press, 2003, pp. 147-157; Tim Weiner, Legacy of Ashes. The History of the CIA, Londres, Allen Lane, 2007, pp. 258-262; John Pilger, The New Rulers of the World, Londres, Verso, 2002, pp. 15-44; Mark Curtis, «Complicidad con un millón de muertes», en John Pilger, ed., ¡Basta de mentiras! El periodismo de investigación que está cambiando el mundo, Barcelona, RBA, 2007, pp. 408-420; Odd Arne Westad, The Global Cold War, Nueva York, Cambridge University Press, 2007, pp. 185-189; Lashmar y Oliver, Britain’s Secret Propaganda War, pp. 6-10 (cita de p. 10); Adam Schwarz, A Nation in Waiting. Indonesia in the 1990s, Boulder, Westview Press, 1994. Las cifras de Ricklef en un artículo, «The future of Indonesia», en History Today, diciembre de 2003, pp. 46-53 (cita de p. 51). La expresión gangster capitalism la emplea Margaret Scott en el Times Literary Supplement de 21 de julio de 2000, p. 26. Una colección de documentos sobre los abusos y la corrupción de Suharto, y sobre la tolerancia y apoyo de los Estados Unidos, se encontrará en National Security Archive, «Suharto: a declassified documentary obit», en edición de Brad Simpson, 28 de enero de 2008. El testimonio de David D. Newsom en The Imperial Mantle. The United States, Decolonization, and the Third World, Bloomington, Indiana University Press, 2001, p. 58; las noticias adicionales proceden de los documentos publicados por National Security Archive el 6 de diciembre de 2001. Sobre el apoyo incondicional del Banco Mundial, Eric Toussaint, El Banco Mundial. El golpe de estado permanente, Barcelona, El Viejo Topo, 2007, pp. 109-112. Sobre la invasión y destrucción de Timor Oriental, James J. Fox y Dionisio Babo Soares, eds., Out of the Ashes. Destruction and Reconstruction of East Timor, Adelaide, Crawford House, 2000. La frase de Newson se reproduce en Brian Toothey y Marian Wilkinson, «Los documentos de Timor», en Pilger, ed., ¡Basta de mentiras!, pp. 167-182, cita de p. 177. Tariq Ali, «Our Herods», en New Left Review, 5, septiembre/octubre de 2000, pp. 5-14. Se hace difícil aceptar en este caso la opinión de David F. Schmitz, The United States and Right-Wing Dictatorships, 1965-1989, Nueva York, Cambridge University Press, 2006, p. 47 de que los acontecimientos de octubre de 1965 tomaron a los norteamericanos por sorpresa. Sobre el apoyo de Carter, Stephen Zunes, «Richard Holbroke represented the worst of the foreign policy establishment», en Truthout, 14 de diciembre de 2010.

La «revolución cultural» china

El libro que se ha empleado fundamentalmente, y que proporciona la mayor parte de las citas, demasiado numerosas para consignarlas en detalle, es el de Roderick MacFarquhar y Michael Schoenhals, La revolución cultural china, Barcelona, Crítica, 2009, complementándolo con las reseñas del «forum» dedicado a este libro en Journal of Cold War Studies, 10 (2008), n.º 2, pp. 97-130. Song Yongyi, Les massacres de la Révolution culturelle, París, Buchet Chastel, 2008; Li Zhensheng, Red-color News Soldier, Londres, Phaidon, 2003. La hija de Deng Xiaoping nos ofrece una visión desde dentro en Deng Rong, Deng Xiaoping y la revolución cultural. Su hija recuerda los años críticos, Madrid, Editorial Popular, 2006. Short, Mao, pp. 543-599; Chang y Halliday, Mao. La historia desconocida, pp. 627-689. Además, Joan Robinson, The Cultural Revolution in China, Harmondsworth, Penguin, 1969, pp. 49-53; Citations du président Mao Tsé-toung. Le petit livret rouge, París, Seuil, 1967, p. 4; Terrill, Mao. A biography, pp. 355 y 478-479; Stefan R. Landsberger et al., Chinese Propaganda Posters, Colonia, Taschen, 2003. Sobre las cotizaciones en rojo en la bolsa, «Seeing red», en The Economist, 3 de mayo de 2008, pp. 82-83. El complejo tema del enfrentamiento chino-soviético, y las especulaciones acerca de sus motivos, puede seguirse en Journal of Cold War Studies, 12 (2010), n.º 1, en el «Forum: Mao, Khrushchev, an China’s split with the URSS» (pp. 120-165) en que se discute en torno al libro de Lorenz M. Lüthi, The Sino-soviet Split: Cold War in the Communist World, Princeton University Press, 2008; en el mismo número, un artículo de Nicholas Koo se ocupa de esta misma cuestión en relación con la guerra de Vietnam. Lorenz Lüthi, «Chinese foreign policy, 1960-1979», en Hasegawa, The Cold War in East Asia, pp.152-179. También en James Hershberg, Sergei Radchenko, Péter Vámos y David Wolff, The Interkit Story: A Window into the Final Decades of the Sino-Soviet Relationship, Cold War International History Project, working paper, n.º 63, febrero de 2011.

India y Pakistán: la crisis de 1971 y la emergencia

Ramachandra Guha, India after Gandhi. The History of the World’s Largest Democracy, Nueva York, Harper Perennial, 2008, pp. 445-465; Tariq Ali, Pakistán en el punto de mira de los Estados Unidos. El duelo, Madrid, Alianza, 2008, pp. 73-152 (lo de que los generales le propusieran a Indira invadir el Pakistán occidental en pp. 256-257); Ian Ralbot, Pakistan. A Modern History, Londres, Hurst and Co., 2005/2, pp. 194 y ss. Departamento de Estado [de los Estados Unidos], Soviet-American Relations. The Détente Years, 1969-1972, Washington, United States Government Printing Office, 2007, pp. 519-554 (“‘A watershed in our relationship’. The war in South Asia”); William Bundy, A Tangled Web. The Making of Foreign Policy in the Nixon Presidency, Nueva York, Hill and Wang, 1998, pp. 269-292; Departamento de Estado de los Estados Unidos, Foreign relations, 1969-1976, volume XI, South Asia crisis, 1971. Sidney Wolpert, A New History of India, Nueva York, Oxford University Press, 1993/4, pp. 384-395; Henry Kissinger, White House Years, Londres, Phoenix Press, 2000, pp. 842-918; Jussi Hanhimäki, The Flawed Architect. Henry Kissinger and American Foreign Policy, Nueva York, Oxford University Press, 2004, 154-168 y 174-182. Christopher Hitchens, The Trial of Henry Kissinger, Londres, Verso, 2001, pp. 44-54, donde se acusa a Kissinger de poco menos que de complicidad en el asesinato de Mujib. Ben Kiernan, Blood and Soil, New Haven, Yale University Press, 2007, pp. 572-576. Sobre Zia ul-Haq, John K. Colley, Unholy Wars. Afghanistan, America and International Terrorism, Londres, Pluto Press, 2001/2, pp. 48-65. Sobre los programas nucleares de ambos países, Stephanie Cooke, In Mortal Hands. A Cautionary History of the Nuclear Agwe, Nueva York, Bloomsbury, 2009, pp. 262-278.

El milagro asiático: Japón y los “cuatro tigres”

Walter Lafeber, The Clash. U.S.-Japanese Relations throughout History, Nueva York, Norton, 1997; Takemae Eiji, The Allied Occupation of Japan, Nueva York, Continuum, 2003; Paul J. Bailey, Postwar Japan. 1945 to the Present, Oxford, Blackwell, 1996; George F. Kennan, Memoirs, 1925-1950, Boston, Little, Brown and Co., 1967, pp. 387-393; Milton W. Meyer, Japan. A Concise History, Lanham, Rowman & Littlefield, 2009/4, pp. 228-233; Alex Kerr, Dogs and Demons. The Fall of Modern Japan, Londres, Penguin, 2001; Michael Schuman, The Miracle. The Epic Story of Asia’s Quest for Wealth, Nueva York, Harper, 2009, pp. 10-20; Kazuhiko Togo, “Japan’s foreign policy under Détente: relations with China and the Soviet Union, 1971-1973”, en Hasegawa, The Cold War in East Asia, pp.180-212; “The man who remade Japan”, en The Economist, 16 de septiembre de 2006, pp. 65-67 (cita de p. 65); Meredith Jung-en Woo, “The new East Asia”, en New Left Review, n.º 47 (septiembre/octubre de 2007), pp. 57-69; Mamoru Sorai, “Historia de una ‘democracia diferente’: la posguerra en Japón”, en Istor, VI (2005); n.º 21, pp. 68-98; “Time to arise from the great slump”, en The Economist, 22 de julio de 2006, pp. 77-79. “No comfort”, editorial de The New York Times, 6 de marzo de 2007. Gavan McCormack, “Japan’s iron triangle”, en New Left Review, second series, 13 (2002), pp. 5-23. George R. Packard, “The United States-Japan security treaty at 50. Still a grand bargain?”, en Foreign Affairs, 89 (2010), n.º 2, pp. 92-103.

Eric Jones, Lionel Frost y Colin White, Coming Full Circle. An Economic History of the Pacific Rim, Boulder, Westview Press, 1993; Paul Krugman et. al., Asia Rising or Falling? A Foreign Affairs Reader, Washington, Council on Foreign Relations, 1998; Chae-Jin Lee, A Troubled Peace. U.S. Policy and the Two Koreas, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2006, pp. 37-63 y 102-111; Don Oberdorfer, The Two Koreas. A Contemporary History, Nueva York, Basic Books, 2001 (edición revisada); Nobuo Shimotomai, “Kim Il Sung’s balancing act between Moscow and Beijing, 1956-1972”, en Hasegawa, The Cold War in East Asia, pp. 122-151.

Chalmers Johnson, Blowback. The Costs and Consequences of American Empire, Londres, Time-Warner, 2002, pp. 98-122, Schuman, The Miracle, pp. 29-54, sobre Park Chung Hee y la industrialización de Corea del Sur; pp. 243-264 sobre Mahathir y Malasia. David K. Wyatt, Thailand. A Short History, New Haven, Yale University Press, 2003/2; Weiner, Legacy of Ashes, pp. 257-258. Sobre el papel político del rey Bhumibol, “A right royal mess”, en The Economist, 6 de diciembre de 2008, pp. 29-31.

Sobre Birmania, Thant Myint-U, The River of Lost Footsteps. Histories of Burma, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2006; Ben Morris, “Leaving Burma behind”, en History Today, enero de 2008, pp. 51-53. Una reflexión sobre la situación actual del país, Thant Myint-U: “What to do about Burma”, en London Review of Books, 8 de febrero de 2007, pp. 31-33; Aung Zaw, “Burma’s question”, en OpenDemocracy, 26 de septiembre de 2007; Joshua Kurlantzick, “Personality cults”, en London Review of Books, 18 de octubre de 2007, pp. 13-14; Mary Callahan, “Myanmar’s perpetual junta”, en New Left Review, 60 (noviembre/diciembre de 2009), pp. 27-63. La situación actual puede seguirse día a día en la web de <burmanet.org> y en Burmanet News (sobre las elecciones de 2010 véase, por ejemplo, Burmanet News, noviembre de 2010). Acerca del gas natural y de las violaciones de derechos humanos, véase los diversos informes publicados entre 2009 y 2011 por Earth Rights International <www.earthrights.org>, como The Burma-China Pipelines: Human Rights Violations, Applicable Law, and Revenue Secrecy, marzo de 2011.

China: el reflujo (1968-1976)

Gao Wenquian, Zhou Enlai, pp. 89 y ss. (una compleja versión de la huida y muerte de Lin Biao en pp. 201-227; sobre la negativa de Mao a que se operase a Zhou, pp. 235-236). Gilbert Mury, De la révolution culturelle au X Congrès du parti communiste chinois, París, Union Générale d’Éditions, 1973, 2 vols. Lin Chun, La transformación del socialismo chino, Barcelona, El Viejo Topo, 2008; Lorenz Lüthi, “Chinese foreign policy, 1960-1979”, en Hasegawa, The Cold War in East Asia, pp. 152-179. Margaret Macmillan, Nixon and Mao. The Week that Changed the World, Nueva York, Random House, 2007 y la interesante reseña de este libro hecha por Roderick MacFarquhar (“Mission to Mao”, en New York Review of Books, 28 de junio de 2007, pp. 67-71); William Burr, ed., The Kissinger Transcripts. The Top Secret Talks with Beijing and Moscow, Nueva York, The New Press, 1998; Henry Kissinger, Mis memorias, Buenos Aires, Atlántida, 1980/4, pp. 582-633; Chen Jian, La China de Mao, pp. 363-416; Yafeng Xia, “China’s elite politics and Sino-american rapprochement, january 1969-february 1972”, en Journal of Cold-war Studies, 8 (2006), n.º 4, pp. 3-28. Ya en el IX congreso Mao había dicho a un colega: “Si la salud de Lin falla, volveré a traer a Deng”. De hecho él se consideraba en una posición de centro, con Deng a la derecha y Lin a su izquierda.

CAPÍTULO 9: LA DISTENSIÓN (1969-1976)

Richard M. Nixon

Melvin Small, The Presidency of Richard Nixon, Lawrence, University Press of Kansas, 1999; Robert Dallek, Nixon and Kissinger. Partners in Power, Londres, Allen Lane, 2007; Anthony Summers, Nixon. La arrogancia del poder, Barcelona, Península, 2003; Conrad Black, Richard Nixon: A Life in Full, Nueva York, PublicAffairs, 2007; William Safire, Before the Fall. An Inside View of the Pre-Watergate White House, New Brunswick, Transaction Publishers, 2005/2, passim (pp. 97 y ss. sobre su complejo carácter; pp. 307-315 para una visión del populismo nixoniano, etc.). Rick Perlstein, Nixonland. The Rise of a President and the Fracturing of America, Nueva York, Scribner, 2008, nos ha proporcionado un brillante análisis de “la fractura de Norteamérica” que se inició con Nixon (entre los muchos textos suscitados por este libro se ha usado la reseña de Thomas J. Sugrue en The Nation). Ted Sorensen discute la influencia de los debates televisivos con Kennedy en “When Kennedy met Nixon: the real story”, en New York Times, 25 de septiembre de 2010. Jeremi Suri, Henry Kissinger and the American Century, New Haven, Harvard University Press, 2007; John Prados, Vietnam. The History of an Unwinnable War, 1945-1975, Lawrence, University Press of Kansas, 2009, pp. 188-302; James MacGregor Burns, Running Alone. Presidential Leadership JFK to Bush II. How it has Failed and How We Can Fix it, Nueva York, Basic Books, 2006, pp. 93-106; Henry Kissinger, White House Years y Years of Upheaval, Londres, Phoenix, 2000 (las ediciones originales son de 1976 y 1982); en ocasiones he utilizado el texto, mucho más breve, de Henry Kissinger, Mis memorias, Buenos Aires, Atlántida, 1980/4. David Gergen, Eyewitnes to Power. The Essence of Leadership. Nixon to Clinton, Nueva York, Simon and Schuster, 2000, pp. 19-104; Jeremi Suri, Power and Protest. Global Revolution and the Rise of Detente, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2003, pp. 232-233; Richard Helms, A Look Over my Shoulder, Nueva York, Random House, 2003, pp. 385-386; James Carroll, La casa de la guerra, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 496-511. William Bundy, A Tangled Web. The Making of Foreign Policy in the Nixon Presidency, Nueva York, Hill and Wang, 1998, pp. 261-269. Acerca de la petición de Kissinger de que Dobrynin no informase al secretario de Estado de la situación real de las negociaciones soviético-americanas, National Security Archive, electronic briefing book, n.º 233, edited by William Burr, 2 de noviembre de 2007. Kissinger y la ausencia de política africana, Charles Powell, El amigo americano. España y los Estados Unidos: de la dictadura a la democracia, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011, p. 244.

Los problemas internos: crisis económica e inquietud social

Small, Presidency of Richard Nixon, pp. 153-183; James T. Patterson, El gigante inquieto. Estados Unidos de Nixon a G.W. Bush, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 29-69; John A. Andrew III, Power to Destroy. The Political Uses of the IRS from Kennedy to Nixon, Chicago, Ivan R. Dee, 2002, pp. 201-224 (sobre la “lista de enemigos”) y 250-273, cita de p. 250. Sobre la crisis del dólar, Barry Eichengreen, Globalizing Capital. A History of the International Monetary System, Princeton, Princeton University Press, 1996, pp. 128-134; Jeffrey A. Frieden, Capitalismo global, Barcelona, Crítica, 2007, pp. 445-473; Bundy, The Making of Foreign Policy, pp. 210-213 y 261-269; Kissinger, White House Years, pp. 949-962; Safire, Before the Fall, pp. 509-528. Jacob S. Hacker y Paul Pierson, Winner-Take-All Politics. How Washington Made the Rich Richer— And Turned its Back on the Middle Class, Nueva York, Simon and Schuster, 2010, pp. 96-98. Rhodri Jeffreys-Jones, The FBI, A History, New Haven, Yale University Press, 2007, pp. 164-183. Sobre las causas de la disminución de la protesta política y el aumento de los crímenes, Paul Krugman, The Conscience of a Liberal, Nueva York, Norton, 2007, pp. 87-92.

La distensión y la “doctrina Nixon”

El texto del discurso inaugural de Nixon, como el de todos los discursos de los presidentes, puede consultarse en la web de The American Presidency Project. Una fuente fundamental para esta materia es Departamento de Estado [de los Estados Unidos], Soviet-American Relations. The Détente Years, 1969-1972, Washington, United States Government Printing Office, 2007, que nos ofrece información acerca de las reuniones entre Kissinger y Dobrynin, y el conjunto de los informes que enviaron a sus respectivos jefes, Nixon y Brézhnev, entre febrero de 1969 y mayo de 1972, con toda una serie de materiales adicionales, además de las negociaciones de la cumbre de Moscú de mayo de 1972 (en pp. XV-XVIII Kissinger explica “cómo funcionaba el canal”; en pp. 831-836, la conversación a puerta cerrada entre Brézhnev y Nixon, etc.). Además, Vladislav M. Zubok, Un imperio fallido, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 323-371; Bundy, A Tangled Web, passim (la cumbre de Moscú de 1972, pp. 322-327); Dallek, Nixon and Kissinger (la cumbre de Moscú de 1972, pp. 373-401); Small, Presidency of Richard Nixon, pp. 97-125 (pp. 114-115 sobre la venta de trigo); Suri, Power and Protest, pp. 213-259; Jeffrey Kimball, The Vietnam War Files. Uncovering the Secret History of Nixon-era Strategy, Lawrence, University Press of Kansas, 2004, pp. 56, 82-84 y 166-172; Kissinger, White House Years, pp. 1205-1254; David F. Schmitz, The United States and Rigth-Wing Dictatorships, Nueva York, Cambridge University Press, 2006, pp. 73-111 (pp. 62-71 sobre la intervención en Grecia en la época de Johnson y pp. 77-80, sobre el apoyo de Nixon; pp. 87-93, sobre las grandes líneas de la actuación en América Latina; el caso de Chile se examina en otro contexto). Neil Sheenan et al., The Pentagon Papers, Nueva York, Bantam Books, 1971; sobre los papeles, Daniel Ellsberg, Secrets. A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers, Nueva York, Viking, 2002. Melvyn P. Leffler, La guerra después de la guerra, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 234-259. Markus Wolf, L’home sense cara, Barcelona, Quaderns Crema, 1999, p. 481; Odd Arne Westad, The Global Cold War, Nueva York, Cambridge University Press, pp. 241-249. Una estimación comparativa de las fuerzas de la “alianza occidental” y del “pacto de Varsovia” entre 1961 y 1991 en Rupert Smith, The Utility of Force. The Art of War in the Modern World, Londres, Penguin, 2006, pp. 218-222. El tema de la victoria del misil sobre el avión como arma de futuro está ampliamente desarrollado en Neil Sheehan, A Fiery Peace in a Cold War. Bernard Schriever and the Ultimate Weapon, Nueva York, Random House, 2009. Una visión de conjunto de la distensión en Europa en Jussi M. Hanhimäki, “Détente in Europe, 1962-1975”, en Melvyn P. Leffler y Odd Arne Westad, eds., The Cambridge History of the Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, II, pp. 198-218.

La aproximación a China

Sobre el viaje de Nixon a Rumania y el “canal rumano” en la preparación del encuentro con China, Mircea Munteanu, “Romania and the Sino-American rapprochement, 1969-1971: New evidence from the Bucharest archives”, en Cold War International History Project. Bulletin, n.º 16 (2007-2008), pp. 403-445; sobre los contactos en París, Suri, Power and Protest, p. 238. Margaret Macmillan, Nixon and Mao. The Week that Changed the World, Nueva York, Random House, 2007 (el texto del “comunicado de Shanghái” en pp. 341-344); William Burr, ed., The Kissinger Transcripts. The Top Secret Talks with Beijing and Moscow, Nueva York, The New Press, 1998 (y la extensa reseña de Jonathan Spence, “Kissinger and the emperor”, en New York Review of Books, 4 de marzo de 1999, pp. 18-22); Kissinger, Memorias, pp. 144-146 y 582-633 y White House Years, pp. 763-787 y 1049-1096; Jussi Hanhimäki, The Flawed Architect. Henry Kissinger and American Foreign Policy, Nueva York, Oxford University Press, 2004, pp. 166-175 y 185-200; Bundy, A Tangled Web, pp. 303-307; Yafeng Xia, “China’s elite politics and Sino-american rapprochement, january 1969-february 1972”, en Journal of Cold War Studies, 8 (2006), n.º 4, pp. 3-28; William Burr, ed., “The Beijing-Washington back-channel and Henry Kissinger’s secret trip to China”, National Security Archive, electronic briefing book, n.º 66, 27 de febrero de 2002, y W. Burr, ed., “Negotiating U.S.-Chinese rapprochement”, National Security Archive, electronic briefing book, n.º 70, 22 de mayo de 2002.

El fin de la guerra de Vietnam

Los dos libros fundamentales que se han empleado han sido los ya citados de Kimball, The Vietnam War Files, passim, y de Prados, Vietnam, completados con Stephen P. Randolph, Powerful and Brutal Weapons. Nixon, Kissinger, and the Easter Offensive, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2007, que ofrece el mejor y más detallado análisis de las operaciones militares de la “segunda guerra de destrucción” y de las campañas Linebacker de bombardeo, y Larry Berman, No Peace, No Honor. Nixon, Kissinger, and Betrayal in Vietnam, Nueva York, Touchstone, 2002. Sobre las brutalidades cometidas por el ejército estadounidense y sobre la percepción de estos hechos por la sociedad norteamericana es fundamental el libro de Bernd Greiner, War without Fronts. The USA in Vietnam, Londres, Bodley Head, 2009 (véase, por ejemplo, lo relativo a las masacres de My Lai y My Khe, en pp. 180-238). El discurso de “la mayoría silenciosa” puede consultarse en la web de <www.watergate.info>; la historia de su elaboración, incluyendo la equivocada cita de Wilson, en Safire, Before the Fall, pp. 171-180. Además, Christian G. Appy, La guerra de Vietnam, Una historia oral, Barcelona, Crítica, 2008; Christopher Hitchens, The Trial of Henry Kissinger, Londres, Verso, 2001, (p. 22, sobre lo que Haldeman asegura que dijo Kissinger). Sobre Lam Son 719, Hahhimäki, Flawed Architect, pp. 109-114; Sobre My Lai, además de Greiner, Seymour Hersh, “La matanza de My Lai”, en John Pilger, ed., ¡Basta de mentiras! El periodismo de investigación que está cambiando el mundo, Barcelona, RBA, 2007, pp. 77-110 (el informe del general Peers sobre los hechos de My Lai puede consultarse en <www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/mylai/MYL_Peers.htm)>; Kissinger, Mis memorias, pp. 33-46. En el verano de 1972 el general de aviación John D. Lavelle fue degradado y obligado a retirarse, acusado de haber realizado por propia iniciativa bombardeos no autorizados sobre Vietnam del Norte, y haber tratado de ocultarlos. Aunque alegó haber actuado por órdenes de Nixon, lo cual era cierto, el presidente no solo calló y toleró la desgracia de Lavelle, sino que llegó a la indignidad de decir a los periodistas que no estaba autorizado y que estaba bien que se le hubiese relevado y retirado. En 2010, tras descubrirse la verdad de los hechos, el presidente Obama pidió al Senado que se restableciese el honor y el grado a ese hombre que había fallecido en 1979. Su historia puede consultarse en la web del Arlington National Cemetery, con fecha 6 de agosto de 2010. Sobre las especulaciones acerca del uso de armas nucleares, Jeffrey Kimball y William Burr, eds., “Nixon White House considered nuclear options against North Vietnam, declassified documents reveal”, en National Security Archive, 31 de julio de 2006. Sobre la fabricación de armas biológicas, en especial gases, Jonathan B. Tucker, War of Nerves: Chemical Warfare from World War I to Al-Qaeda, Pantheon, 2006. Sobre Laos, Jane Hamilton-Merritt, Tragic Mountains. The Hmong, the Americans, and the Secret Wars for Laos, 1942-1992, Bloomington, Indiana University Press, 1999, pp. 211-290. Sobre la negociación final del acuerdo de paz, aparte de la tediosa narración del propio Kissinger en White House Years, a lo largo de centenares de páginas, Hanhimäki, Flawed Architect, pp. 228-259; Berman, No Peace, no Honor, pp. 221-264 y 276-277, aunque es sobre todo Prados quien —en Vietnam, pp. 488-517— trata de desentrañar la maraña de malentendidos que oscurece la realidad de lo sucedido. Las palabras de Kissinger a Dobrynin en National Security Archive, electronic briefing book, n.º 233, William Burr, ed., 2 de noviembre de 2007. Sobre los últimos días en Saigón, John Prados, Lost Crusader. The Secret Wars of CIA Director William Colby, Nueva York, Oxford University Press, 2003, pp. 287-289. Lorenz M. Lüthi, “Beyond betrayal: Beijing, Moscow, and the Paris negotiations, 1971-1973”, en Journal of Cold War Studies, 11 (2009), n.º 1, pp. 57-107; Richard Nixon, No más Vietnams, Barcelona, Planeta, 1986, pp. 99 y 190. También “Grappling with success”, en The Economist, 2 de febrero de 2008, pp. 55-56. Sobre la génesis del ataque a Camboya, Robert Schlesinger, White House Ghosts. Presidents and Their Speechwriters, Nueva York, Simon and Schuster, 2008, p. 209. Fox Butterfield, “Duong Van Minh, 85, Saigon plotter, dies”, en New York Times, 8 de agosto de 2001. La descripción de los últimos momentos de Saigón se basa en los recuerdos de Frank Snepp, recogidos en Appy, La guerra de Vietnam, pp. 510-520. Acerca de la revuelta del Congreso y de la War Powers Act, Bundy, The Making of Foreign Policy, pp. 394-399 y James A. Baker III y Warren Christopher, “Put war powers back where they belong”, en New York Times, 8 de julio de 2008.

Watergate

Keith W. Olson, Watergate. The Presidential Scandal that Shook America, Lawrence, University Press of Kansas, 2003; New York Times, The White House Transcripts, Nueva York, Bantam Books, 1974 (con una amplia y útil cronología, preparada por Linda Amster); Stanley I. Kutler, Abuse of Power. The New Nixon Tapes, Nueva York, The Free Press, 1997 contiene una amplia selección del contenido de las cintas entre el 17 de junio de 1971 y el 12 de julio de 1973, que revelan hasta qué punto el asunto Watergate ocupó de lleno la atención de Nixon a lo largo de los dos últimos años de su gestión (la conversación de la “pistola humeante”, en pp. 67-69). Bob Woodward y Carl Bernstein, All the President’s Men, Nueva York, Simon and Schuster, 1974; Edward Kennedy, Los Kennedy. Mi familia, Madrid, Martínez Roca, 2010, pp. 377-391; Small, The Presidency, pp. 269-296; Summers, Nixon, pp. 512-537; Safire, Before the Fall, pp. 294-300 y 631-638 (y 246-262 para el tema del conflicto entre Gobierno y burocracia); Andrew, Power to Destroy, pp. 201-249 da noticia puntual del tema de la “lista de enemigos” y de los turbios negocios del presidente con “Bebe” Rebozo y con Howard Hughes; Ben Bradlee, La vida de un periodista, Madrid, El País, 2000, pp. 319-378; Schlesinger, White House Ghosts, pp. 220-229, etc. Una web, <Watergate.info>, ofrece una detallada relación de los acontecimientos, con reproducción de los documentos y discursos, e incluso actualiza las noticias, que en estos momentos se refieren sobre todo a la defunción de los participantes en el caso: Felt, el miembro del FBI cuyas revelaciones contribuyeron a hundir a Nixon, falleció en diciembre de 2008, y Walter Cronkite, el periodista radiofónico que tuvo un gran papel en la difusión de las noticias, en julio de 2009. La versión exculpatoria del propio Nixon en Richard Nixon, En la arena, Barcelona, Plaza y Janés, 1990, pp. 36-47. Sobre la «guerra del ajedrez», Daniel Johnson, White King and Red Queen. How the Cold War was Fought on the Chessboard, Londres, Atlantic Books, 2007. Los «celos» de Nixon, en Kissinger, White House Years, p. 918.

La guerra del Yom Kippur

Sobre la «guerra de Desgaste», Dima P. Adamsky, «The “seventh day” of the six day war: The Soviet intervention in the War of Attrition (1969-1970)», en Yaacov Ro’i y Boris Morozov, eds., The Soviet Union and the June 1967 Six Day War, Washington, Woodrow Wilson Center, 2008, pp. 198-250. Sobre el atentado de Munich en 1972 y sus consecuencias, Timothy Naftali, Blind Spot. The Secret History of American Counterterrorism, Nueva York, Basic Books, 2005, pp. 71-95. Para la del Yom Kippur, a la que Kissinger dedica más de ciento cincuenta páginas (pp. 450-613) de Years of Upheaval, con muchas informaciones y muchas distorsiones, he seguido la documentada versión que ofrece Patrick Tyler, A World of Trouble. The White House and the Middle East— from the Cold War to the War on Terror, Nueva York, Farrar, Strauss, and Giroux, 2009, pp. 107-175, que rectifica mucho de lo que hasta ahora se sostenía (como las afirmaciones de la biografía de Nixon de Conrad Black, que tienden a minimizar el papel de Kissinger) y las noticias sobre los contactos diplomáticos que nos ofrece Yevgeny Primakov en Russia and the Arabs. Behind the scenes in the Middle East from 1950 to the present, Nueva York, Basic Books, 2009, pp. 143-166 (y, complementariamente, en el libro del propio Primakov Russian Crossroads. Towards the New Millenium, New Haven, Yale University Press, 2004, pp. 186-191). Una importante aportación documental en William Burr, ed., «The October war and U.S. policy», en National Security Archive, 7 de octubre de 2003. Además, Mark Tessler, A History of the Israeli-Palestinian Conflict, Bloomington, Indiana University Press, 2009/2, pp. 445-531; Ahron Bregman, Israel’s Wars, Londres, Routledge, 2000, pp. 102-142; Small, The Presidency of Richard Nixon, pp. 127-140; Neill Lochery, Loaded Dice. The Foreign Office and Israel, Nueva York, Continuum, 2007, pp. 144-159; Moshe Maoz y Avner Yaniv, eds., Syria under Assad, Londres, Croom Helm, 1986; Ignacio Álvarez-Ossorio, Siria contemporánea, Madrid, Síntesis, 2009, pp. 107-122; Bundy, A Tangled Web, pp. 179-191 y 434-472; Dallek, Nixon and Kissinger. Partners in Power, pp. 223-227 y 520-533; Hanhimäki, The Flawed Architect, pp. 93-98 y 302-331; Henry Laurens, Paix et guerre au Moyen-Orient, París, Armand Colin, 2005/2, pp. 289-296; Stephen Zunes, La poudrière. La politique américaine au Moyen-Orient el les racines du terrorisme, París, Parangon, 2002, pp. 35-36; Bob Woodward, Veil: Las guerras secretas de la Cia, 1981-1987, Buenos Aires, Sudamericana, 1988, pp. 194-197; Yechiam Weitz, «Golda Meir, Israel’s Fourth Prime Minister (1969-74)», en Middle Eastern Studies, 47 (2011), n.º 1, pp. 43-61; Rupert Smith, The Utility of Force. The Art of War in the Modern World, Londres, Penguin, 2006, pp. 254-256; John K. Colley, Unholy wars. Afghanistan, America and International Terrorism, Londres, Pluto Press, 2001/2, p. 188; Elizabeth Stephens, «Caught on the hop. The Yom Kippur war», en History Today, octubre de 2008, pp. 44-50. La conversación con Dayan en National Security Archive, electronic briefing book, n.º 192, 26 de mayo de 2006, documento 15. Rashid Khalidi, Sowing Crisis: The Cold War and American Hegemony in the Middle East, Boston, Beacon Press, 2009. Ilan Pappé, The Forgotten Palestinians. A History of the Palestinians in Israel, New Haven, Yale University Press, 2011.

La caída de Nixon

Dallek, Nixon and Kissinger, pp. 486-533; Hanhimäki, Flawed Architect, pp. 332-358; Small, The presidency, pp. 269-296; Bundy, A Tangled Web, pp. 460-472; Kissinger, Years of Upheaval, pp. 1193-1214; Safire, Before the Fall, pp. 656-665. Sobre su vida después de la dimisión, Nixon, En la arena, pp. 47-82. La frase de Dole se ha tomado de Perlstein, Nixonland, p. 748.

Oriente Próximo después de la «guerra de octubre»

Tessler, History of the Israeli-Palestinian Conflict, pp. 465-519; George Corm, Le Proche-Orient eclaté, 1956-2007, París, Gallimard, 2007/5, pp. 386-421; Tyler, World of Trouble, pp. 176-180; Christopher Andrews y Vasili Mitrokhin, The Mitrokhin Archive II. The KGB and the World, Londres, Allen Lane, 2005, pp. 163-168; Mehran Kamrava, The Modern Middle East, Berkeley, University of California Press, 2005, pp. 131-136. Zbigniew Brzezinski, Power and Principle. Memoirs of the National Security Adviser 1977-1981, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1983, p. 236. Sobre el Egipto de Mubarak, Robin Wright, Dreams and Shadows. The Future of the Middle East, Nueva York, Penguin, 2008, pp. 65-97; Robert L. Tygnor, Egypt. A Short History, Princeton, Princeton University Press, 2010, pp. 282-310; Uri Avery, «The iron wall: Egypt’s role on the Gaza blockade», en Pambazuka News, n.º 464, 6 de enero de 2010; Adam Shatz, «Mubarak’s last breadth», en London Review of Books, 27 de mayo de 2010, pp. 6-10; Cengiz Günay, «Mubarak’s Egypt: bad paternalism, and the army’s interest in managed transition», en OpenDemocracy, 3 de febrero de 2011.

CAPÍTULO 10: LA GUERRA FRÍA EN AMÉRICA LATINA

Michael Grow, U.S. Presidents and Latin American Interventions. Pursuing Regime Change in the Cold War, Lawrence, University Press of Kansas, 2008 (sobre Guyana, pp. 57-74; sobre la República Dominicana, pp. 75-92); sobre la intervención en Guyana, Christopher Andrew, The Defence of the Realm. The Authorized History of MI5, Londres, Allen Lane, 2009, pp. 459-461 y 477-480. César Torres del Río, Diplomacia y guerra fría. América Latina, 1945-1948, Bogotá, Fundación Nueva Época, 1992; Thomas C. Wright, Latin America in the Era of the Cuban Revolution, Westport, Prager, 2001; Dean Acheson, Present at the Creation. My Years in the State Department, Nueva York, Signet, 1970, p. 341; en las mil páginas de este volumen los problemas de América Latina ocupan menos de dos. Robert L. Beisner, Dean Acheson. A Life in the Cold War, Nueva York, Oxford University Press, 2006, pp. 568-586 (sobre el menosprecio racista de los latinos, pp. 570-571); William Blum, Killing Hope. U.S. Military and CIA Interventions since World War II, Montréal, Black Rose Books, 1998, pp. 108-114. Clara Nieto, Los amos de la guerra y las guerras de los amos, Bogotá, Uniandes, 1999; Peter Wladmann y Fernando Reinares, Sociedades en guerra civil. Conflictos violentos de Europa y América Latina, Barcelona, Paidós, 1999; Andrés Oppenheimer, Ojos vendados. Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América Latina, Buenos Aires, Sudamericana, 2001; John N. Plank, «The Caribbean: intervention, when and how», en Foreign Affairs, 44 (1965-1966), pp. 37-48. Sobre Haití: Michel-Rolph Trouillot, Haiti: State againts Nation. The Origins and Legacy of Duvalierism, Nueva York, Monthly Review Press, 1990; Paul Farmer, «Who removed Aristide?», en London Review of Books, 15 de abril de 2004, pp. 28-31; Peter Hallward, «An interview with Jean-Bertrand Aristide», en London Review of Books, 22 de febrero de 2007, pp. 9-13; Marc Lacey, «Haiti’s poverty stirs nostalgia for old ghosts», en New York Times, 23 de marzo de 2008; Mark Weisbrot, «This time, the people of Haiti may win», en The Guardian, 10 de febrero de 2011. Sobre el desastre de 2010, Greg Palast, «The right testicle of hell: History of a Haitian holocaust», en su blog, 17 de enero de 2010; Eric Holt Gimenez, «Haiti: roots of liberty, roots of disaster», en Huffington Post, 21 de enero de 2010 y Bill Quigley, «Nine months after the quake— a million Haitians slowly dying», en Truthout, 11 de octubre de 2010. Lesley Gill, The School of the Americas. Military Training and Political Violence in the Americas, Durham, Duke University Press, 2004; Tim Weiner, Legacy of Ashes. The History of the CIA, Londres, Allen Lane, 2007, pp. 189-194, 279-280, passim. Smedley Butler, War is a Rackett, Los Angeles, Feral House, 2003; John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man, San Francisco, Berrett-Koehler, 2004; Alex von Tunzelman, Red Heat. Conspiracy, Murder and the Cold War in the Caribbean, Londres, Simon and Schuster, 2011.

Las guerras de América Central

Greg Grandin, The Last Colonial Massacre. Latin America in the Cold War, Chicago, University of Chicago Press, 2004; Robert Parry, «Guatemala: a test tube of repression», en <consortiumnews.com>, 3 de octubre de 2010. William M. LeoGrande, Our own Backyard. The United States and Central America, 1977-1992, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1998; Charles D. Brockett, Political Movements and Violence in Central America, Nueva York, Cambridge University Press, 2005; Trevor Paglen, Blank Spots on the Map. The Dark Geography ot the Pentagon’s Secret World, Nueva York, Dutton, 2009, pp. 208-241. Kate Doyle y Peter Kornbluh, «CIA and assassinations: The Guatemala 1954 documents», en National Security Archive, electronic briefing book, n.º 4; Kate Doyle, «The Guatemalan police archives», en National Security Archive, 21 de noviembre de 2005 (sobre la actuación de Negroponte desde Honduras, Peter Kornbluh en National Security Archive, electronic briefing book, n.º 151, 12 de abril de 2005); Kate Doyle, «Operation Sofia. Documenting genocide in Guatemala», en National Security Archive, electronic briefing book, n.º 297, 2 de diciembre de 2009; toda la información sobre la masacre de «Dos erres» en Guatemala Memory of Silence. Report of the Commission for Historical Clarification, y en «Former Guatemalan soldier convicted to ten years for liying about role in Dos Erres massacre», en National Security Archive, electronic briefing book, n.º 316, 16 de septiembre de 2010; Corey Robin, «Dedicated to democracy» en London Review of Books, 18 de noviembre de 2004, p. 3; Jorge Luján Muñoz, Breve historia contemporánea de Guatemala, México, Fondo de Cultura Económica, 1998; «Guatemalan death squad dossier: internal military log reveals fate of 183 “disappeared”», en National Security Archive, electronic briefing book, n.º 15, 20 de mayo de 1999; Rachel Sieder, «Remembering and forgetting in Guatemala», en History today, 55 (09) septiembre de 2005, pp. 28-30. Elisabeth Burgos, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, Barcelona, Argos-Vergara, 1983 (sobre el ataque de David Stoll a este libro, Hal Cohen, «The unmaking of Rigoberta Menchú», en Lingua Franca, julio-agosto de 1999, pp. 48-55 y Ron Robin, Scandals and Scoundrels. Seven Cases that Shook the Academy, Berkeley, University of California Press, 2004, pp. 166-192). Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Guatemala: nunca más. Informe del Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica, versión abreviada, San Sebastián, Tercera Prensa, 1998; Francisco Goldman, «Victory in Guatemala», en New York Review of Books, 23 de mayo de 2002, pp. 77-83 (Goldman publicó posteriormente un libro The Art of Political Murder: Who Killed Bishop Gerardi?, sobre el crimen y sobre el juicio de los asesinos); Arych Neier, «The death of the good bishop», en New York Review of Books, 22 de noviembre de 2007, pp. 30-32.

Sobre El Salvador, El Salvador: entre el terror y la esperanza. Los sucesos de 1979 y su impacto en el drama salvadoreño de los años siguientes, San Salvador, UCA editores, 1982; John Lamperti, «Enrique Álvarez: ¡Presente!», en Truthout, 27 de noviembre de 2010; FDR y FMLN, El Salvador libre, s.l, s.e., c.1981. El asesinato del arzobispo Romero resulta aclarado en un extraordinario reportaje de Carlos Dada publicado en el periódico salvadoreño El Faro en marzo de 2010, que puede leerse en versión inglesa en la web <www.elfaro.net/es/201 003/noticias/1416>. Los versos de Ginsberg proceden de «Capitol Air», escrito en diciembre de 1980. Era tal el empeño de Reagan por aplastar la guerrilla salvadoreña que Lawrence Harrison, que era director de la misión de la USAID en Nicaragua, asegura que Reagan ofreció a los sandinistas «un trato de acuerdo con el cual tendrían mano libre respecto de su política interior a cambio de dejar de apoyar al FMLN. (…) Los sandinistas rechazaron el acuerdo y prepararon así la escena para la asistencia norteamericana a los contras» («Managua memories», en The Economist, 6 de diciembre de 2008, p. 19). Gareth Jenkins, «From Kennedy’s Cold War to the War on Terror», en History Today, 56 (6) junio de 2006, pp. 39-41. Ben Ehrenreich, «Diary» («Who killed Roque Dalton?»), en London Review of Books, 24 de junio de 2010, pp. 42-43, nos informa acerca de las divisiones, y defecciones, de la izquierda, ejemplificadas en el asesinato de Roque Dalton en 1975.

La información sobre Honduras procede sobre todo de Leo Valladares Lanza y Susan C. Peacock, En busca de la verdad que se nos oculta. Un informe preliminar del Comisionado Nacional de los Derechos humanos sobre el proceso de desclasificación, sin más cambios que alguna corrección de estilo en las traducciones; he utilizado también un trabajo inédito de Elena Mur.

Según Gordievski, un defector del KGB, los sandinistas no tuvieron inicialmente ningún apoyo de Moscú, que esperaba que fuese el pequeño pero ortodoxo Partido Comunista de Nicaragua el que reemplazase a los sandinistas, que procedían de una tradición libertaria. No fue hasta fines de 1981 que Castro pudo convencerles de que eran auténticos revolucionarios. Christopher Andrew y Oleg Gordievski, KGB. La historia interior de sus operaciones desde Lenin a Gorbachov, Barcelona, Plaza&Janés, 1991, p. 693; Carl Jensen, 20 years of censored news, Nueva York, Seven Stories Press, 1997, pp. 92-93; Enrique Yeves, La Contra, una guerra sucia, Barcelona, Ediciones B, 1990; Dennis Rodgers, «A symptom called Managua», en New Left Review, n.º 49 (2008), pp. 103-120. Stephen Kinzer, «Our man in Honduras», New York Review of Books, 20 de septiembre de 2001 y 18 de octubre de 2001, pp. 68-69; John Quigley, The Ruses for War. American Interventionism since World War II, Amherst, Prometheus Books, 2007, pp. 197-213.

México: el precio de la estabilidad

Peter H. Smith, «México, 1946-c.1990», en L. Bethell, ed., Historia de América Latina, 13: México y el Caribe desde 1930, Barcelona, Crítica, 1998, pp. 84-147; Enrique Krauze, La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano, 1940-1996, Barcelona, Tusquets, 1997. La «guerra sucia» puede documentarse en una amplia serie de materiales publicados por National Security Archive, de entre los cuales hay que destacar el Informe histórico a la sociedad mexicana 2006, publicado por la «Fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado» de la Procuradoría General de la República; Kate Doyle y Jesse Franzblau, «Archival Evidence of Mexico’s Human Rights Crimes: The Case of Aleida Gallangos», en National Security Archive, 9 de marzo de 2010. Sobre las guerrillas campesinas, Luis Suárez, Lucio Cabañas. El guerrillero sin esperanza, México, Grijalbo, 1985 y Kate Doyle, «The dawn of Mexico’s dirty war. Lucio Cabañas and the Party of the Poor», en National Security Archive, electronic briefing book, 5 de diciembre de 2003. El recuerdo de los dirigentes campesinos explica que pueda encontrarse en la red un gran número de biografías y testimonios sobre estos personajes.

Los países andinos

Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875-1994, Bogotá, Norma, 1995; James J. Brittain, Revolutionary Social Change in Colombia. The Origin and Direction of the FARC-EP, Londres, Pluto Press, 2010 (con una gran riqueza de información y una visión positiva acerca del papel político de las FARC); Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la violencia en Colombia, Bogotá, El Áncora, 1992; Vladimir Carrillo y Tom Kucharz, Colombia: terrorismo de estado. Testimonios de la guerra sucia contra los movimientos populares, Barcelona, Icaria, 2006; Guido Piccoli, El sistema del pájaro. Colombia, laboratorio de barbarie, Tafalla, Txalaparta, 2004; José Manuel Martín Medem, Colombia feroz. Del asesinato de Gaitán a la presidencia de Uribe, Madrid, Catarata, 2009; César Torres del Río, Grandes agresiones contra Colombia, Bogotá, Martínez Roca, 1994, pp. 218-235; Eduardo Pizarro, Las FARC, 1949-1966. De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha, Bogotá, Tercer Mundo, 1992/2; Arturo Alape, Manuel Marulanda, Tirofijo. Colombia: 40 años de lucha guerrillera, Tafalla, Txalaparta, 2000; Michael Evans, «War in Colombia», en National Security Archive, 3 de mayo de 2002; International Crisis Group, Los nuevos grupos armados de Colombia. Informe sobre América Latina n.º 20, Bogotá/Bruselas 10 de mayo de 2007; Daniel Pécaut, «La “guerra prolongada” de las FARC», en Istor, X (2009), n.º 37, pp. 36-47. Grupo de Memoria Histórica, La matanza de El Salado. Esta guerra no era nuestra, puede consultarse en la web de National Security Archive, adjunto a «Conspiracy of silence? Colombia, the United States and the Massacre at El Salado», 24 de septiembre de 2009. El Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia del relator especial James Anaya, publicado por la ONU en enero de 2010, mostraba la continuidad de la violencia ejercida por guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas, ante la indiferencia del gobierno. Sobre el asalto al Congreso en 1985, «State Department cable says Colombian army responsible for Palace of Justice deaths, dissapearances» en National Security Archive, 8 de octubre de 2009. El trabajo de Daron Acemoglu, James A. Robinson y Rafael J. Santos, «The monopoly of violence: Evidence from Colombia», de mayo de 2010, puede consultarse en la web de Daron Acemoglu. Olof Blomqvist, «Colombia’s land reform under a new president», en OpenDemocracy, 26 de septiembre de 2010.

Víctor de Currea-Lugo, Poder y guerrillas en América Latina. Una mirada a la historia del guerrillero de a pie, Málaga, SEPHA, 2007. Sobre la «ley de tierras» de Hugo Chávez, Medófilo Medina y Margarita López Maya, Venezuela: confrontación social y polarización política, Bogotá, Aurora, 2003, pp. 20-25. Robert Dallek, An Unfinished Life. John F. Kennedy, 1917-1963, Boston, Little Brown, 1993, pp. 468-469; Lawrence Freedman, Kennedy’s Wars, Nueva York, Oxford University Press, 2000, pp. 229-230. Sobre el fracaso de la política de Alianza para el progreso, Wright, Latin America in the Era of the Cuban revolution, pp. 65-71.

Sobre Ecuador, Enrique Ayala, «Ecuador desde 1930» en Bethell, Historia de América Latina, 16: Los países andinos desde 1930, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 259-300 y Enrique Ayala, ed., Nueva historia del Ecuador, 11: Época republicana, V, Quito, Corporación Editora Nacional-Grijalbo, 1991.

Sobre Bolivia, Yvon Le Bot, Violence de la modernité en Amérique Latine. Indianité, société et pouvoir, París, Karthala, 1994; Guillermo de la Peña, «Las movilizaciones rurales en América Latina desde c. 1920», en L. Bethell, ed., Historia de América Latina, 12, Barcelona, Crítica, 1997, pp. 193-280. Sobre la actuación de la CIA en la captura y muerte de Guevara, John Prados, Safe for Democracy. The Secret Wars of the CIA, Chicago, Ivan R. Dee, 2006, pp. 332-336; Jesús González Pazos, Bolivia. La construcción de un país indígena, Barcelona, Icaria, 2007; Ferran Gallego, Ejército, nacionalismo y reformismo en América Latina. La gestión de Germán Bush en Bolivia, Barcelona, PPU, 1992.

Sobre Perú, Hugo Neira, Los Andes: tierra o muerte, Madrid, Zyx, 1968; Luis Arce Borja, Memoria de una guerra. Perú 1980-2000, Bruselas, CESAL, 2009, con información interesante sobre el MRTA y Sendero Luminoso; Paulo Vilca, «Perou: conflits pour l’accès à la terre des peuples indigènes» en Pressions sur les terres. Devenir des agricultures paysannes. Points de vue du Sud, Alternatives Sud 17/2010 3, París, Syllepse, 2010, pp. 111-134; Jeremy Adelman, «Andean impasses», en New Left Review, 18 (2002), pp. 41-72. Documentación importante, en especial sobre la etapa de Fujimori, en una serie de aportaciones de National Security Archive: Tamara Feinstein, ed., «Peru in “The eye of the storm”», en National Security Archive, 22 de enero de 2002, «The Peruvian Townsend commission report and declassified U.S. documentation», 26 de junio de 2002; «The search for truth. The declassified record on human rights abuses in Peru», 28 de agosto de 2003 y «Archive expert testifies in Fujimori trial», 9 de septiembre de 2008. Gaby Oré Aguilar, «Peru vs. Fujimori: justice in the time of reason», en openDemocracy, 10 de julio de 2008. Un muy extenso (622 páginas) Informe Final de la «Comisión investigadora sobre la actuación y el origen, movimiento y destino de los recursos financieros de Vladimiro Montesino Torres y su evidente relación con el ex presidente Alberto Fujimori» puede consultarse también en la web de National Security Archive.

Economía política de la droga

Sobre las guerras de la droga, una cuestión que afecta con especial gravedad a Colombia, pero que tiene importancia para todo el continente: Robin Kirk, Más terrible que la muerte. Masacres, drogas y la guerra de Estados Unidos en Colombia, Barcelona, Paidós, 2005; Darío Betancourt y Martha L.García, Matones y cuadrilleros, Bogotá, Tercer Mundo, 1991/2, y Marimberos y mafiosos, Bogotá, Tercer Mundo, 1994 (quiero dejar aquí mi testimonio de admiración por Darío Betancourt, que aunque procuraba protegerse no dando nombres, como me había contado personalmente, acabó desapareciendo, como una víctima más del narcotráfico, por haber escrito libros como estos); Álvaro Camacho, Andrés López Restrepo y F.E. Thoumi, Las drogas: una guerra fallida, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1999; Patrick Clawson y R.W. Lee III, The Andean cocaine industry, Houndmills, Macmillan, 1996; Mylène Sauloy e Yves Le Bonniec, ¿A quién beneficia la cocaína?, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1994; Peter Dale Scott, Cocaine politics. Drugs, armies, and the CIA in Central America, Berkeley, University of California Press, 1998; Germán Palacio Castañeda, Globalizaciones, estado y narcotráfico, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1998;Paul Eddy, con Hugo Sabogal y Sara Walden, Las guerras de la cocaína, Barcelona, Ediciones B, 1989; Alfred McCoy, The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade, Chicago, Lawrence Hill, 2003, una cita de p. 22; Francisco Thoumi, Economía, política y narcotráfico, Bogotá, Tercer Mundo Ediciones, 1994; Lina Britto, «A traficker’s paradise. The “war on drugs” and the new cold war in Colombia», en Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX (Montevideo), I (2010), 1, pp. 159-177; Paul Gootenberg, «Cocaine in chains: The rise and demise of a global commodity, 1860-1950», en Steven Topik, Carlos Marichal y Zephyr Frank, eds., From Silver to Cocaine. Latin American Commodity Chains and the Building of the World Economy, 1500-2000, Durham, Duke University Press, 2006, pp. 321-351; Brittain, Revolutionary Social Change in Colombia, pp. 137-150, passim. El texto de la NSDD 221 se puede consultar, aunque con grandes tachaduras, en la web de la Federation of American Scientists <www.fas.org>. Los datos sobre consumo en los Estados Unidos proceden de Tom Feiling, The Candy Machine: How Cocaine Took over the World, Londres, Penguin, 2010. Sobre Guatemala, «Drugs and the Guatemalan military», en National Security Archive, 18 de noviembre de 2005. Sobre los cárteles mexicanos, Alain Depirou y Eduardo Mackenzie, Les cartels criminels. Cocaïne et héroïne: une industrie lourde en Amérique Latine, París, PUF, 2000, pp. 137-168. Sobre Salinas y Slim, Eduardo Porter, «Mexico’s plutocracy thrives on robber-baron concessions», en New York Times, 27 de agosto de 2007. La primera cita de The Economist corresponde al número de 27 de octubre de 2007, p. 61; a completar con «The Uribe temptation», 19 de abril de 2008, pp. 55-56. La segunda, al balance de la situación del tráfico —«On the trail of the traffickers»— publicado el 7 de marzo de 2009, pp. 25-29. Sobre la reaparición de Sendero Luminoso, Simón Romero, «Fueled by coca, Peru’s rebel war reignites», en New York Times, 18 de marzo de 2009. La estimación final del tráfico de dólares hacia México, de James C. McKinley, jr, y Marc Lacey, «Along U.S.-México border, a torrent of illicit cash», en New York Times, 26 de diciembre de 2009. Un informe de la situación actual de la lucha contra la droga por parte de los Estados Unidos se encontrará en Lyana Sun Wayler, International Drug Control Policy, Congressional Research Service, 24 de agosto de 2009. El artículo de Martha Dominguez, «US drug war has met none of its goals» puede leerse en la web del Miami Herald el 14 de mayo de 2010. Daniel Mejía y Daniel M. Rico, La microeconomía de la producción y tráfico de cocaína en Colombia, Bogotá, Universidad de los Andes, 2010.

Las dictaduras del Cono Sur

Brasil

David F. Schmitz, The United States and Rigth-Wing Dictatorships, Nueva York, Cambridge University Press, 2006; Jacob Gorender, Combate nas trevas, São Paulo, Editora Atica, 1998/5, p. 73; Boris Fausto, História do Brasil, São Paulo, Edusp, 1998/6, pp. 478-485. Maria Celina d’Alãucio, Ary Dillon Soares y Celso Castro, eds., Visões do golpe. A memória militar sobre 1964, Rio de Janeiro, Relume Dumaré, 1994, y Os anos do chumbo. A memória militar da repressão, Rio de Janeiro, Relume Dumaré, 1994; Daniel Aarão Reis, Marcelo Ridenti y Rodrigo Patto Sá Motta, eds., O golpe e a ditadura militar 40 anos depois (1964-2004), Baurú, Edusc, 2004. Sobre la intervención norteamericana contra Goulart, Weiner, Legacy of Ashes, p. 189 y Grow, U.S. Presidents and Latin American Interventions, pp. 77 y ss.; Peter Kornbluh, «Brazil marks 40th anniversary of military coup», en National Security Archive, 31 de marzo de 2004; Marta Harnecker, Sin Tierra. Construyendo movimiento social, Madrid, Siglo XXI, 2002; Gildo Marçal Brandão, A esquerda positiva. As duas almas do Partido Comunista, 1920-1964, São Paulo, Hucitec, 1997. «Brazil conspired with U.S. to overthrow Allende», National Security Archive, electronic briefing book n.º 282, 16 de agosto de 2009.

Uruguay

Ana Frega et al., Historia del Uruguay en el siglo XX (1890-2005), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2008/2; Clara Aldrighi, La intervención de Estados Unidos en Uruguay (1965-1973). I: El caso Mitrione, Montevideo, Trilce, 2007; Carlos Osorio y Mariana Enamoneta, «To save Mitirone Nixon administration urged death threats for Uruguayan prisoners», en National Security Archive, electronic briefing book 324, 11 de agosto de 2010; Miguel Aguirre Bayley, Frente amplio. «La admirable alarma de 1971», Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2000; Roberto García Ferreira, La CIA y los medios en Uruguay. El caso Arbenz, Montevideo, Amuleto, 2007. Sobre la guerrilla urbana, Anthony James Joes, Urban Guerrilla Warfare, Lexington, The University Press of Kentucky, 2007, pp. 79-86 y Matthew Carr, The Infernal Machine. A History of Terrorism, Nueva York, The New Press, 2006, pp. 114-122. Una importante documentación sobre el golpe de Bordaberry se encontrará en Carlos Osorio, «Bordaberry condemned for 1973 coup», National Security Archive, electronic briefing book 309 (30 de marzo de 2010), donde se publica el informe de Shlaudeman, quien decía que sus oponentes definían estos regímenes dictatoriales como fascistas, lo cual era un término peyorativo, «tanto más por cuanto puede decirse que es técnicamente correcto». A lo que añadía: «Pero es peyorativo».

Chile

Sobre la intervención de la CIA en la vida política de Chile, Prados, Safe for Democracy, pp. 396-430, además de los documentos sobre la protección a Frei publicados en el volumen XXXI de Foreign Relations of the United States. Foreign Relations, 1964-1968, comentados en National Security Archive el 25 de septiembre de 2004. Grow, U.S. Presidents, pp. 93-113; Nathaniel Davis, Los dos últimos años de Salvador Allende, Barcelona, Plaza y Janés, 1986; Alain Joxe, Le Chili sous Allende, París, Julliard, 1974; Weiner, Legacy of Ashes, pp. 306-317; Schmitz, The United States and Rigth-Wing Dictatorships, pp. 94-111. Sobre Pinochet se ha usado sobre todo el libro de Peter Kornbluh, Pinochet: los archivos secretos, Barcelona, Crítica, 2004, passim, completado con: Richard Helms, A Look over My Shoulder. A Life in the Central Intelligence Agency, Nueva York, Random House, 2003, pp. 393-408; Kissinger, Memorias, pp. 466-474; Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda, La historia oculta del régimen militar. Chile, 1973-1988, Buenos Aires, Grijalbo, 1997/3; Alejandra Matus, El libro negro de la justicia chilena, Barcelona, Planeta, 2000, pp. 164-168; Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet, Santiago de Chile, Sudamericana, 2002/2 y, del propio autor, «Technocrats and politicians in an authoritarian regime. The “ODEPLAN Boys” and the Gremialists in Pinochet’s Chile», en Journal of Latin American Studies, 32 (2000), pp. 461-501; Mark Ensalaco, Chile bajo Pinochet. La recuperación de la verdad, Madrid, Alianza Editorial, 2002; John Prados, Lost Crusader. The Secret Wars of CIA Director William Colby, Nueva York, Oxford University Press, 2003, pp. 252-253 y 291-293. Sobre la caravana de la muerte, Jorge Escalante, La misión era matar. El juicio a la caravana Pinochet-Arellano, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2000 y las declaraciones del general Joaquín Lagos en El País, 27 de enero de 2001, p. 2. Duane R. Clarridge, A Spy for All Seasons. My Life in the CIA, Nueva York, Scribner, 1997, pp. 193-194; Patricia Verdugo, Interferencia secreta, Santiago de Chile, Editorial Sudamericana Chilena, 1998, p. 112; Eduardo Martín de Pozuelo y Santiago Tarín, España acusa, Barcelona, Plaza y Janés, 1999, pp. 247, 250 y 351; Kate Doyle, «The Nixon tapes: Secret recording from the Nixon White House on Luis Echeverría and much much more», electronic briefing book del National Security Archive, 18 de agosto de 2003; Pablo Azócar, Pinochet. Epitafio para un tirano, Madrid, Editorial Popular, 1999; El caso de España contra las dictaduras chilena y argentina. Los documentos del juez Garzón y la Audiencia nacional, Barcelona, Planeta, 1998. Además de noticias de El Periódico de Barcelona, de 20 de agosto de 2004, p. 9, y 29 de diciembre de 1998, p. 12, y de Larry Rother, «Former aide says Pinochet and son dealt in drugs», en New York Times, 11 de julio de 2006.

Argentina

Richard Gillespie, Soldados de Perón. Los montoneros, Buenos Aires, Grijalbo, 1998/2, pp. 272 y 303-304; Patricia Marchak, God’s Assassins. State Terrorism in Argentina in the 1970s, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 1999; Andrew Graham-Yooll, Memoria del miedo, Barcelona, Libros del Asteroide, 2006; Eduardo Anguita y Martín Caparrós, La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, 1966-1973, Buenos Aires, Norma, 1998/4, y La voluntad, II. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, 1973-1976, Buenos Aires, Norma, 1998. María Seoane, Argentina. El siglo del progreso y la oscuridad, 1900-2003, Barcelona, Crítica, 2004; María Seoane y Vicente Muletero, El dictador. La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla, Buenos Aires, Sudamericana, 2001; Eduardo Valera-Cid, ed., Juicio de residencia a Martínez de Hoz, Buenos Aires, El Cid, 1981; I. Dussel, S. Finocchio y S. Gojman, Haciendo memoria en el país de nunca más, Buenos Aires, Eudeba, 1997; Marcelo Larraquy y Roberto Caballero, Galimberti. Crónica negra de la historia reciente de Argentina, Madrid, Aguilar, 2002, sobre un personaje que hizo la trayectoria completa de luchar con los montoneros a aliarse con sus torturadores. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Nunca más, Buenos Aires, Eudeba, 1997/3, pp. 480-481. Hay toda una serie de documentos sobre las relaciones entre el gobierno norteamericano y la Junta argentina, que incluyen las conversaciones de Kissinger con el almirante Guzzetti, en National Security Archive (28 de marzo de 2003, 4 de diciembre de 2003, 27 de agosto de 2004, 23 de marzo de 2006, etc.; por ejemplo, Carlos Osorio, «State Department opens files on Argentina’s dirty war», electronic briefing book n.º 73). Sobre la colaboración de la Iglesia con los militares, Horacio Verbitsky, Doble juego. La Argentina católica y militar, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2006. Sobre la brutal represión de la guerrilla en Tucumán, Pablo Pozzi, «Por las sendas argentinas…» El PRT-ERP. La guerrilla marxista, Buenos Aires, Eudeba, 2001. Sobre la Operación Cóndor, Samuel Blixen, Operación Cóndor, Barcelona, Virus, 1998; John Dinges, The Condor Years, Nueva York, The New Press, 2004; Stella Calloni, Los años del lobo. Operación Cóndor, Buenos Aires, Ediciones Continente, 1999; Francisco Martorell, Operación Cóndor. El vuelo de la muerte, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 1999; Frank Gaudichaud, Operación Cóndor. Notas sobre el terrorismo de estado en el Cono Sur, Madrid, SEPHA, 2005. Y, sobre todo, la documentación puesta en la red por National Security Archive el 21 de diciembre de 2007 («Operación Cóndor en el Archivo del Terror»), que incluye el catálogo en línea de 60 000 documentos del «archivo del terror». Datos sobre la participación de Perú en Hugo Blanco, «¡Sí! El Perú fue parte del criminal “Plan Cóndor”», en Sinpermiso, 6 de enero de 2008. Además, «Southern cone rendition program: Peru’s participation», en National Security Archive, 22 de febrero de 2008 y Alexei Barrionuevo, «Italy follows trail of secret South American abductions», en New York Times, 22 de febrero de 2008. «1978: Operación clandestina de la inteligencia militar argentina en México», National Security Archive, 20 de enero de 2008 y la nueva documentación sobre el mismo tema publicada el 8 de diciembre de 2009 (electronic briefing book 300). La gestión de Kissinger frenando las advertencias a los dictadores en Peter Kornbluh, «Kissinger blocked demarche on international assassinations to Condor states», en National Security Archive, electronic briefing book 312, 10 de abril de 2010.

El fracaso del centrismo

Seoane, Argentina, pp. 161-205; Joaquín Morales Solá, El sueño eterno. Ascenso y caída de la Alianza, Buenos Aires, Planeta-La Nación, 2001; Jorge Camarasa, Días de furia. Historia oculta de la Argentina desde la caída de De la Rúa hasta la ascensión de Dualde, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2002; Daniel Cecchini y Jorge Zicolillo, Los nuevos conquistadores. El papel del gobierno y las empresas españolas en el expolio de Argentina, Madrid, Foca, 2002; Jorge Saborido, «Crisis y dilemas de la economía argentina (1975-2008)», en Ayer, 73 (Historia reciente de la Argentina), 2009, pp. 17-46; entrevista con Rudiger Dornsbuch, profesor del MIT, en Veintitrés, Buenos Aires, n.º 191 (7 de marzo de 2001), pp. 72-74; en un sentido parecido, elogiando la política de Cavallo, Alan Greenspan, The Age of Turbulence, Nueva York, Penguin, 2007, pp. 341-343, quien, por supuesto, no hace ni siquiera mención al saqueo de las privatizaciones. Sobre la crisis argentina de 2001, Laura Ramos, ed., El fracaso del consenso de Washington. La caída de su mejor alumno: Argentina, Barcelona, Icaria, 2003. Geisa Maria Rocha, «Neo-dependency in Brazil», en New Left Review, 16 (julio-agosto 2002), pp. 5-33; Tom Barry, «Our Backyard Pax Americana», America’s Program Policy Report (Silver City, NM: Interhemispheric Resource Center, February 17, 2003); Ana Arana, «The new battle for Central America», en Foreign Affairs, 80 (2001), 6, pp. 88-101.

Sobre Perú, Hugo Blanco, Nosotros los indios, Buenos Aires, Herramienta/La Minga, 2010 (en especial, pp. 89-106, además de pp. 160-168 sobre la masacre de Bagua); Javier Díez Canseco, «K: misterios de la política», en Sinpermiso, 29 de mayo de 2011.

Sobre la crisis mexicana de 1976, Kate Doyle, «Prelude to disaster. José López Portillo and the crash of 1976», National Security Archive, 14 de marzo de 2004. Sobre el NAFTA y México, Jeff Faux, The Global Class War, Hoboken, Wiley, 2006, pp. 126-154; Luis González Souza, México en la estrategia de Estados Unidos, México, Siglo XXI, 1993; Timothy A. Wise y Kevin P. Gallaer, «NAFTA: a cautionary tale», reproducido en Post-neoliberal review, marzo-abril de 2003; Elizabeth Malkin, «Nafta’s promise, unfulfilled» en New York Times, 23 de marzo de 2009; Kevin Gallagher y Timothy Wise, «Fixing Nafta’s flaws», en The Guardian, 7 de enero de 2010; Saul Landau, The Pre-emptive American Empire. A Guide to Bush’s Kingdom, Londres, Pluto Press, 2003, pp. 74-82. Sobre los abusos que permite la capacidad que el tratado da a las empresas para pedir indemnizaciones a los gobiernos, Jim Stanford, «NAFTA’s chapter 11: the last giveaway», en Real-World Economics Review Blog, 30 de agosto de 2010. Datos complementarios, y en un sentido parecido, en Vandana Shiva, «Food rights, free trade and fascism» en Matthew J. Gibney, en M.J.Gibney, ed., Globalizing rights, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 87-108. Sobre su relación con el narcotráfico, Ryan Grim, «NAFTA and the drug cartels», en The Huffington Post, 1 de julio de 2009. Carlos Montemayor, Chiapas, la rebelión indígena de México, Madrid, Espasa, 1998; Manuel Vázquez Montalbán, Marcos: El señor de los espejos, Madrid, Aguilar, 1999. Sobre la matanza de Acteal, «Confirma EU: el ejército entrenó a paramilitares» en Milenio <www.Milenio.com> 21 de agosto de 2009. Información actual del movimiento puede encontrarse en <http:// enlacezapatista.ezln.org.mx>. La historia criminal de los hermanos Salinas puede seguirse en «Murder, Money and Mexico. The rise and fall of the Salinas brothers», en <www.pbs.org>. Sobre el complejo papel de México en las relaciones con Cuba, véase el dossier «México-Cuba-Estados Unidos: Un triángulo histórico», en Istor, IX (2008), n.º 33. Sobre Colombia, Vladimir Carrillo y Tom Kucharz, Colombia: terrorismo de estado. Testimonios de la guerra sucia contra los movimientos populares, Barcelona, Icaria, 2006; Mauricio Aranguren, Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos, Bogotá, La Oveja Negra, 2001. Sobre la colaboración entre el ejército colombiano y los paramilitares, Michael Evans, «Paramilitaries as proxies», publicado por National Security Archive el 16 de octubre de 2005; «Uribe among “Important Colombian narco-traffickers” in 1991», en National Security Archive, 2 de agosto de 2004; «The Chiquita Papers», National Security Archive, electronic briefing book 340, 7 de abril de 2011. Jenny Pearce, «Colombia: who are the enemies of peace and democracy?», en openDemocracy, 9 de abril de 2008; Simon Romero, «Cocaine sustains war in rural Colombia», en New York Times, 27 de julio de 2008. Darío Azzellini, «Colombia: Laboratorio experimental para el manejo privado de la guerra», en El negocio de la guerra, Tafalla, Txalaparta, 2005, pp. 37-70. Sobre Santos y el «canal seco», Kevin P. Gallagher, «The end of the Washington consensus», en Real-world Economic Review Blog, 12 de marzo de 2011. Sobre el ALCA, James Petras, El Nuevo Orden Criminal, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2003, pp. 59-65; puede consultarse también la web de la entidad, cuyas últimas noticias datan de 2005.

El giro a la izquierda

Jorge G. Castañeda, «Latin America’s left turn», en Foreign Affairs, 85 (2006), n.º 3, pp. 28-43. «This land is anti-capitalist land», en The Economist, 28 de abril de 2007, pp. 58-59. Jesús González Pazos, Bolivia. La construcción de un país indígena, Barcelona, Icaria, 2007; sobre la resistencia racista a Morales, Pablo Stefanoni, «Masacre de campesinos de Bolivia», en Sinpermiso, 21 de septiembre de 2008; Mark Weisbrot, «Ecuador, Bolivia show that even small developing countries can pursue independent economic policies, stand up for their rights, and win», en The Guardian, 28 de octubre de 2009; Mark Weisbrot y Rebecca Ray, Update on the Venezuelan Economy, Center for Economic and Policy Research, septiembre de 2010. Sobre el golpe de abril de 2002 contra Chávez, que llevó al poder, durante dos días, un gobierno del empresario Pedro Carmona, Brian A. Nelson, The Silence and the Scorpion. The Coup against Chavez and the Making of Modern Venezuela, Nueva York, Nation Books, 2009. Marco Andrea Cornia, «Income distribution under Latin America’s new left regimes», working paper, n.º 16/2009, Dipartimento di Scienze Economiche, Università degli Studi di Firenze; Arturo C. Porzecanski, «Latin America: The missing financial crisis», en MPRA (Munich Personal RePec Archive), octubre de 2009. Ivan Briscoe, «Evo Morales: the unauthorised version», en Open Democracy, 16 de enero de 2007, y «Guatemala: a good place to kill», en id., 17 de octubre de 2007. John Perry, «In Tegucigalpa», en London Review of Books, 6 de agosto de 2009, pp. 35-36. Andrew Nickson, «Paraguay: Fernando Lugo vs the Colorado machine», en openDemocracy, 20 de abril de 2008. Sobre la situación agraria en el país, Ramón Fogel, «Agronegocios, conflictos agrarios y soberanía alimentaria en el Paraguay» (CERI, Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios, Paraguay). Sobre los desplazados en Colombia, véanse las cifras que da CODEHS (Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento); para el escándalo de los asesinatos del ejército colombiano, Michael Evans, «“Body count mentalities”. Colombia’s “false positives” scandal declassified», en National Security Archive, 7 de enero de 2009; Jorge Enrique Botero, «La muerte hoy en Colombia», en <www.sinpermiso.info> 19 de octubre de 2008 (publicado originalmente en La Jornada) y Joaquim Ibarz, «Decían que era ridículo…», en La Vanguardia, 24 de marzo de 2010. El prestigio de Ingrid Betancourt sufrió un rudo golpe con las revelaciones de sus compañeros de cautiverio (Simón Romero, «Book casts harsh light on exhostage in Colombia», en New York Times, 27 de febrero de 2009). Un análisis del crecimiento latinoamericano publicado en 2010 lo supone alimentado por la demanda de las economías asiáticas, y en especial de la de China, lo que haría dudosa su continuidad, en Simón Romero, «Economies in Latin America surge forward», en New York Times, 30 de junio de 2010. P. Ortega y J.S. Gómez, Militarisme a Amèrica Llatina, Barcelona, Justícia i Pau, 2010. Nikolas Kozloff, «What the heck are US marines doing in Costa Rica? Obama’s tilt to the right on Latin America», en Truthout, 6 de agosto de 2010. Sobre la situación en Honduras, Michael Corcoran, «Media distortions legitimize Hondura’s regime», en Truthout, 24 de noviembre de 2010; Andrew O’Reilly, «Who’s killing the journalists of Honduras?», en Latin American News Dispatch, 9 de mayo de 2011. El informe de la embajada norteamericana, publicado por WikiLeaks, 09Tegucigalpa645, de 24 de julio de 2009.

Para seguir el desarrollo al día de las luchas campesinas la bibliografía académica resulta menos útil que los órganos de expresión de las propias organizaciones, como la de los mapuches <www.mapuexpress.net>, la del movimiento zapatista <http://enlacezapatista.ezln.org.mx>, la colombiana «Agencia Prensa Rural», la de Aidesep (Asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana), etcétera. O, en un sentido más amplio, «La Vía Campesina. International Peasant Movement». La cita sobre el despojo de los campesinos colombianos procede de La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la costa Caribe, 1960-2010. Informe del Grupo de memoria histórica de la Comisión nacional de reparación y reconciliación, [Bogotá?], Ediciones Semana, 2010, pp.110-111.

CAPÍTULO 11: LOS AÑOS SETENTA: EL INICIO DE LA «GRAN DIVERGENCIA»

Donella H. Meadows et al., Los límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad, México, Fondo de Cultura Económica, 1972; Paul R. Ehrlich, La Explosión demográfica: el principal problema ecológico, Barcelona, Salvat, 1993; Garrett Hardin «The tragedy of the commons», en Science, n.º 3859, 13 de diciembre de 1968, pp. 1243-1248.

En el inicio de la «gran divergencia»

Paul Krugman, Después de Bush, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 141-170; Jacob S. Hacker y Paul Pierson, Winner-take-all Politics. How Washington Made the Richs Richer —And Turnes Its Back on the Middle Class, Nueva York, Simon and Schuster, 2010, especialmente pp. 95-136; Stewart Lansley, Britain’s livelihood crisis, Londres, TUC (Trades Union Congress), 2011; Nicholas Craft y Gianni Toniolo, eds., Economic Growth in Europe since 1945, Cambridge, Cambridge University Press, 1996; Barry Eichengreen, The European Economy since 1945. Coordinated Capitalism and Beyond, Princeton, Princeton University Press, 2006, pp. 252-293; Derek H. Aldcroft, The European Economy, 1914-1990, Londres, Routledge, 1993/3, pp. 195-244; Jeffry A. Frieden, Capitalismo global, Barcelona, Crítica, 2007, pp. 477-488. Robert Reich, «The truth about the American economy», en Robert Reich.org, 30 de mayo y 1 de junio de 2011 y «Confessions of a class worrier», 10 de agosto de 2010 (se publicó una traducción al castellano en El Economista, 4 de junio de 2011, p. 6). Paul Gilding, The Great Disruption. Why the Climatic Crisis Will Bring On the End of Shopping and the Birth of a New World, Nueva York, Bloomsbury Press, 2011, pp. 9-29. Matthew Yeomans, Oil. Anatomy of an Industry, Nueva York, The New Press, 2004, pp. 25-27; Sonia Sha, Crude. The Story of Oil, Nueva York, Seven Stories Press, 2004, pp. 29-32; Thomas Seifert y Klaus Werner, El libro negro del petróleo, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2008, passim; Patrick Tyler, A World of Trouble. The White House and the Middle East —from the Cold War to the War on Terror, Nueva York, Farrar Straus and Giroux, 2009, pp. 125-126.

Dean Baker, The Productivity to Paycheck Gap: What the Data Show, Washington, Center for Economic and Policy Research, 2007; David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Nueva York, Oxford University Press, 2005, pp. 5-38 y, del propio autor, The Enigma of Capital and the Crisis of Capitalism, Londres, Profile Books, 2010, citas de pp. 8-10, etc. Jacob S. Hacker y Paul Pierson, Winner-take-all Politics. How Washington Made the Rich Richer- and Turnes Its Back on the Middle Class, Nueva York, Simon and Schuster, 2010, pp. 95-160; el memorándum de Lewis Powell puede leerse íntegramente en la web de reclaimdemocracy.org. Kevin Drum, «How screwing unions screws the entire middle class», en Mother Jones, 25 de febrero de 2011. Chris Hedges, «The corporate state wins again», en Truthdig, 25 de abril de 2011.

Gerald Ford

Barry Werth, 31 Days. Gerald Ford, the Nixon Pardon, and a Government in Crisis, Nueva York, Anchor Books, 2007; Henry Kissinger, Years of Renewal, Nueva York, Simon and Schuster, 1999 (pp. 192-239, sobre el conflicto de Chipre; 286-309, sobre la reunión de Vladivostok; 635-660, sobre la conferencia de Helsinki; 791-833, sobre Angola, etc.). Kissinger no dice nada de la visita que hizo con Ford a Franco, de la que sabemos por Luis Guillermo Perinat, que actuó como intérprete, en Recuerdos de una vida itinerante, Madrid, Compañía Literaria, 1996; Donald Rumsfeld, Known and Unknown. A Memoir, Nueva York, Sentinel, 2011, pp. 165-240; Alan Greenspan, The Age of Turbulence. Adventures in a New World, Nueva York, Penguin, 2007, pp. 64-76; Jussi Hanhimäki, The Flawed Architect. Henry Kissinger and American Foreign Policy, Nueva York, Oxford University Press, 2004, pp. 359-456; Robert Schlesinger, White House Ghosts. Presidents and Their Speechwriters, Nueva York, Simon and Schuster, 2008, pp. 230-267; James T. Patterson, El gigante inquieto. Estados Unidos de Nixon a G.W. Bush, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 131-151; James Mann, Los vulcanos. El gabinete de guerra de Bush, Granada, Almed, 2007, pp. 71-99; James M. Naughton y Adam Clymer, «Gerald Ford, 38th president, dies at 93», en New York Times, 27 de diciembre de 2006. Una buena apreciación de la política exterior de Ford en George C. Herring, From Colony to Superpower. U.S. Foreign Relations since 1776, Nueva York, Oxford University Press, 2008, pp. 810-815; Vladislav M. Zubok, Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la guerra fría, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 365-370. Andrew Cockburn, Rumsfeld. His Rise, Fall and Catastrophic Legacy, Nueva York, Scribner, 2007, pp. 11-53. Sobre el Comité Church y la condena de Helms, Richard Helms, A Look over My Shoulder. A Life in the Central Intelligence Agency, Nueva York, Random House, 2003, pp. 435-446; Weiner, Legacy of Ashes, passim; Robert M. Hathaway y Russell Jack Smith, Richard Helms as Director of Central Intelligence, 1966-1973, Washington, Central Intelligence Agency, 1993. El trabajo fundamental sobre el «Team B» es: «Team B: the trillion dollars experiment», de Anne Hessing Cahn y John Prados, en Bulletin of the Atomic Scientists, abril de 1993, pp. 22-31. David F. Schmitz, The United States and Right-Wing Dictatorships, 1965-1989, Nueva York, Cambridge University Press, 2006, pp. 128-134 (pp. 125-128 sobre el incidente del Mayagüez); John Prados, Safe for Democracy. The Secret Wars of the CIA, Chicago, Ivan R. Dee, 2006, pp. 438-439; en <www.aarclibrary.org> pueden encontrarse amplias reproducciones de los materiales publicados por el comité y en <www.theblackvault.com> una gran cantidad de documentos de Helms.

La presidencia de Carter

Los libros fundamentales que he utilizado han sido Peter G. Bourne, Jimmy Carter. A Comprehensive Biography from Plains to Postpresidency, Nueva York, Scribner/Lisa Drew, 1997; Betty Glad, An Outsider in the White House. Jimmy Carter, His Advisors, and the Making of American Foreign Policy, Ithaca, Cornell University Press, 2009, sobre todo para los aspectos relativos a la política exterior; Jimmy Carter, White House Diary, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2010, útil para valorar su inconsistencia y sus errores y Zbigniew Brzezinski, Power and Principle. Memoirs of the National Security Adviser 1977-1981, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1983. Además, Martin Schram, Running for President. A Journal of the Carter Campaign, Nueva York, Pocket Books, 1977.

Una nueva política exterior

Melvyn P. Leffler, La guerra después de la guerra, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 328-345 y 392-401 (sobre SALT II y la cumbre de Viena). Sobre la política exterior, vista en su conjunto, Herring, From Colony to Superpower, pp. 829-860 y el inteligente análisis que Lloyd C. Gardner hace en The Long Road to Baghdad. A History of U.S. Foreign Policy from the 1970s to the Present, Nueva York, The New Press, 2008, pp. 32-61 sobre los sueños geopolíticos de Brzezinski y su responsabilidad en los errores de Carter. Schlesinger, White House Ghosts, pp. 268-311. Stephen Zunes, «Richard Holbroke represented the worst of the foreign policy establishment» en Truthout, 14 de diciembre de 2010. James Carroll, La casa de la guerra, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 548-568; Patterson, El gigante inquieto, pp. 153-180. Sobre el Committee on the Present Danger y el «team B», Richard Rhodes, Arsenals of Folly. The Making of the Nuclear Arms Race, Nueva York, Alfred A. Knopf, 2007, pp. 118-137; Andrew Cockburn, Rumsfeld. His Rise, Fall, and Catastrophic Legacy, Nueva York, Scribner, 2007, pp. 40-44; Campbell Craig y Fredrik Logevall, America’s Cold War. The Politics of Insecurity, Cambridge, Mass, Belknap Press, 2009, pp. 306-309. Acerca de la Trilateral puede consultarse su web <www.trilateral.org>; James MacGregor Burns, Running Alone. Presidential Leadership JFK to Bush II. How it Has Failed and How We Can Fix it, Nueva York, Basic Books, 2006, pp. 119-129; Robert Brenner, «Structure vs. Conjuncture», en New Left Review, 43 (2007), pp. 33-59. Sobre las negociaciones de Camp David, Brzezinski, Power and Principle, pp. 234-288; Mark Tessler, A History of the Israeli-Palestinian Conflict, Bloomington, Indiana University Press, 2009/2, pp. 510-519; Tyler, A World of Trouble, pp. 176-209; Jeremy Salt, The Unmaking of the Middle East. A History of Western Disorder in Arab Lands, Berkeley, University of California Press, 2008, pp. 241-247 y Aaron David Miller, The Much Too Promised Land. America’s Elusive Search for Arab-Israeli Peace, Nueva York, Bantam Dell, 2008, pp. 157-190. El propio Carter hace un largo relato de su papel en las conversaciones de Camp David en White House Diary, pp. 216-244, donde sostiene, por ejemplo, que Begin, el terrorista del hotel Rey David y el responsable directo del crimen de Sabra y Chatila era «un hombre de integridad y honor». Sobre la visita de Deng Xiaoping, Brzezinski, Power and Principle, pp. 403-425; Glad, An Outsider in the White House, pp. 130-133 y Xiaoming Zhang, «Deng Xiaoping and China’s decision to go to war with Vietnam», en Journal of Cold War Studies, 12 (2010), n.º 3, pp. 3-29.

Crisis de la economía e involución social

Resulta revelador comprobar cómo Carter no da ninguna importancia en su diario a la lucha en torno a la «Labor law reform act» (apenas aludida, entre otros asuntos enojosos, el día en que fue retirada, con menor espacio del que dedica a un festival de jazz White House Diary, p.202), y más aún ver que asume como un mérito personal la iniciativa de la política de desregulación que, según afirma, Reagan prosiguió después (White House Diary, pp. 472-473). Sobre su fracaso en la política social, Hacker y Pierson, Winner-Take-All Politics, pp. 126-143: sobre la situación económica, Krugman, Después de Bush, pp. 141-170. Sobre la gestión de Volcker, Greenspan, The Age of Turbulence, pp. 84-86; Roger Alcaly, The New Economy, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2003, pp. 249-251; Andrew Glyn, Capitalism Unleashed. Finance, Globalization and Welfare, Nueva York, Oxford University Press, 2007, pp. 24-27. Dean Baker, «El mito del libre mercado: siempre hay regulación, de lo que se trata es de saber a quién beneficia», en Sin permiso, 1 de febrero de 2009, publicado originalmente en Boston Review. Edward Kennedy, Los Kennedy. Mi familia, Madrid, Martínez Roca, 2010, pp. 417-445 (la frase sobre el «discurso del malestar», p. 427).

La revolución iraní

Homa Katouzian, The Persians. Ancient, Medieval and Modern Iran, New Haven, Yale University Press, 2009, pp. 265-323 (donde se encontrará un análisis de la política del Shah de una riqueza que no ha sido posible seguir aquí en detalle); Brzezinski, Power and Principle, pp. 354-398 (muestra la limitada visión de unos políticos que juegan su partida desde la Situation Room, con un conocimiento inadecuado del escenario iraní y sin que el presidente, que en estos días de crisis se encuentra con frecuencia ausente en Camp David, participe en las discusiones). Yann Richard, L’Iran de 1800 à nos jours, París, Flammarion, 2009, pp. 337-390. Ali M. Ansari, «The myth of the White revolution: Mohammad Reza Shah, “modernization” and the consolidation of power», en Middle Eastern Studies, 37, (2001), pp. 1-24; Parvin Merat Amini, «A single party state in Iran, 1975-78: The Rastakhiz party —the final attempt by the Shah to consolidate his political base» en Middle Eastern Studies, 38 (2002), n.º 1, pp. 131-168. Sobre las ambiciones nucleares del Shah, William Burr, «U.S.-Iran nuclear negotiations in 1970s featured Shah’s nationalism and U.S. weapons worries», en National Security Archive, electronic briefing book 268, 13 de enero de 2009. Ehsan Naraghi, De los palacios del Sha a las prisiones de la Revolución, Barcelona, Círculo de Lectores, 1992, p. 190; Rhodri Jeffrey-Jones, Cloak and Dollar. A History of American Secret Intelligence, New Haven, Yale University Press, 2002, pp. 228-229 y 454; Glad, An Outsider in the White House, pp. 167-175, 263-269 y 275-278 (sobre la liberación de los presos). El Shah salió el 16 de enero de 1979 hacia Egipto, de allí a Marruecos (15 de febrero), las Bahamas (30 de febrero), México (10 de junio), Nueva York (22 de octubre), Panamá (15 de diciembre) y El Cairo (22 de marzo de 1980), donde murió de cáncer el 27 de julio de 1980; Weiner, Legacy of Ashes, pp. 365-374. Sobre los intereses del Chase Manhattan Bank en la crisis iraní, L.J. Davis, Dinero quemado, Barcelona, Planeta, 1983, pp. 151-161. William L. Cleveland, A History of the Modern Middle East, Boulder, Co., Westview Press, 1994, pp. 398-405; Reinhard Schultze, A Modern History of the Islamic World, Nueva York, New York University Press, 2000, pp. 220-225. Bourne, Jimmy Carter, p. 454; sobre las causas del fracaso de la CIA, Edward Shirley (Reuel Gererecht) en Know Thine Enemy: A Spy’s Journey Into Revolutionary Iran, según la reseña de Lars-Erik Nelson, «Notes from underground», en New York Review of Books, 23 de septiembre de 1999, pp. 4-6. David Rockefeller, Memorias, Barcelona, Planeta, 2004, pp. 445-468. William E. Odom, «The Cold War and the origins of the U.S. Central Command», en Journal of Cold War Studies, 8 (2006), n.º 2, pp. 52-82; Tyler, A World of Trouble, pp. 210-248. Sobre la Operación Eagle Claw, Brzezinski, Power and Principle, pp. 470-509; Glad, An Outsider, pp. 263-269. Sobre la acusación de que Reagan habría pactado la entrega de los rehenes americanos para después de haber asumido la presidencia, George Bush, All the Best. My Life in Letters and Other Writings, Nueva York, Scribner, 1999, pp. 519-520, que niega saber nada acerca de este «insidioso complot». El fracaso de la operación de rescate fue la causa de que se creasen los nuevos cuerpos dedicados a la realización de operaciones especiales, como los Navy Seals, que intervinieron en Somalia o en la muerte de Osama bin Laden.

Afganistán

Un libro fundamental sobre la génesis y desarrollo del conflicto es el de Steve Coll, Ghost Wars. The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001, Nueva York, Penguin, 2004. Véase la reseña de Chalmers Johnson, «Abolish the CIA», en London Review of Books, 21 de octubre de 2004, pp. 25-30. Rodric Braithwaite, Afgantsy. The Russians in Afghanistan 1979-89, Londres, Profile Books, 2011; J. Bruce Amstutz, Afghanistan. The First Five Years of Soviet Occupation, Washington, National Defense University, 1986 (una cita de p. 44); Ahmed Rashid, Los Talibán: el Islam, el petróleo y el Nuevo «Gran juego» en Asia central, Barcelona, Península, 2001. Alex Strick van Linschoten y Felix Kuehn, Separating the Taliban from al-Qaeda: the core of success in Afghanistan, Nueva York, Center on International Cooperation, New York University, 2010. Para el complejo tema de las primeras intervenciones de la CIA, además, Prados, Safe for Democracy, pp. 467-492; William Blum, Killing Hope. U.S. Military and CIA Interventions since World War II, Montréal, Black Rose Books, 1998, pp. 338-352; Vladimir Ashitkov, Karen Gevorkyan y Vladimir Svetozarov, comp., The Truth About Afghanistan, Moscú, Novosti, 1986. Artemy Kalinovski, «Decision-making and the Soviet war in Afghanistan. From intervention to withdrawal», en Journal of Cold War Studies, 11 (2009), n.º 4, pp. 46-73 y «The blind leading the blind: Soviet advisors, counter-insurgency and nation-building in Afghanistan», en Cold War International History Project, working paper, n.º 60. Sobre la «crisis de los euromisiles», William Burr, ed. «Thirtieth anniversary of NATO’s dual-track decision. The road to the euromissiles crisis and the end of the Cold War», en National Security Archive, 10 de diciembre de 2009. Sobre la muerte de Daud, Carlota Gall, «An Afghan secret revealed brings end of an era», en New York Times, 1 de febrero de 2009; Odd Arne Westad, The Global Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 299-326 y «Concernig the situation in A»: “New Russian evidence on the Soviet intervention in Afghanistan” en Cold War International History Project Bulletin, 8/9 (1996), pp. 128-132 y los documentos publicados en pp. 133-184; Leffler, La guerra después de la guerra, pp. 383-392 y 414-425; Glad, An Outsider in the White House, pp. 197-216; Andrew Bennett, Condemned to repetition? The Rise, Fall, and Reprise on Soviet-Russian Military Interventionism, 1973-1996, Cambridge, Mass., MIT Press, 1999, pp. 167-245 (cita de p. 185); Zubok, Un imperio fallido, pp. 388-397. Michael Barry, Le royaume de l’insolence. L’Afghanistan, 1504-2001, París, Flammarion, 2002; Thomas Banfield, Afghanistan. A Cultural and Political History, Princeton, Princeton University Press, 2010; John Quigley, The Ruses for War. American Interventionism Since World War II, Amherst, Prometheus Books, 2007, pp. 191-196; Milton Bearden, «La tumba de los imperios. Las traicioneras cumbres de Afganistán», en J.F. Hoge, jr. y Gideon Rose, eds., ¿Por qué sucedió? El terrorismo y la nueva guerra, Barcelona, Paidós, 2002, pp. 101-113; Jolyon Leslie, «Money, lots of money», en London Review of Books, 20 de marzo de 2008, pp. 40-42; Andrei Grachev, Gorbachev’s Gamble. Soviet Foreign Policy and the End of the Cold War, Cambridge, Polity Press, 2008; Stephen Zunes, La poudrière. La politique américaine au Moyen-Orient el les racines du terrorisme, París, Parangon, 2002, pp. 94-95; Chalmers Johnson, Nemesis. The Last Days of the American Republic, Nueva York, Metropolitan Books, 2006, pp. 110-111; John K. Colley, Unholy Wars. Afghanistan, America and International Terrorism, Londres, Pluto Press, 2000, p. 19; Yevgeny Primakov, Russian Crossroads. Towards the New Millenium, New Haven, Yale University Press, 2004, pp. 124-125; Luciano Canfora, «La libertà degli afghani», en Esportare la libertà. Il mito che ha fallito, Milán, Mondadori, 2007, pp. 47-61. Sobre el boicot a los Juegos olímpicos de Moscú, Christopher R. Hill, «The cold war and the olympic movement», en History today, 49 (1999), n.º1, pp. 19-25 y Margaret Thatcher, Los años de Downing Street, Madrid, El País/Aguilar, 1993, p. 90. Zbigniew Brzezinski, «The Cold war and its aftermath», en Foreign Affairs, 71 (1992); n.º 4, pp. 31-49. El texto del NSC-63, de 15 de enero de 1981, con la firma autógrafa de Brzezinski, puede consultarse por internet en <http://jimmycarterlibrary.org/documents/pd63.pdf>. Sobre el «corolario Reagan» William Safyre, «The Reagan corollary», en New York Times, 4 de octubre de 1981.

La reactivación de la guerra fría

El tema del colapso de la distensión en la etapa de Carter ha sido planteado en un «forum» en el Journal of Cold War Studies 12 (2010), n.º 2, en torno del trabajo de James C. Blight y Janet M. Lang, «When empathy failed. Using critical oral history to reassess the collapse of U.S.-Soviet detente in the Carter-Brezhnev years» (pp. 29-74 y 102-109), aunque sus resultados son seriamente criticados por los comentarios publicados conjuntamente, entre los que interesan sobre todo los de Raymond L. Garthoff (pp. 79-88) y Thomas W. Simons, jr. (pp. 95-101). Glad, An Outsider in the White House, pp. 219-236. Sobre el plan de «decapitación» y la respuesta soviética Rhodes, Arsenals of Folly, pp. 138-153 y David E. Hoffman, The Dead Hand. The Untold Story of the Cold War Arms Race and its Dangerous Legacy, Nueva York, Doubleday, 2009. Las decisiones presidenciales de Carter, incluyendo la pequeña parte de la 59, de 25 de julio de 1980, que está desclasificada, pueden consultarse en la web de la Federation of American Scientists, Intelligence Resource Program, Presidential Directives. Carter Administration, 1977-1981 (<http://fas.org/irp/offdocs/pd/index.html>). Sobre el rechazo de los nuevos misiles por parte de Holanda, Ruud van Dijk, «“A mass psychotic movement washing over the country like a wave”: Explaining Dutch Reservations About NATO’s 1979 Dual-Track Decision», Cold War International History Project, e-Dossier 21. Véanse también, en The Bulletin of the Atomic Scientists, 37 (1981), n.º 3, Frank Barnaby, «Europeans want to be counted» y Milton J. Rosenberg, «The decline and rise of the Cold War consenso», de donde procede el símil del tigre.

El fin de la era Brézhnev

Vladislav M. Zubok, Un imperio fallido, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 341-410; Stephen Kotkin, Armageddon Averted. The Soviet Collapse 1970-2000, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 10-57; Mijail Gorbachov, Memoirs, Nueva York, Doubleday, 1996, pp. 113-139; Dobrynin, In Confidence, pp. 550-555. A. Kemp-Welch, Poland under Communism. A Cold War History, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 237-331. Sobre los planes para la entrada de tropas en Polonia, véase el documento de comienzos de diciembre de 1980 publicado en el «virtual archive» de Cold War International History Project, colección «Warsaw Pact Military Planning». Jonathan Haslam, Russia’s Cold War. From the October Revolution to the Fall of the Wall, New Haven, Yale University Press, 2011, pp. 299-349.

CAPÍTULO 12: LA CONTRARREVOLUCIÓN CONSERVADORA

Michael Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki, The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, Nueva York, New York University Press, 1975; Jan-Werner Müller, «The Cold War and the intellectual history of the twentieth century», en Melvyn P. Leffler y Odd Arne Westad, eds., The Cambridge History of the Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, III, pp. 1-22. Sobre la contrarrevolución cultural: John Miclethwait and Adrian Woolridge, The Right Nation. Conservative Power in America, Nueva York, Penguin Press, 2004, pp. 63 y ss., Stephan Halper y Jonathan Clarke, America Alone. The Neo-conservatism and the Global Order, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, passim; Charles A. Reich, The Greening of America, Nueva York, Random House, 1970; Charles F. Pierce, Idiot America. How Stupidity Became a Virtue in the Land of the Free, Nueva York, Anchor Books, 2010; Lewis Lapham, Pretensions to Empire. Notes on the Criminal Folly of the Bush Administration, Nueva York, The New Press, 2006, pp. 1-25 y 86-93; Emilio Gentile, La democrazia di Dio. La religione Americana nell’era dell’impero e del terrore, Roma, Laterza, 2006; Dan Cohn-Sherbok, The Politics of Apocalypse. The History and Influence of Christian Zionism, Oxford, Oneworld, 2006. Sobre el origen de los think-tanks conservadores, Keith Dixon, Les évangélistes du marché, París, Raison d’Agir, 1998; sobre el American Enterprise Institute, Eric Laurent, El mundo secreto de Bush, Barcelona, Ediciones B, 2004, pp. 87-127; sobre la Fundación Heritage, Luis González Sousa, México en la estrategia de Estados Unidos, México, Siglo XXI, 1993, pp. 154-161. Travis Waldron, «FSU accepts funds from Charles Koch in return for control over its academic freedom», «Pollutocrat Koch fuelling far right academic centers at universities nationwide», en Think Progress, 10 y 16 de mayo de 2011 respectivamente.

Ronald Reagan

Ronald Reagan, An American Life, Nueva York, Simon and Schuster, 1990; Ronald Reagan The Reagan Diaries, ed. Douglas Brinklet, Nueva York, Harper Collins, 2007; Gil Troy, Morning in America. How Ronald Reagan Invented the 1980s, Princeton, Princeton University Press, 2005; James Mann, The Rebellion of Ronald Reagan. A history of the End of the Cold War, Nueva York, Viking, 2009 (una de las aportaciones más interesantes de este libro es el estudio de la redacción de sus discursos, tema al que se dedica casi exclusivamente el de Romesh Ratnesar, Tear Down This Wall. A City, a President, and the Speech That Ended the Cold War, Nueva York, Simon and Schuster, 2009). John Ehrman, The Eighties. America in the Age of Reagan, New Haven, Yale University Press, 2005; Stephen F. Knott y Jeffrey L. Childester, The Reagan Years, Presidential Profiles, Nueva York, Checmarck Books, 2005. Richard Rhodes, Arsenals of Folly. The Making of the Nuclear Arms Race, Nueva York, Knopf, 2007, pp. 168-176. George C. Herring, From Colony to Superpower. U.S. Foreign Relations since 1776, Nueva York, Oxford University Press, 2008, pp. 862-916. Una parte de los datos biográficos «íntimos» los tomo de Kitty Kelley, Nancy Reagan, The Unauthorized Biography, Londres, Bantam Books, 1992. Robert Schlesinger, White House Ghosts. Presidents and Their Speechwriters, Nueva York, Simon and Schuster, 2008, pp. 312-361. Sobre sus primeras actuaciones, David L. Robb, Operación Hollywood. La censura del pentágono, Barcelona, Océano, 2006, pp. 385-391. En contraste con esa especie de matrimonio ideal que formaba la pareja Ronald-Nancy, ambos parecen haberse preocupado poco por sus hijos, hasta el punto de que su hijo Ron —que lo recordó en My Father at 100, Nueva York, Viking, 2010— confesó que nunca había tenido una auténtica conversación con su padre (Frances Fitzgerald, Way Out There in the Blue. Reagan, Star Wars and the End of the Cold War, Nueva York, Simon and Schuster, 2000, p. 55, de este mismo libro, pp. 151-152). Eileen Lottman, que había escrito el guión, «agradable e inocuo», que Reagan debía recitar en una reunión electoral de apoyo a Goldwater, ha explicado cómo el contacto con el público le fue animando a transformarlo: «comenzó como un actor de la serie B y acabó como un político» (Eileen Lottman, «Ronnie’s big break» en London Review of Books, 16 de noviembre de 2006, p. 4). Robert Lindsey, «La creación del papel» en Hedrick Smith et al., Ronald Reagan. ¿Una revolución conservadora?, Barcelona, Planeta, 1981. Cuando los Reagan viajaron a París, rechazaron el programa que les había preparado la embajada, diciendo que lo que querían era encontrarse con condes y condesas (Fitzgerald, Way Out There in the Blue, p. 66; Kelley, Nancy Reagan, pp. 177, 584, passim). Sobre la necesidad de vigilar sus despistes: un día, no habiendo advertido que los micrófonos estaban abiertos, dijo, bromeando: «Me complace deciros que hoy he firmado una legislación que pondrá a Rusia fuera de la ley para siempre. Empezamos a bombardear dentro de cinco minutos». En otra ocasión, antes de una importante reunión del G-7, sus asesores se horrorizaron al verle aparecer por la mañana con cara de haber dormido poco. Reagan les tranquilizó: había estado viendo por televisión una de sus películas favoritas, Sonrisas y lágrimas, y ni siquiera había tenido tiempo de leer los papeles (David Gergen, Eyewitness to Power. The Essence of Leadership. Nixon to Clinton, Nueva York, Simon and Schuster, 2000, pp. 151-153; sobre sus méritos como comunicador, pp. 210-247). Kim Phillips-Fein, «Be dull, Mr. President», en London Review of Books, 19 octubre 2006, pp. 17-18. Sobre sus ideas milenaristas, Jeremy Salt, The Unmaking of the Middle East. A History of Western Disorder in Arab Lands, Berkeley, University of California Press, 2008, pp. 252-254; Jonathan Kirsch, A History of the End of the World, San Francisco, Harper San Francisco, 2006, pp. 222-228; Dan Cohn-Sherbok, The Politics of Apocalypse. The History and Influence of Christian Zionism, Oxford, Oneworld, 2006, pp. 151-154. Sobre el asunto de Neshoba County, Bob Herbert, «Righting Reagan’s wrongs?» en New York Times, 13 de noviembre de 2007. Sobre la NSDD 75, que puede consultarse en la web de la Federation of American Scientists, Paul Kengor, «Crucial Cold war secret», en The Washington Times, 13 de enero de 2008. Sobre la «doctrina Reagan» y las ideas de la Kirkpatrick, David F. Schmitz, The United States and Right-Wing Dictatorships, Nueva York, Cambridge University Press, 2006, pp. 194 y ss.

Reaganomics

La línea central de análisis se apoya en buena medida en los libros de James K. Galbraith, The Predator State. How Conservatives Abandoned the Free Market and Why Liberals Should Too, Nueva York, Free Press, 2008 (cita de p. 3), de Bruce Bartlett, The New American Economy. The Failure of Reaganomics and a New Way Forward, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2009, y de Paul Krugman, en especial Después de Bush (The Conscience of a Liberal), Barcelona, Crítica, 2008 y El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual, Barcelona, Crítica, 2009 (la cita-epitafio, de «Wall Street Voodoo», en New York Times, 19 de enero de 2009). La entrevista de 1981 con Stockman, William Greider, «The education of David Stockman», en The Atlantic, diciembre de 1981; las de 2011 en «Reagan: Morning after in America», de David Corn, en Mother Jones, 4 de febrero de 2011 y Alex Seitz-Wald, «Reagan budget director: “Absolutely” raise taxes, just like Reagan did», en Truthout, 2 de mayo de 2011. Roger Alcaly, The New Economy, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2003, pp. 204-234 (y 235-262 para la política de la Reserva Federal en tiempos de Volcker y Greenspan). Alan Greenspan, The Age of Turbulence, Nueva York, Penguin, 2007, passim (la cita sobre las ideas de Reagan, de p. 89). Leo Panitch y Martijn Konings, «Myths of neoliberal deregulation», en New Left Review, 57, mayo/junio de 2009, pp. 67-83; Troy, Morning in America, ofrece una excelente caracterización de Stockman en pp. 64-68 y de su caída, en pp. 79-81. Frieden, Capitalismo global (la cita indirecta de Volcker en p. 499); Bob Woodward, Greenspan: Alan Greenspan, Wall Street y la economía mundial, Barcelona, Península, 2001. James MacGregor Burns, Running Alone. Presidential Leadership JFK to Bush II. How it has Failed and How We Can Fix it, Nueva York, Basic Books, 2006, pp. 106-118. David Gergen, Eyewitness to Power, pp. 151-247, cita de p. 181; Fitzgerald, Way Out There in the Blue, pp. 171-172; Patterson, El gigante inquieto, p. 161. Herbert S. Parmet, George Bush. The Life of a Lone Star Yankee, New Brunswick, Transaction Books, 2001, pp. 396-400 y 438-440; Donald L. Barlett y James B. Steele, America: What Went Wrong?, Kansas City, Andrews and McMeel, 1992. El análisis de David Stockman en «Four deformations of the Apocalypse», en New York Times, 31 de julio de 2010, tiene la virtud de proceder de quien fue director del Office of Management and Budget de Reagan; en un sentido semejante, Martin Wolf, «The political genius of supply-side economics», en Financial Times, 25 de julio de 2010. Sobre la situación actual de la deuda norteamericana, Roger C. Altman y Richard N. Haass, «American profligacy and American Power», en Foreign Affairs, 89 (2010), n.º 6, pp. 25-34. Ann Hessing Cahn, «Team B: the trillion dollars experiment», en Bulletin of the Atomic Scientists, abril de 1993, p. 27. Las opiniones finales se apoyan en Paul Krugman, «Reagan did it», en New York Times, 1 de junio de 2009. La denuncia de la colaboración de los sindicatos en la guerra fría la ha hecho Kim Scipes en AFL-CIO’s Secret War against Developing Country Workers, Lanham, Lexington Books, 2010.

Las últimas batallas de la guerra fría

Ronald E. Powaski, Return to Armaggedon. The United States and the Nuclear Arms Race, 1981-1999, Nueva York, Oxford University Press, 2000 (pp. 14-38, para la primera fase de la actuación de Reagan y 39-82 para su rectificación posterior); Nicholas Thompson, The Hawk and the Dove. Paul Nitze, George Kennan and the History of the Cold War, Nueva York, Henry Holt, 2009, pp. 276-294 (una interesante reseña de este libro: Brian Urquhart, «A contest in the cold», en New York Review of Books, 17 de diciembre de 2009, pp. 50-56); David E. Hoffman, The Dead Hand. The Untold Story of the Cold War Arms Race and its Dangerous Legacy, Nueva York, Doubleday, 2009, passim (sobre el derribo del KAL, pp. 72-89); también Nicholas J. Cull, The Cold War and the United States Information Agency. American Propaganda and Public Diplomacy, 1945-1989, Nueva York, Cambridge University Press, 2008, pp. 430-432. El proyecto de la SDI, recuperado después por Bush junior, era escasamente viable y de más que dudosa eficacia («Shooting down the moon», en The Economist, 19 julio 2003, pp. 68-69.). En una conversación confidencial Teller contó las cosas de modo distinto, afirmando que Reagan había hecho una a modo de burbuja con sus manos y le había dicho que le gustaría construir un escudo que protegiese el país de las malas gentes que quisieran hacerle daño, a lo que Teller replicó que era posible. Cuando su interlocutor le preguntó si el proyecto podía funcionar, Teller contestó que no, porque no se disponía de la tecnología necesaria, lo cual no parecía preocuparle en absoluto. Mann afirma en The Rebellion of Ronald Reagan que para el presidente la SDI formaba parte de un proyecto global de supresión de todas las armas atómicas —algo que parece confirmado en Reagan, Diaries, p. 100, 14 de septiembre de 1982— en lo que no estaban en absoluto de acuerdo los miembros políticos y militares de su gobierno. Carta de Grant Stockdale a The Economist, 18 octubre 2003, p. 16. Rhodes, Arsenals of Folly, pp. 168-184. Sobre el derribo del KAL, además, Nicholas Daniloff, Of Spies and Spokesmen. My Life as a Cold War Correspondent, Columbia, University of Missouri Press, 2008, pp. 294-305 y Anatoly Dobrynin, In Confidence. Moscow’s Ambassador to America’s Six Cold War Presidents, Seattle, University of Washington Press, 1995, pp. 535-540. Sobre las maniobras Able Archer, Archie Brown, Seven Years that Changed the World. Perestroika in Perspective, Nueva York, Oxford University Press, 2007, p. 260; Christopher Andrew, The Defence of the Realm. The Authorized History of MI5, Londres, Allen Lane, 2009, pp. 709-710 y 722-723 (lo que resulta sorprendente es que Andrew sostenga que no existían los planes para un ataque preventivo a la URSS y que todo era consecuencia de la paranoia de los soviéticos: existían desde el fin de la segunda guerra mundial y se habían consolidado en el SIOP aprobado por Eisenhower). Vojtech Mastny, en «How able was “Able Archer”? Nuclear trigger and intelligence in perspective», en Journal of Cold War Studies, 11 (2009), n.º 1, pp. 108-123, descarta que existiese ningún peligro de confrontación inmediata, porque afirma, entre otras razones, que los dirigentes soviéticos no fueron avisados a tiempo; lo que parece contradecirse con las investigaciones de Nathan Jones (véase CWIHP news, 30 de marzo de 2009), para quien la percepción por Reagan de este temor de los rusos pudo haber sido uno de los motivos de su cambio de actitud posterior. La frase citada es de Reagan, The Reagan Diaries, p. 199 (18 de noviembre de 1983). Geoffrey Regan, Guerras, políticos y mentiras, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 149-153. Sobre la «ilusoria remilitarización» reaganiana y sus límites, Michael S. Sherry, In the Shadow of War. The United States since the 1930s, New Haven, Yale University Press, 1995, pp. 391-430. Las cifras sobre las armas atómicas disponibles proceden de William Burr, «How many and where were the nukes», en National Security Archive, 18 de agosto de 2006.

La tragedia del Líbano

Reagan, An American Life, pp. 417-448 y 459-467. Una fuente fundamental para toda la etapa hasta la muerte de Gemayel y el genocidio de Sabra y Chatila (o Shatila) es Alain Ménargues, Les secrets de la guerre du Liban. Du coup d’état de Bachir Gémayel aux massacres des camps palestiniens, París, Albin Michel, 2004; Patrick Tyler, A World of Trouble. The White House and the Middle East —from the Cold War to the War on Terror, Nueva York, Farrar, Straus, and Giroux, 2009, pp. 249-307; Mark Tessler, A History of the Israeli-Palestinian Conflict, Bloomington, Indiana University Press, 2009/2, pp. 590-599; Philip Mansel, Levant. Splendour and Catastrophe in the Mediterranean, Londres, John Murray, 2010, pp. 325-343. Evgeny Primakov, Russia and the Arabs. Behind the Scenes in the Middle East from the Cold War to the Present, Nueva York, Basic Books, 2009, pp. 177-208. Las estimaciones sobre la cifra de víctimas de la masacre de Sabra-Chatila van de un impreciso «cientos» a 5000; testimonios personales de la masacre en Franklin Lamb, «Munir’s story: 28 years after the massacre at Sabra-Shatila», en Pambazuka News, 497, 23 de septiembre de 2010. Un análisis global excelente en Georges Corm, Le Proche-Orient éclaté, 1956-2007, París, La Découverte, 2007/5, pp. 517-552; Salt, The Unmaking of the Middle East, pp. 254-269; Augustus Richard Norton, Hezbollah. A Short History, Princeton, Princeton University Press, 2009/5; Gilbert Achcar y Michel Warschawski, La guerra de los 33 días, Barcelona, Icaria, 2007; John J. Mearsheimer y Stepen M. Walt, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, Londres, Allen Lane, 2007, pp. 45-46; Weiner, Legacy of Ashes, pp. 389-412. Sobre los atentados de Beirut, Randy Gaddo, «Lebanon’s bloody Sunday» y Robert C. McFarlane, «From Beirut to 9/11», ambos en el New York Times de 23 de octubre de 2008; Robert Baer, Soldado de la CIA, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 79 y ss.; Robin Wright, Dreams and Shadows. The Future of the Middle East, Nueva York, Penguin, 2008, pp. 168-169; Mike Davis, Buda’s Wagon. A Brief History of the Car Bomb, Londres, Verso, 2007, pp. 78-89; Prados, Safe for Democracy, pp. 500-501 y Robert Fisk, Pity the Nation. Lebanon at War, Oxford, Oxford University Press, 2001/3, pp. 478-480 y 511-527. Sobre la retirada norteamericana, Donald Rumsfeld, Known and Unknown. A Memoir, Nueva York, Sentinel, 2011, pp. 9-34. Hillel Frisch, «The death of the PLO», en Middle Eastern Studies, 45 (2009), n.º 2, pp. 243-261. William Safire, «The Reagan corollary», en New York Times, 4 de octubre de 1981. Sobre Alexander Haig, véase la necrología escrita por Tim Weiner en New York Times, 21 de febrero de 2010.

Las operaciones encubiertas

Las fuentes principales para el estudio de las operaciones encubiertas de la época de Reagan son John Prados, Safe for Democracy. The Secret Wars of the CIA, Chicago, Ivan R. Dee, 2006, pp. 493-571 y Bob Woodward, Veil: Las guerras secretas de la CIA, 1981-1987, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1988, un libro dedicado casi por entero a la figura de William Casey, aunque hay dudas acerca de la veracidad de la última entrevista con él que publica Woodward. Weiner, Legacy of Ashes, pp. 375-377, 383-384 (sobre el apoyo a Habré en el Chad), y 394-396 (sobre Etiopía). Sobre Grenada, Reagan, An American Life, pp. 449-457; Michael Grow, U.S. Presidents and Latin American Interventions. Pursuing Regime Change in the Cold War, Lawrence, University Press of Kansas, 2008, pp. 137-158. Richard V. Allen, «Jeane Kirkpatrick and the great democratic defection», en New York Times, 16 de diciembre de 2006; John Prados, Lost Crusader. The Secret Wars of CIA Director William Colby, Nueva York, Oxford University Press, 2003, p. 317 (sobre la ayuda de la CIA a Savimbi); Stephen Kinzer, Overthrow. America’s Century of Regime Change from Hawaii to Iraq, Nueva York, Times Books, 2006, pp. 219-238; Lars Schoultz, Beneath the United States. A History of U.S. Policy Towards Latin America, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1998, p. 365. Regan, Guerras, politicos y mentiras, pp. 155-160; John Quigley, The Ruses for War. American Interventionism Since World War II, Amherst, Prometheus Books, 2007. La frase de Leeden la tomo de William R. Polk, «La interminable cruzada neocon», en La Vanguardia, Barcelona, 27 de enero de 2004, p. 6.

La guerra entre Irak e Irán

Robert Fisk, The Great War for Civilisation. The Conquest of the Middle East, Londres, Fourth Estate, 2005, pp. 219-266 y 753; Homa Katouzian, The Persians. Ancient, Medieval and Modern Iran, New Haven, Yale University Press, 2009, pp. 342-350; Jeremy Salt, The Unmaking of the Middle East, A History of Western Disorder in Arab Lands, Berkeley, University of California Press, 2008, pp. 275-299 (con abundante información acerca de la complicidad norteamericana en el uso de armas químicas y biológicas por Irak); Primakov, Russia and the Arabs, pp. 301-314; Yann Richard, L’Iran de 1800 à nos jours, París, Flammarion, 2009, pp. 390-396; Marion Farouk Sluglett and Peter Sluglett, Iraq since 1958. From Revolution to Dictatorship, Londres, I.B. Tauris, 2001; el «Teicher affidavit», o sea la declaración de Howard Teicher sobre la asistencia secreta a Irak en un tribunal norteamericano, el 31 de enero de 1995, puede consultarse en <www.informationclearinghouse.info/article1413.htm>; «Shaking hands with Saddam Hussein: The U.S. tilts toward Irak, 1980-1984», National Security Archive, electronic briefing book n.º 82, ed. Joyce Battle (25 de febrero de 2003). Said K. Aburrís, Saddam Hussein. La política de la venganza, Santiago de Chile, Andrés Bello, 2001, p. 240. Phillys Bennis en Anthony Arnove, ed., Irak under Siege. The Deadly Impact of Sanctions and War, Londres, Pluto Press, 2003, pp. 57-58; Charles Glass, «Irak must go! A history of “regime change” in the Gulf», en London Review of Books, 3 de octubre de 2002, pp. 12-13; Stephen Zunes, La poudrière. La politique américaine au Moyen Orient et les racines du terrorisme, París, L’Aventurine-Parangon, 2002, pp. 78-80. Robert Fisk «Testigos del genocidio: entre la prudencia y el valor», en La Vanguardia, 17 de agosto de 2003, p. 7; Adel Darwish, «Halabja: whom does hurt truth?», en openDemocracy, 4 de septiembre de 2007, sostiene que los Estados Unidos y Gran Bretaña tenían amplia evidencia del uso de armas químicas por Saddam, pero preferían callar y tolerar. Sobre la campaña Anfal se ha usado el informe publicado en julio de 1993 por Human Rights Watch, Genocide in Iraq. The Anfal Campaign against the Kurds, que puede consultarse en su web: «Saddam Hussein: more secret history», National Security Archive, 18 diciembre 2003, con documentos adicionales sobre la segunda visita de Rumsfeld en marzo de 1984. Sobre la compleja relación entre Israel e Irán, Trita Parsi, Treacherous Alliance. The Secret Dealings of Israel, Iran, and the United States, New Haven, Yale University Press, 2007, pp. 97-109. Douglas Little, «The United States and the Kurds. A cold war story», en Journal of Cold War Studies, 12 (2010), n.º 4, pp. 63-98.

La Operación Irán-contra

Reagan, An American Life, pp. 471-487 y 515-541, donde puede advertirse tanto la delirante visión que Reagan tenía de lo que sucedía en América Central como su empeño por sostener que ignoraba lo que Pointdexter y North habían hecho «por su cuenta». Weiner, Legacy of Ashes, pp. 394-412. Una serie de e-mails de 1986 se refieren a las informaciones proporcionadas por los norteamericanos, que, como dice W. Cockell, «resultaba difícil definir como asistencia defensiva», Tom Blanton, ed., White House e-mail, Nueva York, New Press/National Security Archive, 1995, pp. 23 (el e-mail de Burghardt al almirante Pointdexter), 36-40 y 101. «The Iran-contra affair 20 years on», National Security Archive, electronic briefing book 210, 24 de noviembre de 2006. Sobre el minado de las aguas, un memorandum de Oliver North y Constantine Menges, de 2 de marzo de 1984, reproducido por National Security Archive. Quigley, The Ruses for War, pp. 215-220; Zunes, La poudrière, pp. 97-98; Lawrence E. Walsh, Firewall. The Iran-contra Conspiracy and Cover-up, Nueva York, Norton, 1997; Parsi, Treacherous Alliance, pp. 113-126. Parmet, George Bush, pp. 280-281. Gary Webb, Dark Alliance. The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion, Nueva York, Seven Stories Press, 1998 (sobre Gary Webb y su muerte, Michael C. Ruppert en <www.fromthewilderness.com>); Alexander Cockburn y Jeffrey St.Clair, Whiteout. The CIA, Drugs and the Press, Londres, Verso, 1998; Michael Parenti, The Culture Struggle, Nueva York, Seven Stories Press, 2005, p. 19; Bob Woodward, Shadow. Five Presidents and the Legacy of Watergate, Nueva York, Simon and Schuster, 1999, pp. 91-170; Oliver «Buck» Revell, A G-man’s Journal, Nueva York, Pocket Books, 1998, pp. 253-258, Kelley, Nancy Reagan, pp. 569-572. Frederick Kempe, Noriega. Toda la verdad, Barcelona, Grijalbo, 1990.

La trampa afgana

La cita inicial es de Richard Perle y David Frum, No End to Evil. How to Win the War on Terror, Nueva York, Ballantine Books, 2004, p. 3. Steven Coll, Ghost Wars. The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001, Nueva York, Penguin, 2004, pp. 89-106 nos ofrece una espléndida descripción de Casey y de sus realizaciones (sobre Eisenhower y la Hermandad Musulmana, Ian Johnson, «Our secret connections with the Muslim Brotherhood», en New York Review of Books, 10 de marzo de 2011, pp. 15-16); Rodric Braithwaite, Afgantsy. The Russians in Afghanistan 1979-89, Londres, Profile Books, 2011; Andrew Bennett, Condemned to Repetition? The Rise, Fall, and Reprise of Soviet-Russian Military Interventionism, 1973-1996, Cambridge, Mass., The MIT Press, 1999, pp. 247-294; Robert Lacey, Inside the Kingdom. Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the Struggle for Saudi Arabia, Nueva York, Viking, 2009. Alex Strick van Linschoten y Felix Kuehn, Separating the Taliban from al-Qaeda: the core of success in Afghanistan, Nueva York, Center on International Cooperation, New York University, 2010. Sobre la retirada rusa, Svetlana Savranskaya y Thomas Blanton, «Afghanistan and the Soviet withdrawal 1989. 20 years later», en National Security Archive, electronic briefing book, 272, 15 de febrero de 2009. John Prados, Safe for Democracy, The Secret Wars of the CIA, Chicago, Ivan R. Dee, 2006, pp. 467-492; Melvyn P. Leffler, La guerra después de la guerra, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 507-520; Michael Barry, Le royaume de l’insolence. L’Afghanistan, 1504-2001, París, Flammarion, 2002; Kinzer, Overthrow, pp. 260 y ss.; Artemy Kalinovski, «Decision-making and the Soviet war in Afghanistan. From intervention to withdrawal», en Journal of Cold War Studies, 11 (2009), n.º 4, pp. 46-73; Chalmers Johnson, Nemesis. The Last Days of the American Republic, Nueva York, Metropolitan Books, 2006, pp. 110-118; las opinions de Atmar en «Glimmers of hope», en The Economist, 14 de mayo de 2011, pp. 30-32. Los datos sobre población y etnias son muy dudosos; a fines de mayo de 2009 un buen conocedor del país divide la población afgana en: un 42 por ciento de pashtun, un 27 por ciento de tadjikos (posiblemente su peso actual en la capital y en la administración los hace más visibles), un 9 por ciento de hazaras, un 9 por ciento de uzbekos, un 4 por ciento de aimaks, un 3 por ciento de turcomanos y un 2 por ciento de balochs (Patrick Cockburn, «Return to Afghanistan», en London Review of Books, 11 de junio de 2009, pp. 13-14). Sobre el reclutamiento y financiación de la guerrilla internacional en Afganistán, John K. Cooley, Unholy Wars. Afghanistan, America and International terrorism, Londres, 2001/2, pp. 81-126. Lawrence Right, The Looming Tower. Al-Qaeda and the Road to 9/11, Nueva York, Alfred A. Knopf, 2006, pp. 72-81; Ahmed Rashid, Taliban. Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia, New Haven, Yale University Press, 2000; Gilles Kepel, La Yihad. Expansión y declive del islamismo, Barcelona, Círculo de Lectores, 2001, pp. 200-223. Davis, Buda’s Wagon, pp. 92-96. Sobre las armas israelíes, «Tricky diplomacy», en The Economist, 2 de agosto de 2003, p. 53. «After the Taliban», en The Economist, 20 noviembre 2004, p. 60 y «Treasure hunt» en The Economist, 10 de abril de 2004, p. 51. Tariq Ali, «Afghanistan: mirage of the good war», en New Left Review, 50 (marzo-abril de 2008), pp. 5-22. El relato del viaje de Shevarnadze a Islamabad, de Ahmed Rashid, «A deal with the Taliban?», en New York Review of Books, 25 de febrero de 2010, pp. 36-39. La afirmación de Felipe González en Manuel Vázquez Montalbán, Y Dios entró en la Habana, Madrid, El País/Aguilar, 1998, p. 479.

El terrorismo norteamericano

Timothy Naftali, Blind Spot. The Secret History of American Counterterrorism, Nueva York, Basic Books, 2005, pp. 134-221; Baer, Soldado de la CIA, pp. 79-94; Noam Chomsky et al., Acts of Aggression. Policing «Rogue» States, Nueva York, Seven Stories Press, 1999, pp. 43-45; Davis, Buda’s Wagon, pp. 90-92; Zunes, La poudrière, pp. 225-228 (cita de p. 228) y 244. Quigley, The Ruses for War, pp. 163-172 y 253-262; Noam Chomsky, Deux heures de lucidité. Entretiens avec Denis Robert et Weronika Zarachowicz, París, Les Arènes, 2001, p. 147; David Clay Large, Berlin. A Modern History, Londres, Allen Lane, 2001, p. 491; Markus Wolf, L’home sense cara, Barcelona, Quaderns Crema, 1999, pp. 504-505. El texto de la NSDD 138 puede encontrarse en la web de la Federation of American Scientists. Sobre las operaciones contra Libia, Joseph T. Stanik, El Dorado Canyon. Reagan’s Undeclared War with Qaddafi, Annapolis, Naval Institute Press, 2003, y los recuerdos de pilotos que participaron en los bombardeos en Douglas Birch, «Current conflict reprises 1986 US-Libya clash», en AP, 23 de marzo de 2011. Sobre los Hmong, Jane Hamilton-Merritt, Tragic Mountains. The Hmong, the Americans and the Secret Wars for Laos, 1942-1992, Bloomington, Indiana University Press, 1999; Seth Mydans, «Thailand begins repatriation of Hmong to Laos», en New York Times, 27 de diciembre de 2009; Tim Weiner, «Gen. Vang Pao’s last war», en New York Times, 11 de mayo de 2008; Arthur Keller, «In Afghanistan, less can be more», en New York Times, 9 de marzo de 2009.

Ben Kiernan, Le génocide au Cambodge, 1975-1979. Race, idéologie et pouvoir, París, Gallimard, 1998; Wilfred P. Deac, Road to the Killing Fields. The Cambodian War of 1970-1975, College Station, Texas A&M University Press, 1997; Francis Deron, Les procès des Khmers rouges. Trente ans d’enquête sur le génocide cambodgien, París, Gallimard, 2009. Mona K. Bitar, «Bombs, plots and allies: Camboya and the western powers, 1958-59», en R.J. Aldrich et al., eds., The Clandestine Cold War in Asia, 1945-65, Londres, Frank Cass, 2000, pp. 149-180; John Prados, Vietnam. The History of an Unwinnable War, 1945-1975, Lawrence, University Press of Kansas, 2009, pp. 360-367; Ben Kiernan, Blood and Soil. A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur, New Haven, Yale University Press, 2007, pp. 540-554 y «Coming to terms with the past: Cambodia», en History today, 54 (2004), n.º 9 (septiembre), pp. 16-19; Vicente Romero, Pol Pot, el último verdugo, Barcelona, Planeta, 1998; John Pilger, «Año cero», en Pilger, ed., ¡Basta de mentiras!, pp. 113-149; William Burr, El estado agresor. La guerra de Washington contra el mundo, Arigorriaga, Status, 2004, pp. 167-171. La descripción de la corrupción del régimen de Hun Sen es de François Hauter, «Chinese shadows», en New York Review of Books, 11 de octubre de 2007, pp. 4-5.

La Europa del desencanto

Margaret Thatcher, Los años de Downing Street, Madrid, Aguilar/El País, 1993; Peter Hennessy, The Prime Minister, The Office and its Holders since 1945, Londres, Allen Lane, 2000, pp. 397-436; Raphael Samuel et al., The Enemy Within. Pit Villages and the Miners’ Strike of 1984-1985, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1986, pp. 1-39; John Pilger, Hidden Agendas, Londres, Vintage, 1998, pp. 105-106.

Una visión general del giro de la izquierda europea en Geoff Eley, Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 401-423. Sobre el «eurocomunismo», pp. 404-412 y David Priestland, Bandera roja. Historia política y cultural del comunismo, Barcelona, Crítica, 2010, pp. 484-486; Silvio Pons, «The rise and fall of Eurocomunism», en Leffler y Westad, eds., The Cambridge History of the Cold War, III, pp. 45-65. Una visión puntual de la evolución de las socialdemocracias se encontrará en Donald Sassoon, One Hundred Years of Socialism. The West European Left in the Twentieth Century, Nueva York, Tauris, 2010. Sobre el terrorismo en Europa, Matthew Carr, The Infernal Machine. A History of Terrorism, Nueva York, The New Press, 2006, pp. 134-164.

Para Francia he utilizado René Rémond, Le siècle dernier, 1918-2002, París, Fayard, 2003, Jean-Jacques Becker, Crises et alternances, 1974-2000, París, Seuil, 2002, Rod Kedward, La Vie en Bleu. France and the French since 1900, Londres, Allen Lane, 2005, pp. 484-550 y Robert Gildea, France since 1945, Oxford, Oxford University Press, 2002, quien, en relación con la elección de Mitterrand habla de «la modernización del socialismo». Para Italia, Patrick McCarthy, ed., Italy since 1945, Oxford, Oxford University Press, 2000; Paul Ginsborg, Italy and its Discontents, 1980-2001, Londres, Allen Lane, 2001, pp. 137-212; Leonardo Sciascia, L’affaire Moro, Palermo, Sellerio, 1988; Mario Moretti, Brigadas rojas. Entrevista con Carla Mosca y Rossana Rossanda, Madrid, Akal, 2002; Guido Panvini, Ordine nero, guerriglia rossa. La violenza politica nell’Italia degli anni sessanta e settanta, 1966-1975, Turín, Einaudi, 2009; Pietro Ingrao, Pedía la luna, Barcelona, Península, 2008, pp. 389-398. Sobre la intervención de Graham Martin, Tim Weiner, Legacy of Ashes. The History of the CIA, Londres, Allen Lane, 2007, pp. 298-300. Para Alemania, Mathias Siekmeyer y Klaus Larres en Klaus Larres y Panikos Panayi, The Federal Republic of Germany since 1949, Londres, Longman, 1996, pp. 100-136. Sobre la evolución intelectual, François Dosse, Histoire du structuralisme, París, La Découverte, 1991-1992, II, pp. 296-335; Geoff Eley, A Crooked Line. From Cultural History to the History of Society, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2005 (en especial pp. 61-113); Richard Rorty, El giro lingüístico, Barcelona, Paidós, 1990; Hayden White, Metahistory, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1973 (hay traducción castellana, México, Fondo de Cultura Económica, 1992) y The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical Representation, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1990; Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, París, Seuil, 1979; Perry Anderson, Los orígenes de la posmodernidad, Barcelona, Anagrama, 2000; sobre la arquitectura, David Harvey, The Condition of Postmodernity, Oxford, Blackwell, 1990, pp. 39 y ss; Frederic Jameson, «Theories of the postmodern», en The Cultural Turn, Londres, Verso, 1998, pp. 21-32.

CAPÍTULO 13: EL FIN DEL «SOCIALISMO REALMENTE EXISTENTE»

Mijail Gorbachov, Memoirs, Nueva York, Doubleday, 1996, pp. 140-168. Vladislav M. Zubok, Un imperio fallido, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 410-419; Stephen Kotkin, Armageddon Averted. The Soviet Collapse 1970-2000, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 10-57; Richard Rhodes, Arsenals of Folly. The Making of the Nuclear Arms Race, Nueva York, Knopf, 2007, pp. 154-167; Ronald Reagan, The Reagan Diaries, ed. Douglas Brinklet, Nueva York, Harper Collins, 2007, p. 212. Victor Sebestyen, Revolution 1989. The Fall of the Soviet Empire, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 2009; Markus Wolf, L’home sense cara, Barcelona, Quaderns Crema, 1999, p. 481; Anatoly Dobrynin, In Confidence. Moscow’s Ambassador to America’s Six Cold War Presidents, Seattle, University of Washington Press, 1995, pp. 550-555; Diario de Anatoly S. Chernyaev, primer capítulo (1985), publicado en edición electrónica por National Security Archive. Lo referente al proyecto Dead Hand y a las investigaciones en guerra biológica procede de David E. Hoffman, The Dead Hand. The Untold Story of the Cold War Arms Race and its Dangeorus Legacy, Nueva York, Doubleday, 2009. Mijail Gorbachov, «Perestroika lost», en New York Times, 14 de mayo de 2010.

La conversión de Ronald Reagan

La base fundamental de este apartado procede del libro de James Mann, The Rebellion of Ronald Reagan. A History of the End of the Cold War, Nueva York, Viking, 2009, del que se hace un amplio uso. Aparte, como es lógico, de las memorias y diarios del propio Reagan.

Gorbachov y la política de desarme

Gorbachov, Memoirs, pp. 401-463; Andrei Grachev, Gorbachev’s Gamble. Soviet Foreign Policy and the End of the Cold War, Cambridge, Polity Press, 2008; Pavel Palazchenko, My Years with Gorbachev and Shevardnadze. The Memoir of a Soviet Interpreter, University Park, Pennsylvania State University Press, 1997 (sobre Reykjavik, pp. 54-58; sobre la cumbre de diciembre de 1987, pp. 70-80; sobre Moscú 1988, pp. 91-94; sobre el viaje a China, pp. 134-138, etc.); sobre las relaciones con China, además, James Hershberg, Sergei Radchenko, Péter Vámos y David Wolff, The Interkit Story: A Window into the Final Decades of the Sino-Soviet Relationship, Cold War International History Project, working paper, n.º 63, febrero de 2011. Archie Brown, Seven Years that Changed the World. Perestroika in Perspective, Nueva York, Oxford University Press, 2007, y «The change to engagement in Britain’s Cold War policy: The origins of the Thatcher-Gorbachev relationship», en Journal of Cold War Studies, 10, (2008), n.º 3, pp. 3-47; Rafael Poch-de-Feliu, La gran transición. Rusia, 1985-2002, Barcelona, Crítica, 2003; Zubok, Un imperio fallido, pp. 457-503. Sobre la visita de Gorbachov a Gran Bretaña y la actitud de Margaret Thatcher, Yevgeny Primakov, Russian Crossroads. Towards the New Millennium, New Haven, Yale University Press, 2004; las impresiones del propio Gorbachov en Memoirs, pp. 160-162. La noticia sobre el programa de vigilancia de las ventanas en Primakov, p. 97. Dobrynin, In Confidence, pp. 564-593. Mann, The Rebellion of Ronald Reagan; Reagan, The Reagan Diaries, pp. 185-186; Reagan, An American Life, Nueva York, Simon and Schuster, 1990, pp. 680-683. Romesh Ratnesar, Tear Down This Wall. A City, a President, and the Speech That Ended the Cold War, Nueva York, Simon and Schuster, 2009, analiza minuciosamente la génesis del discurso «del muro»; Melvyn P. Leffler, La guerra después de la guerra, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 441-566. Ronald E. Powaski, Return to Armaggedon. The United States and the nuclear arms race, 1981-1999, Nueva York, Oxford University Press, 2000; Rhodes, Arsenals of Folly nos ofrece un amplio y detallado estudio sobre las negociaciones entre Gorbachov y Reagan (sobre la conferencia de Ginebra, pp. 187-211; sobre Reykjavik, pp. 236-270); «The Reykjavik file» y «To the Geneva Summit. Perestroika and the Transformation of U.S.-Soviet Relations», National Security Archive, electronic briefing book n.º 202 (13 de octubre de 2006) y n.º 172 (22 de noviembre de 2005), respectivamente. Sobre las dos reuniones Gorbachov-Reagan en Washington 1987 y Moscú 1988, Igor Korchilov, Translating History, Nueva York, Scribner, 1997, pp. 41-186; sobre la de Moscú, además de Reagan, An American Life, pp. 705-712 y Gorbachov, Memoirs, pp. 453-458, los documentos publicados el 31 de mayo de 2008 por National Security Archive: «The Moscow summit 20 years later. From the secret U.S. and Soviet files». Sobre el caso Rust y la actitud de los militares, Dale R. Herspring, The Kremlin and the High Command. Presidential Impact on the Russian Military from Gorbachev to Putin, Lawrence, University Press of Kansas, 2006, pp. 32-54; Mijail Gorbachov, Memorias de los años decisivos, 1985-1992, Madrid, Globus, 1994 (reproduce los textos y discursos esenciales, por ejemplo, el discurso de diciembre de 1988 en la ONU en pp. 187-196; su dimisión como presidente de la URSS en pp. 241-244, etc.) y «Perestroika lost», en New York Times, 13 de marzo de 2010; Anatoly S. Chernyaev, Diary 1986, publicado en mayo de 2007 por National Security Archive, entradas de 10 y 15 de diciembre de 1986 y Diary 1988, publicado en mayo de 2008, 26 de abril, 3 de noviembre, 4 y 17 de diciembre de 1988; Bob Woodward Los comandantes, Barcelona, Ediciones B, 1991, pp. 55-59. Luciano Canfora, Esportare la libertà, Milán, Mondadori, 2007, pp. 89-97. Sobre la normalización de las relaciones chino-soviéticas, Bobo Lo, Axis of Convenience. Moscow, Beijing, and the New Geopolitics, Londres, Royal Institute of International Affairs, 2008, pp. 27-37. Cold War International History Project (CWIHP), Bulletin 12/13, 2001, New evidence on the end of the Cold War, con artículos y publicaciones de documentos que se refieren a la Unión Soviética y a los diversos países de la Europa del Este. El «archivo virtual» del propio CWIHP nos ofrece, en su colección «End of the Cold War», una valiosa serie de documentos de 1986 a 1989.

La crisis soviética

Gorbachov, Memoirs, pp. 278-347, Memorias de los años decisivos y El golpe de agosto, Bacelona, Ediciones B, 1991; Moshe Lewin, El siglo soviético. ¿Qué sucedió realmente en la Unión Soviética?, Barcelona, Crítica, 2006; Poch-de-Feliu, La gran transición; Kotkin. Armageddon Averted; Mijail Gorbachov y Zdenek Mlynář, Conversations with Gorbachev on Perestroika, the Prague Spring and the Crossroads of Socialism, Nueva York, Columbia University Press, 2002, citas de las pp. 105-110; J. Colton, Yeltsin. A Life, Nueva York, Basic Books, 2008; David Pryce-Jones, The War that Never Was. The Fall of the Soviet Empire, 1985-1991, Londres, Phoenix, 1996; Grachev, Gorbachev’s Gamble, pp. 169-213; Michel Gurfinkel y Vladimir Fedorovski, Le Retour de la Russie, París, Odile Jacob, 2001; Peter Reddaway y Dmitri Glinski, The Tragedy of Russia’s Reforms, Washington, United States Institute of Peace Press, 2001; George Sokoloff, Métamorphose de la Russie, 1984-2004, París, Fayard, 2003; David Satter, Age of Delirium. The Decline and Fall of the Soviet Union, New Haven, Yale University Press, 1996; Chernyaev, Diary 1986, entrada de 18 de enero de 1986, Diary 1987, publicado en mayo de 2008 por National Security Archive, nota final y Diary 1988, 3 de enero, 26 de abril, 27 de septiembre, 28 de octubre, 27 de noviembre y 4 de diciembre de 1988; Diary 1990, 2 de enero; Mark Harrison, «Coertion, compliance, and the collapse of the Soviet command economy», en Economic History Review, LV n.º 3 (2002), pp. 397-433. Una versión más crítica, la de Robert C. Allen, Farm to Factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution, Princeton University Press, 2003, muestra sin embargo, en los índices que nos ofrece, que, aunque a ritmos inferiores a los que se habían registrado hasta 1970, la productividad y el PNB per cápita seguían creciendo. Russell Jacoby, The End of Utopia. Politics and Culture in an Age of Apathy, Nueva York, Basic Books, 1999, p. 181. Alexandr Zinoviev, La caída del imperio del mal, Barcelona, Bellaterra, 2000, p. 71. Revista Ogoniok, ¿Cómo cambió la URSS? De la perestroika al golpe, Barcelona, Libros Límite, 1991; Valerie Bunce, Subversive Institution, The Design and the Destruction of Socialism and the State, Cambridge, Cambridge University Press, 1999; Dale R. Herspring, The Kremlin and the High Command. Presidential Impact on the Russian Military from Gorbachev to Putin, Lawrence, University Press of Kansas, 2006; Llilly Marcou, Les héritiers, París, Pygmalion, 2004; Carlos Taibo, La explosión soviética, Madrid, Espasa, 2000; Mark Kramer, «The collapse of East-European communism and the repercussions within the Soviet Union», I, en Journal of Cold War Studies, 5 (2003), n.º 4, pp. 178-256 (en especial, pp. 224-237, «Solidarity and Soviet Miners»). Richard Sakwa, The Rise and Fall of the Soviet Union, 1917-1991, Londres, Routledge, 1999.

El hundimiento del sistema «socialista»

Este apartado depende fundamentalmente de los libros de Grachev, Gorbachev’s gamble, pp. 114-131; de Mary Elise Sarotte, 1989. The Struggle to Create Post-Cold War Europe, Princeton, Princeton University Press, 2009, y de Gorbachov, Memoirs, pp. 464-486, además de Vladislav M. Zubok, «New evidence on the end of the cold war: New evidence on the “Soviet factor” in the peaceful revolutions of 1989» (cita de p. 8) y Jacques Lévesque, «Soviet approaches to Eastern Europe at the beginning of 1989», ambos en CWIHP Bulletin 12/13, 2001, pp. 3-23 y 49-72, respectivamente (el texto del informe de la Comisión Bogomolov en pp. 52-61). En el funeral de Chernenko, Gorbachov había avisado ya a los líderes de los países del pacto de Varsovia que se había acabado la «doctrina Brézhnev»; pero no parecen haberle hecho caso (Brown, Seven Years that Changed the World, p. 263). Sobre el funcionamiento del COMECON en una época en que todavía estaba en plena vigencia, hasta 1981, Richard F. Staar, La Europa comunista: economía y sociedad, Barcelona, Playor, 1983, pp. 267-286. Un buen análisis de la evolución económica de estos países se encontrará en Ivan T. Berend, Europe since 1980, Cambridge, Cambridge University Press, 2010. Las observaciones de Musatov en Mircea Munteanu, «New evidence on the 1989 crisis in Romania», e-dossier n.º 5 del Cold War International History Project.

La caída del muro de Berlín

Sarotte, 1989, pp. 11-47, Catherine Epstein, The Last Revolutionaries. German Communists and their Century, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2003; Charles S. Maier, Dissolution. The Crisis of Communism and the End of East Germany, Princeton, Princeton University Press, 1997; Angela E. Stent, Russia and Germany Reborn. Unification, the Soviet Collapse, and the New Europe, Princeton, Princeton University Press, 1999; George Bush y Brent Scowcroft, A World Transformed, Nueva York, Knopf, 1998, pp. 182-204; Hans-Hermann Hertle, «The fall of the wall: the unintended self-dissolution of East-Germany’s ruling regime», en CWIHP Bulletin 12/13, 2001, pp. 131-161. Una interesante reflexión sobre la naturaleza y evolución del régimen de la DDR en John Connelly, «The paradox of East German communism: from non-stalinism to neo stalinism?», en Vladimir Tismaneanu, ed., Stalinism Revisited. The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe, Budapest, Central Euopean University Press, 2009, pp. 161-193. Grachev, Gorbachev’s Gamble, pp. 131-162; «The Soviet origins of Helmuth Kohl’s 10 points», en National Security Archive, electronic briefing book 296, 19 de noviembre de 2009. En octubre y noviembre de 2009 National Security Archive publicó toda una nueva serie de documentos con los títulos de «A different october revolution: Dismantling the iron curtain in Eastern Europe», «Prague communists called for wall to open on november 8, 1989» y «Fall of Berlin wall caused anxiety more than joy at highest levels», National Security Archive, electronic briefing books 290, 293 y 294, de donde se han tomado toda una serie de documentos procedentes de la Fundación Gorbachov.

La crisis de las «democracias populares»

Victor Sebestyen, Revolution 1989. The Fall of the Soviet Empire, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 2009; François Fejtö, La fin des démocraties populaires, París, Seuil, 1997; Jan Adam; Why did the Socialist system collapse in Central and Eastern European countries? The case of Poland, the former Czechoslovakia and Hungary, Londres, Macmillan, 1996; Robert Bideleux e Ian Jeffries, The Balkans. A Post-Communist History, Londres, Routledge, 2007; Pawel Machcewicz, «Poland 1986-1989: From “cooptation” to “negociated” revolution», en CWIHP Bulletin 12/13, 2001, pp. 93-129; Dagoberto Valdés, entrevista a Lech Wałe¸sa («La iglesia polaca apoyó las aspiraciones de libertad»), en Encuentro de la cultura cubana, 45/46 (2007), pp. 85-94; Kramer, «The collapse of East-European communism and the repercussions within the Soviet Union», pp. 178-256 (en especial, pp. 192-201). Csaba Békés y Melinda Kalmár, «The political transition in Hungary, 1989-90», en CWIHP, Bulletin 12/13, 2001, pp. 73-92 (véase también en el «archivo virtual» del CWIHP, colección «End of the Cold War», el documento «Minutes of the Meeting of the HSWP CC Political Committee» de 31 de enero de 1980). Los recuerdos de su viaje por Polonia y Hungría en Bush y Scowcroft, A World Transformed, pp. 112-126. Jordan Baev, «1989: Bulgarian transition to pluralist democracy» en CWIHP, Bulletin 12/13, 2001, pp. 165-180. Sobre Checoslovaquia, «Jan Palach Week, 1989: The beginning of the end for Czechoslovak communism», en National Security Archive, electronic briefing book 271, 26 de enero de 2009; Oldrich Tuma, «Czecoslovak november 1989», en CWIHP, Bulletin 12/13, 2001, pp. 181-216; Dan Bilefsky, «Velvet revolution’s roots obscure 20 years later», en New York Times, 18 de noviembre de 2009. Peter Siami-Davies, The Romanian Revolution of December 1989, Ithaca, Cornell University Press, 2007/2, passim; Mircea Munteanu, «The last days of a dictator», en CWIHP, Bulletin 12/13, 2001, pp. 217-225. Philip D. Zelikow, «The suicide of the East? 1989 and the fall of communism», en Foreign Affairs, 88 (2009), n.º 6, pp. 130-140.

La capitulación

Gorbachov, Memoirs, pp. 496-550. El libro de Sarotte, 1989, ha sido una fuente fundamental de este apartado. Sobre la reunión de Bush y Gorbachov en Malta, Constantine Pleshakov, There is no Freedom without Bread!, Nueva York, Farrar, Straus, and Giroux, 2009; Bush y Scowcroft, A World Transformed, pp. 159-174, que es una fuente esencial para la versión norteamericana de lo sucedido (por ejemplo, la entrevista de Baker con Gorbachov de mayo de 1990 en Moscú, pp. 271-275; la cumbre de Camp David, pp. 279-290). Otra descripción norteamericana del encuentro de Malta en George Bush, All the Best. My Life in Letters and Other Writings, Nueva York, Scribner, 1999, pp. 446-448. Por la otra parte, Gorbachov, Memoirs, pp. 510-515; Palazchenko, My Years, pp. 154-158; Grachev, Gorbachev’s Gamble, pp. 181-183 y «Bush and Gorbachev at Malta. Previously secret documents from Soviet and U.S. files on the 1989 meeting, 20 years later», en National Security Archive, electronic briefing book 298, 3 de diciembre de 2009. En el diario de 1990 de Chernayov es fácil advertir que los soviéticos no se enteraron de las reticencias y la desconfianza de los norteamericanos. Sobre las negociaciones posteriores, Gorbachov, Memoirs, pp. 516-550 y Palazchenko, My Years, pp. 158-204. La documentación sobre la reunión en la cumbre de mayo-junio de 1990, «The Washington/Camp David Summit 1990: From the secret Soviet, American and German files», en National Security Archive, electronic briefing book 320, 13 de junio de 2010. Stent, Russia and Germany Reborn, (especialmente, pp. 109-150, «United Germany and Nato»); Maier, Dissolution; «The unification of Germany», en William C. Wohlforth, ed., Cold War Endgame. Oral History, Analysis, Debates, University Park, Pennsylvania State University, 2003, pp. 49-75, la cita de Bessmertnykh en p. 69; Richard von Weizsäcker, From Weimar to the Wall. My Life in German Politics, Nueva York, Broadway Books, 1999, pp. 287-299. Mark Kramer, «The collapse of East European communism and the repercussions within the Soviet Union», part 3, en Journal of Cold War Studies, 7, n.º 1 (invierno de 2005), pp. 3-96. Gregor Dallas, Poisoned Peace. 1945— The War that Never Ended, Londres, John Murray, 2005, p. 573. Zbigniew Brzezinski, «The Cold War and its aftermath», en Foreign Affairs, 71 (1992); n.º 4, pp. 31-49. Neal Ascherson, «They’re just not ready», en London Review of Books, 7 de enero de 2010, pp. 18-20; Mary Elise Sarotte, «Expanding NATO, expanding confusion», en New York Times, 30 de noviembre de 2009. Las palabras finales de Bush en Bush y Scowcroft, World Transformed, p. 11.

La disolución de la Unión Soviética

Gorbachov, Memoirs, pp. 569-672; Palazchenko, My Years, pp. 299-368 nos ofrece una minuciosa descripción de los acontecimientos en Moscú entre agosto y diciembre de 1991, vistos a través de los ojos de alguien que simpatizaba con Gorbachov; Colton, Yeltsin, pp. 129-210; Chernyaev, uno de los pocos que se mantuvieron fieles a Gorbachov, Diary 1990, citas de 5 de mayo y 25 de septiembre y Diary 1991, citas de 13 de enero, 19 de febrero, 20 de marzo y reflexión de final de año; Poch-de-Feliu, La gran transición; Brown, Seven Years, (pp. 319-324 sobre el golpe de 1991, passim); Dominic Lieven, Empire. The Russian Empire and its Rivals from the Sixteenth Century to the Present, Londres, Pimlico, 2003; Mark R. Beissinger, Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State, Cambridge, Cambridge University Press, 2002 (pp. 347-354 sobre la masacre de Tbilisi). «The Tbilisi Massacre, April 1989: Documents», en CWIHP Bulletin, 12/13, pp. 31-48. La interpretación a partir de lo sucedido en Kazajstán, de Gurfinkel y Fedorovski, Retour de la Russie, pp. 121-122; las palabras finales de Yakovlev, en pp. 135-136. Graham Smith et al., Nation-building in the Post-Soviet Borderlands. The Politics of National Identities, Cambridge, Cambridge University Press, 1998. Stephen F. Cohen, Soviet Fates and Lost Alternatives. From Stalinism to the New Cold War, Nueva York, Columbia University Press, 2009, pp. 85-111; Astrid S. Tuminez, «Ethnic pressures, and the breakup of the Soviet Union», en Journal of Cold War Studies, 5 (2003), pp. 81-136 (cita de p. 135). Sobre las repúblicas bálticas, Pryce-Jone, The Fall of the Soviet Empire, pp. 143-193; la discusión en el politburó en 9 de noviembre de 1989 en «Fall of Berlin wall caused anxiety more than joy at highest levels», ya citado. Sobre las repúblicas de Asia Central, además, Catherine Poujol, Le Kazakhstan, París, P.U.F., 2000, pp. 76-86; Edmund Herzig, The New Caucasus. Armenia, Azerbaijan and Georgia, Londres, Royal Institute of International Affairs, 1999 (sobre Karabaj, pp. 65-73); Nozar Alaolmolki, Life After the Soviet Union. The Newly Independent Republics of the Transcaucasus and Central Asia, Nueva York, State University of New York Press, 2001; Lena Jonson, Russia and Central Asia. A New Web of Relations, Londres, The Royal Institute of International Affairs, 1998; Jean Radvannyi, ed., Les états postsoviétiques. Identités en construction, transformations politiques, trajectoires économiques, París, Armand Colin, 2004/2. Sobre la destitución de Kunaev, Chernayev, Diary 1987, entrada de 5 de julio de 1987; Primakov, Russian Crossroads, pp. 72-85; Josef Joffe, Überpower. The Imperial temptation of America, Nueva York, Norton, 2006, p. 14.

CAPÍTULO 14: LA TRAGEDIA DE ÁFRICA

Jeffrey A. Frieden, Capitalismo global, Barcelona, Crítica, 2007, pp. 571-598; Martin Meredith, The State of Africa. A History of Fifty Years of Independence, Londres, Free Press, 2006/2, pp. 260-292; Anne-Cécile Robert, L’Afrique au secours de l’Occident, París, Éditions de l’Atelier, 2006, pp. 41-50; Alex de Waal, Famine Crimes. Politics and the Disaster Relief Industry in Africa, Oxford, James Currey, 1997; las cifras de desnutrición se toman de FAO, The State of Food Insecurity in the World. Economic Crises— Impacts and Lessons Learned, Roma, 2009, pp. 48-59. Sobre el debate con los economistas del Banco Mundial, Patrick Bond, «Dodging World Bank schizophrenia. Looting of Africa continues?», en Pambazuka News, 495, 8 de septiembre de 2010. Boutros Boutros-Ghali, Mes années a la maison de verre, París, Fayard, 1999, pp. 233-234; las propuestas de Stephen Krasner se citan a través de William Easterly, The White Man’s Burden. Why the West Efforts to Aid the Rest Have Done so Much Ill and so Little Good, Nueva York, Penguin, 2006, pp. 271-273. Sobre las interpretaciones históricas, véase Niall Ferguson, Empire. How Britain Made the Modern World, Londres, Penguin, 2004, cita de p. 371 (y la reseña «Manifest destiny warmed up?», en The Economist, 16 agosto 2003, pp. 18-20). Ferguson deduce de su visión del pasado que esto aconseja que los Estados Unidos usen la fuerza para hacer el mundo seguro para la democracia y el capitalismo (Ferguson, Colossus. The Rise and Fall of the American Empire, Londres, Allen Lane, 2004, p. 300). Una visión más objetiva, que muestra la confluencia entre las debilidades internas y las influencias externas, en Yao Kouassi, «Le processus de formation des guerres civiles en Afrique», en Alain Tirefort, ed., Guerres et paix en Afrique noire et à Madagascar, XIXe et Xxe siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, pp. 167-185. Las interpretaciones económicas, George B.N. Ayittey, Africa Unchained. The Blueprint for Africa’s Future, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2005, p. 446. Antoine Glaser y Stephen Smith, Comment la France a perdu l’Afrique, París, Calmann-Lévy, 2005; Stepehen Smith, Négrologie. Pourquoi l’Afrique meurt, París, Hachette, 2004, p. 231; un libro que ha suscitado la denuncia de Boubacar Boris Diop, Odile Tobner y F.-X. Verschave en Négrophobie, París, Les Arènes, 2005. Paul Collier, «Development in dangerous places», en Boston Review, julio-agosto de 2009. Daniel Cohen, La mondialisation et ses ennemis, París, Grasset, 2004, pp. 61-76 y Michael Wines, «Malnutrition is cheating its survivors, and Africa’s future», en New York Times, 28 de diciembre de 2006, de la que se hace una cita literal. Las reacciones africanas al discurso de Obama en Ghana en Pambazuka News, n.º 442.

Los años de la ilusión industrial

Frieden, Capitalismo global, p. 590; Colette Braeckman, Les nouveaux prédateurs. Politique des puissances en Afrique Centrale, París, Fayard, 2003, pp. 41-47 y 55; Gilles Labarthe, Le Togo, de l’esclavage au libéralisme mafieux, Marsella, Agone, 2005, pp. 77-84. Sobre las presas del Congo, Peter Bosshard, «DRC: dams, rivers and stollen millions», en Pambazuka News, 472, 4 de marzo de 2010.

El fracaso de los socialismos africanos

William H. Friedland y Carl G. Rosberg, Jr., eds., África socialista, México, Fondo de Cultura Económica, 1967 (citas de pp. 359-372). Sobre la situación de Argelia, Martin Evans y John Phillips, Algeria. Anger of the dispossessed, New Haven, Yale University Press, 2007; Meredith, The State of Africa, pp. 447-461; Fabrice Weissman, ed.: À l’ombre des guerres justes. L’ordre international cannibale et l’action humanitaire, París, Flammarion, 2003, pp. 253-272 («Du bon usage du terrorisme»); Nazim Fehti, «Corruption probes rock Algeria», en Magharebia, 10 de febrero de 2010.

Vijay Prashad, «Counterterrorism’s blindness: Mali and the U.S.», en Pambazuka News, 456, 5 de noviembre de 2009; Kassim Guruli, «The struggle for socialism in Tanzania» en Issa G. Shivji et al., The Silent Class Struggle, Dar es Salaam, Tanzania Publishing House, 1976, pp. 118-128; James C. Scott, Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, New Haven, Yale University Press, 1998, pp. 223-261 («Compulsory villagization in Tanzania: aesthetics and miniaturization»). Sobre la compleja figura de Nyerere y sobre su pensamiento véase Pambazuka News 452, «Special issue: How we wish you were here: the legacy of Mwalumu Nyerere». Matthew Lockwood, El estado de África. Pobreza y política en África y la agenda para la actuación internacional, Barcelona, Intermon-Oxfam, 2007, pp. 120-124; Joshua Muravchik, Heaven on Earth. The Rise and Fall of Socialism, San Francisco, Encounter Books, 2002, pp. 198-226; Meredith, The State of Africa, pp. 249-259 y 331-343; Ayittey, Africa Unchained, pp. 200-204. Malyn Newitt, «Mozambique», en Patrick Chabal et al., A History of Postcolonial Lusophone Africa, Londres, Hurst and company, 2002, pp. 185-235. Sobre Etiopía, Paul B. Henze, Layers of Time. A History of Ethiopia, Londres, Hurst and company, 2000, pp. 290-329; Harold Marcus, A History of Ethiopia, Berkeley, University of California Press, 1994, pp. 192-217; Gebru Tareke, Ethiopia: Power and Protest. Peasant Revolts in the Twentieth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 89-124; Odd Arne Westad, The Global Cold War, Nueva York, Cambridge University Press, 2007, pp. 253-287; Jean Ziegler, El imperio de la vergüenza, Madrid, Taurus, 2006, pp. 129-159; Waal, Famine Crimes, pp. 106-132; Michela Wrong, No lo hice por ti. Cómo el mundo traicionó a una pequeña nación africana, Barcelona, Intermon Oxfam, 2005, pp. 242-313. Sobre la situación actual, Solomon Gebre-Selassie, «Ethiopia’s struggle for democracy and the rule of law», en Pambazuka News, 26 de marzo de 2009; Alemayehu G. Mariam, «Witness for Ethiopia’s future: Honouring Meles Zenawi’s victims» en Pambazuka News, 459, 25 de noviembre de 2009; Helen Epstein, «Cruel Ethiopia», en New York Review of Books, 13 de mayo de 2010. Noticias sobre la revuelta de Ogaden contra el gobierno etíope pueden encontrarse en «Ogaden Online» <www.ogaden.com>. Alemayehu G. Mariam, «Ethiopia: the Anuaks forgotten genocide», en Pambazuka News, 510, 16 de diciembre de 2010.

La crisis económica y la tutela del FMI

Keith Somerville, «Africa after the Cold War», en Louise Fawcett y Yezid Sayigh, eds., The Third World Beyond the Cold War, Continuity and Change, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 134-169. William Easterly, The White man’s Burden; Ha-Joon Chang, Bad Samaritans. Rich Nations, Poor Policies and the Threat to the Developping World, Londres, Random House Business Books, 2007; James Ferguson, Global Shadows. Africa in the Neoliberal World Order, Durham, Duke University Press, 2007. Eric Holt-Giménez y Raj Patel, Food Rebellions! Crisis and the Hunger for Justice, Pambazuka Press, 2009, pp. 30 y 130-158; Muadi Mukenge, «Change at IMF overdue», en Pambazuka News, 23 de abril de 2009; sobre los billetes de Zaire, Michela Wrong, Tras los pasos del señor Kurtz. El Congo al borde del colapso, Barcelona, Intermon Oxfam, 2005, pp. 113-114; sobre Mali y la minería del oro, María Victoria García Ojeda, «Gold mining in Mali: Who really profits?», en Eurodad, 16 de junio de 2010. La crítica ortodoxa de Zambia en Frieden, Capitalismo global, pp. 582-588, Khadija Sharife, «Zambia: Riches to rags», en Pambazuka News, 460, 4 de diciembre de 2009, Celia W. Dugger, «Ending famine, simply by ignoring the experts», en New York Times, 2 de diciembre de 2007. Boutros-Ghali, Mes années à la maison de verre, pp. 165-171 y 180-188. Sobre Uganda Martin Meredith, The State of Africa, pp. 231-238 y 404-406; Ayittey, Africa Unchained, pp. 204-211; Adam Branch, «Neither peace nor justice. Political violence and the peasantry in Northern Uganda, 1986-1998», en African Studies, 8, n.º 2 (primavera de 2005); Tim Judah, «Uganda: The secret war», en New York Review of Books, 23 de septiembre de 2004, pp. 62-64; «America’s friend», en The Economist, 17 de marzo de 2007, p. 46; las informaciones sobre los abusos de la policía proceden del informe del «Human Rights Watch» Open Secret. Illegal Detention and Torture by the Joint Anti-terrorism Task Force in Uganda, 2009; además, Human Rights House Network, Oslo, «Severe attacks on essential freedoms in Uganda», 15 de abril de 2011. Sobre el petróleo, «Derricks in the darknes», en The Economist, 8 de agosto de 2009; Yasiin Mugerwa y Mercy Nalugo, «State of Uganda», en Daily Monitor, 13 de junio de 2011. La frase sobre los fertilizantes subsidiados de Malawi procede del «Country brief» del Banco Mundial.

Sobre Mozambique, Joseph Hanlon y Benedito Cunguara, Poverty is Not Being Reduced in Mozambique, Londres, Crisis State Research Center, LSE, 2010 y Joseph Hanlon, «Mozambique: “The war ended 17 years ago but we are still poor”», en Conflict, Security & Development, 10: 1, marzo de 2010. La frase sobre la corrupción actual procede de Matthew Lockwood, El estado de África. Pobreza y política en África y la agenda para la actuación internacional, Barcelona, Intermon-Oxfam, 2007, p. 169; la noticia de la revuelta de Maputo en 2008 de <www.oozebap.org> y del working paper citado de Hanlon y Cunguara. Luca Bussoti, «Entre riqueza e revoltas. ReflexÕes sobre a situação política e social de Moçambique», en Pambazuka News, edición en lengua portuguesa, 32, 12 de octubre de 2010. Jomo Kwame Sundaram, Oliver Schwank y Rudiger von Arnim, «Globalization and development in sub-Saharian Africa», DESA, working paper, n.º 102, febrero de 2011.

La internacional humanitaria

Weissman, ed., À l’ombre des guerres justes, passim; Conor Foley, The Thin Blue Line. How Humanitarianism Went to War, Londres, Verso, 2008 (una cita de p. 219); Michael Maren, The Road to Hell, Nueva York, The Free Press, 1997. Alex de Waal, Famine Crimes, pp. 665-85, passim; Ferguson, Global Shadows, pp. 44-46 sobre ARRC. Helen Epstein, El remedio invisible, Barcelona, Alba, 2008 y sus artículos en New York Review of Books, 28 abril 2005 y 3 noviembre 2005. Sobre el robo de los fondos que World Vision destinaba a Liberia, BBC News: Africa, 5 de junio de 2009. Devinder Sharma, «The war of the world: América, G.M. and developing countries», en OpenDemocracy, 2003 y Lawrence Tsimese, «Biotechnology against food security: the choice for Africa», en OpenDemocracy, 4 de septiembre de 2003. Una crítica de los programas de ayuda se encontrará también en Serge Latouche, La otra África. Autogestión y apaño frente al mercado global, Barcelona, Oozebap, 2007. Sobre el origen y evolución de «Médicos sin fronteras», Gilbert Rist, The History of Development. From Western Origins to Global Faith, Londres, Sed Books, 1997, pp. 175-178, Anne Vallaeys, Médecins sans frontiers. La biographie, París, Fayard, 2004 y el libro de Weissman citado más arriba. Algo parecido ha sucedido con los programas estatales de ayuda a las víctimas africanas del sida. En enero de 2003 el presidente Bush pidió al Congreso quince mil millones de dólares para un gran programa internacional de lucha contra el sida que había de durar hasta 2008. Dejando a un lado que solo una pequeña parte de los recursos llega al destino, lo hace en ocasiones a través de organizaciones que los condicionan, como sucede en Uganda con los grupos evangélicos integristas norteamericanos que prohíben el uso del preservativo —«queman condones en nombre de Jesús»— y predican la castidad como único recurso contra el contagio. Sin olvidar que el programa se utiliza, además, para forzar la introducción de cultivos transgénicos, proporcionados por las empresas biotecnológicas norteamericanas, con el argumento de que los seropositivos tienen unos requerimientos nutritivos mayores, en especial en lo que se refiere a proteínas, que solo pueden cubrirse con estos cultivos, lo que condiciona la concesión misma de la ayuda. Sobre el tráfico de «huérfanos», Alemayehu G. Mariam, «Ethiopia: the hand that rocks the broken cradle», en Pambazuka News, 471, 25 de febrero de 2010. Sobre el caso de Uganda, Samar al-Bulushi, «US legislation authorises military action against the LRA in Uganda», en Pambazuka News, 675, 25 de marzo de 2010.

Los «estados fallidos»

Sobre Somalia ha sido fundamental Maren, The Road to Hell, citas de pp. 63, 168, 192 y ss.; Catherine Besteman, Unraveling Somalia. Race, Violence, and the Legacy of Slavery, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1999; Michel Chossudovsky, The Globalisation of Poverty. Impacts of IMF and World Bank Reforms, Londres, Zed Books, 1997, pp. 101-107; Gebru Tareke, «The Ethiopia-Somalia war of 1977 revisited», en International Journal of African Historical Studies, 33 (2000), n.º 3, pp. 635-667. Betty Glad, An Outsider in the White House. Jimmy Carter, His Advisors, and the Making of American Foreign Policy, Ithaca, Cornell University Press, 2009, pp. 77-87, muestra a las claras el enfrentamiento entre Vance y Brzezinski en el asunto somalí y la incompetencia de Carter para resolverlo. Stefan Halper y Jonathan Clarke, America Alone. The Neo-conservatives and the Global Order, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 85-87. Marc Lacey, «New militant leader emerges in Mogadishu», en New York Times, 26 de junio de 2006; Jeffrey Gettleman, «Perils of Somali flood: hunger and beasts», en New York Times, 12 de diciembre de 2006; Jeffrey Gettleman y Mark Mazzetti, «Somalia’s islamists and Ethiopia grid for a war», en New York Times, 14 de diciembre de 2006; David S. Cloud, «U.S. Airstrike aims at Qaeda cell in Somalia», en New York Times, 9 de enero de 2007, etc. Harun Hassan, «Somalia: Mogadishu ghost days» en openDemocracy, 5 de abril de 2007; «Just a glimmer of hope», en The Economist, 28 febrero 2009, pp. 37-39. Yohannes Woldermariam, «Somalie: Al-Shabab, l’extrémisme et les alliés américains», en Pambazuka News, ed. francesa, n.º 156, 2 de agosto de 2010. David Smith, «Refugee tide swamps world biggest camp», en MailGuardian online, 20 de junio de 2011. La cita de Stephen Smith en Négrologie, p. 62. El problema de la procedencia de las donaciones norteamericanas de alimentos en Celia W. Dugger, «Even as Africa hungers, policy slows delivery of U.S. food aid», en New York Times, 7 de abril de 2007; Jeffrey Gettleman, «Somalia tallies the plagues, fearing what’s next», en New York Times, 27 de septiembre de 2007; Jeffrey Gettleman, «Somalia’s government teeters on collapse» y «Somali town falls to insurgent raid», en New York Times, 29 de marzo y 1 de abril de 2008. Un buen análisis del tema de la piratería en Andrew Mwangura, «Somalia: pirates or protectors?», en Pambazuka News, 482, 20 de mayo de 2010. Resulta difícil aceptar la visión de The Economist (19 de abril de 2008, p. 46), según la cual Somalia (¿qué parte de una Somalia que no controla ningún gobierno?) tiene un PNB per cápita superior a Etiopía y Eritrea. ¿Quién y cómo ha hecho los cálculos? Sobre la situación en Somaliland, Nicholas Eubank, Peace-building without external assistance: Lessons from Somaliland, Center for global development, working paper, n.º 198, enero de 2010.

Sobre Zimbabue, Martin Meredith, Mugabe. Power and Plunder in Zimbabwe, Oxford, Public Affairs, 2002; Heidi Holland, Cenando con Mugabe. La historia nunca contada de un libertador que se convirtió en tirano, Madrid, Escalera, 2008 (una cita de p. 464); Braeckman, Les nouveaux prédateurs, pp. 247-272; Meredith, State of Africa, pp. 617-646; Maude Barlow y Tony Clarke, Oro azul. Las multinacionales y el robo organizado de agua en el mundo, Barcelona, Paidós, 2004, p. 97; Sam Moyo, «El nuevo problema campesino en Zimbabwe y Sudáfrica», en Samir Amin, ed., Las luchas campesinas y obreras frente a los desafíos del siglo XXI, Barcelona, El Viejo Topo, 2005, pp. 107-175; Michael Wines, «Mugabe gets ready to eat cake while fellow Zimbabweans can’t find bread on shelves», en New York Times, 22 de febrero de 2007; Michael Wines, «Opposition splits while Zimbabwe slips», New York Times, 9 de mayo de 2007; R.W. Johnson, «Where do we go from here?», en London Review of Books, 8 de mayo de 2008, pp. 3-6; «Breakthrough or sell out?», en The Economist, 29 de septiembre de 2007, p. 45; Heidi Holland, «Make peace with Mugabe», en New York Times, 1 de abril de 2008; Bob Herbert, «Zimbabwe is diying», en New York Times, 17 de enero de 2009; Ann Helman, «Zimbabwe: one million casualties of land reform», en IPS, 30 de enero de 2010; Robert I. Rotberg, «Mugabe über alles. The tiranny of Unity in Zimbabwe», en Foreign Affairs, 89 (2010), n.º 4, pp. 10-18, etc. Una visión matizada de las consecuencias de la reforma agraria en Ben Cousins, «Time to ditch the “disaster” scenarios», en Pambazuka News, 17 de junio de 2010. Sobre la ayuda recibida de China, John Blessing Karumbidza, «¿Puede salvar China la economía de Zimbabue? A propósito de la “Cooperación donde todos ganan”», en Firoze Manji y Stephen Marks, eds., China en África. ¿Ayuda o arrasa?, Barcelona, Oozebap, 2007, pp. 115-132; «The Chinese in Africa: Trying to pull together», en The Economist, 23 de abril de 2011, pp. 66-68. Henning Melber, «Zimbabue y Namibia, pueblos traicionados», en <www.oozebap.org>, julio de 2008. Adolf Mkenda, «Why I refuse to condemn Mugabe», en Pambazuka News, 431, 7 de mayo de 2009; el manifiesto contra las sanciones internacionales en Pambazuka News, 12 de marzo de 2009. Sobre la campaña de terror sexual, véase la publicación de AIDS-Free World, Electing to Rape. Sexual Terror in Mugabe’s Zimbabwe, Nueva York, diciembre de 2009. El sudafricano Udo W. Froeso, en «The race for Zimbabwe’s resources» (en Pambazuka News, 456, 5 de noviembre de 2009) sigue sosteniendo que la culpa de todo es del «lobby rodhesiano» y que la oposición está ligada a los intereses de este y de los países de Occidente.

Angola: la última batalla africana de la guerra fría

Mark Huband, África después de la guerra fría. La promesa rota de un continente, Barcelona, Paidós, 2004; Nicolas Shaxson, Poisoned Wells. The Dirty Politics of African Oil, Nueva York, Palgrave-Macmillan, 2007, pp. 41-62 (cita de p. 49); Jad Mouawad, «Nowadays, Angola is oil topic A», en New York Times, 20 de marzo de 2007. Gustav Silfverstolpe, «Angola: time to choose», en openDemocracy, 25 de septiembre de 2007. «Unita says Angolans tired of waiting for elections», en Saturday Nation, 26 de septiembre de 2009. Una buena información sobre los negocios y la corrupción del MPLA se encontrará en los artículos de Rafael Marques de Morais, «Angola’s presidential promiscuity has corrupted society», en Pambazuka News, 460, 3 de diciembre de 2009, «Angola’s MPs and business dealings» en Pambazuka News, 464, 6 de enero de 2010, «MPLA Ltd, The business interests of Angola’s ruling elite», en Pambazuka News, 469, 11 de febrero de 2010 y «Sonangol and the looting of Angola’s oil», en Pambazuka News, 480, 6 de mayo de 2010. Sobre Cabinda y su movimiento secesionista, Jean-Michel Mabeko-Tali, «Entre una economía de rentas y la violencia político-militar: la cuestión cabindesa y el proceso de paz angoleño», en Jordi Tomás, ed., Secesionismo en África, Barcelona, Bellaterra, 2010, pp. 233-258. Henrique Almeida, «Angola jails rights activist for three years», en Reuters Africa, 11 de junio de 2010. Clara Onofre, «Angola: Manobra de anticipação anula revolução», en Global Voices, 16 de marzo de 2011. Piero Gleijeses, «Moscow’s proxy? Cuba and Africa, 1975-1988», en Journal of Cold War Studies, 8 (2006), n.º 2, pp. 3-51, reconoce que la actuación de Cuba fue decisiva para cambiar la situación en el sur del continente, alentando la lucha contra el apartheid en África del Sur. A lo que hay que agregar que los cubanos proporcionaron desinteresadamente ayuda médica y técnica, así como becas para que 40 000 jóvenes africanos pudiesen estudiar en Cuba. Sobre Namibia, Henning Melber, «Namibia at 20: the limits of liberation» y «Namibia’s privilege and poverty: liberation’s limits», en Pambazuka News, 474, 19 de marzo de 2010 y 496, 16 de septiembre de 2010.

La corrupción

La cita de Mark Weisbrot, de «Haiti and the international aid scam», en The Guardian, 22 de abril de 2011. A los dos informes de Global Witness, «Undue diligence. How banks do business with corrupt regimes», de 11 de marzo de 2009, e International thief: The complicity of British banks in Nigerian corruption, octubre de 2010, y a un artículo de Time de 15 de febrero de 2010 (Bruce Crumley, «How legal U.S. loopholes are aiding money launderers»), hay que añadir tres libros fundamentales, de donde proceden la mayor parte de las informaciones citadas: Raymond W. Baker, Capitalism’s Achilles Heel. Dirty Money and How to Renew the Free-market System, Hoboken, John Wiley, 2005; Ayittey, Africa Unchained y Shaxson, Poisoned Wells, para lo referente al petróleo (sobre Obiang Nguema, por ejemplo, pp. 121-144). La cita de Edward Gibbon de The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, capítulo 21. La de Jack A. Blum, de Andrés Oppenheimer, Ojos vendados. Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América Latina, Buenos Aires, Sudamericana, 2001, pp. 210 y 255-260; a completar con William Easterly, «Foreign aid for scoundrels», en New York Review of Books, 25 de noviembre de 2020, pp. 37-38. Una visión general del problema en lord Aikins Adusei, «Multinational corporations: the new colonisers of Africa», que puede leerse en Pambazuka News, 436, 4 de junio de 2009. Sobre la corrupción en el Zaire de Mobutu, Wrong, Tras los pasos del señor Kurtz, pp. 95-96, 110-114 y 175-184; Mbuyi Kabunda Badi, El nuevo conflicto del Congo. Dimensión, internacionalización y claves, Madrid, Sial ediciones, 1999, pp. 44-45; Ayittey, Africa Unchained, pp. 211-214; Meredith, The State of Africa, pp. 301-308. Para otros casos Verschave, «De la Françafrique a la Mafiáfrica», pp. 23-28 y 36-42; Labarthe, Le Togo, pp. 84-89. Sobre la corrupción de Nigeria por las petroleras, además del informe de Global Witness y del libro ya citado de Shaxson, Annegret Mähler, «Nigeria: A prime example of the ressource curse? Revisiting the oil-violence link in the Niger Delta», en <www.giga-hamburg.de/workingpapers>; Thomas Seifert y Klaus Werner, El libro negro del petróleo, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2008, pp. 180-186. Sobre el petróleo de Camerún, B. Gauthier y A. Zeufack, Governance and Oil Revenues in Cameroon, Universidad de Oxford, OxCarre Research Paper 38, 2010; «Justice for Ken Saro Wiwa and the Ogoni people» en <http://justiceinnigerianow.org>; E. Lubbers y A. Rowell, «NGOs and BBC targeted by Shell PR machine in wake of Saro-Wiva death», en The Guardian, 9 de noviembre de 2010; los detalles sobre el proceso a Shell pueden encontrarse en la web <www.wiwavshell.org>. Sobre la macroiglesia de Houphouët-Boigny, Glaser y Smith, Comment la France, pp. 118-119. Sobre el caso de las elecciones de Kenia en 2007, véase la carta de sir Edward Clay en The Economist, 12 de enero de 2008, p. 13. Sobre el Congo-Brazzaville, Damien Millet, África sin deuda, Barcelona, Icaria, 2008, pp. 120-122; Patrice Yengo, «“Chacun aura sa part”: les fondements historiques de la (re)production de la “guerre” à Brazzaville», en Cahiers d’études africaines, n.º 150-152 (1998), pp. 471-503. Además, André Nouschi, Les armes retournées. Colonisation et décolonisation françaises, París, Belin, 2005, p. 149. Una amplia información sobre «Sassou Ngesso et la tragédie Congolaise» se encontrará en la web <www.ccds.fr>. Las noticias sobre la pobreza actual del país proceden del texto citado de Lydia Polgreen «Unlikely ally against Congo Republic graft». Los datos acerca de las tarjetas de crédito del hijo del presidente fueron publicados en el verano de 2007 por Global Witness; los de los coches deportivos del hijo de Obiang, en <http://euobserver.com>, 11 de marzo de 2009. Khadija Sharife, «What is the real value of Africa’s wealth?», en Pambazuka News, 441, 9 de julio de 2009. Un informe sobre el volumen de la salida de capitales de África, que supera con mucho a su deuda, lo que la convierte en acreedor neto, en Léonce Ndikumana y James K. Boyce, New Estimates of Capital Flight from Sub-Saharan African Countries: Linkages with External Borrowing and Policy Options, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst, abril de 2008. Sobre la «quiet corruption», Banco Mundial, Africa Development Indicators 2010, Washington, Banco Mundial, 2010 y la crítica de Yash Tandon en Pambazuka News, 477, 15 de abril de 2010.

La gran guerra de África Central

Gérard Prunier, Africa’s World War. Congo, the Rwandan Genocide, and the Making of a Continental Catastrophe, Nueva York, Oxford University Press, 2009. Sobre Ruanda: Allison des Forges et al., Leave None to Tell the Story. Genocide in Rwanda, Nueva York, Human Rights Watch, 1999; Linda R. Melvern, A People Betrayed. The Role of the West in Rwanda’s Genocide, Londres, Zed Books, 2000 y «Un pueblo traicionado», en John Pilger, ed., ¡Basta de mentiras! El periodismo de investigación que está cambiando el mundo, Barcelona, RBA, 2007, pp. 357-388, cita de p. 379; Gérard Prunier, The Rwanda Crisis. History of a Genocide, Londres, Hurst and Co., 1995; Roméo Dallaire, Shake Hands with the Devil. The Failure of Humanity in Rwanda, Londres, Arrow Books, 2004; Colette Braeckman, Rwanda. Histoire d’un génocide, París, Fayard, 1994, Terreur africaine. Burundi, Rwanda, Zaire: les raciness de la violence, París, Fayard, 1996 y «New York and Kigali», en New Left Review, 9 (mayo-junio de 2001), pp. 141-147; Mehdi Ba, Rwanda, un génocide Français, París, L’esprit frappeur, 1997 (sobre los responsables del derribo del avión presidencial, pp. 52-72); Huband, África después de la Guerra fría; William Ferroggiaro, «The U. S. and the genocide in Rwanda 1994. Information, intelligence and the U.S. Response», en National Security Archive, 24 de marzo de 2004 y, del propio «editor», «The U.S. and the genocide in Rwanda 1994. The assassination of the presidents and the beginning of the “Apocalypse”», en National Security Archive, 7 de abril de 2004; Jean Hatzfeld, Una temporada de machetes, Barcelona, Anagrama, 2004, citas de pp. 52-55; Claudine Vidal, «Questions sur le rôle des paysans durant le génocide des Rwandais tutsi» y Paul Mathieu y A. Mafikiri Tsongo, «Guerres paysannes au Nord-Kivu (République démocratique du Congo), 1937-1994», en Cahiers d’études africaines, 150-152, (1998), pp. 331-345 y 385-416, respectivamente; James Dawes, That the World May Know. Bearing Witness to Atrocity, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2007, pp. 20-75, cita de p. 21. Sobre la autoría del atentado contra Habyarama véase el informe oficial de un comité ruandés de expertos, presidido por Jean Mutsinzi, Report of the investigation into the causes and circumstances of and responsibility for the attack of 06/04/1994 against the Falcon 50 Rwandan presidential aeroplane, registration number 9XR-NN, en <http://mutsinzireport.com>. Y la crítica a este informe de Filip Reyntjens, «Analyse du rapport Mutsinzi sur l’attentat du 6 avril 1994 contre l’avion présidentiel rwandais», working paper, 2010/01, IOB, Univeristy of Antwerp. La visión admitida de la masacre ha dado paso a interpretaciones críticas, alentadas en parte por la evidencia del carácter poco democrático del actual regimen presidido por Kagame, como las de Allan Stam y Christian Davenport, que admiten que hubo 890 000 víctimas en el área controlada por las fuerzas hutu, pero añaden una cifra de 77 000 víctimas que se habrían producido en la que controlaban los invasores del FPR, o las visiones enteramente negacionistas de Edward S. Herman y David Peterson, en The Politics of Genocide, que culpan de la matanza a Kagame y a los tutsi, en unión con el ejército de Uganda. Gerald Caplan ha criticado estas revisiones en una serie de artículos y reseñas, como «Memory and denial: The Rwandan genocide fifteen years on», en Pambazuka News, 2 de abril de 2009; «Who killed the president of Rwanda?», en Pambazuka News, 466, 21 de enero de 2010, etc. Sobre la responsabilidad de Kofi Annan, Perry Anderson, «Our man», en London Review of Books, 10 de mayo de 2007, pp. 9-12; sobre la de la Iglesia, Braeckman, Terreur africaine, pp. 49-100. Ayittei (Africa Unchained, pp. 115-116) afirma que la participación de la Iglesia en las matanzas tuvo como resultado muchas conversiones posteriores al islam. Véanse, además, los numerosos textos y documentos publicados por la «Commission d’enquête citoyenne pour la vérité sur l’implication Française dans le génocide des Tutsi» en <www.enquete-citoyenne-rwanda.org>. Gerald Caplan, «Who killed the president of Rwanda?», en Pambazuka News, 466, 21 de enero de 2010. Sobre Burundi, Perpétue Nshimirimana, Carta a Isidore. Testimonio de la Guerra civil en Burundi, Lleida, Milenio, 2006. Las informaciones sobre los campos de refugiados son esencialmente de Wrong, Tras los pasos del señor Kurtz, pp. 208-212. Además, Jean-Pierre Chrétien, L’Afrique des Grands Lacs. Deux mille ans d’histoire, París, Aubier, 2000; Michael Dobbs, Madeleine Albright, Barcelona, Península, 2002, pp. 373-374; Stephen Kinzer, «Big gamble in Rwanda», en New York Review of Books, 29 de marzo de 2007, pp. 23-26. Un amplio y excelente estudio sobre las visiones historiográficas del pasado de Ruanda y su contexto político es el de David Newbury y Catherine Newbury, «Bringing the peasants back in: agrarian themes in the construction and corrosion of statist historiography in Rwanda», publicado en American Historical Review. Es difícil tomarse en serio la simplista interpretación «malthusiana» de Jared Diamond en Collapse. How Societies Chose to Fail or Survive, Londres, Allen Lane, 2005, pp. 311-328, basada en parte en propuestas de dos economistas belgas.

Versiones favorables a los hutu, y a Francia, no muy fiables, en Pierre Péan, Noires fureurs, blancs menteurs, Rwanda, 1990-1994, París, Mille et une nuits, 2005 y Edouard Kabagema, Un pueblo descuartizado. Genocidio y masacres en Ruanda, 1994, Lleida, Milenio, 2005. Sobre las masacres de hutus a manos del ejército tutsi, Howard W. French, «U.N. Congo report offers new view on genocide era», en New York Times, 27 de agosto de 2010.

Sobre las guerras del Congo es fundamental, al lado del libro de Prunier, Jason K. Stearns, Dancing in the Glory of Monsters: The Collapse of the Congo and the Great War of Africa, Nueva York, Perseus, 2011, que nos ofrece, por ejemplo, una interesante visión de un personaje tan complejo como Laurent Kabila. Además Georges Nzongola-Ntalaja, The Congo from Leopold to Kabila. A People’s History, Londres, Zed Books, 2002; Mbuyi Kabunda Badi, El nuevo conflicto del Congo, Madrid, SIAL-Casa de África, 1999; Colette Braeckman et al., Kabila prend le pouvoir, Bruxelles, GRIP, 1998; Colette Braeckman, L’enjeu Congolais. L’Afrique centrale après Mobutu, París, Fayard, 1999 y Les nouveaux prédateurs; Wrong, Tras los pasos del señor Kurtz; Meredith, The State of Africa, pp. 524-544. Descifrar las realidades de la segunda guerra es harto difícil. En el libro de Nzongola-Ntalaja (The Congo, pp. 227-232) tenemos la mejor descripción de la compleja composición de los «rebeldes»; Mbuji Kabunda Badi (El nuevo conflicto del Congo, pp. 33-42) da una visión del conflicto en términos de relaciones internacionales; Björn Aust («Ejército empresa. Intereses económicos y “comercialismo militar” en el Congo», en Azzellini, ed., El negocio de la guerra, pp. 175-195) denuncia ante todo los oscuros intereses económicos que mueven a cada uno de los participantes, mientras que Colette Braeckman nos ofrece una visión crítica (Les nouveaux prédateurs, pp. 149-246), con una visión muy distinta a la de Martin Meredith sobre los intereses de Mugabe en el conflicto. Kambale Musavuli, «Conflict minerals: Cover for Western mining interests?», en Pambazuka News, 460, 4 de diciembre de 2009. Sobre los costes humanos, Mac Le Pape, «République démocratique du Congo: des victimes sans importance», en Weissman, À l’ombre des guerres justes, pp. 217-234. Sobre el problema de la evaluación de las víctimas, M. Holman y G. Mills, «Tainted data hide the cost of Africa’s upheavals», en la web de Financial Times (<www.ft.com> Africa), 30 de mayo de 2009. Además, Tim Butcher, Blood River, Londres, Chatto and Windus, 2007, pp. 25-26, 63-65 y 321. «Not as bad as dad», «A wilderness that may become a state» y «Only just staying in one piece» en The Economist, respectivamente el 15 noviembre 2003, p. 44, 25 de noviembre de 2006, pp. 45-46, y 28 de julio de 2007, pp. 38-39; una amplia información sobre el proceso de Bemba en Fidh (Fédération Internationale des ligues des Droit de l’Homme) «Le procès de Jean-Pierre Bemba devant la CPI», 18 de noviembre de 2010; Jeffrey Gettleman, «After Congo vote, neglect and scandal still reign», en New York Times, 28 de marzo de 2007. J. Gettleman, «Rape epidemic raises trauma of Congo war», en New York Times, 7 de octubre de 2007; David Mugnier, «North Kivu: how to end a war», en openDemocracy, 3 de diciembre de 2007. Lidya Polgren, «Congo’s death rate unchanged since war ended», en New York Times, 23 de enero de 2008; Bahamat Ntama Jacques y Beth Tuckey, «The US “War on terror” exported to Rwanda: A threat to peace in DRC», en Pambazuka News, 19 de febrero de 2008. La frase sobre las violaciones es de Nicholas D. Kristof, «The weapon of rape» en New York Times, 15 de junio de 2008; John Lasker, «Following the mineral trail: Congo resource wars and Rwanda» en Toward Freedom, 18 de febrero de 2010; Bob Herbert, «The invisible world», en New York Times, 21 de febrero de 2009. En una entrevista realizada por Georgiane Niennaber en Huffington Post, 9 de enero de 2009, Nkunda se presentaba como una especie de líder nacionalista contra la explotación minera por los extranjeros; sobre su captura, «An arresting and hopeful surprise», en The Economist, 31 de enero de 2009, p. 43. Antoine Roger Lokongo, «Sino-DRC contracts to thwart the return of Western patronage», en Pambazuka News, 12 de marzo de 2009. El artículo de Herbst y Mills, «There is no Congo», publicado en Foreign Policy en marzo de 2009, puede consultarse en <www.foreignpolicy.com>; una réplica de Ali M. Malau en Pambazuka News, 432, 14 de mayo de 2009. La actuación de la misión de la ONU, que sigue activa, puede seguirse en su boletín MONUSCO. United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. Informe del «Grupo de expertos sobre la República democrática del Congo» presentado al Consejo de Seguridad en noviembre de 2009. La cita de Eve Ensler de «The four months since Hillary», en Huffington Post, 31 de diciembre de 2009. La de Mahmmod Hamdani, de «The invention of the Indigène», en London Review of Books, 2 de enero de 2011, pp. 31-33.

Las guerras de la cuenca del Nilo

Sobre el «Ejército de Resistencia del Señor», Matthew Green, The Wizard of the Nile. The Hunt for Africa’s Most Wanted, Londres, Portobello, 2008; C.J. Chivers, «“All people are the same to God”: An insider’s portrait of Joseph Kony», en New York Times, 31 de diciembre de 2010; Jeffrey Gettleman, «Uganda peace hinges on amnesty for brutality», en New York Times, 15 de septiembre de 2006; Richard Lane, «Northern Uganda: Looking for peace», en The Lancet, 14 de diciembre de 2007; «DRC-Uganda: LRA torture of civilians continues», en <www.irinnews.org>;«Thousands flee, many killed as Lord’s Resistance Army steps up attacks», en UNHCR, 14 de mayo de 2010; Ledio Cakaj, «On the heels of Kony. The untold tragedy unfolding in the Central African republic», en <www.enoughproject.org>, junio de 2010 (donde se encontrarán las noticias actuales sobre la zona). Sobre la situación de los campesinos ugandeses refugiados en campos de internamiento, IDMC (Internal Displacement Monitoring Center), «Uganda overview», 19 de agosto de 2009.

Sobre la situación en Sudán, «Sudan: preventing implosion», en International Crisis Group, Africa briefing n.º 68, 17 de diciembre de 2009; Nicholas Kristof, «Obama’s failure in Sudan», en New York Times, 28 de agosto de 2010. Hay una amplísima bibliografía sobre Darfur, comenzando por los trabajos de Alex de Waal, como su libro con Julie Flint, Darfur. A Short History of a Long War, Londres, Zed Books, 2006; Alex de Waal, Famine crimes, pp. 98-105, «Chasing ghosts», en London Review of Books, 18 de agosto de 2005, pp. 6-8, «Counter-insurgency on the cheap», en London Review of Books, 5 de agosto de 2004, pp. 25-27; «Deep down in Darfur», en Times Literary Supplement, 12 de agosto de 2005, pp. 3-4, «Making sense of Darfur», en Social Science Research Council Blog, 17 de abril de 2008 y «I will not sign», en London Review of Books, 30 de noviembre de 2006, pp. 17-20. Huband, África después de la Guerra fría, pp. 337-365. Una contribución que ha suscitado grandes debates es la de Mahmood Mamdani, profesor de la Universidad de Columbia, que ha criticado la forma en que desde fuera del continente se decide lo que son las atrocidades condenables y cuáles las que se deben silenciar. Sus artículos «The politics of naming: genocide, civil war, insurgency» y «Blu-hatting Darfur», en London Review of Books, 8 de marzo de 2007, pp. 5-8 y 6 de septiembre de 2007, pp. 18-20, respectivamente, desencadenaron una oleada de críticas en los números siguientes de la misma revista (de especial interés la de Gerard Prunier en LRB, 5 abril 2007, p. 4) y una réplica de Mamdani en LRB, 26 abril 2007, p. 4. Sus tesis se concretaron finalmente en un libro, Saviors and Survivors. Darfur, Politics and the War on Terror, Londres, Verso, 2009, que provocó una crítica hostil de Nicholas Kristof, «What to do about Darfur», en New York Review of Books, 2 de julio de 2009, pp. 32-34 y otra, más matizada, de Lydiah Kemunto Bosire, «Understanding Sudan’s saviours and survivors», en Pambazuka News, 446, 3 de septiembre de 2009.

Además, John Ryle, «Disaster in Darfur», en New York Review of Books, 12 de agosto de 2004, pp. 55-59; Lydia Polgreen, «Shaky Darfur peace at risk as new fighting looms», en New York Times, 31 de agosto de 2006, «Darfur trembles as peacekeepers’ exit looms», en id., 10 de septiembre de 2006, «Grim new turn may harden Darfur conflict», en id., 23 de octubre de 2006 y «On the run as war crosses another line in Africa», en id., 10 de diciembre de 2006; «Contaminating the neighbours», en The Economist, 11 de noviembre de 2006, p. 52 y «Glittering towers in a war zone», en The Economist, 9 de diciembre de 2006, pp. 21-23; Helen Cooper, «U.S. sends (another) warning on Darfur» en New York Times, 11 de abril de 2007 y Sheryl Gay Stolberg, «Bush presses Sudan on Darfur, citing posible U.S. sanctions», en New York Times, 19 de abril de 2007. Sobre las campañas humanitarias norteamericanas, «A moral sense. Divestment from Sudan», en The Economist, 12 de mayo de 2007, p. 47. Jeffrey Gettleman, «Cracks in the peace in oil-rich Sudan as old tensions fester», en New York Times, 22 de septiembre de 2007. Gerard Prunier, «Sudan between war and peace» y «Khartoum’s calculated fever», en openDemocracy, 1 de noviembre y 5 de diciembre de 2007, respectivamente. Nicholas D. Kristof, «A genocide foretold» y «Africa’s new slaughter», en New York Times, 28 de febrero y 2 de marzo de 2008; «Watching Darfuris die», en New York Times, 8 de marzo de 2009. Lydia Polgreen «Scorched-earth strategy returns to Darfur» y «Peacekeeping in Darfur hits more obstacles», en New York Times, 2 y 24 de marzo de 2008, respectivamente. Gabriel R. Warburg, «Sudan: Land of hope or of sorrow?», en Middle Eastern Studies, 44 (2008), n.º 3, pp. 527-536. Sobre el conflicto con los nuba, Jeffrey Gettleman, «As secession nears, Sudan steps up drive to stop rebels», en New York Times, 20 de junio de 2011. Sobre Idriss Déby y el Chad, Raymond Fisman y Edward Miguel, Economic Gangsters. Corruption, Violence, and the Poverty of Nations, Princeton, Princeton University Press, 2008, pp. 153-158. Un interesante estudio de Ola Olsson y Eyerusalem Siba, «Ethnic Cleansing or Resource Struggle in Darfur? An empirical analysis» (working paper in economics, 417, University of Gothenburg) concluye que los objetivos de limpieza étnica han sido más determinantes del conflicto que los de disputa por los recursos. Sobre los preacuerdos de febrero y marzo de 2010, BBC News, 18 de marzo de 2010. Información sobre los desplazados se encontrará en un informe sobre Chad de IDMC (Internal Displacement Monitoring Center) de 2 de julio de 2010 y, en general, en los informes de OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), una agencia de la ONU.

Un nuevo reparto de África

Cohen, La mondialisation et ses ennemis, pp. 61-76. François Crouzet, Histoire de l’économie européenne, 1000-2000, París, Albin Michel, 2000, pp. 278-279. Daniel Lefeuvre, Pour en finir avec la repentance coloniale, París, Flammarion, 2006, pp. 109-113. François-Xavier Verschave, «De la Françafrique a la Mafiafrica», en José Bape, ed., El bombero pirómano. La actuación criminal de Francia en el África contemporánea, s.l., Oozebap, 2006, pp. 13-66 y 145. Más sobre los negocios de Elf en Glaser y Smith, Comment la France, pp. 163-168, 205-217, passim. Baker, Capitalism’s Achilles Heel, pp. 142 143. Sobre Níger, Abdelkader Aghali, «Las rebeliones tuaregs en Níger», en Jordi Tomás, ed., Secesionismo en África, pp. 93-127; José Bape, «El uranio y los inmigrantes ilegales (del neocolonialismo) en El Dorado africano: el caso de Francia en Níger», en <www.oozebap.com>, 2005; Lydia Polgren, «Battle in poor land for riches beneath the soil», en New York Times, 15 de diciembre de 2008; Djibo Hamani, «Le Niger d’une rébellion touarègue à une autre: mêmes causes, même effets», en Pambazuka News, 20 de junio de 2009, quien discute la caracterización de los rebeldes como «tuaregs»; Khadija Sharife, «French nuclear power fed by uranium from Niger», en Pambazuka News, 465, 14 de enero de 2010; Caroline Gluck, «Signs of Niger worsening food crisis», en Huffington Post, 22 de junio de 2010. Los planteamientos del movimiento tuareg pueden verse en su web, en mnj.contact@gmail.com. Serge Enderlin et al., Un monde de brut. Sur les routes de l’or noir, París, Seuil, 2003, pp. 197-247, sobre Guinea Ecuatorial y Angola, y sobre la miseria de la población, a la que no llegan los beneficios del petróleo. Sobre Guinea, Agustín Velloso, Ya no queda nada que robar. Crónicas de Guinea Ecuatorial, Madrid, La Caída, 2008; Human Rights Watch, Well Oiled. Oil and Human Rights in Equatorial Guinea, en <www.hrw.org> y Titu Alicante y Lisa Misol, «Equatorial Guinea: Resource cursed», en Pambazuka News, 460, 4 de diciembre de 2009. Sobre Gbagbo, Venance Konan, «In Ivory Coast, democrat to dictator», en New York Times, 7 de abril de 2011. Sobre las guerras de los diamantes, Greg Campbell, Diamantes sangrientos. Las piedras de la guerra, Barcelona, Paidós, 2003, passim; sobre la situación actual, Lydia Polgreen, «Diamonds move from blood to sweat and tears», en New York Times, 25 de marzo de 2007. Robert E. Harkavy y Stephanie G. Neuman, Warfare and the Third World, Nueva York, Palgrave, 2001, pp. 290-291; Huband, África después de la guerra fría, pp. 197-222; Fabrice Weissman, «Sierra Leone: la paix à tout prix» y Jean-Hervé Jezéquel, «Liberia: un chaos orchestré» en Weissman, ed., À l’ombre des guerres justes, pp. 53-73 y 171-190 (cita de p. 189); sobre la confusa actuación de las compañías que intervinieron en Sierra Leona en 1997-1998, Tony Geraghty, Guns for Hire. The Inside Story of Freelance Soldiering, Londres, Portrait, 2007, pp. 153-170; Smith, Négrologie, pp. 119-122. Gervasio Sánchez, Sierra Leona, Barcelona, Blume, 2005; la experiencia de los niños soldados en Ismael Beah, A Long Way Gone. Memoirs of a Boy Soldier, Londres, Fourth State, 2007. Sobre Taylor, Global Witness, «Taylor made», en <www.globalwitness.org>; su proceso en La Haya puede seguirse a través de <http://charlestaylortrial.org> y de la web del Tribunal especial para Sierra Leona, <www.sc-sl.org.> Sobre la rentabilidad del comercio francés con África, Glaser y Smith, Comment la France, pp. 123-124. Sobre el comercio de armas, Dario Azzellini, ed., El negocio de la guerra, Tafalla, Txalaparta, 2005 (sobre Angola, en concreto, el trabajo de Lisa Rimli, en pp. 197-212 y sobre el «Angolagate», Glaser y Smith, pp. 162-163). En 2002 BAE Systems vendía a Tanzania, uno de los países más pobres del mundo, un sistema de defensa aérea por valor de 40 millones de dólares (John Pilger, The New Rulers of the World, Londres, Verso, 2002, p. 131). Sobre los fondos carroñeros, Lydia Polgreen, «Unlikely ally against Congo Republic graft», en New York Times, 10 de diciembre de 2007; Johann Hari, «We must stop the “Vulture funds” that feed on the world’s poor». En Huffington Post, 17 de septiembre de 2009; Greg Palast, «Debt vultures shot for Chanukah», en In These Times (www.inthesetimes.com), 25 de noviembre de 2010. Sobre Chad, Brendan Schwartz y Valery Nodem, «A humanitarian disaster in the making along the Chad-Cameroon oil pipeline—Who’s watching?», en AlterNet, 2 de diciembre de 2009.

Sobre la participación de China en África, Benedicte Vibe Christensen, China in Africa. A Macroeconomic Perspective, Center for Global Development, working paper, n.º 230, noviembre de 2010; James Traub, «China’s African adventure», en New York Times, 19 de noviembre de 2006; Mark Mazzetti, «U.S. cuts in Africa aid said to hurt war on terror», en New York Times, 23 de julio de 2006 (de donde procede la cita del general Jones); Howard W. French y Lydia Polgreen, «China, filling a void, drills for riches in Chad» y «Entrepreneurs from China flourish in Africa», en New York Times, 13 y 18 de agosto de 2007, respectivamente; David Smith, The Dragon and the Elephant. China, India and the New World Order, Londres, Profile Books, 2007, pp. 125-130, donde se llega a plantear la cuestión de «por cuánto tiempo el resto del mundo está dispuesto a tolerar el ascenso de China»; Susan L. Shirk, China Fragile Superpower, Nueva York, Oxford University Press, 2007, pp. 134-136. Manji y Marks, eds., China en África. ¿Ayuda o arrasa?, passim; «China, una potencia neocolonial en África», en <www.oozebap.org.>; Khadija Sharife, «China’s new colonialism»; en Foreign Policy, 25 de septiembre de 2009. Michael Schmidt, «The new American imperialism in Africa», en Pambazuka News, 468, 4 de febrero de 2010.

Sobre Africom, «African voices on Africom», en Pambazuka news, 363, 1 de abril de 2008; Fred Brigland, «The new scramble for Africa», en Sunday Herald, 25 de julio de 2009; Mark P. Fancher, «Africom: stop in the name of the law! An open letter to U.S. attorney general Eric Holder», en Pambazuka News, 17 de septiembre de 2009; Daniel Volman, «Obama moves ahead with Africom», en Pambazuka News, 10 de diciembre de 2009; Gerald LeMelle, «Africa policy outlook 2010», FPIF (Foreign Policy in Focus), 21 de enero de 2010; «Africom: Washington fait pression sur Alger en vain», en Pambazuka News, ed. en francés, 139, 22 de marzo de 2010, Ba Karang, «Africom and US’s hidden battle for Africa» en Pambazuka News, 480, 6 de mayo de 2010, Caroline Ifeka, «Africom, the kleptocratic state and under-class militancy», en Pambazuka News, 491, 22 de julio de 2010; Dallas Darling, «Africom and Uganda’s dance with death», en Truthout, 7 de agosto de 2010; Shannon D. Beebe, «Africa: Security and development for the twenty-first century», en OpenDemocracy, 18 de enero de 2011.

Rick Rozoff, «New colonialism: Pentagon carves Africa into military zones», en Uruknet.info, 5 de mayo de 2010. Véase además la web de la organización, <www.africom.mil>, donde se habla sobre todo de sus actividades de ayuda humanitaria. Sobre el landgrabbing se habla largamente en el capítulo final de este libro. Como muestra de las reacciones críticas al discurso de Obama en Ghana, Ama Biney, «Deconstructing Obama’s speech in Ghana», en Pambazuka News, 443, 23 de julio de 2009. Sobre su política africana, Daniel Volman, «Obama expands military involvement in Africa», en Pambazuka News, 479, 29 de abril de 2010.

CAPÍTULO 15: EL NUEVO RUMBO DE LA GUERRA FRÍA

La presidencia de G.H.W. Bush

George Bush y Brent Scowcroft, A World Transformed, Nueva York, Knopf, 1998, es la fuente más directa de este apartado (para su negativa a acudir a una reunión con los representantes de los países subdesarrollados, por ejemplo, p. 127; para percatarse de la absoluta inepcia del vicepresidente Quayle, cuyas estupideces hicieron las delicias de los periodistas, basta ver que apenas si se le menciona). Herbert S. Parmet, George Bush. The Life of a Lone Star Yankee, New Brunswick, Transaction Books, 2001; George Bush, All the Best. My Life in Letters and Other Writings, Nueva York, Scribner, 1999 (el relato de su derribo en la guerra en pp. 49-52; sobre su promesa de no aumentar los impuestos —«si hubiese podido, hubiese retirado esta afirmación»—, p. 421;). Russ Baker, Family of Secrets. The Bush Dinasty, the Powerful Forces that Put It in the White House, and What Their Influence Means for America, Nueva York, Bloomsbury Press, 2009 es un intento, más bien truculento, de airear los aspectos más oscuros de la biografía de Bush padre con respecto a sus relaciones con la CIA, con turbios negocios petroleros o con la familia real saudí; sobre el grupo Carlyle, Dan Briody, The Iron Triangle. Inside the Secret World of the Carlyle Group, Hoboken, John Wiley and Sons, 2003. James Mann, Los vulcanos. El gabinete de guerra de Bush, Granada, Almed, 2007, pp. 213-283. Robert Schlesinger, White House Ghosts. Presidents and Their Speechwriters, Nueva York, Simon and Schuster, 2008, 362-401. Sobre la situación financiera en este período, Allan Greenspan, The Age of Turbulence, Nueva York, Penguin, 2007, pp. 112-122. Derek Chollet y James Goldgeier, America Between the Wars. From 11/9 to 9/11, Nueva York, Public Affairs, 2008. Sobre el «Defense Planning Guidance» véanse los documentos publicados por National Security Archive, «“Prevent the reemergence of a new rival”, The making of the Cheney Defense regional strategy, 1991-1992», 26 de febrero de 2008; James Mann, Los vulcanos. El gabinete de guerra de Bush, Granada, Almed, 2007, pp. 255-277; Andrew J. Bacevich, Washington Rules. America’s Path to Permanent War, Nueva York, Metropolitan Books, 2010, pp. 138-145.

La invasión de Panamá

Michael Grow, U.S. Presidents and Latin American Interventions. Pursuing Regime Change in the Cold War, Lawrence, University Press of Kansas, 2008, pp. 159-184; Frederic Kempe, Noriega. Toda la verdad, Barcelona, Grijalbo, 1990, pp. 30-34 y cita de p. 61; James T. Patterson, El gigante inquieto, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 297-343; Bob Woodward, Los comandantes, Barcelona, Ediciones B, 1991, pp. 95-245; Stephen Kinzer, Overthrow, Nueva York, Times Books, 2006, pp. 239-259; John Quigley, The Ruses for War. American Interventionism since World War II, Amherst, Prometheus Books, 2007, pp. 269-292; Tim Weiner, Legacy of Ashes. The History of the CIA, Londres, Allen Lane, 2007, pp. 423-425. El propio Bush, en cambio, apenas se refiere en sus memorias a la invasión de Panamá, que califica como «la operación militar para restaurar la democracia en Panamá» (A World transformed, p. 166, nota).

La primera guerra del Golfo

Sobre el ataque del Vincennes, Robert Fisk, The Great War for Civilization, Londres, Fourth Estate, 2005, pp. 323-328. Sobre el atentado de Lockerbie, id., pp. 334-335; Paul Foot, «La gran tapadera de Lockerbie», en John Pilger, ed., ¡Basta de mentiras! El periodismo de investigación que está cambiando el mundo, Barcelona, RBA, 2007, pp. 208-248; Noam Chomsky et al. Acts of Agression. Policing «Rogue» States, Nueva York, Seven Stories Press, 1999, pp. 43-45; Alan Cowell, «Scottish panel challenges Lockerbie conviction», en New York Times, 29 de junio de 2007; Gareth Peirce, «The framing of al-Megrahi», en London Review of Books, 24 de septiembre de 2009, pp. 3-8. Christopher Andrew, The Defence of the Realm. The Authorized History of MI5, Londres, Allen Lane, 2009, pp. 746-748, sigue sosteniendo la vieja versión oficial. Sobre la preparación de la guerra del Golfo, Woodward, Los comandantes, pp. 249-471. Majid Khaduri y Edmund Ghareeb, War in the Gulf, 1990-91. The Irak-Kuwait Conflict and Its Implications, Nueva York, Oxford University Press, 1997; general H. Norman Schwarzkopf, Autobiografía, Barcelona, Plaza y Janés, 1993, passim; Bush y Scowcroft, A world transformed, pp. 450-492; Jeremy Salt, The Unmaking of the Middle East. A History of Western Disorder in Arab Lands, Berkeley, University of California Press, 2008, pp. 273-316; Patrick Tyler, A World of Trouble. The White House and the Middle East —from the Cold War to the War on Terror, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2009, pp. 352-401; Robert Lacey, Inside the Kingdom. Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the Struggle for Saudi Arabia, Nueva York, Viking, 2009; Thomas E. Ricks, Fiasco. The American military adventure in Irak, Nueva York, Penguin, 2006, pp. 4-28; Marion Farouk-Sluglett y Peter Sluglett, Irak Since 1958. From Revolution to Dictatorship, Londres, I.B. Tauris, 2001/2, pp. 270-290; Yevgeny Primakov, Russia and the Arabs. Behind the Scenes in the Middle East from the Cold War to the Present, Nueva York, Basic Books, 2009, pp. 314-320, y Russian Crossroads. Towards the New Millennium, New Haven, Yale University Press, 2004, pp. 42-71; Gema Martín Muñoz, Irak, Un fracaso de Occidente, 1920-2000, Barcelona, Tusquets, 2003, pp. 104-120; Chollet y Goldgeier, America Between the Wars, pp. 8-17. Sobre la conversación entre Saddam y la embajadora Glaspie, Lloyd G. Gardner, The Long Road to Baghdad. A History of U.S. Foreign Policy from the 1970s to the Present, Nueva York, The New Press, 2008, pp. 73-76 y <http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/ARTICLES/april.html>. Charles Glass, «Irak must go! A history of “regime change” in the Gulf», en London Review of Books, 3 de octubre de 2002, pp. 12-13; Stephen Zunes, La poudrière. La politique américaine au Moyen Orient et les racines du terrorisme, París, L’Aventurine-Parangon, 2002, pp. 105-277; Peter Galbraith, The End of Irak, Nueva York, Simon and Schuster, 2006; Greg Palast, Armed Madhouse, Nueva York, Penguin, 2006, pp. 138-139. Las resoluciones del Consejo de Seguridad se pueden consultar en su web (la 678, por ejemplo, en <www.fas.org/news/un/iraq/sres/sres0678.htm>). Las negociaciones entre Bush, Gorbachov y Saddam nos son hoy conocidas gracias a la desclasificación de un conjunto de materiales que incluyen los procedentes de archivos iraquíes, de los que puede verse un resumen en New York Times, 19 de enero de 2011. Max Boot, War Made New. Technology, Warfare, and the Course of History, 1500 to Today, Nueva York, Gotham Books, 2006, pp. 318-351; Fisk, The Great War, pp. 725-742. Quigley, The Ruses for War, pp. 299-310. Sobre los soldados enterrados vivos Patrick J. Sloyan, «What bodies?», que se puede consultar en <www.aliciapatterson.org/APF2003/Sloyan/Sloyan.html>, además de Salt, The Unmaking, pp. 304-308 y Fisk, The Great War, pp. 849-852. Sobre el asunto de las incubadoras, John R. MacArthur, El segundo frente. Censura y propaganda en la Guerra del Golfo, Madrid, Langre, 2002 [2003], pp. 53-82 y Normand Baillargeon, Curso de autodefensa intelectual, Barcelona, Crítica, 2007. Sobre la campaña propagandística en general, el volumen colectivo, Las mentiras de una guerra. Desinformación y censura en el conflicto del Golfo, Barcelona, Deriva Editorial, 1991. Las operaciones de la «guerra de las cien horas» y del alto el fuego se siguen de acuerdo con la detallada narración de Schwarzkopf, Autobiografía, pp. 590-642. Sobre la repetida manipulación de la causa de los kurdos por los Estados Unidos durante toda la guerra fría, Douglas Little, «The United States and the Kurds. A cold war story», en Journal of Cold War Studies, 12 (2010), n.º 4, pp. 63-98.

El balance más amplio de las destrucciones causadas por la guerra y de los daños de esa «distinta forma de guerra» que fueron las sanciones se encontrará en H.C. von Sponeck, A Different Kind of War. The UN Sanctions Regime in Iraq, Nueva York, Berghahn Book, 2006 (el autor era coordinador humanitario de las Naciones Unidas en Irak, con rango de subsecretario); Anthony Arnove, ed., Iraq under Siege. The Deadly Impact of Sanctions and War, Londres, Pluto Press, 2000 (los artículos de Robert Fisk en pp. 93-107; la documentación sobre las consecuencias en la nutrición y la salud en pp. 151-168, etc.); la tasa de mortalidad infantil era en 1997 de 122 por 1000, según los datos de las Naciones Unidas publicados en Recursos mundiales 2002, Washington, Instituto de Recursos Mundiales, [2002], p. 314; Rahul Mahajan, Full Spectrum Dominance, Nueva York, Seven Stories Press, 2002, pp. 100 y 90. Sobre el gran número de casos de cáncer provocados por el uso de bombas de uranio empobrecido, Fisk, Great war, pp. 895-915. Sobre los intentos conspirativos organizados por la CIA, John Prados, Safe for Democracy. The Secret Wars of the CIA, Chicago, Ivan R. Dee, 2006, pp. 597-605. Sobre la transición de la política norteamericana de contención de Saddam a la guerra preventiva, John Ehrenberg, J. Patrice McSherry, José Ramón Sánchez y Caroleen Matji Sayej, The Iraq Papers, Nueva York, Oxford University Press, 2010.

El final de la presidencia de Bush

Patterson, El gigante inquieto, pp. 326-343; Oliver «Buck» Revell, A G-man’s Journal, Nueva York, Pocket Books, 1998, pp. 373-390; Parmet, George Bush, pp. 507-508. Sobre las negociaciones acerca de Palestina y la conferencia de Madrid, Avi Shlaim, Israel and Palestine, Londres, Verso, 2009, pp. 152-167. Sobre Somalia, Martin Meredith, The State of Africa. A History of Fifty Years of Independence, Londres, Free Press, 2006/2, passim; Mark Huband, África después de la guerra fría. La promesa rota de un continente, Barcelona, Paidós, 2004, pp. 367-403; Chollett and Goldgeier, America Between the Wars, pp. 53-55 y 72-84; Prados, Safe for Democracy, pp. 585-591.

Bill Clinton

Michael Takiff, A Complicated Man. The Life of Bill Clinton as Told by Those Who Know Him, Nueva Haven, Yale University Press, 2010, no es propiamente una biografía, sino una compilación de citas y noticias, pero resulta ser, en última instancia, la mejor fuente sobre la presidencia. Sidney Blumenthal, The Clinton Wars, Nueva York, Farrar, Strauss and Giroux, 2003 es de un interés limitado; aunque Blumenthal fue «asistente y consejero» de Clinton, apenas se refiere a los aspectos internacionales, y en alguna ocasión en que lo hace, como en su referencia, en las pp. 776-780, a las últimas negociaciones con Arafat, el resultado es lamentable. De menos utilidad aún es el libro de Taylor Branch, Las grabaciones de Bill Clinton. Diario confidencial del presidente, 1993-2001, Barcelona, RBA, 2010, que no contiene las grabaciones, que Clinton se reserva para su publicación, sino que se limita a los recuerdos dispersos de Branch —autor de una memorable trilogía sobre Martin Luther King— sobre sus conversaciones con el presidente. En cuanto al subtítulo de la edición española, «Diario confidencial del presidente», es sencillamente un fraude. Schlesinger, White House Ghosts, pp. 402-455. Sobre las causas del superávit en el presupuesto, Dean Baker, «The only real solution for budget deficits: growth», en The Guardian, 10 de mayo de 2011. Jeff Faux, The Global Class War, Hoboken, John Wiley and Sons, 2006, de especial interés para lo que se refiere al NAFTA (la afirmación de Baker en «Why do “free traders” never talk about free trade when the losers are likely to be people like them?», en CEPR, 19 febrero 2011). Sobre la gestión del «efecto tequila», además de Greenspan, Age of Turbulence, pp. 156-174, Chollett y Goldgeier, America Between the Wars, pp. 163-169. Bob Woodward, The Choice, Nueva York, Simon and Schuster, 1996 (sobre las elecciones de 1996); Patterson, El gigante inquieto, pp. 427-535; Newt Gingrich, Contract with America, Nueva York, Times Books, 1994; Godfrey Hodgson, More Equal than Others. America from Nixon to the New Century, Princeton, Princeton University Press, 2004, pp. 22-28; Perry Anderson, «Our man», en London Review of Books, 10 de mayo de 2007, pp. 9-12; Paul Krugman, «Lessons of 1992», en New York Times, 28 de enero de 2008. Sobre las campañas de persecución contra Clinton, John B. Thompson, El escándalo político, Barcelona, Paidós, 2001, pp. 206-218 y 260-270.

La política internacional

Chollett y Goldgeier, America Between the Wars, analizan ampliamente la política exterior de Clinton (por ejemplo, pp. 157-163 sobre NAFTA; pp. 179-206 sobre «Desert Fox»); Thomas Blood, Madam Secretary: a Biography of Madeleine Albright, Nueva York, St. Martin’s Press, 1997, pp. 135 y 162-163; Michael Dobbs, Madeleine Albright, Barcelona, Península, 2002, pp. 368-383, sobre sus enfrentamientos con Boutros-Ghali y con Powell (sobre sus ideas militares, Bacevich, Washington Rules). Sobre el enfrentamiento con los militares por los acuerdos de Dayton, Takiff, A Complicated Man, pp. 271-276. George C. Herring, From Colony to Superpower, Nueva York, Oxford University Press, 2008, pp. 925-938. Sobre la operación «Desert Fox», Ricks, Fiasco, pp. 18-22; Von Sponeck, A Different Kind of War, pp. 191-204 y la información oficial militar que se puede encontrar en <www.defenselink.mil/specials/desert_fox>. Contra lo que podría hacer pensar su título, el libro de Blumentahl, The Clinton Wars, apenas hace referencia a las acciones bélicas y a la política internacional, sino que se concentra en las luchas internas a que hubo de hacer frente.

La destrucción de Yugoslavia

La cita inicial, de Peter Maas, Love Thy Neighbor. A Story of War, Nueva York, Vintage Books, 1997, p. 273. Misha Glenny, Balkans. Nationalism, War and the Great Powers, 1804-1990, Londres, Granta, 1999; John R. Lampe, Yugoslavia as History, Cambridge, Cambridge University Press, 2000/2, pp. 332-415; David Owen, Balkan Odissey, Londres, V. Gollancz, 1995; Rupert Smith, The Utility of Force. The Art of War in the Modern World, Londres, Penguin, 2006, pp. 332-370 (Smith fue jefe de la UNPROFOR en Bosnia y nos da interesantes detalles acerca de la caótica actuación de las fuerzas internacionales); Robert Bideleux y Ian Jeffries, The Balkans. A Post-Communist History, Londres, Routledge, 2007 (que ha sido de especial utilidad para todo lo que se refiere a las campañas de Kosovo, pp. 512-580); Prados, Safe for Democracy, pp. 606-617; Norman N. Naimark y Holly Case, eds., Yugoslavia and Its Historians. Understanding The Balkan Wars of the 1990s, Stanford, Stanford University Press, 2003 (en especial John A. Fine, «Heretical thoughts about the postcommunist transition», pp. 179-192); Sabrina Petra Ramet, Balkan Babel. The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the War for Kosovo, Boulder, Eastview Press, 1999/3; Jean-Arnault Dérens, Balkans: la crise, París, Gallimard, 2000; Aviel Rosjwald, The Endurance of Nationalism, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 126-134; James Ron, Frontiers and Ghettos. State Violence in Serbia and Israel, Berkeley, University of California Press, 2003; Warren I. Cohen, America’s Failing Empire. U.S. Foreign Relations since the Cold War, Oxford, Blackwell, 2005, pp. 66-70. Sobre Srebrenica y la CIA, Weiner, Legacy of Ashes, pp. 456-457. Sobre Croacia, Marcus Tanner, Croatia. A Nation Forged in War, New Haven, Yale University Press, 2001; Ivo Goldstein, Croatia. A History, Londres, Hurst and Company, 1999; con referencia a la Iglesia católica y su apoyo a políticos croatas culpables de crímenes de guerra bajo la protección nazi, Norman J.W. Goda, «The Ustaša: murder and spionage», en Richard Breitman et al., U.S. intelligence and the nazis, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 203-226. Sobre Bosnia, Steven L. Burg y Paul S. Shoup, The War in Bosnia-Herzegovina. Ethnic Conflict and International Intervention, Armong, Sharpe, 1999; R.Garrabou et al., El genocidio bosnio. Documentos para un análisis, Madrid, Los libros de la Catarata, 1996. En la web de las Naciones Unidas <www.un.org> se puede encontrar una detallada información acerca de la actuación de la UNPROFOR; en la de la OTAN, <www.nato.int>, acerca de sus sucesoras, la SFOR y, desde diciembre de 2004, la EUFOR. Sobre el complejo tema de los bombardeos —las campañas «Deny flight» y «Deliberate force», Michael O. Beale, Bombs over Bosnia: the Role of Airpower in Bosnia-Herzegovina, una tesis presentada en 1996 en la Air University, que puede consultarse en la web de Federation of American Scientists, <www.fas.org>. El texto completo de los acuerdos de Dayton, con la nueva Constitución, puede consultarse en la web del alto representante, <www.ohr.int/dpa>. Samantha Power, «A Problem from Hell». America and the Age of Genocide, Londres, Flamingo, 2003 (pp. 391-441 sobre Srebrenica; 443-473, sobre Kosovo). Sobre la actuación de la MPRI en Croacia y Bosnia, Tony Geraghty, Guns for Hire. The Inside Story of Freelance Soldiering, Londres, Portrait, 2007, pp. 172-178. Sobre Kosovo, Giovanni Scotto y Emanuele Arielli, La guerra del Kosovo, Roma, Editori Riuniti, 1999; Noam Chomsky, The New Military Humanism. Lessons from Kossovo, Londres, Pluto Press, 1999 y «Kosovo, con perspectiva», en Una nueva generación dicta las reglas, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 105-161. Chollett y Goldgeier, America Between the Wars, pp. 211-226; Michel Ignatieff, Guerra virtual. Más allá de Kosovo, Barcelona, Paidós, 2003 (cita de pp. 86-89); John Pilger, The New Rulers of the World, Londres, verso, 2002, pp. 142-146; Smith, The Utility of Force, pp. 332-370. En la web de la OTAN se puede encontrar amplia información acerca de la KFOR <www.nato.int/kfor> y de su actuación en Kosovo. El texto del acuerdo de Rambouillet en la web del departamento norteamericano de Estado <www.state.gov>. Diana Johnstone, «Independencia en el mundo feliz global: la colonia de la OTAN en Kosovo», en Sinpermiso, 24 de febrero de 2008; Charles Simic, «The troubled birth of Kosovo», en New York Review of Books, 3 de abril de 2008, pp. 4-6.

La invención de la «guerra contra el terror»

Sobre la ilusión del fin de todas las guerras, Barbara Ehrenreich, Blood Rites. The Origins and History of the Passions of War, Londres, Granta, 2011, pp. 225-226. Samuel Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Barcelona, Paidós, 1997. La cita de Eugene Rogan procede de la introducción de Los árabes. Del Imperio otomano a la actualidad, Barcelona, Crítica, 2010 (sobre el islamismo, pp. 619-682; sobre Qutb, en concreto, pp. 623-630); Barry Wingard, «The war on terror: Beyond the military», en Truthout, 7 de agosto de 2010 (el columnista conservador aludido es Ross Douthat, «The devil we know», en New York Times, 30 de enero de 2011). Sobre los orígenes intelectuales del islamismo, Robert Irwin, For Lust of Knowing. The Orientalists and their Enemies, Londres, Allen Lane, 2006, pp. 310-330, y sobre la construcción del enemigo islámico en Occidente, Emran Qureshi y Michael A. Sells, eds., The New Crusades. Constructing the Muslim Enemy, Nueva York, Columbia University Press, 2003. Philippe Migaux, «Les racines de l’islamisme radical» y «Al Qaida», en Gérard Chaliand y Arnaud Blin, eds., Histoire du terrorisme, París, Fayard, 2006, pp. 301-411. Gilles Kepel, La Yihad. Expansión y declive del islamismo, Barcelona, Círculo de Lectores, 2001, que analiza bien los orígenes sociales del islamismo moderno, pero sostiene la tesis, desmentida por los sucesos posteriores, de su declive; Reinhard Schulze, A Modern History of the Islamic World, Nueva York, New York University Press, 2000, pp. 194-246. Sobre la Hermandad Musulmana, Sayyid Qutb, Milestones, Nueva Delhi, Islamic Book Service, 2007 (una interpretación de las ideas de Qutb en Mary Habeck, Knowing the Enemy. Jihadist Ideology and the War on Terror, New Haven, Yale University Press, 2006); Xavier Ternisien, Los Hermanos Musulmanes, Barcelona, Bellaterra, 2007. Las noticias actuales acerca de la Hermandad Musulmana pueden seguirse en su web: «The Muslim Brotherhoood (Ikhwan) official English website», <www.ikhwanweb.com>. Sobre la situación de Argelia, Martin Evans y John Phillips, Algeria. Anger of the dispossessed, New Haven, Yale University Press, 2007 y Lounis Aggoun y Jean-Baptiste Rivoire, Françalgérie, crimes et mensonges d’États. Histoire secrète de la guerre d’indépendance à la «troisième guerre» d’Algérie, París, La Découverte, 2005/2. Sobre el régimen islámico de Irán, Homa Katouzian, The Persians. Ancient, Medieval and Modern Iran, New Haven, Yale University Press, 2009, pp. 324-353. Una interpretación del islamismo en Kishore Mahbubani, The New Asian Hemisphere. The Irresistible Shift of Global Power to the East, Nueva York, Public Affairs, 2008, pp. 150-165. Steve Coll, Ghost Wars. The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001, Nueva York, Penguin, 2004, passim; Mike Davis, Buda’s Wagon. A Brief History of the Car Bomb, Londres, Verso, 2007, pp. 67-102. Timothy Naftali, Blind Spot. The Secret History of American Counterterrorism, Nueva York, Basic Books, 2005; Matthew Carr, The Infernal Machine. A History of Terrorism, Nueva York, The New Press, 2009, pp. 239-254; Peter R. Neumann, Old and New Terrorism. Late Modernity, Globalization and the Transformation of Political Violence, Cambridge, Polity, 2009; Giusto Catalina, Mondo bastardo. Globalizzatti e meticci: quale futuro stamo costruendo?, Palermo, Duepunti edizioni, 2009, pp. 61-130 («L’equazione tra terrorismo e Islam»). Primakov, Russia and the Arabs, passim; John L. Esposito, Guerras profanas. Terror en el nombre del islam, Barcelona, Paidós, 2003; Lacey, Inside the Kingdom; Scilla Elworthy y Gabrielle Rifkind, Making Terrorism History, Londres, Rider, 2006; Gabriel R. Warburg, «From sufism to fundamentalism: the Mahdiyya and the Wahhabiyya», en Middle Eastern Studies, 45 (2009), pp. 661-672; Philip Bobbitt, Terror and Consent. The Wars for the Twenty-first Century, New York, Knopf, 2008; Robin Wright, Dreams and Shadows. The Future of the Middle East, Nueva York, Penguin, 2008, pp. 98-113. Ahmed Rashid, Taliban. Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia, New Haven, Yale University Press, 2000 (pp. 131 y ss); John K. Colley, Unholy Wars. Afghanistan, America and International Terrorism, Londres, Pluto Press, 2001/2, pp. 185-221 y 225-229; Chalmers Johnson, Nemesis. The Last Days of the American Republic, Nueva York, Metropolitan Books, 2006, pp. 118-120. Sobre Osama bin Laden, Michael Scheuer, Osama bin Laden, Nueva York, Oxford University Press, 2011; Steve Coll, Los Bin Laden. Una familia árabe en un mundo sin fronteras, Barcelona, RBA, 2008, passim y la reseña de Fred Halliday, «One big unhappy family», en New York Review of Books, 12 de marzo de 2009, pp. 11-13; sobre su estancia en Sudán, Peter Lance, Triple Cross, Nueva York, Harper Collins, 2006, pp. 76 y ss., a lo que hay que añadir la gran cantidad de material publicado con motivo de su muerte, como la compilación «The Osama bin Laden file» en National Security Archive, electronic briefing book 343, 2 de mayo de 2011, o la del New York Times, en «Time topics», el 2 de mayo de 2011. Montasser al-Zayyat, El camino hacia al-Qaeda. La historia de Zawahiri, lugarteniente de bin Laden, Madrid, Editorial Popular, 2004; Matthew Carr, Unknown Soldiers. How Terrorism Transformed the Modern World, Londres, Profile Books, 2006. Lawrence Wright, The looming tower. Al-Qaeda and the road to 9/11, Nueva York, Alfred A. Knopf, 2006, pp. 72-81; John Trumpbour, «Epilogue» en V.G. Kiernan, America: The new empire, Londres, Verso, 2005, pp. 367-371; Max Boot, War made new, Nueva York, Gotham Books, 2006, pp. 355-359. Sobre el atentado del World Trade Center en 1993, pp. 110-119. Quigley, The Ruses from war, pp. 329-334. Weiner, Legacy of Ashes, pp. 468-476. Eric Schmitt y Mark Mazzetti, «Secret order lets U.S. raid al Qaeda in many countries», en New York Times, 10 de noviembre de 2008; Paul Rogers, «Al-Qaida’s business jihad», en OpenDemocracy, 12 de agosto de 2010.

Clinton y la cuestión de Palestina

Una amplia información sobre las negociaciones entre israelíes y palestinos se encontrará, además de en el ya citado libro de Avi Shlaim, Israel and Palestine, pp. 285-317, en Mark Tessler, A History of the Israeli-Palestinian Conflict, Bloomington, Indiana University Press, 2009/2, pp. 755-847, en Tyler, A World of Trouble, pp. 402-540; Neill Lochery, Loaded Dice. The Foreign Office and Israel, Londres, Continuum, 2007, pp. 197-226; Miguel Ángel Bastenier, La guerra de siempre. Pasado, presente y futuro del conflicto árabe-israelí, Barcelona, Península, 1999; Edward W. Said, The End of the Peace Process. Oslo and after, Londres, Granta, 2000; Amnon Kapeliouk, Arafat l’irréductible, París, Fayard, 2004; Salt, The Unmaking of the Middle East, pp. 340-358; Beverley Milton-Edwards y Stephen Farrell, Hamas. The Islamic Resistance Movement, Cambridge, Polity, 2010, pp. 52-74 y 85-109. Sobre la intifada, Kepel, La Yihad, pp. 237-248. Tanya Reinhert, Détruire la Palestine y L’héritage de Sharon, París, La Fabrique, 2002 y 2006 respectivamente; Neill Lochery, «The politics and economics of Israeli disengagement, 1994-2006», en Middle Eastern Studies, 43 (2007); n.º 1, pp. 1-19, y «The Death of the PLO», en Middle Eastern Studies, 45 (2009), n.º 2, pp. 243-261; Reporters sans frontières, Israël, Palestine. Le livre noir, París, La Découverte, 2002 (en pp. 113-125, el informe de Human Rights Watch sobre la masacre de Jenín). Una visión crítica de la actitud de Arafat en Primakov, Russia and the Arabs, pp. 248-252; Bill Clinton, «Finish Rabin’s work», en New York Times, 3 de noviembre de 2010, muestra la limitada perspectiva del presidente norteamericano. La cita de Ilan Pappé, de The Forgotten Palestinians, New Haven, Yale University Press, 2011, pp. 184-185.

La nueva Rusia

Moshe Lewin, El siglo soviético. ¿Qué sucedió realmente en la Unión Soviética?, Barcelona, Crítica, 2006; Primakov, Russian Crossroads, pp. 203-313; Rafael Poch-de-Feliu, La gran transición. Rusia, 1985-2002, Barcelona, Crítica, 2003; Roy Medvedev, Post-Soviet Russia. A Journey to the Yeltsin Era, Nueva York, Columbia University Press, 2000 (una excelente descripción de la crisis politica de 1993 en pp. 96-135; sobre la crisis demográfica y la alcoholización de la población rusa, pp. 161-168, en un texto de Zhores Medvedev; sobre las elecciones de 1995, pp. 203-226; una caracterización de Zyuganov en pp. 227-263); Peter Reddaway y Dmitri Glinski, The Tragedy of Russia’s Reforms. Market Bolshevism against Democracy, Washington, United States Institute of Peace Press, 2001 (sobre las elecciones de 1996, pp. 512-516; hago una cita literal de p. 473); Timothy J. Colton, Yeltsin. A Life, Nueva York, Basic Books, 2008 (un minucioso análisis de la campaña electoral de 1996, en pp. 347-373); Michel Gurfinkel y Vladimir Fedorovski, Le Retour de la Russie, París, Odile Jacob, 2001. Los resultados de las reformas económicas en los diversos sectores pueden verse en Serguei A. Batchikov, S. I. Glasev y S. G. Kara-Murza, El libro blanco de Rusia. Las reformas neoliberales, 1991-2004, Barcelona, El Viejo Topo, 2007. George Sokoloff, Métamorphose de la Russie, 1984-2004, París, Fayard, 2003; Dale R. Herspring, The Kremlin and the High Command. Presidential Impact on the Russian Military from Gorbachev to Putin, Lawrence, University Press of Kansas, 2006; Lilly Marcou, Les héritiers, París, Pygmalion, 2004; Boris Kagarlitsky, Russia under Yeltsin and Putin. Neo-liberal Autocracy, Londres, Pluto Press, 2002; Boris Yeltsin, Los diarios del presidente, Barcelona, Plaza y Janés, 1995; Carlos Taibo, La explosión soviética, Madrid, Espasa, 2000; Paul Klebnikov, Godfather of the Kremlin, Nueva York, Harcourt, 2000, presta especial atención a la carrera de Berezovski; sobre los negocios de Jodorkovsky, Thomas Seifert y Klaus Werner, El libro negro del petróleo, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2008, pp. 130-136 y Keith Gessen, «Cell block four», en London Review of Books, 25 de febrero de 2010, pp. 3-7; la versión del interesado puede verse en la web <www. khodorkovsycenter.com>. Cuando Gaidar murió, en 2009, a los 53 años de edad, la Duma se negó a que se hiciera un minuto de silencio en su honor, considerándolo un hombre al servicio de intereses foráneos, que abrió las puertas a todos los males de Rusia. Martín de la Guardia y G.A. Pérez Sánchez, La Unión Soviética: De la Perestroika a la desintegración, Madrid, Istmo, 1995. Lilia Shevtsova, Putin’s Russia, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2003; Peter Truscott, Putin’s Progress, Londres, Simon and Schuster, 2004; Michael Stuermer, Putin and the Rise of Russia, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 2008; Vladimir Popov, «Russia redux?», en New Left Review, 44 (2207), pp. 37-52 y Tony Wood, «Contours of the Putin era. A response to Vladimir Popov», en ibid., pp. 53-68. Andrew E.Kramer, «Empires built on debt start to crumble», en New York Times, 18 de octubre de 2008. Sobre las guerras de Chechenia, Carlota Gall y Thomas de Waal, Chechnya. A Small Victorious War, Londres, Pan Books, 1997; Anne Nivat, El laberinto checheno. Diario de una corresponsal de guerra, Barcelona, Paidós, 2003; F. Serra, ed., Chechenia. Rompamos el silencio, Barcelona, Icaria, 2008; Colton, Yeltsin, pp. 285-292. Una visión global de los antecedentes en Alexandre Grigoriantz, Les caucasiens. Aux origines d’une guerre sans fin, Gollion, Infolio, 2006. Henry E. Hale y Timothy J. Colton, Russians and the Putin-Medvedev «Tandemocracy». A Survey-Based Portrait of the 2007-08 Election Season, Seattle, NCEEER-University of Washington, 2009; Ilan Berman, «Inscrutable Russian “Tandemocracy”», en Washington Times, 15 de octubre de 2010.

Las crisis económicas de fin de siglo

La cita inicial de Charles P. Kindleberger y Robert Z. Alibert, Manias, Panics and Crashes. A History of Financial Crises, quinta edición, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2005, cita de p. 1 (la que se refiere al FMI, de p. 255). Joseph E. Stiglitz, Los felices 90. La semilla de la destrucción, Madrid, Suma de Letras, 2005, pp. 348-366; Greenspan, The Age of Turbulence, pp. 156-205 (una dura crítica de la política económica de Greenspan, en Paul Krugman, El gran engaño, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 75-100); Paul Krugman, Después de Bush, Barcelona, Crítica, 2008; Robert Brenner, The Economics of Global Turbulence, Londres, Verso, 2006, pp. 99-142; Robert Skidelsky, «The world finance crisis and the American mission», en New York Review of Books, 16 de julio de 2009, pp. 31-33; Michael Lewis, Panic. The Story of Modern Financial Insanity, Nueva York, W.W. Norton and Co., 2009; Andrew Glyn, Capitalism Unleashed. Finance, Globalization, and Welfare, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 50-76. David Harvey, A Brief History on Neoliberalism, Nueva York, Oxford University Press, 2005; Susan Strange, Dinero loco. El descontrol del sistema financiero global, Barcelona, Paidós, 1999 (sobre la crisis mexicana de 1994 y su contagio, pp. 121-134). Jeffrey A. Frieden, Capitalismo global. El trasfondo económico de la historia del siglo XX, Barcelona, Crítica,2007, pp. 497-503. Roger Lowenstein, «Long-term Capital: It’s a short term memory», en New York Times, 7 de septiembre de 2008. John Roberts, $ 1000 Billion a Day. Inside the Foreign Exchange Markets, Londres, Harper Collins, 1995. Robert Bryce, Pipe Dreams. Greed, Ego and the Death of Enron, Nueva York, Public Affairs, 2002, se ocupa en especial del caso Enron; Roger Alcaly, The New Economy, Nueva York, Farrar, Strauss and Giroux, 2003, pp. 209-234, sobre fusiones, OPAs y junk bonds; Raymond W. Barker, Capitalism’s Achilles Heel, Hoboke, John Wiley, 2005, sobre dinero negro, etc. Robert Scheer, «Bill Clinton’s legacy of denial», en Truthout, 22 de junio de 2011.

CAPÍTULO 16: EL NUEVO IMPERIO NORTEAMERICANO

Paul Krugman, The Conscience of a Liberal, Nueva York, Norton, 2007. Sobre el Tribunal Supremo, Jeffrey Toobin, The Nine. Inside the Secret World of the Supreme Court, Nueva York, Doubleday, 2007; Charles Savage, Takeover. The Return of the Imperial Presidency and the Subversion of American Democracy, Nueva York, Little, Brown, and Company, 2007, pp. 250-278; Anthony Lewis, «The Court: How “So few have so quickly changed so much”», en New York Review of Books, 20 de diciembre de 2007 y Erwin Chemerinsky, «The Supreme Court closes the door to justice», en Los Angeles Times, 6 de julio de 2011. Las acusaciones de corrupción contra el juez Clarence Thomas por sus repetidos fallos, posiblemente remunerados, en favor de las grandes empresas, abundaron en el verano de 2011; véase también Taylor Branch, Las grabaciones de Bill Clinton, Barcelona, RBA, 2010, p.708. Esther Kaplan, With God on Their Side. How Christian Fundamentalists Trampled Science, Policy, and Democracy in George W. Bush’s White House, Nueva York, The New Press, 2004 (sobre la política antiabortista, pp. 129-147); Susan George, El pensamiento perseguido. Cómo la derecha laica y la religiosa se han apoderado de Estados Unidos, Barcelona, Icaria, 2007. Sobre el American Enterprise Institute como «vivero» de personal para Bush, Eric Laurent, El mundo secreto de Bush, Barcelona, Ediciones B, 2004, pp. 87-127, 129-149 (sobre Moon y el Washington Times), 151-173 (sobre el sionismo y la derecha cristiana). Sobre la Fundación Heritage, Luis González Sousa, México en la estrategia de Estados Unidos, México, Siglo XXI, 1993, pp. 154-161.

La descripción de la desigualdad procede sobre todo de Godfrey Hodgson, More Equal than Others. America from Nixon to the New Century, Princeton, Princeton University Press, 2004, passim (una cita literal, de p. 293); de Jacob S. Hacker y Paul Pierson, Winner-Take-All Politics. How Washington Made the Rich Richer— and Turned Its Back on the Middle Class, Nueva York, Simon and Schuster, 2010, y de otros trabajos, como los de Emmanuel Saez («Striking it richer: the evolution of top incomes in the United Status») o Branko Milanovic, The Haves and the Have-Nots. A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality, Nueva York, Basic Books, 2011. Las citas de The Economist proceden de «Breaking records», 12 de febrero de 2005, pp. 12-13 y de «Schumpeter: The bottom of the pyramid», 25 de junio de 2011, p.74. Jeff Madrick, «The power of the super-rich», un comentario sobre Kevin Phillips, Wealth and Democracy: a Political History of the American Rich, en New York Review of Books, 18 julio 2002, pp. 25-27; Robert Reich, «The great switch by the super rich», en Truthout, 18 de mayo de 2011. Sobre los paraísos fiscales, Nicholas Shaxson, Treasure Islands. Tax Havens and the Men Who Stole the World, Londres, The Bodley Head, 2011. «When it goes wrong», en The Economist, 22 de septiembre de 2007, pp. 76-78; Robert Reich, «Confessions of a class worrier», en <http://robertreich.org>, 10 de agosto de 2010. Kewin Drum, «Winners and losers from the great recession», en Mother Jones, 30 de junio de 2011; Lawrence Mishel y Heidi Shierholz, «The sad but true story of wages in America», en Economic Policy Institute, issue brief 297, 14 de marzo de 2011.

Sobre las condiciones sanitarias y el gasto correspondiente, Krugman, Conscience of a liberal, pp. 216-224; M. Sneyder, «25 facts that show that the U.S. health care industry is one giant money making scam», en Business Insider, 12 de abril de 2011; «50 U.S. health care statistics», en el blog de Real-world Economics Review, 29 de enero de 2011; Robert Pear, «Gap in life expectancy widens for the nation», en New York Times, 23 de marzo de 2008; Gardiner Harris, «Infant deaths drop in the U.S., but rate is still high», en New York Times, 16 de octubre de 2008; Kevin Sack, «Slump pushing cost of drugs out of reach», en New York Times, 3 de junio de 2009. Sobre los presos, Adam Liptak, «Inmate count in U.S. dwarfs other nations», en New York Times, 23 de abril de 2008; Lexington, «A nation of jailbirds», en The Economist, 4 de abril de 2009, p. 42. Sobre las excarcelaciones, Randal C. Archibald, «California, in financial crisis, opens prison doors», en New York Times, 23 de marzo de 2010.

El nuevo proyecto imperial

Lewis Lapham, Pretensions to Empire. Notes on the Criminal Folly of the Bush Administration, Nueva York, The New Press, 2006, pp. 1-25 («Tentacles of rage. The republican propaganda mill, a brief history») y 86-93; George Packer, The Assassins’ Gate. America in Iraq, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2005, pp. 8-38; Jeremy Salt, The Unmaking of the Middle East. A History of Western Disorder in Arab Lands, Berkeley, University of California Press, 2008, pp. 317-328; Antonia Juhasz, The Bush Agenda, Nueva York, ReganBooks, 2006, pp. 32-41; Lloyd G. Gardner, The Long Road to Baghdad. A History of U.S. Foreign Policy from the 1970s to the Present, Nueva York, The New Press, 2008, pp. 97-115; Robert D. Kaplan, Gruñidos imperiales. El imperialismo norteamericano sobre el terreno, Barcelona, Ediciones B, 2007; Karl E. Meyer y Shareen Blair Brysac, Kingmakers. The Invention of the Modern Middle East, Nueva York, Norton, 2008, pp. 381-409; Derek Chollett y James Goldgeier, America Between the Wars. From 11/9 to 9/11, Nueva York, Public Affairs, 2008, pp. 43-52 (sobre el cambio de política que implicaba el Defense Planning Guidance); «The making of Cheney regional defense strategy, 1991-1992», en National Security Archive, 29 de febrero de 2008; Slavoj Zizek, «Paranoid reflections», London Review of Books, 3 abril 2003, p. 8. Andreas Huygens, «Degeneration gap», en London Review of Books, 7 de octubre de 2004, pp. 31-33; William Pfaff, «Manifest destiny: a new direction for America», en New York Review of Books, 15 de febrero de 2007, pp. 54-59. Aviel Roshwald, The Endurance of Nationalism, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 199-205. Los textos originales de la mayor parte de estos documentos pueden consultarse en la red (por ejemplo <www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf>). Sobre el documento «Un corte limpio», Laurent, Mundo secreto de Bush, pp.183-185; el texto puede consultarse en <www.iasps.org/strat1.htm>. Sobre el lobby israelí en los Estados Unidos, John J. Mearsheimer y Stephen M. Walt, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, Londres, Allen Lane, 2007; en el origen el tema fue planteado por los autores en un artículo, «The Israel lobby», publicado en la London Review of Books el 23 de marzo de 2006, pp. 3-12, que suscitó una serie de irritadas respuestas pro-judías en la misma revista (por ejemplo, 20 de abril de 2006, pp. 4-6). El libro ha dado también lugar a toda una serie de réplicas en los Estados Unidos. Una revisión actualizada del tema, Peter Beinart, «The failure of the American Jewish establishment», en New York Review of Books, 10 de junio de 2010. Sobre el sionismo cristiano, Dan Cohn-Sherbock, The Politics of Apocalypse: The History and Influence of Christian Zionism, Oxford, Oneworld Publications, 2006, pp. 161-184; David D. Kirkpatrick, «For Evangelicals, supporting Israel is “God’s foreign policy”», en New York Times, 14 de noviembre de 2006. La proclamación del Tercer Congreso Sionista Cristiano Internacional, celebrado en Jerusalén en 1996, puede verse en <http://christianactionforisrael.org/congress.html>. Bush padre y Bush hijo diferían en cuanto a la política sobre Israel (Sheryl Gay Stolberg, «The president’s Bush embrace of Israel shows gap with father», en New York Times, 2 de agosto de 2006); el diálogo entre padre e hijo, «de acuerdo con amigos de la familia», procede de Andrew Cockburn, Rumsfeld. His Rise, Fall, and Catastrophic Legacy, Nueva York, Scribner, 2007, p. 219. La petición de Bush a Chirac en James A. Haught, «A French revelation, or the burning Bush», en Council for Secular Humanism, 6 de agosto de 2009.

La presidencia de G.W. Bush

Sobre la elección de Bush, Sidney Blumenthal, The Clinton Wars, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2003, pp. 700-772 («The stolen succession»). Los aspectos oscuros de su vida —conversión, servicio militar, negocios, etc.— en Russ Baker, Family of Secrets. The Bush Dinasty, the Powerful Forces that Put It in the White House, and What Their Influence Means for America, Nueva York, Bloomsbury Press, 2009, pp. 390-422. Sobre la formación de su equipo de gobierno, James Mann, Los Vulcanos. El gabinete de guerra de Bush, Granada, Almed, 2007, pp. 339-357 (acerca de las frustradas negociaciones con Corea del Norte, pp. 359-364); Donald Rumsfeld, Known and Unknown. A Memoir, Nueva York, Sentinel, 2011, pp. 290-304; Warren I. Cohen, America’s Failing Empire. U.S. Foreign Relations since the Cold War, Oxford, Blackwell, 2005, pp. 123-142; Cockburn, Rumsfeld, pp. 101-107; sobre sus enfrentamientos con los militares, Dale R. Herspring, Rumsfeld’s Wars, Lawrence, University Press of Kansas, 2008, passim; las opiniones del general Shelton en Foreign Policy, 4 de julio de 2011. Maurizio Molinari, George W. Bush e la missione americana, Roma, Laterza, 2004, pp. 70-99. Laurent, Mundo secreto de Bush, pp. 71-86. Sobre David Addington, Jane Nayer, «The hidden power. The legal mind behind the White House’s war on terror», en The New Yorker, 3 de julio de 2006. Sobre el uso de la tortura, el documento del «Office of legal counsel» del Departamento de Justicia, de 10 de mayo de 2005, en que se describen los métodos aprobados para su utilización sobre presos especiales (reproducido en Huffington Post, 16 de abril de 2009); el «ICRC report on the treatment of fourteen “high value detainees” on CIA custody», de febrero de 2007 (reproducido en <www.nybooks.com>) y el comentario de Mark Danner, «The Red Cross torture report: what it means», en New York Review of Books, 30 de abril de 2009, pp. 48-56. Sobre el grupo de asesinos dependiente de Cheney, Sam Stein «Was the CIA hiding Cheney’s “executive assassination ring”?», en Huffington Post, 9 de julio de 2009. Sobre Cheney y la reconstrucción de la presidencia imperial, Savage, Takeover, passim; John Nichols, Dick, the Man Who is President, Nueva York, The New Press, 2004; John Didion, «Cheney: The fatal touch», en New York Review of Books, 5 de octubre de 2006, pp. 51-56; Gardner, Long Road to Baghdad, pp. 119-124; «White House of mirrors», editorial del New York Times en 24 de julio de 2007; sobre la imputación a Libby, Neil S. Lewis, «Libby defense portrays client as a scapegoat», en New York Times, 24 de enero de 2007. Norman Birnbaum, «The Cold war and the War on terror» en Archipelago, marzo de 2006; Steven Coll, Ghost Wars, Nueva York, Penguin, 2004, p. 562. Ronald Dworkin, «Terror and the attack on civil liberties», en New York Review of Books, 6 noviembre 2003, pp. 37-41. Sobre la alianza con la derecha Cristiana, Paul Krugman, The Conscience of a Liberal, Nueva York, Norton, 2007, pp. 190-192; Garry Wills, «A country ruled by faith», en New York Review of Books, 16 de noviembre de 2006, pp. 8-12; «A tale of two faces», en The Economist, 25 de octubre de 2003, p. 50; John Didion, «Mr Bush and the Divine», en New York Review of Books, 6 de noviembre de 2003, pp. 81-86.

Los atentados del 11 de septiembre

National Security Archive, The September 11th source books, siete compilaciones de documentos, la séptima de las cuales, «The Taliban file», está dividida en cuatro partes y una actualización; en especial, «I: Terrorism and U.S. Policy», 21 de septiembre de 2001, y II: «Afghanistan: Lessons from the last war», 9 de octubre de 2001. Una detallada reconstrucción de los antecedentes y la preparación del atentado en James Bamford, The Shadow Factory. The Ultra-secret NSA From 9/11 to the Eavesdropping on America, Nueva York, Doubleday, 2008. Anthony Shaffer, Operation Dark Heart. Spycraft and Special Ops on the Frontlines of Afghanistan— and the Path to Victory, Nueva York, St. Martin’s Press, 2010, pp. 164-179. Sobre los avisos de la CIA a Bush, Ron Suskind, La doctrina del uno por ciento. La historia secreta de la lucha contra al Qaeda, Barcelona, Península, 2006, pp. 11-12; Ahmed Rashid, Descent to Chaos. The United States and the Failure of Nation Building in Pakistan, Afghanistan, and Central Asia, Nueva York, Viking, 2008, pp. 56-60 y Michael Takiff, A Complicated Man, New Haven, Yale University Press, 2010, p. 367. Además, Barbara Elias, «Bush administration first memo on al-Qaeda declassified», 10 de febrero de 2005; Mark Mazzetti, «C.I.A. lays out errors it made before Sept. 11» en New York Times, 22 de agosto de 2007. Jacob Heilbrunn, «The lies they told» (reseña del libro de John Farmer, The Ground Truth) en New York Times, 15 de noviembre de 2009. Sobre la deliberada ignorancia de la responsabilidad de los saudíes, Bob Graham, Intelligence Matters. The CIA, the FBI, Saudi Arabia, and the Failure of America’s War on Terror, Lawrence, University Press of Kansas, 2008/2. Cheney había participado años antes en los entrenamientos en que se preparaba a algunos funcionarios para reemplazar al presidente y a otros miembros del gobierno en el caso de que los soviéticos atacasen Washington (Cockburn, Rumsfeld, pp. 85-88). Lapham, Pretensions to Empire, pp. 117-119 y 129-138; Max Boot, War Made New, Nueva York, Gotham Books, 2006, pp. 359-360. Noam Chomsky, 9-11, Nueva York, Seven Stories Press, 2001; Howard Zinn, History Matters. Conversations on History and Politics with David Barsamian, New York, Harper, 2006, p. 62. Sobre la limitación de las libertades, David Lyon, Surveillance after September 11, Cambridge, Polity, 2003; Ronald Dworkin, «Terror and the attack on civil liberties», en New York Review of Books, 6 de noviembre de 2003, pp. 37-41; sobre los abusos de poder en materias de trato de los prisioneros y tortura, Committee on armed services. United States Senate, Inquiry into the Treatment of Detainees in U.S. Custody, 20 de noviembre de 2008; Chalmers Johnson, Nemesis. The Last Days of the American Republic, Nueva York, Metropolitan Books, 2006, pp. 120-135; Jack Goldsmith, The Terror Presidency. Law and Judgement Inside the Bush Administration, Nueva York, Norton, 2007, passim (y la reseña de David Cole, «The man behind the torture», en New York Review of Books, 6 de diciembre de 2007); Alan Brinkley, «Dark sites», en New York Times, 3 de agosto de 2008; Jeffrey Rosen «The dissenter», en New York Times, 23 de septiembre de 2007; Scott Shane, David Johnston y James Risen, «Secret U.S. endorsement of severe interrogations», en New York Times, 4 de octubre de 2007 (en diciembre de 2007 se supo que la CIA había destruido en 2005 grabaciones de interrogatorios de terroristas que se habían ocultado a quienes investigaban la conducta de la agencia); «Abu Ghraib swept under the carpet», editorial del New York Times, 30 de agosto de 2007. Andrew J. Bacevich, American empire. The realities and consequences of U.S. diplomacy, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2002, p. 229; Thom Hartmann, «Hyping terror for fun, profit— and power», en CommonDreams.org, 7 de diciembre de 2004. Sobre la legitimación de la tortura, Marnia Lazreg, Torture and the Twilight of Empire. From Algiers to Baghdad, Princeton, Princeton University Press, 2008, pp. 260-269; Mark Danner, «Tales from torture’s dark world», en New York Times, 15 de marzo de 2009. Rumsfeld, Known and Unknown, pp. 545-609, se dedica a una larga justificación de la política represiva de Bush y a observar que, cuando llegó al poder, Obama dejó las cosas prácticamente igual, puesto que «hacer política es muy distinto que hacer discursos».

La «guerra contra el terror»

Para los antecedentes de la acción de Afganistán, Steven Coll, Ghost Wars. The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001, Nueva York, Penguin, 2004. Jeffrery Kaye, «Report: Intelligence unit told before 9/11 to stop tracking Bin Laden», en Truthout, 29 de mayo de 2011. Sobre la guerra, Rumsfeld, Known and Unknown, pp. 367-409. Una descripción épica de la primera operación contra los talibanes en Doug Stanton, Soldados a caballo. Una extraordinaria historia de guerra del siglo XXI, Barcelona, Crítica, 2010; desmitificada por Anthony Shaffer, Operation Dark Heart, Nueva York, Thomas Dunn Books, 2010, p. 277. Ahmed Rashid, Taliban. Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia, New Haven, Yale University Press, 2000 y Descent to Chaos, pp. 3-106 es quien nos ofrece un relato más detallado de las largas negociaciones que acabaron llevando al poder a Karzai, de quien Rashid hacía, en aquellos momentos, una valorarión positiva. James Fergusson, Taliban. The True Story of the World’s Most Feared Guerrilla Fighters, Londres, Bantam Press, 2010. Antonio Giustozzi, ed., Decoding the New Taliban. Insights from the Afghan Field, Londres, Hurst & Company, 2009; Alex Strick van Linschoten y Felix Kuehn, Separating the Taliban from al-Qaeda: the core of success in Afghanistan, Nueva York, Center on International Cooperation, New York University, 2010; sobre la oferta de juzgar a bin Laden, Gareth Porter, «U.S. refusal of 2001 taliban offer gave bin Laden a free pass», en Inter Press Service, 9 de mayo de 2011. Además, Herspring, Rumsfeld’s Wars, pp. 77-88; Tariq Ali, «Afghanistan: mirage of the good war», en New Left Review, 50 (marzo-abril de 2008), pp. 5-22 y Pakistán en el punto de mira de los Estados Unidos. El duelo, Madrid, Alianza Editorial, 2008, pp. 271-309. Sobre la masacre protagonizada por Massud, «The truth about Dasht-i-Leili», editorial del New York Times, 14 de agosto de 2009. Las ideas militares de Rumsfeld, después de su supuesta victoria en Afganistán, en su artículo, «Transforming the military», en Foreign Affairs, 81 (2002), n.º 3, pp. 20-32; el reconocimiento del error posterior, James Dao, «Army history finds early missteps in Afghanistan», en New York Times, 31 de diciembre de 2009. Zinn, History Matters, pp. 47-48 y 63-64; Bob Woodward, Bush en guerra, Barcelona, Península, 2003, pp. 124, 164, passim; Boot, War Made New, pp. 360-384; Mann, Los Vulcanos, pp. 389-402. La definición de la guerra es de Martin Walker, «Close to sources», en Times Literary Supplement, 17 de enero de 2003, p.6, en que muestra las serias limitaciones del libro de Woodward citado más arriba; John K. Cooley, Guerras profanas. Afganistán, Estados Unidos y el terrorismo internacional, Madrid, Siglo XXI, 2002. Michael Byers, «The laws of war, US-style», en London Review of Books, 20 de febrero de 2003, p. 9. Descripciones de la situación del país tras la guerra en Marc W. Herold, Afganistán como un espacio vacío. El perfecto estado neocolonial del siglo XXI, Madrid, Foca, 2007 (cita de la p. 84); «The emir of the west», «Cash with strings» y «Not a dress rehearsal», los tres en The Economist, 19 de julio (p. 45), 2 de agosto (p. 52) y 16 de agosto de 2003 (pp. 41-43) respectivamente. Ralph Lopez, «The truth behind Afghan insurgency», en Boston Globe, 17 de agosto de 2009; Carlotta Gall «Opium harvest at record level in Afghanistan», en New York Times, 3 de septiembre de 2006; David Rohde, «Taliban raise poppy production to a record again», en New York Times, 26 de agosto de 2007, etc.

La invención de la guerra de Irak

John Ehrenberg, J. Patrice McSherry, José Ramón Sánchez y Caroleen Matji Sayej, The Iraq Papers, Nueva York, Oxford University Press, 2010, es una fuente fundamental para todo el proceso de guerra y posguerra. Así como los documentos publicados por John Prados y Christopher Ames en «The Iraq War», en National Security Archive, electronic briefing books 326 y 328, 22 de septiembre y 1 de octubre de 2010. Rumsfeld, Known and Unknown, pp. 416-469; Wesley K. Clark, ¿Qué ha fallado en Irak? La guerra, el terrorismo y el imperio americano, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 133-156. Las palabras de Herskowitz han sido ampliamente reproducidas, entre otros lugares, en Baker, Family of Secrets, pp. 423-425. Bruce Cummings, Ervand Abrahanian y Moshe Ma’oz, Inventing the Axis of Evil. The Truth about North Korea, Iran, and Syria, Nueva York, The New Press, 2004; Phyllis Bennis, El «eje del mal» y más allá, Hondarribia, Iru, 2002. Que la Casa Blanca sabía que no existían las ADM, en Ron Suskind, The Way of the World. A History of Truth and Hope in an Age of Extremism, Nueva York, Harper Collins, 2008, pp. 183-184 y 361-369. Hans Blix, ¿Desarmar Iraq? En busca de las armas de destrucción masiva, Barcelona, Planeta, 2004. Mark Mazzetti y Scott Shane, «Bush overstated evidence on Iraq, senators report», en New York Times, 6 de junio de 2008 (en este mismo día, véase el editorial «The truth about the war»). Sobre la decision de Blair, Mark Danner, The Secret Way to War. The Downing Street Memo and the Iraq’s War Buried History, Nueva York, New York Review of Books, 2006, completado con las declaraciones de Blair en enero de 2011 (BBC News, 21 de enero de 2011); sobre el papel de los intereses petroleros en esta decision, Paul Bignell, «Secret memos expose link between oil firms and invasion of Iraq», en Independent, 19 de abril de 2011. La campaña británica se preparó con graves deficiencias, enviando soldados mal equipados: uno de los containers de material, por ejemplo, contenía esquís para la nieve. Contra lo que el propio Bush ha afirmado en sus memorias, Gerhard Schröder ha negado que se hubiese comprometido a apoyar la guerra (Kalus Wiegrefe, «Classified papers prove German warnings to Bush», en Spiegel online International, 14 de noviembre de 2010). Ian Buruma, «Theater of war», en New York Times, 17 de septiembre de 2006. «Academics release letter on “Just war”», en Washington Post, 12 de febrero de 2002. Sobre el caso de José Mauricio Bustani, el diplomático brasileño que fue obligado por los norteamericanos a abandonar su cargo de director de la Organización para la prohibición de armas químicas (OPCW) por haber propuesto negociar un acuerdo con Irak, Luciano Canfora, Esportare la libertà, Milán, Mondadori, 2007, pp. 65-66.

Sobre la preparación de la guerra: Bob Woodward, Plan of Attack, Nueva York, Simon and Schuster, 2004; Cockburn, Rumsfeld, pp. 116-117 y 145-172; Richard A. Clarke, Contra todos los enemigos, Madrid, Taurus, 2004, pp. 283-296 y pp. 328-329. Roger Strother, «Post-Saddam Iraq: the war game», en National Security Archive, 4 de noviembre de 2006; John K. Colley, Unholy wars. Afghanistan, America and international terrorism, Londres, Pluto Press, 2001/2, pp. 222-224. Joyce Battle and Thomas Blanton, «Top secret Polo step», en National Security Archive, 14 de febrero de 2007. La ignorancia de Bush acerca de suníes y chiíes, en Peter Galbraith, The end of Irak, Nueva York, Simon and Schuster, 2006. Sobre las erróneas previsiones de Rumsfeld y Wolfowitz, Graham, Intelligence matters, pp. 276-279; David Barstow, «Message machine. Behind TV analysts, Pentagon’s hidden hand», en New York Times, 20 de abril de 2006. Scott Shane y Mark Mazzetti, «Ex-C.I.A. chief, in book, assails Cheney on Iraq» y Scott Shane, «Senate democrats say Bush ignored spy agencies’ prewar warnings of Iraq perils», en New York Times, 27 de abril y 26 de mayo de 2007, respectivamente. Ron Suskind, The Price of Loyalty. George W. Bush, the White House, and the Education of Paul O’Neill, Nueva York, Simon and Schuster, 2004, pp. 72-75 y 82-86. Véanse, además, los documentos publicados por National Security Archive el 10 de febrero de 2005 y 27 de septiembre de 2006. Eric Laurent, La guerre des Bush, París, Plon, 2003, pp. 122-127. Norman Podhoretz, World War IV: The Long Struggle Against Islamofascism, Nueva York, Doubleday, 2007 e Ian Buruma, «His toughness problem —and ours», en New York Review of Books, 27 de septiembre de 2007, pp. 10-18. Sobre la táctica de shock and awe, Gardner, Long Road to Baghdad, pp. 149 y ss. La confiada profecía de Cheney en Anthony Lewis, «The imperial presidency», en New York Times, 4 de noviembre de 2007, en una reseña del libro de Robert Draper, Dead Certain; James Zogby, Arab Voices. What They are Saying to Us and why it Matters, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2010, muestra la unanimidad de los medios norteamericanos en predecir una fácil victoria, y su profunda ignorancia de la realidad de Irak. John Prados, «The Curveball affair», en National Security Archive, 5 de noviembre de 2007. Packer, Assassins’ Gate, pp. 46-65. Robin Wright, Dreams and Shadows. The Future of the Middle East, Nueva York, Penguin, 2008, p. 413. Sobre la relación de Wolfowitz y otros dirigentes con los intereses israelíes, véase Mearsheimer y Walt, The Israel Lobby, passim (por ejemplo, para Wolfowitz, pp. 239, 246-247, etc.). El texto de Kristol y Kaplan, en Encounter, citado per Slavoj Zizek, en «Paranoid reflections», London Review of Books, 3 de abril de 2003, p. 8. General H. Norman Schwarzkopf, Autobiografía, Barcelona, Plaza y Janés, 1993, p. 652; Alastair Crooke, «Our Second Biggest Mistake in the Middle East», en London Review of Books, 5 de Julio de 2007, pp. 3-6. Sobre el discurso de Powell ante el Consejo de Seguridad, Thomas E. Ricks, Fiasco. The American Military Adventure in Iraq, Nueva York, Penguin, 2006, pp. 90-94; Woodward, Plan of Attack, pp. 307-312; Robert Fisk, The Great War for Civilisation, Londres, Fourth Estate, 2005, pp. 1145-1150; Herspring, Rumfeld’s Wars, pp. 121-122. Sobre el petróleo, Matthew Yeomans, Oil. Anatomy of an industry, Nueva York, The New Press, 2004, pp. 26-28 y 122-132; Stephen Zunes, La poudrière. La politique américaine au Moyen Orient et les racines du terrorisme, París, L’Aventurine-Parangon, 2002, pp. 62-65; Jim Holt, «It’s the oil», en London Review of Books, 18 de octubre de 2007, pp. 3-4. Lexington, «Blood and oil», en The Economist, 19 de enero de 2008, p. 44. Paola Totaro, «Memos show oil motive in Iraq war», en The Sidney Morning Herald, 20 de abril de 2011. Joyce Battle, ed., «Saddam Hussein talks to the FBI», en National Security Archive, 1 de julio de 2009. Sobre la actuación de los británicos en Diego García, Ram Seegobin, «Covering up colonialism’s crimes on Diego Garcia», en Pambazuka News, 472, 4 de marzo de 2010. Una descripción de la destrucción del patrimonio arqueológico iraquí en Benjamin R. Foster y Karen Polinger Foster, Las civilizaciones antiguas de Mesopotamia, Barcelona, Crítica, 2011, pp. 210-217, que nos cuenta cómo actúan las bandas de excavadores clandestinos, con grupos de dos y trescientos trabajadores, protegidos por hombres armados; los propios norteamericanos, indiferentes desde el primer momento al tema, han contribuido a la destrucción construyendo un campamento sobe las ruinas de Babilonia. Dirk Adriaensens, «Dying education in the “blossoming” Iraqi democracy», en Truthout, 9 de marzo de 2011.

Las fuentes fundamentales para el relato de la invasión han sido Michael R. Gordon y general Bernabe E. Trainor, Cobra II. The Inside Story of the Invasion and Occupation of Iraq, Nueva York, Pantheon Books, 2006; Ricks, Fiasco, pp. 37-38 y 46-57; Clark, ¿Qué ha fallado en Irak?; Packer, Assassin’s Gate; Laurent, La guerre des Bush, pp. 122-127; Nicolas J.S. Davies, Blood on Our Hands. The American Invasion and Destruction of Iraq, Ann Arbor, Nimble Books, [2010?]; Daniel R. Headrick, El poder y el imperio, Barcelona, Crítica, 2011, pp. 337-341. Sobre los saqueos, Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, Barcelona Paidós, 2007, pp. 444-446. Cullen Murphy, Are we Rome? The Fall of Empire and the Fate of America, Boston, Houghton Mifflin, 2007, pp. 86-87. Boot, War made new, pp. 391-401. La frase citada es de The Economist, 11 de noviembre de 2006, p. 55. Zinn, History matters, pp. 143-144. Salt, The Unmaking of the Middle East, pp. 326-331 (cita de p. 330).

La guerra después de la guerra

La fuente principal acerca de los inicios de la política de ocupación ha sido Rajiv Chandrasekaran, Imperial Life in the Emerald City. Inside Iraq’s Green Zone, Knopf, Nueva York, 2007 (sobre la historia de Garner y el ORHA, pp. 28-55; una semblanza de Bremer, pp. 65-68, etc.). Rumsfeld, Known and Unknown, pp. 479-541 trata sobre todo de cargar sobre Bremer y sobre las interferencias internas en la política del gobierno las responsabilidades por el desastre. Sobre Ahmad Chalabi, Patrick Tyler, A World of Trouble. The White House and the Middle East —from the Cold War to the War on Terror, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2009, pp. 429-431, 436-439 y 454-456, y Meyer y Brysac, Kingmakers, pp. 399-402. Sobre la disolución del ejército, Mark Danner, «Iraq: The war of the imagination», en New York Review of Books, 21 de diciembre de 2006, pp. 81-96; Michael R. Gordon, «Fateful choice on Iraq army bypassed debate», en New York Times, 17 de marzo de 2008; Maureen Dowd, «The dream is dead», en New York Times, 12 de diciembre de 2007. Michael R. Gordon, «Army buried study faulting Irak planning», en New York Times, 11 de febrero de 2008; sobre la complicidad de Bush en la disolución, Edmund L. Andrews, «Envoys letter counters Bush on dismantling of Iraq army», en New York Times, 4 de septiembre de 2007. Klein, La doctrina del shock, pp. 461-479; Philip Bobbitt, Terror and Consent. The Wars for the Twenty-first Century, Nueva York, Knopf, 2008, pp. 158-177; Cockburn, Rumsfeld, pp. 173-224; Greg Palast, Armed Madhouse, Nueva York, Penguin, 2006, pp. 65-74 y 84-93; Ed Harriman, «Burn rate», en London Review of Books, 6 de septiembre de 2007, pp. 15-17; John F. Burns, «War could last years, commander says», en New York Times, 8 de enero de 2007; National Security Archive, «Top secret Polo Step», 14 de febrero de 2007; Michael R. Gordon, «An army of some», en New York Times, 20 de agosto de 2006. Sobre las dificultades de la información, Joyce Battle, «Iraq: the media war plan», en National Security Archive, 8 de mayo de 2007; Orville Schell, «Baghdad; the besieged press», en New York Review of Books, 6 abril 2006, pp. 61-66 y Sidney Blumenthal, «Walter Lippmann and American journalism today», en OpenDemocracy, 31 de octubre de 2007. Richard Perle, «Too heavy a hand», en New York Times, 16 de marzo de 2008. Sobre el trato dado a los presos en Abu Grahib, Philip Gourevitch y Errol Morris, Standard Operating Procedure, Nueva York, Penguin Press, 2008 (sobre las condenas de los policías y la impunidad de sus superiores, pp. 268-271); Cockburn, Rumsfeld, pp. 193-198 y David Ebony, Botero Abu Grahib, Munich, Pfrestel, 2006; hago al respecto una cita de Frank Rich, «The Petraeus-Crocker show gets the hook», en New York Times, 13 de abril de 2008. Sobre el atentado de Samarra y sus consecuencias, Wright, Dreams and Shadows, pp. 406-409. Sobre the surge, Michael R. Gordon, «Troop “surge” took place amidt doubt and debate», en New York Times, 31 de agosto de 2008; Paul Rogers, «Iraq: a far horizon», en OpenDemocracy, 25 de octubre de 1997; Adriana Lins y Alicia Cheng, «A year in Iraq», en New York Times, 6 de enero de 2008; Patrick Cockburn, «Who is whose enemy?» y «Commentary», en London Review of Books, 6 de marzo de 2008, pp. 14-15 y 24 de abril de 2008, pp. 34-35, respectivamente; Andrew Bacevich, «Social work with guns», en London Review of Books, 17 de diciembre de 2009, pp. 7-8. Michael R. Gordon, «The last battle», en New York Times, 3 de agosto de 2008.

El precio de la guerra

William J. Astore, «The crash and burn of old regimes. Washington court culture and its endless Wars», en TomDispatch, 12 de mayo de 2011. Sobre las pérdidas demográficas puede encontrarse una abundante colección de materiales en la web del tribunal Bertrand Russell —<www.brusselstribunal.org/Lancet111 006.htm>. Sobre la cifra de muertes civiles véanse en la red la base de datos de Iraq Body Count y las estimaciones alternativas en «Updated Iraqi survey affirms early mortality estimates», en Public Health News Center, Johns Hopkins Bloomber School of Public Health, 11 de octubre de 2006; Dale Keiger, «The number», en Johns Hopkins Magazine, 59, n.º 1 (febrero de 2007) y «New analysis “confirms” 1 milion Iraq casualties» en The Opinion Research Business, 28 de enero de 2008. Las cifras y las valoraciones de Iraq Body Count han sido seriamente criticadas por la limitación de sus fuentes. La publicación en octubre de 2010 de documentos por la organización WikiLeaks se utilizó para reivindicar la cifra de los cien mil civiles muertos; pero la operación no tenía sentido, dado que se trataba de una serie de documentos aislados. Véanse también las observaciones de Davies, Blood on Our Hands, pp. 132-143. Sobre los suicidios de los veteranos, Aaron Glantz, «After service, veteran deaths surge», en New York Times, 16 de octubre de 2010. Samantha Power, «Our war on terror», en New York Times, 29 de julio de 2007; Alisa Roth y Hugh Eakin, «They fled from our war», en New York Review of Books, 13 de mayo de 2010, pp. 26-28.

Sobre los mercenarios, Jeremy Scahill, Blackwater: el auge del ejército mercenario más poderoso del mundo, Barcelona, Paidós, 2008; del propio Scahill, «Blackwater founder implicated in murder», en The Nation, 4 de agosto de 2009; Mark Mazzetti, «C.I.A. sought Blackwater’s help in plan to kill jihadists», en New York Times, 19 de agosto de 2009; Charlie Savage, «Judge Drops Charges From Blackwater Deaths in Iraq», en New York Times, 1 de enero de 2010 y Jeff Stein, «Blackwater founder Erik Prince targets Democrats in memoir», en Washington Post, 10 de septiembre de 2010. Tony Geraghty, Guns for Hire. The Inside Story of Freelance Soldiering, Londres, Portrait, 2007, pp. 79-183; James Meek, «Hooyah!!», en London Review of Books, 2 de agosto de 2007, pp. 3-5; «Dangerous work», en The Economist, 10 de abril de 2004, pp. 41-42. John M. Broder y James Risen, «Armed guards in Iraq occupy a legal limbo»; James Risen, «Use of gas by Blackwater leaves questions», e «Iraq contractor in shooting case makes comeback», en New York Times, 20 de septiembre de 2007, 10 de enero de 2008 y 10 de mayo de 2008, respectivamente. Al mismo tema se dedicaron dos editoriales del New York Times, «Subcontracting the war», del 1 de octubre y «Blackwater’s rich contracts», del 3 de octubre de 2007. Sobre la lógica de la privatización de la guerra, Jurgen Brauer y Hubert Van Tuyll, Castles, Battles and Bombs. How economics explains military history, Chicago, The University of Chicago Press, 2008, pp. 307-319. Richard A. Clarke: Contra todos los enemigos, Madrid, Taurus, 2004, pp. 283-296 y 328-329. Andrew J. Bacevich, «An army at risk», en New York Times, 8 de abril de 2008; Steven Lee Mayers y Tom Shanker, «Petraeus urges halt in weighing new cut in force», en New York Times, 9 de abril de 2008.

Sobre el coste económico de la guerra, Joseph E. Stiglitz y Linda J. Baines, The Three Trillion Dollar War: The True Cost of the Iraq Conflict, Nueva York, W.W. Norton, 2008. Chistopher Hellman, «The real US national security budget: the figure no one wants you to see», reproducido en Truthout, 1 de marzo de 2011. Sobre la disminución del gasto social en los Estados Unidos, Zinn, History matters, pp. 143-144. Las cifras de la deuda pública de Hale «Bonddad» Stewart, «Let’s add more debt to the national total», en The Huffington Post, 25 de julio de 2008. Sobre los negocios y la corrupción, Dan Briody, The Iron Triangle. Inside the Secret World of the Carlyle Group, Hoboken, John Wiley and Sons, 2003; Robert Scheer, The Pornography of Power. How Defense Hawks Hijacked 9/11 and Weakened America, Nueva York, Twelve, 2008 (con una denuncia de los negocios turbios de Perle en pp. 53-77); Palast, Armed Madhouse, p. 47; Leslie Wayne, «Pentagon struggles with cost overruns and delays» y James Glanz, «Audit finds U.S. hid actual cost of Iraq projects», en New York Times, 11 de julio y 30 de julio de 2006, respectivamente; John W. Dean, Worse than Watergate. The secret presidency or George W. Bush, Nueva York, Little, Brown and company, 2004; Laurent, El mundo secreto de Bush, pp. 227-256. Ed Harriman, «Burn rate», en London Review of Books, 6 de septiembre de 2007, pp. 15-17; David Herszenhorn, «Senate democrats focus on economic cost of war» e «Iraq spending ignored rule, Pentagon says», en New York Times, 27 de febrero y 28 de mayo de 2008, respectivamente; «More waste, fraud and abuse», editorial del New York Times de 29 de junio de 2008. Hay una amplia información sobre los dislates cometidos en los proyectos de reconstrucción en Peter van Buren, We Meant Well. How I Helped Lose the Battle for the Hearts and Minds of the Iraqi People, Nueva York, Metropolitan Books, 2011. Sobre el gran robo de los 6600 millones, Paul Richter, «Missing Iraq money may have been stolen, auditors say», en Los Angeles Times, 13 de junio de 2011. Michael R. Gordon, «Army buried study faulting Irak planning», en New York Times, 11 de febrero de 2008. Eric Schmitt y James Glanz, «U.S. says company bribed officers for work in Iraq», en New York Times, 31 de agosto de 2007. Un antiguo dirigente de KBR, la filial de Halliburton, fue procesado en septiembre de 2008 por sobornar a funcionarios de Nigeria (<Huffingtonpost.com>, 4 de septiembre de 2008). C.J. Chivers, «Supplier under scrutiny on aging arms for Afghans», en New York Times, 27 de marzo de 2008. J. Glanz, C.J. Chivers y W.K. Rashbaum, «Inquiry on graft in Iraq focuses on U.S. officers» y James Glanz, «New fraud cases point to lapses in Iraq’s projects», en New York Times, 15 de febrero de 2009 y 13 de marzo de 2010, respectivamente. Sobre la corrupción en las compras de armas del gobierno iraquí, Solomon Moore, «Secret Iraq deal shows problems in arms orders», en New York Times, 13 de abril de 2008. Clifford Krauss, «Halliburton moving C.E.O. from Houston to Dubai», en The New York Times, 12 de marzo de 2007 y James Risen, «Controversial contractor’s Iraq work is split up», en 24 de mayo de 2008. Michael Kamber, «Wounded Iraqi forces say they’ve been abandoned», en New York Times, 1 de julio de 2008. Una de las primeras medidas de Gates como secretario de Defensa de Obama fue cambiar la naturaleza del gasto militar para pasar de las costosas fantasías tecnológicas a un sistema «más flexible y adecuado a las necesidades de las tropas» (C. Drew y E. Bumiller, «Military budget reflects a shift in U.S. strategy», en New York Times, 7 de abril de 2009); pero el gasto disparatado parece seguir como antes, según Dina Rasor, «Weapons that will never die: We need to stop the expensive reincarnations», en Truthout, 4 de mayo de 2011. Sobre la conferencia de Bremer en Clark University, <http://worcester.indymedia.org>.

Irak: final y balance

Sobre los frustrados proyectos para el futuro de Irak, Joyce Battle, «U.S. military hoped for virtually unlimited freedom of action in Iraq», en National Security Archive, electronic briefing book 252, 13 de junio de 2008; Jim Holt, «It’s the oil», en London Review of Books, 18 de octubre de 2007, pp. 3-4; Paul Rogers «The Iraq Project», en OpenDemocracy, 31 de enero de 2008; Tom Shanker y Steven Lee Myers, «U.S. asking Iraq for wide rights on war», en New York Times, 25 de enero de 2008. Paul Rogers, «The thirty-years war revisited», en OpenDemocracy, 31 de julio de 2008; Michael R. Gordon, «The last battle», en New York Times, 3 de agosto de 2008; Alissa J. Rubin y Steven Lee Myers, «Deal on a security agreement is close, Iraqis say», en New York Times, 31 de julio de 2008. Patrick Cockburn, «Who rules in Baghdad?», en London Review of Books, 14 de agosto de 2008, pp. 18-19; Richard A. Oppel, jr., «Irak takes aim at U.S.-tied sunni groups’ leaders», en New York Times, 22 de agosto de 2008; Steven Lee Myers, «Agreement with Iraq over troops is at risk», en New York Times, 18 de septiembre de 2008; Erica Goode, «Friction infiltrates Sunni patrols on safer Iraqi streets», en New York Times, 23 de septiembre de 2008. Rod Nordland y Alissa J. Rubin, «Sunni fighters say Iraq didn’t keep job promises», en New York Times, 23 de marzo de 2009 y A. Rubin, «Arrests deepen Iraqi sunni’s bitterness», en id., 12 de abril de 2009. Andrew Bacevich, «The long war», en London Review of Books, 26 de marzo de 2009, pp. 21-22, Patrick Cockburn, «America admits failure», en London Review of Books, 18 diciembre 2008, pp. 11-12; Arno J. Mayer, «El imperio de los EEUU sobrevivirá a Bush», en Sinpermiso, 9 de noviembre de 2008. «Could a policy state return? Iraq’s freedoms under threat», en The Economist, 5 de septiembre de 2009, pp. 45-46 y «Mr. Maliki’s dangerous ambition», editorial del New York Times, 12 de febrero de 2010. Timothy Williams y Rod Nordland, «Allawi’s victory in Iraq election sets up period of uncertainty», en New York Times, 26 de marzo de 2010; Timothy Williams y Zaid Takher, «Killers stalk politicians as Iraq seeks government», en New York Times, 30 de junio de 2010; Anthony Shadid, «The last patriot», en New York Times, 4 de febrero de 2011. La frase de Bacevich en «Cow most sacred: Why military spending remains untouchable», en Truthout, 27 de enero de 2011. Los planes de transición a una administración civil, en Departamento de Estado, Department of State Planning for the Transition to a Civilian-led Mission in Iraq, mayo de 2011.

La presidencia de Obama

Omito mencionar la literatura ocasional sobre Obama. Sobre los grupos ultraconservadores, Will Bunch, The Backlash. Right-Wing Radicals, Hi-Def Hucksters, and Paranoid Politics in the Age of Obama, Nueva York, Harper Collins, 2010; Rob Boston, «The sneaky ways the Christian right has re-entrenched itself in our politics», en AlterNet, 11 de mayo de 2011. Dinesh D’Souza, The Roots of Obama’s Rage, Washington, Regnery, 2010; Krugman comentaría al respecto que, cuando se trata de defender los privilegios de los ricos, no se aplican las reglas de un discurso civilizado y racional. Sobre los hermanos Koch, Jane Mayer, «Covert operations. The billionaire brothers who are waging a war against Obama», en The Newyorker, 30 de agosto de 2010; Frank Rich, «The billionaires banking the Tea Party», en New York Times, 28 de agosto de 2010; Robert Reich, «The secret big-money takeover of America», en Huffington Post, 7 de octubre de 2010; Jim Hightower, «Two multibillionaire brothers are remaking America for their own benefit», en Truthout, 9 de septiembre de 2010 y Tom Hamburger et al., «Koch brothers now at heart of GOP power», en Los Angeles Times, 6 de febrero de 2011. Paul Krugman «It’s witch-hunt season», New York Times, 29 de agosto de 2010. Mark Mazzetti, «U.S. is said to expand secret actions in Mideast», en New York Times, 24 de mayo de 2010. Laura Sullivan, «Prison economics help drive Ariz immigration law», en NPR, 30 de octubre de 2010. Los artículos de Robert M. Gates y Robert D. Kaplan en Foreign Affairs, 89 (2010), n.º 3, mayo-junio. Bruce Cummings, Dominion from Sea to Sea. Pacific Ascendancy and American Power, New Haven, Yale University Press, 2009, pp. 489-491. La decision de impedir el proceso de los torturadores, en Glenn Greenwald, «Torture crimes officially, permanently shielded», en Salon, 1 de julio de 2011. Sobre las campañas contra la escuela pública, Henry A. Giroux, «When generosity hurts: Bill Gates, public school teachers and the politics of humiliation», en Truthout, 5 de octubre de 2010. El discurso del senador de Vermont es el pronunciado por Bernie Sanders el 10 de diciembre de 2010 en una acción de filibusterismo (ocho horas y media) contra la renovación de los recortes de impuestos. William Rivers Pitt, «I remember America», en Truthout, 12 de abril de 2011; Mark Weisbrot, «A free marketplace of ideas, instead of the “free press for those who own it”», en Real-World Economics Review Blog, 17 de septiembre de 2010. Tom Engelhardt, «Sleepwalking into the imperial dark. What it feels like when a superpower runs off the tracks», en TomDispatch, 19 de abril de 2011. Mr. Y, A National Strategic Narrative, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2011.

CAPÍTULO 17: EL SIGLO DE ASIA

Michael Schuman, The Miracle. The Epic Story of Asia’s Quest for Wealth, Nueva York, Harper, 2009; Kishore Mahbubani, The New Asian Hemisphere. The Irresistible Shift of Global Power to the East, Nueva York, Public Affairs, 2008; David Smith, The Dragon and the Elephant. China, India and the New World Order, Londres, Profile Books, 2007; Eric Jones, Lionel Frost y Colin White, Coming Full Circle. An Economic History of the Pacific Rim, Boulder, Westview Press, 1993; Paul Krugman et. al., Asia Rising or Falling? A Foreign Affairs Reader, Washington, Council on Foreign Relations, 1998. «East or famine. The balance of economic power», en The Economist, 27 de febrero de 2010, pp. 71-72.

Las «décadas perdidas» de Japón

Paul J. Bailey, Postwar Japan. 1945 to the Present, Oxford, Blackwell, 1996; Michael Schaller, «Japan and the Cold War, 1960-1991», en Melvyn P. Leffler y Odd Arne Westad, eds., The Cambridge History of the Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, III, pp. 156-180. Paul Krugman, El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual, Barcelona, Crítica, 2009, pp. 61-82 («La trampa japonesa»); Alex Kerr, Dogs and Demons. The Fall of Modern Japan, Londres, Penguin, 2001. «The man who remade Japan», en The Economist, 16 de septiembre de 2006, pp. 65-67 (cita de p. 65); Schuman, The Miracle, pp. 209-215; Meredith Jung-en Woo, «The new East Asia», en New Left Review, n.º 47 (sept/oct 2007), pp. 57-69; Mamoru Sorai, «Historia de una “democracia diferente”: la posguerra en Japón», en Istor, VI (2005); n.º 21, pp. 68-98; «Time to arise from the great slump», en The Economist, 22 de julio de 2006, pp. 77-79. «No comfort», editorial de The New York Times, 6 de marzo de 2007. Gavan McCormack, «Japan’s iron triangle», en New Left Review, second series, 13 (2002), pp. 5-23. Hiroko Tabuchi, «In Japan’s stagnant decade, cautionary tales for America», New York Times, 13 de febrero de 2009. Walden Bello, «Se avecina un estallido de rabia social en Asia», en Sinpermiso, 19 de abril de 2009. Banyan, «Creative destruction», en The Economist, 16 de mayo de 2009, p. 62. «The incredible shrinking economy» en The Economist, 4 de abril de 2009, pp. 63-64. Michael Krätke, «El país del sol muriente: Japón, gran perdedor de la globalización», en Sinpermiso, 5 de abril de 2009; Norimitsu Onishi, «Japan’s governing party is plunging in polls», New York Times, 14 de enero de 2009; Martin Fackler, «Economy spells trouble for leading party in Japan», en New York Times, 19 de julio de 2009. Martin Fackler, «Japan tries to face up the growing poverty problem», en New York Times, 21 de abril de 2010. Las noticias sobre el seísmo de 2011 y la crisis de la central de Fukushima se han ido tomando de la prensa.

Los tigres: la crisis de un modelo de crecimiento

Schuman, The Miracle: sobre Corea del Sur, pp. 29-54; Singapur, pp. 55-80; Indonesia, pp. 153-180; Malasia, pp. 243-264 y 274-286. Paul Krugman, «The Myth of Asia’s Miracle», en Krugman et. al., Asia Rising or Falling?, pp. 2-18; Alan Greenspan, The Age of Turbulence, Nueva York, Penguin, 2007, pp. 311-316. Chae-Jin Lee, A Troubled Peace. U.S. Policy and the Two Koreas, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2006, passim; Don Oberdorfer, The two Koreas. A Contemporary History, Nueva York, Basic Books, 2001 (edición revisada); Chalmers Johnson, Blowback. The Costs and Consequences of American Empire, Londres, Time-Warner, 2002, pp. 98-122. Sobre Indonesia, Raymond Fisman and Edward Miguel, Economic Gangsters. Corruption, Violence, and the Poverty of Nations, Princeton, Princeton University Press, 2008, pp. 22-52; V.S. Naipaul, «Indonesia: The man of the moment», en New York Review of Books, 11 de junio de 1998, pp. 40-45. Sobre la crisis de 1997, Schuman, The Miracle, pp. 265-294; Krugman, El retorno de la economía de la depresión, pp. 83-106; Stanley Fischer, «The Asian crisis: a view from the IMF», conferencia dada en Washington el 22 de enero de 1998 (en la web del FMI); Greenspan, Age of Turbulence, pp. 188-191. «Troubled tigers», en The Economist, 31 de enero de 2009, pp. 62-64; Choe Sang-Hun, «In South Corea, a new workers’ grievance», en New York Times, 22 de julio de 2009. Sobre la crisis de Tailandia, Joshua Kurtlantzick, «Red v. Yellow», en London Review of Books, 25 de marzo de 2010, pp. 42-44; Vaudine England, «How did Thailand come to this?», en BBC News, 19 de mayo de 2010. Sobre el relanzamiento de las economías asiáticas, «On the rebound», en The Economist, 15 de agosto de 2009, pp. 58-60 (cita de p. 60). Sobre el CAFTA, Walden Bello, «China ata a sus vecinos», en Sinpermiso, 21 de marzo de 2010.

Las reformas de Deng Xiaoping y el auge de China

Martin Jacques, When China Rules the World. The Rise of the Middle Kingdom and the End of the Western World, Londres, Allen Lane, 2009; Zhao Ziyang, Prisoner of the State: The Secret Journal of Zhao Ziyang, Nueva York, Simon and Schuster, 2009 se ha utilizado tanto para el estudio de las reformas económicas como para los antecedentes de la crisis de Tiananmen (con la crítica de Jonathan Mirsky, «China’s dictators at work: the secret story», en New York Review of Books, 2 de julio de 2009, pp. 48-50). Susan L. Shirk, China, Fragile Superpower, Oxford, Oxford University Press, 2007. The Tiananmen Papers. Documents from Zhongnanhai, April-June 1989, edited by Perry Link, Andrew J.Nathan, Orville Schell, Nueva York, Perseus, 2000; Xiaoming Zhang, «Deng Xiaoping and China’s decision to go to war with Vietnam», en Journal of Cold War Studies, 12 (2010), n.º 3, pp. 3-29; Jeffrey Wasserstrom, «Illuminating and misleading takes on China 20 years since Tiananmen», en Huffington Post, 4 de junio de 2009; Rafael Poch-de-Feliu, La actualidad de China. Un mundo en crisis, una sociedad en gestación, Barcelona, Crítica, 2009; Edward Steinfeld, Playing Our Game. Why China’s Rise Doesn’t Threaten the West, Nueva York, Oxford University Press, 2010; David Shambaugh, «Is there a Chinese model?», en ChinaDaily, 5 de marzo de 2010. Stephen A. Smith, «Gli anni di Mao: storia e politica del presente», en Passato e Presente, XXVII (2009), n.º 76, pp. 5-26; James Kynge, «West still miscasts 1989 protesters», en Financial Times, 4 de junio de 2009; Nouriel Rubini, «The almighty renminbi?», en New York Times, 14 de mayo de 2009. Zhang Lun, La vie intelectuelle en Chine depuis la mort de Mao, París, Fayard, 2003; Minqi Li, The Rise of China and the Demise of the Capitalist World Economy, Londres, Pluto Press, 2008; Nicholas R. Lardy, China’s Unfinished Economic Revolution, Washington, Brookings Institution, 1998; Lin Chun, La transformación del socialismo chino, Barcelona, El Viejo Topo, 2008; M. Hart Lansberg y P. Burkett, China y el socialismo, Barcelona, Hacer, 2006; Sanjay Reddy, «Death in China. Market reforms and health», en New Left Review, 45 (2007), pp. 48-65; Li Datong, «Wen Jiabao: the verdict of history», en OpenDemocracy, 20 de octubre de 2010. La extensa «Ley sobre las industrias propiedad del conjunto del pueblo» puede consultarse en <www.novexcn.com>. Sobre la percepción de la libertad en China, Mahbubani, The New Asian Hemisphere, pp. 131-150. David Barboza, «China passes Japan as second-largest economy», en New York Times, 15 de agosto de 2010. Sobre la propuesta de mecanizar la agricultura, Kevin P. Gallagher, «China crashes Cafta’s party», en Real-World Economics Review Blog, 8 de junio de 2010. Michael T. Klare, «Twenty-first century energy superpower. China, energy, and global power», en TomDispatch.com, 19 de septiembre de 2010. Los comentarios sobre el XII plan quinquenal, de Michael R. Krätke, «El XII Plan quinquenal chino: adiós a “Chimérica”», en Sinpermiso, 24 de abril de 2011. Nicholas D. Kristof, «Where China outpaces America», en New York Times, 30 de abril de 2011.

Un progreso amenazado: India

Ramachandra Guha, India after Gandhi, Nueva York, Harper Collins, 2007; David Smith, The Dragon and the Elephant. China, India and the New World Order, Londres, Profile, 2007. Stanley Wolpert, A New History of India, Nueva York, Oxford University Press, 1993/4. «“An elephant, not a tiger”, A special report on India», en The Economist, 13 de diciembre de 2008, pp. 3-4; la afirmación de Vandana Shiva en SACSIS (The South African Civil Society Information Service) 29 de septiembre de 2010, a lo que podemos añadir la de que «India tiene en la actualidad el mayor número de gente sin hogar, analfabeta y subalimentada del mundo» (Swapna Banerjee-Guha, «Contradictions of “development” in contemporary India», en OpenDemocracy, 7 de febrero de 2011); Somini Sengupta, «The food chain: in fertile India, growth outstrips agriculture», en New York Times, 22 de junio de 2008, y «As Indian growth soars, child hunger persists» en New York Times, 13 de marzo de 2009; Jim Yardley, «Drought puts focus on a side of India left out of progress», en New York Times, 4 de septiembre de 2009. El texto de Arundathi Roy, en The Cost of Living, Londres, Flamingo, 1999, pp. 26-27. Vandana Shiva, Water wars. Privatization, pollution and profit, Londres, Pluto Press, 2002. Purnima Menon, Anil Deolalikar, Anjor Bhaskar, India State Hunger Index. Comparisons of Hunger Across States, Washington, Bonn and Riverside, IFPRI, 2009 (puede consultarse en la web de <www.ifpri.org>). Jim Yardley, «Maoist rebels widen deadly reach across India», en New York Times, 1 de noviembre de 2009; Sumantra Bose, «India’s election: parties, people, politics», en OpenDemocracy, 16 de abril de 2009 y Kanishk Tharoor, «India votes», en id. 17 abril 2009. La noticia sobre suicidios de campesinos, de «The great unravelling», en The Economist, 20 de enero de 2007, p. 32 y en Eric Holt-Giménez y Raj Patel, Food Rebellions. Crisis and the Hunger for Justice, Pambazuka Press, 2009, pp. 32-35. La condena de los efectos de la revolución verde procede del artículo «Green revolution turned soil infertile», en The Hindu, edición on line, 26 de septiembre de 2009. Las noticias sobre una crisis en el crecimiento en Heather Timmons y Lidia Polgreen, «As India growth slows, leaders face political headwinds», en New York Times, 14 de junio de 2011.

Pakistán y Afganistán: la guerra perpetua

Tariq Ali, Pakistán en el punto de mira de los Estados Unidos. El duelo, Madrid, Alianza Editorial, 2008 y «Diary», en London Review of Books, 23 de julio de 2009, pp. 36-37. Nicholas Schmidle, To Live or to Perish Forever. Two Tumultuous Years in Pakistan, Nueva York, Henry Holt and Co., 2009. Ahmed Rashid, Descent into Chaos. The United States and the Failure of Nation Building in Pakistan, Afghanistan and Central Asia, Nueva York, Viking, 2008, passim; «Pakistan on the brink», en New York Review of Books, 11 de junio de 2009; «In Afghanistan, let’s keep it simple», en Washington Post, 6 de septiembre de 2009 y «The Afghanistan impasse» en New York Review of Books, 8 de octubre de 2009, pp. 42-45. Tariq Ali denuncia el sesgo interesado de lo que escribe Rashid, partidario de continuar la guerra para sostener a Karzai a toda costa («Afganistán: la guerra de Ahmed Rashid, el escriba de Karzai», en SinPermiso, 11 de octubre de 2009). Sobre el arsenal nuclear pakistaní, véase la evaluación de Hans M. Kristensen y Robert S. Norris en Bulletin of the Atomic Scientists, julio de 2011. «“No-Go” Tribal Areas Became Basis for Afghan Insurgency Documents Show», en National Security Archive, electronic briefing book 325, 13 de septiembre de 2010. James Fergusson, Taliban. The True Story of the World’s Most Feared Guerrilla Fighters, Londres, Bantam Press, 2010. Alex Strick van Linschoten y Felix Kuehn, Separating the Taliban from al-Qaeda: the core of success in Afghanistan, Nueva York, Center on International Cooperation, New York University, 2010; Antonio Giustozzi, ed., Decoding the New Taliban. Insights from the Afghan Field, Londres, Hurst and Company, 2009; Ian Talbot, Pakistan: A Modern History, Londres, Hurst and Co., 2005/2. Al margen de estas publicaciones, la inmensa mayoría de las informaciones proceden de las publicadas día a día por el New York Times entre 2007 y 2011, incluyendo análisis extensos como el reportaje-entrevista de Dexter Filkins sobre McChrystal y sus planes: «Stanley McChrystal’s long war», en New York Times, 18 de octubre de 2009. Omito, sin embargo, la relación detallada de los artículos para no alargar excesivamente este texto, y me limito a seleccionar algunas de las otras referencias periodísticas usadas.

Graham E. Fuller, «Obama’s policies making situation worse in Afghanistan and Pakistan», en Huffington Post, 10 de mayo de 2009 (Fuller fue jefe de la estación de la CIA en Kabul); William Dalrymple, «Pakistan in peril», en New York Review of Books, 12 de febrero de 2009, pp. 39-42; Patrick Cockburn, «Return to Afghanistan», en London Review of Books, 11 de junio de 2009, pp. 13-14. Sobre el riesgo de que las armas nucleares pakistaníes puedan caer en manos de extremistas islámicos, David E. Sanger, «The Worst Pakistan Nightmare for Obama», en New York Times, 11 de enero de 2009, si bien Keith Thompson, «Why terrorists never have gotten a nuke and why Taliban won’t be first» (Huffington Post, 17 de octubre de 2009) asegura que es imposible que pudieran utilizarlas. La estimación de las cifras de combatientes en Afganistán procede de la Brookings Institution, tal como se cita en Michael O’Hanlon, «Staying power. The U.S. mission in Afghanistan beyond 2011», en Foreign Affairs, 89 (2010), n.º 5, pp. 63-79. Ralph Lopez afirma que no hay tal insurgencia, sino que los talibán no son más que un puñado de dirigentes extranjeros que movilizan un ejército de hombres que solo luchan por un salario de 8 dólares al día (Ralph Lopez, «The truth behind Afghan insurgency», The Boston Globe, 17 de agosto de 2009). Joan Hari, «The three fallacies that have driven the war in Afghanistan», en The Independent, 21 de octubre de 2009. Barbara Elias, «Know thy enemy. Why the Taliban cannot be flipped», en Foreign Affairs, 2 de noviembre de 2009. El lúcido análisis de Bob Churcher, «Afghanistan and Pakistan: Anatomy of a proxy war», en Huffington Post, 12 de diciembre de 2009; en un sentido parecido, Stephen Biddle, Fotini Christia y J. Alexander Thier, «Defining success in Afghanistan. What can the United States accept?», en Foreign Affairs, 89 (2010), n.º 4, pp. 48-60. Un extenso estudio sobre los complejos caminos por los que circula el dinero que los Estados Unidos invierten en Afganistán se encontrará en Aram Roston «How the U.S. funds the Taliban», en The Nation, 30 de noviembre de 2009. Sobre la OTAN y Afganistán, Gareth Porter, «How Afghanistan became a war for NATO», en Interpress Service, enero de 2011. Sobre Karzai, su hermano y el tráfico de drogas, Ryan Harvey, «The Afghan war: spreading democracy (and heroin)», en Truthout, 10 de diciembre de 2010. El proyecto de partición en Robert D. Blackwell, «Plan B in Afghanistan. Why a de facto partition is the least bad option», en Foreign Affairs, 90 (2011), n.º 1, pp. 42-50.

Las repúblicas post-soviéticas

Graham Smith et al., Nation-building in the Post-Soviet Borderlands. The Politics of National Identities, Cambridge, Cambridge University Press, 1998; Lena Jonson, Russia and Central Asia. A New Web of Relations, Londres, Royal Institute of International Affairs, 1998; Edmund Herzig, The New Caucasus. Armenia, Azerbaijan and Georgia, Londres, Royal Institute of International Affairs, 1999; Nozar Alaolmolki, Life After the Soviet Union. The Newly Independent Republics of the Transcaucasus and Central Asia, Nueva York, State University of New York Press, 2001 (sobre Nazarbayev, pp. 61-69; también Jonathan Steele, «Was it better in the old days?», en London Review of Books, 28 de enero de 2010, pp. 13-15); Svat Soucek, A History of Inner Asia, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 254-302; Mark R. Beissinger, Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State, Cambridge, Cambridge University Press, 2002; Jean Radvanyi, ed., Les états postsoviétiques. Identités en construction, transformations politiques, trajectoires économiques, París, Armand Colin, 2004/2 (sobre Georgia, pp. 136-147). Sobre los tratos de Aliev y Nazarvayev con las petroleras, Steve LeVine, The Oil and the Glory. The Pursuit of Empire and Fortune on the Caspian Sea, Nueva York, Random House, 2007. Robert English, «Georgia: The ignored history», en New York Review of Books, 6 de noviembre de 2008, pp. 21-23. Sobe la relación de Karimov con los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, Known and Unknown. A Memoir, Nueva York, Sentinel, 2011, pp. 382-384 y 633-636; «Kazakhstan. Black sheep», en The Economist, 2 junio 2007, pp. 54-55; C.J. Chivers y E. Barry, «Georgia claims on Russia war walled into question», en New York Times, 7 de noviembre de 2008; Mijail Gorbachov, «Russia never wanted a war», en New York Times, 20 de agosto de 2008; Göran Therborn, «Transcaucasian triptych», en New Left Review, 46 (2007), pp. 69-88; Alexander Rondeli, «Georgia: politics after revolution», en OpenDemocracy, 14 de noviembre de 2007; Thomas de Waal, «The lightness of history in the Caucasus», en OpenDemocracy, 4 de noviembre de 2010. John Heathershaw, «Central Asia: the discourse of danger», en OpenDemocracy, 16 de junio de 2011. Sobre Turkmenistán, «Burning sands and pipe-dreams», en The Economist, 12 de diciembre de 2009, pp. 55-56; Rashid, Descent into Chaos, pp. 66-71 y 338-348. Eric McGlinchey, «Running in circles in Kyrgyzstan», en New York Times, 10 de abril de 2010. Sobre la guerra civil de Tayikistán, Mehrali Toshmuhammadov, «Civil war in Tajikistan and post-conflict rehabilitation», Sapporo, Universidad de Hokaido, 2004. Sobre el Grupo de Cooperación de Shanghái, véase la información que proporciona su página web en <www.sectsco.org/EN/>.

La situación en el Oriente Próximo

Patrick Tyler, A World of Trouble. The White House and the Middle East— from the Cold War to the War on Terror, Nueva York, Farrar, Strauss, and Giroux, 2009, passim; Jeremy Salt, The Unmaking of the Middle East. A History of Western Disorder in Arab Land, Berkeley, University of California Press, 2008, pp. 340-358; Homa Katouzian, The Persians. Ancient, Medieval and Modern Iran, New Haven, Yale University Press, 2009, pp. 354-394; Yann Richard, L’Iran de 1800 à nos jours, París, Flammarion, 2009, pp. 381-415; Jamal Dajani, «The Saudi-Iranian neo cold-war», en Huffington Post, 13 de noviembre de 2009. Sobre la naturaleza política del régimen de Irán, María Jesús Merinero, La República islámica de Irán, Madrid, Catarata, 2004; Trita Parsi, Treacherous Alliance. The Secret Dealings of Israel, Iran, and the United States, New Haven, Yale University Press, 2007, pp. 172-222. Avi Shlaim, Israel and Palestine, Londres, Verso, 2009, pp. 285-317; Mark Tessler, A History of the Israeli-Palestinian Conflict, Bloomington, Indiana University Press, 2009/2, pp. 819-847; Tanya Reinhert, L’héritage de Sharon, París, La Fabrique, 2006; Neill Lochery, Loaded Dice. The Foreign Office and Israel, Londres, Continuum, 2007, pp. 213-226; «The politics and economics of Israeli disengagement, 1994-2006», en Middle Eastern Studies, 43 (2007), n.º 1, pp. 1-19 y «The Death of the PLO», en Middle Eastern Studies, 45 (2009), n.º 2, pp. 243-261; Reporters sans frontières, Israël, Palestine. Le livre noir, París, La Découverte, 2002 (en pp. 113-125, el informe de Human Rights Watch sobre la masacre de Jenín). Stephen Zunes, La poudrière. La politique américaine au Moyen-Orient et les racines du terrorisme, París, L’Aventurine, 2002, pp. 143-210; Georges Corm, Le Proche-Orient éclaté, 1956-2007, París, La Découverte, 2007/5, pp. 643-754, 943-956, passim; Ahron Bregman, Israel’s Wars, Londres, Routledge, 2000, pp. 204-237 y 250-277. Nahla Chahal y Hala Kodmani, Avril, a Jénine, París, La Découverte, 2002; Eyal Weizman, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation, Londres, Verso, 2007; Amira Hass, «Asediados», en John Pilger, ed., ¡Basta de mentiras! El periodismo de investigación que está cambiando el mundo, Barcelona, RBA, 2007; Steven Erlanger, «West Bank sites on private land, data shows», en New York Times, 14 de marzo de 2007. Jonathan Freedland, «The enigma of Ariel Sharon», en New York Review of Books, 21 de diciembre de 2006, pp. 32-40. Steven Erlanger, «Olmert rejects right of return for Palestinians», en New York Times, 31 de marzo de 2007; «Israel and Iran. How MAD can they be?», en The Economist, 10 de febrero de 2007, p. 26; Ilan Pappé, «Ingathering», en New York Review of Books, 20 abril 2006, p. 15. Uso datos de la crítica de Adam LeBor al libro de Idith Zertal y Avika Eldar, Lords of the Land, publicada en New York Times el 14 de octubre de 2007. James Ron, Frontiers and Ghettos. State Violence in Serbia and Israel, Berkeley, University of California Press, 2003, pp. 121-122 y 189-202. Sobre Hezbollah, Nasrallah y la guerra de 2006, Robin Wright, Dreams and Shadows. The Future of the Middle East, Nueva York, Penguin, 2008, pp. 158-211; Augustus Richard Norton, Hezbollah, Princeton, Princeton University Press, 2009/5; Gilbert Achcar y Michel Warschawski, La guerra de los 33 días. Israel con Hezbolá en el Líbano y sus consecuencias, Barcelona, Icaria,2007; Amos Harel and Avi Issacharoff, 34 Days. Israel, Hezbollah, and the War in Lebanon, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2008. Sobre la evolución política del Líbano, Muhammad A. Faour, «Religion, demography, and politics in Lebanon», en Middle Eastern Studies, 43 (2007), pp. 909-921; Corm, Le Proche-Orient, pp. 996-1041; James Zogby, Arab Voices. What They are Saying to Us and Why it Matters, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2010, se hace eco de la divergencia de opiniones en el Líbano entre quienes opinaban que eran los sirios los que habían asesinado a Hariri, y quienes lo consideraban víctima de Israel y de los Estados Unidos. Roger Cohen, «U.S. illusions in Lebanon», en New York Times, 13 de diciembre de 2010; Dyap Abou Jahjah, «How to destroy Hezbollah», en OpenDemocracy, 7 de diciembre de 2010. Beverley Milton-Edwards y Stephen Farrell, Hamas. The Islamic Resistance Movement, Cambridge, Polity, 2010; sobre el programa actual de Hamas, Manuela Paraipan, «The voice of Hamas» (entrevista con Khaled Mashal), en OpenDemocracy, 5 de noviembre de 2010. Noam Chomsky, «Una temporada de parodias», en Sinpermiso, 12 de julio de 2009. La frase de The Economist sobre la orilla occidental procede de «The dysfunctional Jewish sate», en la edición de 5 de abril de 2008, p. 18. Sobre el ataque a Gaza, Mustafa Barghouti, «Palestine’s Guernica and the myths of Israeli victimhood», en The Huffington Post, 29 de diciembre de 2008; Avi Shlaim, «Israel and Gaza: rhetoric and reality», en OpenDemocracy, 7 de enero de 2009 y la denuncia de los asesinatos de civiles por el ejército israelí publicada en agosto de 2009 por Human Rights Watch, White Flag Deaths. Killings of Palestinian Civilians during Operation Cast Lead, que puede consultarse en su web <www.hrw.org>; Henry Siegman, «The great Middle East peace process scam», en London Review of Books, 16 de agosto de 2007, pp. 6-7, «Sharon and the future of Palestine», en New York Review of Books, 2 de diciembre de 2004, pp. 7-14 y «Hamas: the last chance for peace?»; en New York Review of Books, 6 de abril de 2006, pp. 42-48. Ethan Bronner, «Soldiers’ accounts of Gaza killings raise furor in Israel», New York Times, 20 de marzo de 2009; George Bisharat, «Israel on Trial», en New York Times, 4 de abril de 2009. Sobre su informe, Richard Goldstone, «Justice in Gaza», en New York Times, 17 de septiembre de 2009. Amos Oz, «Israeli force, adrift on the sea», en New York Times, 1 de junio de 2010. Sobre los «papeles palestinos», Max Ajl, «The Palestine papers or How everything you thought you knew about the peace process was wrong», en Truthout, 10 de febrero de 2011.

La «primavera árabe» de 2011

Sobre el Egipto de Mubarak, Wright, Dreams and Shadows, pp. 65-136, que nos ofrece una interesante información, previa a los movimientos de 2011, acerca de las fuerzas de la disidencia contra Mubarak. Lo que se refiere a los movimientos revolucionarios del Magreb y Egipto en 2011 procede ante todo de fuentes periodísticas, incluyendo las de Al-Jazeera y las más equívocas de la web Magharebia, elaborada por Africom. Sobre la fiabilidad de las noticias de los medios en relación con el Oriente Próximo, Nir Rosen, «Western media fraud in the Middle East», en Al-Jazeera, 18 de mayo de 2011. En el número de mayo-junio de 2011 de Foreign Affairs pueden verse una serie de artículos sobre la «nueva revuelta árabe», entre los que destacan el de Lisa Anderson, «Desmitifying the Arab spring», pp. 2-7 y el de Jack Goldstone, «Understanding the revolutions of 2011», pp. 8-16. John Pilger, «Welcome to the violent world of Mr. Hopey Changey», en Truthout, 27 de mayo de 2011. Marisa Holmes, «The next Egyptian revolution», en Truthout, 3 de julio de 2011. De un interés especial es Adam Hanieh, «Egypt’s orderly transition? International aid and the rush to structural adjustment» en Jadaliyya, mayo de 2011.

La mayoría de las informaciones proceden de fuentes periodísticas, y muy en especial del New York Times, cuyas referencias omito para ahorrar espacio. Además, Angelina Jarrouj, «Economic failures, revolutions and the role of the World Bank in the MENA region», en Bank Information Center, 7 de abril de 2011. Alfred W. McCoy y Brett Reilly, «Washington on the rocks. An empire of autocrats, aristocrats, and uniformed thugs begins to totter», en TomDispatch, 24 de abril de 2011. Sobre las ventas de armas de los Estados Unidos a los regímenes de estos países, Nick Turse, «Obama’s reset: Arab spring or same old thing? How the President and the Pentagon prop up both Middle Eastern despots and American arms dealers», en TomDispatch, 17 de mayo de 2011. Sobre Siria, Vicken Cheterian, «Syria’s broken spring: a Damascus report», en openDemocracy, 22 de junio de 2011. Sobre los estados del Golfo, Kristian Coates Ulrichsen, «Gulf States: studious silence falls on Arab spring», en openDemocracy, 25 de abril de 2011.

Sobre Libia, Thomas Seifert y Klaus Werner, El libro negro del petróleo, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2008, pp. 107-120; Peter Dale Scott, «The Libyan War, American Power and the Decline of the Petrodollar System», The Asia-Pacific Journal, vol 9, issue 18 n.º 2, mayo de 2011; Issandr El Amrani, «Is there a Libya?», en London Review of Books, 28 de abril de 2011, pp. 19-20. Críticas africanas al ataque a Libia pueden encontrarse en Pambazuka News; por ejemplo, en el n.º 534, de 9 de junio de 2011, Samir Amin, «2011: An Arab springtime?»; Patrick Bond, «Chilling the Arab spring»; Obi Nwakanma, «Libya: NATO’s war of agression on sovereign African state»; Sokari Ekine, «Maghreb uprisings: Truth is “impossible to find”». Sobre los mercenarios, Mark Mazzetti y E.B. Hager, «Secret desert force set up by Blackwater’s founder», en New York Times, 14 de mayo de 2011.

CAPÍTULO 18: UNA CRISIS GLOBAL

La quiebra del sistema financiero

La literatura suscitada por la crisis es tan inmensa que renuncio a mencionar más que los textos fundamentales de los que se hacen citas o se toman elementos. Entre los libros: Paul Krugman, El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual, Barcelona, Crítica, 2009; Después de Bush. El fin de los «neocons» y la hora de los demócratas, Barcelona, Crítica, 2008; El gran engaño, Barcelona, Crítica, 2004; Joseph Stiglitz, Free Fall. Free Markets and the Sinking of the Global Economy, Londres, Allen Lane, 2010; Robert Skidelsky, El regreso de Keynes, Barcelona, Crítica, 2009 (en especial su lúcido análisis de la crisis en pp. 21-48); Allan Greenspan, The Age of Turbulence, Nueva York, Penguin, 2007; Roger Alcaly, The New Economy, Nueva York, Farrar, Strauss and Giroux, 2003 (en 2010, en cambio, escribía en la New York Review of Books —25 de marzo de 2010, «How they killed the economy»— sumándose a las voces críticas); Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff, This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly, Princeton, Princeton University Press, 2009. Una explicación accesible en Juan Torres López, La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada?, Madrid, Sequitur, 2010; Robert J. Shiller, The Subprime Solution. How Today’s Global Financial Crisis Happened and What to Do about It, Princeton, Princeton University Press, 2008; Georg Soros, La bombolla de la supremacia americana, Barcelona, La Magrana, 2004 y El nou paradigma dels mercats financers. Per entendre la crisi econòmica actual, Barcelona, Edicions 62, 2008; Paul Mason, Meltdown. The End of the Age of Greed, Londres, Verso, 2009; Randy Charles Epping, The 21st-Century Economy, Nueva York, Vintage Books, 2009; John B. Foster y Fred Magdoff, The Great Financial Crisis, Nueva York, Monthly Review Press, 2009; Bruce Bartlett, The New American Economy. The Failure of Reaganomics and a New Way Forward, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2009; Christian Marazzi, Finanza brucciata, Bellinzona, Casagrande, 2009. Sobre la evasion de impuestos y los paraísos fiscales, Nicholas Shaxson, Treasure Islands. Tax Havens and the Men Who Stole the World, Londres, The Bodley Head, 2011. Sobre los errores cometidos por el FMI véase IEO (Independent Evaluation Office of the FMI), IMF Performance in the Run-Up to the Financial and Economic Crisis: IMF Surveillance in 2004-07, 10 de enero de 2011.

En cuanto al análisis de sus causas, un tema que escapa a los objetivos de este libro, me he basado en buena medida en los trabajos de una serie de economistas disidentes como Steve Keen (por ejemplo «Empirical and theoretical reasons why the GFC is not behind us», en Steve Keen Debtwatch, 13 de junio de 2010), Dean Baker, Michael Hudson o Nouriel Roubini, acerca de cuyos planteamientos se puede encontrar una buena síntesis en Dirk J. Bezemer, «No One Saw This Coming»: Understanding Financial Crisis Through Accounting Models, Munich, MPRA paper n.º 15 892, junio de 2009.

La base de la información descriptiva procede de un gran número de artículos publicados en diversos lugares, demasiado numerosos para citarlos aquí. He hecho un amplio uso de los del New York Times, en especial de los de Krugman; de la Real World Economics Review, números 49 y 50, y sobre todo del blog de la misma (como James Galbraith, «I write to you from a disgraced profession», o, en general, los de Dean Baker y Peter Radford); de Truthout, que he usado ampliamente, día a día; de New York Review of Books (como Robert M. Solow, «How to understand the disaster», 14 de mayo de 2009); de London Review of Books, New Left Review, The American Prospect, Wall Street Journal, TomDispatch (por ejemplo el artículo de Chris Hellman sobre el gasto militar, de 16 de agosto de 2011), St. Louis Post Dispatch, Bloomberg.com, ThinkProgress, In These Times, etc. Del Berkeley Blog (Brad DeLong, «What have we unlearned from our Great Recession?», 24 de febrero de 2011) o de los artículos de Robert Reich en diversos medios. El discurso de Bernanke «The great moderation. Remarks by governor Ben S. Bernanke at the meetings of the Eastern Economic Association, Washington, DC. February 20, 2004» en The Federal Reserve Board. Sobre la discutida personalidad de Larry Summers, Charles Ferguson, «Larry Summers and the subversion of economics», en The Chronicle of Higher Education, 13 de octubre de 2010. La opinión de Eliot Spitzer en su artículo «What Clayron knew», en Slate, 19 de octubre de 2010. Las palabras de Larry Beinhart en BuzzFlash, 10 de enero de 2011, a lo que hay que añadir, Eric Alterman, «The conservative class war, continued», en Truthout, 3 de febrero de 2011. The Financial Crisis Inquiry Report. Final Report if the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States, Washington, Official Government Edition, enero de 2011 (véase, por ejemplo, la crítica de Steve Keen, «The FCIC report: Sound and fury signifying nothing», en Real-World Economics Review Blog, 7 de febrero de 2011).

La información sobre la política y las empresas procede de una tal diversidad de fuentes puntuales que sería excesivo detallarlas. Las declaraciones de Buffett en Ben Stein, «In class warfare, guess which class is winning», en New York Times, 26 de noviembre de 2006, y su artículo sobre la responsabilidad de los milmillonarios, «Stop coddling the super-rich», en New York Times, 14 de agosto de 2011. Sobre la ineficacia de la austeridad, Jaime Guajardo, Daniel Leigh, y Andrea Pescatori, «Expansionary austerity. New International evidence», IMF Working Paper, julio de 2011. Una amplia información sobre ALEC, y sobre su relación con los Koch, se encontrará en Beau Hodai, «Publicopoly Exposed. How ALEC, the Koch brothers and their corporate allies plan to privatize government», en In These Times, 11 de julio de 201, en la web DBApress.com, donde el propio autor ha reunido una impresionante serie de documentos y en <www.alecexposed.org> del Center for Media and Democracy. Sobre ALEC y las cárceles, Mike Elk y Bob Sloan, «The hidden history of ALEC and prison labor», en The Nation, 1 de agosto de 2011. Todo lo cual puede confrontarse con lo que se dice en la web de la propia asociación, <www.alec.org.> Las opiniones de Brzezinski en <www.prisonplanet.com>, 7 de julio de 2011. Sobre la situación de los niños, Children’s Defense Fund, The State of America’s Children 2011 Report. La frase final, de Mark Weisbrot, «The struggle against stupidity: European and U.S. governments continue wrecking their economies», en The Guardian, 5 de agosto de 2011.

La otra cara de la crisis: la lucha por la tierra y por los alimentos

FAO, Food Outlook. Global market analysis, diciembre de 2009; FAO, The State of Food Insecurity in the World. Addressing Food Insecurity in Protracted Crises, octubre de 2010. Olivier de Schutter, Report submitted by the Special Rapporteur on the right to food, United Nations, 20 de diciembre de 2010. Frederic Mousseau, The High Food Price Challenge: A Review of Responses to Combat Hunger, Oakland, The Oakland Institute, 2010; Walden Bello, «The global food price crisis. A critique of orthodox perspectives», en Pambazuka News, 439, 25 de junio de 2009. Sean O’Grady, «The coming hunger: Record food prices put world “in danger”, says UN», en The Guardian, 6 de enero de 2011. Keith Bradsher, «U.N. Food Agency issues warnings on China drought», en New York Times, 8 de febrero de 2011; Paul Krugman, «Grains gone wild», en New York Times, 7 de abril de 2008; Jomo Kwame Sundaram, «Food fears return», en Project Syndicate, 9 de mayo de 2011; «If words were food, nobody would go hungry», en The Economist, 21 de noviembre de 2009, pp. 61-63 y «Dare to grow more», 4 de diciembre de 2010, p. 67. Lo que se dice de Somalia procede de dos artículos publicados en Pambazuka News, n.º 543, 3 y 4 de agosto de 2011: «Famine by man not drought» y Rasna Warah, «Famine in Somalia. The story you’re unlikely to hear any time soon», que se basa en hechos que han sido ya comentados en otro capítulo de este libro.

Sobre la soberanía alimentaria, Eric Holt-Giménez, «De la crise alimentaire à la souveraineté alimentaire, le défi des mouvements sociaux», en Pressions sur les terres. Devenir des agricultures paysannes. Points de vue du Sud, Alternatives Sud 17/2010 3, París, Syllepse, 2010, pp.37-56; «We demand food sovereignity now! Declaration from social movements/NGOs/CSOs Parallel forum to the World summit of food security, Rome, 13-17 november 2009», en Pambazuka News, 459, 26 de noviembre de 2009; «Hunger grows in America and around the world. Do government readers care?», en Food First news and views, 31 (2009), n.º 115. Neil MacFarquhar, «U.N. raises concerns as global food prices jump», en New York Times, 3 de septiembre de 2010; William Neuman, «Rising corn prices bring fears of an upswing in food costs», en New York Times, 12 de octubre de 2010. Las estimaciones sobre el crecimiento de la población mundial en Justin Gillis y Celia W. Dugger, «U.N. forecasts 10.1 billion people by century’s end», en New York Times, 3 de mayo de 2011. La afirmación de que «Malthus vuelve» en Carlisle Ford Runge y Carlisle Piehl Runge, «Against the grain. Why failing to complete the green revolution could bring the next famine», en Foreign Affairs, 89 (2010), n.º 1, pp. 8-14. Sobre la «revolución verde», Eric Holt-Giménez y Raj Patel, Food Rebellions! Crisis and the Hunger for Justice, Oxford, Pambazuka Press, 2009, 26-37 y passim (en pp. 136-147, sobre AGRA, el nuevo proyecto «verde» africano); «Green Revolution turned soil infertile», en The Hindu, Charnai, 26 de septiembre de 2009; Raj Patel, Eric Holt-Giménez y Annie Shattuck, «Ending Africa’s hunger», en The Nation, 21 de septiembre de 2009; Eric Holt-Giménez, Smalholder Solutions to Hunger, Poverty and Climate Change, Oakland, Food First, s.a. (c. 2010); David Lidstone y David George-Cosh, «Saudi food adventure needs rethink» en The National, Abu-Dhabi, 12 de diciembre de 2009. Andrew Rice, «Is there such a thing as agro-imperialism?», en New York Times, 22 de noviembre de 2009. Hans Herren, «Supporting a true agricultural revolution», en Pambazuka News, 481, 13 de mayo de 2010.

Sobre el landgrabbing en África, véase el informe del Banco Mundial, Rising Global Interest in Farmland. Can It Yield Sustainable and Equitable Benefits?, 7 de septiembre de 2010 y la crítica de Saturnino Borras, jr., y Jennifer Franco, «Regulating land grabbing?», en Pambazuka News, 510, 16 de diciembre de 2010. Roger Thurow, «The fertile continent. Africa, agriculture’s final frontier», en Foreign Affairs, 89 (2010), n.º 6, Special issue: «The world ahead», pp. 102-110. «When others are grabbing your land», en The Economist, 7 de mayo de 2011, pp. 57-58. El texto de Vía Campesina procede de su convocatoria a una conferencia internacional «Paremos el acaparamiento de tierras» del 17 al 20 de noviembre de 2011 en Nyeleni. Visiones hostiles al proceso en The Vultures of Land Grabbing. The involvement of European financial companies in large-scale land acquisition abroad, un documento producido por Merian Research y la ONG CRBM en 2010, que puede consultarse en la red, al igual que las noticias ofrecidas por una web dedicada especialmente al fenómeno del landgrabbing (Food Crisis and the Global Land Grab en <http://farmlandgrabbing.org>), por el Oakland Institute (Shepard Daniel y Anuradha Mittal, The Great Land Grab y otros documentos semejantes en <www.oaklandinstitute.org>) o por Vía Campesina, demasiado abundantes como para anotarlos aquí (por ejemplo, «GRAIN statement at the Joint GRAIN-La Vía Campesina media briefing», Roma, 26 de noviembre de 2009; sobre el caso de Loliondo, MERC (Maasai Environmental Resource Coalition), una web publicada por una organización en que participan grupos massai de Tanzania y Kenia, y «Tanzania: Loliondo report of findings», en Pambazuka News, n.º 449, 23 de septiembre de 2009; Nikolaj Nielsen, «Land-grabbing in Africa: the why and the how», en Pambazuka News, 7 de octubre de 2009. La noticia del hambre en Etiopía de Reuters Alerts Net, 25 de septiembre de 2009, confirmada en Raphael Grojnowski, «Ethiopia: land grabbing and the emergence of “cereal republics”», en Grain, 4 de febrero de 2010, etc.); Genet Mersha. «Éthiopie: l’“accaparement” de terres arables par des investisseurs étrangers», en Pressions sur les terres, pp. 161-179. Sobre América Latina, «L’accaparement des terres en Amérique Latine», en Food Crisis and the Global land Grab, 12 de marzo de 2010. «World Bank report on land grabbing: Beyond the smoke and mirrors», en Food Crisis and the Global Land Grab, 15 de septiembre de 2010.

Sobre el agua, Marq de Villiers, Agua. El destino de nuestra fuente de vida más preciada, Barcelona, Península, 2001, pp. 181-205; Maude Barlow y Tony Clarke, Oro azul. Las multinacionales y el robo organizado de agua en el mundo, Barcelona, Paidós, 2004, pp. 107-111; «Nile water resource dispute splits region», en Afrol News, 17 de mayo de 2010. Sobre Azurix, Robert Bryce, Pipe Dreams. Greed, Ego and the Death of Enron, Nueva York, PublicAffairs, 2002, pp. 175-189, passim. El tema de los efectos de las grandes presas se ha basado en Arundathi Roy, The Cost of Living, Londres, Flamingo, 1999; Vandana Shiva, Water wars. Privatization, pollution and profit, Londres, Pluto Press, 2002, pp. 107-108 y 114-115; Khadija Sharife, «Damnation for Africa’s big dams?», en Pambazuka News, 444, 30 de julio de 2009, «China’s biggest bank to support Africa’s most destructive dam», en International Rivers, 13 de mayo de 2010, y muy en especial en Thayer Scudder, «A Comparative Survey of Dam-induced Resettlement in 50 cases», manuscrito no publicado que puede consultarse en la web del autor (<www.hss.caltech.edu>). Sobre Perú, Hugo Blanco, «Perú: voto por Cocachacra», en SinPermiso, 10 de abril de 2011. Frank Muramuzi, «Ugandan environmentalist speaks out on large dams, renewable energy, and poverty alleviation», en Bank Information Center, 14 de diciembre de 2009; Khadija Sharife, «East Africa’s looming famine- Gibe III», en Pambazuka News, 482, 20 de mayo de 2010. Robert F. Worth, «Searching for crumbs in Syria’s breadbasket», en New York Times, 13 de octubre de 2010.

Paul Collier, The Bottom Billion. Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It, Nueva York, Oxford University Press, 2007 (véanse las críticas a este libro de Easterly en New York Review of Books, 4 de diciembre de 2008, pp. 51-54 y de Erik S. Reinert, reproducida en Pambazuka News, n.º 520, 10 de marzo de 2011). Del propio Collier, «Development in dangerous places» en Boston Review, julio-agosto de 2009; «The politics of hunger» en Foreign Affairs, noviembre-diciembre de 2008. En una línea semejante se expresa Tony Blair, «Making government work can transformate Africa», en Huffington Post, 16 de diciembre de 2010. Una crítica global a las ideas de Collier en Walden Bello, «The global food price crisis. A critique of orthodox perspectives», en Pambazuka News, 439, 25 de junio de 2009. En España se han publicado, por Ediciones Turner, dos traducciones de Collier: El club de la pobreza: qué falla en los países más pobres del mundo (2008) y Guerra en el club de la miseria: la democracia en lugares peligrosos (2009).

Marc Dufumier, «Insécurité alimentaire, question agraire et développement “durable” en Afrique», en Pambazuka News, 152, 28 de junio de 2010. Agriculturas africanas y mercado mundial ha sido publicado por la Universitat Politècnica de Valencia en 2010 y se puede consultar en una versión en la red de la propia universidad. Tidiane Kassé, «Food crisis in the Sahel: Real problem, false solutions», en Pambazuka News, 27 de julio de 2010.

Niek Köning, The Failure of Agrarian Capitalism: Agrarian Politics in the UK, Germany, the Netherlands and the USA, 1846-1919, Londres, Routledge, 1994. Hay sobre esto una bibliografía abundante que no es este el lugar de citar. Miguel Altieri, «Small farms as a planetary ecological asset: Five key reasons why we should support the revitalization of small farms in the global south», Food First, 2008, en <http://www.foodfirst.org/en/node/2115>. IAASTD, Agriculture at a Crossroads, Washington, Island Press, 2009; Olivier De Schutter, «Responsibly destroying the world’s peasantry», en Food Crisis and the Global Land Grab, 4 de junio de 2010 (<http://farmlandgrab.org/13 528>).

Garrett Hardin, «The Tragedy of the Commons», en Science, 162 (1968), pp. 1243-1248; Esther Kingston-Mann, «Peasant communes and economic innovation: a preliminary inquiry», en E. Kingston-Mann y T. Mixter, Peasant Economy, Culture and Politics of European Russia, 1800-1921, Princeton, Princeton University Press, 1991, cita de la p. 50; Tine de Moor, «Avoiding tragedies: a Flemish common and its commoners under the pressure of social and economic change during the eighteenth Century», en Economic History Review, 62, 1 (2009), pp. 1-22. Elinor Ostrom y Harini Nagendra, «Insights on linking forests, trees, and people from the air, on the ground, and in the laboratory», en Proceedings of the National Academy of Sciences, 103 (2006), n.º 51, 19 224-19 231.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs and the Internal Displacement Monitoring Centre, Monitoring Disaster Displacement in the Context of Climate Change, septiembre de 2009; World Bank, Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21th Century, Washington, 2006; World Bank, Development and Climate Change, Washington, septiembre de 2009¸ Right to Food and Nutrition Watch 2009. Who Controls the Governance of the World Food System?, publicado en octubre de 2009 por Brot für die Welt, ICCO y Fian International. Sobre la WTO (OMC), Jean Ziegler, Les nouveaux maîtres du monde, et ceux qui leur resistent, París, Fayard, 2002, pp. 179-202, Fatumata Jawara y Aileen Kwa, Behind the Scenes at the TWO: the Real World of International Trade Negotiations, Londres, Zed Books, 2003; las condiciones de entrada en la OMC para Camboya en «Welcome to the club», en The Economist, 13 septiembre 2003, pp. 55-56; el fracaso de las semillas de Monsanto en African Center for Biosafety, agosto de 2009. Una de las paradojas del «liberalismo» es que individuos como Johan Norberg, autor de En defensa del capitalismo global, y entidades como el ultraliberal Cato Institute, al que Norberg pertenece, condenen el proteccionismo agrario de los Estados Unidos, por cuanto daña a los productores del mundo subdesarrollado; pero es que esta condena se hace en nombre de una campaña que condena también a los sindicatos («Are unions good for America?», se pregunta el Cato Journal del invierno de 2010, y la respuesta, naturalmente, es «no») y los intentos de reforma sanitaria de Obama. Hubert Reeves y Frédéric Lenoir, Mal de terre, París, Seuil, 2003, pp. 187-202, etc.

La frase de Samir Amin en «Emerging from the crisis of capitalism or emerging from capitalism in crisis?», en Pambazuka News, 17 de septiembre de 2009. Sobre las luchas campesinas es mucho mejor seguir las noticias a medida que se producen que recurrir a la bibliografía, a excepción de unos pocos libros como el de Eric Holt-Giménez y Raj Patel, Food Rebellions! Crisis and the Hunger for Justice, Oxford, Pambazuka Press, 2009. En un marco general hay que usar la web del movimiento internacional Vía Campesina (<http://viacampesina.org>). Para América Latina las informaciones de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (<http://movimientos.org/cloc>). Hay abundantes noticias sobre los países andinos en Centro de Políticas Públicas y Defensa Indígena (<www.politicaspublicas.net>) o en la web de Bartolomé Clavero (<www.clavero.derechosindigenas.org>). Y las hay para países concretos: para Guatemala, Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIC (<www.cnoc.org.gt/conic.html>); para Colombia, Agencia Prensa Rural (<www.prensarural.org>); para Brasil, la web del MST (<www.mstbrazil.org>), para México, la del propio movimiento zapatista (<www.enlacezapatista.ezln.org.mx>), para Perú la de Aidesep, etc. El caso de los mapuches ha dado lugar a que un grupo de historiadores chilenos haya publicado el 19 de agosto de 2009 un manifiesto de apoyo a la lucha del pueblo mapuche por «recuperar sus tierras ancestrales». Sobre los campesinos indígenas de la Amazonia peruana, y el intento de arrebatarles sus tierras por parte de Alan García, Javier Díez Canseco, «La batalla amazónica. Antes y después», en SinPermiso, 28 de junio de 2009. Materiales adicionales sobre Colombia: Simon Romero, «Wider drug war threatens Colombian indians», en New York Times, 22 de abril de 2009; «Declaración final III Asamblea Nacional del Coordinador Nacional Agrario C.N.A» de 29 de febrero de 2008, en Vía Campesina; un documentado estudio de diciembre de 2007, El derecho a la alimentación en Colombia, puede consultarse en la web de FIAN Internacional, (<www.fian.org>), etc. Sobre la masacre de Acteal, el dossier reunido por Adolfo Gilly, «Sobre la masacre de Acteal. México. Dossier», en SinPermiso septiembre de 2009 (<www.sinpermiso.info>); sobre la de El Salado, en Colombia, «Conspiracy of silence? Colombia, the United States and the Massacre at El Salado», en National Security Archive, 24 de septiembre de 2009; sobre Bagua, Marco Huaco, «A dos años del “baguazo”: aportes para una cronología creíble», en Ideele, Perú, 2011.

CAPÍTULO 19: AL FINAL DEL RECORRIDO: EL TRIUNFO DEL CAPITALISMO REALMENTE EXISTENTE

Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Londres, Hamish Hamilton, 1992; una respuesta desengañada y reaccionaria en Robert Kagan, The Return of History and the End of Dreams, Nueva York, Knopf, 2008. World Development Report 2001: Conflict, Security, and Develompment, Washington, World Bank, 2011. Sobre la persistencia de la guerra fría, Stephen F. Cohen, Soviet Fates and Lost Alternatives, from Stalinism to the New Cold War, Nueva York, Columbia University Press, 2009, pp. 162-198 («Who lost the post-soviet peace?»). Thalif Deen, «Armed conflicts claim unprecedented number of civilians», en Inter Press Service, 15 de mayo de 2011. Sobre Bakiyev, Clifford J. Kevy, «Strategic issues, not abuses, are U.S. focus in Kyrgyzstan», en New York Times, 22 de julio de 2009. Michael Scheuer, Osama bin Laden, Nueva York, Oxford University Press, 2011, pp. 162-181. Martin van Creveld, The Culture of War, Nueva York, Ballantine Books, 2008, conclusión. Las noticias sobre la venta de armas en New York Times de 7 y 11 de septiembre de 2009. La crítica de Luciano Canfora en La democracia. Historia de una ideología, Barcelona, Crítica, 2004 y Crítica de la retórica democrática, Barcelona, Crítica, 2003; la de John Kampfner en Freedom for Sale. How we Made Money and Lost Our Liberty, Londres, Pocket Books, 2010; la frase sobre el Congreso norteamericano procede de Robert L. Borosage, «Corruption is dangerous to your health», en Huffington Post, 5 de mayo de 2009. Sobre la decisión de no limitar el gasto electoral de las empresas, Adam Liptak, «Justices, 5-4, reject corporate spending limit», en New York Times, 21 de enero de 2010; Robert Barnes, «High court shows it might be willing to act boldly», en Washington Post, 22 de enero de 2010 y Ronald Dworkin, «The “devastating” decision», en New York Review of Books, 28 de febrero de 2010, p. 39.

Sobre la formación de las sociedades democráticas en Europa, Thomas Ertman, The Birth of the Leviatan. Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1997 y Robert D. Putnam et al., Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, Princeton University Press, 1993.

Sobre la esclavitud en el mundo actual, Kevin Bales, Disposable People: New Slavery in the Global Economy y Ending Slavery. How We Free Today’s Slaves, ambos publicados por Berkeley, University of California Press, 1999 y 2007, respectivamente; Kevin Bales y Zoe Trodd, «All of it is now», en Emma Christopher et al. eds., Many Middle Passages. Forced Migration and the Making of the Modern World, Berkeley, University of California Press, 2007, pp. 222-234. Se pueden encontrar informaciones y estadísticas acerca de la situación actual de la esclavitud en el mundo en la web de Polaris Project (<www.polarisproject.org>). Gabriele Turi, «Iqbal Masih. Le nuove schiavitù», en Passato e Presente, XXVII (2009), n.º 78, pp. 43-63; Cameron Sinclair, «Dying to work: Human trafficking and the construction industry», en Huffington Post, 15 de septiembre de 2009; Sara Sidner, «Generations pay off debts through slavery», en The CNN Freedom Project, 8 de marzo de 2011. En diciembre de 2009 se detuvo en Atlanta a un matrimonio que retenía en la esclavitud a una mujer a quien había hecho venir de Swazilandia con engaños (Afrol News, 11 de diciembre de 2009); las noticias sobre Mauritania de Sy Hamdou, «Mauritania: slavery and state racism», en Pambazuka News, 543, 3 de agosto de 2011 y en Magharebia, 18 de enero de 2011. La historia del niño Nana Yaw, en <www.irinnews.org>, 23 de marzo de 2010. Una extensa información de la lucha contra el tráfico de seres humanos país por país se puede encontrar en los Trafficking in Persons Report que publica cada año el Bureau of Public Affairs del Departamento de Estado norteamericano. Nicholas D. Kristof, «She’s 10 and may be sold to a brothel», en New York Times, 1 de junio de 2011.

La literatura sobre la globalización, la desigualdad y el hambre es prácticamente inabarcable. He usado, entre otros libros, A.G. Hopkins, ed., Globalization in World History, Londres, Pimlico, 2002; Erik S. Reinert, La globalización de la pobreza, Barcelona, Crítica, 2007; J. A. Dunning, ed., Making Globalization Good. The Global Challenges of Global Capitalism, Oxford, Oxford University Press, 2003; David Held y Ayse Kaya, eds., Global Inequality, Cambridge, Polity Press, 2007. Las cifras sobre el hambre pueden seguirse en las noticias que publican regularmente la FAO, el International Food Policy Research Institute (<www.ifpri.org>), con su índice internacional del hambre, el Institute for Food and Development Policy (<www.foodfirst.org>), etc. Ejaz Ghani, «Is growth incomplete without social progress?», en Project Syndicate, 3 de mayo de 2011. Sobre las ciudades y los suburbios, Mike Davis, Planet of Slums: Urban Involution and the Informal Working Class, Londres, Verso, 2006; Stephen Graham, Cities under Siege. The New Military Urbanism, Londres, Verso, 2010 y la web de UN Habitat (<www.unhabitat.org>), donde se pueden hallar las noticias sobre el «World Urban Forum 5, The Right to the City: Bridging the Urban Divide» (Río de Janeiro, marzo de 2010). En lo relativo a la desigualdad, las cifras hasta 1970 son de Paul Bairoch, «The main trends in national economic disparities since the industrial revolution», en Paul Bairoch y Maurice Lévy-Leboyer, eds., Disparities in Economic Development since the Industrial Revolution, Basignstoke, Macmillan, 1981, pp. 3-17, especialmente el cuadro de la p. 7. Las más recientes, en Mark Weisbrot y Rebecca Ray, The Scorecard on Development, 1960-2010: Closing the Gap?, Washington, Center for Economic and Policy Research, abril de 2011. Una visión de cifras a más largo plazo, discutibles en muchos aspectos, en Angus Maddison, Contours of the World Economy, 1-2030 AD, Oxford, Oxford University Press, 2007. Las comparaciones siguientes se basan en Naciones Unidas, Estudio económico y social mundial 2000, Nueva York, Naciones Unidas, 2000, p. 289 e Instituto de Recursos Mundiales, Washington, Recursos mundiales 2002, Madrid, Ecoespaña. Jeffrey Sachs, The End of Poverty. Economic Possibilities for Our Time, Nueva York, Penguin, 2005; William Easterly, The White Man’s Burden. Why the West Efforts to Aid the Rest Have Done so Much Ill and so Little Good, Nueva York, Penguin, 2006; Ha-Joon Chang, Bad Samaritans. Rich Nations, Poor Policies and the Threat to the Developing World, Londres, Random House Business Books, 2007; Raymond Fisman and Edward Miguel, Economic Gangsters. Corruption, Violence and the Poverty of Nations, Princeton, Princeton University Press, 2008; Jeff Faux, The Global Class War, Hoboken, Wiley, 2006; Paul Mason, Live Working or Die Fighting. How the Working Class Went Global, Londres, Harvill Secker, 2007, etc.

Artículos como Kimani Chege, «Figures reveal extent of Africa’s neglected diseases», en SciDevNet, 3 de septiembre de 2009; Bharati Chaturvedi, «A scrap of decency», en New York Times, 4 de agosto de 2009; Dense Grady, «Where life’s start is a deadly risk», en New York Times, 24 de mayo de 2009; Nicholas D. Kristof. «The hidden hunger», en New York Times, 24 de mayo de 2009; Olivier De Schutter, «Africa and the global food crisis», en Pambazuka News, 446, 3 de septiembre de 2009; Amy Goldstein, «America’s economic pain brings hunger pangs», en Washington Post, 17 de noviembre de 2009; William Easterly, «The white man’s burden», carta de respuesta a las críticas de Jeffrey Sachs en New York Review of Books, 11 de enero de 2007, p. 66; Thalif Deen, «Is global poverty reduction a political myth?», en Social Watch, julio de 2010 (<www.socialwatch.org>).

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs and the Internal Displacement Monitoring Centre, Monitoring Disaster Displacement in the Context of Climate Change, septiembre de 2009; World Bank, Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21th Century, Washington, 2006, Right to Food and Nutrition Watch 2009. Who Controls the Governance of the World Food System?, publicado en octubre de 2009 por Brot für die Welt, ICCO y Fian International. Uso las informaciones de fuentes como United Nations Standing Committee on Nutrition (<www.unscn.org>), donde se encontrará, por ejemplo, «Global recession increases malnutrition for the most vulnerable people in developing countries. Pregnant women and children are hardest hit», 6 de septiembre de 2009; «U.N.: 1,5 billion people live in darkness», Afrique en ligne, 27 de noviembre de 2009. «Africa still hungry despite annual $3 billion of aid and $33 billion of food imports», en UN News Centre, 11 de marzo de 2010. Donald J. McNeil, jr., «Virus ravages cassava plants in Africa», en New York Times, 31 de mayo de 2010. John Vidal, «People die from hunger while banks make a killing on food», en The Guardian, 23 de enero de 2011. Frederick Kaufman, «How Goldman Sachs created the food crisis», en Foreign Policy, 27 de abril de 2011.

John Pilger, «Behind the Arab revolt is a word we dare not speak», en Truthout, 24 de febrero de 2011; Firoze Manji, «Democratic uprisings brutally suppressed in many African countries», en Pambazuka News, n.º 523, 31 de marzo de 2011. Guy Marius Sagna, «An African response to “There is no alternative”: revolutions from Tunis to Ouagadougou», en Pambazuka News, 542, 27 de julio de 2011; una serie de links a los textos de advertencia acerca de las posibles consecuencias sociales de la crisis se encontrarán en David Ruccio, «They told us so», en la web de RealWorld Economics Review Blog, de 16 de agosto de 2011; el discurso de Brzezinski en «Raging inequality may cause unrest and violence in America and the rest of Western World», en Prison Planet, 20 de julio de 2011.

NOTAS

[1] Jonathan Clayton, «Pygmies struggle to survive in war zone where abuse is routine», en The Times, 16 de diciembre de 2004; Geoffrey Clarfield, «The Pygmy holocaust», en National Post (Toronto), 20 de enero de 2011. <<

[2] Andrew J. Bacevich, «On the mend? America comes to its senses», en TomDispatch.com, 28 de junio de 2011. <<

[3] Tras el colapso de la Unión Soviética, escribe Joseph Gerson, del American Friends Service Committee, la OTAN se transformó «en una alianza global para reforzar las ambiciones imperiales de los Estados Unidos y los privilegios de la élite europea». <<

[4] James C. McKinley jr., «Texas conservatives win curriculum change», en New York Times, 12 de marzo de 2010. <<

[5] George Kennan, «Review of current trends in U.S. foreign policy», Policy Planning Staff, n.º 23. Foreign Relations of the United States, 1948, volumen 1, parte 2. Washington, Government Printing Office, 1976, pp. 524-525. <<

[6] Lloyd C. Gardner, The Long Road to Baghdad. A History of U.S. Foreign Policy from the 1970s to the Present, Nueva York, The New Press, 2008, pp. 12-13. <<

[7] «Este documento, publicado por el secretario de Defensa, proporciona una firme guía en forma de fines, prioridades y objetivos, incluyendo las limitaciones fiscales, para el desarrollo de los Program Objective Memorandums por los departamentos militares y las agencias de defensa.» <<

[8] Defense Planning Guidance, 1992. <<

[9] Tom Engelhardt, «Nine war words that define our world», en TomDispatch, 23 de junio de 2011. <<

[10] Nicolas J.S. Davies, Blood on Our Hands, Ann Arbor, Nimble Books, c.2010, p. 54. <<

[11] Stephen Glain, «The Pentagon’s new China war plan», en Salon, 13 de agosto de 2011. <<

[12] A Report to the National Security Council by the Executive Secretary on Basic National Security Policy, p. 14. <<

[13] David F. Schmitz, Thank God They’re on Our Side: The United States and Right-Wing Dictatorships, 1921-1965, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1999 y The United States and Right-Wing Dictatorships, 1965-1989, Nueva York, Cambridge University Press, 2006. <<

[14] Brigadier general Smedley D. Butler, War is a Racket, introducción de Adam Parfrey, Port Townsend, Feral House, 2003, p. 10. <<

[15] Richard Perle y David Frum, An End to Evil. How to Win the War on Terror, Nueva York, Ballantine Books, 2004, p. 205. <<

[16] Ronald Reagan, The Reagan Diaries, Nueva York, Harper-Collins, 2007, p. 199 (18 de noviembre de 1983). <<

[17] Anatoly S. Chernyaev, Diary 1986, p.9, publicado en la web de National Security Archive, 18 de enero de 1986. <<

[18] Andrew Bacevich, Washington Rules. America’s Path to Permanent War, Nueva York, Metropolitan Books, 2010, pp. 1-18. <<

[19] Roger Cohen, «The Cold war as ancient history», en New York Times, 4 de febrero de 2008. <<

[20] «But the great dark birds of history screamed and plunged/ into our personal weather…», Adrienne Rich, «In those times», de Dark Fields of the Republic, 1995. <<

[21] The Presidential Papers of Dwight David Eisenhower, documento 1147, 8 de noviembre de 1954. <<

[22] Lewis Powell, «Confidential memorandum: attack on the American free enterprise system», 23 de agosto de 1971. El texto completo puede consultarse en la web de Reclaimdemocracy.org. <<

[23] Paul Krugman. Después de Bush, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 141-170. <<

[24] David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Nueva York, Oxford University Press, 2005. <<

[25] Michael Greenstone y Adam Looney, «Have earnings actually declined?», en Brookings, 11 de marzo de 2011. <<

[26] David Kocieniewski, «G.E.'s strategies let it avoid taxes altogether», en New York Times, 24 de marzo de 2011. <<

[27] Walter Benjamin, Einbahnstrasse, «Kaiserpanorama», V. <<

[28] Se retiró más tarde a vivir en Francia, donde fue identificado en junio de 1976 y se dio publicidad a su historia como criminal de guerra. En la noche del 14 de julio su casa fue incendiada con cócteles Molotov y al día siguiente se encontró su cuerpo carbonizado; se dijo que había escapado inicialmente del incendio, pero que regresó para salvar de las llamas un ejemplar de Mein Kampf con un autógrafo de Hitler, y que el techo se desplomó entonces sobre su cabeza. <<

[29] Un caso especial fue el de los judíos que habían sobrevivido a los campos, o que pudieron salvarse en la clandestinidad. Ni se sabía donde llevarlos, ni eran bien recibidos por la población alemana. Los campos de reagrupamiento a que fueron destinados no desaparecieron hasta 1957. <<

[30] Roosevelt temía que el Congreso iba a reclamar el retorno de los soldados norteamericanos. En lugar de ello, la forma en que se concibió la política de hegemonía de la guerra fría no solo los iba a mantener indefinidamente en Europa, sino que los distribuiría en bases por el mundo entero. En 2010 se calculaba que tenían unos 300 000 hombres en 761 «lugares» en 39 países extranjeros, sin contar otros 90 000 en el mar. <<

[31] Los soviéticos recelaban de la conducta de sus aliados, ante hechos como el que se produjo posteriormente, en abril y mayo de 1945, cuando británicos y norteamericanos, que negociaban en Suiza la rendición del ejército alemán en Italia, les excluyeron de las conversaciones. Lo que temieron que pudiera ser un anticipo de una paz por separado con la Alemania nazi. No sin algún fundamento, por cuanto sabemos que Hitler conocía y aprobaba estas negociaciones de sus generales en Italia, con la esperanza de que podían conducir a una división entre los aliados. <<

[32] Como dijo Truman, el 27 de octubre de 1947, uno de los principios fundamentales de la política de los Estados Unidos era asegurarse de que «los estados soberanos del hemisferio occidental» pudieran cooperar «sin interferencias de fuera del hemisferio occidental». <<

[33] Los soviéticos sabían, puesto que lo había publicado en su día el New York Times, que al producirse la invasión hitleriana de Rusia Truman había declarado que si los alemanes iban ganando, había que ayudar a los rusos, pero que si eran los rusos los que se imponían, había que ayudar a los alemanes, con el fin de que, de uno u otro modo, se matasen entre sí cuantos más fuese posible. <<

[34] Hubo también, al parecer, quien propuso castrar o esterilizar al pueblo alemán entero. Y Ben Gurión le pidió a Eisenhower que evacuase a los alemanes de Baviera, con el fin de utilizar el territorio para reagrupar a los inmigrantes judíos, antes de pasar a Palestina. <<

[35] No se hablaba habitualmente de «capitalismo», un término que se evitaba utilizar, pero que era difícil reemplazar —«Hayek trató de encontrar otra palabra y fracasó», dice Norman Stone. El Departamento de Educación de Texas ha propuesto recientemente que se reemplace en los libros de texto por «sistema de libre empresa», porque consideran que «capitalismo» tiene «connotaciones negativas». <<

[36] La muerte de Sikorski sigue envuelta en el misterio. Stalin le dijo en noviembre de 1945 a Gomułka, en una conversación reservada, que eran los ingleses los que le habían matado por obra de quien «era gobernador de Gibraltar entonces, antiguo jefe de la misión militar inglesa en la URSS y un asesino despiadado. Fue él quien preparó la caída del avión». Cuando Stalin le preguntó a Churchill qué le había ocurrido a Sikorski, este contestó: «Les di órdenes de que nada semejante había de ocurrir en el futuro», «como si —añadía Stalin— se pudiese matar dos veces al mismo hombre». <<

[37] Un informe enviado por el embajador soviético en Washington, Nikolai Novikov, el 27 de septiembre de 1946, denunciaba las tendencias imperialistas del capital monopolista norteamericano, que habría acordado con Gran Bretaña dividirse el mundo en esferas de influencia. Novikov pensaba, como la mayoría de los doctrinarios de la teoría del «capitalismo monopolista de estado», que las contradicciones internas del capitalismo harían estallar este acuerdo. En realidad los británicos, que habían tenido que mendigar préstamos a los norteamericanos para remediar sus apuros económicos, no tenían ni capacidad ni intenciones de competir con ellos. Preocupado por el efecto que pudiese causar este informe de Novikov, Molotov lo archivó, de modo que no sabemos si Stalin llegó a leerlo. <<

[38] Kennan lo había escrito de regreso en los Estados Unidos, a petición de Forrestal, en unos días en que estaba fuera de servicio. Reincorporado de nuevo, trató de retirarlo, ya que, como funcionario en activo del Departamento de Estado, no podía expresar opiniones que no fueran las oficiales de la institución. El asunto se resolvió omitiendo su nombre y publicándolo como obra de «X». <<

[39] Las siglas NSC se refieren a los documentos emitidos por el National Security Council, del que se habla más abajo. <<

[40] En marzo de 1946 se había enviado a Turquía el Missouri, el buque de guerra en que se firmó la capitulación de Japón, con el pretexto de transportar el cadáver del embajador turco, fallecido en los Estados Unidos. El buque permaneció en Estambul, donde en agosto se le unió el Roosevelt, el más moderno y potente de los portaaviones norteamericanos. <<

[41] Lo que no se suele decir es que los británicos, para quienes los ingresos que obtenían del petróleo iraní eran vitales, estaban también apoyando un movimiento secesionista de las tribus árabes del sudoeste del país, por si los intereses soviéticos, apoyados por el partido Tudeh, acababan imponiéndose. <<

[42] En el campo de Makronissos, por ejemplo, tres mil prisioneros fueron torturados, con el resultado de 17 muertos, 30 tentativas de suicidio, 600 fracturas y 250 casos de locura. Entre las víctimas de esta violencia figuró, en 1948, George Polk, un periodista norteamericano que había establecido contactos con militantes de ambos bandos. El gobierno griego acusó de su asesinato a dos comunistas, uno de los cuales había fallecido antes de la muerte de Polk. La CIA se ha negado siempre a permitir que se consultara la documentación referida a este caso y en 2007 declaró que una parte de ella se había destruido. <<

[43] «Molotov y Stalin tenían razones para sospechar», afirma Leffler. Se pensaba exigir a Rusia que cambiase su política en relación a Europa y existía efectivamente la intención de separar de su influencia a los países de la Europa oriental. Que el embajador en Moscú, Walter Bedell Smith, proclamase que la oposición rusa al Plan Marshall significaba una «declaración de guerra» por el control de Europa ayuda a entender mejor cuál era la intención política que encerraba la operación. <<

[44] Mayor importancia parecen haber tenido, en cambio, las grandes compras de los Estados Unidos en el extranjero durante la guerra de Corea, en los mismos momentos en que el Plan Marshall concluía, dada la necesidad de destinar los recursos norteamericanos al Mutual Security Program de ayuda económica y militar a los países asiáticos. <<

[45] El primer secretario de Defensa fue James V. Forrestal, cuyo miedo obsesivo a la amenaza rusa parece haber sido una de las razones de su tragedia personal. Tras dimitir de su cargo en marzo de 1949, se le llevó al hospital naval de Bethesda, víctima de una profunda depresión, hasta que en la madrugada del 22 de mayo se suicidó, lanzándose por una ventana desde el piso décimosexto. <<

[46] Con el tiempo, sin embargo, reaparecería la disparidad de agencias de información. Mientras la CIA se especializó en «humint», la «sigint» correspondía a la NSA, los satélites al NRO (National Reconnaisance Office, establecido en 1961 para coordinar las actividades de reconocimiento por satélite de la CIA y de las fuerzas aéreas) y la «imint» (inteligencia por la imagen) iba a otra institución que, tras diversos cambios de nombre, se convirtió en NGA (National Geospatial-intelligence Agency), cuya actividad se define como «geoint». El Pentágono tenía su propio servicio, DIA (Defense Intelligence Agency) que recibía información de las otras agencias, pero actuaba independientemente en el terreno de la inteligencia humana (Defense Human Services), y tanto el ejército, como la marina, como las fuerzas aéreas tenían sus propios equipos. <<

[47] El 24 de octubre de 1990 el primer ministro italiano Giulio Andreotti reconocía la existencia en Italia, y en otros países europeos, de la organización Gladio, algo que conocían los jefes de gobierno. El 22 de noviembre de este mismo año el Parlamento europeo aprobó una resolución que condenaba la existencia durante más de cuarenta años en varios estados miembros de la comunidad «de una organización paralela clandestina de inteligencia y operaciones armadas», dirigida por los servicios secretos de estos estados con la colaboración de elementos militares norteamericanos, que podía haber interferido en la política interna de estos y que estaba implicada en casos de terrorismo y de crimen. «Las diversas organizaciones “Gladio”, añadía, tienen a su disposición arsenales independientes y recursos militares que les dan un potencial desconocido que pone en peligro las estructuras democráticas de los países en que operan o han operado.» <<

[48] Frank Wisner se suicidó en 1965; su hijo, Frank G. Wisner, estuvo mezclado en los negocios sucios de Enron, desempeñó una serie de cargos diplomáticos y tuvo una equívoca actuación en Egipto en 2011, donde trató de consolidar a Mubarak en el poder. <<

[49] Por estas fechas habían planificado un ataque de 30 días contra 70 ciudades soviéticas, empleando 133 bombas atómicas, con las que se esperaba una reducción del 30 al 40 por ciento de la producción industrial soviética y la muerte de 2,7 millones de personas. En años posteriores las cifras del overkill aumentarían espectacularmente. En 1951 las muertes previstas en la URSS y en China ascendían ya a 285 millones. <<

[50] Aunque Gran Bretaña y Canadá habían participado, en una reducida proporción, en el proyecto Manhattan para la construcción de las primeras bombas atómicas, los Estados Unidos dejaron de transferirles tecnología nuclear a partir de 1946, de modo que los británicos tuvieron que completar su propio proyecto en 1952. A instancias de De Gaulle, Francia culminó sus investigaciones en 1960 y dispuso desde entonces de su propio arsenal nuclear. China pudo contar con una bomba atómica en 1964 y con una de hidrógeno en 1966. Hacia 1967 Israel ya poseía algún artefacto nuclear. Los dos últimos miembros del «club» fueron la India en 1974 y Pakistán, auxiliado por China, poco después. La situación real del armamento nuclear de Corea del Norte no es conocida. <<

[51] Edward Teller, el «padre» de la bomba de hidrógeno —por sus méritos como promotor, ya que los científicos no le corresponden— procuró que se hiciese estallar dos días después de las elecciones presidenciales, por miedo a que Eisenhower detuviese las pruebas de una bomba que no era en realidad un arma militar, sino un instrumento de genocidio o de chantaje político. <<

[52] El 27 de enero de 1952 un Truman irritado por los problemas que surgían en las negociaciones de un alto el fuego en Corea escribía en su diario que había que presentar un ultimátum, con un plazo de cumplimiento de diez días, para obligar a China a salir de Corea, a la Unión Soviética a retirarse de la Europa oriental y a que dejase de ayudar a «los bandidos que atacan al mundo libre», esto es a las luchas nacionalistas, o en caso contrario habría una guerra total y «Moscú, San Petersburgo, Mukden, Vladivostok, Pekín, Shanghái, Port Arthur, Dairen, Odessa, Stalingrado y cada fábrica en China y la Unión Soviética serían eliminadas». <<

[53] Stéphane Hessel nos ha recordado que las fuerzas que integraban el Consejo Nacional de la Resistencia en Francia propugnaban en 1945 una seguridad social avanzada y la nacionalización «de los grandes medios de producción monopolizados, fruto del trabajo común, de las fuentes de energía, de las riquezas del subsuelo, de las compañías de seguros y de los grandes bancos». <<

[54] En diciembre de 1938, el representante Joe Starnes, de Alabama, que investigaba en el HUAC el Federal Theatre Project, una iniciativa cultural del New Deal, afirmó que había comunistas en el teatro griego de la antigüedad y que «el Sr. Eurípides era culpable de enseñar conciencia de clase». <<

[55] A lo que añadía que el «gran dinero» y los grandes sindicatos tenían mucho poder, y que se enfrentaban en unas luchas que ninguno podía ganar, de modo que acabarían poniéndose de acuerdo y la factura la pagaría «el hombre de la calle». La profecía resultó equivocada; fue finalmente el «gran dinero» el que aniquiló a los sindicatos. <<

[56] En las midterm elections, que se celebran a los dos años de la presidencial, se eligen todos los miembros de la cámara de representantes, un tercio de los senadores y 36 gobernadores de los estados. <<

[57] Los motivos por los que el juez Irving Kauffman condenó a muerte a los Rosenberg se basaban en la suposición de que la posesión de la bomba atómica por los soviéticos había sido la causa de que se iniciase la guerra de Corea, lo cual hacía responsables a los Rosenberg de las muertes de soldados norteamericanos en el conflicto. <<

[58] Los medios conservadores de los Estados Unidos, con amplia representación en el Congreso, rechazaron los acuerdos de Bretton Woods como un intento de imponerles un «gobierno mundial» a instigación de los comunistas. De hecho, el Congreso se negó a ratificar parte de los acuerdos, que no lo fueron hasta 1994, y persiguió a White y a Hiss como sospechosos de ser miembros de esta imaginaria conspiración comunista. El Fondo Monetario Internacional conmemoró en 1998 los cincuenta años de la muerte de White con una valoración totalmente positiva, en que se denunciaban las acusaciones que se habían hecho en su contra como «discutibles o ridículas». <<

[59] Para no sobrecargar el texto, he optado por pasar los detalles al apartado de notas bibliográficas a este capítulo. <<

[60] Hay que recordar que los descargadores de los muelles de la costa oeste tenían una larga tradición de lucha y que en 1934, cuando consiguieron paralizar toda la costa en colaboración con los camioneros, habían protagonizado durísimos combates contra la policía. <<

[61] Era una pequeña reunión, con delegados de los países del este, más Francia e Italia, que incluía a los secretarios generales Tito, Togliatti, Thorez, Dimitrov, Gottwald y Rákosi. No se invitó a los partidos de Grecia, Finlandia ni España. <<

[62] Más adelante, a comienzos de 1953, se hicieron planes para asesinar a Tito, infectándolo con una enfermedad pulmonar o disparándole con un mecanismo silencioso, a la vez que se difundía gas lacrimógeno para facilitar la huida del homicida, pero todo esto quedó sin efecto a la muerte de Stalin. <<

[63] Como Preuves, en Francia, Encounter, en Gran Bretaña, Cuadernos, en lengua española, o Tempo presente, en Italia; pero también en los Estados Unidos, ayudando financieramente a publicaciones como Partisan Review, The Journal of the History of Ideas o Daedalus. <<

[64] En 1946 el Departamento de Estado había organizado unas exposiciones de arte moderno norteamericano que se enviaron en gira por Europa y América Latina. Ante las protestas en los Estados Unidos por el hecho de que se exhibiese un arte de vanguardia que consideraban «izquierdista», la gira fue interrumpida y las pinturas, de regreso a suelo americano, fueron malvendidas en subasta como «sobrantes del ejército». Truman ya había sentenciado: «Si esto es arte, yo soy un hotentote». <<

[65] Wayne fue, paradójicamente, una víctima de la guerra fría. Protagonizó una película sobre la vida de Gengis Khan, The Conqueror, que se rodó en un desierto de Utah, fuertemente contaminado por los ensayos atómicos. Un total de 91 de las 220 personas que trabajaron en la película desarrolló alguna forma de cáncer y 46, entre ellos Wayne, murieron prematuramente. <<

[66] El borrador de la Constitución japonesa lo redactaron, en lo que había sido un salón de baile de Tokio y en el transcurso de una semana, veinticuatro norteamericanos, 16 de ellos militares, que se la entregaron a los japoneses como algo que estaban obligados a aceptar. Las enmiendas propuestas por la dieta japonesa, incluso las más insignificantes, debían ser aprobadas por las autoridades norteamericanas. <<

[67] En febrero de 1948 Stalin reconocería en privado que había aconsejado a los chinos que pactasen con Chiang porque dudaba de su capacidad para imponerse. «Aceptaron oficialmente, pero siguieron en la práctica movilizando al pueblo chino (…). Los chinos tenían razón y nosotros estábamos equivocados.» <<

[68] Convencido de que con Chiang Kai-shek al frente era imposible que el Guomindang ganase la guerra, y que toda la ayuda directa que se le diese iba a ser consumida por la corrupción, Truman trató de dirigirla (unos 525 millones de dólares en 1948) directamente a las manos de alguno de los pocos jefes militares competentes. Pero había de enfrentarse en los Estados Unidos con un lobby que defendía a Chiang como un líder cristiano, que contaba con apoyos tan importantes como el del magnate de la comunicación Henry Luce, propietario de la revista Time, que había nacido en China, donde su padre era misionero. <<

[69] El alcalde de la ciudad, que había jurado resistir hasta la muerte, fue descubierto con su concubina en un apartamento secreto; se supo entonces que su esposa era una agente comunista. <<

[70] La población tamil se reparte entre unos 62 millones que viven en la India, en el estado de Tamil Nandu, y algo más de 3 millones en Sri Lanka. Entre los Tamil de la India hay un ganador del premio Nobel de Física y varios del Abel de matemáticas. <<

[71] Un personaje singular, que fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Birmania, pero que, capturado por los japoneses, colaboró con ellos en la expulsión de los británicos y en la creación de un estado satélite. Hasta que en marzo de 1945 optó por enfrentarse a los japoneses, cuando su derrota resultaba inminente. <<

[72] Mohamed Ali Jinnah, el jefe de la Liga musulmana, llegó a pedir un corredor de más de 1200 km a través de la India para unir las partes oriental y occidental del Pakistán. <<

[73] Su asesino era un hindú radical, Nathuram Godse, que consideraba que Gandhi debilitaba a la India al insistir en que se hiciese a Pakistán el pago de la parte que le correspondía por lo que los ingleses habían abonado por la contribución de la India a la segunda guerra mundial. Se ha discutido largamente acerca de si, en el momento de morir, Gandhi había dicho «He,Ram» (¡Oh, Dios!), como buen hindú, o si solo había emitido un suspiro. <<

[74] «Muchos años más tarde, dirá Dean Rusk, pregunté a un funcionario ruso de alto rango por qué el embajador no había vuelto al Consejo de Seguridad para vetar las resoluciones.» A lo que este le contestó que fue el propio Stalin quien telefoneó al embajador Yakov Malik ordenándole que no interviniese. Se ha especulado desde entonces acerca de las causas de esta decisión. Zubok opina que la razón fue la voluntad de Stalin de quedar al margen de la guerra para no suscitar un enfrentamiento directo con los Estados Unidos, y Cumings, por el contrario, que tal vez deseaba ver a los Estados Unidos desperdiciar sangre y recursos en un área periférica, de escaso interés estratégico. <<

[75] La intervención china en Tíbet creaba a las potencias occidentales un problema complejo. Los tibetanos pedían que se les aceptase como miembros de la ONU, reconociendo así su independencia, pero la China nacionalista, que conservaba su lugar y su derecho de veto en el Consejo de Seguridad, no lo hubiese admitido. Los norteamericanos alentaron y financiaron la resistencia tibetana —la CIA entrenó y armó a sus guerrilleros en Colorado y los lanzó después en paracaídas sobre el Tíbet, donde los chinos los capturaron fácilmente—, pero no podía reconocer públicamente su independencia o considerar como jefe de gobierno en el exilio al Dalai Lama, Tenzin Gyatso (que en 1951 había firmado un acuerdo aceptando la soberanía china y se había negado a marchar al extranjero, como le ofrecían los Estados Unidos), si bien lo estuvo sosteniendo económicamente con un subsidio anual de 180 000 dólares. La aproximación a China en tiempos de Nixon acabó con este programa. <<

[76] Según parece los servicios de inteligencia norteamericanos descifraron las comunicaciones en que algunos diplomáticos, entre ellos el embajador de España en Japón, informaban de que en sus conversaciones con el general MacArthur este había expresado su esperanza de que se llegase a una guerra nuclear total contra China y la Unión Soviética. <<

[77] Anying era el único que trabajaba con Mao, ya que el otro hijo superviviente, Anquing, era «mentalmente inestable» y las dos hijas estaban bajo la influencia de su madre. <<

[78] McNamara nos describe este raro personaje que los norteamericanos nunca llegaron a entender. Creían que compartía los «valores de Occidente» porque había estudiado en un seminario católico en New Jersey; pero era «autocrático, suspicaz, dado al secretismo y aislado de su pueblo». El general Tran Van Don contaba que a Diem «le gustaba tener hombres atractivos a su alrededor», que no se le conocían amistades femeninas y que creía que nunca había tenido relaciones sexuales. Su cuñada, Madame Nhu, cumplía con él las funciones de una esposa, acogiéndole y consolándole al fin de cada jornada. <<

[79] Paralelamente, doscientos mil habitantes del sur marcharon al norte, convencidos de que regresarían y se reunirían de nuevo con sus familias al cabo de dos años, en 1956, cuando se celebrasen las elecciones que habían de reunificar el país. <<

[80] Neal Ascherson, que participó en las campañas de Malaya, nos dice que se dio cuenta muy pronto de que aquello por lo que los comunistas malayos luchaban era: «independencia del colonialismo, justicia para la población china de Malaya a la que se negaban sus derechos civiles, y propiedad pública de los enormes recursos en caucho y estaño del país». <<

[81] Una unión problemática, por el temor de los malayos al peso que podía tener en el conjunto de la federación esta entidad de mayoría étnica china, y por los conflictos raciales que se produjeron en 1964, lo que explica que el Tunku expulsase Singapur de la federación en 1965 y le obligase a constituirse como nación independiente, dirigida por ese singular personaje que es Lee Kuan Yew, primer ministro de 1959 a 1990 y algo así como «primer ministro emérito» (minister mentor) todavía hoy: un jefe de gobierno que recibió la noticia de su independencia forzada, caso único en la historia del colonialismo, «lamentando con lágrimas “este momento de agonía”» y que ha construido un singular ejemplo de democracia autoritaria. <<

[82] Los grupos terroristas judíos pretendían también actuar en Gran Bretaña (los servicios secretos británicos estaban convencidos de que proyectaban asesinar a Bevin). En octubre de 1946 volaron la embajada británica en Roma y el 15 de abril de 1947 estuvieron a punto de hacer lo mismo con el Colonial Office, en Londres, pero falló el detonador de la bomba que habían colocado. Enviaron además cartas-bomba a diversos políticos. <<

[83] Stalin se hizo la ilusión de que una población compuesta en gran medida por inmigrantes venidos del este de Europa, víctimas del nazismo del que les habían liberado los soviéticos, podía serle favorable. Bevin pensaba, acertadamente, que los rusos «están convencidos de que, por la inmigración, pueden introducir el suficiente número de judíos adoctrinados como para convertir [Palestina] en un estado comunista». Pero aunque nacidos en territorio del antiguo Imperio ruso, los Ben Gurión, Begin (que había sido internado en el gulag) o Golda Meir heredaban una memoria histórica de persecuciones y progroms. La decepción de Stalin fue de terribles consecuencias para los judíos que seguían en territorio soviético. <<

[84] Jrushchov tenía motivos para conocer de cerca la situación de los campesinos, por su experiencia en Ucrania entre 1945 y 1950, en que tuvo que enfrentarse tanto a los problemas de la inseguridad como a los del hambre, y lo hizo con dureza. De aquí que le preocupase esta nueva propuesta de aumentar unos impuestos que habían crecido ya en un 150 por ciento entre 1946 y 1950. <<

[85] Era una verdad a medias, ya que la bomba diseñada por Sajarov era de una potencia limitada; no fue hasta noviembre de 1955 que, bajo la dirección de Kurchatov, se consiguió un tipo de superbomba de mayor potencia. <<

[86] Una consecuencia colateral de la «nuclearización» de la política de defensa fue la creación en 1956 del Interstate Highway Sistem, que Robert Reich describe como «41 000 millas de carreteras de cuatro (a veces incluso de seis) carriles para reemplazar las viejas rutas federales de dos carriles que serpenteaban en medio de pueblos y ciudades, con el fin de poder hacer circular rápidamente tropas, tanques y municiones a lo ancho de la nación en caso de guerra». <<

[87] Los norteamericanos deseban también que los japoneses participasen mayormente en la defensa del «mundo libre», lo que explica que el vicepresidente Nixon les dijera que se arrepentían de haber incluido en la Constitución japonesa el artículo noveno que condenaba el rearme; pero eran ahora los japoneses los que no tenían ningún entusiasmo por asumir grandes gastos militares. <<

[88] A Eisenhower le parecía que las islas no tenían la menor importancia y expresó en ocasiones, en privado, su deseo de que se hundieran; pero usó la amenaza atómica como un medio de contención de China, a la vez que con ello complacía al lobby prochino norteamericano, que las consideraba tan importantes como Berlín. <<

[89] Que los intereses de la defensa y los de las empresas estaban estrechamente asociados en esta concepción lo demostraría el hecho de que se escogiese como secretario de Defensa, cargo que desempeñó de 1953 a 1957, a Charles E. Wilson, director de General Motors, que estaba convencido de que «lo que es bueno para el país es bueno para General Motors y viceversa». <<

[90] Al jefe del gobierno lo elegía el Parlamento; pero había un uso establecido de que era el Shah quien escogía a un general como ministro de Defensa. Se esperaba que Zahedi podría completar el golpe con el apoyo de los grupos religiosos y de algunos diputados. <<

[91] Se había acordado que el Shah no permaneciera en Teherán mientras el general Zahedi se adueñaba del poder con apoyo militar, y el soberano tomó esta precaución tan en serio que empezó huyendo a Bagdad y acabó en Roma, donde casualmente fue a alojarse en el mismo hotel en que se encontraba Allen Dulles, el jefe de la CIA. <<

[92] Más moderada era en su opinión la CIA, que consideraba que la política guatemalteca era «un programa de progreso ultranacionalista, coloreado por el quisquilloso y antiextranjero complejo de inferioridad de una “República bananera”». <<

[93] Eisenhower afirma en sus memorias que la compañía «recibiría la inadecuada y ridícula compensación de seiscientos mil dólares» por estas tierras no cultivadas. Lo que el gobierno ofrecía, que era el valor que la compañía declaraba para pagar impuestos, era prácticamente el doble de lo que dice Eisenhower (1185 millones de dólares); pero la United exigía 19 millones. <<

[94] Hasta su muerte en 1971 Árbenz vivió en el exilio en distintos países, en especial en Uruguay y México, vigilado y acosado por la CIA. <<

[95] Nixon reconocía también que Castro tenía «esas indefinibles cualidades que lo convierten en un líder de hombres» y que podía estar destinado a tener un gran papel en el futuro de Cuba y, posiblemente, en el de América Latina. <<

[96] Molotov define así a Rokossovsky: «Era de buen carácter, cortés, un poquito polaco y un general de talento; claro que hablaba mal el polaco, reforzando las sílabas equivocadas. No le agradó ir allí, pero fue muy importante para nosotros que lo hiciera y que lo pusiera todo en orden». <<

[97] Uno de los mayores errores de los soviéticos en sus intentos de «restablecer el orden» en Budapest, como en otros conflictos semejantes, consistió en pensar que se podía actuar con un ejército equipado con armas pesadas contra un movimiento insurreccional urbano, que requería una respuesta más ágil, de policía o de fuerzas de infantería preparadas para la lucha en la calle. Usar tanques contra manifestantes resultaba desproporcionado e ineficaz. <<

[98] Parece que hubo una conversación entre Eisenhower y Dulles, que estaba en el hospital, convaleciente de una operación de cáncer de colon, en que el presidente habría dicho que pensaba que habían estado incitando a los húngaros durante los últimos años y que ahora que estaban en un apuro les volvían la espalda. A lo que Dulles habría contestado: «Siempre hemos estado en contra de una rebelión violenta». Su preocupación real era la de no arriesgarse a una confrontación con los rusos por algo que les importaba tan poco como Hungría. <<

[99] Acabó de influir en la decisión norteamericana el hecho de que algunos representantes de estados del sur objetasen en el Congreso de los Estados Unidos que la construcción de la presa aumentaría la producción egipcia de algodón y haría bajar los precios para el americano. <<

[100] Por otra parte, a la compañía no le quedaban ya más que trece años de explotación, puesto que, de acuerdo con la concesión original, el canal había de revertir a Egipto en 1969. <<

[101] Altos miembros del Foreign Office parecen haber sido presa de la misma insensatez, como sir Ivone Kirpatrick, que sostenía que «en dos años Nasser nos privará de nuestro petróleo, el área de la libra esterlina se desmoronará, no habrá defensa europea posible, tendremos desempleo e inquietud en el Reino Unido y nuestro nivel de vida se reducirá al de los yugoslavos o los egipcios». <<

[102] Eden, que había ocultado las negociaciones de Sèvres a su propio partido, se indignó al saber que se había firmado un protocolo y trató de conseguir que se destruyeran todas las copias, a lo que Ben Gurión se negó. Lo cual no le impediría al premier británico mentir en sus memorias en relación con su participación en la operación de Suez. <<

[103] Archibald, que era también nieto del presidente Theodore Roosevelt, como Kermit, desempeñó cargos directivos de la CIA en Beirut, Estambul, Madrid y Londres. <<

[104] En History of the Strategic Air Command, un documento de hacia 1959, se asegura que durante la crisis del Líbano de 1958 había 400 bombarderos, con sus tripulaciones, preparados para una acción inmediata, y otros 800 a punto para darles apoyo. <<

[105] Un cierto número de generales de la NKVD y de comandantes de los campos se suicidaron como consecuencia de la campaña de denuncias. En cuanto a Bulganin, unos años más tarde Jrushchov diría que había llegado al Politburó por casualidad y había salido de él por casualidad: «Es un hombre honrado. Me felicita aún por mi cumpleaños. Creo que lo hace con sinceridad. Nuestras familias vivían juntas en una dacha; mi hijo Sergei y su Vera crecieron juntos». <<

[106] Un viaje que produjo una caída de la bolsa, en especial de las acciones de las industrias de electrónica y defensa, que temían ver recortados los contratos del gobierno, si disminuía la tensión de la guerra fría. <<

[107] Fue necesaria toda una serie de casualidades para que Gary Powers cayese en manos de los soviéticos. Años más tarde el hijo de Eisenhower se lamentaba: «La CIA nos prometió que los rusos nunca cogerían vivo a un piloto de U2, ¡y van y le dan un paracaídas al hijo de puta!». Powers fue liberado por los rusos en 1962, en un intercambio por un espía soviético; trabajó como piloto de pruebas para la Lockheed y más tarde para una cadena de televisión, para la que pilotaba un helicóptero con el que se mató en 1977, al quedarse sin combustible. <<

[108] El discurso, redactado por Ralph E. Williams y por el politólogo Malcolm Moos, se refería inicialmente al «military-industrial-Congressional complex». Había sido el propio presidente quien quiso que se introdujera esta referencia al Congreso, y una advertencia acerca de los funcionarios, civiles y militares, que contribuían a crear una industria permanente de guerra y se retiraban a edad temprana para ocupar lugares de dirección en las empresas a las que habían beneficiado. Se trataba de «asegurarse de que los mercaderes de la muerte no lleguen a dictar la política nacional». Eisenhower acabó omitiendo toda esta parte del discurso y lo justificó diciendo que «Ya era bastante haberse metido con los militares y con la industria privada. No podía meterse también con el Congreso». <<

[109] Jrushchov consideraba que «los países socialistas» habían ganado más con el muro que con un tratado de paz, que hubiera impedido construir el muro. La realidad es que, aunque Jrushchov siguió intentando negociar el tema, no volvió a haber más «crisis de Berlín» hasta 1989. <<

[110] Costó mucho ir eliminando los riesgos de una respuesta precipitada. El SIOP se mantuvo vigente hasta 1992, cuando comenzó a cambiar hasta reconvertirse, en la actualidad, en planes para atacar objetivos concretos, como Corea del Norte o Irán. Las instrucciones de Eisenhower y de sus sucesores sobre la «predelegación» (la autorización a los militares en caso de indisponibilidad del presidente) para el uso de armas nucleares siguen siendo en la actualidad documentos «clasificados» que no pueden consultarse. <<

[111] Entre los mitos que rodean esta historia figura el de que la primera reacción de Kennedy a la noticia de que había misiles rusos en Cuba habría sido preguntar por qué hacían algo tan peligroso: «Es como si nosotros empezásemos a poner un gran número de misiles en Turquía». A lo que Bundy habría contestado: «Bien, así lo hicimos, señor presidente». Lo cual no cuadra con el hecho de que, aunque el acuerdo con Turquía databa de 1959, los misiles comenzaron a instalarse en 1961, con Kennedy en el poder. <<

[112] Mientras ocurría todo esto, un equipo de dos saboteadores norteamericanos, enviados a Cuba antes de que se iniciara la crisis de los misiles, trataba de volar el transbordador aéreo que llevaba el mineral de la mina de cobre Matahambre hasta el puerto de Santa Lucía, en una acción que podía haber implicado la muerte de cientos de mineros. Tras haber preparado los explosivos, se dirigieron hacia la costa, donde esperaban ser recogidos por una embarcación de la CIA. Las bombas fueron descubiertas a tiempo y se evitó la catástrofe; la CIA había decidido, entre tanto, suspender este tipo de acciones y dejó abandonados en la isla a los saboteadores, que acabaron cayendo en manos de los castristas y pasaron diecisiete años en cárceles cubanas. <<

[113] Parece ser que, por si este trato directo fallaba, Kennedy había preparado otra opción: un profesor de Columbia que había estado trabajando durante quince años en la ONU propondría al secretario general de la organización, U Thant, que hiciese, en nombre de la ONU, una petición para que rusos y norteamericanos retirasen a la vez los misiles de Cuba y de Turquía, a lo que Kennedy fingiría acceder (esto no lo sabía ni siquiera Bundy, que solo se enteró 25 años más tarde, cuando Dean Rusk se lo explicó). <<

[114] Las consecuencias colaterales de la crisis se extendieron a Turquía, quejosa de que se la privase de unos medios de protección, los misiles Júpiter, como resultado de unas negociaciones que no tenían nada que ver con sus intereses; una actitud hostil que iba a acentuarse poco después, con motivo de los enfrentamientos con Grecia a partir de la independencia de Chipre. <<

[115] King escribió entonces su «Carta desde la prisión de Birmingham» en que decía que era fácil aconsejarles a los negros que esperasen, pero que no lo resultaba para quienes seguían sufriendo día a día los horrores de la segregación. «Llega un día en que la copa del sufrimiento se desborda y los hombres se niegan a seguir siendo arrojados al abismo de la desesperación.» <<

[116] Los campesinos llevaban el opio al lugar en que tomaban tierra los helicópteros de Air America, cuyos funcionarios se lo compraban y lo llevaban a un lugar secreto donde se transformaría en heroína, que se distribuiría en Vietnam del Sur. No se trata de que la CIA se beneficiase de este tráfico, sino que se veía obligada a tolerarlo para contar con los «señores de la droga» como aliados en su lucha contra el comunismo. <<

[117] Sorensen explica que oyó decir a Kennedy: «¡Gracias a Dios que lo de Bahía de Cochinos ocurrió cuando ocurrió! De otro modo estaríamos ahora en Laos, lo que hubiera sido cien veces peor». <<

[118] Lodge, que le había pedido a Kennedy un empleo en el exterior, era un personaje importante dentro del Partido Republicano, lo que explica que al presidente, que contaba con una mayoría corta en el Congreso, le conviniese asociarlo a su política. <<

[119] Aunque hay que tener en cuenta que cierto número de los documentos que se refieren a este tema siguen clasificados, como lo están algunos breves, y probablemente esenciales, fragmentos de los que han sido ya publicados. <<

[120] El problema era más complejo de lo que Lodge pensaba. Washington solo llevaría a Diem y a su hermano a un país que se prestase a acogerlos, y ello exigía disponer de un avión capaz de hacer un largo viaje, que, según se alegó, solo podía venir de Guam, y que tardaría 24 horas en llegar a Saigón. Hubo serias sospechas de que se trataba de una argucia para abandonarlos a su suerte. <<

[121] Reconoció la China maoísta en 1964, condenó en Phnom Phenh la guerra de Vietnam, y en febrero de 1966 se retiró del aparato militar de la OTAN y se dispuso a crear su propia force de frappe nuclear, lo que era una forma de mantener su status de gran potencia sin asumir los mayores gastos de aumentar las fuerzas convencionales, como le hubiera exigido la OTAN. <<

[122] El embajador soviético, Dobrynin, se apresuró a preguntar por Oswald al jefe de los servicios secretos de su embajada, quien le informó de que no tenían ninguna relación con él. Un funcionario menor de la KGB, Yuri Nosenko, que desertó en 1964, declaró que había podido ver la documentación sobre Lee Harvey Oswald y que esta demostraba que los servicios soviéticos habían desechado utilizarle, al darse cuenta de su inestabilidad mental. Las sospechas de que Nosenko pudiera ser un agente doble que trataba de engañar a las autoridades norteamericanas con este mensaje tranquilizador llevaron a que se le retuviera encarcelado durante años, sometido a interrogatorios próximos a la tortura, en uno de esos episodios oscuros que integran las llamadas «joyas de la familia» de la CIA. <<

[123] En 1963, en los últimos meses de su vida, Kennedy había expresado interés en iniciar un diálogo con Cuba, aunque con mucha reserva y asegurándose de que los contactos no tuvieran carácter oficial. <<

[124] En su discurso al presentar la ley de derecho al voto, Johnson recordó que su experiencia sobre la pobreza y la discriminación habían surgido conjuntamente: «Mi primer trabajo fue el de maestro en Cotulla, Texas, en una pequeña escuela mejicano-americana. Pocos de los [estudiantes] sabían hablar inglés… Mis niños eran pobres, y con frecuencia venían a clase sin haber desayunado, hambrientos. Conocían ya, en su corta edad, el dolor que causa el prejuicio. No parecían saber por qué desagradaban a la gente. Pero sabían que era así, porque lo veía en sus ojos». <<

[125] La primera explosión nuclear china tuvo lugar pocas horas después de la caída de Jrushchov; un Mao eufórico felicitó entonces a su sucesor, Brézhnev. <<

[126] En aguas internacionales, según los norteamericanos, que solo reconocían un límite de tres millas, contra las doce millas que reivindicaban los vietnamitas. <<

[127] En una entrevista realizada poco antes de su muerte, en 2009, McNamara diría que la de Vietnam era una guerra civil y que «no se puede ganar una guerra civil con tropas extranjeras». Una lección que le costó demasiado aprender, y que han vuelto a ignorar quienes se han implicado posteriormente en Afganistán. <<

[128] Se trataba de proporcionar 60 días de cobertura hospitalaria, 180 de atención diaria en el domicilio y 240 de visitas domiciliarias para titulares de la Seguridad social mayores de 65 años. <<

[129] Moshe Dayán confesaría años más tarde que más del 80 por ciento de los choques con Siria fueron iniciados por el ejército israelí, que intervenía en las zonas desmilitarizadas, más allá de la línea del armisticio, en lugares vitales para el control del agua. <<

[130] La errónea información del agente venía a coincidir con la difusión de proclamaciones amenazadoras realizadas en estos días por los dirigentes israelíes, como la que Yitzhak Rabin había hecho el 12 de mayo de 1967: «Haremos un ataque relámpago a Siria, ocuparemos Damasco, derribaremos el régimen y regresaremos». <<

[131] Mientras se producía este ataque los altos mandos militares egipcios volaban sobre el Sinaí para inspeccionar las posiciones de su ejército, lo que dio lugar a que los radares egipcios estuvieran desactivados. <<

[132] La oferta por parte de los soviéticos de reponerle sin coste todo el armamento que había sido destruido, a condición de que él siguiera en la presidencia, se sumó a las grandes manifestaciones en las calles de El Cairo pidiéndole que siguiera en el poder para hacerle abandonar esta decisión. <<

[133] Hasta el fin de la guerra de Argelia, en 1962, Israel había mantenido una relación privilegiada con Francia, que era su principal proveedora de armamento. Desde entonces las cosas empezaron a cambiar, debido a la intención de De Gaulle de mejorar sus relaciones con el mundo árabe, lo cual condujo a que condenase la agresión de junio de 1967, que los israelíes habían efectuado con una mayoría de aviones comprados a Francia. <<

[134] En el Sinaí se hicieron descubrimientos petrolíferos que tuvieron como consecuencia que Israel fuese autosuficiente en los primeros años setenta. La devolución del territorio, como consecuencia de la paz con Egipto en tiempos de Sadat, le obligó a depender durante un tiempo de las importaciones de Irán, hasta que la caída del Shah cerró este mercado. <<

[135] Cuando, en 1963, McNamara recibió un estudio de la Oficina de Investigación del Departamento de Estado que demostraba, a partir de las propias estadísticas que proporcionaban los militares, que las cosas no iban nada bien, McNamara le envió una nota al secretario de Estado, Dean Rusk, diciéndole que su departamento no tenía por qué meterse en cuestiones militares. Nadie quería malas noticias de Vietnam; los informes pesimistas de los agentes de la CIA eran maquillados sistemáticamente antes de llegar a Washington. <<

[136] El fundamento de esta actuación era la opinión de que los movimientos de insurgencia eran simplemente el fruto de la conspiración de una minoría radical y no una consecuencia de reivindicaciones nacionalistas o sociales. <<

[137] En el verano de 1967 la CIA organizó, ante la insistente demanda de Johnson, la llamada «Operación Chaos», dedicada a investigar las posibles, y nunca verificadas, influencias extranjeras sobre los movimientos de los estudiantes, la oposición a la guerra de Vietnam, las minorías y la New left. En 1974, y como consecuencia del descrédito de Watergate, se puso fin a esta actividad. <<

[138] Johnson encargó a Walt Rostow que compilara todos los datos sobre el asunto Chennault y le indicó que, cuando se produjera su muerte, los entregase a la biblioteca L.B.Johnson en los términos que juzgase apropiados. Rostow los entregó en 1973, con la condición de que no se permitiera su consulta hasta transcurridos otros cincuenta años. Pero entre tanto, la aparición de otros documentos, y el testimonio de quienes intervinieron en la intriga, incluida la propia Anna Chennault, han permitido conocer los hechos en detalle. <<

[139] El conflicto por la delimitación de sus fronteras sigue vigente. Eritrea se ha convertido en un país que vive para sus reivindicaciones contra Etiopía, con un régimen represivo, bajo la presidencia, desde 1993, de Issayas Afeworki, quien, en nombre de las necesidades de esta causa nacional, prohíbe a sus habitantes abandonar el país y hace un amplio uso del trabajo forzado, que el gobierno pone al alcance de las compañías mineras occidentales que explotan concesiones en su territorio. <<

[140] Los sucesos que se estaban desarrollando en Etiopía eran, además, tan confusos como para que Paul Henze, un diplomático norteamericano, buen conocedor del país, afirme en la actualidad que «un análisis convincente de los acontecimientos de aquel verano de revolución no es todavía posible». <<

[141] Un nombre que parecen haber ideado unos jóvenes europeos de Casablanca, aficionados al cine, tomándolo del de una tribu india americana, pero que más adelante asumieron los franceses de Argelia para definir su personalidad, distinguiéndose a la vez de los argelinos y de los franceses de la metrópoli. <<

[142] Kaunda ha sido acusado, por otra parte, de haber llegado a un acuerdo con Sudáfrica para dificultar la acción de quienes luchaban por la independencia de Namibia, encerrándolos en campos de concentración, donde algunos desaparecieron. <<

[143] Prohibió la enseñanza en lenguas nativas y mantuvo recluido, sin permitirle enseñar, a un personaje de la talla intelectual de Cheik Anta Diop. <<

[144] El franco CFA, garantizado por el tesoro francés, sigue siendo la moneda oficial de 14 países africanos (doce antiguas colonias francesas, más Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial). Su valor lo fija la relación 1 euro=655,97 francos CFA. <<

[145] Para entender mejor el contexto de las palabras de Lumumba hay que recordar que en los años de la segunda guerra mundial la población del Congo fue sometida a durísimas cargas de trabajo forzado, dedicadas en buena medida a la extracción de caucho, que recordaban los peores días del Estado Libre del rey Leopoldo. <<

[146] Bob Denard, cuyo nombre real era Gilbert Bourgeaud, intervino más tarde en el Yemen y en la guerra de Biafra, al servicio de Francia (pero sin aceptar cobrar del gobierno francés, según Maurice Robert), hasta que fue a parar a la cárcel de la Santé, en París, donde llegó «con una maleta llena de medicinas». Salió de la Santé para volver a ella un año más tarde, a los sesenta y siete de edad, tras haber intentado adueñarse del poder en las Comores, donde intervino en diversas ocasiones, al servicio, al parecer, de los intereses de Francia. Falleció en 2007, tras haber sufrido Alzheimer durante los últimos años de su vida. <<

[147] Tshombé regresó de nuevo a su exilio español, pero en 1967 un agente francés, Francis Bodenan, le convenció para que participase en un negocio inmobiliario en el Mediterráneo. Una vez en el avión privado que había de llevarles, Bodenan desvió el vuelo hacia Argel, donde Tshombé fue encarcelado y murió, al parecer de un ataque cardíaco, en 1969. Sigue sin saberse por cuenta de quién se realizó esta operación. <<

[148] El caso de la financiación del FNLA resulta revelador de la forma en que se manejaban estas cosas. Los muchos millones que Mobutu recibió de la CIA para comprar armas para los angoleños, y en especial para su cuñado Holden Roberto, sirvieron también para comprar una fábrica de hielo para el consumo de la élite congoleña y un yate para que realizaran viajes de placer los amigos de Mobutu, junto a otros gastos suntuarios por el estilo. Holden Roberto vivía en una villa en Zaire y no estaba por ir a luchar a Angola, al igual que sucedía con muchos de los mercenarios que había contratado a coste elevado, mientras otros eran simplemente sicópatas que asesinaban con el mismo entusiasmo a los soldados africanos de su propio bando que a civiles inocentes. <<

[149] En febrero de 2011 el Tribunal de apelación de Botsuana devolvió a los bosquimanos su derecho al agua. <<

[150] En Togo, por ejemplo, Godwin Tété sostiene que el contacto del sur con el exterior a través de la costa, la trata de esclavos y la política colonial de escolarización y de trabajos forzados, con desplazamientos de población, habría contribuido a crear las fuertes diferencias culturales entre sur y norte, que la dictadura de los Eyadéma explotaría, ya en época independiente, para mantenerse en el poder. <<

[151] Costa de Marfil ha sacado provecho de la discriminación étnica explotando como esclavos en sus plantaciones de cacao (cosecha el 40 por ciento del producido en todo el mundo) a los niños que llegan de Malí en busca de ocupación, sin comprender la lengua local, y que son vendidos a unos plantadores que les someten a unas condiciones inhumanas de vida y de trabajo. <<

[152] El movimiento situacionista se había iniciado hacia 1957 como una manifestación artística de vanguardia inspirada por Guy Debord, autor de La sociedad del espectáculo. Hacia 1961 hicieron un viraje político y proclamaron la contestación «total» al mundo moderno. Se oponían al capitalismo, que querían abolir revolucionariamente, pero también a sus alternativas: Marx estaba lleno de errores, los anarquistas carecían de conciencia histórica y todos los movimientos más recientes, desde el comunismo, ortodoxo o heterodoxo, al castro-guevarismo, el nasserismo o el maoísmo, no eran más que la apropiación de ideas revolucionarias por minorías burocráticas pequeñoburguesas. Buscaban crear «situaciones», momentos en el espacio y el tiempo que mostrasen lo absurdo de la vida tal como estaba organizada. Su mayor influencia en los sucesos de mayo parece ser la que ejercieron sobre el imaginativo lenguaje de las pintadas. <<

[153] El manuscrito original, en un solo rollo de papel, lo escribió Kerouac en 1951 en tres semanas. No era entonces una novela, sino un relato personal de viajes efectuados por Kerouac entre 1948 y 1950, con los nombres auténticos de los personajes y una descripción más franca de las escenas de sexo que en el libro publicado en 1957. <<

[154] El mayor éxito de ventas sería, sin embargo, el del libro de Alex Comfort, The Joy of Sex, de 1972, del que se vendieron cerca de cuatro millones de ejemplares en los dos primeros años y que se sigue editando hoy, «enteramente revisado y completamente adaptado al siglo XXI». <<

[155] En realidad sabemos que Stalin, que desconfiaba de la capacidad de los comunistas chinos para construir una sociedad socialista y que se interesó poco por los vietnamitas, procuró desalentar a los comunistas indios e indonesios que aspiraban a repetir una revolución como la de China. <<

[156] En una de las cuatro reuniones que celebraron, Mao recibió a Jrushchov dentro de una piscina y le invitó a unirse a él, lo que el ruso aceptó, aunque hubo de adentrarse en el agua con un salvavidas, ya que no sabía nadar, en medio del tumulto de los guardaespaldas y de los intérpretes que trataban de hacer su trabajo desde la orilla. Como señala el médico de Mao, este «jugó deliberadamente el papel del emperador, tratando a Jrushchov como el bárbaro que acude a pagar tributo». <<

[157] Unos problemas agravados por errores como la insensata campaña para acabar con los pájaros depredadores de las cosechas. Siguiendo las consignas del gobierno, los campesinos hacían ruido con ollas y sartenes para asustar a los pájaros, evitar que bajasen a tierra y dejarles morir exhaustos, y enseñaban después los cadáveres como prueba de una correcta aplicación de las órdenes recibidas. Con el resultado de que proliferaron los insectos que los pájaros exterminaban y fueron estos los que arruinaron las cosechas. <<

[158] Los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos iban controlando los nombres a medida que les llegaban informes de las detenciones y asesinatos individuales, con el fin de comprobar cómo iba siendo eliminada la dirección del Partido Comunista. Uno de estos funcionarios dijo: «Probablemente mataron a un montón de gente y yo debo tener mucha sangre en mis manos, pero no está tan mal. Hay ocasiones en que tienes que golpear fuerte en el momento decisivo». <<

[159] En los cuadros de cotizaciones de bolsa de la China actual se usa el rojo para indicar los aumentos de cotización, o sea las ganancias, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, en que se usa el verde para las ganancias y el rojo para las pérdidas. <<

[160] En contraste con Pakistán, que reconocía como lenguas nacionales tan solo el urdu y el sindhi, aunque dando prioridad al primero, y marginaba por completo el bengalí, una lengua hablada hoy por más de 200 millones de seres humanos, la República de la India reconocía 23 idiomas nacionales. <<

[161] Era, en realidad, una demostración de fuerza destinada a conseguir que la Unión Soviética, ante una amenaza de conflicto global, convenciese a la India para que aceptara un alto el fuego. Estaba presente también en aquellas aguas una pequeña flota soviética que inició con la norteamericana el juego de observarse y dar vueltas los unos alrededor de los otros, como solían hacer en el Mediterráneo. <<

[162] Un ejército que actuaba sin ningún control político. En 1990, en un momento de tensión con la India, los Estados Unidos se enteraron de que el ejército pakistaní había ordenado preparar un pequeño número de armas nucleares y enviaron a Robert Gates para aconsejar al general Beg que desistiera. <<

[163] Dulles diría que en realidad significaba «su continuación voluntaria», puesto que aunque las fuerzas de ocupación debían retirarse, algunas podían quedar, de acuerdo con Japón, para no dejar al país indefenso. <<

[164] El nuevo tratado suscitó grandes protestas y manifestaciones populares antinorteamericanas que llevaron a la dimisión del primer ministro, Kishi, un viejo político que había sido acusado de crímenes de guerra, y obligaron a suspender la visita que Eisenhower proyectaba efectuar. <<

[165] En 1996 Chun fue juzgado por la masacre de Gwangju y condenado a prisión perpetua, que le fue perdonada a instancias de Kim Dae-jung. <<

[166] China había hecho estallar su primera bomba nuclear en octubre de 1964, lo que le dio un nuevo sentido de confianza que le permitía enfrentarse con más seguridad a los soviéticos. <<

[167] Entre los procedimientos empleados figuró, por ejemplo, el envío de miles de postales de apoyo a su contrincante, Helen Douglas, firmadas por la Liga Comunista de Mujeres Negras. <<

[168] En este su famoso Checkers speech Nixon sostuvo que el único regalo que se había quedado era el perrito Checkers, del que sus hijas se habían encariñado, y señaló que su esposa Pat llevaba un «respetable abrigo republicano de tela», lo que presentaba en contraste con las pieles que vestían las esposas de los demócratas. <<

[169] Eisenhower dijo en una ocasión a los periodistas que le costaría mucho pensar en lo que Nixon había hecho como vicepresidente. Nixon se lo cobró en sus memorias al afirmar que «tal vez la mejor descripción que puedo dar de Dwight Eisenhower es que tenía una sonrisa cálida y unos ojos azules glaciales». <<

[170] La muerte en mayo de 1972 del director del FBI, John Edgar Hoover, le permitió a Nixon designar para el cargo a un hombre de su confianza, L. Patrick Gray, que le comprometió imprudentemente en las investigaciones del asunto Watergate. A lo que hay que añadir que un candidato al cargo que Nixon había marginado, W. Mark Felt, fue quien hizo a Bob Woodward las revelaciones que acabarían de hundirle. <<

[171] Como consecuencia de ello, se dejó que el Departamento de Estado se ocupase de cuestiones como la crisis de Biafra y se ignoraron las matanzas de hutus en Burundi, en la guerra civil de 1972-1974. En 1973, en una entrevista con Hassan II de Marruecos, Kissinger le diría que «no tenemos una política global hacia África» y reconocería su ignorancia respecto de los asuntos del continente. <<

[172] De acuerdo con las ideas que Connally había expresado con estas palabras: «Pienso que lo que los extranjeros pretenden es j…nos y que lo que tenemos que hacer, por consiguiente, es j…los primero a ellos». <<

[173] El pastor Billy Graham le objetó que más importantes habían sido otras fechas, como la del nacimiento de Cristo, pero Nixon respondió que se había referido a una semana, no al «día más grande». <<

[174] Más adelante, en sus memorias, haría la misma comparación en relación con Mao. A un Kissinger a quien le gustaba identificarse con Metternich, le encantaban este tipo de trivialidades, fruto de un conocimiento superficial de la historia. <<

[175] La revelación por el New York Times de estos bombardeos enfureció a Nixon y a Kissinger, que buscaron en vano en su entorno a los responsables de la filtración. Las noticias procedían en realidad de un periodista británico que los había observado sobre el terreno. <<

[176] La operación estuvo a punto de posponerse cuando el presidente survietnamita, Thieu, alegó que su astrólogo le había dicho que no era un momento favorable; la CIA sobornó al astrólogo para que cambiase su predicción. <<

[177] Si bien se sabe que Nixon llegó a pensar seriamente en usar armas nucleares, hay que poner en su haber el hecho de que fue él quien renunció, en noviembre de 1969, a seguir desarrollando armas biológicas, como se venía haciendo en secreto, tras el escándalo producido en marzo de 1969 por la muerte en Utah de miles de ovejas como consecuencia de un escape del gas VX. <<

[178] Era la primera gran victoria del «mundo libre» en este campo, aunque el vencedor, Fischer, resultó ser un admirador de Hitler, que creía que todos los males del mundo provenían de los judíos, los comunistas y los homosexuales, y que acabó renegando de los Estados Unidos. <<

[179] Kissinger explica en sus memorias que Nixon estaba resentido por el hecho de que él recibiese el crédito por todos los aciertos en el terreno de la política exterior, mientras las críticas por los fracasos recaían sobre el presidente. <<

[180] Nixon, que tenía poca paciencia con las continuas exigencias de los círculos judíos norteamericanos, no aceptó su petición de que se declarase un día nacional de luto en los Estados Unidos. «Ahí tenéis —les decía a Kissinger y a Haig— a la Jewish Defense League armando alboroto y diciendo que tendríamos que matar a todos los diplomáticos árabes.» <<

[181] Los israelíes siguieron luchando sin hacer caso del alto el fuego, en un intento de destruir el tercer ejército egipcio, que tenían cercado, y Kissinger tuvo que implicarse seriamente para conseguir que se detuvieran. <<

[182] La amistad personal de Carter le hizo creer, dice Brzezinski, «que podía desplazar a Israel como el aliado americano más próximo en la región». Pero Carter siguió financiando los gastos militares israelíes, aumentando considerablemente la potencia de su ejército en relación con la etapa anterior a la guerra, y mantuvo además su contribución económica a un «nivel sin precedentes de ayuda a un solo y no precisamente pobre país». <<

[183] Ello ocurría por los mismos días del «bogotazo», la revuelta provocada por el asesinato del político populista Jorge Eliécer Gaitán, un acontecimiento todavía inexplicado, en el que se ha querido ver el primer episodio de la guerra fría en América Latina y el inicio de más de medio siglo de violencia en Colombia. Sin embargo, la atribución a la CIA del asesinato de Gaitán, basada en las historias contadas en Cuba por un agente encarcelado por los castristas, parece poco verosímil, dado que el «bogotazo» pudo haber puesto en peligro la vida del secretario de Estado Marshall, que se encontraba en Bogotá en aquellos días. <<

[184] Para Dean Acheson los problemas de América Latina se reducían a los que causaba la inferioridad de unos pueblos «de cultura hispano-india —o sin ninguna cultura». El diagnóstico acerca de estos problemas no podía ser más simple: «Una población explosiva, una economía estancada, una sociedad arcaica, una política primitiva, una ignorancia masiva, analfabetismo y pobreza». Una prueba en la práctica de este desprecio la tenemos en el hecho, revelado en 2010, de que los norteamericanos infectaron de sífilis a prisioneros y soldados guatemaltecos en los años 1946-1948, con el fin de experimentar en ellos posibles métodos de curación. <<

[185] Tras su elección, Jagan visitó a Kennedy, quien declaró públicamente que «los Estados Unidos no tenían nada que objetar», porque había ganado una elección limpia, mientras, con la aprobación entusiasta de los británicos, la CIA preparaba una operación encubierta para arrojarle del poder. <<

[186] Muchos años después, en 2011, Clinton diría que la política norteamericana de producir alimentos para venderlos a los países pobres «y aliviarlos de la carga de producir sus propios alimentos» fue un error. «Y he de vivir cada día con las consecuencias de la capacidad que ha perdido Haití de producir una cosecha de arroz para alimentar a sus habitantes.» <<

[187] Sin olvidar otras formas encubiertas de actuación. Según cuenta John Perkins en Confessions of an Economic Hit Man, el dirigente panameño Omar Torrijos y el presidente Jaime Roldós de Ecuador, fallecidos en dos accidentes de aviación, habrían sido en realidad asesinados porque se oponían a los intereses de «la fraternidad de los jefes de las empresas, el gobierno y la banca». <<

[188] A su regreso a Washington Reagan les dijo además a los periodistas: «He aprendido mucho. Os sorprendería, pero resulta que todo aquello son países distintos». <<

[189] En marzo de 2010 The Economist publicaba un informe sobre Guatemala y el crimen organizado en que recordaba que el país había vivido una guerra civil de 36 años, «el peor conflicto armado del siglo XX en el continente americano», que costó la vida de 200 000 indígenas. Lo que olvidó fue señalar la responsabilidad en este desastre de Eisenhower y de sus sucesores en la presidencia. <<

[190] Honduras y El Salvador habían mantenido en 1969 un breve conflicto militar, la mal llamada «guerra del fútbol», como consecuencia de la expulsión de Honduras de campesinos salvadoreños. El ejército de El Salvador invadió entonces Honduras y se produjo una situación que reforzó el predominio militar en Honduras y agravó en El Salvador las tensiones sociales, lo que dio lugar a la aparición de grupos guerrilleros que se unieron en 1980 en el FMNL (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional). <<

[191] «Bishop Romero wrote President Carter to stop sending guns to El Salvador Junta so he got shot. Ambassador White blew the whistle on the White House lies Reagan called him house cause he looked in the dead nuns eyes.» <<

[192] El embajador Thomas C. Mann, que ha dado nombre a la «doctrina Mann», llegó a sugerir en junio de 1961 que, antes de conceder al gobierno de México un préstamo de 400 millones de dólares, se le exigiese un programa para eliminar toda influencia izquierdista —«comunista» para él— no solo del gobierno, sino incluso «de los libros de texto y otros materiales de lectura usados en las escuelas primarias y secundarias». <<

[193] Pronto se pudo ver que los Estados Unidos no iban a mantener la retórica que asociaba la ayuda económica a la existencia de regímenes democráticos. Con Johnson, la «doctrina Mann» precisó que en las relaciones con otros gobiernos los Estados Unidos procederían de acuerdo con sus intereses, prescindiendo de si se trataba de democracias o dictaduras. <<

[194] Currie, que se había naturalizado como norteamericano en 1934, fue asesor económico de Roosevelt durante la segunda guerra mundial; en 1949 dirigió una misión del Banco Mundial en Colombia. Acusado de ser un agente soviético, como uno de los supuestos responsables de la «pérdida de China», los Estados Unidos no le renovaron el pasaporte en 1954, de modo que decidió quedarse en Colombia, donde se nacionalizó y se convirtió en un gran propietario ganadero y en asesor económico de diversos presidentes. <<

[195] En 2007 la compañía bananera norteamericana Chiquita Brands International reconoció que había pagado y armado a grupos paramilitares colombianos que asesinaron a dirigentes sindicales, organizadores sociales y trabajadores de sus plantaciones. Les había dado además acceso a su puerto privado en Turbo, que los paramilitares habían usado para exportar droga y entrar armas ilegalmente. <<

[196] En uno de los casos investigados, la llamada «masacre de El Salado», de febrero de 2000, un grupo de 450 paramilitares asaltó una población, causó en ella 60 muertos, en medio de la más salvaje violencia, y consiguió que 4000 campesinos huyeran de la zona, dejando el pueblo abandonado. Solo una quinta parte de ellos volvió más tarde. El ejército, que al parecer conocía de antemano lo que iba a suceder, dejó hacer a los paramilitares sin molestarse en intervenir. <<

[197] Velasco fue elegido presidente en 1952 (en la única etapa en que llegó a culminar su gestión), 1960 y 1968, y dio un «autogolpe» en 1970, con el apoyo de los militares, que lo derribaron finalmente en 1972. <<

[198] En el caso de América Latina la tolerancia beneficiaba a políticos y militares amigos, a quienes se permitía que se beneficiaran del tráfico sin plantearles demasiados problemas, como en los casos de Noriega, del presidente de México Carlos Salinas (de quien se afirma que puede tener más de mil millones de dólares en cuentas secretas) y tal vez de Menem. En lo que se refiere a Pinochet, contamos con las declaraciones del general Contreras, que parecen dar verosimilitud a la acusación de que participó en los beneficios del tráfico. Es difícil que estas cosas escapasen a la DEA. <<

[199] Para evitar que los Tupamaros matasen a Mitrione, Nixon presionó al gobierno uruguayo para que pagara un rescate y le recomendó que amenazase con matar a Raúl Sendic y a otros presos izquierdistas, o que difundiera que el Escuadrón de la Muerte mataría a familiares de los presos. Después de la muerte de Mitrione, en efecto, las escuadras de la muerte emprendieron grandes campañas para la captura y asesinato de izquierdistas. <<

[200] En febrero de 2010 Bordaberry fue condenado a treinta años de cárcel «como autor de un delito de atentado contra la Constitución en reiteración real con nueve crímenes de desaparición forzada y dos crímenes de homicidio político». <<

[201] Borges, desengañado ya de antiguas simpatías por los militares, escribió: «Es de curiosa observación que los militares, que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la Ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores». <<

[202] En marzo de 2001 Rudiger Dornbusch, profesor del Massachusetts Institute of Technology, sostenía que si el Plan Cavallo había fracasado era por culpa de los argentinos y que la única solución posible para remediar la situación era la de llamar a «un equipo de técnicos extranjeros (…) para resolver los problemas que la Argentina —como sociedad— no está en condiciones de manejar». <<

[203] La Defensoría del Pueblo calculaba en el verano de 2009 que había 82 bandas que operaban en 273 municipios, con no menos de 10 000 hombres bien armados, muchos de ellos procedentes de los grupos anteriores, supuestamente desmovilizados. El número de desplazados, mayoritariamente campesinos, en un año es de más de 300 000. <<

[204] Los documentos de la embajada de los Estados Unidos publicados por WikiLeaks sostienen que «la destitución forzada [de Zelaya] por los militares es claramente ilegal, y el ascenso de Micheletti como “presidente interino”, totalmente ilegítimo». <<

[205] David Harvey sostiene que las causas deben buscarse en un proyecto clasista que se fraguó en los años setenta, cuando, enmascarando sus objetivos con toda una retórica sobre la libertad del mercado y del comercio, o sobre las ventajas de la privatización, «se legitimaron toda una serie de medidas destinadas a restaurar y consolidar el poder de clase del capitalismo». Unas medidas que se pretendía legitimar como una necesidad para la recuperación de la economía, pero que no hicieron posible volver a alcanzar las tasas de crecimiento de la productividad de la etapa anterior. <<

[206] Poco después de que Nixon le propusiera convertirse en miembro del Tribunal Supremo, algo a lo que se resistió un tiempo, porque abandonar la práctica privada de la ley le iba a hacer perder mucho dinero. <<

[207] En los cinco años de servicio para Nixon en la Casa Blanca, de 1969 a 1974, Haig ascendió de coronel a general de cuatro estrellas sin pisar otro campo de batalla que el de Washington. Para alejarlo de la Casa Blanca, Ford lo envió a Europa como jefe supremo de la OTAN. <<

[208] Laffer perdería todo crédito cuando en 2007 aseguró en Islandia que la estrategia económica que seguía este país debía convertirse en un modelo para el mundo. Poco después se producía la catástrofe que hundió el «milagro bancario» islandés, y al propio país, en la miseria. <<

[209] Todavía iba a producirse, en mayo de 1975, un último incidente en el escenario de las guerras de Vietnam: la detención por lanchas camboyanas del buque norteamericano Mayagüez. Como no se mantenían relaciones diplomáticas con el régimen de Camboya, Ford ordenó una operación militar de rescate, que resultó inútil, porque la tripulación había sido ya liberada, y que se desarrolló de manera desastrosa. Pero como el público solo conoció la liberación de los presos, y no los detalles del fallido rescate y su coste en vidas (18 marines) y helicópteros, el gobierno pudo apuntárselo como un éxito. <<

[210] Una de las cuestiones que perjudicaron más gravemente a Ford en la campaña electoral de 1976 tenía que ver con el espíritu de lo que se había acordado en Helsinki. Ford dijo, en una discusión con Carter, que no «había un dominio de la Unión Soviética sobre los países de la Europa del este» y que «los Estados Unidos no aceptaban» que existiese tal dominio. Una mala interpretación de lo que había querido decir, que le presentaba como si ignorase cuál era la situación política de la Europa del este en aquellos momentos, sirvió para que la prensa se ensañara una vez más con él. <<

[211] La esquizofrenia resultó evidente en su discurso de junio de 1978 en la Academia Naval de Annapolis, con una primera parte, inspirada por Vance, que ofrecía distensión a los soviéticos, y una segunda, a partir de unas notas de Brzezinski, que los atacaba, lo que dio lugar a que el Washington Post dijera que se trataba de «dos discursos diferentes». Carter, en cambio, opinaba que era «un buen discurso, duro pero equilibrado». <<

[212] El primer CPD se había creado en 1950 para dar apoyo al programa del NSC 68. Se disolvió en 1953, pero reapareció en 1976, financiado inicialmente por David Packard (de la empresa Hewlett-Packard, cuyos intereses estaban ligados a la producción militar). En 2004 apareció una tercera edición del Committee, dedicado esta vez a «luchar contra el terrorismo y las ideologías que lo inspiran», dirigido por el exsecretario de Estado Shultz y el exdirector de la CIA Woolsey, e integrado por una serie de mediocridades ultras, entre las que figuraba José María Aznar. <<

[213] Carter tuvo más de un choque con Schmidt, que criticaba su política en Oriente Próximo, su retórica acerca de los derechos humanos, su postura con respecto a Rusia, etc. Después de uno de sus últimos enfrentamientos, en junio de 1980, Carter se queja de que Schmidt, que «es un hombre extraño y un buen dirigente para Alemania», «critica constantemente a los Estados Unidos, nuestra resolución, nuestra buena fe, nuestro empeño, nuestra honestidad, etc.». De la Thatcher afirma que «es una mujer dura, obstinada en sus opiniones, de una fuerte voluntad, incapaz de admitir que haya algo que no sabe». Nada que ver con la simpatía que muestra por personajes tan despreciables como Sadat o el Shah de Irán. <<

[214] Carter les planteó repetidamente a los dirigentes soviéticos el caso del disidente judío Natan Sharansky, encarcelado bajo una acusación de espionaje. Dejando a un lado que Sharansky parece haber proporcionado a la KGB una lista de activistas judíos, resulta que al ser liberado en 1986 y marchar a Israel, «abandonó sus principios cuando emergió como un implacable enemigo del compromiso con los palestinos», según nos dice el propio Carter. <<

[215] Se trataba, en realidad, de un episodio más del enfrentamiento entre China y la Unión Soviética. Los soviéticos habían firmado en noviembre de 1978 un tratado de amistad con los vietnamitas que iba dirigido contra los intentos de supremacía de China. Cuando los vietnamitas invadieron Camboya para derribar el régimen de Pol Pot, los chinos iniciaron una breve campaña de frontera en febrero de 1979 «para dar una lección a Vietnam». <<

[216] Muchos años después se ha pretendido reivindicar a Carter, señalando que su visión del futuro de la energía y su «discurso del malestar» apuntaban a problemas reales que iban a cobrar una importancia decisiva en el futuro. Pero la verdad es que fue incapaz de traducir estas declaraciones en un programa político. <<

[217] Carter afirma que decidió personalmente conceder el permiso de entrada al Shah y que lo comunicó al primer ministro iraní, Bazargan, quien lo aceptó, a condición de que el Shah no hablase de política durante su estancia, y le aseguró que protegería la embajada, pero que temía las manifestaciones hostiles que podían producirse en Teherán. Influyó también en ello Brzezinski. Según Carter, Zbig, que formaba parte del grupo de Rockefeller, «ha deseado siempre que el Shah se quede en este país». Lo que tal vez tenía que ver, se ha dicho, con el hecho de que David Rockefeller era uno de los mayores accionistas del Chase Manhattan Bank, donde estaban depositados los fondos del gobierno iraní, que no deseaba ver retirados por el nuevo régimen. <<

[218] Brzezinski declaró en 1998 a Le Nouvel Observateur: «De acuerdo con la versión oficial de la historia, la ayuda de la CIA a los mujahidines empezó… después de que el ejército soviético invadiera Afganistán… Pero la realidad, mantenida en secreto hasta hoy, es totalmente distinta: la verdad es que fue el 3 de julio de 1979 cuando el presidente Carter firmó la primera disposición para dar ayuda en secreto a los opositores al régimen prosoviético de Kabul. Y este mismo día yo le escribí una nota al presidente en la que le explicaba que en mi opinión esta ayuda iba a inducir una intervención militar soviética». Lo cual matizaría seguidamente diciendo que no «empujamos a los rusos a intervenir, pero aumentamos conscientemente la probabilidad de que lo hicieran». <<

[219] El 14 de febrero de 1979 el embajador norteamericano en Kabul, Adolph «Spike» Dubs, fue secuestrado por un grupo de islamistas y murió en el intercambio de fuego con la policía que pretendía rescatarle, lo que irritó al Departamento de Estado, que era partidario de negociar. Fue el encargado de negocios que le sucedió, J. Bruce Amstutz, quien en septiembre del mismo año mantuvo conversaciones amistosas con Amin, que había estudiado en los Estados Unidos, quien intentaba, en palabras de Amstutz, «mejorar hasta cierto punto las relaciones con los norteamericanos». <<

[220] Al no conseguirlo, prohibió que acudiesen a ellas los norteamericanos y presionó a sus aliados para que hicieran lo mismo: al final hubo 81 comités nacionales olímpicos representados en Moscú, contra 88 que habían participado en los juegos de Montréal de 1976. <<

[221] Esta doctrina, inspirada por Brzezinski, se desarrollaría en todo un programa de actuación dentro de la «directiva presidencial/NSC-63» de 15 de enero de 1981, uno de los últimos documentos de la presidencia de Carter, pocos días antes de que Reagan asumiese el poder, que incluía, entre otras instrucciones, la de conseguir que sus aliados de Europa y del nordeste de Asia asumieran una parte mayor de los gastos de defensa para contrarrestar «una mayor asignación de recursos estadounidenses a la seguridad del golfo Pérsico». En octubre de 1981 Reagan le añadió un «corolario» para garantizar «la integridad territorial y la estabilidad interna de la Arabia Saudí», ante la alarma suscitada por la guerra entre Irán e Irak y, sobre todo, por la inestabilidad en Yemen y el temor al efecto que la subversión podía tener sobre «millones de hambrientos y airados yemeníes que trabajan en los campos petrolíferos saudíes». <<

[222] En diciembre de 1980 se habían hecho planes para que tropas soviéticas, checas y de la DDR entrasen en territorio polaco con la excusa de la celebración de unas maniobras. <<

[223] En el origen de este tipo de instituciones estaba la Société du Mont-Pelerin, nacida en 1947 bajo la inspiración de Friedrich von Hayek. Con el mismo propósito de defensa de las ideas neoliberales surgieron la Fondation Saint-Simon en Francia y el Institute of Economic Affairs en Gran Bretaña. Pero estas asociaciones tenían sobre todo un ámbito elitista, sin la capacidad de difundir sus ideas en un público de masas, como harían las nuevas fundaciones norteamericanas, como la Heritage Foundation, fundada en 1973 por Edwin J. Feulner, que fue también presidente de la Société du Mont-Pelerin. <<

[224] Las cátedras financiadas son en especial las de economía, ciencia política, sociología, historia… En 2008, por ejemplo, el multimillonario Charles Koch llegó a un acuerdo con la Florida State University por el que se comprometía a financiar una serie de cátedras, pero exigía que un comité nombrado por él decidiera los candidatos a considerar y se reservaba derechos como el de «revisar el trabajo hecho por la Facultad de económicas». <<

[225] Era un adepto a las ideas milenaristas difundidas en el libro de Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth, del que se vendieron más de veinte millones de ejemplares, en que se anunciaba el próximo fin del mundo, interpretando la actualidad en los términos de un Apocalipsis en que Magog era la Unión Soviética, Gog su jefe de estado y el Anticristo un político de la Unión Europea. Con él compartían semejantes creencias su fiscal general, Ed Meese, el secretario de Defensa, Caspar Weinberger, y el del Interior, James Watt. En 1980 le decía a un entrevistador: «la nuestra puede ser la generación que vea Armagedón». <<

[226] En sus memorias contó que la fórmula de sus intervenciones era: «Generalmente comienzo con un chiste o con una historia para captar la atención de la gente: luego les cuento lo que voy a decirles, se lo digo, y después les digo lo que acabo de decirles». <<

[227] Stockman arruinó su crédito político con Reagan cuando, en diciembre de 1981, concedió una entrevista a The Atlantic en que desmitificaba lo que habían realizado, con afirmaciones como: «Ninguno de nosotros entiende realmente lo que pasa con todos estos números». En febrero de 2011 criticó la doctrina que sostiene que los recortes de impuestos aseguran el crecimiento y puntualizó que el recorte de 1981 fue una medida temporal, rectificada en 1982, 1983 y 1984 por nuevos aumentos que permitieron recuperar el 40 por ciento de lo recortado inicialmente. Añadió, además, que la recuperación económica solo se produjo después de que se hubieran aumentado los impuestos en 1982, corrigiendo el error que habían cometido el año anterior. <<

[228] Krugman pronunció el epitafio de la «economía-vudú» con estas palabras: «El culto de la “economía de la oferta” se ha encogido hasta el punto que ya solo lo cultivan chiflados, charlatanes y republicanos». Lo que explica que haya reaparecido en 2011, cuando los republicanos vuelven a controlar las cámaras y pretenden imponer recortes irracionales del gasto público. <<

[229] Los sindicatos vinieron a pagar así la renuncia a su participación en la política que habían hecho después de la segunda guerra mundial, reduciendo su actividad a una limitada defensa de los intereses profesionales del grupo, y colaborando en la guerra fría, tanto en el interior como en la escena internacional, en la lucha contra cualquier manifestación de izquierdismo y contra cualquier planteamiento en términos de conciencia de clase. <<

[230] Hoy sabemos que los Estados Unidos disponían de 1054 misiles balísticos intercontinentales, y de 656 SLMB que podían dispararse desde submarinos y que tenían miles de bombas atómicas desplegadas en 27 países distintos. La superioridad de su potencial ofensivo respecto del soviético era indiscutible. <<

[231] Para justificarlo con una «provocación reconocida internacionalmente», como pedía Haig, los israelíes tomaron como pretexto el atentado de unos terroristas que hirieron gravemente al embajador de Israel en Londres, Shlomo Argov, aunque sabían que no guardaba relación alguna ni con el Líbano, ni con los palestinos refugiados allí, sino que era obra del grupo de Abú Nidal, que estaba enfrentado a la OLP y que recibió en este caso ayuda de Irak. <<

[232] El propio Reagan reconoce en sus memorias que los israelíes «estaban bombardeando la ciudad con una salvaje ferocidad que estaba matando más y más civiles». <<

[233] Como diría unos años más tarde el «neocon» Michael Leeden, «cada diez años, más o menos, los Estados Unidos tienen que elegir algún país de mierda y empujarlo contra la pared, solo para enseñar al resto del mundo que vamos en serio». <<

[234] Los saudíes habían tenido una primera alarma en noviembre de 1979, cuando un grupo revolucionario ocupó la Gran mezquita de la Meca, a la vez que los chiíes de la provincia oriental se sublevaban portando retratos de Jomeini. <<

[235] Eisenhower había intentado ya una aproximación a la Hermandad Musulmana, basada en la idea de una alianza contra el comunismo ateo. De hecho la CIA estuvo apoyando durante muchos años a uno de sus líderes, Said Ramadan. <<

[236] Roosevelt lo creó en los años de la segunda guerra mundial para gastos que no convenía especificar, como el de financiar el proyecto Manhattan de construcción de la bomba atómica, y se usó más adelante para cubrir los gastos de las operaciones encubiertas; en 2010 se calcula que ascendió a 56 000 millones de dólares. <<

[237] Ahmed Rashid, que se entrevistó entonces con Shevardnadze, sostiene que, de haber aceptado pakistaníes y norteamericanos, pudieron haberse evitado una sangrienta guerra civil, el triunfo talibán, la acogida dada a al-Qaeda y tal vez los atentados del 11 de septiembre de 2001. <<

[238] Mohammad Hanif Atmar, que fue ministro del Interior de Afganistán con Karzai entre 2008 y 2010, opinaba que, de haber conservado los subsidios económicos que recibía de la Unión Soviética, el régimen de Najibullah se habría mantenido indefinidamente en el poder, controlando por lo menos las ciudades. <<

[239] De la raíz árabe «talib», estudiante, y el sufijo pashtun de plural «an», lo que significa que tal vez sería preferible no emplear «talibanes» para indicar el plural. <<

[240] Rabbani se retiró entonces al norte con Masud, jefe de la llamada Alianza del norte, que resistió, apoyado por la CIA, hasta que después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 pactó con los norteamericanos, en lucha ahora contra los talibanes. Kabul fue recuperada y Rabbani volvió a la capital, donde actuó como presidente provisional poco más de un mes, antes de ser reemplazado en diciembre de 2001 por Hamid Karzai. <<

[241] Unos límites que se acentuaron cuando Hezbollah comenzó a secuestrar rehenes norteamericanos, ya que una acción de respuesta directa podía provocar su ejecución, a lo que la opinión estadounidense hubiese respondido culpando a su propio gobierno. <<

[242] Hasta 1991 se mantuvo un costoso programa para detectar indicios de un posible ataque nuclear contra la Unión Soviética, que se basaba en elementos tales como vigilar la cantidad de ventanas que se mantenían iluminadas por la noche en el Pentágono y en otros ministerios de Defensa de Occidente. <<

[243] El propio presupuesto era, según cuenta Gorbachov, un documento prácticamente secreto, con unas cifras establecidas sin ningún rigor, que cubría sus déficits recurriendo al dinero de las cuentas de ahorro de los ciudadanos, o sea creando deuda interior. <<

[244] Fue Gorbachov quien, a partir de sus iniciativas para negociar los contenciosos acerca de las fronteras, culminadas en un viaje a China en mayo de 1989, por los mismos días de los sucesos de Tiananmen, sentó las bases del camino que llevaría a restablecer relaciones normales con los chinos. <<

[245] El general Koldunov, jefe de la defensa aérea, reconoció ante el Politburó que no se había enterado del vuelo de Rust hasta que este había aterrizado, lo que le costó que Gorbachov le preguntase sarcásticamente si se lo había informado la policía de tráfico de Moscú. <<

[246] Yakovlev sostenía que había tres aparatos distintos dentro del sistema soviético: el del partido, el represivo y el económico, y que este último tenía el suficiente poder como para resistir las presiones externas. <<

[247] Para Robert C. Allen las causas del menor crecimiento a partir de los setenta fueron las grandes inversiones militares de la guerra fría, el fin del trabajo excedente en la agricultura y el error por parte de los soviéticos de conservar una estructura industrial envejecida, que ya no era competitiva a escala internacional, sin invertir en renovar su equipamiento. <<

[248] Aceptó también sin resistencia otras medidas, como la disminución de las tropas rusas en Hungría, y garantizó a sus dirigentes que no intervendría para interferir en la evolución política que pudieran escoger. <<

[249] Los polacos esperaban obtener una considerable ayuda económica de la Alemania occidental, como compensación por su papel en la liquidación del sistema soviético. Ante las perspectivas que abría la caída del muro, sin embargo, su contribución resultaba innecesaria, de modo que resultarían defraudados. <<

[250] En sus memorias Bush nos cuenta la conversación que mantuvo con un Jaruzelski que «le abrió su corazón» y nos explica que hubo de convencerle de que aceptase la presidencia: «Era irónico: un presidente norteamericano tratando de persuadir a un dirigente comunista de que aceptase un cargo». <<

[251] Un mes más tarde se celebraba otro funeral, el de János Kádár, que los húngaros acogieron con un sorprendente respeto por el hombre que los soviéticos habían impuesto tras aplastar la revolución de 1956. <<

[252] Fueron al parecer miembros del servicio secreto, asociados a elementos reformistas del Partido Comunista, quienes inventaron la falsa muerte del estudiante para excitar las reacciones populares y conseguir que se instalara en la dirección un equipo favorable a las reformas. <<

[253] En la línea de la CSCE (Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa), nacida de los acuerdos de Helsinki, que se convertiría posteriormente en la actual OSCE. <<

[254] Entre otras limitaciones, Bush había fijado la de que no enviaría el tratado al Congreso hasta que no se hubiera resuelto el conflicto de la Unión Soviética con Lituania, que era, por su misma naturaleza, insoluble. <<

[255] El franco CFA, del que se habló anteriormente, era la moneda común de estos países del área francófona, con una equivalencia, en esta época, de 50 francos CFA=1 franco francés. <<

[256] Seku Turé instauró una dictadura brutal, que duró hasta su muerte en marzo de 1984, momento en que fue reemplazado por el coronel, después general, Lansana Conté, que se mantuvo en el poder hasta su muerte en diciembre de 2008, en una larga etapa de violencia y corrupción. Su muerte dio paso a un golpe militar a cuyo frente estaba Moussa Dadis Camara, más brutal aún que sus predecesores, como lo mostraría la masacre de 28 de septiembre de 2009, en que la guardia presidencial se ensañó deliberadamente con una reunión pacífica en el estadio de Conakry, causando de 150 a 200 muertos, un millar de heridos y un gran número de violaciones y abusos sexuales. <<

[257] El Fondo Monetario Internacional obligó al gobierno de Mozambique a bajar el salario mínimo, que era de 40 dólares mensuales en 1991, hasta dejarlo en 15 dólares, por debajo del nivel de la pobreza. <<

[258] El 2 de septiembre de 1994 se descubrió, en un avión Boeing 707 de una compañía registrada en Liberia, un cargamento de treinta toneladas de billetes de banco por valor de 12 000 a 15 000 millones de «nuevos zaires». Era una operación dirigida por dos comerciantes libaneses que habían gestionado para el gobierno la impresión de billetes en Argentina y Brasil, y, de paso, habían encargado que les hicieran para ellos varias copias, en el mismo papel e impresión y con los mismos números —o sea que no eran «falsos», sino repetidos—, con los que inundar el mercado, con consecuencias desastrosas para la inflación. <<

[259] El proceso de privatización de la economía impuesto por el Fondo Monetario Internacional se facilitó estimulando a los dirigentes del FRELIMO a que adquirieran bienes públicos con préstamos que no iban a devolver. Se estimulaba la corrupción para contribuir al desmantelamiento de la economía nacionalizada. <<

[260] La corrupción tiene un papel fundamental en este género de ayudas. Según un informe de las Naciones Unidas, la mitad aproximadamente de los 485 millones de dólares de ayuda que el World Food Programme proporcionó a Somalia en 2009 fue a parar a manos de contratistas corruptos, de rebeldes e incluso de miembros del personal de las Naciones Unidas en Somalia. <<

[261] La independencia de Namibia se produjo mediante un pacto entre las viejas élites coloniales y los privilegiados del nuevo orden doméstico, lo que ha dado lugar a una situación en que no solo no ha mejorado el nivel de vida de las masas indígenas, sino que la desigualdad es mayor al cabo de veinte años de independencia, bajo gobiernos del SWAPO (South West Africa People’s Organisation). <<

[262] Lo más revelador de la doble moral de las potencias occidentales ante la corrupción africana es que el Banco Mundial estuvo quince años concediendo préstamos a Mobutu, sin conocer el estado real de la economía de Zaire —que presentaba estadísticas inventadas, porque su administración era incapaz de calcularlas— y sabiendo que buena parte del dinero desaparecía sin llegar a emplearse en los objetivos para los que había sido concedido. <<

[263] En 1999 hubo en el Congo-Brazzaville más muertos que en Chechenia, Kosovo y Timor juntos, pero mientras los medios de información internacionales dieron una cobertura impresionante a cada uno de estos otros casos, hubo un silencio general acerca de lo que ocurría en este país africano. <<

[264] El tema de las estimaciones de las muertes en este conflicto, con intentos de revisión, poco verosímiles, que los reducen considerablemente (hasta tan solo 200 000 para el Congo entre 1998 y 2004, por ejemplo), debe quedar en suspenso hasta que no sean posibles verificaciones más seguras. Aunque el número no excluye en ningún caso su extrema brutalidad. <<

[265] Han circulado las más variadas teorías acerca de quién pudiera ser el autor del atentado. Se ha atribuido a los franceses y los franceses, a su vez, han acusado a Kagame. Pero las últimas investigaciones realizadas señalan que el misil que derribó al avión presidencial solo pudo lanzarse desde un área que estaba controlada por el ejército ruandés. <<

[266] Bemba fue detenido en Bruselas en mayo de 2008, por orden del Tribunal penal internacional, y comenzó a ser juzgado en noviembre de 2010 por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la República Centroafricana en 2002-2003, donde había acudido con sus tropas en apoyo del presidente Patassé. <<

[267] Según Tim Butcher la instigación procedió de una compañía minera, interesada en el cobalto de Katanga. Un periodista congoleño afirma que la negativa de Kabila a asumir los 14 000 millones de dólares de deuda que había dejado Mobutu, alegando que no había visto por ningún lado las obras financiadas con estos préstamos, fue una de las causas de su muerte. Prunier sugiere que se trató de un complot de Angola, indignada al ver que Kabila iniciaba tratos de diamantes con UNITA, etc. <<

[268] Ninguna compañía minera paga al estado congoleño más allá del 25 por ciento de los resultados de la explotación; un gran proyecto en Tenke Fungurume, Katanga, para explotar la mayor reserva de cobre y cobalto del mundo pretende que el estado se contente con el 5 por ciento. Y hay además empresas, como las canadienses Banro o First Quantum, que explotan minas de oro y de cobre de su plena propiedad (lo que Banro anuncia en su web como «un nuevo amanecer para África»). <<

[269] La existencia de grupos armados de nómadas a caballo, en que se mezclan en este caso hombres de Sudán y de Chad, no es nada nuevo. Como declaraba el general Anyidoho «siempre han estado aquí, diseminados por el África del Sahel: Níger, Sudán, Chad, República Centroafricana. El problema es que las armas modernas (los AK-47) han reemplazado a los arcos y las flechas». <<

[270] Níger tiene uno de los mayores índices de crecimiento de la población (ha pasado de 2,5 millones de habitantes en 1950 a 16,4 millones en la actualidad), una de las mayores tasas de mortalidad infantil (112,2 por mil) y uno de los menores índices de alfabetización y escolarización. <<

[271] La vida política de Liberia estuvo dominada por una élite americano-liberiana, descendiente de los fundadores del estado, hasta que un golpe militar sangriento llevó al poder en 1980 a Doe, un miembro de las tribus autóctonas, que fue torturado y ejecutado en 1990. <<

[272] En 2007 Déby invirtió 4,5 veces más en sus fuerzas armadas que en gasto social (educación, sanidad, etc.). El oleoducto de 1080 km, que lleva el crudo de Exxon y Chevron al puerto camerunés de Kribi, recibió en 2000 financiación del Banco Mundial, que celebraba los beneficios que iba a proporcionar a «los pobres y el entorno». Retirado del proyecto, el banco reconoce hoy que no ha habido tales beneficios. <<

[273] Como Frank Carlucci, que fue secretario de Defensa con Reagan y que, al dejar en 1989 el cargo, se incorporó al grupo con una amplia lista de relaciones personales en el campo de la defensa y un buen conocimiento de las futuras líneas de desarrollo que él mismo había dejado planteadas. <<

[274] Las declaraciones de miembros de la CIA acerca de los servicios prestados por Noriega redujeron posteriormente su sentencia, de modo que quedó en libertad condicional en 2007, aunque se le negó el derecho a regresar a Panamá. <<

[275] Pese a existir evidencias de que los responsables del atentado eran los miembros de un grupo palestino apoyado por Irán, un tribunal especial que se reunió en Holanda, y que actuaba de acuerdo con la ley escocesa, sin jurado y sometido a las presiones del gobierno norteamericano, inculpó a un funcionario de los servicios de inteligencia de Libia, Abdel Basset Ali al-Megrahi, que fue condenado en 2001 a una pena de 27 años de reclusión en una cárcel escocesa. Con el fin de evitar las sanciones con que se le amenazaba, el gobierno libio aceptó la responsabilidad de pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas, aunque sin reconocer la culpabilidad de quien había sido condenado con escasas y dudosas evidencias. Una comisión escocesa para la revisión de casos criminales decidió el 28 de junio de 2008, tras cuatro años de investigación, que al-Megrahi pudo haber sido condenado injustamente y que tenía derecho a apelar el veredicto que lo había inculpado. En agosto de 2009 fue liberado, en consideración a que se suponía que estaba a punto de morir como consecuencia de un cáncer, y fue recibido en Libia como un héroe por el propio Gaddafi, lo que produjo un escándalo internacional. <<

[276] Saddam utilizó además los abundantes recursos monetarios de Kuwait para tratar de comprar a algunos jefes de estado; Mubarak afirmaba que le había ofrecido 20 000 millones de dólares por su apoyo. Pero solo tuvo de su lado a Hussein de Jordania, a la OLP de Arafat (que pagó duramente este error) y a la Libia de Gaddafi. <<

[277] Víctimas, al parecer, de una combinación de los efectos secundarios de los proyectiles norteamericanos de uranio empobrecido y de las toxinas esparcidas por los bombardeos que destruyeron instalaciones iraquíes en que se guardaban materias químicas y biológicas. <<

[278] En el extenso texto que Tony Blair y Gerhard Schroeder publicaron en junio de 1999 con el título de Europa: la tercera vía se propugnaba un programa de modernización de la socialdemocracia que había de hacer compatibles la preocupación por la «justicia social» con una «economía de mercado» neoliberal; era en realidad un abandono radical de las ideas de la tradición socialista. <<

[279] En opinión de Dean Baker, el NAFTA, para cuya redacción se consultó a los ejecutivos de las grandes empresas, «estaba explícitamente diseñado para poner a los trabajadores industriales norteamericanos en competencia directa con los pobremente pagados del mundo en vías de desarrollo». <<

[280] Noviembre de 1995 fue un mes agitado para Clinton: el día 6 asistía en Jerusalén a los funerales de su amigo y mentor Yitzhak Rabin, asesinado por un judío fanático, el 14 comenzó la batalla del presupuesto con los republicanos y el 15, en el segundo día del «cierre del gobierno», tuvo su primer encuentro de sexo oral con Monica Lewinsky. <<

[281] Callista Bisek, veintitrés años más joven que él, se casó con Newt Gingrich en 2000, tras haberse divorciado este de su segunda esposa, enferma de esclerosis múltiple. Callista influyó en la conversión de su marido al catolicismo y dirige en la actualidad Gingrich Productions, una empresa productora de vídeos y audio de propaganda ultraconservadora. Cuando pensó en presentarse como candidato a la presidencia en las elecciones de 2012, Gingrich justificó su adulterio como causado «por el trabajo duro y el patriotismo». <<

[282] En lo que se equivocaba era era en prever que se estaba en situación de seguir consiguiendo superávits en los 25 años siguientes. Su sucesor iba a iniciar una década de endeudamiento galopante. <<

[283] Siglas inglesas del Kosovo Liberation Army, Ejército de liberación de Kosovo; las originales en albanés son UÇK. <<

[284] Ese mismo día el jefe del gobierno ruso, Primakov, que había emprendido un vuelo a los Estados Unidos para tratar de sacar adelante unas negociaciones económicas harto difíciles, hizo dar vuelta en pleno Atlántico al avión que le conducía, cuando el vicepresidente Gore le comunicó que iban a iniciarse los bombardeos contra Yugoslavia. <<

[285] En unos momentos en que Clinton estaba sujeto a una campaña para su destitución, no podía desafiar a los republicanos enviando tropas norteamericanas a Kosovo. El resultado fue que entre las víctimas colaterales de los bombardeos y las de la persecución serbia la campaña fuese innecesariamente sangrienta. <<

[286] No fue hasta 2011, cuando los movimientos de protesta de Egipto derribaron la dictadura «republicana» de Mubarak, que surgieron las primeras reflexiones sobre los nexos entre la política represiva patrocinada por «Occidente» y la respuesta terrorista. Un columnista conservador escribía en enero de 2011: «Es posible que si Mubarak no hubiese gobernado Egipto como un dictador durante los últimos 30 años, las torres gemelas del World Trade Center seguirían en pie». <<

[287] La experiencia del Líbano, donde en 1982 un joven miembro de la resistencia islámica, el movimiento precursor de Hezbollah, atacó con un coche bomba un cuartel israelí en Tiro, inició un amplio uso de este tipo de ataque suicida, que la CIA adoptaría a su vez con entusiasmo, no solo para replicar en Beirut, donde intentó acabar con el jefe de Hezbollah y lo único que consiguió fue matar a 80 civiles inocentes, sino para adiestrar en su uso a los mujahidines de Afganistán. <<

[288] El 9 de diciembre de 1987 un camión militar israelí causó la muerte de cuatro trabajadores palestinos que retornaban a sus hogares en Gaza, en un accidente que los palestinos creyeron deliberado. Los funerales, celebrados el día siguiente, dieron lugar a manifestaciones que fueron reprimidas a tiros y causaron cinco muertos, lo que provocó una oleada de violencia tanto en Gaza como en la orilla occidental. Ante los abusos que sufría la población palestina, dice Ilan Pappé, lo que resulta difícil de explicar es por qué la revuelta no se produjo antes. <<

[289] Era la primera actuación de Clinton en la esfera de las relaciones internacionales, con la que el presidente pretendía ofrecer una imagen de estadista, que sus contrincantes le negaban. Clinton estaba obsesionado por evitar que Arafat, siguiendo su costumbre, le besara en público, y tuvo que pedir al príncipe saudí Bandar que intercediera para convencer al palestino de que renunciara a esta expresión de afecto (a cambio, fue Bandar quien recibió cinco besos de Arafat, incluyendo uno en la boca). <<

[290] Clinton se vio además en estos días implicado en un escándalo, al conceder, por presiones de círculos judíos, incluyendo al primer ministro israelí Barak —junto a otras muy diversas personalidades, entre las que figuraba el rey de España— el indulto presidencial a un estafador, el financiero Marc Rich; un indulto que dejó tras de sí sospechas de soborno. <<

[291] Resulta revelador que un pirata semejante, una vez despojado por el estado de su botín, se haya convertido en los medios de difusión «occidentales» en una víctima de la lucha por la civilización de la «libre empresa». <<

[292] Las compañías evadían impuestos por procedimientos como el de vender su producción a precios muy bajos a una empresa asociada con domicilio en un paraíso fiscal, con lo que podían presentar escasos beneficios al fisco ruso y beneficiarse bajo mano con las ventas realizadas por sus filiales: era, al fin y al cabo, la adopción de un procedimiento habitual en las empresas de «Occidente». <<

[293] En 2011 la Federación de Rusia está en el lugar 65 de la lista mundial del índice de desarrollo humano, entre Albania y Kazajstán. <<

[294] Como señalaba Joseph Stiglitz, «prácticamente todos los senadores, y la mayoría de los representantes en el Congreso, son miembros del 1 por ciento de los más ricos cuando llegan al cargo, se mantienen en él con el dinero que aporta el 1 por ciento y saben que serán recompensados por el 1 por ciento cuando dejen el cargo». Se calculaba que el 44 por ciento de los miembros de las cámaras eran millonarios. <<

[295] American Enterprise Institute, del que formaban parte el vicepresidente Cheney, su esposa y una serie de personajes políticos del entorno de Bush, como Bolton, F.W. Kagan, Robert Helms, Perle, Irving Kristol, Wolfowitz, John Yoo, etc., criticaba, por ejemplo, los planteamientos políticos sobre el calentamiento global, lo que parece lógico en una entidad que recibe subvenciones millonarias de la petrolera Exxon Mobil. <<

[296] El crecimiento del ingreso nacional, que en 1975-1976 se repartía entre un 32 por ciento para el beneficio empresarial y un 38 por ciento para sueldos y salarios, se distribuía en 2009-2010 entre un 88 por ciento para los empresarios y un 1 por ciento para los asalariados. <<

[297] Otro signo de la situación de la sociedad norteamericana era el elevado número de presos que mantenía en sus cárceles, 2.300 000, lo que llevaba a que los Estados Unidos, con menos del 5 por ciento de la población mundial, tuvieran cerca del 25 por ciento de todos los presos del mundo y los mantuviera encarcelados mucho más tiempo. La crisis económica ha dado lugar a que se proyecte la excarcelación de miles de presos, cuya custodia agobia los presupuestos de los estados, e incluso a que se suspendan en algunos lugares las ejecuciones, dado que la pena de muerte (que se mantiene en 34 estados, con 3250 presos aguardando la ejecución) resulta muy cara, por los largos trámites que suele implicar. <<

[298] En una ocasión Bush le preguntó a su padre:

—¿Qué es un neocon?

—¿Quieres nombres o una descripción? —le preguntó, el padre a su vez.

—Descripción.

—Bueno, te la daré en una palabra: Israel. <<

[299] En 2009 surgió además a la luz la existencia de un grupo para la realización de asesinatos que dependía directamente de Cheney y que actuaba en diversos países, ejecutando a las personas que se les indicaban, sin informar de su actividad ni al embajador ni al jefe de la estación local de la CIA. <<

[300] El general Tommy Franks definió a Feith como «el más jodido y estúpido sujeto en la faz de la tierra» y un funcionario del Pentágono aseguraba que a Rumsfeld le gustaba precisamente «porque era estúpido» y no le creaba problemas. <<

[301] Según el teniente coronel Anthony Shaffer, ni el ejército ni la CIA hicieron caso de las investigaciones que en el año 2000 habían descubierto dos de las tres células que organizaron los atentados del año siguiente. El 6 de agosto de 2001 Bush, que estaba de vacaciones en Texas, recibió un informe de la CIA titulado «Bin Laden está dispuesto a atacar en los Estados Unidos». Bush escuchó sin mucho interés lo que le decía el funcionario que le traía el informe y le contestó: «De acuerdo, ahora ya tienes el culo a cubierto». Y no tomó medida alguna. 36 días después se producía el atentado. <<

[302] El uzbeko Abdul Rashid Dostum luchó primero al lado de los soviéticos contra los mujahidines, se alió después a los mujahidines y pasó posteriormente a luchar con los norteamericanos contra los talibanes, momento en que, nos dice Tariq Ali, «demostró su nueva lealtad masacrando de 2000 a 3000 prisioneros talibanes y árabes ante la mirada aprobadora del personal de los servicios secretos norteamericanos en diciembre de 2001». Se exilió después a Turquía y en 2009 regresó para dar apoyo a Karzai en las elecciones. <<

[303] Sin olvidar la actitud del ISI pakistaní, que frenó su apoyo a los talibanes tras la amenaza que Richard Armitage, secretario adjunto de Estado, hizo a su jefe, general Mehmoud Ahmad, que se encontraba en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, a quien advirtió, mientras le entregaba una lista de exigencias norteamericanas, que, si no se sumaban a la guerra contra el terrorismo islamista, serían considerados como enemigos. <<

[304] El representante de Irán en las Naciones Unidas diría que «se quedaron sorprendidos por el hecho de que los Estados Unidos tuvieran tan poca memoria y se mostrasen tan ingratos acerca de algo que había ocurrido tan solo un mes antes». Lo que decidió el cambio de actitud en Washington fue el apoyo iraní a los palestinos. <<

[305] El tema del supuesto uranio del Níger acabaría complicándose, cuando el antiguo embajador Joseph Wilson manifestó dudas sobre su credibilidad. El entorno de Cheney se vengó filtrando a la prensa que la esposa de Wilson, Valerie Plame, había sido agente de la CIA. El asunto acabó con el jefe de gabinete de Cheney, I. Lewis «Scooter» Libby, en la cárcel, ante la indignación del vicepresidente, que consiguió que fuese liberado poco después. <<

[306] Bases como la que habían establecido en 1966 en la isla de Diego García, en el centro del océano Índico, que tomaron en «alquiler» de los británicos por un período de cincuenta años, después de que estos expulsaran de ella a todos sus pobladores nativos en una acción de brutal violencia. <<

[307] Uno de los aspectos de la conquista norteamericana que resulta más difícil de justificar es la destrucción sistemática de la infraestructura cultural iraquí: un 84 por ciento de las instituciones de educación superior y de investigación fueron saqueadas o destruidas por iniciativa de John Agresto, comisionado por el gobierno norteamericano como asesor en materias de educación. <<

[308] Uno de los problemas consistía en que Saddam, que conocía el funcionamiento de los servicios de inteligencia norteamericanos por sus contactos con ellos durante la guerra contra Irán, había transformado su sistema de comunicaciones, cambiando la radio por una red subterránea de fibra óptica, y había prohibido el uso de teléfonos móviles, lo que dejó a la NSA con escasa información. Otro, y más grave, la ignorancia de los dirigentes norteamericanos. Dos meses antes de enviar las tropas a Irak Bush hablaba con tres iraquíes-americanos. Oyendo que se referían a suníes y chiíes, no pudo evitar decir: «Pero yo creía que los iraquíes eran musulmanes». También Bremer, enviado como procónsul del imperio a Irak una vez concluida la invasión, reconocería que antes de llegar a Bagdad no había ni siquiera oído hablar de que existieran los chiíes, pese a que constituían más de la mitad de la población del país. <<

[309] Cuando se descubrieron los crímenes y abusos de Blackwater, la compañía no solo adoptó un nuevo nombre, «Xe Services», sino que creó una red de compañías ficticias, a través de las cuales seguía recibiendo contratos millonarios del gobierno. En 2010, ante la amenaza de que le obligasen a responder por sus actividades ilegales, Prince decidió vender la compañía y denunció públicamente que se había puesto al servicio de la CIA para operaciones arriesgadas, pero que, cuando resultó políticamente conveniente deshacerse de él, alguien lo echó «bajo las ruedas del autobús». <<

[310] Los gastos totales en defensa son difíciles de establecer en los Estados Unidos: la cifra asignada al Pentágono en el presupuesto para 2012 es de 558 000 millones de dólares, a los que hay que añadir otros 118 000 para operaciones militares en Irak y Afganistán. Pero agregando a estos 676 000 millones otras partidas destinadas a cuestiones relacionadas con la defensa, Christopher Hellman calcula que el gasto militar total podría llegar a ser de 1,2 billones de dólares. <<

[311] El 12 de marzo de 2007 se anunciaba que Halliburton trasladaba su sede central a Dubai, justificándolo por su dedicación a los negocios del petróleo, en momentos en que trataba de desembarazarse de su filial de negocios militares KBR, para desentenderse de las reclamaciones sobre el despilfarro de miles de millones de dólares en sus contratos. <<

[312] Los términos concretos en que se expresa esta decisión, aprobada por 5 votos contra cuatro, son: «El gasto en política es una forma de expresión protegida por la Primera Enmienda [de la Constitución], y el gobierno no puede impedir que las empresas o sindicatos gasten dinero para apoyar o atacar a candidatos individuales en las elecciones. Aunque las empresas y sindicatos no pueden dar dinero directamente a las campañas, pueden tratar de persuadir al público votante por otros medios, incluyendo anuncios, especialmente si estos anuncios no son transmitidos por radio o televisión». El siguiente paso en el camino de dejar las elecciones presidenciales en manos de los intereses empresariales es el de eliminar las ayudas públicas. <<

[313] Estas campañas cuentan con el apoyo directo de multimillonarios como el magnate de los medios de comunicación, Rupert Murdoch, y sobre todo con el indirecto que se ejerce a través de fundaciones como «Americans for Prosperity» o «Institute for Justice», de los hermanos Charles y David Koch, cuya fortuna combinada es la tercera de los Estados Unidos. Los Koch, propietarios de una de las industrias más contaminantes de Norteamérica, financiaron en 1977 la creación de la primera fundación «libertaria», esto es antiestatal, de los Estados Unidos, el Cato Institute. Sus relaciones con dos de los artífices de «Citizens United», los jueces del Tribunal Supremo Antonin Scalia y Clarence Thomas, han sido además objeto de escándalo. De momento, y tras el triunfo republicano en las elecciones de 2010, han colocado ya a cinco miembros en el comité que debe ocuparse de las emisiones de gases en relación con el cambio climático. <<

[314] Dinesh D’Souza, un turbio gurú de la derecha, publicó en octubre de 2010, con vistas a las elecciones del mes siguiente, un libro, The Roots of Obamas’s Rage, en que sostenía que el presidente seguía la ideología anticolonialista y antiamericana de su padre, y trataba de realizar su sueño de hundir a los Estados Unidos. Cualquier cosa vale en un medio como el norteamericano, tan tarado por la mala calidad de la información que una encuesta reveló que un 67 por ciento de los republicanos creía que Obama era socialista, un 57 por ciento, que era musulmán, un 45 por ciento, que no había nacido en los Estados Unidos y un 24, que «podía ser el Anticristo». <<

[315] A national strategic narrative. Sus autores son el capitán Wayne Porter, de la marina, y el coronel Mark Mykleby, del cuerpo de marines, y el texto aparece presentado por Anne-Marie Slaughter, profesora en Princeton y directora de Policy Planning del Departamento de Estado. <<

[316] Un articulista de The Economist era capaz de ir más allá del mito europeo cuando, tras afirmar que la riqueza de Asia puede sobrepasar en poco tiempo a las de Europa y Norteamérica sumadas, añadía: «El nuevo orden económico es de hecho el resurgir de uno muy antiguo. Asia contaba por más de la mitad del producto mundial durante 18 de los últimos 20 siglos». <<

[317] Fue arrestado en 1976 y condenado en 1983, sin que llegara a entrar en la cárcel. Aunque había abandonado formalmente el PLD en 1976, la facción del partido que controlaba siguió siendo dominante hasta su muerte en 1986. <<

[318] Zhao fue después condenado a un arresto domiciliario en el que pasó los dieciséis años que le quedaban de vida. En estos años escribió unas memorias en forma de diario, Prisionero de estado, que se publicaron en los Estados Unidos en 2009. <<

[319] El derrocado Nawaz Sharif fue juzgado y condenado a cadena perpetua, pero salió de la cárcel al cabo de un año, por la intercesión de la familia real saudí, que se comprometió a que, una vez en el exilio, Sharif se abstendría de intervenir en política durante los próximos diez años. <<

[320] Las fuerzas extranjeras implicadas pasaron de 26 000 en 2005 (18 000 norteamericanos y 8000 de otros países de la OTAN) a 136 000 en 2010 (95 000 y 41 000), mientras se estimaba que los combatientes de la insurgencia habían pasado de 5000 a 30 000 entre estas dos fechas. Que, entre tanto, las fuerzas de seguridad afganas hubiesen crecido de 50 000 a 230 000 no parecía ser un dato importante. <<

[321] Los documentos de WikiLeaks no solo confirman la implicación del hermano del presidente en el tráfico de drogas, sino que muestran que el propio Karzai intervino en diversas ocasiones para liberar a traficantes con los que tenía relaciones políticas o económicas. <<

[322] En octubre de 2009 la propuesta de los Estados Unidos de destinar una ayuda de 7500 millones de dólares para cubrir necesidades civiles, que sería controlada por Zardari, al margen de la ayuda militar que se proporciona regularmente, provocó la protesta del jefe del ejército, general Kayani, que lo consideraba una intrusión en la política pakistaní. <<

[323] El arsenal nuclear de Pakistán es en la actualidad de entre 90 y 110 cabezas, y se calcula que puede llegar a 150-200 en una década. La facilidad con que los norteamericanos pudieron asaltar el refugio de Osama bin Laden, que vivía a 15 km de un gran depósito militar de armamento, ha creado nuevas dudas acerca de la seguridad de las armas nucleares pakistaníes ante un posible ataque terrorista. <<

[324] Las inundaciones mostrarían también la naturaleza de la relación entre Pakistán y los Estados Unidos, que ofrecieron 150 millones de dólares como ayuda para paliar esta catástrofe humana, el mismo año en que habían invertido 100 000 millones en la guerra de Afganistán. <<

[325] Hasta Brzezinski afirmaba, en una reunión de expertos en septiembre de 2009, que se corría el riesgo de que «se repitiese la suerte de los soviéticos». <<

[326] Blackwell observaba que los Estados Unidos habían ido a Afganistán a combatir a al-Qaeda y no a los talibanes, y que esta guerra ya la habían ganado, puesto que se calculaba que no había más allá de 50 a 100 militantes de al-Qaeda en Afganistán. Seguir como hasta entonces significaba emplear de 1000 a 2000 soldados y tal vez 1000 millones de dólares al año por cada terrorista. <<

[327] Una de las paradojas de esta situación, propias de la historia del Cáucaso, es que fueron los rusos quienes, a fines del siglo XIX, deportaron a buen número de rebeldes abjasios y favorecieron la inmigración de dóciles pobladores georgianos, creando el problema étnico que hoy justifica la reivindicación del territorio por parte de Georgia. <<

[328] Según su propia hija, Goldstone, de religión judía, era un sionista convencido. Como lo demostró en abril de 2011 al ceder a las presiones del lobby judío y desautorizar su propio informe. <<

[329] Nasrallah, que según Robin Wright es «un cruce entre el ayatollah Jomeini y Che Guevara», ha conseguido el mayor apoyo que ningún otro político en el Líbano; tanto los israelíes como al-Qaeda han intentado asesinarlo. <<

[330] El director del Banco Mundial, Robert Zoellick, tuvo la ocurrencia de reivindicar a Bouazizi como víctima de los obstáculos planteados por el estado a la libertad de empresa (lo que contrasta con el hecho de que el director del FMI, D. Strauss-Kahn, elogiase en 2008 a Túnez como «un ejemplo para los países emergentes»), en lugar de preguntarse por las causas que habían condenado a Bouazizi, al igual que a la mayoría de los jóvenes tunecinos, al paro y a la pobreza. <<

[331] La demonización de Gaddafi, necesaria para legitimar una guerra injustificable, ha llegado a extremos tan grotescos como la acusación de que proporcionaba Viagra a sus soldados para estimularles sexualmente. La historia de las violaciones en la guerra, como sabemos por las experiencias de los rusos en Alemania, de los norteamericanos en Vietnam o de las diversas facciones en el Congo actual demuestra que nunca se han necesitado específicos para realizar con eficacia esta tarea. <<

[332] «En algún momento —advertían los analistas— es probable que los trabajadores se opongan al aumento del beneficio de los ricos y puede haber una reacción política contra el enriquecimiento de los más acomodados.» A lo que añadían: «no vemos que esto esté sucediendo ahora, aunque hay signos de crecientes tensiones políticas. De todos modos, mantendremos una estrecha observación de los acontecimientos». <<

[333] Pero mientras Greenspan aseguraba que garantizaban la estabilidad del sistema financiero, Soros los rechazaba, «porque no entendemos realmente cómo funcionan», y Warren Buffett los calificaba de «armas financieras de destrucción masiva». <<

[334] Según Eliot Spitzer, fiscal general y después gobernador del estado de Nueva York, los bancos sabían que alrededor de un 30 por ciento de las hipotecas que se vendían «empaquetadas» no eran solventes, pero seguían vendiendo estos valores, una vez se habían asegurado de que los daños de un previsible impago recaerían sobre otros. <<

[335] Lo estaba denunciando desde 1999 Harry Markopolos, quien en 2005 escribió directamente a la SEC sobre el tema, con el resultado de que esta institución lo investigase superficialmente y decidiese que no existía fraude alguno. <<

[336] Nuevas invenciones como los re-remics (REsecuritization of Real Estate Mortgage Investment Conduits), que eran CDO recocidos, algo que el Wall Street Journal describía como «una nueva ola de alquimia financiera». La operación consistía en separar los fragmentos mejores de viejos CDO para volverlos a empaquetar en un producto de más valor (calificado AAA). <<

[337] Las cifras oficiales de desempleo no reflejan adecuadamente la realidad del problema. Frente al 9,2 por ciento «oficial» de parados que reconocen los Estados Unidos, la realidad es que solo el 58,1 por ciento de la fuerza de trabajo está ocupada. Hay que añadir, además, que mientras se destruyen puestos con salarios relativamente elevados (de 20 a 30 dólares la hora), los que se crean son de sueldos bajos (de 9 a 12 dólares la hora). Es verdad, por ejemplo, que la industria del automóvil de Detroit ha vuelto a contratar trabajadores, pero estos cobran ahora la mitad que los que perdieron su trabajo unos años antes. <<

[338] Se le conocían, además, vínculos con empresas de Wall Street, como lo muestra que obtuviera alrededor de 6 millones de dólares de un fondo y de diversos gigantes financieros, como Goldman Sachs. «Uno se pregunta —escribía Mark Weisbrot— si esto pudo influir en sus decisiones en la Casa Blanca de Obama, que muchas veces parecían ir en contra de lo que había dicho anteriormente en sus escritos académicos.» <<

[339] Hay que hacer justicia, sin embargo, a su lucidez, puesto que en agosto de 2011 sostenía que había que hacer pagar más impuestos a los ricos, como él, que llevaban demasiado tiempo mimados por un «Congreso favorable a los milmillonarios». Desmentía, además, que unos impuestos más elevados fuesen a disminuir la inversión o la creación de puestos de trabajo. <<

[340] No era un caso único. El senador Bernie Sanders denunciaba los de empresas como Exxon Mobil, que había hecho 19 000 millones de beneficios en 2009 y había obtenido 156 millones de devoluciones de la hacienda; Bank of America, que había ganado 4400 millones, y había obtenido un rescate de 1 billón de dólares de la Reserva federal y del Tesoro, recibió devoluciones por valor de 1900 millones; Chevron, que había ganado 10 000 millones en 2009, recibió una devolución de 19 millones, etc. <<

[341] En julio de 2011 el documento le fue negado en Wisconsin a un joven con el argumento de que el comprobante de su cuenta de ahorro, que presentaba como identificación, no mostraba la suficiente actividad como para servir para este fin. <<

[342] Las últimas estimaciones de las Naciones Unidas sostienen, además, que la población seguirá creciendo hasta alcanzar 10 100 millones en 2100: la de África, en concreto, puede más que triplicarse en este siglo, pasando de los 1000 millones actuales a 3600. <<

[343] GRAIN (Genetic Resources Action International) edita un boletín de información en la red, Food crisis and the global land grab (http://farmlandgrab.org), donde se informa regularmente acerca del landgrabbing y se denuncian los casos más escandalosos. <<

[344] La incapacidad del sistema para resolver el problema se puede ver en el caso del Sahel africano, donde las crisis se han ido repitiendo en 2005, 2008 y 2010, con una especial incidencia en Níger, lo que tuvo como consecuencia el derrocamiento en febrero de 2010 del presidente Mamadou Tandja, que se negaba a asumir la hambruna y sostenía que se trataba de una situación controlada. <<

[345] Un caso referido a Tanzania ilustra acerca del carácter «no natural» de algunas hambrunas: «Id a un parque nacional y la situación parece normal. Las jirafas, ñus, búfalos y cebras se ven bien. Pero justo al lado del parque el ganado de los Massai está muriendo». <<

[346] En enero de 2011 se procesó en Mauritania a tres activistas que habían participado en una protesta contra la esclavitud y, por otra parte, a un propietario que fue denunciado por esclavizar a dos niñas; unos y otros, manifestantes y esclavista, recibieron la misma condena de seis meses. <<

[347] El boletín de la ACNUR explicaba en este mismo mes que en Colombia había 38 comunidades indígenas amenazadas de extinción por la expulsión forzada de sus tierras. <<

[348] Un fondo de Londres especializado en el cacao y el café, Armajaro, adquirió en el verano de 2010 en Costa de Marfil el equivalente al 7 por ciento de la cosecha mundial de cacao e hizo subir con ello el precio del chocolate. La operación pareció malograrse cuando se anunciaba una buena cosecha en este país, el principal productor mundial, y los precios comenzaron a bajar en noviembre; pero el cerco económico internacional, con motivo de la pugna por la presidencia del país entre Gbagbo y Ouattara, congeló las exportaciones y aseguró un espléndido negocio a Anthony Ward, fundador-propietario de Armajaro. <<