Este libro nace de las preocupaciones que me surgieron tras haber concluido Por el bien del imperio. La profundización de la crisis y, sobre todo, el carácter que tomó al extenderse por Europa, ha sacado a la luz la dura realidad de lo que, más allá del retroceso económico, se presenta en la actualidad como una grave crisis social, cuyos rasgos más visibles son la privatización de la política, primero, y la del propio estado, más adelante, con la formación paralela de un sistema represivo capaz de prevenir y contener la protesta pública. Lo que en la retórica con que se justifican las políticas de austeridad se presenta como un retroceso temporal destinado a superar unos momentos de dificultades esconde, en realidad, una alteración permanente de nuestros derechos sociales encaminada a liquidar definitivamente lo que queda del estado de bienestar y a asegurar la nueva sociedad de la desigualdad. La visión de la historia en que fuimos educados, que nos garantizaba un porvenir de progreso continuado, ha dejado de tener validez, y el futuro se ha convertido en un país extraño que habrá que descubrir y conquistar. JOSEP FONTANA

Josep Fontana

El futuro es un país extraño

Una reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo XXI

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Titivillus 06-01-2020

Título original: El futuro es un país extraño

Josep Fontana, 2013

Editor digital: Titivillus

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Introducción

INTRODUCCIÓN

La visión de la historia en que nos hemos educado tiene sus fundamentos en unas ideas que datan de hace más de dos siglos, en unas concepciones que surgieron con la Ilustración. Una visión que sostiene que la evolución del ser humano está indisolublemente unida al progreso. La expresó Gibbon en 1781 en su Historia de la decadencia y caída del Imperio romano, donde sostenía que «cada edad del mundo ha aumentado, y sigue aumentando todavía, la riqueza real, la felicidad, el saber y tal vez la virtud de la especie humana». Y la confirmó en 1795 Condorcet, quien, en su Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, afirmaba que la capacidad de perfección del hombre es indefinida y que sus progresos «podrán seguir una marcha más o menos rápida, pero que nunca será retrógrada».

Esta idea condujo a los historiadores a trazar el cuadro de la evolución de la humanidad como un ascenso sin interrupciones, desde la revolución neolítica que había visto nacer la agricultura y la civilización, hasta la revolución industrial, que había multiplicado nuestra capacidad de producción de bienes. En el terreno de los avances sociales, la conquista de las libertades individuales por la Revolución francesa vino seguida por la de los derechos sociales en los siglos XIX y XX. De este modo habíamos conseguido vivir en un mundo más libre, en que el nivel de vida de los ciudadanos avanzaba gradualmente.

Parecía lógico pensar que el futuro seguiría estas mismas pautas de progreso y libertad, una esperanza que tomó nueva fuerza en 1945, después de la victoria sobre el fascismo en la Segunda guerra mundial, cuando comenzaba a consolidarse el estado del bienestar y los dirigentes de los regímenes vencedores hacían públicas unas promesas de mejora indefinida.

En el terreno del crecimiento económico, sin embargo, han comenzado a surgir dudas acerca de esta continuidad del progreso. Algunos sostienen que durante la mayor parte de la historia humana el mundo experimentó tan solo un crecimiento mínimo, si es que lo hubo, y que «el rápido progreso alcanzado en los últimos 250 años puede haber sido un episodio único en la historia humana».

Pero es que, además, hay que examinar críticamente la relación que existe entre este «rápido progreso» y la evolución de la calidad de vida de los hombres y mujeres que lo han protagonizado. En algún modo es verdad que en los últimos doscientos cincuenta años hemos avanzado también en los terrenos de las libertades y del bienestar de la mayoría, pero este progreso no es, como pensábamos, el fruto de una regla interna de la evolución humana, sino el resultado de muchas luchas colectivas. Ni las libertades políticas ni las mejoras económicas se consiguieron por una concesión de los grupos dominantes, sino que se obtuvieron a costa de revueltas y revoluciones.

El crecimiento económico de Europa entre 1500 y 1850, por ejemplo, incluyendo en él la revolución industrial, lo habíamos integrado en nuestra visión de la historia como un paso adelante en el camino del progreso. Pero cuando de las cifras de producción pasábamos a la consideración de la suerte de los seres humanos, la imagen se transformaba en otra de retroceso. Durante muchos años nos habíamos basado en indicios diversos para analizar la evolución de los niveles de vida en la época de la industrialización, hasta que la historia antropométrica, que estudia la evolución de la estatura humana a lo largo del tiempo, un dato estrechamente relacionado con los niveles de vida, nos ha revelado que desde comienzos del siglo XVI a fines del XVIII, hubo un claro retroceso en las zonas más avanzadas de Europa, incluidas Inglaterra y Holanda, lo que muestra que «hubo una relación inversa entre desarrollo y nivel de vida», y que «amplios sectores de la población de Europa no sacaron provecho del progreso económico que se estaba realizando». Un proceso que la industrialización prolongó en la Europa desarrollada por lo menos hasta mediados del siglo XIX.

Esta situación no cambió porque los gobiernos o las clases dominantes se ilustrasen y decidiesen hacer una política más generosa en materia de reparto de los beneficios del progreso tecnológico, sino como consecuencia de más de un siglo de luchas sociales protagonizadas por los trabajadores: de huelgas, protestas y revueltas que obligaron a pactos y concesiones, con el objeto de evitar que el orden social fuese subvertido por intentos revolucionarios como el de la Commune de París. Los terrores que habían engendrado estas revueltas fueron los que impulsaron a las clases propietarias, mediando el arbitraje de los gobiernos, a negociar mejoras con los trabajadores. De hecho, la mayoría de los avances sociales logrados en los siglos XIX y XX, desde la limitación de la jornada de trabajo o el salario mínimo hasta el sistema de pensiones, unos avances de los que no solo se beneficiaron los trabajadores sino el conjunto de la sociedad, se debieron a esta lucha: sin la fuerza negociadora de los sindicatos, nunca hubiera habido «estado del bienestar».

En 1917, además, se produjo un acontecimiento, el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, que elevó estos terrores al máximo. Ello sucedía, además, en una sociedad europea conmocionada por la guerra más terrible que hasta entonces se hubiera conocido en la historia. Salvatore Quasimodo ha dicho que después de una guerra nada parece igual que antes. Los hombres que se han enfrentado a la muerte regresan de las trincheras con una mente cambiada, que no acepta los viejos valores, y hay que hablarles en un nuevo lenguaje. Es, de hecho, la misma idea que sostenía Keynes, quien, a poco de concluida la guerra, afirmaba que el crecimiento capitalista se había basado hasta entonces en un engaño por el que «las clases trabajadoras aceptaban, por ignorancia o impotencia (…), una situación en que no podían llamar suya más que a una pequeña parte del pastel que ellos, la naturaleza y los capitalistas contribuían a producir. Y, en cambio, les era permitido a las clases capitalistas llevarse la mayor parte del pastel». Pero, añadía Keynes, la guerra había puesto al descubierto esta realidad y «las clases trabajadoras puede ser que no quieran seguir más tiempo en esta amplia renunciación».

Los gobiernos europeos no supieron responder a las expectativas de cambio social y de mejora de las condiciones de vida de los hombres y mujeres que habían pagado el precio de muerte y sufrimiento de la guerra. Y se enfrentaron a estas demandas con una total incomprensión, considerando que eran un simple efecto del contagio soviético, y que lo único que había que hacer era utilizar la represión para liquidarlas.

Los años de aquella posguerra fueron de conmoción social en toda Europa: revuelta comunista en Alemania, huelga general en Inglaterra, ocupaciones de fábricas en Italia, revolución en Hungría, conmoción social en Viena «la roja», trienio bolchevique en los campos de Andalucía… De hecho, toda la historia del siglo XX, desde 1917 hasta los años setenta, estuvo condicionada por el gran miedo al comunismo, agravado al producirse la crisis económica de los años treinta, con sus secuelas de paro y hambre, que parecían anunciar la caducidad del capitalismo.

El gran miedo a la revolución inspiró, por una parte, soluciones autoritarias como las del fascismo italiano y el nazismo alemán (con imitaciones y secuelas en la mayor parte de Europa), que eran esencialmente fórmulas para combatir el comunismo, como lo muestra el hecho de que comenzasen suprimiendo los sindicatos que hasta entonces habían dirigido la actuación del movimiento obrero. Por otra parte, este mismo miedo dio también pie a políticas que querían mantener la versión liberal del proyecto de progreso social con la introducción de medidas reformistas, como las que F. D. Roosevelt planteó con el New Deal en los Estados Unidos, que continuarían vigentes después del fin de la guerra.

Nouriel Roubini ha explicado así la lógica del reformismo: «Antes incluso de la Gran depresión, las clases ilustradas de Europa reconocían que, con el fin de evitar revoluciones, les convenía proteger los derechos de los trabajadores, mejorar los salarios y las condiciones de trabajo y crear un estado del bienestar para redistribuir la riqueza y financiar bienes sociales —educación, sanidad y una red social de protección— (…). El ascenso del estado del bienestar fue, por tanto, una respuesta (…) al temor a las revoluciones populares, al socialismo y al comunismo (…). Siguieron a ello tres décadas de relativa estabilidad económica y social, desde los últimos años cuarentas a los primeros setentas: un período en que la desigualdad se redujo considerablemente y los ingresos medios crecieron con rapidez».

El fin de la Segunda guerra mundial, en 1945, llevó en efecto a una época de grandes promesas de futuro. Los vencedores habían anunciado en plena guerra, en la «Carta del Atlántico», que construirían un mundo en que estaría garantizado «el derecho que tienen todos los pueblos a escoger la forma de gobierno bajo la cual desean vivir», a la vez que ofrecían una paz global que había de proporcionar «a todos los hombres de todos los países una existencia libre, sin miedo ni pobreza».

Y la verdad es que, por lo menos en el plano de las relaciones entre capital y trabajo, las cosas comenzaron bien en esta «edad de oro del capitalismo» que se suele fechar entre 1948 y 1973, en buena medida porque persistía el miedo al comunismo, que parecía reforzado tras su victoria en la Segunda guerra mundial. Un miedo que fue el elemento inspirador de una política que prometía un futuro de avance continuado de la libertad y de la igualdad, lo cual convertía en injustificada toda propuesta revolucionaria, y que denunciaba como enemigo de este progreso pacífico al comunismo soviético, contra el cual había que armarse con bombas atómicas y misiles para resistir sus proyectos de conquistar el mundo, a la vez que debían vigilarse y reprimirse sus posibles aliados interiores, lo cual condujo a criminalizar a los sectores más avanzados del movimiento obrero y de la izquierda.

Los años que van de 1945 a 1975 vieron en los países desarrollados una época de conciliación social, en que un reparto más equitativo de las ganancias permitió mejorar la suerte de la mayoría. Los salarios crecían al mismo ritmo a que aumentaba la productividad, y con ellos lo hacía la demanda de bienes de consumo por parte de los trabajadores, lo que se convertía en un estímulo más para el aumento de la producción. Fue esta una situación que ha podido definirse como «una democracia de clase media» basada en «un contrato social no escrito entre el trabajo, los negocios y el gobierno». Un papel esencial en este contrato correspondía a los sindicatos, que no solo negociaban las condiciones de trabajo y los salarios de sus afiliados, sino que tuvieron un considerable papel en la política.

Esta evolución se invirtió a partir de los años setenta del siglo pasado, después de la crisis del petróleo, que sirvió de pretexto para iniciar el cambio. La primera consecuencia de la crisis fue que la producción industrial disminuyese en un diez por ciento y que millones de trabajadores quedasen en paro. Estos fueron años de conmociones sociales en que los sindicatos, movilizados en Europa en defensa de los derechos de los trabajadores, consiguieron retrasar por una década los cambios que habían comenzado a producirse en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde los empresarios, bajo la tutela del presidente Ronald Reagan y de la señora Thatcher, decidieron que había llegado el momento de iniciar una política de lucha contra los sindicatos, de desguace del estado del bienestar y de limitación del papel de los gobiernos en el control de la economía.

Hacia 1975 parecía claro que el triunfo de la Unión Soviética en la guerra fría era imposible, y que no había que temer que el comunismo, tras las experiencias de París y de Praga en 1968, pudiese impulsar una revolución en los países desarrollados. Las clases propietarias podían dormir con tranquilidad, sin el temor a ninguno de los diversos fantasmas subversivos que habían perturbado su sueño desde los tiempos de la Revolución francesa. No era necesario seguir pactando: había llegado la hora de restablecer la plena autoridad del patrón, como en los primeros tiempos de la industrialización, cuando no había límites para las horas de trabajo exigidas, ni se negociaba por los salarios.

Así comenzó lo que Paul Krugman llama «la gran divergencia», el proceso por el cual se produjo el enriquecimiento gradual de los más ricos y el empobrecimiento de todos los demás, que sigue en plena vigencia en la actualidad. El resultado a largo plazo de este proceso se puede sintetizar en estas cifras referidas a los Estados Unidos: entre 1973 y 2011 la productividad creció en un 80,4 por ciento, mientras que el salario por hora trabajada solo lo hizo en un 10,7 por ciento. Es evidente que no existe ya el reparto equitativo de los aumentos de riqueza entre los empresarios y los trabajadores: que se ha acabado el pacto que había sido la base de la armonía social de los años de posguerra.

Joseph Stiglitz dijo en una entrevista: «Un trabajador a tiempo completo está peor hoy en los Estados Unidos que hace 44 años. Es sorprendente: medio siglo de estancamiento. El sistema económico no funciona. No importa que unas pocas personas se beneficien escandalosamente en la cima; cuando la mayoría de los ciudadanos no mejora, el sistema económico no va bien». Se equivocaba, porque las normas por las que se rige el capitalismo no se encaminan a conseguir el bienestar general, sino el beneficio privado. El progreso económico ha sido compatible en el pasado con la plantación esclavista o con la explotación del trabajo de los niños en las fábricas, y sigue utilizando hoy el trabajo forzado allá donde se le permite. No fue el humanitarismo, sino el miedo a la revolución el que obligó a los empresarios a admitir limitaciones.

Esta «gran divergencia» que anunciaba el fin de una época de paz social no nació por causas económicas, por la dinámica de los mercados o por los avances de la tecnología, sino por causas políticas: por «la manipulación de las leyes y las reglas por obra de quienes podían pagar negociadores, legisladores y abogados para realizar sus encargos». Los empresarios lograron así el control de una política que se compra y se vende, y consiguieron bloquear las leyes que podrían obligarles a aumentar sus costes. No solo las que se refieren a los salarios y a los derechos de los trabajadores, sino también las que tienen que ver con el control de la polución o las que se dirigen a la previsión del cambio climático. Los políticos cumplen además su cometido encargándose de rebajar sistemáticamente los impuestos a las grandes fortunas, y toleran las argucias legales que los más ricos utilizan para no pagarlos.

Fueron los políticos directamente ligados a los intereses financieros los que consiguieron, durante la presidencia de Clinton, que se derogasen en los Estados Unidos las leyes que ponían freno a la especulación financiera, y llevaron de este modo la economía a la crisis de 2007-2008. Una crisis que no fue un accidente, sino la lógica y natural consecuencia de una política dedicada a favorecer exclusivamente los intereses de los más ricos y de las grandes empresas, incluyendo la permisividad ante la especulación financiera, que llegó en muchas ocasiones a niveles delictivos, en condiciones en que, como dice Robert Scheer, se les había garantizado a los especuladores la impunidad, dada su capacidad de «modificar las leyes antes de cometer el crimen».

Las consecuencias de la crisis las sufrieron tan solo los de abajo: los bancos fueron recapitalizados con dinero público, mientras muchas familias perdían sus hogares por no poder seguir pagando las hipotecas, y el paro aumentó sin control. Las cuentas del estado sufrieron las consecuencias agregadas de los costes de sanear las empresas financieras y de los recortes de los impuestos a los más ricos, con el pretexto, infundado según la experiencia histórica, de favorecer que estos invirtieran y contribuyesen a reactivar la economía[1].

A lo que, en el caso de los Estados Unidos, se agregarían los enormes costes de la «guerra contra el terror», que se estiman en unos 690 000 millones de dólares en diez años, a los que hay que añadir los de las guerras de Irak (4 billones) y de Afganistán (todavía por contabilizar). Este despilfarro de recursos públicos se ha usado para legitimar una política de austeridad que insta a reducir el gasto público para limitar el déficit y liquidar la deuda, a costa del recorte de los servicios sociales, esto es, a costa del nivel de vida de los trabajadores y de las capas medias.

La irracionalidad de esta política en términos económicos ha resultado evidente, ante su incapacidad para crear puestos de trabajo y restablecer la actividad productiva, mientras, por otra parte, favorecía el mecanismo generador de desigualdad económica y control social. Con el tiempo se ha ido abriendo paso la conciencia de que, si bien un cierto grado de desigualdad es propio del funcionamiento de una economía de mercado, su aumento exagerado tiene efectos negativos sobre el crecimiento. Pero ¿cómo traducir esto en un nuevo proyecto de redistribución, como el de los años que siguieron a la Segunda guerra mundial, cuando la política económica está, tanto en América como en Europa, en manos de los que defienden ante todo los intereses del «uno por ciento» de los más ricos?

No todo ha de atribuirse, sin embargo, a la codicia empresarial y a su capacidad para corromper la política, sino que una gran parte de la responsabilidad corresponde a la insensatez de unos dirigentes políticos que han asumido los errores de la doctrina de la austeridad, priorizando la estabilidad al crecimiento, como la canciller alemana Angela Merkel, que a comienzos de noviembre de 2012 insistía en que había que seguir durante cinco años o más en la misma línea de actuación que está empobreciendo Europa, y muy en especial los países del sur del continente, con el argumento de que este es el camino para restablecer «la confianza» y conseguir que los emprendedores vuelvan a invertir. Cuando está claro, más allá de toda duda, que los emprendedores invierten tan solo cuando consideran que hay posibilidad de ganancia, y que no puede haber estímulo para hacerlo mientras subsistan unas condiciones que continúan reduciendo el empleo y disminuyendo el consumo. Los únicos inversores que pueden sentirse atraídos por la confianza generada por la recesión son los depredadores en busca de adquirir a bajo precio los despojos de unas empresas arruinadas por la austeridad.

A lo que hay que añadir el enigma aparente de que los votantes den apoyo a políticos conservadores que defienden unos programas contrarios a los intereses de la mayoría. «La conducta del votante —afirma Walden Bello— no siempre está determinada por la racionalidad, sino que, sobre todo en tiempos de crisis, está con frecuencia motivada por miedos y esperanzas irracionales».

Daniel Kahneman y George Lakoff han puesto de relieve la importancia que tiene lo irracional en nuestra toma de decisiones. «Las ciencias cognitivas y del cerebro —sostiene Lakoff— han mostrado que la mayor parte de nuestro pensamiento —tanto como el 98 por ciento— es inconsciente. Hay mucho de lo que sucede en nuestro cerebro a lo que no tenemos acceso directo, pero esto que queda escondido es precisamente lo que determina una gran parte de lo que para nosotros tiene sentido y la forma en que razonamos».

La mayoría de los políticos, sobre todo los de izquierdas, creen que la gente piensa siempre conscientemente y que «si se les dan los hechos, la mayoría razonará las conclusiones correctas». En realidad el votante se alimenta de las noticias y los análisis que recibe de los medios de comunicación —periódicos, radios y televisiones— afines a su modo de pensar y de sentir. Comienza evaluando los hechos políticos emocionalmente, de acuerdo con un trasfondo de ideas morales que está firmemente asentado en su interior —la idea instintiva que todos tenemos de lo que es bueno y lo que es malo— «y a partir de aquí la mente opera hacia atrás, llenando —o inventando— “hechos” que están de acuerdo con este trasfondo interior».

Podría suponerse que este mecanismo actúa tanto para favorecer el voto a la derecha como a la izquierda; pero la izquierda no dispone del bagaje de medios de comunicación que puedan alimentar un modo crítico de pensar. Dejando aparte que la gran mayoría de los medios potentes, que proporcionan el entretenimiento cotidiano, están en manos de la derecha, los pocos de una cierta importancia que puedan considerarse neutrales, los del «liberalismo» tradicional, están también condicionados por los intereses de sus propietarios y por la presión de los grandes anunciantes, sin cuyos ingresos no podrían subsistir.

La crisis de 2008 aparece en la mayoría de los análisis de estos primeros años del siglo XXI como el gran problema de nuestro tiempo. Lo que en las páginas que siguen quisiera hacer es analizar una realidad que va mucho más allá de los cambios temporales que suele provocar una crisis, y sostener que la gran mutación histórica que estamos viviendo no arranca de 2008, sino de los años setenta del siglo pasado, cuando se rompieron las reglas que habían alimentado la ilusión de un mundo que evolucionaba hacia un progreso continuado, no solo en el terreno de la producción de bienes y servicios, sino en el del bienestar colectivo. La propia crisis fue una consecuencia del proceso de desregulación de la actividad empresarial y del empobrecimiento gradual de los trabajadores y de las clases medias, que se inició en los años setenta y que condujo a una situación en que iban a perder no solo sus bienes, sino también sus derechos sociales y sus libertades.

Este libro tiene como propósito fundamental analizar lo que he denominado «la crisis social de comienzos del siglo XXI». Una crisis que no puede reducirse a las consecuencias de la crisis financiera y que no obedece a causas meramente económicas, sino a un proyecto social que ha comenzado por la privatización de la política y aspira a conseguir la privatización entera del propio estado. Un proyecto que no solo amenaza la continuidad de los servicios sociales que proporcionaba el estado del bienestar, sino que pone en peligro el propio estado democrático y la sociedad civil en que este se sostiene. Todo apunta, si esta evolución se mantiene en los mismos términos, a un futuro de retorno hacia una privatización global semejante a la de los tiempos feudales, en que tal vez dejaremos de pagar impuestos al gobierno, reemplazados por los servicios de trabajo forzado a las empresas propietarias de todos los recursos y todos los servicios de que dependen nuestras vidas.

Lo que me interesa es que se entienda que desde hace unos treinta y cinco años se ha iniciado una nueva etapa en la evolución de nuestras sociedades que implica cambios fundamentales: una desigualdad económica creciente basada en la reducción de las cargas que pagan las grandes empresas y las grandes fortunas, paralela al empobrecimiento de las clases medias, acompañada por la privatización de los servicios sociales, la limitación del derecho a la negociación colectiva de las condiciones de trabajo y los sueldos de los obreros (que había sido el mecanismo esencial de los progresos sociales), junto a toda una serie de restricciones a la democracia y al derecho de protesta…

A la luz de estas evidencias, debemos revisar nuestra visión de la historia como un relato de progreso continuado para percatarnos de que estamos en un período de regresión. Resulta evidente que las conquistas sociales que se obtuvieron en dos siglos de luchas colectivas no estaban aseguradas, como creíamos, y que para recomenzar una nueva etapa de progreso habrá que volver a ganarlas con métodos nuevos, porque las clases dominantes han aprendido a neutralizar los que usábamos hasta hoy.

La gran lección que hay que deducir de esta experiencia es que ningún avance social se consigue sin lucha: sin una confrontación que solo puede tener éxito cuando se basa en la conciencia colectiva de que no es lícito resignarse a una situación injusta, sino que estamos obligados a fijar en común unos objetivos de progreso y a luchar por ellos. Pero la formación de la conciencia de los seres humanos depende en gran medida de su capacidad de comprensión de la realidad social en que viven, y esta se encuentra hoy estrechamente condicionada por una información que se recibe esencialmente a través de los medios de comunicación de masas, que se dedican a difundir una visión conformista, tal como conviene a los intereses de sus propietarios. La derecha ha aprendido a usar estos medios para repetir incansablemente tópicos simplistas y metáforas engañosas que se inculcan como verdades de sentido común, y se apresta, por otra parte, a destruir la educación pública, ejercida por un profesorado independiente, para reemplazarla por un sistema administrado como una empresa, en que los enseñantes molestos puedan ser fácilmente silenciados.

Es con estos instrumentos que podrá realizarse finalmente el programa de control social que Orwell imaginó en 1984. En el relato de Orwell, O’Brien, que expresaba la lógica del poder, afirmaba que los nazis y los comunistas rusos usaban unos métodos semejantes a los suyos, pero que no podían triunfar, porque «pretendían y quizá lo creían sinceramente» que su finalidad era llegar a establecer una sociedad «donde todos los seres humanos serían libres e iguales». No es este, evidentemente, el objetivo del capitalismo depredador de nuestros días, lo que le permite obrar sin remordimientos: sin que ninguna convicción pueda disuadirle de su propósito de enriquecimiento indefinido a costa de los recursos, los derechos y las libertades de la mayoría.

El papel que debería asumir en estas circunstancias el historiador es el de ayudar a denunciar la mentira de unos análisis tramposos que pretenden incitarnos a la resignación, para contribuir, en la medida de sus fuerzas, a la tarea de reinventar un nuevo futuro, que es todavía un país desconocido, una vez arruinadas las posibilidades de realizar el viejo: el que tuvo su origen en las anticipaciones de la Ilustración y alentó nuestras esperanzas hasta el fin de las tres décadas expansivas que siguieron al término de la Segunda guerra mundial.

1. La crisis social de comienzos del siglo XXI

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LA CRISIS SOCIAL DE COMIENZOS DEL SIGLO XXI

Un artículo de Shimshon Bichler y Jonathan Nitzan, «Las asíntotas del poder», plantea una hipótesis fascinante acerca de la naturaleza real de la crisis actual: «El problema al que los capitalistas se enfrentan en la actualidad (…) no es que su poder se haya debilitado, sino, por el contrario, que ha aumentado. Y no solo ha aumentado, sino que lo ha hecho tanto que puede estar aproximándose a su asíntota. Y como los capitalistas no miran hacia atrás, sino adelante hacia el futuro, tienen buenas razones para temer que, de ahora en adelante, la trayectoria más probable de este poder no será hacia arriba, sino hacia abajo».

Tras un análisis basado en una investigación destinada a poner en evidencia la naturaleza política de este proceso de enriquecimiento, Bichler y Nitzan, que sostienen que «el capitalismo no es un modo de producción, sino un modo de poder», concluyen que los capitalistas se dan cuenta hoy de que no pueden aumentar su posición de privilegio en el reparto de la riqueza sin una dosis mayor de violencia. Solo que, «dado el elevado nivel de violencia que hasta ahora han ejercido», y la perspectiva de que una aplicación mayor puede provocar una resistencia creciente, están cada vez más atemorizados acerca del estallido social que están en trance de desencadenar. Todo lo cual viene ilustrado por un gráfico que muestra la trayectoria paralela, entre 1975 y la actualidad, de la curva que refleja el aumento de la parte de los ingresos que han ido a parar al 10 por ciento de los más ricos, y de la que muestra el porcentaje de la población trabajadora que está encarcelada o sometida a alguna forma de control judicial.

Este marco general de análisis, que sería útil que entendieran los dirigentes que predican una austeridad llevada hasta la extenuación, es un buen antecedente para entender lo que se narra a continuación, comenzando por la situación en los Estados Unidos, donde se han combinado los efectos de una insuficiente y sesgada recuperación de la economía, con los debates políticos e ideológicos suscitados por las elecciones presidenciales de 2012, y con las reacciones ante los movimientos populares de protesta, para facilitar la toma de conciencia de que existe una crisis latente en la sociedad norteamericana. Un análisis que puede después trasladarse a lo sucedido en Europa como consecuencia de unas políticas inspiradas en este mismo modelo norteamericano.

1. Los Estados Unidos: más allá de la recuperación

1. LOS ESTADOS UNIDOS: MÁS ALLÁ DE LA RECUPERACIÓN

El propósito de este análisis es mostrar de qué modo la sesgada «recuperación» de la economía ha servido para avanzar en el proceso de destrucción de las viejas conquistas sociales, así como en el de privatizar la política, con la finalidad de acabar privatizando el propio estado, y cómo estos cambios han exigido una restricción de las libertades democráticas y el desarrollo de nuevos métodos de prevención y penalización de la protesta pública.

Recuperación ¿para qué y para quién?

Recuperación ¿para qué y para quién?

En junio de 2009 se dio por concluida la «Gran recesión», por lo menos en el sector financiero, hasta el punto de que en el primer trimestre de 2012 la banca registraba «los mayores beneficios trimestrales en cerca de cinco años». Como consecuencia de ello las sumas repartidas a sus dirigentes habían vuelto a las grandes cifras: la media de los 100 mejor pagados era de 14,4 millones de dólares al año.

Mientras tanto, las instituciones financieras luchaban por evitar que se introdujeran nuevos controles a su actividad, y por neutralizar los que se habían aprobado ya, como la llamada «Volcker Rule». En su deseo por mantener vivo el casino capitalism —la utilización del dinero de los demás para emplearlo en apuestas de alto riesgo—, los bancos volvieron a conceder crédito a clientes de escasa solvencia, o a darles tarjetas de crédito «prepagadas», un producto no regulado que daba altos beneficios. Y volvieron también a surgir los «bonos basura», o «de alto rendimiento», que financiaban empresas con un riesgo cada vez mayor, a fin de conseguir grandes beneficios para sus fondos.

Pese a los avisos de que se volvía a estar en una situación peligrosa, nadie parecía dispuesto a tomar precauciones. Ni siquiera bastó para ello el escándalo que se produjo a comienzos de mayo de 2012, cuando JPMorgan Chase, el mayor banco de los Estados Unidos, anunció que había perdido 2000 millones de dólares (más adelante resultó que la pérdida había sido de 5800 millones, casi tres veces más) en una operación equivocada de derivados, al parecer en CDS (credit default swaps o permutas de incumplimiento crediticio): una noticia que provocó inicialmente una caída de 15 000 millones en el valor estimado del banco según las cotizaciones de la bolsa.

La impunidad con que actúan las grandes empresas financieras quedó demostrada una vez más en el verano de 2012 con el asunto del Libor (London Interbank Offered Rate), que puso en evidencia cómo los grandes bancos manipulaban en su provecho un indicador que, en palabras de The Economist, «determina en todo el mundo el tipo de interés que los particulares y las empresas pagan por los préstamos, o reciben por sus ahorros», lo que no solo afecta a las grandes transacciones entre los bancos, sino incluso a nuestras hipotecas y a nuestras tarjetas de crédito. Este, que ha sido sin duda uno de los mayores fraudes financieros de la historia, y que movió a Stiglitz a sostener que «lo primero es meter a unos cuantos banqueros en la cárcel», causó algún escándalo en Gran Bretaña, pero ninguno en los Estados Unidos, pese a que algunos de sus grandes bancos, como JPMorgan Chase o Citigroup, estaban implicados en este «escándalo de todos los escándalos de Wall Street». Lo peor del caso es que parece ser que las instituciones encargadas de regular la actividad financiera sabían lo que ocurría. Como ha escrito Matt Taibbi, el gran misterio de la política norteamericana en el curso de las dos últimas administraciones presidenciales (una de cada partido) es «por qué no ha habido ninguna investigación federal seria de Wall Street en un período que parece haber sido de una corrupción épica».

Ante la persistencia de los viejos abusos, Alexander Arapoglou, profesor de la Universidad de North Carolina y experto en el tráfico de derivados, advertía acerca de la amenaza de una nueva crisis, que podía producirse como consecuencia del crecimiento incontrolado del shadow banking, de una «banca en la sombra» que en la actualidad, de acuerdo con la Reserva federal de Nueva York, maneja recursos por valor de 15 billones de dólares, lo que la convierte en «demasiado grande para caer», en una situación agravada por el hecho de que los bancos siguen especulando en negocios de riesgo: «A los banqueros se les sigue pagando en función de los resultados, y hay mucho a ganar con una apuesta arriesgada que tenga éxito, y muy poco a perder con una apuesta fallida, sobre todo si el contribuyente está ahí para cargar con ella».

Para el conjunto de la producción la recuperación de la economía norteamericana pudo darse como asegurada en el último trimestre de 2011. Una gran noticia, diría Robert Reich, pero con un aspecto inquietante, porque «aunque el país produce hoy más bienes y servicios que antes de la crisis que se inició en 2007, se están haciendo con seis millones de trabajadores menos». ¿Qué hacer con estos seis millones que quedan al margen del proceso productivo? ¿Cómo va a repercutir esto en los niveles de vida de las clases medias y populares? «Millones de trabajadores se han visto desconectados de la fuerza de trabajo, y posiblemente de la sociedad», sostienen Dean Baker y Kevin Hassett. El problema del paro, por otra parte, se ha convertido en una amenaza universal. La Organización Internacional del Trabajo ha dicho en un comunicado de 29 de abril de 2012 que «aunque los signos de crecimiento económico han recomenzado en algunas regiones, la situación global de la ocupación no muestra signos de recuperación en un futuro inmediato».

Es, diría David Ruccio, como si se tratase de economías diferentes: la de quienes sacan provecho del crecimiento de la producción, de los beneficios y de las cotizaciones de bolsa, frente a la del descenso de ingresos de la clase media[2] y, más allá, la de quienes experimentan el paro, la pobreza, los desahucios y las deudas. En septiembre de 2012 se daba la coincidencia de unas noticias poco favorables sobre el crecimiento del empleo y sobre los beneficios de las grandes empresas, que se preveía que iban a disminuir por primera vez desde el inicio de la crisis, y de una subida espectacular de la bolsa, que alcanzaría las cotizaciones más elevadas desde el año 2007. Ante el temor que producían estas contradicciones, la respuesta de la Reserva federal fue anunciar una nueva inyección de dinero a la economía, que había de durar «hasta que el mercado del trabajo mejore substancialmente», lo que representa un cambio radical respecto de cuarenta años de política en que el objetivo central era la lucha contra la inflación.

Según cálculos de la oficina del censo había en 2011 49,7 millones de norteamericanos (aproximadamente uno de cada seis) que vivían por debajo del límite de la pobreza. Lo cual no se debía tan solo a los efectos de la crisis de 2008, porque las cifras revelaban que el empobrecimiento había comenzado con anterioridad, como consecuencia, en buena medida, «de una campaña de movilización de los empresarios para reducir los costes del trabajo, debilitando a los sindicatos, y modificando las políticas públicas que protegían a unos y otros».

Los medios de comunicación publicaban en 2012 cifras optimistas acerca de los puestos de trabajo recuperados, pasando por alto que la disminución del paro tenía que ver también con el abandono de la búsqueda de una ocupación legal y el paso a una economía sumergida de subsistencia. Y callando que, en todo caso, esta recuperación no bastaba para producir la necesaria demanda de bienes de consumo, cuya producción representa un 70 por ciento de la actividad económica de los Estados Unidos. Como dijo Robert Reich en junio de 2012, «las grandes empresas están sentadas sobre un gran montón de dinero; pero no lo invertirán en crear nuevos puestos de trabajo, porque los consumidores norteamericanos no están comprando lo suficiente».

Un panorama que ensombrecía aún más un informe del Fondo Monetario Internacional que rebajaba en julio de 2012 las perspectivas del crecimiento norteamericano, y mundial, en los años 2012 y 2013, acompañado a fines de septiembre por nuevas previsiones de que habría que recortar también estas primeras estimaciones pesimistas.

Los puestos de trabajo que iban apareciendo eran en su inmensa mayoría de baja calificación, de duración insegura y escaso sueldo, lo cual valía sobre todo para los jóvenes entre 16 y 29 años, de los que casi la mitad no tenían trabajo. Una situación coherente con el hecho de que los Estados Unidos es el país desarrollado con una mayor proporción de trabajadores con bajo salario (que alcanzan a un cuarto del total, una proporción mayor que la media de la OECD) y que cuentan con escasos derechos y protecciones, como consecuencia, entre otras razones, de su baja sindicación[3]. La inseguridad del empleo (se calcula que un 30 por ciento de los trabajadores tiene ocupaciones «contingentes») crea una auténtica angustia entre los que tienen trabajo, en especial entre los hombres de mediana edad, con escasas probabilidades de conservarlo. Lo que se está creando, dice Steven Wishnia, es un nuevo «precariado» sin red social de protección.

Como dice Robert Reich, que fue secretario de Trabajo con Clinton: «la mayor parte de las ganancias de la revolución de la productividad van a parar a los propietarios del capital, mientras los trabajadores normales están o parados o subempleados, o reciben sueldos y beneficios cuyo valor real no hace más que bajar (…). Cada vez resulta más evidente que el mundo pertenece a quienes reciben las ganancias del capital»[4].

La situación la resumía Henry Blodget en estos términos: 1) los beneficios empresariales han llegado a un máximo histórico; 2) hay menos norteamericanos trabajando que en ningún otro tiempo en las tres últimas décadas y 3) el porcentaje que los salarios representan del total de la economía ha llegado a un mínimo histórico.

Richard D. Wolff, profesor emérito de Economía de la Universidad de Massachusetts en Amherst, denunciaba el 7 de marzo de 2012 que las noticias acerca de la recuperación de la economía eran falaces, puesto que no había una mejora general de las condiciones económicas. «Recuperación, en esta economía capitalista, se refiere a los beneficios, no a la gente». A lo que Joseph Stiglitz añadía que la situación de los Estados Unidos distaba mucho de ser satisfactoria, si la medíamos en términos de los niveles de vida de la mayoría de la gente. La Reserva Federal calculaba que la riqueza de una familia media norteamericana había disminuido en un 38,8 por ciento entre 2007 y 2010, mientras sus ingresos lo habían hecho en un 7,7 por ciento.

Lo que se podía comprobar en la realidad era que el proceso a largo plazo que conducía al empobrecimiento de la mayoría y al enriquecimiento del «1 por ciento» no solo proseguía, sino que se había acentuado como consecuencia de la crisis. Lo confirmaban los nuevos datos que en septiembre de 2012 proporcionaba la oficina del censo sobre los ingresos de los hogares norteamericanos, al igual que las evaluaciones de Forbes, publicadas en los mismos días, que mostraban que «el valor neto» de los 400 norteamericanos más ricos había aumentado en un 13 por ciento. Como dice Robert Wittner, «en las últimas décadas, la tendencia de los poderosos a enriquecerse a costa del resto de la sociedad ha sido cada vez más intensa y más flagrante».

En marzo de 2012 el equipo dirigido por Emmanuel Saez, profesor de la Universidad de California, publicaba sus estimaciones del reparto de los beneficios del crecimiento que mostraba que, si bien en el conjunto del período de 1993 a 2010 la parte del crecimiento total «capturada» por el 1 por ciento de los más ricos había sido el 52 por ciento, en los años de «recuperación de 2009 y 2010» esta parte había ascendido al 93 por ciento. Saez concluía su informe con estas palabras: «Hemos de decidir como sociedad si este aumento de la desigualdad de los ingresos es eficiente y aceptable o, en caso contrario, qué combinación de reformas institucionales y fiscales deben desarrollarse para frenarlo». El resultado final de este aumento creciente de la desigualdad era una sociedad en que, en palabras de Robert Reich, «los 400 americanos más ricos tienen hoy más riqueza que los 150 millones de abajo, sumados conjuntamente».

Los encargados de interpretar la realidad de acuerdo con los intereses del orden establecido oponían a la evidencia de la prolongación de la crisis las promesas de una utopía tecnológica que aseguraba un futuro de prosperidad general. Un suplemento de The Economist sobre la «tercera revolución industrial» nos presentaba un panorama espectacular de avances, como la impresión en tres dimensiones, que permitiría eliminar la mayor parte de los costes salariales y favorecería el retorno a los países avanzados de la producción industrial deslocalizada. Pero el beneficio social de los avances tecnológicos depende de cómo se produzca el reparto de sus ganancias y, si nos guiamos por el precedente del 93 por ciento que los más ricos retuvieron en 2009 y 2010, cabe pensar que, a menos que cambien las reglas, la «tercera revolución industrial» traerá más desigualdad y más paro.

Una respuesta más sutil es la de quienes idearon una explicación que transformaba un panorama de crisis en otro de progreso. Lo que había en los Estados Unidos, afirmaban, eran dos economías. La primera había mostrado «un dinamismo asombroso», al aumentar su productividad sobre la base de echar trabajadores al paro, y estaba en la primera línea del mundo globalizado, gracias a su potencial exportador. La segunda —la de la sanidad, la educación y la administración— no tenía la misma presión por competir y su ritmo de progreso era más lento. El problema era que la primera no creaba empleos, mientras que la segunda, menos eficiente, era «aquella en que viven la mayor parte de los norteamericanos». La única solución viable sería que la segunda adoptase los procedimientos de la primera, con la esperanza de que en algún momento, en el futuro, la nueva economía acabase creando puestos de trabajo. Lo que no está claro es cómo se puede asegurar la supervivencia de millones de parados durante los muchos años que previsiblemente se necesitarían hasta que llegase este hipotético futuro.

La privatización de la política

La privatización de la política

Si la influencia política de las empresas había ido en aumento desde los años setenta, la decisión del tribunal supremo en el caso «Citizens United vs. Federal Electoral Commission», aprobada en enero de 2010, permitió multiplicar y aumentar las donaciones. Este dinero se entrega de forma que no obliga a declarar su procedencia antes de celebrarse las elecciones, y se emplea sobre todo en campañas de televisión destinadas a atacar y denigrar a los contrincantes del candidato a quien se apoya. A mediados de octubre de 2012, a pocas semanas de las elecciones, se calculaba que el dinero gastado por los Super-PACS (Comités de Acción Política) en las campañas de los dos grandes partidos ascendía a 1875 millones de dólares.

Pero las mayores donaciones de los particulares y las empresas son posiblemente las que se hacen a través de organizaciones sin ánimo de lucro, que caen dentro de la categoría fiscal 501(c)(4), definidas como «ligas cívicas, organizaciones de bienestar social y asociaciones locales de empleados», que pueden participar en campañas políticas en defensa de unos objetivos «relacionados con el bienestar social» —por ejemplo, contra la legislación de sanidad de Obama—, y que no están obligadas a declarar públicamente sus donantes. Si sumamos las contribuciones de dark money («dinero oscuro», de procedencia incontrolable) que aportan estas entidades, el gasto en las elecciones resulta ser mucho mayor, y más secreto, de lo que nunca se había imaginado. Una estimación hecha pocos días antes de la elección por el Center for Responsive Politics lo elevaba a 6000 millones[5].

A facilitar el triunfo de los intereses empresariales contribuyen también las campañas para limitar el acceso al voto de amplias capas de la población que se consideran poco afines a sus principios: jóvenes, minorías étnicas, pobres… En septiembre de 2011 Matthew Vadum escribía en American Thinker «registrar a los pobres para que voten es antiamericano». Es como dar armas a los criminales. «Es profundamente antisocial y antiamericano dar poder a los sectores no productivos de la población, porque destruyen el país».

En las elecciones de 2012 hubo una serie de estados, como Florida y Wisconsin, que adoptaron normas restrictivas respecto del voto y que dificultaron la inscripción de nuevos votantes. El procedimiento más extendido era el de exigir un documento de identidad que incluyese una fotografía del titular, como el permiso de conducir, aunque 758 000 votantes registrados en Pennsylvania se arriesgaban a perder sus derechos al no llevar identificación fotográfica los documentos del Departamento de Transporte del estado; en Texas se propuso que se aceptasen las licencias de armas, pero no los documentos de identificación de los estudiantes. Se calculaba que más de 20 millones de norteamericanos carecían de este tipo de identificación, y que la proporción era más alta entre los votantes jóvenes (un 18 por ciento) y los afroamericanos (un 25 por ciento). La medida se justificaba como un medio para combatir el fraude en el voto, pero un estudio de 2068 denuncias presentadas desde el año 2000 demostró que los casos de fraude eran prácticamente inexistentes, y que la identificación fotográfica era innecesaria. Ante estas y otras limitaciones (como el uso de los antecedentes por pequeñas faltas para excluir del voto, lo que se aplica en Alabama al 34 por ciento de la población negra masculina), Elizabeth Drew se preguntaba: «¿Puede una elección que está siendo sometida a tantas distorsiones interesadas ser aceptada por el público como habiéndose producido de una manera correcta?».

El despliegue de actos públicos, discursos y entrevistas que se producen en una campaña electoral prolongada sirvió para poner de manifiesto la baja calidad intelectual de los participantes en el juego, en una cosecha que superaba viejas historias como la del vicepresidente Dan Quayle, que ostentaba hasta ahora el «record» de la estupidez, por su incapacidad para deletrear la palabra «patata». Es esta una situación que ha llevado a James Marshall Crotty a preguntarse en Forbes: «¿Cómo puede un país con el mayor PIB del mundo, y con un sistema absurdamente complejo para regularlo todo (…) permitir que figuren en su escena nacional hombres y mujeres de un intelecto tan evidentemente inferior?». Y a Timothy Egan a definir el Congreso como una reunión de chiflados. Esta baja calidad intelectual resultó patente en los debates para obtener la candidatura del Partido republicano a la presidencia, en los que participaron personajes como Michelle Bachman, que estaba convencida de que había que seguir luchando contra «la URSS», y afirmaba que las escuelas públicas eran «antros de iniquidad en que se enseñaba a los niños a usar condones y poner en duda la superioridad moral norteamericana»; junto a otros como Rick Santorum, que suprimiría las universidades, «donde el 62 por ciento de los estudiantes pierden la fe».

El debate se volvió a abrir con la polémica engendrada por las afirmaciones del congresista republicano Todd Akin, que consideraba innecesario el aborto tras una violación, porque en las violaciones «legítimas» el cuerpo femenino tiene la capacidad de impedir que se produzca un embarazo[6]. Lo más grave es que Akin es miembro del Comité de ciencia, espacio y tecnología del Congreso, al igual que lo es el congresista Paul Broun, un «doctor» que ha afirmado públicamente que la evolución, la teoría del Big Bang y la embriología son «mentiras que salen directamente del pozo del infierno», y que, «como científico», él ha encontrado pruebas de que la Tierra no tiene más allá de 9000 años y que fue creada en seis días. Junto a estos se puede citar al congresista John Shimkus, que preside un subcomité sobre cuestiones relacionadas con el cambio climático, pero que opina que no hay que preocuparse por ello, porque «la Tierra solo acabará cuando Dios lo decida», o a Joe L. Barton, que forma parte del mismo comité, y se muestra contrario a la energía eólica, porque el viento es el medio con el que Dios controla el calor, y las turbinas «frenarían el curso del viento», de modo que aumentaría el calor (Barton, que está en la órbita de la industria petrolera, ya se había opuesto anteriormente a la lucha contra el cambio climático, alegando que «no se puede controlar a Dios»).

El secreto de que tales políticos sean aceptados reside, como ya se ha argumentado al principio, en el lavado de cerebro colectivo del público, sometido a un bombardeo sistemático de «insensateces que pasan por discurso político (…), proporcionadas, con el pleno patrocinio empresarial de un pequeño número de ricos, a través de los medios de comunicación más influyentes, de los que son únicos propietarios». Solo así se explica la impunidad con que los candidatos han podido mentir durante la campaña. Uno de los directores de la de Romney dijo al principio que no iba a permitir que arruinasen su trabajo los fact-checkers (los críticos en busca de verificar los hechos). Y en efecto, según el meticuloso trabajo realizado por Steve Benen, se han podido encontrar hasta 917 mentiras en estos discursos electorales de Mitt Romney.

La compra de los políticos no se limita a los donativos para las elecciones, sino que incluye los cientos de millones que los lobbyists gastan cada año en atender y complacer a políticos y altos funcionarios. Jack Abramoff explicó que proporcionaba a congresistas y senadores viajes en aviones privados a los torneos de golf, comida gratis en los mejores restaurantes y entradas para conciertos y acontecimientos deportivos, a los que el beneficiado podía invitar a amigos y partidarios. Treinta de las mayores empresas norteamericanas gastaron de 2008 a 2010 más en pagar gastos de lobby que en abonar impuestos al estado[7].

Hay además otras formas de enriquecimiento de los políticos que les empujan a una complicidad solidaria con las empresas, como el uso de información privilegiada en beneficio de su cartera de acciones. Esta práctica se prohibió legalmente en marzo de 2012; pero una investigación del Washington Post reveló que «ciento treinta miembros del Congreso o sus familias» habían traficado por valor de cientos de millones de dólares en acciones de compañías cuyos intereses dependían de leyes que se estaban discutiendo en comités en que estos participaban.

Las empresas petroleras, que reciben subsidios millonarios del estado, son generosas con unos políticos que votan con entusiasmo la continuidad de estos beneficios. En 2011 estas empresas, que dan trabajo en Washington a 786 lobbyists, gastaron unos 150 millones de dólares en estas actividades, sin contar lo que donan para las campañas electorales (en un 88 por ciento para apoyar a los republicanos). Pudieron así bloquear el intento de eliminar unas ventajas fiscales de que gozaban, gracias, como dijo el New York Times, a su habilidad para reciclar parte de sus beneficios «para ganar el apoyo de legisladores acomodaticios, financiar campañas publicitarias engañosas y favorecer una política de la energía que no tiene otro objetivo que aumentar la producción de gas y de petróleo». En estos momentos en que sus intereses se dirigen a la obtención de gas y petróleo por el procedimiento del fracking, potencialmente peligroso desde un punto de vista ecológico, la tolerancia de los políticos, vital para la industria, parece totalmente asegurada.

Pero tal vez sus mayores esfuerzos son los que se dirigen a impedir que se apruebe legislación destinada a combatir el cambio climático, que obligaría a la industria a gastos considerables para limitar sus emisiones de gases. En la actualidad, y gracias a las facilidades dadas por «Citizens United», API (American Petroleum Institute), una asociación de intereses petroleros en la que no solo participan empresas extranjeras, sino que tiene a al-Gabsani, un representante de los intereses saudíes de la Aramco, como uno de sus principales dirigentes, puede contribuir en secreto con sus abundantes recursos a influir en las elecciones apoyando a los candidatos afines.

Entre las mayores compensaciones de que se benefician los políticos figuran las que reciben cuando abandonan sus cargos. Rick Santorum, que optó a la nominación republicana como un católico integrista de profundas creencias religiosas, contrario a la educación pública, resulta que en su etapa de senador favoreció con cientos de millones de subvenciones a empresas de su estado que se lo compensaron, al retirarse del senado, con cargos y otros beneficios millonarios. Como dice Chris Hedges, los lobbyists escriben los proyectos de ley y consiguen que sean aprobados, gracias a que son quienes les aseguran a los políticos el dinero para ser elegidos, y los emplean cuando dejan la política.

Gracias a la privatización de la política las empresas consiguen que se aprueben leyes en todas las materias que les favorecen, desde las que tienen como objeto debilitar a los sindicatos, hasta las contrarias a la educación pública, pasando por las de privatización y desregulación. Pero el beneficio más importante que obtienen es la disminución de sus contribuciones al sostén del estado, lo que tiene como consecuencia que la carga que eluden caiga sobre «la mayoría que no es rica ni (o todavía no) pobre»[8]. El peso político creciente de las empresas facilita que estas escapen a la fiscalidad por vías diversas: no solo negociando recortes de impuestos, que es evidentemente la vía más importante, sino con la práctica de muy diversos procedimientos de «alquimia fiscal», como los de aflorar los beneficios en las subsidiarias que tienen en paraísos fiscales (en cuyos bancos se esconden por lo menos 21 billones de dólares que escapan al control del gobierno), deducir impuestos en los Estados Unidos a cuenta de los pagados en otros países (uno de los capítulos más confusos de las leyes de hacienda norteamericanas) o con exenciones personales para los empresarios, como la de eludir, mediante la calificación de sus ingresos como dividendos y no como ganancias en dinero, las cargas para sostener la seguridad social.

Un estudio de noviembre de 2011 concluía que el conjunto de las 280 mayores empresas de los Estados Unidos no habían pagado en los tres años últimos más que un 18,5 por ciento de sus beneficios, en lugar del 35 por ciento que marca la ley. Pero es que 30 de las mayores (entre las que figuran General Electric, Boeing, el banco Wells Fargo o DuPont) tuvieron en el conjunto de los años 2008-2011, durante los cuales habían ganado miles de millones de dólares, un balance negativo respecto de sus obligaciones fiscales —esto es, pagaron al estado menos de lo que recibieron de él—, cuando, de acuerdo con la ley, debieron haber abonado 78 300 millones en impuestos.

Lo que se dice de las empresas se aplica también a los empresarios: de 1985 a 2004 los 400 americanos más ricos pasaron de pagar un 29 por ciento de sus ingresos a tan solo un 18 por ciento. Y cuando Obama pretendió que quienes ganasen por lo menos un millón de dólares al año pagasen el mismo tipo que el ciudadano medio norteamericano, no consiguió que el Congreso aprobase la medida. Como ha dicho Stiglitz: «Los ricos están usando su dinero para asegurarse medidas fiscales que les permitan hacerse aún más ricos. En lugar de invertir en tecnología o en investigación, obtienen mayores rendimientos invirtiendo en Washington»[9].

La capacidad de actuación de bancos y empresas financieras se muestra en su resistencia a cualquier intento de reforma. La aprobación de la llamada Volcker Rule, que pretendía dificultar que los bancos especulasen en operaciones arriesgadas con los fondos depositados por sus clientes, provocó un inmediato contraataque. «Arrojan dinero como si fuese estiércol en las campañas de miembros clave del Congreso», escribían Bill Moyers y Michael Winship. Movilizan los mecanismos del lobby, cortejan a los periodistas y gastan millones en abogados que se esfuerzan en modificar la forma en que se aplican las leyes.

Fue esta labor de zapa la que permitió a los dirigentes de JPMorgan Chase conseguir que se dejaran huecos en la legislación reguladora aprobada, lo que les permitió seguir especulando y les condujo a la pérdida milmillonaria de mayo de 2012. Se había cumplido lo que anticipaba Robert Reich: «Antes de que os hayáis dado cuenta, lo que fue un intento de genuina reforma acaba transformándose en la continuidad de lo mismo de siempre».

Resulta revelador el entusiasmo con que los políticos patrocinan proyectos de recorte de impuestos para los más ricos que amenazan con dejar al estado sin recursos para gobernar. Uno de los ejemplos más elocuentes fue la propuesta, en plena campaña electoral de 2012, de una «Ley de recorte de impuestos para las pequeñas empresas», donde estas se definen como las que tienen hasta 500 empleados, lo que explica que se calculase que cerca de la mitad de los beneficios irían a parar a ciudadanos con ingresos anuales de más de un millón de dólares. Todas estas medidas que favorecen a las grandes fortunas, y disminuyen con ello los ingresos del estado, esperaban los republicanos compensarlas con nuevos recortes del gasto social, incluyendo el de los cupones de comida (food stamps), que en estos tiempos de crisis han sido una de las grandes ayudas para las familias pobres. Como ha dicho Less Leopold, «los super-ricos se consideran con derecho a todo lo que pueden atrapar».

Las elecciones del 6 de noviembre de 2012 se presentaban con muchas dudas acerca de su resultado. El huracán «Sandy», que asoló Nueva York y el estado de Nueva Jersey, se convirtió en una inesperada «sorpresa de octubre» que podía influir en el resultado. Lo razonable hubiera sido que favoreciese a los demócratas, en la medida en que obligaba a tomar en cuenta el «cambio climático» (un tema que los republicanos, forzados por su dependencia de los intereses empresariales, se negaban a discutir), a la vez que exponía la irracionalidad de la postura de Romney, que sostenía que el gobierno federal no debía intervenir para auxiliar a las víctimas de una catástrofe natural, sino que era mejor dejar el problema en manos de los intereses privados. Claro está que también hubo voces de la derecha que presentaron la catástrofe como un castigo de Dios que exigía un cambio político[10].

Pese a lo que decían las encuestas, Romney y sus asesores estuvieron convencidos hasta el último momento de que iban a ganar, de modo que no solo tenían preparado su discurso como triunfador, sino incluso un castillo de fuegos artificiales. La evidencia de la derrota dejó al candidato paralizado por la sorpresa y a la extrema derecha religiosa desolada ante la perspectiva de una nueva etapa de «cautividad en Babilonia». Un sacerdote católico dijo que Obama era el Anticristo y que «Sandy» no era más que el primero de los muchos castigos que Dios iba a descargar sobre los Estados Unidos.

La victoria de Obama, de una amplitud que nadie esperaba, despertó toda clase de reacciones. La primera fue la caída de las cotizaciones de bolsa, en consonancia con el titular de prensa que proclamaba que aquello había sido «una derrota para Wall Street». Los análisis más moderados señalaban que todo se mantendría igual, puesto que los republicanos conservaban la mayoría en la cámara de representantes y podían seguir obstruyendo allí la política del presidente. Sobre todo ante la perspectiva de haber de enfrentarse, a comienzos de 2013, con el «abismo fiscal» (fiscal cliff)[11] que, con una combinación de aumento de impuestos y recorte del gasto, podía conducir a la economía norteamericana a una nueva recesión, con un retroceso de cuatro puntos en el PIB y una pérdida de dos millones de puestos de trabajo.

Si alguien creyó entender en un primer momento, confundiendo la estupefacción de los dirigentes republicanos con una actitud conciliadora, que estos estaban dispuestos a negociar, pronto se pudo ver que se iban a mantener firmes en la defensa de los puntos centrales de su programa, y en especial, como señaló el portavoz republicano John Boehner, de la negativa a aumentar los impuestos a los ricos, como sucedería si se daban por terminados los recortes de la época de Bush.

Mientras tanto, un grupo que incluía a los dirigentes más destacados de Wall Street iniciaba, con grandes recursos para financiar su propaganda, la campaña Fix the debt («fijemos el volumen de la deuda»), que se presentaba como una iniciativa popular para evitar una nueva crisis, y denunciaba como un mito la idea de que se tratase de «una campaña de los ricos» para salvaguardar sus intereses y evitar la subida de los impuestos. «Los mismos que apostaron por Romney, y perdieron —denunciaba Paul Krugman— tratan ahora de obtener fraudulentamente, en nombre de la responsabilidad fiscal, lo que no pudieron ganar en las elecciones».

Muchos temían que, por esta causa, Obama se vería obligado a pactar, como lo había hecho en repetidas ocasiones durante su primer mandato. Cenk Uygur anticipaba: «poco después de ser reelegido, el presidente cerrará el gran acuerdo con los republicanos, que recortará Medicare, Medicaid, el gasto discrecional y tal vez incluso la propia seguridad social». Mientras el Economic Policy Institute pedía el fin de la austeridad y la aprobación de un presupuesto que crease puestos de trabajo, Paul Krugman manifestaba que no había que aceptar el desafío de los perdedores y que «no era el momento de negociar un gran acuerdo sobre el presupuesto» que les permitiese convertir su derrota en una victoria. El país no se podía permitir que se perpetuasen unas exenciones fiscales que la mayoría de los ciudadanos condenaba.

Las ilusiones de cambio a corto plazo podían descartarse. Ni era seguro que, como pretendía Kevin Drum, se pudiera dar al Tea Party por muerto, ni que se hubiera producido un giro a la izquierda en la «guerra de la cultura». Ni siquiera se había demostrado que el dinero «no dictaba el resultado de cada elección». Se comenzó a pasar cuenta del mucho dinero malgastado, en una galería de perdedores donde el tipo más ridiculizado era Sheldon Adelson, que había dado más de 53 millones en apoyo de nueve candidatos, de los que tan solo uno salió elegido. Pero el Wall Street Journal se apresuró a sostener que el problema de Romney había sido la falta de dinero para la campaña final. Había malgastado más de la cuenta en las primarias en que luchaba por la candidatura contra contrincantes con mucho apoyo económico, como Newt Gingrich o Rick Santorum, y le faltaron los recursos para los meses finales.

De momento las cosas van a seguir sin muchos cambios —«las grandes líneas de la política norteamericana siguen intactas»—, como lo demuestra que nada apunte a que se vayan a modificar las reglas que han llevado a la política de austeridad y a la destrucción del estado del bienestar. Mientras Tom Engelhardt llama a «ocupar el país antes de que una tormenta se lo lleve por delante» y Peter Dreier y Donald Cohen escriben en The Nation que «ha llegado el momento de cambiar el sistema», la mayoría de los «liberales» se contenta con la esperanza de que la evolución demográfica, que anuncia que las minorías étnicas (afroamericanos, latinos y americanos de origen asiático) van a constituir la mayoría del electorado en 2050, conseguirá que cambie el panorama.

Hacia la privatización del estado

Hacia la privatización del estado

Las políticas de austeridad, que se justifican a partir de la preocupación por el déficit y la deuda, no tienen como único objeto recortar el gasto social con el fin de favorecer una disminución de las cargas fiscales de las empresas y de los empresarios, sino también la de privatizar los servicios de los que los ciudadanos no pueden prescindir, que se están convirtiendo en un espléndido negocio para la iniciativa privada, a la vez que con ello se acentúa la indefensión de una sociedad a la que se priva de sus viejos derechos. Como ha dicho Krugman: «El movimiento de lucha contra el déficit nunca tuvo en realidad el déficit como objetivo. De lo que se trataba era de usar el miedo al déficit para destrozar la red social de protección».

Analizando el proceso de las privatizaciones de servicios públicos en Gran Bretaña, James Meek señala que su carácter gradual oculta una metaprivatización: la de los ciudadanos. Lo que se vende no son los servicios, sino los ciudadanos que están obligados a pagar para usar unos servicios —trenes, hospitales, escuelas…— que el propio estado ha permitido que se desmejoren para justificar su privatización. Abandonando los servicios, el estado no se ve obligado a subir los impuestos, que son reemplazados como carga social por los aumentos de tarifas que imponen las empresas.

En el caso de la sanidad, el volumen de beneficios que puede engendrar lo revela el caso de los Estados Unidos, que tiene el mayor gasto sanitario por cabeza del mundo, a pesar de que el sistema es, en palabras de Ronald Dworkin, «un injusto y caro caos», en que uno de cada cinco ciudadanos de menos de 65 años tenía en 2010 un problema médico sin atender, por no atreverse a afrontar sus costes. Uno de cada seis norteamericanos carece en la actualidad de cualquier tipo de seguro y un 19 por ciento de los que lo solicitan se ven rechazados por las empresas aseguradoras, que los consideran poco rentables, o por estar ya sujetos a medicación, o incluso por sobrepeso[12]. Desde el frustrado intento de Truman, el negocio sanitario ha conseguido rechazar los intentos de establecer una sanidad pública con el fin de defender sus ganancias. Lo que puede suceder en los países europeos que están privatizando la sanidad está claramente anunciado por este ejemplo.

En el terreno de la educación, la campaña de ataques a la escuela pública, en que han invertido miles de millones fundaciones patrocinadas por empresarios como Bill Gates (de Microsoft), Walton (de Wal-Mart) y Broad (de Sun Life), estuvo dirigida en primer lugar a controlar los contenidos de la enseñanza, pero ha ido cada vez más allá, hacia la destrucción de les escuelas públicas, que se pretende «demostrar» que son menos eficientes que las concertadas y las privadas, argumentando que el hecho de que el personal docente sea numerario y tenga su trabajo defendido por los sindicatos impide echar a los incompetentes. Algo que puede hacer fácilmente la escuela concertada, donde el personal es contratado, controlado, y eventualmente despedido, por los directores, lo que no cabe duda de que, además, resulta una garantía para vigilar lo que enseñan.

En Filadelfia, por ejemplo, el sistema público de enseñanza declaró en abril de 2012 que estaba cerca de la insolvencia y que iba a pasar las escuelas a la iniciativa privada, cerrando 64 de ellas en los cinco años siguientes, de modo que en 2017 el 40 por ciento de los niños se educarían en escuelas concertadas, pese a que la enseñanza dada en ellas se ha demostrado con frecuencia de mala calidad: de lo que se trata, escribe Jonathan Zimmerman, es de convertir al maestro en «un ventrílocuo pagado que repite los tópicos que ponemos en su boca».

Lo que el sistema produce es un descontrol en que escuelas privadas «cristianas» financiadas con ayudas públicas enseñan que la esclavitud no fue tan mala, puesto que permitió que los esclavos descubrieran que «la auténtica libertad es la que te libera de las cadenas del pecado» o que, para demostrar que el mundo es de creación reciente, sostienen que los dinosaurios todavía existen (el monstruo del Loch Ness, por ejemplo, sería un plesiosaurio).

La huelga de los maestros de Chicago, en septiembre de 2012, sacó el problema a la luz, aunque distorsionado a los ojos del público por todo tipo de ataques de la prensa y la televisión. Se trataba de culpar a los maestros de que buscaban más dinero o pretendían trabajar menos, cuando lo que estaba realmente en juego era mejorar unas escuelas públicas abandonadas por una administración que lo que pretende es cerrarlas y destinar los recursos a apoyar centros concertados. Lo que en el fondo representa, como señala Henry Giroux, «entregar a las empresas y al mercado el derecho a definir el propósito y el sentido de la educación pública».

Más allá de este primer paso viene, sin embargo, el proyecto de la explotación de la enseñanza como negocio que puede proporcionar grandes beneficios, que es lo que explica que se hayan sumado a la campaña gestores de fondos de inversión y banqueros[13]. Un sistema que prioriza, por ejemplo, que la educación se valore a través de tests da grandes oportunidades de beneficio a una industria de tests para la educación que factura ya en la actualidad miles de millones por sus servicios.

Un caso todavía más complejo es el de las universidades. Se les dice a los jóvenes que necesitan tener una educación superior para poder optar a un buen puesto de trabajo. Pero como las matrículas universitarias son muy altas y van en rápido aumento (desde 1978 su coste se ha multiplicado por nueve), los estudiantes y sus padres se ven obligados a pedir un crédito, en la mayoría de los casos garantizado por el gobierno (los créditos privados tienen mayores exigencias), en condiciones en que las leyes no permiten declararse en bancarrota («o lo pagas, o mueres con él»). Se calcula que cerca de la quinta parte (un 19 por ciento) de los hogares norteamericanos tienen deudas de este tipo, por un volumen total que suma ya un billón de dólares (en 2011 aumentó en 112 000 millones). A un promedio de 26 682 dólares por cabeza (que para un 10 por ciento asciende hasta 61 894), esta deuda agobiará la mayor parte de la vida adulta de muchos de estos graduados, cuyas dificultades para pagar están enriqueciendo a las empresas que se dedican a perseguir a los deudores (en 2011 el gobierno y las agencias recuperaron 12 000 millones de dólares de deuda impagada[14]).

En julio de 2012 el Consumer Financial Protection Bureau denunció que se estaba repitiendo algo parecido a la burbuja de las hipotecas de riesgo por parte de unas instituciones financieras que estaban concediendo préstamos a cientos de miles de estudiantes que asumían unas cargas que serían incapaces de atender (un tercio de ellos está ya sin poder pagar los intereses, atrapados en una trampa que les condena, en palabras de Rebecca Solnit, a caer en un «peonaje por deudas»).

El problema pudo, además, adquirir proporciones dramáticas por cuanto el tipo de interés de estas deudas iba a duplicarse, pasando del 3,4 al 6,8 por ciento, el primero de julio de 2012. Durante toda la primavera no hubo modo de que ambos partidos se pusieran de acuerdo en renovar las ayudas que permitían mantener los tipos de interés más bajos. Por fin, a última hora, el Congreso acordó destinar 6700 millones a mantener un año más el tipo del 3,4 por ciento, lo que no hace más que aplazar el problema[15].

Pero tal vez la más perversa de estas privatizaciones sea la de las prisiones, de la que nos ocupamos más adelante.

En este proceso de destrucción del «estado del bienestar», incluso en la limitada escala en que este concepto puede aplicarse a los Estados Unidos, los «libertarios», una denominación que tiene en la sociedad norteamericana una acepción de conservadurismo extremo, se han equivocado por completo. Porque el mundo de ciudadanos independientes de la tutela estatal que aspiraban a construir, no correspondía, como creían, a un pasado feliz que se pudiera recuperar, sino que era una utopía. Nunca ha existido una sociedad que no dispusiera de un mínimo de red de auxilio colectivo, ya fuera proporcionada por el estado, por las iglesias, las asociaciones profesionales o las entidades de caridad. Lo descubría amargamente Mitt Romney, que expresó su frustración en un vídeo en que afirmaba: «hay un 47 por ciento que (…) dependen del gobierno, que creen que son víctimas, que creen que el gobierno tiene la responsabilidad de cuidar de ellos, que creen que tienen derecho a cuidado sanitario, a comida, vivienda…»[16]. Una cosa era aplicar una política regresiva para recortar derechos; otra muy distinta pensar que se podía hacer tabla rasa de los mínimos elementos de solidaridad en que se basa cualquier sociedad humana.

El reflujo de las libertades democráticas

El reflujo de las libertades democráticas

Los Estados Unidos comenzaron a sufrir una clara deriva autoritaria a partir del inicio de la guerra fría; pero no lo hizo sin que hubiera grandes movimientos de protesta, que condujeron a las conmociones sociales de los años sesenta, donde se combinaban el rechazo de la guerra de Vietnam con la defensa de los derechos civiles y de las libertades democráticas. El fin de la guerra fría y la victoria de «las fuerzas del bien» obligaron a inventar un nuevo enemigo que reemplazara al comunismo, y a organizar una nueva campaña, la de la «guerra contra el terror», para reforzar los poderes del Leviatán estatal[17]. Los atentados del 11 de septiembre facilitaron que se limitasen los derechos de los ciudadanos, comenzando con la «Patriot Act», cuya vigencia prorrogaría Obama en mayo de 2011. El formidable equipamiento que la NSA había construido para espiar al mundo entero, se dirigió ahora también contra los ciudadanos norteamericanos.

Toda esta actividad tenía mucho menos que ver con las amenazas internacionales que con la necesidad de controlar una población que se veía sometida a un empeoramiento gradual de sus niveles de vida. Su principal consecuencia fue un aumento imparable de la actividad de vigilancia policíaca que actúa a través de una panoplia de agencias de represión, con cientos de miles de empleados y unos enormes presupuestos, tanto públicos como secretos, hasta crear un auténtico «estado policíaco», que ha logrado imponerse sin suscitar la protesta ciudadana.

Una de las consecuencias de esta situación ha sido el imparable crecimiento del encarcelamiento. Desde 1972 la población en las cárceles pasó en los Estados Unidos de 300 000 hasta los dos millones trescientos mil a que asciende en la actualidad, y no por un aumento de las tasas de criminalidad, que están en un punto bajo (de 2001 a 2010 el número de víctimas por crímenes violentos ha disminuido en un 34 por ciento). La proporción de encarcelados es de 730 por cada 100 000 habitantes (en contraste con China, donde la proporción es de 170), que integran una población reclusa donde predominan negros y «morenos» (o sea latinos), que ingresan condenados más por cargos civiles que criminales, incluyendo los inmigrantes ilegales, que no han cometido otro delito que carecer de los papeles que legitimarían su presencia en suelo norteamericano.

Según Barbara Ehrenreich, se han multiplicado las causas que pueden ser castigadas con multas y cárceles. En Nueva York es un delito poner los pies sobre el asiento del metro, aunque no haya nadie más en el vagón; en South Carolina una mujer pasó seis días en la cárcel al no poder pagar una multa de 480 dólares por tener sucio el patio. En abril de 2009 se exigió a Edwina Nolin, una mujer sin recursos de Michigan, que abonase 104 dólares al mes para sufragar la estancia de su hijo de 16 años en un centro de detención juvenil; al no poder pagar esta suma, fue encarcelada a su vez.

La situación ha llegado al extremo de que el departamento de Justicia se ha visto obligado a demandar al estado de Mississippi, que había desobedecido todas sus órdenes anteriores de intervenir en el asunto, por los abusos cometidos en Meridian, donde muchos niños, en especial negros, hispanos y minusválidos, «han sido detenidos sistemáticamente, acusados de cometer faltas menores, incluyendo infracciones en la disciplina de la escuela —como llevar la camisa desabrochada— y son castigados desproporcionadamente»: son arrestados por la policía, esposados y enviados a un tribunal que los envía a un centro de detención juvenil, a más de cien kilómetros de la ciudad. De ahí salen muchos de ellos en una especie de libertad condicional, lo que significa que la repetición de una falta semejante puede castigarse con pena de cárcel.

En Casa Grande, Arizona, funcionarios de la empresa privada Corrections Corporation of America participaron ilegalmente junto a policías en una inspección en busca de drogas en una escuela de secundaria. Se da la circunstancia de que por la gravedad adicional con que se castigan los delitos de drogas en zona escolar, los tres estudiantes de 15 a 17 años detenidos por posesión de marihuana pueden ir a parar a la cárcel.

La inhumanidad del sistema la pone en evidencia la ley de «las tres veces» (three-strikes law) de California, que condenaba a cadena perpetua por la tercera detención, aunque fuese por delitos como el robo de un pedazo de pizza; más de 4000 presos están cumpliendo condenas de por vida por delitos no violentos como consecuencia de esta ley. En las elecciones de noviembre de 2012 se aprobó en California la proposición 36, que limitará las condenas a los casos en que el nuevo delito sea «grave o violento».

El mayor número de los encarcelados lo son como consecuencia de las sentencias mínimas obligatorias (mandatory minimum sentences) que los jueces deben imponer en delitos relacionados con las drogas, por leves que sean. Aunque es cierto que las condenas afectan sobre todo a negros y latinos, la situación es grave incluso para los «blancos», lo que ha llevado a la afirmación de que «los Estados Unidos son el único país en el mundo desarrollado que impone la pena de cadena perpetua a jóvenes por pequeños delitos no violentos de drogas».

El juez federal Mark W. Bennett publicó en octubre de 2012 una estremecedora denuncia de una situación que le había obligado a enviar a más de un millar de seres humanos a las cárceles federales por delitos de poca monta, y sin ningún elemento de violencia, como consecuencia de las sentencias mínimas que estaba forzado a aplicar. Consumidores de crack, mayoritariamente afroamericanos, o de anfetaminas, que suelen ser blancos pobres, son condenados a penas aberrantes, como en el caso de una madre consumidora de anfetaminas que, por el hecho de haber tenido una condena anterior en un tribunal de condado, recibió una sentencia de 20 años, que debería cumplir en su totalidad[18].

Cerca de la mitad de las detenciones en California están relacionadas con el consumo de marihuana, y un 60 por ciento de los presos por estas causas no tenía ningún antecedente por delitos violentos. Para comprender la facilidad con que se pueden encontrar indicios delictivos sobre drogas hay que tener en cuenta que un estudio realizado en 2009 encontró trazas de cocaína en un 90 por ciento de los billetes de banco investigados[19].

Más preocupante resulta aún el encarcelamiento sistemático de los pobres por la dificultad de pagar un número creciente de multas, recargos y otras penalizaciones económicas con las que las instituciones locales esperan equilibrar sus presupuestos. Las cárceles se están llenando de pobres incapaces de pagar por infracciones menores, como las de tráfico. Unas multas que se ven recargadas con gastos diversos y agravadas considerablemente por la rapacidad de las compañías que se encargan de proporcionar fianzas. La American Civil Liberties Union (ACLU) publicó en octubre de 2010 un impresionante estudio (In for a Penny. The Rise of America’s New Debtors’ Prisons) que llegaba a la conclusión de que «las cárceles por deudas florecen en la actualidad (…): en esta época de disminución de los presupuestos, los gobiernos, tanto de los estados como locales, emplean agresivamente la amenaza y la práctica del encarcelamiento para exprimir ingresos de los más pobres de los acusados que aparecen por sus tribunales».

A lo cual se suman los abusos de la incautación civil, que ni siquiera requiere la aprobación de un tribunal, sino que permite quedarse con el dinero que se le encuentre a un detenido, amenazándole con acusarle de blanqueo o con meterle en la cárcel. Los abusos de la incautación civil, en que el propietario de un bien «no necesita ser declarado culpable de un delito —ni siquiera haber sido acusado— para perder permanentemente su dinero, coche, casa u otra propiedad», han alcanzado unas proporciones escandalosas, como lo demostró un estudio publicado en 2010 por el Institute for Justice acerca de las actuaciones policíacas destinadas a obtener beneficios (policing for profit).

Una de las consecuencias principales de este encarcelamiento en masa, del que David Garland, profesor de la Universidad de Nueva York, nos dice que «nunca ha habido, en toda la historia humana, un sistema de prisiones del tamaño del actual en Norteamérica», es que los antecedentes se convierten en un impedimento para la participación en el voto o en un juicio por jurados, y para recibir beneficios relacionados con la educación, el trabajo o la vivienda. Esta situación deriva, como señalaban Bichler y Nitzan, del refuerzo de la violencia que ha sido necesario para sostener el expolio gradual de la mayoría a favor de los más ricos; pero su propio crecimiento ha generado una espléndida oportunidad de negocio.

La privatización de las cárceles se ha convertido en una actividad muy rentable, a la que se dedican empresas que cotizan en bolsa, como Corrections Corporation of America (con unos beneficios de 162 millones de dólares en 2011), y el Grupo GEO, en cuyo capital participa el banco Wells Fargo con una inversión de 86,7 millones de dólares. Estas empresas piden que las cárceles se mantengan llenas en un 90 por ciento para garantizar sus beneficios, lo que ayuda a explicar el endurecimiento de las leyes de inmigración, así como el de las de represión del consumo y pequeño tráfico de droga.

La detención de inmigrantes ilegales, por la que las compañías privadas mantienen contratos con el Federal Bureau of Prisons por un valor de 5100 millones de dólares, les proporciona unos considerables beneficios, que redondean con el negocio que realizan vendiendo el trabajo esclavo de los presos a bajo coste (estos perciben de 1 a 3 dólares por día de trabajo) a empresas como Chevron, Bank of America, AT&T o IBM, que pueden organizar fábricas en las prisiones o alquilar presos para trabajar fuera de la cárcel. Cerca de un millón de estos trabajadores semiesclavos producen muebles, tejidos o zapatos, se ocupan de las reservas de los hoteles o trabajan en mataderos. En Georgia, los puestos que ocupaban antes los inmigrantes, alejados ahora por el endurecimiento de las leyes, lo van ocupando los presos. En Luisiana, donde participan activamente en el negocio los sheriffs rurales, que «comercian con ellos como con caballos», reemplazan a los esclavos que trabajaban en las plantaciones.

Las empresas privadas que gestionan las prisiones a cambio de un canon pretenden que consiguen disminuir en un 20 por ciento los costes que deberían asumir los gobiernos, pero una investigación del departamento de Justicia mostró que el ahorro no pasa del 1 por ciento, y que se debe sobre todo a la disminución de los costes de funcionamiento, en términos de número de empleados y de su remuneración, lo que tiende a convertir las cárceles en un infierno, como lo han puesto de relieve las revelaciones acerca de las condiciones de trabajo en Martori Farms, una empresa de Arizona que abastece de frutas y verduras a los grandes almacenes de Wal-Mart, entre otros clientes. En síntesis, los Estados Unidos invierten en cada preso más del doble de lo que gastan por cada estudiante en la educación pública.

Por otra parte, la vigilancia sobre los propios norteamericanos se ha convertido en una seria amenaza a sus libertades. Bill Quigley ha señalado los diversos métodos con los que el gobierno mantiene vigilados y controlados a todos los ciudadanos: recopilación de emails y conversaciones telefónicas, control de los teléfonos móviles, archivo sistemático de datos biométricos (huellas, DNI, reconocimientos faciales), etc. «El FBI, nos dice Glenn Greenwald, está pidiendo a las compañías de internet que no se opongan a una controvertida propuesta que les obligaría —incluyendo a Microsoft, Facebook y Google— a construir puertas traseras para la vigilancia del gobierno». De hecho sabemos que las demandas de información a las compañías de teléfonos móviles formuladas por todo tipo de agencias gubernamentales han aumentado de manera espectacular. Tan solo AT&T asegura recibir 700 peticiones diarias, de las que unas 230 se presentan como emergencias, que no requieren autorización de un tribunal.

En la actualidad, según cuenta William Binney, que ha sido funcionario de la NSA (National Security Agency) durante treinta años, la institución tiene ya almacenados 20 millones de «transacciones» (emails, llamadas telefónicas, etc.) de ciudadanos norteamericanos. Y no cabe duda de que esta capacidad aumentará cuando se ponga en marcha el Utah Data Center, que debe entrar en funcionamiento en septiembre de 2013, donde, según James Bamford, se almacenarán «todo tipo de comunicaciones, incluyendo los contenidos completos del correo electrónico privado, de las llamadas de los teléfonos móviles y de las búsquedas en Google, así como toda suerte de registros de datos personales: recibos de parking, itinerarios de viaje, compras de libros…», y que dispondrá de medios para descifrar todo tipo de códigos y criptogramas.

Cuál sea la eficacia de estos métodos lo mostró, paradójicamente, el escándalo «sexual» montado en noviembre de 2012 en torno a los generales Petraeus, jefe de la CIA, y Allen, jefe supremo de las tropas americanas en Afganistán. Considerando lo que sabemos de la vida privada de personajes como Eisenhower o J. F. Kennedy, los mensajes «impropios» de los dos generales de cuatro estrellas resultan ridículos; pero el asunto ha servido para dar una clara demostración de la capacidad del FBI para leer el correo electrónico y espiar la intimidad de la gente.

Uno de los usos que se pueden dar a estos materiales lo ilustraba The Economist con la descripción de una serie de programas de «computación social» dedicados al «análisis de los sentimientos», que se desarrollan en diversas universidades norteamericanas o en empresas como el fabricante de armas Lockheed Martin, siempre con participación y financiamiento millonario del gobierno. En la base de todos ellos está un estudio sistemático de las informaciones disponibles, con una especial incidencia en las que circulan por las redes sociales, y sobre todo por el twitter, para identificar los posibles puntos en que puede producirse una protesta, y facilitar la forma de responder a ella.

Uno de estos programas, desarrollado por la academia militar de West Point, el llamado Spacio-Cultural Abductive Reasoning Engine, cuyas siglas se leen como SCARE («miedo»), resulta inquietante. Porque si bien hasta ahora se ha usado sobre todo en Afganistán en tareas de «abducción espacial», para buscar depósitos de armas de los insurgentes, un estudio presentado en 2011 a un congreso sobre inteligencia artificial nos dice que se han desarrollado técnicas para detectar high-value targets, o sea elementos humanos de especial importancia. Si se añade a ello la posibilidad de usar drones (aparatos aéreos sin tripulación, controlados a distancia) para eliminarlos, el sistema presenta perspectivas inquietantes para el día en que se decida aplicarlo a las pugnas civiles internas (de momento la policía de Montgomery County, en Texas, ya ha decidido equipar sus drones con gases lacrimógenos y proyectiles de goma).

Hay además sistemas de vigilancia por vídeo que permiten no solo seguir la pista de sospechosos, sino detectar la formación de movimientos de protesta. TrapWire, una compañía dirigida por antiguos funcionarios de la CIA, que dispone «de un sistema de software que permite predecir pautas de preataque», recibió 832 000 dólares del departamento de Seguridad Interior para desplegar su instalación en Washington y Seattle.

A todo ello se suma la potenciación de las capacidades de represión, como ha sucedido en 2012 con las atribuciones que se han dado a los militares en la NDAA (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012) para retener indefinidamente en detención sin proceso a personas que se supongan implicadas en actividades «terroristas», incluyendo a ciudadanos norteamericanos en suelo de los Estados Unidos, y con la firma el 9 de marzo de 2012 de la H. R.347, la llamada «ley antiprotesta», que permitirá limitar considerablemente actos como los de los «ocupantes» de plazas o las manifestaciones en las calles.

Todo ello dentro de programas que tienden a reforzar la capacidad de las fuerzas represivas federales, estatales y locales, como el reparto de armamento militar sobrante (por ejemplo, el que debe retirarse de Irak) a los departamentos de policía, incluso de pequeñas ciudades, que se han apresurado a adquirir, a poco más coste que el de transporte y mantenimiento (un helicóptero por 7500 dólares, por ejemplo), elementos de tan dudosa utilidad local, como tanques anfibios. Aparte de esto el departamento de Seguridad Interior (Homeland Security) ha puesto en marcha un programa para «facilitar y acelerar la adopción» de drones por parte de la policía y de otros cuerpos de seguridad.

A ello se suma la práctica de la vigilancia y la represión en los campus universitarios, en una campaña que no tiene nada que ver con la «guerra contra el terror», sino con objetivos como la lucha contra «el radicalismo y el extremismo», practicada ante todo por cuerpos especializados que pueden utilizar la fuerza (esto es, como define un estudio sobre el tema, «el ejercicio del poder para forzar o contener») con el uso de las less lethal weapons (armas menos letales), en lo que se está convirtiendo en una importante línea de actividad. El resultado son las «universidades represivas» que Michael Gold-Wartofsky nos describe con estas palabras: «Espías de los campus, sprays de pimienta, equipos de SWAT (de armas y tácticas especiales), buscadores de twitters, métodos de biometría, especialistas en seguridad estudiantil, profesores de estudios de seguridad interna. ¡Bienvenidos a la Universidad de la represión, curso de 2012!».

A lo cual corresponde el retroceso de la libertad de expresión en las universidades, donde se censura el pensamiento a través de códigos sobre la corrección del discurso, y se desalienta el compromiso cívico, con exigencias como la de pedir permiso con diez días laborables de anticipación para realizar una manifestación, lo que impide a los estudiantes reaccionar ante un acontecimiento puntual, o con decisiones como la de un juez federal que limitó la zona de la Universidad de Cincinnati en que podían realizarse manifestaciones a un 0,1 por ciento del campus.

Se suele analizar estas medidas individualmente, dice Jonathan Turley, pero es necesario considerarlas en su conjunto como «un mosaico de poderes bajo los cuales nuestro país puede considerarse, al menos en parte, como un estado autoritario». Los norteamericanos suelen criticar la falta de libertades de países como Cuba o China, añade, «pero los Estados Unidos tienen en la actualidad mucho más en común con estos regímenes de lo que cualquiera quisiera admitir».

Justificadas un día por los políticos como medidas necesarias en tiempo de guerra, cuando el objetivo de esta se ha convertido en la lucha contra lo que el orden establecido decide que es «radicalismo», está claro que su finalidad es la de perpetuar una limitación permanente de las libertades de los ciudadanos, y muy en especial, como corresponde a una política dominada por los intereses empresariales, de los derechos de los trabajadores.

De este modo ha ido avanzando el establecimiento en los Estados Unidos del «totalitarismo invertido» que Sheldon S. Wolin denunciaba en un memorable artículo de 2003, en plena guerra de Irak, donde lo definía por la combinación de un cuerpo legislador débil, un aparato legal que es a la vez complaciente y represivo, un sistema de partidos en que cada uno de ellos, en el poder o en la oposición, se dedica a mantener el sistema existente para favorecer a una clase dominante integrada por los ricos, los influyentes y los empresarios. Mientras se deja a los ciudadanos más pobres en la indefensión política y se mantiene a las clases medias oscilando entre el miedo al paro y las expectativas de prosperidad. Este esquema se mantiene con el auxilio de unos medios de comunicación serviles y de una máquina de propaganda desarrollada por instituciones conservadoras generosamente subvencionadas, contando, además, con la colaboración de «las policías locales y las agencias nacionales de seguridad y vigilancia, con el fin de identificar terroristas, extranjeros sospechosos y disidentes internos».

2. Las políticas de austeridad y la crisis europea

LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y LA CRISIS EUROPEA

La persistencia de una «red de protección» en las sociedades europeas retrasó de este lado del Atlántico, salvo en Gran Bretaña, una evolución que en los Estados Unidos había tomado fuerza desde los años setenta; pero los efectos de la crisis de 2008 facilitaron que el proceso se acelerase en Europa, donde, como en el caso de España, las hipotecas habían sido concedidas en principio a personas que eran solventes en condiciones normales, pero que dejaron de serlo cuando el impacto de la crisis llegó a provocar un paro del 25 por ciento. En el caso europeo, además, las consecuencias fueron incluso más allá que en los Estados Unidos, tanto en lo que se refiere al control de la política económica por la banca como en lo que corresponde a los daños infligidos a la ciudadanía.

La secuencia empezó de manera parecida: especulación, crisis, rescate de la banca, empobrecimiento de los trabajadores y de las capas medias, y con la misma fábula destinada a convencer al público de que la culpa era de lo que se había «malgastado» en escuelas y hospitales, de manera que correspondía ahora pagar por estos excesos del pasado.

Solo que no era verdad. Era cierto que había habido un mal uso del gasto público, que resultó escasamente productivo; pero no que la deuda pública hubiese sido, como todavía se nos quiere hacer creer, la causa de la crisis de los países del sur de Europa. Un análisis de las cifras de las últimas décadas muestra que los déficits y las deudas de los gobiernos estaban en 2008, al comienzo de la crisis, en un mínimo histórico. El problema lo causó el aumento incontrolado de la deuda privada, y la actuación de los gobiernos que la asumieron al llegar la crisis, como habían hecho los Estados Unidos en 2008, pero de manera todavía más amplia e incontrolada. Krugman muestra que la relación entre el endeudamiento público y el PIB de estos países estuvo mejorando hasta 2007: «Lo que tenemos en estos momentos —concluye— es el resultado de la crisis, no de un exceso de gasto público anterior a esta». En el mismo sentido se expresaba Steve Keen, el economista australiano que fue uno de los pocos que previeron y anunciaron la crisis de 2008, quien ha calificado como «una insensata fantasía» que se pretenda culpar de la crisis a la deuda pública, cuando se debe ante todo a una burbuja de deuda privada que acabó estallando.

La deuda pública española, por ejemplo, era baja; pero la privada era, en proporción al tamaño de su economía, una de las mayores del mundo. Una deuda que empezó a partir del dinero que los Landesbanken alemanes prestaron a bancos y cajas de ahorros españoles, que a su vez lo emplearon en conceder créditos para las especulaciones insensatas de los constructores y para las demandas de particulares sin recursos, a los que las propias entidades financieras les estimulaban a endeudarse irresponsablemente.

Un ejemplo claro de esto es el caso de Bankia, que heredó los resultados de la desastrosa gestión de Caja Madrid, que proporcionó a los constructores dinero para comprar suelo y edificar (1000 millones a Martinsa-Fadesa, hoy quebrada) y a las familias para que pudiesen comprar las casa que producían estos constructores. Pero que se dedicó además a financiar especulaciones fantasmagóricas como las de un constructor que, en su afán por apoderarse de una hidroeléctrica, llevó a su empresa a una situación en que las deudas pendientes llegaron a ser más del doble de lo que valía esta, de acuerdo con su cotización en bolsa.

Lo que los ciudadanos españoles pagan hoy con recortes, paro y sacrificios son las deudas gigantescas de unas entidades financieras que comprometieron sus recursos en inversiones de riesgo para poder repartir beneficios y comisiones a sus dirigentes y a unos cómplices políticos que primero les dejaron hacer y después aceptaron que fuese el estado quien asumiese el problema de bancos y cajas, pero no el de los millares de familias que han sido desahuciadas en cuanto la crisis engendrada por los especuladores les ha dejado sin recursos para pagar las hipotecas.

El paso siguiente en la profundización de la crisis se debió a los propios gobiernos europeos que, cediendo a las presiones de las instituciones que asumían la dirección de la economía (la llamada «troika», integrada por el Banco Central Europeo, el gobierno de la Unión en Bruselas y el Fondo Monetario Internacional[20]), aceptaron las imposiciones de la canciller alemana Angela Merkel, que exigía «poner las economías del continente en la camisa de fuerza de una continuada austeridad fiscal», olvidando que la prosperidad de Alemania nacía de haber endeudado al resto del continente, cuando sus bancos fueron a buscar beneficios rápidos en los países del sur, elevaron los precios de sus activos con sus inversiones, y abandonaron después el terreno en busca de nuevos horizontes de negocio[21].

De acuerdo con estas exigencias se puso la gestión de la política económica en manos de los dirigentes bancarios. Aditya Chakrabborty explicaba en The Guardian que habían sido los dirigentes del International Institute for Finance, el grupo de presión integrado por 450 de los mayores bancos del mundo, los que decidieron en 2011 las condiciones que debían imponerse a Grecia, en una medida aceptada por la troika.

Uno de los objetivos más importantes de este asalto a los derechos sociales es el que se refiere al sistema de pensiones. No solo por razones presupuestarias, sino, como dice Gerard Epstein, profesor de la Universidad de Massachusetts en Amherst, para minar el poder de los sindicatos y echar a los trabajadores en manos de los bancos y de los sistemas privados de pensiones. El objetivo general de todas estas medidas, concluye, es destruir el estado del bienestar y convertir sus sistemas de protección en oportunidades de negocio para los bancos.

En diciembre de 2011 Robert Fisk comparaba las revueltas árabes con las protestas de los jóvenes europeos y norteamericanos en un artículo que se titulaba «Los banqueros son los dictadores de occidente», donde decía: «Los bancos y las agencias de evaluación se han convertido en los dictadores de occidente. Al igual que los Mubaraks y Ben Alís, creían —y todavía creen— ser los propietarios de sus países». Los partidos políticos, afirmaba Fisk, entregan el poder que han recibido de los votantes «a los bancos, los traficantes de derivados y las agencias de evaluación, respaldados por la deshonesta panda de expertos de las grandes universidades norteamericanas (…) que mantienen la ficción de que esta es una crisis de la globalización, en lugar de una trampa financiera impuesta a los votantes». Las elecciones «han acabado siendo tan falsas como las que los árabes se veían obligados a repetir, década tras década, para ungir a los propietarios de su propia riqueza nacional».

Esta misma percepción del trasfondo político nos la da Michael Hudson, profesor de la Universidad de Missouri, antiguo analista y asesor en Wall Street, quien denuncia, en un texto sobre lo que llama «la transición de Europa de la socialdemocracia a la oligarquía financiera», los efectos de las políticas de austeridad: «Una crisis de la deuda facilita que la élite financiera doméstica y los banqueros extranjeros endeuden al resto de la sociedad (…) para apoderarse de los activos y reducir el conjunto de la población a un estado de dependencia». A lo que añade que la clase de guerra que se extiende ahora por Europa tiene objetivos que van más allá de la economía, puesto que amenaza convertirse en una línea de separación histórica entre una época caracterizada por la esperanza y el potencial tecnológico, y una nueva era de desigualdad, a medida que una oligarquía financiera va reemplazando a los gobiernos democráticos y somete a las poblaciones a una servidumbre por deudas. El resultado es «un golpe de estado oligárquico en que los impuestos y la planificación y el control de los presupuestos están pasando a manos de unos ejecutivos nombrados por el cártel internacional de los banqueros» (tal vez convenga recordar los curricula bancarios de los pretendidos «tecnócratas» que están al frente de la política europea). Como ha dicho Paul Jay, en Europa, al igual que en los Estados Unidos, «los banqueros toman el control del proceso político».

La irracionalidad de las políticas de austeridad parece indiscutible. Richard Koo, economista jefe del Nomura Research Institute de Tokio, que ha analizado comparativamente la crisis económica de los años treinta, las décadas perdidas de Japón y la crisis actual en los Estados Unidos y en la «eurozona», sostiene que actuar sobre una economía que ahorra pero no invierte reduciendo el gasto público agrava su situación, y que pensar que los problemas se resuelven «con una sobredosis de austeridad» y con reformas constitucionales «es un disparate».

El colapso de la economía europea, y la obstinación de los dirigentes alemanes en oponerse a políticas de estímulo para los países en dificultades —«la señora Merkel y sus votantes siguen insistiendo en que sus vecinos paguen por sus pecados con cortes de presupuesto todavía mayores»— llegaron a crear alarma en los Estados Unidos, ante los riesgos que para la economía global implicaba la insistencia en una «austeridad destructiva», desoyendo las críticas por «haber recortado los presupuestos con demasiada rapidez, debilitando el crecimiento económico en todo el mundo y contribuyendo a una crisis de desempleo en el continente europeo». Hablando en Viena el 26 de abril de 2012, Joseph Stiglitz sentenciaba: «Pienso que Europa se encamina al suicidio».

A comienzos de julio de 2012 un manifiesto encabezado por Paul Krugman y Richard Layard (de la London School of Economics), que reunió millares de adhesiones, volvía a denunciar los errores básicos de la política de austeridad: «En un tiempo en que el sector privado está empeñado en un esfuerzo colectivo para gastar menos, la política pública debe actuar como una fuerza estabilizadora, tratando de sostener el gasto. Cuando menos, no debe empeorar las cosas con grandes recortes en el gasto del gobierno o con grandes aumentos en los impuestos sobre la gente común. Desgraciadamente, esto es lo que los gobiernos están haciendo en la actualidad».

Denunciaba también la falacia que pretende que los efectos negativos de los recortes salvajes en el gasto público vendrán compensados por un cambio en la «confianza» que llevará a un nuevo crecimiento del gasto de los consumidores y de la inversión en los negocios, como consecuencia de lo cual se reactivará la economía. Cuando lo que ha sucedido es lo que «todas las lecciones de la historia deberían habernos enseñado que ocurriría»: la «confianza» no se ha presentado y, lejos de crecer, el gasto del sector privado ha seguido cayendo. «La buena noticia, escribía Krugman a fines de abril de 2012, es que muchas personas influyentes están admitiendo finalmente que lo de la “confianza” era un cuento de hadas. La mala es que, a pesar de esta admisión, parece haber pocas probabilidades de un cambio de ruta a corto término».

Un estudio del FMI sobre 173 casos de austeridad fiscal registrados en los países avanzados entre 1978 y 2009 confirmaba que las consecuencias fueron mayoritariamente negativas: contracción económica y aumento del paro. El propio Fondo Monetario Internacional acabó, en el World Economic Outlook de octubre de 2012, separándose de sus primeras formulaciones para criticar que los europeos no fuesen capaces de estimular la recuperación económica, a la vez que rebajaba las previsiones de crecimiento de las economías avanzadas para el año 2013 del 2,0 por ciento estimado meses antes al 1,5 por ciento. Una rectificación que Krugman recibía con una felicitación por «reconocer que su propio análisis estaba equivocado».

Si la austeridad no es el camino adecuado para conseguir reemprender el crecimiento, ¿qué objetivos mueven a los políticos que se empeñan en mantenerla? Observando el caso de España Mark Weisbrot opina que la finalidad de esta política, tal como lo muestra la práctica del gobierno del Partido Popular, es debilitar el movimiento obrero como parte de una estrategia a largo plazo para desmantelar el estado del bienestar, lo cual «no tiene nada que ver con resolver la crisis actual ni con reducir el déficit del presupuesto».

Algo semejante puede decirse de Gran Bretaña, que se apuntó a esta misma fórmula sin encontrarse presionada por nadie, al estar fuera de la zona euro. Pero que ha ido experimentando las mismas consecuencias en términos de recesión. Krugman cuenta que preguntó a políticos y dirigentes económicos británicos por qué se empeñaban en seguir una política de austeridad cuando podían obtener crédito a tipos de interés muy bajos, prácticamente negativos (esto es, inferiores al índice de inflación). Al comienzo, nos dice, argumentaban acerca de la necesidad de ahorrar, al igual que deben hacerlo las familias; pero cuando se les desmontaban estas trivialidades, acababan confesando que la razón que les movía era la voluntad de «disminuir el tamaño del estado», lo que prueba que su objetivo había sido «utilizar el pánico al déficit como una excusa para desmantelar los programas sociales». Puede ser, añade, que una vez comprueben el fracaso de la austeridad acaben recurriendo a un plan B que les permita recuperar la economía. Pero no cambiarán las cosas, «porque la recuperación de la economía no ha sido nunca su objetivo; la finalidad de la austeridad es la de aprovechar la crisis, no la de resolverla».

Lo que resulta paradójico es que los británicos anuncien en octubre de 2012 que en el período de julio a septiembre del mismo año su economía ha crecido en un 1 por ciento, poniendo fin a una recesión de nueve meses, como consecuencia del impulso que ha recibido de los juegos olímpicos celebrados en Londres. ¿Cómo encajar esto en el discurso de la austeridad?

En términos generales resulta innegable que la austeridad fiscal ha agravado la situación económica en los países que, como Grecia, España e Irlanda, vieron aumentar el paro, porque los recortes de sus gobiernos afectaron sobre todo a los productores. «Y en cada caso la reducción del déficit del presupuesto fue mucho menor de lo que se esperaba, porque los ingresos por impuestos cayeron, como consecuencia del colapso de la producción y de la ocupación».

La dureza de las condiciones impuestas a Grecia se debieron en buena medida al deseo del gobierno alemán de enviar al resto de los países de la Unión Europea un aviso de lo que podía pasarles. Lo más negativo era que estas instrucciones para recortar gastos y pagar deudas no se basaban en un programa coherente que se hubiese puesto en práctica alguna vez, y acabaron conduciendo, como era previsible, a una durísima contracción económica, que disminuiría los ingresos del estado y le haría cada vez más incapaz de atender las obligaciones que se le habían impuesto.

La hipocresía de estas exigencias resultaba evidente ante la conducta de Alemania que, a la vez que pedía a Grecia que recortase el gasto en sanidad pública, condicionaba las ayudas a que mantuviese sus adquisiciones de armas alemanas, de las que Grecia es el mayor comprador europeo (adquieren un 15 por ciento de las exportaciones alemanas de armamento, incluyendo, por ejemplo, 2000 millones de euros en cuatro submarinos de la clase 14, de los que solo se ha entregado uno, que además ha resultado defectuoso).

El asunto de los submarinos alemanes, que acabó en un proceso contra un ministro de Defensa griego que había cobrado un soborno de ocho millones de euros de la compañía Ferrostaal para firmar el contrato, no es más que una pequeña parte del saqueo de que compañías alemanas, como Siemens o ThyssenKrupp, han hecho objeto a Grecia, valiéndose en buena medida de la corrupción, pero también de la prepotencia política. A lo cual ha venido a sumarse la noticia de que también los franceses estaban presionando para vender al gobierno griego seis fragatas, 15 helicópteros y 40 aviones de caza.

Pese a los sacrificios realizados, no hay signo alguno de reactivación en Grecia: su economía se contrae al ritmo del 7 por ciento anual, mientras el paro se espera que llegue al 30 por ciento y la asociación de comerciantes calcula que sus ventas pueden caer en un 53 por ciento en 2012. Sin olvidar las gravísimas consecuencias sociales de la austeridad: disminución de los salarios en un 25 por ciento tan solo en 2011, aumento de los suicidios y del crimen, y unos hospitales que carecen de medicamentos esenciales, incluyendo las vacunas, lo que hace temer que reaparezcan enfermedades como la poliomielitis o la difteria. Por otra parte, las «ayudas» que recibe de la troika sirven fundamentalmente para pagar los intereses de préstamos anteriores de la propia troika (que es propietaria de tres cuartas partes de la deuda griega), sin pasar prácticamente por las manos del gobierno de Atenas. Las elecciones de junio de 2012 dieron un 55 por ciento de votos a los contrarios a aceptar las reglas del rescate, pero las leyes electorales, que dan 50 escaños de ventaja al partido más votado, en un parlamento de 300 diputados, aseguraron el regreso de un gobierno dócil, que sigue hundiendo al país en el abismo.

Un editorial del New York Times con el título de «Grecia bebe la cicuta», publicado el 8 de noviembre de 2012, insistía en la irracionalidad de una política que estaba aumentando el peso de la deuda, en lugar de reducirlo. Grecia no podía pagar sus deudas si al propio tiempo se estaba asfixiando a su economía y se dejaba a sus habitantes sin posibilidad de trabajar. Esta política solo beneficiaba a la señora Merkel, que debe buscar la reelección en Alemania el año próximo.

Si Irlanda sigue en crisis y en Portugal la respuesta a los recortes del gobierno ha echado a multitudes de indignados a la calle, tampoco es buena la situación de Italia, pese a que aceptase dar el poder a un «salvador» impuesto por la troika, Mario Monti, cuya gestión no ha servido para aliviar el problema de una deuda pública que representa el 123,4 por ciento del PIB (una proporción solo superada por Grecia). Nadie es capaz de imaginar qué puede suceder en la primavera de 2013, cuando Monti sea substituido por un jefe del gobierno elegido —aunque hay partidarios de que siga en el poder—, y cuando el interregno extraparlamentario se acabe sin haber resuelto nada. Descartado el retorno de Berlusconi, inhabilitado por la justicia, y en medio de nuevas noticias de corrupción que «han asombrado hasta a los cínicos italianos», el fenómeno del cómico Beppe Grillo y de su «MoVimento 5 Stelle»[22], que amenaza con presentarse a las elecciones y que ha llegado a tener altas cifras de aceptación en las encuestas, revela el profundo desconcierto que reina en la política italiana.

La estéril «sobredosis de sufrimiento» impuesta a la ciudadanía europea ha dado lugar a movimientos de protesta, en especial por parte de los jóvenes, que son quienes sufren las peores consecuencias de la falta de trabajo y del retroceso de la educación pública. Los gobiernos europeos han respondido al malestar colectivo con la imposición de nuevas leyes para reprimir la protesta social, puesto que, como hemos visto, austeridad y represión son dos cuestiones claramente relacionadas. La criminalización de la protesta va encaminada a imponer por la fuerza el trasfondo político de unas medidas de austeridad que no son soluciones económicas temporales, sino que contienen elementos de cambio permanente en las reglas del juego social, destinados a persistir: reforma laboral, limitación del derecho de huelga, ataques a los sindicatos, privatización progresiva de la sanidad pública, desguace de la educación pública…

A semejanza de Portugal, el gobierno español del Partido Popular se ha entregado ciegamente a una austeridad llevada hasta la obcecación. Un editorial del New York Times con el título de «Una sobredosis de sufrimiento», afirmaba: «España podría ser la próxima economía hundida por la mala gestión alemana de la crisis de la eurozona. No debería ser necesario que sea así». Denunciaba una política cuyas consecuencias son que «cuanto más se contrae el PIB español, tanto más caen los ingresos por impuestos, lo que exige nuevos recortes del presupuesto, cada vez más severos (…). Escatimar en lo que necesita la fuerza de trabajo de mañana para pagar la burbuja inmobiliaria de ayer no tiene sentido en términos económicos».

Rajoy inició el camino al abismo cuando, al aprestarse a rendir pleitesía a la señora Merkel, afirmó que lo primero era cumplir con el deber de sanear los bancos y reducir el gasto público: los puestos de trabajo, los hospitales o las escuelas no eran prioritarios. Si los recortes en la sanidad podían significar una «sobredosis de sufrimiento», los practicados en la educación primaria y secundaria, y el cierre del acceso de los jóvenes a la universidad, como consecuencia de un aumento brutal de las matrículas, implican sacrificar el futuro y resignarse a un estancamiento progresivo[23]. Como ha dicho Stiglitz: «El activo más valioso de la sociedad, su capital humano, está siendo malgastado y hasta destruido. Los jóvenes, privados a largo plazo de un trabajo decente (…), acaban alienados (…). La juventud es la época en que se forman las habilidades; de este modo, en cambio, se atrofian (…). Los padecimientos que sufre Europa, en especial los de sus pobres y sus jóvenes, son innecesarios».

A lo cual hay que añadir el desconcierto total de la administración de Hacienda española, que preparó para 2013 un presupuesto en cuyo cumplimiento nadie podía creer, ya que preveía aumentos de recaudación fiscal imposibles en una economía que, según las previsiones del FMI, va a tardar diez años en recuperar los niveles de 2008, y ante la evidencia de la fuga de capitales, que ha alcanzado proporciones gigantescas, del orden de los 300 000 millones de euros entre junio de 2011 y junio de 2012. A esto deben añadirse los 150 000 millones de depósitos de no residentes que la banca española ha perdido desde mediados de 2011, lo que demuestra una desconfianza generalizada en el futuro del país, donde la Encuesta de Población Activa revelaba el 26 de octubre que el paro había sobrepasado el límite del 25 por ciento por primera vez en su historia.

Por los mismos días en que Krugman y Stiglitz coincidían en una reunión en el Institute for New Economic Thinking en hacer una condena global de la política de austeridad, en que incluían también la de los Estados Unidos, y elogiaban el progreso de los países escandinavos o señalaban que el éxito relativo de Alemania se basaba en la existencia de un vigoroso movimiento obrero y una robusta red de seguridad social, el presidente norteamericano, Barack Obama, no solo mencionaba a España como un ejemplo del desastre que había que evitar (al igual que lo había hecho con anterioridad, en repetidas ocasiones, el candidato republicano a la presidencia, Mitt Romney), sino que llegó a hacer una crítica concreta de la política de austeridad de Rajoy, que «ha entrado en un ciclo donde recorta más el gasto y eso supone que más gente es despedida, lo que significa que tienen que pedir prestado más dinero y eso les sale cada vez más caro».

¿Cuál es el futuro que esta política de austeridad reserva a España? En lo inmediato, tanto el FMI, como la Comisión europea y los servicios de estudio de las entidades financieras españolas prevén que en 2013 la economía caerá en un 1,4 o 1,5 por ciento, tres veces más de lo que calcula el gobierno, a lo que se añade que la demanda lo hará en un 3,8 por ciento y el paro alcanzará a un 26,1 por ciento de la población activa. Pero lo malo es que tampoco parece haber mejores perspectivas para los años siguientes. Hasta el punto de que el informe de la OECD Looking to 2060: Long-term global growth prospects, publicado en noviembre de 2012, sitúa a España en una perspectiva de decadencia a cincuenta años a partir de ahora, arrinconada entre los países con las tasas más bajas de crecimiento. ¿Merece la pena seguir un camino como este, por el que el Partido Popular parece dispuesto a llevarnos a toda costa, sabiendo que conduce a medio plazo a la prolongación del sufrimiento y a la decadencia a cincuenta años vista?

En diciembre de 2012, mientras la OECD rebajaba las perspectivas de crecimiento y anunciaba que se había llegado a un nuevo máximo de desempleo del 10,7 por ciento en el conjunto de la Unión Europea, el panorama de futuro que se presentaba al ciudadano español, al tiempo que el gobierno se declaraba incapaz de cumplir su promesa de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, estaba marcado por una serie de noticias negativas, tales como que las exigencias de la troika iban a obligar a una drástica disminución del empleo en el sector público y en la banca acogida a las medidas de ayuda, que iban a seguir los despidos y la disminución de los salarios en el sector privado, que en 2013 iba a haber recortes mucho mayores en el gasto público…

¿Qué previsiones tomaba el gobierno ante semejante panorama? Ante todo, la de blindarse contra cualquier intento de protesta. Un parlamento obligado a funcionar en medio de la protección constante de las fuerzas de seguridad aprobaba medidas contra el derecho de manifestación que amenazaban con penas de cárcel por delitos como el de lanzar piedras contra un banco, cuando no hay noticia de que ninguno de los dirigentes bancarios culpables de fraude haya sido castigado, y daba todavía un paso más al dificultar el acceso a una reclamación por vía judicial con un aumento considerable de las tasas que habrá de pagar cualquiera que pretenda acudir a los tribunales. Una deriva reaccionaria en la que resulta lógico y explicable que se indulte a los policías torturadores.

Todo lo cual viene a ensombrecer un cuadro definido por el fracaso en la gestión de la Hacienda y por la incapacidad de ofrecer los servicios y ayudas que requiere una sociedad en la que sigue aumentando día a día la pobreza. Quienes piensan que el endurecimiento de la represión es una garantía de la tranquilidad pública ignoran las lecciones de la historia y desafían los riesgos de un estallido social.

2. Las consecuencias globales de la crisis: un mundo de pobreza y conflicto

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LAS CONSECUENCIAS GLOBALES DE LA CRISIS: UN MUNDO DE POBREZA Y CONFLICTO

La crisis económica prosigue a escala mundial, sin que se adivine la luz al final del túnel: en enero de 2012 el Banco Mundial rebajó del 3,6 por ciento al 2,5 las previsiones globales de crecimiento para el año. Christine Lagarde, que dirige el Fondo Monetario Internacional, sostenía que «hay nubes negras en el horizonte», mientras se preveía que se iba a frenar la recuperación de la economía norteamericana (con «un mercado de trabajo en que millones de obreros serán incapaces de encontrar ocupación en un largo futuro») y que había pocas esperanzas para la europea. En julio y en octubre de 2012 el FMI anunciaba nuevos recortes en las perspectivas mundiales de crecimiento.

Una encuesta llevada a cabo por el Boston Consulting Group revelaba hasta qué punto la conciencia de la crisis había penetrado en la población. Preguntados acerca de si pensaban que la próxima generación iba a vivir mejor que esta, tan solo un 21 por ciento de los norteamericanos, un 28 por ciento de los británicos y un 12 por ciento de los franceses contestaba positivamente. Lo cual contrastaba con las esperanzas de futuro de los chinos, entre quienes la respuesta positiva se extendía a un 83 por ciento de los preguntados.

Una nueva subida de los precios de los alimentos ha llevado a los especialistas a la convicción de que existen errores de base en las políticas sobre desarrollo agrícola y seguridad alimentaria. «Hay en la actualidad un acuerdo general acerca de que los precios agrícolas internacionales se mantendrán a un nivel significativamente superior a los de antes de la crisis por lo menos durante la próxima década». En lo que van a tener un papel fundamental las grandes empresas (bancos y aseguradoras, como Deutsche Bank, Barclays, Paribas, Allianz, AXA, Generali, etc.), que especulan con los alimentos, así como los fondos de pensiones que compran tierras en África, estimulados a hacerlo por el Banco Mundial[24].

La continuidad en el aumento de los precios de los cuatro alimentos fundamentales —maíz, trigo, arroz y soja— «ha empujado a los dos mil millones de los habitantes más pobres del planeta (…) a un estado peligroso de hambre y desnutrición». También se han encarecido los cereales de consumo más localizado, como el mijo y el sorgo, que han doblado su precio en la primavera de 2012, agravando los problemas de hambre del Sahel. A todo lo cual se agregan temores fundados de que hacia 2050 la oferta de estos alimentos no bastará para satisfacer la demanda, esto es, para atender las necesidades básicas, a menos que se emprenda una acción concertada para resolver un problema que puede agravarse además como consecuencia del calentamiento global, como parece apuntar la catastrófica sequía que ha afectado en 2012 a los Estados Unidos y ha arruinado su cosecha de maíz.

Un problema que, como sostiene Raj Patel, no reside todavía en la escasez de alimentos —se producen en la actualidad más calorías por persona que en ningún momento anterior de la historia— sino en la injusticia con que se distribuyen, que es lo que explica que 48 millones de norteamericanos no tengan su alimentación asegurada y dependan de los cupones de asistencia del gobierno (food stamps). La causa del hambre, asegura, no es la escasez, sino la pobreza. Pero la escasez puede llegar también en un futuro cercano, avisa Lester Brown, y con ella la secuencia de precios altos, revueltas por las subsistencias e inestabilidad política.

La organización internacional agraria «Vía campesina» añadía otros elementos al análisis del problema: «Actualmente más de mil millones de personas pasan hambre, la mayoría en Asia. Debido al drástico incremento de los precios de los alimentos, es cada vez más difícil para estas personas, especialmente para las que viven en condiciones de pobreza, adquirir alimentos para sobrevivir y para sus familias. Y lo que es más grave, el problema del hambre se relaciona con la expansión del desarrollo de la agricultura industrial, que promueve el monocultivo y el acaparamiento masivo de tierras. Esta expropiación de tierras es actualmente un fenómeno global impulsado por las élites locales, nacionales y transnacionales, las corporaciones y los inversores, con el apoyo de algunos gobiernos y con el objetivo de controlar los recursos más valiosos».

En el informe The State of Food Insecurity in the World, presentado en Roma en octubre de 2012 por la FAO, el IFAD y el WFP[25], se dice que ha habido cerca de 870 millones de personas crónicamente desnutridas en el período 2010-2012 y, lo que es más grave, que las mejoras que se estaban consiguiendo desde los años noventa han tenido un retroceso a partir de 2007-2008. Y aunque se trate de mantener la esperanza acerca de las posibilidades de alcanzar los objetivos de reducción del hambre, el propio subtítulo del informe advierte que «el crecimiento económico es necesario pero no suficiente», puesto que necesita ir acompañado de una política activa de protección social. Para lo cual llama la atención acerca de que «el crecimiento agrario que implica a los pequeños propietarios, y especialmente a las mujeres, es el medio más efectivo de reducir la extrema pobreza y el hambre».

Esto sucede en un mundo de una desigualdad creciente, en que el 20 por ciento del conjunto de los habitantes del planeta que residen en los países desarrollados consumen el 80 por ciento de los recursos totales, y en que los dos mil millones de los más pobres ven agravada su situación por el paro. La Organización Internacional del Trabajo describía a comienzos de 2012 una situación de paro creciente a escala mundial —con 200 millones de desempleados, sin contar a 6,4 millones de jóvenes que han perdido la esperanza de encontrar ocupación y han quedado fuera del mercado laboral— y confirmaba a fines de abril que faltaban 50 millones de puestos de trabajo, en comparación con la situación que existía antes de la crisis, y que «a pesar de que hay signos de que el crecimiento económico se ha reanudado en algunas regiones, la situación global del empleo es alarmante y no hay signos de recuperación en un futuro próximo». Más concreto es un informe del McKinsey Global Institute que afirma que hacia 2020 «sobrarán» de 90 a 95 millones de trabajadores no calificados.

Se calcula que 1300 millones de seres humanos carecen hoy de acceso a la electricidad, y que otros mil millones lo tienen escaso e inseguro. Todo lo cual explica que las afirmaciones del Banco Mundial de que la población sumida en la pobreza (definida como la que vive con un ingreso diario de menos de 1,25$) ha pasado de ser el 43,1 por ciento en 1990 a tan solo el 22,4 por ciento en 2008 suscite serias dudas.

La desigualdad no solo sigue creciendo globalmente en el mundo, sino que lo hace también dentro de los países más prósperos (un informe de diciembre de 2011 asegura que la distancia entre ricos y pobres en los países de la OECD ha alcanzado la mayor amplitud en los últimos treinta años), y las perspectivas de remediarla parecen distantes.

Ni siquiera el panorama de la libertad individual es más esperanzador. Según la Organización Internacional del Trabajo hay en la actualidad 20,9 millones de personas condenadas a un trabajo forzado. Lo que explica el auge del tráfico de seres humanos «comprados y vendidos para el trabajo, la explotación sexual comercial y la guerra»; un negocio que proporciona unos beneficios de unos 30 000 millones de dólares al año.

Conviene, sin embargo, ir más allá de este esquema global, para examinar las perspectivas del crecimiento en diversas partes del mundo, lo cual exige tomar también en cuenta el marco político en que se desarrolla.

El desigual progreso de África

EL DESIGUAL PROGRESO DE ÁFRICA

El Banco Mundial afirma que la economía del África subsahariana está creciendo a ritmos de en torno al 4,8 por ciento y prevé un futuro brillante, basado esencialmente en sus riquezas minerales, y en especial en el petróleo. A lo cual se añade la observación de que estos países, ricos en recursos, «deben tomar decisiones para invertir en una mejor sanidad, educación, puestos de trabajo, y menos pobreza para sus pueblos», de lo que se puede inferir que no lo están haciendo en la actualidad. Puesto que es bien sabido que estos beneficios, administrados por gobiernos profundamente corrompidos —como el de Angola, donde José Eduardo Dos Santos, el jefe de lo que un día pretendió ser un partido revolucionario, ha vuelto a «ganar» las elecciones y a prolongar sus más de treinta años en el poder— van a parar al consumo de una reducida parte de la población, por lo que engendran inflación y desigualdad, esto es enriquecimiento para unos pocos y miseria para los más.

Es difícil hablar de progreso cuando el informe de la FAO de 2012 señala el continente como la zona del mundo en que la desnutrición es mayor, con índices que doblan la media mundial. Y cuando la respuesta a la falta de subsistencias causada por la sequía en el cuerno de África es un plan de 3000 millones de contribuciones privadas (de 45 empresas como DuPont, Monsanto o Cargill), que está siendo denunciado desde su mismo planteamiento como «una oportunidad de beneficios para los agronegocios gigantes», empeñados en el proyecto de promover una nueva «revolución verde» que haga a las agriculturas africanas dependientes de las compras de abonos y semillas a las grandes compañías internacionales.

En muchos casos los problemas de los países africanos están asociados a la dificultad de hacer compatibles marcos nacionales que pretenden seguir los modelos que establecieron las «revoluciones burguesas» de Europa en un contexto con grandes diferencias étnicas y sociales, en que unos grupos dominantes se apoderan de «la nación» para su beneficio personal. Los viejos problemas de Angola o de Ruanda anunciaban los actuales de un Sudán finalmente dividido, donde el norte está sumido en dificultades económicas, causadas en buena medida por el coste de sus guerras, y en una revuelta social que recuerda en algún modo los levantamientos de la primavera árabe, dirigida en este caso contra el régimen de Bashir, que lleva ya 23 años en el poder. Mientras la nueva nación de Sudán del Sur combina una grave crisis interna —la dificultad de forjar una conciencia colectiva a partir de las identidades étnicas de Pojulu, Dinka, Shuluk, Zande, Nuer, etc., tan solo unidas por su lucha común contra el feroz racismo del Mundukuru (el norte)— con sus conflictos con Jartum por una parte de la zona petrolífera y por el intento del norte de «confiscar» el valor de su producción de crudo, imponiéndole tasas usurarias por el uso de sus oleoductos, lo que llevó a detener la producción, con graves consecuencias económicas tanto para el sur como para el norte. Finalmente parece haberse llegado a un entendimiento que se basaría en que Sudán del Sur pagase 10 dólares por barril, en lugar de los 36 que pretendía cobrar el norte por el uso de sus oleoductos. Pero el acuerdo firmado en Kampala para reanudar la exportación de petróleo no ha resuelto los graves problemas pendientes, sobre todo los de delimitación de las fronteras.

No es mejor la situación de Etiopía, pese a que los observadores occidentales valoren un considerable crecimiento económico que les lleva a hablar de «la China de África». La realidad, tal como la viven los etíopes, es la de un gobierno que sigue vendiendo las tierras de cultivo a compradores extranjeros, traslada por la fuerza a los campesinos a emplazamientos que les condenan al hambre, o les obliga a trabajar por sueldos míseros en las grandes explotaciones. La muerte de Meles Zenawi (un gobernante, dice The Economist, al que los políticos occidentales abrazaban con una mano, mientras con la otra se tapaban las narices), cuya fidelidad era premiada por los Estados Unidos con muchos millones de dólares de ayuda (4000, según The Economist), parece difícil que conduzca a que cambie la situación de un país donde, en contraste con las evaluaciones optimistas de su progreso económico, la realidad social resulta iluminada por el hecho de que aparece en el lugar 174 en las estadísticas del Índice de desarrollo humano, por detrás de Afganistán y de Zimbabue, y donde persisten las violaciones de los derechos humanos, lo cual no es obstáculo para que el Banco Mundial le siga concediendo generosos créditos.

Tampoco es buena la situación de Nigeria, con un gobierno cercano a la impotencia, profundamente corrompido y acosado por una guerra civil, donde el terrorismo islámico de Boko Haram, que, combinado con los abusos de las fuerzas de seguridad, ha causado ya más de 2800 muertes desde el inicio de sus actuaciones violentas en 2009, obliga a grandes desplazamientos de población, y alimenta la idea de una fractura entre el norte musulmán y el sur cristiano.

Aunque la mayor de las tragedias humanas sigue siendo la de la R. D. del Congo, donde, tras unas elecciones de dudosa legitimidad que confirmaron en el poder a Joseph Kabila, renació la violencia de las milicias en las regiones del este y se volvió a hablar de cientos de miles de nuevos desplazados. Una violencia alentada por Ruanda, cuyo presidente, Paul Kagame, un protegido de los Estados Unidos, ha sido denunciado por las Naciones Unidas por su apoyo al grupo rebelde M23, y a su jefe Bosco Ntaganda, conocido como «Terminator», que está acusado de delitos contra la humanidad. Los rebeldes ocuparon y saquearon la población de Goma, al tiempo que estallaban revueltas en otras ciudades, incluso en la capital, Kinshasa, en que se incendiaban edificios del gobierno y se pedía el fin del débil y corrompido gobierno de Kabila.

Por un momento pareció como si los hombres del M23 se dispusieran a avanzar sobre Kinshasa, conscientes de la debilidad del ejército congoleño. Lo cual no tenía sentido, como no lo tiene echar todas las culpas de la situación actual a la incapacidad del gobierno. «El Congo ha sido siempre», dice Zoë Marriage, «un objeto de saqueo, y para que este pueda continuar provechosamente, nada mejor que el desgobierno». En opinión de Antoine Roger Lekongo, lo que ocurre en el este del Congo no es una guerra civil, sino la continuación de un expolio sistemático «financiado y dirigido por los Estados Unidos y Gran Bretaña» con el objeto de desintegrar el país para poder saquearlo mejor. Tras lo cual han vuelto a aparecer las viejas propuestas de dividir el Congo en entidades menores, «para poder ayudarlas mejor».

Tenemos además la súbita revelación del profundo malestar social que existe en Sudáfrica, con la masacre, el 16 de agosto de 2012, de 34 mineros en Marikana, de la que las autoridades pretenden culpar a los propios trabajadores: una masacre destinada a mantener «flexible» el mercado de trabajo, lo que parece volvernos al tiempo de las matanzas de Sharpeville. El problema, dice Lindela S. Figlan, es que no se han cumplido las aspiraciones de obtener, tras la libertad, la tierra. El gobierno sudafricano «es un gobierno para los ricos», que todo lo que está consiguiendo es enriquecer mucho a algunos y «cambiar lentamente el color de la gente rica». La «triste decadencia» del país ha llegado a convertirse en el tema de la portada de The Economist, que asegura que «en muchos sentidos África del Sur está en la actualidad retrocediendo».

El panorama global aparece además ensombrecido por las malas perspectivas políticas. En palabras de Toby Leon Moorsom, África experimenta «la descomposición de estados de costa a costa. Un cinturón de guerras, golpes de estado y manifestaciones en gran escala ha surgido a lo ancho del Sahel, de Guinea-Bissau a Somalia». «El descontento hierve en las calles» en los países de África occidental, según Adam Nossiter: las tiranías hereditarias de los Bongo en Gabón y los Gnassingbé en Togo empiezan a tambalearse; los presidentes de Costa de Marfil, Ouattara, y de Guinea, Condé, dos títeres de «occidente» que se nos quiere presentar como dos ejemplos de democracia, actúan brutalmente contra sus opositores. En esta «militarización de la pobreza», dice Moorsom, los diversos procesos tienen causas locales, pero comparten rasgos en común: «todos nacen en un contexto de fracaso de los mercados agrícolas y de auge de la extracción de petróleo y de minerales. El fundamentalismo islamista es tan solo un factor que complica las cosas: no una causa, sino una respuesta a la desestabilización general». Aunque haya casos con explicaciones más complejas, como el de Guinea-Bissau, donde el golpe militar que derribó al presidente tenía como objetivo facilitar a los militares el control del tráfico trasatlántico de cocaína, que tiene al país como una etapa esencial.

Clive Gabay nos invita a mirar el conjunto de estos movimientos como una «primavera africana» que responde al malestar, no solo contra la corrupción de los dirigentes —conforme al dictamen habitual de «occidente» de que todo se resolvería con «buena gobernanza» y más liberalismo—, sino contra unos programas de economía neoliberal impuestos a los gobiernos por el Fondo Monetario Internacional y por los propios donantes internacionales, a quienes interesa más conservar a estos pueblos integrados en el marco de una globalización depredadora que aliviar su pobreza.

En muchos de estos conflictos aparecen dos factores, estrechamente relacionados entre sí: los avances del islamismo y la interferencia de las nuevas formas de guerra de los Estados Unidos, que se obsesionan en ver a al-Qaeda detrás de cada movimiento local. Una muestra de esto la tenemos en el caso de Mali, donde el triunfo del movimiento separatista de Azawad, que se originó a partir del retorno de los milicianos tuareg contratados por Gaddafi, dio paso a que posteriormente se hiciesen con el poder unos islamistas, supuestamente relacionados con al-Qaeda en el Maghreb islámico, que han implantado un gobierno dispuesto a imponer todo el rigor de la sharia. Esto se ha interpretado como una grave amenaza, ante la posibilidad de que se consolide un foco que podría hacer de puente entre los radicales de Argel (tras los cuales, según Jeremy Keenan, estarían en realidad los propios servicios de seguridad del gobierno de Argelia) y el movimiento nigeriano Boko Haram, lo que no solo podría facilitar la expansión del integrismo por el Sahel, sino convertirse en un foco de terrorismo que amenazase la seguridad europea. Estos son los motivos que han impulsado a los Estados Unidos y a Francia a financiar y armar, sin hacer caso de las reticencias del presidente argelino Bouteflika, una intervención de tropas africanas para detener lo que los presidentes de Mauritania y Níger están calificando ya como «el Afganistán de África».

El mayor foco de actuación norteamericana es, sin embargo, el que tiene por escenario el este, donde alienta toda una serie de «guerras en la sombra», con una gran base estable en Yibuti, que parece haberse convertido en la pieza central de una constelación de instalaciones africanas desde las que operan los drones, y de otras bases que se van estableciendo en diversos lugares para acoger grupos de fuerzas especiales que colaboran con los gobiernos de algunos países y entrenan sus fuerzas, cuando están empeñadas en objetivos que importan a los Estados Unidos, como ocurre en Uganda, Burundi, Argelia, Burkina Faso, Chad, etc. A lo que se añade una flotilla de 30 embarcaciones en el Índico.

El foco central de estas campañas es Somalia, en la lucha contra las fuerzas islamistas de al-Shabaab, pero se extienden también a Uganda, donde fuerzas especiales norteamericanas han participado en las campañas contra Joseph Kony y el Lord Resistance Army, no se sabe si para presionar a Sudán o para ayudar al amigo Yoweri Museveni, que lleva más de veinticinco años de ejercicio de un poder nada democrático y profundamente corrompido (Uganda figura en el número 143 en una lista de 183 países analizados por Transparency International), a seguir persiguiendo y despojando a los acholi del norte, a los que ha mantenido encerrados en campos de concentración y cárceles.

El volumen de la intervención norteamericana, que parece desproporcionada en relación con las bandas dispersas de terroristas que se presentan como el objetivo a combatir, puede ser, en opinión de Nick Turse, el inicio de un gran proyecto militar de actuación en África, que se va a ir desarrollando en un futuro inmediato, como brazo armado de un imperialismo que sigue empeñado en dictar las reglas, como se ha visto en la condena a cincuenta años de cárcel que recibió en mayo de 2012 Charles Taylor, el presidente de Liberia juzgado por crímenes contra la humanidad: «el primer jefe de estado condenado por un tribunal internacional desde Nuremberg». Lo que no deja de ser una vergonzosa constatación de la debilidad de una «justicia internacional» que solo ha podido echar mano a un delincuente comparativamente menor, que fue durante años un asalariado de la CIA. De hecho, la verdadera conciencia de occidente con respecto al imperialismo resultó iluminada por la actitud del Bundestag alemán, que se ha negado incluso a disculparse por el genocidio cometido en su antigua colonia del sudoeste africano, la actual Namibia, a comienzos del siglo XX.

El irresistible ascenso de Asia

EL IRRESISTIBLE ASCENSO DE ASIA

El acontecimiento político más visible del escenario asiático en los últimos años fue la muerte del «líder supremo» de la República Democrática Popular de Corea (del norte), Kim Jong Il, el 17 de diciembre de 2011, que parece haberse resuelto sin conflictos con la transmisión del poder a su hijo Kim Jong Un, quien destituyó al jefe del ejército y asumió personalmente el mando. Chico Harlan nos dice que la retórica del gobierno está derivando de lo militar a lo económico y que «se están introduciendo reformas agrícolas en pequeña escala», que permiten a los agricultores «conservar una mayor parte de sus cosechas y vender sus excedentes en el mercado». El estilo de gobierno de Kim, y su reconocimiento del fracaso económico del país, «apuntan a una apertura económica similar a la de China en los últimos setentas». Los especialistas en cuestiones nucleares especulan, por su parte, acerca de la posibilidad de que Corea del Norte haga una tercera prueba nuclear subterránea, aunque piensan que es posible que Kim Jong Un esté más interesado en «la rehabilitación de la economía civil que en reforzar el poderío militar».

El segundo lugar en esta cronología del cambio político corresponde al inicio del deshielo democrático en Myanmar/Birmania, aunque resulte corto por el momento, puesto que se limita a la elección de 45 diputados, entre los cuales está Aung San Suu Kyi, en un parlamento de 664 escaños, que seguirá dominado por los militares. Gestos como el del presidente (antes general) U Thein Sein, elogiando a Aung San Suu Kyi en las Naciones Unidas parecen sugerir una voluntad de apertura; aunque siguen pendientes problemas como los de los enfrentamientos étnicos con la minoría cristiana Kachin y con los musulmanes Rohingya, que dan lugar a actuaciones brutales del gobierno.

Pero lo que realmente cuenta no son estos mínimos cambios políticos, sino las perspectivas de la economía. Y es que la mayoría de las anticipaciones del futuro prevén que el crecimiento económico se desplazará en las próximas décadas a Asia; una previsión que, como veremos, ha determinado un cambio radical en los planes de futuro de los Estados Unidos.

En el centro de este crecimiento está China, aunque se siga repitiendo el augurio de que su economía comienza su descenso (en paralelo a las predicciones que se vienen haciendo desde la muerte de Mao, en 1975, de que su colapso político es inminente), en una sucesión de anuncios de estancamiento que se corrigen poco después con nuevas estimaciones contradictorias. A la previsión del Wall Street Journal en julio de 2012 de que su crecimiento había caído hasta un 7,6 por ciento, se unían noticias de prensa que predecían una burbuja inmobiliaria inminente y afirmaban que «los trabajadores de la construcción están perdiendo muchos puestos de trabajo». En contraste con la opinión de un experto en economía china como Peter Nolan, profesor de la Universidad de Cambridge, que considera que uno de los grandes éxitos de China ha sido «dar un techo a millones de personas».

La corrección a estas previsiones comenzó con The Economist, quien dedicó un «informe especial» a advertir que la economía de China está mejor de lo que parece y que lo que la impulsa «es la inversión y no las exportaciones», hasta el punto de que el gasto en instalaciones, máquinas, edificios e infraestructura alcanzó a un 48 por ciento del PIB chino en 2011. Y se confirmó con las previsiones del Fondo Monetario Internacional en octubre de 2012, que calculaban para la China de 2013 un crecimiento del 8,2 por ciento (en comparación con un 3,8 por ciento para Rusia, un 2,1 por ciento para los Estados Unidos o un 1,2 por ciento para Japón) y, más aún, con el informe de la OECD Looking to 2060, publicado en noviembre de 2012, que confirmaba las previsiones acerca del ascenso de China a la condición de primera potencia mundial.

Son momentos en que los chinos parecen contar ante todo con el estímulo al crecimiento que puede proporcionar el aumento del consumo interno, en un país en que, al contrario de lo que ocurre en el occidente en crisis, están aumentando las clases medias. Los mayores retos de futuro parecen ser, por una parte, el de mantener la estabilidad social sobre la base de aceptar el desarrollo de un movimiento obrero integrado, en palabras del China Labour Bulletin, por «una fuerza de trabajo joven, mejor educada, y con mayores aspiraciones, que es más consciente de sus derechos legales y está aprendiendo a utilizar ese nuevo poder de negociación en su favor», como lo muestran las numerosas huelgas que han llamado la atención sobre las malas condiciones de la minería del carbón. A la vez que procura conservar su capacidad de mantener el control de la economía mientras prosigue el rápido crecimiento, y encontrar los medios de satisfacer las demandas de mejora del nivel de vida de una población a la que ha conseguido sacar de la pobreza, pero que no goza aún de los niveles de consumo que puede ofrecer el capitalismo a las clases medias.

Hay además un argumento importante que abona las perspectivas de futuro de China: las fuertes inversiones del estado en la mejora de la educación pública, que contrastan con el retroceso que están sufriendo en Estados Unidos. De 2000 a 2008 China graduó más del doble de titulados en ciencia y tecnología que los Estados Unidos, donde estas cifras seguirán disminuyendo, si se cumplen los planes de reducir la inversión del estado en educación.

Estas cuestiones son mucho más importantes que los problemas con algunos disidentes, que los medios de comunicación «occidentales» magnifican, o que sucesos como la caída de Bo Xilai, un político ambicioso, hijo de uno de los compañeros de Mao, que llegó a ser nombrado ministro de Comercio, antes de ser relegado al cargo de secretario del partido en Chongqing. Tras esta derrota, Bo trató de recuperar poder con una campaña populista que propugnaba el retorno a los viejos valores de la revolución cultural. «Expertos» como Roderick MacFarquhar interpretaron la caída de Bo Xilai como un episodio en la lucha por la sucesión, en un país en que «cada día hay unas 500 protestas, manifestaciones o tumultos contra autoridades locales del partido corruptas o dictatoriales».

Pero, como se ha visto, la sucesión está asegurada en la persona de Xi Jinping, y las informaciones que llegan parecen apuntar a una situación en que las protestas públicas, que tienen objetivos muy concretos de demanda de mejores condiciones de trabajo o de quejas en relación con el medio ambiente, están integrándose pacíficamente en un sistema que no parece haber agotado su capacidad de reforma.

Persiste la imagen de un Japón en pleno estancamiento, tras dos «décadas perdidas», a las que se suman las consecuencias de la combinación del tsunami y del desastre nuclear de Fukushima. En junio de 2012, además, se registraba un déficit comercial, inédito en su historia. El volumen de su deuda es uno de los mayores del mundo desarrollado (220 por ciento de su PIB) y los costes de atenderlo absorben el 43 por ciento de los ingresos del gobierno, lo que le obliga a seguir endeudándose y explica que las agencias de evaluación lo hayan castigado. Pero sigue siendo un país rico (su PIB per capita es de 45 920 dólares, en comparación con el de 5414 de China) y sus posibilidades de recuperación se mantienen intactas, en especial si consigue una dirección política estable.

Más complejo resulta adivinar cuál será su papel en la lucha que se avecina por el control de los recursos naturales de su entorno marino, teniendo en cuenta que tiene pocos amigos en un área en que no se han olvidado las atrocidades cometidas por sus tropas durante la Segunda guerra mundial, aunque de momento ha comenzado a activar su capacidad militar.

Aumentan, por otra parte, los interrogantes acerca de la India, que, tras haber alcanzado un crecimiento del 10,4 por ciento en 2010, está experimentando una disminución de sus ritmos de progreso como consecuencia de diversos problemas internos, algunos muy visibles, como la falta de electricidad, a causa de la carencia del carbón necesario para hacer funcionar las plantas que la producen[26]; otros más complejos, como la insuficiencia del sistema educativo («en 2010 —afirma The Economist— la India tenía poco más de 500 000 ingenieros civiles, cuando necesitaba cerca de 4 millones»). Pero también por otras razones, como la pérdida de credibilidad de unos «partidos nacionales» corruptos, el malestar de unos obreros «que cobran menos en términos reales que hace quince años y tienen menos seguridad en el empleo», el endeudamiento interior del gobierno —manifestado, por ejemplo, en los atrasos de pago a las empresas—, y el déficit presupuestario. Más grave resulta aún el fracaso de la política de los alimentos, que ve cómo las cosechas de arroz y trigo se exportan a Arabia Saudí y a Australia, o se pudren junto a las carreteras, mientras 250 millones de indios reciben una alimentación insuficiente.

Como ha escrito Ramachandra Guha, la India está condenada a la inestabilidad por una serie de razones, entre las que destacan: las tendencias disruptivas de algunos territorios, la insurgencia naxalita, el fundamentalismo religioso, la corrupción política, los efectos de la degradación del medio ambiente y el aumento de la desigualdad económica, que dio lugar a una huelga general a fines de febrero de 2012.

Su crecimiento se ve afectado además por la falta de sintonía entre el aparato político y la realidad social, que se manifiesta tanto en su distanciamiento de una burguesía que ha protagonizado la expansión económica, como en su incapacidad para controlar una economía sumergida que se calcula que crea «la mayor parte del crecimiento económico anual de la India y hasta el 90 por ciento de todo el empleo», lo que justifica que se diga que el país tiene dos economías, y no una. Fue sobre todo la segunda de estas economías, que incluye doce millones de tiendas familiares al por menor, la que se declaró en huelga el 20 de septiembre de 2012, en protesta por el aumento del precio del carburante y por la autorización para que se establezcan en la India cadenas extranjeras de supermercados.

Los conflictos internos no son solo de carácter religioso, sino que sobreviven los de naturaleza étnica, como el enfrentamiento en Assam entre los nativos bodo, que poseen la tierra en común, y los musulmanes de habla bengalí, que la explotan a título individual; un conflicto que repercutió en el verano de 2012 en el pánico que llevó a 30 000 inmigrantes bodo a huir de Bangalore por temor a la persecución de los musulmanes. No está claro en cambio que, como se afirma con frecuencia, haya perdido fuerza la insurgencia naxalita, que se suele calificar como maoísta y que Arko Dasgupta define como «un movimiento de campesinos sin tierra» con la finalidad «de derribar el estado indio y reemplazarlo por una sociedad sin estado y sin clases a través de la revolución armada». Lo que si lo está es que la política de contrainsurgencia del gobierno, limitada a «encarcelar y matar a cuantos extremistas sea posible», al servicio de intereses económicos e incluso criminales, sin preocupación alguna por las bajas colaterales de civiles, no resuelve el problema de fondo, que no solo es el de la difícil integración de las etnias en el estado indio, sino el de la defensa de los derechos de los campesinos nativos contra la codicia de los especuladores que aspiran a apoderarse de sus tierras y de sus recursos naturales.

Las cosas se entienden un poco mejor cuando Arundhati Roy nos lleva al interior de la insurgencia naxalita y nos muestra que lo que en realidad está en juego es el despojo de las comunidades tribales a las que el nuevo estado ha arrebatado tierras y bosques, criminalizando su modo de vida tradicional. «A cambio del derecho al voto, les arrebató el derecho a la subsistencia y a la dignidad».

De lo que no suelen hablar los medios de comunicación occidentales cuando se refieren a Asia es de hechos como la matanza de trabajadores de la empresa petrolera estatal KazMunaiGaz en Kazajstán, por obra de su presidente perpetuo, Nursultan Nazarbayev, que en estos momentos es amigo de los Estados Unidos y controla un país que es una pieza esencial en el juego de ajedrez para el control del corazón de Asia. Y es que, como se sabe, un dictador con petróleo y buena conducta en el terreno de la política internacional está por encima de toda crítica.

América Latina

AMÉRICA LATINA

En medio de una crisis global, parece como si tan solo en América Latina pudiera hablarse de que las cosas evolucionan en un sentido positivo, hasta el punto de que The Economist se pudo permitir la observación de que hay «un interesante giro en el hemisferio occidental», dado que es ahora el sur el que prospera, ve como disminuye la desigualdad y mejoran las clases medias, gracias a un crecimiento que hay que atribuir a una política económica expansiva.

Otro signo de cambio lo tenemos en la independencia en el plano político que se refleja en la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y en el enfrentamiento que hizo fracasar la «Cumbre de las Américas», celebrada en Colombia en abril de 2012, como consecuencia del rechazo norteamericano a incorporar a Cuba, y de la diferente visión de norte y sur acerca de la forma en que hay que practicar la lucha contra la droga, que pretende cargar el peso de la represión a los países productores, cuando más del 90 por ciento del beneficio que produce el tráfico es blanqueado por los bancos de los países consumidores, y muy especialmente por los norteamericanos, que se calcula que reciclan cada año la mitad de los cientos de miles de millones que produce la droga. De hecho, se ha especulado acerca de la importancia que el dinero líquido de la droga tuvo para remediar la situación de los bancos en la crisis de 2008, cuando se encontraron con que muchos de sus activos financieros no eran fáciles de movilizar[27].

La triunfal reelección en octubre de 2012 de Chávez, quien, en palabras de Mark Weisbrot, ha reducido la pobreza a la mitad y ha aumentado considerablemente los beneficios de la gran masa de la población venezolana en los terrenos de la enseñanza, la salud y las pensiones, ha venido a demostrar que el giro a la izquierda sigue vigente.

No significa esto, sin embargo, que no queden viejos problemas sin resolver, que amenazan con obstaculizar estas perspectivas de progreso económico, como la dificultad de hacer compatibles el respeto a las formas de vida de la población campesina con la búsqueda de ingresos en la explotación de los recursos naturales. Lo que ha llevado a que tanto el ecuatoriano Rafael Correa, como el presidente de Perú, Ollanta Humala, hayan defraudado las esperanzas puestas inicialmente en ellos, al abandonar la defensa de los indígenas ante las compañías mineras. En el caso de Perú, con una minería explotada por una oligarquía local sin escrúpulos, que apenas aporta impuestos a las arcas del gobierno, la persistencia de los viejos abusos contra las capas populares ha llevado a Hugo Blanco a sostener que allí no se necesita un golpe como el de Paraguay, porque ya se hizo «legalmente», de modo que «hoy gobierna el ejército».

Los Estados Unidos, por otra parte, han iniciado una campaña de recuperación de su dominio informal en el corazón de una América Latina que estaba escapando de su tutela, utilizando para ello el pretexto de la lucha contra la droga, que les ha permitido establecer bases en algunos países de América Central. Este parece ser el caso de Guatemala, donde un ejército brutal y corrupto, algunos de cuyos miembros han sido acusados de colaborar con los traficantes de drogas, aprovecha su colaboración con las tropas norteamericanas para justificar actuaciones como la de matar a manifestantes indígenas. Más evidente es aún el caso de Honduras, donde los Estados Unidos amparan los crímenes de un gobierno que no ha sido reconocido por ninguno de sus vecinos. Tras su decisiva participación en el triunfo del golpe militar contra un dirigente democrático como Zelaya, los norteamericanos parecen querer repetir, con pleno consentimiento de Obama, los peores excesos de sus intervenciones ocultas del pasado, al mantener su apoyo a un régimen brutal, que ha convertido el país, donde el 68 por ciento de los campesinos están en una situación de pobreza, en un escenario de crímenes y atropellos contra los dirigentes de los sindicatos y de las asociaciones campesinas (por lo menos 43 de ellos han sido asesinados en los dos años y medio últimos por la policía, el ejército o las fuerzas privadas de seguridad de terratenientes implicados en el tráfico de cocaína). Hasta el punto de que se haya podido leer en el New York Times: «Una gran parte de la prensa de los Estados Unidos atribuye esta violencia tan solo al tráfico de drogas y a las bandas. Pero fue el golpe militar el que abrió las puertas a un gran aumento del tráfico de drogas y de la violencia, y desencadenó una ola incesante de represión patrocinada por el estado». Lo peor es que fuerzas de las bases norteamericanas, teóricamente dedicadas a la lucha contra la droga, siguen colaborando en los ataques del ejército contra las comunidades locales.

La asociación internacional «La Vía Campesina» denunciaba a comienzos de 2012: «Reunidas las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes de Centroamérica, hoy 25 de enero del 2012, expresamos ante la opinión pública nacional, regional e internacional, la situación crítica que vivimos las familias en el campo, tales como: la represión, criminalización a nuestras luchas, destrucción de cultivos, persecución judicial, el acaparamiento de tierra y la explotación de los bienes naturales mediante la implementación de los megaproyectos, como monocultivos, minería e hidroeléctricas en la región». Y exigía «al presidente Porfirio Lobo Sosa (Honduras) y Otto Pérez Molina (Guatemala) buscar una solución inmediata a los conflictos de tierra de las comunidades y no ser cómplices de los terratenientes y empresarios nacionales e internacionales, cuya única respuesta es la represión y el sicariato contra los campesinos y campesinas». El 17 de abril, proclamado por esta organización internacional como «Día global de la lucha campesina», unos 15 000 campesinos hondureños (unas 3000 familias) ocuparon unas 12 000 hectáreas, alegando que se trataba de tierras públicas usurpadas por propietarios privados.

Un indicio de lo que se avecina nos lo da en el plan del presidente de Honduras, inspirado por economistas norteamericanos, de crear, en territorios arrebatados a los indígenas, ciudades «libres» con sus propios sistemas de leyes e impuestos, al margen de las reglas del estado.

La voluntad norteamericana de recuperar terreno se ha manifestado también en Colombia, donde su más fiel peón, el expresidente Uribe, ha creado un partido de extrema derecha para oponerse a la moderación de la política de su sucesor en la presidencia de la república. Pero la advertencia más seria de que las cosas podrían volver a ser como antes se ha dado en Paraguay, con la escandalosa destitución del presidente Fernando Lugo por un golpe de estado parlamentario apoyado por los latifundistas —«los sojeros, ganaderos y latifundistas que tienen alquilados a los políticos»— y por los Estados Unidos, que tienen dos bases en Paraguay (y que entrenaron en Colombia a los miembros del Grupo Especial de Operaciones que intervino en un choque sangriento contra los campesinos que sirvió de justificación para deshacerse de Lugo). La destitución ha sido condenada por todos los países de su entorno y por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que muestra su apoyo al hombre «cuyo gobierno había generado significantes cambios populares y sociales». Los Estados Unidos, en cambio, han dado pleno apoyo a este golpe de estado reaccionario.

Uno de los problemas más graves es, sin embargo, el del narcotráfico, que ha llevado a convertir el «triángulo norte» de América Central, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, «en la que es probablemente la zona más mortífera del mundo». Una violencia que recoge algunas de las herencias de la guerra fría, como se refleja en la actuación de miembros de los viejos pelotones de la muerte guatemaltecos al servicio de los narcotraficantes mexicanos, o en la desesperación de una Guatemala que nunca se ha recuperado de la destrucción de su democracia por obra de Eisenhower, y que, impotente ante la violencia interior, ha recurrido a elegir para la presidencia a un militar, el general Otto Pérez Molina, que no solo representa el retorno de las viejas fuerzas reaccionarias dominantes, sino la amenazadora presencia del Sindicato, una «organización clandestina, concierto de militares genocidas y crimen organizado».

A lo que hay que sumar la violencia desatada en México, donde la guerra contra los cárteles, que ha causado unos 50 000 muertos durante la presidencia de Calderón, llega a desafiar al propio estado. O más bien a corromperlo, según Charles Bowden, que nos dice que la policía y el ejército pelean por su parte de los beneficios, y que la prensa calla, por miedo o por interés, de modo que no hay frontera alguna entre el gobierno y «el mundo de la droga». Una afirmación que vendría confirmada por el descubrimiento de que Noé Ramírez Mandujano, que fue el principal asesor del presidente de México en la lucha contra la droga entre 2006 y 2008, cobraba 450 000 dólares al mes de los cárteles.

No está claro qué puede aportar a esta situación el retorno del PRI (Partido Republicano Institucional), el viejo dinosaurio corrupto, triunfador en unas elecciones bajo sospecha en el verano de 2012.

¿Qué se hizo de la «Primavera árabe»?

¿QUÉ SE HIZO DE LA «PRIMAVERA ÁRABE»?

Las tierras de lo que ahora se ha dado en llamar MENA (Middle East and North Africa) han sido, y siguen siendo, el escenario de los más complejos conflictos políticos de estos años. Lo que al principio pareció una sucesión de revueltas populares democratizadoras, ha sufrido tantos cambios que resulta difícil prever su futuro. Hay un acuerdo de principio en considerar que lo que echó a las calles a quienes protestaban fue «una demanda de dignidad y el rechazo a aceptar que las dictaduras familiares locales fuesen los propietarios de sus países». Pero se equivocaron quienes, como Tahar Ben Jelloun, se apresuraron a afirmar que «esta primavera rubrica la derrota del islamismo», que habría cedido el terreno a las reivindicaciones políticas y sociales de los jóvenes revolucionarios.

La realidad ha desmentido estas previsiones: en lugar de llevar revolucionarios laicos al poder, las elecciones han visto el triunfo de los partidos islamistas en Túnez, Marruecos, Libia y Egipto. El islamismo, que cosecha ahora el prestigio que le han dado décadas de enfrentamiento a los autócratas derrocados, ha resultado ser quien dominaba el lenguaje en que el conjunto de la población estaba acostumbrada a formular su condena de los regímenes supuestamente avanzados que había estado sufriendo en Túnez y Egipto, y que sigue sufriendo en Siria, Argel, Bahrein…, aunque sea problemática su compatibilidad con la democracia, comenzando por la práctica de marginar a la mujer. Ha conseguido, en cambio, adaptarse sin ningún problema a las reglas del juego económico dominante: «Si ha de haber un lema para describir la actitud de los islamistas ante la economía, escribe Fawaz A. Gerges, debería ser: “El Islam es bueno para los negocios”».

Tras la caída del régimen corrupto de Ben Alí en Túnez, el gobierno del partido islamista Ennahda (o al-Nahda) ganó las elecciones de octubre de 2011 con un programa que pretendía hacer compatibles islam y democracia, a la vez que prometía impulsar el crecimiento económico. La realidad es que, al cabo de un año, resulta palpable que no ha habido pleno desarrollo de la democracia y que se ha fracasado por completo en el terreno de la economía, lo que explica que prosiga la revuelta de los jóvenes de las zonas rurales, desesperados por la pobreza y la falta de trabajo, y que las manifestaciones y los enfrentamientos con la policía, que han tenido su más destacado escenario en la ciudad de Siliana, parezcan revivir los momentos que condujeron al derrocamiento del viejo régimen.

En Egipto, el parlamento se constituyó el 23 de enero de 2012 con una mayoría islamista: 235 escaños, el 47,18 por ciento, para la Hermandad musulmana —Partido de la libertad y la justicia—, y 121, un 24,4 por ciento, para el partido salafista Al-Nur.

Solava Ibrahim explica el error cometido por quienes, atentos tan solo al espectáculo de la plaza Tahrir, a las publicaciones en Facebook y a otras manifestaciones de la protesta que se televisaba al mundo, pensaron que la docena de partidos laicos que competían por el poder iban a obtener mayoría de votos, ignorando la actuación a largo plazo de los islamistas, que eran quienes durante años habían mantenido los únicos centros de sanidad que podían encontrarse en las zonas más míseras, y quienes ayudaban a las familias pobres que mandaban sus hijos a la escuela. «Están más próximos a las clases humildes, y sus programas —centrados en la sanidad y la educación— son más importantes para los egipcios pobres que los cantos de libertad en la plaza Tahrir».

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF), con el general Mohammed Hussein Tantawi a su frente, que asumió el poder a la caída de Mubarak, y lo conservó con los mismos métodos violentos de la época dictatorial (con más de cien muertos en la represión de manifestaciones y protestas), no se resignó a ceder la autoridad al parlamento salido de las elecciones, sino que anunció su propósito de seguir hasta que en junio de 2012 se aprobase la constitución y se eligiese un presidente, lo que estaba encaminado a permitirle controlar la redacción del texto constitucional.

Una de las cuestiones que explicaban la actitud de los militares era su voluntad de conservar el inmenso poder económico de que disfrutaban, gracias al control de un gran número de empresas, que se estima que representaban entre el 10 y el 40 por ciento de la economía nacional (aceite de oliva, fertilizantes, televisiones, tabaco, agua mineral, pan, ropa interior, etc.), aunque es imposible cuantificarlo, puesto que una parte de su presupuesto se mantenía en secreto.

Los gestos de pacificación iniciados —la derogación de la ley de estado de emergencia y la liberación de 1959 prisioneros condenados por los tribunales militares desde el comienzo de la revolución— no fueron suficientes, como lo demostraron los cientos de miles de manifestantes que se echaron a la calle al cumplirse el primer aniversario de la revolución.

La mayor frustración se produjo, sin embargo, cuando la primera vuelta de las elecciones presidenciales, a fines de mayo, dio como candidatos más votados, los únicos que iban a pasar a la ronda final, al representante de la Hermandad musulmana y a un alto dignatario del régimen de Mubarak, el antiguo primer ministro Ahmed Shafiq. La revolución parecía finalmente liquidada, al quedar marginadas las fuerzas urbanas que aspiraban a una mayor transformación social y cultural.

Lo peor iba a venir después. La secuencia comenzó pocos días antes de la elección, cuando el Tribunal constitucional anuló las elecciones legislativas y disolvió el parlamento, y el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas asumió facultades legislativas y presupuestarias. Las votaciones que debían escoger entre Ahmed Shafiq, el candidato preferido por los militares, y Mohamed Morsi, el de la Hermandad musulmana, se celebraron el 16 y 17 de junio, pero pocos minutos antes de que concluyeran los militares anunciaron nuevas disposiciones constitucionales que limitaban el poder del jefe del estado y ratificaban la conservación de sus poderes. Habían decidido, además, que las elecciones legislativas que debían escoger a los encargados de redactar la constitución se celebrarían con nuevas reglas y bajo la estrecha supervisión de las fuerzas armadas.

Cuando el 30 de junio Mohamed Morsi era proclamado presidente, las dudas acerca de cuál iba a ser el poder real de que disfrutase, y sobre el porvenir de la democracia en Egipto, eran más que justificadas. Como lo vino a demostrar, a comienzos de agosto, el nombramiento del primer gobierno en que el general Tantawi, ministro de Defensa de Mubarak desde 1992, conservaba esta misma cartera y colocaba a otro militar al frente del ministerio del Interior. Parecía que lo que iba a reemplazar a la vieja dictadura sería más de lo mismo, con los militares desempeñando junto a un gobierno islamista conservador el mismo papel que con Mubarak.

Comenzó entonces el enfrentamiento entre el presidente Morsi y el general Tantawi, que llegó a su punto culminante el 11 de agosto, cuando, aprovechando el conflicto producido en el Sinaí por un ataque islamista, Morsi destituyó a Tantawi y al jefe del Estado mayor, general Sami Hafez Enan, y anuló la «declaración constitucional» que los militares habían impuesto a fines de junio, desafiando con ello al Tribunal constitucional, a la vez que asumía personalmente amplios poderes legislativos y ejecutivos, que podían darle un papel decisivo en la redacción del texto de la constitución.

¿Qué había ocurrido? Tantawi, que quería ante todo frenar el acceso de los islamistas al poder, había elegido a Morsi como su candidato a la presidencia porque pensaba que podría controlarlo. Cuando vio las dificultades que planteaba, organizó un golpe militar para derribarlo, que debía producirse el 24 de agosto. Pero la hermandad musulmana se había infiltrado en el propio ejército, y algunos de sus miembros ayudaron a Morsi a anticiparse a Tantawi. Los militares renunciaban con ello a seguir dirigiendo la política, como habían hecho desde el derrocamiento de Mubarak, a cambio de conservar su presupuesto por separado y su imperio económico.

Pronto se pudo ver que la democratización no iba a avanzar con Morsi (en sus cien primeros días se contabilizaron 247 casos de brutalidad policíaca, con 88 denuncias por tortura y 34 muertos), mientras que, por otra parte, el nuevo presidente se estaba acomodando a desempeñar en la política internacional el papel que Egipto había mantenido desde el giro proamericano de Sadat, lo que le garantizaba el apoyo económico de los Estados Unidos.

A fines de noviembre de 2012 Morsi dio un nuevo golpe de fuerza: asumió poderes especiales mientras una comisión dominada por los islamistas terminaba a toda prisa la redacción del borrador de una constitución que sería sometida a referéndum a mediados de diciembre. Las nuevas manifestaciones de protesta en la plaza Tahrir no sirvieron para nada: el ciclo de la democratización había concluido. En Egipto, como en Túnez o en Libia, la primavera árabe de la democracia ha acabado en el invierno del islamismo.

No se debe olvidar, sin embargo, que Egipto se enfrenta a graves problemas económicos: a la amenaza de revueltas por la escasez y carestía de las subsistencias, y a dificultades a más largo plazo, como las que causará la disminución del caudal de agua del Nilo que llega a su territorio, que comienza a resultar insuficiente para sus necesidades, y que está amenazado además por los grandes proyectos hidráulicos de Etiopía, un país al que no se tuvo en cuenta en el pasado al establecer los pactos sobre la utilización del caudal del río.

Muy distinto ha sido el caso de Bahrein, donde la monarquía sunita se salvó inicialmente de la revuelta de la población chií mayoritaria gracias al apoyo armado de Arabia Saudí y a la tolerancia de los Estados Unidos, que tienen allí la base de su quinta flota. El Informe de la Comisión Independiente de Investigación (BICI), presentado el 23 de noviembre de 2011 al rey Hamad bin Isa al Jalifa, en que se denunciaban las brutalidades de la represión, ha servido para introducir algunas reformas en los sistemas de seguridad, pero no para frenar sus atropellos (la policía sigue atacando con gases tóxicos los barrios de población chií), ni, menos aún, para iniciar algún cambio en una situación que tiene en sus orígenes las graves desigualdades socioeconómicas (un paro del 38 por ciento para la población joven), que el gobierno no ha hecho nada por corregir en cuatro décadas de independencia, mientras se empeña en mantener gastos suntuarios como los de la competición automovilística internacional, que se celebró en 2012 en medio de protestas populares. En este caso, no solo no ha habido ninguna presión del aliado norteamericano para apoyar la democratización, sino que Washington no ha dudado en vender armas a un gobierno despótico para ayudarle a mantenerse en el poder, indiferente ante la continuidad de las protestas populares, que no han cesado en ningún momento, y ante la brutalidad de la represión oficial.

Caso parecido al de la «revolución ignorada» de Yemen, donde la opinión internacional se ha mantenido indiferente a un problema que no es seguro que quede resuelto con la renuncia del presidente al-Saleh, como lo demuestran las resistencias que ha encontrado el nuevo presidente, Abdu Rabbu Mansur Hadi, al intentar destituir, o reasignar a nuevos cargos, a funcionarios fieles al viejo dictador, y los combates en el sur, donde los militantes de Ansar al-Sharia ocuparon un campamento militar y se apoderaron de tanques y de armamento diverso. Pero es que ambos casos, el de Bahrein y el de Yemen, afectan a la seguridad de la Arabia Saudí, amenazada por los rebeldes chiíes, una cuestión en que los Estados Unidos han cometido ya demasiados errores. El Yemen se ha convertido en la actualidad en un campo de experimentación para el nuevo estilo de guerra norteamericano, con la intervención de tropas especiales que realizan «operaciones encubiertas», a la vez que entrenan a los nativos, y los aviones no tripulados (drones) asesinan a los posibles miembros de al-Qaeda.

La intervención de la OTAN en Libia, camuflada a la sombra de los movimientos de Túnez y de Egipto, no ha convencido a los países del África negra, que la han interpretado como una «guerra neocolonial», motivada por el petróleo, y ha recibido severas críticas del Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas[28]. El caos en que ha acabado la victoria de los enemigos de Gaddafi, incluido su asesinato, es una nueva muestra de la misma incompetencia —y del mismo desinterés por la suerte real de las víctimas del conflicto— que ha destruido las sociedades de Irak y Afganistán y que está acabando de destruir la de Siria. La realidad es que a un año de la muerte de Gaddafi la situación ha podido describirse como la de un país sin gobierno, donde el Parlamento ha sido asaltado por los ciudadanos, con unas milicias que siguen siendo la única fuerza de policía del país y que no están dispuestas a abandonar las armas, sino que buscan nuevas formas de financiación —como los servicios de protección, necesarios en un país que carece de fuerzas de seguridad estatales— y aspiran a convertirse en «partidos» que mantengan su poder local tras unas elecciones que se han celebrado a la sombra de sus armas, y en medio de la confusión general.

Las elecciones de 7 de julio de 2012 dieron paso a un primer momento de esperanza, al producirse la victoria de un partido, la «Alianza de Fuerzas Nacionales», que se interpretaba como liberal moderado, rompiendo los sucesivos triunfos del islamismo en Egipto y en Túnez. La realidad es mucho más compleja, puesto que la Alianza es una coalición de unas cincuenta entidades políticas y de 240 ONG, y queda por ver cuál será la conducta de sus diputados ante problemas como la necesidad de desarmar las patrullas que siguen vagando por el territorio, además de mantener el control en el sur, donde bereberes, africanos negros y tribus árabes pugnan por asegurarse el territorio, y de contener la voluntad secesionista de la región oriental, en torno a Bengasi.

Fue precisamente en esta ciudad donde perdió la vida, el 11 de septiembre de 2012, en el aniversario del ataque terrorista de 2001, el embajador Christopher Stevens, «uno de los diplomáticos más respetados» y un entendido en las realidades del mundo islámico, en el transcurso del ataque a un consulado de los Estados Unidos, del que se ha dicho que no era más que la cobertura de una base secreta de la CIA. La operación, en torno a la cual sigue existiendo una extraordinaria confusión, ha servido, sin embargo, para demostrar la debilidad de los medios de respuesta del proyecto de intervención que se está creando en torno a Africom, el comando central organizado en 2007 por Bush para respaldar la actuación de los Estados Unidos en África.

Donde no hay posibilidad de primavera alguna es en Palestina, que ha sufrido un nuevo y brutal ataque israelí a Gaza, y que, tras su reconocimiento por la Asamblea General de las Naciones Unidas como «estado observador no miembro de la ONU», el 29 de noviembre de 2012, ha sido objeto de una serie de medidas de represalia con las que Israel ha desafiado de nuevo a la opinión internacional.

3. Las perspectivas de la paz y de la guerra

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LAS PERSPECTIVAS DE LA PAZ Y DE LA GUERRA

Los viejos conflictos: las guerras de religión

LOS VIEJOS CONFLICTOS: LAS GUERRAS DE RELIGIÓN

Desde que comenzaron su intervención en Afganistán en 1979, apoyando irresponsablemente a grupos islamistas radicales, cuya victoria alentó la expansión del terrorismo, los Estados Unidos han estado colaborando en Asia en una sangrienta guerra global de religión, que en una primera fase tenía como objeto instalar una sociedad islámica integrista, combatiendo todas las propuestas de modernización[29], y cuya segunda, vigente en la actualidad, se caracteriza sobre todo por la persecución de los chiíes, en un movimiento inspirado y dirigido por Arabia Saudí y por las monarquías suníes del Golfo. Los norteamericanos cometieron inicialmente errores como el de derrocar a un gobierno suní en Irak y dar el poder a una mayoría chií, y pasaron después a actuar contra el Irán chií y su principal aliado, Siria, en colaboración con la autocracia de Arabia Saudí, que lo que teme, aleccionada por lo sucedido en Bahrein, es que el contagio revolucionario prenda en las masas de población chií que viven dentro de sus fronteras.

Lo más lamentable es que estas intervenciones desestabilizadoras, realizadas sin ninguna previsión global de futuro, han acabado creando una situación de inestabilidad, como lo demuestran la persistencia del terrorismo político-religioso en Irak y Afganistán, o la brutal represión de las revueltas chiíes en Bahrein. Hasta llegar a la insensatez que significa la guerra civil de Siria, que anuncia un futuro de conflicto global en la región. Tal cúmulo de errores en una política que ha tenido como dos constantes el apoyo a gobiernos dictatoriales, considerados como más sólidos y fiables que los democráticos, y a la opresión del pueblo palestino por Israel, acabará, sostiene Pankaj Mishra, en una «inevitable retirada» norteamericana del escenario del Oriente próximo.

Por otra parte, las intervenciones de los Estados Unidos han provocado una reacción general de «antiamericanismo» que tiende a reforzar el extremismo islámico, con su secuela de aumento del terrorismo, como única respuesta posible a la dificultad de hacer de otro modo la guerra santa, ante la superioridad militar de los «cruzados», que siguen interfiriendo irracionalmente en unas sociedades que ni siquiera entienden, con provocaciones estúpidas como la del escándalo de «Innocence of Muslims», la supuesta película sobre Mahoma que provocó asaltos de embajadas y muertes en todo el mundo islámico. Unos hechos que muestran que la «guerra contra el terror» se ha ido convirtiendo en los Estados Unidos en una guerra «judeocristiana» contra el islam.

Irak

IRAK

Los últimos soldados norteamericanos abandonaron Irak en diciembre de 2011. Un estudio del Watson Institute for International Studies de la Universidad de Brown, fechado en junio de 2011, hacía las siguientes estimaciones de los costes de la guerra, partiendo de opciones moderadas: 236 000 muertos como consecuencia inmediata de la guerra, tal vez un millón de muertes causadas indirectamente por ella, 7 800 000 desplazados y unos 4 billones de dólares de coste económico (incluyendo miles de millones «para la reconstrucción del país», que no han servido más que para enriquecer a contratistas corruptos).

Por lo que se refiere a los daños infligidos a los iraquíes hay que añadir a estas cifras datos tan diversos como los nacimientos defectuosos causados en la región de Fallujah y en Basora por los efectos de los proyectiles de uranio empobrecido, y la silenciada herencia de los desechos militares, de los que ha dicho Robert C. Koehler: «Son nuestro legado en Afganistán, en Irak… en todos los lugares en que empleamos a nuestros militares para perseguir nuestros intereses geopolíticos. Dejad a un lado la propaganda, la política y la búsqueda de ventajas estratégicas, y a lo que la política de Norteamérica y de la OTAN se reduce es a desperdicios quemados, enterrados, escondidos y abandonados, algunos de ellos radiactivos, la mayor parte tóxicos».

Tampoco se puede olvidar en Irak la destrucción de las universidades, que fueron abandonadas y saqueadas, mientras un tercio de su profesorado marchaba al exilio. «Este extraordinario acto de destrucción institucional —escribe Hug Gusterson— fue en gran medida realizado por dirigentes norteamericanos que nos decían que la invasión de Irak traería al país modernidad y desarrollo».

Lo que era, en tiempos de Saddam Hussein, un estado laico, con un gobierno de predominio suní, se ha convertido en un estado con un gobierno chií, sometido a la influencia de Teherán, que administra un país donde las tensiones étnicas y sectarias siguen, y el terrorismo se ha convertido en un mal endémico. Y ni siquiera se puede decir que haya quedado en Bagdad un gobierno pasablemente democrático. Dejando a un lado que se lo considera como uno de los más corrompidos del mundo, Human Rights Watch denunciaba el 22 de enero de 2012 que en Irak había, con pleno conocimiento del gobierno, prisiones secretas en que se torturaba a los detenidos. Sin contar las desapariciones, las ejecuciones por condenas establecidas sin ninguna garantía, y los abusos y brutalidades de todo género (entre los amenazados de muerte figuran los suníes que colaboraron con el ejército de los Estados Unidos, abandonados ahora a su suerte).

A los norteamericanos les queda además la frustración de haber abandonado sus sueños de mantener una especie de protectorado. Los iraquíes no han aceptado concederles la conservación de ninguna de las 505 bases que llegaron a construir, alguna de ellas con un aeropuerto propio, y se han negado a que queden de diez a veinte mil soldados norteamericanos para entrenamiento y ayuda, porque no admiten la exigencia de que gocen de inmunidad ante la legislación local.

Un símbolo de esta frustración es la inmensa mole de la embajada norteamericana en Bagdad. Un enorme edificio, construido a un coste de 750 millones de dólares, destinado a ser, con sus 16 000 empleados, el centro de la red de bases que se quería mantener en Irak, donde se pensaba que las tropas norteamericanas iban a residir durante décadas.

Que la guerra no haya llegado a su fin lo demuestra la continuidad de los atentados, atribuidos a al-Qaeda, pero inequívocamente dirigidos contra el gobierno chií y apoyados por los suníes. En un solo día, el 23 de julio de 2012, una serie de cuarenta ataques coordinados en distintas ciudades iraquíes vinieron a confirmar que el país sigue inmerso en una violencia civil que no tiene perspectivas de acabar.

El problema no es solo la inestabilidad política, sino que la situación económica es catastrófica. El suministro de electricidad alcanza un promedio de cinco horas al día, y los dos grandes ríos, en los que Turquía ha construido grandes presas aguas arriba, se están agotando. La explotación del petróleo está sometida a un sistema de descontrol y corrupción. No se llegó a aprobar la «ley del petróleo» que los norteamericanos querían imponer, porque el parlamento la rechazó, como consecuencia de la oposición de los sindicatos, de modo que los contratos que el gobierno ha firmado con las petroleras a partir de 2009 carecen de base legal (mientras los kurdos explotan el del norte sin someterse a control alguno).

Afganistán

AFGANISTÁN

En Afganistán se van acumulando las pruebas del fracaso, comenzando por la incertidumbre que causa la poca fiabilidad del ejército nacional afgano, que se supone que ha de asumir las responsabilidades de la guerra cuando las fuerzas de la OTAN se retiren, a fines de 2014. Con una dotación actual de 195 000 hombres, los ritmos de deserción de los afganos son tan elevados que hay que reemplazar cada año un tercio de sus fuerzas. Algo que hay que poner en relación con la frecuencia (39 veces en los siete primeros meses de 2012) de los actos en que soldados, policías o guardas de seguridad entrenados por los norteamericanos y por sus aliados de la OTAN han vuelto sus armas contra los mismos que se supone que estaban allí para liberarles y contribuir a su progreso[30], lo cual ha determinado que se ponga fin al programa de entrenamiento de nuevos reclutas.

Han fracasado los intentos de neutralizar las campañas de ataque con artefactos explosivos improvisados (IED: Improvised Explosive Devices), que han causado el 63 por ciento de las bajas sufridas por los Estados Unidos en 2011, a la vez que ha aumentado la capacidad de ataque de los talibanes, que a mediados de septiembre de 2012 asaltaron Camp Bastion, una base fortificada de la OTAN en el sur, y consiguieron destruir, o dañar gravemente, ocho aviones de combate, en un golpe sin precedentes en 11 años de guerra.

Como fracaso hay que considerar también la realidad de una sociedad en que no se ha erradicado la miseria, donde los suministros circulan difícilmente por rutas dominadas por los talibanes (a los que hay que pagar para que permitan el paso), o donde 28 niños murieron de frío en el invierno de 2012 en los campamentos de refugiados cercanos a Kabul. Sin olvidar cuestiones de las que resulta incómodo hablar, como el aumento de la producción de opio o la creciente drogadicción de los soldados norteamericanos, que están experimentando hoy el mismo proceso destructor que afectó a los soviéticos en su tiempo: una situación que ha llevado a que en los cinco primeros meses de 2012 el número de soldados norteamericanos que se suicidaron (154), superase al de los que murieron en combate.

Desde el punto de vista militar la llamada «guerra de Obama» (a un coste de unos 120 000 millones de dólares al año), que se caracterizó por aumentar el contingente norteamericano con 60 000 combatientes más, con lo que las tropas combinadas de la ISAF (International Security Assistance Force) llegaron a 130 000, podía darse por fracasada a comienzos de 2012. Uno de sus objetivos era el de forzar a los talibanes a negociar, con el fin de llegar a un acuerdo que permitiese retirar las tropas con dignidad. Pero aunque comenzaron a celebrarse conversaciones en la oficina que los talibanes instalaron en Qatar, pronto se pudo ver que era difícil que se pudiese llegar a una negociación seria y, en la misma medida en que parecía estar cambiando el balance de la guerra a favor de los talibanes, las esperanzas de negociar se fueron desvaneciendo.

El agravamiento de las tensiones con motivo de haberse descubierto la quema de ejemplares del Corán por las tropas americanas, seguido por la indignación que produjo el asesinato por el sargento Robert Bales de 16 civiles afganos en un suburbio rural de Kandahar (mujeres y niños asesinados a sangre fría, mientras dormían), «prendió fuego a una mezcla volátil de hostilidad creada como consecuencia de los años de ofensas constantes, como consecuencia de una ocupación a largo plazo». «Ofensas» que se concretan en una sucesión de actos que los afganos consideran, legítimamente, como crímenes de guerra, por los que ninguno de los responsables ha sido nunca adecuadamente castigado, debido a que, en opinión del secretario de Defensa norteamericano, Leon Panetta, «son cosas que ocurren en cualquier guerra», a lo que Seth Jones, que fue miembro del Comando de fuerzas especiales del Pentágono, añadió que «los afganos están acostumbrados a que los maten». De ahí que los talibanes anunciasen que rompían las negociaciones que mantenían con los Estados Unidos, lo que desembocó, el 15 de abril de 2012, en el inicio de la ofensiva de primavera, con siete ataques simultáneos, tres de ellos en Kabul.

El desánimo cundía también en los Estados Unidos, como lo demostró la acogida que se dio a la denuncia efectuada por el teniente coronel Daniel Davis, un veterano con 17 años de servicio, en un artículo publicado en Armed Forces Journal, donde revelaba el falseamiento sistemático de las noticias que los altos mandos militares daban sobre la evolución de la guerra en Afganistán, y preguntaba: «¿Cuántos hombres más deben morir en apoyo de una misión que está fracasando, tras una secuencia de más de siete años de afirmaciones optimistas por parte de los altos mandos norteamericanos en Afganistán? Nadie espera que nuestros dirigentes obtengan siempre éxitos y triunfos. Pero esperamos, porque lo merecen los hombres que luchan y mueren, que nuestros jefes nos digan, por lo menos, la verdad acerca de lo que está ocurriendo».

Todo parecía indicar que lo que se estaba preparando, abandonadas tanto la esperanza de una victoria militar sobre los talibanes como la de una paz con ellos, era una nueva estrategia, a modo de una segunda versión del abandono de Vietnam, aunque no se podía pensar en este caso en una retirada total, por la importancia que tiene Afganistán, situado entre un Irán que se ha convertido en uno de los grandes enemigos «de occidente», y un Pakistán que, según dice Simon Long, «está en riesgo de un desastre total», con un gobierno civil inestable, que es, en palabras de Tariq Alí, «el más corrupto de toda la historia de Pakistán», y que ha abandonado el poder efectivo en manos del ejército, al que se acusa de mantener relaciones ocultas con grupos terroristas de su propio país y de Afganistán.

Una de las incógnitas del futuro inmediato es la de saber qué sucederá en Pakistán cuando marchen de Afganistán los 130 000 combatientes de la ISAF y el ejército pakistaní haya de hacer frente a los rebeldes islamistas a los que hasta ahora ha protegido. Con el problema adicional que representa la previsible disminución de la financiación norteamericana, en momentos de tensas relaciones (el secretario de Defensa norteamericano, Leon Panetta, manifestó en junio de 2012 que «estaban llegando al límite de su paciencia»), y con la amenaza a medio plazo que representa el giro de Washington hacia una alianza con la India, por sus intereses compartidos en el sudeste asiático y en el mar del sur de China. Un giro destinado a conseguir que la India preste apoyo al gobierno de Kabul una vez retiradas del país las tropas de la OTAN, dada la nula confianza que se tiene en la actitud de Pakistán en estas circunstancias.

El primero de mayo de 2012 Barack Obama realizó un viaje sorpresa a Kabul, firmó con Karzai un acuerdo para retirar las tropas a fines de 2014, dejando un pequeño contingente de fuerzas especiales para mantener una actividad antiterrorista hasta 2024, en bases cedidas por los afganos. Unas actividades, dice Gareth Porter, que permitirán a las fuerzas especiales «continuar con los ataques nocturnos unilaterales que son universalmente aborrecidos en las regiones pashtun de Afganistán».

La guerra civil en Siria

LA GUERRA CIVIL EN SIRIA

La situación más compleja es, sin embargo, la que se da en Siria, donde lo que comenzó de modo semejante a los movimientos de la «primavera árabe», con la actividad de una oposición democrática que realizaba manifestaciones y protestas para forzar a un régimen dictatorial a negociar una transición, se ha transformado en una sangrienta guerra santa suní contra los chiíes, con la participación de combatientes chechenos, pakistaníes, libios y saudíes, y de veteranos de las guerras de Bosnia, Irak y Afganistán.

No hay duda de que el régimen de Bashar al-Assad es dictatorial y que ha respondido a las revueltas con brutalidad, utilizando armamento pesado y aviones de bombardeo contra los habitantes de sus propias ciudades, en un conflicto que ha causado ya unos 40 000 muertos. Pero resulta evidente que la realidad del conflicto ha sido sistemáticamente deformada por los medios de comunicación «occidentales». Como ha escrito Robert Fisk, un buen conocedor de este escenario de crímenes colectivos incitados por intereses foráneos: «¿Se habrá visto en Oriente Medio una guerra en la que impere semejante hipocresía? ¿Una guerra de tal cobardía, moralidad malvada, con tan falsa retórica y vergüenza pública?».

El movimiento democrático inicial no interesó en sus inicios a Washington, para quien el único objetivo importante era la destrucción del régimen, lo que figuraba ya en el programa «neocon» desde el año 2002, cuando John Bolton, subsecretario de Estado de George W. Bush, presentó un plan para acabar simultáneamente con los gobiernos de Libia y de Siria, a los que incluía, junto a Cuba, en «el eje del mal». En 2003 se dio a los marines enviados a Irak mapas que incluían Siria entre sus objetivos; de hecho, el propio Bolton declaró en 2011 que había sido un error no haber derribado el gobierno sirio después de haber acabado con el de Saddam Hussein.

Se intentó inicialmente reproducir la experiencia de Libia, incluyendo el lamentable papel de la Liga Árabe, «una organización moribunda a la que se le da vida cuando occidente precisa de ella», en palabras de Tariq Alí. El fracaso en conseguir la condena en la ONU que hubiera legitimado la intervención militar, ante la negativa de China y de Rusia (cuya mayor preocupación es la de ver aparecer un nuevo foco de integrismo islámico, que potencie los del Cáucaso), impidió inicialmente seguir las mismas etapas, y llevó a potenciar la ayuda a un llamado «Ejército Libre Sirio» que no pasa de ser una suma de grupos locales y de bandas criminales, a los que se han ido sumando jihadistas venidos de otros países.

Impacientes ante la lentitud con que evolucionaba una situación que no estaba respondiendo a las previsiones de un rápido desmoronamiento del gobierno, la alianza integrada por los Estados Unidos, las autocracias de Arabia Saudí y de Qatar, y el nuevo imperialismo otomano, acordó, para decirlo con las palabras de The Washington Post, «proporcionar millones para pagar a los combatientes de la oposición siria».

Resulta difícil imaginar que Arabia Saudí y Qatar se hayan implicado en este conflicto para apoyar la democracia, algo que no toleran en su propio territorio, y que los saudíes han contribuido a aplastar en Bahrein. Como ha escrito Seumas Milne en The Guardian, «el apoyo a los rebeldes por parte de los regímenes del Golfo y de occidente no está trayendo libertad a los sirios, sino escalando el conflicto sectario y la guerra». En palabras de un conocedor tan respetado de la región como es Georges Corm: «en Siria, tras de cada kalashnikov hay una potencia extranjera».

Esta ha pasado a ser una guerra en que «los vecinos se disparan entre sí», que enfrenta a la población suní mayoritaria (un 75 por ciento) contra los alauíes (un 12 por ciento) —una rama del chiísmo a la que pertenecen, además del jefe del estado, los grupos dominantes en el ejército y en la administración—, pero también contra los cristianos y contra los kurdos, que se han mantenido hasta ahora al margen de la lucha y se están organizando en Irak para intervenir, una vez derrotado Assad, con el fin de asegurarse una zona autónoma.

Un enfrentamiento que se ha complicado con una secuencia de luchas «entre tribus, sectas y vecindades», hasta convertirse en «un horrible ciclo de asesinatos y represalias, torturas y ejecuciones sumarias», en una escalada sin retorno posible, que es seguro que ha destruido ya el frágil equilibrio interno del país, con el agravante de que el conflicto se está extendiendo al Líbano, donde, tras el atentado que el 19 de octubre causó la muerte de un importante funcionario suní, enemigo de Assad, puede volver a enconarse el enfrentamiento entre chiíes y suníes. Y tendrá sin duda repercusiones en Jordania, en Irak (donde los chiíes, que controlan el gobierno, parecen estar tolerando que los iraníes envíen armas a Siria a través de su espacio aéreo), e incluso en una Turquía incapaz de resolver su propio problema con los kurdos, que se ha agudizado al calor de la revuelta siria. Sin olvidar la relación con Irán, o el hecho de que Israel esté aprovechando la situación para ir extendiendo su dominio sobre territorios sirios próximos a los Altos del Golán.

Mientras el Consejo Nacional Sirio, formado por los opositores en el exilio, cumplía con la función de dar comunicados a la prensa internacional, el Ejército Libre Sirio (ELS), que como afirma The Economist, «es más una marca que una organización», actuaba sin conexión alguna con el Consejo, transformando lo que en un principio se presentaba como una lucha contra el régimen, en una actuación brutal que sirve incluso de cobertura para grupos que se dedican al secuestro y al saqueo. Los rebeldes, sostiene Anne Barnard, «están perdiendo el apoyo de un público cada vez más disgustado por las acciones de algunos, incluyendo misiones mal planeadas, una destrucción insensata, una conducta criminal y el asesinato a sangre fría de los prisioneros».

Ante el fracaso del Consejo, se creó a fines de octubre de 2012 una Coalición Nacional más representativa, que obtuvo un rápido reconocimiento de los gobiernos que apoyan a los rebeldes, pero que no es seguro que sea aceptada por la diversidad de las fuerzas que combaten en el interior. Los Estados Unidos, por su parte, vacilan en armar a los rebeldes. «Muchos tienen objetivos oscuros y otros son extremistas», y hay un riesgo de que las armas que reciban puedan ir a parar a otros países, afirmaba el New York Times en un editorial en que proponía una «actitud moderada» para resolver la crisis siria. Sin olvidar que Assad puede, en un momento final de desesperación, usar sus misiles para un ataque químico y bacteriológico, cuya primera víctima sería previsiblemente Turquía. O tal vez Israel.

Un proyecto de guerra para el futuro: Irán

UN PROYECTO DE GUERRA PARA EL FUTURO: IRÁN

Tras la amenaza a Siria estaba, en realidad, el objetivo principal, que es Irán: «el camino de Teherán pasa por Damasco», ha dicho Uwe-Jürgen Ness. Lo que los Estados Unidos, sus aliados árabes suníes y Turquía intentaban era «debilitar la República Islámica, derrocando al gobierno de Assad en Siria», y reemplazándolo por otro de predominio suní.

Para frenar los progresos iraníes en su programa nuclear, los Estados Unidos e Israel emprendieron una «ciberguerra» secreta, conocida como «Olympic Games», que empleaba un virus, Stuxnet, capaz de interferir en el funcionamiento de las centrifugadoras empleadas para el enriquecimiento de uranio, y de destruirlas en la práctica. Kennette Benedict señalaba, en el Bulletin of the Atomic Scientists, la paradoja de que, después de tantos avisos acerca del peligro de que un ciberataque a través de internet pudiera dañar las infraestructuras norteamericanas, «son los Estados Unidos quienes han desarrollado un software maligno en secreto y lo han utilizado contra otro país».

Hasta ahora, sin embargo, mientras el antiguo secretario de Defensa Robert Gates sostiene que una guerra con Irán «sería una catástrofe», la reacción norteamericana parece limitarse a mantener públicamente una retórica agresiva, a la aplicación de sanciones económicas, a situar dos portaaviones en el Golfo y una fuerza de 15 000 hombres en Kuwait (reforzados con más unidades navales y aviones en el verano de 2012) y a entrenar y financiar a los miembros del Muhajideen-e-Khalq (MEK), un grupo al que inscribieron en la lista de los terroristas internacionales en 1997, entre otras razones por el asesinato de seis ciudadanos estadounidenses en los años setenta, pero al que vienen entrenando desde 2005 en Nevada. Pocos parecen tomar en cuenta la irracionalidad de considerar que un arma nuclear iraní, cuya finalidad esencial sería la de defender al régimen de un ataque exterior, deba tomarse como una amenaza mundial. Como ha dicho Ahmadinejad, «¿Quién sería tan insensato como para combatir contra 5000 bombas norteamericanas con una sola bomba?»[31].

Las nuevas guerras del siglo XXI

LAS NUEVAS GUERRAS DEL SIGLO XXI

Hillary Clinton definió las grandes líneas del programa de política exterior norteamericana en noviembre de 2011, en un artículo con el título de «El siglo norteamericano del Pacífico», donde afirmaba que «el futuro de la política se decidirá en Asia oriental, no en Afganistán ni en Irak, y que los Estados Unidos estarán en el centro mismo de la acción». Esto significaba abandonar la retórica de la «guerra contra el terror» y poner en primer plano, sin tapujos, lo que siempre ha sido el móvil fundamental de la política exterior norteamericana: la búsqueda de la superioridad política y militar como condicionante de la supremacía económica.

La secretaria de Estado rechazaba los planteamientos de quienes pensaban que había llegado el momento del repliegue político, y sostenía, por el contrario, que «abrir nuevos mercados para los negocios norteamericanos» y «mantener abiertas las rutas del mar para el comercio y la navegación» eran tareas urgentes. Si el futuro del crecimiento económico estaba en Asia, «controlar el crecimiento y dinamismo de Asia es fundamental para los intereses económicos y estratégicos de los Estados Unidos». Se necesitaba, por una parte, garantizar que sus mercados se mantuvieran abiertos con el fin de proporcionar a los Estados Unidos «oportunidades sin precedentes para la inversión, el comercio y el acceso a tecnologías de punta». Y, por otra, «mantener la paz y la seguridad en el área de Asia-Pacífico», apuntando a un objetivo prioritario como es el de «defender la libertad de navegación en el mar del Sur de China», la vía por la que circula casi la mitad del comercio mundial. Lo cual no deja de ser una pretensión singular, viniendo de un país como los Estados Unidos, que se ha negado hasta hoy a sumarse a la «Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar», firmada en Jamaica en 1982 y ratificada por 162 estados y por la Unión Europea.

Hillary Clinton hizo en julio de 2012 un viaje por los países del sudeste asiático que culminó en una reunión de la ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) en Phnom Penh, Cambodia, en que trataba de fijar una posición unitaria para exigir a China que negociase globalmente con ellos, como un bloque, los problemas sobre el mar del Sur de China, contra la pretensión del gobierno de Beijing de tratar con cada país individualmente. El intento de la secretaria de Estado fracasó, ante las discrepancias entre los 10 países asiáticos reunidos, que no solo no fueron capaces de definir la forma de presionar a China, sino que ni siquiera se pusieron de acuerdo respecto del lenguaje que había que usar para redactar un comunicado final.

Al cabo de una semana China patrocinaba la elección de 47 representantes para gobernar a los 1100 habitantes de tres grupos de islas que le son disputadas por Vietnam[32], y los enviaba de regreso a su tierra natal, en compañía de una guarnición militar, al tiempo que anunciaba la creación de un sistema de patrullas navales encargadas de mantener su «soberanía marítima». Problemas parecidos pueden surgir con la reivindicación de la soberanía china en una serie de islas «ocupadas ilegalmente», por Vietnam, Filipinas o Malasia. Mientras que, en el mar del Este de China, la actuación de Japón, al «comprar» la propiedad de unas rocas, que los japoneses llaman Senkaku y los chinos Diaoyu, provocó una oleada de protestas en territorio chino y llevó a The Economist a dedicar al tema la portada de su número de 22 de septiembre, donde se daba a entender que China y Japón podían ir a la guerra por estos islotes. A todo lo cual hay que añadir que también Taiwan reivindica la soberanía de las Diaoyu, en lo que resulta ser el primer conflicto que enfrenta entre sí a dos aliados de los Estados Unidos en esta zona.

Esta política del Pacífico tiene una dimensión económica, en relación con la negociación del acuerdo conocido como Trans-Pacific Partnership (TPP). Un acuerdo en que hasta ahora participan Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y los Estados Unidos, con la esperanza de que se unan en el futuro Canadá, México y, sobre todo, Japón, en cuyo caso, afirma Bernard K. Gordon, «consolidaría en las próximas décadas el compromiso político, financiero y militar de Washington en el área del Pacífico»; pero que, en opinión de Dean Baker, «tiene poco que ver con el comercio, dado que las barreras arancelarias entre estos países son ya muy bajas».

Por el momento, el secretismo con que se negocia el TPP, a cuyo borrador se ha negado acceso incluso a altos miembros del Congreso, ha producido inquietud en muchos sectores, acentuada por el descubrimiento de que «solo dos de los 26 capítulos del proyecto de ley se refieren al comercio», mientras el resto, siguiendo el modelo del NAFTA, se ocupa de los derechos y privilegios de las empresas, que podrán llevar a los estados a los tribunales, con el objetivo de desmantelar las protecciones ambientales, del consumo o laborales que consideren que afectan negativamente sus márgenes de ganancia.

Los Estados Unidos no van a renunciar, sin embargo, a intervenir donde les convenga, de acuerdo con lo que Margot Light, profesora emérita de la London School of Economics, define como la doctrina del «internacionalismo liberal», que sostiene que: «Los estados liberales deben intervenir en otros estados soberanos para la realización de objetivos liberales. Tal intervención puede incluir tanto la invasión militar como la ayuda humanitaria e implica con frecuencia un cambio de régimen».

El problema es que la definición de estos «objetivos liberales» depende de la particular e interesada visión de los propios dirigentes de «occidente», lo que crea un conflicto con la doctrina de lo que Light llama el «realismo geopolítico», defendido por Rusia, que sostiene que lo más importante es el mantenimiento «de la soberanía, la integridad territorial y la independencia» de todos los países, y se opone por ello a las actividades de intervención destinadas a un cambio de régimen.

El doble rasero con que el internacionalismo liberal mide los actos de los «otros», calificándolos de «genocidio» y de «crímenes contra la humanidad», mientras la violencia y las matanzas propias se excusan como daños colaterales ocurridos en la búsqueda de una causa justa, garantizan al mundo, en palabras de Robert Parry, un envenenado e inacabable futuro de guerra y violencia.

Un nuevo estilo de guerra

UN NUEVO ESTILO DE GUERRA

Sin haber resuelto los problemas del viejo estilo de guerra —sigue habiendo cerca de 20 000 armas nucleares en los Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña, China, Israel, Pakistán, India y Corea del Norte— nos enfrentamos a un nuevo estilo, que se quiere justificar por las limitaciones de la crisis económica. Lo que en realidad ha sucedido es que el fracaso de las dos grandes intervenciones en Irak y Afganistán, que han tenido unos costes brutales, ha obligado a pensar en nuevas formas de plantear en el futuro los conflictos internacionales.

Por lo que se refiere al gasto militar, el secretario de Defensa, Leon Panetta, confirmaba en diciembre de 2011 que la necesidad de recortar el presupuesto obligaría a reducir el número de tropas, la construcción de nuevas embarcaciones de guerra y de aviones, pese a lo cual el gasto total, que ha sido de 711 000 millones en 2011 (y que, según Chris Hellman y Mattea Kramer, está en realidad muy cerca de un billón[33]), sigue siendo prácticamente igual al de todos los demás países de planeta combinados (un 41 por ciento del total en 2011; más de cinco veces el de la segunda potencia militar, que es China).

Persiste, sin embargo, la voluntad de preservar el status quo imperial, lo cual explica que el Congreso, sobre cuyos miembros tienen una considerable influencia los fabricantes de armamento, acepte las cifras destinadas al avión F-35, «el arma más cara de la historia», que se calcula que costará 160 millones de dólares por cada unidad, aunque es previsible que se encarezca todavía más. Un gasto inevitable, puesto que el F-35 está destinado a reemplazar la mayor parte de los otros aviones de combate en 2020, en un programa que se calcula que va a implicar un coste de 1,51 billones de dólares en los próximos cincuenta años. La flota norteamericana, con sus 11 portaaviones nucleares, junto a una aviación que controla los cielos (el último avión norteamericano derribado en combate lo fue en 1991) siguen dominando el mundo como nunca antes lo consiguió imperio alguno.

En mayo de 2012 el general Odierno señalaba los tres objetivos a que había de adaptarse el ejército en los próximos años: a) reducción del gasto en función de unos presupuestos en descenso, b) un cambio de énfasis en dirección a la región «Asia-Pacífico» y c) adaptarse a la prevención del estallido de conflictos regionales peligrosos, y a responder con fuerza a una serie de contingencias complejas a lo ancho del mundo.

El propio Obama expuso al Pentágono un plan para mantener la actividad en Asia-Pacifico, como contrapeso a China, además de conservar una presencia de tropas y barcos en Oriente próximo, pero declarando que los Estados Unidos no se embarcarán en más guerras de contrainsurgencia en gran escala, como las de Irak y Afganistán. De acuerdo con este propósito el secretario de Defensa anunció que los Estados Unidos desplazarían hacia el Pacífico la mayor parte de su flota, hasta alcanzar en 2020 un 60 por ciento de sus fuerzas navales.

Lo cual no significa que no se aspire a seguir interviniendo a escala global en una nueva forma de guerra, basada en la presencia de pequeños grupos de instrucción y asesoramiento militar en muchos países, y en la actuación de las fuerzas especiales, cuando sea necesaria una intervención más directa. El USSOCOM (United States Special Operations Command), que actúa con equipos de fuerzas especiales (rangers, boinas verdes, seal team), cuenta en la actualidad con 60 000 operativos y ha cuadruplicado su presupuesto desde 2001. Estas fuerzas tienen una considerable autonomía, a lo que unen la ventaja de que el tipo de operaciones en que puede emplearlas el presidente, que no exigen una declaración formal de guerra, no le obliga a pedir autorización al Congreso.

Una segunda característica de la nueva guerra reside en la amplia utilización de drones («zánganos»), esto es de los aparatos aéreos sin tripulación (UAV), controlados a distancia, como los llamados «Predator», «Sentinel» y «Reaper», que pueden volar hasta a 1850 km de su base de partida y, dirigidos desde un ordenador, realizar una misión y regresar. La supresión gradual de las grandes bases con un personal numeroso ha dejado paso a una constelación de bases secretas de drones, de menores dimensiones, desde donde, en combinación con operaciones ocultas de las fuerzas especiales, como la que llevó a cabo el asesinato de Osama Bin Laden, se puede atacar «a cualquiera que se determine que representa una amenaza directa para la seguridad nacional de los Estados Unidos en cualquier lugar del mundo».

El «Predator», creado como un instrumento de vigilancia, fue usado por primera vez en estas funciones en 2000 en Afganistán y en una primera operación de ataque a presuntos sospechosos en Yemen el 3 de noviembre de 2002, en una colaboración entre la CIA y el Pentágono, realizada sin consultar previamente su legalidad, que tuvo entre sus víctimas a Kemal Darwish, un ciudadano norteamericano. En 2011 se le añadió el «Reaper», armado con misiles, bombas y sensores. Desde entonces se calcula que, en el transcurso de diez años, han aumentado considerablemente las víctimas de este tipo de operaciones, sobre todo en Afganistán y Pakistán, donde, según los datos del Bureau of Investigative Journalism, ha habido de 2412 a 3063 muertos, de los que de 467 a 815 eran víctimas civiles «colaterales», incluyendo 178 niños (en mayo de 2012, por ejemplo, la OTAN reconocía que habían matado por error a una madre afgana y a sus cinco hijos).

Aunque su construcción se inició durante la presidencia de Bush, fue Obama quien potenció el desarrollo de la fabricación y el empleo de drones, hasta llegar en la actualidad a una flota de unos 7000, a través de dos programas: uno asignado al Pentágono, especializado en operaciones de vigilancia, y otro de la CIA, que los ha estado empleando en una serie de acciones paramilitares, asesinando a «personalidades» o a grupos de «sospechosos». El último director de la «compañía», el general Petraeus, insistía en la necesidad de ampliar sus equipos para cubrir nuevos objetivos, como el de extender sus operaciones por el norte de África, en una línea de actuación que muestra que la CIA sigue por el camino de convertirse en una fuerza paramilitar.

Ha sido el propio Obama quien ha controlado estos años las listas de objetivos humanos a atacar —algo que parece poco apropiado para quien recibió en su día el Premio Nobel de la Paz—, mientras la administración norteamericana parece estar preparando un censo de «terroristas» que pueden convertirse en los objetivos de esta nueva etapa de la guerra contra el terror, que se supone que deberá mantenerse por lo menos durante los próximos diez años.

Los drones se han convertido, así, en un elemento esencial en la transformación de la guerra. El repliegue del viejo sistema de grandes bases con decenas de millares de soldados, oculta la realidad de un nuevo modelo de instalaciones de tamaño reducido, destinadas a albergar un número limitado de tropas especiales junto a equipos de drones. Estas son, por ejemplo, las que dirigen la guerra secreta de los Estados Unidos en el este de África, como la de Camp Lemonnier en Yibuti, o las de nueva construcción en las Seychelles, Uganda, Burundi, o Etiopía. Se está buscando crearlas en los países del golfo Pérsico, mientras se negocia para instalar en Turquía las que ha habido que desmantelar en Irak. La verdad, asegura David Vine, es que Washington está aumentando su presencia militar a lo ancho del mundo con este nuevo sistema de bases, adecuadas al nuevo modelo de guerra de comienzos del siglo XXI.

El almirante McRaven, que dirige el Comando de Operaciones Especiales, pidió más libertad para actuar en cualquier lugar del mundo, especialmente en Asia, África y América Latina, al margen de los canales normales del Pentágono. Aunque de momento se han frenado sus aspiraciones, todo parece apuntar al desarrollo de formas de guerra al margen de las reglas tradicionales[34].

El problema que plantean algunos de estos nuevos modos de guerra es el de la posibilidad de que puedan ser usados por el enemigo. No se trata ya, como en el caso de la construcción de submarinos y portaaviones nucleares, de gastos que solo unos pocos países podían asumir. Las primeras alarmas las han dado un dron de Hezbollah volando sobre Israel y el anuncio por parte de Pakistán de que va a construir sus propios drones armados.

Lo mismo sucede con la «ciberguerra». Aunque hayan sido los Estados Unidos e Israel los primeros en usarla contra Irán, el secretario de Defensa ha alarmado a los ciudadanos norteamericanos acerca de la posibilidad de que pudieran sufrir «un Cyber-Pearl Harbor», que podría «desmantelar la red de electricidad, el sistema de transporte y las redes financieras y del gobierno», en un panorama apocalíptico de descarrilamientos de trenes que transportan pasajeros o substancias químicas letales, de contaminación del agua de las ciudades o de interrupción del suministro eléctrico en gran parte del país.

Los próximos escenarios del conflicto

LOS PRÓXIMOS ESCENARIOS DEL CONFLICTO

En el terreno de la gran estrategia hay una perspectiva a medio plazo acerca de la actividad en el Ártico, donde se enfrentan las aspiraciones de Canadá, Dinamarca, Noruega, Rusia y los Estados Unidos a controlar los recursos a los que se puede tener acceso con el avance del deshielo, sin olvidar la importancia de las nuevas rutas navales que van a transformar el comercio internacional, favoreciendo, por ejemplo, el aprovisionamiento de hidrocarburos rusos a China. Aunque The Economist, que ha dedicado un reportaje especial a ese «norte que se desvanece y se funde», opine que los riesgos de conflicto se han exagerado y que es probable que el desarrollo del Ártico sea «sorprendentemente armonioso», parece difícil que un botín semejante no cree problemas de reparto.

Pero el enfrentamiento más directo parece que va a ser en un futuro inmediato el que tiene como enemigo potencial a China, que sigue aumentando sus fuerzas de defensa y que se supone que posee ya un arsenal de unas 240 cabezas nucleares. Una China cuyos dirigentes creen que ha llegado el momento de asumir su papel de gran potencia, y que son los Estados Unidos quienes se encuentran en «el lado equivocado de la historia».

Hace tiempo que se vienen publicando en los Estados Unidos visiones geopolíticas como las de Robert D. Kaplan, que en un artículo en Foreign Affairs afirmaba que «los Estados Unidos, el poder hegemónico del hemisferio occidental, tratará de prevenir que China se convierta en el poder hegemónico de una gran parte del hemisferio oriental». A estos planteamientos se ha opuesto Kissinger en su libro On China, en que el hombre que fue protagonista directo de la apertura hacia Beijing en la época de Nixon sostiene que la cooperación entre China y los Estados Unidos es «esencial para la paz y la estabilidad globales», y que una «guerra fría» entre ambas potencias «detendría por una generación el progreso en las dos orillas del Pacífico», en una época en que problemas como la proliferación nuclear, la conservación del medio ambiente, la seguridad de la energía y el cambio climático «imponen una cooperación global». Y que ha insistido posteriormente en el riesgo de dejarse llevar por la retórica de la confrontación, planteando la competencia en términos de poderío militar, cuando el avance actual de China no es debido a su creciente inversión en armamento, sino a la decadencia competitiva de los Estados Unidos, como consecuencia de «una infraestructura anticuada, una atención inadecuada a la investigación y el desarrollo, y un proceso gubernamental aparentemente disfuncional».

Parece difícil que los dirigentes norteamericanos (posiblemente alarmados ante previsiones como las de The Economist, que calcula que el gasto militar chino superará al norteamericano antes del 2040) acepten un planteamiento que implica la renuncia a la supremacía unilateral en que se ha basado su política desde 1945. Un documento oficial del departamento de Defensa, publicado en enero de 2012 («Sustaining U. S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense»), hace las siguientes previsiones: «Los intereses económicos y de seguridad de los Estados Unidos están estrechamente asociados a desarrollos en el arco que se extiende desde el Pacífico occidental y el este de Asia al océano Índico y al sur de Asia (…). En consecuencia, aunque los militares norteamericanos continuarán contribuyendo a la seguridad global, tendremos necesariamente que acentuar el balance hacia la región Asia-Pacífico».

Como ha dicho el teniente coronel Andrew Krepinevich, director del Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA), lo que los Estados Unidos deben decidir ahora es si van a competir o no con China por el control del Pacífico occidental. Si renuncian, habrán de admitir un cambio sustancial en el equilibrio militar mundial; si aceptan, «la cuestión es cómo competir con eficacia». De hecho ya hace tiempo que algunos militares se vienen quejando de que las actividades en el Golfo y en la guerra de Afganistán les estén privando de los recursos necesarios para esta tarea.

De cara a esta nueva etapa de la guerra fría se ha desarrollado un nuevo concepto estratégico, el de «AirSea Battle», que comenzó a formularse en los años noventa como una continuación de los planes del Defense Planning Guidance de 1992, se completó en 2009 y apareció desarrollado en 2010 en un extenso documento publicado por el ya citado CSBA, un think tank dedicado a la política de defensa, que cuenta como autores a un equipo dirigido por el capitán de la armada Jan van Tol, experto en planificación estratégica. Su finalidad es la de mantener los objetivos planteados desde comienzos de la guerra fría, impidiendo el ascenso de cualquier competidor que pueda desafiar la supremacía mundial de los Estados Unidos, lo cual exige, en primer lugar, mantener el control de las rutas terrestres, marítimas y aéreas, que son las arterias del comercio internacional. Van Tol asegura que el objetivo de esta estrategia, que implica el uso conjunto de fuerzas aéreas y navales, no es la guerra, pero en su estudio se desarrollan planes para interceptar el comercio con China, confiscando en alta mar los cargamentos de las embarcaciones, en operaciones en que se especula con la posibilidad de hacer frente a una posible respuesta armada china.

Estos conceptos fueron desarrollados por el secretario de Defensa, Leon Panetta, en la reunión en Singapur del Shangri-la Dialogue, en junio de 2012, donde expuso los planes de actuación norteamericana en materia de defensa, con un aparato militar de nuevo tipo, más ágil y flexible, basado en una tecnología avanzada, que seguirá siendo una fuerza global, pero pondrá especial atención en la región Asia-Pacífico. Panetta destacó la importancia de sus alianzas con Japón, Corea del Sur, Tailandia y Filipinas, y de la presencia de marines y aviación en el norte de Australia, desde donde podrían desplegarse rápidamente hacia el sur de Asia y el océano Índico.

Panetta exponía también los planes de modernización de la flota: nuevos submarinos, armas de precisión, un caza «de quinta generación», aviones adecuados a la extensión del Pacífico… Para acabar recordando que «estuvimos aquí en el pasado, estamos aquí ahora y permaneceremos aquí en el futuro».

Entre las innovaciones de cara a esta guerra del futuro se está desarrollando, por ejemplo, un nuevo tipo de embarcación, el «Littoral Combat Ship», un costoso nuevo equipamiento militar, maniobrable y rápido, capaz de actuar tanto en alta mar como cerca de las costas y de evadir el control de los radares enemigos.

4. ¿Crisis del capitalismo?

4

¿CRISIS DEL CAPITALISMO?

En apariencia, por lo menos, el sistema capitalista parece consolidado en su variante depredadora actual, gracias a que la propia crisis ha contribuido a que se acepten incluso sus métodos más abusivos. Y se ha ilusionado además con la promesa de un cambio que puede darle acceso a nuevas aportaciones de recursos naturales, muy en especial en el terreno de los hidrocarburos, no solo por las nuevas fuentes que puedan explotarse en el Ártico o en los mares del sudeste asiático, sino sobre todo por lo que parece implicar la aportación de las tar sands (arenas bituminosas) y el shale gas (gas esquisto o pizarra) obtenido por el método de «fractura hidráulica» o hydraulic fracking, que ha revolucionado el aprovisionamiento de los Estados Unidos, que creen contar con reservas para garantizar su consumo durante más de un siglo[35]. El problema es que el método utiliza una gran cantidad de agua, por lo que en algunos lugares el consumo de los pozos está ya amenazando el suministro necesario para el cultivo, sin contar con el riesgo de la contaminación del agua para el abastecimiento de las ciudades.

Pero las entusiastas perspectivas que anunciaban que se podía abandonar la teoría del peak oil —el cénit o agotamiento del petróleo— han comenzado a matizarse ante las dificultades de la extracción en el Ártico o la oposición ciudadana al fracking y a la construcción del oleoducto que debería atravesar los Estados Unidos, desde Alberta hasta las refinerías de la costa del golfo de México. No se ha tomado en cuenta, además, que las previsiones del aumento de consumo de petróleo a escala mundial desbordan los cálculos más optimistas. Para 2035, con 850 millones más de automóviles circulando por el mundo, y con una demanda de petróleo por parte de India y de China que habrá pasado de los 3,5 millones de barriles al día que consumen en la actualidad a unos 25 millones, los límites al crecimiento reaparecerán. Expertos del FMI han calculado que el precio del barril se mantendrá «permanentemente» alrededor de los 200 dólares en el curso de una década.

Las previsiones sobre el futuro del capitalismo deberían hacerse, sin embargo, más en términos de sus condicionantes sociales —de las «asíntotas» a que nos hemos referido antes—, que en los de los límites del aprovisionamiento de energía.

Las dudas acerca del capitalismo

LAS DUDAS ACERCA DEL CAPITALISMO

Aunque, como afirma el profesor Richard D. Wolff, «el capitalismo es tabú en los Estados Unidos», donde no se suele utilizar esta denominación en la prensa, en la política, ni en el mundo académico, una de las virtudes de los movimientos de protesta de los últimos años ha sido volver a sacar a la luz la naturaleza real del sistema. Según revela una encuesta, decía Robin Harding en un artículo publicado por el Financial Times, dos tercios de los adultos norteamericanos en edad de trabajar opinan «que el modelo económico de los Estados Unidos no es válido ya para la mayoría». Cada vez resulta más evidente que el aumento de la desigualdad tiene su fundamento en el hecho de que el enriquecimiento del 1 por ciento se alimenta del empobrecimiento del resto. En julio de 2011, Michael Cembalest, jefe de inversiones de JPMorgan Chase, escribía, en una carta dirigida tan solo a sus clientes, que se conoció porque la descubrió un periodista, que «los márgenes de beneficio han conseguido niveles que no se habían visto desde hace décadas», y que «las reducciones de salarios y prestaciones explican la mayor parte de esta mejora». «La compensación por el trabajo está en los Estados Unidos en la actualidad al mínimo en cincuenta años en relación tanto con las cifras de ventas de las empresas como del PIB de los Estados Unidos». Una observación correcta, puesto que el aumento de las horas de trabajo en condiciones de congelación o restricción salarial se calcula que en el año 2009-2010 hizo que aumentara la productividad en un 2,5 por ciento y que disminuyeran los costes laborales por unidad producida en un 1,9 por ciento.

Como decía «Buttonwood» en The Economist: «Los últimos cuatro años han sido malos para los trabajadores y los ahorradores; pero buenos para los empresarios». Los beneficios de estos se habían basado en el control de los costes del trabajo y en la reducción de los intereses por parte de los bancos centrales del «mundo rico». La situación comenzaba a sacar a la luz, escribía Frances Fox Piven, que el país estaba manteniendo, desde hacía unas décadas, una guerra de la que no hablaban los periódicos ni la televisión: una guerra contra los pobres.

De ahí que empezasen a surgir dudas acerca de la idoneidad del «capitalismo realmente existente», que llegaron incluso a plantearse desde la derecha, en los «caucus» para la elección del candidato republicano a la presidencia, donde los enemigos de Mitt Romney le criticaron por su actuación en Bain Capital, que mostraba las características más depredadoras del sistema. Romney se quejó de que estuvieran poniendo en duda la «libertad de empresa», y los ataques cesaron. No era cosa de alentar las dudas en momentos en que una encuesta entre jóvenes norteamericanos de 18 a 29 años daba el resultado de que un 49 por ciento de ellos tenía una visión positiva del socialismo.

No menos interesante resultaría, dado su origen, la crítica de Jeremy Grantham, un financiero que dirige un fondo de inversión que administra 97 000 millones de dólares, quien manifestaba, en una carta de febrero de 2012 dirigida a sus inversores, que «el capitalismo hace un millar de cosas mejor que los otros sistemas, y que normalmente solo falla en dos o tres», pero que «desafortunadamente para nosotros, uno solo de estos fallos puede arruinar el capitalismo, y a nosotros con él». A lo que añadía que «el sistema capitalista actual tiene en los Estados Unidos debilidades potencialmente fatales», que solo podrían curarse con una política ilustrada que lo regulase, «lo cual es imposible que se produzca mientras no disminuya la influencia del gran dinero en el Congreso, y muy especialmente en las elecciones».

Más resonancia iba a alcanzar la publicación en el New York Times de 14 de marzo de 2012 de un artículo de Greg Smith con el título de «Por qué dejo Goldman Sachs», que produjo escándalo y provocó una caída inmediata en la bolsa de los títulos de la empresa. Greg Smith decía que, al cabo de doce años de trabajar en Goldman Sachs, se había percatado de que sus objetivos fundamentales eran simplemente los de ganar dinero, sin que les importase en absoluto la suerte de sus clientes, a los que solo consideraban como objeto de explotación. Procuraban, por ejemplo, colocarles inversiones que proporcionasen el máximo beneficio a la empresa, prescindiendo por completo de considerar el interés de los propios clientes. En la disputa que siguió Robert Reich señaló que «el problema no es la codicia de la empresa. Si se eliminase la codicia de Wall Street no quedaría más que el pavimento. El problema reside en el abuso endémico del poder y de la confianza».

La denuncia de Greg Smith alentó lo que estaba comenzando a aparecer como la revuelta de los accionistas contra los gestores, al percatarse de que estos desviaban hacia sus beneficios personales las ganancias de las empresas, sacrificando deliberadamente los dividendos. Los miembros del 1 por ciento de los más ricos, que poseen el 40 por ciento de la riqueza cotizada en la bolsa, parecen haber iniciado una «primavera de los accionistas» contra los abusos del 0,1 por ciento de los dirigentes empresariales, un pequeño núcleo de unos 15 000 super-ricos de ingresos millonarios.

Por otra parte, pronto comenzaron a aparecer las denuncias contra los grandes bancos que, después de haber sido salvados de la ruina con dinero de los contribuyentes, seguían practicando «una asombrosa variedad de delitos, algunos de concepción elaborada y brillante, otros tan brutales como los de los delincuentes callejeros». Uno de estos grandes crímenes fue el saqueo de los fondos de pensiones de los trabajadores.

El asalto se realizó en buena medida por el engaño de la banca, que no tuvo escrúpulos en colocar cientos de millones de dólares de hipotecas de riesgo a los fondos de pensiones de los sindicatos y del estado, y arruinó de este modo a una gran aseguradora como AMBAC. Aparte de lo cual, como reveló la investigación de Ellen E. Schultz, algunas de las mayores empresas norteamericanas —incluyendo Bank of America, IBM, General Motors o General Electric— encontraron métodos, aprovechándose de la ambigüedad de algunas regulaciones o recurriendo a litigios de mala fe, para convertir los fondos que sus trabajadores habían ahorrado para asegurar su retiro en beneficios para la empresa.

La extensión a que ha llegado el endeudamiento de los ciudadanos permite entender la condena de Ellen Brown: «Nos hemos convertido en esclavos de Wall Street y de sus lacayos políticos. Pagamos cantidades inmorales de intereses a los banqueros a cambio de las necesidades fundamentales de la vida».

Pero la más paradójica confirmación de la necesidad de cambios en la estructura financiera vino de Sanford I. Weill, el hombre que había convertido Citigroup en un gigante financiero y que había sido uno de los más activos participantes en la lucha por derogar la ley Glass-Steagall que regulaba la actividad bancaria (se envanecía, de hecho, de haber sido su «destructor»), quien, a fines de julio de 2012, manifestó que «lo que probablemente deberíamos hacer sería separar el negocio de inversión de la banca, dedicar los bancos a recibir depósitos, a hacer préstamos comerciales e inmobiliarios; unos bancos que no hagan nada que ponga en riesgo el dinero del contribuyente, que no sean demasiado grandes para caer», lo que venía a implicar el restablecimiento de las viejas regulaciones.

Pero, más allá de la regulación bancaria, ¿cómo pueden corregirse los males del capitalismo depredador? Hay, por una parte, propuestas que buscan un simple alivio al paro, como las de compartir el trabajo (work sharing o short work). Otras son las tradicionales de los planteamientos keynesianos, como los que propugna Paul Krugman, que piden una mayor inversión del estado para fomentar el crecimiento del empleo. Como señala Richard Wolff, esta es simplemente una alternativa de la política neoliberal ortodoxa, que respalda normalmente la austeridad, y que solo tiene sentido plantear cuando hay una seria amenaza social contra la que conviene actuar, con el fin de desmovilizarla, como sucedió en los Estados Unidos en la época de la crisis de los años treinta con la puesta en práctica del New Deal.

Otra vía es la de lo que Wolff llama «democracia económica», que define como «socializar los medios de producción, planificar la economía y transformar las empresas en colectividades obreras autónomas», en que «los trabajadores se convertirían colectivamente en su propio cuerpo de directores y tomarían por sí mismos todas las decisiones fundamentales».

Algo que tiene que ver con lo que plantea Gar Alperovitz en la nueva edición de su libro America Beyond Capitalism, donde afirma que es inviable cualquier propuesta de reforma a fondo, ni siquiera keynesiana, por la debilidad del movimiento obrero (la sindicación ha caído en los Estados Unidos hasta tan solo un 6 por ciento del conjunto de los trabajadores) y piensa que la única solución reside en el desarrollo de nuevas formas de propiedad colectiva de tipo cooperativo.

En los Estados Unidos, nos dice, hay 130 millones de personas que trabajan en empresas de este tipo, entre ellas 13 millones que lo hacen en fábricas de propiedad obrera, generalmente en las que fueron ocupadas por los trabajadores después de su cierre por crisis. Y hay otras formas de organización semejantes en algunas actividades; por ejemplo, el 25 por ciento de toda la electricidad norteamericana la producen cooperativas y sociedades municipales.

Es en esta línea que se sitúa lo que se ha dado en llamar New Economy Movement, que Alperovitz define como «una reunión de organizaciones, proyectos, activistas, teóricos y ciudadanos comunes comprometidos a reconstruir desde abajo el sistema político-económico norteamericano». Y que ve como «algo muy distinto tanto del capitalismo tradicional dominado por los intereses empresariales, como del socialismo tradicional».

El problema fundamental, que Alperovitz y la mayoría de los reformistas como él olvidan, es que la fuerza esencial del capitalismo actual, y a la vez la fuente de sus «defectos», reside en el terreno de la política, y que la situación solo puede ser modificada o corregida mediante una acción política. El ejemplo de Mondragón, que Alperovitz cita como modelo y que Richard Wolff presenta entusiasmado como una «alternativa al capitalismo», puede ilustrarlo. Tras más de medio siglo de existencia, el modelo cooperativo industrial de Mondragón no se ha extendido en España y la corporación guipuzcoana no ha podido transformar su entorno social con su sola actividad.

Conviene tener en cuenta que la persistencia de un sistema económico tan injusto como es el del capitalismo actual se explica sobre todo a partir del uso del poder por parte de sus beneficiarios. Daron Acemoglu, profesor de economía del MIT, lo razona así: «Cuando aumenta la desigualdad económica, aquellos que han conseguido ser más poderosos en términos económicos intentan con frecuencia usar este poder para ganar más poder político. Y una vez consiguen monopolizar el poder político, comienzan a usarlo para cambiar las reglas en su favor».

Resistencias y protestas

RESISTENCIAS Y PROTESTAS

Quienes han puesto en primer plano la vertiente política del problema han sido los participantes en los diversos movimientos de protesta de estos últimos años. En el verano de 2011 flotaba en el aire la ilusión de que se había iniciado en el mundo entero poco menos que la insurrección de una juventud descontenta: una «primavera global».

No estaban claros, sin embargo, los límites y el alcance de su proyecto: Joseph Stiglitz, en su contribución a un volumen colectivo que reunía las voces de la protesta «del Cairo a Wall Street», denunciaba un sistema económico injusto, en que «todas las manzanas del barril están podridas» y criticaba al propio tiempo el sistema político que era incapaz de impedir los abusos de los de arriba y de proteger a las víctimas de la crisis. Pero añadía que los jóvenes que protestaban no eran en realidad revolucionarios que quisieran derribar el sistema, sino «evolucionistas» que pedían «una democracia en que lo que contase fuese la gente y no el dinero», y una economía de mercado capaz de satisfacer las necesidades colectivas.

En la primavera de 2012, cuando iba a iniciarse, en Europa y en América, el segundo ciclo de unas actividades de protesta que habían sido frenadas el año anterior por el frío invernal y la represión policíaca, parecía llegado el momento de hacer una primera evaluación, no tanto de sus resultados como de sus perspectivas. Una de las piezas fundamentales del proceso más amplio, la «primavera árabe», estaba claro que había acabado asfixiada por la alianza entre las fuerzas defensoras del orden establecido, armadas cuando convenía por el «occidente democrático», y un islamismo más o menos moderado, que había aceptado las reglas fundamentales del juego neoliberal.

De los «indignados» europeos no se sabía qué cabía esperar en el futuro, cuando tuvieran que hacer frente a un recrudecimiento de los mecanismos represivos, tanto en la práctica policial como en el endurecimiento del marco legal, que ha llegado a criminalizar incluso la protesta pasiva pacífica. En España la prensa daba por liquidados los movimientos del año anterior, sin tomar en cuenta la voluntad de descentralización que se había traducido en la potenciación de nuevas iniciativas sociales. Manuel Castells pensaba, por ejemplo, que el movimiento se había difundido «por el tejido social, con asambleas de barrio, acciones de defensa contra injusticias, como la oposición a los desalojos de familias, y extensión de prácticas económicas alternativas, tales como cooperativas de consumo, banca ética, redes de intercambio y otras tantas formas de vivir diferente para vivir con sentido».

Es evidente que, en unas sociedades que no tienen nada que ofrecer a los jóvenes parados —más de la mitad de los españoles y con perspectivas de seguir aumentando— las protestas van a seguir vivas; pero unos gobiernos que saben que disponen de la fuerza suficiente para frenar las actuaciones callejeras de estos indignados, y que confían en que siga la desconcertada mansedumbre de aquella parte mayoritaria de la sociedad que les ha votado, no se proponen rectificar una política que conduce a un desastre colectivo a costa de los trabajadores y de las capas medias, pero que garantiza la preservación del orden establecido.

Algo de esto reflejaba la carta de despedida de Dimitris Christoulas, el farmacéutico jubilado que se suicidó junto al Parlamento de Atenas, cuando hablaba de kalashnikovs y expresaba su esperanza de que los «jóvenes sin futuro tomarán las armas algún día y colgarán a los traidores nacionales en la plaza Syntagma, igual que los italianos colgaron a Mussolini».

En el preciso momento en que los movimientos de los «indignados» parecían perder fuerza, la imposición de nuevas medidas de extorsión hizo nacer una oleada de protestas mucho más directas, que no esquivaban el uso de la violencia, como las que en septiembre de 2012 lograron frenar un recorte de salarios en Portugal, mientras en Madrid, y sobre todo en Atenas, el clima de indignación popular contra las consecuencias de la austeridad parecía cobrar nueva fuerza.

No se cumplieron, en cambio, las grandes esperanzas puestas en los «ocupantes» de Estados Unidos, un movimiento sin una dirección unificada ni un programa aceptado en común, en el que participaban gentes con ideologías y proyectos muy distintos, que tenían poco más en común que el rechazo de los mecanismos que engendran una desigualdad social creciente.

«El rasgo más desconcertante de la sociedad norteamericana a fines del siglo XX, se ha dicho, es posiblemente la desaparición de la protesta pública». Aunque la desigualdad iba creciendo, las «clases medias» siguieron aceptando la situación mientras pudieron mantener su nivel de vida, aunque fuese endeudándose, separados de las capas populares, no solo por diferencias de fortuna, sino por razones étnicas y culturales. Fue el colapso de 2008 el que puso en evidencia la situación y dio lugar al nacimiento de esa conciencia de la separación existente entre el 1 por ciento de los más ricos y el 99 por ciento de los demás, basada en la evidencia del empobrecimiento de cerca de la mitad de la población norteamericana, que no contaba, además, con una red de protección social semejante a la que el movimiento obrero había conseguido crear en Europa. Eso fue lo que hizo posible la aparición del fenómeno de las «ocupaciones» y dio lugar a que se arruinara la vieja arma ideológica de la derecha que consistía en culpar de todos los males a la «élite liberal», alentando un populismo cuyo último reducto es el Tea Party.

El punto de partida de la indignación de los jóvenes era el hecho de que un gran número de norteamericanos habían caído en la pobreza o sobrevivían con muy bajos ingresos; muchos dependían de los cupones de comida que el gobierno da a los pobres. Como dicen Barbara y John Ehrenreich, «la pobreza puede ser relativa, pero el hambre es real y absoluta». Lo que surgió como una difusa protesta contra la desigualdad económica no cuajó en la formación de una conciencia de clase, pero favoreció que en unas 1400 ciudades aparecieran los grupos de ocupación que reunían una insólita mezcla de «estudiantes universitarios, profesionales jóvenes, gente mayor, trabajadores en paro y un gran número de sin techo crónicos», lo cual alimentaba en ocasiones el malestar de unos vecinos que veían cómo los campamentos atraían a sus barrios a marginales que solo buscaban alimento y cuidado médico, o a consumidores de drogas.

Lo conseguido en el primer año de protestas era insatisfactorio. En abril de 2012 Natasha Lennard reconocía en la Occupy Gazette la limitación de lo que habían logrado: «¡Qué larga cadena de fracasos ha sufrido Occupy en los siete meses pasados! Piénsese en ello: no pudo cerrar Wall Street el 17 de septiembre; no pudo instalar un campamento en el emplazamiento elegido en primer lugar, Chase Manhattan Plaza; apenas pudo marchar por una tercera parte de la ruta del puente de Brooklyn antes de verse frenado; la huelga general de Oakland no se generalizó, y las ocupaciones acabaron expulsadas de plazas, calles, edificios vacíos y aceras en toda Norteamérica. Una y otra vez los planes de actuación no se han materializado como se había proyectado».

Cerrado el ciclo de 2011, el inicio del movimiento de la primavera de 2012 expresaba grandes esperanzas. Se auguraba que iba a producirse «una nueva fase de grandes manifestaciones y huelgas»; «en las próximas semanas, dijo Chuck Connor, millones de norteamericanos se lanzarán a las calles». Pronto se pudo ver, sin embargo, que la policía estaba dispuesta a evitar la repetición de las ocupaciones (no en vano el alcalde de Nueva York se envanecía de que su policía era, por su tamaño, «el séptimo ejército del mundo»), comenzando por desalojar a quienes pretendían dormir en las aceras, pese a que un juez federal lo había declarado lícito. El movimiento comenzó a buscar nuevas formas de actuación, pero el obstáculo para establecer programas más ambiciosos residía en la diversidad de las perspectivas de los grupos que integraban el movimiento. Había quienes opinaban que convenía evolucionar hacia la política, defendiendo programas y presentando candidatos a las elecciones. Una línea que apoyaban, desde fuera, personalidades como el economista Jeffrey Sachs, que los presentaba como «el nuevo movimiento progresista» y esperaba que se convirtieran en una plataforma política con una generación de líderes jóvenes, dispuestos a ganar elecciones.

Otros pensaban en crear «un movimiento de guerrilla no-violenta en las ciudades», y algunos buscaban formas menos pacíficas de actuación, como había sucedido ya en 2011 con los anarquistas de Black Bloc, que se habían convertido en un elemento perturbador en los campamentos. Una idea muy extendida era la de crear «comunidades alternativas que reflejen el mundo igualitario y democrático que los activistas buscan para el futuro», con el fin de demostrar en la práctica que otro mundo era posible. Chomsky valoraba la importancia del ejemplo de unos grupos que muestran «una forma de vida diferente, que no se basa en maximizar los bienes de consumo, sino en maximizar valores que son importantes para la vida».

Entre quienes llevaban más allá este planteamiento figuraban los «postanarquistas» de Adbusters, la revista publicada en Canadá, que despreciaban a la «vieja izquierda» que llevaba décadas frenando la posibilidad de la revolución, y soñaban en crear de inmediato una sociedad nueva de comunas y cooperativas, que obligaría a los trabajadores a «escoger si toman partido por las comunas o por los jefes y administradores».

Aunque se dieran casos de colaboración de los movimientos de ocupación con reivindicaciones sindicales, la opinión dominante parecía ser la de considerar que los trabajadores habían dejado de ser el único actor de la revolución, como consecuencia de «la falta de conciencia de la clase trabajadora» y de la escasa combatividad de las burocracias sindicales, lo que llevaba a presentar el movimiento de los ocupantes, que enlazaba la democracia política con la democracia económica, como el responsable de que «la clase vuelva a ser relevante para millones de personas». Mientras Ralph Nader opinaba, por el contrario, que la forma de atraer al movimiento un número suficiente de personas como para que pudiera enfrentarse al estado empresarial era «forjar una poderosa alianza con millones de hombres y mujeres trabajadores en torno a un llamamiento nacional para aumentar el salario mínimo hasta 10 dólares la hora».

El gran proyecto del movimiento para 2012 fue la convocatoria para el Primero de Mayo de lo que denominaban una «huelga general», aunque en realidad se trataba de una serie muy variada de actuaciones que asumían muy diversos motivos de protesta y trataban de movilizar a una serie de grupos, incluyendo a los trabajadores sindicados. La base del proyecto consistía en buscar una transformación del activismo que fuese capaz de unir al mayor número posible de víctimas del sistema, para desarrollar la idea de que estaban luchando contra un enemigo común.

Las primeras noticias mostraban que el número de participantes en el movimiento no había sido tan grande como esperaban, aunque se hablaba de decenas de miles de manifestantes en Oakland, «el último refugio de la Norteamérica radical», y de 30 000 en Nueva York, donde se había producido una gran manifestación por Broadway, integrada por «ocupantes», sindicalistas, estudiantes, músicos y artistas, entre otros, aunque la prensa «de orden» se apresuró a silenciar en lo posible lo ocurrido, publicando estimaciones a la baja y celebrando la próxima defunción del movimiento. Era evidente que no habían visto lo mismo que Truthout, que celebraba, por el contrario, «el explosivo resurgimiento global de Occupy, uno de los movimientos sociales más significativos de las últimas décadas». Un historiador progresista, Lawrence S. Wittner, afirmaba que «parece probable que la lucha por la justicia económica aumentará en los próximos años, y que el Primero de Mayo continuará sirviendo como un potente símbolo del descontento obrero».

Refiriéndose en concreto a Occupy, Noam Chomsky, que lo consideraba como algo sin precedentes en la historia americana, expresaba sus esperanzas con estas palabras: «Si los lazos y asociaciones que ha establecido pueden sostenerse durante un largo y sombrío período en adelante —porque la victoria no será rápida— puede llegar a ser un momento significativo en la historia norteamericana».

Menos optimista era Shamus Cooke, que pensaba que Occupy, que careció siempre de una dirección unificada y de un programa compartido, se había dividido en una docena de minimovimientos, con objetivos diversos, mientras que para luchar eficazmente contra el sistema se requería un vigoroso movimiento social con un objetivo definido.

La realidad de lo que cabía esperar se pudo ver en el National Gathering, la reunión nacional que Occupy celebró en Filadelfia a comienzos de julio de 2012. No hubo la movilización esperada; según Arun Gupta no fueron más allá de 500 quienes se desplazaron a la reunión desde otras ciudades. No había signo alguno de que se hubiese avanzado en el proyecto de construir un movimiento en asociación con los trabajadores y los estudiantes. Ni se llegó a plantear algo que pudiera presentarse al resto de la sociedad como un programa a compartir. El documento final, «A vision for a democratic future», fechado el 4 de julio, no era más que un interminable listado de propuestas, ordenadas de acuerdo con el número de votos recibidos, que comenzaba con «agua, aire y alimentos limpios» (203 votos), «educación gratuita para todos» (186), «no a la guerra» (158), «una sociedad humana sostenible» (116) e iba descendiendo hasta llegar a 19 propuestas que no tenían más que un voto, en las cuales se mezclaban: «los beneficios de los políticos acaban con su mandato», «confucianismo», «monedas locales», «menos conflictos personales» o «la federación». Lo más positivo que salió de la reunión fue la creación de InterOccupy, «un sistema de distribución de noticias que permita al mundo conocer todo el sorprendente trabajo a que está dedicado Occupy». En la semana final de julio InterOccupy anunciaba que «aunque muchos han declarado que nuestro movimiento está muerto o marginado, Occupy/Indignados/Arab Spring está preparando una nueva ola de reuniones, acciones y campañas». La nueva ola había de comenzar en septiembre, al cumplirse un año del inicio de Occupy Wall Street, pero las concentraciones, impedidas por la policía, no llegaron a tomar cuerpo, y las manifestaciones de fe en las posibilidades «del revolucionario concepto de que los ciudadanos ordinarios deben controlar la sociedad», no resultaban del todo convincentes.

El movimiento comenzó entonces a buscar nuevas líneas de actuación. Se movilizó en octubre para ayudar a las víctimas del huracán Sandy y presentó a comienzos de noviembre un proyecto que respondía al nombre de Rolling Jubilee. La idea consistía en reunir dinero con las donaciones obtenidas en una campaña al estilo de los «maratones» benéficos por televisión (telethon), que se inició con un «espectáculo de variedades postmoderno» en el local Le Poisson Rouge, de Manhattan, e invertir lo reunido en comprar a muy bajo precio deudas médicas impagadas, como suelen hacer las agencias que se ocupan en este tipo de negocio; solo que, en lugar de dedicarse a apremiar a los deudores, cancelarían sus deudas y se las devolverían. Con lo reunido en una cuenta bancaria en la primera semana, 293 000 dólares, esperaban rescatar por valor de cerca de seis millones de un tipo de deuda que tiene escasas esperanzas de cobro. Con ello podría conseguirse, cuando menos, crear conciencia del problema de la «servidumbre por deudas» a que están sometidos tantos ciudadanos, no para promover la caridad, sino para crear un movimiento de resistencia a las deudas, basado en la solidaridad y la cooperación.

En opinión de Chris Hedges, sin embargo, el futuro de la protesta es poco esperanzador. Mientras la «clase obrera» está desapareciendo en su sentido tradicional de una fuerza de trabajo que produce bienes y se organiza en sindicatos, como consecuencia de la extensión del empleo precario e inseguro en los servicios, Occupy no ha pasado de ser «un movimiento de la clase media blanca, dirigido por hombres y mujeres con educación superior», y los trabajadores y los pobres «desconfían profundamente de los liberales (…), que desde los tiempos de Clinton los han traicionado repetidamente en nombre del liberalismo».

Otras voces, como la de David Plyke en Dissent, afirman que Occupy ha sido «un nuevo tipo de esfuerzo político y social, intenso, amplio, breve y dramático», y que lo importante ahora es decidir si su futuro ha de llevar a consolidar una corriente de izquierda en el movimiento democrático, a mantenerse como un movimiento radical independiente, centrado en la crítica de la situación económica y social, o debe convertirse en un movimiento anticapitalista cada vez más radical.

En última instancia, el mayor mérito del movimiento habrá sido, como afirmaba Richard Kreidler, que «nos despertó a muchos de nuestros sueños ilusos, y nos mostró claramente que los gobiernos y los ricos no iban a salvarnos, sino que lo que estaban intentando realmente era privarnos de nuestros derechos básicos». Cómo se puede pasar de la conciencia a una acción eficaz sigue siendo un problema no resuelto[36].

Las otras vías de protesta

LAS OTRAS VÍAS DE PROTESTA

Hay, sin embargo, otros mundos de protesta que no reciben tanta atención de los medios, como el de los estudiantes universitarios, para quienes los motivos de queja y de movilización comenzaron moviéndose en el doble plano del encarecimiento progresivo de la educación y de la falta de salidas de trabajo para sus profesiones; pero que ha ido pasando de estas preocupaciones a una más amplia concienciación de los problemas globales de la sociedad. El caso de Chile, donde el movimiento ha alcanzado un alto grado de politización, es revelador. Tras más de un año de protestas y de haber sido menospreciados por el gobierno como un grupo minoritario, el 28 de agosto de 2012 sacaron a la calle en Santiago más de 150 000 manifestantes, en un movimiento que tuvo apoyo en todo el país y que sufrió una dura represión por parte de la policía, en lo que los informadores calificaron como «un uso excesivo de los cañones de agua y los gases lacrimógenos». En Quebec, los estudiantes, que protagonizaron la mayor confrontación social que se hubiera planteado en Canadá en muchos años, se manifestaban con este lema: «Esto no es una huelga de estudiantes, es el despertar de la sociedad». La característica más importante, en ambos casos, ha sido su capacidad de movilización, que les ha permitido conectar con ecologistas, sindicalistas y otros grupos de activistas. En palabras de Andrew Gavin Marshall, estos movimientos «se han movilizado en torno a una lucha contra el neoliberalismo, contra la austeridad y contra un sistema político, económico y social que ha gobernado el mundo en favor de los pocos y a expensas de los más». Para Henry A. Giroux: «Ha nacido una idea revolucionaria, que espera ahora las condiciones que le permitan convertirse en una fuerza política y moral más poderosa».

Más ignorados aún por los medios de comunicación, que son los que con sus informaciones y análisis conforman nuestra visión del mundo, están los movimientos de protesta campesinos que actúan en el mundo entero para impedir que el avance de los programas de desarrollo depredador de las empresas internacionales les priven de sus medios de vida.

Este es, por ejemplo, el caso de la lucha de los campesinos peruanos de Cajamarca contra las empresas mineras que amenazan con dejarles sin agua, de los mexicanos de Oaxaca y los mayas de Guatemala contra las compañías mineras canadienses, de los brasileños contra la construcción de la presa de Belo Monte (una batalla parcialmente ganada al dictaminar un juez que se debía haber consultado a los indígenas), de los africanos contra el expolio de sus tierras por parte de los gobiernos que las arriendan a empresas extranjeras… Pero tal vez lo más importante sea que este movimiento cuenta con un organismo internacional de cooperación, La Vía Campesina, creado en 1993, que tiene en la actualidad organizaciones afiliadas en 70 países de África, Asia, Europa y América, y que basa sus esperanzas de futuro en el hecho de que la mitad de la humanidad está integrada en la actualidad por campesinos.

Vía Campesina se propone «defender las explotaciones agrícolas sostenibles a pequeña escala como la mejor manera para poder alimentar a toda la población mundial», evitando los errores de la «revolución verde» por medio de prácticas de producción agroecológicas. La voluntad de preservar una economía sostenible, desarrollada en «fincas relativamente pequeñas, manejadas por familias campesinas o por comunidades», la lleva a luchar contra el acaparamiento de tierras y contra las prácticas abusivas de una agricultura industrial, de cuyos métodos puede dar ejemplo la denuncia del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina acerca de las violencias a que los someten sicarios armados que han sido contratados por la agroindustria del sector de la soja: «amenazas, casas quemadas, líderes campesinos asesinados, envenenamiento del agua para ganado, masacres de rebaños, bloqueos de caminos con alambre de espino impidiendo que los niños acudan a la escuela o que las mujeres vayan por agua».

Si algo distingue a esta línea de protesta de la de los indignados y ocupantes urbanos es el hecho de que, a diferencia de ellos, los campesinos tienen un programa coherente de propuestas de futuro, como lo muestran sus planteamientos acerca de la reforma agraria y la soberanía alimentaria en la cumbre de los países andinos que se celebro en La Paz en septiembre de 2012.

Más aún, las nuevas propuestas de la Declaración de Surín, de noviembre del mismo año, definen con claridad un paso adelante que les lleva de la lucha defensiva hacia una nueva propuesta constructiva:

«Durante 20 años la Vía Campesina ha luchado duro por la reforma agraria, y en este momento histórico, necesita reflexionar acerca de su práctica para cualificarla. Como proclaman los trabajadores brasileños sin tierra: “¡ocupar, resistir, producir!”, campesinos y campesinas de todo el mundo están luchando por la tierra, resistiendo para defenderla, y ahora, hemos definido que la agricultura agroecológica va a alimentar al mundo. Es el momento de producir».

De alguna forma, sin embargo, todas estas líneas de protesta, desde la de los «ocupantes» de Manhattan que organizan un espectáculo para enfrentarse al drama de las deudas médicas hasta la de los sindicalistas campesinos que siguen siendo asesinados en Honduras o en Colombia, ponen de relieve que se está extendiendo la conciencia de que el sistema, en su versión global, ha llegado a un punto en que no puede seguir creciendo sin poner en grave riesgo, no solo el bienestar, sino incluso la supervivencia de los más. Discretamente, sin llamar la atención más de la cuenta, apareció en septiembre de 2012 la noticia de que se había acabado la evolución que garantizaba que cada nueva generación de norteamericanos viviese más que la de sus padres; esto ha dejado de ser verdad para los blancos norteamericanos con un menor nivel de educación, cuya esperanza de vida ha disminuido en cuatro años desde 1990.

En términos generales, el razonamiento de Bichler y Nitzan en «Las asíntotas del poder», con el que comenzamos este análisis de la crisis social de comienzos del siglo XXI, cobra un nuevo sentido al final del recorrido que hemos hecho en estas páginas. Un mundo con más de mil millones de hambrientos y parados no puede esperarse que siga resignándose indefinidamente a verse condenado a una vida cada vez peor en nombre de las necesidades de un sistema del que solo se beneficia una minoría, y cuya voracidad para acumular beneficios a corto plazo le ha llevado a ignorar no solo el hambre de hoy, sino el agravamiento que en un mañana cada vez más próximo puede producir el cambio climático. En palabras de Michael Klare, lo que nos espera en las próximas décadas es «un mundo con temperaturas en aumento, sequías persistentes, repetidas escaseces de alimentos, y cientos de millones de gentes famélicas y desesperadas».

Quienes se benefician de esta situación, han podido endurecer las reglas de la explotación como consecuencia de que no ven en la actualidad un enemigo global que pueda oponérseles, y controlan sus entornos con una combinación de adoctrinamiento social y represión de la protesta. Pero tal vez no hayan calculado que los grandes movimientos revolucionarios de la historia se han producido por lo general cuando nadie los esperaba, y con frecuencia, donde nadie los esperaba. Pequeñas causas imprevistas han iniciado en alguna parte un fuego que ha acabado finalmente extendiéndose a un entorno en que muchos malestares sumados favorecían su propagación. El de comienzos del siglo XXI es un mundo con muchas frustraciones y mucho rencor acumulados, que pueden prender en el momento más inesperado. La capacidad de tolerar el sufrimiento no es ilimitada y las asíntotas del poder capitalista pueden estar efectivamente llegando al límite.

No se trata, sin embargo, de limitarse a resistir, sino que hay que aspirar a renovar lo que se combate. La lección de los campesinos que han pasado de la demanda de reformas a la formulación de nuevos programas agroecológicos, desarrollados en un entorno de cooperación, es un ejemplo aleccionador. La tarea más necesaria a que debemos enfrentarnos es la de inventar un mundo nuevo que pueda ir reemplazando al actual, que tiene sus horas contadas.

Notas bibliográficas

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

INTRODUCCIÓN

Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Londres Penguin, 1995, II, pp. 508-516; Nicolas de Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, París, Flammarion, 1988; Robert J. Gordon, «Is U. S. economic growth over? Faltering innovation confronts the six headwinds», Cambridge, Ma., National Bureau of Economic Research, working paper 18315, agosto 2012; Thomas B. Edsall, «No more industrial revolutions?», en New York Times, 15 de octubre de 2012; J. De Vries, La revolución industriosa, Barcelona, Crítica, 2009; Jan L. Van Zanden, «Wages and the standard of living in Europe, 1500-1800», en European review of economic history, 3 (1999), n.º 2, pp. 175-197; P. Scholliers y Vera Zamagni, eds., Labour’s reward. Real wages and economic change in 19th and 20th-century Europe, Aldershot, Edward Elgar, 1995; Francesco Cinnirella, «Optimism or pessimism? 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Sobre la atribución de la desigualdad a la tecnología, OECD, Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, 2011 y la réplica de David Rosnick y Dean Baker, Missing the Story. The OECD’s Analysis of Inequality, Washington, Center for Economic and Policy Research, julio de 2012. Peter Radford, «Take our money, please!», en Real-world economics review blog, 26 de julio de 2012; Paul Krugman, «Money for nothing», en New York Times, 26 de julio de 2012; Peter Schweitzer, «Why Goldman Sachs, other Wall Street titans are not being prosecuted», en The Daily Beast, 14 de agosto de 2012; Ralph Nader, «Ryan’s budget: right in your face, America!», en Common Dreams, 17 de agosto de 2012; Thomas L. Hungerford, Taxes and the Economy: An Economic Analysis of the Top Tax Rates since 1945, Washington, Congressional Research Service, 14 de septiembre de 2012; las últimas cifras sobre la pobreza en los Estados Unidos proceden de Kathleen Short, The Research Supplemental Poverty Measure: 2011, U. S. Census Bureau, noviembre de 2012; Mike Ludwig, «Millions go hungry as Congress considers food stamp cuts and drought threatens crops», en Truthout, 23 de agosto de 2012; Lawrence S. Wittner, «The republican “small government” fraud», en History News Network, 27 de agosto de 2012; Dean Baker, «Poverty: The new growth industry in America», en Real-world Economics Review blog, 31 de agosto de 2012; George Orwell, Nineteen Eighty-Four, III, cap. 3. Sobre la relación entre desigualdad y crecimiento es fundamental el estudio de Andrew J. Berg y Jonathan D. Ostry, Inequality and unsustainable growth: Two sides of the same coin?, Washington, Fondo Monetario Internacional, 8 de abril de 2011; sobre los efectos en las clases medias y los trabajadores, The state of working America, 12.ª edición, Ithaca, Cornell University Press, 2012, en especial capítulo 6; Annie Lowrey, «Income inequality may take toll on growth», en New York Times, 16 de octubre de 2012; Robert Frank, «Study: Tax cuts for the rich don’t spur growth», en CNBC, 17 de septiembre de 2012. La conciencia del problema de la desigualdad ha llegado al punto de que The Economist le dedique una atención especial, en un informe («For richer, for poorer», «Special report» en The Economist, 13 de octubre de 2012) en que propone «una nueva forma de política centrista radical» [sic] para «ocuparse de la desigualdad sin dañar al crecimiento económico». Puck Lo, «U. S. sues Bank of America for $1 billion in bad mortgages», en CorpWatch, 29 de octubre de 2012. Los párrafos sobre conciencia y toma de decisiones están inspirados en una amplia lista de fuentes que sería demasiado largo citar: con respecto a Daniel Kahneman, su pensamiento resulta hoy fácilmente accesible a través de Pensar rápido, pensar despacio (Barcelona, Debate, 2012); las citas de George Lakoff proceden sobre todo de George Lakoff y Elisabeth Wehling, The Little Blue Book. The Essential Guide to Thinking and Talking Democratic (Nueva York, The Free Press, 2012); además, Walden Bello, «America’s dismal choice», en Foreign Policy in Focus, 2 de noviembre de 2012; Glenn Greenwald, «Election 2012 and the media: a vast rightwing conspiracy of stupid», en The Guardian, 30 de agosto de 2012; Shankar Vedantam, «The power of political misinformation», en Washington Post, 15 de septiembre de 2008; etc.

1. LA CRISIS SOCIAL DE COMIENZOS DEL SIGLO XXI

Shimshon Bichler y Jonathan Nitzan, «The asymptotes of power», en Real-world economics review, n.º 60, 20 de junio de 2012, pp. 18-53; de los mismos autores, Capital is Power. A Study of Order and Creorder, Londres, Routledge, 2009 y «Capital as power: Towards a new cosmology of capitalism» en Real-world Economics Review, n.º 61, 26 de septiembre de 2012, pp. 65-84; Tyler Durden, «The chart that scares the “1 %” the most», en www.zerohedge.com, 20 de junio de 2012. Sobre la política económica de la candidatura Romney-Ryan hay una abundante literatura, de la que me limitaré a citar la visión de dos expertos como David A. Stockman, «Paul Ryan’s fairy tale budget plan», en New York Times, 13 de agosto de 2012; Dean Baker, «Rep. Paul Ryan’s far-right agenda: The media can’t take the truth», en Truthout, 13 de agosto de 2012 y toda una serie de artículos de Paul Krugman en The New York Times.

1. LOS ESTADOS UNIDOS: MÁS ALLÁ DE LA RECUPERACIÓN

Recuperación ¿para qué y para quién?

Paul Krugman, ¡Acabad ya con esta crisis!, Barcelona, Crítica, 2012. Thomas Frank, Pity the Billionaire, Londres, Harvill Secker, 2012; Joseph E. Stiglitz, The Price on Inequality, Nueva York, W. W. Norton, 2012; Economic Policy Institute, The State of Working America, 12.ª edición, cap. I, «Overview», edición digital de septiembre de 2012; Ronald D. Orol, «FDIC: Bank profits at highest level since 2007», en MarketWatch, 24 de mayo de 2012; Nathaniel Popper, «Junk Bonds grow more popular and turn even riskier», en New York Times, 28 de octubre de 2012; Les Leopold, «There’s only one solution that might fix our corrupt financial system», en Alternet, 14 de agosto y 17 de septiembre de 2012; Suzanne Craig y Ben Protess explican en «A bigger paycheck on Wall Street», en New York Times, 9 de octubre de 2012, que las empresas financieras «ahorran» despidiendo personal para mantener los grandes repartos en la cumbre de su dirección; Matt Taibbi, «A rare look at why the government won’t fight Wall Street», en RollingStone, 18 de septiembre de 2012; Alexander Arapoglou y Jerri-Lynn Scofield, «Uncle Sam needs YOU for a bailout: 6 reasons another big banking crisis is coming our way» y «The looming threat that could iniciate the next economic collapse», en AlterNet, 20 de agosto de 2012; Laura Flanders, «Where are the missing 5 million workers?», en The Nation, 17 de mayo de 2012; David Ruccio, «A tale of two economies», en Real-world Economics Review blog, 5 de agosto de 2012; Matt Jarzewsky, «Stocks close at multiyear high», en Wall Street Journal, 7 de septiembre de 2012; Binyamin Appelbaum, «Fed ties new aid to jobs recovery in forceful move», en New York Times, 13 de septiembre de 2012; United States Department of Labor, «Unemployment insurance weekly claims report», septiembre de 2012; Catherine Rampell, «Taming volatile raw data for job reports», en New York Times, 5 de octubre de 2012; Pew Research Center, «The lost decade of the middle class», 22 de agosto de 2012; Phillip Reese, «Middle class lost significant financial ground over last decade», en McClatchy, 23 de agosto de 2012; Catherine Rampell, «Big income losses for those near retirement», en New York Times, 23 de agosto de 2012; «A third industrial revolution», Special report, en The Economist, 21 de abril de 2012; «Campaing finance: The hands that prod, the wallets that feed», en The Economist, 25 de febrero de 2012, pp. 37-38; Jessica Silver-Greenberg y Ben Protess, «Chasing fees, banks court low-income customers», en New York Times, 25 de abril de 2012; David Ruccio, «United States of low wages», en Real-world Economics Review blog, 24 de abril de 2012; Peter Edelman, «Low-wage nation: Poverty and inequality are threatening our democracy», en Other Words, 18 de junio de 2012; Marshall Auerback, «Why low minimum wages kill jobs and crush living standards for everyone», en AlterNet, 24 de abril de 2012; Elizabeth Parisian, «Some employers and republicans want to lower the minimum wage. 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How the politics of the super rich became American politics», en TomDispatch, 16 de febrero de 2012; Lynn Parramore, «Job insecurity: It’s the disease of the 21st Century and it’s killing us», en AlterNet, 5 de julio de 2012; Robert Reich, «The tinder-box society», publicado en su blog el primero de mayo de 2012; Dean Baker, «Why middle class has taken a big hit» en CNN, 13 de junio de 2012; David Ruccio, «The average American household is becoming increasingly worse off», en Real-world Economics Review Blog, 12 de junio de 2012; Steven Wishnia, «Temp worker nation. If you do get hired, it might not be for long», en AlterNet, 20 de agosto de 2012; Dean Baker y Kevin Hassett, «The human disaster of unemployment», en Real-world Economics Review Blog, 16 de mayo de 2012; Robert Reich, «The job stall», en Truthout, 2 de junio de 2012 y «Why the economy can’t get out of first gear», en Truthout, 13 de junio de 2012; Mark Weisbrot, «Federal government can restore full employment. If only it wanted to do so», en McClatchy Tribune, 4 de julio de 2012; Michael Collins, «Real unemployment at 23 %. Dampening the excitement», en OpEdNews.com, 9 de septiembre de 2012; Annie Lowrey, «I. M. F. reduces forecast for U. S. growth», en New York Times, 3 de julio de 2012; Henry Blodget, «Corporate profits just hit an all-time high; wages just hit an all-time low», en Business Insider, 22 de junio de 2012; Richard D. Wolff, «Deficit, debts and demagogues», en Truthout, 12 de abril de 2012; Stephen Morton, «Lost in recession, toll on underemployed and underpaid», en New York Times, 18 de junio de 2012; Dan Burns, «Richest American’s net worth jumps to $1.7 trillion: Forbes», en Reuters, 19 de septiembre de 2012; Lynn Parramore, «Forbes 400 list reveals why the greedy rich fully deserve your contempt and Jesus’s», en AlterNet, 27 de septiembre de 2012; Emmanuel Saez, «Striking it richer: The evolution of top incomes in the United States (updated with 2009 and 2010 estimates)», 2 de marzo de 2012; Sabrina Tavernise, «U. S. income gap rose, sign of uneven recovery», en New York Times, 12 de septiembre de 2012; Peter Radford. «Sideways, surplus, and structural problems (USA)», en Real-world Economics Review Blog, 11 de mayo de 2012; Bill Moyers, «Our politicians are money launderers not too different from Tony Soprano», en AlterNet, 9 de noviembre de 2011; Chris Hedges, «The corporate state will be broken», en Truthdig, 23 de enero de 2012; Joan McCarter, «Bankers form SuperPAC: A new vortex of evil opens in fabric of universe», en Daily Kos, 5 de abril de 2012; Robert Sobel, «Texas Republican party proposing to repeal the Voting Rights Act of 1965», en Examiner.com, 27 de junio de 2012; Elizabeth Drew, «Can we have a democratic election?», en New York Review of Books, 23 de febrero de 2012. James Marshall Crotty, «Why republicans embrace simpletons and how it hurts America», en Forbes, 30 de noviembre de 2011; Mitt Romney, «Bowing to the Kremlin», en Foreign Policy, 29 de marzo de 2012; Lloyd Grove, «The robotic candidate: Mitt Romney is human! But media thinks he shouldn’t act like it», en Daily Beast, 1 de abril de 2012; William Rivers Pitt, «America must declare war on America», en Truthout, 29 de junio de 2012; Salvatore Babones, «Corporate campaign spending: They get what they pay for», en Truthout, 19 de marzo de 2012 y «The battle over CEO pay: When the top 1 percent take on the top 0.01 percent», en Truthout, 16 de mayo de 2012; Jil Treanor, Terry Macalister y Mark Sweney, «Shareholder spring continues as Pendragon’s pay report is voted down», en The Guardian, 10 de mayo de 2012; Public Campaign, For hire: lobbyists or the 99 %? How corporations pay more for lobbyists than in taxes: «Lobbying database», OpenSecrets.org, deciembre 2011; Chris Hedges, «The corporate state wins again», en Truthdig, 25 de abril de 2011; David Lightman, «Senate falls short in vote on “Buffett rule” millionaires tax», en McClatchy Newspapers, 17 de abril de 2012; Less Leopold, «What if the greedy rich paid their share?», en AlterNet, 17 de abril de 2012; Paul Buchheit, «The rich evade taxes and we end up paying their share», en Truthout, 19 de marzo de 2012; Sam Pizzigati, «No country for rich men», en Other Words, 16 de mayo de 2012; «GOP unveils plan to cut Food Stamp program», en Common Dreams, 17 de abril de 2012; Pat Garofalo, «Mitt Romney tells rich donors his secret plan to cut housing assistance», en Truthout, 18 de abril de 2012: Kenneth P. Vogel, «Billionaires fall in line», en Politico, 16 de abril de 2012; Mark Weisbrot, «The economic illiteracy of economists», en The Guardian, 10 de enero de 2012; Olivier Blanchard, «2011 in review: four hard truths», en IMFdirect, 21 de diciembre de 2011; Paul Krugman, «Keynes’ predictions proven spectacularly accurate», en New York Times, 5 de enero de 2012; Richard Eskow, «Notable death of the year: RIP austerity economics, 1921-2011», en Huffington Post, 10 de enero de 2012; Max Abelson, «Bankers join billionaires to debunk “imbecile” attack on top 1 %», en Bloomberg Businessweek, 11 de enero de 2012; Binyamin Appelbaum, «Fed leaning closer to new stimulus if no growth is seen», en New York Times, 24 de julio de 2012; Chris Isidore, «CEO pay jumps 36.5 %», en CNN Money, 15 de diciembre de 2011; Tom Brown, «Another face of the U. S. recession: homeless children», en Reuters, 23 de diciembre de 2011. A lo que se añade que, de acuerdo con los informes de la oficina del censo, en 2010 ha aumentado en un millón el número de niños que viven en la pobreza, que son ya más de uno de cada cinco («More than 1 in 5 US children poor, census says», en Reuters, 18 de noviembre de 2011); Suzanne Craig, «Bad year for Wall St. Not reflected in chiefs’ pay», en New York Times, 20 de enero de 2012; Robert Reich, «Washington pre-occupied», en robertreich.org 3 de noviembre de 2011; Bruce Judson, «The foreclosure crisis: a government in denial», en Truthout, 16 de enero de 2012; Matt Taibi, «Another hidden bailout: Helping Wall Street collect your rent», en RollingStone, 19 de marzo de 2012; Robert Reich, «Why Obama should be attacking Casino Capitalism both Romney’s Bain and JPMorgan», en su blog, 22 de mayo de 2012; Taylor Lincoln, «Wall Street wants congress to roll back financial derivatives regulations», en AlterNet, 23 de mayo de 2012; Peter Lattman, «Risk builds as junk bonds boom», en New York Times, 15 de agosto de 2012; Ben Protess y Jessica Silver-Greenberg, «New rules for prepaid debit cards», en New York Times, 23 de mayo de 2012; Dean Baker, «Shareholders say no to Citigroup CEO pay: a model for fighting crony capitalism», en Truthout, 23 de abril de 2012; Michael J. De La Merced, «Others in the spotlight after JPMorgan’s big trading loss», en New York Times, 10 de mayo de 2012; Kevin Roose, «After JPMorgan Trading debacle, a chorus of criticism» en New York Times, 11 de mayo de 2012; «JP Morgan’s $2 billion tumble renews call: “Break up the big banks”», en Common Dreams, 11 de mayo de 2012; Douwe Mledema, «JPMorgan $2 billion loss hits shares, dents image» y Angela Moom, «Banks hit by JPMorgan; Wall Street ends week lower», ambos en Reuters, 11 de mayo de 2012; Edward Wyatt, «JPMorgan sought loophole on risky trading», en New York Times, 12 de mayo de 2012; Jesse Eisinger, «What did JPMorgan execs know and when did they know it?», en ProPublica, 16 de mayo de 2012; Matt Taibbi, «Accidentally released —and incredibly embarrassing— documents show how Goldman et Al engaged in “naked short selling”!», en RollingStone, 16 de mayo de 2012; Jessica Silver-Greenberg, «New fraud inquiry as JPMorgan’s loss mounts», en New York Times, 13 de julio de 2012; Lynn Parramore, «Memo to Mayor Bloomberg: JPMorgan blow-up is not a “hiccup”. It’s a giant, ugly warning», en Alternet, 16 de mayo de 2012; Ben Chu, «Stiglitz: the full transcript», en The Independent, 2 de julio de 2012; «Following Barclays’ scandal, Stiglitz says “Send bankers to jail”», en Common Dreams, 2 de julio de 2012; Steven Slater y Matt Falloon, «Barclays boss under pressure as bank inquiry launched», en Reuters, 2 de julio de 2012; Matt Taibbi, «Why is nobody freaking out about the Libor banking scandal?», en RollingStone, julio de 2012; «Bank scandal deepens», editorial del New York Times, 5 de julio de 2012; Pratap Chatterjee, «Barclays Bank fine reveals global rate setting scandal», en CorpWatch, 6 de julio de 2012; Alexander Arapoglou y Jerri-Lynn Scoffield, «6 ways big banks screwed grandma in the price-fixing scandal that’s rocking the world», en AlterNet, 24 de julio de 2012; Dean Baker, «The Fed, Ben Bernanke, and the rotten Libor», en Real-world Economics Review blog, 8 de agosto de 2012; U. S. Department of Justice, «Barclays Bank PLC admits misconduct related…», 26 de junio de 2012; Robert Reich, «The Wall Street scandal of all scandals», en Robert Reich blog, 7 de julio de 2012; «Libor scandal jumps pond: US banks, regulators face grilling over manipulation of baseline interest rate», en Common Dreams, 19 de julio de 2012; Eduardo Porter, «The spreading scourge of corporate corruption», en New York Times, 10 de julio de 2012; «The rotten heart of finance», en The Economist, 7 de julio de 2012, pp. 23-25; Roland Jones, «A scandal over rate-fixing is about to hit the US», en http://marketday.msnbc.msn.com; Pratap Chatterjee, «Seven banks under investigation for global interest rate scandal», en CorpWatch, 16 de agosto de 2012; Michael J. De la Merced y Ben Protess, «New York Fed was aware of false reporting on rates», en New York Times, 13 de julio de 2012; Greg Robb, «New York Fed knew of Libor cheating in 2008», en MarketWatch, 13 de julio de 2012; Ben Protess, «Facing Congress Geithner grilled on rate-rigging», en New York Times, 25 de julio de 2012; David Ruccio, «In the midst of the Second Great Depression», en Real-world economics review blog, 13 de julio de 2012; Marian Wright Edelman, «The state of America’s children in 2012», en Common Dreams, 3 de agosto de 2012; Robert Reich, «Labor Day and the election of 2012: It’s inequality stupid», en Truthout, 3 de septiembre de 2012; Nelson D. Schwartz, «Earnings in United States are beginnig to feel a pinch», en New York Times, 16 de septiembre de 2012; Annie Lowrey, «I. M. F. sees economic deterioration ahead», en New York Times, 24 de septiembre de 2012; Jeff Nall, «Lies of plutocracy: Exploding five myths that dehumanize the poor», en Truthout, 26 de octubre de 2012.

La privatización de la política

«Jack Abramoff: The lobbyist’s playbook», en CBS, 6 de noviembre de 2011; Russ Choma, «Super PAC spending teeters at $100 million mark», en Open Secrets blog, 10 de mayo de 2012; Robert Reich, «The big-lie coup d’etat», en su blog, RobertReich.org, 7 de junio de 2012; John Nichols, «Supreme court extends power of corporations to buy elections», en The Nation, 25 de junio de 2012; Danny Schechter, «Politics, money, and propaganda», en Consortium News, 4 de junio de 2012; «Despite radical vision, GOP set to keep house», en Common Dreams, 5 de noviembre de 2012; Mike McIntire y Nicholas Confessore, «Groups shield political gifts of businesses», en New York Times, 7 de julio de 2012; Hillary Lehr, «Washington’s Wall Street sugar dadies», en Yes! Magazine, 14 de agosto de 2012; Steve Henn, «Lawmakers’ inside advantage to trading» en Marketplace, 17 de septiembre de 2009; «“Dark money” groups exceed super PAC spending, secrecy», en Common Dreams, 2 de agosto de 2012. Informaciones que muestran los complejos caminos que recorre el «dinero negro» pueden verse en Eric Lach, «Dark money donors unmasked in California» y «Man behind sudden millions to Freedom Works: I’m not “shadowy”», en TPM Muckraker, 5 de noviembre de 2012. Adrianne Appel, «In U. S., corporate cash pouring in state campaigns», en Common Dreams, 6 de noviemrbe de 2012; Pratap Chatterjee, «Agribusiness buys California votes», en CorpWatch, 6 de noviembre de 2012; Rose Ann DeMoro, «What’s at stake when billionaires try to buy our democracy», en Common Dreams, 25 de octubre de 2012. Kim Barker, «Two dark money groups outspending all super PACs combined» y «How nonprofits spend millions on elections and call it public welfare», en ProPublica, 13 y 19 de agosto de 2012, respectivamente. En la web de OpenSecrets.org se puede consultar la lista de la recaudación y el gasto de los 801 SuperPACS que han intervenido en las elecciones de 2012; a fines de agosto habían recaudado 349 millones y gastado 211; sobre la «shadow money», Robert Maguire y Viveca Novak, «Shadow money’s top 10 candidates», en OpenSecretsblog, 25 de octubre de 2012. «2012 election spending will reach $6 billion, Center for Responsive Politics predicts», en OpenSecrets blog, 31 de octubre de 2012. Robert Pear, «Insider trading ban for lawmakers clears congress», en New York Times, 22 de marzo de 2012. Mike McIntire y Michael Luo, «After Santorum left Senate, familiar hands reached out», en New York Times, 5 de enero de 2012; Tim Murphy y Andy Kroll, «Santorum: Single moms are “breeding more criminals”», en Mother Jones, 6 de marzo de 2012. Santorum era partidario de una intervención militar contra Irán (Eugene Robinson, «Hawk in a clown-car field», en Truthout, 8 de enero de 2012); Timothy Egan, «The crackpot caucus», en New York Times, 23 de agosto de 2012; Bill Moyers y Michael Winship, «Buying “justice”», en Consortium News, 15 de octubre de 2012; Aaron Blake, «Mourdock: Pregnancy from rape can be something that God intended to happen», en Washington Post, 23 de octubre de 2012; Bill McKibben, «Buying Congress in 2012», en TomDispatch, 5 de enero de 2012 y «Time to stop being cynical about corporate money in politics and start being angry», en Truthout, 7 de enero de 2012; Daniel Stone, «Ryan’s shrewd budget payday» en Daily Beast, 17 de junio de 2011; Bill McKibben, «How you subsidize the energy giants to wreck the Planet», en TomDispatch, 5 de abril de 2012; «Big oil’s bogus campaign», editorial del New York Times, 30 de marzo de 2012; May Boeve and Brendan Smith, «Fossil-fuel subsidies are the real job killers», en Common Dreams, 14 de abril de 2012; Rebecca Leber, «Members who supported big oil have received $38.6 million from the industry», en ThinkProgress, 22 de junio de 2012; «Drone industry becomes a booming business», en RT, 22 de junio de 2012; Lee Fang, «Never mind super PACS: How big business is buying the election», en The Nation, 17 de septiembre de 2012; Bill Moyers y Michael Winship, «The best Congress the bank’s money can buy», en Common Dreams, 6 de abril de 2012; Dan Keating et al., «Members of Congress trade in companies while making laws that affect those same firms», en Washington Post, 24 de junio de 2012; Steve Horn y Sarah Blaskey, «Exposed: The other ALEC’s corporate playbook», en Truthout, 21 de junio de 2012; Robert Reich, «The remarkable political stupidity of Wall Street», en Robert Reich’s Blog, 9 de diciembre de 2011; Dean Baker, The End of Loser Liberalism. Making Markets Progressive, Washington, Center for Economic and Policy Research, 2011, p. 124; Paul Krugman, «The gullible center», en New York Times, 8 de abril de 2012; Sarah Anderson y Scott Klinger, «10 filthy-rich, tax-dodging hypocrites pushing disastrous austerity on America», en Institute for Policy Studies, 26 de octubre de 2012; Pat Garofalo, «Billionaires use tax loophole to lower their tax rates to one percent», en ThinkProgress, 18 de noviembre de 2011; David Kocieniewski, «Since 1980, the kindest of tax cuts for the rich», en New York Times, 18 de enero de 2012; Pat Garofalo, «26 major corporations paid no corporate income tax for the last four years, despite making millions in profits», en Think Progress, 9 de abril de 2012; Erika Wood, «Florida. How soon we forget», en New York Times, 5 de abril de 2012; Scott Keyes et al., «Voter supression 101. How conservatives are conspiring to disenfranchise millions of Americans», en Center for American Progress, 4 de abril de 2012; Matthew Vadum, «Registering the poor to vote is un-american», en American Thinker, 1 de septiembre de 2011; Ari Berman, «The GOP war on voting» en RollingStone, 30 de agosto de 2011; Charlie Savage y Manny Fernandez, «Court blocks Texas voter ID law, citing racial impact», en New York Times, 30 de agosto de 2012; Bernie Sanders, «Wave of anti-voter state laws detailed by GAO», en Truthout, 5 de octubre de 2012 (contiene link con el informe del Govern Accountability Office); Lambert Strether, «Election countdown 2012», en Truthout, 8 de julio de 2012; «ASU College republican: The right to vote is too important to give to everyone», en Irmaly, 30 de marzo de 2012; Natasha Khan y Corbin Carson, «New database of US voter fraud finds no evidence that photo ID laws are needed», un estudio de News21 en Open Channel, 11 de agosto de 2012; Bill Marsh, «Getting to vote is getting harder», en New York Times, 20 de octubre de 2012; Brentin Mock, «How the right is building its “poll watcher” network for november», en The Nation, 24 de agosto de 2012; Pat Garofalo, «MIT economist: income inequality in the U. S, is crushing the middle class’ political power», en ThinkProgress 23 de marzo de 2012; Timothy Noah, «Brooks Brothers bolshevism: Wall Street discovers income inequality», en The New Republic, 6 de octubre de 2011; Lawrence Mishel, «The wedges between productivity and median compensation growth», en Economic Policy Institute, Issue brief 330, 26 de abril de 2012; Alex Oberley, «Super Rich holding $21 trillion overseas to avoid taxation», en PRWatch, 2 de agosto de 2012; Paul Jay, «Major banks help clients hide trillions in offshore tax havens», en The Real News Network, 11 de agosto de 2012; Peter Edelman, So Rich, So Poor. Why It’s So Hard to End Poverty in America, Nueva York, The New Press, 2012; John Cook, «The Bain files: Inside Mitt Romney’s taxdodging Cayman schemes», en Gawker, 23 de agosto de 2012; James B. Stewart, «Tax credits shed light on Romney», en New York Times, 24 de agosto de 2012; John D. McKinnon y Scott Thurm, «U. S. firms move abroad to cut taxes», en Wall Street Journal, 28 de agosto de 2012; David Ruccio, «Revolt of the rich?», en Real-world Economics Review blog, 4 de septiembre de 2012; Matt Williams, «Republican congressman Paul Broun dismisses evolution and other theories», en The Guardian, 6 de octubre de 2012; Bill Berkowitz, «Hurricane Sandy is God’s october surprise, says conservative christian author of apocalyptic novels», en Truthout, 1 de noviembre de 2012; Thom Hartmann y Sam Sacks, «Election 2012: They will steal it!», en Truthout, 1 de noviembre de 2012; Bill McKibben, «A grim warning from science», en The New York Review of Books blog, 1 de noviembre de 2012; Asawin Suebsaeng y Dave Gilson, «Chart: Almost every Obama conspiracy theory ever», en Mother Jones, 2 de noviembre de 2012; Walter Brasch, «Violating the Constitution by the religious right: We are not a Christian nation», en Truthout, 12 de noviembre de 2012; Sam Stein, «Mitt Romney campaign: we will not “be dictated by fact-checkers”», en Huffington Post, 30 de agosto de 2012; en Steve Benen, «Chronicling Mitt’s mendacity, Vol. XLI», en The Maddow Blog, 2 de noviembre de 2012, se encontrarán los enlaces que conducen a los 40 capítulos anteriores de esta serie.

En torno a las elecciones del 6 de noviembre de 2012: Walden Bello, «America’s dismal Choice», en Foreign Policy in Focus, 2 de noviembre de 2012; Mark Morfords, «Frightened men love Mitt Romney», en San Francisco Chronicle, 24 de octubre de 2012; Dave Johnson, «Stopping people from voting? Seriously, why do we put up with this for one minute?» y Stan Collender, «Next year Budget debate may be total mess», ambos en Campaign for America’s Future, 6 de noviembre de 2012; Alan Wolfe, «What a second-term Obama can —and can’t— accomplish», en Salon, 4 de noviembre de 2012; Cenk Uygur, «Why Obama will disappoint progressives and I voted for him aniway», en Common Dreams, 6 de noviembre de 2012; David Corn, «Obama beats back the right-wing tide», en Mother Jones, 6 de noviembre de 2012. Respecto de las previsiones inmediatas a la elección he utilizado, en primer lugar, una serie de artículos publicados el 7 de noviembre: John Nicols, «For Obama, a bigger win than for Kennedy, Nixon, Carter, Bush or Bush», en The Nation; John Buell, «The US austerity fight cometh», en Common Dreams; Daniel Gross, «Stocks tank as Wall Street throughs a hissy fit», en Daily Beast; Jackie Calmes y Peter Baker, «Back to work, Obama is greeted by looming fiscal crisis»; Nicholas Confessore y Jess Bidgood, «Little to show for cash flood by big donors»; Michael D. Shear, «Demographic shift brings new worry for republicans», todos ellos en New York Times; Glenn Greenwald, «From liberal victory to disempowerment in six easy steps. Obama and progressives: What will liberals do with their big election victory?», en The Guardian; Robert Parry, «A great night for US democracy», en Consortium news; James Rowey et al., «U. S. House republicans emboldened by reeling majority», en Bloomberg; «Big agriculture bankrolls defeat of California’s proposition 37», en Common Dreams; Aaron Blake, «Democrat John Tester wins reelection in Montana Senate race», en Washington Post; «Blue team arded by small donors, big bundlers; huge outsider sending still comes up short», en OpenSecretsblog (una de las más detalladas estimaciones del dinero gastado, con indicación de su procedencia); Greg Sargent, «Demographics as political destiny», en Washington Post; Amy Goodman, «Now the work of movements begins», en Truthdig; etc.

Los mejores análisis sobre el dinero empleado en las elecciones se hallarán en la web del Reporting Group de la Sunlight Foundation en 9 de noviembre. Además, Michelle Martinelli, «Crossroads’$175 million strikeout», en OpenSecrets blog, 8 de noviembre de 2012; Benjy Sarlin, «Karl Rove defends his $300 million disaster», en TPM, 9 de noviembre de 2012; Sara Murray y Patrick O’Connor, «How race slipped away from Romney», en Wall Strett Journal, 8 de noviembre de 2012; Jan Crawford, «Adviser: Romney “shellshocked” by loss», en CBS News, 8 de noviembre de 2012; Dana Liebelson, «Romney adviser: Not a single person on the campaign thought he would lose», en Mother Jones, 8 de noviembre de 2012; Kevin Drum, «The Tea Party is dead, long live Tea Party», en Mother Jones, 8 de noviembre de 2012; Paul Krugman, «Let’s not make a deal» en New York Times, 8 de noviembre de 2012; Jonathan Weisman, «Boehner digs in on opposition to tax hikes for wealthy», en New York Times, 9 de noviembre de 2012; Catherine Rampell, «Higher taxes are to start with flip of a calendar», en New York Times, 9 de noviembre de 2012; «The fiscal cliff opener», editorial del New York Times, 9 de noviembre de 2012; Mattea Kramer y Chris Hellman, «Washington’s cliff notes», en TomDispatch, 11 de noviembre de 2012; Jackie Calmes, «Demystifying the fiscal impasse that is vexing Washington», en New York Times, 15 de noviembre de 2012; Ari Berman, «How the GOP’s war on voting backfired», en The Nation, 8 de noviembre de 2012; Robert Scheer, «Yes, we can, we did, and now Obama’s second term is our responsibility», en Truthdig, 9 de noviembre de 2012; «A landslide loss for big money», editorial del New York Times, 10 de noviembre de 2012; David Leonhardt, «The cliff is a hard place to compromise», en New York Times, 10 de noviembre de 2012; Robert Kuttner, «Let’s not make a deal», en Huffington Post, 13 de noviembre de 2012; Chris Hedges, «Once again. Death of the liberal class», en Truthdig, 11 de noviembre de 2012; Thomas B. Edsall, «The culture Wars and the job crisis», en New York Times, 11 de noviembre de 2012; Norman Solomon, «How to build a grassroots power base», en Truthout, 12 de noviembre de 2012; Robert Reich, «The president’s opening bid on a grand bargain: Aim high», en Robert Reich blog, 12 de noviembre de 2012; Sarah Anderson y Scott Klinger, «The CEO campaign to “fix” the debt: A trojan horse for massive corporate tax breaks», en Institute for Policy Studies, 13 de noviembre de 2012; Tom Engelhardt, «The meaning of a do-nothing election», en TomDispatch, 13 de noviembre de 2012; Mike Ludwig, «Obama will not extend Bush-era tax cuts, economists warn against austerity», en Truthout, 14 de noviembre de 2012; Peter Dreier y Daniel Cohen, «Obama won, now it’s time to change the system», en The Nation, 14 de noviembre de 2012; Josh Bivens et al, Investing in America’s economy. A blueprint for economic recovery, Economic Policy Institute, 16 de noviembre de 2012; Paul Krugman, «Beyond fiscal cliff, an austerity bomb», en Truthout, 27 de noviembre de 2012; Robert Reich, «It’s simple: cutting the deficit will kill jobs and hurt growth; taxing the rich won’t!», en Alter Net, 21 de noviembre de 2012; Kevin Roose, «“Fix the debt”: How 1 % ers build a mass movement for millionaires», en Common Dreams, 30 de noviembre de 2012.

Hacia la privatización del estado

Paul Krugman, «Hawks and hypocrites», en New York Times, 11 de noviembre de 2012; James Meek, «Human revenue», en The London Review of Books, 5 de abril de 2012, p. 8; Ronald Dworkin, «Why the Mandate is constitutional: the real argument», en New York Review of Books, 10 de mayo de 2012, pp. 4-8; Julie Creswell y Reed Abelson, «A hospital war reflects a bind for doctors in the U. S.», en New York Times, 30 de noviembre de 2012; Jeff Fecke, «Axe FEMA, Romney says as hurricane Sandy looms», en Truthout, 29 de octubre de 2012; Mike Alberti, «States to residents: Forget promises to restore school funding», en Remapping Debate, 9 de junio de 2012; Sarah Blaskey y Steve Horn, «The other ALEC’s K-12 educational agenda exposed», en Truthout, 25 de julio de 2012; Rebecca Solnit, «Welcome to the 2012 Hunger Games. Sending debt peonage, poverty, and freaky weather into the arena», en TomDispatch, 1 de mayo de 2012; Matthew Cunningham-Cook, «Why do some of America’s wealthiest individuals have fingers in Lousiana’s education system?», en The Nation, 17 de octubre de 2012; Bruce Wilson, «The Loch Ness monster is real… The shocking content of publicly paid for Christian school textbooks», en AlterNet, 18 de junio de 2012; Rachel Tabachnik, «Voucher/tax credits funding creationism, revisionist history, hostility towards other religions» en Talk to Action, 25 de mayo de 2011; Marion Brady, «How to save taxpayers billions of $-really» en Washington Post, The answer sheet, 24 de octubre de 2012; Jonathan Zimmerman, «For teachers, more freedom», en Philadelphia Inquirer, 8 de septiembre de 2012; Theresa Moran, «As Chicago teachers head toward strike, democrats turn on their union», en Truthout, 8 de septiembre de 2012; David Moberg, «Chicago teachers strike for decent contracts (but really for better schools)», en In These Times, 10 de septiembre de 2012; Henry A. Giroux, «On the significance of the Chicago teachers strike: Challenging democracy’s demise», en Truthout, 13 de septiembre de 2012; Karen Lewis, «Letter from CTU president Karen Lewis: “Students suffer in low performing charter schools”», en In These Times, 13 de septiembre de 2012; Diane Ravitch, «Two visions for Chicago’s schools», en New York Review of Books, 12 de septiembre de 2012; Jeff Faux, «Education profiteering: Wall Street next big thing?», en Common Dreams, 3 de octubre de 2012; Michelle Kern, «Part-time faculty pay reaching poverty level», en Peoples World, 21 de septiembre de 2012; «How the American university was killed, in five easy stops», en The Homeless Adjunct, 12 de agosto de 2012 (el texto recibió 317 respuestas de sus lectores, algunas de extraordinario interés). Un amplio estudio sobre el tema de los créditos a estudiantes se puede encontrar en el informe del Consumer Financial Protection Bureau, Private Student Loans, 29 de agosto de 2012; Sarah Jaffe, «Wall Street-inflated student debt bubble hits $1 trillion; debtors rally for relief» y «JPMorgan Chase’s tactics to squeeze student loans debtors», en AlterNet, 24 de abril y 13 de octubre de 2012, respectivamente; «Private student loan lending parallels sub-prime lending» en Common Dreams, 20 de julio de 2012; David Pritchard, «Student loan debt: Wall Street next bubble?», en Occupy Chicago Tribune, 24 de abril de 2012; Bhaskar Sunkara, «Understanding student debt», en In these times, 27 de abril de 2012; Sarah Jaffe, «Six ways big banks are getting back-door bailouts», en Truthout, 30 de junio de 2012; Laura Flanders, «The student debt bomb», en CounterPunch, 16 de mayo de 2012; George Zornick, «Congress approaches deal to keep student loan interest rates low», en The Nation, 26 de junio de 2012; Jonathan Weizman; Ron Lieber, «Last plea on school loans: proving a hopeless future», en New York Times, 31 de agosto de 2012; «Congress approves a $127 billion transportation and student loan package», en New York Times, 29 de junio de 2012; Kevin Drum, «California commiting educational suicide», en Mother Jones, 11 de mayo de 2012; Andrew Martin y Andrew W. Lehren, «A generation hobbled by the soaring cost of college», en New York Times, 12 de mayo de 2012; «GOP, Dems “play chicken” with student loan rates in US Senate», en Common Dreams, 8 de mayo de 2012; Jonathan Weisman, «Republicans in Senate block bill on students loan rates», en New York Times, 8 de mayo de 2012; Ed O’Keefe y Rosalind S. Helderman, «Student loan plan fails in the Senate», en Washington Post, 8 de mayo de 2012; «Bank deal dumps more excessive fees on debt-ridden students», en Common Dreams, 30 de mayo de 2012; Ellen Brown, «Seniors’ social security garnished for student debt», en Truthout, 11 de mayo de 2012; Ylan Q. Mui, «Some student loans to become more expensive despite deal», en Washington Post, 27 de junio de 2012; «Student loan debt explodes, climbing 275 % since 2003», en Common Dreams, 31 de mayo de 2012; Andrew Martin, «Debt collectors cashing in on student loan roundup», en New York Times, 8 de septiembre de 2012; David Ruccio, «Student loan debt owed as share of household income soars in the US», en Real-world Economics Review Blog, 1 de octubre de 2012; Zachary A. Bell, «Why don’t American students strike?», en The Nation, 13 de agosto de 2012; David Ruccio, «United States of Student Debt», en Real-world Economics Review blog, 9 de septiembre de 2012; Mattea Kramer, «Tough talk for America», en TomDispatch, 30 de septiembre de 2012; Gail Collins «A very pricey pineapple», en New York Times, 27 de abril de 2012; Alan Singer, «The pineapple that ate global history», en History News Network, 30 de abril de 2012; Bruce A. Dixon, «Why isn’t closing 40 Philadelphia public schools national news? Where is the Black political class?», en Black Agenda Report, 24 de abril de 2012; Liza Featherstone, «US public school system is under attack», en Common Dreams, 25 de mayo de 2012; Aaron Maté y Amy Goodman, «Who’s killing Philly public schools?», en Democracy Now, 25 de mayo de 2012. Los comentarios en torno al vídeo de Romney sobre el 47 por ciento son muy numerosos; entre otros he usado: «Full transcript of the Mitt Romney secret video» y «How the Romney video went viral», en MotherJones, 18 y 19 de septiembre de 2012; Brendan Fisher, «Romney’s 47 %: What other rights would the GOP deny them?», en AlterNet, 18 de septiembre de 2012 y Michael Barbaro y Michael D. Shear, «Romney calls 47 % of voters dependent in leaked video», en Truthout, 18 de septiembre de 2012; Annie Lowrey y Michael Cooper, «With tax comments, Romney wades into a conservative rift», en New York Times, 18 de septiembre de 2012; Tony Pugh, «Romney’s “47 percent”: Here’s who’s actually not paying federal taxes», en McClatchy, 18 de septiembre de 2012; Joshua Holland, «The big, fat lie behind Romney’s absurd 47 % argument», en AlterNet, 19 de septiembre de 2012.

El reflujo de las libertades democráticas

James Petras y Robin Eastmen Abaya, «The rise of the police state and the absence of mass opposition», en Piazza Della Carina, julio de 2012; Michelle Alexander, The New Jim Crow. Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, Nueva York, The New Press, 2010; Kelly Duane de la Vega y Katie Galloway, «Three strikes of injustice», en New York Times, 8 de octubre de 2012; Eric Schlosser, «The prison-industrial complex», en The Atlantic, diciembre de 1998; Chip Gibbons, «Occupy the prison-industrial complex», en Truthout, 8 de noviembre de 2012; Jeffrey St. Clair y Joshua Frank, «Barack Obama, changeling», en Truthout, 28 de julio de 2012; Jennifer Schuessler, «Drug policy as race policy: best seller galvanizes the debate», en New York Times, 6 de marzo de 2012; Eduardo Porter, «Numbers tell of failure in drug war», en Truthout, 8 de julio de 2012; Phillip Smith, «Scandal rocks Boston as city realizes that thousands of people were falsely convicted for drugs», en Alter Net, 4 de octubre de 2012; Dina Rasor, «Prison industries: “Dont’t let society improve or we lose business”» y «Breathing while latino’ laws boom for private prisons profits», en Truthout, 26 de abril y 10 de mayo de 2012; Glen Ford, «Private prison corporations are slave traders», en Black Agenda Report, 24 de abril de 2012; Steve Fraser y Joshua B. Freeman, «Locking down an American workforce», en TomDispatch, 19 de abril de 2012; «Georgia, out migrant workers, turns to prison labor», en Common Dreams, 20 de abril de 2012; Susie Madrak, «Wells Fargo now a major shareholder in for-profit prisons», en Crooks and Liars, 13 de abril de 2012 (un análisis de los negocios «carcelarios» de Wells Fargo en Yana Kunichoff, «Wells Fargo courts latinos while investing in private prisons that profit from detaining immigrants: Report calls for bank to break ties», en Truthout, 27 de septiembre de 2012); Cindy Chang, «Louisiana is the world’s prison capital», en The Times-Picayune, 13 de mayo de 2012; Victoria Law, «Martori Farms: Abusive conditions at a key Wal-Mart supplier», en Truthout, 24 de junio de 2011; Shab Walshe, «How US prison labour pads corporate profits at taxpayers’ expense», en The Guardian, 6 de julio de 2012; Yana Kunichoff, «Correctional Corporation of America accreditation report misses stark reality», en Truthout, 1 de agosto de 2012; Paul Buchheit, «Five facts that put America to shame», en Common Dreams, 14 de mayo de 2012; Barbara Ehrenreich, «Preying on the poor. How government and corporations use the poor as Peggy Banks», en TomDispatch, 17 de mayo de 2012; sobre el caso de Edwina Nolin, «The new debtors prisons», editorial del New York Times, 5 de abril de 2009. Sobre Meridian, «Department of Justice sues State of Mississippi over “school to prison” pipeline», en Common Dreams, 26 de octubre de 2012; Danny Well, «Vagrancy laws, poll taxes, financialization and the school-to-prison pipeline in Mississippi», en Truthout, 13 de noviembre de 2012. Beau Hodai, «Corrections Corporation of America used in drug sweeps on public school students», en PR Watch, 27 de noviembre de 2012; James Austin y Garry Conventry, Emerging Issues on Privatized Prisons, Washington, Department of Justice, 2001; Sam Dolnick, «As escapees tream out, a penal business thrives», en New York Times, 16 de junio de 2012; Paul Krugman, «Prisons, privatization, patronage», en New York Times, 21 de junio de 2012; Yana Kunichoff, «“Voluntary” work program run in private detention centers pays detained immigrants $1 a day», en Truthout, 27 de julio de 2012; Chris Hedges, «A victory for all of us», en Truthdig, 18 de mayo de 2012; Nicole Flatow, «California spends more on jails than higher education», en Truthout, 9 de septiembre de 2012; Paul Buchheit, «Colleges replaced by prison? Five curses of privatization», en Truthout, 17 de septiembre de 2012; ACLU, In for a Penny. The Rise of America’s New Debtors’ Prisons, Nueva York, octubre de 2010; «Return of debtors’ prisons», editorial del New York Times, 13 de julio de 2012; Carl Takel, «Courts should stop jailing people for being poor» en Common Dreams, 5 de julio de 2012; Ari Berman, «How the GOP is resegregating the South», en The Nation, 20 de febrero de 2012; David Garland, «Unequal protection», en Times Literary Supplement, 1 de junio de 2012, p. 7; Seth Ferranti, «24-year-old gets 3 life terms in prison for witnessing a drug deal: the ugly truth of mandatory drug sentencing», en AlterNet, 11 de junio de 2012; Judge Mark W. Bennett, «How mandatory minimums forced me to send more than 1,000 nonviolent drug offenders to federal prison», en The Nation, 24 de octubre de 2012; Theresa Riley, «Bryan Stevenson on the true costs of mass incarceration» en Moyers and Company, 12 de julio de 2012; Marian R. Williams et al., Policing for Profit. The Abuse of Civil Asset Forfeiture, Institute for Justice, marzo 2010 (puede consultarse en www.ij.org); Aviva Shen, «Private prisons spend $45 million on lobbying, rake in $5.1 billion for immigrant detention alone», en Truthout, 4 de agosto de 2012; Sarah Seltzer, «What does it say about America that we jail teens for having sex or being late at school», en AlterNet, 15 de junio de 2012; Ethan Bronner, «Poor land in jail as companies add huge fees for probation», en New York Times, 2 de julio de 2012; Eric Lichtblau, «More demands on cell carriers in surveillance», en New York Times, 8 de julio de 2012.

La fuente esencial sobre la actuación de la NSA es la larga entrevista de William Binney con Juan Gonzalez y Amy Goodman, publicada en cinco partes por Democracy Now, 20 a 24 de abril de 2012; Amy Goodman, «The NSA is watching you», en Common Dreams, 27 de abril de 2012; James Bamford, «The NSA is building the country’s biggest spy center (watch what you say)», en Wired, 15 de marzo de 2012; Scott Lemieux, «6 things you need to know about the government’s new spy law (CISPA)», en AlterNet, 18 de abril de 2012; Glenn Greenwald, «Surveillance state democracy», en Salon, 6 de mayo de 2012; Tana Ganeva, «Why is the government collecting your biometric data?», en AlterNet, 26 de junio de 2012; Lorenzo Franceschi-Bicchierai, «Small-town cops pile up on useless military gear», en Wired. Danger Room, 26 de junio de 2012; Chris Hedges, «Totalitarian systems always begin by rewriting the law», en Truthdig, 20 de marzo de 2012; Mark Landler, «Obama signs NDAA military bill», en New York Times, 31 de diciembre de 2011 (estas disposiciones pueden consultarse en el texto de la ley, pp. 265-266); «US Congress endorses “indefinite detention” policy», en Common Dreams, 18 de mayo de 2012; Phil Rockstroh, «Reclaiming our rights from HR 347», en Consortium News, 19 de marzo de 2012. Stefan Salisbury, «How to fund an American police state. Real money for an imaginary war», en TomDispatch, 4 de marzo de 2012; Bill Quigley, «How does our government surveil us? Let’s count the ways», en Truthout, 10 de abril de 2012; Jonathan Turley, «10 reasons the U. S. is no longer the land of the free», en Washington Times, 13 de enero de 2012; Chris Hedges, «Why I am suing Barack Obama», en Truthdig, 16 de enero de 2012; Michael Gould-Wartofsky, «Repress U, class of 2012. Seven stops to a Homeland Security Campus», en TomDispatch, 22 de marzo de 2012; Greg Lukianoff, «Feigning free speech on campus», en New York Times, 24 de octubre de 2012. Sobre los métodos de vigilancia y represión utilizados, véase Campus Safety. Technology resource for security police and administrators (campussafetymagazine.com), donde se publican noticias actualizadas sobre la instalación de cámaras en colegios de primera enseñanza, etc. Sheldon S. Wolin, «Inverted totalitarianism», en The Nation, 19 de mayo de 2003. Wolin desarrolló posteriormente estas ideas en Democracia S. A. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido, Madrid, Katz, 2008; Sarah Jaffe, «Corporate profits at all-time high; wages at all-time low: Can we call it class war yet?», en AlterNet, 27 de julio de 2012; Randall Wray, «Waiting for the next crash: the Minskyan lessons we failed to learn», en Real-world Economics Review, n.º 58; Bill Moyers y Michael Winship, «Some ultra-rich abandon Obama», en Consortium News, 13 de abril de 2012; «More help for the wealthy», 24 de octubre de 2012; OECD, «Governments must tackle record gap between rich and poor», 5 de diciembre de 2011; «The science of civil war: What makes heroic strife», en The Economist, 21 de abril de 2012, pp. 77-78; Andrea Stone, «Drone program aims to “accelerate” use of unmanned aircraft by police», en Huffington Post, 22 de mayo de 2012; Conor Friedersdorf, «Congress should ban armed drones before cops in Texas deploy one», en The Atlantic, mayo de 2012; Pratap Chatterjee, «TapWire Leaks shine light on new video tracking technologies», en corpWatch, 14 de agosto de 2012; Naomi Wolf, «The new totalitarianism of surveillance technology», en The Guardian, 15 de agosto de 2012; «Report “Counterproductive” US drone program “terrorizes” Pakistan», en Common Dreams, 25 de septiembre de 2012; Ray McGovern, «Silence of the drones», en Consortium News, 1 de octubre de 2012; Jennifer Gibson, «Living with death by drone», en Los Angeles Times, 4 de octubre de 2012; Allie Bohm, «Documents obtained by ACLU shed light on other telcom surveillance techniques», en ACLU, 2 de octubre de 2012. Del «asunto Petraeus», que ha tenido una amplia publicidad, me limitaré a citar Glenn Greenwald, «FBI’s abuse of the surveillance state is the real scandal needing investigation», en The Guardian; Richard Lardner, «Petraeus case shows FBI’s autorithy to read email», en Truthout; Peter Hart, «Corporate media lose their favourite “warrior scholar”», en FAIR, y «John Allen, the other general» en Daily Beast, todos del 13 de noviembre de 2012.

2. LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y LA CRISIS EUROPEA

Ellen Brown, «How the Goldman vampire squid just captured Europe», en Truthout, 18 de abril de 2012; Lena Mavraka y Vasilis Papatheodorou, «Forgiving Siemens: Unraveling a tangled tale of German corruption in Greece», en CorpWatch, 11 de junio de 2012; Helena Smith, «German “hypocrisy” over Greece military spending has critics up in arms», en The Guardian, 19 de abril de 2012; Paul Taylor y Renée Maltezou, «Broke? Buy a few warships, France tells Greece», en Reuters, ed. US, 3 de agosto de 2012; «Greece drinks the hemlock», editorial del New York Times, 8 de noviembre de 2012; Adam Tooze, «Germany’s unsustainable growth. Austerity now, stagnation later», en Foreign Affairs, 91 (2012), n.º 5, pp. 23-30; Dean Baker, «Spain and Greece are being forced to suffer to save Germany from high inflation», en Truthout, 1 de octubre de 2012; Paul Krugman, «Greece as victim» y «Pain without gain», en New York Times, 19 de febrero y 17 de junio de 2012, respectivamente; Mark Weisbrot, «Breaking the eurozone’s self-defeating cycle of austerity» y «Learning the wrong lessons from Latvia», en The Guardian, 27 de abril y 14 de junio de 2012, respectivamente; Landon Thomas jr. y Raphael Minder, «Spain’s weak spot», en New York Times, 24 de abril de 2012; Paul Krugman, «Europe’s austerity measures may guarantee recession», en Truthout, 22 de diciembre de 2011; Paul Krugman, «The austerity debacle», en New York Times, 29 de enero de 2012; Olivier Blanchard, «2011 in review: four hard truths», en IMFdirect, 21 de diciembre de 2011; Rachel Donado y Suzanne Daley, «Euro’s medicine may be making Greece’s symptoms worse», en New York Times, 24 de julio de 2012; Dean Baker, «Spain and Greece are being forced to suffer to save Germany from high inflation», en Truthout, 1 de octubre de 2012; Paul Krugman, «European fiscal zombies», en New York Times, «The conscience of a liberal», 29 de diciembre de 2001 y «Spain’s economy, front and center», en Truthout, 22 de marzo de 2012; A Manifesto for Economic Sense, en www.manifestoforeconomicsense.org; Richard C. Koo, «The world in balance sheet recession: causes, cure and politics», en Real-world Economics Review, n.º 58 (2011), pp. 19-37; entrevista de Richard Koo con Claudi Pérez en El País, 12 de noviembre de 2011; Steve Keen, «On the problems racing the World in 2012», y «The crisis in 1000 words-or less» en Real-world Economics Review Blog, 30 de diciembre de 2011 y 24 de julio de 2012, respectivamente; «European, US austerity drive is suicidal: Nobel economist Stiglitz», en Common Dreams, 27 de abril de 2012; Landon Thomas, jr., «Spain is still awaiting the payoff from austerity», en New York Times, 27 de abril de 2012; Michael Hudson, «Democracy and debt», 3 de diciembre de 2011, en la web del autor; Michael Hudson, «Europe’s transition from social democracy to oligarchy», artículo publicado originalmente en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que se encuentra en versión inglesa en la web del autor, 6 de diciembre de 2011; Paul Krugman, «The problem», en New York Times, «The conscience of a liberal», 28 de diciembre de 2011; Peter Doyle, «Me voy. Me avergüenza el FMI», en sinPermiso, 12 de julio de 2012; Suzanne Daley, «Fiscal crisis takes toll on health of Greeks», en New York Times, 26 de diciembre de 2011; Anthony Faiola, «In Greece, fears that austerity is killing the economy», en Washington Post, 11 de enero de 2012; Vassilis K. Fouskas, «And now what? Greece after its official creditor-led default», en openDemocracy, 12 de marzo de 2012; Liz Alderman y Jack Ewing, «Most aid to Athens circles back to Europe», en New York Times, 29 de mayo de 2012; Yanis Varoufakis, «Greek election result: an assessment» en openDemocracy, 18 de junio de 2012; Evangelos Vallianatos, «Suffocating austerity: The West’s folly in Greece repeats old patterns», en Truthout, 10 de julio de 2012; Peter Radford, «Dangerous misconceptions» en Real-world Economics Review Blog, 6 de enero de 2012; Richard Eskow, «Notable death of the year: RIP austerity economics, 1921-2011», en Huffington Post, 10 de enero de 2012; «An overdose of pain», editorial de New York Times, 12 de abril de 2012; «Spain proposes “draconian” anti-protest measures», en Common Dreams, 12 de abril de 2012; Fiona Govan, «Spain accused of “draconian” plans to clamp down on protests», en Telegraph, 11 de abril de 2012; Robert Fisk, «Bankers are the dictators of the West», en The Independent, 10 de diciembre de 2011; Paul Jay y Gerald Epstein, «Banking “technocrats” undermine democracy», en The Real News, 26 de marzo de 2012; Paul Krugman, «Beware of austerity’s vicious circle», en Truthout, 5 de abril de 2012; Mark Scott, «Apax chief sees opportunities in Euro zone crisis», en New York Times, 18 de abril de 2012; Nelson D. Schwartz, «American firms see Europe woes as opportunities» en New York Times, 25 de diciembre de 2011. Annie Lowrey y Jack Ewing, «A tarnished standing for Europe», en New York Times, 19 de abril de 2012; Joseph Stiglitz, «Politics is at the root of the problem», en The European, 23 de abril de 2012; «The global economy at risk», editorial del New York Times, 20 de abril de 2012; Alicia González, «El FMI prevé una década perdida para la economía española», en El País, 20 de abril de 2012, p. 20; Francisco Núñez, «El estado perderá hasta 2000 millones por IRPF si el paro sigue aumentando», en El Mundo, 23 de abril de 2012, p. 35; Suzanne Daley, «As bank loans dry up in Spain, small and medium businesses fight for life», en New York Times, 26 de mayo de 2012; «Pushing back against austerity», editorial del New York Times, 21 de marzo de 2012; Aditya Chakrabortty, «Why do bankers get to decide who pays for Europe’s mess?», en The Guardian, 3 de abril de 2012; Pietro Battistella, «Italy after the summer break: Monti’s last round?», en openDemocracy, 20 de agosto de 2012; Sergio Andreis, «Views from Italy of another Europe», en openDemocracy, 18 de septiembre de 2012; Anthony Faiola, «In Italy, a comedian is getting the last laugh», en The Washington Post, 1 de octubre de 2012; Giuseppe Lenzo, «They all want Monti longer… because they all fear Beppe Grillo’s revolution», en OpenDemocracy, 5 de octubre de 2012 (el programa del «MoVimento 5 stelle» puede consultarse en internet); Rachel Donadio y Elisabetta Povoledo, «Corruption rattles Italians’ already shaky trust in politicians», en New York Times, 17 de octubre de 2012; Liz Alderman. «Ranks of working poor grow in Europe», en New York Times, 1 de abril de 2012; Merijn Knibbe, «Industrial production in Europe, 1992-2011», en Real-world Economics Review Blog, 18 de abril de 2012; Jack Ewing y Liz Alderman, «A Europe tired of cutbacks has few alternatives», en New York Times, 23 de abril de 2012; Paul Krugman, «Death of a fairy tale», en New York Times, 26 de abril de 2012; Julia Werdigier y Jack Ewing, «Double-dip recession in Britain», en New York Times, 25 de abril de 2012; Paul Krugman, «Britain’s leaders force nation down wrong economic path», en Truthout, 8 de mayo de 2012; David Jolly, «Britain pulls out of recession in third quarter», en New York Times, 25 de octubre de 2012; Andrew Moravcsik, «Europe after the crisis», en Foreign Affairs, mayo/junio de 2012, pp. 54-68; Paul Krugman, «The austerity agenda», en New York Times, 31 de mayo de 2012; Liz Alderman, «“Shocking” dip in Britain’s output reflects European stress», en New York Times, 25 de julio de 2012; Mark Weisbrot, «Europeans’ economic future has been hijacked by dangerous ideologues», en The Guardian, 30 de mayo de 2012; Paul Krugman, «How to end this depression», en New York Review of Books, 24 de mayo de 2012, pp. 12-14; Mark Weisbrot, «How the ECB came to control the fate of the world economy», en Real-world Economics Review Blog, 3 de agosto de 2012; Gaby Thesing, «Euro region unemployment rate rises to record 11.4 %», en Bloomberg, 1 de octubre de 2012; David Jolly y Raphael Minder, «Unemployment in Euro Zone at record high», en New York Times, 1 de octubre de 2012; John Doe, «Lluvia de millones para Defensa: el ministerio sin recortes», en Pau Global 83, info@centredelas.org, octubre de 2012; Paul Krugman, «Pain, and not only in Spain», en Truthout, 11 de octubre de 2012; Lynn Stuart Parramore, «Krugman and Stiglitz: Crazy austerity policies inflict untold damage on economy», en AlterNet, 24 de octubre de 2012; Paul Krugman, «Voluntary austerity: All pain, no gain», en Truthout, 25 de octubre de 2012; Miguel Jiménez, «Bruselas pide a España más ajustes», en El País, 8 de noviembre de 2012; OECD, Looking to 2060: Long-term global growth prospects, OECD Economy Policy Papers, n.º 03, noviembre de 2012.

2. LAS CONSECUENCIAS GLOBALES DE LA CRISIS: UN MUNDO DE POBREZA Y CONFLICTO

Sandrine Rastello, «World Bank cuts global growth forecast as euroregion contracts: economy», en Bloomberg, 18 de enero de 2012; Annie Lowry, «Fears rise that recovery may falter in the spring», en New York Times, 19 de abril de 2012; Bagehot, «Britain’s cheering gloom», en The Economist, 30 de junio de 2012, p. 35; Dean Baker, «Work sharing: The way for states to reduce unenployment», en Real-world Economics Review Blog, 19 de abril de 2012; Annie Lowry y Jack Ewing, «A tarnished standing for Europe», en New York Times, 19 de abril de 2012. Via Campesina, «Banco Mundial: ¡Fuera de la tierra!», abril de 2012; «No recovery in sight for labour markets, warns ILO», International Labour Organization, press release de 29 de abril de 2012; Bonnie Kavousi, «90 million workers won’t be needed by 2020, study says», en Huffington Post, 19 de junio de 2012; FAO, WFP, IFAD, The State of Food Insecurity in The World, Roma, 2012; Timothy A. Wise y Sophia Murphy, Resolving the food crisis. Assessing global policy reforms since 2007, Institute for Agriculture and Trade Policy, University of Tufts, enero de 2012, p. 6 (la evolución de los precios, la oferta y la demanda de cereales puede seguirse regularmente en los boletines World Food Situation de la FAO); «Sahel: Sharp prices hikes cause alarm», en IRIN, 25 de mayo de 2012; Vandana Shiva, «The global food system casino», en Common Dreams, 14 de septiembre de 2012; «European banks fuelling food price volatility and hunger», en Food Crisis and the Global Land Grab, 12 de enero de 2012; Michael T. Klare, «The hunger wars in our future. Heat, drought, rising food costs, and global unrest», en TomDispatch, 7 de agosto de 2012; Lester Brown, «World in serious trouble on food front», en EcoWatch, 24 de julio de 2012; Join statement from FAO, IFAD and WFP on International food prices, Roma, 4 de septiembre de 2012; James Cusick, «We’ll make a killing out of food crisis, Glencore trading boss Chris Mahoney boasts», en The Independent, 23 de agosto de 2012; «Pension funds: key players in the global farmland grab», en Grain, 20 de junio de 2011; «Grups to World Bank: Stop the land grabs», en Common Dreams, 24 de abril de 2012; Liam Hysjulien, «The revolution will be edible: Occupy Wall Street; the Arab spring, no bread, no peace», en Truthout, 26 de enero de 2012; Timothy A. Wise y Sophia Murphy, Resolving the food crisis. Assessing global policy reforms since 2007, Institute for Agriculture and Trade Policy, University of Tufts, enero de 2012, p. 6; James Goodman, «As long as the rich can speculate on food, the world’s poor go hungry», en The age.com au, 1 de julio de 2012; La Vía Campesina, «Seminario internacional sobre la Reforma agraria en el siglo XXI», 12 de julio de 2012; Mischa Geracoulis, «The not-so-free market: How consumerism fuels human trafficking», en Truthout, 23 de mayo de 2012; Isabel Ortiz y Matthew Cummins, Global inequality: beyond the bottom billion, UNICEF, 2011; Janet Redman, «The elephant in Rio: the corporate-driven “green economy”», en Common Dreams, 19 de junio de 2012 («green economy» es la denominación que se da a la actividad capitalista basada en la expropiación de los recursos); «One billion people still lack electricity, says WB report», en The Citizen, 2 de febrero de 2012. Todo lo cual no impide que especulaciones que se basan en la mejora de la situación de los más pobres en países como Brasil, India y «sobre todo China» lleven a eufóricas afirmaciones de que la «extrema pobreza» está retrocediendo (Annie Lowrey, «Dire poverty falls despite global slump, report finds», en New York Times, 6 de marzo de 2012). El fallo consiste, en primer lugar, en usar cifras que concluyen en 2008 —un «ahora» discutible— y en que casi toda la mejora procede de la disminución de la pobreza en China (Robin Broad y John Cavanagh, «What do the new World Bank poverty statistics really tell us?», en Pambazuka News, 578, 22 de marzo de 2012; merijnknibbe, «Modern-day slavery: tens of millions of victims», en Real-world Economics Review Blog, 28 de junio de 2012).

EL DESIGUAL PROGRESO DE ÁFRICA

«Despite global slowdown, African economies growing strongly», en Africa’s Pulse, publicación del Banco Mundial, n.º 6, octubre de 2012; «Africa sees positive economic growth in 2011», en Mail&Guardianonline, 17 de enero de 2012; Duncan Miriri, «Insight. As Africa’s consumers rise, so does inequality», en Reuters, 24 de enero de 2012; Michael Schmidt, «How African dictators corrupt European politics», en Pambazuka News, 581, 19 de abril de 2012; Toby Leon Moorsom, «The militarisation of poverty in Africa», en Pambazuka News, 587, 31 de mayo de 2012; Adam Nossiter, «Summer of siege for West Africa as discontent boils into street», en New York Times, 8 de septiembre de 2012; Arame Tall, «President Wade vs. the people: Senegal is in danger», en Pambazuka News, n.º 568, 2 de febrero de 2012; Makol Bona Malwal, «The myth of South Sudan», en Pambazuka News, 8 de febrero de 2012; Christopher Zambakari, «Old Sudan and new Sudan. Political crisis and the search for comprehensive peace», en Pambazuka News, n.º 567, 26 de enero de 2012; Khalid Medani, «Another popular intifada in Sudan», en Pambazuka News, n.º 592, 5 de julio de 2012; «Unhappy birthday», en The Economist, 14 de julio de 2012, p. 29; Moez Ali, «Creating lasting security in Sudan», en openDemocracy, 6 de julio de 2012; Sokari Ekine, «Sudan and Egypt: The uprising continues» y Makol Bona Malwal, «South Sudan a year later: What to do?», ambos en Pambazuka News, n.º 591, 28 de junio de 2012; Osman Naway, «Sudan: Race-based violence and torture», en Pambazuka News, n.º 605, 8 de noviembre de 2012; «Crackdown in Sudan continues as anti-austerity protests rage on», en Common Dreams, 29 de junio de 2012; «Sudan and South Sudan make progress», editorial del New York Times, 9 de agosto de 2012; Jeffrey Gettleman, «Sudan and South Sudan sign accord, but several issues are unresolved», en New York Times, 27 de septiembre de 2012; «Ethiopia: forced relocations bring hunger, hardship», en Human Rights Watch, 16 de enero de 2012; Oakland Institute, «Land deals in Africa: Ethiopia», en www.oaklandinstitute.org; Jeffrey Gettleman; «Meles Zenawi, prime minister of Ethiopia, dies at 57», en New York Times, 21 de agosto de 2012; Michael Street, «The paradox of Meles Zenawi», en openDemocracy, 22 de agosto de 2012; «The man who tried to make dictatorship acceptable», en The Economist, 25 de agosto de 2012, pp. 26-27, además, p. 9; Ben Rawlence, «Ethiopia: Business as usual», en Think Africa Press, 3 de octubre de 2012; Julius Okoth, «The latter day slave merchants in Kenya», en Pambazuka News, n.º 584, 10 de mayo de 2012; Okachikwu Dibia, «Nigeria: Resolving the Boko Haram challenge», en Pambazuka News, 8 de febrero de 2012; «Nigeria: Boko Haram displaced fear returning home», en Irin, 23 de enero de 2012; Human Rights Watch, Spiraling Violence. Boko Haram Attacks and Security Force Abuses in Nigeria, octubre de 2012; «Nigeria paid close to N 670 billion for smuggled fuel. Investigation», en Nigeria Business News, 19 de enero de 2012; Morten Bøås, «Nigeria: the Challenger of “Boko Haram II”», en openDemocracy, 7 de febrero de 2012; Uche Igwe, «Nigeria: A powerhouse in decline», en Pambazuka News, n.º 602, 17 de octubre de 2012; Pete Jones, «The material stakes in the Democratic Republic of the Congo elections», en openDemocracy, 5 de diciembre de 2011; «DR Congo: Over 100 000 flee fresh violence in eastern DRC since november», en Afrique en ligne, 23 de enero de 2012; Pete Jones, «M23 in the Kivu: regional war and then a repeat of the 2009 accord?», en openDemocracy, 17 de agosto de 2012; Maurice Carney, «US covers up Rwanda-supported mutiny in Congo», en Pambazuka News, n.º 592, 5 de julio de 2012; «Rwanda’s Paul Kagame warned he may be charged with aiding war crimes», en SAFPI (South African Foreign Policy Initiative), 30 de julio de 2012; Andrew Wallis, «DR Congo: beyond the crisis-cycle», en openDemocracy, 21 de septiembre de 2012; Zoë Marriage, «Violent power, civilian exclusions and the M23», en openDemocracy, 14 de noviembre de 2012; Jeffrey Gettleman, «Congo rebels, alfter victory, vow to take the capital», «In new tack, Congo’s army strats to fight», «Congo slips into chaos as rebels gain», en New York Times, 21, 22, 25 de noviembre de 2012; «DR Congo’s M23 rebels threaten to march to Kinshasa», en BBC News, 21 de noviembre de 2012; Theogene Rudasingwa, «The tragedy of Goma. Shame on UN and Rwanda’s western allies», en Pambazuka News, n.º 607, 22 de noviembre de 2012; «Après la chute de Goma, en RD Congo: interview du chef de mission», Médecins sans frontières, 27 de noviembre de 2012; «DR Congo rebels set conditions before pullout», en Al Jazeera, 27 de noviembre de 2012; Gary K. Bush, «The dilemma of the wars in the Kivus» y Antoine Roger Lokongo, «Britain and America target DR Congo», ambos en Pambazuka News, n.º 608, 28 de noviembre de 2012; J. Peter Pham, «To save Congo, let it fall apart», en New York Times, 30 de noviembre de 2012 (el autor es director del Africa Center en el Atlantic Council). Rafael Marques de Morais, «Diamond extraction and crimes against humanity in northeastern Angola», en Maka. Angola, 26 de febrero de 2012; Michael Chawe, «Zambia’s western province seeks secession», en BBC. Africa debate, 28 de marzo de 2012; «Bartoseland [sic!, por Barotseland] Prime minister ignores summon by Zambia police», en Zambian Watchdog, 20 de marzo de 2012; Henning Hintze, «Reparation bid fails in Bundestag», en New Era (Windhoek, Namibia) 31 de marzo de 2012; Ann Gaeeison, «Uganda: Acholi face second genocide with U. S. troops in», en Pambazuka News, 574, 8 de marzo de 2012; Clive Gabay, «Who’s heard of the “African Spring”», en openDemocracy, 25 de julio de 2012; Josh Kron y J. David Goodman, «Online, a distant conflict soars to topic n.º 1», en New York Times, 8 de marzo de 2012; «US newspaper says Taylor worked for US intelligence», en Africa Review, 18 de enero de 2012; Marlise Simons y J. David Goodman, «Ex-Liberian leader gets 50 years for war crimes», en New York Times, 30 de mayo de 2012; Vincent Larochelle, «Courts in charge of (re)writing history?», en Pambazuka News, n.º 584, 10 de mayo de 2012; Lansana Gberle, «Why Charles Taylor deserves 80 years in prison», en Pambazuka News, 586, 24 de mayo de 2012; Jeffrey Gettleman, «In vast jungle, U. S. troops aid in search for Kony», en New York Times, 30 de abril de 2012; Nick Turse, «The increasing US shadow wars in Africa» en Pambazuka News, n.º 594, 18 de julio de 2012 y la réplica del coronel Tom Davis, director del Africom (más la respuesta de Turse) en «The nature of he U. S. military presence in Africa», en Tom Dispatch, 26 de julio de 2012; del propio Turse, «Washington put its money in proxy war», en Tom Dispatch, 9 de agosto de 2012; Lucy Hovil, «Uganda: the wrong transition?», en Pambazuka News, n.º 588, 7 de junio de 2012; Jamie Hitchen, «Celebration or realisation? Uganda at 50», ambos en Pambazuka News, n.º 601, 10 de octubre de 2012; Robtel Neajay Pailey, «Charles Taylor a CIA informant?», en Pambazuka News, n.º 567, 26 de enero de 2012; «Taylor verdict milestone for International justice», en National Security Archive, Electronic briefing book 376, 26 de abril de 2012; «Expanding US “shadow war” in Africa builds spy network», en Common Dreams, 14 de junio de 2012; «Central African Republic: Victims cry foul over Uganda’s LRA strategy», en IRIN, 30 de octubre de 2012; «Obama’s poverty-relieving plan for Africa a profit boon for giant agribusiness», en Common Dreams, 18 de mayo de 2012; Jill Richardson, «How the US sold Africa to multinationals», en AlterNet, 27 de mayo de 2012; William G. Moseley, «The corporate take-over of African food security», en Pambazuka News, n.º 605, 8 de noviembre de 2012; Pratap Chatterjee, «Spies in Africa: New contractors for the Pentagon», en CorpWatch Blog, 18 de junio de 2012; Michael Brenner, «Into Africa: The global war on terror’s last frontier», en Pambazuka News, n.º 592, 5 de julio de 2012; Nick Turse, «Obama’s scramble for Africa. Secret wars, secret bases, and the Pentagon’s “New Spice route” in Africa», en TomDispatch, 12 de julio de 2012; Chris Whitlock, «Remote U. S. base at core of secret operations», en Washington Post, 26 de octubre de 2012; Nigel Gibson, «The Marikana massacre: A turning point for South Africa?», en Truthout, 1 de septiembre de 2012; Deniz Kellecioglu, «The economics behind the killing of South African mine workers», en Real-world Economics Review blog, 13 de septiembre de 2012; John Pilger, «Apartheid never died in South Africa: It inspired a world order upheld by force and illusion», en Truthout, 21 de septiembre de 2012; Lindela S. Figlan, «Land is at the heart of our struggle», en Pambazuka News, n.º 604, 30 de octubre de 2012; «Over the rainbow», en The Economist, 20 de octubre de 2012, pp. 22-24 (en la portada Cry, the beloved country. South Africas’s sad decline). Uso también un conjunto de trabajos publicados en Pambazuka News, n.º 600, 3 de octubre de 2012, como Jeremy H. Keenan, «Algerian “state terrorism” and atrocities in Northern Mali»; Ivan Eland, «The “war on terror” comes to Mali», en Consortium News, 13 de noviembre de 2012; Shaun Whittaker, «Re-engaging the national question in Namibia»; Antoine Roger Lokongo, «Rwanda: From victim to perpetrator of genocide», y Abdulrazaq Magaji, «The folly of breaking up Nigeria to heal it». Toure Mussa Zeguen, «Ivory Coast: Understanding the present conflict», en Pambazuka News, n.º 602, 17 de octubre de 2012; Adam Nossiter, «Leader ousted, nation is now a drug haven», en New York Times, 1 de noviembre de 2012; Carol J. Williams, «U. S., allies marshalling African proxies for fight against terrorism», en Los Angeles Times, 31 de octubre de 2012.

EL IRRESISTIBLE ASCENSO DE ASIA

Paul Krugman, «Will China break?», en New York Times, 18 de diciembre de 2011; «The end of cheap China» en The Economist, 10 de marzo de 2012, pp. 63-64; Wen Jiabao, «Report to the National People’s Congress», reproducido en New York Times, 5 de marzo de 2012. Un texto de gran interés es la entrevista de Andy Robinson con el profesor Peter Nolan en La Vanguardia, 30 de septiembre de 2012; Dan Levin, «Will China’s slowdown derail America’s recovery?», en The Daily Beast, 2 de septiembre de 2012; Stephen Platt y Jeffrey Wasserstrom, «China’s long history of defying the doomsayers», en The Atlantic, 30 de agosto de 2012; Edward Wong and Kenneth Chang, «Space plan from China broadens challenge to U. S.», en New York Times, 29 de diciembre de 2011; «Special report: State capitalism. The visible hand», en The Economist, 21 de enero de 2012; International Monetary Fund, World Economic Outlook. October 2012; Horace Campbell, «China: “developed” or “developing” country?», en Pambazuka News, n.º 563, 15 de diciembre de 2011. A partir del número de 28 de enero de 2012, The Economist comienza a dedicar una sección semanal a la economía china. Michelle Dammon Loyalka, «Chinese labor, cheap no more», en New York Times, 17 de febrero de 2012; Jack Ewing y Bettina Wassener, «Indicators fall in China and Europe», en New York Times, 22 de marzo de 2012; Edward Wong, «China’s growth slows, and its political model shows limits»; en New York Times, 10 de mayo de 2012; Keith Bradsher, «After barreling ahead in recessions, China finally slows», en New York Times, 24 de mayo de 2012; Roderick MacFarquhar, «In China, fear at the top», en New York Times, 20 de mayo de 2012; China Labour Bulletin, «China: el nuevo movimiento obrero y el surgimiento de la negociación colectiva», y «China: las huelgas y protestas obreras continúan a pesar de la caída de la producción industrial», reproducidos en SinPermiso, 27 de mayo y 16 de septiembre de 2012; «Special report: China’s economy», en The Economist, 26 de mayo de 2012; David Barboza, «In China, manufacturing growth still slumps», en New York Times, 1 de agosto de 2012; sobre las diferencias en educación entre China y los Estados Unidos, Charles M. Blow, «Starving the future», en New York Times, 24 de agosto de 2012. Un buen análisis del dilema chino etre exportación y consumo interno en Dean Baker, «U. S.-China trade in a time of economic weakness», en Real-world Economics Review blog, 18 de septiembre de 2012; Andrew J. Nathan y Andrew Scobell, «How China sees America, The sum of Beijing’s fears», en Foreign Affairs, 91 (2012), n.º 5, pp. 32-47; Bettina Wassener, «World Bank lowers Asian growth forecast», en New York Times, 8 de octubre de 2012; David Barboza, «Billions in hidden riches for family of Chinese leader», en New York Times, 25 de octubre de 2012; Ian Johnson, «Opening meeting, China’s president warns of risks», en New York Times, 7 de noviembre de 2012.

Hiroko Tabuchi, «Hit at home and abroad, Japan slows to a crawl», en New York Times, 13 de agosto de 2012; A. Gary Shilling, «Japan’s debt sustains a deflationary depression», en Bloomberg, 5 de junio de 2012; «Anti-Japan protests spreads across China, turn violent», en The Japan Times, 16 de septiembre de 2012; Martin Fackler, «Japan is flexing its military muscle to counter a rising China», en New York Times, 26 de noviembre de 2012.

«Aim higher», India, Special report de The Economist, 29 de septiembre de 2012; Vikas Bajaj, «No power, no boom», «Bad loans at state-run banks add to India’s woe’s», «As grain piles up, India’s poor still go hungry» y «As its economy sags, India asks a critic to come home and help out», en New York Times, 19 de abril, 15 de marzo, 7 de junio y 5 de octubre de 2012, respectivamente; «India power outage plunges 300 millions into sweltering darkness», en CBS News, 30 de julio de 2012; Ramachandra Guha, «Democratic to a fault?», en Prospect, 25 de enero de 2012; Vikas Bajaj, «As growth shows, India awakens to need for foreign investment» y «Strains on India’s government grow after sharp economic slowdown» en New York Times, 7 de febrero de 2012 y 31 de mayo de 2012, respectivamente; Pratap Bhanu Mehta, «How India stumbled», en Foreign Affairs, julio-agosto de 2012, pp. 64-75; Him Yardley, «Protests awaken a Goliath in India», en New York Times, 29 de octubre de 2011 e «In one slum, misery, work, politics and hope», en New York Times, 28 de diciembre de 2011; Ibu Sanjeeb Garb, «Making sense of the riots in Assam, India», en openDemocracy, 30 de agosto de 2012; «India’s north-east: A neglected crisis», en The Economist, 25 de agosto de 2012, pp. 38-39; Kunal Chattopdhyay, «Informe preliminar de la huelga general del 28 de febrero», en sinPermiso, 4 de marzo de 2012; Freny Manecksha, «Clash at Maruti Suzuki car factory reflects failure of India, Inc.», en CorpWatch, 30 de julio de 2012; Bettina Wassener, «S. & P. gives negative outlook for India», en New York Times, 25 de abril de 2012; Jim Yardley y Vikas Bajaj, «India’s economy slows, with global implications», en New York Times, 29 de mayo de 2012; Niall Ferguson, «Lights out in India», en Newsweek, 6 de agosto de 2012 y Daphne Wysham, «How did coal-rich India end up with power blackouts?», en The Independent, 22 de agosto de 2012. Un balance poco optimista de la situación en «Unfinished journey», en The Economist, 24 de marzo de 2012, pp. 25-27. Arundhati Roy, Walking with the comrades, Nueva York, Penguin Books, 2012; Shantie Mariet D’Souza, «Indias’s COIN approach and left-wing extremism», en openDemocracy, 13 de agosto de 2012; Jim Yardley, «Panic seizes India as a region’s strife radiates», en New York Times, 17 de agosto de 2012; Vikas Bajaj y Jim Yardley, «Scandal poses a riddle: Will India be able to tackle corruption?», en New York Times, 15 de septiembre de 2012; Jatindra Dash y Ankush Arora, «India hit by national strike over economic reforms», en Reuters, 20 de septiembre de 2012; Arko Dasgupta, «Reflections on the resurgence of Naxalism», en openDemocracy, 10 de octubre de 2012. Una visión optimista es la de Shashi Taroor, «The Indian miracle lives», en Project Syndicate, 11 de junio de 2012; Amaresh Misra, India: los musulmanes y los maoístas, en sinPermiso, 21 de octubre de 2012.

Ruediger Frank, «North Korea after Kim Jong Il: The Kim Jong Un era and its challenges», en Asia-Pacific Journal: Japan Focus, 3674; Victor Cha, en The impossible State. North Korea, Past and Future, Nueva York, HarperCollins, 2012, aparte de darnos amplia información sobre la educación en Suiza de King Jong Un, especula sobre un inverosímil contagio de la «primavera árabe» (no se sabe si de la de Túnez o de la de Bahrein); Charles K. Armstrong, «North Korea: change of signs» en openDemocracy, 13 de agosto de 2012; Chico Harlan, «In authoritarian North Korea, hints of reform», en Washington Post, 4 de septiembre de 2012; Frank V. Pabian y Siegfried S. Hecker, «Contemplating a third nuclear test in North Korea», en Bulletin of the Atomic Scientists, 16 de agosto de 2012.

Grant Peck, «Myanmar election on Sunday: Why it matters», en Associated Press, 30 de marzo de 2012; Joachim Kreutz, «Burma: between elections and democracy», en openDemocracy, 5 de abril de 2012; Ishak Mia Sohel, «The plight of Rohingyas in Myanmar, the International community and Aung Sung Suu Kyi», en openDemocracy, 25 de julio de 2012; Rick Gladstone, «At U. N., Myanmar leader higlights steps to reform», en New York Times, 27 de septiembre de 2012; Thomas Fuller, «Dozens are killed in Myanmar as sectarian violence flares again», en New York Times, 26 de octubre de 2012; Steve Horn y Allen Rusk, «The Kazakhstan massacre: Killing hope to benefit US geopolitical interests», en Truthout, 10 de marzo de 2012.

AMÉRICA LATINA

Luis F. Lopez-Calva y Eduardo Ortiz-Juarez, «A vulnerability approach to the definition of the middle class», en The World Bank, Latin America and the Caribbean Region. Poverty, Equity and Gender Unit, diciembre de 2011; Nora Lustig, coord., «Declining inequality in Latin America in the 2000s: The cases of Argentina, Brazil, and Mexico», Tulane University, working paper 1212, septiembre de 2012; Benjamin Dangl, «Out of the backyard: New Latin American and Caribbean bloc defies Washington», en Truthout, 11 de diciembre de 2011; Pratap Chatterjee, «HSBC Bank apologizes for laundering Mexican drug cartel Money», en CorpWatch, 20 de julio de 2012; Mark Karlin, «US government gives wink and nod to banks laundering money for drug lords, terrorrist affiliated banks and rogue nations», en Truthout 24 de julio de 2012. Sobre la transformación de la lucha contra la droga, Dawn Paley, «Drug war capitalism, militarization and economic transformation in Colombia & Mexico», en Against the Current, julio-agosto de 2012 y Mark Karlin, «How the militarized war on drugs in Latin America benefits transnational corporations and undermines democracy», en Truthout, 5 de agosto de 2012; Franklin Serrano y Ricardo Summa, «Macroeconomic policy, growth and income distribution in the Brazilian economy in the 2000s», Washington, Center for Economic and Policy Research, junio de 2011; Javier Díaz Canseco, «La oligarquía minera», en sinPermiso, 4 de marzo de 2012; Alberto Acosta, «A este Correa lo desconozco», en sinPermiso, 6 de noviembre de 2011; en el caso de Ecuador recojo también informaciones orales de un viejo dirigente socialista; Javier Díaz Canseco, «Perú minero», en sinPermiso, 11 de marzo de 2012; Oscar Ugarteche, «Perú: Adiós Humala», en sinPermiso, 10 de junio de 2012; Hugo Blanco, «En Perú hoy gobierna el ejército» y Javier Díez Canseco, «Soberbia y avaricia minera», ambos en sinPermiso, 8 de julio de 2012; Virginia Lopez, «Amazon tribe massacre alleged in Venezuela», en The Guardian, 30 de agosto de 2012; Simón Romero, «Vast tracts in Paraguay forest being replaced by ranches», en New York Times, 24 de marzo de 2012; Héctor Abad, «An expresident who won’t keep away», en New York Times, 18 de junio de 2012. Las noticias sobre la destitución del presidente Lugo del Paraguay y del rechazo de los países de su entorno a reconocer al nuevo presidente, Federico Franco, impuesto por el congreso, pueden verse día a día en www.paraguay.com; también, «Llamado de solidaridad de la CLOC. VC con el pueblo paraguayo», 22 de junio de 2012; Tim Padgett, «Impeachment of Paraguay’s president still doesn’t solve underliying injustice», en TIME World, 22 de junio de 2012; Guillermo Almeyra, «Paraguay: ¿otra Honduras?», en sinPermiso, 23 de junio de 2012; Pablo Stefanoni, «Paraguay: ascenso, vía crucis y caída de Fernando Lugo», en sinPermiso, 1 de julio de 2012; Ricardo Canese, «Paraguay. Franco el nuevo Stroessner», en sinPermiso, 8 de julio de 2012; Francesca Fiorentini, «The Paraguayan coup: How agribusiness, landowning and media elite, and the US are paving a way for regional destabilization», en War Times, 4 de julio de 2012; Benjamin Dangl, «In the shadow of Paraguay’s coup: social movements mobilize for democracy», en Truthout, 11 de agosto de 2012; «En Paraguay, Lugo presentó al candidato del progresista Frenta Guasú», 8 de noviembre de 2012 (noticia tomada del noticiario colombiano del Polo Democrático Alternativo); «Parachuting the prosecutors», en The Economist, 15 de octubre de 2011, pp. 47-48; Lorenzo Meyer, «México: la guerra fría y la del narco se enlazan», en SinPermiso, 2 de octubre de 2011; Mark Karlin, «The war on drugs in Mexico is unwinnable; it’s a war for drug profits», en Truthout, 5 de abril de 2012 y «Former chief anti-drug adviser to Mexican president paid $450 000 a month by cartels», en Truthout, 6 de abril de 2012; Blanche Petrich Moreno, «El largo brazo de la guerra contra las drogas», en The Nation, 26 de julio de 2012; Mark Weisbrot, «For Mexicans, it was the economy, stupid», en New York Times, 2 de julio de 2012; Carlos Figueroa, «México: cuando “la democracia nos mata”, crónica de un fraude anunciado», en sinPermiso, 15 de julio de 2012; Mark Karlin, «How the US government, banks, prison-industrial complex, corrupt officials, businesses, law enforcement, racists and the CIA profit from illegal drugs», en Truthout, 22 de junio de 2012; Clarence Walker, «American banks “high” on drug money: How a whistleblower blew the lid off Wachovia-drug cartel money laundering scheme», en AlterNet, 24 de junio de 2012; Jessica Silver-Greenberg y Ben Protess, «Money-laundering inquiry is said to aim at US Banks», en Truthout, 15 de septiembre de 2012; Alexander Sequén-Mónchez, «Guatemala: democracia en la morgue», en sinPermiso, 6 de noviembre de 2011; Carlos Figueroa Ibarra, «Guatemala: Lo que retorna con Pérez Molina», en sinPermiso, 13 de noviembre de 2011; Damien Cave, «Desperate Guatemalans embrace an “iron fist”», en New York Times, 9 de septiembre de 2011; Randall C. Archibold, «Guatemala shooting raises concerns about military’s expanded role», en New York Times, 20 de octubre de 2012; Dana Frank, «In Honduras, a mess made in the U. S.», en New York Times, 26 de enero de 2012; Andrew Kennis, «US supports bloody regime in Honduras», en Truthout, 28 de junio de 2011; Mark Engler, «Honduras: Our continuing catastrophe», en Truthout, 18 de febrero de 2012; Dana Frank, «Honduras: Which side is the US on?» y «How long can Honduras go?» en The Nation, 21 de mayo y 12 de octubre de 2012, respectivamente; Baher Azmy, «In Honduras, the International Criminal Court may be the last hope», en Truthout, 15 de noviembre de 2012; Mark Weisbrot, «Latin America: How US has allied with the forces of reaction», en The Guardian, 29 de junio de 2012; Mark Weisbrot, «Democrats press Obama over US complicity with Honduras’ dirty war», en The Guardian, 22 de marzo de 2012; Carla García et al., «Not on our land: Land recovery kicks off in Honduras», en Truthout, 1 de septiembre de 2012; Jonathan Watts, «Honduras to build new city with its own laws and tax system to attract investors», en The Guardian, 6 de septiembre de 2012; Daniel Valencia Caravantes, «Honduras: lucha de clases entre las palmeras», en sinPermiso, 9 de septiembre de 2012; «Comunicado. La Vía Campesina Centroamérica. Nuestra región atraviesa una profunda crisis alimentaria y represión campesina», «Solidaridad con el movimiento campesino hondureño» y «Honduras, Protesta internacional por represión y criminalización contra organizaciones campesinas del Bajo Aguán», textos que pueden consultarse en viacampesina@viacampesina.org; Danielle Marie Mackey, «Bajo Aguan’s modern tragedy of the commons», en Guernica, 3 de diciembre de 2012; Damien Cave y Ginger Thompson, «U. S. rethinks a drug war after deaths in Honduras», en New York Times, 12 de octubre de 2012; Lauren Carasik, «Our men in Honduras. Losing control of the war on drugs», en Boston Review, 18 de octubre de 2012; Jackie Calmes y William Neuman, «Americas meeting ends with discord over Cuba», en New York Times, 15 de abril de 2012; «Lexington», «The real backyard. An interesting reversal in the Western hemisphere», en The Economist, 14 de abril de 2012, p. 46; Mark Weisbrot, «Argentina and the magic soybean: the commodity export boom that wasn’t», en The Guardian, 4 de mayo de 2012, y «Why Chávez was re-elected», en New York Times, 8 de octubre de 2012; Danny Glover, «Why Chavez won again», en Foreign Policy in Focus, 30 de octubre de 2012.

¿QUÉ SE HIZO DE LA «PRIMAVERA ÁRABE»?

Tahar ben Jelloun, La primavera árabe. El despertar de la dignidad, Madrid, Alianza, 2011 (cita de p. 14); Ignacio Gutiérrez de Terán e Ignacio Álvarez-Ossorio, eds., Informe sobre las revueltas árabes, Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2011; Hussein Agha & Robert Nalley, «The Arab counterrevolution», en New York Review of Books, 29 de septiembre de 2011, pp. 42-44; Adam Hanieh, «“The arab revolutions are not over”. Interview by Farooq Sulehria», en Pambazuka News, 8 de febrero de 2012; Yasmine El Rashidi, «Egypt on the edge», en New York Review of Books, 12 de enero de 2012, pp. 21-23; John M. Owen IV, «Why islamism is winning», en New York Times, 6 de enero de 2012; Samir Amin, «The Arab revolutions: a year later», en Pambazuka News, 576, 14 de marzo de 2012; International Crisis Group, «Lost in transition: The World according to Egypt’s SCAF», 24 de abril de 2012; Fawaz A. Gerges, «The new capitalists: Islamists’ political economy», en openDemocracy, 11 de mayo de 2012.

Wyre Davies, «Tunisia one year on: New trend of self-immolations», en BBC News Africa, 12 de enero de 2012; Jake Lippincott, «Neo-liberalism the issue, not Islam», en Inter Press Service, 11 de diciembre de 2011; Rory McCarthy, «Islamism and secularism in Tunisia», en openDemocracy, 14 de enero de 2012; Anthony Shadid, «Islamists’ ideas on democracy and faith face test in Tunisia», en New York Times, 17 de febrero de 2012; Kacem Jlidi, «Tunisia: violent police action returns», en openDemocracy, 11 de abril de 2012; Suzanne Daley, «Tensions on a campus mirror turbulence in new Tunisia», en New York Times, 11 de junio de 2012; Hussein Agha y Robert Malley, «This is not a revolution», en New York Review of Books, 8 de noviembre de 2012, pp. 71-73.

Egipto: La principal fuente de información sobre Egipto han sido los artículos que David D. Kirkpatrick publica regularmente en New York Times. Además, Solava Ibrahim, «Why are Egyptians and the West surprised by the islamists’ victory in post-revolutionary Egypt?», en openDemocracy, 13 de enero de 2012; Carl Finamore, «Egypt today, one year later: a revolution revisited», en Truthout, 25 de enero de 2012; Mariam Fam and Dahlia Kholaif, «First post-Mubarak parliament opens as islamists dominate», en Bloomberg, 23 de enero de 2012; Ibrahim Al-Sahary, «Egypt’s economic woes mount», en Thedailynewsegypt.com, 12 de diciembre de 2011; Mohamed Al-Khalsan, «The army and the economy in Egypt», en Pambazuka News, n.º 565, 12 de enero de 2012; Lesli Fadel, «Thousands of protesters rally in Cairo’s Tahrir Square, but messages compete», en The Washington Post, 20 de abril de 2012. Sobre las dudas que existen acerca de las ONG norteamericanas que «promueven la democracia», Mark Weisbrot, «Why American “democracy promotion” rings hollow in the Middle East», en The Guardian, 31 de enero de 2012. Michele Dunne y Shuja Nawaz, «Can Egypt avoid Pakistan’s fate?», en New York Times, 2 de febrero de 2012; Joseph Maylon, «A new policy for Egypt on Nile water», en Bikya Nasr, 4 de marzo de 2012; Jeffrey Fleishman, «Egypt military looking to keep its greep at lest on economy», en Los Angeles Times, 25 de marzo de 2012; Mohamed Abdel Salam, «Egypts liberal party warns gov’t of uprising over shortages», en Bikya Nasr, 27 de marzo de 2012; Robert Dreyfuss, «Against the Muslim Brotherhood», en The Nation, 26 de marzo de 2012; Sharif Abdel Kouddous, «Egypt’s looming economic shock doctrine», en The Nation, 2 de abril de 2012; Institute for Public Accuracy, «Egypt’s “torturer-in-chief” running for president», en Common Dreams, 10 de abril de 2012; Bernard Dreano, «Arab spring: flowers faded, harvest to come», en openDemocracy, 1 de mayo de 2012; David D. Kirkpatrick, «On eve of Egyptian vote, crime wave is the main topic» y «Egyptians vote in first free election for president», en New York Times, 22 y 23 de mayo de 2012; «Presidential results a “revolutionary reversal” in Egypt», en Common Dreams, 25 de mayo de 2012; David D. Kirkpatrick y Liam Stack, «Candidate’s offices burn amid Egypt demonstrations», en New York Times, 28 de mayo de 2012; Samir Amin, «The first round of the presidential elections in Egypt», en Pambazuka News, 587, 31 de mayo de 2012; Tom Dale, «The people demand the downfall of the system», en openDemocracy, 4 de junio de 2012; «“Military coup” in Egypt as court dissolves parliament», en Common Dreams, 14 de junio de 2012; Ernesto Londoño y Leila Fadel, «Egypt’s military issues decret giving vast powers to armed forces, but few to president», en Washington Post, 17 de junio de 2012; Sharif Abdel Kouddous, «In Egypt, a president without power», en The Nation, 20 de junio de 2012; Robert Fisk, «Only the military are guaranteed victory in this Egyptian election», en The Independent, 21 de junio de 2012; Jeff Martini, «The Egyptian military wins again», en Foreign Affairs, mayo/junio 2012; David D. Kirkpatrick, «Muslim Brotherhood wins Egyptian presidential election», en New York Times, 24 de junio de 2012, Robert Dreyfuss, «Brothers vs. SCAF: The vote in Egypt», en The Nation, 26 de junio de 2012; Kareem Fahim y Mayy El Sheik, «Egypt’s president orders return of parliament», en New York Times, 8 de julio de 2012; Kareem Fahim, «Egypt’s military and president escalate their power struggle» y «Egyptian parliamentary deputies defy court and military», en New York Times, 9 y 10 de julio de 2012; Daniel Pipes y Cynthia Farahat, «How Morsi took power in Egypt», en History News Network, 26 de noviembre de 2012; Paul R. Pillar, «Egypt’s outreach to the Saudis», en Consortium News, 14 de julio de 2012; Karem Fahim, «In upheaval for Egypt, Morsi forces out military chiefs», en New York Times, 12 de agosto de 2012; «Crowds in Cairo praise Morsi’s army overhaul», en al-Jazeera, 13 de agosto de 2012; Kareem Fahin y Mayy el Sheikh, «Egypt lifts a junior corps impatient over military failure», en New York Times, 13 de agosto de 2012; Steven LeeMyers, «To back democracy, U. S. prepares to cut $1 billion from Egypt’s debt», en New York Times, 3 de septiembre de 2012; David D. Kirkpatrick y Steven Erlanger, «Egypt’s new leader spells out terms for U. S.-Arab ties», en New York Times, 22 de septiembre de 2012; Ryan Harvey, «Revolution, elections, and betrayal: hard lessons from Egypt», en Truthout, 20 de septiembre de 2012; Sharif Abdel Kouddous, «Will Egypt’s new constitution take the country backwards?», en The Nation, 9 de octubre de 2012; «Egyptian police torture 88, kill 34 under president Morsi: Rights report», en Ahram Online, 15 de octubre de 2012; Kareem Fahim y David D. Kirkpatrick, «Clashes break out alter Morsi seizes new power in Egypt», en New York Times, 23 de noviembre de 2012; Salma El Wardany, «Egypt protesters rally in Cairo after Mursi expands Powers», en Bloomberg, 23 de noviembre de 2012; Juan Cole, «Morsi’s second coup provokes mass protest in Egypt», History News Network, 26 de noviembre de 2012; Tom Perry y Edmund Blair, «Mursi opponents rally in Cairo’s Tahir», en Reuters, 27 de noviembre de 2012; David D. Kirkpatrick, «Egypt factions scramble as deadline nears on constiturion» y «Amid Egypt’s duelo on democracy, Morsi calls for vote», en New York Times, 28 de noviembre y 1 de diciembre de 2012; Abdel-Rahman Husseon, «Egypt: Mohamed Morsi calls december referendum on constitution», en The Guardian, 1 de diciembre de 2012; Andrea Teti et al., «The revolution continues: Morsi’s miscalculations and the Ikhwan’s impasse», en openDemocracy, 3 de diciembre de 2012.

Bahrein: El informe de la comisión de investigación de Bahrein puede consultarse en www.bici.org.bh. Elham Fakhro y Kristian Coates Ulrichsen, «Post-BICI Bahrain: between reform and stagnation», en openDemocracy, 19 de enero de 2012; Nicholas D. Kristof, «Repressing democracy, with American arms», en New York Times, 17 de diciembre de 2011; Emily Wilson, «Bahrain’s protests, now in their second spring, hamstrung by US oil, Iran interests», en Truthout, 14 de febrero de 2012; Luis Mesa Delmonte, «Bahrein: protesta popular, represión y conflicto latente», en Gutiérrez de Terán, Informe, pp. 117-146; Ahmed Kanna, «Bahrain: The dragonfly’s eye», en Pambazuka News, 588, 7 de junio de 2012; Hasan Tariq Alhasan, «The socio-economic foundations of Bahrain’s political crisis», en openDemocracy, 20 de febrero de 2012; Ali Alaswad, «Bahrain’s government must stop killing its people, and listen to them», en The Guardian, 4 de abril de 2012; «Tens of thousands in Bahrain: Grand Prix is racing on our blood», en Common Dreams, 21 de abril de 2012; Kareem Fahim, «As hopes fade in Bahrain, protesters turn anger on United States», en New York Times, 23 de junio de 2012; Rick Gladstone, «Bahrain is criticized for its “torrent” of tear gas use», en New York Times, 1 de agosto de 2012; Kenneth Katzman, «Security sector reform in Bahrain», en openDemocracy, 17 de agosto de 2012; «Blow to justice’: Bahraini court upholds sentences for activists», en Common Dreams, 4 de septiembre de 2012; Jen Marlowe, «Terror and teargas on the streets of Bahrain», en TomDispatch, 18 de septiembre de 2012; «Thousands protest in Bahrain», en Common Dreams, 12 de octubre de 2012.

Yemen: Mónica G. Prieto, «Yemen: la revolución ignorada», en sinPermiso, 27 de noviembre de 2011; Kareem Fahim y Laura Kasinof, «Yemeni leader agreeds to end 3-decade rule», en New York Times, 23 de noviembre de 2011; Leila Hamad Zahonero, «Yemen: de la revolución pacífica a las luchas por el poder», en Gutiérrez de Terán, Informe, pp. 87-116; Kareem Fahim, «Militants and politics bedevil Yemmen’s new leaders», en New York Times, 23 de abril de 2012; Helen Lackner, «The struggle for security and against terrorism in Yemen: in whose interests?», en openDemocracy, 20 de julio de 2012.

Libia: Human Rights Council, Report of the International Commission of Inquiry on Libya, 2 de marzo de 2012; Hugh Roberts, «Who said Gaddafi had to go?» en London Review of Books, 17 de noviembre de 2011, pp. 8-18; Courtenay Barnett, «NATO’s neo-colonial war: Whither international law?», en Pambazuka News, n.º 548, 21 de septiembre de 2011; Tarif Kafala, «“Cleansed” Libyan town spills its terrible secrets», en BBC News, 12 de diciembre de 2011; Anthony Shadid, «Libya struggles to curb militias as chaos grows», en New York Times, 8 de febrero de 2012; Rod Nordland, «Files note close C. I. A. ties to Qaddafi unit», en New York Times, 2 de septiembre de 2011; David D. Kirkpatrick, «In Libya, fighting may outlast the revolution», en New York Times, 1 de noviembre de 2011; Charles Abugre, «Libya: the true costs of war», en Pambazuka News, 28 de julio de 2011; Cynthia McKinney, «Libya and the TNC: 12 000 US troops to Libya», en Pambazuka News, n.º 566, 19 de enero de 2012; Igor Cherstich, «Libya’s revolution: tribe, nation, politics», en openDemocracy, 3 de octubre de 2011; Scott Shane, «West sees Libya as ripe at last for businesses», en New York Times, 28 de octubre de 2011; John Pilger, «Hail to the true victors of Rupert’s revolution», en Truthout, 10 de septiembre de 2011; Peter Dale Scott, «Rape in Libya: America’s recent major wars have all been accompanied by memorable falsehoods» y «Bosnia, Kosovo, and now Libya: The human costs of Washington’s on-going collusion with terrorists», en Asia-Pacific Journal: Japan Focus, 3548 y 3578; «Why are Libyans protesting again?», en AlJazeera, 23 de enero de 2012; Alison Pargeter, «Libya and islamism: the deeper story», en openDemocracy, 7 de agosto de 2012; «US: Torture and renditions to Gaddafi’s Libya», en Human Rights Watch, 6 de septiembre de 2012; Jehad Enga, «Libyan militias turn to politics; a volatile mix», en New York Times, 2 de abril de 2012; Robert Burns, «Marines headed to Libya to reinforce security», en Associated Press, 12 de septiembre de 2012; David D. Kirkpatrick y Steven Lee Myers, «Libya attack brings challenge for U. S.», en New York Times, 12 de septiembre de 2012; Robert Fisk, «The provocateurs know politics and religion don’t mix», en The Independent, 13 de septiembre de 2012; Vijay Prashad, «Libyan humiliation a driving force for anti-Americanism», en Pambazuka News, 597, 13 de septiembre de 2012; «Anti-Islam film protests spreads across Middle East», en BBC New Service, 13 de septiembre de 2012; Jaweed Kalim, «Anti-muslim film, “Innocence of muslims”, parks concerns for relationships among muslims, copts, jews», en Huffington Post, 13 de septiembre de 2012; Rick Gladstone, «Anti-American protests flare beyond the Mideast», en New York Times, 14 de septiembre de 2012; Ray McGovern, «Why the Mideast exploded, really», en Consortium News, 17 de septiembre de 2012; Rhiannon Smith, «From revolutionaries to militia: the tables are turning against Libya’s “thuwar”», en openDemocracy, 1 de octubre de 2012; Chris Stephen, «Bani Walid protesters storm Libyan parliament grounds», en The Guardian, 21 de octubre de 2012; Jamie Dettmer, Christopher Dickey y Eli Lake, «The truth behind the Benghazi attack» y «New details on Benghazi» en The Daily Beast, 22 de octubre y 1 de noviembre de 2012, respectivamente; Adam Entous et al., «CIA takes heat for role in Libya», en The Wall Street Journal, 1 de noviembre de 2012; una de las primeras respuestas al ataque de Bengasi fue el envío de uno de los equipos de marines del FAST (Fleet Antiterrorism Security Team) que tienen sus bases en España; Eric Schmitt, «C. I. A. played major role fighting militants in Libya attack», en New York Times, 1 de noviembre de 2012; Michael R. Gordon y Eric Schmitt, «Libya attack shows Pentagon’s limits in region», en New York Times, 3 de noviembre de 2012; Melvin A. Goddman, «The why behind the Benghazi attack», en Consortium News, 4 de noviembre de 2012.

Mali: Adam Nossiter, «Quaddafi’s weapons, taken by old allies, reinvigorate an insurgent army in Mali», en New York Times, 5 de febrero de 2012; Mireille Fanon-Mendes-France, «Mali and French indecency», en Pambazuka News, 580, 5 de abril de 2012; Giorgio Cafiero, «Understanding the standoff in Mali», en Foreign Policy in Focus, 3 de agosto de 2012; Adam Nossiter, «Wave of violent repression plagues capital of Mali», en New York Times, 25 de julio de 2012; Bakary Guèye, «Touareg refugees pour into Mauritania», en Magharebia, 3 de febrero de 2012; Thomas Serres, «The Malian crisis seen from Algeria», en Pambazuka News, n.º 582, 26 de abril de 2012; Joe Penney, «A mistery airstrike and Mali’s “inevitable” war», en Guernica magazine, 26 de julio de 2012; «White House mulls “unilateral strikes” in Africa», en Common Dreams, 2 de octubre de 2012; John R. Schindler, «The ugly truth about Algeria», en The National Interest, 10 de julio de 2012; George Joffé, «Chaos in the Sahel», en openDemocracy, 25 de septiembre de 2012; Jeremy H. Keenan, «Algerian “state terrorism” and atrocities in northern Mali», en openDemocracy, 25 de septiembre de 2012.

3. LAS PERSPECTIVAS DE LA PAZ Y DE LA GUERRA

LOS VIEJOS CONFLICTOS: LAS GUERRAS DE RELIGIÓN

Barbara Elias Sandborn, «The Haqqani history: Bin Ladin’s advocate inside the Taliban», en National Security Archive, Electronic briefing book 389, 11 de septiembre de 2012; Pervez Hoodbhoy, «Drones: theirs and ours», en openDemocracy, 3 de noviembre de 2012; Zayd Alisa, «USA holds its breath as Saudi Arabia’s uprising surmounts the regime’s impregnable shield», en openDemocracy, 17 de septiembre de 2012; Pankaj Mishra, «America’s inevitable retreat from the Middle East», en New York Times, 23 de septiembre de 2012; Stephen Zunes, «Embassy protests and Middle East unrest in context», en Foreign Policy in Focus, 17 de septiembre de 2012; Andrew J. Bacevich, «Boykinism», en TomDispatch, 25 de septiembre de 2012; Horace Campbell, «A year later, the war in Libya is far from over», en Pambazuka News, n.º 601, 19 de octubre de 2012; Dana Milbank, «Letting us in on a secret», en The Washington Post, 11 de octubre de 2012.

IRAK

Dennis Kucinich, «Iraq: Ten years, a million lives and trillions of dollars later», en Common Dreams, 2 de octubre de 2012; «Costs of war», Watson Institute for International Studies, Brown University; Bill Moyers, «The real costs of war», en Bill Moyers & Co., 1 de abril de 2012; «Anthony Swofford on the epidemic of military suicides», en Daily Beast, 20 de mayo de 2012; Robert Burns, «Auditors say billions likely wasted in Iraq work», en Associated Press.News, 13 de julio de 2012; William J. Astore, «The National Security State wins (again)», en TomDispatch, 15 de mayo de 2012; Tom Engelhardt, «Washington’s militarizad mindset», en TomDispatch, 5 de julio de 2012; Rae Abileah, «The veteran suicide epidemic», en AlterNet, 13 de junio de 2012; Stephen Zunes, «Iraq: remembering those responsible», en Truthout, 1 de enero de 2012; Ned Parker, «The Iraq we left behind (Welcome to the world’s next failed state)», en Foreign Affairs, marzo-abril de 2012, pp. 94-110; Dahr Jamail, «Fallujah babies: birth defects blamed on US weapons» y «Rivals say Maliki leading Iraq to “civil war”», en Al Jazeera, 29 de diciembre de 2011 y 6 de enero de 2012; Julia Kallas, «Severe birth defects soar in post-war Iraq», en Truthout, 28 de octubre de 2012; Pat Cunningham, «Incredible! Nearly two-thirds of republicans still believe Iraq had WMDs when we invaded nine years ago!», en rrstar.com, 21 de junio de 2012; Robert Fisk, «The children of Fallujah-Sayef’s story», en The Independent, 25 de abril de 2012; Noam Chomsky, «Somebody else’s atrocities», en Truthout, 3 de junio de 2012; Hugh Gusterson, «An education in occupations», en Bulletin of the Atomic Scientists, 12 de febrero de 2012; Michael S. Schmidt y Eric Schmitt, «Flexing muscle, Baghdad detains U. S. contractors» y «U. S. drones patrolling its skies provoke outrage in Iraq» en New York Times, 15 de enero y 29 de enero de 2012, respectivaente; Jack Healy, «Irak turns justice into a show, and terror confessions a script», en New York Times, 7 de enero de 2012; Frederik Pleigen, «Human Rights Watch: Iraq getting worse», en CNN ed. International, 22 de enero de 2012; Michael S. Schmidt, «Secret accounts of Iraq massacre found in junk yard», en New York Times, 14 de diciembre de 2011; Dahr Jamail, «Western oil firms remain as US exits Iraq», en Al Jazeera, 7 de enero de 2012; Shlomo Ben-Ami, «The lasting damage of Iraq», en Project Syndicate, 2 de enero de 2012; «Pentagon wants 3 billion for the war in Iraq that we thought was over», en RT Questions More, 14 de febrero de 2012; Tom Engelhardt, «Debacle! How two wars in the Greater Middle East revealed the weakness of the global superpower», en TomDispatch, 3 de enero de 2012; Dirk Adriaensens, «The never-ending and never-prosecuted humanitarian disaster in Iraq», en Truthout, 28 de febrero de 2012; Toby Dodge, «The resistible rise of Nuri al-Maliki», en openDemocracy, 22 de marzo de 2012; Mike Ludwig, «Broken promises: America’s forgotten Iraqi allies face death and a long road home», en Truthout, 3 de abril de 2012; Robert C. Koehler, «The (burn) pits of hell», en Common Dreams, 24 de mayo de 2012. Sobre el despilfarro inútil de los proyectos de reconstrucción, Peter van Buren en «How not to reconstruct Iraq, Afghanistan or America», en TomDispatch, 16 de agosto de 2012. Greg Muttit, «Mission accomplished for Big Oil?», en TomDispatch, 23 de agosto de 2012; Omar al-Jawoshy y Michael Schwirtz, «Death sentence for a top Iraqi leader in a day of bloodshed», en New York Times, 9 de septiembre de 2012; Paul R. Pillar, «Iraq war’s “Trifecta of failure”», en Consortium News, 11 de octubre de 2012.

AFGANISTÁN

Nick Turse, ed., The Case for withdrawal in Afghanistan, Londres, Verso, 2010; Rod Nordland, «Afghan army’s turnover threatens U. S. strategy», en New York Times, 15 de octubre de 2012; Brian Glyn Williams, Afghanistan Declassified: A Guide to America’s Longest War, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2012; Tom Engelhardt, «Mission failure: Afghanistan. A message written in blood that no one wants to hear», en TomDispatch, 31 de julio de 2012; Gareth Porter, «How the U. S. quietly lost the IED war in Afghanistan», en Inter Press Service, 9 de octubre de 2012; Matthew Rosenberg, «Training Afghan allies, with guard firmly up», en New York Times, 25 de septiembre de 2012; Alissa J. Rubin, «Audacious raid on NATO base shows taliban’s reach», en New York Times, 16 de septiembre de 2012; Graham Bowley y Richard A. Oppel jr., «US halting program to train Afghan recruits», en Truthout, 2 de septiembre de 2012; James Dao y Andrew W. Lehren, «In toll of 2000, new portrait of Afghan war», en New York Times, 21 de agosto de 2012; Timothy Williams, «Suicides outpacing war deaths for troops», en New York Times, 8 de junio de 2012; Emma Graham-Harrison, «Prevalence of malnutrition in southern Afghanistan “shocking”», en The Guardian, 4 de septiembre de 2012; Spencer Ackerman, «Leaked memo: Afghan “burn pit” could wreck troops’ hearts, lungs», en Wired, “Danger room”, 22 de mayo de 2012. Sobre la desmitificación de la ocupación soviética, Rodric Braithwaite, Afgantsy. The Russians in Afghanistan, 1979-89, Nueva York, Oxford University Press, 2011 y Christian Parenti, «Ideology and electricity: The Soviet experience in Afghanistan», en The Nation, 17 de abril de 2012. Mark Karlin, «Afghanistan war is turning GIs into junkies, as Afghan opium production soars under US occupation», en Truthout, 23 de abril de 2012; Alissa J. Rubin, «U. S. general in Afghanistan says troops may stay past 2014», en New York Times, 20 de diciembre de 2011; Elisabeth Bumuller, «Panetta says U. S. to end Afghan combat role as soon as 2013», en New York Times, 1 de febrero de 2012; Steven Erlanger y Rod Nordland, «France, breaking with NATO, will speed Afghan exit», en New York Times, 27 de enero de 2012; Thom Shanker and Eric Schmitt, «U. S. plans shift to elite units as it winds down in Afghanistan», en New York Times, 4 de febrero de 2012; Ron Nordlans, «Risks of Afghan war shift from soldiers to contractors», en New York Times, 11 de febrero de 2012; Arif Rafiq, «Uncertainty looms amid progress in talks with the Taliban», en openDemocracy, 19 de enero de 2012; Ron Moreau, Sami Yousafzai y Tara McKelvey, «U. S. officials holding secret talks with the Taliban in Qatar» en Daily Beast, 31 de diciembre de 2011; Graham Bowley, «In Afghanistan, a Soviet past lies in ruins», en New York Times, 11 de febrero de 2012; Scott Shane, «In Afghan war, officer becomes a whistle-blower», en New York Times, 5 de febrero de 2012; Lt. Col. Daniel L. Davis, «Truth, lies and Afghanistan. How military leaders have let us down», en Armed Force Journal, 5 de febrero de 2012 (el informe original de Davis, «Dereliction of duty II: Senior military leader’s loss of integrity wounds Afghan war effort» ha sido publicado por Rolling Stone, 10 de febrero de 2012: sobre este informe, Dana Liebelson, «Congress: Listen to Lt. Col. Daniel Davis», en Common Dreams, 3 de abril de 2012). Giuliano Battiston, «Disillusion, mistrust and suspicion: the legacy of the Afghan war», en openDemocracy, 9 de febrero de 2012; Nick Turse, «450 bases and it’s not over yet. The Pentagon’s Afghan basing plans for prisons, drones, and black ops», en TomDispatch, 12 de febrero de 2012; Ralph Lopez, «With mass child freezing deaths, proof of mass starvation, US in violation of Geneva in Afghanistan», en War is a Crime.org, 19 de febrero de 2012; Matt Southworth, «Is US-Afghan agreement a prelude to Afghan civil war?», en Truthout, 26 de abril de 2012; Hamid Shalizi y David Alexander, «U. S. losing patience with Pakistan, says Panetta», en Reuters, 7 de junio de 2012; Sebastian Rotella, «Militant reaffirms role in Pakistan Mumbai attacks», en ProPublica, 9 de agosto de 2012; Dilip Hiro, «The Alliance from hell», en Tom Dispatch, 18 de octubre de 2012; Matthew Rosenberg y Tom Shanker, «Violent uproar in Afghanistan casts shadow on U. S. pullout», en New York Times, 26 de febrero de 2012; Ann Jones, «Green on blue. Dead Americans, and half a million gunmen on the loose», en TomDispatch, 8 de marzo de 2012; John Stephenson y Ali Safi, «After a decade, Afghan forces don’t trust Americans», en Truthout, 10 de marzo de 2012; «Horror in Kandahar», editorial del New York Times, 12 de marzo de 2012; Kirk Johnson, «At soldier’s hearing, grisly descriptions of chaos and horror», en New York Times, 10 de noviembre de 2012; Miwais Khan, «Afghan officials attacked at U. S, killing spree site», en Associated Press, 13 de marzo de 2012; Taimoor Shah y Graham Bowley, «An Afghan comes home to a massacre», en New York Times, 12 de marzo de 2012. Se han multiplicado los intentos de mostrar a Bales como víctima de un transtorno (por ejemplo, de un daño cerebral causado por la exposición a explosiones de artefactos improvisados, según Kate Wenner, «War is brain-damaging», en New York Times, 17 de marzo de 2012), a lo que Robert Fisk ha replicado: «Empieza a cansarme este cuento del soldado demente» («La masacre en Afganistán no fue locura», en sinPermiso, 18 de marzo de 2012). Helene Cooper y Eric Schmitt, «U. S. officials debate speeding Afghan pullout», en New York Times, 13 de marzo de 2012; Rod Nordland, Elisabeth Bumiller y Matthew Rosenberg, «Karzai calls on U. S. to pull back as Taliban cancel talks», en New York Times, 15 de marzo de 2012; Yaroslav Trofimov y Julian E. Barnes, «Karzai demands U. S. pullback», en The Wall Street Journal, 15 de marzo de 2012; John Lafarge, «America’s crimes of war», en Consortium News, 15 de marzo de 2012; Robert Parry, «The “Surge” myth deadly result», en Consortium News, 17 de marzo de 2012; Elisabeth Bumiller and Allison Kopicki, «Support in U. S. for Afghan war drops sharply, poll finds», en New York Times, 26 de marzo de 2012; Bill Moyers y Andrew Bacevich, «Andrew Bacevich on changing our military mindset», en Truthout, 26 de marzo de 2012; Ali Safi y Jonathan S. Landay, «Attack hits US embassy, government offices in Afghanistan», en Truthout, 15 de abril de 2012; Kevin Sieff, «Taliban hits Kabul, other Afghanistan cities in coordinated attack», en Washington Post, 15 de abril de 2012; Alissa J. Rubin, «With pact U. S. agrees to help Afghans for years to come», en New York Times, 22 de abril de 2012; Mark Landler, «Obama signs pact in Kabul, turning page in Afghan war», en New York Times, 1 de mayo de 2012; Paul R. Pillar, «Finally, an Afghan end game», en Consortium News, 2 de mayo de 2012; Robert Parry, «How US hubris baited Afghan trap», en Consortium News, 3 de mayo de 2012; Tom Hayden, «Obama’s Afghanistan speech: A guide for the perplexed», en The Nation, 3 de mayo de 2012; Ray McGovern, «Not explaining the why of terrorism», en Consortium News, 2 de mayo de 2012; Gareth Porter, «The secret in the US-Afghan deal», en Consortium News, 3 de mayo de 2012 y en IPS, 6 de mayo de 2012; David Swanson, «Leaving Afghanistan by staying», en War is a crime.org, 1 de mayo de 2012; «Congress, standing against public majority, votes for more war in Afghanistan», en Common Dreams, 18 de mayo de 2012; Rod Nordland, «In Afghanistan, new group begins campaign of terror», en New York Times, 19 de mayo de 2012; David E. Sanger, «Charting Obama’s journey to a shift on Afghanistan», en New York Times, 19 de mayo de 2012; Helen Cooper y Matthew Rosenberg, «Supply lines cast shadow at NATO meeting on Afghan war», en New York Times, 21 de mayo de 2012; Alison Kilkenny, «Thousands march with Veterans for Peace at Chicago NATO summit; police responds with brute force», en Truthout, 21 de mayo de 2012; Paul Rogers, «America, India, Pakistan, China: the next game», en OpenDemocracy, 7 de junio de 2012; Derek Gregory, «Supplying war in Afghanistan: the frictions of distance», en OpenDemocracy, 11 de junio de 2012; Eric Schmitt, «Pakistan opens NATO supply line as Clinton apologizes», en New York Times, 3 de julio de 2012; Robert Greenwald y Derrick Crowe, «Sorry’s not good enough in Afghanistan. Here’s why», en Truthout, 28 de febrero de 2012; Tom Engelhardt, «The best laid plans. How quickly will the U. S. leave Afghanistan?», en TomDispatch, 26 de agosto de 2012; Nike Turse, «Afghanistan’s base bonanza», en TomDispatch, 6 de septiembre de 2012; Charlie Savage y Graham Bowley, «U. S. to retain role as jailer in Afghanistan», en New York Times, 5 de septiembre de 2012; Graham Bowley, «Potential for a mining boom splits factions in Afghanistan», en New York Times, 8 de septiembre de 2012; Jim Lobe, «Gloomy prognosis: US has set fuse for prolonged Afghan civil war. New report joins growing calls for renewed and serious peace talks with Taliban», en Common Dreams, 26 de septiembre de 2012; Matthew Rosenberg y Rod Nordland, «U. S. abandoning hopes for Taliban peace deal», en New York Times, 1 de octubre de 2012; International Crisis Group, «Afghanistan: The long, hard road to the 2014 transition», Kabul/Bruselas, Asian Report n.º 236, 8 de octubre de 2012; David E. Sanger, «Rebel arms flow is said to benefit jihadists in Syria», en New York Times, 14 de octubre de 2012; Kathy Kelly, «Survival and dignity in an Afghan winter», en Common Dreams, 30 de octubre de 2012.

LA GUERRA CIVIL EN SIRIA

William Blum, «What’s happening in Syria?», en TomDispatch, 7 de abril de 2012; Regan Doherty y Amena Bakr, «Secret Turkish nerve center leads aid to Syria rebels», en Reuters, 27 de julio de 2012; Ghaith Abdul-Ahad, «Syria: the foreign fighters joining the war against Bashar al-Assad», en The Guardian, 24 de septiembre de 2012; John Lafarge, «Double standard on civilian deaths», en Consortium News, 30 de mayo de 2012; André Vitchek, «When is the Syrian “opposition” Syrian?». En openDemocracy, 24 de septiembre de 2012; Saul Landau, «The right path for Washington in Syria» y Phyllis Bennis, «Syrian uprising morphs into regional and global wars», ambos en Institute for Policy Studies Blog, 14 de junio y 10 de agosto de 2012, respectivamente; Robert Naiman, «Hillary Clinton’s silence is deafening on massive Palestinian prisoner hunger strike», en Truthout, 10 de mayo de 2012; Kamal Sheikho, «Syria: the spectre of civil war», en openDemocracy, 1 de diciembre de 2011; Ramzy Baroud, «Syria uprising falls victim to power plays», en Truthout, 20 de noviembre de 2011; Anthony Shadid, «Fear of civil war mounts in Syria as crisis deepens», en New York Times, 14 de enero de 2012; «It looks like civil war», en The Economist, 28 de enero de 2012, pp. 29-30; Shamus Cooke, «The truth behind the coming “regime change” in Syria» y «Proxy war in Syria threatens catastrophe for the Middle East», en Veracity Voice, 25 y 30 de enero de 2012, respectivamente; Tariq Ali, «La mayoría del pueblo sirio quiere que el clan Assad se vaya», entrevista en sinPermiso, 4 de marzo de 2012; Margot Light, «Lines in shifting sands: Russia’s response to the Syrian uprising», en openDemocracy, 29 de mayo de 2012; Dan de Witt, «NATO and CIA covertly arming Syrian rebels in order to weaken Iran», en Truthout, 27 de enero de 2012; Helene Cooper, «Solution on Syria remains elusive for White House», en New York Times, 5 de febrero de 2012; Tim Arango y Duradi Adnan, «For Iraqis, aid to rebels in Syria repays a debt», en New York Times, 12 de febrero de 2012; «The long road to Damascus», en The Economist, 11 de febrero de 2012, pp. 22-24; «Proxy war in Syria threatens catastrophe for the Middle East», en FeedBurner,org, 30 de enero de 2012; Stephen Zunes, «US outrage over Syria veto at UN rife with hypocrisy», en Truthout, 8 de febrero de 2012; Neil MacFarquhar, «After a year, deep divisions hobble Syria’s opposition», en New York Times, 23 de febrero de 2012; Steven Erlanger, «Syrian conflict poses the risk of wider strife», en New York Times, 25 de febrero de 2012; Tim Arango, «Syria’s sectarian fears keep region on edge», en New York Times, 28 de febrero de 2012; Charles P. Blair, «Fearful of a nuclear Iran? The real WMD nightmare is Syria», en Bulletin of the Atomic Scientists, 1 de marzo de 2012; Assad AbuKhalil, «Siria: Hay que oponerse al Consejo Nacional Sirio», en sinPermiso, 11 de marzo de 2012; «Picking up the pieces», en The Economist, 10 de marzo de 2012, p. 41; Rein Müllerson, «Syria, morality and geopolitics», en openDemocracy, 25 de marzo de 2012; Anne Barnard, «Refugees say neighbor shoots neighbor in Syrian crackdown» en New York Times, 28 de marzo de 2012; «Syrian rebels caught embellishing on tape», en The Daily Beast, 27 de marzo de 2012; Steven Lee Myers, «United States moves closer to direct intervention in Syria», en New York Times, 1 de abril de 2012; Karen DeYoung, «Arab states agree to provide millions to pay Syrian opposition fighters», en The Washington Post, 1 de abril de 2012; William Blum, «What’s happening in Syria?», en TomDispatch, 7 de abril de 2012; Wikileaks, «The Global Intelligence files», febrero de 2012; Charles Glass, «Syria: the citadel and the war», en New York Review of Books, 7 de junio de 2012, pp. 15-18; Daniel Pipes, «Stay out of the Syrian morass», en Washington Times, 13 de junio de 2012; Eric Schmidt, «C. I. A. said to aid steering arms to Syrian opposition», en New York Times, 21 de junio de 2012. Una muestra de las estupideces que se han llegado a decir sobre este tema nos la da Niall Ferguson, «China should intervene in Syria, not America», en Newsweek, 18 de junio de 2012. John Galtung, «Siria: ¿hay un camino para la paz?», en sinPermiso, 1 de julio de 2012; Neil MacFarquhar y Hwaida Saad, «After 2 days of quarreling, Syrian opposition draws up goals for transition», en New York Times, 3 de julio de 2012; Graham Usher, «El giro a la guerra», en sinPermiso, 15 de julio de 2012; Joe Lauria, «What Russia fears in Syrian conflict», en Consortium News, 26 de junio de 2012; Peter Biles, «Syria crisis: Powers call for tougher sanctions», en BBC website, 6 de julio de 2012; Eric Schmitt y Helene Cooper, «US focuses on hands off toppling of Syrian government», en Truthout, 22 de julio de 2012; Rod Nordland, «Al Qaeda taking deadly new role in Syria’s conflict», en New York Times, 24 de julio de 2012; Erika Solomon, «Assad praises troops but his whereabouts are mistery», en Reuters, 1 de agosto de 2012; Robert Fisk, «Siria: guerra de mentiras», en sinPermiso, 5 de agosto de 2012; Liz Sly, «Syrian rebels feel abandoned, betrayed by U. S.», en Washington Post, 8 de agosto de 2012; Damien Cave, «Crime wave engulfs Syria as its cities reel from war», en New York Times, 9 de agosto de 2012; Christopher Dickey, «Syria: there goes the neighborhood», en Daily Beast, 10 de agosto de 2012; lo de los mapas de Siria entregados a los marines en 2003 procede del testimonio de Peter van Buren en «How not to reconstruct Iraq, Afghanistan or America», en TomDispatch, 16 de agosto de 2012; Ahmad Barqawi, «Syria: turning back the clock on the Arab Spring», en openDemocracy, 18 de agosto de 2012; las palabras de Georges Corm son de la entrevista de Tomás Alcoverro en La Vanguardia, 11 de septiembre de 2012, p. 12; Daniel Pipes, «Wait out the war in Syria», en History News Network, 21 de agosto de 2012; Robert Fisk, «“Rebel army? They’re a gang of foreigners”» y «Plucky little Turkey standing up to evil Syria? It’s not as simple as that», en The Independent, 23 de agosto y 8 de octubre de 2012, respectivamente; Ajamu Baraka, «Human rights and humanitarian imperialism in Syria», en Pambazuka News, n.º 599, 27 de septiembre de 2012; Farnaz Fassihi, «Iran said to send troops to booster Syria», en Wall Street Journal, 27 de agosto de 2012; sobre la protesta pacífica inicial, Carsten Wieland, «Syria, a decade of lost chances», en openDemocracy, 29 de agosto de 2012; Rita from Syria, «The FSA: how to lose support and alienate people in no time», en openDemocracy, 3 de septiembre de 2012; «Syrian rebels: More than they can chew», en The Economist, 25 de agosto de 2012, p. 29; Rita from Syria, «The not-so-strange case of the lost potato field of Jibata Al-Khashab», en openDemocracy, 27 de septiembre de 2012; Tim Arango, «Kurds to pursue more autonomy in a fallen Syria», en New York Times, 28 de septiembre de 2012; Robert E. Worth, «Citing U. S. fears, arab allies limit Syrian rebels aid», en New York Times, 6 de octubre de 2012; Paul R. Pillar, «The arms dilemma in Syria», en Consortium News, 17 de octubre de 2012; Anne Barnard, «Blast in Beirut is seen as an extension of Syria’s war», en New York Times, 19 de octubre de 2012; Bill Park, «Turkey’s Kurdish policy: sleepwalking to crisis», en openDemocracy, 31 de octubre de 2012; Anne Barnard, «Missteps by rebels erode their support among Syrians», en New York Times, 8 de noviembre de 2012; «Jordanians take to streets as thousands demand “fall of regime”», en Common Dreams, 14 de noviembre de 2012; Ahmed E. Souaiaia, «Recognizing the new Syrian National Coalition alone will not end the war in Syria», en openDemocracy, 28 de noviembre de 2012; Michael R. Gordon et al., «Floe of arms to Syria through Iraq persists, to U. S. dismay», en New York Times, 1 de diciembre de 2012; «Measured approach to the Syryian crisis», editorial del New York Times, 30 de noviembre de 2012.

UN PROYECTO DE GUERRA PARA EL FUTURO: IRÁN

Paul Rogers, «America, Israel, Iran: a shifting risk», en openDemocracy, 22 de diciembre de 2011; Uwe-Jürgen Ness, «Syria: What Russia and China have learned from the last NATO war», en Truthout, 30 de julio de 2012; Flynn Leverett y Hillary Mann Leverett, «Deep-sixing the China option. How the Obama administration is stalling its way to war with Iran», en TomDispatch, 19 de junio de 2012; Matthew Kroeni, «Time to attack Iran», en Foreign Affairs, enero-febrero de 2012, pp. 76-86; Richard Sale, «What Israel’s war against Iran would look like», en Truthout, 8 de diciembre de 2011; Saeed Rahnema, «Playing with fire in the Middle East», en openDemocracy, 6 de diciembre de 2011; Robert Parry, «Slip-sliding to war with Iran», en Consortium News, 29 de diciembre de 2011; David Shorr, «Diplomacy, Iran, and the bomb», en Bulletin of the Atomic Scientists, marzo de 2012; Lauren Feeney, «Scrutinizing the threat from Iran», en Truthout, 1 de abril de 2012; Gareth Porter, «Reports on Iran’n nuclear fatwa distorts its history», en Truthout, 19 de abril de 2012; Elizabeth Murray, «How Obama recycled a lie about Iran», en Consortium News, 25 de abril de 2012; Ray McGovern, «Israel’s “bomb Iran” timetable», en Consortium News, 12 de agosto de 2012; Kennette Benedict, «Stuxnet and the bomb», en Bulletin of the Atomic Scientists, 15 de junio de 2012; Gareth Porter, «U. S. leak on Israeli attack weakened a warning to Nettanyahu», en Inter Press Service, 4 de febrero de 2012 y «Crackpot anti-islam activists, “serial fabricators” and the tale of Iran and 9/11», en Truthout, 29 de diciembre de 2011; Tom Engeldhart, «Iranian aircraft carriers in the Gulf of Mexico. It can’t happen here», en TomDispatch, 29 de enero de 2012; Matt Dus, «The neocons’ big Iran lie», en Salon, 10 de febrero de 2012; Peter Beinart, «Experts say Iran attack is irrational, yet hawks are winning the debate», en The Daily Beast, 21 de febrero de 2012; Mike Lofgren «Iran: War drums beating», en Truthout, 7 de febrero de 2012; James Rissen y Mark Mazzetti, «U. S. agencies see no move to build a bomb», en New York Times, 24 de febrero de 2012; David S. Cloud, «U. S. troops quietly surge into Middle East», en San Francisco Chronicle, 13 de enero de 2012; Shamus Cooke, «The threat of war against Iran and Syria is real», en Truthout, 5 de enero de 2012. Pepe Escobar, «The myth of “isolated” Iran», en TomDispatch, 17 de enero de 2012. Lesley Clark and Jonathan S. Landay, «Netanyahu tells Obama Israel may attack Iran alone if necessary», en Truthout, 6 de marzo de 2012; «Report: Israel Could attack Iran just before US elections», en Common Dreams, 10 de abril de 2012. Sobre la ciberguerra contra las centrifugadoras iraníes, David E. Sanger, Confront and Conceal. Obama’s Secret Wars and Surprising Use of American Power, Nueva York, Crown Publishers, 2012, pp. 141-240. Véase el debate en Foreig Affairs entre Matthew Kroenig «Time to attack Iran» (enero-febrero de 2012) y Colin H. Kahk, «Not time to attack Iran» (marzo-abril 2012); Eli Clifton, «Robert Gates: Attacking Iran would be a “catastrophe”», en Think Progress, 22 de marzo de 2012; «US continues to train terrorists on its own terror list: Report», en Common Dreams, 7 de abril de 2012, basado en un informe de Seymour Hersh, que se completa con una entrevista en Truthout, 10 de abril de 2012; Juan Cole, «Why Washington’s Iran policy could lead to global disaster», en TomDispatch, 12 de abril de 2012; Robert Kelley, «Nuclear arms programme charge against Iran is no sure thing», en SIPRI, 12 de enero de 2012; Thom Shanker, David E. Sanger y Eric Schmitt, «US adds forces in Persian Gulf, a signal to Iran», en The New York Times News Service, 3 de julio de 2012; Ari Berman, «Romney: Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb Iran», en The Nation, 19 de junio de 2012; «A Persian Gulf “hot line” proposed», en Consortium News, 31 de julio de 2012; Ray McGovern, «Get ready for a catastrophic war: Israel likely to strike Iran before november elections», en Alternet, 12 de agosto de 2012; Robert Parry, «An Israeli october surprise for Obama?», en Consortium News, 18 de agosto de 2012; Elizabeth Murray, «The human cost of war on Iran», en Consortium News, 23 de agosto de 2012; Jim Lobe y Gareth Porter, «Obama impedes Israel’s Iran attack», en Consortium News, 5 de septiembre de 2012; Robert Parry, «US media distorts Iran nuke dispute», en Consortium News, 14 de septiembre de 2012; Ray McGovern, «Netanyahu backs off on Iran», en Consortium News, 29 de septiembre de 2012; Glenn Greenwald, «The true reason US fears Iranian nukes: they can deter US attacks», en The Guardian, 2 de octubre de 2012; Patrick Wintour y Nick Hopkins, «Iran military action not “right course at this time”, Downing Street says», en The Guardian, 26 de octubre de 2012; Jeremiah Goulka, «The dogs of war are barking», en TomDispatch, 4 de noviembre de 2012.

LAS NUEVAS GUERRAS DEL SIGLO XXI

Hillary Clinton, «America’s Pacific Century», en Foreign Policy, 20 de mayo de 2012 (el artículo está firmado en noviembre de 2011); Patrick Barta, «Asean summit breaks down over South China Sea disputes», en Wall Street Journal, 13 de julio de 2012; Jane Perlez, «China sends troops to disputed islands», en New York Times, 23 de julio de 2012; Austin Ramzy, «Taiwan joins fray over disputed Pacific islands», en Time, 26 de septiembre de 2012; un extenso estudio sobre los intentos de crear un «Código de Conducta» común, en Carlyle A. Thayer, «ASEAN’S Code of Conduct in the South China Sea: a litmus test for community-building?», en The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, documento 3813; Bernard K. Gordon, «Trading up in Asia. Why the United States needs the Trans-Pacific Partnership», en Foreign Affairs, julio-agosto de 2012, pp. 17-22; Dean Baker, «“Trans-Pacific Partnership” is Washington speak for corruption and theft», en Real-world Economics Review blog, 4 de septiembre de 2012; Laurel Sutherlin, «What you need to know about a worldwide corporate power grab of enormous proportions», en AlterNet, 11 de septiembre de 2012; Robert Parry, «Steering from the abyss», en Consortium News, 31 de mayo de 2012; «US tries to balance values, economic opportunities in “pivot to Asia”», en Washington Post, 12 de julio de 2012; Zach Carter, «Obama trade document leaked revealing new corporate powers and broken campaign promises», en Huffington Post, 14 de junio de 2012; «US trade agreement leak reveals “radical new powers” for multinational corporations. Obama administration agrees to deal that contradict domestic agenda», en Common Dreams, 13 de junio de 2012; Michelle Chen, «Backdoor talks on Trans-Pacific trade deal aim to globalize corporatocracy», en In These Times, 21 de junio de 2012; Cynthia Phinney, «How can labor combat Obama’s secret “NAFTA of the Pacific”?», en Truthout, 19 de junio de 2012; Lori Wallach, «Trans-Pacific Partnership: under cover of darkness, a corporate coup is underway», en AlterNet, 29 de junio de 2012; Dean Baker, «The Pacific “free trade” deal that’s anything but free», en Common Dreams, 27 de agosto de 2012; Brian Moench, «America the beautiful: A fire sale for foreign corporations», en Truthout, 10 de julio de 2012; Kevin P. Gallagher, «Tired of waiting for 21st century trade deal: Developing nations challenge Obama on global finance», en Real-world Economics Review Blog, 13 de junio de 2012; Andrew Gavin Marshall, «The Trans-Pacific Partnership: What “free trade” actually means», en Occupy.com, 26 de noviembre de 2012.

UN NUEVO ESTILO DE GUERRA

Nick Turse, «The new Obama doctrine. A six-point plan for global war. Special ops, drones, spy games, civilian soldiers, proxy fighters, and cyber warfare» y «A failed formula for worldwide war. How the empire changed its face, but not its nature» en TomDispatch, 14 de junio y 25 de octubre de 2012, respectivamente; Tom Engelhardt, «Overwrought empire. The discrediting of U. S. military power», en TomDispatch, 7 de octubre de 2012; William D. Hartung, «Beyond nuclear denial. How a world-ending weapon disappeared from our lives, but not our world», en TomDispatch, 8 de julio de 2012; Tom Shanker, «Mapping military needs, aided by a big projection», en New York Times, 11 de septiembre de 2012; Jonathan Weisman, «White House details potential effects if automatic budget cuts go through», en New York Times, 15 de septiembre de 2012. Los costes de las guerras mantenidas por los Estados Unidos en la última década han sido estimados por el «Eisenhower Research Project» de la Unversidad de Brown, y sus resultados pueden verse en www.costsofwar.org. Sobre los nuevos métodos de enriquecimiento de uranio que pueden aumentar la proliferación, R. Scott Kemp, «SILEX and proliferation», en Bulletin of the Atomic Scientists, agosto de 2012; Noah Schachtman y Spencer Ackerman, «U. S. military taught officers: Use “Hiroshima” tactics for “Total war” on Islam», en Wired, 10 de mayo de 2012; Dina Rasor, «Defense companies use congress to save their profits, no matter what», en Truthout, 2 de agosto de 2012. Sobre los posibles objetivos de lucha por unos recursos escasos, Michael T. Klare, The Race for What’s Left. The Global Scramble for the World Last Resources, Nueva York, Metropolitan Books, 2012. Raymond T. Odierno, «The U. S. Army in a time of transition», en Foreign Affairs, mayo/junio de 2012, pp. 7-11; Andrew Bacevich, «Scoring the global war on terror. From liberation to assassination, in three quick rounds», en TomDispatch, 19 de febrero de 2012; Lawrence Wittner, «The shame of nations: a new record is set for spending on war», en CommonDreams, 23 de abril de 2012; Chris Hellman y Mattea Kramer, «The nearly $1 trillion National Security budget», en TomDispatch, 22 de mayo de 2012; Melvin A. Goodman, «Time for major cuts in defence spending», en The Baltimore Sun, 30 de septiembre de 2012; Andrew J. Bacevich, «Unleashed. Globalizing the war on terror», en TomDispatch, 29 de mayo de 2012; Michael Hastings, «The rise of the killer drones: How America goes to war in secret. An inside look at how killing by remote control has changed the way we fight», en RollingStone, 26 de abril de 2012; Ben Freeman, «The F-35 Joint Strike Fighter, the most expensive weapon ever», en Truthout, 19 de mayo de 2012; Andrea Shalal-Esa, «Government sees lifetime cost of F-35 fighter at $1.51 trillion», en Chicago Tribune, 2 de abril de 2012; Conor Friedesdorf «Waging war in secret vs. American democracy», en The Atlantic, 7 de febrero de 2012; Karen J. Greenberg, «Ever more and ever less. The unstoppable legacy of the War on Terror» en TomDispatch, 18 de marzo de 2012; Cora Currier, «Everything you ever wanted to know about drones», en ProPublica, 31 de mayo de 2012; Hugh Guserson, «The cost of war» y «Death by drone», en Bulletin of the Atomic Scientists, septiembre y octubre de 2011; «Drone industry becomes a booming business», en RT, 22 de junio de 2012; Kathy Kelly, «Drone-strike survivors ask, “What kind of democracy is America?”», en Truthout, 1 de marzo de 2012; David E. Sanger, Confront and Conceal. Obama’s Secret Wars and Surprising Use of American Power, Nueva York, Crown Publishers, 2012, pp. 241-270; Chris Woods, «“OK, fine, shoot him”. Four words that heralded a decade of secret US drone killings», en The Bureau of Investigative Journalism, 3 de noviembre de 2012; Andrew Cockburn, «Drones, baby, drones», en London Review of Books, 8 de marzo de 2012, pp. 15-16; «NATO admits killing Afghan mother, 5 children in air strike», en Common Dreams, 8 de mayo de 2012; Tom Barry, «Drones flying under the radar», en Truthout, 6 de abril de 2012; Jefferson Morley, «The drones are coming to America», en Salon, 10 de abril de 2012; Sari Horwitz y Peter Finn, «Holder expected to explain rationale for targetting U. S. citizens abroad», en The Washington Post, 1 de marzo de 2012; Chris Hedges, «AIPAC works for the 1 percent», en Truthdig, 5 de marzo de 2012; Umar Farooq, «Our inmoral drone war», en Salon, 16 de marzo de 2012; Tom Engelhardt, «America as a shining drone upon a hill», en TomDispatch, 23 de mayo de 2012; Nick Turse, «A drone-eat-drone world. With its “roadmaps” in tatters, the Pentagon detours to Terminator planet», en TomDispatch, 31 de mayo de 2012; Gareth Porter, «Cover-up of civilian deaths revealed by new evidence», en Truthout, 17 de agosto de 2012, muestra cómo las informaciones oficiales tratan de ocultar el número de víctimas civiles causadas por los drones en Pakistán; Jo Becker y Scott Shane, «Secret “Kill list” proves a test of Obama’s principles and will», en New York Times, 29 de mayo de 2012; Peter van Buren, «How Obama’s targeted killings, leaks, and the everything-is-classified state have fused», en Tom Dispatch, 12 de junio de 2012; John Grant, «A killer in the White House», en This Can’t Be Happening, 1 de junio de 2012; Chris Hedges, «The United State’s clandestine armies plunge us deeper into violence», en Truthout, 20 de agosto de 2012; Greg Miller, «Plan for hunting terrorists signals U. S. intends to keep adding names to kill lists», en Washington Post, 24 de octubre de 2012; «FAA Docs show clamor for domestic drones», en Common Dreams, 20 de abril de 2012; Charlie Savage, «U. S. law may allow killings, Holder says», en New York Times, 5 de marzo de 2012; Gleen Greenwald, «US drone strikes target rescuers in Pakistan and the West stays silent», en The Guardian, 20 de agosto de 2012; Richard Sale, «General Petraeus and the drone war», en Truthout, 12 de agosto de 2012; William Hartung, «Throwing money at the Pentagon», en TomDispatch, 20 de marzo de 2012; Greg Miller, «CIA seeks new authority to expand Yemen drone campaign», en Washington Post, 19 de abril de 2012. David Fairhall, «Welcome to the new Arctic», en Salon, 10 de diciembre de 2011; «Study: “Arctic Cold War” heats up», y Robert C. Koehler, «When we grow up, we will fall in love with Earth», ambos en Common Dreams, 1 de abril y 19 de abril de 2012, respectivamente; «The melting North», reportaje especial en The Economist, 16 de junio de 2012. John Feffer, «Death and taxes». En The Bellingham Herald, 18 de abril de 2012; «The dragon’s new teeth», en The Economist, 7 de abril de 2012, pp. 25-28. Jane Perlez, «Chinese insider offers rare glimpse of U. S.-China frictions», en New York Times, 2 de abril de 2012; John Feffer, «Why 2012 will shake up Asia and the world», en TomDispatch, 4 de octubre de 2011; Hans M. Kristensen y Robert S. Norris, «Chinese nuclear forces, 2011», publicado por Bulletin of Atomic Scientists, noviembre de 2011: Andrew Bacevich, «The American Century is over good riddance», en The Chronicle of Higher Education, 25 de febrero de 2012; «Leon Panetta: US to deploy 60 of navy fleet to Pacific», en BBCwebsite, 2 de junio de 2012; Raymond DuBois y David Vine, «Bipartisan strategy takes shape to close overseas US bases», en Truthout, 29 de enero de 2012; Eric Schmitt, Mark Mazzetti y Tom Shanker, «Admiral seeks freer hand in deployment of elite forces», en New York Times, 12 de febrero de 2012; Elisabeth Bumiller y Tom Shanker, «Panetta to offer strategy for cutting military budget» y «Obama at Pentagon to outline cuts and strategic shifts», en New York Times, 2 y 5 de enero de 2012; «Obama: U. S. to expand military in Australia», en CBS News.com, 16 de noviembre de 2011; Barry Eisler, «Leon Panetta: Military cuts mean “Doomsday” for America», en Truthout, 24 de diciembre de 2011: Nick Turse, «The crash and burn future of robot warfare: what seventy downed drones tell us about the new American way of war», en TomDispatch, 16 de enero de 2012; David Swanson, «A 51st state for armed robotic drones», en War is a Crime, 27 de octubre de 2011; Lorenzo Franceschi-Bicchierai, «Revealed: 64 drone bases on American soil», en Wired, 13 de junio de 2012; «Holder’s troubling death-by-drones rules», editorial de Los Angeles Times, 7 de marzo de 2012; Medea Benjamin, «How drones may be used against US citizens soon», en Truthout, 1 de junio de 2012 (es un resumen del libro de la propia autora Drone Warfare. Killing by Remote Control); Eric Smith, «Elite military forces are denied in bid for expansion», en New York Times, 4 de junio de 2012; W. J. H. Hennigan, «Drone makers urge U. S. to let them sell more overseas», en Los Angeles Times, 1 de julio de 2012; David Vine, «The Lily-pad strategy. How the Pentagon is quietly transforming its overseas base empire end creating a dangerous new way of war», en TomDispatch, 15 de julio de 2012; «Nuclear terrorism: How big a threat? Is al-Qaeda to get a bomb?», en National Security Archive, Electronic briefing book 388, 7 de septiembre de 2012; Tom Engelhardt, «Monopolizing war? What America knows how to do best», en TomDispatch, 13 de septiembre de 2012; Dina Rasor, «Romney’s 2-trillion Defense increase won’t buy more defence, just more waste» y Mark Karlin, «Will blowback from drone warfare end up killing Americans?», ambos en Truthout, 11 de octubre de 2012; Paul Rogers, «Remote control, a new way of war», en openDemocracy, 18 de octubre de 2012; Greg Miller, «CIA seeks to expand drone fleet, officials say», en Washington Post, 19 de octubre de 2012; Thom Shanker, «Panetta warns of dire threat of cyberattack on U. S.», en New York Times, 11 de octubre de 2012; Karen J. Greenberg, «Will the Apocalypse arrive online?», en TomDispatch, 21 de octubre de 2012; Alfred W. McCoy, «Beyond bayonets and battleships», en TomDispatch, 8 de noviembre de 2012; «Pakistan announces armed drone program», en Common Dreams, 14 de noviembre de 2012. Un tema importante, que no he tocado, es el de la complicidad entre los altos mandos militares y las empresas productoras de armamento: Dina Rasor, «Forget Petraeus: The real scandal is generals’ corrupt weapons procurement», en Truthout, 14 de noviembre de 2012.

LOS PRÓXIMOS ESCENARIOS DEL CONFLICTO

Henry Kissinger, On China, Londres, Allen Lane, 2012 y «The future of U. S.-Chinese relations. Conflict is a choice. Not a necessity», en Foreign Affairs, marzo-abril 2012, pp. 44-55; John Feffer, «Why 2012 will shake up Asia and the World», en TomDispatch, 4 de octubre de 2011; Michèle Flournoy y Janine Davidson, «Obama’s new global posture. The logic of U. S. foreign deployments», en Foreign Affairs, julio-agosto de 2012, pp. 54-63; Stephen Glain, «The Pentagon’s new China war plan», en Salon, 13 de agosto de 2011; Robert D. Kaplan, «The geography of Chinese power», en Foreign Affairs, mayo/junio de 2010. Sobre la estrategia nuclear china, John W. Lewis y Xue Litai, «Making China’s nuclear war plan», en Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 68, n.º 5, octubre de 2012. Jan Van Tol, con Mark Gunzinger, Andrew Krepinevich y Jim Thomas, AirSea Battle. A Point-of-Departure Operational Concept, Washington, Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2010; Tom Mahnken, «Panetta in Singapore: Shangri-La or lost horizon?», en Foreign Policy, 5 de junio de 2012; los textos completos de las intervenciones en las sesiones plenarias de la reunión de Singapur pueden encontrarse en la web del International Institute for Strategic Studies; «The China syndrome», en The Economist, 9 de junio de 2012, pp. 43-44; Jane Perlez, «China asserts sea claim with politics and ships», en New York Times, 11 de agosto de 2012; Jane Perlez y Steven Lee Myers, «In Beijing, Clinton will push for talks over disputed islands», en New York Times, 3 de septiembre de 2012; Elisabeth Builler, «Smaller Navy ship has a rocky past and key support», en New York Times, 6 de abril de 2012; Department of Defense, «Sustaining U. S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense», Washington, enero de 2012; Nick Turse, «America’s secret empire of drone bases», en Tom Dispatch, 16 de octubre de 2011; Danny Schechter, «The “drone war” expands», en Consortium News, 28 de abril de 2012; Robert Naiman, «White House counterterrorism adviser should tell the whole truth about drone stripes», en Truthout, 4 de mayo de 2012; «Jeremy Scahill: US has become “nation of assassins”», en Common Dreams, 30 de abril de 2012; Jay Stanley, «Drones: The nightmare scenario», en ACLU, 2 de mayo de 2012; Danny Schechter, «Robots “R” us: Military-style drones reported on 63 bases in the USA», en The Rag Blog, 2 de mayo de 2012.

4. ¿CRISIS DEL CAPITALISMO?

Leonardo Maugeri, Oil: The Next Revolution. The Unprecedented Upsurge of Oil Production Capacity and What Means for the World, Universidad de Harvard, John F. Kennedy School of Government, junio de 2012; «An unconventional bonanza», informe especial en The Economist, 14 de julio de 2012; Mike Ludwig, «Special investigation: The earthquakes and toxic waste of Ohio’s fracking boom», en Truthout, 31 de julio de 2012; Elisabeth Rosenthal, «U. S. to be world’s top oil producer in 5 years, report says», en New York Times, 12 de noviembre de 2012. Para una visión crítica de estos planteamientos, Greg Gordon, «Is the era of oil nearing its end?», en McClatchy Newspapers, 12 de agosto de 2012; Jack Healy, «For farms in the West, oil wells are thirsty rivals», en New York Times, 5 de septiembre de 2012; Michael T. Klare, «The new “Golden age of oil” that wasn’t», en Tom Dispatch, 4 de octubre de 2012.

LAS DUDAS ACERCA DEL CAPITALISMO

Richard D. Wolff, «Capitalism is taboo in America», en Truthout, 15 de mayo de 2012; Robin Hardin, «US economic model broken, says survey», en Financial Times, 20 de marzo de 2012; Gar Alperovitz, America Beyond Capitalism, segunda edición, Takoma Park, Democracy Collaborative Press, 2011; Buttonwood, «Marginal improvement», en The Economist, 31 de marzo de 2012, p. 71; David Wren, «Romney’s Bain made millions as S. C. steelmaker went bankrupt», en McClatchy, 14 de enero de 2012 (sobre los procedimientos de este tipo de empresas, Jim Hightower, «The inequity of private-equity hustlers», en Creators.com, 25 de abril de 2012 y Peter Radford, «Bain bashing. The folly of modern business theory», en Real-world Economics Review Blog, 9 de julio de 2012); Matt Taibbi, «Greed and debt; The true story of Mitt Romney and Bain Capital», en Rolling Stone, 13 de septiembre de 2012; «Gingrich toughens up on Romney’s record», en Foxnews, 9 de enero de 2012; E. J. Dionne, jr. «Mitt Romney and our overdue debate about capitalism», en Washington Post, 12 de enero de 2012; Nicholas Confessore and Jim Rutenberg, «PAC’s aid allows Romney’s rivals to extend race», en New York Times, 12 de enero de 2012; Brad Johnson, «Meet Paul Ryan: climate denier, conspiracy theorist, Koch acolyte», en ThinkProgress, 11 de agosto de 2012; Alexander Eichler, «Young people more likely to favor socialism than capitalism: Pew», en Huffington Post, 31 de diciembre de 2011; Nicholas Shaxson, «Where the money lives», en Vanity Fair, agosto de 2012 (Shaxson es un especialista en el tema del dinero oculto, como lo mostró con su libro Treasure Islands. Tax Havens and the Men Who Stole the World, Londres, The Bodley Head, 2011); «Tax havens: Super-rich “hiding” at least $21tn», en BBC News. Business, 22 de julio de 2012; «Mystery Bermuda-based company and other undisclosed Romney assets hint at larger wealth», en Washington Post, 4 de julio de 2012; Paul Krugman, «Mitt’s gray areas», en New York Times, 8 de julio de 2012; Catherine Rampell, «What else does the Bible teach about capitalism?», en New York Times, 2 de febrero de 2012; Al Lewis, «Grantham wonders if Marx was right after all» en MarketWatch, 29 de febrero de 2012 (el artículo contiene un link que permite acceder al texto completo de la GMO Quarterly Letter de Grantham); «Former Citigroup CEO says “break up the megabanks”», en Common Dreams, 25 de julio de 2012; Michael J. De la Merced, «Weill calls for splitting up big banks», en New York Times, 25 de julio de 2012; Peter Radford, «Sandy Weill said what?», en Real-world Economics Review Blog, 26 de julio de 2012; Matt Taibbi, «Ludicrous Times op-ed forgets entire year of Wall Street history», en RollingStone, agosto de 2012; Dean Baker, «Work sharing: The way for states to reduce unemployment», en Real-world Economics Review Blog, 19 de abril de 2012; Richard D. Wolff, «Economic democracy, not austerity or keynesian “growth”», en Truthout, 19 de mayo de 2012; Richard D. Wolff y Gar Alperovitz, «Economic alternatives to capitalism» en Truthout, 21 de febrero de 2012; Gar Alperovitz «The rise of the New Economy Movement», en AlterNet, 23 de mayo de 2012; David Barsamian, «A New economic paradigm: an interview with Gar Alperovitz», en Truthout, 26 de mayo de 2012; Richard Wolff, «Yes, there is an alternative to capitalism: Mondragón shows the way», en The Guardian, 24 de junio de 2012 y «After five years: Report card on crisis capitalism», en Truthout, 9 de julio de 2012; a confrontar con la crítica de merijknibbe, «What’s happening to the Mondragon cooperatives during the present crisis in Spain?», en Real-world Economics Review blog, 16 de septiembre de 2012; Laura Flanders, «Republic Windows workers consider employee-owned co-op» y «Chicago workers’ economic plan: Go co-operative!», en The Nation, 2 de marzo y 18 de junio de 2012; Marjorie Kelly, «Can there be good corporations?», en Truthout, 21 de abril de 2012; Ellen Brown, «Cooperative banking, the exciting wave of the future», en AlterNet, 23 de mayo de 2012; Robin Murray, «The cooperative moment», en Ressurgence, n.º 273, julio/agosto de 2012.

RESISTENCIAS Y PROTESTAS

Joseph Stiglitz, «The world wakes», en Anya Schiffrin y Eamon Kircher Allen, eds., From Cairo to Wall Street: Voices from the global spring, Nueva York, The New Press, 2012; Peter Gelderloos, «In Barcelona, austerity with an iron fist», en Truthout, 15 de abril de 2012; Allison Kilkenny, «Occupy returns to its roots with “sleepful” protests», en The Nation, 11 de abril de 2012; Marta Sánchez, «Losing strength? An alternative vision of Spain’s indignados movement», en Common Dreams, 26 de junio de 2012; Manuel Castells, «¿Adónde van los indignados?», en La Vanguardia, 21 de enero de 2012.

Allison Kilkenny, «Occupy unweils “Spring awakening”», en Common Dreams, 17 de abril de 2012; «NYPD raid occupy’s sleep-in protest», en Common Dreams, 16 de abril de 2012; J. A. Myerson, «Veterans peace team joins Occupy Wall Street», en Truthout, 26 de marzo de 2012; Jason Leopold, «DHS turns over Occupy Wall Street documents to Truthout», en Truthout, 20 de marzo de 2012; Michael Busch, «Book on Occupy’s tent city era helps anchor roots of evolving movement», entrevista con Chris Faraone, autor de «99 nights with the 99 %», en Truthout, 15 de abril de 2012; Arun Gupta, «The wonderful, unpredictable life of the Occupy movement», en Truthout, 11 de abril de 2012; Chuck Collins, «The 99 percent spring: The people are not powerless», en Common Dreams, 2 de abril de 2012; Peter Rothberg, «The 99 % spring», en The Nation, 4 de abril de 2012; Van Jones, «The 99 percent: The case for deep patriotism», en The Nation, 2 de abril de 2012; Matthew Desmond, «15 major differences between Occupy Wall Street and the Tea Party protest», en Addicting Info, 12 de enero de 2012; «Is Occupy purity under assault?», en Consortium News, 14 de abril de 2012; Chris Hedges, «Black Bloc: The cancer in Occupy» y «Occupy draws strength from the powerless», en Truthdig, 6 de febrero y 13 de febrero de 2012; Jules Lobel, «The future of the Occupy movement», en Truthout, 6 de diciembre de 2011; Kevin Zease y Margaret Flowers, «Infiltration to disrupt, divide and misdirect is widespread in Occupy», en Truthout, 27 de febrero de 2012; Michael Greenberg, «What future for occupy Wall Street?», en New York Review of Books, 9 de febrero de 2012, pp. 46-48; Chris Hedges, «Ralph Nader: Occupy the minimum wage and impact the election», en Truthdig, 28 de febrero de 2012; Dean Baker, «Rising the minimum wage is cheap and easy», en Truthout, 23 de julio de 2012; Alan Farnham, «Springtime for Occupy: Movement’s plans for coming weeks and months», en ABCNews, 8 de marzo de 2012; Weic Eckholm, «Occupy movement regroups, preparing for its next phase», en New York Times, 11 de febrero de 2012; Nathan Schneider, «The landscape of May Day in New York», en Truthout, 18 de abril de 2012; Hope Yen, «Census shows 1 in 2 people are poor or low income», en Associated Press, 15 de diciembre de 2011; Barbara y John Ehrenreich, «The making of the American 99 % and the collapse of the middle class», en TomDispatch, 15 de diciembre de 2011; Gary Younge «Land of the free, home of the hungry», en The Guardian, 9 de diciembre de 2011.

He utilizado además toda una serie de artículos publicados en Adbusters, como Saul Newman, «Post-Anarchy», 13 de diciembre de 2011; «Jump, jump over the dead body of the old left!», 12 de abril de 2012; «Police brutality increasing against Occupy», 23 de marzo de 2012; Simon Critchley, «What is normal», 14 de diciembre de 2011; Federico Campagna, «Brigades», octubre de 2011.

Allison Kilkenny, «Occupy returns to its roots with “sleepful” protests», en The Nation, 11 de abril de 2012; Chuck Collins, «The 99 percent spring: the people are not powerless», en OtherWords, 2 de abril de 2012; Peter Rothberg, «The 99 % spring», en The Nation, 4 de abril de 2012; Van Jones, «The 99 percent for the 100 percent: the case for deep patriotism», en The Nation, 2 de abril de 2012; Jeffrey D. Sachs, «The new progressive movement», en New York Times, 12 de noviembre de 2011; Aron Gupta, «The wonderful, unpredictable life of the Occupy movement», en Truthout, 11 de abril de 2012; Richard Lichtman, «Not a revolution?», en Truthout, 14 de diciembre de 2011; John Feffer, «Noam Chomsky: Occupy points to a “Different way of living”», en Truthout, 26 de abril de 2012; «Is Occupy Wall Stret dead?», en Common Dreams, 7 de junio de 2012; Joshua Holland, «Wells Fargo, terrified to face victims of its foreclosure fraud and predatory lending, locks shareholders out of annual meeting», en AlterNet, 24 de abril de 2012; «GE annual meeting interrupted by 99 percent protesters», en Common Dreams, 26 de abril de 2012; John Cavanagh y Scott Klinger, «Bank CEOs gain as millions lose dreams, retirement to foreclosure», en Common Dreams, 25 de abril de 2012; Allison Kilkenny, «Occupy prepares for May Day: No work, no school, no bank», en The Nation, 27 de abril de 2012; Natasha Lennard, «Occupy & failure», en Occupy Gazette, 25 de abril de 2012; Sarah van Gelder, «Why this May Day matters», en YES! Magazine, 30 de abril de 2012; Brett Smiley y Joe Cascarelli, «Protesters deploy, police brace for May Day protests», en New York Times, 1 de mayo de 2012; J. A. Myerson, «Across New York City, people honor May Day», en Truthout, 1 de mayo de 2012; Susie Cagle, «May Day celebrations continue in Oakland, San Francisco», en Truthout, 1 de mayo de 2012; «Live coverage: May Day protests nationwide» en Storify, 1 de mayo de 2012; Yana Kunichoff, «Chicago’s May Day takes the streets», en Truthout, 1 de mayo de 2012; Graham Clumpner, «Why I returned my medals», en Truthout, 7 de junio de 2012; Susie Cagle, «Occupied Oakland’s May Day», en Truthout, 4 de mayo de 2012; Lawrence S. Wittner, «The rebirth of May Day’s message», en Consortium News, 3 de mayo de 2012; J. A. Myerson, «Across New York city, people honor May Day», en Truthout, 2 y 3 de mayo de 2012; Allison Kilkenny, «Massive May Day turnout highlights media’s disconnect from reality», en The Nation, 3 de mayo de 2012; Lawrence S. Wittner, «May Day: From the Haymarket massacre to the Occupy movement», en History News Network, 2 de mayo de 2012; Katherine Bromberg, «From coast to coast, occupy movement springs into action», en ACLU, 4 de mayo de 2012; Michael Corcoran y Stephen Maher, «The corporate media’s attempt to kill the Occupy movement», en Truthout, 7 de mayo de 2012; Noam Chomsky, «Plutonomy and the precariat. On the history of the U. S. economy in decline», en TomDispatch, 8 de mayo de 2012; Shamus Cooke, «Imagining the Post-Occupy social movement», en Common Dreams, 2 de junio de 2012; Yana Kunichoff, «Occupy Chicago takes on the war at home», en Truthout, 17 de mayo de 2012; Chris Hedges, «Why the Occupy movement frightens the corporate elite», en Truthdig, 14 de mayo de 2012; Carl Gibson, «This is what tyranny looks like», en Common Dreams, 23 de mayo de 2012; Matt Dineen y Jason del Gaudio, «Occupy the Heritage Foundation», en Truthout, 14 de junio de 2912; Chris Hedges, «Occupy will be back», en Truthdig, 18 de junio de 2012; Margaret Flowers y Kevin Zeese, «Occupy is not dead, Occupy continues to work for justice», en CounterCurrents.org, 22 de junio de 2012; Arun Gupta, «The Philadelphia national gathering reveals Occupy’s law of entropy», en The Guardian, 5 de julio de 2012; «Results from natgat visioning process are in!», en InterOccupy.net, 10 de julio de 2012; Natasha Lennanrd, «After national gathering, is there room for insurrectionary anarchism in Occupy?», en Truthout, 17 de julio de 2012 (las noticias regulares del movimiento pueden consultarse en Inter Occupy News); Jonathan Mahler, «Oakland, the last refuge of radical America», en New York Times, 1 de agosto de 2012; Mark Karlin, «Truthout interviews Chris Hedges about why revolt is all we have left», en Truthout, 22 de agosto de 2012; David Plotkem «Occupy Wall Street, flash movements, and American politics», en Dissent, 15 de agosto de 2012; Astra Taylor, «Occupy 2.0: Strike debt», en The Nation, 5 de septiembre de 2012; Tom Berger, «What I learned from Occupy Wall Street», en The Nation, 17 de septiembre de 2012; Sarah Jaffe y Alyssa Figueroa, «It’s alive! Occupy actions across the country show the movement’s impact», en AlterNet, 17 de septiembre de 2012; Michael Niman, «Occupy the truth: Challenging the media’s premature post-mortem on Occupy», en Truthout, 23 de septiembre de 2012; James Kirkup, «Occupy protesters were right, says Bank of England oficial», en The Independent, 29 de octubre de 2012; Richard Kreidler, «Next steps for the Occupy movement: The Tenderloin Today Project», en Truthout, 10 de noviembre de 2012; Charles Eisenstein, «Why Occupy’s plan to cancel consumer debts is Money well spent», en The Guardian, 12 de noviembre de 2012; «Ahead of telethon, Rolling Jubilee already quadruples goal», en Common Dreams, 15 de noviembre de 2012; Fabien Tepper, «Occupy’s new offshoot set to cancel millions in medical debts», en Truthout, 17 de noviembre de 2012.

LAS OTRAS VÍAS DE PROTESTA

Sobre el movimiento de los estudiantes en Chile me baso en la información recibida del profesor Sergio Grez (por ejemplo, para la manifestación de 28 de agosto, Mauricio Becerra, «Estudiantes vuelven a mostrar su fuerza: 150 000 personas en Santiago», en El Ciudadano, 28 de agosto de 2012); Gabriel Boric, «Los horizontes del movimiento estudiantil» (chileno), en Le Monde Diplomatique, mayo de 2012; «More than 10 000 high school Chilean students march for “Free educaton”», en Common Dreams, 21 de junio de 2012; «Excessive tear gas, water canons used in Chilean students’ latest march», en Common Dreams, 28 de septiembre de 2012. Sobre Québec, Elizabeth Leier, «Québec’s student strike turning into a citizens’ revolt», en Truthout, 25 de mayo de 2012; Andrew Gavin Marshall, «From the Chilean winter to the Maple spring solidarity; the student movements in Chile and Québec», en Truthout, 26 de mayo de 2012; «“Night of casseroles”: Canadian protesters expand beyond Quebec and single issue focus», en Common Dreams, 30 de mayo de 2012; Andrew Gavin Marshall, «10 things everyone should know about Quebec’s student movement», en Occupy.com, 30 de mayo de 2012; «Massive student protest return to streets of Montreal», en Common Dreams, 23 de agosto de 2012; Henry A. Giroux, «Days of rage: The Quebec student protest movement and the new social awakening», en Truthout, 28 de agosto de 2012; «Montreal student strike continues after classes forced to reopen», en Common Dreams, 29 de agosto de 2012; Sidartha Banerjee, «Quebec students call for free education now that tuition hike is off the table», en Trading Desk, 22 de septiembre de 2012; «In Quebec it’s official: mass movements leads to victory for students», en Common Dreams, 21 de septiembre de 2012; Camille Robert y Jeanne Reynolds, «“They villified us, we won”. Quebec students hail their movement’s victories», en Common Dreams, 24 de septiembre de 2012.

Sobre los movimientos campesinos e indígenas: David Bacon, «Canadian mining goliaths devastate Mexican indigenous communities and environment», en Truthout, 25 de julio de 2012; Beth Geglia y Cyril Mychalejko, «Goldcop on trial: First ever People’s Health Tribunal shows commonalities throughout Mesoamerica», en Toward Freedom, 5 de septiembre de 2012; Renán Vega, «Colombia: capitalismo gangsteril y despojo territorial», en sinPermiso, 19 de febrero de 2012; John Perkins, «Occupy the dam: Brazil’s indigenous uprising», en Yes!, 23 de julio de 2012; «Massive hydroelectric dam stopped due to human rights infringement», en EcoWatch, 15 de agosto de 2012; «Re-occupied: Indigenous groups retake Brazil’s Belo Monte dam», en Common Dreams, 9 de octubre de 2012; Eduardo Gudynas, «La izquierda marrón en América Latina», en sinPermiso, 9 de abril de 2012; Javier Díez Canseco, «Soberbia y avaricia minera», en sinPermiso, 8 de julio de 2012; Alexander Surrallés, «Bagua 2009», en Marco Aparicio et al., eds., Movimientos indígenas y territorialidad en América latina, Girona, Documenta Universitaria, 2011, pp. 125-142. De entre los numerosos documentos de La Vía Campesina he utilizado aquí: «La agricultura campesina sostenible puede alimentar al mundo», Yakarta, febrero de 2011; «Conferencia campesina internacional: ¡Detengamos a los acaparamientos de tierras!», Mali, noviembre de 2011, «Reforma agraria y defensa de la tierra y el territorio en el siglo XXI», Bukit Tinggi, 14 de julio de 2012, «Bolivia. Declaración política de la cumbre andina sobre la reforma agraria y la soberanía alimentaria», La Paz, 14 de septiembre de 2012 y «Día mundial de la alimentación: las inversiones de la agroindutria destruyen a los campesinos y las campesinas», Roma, 15 de octubre de 2012.

Sabrina Tavernise, «Reversing trend, life span shrinks for some whites», en New York Times, 20 de septiembre de 2012.

Notas

[1] Un estudio del Congressional Research Service llegó a la conclusión de que «hay poca evidencia en los últimos 65 años de que los recortes de impuestos a los que tienen mayores ingresos aparezcan asociados al crecimiento del ahorro, de la inversión o de la productividad». <<

[2] Un estudio del Pew Research Center, «The lost decade of the middle class», sostiene que la clase media ha sufrido un serio descenso de sus ingresos en los últimos diez años, y ha visto aumentar su inseguridad. Uno de los grupos que ha experimentado más pérdidas es el de quienes se aproximan al retiro, con edades entre los 55 y los 64 años, que en los tres años de «recuperación» han visto reducirse sus ingresos como consecuencia del desempleo y de la pérdida de valor de sus hogares. <<

[3] «Más de 40 millones de trabajadores norteamericanos —decía un editorial del New York Times de 4 de agosto de 2012— no tienen permiso por enfermedad». O trabajan estando enfermos, o no cobrarán los días de ausencia, con riesgo de despido. La solución sería una ley que obligase a los patronos a conceder este permiso, algo que se hace en por lo menos 145 países, pero «hay pocas esperanzas» de que una ley parecida se apruebe en Washington. <<

[4] El salario mínimo es en la actualidad de 7,25 dólares la hora, un mínimo histórico en cuanto se refiere a su poder adquisitivo, lo que explica que los ingresos anuales de quienes lo perciben queden por debajo de la línea de la pobreza. Y el caso es que los trabajadores que perciben este salario son muy numerosos, puesto que representan un 26 por ciento del total. Entre los mayores abusos está el que sufren los trabajadores agrícolas «contratados» por empresas que los ofrecen a los agricultores, y que controlan su trabajo y sus salarios. <<

[5] No se trata solo de elegir al presidente, vicepresidente, congresistas y senadores del gobierno federal. El 6 de noviembre de 2012 se elegían en total 6000 cargos, a lo que hay que sumar las consultas que se celebraban simultáneamente con la votación, como, en el estado de California, la «proposición 37», que exigía el etiquetado de los productos de ingeniería genética, contra la cual Monsanto, DuPont, Bayer, Pepsico, etc. empeñaron muchos millones, con los que lograron impedir su aprobación. <<

[6] La cuestión la vino a enriquecer un candidato republicano al senado, Richard Mourdock, que afirmaba que, siendo como es la vida un don de Dios, «pienso que incluso cuando empieza en la horrible situación de una violación, es algo que Dios se propuso que ocurriera». <<

[7] El monto global que las empresas del llamado sector FIRE («Finance, Insurance and Real Estate», esto es «finanzas, seguros y negocios inmobiliarios») han invertido desde 2006 en comprar influencia política en los Estados Unidos ha sido, según Global Exchange, de 4200 millones de dólares. <<

[8] Los impuestos sobre los ingresos de las empresas representaban el 42 por ciento de los ingresos federales norteamericanos en 1952, mientras que han quedado reducidos al 10 por ciento en 2012. Es el resultado de lo que se ha llamado «la revuelta de los ricos». <<

[9] Una consecuencia de esto, nos dice Peter Edelman, un hombre con amplia experiencia en política de asistencia social, es que resulte imposible atender hoy las necesidades de los pobres, porque el poder político y económico acumulado por los más ricos, utilizado por ellos para pagar menos impuestos, hace imposible encontrar los recursos necesarios para aliviar la pobreza. <<

[10] Asawin Suebsaeng y Dave Gilson han coleccionado las diversas teorías conspiratorias acerca de Obama: que tiene un plan para llevar a los Estados Unidos 100 millones de musulmanes del Oriente próximo para convertirlo en una nación islámica; que estuvo casado con un compañero pakistaní; que es hijo de Malcolm X; que ha dado siete islas árticas a los rusos (en realidad las dio Bush padre en 1991); que causó personalmente el huracán «Sandy», etc. <<

[11] La parte fundamental del «abismo» se basa en la supresión de toda una serie de recortes de impuestos, tanto de los que benefician a los ricos, creados en la época de Bush, pero que Obama se vio obligado en 2010 a prorrogar dos años más, como del efectuado por Obama en los impuestos sobre los salarios, con el que se trató de estimular la capacidad de consumo de los asalariados, al propio tiempo que entran en efecto algunos impuestos nuevos y una serie de recortes de gasto negociados en 2011, como consecuencia de la pugna por elevar el «techo de la deuda». <<

[12] Los hospitales privados aumentan sus beneficios «realizando análisis y pruebas innecesarios o admitiendo pacientes que no necesitan internarse»; el departamento de Justicia ha sancionado a un hospital por compensar a sus médicos en función del número de análisis y pruebas que facturaban (un ecocardiograma cuesta 143 dólares con un médico independiente, y 319 en un centro privado). <<

[13] En la convención electoral del Partido demócrata, en septiembre de 2012, se proyectó un «drama antisindical» sobre la enseñanza, Won’t back down, patrocinado por Democrats for Education Reform (DFER). Lo cual estaría muy bien si no fuese porque DFER es un Comité de acción política patrocinado por gestores de fondos de inversión que buscan oportunidades de negocio en la educación. <<

[14] JP Morgan Chase, el mayor banco norteamericano, controla NCO, una empresa dedicada a cobrar deudas, que recibe del gobierno millones de dólares por cobrar deudas de los estudiantes. <<

[15] Otro grave problema es la explotación del personal «adjunto» a tiempo parcial, que asume una proporción cada vez mayor de la enseñanza universitaria y cobra sueldos de hambre. No en vano una web dedicada a este colectivo recibe el nombre de «The Homeless Adjunct». <<

[16] La cifra del 47 % procedía de una abusiva interpretación del hecho de que un 46,4 % de hogares norteamericanos no pagaron el income tax (el equivalente de nuestro IRPF) en 2011; pero el income tax representa tan solo una quinta parte de los impuestos, y un 82 % de los hogares pagaron otros, como las payroll taxes. Tan solo un 10,3 % de ancianos y un 7,8 % de familias de muy bajos ingresos están realmente exentos de impuestos. De lo que Romney no se acordó fue de señalar que en 2010, el único año en que proporcionó datos sobre esta cuestión, él pagó un 17,1 de impuestos sobre sus ingresos, mientras el 20 % de los hogares americanos más pobres pagaron un 16 %. <<

[17] Jeffrey St. Clair y Joshua Frank han explicado cómo el miedo al futuro, que el propio gobierno había estimulado como un medio para conseguir la confianza del público, acabó engendrando una mentalidad paranoica en una población de «populistas suburbanos», que eran en su mayoría «blancos, infelices y de edad madura» que deseaban ver que el país volvía a una edad feliz imaginada, la de Reagan, de modo que en lugar de condenar a los empresarios que reducían el trabajo o a los banqueros depredadores, «dirigían su impulso de venganza contra los inmigrantes y los negros, los trabajadores públicos y los maestros, los científicos y los homosexuales». <<

[18] En 2010 se arrestó a 1 640 000 personas por delitos de drogas. Cuatro de cada cinco lo eran por «posesión», y cerca de la mitad, por la de pequeñas cantidades de marihuana. En octubre de 2012 se organizó un gran escándalo al descubrirse que millares de personas condenadas en Boston por delitos de drogas lo habían sido a partir de análisis de laboratorio falseados. Bryan Stevenson habla de niños de 8 y 10 años alojados en cárceles de adultos, de condenas de 40 años por un cheque sin fondos o de cadena perpetua por robar una bicicleta. <<

[19] Michelle Alexander sostiene que «la guerra contra las drogas», que Nixon declaró y Reagan puso efectivamente en práctica, tenía mucho más que ver con la raza que con las drogas. De lo que se trataba era de usar argumentos políticos sobre el crimen y los beneficios sociales, cargados de un sentido racial oculto, para atraerse a un sector de la población de pobres y trabajadores de raza blanca, resentidos por el fin de la segregación y por las medidas que pensaban que favorecían a los negros. <<

[20] En su carta de dimisión del Fondo Monetario Internacional, el 18 de junio de 2012, Peter Doyle denunciaba que la incompetencia de la institución había causado «sufrimientos para muchos (y lo peor aún está por venir)». <<

[21] Como ha explicado Adam Tooze, Europa está pagando los errores de una economía alemana que ha acumulado grandes beneficios con la exportación, y que vive ahora obsesionada por la deuda y la austeridad, lo que la ha llevado a bloquear su crecimiento interior, ignorando problemas tan graves como una fuerza de trabajo en disminución y unas infraestructuras desfasadas. Para Dean Baker, millones de vidas están siendo arruinadas en Grecia y en España con el único objeto de salvar a Alemania de la inflación. <<

[22] Con un programa complejo en que figuran puntos como potenciar el acceso universal online a la información y a la educación, junto a otros como la prohibición de construir nuevos aparcamientos en las ciudades para frenar el uso del automóvil particular. <<

[23] La única excepción a los recortes se da en el ministerio de Defensa, cuyos gastos están enmascarados con partidas asignadas al de Industria y con créditos extraordinarios que explican que, si el gasto presupuestado era para 2012 de 6316 millones, la suma real recibida ascenderá a 9360 millones. <<

[24] Estas circunstancias de escasez de los alimentos, precios altos y volatilidad, dijo el director de Glencore International, la mayor empresa comercializadora del mundo, son buenas para los negocios. <<

[25] Food and Agriculture Organization, International Fund for Agricultural Development y World Food Programme, las tres agencias de la ONU con sede en Roma. <<

[26] El 30 y 31 de julio de 2012 un fallo sistemático en el norte de la India dejó a más de 600 millones de habitantes sin electricidad (el 10 por ciento de la población del planeta, según la prensa), y parados a centenares de trenes y al metro de Nueva Delhi. La interpretación de Niall Ferguson de que lo sucedido es una consecuencia «del experimento socialista de la India de la post-independencia» es una muestra más del grado de enajenación a que puede conducir la ortodoxia neoliberal. Un análisis de Daphne Wysham muestra, por el contrario, que el caos actual tiene mucho que ver con la forma en que la India, siguiendo los consejos del Banco Mundial, estimuló no solo la privatización de la producción de energía, sino, sobre todo, la de carbón en minas a cielo abierto (donde no había que negociar con los sindicatos, a diferencia de lo que ocurría con las minas en profundidad), a la vez que facilitaba la creación de un tipo de industrias con grandes consumos de energía. <<

[27] Uno de los bancos que se ha visto obligado a reconocer su implicación en el blanqueo del dinero de la droga ha sido el HSBC (Hong Kong Shangai Banking Corporation) que, entre otras muchas actividades delictivas, transportó en los años 2007 y 2008 7000 millones en billetes de dólares de México a los Estados Unidos (se da el caso de que en los años en que se produjeron estas actividades el banco estaba presidido por Lord Stephen Green, que es un clérigo ordenado de la Iglesia de Inglaterra y que desempeña en la actualidad el cargo de ministro de Comercio e Inversiones del Reino Unido). Pero la realidad es que las sanciones económicas en que incurren los bancos por el lavado de dinero no bastan para llevarles a renunciar a unas actividades tan provechosas. <<

[28] La publicación por Human Rights Watch de documentos que sostienen que Gaddafi había colaborado con la CIA encarcelando y torturando en Libia a supuestos islamistas aumenta las dudas sobre las causas reales de la operación. A lo que se ha añadido la constancia del interés de Sarkozy en un pronto asesinato de Gaddafi, para que no se descubriera que le había prestado ayuda económica en las elecciones presidenciales francesas. <<

[29] Como señala Pervez Hoodbhoy, un profesor universitario pakistaní, los talibanes «matan mujeres a pedradas, fuerzan a las niñas a vestir “burqas”, cortan miembros humanos, matan a los médicos por administrar vacunas contra la polio, amenazan de muerte a los barberos por afeitar barbas, dinamitan escuelas de niñas y asesinan músicos». <<

[30] «Hubiéramos matado a muchos más, —dice Abdul Hanan, un afgano de veinte años— pero nuestros mandos son unos cobardes y no nos dejan». <<

[31] Un grupo de antiguos dirigentes de los servicios de inteligencia (Veteran Intelligence Professionals for Sanity), temerosos de que pueda producirse un incidente en el Golfo Pérsico, ha dirigido un documento al presidente pidiendo que se establezca una línea directa de comunicación entre los mandos navales norteamericano e iraní en el Golfo para limitar la posibilidad de un accidente, un error de cálculo o una provocación. <<

[32] Se trata de los grupos de islas conocidas en inglés como Spratlys, Paracels y Macclesfield Bank; para los chinos, Xisha, Zhongsha y Nansha. <<

[33] A la cantidad oficialmente asignada al Pentágono deben añadirse las grandes sumas dedicadas a la «inteligencia» —la información—, que se reparten entre las diversas agencias oficiales y entre todo un universo de contratistas privados que quedan en la sombra. Hay que contar además con la militarización del Department of Homeland Security (de seguridad interior), que ha protagonizado la transformación de la policía, facilitándole la adquisición de armamento militar sobrante, como el reembarcado de Irak. De todos modos, la Casa Blanca está tratando de prevenir los efectos que puede producir el recorte del gasto de Defensa acordado para enero de 2013. <<

[34] Más graves son las cuestiones que plantea su uso en territorio norteamericano, donde hay en la actualidad 64 bases, se supone que dedicadas sobre todo a la vigilancia de fronteras, y a la detección de inmigrantes ilegales y de traficantes de drogas, pero donde se planea su empleo sistemático por la policía. Se calcula que hacia 2020 puede haber 30 000 aparatos volando en los Estados Unidos, «uno en cada ciudad», que podrían ser empleados contra los propios ciudadanos en caso de protesta violenta. <<

[35] Un informe de noviembre de 2012 sostiene que los Estados Unidos superarán a la Arabia Saudí como productor de petróleo en 2017 y que empezarán a exportarlo en 2030. <<

[36] El testimonio más alarmante de cómo puede manipularse finalmente el movimiento nos lo da un alto funcionario del Bank of England, Andrew Haldane, que ha declarado que los ocupantes de los alrededores de la catedral londinense de San Pablo, que protestaban contra el sistema financiero mundial, tenían razón, y que «gracias a ellos estamos en las primeras etapas de una reforma del sistema financiero». La verdad es que, ante la repetición de noticias como las de los procesos a entidades financieras por sus abusos y fraudes, somos muchos los que no conseguimos ver los signos de esta reforma. <<