No hay otro período de la historia contemporánea española que sea tan poco y mal conocido como la llamada «Década ominosa».

Una colección de tópicos sobre «el rey Felón» y los mártires del liberalismo —Mariana Pineda, Torrijos y compañía— han venido a ocupar el lugar del conocimiento histórico y nos han impedido entender mejor una etapa de transición sin la cual resultan incomprensibles tanto la génesis como los límites de la revolución liberal posterior.

Este libro del profesor Fontana, fruto de muchos años de investigación, nos ofrece una visión alternativa que, contra la imagen tradicional de un régimen y una sociedad inmóviles en el tiempo, nos muestra cómo han surgido en su interior las fuerzas que iban a obligar a emprender un camino de reformas, y cómo se han situado, frente a ellas, los defensores de un inmovilismo imposible, que iban a iniciar, mucho antes de la muerte de Fernando VII, unas «guerras carlistas» en que la sucesión no era el motivo real, sino más bien un argumento de legitimación.

Aunque la naturaleza misma del absolutismo, estrechamente ligado a la voluntad y a las decisiones del monarca, obligue a mantener la atención fija en su persona y en sus actos, el profesor Fontana nos muestra también la lucha interna entre los grupos que se movían en su entorno y, más allá de estos corredores del poder, la forma en que la sociedad española ha vivido estos cambios, y ha participado en ellos, además de situar todo el proceso en el contexto europeo de su tiempo, apartándonos, así, del mito de la excepcionalidad española.

Josep Fontana

De en medio del tiempo

La Segunda Restauración Española

ePub r1.0

Titivillus 24.09.17

Josep Fontana, 2006

Diseño de cubierta: Jaime Fernández

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

Para Gonzalo Pontón,

responsable de que este libro

haya llegado a concluirse.

Y por tantos otros motivos.

INTRODUCCIÓN

Declaro que mi real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución ni a decreto alguno de las Cortes generales y extraordinarias y de las ordinarias actualmente abiertas […], sino declarar aquella Constitución y tales decretos nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo.

Fernando VII: Manifiesto de 4 de mayo de 1814.

Este libro forma parte de un proyecto que inicié hace unos treinta y cinco años con la intención de investigar «la crisis del Antiguo régimen español», de acuerdo con la visión que acostumbra a designar con esta expresión el paso de las viejas sociedades europeas a las nuevas, explicándolo como el tránsito del absolutismo al estado liberal y de la economía «feudal» a la «capitalista», con abstracciones simplificadoras que se ajustan mal a una realidad mucho más compleja. La denominación de «crisis», por otra parte, sugiere que el viejo mundo desapareció porque había llegado al final de su tiempo «social», como habría ocurrido con los dinosaurios respecto de su tiempo «natural», y que de su desaparición surgió necesariamente, y felizmente, el mundo moderno tal como lo conocemos y lo vivimos: el resultado lógico del avance de las sociedades humanas, de un progreso definido de manera unívoca.

Para completar este proyecto he ido publicando, a lo largo de los años, una serie de piezas separadas: La quiebra de la monarquía absoluta (1814-1820) (1971 y 2002), Hacienda y estado en la crisis final del Antiguo régimen español: 1823-1833 (1973), que era una especie de preparación especializada del volumen que hoy publico, dedicada en concreto a los problemas de la hacienda, La revolución liberal. Política y hacienda, 1833-1845 (1977) y La revolució liberal a Catalunya (2003).

Se podría pensar, por consiguiente, que este volumen cierra el proyecto. No es así, por varias razones. La primera porque, con el tiempo, fui aprendiendo que no existía un único e inevitable camino del pasado al presente, sino una multiplicidad de posibilidades, que el historiador debía explorar para conocer las rutas que llevaban, como dijo T. S. Eliot en Burnt Norton,

por el corredor que no tomamos

hacia la puerta que no abrimos.

Y entendí, por consiguiente, que lo que había estado estudiando no era la crisis y hundimiento de un régimen, sino el proceso por el cual unos protagonistas sociales crearon un determinado régimen nuevo, imponiendo una entre las diversas formas en que era posible construir el futuro y evitando que alguien pasara por los corredores que conducían hacia otras historias.

Asumir plenamente esta perspectiva me hubiera obligado a dos cambios de enfoque. Por una parte, a situar este estudio en una perspectiva comparada europea, como intento hacerlo en los capítulos 1 y 13 de este libro. Pero también, por otra, a tomar en cuenta que los problemas de evolución lenta y de largo alcance, como acostumbran a ser la mayor parte de los que afectan a una sociedad, no se pueden estudiar de manera adecuada con la cronología corta de estos trabajos, apta sólo para la historia política.

La conclusión es que debería, si me quedan tiempo y fuerzas para hacerlo, acabar esta investigación con una especie de visión general que plantease los complejos procesos de la transformación de las sociedades europeas entre los años 1814 y 1848, desde el inicio de la restauración hasta la frustración final de las esperanzas revolucionarias, en un intento de explorar los diversos corredores de la historia y mirar detrás de las puertas que los vencidos de ayer no pudieron abrir. No para lamentar las viejas derrotas, sino para entender mejor por qué se produjeron.

JOSEP FONTANA

Febrero de 2006.

Capítulo 1
LOS FANTASMAS DE VERONA

Están perdidos. No saben ni en qué lugar están ni en qué tiempo. Viven fuera del mundo y del siglo. Llevan su propia atmósfera con ellos a todas partes, no se les puede abrir los ojos, ni siquiera intentarlo[1].

Palabras del general Marmont, el 26 de julio de 1830.

COMTESSE DE BOIGNE, Mémoires, III, p. 320.

En el otoño de 1822 se reunió en la ciudad italiana de Verona el último de los congresos de la Santa Alianza. «A los príncipes de Europa les había dado por los congresos: se divertían en ellos y se repartían algunos países», escribió Chateaubriand, a quien le encantaba decir algo ingenioso, fuese o no verdad. Porque lo que llevaba a los príncipes a reunirse era el miedo a la revolución y la esperanza de que, uniendo sus esfuerzos, podían detenerla.

Después de la conmoción de los años de la Revolución francesa y de las guerras napoleónicas, los gobernantes europeos se habían puesto de acuerdo para «restaurar» el orden social establecido, lo que no significaba volver a la situación de antes de 1789. En 1815, después de veinticinco años de tantos cambios, no se podían volver las cosas al estado que tenían anteriormente. Algunos grupos sociales habían visto satisfechas viejas reivindicaciones —campesinos liberados de lo más duro de las cargas feudales, burgueses que habían conseguido la igualdad ante la ley— y no habrían renunciado a sus conquistas sin resistencias. Si se quería crear un orden estable, había que convencerles de que las mejoras que les había ofrecido la revolución se podían obtener también por medio de reformas pactadas con los viejos grupos dominantes, de las cuales los soberanos «legítimos» —la de «legitimidad» es una palabra clave en la teoría de la restauración— serían árbitros y garantes. Toda la historia de Europa entre 1814 y 1848 está dominada por el difícil proceso de establecer este pacto social.

Nadie lo supo ver con más claridad que Friedrich Gentz, el escritor y político conservador, nacido en Silesia en 1764, que fue hombre de confianza de Metternich y secretario general del congreso de Viena —«secretario de Europa», según diría Golo Mann—, que el 22 de noviembre de 1815 escribía al conde Nesselrode, ministro de Asuntos exteriores de Rusia:

«Quienes en 1814 creyeron que se podía restablecer el antiguo régimen puro y simple han hecho tanto daño a Francia como Robespierre y Bonaparte. La naturaleza de las cosas es más poderosa que los hombres. La revolución francesa debe completar su ciclo entero, como la de Inglaterra en el siglo XVII. El período revolucionario ha sido igual de largo pero mucho más terrible y mucho más radical que el de la revolución de 1635 a 1660. La restauración absoluta no se consolidará, como no lo hizo la que se intentó en Inglaterra. Un desenlace parecido al de 1688 es lo único que puede poner fin razonablemente, y por completo, a la revolución de nuestros días. El poder absoluto, una vez ha sido derribado, no volverá a levantarse nunca más[2]».

Pero dentro de este esquema general de la restauración las respuestas concretas fueron muy diferentes en cada país, de acuerdo con sus circunstancias peculiares. En Prusia el proceso de «revolución desde arriba», iniciado muy pronto por Stein y Hardenberg, consiguió preservar la riqueza y el poder de la aristocracia, a la vez que creaba las condiciones «modernizadoras» que harían posible la industrialización.

En Francia, Luis XVIII otorgó una «carta» de derechos, aceptó del Imperio tanto las deudas como la nobleza, facilitó el ennoblecimiento de la burguesía enriquecida, mantuvo la igualdad ante la ley y ni siquiera se atrevió a plantear la restitución de los bienes que habían sido vendidos por la revolución (los de la Iglesia totalmente, los de los nobles sólo en parte). A pesar de la conmoción creada por el retorno de Napoleón durante los «cien días», que dio pie a una auténtica guerra social y al «terror blanco», estas concesiones iniciales se mantuvieron[3].

En Gran Bretaña el proceso se había completado mucho antes, en el siglo XVII, de modo que pudo resistir las conmociones sociales del período revolucionario de 1789 a 1814 sin muchos riesgos y con pocos cambios. La nobleza conservó su predominio político, económico y social durante la mayor parte del siglo XIX, asociada a una burguesía financiera y de los grandes negocios que aspiraba a compartir su estilo de vida.

Los mayores problemas se dieron en países como España, donde los gobernantes intentaron una restauración radical y absoluta. En un vano intento de hacer retroceder el tiempo, Fernando VII ordenaba en 1814 que se hiciera desaparecer todo lo que se había hecho desde 1808, «como si no hubieran pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo[4]».

Los soberanos de las grandes potencias europeas, que desde el congreso de Viena se habían erigido en guardianes del orden internacional, sabían que era imposible retroceder a los buenos tiempos del pasado, pero querían evitar nuevos cambios y resolver los problemas con un mínimo de concesiones. Esto era lo que llevaba a Verona a un gran número de participantes.

De los cinco soberanos de las grandes potencias acudieron tres: el rey de Prusia, el emperador de Austria y el zar de Rusia, Alejandro I, que sería el único de ellos que interviniese directamente en los debates. Había, además, una serie de reyezuelos italianos, satélites austriacos dedicados a una campaña feroz de represión contra los «revolucionarios», como Francisco IV de Módena, que acudía al congreso después de haber mandado decapitar a un joven cura carbonario. Otros tenían sus estados todavía ocupados por tropas austriacas que les habían «liberado» de los revolucionarios, como Carlo Felice de Cerdeña y del Piamonte, o como el viejo rey Fernando de las Dos Sicilias, que pasaba ya de los setenta años, a quien Chateaubriand nos dice haber encontrado paseando en silencio, acompañado «de dos jóvenes capuchinos de barba negra, con las manos metidas en las mangas». Pero que no sólo acudía a Verona con sus frailes, sino también con la duquesa de Floridia, con quien se había casado en secreto en 1814: una mujer que tenía unos veinte años menos que él, mucha experiencia de los hombres y siete hijos de un matrimonio anterior.

También acudió la duquesa de Parma, María Luisa, que hacía poco menos de un año que era viuda de Napoleón, pero que le había olvidado mucho antes en brazos de un general tuerto, Neipperg, de quien tenía dos hijos y estaba embarazada de un tercero, cuando se enteró, por los periódicos, de la muerte de su marido. Escribió entonces a una amiga a la que confesaba que, aunque nunca había amado a Napoleón, había sentido su muerte ya que, al fin y al cabo, era el padre de su hijo —un hijo que procuraba mantener alejado—, y añadía: «Por aquí hay muchos mosquitos. Me han picado de tal modo que estoy hecha un horror. Suerte que nadie me ve».

Acompañando a los soberanos iban sus ministros de Asuntos exteriores, que eran quienes habían de hacer el trabajo, además de embajadores, funcionarios (los franceses solos sumaban más de treinta), y de las esposas respectivas, entre las cuales destacaba, como «reina del congreso», Dorotea Benckendorf, condesa de Lieven, esposa del embajador del imperio ruso en Londres, que había sido amante de Metternich (y parece que de reyes, príncipes y ministros diversos) y que se convirtió años más tarde en la compañera fiel de Guizot. Durante el congreso el salón de la condesa era el lugar en que se reunían cada noche la mayor parte de los ministros. Chateaubriand, molesto porque ni la condesa ni Metternich le hacían caso, hizo un retrato hostil de las reuniones: «Hay cada noche una reunión política en casa de esa malvada criatura, la condesa de Lieven: allí se murmura por los rincones o bien Metternich explica en voz alta la forma de hacer macarrones».

Alrededor de los diplomáticos se movían representantes de los intereses más diversos: a los enviados de los griegos, que estaban luchando por su libertad, la policía austriaca no les dejó llegar a Verona, mientras que al conde de España, enviado por los absolutistas españoles de la llamada «regencia de Urgel», nadie le hizo caso. Había, además, intrigantes que iban a hacer negocios, como el banquero Ouvrard —que promovía un empréstito imposible en nombre de esa regencia de Urgel que no tenía el reconocimiento de ningún gobierno—, un par de los Rothschild que acababan de ser ennoblecidos con el título de barón (y que ayudarían a Metternich a pagar sus gastos como anfitrión de la «alta sociedad» europea), además de periodistas y de los músicos (con Rossini a la cabeza, para dirigir sus óperas), los cantantes y los comediantes que se necesitaban para el conjunto de óperas, fiestas y celebraciones que había preparado Metternich, acostumbrado ya a organizar tal tipo de festejos[5].

La motivación esencial de esta reunión era el temor de los dirigentes de la Europa de la Restauración, que estaban convencidos de que se enfrentaban a la amenaza de una especie de Internacional de la revolución, organizada por las sociedades secretas, y creían que era necesario responder a ella con una Internacional de la contrarrevolución, que es lo que pretendía ser la Santa Alianza. En una circular publicada en el congreso de Laybach, el 12 de mayo de 1821, se hablaba de «esa amplia conjura tramada desde hace mucho tiempo contra todos los poderes establecidos y contra todos los derechos consagrados», y se formulaba de este modo el principio supremo de la Alianza, que se calificaba como una «verdad eterna»: «Los cambios útiles o necesarios en la legislación y la administración de los estados no deben emanar más que de la libre voluntad, del impulso meditado e ilustrado de aquellos a quienes Dios ha hecho responsables del poder».

¿Existía esa conjura universal que denunciaban? Existían, evidentemente, sociedades secretas de carácter diverso, desde revolucionarias a ultraconservadoras, pero las conexiones a escala internacional entre las revolucionarias eran más bien laxas. Se hablaba de dos centros —el «Comité director» de París y el «Gran Firmamento» de Ginebra—, pero no consta que ninguno de los dos tuviese capacidad efectiva de coordinación. Lo que más se aproximaba a la imagen de la conspiración mundial eran los carbonarios, que tomaron carácter político en Italia. Filippo Buonarrotti los había organizado en tres círculos: la mayor parte de los militantes permanecían en el más bajo, «la iglesia», que era el único que llegaban a conocer, con un programa que no iba más allá de la reivindicación del sufragio universal y de algunas instituciones representativas; el programa del segundo círculo, «el sínodo», era democrático y republicano; y quedaba todavía el más elevado y oculto, «el areópago», cuyos miembros eran los únicos que conocían el credo secreto que recogía las ideas del comunismo de Babeuf. Parece que los dirigentes de la Santa Alianza tenían noticia de este programa y que pudo haber sido esto lo que inspiró el mito de la conspiración universal. En la práctica, no obstante, el carbonarismo actuaba sin dirección centralizada y era incapaz de coordinar los esfuerzos del campo revolucionario. En cada lugar aparecía con unos contenidos diferentes, que respondían a los condicionamientos políticos y sociales de su entorno, y ni siquiera a escala de un solo país se puede decir que fuera una fuerza unificada[6].

La visión conspirativa de la política tenía una ventaja para los gobernantes que explica que acabaran interiorizándola: les permitía cerrar los ojos ante unos problemas económicos y sociales que no eran capaces de resolver, con el fin de sostener que la causa del malestar popular no eran esos problemas sino el uso malévolo que las sectas hacían de ellos, lo cual reducía las medidas que había que aplicar a las de la pura y simple represión.

Se comprende así que la revolución española de 1820, que pareció actuar como detonador de una serie de movimientos insurreccionales en otros países, les asustase, con la misma lógica que la hacía aparecer como una esperanza a los que deseaban un cambio social, como Shelley, que pensó en irse a vivir a España en estos años. En mayo de 1820, el ministro de Asuntos exteriores británico, lord Castlereagh, escribía a las cortes de la Santa Alianza: «Los acontecimientos de España, a medida que se han ido desarrollando, han despertado, como era de esperar, la mayor inquietud por toda Europa». Metternich, por su parte, aseguraba que la revolución española era peor que la francesa de 1789, ya que aquélla había sido meramente local, mientras que la española era «europea». Se habían despertado de nuevo los fantasmas que atormentaban a esos hombres: los miedos irracionales que les impedían ver la realidad de su entorno[7].

Una realidad en la que existían problemas que no habían inventado los revolucionarios, sino que, muy al contrario, eran los que explicaban que hubiese revolucionarios. En la mayor parte del continente, en medio de unas condiciones económicas deterioradas por los largos años de las guerras contra la Francia revolucionaria y contra Napoleón, se estaban experimentando los efectos de una gravísima crisis agraria que en menos de diez años hizo descender a la mitad los precios de los granos, mientras en la industria se dejaban sentir los efectos de una recesión agravada, en lo que se refiere a la suerte de los trabajadores, por el hecho de que las mejoras tecnológicas que se habían introducido en tiempos en que había que suplir los hombres que iban a la guerra, dejaban ahora sin trabajo a los soldados y marineros desmovilizados. En 1824 Richmond señalaba que mientras los avances de la técnica habían hecho multiplicar por diez «el capital y los medios de producir todos los lujos de la vida» en Inglaterra, era dudoso que el bienestar y la felicidad de la mayor parte de la población hubiesen mejorado. Esta situación económica engendraba un clima de inquietud social que dio lugar a conmociones de la más diversa naturaleza: en el período entre 1815 y 1823 se produjo en Europa «una epidemia de conspiraciones» que culminó en las revoluciones de 1820-1822.

A los gobernantes de la restauración, que no entendían o no querían entender esos factores objetivos de malestar, sólo les preocupaba que esas chispas de revuelta no volvieran a reavivar la hoguera mal apagada de la revolución, y creían que todo se podía resolver con la represión. Estaban obsesionados por el «contagio revolucionario» venido de fuera, sin querer entender que la inestabilidad nacía de los problemas que tenían dentro, nacidos en buena medida de sus propias indecisiones[8].

En Francia, por ejemplo, el sistema que había implantado Luis XVIII, con una carta constitucional otorgada, un parlamentarismo limitado (entre doce y quince mil electores) y una libertad de expresión controlada por la censura, tuvo unos primeros resultados muy prometedores, con el predominio ultra de la llamada «cámara inhallable», pero el malestar causado por la crisis económica, agravada por las pérdidas de las cosechas de los años 1816 y 1817, se reflejó en las elecciones, a pesar de su escasa representatividad. Desde 1817 las sucesivas votaciones anuales, en las que se renovaba una quinta parte de los representantes, dieron victorias cada vez más claras a la izquierda que, de sacar un 10 por 100 de los votos en 1816, pasó a obtener un 20, un 53 y, finalmente, un 70 por 100 en los años siguientes. Aunque el centro y la derecha siguiesen manteniendo la mayoría de la cámara —las proporciones mencionadas se refieren tan sólo a la quinta parte que se renovaba cada año—, la elección de 1819 consiguió asustarles. Los «pares», los aristócratas que integraban la cámara alta, reclamaban una nueva ley electoral que frenase el avance de la izquierda, mientras en la prensa ultra Chateaubriand anunciaba un futuro sombrío: «Cuando la ley de elecciones haya producido una cámara totalmente democrática […], cuando el sistema ministerial haya ahuyentado a todos los oficiales realistas y a todos los administradores realistas, se podrá hacer una revolución con una simple proclama. […] Que los ministros sigan alegrándose. […] La revolución les está preparando los patíbulos[9]».

También en Gran Bretaña serían estos unos años de inestabilidad social. Entre 1811 y 1822 se experimentaron una serie de conmociones de la más diversa naturaleza: asaltos luditas contra las máquinas, revuelta de Spa Fields, levantamiento de Pentrich, alborotos suscitados por el hambre, revueltas campesinas en East-Anglia, la matanza de «Peterloo»… Había suficientes causas de malestar, en especial las derivadas de la crisis agraria y de la desocupación, para explicar estos acontecimientos y era irracional interpretarlos en términos de revolución —la prueba es que de 1822 a 1827 se volvió a vivir una etapa de estabilidad política—. Pero lo que contaba no era su potencial revolucionario real, sino lo que pensaban los contemporáneos, que los veían como el signo anunciador de un gran cambio, lo que explica cómo reaccionaron ante ellos: de 1816 a 1820 las ejecuciones llegaron a un máximo, con más de cien ahorcados por año.

Que una revolución fuera inminente lo creían tanto los que la querían como los que se oponían a ella. Byron, que en 1812 había hecho su primer discurso en la cámara de los lores para defender a los destructores de máquinas, culpables del «crimen capital de pobreza», escribió en 1816 una Canción para los luditas en la que éstos decían que cuando «cambiasen la lanzadora por la espada», usarían la tela que estaban tejiendo como mortaja para el tirano, cuya sangre haría renacer el árbol de la libertad: «¡y mueran todos los reyes excepto el rey Ludd!» (que era el nombre que recibía el mítico caudillo de las bandas de destructores de máquinas). Shelley, después de haber contemplado la ejecución de Jeremiah Brandreth —un tejedor sin empleo, cabecilla de los rebeldes de Pentrich, que habían sido engañados por un provocador a sueldo de la policía— escribió, en 1819, una nueva letra para el himno nacional inglés, dedicada a la libertad, y una Canción a los hombres de Inglaterra, en que denunciaba la explotación de que eran objeto y les incitaba a la rebelión:

La semilla que sembráis, otro la recoge;

la riqueza que encontráis, otro se la queda;

las ropas que tejéis, otro las viste,

las armas que forjáis, otro las empuña[10].

Los miembros de las clases dominantes creían hallarse ante un peligro inminente de subversión social. Siempre había habido alborotos y revueltas, pensaban, pero mientras en el pasado todo se reducía a protestas locales y aisladas, ahora, por culpa de la Revolución francesa, que había politizado al común de la gente, existía el peligro de que cualquier incidente que no fuera cortado con firmeza pudiera conducir a una guerra de clases. Esto nos puede ayudar a entender un acontecimiento en apariencia tan irracional como la carga de los burgueses de Manchester sobre la multitud de «Peterloo»: un caluroso día de agosto de 1819 se reunió en St. Peter’s Fields, en las afueras de Manchester, una multitud de unas sesenta mil personas que iban a escuchar un mitin a favor de la reforma electoral. Poco después de comenzar el acto, la caballería voluntaria de Manchester —un cuerpo auxiliar de civiles reaccionarios— atropelló a la multitud indefensa a golpes de sable y causó quince muertos y cerca de quinientos heridos. Si se toleraban reuniones como esa, decía un miembro de las clases dirigentes, «eso sería el fin de la ley y el gobierno existentes y habría que dejar libre a la población de este país para organizar un nuevo orden de sociedad a través de las mismas prácticas sanguinarias vistas en la Revolución francesa[11]».

En otros países europeos podríamos encontrar situaciones parecidas. En Austria, el emperador Francisco I —que sólo quería «lo que era puramente monárquico y puramente católico»— creó una fuerza de policía que registraba, detenía, espiaba las conversaciones de la gente por la calle, controlaba la correspondencia en las «estaciones de intercepción» y prohibía la representación de El rey Lear porque mostraba un rey en desgracia. La política represiva de los austriacos tenía, además, una vertiente internacional ya que Metternich extendía sus preocupaciones a Italia y a Alemania. En Italia colaboraba con las policías locales, incluyendo la que en 1816 había creado el Papa con la intención de vigilar las vidas y las costumbres de los ciudadanos y, sobre todo, de impedirles hacer política, una actividad prohibida en los estados pontificios. En Alemania consiguió que la Dieta federal aprobara, el 23 de septiembre de 1819, los «Decretos de Carlsbad» que sometían a investigación las universidades, los profesores y las asociaciones de estudiantes —que eran el principal objeto de sus temores, sobre todo después de que, en marzo de 1819, el estudiante Carl Sand apuñalase a Kotzebue, dramaturgo alemán, funcionario ruso y personaje despreciable—, y establecían severas normas de censura para libros y periódicos[12].

En Rusia, el zar Alejandro I se hallaba en un momento de crisis. Había nacido en 1777 y su abuela Catalina la Grande le sacó de la tutela de sus padres para educarle como un soberano modelo, escogiendo como su principal tutor a Friedrich Caesar La Harpe, un suizo demócrata y republicano, primo de Marat, que le influyó fuertemente con una educación llena de exigencias morales que acabarían atormentándole. Mientras tanto, su padre jugaba a hacer de soldado, hasta que al subir al trono como Pablo I, en 1796, se pudo ver que era incapaz y que mostraba síntomas de locura. Un grupo de conspiradores acabó obteniendo el consentimiento de Alejandro para derrocarlo, con el compromiso de respetar su vida. Pero el resultado fue que los conspiradores acabaron estrangulando a Pablo I, lo que parece haber afectado seriamente a Alejandro, que comenzó a reinar a los veintitrés años agobiado por el peso de muchas contradicciones: el hecho de ser un autócrata educado por un republicano, su involuntaria complicidad en la muerte del padre, además de aspectos sexuales confusos, tal vez incestuosos.

Este hombre que fue simultáneamente liberal y déspota, ilustrado y místico —«sostenía puntos de vista contradictorios con la misma convicción», se ha dicho— no vaciló inicialmente en dar responsabilidades de gobierno a masones como Speransky —el mismo zar se inició en la masonería— o a «republicanos» como Capodistrias. Pensando en dar una constitución moderada a su país, hizo una experiencia preliminar en Polonia, donde inauguró personalmente el parlamento en 1818 con un discurso lleno de promesas para el futuro. Pero poco después cayó bajo la influencia mística de la baronesa Krüdener, que le inspiró la retórica evangélica de la Santa Alianza, una especie de asociación místico-represiva de los soberanos europeos.

Estas contradicciones responden al carácter del personaje, pero son, por otra parte, propias de las incertidumbres políticas de la restauración, cuyos dirigentes se movían entre una débil voluntad de reforma y un miedo irracional al cambio. En estos momentos, cuando emprendía el viaje a Verona, Alejandro tenía cuarenta y cinco años, había dejado de ser el héroe admirado en París y Viena en 1814 —donde había bailado y hecho el amor hasta la extenuación— y se le veía triste y solitario, tal vez enfermo, atormentado por sus preocupaciones místicas y por el recuerdo de la noche de marzo de 1801 en que había muerto su padre. Estaba iniciando el descenso que duraría hasta su dramática muerte, tres años más tarde[13].

En los dos años anteriores a la reunión de Verona, la revolución española de 1820 parecía haber dado nuevas dimensiones a la amenaza internacional que estos hombres temían. Mientras Riego, sublevado en Cabezas de San Juan, marchaba con sus hombres por los caminos de Andalucía, la noche del 13 de febrero de 1820 fue asesinado en París el duque de Berry, sobrino de Luis XVIII y tercero en el orden de sucesión a la corona. El duque y su esposa habían ido a la ópera y, al sentirse cansada la duquesa —estaba encinta y había bailado mucho el día anterior—, Berry la acompañó para que tomase la carroza que había de llevarla a palacio. El duque quería quedarse en el teatro esperando a que su amante, la bailarina Virginia Oreille, le hiciese un signo desde el escenario que significaría que se iban a ver más tarde. Eran las once de una noche húmeda y fría; en el momento en que el duque se disponía a volver al teatro, un hombre se precipitó sobre él, pasando por en medio de los dos ayudantes y los dos centinelas que le acompañaban, y le clavó un puñal. Se instaló al herido en el mismo teatro, en un salón donde acostumbraba a recibir a sus amiguitas, mientras en la sala se interpretaba todavía el segundo acto de Las bodas de Camacho. Los médicos torturaron al moribundo con toda clase de intentos —le abrían la herida, le sangraban (mientras se estaba desangrando por el pecho a consecuencia de la cuchillada), le daban baños calientes en los pies…— y el obispo de Chartres acudía a confesarlo (el duque, que le odiaba, murmuró: «Es una prueba que Dios me envía»). En medio de esa agonía-espectáculo que duró siete horas, con toda la familia alrededor, el moribundo revelaba a su esposa que tenía dos hijas ilegítimas que vivían cerca de allí, y la princesa, sorprendida por el descubrimiento, las hizo venir acto seguido para que se agregaran a la ceremonia.

Las había tenido de Amy Brown, una inglesa que conoció en Londres hacia 1807 y a la que se unió en secreto. Casado de nuevo en 1816, esta vez públicamente, con María Carolina de Nápoles, instaló a Amy en París e iba a visitarla casi cada día. Berry tuvo —además de su hijo legítimo, el duque de Burdeos, que nacería póstumamente el 29 de septiembre de 1823, y que sería el presunto heredero de la corona— otros hijos ilegítimos de sus amantes. Se dice que poco después de la muerte de su marido la duquesa recibió la visita de una veintena de mujeres de Nantes que aseguraban estar embarazadas del duque. La princesa se sorprendió por el número de las reclamantes y preguntó cuánto tiempo había pasado su esposo en Nantes; al saber que había estado allí una semana habría contestado: «Entonces la cosa es muy posible».

A las cinco de la mañana, mientras el frío aumentaba, el rey Luis XVIII se sumó a los que acompañaban al moribundo. Hacia las seis el espejo de la tabaquera del rey no se empañó con el aliento del duque: había expirado. En sus memorias la condesa de Boigne dirá: «Tal como era, su muerte no significaba una pérdida, ni para su hijo, ni para su familia, ni para su país».

El asesino era Louis Pierre Louvel, nacido en 1783, quien, habiendo quedado huérfano, fue criado en la Institución de los hijos de la patria y aprendió a leer con la Declaración de los derechos del hombre. Partidario de Napoleón, se unió a él en la isla de Elba y le siguió hasta Waterloo. Desde julio de 1815 había tomado un empleo en los establos reales con el propósito de acabar con los Borbones, matando al príncipe que podía darles un heredero directo. Aunque en el juicio declaró que actuaba solo y que lo había hecho por convicciones revolucionarias, se detuvo a 1200 personas antes de guillotinarlo el 8 de junio. Pero la víctima principal del crimen fue el propio gobierno y, en especial, Decazes, el ministro a quien Luis XVIII amaba como a un hijo, y que era odiado a muerte por los ultras a causa de su moderación (el rey había dicho en alguna ocasión que si los ultras tuviesen plena libertad, acabarían depurándole incluso a él). Un diputado acusó a Decazes de ser cómplice del atentado por haber «favorecido» la difusión de las doctrinas «que han puesto el puñal en la mano de Louvel» y Chateaubriand publicó un artículo en que decía: «La mano que ha dado el golpe no es la más culpable. Los que han asesinado al duque de Berry son los que, desde hace cuatro años, establecen leyes democráticas en la monarquía».

Cayó el gobierno, y las medidas preparadas para frenar el desplazamiento del voto hacia la izquierda se precipitaron. Se dio un «pequeño golpe de estado» ultra, la pieza esencial del cual era la llamada ley del «doble voto», que añadía 172 nuevos escaños de diputado que sólo serían votados por los electores más ricos; éstos votarían normalmente en la elección general y, una semana más tarde, volverían a votar, ellos solos, en una segunda vuelta. La nueva ley, y las medidas para estimular el voto rural conservador, permitieron a las derechas recuperar una sólida mayoría. Para controlar la prensa, las leyes de marzo de 1822 crearon el delito de «tendencia», que permitía castigar, e incluso suprimir, un periódico por la «tendencia general» de sus ideas, sin necesidad de aducir delitos concretos[14].

El miedo al contagio revolucionario español pareció justificarse muy pronto. En julio de 1820 se produjo una revolución en Nápoles: empezó la noche del 1 al 2 de julio, iniciada en Nola por una treintena de carbonarios y por un centenar de oficiales y soldados que recorrían los caminos al son de la música, gritando vivas a la constitución y a la libertad. La insurrección de otros regimientos, al frente de la cual se puso Guglielmo Pepe, decidió al rey a prometer una constitución, que los sublevados exigieron que fuese la española de 1812. Pero a pesar de las apariencias, el movimiento napolitano, que estaba preparado desde mucho antes, no tenía nada que ver con el de España. Los napolitanos habían escogido la constitución española provisionalmente, hasta que redactasen una propia, porque de todas las que conocían —se había traducido y publicado en Messina en 1813 y en Milán en 1814—, era la más adecuada a sus necesidades y porque insistía en el carácter católico del nuevo orden político, lo que la hacía aceptable para los campesinos que años antes se habían opuesto a los revolucionarios en defensa de la religión[15].

Pocas semanas más tarde, en agosto de este mismo año, estallaba una revolución en Oporto y los portugueses adoptaban las reglas electorales españolas de 1812 para la convocatoria de sus cortes constituyentes. El 17 de octubre se amotinaba en San Petersburgo una compañía del regimiento de la guardia imperial. Hacia febrero y marzo de 1821 hubo insurrecciones de los griegos en los territorios europeos de Turquía y el mismo mes de marzo se produjo un levantamiento en Piamonte, que provocó la abdicación del rey Víctor Manuel, mientras un miembro de su familia, Carlo Alberto, príncipe de Carignano, era nombrado regente y juraba la constitución española. Carlo Alberto era hijo de una princesa que se decía que había bailado alrededor del árbol de la libertad con el pequeño príncipe en brazos. Educado en la corte de Napoleón, con sueños de un gran destino personal, se dejaba querer por los jóvenes liberales, sin compartir sus ideas, y jugó de manera equívoca en todo el proceso revolucionario[16].

En Francia, las medidas electorales restrictivas que habían asegurado al régimen su estabilidad parlamentaria motivaron, por contra, que los liberales, a quienes se negaba la esperanza de acceder al poder por la vía de las elecciones, se lanzasen a la oposición abierta. En las universidades francesas la agitación contra las medidas ultras dio lugar a enfrentamientos que costaron la vida al estudiante Nicolas Lallemand (en cuya memoria se levantó en el cementerio un monumento pagado por suscripción popular) y contribuyeron a consolidar la politización de la juventud burguesa. Los alborotos se extendieron después a los barrios obreros de París, movilizados por las difíciles condiciones económicas que les afectaban. A la vez, se descubría una serie de conspiraciones protagonizadas por militares carbonarios: intentos de levantamiento en Saumur, Colmar y Belfort, detención de los cuatro sargentos de La Rochelle, que murieron sin revelar quiénes eran sus jefes y se convirtieron en mártires de la libertad. Algunos de estos alzamientos se produjeron como consecuencia de la actuación de provocadores de la policía a sueldo de los ultras, que querían, por una parte, encarcelar o matar a los militares sospechosos y, por otra, asustar al rey. En el caso de Colmar, por ejemplo, el teniente coronel Caron, que acabó ejecutado, se embarcó en una conjura cuyos miembros eran sobre todo agentes secretos, incitado por un provocador de la policía, Duclos, que recibió una gratificación de 6000 francos por el trabajo realizado[17].

Aumentaba con todo esto el terror que sentían los gobernantes franceses por la «revolución española», de modo que a fines de 1821, con el pretexto de la epidemia que se había declarado en Barcelona, establecieron un «cordón sanitario» militar en la frontera, que más adelante se transformó en «cuerpo de observación», cuya finalidad real era evitar el «contagio revolucionario» —el otro no lo pudieron evitar, ya que la fiebre amarilla se propagó a Marsella, llevada desde Málaga por un brick danés[18].

En Inglaterra, por los mismos días en que murió el duque de Berry, los conspiradores de Cato Street, infiltrados por la policía, habían proyectado asesinar a los ministros del gobierno británico mientras comían, después de lo cual pensaban tomar la Torre de Londres y el Banco de Inglaterra, incendiar cuarteles y edificios públicos y proclamar un gobierno revolucionario. Lo cual no era poco para un grupo de treinta personas que no tenían ninguna conexión fuera de su círculo, y que confiaban en que su acción bastaría para desencadenar una reacción espontánea en el resto del país. El primero de mayo de 1820 se ahorcó y decapitó a los cinco dirigentes ante una multitud de cien mil personas[19].

Todo esto ocurría en momentos de descrédito para la monarquía británica. El nuevo rey, Jorge IV, era muy impopular, en especial como consecuencia del proceso abierto contra su esposa, Carolina, a la que acusó de adulterio con el fin de obtener el divorcio e impedir que reinara. Jorge había sido un joven inteligente, robusto y atractivo, hasta que se habituó al consumo de láudano, un derivado del opio que empezó a usar para combatir el dolor que le produjo un accidente de baile. Se recuperó de este trance y de una crisis de angustia por las responsabilidades políticas derivadas de la locura intermitente de su padre, pero siguió consumiendo láudano y desde su acceso al trono en 1820 combinó sus efectos con los del alcohol y los de la glotonería.

En 1785, cuando era todavía príncipe de Gales, se había unido en secreto, en una ceremonia privada sin valor legal, con María Fitzherbert, viuda por dos veces, seis años mayor que él y católica (la ley negaba el derecho a reinar a cualquiera que «se casara con una papista»). Cuando, diez años más tarde, se vio obligado a casarse con una princesa alemana, Carolina de Brunswick, para pagar sus enormes deudas, Jorge —que además de su relación «regular» con la Sra. Fitzherbert, tenía una larga lista de amantes, algunas de ellas con edad suficiente para ser sus abuelas— pasó la noche de bodas ebrio y apenas convivió con su esposa oficial. Sentía repulsión física hacia Carolina, que llevaba su falta de aseo a extremos ofensivos para el olfato, pero no podía deshacerse de ella porque necesitaba la aprobación del rey y de los comunes para hacer frente a sus deudas. Tal vez Carolina acabó solazándose con alguno de sus sirvientes —los austriacos proporcionaron informaciones reveladoras sobre el tema, sacadas de las cartas que interceptaban—, pero «el marido de la señora Fitzherbert», como le llamaba Carolina, no tenía autoridad moral para reprochárselo.

Aquel juicio escandaloso, en el que se divulgaron todo tipo de chismorreos de criados sobre la conducta de la princesa, sin ahorrar escenas escabrosas —uno de los puntos más discutidos era si Carolina tenía o no la mano sobre las «partes privadas» de su favorito en el transcurso de un viaje—, fue utilizado por los radicales contra el gobierno. El resultado final, al declarar inocente a la acusada —lo cual era harto inverosímil—, desprestigió a la monarquía y perjudicó más al nuevo rey que a Carolina, que murió poco más tarde, el 8 de agosto de 1821, venerada por el pueblo inglés como una víctima. Jorge acabó casi ciego, con cataratas en los dos ojos y una gota que le dificultaba coger la pluma, convertido en un sujeto universalmente menospreciado, hasta por sus propios ministros[20].

En el caso de Alejandro de Rusia fue la insurrección de la guardia imperial en San Petersburgo la que sacó a la superficie todos sus miedos interiores. En una carta que escribió en febrero de 1821 a su ministro y viejo amigo el príncipe Golitsyn le decía que la oleada de revoluciones que estaba conmoviendo Europa era «el resultado de la aplicación de la doctrina de Voltaire, Mirabeau, Condorcet y todos los llamados enciclopedistas». Añadiendo: «No dudes que toda esta gente se reunió en una gran conspiración general subdividida en diversos grupos y sociedades. Tengo ante mí todos los documentos sobre sus actividades y me consta que actúan juntos. Desde el mismo momento en que se convencieron de que no había esperanza de separarnos […] juraron vengarse en nuestro gobierno[21]».

La verdad es que nada de esto tenía que ver con la revolución española y muy poco con las sociedades secretas. Si analizamos la realidad histórica de cada país, podemos ver que los movimientos insurreccionales de estos años son perfectamente explicables en términos de su propio contexto, sin necesidad de aducir influencias exteriores. Y que hechos como el asesinato del duque de Berry, la conspiración de Cato Street o la sublevación de la guardia rusa (provocada por los malos tratos de sus mandos) eran fenómenos puntuales que sólo el pánico de estos hombres podía relacionar con una amenaza revolucionaria general.

Las potencias de la Santa Alianza se habían reunido en octubre de 1820, sin participación de ingleses ni franceses, en el congreso de Troppau (Opava) —continuado en Laybach (Lubliana), de enero a mayo de 1821— y, a petición del rey de las Dos Sicilias, encomendaron a los austriacos la tarea de aplastar la revolución de Nápoles (febrero-marzo de 1821), donde dejaron un considerable número de tropas además de «ayudar» al monarca guardándole presos políticos en una lejana fortaleza cerca de Brno (que se hizo famosa por el libro de Silvio Pellico Le mie prigioni). Pocos días más tarde también el Piamonte «volvía al orden» y su nuevo rey, Carlo Felice, iba a la reunión de Verona con la intención de que se privase a Carlo Alberto del derecho a sucederle en la corona, lo que las potencias de la Alianza no aceptaron, en nombre de su derecho legítimo a la herencia (lo que en realidad les preocupaba era evitar que, a falta de un heredero, la corona pudiese pasar a la casa de Austria). El príncipe de Carignano decidió, más adelante, reivindicarse y hacer penitencia alistándose en los «cien mil hijos de San Luis» para luchar en España contra los revolucionarios[22].

Aplastados por los austriacos los movimientos de Italia, quedaba la revolución española como el ejemplo más desafiante, agravado en el verano de 1822 por la aparente radicalización que se produjo como respuesta al fracasado levantamiento contrarrevolucionario de la guardia real. Eso explica que el tema español acabase convirtiéndose en el más importante de los que se iban a discutir en el nuevo congreso de Verona, donde en principio se debía haber tratado sobre todo de la «cuestión de Oriente»: esto es, de los problemas que planteaba el posible enfrentamiento entre Rusia y Turquía con motivo de las insurrecciones de los griegos.

Los problemas del oriente europeo se habían agravado como consecuencia de una serie de insurrecciones de los griegos contra los turcos, iniciadas en 1821 en los Principados danubianos y en el Peloponeso. Los griegos contaban con una amplia simpatía popular en Europa, pero a los políticos, en cambio, no les importaban en absoluto —Canning decía que eran «una partida de rufianes»—. Byron, que murió en 1824 en Missolonghi luchando por la libertad de los griegos, ya les había advertido que no confiasen en los europeos occidentales que «tienen un rey que compra y vende» (Trust not for freedom to the Franks / They have a king who buys and sells). Lo que inquietaba a los ingleses era el miedo a que los rusos, que reivindicaban derechos de protección sobre los griegos por motivos religiosos, decidiesen intervenir a favor de los insurrectos y ganaran nuevas posiciones en dirección al Mediterráneo. No podían tolerar este cambio en el equilibrio europeo, y el enfrentamiento que se podría haber derivado de él hubiese acabado con la Santa Alianza[23].

Eso explica por qué Metternich, preocupado sobre todo por el mantenimiento de la Alianza, decidió entretener en Verona al zar Alejandro con el problema de España, bastante más inocuo. Lord John Russell decía que Austria siempre había vivido dominada por el miedo: primero fue el miedo a Federico de Prusia; después a Napoleón; ahora era el miedo a Rusia: «Su temor principal era que el emperador de Rusia conquistara Turquía; para disuadirle, magnificaron a sus ojos el peligro de insurrecciones militares y le persuadieron para que se ocupase del oeste y no del este».

Pero, en este juego de simulaciones, el engañado era Metternich: Alejandro no quería embarcarse en una aventura militar por causa de los griegos. A pesar de las afinidades religiosas, y aunque tuviese a su servicio hombres de origen helénico, como el ministro Capodistrias —un griego nacido en Corfú, pero que había rechazado las propuestas de ponerse al frente de la asociación secreta Philikí Eteria—, el zar había advertido ya a los griegos en 1818 que sólo estaba dispuesto a ayudarles «sobre la base de tratados». No veía con buenos ojos que se sublevaran contra el sultán que, a fin de cuentas, era su soberano legítimo.

La lectura de los documentos del ministerio ruso de Asuntos extranjeros resulta reveladora. El zar desautorizaba a los sublevados y hacía incluso manifestaciones de simpatía hacia el gobierno turco. El 27 de marzo de 1821, al llegar las primeras noticias de lo que ocurría en Valaquia y Moldavia —donde el movimiento se estrelló a causa del odio de los campesinos locales hacia los griegos «fanariotes», que les habían estado explotando al servicio del sultán contra el cual ahora se sublevaban—, el zar ordenó que no se concediesen pasaportes a los griegos de Odessa para cruzar la frontera. Tres días más tarde, el ministro Nesselrode condenaba públicamente el levantamiento en nombre de la «desaprobación general de todas las tentativas de revuelta contra la autoridad legítima», un argumento parecido al que utilizarían el patriarca de Constantinopla y veintidós obispos para excomulgar a los rebeldes.

La situación se agravó considerablemente cuando se le sumó una nueva revuelta en Morea. El 21 de abril, el enviado ruso a Constantinopla, Stroganoff, escribía a Nesselrode: «La revuelta de Morea […] ha aumentado la consternación pública y el terror del gobierno. Éste ha prometido víctimas a la plebe en armas y se ve obligado a entregárselas». Aquella Pascua la celebraron los turcos ahorcando al patriarca griego en unión de otros obispos. Nesselrode escribía en julio: «El cadáver de uno de los primeros pastores de la iglesia griega de Oriente se ha convertido en objeto de las profanaciones más indignantes. El símbolo mismo de la fe ha sido arrastrado por el fango; la mayor parte de las iglesias son demolidas y los hatti-sheriffs del sultán anuncian una guerra de religión». Ante lo cual se limitó a expresar su «viva aflicción[24]».

El zar no quería intervenir a favor de los griegos, a los que consideraba revolucionarios merecedores de castigo (una opinión que compartían tanto Castlereagh como Metternich), y el propio Capodistrias los condenaba públicamente: «Hombres culpables han comprometido a la nación griega con el doble designio de excitar la venganza sanguinaria de los turcos contra ella y de conducir así a Rusia a defenderles y, en consecuencia, a hacer la guerra a la Puerta». Lo que debían hacer era «reunirse en un cuerpo indisoluble y mantenerse constantemente bajo los auspicios de su Iglesia. Existen por ella y por ella combaten y es tan sólo ella la que los puede salvar. No son repúblicas ni gobiernos representativos lo que los griegos quieren fundar».

Más adelante, hacia el otoño de 1824, el zar propuso que se celebrase en San Petersburgo una conferencia internacional sobre el problema griego, en la que pensaba proponer que los turcos conservasen una soberanía nominal sobre Grecia, reconocida con un tributo en dinero, y que el territorio fuese dividido en una serie de pequeños principados autónomos. Al hacerse público el plan, que hubiese creado una zona en perpetuo conflicto y habría dado a Rusia una oportunidad para seguir interviniendo, los dos bandos beligerantes se indignaron, de manera que no llegó a discutirse. En noviembre del mismo año, al producirse una terrible inundación en San Petersburgo, fueron muchos los que la interpretaron como un castigo divino por no haber ayudado a los griegos cristianos contra los turcos[25].

Alejandro asustó a los dirigentes reunidos en Verona, y en especial a los franceses, al ofrecerse a enviar un ejército de 150 000 hombres que se instalaría en el Piamonte con el fin de ayudar a los franceses, ya fuera en España, o en la propia Francia, en caso de que los jacobinos se atrevieran a sublevarse. Lo cual no agradaba a nadie. Metternich no quería ver tantos rusos en Italia, que consideraba un feudo austriaco, y Villèle, el jefe de gobierno francés, se estremecía sólo de pensar en cien mil rusos atravesando el sur de Francia en dirección a los Pirineos. Si las maniobras organizadas por Metternich habían tenido como primer objetivo distraer al zar de los problemas de oriente con el espantajo de España, ahora se ocuparía de disuadirlo de que interviniese directamente. Lo que Metternich quería, de hecho, no era mucho más que «una demostración moral» sobre el caso de España, porque tampoco confiaba en una acción del ejército francés, al que se suponía inclinado al liberalismo. Chateaubriand diría que Metternich «charlaba sobre la guerra, sin quererla». El jefe de gobierno francés, Villèle, que era el que estaba más preocupado por el caso español, ya que lo tenía en la frontera, se vería ahora más comprometido en su actuación como consecuencia de la necesidad de dejar a los rusos al margen.

Lo que Metternich y Villèle ignoraban era que el zar no tenía ninguna intención de enviar su ejército tan lejos —en la correspondencia diplomática rusa de esos meses no se encuentra ninguna alusión seria al tema—, entre otras razones porque sabía, y su ministro de Hacienda se encargaba de recordárselo a menudo, que sus finanzas no le permitían una aventura semejante. Si hacía estos gestos agresivos era, como le confesaría al rey de Prusia, para forzar a los franceses a actuar[26].

Al representante inglés en Verona, Wellington, le tocaba en este juego un papel harto difícil. El ministro de asuntos exteriores británico, Castlereagh (de quien Shelley había escrito: «Me encontré el Crimen por el camino, llevaba una máscara como Castlereagh»), que era a quien correspondía asistir al congreso, se había suicidado el 12 de agosto, degollándose con una navaja a consecuencia de la conmoción que le había producido un intento de extorsión por un viejo episodio homosexual, y Wellington se presentaba con las instrucciones que aquél había preparado y que situaban los temas a discutir por este orden de importancia: a) la cuestión de Oriente, b) España —con respecto a la cual era necesario observar «una total abstención de cualquier interferencia en los asuntos internos de ese país»—, y c) los asuntos de Italia[27].

El problema no era sólo que esas instrucciones se hubiesen escrito sin tener en cuenta los últimos cambios en la situación europea, sino que el nuevo ministro de Asuntos exteriores británico, Canning, no estaba interesado en lo que había que discutir en Verona. La primera comunicación que hizo al gabinete inglés, en noviembre de 1822, empezaba así: «Por importantes que puedan ser los intereses que se discuten en Verona, en el presente estado del mundo ninguna cuestión relativa a Europa continental puede ser más inmediata y vitalmente importante para Gran Bretaña que las que se refieren a América», esto es, a las colonias españolas emancipadas.

En público, sin embargo, Canning jugaba una carta diferente, tanto para presionar a los franceses como para congraciarse con la opinión pública británica, que era hostil a una intervención militar de la Santa Alianza en España. Hacía discursos amenazadores, dejaba entender que estaba dispuesto a ir a la guerra (mientras le escribía a Wellington que no iban a intervenir, «pasara lo que pasara») y manifestaba su simpatía por los españoles (mientras el rey Jorge IV y algunos ministros animaban a los franceses a aplastar la revolución española y Wellington les daba consejos prácticos para hacerlo). La estrategia de Canning consiguió que los franceses le garantizasen lo que quería: que no se atacaría Portugal, que no habría interferencias en América del Sur y que la ocupación de España no sería permanente. Unos meses más tarde, al defenderse de quienes le acusaban de no haber procurado evitar la invasión francesa, Canning confesaría que lo único que le importaba eran los tres puntos que había planteado a los franceses, de modo que una vez que los hubieron aceptado no tuvo inconveniente en asegurarles que permanecería neutral. Más tarde, en diciembre de 1826 —enfermo, casi agonizante—, reivindicaría orgullosamente sus triunfos con estas palabras: «Decidí que si Francia tenía España, no sería España “con las Indias”. Llamé a la existencia al Nuevo Mundo para enderezar el equilibrio en el Viejo[28]».

Si en el caso de los ingleses podía haber cierta confusión debida al cambio de orientación política que implicaba la sucesión de Castlereagh por Canning, en el de los franceses la confusión procedía del hecho de que había dos políticas en juego simultáneamente. Villèle, el jefe de gobierno, se contentaba con mantener el ejército de observación en la frontera española, presionar a los liberales para que moderasen la constitución y ayudar a las partidas absolutistas que se habían levantado contra el gobierno de Madrid, lo que no impediría que, en el momento de invadir España, se alegaran las «provocaciones» españolas como una de las causas que lo justificaban —o, como diría Chateaubriand a Canning: el derecho a defenderse del «contagio moral[29]».

Al enviar a Verona —pasando por Viena, donde se realizaron unas reuniones preliminares— a su ministro de Asuntos extranjeros, el vizconde de Montmorency, Villèle le dio unas instrucciones claras y concretas: «1.º No entrar en ninguna discusión sobre los asuntos de España; 2.º si alguien forzaba esta discusión, declarar que Francia, como país más cercano a España y que estaba situado entre ésta y Europa, tenía el mayor interés en la tranquilidad de este reino y se haría cargo de ella, pero que de momento no veía ningún peligro real y que él (Villèle) no tenía la menor intención de enviar un ejército a España». Lo que convenía a Francia, dirá Villèle en sus memorias, era que se la dejase decidir por sí misma lo que hubiera de hacer en España y el momento en que, en todo caso, hubiera que hacerlo[30].

Pero Montmorency, que había asistido antes de irse de París a una reunión de la sociedad secreta ultra de los Caballeros de la fe, de la que era el jefe, en que éstos se habían manifestado a favor de la intervención en España, no se atuvo a las instrucciones de su jefe de gobierno, sino que lo embrolló todo deliberadamente. Estaba, además, inquieto por motivos personales. Antes de convertirse en un cristiano devoto, Mathieu de Montmorency había sido un hombre de vida libertina, amante de madame de Staël, y había abandonado a su esposa, Hortense de Luynes, quien, despechada, había hecho voto de castidad. Ahora que su marido había vuelto al buen camino, Hortensia se había hecho dispensar el voto de castidad por el Papa y, de pronto, esta mujer «de cuarenta y cinco años, fea, mal hecha y extremadamente vulgar» le perseguía incansablemente para reponerse de los años de abstinencia. El marido, temiendo que la mujer llegase a Verona y le pusiera en ridículo, tenía ganas de acabar lo antes posible y marcharse.

A propuesta de Metternich y de Nesselrode, Montmorency aceptó que la cuestión de España se discutiese en una reunión confidencial entre miembros de las cinco potencias, para presentar después el acuerdo al congreso, ahorrándose «largas e interminables discusiones». El ministro francés empezó el 20 de octubre presentando un papel en que hacía tres preguntas a las potencias: 1) qué harían si Francia rompía las relaciones diplomáticas con España; 2) qué apoyo darían a Francia si se veía obligada a declarar la guerra y, finalmente, 3) qué ayuda material prestarían en caso de que Francia la necesitara. Y acabó el 17 de noviembre exponiendo los casos en que Francia se podía ver obligada a intervenir militarmente en España, con lo cual obtuvo la firma, el 19 de noviembre, de un documento que determinaba aquellos casos en que las cortes aliadas (excepto Inglaterra, que se negó a adherirse) darían apoyo a Francia, «en la suposición de una guerra declarada o provocada por el actual gobierno de España». A la vez se proponía que las potencias remitieran sendas notas conminatorias al gobierno español a través de sus embajadores en Madrid y que, en caso de no recibir respuesta satisfactoria, retirasen a sus representantes[31].

Cuando Villèle descubrió que Montmorency «se había dejado llevar a compromisos que no estaba autorizado a contraer», como era el del envío de la nota y la retirada de los embajadores (un gesto simbólico para los demás, pero un riesgo de conflicto para Francia, que era el único país que tenía a los españoles en su frontera), intentó detenerlo todo. Quería que se suspendiera el envío de las notas a Madrid, porque temía que una retirada de embajadores significase la guerra con España, y no estaba decidido a llegar tan lejos. El 25 de diciembre, en un consejo que presidía el rey —y al cual tanto Villèle como Montmorency acudieron con las respectivas cartas de dimisión preparadas— Luis XVIII apoyó al jefe de gobierno y Montmorency, que acababa de ser nombrado duque como recompensa por haber obtenido el apoyo de las potencias en Verona (antes de que se conociera el compromiso de las notas), se apresuró a dimitir. Le sustituyó Chateaubriand, que le había escrito dos días antes diciéndole que rechazaría reemplazarle, pero que se «dejó convencer» de la necesidad de aceptar el ministerio tan pronto como se le ofreció.

El rey tenía una gran confianza en Villèle, que contaba también con el apoyo de su favorita, madame du Cayla, sin olvidar que el ministro se aseguraba la benevolencia de los miembros de la familia real proporcionándoles recursos para complementar una lista civil que no bastaba para cubrir sus considerables gastos.

Las relaciones de Zoé du Cayla, una mujer de gran belleza que tenía en aquel momento unos cuarenta años, con un Luis XVIII enfermo y achacoso —Wellington lo describe en estos días diciendo que «tenía un ojo más cerrado que el otro y la cabeza profundamente inclinada sobre el pecho»—, que se acercaba a los setenta años y que nunca había tenido fama de atleta sexual (el conde de Aranda ya había dicho en 1775 que se sospechaba que no era apto para la reproducción), no habrían pasado, según los contemporáneos, de «poner algunas flores en los últimos días de un monarca valetudinario». Es absurdo pensar, como hace una biógrafa reciente, que haya habido algún tipo de relación sexual entre ellos, ya que hacía muchos años que Luis era incapaz de tal cosa. A lo máximo que llega Vitrolles es a aceptar el rumor de que el rey, que era muy aficionado al tabaco, «había obtenido el favor de aspirarlo sobre el seno de madame du Cayla, como lo habría hecho sobre el corazón de una rosa». Lo más importante de esta relación, sin embargo, es que desde 1821 Zoé reemplazó a Decazes, progresivamente alejado de la corte, como la persona con la que el rey hablaba con franqueza, incluso de cuestiones políticas. Pero si bien nos consta que se dedicó a obtener favores para quienes solicitaban su ayuda, su influencia en el terreno de la política parece haber sido relativamente limitada[32].

El 30 de diciembre el embajador ruso Pozzo di Borgo —a quien Chateaubriand consideraba como «el más falso y más malvado de los hombres»—, se entrevistó con Villèle con la intención de aclarar cuál era la posición francesa. El jefe del gobierno francés empezó mostrándose «convencido como todo el mundo de la necesidad de cambiar el estado actual de las cosas en España y de ahogar una revolución incompatible con la seguridad de Francia y con la de los otros estados», pero añadió que debía ir con cuidado antes de tomar unas medidas que podían significar el inicio inmediato de una guerra para la cual Francia no estaba preparada. Su situación era diferente de la de otras potencias que, al no tener frontera común, no habían de preocuparse y podían retirar sus embajadores cuando quisieran. Todo se reduciría a esperar un poco más, forzando a los españoles a dar al gobierno francés un motivo razonable de ruptura[33].

Villèle intentaba entre tanto persuadir a los españoles para que adoptasen unas modificaciones constitucionales que harían innecesaria la guerra. Se trataba de crear un senado de acceso restringido y un consejo de Estado consultivo nombrado por el rey. Y, sobre todo, de hacer que esos cambios constitucionales apareciesen como otorgados por el soberano. Lo malo era, para empezar, que el rey de España, que no entendía que eso de tener dos cámaras fuera bueno, no quería este tipo de cambios y le decía indignado a Martínez de la Rosa, cuando éste se lo proponía: «¿Dos cámaras, cuando no podemos con una…? ¡Jamás!». Los franceses, que consideraban que su propia forma de gobierno, la «monarquía a la carta», era un sistema intermedio entre el absolutismo y la «revolución», no querían en España ni el triunfo de «las cortes», que la pondría bajo la tutela de Inglaterra, ni el del absolutismo puro, que daría predominio a Rusia o a Austria, sino la adopción de un sistema como el suyo, con la idea de que esto ayudaría a mantenerla en su esfera de influencia.

Mientras tanto, sin embargo, los Caballeros de la fe presionaban al gobierno, y madame du Cayla, pasándose en pocas semanas al bando de los beligerantes, decidía ahora al rey en favor de la firmeza. Austria, Rusia y Prusia siguieron el procedimiento acordado: las notas se remitieron al gobierno de Madrid, que las recibió a principios de enero de 1823 y las contestó, el día 9, rechazando la intromisión con un tono de firmeza que no todos consideraban prudente. El 10 de enero abandonaban Madrid los embajadores de «las potencias del norte» y los franceses no tuvieron más remedio que retirar también el suyo ocho días más tarde. Sólo quedaba en Madrid el de Gran Bretaña que, para el servicio que hizo a los liberales españoles, más valdría que se hubiese ido.

El 28 de enero de 1823, al abrirse las sesiones parlamentarias, Luis XVIII hizo una declaración solemne: «Cien mil franceses, mandados por un príncipe de mi familia […], están preparados para partir, invocando al Dios de san Luis, con el objeto de conservar el trono de España para un nieto de Enrique IV, preservar aquel viejo reino de su ruina y reconciliarlo con Europa». El 10 de febrero se presentaba a la cámara una demanda de autorización para negociar un empréstito de cien millones de francos, que se calculaba que era lo necesario para financiar la guerra —a la hora de la verdad costaría mucho más—. Los franceses consideraban, no obstante, que estas manifestaciones, y las preparaciones militares que se estaban haciendo, no eran más que formas de presionar al gobierno de Madrid. Chateaubriand le diría al embajador de Inglaterra que «la alternativa violenta a la que se refiere el rey se entiende en un sentido condicional», y explicaría a los austriacos que todavía se estaban ofreciendo salidas al gobierno español.

Sabemos, en efecto, que hubo intentos tardíos de negociación que podrían haber evitado la invasión, de no haberlo impedido las disensiones internas de los liberales españoles, enfrentados en esos momentos en una guerra a muerte entre las facciones de «masones» y «comuneros». Las negociaciones no dieron fruto alguno y esa inmensa confusión, iniciada con la comedia de las equivocaciones del congreso de Verona —donde cada cual creía estar engañando a los otros y se engañaba a si mismo—, continuada con las conjuras en el seno del gobierno francés y acabada con el desconcierto total de la política española, tuvo como consecuencia final que el ejército francés atravesara la frontera española el 7 de abril de 1823, dando inicio a una operación de la cual no tardarían mucho en arrepentirse los mismos que la habían organizado[34].

De este lado del Bidasoa, desde territorio español, un puñado de exiliados franceses esperaban a las tropas de Luis XVIII agitando la bandera tricolor de la revolución y cantando la Marsellesa para conseguir que los soldados de Angulema, que se suponía que habían sido trabajados por la propaganda clandestina de carbonarios y bonapartistas, se pasaran a la causa de la libertad. Al frente de ese pequeño pelotón se hallaba el coronel Fabvier, soldado de Napoleón y futuro héroe de la independencia griega, que había proyectado avanzar con sus hombres en medio del ejército de Angulema, contando con que encontraría oficiales comprometidos que ayudarían a hacer que los soldados les siguieran, ya que era consciente de que, una vez iniciada la invasión, esto no sería ya posible.

El tiempo que los soldados de Angulema esperaron en la frontera, mientras se seguía negociando con el gobierno español, perjudicó a Fabvier porque permitió a la policía francesa, que había descubierto las pistas de la conspiración, mover de las primeras filas a los regimientos menos seguros y apartar a los oficiales sospechosos. Le fallaron, además, tanto las ayudas prometidas por sus amigos franceses como el mínimo apoyo monetario que habría necesitado por parte de los españoles. De hecho, cuando vio que el gobierno español decidía huir hacia Sevilla, se dio cuenta de que no había mucha voluntad de resistencia.

El mismo Fabvier ha explicado cómo «la columna, integrada por 40 oficiales y 70 suboficiales y soldados, se puso en marcha con el fin de pasar el río en Behobia, lanzarse en medio del primer cuerpo del ejército y convencerlo o morir […]. Llegados al lugar por donde querían pasar el río, se encontraron con que la embarcación para cruzarlo, que pertenecía a España, había sido retirada y buscaron otra en vano. La columna se desplegó entonces, con la bandera y el águila en medio de un grupo de oficiales, sobre los restos del puente, a un tiro de pistola del ejército francés». De la otra parte del río, desde Francia, el mariscal de campo Vallin, veterano de las campañas de Napoleón, hizo llevar un cañón, pero Fabvier confiaba en que los soldados no dispararían e hizo que sus hombres se mantuviesen quietos, cantando la Marsellesa. Tres obuses causaron unos dieciocho muertos, entre franceses, italianos y españoles, y el grupo se desbandó. Entre las viejas lealtades y la seguridad de las pagas, los generales de Napoleón habían escogido ahora la paga. Al encontrarse solos, porque los ejércitos españoles se habían retirado, los refugiados franceses tuvieron que abandonar. Seis meses más tarde Fabvier desembarcaba en Grecia para luchar por su libertad.

Chateaubriand se apresuró a divulgar, exultante, que los soldados del rey habían disparado contra la bandera tricolor y sostuvo que «el cañonazo del Bidasoa ha […] disipado bastantes fantasmas y destruido no pocas esperanzas[35]».

Hablemos, sin embargo, de fantasmas: de los fantasmas que dominaban la escena europea en estos años y que han sido los que han determinado lo ocurrido desde Verona hasta el Bidasoa. Fantasmagóricas eran las ilusiones que hacían creer a los franceses que no tenían problemas dentro de casa, sino que todo se debía al contagio de España, y que les llevaron a hacer una guerra cara, vergonzosa e inútil, pensando que con eso se acababan las amenazas revolucionarias, siendo así que la revolución tardaría sólo siete años en derrocar la dinastía y veinticinco en traer de nuevo la república y una profunda conmoción social. Fantasmagóricas también las conspiraciones internacionales volterianas que turbaban la mente de Alejandro I, el zar que desaparecería dramáticamente en 1825, sin enterarse de que aquello que amenazaba a Rusia era la suma de los efectos del despotismo político, el atraso económico y la servidumbre de los campesinos. Y no lo eran menos las ilusiones inmovilistas de Metternich, que estaba convencido de haber «restaurado» el viejo mundo para hacerlo durar largamente, y que lo vería hundirse a trozos en 1848, sin entender lo que ocurría. Como lo eran también las de Canning, que parecía el más sensato de todos, pero no lo era, ya que estaba sacrificando los intereses británicos en Europa a la ilusión del comercio y de las inversiones en las viejas colonias españolas de América: una ilusión que se hundiría dos años más tarde con el desastre de la crisis Baring[36].

Es necesario que conozcamos estas cosas si queremos entender la política europea de estos años, porque sus dirigentes actuaron, no de acuerdo con el tipo de previsiones racionales que nosotros tendemos a atribuirles, sino movidos por temores irracionales, por ilusiones carentes de fundamento y por expectativas erróneas: por fantasmas mucho más que por razones.

Capítulo 2
LA INVASIÓN

Hasta el último momento pareció que se podía evitar la guerra con Francia. El 20 de febrero de 1823, Vicente Bertran de Lis, comerciante y banquero valenciano de confusa trayectoria política, escribía a París a James de Rothschild para pedirle que expusiera a las autoridades francesas sus planes para derrocar el gobierno y poner en su lugar otro dispuesto a hacer los cambios políticos que exigía Villèle.

La maniobra, que contaba con la complicidad del rey, empezó el 19 de febrero de 1823, cuando, después de la clausura de las sesiones extraordinarias de las cortes, Fernando VII destituyó al gobierno que presidía San Miguel, de predominio masón, moderado en temas de política interior, pero desafiante y radical frente a Francia y a la amenaza europea. Aquella misma noche se produjo un alboroto gravísimo en Madrid: un grupo llegó a asaltar el palacio real, con gritos de «¡Muera el rey, muera el tirano!» y actos de violencia que aterrorizaron a la reina, y se instaló en la calle una mesa en que se recogían firmas para pedir que la Diputación permanente de las cortes nombrara una regencia que reemplazara al monarca. Asustado, Fernando VII hubo de retractarse.

Mientras tanto, James de Rothschild había realizado la gestión que le habían encargado y le enviaba a Bertran de Lis, con fecha de 2 de marzo, una respuesta alentadora «de arriba»: «Si se hacen modificaciones satisfactorias en las personas y en la forma del gobierno español, como consecuencia de la crisis en que se encuentra, el ejército francés esperará los resultados hasta el primero de abril, y se puede proceder con la seguridad que en este caso no atravesará la frontera antes de esta fecha».

Bertran de Lis le contestaba el 20 de marzo. Había habido problemas; pero aunque el rey se había visto obligado a salir de la capital aquella misma mañana, «los ministros que tienen que reemplazar al ministerio actual marchan también hacia Sevilla» y podrían entrar pronto en funciones. Este ministerio alternativo estaría encabezado por dos radicales cercanos a los comuneros, Álvaro Flórez Estrada y Lorenzo Calvo de Rozas, partidarios de negociar con los franceses y de introducir los cambios políticos que éstos pedían, para evitar jugarse la supervivencia del régimen en una aventura bélica incierta[1].

¿Por qué se había producido este retraso? La legislatura ordinaria de las cortes se había inaugurado el día primero de marzo y el rey —que no había podido asistir porque todos estos sucesos habían acentuado los males que padecía— había nombrado, haciendo uso del derecho que le daba la constitución, un gobierno de predominio comunero, el de Flórez Estrada-Calvo de Rozas, que Miñano calificaba de «ministerio anarquista», pero que estaba dispuesto a negociar con los franceses. Pero sus enemigos masones seguían dominando en las cortes y precipitaron la decisión de hacer el traslado del gobierno a Sevilla, antes de que los ministros salientes pudiesen leer las memorias justificativas de su gestión, algo que debía preceder reglamentariamente a la toma de posesión de los nuevos. Esto significaba que, mientras durase el viaje, el viejo gobierno seguiría en funciones y, como la apertura de las sesiones en Sevilla se había fijado para fines de abril, la maniobra implicaba que el nuevo gobierno no se instalaría antes de esta fecha y no podría negociar a tiempo de evitar la invasión.

El rey, aterrorizado por las amenazas que había recibido e implicado en los proyectos negociadores de los comuneros, se resistió primeramente al viaje, pretextando, con toda una serie de certificados médicos, que estaba enfermo. Pero los masones no estaban por contemplaciones y una comisión dominada por ellos decidió que el viaje a Andalucía sería bueno para su salud. Fernando supo que en las cortes se decía «que yo saldría de Madrid de todos modos, pues que si no podía viajar en coche, me llevarían atravesado y atado en un burro» y aceptó partir el 20 de marzo. Así empezó aquel viaje alucinante de ida y vuelta, que a la ida vio cómo los pueblos «ocupaban a bandadas el camino y, recibiendo con desdén a la familia real, aplaudían a las cortes y daban muestras de un hervoroso entusiasmo por la constitución», y que tendría, al cabo de medio año, un regreso tan distinto, con los mismos pueblos aclamando al rey absoluto y persiguiendo a quienes poco tiempo antes habían aplaudido[2].

Del lado francés la guerra se había preparado en poco más de dos meses, reuniendo tropas y suministros en la frontera: se hicieron unas provisiones enormes —30 millones de raciones de pan, 50 millones de arroz, 20 millones de sal, 12 millones de aguardiente… con 29 000 caballos y 3300 mulas para los transportes— que a menudo llegaron tarde y retrasaron el avance del ejército debido a su mismo volumen. Todo se hizo mal y a unos costes muy elevados. Mientras tanto, Martignac, que acompañaba a Angulema como comisario civil, organizaba a toda prisa una llamada Junta provisional de España cuya misión era dar cobertura a la actuación del duque de Angulema, jefe de la fuerza expedicionaria, con el fin de presentar como una guerra civil española lo que no era otra cosa que una invasión francesa.

Los «cien mil hijos de San Luis» empezaron a atravesar la frontera española el 7 de abril de 1823, sin haber declarado previamente la guerra (el gobierno español no lo haría hasta el 23 de abril). El ejército invasor, dividido en cuatro cuerpos y uno de reserva, estaba mandado por generales que habían luchado con Napoleón, algunos de ellos en la guerra de la Independencia (al llegar a Madrid, «los soldados veteranos que habían hecho la guerra de España mostraban de lejos a sus compañeros más jóvenes los monumentos más notables»). Las fuerzas que entraron inicialmente en España estaban integradas por unos 90 000 soldados, pero aumentaron a lo largo de la campaña y al final eran unos 120 000, 75 000 de los cuales se retiraron al acabar la guerra, mientras quedaban unos 45 000 hombres como cuerpo de ocupación que debía dar apoyo al régimen absolutista restaurado. Es difícil saber el número de los combatientes realistas españoles que les acompañaban —las estimaciones van de 12 500 a 35 000—, pero no conviene sobrevalorar la importancia militar de unas fuerzas que hasta entonces habían sido repetidamente derrotadas por el ejército regular español. Chateaubriand reconocía que las guerrillas realistas no valían demasiado y un dicho francés aseguraba que «el ejército de la fe había perdido la esperanza y pedía caridad».

A ese conjunto de fuerzas los constitucionales sólo le pudieron oponer un ejército de 50 000 hombres —menos de la mitad que el de sus enemigos—, unas plazas fuertes con las defensas en estado precario, un gobierno interino, unas cortes que erraban por los caminos y un rey enfermo y aterrorizado[3].

Tal vez sea este el momento de decir algo acerca de Fernando VII y de su personalidad: de ese hombre que ha sido objeto de un juicio unánimemente desfavorable, tan odiado por los liberales como por los absolutistas. Tenía en aquellos momentos treinta y ocho años de edad, ya que había nacido el 14 de octubre de 1784 en El Escorial. Que pudiese ser hijo ilegítimo de un fraile del mismo monasterio —según pretende una leyenda poco verosímil— es una suposición que sólo se basa en la fama de corrupción de su madre, María Luisa, de quien el agustino González Salmón decía que tenía en palacio «un burdel o serrallo» de jóvenes escogidos por sus cualidades físicas.

Hay, sin embargo, demasiada truculencia en todo lo que se ha escrito sobre estos personajes. Se ha hablado, por ejemplo, de la «tolerancia» por parte de Carlos IV de las relaciones de Godoy con su esposa: unas relaciones que el propio Fernando se encargaba de divulgar en versitos de propaganda contra Godoy, en los que, refiriéndose a éste y a su madre, se decían cosas tan refinadas como esta: «Con la reina se ha metido / y todavía no ha salido. / Y su omnímodo poder / viene de saber… cantar. / Mira bien y no te embobes, / da bastante AJIPEDOBES. / Si lo dices al revés / verás lo bueno que es». Las cartas de los reyes nos muestran, en cambio, que los dos admiraban el talento de Godoy y lo consideraban insustituible como consejero. Eso, con el añadido de la cortedad y la afabilidad de Carlos IV, basta para explicar su comportamiento, sin olvidar que al parecer el rey no conoció la infidelidad de su esposa hasta mucho más tarde, en los últimos momentos de su vida[4].

Al nacer no parecía que Fernando hubiese de reinar, ya que tenía dos hermanos mayores; pero la muerte les alcanzó a los dos antes de que el recién nacido cumpliese un mes de vida. Enfermizo y deforme (parece que sufría disostosis craneofacial, un defecto hereditario caracterizado por deformaciones del cráneo y la cara y, con frecuencia, por déficit intelectual, del oído y del olfato), a los cuatro años padeció un «vicio de la sangre». Por aquel tiempo moría su abuelo, Carlos III, y su padre empezaba a reinar. Con este motivo reunió unas cortes, las de 1789, que anularon el «Auto acordado» sobre la sucesión a la corona española publicado en 1713 por Felipe V, y juraron a Fernando, que todavía no había cumplido cinco años, como príncipe de Asturias y heredero de la corona. A los once años volvía a caer gravemente enfermo, con «una enfermedad lenta, duradera, a quien no vencen la pericia de los mejores médicos, ni la eficacia de los remedios más activos[5]».

No recibió una buena educación. Su primer preceptor, el padre Scio, duró poco en el cargo; le sucedió el obispo de Orihuela, fiel a Godoy, que proyectaba dar al príncipe, que acababa de cumplir doce años, un programa que consistía en una hora de latín, otra de historia y media de baile por las mañanas, y una de gramática por las tardes, excepto los sábados, dedicados a la doctrina cristiana. Los dos maestros que debían llevar a la práctica este programa eran el padre Bencomo y el canónigo Escoiquiz, que sería quien acabaría haciendo la faena y dando una hora diaria de enseñanza al príncipe durante cuatro años seguidos, hasta que las intrigas en las que se mezcló motivaron que se le expulsara de palacio. Poca y no muy adecuada educación para un futuro rey absoluto de las Españas. Pero tal vez lo más grave fuese haber escogido para dársela a un intrigante como Escoiquiz, habituado a la simulación. Si del Fernando adulto se ha podido decir que era mentiroso, falso e hipócrita, hay que tener en cuenta que se le había educado para que lo fuese[6].

Cuando cumplió dieciséis años se empezó a pensar en su matrimonio. Se escogió a María Antonia de Nápoles y se concertó un doble matrimonio: el de Fernando con María Antonia y el del príncipe heredero de Nápoles con una infanta española. El casamiento se celebró por poderes en Nápoles, en agosto de 1802, y se ratificó en Barcelona el 4 de octubre del mismo año, al llegar los napolitanos. En aquel momento, la princesa María Antonia tenía dieciocho años, igual que su prometido. Según la duquesa de Abrantès, no era muy alta, pero tenía nobleza y dignidad, un falso aspecto saludable «que se hacía remarcar de forma poco agradable en el excesivo volumen de su pecho», pelo rubio y nariz aguileña. «Su aire era majestuoso y un tanto severo», pero cuando sonreía el rostro «se iluminaba con una dulce luz». No muy bella, pero «por encima de todo, muy princesa». Por lo que se refiere a Fernando, tenemos el retrato que su misma esposa hizo de él: «Llego a Barcelona, desembarco: los reyes. Hago una genuflexión, beso la mano y el rey, que es un hombre todo corazón, aunque poco cultivado, me toma por el brazo y me lleva a la carroza, hablándome en napolitano. Bajo de la carroza y veo al príncipe: estuve a punto de desmayarme. El retrato, que parecía más feo que atractivo, era un Adonis comparado con el original; y es tímido […]. Al cabo de un rato nos condujeron a nuestra habitación y me puse a llorar, maldiciendo el momento en que había consentido tal cosa y a la persona que me había engañado».

La reina de Nápoles, madre de la novia, que utilizaba la correspondencia para chismorrear con sus amigas, decía en una carta de 17 de octubre de 1802: «La pobre Antonieta se desespera con su suerte. Escribe unas cartas que os hacen fundir en llanto […]. El marido tiene un aspecto horrible, una voz que da miedo y es un memo». El «horrible aspecto» hacía referencia sobre todo a la gordura de Fernando, que era un glotón y llegaría a pesar más de cien kilos; la «voz que da miedo», al falsete del príncipe. Cottugno, médico del rey de Nápoles, había dicho, al ver al novio en Barcelona, que la gordura y la delicada voz de Fernando hacían dudar de su capacidad para engendrar sucesión. En el diario de un notario napolitano se lee: «Se dice que nuestra María Antonieta no está nada contenta del príncipe de las Asturias, que parece que es un estúpido y se dice que también es impotente[7]».

La conducta de Fernando en esos años daba motivos para justificar los temores —después parece haber sido sexualmente bastante más activo, recorriendo los prostíbulos de Madrid en compañía del duque de Alagón—. En noviembre de 1802, la suegra escribía: «Mi hija se desespera de vivir en esa corte, raza y país. El marido es un necio total, ni siquiera un marido en el sentido físico, y un pelmazo que no sale de su habitación». Diez días más tarde insiste en que «no es ni animalmente su marido». Pasan los meses y el 3 de marzo de 1803 precisa los detalles: «Un marido necio, indolente, vil y simulador y que no es ni hombre físicamente. Y ya es grande que a los dieciocho años no se sienta nada, y que a fuerza de orden y persuasión se hagan inútiles pruebas sin resultado ni fruto: sin placer ni efecto». Fue necesario esperar a septiembre de 1803, cuando ya había transcurrido cerca de un año de vida en común, para que Fernando, instado por el embajador de Nápoles, consumara el matrimonio.

Los textos que tenemos de la propia María Antonia no son, al principio, nada halagüeños: «El príncipe está siempre encima mío: no hace nada, ni lee, ni escribe, ni piensa nada, nada. Va, viene, se deja caer en una silla, abraza a la dama, salta encima de la camarera, viene, dice unas palabras, pregunta mil cosas y así todo el día […]. Un marido que no entiende lo que le digo, que me hace ruborizar de vergüenza por las groserías que hace a la gente y que, cuando se habla de cosas cultas, se pone a hablar de comida o de paseos». Poco a poco, no obstante, esta actitud se modificará. En el verano de 1803 escribe: «El príncipe, infeliz, no ha sido educado. Es bueno, pero sin instrucción ni talento natural. Ni siquiera es despierto: mi antípoda. Y yo, para mi desgracia, no le quiero». En noviembre su madre ya escribe: «Antonieta empieza a acostumbrarse a su suerte». Y a comienzos de 1805 será la misma esposa de Fernando la que diga: «Este país me agrada y la gente es de mi gusto». Es evidente que la muerte prematura de esta mujer privó a Fernando de una compañera inteligente que hubiera podido equilibrar su carácter y cambiar su personalidad. María Antonia, que padecía tuberculosis, cayó enferma en 1804 y murió dos años más tarde, en mayo de 1806, cuando tenía poco más de veinte años (los partidarios de Fernando no vacilarían en decir, sin fundamento alguno, que había sido envenenada por orden de Godoy[8]).

Fernando estuvo más de diez años sin esposa, en los tiempos más dramáticos de su vida, sometido a influencias como la de Escoiquiz —que aunque había sido apartado de la corte se mantenía en contacto constante con el príncipe por escrito—, que le avivaría los resentimientos contra sus padres y contra Godoy, y se convertiría en su maestro de simulación y servilismo, condiciones que exhibió en los turbios incidentes del proceso del Escorial. El motín de Aranjuez, nacido de una conjura aristocrática contra Godoy, le dio por primera vez la corona en marzo de 1808, pero ese primer reinado duró sólo unas semanas y acabó en una nueva etapa de tensiones, bajezas e incertidumbres, desde las abdicaciones de Bayona al cautiverio de Valençay, donde Fernando dio muestras de envilecimiento con escritos de adhesión a José Bonaparte, felicitaciones al emperador por las victorias que obtenía en España e incluso la denuncia a los franceses del hombre que había acudido a liberarle.

Napoleón lo describe en esos momentos con poca simpatía: «Es un hombre que despierta poco interés. Estúpido hasta el punto de que no le he podido sacar una palabra. Sea lo que sea que se le diga, no contesta; tanto si se le riñe como si se le hacen cumplidos, nunca cambia de gesto». A este retrato moral, el general Foy añade el físico: «Aunque grande, su aspecto carecía de elegancia; sus movimientos eran bruscos, su mirada insegura y su juventud carecía de frescor. Hablaba poco y no era fácil ver si era por timidez o por disimulo. No se le conocían vicios ni virtudes». Pasó aburrido los cinco años de cautiverio en la residencia de Valençay, propiedad de Tayllerand, en compañía de su hermano Carlos que rezaba (y se hizo cambiar su dentadura natural por otra postiza) y de su obeso tío Antonio, que se dedicaba a bordar y a cultivar legumbres en el jardín, sin que ninguno de ellos parezca haber tenido interés en entretenerse con los libros que abundaban a su alrededor. Cuando Napoleón le propuso que volviese a España, Fernando le contestó lleno de dudas; pero acabó firmando un tratado secreto, que la regencia no podía aceptar, ya que se había decidido que no se reconocería ningún acuerdo que el rey firmase mientras no estuviese en libertad. Finalmente Napoleón dejó partir a los príncipes el 13 de marzo de 1814 y Fernando, antes de irse, escribió a la regencia: «En cuanto al restablecimiento de las Cortes, como a todo lo que pueda haberse hecho durante mi ausencia que sea útil al reino, merecerá mi aprobación como conforme a mis reales intenciones». No había pasado ni un mes antes de que decidiera todo lo contrario[9].

Fernando —que no tuvo ninguna aventura amorosa en los años de cautiverio, a pesar del interés de Napoleón por proporcionarle candidatas— volvería a encontrar compañía al casarse con la princesa portuguesa Isabel, que parece haber sido de mejor temperamento que sus fieras hermanas, María Francisca y María Teresa, la temible «princesa de Beira», que serían las esposas sucesivas y las inspiradoras de las ambiciones del infante Carlos. Pero Isabel —que un pasquín describía, de manera poco piadosa, como «fea, pobre y portuguesa»— vivió poco más de dos años. La tercera boda, concertada en 1819 con la princesa María Josefa Amalia de Sajonia, fue un desastre. Porque si bien era «joven [tenía quince años al llegar a España], […] de gran belleza y angelical carácter», resultó ser tan devota y aburrida que, al año del casamiento, el rey añoraba a la difunta Isabel, ante «los escrúpulos y grave sosera de la Amalia». Aguantó diez años, con una paciencia ejemplar, a la mujer, sus versos ramplones y los rosarios constantes, y parece haber sentido sinceramente su muerte, aunque le representaba una liberación. Esta experiencia explica la alegría que manifestó al descubrir que su cuarta esposa, María Cristina, era una muchacha alegre y vivaracha[10].

Cuando se siguen de cerca los incidentes de la vida de Fernando, se puede advertir la permanencia en él de unos determinados rasgos de carácter: cobardía, temor de cualquier actuación que pudiese conducir hacia la revolución (tenía siempre presente cómo había acabado, hacía pocos años, su pariente Luis XVI de Francia), recurso a la mentira y a la simulación para sortear los momentos difíciles, y capacidad de soportar todas las humillaciones en silencio, incubando un odio que aflorará en forma de venganza cuando llegue la hora del triunfo. Pero, por encima de todo, hay en él soledad y desconfianza: una desconfianza que los años se encargarían de justificar al ver que le fallaban todos aquellos en cuya lealtad había confiado, incluyendo a su hermano. Uno de sus ministros, el marqués de las Amarillas, ha sabido pintar esa mezcla de timidez y terquedad que se daban en él, el hábito de reír cuando no quería contestar una pregunta que le incomodaba y el conjunto de rasgos que integraban «aquel carácter inexplicable con que le dotó el cielo», incluyendo su inseguridad, que justifica esta conclusión: «No sabía ni ser buen rey, ni déspota vigoroso[11]».

Todavía hay otro rasgo de esta compleja personalidad que conviene señalar para entender algunos de sus actos. A pesar de la testarudez que demostraba en ocasiones, Fernando solía actuar de acuerdo con los estímulos que recibía de quienes le rodeaban. En sus cartas se nos aparece de acuerdo con el talante de la persona a quien van destinadas. Esto explica el contraste entre la correspondencia que mantenía con un energúmeno como Ugarte, en la que formulaba deseos de venganza con expresiones feroces, y la que sostenía con un personaje moderado, como su secretario Juan Miguel Grijalva, donde mostraba con más franqueza sus preocupaciones: su obsesión por la falta de dinero (que necesitaba para pagar al servicio y para comprar muebles y objetos para el palacio real de Madrid, saqueado por las tropas de Napoleón, donde un visitante francés comprobaba en 1826 que había un mobiliario pobre y pasado de moda), la ternura con que está pendiente de las enfermedades de Amalia, o rasgos como el de pagar en secreto de su bolsillo una edición de las obras de Moratín y preocuparse personalmente de supervisar sus detalles. Hay que recordar, finalmente, que era un hombre enfermizo y débil —son frecuentes las noticias de sus ataques de gota, que le obligaban a ir a Beteta a «tomar las aguas»—, incapaz de practicar la caza como su padre y su abuelo, y dedicado, por ese motivo, a ejercicios bastante más tranquilos como el de abrir con una plegadera las hojas de libros que no leía: y así le encontramos pidiendo a Grijalva, «los tomos octavos del diccionario de Miñano», añadiendo, por si podíamos tener dudas de lo que se proponía hacer con volúmenes repetidos de un diccionario geográfico: «pues sabes lo que me gusta despegar las hojas». Las dos imágenes que nos dan sus cartas, la feroz de las destinadas a Ugarte y la más cálida y humana de las que escribe a Grijalva son válidas por igual, aunque parezcan contradictorias. Las dos se integran dentro de la compleja personalidad de este carácter, poco estimable, pero muy lejos de la simplista figura del «rey felón», pintada en blanco y negro por muchos historiadores[12].

Este era el hombre que el 10 de abril, mientras llovía a cántaros, llegaba a Sevilla, donde trece días más tarde se abrían las sesiones de las cortes y se nombraba un nuevo gobierno de predominio masón, del cual era jefe efectivo Calatrava, ya que una nueva conspiración había conseguido que el ministerio formado por los comuneros no llegase a ejercer el poder ni un solo día. Fueron estas unas cortes «frías y melancólicas», aunque en ellas se pronunciasen discursos inflamados, y en las que lo más importante era lo que se fraguaba al margen de las sesiones —en una reunión de los masones se propuso incluso matar al rey—, en unos días caracterizados por los enfrentamientos personales y la fragmentación de los partidos.

Mientras tanto, los franceses se adentraban por España, aunque no se puede decir que hiciesen la guerra, porque apenas hubo guerra. Con la única excepción de Mina, los jefes militares a quienes el gobierno había confiado el mando de los cuerpos más importantes del ejército lo traicionaron y facilitaron a los franceses una penetración rápida y sin combates. Pese a las exageraciones de la propaganda oficial francesa, empeñada en convertir la campaña de España en una gran victoria militar para dar lustre a la dinastía restaurada, la verdad es que los combates fueron de una insignificancia ridícula. Lo reconocían los propios franceses. Martignac, que lo vivió de cerca, confesaría que, desde un punto de vista militar, la guerra «no se puede considerar para Francia más que como un acontecimiento de orden inferior y de interés secundario», y que hablar de grandes victorias era producto «de la exageración del halago». El barón de Damas, protagonista de algunas de las acciones más destacadas de la campaña de Cataluña, diría que en su conjunto la guerra no había costado al ejército francés «más gente de la que perdemos en los hospitales en los años ordinarios», es decir, en los años de paz. Y el mariscal Oudinot, que mandaba el primer cuerpo del ejército de Angulema, concluiría: «Lo que me más me molesta y me incomoda es que esta gente se cree que ha hecho la guerra». Lo que no impediría que el gran fabulador que era Chateaubriand hiciese proclamar a la prensa: «Nuestros éxitos en España hacen ascender a nuestra patria al rango militar de las grandes potencias de Europa[13]».

El ejército francés no tomó por las armas casi ninguna ciudad amurallada (una de las pocas, Pamplona, les resistió cinco meses), ni libró una sola batalla a gran escala. Hubo algunos combates en Cataluña y, sobre todo, magnificado por la propaganda francesa hasta extremos ridículos, el asalto del Trocadero —un lugar que recibía ese nombre por el hecho de que había servido para dar la vuelta a las embarcaciones cuando se carenaban—, cerca de Cádiz, un episodio menor y que apenas si podía calificarse de afortunado.

Es verdad que los franceses encontraron mucha menos resistencia popular que en tiempos de Napoleón. Ouvrard lo explicaba diciendo que en 1808 los clérigos animaron a la resistencia y que ahora se oponían a ella. Pero contaba también, y mucho, el hecho de que, mientras en 1808 el ejército francés requisaba por la fuerza lo que necesitaba, ahora pagaba los suministros y a buen precio: un decreto de la regencia condenaba «la desigualdad de los precios que los pueblos reclaman en pago de los bagajes que suministran al ejército francés» y ordenaba que se les proporcionasen «a los mismos precios que […] para las tropas españolas». No le hicieron caso, como era de esperar.

Por otro lado, la rapidez de la campaña es engañosa, ya que si bien los franceses, cuyo primer objetivo era «liberar» a Fernando VII para privar de legitimidad al gobierno español, llegaron de la frontera a Cádiz en menos de tres meses, en el momento de comenzar el sitio de esta ciudad no controlaban la mayor parte de las plazas fuertes españolas, que seguían en manos de los liberales y que no se rindieron hasta después de que las cortes hubiesen capitulado. Ni siquiera se podía considerar asegurada la situación en el centro del país: buena parte de Extremadura estaba bajo control liberal, el Empecinado recorría tierras castellanas con medio millar de hombres a caballo y se permitía incluso volver a ocupar Cáceres a mediados de octubre de 1823 (después, por consiguiente, de la rendición de Cádiz); en la Mancha había tres partidas liberales comandadas por el coronel Abad, «Chaleco», sin olvidar las «partidas de ladrones que roban a los correos y viajantes» en el País Vasco o los agresores que mataban oficiales franceses en Alhama de Aragón. Se daban incluso casos como el de Tarazona, donde, una vez habían pasado los soldados franceses, se había vuelto a poner de nuevo la lápida conmemorativa de la constitución. La noche del 31 de julio hubo en Madrid una gran alarma ante el temor de que las fuerzas liberales reconquistasen la capital[14].

La facilidad del avance de los franceses se debe atribuir en buena medida a la traición de unos generales que se rindieron sin lucha. Las fuerzas españolas habían sido divididas en cuatro cuerpos. Mina tenía en Cataluña el más numeroso (20 000 hombres) y bien preparado, y lo dedicaría a enfrentarse a Moncey. El resto de las fuerzas que debían oponerse al avance de los invasores, desde Irún a Madrid, se habían organizado en tres cuerpos. Ballesteros, con unos 12 000 hombres, debía atacar a los franceses por el flanco oriental, desde Aragón, mientras que por el occidental lo harían las fuerzas de Morillo, que tendrían su base en Galicia y en Asturias. El conde de la Bisbal dirigiría el cuerpo de reserva de Castilla la Nueva, integrado por 12 000 hombres y encargado de cerrar a los invasores el camino de Madrid, en el caso de que fallase la primera línea[15].

Sólo Mina luchó —en el combate de Llers (15-16 de septiembre) «cayó la flor de los provinciales de Cataluña y la legión liberal extranjera, malogrados restos de aquellos italianos a quienes habían perdonado la peste, el hambre y la guerra civil»— y llegó incluso a adentrarse por la Cerdaña francesa, donde contaba con algún apoyo. Los otros se limitaron a preparar su rendición desde el primer momento (el propio Villèle reconocía en una carta «la escasa resistencia del ejército español»). Ballesteros empezó a retroceder sin haber ni siquiera visto a los franceses, evitando cualquier contacto con ellos y pretextando que sus fuerzas eran demasiado débiles para hacer frente al enemigo (pero se negaba a admitir a los milicianos nacionales que acudían a unírsele). Sabiendo que estaba en tratos para rendirse, Riego salió de Cádiz, pasando por Málaga (mientras los campesinos de la Serranía de Ronda se preparaban para saquear la ciudad, «provistos de sacos y de amplias alforjas para depositar en ellos el codiciado botín»), para entrevistarse con él y tratar de disuadirlo. No sirvió de nada. Ballesteros capituló el 4 de agosto y pidió que le dejasen quedarse en el Puerto de Santa María, donde, al producirse el desembarco del rey, «vegetaba melancólicamente, abandonado por todos[16]».

Si Ballesteros se portó con una cobardía indigna, peor fue todavía la actuación de Morillo. Empezó rehusando el mando, tardó dos meses —en plena invasión extranjera— en presentarse en Valladolid y desde el primer momento se dedicó a dirigir quejas al ministro de la Guerra, aderezadas con promesas de «perecer invocando la libertad de mi patria», mientras empleaba los pocos hombres que tenía —pocos, entre otras razones, porque dejaba en los depósitos a los quintos que se le unían, sin darles la oportunidad de tomar las armas— en «conservar el orden público», es decir, en perseguir liberales. Escribió enseguida a Angulema para ponerse a su servicio y aprovechó la deposición temporal del rey para romper públicamente con el gobierno, con una cínica proclamación en la que decía a sus soldados: «habéis manifestado vuestra decisión a [sic] no obedecer las órdenes de la regencia que las cortes instalaron en Sevilla», cosa que él mismo reconocería posteriormente que era mentira.

Hombre de origen humilde, que había ascendido de sargento a general, era masón y su conducta había dado motivos de duda: en febrero de 1823 tuvo que justificarse de las acusaciones de haber sido excesivamente blando con los guardias reales que se habían amotinado el verano anterior. Cuando las tropas francesas entraron en Galicia a principios de julio, Morillo esperaba en Lugo para ayudarles a aplastar la resistencia de Vigo y de La Coruña. Esta última plaza, asediada por tierra y por mar, resistió veinticuatro días, en el transcurso de los cuales y habiendo circulado el rumor de que los presos absolutistas del castillo de San Antón querían asesinar a los liberales tan pronto como entrasen los franceses en la ciudad, se ordenó embarcarlos y se los ahogó lanzándoles al agua atados de dos en dos, en uno de los actos más reprobables de la violencia liberal de esa guerra.

Morillo, que se había distinguido luchando en 1809 contra los franceses en el puente de Sampayo, combatiría ahora en el mismo lugar para ayudarles a entrar en La Coruña. No es necesario calificar su conducta, porque él mismo lo hizo cuando, en 1829, ponderaba sus servicios al absolutismo en un memorial dirigido al gobierno en el que explicaba que fue el primero de los generales en declararse «por los sagrados derechos de S. M.», que se puso en contacto inmediatamente con Angulema y que, «a pesar de no haberle querido obedecer en esta empresa la mayor parte de sus tropas», se alió con los franceses y «exterminó a los liberales en Galicia». Por una paradoja del destino —o, más bien, por una de las miserias habituales de la política—, sería capitán general de Galicia al morir Fernando VII y entonces le tocaría perseguir a los carlistas[17].

No fue mucho más ejemplar la conducta del conde de La Bisbal —o, Abisbal, como a menudo se escribe en la época—, lo que no debe sorprender si se conoce su pasado camaleónico, por el cual Rotalde le calificaba de «tres veces traidor en grado heroico»: había conspirado primero con los insurgentes que preparaban el levantamiento de 1820, les había traicionado luego y se había vuelto a sumar a ellos, a última hora, cuando vio que ganaban. Ahora pasaba por ser masón, pero proponía reformar la constitución «a la francesa», como querían los comuneros. Durante la primera quincena de mayo, mientras los franceses avanzaban hacia Madrid, La Bisbal se dedicaba a publicar las cartas-manifiesto que intercambiaba con el conde de Montijo, en las que ambos criticaban duramente al gobierno y defendían un arreglo con los franceses. Intentó arrastrar en su defección a los generales que estaban a sus órdenes y, al no conseguirlo, huyó acompañado por una mujer vestida de hombre y se refugió con ella entre los franceses. El hombre a quien había abandonado el mando, Zayas, no pudo hacer otra cosa que negociar la rendición pacífica de Madrid, impidiendo por la fuerza que los guerrilleros que mandaba Bessières entrasen antes que las tropas francesas, con el fin de evitar a la capital una experiencia de saqueos, violencia y asesinatos[18].

Fue en esos momentos, con los franceses adentrándose por la Península, cuando las cortes, instaladas en Sevilla, aprobaron finalmente la ley de abolición del régimen señorial, rechazada en dos legislaturas anteriores por el rey, y promulgada automáticamente, al votarse por tercera vez, según disponía el artículo 149 de la constitución. Una medida trascendental, pero que exigía un largo proceso de presentación de los títulos a los juzgados de primera instancia, de apelación a las audiencias, etc., que era imposible organizar en aquellos momentos, lo que explica que no tuviese efecto alguno sobre la opinión de unos beneficiarios potenciales que ni siquiera llegaron a enterarse de su publicación.

La rápida progresión de los franceses obligó a pensar en un nuevo traslado, de Sevilla a Cádiz, el único punto, en opinión de una junta de generales reunida el 4 de junio, en que podía organizarse una resistencia seria. Cuando, el 10 de junio, los ministros le plantearon al rey la necesidad de este nuevo viaje, Fernando empezó argumentando que no quería hacer nada sin que se consultase al consejo de Estado. Como era de esperar en una situación semejante, los miembros del consejo no llegaron a formular una propuesta clara. Los ministros volvieron a hablar con el soberano, urgiéndole a que aceptase la partida, y ahora Fernando dijo que encerrarse en Cádiz en verano era una locura, que él no quería morir de peste, aunque no había ningún indicio de epidemia en la ciudad, y que se negaba a hacer el viaje, añadiendo que «llevarme a la fuerza al peligro era un asesinato y que para esto más valía que me pegasen un tiro». La verdad era que Fernando, que temía que le asesinaran por el camino, sabía que se estaba preparando en Sevilla una conspiración para liberarle y quería esperar sus resultados[19].

El 11 de junio, a las diez de la mañana, antes de iniciarse la sesión de las cortes, Calatrava explicó a un grupo de diputados la negativa del rey (no se atrevía a hacerlo en público por miedo a despertar las iras de los exaltados). La situación era desesperada y el gobierno no se atrevía a dar pasos más enérgicos. Fue entonces cuando se decidió iniciar el procedimiento que podía conducir, si era necesario, a la deposición temporal del soberano, de acuerdo con lo que preveía la constitución. Al abrirse la sesión de aquel día, Alcalá Galiano, a quien se había confiado la dirección de la maniobra, preguntó al ministro de la Guerra en funciones cuál era la situación militar. El ministro la pintó con los colores más siniestros: se habían enviado a Despeñaperros unos batallones de soldados sin preparación ni experiencia, con la intención de que «pareciese que había tropas», pero los franceses habían atravesado con facilidad esa puerta de Andalucía y avanzaban con rapidez hacia Sevilla. Alcalá Galiano preguntó entonces a los ministros qué habían pensado para evitar que los franceses les sorprendiesen a todos y capturasen al rey. Calatrava explicó cuál había sido la propuesta de los generales y que, habiéndosela expuesto al rey, no tenían todavía su respuesta. El paso siguiente fue pedir que las cortes nombraran una comisión que informase al soberano de la urgencia de abandonar Sevilla. En aquellos momentos Fernando conspiraba con el general Downie y el coronel Cabanas, que estaban preparando un levantamiento «realista», mientras los dirigentes liberales tenían que encargase de frenar a los exaltados del ejército y la milicia que querían hacer «una asonadita» y llevarse al rey por las buenas o por las malas, sin perder tiempo en legalismos[20].

La comisión se entrevistó aquella tarde con el monarca, que seguía empeñado en su negativa y declaraba que personalmente estaba deseoso de hacer cualquier sacrificio, pero que, como rey, su conciencia no le permitía dejar Sevilla. Ante el argumento de que un rey constitucional no tenía otra conciencia que la de sus consejeros legales, replicó secamente «he dicho todo lo que tenía que decir», se levantó y se fue. Al volver a las cortes con esta respuesta, estalló la indignación general y Alcalá Galiano, siguiendo el programa previsto, dijo: «no queriendo, pues, S. M. ponerse a salvo y pareciendo más bien, a primera vista, que S. M. quiere ser presa de los enemigos de la patria, S. M. no puede estar en el pleno uso de su razón: está en un estado de delirio». De acuerdo con el artículo 187 de la constitución, se suspendió temporalmente al rey en sus funciones por «impedimento moral» y se nombró una regencia provisional, que duraría el tiempo estricto del viaje a Cádiz. Antes de votar, diecinueve diputados se retiraron; los ochenta y tres que quedaban aprobaron, con un solo voto en contra, la deposición temporal y nombraron una regencia integrada por los generales Valdés, Ciscar y Vigodet[21].

Mientras se votaba en las cortes, el rey pedía con urgencia a los conspiradores que reuniesen gente y la llevasen al palacio. El plan se frustró cuando Downie y el grupito de media docena que llegó a juntarse en el Alcázar fueron arrestados, sin oponer resistencia, por un cirujano militar que les descubrió conspirando. Los que se habían comprometido a seguirles, gente de Triana, «que se componía la mayor parte de contrabandistas, guiferos y chalanes», no hicieron nada cuando vieron que el barrio era ocupado por patrullas de caballería. Fernando se obstinó todavía en retrasar la marcha, obligando a las tropas y a las autoridades a esperarle formados más de cuatro horas, hasta que, ante las presiones de Ciscar —que parece haberle advertido del peligro que corría si se empeñaba en poner más dificultades— cambió de decisión y la comitiva arrancó poco antes de las siete de la tarde del día 12: el rey y la familia real hicieron el viaje por tierra, escoltados por el regimiento de Almansa y por la mayor parte de la guarnición[22].

En Sevilla sólo quedaba una corta dotación, insuficiente para conservar el orden cuando se iniciase la conspiración realista en una ciudad de más de ochenta mil habitantes, con abundancia de jornaleros pobres o desocupados, entre los que no era difícil reclutar gente para hacer un alboroto «por el rey y la religión», con el saqueo como premio. Se había decidido que los diputados partirían juntos en uno de los barcos de vapor que cubrían el trayecto de Sevilla a Cádiz, y embarcaron la noche del 12, mientras esperaban que las calderas estuviesen a punto para ponerse en marcha. Como a bordo del barco sólo cabían ellos y una corta dotación de milicianos que les protegían, sus familias y equipajes tuvieron que cargarse en las embarcaciones que pudieron encontrar en los muelles. La mañana del 13 de junio, cuando el vapor empezaba su viaje, se inició el levantamiento realista. Grupos de los barrios populares de Triana, Humeros, San Roque y la Macarena se lanzaron a un movimiento en el que se mezclaban la oposición al liberalismo, la lucha de los pobres de los barrios de fuera de las murallas contra la burguesía sevillana y el señuelo de las ganancias que esperaban obtener asaltando personas y equipajes.

Las escenas de este 13 de junio, día de San Antonio, fueron terribles. En el puerto, «una turba numerosa de ladrones y rateros, […] introduciéndose en los buques de pasaje y carga, saquearon equipajes, abriendo cofres, maletas, fardos y bultos; destrozaron líos y cajones; atropellaron con brutal saña a las familias que esperaban el momento de la partida a Cádiz, arrojando al Guadalquivir papeles y efectos en que su codicia no encontraba aliciente; dándose repetidos casos de desgarrar las orejas a las mujeres para arrebatarles los zarcillos de algún valor, de cortar dedos por no salir con facilidad algunas sortijas y de ahogarse en el río varios despojadores por precipitarse en sus ondas con talegos de oro y plata, cuyo excesivo peso les impedía llegar a nado a la próxima orilla». Ese día se perdieron en las aguas del Guadalquivir la colección de monedas de Félix Mejía, el herbario y los trabajos científicos del botánico Lagasca y los libros y los papeles de Bartolomé José Gallardo, de inestimable valor.

Los saqueadores asaltaron también la Sociedad Patriótica, el elegante Café del Turco, algunas tiendas de lujo e incluso el teatro, donde robaron vestidos y decorados al no encontrar otra cosa que llevarse. A los robos siguieron actos de violencia y asesinatos. El marqués de Monsalud, héroe de la guerra contra Napoleón y presidente del tribunal supremo de Guerra y Marina, nos explica que su palacio fue asaltado, su mujer y su hija atropelladas, y que él mismo se encontró «atado y en el acto de ser fusilado, debiendo milagrosamente mi existencia a un sargento que había servido en mi regimiento y que se hallaba entre los sublevados». Más adelante los insurgentes forzaron las puertas del viejo edificio de la Inquisición, donde se guardaban armas y municiones. Era alrededor de las cuatro de la tarde. «Pocos minutos después una detonación espantosa, un resplandor rojizo, una nube inmensa de negro humo y humanos despojos calcinados, esparcidos en los contornos de la Alameda de Hércules, anunciaron el pavoroso siniestro que evitó providencialmente infinidad de atrocidades». La explosión de cuatro barriles de pólvora, con sus dramáticas consecuencias, frenó la exaltación. Los últimos soldados leales al gobierno, impotentes para hacer frente a esta situación, se fueron el día 15. Sevilla permaneció dos días sin autoridad: el día 17 volvieron las tropas de López Baños, que restablecieron la constitución por tres días, y el 21 de junio entraban los franceses[23].

Mientras tanto, la familia real viajaba hacia Cádiz. La reina evocó más tarde sus sentimientos en un soneto en que hablaba de «aquel triste viage […] que entre insultos, peligros y opresión, / hicimos caminando noche y día [en carroza, claro] / y esto para buscar peor prisión, / y para huir de quien nos defendía». El camino se hacía en medio de escenas de tensión, oyendo a los milicianos que gritaban: «¡Mueran ya todos los Borbones; mueran estos tiranos! ¡Ya no eres nada ni volverás a mandar!». Para comprender el estado de ánimo que estas palabras debían suscitar en unos viajeros conducidos por la fuerza, conviene recordar que desde hacía unos meses vivían en una situación en que los alborotos, las amenazas y los insultos habían conseguido aterrorizarles. Las cartas que, al cabo de un año de estos acontecimientos, escribió la reina Amalia a su padre nos hablan de su sufrimiento ante los insultos que recibían y nos hacen evidente su temor de que, en cualquier momento, pudieran perder la vida. Para acabar de arreglarlo, un brigadier con fama de liberal, Vicente Minio, previendo que se acercaban tiempos difíciles para quienes se habían comprometido con la revolución, y deseoso de hacer méritos con el rey, le «reveló» que había una conspiración para asesinarle, algo de lo que costaba poco convencer a Fernando, y se ofreció a protegerle. La reina Amalia confirmó más tarde estos temores: «El peligro más grande lo pasamos en el viaje de Sevilla a Cádiz, durante el cual tenían la intención de matarnos, según decían todos». En el «Itinerario» que dictó al año siguiente, Fernando nos explica que el día 13, mientras iban de Utrera a Lebrija, los vehículos que llevaban a la familia real quedaron detenidos más de media hora en medio de los olivos, «porque decían que habían perdido el camino las tropas […], pero fue porque estaban dudando qué se había de hacer con nosotros; y esparcían las voces, al intento, de que los franceses iban a cortarnos el camino».

No era verdad. Tenemos la descripción, mucho más objetiva, que el general Copons hizo de ese mismo trayecto. El viaje era lento y tuvieron que pararse en una «venta» a medio camino porque la infantería no seguía. Se había puesto el sol. Al llegar la infantería volvieron a salir a la Marisma. «A poco tiempo empezó a oscurecer, oscuridad aumentada cada vez más por la sombra del arbolado. Las sinuosidades del terreno en algunos parajes pantanosos impedía el que los cocheros pudieran gobernar los tiros, y los coches se iban separando unos de otros. El recurso de los faroles y hachas que encendieron faltó a mucha distancia de Lebrija. La escolta que seguía era la de caballería, porque la infantería caminaba dispersa, atendiendo cada soldado poder salir de los pantanos que encontraba, y así sólo se oían voces muy propias de una tropa que caminaba sin formación. La Sra. Princesa de Beira fue afectada de una convulsión […]. Seguimos el viaje a Lebrija, a donde se llegó entre cuatro y cinco del día 14».

No nos debe sorprender que ese incidente haya servido para aumentar el odio que el rey sentía contra Riego, a quien parecía considerar implicado en esos imaginarios planes para matarle, sin llegar a saber que había sido Riego, precisamente, quien había calmado a los milicianos que amenazaban su vida.

Los viajeros llegaron sin más novedad a Cádiz el día 15 de junio. «A la entrada de esta plaza —dice Copons— el rey no fue victoreado como exigía su dignidad, y aún fue tratado con poco acatamiento por algunos vivas, dirigidos a otras personas, que resonaron por toda la carrera», y que se entiende muy bien que se dirigían a Riego. Cesó entonces la regencia y Fernando recuperó el poder. El monarca lo recibió con sorna: «¿Con que es decir que ya han cesado mi ineptitud y mi locura? Sea enhorabuena[24]».

Una vez llegada a Cádiz, la familia real se instaló en casa de un rico comerciante, para pasar después al edificio de la Aduana. Hacía calor, los balcones estaban abiertos y desde la muralla próxima la gente los miraba y comentaba: «Mira, mira […] que pandorgas (cometas) le está echando desde la azotea Narisotas [es decir, Fernando] a su querido Angulema. Mira a don Carlos con su familia resando el rosario y a don Francisco con la suya asomándose ar barcón». Es verdad que el rey pasaba bastante tiempo haciendo volar cometas desde el terrado y desde una torrecilla que se hizo construir expresamente —«Todas las tardes subía […] a remontar los cometas y a hacer de popular con los carpinteros que hacían la torre, con quienes entraba largos ratos en conversación y aún les ayudaba alguna vez a mudar las tablas»—, pero no lo hacía por infantilismo, sino para proporcionar a las tropas francesas que asediaban la ciudad una referencia del lugar donde residía, para que evitasen dirigir en esa dirección los disparos de la artillería que hacían «estremecer de miedo» a la reina Amalia[25].

En Cádiz, donde había nacido la constitución, reanudaban las cortes sus sesiones, menguadas por algunas deserciones y desanimadas por un hecho sospechoso: el embajador inglés, William A’Court, representante del único gobierno con el apoyo del cual creían contar los liberales, no les siguió a Cádiz, sino que se quedó en Sevilla, porque «no quería que pareciese que sancionaba con su presencia ni las medidas que se han adoptado ni las que se preparan»; después se fue a Gibraltar, a «esperar órdenes de su gobierno» (excusa bien falsa, porque todo el tiempo se había mantenido en contacto con Canning).

A’Court es un personaje siniestro, a quien el destino parece haber llevado a los lugares en que se preparaban una contrarrevolución o un desastre. Era representante británico en Nápoles cuando los austriacos la invadieron; lo fue en España de 1822 a 1824, cuando entraron los franceses. Pasó entonces a Portugal como embajador y marchó del país poco antes de que empezara el reinado absoluto de Miguel, con quien parece que simpatizaba. Para acabar de completar su currículum, era lord lugarteniente de Irlanda cuando se produjo la gran hambruna. En esos momentos el gobierno español creía tener «indicios muy repetidos y dignos de crédito» de que el embajador había participado en «las intrigas que han agitado Sevilla». Se había entrevistado con Fernando el día antes de salir hacia Cádiz y le había tranquilizado, diciéndole que no reconocería la regencia. Sabemos, además, que el cónsul inglés en Sevilla, Wash, actuó como intermediario para hacer llegar al rey el dinero que Ouvrard le enviaba para corromper políticos y militares. Hasta tal punto confiaban los absolutistas en A’Court que se dijo que le habían ofrecido «que fuese gobernador de Sevilla en nombre del rey absoluto». Después, al restaurarse el absolutismo, no tuvo ningún problema para seguir representando al gobierno inglés en Madrid[26].

El 16 de junio se reunieron en Cádiz 110 diputados (llegarían finalmente a 118) que manifestaron su voluntad de resistir. La situación de la ciudad no era mala, en lo que se refiere a los víveres, debido a la ineficacia del bloqueo naval francés («los barcos pequeños se les escapaban a su vigilancia», dice Copons), que hacía fácil el abastecimiento desde Gibraltar, como lo demuestra el hecho de que el seguro que pagaban las embarcaciones que hacían este comercio no superara el 3 por 100. El 16 de julio las tropas constitucionales hicieron una salida victoriosa que parecía justificar cierta esperanza, pero al cabo de un mes llegó Angulema con refuerzos, formalizó el sitio y consiguió un éxito espectacular, aunque de escasa importancia militar, con el asalto del Trocadero, la madrugada del 30 al 31 de agosto.

De noche y con la marea en su punto más bajo, los soldados franceses atravesaron un trozo de mar con el agua al pecho y con las cartucheras al cuello, lo que no impidió que se les mojara la munición y hubiesen de atacar a la bayoneta. Tomaron la posición —con su fortificación en mal estado y poco defendida— y consiguieron dominar la península de Matagorda, es decir que se encontraban exactamente igual que las tropas napoleónicas durante el sitio de 1810. Pero ni fue un combate importante —el general Copons, que conocía el lugar y los hechos, aseguraba que «cualquier general […] no le hubiera dado la menor importancia a su toma»— ni se puede decir que modificara la situación que, pocos días antes, había hecho exclamar a Angulema: «no sólo no estamos en Cádiz, sino que no veo claro si llegaremos nunca a entrar allí».

Sir Robert Wilson, que se encontraba en Cádiz en estos días, nos asegura que el ánimo de la población era bueno —«mientras se producían los bombardeos se podía ver a hombres, mujeres y niños animándose unos a otros a resistir a los invasores»—, pero que la plaza estaba mal preparada desde un punto de vista militar. No había ni los hombres necesarios, ni suficientes cañones en estado de servicio, ni los recursos y provisiones que se necesitaban: «el día que la ciudad se rindió, en la caja militar no había más que quince duros para pagar a las tropas[27]».

Las cortes acabaron su período ordinario el 6 de agosto y volvieron a reunirse en una convocatoria extraordinaria el 6 de septiembre. Desde entonces y hasta el día 27 celebraron seis sesiones secretas en que discutieron los problemas de la defensa, en medio del pesimismo de los jefes militares, acentuado por la pérdida del castillo de Sancti Petri, por la desbandada de dos batallones del ejército de reserva y por el bombardeo de la ciudad desde el mar, iniciado el 23 de septiembre, con la intención, posiblemente, de preparar un desembarco que no se llegó a efectuar, a causa del mal tiempo. El gobierno mismo parecía sentirse ya derrotado, como lo muestra el hecho de que el día 26 comunicara a las cortes que, si no se encontraba otra solución, habría que acceder a la exigencia de Angulema de dejar salir de Cádiz al rey y a su familia[28].

Los ministros intentaban mientras tanto convencer al rey para que prometiese alguna forma de gobierno representativo (también Angulema le proponía en esos días, de parte de Luis XVIII, que concediese una amnistía y convocase «las antiguas cortes»), no tanto porque creyesen que sus promesas fueran de fiar, como para que les facilitaran la rendición sin que se opusieran los exaltados. Llegaron incluso a proponer que se celebrase una entrevista entre Fernando y Angulema en el mar, a bordo de un barco inglés[29].

El mismo Fernando nos ha explicado una de las conversaciones sostenidas con el ministro Luyando. El rey se resistía a ofrecer instituciones representativas y el ministro le dijo: «que yo podría ofrecer desde luego un gobierno, y después, cuando yo fuese a Madrid, podía hacer las mudanzas que gustase […]; pero que veía muy preciso el ofrecer algo para poder salir de aquí». Al cabo de unos días la escena se repetía con Golfín, que le decía: «Señor, siquiera para acallar a tantos locos como tenemos, convendría que V. M. prometiera otro gobierno como el que hemos tenido hasta aquí».

Días vividos en un clima de desconcierto, cuando el ministro de la Guerra se suicidó, degollándose, y cuando otro, el mismo Luyando a quien me acabo de referir, sostenía con el rey esta conversación delirante: «“¿No sabe V. M. el proyecto infernal de la Santa alianza?”. Respondí que no. Y él dijo: “Pues nada menos que acabar con la religión católica en toda Europa, y el más temible es el emperador de Rusia, el cual quiere tener el dominio universal de todo el continente, para lo que piensan unirse la Francia y la Inglaterra con España para contrarrestarle”. Dije: “Puede ser”, y me sonreí. A lo que volvió a repetirme: “Pues crea V. M. que sí, pues yo también lo he visto bien demostrado en las Profecías de Daniel, y si V. M. quiere, yo se lo enseñaré”. No respondí, y luego dijo: “Pues si no es el actual emperador, será uno de sus sucesores”. A lo cual repuse: “¡Ah! Pues entonces no tengas cuidado, que ni tú ni yo existiremos cuando se cumpla este plazo[30]”».

El rey se obstinaba en no prometer la conservación de formas de gobierno representativo —esto era para él una cuestión de principios—, pero no tenía inconveniente en dar todo tipo de seguridades de que no se perseguiría a la gente por su conducta política. Angulema escribía en esos días a Villèle: «Lo que los atormenta sobre todo [a los liberales que negociaban su rendición] es el artículo de las garantías, porque dicen que no hay nada más falso que el rey, y que, a pesar de sus promesas, sería capaz de hacerlos colgar a todos[31]».

Fernando no tardaría en justificar estos temores; pero ahora, en Cádiz, no se privaba de garantizar todo lo que le pedían y de ofrecer más por su cuenta. El 28 de septiembre los generales Álava y Valmediana habían acudido al Puerto de Santa María en un último intento de negociar, pero Angulema no les quiso recibir y dijo que sólo trataría con el rey en persona. El 29 Calatrava explicaba a las cortes el fracaso de esta gestión y proponía que se disolvieran y devolvieran al rey su plena autoridad. Lo más que le podían pedir, en contrapartida, era que firmara un perdón general. Cuando, el 30 de septiembre, Manzanares y Yandiola le dieron el texto de este manifiesto de perdón, no fue necesario forzarle para que lo firmase, sino que se prestó a ello con gusto. «Me lo leyeron; lo aprobé, excepto una cláusula que sonaba mal, como se lo había dicho a Luyando, y además, para que no creyesen que me lo habían hecho poner por estar en estado de coacción. Les hizo fuerza, y lo borraron delante de mí; yo le firmé y luego me preguntaron cuándo quería salir[32]».

Al día siguiente, miércoles primero de octubre, alrededor del mediodía, el rey y su familia embarcaban hacia el Puerto de Santa María, donde se había instalado el mando general francés. «Día dichoso para mí —escribió Fernando más tarde—, para la real familia y para toda la nación; pues que recobramos desde este momento nuestra deseadísima y justa libertad, después de tres años, seis meses y veinte días de la más ignominiosa esclavitud, en que lograron ponerme un puñado de conspiradores por especulación, y de obscuros y ambiciosos militares que, no sabiendo escribir bien sus nombres, se erigieron ellos mismos en regeneradores de la España, imponiéndola a la fuerza las leyes que más les acomodaban para conseguir sus fines siniestros y hacer sus fortunas, destruyendo la nación». Juicio injusto y apasionado, que no sirve mucho para entender lo que ha ocurrido en los tres años de constitucionalismo, pero que anuncia lo que podía esperarse en los diez siguientes de oscurantismo y represión.

En estos últimos momentos, el desbarajuste mental de algunos gobernantes constitucionales llegaba a tal punto, que Salvador Manzanares, ministro de la Gobernación, preguntaba, una vez que el rey había ya embarcado, dónde había buenas aguas minerales por aquellos contornos, ya que quería tomarlas y reposar algunos días. Lejos de ello, se vio obligado, como todos los liberales más o menos significados que se encontraban en Cádiz, a huir para ponerse fuera del alcance de la venganza real. Y no volvió a pisar estas tierras hasta 1831, cuando, habiendo fracasado su intento de pronunciamiento, fue traicionado y murió, asesinado, en la Serranía de Ronda[33].

En la barca que había zarpado hacia el Puerto de Santa María, donde llegó a la una y media de la tarde, iban con Fernando su esposa Amalia, los infantes Carlos y Francisco de Paula, hermanos del rey, las esposas de éstos, María Francisca y Luisa Carlota, los hijos respectivos y la hermana de María Francisca, María Teresa, conocida como la princesa de Beira, con su hijo. La reina y las dos portuguesas —la esposa de Carlos y la de Beira— tuvieron la idea de disfrazarse. Como dice el pintor oficial de la escena del desembarco: «salieron disfrazadas con trages escoceses, y estando aún a medio tiro de cañón de la plaza, se dejaron caer la túnica escocesa y aparecieron con vestidos de color de grana, guarnecidos con grandes flores de lis, llevando las dos señoras infantas unos anillos, cuyo lema esmaltado era ES MI LEY PATRIA RELIGIÓN Y REY, y unas pulseras con la cifra de VIVA EL REY ABSOLUTO». Las portuguesas, que se habían puesto de acuerdo con la reina, no le habían dicho nada a la infanta Luisa Carlota, que hizo el ridículo en el momento del desembarco, en contraste con sus emperifolladas cuñadas. Según una vieja tradición historiográfica, este incidente habría hecho nacer un odio mortal entre Carlota y las infantas portuguesas y habría sido uno de los motivos desencadenantes de la división de la familia real y, por consiguiente, de la guerra carlista. Que lo de los vestidos ocurrió y que las infantas se odiaban es bien cierto; pero los campesinos que tomaron las armas contra la amenaza del «nuevo régimen» tenían motivos bastante más serios para hacerlo que esa pelea de mujeres. Una anécdota como esta no nos sirve para entender los orígenes del carlismo, pero nos ilustra acerca de una historiografía que ha sido capaz de repetir esta tontería durante cerca de dos siglos[34].

Los primeros días después de la rendición todo parecía normal en Cádiz, si bien había una tristeza general: «una especie de duelo público». Valdés mantenía el mando de la plaza, los oficiales franceses confraternizaban con los milicianos y la lápida de la constitución permaneció en su sitio hasta la noche del 6 de octubre. Los diputados empezaron a partir hacia Gibraltar, donde se reunieron en aquellos primeros momentos unos 400 refugiados españoles, entre políticos y militares. Algunos que, como Valdés y Ciscar, se habían quedado en la ciudad, creyéndose fuera de peligro, descubrieron de pronto que habían sido condenados a muerte por el rey y tuvieron que huir a toda prisa. Una suscripción pública permitió fletar un bergantín en el que pudieron viajar los primeros cuarenta o cincuenta exiliados hacia Inglaterra, amontonados como los esclavos de un barco negrero. Los pobres milicianos que habían venido de Madrid acompañando al rey, entre los cuales figuraba Mesonero Romanos, tuvieron que hacer un penoso viaje de retorno, a pie por los inseguros caminos de España, «víctimas de mil atropellos en todos los pueblos de tránsito, y recibidos brutalmente a las puertas de Madrid —donde estuvo a punto de morir Manuel Rivadeneyra, el futuro editor de la Biblioteca de Autores Españoles— por los voluntarios realistas y la plebe de los barrios bajos[35]».

Una vez rendido el gobierno constitucional en Cádiz, los jefes de las plazas que todavía resistían tuvieron que negociar las capitulaciones, facilitadas por las condiciones favorables que ofrecían los franceses —y que no serían respetadas después por el rey—, de manera que la guerra acabó con una serie de pactos, como en Alicante, rendida el 11 de noviembre, o en Cartagena, donde Torrijos capituló el 30. Barcelona, Tarragona y Hostalric resistieron hasta el final (Milans contestaba el 9 de octubre, al anunciársele «estar el rey de España en Chiclana en la plenitud de sus derechos», que «el rey de España en la plenitud de sus derechos mejor estaría en Sevilla o Madrid que en Chiclana»). Pero Mina, dándose cuenta de que la situación era desesperada, consiguió el 2 de noviembre un acuerdo honorable de rendición de las guarniciones de Barcelona, Tarragona y Hostalric, que garantizaba que no se molestaría a los soldados, oficiales ni milicianos y que se concederían pasaportes y se facilitaría el viaje a todos aquellos que quisieran salir de España «por motivos políticos».

En Barcelona y Tarragona hubo exaltados, incluyendo algunos emigrados italianos, que quisieron resistir. Un anónimo miliciano nacional nos ha dejado el testimonio de su decepción: «Y con estos despóticos parlamentos nos vendieron y nuestros mismos jefes de milicias nos tomaron las armas, y el día 4 de noviembre, a las siete de la mañana, entraron en la Ciudadela y Munguich [sic], y a las diez entró toda la fuerza por el Portal del Ángel, que eran en número de 10 000 hombres, mucha caballería y cañones. Lo que pasaba en la afligida Barcelona era como si fuese un sueño». No hubo en Barcelona escenas de alegría ante la entrada de los franceses. Lo reconoce Mina en sus memorias —«tuve […] el consuelo de observar desde mi alojamiento que la entrada de los franceses no había producido ninguna alteración ni regocijo»— y lo confirma el testimonio de un viejo militar que vivía en la ciudad; tampoco los hubo en Tarragona o en Reus, donde «el pueblo estaba muy triste[36]».

Hasta aquí hemos visto cómo se ha producido la derrota. La evidencia de que no tiene una explicación meramente militar nos obliga a analizarla desde un punto de vista político. Conviene, para empezar, que maticemos el tópico que sostiene que los franceses fueron recibidos en la Península con un entusiasmo unánime, puesto que sabemos que el liberalismo había echado raíces, especialmente en los medios urbanos. En Barcelona, por ejemplo, los clérigos reconocían que el constitucionalismo tenía un considerable apoyo popular y estaban obsesionados por la visión de las mujeres arrastrando los cañones para subirlos a la muralla. No se trata, sin embargo, como a menudo se dice, de una división entre el campo absolutista y las ciudades liberales. Hay muchas zonas agrarias liberales y hay ciudades absolutistas.

Para otros observadores la división de los partidos tenía un origen netamente social. El jefe del gobierno francés, Villèle, creía que quienes habían dado apoyo al restablecimiento del absolutismo eran las clases bajas y el clero. Y Angulema aseguraba que el rey sólo tenía a su favor al clero y al «pueblo bajo», y que «todo lo que es señor, propietario o burgués, está en su contra o desconfía de él, con muy pocas excepciones». Escribiendo en la prensa francesa, Mignet sostenía que la revolución española había sido dirigida por «la clase superior», mientras que la restauración absolutista tal vez volviera «al gobierno de la multitud». Un manifiesto absolutista publicado en Perpiñán en 1823, en los momentos de la invasión, analiza también el componente social de la revolución, pero con una visión más tradicional: los liberales habían destruido «las gerarquías en España […], confundiéndose el grande con el artesano, el título con el menestral y el caballero con el más ínfimo plebeyo».

Contra la visión simplista de Canning, que en 1826 decía: «Por increíble que pueda parecer en nuestro país, estoy convencido que la gran mayoría de la nación española tiene una decidida adhesión al poder arbitrario y una predilección por el gobierno absoluto», el gobernador del consejo de Castilla diría al embajador francés, en septiembre de 1824, que estaba convencido de que en España había tres o cuatro millones de liberales, entre los cuales figuraban la mayor parte de la nobleza y todos los oficiales del ejército. No eran tantos, pero había los suficientes como para que resultase ridícula la pretensión de que el país entero estaba a favor del absolutismo.

La victoria de los franceses se vio facilitada por la traición de los Morillo, La Bisbal y Ballesteros. Pero la responsabilidad de los ministros encerrados en Cádiz no fue menor. Un mes después de su rendición, Chateaubriand escribía: «¿Hay algo más sorprendente que el desenlace de la guerra actual? Las cortes encerradas en Cádiz podían defenderse, huir por mar o entregarse a todos los excesos […], pero, de pronto, abren las puertas sin tratados, sin reserva de ningún tipo, y nos ponen en las manos al rey y a la familia real». En 1834, examinando la situación retrospectivamente, se reconocía que el gobierno de Cádiz tenía recursos suficientes para resistir: su situación militar era más favorable, en conjunto, de lo que lo había sido en muchos momentos de la guerra de 1808-1814; y Angulema no era Napoleón[37].

¿Cuál es el secreto de esta falsa guerra sin combates? ¿Cuál es la explicación de la defección de los jefes y de la tan poco heroica rendición de Cádiz? Hablando en las cortes de 1834 Palarea dijo: «Estos 100 000 franceses que entraron en España eran la vanguardia de la Santa Alianza; precediéronles los agentes de cambio, los espías, el oro que la misma Santa Alianza había esparcido por la nación para extraviar y dividir los ánimos». Que hubo corrupción es innegable. En junio de 1823 Villèle aseguraba al duque de Angulema que recibiría 100 000 francos mensuales para gastos secretos. Los archivos de los Rothschild han revelado que las órdenes de pago a favor de diversos miembros de las cortes y de otros jefes constitucionales ascendieron a cerca de dos millones de francos. Un agente de los banqueros, Belin, se encargaba de hacer pasar el dinero al interior de Cádiz, donde contaba con diversos contactos. Y el general Foix reconoció públicamente, en mayo de 1825, que buena parte de los doce millones de francos que figuraban en las cuentas como entregados al rey y a la regencia de España se habían utilizado en realidad «como medios de corrupción». El caso es que si bien la guerra de España les costó pocas vidas a los franceses, la pagaron, en contrapartida, con mucho dinero. En lugar de los cien millones de francos que Chateaubriand pedía como precio de la victoria, los gastos parecen haber sido de más de doscientos millones, es decir, más del doble de lo que se había calculado.

Caso aparte es el del dinero entregado personalmente a Fernando VII por Ouvrard, que admitió que en junio de 1823 le había hecho llegar dos millones de francos en oro «para estimular la devoción y fidelidad y preparar alguna combinación a favor de su libertad en el mismo seno de las cortes». Vaulabelle añade que él supo, por un testimonio presencial de los hechos, que estos dos millones formaban parte de una suma de más de cuatro que fueron «repartidos entre los diferentes personajes militares y políticos que decidieron la rendición de Cádiz». Villèle lo criticaba duramente: «Enviar dinero al rey significa proporcionarle los medios de volver a empezar, con su camarilla y con todos los intrigantes que se aprovechan de él, los desgraciados y absurdos manejos por los que ha comprometido su seguridad, antes y después del 7 de julio [esto es, de la revuelta de la guardia real que él mismo había instigado] y ha acabado llegando a la situación en que se encuentra ahora». El ministro francés tenía claro que el único propósito de Ouvrard era «devorar las finanzas de esta desdichada España[38]».

Pero la corrupción no lo explica todo. No basta siquiera para explicar la defección de los militares y de los gobernantes (no todos corrompidos, como lo demuestra la miseria de buena parte de los exiliados). Para entender por qué se hundió el régimen constitucional español sería necesario analizar las realizaciones y los fracasos de los gobernantes del trienio de 1820 a 1823 y, sobre todo, sus divisiones internas[39].

Parece claro que una de las causas principales del rápido hundimiento del constitucionalismo fue la profunda división de las filas liberales, el enfrentamiento entre moderados y exaltados, que se tradujo en una guerra interna entre masones y comuneros. Todos los que vivieron la caída del liberalismo hablan de la gravedad de estas disensiones, que en los últimos momentos del régimen constitucional llegaron a extremos de confusión: una parte de los exaltados se unía a los realistas más sensatos con el fin de buscar la paz con concesiones políticas que pudiesen complacer a los franceses, mientras otros miembros del mismo grupo, por vergüenza o por patriotismo, se asociaban a los masones en su voluntad de resistencia. Hubo comuneros que se enfrentaron al ministerio masón por pura hostilidad de facción, y algunos llegaron a ponerse del lado de Ballesteros, colaborando en su traición. Esto nos ayuda a entender algunas de las defecciones[40].

Una consecuencia obligada de esta división fue la de dificultar una actuación política revolucionaria. No se podía hacer una política agraria que satisficiera a los campesinos, que inicialmente habían recibido la revolución sin ninguna hostilidad, porque los gobernantes liberales no se atrevían a enajenarse el apoyo de la aristocracia terrateniente, que desde los primeros días de las cortes de 1820 se dedicó a presentar protestas contra los campesinos de sus estados que se resistían a pagar los derechos mientras los perceptores no presentasen títulos de compra que pudiesen acreditar que no eran de origen jurisdiccional. Se perdió, igualmente, la gran oportunidad que hubiera podido representar una desamortización más ambiciosa.

Pero lo más grave es que no sólo no se favoreció a los campesinos, que al fin y al cabo componían la mayor parte de la población, sino que una política tributaria pensada para promover el desarrollo de una agricultura comercializada —y para beneficiar, consecuentemente, a los grandes propietarios con excedentes para vender— cayó con dureza encima del campesinado, exigiéndole nuevos tributos en dinero: «vino la constitución y nos hizo mucho daño: robos de pagos», dice un campesino de Masquefa en sus memorias.

Eso tuvo dos consecuencias. La primera, que los campesinos se enfrentasen al nuevo régimen y se aproximaran a un clero tan descontento como ellos, que dio coherencia y legitimación a su protesta y dificultó que se viera que dentro de la propia revolución liberal había sectores más progresivos, partidarios de una política agraria distinta. La segunda, que la recaudación de los impuestos fallase y el régimen tuviese que luchar con grandes dificultades financieras.

Si alguien cree que doy demasiada importancia a factores secundarios, me limitaré a citar las opiniones del embajador francés Talaru, que, al escribir a su jefe de gobierno, Villèle, a fines de octubre de 1823, cuando la guerra estaba a punto de acabar, le explicaba que en España: «el impuesto en especies no cuenta; es el impuesto en dinero el que pesa. Uno de los grandes errores que ha cometido el gobierno de las cortes ha sido el de haber querido establecerlo, y esta ha sido una de las causas principales del odio de la masa de la nación contra este gobierno». Y añadía además que la insuficiencia de la recaudación tributaria había sido una de las razones fundamentales de su derrota: «el desorden de la hacienda y la falta absoluta de dinero le han impedido organizar algún medio de defensa contra Francia[41]».

No obstante, es necesario evitar la tentación de confundir causas aisladas, aunque sean tan importantes como los fracasos de la política agraria y de la hacienda, con la totalidad del problema. Estos fallos deben examinarse en relación con la falta de una política capaz de movilizar a las masas campesinas. Como diría en sus memorias el general napolitano Pepe, no era verdad que la gente del pueblo ignorase qué era la constitución: «Bien lo sabían cuando gritaban: ¡Basta de impuestos arbitrarios! ¡Basta de detenciones injustificadas!»[42]. Lo que sucedió en España es que se impuso la interpretación de la constitución de los propietarios, que no satisfacía ninguna de las aspiraciones de unos campesinos que querían la abolición inmediata del feudalismo y de los derechos señoriales, la reparación de las usurpaciones sobre la propiedad comunal y el fin del diezmo.

He expuesto una serie de posibles interpretaciones de las causas de la derrota del régimen liberal que van desde las de alcance más general hasta otras muy puntuales y concretas. En realidad, todos esos diversos elementos —falta de una política revolucionaria que hubiese podido atraer a los campesinos, división de los liberales, desmoralización y desconcierto de los dirigentes políticos, corrupción— forman parte de un mismo complejo. He intentado mostrar el vínculo que hay entre la división de los liberales y la debilidad de una política reformista, a la que se renuncia en nombre de la concordia. No es difícil comprender que, puestos ante el dilema de pactar con los franceses —convencidos, además, de que éstos se proponían imponer al país un régimen moderado al estilo del de Luis XVIII— o de movilizar al pueblo español en una nueva guerra revolucionaria como la de 1808, que esta vez no se podía hacer sin interesarlo con unas propuestas políticas convincentes, muchos militares y políticos escogiesen la opción del pacto.

Un alemán que vivió estos acontecimientos sobre el terreno lo dijo: «La revolución de España se había hecho sin la participación de la masa del pueblo. La primera preocupación de los hombres de estado que se pusieron al frente del movimiento constitucional fue evitar y dificultar todo lo que hubiera podido excitar vivamente las pasiones de la multitud. Pero estas pasiones, y la energía general que hubiesen producido, habrían sido las únicas capaces de defender España de las bayonetas extranjeras. Pero el gobierno no se atrevió a hacer actuar una palanca tan terrible, porque sabía a qué precio se paga muy a menudo esta ayuda, y desde este mismo momento estuvo perdido[43]».

La defección, el desconcierto, e incluso la corrupción, encuentran una explicación plausible dentro de este cuadro más general. Lo cual no significa que con ello se exculpe a los hombres que traicionaron la causa de la revolución liberal y que fueron responsables del sufrimiento y de la sangre con que se pagó esa derrota.

Capítulo 3
EL RESTABLECIMIENTO DEL ABSOLUTISMO

Pegà volta esta ciutat

y els frares cap per aball

anaben en molt treball.

Ara altra volta ha pegat

Y les coses han tornat

Com abans de voltechar.

Memoria de los regocijos públicos con que […]

Valencia celebró la libertad del rey nuestro

señor don Fernando séptimo, apéndice, p. 8.

El rey y sus familiares desembarcaron en el Puerto de Santa María a la una y media del primero de octubre de 1823. Les recibieron, con toda pompa, el duque de Angulema, la alta oficialidad francesa, el príncipe de Carignano y una serie de dignatarios españoles, entre los que figuraban, como enviados del gobierno de la regencia, Víctor Damián Sáez y el duque del Infantado, a los que Angulema había mandado que esperasen en Jerez, pero que acudieron al Puerto a escondidas[1].

Como quiera que la primera medida que tomó Fernando VII para iniciar esta segunda restauración fue anular «todos los actos del gobierno llamado constitucional» y aprobar interinamente lo que habían hecho la junta de Oyarzun y la regencia, empezaremos examinando por encima la actuación de estas dos instituciones.

Hemos dicho ya que Angulema entró en el país con una junta provisional de gobierno que debía legitimar la actuación de los invasores. Su composición la discutió Martignac, que era el comisario civil y la máxima autoridad después de Angulema, con los generales Quesada, conde de España y Eguía, el arzobispo de Tarragona y el obispo de Urgel, el antiguo confesor real Sáez y el general de los franciscanos fray Cirilo de Alameda. El marqués de Mataflorida, que presidía la «regencia de Urgel», no aceptó negociar y Angulema le dejó al margen y le prohibió que entrase en España. La junta la formaron finalmente Eguía, como presidente, Juan Bautista Erro y Antonio Gómez Calderón. No se pudo contar, como se pretendía, con un eclesiástico de prestigio, ya que los arzobispos de Tarragona y de Valencia y los obispos de Urgel y de Pamplona rechazaron integrarse, igual que hizo Sáez.

Desde el primer momento la junta empezó a fijar las líneas generales de una política de retorno de las cosas a la situación en que se encontraban antes de establecerse el régimen constitucional, en marzo de 1820. Tal como declaraban en Burgos el 18 de abril, sus miembros estaban decididos a «no reconocer, y mirar como si jamás hubieran existido, todos los actos públicos y administrativos, y todas las providencias del gobierno erigido por la revelión». El primer problema con que se encontraron fue que había lugares, como sucedía en Cataluña y en Navarra, donde se habían organizado ya juntas provinciales realistas, dependientes o no de la regencia de Urgel, que se consideraban «legítimas» y que entraron en conflicto con las nuevas autoridades designadas por la junta de Eguía, que marginaban a las anteriormente existentes[2].

La junta, no obstante, era sólo un recurso para los primeros momentos. Chateaubriand se había propuesto hacer nombrar una regencia, integrada por gente de prestigio, y un gobierno provisional dependiente de ella tan pronto como se llegase a Madrid. Al entrar en la capital se disolvió la junta —después de convencer a Eguía con un nombramiento de capitán general y unos miles de francos de propina—, y el 23 de mayo de 1823 Angulema convocó los consejos de Castilla y de Indias para confiarles la tarea de designar a los miembros de la regencia. No había precedentes de una actuación parecida, de manera que los dos consejos, reunidos el día 24, no quisieron entrar en el juego y sólo aceptaron dar a Angulema una lista de cinco nombres (los duques del Infantado y de Montemar, el barón de Eroles —que no llegó a integrarse—, el obispo de Osma y Antonio Gómez Calderón), dejando que fuera él quien asumiese la responsabilidad de declarar, «en nombre de S. M. el rey de Francia nuestro señor y tío, que reconocemos como que componen la regencia del reino» los cinco individuos propuestos, que estarían presididos por Infantado y tendrían como secretario a Calomarde.

Esta «declaración» unilateral molestó a los aliados, que no querían que los franceses lo manejasen todo por su cuenta; Metternich afirmaba que la regencia no existía «ni en virtud de sus propios derechos, ni como consecuencia de un nombramiento emanado de una autoridad competente» e incitó a su protegido, el viejo Fernando IV de Nápoles —que estaba en Viena, donde había ido a pasar unos días con su duquesa después del congreso de Verona— para que, como miembro de más edad de la familia, reclamase la regencia para sí mismo.

Aún se habrían molestado más los aliados si hubiesen sabido hasta qué punto lo había manipulado todo Chateaubriand, que actuaba con un profundo desprecio por España —«país de novelas y de romances»— y por sus habitantes, y que tenía el proyecto de convertir la monarquía española en una especie de satélite francés, estableciendo una relación parecida a la que existía entre Portugal e Inglaterra. De hecho, existe una carta suya del 22 de mayo, un día antes de la proclama de Angulema y dos antes de que los consejeros presentaran la lista de candidatos, en la que no sólo da los nombres que quiere para la regencia —«el duque del Infantado, presidente, el duque de San Carlos, un arzobispo, el barón de Eroles […], el quinto permanece todavía desconocido»—, sino que les fija las atribuciones e incluso avanza los nombres de los posibles ministros que los regentes deben nombrar[3].

La regencia y el consejo de ministros, presidido por un antiguo confesor del rey, Víctor Damián Sáez, seguirían la línea política que había iniciado la junta, que puede resumirse en dos puntos esenciales: retorno al pasado y represión. Comenzaron tomando las primeras decisiones para crear un mínimo equipamiento administrativo —se empezó restableciendo el consejo Real o de Castilla, suprimido en 1820— y poner en marcha la gran operación de depurar la administración y el ejército. El primer paso y tal vez el de consecuencias más trascendentales, lo había dado ya la junta provisional el 9 de abril de 1823, el mismo día de su toma de posesión en Oyarzun, con la «Orden para el restablecimiento de los ayuntamientos y justicias del reino», que cesaba a todos los jefes políticos, alcaldes constitucionales y jueces de primera instancia, y fijaba las normas para el nombramiento de las corporaciones municipales. Otra decisión, publicada en Vitoria el 18 de abril, se ocupaba de los funcionarios: todos los que hubiesen sido nombrados desde marzo de 1820 serían cesados y los que, habiéndolo sido antes de la «revolución», siguiesen en activo, no sólo verían anulados los ascensos que hubieran obtenido en los años del régimen constitucional, sino que deberían someterse a una depuración en la que contarían decisivamente los informes reservados y «la opinión de que gocen[4]».

La represión, en cambio, se les escapó de las manos desde el primer momento. Una explosión general de violencia, surgida desde abajo, cubrió el país de venganzas y atropellos, practicados sin sujetarse a ninguna autoridad ni seguir norma alguna. No debe sorprender, por tanto, que los franceses intentasen oponerse a las actuaciones más irregulares y sanguinarias. En Burgos, el general Verdier ordenó liberar a los presos «de opinión», diciendo que Angulema «no reconoce sospechosos, sino criminales que puedan ser juzgados en los tribunales, o inocentes». Las autoridades locales no hicieron caso de la orden, lo que dio lugar a tensiones muy serias. Doce días más tarde el duque de Angulema promulgaba un decreto, la llamada «ordenanza de Andújar» de 8 de agosto de 1823, que determinaba, en primer lugar, que las autoridades españolas no podrían detener a nadie sin permiso del mando militar francés; en segundo lugar, y esto era lo más grave, decía que los comandantes franceses «pondrán en libertad a todos los que hayan sido presos arbitrariamente y por ideas políticas, particularmente a los milicianos que se restituyan a sus hogares[5]».

Esta medida provocó la indignación del gobierno títere de Madrid, que hasta entonces se había mostrado dócil. Sáez le dijo al embajador francés que una disposición como aquella «no es vista en nuestro siglo, abundante en sucesos extraordinarios», y el embajador austriaco, Brunetti, escribió a Metternich que «hiere de muerte al gobierno español», al mostrar que no es independiente. El 13 de agosto la regencia publicó un texto donde, sin mencionar para nada el de Angulema, hablaba del «crecido número de prisiones que los pueblos, en el exceso de su celo», estaban haciendo por delitos de opinión y mandaba a las autoridades locales que no se excediesen y que liberasen a los arrestados que no fuesen peligrosos. No era fácil que una orden tan vaga tuviese efectos. Los problemas aparecieron en todos los casos en que los franceses intentaron intervenir directamente. Para sacar de la cárcel de la villa de Madrid a los hombres que habían sido encerrados por haber sido milicianos o por opiniones políticas, hizo falta una demostración de fuerza de los franceses, ya que el corregidor se negaba a obedecer la orden y la regencia aprobaba su conducta[6].

Angulema se había equivocado. Podía controlar la regencia, pero con eso no controlaba la sociedad española que seguía siendo una asociación de oligarquías de cuyo consenso necesitaba el poder central para gobernar. Y el problema se agravaba porque, como diría Gómez de Hermosilla, la ordenanza se daba demasiado tarde, «cuando ya las principales tropelías habían sido egecutadas […] y cuando el populacho no tenía freno alguno».

Se podría decir, sin demasiada exageración, que se produjo una insurrección de la España absolutista contra los franceses. En Bilbao el ayuntamiento protestó airadamente y dijo que no podía «responder en manera alguna de la tranquilidad pública». En Santander, Mazarrasa se veía obligado a liberar a unos cuantos constitucionales que había encarcelado, pero se encargó de hacerles la vida imposible, de manera que algunos prefirieron emigrar. En Navarra, la diputación escribió al virrey conde de España que la ordenanza significaba una vulneración de la promesa solemne que Angulema había hecho «de no mezclarse en el gobierno de la España», y que, por lo que a ellos se refería, no la cumplirían aunque la propia regencia de Madrid la confirmase, ya que era opuesta a sus fueros, usos y costumbres.

En Vizcaya, el 4 de julio de 1823, se produjo una reivindicación parecida de los derechos forales cuando «el señorío» reclamó contra la designación de Llauder como capitán general de la provincia y contra la pretensión de sacar a los 1500 hombres reclutados en Vizcaya «fuera de su territorio». En nombre de su oposición constante al liberalismo reclamaban el respeto a las que consideraban sus «tres más esenciales leyes fundamentales, cuales son las de su especial servicio militar momentáneo sin reemplazo para el ejército, la de una libertad absoluta de comprar y vender, y la de que no reconozcan otras autoridades que las designadas por sus fueros».

En Navarra había además un problema adicional. Las autoridades nombradas por la junta provisional de Oyarzun —el virrey y la diputación— encontraron una fuerte oposición por parte de las que ya existían anteriormente —la «División de navarros realistas», la vieja junta gubernativa local que había de disolverse y la autoridad personal del Trapense— que se resistían a cederles el poder. Desde el intento, realizado por la división de voluntarios, de descalificar en bloque a la nueva diputación nombrada por la junta provisional, acusando a sus miembros de liberales, a las interferencias del Trapense, que decidía por su cuenta cuáles eran las autoridades que debían reemplazarse, en Navarra hubo todo género de reacciones hostiles a los poderes nombrados por la junta de Oyarzun. La ordenanza de Andújar colmó la medida y dio lugar a que la citada «División de navarros realistas» publicase, el 20 de agosto, una representación en que no sólo insultaba a los franceses, sino que se ofrecía a ayudar a expulsarlos[7].

Figura destacada de esta primera insurrección ultra, que estallaba mientras Angulema asediaba Cádiz y el rey estaba todavía en poder de los liberales, sería Antonio Marañón, conocido como «el Trapense». Nacido en Navarra, había luchado en la guerra de la Independencia, donde obtuvo el grado de capitán; en 1817, cuando iba a Mataró para incorporarse a su regimiento, se jugó en Lleida el dinero que llevaba e incluso su nombramiento de oficial, y los perdió. Ingresó entonces como lego en el priorato trapense de Santa Susana, en Aragón. En 1821 se dispersaron los frailes de aquel convento y quince de ellos, entre monjes y legos, se acogieron a Poblet, donde Antonio se amotinó contra el gobierno al frente de unos ciento cincuenta mozos y campesinos de los alrededores. Unido con «mossèn Mantellina», rector de Prades, y con un notario de la Espluga empezó a actuar con una exhibición de milagros y profecías «para hacer creer a la incauta plebe y sencillo pueblo que su misión es divina», en momentos en que la comarca estaba conmovida por los endemoniados de Bràfim: un grupo de unos veinticinco campesinos de esta localidad, hombres de veinte a treinta años, que durante la cuaresma de 1822 se declararon poseídos por ángeles que les mandaban matar a todos los constitucionales. Una serie de acciones llevaron hacia el norte a los sublevados, hasta que, uniendo sus fuerzas con las de otros caudillos realistas, asaltaron y tomaron el castillo de la Seu d’Urgell (eran cerca de dos mil contra una guarnición de unos sesenta) el 21 de mayo de 1822, lo que hizo posible que se instalara allí el gobierno faccioso de la denominada regencia de Urgel. Un testigo presencial nos lo pinta en aquel momento como «un hombre de unos cuarenta y cinco años, de figura corriente, pero de aire sombrío, ojo avizor y mirada segura. Vestía con sus hábitos de fraile, llevaba un crucifijo en el pecho, en la cintura un sable y unas pistolas y un látigo en la mano derecha; montaba un caballo no muy alto y galopaba solo en medio de una multitud que corría a su alrededor y se arrodillaba a su paso. Miraba con frialdad a derecha e izquierda y repartía las bendiciones que se le pedían con una especie de desprecio, o más bien de indiferencia». Su carisma se había reforzado con trucos de circo, con los que convencía a la gente de que era invulnerable a las balas y de que su caballo era mágico. «Yo le he visto —nos dice otro testigo— haciéndose disparar con una pistola por uno de sus fieles para hacerse pasar por invulnerable, mientras su tropa se santiguaba y le veneraba en silencio[8]».

La derrota de la regencia de Urgel le obligó a refugiarse en Francia, desde donde volvería a entrar en el País Vasco con los franceses. Es entonces cuando aparece como «brigadier Trapense» —más adelante él mismo se ascendió a mariscal de campo— en papeles escritos por un secretario y firmados con un tampón. Muy pronto se apartó de la disciplina regular del ejército y empezó a actuar por su cuenta, creando todo tipo de problemas. Chocó a menudo con el conde de España, que le conocía bien —«por haver sido en otros tiempos soldado de mi propia compañía en el regimiento de infantería de Borbón»— y a quien pidió dos compañías para pasar a la Rioja a «arreglar lo que dice no estar en orden». El conde se las negó, pero Marañón intervino igualmente y actuó en la Rioja como un verdadero dictador, cambiando a las autoridades civiles y religiosas e imponiendo contribuciones por su cuenta (y algunos decían que para su provecho).

En enero de 1824 se hallaba en Madrid y pedía al rey que le dejara actuar con una partida para mantener el orden en la Rioja, ya que en el estado actual de cosas «no se atreve a ir a la soledad de su monasterio». El ministro de la Guerra le contestó que sus servicios no eran necesarios y que podía marchar tranquilo. Tuvo que volver entonces a Santa Susana, «con tropa escogida para la seguridad de su persona en el viage». Las autoridades, de todos modos, seguían desconfiando de él. En el verano de 1824 corrían rumores de que había dejado el convento —lo que el prior se apresuraría a negar— y en junio de 1825 se decía que «aquel famoso Trapense de las guerrillas parece que va con D. Santos Ladrón, que pasa revista a los voluntarios realistas navarros y predica como antaño». No parece, sin embargo, que volviese a salir del convento, donde consta que murió en 1826.

No era el único que se había lanzado al campo por su cuenta. En aquellos momentos proliferaban las partidas incontroladas que «obligan indistintamente a los mozos de los pueblos a tomar las armas para aumentar sus respectivas fuerzas», y que exigían raciones y suministros, lo que obligó a la junta a ordenar, el 28 de abril, que «las partidas realistas sueltas se incorporarán a la mayor brevedad a las divisiones reales españolas o se someterán a las órdenes de los capitanes generales[9]».

A la vez que se producía esta oposición abierta a los franceses, empezaba a organizarse una resistencia clandestina a través de unas sociedades secretas ultras que perdurarían en los próximos años y que, de alguna manera, enlazarían con los orígenes del carlismo. Trece días después de promulgarse la ordenanza de Andújar, un grupo de unos setenta realistas, casi todos militares, firmaban un manifiesto dirigido a la regencia en el que se quejaban de que «han renacido y se han generalizado las sospechas de que la facción impía y enemiga de la legitimidad pueda alcanzar, sobre los bordes de su inexistencia, un término medio que la dé vida». En consecuencia pedían «el cabal restablecimiento de todas las instituciones religiosas y políticas existentes en 7 de marzo de 1820, particularmente la del Santo tribunal de la Inquisición». Entre los firmantes figuraban personajes como Eguía, Grimarest o Aimerich, los mismos que son mencionados en un informe policiaco que el embajador francés envió al ministerio el 6 de septiembre.

«Desde el instante de la formación de la regencia de Urgel, doña Juana Eguía, hija del capitán general, […] concibió el proyecto de formar una junta apostólica organizada en sociedad secreta». Entraron en ella hermanos suyos e hicieron presidente al general Grimarest, inspector general de milicias provinciales. Los miembros estaban unidos por un juramento solemne hecho sobre los evangelios. «La primera memoria fue redactada por el general Grimarest y tenía por objeto demostrar la necesidad de la invasión francesa; esta memoria fue dirigida a la corte de Francia por la regencia de Urgel». Después de la invasión francesa, la junta había hecho numerosos prosélitos. Al principio se reunían en casa del general Grimarest, después en la calle del Lobo y, últimamente, en San Francisco. «Hace quince días [es decir, coincidiendo con el manifiesto que hemos citado antes] esta junta experimentó una gran alarma, al propagarse el rumor de que se quería dar una constitución a España […]. Se envió noticia a los capítulos, conventos, universidades, etc., para que pidiesen todos la inquisición y el absolutismo […] Estos últimos días se ha enviado a más de ochenta frailes de San Francisco, misioneros político-apostólicos [según Ouvrard los franciscanos tenían una red de información y agitación extendida por toda España] para que prediquen la insurrección contra todo lo que no sea absolutismo, frailes e inquisición […] Se dice que algunos conventos de Madrid […] distribuyen dinero al pueblo. Se cree que de esa misma fuente salen los manifiestos dirigidos a la regencia. La junta se reúne desde hace poco en los conventos de Atocha y de San Bernardino. La sesión se prolongó anteayer hasta la una de la madrugada; los asistentes daban en la puerta del convento la consigna: Constancia y Rey[10]».

Ante estas presiones, y al haber llegado al convencimiento de que le sería imposible imponer su criterio, Angulema rectificó con una «aclaración del decreto», el 26 de agosto. El día antes de esta retractación disimulada —mientras se encontraba en el sitio de Cádiz, preparando el asalto al Trocadero y dudando aún si conseguiría entrar en Cádiz— había escrito a Villèle: «Es posible que me haya equivocado al publicar la ordenanza del 9; la había creído necesaria, pero todo el mundo se equivoca». Amargado ante la conducta de la regencia y del gobierno, añadía: «Me pregunto si los dos millones [mensuales] concedidos a este gobierno son un dinero bien invertido, y si no lo emplearán en pagar guerrillas contra nosotros». Los ataques contra los franceses habían ido tan lejos que el gobierno español se vio obligado a llamar la atención al fraile redactor de El Restaurador por un texto publicado el 27 de agosto en el que se decía: «por mala que sea la democracia simple […], todavía es infinitamente peor la monarquía moderada».

Hay que decir que Villèle había dado pleno apoyo a Angulema en estas cuestiones, y que le corresponde a Chateaubriand la indignidad de haber sido el único que aprobaba la política de venganzas de los ultras españoles y que se quejaba del hecho de que en el entorno de Angulema hubiese viejos generales de la Revolución francesa que «quieren que se tenga para los revolucionarios de España, y sobre todo para los militares, la misma condescendencia que han pretendido para ellos mismos». Para acabar de convertir en más miserable, si cabe, su actitud, la justificaba diciendo que lo que convenía era ganarse el apoyo de los realistas y del clero, mientras que «los constitucionales son demasiado débiles y demasiado miserables para que estemos obligados a preocuparnos tanto por ellos[11]».

Mientras tanto, los ministros que componían el gobierno nombrado por la regencia hacían poco más que anular la legislación de la época constitucional y atizar la represión. El 19 de junio publicaban una descripción horrorizada de la deposición provisional del rey, aderezada con la mención de la actitud heroica con que Fernando se habría resistido a ella —que, como sabemos, no correspondía en absoluto a la realidad—, y el día 23 declaraban «reos de lesa majestad», lo que implicaba su condena a muerte, a «todos los diputados a cortes que han tenido parte en la deliberación en que se ha resuelto la destitución del rey nuestro señor», a la vez que pedían a Angulema que impidiese «que SS. MM. y AA. [esto es, los reyes y los infantes] sean trasladados a ultramar, si por desgracia se intentare». El 15 de agosto se reintegraban a los propietarios señoriales todas las rentas, prestaciones y derechos que habían anulado los gobiernos constitucionales, y se ordenaba que se les devolviese en un plazo de doce años lo que habían dejado de cobrar durante la vigencia del régimen constitucional. Por lo que se refiere a las ventas de bienes nacionales y desvinculados, se consideraban anuladas por el hecho mismo de haberse derogado las leyes que las autorizaban, como todas las del trienio. «Para colmo de desvergüenza, uno de los regentes había enagenado bienes suyos, y era, a un mismo tiempo legislador y usurpador», al hacerse devolver, sin indemnizar al comprador, los bienes que había vendido voluntariamente (el tema se resolvería con una real orden del 11 de marzo de 1824 que mandaba que quienes los habían vendido devolviesen a los compradores lo que éstos habían pagado).

Pero las medidas más trascendentes eran las que se referían a la reestructuración del poder local: los ayuntamientos eran destituidos y se ordenaba que entraran a ejercer la autoridad los alcaldes ordinarios y los concejales que había el primero de marzo de 1820, excepto los que se hubiesen comprometido con el liberalismo, «en cuyo caso entrarán en su lugar los que lo hubiesen sido en el año 1819, o en los anteriores, hasta dar con los que no merezcan alguna nota». La sustitución crearía muchos problemas ya que buena parte de los ciudadanos acomodados, que eran los que normalmente figuraban en los ayuntamientos, se habían comprometido de alguna manera con el régimen constitucional, como denunciaban los informadores, mayoritariamente eclesiásticos.

Entre los expedientes de la audiencia de Cataluña se conservan «informes reservados», escritos en general por los párrocos o por frailes de los conventos locales, en los que se califica a los aspirantes a cargos municipales —«exaltadísimo», «el más furioso constitucional», etc.— o se denuncian situaciones como la de Reus o la de Valls, «en la que hay un crecido partido constitucional compuesto por los más pudientes del pueblo». En Igualada el alcalde mayor, Agustín Peláez, decía que había encontrado la ciudad, en noviembre de 1823, «con muchos de sus principales vecinos ausentes, […] y las enemistades y resentimientos en su mayor punto». Resentimientos que se dirigieron contra él cuando pretendió interferir en el nuevo reparto del poder, destituyendo a algunos jefes de los realistas por haber sido liberales.

El caso del ayuntamiento de Santander es revelador de estas confusiones iniciales. Longa empezó dando posesión al ayuntamiento de 1820, de acuerdo con la ley; pero como muchos de los concejales fueron acusados de ser constitucionales, se creó una comisión que, con la aprobación del obispo, designó un nuevo ayuntamiento ultra el 3 de mayo. Este fue a su vez denunciado como ilegal en la chancillería de Valladolid, que a fines de 1823 ordenó la reposición de los concejales de 1820, ante la indignación de los ultras locales[12].

Era también necesario encontrar recursos para asegurar la marcha del gobierno. Y en pocos terrenos debió resultar más nefasta la gestión de la regencia que en el de la hacienda, dirigida por el vasco Juan Bautista Erro, un personaje extraño, nacido en Andoain en 1773 o 1774, que estudió en el Seminario de Vergara, donde parece que destacó en matemáticas, y que fue intendente de diversas provincias, entre otras Cataluña, hasta mediados de 1820. Marchó entonces a Francia, de donde volvió con las tropas de Angulema como miembro de la junta provisional y ocupó el despacho de Hacienda hasta diciembre de 1823. Permaneció un tiempo como consejero de Estado, hasta que las denuncias de un agente, «el Incógnito», dieron lugar a que se le desterrase en 1824. Aclaradas las cosas, volvió en 1826 y se integró nuevamente en el consejo de Estado, donde mostró siempre una actitud ultra. Se le volvió a desterrar en 1830 y partió para Inglaterra, de donde volvió en 1836 para convertirse en ministro universal del pretendiente Carlos V. Aconsejó un nuevo sitio de Bilbao y el fracaso de esta operación le llevó a dimitir, aunque permaneció hasta el fin al lado del pretendiente. Emigró a Francia en 1839 y se instaló en Bayona, dedicado a sus estudios sobre la lengua vasca —tema sobre el cual había publicado ya dos libros, Alfabeto de la lengua primitiva de España (1806) y El mundo primitivo o examen filosófico de la antigüedad y cultura de la nación vascongada (1807)— hasta su muerte en 1854.

Cuando se ve su actividad al frente de la hacienda, sin embargo, cuesta entender que se le tuviese por persona entendida en esta materia. Lo único que parece haberle preocupado era desmontar todo lo que se había hecho desde que en mayo de 1817 se puso en marcha la reforma de Garay. Se proponía volver a «las instituciones antiguas, fruto de la experiencia y madurez de nuestros mayores» —es decir, a cosas como las «rentas provinciales», por cuya abolición habían estado luchando los expertos en hacienda españoles desde hacía más de un siglo— e irlo restaurando todo: un decreto insensato de 9 de junio derogaba todas las contribuciones establecidas por el gobierno constitucional y lo devolvía todo al estado que tenía antes de los «trastornos revolucionarios». Como quiera que antes de los «trastornos» la hacienda española ya había entrado en crisis, era delirante imaginar que en aquellos momentos, con una administración desconcertada y el país en pleno desorden, se pudiesen obtener los recursos necesarios de un sistema fracasado que no funcionaba desde hacía seis años. Erro prometía para el futuro «establecer el sistema de contribuciones del modo más análogo al carácter español, dejando a un lado engañadoras y seductoras teorías», pero desgraciadamente nunca llegó a exponer cuáles podían ser los principios de este tipo de hacienda racial y folklórica[13].

Ni siquiera fue capaz de corregir un disparate gravísimo que había cometido la junta provisional: la orden de 13 de abril publicada por la junta ordenaba que «por ahora» —un «por ahora» que duró veinticinco años, hasta 1848— se admitiese la moneda francesa de oro y de plata de acuerdo con una tabla de equivalencias que fijaba el valor de la pieza de plata de cinco francos en 19 reales, cuando por su contenido metálico no valía más de 17 reales y 24 maravedíes, con el resultado de conseguir que la moneda francesa, de menos valor intrínseco, invadiese la circulación española, haciendo desaparecer los «duros» o «pesos fuertes», de mayor valor[14].

Carente de recursos, Erro se dedicaba a mendigar de los franceses los dos millones de francos al mes con que éstos sostenían la regencia. El 27 de octubre de 1823 el embajador francés, Talaru, escribía a Villèle: «España se encuentra en la más absoluta miseria». Hacía pocos días que Erro le había escrito desesperado, pidiéndole dinero para atender «las primeras atenciones y órdenes de S. M. el rey, mi amo». También a los funcionarios de hacienda les había pedido que recaudasen lo más pronto posible los ingresos que se necesitaban «para el viaje y traslación de SS. MM. y Altezas a esta capital» (Fernando, que se había embolsado los dos millones de Ouvrard, no necesitaba en absoluto de tales ayudas). Harto de ver los disparates que cometía el gobierno, Villèle escribía a Martignac: «¡Cómo os compadezco por haber de tratar con semejante gente!»[15].

Era evidente que, mientras se restablecía el funcionamiento normal de la hacienda, se necesitaba obtener un empréstito. Alrededor de los dirigentes de la junta provisional pulularon, desde el primer momento, especuladores que les ofrecían préstamos de dudosa solvencia. El primero fue Ouvrard que, habiendo conseguido convertirse en proveedor de los cien mil hijos de San Luis, acompañaba al ejército francés y pretendía hacer negocios con las autoridades españolas (les proponía, por ejemplo, la creación de una «Compañía armada española del Nuevo Mundo» que reconquistaría América y recibiría la exclusiva del comercio colonial por treinta años). Conociendo al personaje, Villèle le ordenó que no intentase hacer ningún negocio en España[16].

Se autorizó a Erro a negociar un empréstito de 200 millones y éste se puso en contacto con los principales banqueros de París, pero, como a la vez que pedía dinero anunciaba que el gobierno español no reconocería los empréstitos hechos durante el trienio —los «empréstitos de las cortes», aceptados y legitimados por el rey—, no encontró a nadie que le escuchara. El 3 de julio de 1823 se le presentó el marqués de Croy —un extraño personaje que se mezclaría más adelante en las conspiraciones ultras y acabaría expulsado de España— en nombre de dos banqueros de París, de los que al final sólo quedaría uno, Louis Guebhard —«banquero pobre», según López Ballesteros—, para contratar, el 16 de julio, un empréstito modesto y más bien usurario (el banquero se comprometía a entregar al gobierno español 183,7 millones de reales líquidos contra 334 de valor nominal), que serviría de poco ya que, como no se cotizaba ni en la misma Bolsa de París, Guebhard no consiguió colocarlo y no pudo cumplir con su parte del compromiso más que parcialmente y con retraso, después de negociaciones complicadas y turbias, en el transcurso de las cuales desaparecieron 39 millones de reales[17].

Mientras tanto se iban discutiendo todo tipo de proyectos de empréstito y mucha gente, empezando por el diplomático corso al servicio de Rusia conde de Pozzo di Borgo, especulaba en la Bolsa de París con el papel de la deuda española, que tenía fuertes oscilaciones de cotización día a día, según fuesen las noticias, o los rumores, que llegaban a París, en unos momentos en que en España todavía estaba todo por definir. Era tan aberrante suponer que un gobierno quisiera colocar deuda a la vez que se negaba a pagar la que había contraído hacía poco tiempo, que los ingleses llegaron a sospechar que todo era una maniobra de los especuladores franceses para hacer bajar la cotización de la deuda española de las cortes y comprarla a escondidas.

Pero si bien abundaban las propuestas de operaciones de crédito, ninguna llegaba a cuajar. Villèle, preocupado por la situación económica de los españoles —entre otras razones porque esperaba que le pagasen los gastos de ocupación que les reclamaba—, pidió a los Rothschild que hiciesen un empréstito al nuevo gobierno de Madrid. Para negociarlo se asociaron los Rothschild de París y de Londres con otros banqueros ingleses, como Baring y Reid Irving, y el 22 de diciembre de 1823 enviaron su proyecto a Villèle, porque querían que se comprometiese de alguna forma en el asunto. Empezaban haciendo unas duras reflexiones sobre la situación política de España —sobre «las mutaciones frecuentes en sus consejos, la ausencia total de principios y de instituciones y, sobre todo, la confusión y el desorden que reinan en sus finanzas»— y aseguraban que no creían que el país pudiese salir por sí solo de las dificultades presentes: «tarde o temprano una influencia extranjera, si no una gestión directa, será necesaria para darle un sistema y velar por su ejecución». Pasaban seguidamente a proponer un empréstito de 2400 millones de reales, cuyos títulos se podrían adquirir pagándolos en parte con títulos de la deuda de las cortes y en parte en dinero: con el 100 por 100 del valor en títulos de los empréstitos de las cortes, y además un 25 por 100 del nominal en dinero. Los banqueros, que exigían que se anulase el empréstito Guebhard, empezarían haciendo un adelanto de 100 millones al gobierno español.

Incluso Metternich, a quien le habría gustado que se dejase sin pagar a quienes habían financiado el gobierno «revolucionario» comprando deuda de la España constitucional, pensaba que era imposible llegar a este extremo, porque «una medida parecida repercutiría de forma bastante fuerte sobre el futuro, que no se puede separar de grandes necesidades financieras». El de los Rothschild era un proyecto razonable, que permitiría mantener a España dentro de los mercados internacionales de la deuda pública; pero la insistencia del gobierno en negarse a asumir los empréstitos de las cortes lo hizo imposible y condenó a la hacienda española a entenderse con especuladores insolventes para hacer operaciones ruinosas[18].

Mientras tanto, como si no tuviese otra cosa de que ocuparse en momentos tan graves, el gobierno decidía el 28 de septiembre combatir «el estrago que la licencia hizo en las costumbres durante la fatal época del pretendido sistema constitucional», y renovaba una circular de 1815 que pedía que se castigaran «los escándalos y delitos públicos ocurridos por voluntarias separaciones de los matrimonios y vida licenciosa de los cónyuges, o alguno de ellos, por amancebamientos también públicos de personas solteras, y por la inobservancia de las fiestas eclesiásticas, y asimismo las palabras obscenas, las injurias hechas a los ministros de la religión, el desprecio con que se hable de ellos y las irreverencias en el templo».

Lo más importante era, sin embargo, ver lo que haría el rey una vez devuelto al poder. En sus cartas a Luis XVIII de Francia, al conde de Lagarde y al zar de Rusia, en 1822, Fernando había prometido repetidamente que no volvería al absolutismo: «Hago gustoso el sacrificio de desprenderme de una gran parte de la autoridad absoluta de que gozaba en el año 1814, aunque estoy seguro de no haber abusado de ella», escribía a Luis XVIII, y aseguraba al zar que no quería volver al absolutismo y que estaba dispuesto «a introducir en mi reyno variaciones que alejen toda idea de semejante calumnia». Parece que los franceses creyeron al principio que Fernando convocaría unas cortes estamentales al estilo tradicional de Castilla. Contaban también con las promesas de perdón que había firmado en Cádiz antes de partir. Pero desde Cádiz mismo, cuando todavía estaba en manos de los liberales, Fernando había escrito a Angulema unas palabras que eran un anuncio de su conducta futura en los dos puntos: «He prometido un olvido general en quanto a opiniones, no en quanto a hechos. En quanto a gobierno, no he prometido ninguno, pues no sé la boluntad de mis pueblos, y estoy resuelto a no hacer nada hasta llegar a Madrid[19]».

La misma tarde de su liberación, Fernando se reunió con Angulema, quien pocas horas más tarde escribía desesperanzado a Villèle: «Le he hablado de extender la amnistía lo más posible, de anunciar algo que pueda tranquilizar a todo el mundo y dé seguridades para el futuro, y después de América, de enviar allí un infante; a todo me ha contestado que ya vería, y como cuatro desgraciados y cuatro frailes han gritado: “¡Viva el rey absoluto!” me ha dicho que ya podía ver cuál era la voluntad del pueblo; le he contestado que convenía no volver a caer en una situación que llevase a que volviesen a ocurrir sucesos como los de 1820 y encontrar medios para obtener crédito. Ahora, una vez he descargado mi conciencia, no diré nada más, pero os garantizo que se harán todas las majaderías que puedan hacerse». Seguidamente, el rey se reunió con el duque del Infantado, primero y, más tarde, con Sáez, que sería quien tramitase los asuntos políticos durante el viaje de retorno a Madrid, de forma bastante incompetente, por cierto.

Sáez era el hombre adecuado para ese momento. Nacido en Budia (Guadalajara) en 1766 —estaba, por tanto, cerca de los sesenta años— fue, sucesivamente, canónigo de Sigüenza y de Toledo. Predicó, de forma bastante prudente, el sermón en la muerte de la reina madre María Luisa en 1819, y Fernando le nombró confesor suyo. Tuvo que emigrar a Francia en 1820, volvió con Angulema y fue nombrado ministro de Estado, en sustitución de Vargas Laguna. El nuevo cargo no le duró demasiado y Fernando le alejó (el rey quería siempre bien lejos a los ministros que destituía), ya veremos en qué circunstancias, nombrándole obispo de Tortosa. Desde el momento de su caída, Sáez estuvo en el centro mismo de todas las conspiraciones ultras. Una vez muerto Fernando e iniciada la guerra carlista, se escondió hasta su muerte en 1839. Quienes le tenían oculto se vieron entonces obligados a conservar su cadáver en una bañera llena de alcohol, hasta que llegó un momento en que fue necesario sacarlo a la luz, ya que para poder nombrar nuevo obispo de Tortosa había que demostrar que el anterior había muerto (el cargo, por cierto, fue a parar a manos de un sobrino suyo[20]).

La noche del primero de octubre el rey dictaba los primeros decretos de la nueva etapa absolutista, que se iniciaba con la disposición que anulaba todos los actos del gobierno constitucional y aprobaba los de la regencia. Pero lo que escandalizó incluso a Chateaubriand y a Metternich fue la real orden de 4 de octubre, publicada en Jerez de la Frontera, que mandaba que toda una serie de gente, desde los diputados a las cortes hasta los oficiales de la milicia nacional, se mantuviesen «a cinco leguas en contorno de su tránsito, […] prohibiéndoles para siempre la entrada en la Corte y Sitios reales al radio de quince leguas[21]».

Empezaría entonces, en medio del entusiasmo de las poblaciones, del repique general de campanas de iglesias y conventos y de la adulación servil de las autoridades, el viaje de retorno del que la familia real había realizado pocos meses antes al partir forzadamente de Madrid hacia Sevilla y Cádiz. El grado de obnubilación de esta gente, dispuesta a detener la marcha del tiempo, lo revela el decreto que el 11 de octubre firmaba el rey en Sevilla, encargando a su ministro y confesor que formase una junta de sabios cristianos y monárquicos «que bajo la presidencia vuestra procedan desde luego y sin perdonar fatiga al examen y calificación de todas las obras elementales que se conozcan», para que el rey pudiese escoger «las que crea capaces de formar hombres que sean dignas columnas del Altar, del Trono y de su Patria».

Este fue un viaje señalado desde los primeros momentos por penas de muerte y proscripciones —a la vez que por una encarnizada depuración de los miembros del servicio real que, desde octubre de 1823 a marzo de 1824, significaría el despido de más de trescientas personas—, que se prolongaron hasta bien entrado noviembre, mientras se llevaba a cabo, en la corte, una de las venganzas más deseadas por el rey: la ejecución de Riego[22].

El caudillo de la insurrección de 1820 fue derrotado por fuerzas francesas muy superiores en número. Vendido y traicionado cuando huía, fue finalmente capturado el 15 de septiembre, con tres oficiales que le acompañaban, en un «cortijo» a media legua de Arquillos. El corregidor de Linares lo comunicaba aquel mismo día: «En la mañana de hoy en el cortijo de Antonio Moreno, de este término, ha sido preso el general D. Rafael del Riego con otros tres oficiales, el uno de ellos inglés, cuya prodigiosa captura se ha hecho por los caseros del cortijo y paisanos de Arquillos». En el Realista manresano del 13 de octubre se publicaba una descripción fantasmagórica de la captura, hecha en primera persona por el comandante de los realistas de la Carolina, donde, además de situar entre quienes le habían capturado al «digno cura párroco […] con su escopeta», explicaba que «haciéndole [a Riego] echar pie a tierra de su propio caballo, y desenvainando mi sable, le hice decir en alta voz “muera la constitución, viva el rey absoluto”. Mucho lo repugnó, y ya estaba decidido a pasarlo con el sable, si no condescendía con mi propuesta». El 11 de septiembre de 1824, al cabo de un año, se publicaron los premios que se concedían a quienes habían participado en la captura: los tres primeros eran los hermanos Pedro y Mateo López Lara, autores materiales de la detención, y Vicente Guerrero, el «santero» delator de la ermita de Santiago, donde los fugitivos se habían refugiado; pero había también una lista de otros treinta, que incluía curas (tal vez el de la escopeta) y ciudadanos con apellidos alemanes —Kaisert, Kel—, seguramente colonos de Sierra Morena.

El acontecimiento suscitó el entusiasmo de los absolutistas y dio lugar a que el obispo de Jaén ordenase un Tedeum para celebrarlo. Riego había sido capturado por los franceses, pero el general Foissac-Latour cometió la ignominia de entregarlo a las autoridades realistas, que le llevaron a Madrid en un carro, encadenado de manos y pies, sometido a los insultos y pedradas de la plebe. Estuvo todavía un mes incomunicado en la cárcel, hasta que se le sometió a un juicio apresurado, el 27 de octubre de 1823, en medio de un público que bramaba para intimidar al defensor. El fiscal pidió que se le ahorcara y descuartizara y el tribunal le condenó, finalmente, «a la ejecución de la sentencia de horca, con la calidad de arrastrado». Todo se hizo deprisa y corriendo; el rey aprobó inmediatamente la sentencia, y el 7 de noviembre de 1823, a las nueve de la mañana, se vistió a Riego con una túnica blanca y un sombrero verde, ciñéndole la cintura y atándole las manos con una cuerda. Estirado sobre un serón que arrastraba un asno, se le llevó «hasta el pie del patíbulo, que había sido levantado en la plaza de la Cebada de Madrid y de una altura desmesurada, con el objeto de que fuese mejor vista la ejecución». «Día de feroz algazara para los míseros y estúpidos esclavos», diría años más tarde el hijo de su defensor; Riego murió en un clima que debió recordarle los días de apoteosis, cuando era el ídolo de aquel mismo pueblo de Madrid[23].

El 13 de noviembre —después de haber hecho arrestar de madrugada a veintiún miembros del viejo ayuntamiento constitucional— entraba Fernando VII en la capital, en un carro triunfal arrastrado por «cuarenta mancebos». «La carrera —dice el rey— estaba brillantísima; por todas partes se veía un inmenso gentío, lleno de gozo y entusiasmo; desde los balcones y ventanas, y hasta en los tejados, nos aclamaban agitando en el aire los pañuelos blancos». La participación popular parece haber sido bastante notable, desde el arco montado «a expensas de las fruteras y lechugueros realistas de la plazuela de San Miguel», hasta la presencia, ante el convento de Atocha, de «las manolas de todos los barrios de Madrid, compuestas a competencia a su uso con panderos y banderas». Hacía muy poco tiempo que esta misma gente le había visto partir hacia Sevilla con indiferencia, incluso con hostilidad. «Los pueblos —dice Le Brun comentando este hecho— son de todos y de nadie». Al final la lluvia y el viento estropearon la fiesta[24].

Capítulo 4
VIOLENCIA Y REPRESIÓN

En una guerra civil como la que se estaba desarrollando desde 1822 en la monarquía española suele haber un grado de violencia creciente que se alimenta de represalias y venganzas. La proclamación de la constitución, en 1820, había tenido lugar sin ningún tipo de atropellos, de modo que no se puede hablar de violencia liberal hasta 1822, cuando se inició, en respuesta a la insurrección absolutista contra el régimen constitucional, y dio lugar a una escalada de brutalidad por ambos bandos. En una primera aproximación podríamos decir que las víctimas de la represión liberal fueron, sobre todo, personas que habían participado directa o indirectamente en los alzamientos realistas, lo que explica que fuesen más numerosas en las zonas de actuación de las guerrillas: Cataluña, el País Valenciano o Burgos.

La lista de los clérigos a que dieron muerte los liberales, por ejemplo, da un máximo en Cataluña: las primeras víctimas fueron dos capuchinos de Cervera que perdieron la vida el 22 de mayo de 1822; al final se llegó a un total de unos 80 eclesiásticos muertos, 54 de ellos de la diócesis de Barcelona. Es cierto que algunas de estas muertes se produjeron en combate o después de un juicio regular, pero esto no las explica todas, sino que hay otras que no tienen tal justificación. De un miliciano nacional de Sant Feliu de Guíxols se nos asegura que participó en Girona «a la muerte del asesinado sacerdote extrangero al que mataron por gusto de matar». En 1826, en momentos en que a los ultras les interesaba excitar el odio contra los liberales, se publicó en Barcelona una Nota de los asesinatos de los constitucionales donde se daban todo tipo de detalles truculentos: «El [cura] de Santa Inés […] fue degollado. Le quitaron los ojos, le retorcieron los dedos de las manos arrancándoselos con los nervios y le acuchillaron la corona». Los clérigos asesinados figuran en primer lugar entre las motivaciones de los realistas catalanes que han tomado las armas contra la constitución.

Fuera de Cataluña estas cifras bajan considerablemente. En Valencia hay cuatro (uno de los cuales, al menos, luchaba con una partida de realistas); en Granada, uno, acusado de conspiración; en Oviedo, dos párrocos septuagenarios, muertos en realidad como consecuencia de su encarcelamiento; en Madrid no parece haber otro que Matías Vinuesa (acusado no sólo de conspiración, sino de diversas formas de corrupción) que fue asesinado en 1821 en el interior de la cárcel, mientras que en Burgos, tierra de guerrilla, hubo cuatro clérigos muertos, miembros de partidas absolutistas que acostumbraban a fusilar a los constitucionales de los pueblos donde entraban[1].

El encarnizamiento llegó a su punto máximo en los últimos momentos, cuando, el 17 de noviembre de 1822, se produjo la matanza de 24 absolutistas —entre los que figuraban catorce clérigos y un fraile lego— en las afueras de Manresa, en los Tres Roures, además del terrible episodio, al que hemos aludido con anterioridad, de la muerte de cincuenta y un presos del castillo de San Antón, ahogados en aguas de La Coruña, del fusilamiento de ocho presos procedentes de Castelló d’Empúries (cuatro curas y cuatro seglares) que fueron conducidos en una tartana hasta una viña de Castellví de Rosanes, de la muerte de cuatro curas y dos campesinos en Valldoreix, de la del párroco de l’Arboç en el Ordal o del asesinato del obispo de Vic, Fray Raimon Strauch. A pesar de los intentos que se hicieron para justificar la muerte de este último —cuyos ejecutores, por una extraña paradoja, estaban mandados por el barón de Meer, destinado a convertirse años después en uno de los más feroces perseguidores de los liberales catalanes—, la verdad es que fue un acto deliberado, llevado a cabo por exigencia de «algunos entusiastas patriotas». Un episodio bastante parecido en su forma al que nos relata un testimonio presencial, refiriéndose a otro asesinato de esos mismos días: «Cuando estuvieron cerca de un pueblo cuyo nombre ignoro, Roten llamó a Ferrán y este mandó, en virtud de lo que Roten seguramente le dixo, […] que el cura de Piera, el de Vallbona y los otros dos paysanos que ivan presos baxasen a un fondo de por allí y, quando estuvieron en él, Ferrán mandó a la compañía de sus migueletes en que iva el declarante que preparasen las armas y disparasen contra dichos curas y paysanos, y enseguida los mataron[2]».

Estas brutalidades liberales, practicadas en muchos casos por fuerzas militares, regulares o voluntarias, palidecen no obstante ante la explosión múltiple y sangrienta de la violencia absolutista posterior: del «terror blanco» que se extendió desde 1823 por campos, pueblos y ciudades, incitado muy a menudo desde los púlpitos de las iglesias. En muchas poblaciones se encarceló a todos los sospechosos de ser partidarios del liberalismo. En Valladolid (donde se detuvo a 250 personas), en Palencia, Ávila, Segovia «y en otros pueblos de Castilla» se les retenía como rehenes por el rey, dispuestos a matarles si se le hacía algún daño a Fernando VII. En una población como Iznájar, que no pasaba de cuatro mil habitantes, prendieron en una sola noche a 150 personas. En Roa, el 30 de mayo encarcelaron a más de doscientos «liberales», que representaban el 10 por 100 de la población; el día que se supo que el rey había llegado a Madrid, la multitud «forzó las puertas de la prisión donde se había encerrado a las familias más ricas y honorables» y, encabezada por los frailes, asesinó y mutiló a algunos presos («Todos los hombres fueron masacrados y les cortaron las orejas y la nariz a las mujeres y los niños» —dice Duvergier de Hauranne— y añade en nota: «He sabido estos hechos por testimonios oculares»). En Córdoba, la «partida de la porra» se dedicaba a pasar por las casas de los que tenían fama de liberales «y han limpiado tan completamente la haza, que a nadie han perdonado, ora por categoría, ora por pesetas». En Palma de Mallorca se atacó a los chuetas, saqueándoles las casas y quemando muebles y puertas, mientras otro grupo asaltaba a los plateros y comerciantes, acusándoles de ser los autores de la constitución. En otros lugares las medidas fueron más limitadas y se dirigían sobre todo a los antiguos milicianos nacionales: en Haro se les prohibía salir de casa, excepto los domingos para ir a misa; en Cuenca se les obligaba a encerrarse en las casas al toque de «retreta».

Pero a menudo las cosas iban más allá, como en Zaragoza, donde todo empezó cuando cuatro hombres mataron a tiros a un «mozo labrador» porque había sido miliciano, aunque tenía el indulto del gobierno. El 19 de julio murió de manera violenta un soldado de la guerrilla de Capapé y los realistas se presentaron al capitán general de Aragón pidiéndole licencia «para asesinar a todos los milicianos y a cuantos se habían señalado a favor del sistema». Con el fin de evitar una matanza, el capitán general mandó que se encerrase a todos los liberales en el edificio de la Inquisición, donde llegaron a estar presas 1400 personas. No se perdonaba ni a los muertos; una partida realista asaltó la iglesia de Santa Eulalia, en Teruel, sacó los restos del geógrafo Isidoro Antillón y los quemó en medio de la plaza. Un vecino de Belvís de la Jara sintetizaba la reacción de 1823 diciendo que los liberales «fueron castigados, ahorcados y desterrados». La situación llegó a preocupar incluso al nuncio Giustiniani, que afirmaba que «en Burgos, Córdoba, Santander, Alicante, Málaga, en Navalcarnero, población cercana a Madrid, y en muchas ciudades de Cataluña hay que deplorar muchas víctimas del furor popular. Las prisiones se han llenado de personas acusadas de liberalismo que las autoridades han tenido que encarcelar en número espantoso para evitar una mayor efusión de sangre[3]».

Tomemos el caso de Cataluña. Si una Barcelona con una guarnición francesa representaba un oasis de paz que indignaba a los absolutistas, no ocurría lo mismo en el resto del Principado, donde a los milicianos que volvían a sus pueblos, confiando en la seguridad que les ofrecían las leyes, «los mataban por los caminos cuando iban a sus casas». En el término de Bellprat se encontraron, el 14 de enero de 1824, «tres hombres muertos, al parecer con bala de fusil, los quales no fueron conocidos ni pudo hallarse persona que los conociese, ni saberse quién los había muerto, sospechándose, en conseqüencia, que tal vez eran milicianos o afectos al partido revolucionario, por lo cual mandó fuesen enterrados». Algo que debía parecer normal, como en Olot, donde mataron «sobre treinta soldados desarmados que salían del hospital». Las autoridades francesas aseguraban que de octubre a diciembre de 1824, cuando hacía un año que había finalizado la guerra y lo peor de esas matanzas debía haber pasado, hubo en Cataluña más de dos mil asesinatos, en su mayor parte por «diferencias de opinión política». Sin contar las destrucciones y los robos de los bienes de los liberales, de los que sólo podemos tener noticia por las fuentes locales[4].

Muchos de estos actos de represión eran protagonizados por gente humilde, en su mayoría campesinos pobres y miembros del lumpenproletariado urbano, y sus víctimas, los acusados de liberalismo, eran a menudo de filiación burguesa —o, al menos, de condición económica acomodada—, lo que daría a esta persecución un carácter de guerra social que asustó tanto a los franceses como a los miembros de las clases altas españolas. «En Madrid, en Cádiz, en Sevilla, en todas partes han sido piedra de escándalo los barrios bajos para los liberales; y es porque jamás han podido hacerles entrar en carrera constitucional. Harto más felices han sido con los barrios altos», afirmaban los redactores del periódico ultra El Restaurador. Para el marqués de Miraflores, «Desencadenados todos los elementos democráticos para restablecer la monarquía […], hízose creer al populacho más soez, instigado de mil maneras, que nadie podía ni debía contener las demostraciones de lo que se decía lealtad, reducidas a insultar, prender, matar, saquear, incendiar y robar, aprovechándose de un terrorismo comparable sólo al de la ominosa Revolución francesa». La lógica peculiar de esta reacción explica igualmente que en algunos pueblos la plebe, dirigida sobre todo por los frailes, asaltase las parroquias creadas por los liberales, maltratase a sus párrocos, robase los vasos de culto y mezclase jaculatorias y blasfemias[5].

No todo quedó en detenciones e insultos. Los jefes de partida, habituados a una guerra a muerte, actuaban con brutalidad. Merino asesinaba a los hombres que capturaba y la conducta de «Juanito», o sea Juan Villanueva, llegó a parecerle inhumana al mismo conde de España. En Morella la guarnición se rindió, pero «el pueblo», es decir, los realistas, no respetaron la capitulación y atacaron a los milicianos desarmados, «de cuyas resultas hay ocho muy malheridos». En muchos lugares las cárceles eran asaltadas y los presos asesinados[6].

¿Quién iba a condenarlo, si desde el púlpito se incitaba al exterminio físico de los liberales? En Roa, fray Juan de la Cruz, que predicaba en la fiesta de San Roque el 16 de agosto de 1823, bramaba, refiriéndose a los doscientos presos liberales que había en la villa: «¡No os detengáis y limpiad España de la siembra de carbonarios, comuneros y francmasones que amenazan nuestra fe y nuestra patria! ¡No dejad uno vivo! ¡Degolladlos!». El alcalde de la población nos dice en sus memorias que se vio obligado a «soltar y correr el mejor de los novillos dispuestos para la corrida» de las fiestas, para distraer a los voluntarios que se disponían a asaltar la cárcel (pero sabemos, por otro lado, que esa cárcel había sido ya asaltada ocho días antes). Desde las páginas del principal periódico ultra, El Restaurador, no sólo se incitaba a la delación, sino al asesinato, que se justificaba con el pretexto de que los liberales eran incorregibles. En un diálogo de aire popular se le hace decir a uno de los protagonistas: «La gente, con su catacismo y saber que el rey lo manda tiee bastante paa no ejar a dengún tunante que haga e las suyas. ¡Caramba! Y al que ha sío malo y ha e ser peor, ¿paa que lo queremos? Que vaya a echarle plantas al Pae eterno al otro mundo». Un cura sevillano escribía hacia 1823: «Los liberales, o esta raza de demonios, no se arrojan de nuestro suelo con la oración sola y el ayuno, sino con la constancia, firmeza en el pelear, con artillería a metralla […] Lo que no cura el hierro, cura el fuego[7]».

Hay un capítulo importante de la represión del que no suele hablarse: el que se refiere a la Iglesia. El gobierno había iniciado el trabajo obligando a renunciar a cinco obispos: los de Mallorca, Astorga, Cartagena, Segorbe y Santiago. Dos de los cinco —Ramos García, de Segorbe, y García Benito, preconizado para Santiago— no habían tomado posesión todavía y se abstuvieron de intentarlo, un tercero —Guillermo Martínez, de Astorga— fue expulsado, y González Vallejo, de Mallorca, renunció como se le pedía. El quinto, Posada Rubín de Celis, de Murcia-Cartagena, resistió las presiones que recibía, pero tuvo que acabar plegándose, forzado por el Papa. También se tomó desde arriba la iniciativa de perseguir a los secularizados —los frailes que, durante el trienio constitucional, habían optado por abandonar una orden regular para ejercer su ministerio como sacerdotes seculares, con autorización de la jerarquía eclesiástica—, que eran más de ocho mil, incluyendo 867 monjas autorizadas a abandonar sus comunidades. Se les arrebataron las licencias de confesar y predicar y los beneficios de que disfrutaban, se mandó encerrarlos en «los monasterios de la más rígida observancia», se declararon nulas las disposiciones testamentarias que hubiesen tomado, etc[8].

Pero lo esencial de la represión vino de la propia Iglesia. Los obispos organizaron encuestas secretas sobre la conducta de los eclesiásticos, con la colaboración de curas que desahogaban envidias y rencores con denuncias que han llevado a un historiador eclesiástico a hablar de «galería donde se exhiben las más extravagantes locuras y las más bajas pasiones». Los resultados de estas denuncias eran el confinamiento en un monasterio, donde los reclusos acostumbraban a encontrar un trato durísimo, o la pura y simple prisión, acompañada por lo general de la pérdida de los cargos y beneficios de que se sustentaban (cuya posible obtención estimulaba a muchos denunciantes).

En Valencia, donde la represión eclesiástica alcanzó niveles de ferocidad que escandalizaron a la misma policía, había cuatro prisiones eclesiásticas llenas de clérigos liberales. El arzobispo Simón López condenó a dos de ellos a diez años de reclusión en el presidio de Ceuta sin haber permitido que se defendieran de los cargos de que se les acusaba. En Toledo, donde se supone que los eclesiásticos «contaminados» de liberalismo eran más de ciento veinte, el vicario general de la diócesis quería encerrarlos en una especie de correccional. En Cuenca se procesó a cuatro como miembros de la sociedad secreta de los comuneros y a otros diecinueve como liberales, en términos generales; en la diócesis de Badajoz se calcula que un 20 por 100 del clero secular fue procesado en 1824-1825 por su conducta política y religiosa durante el trienio.

En Barcelona, donde la represión civil resultaba atenuada por la presencia de las tropas francesas, el gobernador de la mitra, el vicario general Avellà, lo compensaba con un rigor extremo en el terreno eclesiástico. Hombre de buena familia, que dejaba a menudo la sotana para pasear en mula vistiendo pantalón corto y hebilla de plata, se le consideraba un libertino («tiene siempre moza y dama /; libertino en sus placeres /, sus hijos y sus mujeres /, toda la ciudad conoce»). Lo que no le impedía mostrarse intransigente en el terreno político e ideológico —sus cartas al ministro de Estado o al capitán general están llenas de denuncias—, y tratar con una dureza especial a los exclaustrados, obligándoles a reintegrarse a sus conventos en tres días. «Estos desdichados —decía el cónsul francés en Barcelona—, que tienen que temerlo todo de sus cofrades, han acudido a nosotros reclamando nuestra protección […]. Los hay que han llegado a postrarse a los pies del Sr. Avellà; inmediatamente se les ha atado y encerrado en los calabozos del obispado». Entre los encarcelados figuraban el economista Eudald Jaumeandreu, el canónigo Pou, Albert Pujol, que sería el primer rector de la Universidad de Barcelona restaurada, etc. Su locura llevaría a Avellà al extremo de hacer pintar de blanco el rostro negro de la imagen de la virgen de Montserrat que se veneraba en la catedral de Barcelona, ya que el negro era el color de los liberales, a censurar obsesivamente las obras de teatro o a presionar al intendente de policía de la ciudad para que prohibiera el tradicional «entierro de la sardina», en un inútil intento por detener por la fuerza la progresiva descristianización de la cuaresma barcelonesa.

En Santiago el arzobispo Vélez y sus secuaces persiguieron con ferocidad a hombres como Claudio González Zúñiga, fraile exclaustrado, médico y alcalde de Pontevedra, sin más fundamento que sus opiniones políticas, haciéndole pasar por la cárcel, la reclusión en un convento y el confinamiento en una parroquia rural «adonde permanecí —escribirá— a la falda del Seixo i entre lobos, por espacio de año i medio».

Esta persecución sistemática afectó sobre todo a religiosos ilustrados y a sacerdotes culpables de haber creído que el cristianismo era compatible con el progreso, en un amplio espectro que va desde figuras de la categoría intelectual de Juan Nicasio Gallego, Eudald Jaumeandreu, Martínez Marina o los hermanos Villanueva, hasta párrocos de parroquias rurales, humildes y desconocidos, como un P. A. M. «cura del arzobispado de Toledo», posiblemente de la parroquia de Villamayor, que en 1822 escribía una cuidadosa traducción de El cura de aldea, que se conserva manuscrita, en que se explica la historia de un cura francés de los Pirineos que consigue vivir en paz con la Revolución y con el régimen napoleónico[9].

Para explicar este ensañamiento nos haría falta entender mejor cuán profunda fue la división en el seno del clero, y en especial en el de las órdenes regulares, minadas por la corrupción. Algo que se nos ha ocultado por el hecho de que, siendo los clérigos liberales los perdedores, la Iglesia los ha eliminado de su historia, haciéndolos aparecer como una pequeña minoría extraviada. Y deberíamos poder valorar igualmente la militancia política que, frente a éstos, ha tenido la gran masa del clero reaccionario, que no ha vacilado en tomar las armas contra la constitución y ha ligado así su suerte a la del absolutismo. Que entre los depurados figurase la parte más ilustrada de la Iglesia haría más visible la baja calidad de sus represores. En una diócesis tan depurada como la de Toledo los libros de cámara de 1825 a 1833 están llenos de suspensiones y de castigos a clérigos ineptos, como uno que «en tiempo de la recolección de granos suscitó quimera en las heras con arma blanca» y «rompió a palos la cabeza de un labrador», u otro que «no sabía leer el latín, y por consiguiente, ni rezar, ni decir misa, tanto que un día de Pascua omitió la consagración, de que se siguió el mayor escándalo». En la de Santander, el gobernador eclesiástico había de reconocer que eran «por desgracia en este país muy freqüentes los escesos en algunos eclesiásticos en comidas, juegos, bebidas, entradas y salidas en mesones, tabernas, casas públicas…». Lo que sabemos de la decadencia moral de las órdenes religiosas haría posible escribir un capítulo entero sobre el tema y nos ayudaría a comprender mejor la conducta de muchos de esos exclaustrados que habían abandonado el convento para vivir más de acuerdo con sus convicciones cristianas.

Los regulares, que acostumbran a aparecer en esta historia como el sector más reaccionario del clero, tuvieron también enfrentamientos con el clero secular —es decir, que hubo choques entre frailes y curas— en casos como el de Manacor, donde los realistas «embriagados de vino y furor, clamaban […] ¡Muera el capellán Pedro! ¡Mueran todos los clérigos! Se paseaban con un dogal pendiente, un retrato del rey y el carro de conducir los cadáveres al cementerio, en ademán de llevarse a los perseguidos. Los frailes [del convento de Llorito, en honor de los cuales se hacía esta fiesta] vitoreaban como entusiastas, animando aquellas facciones[10]».

Por lo que se refiere a las reglas generales que debía aplicar el gobierno en la represión civil, el 22 de octubre de 1823, desde Sevilla, Fernando VII proclamaba que «bien quisiera mi paternal ánimo haber fijado en los primeros momentos de mi libertad la suerte futura de todos mis vasallos», pero que el asunto era complejo y era necesario esperar a que, una vez llegado a Madrid, hablase de ello con sus consejeros, antes de tomar una decisión.

El primer paso en la organización de la represión oficial se dio a la vez que se procedía a constituir la policía. Una real orden publicada el 13 de enero de 1824 creaba en todas las provincias «comisiones militares ejecutivas y permanentes» que se encargarían de juzgar dos tipos de delitos: los de todos aquellos que, desde el primero de octubre de 1823, se hubiesen manifestado, de palabra o de hecho, contra el régimen absoluto o a favor del constitucional, y los ladrones y bandoleros[11].

Respecto de los bandoleros, que proliferaban en estos años, las comisiones militares parecen haber sido de escasa eficacia. En septiembre de 1824 el embajador francés aseguraba que la empresa de vehículos públicos de Cádiz a Madrid tenía que pagar a algunos jefes de partida para evitar el pillaje. Ni siquiera la carretera entre el Real sitio de San Ildefonso (La Granja) y Madrid, por donde circulaba habitualmente la familia real, era segura: «Nadie se atreve a hacer ese viaje sin una fuerte escolta […]. Anteayer mismo ha sido robado el equipaje del infante Francisco».

El bandolerismo tiene, en ocasiones, un origen político derivado de «la situación desesperada en que se deja a tanta gente a quien se persigue sin perdón, a quien se priva de todos los medios de existencia por haber sido milicianos, comuneros, masones, afrancesados, liberales o, simplemente, por haber servido en el antiguo ejército». Pero, por el contrario, no parece tener una intención política. Un ejemplo de ello sería el de Juan Caballero, el bandolero andaluz de quien se nos dice que había tenido que echarse al monte para huir de los atropellos de los voluntarios realistas. Sólo a José María Hinojosa, «el Tempranillo», se le atribuyen simpatías por los liberales, pero no debían ser muy serias porque consiguió que Fernando VII le indultase y se puso a su servicio. También había, por otra parte, bandoleros «realistas», y es que a menudo resulta difícil distinguir al bandido del guerrillero. Los expedientes de la Audiencia de Cataluña nos dicen que en el pueblo de García había un grupo de diecinueve realistas armados que «tienen amedrentado el vecindario con amenazas y rapiñas, protegidos por el bayle», y nos hablan de una partida de doce malhechores que han asaltado una casa del pueblo de Querforadat, matando y robando, que «aunque se los titula ladrones, es su objeto contrariar al legítimo gobierno».

Aparte de estos había casos de bandidos «profesionales» que se implicaban en las luchas políticas para favorecer el negocio. Este sería el caso, en el País Valenciano, de Jaime Alfonso, «el Barbudo», natural de Crevillente, un bandolero que había pedido el indulto a los liberales en 1820 con un manifiesto en que decía «que tomar lo necesario para vivir no envuelve crimen alguno, pues en la extrema necesidad todos los bienes son comunes». Parece que no lo consiguió de los liberales, pero que los absolutistas se lo prometieron, de modo que colaboró con ellos durante el trienio, tal vez en connivencia con el clero de Orihuela, y obtuvo el deseado indulto en 1823, a la vez que se le nombraba sargento de una partida realista. Mientras actuaba, subvencionado por el ayuntamiento de Murcia, como perseguidor de liberales, su hermano mandaba una partida que se dedicaba a asaltar diligencias y a atacar pueblos en una especie de división familiar del trabajo. No sabemos a ciencia cierta por qué razón, pero Jaime Alfonso fue finalmente condenado a morir ahorcado y descuartizado en Murcia, el 5 de julio de 1824. En Navarra tenemos el caso de José Egusquiza que primero luchó con los realistas, luego se pasó a los constitucionales y, finalmente, desde 1824 se decidió a hacerse bandolero sin más rodeos.

Tal vez habría que buscar la conexión política de los bandoleros, más que respecto de categorías amplias como las de liberal o realista, en su relación con los poderes locales: autoridades, clérigos y propietarios. El bandolero no puede subsistir sin unos mínimos de protección local, que se supone que paga con algún servicio, y tenemos bastantes indicios de que los había que eran «tolerados» por algunas autoridades: en Extremadura, por ejemplo, los funcionarios de hacienda aseguraban que los contrabandistas, actividad que solía ir asociada a la delincuencia armada, eran abiertamente protegidos por los poderes locales[12].

Las comisiones militares, encargadas de juzgar a los liberales, hicieron su tarea represiva de manera brutal —Ramón de Santillán describía la comisión de Valladolid como «compuesta de furiosos que no encontraban otra pena que imponer que la de la muerte»— y, lo que es peor, lo hicieron sin ninguna norma establecida que permitiese apelar de sus decisiones.

La gran diferencia entre la época constitucional y el período absolutista era, en este terreno, que los liberales habían publicado en 1822 un primer código penal que establecía la correspondencia entre los delitos y las penas, mientras que el castigo de los crímenes era discrecional en el absolutismo: a menudo se condenaba en función de normas que ni siquiera se habían publicado en la Gaceta, habiendo sido tan sólo anunciadas en bandos fijados a escala local. Los liberales querían condenar el delito; los absolutistas, al delincuente.

Sainz de Andino denunciaba en 1829 que en la España absolutista había demasiadas leyes: «Pasan de treinta y cinco mil las leyes que gobiernan a los españoles», acumuladas durante quince siglos sin que se hiciera una selección, de manera que los mismos jueces decían que había leyes para todo y «que apenas hay cuestión legal que la agudeza y la mala fe no puedan sostener en distinto sentido». El resultado, como decía un penalista en 1862, era que los tribunales no hacían caso de ellas y «erigiéndose en legisladores, sustituían su voluntad a la soberana, convirtiendo casi todas las penas en arbitrarias».

La pena de muerte era aplicada por un «¡Muera el rey y viva Riego!», por «expresiones contra la sagrada persona del rey» o «por el atroz y horrendo delito de haber cantado canciones revolucionarias». En Madrid, apresaron a la mujer de un exiliado liberal con la acusación de que había cantado dentro de su casa canciones constitucionales. «El presidente de la comisión —el general Chaperón— se jactó públicamente de llevar al patíbulo a aquella desgraciada señora, cuyos hijos sufrían la miseria con todas las consecuencias de la prisión y el peligro de su madre». En Cádiz, una viuda de treinta y tres años, lavandera de profesión, fue condenada a dos años de cárcel y dos de destierro por «conversaciones sediciosas».

Las penas de prisión se repartían con generosidad y, lo que era peor, sin ninguna pauta razonable. Un «¡Viva la constitución!» le costó diez años de presidio en África a un soldado de Burgos y se dieron parecidas penas por haber elogiado el régimen constitucional o «por haber principiado a cantar el himno de Riego». Pero a José de Cavia, del Puerto de Santa María, se le impusieron «sólo» cinco años por diversos «vivas» de ese tipo y Antonio Miranda, de Algeciras, salió del aprieto con un mes de prisión por un «viva» de la misma categoría que los que a otros les habían costado diez años de presidio[13].

Las aberraciones no se detenían aquí. Francisco de la Torre, zapatero natural de Córdoba y establecido en Madrid, se vio condenado a diez años de cárcel por tener en casa un retrato de Riego, a pesar de que no existía ley alguna que prohibiese tener éste ni otros retratos parecidos. La condena debía empezar haciéndole pasar por las calles de Madrid con el retrato colgado del cuello. Como el día en que se debía dar el paseo había «corrida de toros», se dejó el espectáculo para el siguiente. El embajador francés Boislecomte describe de este modo lo que ocurrió: «Había una gran multitud en la calle para ver pasar al condenado. Algunas “manolas”, una especie de mujeres públicas cuyo realismo había sido aireado por El Restaurador, no estaban contentas con el espectáculo y, queriendo tomar una parte más directa, forzaron la línea de soldados para insultar más de cerca al condenado». La cosa acabó con un alboroto, ya que el público popular madrileño se había acostumbrado a las ejecuciones, tan frecuentes, y quería espectáculos más fuertes.

Pero lo más escandaloso son los casos en que se dictaron condenas graves por delitos no probados: un jornalero de Barajas de Melo recibió doscientos azotes y diez años de cárcel por una culpa probada «semiplenamente», y un molinero del mismo pueblo fue castigado «por sospechas vehementes». A Teresa Ramírez de Madrid le cayeron seis meses de galeras por palabras subversivas «no probadas» —lo que se justificaba porque se la suponía desafecta al régimen «y de costumbres relajadas»—, y a Cayetano del Campo, de Medina de Rioseco, cuatro años de prisión por un viva «no suficientemente probado». Francisco Alonso fue condenado por la comisión de Málaga a dos años de exilio «por sospechoso». Un grupo de personas que habían sido acusadas de reuniones subversivas no demostradas serían enviadas cuatro meses a la cárcel, por si acaso era verdad. Y José Guerrero, de Igualeja, que pudo probar «en debida forma» que unos revolucionarios le arrastraron por la fuerza y que los abandonó tan pronto como pudo, fue castigado a ocho años de presidio en África. No es de extrañar que, siguiendo estos ejemplos, los realistas de Mallorca encarcelasen a supuestos liberales «por sospechosos».

Cuando se suprimieron las comisiones militares, el 4 de agosto de 1825, dejaban centenares de causas pendientes. La consecuencia de la abundancia de los procesos y de la generosidad de las condenas era que las cárceles y los presidios estuviesen llenos: hacia junio de 1825 en Lleida había «un número excesivo de presos» —eran 110—; en mayo de 1827 los gobernadores de Ceuta y Melilla decían que no podían admitir más condenados «por no haber donde colocarlos». En las mismas fechas, en la prisión de Sevilla, construida para alojar a unos cuatrocientos internos, había dos mil. Los médicos denunciaron repetidamente el peligro de epidemia que se corría en estas prisiones superpobladas y el gobierno hubo de mandar que se acelerasen las causas para que menguase el número de reclusos[14].

La existencia de guarniciones francesas en algunas plazas que el gobierno español era incapaz de defender y controlar, ofreció un refugio, por lo menos temporal, a los perseguidos por razones ideológicas, ya que las autoridades francesas procuraban evitar los actos irracionales de represión. A comienzos de 1825 había guarniciones francesas en Cádiz, Barcelona, Figueres, la Seu d’Urgell, Jaca, Zaragoza, Pamplona, San Sebastián, Santoña, La Coruña y Madrid. De Zaragoza y La Coruña se fueron pronto. En Madrid la moderación que podían imponer los jefes militares franceses era nula, pero en Barcelona el teniente general vizconde de Reizet supo crear una especie de oasis al que acudían a refugiarse los liberales de toda Cataluña[15].

La aparente irracionalidad de la represión civil y la arbitrariedad de las condenas tenían como finalidad paralizar a los enemigos por medio del terror, como decía el general Chaperón, al manifestar en publico que las comisiones militares «con el terror y más terror habían de salbar a la nación». El reconocimiento más claro de esta función defensiva de una represión arbitraria lo haría, a comienzos de septiembre de 1824, el gobernador del consejo de Castilla, Villela, al decirle al embajador francés Boislecomte «que no se había visto nunca que un revolucionario español se corrigiese y que, por tanto, era peligroso perdonarles; que era conveniente expulsarles, como a los moriscos, después de ver que las capitulaciones y la indulgencia les hacían todavía más malvados. Que a él le constaba que había en España de tres a cuatro millones de liberales entre nueve millones de habitantes [la verdad es que los habitantes eran de once a doce millones]: que casi toda la nobleza estaba ganada por sus ideas perniciosas y que no se podía contar con ningún oficial del antiguo ejército; pero que valía más vivir en España con un millón de personas como Dios manda que con diez millones de revolucionarios. Este discurso —añade Boislecomte, haciendo un inciso— me recordó el del fraile que dijo no hace mucho al general Castaños, cuando éste le hizo ver que el restablecimiento de la Inquisición haría salir de España a todos los extranjeros y a gran número de naturales: “Quedaremos poquitos, unidos en Dios”. […] El presidente del consejo de Castilla me ha dicho, además, que de 500 000 masones y comuneros que podían existir en España, a quienes los últimos decretos ordenaban que fuesen a denunciarse ellos mismos a las autoridades, sólo siete se habían presentado a los tribunales de Madrid, en lo que el Sr. Villela ve una nueva prueba de su incorregible perversidad».

Aclaremos un poco esta última cuestión. Una real cédula de primero de agosto ofrecía las «ventajas» del indulto del primero de mayo, del que hablaremos más adelante, a los masones y miembros de «otras sociedades secretas», si se presentaban espontáneamente en el plazo de un mes, «señalando la logia o sociedad secreta a que hayan pertenecido, y entregando sus diplomas y las insignias y papeles que tuvieren relativos a la asociación». Los que no se acogiesen a esta medida serían considerados «reos de lesa majestad divina y humana».

La decepción de las autoridades procedía en parte de que manejaban cifras exorbitantes de miembros de las sociedades secretas. Si la policía los elevaba a 150 000, lo que era a todas luces exagerado, la estimación oficial de los supuestos miembros de «masones, comuneros, anilleros, carbonarios, europeos, Club italiano y Asociación francesa» era de medio millón —tal como le había dicho el gobernador del consejo de Castilla al embajador francés—, lo que, incluyendo a sus familias, elevaría los sospechosos a dos millones de personas. Era una estimación delirante, a la que se había llegado por procedimientos cuyos errores fueron denunciados por los propios coetáneos: el número de masones efectivamente identificados en Madrid no superaba los 1753, casi la mitad de ellos militares[16].

El efecto buscado se consiguió plenamente. Todos los que se sabían amenazados huyeron, empezando por los diputados que habían votado la incapacidad temporal del rey en Sevilla, cuya condena a muerte, en una lista nominativa de 68 inculpados, se mantuvo en firme hasta la muerte de Fernando VII, diez años más tarde. El pánico estaba motivado, más que por las condenas específicas, por la arbitrariedad cotidiana de la persecución local y por la irracionalidad de las comisiones militares, que consiguieron que huyesen miles de personas que podían ser acusadas, simplemente, de simpatía por el liberalismo, lo que implicaba la sospecha de que hubiesen sido miembros de sociedades secretas.

¿Cuántos fueron lo exiliados? Bayo calculaba que el número total era de más de 20 000, pero resulta imposible precisarlo, dada su dispersión —Gibraltar, Francia, Inglaterra, los Países Bajos, Italia, América— y la diversidad de su carácter. A Gibraltar pasaron inicialmente buena parte de los que se hallaban en Cádiz al caer el régimen —en noviembre de 1823 había en esta plaza 82 diputados, 19 generales, y numerosos militares y funcionarios—, y seguirían llegando en el futuro, como primera etapa de un viaje más largo que les llevaría a otros lugares, en especial a Inglaterra (en Londres había unas mil familias de exiliados). Los soldados y los oficiales retenidos inicialmente en Francia eran más de doce mil, pero la mayoría volvieron pronto y sólo se quedaron militares y personajes políticos especialmente comprometidos[17].

Algunos liberales que no eran culpables de ningún crimen prefirieron quedarse en el país y pagaron las consecuencias de ello, como el poeta Quintana, a quien se obligó a residir durante cinco años en Cabeza de Buey, sin abandonar el pueblo. Bartolomé José Gallardo se quedó inicialmente en Cádiz, pero al ser descubierto, comenzó un largo calvario de destierros y persecuciones por Sevilla, Chiclana y, finalmente, Castro del Río, donde sufrió ataques y agresiones por parte de los voluntarios realistas, que le llevarían a describirse, en 1827, «clavado como un plantón en esta tierra de cafres, donde los hombres aúllan como lobos y muerden como perros rabiosos». Tampoco huyó inicialmente Flórez Estrada que, sorprendido por el hundimiento del régimen en la zona de Granada, se refugió en Adra, donde tuvo que pasar algún tiempo escondido como consecuencia de haberse fracturado una pierna en una caída. A comienzos de junio de 1824 se ordenaba detenerle, pero ya había huido, embarcado hacia Gibraltar, y posteriormente, al no obtener permiso para residir allí, hacia Inglaterra. Incluso un moderado como Martínez de la Rosa, que inicialmente se quedó en Madrid, enfermo, se encontró enfrentado con las autoridades realistas y tuvo que pedir al duque del Infantado el pasaporte que le permitió partir al extranjero, donde residiría, separado de los otros exiliados y dedicado a la literatura[18].

Hay un caso que resulta ilustrativo de cómo este miedo y esta asfixia podían incitar a una especie de exilio preventivo. En 1823 emigraba a Francia Leocadia Zorrilla con sus hijos Guillermo y Rosario, «para substraerse a las persecuciones dirigidas contra ella por sus opiniones políticas», según sostenía la interesada. Francisco de Goya, que había pasado tres meses escondido en casa de un amigo aragonés, el sacerdote José Duaso y Latre, siguió a Leocadia —la mujer cuarenta años más joven que él, que cuidó al pintor hasta la muerte— y a sus hijos —la niña, probablemente de Goya— a Burdeos, donde llegó «sordo, viejo, torpe y débil, y sin saber una palabra de francés», y donde pintó, bajo el cielo amargo de un exilio no dictado por la ley sino por el miedo, sus últimas obras maestras. Obras como Los toros de Burdeos y Los toreros, unos grabados que muestran plazas de toros con el suelo cubierto de cadáveres y unos espectadores «de una risa salvaje, de oreja a oreja», que os «hielan la sangre en las venas», en un espectáculo que nos recuerda inevitablemente la España negra que Blas de Otero, en otros años ominosos, describía como «Una vieja, horrorosa plaza de toros / de multitud sedienta y hambrienta y sin salida[19]».

Capítulo 5
LOS APOSTÓLICOS

Al hablar de un fenómeno tan complejo como el del ultrarrealismo de estos años hay que tener en cuenta que nos referimos a un conglomerado humano donde se asocian grupos que comparten, sobre todo, la hostilidad al liberalismo burgués del trienio —y el miedo a que el absolutismo moderado pueda conducir a restablecerlo, aunque sea sólo parcialmente—, en el que podemos encontrar unos núcleos dirigentes integrados por algunos jefes políticos y militares, por miembros de la burocracia, buena parte de la jerarquía eclesiástica y la mayor parte del clero regular —los únicos que justificarían que hablásemos de «partido»—, y unos seguidores populares, rurales y urbanos, guiados por motivaciones complejas que hay que analizar con mucho cuidado, sin dejarse llevar por las simplificaciones que son habituales en esta materia[1].

Estudiar las formulaciones políticas con las que legitiman su actitud es una tarea de interés menor. Hablar de un «programa ideológico» del bando apostólico, la génesis de lo que luego se denominará el carlismo, no es fácil. Como todos los movimientos que tienen como objetivo fundamental la conservación de lo antiguo y la lucha contra lo nuevo, su programa es esencialmente defensivo, de negación de lo que se combate, y no tiene ni mucha coherencia interna, ni una evolución autónoma, sino que se nos aparece como una imagen negativa de los programas que desarrollan sus enemigos.

El núcleo ideológico de la literatura ultra no ha cambiado en cincuenta años. Cuando los propagandistas apostólicos nos exponen sus bases doctrinales, nos dan una lista de libros que corresponden a la literatura polémica suscitada por la experiencia liberal de Cádiz que, a su vez, no era otra cosa que un reflejo provinciano de la apologética reaccionaria europea del siglo XVIII, nacida en el doble combate contra la Ilustración y contra la Revolución francesa. Esta última década del absolutismo español no tendría escritores como los Vélez o Alvarado de principios del siglo XIX. Las pocas obras «doctrinales» nuevas que se publicaron en esos años, como La Iglesia triunfante de Asensio, o El jacobinismo de Gómez Hermosilla, no tuvieron reedición alguna, a diferencia de lo que había ocurrido anteriormente con libros como el Preservativo contra la irreligión de Vélez, que se editó una docena de veces entre 1812 y 1825, o como las Cartas críticas del Filósofo rancio, que se siguieron imprimiendo hasta el siglo XX.

La Iglesia triunfante de los errores del siglo, de Asensio, está escrita como una serie de cartas, una moda literaria del momento, adopta una forma dialogada y contiene alusiones a una actualidad reciente. El Jacobinismo, en cambio, es mucho más aburrido, estrictamente doctrinal y sin los aderezos románticos que sirven para aligerar la lectura de la obra de Asensio, a medio camino entre la novela pedagógica y el tratado apologético. Su autor, Gómez Hermosilla, pertenecía a aquel núcleo de «afrancesados» conservadores —como Miñano, Lista, Reinoso, etc.— que tuvo en esos años una considerable influencia en los niveles más elevados de la política, pero escasa proyección pública[2].

De hecho, no era la lucha ideológica dirigida al público cultivado, al que iban destinados los libros doctrinales, la que les preocupaba ahora; habían de combatir sobre todo en otro terreno, poco amenazado hasta entonces: el de las clases populares rurales y urbanas, que empezaban a escapar a la influencia ideológica, antes indiscutible, del cura párroco y del «misionero». El interés por recuperar su hegemonía resultaba explicable por parte de un clero como el español que en esos momentos había alcanzado posiblemente sus cifras máximas. Según Vicente de la Fuente, en la España de estos años había 127 430 eclesiásticos seculares y 61 727 frailes. Un canónigo de Salamanca justificaba la existencia de «tantos monasterios y tantos monjes, tantos conventos y tantos frailes, tantas catedrales y tantos canónigos, tantas parroquias y tantos párrocos» por el hecho de que habían sido sus oraciones las que habían liberado al rey y al país.

Los ultras se daban cuenta de que los liberales habían realizado una extraordinaria tarea de difusión popular mediante folletos, diarios, romances y representaciones teatrales. «Han hecho la guerra principalmente con papeles», dice el padre Bou, y estos papeles, «pequeños y de poco precio», son los que han servido para sembrar «la semilla de todas las revoluciones». «Hagamos nosotros lo mismo —dice otro autor, probablemente también un fraile—; si despreciamos este medio, miro que todo está perdido. […] Bayonetas y buenos escritos son los dos ejes sobre los que descansan todos los imperios de la tierra». Bayonetas quiere decir «compañías realistas bien armadas en todos los pueblos». Pero no bastan, «porque la opinión es la reina del mundo; ella gobierna todos los espíritus o voluntades, y éstas mueven nuestros brazos[3]».

Las Quatre conversas del padre Bou están escritas «en un estilo acomodado a la capacidad de los menos instruidos». Constitució sens máscara se publica «para desengaño de payeses y menestrales y de todos aquellos que no tienen ocasión de instruirse en la historia de las revoluciones». Y el Enterro solemne de la constitució de Càdiz se hace «para desengaño de payeses, menestrales y mujeres, y también para que sirva a las criaturas que aprenden a leer». Este último folleto es una buena muestra de este tipo de literatura, por el recurso a la lengua del pueblo y por el léxico, que llega a ser desvergonzado, a pesar de su evidente procedencia eclesiástica. El hecho no es excepcional; El Restaurador remeda a menudo el léxico rural o utiliza términos coloquiales, como cuando recomienda a «la tías» que se vistan con modestia.

El público al que se dirige esta campaña es, como se puede ver, el de campesinos y artesanos que son «la parte más sana y numerosa del reino» y la que se ha opuesto sobre todo «a las novedades revolucionarias». En El Restaurador se dice: «Vimos en la guerra pasáa que los más leídos jueron los que erraron, y el probe paisano con el catacismo supo más que ellos». La esperanza del viejo orden reside, sobre todo, en el campo, en el seguro instinto de los campesinos que es más valioso que todas las sabidurías, como dirá en 1825 el obispo de Guadix: «Los pueblos consideran la revolución allá a su modo, que aunque no saben explicarse, a la verdad ellos no se yerran en lo que en realidad lo es, y raciocinan acaso con más profundidad que los que se tienen por políticos». Un romance de 1824, obra de un tal Garriga y Aiguasvivas, identifica el liberalismo con los «infames libreros […], médicos y cirujanos, boticarios y plumistas», mientras que los buenos son el labrador y el «fabricante de telas», que debe querer decir el tejedor rural.

Las descripciones de un mundo rural idílico que hacen los apostólicos no corresponden, sin embargo, a la realidad que encontramos cuando nos acercamos a las fuentes que reflejan la conflictividad cotidiana. En los pueblos seguía habiendo liberales —no todos habían sido exterminados por la represión— y realistas, y se producían unos enfrentamientos internos que tal vez tenían más que ver con las divisiones sociales y las pugnas de grupo que con las opciones ideológicas, pero que resultaban bastante amenazadores desde el punto de vista de los ultras.

En Sallent, por ejemplo, había un buen número de liberales que apenas se escondían. El día de San Juan de 1825, Joan Magarola, de Vic, exclamaba en una taberna, según su denunciante, a quien hemos de atribuir la traducción al castellano de sus palabras: «que se cagaba con los que habían sido del partido de los flayres y capellanes, se cagaba en Dios, en la cabeza de san Juan, en la religión y en todos los santos del mundo, que igualmente se cagaba en el rey y en los serviles, que él había sido miquelete en Vich, que era liberal y continuaría de serlo». Magarola huyó del pueblo, pero al día siguiente otros insultaban a un fraile por la calle. Eso se debía, dice el alcalde, a «haberse reunido en Sallent algunos sujetos exaltados», razón por la cual pedía que le enviasen una o dos compañías de voluntarios realistas que permanecieran ocho días en el pueblo, a costa de los vecinos, y le ayudasen a expulsar a estos forasteros, de los que daba una lista de hasta 57 nombres. Necesitaba esta ayuda porque los vecinos protegían a estos sujetos, ya que en Sallent eran «todos constitucionales». De Figueres se nos dice «que se toleran juntas de masones, que se han oído canciones de Riego por las calles, con otros excesos[4]».

Existe, además, otro nivel de conflictividad en el que no parece que ese mundo rural esté dividido, sino globalmente enfrentado al orden social existente, sin muchas diferencias internas. Las quejas y reclamaciones de los propietarios nobles y de los conventos contra los pueblos que se niegan a pagar laudemios, censos, diezmos y otras prestaciones «por consecuencias del sistema constitucional» son muy numerosas en los primeros años de la segunda restauración y se repiten posteriormente, como muestra de la ineficacia de los intentos de hacerles entrar en razón. En el caso del diezmo, por ejemplo, la erosión seguiría avanzando, sin hacer caso ni de las pastorales de los obispos, ni de las órdenes del gobierno[5].

Hay todavía otros niveles de conflicto que rara vez dejan rastro documental, excepto en algún caso puntual como el de Miguela Lacot, «fabricanta de paños y bayetas de Camprodón», a la cual «una multitud desenfrenada» desmontó las máquinas de hilar y cardar. Recordando «los tristes resultados que padecieron las fábricas de Alcoy, Segovia y otras», se manda a las autoridades que vigilen y formen causa «al menor movimiento», a la vez que se encomienda al ayuntamiento de Camprodón que llame «las manos cesantes —que, por lo que se dice, parece que debían ser fundamentalmente mujeres jóvenes—, sus padres, maridos y gefes de familia en pequeño número, instruyéndoles el bien que trae el uso de las máquinas». A este texto, que se publicó, se añade otro que no lo fue, en que Calomarde recomienda que se procure dar trabajo en obras públicas «a estos brazos que claman por ocupación y abrigan, aunque callen, la inquietud y descontento a la par que su miseria[6]».

Esta historia de la realidad menuda y cotidiana debe investigarse, sin embargo, con otro tipo de documentación distinta a la de carácter político que estamos utilizando. Y, por otra parte, lo que nos interesa para entender las ideas de la reacción no es explicar cómo era el mundo en aquellos años, sino cómo pensaban que era, o como querían que fuera, los apostólicos. A éstos lo que les importaba no eran los problemas concretos de los campesinos y artesanos, sino su supuesta «inocencia», que estaban interesados en conservar, alejándoles del peligro de «discurrir». Porque, como dijo en 1825 Valentín Verasategui, diputado general de Álava: «La masa de la raza humana nació para ser gobernada, no para gobernar. Este destino sublime se halla cometido por la Providencia a la clase privilegiada, que ha colocado en las sociedades humanas sobre una prominencia a que las muchedumbres no pueden ascender sin perderse en el laberinto y escollos que encuentra en el camino».

La crítica del pensamiento de los liberales comenzaba con la afirmación de que todo lo que contenían sus libros eran barbaridades. Rousseau, que es el primer objetivo que atacan, como autor a quien se atribuyen las ideas de igualdad y del contrato social, era liquidado con argumentos burdos o con el insulto puro y simple: «Yo soy un asno, pero digo que aún lo es más Rusó, con la única diferencia de que él sabe bramar más bonito que yo». A Voltaire se le mencionaba para atribuirle cualquier disparate, e incluso un polemista cultivado, como el arcediano de Vic Joan Pau Constans, utilizaba citas inventadas o manipuladas. En una carta de 23 de mayo de 1764 Voltaire había escrito: «On leur a donné une comédie fort bonne qui a un très grand succès; mais j’aimerai encore mieux quelque bon livre de philosophie qui ecrassat pour jamais le fanatisme et qui rendit les lettres respectables». Constans traduce: «Mucho me intereso en una buena pieza de teatro, pero aprecio más un buen libro de filosofía que aplaste para siempre al infame», y una nota a pie de página aclara que «el infame» es «Jesucristo representado en su Iglesia». De la Revolución francesa se hacía una pintura grosera: aseguraban, por ejemplo, que «durante la Revolución francesa se decretó que las mujeres fuesen comunes, y que ninguna podía negarse a ningún hombre[7]».

Los libros mismos, aunque no fuesen liberales, no eran buena cosa. El Restaurador comentaba desfavorablemente la abundancia de libros en Inglaterra, utilizando el símil que compara la sociedad con un cuerpo humano: «Si el cuerpo británico es todo ojos [es decir, si todos los ingleses se dedican a leer], ¿podrán desempeñar estos todas las funciones de los demás miembros de que debe constar la sociedad para estar bien arreglada?». El padre Bou incitaba a los buenos católicos a tirar los libros al corral, siguiendo el ejemplo del cura y el barbero del Quijote, o a quemarlos en la plaza, como los cristianos de Éfeso, y un fraile que publicaba sus invectivas en Tortosa proponía un remedio más radical: los autores deberían quemarse junto con los libros «y mezcladas sus cenizas, hacerlas tragar a sus lectores». Los predicadores añadían al sermón de la montaña una nueva bienaventuranza: «Bienaventurados los que no han leído». La felicidad de los hombres se basaba en la ignorancia cristiana y en el menosprecio de «la ciencia mundana, la ciencia de la carne, la ciencia enemiga de Jesucristo, la ciencia de Satanás». Bien lo entendían los realistas que registraban los almacenes del editor Cabrerizo, en Valencia, y que, cuando daban con un libro en francés, probablemente devoto, lo lanzaban al suelo exclamando: «H… p…, estos libros malditos nos han perdido…; todos hablan contra la religión[8]».

Durante el trienio, los liberales habían expuesto y difundido razones, y algunos de sus argumentos, especialmente aquellos que denunciaban los viejos abusos, habían sido escuchados. Era necesario, por consiguiente, combatir «las aparentes razones de los impíos». Pero era necesario, también y sobre todo, combatir cualquier razón. «Así como los cuerpos humanos enferman muchas veces por lo que solemos llamar demasiada salud, de un modo semejante perecen las sociedades por un esceso de ilustración […]. La mayor parte de los hombres que componen una sociedad están destinados a pasar esta vida rápida y miserable en un continuo trabajo, que apenas les deja tiempo para leer o meditar, ¿de qué pueden servir las luces de la filosofía a todas estas gentes? Estrangeros de las ciencias, que un siglo adelante o retroceda en la ilustración sirve muy poco para mejorar su suerte o hacerla de peor condición».

Lo malo era que en los años del trienio las ideas «ilustradas» se habían extendido más de lo que esperaban: «Ningún hombre sensato podía figurarse jamás que en un reino tan católico y realista como el de España, en el breve espacio de tres años hubiesen cundido tanto las máximas antirreligiosas y antimonárquicas de la filosofía liberal». Había que extremar la censura y, si eso no bastaba, se deberían tomar medidas más efectivas.

El modelo que tenían en mente era radical y tenía implicaciones retrógradas. Y digo «retrógradas» en el sentido literal de la palabra, no sólo en el de detener, sino en el de hacer retroceder el tiempo, ya que está claro que estos reaccionarios admitían la teoría del progreso; lo que ocurría es que estaban en contra de él. «Las invasiones de los bárbaros del norte […] hicieron el grande bien de contener el movimiento inquieto de la razón demasiadamente libre. Las ciencias y las artes padecieron entonces un eclipse que duró por muchos siglos, pero esta falta de conocimientos naturales […] fue compensada felizmente por los progresos que hizo la fe del crucificado, y a proporción que fue adelantando la ignorancia de los siglos que llamamos bárbaros, fueron raros los errores y herejías».

La experiencia de lo que ocurrió en el campo de la enseñanza, a pesar de que los eclesiásticos ultras pudieron depurarla y controlarla, muestra que estos defensores de la ignorancia cristiana tenían bastantes motivos para preocuparse. Vicente de la Fuente nos ha explicado el fracaso del intento de «recatolizar» la enseñanza. No se trata sólo de que los estudiantes no fuesen lo bastante piadosos —«cosas terribles […] pudiera revelar que presencié yo mismo», como que comulgasen sin molestarse en confesar—, sino que la misma enseñanza de estos años acabó convirtiéndolos, por reacción, en revolucionarios: «Los autores del plan de 1824 se quedaron muy sorprendidos cuando, en 1832, se hallaron con una juventud hostil a la Iglesia, a pesar de haber sido educada por catedráticos católicos y con un plan altamente católico. […] La juventud educada por el piadoso plan de 1824 fue el principal apoyo de la revolución de 1833[9]».

Para contener el avance de la impiedad no bastaba con una censura vigilante, aunque fuese ejercida por eclesiásticos. Era necesario volver a disponer de un instrumento más enérgico y eficaz como la Inquisición. Al no poder restablecerla, porque el gobierno no se atrevía a desafiar a la opinión europea con esta medida, cada obispado se erigió en continuador por su cuenta de las tareas inquisitoriales, de modo que los años que van de 1823 a 1833 se pueden considerar como los del paroxismo de la persecución eclesiástica de la cultura, con 350 prohibiciones nominales de libros —que a menudo afectan a la obra completa de un autor—, aunque hay que tener en cuenta que más de la mitad de este censo lo integra una única condena en masa de obras teatrales realizada en 1829 por el arzobispo de Valencia Simón López, que tuvo la santa paciencia de prohibir por su nombre un total de 171 obras teatrales, no «liberales», sino de las que se representaban normalmente desde 1823, toleradas por la censura. Entre estos títulos hay inocentes piezas de entretenimiento, obritas religiosas y morales, al lado de obras de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Ramón de la Cruz o Moratín.

Simón López había nacido en Nerpio, hoy provincia de Albacete, en 1744. Era un oscuro miembro de la congregación de San Felipe Neri, pero su actuación en las cortes de Cádiz y su actividad de polemista ultra en el Despertador cristiano-político (1809) —donde aseguraba que libertad significa que «todo francés puede casarse y descasarse cuando quiera, y con quien quiera, aunque sea con hermanas, sobrinas, judías, moras, como hacen los animales» (!)— le valió el obispado de Orihuela en 1815. Desterrado a Roma en 1820 por su intransigencia —el propio nuncio opinaba que era de carácter áspero «e fatalmente non acompagnato dalla necesaria prudenza»—, regresó triunfalmente y fue premiado en 1824 con el arzobispado de Valencia, que conservó hasta su muerte, en 1831, durante unos años de siniestro reaccionarismo.

A su censor, el canónigo Despujol, no le debió costar mucho convencer a un hombre como él, que había manifestado en las cortes de Cádiz que consideraba el teatro como una «cátedra de pestilencia» donde la gente se divertía con «fábulas, coplas y danzas voluptuosas y afeminadas» (descripción que parece poco apropiada para El alcalde de Zalamea, que es una de las obras que prohibió con excomunión «latae sententiae»). La inconsecuencia de esta prohibición se ve con mayor claridad cuando pensamos que, en esos mismos años, la vida teatral se desarrollaba activamente en Madrid y Barcelona (donde el canónigo Avellà se contentaba con actuaciones menores, como la de censurar, en una obra titulada La negra Zinda, términos como «esclavos» o «cadenas» y, más en concreto, la expresión «más vale morir que ser esclavo»). Estos son los años en que se representan las primeras obras de Bretón de los Herreros y de Ventura de la Vega y de los grandes éxitos en España, como en toda Europa, de las óperas de Rossini[10].

Dejando a un lado el holocausto teatral de Valencia, ¿qué prohíben los obispos en estos años? Resulta evidente la intención política de su censura. Se prohíben —o se vuelven a prohibir, porque ya lo habían sido antes por la Inquisición— todas las obras del pensamiento ilustrado francés, junto a autores españoles como Martínez Marina y, sobre todo, Llorente —perseguido libro a libro y edición a edición—, además de un gran número de opúsculos y folletos liberales que no tenían nada que ver con temas eclesiásticos. Faltan, en cambio, condenas o correcciones de textos de carácter religioso, tema que no parece preocuparles demasiado. En ocasiones la naturaleza política de la censura llega a crearles conflictos con el gobierno. El arzobispo de Santiago decidió prohibir, en 1829, la Historia crítica del padre Masdeu, el Informe en el expediente de la ley agraria de Jovellanos y el Tratado de la regalía de amortización de Campomanes. Esto implicaba entrar en un terreno que afectaba a la autoridad real, de manera que Calomarde pidió a los obispos que enviasen previamente al gobierno las listas de libros que querían prohibir[11].

El terror de esos encarnizados perseguidores de las ideas llegaría a extremos de delirio. El 20 de septiembre de 1827 el consejo de Estado hacía una descripción apocalíptica de la penetración de libros y pinturas maléficas en la Península. Mejor sería cerrar por completo las fronteras y cortar todo contacto con el mundo que exponerse al contagio de la corrupción extranjera. Mientras no se hiciese esto —mientras una España que ya se había aislado en el tiempo, no se aislara también en el espacio, alejándose del mundo que la rodeaba—, el consejo recomendaba que la vigilancia se extendiese a «relieves, sellos, medallas, cajas, abanicos […] que pudieran contener alguna idea de obscenidad u otra justamente prohibida por los riesgos políticos, morales o religiosos a que inducen». El marqués de Villaverde de Limia era todavía más exigente: pedía que todos los libros extranjeros que entraran en el país se enviasen al obispo más próximo para que los autorizara o «los mande quemar inmediatamente […], sin otra apelación o juicio secular». Quería que sólo se autorizase la entrada de los «dibujos de flores», y consideraba necesario «prohibir absolutamente la de cuadros, abanicos, cajas, anillos, relojes, sellos, colchas, pañuelos y otros cualesquiera géneros […] en que se hallen retratadas o pintadas figuras humanas, o presenten emblemas o inscripciones, aunque sean de sólo iniciales». Al fin y al cabo, «no porque no se usen entre nosotros tan infernales dijes dejaremos de existir, producirá menos la cosecha, se disminuirá la gracia de nuestras bellas o la bizarría de nuestras jóvenes». Claro está que habría pérdidas económicas y que se deberían padecer «los sarcasmos a que de cierto se dará lugar, especialmente en los periódicos extrangeros»; pero «¿puede pararnos a nosotros, católicos, tan ridícula consideración, cuando se trata del mejor servicio de Dios y del rey?»[12].

Si volviera a instalarse la Inquisición, como querían los apostólicos, no sólo se podrían quemar los libros, sino a todos los que tenían algo que ver con ellos, como pedía un propagandista clerical: «Yo, tanto a los que los escriben, com a los que los imprimen, como a los que los leen, a todos los entregaría al verdugo para que les hiciese bailar el bolero», colgando del extremo de una cuerda, se entiende. La Inquisición no era sólo un organismo censor, sino una fuerza represiva controlada localmente por los «buenos», algo que estos hombres preferían a una policía estatal centralizada. Su restablecimiento, decía el arzobispo de Granada, haría «superflua la policía» (un liberal, Antonio González, diría más adelante lo mismo, pero visto desde el otro lado: «La policía se ha establecido en España para sustituir a la Inquisición»). La descentralización de las funciones de censura y represión tenía una utilidad que ya había sido señalada por Voltaire: «La razón vence en París al fanatismo, por grande que sea, mientras que en las provincias es el fanatismo el que casi siempre vence a la razón[13]».

El 5 de diciembre de 1823 ocho obispos presentaban al rey un documento en que, «como primeros centinelas de Israel», le avisaban del peligro de «las sectas» y reclamaban el restablecimiento de la Inquisición: «La nación toda, Señor, pide Inquisición. La Iglesia y el pueblo claman por ella». Uno de sus apologistas aseguraba que la Inquisición no torturaba a nadie; que su castigo consistía en «el encierro en un cuarto muy decente» y en la imposición de devociones y ejercicios espirituales, que excitaban la imaginación de los impíos y les hacían hablar, metafóricamente, de tormentos físicos.

Mientras hubo un gobierno ultra el restablecimiento parecía posible. Capitanes generales, ayuntamientos, obispos, clérigos, voluntarios realistas, etc., enviaban al gobierno «representaciones» en que pedían su restauración y el exterminio de las sectas. El Restaurador las reproducía y glosaba, y llegó a montar una compilación encaminada a hacer creer, por su extensión, que el deseo de restablecimiento era casi unánime. ¿Es que no se había visto a los murcianos pasear en triunfo a un inquisidor en medio de vivas? El odio a la Inquisición era cosa de las ciudades, no de «los herreros, los zapateros, los campesinos ni demás pobres artesanos[14]».

Hay que desconfiar, sin embargo, de la espontaneidad de estas exposiciones. Véase, si no, el caso del ayuntamiento de Barcelona, que tiene la desfachatez de hablar en una de ellas de la unánime adhesión de los barceloneses al realismo, en momentos en que El Restaurador denunciaba, no sin fundamento, que en Barcelona «se figura uno que todavía no se ha quitado la constitución, pues ni chispa de realismo se descubre en el público». Lo mismo decía el fanático Pere Josep Avellà, gobernador eclesiástico de la diócesis: «Por el aspecto que presenta esta ciudad […], cualquiera debería creer que nuestro augusto soberano gime aún en la esclavitud o bien que Barcelona no pertenece a la España». Los antiguos constitucionales paseaban tranquilamente por las calles, los milicianos conservaban armas y uniformes. En cambio, «los religiosos no se atreven a vestir sus hábitos, porque repetidas veces han sido insultados de palabra y de hecho en medio de la calle […]. Los clubs y reuniones secretas continúan del mismo modo y sólo con menos publicidad». En marzo de 1824, cuando un franciscano quiso hacer un sermón ultra, hubo un alboroto tal en la iglesia que, a pesar de la protección de los mozos de escuadra, el fraile tuvo que bajar del púlpito, llorando de rabia, sin haber podido abrir la boca. Episodios parecidos se habían producido en las iglesias de Santa Catalina o de San Justo, donde «una porción de jóvenes se estaban mofando del predicador». Esto podía suceder a consecuencia de que la ciudad estaba bajo mando francés, con una administración menos represiva, pero es evidente que el espíritu del público desmentía la unanimidad ultra que afirmaba la representación del ayuntamiento. En agosto de 1824, el sobrino del obispo de Tarazona declinaba una invitación para ir a Barcelona, debido «a las voces que por acá andan del estado de ese país[15]».

No todo se reducía a publicar representaciones. Los eclesiásticos pasaron los primeros meses de la restauración moviéndose e intrigando en los círculos de la corte, hasta que la caída de Sáez y de sus amigos cambió las cosas. Vicente Castillón, sobrino del último inquisidor general, escribía a su amigo el canónigo Llòzer, que había sido inquisidor de Barcelona: «La marcha que se observa hace creer a muchos que el tribunal no se repondrá, y los que más lisonjeramente piensan, no lo ven tan pronto como creían». Esto se escribía en enero de 1824. El gobierno había mandado a los obispos que residían en la corte que regresasen a sus diócesis y el antiguo jefe de la Inquisición se iba desalentado. ¡No habían sido capaces ni siquiera de darle un arzobispado en el reparto general de premios a los clérigos fieles! De momento el público no se daría cuenta de que se había producido un cambio político. La Gaceta de Madrid seguiría publicando exposiciones: «Inquisición, Señor, Inquisición, para que se exterminen las doctrinas heréticas y subversivas», pedían desde Rueda, mientras los voluntarios realistas del Alfoz de Bricia la reclamaban para eliminar a los liberales, «miserables alumnos de la escuela de Venus y Caco», y las mujeres realistas de Burgos querían que se castigase a los delincuentes, «sin exceptuar a los de nuestro sexo, que abundan en las capitales de provincia y pueblos numerosos[16]».

Ante las dificultades que se oponían al restablecimiento del «santo tribunal» —el gobierno sabía que, en caso de intentarlo, tendría problemas con las potencias de la Alianza y habría de enfrentarse a la reprobación general de Europa—, los obispos, expresamente autorizados por el Vaticano a través de la nunciatura, organizaron juntas de fe que, a pesar de tener un alcance diocesano, ejercían las mismas funciones que la Inquisición (y que se intentó coordinar a través de una junta superior establecida en Madrid, bajo la presidencia del patriarca de las Indias). Empezó el arzobispado de Valencia, de forma bastante disimulada, con la tolerancia de Calomarde, que dejaba hacer sin querer enterarse de lo que ocurría. El embajador francés Boislecomte escribía el 25 de mayo de 1825: «El gobierno, que no quería pronunciarse respecto del retorno de la Inquisición, dejó hacer; así se formaron en España una veintena de tribunales: el gobierno no puso dificultad alguna a las sentencias que diversos de ellos, particularmente los de Valencia y Orihuela, presentaban a su sanción».

Lo malo fue que el ejemplo se extendió y que el arzobispo Creus de Tarragona no sólo estableció su junta, sino que lo hizo con toda publicidad, por un edicto del 16 de abril de 1825 que se fijó en las puertas de las parroquias, lo que dejaba al gobierno en una posición incómoda y estimuló a otros obispos, como el de Orihuela, a proceder con la misma publicidad. El resultado de este desafío fue que se discutiera el tema en el consejo de ministros y que el 30 de agosto se ordenase la disolución de la junta de Tarragona y la retirada del edicto de su creación. Cuál fuese la naturaleza de estos tribunales nos lo muestra la trágica historia del maestro de Ruzafa, Cayetano Ripoll, que explicaremos más adelante[17].

Lo que hemos visto hasta aquí de los «programas» del bando apostólico nos permite esbozar una primera aproximación a partir de los materiales que se han expuesto. Los apostólicos reclamaban el mantenimiento intacto del absolutismo y la lucha ideológica contra las ideas modernas que identificaban con el liberalismo. No se trata de dos puntos distintos, sino de dos caras de la misma propuesta. Ni la monarquía absoluta podía subsistir sin un consenso popular que el pensamiento «moderno» habría acabado por erosionar, ni la persistencia del orden ideológico tradicional era posible sin un apoyo que sólo le podía dar la monarquía absoluta. No porque, como sugiere erróneamente la palabra que lo designa, el absolutismo fuese un régimen fuerte y centralizado, capaz de mantener por sí mismo el control de la sociedad española, sino más bien por lo contrario, porque era un sistema laxo, una pirámide de poderes delegados que dejaba en manos de las oligarquías locales el control de su entorno, como en los buenos tiempos del feudalismo.

Cualquiera que haya estudiado la administración del estado absoluto a comienzos del siglo XIX sabe lo débil e ineficaz que era, y ha podido advertir que el país estaba fragmentado: era un conglomerado de unidades locales sin más cemento unificador que la sumisión nominal al mismo déspota coronado, ungido por Dios por mediación de su Iglesia. Y digo «nominal», porque está claro que los que ejercían la autoridad en su nombre no estaban dispuestos a aceptar que el soberano «absoluto» pretendiera modificar las reglas establecidas. Federico Rubio explica que, hacia 1828, un militar absolutista le decía a su padre: «El régimen absoluto tiene sus ventajas, y una de ellas es que cada autoridad puede hacer lo que quiera, sin darle cuenta a nadie[18]».

Esto nos obliga a hablar, aunque sólo sea por encima, de la suposición de que frente al poder real haya habido una especie de contrapoder en la sombra, como la de una «junta apostólica» cuya existencia se vio obligado el nuncio a desmentir públicamente. La verdad es que había sociedades secretas absolutistas que conspiraban —las vimos nacer en 1823— y que en algunas ocasiones podían llegar a asociarse para un objetivo concreto; pero no existía nada que se pareciese a una organización centralizada. Cuando tengamos que hablar de los intentos de conspiración ultra, veremos hasta qué punto les perjudicó esta carencia de una dirección comúnmente aceptada. Fueron seguramente los propios ultras los primeros interesados en hacer correr fábulas sobre una junta apostólica que lo controlaba todo —fábulas que en alguna ocasión estuvieron a punto de ser tomadas en serio incluso por personas bien informadas, como el embajador francés Boislecomte— para fomentar el clima de terror en sus enemigos y parecer más fuertes de lo que realmente eran. Resulta una lástima haber de renunciar a estas historias góticas que nutrieron novelas como los Misterios de las sectas secretas o el francmasón proscrito, pero dedicarles atención sería perder el tiempo[19].

El instrumento básico del poder local eran los voluntarios realistas, como brazo armado que controlaba el orden social y completaba un programa que habitualmente se expresaba en estos términos: rey absoluto o «absolutísimo», Inquisición y voluntarios realistas. Nos toca echar una ojeada a este tercer elemento.

Mientras las tropas francesas avanzaban España adentro, las diputaciones vascas, que recuperaban ahora el poder que les había arrebatado la abolición del régimen foral en 1820, creaban cuerpos de «naturales» o «paisanos armados», integrados por voluntarios que se encargarían inicialmente del mantenimiento del orden y de la persecución de los liberales. En el caso concreto de las provincias vascas, las diputaciones se negaron a someter estos cuerpos provinciales a la autoridad de los capitanes generales, con lo que crearon lo que se ha definido como «un instrumento de contrarrevolución», a la vez que un apoyo fundamental para el mantenimiento del poder foral. En la medida en que esto separa la evolución de estos cuerpos de la del resto de los voluntarios, no seguiremos aquí su trayectoria, que ayuda a entender que se haya podido decir que «la historia de la década ominosa es, para las provincias exentas, la historia de un fortalecimiento».

Pero al mismo tiempo que los cuerpos armados vascos se formó en el pueblo de Ezcaray, en la Rioja, un cuerpo de «Voluntarios del rey», a imitación de los milicianos nacionales del constitucionalismo, que empezó a dedicarse a la caza y captura de liberales. El 8 de mayo, el capitán general de Castilla la Vieja felicitaba al ayuntamiento por la actuación de estos hombres y aprobaba un reglamento provisional para las tres compañías que se habían formado. Este reglamento interino, aprobado por la junta de Burgos el 14 de mayo, serviría de base para las «reglas que deberán observarse para la formación de cuerpos de voluntarios realistas», publicadas por la regencia el 10 de junio de 1823. De acuerdo con estas normas, los voluntarios actuarían como un cuerpo de policía local, cuya misión era mantener el orden en el interior de las poblaciones, patrullar, hacer guardia e intervenir «en los incendios, quimeras y otros acontecimientos que puedan producir algún desorden popular». Estarían a las órdenes directas de los corregidores y de los ayuntamientos respectivos, y bajo la autoridad suprema de los capitanes generales. De todas formas, los voluntarios se veían como una solución provisional, «hasta que S. M. se digne resolver lo conveniente para la seguridad interior de sus pueblos, o hasta que la regencia del reino considere justa su cesación[20]».

Había, no obstante, una grave contradicción entre esta aceptación provisional de los voluntarios por parte de la regencia y la medida, publicada dos días antes, que creaba una Superintendencia general de vigilancia pública para todo el reino, cuya finalidad era «precaver y evitar todo extravío», vigilar y detener a los revolucionarios y entregar pasaportes. Las atribuciones de una y otra institución se confundieron desde el principio y los policías se quejaron a menudo al ver que los voluntarios encarcelaban por su cuenta y extendían salvoconductos. La oposición que los ultras hacían a la policía llevó a su superintendente general, Mariano Rufino González, a quejarse en septiembre de 1824 de «las noticias que me llegan de todas partes de que entre la policía y las otras corporaciones no hay generalmente sino rivalidades odiosas, choques funestos, oposición abierta y escandalosa[21]».

Las oligarquías locales preferían a los voluntarios, más fáciles de controlar que una policía estatal centralizada, y propusieron desde el comienzo la creación de una policía «autónoma» formada por los voluntarios, que funcionaría de abajo arriba, escapando al control de las autoridades provinciales y de los capitanes generales. El 22 de septiembre de 1823 el cura y el comandante de los voluntarios de Ezcaray, el pueblo donde se puede decir que se había fundado la institución, pedían que se crease una especie de ejército paralelo, independiente de las autoridades militares, nombrando «del seno de los mismos voluntarios, comandantes de batallón o distritos que comprendan los voluntarios de otros pueblos; comandante de provincia, que pueda reunir y dirigir las fuerzas de todos los voluntarios de la dicha, con dependencia inmediata y exclusiva del comandante general, que no conozca otra autoridad que la del rey, y, en su ausencia, de la regencia[22]».

Los ultras iniciaron muy pronto una campaña para afirmar la superioridad de los voluntarios respecto de los funcionarios estatales de policía. Los voluntarios eran hombres de bien, con frecuencia reclutados y adiestrados por los curas de los pueblos, y tenían la ventaja de no costar nada a las finanzas reales. El Restaurador dijo que el cuerpo de los realistas podía llegar a más de un millón en medio año y que «el gobierno tendría en él, sin costarle un cuarto, al mismo tiempo que un ejército invencible, otros tantos espías pagados cuantos fuesen los realistas, sus parientes y amigos».

La verdad es que en la fecha prevista, al cabo de medio año, no pasaban de 70 000, y que en el momento de su apogeo, en 1832, eran unos 284 000, casi la mitad de ellos sin armas ni vestuario, y que su distribución era muy irregular: más de las tres cuartas partes se encontraban en las dos Castillas, Galicia, Granada y Valencia. En Cataluña había poco más de diez mil —y cuando llegó el momento de pedirles que actuasen, en la guerra de los Agraviados, fueron muchos los que se escabulleron—. Llauder afirmó que «el conde de España con todo su poder […] no pudo lograr en Barcelona alistar en la milicia de voluntarios realistas más que el número de empleados por el ayuntamiento en encender los faroles y empedrar las calles». En Navarra y el País Vasco eran prácticamente inexistentes, ya que su papel lo hacían las brigadas de «paisanos armados» dependientes de las autoridades provinciales. «En la ciudad y el distrito de Cádiz no se había podido encontrar más que ciento ochenta voluntarios realistas. Este mismo distrito había proporcionado seis mil milicianos voluntarios a la constitución». En las islas Canarias no se habían enrolado más que unos cuantos funcionarios[23].

No era verdad que no costaran nada. Había que equiparlos, armarlos y remunerar los servicios de aquellos que no tenían bienes de fortuna, que eran la mayor parte. La única ventaja que tenían al principio era que no iban uniformados, ya que sólo llevaban una escarapela distintiva (pero, más adelante, esto cambiaría). Su mantenimiento debían pagarlo los pueblos; una real orden de 24 de abril de 1824 disponía que cada vecino cabeza de familia que no estuviese inscrito en los voluntarios, exceptuando sólo a los jornaleros, pagase mensualmente 4 o 6 reales de vellón, según su fortuna, «para proporcionar el equipo y armamento de aquellos beneméritos cuerpos en quienes descansa la seguridad del trono y el estado».

Una ojeada a las documentaciones municipales nos permite seguir el problema de su financiación. Los gastos de sueldos, equipamiento y armas de los voluntarios no eran pequeños, de manera que hubo que buscar arbitrios de donde saliese el dinero. En Lleida, por ejemplo, se hizo al principio una lotería forzosa, cuyos billetes había que comprar de manera obligada, pero la autoridad superior lo prohibió en 1825, en atención a la crisis económica existente. En ocasiones se intentó pagarlos a partir del 20 por 100 de los ingresos de los «propios» que se quedaba la hacienda central, pero esta fórmula fue prohibida, puesto que equivalía a cargar los gastos al gobierno de manera indirecta. No se autorizaron tampoco los intentos de imponer derechos sobre la exportación de plomo o de pescado, o de talar encinas y vender la leña. Los arbitrios que se aplicasen, fueran los que fueran, debía aprobarlos el gobierno.

Muchas ciudades acabaron resolviéndolo con derechos de puertas o gravando los precios de algunos productos —en general la carne, el vino o el aceite—, mientras que en los pueblos pequeños se hacía un reparto y los ayuntamientos se las arreglaban para obtener más recursos, que en algunos casos sabemos que salían directamente de los fondos de los propios, en perjuicio de todos los demás servicios locales que había que atender con ellos. Cuando no conseguían cubrir lo que se les pedía, buscaban soluciones diversas: en Adra, por ejemplo, se autorizó al pueblo a hacer tres «corridas» en 1827 en beneficio de los voluntarios.

La carga económica que los voluntarios representaban para los pueblos, añadida a la violencia incontrolada con que actuaban, explica que los obispos avisaran al gobierno de los riesgos causados por su «celo acalorado y tal vez sanguinario» y que el capitán general de Extremadura reconociese que los pueblos despotricaban de los voluntarios, se esforzaban en «hacer odioso un cuerpo respetable» y se resistían a pagarlos[24].

Pasados los primeros momentos de exaltación, no fueron sólo razones ideológicas las que permitieron mantener el reclutamiento de estas fuerzas. Había unos estímulos de orden social, como su relativa asimilación a los militares (en 1825, en ocasión de que un voluntario de Écija mató a un hombre en la calle, cuando iba a comer, se aclaraba que los voluntarios realistas «gozan de fuero militar en las 24 horas que dura el acto de servicio de guardia», lo que significaba, sin embargo, que este voluntario de Écija sería ejecutado, al no estar de servicio en el momento en que cometió el delito). Había que contar además con unos sueldos que aseguraban unos ingresos mínimos a los jornaleros sin trabajo o a los que preferían este trabajo de policía al de labrar en los campos, sin olvidar las ventajas que se daban a los miembros del cuerpo y que permiten explicar el milagro de que saliesen realistas incluso en pueblos notoriamente liberales. Bofarull nos ha explicado el caso de Reus: «Si bien hay que reconocer que no dejaría de haber en todas las clases partidarios del rey, como no eran suficientes para llenar sus filas, se empleaba un recurso ingenioso, que consistía en no dar ni permitir cargo público alguno que dependiese del ayuntamiento, por humilde que fuese, sin imponer la condición de haber de ser realista, esto es, de tomar el arma en el batallón de éstos. Quien quería ser pregonero, guarda de los paseos, sereno, encendedor de faroles, barrendero o incluso sepulturero […] no tenía más remedio que alistarse en el batallón».

Una descripción alternativa de los realistas de Reus, llena de prejuicios burgueses, nos da un cuadro despiadado de su composición, haciendo, no obstante, una distinción entre el mando y la tropa: «Este batallón está compuesto de ricos propietarios, hombres chapados a la antigua, chocolateros, cereros y expendedores de bulas, que se habían nombrado ellos mismos oficiales; andadores de cofradías y sacristanes de monjas, que se llamaban cabos y sargentos, y la gente de fusil al hombro se componía de ignorantes y estúpidos payeses reclutados en las huertas de Miró y en la de los conventos franciscanos y carmelitas. La gente menuda, con sus pitos y tambores, había salido de las sacristías. Todos ellos eran rapacuartos y rapavelas. El Reus culto, ilustrado, industrial y comercial brillaba por su ausencia[25]».

Esta milicia de composición popular, turbulenta e indisciplinada, alarmó muy pronto a la gente de orden. Adolphe Blanqui escribió: «el populacho, más numeroso y más feroz en España que en ningún otro país de Europa, forma la milicia de los conventos, está a sus órdenes, vive de sus limosnas y no quiere comprender nada que altere sus hábitos de pereza y la hora de sus comidas». Un tránsfuga del liberalismo como Miñano pensaba que los voluntarios eran un peligro social ya que entre ellos «hay más de nueve décimas partes de anarquistas».

La percepción más aguda nos la proporciona el embajador francés Boislecomte en un extenso informe de 30 de agosto de 1824, donde, refiriéndose a los voluntarios de Madrid, decía: «Los cuadros de estos batallones se han llenado rápidamente de una masa de proletarios que han alejado de ellos a las personas de una existencia regular; los principales señores se han comprometido a enviar a los criados; para aumentar la inclinación de las clases bajas a entrar en ellos, se da oficialmente el título de don a aquellos que se alistan, y sólo conservan este título durante el tiempo en que forman parte de los mismos. La condición de un gran número de los que entraban ha obligado al gobierno a proveer a muchos el coste del vestuario y, con el fin de subvenir a este gasto, se ha tenido que poner un impuesto sobre la entrada de diversos productos introducidos en esta capital. Una milicia formada de ese modo no tarda en señalarse por un espíritu inquietante respecto de las clases más elevadas […]. Para caracterizar mejor el espíritu que las anima, bastará con citar una circunstancia que se ha repetido diversas veces y es que un voluntario realista que se pelea con otro individuo, encuentra natural ir a buscar su uniforme y regresar a arrestarlo. Se podría hacer todavía mención de un hecho poco importante por él mismo, pero bastante característico: en un incendio que estalló hace algunos días en Madrid, los voluntarios que estaban de servicio dejaban circular tranquilamente a la gente que vestía modestamente, y obligaban a llevar agua a quienes vestían de frac, diciendo “que era necesario que los señoritos trabajasen”. Sería fácil mencionar otros rasgos que muestran en este cuerpo una alianza bien peligrosa de un realismo exaltado y del espíritu democrático más bajo[26]».

Hay que ir con mucho cuidado, sin embargo, al analizar un fenómeno tan complejo como este del realismo popular. No basta con considerar que sus miembros estaban movidos por un estímulo ideológico y que eran «víctimas de la seducción clerical», o «filósofos cristianos», según se les califique desde uno u otro lado, ni tampoco con verlos como asalariados que buscaban únicamente un sueldo o un cargo municipal. Las dos cosas tienen su importancia. La alianza con el clero les daba la sanción ideológica que justificaba incluso los asesinatos más brutales. La certeza de una ganancia les permitía entregarse a la tarea y atenuaba las dificultades de una subsistencia basada en el trabajo ocasional. Pero había, además de esto, un fermento de populismo elemental, de enfrentamiento de los pobres contra los ricos, identificados con la burguesía liberal, que en algunos casos aparece de forma nebulosa, como una reacción primitiva contra las violaciones de la «economía moral» tradicional, pero que en otros se manifiesta en la lucha práctica por el control del poder local. No es tampoco un fenómeno insólito, ni específicamente hispánico. Por estos mismos años una parte de las clases populares urbanas de Toulouse o de Marsella, perjudicadas por la crisis económica general y conscientes de que el viejo orden les proporcionaba algún remedio en forma de limosnas de los conventos y de oportunidades de trabajo al servicio de los señores, ponían su esperanza en un realismo nostálgico.

Lo que resulta incorrecto y trivial, en cambio, es confundir esta movilización popular con la que había conseguido, pocos años antes, el liberalismo. Tal vez Fernando VII creyese que los voluntarios realistas no eran mejores que los milicianos nacionales —«los mismos perros con distintos collares», habría dicho, según la tradición—, pero a la hora de la verdad persiguió a los nacionales y protegió a los realistas.

El tipo de conciencia que movía a estos dos grupos humanos tenía algunos elementos en común, que explican afirmaciones como la de Mañé i Flaquer: «La restauración realista de España dejó en pie la revolución, cambiándole solamente la bandera, creando una demagogia realista en sustitución de la demagogia ultraliberal del régimen caído». Pero había muchos rasgos que les diferenciaban. Los unos se sentían partícipes de un proyecto de transformación social que estaba triunfando en el resto de Europa —y tardarían bastante tiempo en darse cuenta de que sólo habían sido llamados para que participasen en la lucha, pero no en el reparto posterior de las ganancias—; los otros, los realistas, estaban guiados por un sueño populista que les llevaba a mirar hacia atrás, hacia la recuperación de un pasado idílico que nunca había existido (tan ilusorio como el futuro de igualdad que esperaban alcanzar las capas populares liberales). Hay que evitar confundirlos, sin perder de vista lo que tenían en común[27].

Habría que considerar de manera muy especial el caso de los campesinos, y utilizo ahora esta palabra como una primera aproximación, que hay que matizar, para designar sobre todo a los pequeños cultivadores, que parecen formar la base misma de los ejércitos ultras, tanto del ejército de la fe de 1822-1823, como de los Agraviados o de los carlistas. Está claro que el fenómeno de la revuelta campesina necesita un análisis mucho más afinado, que hay que hacer en otro momento y en otro nivel, a escala internacional, y en una dimensión temporal mucho más amplia, que incorpore los complejos efectos de la crisis agraria europea, que hizo que los precios del trigo en la Europa central y occidental cayeran casi a la mitad entre 1813-1817 y 1825, igual que ocurrirá con la mayor parte de los productos agrarios. Una caída de los precios que podemos ver tanto a escala general como en la más pequeña, por ejemplo en las cuentas de la familia Brugués, de Castellolí, que nos muestran que el vino que en 1818 habían vendido a 21 pesetas la carga tuvieron que venderlo a 4 pesetas en 1825. Habrá que tener en cuenta, además, las diferentes formas en que los diversos grupos de campesinos reaccionaron ante esta situación.

Sería un grave error tratar la revuelta campesina como un apéndice de las conspiraciones apostólicas. Entre los dirigentes de éstas y los campesinos hay, simplemente, coincidencia en la lucha contra un enemigo común: los gobiernos, liberales o absolutistas, que mantienen el nivel de las cargas tributarias sobre el campesinado en unos años en que los precios de los frutos de la tierra están descendiendo de manera incesante, y con ellos bajan los salarios agrícolas y el valor de la tierra.

Ayudaría a establecer esta coincidencia el hecho de que los campesinos, siendo un grupo social con dificultades para crear formas organizativas propias y para formular sus reivindicaciones en términos de un programa político, encuentran una gran ventaja en el aprovechamiento del aparato organizativo de los ultras y en la adopción de la cobertura ideológica que les da la Iglesia. Solos no podrían llegar más que a organizar revueltas locales; encuadrados por los ultras llegarán a protagonizar una guerra civil a la cual la Iglesia dará un carácter de cruzada.

El drama de los campesinos reside en su aislamiento. Que los liberales —con la única excepción de unos cuantos agraristas a quienes nadie ha escuchado— no entendieron sus necesidades lo revela la ineptitud de la política agraria que hicieron, condicionada también por los intereses de los propietarios.

Una muestra de esa incapacidad de comprenderlos nos la dan las Cartas bornesas de Telesforo Trueba y Cossío, escritas en Bornos, cerca de Cádiz, en el verano de 1824. Trueba era un liberal que se había escondido en este pueblo en plena ofensiva de la represión y que no conseguía entender a aquella gente que se burlaba de sus modales ciudadanos y de su forma de vestir. «Sus habitantes son gentes exclusivamente dedicadas al campo o, por mejor decir, a nada, estando una gran parte del año con los brazos cruzados por no tener en qué ocuparse, de lo que nace el gran estado de miseria en que se hallan; miseria que sólo puede encontrar creencia en los ojos que la han presenciado. Esta miseria está seguida de su compañera inseparable la ignorancia, y ésta, por supuesto, lleva tras de sí a sus dos hermanos predilectos, el fanatismo y la superstición. De este modo en las palabras miseria, ignorancia, superstición y fanatismo está encerrada la historia de Bornos».

No se trata de hablar específicamente de Bornos, una población de la cual nos dará Fernán Caballero, unos años más tarde, una imagen idílica, sino del campo español en su conjunto, tal como lo ven y sienten los liberales. Ante los problemas presentes lo único que se les ocurre es «ilustrar» la ignorancia de los campesinos por medio de la propaganda política, como si de este modo el círculo vicioso de las cuatro palabras que señala Trueba —miseria, ignorancia, superstición y fanatismo— se pudiese romper y conseguir con ello que mejorase la situación de los campesinos. No parecen darse cuenta de que el punto por el que hay que atacar el ciclo es el de la miseria y, cuando se dan cuenta de ello, les paraliza el miedo a enajenarse a los terratenientes que se han unido al liberalismo para luchar en defensa de la propiedad. No han conseguido escuchar lo que Ranahit Guha llama «las voces bajas de la historia». Si hubiesen sido capaces de oírlas por debajo del ruido retumbante de las disputas entre liberales y absolutistas, se habrían dado cuenta de que esta voz expresaba unas reivindicaciones coherentes que nada tenían que ver con su debate[28].

Porque tampoco se puede decir que los apostólicos les entendiesen. Un «teórico» ultra define las relaciones feudales como «pactos dulces y humanos, protestas o seguridades de prestarse mutuamente ayuda el poderoso y el pobre». Argumentos como este hubiesen tenido muy escasa eficacia con unos campesinos que, pese a luchar por la fe, se resistían cada vez más a pagar los diezmos. Los textos de propaganda dirigidos a «campesinos y menestrales» se limitan a poca cosa más que a criticar la mala política de los liberales, y muy en especial la dureza de los impuestos, pero no plantean ningún programa de cambio. Apenas si aciertan a ofrecer argumentos tan irrelevantes como el de pretender que hay signos del cielo que indican que éste favorece a los absolutistas. Por ejemplo, la lluvia que ha seguido a la sequía del trienio: «La constitución ya está en el infierno, y lo mismo ha sido que cayese y que el cielo nos haya dado lluvia; la tierra promete muchos frutos; ya tenemos rey, tenemos Papa, las cosas mudan de rumbo, todo vuelve a su equilibrio y confio en que, dentro de poco tiempo, todo irá tan bien que no sabremos qué desear».

Lástima que al verano siguiente volvió la sequía y se arruinaron de nuevo las cosechas. La ilusión de una protección celestial duró poco. Los dos primeros años de retorno al absolutismo fueron desastrosos, de sequía y de hambre, y en los siguientes hubo inviernos de frío extremo y todo tipo de desastres. En la visión y en el recuerdo de los campesinos las cosas se mezclan: la constitución ha sido un mal; pero en los años posteriores la situación no ha mejorado: «Según como vienen muchos años, visto el año 1808, habiendo pasado guerras, trabajos y miserias, y constitución, no hemos experimentado más que castigos del cielo sobre la tierra; sequías y heladas, vientos y granizo. Se llegó a que la tierra no produjese frutos por no querer llover, al contrario. Sí, hijos míos, era así. Muchas veces se habría visto correr nubes con signos casi de lluvia y todo se convertía en borrascas y vientos, años secos y estériles. Hubieseis visto algunos lugares, algunos parajes de las haciendas: los trigos se herrumbraban, otros se escaldaban en la cabeza de la espiga por demasiado viento de levante; otros, fallidos de la espiga por la poca lluvia; quedaban los trigos cortos y apenas si podían espigar[29]».

El caso de los campesinos, hay que insistir en ello, no se puede explicar en el tiempo corto de este análisis de la segunda restauración, ni tampoco, mucho menos aún, a partir de los argumentos del debate político e ideológico que enfrentó a absolutistas y liberales. Participaron en estas luchas, pero su guerra era otra, en la que intervinieron, a largo plazo, con su propia revolución silenciosa que les llevó a roturar nuevas tierras y a defraudar en el pago de los derechos señoriales y del diezmo. Quedémonos, pues, con lo que hemos calificado como el bando apostólico, en términos generales, que incluye sólo subsidiariamente a los campesinos.

Si tuviéramos que hacer un intento de generalización, una arriesgada aproximación —que debe considerarse, simplemente, como un punto de partida— acerca del tema de la participación de las masas populares rurales y urbanas al lado de los apostólicos, podríamos decir que buena parte de los grupos que colaboraron se componían de marginados de las transformaciones económicas que se estaban produciendo en aquel tiempo: artesanos sin trabajo a causa de la competencia de la producción industrial moderna (como las mujeres que las máquinas habían dejado sin trabajo en Ripoll), campesinos arruinados por la crisis agraria, «proletarios», como se les llama en la época, que añoraban los auxilios a la pobreza que el viejo orden les garantizaba… No formaban un movimiento revolucionario, porque no tenían un programa propio encaminado a transformar la sociedad en que vivían con el fin de implantar otra mejor. La Iglesia, el Antiguo régimen y ellos tenían en común la enemistad hacia el orden liberal burgués que no había aportado respuestas a sus problemas. Pero si aceptaban la retórica política de la contrarrevolución, la teñían con matices populistas de enfrentamiento de los pobres contra los ricos. El proletario que se alistaba en las filas de los voluntarios realistas pasaba a ser más importante que los ricos del pueblo, y podía llegar a intimidarles. El realismo le daba, como mínimo, un sueldo, armas, algún poder y un nuevo sentido de dignidad.

Capítulo 6
LA FRACTURA

El día 19 de noviembre de 1823 —a los pocos días del retorno del rey a Madrid— se creaba «un consejo que se denominará de ministros». El primero y más apremiante de los problemas que había de resolver este gobierno era el de las exigencias políticas de las potencias de la Santa Alianza. Los gobiernos aliados veían con disgusto la actuación de Fernando, que no había hecho caso de los consejos de moderación que se le habían dado. Les preocupaba su irresponsabilidad porque querían que España se estabilizase, acabando con la secuencia de fases de despotismo y revolución que padecía desde 1808, y que dejase de crear problemas al equilibrio y la paz de la Europa de la Restauración. En las instrucciones que el zar Alejandro le había dado a Pozzo di Borgo en junio de 1823, antes de que Fernando fuese liberado, ya se insistía en que, en beneficio de la estabilidad de Europa, era necesario evitar que el rey cometiese el error de volver a gobernar despóticamente, como lo había hecho de 1814 a 1820. Para conseguirlo había que organizar el país política y administrativamente, rehacer su hacienda (para lo cual se debería contratar un buen empréstito) y formar un nuevo ejército, ya que el viejo se había puesto al lado de la revolución[1].

Sobre la forma política que debía adoptar el régimen había discrepancias. Los franceses hubieran querido un sistema de carta otorgada, parecido al de la monarquía de Luis XVIII, pero tropezaban con el horror de los ultras españoles a todo lo que sonase a constitución y cámaras, y con la oposición de las otras potencias absolutistas. Como alternativa a la carta proponían la restauración de las viejas cortes estamentales, convencidos como estaban de que no se podrían poner en funcionamiento sin una profunda actualización, ya que, como decía Martignac, «a penas se sabe, o al menos apenas se dice, cómo se forman». Pero ni siquiera eso consiguieron que se aceptara[2].

La actitud inmovilista que parecían favorecer «las potencias del norte» —como se acostumbra a denominar el ala derecha de la Santa Alianza, integrada por Austria, Rusia y Prusia— tenía muchos partidarios en España, empezando por el propio rey, y Villèle temía que el embajador ruso en París, Pozzo di Borgo, quisiera utilizarlo contra los franceses, con el fin de restablecer la influencia que los rusos habían tenido en Madrid antes de 1820, cuando era embajador Tatischeff.

Por la importancia que va a tener su gestión, conviene decir algo acerca de este personaje complejo y enigmático que es el conde Carlo Andrea, o Charles-André, Pozzo di Borgo. Nacido en Córcega en 1764, había sido amigo personal de Napoleón, hasta que en 1793 se enfrentaron a causa de la política de la isla, que tenía a Pascal Paoli como dirigente moderado, mientras que los Bonaparte se mostraban cercanos a las ideas más radicales de la Revolución francesa. Para defenderse, Paoli llamó a los ingleses y durante casi tres años, de 1794 a 1796, se mantuvo un reino anglo-corso como protectorado de Gran Bretaña, con Pozzo como presidente del consejo de Estado. Los Bonaparte, considerados como traidores a la causa de la independencia, tuvieron que abandonar la isla: «Questo paese no e per noi», diría Napoleón, al decidirse a hacer carrera en Francia, pero en 1796 consiguió conquistar la isla, excluyó a Pozzo de la amnistía y mandó secuestrar sus bienes. Entonces empezaron para Pozzo unos años de exilio y de persecución por parte de Napoleón, incluso después de que en 1805 hubiese entrado al servicio del zar Alejandro (fue embajador de Rusia en Francia de 1814 a 1835, y pasó después con el mismo cargo a Londres). En la lucha de Pozzo contra su viejo amigo y ahora encarnizado perseguidor —al cual, sin embargo, nunca menospreció, sino que le definía como «un ser inmenso e incomprensible, un fenómeno que no se volverá a reproducir»— fue éste quien acabó ganando la partida: estuvo al lado de Luis XVIII durante su segundo exilio y contribuyó a reforzar la cautividad de Napoleón en Santa Elena. Pozzo era, como Napoleón, un hombre complicado. Temperley nos dice que «en su temperamento Sancho Panza se mezclaba con Don Quijote, y era tan capaz de ideales elevados como de bajos motivos [como el de enriquecerse especulando en la Bolsa con información privilegiada, como parece que hizo con la deuda española] o de puntos de vista extremos. Su principal defecto era su gusto desordenado y su habilidad para la intriga». Tanto Chateaubriand como Metternich le temían y le odiaban. El canciller austriaco le acusaba de tener una enemistad mortal contra Austria, y en parte contra Inglaterra, y creía que era el inspirador de la política francesa (como tantas otras veces, se equivocaba).

La verdad es que a los rusos les importaba menos España que el mantenimiento de la Alianza, con la que contaban para la resolución de los problemas de Oriente. Pozzo di Borgo había recibido del zar instrucciones de colaborar en la realización de los propósitos comunes de los aliados en España, que se definían en cinco puntos: 1) nombrar un gobierno que pudiese inspirar confianza, 2) crear un consejo de Estado para llevar a cabo las reformas administrativas necesarias, 3) restablecer las finanzas públicas, 4) licenciar el viejo ejército y organizar uno nuevo y 5) publicar una amplia amnistía. Conviene que se entienda que a las «potencias del norte» no les importaban tanto los aspectos políticos —la carta, las cortes— como la reorganización administrativa, que se podía llevar a cabo dentro del absolutismo más estricto, con un consejo de Estado como asesor que ayudase a poner en marcha, desde arriba, las reformas oportunas. El problema sería que el rey de España —que no tenía las ideas lo bastante claras como para asumir el papel de «déspota ilustrado»— entendería el consejo de Estado como un organismo asesor político, lo que lo inutilizaría como instrumento de «modernización».

Pozzo actuó cumpliendo lealmente con los objetivos comunes de las potencias, pero lo hizo por su cuenta, valiéndose de un viejo agente de las influencias rusas, Antonio de Ugarte, nacido en Pancorbo en 1766 —tenía ahora, por tanto, cincuenta y ocho años—, que había empezado en Madrid como criado («mozo de esportilla») y había sido sucesivamente maestro de baile, agente de negocios y hombre de confianza de Fernando VII, actuando siempre a sueldo de los rusos. Ugarte tenía en estos momentos la plena confianza del rey, quien le había nombrado secretario del consejo de ministros y le consultaba todos los asuntos políticos[3].

El 13 de octubre de 1823 se había celebrado en París, en presencia de Chateaubriand, una reunión de embajadores de las potencias donde se decidió que los respectivos soberanos contestaran a las cartas de agradecimiento que les haría Fernando con admoniciones a la moderación, parecidas a la de Luis XVIII, que le diría: «Creo que un decreto de amnistía sería tan útil a los intereses de Vuestra Majestad como a los del reino». Pozzo partió hacia Madrid al término de la reunión, «enriquecido» con los consejos de Chateaubriand: «Predicad la moderación y no temáis que el temperamento español abuse de ella. Tratad de que se haga en Madrid algo que se parezca a los actos de un pueblo civilizado[4]».

Chateaubriand hacía, mientras tanto, su política personal, convencido de que una cosa eran los embajadores de la Alianza, a quienes correspondía dar consejos, y otra los ocupantes franceses, a quienes tocaba dar órdenes a unos españoles de los que siempre hablaba con menosprecio. En el caso del ministro confesor, por ejemplo, lo que realmente le preocupaba no era la persona de Sáez, sino que fuese obediente. Había que amenazarlo con retirar las tropas francesas: «¿Qué será del confesor, de los inquisidores y de todo el resto, si nos retiramos al otro lado del Ebro?» (una frontera que hace pensar mal, o bien de las intenciones, o bien de los conocimientos geográficos de Chateaubriand). De esta forma, no sólo se le haría moderar la violencia, sino que se conseguirían las reivindicaciones francesas que, además de los objetivos comunes de los aliados, incluían la fijación de una compensación económica por la intervención. Convencido de su omnipotencia, el ministro francés se dedicaba a dar consejos impertinentes al embajador Talaru —«Portaos bien, excepto con los españoles, a los cuales hay que hablar como un amo. Sois un auténtico rey, ya que disponéis de 48 000 hombres»— y le invitaba a cambiar el gobierno, si no le gustaba. Sabemos que, en efecto, Talaru preparaba un nuevo gobierno español en el que figurarían el arzobispo de Tarragona, el general Castaños y otras personas más o menos moderadas. Ya había realizado algunas gestiones y había comunicado su proyecto al gobierno francés, cuando se vio sorprendido por el nombramiento del ministerio que había montado Pozzo, que entretanto había llevado a cabo por su cuenta la política que se había acordado en París, sin aspavientos y con eficacia[5].

Pozzo había llegado a Madrid a finales de octubre y había obtenido una audiencia pública de Fernando el 15 de noviembre, en la que pronunció el discursillo que se suponía que debía decir, con admoniciones a la prudencia y a la moderación, al cual contestó Fernando, como también era previsible, diciendo que se estaba ocupando de redimir «a sus pueblos» de los males que les habían oprimido. Esto era lo que aparecía en los periódicos. Pero mientras tanto, Pozzo mantenía una serie de entrevistas secretas con Sáez y con el rey, que le permitieron darse cuenta de que era difícil entenderse con el confesor y que convenía sustituirlo[6].

Las potencias no querían un «gobierno de frailes» presidido por un canónigo (el duque del Infantado, en cambio, le decía a un diplomático extranjero que sólo en el clero había gente capaz y honrada para «hacer de ministros» y se quejaba a Boislecomte de que «vuestro gobierno no quiere obispos en la política»). Esta oposición a la participación activa del clero correspondía a una óptica conservadora, como la que expresaba en Francia por estos años el conde de Montlosier, aristócrata ultra y hombre atormentado —había sido amante de la esposa de su hermano mayor, que acabó suicidándose—, que denunciaba «el sistema de invasión de los clérigos» con argumentos estrictamente conservadores, ya que les acusaba de organizar a «las clases inferiores de la sociedad», como de hecho estaba ocurriendo en España[7].

Fernando, que parece que en aquellos días se encontraba enfermo, acabó cediendo a las presiones, dejó que Pozzo di Borgo le hiciese un nuevo gobierno y aceptó también establecer un consejo de Estado. Sabemos cómo sucedieron estas cosas porque se ha conservado entre los papeles de Ugarte —que, como se ha dicho, era secretario del consejo de ministros— un acta de la reunión que el 30 de noviembre por la noche tuvo Pozzo con el rey. Merece la pena resumir su contenido: «Primeramente contó Pozzo di Borgo cómo le había dicho esta mañana a Sáez que debía dejar el ministerio, haciendo dimisión de él y al mismo tiempo el confesionario». Había que hacerlo con rapidez, «y que así podía hacerlo S. M. mañana mismo, llamando a Salazar y dándole los decretos para que los comunicara». Convenía que el rey llamase seguidamente al embajador francés y le dijese: «“Ya he mudado el ministerio, nombrando a fulano y zutano”; que se lo decía S. M. para que supiera que eran los deseos de la Francia, y que el mismo embajador conocía que no podía estar un cura en el ministerio. Añadió Pozzo di Borgo que daba este consejo para que no se incomodase el embajador de no saberlo antes que por la Gazeta». Convenía también que el rey lo comunicase por carta a Luis XVIII y que el nuevo jefe de gobierno, Casa-Irujo, escribiese a Chateaubriand.

«Después nombró a los ministros que se habían de elegir, que son los mismos consavidos, menos el de Guerra, que propuso a Campo Sagrado. S. M. le hizo presente que sería mejor Cruz, y él dijo que no hay duda que sería más fuerte Cruz; pero que agradaría más a la Francia el otro, a quien es menester contemplar ahora. Dijo también que se le debía dar el arzobispado de Sevilla a Sáez, y S. M. le respondió que era mucho para empezar, que había otros obispados vacantes. Respondió que bien, pero que fuese de los mejores[8]».

El día tres de diciembre se publicaba la lista del nuevo gobierno. Lo encabezaba como ministro de Estado el marqués de Casa-Irujo, al cual acompañaban Narciso de Heredia, conde de Ofalia, en la cartera de Gracia y justicia —a la que correspondían los asuntos eclesiásticos y que empezó siendo recibido con hostilidad por el nuncio—, José de la Cruz en la de Guerra (el rey no se había dejado convencer en este punto), Salazar —el único que seguía del gobierno anterior— en la de Marina y Luis López Ballesteros en la de Hacienda. Ignacio Martínez de Villela sería gobernador del consejo de Castilla o consejo Real. Sáez tuvo que conformarse con el obispado de Tortosa, que era bastante menos de lo que Pozzo había pedido para él, pero que estaba lo bastante lejos de Madrid, tal y como quería Fernando que se mantuviesen los ministros que destituía[9].

La destitución de Sáez y el nombramiento del nuevo ministerio sorprendieron a los embajadores y al propio Chateaubriand, que no se enteraba de lo que hacían los demás, porque se consideraba el centro del mundo y el protagonista de todos los acontecimientos. Ocho días más tarde el ministro francés todavía se preguntaba cómo se había producido este cambio: «Hay una cosa que no entiendo —escribía a Talaru—. Si el cambio de ministros se ha producido por un golpe de la camarilla, ¿cómo es que estos ministros son moderados e incluso semiliberales?»[10].

Pero Fernando no había aceptado este cambio sin condiciones. Cuando el 4 de diciembre se le presentaron los nuevos ministros, el rey se retiró unos momentos con Casa-Irujo quien, al salir, les comunicó unas órdenes que decían literalmente:

«Bases sobre las que ha de caminar indispensablemente el nuevo consejo de ministros.

»Plantear una buena policía en todo el reyno.

»Disolución del egército y formación de otro nuevo.

»Nada que tenga relación con cámaras ni con ningún género de representación.

»Limpiar todas las secretarías de despacho, tribunales y demás oficinas, tanto de la corte como de lo demás del reyno, de todos los que han sido adictos al sistema constitucional, protegiendo decididamente a los realistas.

»Trabajar incesantemente en destruir las sociedades secretas y toda especie de secta.

»No reconocer los empréstitos constitucionales[11]».

He aquí una declaración de principios reveladora y contradictoria, que mezclaba algunos de los puntos que exigían los aliados —omitiendo, sin embargo, uno tan esencial como la amnistía— y algunas de las obsesiones personales del rey: depuraciones (constantemente recordará a los ministros que los nombramientos sólo se deben dar a quienes sean «leales a mi persona»), persecuciones y negativa a reconocer los empréstitos constitucionales (lo que le impedirá obtener el préstamo exterior que le habría sido necesario para iniciar el restablecimiento de la hacienda). Un programa que muestra claramente las preocupaciones políticas del rey, que hay que conocer para valorar el margen de actuación que tenían los ministros.

El mismo día en que se nombraba el nuevo ministerio se decretaba la toma de posesión del consejo de Estado, integrado por algunos viejos supervivientes del anterior a 1820, por los infantes Carlos y Francisco de Paula, por los ministros en activo y por una serie de nuevos consejeros, entre los cuales figuraban tres de los cinco ministros destituidos, acompañados de unos cuantos ultras más, lo que daba una composición global que aseguraba que los moderados debían quedar siempre en minoría en este organismo. El consejo de Estado haría funciones de órgano de discusión de las decisiones políticas cotidianas, supliendo la función del de ministros, lo que explica que no haya actas regulares de éste hasta febrero de 1824, cuando el rey se vio obligado a dejar de convocar el de Estado, por las razones que veremos a continuación[12].

El nuevo gobierno, que fue recibido con un manifiesto hostil de los obispos residentes en Madrid, donde seguía encontrándose la flor y nata del obispado ultra, dedicado a conspirar (Fernando les condecoró y les recordó la obligación que tenían de volver a sus diócesis, pero se resistieron largamente a hacerlo), tenía que enfrentarse a problemas muy graves: las dificultades económicas inmediatas, la reforma de la hacienda, la cuestión de América y, antes que nada, las presiones de las potencias aliadas, que exigían que Fernando concediese una amnistía para facilitar la pacificación de los ánimos. En la carta que el zar Alejandro le escribió a Fernando —«Monsieur mon frère»— el 18 de enero de 1824, en respuesta a la que éste le había enviado por Pozzo di Borgo unas semanas antes, le decía: «Me he felicitado sinceramente al ver por vuestra carta que un decreto de amnistía, que será a la vez una prueba de benevolencia y un acto de sana política, dará a vuestros súbditos paz y seguridad». Se felicitaba prematuramente[13].

Para discutir el tema de la amnistía Casa-Irujo y Ofalia se reunieron con los embajadores de Francia, Austria, Prusia y Rusia en tres ocasiones (a la primera de estas reuniones, el 10 de diciembre de 1823, todavía asistió Pozzo di Borgo). Los embajadores encontraban insuficientes las propuestas de decreto que les presentaban los ministros españoles, y Ofalia les tuvo que explicar que, aunque personalmente estaba de acuerdo con ellos, había que llamarles la atención «sobre la situación crítica del gobierno y sobre la necesidad de contemporizar con el estado de opinión». El 27 de diciembre, finalmente, se llegaba a un principio de acuerdo con los diplomáticos, de manera que Ofalia se encontraba en situación de presentar el proyecto de ley al consejo de Estado, que debía aprobarlo antes de que se sometiera a la sanción real. Casa-Irujo, gravemente enfermo, no pudo asistir ya a la sesión en la que debía discutirse este texto[14].

El día 28 de diciembre Ofalia leyó el proyecto al consejo y razonó la gravedad de la cuestión, explicando que les había llegado una carta de Chateaubriand en la que se les comunicaba que el rey de Francia insistía en que Fernando concediese la amnistía. La votación se dejó para el día siguiente y en ella se hizo evidente la división que existía en el consejo entre moderados y ultras. Sólo los cuatro ministros en activo votaron a favor del proyecto. Todos los demás votos fueron negativos, con la particularidad de que el de Erro pedía que se intensificase la represión. Pero el voto decisivo, y también el más revelador, sería el del infante Carlos, que hablaba en último lugar. Merece la pena prestar atención a lo que dice, porque se trata de la primera exposición de su pensamiento político (el rasgo más conocido de su personalidad era, hasta entonces, el de sus convicciones religiosas; Palafox, que había visto el equipaje del infante, explica que llevaba «miles de rosarios, medallas de santos y escapularios») y porque representa una especie de manifiesto del partido apostólico.

Después de empezar diciendo que cualquiera que pusiese al rey en el extremo de tener que aceptar una amnistía, como lo estaban haciendo los ministros, era un traidor, el infante afirmaba: «V. M. no debe de ningún modo seguir el proyecto de decreto propuesto, porque es injusto, arbitrario y en contra de V. M. mismo». Era injusto porque perdonaba delitos de «lesa majestad» divina y humana, además de los que eran contra la honra, vida y haciendas de los particulares; era arbitrario porque las potencias pedían que no se castigase genéricamente, sino que se especificasen las personas y los delitos, y «buscar personas o hechos particulares para declararlos delincuentes es injusto, es arvitrario y es hacer a V. M. juez y no legislador» y, finalmente, iba contra el rey, porque alentaría a sus enemigos y desagradaría a sus partidarios, de manera que «puede resultar que ellos se tomen la justicia por su mano y haya muertes y asesinatos, y V. M. se vea precisado, aunque con el mayor dolor, a perseguir a sus más fieles vasallos y a protexer a sus más encarnizados enemigos».

Aclaremos qué significa este confuso planteamiento final: las potencias aliadas pedían —y ese había sido el punto central de las conversaciones de los ministros con los embajadores— que no se hiciesen condenas genéricas, dentro de las cuales podría caer cualquiera según la interpretación que hiciesen las autoridades subalternas en un sistema judicial que no tenía código penal por el cual guiarse, sino que se declarasen específicamente los nombres de las personas que eran condenadas, con la naturaleza y gravedad de sus delitos, de manera que el resto de los habitantes pudiese vivir en paz. Carlos, por el contrario, prefería condenas que, por su indefinición, pudiesen aplicarse de forma indiscriminada.

Por si alguien no había entendido el sentido del discurso de Carlos, el canónigo Rojas Queipo, un ultra exaltado que dará en diversas ocasiones signos de inestabilidad mental (afirmaba estar «atormentado actualmente por vehementes dolores de cabeza») remachó el clavo diciendo que aceptar la amnistía sería criminal: «Estoy al cabo del infernal plan secreto proyectado ha muchos años para destruir en toda la Europa, y después en todo el mundo, a [la] religión y a los reyes, aparentando defenderlas y sostenerlas con leyes sabias, justas y benéficas». No se trataba en aquellos momentos del ataque abierto de la revolución, añadió, sino de una maquinación «horrorosa» que actuaba colocando en los seminarios, en los conventos, en las universidades, en el ejército, etc., hombres que, «de buena o mala fe», contribuían a «propagar sus principios, fomentar las pasiones, introducir el materialismo». Rojas creía que lo que había que hacer era procesar a todos los liberales sin excepciones ni indultos.

Estos ataques feroces en los que Carlos había comenzado calificando de traidores a los miembros del gobierno provocaron una fuerte discusión interna. El acta de la sesión revela la naturaleza del conflicto, cuando dice que se produjeron «varias disputas entre el ministerio anterior y el actual sobre la inteligencia de algunos términos, hechos o proposiciones». Porque, efectivamente, lo que ha tenido lugar no es una diferencia de opiniones entre individuos, sino el enfrentamiento de dos partidos: los ultras del «ministerio anterior» y los moderados del actual. Serían finalmente los ultras, que tenían mayoría de votos en el consejo, quienes ganaran y consiguieran frenar la amnistía, aplazándola.

Aclaremos, de paso, que si les aplico la denominación de ultras es porque la usaban y la reivindicaban ellos mismos, como se puede ver en un artículo de El Restaurador titulado «Breves reflexiones sobre los ultras», donde los define como: «Sugetos de las primeras clases del estado, de las más distinguidas familias de la sociedad […] que […] sostienen los principios de la legitimidad y el orden […]. Defenderán de palabra y de obra que no puede haber seguridad en los tronos mientras mendiguen el sufragio popular; que no puede haber verdadera sociedad sin que haya clases y gerarquías; que las innovaciones filantrópicas no son más que reclamos para la depredación y tiranía jacobinas». Una definición que encaja a la perfección con los dirigentes del partido apostólico.

Es difícil creer que haya sido por casualidad que El Restaurador, órgano de los ultras, se ocupase durante el mes de diciembre de publicar artículos contra la amnistía, oponiéndose al hecho de que se hiciesen condenas nominales y reproduciendo textos de viejas leyes medievales castellanas que sostenían que el rey no puede perdonar a quien haya cometido delitos contra la institución monárquica, o que, en todo caso, como dice el Fuero real, «no pueda el rey perdonarle la vida, si no es sacándole los ojos[15]».

Pasaron algunas semanas desde esta primera confrontación. CasaIrujo murió el 17 de enero de 1824 y le reemplazó Ofalia al frente del ministerio de Estado, a la vez que un hombre nuevo, el aragonés Tadeo Francisco de Calomarde, ocupaba la cartera de Gracia y justicia que había quedado vacante. En esos momentos Calomarde era todavía un desconocido que parecía haber llegado al poder como una más de las criaturas de Ugarte. Más adelante se emancipó de esta tutela y consiguió ganarse la confianza del rey, haciéndole confidencias y traicionando a sus compañeros de gobierno[16].

El mismo día en que se produjo la muerte del jefe de gobierno, aparecían los signos precursores de una nueva ofensiva ultra en las páginas de El Restaurador, al iniciarse una serie de artículos contra los «moderados», donde se explicaba que en las revoluciones había tres partidos: los revolucionarios, los contrarrevolucionarios y los moderados o indiferentes, que son los peores. «La experiencia nos ha enseñado por dos veces que el partido moderado conduce el trono al precipicio[17]».

El 21 de enero comenzaban de nuevo las sesiones del consejo de Estado. Se había de discutir un tema esencialmente financiero, en el que no parecía que hubiese posibilidades de enfrentamiento ideológico. Los franceses exigían que se les reconociese una deuda de 34 millones de francos por sus subsidios, amenazando, si el gobierno español no hacía pronto este reconocimiento, con retirar las tropas que tenían en la Península. Los ministros pensaban que las cuentas que presentaban los franceses no eran claras, pero tenían conciencia de que en estos momentos no se podían permitir perder la protección de sus tropas, de manera que López Ballesteros propuso una fórmula para contentarlos.

Los ultras se negaron tajantemente y lo hicieron implicando en el tema cuestiones políticas e ideológicas de fondo. Para Rojas Queipo, por ejemplo, todo se arreglaba con la represión, «puesto que del castigo de los malos y premio de los buenos resultará precisamente la abundancia y la seguridad», mientras que García de la Torre, que sostenía que no se debía ceder a las presiones francesas, «aunque el cielo se caiera a pedazos y nos matase a todos», lo reforzaba con el razonamiento siguiente: «Que si en España se establecía con la posible prontitud el debido orden de cosas, administrando justicia, fomentando la milicia voluntaria realista, formando el competente cuerpo de exército, auxiliando a todos los ramos de la prosperidad pública y restableciendo, como suplica toda la nación, el santo tribunal de la Inquisición, sosteniendo así la unidad religiosa, que es la que la hizo siempre invencible, no se debían temer tales amenazas». No sorprenderá que el infante Carlos se adhiriese a esta propuesta necia e irracional[18].

Era evidente que unos hombres que se oponían por principio a cualquier proyecto del gobierno, y que recurrían a sacar el tema de la Inquisición cuando lo que se estaba discutiendo era un convenio de pagos con los franceses, podían conseguir la paralización total de la actividad política. De hecho, sus propuestas iban en el sentido de reemplazar la política centralizada del gobierno por una especie de anarquía realista que dejaría la gestión en manos de los poderes locales, actuando a través de los inquisidores y de los voluntarios.

A fines del mes de enero la ofensiva contra los moderados llegaba a su paroxismo en las páginas de El Restaurador con textos que eran poco menos que una incitación al golpe de estado. Denunciaban, por ejemplo, el desánimo de los realistas al ver la moderación con que procedía el gobierno contra los revolucionarios en estos términos: «El gobierno se pierde y nos perdemos todos, si con mano fuerte […] Salvaos, Señor, y salvémonos todos[19]».

Ante esta situación, Fernando estaba obligado a escoger. O escuchaba a los ultras y destituía al gobierno que había nombrado apenas dos meses antes, desafiando con ello a las potencias aliadas, o seguía con el mismo gobierno, y en este caso debía librarlo de la parálisis a que lo condenaba su dependencia del consejo de Estado. La primera solución no se la podía permitir. De modo que tuvo que optar por la segunda: se dejó de convocar el consejo de Estado y se suspendió la publicación de todos los periódicos políticos, excepto la Gaceta y el Diario de Madrid (se suspendía, por consiguiente, El Restaurador). Cuando en 1825 se propusiera volver a reunir el consejo de Estado, Salazar diría que en 1823 «se tuvo en su formación tan mal acierto, que desde la primera sesión se dejó ver mui a las claras un fatal espíritu de personalidad, que, sin ilustrar las cuestiones, sólo conducía a indisponer los ánimos». Esto no significa que los ministros tuviesen la confianza del rey, que los había aceptado a regañadientes, los vigilaba estrechamente y estaba dispuesto a echarlos en cuanto pudiese, como demostró muy pronto su conducta con Ofalia[20].

Los hombres que integraban este ministerio tenían poco en común. Al frente del gobierno, como ministro de Estado —después de la breve gestión del marqués de Casa-Irujo— estaba Narciso de Heredia, conde de Ofalia, que se había distinguido como diplomático negociando los tratados sobre la Florida con los norteamericanos y que había sido lo bastante hábil como para salir de los aprietos de la guerra de la Independencia y del Trienio constitucional sin comprometerse con unos ni con otros. De acuerdo con su biografía oficial habría debido su nombramiento actual a la influencia de Ugarte, lo que no es precisamente una recomendación.

López Ballesteros era calificado por el Times, en la fecha de su promoción al ministerio de Hacienda, como persona que «no posee grandes calificaciones para este nombramiento». Por lo que se refiere a su fama posterior de «gran ministro», parece justa en lo que atañe a su condición de político moderado y de excelente persona, y se le puede elogiar por lo que hizo en la mejora del aparato administrativo, en el que puso orden y coherencia, pero su gestión en materia tributaria no fue precisamente afortunada. Ocupó un lugar para el cual había otros más cualificados que él porque supo presentar el tipo de programa inmovilista que querían el rey y su entorno, pero no consiguió sacarlo adelante, porque era inviable.

Salazar ya era ministro con anterioridad: era el único que se mantenía del ministerio ultra de 1823, y sería el de mayor duración del reinado de Fernando VII, con unos once años de permanencia al frente de un ministerio, el de Marina, intrascendente por la inexistencia en estos momentos de una marina de la que ocuparse. Cruz, el de la Guerra, demostró ser un individuo digno, que padecería las persecuciones de los ultras. Hemos visto ya, además, que su nombramiento había sido impuesto personalmente por el rey[21].

El personaje clave de este equipo sería, a la larga, Calomarde, el hombre que entró en el gobierno en enero de 1824, como consecuencia de la muerte de Irujo. Su importancia política hace más sensible nuestra ignorancia sobre su persona y actuación y, en especial, sobre la compleja evolución que le llevó desde la confianza del rey a la aproximación al bando carlista.

Tadeo Francisco de Calomarde, nacido en Villel, un pueblo de Teruel, el 10 de febrero de 1773, rondaba en esos momentos, por tanto, los cincuenta años. Era hijo de campesinos humildes, que se esforzaron para hacerle estudiar derecho en Zaragoza y Huesca, mientras hacía de paje de un caballero para ayudarse a pagar la subsistencia. Le nombraron miembro de la Sociedad aragonesa de amigos del país, que le publicó un estudio económico bastante estimable. Se fue luego a Madrid, donde obtuvo trabajo en la Secretaría de Indias, gracias a la influencia del médico de Godoy, Antonio Beltrán, con cuya hija se casó, «a la fuerza y contra mi voluntad», según declararía más tarde (de hecho, el puesto de trabajo era el premio del compromiso de matrimonio; «la fuerza» vino cuando, una vez obtenido, se resistía a casarse), y de quien se separó muy pronto, dejándola en Zaragoza con una pensión. Desde este momento no se habla de otras mujeres en la vida de este hombre, cuya pasión principal, como dice Cárdenas, parece haber sido el poder, «porque el poder le sobreponía a los demás».

Al producirse la invasión francesa de 1808 se fue a Cádiz, y parece que intentó en vano salir escogido diputado por Aragón. «Pero despechado por haberle negado sus votos los zaragozanos —dice Jiménez Catalán, en una interpretación demasiado simplista— se unió al partido ultraabsolutista. Se declaró enemigo de las reformas y trabajó para elevar a la regencia de España a la infanta María Carlota». Fue entonces, en efecto, cuando empezó su relación con la infanta Carlota Joaquina, casada con el que sería rey de Portugal, y se vio mezclado por ello en las intrigas de esa ambiciosa princesa. La protección de Miguel Lardizábal, uno de los promotores del golpe de estado absolutista de 1814, le permitió ocupar diversos cargos en la administración e intervenir en la negociación de los casamientos de Fernando y de su hermano Carlos con las princesas portuguesas. Fue víctima entonces de las intrigas tejidas en torno a esas bodas y se le desterró a Pamplona, como Lardizábal. La revolución de 1820 le devolvió la libertad y se retiró a Olba, un pueblo de Teruel donde tenía un molino papelero (una vez en el poder, se encargaría de colocar en la imprenta real abundantes partidas de su papel). Los acontecimientos de 1822 le hicieron regresar a Madrid, donde permaneció escondido hasta la restauración del absolutismo, momento en que empezó de nuevo su ascenso en la burocracia, partiendo del cargo de secretario de la regencia y contando con la amistad del influyente Ugarte y con el apoyo de Carlota Joaquina, hasta que la muerte de Casa-Irujo le permitió acceder al ministerio de Gracia y justicia. En estos momentos Calomarde no era todavía un hombre demasiado conocido para los ultras —con quienes habría de entrar en contacto a partir de ahora, ya que de su ministerio dependían los nombramientos eclesiásticos y la enseñanza—, pero parece que le tenían por hombre cercano y sabemos que en 1826 el duque del Infantado pensaba que «podría ser útil a la causa».

Es conocida la fama que Calomarde tenía de «obispar», como decía el rey, aragoneses. Pero lo más importante no es que entre 1824 y 1833 consiguiera hacer obispos a ocho aragoneses, sino que interviniese en el nombramiento de cerca de sesenta obispos —en algún caso, si hemos de creer lo que nos dice Presas, cobrando por el nombramiento—, lo cual era una fuente segura de influencia y poder. De todas formas, ni la documentación conservada en la Academia de la Historia, que el marqués de Lema hizo servir para su biografía, ni los estudios publicados hasta ahora esclarecen de manera suficiente la compleja conducta de este hombre[22].

Había otro cargo político que tradicionalmente tenía tanta importancia como el de ministro, el de gobernador del consejo Real o de Castilla. El hombre que ocupó este cargo desde 1823 hasta su muerte, en 1827, era Ignacio Martínez de Villela, un aragonés nacido en 1749 que tenía una fama bien ganada de reaccionarismo y de dureza: en su currículum figura haber enviado a más de 8000 «vagos» de Andalucía al ejército y de haberse encargado del secuestro de los bienes de Godoy y del encarcelamiento de sus partidarios. Habiendo sido diputado en las cortes de Cádiz, se le nombró en 1814 como jefe de la junta encargada de juzgar a esos mismos diputados. Contaba con la confianza del rey, que seguiría sus recomendaciones en la renovación del personal del consejo Real que se produjo en estas mismas fechas[23].

Los ultras abominaban en general de los ministros, que les parecían poco menos que revolucionarios en comparación con los Sáez o Erro del gobierno anterior. Infantado lo tenía claro: «todo lo que esté fuera del realismo puro debe ser colocado entre los revolucionarios, y ¿cómo puede el sentimiento realista estar satisfecho cuando se ve al frente de los asuntos a hombres que han cometido estas acciones?». Tenían, además, una cosa clara: el monarca no les había escuchado, sino que les alejaba del poder y confirmaba en él a los moderados.

En la lucha que habían de conducir en el futuro no siempre estaría claro que el propio rey debiese quedar al margen de sus ataques. Un despacho del embajador prusiano, Roher, fechado el 16 de enero de 1824, parece hacerse eco de lo que ha oído decir a los ultras: «Los realistas creen hoy tener derecho a amotinarse contra el favorito Ugarte y su ministerio, como en 1808 contra Godoy; igual que éste era entonces el enemigo de Fernando, Ugarte lo es ahora de Carlos, y este último es hoy el heredero de la corona, como entonces lo era Fernando».

El símil se refería a lo que había ocurrido en la época del motín de Aranjuez. Si recordamos que entonces se destronó al rey Carlos IV en favor de su heredero, la comparación resulta reveladora. El 31 de enero de 1824, en el último número de El Restaurador, antes de que se prohibiese su publicación, se reproducían unas noticias de Francia que decían que «se ha formado en España un partido para destronar a Fernando VII y dar la corona al infante Carlos». Los redactores negaban que el clero estuviese implicado en tales conjuras con protestas tan equívocas como esta: «¡El clero español, que predicaría la obediencia a Nerón, si fuera monarca legítimo!»[24].

Es justamente en estos momentos, entre diciembre de 1823 y enero de 1824, cuando se consolida lo que podemos denominar el «partido apostólico» como tercer partido, representante de los ultras y enemigo de los absolutistas moderados que dominan en el gobierno, contra los que harán una guerra civil larvada, dirigida por sociedades secretas y grupos de conspiradores. Durante los años siguientes los gobiernos de Fernando VII deberían moverse entre la doble amenaza de los liberales y de los ultras. El rey estaba convencido de que sólo los liberales eran peligrosos, pero sus ministros tenían posiblemente más miedo de la amenaza ultra, porque contaba con más fuerzas a su alcance y porque la tenían dentro de su propia casa.

Pero ¿se puede hablar en esos momentos de «carlismo»? Se podría responder afirmativamente, si tenemos en cuenta que las voces de «¡Viva Carlos Quinto!» se oyeron en más de una ocasión en los siguientes años. En la mayoría de los casos, no obstante, se trataba de una expresión del malestar de los combatientes realistas que, por un lado, estaban descontentos porque no veían que el gobierno castigase a los «liberales» con toda la dureza que ellos querrían —que se indignaban ante el mero hecho de que se pudiera hablar de conceder una amnistía, por limitada que fuese— y que, por otro, no se sentían compensados por sus servicios como creían merecer. Es de este tipo de gente de quienes salieron las primeras propuestas para que se pusiera a Carlos en el trono en lugar de su hermano, demasiado blando para su gusto, «ha ver si con este bigotes juegan lo mismo los negros como con el pelotas de Fernando»; o que, de manera más franca, sostenían que «en matando [a] los negros, poco nos importa que sea rey Juan o Pedro[25]».

Estos rumores sobre la existencia de sociedades secretas ultrarrealistas preocupaban a los franceses, porque en principio les eran hostiles, de manera que Villèle pidió informaciones sobre el tema a la embajada de Madrid. Boislecomte le respondió: «Los informes de nuestros diferentes agentes señalan la existencia de juntas apostólicas bajo diversas denominaciones: la “Purísima”, el “Ancla”, el “Ángel exterminador”; se encuentran detalles sobre estas sociedades en las correspondencias consulares de Galicia y Santander y las correspondencias militares anuncian su existencia en Badajoz, en Vitoria, en los reinos de Murcia y de Valencia. La tendencia general que se señala en su sistema está indicada por los puntos siguientes: elogiar ante el pueblo al infante D. Carlos y menospreciar al rey y los actos de su gobierno; oponerse al establecimiento de la policía como institución francesa y revolucionaria, tender al restablecimiento de la Inquisición; protestar contra la ocupación de España por los franceses, que presentan como enemigos de la religión que piensan dar a este país una constitución[26]».

La cuestión, ya lo hemos dicho antes, era mucho más compleja. Para los ultras era un consuelo pensar que Carlos, que les era enteramente afín, sería el sucesor de un Fernando VII enfermizo, al cual el cielo le había negado la descendencia viva en sus tres matrimonios. En momentos de impaciencia extrema es probable que hayan pensado, incluso, en acelerar el cambio deponiendo a Fernando, pero éste ha sido, en todo caso, un recurso último y un objetivo secundario. Lo que les importaba era imponer una política ultra, que anularía el poder real del soberano, fuese quien fuese quien tuviera la corona.

Todo cambió después de 1830, con la publicación de la Pragmática sanción de 1789 y el nacimiento de la infanta Isabel, que alejaba a Carlos de la sucesión y a los ultras de sus esperanzas de poder. Sería entonces cuando Carlos, que durante los años anteriores no está claro que haya conspirado personalmente —aunque tampoco parece que se haya opuesto a las conspiraciones que se fraguaban en su entorno inmediato y de las cuales, implicando como implicaban a su propia esposa, parece difícil que no se enterase—, asumiría un papel activo en defensa «de sus derechos» y lucharía por convertirse en rey con el objetivo de contribuir con su cohorte de aspirantes a inquisidores al establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, separando a España de la corrupción de la Europa moderna y situándola fuera del tiempo.

Capítulo 7
LAS DIFICULTADES DE LA MODERACIÓN

Liberado en febrero de 1824 del freno que representaba el consejo de Estado, el gobierno inició una política que pretendía poner orden en la administración y plantear las mínimas reformas necesarias para hacer viable el absolutismo español que, conviene recordarlo, había ido a la quiebra ya por dos veces en quince años, en 1808 y en 1820.

Los problemas fundamentales que había que resolver nos son ya conocidos: el control del orden público, la publicación de una amnistía que diera satisfacción a las presiones internacionales que recibían, la depuración (y posterior reconstrucción) de la administración y del ejército, y el establecimiento de un sistema de hacienda eficaz.

Por lo que se refiere al orden público, la regencia había empezado creando un ministerio del Interior, del que dependía una Superintendencia general de vigilancia pública con funciones esencialmente represivas. El 18 de octubre el rey suprimió este ministerio, pero no la superintendencia, al frente de la cual se puso, a fines de noviembre de 1823, pocos días antes del cambio de gobierno, a José Manuel Arjona, que sería el encargado de transformarla en Superintendencia general de Policía del reino, un organismo que se iba a desarrollar a escala de todo el país, con una intendencia en cada provincia[1].

El cambio de «vigilancia» a «policía» no era tan sólo de nombre, ya que implicaba una nueva forma de concebir la función de este cuerpo. Porque, si bien es cierto que una de las tareas esenciales de la policía que ahora se creaba seguía siendo la de vigilar, también abarcaba toda una serie de otras actividades, como hacer los padrones de los habitantes, extender todo tipo de licencias, recoger a los mendigos y a los gitanos, informar sobre las cosechas y sobre el abastecimiento de subsistencias, controlar los pesos y medidas, ocuparse de prevenir los incendios o de avisar de la aparición de enfermedades epidémicas, etc. En 1825, en una real orden dedicada a lamentarse de la corrupción de las costumbres, se les encargó incluso que investigaran los matrimonios que vivían separados e hiciesen «que en un término breve y perentorio se reúnan sin escusa ni pretexto alguno». Era, al margen de este último punto, una forma de entender las funciones de la policía parecida a la que se le atribuían habitualmente en los estados modernos[2].

La actividad de vigilancia estaba fundamentada en el control de la población. Para empezar, se obligó a poner nombres a las calles y números a las casas, con el fin de censar mejor a quienes las habitaban, operación previa a la de implantar las «cartas de seguridad» —en las que constaban el nombre, el domicilio, la edad y el aspecto físico—, que debían obtener, y renovar cada año, todos los hombres que hubiesen cumplido dieciséis años y las mujeres, viudas o solteras, que fuesen cabezas de familia. Sin la carta de seguridad era imposible obtener el pasaporte, necesario para cualquier desplazamiento. Pero más allá de estas actividades, la vigilancia se ejercía también a través de las redes de informadores, espías y agentes provocadores, y de la inspección de la correspondencia[3].

El decreto de amnistía prometido, firmado por el rey el primero de mayo de 1824 y publicado el día 20, concedía «indulto y perdón general […] a todas las personas que desde principios del año 1820 hasta el día 1 de octubre de 1823 hayan tenido parte en los excesos y desórdenes ocurridos en estos reinos con el objeto de sostener y conservar la pretendida constitución de la monarquía, con tal que no sean de las que se mencionan y exceptúan». Seguía una larga lista de excepciones, en quince apartados diferentes, y se ofrecía el indulto a quienes hubiesen sido detenidos «por excesos que no sean los que están exceptuados o lo estén solamente por opiniones políticas», entendiéndose, sin embargo, que el indulto no implicaba la recuperación «de los empleos obtenidos en mi real servicio antes del 7 de marzo de 1820», cuestión que debía resolverse por la vía de la purificación.

Una real orden de 4 de junio, no publicada en la Colección de decretos, mostraba los límites del indulto: las causas de los que ahora quedaban «indultados» se debían archivar, «dejándolas abiertas para que si los procesados llegasen a reincidir […], sean castigados cual corresponde por lo que de ellas resulte», lo que significa que se dejaban suspendidas. La contrapartida del indulto sería una real orden del 15 de mayo, que tampoco está recogida en la Colección de decretos, en la que se dice que «al mismo tiempo que manda S. M. que los comprendidos en el indulto o amnistía vivan en paz y quietud», también quería que los tribunales y la policía «busquen, donde quiera que se hallen, a todas aquellas personas que no pueden gozar de este beneficio […], que les instruyan causa y les apliquen prontamente las penas». En un inútil esfuerzo por frenar el malestar de los realistas se publicaba el primero de julio una real orden que indultaba también a los acusados por «las vejaciones causadas a los partidarios del llamado régimen constitucional, exceptuando los casos de asesinato y daños de tercero».

La verdad es que la amnistía o indulto —los dos términos se utilizan de forma indistinta— no tenía mucha trascendencia en un sistema en que, abolido el código penal del trienio, la valoración y el castigo de muchos delitos, en especial los de naturaleza política, quedaba a la discreción de unos tribunales que eran incitados desde arriba, y desde su entorno social, a perseguir con rigor. En la historia real de la represión de estos años, la amnistía no es más que un incidente, fruto de la necesidad de complacer las exigencias exteriores. Su consecuencia más trascendental sería la de aumentar el odio de los ultras hacia un gobierno que parecía querer proteger al menos a una parte de los liberales y al que considerarían, por eso mismo, revolucionario y masónico[4].

El problema de recomponer la administración estaba unido a la previa depuración de los funcionarios que, como hemos visto, fue el primer asunto que se planteó la junta provisional y uno de los primeros de que se ocupó la regencia, que fijó unas normas que el rey mandó suspender el 26 de octubre, aplazando el tema hasta que hubiese estudiado el asunto, ya que el sistema de «purificaciones» que se había empezado a organizar era bastante confuso. El primero de abril de 1824 decidió, no obstante, volver a ponerlo en vigor, después de haber sido estudiado por el consejo de Castilla para eliminar algunos de sus defectos, con una «Junta suprema de purificaciones» al frente, que se mantendría hasta 1832, y un complejo funcionamiento que se basaba en los informes reservados, de los que difícilmente se podía defender aquel a quien afectaban. El sistema se movió constantemente entre la desconfianza del rey, que insistió repetidamente en su demanda de que se eliminase de la administración a todos aquellos que no fuesen «leales a su persona», y la necesidad de disponer de personal competente, que obligaba a recuperar funcionarios que habían estado en activo durante el trienio, en especial en el ministerio de Hacienda, lo que contribuyó a encender las iras de los ultras contra López Ballesteros, a quien le preocupaba ante todo que funcionase la administración financiera (los diarios del ultra Arias Teijeiro, por ejemplo, contienen repetidas denuncias de López Ballesteros y de sus funcionarios: «En Hacienda ya está puesta la constitución[5]»).

Más complejo era el problema de las fuerzas armadas. El ejército regular, que había luchado al lado de los constitucionales, debía disolverse. Muchos de sus miembros se habían exiliado; los que quedaron en España fueron internados en depósitos militares: el 6 de octubre de 1823 se decidió que, de sargento hacia abajo, se les diese licencia absoluta para que volviesen a sus casas, y en marzo de 1824 se cerraron los depósitos para dar comienzo a los procesos de purificación. Esta disolución del viejo ejército no fue sin embargo completa. En un informe de fines de agosto de 1824, el embajador francés Boislecomte decía: «Se han conservado en Galicia los “guardias de Morillo” que, con el nombre de regimiento de “la Unión” están reunidos en Vigo y deben embarcarse hacia La Habana […]. En las provincias del sur, la necesidad de no dejar enteramente desguarnecidas unas plazas expuestas a los ataques imprevistos de los moros o de los “berberiscos” ha obligado a conservar algunos regimientos, cambiando sólo a los oficiales o añadiendo algunos soldados nuevos».

Estaba, además, la guardia real (con «8000 hombres de tropa y otros tantos milicianos»), y las milicias provinciales, propias de la Corona de Castilla, que contaban con unos 24 000 hombres: cuerpos integrados por gente acomodada, que tenían como oficiales a los propietarios de la provincia. «La misma composición de estas tropas —decía Boislecomte— anuncia bastante el espíritu conservador que las anima». Pero tanto la guardia como la milicia tenían también que reorganizarse[6].

Una vez salidos de los depósitos militares, los oficiales eran separados del servicio y se les asignaba un destino en el que debían quedar en licencia «indefinida» —cobrando, decía la ley, la mitad o la tercera parte del sueldo, según los casos— mientras esperaban pasar su «purificación» ante un tribunal militar, como requisito indispensable para ser llamados nuevamente al servicio activo. En agosto de 1824 el ejército regular español tenía, contando a los reclutas que todavía no se habían incorporado, unos 20 000 hombres «como máximo», lo que resultaba insuficiente[7].

El procedimiento de purificación era largo y complejo, agravado por la multiplicidad de las juntas encargadas de aplicarlo —había una para cada regimiento y estaban diferenciadas por categorías— y por la lentitud de su procedimiento, que exigía tomar informes en cada pueblo o parroquia, ya que sólo así se podía aclarar si quienes se sometían a él habían formado parte, «según la voz pública», de sociedades secretas, si habían hablado mal del rey y la real familia, etc. Por otra parte, un gobierno sin recursos no estaba en situación de asumir el compromiso económico de pagar a los «indefinidos», que cobraban con mucho retraso o nunca: a fines de 1824 había provincias en que no habían recibido más que dos meses de los cortísimos salarios de todo el año. Tenemos testimonios abundantes del mal funcionamiento y de los retrasos del sistema. Observaciones de carácter global, como las del conde de Carnavon en Galicia, donde le explican que «algunos oficiales liberales han muerto de hambre». O historias puntuales y concretas, como la de Ramón de Santillán, que abandonó el ejército después de una serie de juicios y de persecuciones (y se convirtió así en un gran hacendista); la del coronel retirado Manuel Bayona, un héroe de guerra —había perdido el oído en la batalla de Trafalgar—, que se había mantenido al margen del servicio activo durante el trienio constitucional, pero que se arrastró de juicio en juicio hasta 1826; la del marqués de Monsalud, que tuvo que pasar dos años de prisión y un año y medio de proceso antes de que, en febrero de 1828, se le degradase y se le quitasen todas las condecoraciones, o la de Ignacio Saavedra, teniente del ejército, que se tuvo que casar en secreto en 1828 porque el conde de España «no daba curso a ninguna instancia de oficial indefinido», y que no fue impurificado definitivamente hasta abril de 1831[8].

El general Henestrosa, que presidía la junta que debía purificar a los generales y coroneles, expresó en diciembre de 1824 sus escrúpulos de conciencia por la forma en que se hacían estas operaciones y propuso reformas de procedimiento que el consejo de la Guerra aprobó, aunque con cinco votos discrepantes. Pero el rey y el consejo de Castilla paralizaron la propuesta, como volvería a ocurrir cuando el tema se plantease de nuevo, a iniciativa de López Ballesteros, en la junta consultiva de 1825[9].

Por otra parte había que resolver los problemas del «ejército de la fe», que había combatido a favor del retorno del absolutismo, y de los voluntarios realistas. El llamado «ejército de la fe» debía disolverse, mientras los voluntarios realistas se conservarían, tan controlados como fuera posible, para que cumpliesen la función de velar por el orden público a escala local. Una real orden de 23 de enero de 1824 mandaba «disolver las divisiones y cuerpos formados por las necesidades de la guerra», cuyos miembros habrían de pasar a depender de los capitanes generales de las provincias donde se encontrasen. El 29 del mismo mes el rey explicaba en un decreto «las causas que le han movido a disolver el Ejército Real, para desvanecer los temores infundados que se puedan tener con motivo de esta medida». Ante las suspicacias de algunos, el rey quería aclarar que, una vez llegada la paz, no se necesitaban tantos hombres en armas. No se les podía pagar —el ejército debía ser «proporcionado a los recursos de mi erario»— y, por otra parte, «la agricultura y las artes reclaman hoy muchos brazos que manejaron antes la espada».

Pero la disolución no resultó nada fácil. Boislecomte nos explica: «Como ocurre siempre en España, resultó que en la época en que esta orden debía cumplirse, la mayor parte de los cuerpos realistas habían encontrado la manera de sustraerse a la disolución: la tropa del “cura Merino”, integrada por 1900 hombres de infantería y 800 caballos, subsistía todavía y se ha conservado hasta marzo de 1824, fecha en que ha sido necesario disolverla por la fuerza. El ejército formado en Cataluña por el barón de Eroles […] escapó completamente a la orden de disolución; lejos de disgregarse, todavía se había reforzado». Lo que se hizo, en este último caso, fue ir licenciando gradualmente a los que iban cumpliendo el tiempo reglamentario de servicio —contándoles los años como dobles— y a los que no merecían confianza, de manera que se pudo reducir la fuerza de 17 000 a 9000 hombres, dos mil de los cuales estaban de servicio en Cartagena y el resto en Cataluña.

Otros cuerpos realistas menos importantes que éstos consiguieron también subsistir: dos batallones de Quesada (disueltos en julio de 1824 a consecuencia de unos incidentes), dos regimientos de cazadores de Sempere, un regimiento de caballería formado por Carlos O’Donnell en Valladolid, algunos batallones de Santos Ladrón en Valencia y Murcia, algunas tropas de Capapé, etc.

El mayor problema era el de los oficiales de estos cuerpos. En el curso de la campaña contra el gobierno constitucional, actuando como lo hacían con total independencia, o dependiendo de juntas locales poco responsables, se habían atribuido generosamente grados y más grados y se habían nombrado a sí mismos coroneles y generales. Entre estos generales había muchos que no sabían leer ni escribir, y que difícilmente podían desempeñar el mando en un ejército regular. Y, por otra parte, estaba claro que eran demasiados. Lo malo es que se dejó pasar un año antes de hacer frente al problema y que, entre tanto, estos hombres habían ido exhibiendo públicamente las insignias y los grados que se habían otorgado, y consideraban que el gobierno les debía los sueldos de todo este tiempo en correspondencia con la graduación que habían ostentado.

Por fin, el 9 de agosto de 1824 se publicó un decreto que establecía una especie de tabla para determinar el grado al que debían quedar reducidos, que dependía de la época en que se hubiesen incorporado a la lucha, del número de hombres sobre los que hubiesen ejercido mando y, lo que era más importante, de la graduación militar que tenían antes de 1820. Por ejemplo, para llegar a brigadier (general de brigada) era necesario haber sido capitán, como mínimo, antes de la revolución de 1820. De este modo los generales de azada y alpargata se veían de pronto reducidos, como máximo, a coroneles. Boislecomte observaba que esto era tal vez necesario por razones de organización militar, pero que resultaba peligroso, ya que «si tiene que haber en España nuevas conmociones revolucionarias, tal vez se encontrará en el otro bando la oportunidad para hacer mejores progresos; es una prueba a la cual resulta peligroso someter a los hombres, sobre todo en un país donde la mayor parte de los jefes que han combatido a favor de la causa realista no ofrecen ninguna garantía ni por su conducta particular ni por sus principios morales». No exageraba demasiado, porque algunos de estos jefes eran simplemente delincuentes comunes que habían encontrado en la milicia una forma de hacer más segura una actividad de bandidaje.

Los militares improvisados que volvían a la vida civil con «licencia ilimitada», los generales degradados, quedaban con la sensación de que se les habían arrebatado unas recompensas que merecían, lo que les había de llevar a simpatizar con quienes decían que este gobierno que desmovilizaba a los realistas en lugar de favorecerles no era un gobierno de fiar, y que era necesario cambiarlo. En la historia de muchos jefes de partida carlistas aparece como una constante esta exigencia de recalificación. Los que tenían un mínimo de instrucción, como Joaquín Quílez, Manuel Carnicer o Luis Casadevall «Llagostera», se incorporaron al ejército, a veces después de años de espera, pero rebajándoles de tenientes coroneles a tenientes; los que eran analfabetos, como Forcadell o Pere Beltran («Peret del Riu»), quedaron también como tenientes, pero en situación de licencia ilimitada, sin reincorporarse, y con un escaso sueldo de 4 reales diarios que no les bastaba para vivir[10].

Una cosa era depurar y otra reconstruir el ejército regular, por no hablar de la marina, que se puede considerar que casi no existía. Como dirá Fernando Fernández de Córdova: «Estaba en aquella época tan abatida, que ni había un buque, fuera de los podridos y arrinconados en los arsenales, ni se daba una paga, como no fuese para celebrar los natalicios del rey, y esto a duras penas». Buena parte de la actividad de vigilancia de las costas y de represión del contrabando estaba en manos de particulares autorizados, medio piratas, estimulados por las ganancias que se podían obtener, sobre todo a costa del contrabando de Gibraltar.

Era difícil pensar en reorganizar el ejército sin recursos y en medio de una vida política espasmódica, con cambios bruscos en los hombres que estaban al frente del ministerio de la Guerra (los tres primeros, San Juan, Cruz y Aimerich, no llegaron a un año de mandato). Esta tarea sería obra de Zambrano en los siete años de gestión en que tuvo tiempo de llevar a cabo una labor de modernización y reforma. Fue precisamente él quien, recién llegado al ministerio, en junio de 1825, planteó la necesidad de reestructurar el ejército en función de los recursos disponibles, «pues era preferible tener treinta o cuarenta mil hombres bien comidos y vestidos, que no sesenta u ochenta sin pagar», lo que le llevó a pedir a López Ballesteros que «le digese terminantemente con cuánto se podía contar para todas las atenciones del estado militar, a fin de proponer a su majestad las reformas oportunas». Como de costumbre, el ministro de Hacienda respondió de una manera evasiva[11].

Por lo que se refiere a la hacienda ya hemos visto que la regencia había procedido de manera desacertada en esta materia. Ante el desastre que se estaba produciendo, se convocó en julio de 1823 una junta encargada de elaborar proyectos de reforma. Al frente de ella estaba José López Juana Pinilla, uno de los mejores hacendistas del siglo XIX español, que inspiró un proyecto que se presentó al ministro el 30 de septiembre de 1823, en una línea innovadora, que anticipaba en cierta medida lo que iba a ser la reforma de la hacienda de 1845. Pero Erro no estaba por novedades, lo que facilitó que la dirección general de Rentas, de la que era miembro destacado López Ballesteros, atacase el plan de Pinilla como innovación peligrosa —toda innovación lo era, de acuerdo con la forma de pensar de los ultras— y presentara otro más adecuado al inmovilismo reaccionario del ministro vasco. El ascenso de López Ballesteros al ministerio de Hacienda, como consecuencia del cambio de gobierno del 2 de septiembre de 1823, significaría el triunfo de su mediocridad contra la inteligencia reformista de Pinilla[12].

El 14 de febrero de 1824, finalmente, el rey ordenó a sus ministros que discutiesen con toda urgencia el tema de la hacienda. Al día siguiente López Ballesteros leyó en la reunión del gobierno la memoria de la junta (las propuestas de Pinilla) y el informe negativo de la dirección de Rentas (es decir, la descalificación del propio Ballesteros). Los ministros decidieron, de acuerdo con Ballesteros, que era conveniente «conservar en lo posible todo lo que existe y ha existido, mejorándolo y acomodándolo a nuestra situación, especialmente en unos tiempos en que es menester crear lo que ha destruido el espíritu de la revolución, escogiendo con tino aquellas cosas que son como nativas al suelo español». Y, dicho esto, se limitaron a aprobar en una sola tirada, sin ninguna discusión —y muy probablemente sin llegar a entenderlos—, los proyectos de decreto que presentaba Ballesteros, de manera que éstos pudieron aparecer impresos en la Gaceta del día siguiente. Si tenemos en cuenta que el conjunto de estas disposiciones ocupaba casi un centenar de páginas de la Guía de la real Hacienda, habrá que concluir que nunca en la historia se ha debido aprobar una reforma de la hacienda tan extensa y compleja con tanta celeridad, y con tanta ligereza[13].

La «reforma» de Ballesteros era poco más que un repintado del viejo y fracasado sistema tributario de 1808 que había abocado a la monarquía española a la quiebra —y que los entendidos estaban intentando reformar desde hacía cerca de un siglo— con una pieza retenida de la reforma de Garay de 1817 (el cobro de derechos de puertas en las mayores ciudades) y una innovación sin pies ni cabeza, el estanco del bacalao, que tenía que fracasar por fuerza. En líneas generales se puede decir que se restablecían las rentas provinciales de la Corona de Castilla, los equivalentes que pagaban los territorios de la Corona de Aragón y las rentas estancadas, añadiendo a éstas la del bacalao, y se creaban unas pocas figuras que darían escaso rendimiento.

No tendría mucho sentido explicar aquí los detalles del nuevo sistema, porque muchas de las denominaciones de impuestos y rentas que aparecen en los textos legales no eran más que supervivencias fósiles del pasado, sin ninguna importancia práctica. En estos años, alrededor del 60 por 100 de la recaudación procedía de un conjunto muy limitado de impuestos: las rentas provinciales y sus equivalentes (reemplazadas en las capitales de provincias, los puertos más importantes y las ciudades de más de 15 000 habitantes por los derechos de puertas, es decir, por un impuesto sobre todos los productos introducidos) y los estancos o monopolios estatales, los más importantes de los cuales eran los de la sal (un tributo opresivo que el régimen constitucional había abolido), del tabaco (donde se empezó aumentando los precios, en especial del de La Habana) y el del papel timbrado, a los cuales se añadiría ahora la única innovación real introducida por Ballesteros, la «renta del bacalao».

La idea era crear un monopolio de la compra de bacalao, un producto de gran consumo en la época y que se importaba íntegramente, para revenderlo a los comerciantes españoles, cargándoles 28 maravedíes por libra, con lo que se calculaba que se obtendrían 24 millones de beneficio al año, si el consumo se mantenía en sus niveles habituales. Pero para poner en marcha esta operación había que disponer previamente de los recursos que se necesitaban para comprar el bacalao; el gobierno no los tenía y López Ballesteros propuso a los consulados de comercio arrendarles el estanco, lo que éstos desestimaron, ya que no les interesaba arriesgar tanto dinero y tanto trabajo por el pequeño beneficio que podían obtener como intermediarios. Finalmente lo arrendó por 16 millones de reales a un comerciante inglés, quien, boicoteado tanto por los comerciantes españoles de bacalao como por los ingleses, no pudo hacer frente a los pagos a los que se había comprometido, de manera que el ministro acabó haciendo lo que el sentido común habría aconsejado desde el principio, que era limitarse a recargar el arancel de importación del bacalao y olvidarse del estanco.

Los ingresos de las aduanas, que habían sido tradicionalmente una de las piezas esenciales de la recaudación tributaria española, disminuirían ahora en importancia, en la misma medida en que se colapsaba el comercio exterior español como consecuencia de la pérdida de las colonias americanas continentales (los ingresos, que habían sido de unos 175 millones de reales anuales a fines del siglo XVIII, llegaron a bajar hasta sólo 49 millones en 1832). Si añadimos a estos tributos otros seis impuestos mayores tendremos que estas doce figuras representan de un 80 a un 90 por 100 de la recaudación total.

La realidad de la recaudación a nivel local era todavía más simple, ya que tenía poco que ver con las reglas generales fijadas por las leyes. Lo que se hacía, en la práctica, era dejar que los ayuntamientos se las compusieran para cobrar las cuotas que les habían sido fijadas, lo que acostumbraban a hacer recargando los productos de consumo por el procedimiento de los estancos o monopolios: «Pueblos había en que se monopolizaba la venta del pan, de las patatas, de la cebada, y en muchos, bajo el título de “tienda de mercería”, hasta la seda e hilo de coser».

Más problemático era lo que se refería al crédito público. La nueva ordenación de la deuda, que se inspiraba en alguna medida en la que había propuesto Garay en 1818 —y que copiaba modelos franceses—, tenía como pieza central una «Caja de amortización» que inscribiría los créditos contra el estado, los consolidaría (sólo los que se fuesen consolidando tendrían derecho a cobrar interés), atendería a pagar los intereses y las amortizaciones, y respondería igualmente de los que correspondiesen por los nuevos empréstitos que se pudiesen contratar, al tipo de un 5 por 100 de interés y 1 por 100 anual para la amortización. La caja recibiría cada año una partida de cien millones de reales procedentes de 35 arbitrios diversos, que cobraría la dirección general de Rentas y que debían serle abonados sin ninguna merma.

Nada funcionó como se había previsto. La caja no recibía, ni de lejos, el importe que se le había consignado —a pesar de que los textos legales dijesen que como garantía de este pago se hipotecaban «las rentas todas de la corona»— y se la cargaba con pagos que no le correspondían, porque el tesoro no los podía atender. Era un mal antecedente para ponerse a negociar empréstitos extranjeros que, por otra parte, eran muy difíciles de obtener, ya que las bolsas europeas no querían saber nada de un gobierno que había repudiado el pago de una deuda contraída pocos años antes con la aprobación expresa del propio rey, que ahora se negaba a hacerse cargo de ella[14].

Si bien su gestión en el terreno de la hacienda fue poco afortunada, hay que hacer justicia a Ballesteros en cuanto se refiere a sus esfuerzos por mejorar su organización. Sus reformas administrativas, aunque de escasa eficacia práctica en esos momentos, son la parte mejor y más duradera de su actuación, ya que consiguieron a la larga introducir un poco de orden en lo que hasta entonces era un amontonamiento caótico de organismos y de juntas que se sobreponían de manera confusa. Las más importantes de estas reformas son el establecimiento del sistema de cuentas —«de cuenta y razón»— de enero de 1824, la «instrucción de rentas reales» de 1826, la creación del «Tribunal mayor de cuentas» en 1828 y otras en apariencia menos espectaculares, pero de innegable trascendencia como, por poner un ejemplo, la «Instrucción […] que prefija las obligaciones […] de los ayuntamientos del reino en la cobranza, recaudación y pago de las contribuciones reales de quota fija». Lo malo era que López Ballesteros podía poner orden dentro del ministerio pero no fuera de él, de modo que era incapaz de centralizar el conjunto de los ingresos y de los gastos del estado, parte de los cuales estaban bajo la responsabilidad de otros organismos. En estas condiciones era lógico que la reforma administrativa no consiguiese los resultados que correspondían a la ambición de su planteamiento[15].

En dos aspectos fundamentales de las actividades de control social, el de la censura y el de la educación, el gobierno se vio obligado a ceder buena parte del protagonismo a la Iglesia, lo que los dejaba al margen de cualquier veleidad reformista. La monarquía española se había mostrado siempre rigurosa en el campo de las normas de censura —la legislación de imprenta vigente a fines del siglo XVIII condenaba con la pena de muerte la introducción clandestina de libros de autores españoles impresos fuera del país—, y las experiencias de los breves períodos de libertad de imprenta no habían hecho otra cosa que extremar su intransigencia. Los hombres a quienes se confiaba la calificación de las obras, que eran generalmente eclesiásticos, vigilaban con celo y desconfianza. Por lo que se refiere a la literatura, sabemos, por ejemplo, que Aribau y sus amigos no consiguieron que pasara una traducción de Ivanhoe, porque a los censores les parecía feo el comportamiento del templario con la judía, y que se prohibió la Atala de Chateaubriand porque el catolicismo del ministro francés parecía demasiado progresista para los gustos hispánicos —«la severidad del catolicismo desaparece de la pluma de Chateaubriand para presentarlo como eminentemente amable»—, con refinamientos teóricos por parte de los censores como el de argumentar que el arrepentimiento de Atala en la hora de la muerte no era suficiente porque, si bien no había llegado a pecar, había tenido deseos impuros «y esta profanación interior de su pureza no se expía, no se reprende por el misionero, no se purifica por ninguno de los medios que prescribe la religión». La consecuencia, como dirá Montesinos refiriéndose a la novela española de estos años, es que «son rarísimas las obras interesantes por algún concepto —calidad literaria, carácter de la época— que pueden destacarse entre lo publicado entonces. La época calomardina tiene arideces de arenal[16]».

Respecto a la educación se puede decir que el gobierno la dejaba totalmente en manos de la Iglesia. Las reformas ilustradas habían sido ya frenadas con anterioridad: se había establecido una cierta ordenación de planes de estudio universitarios y se reprimieron los intentos renovadores en el terreno de la enseñanza de las primeras letras, como la introducción de los métodos de Pestalozzi, iniciada por militares suizos y alemanes en 1803, que acabó liquidada en 1808 por orden del propio Godoy, que inicialmente la había protegido. Ahora, de todos modos, y después de la liberalización de los años del trienio, se requería una acción mucho más enérgica, que se iba a concretar en dos medidas: depuración y vigilancia de los docentes, por un lado, y control riguroso de las materias enseñadas, por otro, con planes de estudio determinados por el gobierno y fijación de los libros que se debían utilizar.

Era necesario, para empezar, suprimir la enseñanza privada (se entiende laica, puesto que nunca se consideró privada la de las órdenes religiosas): «Las enseñanzas privadas son otros tantos depósitos de contrabando donde se burla el celo de la autoridad y envenena la juventud […]. La autoridad civil […] debe cerrar estos semilleros privados […] y debe precisar a los padres a que acudan a comprar la doctrina de sus hijos a los almacenes públicos sometidos a la vigilancia del gobierno». Los frailes reclamaban que se les devolviera la enseñanza con el fin de combatir la perversión de la juventud, y el gobierno, que no tenía recursos para hacerse cargo de ella, les animaba a que la tomaran por su cuenta[17].

Por lo que a la universidad se refiere, las primeras medidas que tomó el absolutismo restaurado se limitaban a mandar, el 24 de septiembre de 1823, que se volviese a las normas de 1818, que anulaban las reformas de 1807, imponían los planes de 1771, prohibían y fijaban libros de estudio y exigían «que los estudiantes no puedan ser admitidos en los estudios, si no se presentan en ellos con la ropa talar acostumbrada» (o sea con sotana). Paralelamente se debía proceder a la depuración del profesorado —en Valencia cayó la mitad del total, mientras que en Santiago se «impurificó» a unos treinta—, y a la «recristianización» de la enseñanza (estudios de religión, obligación por parte de los estudiantes de comulgar por la Concepción y por «san Fernando», «so pena de perder curso»), para someterse finalmente a la estricta regulación del «plan Calomarde», elaborado, igual que el de las escuelas de latinidad y de primeras letras, por una comisión de frailes y consejeros jubilados, entre los que destacaba el mercedario fray Manuel Martínez, ultra notorio y director de El Restaurador.

El plan para la universidad implicaba una máxima centralización y un control riguroso de los libros y enseñanzas, con retrocesos evidentes en algunos terrenos (desaparecía, por ejemplo, la enseñanza del griego). «Nos ha hecho retroceder un siglo», dirá un estudiante de La Laguna, y el marqués de las Amarillas reconocerá en 1834 el atraso de unos centros donde se enseñaba «el sistema o círculo de ciencias que se estableció hace seis siglos». Era lógico que una universidad como la de Cervera, regida por el reaccionario canciller Dou, pudiese proclamarse «estraña a los Cartesios y Neutones», es decir, a la ciencia moderna, y que los miembros de su claustro se ilustrasen firmando colectivamente una representación que, publicada en la Gaceta de Madrid el 3 de mayo de 1827, les haría famosos para siempre con la afirmación: «Lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir».

Para recibir un grado académico era necesario jurar que se defenderían la soberanía del rey, la doctrina del concilio de Constanza sobre el regicidio y la Inmaculada concepción. Los estudiantes que se matriculasen por primera vez debían presentar un certificado «de buena conducta política y religiosa» firmado por su párroco y por la autoridad civil. Después serían constantemente vigilados. En La Laguna había un «tribunal de censura» que era como una especie de inquisición interna: «nos hace vigilar por medio de sus familiares: nuestra conducta, nuestras opiniones, nuestras mismas relaciones sociales están al arbitrio de una policía secreta[18]».

Con todo esto se consiguió paralizar la universidad procurando, sin embargo, mantener los exámenes de fin de curso y la concesión de títulos (con un grado de corrupción que llegó a escandalizar al propio gobierno). En 1830, a los pocos meses de la inauguración de la escuela de Tauromaquia de Sevilla, el miedo al contagio revolucionario francés hizo que el gobierno cerrara todas las universidades, en principio hasta finales de diciembre; luego seguirían cerradas durante dos años, «atendiendo a lo sucedido con los estudiantes de Segovia y Astorga —donde no había universidad— y al apoyo que los revolucionarios esperaban de ellos». Una medida que no parece haber tenido demasiada trascendencia, ya que los mismos ministros mandaban «que se propongan medios para que los estudiantes no pierdan curso», de manera que se montó un sistema de clases particulares oficiosas y se siguió haciendo exámenes y otorgando grados[19].

Después de la regulación universitaria llegaría, en 1825, la de los estudios de grado medio y de los de primeras letras, también bajo la vigilancia de Calomarde y de sus asesores eclesiásticos. Con respecto a los de segundo grado, lo que se consideraba fundamental era combatir los centros privados que se habían establecido, sobre todo en Madrid. El informe que la junta de educación pasó al corregidor de Madrid en noviembre de 1824 recapitulaba todos los argumentos eclesiásticos contra la enseñanza laica, repitiendo que las privadas eran escuelas poco cristianas y que era indispensable que los hombres fueran buenos cristianos para que fuesen también «amantes de sus reyes». Para desacreditarlas se utilizaban todos los argumentos, haciendo acusaciones, no demostradas, sobre el liberalismo de los que enseñaban en ellas, criticándoles que utilizasen textos de origen extranjero (cuando lo que debían hacer era usar compilaciones «de las máximas santas de la divina escritura»), que tuviesen instalaciones demasiado ordenadas y lujosas (lo que «afemina los ánimos») e incluso que enseñasen el francés y el inglés, cuando era bien sabido que todo lo que se podía leer en estas lenguas eran impiedades y obscenidades encaminadas «a provocar a la más desenfrenada lascivia». La prueba de la corrupción de la enseñanza laica la daban los propios estudiantes: «Cuando salen a su ordinario paseo y desahogo, no suelen ir ordenados cual convenía: se les ha visto alternar en sus juegos hasta con los soldados, despojarse a vista del público de sus uniformes, quedándose en chaqueta; fumar a algunos y por sí mismos comprar a las cantineras y cosas semejantes», acciones que, evidentemente, eran opuestas «a los principios de una buena educación, y más entre caballeros y gente acomodada[20]».

En materia de enseñanza primaria, el Plan y reglamento general del 16 de febrero de 1825 clasificaba las escuelas de primeras letras en cuatro categorías según la importancia de la localidad. Las materias básicas que se debían enseñar eran doctrina cristiana, leer y escribir, ortografía y aritmética elemental. Los premios y los castigos eran fundamentales: «Cada niño tendrá su competidor en leer, escribir y demás ramos de enseñanza: tomarán los vencedores los asientos preferentes del vencido, y a aquel se darán alabanzas». Todo estaba rigurosamente fijado, no sólo los libros que había que utilizar, sino incluso la letra que había que emplear —el «llamado bastardo español»—, las devociones que se debían hacer (el «Bendito y alabado sea» al entrar y salir, el rosario cada día, confesión y comunión obligada cada dos meses, etc.), las estampas que debían adornar las paredes…

Por lo que se refiere a las niñas, pocos problemas. En las escuelas de primera categoría se les enseñaría la doctrina cristiana, «leer, por lo menos en los catecismos, y escribir medianamente», pero sobre todo «las labores propias del sexo, a saber: hacer calceta, cortar y coser las ropas comunes de uso, bordar y hacer encaje» (en las de segunda clase se omitiría el encaje y en las de tercera y cuarta, el bordado). Un testimonio de la época nos describe así la educación que recibían las niñas en Barcelona: «aprendían a hacer calceta, coser, encajes y bordar al tambor —eso, se entiende, si eran de familias distinguidas—, a encomendarse a Dios, la doctrina cristiana y un poco de lectura y escritura, cuentas con la regla de 3 y la prueba del 3, y pare V. de contar».

Los sueldos de los maestros estaban también fijados —pese a que no era el gobierno quien los pagaba, sino que salían de fuentes benéficas o municipales— e iban de los ocho mil reales que cobraban los de las escuelas de primera clase de Madrid, a mil trescientos, sin olvidar que las mujeres cobraban menos de la mitad que los hombres, categoría por categoría. Para concursar a una plaza de maestro se exigía «una información de limpieza de sangre», que garantizase que el candidato no tenía antepasados judíos o moros. El Restaurador pedía que se exigiese también la demostración de no haber tenido antepasados liberales, lo que no dejaba de ser una forma bien singular de racismo[21].

Este sistema retrógrado se empezó a aplicar inmediatamente. El mismo año 1825 se publicó una circular del consejo Real que mandaba cerrar todas las escuelas y casas de educación privadas que no estuvieran regidas por maestros con título o por eclesiásticos «de garantía», a la vez que el ministerio de Gracia y justicia daba normas para la depuración de todos los maestros, de acuerdo con los informes que diesen las personas «amantes del rey[22]».

La actitud de los apostólicos ante la cultura explica su desconfianza respecto de todas las entidades que se ocupaban de su fomento. Las Sociedades de amigos del país les daban miedo por las posibles infiltraciones liberales en sus filas. Para el Ayuntamiento de Betanzos era mala cosa incluso la palabra «sociedad»: «Voz mirada actualmente como sinónima de reunión clandestina».

El 23 de septiembre de 1824 se mandaba, además, cerrar las «reuniones de facultativos de la ciencia de curar, de las auxiliares de ésta y aún de otra clase de conocimientos, llamadas academias o sociedades», mientras no hubiesen sido analizadas todas sus actas desde 1808 y se hubiese purificado a sus afiliados. Esta medida, que implicaba cerrar las instituciones médicas creadas por el ejército para atender sus propias necesidades sanitarias, era tan absurda que en Cataluña el capitán general autorizó por su cuenta que se abriesen los cursos de cirugía y farmacia de Barcelona, y al cabo de un mes se tuvo que dar otra real orden que permitía a este tipo de instituciones funcionar en todas partes. En cambio, la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona tuvo que cerrar, a pesar de sus esfuerzos, como lo tuvo que hacer la de Buenas Letras, mientras la junta de Comercio se veía obligada a suprimir la enseñanza de la economía, materia evidentemente maléfica, que se reemplazaría por la de las lenguas modernas[23].

Capítulo 8
LA CRISIS DEL VERANO DE 1824

Que el gobierno iba a tener problemas y enfrentamientos con los grupos ultras desplazados del poder era seguro. Los primeros nacieron de la dificultad de poner orden en la situación de los voluntarios realistas. Según el reglamento de la junta provisional de 14 de mayo de 1823, confirmado por la regencia el 10 de junio, debían ser cuerpos armados de los mismos pueblos, reclutados por los ayuntamientos, que nombrarían a sus jefes y asumirían sus costes, aunque estarían sometidos a la autoridad de los capitanes generales. En estricta lógica, como antes se ha dicho, la creación de la policía debería haber significado su fin. Pero no fue así. Se habían convertido en una policía política, en un poder paralelo, y ni ellos ni sus valedores ultras estaban dispuestos a dejar el control del orden social en manos de los agentes del gobierno. Pero era necesario poner algún orden en su organización y el ministro de la Guerra, Cruz, lo intentó con el nuevo reglamento publicado el 26 de febrero de 1824, en que se fijaba minuciosamente todo lo referente a estos cuerpos.

Merece la pena examinar este documento, poco conocido porque no iba a ser recogido en la Colección de decretos, para entender la naturaleza del proyecto reformista de los hombres que ahora estaban en el poder. El reglamento está precedido por un largo texto del ministro, José de la Cruz, quien sostiene que, una vez pasado el trance de la revolución, había llegado el momento de someter a los voluntarios a una autoridad central y «al orden monárquico». Había que evitar repetir los errores de las milicias nacionales del liberalismo, de las que «no eran excluidos los hombres […] sin bienes, sin oficio, sin relaciones de apego y sin costumbres», lo que respondía al interés de los liberales por «confundir las clases […] y difundir y consolidar el ascendiente de la revolución». El resultado había sido que las milicias «llegaron a decidir […] de la conveniencia o no conveniencia de todas las medidas y disposiciones de sus mismos gobernantes, erigiéndose en sus censores y jueces», presionando con sus propuestas y aliándose en ocasiones entre sí para hacer oposición al gobierno, de manera que acabaron convirtiéndose en «un instrumento de conspiración armada permanente».

El nuevo reglamento, que fijaba sobre todo los deberes de los voluntarios, «separando de la fuerza armada la escala turbulenta de los que llaman derechos, que sólo aprovecha a los revolucionarios», confiaba a los ayuntamientos la selección de los que habían de ingresar en el cuerpo, con la condición de que los que se inscribiesen debían ser personas con «rentas, industria u oficio, o modo honrado y conocido de vivir» y exceptuaba a «los jornaleros y todos los que no puedan mantenerse a sí mismos y a sus familias los días que les toque de servicio en su pueblo». Añadía, además, «y a los que de dichas circunstancias existiesen ya admitidos les relevo de esta obligación». Limitaba, por otra parte, la fuerza efectiva que podía haber en cada pueblo a un máximo de «un voluntario por cada setenta y cinco almas».

La selección de sus mandos se basaría en una elección previa hecha por los ayuntamientos, atendiendo a una serie de circunstancias: una de las condiciones para escoger a un «jefe» era, por ejemplo, «tener bienes raíces de consideración […] o bien nobleza heredada de sus mayores y conservada dignamente». Para cada plaza de «jefe» o de oficial los ayuntamientos debían presentar una terna a los capitanes generales, que serían quienes los escogerían y nombrarían; los oficiales serían, a su vez, los que harían los nombramientos de sargentos y cabos, con la prevención de que en el primero de esos casos se exigía la aprobación del capitán general.

El reglamento era una extensa —247 artículos— y minuciosa reglamentación de todo lo referente a la actividad de los cuerpos, que tenía como finalidad principal evitar lo que estos hombres veían como vicios de la vieja milicia constitucional, «que parecía haberse empeñado en convertir cada pueblo en un estado y cada ayuntamiento en un gobierno», e introducir en la realista «los elementos del orden y la subordinación monárquicas[1]».

Con fecha del 27 de marzo se enviaba a los jefes de realistas de toda España, transmitido en nombre del comandante general de los voluntarios, Aimerich, un documento que se pretendía que había sido escrito por el rey, en el que se le hacía decir: «Con el mayor disgusto mío fue firmado el reglamento acerca de la organización de los voluntarios realistas. Los franceses, que se han atrebido a mi real persona, son los autores de este atentado; pero mi deseo es que hagáis saber a los voluntarios realistas a vuestro mando, y a todos los de las provincias por vuestro conducto, que no se cumpla. Antes por el contrario, se reúnan y coperen a liberarme de las manos de los franceses, resistiendo con la fuerza a los capitanes generales que traten de hacerlo cumplir».

La cosa era tan grave que algunos jefes tuvieron el sentido común de suponer apócrifo el documento, como en efecto lo era, y lo devolvieron a Madrid pidiendo aclaraciones. La situación llegó a tal punto, con actos de agitación tan peligrosos, que el superintendente de policía, Arjona, tuvo que denunciar públicamente en la Gaceta las circulares en que se incitaba a los comandantes de voluntarios a resistirse a la ejecución del reglamento, avisando: «desconfiad de las exageraciones del espíritu de partido». Dos semanas después, Aimerich daba a conocer una «pública manifestación» en que negaba enfáticamente que tuviera algo que ver con el texto subversivo y atribuía el documento a los liberales, que habían pretendido desprestigiar a los voluntarios[2].

Boislecomte nos explica cómo acabó todo: «El poder real tuvo que retroceder ante la resistencia de sus turbulentos defensores; casi todos los voluntarios realistas se negaron a obedecer la orden que los licenciaba. Se tuvo que conceder primero una prórroga, más tarde una exención completa a los voluntarios de Madrid y, finalmente, se extendió el mismo favor a los de todas las demás provincias. Se acabó por abandonar el decreto de organización publicado y la autoridad real, volviendo a buscar el apoyo de la fuerza popular y a proporcionarle armas, decretó para Madrid un tercer batallón que se está reclutando con bastante rapidez. Este aumento ha llevado a dos mil el número de voluntarios realistas de esta capital». Lo que parece claro es que en el aspecto más importante, el de la composición social de los voluntarios, nada cambió. Las listas de oficios de los voluntarios de Madrid muestran que entre asalariados y hombres de oficios pobres (cabreros, cocheros, etc.) representaron, hasta el final de la institución, más de la mitad de los componentes del cuerpo[3].

El cambio de política viene confirmado por una real orden del 6 de septiembre del mismo año 1824, firmada por Aimerich como ministro de la Guerra —una vez desplazado Cruz—, en la que se encarga a los capitanes generales que hagan todo lo posible para aumentar y fomentar los cuerpos de realistas, preocupándose de que los que ingresen «sean decididos amantes del rey nuestro señor», y que busquen recursos no sólo para reorganizarlos, sino para pagar «el vestuario y demás prendas a los que por defección no puedan costearle». «Todo hasta tanto que con más detenida meditación tenga a bien S. M. acordar el medio de rectificar, moderar o mandar llevar a cabo el reglamento de 26 de febrero de este año».

En junio de 1826 se publicó un nuevo Reglamento para los cuerpos de voluntarios realistas del reino que «anulaba» el de febrero de 1824, que no había llegado a estar en vigor, y lo reemplazaba por un texto más breve, cuya novedad más importante era que creaba una inspección general del cuerpo, que se independizaba de ese modo del ejército, ya que la autoridad máxima pasaba de los capitanes generales a su propio inspector general. Se eliminaban las limitaciones numéricas y para entrar en el cuerpo sólo se pedía, de forma bastante vaga, que los candidatos tuviesen «modo honrado y conocido de vivir», lo que no excluía ni siquiera a los jornaleros, a quienes se ofrecían en realidad ventajas, ya que el artículo séptimo decía «quiero y es mi soberana voluntad se considere serlo [voluntario] como un mérito singular, así para obtener destinos, como para obtar a promociones los que ya lo tuviesen» y el artículo décimo añadía que los ayuntamientos y funcionarios «preferirán para los trabajos que puedan ofrecerse en los pueblos y en igualdad de circunstancias a los voluntarios realistas, en especial los jornaleros».

Los voluntarios tenían como finalidad suprema, decía el reglamento, «combatir los revolucionarios y los conspiradores y exterminar la revolución y las conspiraciones». Su servicio ordinario consistía en el mantenimiento del orden en el interior de las poblaciones, mientras que el extraordinario era el que se les podía pedir para perseguir malhechores y revolucionarios fuera del pueblo o para conducir caudales o presos; en este caso, voluntarios, cabos y sargentos cobrarían cuatro reales por el primer día y cinco por cada uno de los días siguientes[4].

Que lo que había querido prevenir Cruz era razonable y que los voluntarios se estaban convirtiendo en una fuerza descontrolada que parecía querer imponerse a un gobierno moderado, nos lo puede mostrar, por ejemplo, el caso de la ciudad de Zaragoza, que nos permite ver cómo se formó la alianza de los voluntarios realistas y de los miembros descontentos del ejército de la fe para oponerse a la política relativamente conciliadora del gobierno, y en especial al decreto de amnistía[5].

La capital aragonesa había sido «liberada» por los franceses a fines de abril de 1823 y en julio había llegado a ella el «mariscal de campo» Capapé con sus hombres. Joaquín Capapé, «el Royo», natural de Alcañiz, donde había nacido en 1787, era «un carretero de buena figura, jaquetón, hombre de mucho despejo y talento natural, amigo de alternar con la aristocracia en partidas de caza y juego de pelota». Había luchado en la guerra de la Independencia y en 1820, en momentos en que pasaba por ser más bien liberal, se hizo miliciano nacional. No consiguió llegar a sargento y, por despecho, se hizo jefe de partida realista. Llegó a mandar seis mil hombres, tuvo éxitos de una cierta importancia y derrotas espectaculares, como la que sufrió en Almonacid el 28 de febrero de 1823 ante la caballería del coronel Arana, y acabó la campaña atribuyéndose el grado de mariscal de campo (en el proceso dirá que es mariscal de campo, según despachos que le dieron «juntas gubernativas realistas y gefes superiores», pero que el reconocimiento de su grado «aún no se le ha librado por S. M., como sucede a otros varios de su clase») y vistiendo la casaca del general Elío que le habían regalado los realistas valencianos[6].

En los meses que siguieron a la reconquista de Zaragoza, donde los franceses no se quedaron de manera estable, se creó en la ciudad un batallón de voluntarios realistas con un millar de hombres. En enero de 1824 se nombró capitán general de Aragón a Grimarest, que tendría muchas dificultades para mantener el orden frente a unos voluntarios que controlaban las calles de la capital. El 11 de marzo entraba en Zaragoza uno de los batallones de la división del «general Capapé», que acudía a licenciarse, de acuerdo con las órdenes de disolución del ejército de la fe (la otra división se mantendría en armas hasta el mes de junio, después de haber fracasado el intento de levantamiento de su jefe).

El reglamento de Cruz provocó, aquí como en otros lugares, la indignación de los voluntarios realistas, cuya agitación no paró ni con la publicación de la contraorden que volvía a autorizar a los jornaleros a seguir en el cuerpo, donde cobraban lo mismo que un oficial «ilimitado». En el mes de abril un supuesto pasquín revolucionario —con amenazas de muerte al rey, a los voluntarios, al clero, etc.— les dio un pretexto para perseguir a golpes de sable y bastonazos a todo aquel que les parecía sospechoso, sin que el intendente de policía, al que llegaron a amenazar, consiguiera controlarlos.

No debe extrañar, por tanto, que se tomasen medidas para hacer frente a una situación casi insurreccional: se nombró a un nuevo capitán general, el conde de España, a quien se suponía más enérgico y más capacitado para controlar a los perturbadores, y se decidió que viniesen tropas francesas de las estacionadas en Navarra a instalarse permanentemente en la ciudad y a hacerse cargo, desde fines de mayo, de todos los puntos de guardia de las puertas. Gracias a los franceses, el nuevo capitán general pudo controlar finalmente a los voluntarios realistas y licenció a los oficiales que quedaban de la división de Capapé (unos 300, la mayoría de ellos analfabetos).

Durante el verano de 1824 se mandó que los voluntarios que estuviesen fuera de servicio, no siendo cabos o sargentos, no llevasen sable ni se paseasen por la ciudad en bandas «de cuarenta o más», y se consiguió, finalmente, desarmar a un núcleo de 250 a los que se consideraba los organizadores de los alborotos. Pero esto hubo que hacerlo sacando a los soldados franceses a la calle y enfrentándose a una tentativa de insurrección a los gritos de «¡Viva el rey absoluto y la Inquisición!».

Fue antes de esto, durante el mes de mayo de 1824, mientras se estaba a la espera de la publicación de la amnistía, y cuando todavía no habían llegado a Zaragoza las tropas francesas que venían de Navarra, cuando se produjo el intento insurreccional de Capapé. La versión de los acontecimientos que nos ha llegado a través de las fuentes impresas es bastante confusa. Se nos dice que Capapé pasó a Madrid, donde había tenido una entrevista con el rey, y que después fue llamado a palacio por segunda vez, en esta ocasión no a la cámara real, sino a otro sitio, donde «una augusta señora» le había explicado que Fernando VII había sido masón y que, por este motivo, estaba excomulgado y no podía reinar. Como el rey no tenía hijos, convenía acelerar las cosas para que abdicase pronto en su hermano Carlos. Así se habría encontrado embarcado en la primera insurrección carlista (estas versiones insisten en que se le encontraron dos cartas comprometedoras del infante Carlos).

Sin embargo, el mismo Capapé aseguró en su causa que no había podido hablar con el rey, quien no estuvo mucho tiempo en Madrid durante esos meses, como tampoco las «augustas señoras»: el 28 de marzo el rey y la familia real —es decir, los infantes y sus esposas— salían hacia Aranjuez, el 11 de abril estaban en Toledo, dedicados a hacer devociones, y el 20 se encontraban de nuevo en Aranjuez. Volvieron brevemente a Madrid el 19 de junio, y el 5 de julio marchaban los reyes —esta vez sin los infantes— a tomar las aguas a Sacedón, pasando por Cuenca, hasta el 9 de agosto. De manera que se puede ver, por este único detalle, la escasa confianza que merece esta novela truculenta que prosigue diciendo que, de acuerdo con las instrucciones recibidas, Capapé salió de Madrid con la idea de amotinar el regimiento de caballería estacionado cerca de Torrejón. Falló, como también en el intento de sublevar a una sección de caballería de Guadalajara. Mosén Oroz, un cura aragonés que le acompañaba, se avanzó con el fin de sumar a la conspiración fuerzas estacionadas en Aragón, pero tampoco lo consiguió. A pesar de ello, Capapé se pronunció y cayó preso[7].

Pero las cosas parecen haber sido bastante más sencillas de lo que esta fábula pretende, aunque, en contrapartida, sean de consecuencias más complicadas. Veámoslo según consta en la larga causa militar a que se le sometió[8].

Hacía tiempo que Capapé estaba en la corte, donde había acudido a reclamar pagas atrasadas (el problema era que el tesorero le exigía la presentación de sus despachos de antes de 1820 para saber de acuerdo a qué graduación debía cobrar, y él no los tenía) y, en especial, a pedir que se le reconociese el grado de mariscal de campo. Había intentado en vano ver al rey y se había entrevistado repetidamente con el ministro de la Guerra, Cruz, para negociar el reconocimiento de su graduación, a la vez que conspiraba con personajes ultras y hablaba mal del gobierno en público, hasta el punto de llamar la atención de la policía, que le tenía vigilado. Arjona estaba convencido de que aprovecharía la publicación del decreto de amnistía «para efectuar un movimiento anárquico en algún punto del reyno», y el ministro de la Guerra había dado orden de que se le negase el pasaporte para volver a Aragón, si lo pedía.

Mientras tanto, Capapé se había puesto en contacto con Bessières, que estaba preparando un levantamiento y que, con este motivo, había enviado dos o tres carros con cajas de armas —«unas trescientas fornituras para infantería, varias lanzas y otros efectos militares»— a Brihuega, donde había mandado previamente a siete u ocho oficiales ilimitados de su confianza. Fue el propio Bessières el que convenció a Capapé de que se sublevase con él, en conversaciones en las que le habría dicho «que si el rey no aprobaba las disposiciones que él había dado en su división, que él tomaría su partido y sabría hacer la guerra al rey y hasta [a] su padre».

Bessières gestionó con el capitán general de Castilla la Nueva —Carvajal, otro personaje ultra, de conducta ambigua, a quien Amarillas califica de «miserable, hipócrita, mal soldado y nulo general»— que diese a Capapé un pasaporte para ir a restablecer su salud a Molina de Aragón, localidad que se hallaba dentro del territorio de la misma capitanía de Castilla la Nueva, de manera que con ello no vulneraba la orden del ministro de no dejarle volver a Aragón. Recibió el pasaporte el 12 de mayo de 1824 y lo adulteró, poniendo «Molinos» en lugar de Molina, con el fin de poderlo utilizar para ir a Aragón. Al enterarse el ministro de la Guerra, Cruz, de su marcha, ordenó que se le persiguiese y capturase, lo que explica que se le pudiese neutralizar tan pronto.

Capapé salió de Madrid el 14 de mayo, «tocadas las cuatro de la tarde y lloviendo», con diversos acompañantes: un escribiente, Miguel Torres, maestro de niños y antiguo novicio de la compañía de Jesús —que no tenía mucho que enseñar, a juzgar por las cartas que escribe—; mosén Oroz, el cura que le hará de mensajero de confianza; un francés, Alexandre Lurde, que es su enlace con Bessières, y un tal Antonio Porta. El 15, desde Torija, escribe una declaración de intenciones al brigadier Agustín Tena, que mosén Oroz, natural como Tena de Calatayud, le llevará en mano: un texto confuso que tiene como base la suposición de que la próxima amnistía y la llegada de tropas francesas a Zaragoza son el inicio de un proceso para desarmar a la vez a los realistas y a las tropas regulares, después del cual se proclamaría una constitución. El 19 llegaba Capapé a Daroca y comunicaba a las autoridades militares que se dirigía a Teruel, para ver «si los aires aquellos y las aguas le restablecían, pues hiba muy atropellado del pecho y varios achaques[9]».

En Daroca se separaron los viajeros. Lurde volvía hacia Madrid para decirle a Bessières que la cosa estaba ya en marcha y que era necesario que se pronunciase de inmediato. Antonio Porta iba hacia Cataluña, con peticiones específicas para Chambó, que no se dejó engañar y replicó: «Bessières ha perdido al Royo, y para perderse siempre estamos a tiempo».

Lo que ocurrió en Madrid lo sabemos por un capitán de lanceros de Bessières, Ambrosio Bax, y por el capitán Antonio del Carpio, que informaban al capitán general. Bessières les dio pasaportes para que fuesen a Miguelturra «con el obgeto de avisar al regimiento de caballería Lanceros del Soberano para que se pusiese sobre las armas, a cuya cabeza devía ponerse». Ante la gravedad de esta orden, los confidentes avisaron al capitán general y, de una u otra forma, se evitó el movimiento, sobre todo porque la rápida captura de Capapé frustró el plan y obligó a aplazarlo.

Mientras esto ocurría en Madrid, Capapé escribía al gobernador de Teruel, José Puértolas, pidiéndole que se viesen «porque seguramente ha llegado la ora crítica para ello, ya me puede Vd. entender». El 24 de mayo llegó a las afueras de Teruel en un carruaje, bajó y tomó un caballo para ir hacia la ciudad, hablando con Puértolas y con tres capitanes que le acompañaban. Por las declaraciones de estos capitanes sabemos lo que les dijo: «Que el rey se hallaba sin libertad, que la constitución se iba a jurar de nuebo […], que el Sr. ministro de Estado le había llamado para decirle que, si quería tomar partido en fabor de la constitución, le harían teniente general y le pagarían todos los atrasos». Como «todos los del govierno eran unos pícaros […], habían determinado seis u ocho, entre ellos Bessières, Chambó y Juanillo, lebantar un ejército para exterminar a nuestros aliados franceses y degollar a todo constitucional» (en ocasiones ha dicho «que entraban en la empresa muchas personas para sublebar a toda España» y parece que estaba efectivamente convencido de que habría un levantamiento general en el momento que se pronunciasen «él y Bessières»). Aseguraba que Bessières tenía ya ocho mil hombres, que había seis mil más comprometidos en las provincias, que Chambó levantaría cuatro mil en Cataluña y decía que él se había comprometido a poner en armas a diez o doce mil en Aragón.

Contaba, naturalmente, con ellos y les exhortaba a actuar, «pues si no lo hacían luego, serían prontamente degollados por los constitucionales que se hiban a colocar en el mando de los regimientos, despachando los realistas a sus casas».

Puértolas, que había sido prevenido por un oficio del intendente de policía de Aragón, no sólo no le hizo caso sino que le hizo detener. Pero Capapé consiguió convencer a un grupo de 55 oficiales y soldados del regimiento de infantería de línea Fernando Séptimo que le custodiaban, utilizando la misma fábula de que el rey estaba prisionero de los franceses y que éstos querían hacerle jurar una constitución. En la noche del 25 al 26 de mayo huyeron juntos por el camino de Mora de Rubielos. El ejército les persiguió y combatió. Consiguieron escapar en primera instancia, pero Capapé «ba erido, pues a boca de jarro se le han tirado varios tiros». Finalmente, el 28 de mayo le capturaron cerca de la «cañada de Fortunete», en Villarluengo. La aventura completa había durado menos de quince días y la insurrección no había llegado ni a dos. El 5 de junio el rey escribía a Ugarte: «Me alegro de la prisión de Capapé».

La versión tradicional completa la historia de manera dramática y misteriosa: «El pobre Capapé fue conducido al castillo de las Peñas de San Pedro. Créese que allí le mataron secretamente: nunca se ha podido averiguar su trágico fin». La realidad es mucho más compleja, aunque menos «misteriosa».

Detenido en Teruel, Capapé fue llevado a Zaragoza y, finalmente, a Madrid, donde sabemos que se le encerró en el cuartel del Seminario de Nobles, primero, hasta que el 19 de agosto de 1825 —en los mismos días en que se producía la insurrección de Bessières—, el rey ordenó llevarle a la Real cárcel de corte, en Madrid, y tenerle incomunicado durante cinco meses, hasta fines de enero de 1826. El proceso al que se le sometió fue larguísimo, porque el propio Capapé introdujo confusiones y puso todo tipo de obstáculos, con la complicidad de los jueces y contra la voluntad del rey, que mandó repetidamente que se acabase un proceso que se estaba arrastrando desde hacía más de un año y medio. El defensor de Capapé, el teniente coronel Urbiztondo, se empeñó en exigir que se le diesen documentos referentes a las acusaciones que Capapé hacía contra el ministro de la Guerra, Cruz, y la cosa llegó al extremo de que se ordenase encarcelar a Urbiztondo, que acabó en el castillo de las Peñas de San Pedro, suspendido de trabajo y a mitad de sueldo durante un año, para que «aprendiese a tratar con el devido respeto a los tribunales de S. M.». Capapé se negó entonces a escoger otro defensor y hubo de ser el rey quien ordenase, a fines de noviembre de 1825, que se le nombrase uno de oficio y que se acabase de una vez. Orden que tuvo que volver a repetir en enero de 1826 porque el proceso no avanzaba.

Sinteticemos la cuestión. Alrededor de la revuelta de Capapé no hay muchos misterios. Era un movimiento contra la política reformista en materia militar que tenía como objetivo principal conseguir el reconocimiento de los grados que se habían otorgado los realistas y el cobro de los sueldos atrasados que reclamaban. Se trataba de un «pronunciamiento» dirigido fundamentalmente a los militares —oficiales ilimitados y, en segunda instancia, voluntarios realistas— y sin trama civil, que especulaba con el tema de la amnistía y con el fantasma de una constitución «a la francesa» con el fin de legitimar la insurrección. La politización del levantamiento de Capapé, su aprovechamiento por parte del sector ultra, se produjo durante el proceso, como podremos ver más adelante. En este sentido, los «pronunciamientos» de Capapé y de Bessières —que son uno sólo: dos etapas del intento insurreccional promovido por Bessières— son únicos en estos años. Las tentativas ultras posteriores serían de naturaleza bastante más compleja.

A principios de junio de 1824, mientras los ultras estaban preparando otras provocaciones destinadas a movilizar a los realistas contra el gobierno —y a ese gobierno no se le ocurría mucho más que pedir a los obispos que hiciesen «misiones» para tranquilizar los ánimos—, el rey, que sólo se fiaba de Ugarte, le enviaba todos los papeles que le daba Ofalia durante el despacho para que los examinara y le diese una respuesta rápida y confidencial: «Quiero tener la respuesta sin falta mañana a las seis de la tarde. La enviarás a Grijalva, el qual ya tendrá preparado un palafrenero; no quiero que la envíes por postillón, porque lo sabrá Ofalia». Veía con malos ojos lo que hacían sus ministros y pensaba que éstos se proponían dimitir (preguntaba, en consecuencia, a Ugarte: «dime qué ministros podrá hacer ese carpintero que tú tienes»).

El 3 de junio Fernando daba a Ofalia una nota tajante en que fijaba al gobierno normas para que no se propusiera para ningún cargo a liberales, afrancesados ni, sobre todo, milicianos, y acababa: «Así mismo mando que los secretarios del despacho [los ministros] cumplan con la orden que les he dado dos veces por Calomarde y una por Ugarte de que cuando propongan cualquier empleo pongan la cláusula de si es o no adicto a mi persona. Tres veces lo he mandado y todavía no se ha cumplido. Parece que no quieren obedecer». Ofalia salió de la reunión indignado por esta nota y le dijo a Calomarde —que se debió apresurar a explicárselo al rey—: «Esto ya no se puede aguantar; ya no tiene confianza en nosotros». Se lo tragó, sin embargo, y despachó al día siguiente con el soberano como si nada hubiese ocurrido; el rey le escribió, burlón, a Ugarte: «no me ha hablado nada de la píldora que recibió ayer[10]».

Las cosas fueron empeorando gradualmente hasta principios de julio, cuando el rey se fue a tomar las aguas a Sacedón para aliviar los dolores de la gota. El día 7 el consejo de ministros examinaba un informe de Calomarde —éste, sin embargo, no estaba presente, ya que había acompañado al rey al balneario— que contenía una carta del regente de Granada avisando del malestar que había entre los realistas a consecuencia del hecho de que los liberales indultados difundían noticias alarmantes, que se decía que éstos estaban protegidos por alguien del gobierno y que parecía estarse preparando «un nuevo trastorno», lo que movía al rey a pedir al consejo de ministros que «le proponga una medida capaz de paralizar estos manejos de los enemigos del trono». Ofalia quitó importancia al tema, ignorando que se habían recibido muchas confidencias acerca de los planes de los liberales para hacer un desembarco en Andalucía. Hubo un enfrentamiento abierto entre el jefe de gobierno y Ugarte —que en esos mismos días había hablado con alarma al nuevo embajador ruso, Oubril, «del tono que tomaba desde hacía un tiempo el conde de Ofalia»—, y la cosa se acabó con la fulminante destitución del ministro de Estado. Que Fernando se hubiese ido a tomar las aguas con Calomarde demostraba que no confiaba en Ofalia, ya que lo habitual era que fuese el ministro de Estado quien acompañase al rey en sus viajes.

En opinión de Caze, Ugarte y Calomarde estaban trabajando para deshacerse de Ofalia y poner a Zea en su lugar. En la biografía de Ofalia, su nieto explica así el enfrentamiento último entre éste y Ugarte: «Habían ocurrido en una reunión del consejo de ministros, de que era secretario Ugarte, ciertas contestaciones harto acaloradas a sazón de que el rey se hallaba en Cuenca, y sin más plazo que el preciso para la ida y vuelta del parte diario, vino la exoneración del conde y su confinamiento a la plaza de Almería». Otra versión dice que «Ugarte llegó a encolerizarse, al punto de amenazar al conde con los puños cerrados[11]».

Desde Cuenca, el 11 de julio, Fernando firmaba la orden de exoneración de Ofalia y nombraba en su lugar a Zea Bermúdez —un hombre a quien tanto los gobiernos de la Alianza como los ingleses veían con buenos ojos—, que se encontraba en aquellos momentos en Londres. Siguiendo su costumbre de alejar a los ministros que destituía, el rey había enviado a Ofalia una orden de destierro a Almería. Éste se quedó un tiempo en Granada, pero el 5 de agosto le obligaron a marchar a su destino «en el momento crítico de ir a desembarcar en aquel territorio los rebeldes». Se resistió a hacerlo de inmediato, lo que posiblemente le salvó la vida, pero tuvo que partir en septiembre, cuando los realistas estaban todavía en plena exaltación y se había corrido la voz de que Ofalia estaba en connivencia con los liberales. En Gador le esperaba un grupo de realistas emboscados que le hicieron preso, anduvieron a tiros con otros que se disputaban el honor de la captura y estuvieron a punto de matarle[12].

El gobierno tenía noticia puntual de este «trastorno» que se anunciaba, ya que los preparativos que se hacían en Gibraltar eran públicos, hasta el punto de provocar una reclamación del cónsul español. El general O’Donnell, jefe de las fuerzas del campo de Gibraltar, había recibido, además, la delación de un soldado sobre el movimiento que se preparaba entre las tropas de Algeciras y otra del francés Husson de Tour sobre los planes de los liberales españoles. El mismo número de la Gaceta, el del 17 de agosto de 1824, que publicaba el decreto en que Cruz fijaba las reglas para resolver la cuestión de los grados del ejército de la fe, daba en la última página una noticia de Algeciras del 9 de agosto: «Una facción pérfida, compuesta de unos 100 de los refugiados españoles y otros habitantes oscuros de la plaza de Gibraltar, se armaron y prepararon una expedición que, saliendo por mar de su bahía a las órdenes del excoronel D. Francisco Valdés, logró apoderarse de la plaza e isla de Tarifa, sorprendiendo a su corta y descuidada guarnición en el momento en que se abrían sus puertas, en la madrugada del día 3». Con la ayuda de los franceses, se había rodeado a los invasores por tierra y por mar y se esperaba capturarles pronto[13].

Pero las cosas eran más complejas de lo que se reconocía, con bastante retraso, en la Gaceta. Días antes se habían levantado algunas partidas en la Serranía de Ronda; el 3 de agosto Valdés desembarcaba cerca de Tarifa y se apoderaba de ella con facilidad, sin encontrar mucha resistencia (a pesar de que su supuestamente «corta guarnición» cuadriplicaba el número de los asaltantes). El proyecto inicial era tal vez ir a Algeciras, pero «obligados por las corrientes y los vientos contrarios a volver a Gibraltar o dejarse llevar hasta Málaga», optaron por desembarcar en Tarifa, donde al día siguiente se les sumó un centenar más de hombres. Los primeros días permanecieron bastante tranquilos, mientras esperaban que el movimiento se extendiera a otros puntos y que un nuevo desembarco distrajese las fuerzas que les asediaban y les permitiese ir hacia la Serranía de Ronda, donde esperaban poder resistir mejor. Un intento efectuado en Marbella fue dispersado con facilidad por las fuerzas gubernamentales y el segundo cuerpo expedicionario, mandado por Pablo Iglesias, no quiso secundar a Valdés, sino que inició otra acción independiente, desembarcando en Almería.

Entre los miembros de esta segunda expedición, donde figuraban Benigno Morales, un cura catalán llamado Boïgues y tres ingleses, había también un individuo singular. Claude François Cugnet de Montarlot era un personaje famoso del carbonarismo francés, que luchó en los ejércitos napoleónicos, donde llegó al grado de mariscal de campo, y conspiró contra los Borbones. Detenido bajo la acusación de participar en una conjura para asesinar al duque de Angulema, pasó a España en 1821, donde seguía proyectando conspiraciones para restablecer el imperio francés y se proclamaba gran maestro de la «Legión de la libertad europea, orden del sol». Al producirse la caída del constitucionalismo cambió el nombre por el de Carlos Massot y se hacía pasar por un pintor suizo. Al morir dejó una especie de testamento político, en que «después de establecer una conspiración sacrílega entre él y Jesucristo muriendo para liberar al género humano, cita a todos los Borbones a comparecer ante Dios en el término de un año».

Una vez desembarcados, los hombres que mandaba Pablo Iglesias se internaron, mientras esperaban que se les reunieran refuerzos del país. Su jefe contaba «con miles de adictos […] a quienes ya había dado aviso de su expedición», pero sólo acudió un grupo de contrabandistas que estaban especialmente sensibilizados porque las autoridades les habían requisado, a comienzos de mes, 180 cargas de tejidos de algodón, lencería y tabaco. Emprendieron finalmente la marcha hacia Almería, que atacaron el 16 de agosto; pero a los primeros cañonazos que se hicieron desde la ciudad los asaltantes se dispersaron y acabaron en manos de los voluntarios realistas de alrededor, mientras Iglesias y uno de sus compañeros eran detenidos en Cúllar de Baza cuando intentaban embarcarse para volver a Gibraltar.

Mientras tanto, la situación de los asediados de Tarifa se había hecho insostenible y Valdés y unos cincuenta hombres escaparon por mar hacia Tánger (la Gaceta añadía que «hasta el día [el 6 de septiembre] han abrazado ocho la secta de Mahoma[14]»).

El 14 de agosto se había publicado una real orden que decía que, dado que los revolucionarios eran incorregibles, tal y como lo probaba el «horrible desprecio» que hacían de la bondad que el rey había demostrado con el indulto del primero de mayo, era necesario «sacar las cosas por algún tiempo de su orden regular y ejecutar castigos prontos». En consecuencia se decidía que «cualquier revolucionario que sea aprehendido con las armas en la mano o envuelto y mezclado en conspiraciones y alborotos que se dirijan a turbar el orden y sosiego público, y a restablecer el sistema anárquico felizmente abolido, inmediatamente sea entregado a una comisión militar para que breve y sumariamente lo juzgue y ejecute lo juzgado, dando cuenta después de lo que haya hecho».

El resultado serían las rápidas ejecuciones de los capturados: los días 23 y 24 les tocaba a los de la partida sublevada en la Serranía de Ronda y a los de Tarifa: 37 hombres, entre los cuales había por lo menos tres de diecisiete años de edad (el 12 de septiembre se añadirían treinta más); casi de manera simultánea se fusilaba a 32 en Almería, entre ellos Benigno Morales, un par de irlandeses y el general francés Cugnet de Montarlot (ocho más serían condenados el 19 de septiembre a ser «pasados por las armas por la espalda» por la comisión militar de Cartagena). Pablo Iglesias y su ayudante, capturados en Cúllar de Baza, no fueron ejecutados en seguida. A Iglesias se le abrió una causa —tal vez interesaba aclarar los rumores de sus relaciones con Ofalia— y el consejo de ministros decidió que se le llevase a Madrid, donde murió ahorcado el 25 de agosto de 1825[15].

La represión no se detuvo con este centenar largo de ejecuciones, sino que en los meses siguientes siguieron goteando las penas de muerte: se ejecutó a siete vecinos de Igualeja entre septiembre y noviembre por haber intentado proclamar la constitución en Benahavís, uno de Iznájar lo era el 6 de octubre por haber pasado «proclamas subversivas dictadas por los revolucionarios de Gibraltar», uno de Estepona el 6 de noviembre por haber tomado las armas «contra los soberanos derechos del rey» y José López Herrera, el jefe del movimiento de Jimena, fue sentenciado a morir a garrote y a cortarle la cabeza, tal como se hizo el 13 de diciembre[16].

Mientras tanto, Capapé aprovechaba las circunstancias para dar un giro sensacional a su juicio, que hacía un par de meses que duraba. El 18 de agosto, repentinamente, el acusado declaró que podría demostrar todo lo que decía en la carta que había enviado a Tena por medio de mosén Oroz, «pero protestó que no podía declarar sobre lo que se le preguntaba mientras que el mariscal de campo don José Cruz, ministro del despacho de la Guerra, subsistiese en el ministerio, pues como el declarante debía fundar su principal defensa en las conbersaciones particulares y reserbadas que había tenido con dicho señor ministro», la influencia de éste le podía perjudicar.

El 28 de agosto, en plena excitación por los hechos de Tarifa y de Almería, Cruz fue destituido y reemplazado por Aimerich, mientras Arjona dejaba la dirección de la policía a Mariano Rufino González, en lo que representaba un claro viraje político que reemplazaba a dos moderados por dos ultras. El nuevo superintendente de policía se estrenaba con una proclama «a todos los empleados» en la que ordenaba que los policías «procuren conservar por todos los medios la más estrecha armonía con las otras autoridades» y «promuevan esforzadamente» el aumento de los cuerpos de voluntarios realistas.

Se pidió entonces a Capapé que explicase lo que callaba, y éste dijo que Cruz trató de atraérselo y que, a principios del mes de mayo, habló con él prometiéndole el cobro de los atrasos en las pagas, la promoción y mandar la provincia que quisiera si se unía a ellos, que se proponían establecer una constitución moderada y que el rey «era un carajo». Añadió, además, que había hecho las mismas proposiciones a Bessières y al coronel Cuevillas, del regimiento de la Reina Amalia (pero cuando se les llamó, tanto Bessières como Cuevillas lo negaron).

Las revelaciones que haría posteriormente el capitán Bax explican el misterio de este giro: «unos días antes de verificarse la prisión del general don José de la Cruz se presentó en casa del que declara el manifestado capitán don Antonio del Carpio, quien dijo al declarante que qué le parecía devería hacer de una minuta que le había entregado el general Bessières para que lo hiciese Carpio al general Capapé, preso en el Seminario de nobles, pues le había prevenido Bessières digese a Capapé que copiase dicha minuta de su letra y rasgase después la que se le mandaba, avisando, inmediatamente a su fiscal para declarar lo que en ella se contenía». Bax, que era un informador regular del capitán general, encontró que la cosa era lo bastante grave como para notificarla. Cuando se le pidió si recordaba lo que decía la minuta que Bessières pasaba a Capapé, Bax explicó así su contenido: «Que en uno de los muchos días que Capapé había ido a presentarse al general Cruz […] a solicitar que se activase la resolución sobre la confirmación de su empleo, le dijo el señor ministro que, si Capapé se unía a ellos, no tendría necesidad de incomodarse tanto, y que no sólo se le confirmaría el empleo de mariscal de campo, sino aún se le daría el de teniente general. A lo que repuso Capapé que siempre que fuese en fabor de Fernando séptimo y para defender sus derechos, que estaba pronto. Y que entonces contestó el señor Cruz que era para establecer mejor gobierno[17]».

Los ultras habían pretendido utilizar a Capapé con el fin de inculpar a Cruz, un moderado que les molestaba y que se había atrevido a intentar controlar a los voluntarios realistas. Pero lo más grave fue que los dos fiscales del proceso Capapé, el conde de Barrautte y Manuel Sanz, dieron un giro abusivo e ilegal a la causa y procedieron a encarcelar al exministro Cruz y a otros dos militares inculpados con él, el brigadier José Agustín Llano y el intendente Francisco Aguilar y Conde. Tan culpable como los dos fiscales era el capitán general de Castilla la Nueva, Carvajal, que aceptó detener a Cruz y a los otros dos sin dar parte al rey, y sin haberse molestado en informarse oficialmente del motivo del encarcelamiento.

El asunto acabaría estallándoles en las manos. El consejo de la Guerra, al cual el rey había pasado la causa, contestaba que el juez encargado del proceso de Capapé, conde de Barrot (o de Barrautte, como se escribe otras veces, parece que con mayor exactitud), «abandonó la seguida de la causa de éste [Capapé], no obstante de hallarse reo confeso de traición y, sin autoridad legítima ni competente, procesó al general Cruz y Correos y decretó su prisión». Lo más extraño, sin embargo, era que el capitán general de la región, que no podía ignorar que Barrautte no tenía facultades para tomar tal medida, y que estaba obligado a comunicarlo todo al rey, «le auxiliase para la prisión del general Cruz sin enterarse antes del motivo».

Y el caso es que no había indicio alguno que diese apoyo a las acusaciones contra Cruz. Todo lo que acabó saliendo del interrogatorio de las personas que Capapé indicaba era que en los «corrillos» ultras de la Puerta del Sol se decía que Cruz «quería cámaras». No es que supieran nada positivo, pero lo sospechaban, porque les parecía que el ministro de la Guerra «protegía a los constitucionales y deprimía a los realistas», que es cosa que esa gente decía de todos los miembros del gobierno. Una de las personas que parecen haberlo dicho era el obispo Víctor Sáez, que seguía en Madrid sin querer incorporarse a su diócesis de Tortosa, pero que, cuando se le interrogó, dijo que no recordaba haber mencionado a Cruz. En definitiva no era más que un cúmulo de rumores, insinuaciones y calumnias, de las cuales decían no acordarse los que las habían hecho circular, cuando la justicia les interrogaba. Los militares del consejo de la Guerra acabaron escandalizados por la irregularidad de un procedimiento que había costado a Cruz tres meses de cárcel injustificada, con incomunicación y malos tratos. El consejo de ministros les dio apoyo y propuso que el caso de Cruz fuera examinado separadamente por un magistrado[18].

El resultado final de este nuevo juicio, presentado a los ministros el 20 de abril de 1825, fue declarar inocentes a Cruz y a los dos hombres acusados con él, condenar al conde de Barrautte a cuatro meses de arresto en un castillo y desautorizar y reprobar a otras autoridades militares, incluyendo al capitán general Carvajal, a la vez que se pedía que esta sentencia exculpatoria se publicase en los diarios y en las órdenes del día de los cuerpos militares. El rey no sólo se conformó, sino que ascendió a Cruz a teniente general e hizo publicar en la Gaceta una reivindicación de los acusados en la que se decía que «cuanto más se busca el crimen porque han sido procesados los referidos sugetos, menos se encuentra aquél, y tanto más resalta la calumnia e injusticia con que han sido perseguidos[19]».

Mientras tanto el rey había insistido en que se hiciese de una vez el juicio a Capapé, encargándolo al consejo supremo de la Guerra, al cual se habían añadido otros consejeros nombrados por el rey. El resultado final era desconcertante porque algunos proponían que se le ahorcara, otros le condenaban a cuatro años en un castillo y había quien incluso le absolvía. El 28 de abril de 1826 el rey tomaba la decisión final: no podía aceptar ni la pena de muerte ni la absolución, de manera que mandaba que se le encerrase en el castillo de San Sebastián de Cádiz, destituido de cualquier cargo y honor militar. Más adelante la sentencia se concretó en enviarle a Puerto Rico por seis años. De Cádiz pasó a Ceuta y a las Canarias, y llegó a Puerto Rico a fines de septiembre de 1827, donde murió el día de Navidad del mismo año[20].

Capítulo 9
UN GOBIERNO ACOSADO

Los sucesos de Tarifa excitaron a los realistas. Se había demostrado que tenían razón: los liberales conspiraban y, si un gobierno débil permanecía impasible ante la amenaza revolucionaria, era necesario que ellos tomasen la iniciativa. Para legitimar su actuación no dudaron en inventar complots masónico-liberales que amenazaban sus vidas, elaborando fábulas que, si bien debieron empezar a circular desde la ruptura ultra de enero de 1824, acompañadas de noticias alarmantes, cobraron nueva importancia a partir de los acontecimientos de Tarifa, momento en que empezaron a imprimirse y difundirse ampliamente.

La primera que conocemos en forma impresa, publicada en Barcelona, es el Arreglament secret de una supuesta junta de «francmasones o constitucionales» que se habrían reunido en la Lonja con el fin de planear una conspiración llena de las más refinadas maldades, para prever lo que había que hacer si «algún día nos volviésemos a ver bajo la tiranía del rey», en la que acababan juramentándose para «matar siempre de todos modos […], hasta tener la gloria de ver al último rey ahorcado con las tripas del último sacerdote[1]».

Del mismo estilo, pero mucho más eficaces, serían otros textos que empezaron a difundirse durante la primavera de 1824. La idea original del más famoso de ellos, Españoles, unión y alerta, era muy parecida a la del anterior. Se suponía que había habido dos reuniones masónicas. En la primera, celebrada en Cádiz el primero de septiembre de 1823, los revolucionarios, que veían ya cercana su pérdida, dibujaban las grandes líneas de la táctica que seguirían, una vez derrotados, para reorganizarse, infiltrarse en los gobiernos de Fernando VII y atacar desde ellos a los realistas. En él se «profetizaba» todo lo que había ocurrido en la política española desde la caída del primer gobierno ultra de la restauración: establecimiento de la policía, negativa a restablecer la Inquisición, disolución del «ejército de la fe», intento de controlar a los voluntarios realistas, etc. Presentar lo que había ocurrido como si hubiese sido anunciado en un texto que se pretendía escrito con anterioridad y vincularlo a un plan masónico podía ayudar a convencer al público de la veracidad de una conspiración que se veía confirmada por acontecimientos supuestamente posteriores[2].

La idea debió parecer tan buena que nuevos redactores fueron añadiendo más profecías retrospectivas al escrito original, con el fin de ir «profetizando» los acontecimientos a medida que se producían, presentándolos como fruto de una segunda reunión de conspiradores: otro congreso masónico que se habría celebrado el primero de abril de 1824 en Gibraltar.

Después de los sobresaltos del verano de 1824, los ultras pensaron que este panfleto resultaba ideal para su propaganda y empezaron a imprimirlo y difundirlo en grandes cantidades. La primera de estas ediciones debió ser la que ordenó hacer en Badajoz el capitán general de Extremadura, Gregorio Laguna, que le añadió un final en que se refería expresamente a los acontecimientos de Tarifa. Las ediciones posteriores —en Málaga, Córdoba, Murcia, Granada— se hicieron muy a menudo con la participación de funcionarios civiles y militares, en colaboración con eclesiásticos y con algunos hacendados ultras. Se puede decir, por consiguiente, que el texto se produjo y difundió en una extraña clandestinidad, ya que fue tolerado e incluso protegido por las fuerzas vivas locales[3].

Los que no podían tolerarlo eran los ministros, acusados de ser instrumentos de los masones en un papel que se estaba difundiendo con el apoyo de algunas autoridades. En enero de 1825 el escándalo había llegado tan lejos que el asunto se discutía en el consejo de ministros y se decidía iniciar investigaciones, que se encargaron al «alcalde de corte» Matías Herrero. El 26 de marzo de 1825 Herrero pedía autorización «para proceder contra algunos individuos de la secretaría del serenísimo señor infante don Carlos, por resultar indiciados en ella», pero resultaba demasiado arriesgado y los ministros quisieron que les enseñase la causa antes de decidir. Al cabo de un mes le pidieron a Herrero que recomendase pronto las medidas que se debían tomar para castigar a los culpables, y éste presentó una propuesta de suspensiones y cambios de destino de funcionarios, de encierros de clérigos en conventos, etc.

De pronto, sin embargo, se produjo un cambio sorprendente. El 18 de mayo los ministros, por iniciativa de Calomarde, acordaron pedir al rey que, con motivo del día de San Fernando, indultase a todos los complicados en la causa y el día 20 Matías Herrero recibió una notificación reservada de Calomarde anunciándole que el rey quería indultarles, excepto en lo que se refería a los costes, y proponiéndole que redactase él mismo el borrador del decreto y del artículo que lo acompañaría en la Gaceta[4].

El 2 de junio se publicaba la explicación oficial del asunto. Sabiendo que circulaban «unos folletos impresos en diferentes ediciones, bajo el título de Españoles, unión y alerta», el rey los hizo juzgar por la junta reservada de Estado, que los calificó «de altamente subversivos, apócrifos, torpes e infames». Al investigar quiénes eran sus autores se descubrió que funcionarios y eclesiásticos que presumían de adictos al rey estaban mezclados en ello. Merecían castigo, pero «no cansándose su majestad de prodigar gracias y beneficios con una magnanimidad sin igual a sus vasallos, aún los más extraviados», y con el fin de celebrar su santo, «se ha servido indultar a los reos y complicados en esta causa de sus merecidas penas», advirtiéndoles de «lo desagradable que ha sido a su majestad su reprobada y criminal conducta». No todos fueron perdonados: el canónigo Ostolaza fue otra vez desterrado al convento de las Batuecas, donde había estado ya encerrado siete años antes, acusado de corromper a las niñas de un hospicio (Miñano comentaba en una carta: «El reverendo Ostolaza va por segunda vez a las Batuecas; Dios le guarde allí muchos años, y ojalá que fueran a acompañarle al mismo destino unas cuantas docenas de tunos[5]»).

Las fabulaciones de este estilo seguirían, sin embargo. En abril de 1825, el superintendente de policía mandó que se recogiese un falso decreto de amnistía inventado para escandalizar a los realistas, y el 17 de agosto, «una supuesta alocución de masones, papel despreciable, malamente espresado y peor imitado […], que propende directamente a dividir la opinión de los españoles, a sembrar la desconfianza de las autoridades». En Madrid había un grupo de eclesiásticos ultras que seguían fabricando papeles de ese tipo. ¿Qué importaba que los detalles fuesen inventados, si sus autores, y el público al cual se destinaban tales papeles, estaban convencidos de la existencia real de la gran conspiración revolucionaria[6]?

En algunos casos no se iba más allá de la circulación de rumores. El gobierno español había tenido que aceptar la permanencia de tropas francesas en la Península, cuya utilidad había resultado evidente al producirse el desembarco liberal de Tarifa, que habían ayudado a reprimir. Pero a los ultras les molestaban estas guarniciones que controlaban el orden público en las ciudades más importantes y que impedían que se extendiese a ellas la prepotencia de los voluntarios realistas. De manera que empezaron a difundir el rumor de que los franceses se quedaban para asegurar «el establecimiento en España de una carta constitucional». Esto ocurría a principios de 1825, al mismo tiempo que el país se llenaba de ejemplares de los papeles que «descubrían» que la actuación del gobierno respondía a un plan masónico. No bastó con que se desmintiera en una real orden. El 19 de abril el rey se lamentaba por el hecho de «que de algún tiempo a esta parte se circulan insidiosamente voces alarmantes de que se me quiere obligar o aconsejar a hacer reformas y novedades en el régimen y gobierno de mis reinos» y reafirmaba su decidida voluntad de «conservar intactos y en toda su plenitud los legítimos derechos de mi soberanía, sin ceder ahora ni en tiempo alguno la más pequeña parte de ellos, ni permitir que se establezcan cámaras», a la vez que avisaba que no transigiría con la insubordinación que se disfrazaba de adhesión.

El asunto acabó afectando al superintendente de policía, el ultra Mariano Rufino González, que había reemplazado a Arjona en el verano de 1824. López Ballesteros denunció que el superintendente hacía correr rumores que implicaban al ministro de Hacienda en actos de corrupción, que decía que Calomarde «vendía a precios determinados las piezas eclesiásticas y las magistraturas» y que organizaba una campaña de anónimos para desacreditar al gobierno. El 7 de mayo se acordó reemplazarlo por José Manuel de Recacho —que culminaría así una carrera a lo largo de la cual fue, sucesivamente, juez, espía y policía—, quien publicó, el 22 de mayo de 1825, un bando que condenaba con penas de prisión a quienes criticaran al gobierno, hiciesen correr rumores, organizasen reuniones y difundiesen papeles, argumentando que lo que estos perturbadores hacían era ayudar a la revolución, «convirtiéndose en instrumentos ciegos de la democracia, pues ponen de hecho en egercicio el principio de la soberanía popular, destructor de toda monarquía[7]».

Para entender la preocupación que causaba una campaña como la de Españoles: unión y alerta hay que hacerse cargo de que en la exaltación de los realistas los hechos solían acompañar a las palabras. En el clima de excitación que siguió a los sucesos de Tarifa, mientras corrían noticias acerca de barcos misteriosos que preparaban nuevos desembarcos revolucionarios, alimentando el miedo de unos hombres que estaban convencidos de que, si ganaban los liberales, les tocaría a ellos el papel de víctimas —que habría «terror negro» en estricta correspondencia al «terror blanco» del pasado—, era previsible que se produjesen respuestas violentas.

En Reus, población que no tenía precisamente fama de realista, el 3 de septiembre de 1824, al día siguiente de conocerse el fracaso de los liberales en Tarifa, «cogieron muchos ricos del pueblo sin saber por qué motivo». En Olot los ultras, eclesiásticos y seglares, constituían el 7 de septiembre una junta de vigilancia promovida por el mismo ayuntamiento con la finalidad de auxiliarle en el «descubrimiento de conspiraciones y facciones de los revolucionarios y malvados[8]».

No sólo se hablaba de la aparición de barcos fantasma. En Navarra y la Rioja las noticias de Tarifa hicieron ver revolucionarios por todas partes. En Viana se decía el 24 de agosto que había liberales reuniéndose en la Sierra de Cameros, incluyendo oficiales de alta graduación. En Briviesca se había detenido a un antiguo fiscal a quien habían encontrado «una infinidad de pliegos que, según noticias, trahía de Tarifa con dirección a Bilbao y otros pueblos de la provincia, y muerte me se ha dado él mismo en dicha prisión con un cortaplumas que, después de haberle quitado todos los papeles, se le quedó olvidado en una bolsa». Más adelante, hacia el mes de noviembre, se decía que los voluntarios realistas de la Rioja perseguían a una partida de liberales a caballo que habían pasado el Ebro por la parte de Haro, o por Miranda de Ebro, «que según vozes vagas, unos dizen son cinqüenta, otros sesenta, otros ciento y otros ciento y cinqüenta». Y si bien estas tramas liberales eran fantasmagóricas, la respuesta ultra podía ser real.

Una carta que llegó a Navarra a comienzos de noviembre por el correo de Aragón, con sello de Tortosa, se expresaba en los términos siguientes:

«Tortosa 31 de octubre de 1824.

»Se ha decretado en Londres por los masones la invasión de España. Mina ha aceptado el mando en gefe de los revolucionarios a propuesta de Llorente y Coeto, que fueron comisionados desde Gibraltar para el efecto. Se ignora en qué punto de la Península se hará el desembarque y empezarán las crueldades.

»Procurar armar los voluntarios realistas y toda gente de bien, no perdonando diligencia, fatiga, enérgicas instancias, ni los mayores sacrificios. Hágase correr y saber a todos los buenos, inspirándoles entusiasmo y valor.

»La cosa es crítica, el tiempo perentorio y las circunstancias crueles. Unión y prevención.

»Entraron ya al Mediterráneo dos barcos grandes de rebeldes y cuentan con cuarenta mil de Barzelona.

»Viva el trono y altar[9]».

Aquella primavera el consejo de ministros discutía las noticias alarmantes que llegaban de todo el país. Las más graves eran tal vez las de Cataluña. En febrero de 1825 el teniente general Reiset, jefe de la división francesa en el Principado, explicaba que «las propias autoridades conspiran abiertamente contra hombres pacíficos, protegidos por una policía que, por otra parte, permanece indiferente ante los robos e incluso los asesinatos […], con agentes miserables que recorren los cuarteles, buscan seducir a los soldados […], amenazan la tranquilidad pública con reuniones misteriosas, armamentos secretos, signos de reconocimiento y discursos sediciosos que propagan por los pueblos por medio de sus secuaces». Poco tiempo más tarde añadía: «Los mayores esfuerzos para producir una sublevación se han hecho durante la última cuaresma; las intenciones hostiles del partido protegido por estas reuniones clandestinas se han expresado desde el púlpito y por medio de hojas diseminadas ampliamente, tanto por el campo como por la ciudad[10]».

En abril un informe del capitán general de Cataluña decía que en Cervera, Solsona y otros pueblos «se notaba bastante efervescencia, particularmente entre los voluntarios realistas, por los temores difundidos de maquinaciones exteriores e interiores de los revolucionarios». Las noticias que Manuel Llauder enviaba desde Lleida denunciaban, en efecto, esta conspiración, que tenía uno de sus centros en Sanahuja, donde Miquel Ferré, «el Sereno», había impuesto el terror, asesinando y extorsionando, y aseguraba que levantaría cinco mil hombres (en su casa se encontraron muchas armas y «una caja de guerra»). Cuando el levantamiento de los Agraviados, dos años más tarde, este mismo individuo, «natural y vecino de Sanahuja, de oficio labrador, de edad cuarenta y cinco años, de estado casado», aparecería de nuevo complicado en la insurrección, vinculado esta vez a la famosa Josefina Comerford, condesa de Sales.

Las noticias alarmantes se multiplicaban: el intendente de policía de Cataluña pedía que se vigilase la introducción de fusiles extranjeros que se había producido «en algún punto del Principado» con la excusa de que eran para armar a los voluntarios realistas, y el agente secreto Manuel Cerezo —es decir, el impresor y espía Manuel Ruiz del Cerro— transmitía noticias de Barcelona en las que se aseguraba «que el pueblo de Cherta y sus alrededores esperaban sólo un aviso de Navarra para sublevarse en los mismos términos que lo hizo Capapé, y que los autores de esta criminal empresa son los oficiales licenciados del exército realista y algunos individuos del clero de Tortosa», que veían la tarea facilitada por la ineptitud del jefe de policía de aquella ciudad y por la ancianidad del gobernador.

Tortosa, que estaba dividida en dos facciones que encabezaban dos eclesiásticos —el «moderado» canónigo Perciva, que lucharía más adelante al lado de Cabrera, y el furibundo padre Onoro—, y donde el obispo Sáez añoraba el poder que había tenido en 1823, era, en efecto, uno de los centros más activos de la conspiración. El capitán general Caro se negaba, no obstante, a hacer caso de estas noticias, «confiado en que el obispo Sáez le avisaría de cualquier novedad[11]».

No era sólo en Cataluña donde se podía advertir la intranquilidad de los ultras. El 7 de mayo de 1825, el gobernador político de Málaga avisaba de la inquietud que había entre los realistas, fomentada por el marqués de Valdeflores, comandante del segundo batallón de la ciudad —al cual, por cierto, nadie había visto el pelo durante los acontecimientos de Tarifa—, en un clima en que los propios realistas de Antequera y Vélez-Málaga ponían inscripciones de «Viva Riego y la constitución, y mueran los realistas» con el fin de excitar a la gente[12].

También había problemas en la capital de la monarquía. El corregidor de Madrid había recriminado a una patrulla de voluntarios realistas que estaban, de noche, en una taberna de la Cava Baja, con el resultado de que éstos se lo habían llevado «preso entre bayonetas al quartel», sin querer reconocer su autoridad. Al mismo tiempo, un funcionario del ministerio de Hacienda «habla en los parages más públicos y en los términos más escandalosos contra el gobierno y sus ministros».

Fue en este momento cuando López Ballesteros intervino en el consejo de ministros para avisar de que, aunque el tema no correspondía a su ministerio, no podía dejar de decir «que hay motivos poderosos para creer que se está intrigando para embolbernos en una revolución y que, con este obgeto, hay correspondencias ocultas entre personas de alto carácter». A mediados de junio los incidentes suscitados por los realistas tenían por escenario Callosa, Orihuela y Murcia, y había problemas en Valencia[13].

Esta situación, y la evidencia de que algunas autoridades militares no parecían preocuparse de poner freno a las conspiraciones, dieron lugar a una amplia remodelación de los altos mandos militares. Al ministro de la Guerra, Aimerich, se le envió a Cádiz como gobernador —reemplazado por un moderado como Zambrano, a quien el padre Gómez Negrete consideraba un liberal demostrado—, y se hizo un cambio de capitanes generales que permitió enviar a Barcelona a Campo Sagrado, reemplazando a un Caro demasiado tolerante con los contubernios ultras (que pasó con el mismo cargo a Granada), a la vez que se cambiaban también en Cataluña el jefe de la policía y el intendente Frigola, acusado de corrupción; Carvajal era enviado a Valencia, sustituyéndole en Castilla la Nueva Joaquín de la Pezuela, y se hacían dos nombramientos cruciales: el del conde de España como jefe de la guardia real y el de Manuel Llauder como inspector general del arma de infantería (que, según explicaría más tarde, encontró minada por los ultras[14]).

Inmediatamente después de la caída de Aimerich, y como si fuese una prueba de fuerza o una advertencia, el 15 y 16 de junio de 1825 se producía un hecho que ponía en evidencia que el gobierno estaba a merced de cualquier movimiento que se pudiese producir en la capital. Los acontecimientos se describían de este modo en la Gaceta: «En la tarde del 15 de este mes compraron los tambores de los voluntarios realistas de esta capital algunas cabezas de cordero que los rancheros prepararon para su cena en el cuartel. Los más de los que comieron de ellas experimentaron por la noche y la mañana siguiente violentos cólicos. Difundida en un momento por Madrid la voz de que habían sido envenenados, y abultándose estos rumores, como se acostumbra en tales lances, se vio alguna inquietud en el público y se oyeron algunas voces alarmantes. Pero adoptadas sin pérdida de tiempo las providencias más eficaces y oportunas para mantener la tranquilidad, y recorriendo las calles patrullas de infantería, caballería y voluntarios realistas, se sosegaron los ánimos y todo volvió al orden[15]».

El nuevo superintendente de policía fue más explícito en la narración que hizo al consejo de ministros. Para empezar dijo que el incidente «no había sido casual sino mui premeditado», y que se había aprovechado la indisposición de los tambores, con la incitación de algunos cirujanos —nombre con que se designaba a los practicantes sin estudios de medicina— que acusaron de liberales a los médicos que no estaban de acuerdo en dictaminar que habían sido envenenados. Lo peor no era, sin embargo, este alboroto, sino la evidencia de que detrás había una voluntad de conspiración que seguía actuando. Como dicen las actas del consejo: «sólo los realistas y algunas mugeres fueron los que turbaron el orden, escitados sin duda por ciertas personas mui conocidas y que tiene denunciadas hace tiempo; que éstas continúan reuniéndose en el cuartel de dicho cuerpo y que no han desistido de su proyecto, a pesar del mal suceso que tuvo; que las mismas se han erigido desde aquel día en jueces, mandando arrestar a quienes se les antoja, y aun dando órdenes para apalear a los que les parece».

El gobierno hizo caso de las medidas que le proponía el jefe de policía: se le facilitaron más hombres, ya que se había visto con dificultades para controlar a los que provocaban desórdenes; se prohibió a los realistas que arrestaran a alguien o lo hiciesen prisionero en su cuartel sin dar conocimiento previo a la autoridad militar; se mandó que no salieran armados más que cuando estuviesen de servicio, que no formasen sin permiso del capitán general…

Medidas más fáciles de publicar que de poner en práctica por un gobierno que se veía obligado a mandar una vez más —lo que significa que no conseguía que le hiciesen caso— que todos los funcionarios civiles y militares y todos los eclesiásticos que estuvieran allí sin licencia del rey volviesen «a sus destinos e iglesias» en el plazo de tres días. Un gobierno que era incapaz de controlar la capital, donde se seguían poniendo impunemente pasquines subversivos, donde se sabía que existían juntas que conspiraban casi públicamente —el ministro de la Guerra aseguraba que había una que mantenía correspondencia con muchos oficiales indefinidos— y donde los ministros no se sentían con fuerza suficiente para controlar el movimiento que, según les decía a fines de junio el capitán general, estaban preparando los realistas de la corte que «trataban de formar una asonada bajo el pretesto de que se les quería desarmar[16]».

El cambio de autoridades militares y policiales vino acompañado de una medida todavía más significativa, como era el final de las comisiones militares, de acuerdo con una ley que se publicó en la Gaceta el día 11 de agosto. El consejo de Castilla había advertido desde el principio que las comisiones militares eran contrarias a la legislación tradicional española, e incluso a algunos decretos dados por Fernando VII después de 1814. Se habían mantenido porque, en la situación de debilidad del estado, «no hubiera sido posible contener a los perturbadores del orden de otro modo que con ejemplares frecuentes de un pronto y ejecutivo castigo, sin necesidad de observar todos los trámites y formalidades legales como en tiempos ordinarios y pacíficos». Al replantearse ahora la cuestión, el gobierno se adhirió a la crítica del consejo de Castilla y el rey las disolvió, de acuerdo con el compromiso que había asumido en el decreto del 19 de abril de mantener «las antiguas y venerandas leyes fundamentales».

Podía parecer el inicio de un viraje hacia la moderación —así lo creyó el rey de Francia, que expresó su satisfacción por lo que hacía el gobierno español, «pues conocía que estaba haciendo cuanto era dable para restablecer la tranquilidad y conciliar los ánimos»—, pero el cambio era totalmente ilusorio[17].

Los ultras seguían controlando buena parte de los resortes efectivos del poder a escala local, y el rey no había cambiado en absoluto de actitud. Lo mostraría, a mediados de agosto, la ejecución de Juan Martín Díaz, conocido como «el Empecinado», un héroe de la guerra de la Independencia que se había jugado la vida luchando contra los ejércitos de Napoleón. El Empecinado se mantuvo fiel en 1823 a la causa constitucional —a pesar de que, según se decía, los partidarios del rey le habían ofrecido un millón de reales y un título nobiliario para que se pasara a los «cien mil hijos de san Luis»—, hasta que disolvió sus fuerzas el 2 de noviembre, acogiéndose a la capitulación que el ejército de Extremadura había firmado el 26 de octubre, y decidió quedarse en el país, ya que los términos de esta capitulación le garantizaban que no sería perseguido. El 22 de noviembre lo apresaron por sorpresa, cerca de Peñafiel, y lo entregaron a los voluntarios realistas de Roa, que se llevaron el guerrillero atado a la cola de un caballo, en medio de insultos y malos tratos. Encerrado en la cárcel de Roa, con grilletes en los pies, permaneció diez meses en medio de un clima de salvaje hostilidad, en un pueblo donde, según Olózaga, que conoció a un compañero de prisión del Empecinado, «casi todos los propietarios y personas acomodadas eran liberales, y todos estaban presos y sufriendo los más duros tratamientos. Habían armado a los jornaleros, que alternaban de día y de noche en la guarda de los presos, a quienes insultaban y escarnecían de la manera más brutal, y pasaban después a sus casas a cobrar el jornal, como si hubieran trabajado en las tierras de su propiedad, que todo aquel tiempo permanecieron incultas y completamente abandonadas. […] Así, viviendo a costa de los ricos, había siempre una plebe ociosa, ebria y feroz, destinada principalmente a martirizar incesantemente al infeliz Empecinado, sin permitirle siquiera una hora de descanso».

Quejoso por el hecho de que su encarcelamiento durase tanto, el rey se impacientaba y escribía a Ugarte: «Ya es tiempo de […] despachar al otro mundo a Chaleco y al Empecinado». Fernando, que parecía mantenerse informado personalmente de lo que ocurría, les había juzgado ya por su cuenta. Antes de que comenzase el simulacro de proceso se dejó al acusado cuatro días sin alimento ni bebida, con el fin de debilitar su resistencia. Sin resultado, ya que no reconoció otro delito que el de haber permanecido leal al gobierno legítimo.

En vano pidió su madre piedad a Fernando, recordándole lo que debía a su hijo. Todo lo que consiguió fue que el rey prohibiese su descuartizamiento. En el último momento, además, el fraile que se había designado para asistirle le traicionó. El Empecinado había hecho un primer testamento público en que hacía legados incluso a los voluntarios realistas, y un segundo, al menos en parte oral, a su confesor, el carmelita fray Ramón de la Presentación, en el que dejaba una suma de dinero a su madre. El fraile le delató espontáneamente, «vajo la fée y palabra de sacerdote confesor del difunto», alegando que la teología «no quiere obligar a los ministros de la penitencia el sigilo, cuando la intención de los penitentes no es de hacer sacramento». La conducta del confesor en el momento de la ejecución y el texto de su mano que publicó Olózaga no permiten dudar de su bajeza moral.

Condenado a la horca, el Empecinado fue ejecutado el 19 de agosto de 1825, «a la hora de tres cuartos para la una de la tarde». Al pie del patíbulo pudo todavía romper las esposas de hierro, con una fuerza sobrehumana, e intentó coger la espada del jefe de la tropa, pero cayó al suelo, los realistas se lanzaron encima de él y lo subieron arrastrado con una cuerda. Gregorio González, alcalde de Roa, nos ha referido su final, que se produjo entre bramidos de la multitud y maldiciones del miserable fraile que le debía atender en sus últimas horas: «Se dio la última orden y quedó colgado con tanta violencia que una de las alpargatas fue a parar a doscientos pasos de lejos, por encima de las gentes. Y se quedó al momento tan negro como un carbón[18]».

El otro caso por el que se impacientaba el rey, el de Francisco Abad Moreno, «Chaleco», guerrillero de Valdepeñas, le haría esperar un poco más. A pesar de que había capitulado de manera regular, como el Empecinado, los realistas le encarcelaron, acusándole de haber cometido asesinatos. Permaneció once meses en la prisión de Valdepeñas, hasta que pasó a Granada, donde fue condenado y ejecutado el 21 de septiembre de 1827 en el campo del Triunfo, donde más tarde moriría Mariana Pineda[19].

Al mismo tiempo que se ejecutaba al Empecinado, el hombre que había sido su lugarteniente durante la guerra de la Independencia, hasta que se vendió a los franceses y traicionó a sus compañeros de armas poniéndose al servicio de José Bonaparte, Saturnino Albuin, «el Manco», iniciaba su ascenso en una carrera que le llevaría a ser general del ejército de Isabel II. Así repartía el régimen los premios y los castigos[20].

La escalada hacia la insurrección ultra pareció detenerse de pronto. En Cataluña, «de repente el despido de un hombre lo ha detenido todo: las reuniones han cesado y algunas autoridades que habían ido a establecerse fuera de las murallas para encontrarse más libres en sus proyectos […] han vuelto a la ciudad, al mismo tiempo que cesaban los conciliábulos. No obstante, los espíritus preparados para un movimiento no se han podido contener inmediatamente y en muchos lugares se han tenido que deplorar los excesos más crueles[21]».

Sólo se trataba de un aplazamiento. La salida de algunos ultras del gobierno y el cambio de capitanes generales pueden haber trastocado algunos compromisos que ya estaban atados. Pero parece que la razón fundamental de este parón fueron los movimientos de tropas francesas cerca de la frontera, que habrían hecho temer a los conjurados que se estaban preparando para entrar en España para dar apoyo al rey y a los gobernantes moderados. La verdad era que la conspiración ultra seguía preparándose en Cataluña, más o menos sincronizada con el movimiento de Bessières.

En el verano de 1825 —en unos días en que la larga sequía acababa de romperse en Madrid con un terrible aguacero que había desbordado los torrentes—, al cabo de un año de la crisis promovida por los desembarcos de Valdés y de Pablo Iglesias, los hilos de las tramas negras estaban comenzando a aparecer a la luz. Hacía poco tiempo que el arzobispo de Tarragona había organizado, con toda publicidad, su junta de fe inquisitorial, y los de Orihuela y Murcia se disponían a imitarle. El proceso Capapé seguía abierto y seguiría del mismo modo durante muchos meses.

Mientras tanto, las actas del consejo de ministros reflejaban el miedo y la debilidad de un gobierno asediado. Nada fundamental había cambiado. Seguían los alborotos de realistas en Antequera; en Málaga un tambor de voluntarios había gritado «Viva Fernando VII y no Carlos V»; el capitán general de Granada decía que las autoridades no eran respetadas y que debía tener la tropa de línea «siempre sobre las armas para contener semejantes escesos»; se hablaba de partidas liberales en Cataluña y Aragón, donde los realistas de Teruel decían que iban a perseguir revolucionarios «hacia la serranía de Cuenca», lo que resulta difícil de creer. La policía había denunciado a primeros de junio que un aragonés se había presentado en Toulouse a comprar «porción de uniformes de todos colores y divisas, armas, sacos y cartucheras, y que son conducidos en la diligencia de San Godens y otros carruages de la misma carrera hasta las cercanías de Barbastro». No eran para los liberales. Había proclamas subversivas y agitación realista por todas partes; rumores de que el Trapense volvía a estar en acción; intentos por parte de los voluntarios de perturbar el orden en Valencia, donde un teniente indefinido quería formar una partida «para perseguir y matar negros». Sin olvidar el malestar que producía en el gobierno el desastre de la hacienda, que llegó a alarmar al rey, mientras el tesorero general decía de los empleados de rentas que «unos eran malos y otros ineptos[22]».

Era seguro que Bessières conspiraba. El 18 de junio el superintendente de policía decía «que se había enviado una porción de armas a Brihuega», el lugar donde se sabía que Bessières había hecho acudir con anterioridad a gente de su confianza. El ministro de la Guerra envió a un ayudante, que interceptó las armas e hizo marchar hacia Guadalajara a los oficiales ilimitados que se habían instalado allí. Parece extraño, por todo ello, que el gobierno decidiera el 2 de julio, que «se pregunte a Bessières por qué depositó en Brihuega las referidas armas, con qué objeto, y sin dar conocimiento de ello a las autoridades». Porque hubieran debido tenerlo bastante claro[23].

La policía estaba siguiendo los hilos de una trama insurreccional dirigida desde los círculos ultras de Madrid, que debía empezar cuando tres jefes militares —Bessières, Valero y Barros— fuesen hacia Cuenca, Ciudad Real y Galicia, respectivamente, para iniciar un movimiento en el cual estaban comprometidas fuerzas de diversos puntos de la Península (además, Merino corría por Madrid, y Mataflorida, desde el exilio, trataba de ponerse en contacto con los conspiradores). Carvajal explicaría dos años más tarde «que el foco y origen de esta revolución estaba en Madrid; que él sabía se libraba dinero sobre Zaragoza y Barcelona para pagarla y anticipar los enganches; que todo era dirigido y hecho con conocimiento de personas principales favorecidas por S. M. y autoridades de gran categoría». Y revelaría que los conspiradores habían llegado a ponerse en contacto con él mismo por aquellas fechas: «Siendo capitán general de Castilla la Nueva, havía tenídose el atrevimiento de explorar su voluntad y ofrecerle once millones de reales para verificar la sublevación después de exercitada por Bessières[24]».

El problema para los ultras era que no existía una dirección central de la conspiración, sino que en Madrid mismo había un conjunto de juntas independientes que se reunían en diversos domicilios particulares y en algunos conventos, sin que bastase para unificarlas el hecho de que unas cuantas personas figurasen en la mayor parte de ellas (el vizconde de la Torre, el general Valero Podio, el exsuperintendente de policía Mariano Rufino González y eclesiásticos como Matías Bravo, el canónigo Solera, Salomé, Rojas Queipo o Cirilo Alameda, superior de los franciscanos). Las relaciones de esta gente con algunas personalidades del palacio real, y en especial con el «cuarto» del infante Carlos, se sospechaban pero nunca habían sido demostradas. Les faltaba un jefe que pudiese ser reconocido por todos, y eso provocaba disensiones internas y dificultaba las relaciones que mantenían con otras tantas juntas provinciales, que tenían entidad autónoma y adoptaban nombres diversos como los de la Estrella, del Ángel Exterminador, de la Aurora, Sombra de Elío, etc[25].

Si bien en algunas provincias (Málaga, Valencia, Murcia) hubo movimientos y en otras (Galicia, Cataluña) las conspiraciones eran casi públicas, los conjurados de Madrid no se acababan de decidir a iniciar la revuelta, sino que empleaban buena parte de su actividad en animar una campaña paralela que les podía dar unos resultados similares sin tener que recurrir al uso de la fuerza, ahorrándose los riesgos que implicaba: se trataba de presionar otra vez al rey para que restableciera la Inquisición.

La policía seguía muy de cerca los manejos de los conspiradores —Recacho sostenía que la insurrección de Bessières «fue anunciada, descuvierta y aún detallada con mucha anticipación»— y los preparativos que se hacían en Brihuega eran casi públicos. El alcalde mayor de Brihuega hacía meses que avisaba de que allí se estaba preparando algo importante. Estaban afiliándose a los voluntarios realistas «una porción de miserables labradores, algunos ladrones, otros vagos y pocos de regular conducta, y todos dispuestos a bullicio». Se habían producido alborotos el 3 y 4 de abril y quienes los habían protagonizado decían estar bajo la protección de Bessières. El primero de agosto se sabía que dos vecinos de Brihuega habían ido a Madrid a ver a Bessières, seguramente para recibir instrucciones. Si hemos de creer a Zea, el gobierno habría dejado deliberadamente que se iniciase el movimiento para que los comprometidos en la trama ultra apareciesen a la luz. Pero Bessières había avanzado ya hasta tal punto que no debe extrañar que, cuando sintió cerca los pasos de la policía, se pusiese nervioso y precipitase las cosas, confiando en que su actuación acabaría de decidir el inicio del movimiento general[26].

Sabemos poco acerca de ese Jorge Bessières, de origen francés. Llegado, según parece, con los ejércitos napoleónicos, había participado en el intento liberal de Lacy y en los sucesos revolucionarios de 1820; durante el trienio constitucional le encontramos en Barcelona, donde parece que trabajaba como tintorero en una fábrica textil. Participó en mayo de 1821, con un militar y un fraile mexicano liberal, en una fantasmagórica conspiración republicana, que pretendía pasar a Francia para imponer allí la constitución española, a consecuencia de la cual fue condenado a muerte y, finalmente, encerrado en el castillo de Figueres y expulsado a Francia. Allí explicó a la policía que se trataba tan sólo de una provocación organizada por los absolutistas; pero el personaje es un inventor de fábulas que no merece demasiado crédito.

El caso es que, en marzo de 1822, apareció como jefe de una partida más o menos controlada por la regencia de Urgel y que el 24 de enero de 1823 logró una victoria sobre los liberales en Brihuega, que parece ser la razón fundamental que le vincula a esta vieja población industrial en crisis. En abril de 1823 era derrotado por Santillán en Aranda, en mayo ocupaba Medinaceli y rondaba por los alrededores de Madrid, donde el general Zayas, que guardaba la ciudad hasta que entrasen las tropas francesas, con las que había pactado ya la rendición, tuvo que enfrentársele para impedir que sus hombres saqueasen la ciudad. El 24 de agosto de 1823 estaba en Chinchilla y desde allí dirigía una proclama ultra a los «religiosos y leales manchegos»: una de tantas respuestas a la «ordenanza de Andújar» en la que decía que nunca admitiría «innovación alguna política en las leyes fundamentales de nuestros padres».

La población que había escogido ahora para iniciar el movimiento, Brihuega, había sido, en marzo de 1820, «el primer pueblo de la provincia de Guadalajara que ha levantado el grito de libertad». Todo parecía haber cambiado cuando, en enero de 1823, Bessières entraba con cuatro mil hombres «armados de escopetas, fusiles y trabucos» que se entregaban a todo tipo de atropellos —el abuelo de un cronista recordaba que muchos de los guerrilleros «llevaban sus mujeres y sus hijos para que los ayudasen en los saqueos»—, pero que eran bien recibidos por los muchos realistas que había en la villa.

Brihuega era una vieja población dedicada a la industria textil lanera, de donde un buen número de ciudadanos emigró en el siglo XVI a la Nueva España, para iniciar una próspera industria en Puebla. Durante el reinado de Felipe V se creó en la población una «fábrica» de tejidos de lana asociada a la de la cercana ciudad de Guadalajara. Durante el reinado de Carlos III aumentó su importancia y se edificó un nuevo edificio que se acabó de construir en 1787. No tardaría, sin embargo, en entrar en crisis, hasta el punto que en 1814 sólo había diez telares en marcha. La crisis de la fábrica hizo que los vecinos del pueblo se dedicasen a la «fabricación popular» y que recibiesen el régimen constitucional con la esperanza de «que las nuevas instituciones la hagan florecer más». El desengaño que tuvieron ayuda a explicar el viraje de 1823[27].

En febrero de 1824 Bessières disolvió la división del ejército de la fe que mandaba y, a diferencia de otros, consiguió que le fuese reconocida la graduación de mariscal de campo que se había concedido a sí mismo, lo que no impidió que empezase enseguida a conspirar contra el gobierno. En diciembre de 1824 se le había abierto causa en Aragón, a consecuencia de haberse interceptado cartas dirigidas a él desde el campo de Tarragona en las que se hablaba de una conspiración y se decía que se había organizado una junta. Hubo que sobreseer el proceso por falta de pruebas concluyentes, pero resultaba difícil en cambio pasar por alto su implicación directa en la intentona de Capapé[28].

El 15 de agosto el intendente de policía de Guadalajara avisaba que el comandante de los realistas de Brihuega había regresado de Madrid con una carta que decía que el día 16 se sublevarían todos los voluntarios realistas de España «con objeto de poner presos y matar a todos los reputados adictos al sistema constitucional». La noche del 15 al 16 de agosto salía Bessières de Madrid en dirección a Brihuega. Dos oficiales del regimiento de caballería de Santiago escapaban con seis caballos y con otros tantos soldados, mientras el comandante Valerio Gómez se llevaba dos compañías de Getafe, con unos setenta hombres en total, para unirse también al movimiento. Previamente se habían enviado emisarios por los pueblos de Guadalajara, intentando sublevar a los realistas con las noticias de que se había repuesto la lápida de la constitución en Madrid y que Fernando había marchado preso hacia Francia (a donde el rey había ido, como solía hacer en verano, era a La Granja[29]).

El día 18, a las dos de la madrugada, llegaba Bessières a las afueras de Brihuega y esperaba en las eras a que se le reuniese el subteniente de los realistas, antes de entrar en la localidad. Apresó al ayuntamiento —que estaba enfrentado con los realistas— y dijo que «se armaba para impedir que los franceses se llevasen preso a S. M. y pusiesen cámaras». Añadía que «S. M. le ha autorizado para el levantamiento» y «que cuenta con muchos millones». Al saber que se aproximaban las tropas de la guardia real que, al mando del conde de España, habían salido en su persecución, «se salió del pueblo gritando “¡Viva el rey y la religión!”». Aquel mismo día la Gaceta publicaba en primera página la noticia del «escandaloso movimiento de insurrección», con una real orden en que se decía que, si los rebeldes no se rendían a la primera intimación, «serán todos pasados por las armas», pero que serían perdonados los soldados, cabos y sargentos que entregasen a los oficiales rebeldes[30].

El 23 de agosto la Gaceta publicaba en primera página la orden que condenaba a muerte a unos masones detenidos en Granada en plena logia, «revestidos de sus ridículos ropajes». Su ejecución dio lugar a un terrible espectáculo. El verdugo de Granada, que estaba enfermo, pidió que se permitiese que le supliera su yerno, que lo hizo con tanta incompetencia que un fraile franciscano que estaba presente, «advirtiendo que uno de los dichos reos, después de estar ahorcado a satisfacción de los ejecutores y después de haber pasado tres o cuatro minutos, tuvo dicho padre Carabaca que empezar de nuevo a auxiliarle —se entiende que “espiritualmente”— por haber empezado a menear sus pies y sus manos con la mayor vehemencia y por lo que el expresado padre repudió agriamente a los dos ejecutores, al uno porque no sabía ejecutar el suplicio, y al otro porque permitía que, sin saber, causase tanto padecer a los reos».

La condena a muerte de los masones granadinos iba seguida en la propia Gaceta de otra que declaraba traidores a Bessières y a sus cómplices y les condenaba también a muerte (era una buena forma de mostrar que se quería ser igualmente inflexible con los perturbadores de uno y otro bando). En las páginas interiores se daban más detalles sobre la revuelta: los hombres que habían seguido en un primer momento a Valerio Gómez le habían abandonado y no le quedaban ya más que cuatro oficiales y cinco o seis soldados.

Con los voluntarios realistas que logró reunir en Brihuega, Bessières formó una columna de unos 270 hombres, entre ellos unos 15 o 20 a caballo, y en la noche del 18 de agosto marchó con ellos en dirección a Sigüenza, con la intención de reforzarse con los realistas de aquella villa y apoderarse de los caudales de las salinas. Desde Sigüenza se le envió un capitán con la real orden del día 17, que le encontró en el alto de Valdecalabazas. Bessières leyó la orden que condenaba su movimiento, desistió de atacar la villa y huyó hacia las montañas, mientras le iban abandonando la mayor parte de los voluntarios realistas que le habían seguido. La noche del 19 de agosto se comunicaba a Madrid que a Bessières ya no le acompañaban más de una veintena de hombres a caballo. La tarde del día 20 llegaba a Sigüenza el conde de España con tres mil hombres[31].

La revuelta llegó a su desenlace sin que hubiese habido ningún enfrentamiento armado. El mismo día 20 de agosto, a las siete de la tarde, los sublevados se dirigían a la autoridad de un pequeño pueblo, Torrubia, con un papel firmado por el coronel Barros donde se decía que, habiendo sabido lo que mandaba la real orden del día 17, acudían a entregarse a la autoridad para acogerse al indulto que se ofrecía a los que lo hiciesen, y que si no lo habían hecho ya en Sigüenza, era porque desde el pueblo les habían disparado y se habían negado a acogerles. El corregidor de Molina de Aragón, con quien se puso en comunicación la justicia de Torrubia, envió unos voluntarios realistas que descubrieron que Bessières y los pocos que todavía le seguían habían huido a caballo hacia los pinares de Cuenca.

En la Gaceta, y en la página siguiente a aquella en que se daban estas noticias, se publicaba la ejecución del Empecinado y se aprovechaba la ocasión para hacer una reflexión válida para todos los sublevados, fueran del signo que fuesen: «tal es la suerte que aguarda a todos los que, abandonándose como este insensato revolucionario al ímpetu de sus desorganizadoras pasiones, osaren atacar el trono y el altar, y perturbar el público sosiego, cualesquiera que sean los pretextos con que pretendan encubrir sus pérfidas miras, o los servicios que hayan prestado anteriormente». Los conspiradores ultras debieron entender el mensaje[32].

El fin se precipitaba. El teniente coronel Albuin —el compañero traidor del Empecinado— capturó en Zafrilla a Bessières y a los veintiún hombres que le acompañaban (catorce oficiales, tres sargentos y cuatro soldados) el día 23, y los llevó presos y atados a Molina de Aragón, donde esperaba el conde de España. Llegaron a Molina a las nueve de la noche del día 25. El conde había consultado previamente al ministro de la Guerra, Zambrano, qué debía hacer, y había recibido como respuesta que, habiéndose negado Bessières a rendirse en Sigüenza, había que considerarlo condenado a muerte, una interpretación que el rey aprobó. En consecuencia, «los mandó encerrar en una casa de esquileo inmediata a su campamento, habiendo mandado colocar un crucifixo con dos velas en la sala de su prisión». A la mañana siguiente, a Bessières y a siete de los jefes y oficiales que le acompañaban, entre ellos el coronel Barros y el comandante Valerio Gómez, se les leyó el decreto que les condenaba, «se les suministraron los auxilios espirituales de nuestra santa y consoladora religión, y, previa la declaración de su horrendo crimen, han sido fusilados hoy 26 a las ocho y media de la mañana». Se habían cumplido las órdenes dadas por el rey, igual que se había hecho con los liberales de Tarifa un año antes; pero con la particularidad de que en este caso no se fusiló a todos los presos, sino sólo a los jefes más significados[33].

Pese a las amenazas de proceder con la misma dureza contra los conspiradores de uno y otro bando, la represión que se aplicó a quienes se habían sublevado con Bessières no fue como la que habitualmente sufrían los liberales. En Brihuega se encarceló a un total de 127 voluntarios realistas que le habían seguido al principio y le habían abandonado después. Pero en agosto de 1826 el inspector general del cuerpo salió en defensa de los realistas de la Alcarria y atacó al alcalde mayor de Brihuega —el hombre que había denunciado los manejos de Bessières y que se había jugado la vida intentando evitar la insurrección—, diciendo que era un liberal que quería «el exterminio de los voluntarios realistas». A pesar del apoyo que le daban el intendente de policía de Guadalajara y el mismo superintendente del cuerpo, el alcalde mayor fue destituido por el rey, mientras que el beneficiado de Cifuentes, Rafael Manuel López, o el rector de Brihuega, padre Sardina, que constaba que habían dado apoyo a la insurrección, no sólo consiguieron que se les dejara volver libremente a los pueblos, sino que tuvieron la desfachatez de pedir algún documento que acreditara su inocencia[34].

La preocupación más inmediata del gobierno era la de evitar que se produjesen movimientos de resonancia en otros lugares, lo que se pudo conseguir gracias a la rapidez con que se había liquidado el movimiento. El 26 de agosto el intendente de policía de Cataluña recibía órdenes de perseguir y denunciar a quienes se reunían «en juntas secretas que se tienen por realistas», reprimiendo una agitación de la que los vicecónsules franceses de Tarragona y Tortosa informaban puntualmente a París: «Es bien cierto que en Tarragona y sus alrededores hay juntas secretas compuestas por frailes, curas y grandes propietarios; se reúnen de noche y se les acusa de fomentar la exaltación de los voluntarios realistas […]. El desorden y la indisciplina de estos voluntarios ha llegado al máximo; si algunos alcaldes quieren oponerse, sus propiedades son saqueadas, sus viñas arrancadas y los árboles talados, como acaba de ocurrirles a los de Poboleda y Porrera».

El fracaso de Bessières ayudó a que las cosas no fuesen más lejos: inquietud en el campo de Tarragona —donde, según decían los franceses, se ofrecía a los voluntarios media peseta de sueldo y el pillaje— y en Manresa —donde los informes de policía hablan de «cartuchos fabricados en el convento de los dominicos y llevados al de capuchinos de Sabadell»—, y un intento de levantamiento en Tortosa, que tenía como justificación una supuesta trama de los liberales para envenenar a los miembros de la guarnición, «con el objeto sin duda de cooperar algunos oficiales en la insurrección del traydor Bessières», que se resolvió llevándose dos batallones y encarcelando a un capitán, mientras otros dos huían hacia Francia y en la ciudad aparecían pasquines exaltando a Bessières: «Amantes del trono y del altar, ampezamos el baylar, que los constitucionales se han de acabar. Muera la constitución y toda su generación, y viva Besieres y toda su condición. No temáis realistas abatido está, es la ora buena para baylar, que bienen muchas fiestas y no nos caldrá pagar. Bien sabéis de Besieres: no, no tardar, que si tardamos, que si tardamos, ya no bailaremos[35]».

Un pasquín que decía «Viva Carlos V. Viva Besières» apareció en Valencia el 23 de agosto, el mismo día de la captura del jefe guerrillero; en Minaya hubo gritos de «mueran los negros, viva nuestro general Besières» el 31 de agosto; el intendente de Cartagena y una serie de frailes de la misma ciudad acabaron en la prisión, mientras una lista anónima de «los que proclamaron por rey al infante don Carlos y que se hallan mezclados en el plan de D. Jorge Besières y son individuos de la sociedad del Ángel», acusaba a eclesiásticos, hacendados y funcionarios de Orihuela, Almansa, Játiva, Tobarra, Almería, etc.

En Santander el 22 de agosto, inmediatamente después de recibirse las primeras noticias del levantamiento, hubo una reunión en el palacio del obispo que duró de las nueve y media de la noche hasta las tres de la madrugada, en la que participaron una serie de personajes eclesiásticos y civiles. Al día siguiente el obispo mantuvo una reunión con los comandantes de voluntarios realistas de diversas comarcas de la provincia, que habían sido llamados por el gobernador, del cual se sabe que había recibido una comunicación urgente que le había alterado hasta el punto de hacerle exclamar: «No es eso lo convenido». En una reunión celebrada el día 25, cuyo contenido conocemos porque a ella asistía un confidente de la policía, el gobernador dijo que a Bessières le seguían cinco compañías a caballo y que Merino iba hacia Cataluña. Parece que en Santander estaban complicadas en la conspiración prácticamente todas las autoridades civiles y eclesiásticas, exceptuando tan sólo el intendente de policía, y que se contaba además con los voluntarios realistas, que en estos días habían estado haciendo grandes compras de pólvora (algunos preguntaban si les harían rebaja por tres o cuatro quintales).

En Andoain detuvieron a un realista que no llevaba pasaporte y que decía que no faltaría otro Bessières «y que ya no mandaba Fernando 7.º, sino Carlos 5.º». En Galicia un anónimo denunciaba que «resmas de proclamas circulan dando a reconocer a Carlos 5.º por rey de las Españas; circula también el decreto de nuestro amado D. Fernando 7.º abdicando la corona en Carlos 5.º; acompañan pastorales de los obispos diocesanos tituladas “Restablecimiento de la religión católica perdida en España durante el reynado del señor don Fernando 7.º”». En Navarra, en cambio, no parece haber habido prácticamente ninguna reacción. La única que conocemos es el asalto del pueblo de Aldealobos por un grupo de unos ochenta pretendidos realistas a caballo, que permanecieron del 20 al 22 de agosto y robaron a algunos vecinos[36].

La rapidez con que se liquidó el movimiento impidió, sin duda, que tuviese mayores consecuencias. Ayudó también a ello el hecho de que el rey, para quien el gran enemigo seguía siendo la revolución liberal, no quiso que se fuese demasiado lejos en la demanda de responsabilidades. Le vemos en algunos casos intervenir directamente: mandando que se deje en libertad a quienes protestan de su inocencia, advirtiendo explícitamente al consejo de Castilla o diciendo, en algún caso: «Quiero que no se publique en la Gaceta[37]».

A fines de marzo de 1826 las investigaciones sobre la revuelta de Bessières habían llevado a abrir un gran número de procesos, aunque ya no quedaba casi nadie en prisión. Con todo, parecía peligroso ahondar en busca de posibles complicidades: «El Consejo de Castilla encuentra enbuelto en esta causa una gran parte de la nación, gentes de todas clases y estados y condiciones están comprendidas en ella, y gentes algunas de la mayor reputación. Una gran catástrofe parecía que amenazaba al reyno». Su recomendación era cortar el sumario y sobreseer el proceso. A un boticario de Guadalajara, en concreto, acabarían dejándolo en libertad, porque «no se le puede hacer causa por lo reservado del asunto[38]».

El problema, como se ve, no residía en el levantamiento mismo. Los pasos y los actos de Bessières eran bien conocidos desde antes de que se pronunciase y no había gran cosa que averiguar, a pesar de que los ultras empezaron a montar muy pronto una leyenda que pretendía rodear de misterio su persona y sus actos[39]. Lo que no podía hacerse era hurgar en la trama más general de la conspiración, si no se quería romper abiertamente con el realismo ultra, lo que hubiese obligado a pactar con los liberales, ya que los realistas moderados eran demasiado débiles para enfrentarse solos a aquella poderosa alianza de clérigos, militares y proletarios. El año siguiente, mientras el rey y su gobierno se preocupaban sobre todo de la lucha contra las nuevas amenazas revolucionarias liberales, los conspiradores apostólicos, recuperados sin demasiados problemas del fracaso de Bessières, volverían a trabajar en la preparación del gran levantamiento.

Capítulo 10
EL TIEMPO DETENIDO

La marcha del gobierno español en los años 1825 y 1826 parece a primera vista incomprensible, con virajes a derecha e izquierda, en ocasiones casi simultáneos. Tendríamos, así, una primera mitad del año 1825 de triunfo de los reformistas, con las destituciones de Ugarte, primero, y las de Mariano Rufino González y Aimerich después, y una segunda mitad de involución, con la destitución de Zea Bermúdez, reemplazado por el duque del Infantado, seguida el 28 de diciembre de 1825, por el restablecimiento del consejo de Estado y la suspensión, en febrero de 1826, del consejo de ministros, lo que significaba poner los asuntos del gobierno en manos de un colectivo dominado por los ultras.

Cuando se observa esta evolución política desde dentro las cosas se ven de un modo muy distinto. Más que fluctuaciones, lo que hay es la persistencia de una política contrarrevolucionaria —para el rey, como para los ultras, que eran mayoritarios en su entorno, la única amenaza real era la de la revolución— enfrentada a la necesidad práctica de recurrir a políticos moderados para encontrar soluciones a los graves problemas del gobierno. Así ha sido por lo menos hasta el verano de 1826, cuando Fernando parece empezar a apartarse de los ultras. Vistas las cosas de ese modo, la incoherencia se convierte en una lógica nacida del juego de combinaciones y fricciones que se producen entre reformistas y ultras, con un rey despótico pero débil, tozudo pero vacilante, que arbitra el enfrentamiento entre ellos sin decidirse ni por los unos ni por los otros.

Durante el verano de 1825, la insurrección de Bessières y las muestras de malestar en diferentes puntos del país preocuparon seriamente al rey. En la reunión del consejo de ministros del 26 de agosto de 1825, el mismo día en que Bessières y sus cómplices eran fusilados, se leyó una real orden que mandaba que el consejo se reuniese cada día para proponer «aquellas medidas generales y particulares que en las actuales circunstancias se contemplen más oportunas para destruir toda rebelión y desorden». El ministro de la Guerra, Zambrano, opinó que el consejo se encontraría demasiado ocupado por la resolución de los problemas cotidianos y propuso que se crease una junta especial de diez personas dedicadas a estudiar separadamente las cuestiones más generales[1].

Un decreto del 13 de septiembre creaba una Real junta consultiva de gobierno, integrada por veinte miembros. La presidiría el capitán general Castaños y tendría una composición aparentemente extraña —que no lo era desde el punto de vista del rey—, con tres obispos y el superior de los franciscanos, fray Cirilo de Alameda, militares, funcionarios (entre ellos un especialista en cuestiones de hacienda como José López Juana Pinilla) y dos representantes «del comercio», uno de ellos de Cádiz (que nunca llegó a asistir a las reuniones) y otro de Madrid. De tres cosas llegó a ocuparse esta junta: de la hacienda, de los ayuntamientos y de las purificaciones. Respecto de la hacienda, que era el problema que todos consideraban central —Salazar diría: «La hacienda es todo y sin ella no hai nada; luego el arreglo de la hacienda es la primera y principal de todas las atenciones de la monarquía»—, no pasó de unas modestas propuestas de ahorro, ya que la junta se veía obligada a operar con el caos y la falta de datos en que se movía Ballesteros. Sobre los ayuntamientos no hizo mucho. El tema que más discutió, y que acabó siendo decisivo, por su alcance político, fue el de las purificaciones, para el cual, a iniciativa de López Ballesteros, se propuso un procedimiento que permitiese acelerarlas y poner fin de una vez a los juicios y las comisiones. La propuesta que la junta aprobó el 10 de diciembre de 1825 encontró, no obstante, una feroz oposición interna de los ultras, como Anselmo de Rivas y el padre Cirilo, que quisieron que constase expresamente su voto en contra. El resultado de este enfrentamiento fue la liquidación de la propia junta consultiva, que Fernando VII eliminó por una decisión personal y fulminante, a la vez que volvía a convocar el consejo de Estado[2].

Para comprender lo que había ocurrido, y entender también la destitución de Zea —que se había producido con anterioridad, el 24 de octubre de 1825—, es necesario volver hacia atrás. Cuando los ministros pidieron que se crease la junta consultiva, existía ya, desde hacía algún tiempo, otra junta parecida, creada personalmente por el rey sin darle publicidad ni comunicarlo al gobierno —la práctica de ese tipo de dobles gestiones era muy propia de su desconfianza—, que estaba presidida por el duque del Infantado. Mientras la «consultiva» quedaba paralizada por las disensiones entre reformistas y ultras, la que funcionaba de manera reservada había hecho su trabajo con mucha más eficacia. Su propósito era parecido —«previo maduro examen de algunos desórdenes ocurridos, […] proponer a S. M. los medios prudentes y acertados de precaver la repetición de aquellos en lo sucesivo»—, pero la forma de proceder era muy distinta, ya que consistió en enviar a arzobispos, obispos, algunos capitanes generales y otros funcionarios un cuestionario en que se les preguntaba si había habido desórdenes en su diócesis o distrito de mando, cuál creían que había sido la causa, cómo se habían portado los voluntarios realistas y cómo lo había hecho la policía.

Las respuestas llegaron con rapidez (la mayoría estaban fechadas el mismo mes de agosto, algunas en septiembre y sólo dos se hicieron esperar hasta octubre). Los consultados, y en especial los obispos y arzobispos, no necesitaban reflexionar mucho para opinar sobre estos temas y se mostraban encantados de que se les tuviese en cuenta, lo que no solía hacer el gobierno. El contenido de las respuestas, por otra parte, era previsible, teniendo en cuenta a quiénes se había enviado el cuestionario. No había habido desórdenes públicos; algún incidente de delincuencia común y, eso sí, los signos precursores de la conspiración revolucionaria que se preparaba para asesinar a todos los curas y a todos los realistas, que se estaba anunciando con alborotos, pasquines a favor de la constitución, etc. «Domina un rumor universal sobre que no tardará en verificarse una nueva revolución, más funesta que la pasada», dice, por ejemplo, el arzobispo de Granada.

Los voluntarios realistas eran una gente admirable, fidelísimos al rey y adorados por el conjunto de la población. La policía, en cambio, era nefasta, ya que se metía con los buenos y era, en consecuencia, odiada por ellos. Con respecto a la situación del país, el malestar que se percibía se debía a la política que se estaba haciendo desde el gobierno, de clara inspiración revolucionaria, en especial en lo que se refiere a la hacienda, donde los masones se habían infiltrado para enviar a España al desastre con una mala gestión deliberada y preparar de este modo el terreno a la revolución.

Había demasiadas amnistías, que «se han hecho de moda en toda Europa» y que el gobierno concedía, a pesar de que de los pueblos no salían representaciones pidiéndolas, dice el obispo de Guadix. «Se ha contemporizado demasiado […] a pretesto de moderación o de una política conciliadora», según Inguanzo, arzobispo de Toledo.

Los remedios eran sencillos: restablecer la Inquisición, que era mucho mejor y más eficaz que la policía, «fomentar» los voluntarios realistas y depurar a los funcionarios. «Ya no hay otro medio de salvar la nación que restablecer inmediatamente en todo su rigor la Ynquisición general, y aumentar más y más los voluntarios realistas […] y volver por fin con decisión al camino de nuestras antiguas ynstituciones», decía Jerónimo Castrillón, obispo de Tarazona y último inquisidor general[3].

Era, como se ve, el viejo programa del partido apostólico. Pero era también lo que el rey quería oír, en lugar de la propuesta de acabar con las purificaciones que estaba discutiendo la junta consultiva. No habrá de extrañar, por tanto, que Fernando, satisfecho del trabajo que había hecho su viejo amigo Infantado, y a la vista de su sintonía con las autoridades naturales que eran los obispos y arzobispos, decidiese deshacerse de Zea y poner al duque del Infantado al frente del gobierno.

La interpretación del independentista americano Vicente Rocafuerte sobre lo que había ocurrido era que «Zea era hechura del conde de Villèle y el instrumento de la Santa Alianza, la que calculaba que por medio de la moderación y de la prudencia podía proporcionar a Fernando la paz interior y un medio sistema de administración que no fuese tan contrario a sus verdaderos intereses y tan chocante con todas las opiniones del siglo; pero Fernando es incorregible y el clero español insaciable», de manera que «la junta apostólica […] ha triunfado colocando al duque del Infantado».

El 22 de octubre el duque exponía al rey el programa que seguiría desde el ministerio de Estado. Era lo que se podía esperar de este hombre de cerca de sesenta años, que gozaba de la total confianza de Fernando, a quien había apoyado en la época de las conspiraciones contra Godoy, que había presidido la regencia constitucional de Cádiz en 1812-1813, el consejo de Castilla en 1814 y la regencia designada por Angulema en 1823, sin dejar la menor huella de su paso en ninguna de estas gestiones, y que era, en suma, un ser de una absoluta nulidad, del cual no se podía hablar ni siquiera mal.

La mejor descripción que tenemos del «sentimiento político» de Infantado —darle el nombre de «pensamiento» sería excesivo— es la que hace el embajador francés Boislecomte con motivo de una larga conversación mantenida con él, en agosto de 1824. Infantado, que había protegido a Sáez, era enemigo de los ministros moderados y de Ugarte. Al preguntarle a quién debería darse el gobierno, respondía que de ningún modo a la alta nobleza, de la cual no se podía aprovechar ni una sola persona. Sólo en el clero veía gente «honrada, bienpensante y capaz», a quien podía añadirse algún laico de rango secundario. Puesto a citar cuatro nombres para el gobierno le salían Vargas, el arzobispo de Sevilla, el obispo de Málaga y el arzobispo de Toledo. Y si no podía ser un gobierno de obispos, porque los franceses ponían inconvenientes y el rey no se sentía a gusto, pensaba que «al menos se puede introducir eclesiásticos en el consejo de Estado». Boislecomte nos pinta al personaje como un hombre honrado pero inocente —los liberales dicen que «su alma está tan sólo bosquejada»—, de quien los intrigantes abusan a menudo, «valiente en la guerra, pero tímido en exceso y dispuesto a retroceder ante cualquier peligro político». «Poco capaz de concebir y dirigir un plan, y desgraciado en todo aquello que ha emprendido». Más adelante acabaría reconociendo a Isabel II y moriría en 1841, soltero —pero con tres hijos naturales— y loco.

El «programa» de Infantado era una mezcla de buenas intenciones, tópicos y prejuicios: oposición a reconocer la deuda «revolucionaria», negativa a aceptar la independencia de las colonias americanas, propuesta de abreviar la estancia de los franceses en España y mejora de una hacienda en crisis. Por lo que se refiere al orden público, el duque remitía a los «informes verídicos que tube la honra de poner en sus manos» —las respuestas a la encuesta de su junta—, que decían claramente todo lo que había que hacer. Añadamos, finalmente, la petición de que se crease un consejo de Estado «compuesto de un corto número de personas distinguidas […], conocidas por haber dado pruevas manifiestas de su adhesión a los principios monárquicos[4]».

Dos días más tarde caía Zea, que iría como embajador a Sajonia —de donde pasó más adelante a Londres, antes de volver a presidir un gobierno español—, y la junta consultiva podía considerarse condenada, ya que la llegada al poder de Infantado significaba que se debía llevar a la práctica el restablecimiento del consejo de Estado, que no sólo haría inútil la junta, sino también el consejo de ministros, que dejó de convocarse desde fines de diciembre de 1825.

En una de sus últimas sesiones, sin embargo, los ministros habían aprobado una medida que pasa generalmente desapercibida, y que resultaría ser una de las más trascendentales de toda la gestión de López Ballesteros, ya que es la que permite explicar que el régimen español haya escapado a la quiebra en estos años. Aunque las consecuencias de esta decisión se manifestarán más tarde, merece la pena explicarla.

En la sesión del 12 de diciembre de 1825, Ballesteros informó a sus compañeros que la situación de la hacienda era tan desastrosa que no se había encontrado modo de reunir los 32 millones de reales que se necesitaban para pagar los gastos anuales del empréstito de Guebhard, de manera que había decidido ofrecer a los tenedores la conversión de sus títulos en renta perpetua, con el estímulo de incrementar los capitales en un 5 por 100, lo que significa que a quienes tuviesen títulos del empréstito Guebhard y aceptasen renunciar al reembolso del capital al llegar a su vencimiento, se les ofrecía seguir cobrando los intereses anuales «perpetuamente» y se les premiaba aumentando el valor de los títulos que poseían. Esto, que se presentaba al consejo como una medida puntual y de urgencia, fue aprobado por una ley que no apareció ni en la Gaceta ni en la Guía de la real Hacienda. La decisión parecía tener en aquellos momentos muy poca trascendencia, pero abría el camino, oculto a los contemporáneos y mal comprendido por los historiadores, por donde se negociarían los empréstitos de Aguado y por donde el gobierno español conseguiría colocar dos mil millones en títulos de la deuda entre 1827 y 1833. Porque de lo que en realidad se trataba era de emitir «algunas rentas nuevas […] a la sombra de la conversión de dicho préstamo», en una hábil operación de camuflaje que llevaban a cabo en París Javier de Burgos y el banquero Aguado, que eran quienes se encargaban de hacer el trabajo sucio de comprar periódicos y sobornar políticos franceses para que hiciesen la vista gorda y dejasen que se engañase a los tenedores y a los posibles compradores de deuda española. «Siempre que se aproximaba la época de contraer algún empréstito —explicará Toreno a las cortes del Estatuto real— se decía al ministro: “Señor, con 4 o 5 millones de francos que vengan para hacer subir la renta [comprando títulos en París], encontraremos dinero”. Este lenguaje se usaba siempre con el ministerio hasta 20 o 30 días antes de pagar los intereses; entonces ya variaba todo y bajaban los fondos[5]».

El consejo de Estado, restablecido el 28 de septiembre de 1825, constaba de una veintena de miembros, empezando por los infantes Carlos y Francisco de Paula y acabando por los ministros, que eran consejeros mientras estaban en funciones. Entre sus miembros había también la representación más florida de los ultras: el arzobispo Inguanzo de Toledo, el obispo Abarca de León, el padre Cirilo, el marqués de Villaverde, García de la Torre, Erro… Estaban presentes en número suficiente para garantizar que los apostólicos ganarían cualquier votación que se plantease y que controlarían el gobierno, ya que en ausencia del consejo de ministros las cuestiones importantes se habían de discutir ahora en este organismo[6].

Cualquiera que viese las celebraciones públicas que provocó la solemne toma de posesión del consejo de Estado se daría cuenta de que no se trataba de un cambio administrativo, sino de un viraje político que se pretendía de alcance fundamental. De enero a julio la Gaceta reprodujo las exposiciones de felicitación que se hacían llegar al rey por haber restablecido una institución tradicional como esta. Un suplemento especial de la Gaceta publicó el discurso de apertura de Infantado, que contenía toda la filosofía de la institución: la monarquía había estado a punto de desaparecer a consecuencia de la revolución; para evitar «la reproducción de una tormenta tan espantosa» y hacer funcionar bien la máquina del estado no bastaban los ministerios, demasiado ocupados en su tarea cotidiana, sino que «tan sólo un consejo de Estado permanente […] podría llenar estas importantes funciones». Infantado no se privaba de prometer resultados: «las causas que impiden el cumplimiento de vuestras paternales intenciones se descubrirán y V. M. las hará desaparecer; las mejoras se presentarán, y V. M. las aplicará al bien de sus pueblos; una prudente pero indispensable economía igualará los gastos con las rentas del estado y hará renacer el crédito y la prosperidad universal[7]».

¿Cómo se disponía el nuevo consejo a responder a un programa tan ambicioso? Lo primero que hicieron los consejeros fue volver a plantear la necesidad del restablecimiento de la Inquisición, tema que el rey debía frenar por fuerza (con la excusa de que este era un punto que había que tratar estando él presente, fue aplazando la discusión de un mes a otro, sin que llegara a plantearse), ya que, contra lo que aquellos hombres pensaban, aislados del siglo como vivían, no era posible desafiar a Europa con una provocación semejante. Martignac, un político conservador francés, escribía en 1832 que la Inquisición era un tribunal de policía destinado a «parar la circulación del pensamiento y a hacer retroceder la civilización», y que «la resurrección de un cuerpo que se había hecho famoso por tanta sangre derramada en nombre de un fanatismo despiadado parecía una ofensa a la razón humana[8]».

Mientras libraban estas primeras escaramuzas se vieron sorprendidos por un acontecimiento que había de turbarles profundamente: el desembarco de un grupo liberal mandado por los hermanos Bazán en Guardamar. El coronel Antonio Fernández Bazán y su hermano habían emprendido una aventura insurreccional parecida a la que había llevado a Valdés al desastre, pero con menos medios y con una preparación aún peor. La primera idea parece que era la de ir a Galicia, pero la modificaron y decidieron actuar en la costa de Alicante. Los dos hermanos y los 58 hombres que les acompañaban desembarcaron en Guardamar el 19 de febrero de 1826, muy de mañana, convencidos de que su gesto bastaría para promover un levantamiento general a favor de la constitución. Se apoderaron del pueblo, pero no consiguieron el apoyo que esperaban; miles de voluntarios realistas empezaron a perseguirles y, viendo la imposibilidad de reembarcarse, porque el viento había alejado de la costa la nave en que habían llegado, huyeron hacia la sierra de Crevillente, donde fueron rápidamente capturados. Bazán, que había fallado en su intento de hacerse matar, estaba malherido. Del 23 al 27 de febrero se ejecutó en Alicante a veintinueve presos, entre los cuales había ocho franceses; el 28 se fusiló a los que habían sido llevados a Orihuela, entre ellos, el teniente coronel Pardo Figueroa y el capitán Juan Fernández Bazán, hermano del caudillo del movimiento. A éste se le quiso conservar vivo por si se le podía hacer confesar «la trama y proyectos de sus conspiraciones». Pero como estaba gravemente herido y corría peligro de fallecer de muerte natural, se apresuraron a fusilarlo el 4 de marzo en Orihuela, «en la misma parihuela en que le llevaban por sus heridas gangrenosas». El 6 de marzo se ahorcaba en Murcia a Antonio Caro, alias «Jaramalla». Según la Gaceta: «murió impenitente y dejando consternado al numeroso concurso que asistió a este horrible espectáculo, haciéndolo más espantoso un terrible torbellino que se observó al espirar este malvado, quien salió de la cárcel blasfemando y diciendo tales palabras que no se pueden referir sin vergüenza. Y, a pesar de haberle puesto una mordaza, repetía como podía “¡Viva mi secta, viva la constitución masónica!”[9]».

Los papeles que se le encontraron a Bazán «se reducen a proclamas, un bando, una apuntación o nota de diferentes personas a quienes debían exigirse en Vinaroz ciertas cantidades de dinero —y con la señal de una cruz, cuya significación se ignora—, una instrucción provisional de hacienda, un reglamento provisional de gobierno, un papel que dice: “Reserbado. Política de la rebolución” y al margen se anota el principio que dice “en política lo único fijo y necesario es el fin, los medios son indiferentes y tanto en política como en rebolución todo lo útil y necesario es justo[10]”».

El episodio de Bazán confirmó a los ultras en sus previsiones de que había una siniestra conspiración revolucionaria a punto de estallar, dio un considerable prestigio a los voluntarios realistas —que en esta ocasión habían bastado para aplastar el movimiento, sin necesitar la ayuda de los franceses— y debería haberles demostrado a los liberales del exilio que no era verdad que los españoles les estuviesen esperando para sublevarse contra el absolutismo (pero, como veremos, no quisieron enterarse). Pocos meses más tarde, al discutirse en el parlamento británico la situación de la Península, Canning diría que había que reconocer, por increíble que pareciese, que la mayoría del pueblo español parecía aceptar a gusto el despotismo absolutista. Tres años más tarde toda esta zona alicantina sufrió un terremoto de terrible intensidad que destruyó Guardamar[11].

Pasado el sobresalto, que fue de corta duración, el consejo pudo dedicarse al que era, en realidad, el tema más angustioso que debía resolver, el de la hacienda, en una discusión que se hizo sobre la base de una memoria ministerial de López Ballesteros que examinaba la marcha de las finanzas españolas de 1823 a 1825 y presentaba un panorama de miseria e impotencia. Pero si la exposición de López Ballesteros demuestra su escasa competencia en el ámbito de la hacienda pública, la discusión a la cual la sometió el consejo resultó vergonzosa. Sus miembros se limitaban a soñar en una época idílica en que pensaban que no se necesitaban los impuestos. El consejo «hubiera querido retrogradar al tiempo en que la lealtad de las naciones no necesitaba de tropas a sueldo del estado para mantener su tranquilidad interior». Pero ya no era así: «las innovaciones se han hecho como un patrimonio de los pueblos» y se necesitaba un ejército para combatirlas[12].

Esto les creaba una contradicción difícil de resolver, ya que, si querían mantenerse al margen de las innovaciones de la época, necesitaban un ejército que les defendiese de los «innovadores», y para eso necesitaban unos recursos que había que obtener con alguna mejora de la hacienda, aunque fuese parcial y limitada. Sabían que la hacienda española no funcionaba adecuadamente, pero no la querían reformar, porque el principio político esencial que todos compartían era, dicho en palabras del marqués de Villaverde, «lo peligrosa en política que en las circunstancias es toda novedad y particularmente en materia de contribuciones». ¿Qué se podía hacer con estos condicionamientos? Poca cosa: retoques, casi siempre en un sentido regresivo, que empeoraban todavía más la situación, y en última instancia, «reducir nuestros gastos y meternos dentro del círculo de nuestro actual poder», lo que significaba hacer un presupuesto estricto de gastos, ajustado a los escasos ingresos disponibles, y resignarse al papel de un país de segunda o tercera fila en el concierto internacional. La mayor aportación de los consejeros en este terreno sería, precisamente, el impulso que darían a la formación del primer presupuesto de ingresos y gastos del estado.

Aparte de esto, y contra lo que había prometido Infantado, el consejo no tenía nada más que proponer. La nulidad de los consejeros en este terreno se puede comprobar por la insignificancia de las disposiciones que aparecen en la Guía de Hacienda de 1826. Este conjunto de mentes preclaras se dedicaba, por ejemplo, a discutir cuál era la mejor forma de sacar provecho de la exportación de sanguijuelas. Un francés ofrecía una cantidad (16 reales por cada mil), si se le daba la exclusiva; la dirección general de Rentas discrepaba y el consejo, después de debatir largamente una cuestión tan trascendental, llegó a la luminosa conclusión de que lo mejor era «un contrato alzado por medio de subasta[13]».

Mientras se estrellaba ante el problema de la hacienda, en lo que el consejo de Estado resultaba más eficaz era en su contribución a la tarea de desmontar el poder del gobierno central para consolidar el modelo apostólico de estado. Uno de los primeros asuntos que se estaban estudiando, desde el mes de febrero, era el «fomento» de los voluntarios realistas, al cual se añadiría poco después la conveniencia de suprimir la policía, que molestaba a «los buenos» cuando conspiraban —«en vez de contener crímenes, los fomenta; donde no hay delitos, los supone»—, como mostraban los casos en que los funcionarios de policía habían denunciado conspiraciones de eclesiásticos, militares y voluntarios realistas, que eran gente por encima de toda sospecha. El rey accedió en lo que se refería al fomento de los voluntarios, pero no respecto de la supresión de la policía. No siempre se podía realizar el ideal de volver a la situación de los viejos tiempos: «después de una rebolución como la que ocurrió en 1820 hasta 1823 no bastan los medios ordinarios». Lo que Fernando le encargaba a Calomarde, en cambio, era que le propusiese mejoras en el reglamento del cuerpo de policía[14].

Las medidas a favor de los voluntarios parecían responder al programa que se había expuesto en 1825 en unas Reflexiones apologéticas y reglamentarias sobre las milicias realistas, condenadas en aquel momento por el gobierno, que mandó recoger todos los ejemplares que circulaban. El autor de las Reflexiones, que escondía su nombre tras las siglas R. V. L., sostenía que la fuerza militar permanente debía servir exclusivamente para guarnecer las plazas de frontera y para otros destinos parecidos. Como la carencia de recursos impediría que esta fuerza fuese muy grande, convenía desarrollar los voluntarios realistas para que hiciesen todas las funciones en el interior, dotándolos de caballería y de artillería. El radicalismo del proyecto obligaba al autor a contestar unas objeciones que sabía que se le podían hacer, como que «está en contradicción con el poder absoluto del monarca una fuerza propiamente nacional que puede oponerse a sus determinaciones», ya que no dependerían del rey ni estarían a sueldo del estado, sino que se quería que se mantuviesen sobre la base de un sistema autónomo de impuestos. De acuerdo con este plan los voluntarios se convertirían ellos mismos en el estado: todos los funcionarios habrían de incorporarse al cuerpo y no se debería admitir en el futuro a quienes no procediesen de sus rangos. La policía y las comisiones militares tenían también que refundirse[15].

El proyecto de esta democracia populista, que habría configurado una monarquía absoluta en que el rey no tendría poder alguno sobre una institución que lo controlaría todo, podía parecer un ideal lejano, pero la verdad es que el consejo de Estado avanzaba en este sentido con el nuevo Reglamento para los cuerpos de voluntarios realistas del reino que Fernando aprobó el día 8 de junio de 1826. En él se concedía lo que había sido la aspiración máxima de los voluntarios: su independencia de las autoridades militares. A la cabeza del cuerpo habría un «inspector general», cargo que recaería en un general del ejército escogido por el rey y que se entendería directamente con el soberano, prescindiendo del ministro de la Guerra y del gobierno. En cada circunscripción en que hubiese un capitán general, los realistas tendrían un subinspector que dependería de su jefe en Madrid, y no del capitán general correspondiente. De ese modo podrían llevar a cabo, con completa independencia, la función de «combatir los revolucionarios y los conspiradores[16]».

No se trata de especular haciendo interpretaciones sobre el texto del reglamento, sino que se puede comprobar en la realidad hasta qué punto significaba más poder para los voluntarios y la conciencia que ellos mismos tenían de su triunfo. En una circular de la Inspección general de los voluntarios, de 20 de octubre de 1826, podemos ver cómo se acumulan las noticias a favor del cuerpo: destitución del alcalde mayor de Don Benito por no ser lo bastante favorable a los voluntarios; destitución del alcalde de Brihuega y levantamiento de todas las sanciones, costas y multas impuestas a los voluntarios de la Alcarria por la causa de Bessières —ya sabemos que esto significaba sancionar a los que se habían opuesto a la revuelta y premiar a los que habían colaborado en ella—; autorización a los voluntarios de Extremadura para viajar con armas y sin pasaporte «dentro de la provincia e inmediato reino de Portugal»; separación del párroco de Esparragosa de Lares por haber calificado a los voluntarios de «perturbadores del orden» y haberlos acusado de estafar fondos del pueblo; destitución del alcalde mayor de Castuera, del regente de Quintana (ambos por «perseguir» a los voluntarios), con una serie de otras medidas parecidas. Pero tal vez lo más interesante resulte el hecho de que esta especie de boletín se nos conserva en una copia que el jefe de los realistas de Lleida envió al ayuntamiento de la ciudad, añadiendo al final esta nota manuscrita, medio triunfal y medio amenazadora: «para su inteligencia y a fin de que se penetre del alto concepto que tiene S. M. formado de los individuos que sirven en los cuerpos de voluntarios realistas[17]».

En estos momentos en que el país parecía entregado en manos de los ultras se produjo un acontecimiento que escandalizaría a Europa: la ejecución en Valencia de Cayetano Ripoll, condenado a muerte por un tribunal eclesiástico que no tenía existencia legal, pero que era tolerado por el gobierno.

Ripoll había nacido en Solsona en 1778, se había educado en Barcelona —donde había aprendido «la gramática y algo de filosofía»—, trabajó en una casa de comercio y fue soldado hasta fines de 1823, cuando, una vez licenciado, pasó a la categoría de indefinido. Carente de recursos, se puso a enseñar las primeras letras a los niños de la huerta de Ruzafa, en las afueras de Valencia, con un interés y una abnegación ejemplares. Tenemos una serie de testimonios de gente que le conoció que nos pintan un Ripoll alto y robusto, de barba negra y cabellos largos, a quien los hortelanos de Ruzafa llamaban «el mestre Polserut». La escuela donde enseñaba era una barraca que habían construido los propios vecinos de la partida del Perú. Iba también a algunas casas, como a la de Mariana Gabino, una lavandera a cuyos hijos daba clase, y que le guardaba un plato para comer —se negaba, no obstante, a comer carne diciendo: «Es triste que haya que matar a los animales para que vivan los hombres»—, y a la de Josep Vivó, «l’arrosser», donde acudía por las noches a charlar, que fue precisamente donde le detuvieron. Ripoll era respetado en general por su honradez y desinterés, pero no daba muestras de aquella piedad ceremoniosa y externa que los ultras exigían; cuando Mariana Gabino le preguntó por qué no iba a misa, Ripoll le replicó que sabía más que los curas.

Fue denunciado a la junta de fe de Valencia y apresado en octubre de 1824. Permaneció veintidós meses en la cárcel, maltratado, lo que motivó que adelgazase considerablemente (durante todo este tiempo Mariana Gabino le lavó y arregló la ropa). Su conducta fue de mansedumbre pero, a la vez, de firmeza al negarse a la retractación que se le exigía —Menéndez Pelayo hablará, sin ningún tipo de vergüenza por su asesinato, del «indomable aunque mal aprovechado tesón de su alma». Al final de largos interrogatorios el acusador afirmaba que, pese a negar los cargos, «tácitamente los confiesa», y que, en consecuencia, había que considerarlo «hereje formal que abraza toda especie de heregía». Según el informe enviado al arzobispo López por el vicario general de Valencia: «no creía en Jesucristo, en el misterio de la santísima trinidad, en el de la encarnación del hijo de Dios, en el de la sagrada eucaristía, ni en la virginidad de María santísima, ni en los santos evangelios, ni en la infalibilidad de la santa Iglesia católica, apostólica, romana». Resumiendo: «todo lo que no era el decálogo, lo negó».

Se le aplicó la ley de las Partidas que condenaba a muerte a los cristianos que hubiesen abandonado la fe para hacerse judíos o herejes y se le sentenció a morir colgado de la horca y a ser quemado, si bien, teniendo en cuenta que «en el día en ninguna nación de Europa se quema o materialmente se condena a las llamas a los hombres», la quema «podrá figurarse pintando varias llamas en un cubo, que podrá colocarse por manos del ejecutor bajo del patíbulo ínterin permanezca en él el cuerpo del reo y colocarlo, después de sofocado, en el mismo».

Vestido con ropa negra, esposado y a caballo de un asno, fue llevado, la mañana del 31 de julio de 1826, a la plaza del Mercado de la ciudad de Valencia, donde la horca estaba instalada permanentemente, tan frecuente era su uso en estos años de terror. Murió serenamente y su cuerpo, metido dentro de un tonel pintado de llamas, lo llevaron a un puente y lo lanzaron desde lo alto al río, en medio de los gritos y las burlas de los presentes. Permaneció allí todo el día hasta que lo recogieron los «hermanos de Paz y Caridad», que lo enterraron en el cementerio de Carraixet, en tierra profana. Cuatro años más tarde, Próspero Mérimée pudo ver en Valencia el macabro ceremonial de la ejecución de un hombre que había matado a un voluntario realista. Al mostrar sorpresa por el hecho de que la gente no acudiese a ver la ejecución, su guía le explicó que estaban ya hartos de este tipo de espectáculos.

El nuncio del Vaticano en España comentaba, pocos días después, que Ripoll era «un deísta fanático» (sic) que corrompía a la gente con su falsa virtud. Sólo le preocupaba que los periódicos extranjeros se pusieran a criticar, como de costumbre, a los españoles y a la Iglesia. En efecto, unas semanas más tarde el Times de Londres explicaba, a partir de una carta recibida desde Madrid, la historia de la muerte de ese hombre que «según todas las noticias, era una persona caritativa que daba a los pobres todo lo que no le era absolutamente necesario; acostumbraba a ir a las casas de los pobres a enseñar a sus hijos gratuitamente, y con muchos otros actos de esta misma naturaleza mostraba que había entendido bien el verdadero sentido de la religión y que la practicaba». El obispo Simón López, en cambio, se sentía satisfecho y escribía al jefe de la junta, Miguel Toranzo, felicitándole y expresando la esperanza de que la muerte de Ripoll sirviese «de escarmiento para unos y de lección para otros[18]».

Desconociendo la compleja trama de la política de Fernando VII, y suponiéndola entregada a oscilaciones a derecha y a izquierda, los historiadores han sobrevalorado elementos que no pasan de anecdóticos y que no merecen, por este motivo, que se les preste demasiada atención. El primero de ellos es la memoria que Javier de Burgos enviaba al rey, desde París, el 24 de enero de 1826. Burgos, viejo afrancesado y personaje más bien despreciable, estaba en Francia, como ya se ha dicho, para encargarse de gestiones relacionadas con los empréstitos españoles y parece que el propio rey le animó a escribir una memoria donde examinase los males que padecía España y propusiera los remedios posibles. Si se tiene en cuenta que los remedios que Burgos propugnaba eran: «1. Amnistía plena y entera […]. 2. Abrir un empréstito de 300 millones de reales —con garantía de bienes del clero—. 3. Organización de la administración civil» —con la creación de un ministerio del Interior—, se entenderá que la memoria de Burgos tal vez fuese, como dicen sus apologistas, un documento que habría circulado ampliamente en copias manuscritas —«hasta el número de cinco mil», nos aseguran, sin que sepamos cómo las han podido contar—, pero que no podía tener ninguna influencia política real en la España de 1826; era una pieza intrascendente de literatura utópica —en la vieja tradición hispánica de los arbitristas—, parecida a muchas otras que circularon en aquellos años. Fernando valoraba a Burgos por su capacidad negociadora en un asunto financiero complejo —aunque, si hemos de creer a la policía francesa, a menudo «buscaba menos los intereses de España que los suyos personales»—, pero no como consejero político, por lo menos en las perspectivas de aquel momento[19].

La falsa sensación que da el rey de ser un hombre sometido a súbitos cambios de opinión se ve reforzada cuando sabemos que, pocos meses más tarde, mantenía conversaciones con un antiguo fraile, Juan Mata Echevarría, agente y mediador de los liberales en el exilio, que nos ha pintado al monarca «aterrado de miedo a los apostólicos y convencido de hacer alguna reforma en el gobierno» —pero ya se sabe que Fernando da siempre la impresión que cree que conviene a cada interlocutor— y se encontró con que el rey le pedía, como había hecho tantas veces con tantas otras personas, que le hiciese un estudio del estado de la nación y, más adelante, un proyecto moderado de reforma política. Los dos textos que Mata le pasó eran obra de un aventurero singular, el vasco Juan de Olavarría, que proyectaba un esquema político con un consejo supremo de estado, de funciones mal definidas, integrado por consejeros vitalicios y designados por el rey, pero donde las vacantes se cubrirían sobre la base de unas ternas que presentarían las provincias. El proyecto, que incluía una ley de amnistía, el reconocimiento de la deuda de las cortes y unas libertades limitadas, pretendía ser una especie de carta otorgada a la francesa, y debía ponerse en vigor con un golpe de estado[20].

Sabemos que Fernando consideró, al menos especulativamente, este proyecto y que incluso comunicó las líneas esenciales del mismo a su hermano Carlos, a quien se lo presentó como una salida para deshacerse de los diversos «partidos». («Dices —contesta Carlos a la consulta que le hace Fernando— que no quieres volver a ser presa de los constitucionales, y que, para no serlo, es preciso dexarse de partidos, pues eso es lo que desean los liverales para aprovecharse de esta desunión»). Carlos le desaconsejó el proyecto, como era de prever, y le dijo que todos los problemas que había eran por culpa de la política que había hecho él durante aquellos años, «contemplando a los malos, y poniéndote en sus manos, al mismo tiempo que había una propensión en perseguir a los buenos[21]».

En lugar de especular acerca de un Fernando VII que se habría aproximado a los liberales, merece la pena que observemos la fecha en que se produce este intercambio epistolar con su hermano Carlos: las cartas son de fines de julio y principios de agosto de 1826, cuando el gobierno ha de enfrentarse al desastre económico y a la incapacidad del consejo de Estado para resolverlo. El día 12 de julio el marqués de Almenara, que desde París mantenía correspondencia con el rey por caminos extraoficiales —es decir, sin pasar por la vía del ministro de Estado, que era Infantado—, presentaba a Villèle una memoria donde Fernando pedía ayuda para restablecer la tranquilidad del país y organizar la administración, y se lamentaba del fracaso que había representado la gestión de aquel nuevo consejo de Estado dominado por los ultras[22].

La respuesta del jefe de gobierno francés fue negativa. No sólo no habría una ayuda adicional, sino que estaba cansado de la ocupación de España y quería irse de ella hacia el mes de septiembre. Fernando contestó que «no tenía tropas para hacerse cargo de las plazas fuertes» y consiguió un aplazamiento. El rey de Francia, Carlos X, le escribió personalmente una carta muy dura, en que le decía que la ocupación francesa era demasiado costosa para mantenerla indefinidamente: que le daba como último plazo para retirar las tropas el primero de abril de 1827 y «que para este tiempo era de esperar que su majestad católica hubiese puesto su reino en orden; que parecía que no se había hecho absolutamente nada en este sentido durante los tres años de ocupación francesa; que el malestar y la miseria se extendían por todo el país; que no había gobierno establecido ni línea de conducta, y que Francia no se podía hacer responsable ante el mundo de la continuación de este estado de cosas[23]».

Los momentos eran duros y conflictivos. Fernando estaba decepcionado de unos ultras con quienes tal vez se sentía identificado ideológicamente, pero que se habían mostrado incapaces de hacer funcionar la máquina del estado, y habría de volver a recurrir a unos moderados que miraba con desconfianza, pero que le eran indispensables para mantener la administración en marcha y asegurarle los recursos mínimos para sobrevivir. Este verano de 1826 parece haber sido una época de dificultades financieras para el mismo rey, que tenía serios problemas para pagar a los proveedores franceses que le enviaban lámparas y muebles para los palacios reales. Esto nos ayuda a entender que lo que le gustó a Fernando del proyecto de Olavarría fue su propuesta de arreglarlo todo con «un cuarto de hora de resolución y veinticuatro horas de carácter», valiéndose del poder absoluto para dar «el golpe mortal a la anarquía y al absolutismo», como lo había hecho recientemente —este es el revelador ejemplo que propone Olavarría—, el sultán Mahmud II al exterminar a los jenízaros. La cosa se haría convocando en la capital a «los principales corifeos del bando de la oposición», arrestándolos simultáneamente a medianoche y embarcándolos desterrados hacia Filipinas[24].

Fernando no se atrevió a dar el golpe de estado —le faltaba el coraje necesario para un acto tan atrevido—, pero el 19 de agosto cesó como ministro de Estado a Infantado, reemplazado por Manuel González Salmón, y a fines de mes mandaba que se restableciese el consejo de ministros. Una interpretación ultra, la de Ruiz de Luzuriaga, sostiene que, estando el rey tomando las aguas en Solán de Cabras, Infantado consiguió que accediese a reemplazar a los tres ministros «liberales» de Hacienda, Guerra y Marina. «El duque se adelantó a Madrid para poner en ejecución aquella decisión soberana […] más un criado hizo transpirar este secreto, y un correo alcanzó a su excelencia con pliego real para que no se procediera al cambio». Era, según esta versión, el efecto de la influencia que ejercía sobre Fernando la pareja de conspiradores Calomarde-Grijalva. El duque, cansado de ver al rey «dominado por los malvados», dimitió. Los que hicieron circular esta versión tal vez llegaran a creérsela, pero lo cierto era que la incapacidad de Infantado hacía más que justificada su caída.

Era un cambio político significativo, pero se procuró disimularlo manteniendo simultáneamente el consejo de Estado como organismo para los debates de carácter más general —conservaría un papel relativamente importante hasta 1832 e iría languideciendo después, hasta su última sesión, el 17 de marzo de 1834—, lo que dejaba a los ultras con una ilusión de poder. Pero basta con ver las materias que se le sometieron a lo largo de 1827 para darse cuenta de que se le estaba marginando gradualmente. A comienzos de abril de 1827, cuando el consejo de ministros propuso que se pasase al de Estado el tema de las insurrecciones en Cataluña, el rey se negó, y a lo largo del difícil verano de la guerra de los Agraviados se preocupó de tener a los consejeros de Estado entretenidos en discutir el establecimiento de las cifras del presupuesto, mientras el consejo de ministros se ocupaba de la insurrección. El 11 de julio de 1827 el rey mandó a los consejeros de Estado que le presentasen los presupuestos de los gastos de los ministerios antes de fin de mes; Infantado replicó el 30 que era imposible, y el 4 de agosto Fernando les ordenó que trabajasen en dos sesiones diarias para tenerlo terminado el día 31[25].

Pero volvamos al otoño de 1826, cuando surge una nueva cuestión que angustiará al gobierno: los asuntos de Portugal. A comienzos de marzo de 1826 había muerto el rey Juan VI de Portugal. Su heredero legítimo era Pedro, proclamado emperador de Brasil en 1822, a quien la constitución de aquel imperio le impedía asumir conjuntamente con la de Brasil la corona portuguesa. Pedro decidió dar a los portugueses una carta otorgada (fabricada en cinco días sobre el modelo de la constitución de Brasil, y llevada a Lisboa por un diplomático inglés), a la vez que una amnistía, y abdicó seguidamente en su hija María de la Gloria, con la condición de que las autoridades portuguesas juraran la carta y que la nueva reina, que sólo tenía siete años de edad, se casara, cuando esto fuera posible, con su tío Miguel, el candidato de los ultras portugueses, que vivía exiliado en Viena. Estos acontecimientos molestaron a algunos gobernantes reaccionarios europeos, como Metternich, pero no se podían oponer a ellos, ya que se trataba de medidas concedidas libremente por un soberano «legítimo» (sin olvidar que los ingleses no hubiesen consentido que intervinieran).

El mayor problema lo creó España, donde las noticias del giro constitucional tomado por Portugal llegaron a fines de junio y donde el rey se encargó de recordar a sus súbditos, el 15 de agosto, que «sean las que quieran las circunstancias de otros países, nosotros nos gobernaremos por las nuestras» y que no permitiría «que se estableciesen cámaras ni otras instituciones, cualquiera que fuese su denominación».

En teoría el gobierno de Fernando VII se limitó a recordar y reafirmar, de cara a sus propios súbditos, el decreto de abril de 1825 por el cual el rey manifestaba que no estaba dispuesto a hacer cambios políticos de ningún tipo, al cual seguiría, el 11 de julio de 1826, una real orden que mandaba a la policía que controlase estrictamente a los que quisieran cruzar la frontera. Pero bajo mano estaba dando acogida a los «miguelistas» descontentos que se refugiaban en España, y vivía con el temor de una intervención de los liberales portugueses, y tal vez de sus aliados ingleses.

A comienzos de noviembre de 1826 el gobierno español enviaba a Lisboa a Marcelino de la Torre, uno de los socios de la «Real compañía de diligencias», que pretendería que su viaje era para estudiar la posibilidad de establecer una diligencia entre Lisboa y Madrid, pero que iba en realidad a ponerse en contacto, en secreto, con liberales portugueses y exiliados españoles, para enterarse de sus intenciones con respecto a España. Los temores del gobierno parecieron confirmarse muy pronto, cuando, a principios de septiembre, ciento quince hombres armados con ciento once caballos del regimiento de caballería ligera estacionado en Olivenza desertaron a Portugal.

El gobierno español se mostraba oficialmente neutral, e incluso amistoso, con el portugués, mientras organizaba a los refugiados miguelistas para que invadiesen su país, «facilitándoles los medios de que puedan apoderarse de las [armas] de los realistas de algunos pueblos», a la vez que ponía un «ejército de observación» en el Tajo. Los capitanes generales de las provincias fronterizas españolas habían de simular que les había sido imposible impedir la «fuga» e invasión de los absolutistas portugueses refugiados. Las órdenes se transmitieron «en un papel sencillo y en forma de instrucciones, pero sin fecha, firma ni rúbrica», con el fin de poder decir a las potencias extranjeras que el gobierno español no tenía nada que ver con esos hechos.

El cuerpo de intervención miguelista, armado y pagado por el gobierno español —al cual esta aventura le costó un millón de reales y le dejó sin poder reunir los 319 000 duros que le reclamaban los argelinos, que se estaban cobrando directamente sus reclamaciones apoderándose de algunos barcos en aguas catalanas, y amenazaban incluso con desembarcar en la Península—, y dirigido bajo mano por el capitán general de Castilla la Vieja, Francisco de Longa, invadió Portugal el 22 de noviembre de 1826, pero la operación tuvo que detenerse en enero de 1827, ante las presiones y amenazas de todos los gobiernos europeos, desde los rusos, que no paraban de dar consejos de prudencia a Fernando, hasta los franceses, que condenaban públicamente su conducta. Y, sobre todo, ante la actitud decidida de los ingleses.

El gobierno inglés, en efecto, había recibido del embajador portugués, el día 3 de diciembre de 1826, una petición de ayuda contra los actos instigados desde España. Los ingleses, que ya habían discutido por adelantado el problema con el gobierno de París y sabían que éste no ayudaría a los españoles, decidieron intervenir y el 12 de diciembre Canning podía explicar su decisión en el parlamento, anunciando al mismo tiempo que las tropas británicas estaban ya embarcando. Enfermo, este discurso sería una de sus últimas grandes intervenciones, en la que alardeó de haber «llamado al Nuevo Mundo a la existencia». Canning sostenía que los británicos tenían la obligación moral de defender a Portugal de una agresión extranjera, aunque fuese encubierta como la de España: «Hemos visto lo suficiente como para mostrar al mundo que España autorizó, si no instigó, la invasión de Portugal y le decimos a España: “¡Cuidado! Vengaremos la causa de nuestro aliado, si le declaráis una guerra abierta; pero, entre tanto, nos ocuparemos de frustrar vuestras hostilidades encubiertas”». Y recurría a la retórica imperial para exclamar: «Vamos a plantar nuestro estandarte en las alturas de Lisboa, que nos son bien conocidas. Donde se planta este estandarte, el dominio extranjero no alcanza».

El gobierno de Madrid se vio obligado a plegar velas y a formar consejo de guerra a las autoridades militares que habían organizado la invasión, con la pretensión de presentarlas al mundo como culpables de no haberla impedido[26].

El prestigio del país no había llegado nunca a caer tan bajo. Hablando confidencialmente con Canning, a fines de septiembre de 1826, Villèle le expresaba sus deseos de no haber ido nunca a España, donde se había encontrado entrampado por el error de Montmorency en el congreso de Verona, y manifestaba crudamente su opinión: «El estado de este país es tan desesperado como cuando entramos en él, y no hay otra cosa que desee tanto como que llegue el momento en que podamos dejarlo abandonado a su orgullo y su miseria[27]».

Capítulo 11
LA GRAN REVUELTA

El rey y el gobierno estaban obsesionados por el problema de Portugal, que temían que agravase el riesgo de contagio revolucionario: el embajador en Lisboa informaba el 18 de enero de 1827 que los liberales esperaban sublevar España en dos meses, y que no pensaban en invadirla, sino que se fiaban de «el apoyo que pretenden tener dentro de España»; el embajador en París decía, en febrero del mismo año, que había movimientos en las sociedades secretas para hacer una revolución en España: «Se espera que dentro de un mes o seis semanas estalle algún movimiento de rebelión entre las tropas que se han reunido en el Tajo».

Lo que se estaba preparando, en realidad, era todo lo contrario: la contrarrevolución ultra seguía haciendo su camino. En el verano de 1826 volvían a acumularse las noticias alarmantes. El cónsul francés de Barcelona informaba que había reclutadores que «ofrecen a los soldados españoles seis duros por hombre, y seis onzas a los oficiales, si quieren tomar partido por el príncipe don Carlos». Las autoridades descubrieron, a comienzos de septiembre de 1826, un nuevo intento de apoderarse de Tortosa y de Peñíscola, y las indagaciones mostraron que la conspiración tenía «profundas raíces». La proclama de los conspiradores decía «¡Viva el rey, la religión, fuera la policía y viva la Inquisición!», y ofrecía devolver los grados y las pagas atrasadas a los ilimitados y abonar una peseta diaria a los voluntarios realistas. «El dinero debía salir del clero y, luego, […] a los constitucionales que huirían de sus casas se les embargarían los bienes[1]».

Poco antes Reiset enviaba al ministro francés de la Guerra un informe sobre la situación general del país: «La escisión entre los ministros […], una penuria de dinero tal que la corte no sabe ya donde encontrar lo necesario para sus gastos cotidianos […], todo parece anunciar una crisis próxima, que provoca temores y esperanzas recíprocas en los partidos que dividen este infortunado país. Todas estas causas reunidas han provocado una fermentación notable en la provincia. Se propagan las noticias más extrañas […]. No se habla de otra cosa […] que de reuniones, […] de bandas que han aparecido en tal o cual lugar, de constitucionales desembarcados […]. Se han oído gritos de “¡Viva Carlos V!” las noches del 5 y 6 de agosto». En un convento de Sant Hilari había reuniones de frailes y militares, a las que acudían regularmente dos viejos guerrilleros: Romagosa, gobernador militar de Mataró, y el «Misses», que era gobernador de Roses y, temiendo que quisieran matarlo, salía cada noche a dormir a la montaña, «con un trabuco y acompañado de cuatro individuos armados». También en Vilafranca había reuniones de frailes y de personas conocidas por su exaltación ultra[2]…

A comienzos de 1827 se difundía por España un documento enigmático, el Manifiesto que dirige al pueblo español una Federación de Realistas Puros sobre el estado de la nación y sobre la necesidad de elevar al trono al serenísimo señor infante don Carlos, firmado en Madrid, el primero de noviembre de 1826, por un tal fray M. de S. S., en el que se denunciaba que «los esfuerzos que nos ha costado el restablecimiento del antiguo estado de cosas» se habían dilapidado. Fernando VII, calificado de «monstruo innoble», era «un activo instrumento de la más maquiabélica conspiración que jamás vieron los siglos», cuyo objetivo era «imponernos otra vez aquella cadena constitucional que rompió nuestro heroísmo y despojar después a la nación de sus Américas!!!». El rey y Calomarde, seguía, se habían vendido a los ingleses y se habían comprometido a aceptar una constitución y a reconocer los empréstitos de las cortes, el régimen portugués y la independencia de las colonias americanas continentales. Era necesario que todos los buenos españoles se reuniesen en un levantamiento para destronar al estúpido y criminal Fernando y poner en su lugar a su hermano Carlos V[3].

Las informaciones policiacas sostenían que el panfleto era obra de los liberales, impreso en Bruselas e introducido desde Gibraltar. Su inspirador había sido un personaje de la emigración con una larga y equívoca trayectoria: Vicente Bertran de Lis, el mismo individuo a quien hemos visto anteriormente protagonizar unas negociaciones para evitar la invasión francesa. Miembro de una rica familia de negociantes valencianos, acostumbrados a hacer operaciones con el gobierno, había visto morir a un hijo suyo en 1817, ejecutado con motivo de la frustrada insurrección liberal de Vidal, y había dado apoyo a Riego a través de su agente en Cádiz, Mendizábal. El apogeo de su influencia se produciría en los años del trienio constitucional. Después, desde el exilio, tendría un papel confuso en la política española de estos años, dando apoyo a bandos opuestos —lo que explica sus relaciones con agentes dobles, provocadores y espías— y dispuesto en todo momento a negociar con quien le pudiese garantizar una buena ganancia. No resultaba extraño, tratándose de él, que se hubiese embarcado en el múltiple juego de este panfleto que le permitía, a la vez, aproximarse a los ultras, mantenerse dentro de la estrategia liberal (que denunciaba a los «carlistas» para asustar a los moderados, y, si podía ser, al propio rey), y atacar a López Ballesteros (por el interés que tenía en convertirse en banquero de la corona en París, en lugar de Aguado), al mismo tiempo que pedía permiso para volver a España (a lo que el rey se opuso) y hacía extrañas propuestas a través de Regato. En este mundo de confusión no se debe descartar del todo que, como sostienen algunas fuentes, haya habido alguna financiación liberal en la primera fase de los levantamientos realistas de 1827, que es la que ha adoptado lemas explícitamente carlistas. Un autor carlista bien informado, que insiste en considerar las causas del levantamiento de 1827 como «un enigma impenetrable», diría en 1843: «que los liberales habían dado el primer impulso al movimiento fue confirmado en Barcelona a presencia de varios sujetos por las explicaciones del ministro de Gracia y justicia D. Tadeo Calomarde». Lo que está claro, de todos modos, es que más adelante la insurrección se les escapó a todos de las manos[4].

A partir de las noticias reunidas por la embajada española en Londres, por la policía francesa y por algunos informadores a sueldo del gobierno español —como «la Vicenta» (criada de Romero Alpuente), Domingo Simó y Ramón César de Conti— se pueden reconstruir los elementos centrales de esta trama. Bertran había ido a París en marzo de 1825, donde entró en contacto con toda una serie de personajes oscuros de la extrema derecha. Según el prefecto de policía Mangin, «buscó a los apostólicos españoles conocidos por haber puesto trampas a los liberales, excitándolos a conspirar contra la tranquilidad de su país». Uno de estos era el prior Antoine Guillem de Mazon, un cura que vivía en París con una mujer y que mantenía relaciones equívocas con los exiliados españoles. Una carta confidencial del prefecto de policía de París, de primero de septiembre de 1828, dice que «reside actualmente en la calle del Four Saint Honoré núm. 33, Hotel de Cherbourg, donde se aloja con una señora de Perpiñán que le ha seguido a la capital». Vivía de hacer traducciones y de dar clases y mantenía correspondencia con el prefecto de los Pyrénées Orientales (para el cual escribió en 1824 una «Galería de los hombres más influyentes de España desde la Restauración», llena de noticias estupendas, pero poco fiables, como la de la afición por las mujeres del arzobispo Creus), con un tal Sallés o Sellés —tengo, por otra parte, la versión Sala—, que le escribía artículos de periódico a «Don Guillem», además de con un antiguo «magistrado de Barcelona, conocido por haber entregado a diversas personas de Perpiñán al conde de España […], después de haberles animado a ponerse a la cabeza de un movimiento» y hacerles pasar la frontera engañados. De estos primeros contactos salieron unos artículos de Mazon en el periódico ultra La Quotidienne.

Hacia el mes de julio, Bertran de Lis fue expulsado de Francia a petición del gobierno español, y se instaló en Bruselas, donde, con la ayuda de algunos liberales, editó el Manifiesto, del cual se decía que se había realizado otra impresión en Londres y que se proponían distribuirlo ampliamente por España. Ramón César de Conti —un militar liberal exaltado que estaba a sueldo de la policía de Fernando VII— fue el encargado de llevarlos a Gibraltar y de distribuirlos después por la costa, hasta Barcelona, desde una embarcación a vapor (de regreso alardearía de haber influido en el inicio de la guerra de los Agraviados[5]).

El Manifiesto debió circular bastante. El 24 de enero de 1827 se advertía a las autoridades que se había recibido del embajador de Londres «un criminal escrito reducido a un acinamiento de injurias contra su persona, proponiendo ser preciso proclamar, para salvar los derechos del altar y del trono, al señor don Carlos 5.º», y se les mandaba que lo recogieran y destruyesen. El propio Calomarde denunció en la Gaceta este panfleto liberal, «impreso en octavo en quatro hojas de papel y letra extrangera», y calificó de absurda la suposición de que hubiese «una facción compuesta de todas las clases que más sacrificios han hecho por la defensa del trono legítimo y de la soberanía de S. M.» dispuesta a destronar a Fernando y, todavía más, que alguien pensase que a ello se podía prestar Carlos, «fiel hermano e inseparable compañero de S. M. en todas sus desgracias». Pronto se añadieron a este otros papeles malévolos, como la carta de la titulada Congregación católica apostólica romana, dirigida desde Lisboa a diversas autoridades del reino, «suponiéndolas interesadas en la insurrección de Cataluña y en establecer sobre el trono de España al Smo. Sr. Infante Dn. Carlos».

Hay un aspecto de esta cuestión que conviene señalar. El Manifiesto puede haber alimentado la insurrección de Cataluña, como suponía Conti, pero debió servir también para convencer a Fernando, conocedor de su origen «liberal», de que detrás de todo ello estaban los manejos de los revolucionarios y que su hermano Carlos era inocente[6].

Las primeras conmociones se produjeron en Cataluña en el mes de marzo de 1827. Una partida armada a las órdenes del capitán Salvador Llovet y del coronel Trillas actuaba por los alrededores de Horta de Sant Joan y de Paüls e intentó tomar Tortosa en la madrugada del 12 de marzo, pasando por el puente de barcas, pero fracasó. En abril el cónsul de Francia en Barcelona anunciaba que las partidas «tienen una bandera en la cual se ve al rey Fernando cabeza abajo y un ángel exterminador que pisotea a un negro [un liberal] y lo atraviesa con su espada. Estas partidas armadas son en número de cinco o seis; la más fuerte no pasa de cien a ciento veinte hombres […]. Su grito de guerra es “Viva el rey Carlos quinto, viva la santa Inquisición, fuera los franceses”» (las referencias «carlistas» desaparecen por entero en la segunda fase de la insurrección, pero en las memorias de Pau Porcet, campesino de Sant Boi, los rebeldes siguen siendo «los carlistas o los agraviados»).

Las noticias del cónsul, con siniestras descripciones de las procesiones nocturnas que «darían la facilidad de reunir veinte o treinta mil individuos enmascarados bajo el hábito de penitentes», eran exageradas. Este primer intento de insurrección falló. Las partidas fueron rápidamente derrotadas, algunos de sus jefes fusilados, empezando por Llovet, que cayó preso en la barca de Xerta en la noche del 4 al 5 de abril —y «que añadió a su crimen de rebelión el escándalo de impiedad pública con que quiso morir»—, además de Trillas, Solà y el teniente Planas. A los combatientes que «alucinados rompieron el grito de rebelión» se les ofrecía el indulto el 30 de abril y se daban salvoconductos a algunos de los dirigentes. Según los observadores oficiales este movimiento se habría caracterizado por la diversidad de planteamientos y la falta de una dirección unificada, lo que hacía pensar que no era más que una protesta de oficiales «de quienes se decía que la calificación de sus servicios en las filas realistas los había descontentado, así como la dilación con que recibían sus pagas», o sea: «una locura de gentes de pocos alcances, de menos dinero y mucha necesidad», por más que invocaran como pretexto la suposición de que el rey estaba cautivo.

Las noticias que recibía el consejo de ministros eran más alarmantes: sabían que se estaban preparando movimientos en Manresa y Vic, y que tres oficiales ilimitados habían invitado al general Sánchez Cisneros a ponerse al frente del levantamiento «para sacar al rey N. S. del cautiverio». Podían beneficiarse, además, del hecho de que había pocas tropas en Cataluña, porque habían sido conducidas a la línea de Portugal con el fin de integrarlas en el ejército de observación del Tajo[7].

Si el gobierno se hacía la ilusión de que la insurrección estaba dominada —«todo, en fin, prometía en abril, mayo y junio la terminación de males tan dolorosos», dirá Zambrano—, se equivocaba por completo, porque no sólo recomenzó en verano, en momentos en que, una vez acabada la siega, quedaban muchos jornaleros sin trabajo, dispuestos a coger el trabuco a cambio de un sueldo, sino que lo hizo con mayor fuerza, extendiéndose del sur hacia el norte, siguiendo las fechas del final de la siega en las diversas comarcas. El 2 de agosto el lugarteniente general de la décima división francesa explicaba a su ministro de la Guerra: «Un gran número de segadores llegados a la Cerdaña desde el interior del Principado han vuelto a partir, anunciando que marchaban a unirse a los sublevados, ya que, según se dice, reciben ocho duros de alistamiento y seis reales diarios de sueldo», lo que representaba un buen jornal. Los rebeldes estaban bien organizados: «Tienen prensas litográficas y distribuyen proclamas; los oficiales llevan nombramientos e instrucciones impresas, y reciben un sueldo que no proviene exclusivamente de las contribuciones que cobran». Todo esto demostraba que tenían dinero abundante y la deducción que se hacía era «que el origen de este incendio está en Madrid». El 8 de agosto una carta escrita en Barcelona hablaba de un levantamiento en masa en el Ampurdán y en la montaña, y preveía la posibilidad de un «incendio general» que no podría apagar el ejército.

A comienzos de septiembre la revuelta se renovaba en el campo de Tarragona y por las tierras del Ebro, con partidas como la de Josep Ralda, que llegó a reunir a unos cuatrocientos hombres que se presentaban como miembros de un ejército de «defensores del rey, religión e inquisición». El general Longa, capitán general de Valencia, los derrotó, igual que hizo poco más tarde con las partidas de Joaquim de Laguàrdia y Joaquim Buch, en el Priorato. Con la ejecución de dos de los jefes, Laguàrdia y Bericat, y la rendición de los combatientes que se acogieron a un indulto, todo parecía acabado, pero a comienzos de diciembre una parte de los mismos indultados intentó organizar un movimiento sobre Peñíscola, sin conseguir reunir los hombres necesarios[8].

Mayor éxito estaban alcanzando otros intentos en el resto de Cataluña donde, según los cálculos oficiales, había más de cincuenta mil rebeldes en armas —ya veremos que no eran tantos—. En agosto los agraviados se apoderaban de Manresa y Saperes publicaba una proclama dirigida a los «españoles buenos», que empezaba diciendo: «Ha llegado ya el momento en que los beneméritos realistas vuelvan a entrar en una lucha más sangrienta quisás que la del año veinte». A fines de este mes se constituyó en esta ciudad una «Junta superior Provisional de gobierno del Principado», presidida por Saperes e integrada por cuatro vocales (dos clérigos y dos laicos) y un secretario. En estos mismos días los insurrectos se apoderaban de Vic, de Cervera y de Berga, mientras la lucha se reavivaba también en el sur, donde Joan Rafí Vidal, subinspector de voluntarios realistas, se declaraba a favor de los sublevados, entraba en Reus el día 7 de septiembre y se preparaba para asediar Tarragona. En Reus le había precedido el día antes una facción de unos 200 hombres que habían tomado como rehenes a gente adinerada por los que pedían un rescate de 10 000 duros, y le siguió, al día siguiente, el grupo de bandoleros encabezado por el padre Orri, más conocido como «padre Puñal», que no consiguieron, sin embargo, que se les uniesen muchos voluntarios realistas. El 10 de septiembre Abrés iniciaba el sitio de Girona, que mantendría durante un mes. Los insurrectos se sentían tan seguros que empezaban ya a establecer un esquema de organización del territorio que dominaban (la mayor parte de la Cataluña interior), creando juntas corregimentales que dependían de la superior, e iniciaban la publicación de un periódico, El catalán realista, cuyo primer número apareció en Manresa el 4 de septiembre. Este periódico, que en sus artículos llenos de erudición eclesiástica denunciaba claramente la procedencia cultural de sus redactores, era el órgano de la junta superior, donde se publicaban los nombramientos, las noticias de las conquistas de los diversos jefes —con sus proclamas correspondientes— y los rumores sobre acciones en el resto de España, todo ello sazonado con algunas noticias de lo que ocurría en Londres, en Sajonia o en Turquía, con el fin de que pareciese un periódico de verdad[9].

Lo más grave era que el movimiento en Cataluña parecía ser la primera etapa de una acción más general, y que empezaba a haber ya agitación en el País Vasco, en determinadas zonas de Andalucía y en el País Valenciano. Estaba claro que, si se dejaba que progresase la insurrección de Cataluña, toda la monarquía podía acabar escapando al control del gobierno. En agosto se recordaba la vigencia de los reales decretos de 1825, promulgados con motivo de la revuelta de Bessières, en que se condenaba a la pena de muerte, sin juicio previo, a todos los sublevados y a quienes les ayudasen. Mientras tanto, el capitán general, marqués de Campo Sagrado, obligado a hacer frente a la insurrección con las escasas tropas de línea de que disponía, debía contentarse, como respuesta a sus angustiadas demandas a Madrid, con vagas promesas de una ayuda futura.

De pronto, sin embargo, se debió tomar conciencia en la corte de la gravedad del problema y se produjo un viraje radical. En esta línea hay que situar la real cédula del consejo Real que agregaba la policía al ministerio de Gracia y justicia, es decir a Calomarde, la destitución y exilio de Recacho y el reemplazo de Campo Sagrado en la capitanía general del Principado por el conde de España. El 11 de septiembre se publicaba un decreto que decía que «los acontecimientos de que en los últimos días de agosto han sido teatro las ciudades de Vich y de Manresa han dado a los movimientos del Principado un carácter que ya no es posible desconocer» y que, en consecuencia, el rey encomendaba a «una fuerte división de mi ejército» la tarea de liquidar rápidamente las bandas. El 19 Fernando anunciaba su intención de acudir personalmente a Cataluña para demostrar que era falso que no tuviese plena libertad de actuación.

Antes incluso de que estas disposiciones se publicasen en Cataluña, el 22 de septiembre, el rey emprendía el viaje. Este mismo día, en Llagostera, el carnicero Abrés, que firmaba con su seudónimo «Pixola», publicaba una proclama reveladora, dirigida contra unos obispos que ahora, ante las órdenes que recibían del gobierno, empezaban a publicar pastorales en que condenaban la insurrección. Indignado por esa conducta, «Pixola» escribía: «Tiempo es ya de romper mi silencio para vindicarme con vosotros de la calumnia con que nos acusan todos los obispos del Principado en sus respectivas pastorales, atribuyendo nuestros heroicos hechos a ser obra de sectarios jacobinos. […] Algunos de estos mismos prelados saben bien que los que ahora llaman cabecillas desnaturalizados, nos hicieron saber palpablemente que el rey se había hecho sectario, y que, si no queríamos ver la religión destruida, debía elevarse al trono al infante don Carlos; que en esta empresa estaban comprometidos los consejeros de Estado fray Cirilo Alameda, el duque del Infantado, el Excmo. Sr. Don Francisco Calomarde, ministro de Gracia y Justicia, el inspector de voluntarios realistas don José María Carvajal y otros personajes de primera jerarquía […]. Después que se vio el espíritu del pueblo, prohibieron los primeros vivas [es decir, las consignas explícitamente carlistas de los primeros momentos], para realizarlos cuando ya estaba [sic, por “estuviese”] formada la fuerza. Ya estamos hoy con ella, y ¿qué es lo que han hecho? Dejarnos en la estacada sin salir a nuestra ayuda los que estaban conformes, porque ven el peligro y no quieren exponerse a perder sus pingües prebendas y destinos». A esta decepción se puede atribuir el hecho de que Jep dels Estanys, como había hecho Llovet con anterioridad, no quisiese ver ningún cura al morir y abofetease al primero que se le acercó[10].

Una de las grandes ventajas de que habían gozado los conspiradores era la de no haber de enfrentarse a una actuación represiva enérgica por parte de las autoridades. De hecho, era difícil explicar en Madrid lo que ocurría. Los franceses decían que se había enviado un informe muy bien redactado al consejo de Estado —organismo que presidía el infante Carlos— pero que no había sido aceptado, toda vez que en él se hablaba de «carlistas» y no se podía decir ante el heredero de la corona que el grito de «¡Viva Carlos Quinto!» era sedicioso. El resultado de estas ambigüedades de arriba era que las autoridades de abajo no tuviesen claro qué había que hacer. «Con la incertidumbre de no saber si hacen demasiado o demasiado poco, con el temor de que todos estos manejos tal vez tengan la aprobación secreta del gobierno, o al menos el apoyo de un partido que ejercerá siempre una temible influencia en los asuntos del país, prefieren permanecer en la inacción o favorecen secretamente las empresas de los rebeldes».

El cuadro de la situación de Cataluña, tal como la veían los ocupantes franceses, no podía ser más alarmante: «Reina en toda la provincia una agitación general. Las comunicaciones ofrecen cada día menos seguridad, las operaciones comerciales han cesado en buena medida y la industria, que necesita la paz para poder desarrollarse, está en una languidez total. Los intercambios entre el litoral y el interior están detenidos: todo es estancamiento, y sólo las grandes poblaciones disfrutan de tranquilidad».

Los movimientos que se registraron en otras regiones del estado fueron menos trascendentes. En el País Vasco los grandes propietarios, interesados en el mantenimiento del orden, daban dinero para sostener los «tercios» que habían de combatir cualquier tentativa insurreccional, al mismo tiempo que se organizaban obras públicas para dar trabajo a los afectados por la crisis económica. Allí el más importante de los levantamientos fue el de Lausagarreta, un antiguo oficial del ejército de la fe que del 2 al 4 de octubre atacó con una banda de unos treinta hombres diversas poblaciones de Guipúzcoa y de Vizcaya, se apoderó de veintidós fusiles e hizo prisionero a un notario de Oñate, todo ello al grito de «Viva el rey, la religión y la Inquisición». Pero el 13 de octubre los «tercios» de Álava detenían a Lausagarreta y al único hombre que todavía seguía a su lado: diez días habían bastado para disgregar la banda[11].

En Andalucía la situación era todavía más compleja. La proximidad de Gibraltar y de la frontera portuguesa incitaba a los ultras a difundir rumores de inminentes proyectos de invasión por parte de los liberales. En agosto el mariscal de Castellane escribía al ministro francés de la Guerra desde el Puerto de Santa María y le mostraba un panorama de desastre: en un país donde el gobierno no tenía un real, «los empleados roban, los responsables de aduanas hacen contrabando y los ministros venden privilegios», como marco general de unas noticias que hablaban de bandoleros entre Andújar y Granada y de conspiraciones «carlistas» en Algeciras, Ceuta y la Serranía de Ronda[12].

Más alarmantes fueron los movimientos que se registraron en Valencia. Un grupo de hombres salidos de Ulldecona —se les llamaba, aquí y en las tierras del Ebro, malcontents o camalluents, del nombre que se daba a los campesinos pobres que no llevaban calzón largo, sino que lucían las piernas al sol— recorrió los pueblos desarmando a los voluntarios realistas. Llegaron a reunir un centenar de hombres que se titulaban «Ejército realista, defensor del rey, de la religión y de la Inquisición». Pero el capitán general de Valencia, Longa, había tomado medidas activas —a la vez que hacía partir a su familia de la ciudad por miedo a lo que pudiera ocurrir—, de manera que pudo derrotar rápidamente a esas partidas, que tenían jefes como Rambleta y el Roio de Alcanar. Unos días más tarde, gracias a la confidencia de un coronel indefinido, detuvo a los jefes más destacados de los voluntarios realistas y, escoltados por 50 soldados de caballería, les hizo salir de la ciudad de Valencia, con la intención, según se decía, de embarcarlos hacia Ceuta. Al sur del país, en Novelda, había reuniones de realistas y el cónsul francés en Alicante informaba que «en todos los pueblos de la provincia los insurrectos tienen partidarios» que estaban esperando recibir noticias de un éxito decisivo en Cataluña para lanzarse al campo[13].

¿Cuántos era los agraviados catalanes y de qué sectores sociales provenían? Las cifras que se han dado oscilan entre 11 189 hombres —que es el cálculo que la Audiencia de Cataluña obtiene de sumar las relaciones que le han enviado de cada corregimiento—, hasta estimaciones francesas de más de 22 000, próximas a la valoración de Jaume Torras, que nos dice que la revuelta «movilizó en el verano de 1827 entre veinte y treinta mil hombres en Cataluña». Los estados de la Audiencia revelan que las mayores participaciones se han dado en los corregimientos de Tarragona (3907) y Manresa (1883), seguidos por los de Vic (1144) y, a bastante distancia, por los de Vilafranca (615) y Cervera (557). Las participaciones más bajas fueron las de las comarcas pirenaicas —Valle de Arán (0), Puigcerdà (53), Talarn (99)—, las del corregimiento de Barcelona (152) y, sorprendentemente, las del de Tortosa (254). Por lo que se refiere a la proporción sobre la población de los corregimientos, las mayores «densidades» se dan en los de Manresa, Tarragona y Vic.

A pesar de los análisis contemporáneos que los hacen mayoritariamente rurales, sabemos que muchos de los insurgentes procedían de las villas más grandes de estos corregimientos y que, además de campesinos, había una fuerte proporción de artesanos: tejedores, alpargateros, cuchilleros… Examinando los datos sobre Molins de Rei, Gemma Tribó nos muestra 18 hombres de edades que van de los dieciocho a los treinta años, entre los cuales hay once jornaleros, dos arrieros, un zapatero, un alpargatero, un soguero, un sastre y un «capitán indefinido». La zona donde predominan no es, como hemos visto, ni la más pobre y atrasada de la montaña pirenaica, ni la costa urbanizada y económicamente más desarrollada. Y el contraste es mucho menos el de campo y ciudad, que el de un cierto universo rural y urbano en decadencia, contra otro que ha conseguido superar mejor la crisis y prosigue por la vía del desarrollo capitalista[14].

En cuanto a los dirigentes, un informador francés consideraba que salían casi todos de los viejos jefes realistas insatisfechos con la compensación que se les había dado, y hacía una caracterización de los tres más importantes. Josep Bosoms, llamado «Jep dels Estanys», de sesenta y seis años, había sido durante la guerra de la Independencia miguelete, desertor, ladrón y contrabandista; había combatido a los liberales durante el trienio, sin recibir por ello la recompensa que creía merecer, y ahora se había nombrado a sí mismo general de división y conde de Berga. Narcís Abrés, llamado «Pixola» o «el Carnicero», porque ejercía este oficio en Cassà de la Selva, era bastante más joven y sus actividades le situaban a medio camino entre el guerrillero y el bandido. Finalmente tenemos al coronel Agustí Saperes, llamado «Caragol», que había sido soldado de marina antes de la constitución y que reunió una banda durante el trienio; hombre de mucha influencia en Barcelona y sus alrededores, se le suponía en estrecha relación con los frailes de Montserrat.

No entraré en las especulaciones habituales respecto de los posibles jefes ocultos de la conspiración (ha habido atribuciones fantasiosas de todo tipo, que van desde Mataflorida al propio Calomarde). La suposición de que pudiese ser una trampa organizada por los liberales, como sostendrían algunos de los que le habían dado apoyo con el fin de disculparse —como veremos que hará el claustro de la Universidad de Cervera—, no cuadraba en absoluto con el hecho de que sus dirigentes procedieran de la masa de los antiguos oficiales del «ejército de la fe». La cuestión de la mano oculta tenía sentido tan sólo para explicar que los sublevados pareciesen tener dinero «para comprar caballos, pagar sueldo a los que servían de oficiales y para enganches y prest diario de los demás individuos en clase de soldados»; pero el mismo que hacía esta observación se apresuraba a añadir que no tenía ningún dato para saber de donde procedía esta financiación[15].

La mano oculta que ha proporcionado legitimación ideológica, estímulo y dinero a la revuelta ha sido sin ningún tipo de duda la del clero, y así se explica la reacción airada contra los curas de los jefes que se han sentido traicionados por ellos. Venía a reconocerlo así un clérigo, beneficiado de la catedral de Vic, que en un Tratado theológico contra los agraviados analizaba el problema de las complicidades con estas palabras: «Son pues reos en esta revolución todos los que mandaron alguna cosa tocante también a la guerra y los que aconsejaron a algún simple a tomar las armas […], todos los que de cualquier modo los ayudaron, los que les adularon, los que no les impidieron, pudiendo, y los que no manifestaron y callaron, debiendo por su oficio hablar[16]».

No se debería investigar un movimiento de esta amplitud con el mismo enfoque y las mismas fuentes que hemos utilizado para los de Capapé o de Bessières, que son revueltas de militares insatisfechos que se pueden explicar con la lógica elemental de sus protagonistas. Cuando en los acontecimientos aparece otro tipo de gente, cuando los combatientes no son sólo frailes, militares indefinidos y voluntarios realistas, sino campesinos, tejedores y artesanos, ocurre que las fuentes que se han conservado —proclamas de los sublevados o sumarios judiciales de los represores— nos dicen poca cosa de sus móviles, porque están condicionados por la visión de aquellos que las escribieron y no muestran tener conciencia de los problemas sociales que hay detrás de este ensayo de guerra civil[17].

He dicho antes que los gobernantes de la restauración defendían una interpretación «conspirativa» de la política porque no sabían, ni querían, ver los problemas económicos y sociales que eran incapaces de resolver. Un ejemplo puede aclarar hasta qué punto esta miopía condiciona en este caso sus testimonios. Los hombres que investigaban el primer intento de conspiración de Bessières, el de fines de 1824, se encontraron con un documento enigmático. Bessières había pedido a dos vecinos de Cornudella —el boticario Francisco Oliva y Jaime Pallejà—, que le informasen del estado de ánimo de la población «con motivo de los acontecimientos de Tarifa, Cartagena, Almería y otros». Quería saber «si estaban dispuestos a tomar armas en favor de S. M. en caso de producirse un levantamiento contra éste». La respuesta de los consultados decía cosas como «que había buena cosecha de miel en el Perellot, de bino en el Priorato y de abellanas en el Campo de Tarragona». Detrás de estas expresiones los policías esperaban descubrir las pistas de alguna red de conspiradores, pero los autores de la carta manifestaron que lo que querían decir era «que por la escasez en metálico que sufren por causa de las enormes contribuciones […] son numerosos los realistas que hay en el Campo de Tarragona y en el Priorato que están prontos a defender la causa del rey […]. Estos hombres, a saber los realistas, no pudiendo pagar las contribuciones, ni teniendo qué comer, saldrán con más facilidad a la defensa de S. M. si se les paga conforme está mandado[18]».

A nosotros, que buscamos otras dimensiones que las de la conspiración en estos acontecimientos, la respuesta, aunque no nos valga para explicar el texto de la carta investigada, nos parece reveladora y nos abre perspectivas. Es una de las pocas veces en que el análisis de la situación viene de otras voces que no sean las de los clérigos, militares y funcionarios, que disfrazan a menudo su malestar con argumentos de religión y de ideología contrarrevolucionaria: una de las pocas en que aparece la expresión de los problemas de los de abajo, y más en concreto de aquellos campesinos y artesanos que eran víctimas de las transformaciones de la sociedad y la economía europeas, o sea de la «modernización».

Pero los funcionarios y los políticos de la segunda restauración española eran incapaces de darse cuenta de estas cosas. Pensaban en términos de conspiraciones, de manera que no harían caso de este testimonio, que no les interesaba. Nunca he encontrado signo alguno de conciencia de este otro tipo de problemas —de las cuestiones económicas y sociales estructurales que afectaban a grandes masas de población— en las actas del consejo de ministros o en las del consejo de Estado. Por esta misma razón las «reformas» que se proponen desde estas instituciones son también de poco vuelo. Lo máximo que llegan a percibir son problemas coyunturales de escasez y de hambre que pueden dar lugar a alborotos, sobre todo en el medio urbano, y que se resuelven autorizando la libre importación de cereales, poniendo en marcha obras que den trabajo a los parados y organizando «ollas de los pobres» para los que pasan hambre. El 2 de junio de 1824, por ejemplo, el consejo de Castilla prohíbe que se exporten cereales y pide que se prevengan «los desórdenes que se notan en algunos puntos de la Península por falta de lluvias y que se aumentarán probablemente a proporción que se consuman los granos». El capitán general de Cataluña, Campo Sagrado, inició en estos años las obras del paseo de Gracia de Barcelona y se ocupó de «mejorar el empedrado de las calles» para dar trabajo a los parados. Entre las medidas de pacificación que propone el fiscal Juan de la Dehesa una vez acabada la guerra de los Agraviados figura en lugar especial la promoción de obras públicas, como las del canal de Urgell. Lo más importante que se ha acordado en estos meses de conflicto tal vez sea una medida de hacienda menor, que ha pasado desapercibida en medio de las historias de frailes armados y guerrilleros apostólicos, pero que resultó trascendental para la población campesina: la que permitía que el vino, el vinagre, el aceite y la carne circulasen sin guías por el mercado español[19].

En el verano de 1827 la situación era grave en Cataluña, con una Barcelona aterrorizada donde se refugiaban los alcaldes y corregidores que escapaban de los insurrectos, rodeada por todas partes de rebeldes, como lo demuestra el hecho de que, al tener que trasladarse a Tarragona para encontrarse con el rey, los miembros de la Audiencia tuviesen que ir por mar, «atendida la imposibilidad de hacer el viage por tierra[20]».

Fernando, que había tomado la decisión de viajar apresuradamente a Cataluña para que se le pudiese ver en persona y comprobar que no era prisionero de nadie, sino que actuaba libremente, marchó despedido por los versos ramplones de la reina Amalia, «la augusta musa del norte», como la llamaban unos, o la «augusta Safo», como dirían los hombres de la Universidad de Cervera: «¡Adiós Fernando, adiós! Nos ha llegado / la hora fatal de la separación; / hagamos, pues, con ánimo esforzado / el sacrificio a nuestra fiel nación. […] / Anda Fernando y vuelve coronado / con la oliva del pacificador» (parece que los versos se los retocaba Arriaza, pero poco podía hacer para mejorarlos).

El rey salió de El Escorial a las cinco de la mañana del 22 de septiembre, «en una berlina con un solo compañero —Calomarde— y un carruaje de respeto sin escolta», con tanta prisa que no llevaba ni siquiera un mapa y, una vez llegado a Valencia, el editor Cabrerizo le tuvo que preparar un itinerario con las planchas del Atlas de Laborde. Siguiendo la ruta que hacía habitualmente la diligencia de Madrid a Barcelona, llegó a Albacete, atravesó Valencia sin alojarse (pero recibiendo un donativo de 400 onzas de oro de manos del arzobispo), se paró unas horas en Castellón y el día 27, después de haber hecho dieciséis horas de camino el día anterior, descansaba en Vinaroz, «porque no te puedes figurar lo molido que quedé anoche» —le escribía a Grijalva—, pero también «para asegurarme si el camino que haré mañana —cuando le tocaba pasar por el temible collado de Balaguer— estaba libre». El 28 de septiembre llegaba finalmente a Tarragona, donde publicó una proclama en que ofrecía el perdón a los combatientes si se rendían en el plazo de veinticuatro horas, exceptuando a sus jefes, que quedarían «a disposición mía para recibir el destino que tuviese a bien darles». Los sublevados empezaron a rendirse, de modo que el conde de España pudo entrar sin resistencia en Manresa, Vic y Girona; la guerra podía darse por acabada a mediados de octubre, mientras el rey permanecía descansando en Tarragona[21].

Después, entre el 28 de octubre y el 24 de noviembre de 1827, tendría lugar un extraño viaje de Fernando VII a Valencia, con el pretexto de ir a recibir a la reina Amalia, que había salido de Madrid el día 24 (durante las cinco semanas de separación de la pareja, la reina, que firma «Pepita», escribió 42 cartas a su marido —a veces hasta dos al día— de una ternura más bien ridícula, con alguna indicación sobre la salud que hace pensar en su próxima muerte). Los franceses creían que el auténtico motivo del viaje del rey a Valencia había sido el de dejar libre al conde de España para que aplicase una represión sangrienta a los jefes de los insurrectos que inicialmente habían quedado en libertad, dejándoles creer que estaban indultados, por cuyo motivo no consideraron necesario esconderse.

Vista así, la jugada parece hábil. Fernando había creado el 4 de octubre una junta especial que se ocuparía de los asuntos de Cataluña en asociación con la Audiencia. La integraban el arzobispo de Tarragona, los obispos de Lleida y de Girona —la gente la llamaría por este motivo «la junta de los tres obispos»—, el duque de Almenara, el canciller de la Universidad de Cervera Ramón Lázaro de Dou y el intendente de Cataluña. Le correspondía a esta junta tomar decisiones sobre los jefes de los rebeldes, y el consejo de la Guerra exigió que sentenciaran de acuerdo con la ley, que les obligaba a condenarlos a muerte. En medio de aquel clima «de una amnistía tácita», la junta aplicó la ley, confiando en que se podría arrancar el perdón del rey. «Pero, una vez reunidas las declaraciones principales y preparados los sumarios de las causas, su majestad, que había calculado la época en que esto iba a ocurrir, se puso en camino hacia Valencia, a fin de eliminar toda oportunidad de que se le pidiese un indulto, debido al hecho de que la ejecución debe seguir a la sentencia en el plazo de veinticuatro horas».

«Efectivamente, a las veinticuatro horas de haber sido pronunciadas las primeras sentencias tuvo lugar la ejecución. Con respecto a la de Vidal hubo una particularidad notable. Los miembros de la junta se habían reunido, a petición de los obispos, el día siete por la mañana, con la intención de redactar una petición de gracia, cuando se oyó un cañonazo e, inmediatamente después, una descarga de fusiles. Era la señal de la ejecución. Seguidamente el general España [a quien correspondía presidir la junta, como capitán general] se levantó y les dijo: “Ya ven, señores, que no hay nada que hacer. Les dejo para asistir a las últimas ceremonias”. Y como esto provocó algunas murmuraciones, por lo menos de extrañeza, el general les dijo: “Recuerden que Felipe Quinto hizo ahorcar a un obispo [no era cierto; era Carlos V, y el condenado, el obispo Acuña, no fue ahorcado sino estrangulado]. Fernando tiene los mismos derechos y, puesto que me los ha delegado por razón de su partida, pienso ahorcar al primero de ustedes que muestre resistencia a su voluntad”. Los culpables son fusilados primero y colgados después de una horca muy elevada, por orden del rey, con el fin de que se puedan ver de lejos[22]».

Los días de ausencia del rey coinciden, en efecto, con las ejecuciones de los jefes de los rebeldes: el 7 de noviembre se ejecutó a Rafí Vidal y a Albert Olives, jefes de la revuelta en el corregimiento de Tarragona; el día 8, a Laguàrdia y Miquel Bericat, que lo eran de la conspiración de Tortosa y del levantamiento del Priorato, y al médico Magí Pallàs, vocal de la junta de Manresa; el día 13 Rafel Bosch i Ballester, jefe de los rebeldes del corregimiento de Mataró y de Girona; el día 22, Narcís Abrés «el carnicero, alias Pixola», Jaume Vives y Josep Rebusté.

Estas ejecuciones irían acompañadas de penas de cárcel para muchos otros, de la deportación a Ceuta de doscientos ochenta y cinco oficiales, de la reclusión en conventos de algunos eclesiásticos —el canónigo Corrons de Vic, por ejemplo, sería enviado ocho años a las Batuecas, a hacer compañía a su colega Ostolaza—, y también del encierro en un convento de Sevilla de la famosa Josefina Comerford, condesa de Sales, que «deseosa de ocupar un lugar entre las mujeres célebres, guiada por su imaginación exaltada y romántica, se convierte en un tribuno del pueblo, excita la turbación, admite los conjurados en su casa, dirige sus planes y los anima con su propio valor». Al ser interrogada, sin embargo, «María Josefa de Comerford, condesa de Sales, de edad 32 años, de estado soltera, natural de Ceuta y vecina de Barcelona» dirá que marchó hacia Cervera para llevar a una criada, Rosa Prat, que era «enargumen», aconsejada por los médicos de la Universidad de Cervera, para que «se curase con los exorcismos que allí se practican».

Al volver el rey a Tarragona el trabajo sucio estaba ya hecho. Con esto se conseguía hacer creer a muchos que las ejecuciones no habían sido decididas por el rey sino que se debían a la crueldad del conde de España, y se había alcanzado el objetivo de complicar a los obispos en la represión, al obligarles a hacer de jueces, con lo que se crearían divisiones en el bando ultra, donde se habían empezado ya a oír voces de que «los frailes les habían engañado[23]».

Pero Fernando tenía también otras razones para su viaje a Cataluña —¿por qué hay que imaginar que un rey, a diferencia de los hombres comunes, tiene un único motivo para sus actos?—, y el extraño viaje a Valencia pudo obedecer a estas otras razones. El asunto nos obliga a remontarnos a los días de la muerte de sus padres.

Desde 1812 los reyes destronados de España, Carlos y María Luisa, se habían instalado en Roma, donde alquilaron el palacio Barberini en el que vivían —cortos de un dinero que el hijo les regateaba y espiados por el embajador español, Vargas Laguna, a quien Fernando había encomendado que vigilase, sobre todo, qué ocurría con las joyas de su madre— con Godoy y con un séquito en que figuraba, entre otros, el confesor de la reina, Juan de Almaraz, un fraile agustino que había dejado el convento de forma irregular. El 6 de noviembre de 1818 Carlos se iba a Nápoles acompañando a su hermano el rey, mientras su esposa, enferma, permanecía en Roma. «Se dice —nos explica Acton— que Fernando le reveló a su hermano las relaciones ilícitas que había entre los dos [entre María Luisa y Godoy]. Si es verdad, era un poco tarde para una noticia tan desagradable; Carlos se enfureció y prometió que nunca volvería con ella». María Luisa murió en Roma pocas semanas después, el 2 de enero de 1819, y Carlos expiró en Nápoles el 19 de aquel mismo mes[24].

El confesor de la reina, Almaraz, permaneció en su puesto como capellán de honor de la infanta Maria Luisa, duquesa de Lucca y hermana de Fernando VII, hasta su muerte, y acompañó sus restos mortales a Alicante en junio de 1824. Parece que una vez vuelto a Roma, sin oficio ni beneficio, Almaraz solicitó al gobierno español que lo recomendara para un determinado cargo en la curia. Zea Bermúdez lo consultó con el nuncio, que tenía malas referencias del fraile, y el cardenal de la Somaglia contestó que el cargo que pedía Almaraz no había existido nunca y que éste era un individuo intrigante y poco recomendable[25].

Debió ser entonces cuando Almaraz decidió extorsionar a Fernando VII amenazándole con hacer público que su madre le había revelado antes de morir que ni Fernando ni sus hermanos eran hijos de Carlos IV. Las siguientes etapas de esta historia las podemos seguir a través de las cartas que el rey escribió a Grijalva durante el verano y el otoño de 1827, en momentos en que esta cuestión, que parecía preocupar al rey tanto como la revuelta de Cataluña, le llevó a la decisión de enviar a Roma a una persona de confianza para que, con el consentimiento del Vaticano —que parece, no obstante, haber condicionado la entrega del fraile a que no se le matase—, se pudiese llevar a Almaraz hacia España, con el fin de silenciarlo. El individuo escogido para esta tarea, Pérez Navarro, recibió el encargo el 7 de septiembre: «va bien enterado, aunque no sabe nada de su comisión», decía el rey. Una carta de Gómez Negrete explica esta parte del misterio: el barco en que iba Pérez Navarro «salió de Cádiz poco tiempo hace con pliegos que debía abrir en el cabo de Gata; allí se encontró que los otros [pliegos] los debía abrir en el cabo de Creus y los de allí le dirigían a Civitta-Vecchia». Dos semanas más tarde Fernando emprendía el viaje a Cataluña y el 21 de octubre escribía desde Tarragona: «Hoy ha estado en este puerto el bergantín “Manzanares” con aquel perillán; es regular que esta noche o mañana por la mañana se haga a la vela para Peñíscola. La cosa se ha hecho bien y con mucho secreto».

Santiago Gómez Negrete confirma y aclara la noticia: «El 20 a la noche llegó el bergantín de guerra “Manzanares”, que venía de Civitta-Vecchia en cuatro días de navegación; a su bordo venía en calidad de comisionado un tal Pérez Navarro, y se asegura que en la cámara traía un preso eclesiástico. Luego que se dijo a S. M. su llegada contestó: “Este no es su destino. ¿A qué ha venido aquí?”. Estuvo en el puerto todo el día 21 sin darle la entrada por la sanidad, pues debía tener cuatro días de observación, y el lunes al amanecer se dio a la vela». Calomarde en persona había subido al barco para preguntar al comisionado si necesitaba algo.

Resulta difícil creer que sea casual la coincidencia entre la fecha de esta llegada a Peñíscola —donde el fraile permanecería preso y aislado durante toda la vida de Fernando, y de donde sólo salió para morir— y la marcha del rey hacia Valencia, en un viaje que tiene, además, la peculiaridad de durar un día entero, el 29 de octubre, para hacer el corto trayecto entre Amposta y Castellón, con tiempo de sobra para detenerse en Peñíscola. Meses más tarde, hacia enero de 1828, Arias Teijeiro se hacía eco de la historia: «Los periódicos franceses suponen el indulto de la pena capital conmutada en encierro perpetuo al P. Almaraz […], a quien se atribuye generalmente complicación en lo de Cataluña. Pero la causa verdadera y reservada es su manifestación de que el rey no es hijo de Carlos IV. Según dice él, se lo descubrió, para que él lo hiciese, María Luisa al morir». Se olvida de decir que las «revelaciones» de Almaraz implicaban igualmente la ilegitimidad de Carlos[26].

Por este camino, como se ve, hemos acabado llegando a minucias personales sin importancia, que tal vez puedan ayudar a explicar el viaje del rey a Cataluña, pero no sirven para entender las raíces de una movilización que, a pesar de su corta duración, anunciaba ya lo que sería, al cabo de pocos años, una guerra civil sangrienta y una etapa crucial en la génesis del nuevo régimen español.

Lo que estaba en juego en 1827 en Cataluña era mucho más complejo que una revuelta de soldados ignorantes y masas incultas, que es todo lo que acierta a ver el fiscal de la causa, Juan de la Dehesa, para el cual no hay gran cosa más que resentimientos de facción entre los dirigentes, y todavía menos en sus seguidores, «porque es indudable que el aliciente del robo fue móvil principal de la turba que reunieron, y también es notorio que influyeron bastante en estos movimientos la superstición y la ignorancia del populacho». Un «populacho» por el cual el fiscal siente un menosprecio sólo comparable al de la junta de Comercio de Cataluña, que califica a los rebeldes como «una chusma de proletarios ignorantes, viciosos y criminales[27]».

Algunos de los que vivieron estos acontecimientos se dieron cuenta, en cambio, de que había alguna cosa más. Desde el bando ultra, por ejemplo, el «militar francés» que publicaba en 1829 sus «revelaciones» sobre la guerra de los Agraviados se daba cuenta de que había una fractura entre lo que él creía que era la gran masa de los catalanes —profundamente vinculados a sus viejas tradiciones, en su opinión, siempre devotos de la religión y fieles al rey— y la gente que vivía en la frontera y en la costa, donde estas virtudes se habían ido desvaneciendo, «a causa de las relaciones frecuentes con los extranjeros corrompidos».

Un informe del superintendente de policía transcrito por los franceses nos da una imagen más viva de esta división de la sociedad catalana: «La población de las montañas es únicamente agrícola; el llano y los puertos son manufactureros y comerciantes. Esta división de intereses ha producido necesariamente durante la revolución una oposición que resulta de la forma de enfocar los acontecimientos políticos. Los campesinos, más simples y menos susceptibles de dejarse seducir por la ambición de falsas teorías, han permanecido siempre vinculados a la antigua monarquía. Habiendo visto sus campos asolados y sus cosechas devoradas por los ejércitos constitucionales, les tienen un odio justo e implacable. Estas impresiones funestas para el orden público y la pacificación general se mantienen con tenacidad por dos razones que el gobierno debe tratar de destruir. La primera y más difícil de remediar (aunque no sea imposible) es la sequía que reina desde hace unos cuantos años en esta provincia […], a consecuencia de la cual los habitantes de la montaña, privados de cualquier otro medio de subsistencia que no sean los productos de la tierra, emigran en bandadas para pedir limosna y robar en el resto del Principado. Es fácil comprender que este tipo de gente se encuentra dispuesta a seguir el impulso que querría darles el espíritu revolucionario: de entre esos hombres sale la mayor parte de voluntarios realistas de la provincia, y sus intenciones hostiles contra la población del llano, compuesta por ricos fabricantes y comerciantes, aumenta de día en día, porque estos tienen siempre empleo y disfrutan de una existencia agradable, mientras los tristes trabajadores de la montaña sufren la miseria más horrible[28]».

El cuadro es simplista, pero haber entendido que la «división de intereses ha producido […] una oposición que resulta de la forma de enfocar los acontecimientos políticos» significa haber ido mucho más allá en la comprensión de los mecanismos sociales que los Calomarde, López Ballesteros o de la Dehesa, que nunca llegarían a tanto.

Al regresar de Valencia con la reina Amalia, Fernando VII decidió dirigirse a Barcelona, de donde estaban saliendo ya las tropas de ocupación francesas. El 4 de diciembre de 1827 era recibido en la Cruz Cubierta por las autoridades, que le habían preparado un carro alegórico, en forma de nave, «forrado en su centro de seda de color lila, y acolchado con franjas de oro», que debían arrastrar «treinta volantes vecinos de esta ciudad, vestidos de un modo elegante y análogo al antiguo traje español». El rey quedó bastante impresionado, como revela la carta que escribió a Grijalva al día siguiente: «Desde la Creu Cubertas, donde entramos en un carro triunfal soberbio, hasta Palacio tardamos una hora justa; en mi vida he visto más gente ni más entusiasmo». Un espectador explica, por su lado: «El rey iba vestido sencillamente, de paisano, sin insignia alguna y con sombrero redondo, y la reina con un sombrerillo de paja y un vestido guarnecido de pieles. Ni en las calles [ni en los] balcones cabía la gente, con un continuo grito “Vivan sus majestades”». Un grabado de la época nos muestra, en efecto, el curioso espectáculo de esta pareja vestida con un aire burgués, que contrasta con un carro arrastrado por unos ciudadanos que, con faldas y cuello de encaje, y luciendo unos tirabuzones espectaculares, más que recordar «el traje antiguo español» parecían una comparsa de carnaval[29].

La estancia de cuatro meses en la ciudad la pasaron los reyes entre enfermedades, fiestas, desfiles alegóricos y visitas y más visitas a instituciones de enseñanza, fincas campestres y fábricas. El 18 de diciembre visitaron la Lonja, donde les hicieron todo tipo de demostraciones científicas y les leyeron odas y poesías a porrillo, con argumentos que insistían en la importancia del comercio y la industria. El resultado fue que aquel gotoso, que se había torcido el pie unos días antes y al que obligaron a estar tantas horas de pie —«y aunque me dolía el pie, estuve muchas horas sin sentarme»— cayó enfermo los días siguientes. Se levantó a fines de mes y el 6 de enero le largaron una «máscara real» con desfile de disfraces y carros alegóricos, de motivos muy mitológicos pero intenciones bien terrenales, destinadas a mostrar «los primorosos artificios con que se utiliza el hilado y se perfeccionan las manufacturas, dignas de competir con las estrangeras, y las ventajas del genio laborioso de los catalanes», etc. El resultado era previsible: «Después de la mojiganga (que estuvo buena) no podía casi dar un paso», y los días siguientes otra vez en la cama[30].

Pasó enero con problemas en el pie y con otros achaques, a pesar de que el tiempo era bueno, y en febrero pudo volver a empezar los paseos en coche, pero el tiempo empeoró e incluso hubo una noche de tempestad —«la noche pasada ha sido cruel de aire, agua y frío, y se oían los gritos de los marineros, pues ha habido un bayle de barcos terrible» (hay que recordar que el palacio estaba muy cerca del mar)—. En marzo mejoró su salud y visitó algunas residencias en el campo —entre las cuales admiró sobre todo la del laberinto de Horta: «es la posesión más hermosa y bonita que he visto»; y más fábricas. Los días 21 y 22 de marzo, por ejemplo, le llevaron a siete fábricas.

La verdad es que todo este esfuerzo no sirvió de gran cosa. Aunque se publicasen en estos tiempos algunas medidas proteccionistas, resulta claro que el esfuerzo que los buenos burgueses barceloneses hicieron para «educar» a Fernando en la teoría del mercado nacional, incluso a través de las odas y las carrozas alegóricas, resultó inútil. No parece que le hiciese efecto alguno la exposición que la junta de Comercio le presentó el 27 de diciembre, «proponiendo las medidas que convendría adoptar para el fomento de la agricultura, artes y comercio», con una lista final de quince peticiones sobre contrabando, aranceles, etc., que se justificaba con una argumentación «nacionalista» española: los catalanes no querían estas cosas sólo para su provecho, sino que el progreso de su industria les permitiría beneficiar a otras zonas de España con la compra de materias primas y, además, pedían también la prohibición de la importación de cereales, «resignándose a consumir los de las demás provincias que les sobran, deseando sólo que en cambio le tomen los artefactos que ellas por ahora no tienen, y de este modo se aumentarán los productos de unas y otras provincias por medio del mutuo consumo[31]».

Y por lo que se refiere al millón de reales que se dice que le regalaron para sus gastos, eran un sorbo de agua para un sediento: una insignificancia en relación con las necesidades económicas del rey. Se hubieran necesitado bastantes millones más para interesarle en serio en alguna cosa.

En las cartas casi cotidianas que escribe a Grijalva destacan sobre todo dos preocupaciones obsesivas: la del dinero que necesita para cubrir sus gastos —sobre todo para pagar los sueldos atrasados del personal que está a su servicio y para comprar muebles y objetos con los que volver a llenar los palacios— y la de la ejecución de los jefes de los agraviados. Esto, alguna noticia familiar y la descripción minuciosa de todos sus achaques llenan unas cartas en que sus visitas por Barcelona son descritas con superficialidad y sin que se mencione una sola vez el hecho de habérsele presentado algún tipo de petición que le haya importado lo suficiente como para retenerla. La única referencia «industrial» que encontramos es la que se refiere al envío de «media docena de pares de calcetas que me han dado para que vea lo bien que se trabaja aquí» y que no merecen de él otro comentario que: «Tú las guardarás o harás lo que mejor te parezca».

Si necesitásemos alguna confirmación de que todo esto no sirvió para nada, bastará recordar que, una vez de vuelta en Madrid, el rey fue a visitar la primera «Exposición pública de los productos de la industria española», acompañado de López Ballesteros y de Juan López Peñalver, director del certamen. El rey escuchaba distraído lo que sus dos acompañantes le explicaban, «hasta que, llegados que fueron a las salas donde se ostentaban los tejidos de las fábricas catalanas, y redoblando entonces el ministro y el director sus esfuerzos para llamar su atención sobre ellas, contestó desdeñosamente a las observaciones de ambos: “¡Bah! Todas estas son cosas de mujeres”, y precipitó su salida para irse a dar un paseo por el Retiro[32]».

Por fin los reyes y su séquito emprendieron el viaje de vuelta hacia Madrid, esta vez con calma y haciendo un largo rodeo que duraría cinco meses. El 9 de abril salían de Barcelona y llegaban a Lleida el día 16, pasando por Cervera, que había sido uno de los centros más activos de la rebelión, donde los miembros del claustro de la universidad felicitaron a la pareja real con una colección de poesías, una de las cuales pretendía explicar, con harta desfachatez, lo que había ocurrido:

Siempre te hemos querido

cual dulce padre y rey incomparable;

y aunque lo sucedido

en la última facción tan lamentable

fue crimen e insolencia,

en ella un loco amor tuvo influencia.

El francmazón taimado

hizo creer que el Solio peligraba:

y el realista airado

ceba el fusil; pero al ver que erraba

y es libre el soberano,

deja pronto las armas de su mano[33].

Capítulo 12
TIEMPOS DIFÍCILES

La comitiva real, que había salido de Barcelona el 9 de abril, llegó a Zaragoza el 22 del mismo mes, y recibió el repertorio habitual de desfiles de carrozas, fiestas, visitas y poesías ramplonas hasta el 19 de mayo. El 21 y 22 de mayo lo pasaron los reyes y su séquito en Tafalla, donde sabemos que la mesa real consumió 52 «botellas de licor», entre las cuales una docena de vino de Burdeos, y que el servicio se bebió 26 cántaros de vino del país. El coste de esta fiesta hubiera sido ruinoso para el ayuntamiento de no ser porque recuperó una parte del gasto con la reventa de la vajilla que había usado la familia real y que el «veedor de S. M.» pagó una parte del coste de la estancia.

Después fueron a San Sebastián y Bilbao, que podían asumir mejor unos gastos de atención del séquito real que representaban un problema considerable para localidades medianas como Miranda de Ebro, cuyo municipio, que ya estaba endeudado, tuvo que negociar un préstamo a censo de 5500 reales al 3 por 100 de interés con las monjas de un convento local con el fin de acondicionar la casa que debía servir de alojamiento real[1].

Pasando por Burgos, Palencia y Valladolid, los reyes llegaron a Madrid el día 11 de agosto, al final de un largo viaje. Arias Teijeiro, que como carlista no es precisamente un testimonio imparcial y que, por otro lado, estaba enfurecido por haber tenido que esperar la llegada de la familia real bajo el sol de agosto madrileño («Buen sol nos hemos chupado»), asegura que Fernando fue recibido con frialdad: «Cuatro putas pagadas y mal vestidas tocaban panderos, dos comparsas también pagadas y miserables bailaban, y cuarenta mozos […], pagados también, tiraban de la carretela. Apenas se oían más vivas que los de dos docenas de pillos que precedían a la carroza. El rey traía mala cara, aunque bien gordo. Doña Francisca —la esposa del infante Carlos— mostraba al contrario cara risueña y complacida[2]».

En Barcelona, que no contaba ya con la influencia moderadora del ejército francés, se iba a instaurar ahora el terror por obra del conde de España. Éste comenzó liquidando los restos de las partidas de los agraviados, incluyendo las formadas por algunos combatientes que habían pasado a Francia en el primer momento y que ahora regresaban. En una comunicación firmada en Isona el 24 de abril de 1828 el capitán general hablaba de siete «aprehendidos con las armas en la mano y con resistencia» que había ejecutado en Figueres, y de ocho detenidos por los alrededores de Berga, de una partida de 25, a uno de los cuales «se le hallaron veinte y siete onzas de oro».

Liquidados los últimos rebeldes, llegaba el turno de la represión de los liberales, que estaban hasta entonces acostumbrados al trato humano del ejército francés. Al despedirse, a fines de noviembre de 1827, el vizconde Reiset se felicitó de la buena armonía que había reinado entre los barceloneses y los ocupantes, y aseguraba que se había esforzado en explicar al rey «el buen espíritu que reina y distingue a los barceloneses, […] su amor al orden y a la paz, y su genio industrioso, fuente inagotable de una prosperidad cuyo desarrollo, entorpecido por circunstancias aciagas, tomará un vuelo más rápido, más asombroso, a la sombra de un gobierno ilustrado».

Claro que el entusiasmo de los franceses se basaba también en los beneficios que habían obtenido con la ocupación, practicando el contrabando a gran escala, gracias a la autorización de que gozaban de importar los bienes que necesitaban para su consumo sin pagar derechos de entrada. En Barcelona, por ejemplo, habían llegado a almacenar sal, un artículo sometido a estanco en España, en cantidades de miles de quintales, que no parecían justificadas por las necesidades de su consumo.

El nuevo capitán general dio muy pronto indicios de lo que podía esperarse de él. Mientras estaba todavía en Tarragona advirtió a Pau Soler, director del Diario de Barcelona, cuál era su concepto de las materias lícitas que debía publicar la prensa, al decirle «que me abstuviese de insertar […] más noticias que las de la estación de las cuarenta horas, la del santo del día, la inserción de la Bula de la santa cruzada, y los anuncios de venta de ungüentos para curar almorranas, y aceites para quitar el vello de las mujeres». Más adelante, mientras la ciudad festejaba todavía la estancia del rey, publicó una disposición en que reclamaba que se castigasen las blasfemias y juramentos «tan frecuentes en este Principado», y prohibía «ciertos trages y prendas que no son propias del país, y aún prohibidas, que derivan su origen de la escandalosa rebelión de 1820, como son cachuchas, zarzillos en las orejas, los hombres, pelo largo sobre la frente, como lo usaban los revolucionarios», etc. Al conde no parecía gustarle demasiado la gente del país, porque el 31 de diciembre de 1831 escribía a Calomarde, en una carta sobre nombramientos de altos cargos militares: «Tampoco conviene catalán alguno en Cataluña».

El conde de España era un individuo desequilibrado, que revestía su actuación de un aire de locura; Manuel Bretón nos habla de «un capitán general con uniforme y faja bailando “las habas verdes” al frente de la tropa, mientras los ajusticiados exhalaban el último suspiro […], torpemente embriagado en la plaza de Palacio o ya asomando un caballo de un trompeta en el mirador del rey a presencia de toda la oficialidad de una escuadra holandesa».

Había además muestras abundantes de corrupción en su entorno, asociadas a menudo con los ejecutores de su política, como el siniestro fiscal Francisco de Paula Cantillón. Fernando Fernández de Córdoba recordó en sus memorias la personalidad odiosa de este individuo, que tuvo un trágico fin: «Emigrado al terminarse la guerra civil carlista, llevólo la suerte a Suiza. En una excursión que hizo por la montaña, una avalancha le enterró en la nieve, dejándole sólo la cabeza descubierta. En esta situación las aves de rapiña le devoraron la cabeza, y murió en medio de atroces tormentos. Aquella muerte debió ser impuesta por la Providencia, como merecido castigo a quien había hecho derramar tantas lágrimas». No faltan tampoco sospechas de corrupción en la biografía del propio conde, como la carga de platería, de ignorada procedencia, que se dice que en 1825 envió desde Aragón a su villa natal[3].

No se trata de narrar una vez más la historia, sobradamente conocida, de sus atrocidades. Formó una policía secreta «de la hez de la sociedad, de criminales sacados de los presidios y de otras personas de este jaez» y, con la excusa de que en Barcelona había una conspiración constitucional, mandó hacer encarcelamientos en masa. Los detenidos, «incomunicados y sin permitirles ni aun llevarles comida, pues se los obligaba a que la tomasen de la cantina a triplicado precio, pasaban meses enteros sin recibírseles declaración». Fernando Fernández de Córdoba, que era oficial en Barcelona en aquellos momentos, y que habla con simpatía del conde de España, recordaba el espectáculo odioso de las ejecuciones, «en grupos de seis, ocho, y algunas veces más, formándolos en ala delante de los baluartes que daban frente a la ciudad. Muchas veces un tiroteo remataba a los que los soldados, por falta de serenidad, no habían podido concluir en la primera descarga». Hubo por lo menos treinta y cinco ejecuciones públicas —en tres tandas, los días 19 de noviembre de 1828 y 26 de febrero y 30 de julio de 1829—, unos cuatrocientos condenados a los presidios del norte de África y mil ochocientas personas, en especial familiares de los condenados, desterrados a seis leguas de Barcelona[4].

El aspecto más siniestro de este terror —su absoluta injusticia e irracionalidad, su carácter imprevisible— era precisamente lo que lo hacía más útil desde un punto de vista político. Se ha dicho que España no hacía otra cosa que aplicar las instrucciones concretas que le daba el rey. Chao aseguraba en 1847: «Notables revelaciones nos han hecho formar la convicción de que no debe recaer sobre la responsabilidad de él la mayor parte de las horribles egecuciones de Barcelona, que se hicieron de real orden, aun después de haber sido algunos perdonados. La historia culpa al conde de España; nosotros aseguramos que fue sólo el instrumento, tan obediente como súbdito, tan rígido como militar de otro siglo».

Resulta poco verosímil que el rey dispusiese de la información puntual que se necesitaba para escoger a quienes iban a ser ejecutados en Barcelona y, por otra parte, parece más propio de la personalidad de Fernando VII pensar que ha calculado que a un individuo como este se le podía dejar actuar por su cuenta, confiando en que se encargaría de crear un terror paralizador de los enemigos. Si hemos de creer los rumores de Madrid que recoge Arias Teijeiro, y que posiblemente salían del mismo palacio real, el rey, tras escuchar la lectura de una de aquellas proclamas con las que el conde justificaba el hecho de «lanzar a la eternidad» a unos cuantos liberales, habría dicho: «Ello será loco, pero para estas cosas no hay otro[5]».

Una vez de regreso en Madrid, Fernando hubo de enfrentarse al más grave de los problemas de gobierno que tenía la monarquía: su miseria. El 28 de abril de 1828, mientras estaba en Zaragoza, en su viaje de retorno hacia la corte, había firmado un decreto que establecía el primer presupuesto del estado español. Era un intento de salir de la situación desesperada de una hacienda que desde los inicios de la segunda restauración había sido incapaz de satisfacer las necesidades del estado y que ahora había llegado a una situación límite.

Los resultados del sistema de impuestos que había implantado López Ballesteros habían sido desastrosos, porque la recaudación no correspondió a las ilusiones de los planes iniciales. En las actas del consejo de ministros se ve que desde 1825 se acumulan las noticias sobre la miseria en la que se encontraban el ejército y la marina, sin poder ni alimentar a los soldados, y también que se proponían soluciones de emergencia como la de enviar parte de la guarnición de Madrid a Valladolid, donde el coste de la vida era más bajo.

Para entender el fracaso del sistema de López Ballesteros hay que tener en cuenta que una cosa son los planteamientos que se hacen en los textos legales, y otra su funcionamiento real. Una serie de circulares del ministerio de Hacienda de 1826 y 1827 nos dicen que «en la mayor parte de las provincias no se cumple lo mandado» por la «Instrucción general de rentas»: que hay tesoreros que no han pasado a la contaduría sus cuentas desde 1824 y que en muchas provincias se reservan más recursos de lo que corresponde «para atender a las obligaciones que gravan sobre ellas[6]».

Antes hemos explicado que el consejo de Estado había llegado, en 1826, a la conclusión de que era necesario «reducir nuestros gastos y meternos dentro del círculo de nuestro actual poder». Los funcionarios de hacienda se esforzaron en establecer un presupuesto de gastos que se ajustase a las perspectivas de la recaudación, a pesar de la dificultad que implicaba el hecho de que no todos los ingresos ni todos los gastos pasasen por el ministerio de Hacienda. Lo hicieron contra la opinión del consejo de Estado, que se oponía a la implantación del presupuesto, argumentando que las «reformas generales» eran «siempre peligrosas», de modo que se limitaba a proponer una serie de medidas generales de ahorro a largo plazo, que no servían para hacer frente a la crisis que se avecinaba[7].

En febrero de 1828, mientras el rey estaba todavía en Barcelona, la tesorería había llegado a la situación de insolvencia total que se anunciaba desde hacía tiempo. La junta de Distribución se reunió el 2 de marzo por la noche y en la mañana del 3 y redactó una memoria que el consejo de ministros discutió aquel mismo día y que se apresuró a enviar al rey, donde se decía: «Caminando durante tanto tiempo sobre un déficit tan enorme, y obligado el govierno por las circunstancias a aumentar sus gastos cuando había mayor necesidad de reducirlos, era forzoso que llegase pronto un día en que el real tesoro no tuviera recurso alguno para atender a lo más preciso, que es el pago de las tropas en servicio verdaderamente activo. Por desgracia nos hallamos hoy en este caso». No había dinero para pagar «las datas que en las dos semanas últimas han devengado las tropas de activo servicio en esta capital», ni se sabía de dónde sacarlo. Fue necesario que se llegase a esta situación extrema para llevar adelante el proyecto de hacer un presupuesto riguroso de gastos, ajustado a los ingresos previstos. Se hizo con rapidez y se mandó al rey, que lo recibió en Villafranca de Ebro el 27 de abril de 1828, y al día siguiente, en Zaragoza, firmó el decreto que lo ponía en vigor[8].

Esta era sólo una medida de supervivencia, que permitiría ir tirando mientras no se presentasen necesidades extraordinarias de gasto. Pero era una medida que implicaba la aceptación de la miseria y la impotencia de la monarquía española. Para poner en marcha con eficacia el presupuesto era necesario ordenar que no se pagase ninguna suma que no estuviese incluida en él; la consecuencia sería un corte de cuentas que, con el pretexto de liberar la tesorería de los viejos atrasos y empezar de cero, hizo desaparecer unos ocho mil millones de reales de deuda interior, en su mayor parte pagos e intereses atrasados y suministros de los años de la guerra de la Independencia[9].

No se podía proceder con tanta alegría, en cambio, con respecto a la deuda externa. El hecho de que el gobierno español se hubiese negado a reconocer los empréstitos de las cortes hacía muy difícil colocar otros nuevos en las bolsas de París y Amsterdam —la de Londres la tenía cerrada— aunque fuese ofreciendo intereses reales muy elevados. De hecho, las principales operaciones que el gobierno tuvo que hacer en estos años a través del banquero Aguado eran, como se ha dicho ya, fraudulentas —se emitían títulos nuevos a la sombra de la conversión de otros viejos— y acabaron produciendo el descrédito internacional del gobierno español[10].

Resolver el problema que implicaba la falta de recursos no era fácil. Una de las pocas esperanzas que todavía alimentaban los gobernantes españoles era la de reconquistar las colonias de la América continental con el fin de recuperar los caudales que recibía la corona y volver a abrir los flujos del comercio colonial, para reanimar unos tráficos exteriores españoles que, según reconocía el mismo gobierno, estaban paralizados por falta de frutos coloniales para reexportar[11].

Este no es el lugar para analizar las consecuencias de la pérdida de las colonias continentales americanas, un tema muy complejo que exige un análisis en un tiempo más largo. Los planteamientos habituales del problema suelen ser demasiado simplistas, ya que se limitan, por lo general, a valorar lo que significó la pérdida de los ingresos americanos y el retroceso de un comercio exterior que se había basado en gran medida en la intermediación de los tráficos entre América y Europa, sin considerar los efectos que tuvo en la desarticulación de los circuitos económicos interiores[12].

Otra cosa es valorar los efectos a corto plazo, que es lo que podemos hacer en este contexto. Por lo que se refiere a la economía de las zonas que comerciaban mayormente con América parece claro que los efectos fueron relativamente menores en Cataluña, que mantuvo sus exportaciones de vinos hacia los mercados de las Antillas, a los que ahora sumó el de Brasil, y que, por lo que se refiere a los tejidos, optó por proseguir la conquista del mercado interior español y superó sin muchas dificultades la pérdida de las ganancias especulativas de los años del «comercio libre» con las colonias.

En el País Vasco, en cambio, la producción siderúrgica, que se había beneficiado de la prohibición de que las colonias obtuviesen mineral de hierro y lo elaborasen, experimentó un retroceso gravísimo. Un «Estado de la industria del fierro en Guipúzcoa», de 1830, nos muestra los efectos combinados de la pérdida del mercado colonial, de la disminución de la demanda interior al faltar los encargos de la marina y de la «falta de numerario». Aunque se restableciesen las relaciones con aquellos países, dice, no se volvería a vender allí hierro vasco, ya que ahora lo compraban a productores extranjeros que habían modernizado sus métodos y lo hacían más barato, mientras que las ferrerías vascas habían quedado atrasadas, porque sólo se preocuparon «en hacer el mayor número posible de quintales de fierro en cada labranza, con la seguridad de la venta exclusiva y de grandes beneficios de América». Una consecuencia de esta crisis fue que aumentase considerablemente en estos años la emigración vasca a ultramar[13].

Todavía salió peor parado el sur de la Península. En 1831 el marqués de Custine nos muestra una ciudad de Cádiz en plena ruina: «antes la mercancía más abundante aquí era el oro: a esta riqueza prodigiosa, pero ficticia, le ha sucedido una miseria que presagia una ruina completa». Y acaba señalando con ironía que «las opiniones liberales que predominan entre los habitantes de Cádiz tienen su fuente en el sentimiento poco filantrópico que ha dejado al comercio de Andalucía la emancipación de las Américas». De forma parecida opinaba el cónsul francés sobre la situación de Cartagena, «herida de muerte por la pérdida de América, desposeída de su departamento y de todas las atribuciones que aseguraron durante mucho tiempo su riqueza y su gloria, con su población reducida a una quinta parte a causa de cuatro epidemias que la han asolado desde 1804[14]».

Sin necesidad de llevar demasiado lejos la relación entre el declive económico y unas actitudes políticas —las del carlismo en el norte y las del liberalismo en el sur— que tienen causas mucho más complejas, no parece desencaminado suponer que el malestar ha podido agravar la crítica y el disenso en uno y otro lado.

La recuperación del dominio de las colonias parecía vital para el mantenimiento del absolutismo. Gracias a los ingresos de América, la monarquía española había podido practicar durante tres siglos una política de gran potencia sin necesidad de realizar el tipo de reformas fiscales que Gran Bretaña había realizado a fines del siglo XVII y Francia, desde la Revolución. A fines del siglo XVIII los recursos americanos, sumando las remesas a la corona y la recaudación de las aduanas, significaban una cuarta parte de los ingresos ordinarios del estado español, sin contar, como es natural, lo que se gastaba directamente en América. Estos recursos eran indispensables para complementar lo que proporcionaba la hacienda metropolitana de un país en plena decadencia económica.

Se entiende, por lo tanto, que la recuperación del imperio fuese vista por la monarquía absoluta como una necesidad fundamental. Durante los años que van desde 1811 a 1818, en condiciones económicas precarias, el gobierno español envió a la reconquista de América 25 expediciones, con 204 barcos y cerca de 45 000 hombres, lo que significaba un esfuerzo desproporcionado respecto de los recursos disponibles. Un esfuerzo que, por otro lado, resultaba insuficiente para una tarea de tanta envergadura. En la justificación de su derrota el general Moxó, capitán general de Venezuela, se quejaba en 1817 de que todos los auxilios que había recibido de Morillo en los momentos más duros de la lucha se reducían a menos de cuatrocientos hombres «desnudos, sin armas y sacados de las cárceles».

Estos intentos de reconquista resultaron inútiles a la larga y la dominación efectiva de los españoles en el continente americano se puede considerar acabada con la derrota de las tropas realistas en Ayacucho —un nombre que en quechua significa «rincón de los muertos»— el 9 de diciembre de 1824, en un combate donde hubo 1800 muertos y 700 heridos. En Huamanguilla, en el altiplano de Ayacucho, a unos 3400 metros de altitud, 6300 americanos, mandados por Sucre, derrotaron a unos 9000 españoles, dirigidos por el virrey La Serna, con el auxilio del teniente general Canterac como jefe del estado mayor. La Serna y Canterac fueron capturados, junto con 14 generales, 16 coroneles, 68 tenientes coroneles, 484 oficiales y más de dos mil soldados, con una inmensa cantidad de fusiles, las cajas de guerra, municiones, etc. La magnitud de la victoria de Sucre, que pudo forzar al virrey a una capitulación total, explica que una gaceta de Lima escribiese: «Al empezar este año los españoles amenazaban reconquistar la América con su ejército que ya no existe: los campos de Guamanguilla han sido testigos de la victoria que ha terminado la guerra de la independencia en el continente de Colón».

Los últimos restos del dominio español fueron el castillo de San Juan de Ulúa, que capituló en noviembre de 1825, la plaza del Callao, que Rodil no aceptó entregar en los términos que fijaba la capitulación de Ayacucho, y Chiloé, que se rindió en enero de 1826[15].

Una de las causas fundamentales de la impotencia militar de la metrópoli residía en la debilidad de una marina que no se recuperó nunca de la derrota de Trafalgar y que llegó al punto de que en 1822 se diese «el bochornoso espectáculo de ver bloqueados nuestros puertos en el océano por los buques insurgentes», es decir, por los llamados genéricamente «corsarios colombianos», que en los años 1826 y 1827 capturaban embarcaciones españolas en aguas de Ibiza o atacaban el correo que unía Málaga con el Peñón de la Gomera, sin que pudiese impedirlo una flota española que de 136 embarcaciones de guerra con que contaba en 1796, entre corbetas, fragatas y navíos, había quedado reducida en 1833 a 12 embarcaciones.

La incapacidad de asegurar las comunicaciones oficiales con las tierras del imperio explica, por ejemplo, que el gobierno de Madrid tardase cinco meses en enterarse del desenlace de la batalla de Ayacucho y que siguiese publicando entre tanto noticias sobre victorias de las armas españolas y previsiones que aseguraban que «Bolívar, después de su última derrota, se hallaba cercado por 26 000 hombres de tropas realistas, de cuyas manos no creían pudiese escapar». Así se entiende que a comienzos de febrero de 1825 la Gaceta de Madrid publicase noticias traídas por un barco que venía de Lima, asegurando que Bolívar «ha sido completamente batido por las fuerzas reunidas del ejército real», que el 5 de marzo se imprimiese un decreto sobre «Arreglo de la minería en el Perú», donde ya no le quedaba al gobierno de Madrid nada que arreglar, y que el 15 del mismo mes se asegurase que Bolívar estaba rodeado y a punto de caer preso.

El 3 de marzo de 1825 Camilo Gutiérrez de los Ríos, ministro plenipotenciario de España en Londres, escribía que Canning le había comunicado la noticia «nada menos que de un triunfo completo del rebelde Bolívar sobre el exército realista de Perú». Gutiérrez le había enseñado a Canning la Gaceta de Madrid «y le traduxe las noticias que trahía de la derrota completa de Bolívar en 17 de septiembre [de 1824], en cuya acción había quedado muerto el general Sucre, el mismo que, según sus noticias, había batido en el mes de diciembre a nuestro exército en el Perú». Le preguntó a Canning si creía que el gobierno español especulaba con la publicación de noticias falsas y añade: «No me pareció muy persuadido de ello, a la verdad, pues en sus principios debe suponer somos todos de su condición».

Las primeras noticias directas de Ayacucho, traídas a España por el coronel Casariego, que llegó a Algeciras el 4 de mayo, se publicaron en la Gaceta del 17 de mayo de 1825, en un texto que aludía a la batalla como «el suceso del 9 de diciembre», añadiendo que no había confirmación oficial de los hechos, que las fuerzas se estaban recuperando, etc. El primer comentario largo apareció el 21 de mayo, sin considerar, sin embargo, que fuese un acontecimiento importante[16].

¿Cómo explicar que los gobernantes españoles siguiesen pensando, después de esta derrota decisiva que les había expulsado del territorio continental, que podían reconquistar América? Para entenderlo hay que tener en cuenta que estaban convencidos, a consecuencia de las noticias que recibían de algunos americanos descontentos con los nuevos regímenes republicanos, y muy en especial de miembros del clero regular, de que todavía tenían un considerable apoyo en América, y que aquellos países se hallaban en pleno desorden social, en especial México, donde pensaban que la población esperaba la llegada de las tropas españolas para lanzarse a sus pies, recibiéndolos como libertadores. La Gaceta describía en julio de 1824 un México hundido en la miseria y la anarquía y comentaba: «Esta independencia no tiene ni tendrá pies ni cabeza y, según mi opinión, jamás serán capaces de gobernarse ni constituirse por si solos». Un periódico de Cádiz dirigido por un mexicano, que tenía el expresivo título de El comercio de ambos mundos redactado en general, aseguraba en 1826 que «hoy más que nunca desea la mayor parte de aquellos habitantes que la España vuelva a estender su mano sobre ellos para sacarlos del caos en que los ha metido la farsa revolucionaria[17]».

Era verdad que aquellos países tenían dificultades muy serias para asentar un proyecto nacional que implicase, no sólo a los criollos, sino a las masas indígenas, los negros y los mulatos. Pero los que tenían el poder político y controlaban las fuerzas militares eran precisamente los grupos criollos, que no querían saber nada del retorno a la corona española. Las fuerzas armadas cumplían en estos países la doble función de defender la independencia de los intentos reconquistadores de la metrópoli y de sujetar las disidencias internas. Refiriéndose a Colombia, Alfonso Múnera ha escrito: «¿Cómo pudo surgir entonces un solo Estado-nación en 1831, en medio de concepciones tan diversas? No por supuesto como el resultado de “una comunidad imaginada”, sino como el simple y llano resultado de la fuerza. Los ejércitos estaban ahora en manos de las elites andinas y éstas, finalmente, impusieron su gobierno. Inventar la nación colombiana costó muchas guerras».

En realidad los procesos de integración son mucho más complicados que eso. Contra el tópico que sostiene que los nuevos regímenes resultaron ser más duros para los campesinos indígenas que la tutela española, se puede ver que en algunas regiones de México los campesinos, una vez desaparecidas las «repúblicas de indios», pudieron acceder a los ayuntamientos y participar desde ellos en la vida política, negociando la aplicación de las leyes («los proyectos de política nacional eran elaborados y recibían sentido en los niveles regional y local»). En Perú, después de la independencia, los campesinos se vieron favorecidos por las nuevas condiciones políticas y sus comunidades experimentaron «un breve intervalo de mejora en la extensión de su autonomía», aunque éste tuvo una duración escasa: la Sierra peruana quedó marginada de una economía que se orientaba cada vez más hacia la Costa y que abandonó gradualmente la población serrana al poder de los «gamonales». Conviene que analicemos la participación activa de los campesinos en los procesos de construcción de las nuevas sociedades, en lugar de considerarlos siempre como víctimas pasivas, para entender mejor la forma en que acabaron integrándose en las nuevas naciones americanas[18].

Leyendo las actas del consejo de ministros español, sin embargo, podemos ver que el gobierno mantenía unas ilusiones de reconquista que carecían de fundamento. Cualquier noticia, cualquier rumor, eran acogidos por los gobernantes españoles con un entusiasmo irracional. En abril de 1827, por ejemplo, el consejo de ministros se alegraba con la noticia de que había llegado a Cuba un individuo que ofrecía el restablecimiento del dominio español en México; el 26 de mayo se aseguraba que «el general enemigo D. Antonio La Valleja, con los catorce mil hombres que manda, está decidido a restituir a S. M. todo el virreynato de Buenos Ayres»; el 9 de junio Ofalia explicaba que había llegado a Londres un peruano que venía a buscar un príncipe español para rey; en enero de 1828 los ministros comentaban las noticias del capitán general de Puerto Rico «sobre el partido oculto que existe en Venezuela a favor del Rey N. S. y sobre las medidas que cree deberían adoptarse para reconquistar aquel reyno y varias provincias de América» (pero cuando unos refugiados venezolanos pidieron barcos y tropas para iniciar la reconquista, no se les atendió, porque todos los recursos se necesitaban para el proyecto mexicano); en febrero recibían una exposición de un fraile sobre el «proyecto formado por la Banda Oriental del Río de la Plata [Uruguay] para restituir aquellos países al dominio del Rey N. S. y pidiendo auxilios para llevarlo a efecto».

Lo que acabó realizándose fue un plan para invadir México. El 20 de agosto los ministros discutían el informe preparado por el consejo de Estado, que era partidario de apoderarse de alguna parte del continente americano con el objeto de que la posesión de este territorio ayudase a hacer valer los derechos del rey en cualquier negociación internacional, y que pensaba que México era el objetivo más apropiado: «El funesto estado a que los sectarios han reducido el reyno de Méjico nos ofrece una ocasión favorable para intentar su reconquista».

En febrero de 1828 el aventurero Eugenio de Aviraneta presentaba al capitán general de Cuba una «Memoria sobre el estado actual del reyno de Mégico y modo de pacificarlo», que le llevaba a concluir que «un ejército de veinte y cinco mil hombres —que aclara que debían ser quince mil alemanes y suizos, con diez mil españoles como auxiliares— con un príncipe real al frente, puede invadir aquel reyno y tomar su capital sin tirar un tiro».

Así se preparó el terreno para la aventura mexicana que, escarmentados por los grandes fracasos de Perú, se quiso hacer, según se dice a fines de octubre de 1828, «preparando las cosas de una manera fácil, sencilla y consiguiente, sin concebir proyectos arriesgados y de grande complicación», que tampoco se hubiesen podido organizar por falta de recursos. La tarea se debía confiar al capitán general y al intendente de La Habana, a los cuales se encargaba que obtuviesen un préstamo de cien millones de los Estados Unidos, o de los Estados Unidos y de Cuba, ya que la metrópoli estaba demasiado sobrecargada para poder avanzar este dinero[19].

Los preparativos de la expedición se mezclaban en este punto con las negociaciones con el Papa para que no nombrase ningún obispo en América sin tener en cuenta los derechos de presentación que tenía el rey de España, que se encargaría de pasarle las listas de los hombres que consideraba adecuados. Lo que preocupaba a Roma, en cambio, era que si se dejaba aislados a los católicos de aquellos países, se podían crear en ellos iglesias cismáticas que nombrasen sus propios obispos. En México, bajo la inspiración de Rocafuerte, ya se estaban haciendo planteamientos inspirados en el sínodo de Pistoya y en la constitución civil del clero de la Revolución francesa; pero Bolívar, más prudente, prefirió el camino de la negociación y consiguió que el Vaticano nombrase nuevos obispos para la Gran Colombia y el Alto Perú, ante el furor de Fernando VII, que mandó que se prohibiese la entrada en el país del nuevo nuncio.

Las cosas las complicó todavía más el nuevo embajador en Roma, marqués de Labrador, que no se distinguía precisamente por su inteligencia. Labrador informó al gobierno español de que el Vaticano no reconocería «los monstruosos goviernos de nuestras Américas, ni recivirá las propuestas que le hagan los gefes de ellos para los obispados vacantes de aquellos dominios». El Papa estaba incluso dispuesto, añadía, a aceptar que el rey le enviase directamente, sin pasar por consejeros ni ministros con el fin de que no se hiciese público, listas secretas de los clérigos americanos que proponía para los obispados con el fin de que el Vaticano hiciese la elección.

Las cosas no se acabaron de aclarar nunca del todo, por más que Roma aceptó la petición de Fernando de que no se hiciese de momento ningún nombramiento eclesiástico para México, una colonia que el rey de España esperaba recuperar rápidamente, con una expedición en la que debían ir el arzobispo de México, el obispo de Oaxaca y otros «pastores legítimos». El gobierno pedía incluso que se designase un nuncio, o que se encomendase esta función al arzobispo de México, con el fin de juzgar a un clero que había vivido en los últimos años en una situación prácticamente cismática[20].

La gran operación reconquistadora se montó desde Cuba y, como tantas otras veces, con recursos cubanos. El 24 de octubre de 1829 se publicaba en la Gaceta de Madrid la primera noticia sobre la expedición que mandaba el brigadier Isidro Barradas, personaje que había demostrado en más de una ocasión su ineptitud, al cual se unieron Aviraneta, como secretario político, y fray Diego Miguel Bringas, como capellán. La escuadra, mandada por el almirante Laborde, les llevó a desembarcar en Tampico, y la Gaceta lo anunciaba con anticipaciones de triunfos y con la convicción de que miles de mexicanos se unirían inmediatamente a los españoles.

La ambición del proyecto español, que iba mucho más allá de la recuperación de México, quedaba clara en un artículo que se publicaba al mismo tiempo: «Tres mil trescientos españoles han empezado ya en territorio mejicano la grande obra de la sumisión de aquellos países a su legítimo soberano». Palabras que reflejaban una confianza que compartía Barradas, quien, al observarle Aviraneta que necesitaba muchos más hombres si quería llegar a tomar la ciudad de México, le respondió que una vez que estuviese en tierra los mexicanos le seguirían hasta la capital.

El 27 de julio de 1829 los invasores desembarcaron en la costa próxima a Tampico, después de que una tempestad dispersase las ocho naves que les llevaban (uno de los transportes, con quinientos hombres a bordo, se averió y se refugió en Nueva Orleans). Se apoderaron de la ciudad, donde permanecieron encerrados, esperando en vano la anticipada llegada de los mexicanos que habían de unirse a la reconquista, mientras el padre Bringas les exhortaba diciéndoles que todas las calamidades que sufrían eran un castigo de Dios (la proclama de Barradas al ejército mexicano les avisaba que «estáis sosteniendo, sin saberlo, las herejías y la impiedad»).

Era verdad que México se encontraba en muy mala situación, como había señalado Aviraneta, que en los años anteriores se habían producido todo tipo de conspiraciones y que había grupos, como el de algunos comerciantes de Veracruz, que habrían recibido de buena gana el cambio; pero a la hora de la verdad la invasión no sólo no halló adhesiones, sino que exacerbó el naciente nacionalismo mexicano. Toda la operación se montó, además, con incompetencia: por ejemplo, la flota de Laborde, de acuerdo con las instrucciones recibidas en Cuba, dejó a Barradas en Tampico y se desentendió de la operación.

Famélicos, atacados por los mosquitos y enfermos de fiebre amarilla, sólo faltó la coincidencia en los primeros días de septiembre de un huracán y del ataque del general Santa Anna para acabar de desmoralizar a los invasores. El 11 de septiembre, un mes y medio después del desembarco, los expedicionarios firmaban la capitulación que ponía punto final a una aventura que había costado 1500 vidas y que significaba una considerable pérdida económica. La prensa española minimizó el fracaso con el argumento de que «la expedición española no ha sido vencida por la fuerza de las armas republicanas, sí sólo por el temperamento insalubre de Tampico[21]».

Los británicos intervinieron poco tiempo después para evitar que el gobierno español siguiese organizando aventuras de este tipo: el gobierno de Londres avisaba al de Madrid, en marzo de 1830, que «no podría con justicia intervenir por más tiempo con los de México y Colombia para que no atacasen las posesiones españolas, si no interviniese igualmente para que España no ataque a los dominios de aquellas potencias, y que, si aquellos consiguiesen extender entre los negros de Cuba y Puerto Rico el espíritu de insurrección y rebeldía, sería imposible que la Gran Bretaña, la Francia y los Estados Unidos dexasen de tomar parte activa en este negocio para salvar sus propias colonias del inminente peligro que correrían[22]».

Estaba claro que había que actuar con prudencia para evitar cualquier conmoción política que pudiese animar a los negros esclavos a sublevarse. El restablecimiento del absolutismo se había producido en la isla de Cuba el 19 de noviembre de 1823 sin ningún incidente, con la aceptación de la nueva situación política por parte del gobernador. Una noticia de la isla decía: «Aquí gozamos tranquilidad gracias a las disposiciones y actividad de este gobernador, el Sr. Vives, y demás autoridades, para que esta isla conserve siempre su unión con la madre patria, a pesar de las tentativas de algunos hijos desnaturalizados, que no conocen el riesgo que corremos todos los blancos entre la multitud de gentes de color que nos rodea[23]».

Los ingleses recordaron en esta ocasión al gobierno español que si todavía conservaba la posesión de Cuba y de Puerto Rico era porque había un acuerdo entre Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos con el fin de mantener aquellas islas en poder de España. De hecho, en 1825 el presidente Monroe había llegado a proponer a los rusos que la Santa Alianza enviase tropas a Cuba y Puerto Rico para garantizar su conservación en poder de España[24].

El de 1829 no fue precisamente un buen año para la monarquía española, a la cual, aparte del fracaso de la expedición Barradas, se le acumularon todo tipo de problemas. En medio de noticias constantes de conspiraciones ultras y de un agravamiento de la situación de Portugal, que preocupaba profundamente al rey y a sus ministros, el mes de enero empezó con una gravísima crisis de la deuda española en París, donde el ministro de Hacienda francés había denunciado públicamente que «el govierno español, que tiene por costumbre no pagar ni cumplir ninguna de sus obligaciones, contrata cada día deudas y empréstitos que no puede satisfacer», a lo que se añadiría un mes después la exposición a las cámaras francesas de Poisson, que denunciaba que los españoles habían estado colocando emisiones fraudulentas de deuda, con el pretexto de hacer conversiones de viejas emisiones, y otra en términos parecidos de Benjamín Constant a primeros de junio. Todo ello tendría como consecuencia la prohibición oficial de que España hiciese nuevas colocaciones de deuda en la Bolsa de París y provocaría un descenso brutal de las cotizaciones de sus títulos.

En julio Sainz de Andino presentaba al rey un cuadro sombrío de la situación general de la monarquía: «Apuradísima es la situación de su tesoro; enorme e incomparable es su deuda, notorio es su descrédito; general es la pobreza de sus clases; manifiesta está la división de los ánimos; incontestables son la nulidad de su comercio, la paralización de sus fábricas y el atraso de la agricultura; palpable la desorganización de su administración civil o municipal; demasiado visibles son la corrupción de la moral pública, el hábito de la insubordinación, el desacato a las autoridades constituidas y el desprecio de las leyes que nos han dejado las revueltas pasadas y, por último, al pasar una rápida revista sobre la situación de la monarquía, no se ven más que síntomas de desorden, debilidad y destrucción[25]».

En enero de 1829 la reina Amalia cayó enferma «con un fuerte resfriado y la garganta un poco apretada». Los recursos de la medicina aplicados por el doctor Castelló —seis sanguijuelas para sacarle sangre— hicieron disminuir la inflamación en la garganta. Pero a fines de abril empezó a tener dolores de cabeza y fiebre y empeoró rápidamente, hasta que murió la madrugada del 17 de mayo, dejando a un Fernando sinceramente dolorido, que le decía a Grijalva en una carta que «nunca puedo olvidar a la difunta a quien quería tanto». Había venido a España para casarse con el rey cuando sólo tenía quince años y moría a los veinticinco[26].

El seis de junio, no obstante, cuando sólo hacía tres semanas de la defunción de Amalia, el rey comunicó al consejo de ministros, por boca de Salazar, presidente en funciones, que «por más que el ánimo de S. M., abismado en el dolor y en tan tristes recuerdos, sentía gran repugnancia en abrir su tálamo a una nueva esposa, […] resuelve hacer el sacrificio de su voluntad y, resistiendo sus inclinaciones naturales, elegir por cuarta vez una esposa». Uno de los motivos fundamentales que le habían decidido había sido el consejo de su médico, como explica el rey en carta a Grijalva: «Yo sigo muy bien y dice Castelló que ya tengo el pulso tan fuerte como antes y que es menester que yo me case cuanto antes[27]».

La prisa que muestra Fernando, que parece haber mantenido desde 1814 una vida sexual muy activa al margen del matrimonio, tiene que ver esencialmente con su afán por tener descendencia, con la clara voluntad de hacerla pasar por delante de su hermano Carlos. Sabemos que mientras Amalia todavía estaba viva dictó a Calomarde un borrador de testamento en que se mostraba decidido a dejar el reino en herencia al hijo o hija que pudiese tener, anulando «el nuevo reglamento sobre la sucesión de estos reinos que hizo mi augusto bisabuelo D. Felipe V a 10 de mayo de 1713», si bien recomendaba que, en el caso de que le sucediese una niña, quería que se casara con un hijo de sus hermanos Carlos o Francisco de Paula.

Que tenía estos asuntos en la cabeza lo demuestra el hecho de que el 21 de agosto dijese en una carta: «Esta mañana a las dos ha hecho doce años que parió mi segunda mujer». María Isabel de Braganza había tenido, en efecto, el 21 de agosto de 1817 una niña, en un parto difícil, agravado por la incompetencia del cirujano que la atendió. La niña murió el 9 de enero siguiente e Isabel lo hizo el 26 de diciembre de 1818, a los veintiún años de edad, al parecer nuevamente embarazada[28].

Al conocer la voluntad del rey de volverse a casar, la infanta Carlota Joaquina, hermana de Fernando, le escribió diciéndole que debía hacerlo —«porque estás muy mochacho, no tienes hijos»—, a la vez que le pedía que escogiera por esposa a su hija María Teresa, princesa de Beira, viuda y madre de un hijo, que vivía en Madrid con su hermana, la esposa del infante Carlos, porque, entre otras razones, «está ya en tu casa y se evitan muchísimos gastos indispensables». Pero Fernando no debía tener ganas de cargar con aquella mujer dura y ambiciosa, que en 1827 había intentado hacerse proclamar reina de Portugal, cuando, gravemente herido su hermano Miguel en un accidente, las opciones para sucederle, si moría, eran la madre, Carlota Joaquina, la princesa de Beira o su hijo Sebastián Gabriel, ya que la otra hermana, casada con Carlos, presunto heredero de la corona española, estaba descartada.

El rey había optado ahora por una princesa de veintitrés años, hija del rey Francisco I de Nápoles y sobrina suya, Maria Cristina, guiado sobre todo por los retratos que se le habían presentado. Insistió todavía Carlota —quien, paradójicamente, le había dicho a su hermano en 1814, quince años antes, que la de Beira no le convenía como esposa porque «es viuda y con un hijo» y «está enferma del pecho»—, sin hacer cambiar de opinión a un hombre que declaraba: «Otras veces me han casado, ahora me caso yo». El Papa dispensó la consanguinidad entre tío y sobrina, y el embajador de España en Roma, Pedro Gómez Labrador, hizo la petición oficial el 6 de septiembre.

María Cristina llegó con su padre, el rey de Nápoles, por la frontera francesa y se paró a descansar en Barcelona. Fernando Fernández de Córdoba nos la describe como una mujer de gran belleza y de un carácter agradable, que se ganó rápidamente el afecto de la gente. Mientras seguía viaje hacia Madrid empezó un intercambio de cartas entre ella y Fernando en el que éste, entusiasmado al descubrir en su prometida a una joven afectuosa y alegre, se enternecía y la trataba de «pichón», «pimpollo», «azucena», «resalada», «gachona mía», «ídolo de mi corazón» y «sol de los soles». Cuando se aproximaba a Madrid e iba ganando confianza, le escribía: «¡Cómo nos queremos!, pues no digo nada quando tengamos un hijo y que se parezca a su madre; entonces me vuelvo loco» o «¡Que guapita eres! ¡Qué rica!, se conoce que tienes chispa; así quiero yo los genios; me parece que nos hemos de llevar muy bien, pues yo también soy muy alegre y me gusta echar quatro frescas; yo no quiero para mujer una sosa, pues es un fastidio, sino a una viva, como tú». Le explicaba que «todos los días, más de una vez, quando estoy solo canto aquel estrivillo de una seguidilla: “Anda salero, / salerito del alma / ¡Cómo te quiero!”» o que «el corazón me hace pitititi, señal que me muero por tititi». Tal era el entusiasmo de Fernando que «al acercarse a Madrid su prometida deshacía las joyas de su propio uso, todo cuanto había en palacio que tenía piedras preciosas, para convertirlo en pulseras, en pendientes, en adornos femeniles». Las joyas de este primer regalo, de acuerdo con noticias publicadas en el Diario de Barcelona el 22 de diciembre de 1829, valían más de 21 millones de reales; después le siguió haciendo regalos del mismo estilo durante los cuatro años de matrimonio.

El 8 de diciembre llegaron los napolitanos a Aranjuez, el casamiento se hizo el 9 por poderes, habiéndolos delegado el rey en su hermano Carlos, y el 10 llegaba Fernando y veía por primera vez a Cristina. Ella, tal vez contagiada de la ramplonería del rey, le escribía «ahora sí que puedo cantar aquella aria que dice: “Io ti vidi e ti adorai / il mio cuor piu mio non é”». Lo cual era un poco exagerado si tenemos en cuenta que el novio era un hombre envejecido, gordo y enfermizo, que a menudo cojeaba como consecuencia de la gota (el 12 de diciembre anterior había tenido una crisis en la iglesia del Escorial que le había hecho perder el sentido y revolcarse violentamente por el suelo, mientras su hermano Carlos, «que estaba a su lado de rodillas, quedó inmóvil, como una estatua, y levantando los ojos y ambas manos al cielo clamaba: “Señor, salvad al rey”»). En enero de 1830, poco después de casado, Arias Teijeiro nos dice que ha visto al rey «cada día […] más avejentado, y su cara monstruosísima, pues no es gordura, sino huesos prominentes y desencajados, como si fuesen dos caras».

Hicieron la entrada solemne en Madrid el día 11 y todo acabó con las fiestas y ceremoniales propios de estos casos, sin que faltasen ni las «corridas de toros», ni una ópera de Rossini; Fernando quiso, además, que Quintana, un poeta proscrito pero uno de los mejores de la España de aquel tiempo, le dedicase una canción epitalámica en la que versos como los que decían «¿No es tiempo ya / de que sus hijos alcen / la frente al cielo con vigor?» parecían expresar la esperanza de nuevos tiempos. Vino después una luna de miel amargada por los dolores que le paralizaban las manos a Fernando y obligaban a Cristina a escribirle las cartas, y se produjo un paso decisivo, antes incluso de que se supiera que la reina estaba embarazada[29].

El 31 de marzo de 1830 se hizo pública con toda solemnidad la Pragmática sanción de 1789, votada en unas cortes, pero no publicada, que abolía el Auto acordado de 1713, puesto en vigor por Felipe V para anular el orden de sucesión fijado en las Partidas y dar preferencia a los hombres con respecto a las mujeres, aunque tuviesen un parentesco más alejado del rey. Su finalidad era evitar nuevos conflictos sucesorios —eliminaba de este modo cualquier pretensión de los descendientes de los Austrias—, pero chocó con fuertes resistencias de los miembros de la administración castellana, y en especial del consejo de Castilla, «más, cuando se había de derogar una ley que era fundamental»: justamente aquella que había permitido que Felipe, que tenía sus derechos por línea femenina, heredase la corona. En opinión de Donoso Cortés, las cortes de 1713 que habían aprobado el auto no estaban constituidas de manera apropiada y «sólo sirvieron de máscara para cubrir la ilegalidad de la ley que Felipe V había jurado imponer a la nación».

La proclamación de la Pragmática se hizo en Madrid leyéndola «con trompetas y timbales por voz de pregonero público» a las puertas del palacio real y «en la Puerta de Guadalajara, donde está el público trato y comercio de los mercaderes y oficiales». De forma parecida y con toda solemnidad se haría en todas partes. En Vilafranca del Penedés, en la plaza Real «por voz de pregonero», acompañado por las trompetas del sexto regimiento de caballería ligera de Cataluña. Hay que señalar que el consejo de Estado, donde figuraban apostólicos tan notorios como el obispo de León, Erro o fray Cirilo de Alameda, escuchó la lectura de la Pragmática sin hacer protesta alguna, si bien los círculos apostólicos la criticaron en privado con dureza.

Muy pronto se produjo otro hecho que mostraba la voluntad del rey en materia de sucesión. En una carta a Grijalva del 29 de mayo de 1830 escribe: «Yo he hecho mi testamento cerrado, que no quiero que se abra hasta después de mi muerte» («Como se murió tu ama y yo me he vuelto a casar —aclara—, he tenido que hacer otro testamento, pues el otro no servía»). El documento se firmó en Aranjuez el 12 de junio, en presencia de Calomarde, y el rey se ocupó de tomar todo tipo de precauciones para evitar que nadie de su entorno se enterase, con tanto éxito que, cuando murió, se produjeron unas horas de confusión hasta que lo encontraron en un cajón secreto[30].

Se acostumbra a hablar de este documento en los momentos en que se produce su publicación, una vez muerto el rey, cuando, después de los acontecimientos de La Granja y de la negativa del infante Carlos a aceptar la sucesión femenina, las cosas han adquirido un nuevo sentido. Pero es importante leerlo en relación con el momento en que fue escrito, que es el que revela la intención política de Fernando VII antes de la crisis de La Granja. El testamento confirmaba su voluntad de dejar la corona a su hijo o hija, pero lo más importante, y lo que lo distingue del que había hecho en vida de Amalia, es que alejaba al infante Carlos y a su partido de cualquier función política en la regencia. La única mención que hacía de su hermano —aparte de dejarle, como al otro, una joya de recuerdo— era para pedirle que si, por falta de hijos o hijas, la corona recayese en él, tratase bien a la reina. Desaparecía, además, la voluntad de casar a una posible heredera con un hijo de sus hermanos.

Según el nuevo testamento la reina permanecería como gobernadora hasta que el hijo o hija que recibiese la herencia cumpliese dieciocho años y se le fijaba como organismo asesor un consejo de Gobierno de ocho miembros (con el añadido de siete suplentes), de una composición sorprendente, ya que, al lado de personajes netamente reaccionarios, con el grave error de haber incluido entre los suplentes al conde de España, había otros que el rey había postergado en estos años por moderados, como el marqués de las Amarillas, Cruz, Ofalia o Garelly. Una composición que, se dirá al conocerse el texto, mostraba «que la desconfianza hacía la base del carácter del rey, el cual creía hallar garantías de duración en la heterogeneidad de los elementos de sus combinaciones». Leído desde junio de 1830, este documento muestra que ha habido un cambio en los proyectos de futuro de Fernando, que implica cerrar el camino que los apostólicos esperaban que les llevase al poder[31].

Este texto permaneció ignorado hasta después de la muerte del rey; pero la publicación de la Pragmática sanción significaba por ella misma un cambio considerable que ponía en peligro las expectativas de los apostólicos. «Ninguna reclamación se hizo dentro del reino contra la legalidad de aquel acto —dice Martínez de la Rosa—, ni era fácil apoyarla en ningún sólido fundamento». Los miembros del consejo de Estado, incluyendo al infante Carlos, nombraron una comisión para asistir al parto de la reina, que tuvo lugar el 10 de octubre de 1830, aceptaron que el rey mandase que a la niña, Isabel, «se le hagan los honores como al Príncipe de Asturias, por ser su heredera y legítima sucesora de su corona, mientras Dios no le conceda un hijo» y felicitaron a Fernando por el nacimiento de la hija, mientras éste encargaba en secreto rogativas a la virgen de Valverde para que el embarazo siguiente de Cristina le hiciese dar a luz un niño.

Que los apostólicos no protestasen en aquel momento no significa, sin embargo, que se hubiesen rendido. Si seguimos el diario de Arias Teijeiro, que estaba implicado de lleno en el núcleo que conspiraba en el «cuarto» del infante Carlos, se puede ver que tiene la convicción de que se encuentran en un momento en que habrán de jugársela —«estoy convencido de que, o 1830 es la 2a parte de 1820 [es decir, de la revolución] o es el año de la restauración»—, a lo cual añade que hay grandes esperanzas de cambio, que una monja profetiza que los hijos del rey no reinarán y que «su hermano reparará los males que pueda», que «habrá insurrección en pasando los fríos, atendida la miseria que el año ofrece […] y el aumento de contribuciones» y da una serie de noticias en clave sobre conspiraciones en marcha: «en fin, trabajan»; «me recelo si estas son vísperas: oigo otras insinuaciones […]; pues no se atreven a hablarme con claridad»; «que llegará pronto el caso»; «dicen que va a estallar una revolución […] que cuentan con […] etc.»; «esto malísimo, amenaza ruina por todas partes; según infiero hay para poco», «el desorden traerá el orden[32]».

Insinuaciones que hacen referencia a un complot que se frustró el 24 de septiembre de 1830, cuando la policía encontró en una fonda de Madrid un escondite de fusiles, municiones y armas con las cuales un grupo de realistas preparaba un movimiento que se haría al grito de «¡Viva el rey absoluto, mueran los traidores!». Los detenidos no tuvieron inconveniente en hablar: «Todo lo han contado», se lamenta Arias Teijeiro. Y concluye: «En fin, lo de la noche; y al fin nada». Los miembros del gobierno observaban, además, que las personas que habían sido detenidas «sólo son instrumentos ciegos y subalternos, escitados por otras de más eminente rango, que son los verdaderos promovedores de todas estas conmociones, las cuales no pueden ocultarse a la sabia penetración de S. M.». Se desterró lejos de la corte a una serie de personajes implicados, como Erro, fray Cirilo de la Alameda y Elizalde. A pesar de que este ensayo general de golpe de estado hubiese fallado, el resultado sería que los ministros se sintiesen inseguros en la propia capital de la monarquía, en medio de conspiraciones de palacio y de amenazas de revueltas más o menos populares[33].

Con el problema añadido de que parte de estas conspiraciones tenían vínculos con personas relacionadas con el «cuarto» del infante Carlos y de su esposa, María Francisca. Hay que recordar que los infantes vivían en palacio, y se mantenían con unas dotaciones considerables. Carlos y su mujer cobraban 1 650 000 reales por alimentos y 1 100 000 para gastos —y como no les bastaba, pedían más y se les abonaban los aumentos—. Había además el «cuarto» del infante Sebastián (hijo de la de Beira) con una asignación de 1 650 000 reales y el de la propia princesa de Beira, que para gastos, mientras siguiese viuda, tenía 550 000 reales. Aparte estaba el «cuarto» de Francisco de Paula y Luisa Carlota, con alimentos y gastos de un valor comparable al de Carlos, y el del infante Carlos Luis, duque de Luca. Entre una cosa y otra en 1831 toda esta gentecilla consumía más de 14 millones de reales del presupuesto[34].

En aquellos momentos, sin embargo, se le presentó al régimen un problema muy grave: la revolución de julio de 1830 en Francia. No sólo porque esto significaba que el territorio francés podía convertirse en base de partida para intentos de invasión de los liberales españoles, como efectivamente ocurrió, sino porque implicaba que el orden político y social que la restauración había impuesto en Europa empezaba a resquebrajarse: volvían tiempos de cambio y de revolución. Unos ministros aterrorizados y desconcertados propusieron en un primer momento dirigirse a las cortes europeas ofreciéndose a cooperar «para reprimir este escandaloso atentado y restablecer el orden legítimo». Fue el propio rey quien, al día siguiente, les hizo ver que iban demasiado lejos y que tal vez convendría «solamente manifestar el sentimiento» del rey y «su propósito de seguir en este grave negocio la política de las grandes potencias», con la esperanza de «que se contará con la España cuando haya llegado el momento de acordar los remedios que exija la situación del reino vecino». Bastante trabajo tenían en tomar medidas para prevenir lo que les podía venir encima.

El impacto de la revolución fue importante también en otro sentido. Para los terratenientes españoles, según opinaba Donoso Cortés, «la revolución que agita actualmente la Europa es menos una revolución política que una revolución social» y «toda revolución promovida por las masas va siempre acompañada de una irrupción en sus propiedades, porque las masas no hacen las revoluciones por principios, sino por intereses». Era necesario prevenir los errores que habían conducido a Francia a esta situación, de manera que serían ellos quienes desde ese mismo momento velarían para conseguir que los gobiernos se orientasen por una vía de moderación que evitase los riesgos de una sacudida como la que había hecho caer a los Borbones franceses[35].

Capítulo 13
LAS REVOLUCIONES EUROPEAS DE 1830

Los movimientos revolucionarios de los primeros años veinte habían sido aplastados por la Santa Alianza y todo parecía volver al orden. Pero los gobiernos se limitaron a reforzar las medidas policiales y los mecanismos de represión, dejando los problemas de sus respectivas sociedades sin resolver. De ese modo, las inquietudes reaparecieron al cabo de pocos años de aparente tranquilidad en que los gobernantes estaban convencidos de que bastaban el apoyo del ejército y la pasividad de las capas populares para asegurar la estabilidad.

Francia es un buen ejemplo de esta evolución. En 1824 había cambiado el sistema electoral haciéndolo mucho más restrictivo y las primeras elecciones con las nuevas reglas dieron un triunfo resonante a los ultras: la «chambre retrouvée» contaba con 410 realistas y sólo 19 liberales. Los liberales parecían aceptar, además, su papel de leal oposición y haber abandonado las tentaciones revolucionarias. Esto ocurría mientras el pobre Luis XVIII, un diabético con hidropesía que apenas podía andar y a quien la gangrena en la base de la columna vertebral no le permitía sostener derecha la cabeza, vivía sus últimos días, durmiéndose mientras leía el discurso de apertura de las cámaras, alegrado aún por la compañía de su ninfa, madame du Cayla (que sacó provecho de su privanza, haciéndose regalar un edificio de ochocientos mil francos[1]).

Luis murió a las cuatro de la madrugada del 16 de septiembre de 1824 y le reemplazó en el trono su hermano Carlos X, conde de Artois, un personaje de aspecto físico más «regio» que su antecesor —entró en París a caballo, bajo una intensa lluvia—, pero de escaso nivel intelectual: confesaba que nunca había podido leer cuatro páginas seguidas sin dormirse y se dedicaba a recortar papelitos durante los consejos de ministros. Carlos era un hombre devoto y reaccionario, que pensaba que Luis XVI se había perdido «por haber hecho concesiones», y estaba decidido a no hacerlas, pero que quiso dar inicialmente ilusiones de una conducta moderadamente liberal para ganarse una popularidad que duró muy poco.

De entrada mantuvo a Villèle al frente del gobierno —al fin y al cabo era él mismo quien se había esforzado en elevarlo al poder durante el reinado de su hermano— y dio apoyo a medidas como la supresión de la censura o al intento de acabar con las incertidumbres sobre la propiedad confiscada por la revolución indemnizando a los nobles emigrados por los bienes que habían perdido. Esto se debía hacer pagándoles un 3 por 100 anual de su valor, con lo que se llamó el «miliard» (los mil millones) de los emigrados, aunque en realidad no pasaba de 630 millones. La medida quería ganarse el apoyo de los nobles y dar seguridad a los compradores burgueses de que los bienes vendidos no serían reclamados, lo que explica que los ultras se opusieran a ella y que fuera derrotada en la cámara de los pares; un episodio que puso en evidencia la deslealtad de Chateaubriand y dio lugar a que el rey le destituyese sin ninguna contemplación.

Pero muy pronto las dos leyes «religiosas» —sobre las congregaciones y sobre el sacrilegio, que preveía la pena de muerte, tras haberle cortado la mano, para quien robase un objeto religioso que contuviese hostias consagradas— y el ceremonial de su consagración solemne en Reims, en mayo de 1825, que implicaba la recuperación de todo el ritual del Antiguo régimen, mostrarían la auténtica faz del nuevo reinado y darían nacimiento a un anticlericalismo que defendía incluso un aristócrata conservador como el conde de Montlosier[2].

Villèle se encontró entonces atacado a la vez por una derecha ultra que no le encontraba lo bastante duro y por una izquierda liberal que dominaba una prensa que el gobierno no había conseguido controlar —había 43 000 suscriptores de los periódicos liberales, 14 000 de los gubernamentales y 6000 de los de la oposición ultra—, como pretendió hacerlo con un proyecto de ley que reemplazaba la censura por una serie de cargas económicas, pero que hubo que retirar ante la oposición que se le hizo, sobre todo desde la cámara alta o «de los pares», que no admitían que quisiese controlar tanto la prensa «de los buenos» como la revolucionaria, cosa que habría ocurrido con estas multas. El 6 de noviembre de 1827 el gobierno nombraba 76 nuevos pares, entre ellos cinco arzobispos, para asegurarse el apoyo en la cámara alta, y convocaba nuevas elecciones, como consecuencia de la cuales los diputados de la oposición liberal, que multiplicaron por diez sus resultados anteriores, igualaron en peso a los partidarios del gobierno, lo cual dejaba a la oposición ultra con la posibilidad de ejercer la función de árbitro. En estas condiciones el rey se vio obligado a prescindir de Villèle y dio el poder a un nuevo ministerio que dirigiría, sin ser oficialmente su presidente, Martignac, un político a quien el rey despreciaba. En estos momentos Metternich, que veía que los asuntos de Francia iban mal, escribía a su hijo Víctor: «Este país está podrido hasta los tuétanos[3]».

El ascenso electoral de la oposición estaba relacionado con la formación, en la primavera de 1827, de una asociación con el extraño nombre de «Aide-toi, le ciel t’adera», con el objetivo, entre otros, de vigilar la limpieza de los procesos electorales, en la que se agrupaban desde partidarios de una monarquía liberal hasta republicanos, bajo la presidencia de Guizot y con asociados como Sainte-Beuve, Auguste Blanqui, Thiers, La Fayette o los banqueros Laffite y Perier[4].

El nuevo gobierno era lo que hoy llamaríamos «un gobierno de técnicos, con un matiz de centro-derecha»: un gobierno débil, que difícilmente podía hacer frente a una cámara de diputados que le obligó a hacer una serie de concesiones, hasta que, en abril de 1829, el rechazo de dos leyes descentralizadoras, pensadas para agradar a los liberales, pero que fueron rechazadas como consecuencia de la negativa del rey a hacer concesión alguna para conseguir la aprobación de la cámara, significó la derrota de Martignac, a quien el rey le decía, satisfecho: «Ya os lo decía yo. No hay manera de tratar con esta gente. Es hora de detenernos». El auténtico sentido de la lucha que se estaba desarrollando en el parlamento era el de decidir si había que seguir por una vía parlamentaria, dando prioridad a las cámaras, o si el rey debía recuperar la dirección y la iniciativa políticas como, según la interpretación de los ultras, le permitía hacer la carta[5].

Decidido a «detenerse», como le había dicho a Martignac, Carlos X nombró, el 8 de agosto de 1829, un gobierno dirigido por Jules de Polignac, cuya composición había sido decidida en una serie de negociaciones entre los ultras, que aceptaban respetar la letra de la carta, pero buscaban, a la vez, «reforzar la autoridad real y constituir una aristocracia», cuya base sería la propiedad de la tierra (se modificaría de nuevo la ley electoral para asegurar «la preponderancia a la propiedad territorial»). El nombramiento de este «gobierno del 8 de agosto» que Polignac, un personaje que suscitaba unas antipatías casi generales, dirigiría de hecho —su cargo oficial era el de ministro de Asuntos exteriores— cogió a todo el mundo por sorpresa y no gustó a casi nadie.

Polignac era hijo de una favorita de María Antonieta, odiada por su conducta, ya que sacó provecho de la reina en los buenos tiempos y la abandonó en los difíciles. Los Polignac fueron de los primeros que se vieron obligados a emigrar, y el joven Jules hizo amistad entonces con el conde de Artois, el futuro Carlos X. Volvió a Francia, donde participó en las conspiraciones contra Napoleón y acabó en la cárcel. Después de 1814 formaba parte del entorno ultra del conde de Artois, poco favorable a la carta, cuando Luis XVIII le envió a Roma, donde el Papa le hizo príncipe, «distinción bastante insignificante, incluso desde el punto de vista aristocrático». En 1816 se casó con una rica heredera católica escocesa y en 1825 fue nombrado embajador en Londres, donde le correspondió negociar la expedición a Grecia. Sus ambiciones no estaban satisfechas con este cargo y no paró hasta conseguir ser ministro, jefe de gobierno de hecho, a pesar de su impopularidad y de que era incapaz incluso de hacer un discurso a las cámaras. Teniendo en cuenta que Polignac venía de la embajada de Londres y que se le tenía por anglófilo, Pozzo di Borgo pensaba que Wellington había influido en su nombramiento, cuando en realidad había salido de las conspiraciones ultras y de la voluntad del rey, que compuso el gobierno a su gusto personal, ya que, según Decazes, «Polignac había pensado hacer una especie de coalición y el rey quería 1815 puro [es decir, absolutismo ultra]».

En el gobierno le acompañaban otros personajes de filiación ultra como el general Bourmont, que tenía como mayor mérito de su carrera haber traicionado y abandonado a Napoleón pocos días antes de la batalla de Waterloo; un hombre, dice la condesa de Boigne, que «horrorizaba tanto en los campos como en las ciudades». Louis-Auguste-Victor de Ghaisnes de Bourmont había luchado contra la revolución en la Vendée y fue encarcelado diversas veces por Napoleón, al cual abandonó, pasándose a los prusianos con todo su estado mayor, el 15 de junio de 1815, tres días antes de Waterloo. Más adelante, una vez caídos los Borbones, fracasó en su intento de organizar una insurrección en la Vendée a favor de la duquesa de Berry.

En sus memorias el canciller Pasquier dice que la publicación del ministerio «causó en Francia una emoción imposible de describir. En París, sobre todo, hubo una explosión de sorpresa indignada. No hay ejemplo ni en Francia ni en otro país de que un cambio de gobierno haya excitado tantas pasiones ni causado tanta alarma». La reacción del Journal des Débats fue: «¡Desdichado rey! ¡Desdichada Francia!», expresión que les costó un proceso, del cual salieron finalmente absueltos. La condesa de Boigne añadiría: «Nunca una catástrofe ha sido tan anunciada como aquella que preparaba, con tanto celo, el mismo partido que iba a sucumbir en ella[6]».

Cuando el parlamento abrió sus sesiones, el 2 de marzo de 1830, el discurso del trono fue un alegato agresivo en reivindicación de las facultades reales, pero el efecto que se quería producir se arruinó cuando el gesto enérgico con el que el rey acababa su intervención hizo que le cayese el sombrero de la cabeza; el duque de Orléans lo recogió, lo que algunos consideraron como un presagio. El discurso recibió una respuesta que, con el apoyo de 221 votos, expresaba la desconfianza en el gobierno, a la vez que el respeto hacia el rey.

Aunque los ultras no se quisieran enterar, aquellos eran tiempos de cambio. Eran los días de la batalla literaria de Hernani, que significó uno de los grandes momentos del triunfo del romanticismo. La censura, que le había prohibido a Victor Hugo que representase Un duel sous Richelieu, porque pensaba que el público vería a Carlos X en la figura de Luis XIII, decidió autorizar Hernani, que desaprobaba, porque creía que «es bueno que el público vea hasta qué punto de extravagancia puede llegar el espíritu humano liberado de toda regla y de toda conformidad». El estreno, el 25 de febrero de 1830, dio lugar a una sucesión de batallas entre el público a base de silbidos y puñetazos.

En el terreno de la política, no obstante, el movimiento liberal era todavía esencialmente monárquico, sin ninguna tentación republicana. Carlos podría haber destituido a Polignac y habría resuelto de ese modo el problema de un enfrentamiento que no se dirigía contra él sino contra el ministerio. Puesto a escoger entre sus ministros y la mayoría de la cámara de diputados, Luis XVIII había optado siempre por el parlamento; Carlos quiso hacer lo contrario: el 19 de marzo decidió prorrogar la cámara hasta el primero de septiembre, sin dejar que se volviese a reunir entre tanto, esperando el momento oportuno para disolverla y convocar nuevas elecciones.

Con la cámara suspendida, el gobierno se dedicaba de lleno a preparar una operación sobre Argel, de la cual esperaba que, como había ocurrido en 1823 con la guerra de España, devolviera el prestigio a la monarquía, que ya se había embarcado antes en una operación internacional de prestigio con la intervención en Grecia, en asociación con británicos y rusos, que, con la victoria naval de Navarino, había asegurado la independencia griega. Pero a pesar de la popularidad de la causa de los griegos, esta campaña no había significado ningún avance en la influencia de Francia en el Mediterráneo y no había tenido consecuencias en su política interior. Se esperaba mucho más, en cambio, de la conquista de Argel, que era el inicio de un sueño imperial que aspiraba también, entre otros objetivos, a la anexión de Bélgica.

El gobierno, sin embargo, cometió el error de apresurarse y avanzar demasiado el proceso electoral —disolvió la cámara el 16 de mayo y convocó elecciones para fines de junio y primeros de julio—, en lugar de esperar hasta el primero de septiembre, cuando se acababa la prórroga parlamentaria, dejando tiempo a la realización de la operación de Argel[7].

En Argel, donde gobernaban los deys con el apoyo armado de los jenízaros, el dey Hussein Khodjet el Kheil había presentado reclamaciones por deudas no pagadas a los gobiernos de Francia y de España. Las deudas de España con la familia Bacri —que había llegado en 1799 a un acuerdo con el gobierno español para hacerse cargo de gestionar todo el comercio con las colonias de América en barcos que llevarían la bandera de Argel— se reducían a 319 000 duros, que el gobierno español procuró pagar, mediante un contrato con el Banco de San Carlos, después de que los argelinos enviasen, en 1826, una flota a las costas de Cataluña e hiciesen unas cuantas presas de corso.

La deuda realmente importante era la de los franceses, como consecuencia de los numerosos suministros de trigo que habían recibido, entre 1793 y 1798, con el fin de abastecer los departamentos meridionales de Francia y sus ejércitos en Italia y en Egipto. Teniendo en cuenta las dificultades financieras del Directorio, el dey había avanzado a los franceses, para facilitarles las compras, una suma de 1 200 000 francos sin interés. Los franceses acabaron pagando la parte de deuda que tenían con las dos familias comerciantes judías que les habían proporcionado las provisiones, pero nunca devolvieron lo que debían al dey, que se lo reclamaba en momentos en que la situación económica de la regencia era difícil, como consecuencia de la decadencia del corso en un Mediterráneo que las agresivas potencias occidentales estaban convirtiendo en un lago europeo[8].

El dey estaba cansado de reclamar el pago sin recibir respuesta, pero las cosas empeoraron el día en que el cónsul francés, Deval, hijo de un intérprete de la embajada de Francia en Constantinopla, que hablaba turco, el idioma oficial de la regencia, pero que parece que no dominaba lo suficiente esta lengua, al preguntarle el dey, durante una recepción en la corte, por qué no se habían contestado sus peticiones al gobierno francés, recibió del cónsul esta respuesta en turco: «mi gobierno no se digna contestar a un hombre como tú» (según la versión que el dey comunicó al gran visir del Imperio otomano, el cónsul le habría dicho «“el rey y el estado de Francia no pueden enviar respuesta a las cartas que les has enviado” y añadió palabras ultrajantes para la religión musulmana, que atentaban al honor de su majestad [el sultán[9]]»).

El dey, indignado, le dio un golpe con un espantamoscas de paja de palmera y el gobierno francés se declaró ofendido, rompió las relaciones diplomáticas e inició actuaciones navales contra la regencia, mientras preparaba la invasión y conquista de Argel, una medida que parece más bien excesiva como compensación de un golpe de abanico que, por otra parte, estaba más que justificado, tanto por los insultos del cónsul como por la insolvencia de su gobierno[10].

Aprovechando los planes para un ataque a Argel que había hecho preparar Napoleón y que se encontraron en los archivos del ministerio de Marina, en mayo de 1830 se envió una flota de 675 embarcaciones con 37 000 hombres y 4000 caballos. Mandaba la flota el almirante Duperré y el ejército de tierra el general Bourmont, el traidor de Waterloo. Sin más hombres para defenderse que los jenízaros, el dey se rindió muy pronto a unas fuerzas superiores a las suyas, cuyos dirigentes, además, proclamaban que su intención no era invadir Argel sino tan sólo castigar a su gobernante (de hecho, una vez tomada la ciudad, los franceses no sabían muy bien qué hacer, porque no habían previsto ningún tipo de ocupación del territorio).

El dey firmó una convención según la cual el general francés se comprometía por su honor a respetar la religión de los nativos (a la hora de la verdad la mayor parte de las mezquitas de Argel se reconvirtieron en iglesias católicas y en edificios para el uso del ejército). Los jenízaros fueron deportados a Turquía con sus familias y la ciudad fue saqueada, con una atención especial al tesoro público de la regencia, que desapareció de manera misteriosa, ya que de su montante, que se estimaba en un mínimo de 150 millones de francos, todo lo que entró oficialmente en Francia fueron poco más de 48 millones; el resto se fundió.

Parece, por ejemplo, que el dey entregó al general Bourmont una suma considerable en títulos de deuda británica que pertenecían al tesoro de la regencia, por valor de ocho a diez millones, que se esfumaron en las manos de este personaje, que no fue el único beneficiario de este tipo de apropiaciones. Se dice que el intendente Deniée aseguraba que su fortuna le venía de la herencia de un tío de su esposa, a lo cual Rossini contestó: «No sabía que vuestra esposa fuera sobrina del dey de Argel». La parte de este botín que llegó al gobierno francés estaba destinada en principio a la caja del rey y a los gastos electorales del partido ultra, pero la revolución de 1830 se produjo antes de que el dinero llegase a Francia.

A medio plazo la aventura de Argel resultó un mal negocio, ya que exigió más esfuerzos y más hombres que la conquista británica de la India. Antes de iniciar la expedición se había calculado que se necesitaban unos 10 000 hombres; en 1847 había unos 100 000 soldados franceses encargados de pacificar una población de tres millones, aunque la ocupación se reducía a zonas limitadas de la costa.

Lo peor para la monarquía fue, sin embargo, que cuando empezó la revolución en París, a fines de julio, 37 000 hombres armados, que habrían podido cambiar la suerte de la revuelta, estaban todavía combatiendo en el norte de África. De hecho, Bourmont no se enteró de lo que había ocurrido en París hasta el 10 de agosto, cuando todo había acabado. Sintió entonces la tentación de pasar con buena parte de sus tropas a Francia para emprender la reconquista borbónica —imitando lo que había hecho Napoleón al volver de la isla de Elba—, pero el almirante Duperré, que mandaba la flota, se negó a colaborar (había reconocido ya al nuevo gobierno) y el 16 de agosto se dio la orden de reemplazar en Argel la bandera blanca de los Borbones por la tricolor[11].

Como se ha dicho, Carlos X había convocado nuevas elecciones, que esperaba que le diesen una cámara más manejable, para fines de junio y comienzos de julio de 1830. Las noticias que se enviaban al gobierno desde las provincias pronosticaban una victoria gubernamental y se tenía, por otra parte, la esperanza de capitalizar el éxito militar de Argel. Aunque tampoco les preocupaba que las elecciones pudiesen irles mal, porque ya habían previsto que, si salía una mayoría hostil, recurrirían a publicar, basándose en su interpretación de la carta, unas ordenanzas que modificarían el sistema de elecciones y las leyes de prensa, cuyo contenido habían estado elaborando y discutiendo antes de las elecciones. El mismo Polignac habría dicho que no quería una mayoría —«me iría muy mal; no sabría qué hacer con ella»—, sino que deseaba que le diesen la oportunidad de aplicar una política dura. De hecho, cuando llegaron a Europa las noticias de la toma de Argel la cotización de la deuda del gobierno en las bolsas cayó, porque los especuladores pensaban que esta victoria animaría al gobierno a hacer una política intransigente.

Carlos X, por su parte, estaba convencido de que su propia vida estaba amenazada por un complot revolucionario que no existía, y confiaba no sólo en el apoyo de un ejército al cual había proporcionado la gloria de Argel, sino en la indiferencia del pueblo francés por la política. Recordando el fin de su hermano Luis XVI decía que «más valía montar a caballo que en una carreta». El resultado de la elección dio 270 diputados hostiles y sólo 145 «ministeriales». El segundo paso del proceso previsto se puso seguidamente en marcha: basándose en el artículo 14 de la carta, el rey decidió dar un golpe de estado legal, promulgando cuatro ordenanzas: la primera suspendía la libertad de prensa, la segunda disolvía la cámara (que no se había llegado a constituir), la tercera planteaba nuevas reglas electorales más restrictivas (mientras se discutía la nueva ley electoral uno de los ministros había dicho que era un engaño: «Preferiría que fuera concebida en estos términos: “Artículo único: los diputados son nombrados por los prefectos”. Por lo menos tendría el mérito de la franqueza») y la cuarta, finalmente, fijaba el mes de septiembre para unas elecciones que debían celebrarse de acuerdo con las nuevas normas. El general Marmont le dijo en esos días a la condesa de Boigne: «Están perdidos. No saben ni en qué lugar ni en qué tiempo están. Viven fuera del mundo y del siglo[12]».

Las ordenanzas, que el rey había firmado en secreto el domingo 25, al salir de misa, se publicaron el lunes 26 de julio por la mañana, en un día de calor en que el termómetro subió en París hasta los 30 grados. La sorpresa y la indignación fueron generales. Marie-Amélie d’Orléans, a quien la revolución iba a convertir en reina de los franceses, lo explica de este modo: «Mientras me peinaba, mi marido [el duque de Orléans] ha entrado en el tocador gritando: “Bien, querida, ya está hecho, ya tenemos el golpe de estado”. Y ha puesto sobre el tocador el Moniteur del día […]. Teníamos a comer a los condes Molé y d’Houdetot, que nos han dicho que la sorpresa y la consternación eran generales en París, que los fondos del estado han bajado 4 francos a pesar de los 13 millones que el gobierno ha usado para impedir su caída. Según los primeros rumores parece que el proyecto de los diputados reunidos en París es protestar contra la disolución de la cámara que, al no haber sido constituida, no existe en la actualidad[13]».

La primera reacción de protesta fue un documento, redactado por Adolphe Thiers, que firmaron cuarenta y cuatro periodistas, mientras los políticos se limitaban a reunirse desconcertados para discutir qué harían, y el rey y los cortesanos, en el palacio de Saint-Cloud, se dedicaban a sus actividades habituales que eran ir a misa, cazar y jugar a las cartas, sin ninguna preocupación. «Casi todos los jefes de la guardia real estaban ausentes por vacaciones —nos dice la condesa de Boigne— igual que las autoridades militares de la villa de París […]. Nada se había previsto ni preparado». No fue hasta el día siguiente, martes, cuando, habiendo empezado los disturbios, el rey dio al general Marmont la orden de que se pusiese al frente de las fuerzas que había en París, con el añadido de que si, como esperaba, todo estaba en calma, volviese por la noche a dormir a Saint-Cloud.

August-Frédéric-Louis Viesse de Marmont, nombrado por Napoleón duque de Ragussa, tuvo un papel decisivo en la derrota final del emperador, al pasarse con sus tropas al enemigo el 5 de abril de 1815. En 1830 se hallaba en mala situación económica, y este fue uno de los motivos que le obligaron a aceptar un mando que se le ofrecía a última hora y en malas condiciones, ya que no podía renunciar al sueldo que implicaba.

La situación era desastrosa. Una tercera parte del ejército estaba o bien en Argel o en reserva en el sur de Francia, por si era necesario reforzar las tropas expedicionarias. Marmont, que había sido nombrado en el último momento para reemplazar al antiguo jefe, que estaba de vacaciones, llegó a la ciudad el mediodía del martes y pudo comprobar que no había nada preparado. Más tarde, ya en el exilio, le explicó a Wellington que, en lugar de haber 30 000 hombres en París, como debería haber sido, sólo contaba con unos siete u ocho mil. Las diferencias reales no parecen ser tan espectaculares: normalmente había unos 15 000 y en estos momentos no pasaban de 11 000; pero lo que es evidente es que no se estaba preparado para hacer frente al problema, porque no se pensaba que pudiese haberlo[14].

Lo que nadie, ni el gobierno ni la oposición, había previsto era que fuesen manifestaciones populares espontáneas las que iniciasen el proceso revolucionario. Las primeras tuvieron lugar el mismo lunes en los jardines del Palais-Royal, residencia de los Orléans y lugar donde eran habituales las reuniones y los debates públicos, con una presencia de visitantes aumentada por el hecho de que muchos industriales habían cerrado las fábricas en protesta y sus trabajadores vagaban por la ciudad. Los primeros combatientes fueron los impresores, a quienes las ordenanzas, al cerrar muchos periódicos, dejaban sin ocupación. Como diría Cabet, los protagonistas fueron los trabajadores, las capas populares, los estudiantes, los jóvenes y los republicanos, que «toman espontáneamente las armas, sin planes, sin jefes y sin dirección».

Se apedreó el carruaje de Polignac cuando se dirigía al ministerio de Asuntos exteriores, pero no hubo muchos más problemas, de manera que el jefe de policía de París comunicaba al ministro del Interior que en la ciudad no había ocurrido aquel día nada que valiese la pena reseñar[15].

El martes 27 se publicaron cuatro periódicos, desafiando la prohibición, y el gran número de gente que rondaba por las calles hizo que Polignac solicitase que las tropas protegieran el ministerio. Al mediodía, la policía desalojó los jardines del Palais-Royal. Nos lo explica Pasquier: «Me encontraba en la plaza del Palais-Royal cuando tuvo lugar el primer enfrentamiento. Los gendarmes cargaron sin haber avisado previamente; los grupos se limitaban a gritar: “¡Viva la Carta!”. Ninguno de los que los formaban estaba armado; algunos hombres se encaramaron a un montón de escombros y lanzaron piedras a los gendarmes. La infantería de la guardia llegó poco después; los soldados empezaron entonces a disparar. Hubo seis o siete muertos en la plaza y en las calles de alrededor. Una escena semejante se producía delante de la Bolsa». La policía y el ejército desmontaban las primeras barricadas, mientras los apedreaban desde las casas vecinas y ellos respondían disparando contra ventanas y terrados. En total hubo veintiún muertos, incluyendo una mujer. Pasquier señala también que este movimiento no tenía jefes que lo dirigieran: «Nada demuestra mejor que no estaba preparado previamente».

Cuando la esposa del embajador británico salía aquella mañana de su casa, sorprendida al ver tanta gente por la calle, preguntó qué ocurría. El cochero le respondió: «Señora, es una revolución». Pero hasta el momento sólo la gente de la calle se daba cuenta de ello. No se habían enterado aún los treinta y siete diputados que poco después del mediodía se reunían en casa de Casimir Périer y acordaban preparar un documento de protesta contra las ordenanzas para dirigirlo al rey.

El nombramiento de Marmont, el hombre que había traicionado a Napoleón, acrecentó todavía la indignación de la gente. Aquella tarde, en casa de Girardin, el embajador de Rusia, Pozzo di Borgo, hablaba con excitación «del derecho imprescriptible de las naciones a oponerse a la demolición de sus instituciones y a castigar a los reyes perjuros». A este servidor corrupto del absolutismo el viento de la revuelta le había despertado los viejos recuerdos de una juventud revolucionaria.

Hacia las diez de la noche todo parecía en calma y Marmont pudo enviar un informe tranquilizador a Saint-Cloud. Ante las preocupaciones que mostraba el duque de Duras, el rey le respondió: «Estáis loco, querido duque. Os repito por enésima vez que no hay nada que hacer ni que temer; es un fuego de paja que no dará más que humo». Aquella noche, no obstante, las tiendas de armería fueron saqueadas y proporcionaron a los sublevados escopetas de caza y pólvora. La policía no había tomado precaución alguna; en la madrugada del día siguiente, muy temprano, el depósito de pólvora del gobierno cayó en manos de la multitud. A partir de este momento a los insurrectos no les faltaron las municiones[16].

Aquella noche se levantaron miles de barricadas por toda la ciudad. El miércoles 28 por la mañana la gente se lanzó a la calle, armada con los fusiles que había cogido en las armerías o que había tomado a las fuerzas del orden, además de los de cuarenta mil guardias nacionales que estaban con licencia, «de manera que a las ocho de la mañana se podían contar en París unos cien mil combatientes con armas en la mano». La mayoría de los que luchaban eran artesanos: carpinteros, albañiles, zapateros. Las mujeres participaban sobre todo en la construcción de barricadas.

En las reivindicaciones de esta gente se mezclaban las demandas propias de su condición de trabajadores de oficio, que madurarían y se expresarían sobre todo en los años siguientes, y el deseo del retorno a un régimen de libertades que no estuviese controlado por los nobles y los curas. La condesa de Boigne hablaba aquella mañana con una treintena de hombres de diversos oficios que trabajaban en su casa y se quedaba admirada del sentido común con que expresaban los perjuicios que ocasionarían las ordenanzas. A una gente así, concluía, no la podía explotar una casta privilegiada. Por la tarde no volvieron a trabajar; debieron sumarse a la revolución.

Empezaron a destrozarse las banderas blancas de los Borbones y aparecieron las primeras tricolores, que se colocaron en el Ayuntamiento y en una de las torres de Notre-Dame. No es difícil entender que los soldados se sintiesen atraídos por los ideales de los hombres y las mujeres a quienes se les mandaba enfrentarse y que empezasen a unirse a los sublevados.

Marmont se proponía controlar el centro de la ciudad y mantener abiertas las principales vías de comunicación, pero tenía pocas fuerzas para hacerlo y éstas estaban mal equipadas (con once cartuchos por cabeza). Cuando los soldados avanzaban por una calle, la gente se escondía en las casas, les lanzaba piedras y les disparaba desde las ventanas de los pisos altos, sin que se pudiese distinguir quiénes eran los que lo hacían. Cuando acababan de pasar, volvían a salir de las casas y les atacaban por la espalda. A los soldados les indignaba, además, que ningún miembro de la familia real se hubiese molestado en venir a París a darles apoyo.

Ante el agravamiento de la situación, los ministros fueron a refugiarse al lado de Marmont en las Tullerias. En estos momentos todavía hubiese bastado con la anulación de las ordenanzas y el nombramiento de un nuevo gobierno para pacificar la situación. Un grupo de diputados reunidos en casa de Casimir Perier hablaba de ir a Saint-Cloud a exponer al rey sus reivindicaciones. La mayoría de ellos quería mantenerse dentro de la legalidad, en primer lugar porque no creían que los insurrectos pudiesen resistir a las fuerzas armadas, pero también porque no deseaban su triunfo. Estaban desconectados de una revolución que se estaba haciendo sin ellos y les preocupaba el cariz que pudiese tomar. Una representación de cinco diputados, al frente de los cuales estaban los financieros Laffitte y Perier, fueron a ver a Marmont para decirle que, si se retiraban las ordenanzas, ellos harían lo posible para detener la lucha. Marmont les propuso hablarlo con Polignac, que estaba en la sala contigua; pero éste no quiso ni siquiera recibirles.

Al ver el curso que tomaban las cosas, Marmont le comunicó al rey: «Esto ya no es una revuelta, sino una revolución. Es urgente que vuestra majestad tome medidas de pacificación. El honor de la corona puede todavía salvarse. Mañana tal vez no se llegará a tiempo». Pero al propio tiempo Polignac le decía a Carlos X que todo iba bien y que era necesario aguantar. En consecuencia el rey se negaba a «tratar con súbditos sublevados» y les proponía: «Que abandonen las armas y experimentarán todos los efectos de mi bondad». Un cortesano que fue aquella noche a SaintCloud —desde donde se podía oír el ruido de los cañones y, mirando con un catalejo, se divisaba un humo rojizo sobre las torres de Notre-Dame— encontró al rey jugando a las cartas y al delfín, el duque de Angulema, al ajedrez. Ninguno de los dos estaba preocupado. El rey, que estaba convencido de que el cielo le protegía, le dijo al conde de Broglie que Polignac había tenido aquella noche una aparición de la Virgen que le había ordenado que resistiese y le había prometido que todo acabaría bien[17].

El jueves 29 la mayor parte de la capital estaba en manos de los insurrectos y Marmont no controlaba más que la zona del Louvre y del palacio de las Tullerías. Muy de mañana Polignac fue a Saint-Cloud, donde el rey, al enterarse de la gravedad de la situación, dijo que lo hablaría con sus ministros, pero no antes de haber asistido a la misa de las once. Al mediodía se reunió finalmente el consejo de ministros. La mayoría eran partidarios de hacer concesiones, aunque sólo fuese para huir a la Vendée e iniciar desde allí una reconquista. A las cuatro de la tarde Polignac anunciaba que el rey había decidido nombrar un nuevo gobierno, presidido por el duque de Mortemart, en el que se ofrecía un ministerio a Casimir Perier, a la vez que aceptaba retirar las ordenanzas y reunir el parlamento; pero no fue hasta las seis de la tarde cuando se encargó a Sémonville que fuese a París a comunicarlo, con otros dos acompañantes, con el fin de detener los combates.

En París, en aquellos momentos, no había a quien dirigir estas propuestas. Los diputados se habían reunido en casa de Laffitte —la de Perier estaba en medio de los combates y resultaba peligroso ir a ella—, donde al mediodía se presentó La Fayette, a quien dio apoyo de inmediato el general Gérard, manifestando que, a petición de sus conciudadanos, iba a ponerse al frente de la guardia nacional de la ciudad; se decidió entonces crear una «comisión municipal» encargada de ocuparse de regir la capital «en ausencia de cualquier gobierno» y La Fayette fue a instalarse en el Ayuntamiento. Dos regimientos se habían pasado ya a la oposición, y habían ido a ofrecerse a Laffitte, mientras los defensores del Louvre y las Tullerías iniciaban una retirada que pronto se convertiría en huida. Una guardia improvisada protegía los tesoros del Louvre, mientras que el palacio de las Tullerías fue asaltado y se le colocó una bandera tricolor. Tanto aquí como en el palacio del arzobispo y en el de justicia hubo más destrucción, lanzando al río libros, pergaminos, ropa y muebles, que saqueo. En las Tullerías se destruyeron muebles y pinturas y se puso un cadáver en el trono de Carlos X.

Los enviados de Saint-Cloud intentaron comunicar las concesiones del rey, sin saber muy bien a quién, puesto que no había ningún tipo de gobierno provisional establecido y el único poder organizado era la comisión municipal. Mientras tanto el nuevo primer ministro designado tuvo que esperar toda la noche en Saint-Cloud, donde el rey y el delfín volvían a sus habituales partidas de cartas y de ajedrez, esperando el regreso de los hombres que habían enviado a París antes de decidir definitivamente los poderes que se le darían a Mortemart, lo que no se hizo hasta que a las cinco de la mañana del viernes 30 de julio, el propio ministro hizo despertar al rey para forzarlo a que le diera los poderes y las garantías necesarios.

Si el día anterior había alguna posibilidad de llegar a un acuerdo, esta esperanza se había desvanecido ahora del todo. El nuevo primer ministro tuvo que entrar a pie y con dificultades en la ciudad por un agujero de la muralla y, cansado, embarrado y enfermo, buscó con quien dialogar. Ningún periódico quiso publicar las nuevas disposiciones de Carlos X y su enviado fue recibido con la respuesta de que era ya demasiado tarde.

El horror que los sublevados sentían por los Borbones obligaba a dejar a Carlos X y al delfín al margen, si se quería conservar el orden social. Los políticos que se reunían en casa de Laffitte en aquellos momentos confusos decidieron convocar una reunión en la cámara de diputados, donde el financiero consiguió hacer votar que se ofreciese el cargo de lugarteniente del reino al duque de Orléans y que se adoptase la bandera tricolor. En teoría esta era una medida provisional que no prejuzgaba la solución definitiva del conflicto, sino que dejaba abierta la posibilidad de negociar con Carlos X, como muchos deseaban todavía. Esto era lo que convenía que creyese todo el mundo, con el fin de facilitar la aceptación de esta fórmula; pero Laffitte envió a Thiers a Neuilly a ver al duque de Orléans y a hablarle claramente de la corona, diciéndole que era necesario ir aprisa, porque «los tronos pertenecen a los primeros que los ocupan». La situación era tal que debía tomar la corona, si no se quería que el resultado fuese o bien un Napoleón II, como querían los bonapartistas o, lo más probable, una república que le haría perder sus bienes y le obligaría a exiliarse de nuevo.

La revolución había triunfado a costa de muchas vidas de sus combatientes. Las calles estaban llenas de muertos y de heridos y, a causa del calor, «fue necesario cavar una inmensa fosa común detrás del Louvre. Nunca sabremos el número de obreros, estudiantes y otros combatientes por la república que fueron enterrados[18]».

Los diputados rechazaron las tardías concesiones de Carlos X y los pares, ante el miedo de lo que pudiese ocurrir si continuaba el proceso revolucionario —«Si no os dais prisa», habría dicho Dupin, «y decidís aquí y ahora mismo la cuestión del gobierno, en otra parte [el Ayuntamiento] harán una república»— acabaron aceptando que el duque de Orléans fuera nombrado lugarteniente del reino, una solución que el propio Mortemart contribuyó a hacer aceptable a los pares diciendo que era «la menos funesta de las medidas», ya que no prejuzgaba nada y permitía pensar en los medios para salvar la monarquía. Pero Carlos X, asustado por la noticia de que fuerzas enviadas desde París marchaban hacia SaintCloud, huyó del palacio a las tres de la madrugada del sábado 31.

Este mismo día, a la salida del sol, el duque de Orléans se entrevistaba con Mortemart en el Palais-Royal, donde se había apresurado a regresar, por consejo de Laffitte. Un Mortemart enfermo se enfrentaba a un Orléans angustiado que le pedía que el rey aprobase su nombramiento como lugarteniente, ya que era la única solución para salvar la monarquía, y le encargaba que le dijese que antes le cortarían en pedazos que dejarse poner la corona en la cabeza. A las diez de la mañana una delegación de diputados iba al Palais-Royal a hacer el ofrecimiento del cargo, que Orléans aceptó; les corría prisa porque jóvenes revolucionarios se estaban moviendo para proclamar la república e incluso habían ido a proponer a La Fayette que aceptase la presidencia (o, como mínimo, una presidencia provisional, mientras se convocaba una asamblea constituyente). Hacia las dos del mediodía una comitiva con el duque de Orleáns y los diputados salió hacia el Ayuntamiento de París, levantando a peso el caballo en que el duque iba montado para atravesar las barricadas. Allí, La Fayette y Orléans, con la bandera tricolor en la mano, salieron al balcón y se abrazaron, en medio de los gritos de entusiasmo de la multitud. El nuevo poder estaba legitimado y, como dijo La Fayette, «la comedia se había acabado».

El domingo primero de agosto, un Carlos X que se había refugiado en Rambouillet, y a quien los soldados de la guardia iban abandonando, «nombraba» lugarteniente del reino al duque de Orléans. Al responderle Orléans que no podía aceptar de él un cargo que antes había recibido de otra autoridad, el rey hizo un último intento por salvar la dinastía, que era la abdicación, tanto de él como del duque de Angulema, y la demanda a Orléans de que se proclamase a su nieto, el hijo del duque de Berry, como Enrique V de Francia.

Lo que hizo el lugarteniente fue ofrecer a Carlos y a su familia unos salvoconductos para que pudiesen irse tranquilamente de Francia, ante la sorpresa del rey, que no sólo no pensaba en exiliarse, sino que esperaba la respuesta a las comunicaciones que había mandado hacer a las cámaras, es decir, la aceptación de la abdicación en su nieto.

El 3 de agosto el duque de Orléans aceptaba el nombramiento de lugarteniente ante las cámaras y anunciaba las abdicaciones de Carlos y del delfín, sin añadir nada acerca del nieto. Aquella misma noche decidía que se enviasen tropas hacia Rambouillet para convencer a Carlos de que le convenía irse del país. La amenaza hizo cambiar los propósitos de los que en un principio habían dicho, por boca del propio soberano, que estaban dispuestos a dar hasta la última gota de sangre para defender los derechos de Enrique V, y que ahora decidieron emprender el camino del exilio, haciendo una larga y lenta ruta hacia la costa, en el transcurso de la cual no faltaron las tentaciones de dirigirse hacia la Vendée para resistir a la revolución. «La historia —dice Pasquier— no ofrece tal vez otro ejemplo de un soberano destronado siguiendo en paz durante quince días, sin que la tranquilidad haya sido alterada ni un solo instante, el camino que debía conducirle hacia el exilio». En su viaje no encontraría tampoco muestra alguna de adhesión. «Había que reconocer —añade—, por doloroso que fuese, que la caída de este régimen había sido aceptada por todos».

Finalmente Carlos X embarcó en Cherburgo el 16 de agosto —cuando ya hacía una semana que había un nuevo soberano: Luis Felipe I, rey de los franceses—, con un séquito de setenta personas, incluyendo a la madre de «Enrique V», la duquesa de Berry, que en 1832 fue capturada en la Vendée y se descubrió que, a pesar de que era viuda desde hacía doce años, estaba encinta (los legitimistas quisieron incluso envenenarla[19]).

Mientras la corte de Carlos X hacía su lenta marcha hacia el exilio, las cámaras habían modificado algunos artículos de la carta otorgada por Luis XVIII, rebautizándola como «Carta constitucional»: los cambios fundamentales eran la abolición de la censura, la limitación del derecho real a publicar «ordenanzas», la elección de los diputados por cinco años, la disminución de las edades para votar (a veinticinco años) y para ser elegido diputado (a treinta años), la abolición de los tribunales de excepción, y la recuperación de la bandera tricolor y del título «rey de los franceses» que figuraba en la constitución de 1791. Esta tarea la habían realizado con tanta prisa que algunos observaron que los diputados habían dedicado menos tiempo a volver a escribir la constitución que el que los del anterior parlamento habían necesitado para discutir acerca de la pesca en los ríos.

Seguidamente propusieron que, considerando que «el trono estaba vacante de hecho y de derecho», Luis Felipe de Orléans se convirtiera en rey. La proposición la hicieron los diputados, y los pares se adhirieron a ella por gran mayoría, ya que con este nombramiento se evitaba el peligro de una deriva republicana. Los diputados en pleno fueron el 7 de agosto al Palais-Royal a presentar a Orléans las modificaciones constitucionales y la resolución que le llamaba al trono, que el príncipe aceptó con emoción y agradecimiento, sin necesidad de que amenazasen con cortarle en pedazos, como había hecho decir sólo seis días antes a Carlos X. La multitud reunida en los jardines del Palais-Royal aclamó sucesivamente a Orléans, a su esposa, a su hijo, a toda la familia y a La Fayette, que salió al balcón con el nuevo rey.

«El pueblo —diría Cuvillier-Fleury— parecía encantado de tener un rey y, sobre todo, de haberlo hecho él mismo». Esto no era verdad, sino que se trataba de la primera muestra de cómo los vencedores iban a falsificar la historia de los «tres días gloriosos». El pueblo había hecho la revolución y los políticos se la habían robado para darle, a cambio, un «rey ciudadano» que sería, en realidad, el rey de la burguesía. No en vano había dicho Laffitte que «ahora comienza el reino de los banqueros», y Casimir Perier, que no había habido una revolución, sino un cambio en la persona del jefe de estado. «Desde la revolución de julio —escribió Stendhal— la banca está al frente del estado y la banca es la nobleza de la clase burguesa […], ya que el rey sólo ama el dinero, y necesita muchos soldados para contener a los obreros y a los republicanos». No se trataba de permitir que los que habían hecho la revolución participasen en la política: una nueva ley se limitó a elevar a 190 000 los electores y a 3000 los elegibles, en una población de 32 millones[20].

Los acontecimientos revolucionarios de Francia, aunque lo fueran más por la retórica empleada que por los cambios reales que implicaban, contribuyeron a desestabilizar los precarios equilibrios internos de otros países de Europa. La primera repercusión se produjo en Bélgica. El 25 de agosto se inició en Bruselas una revuelta que tenía sus orígenes en el malestar por la crisis económica, pero que estaba también animada por los sentimientos antiholandeses de los belgas. El movimiento se extendió y permitió proclamar la independencia, en octubre, y reunir en febrero de 1831 una asamblea que redactó una constitución muy avanzada para su tiempo. La separación de Bélgica era la primera gran alteración del mapa de Europa que se había fijado en el congreso de Viena y obligó a las potencias a reunirse en Londres para aprobarla. Es probable que Austria, Rusia y Prusia se hubiesen opuesto a ella, si no fuera porque el inicio de la revuelta de Polonia les obligó a fijar la atención en aquel escenario y les hizo aceptar la propuesta franco-británica, que reconocía la separación de Bélgica, le fijaba las fronteras y decidía que fuese un territorio neutral bajo la garantía permanente de las potencias, que tomaban así la que sería la última resolución del sistema de congresos[21].

En Polonia estalló el 29 de noviembre de 1830 una conspiración nacionalista que tenía una relación indirecta con los acontecimientos de Francia y de Bélgica. Para entenderla hay que recordar que el zar Alejandro I, con su amigo y colaborador polaco Adam Czartoryski, había creado un reino de Polonia, que se llamaría «Polonia del congreso» por el hecho de haber sido definido en el congreso de Viena, unido a la corona rusa en la persona del zar y gobernado como virrey por Constantino, hermano de Alejandro, con una constitución, un parlamento —el sejm, integrado por dos cámaras, la inferior elegida, con una mayor proporción de ciudadanos con derecho a voto que en la Francia de la carta otorgada— y un ejército propios. Había problemas pendientes de resolver, en especial el de las provincias polacas de Rusia, que quedaban fuera del reino. Desde 1814 en adelante, sin embargo, la política rusa había evolucionado en un sentido contrario al de la fórmula relativamente liberal de los inicios[22].

Hacia 1824 Alejandro tuvo una crisis personal. Cayó enfermo, abandonó a su amante de turno y volvió a aproximarse a su esposa, con la que hacía mucho tiempo que no convivía. De hecho el matrimonio entre Alejandro y Elizabeta nunca había funcionado; Alejandro practicaba el sexo por todas partes menos con su esposa, con quien sólo durmió en raras ocasiones hasta uno o dos años antes de su muerte. El zar tenía cuarenta y siete años pero se sentía viejo y agotado. La zarina padecía tuberculosis y necesitaba ir a un clima cálido, como el de Italia; pero no quería salir de Rusia y Alejandro escogió Taganrog, en Crimea, en la costa del mar de Azov, un lugar entre tierras pantanosas donde eran abundantes los casos de malaria. El zar llegó a Taganrog a fines de septiembre de 1825, cayó enfermo a mediados de noviembre y murió a primeros de diciembre. El análisis de la enfermedad y de la autopsia que hace Jan Bondeson, valiéndose de los dictámenes médicos de la época, permite descartar la leyenda que pretendía que la muerte de Alejandro había sido fingida y que el zar vivió muchos años en Siberia como ermitaño, con el nombre de Feodor Kuzmich[23].

Alejandro no tenía hijos y su heredero, según la ley vigente, publicada en 1797, debería haber sido su hermano mayor, Constantino, pero como éste se había casado morganáticamente con una polaca católica, Alejandro le obligó en 1822 a renunciar al derecho de sucesión a favor del hermano más joven, Nicolás, e incluso le hizo firmar una proclamación en este sentido, preparada por el metropolitano de Moscú, pero no la hizo pública, de manera que nadie la conocía cuando la noticia de la muerte de Alejandro llegó a San Petersburgo. Hubo un interregno de confusión, con un reconocimiento provisional de Constantino, hasta que el 14 de diciembre Nicolás, después de una renuncia explícita de su hermano, se proclamó zar. Esta confusión dio lugar a que unos conspiradores que hacía tiempo que preparaban un golpe militar por el estilo del de Riego en España, que consideraban el modelo a seguir para realizar un cambio político sin arriesgarse a suscitar una revolución social, se decidiesen a actuar en aquel momento.

Para entender a los «decabristas» o «decembristas», que reciben el nombre del mes en el que se sublevaron, hay que recordar que había en Rusia un florecimiento de las sociedades secretas, integradas sobre todo por jóvenes militares que habían recorrido Europa occidental con motivo de las guerras contra Napoleón. Los jefes de los «decabristas» eran oficiales de origen aristocrático, como el príncipe Trubetskoi, los hermanos Muraviov-Apostol, el general Orlov o Pavel Pestel, hijo del gobernador general de Siberia. Se proponían establecer una constitución federal como la norteamericana, con un parlamento con funciones legislativas y un emperador. Pero su proyecto no era en absoluto liberal, ya que propugnaban la deportación de los judíos y la prohibición de los partidos políticos, y, sobre todo, porque no tenían ninguna solución para el problema más complejo de la sociedad rusa: la necesidad de avanzar hacia la liberación de los siervos, evitando la subversión social.

Temían haber sido delatados —y, en efecto, Alejandro estaba informado de sus planes desde el mes de enero anterior— de manera que, una vez conocida la muerte del zar, optaron por Constantino, no porque le considerasen bueno, sino porque pensaban que Nicolás era todavía peor. El 14 de diciembre dijeron a los soldados de un batallón que no era verdad que Constantino hubiese abdicado, sino que estaba encarcelado, y que la proclamación de Nicolás era una usurpación (la versión que sostiene que los soldados gritaban «¡Constantino y constitución!», porque pensaban que Constitución era la mujer de Constantino es una leyenda poco creíble).

La protesta se debía hacer yendo a la plaza del Senado y negándose a dar el juramento de fidelidad al nuevo zar, cuando se les pidiese. Pero, por una u otra razón, sólo se reunieron tres mil hombres y algunos de los propios dirigentes fallaron, de manera que se produjo una situación sin salida, que acabó cuando las tropas leales al zar hicieron huir a los rebeldes a cañonazos, causando un gran número de muertos. Dos semanas más tarde se sublevaba al sur del país un regimiento dirigido por MuraviovApostol; pero el 3 de enero de 1826 también era derrotado.

El 13 de julio de 1826 se ejecutó a cinco de los dirigentes decembristas. Era un hecho nuevo, ya que por primera vez los condenados eran miembros de las capas dirigentes rusas: oficiales de la guardia, miembros de grandes familias nobles y héroes de las guerras contra Napoleón. La ejecución fue un desastre: había llovido, las cuerdas estaban mojadas, el verdugo no hizo bien los nudos y tres de los condenados cayeron al suelo. A Muraviev-Apostol se le rompieron las piernas y exclamó: «¡Pobre Rusia! ¡No son capaces ni de ahorcar decentemente!». Se les volvió a ahorcar y en la misma plaza del Senado, dice el Informe oficial, «se hizo un altar y se celebró una misa expiatoria; después se cantó un Tedeum para la conservación de la familia imperial, la unión y constante prosperidad del imperio». Otros 116 revolucionarios fueron deportados a Siberia, donde permanecieron hasta que en 1856 se les amnistió[24].

No debe extrañar, por tanto, que la política de Nicolás I fuera decididamente contrarrevolucionaria. Había aceptado de mala gana los acontecimientos de Francia, pero estaba decidido a actuar contra la independencia belga, de manera que dio órdenes para que el ejército polaco se movilizara para una posible intervención en Europa occidental. Las órdenes se publicaron en Varsovia el 18 y 19 de noviembre y provocaron una gran emoción, acrecentada al saberse que en Gran Bretaña había caído del poder el conservador Wellington, reemplazado por un político whig, de quien podían esperar que simpatizase con una revuelta en Polonia.

La revuelta polaca se inició la noche del 29 al 30 de noviembre, creando una situación de angustia en sus propios dirigentes, que pensaban que no se podía hacer la guerra a los rusos sin el apoyo de Europa, con el que no contaban, y que la revuelta podía conducir al fin de la autonomía. En esta situación y sin tener fuerzas suficientes para imponerse, Constantino, que seguía siendo virrey, se inhibió diciendo que se trataba de un asunto interno polaco, y marchó a Rusia. Entonces se formó un gobierno provisional presidido por Czartoryski, del cual quedaban excluidos los radicales que pedían la independencia, con el objetivo de negociar con el zar. Nicolás no estaba dispuesto a hacerlo y se limitó a publicar el 17 de diciembre un manifiesto en que amenazaba con graves castigos a los insurrectos y ofrecía el perdón a los que se sometiesen, pero no aceptaba cambio político alguno.

La exaltación fue creciendo en Polonia y la radicalización, que Czartoryski y otros dirigentes habían tratado de evitar, llevó a una ruptura definitiva: el 25 de enero de 1831 el parlamento deponía a Nicolás y hacía inevitable la guerra. Los rusos derrotaron a los polacos en Grochów el 25 de febrero, pero la victoria final no les resultó fácil, complicada además por el inicio de una epidemia de cólera durante la cual murió el gran duque Constantino. Hubo momentos, en los meses de abril y mayo, en que el zar estuvo a punto de ceder el reino de Polonia a los prusianos, antes que negociar con los sublevados. Pero los polacos, por su parte, fueron incapaces de movilizar a los campesinos haciéndoles concesiones con respecto al régimen de servidumbre a que estaban sometidos, y tuvieron que ver cómo, contra lo que esperaban, los gobiernos de Francia y de Gran Bretaña no tenían intención alguna de intervenir en su caso, como lo habían hecho en los de Grecia o Bélgica, por más que la opinión pública de los dos países fuera muy favorable a los insurrectos.

El verano de 1831 registró el triunfo de las fuerzas rusas y, como los radicales que dominaban el parlamento se negaron a aceptar los términos de la rendición que se les ofrecía, Nicolás se consideró con el derecho de proceder como quisiese con los derrotados: el parlamento y el ejército propios fueron suprimidos, la constitución de 1815 reemplazada por un estatuto orgánico, la Universidad de Varsovia cerrada y el país sometido a un régimen de ocupación. En contrapartida, el zar mejoró la suerte de los campesinos. Una consecuencia imprevista de la derrota fue que los refugiados polacos que huían extendieran por Europa occidental el cólera que habían llevado a Polonia las tropas rusas. La enfermedad llegó a Berlín en 1831, a París en 1832 y se manifestaba en España, por primera vez, en 1833[25].

También en Italia se suscitaron grandes esperanzas por parte de los patriotas, organizados en sociedades secretas democráticas. Pero el primer movimiento intentado tuvo resultados desastrosos. Enrico Misley había querido implicar en una revolución liberadora al duque Francesco IV de Módena, que era conocido como un reaccionario, pero que se sabía que tenía pretensiones de engrandecer sus dominios. El duque había aceptado colaborar en los planes revolucionarios; pero cuando la dirección del movimiento pasó a Ciro Menotti, un carbonario que estaba organizando un movimiento a escala de Italia central, con el lema de «independencia, unión y libertad», el duque les traicionó: el 3 de febrero hizo encarcelar a Menotti y a un grupo de 43 conspiradores y el 4 publicó un documento miserable donde celebraba la fidelidad de sus súbditos y presentaba su actuación como «ejemplo para tantas otras ciudades que se encontrasen en circunstancias parecidas».

Simultáneamente, sin embargo, empezaba la revuelta en Bolonia, que era una ciudad papal, y desde allí se extendía de nuevo a Módena, de donde el duque, que acababa de presentarse como vencedor de la revolución, se apresuraba a huir sin siquiera intentar ningún tipo de resistencia. En esos días de febrero empezaban a proclamarse gobiernos provisionales en Módena, Parma —donde María Luisa, la viuda de Napoleón, huía con su tercer marido, el barón Werklein— y en los estados de la Iglesia, hasta llegar a intentar, aprovechando la confusión del carnaval, sublevar la misma Roma, donde el cardenal Bernetti denunciaba a los conspiradores como criminales que pretendían saquear «no sólo las propiedades públicas, sino las privadas».

Estos nuevos gobiernos que de momento hacían poca cosa más que imprimir manifiestos de retórica bien intencionada, tenían en general el apoyo de la nobleza local, de la burguesía, de los artesanos y de las capas populares urbanas, pero no de los campesinos, que los veían con indiferencia. Les había resultado fácil imponerse sin mucho esfuerzo al ineficiente y corrupto estado papal y a los reyezuelos locales, pero no tenían la fuerza suficiente para hacer frente a los ejércitos del imperio de Austria que, una vez más, se disponía a hacer de policía, con el consentimiento incluso de los franceses «revolucionarios», que lo que querían en estos momentos era hacerse aceptar por las potencias absolutistas. El 7 de marzo el cardenal Bernetti anunciaba «con gran alegría» haber recibido la noticia de que las tres grandes columnas de tropas austriacas estaban avanzando con rapidez. El 2 de abril, en otra notificación, proclamaba que «la santa causa de la religión y el trono ha triunfado». Los revolucionarios italianos aprendieron entonces que divididos eran demasiado débiles y que era necesario hacer un programa unitario y republicano, que desarrollaría el genovés Mazzini, quien marchó exiliado a Francia en febrero de 1831 y fundó allí la «Joven Italia», concebida como una respuesta a los fracasos de las revueltas liberales y de las conspiraciones de los carbonarios[26].

El clima de revuelta se extendió a Alemania, estimulado por la situación de Polonia, en una serie de movimientos en los que se combinaba la lucha contra las tendencias absolutistas de los soberanos y el malestar social. En septiembre de 1830 hubo disturbios en Brunswick, que obligaron a huir al duque mientras le incendiaban el castillo, en un conflicto que se resolvió en 1832 con un acuerdo sobre una constitución y un aumento de la representación de las clases medias y de los campesinos. Movimientos parecidos, que forzaron a los soberanos a conceder constituciones y a reconocer derechos de participación a sus súbditos, se produjeron en el Electorado de Hesse (donde, de paso, se obligó al elector a abandonar a la amante con la que vivía), en Sajonia y en Hannover. Con estos cuatro nuevos estados constitucionales cambiaba bastante el mapa político de Alemania. En los otros estados constitucionales que ya existían en el sur, la agitación condujo a cambios en las constituciones y al avance de los liberales en el terreno político. Pero tal vez fue todavía más importante la actividad de las asociaciones de estudiantes (Burschenschaften) que actuaban a escala alemana, por encima de las fronteras de los estados, con una tendencia liberal y nacionalista. Metternich asumió, una vez más, su papel de policía de la Europa central. Primero fueron las leyes de 1832 que restablecían la censura y situaban el poder de la Confederación germánica, el Bund, por encima del de los estados individuales, neutralizando las concesiones que éstos hubiesen podido hacer en sus constituciones, y más adelante, en 1833, los acuerdos de Münchengratz con Prusia y Rusia, que parecían rehacer una pequeña Santa Alianza, a la cual respondería Palmerston el año siguiente con la Cuádruple Alianza entre Gran Bretaña, Francia, España y Portugal, que consolidaba la división de Europa en dos bloques antagónicos[27].

En todos los movimientos que hemos visto hasta ahora había elementos de crisis social, generalmente agudizada por la situación económica, mezclados con reivindicaciones políticas de carácter liberal. Ha sido en muchos casos el miedo a la subversión social el que ha llevado a los viejos poderes y a los grupos liberales a llegar a acuerdos, como ha ocurrido en los estados alemanes, de manera que estos logros pudiesen presentarse como prueba del triunfo revolucionario y facilitasen la tarea de neutralizar la vertiente «social» del movimiento. En el caso de los «tres días gloriosos» de París, por ejemplo, está claro que la iniciativa revolucionaria vino de abajo, mientras los dirigentes burgueses buscaban tan sólo una negociación con los Borbones, y que la solución final, cuando esta negociación era ya inviable, consistió en simular que había habido una revolución con poco más que el cambio de la dinastía y de la bandera.

Pero estaba claro que los elementos de conflictividad social no se resolvían con este recurso. Así lo mostraría el caso de Lyon, donde los «canuts», los trabajadores de la seda, habían participado activamente en la revolución de 1830, al lado de los fabricantes. Para entender el significado de estas denominaciones es necesario recordar que la prosperidad de la ciudad de Lyon dependía de la «fábrica» de seda, que daba trabajo, de forma directa o indirecta, a una buena parte de sus 150 000 habitantes. En la cima de esta estructura había de 750 a 800 negociantes-fabricantes, en realidad negociantes sin fábrica, que compraban la seda, la hacían tejer en los obradores artesanales y la vendían luego por su cuenta. Sin poseer un solo telar controlaban totalmente la actividad de la ciudad. En segundo término había unos 8000 artesanos, propietarios de telares, que hacían el trabajo para los fabricantes y que competían entre sí ofreciendo los precios más bajos posible. Algunos sólo tenían dos o tres telares en los que trabajaban con la familia; otros tenían siete u ocho y utilizaban el trabajo asalariado de unos 30 000 a 40 000 trabajadores, aprendices y mujeres que les asistían, en jornadas de 15 a 18 horas, y que compartían con sus pequeños patronos las incertidumbres del trabajo y el beneficio. Añadiendo a quienes trabajaban en ocupaciones complementarias, como el tinte, un 20 por 100 de la población de Lyon dependía de la «fábrica de la seda».

Hacia 1830 la situación de los «canuts» era penosa. La remuneración por pieza tejida había caído a la mitad de lo que había sido en 1824, mientras el coste de la vida se mantenía igual. Costó poco movilizarles para la revolución de 1830, pero el entusiasmo no les duró mucho, al ver cómo los mismos fabricantes que les habían incitado les decían ahora que los problemas económicos no tenían nada que ver con la libertad política. A fines de octubre de 1831 se consiguió fijar una tarifa mínima que los fabricantes procuraban boicotear. Hasta que el 21 de noviembre de 1831 los «canuts» salieron en manifestación con una bandera negra que llevaba la consigna de «Vivir trabajando o morir combatiendo». A pesar de la reacción de las fuerzas del orden, que hicieron una descarga y mataron a unos diez obreros, los «canuts» triunfaron en sus «tres días gloriosos» y lo hicieron sin vengarse ni saquear: únicamente se asaltó la casa de un negociante desde la que se había disparado contra ellos.

Pero esta victoria era inútil, porque no podían imponerla a los vencedores de julio de 1830, que, a través de un periódico de París, proclamaban: «Cuando la propiedad está amenazada, no hay opiniones políticas; no hay diferencias entre el gobierno y la oposición». El 3 de diciembre, 30 000 soldados mandados por el mariscal Soult —otro de los hombres que habían traicionado a Napoleón— ocupaban Lyon para restablecer el orden, anular inmediatamente la tarifa, depurar a los trabajadores y empezar la represión[28].

También en lo que ocurrió en Inglaterra alrededor de 1830 había un sustrato social; pero la complejidad de los acontecimientos políticos pareció ocultarlo, dejándolo en un segundo plano. La vida política inglesa había sido relativamente tranquila hasta que en 1827 lord Liverpool, que estaba al frente del gobierno desde 1812, sufrió un ataque y tuvo que dimitir. Su sucesión inició la fragmentación del partido tory que tendría lugar en los años siguientes. Hubo primero un gobierno de Canning, que enfureció a Wellington, el cual esperaba ser escogido para el cargo, y alejó a los protestantes ultras que se oponían a la política favorable a la emancipación de los católicos que propugnaba Canning. Pero éste murió a los cuatro meses y, después de un breve paso por las funciones de jefe de gobierno de lord Goderich, un hombre débil e incapaz de hacer frente a las intrigas y a la división de su entorno, que Jorge IV había escogido para poder hacer política por su cuenta, el rey se vio obligado a llamar a Wellington a primeros de enero de 1828, esperando que fuese el hombre fuerte que podía devolver la unidad a una política en pleno desconcierto. Wellington tuvo pronto problemas. El grupo afín a Canning, dirigido ahora por Huskisson, se separó del gobierno en mayo de 1828 por diferencias con respecto a la política que debía permitir importar trigo en tiempos de escasez y por cuestiones que tenían que ver con el corrompido sistema electoral[29].

El siguiente problema al que tuvo que hacer frente era el de la emancipación de los católicos, que debía otorgarles igualdad civil. La emancipación tenía el apoyo de Peel, pero a ella se oponían el rey, todo el grupo protestante ultra de los tories y una gran parte de la opinión popular —al jefe de gobierno le costó incluso un duelo en el que el contrincante disparó al aire y Wellington, que era un mal tirador, falló—. Dejar la situación sin resolver podía implicar graves consecuencias en Irlanda, que estaba poco menos que en un estado de guerra civil, pero si bien la ley pasó por la cámara de los comunes, la oposición de los lores, y sobre todo la del rey, costó mucho de vencer[30].

Los costes de esta batalla no fueron sólo para Wellington, que vio alejarse de él a los tories protestantes ultras y acentuó con ello la división que pretendía liquidar, sino para el propio sistema. Paradójicamente, una parte de los perdedores pensaba que era la corrupción del sistema electoral la que permitía explicar que la cámara de los comunes hubiese aprobado una ley como esta, y que lo que había que hacer era reformarlo y conseguir un parlamento que expresase realmente los sentimientos de la nación, eliminando los rotten boroughs.

Estos «burgos podridos» eran los distritos electorales casi despoblados que conservaban el privilegio de escoger un representante en la cámara de los comunes, lo que permitía que los terratenientes los controlasen; en esos momentos había más de 140, de un total de 658 localidades con derecho a elegir diputados, entre ellos unos cincuenta que tenían menos de cincuenta electores. Esto contrastaba con el hecho de que ciudades como Manchester, Birmingham y Leeds no tuviesen representación.

Serían así nobles conservadores los que ahora expusieran la necesidad de una reforma electoral. El marqués de Blandford denunció que la cámara «ha sido nombrada, en su mayor parte, por unos pocos propietarios de burgos cerrados y decadentes, y por unos pocos individuos que, por el mero poder del dinero, empleado de formas absolutamente y positivamente prohibidas por las leyes, han conseguido una “dominación” […] sobre otras ciudades y burgos del Reino Unido» y presentó el 18 de febrero de 1830 una proposición de ley «para regular los abusos en las elecciones de miembros del parlamento[31]».

Mientras el país vivía la conmoción de una serie de alborotos relacionados con la crisis económica y el malestar social, y en el parlamento se debatían diversas propuestas de reforma, se produjo, el 26 de junio, la muerte de Jorge IV, que sería sucedido por su hermano Guillermo IV, más cercano a los políticos whigs. Al inicio de un nuevo reinado debían hacerse nuevas elecciones, en las que era de esperar que todos los enemigos del gobierno —tories desengañados y whigs que pensaban que era su momento de participar de un poder del cual habían sido alejados por la hostilidad de Jorge IV— hiciesen frente común contra Wellington.

Mientras se celebraban las elecciones se produjo la revolución de julio en París que, aunque no podía influir en los resultados, había de excitar el ánimo de los que propugnaban la reforma. Aquel verano se extendía también por los campos el movimiento de destrucción de máquinas que conocemos como el del «capitán Swing». El problema de enfrentarse al nuevo parlamento debía ser duro. Wellington trató de aproximarse al grupo de los seguidores de Canning y pensó que tendría una buena oportunidad de hablar con Huskisson en ocasión de la inauguración del ferrocarril Manchester-Liverpool, el 15 de septiembre. El viaje en ferrocarril estaba resultando plenamente satisfactorio, mucho más que las conversaciones políticas entre los dos, cuando, en una parada del convoy, algunos pasajeros bajaron a las vías y Huskisson fue atropellado por otra locomotora y murió poco después.

Wellington se presentaba a la apertura del parlamento el 2 de noviembre sin haber podido reforzar su posición con una alianza. Lord Grey, el político liberal, aprovechó la ocasión para empezar a replantear moderadamente el tema de la reforma y Wellington contestó con dureza, negándose a cualquier propuesta reformista: «No sólo no estoy preparado para plantear ninguna medida de este tipo, sino que declaro que, mientras tenga algún papel en el gobierno del país, consideraré siempre mi deber resistir a una medida de esta índole, si la presentan otros». La radicalidad de la negación y la dureza del tono en que la pronunció acentuaron la impopularidad del gobierno, que pocos días después perdía una votación en el parlamento y dimitía[32].

Este sería, finalmente, el momento de los whigs y de lord Grey, llamado a formar gobierno y a llevar adelante unos proyectos de reforma por los cuales venía luchando desde hacía cerca de cuarenta años. Llegaba al poder en momentos en que se sentía viejo —tenía sesenta y seis años— y cansado, pero, ante la nueva oleada revolucionaria que se había iniciado en Francia y el aumento del radicalismo en Gran Bretaña, sentía la necesidad de reformar el sistema, reforzando si era necesario su componente aristocrático, para hacerlo capaz de resistir el asalto de la revolución. Tal como escribió a la princesa Lieven: «En la composición de mi ministerio he tenido dos objetivos esenciales a la vista: el primero, mostrar que en estos tiempos de democracia y jacobinismo es posible encontrar una auténtica capacidad en la alta aristocracia. No es que yo quiera negar el mérito, si lo encuentro, en la gente común, pero en casos de un mérito igual admito que escogeré al aristócrata, porque esta clase es una garantía para la seguridad del estado y del trono[33]».

Todo esto ocurría mientras la revuelta recorría los campos, en una situación que llevó a E. P. Thompson a escribir que «en el otoño de 1831 y en los “días de mayo” Gran Bretaña estuvo a punto para una revolución que, una vez empezada, podía haber prefigurado […] las revoluciones de 1848 y de la Commune de París». No era esta la visión de las cosas que tenía el gobierno, cuyo horizonte no iba mucho más allá de asegurar la estabilidad de un sistema que la reforma no pretendía cambiar mucho, y menos aún democratizar. Estos hombres para quienes no había fuera del sistema otra cosa que agitación subversiva que se debía combatir con las fuerzas del orden, no eran capaces de entender que estaban asistiendo a la formación de una conciencia de clase obrera[34].

Grey hubo de enfrentarse a una larga lucha en el parlamento para conseguir que se aprobase la reforma electoral, contando con el apoyo en la calle de amplias capas de la población, con la participación activa de miembros de la pequeña burguesía y de la clase obrera, que se hacían ilusiones exageradas sobre el alcance de lo que el gobierno whig quería otorgarles. Mientras tanto, lord Melbourne, el ministro del Interior, procedía a enfrentarse a la situación de revuelta de manera pragmática. Pensaba, en primer lugar, que era mejor dejar actuar a la justicia local que intentar resolver los problemas con las fuerzas, más bien escasas, de que disponía el gobierno central (un ejército de 29 000 hombres en tiempo de paz). Creía que, por regla general, la gente de orden tendía a exagerar los peligros reales y a actuar equivocadamente como consecuencia del miedo. Eso le llevaba a «no hacer nada hasta llegar al punto en que era inevitable».

Asaltado por la inquietud que producían las revueltas agrarias, se tomaba con calma otros problemas, como los alborotos que se iniciaron en Bristol el 29 de octubre o las campañas de negativa a pagar impuestos para forzar la reforma parlamentaria. Pensaba que los campesinos que se amotinaban lo hacían por hambre, por los sueldos bajos o por el peligro de quedarse sin trabajo, y que los planteamientos políticos que legitimaban la revuelta eran impuestos por los demagogos y no tenían nada que ver con la causa real del malestar, ya que se negaba a aceptar que hubiese una cultura política en las masas populares. Consideraba, en consecuencia, que lo que había que hacer era no dejarse llevar por la histeria de los que anunciaban terribles conspiraciones revolucionarias, y mirar de arreglar las cosas con medidas humanitarias y con un recurso limitado a las fuerzas represivas locales. «Detrás de esas ideas —dice Mitchell— había una noción de que la ley y el orden eran una función del cumplimiento de su deber por parte de los terratenientes». Eran los jueces de paz, encargándose de hacer que las leyes de pobres se cumpliesen y que las milicias locales actuasen para mantener el orden, los que debían resolver la situación, aplicando el principio de que había que asistir a los pobres, pero se les debía mantener en su lugar.

Por lo que se refiere a las asociaciones de trabajadores, pensaba que la finalidad misma de los sindicatos era insensata, que sus objetivos de interferir en las leyes «naturales» de la economía estaban condenados al fracaso, y que por esta razón se podía dejar que se consumiesen por sí mismos, excepto cuando pretendían actuar contra la ley. Lo demostraría la brutal represión aplicada a los trabajadores agrícolas de Tolpuddle, que habían organizado un sindicato, pero que no habían llegado a hacer ninguna huelga ni ningún intento de intimidación; valiéndose de una antigua ley contra la sedición, fueron condenados a siete años de deportación a Australia. Tal vez haya que atribuir esta respuesta desproporcionada al hecho de que el pánico de las revueltas del «capitán Swing» era todavía muy reciente[35].

El resultado de la reforma sería decepcionante para la mayoría de quienes habían luchado por ella. En uno de los mítines de la campaña un dirigente obrero había dicho: «Hay tres partidos en el reino. El primero es el de los que no quieren ninguna reforma, el segundo el de los que quieren una moderada, y el último es el pueblo: los reformadores radicales que desean una reforma universal». La reforma satisfaría, con muchas limitaciones, al segundo de esos partidos. No hubo de hecho una gran extensión del número de los que accedían a la condición de elector: las cifras son difíciles de calcular, pero no parece que pasaran de unos 300 000 electores, que se añadían a los 500 000 que había con anterioridad. Como ha dicho Gash, «era más una racionalización de los viejos y desordenados mecanismos electorales que una extensión hacia abajo[36]».

Los grupos que se sintieron engañados por las ganancias de la reforma, iniciaron ahora el combate en otras direcciones. Sería, por un lado, la lucha por el sufragio universal que empezó con el cartismo. Pero, sobre todo, el desarrollo de nuevas y más ambiciosas organizaciones sindicales.

Si en los primeros años veinte los gobiernos europeos se habían limitado a enfrentarse a la revolución deteniendo cualquier progreso que no fuese otorgado por el soberano, la experiencia revolucionaria de 1830 había forzado a los de Francia e Inglaterra, a los que pronto se sumarían los de España y Portugal, a aceptar algunos de los cambios que les exigían los de abajo. Cambios mínimos, porque a los de arriba les seguía produciendo un miedo inmenso la amenaza «de los pobres» y no aceptaban que se pudiese conceder ningún derecho político a los que no tenían propiedad. Los problemas que ahora se negaban a ver volverían a estallarles en las manos en 1848.

Capítulo 14
LA CRISIS DEL PROYECTO REFORMISTA

Un cambio en la forma política de España me parece inevitable […]. A la primera conmoción un poco fuerte, veréis un descalabro total, que no puede producirse sin grandes desgracias.

CUSTINE, L’Espagne sous Ferdinand VII, p. 614[1].

El gobierno español había podido controlar hasta entonces todas las tentativas subversivas, tanto de los liberales como de los apostólicos. Pero la perspectiva de tener la revolución al otro lado de la frontera hacía más temible la amenaza liberal. En Francia era, precisamente, donde había un mayor número de exiliados constitucionalistas. Cerca de la frontera se encontraba la masa de los más pobres, llegados en muchos casos como prisioneros de guerra; también era allí donde residía buena parte de los agentes y espías al servicio de Madrid que los vigilaban, e incluso provocadores, como un antiguo juez de Barcelona que animaba a los liberales a pasar la frontera y los entregaba al conde de España. En París, en cambio, vivían los exiliados más ricos.

La mayor parte de los políticos liberales más significados, sin embargo, habían preferido Inglaterra, donde la población les había dado una buena acogida. Se calcula que en Londres había unas mil familias de exiliados españoles. Eran militares, algunos de ellos jefes de prestigio, como los generales Valdés o Álava; otros, antiguos guerrilleros surgidos de la guerra de la Independencia, como Espoz y Mina.

El general Mina, como le llamaban los ingleses, que le admiraban profundamente, marchó de Barcelona en un barco francés después de la capitulación de la ciudad, sufrió un ataque cerebral durante el viaje, llegó a Plymouth a fines de noviembre de 1823 y fue recibido como un héroe: la gente desenganchó los caballos de su carruaje para arrastrarlo ellos mismos, le llevaron en brazos del carruaje al hotel y le obligaron a salir a la ventana a saludar a la multitud.

Entre los exiliados había, además de militares, intelectuales y hombres de ciencia como los hermanos Villanueva, los economistas Flórez Estrada y Canga Argüelles (que acabó poniéndose al servicio de Fernando VII), el botánico Lagasca o los médicos Seoane y Aréjula; escritores como Mora, Puigblanch (que en sus Opúsculos despotrica contra medio mundo, en especial contra Mina y Canga Argüelles) y el futuro duque de Rivas (quiero decir que todavía no tenía el título por el que sería conocido), políticos como Argüelles, Calatrava y Alcalá Galiano (al cual su conocimiento del inglés le permitió integrarse fácilmente y publicar en las revistas del país), hombres de negocios como Zulueta, Mendizábal, el catalán Surrà i Rull o la familia valenciana de los Bertrán de Lis, a caballo entre París y Londres, siempre dispuestos a conspirar con quien fuese para hacer un buen negocio.

También había mucha gente menuda, empujada por el destino, y algunos parientes de los perseguidos, como la mujer y el hermano de Riego (el canónigo Miguel), a los cuales les habría resultado peligroso quedarse en España. La esposa del héroe de la revolución de 1820 le sobrevivió poco tiempo y la noticia de su fin se publicó en el Times como si fuese el de una heroína romántica. Aún no había cumplido los veinticuatro años y no pudo resistir la trágica muerte del marido, ejecutado de forma ignominiosa. Se había ido adelgazando y se había extinguido con una gran dignidad. The Times la calificaba como «esta simpática y admirable dama, la historia de cuya vida abunda en incidentes de un interés melancólico».

Estos hombres —y mujeres, como Paulina, hija de Canga Argüelles y esposa de Méndez Vigo, que inició una gran carrera de cantante, aleccionada por el compositor sevillano Manuel García— tuvieron que pasar en el exilio londinense un buen número de años, viviendo modestamente, paseando por los entornos de Euston y de la iglesia de Saint Pancrass, no muy lejos de lo que hoy es el barrio de la universidad y del Museo Británico. Muchos de ellos, excepto los negociantes, tuvieron que sobrevivir de manera precaria, dependiendo a menudo de la ayuda que les proporcionaban los ingleses, que les miraban con simpatía, tal vez por la mala conciencia que debían sentir por la conducta de su gobierno, que en ocasión de la invasión de España por las tropas francesas no pensó en otra cosa que en aprovechar la oportunidad para obtener ventajas en el comercio con las viejas colonias españolas de América[2].

Políticos y militares exiliados soñaban con repetir el «pronunciamiento» de Riego, que no habían entendido en su complejidad real, y creían que bastaría con dar el grito de liberación para encontrar el eco de la multitud de los liberales que sufrían en España bajo la tiranía absolutista. No comprendían que desde 1823 el terror había realizado su trabajo con mucha efectividad y que el gobierno, incompetente en materias como las de hacienda, era mucho más eficaz en las artes de la vigilancia y la represión. En el interior del país, como diría Olózaga, que conoció directamente el mundo de la conspiración y estuvo a punto de perder en él la vida, «el cadalso y las cárceles menguaban el número de los más resueltos, el espionaje descubría los planes más secretos y se agotaban los recursos indispensables para llevarlos a efecto». Este espionaje, por otro lado, se extendía a los círculos de los liberales exiliados, donde el gobierno español contaba con informadores que le tenían al corriente de los proyectos que formaban: informadores que iban desde la criada de Romero Alpuente a dirigentes de los propios grupos liberales, como Antonio Oro, que llegó a entrar en Vera con Mina, hasta que, después del fracaso de la incursión, se pasó abiertamente a Fernando VII, o Antonio Baiges, uno de los dirigentes de la junta de Perpiñán.

Por sorprendente que parezca, los liberales no habían aprendido de los fracasos de Valdés en 1824 y de los hermanos Bazán en 1826, sino que estaban dispuestos a iniciar tentativas tan insensatas como la de la expedición de 67 hombres que en 1830 pretendían llegar a España en la fragata Mary of London, pero que fueron detenidos por los ingleses, gracias a las noticias que sus informadores a sueldo dieron a la embajada española.

Un problema adicional era que no podían seguir confiando en Fernando VII, después de que éste hubiese traicionado las promesas de aceptación de la constitución que había hecho en 1820. Pensaron por un tiempo en reemplazarle por José Bonaparte, pero habría sido difícil hacer que le aceptasen los españoles, que todavía recordaban los sufrimientos de la guerra de la Independencia. Hacia 1826 quisieron ofrecer la corona a Pedro I de Brasil, con la perspectiva adicional de lograr la unión peninsular, pero lo primero que necesitaban era hacerse con el poder en España[3].

El triunfo de la revolución francesa de 1830, que tenía lugar por los mismos días de la frustrada expedición del Mary of London, dio nuevas esperanzas al mundo del exilio liberal. Buena parte de quienes conspiraban en Inglaterra —divididos entre los que seguían la guía más moderada de Mina y los radicales, que tenían como jefe a Torrijos— pasaron ahora a Francia, donde esperaban encontrar una ayuda decidida de los nuevos gobernantes, cuando la realidad era que los franceses sólo se la dieron «con sobrada parsimonia y solapadamente», como dice Alcalá Galiano, ya que lo que les interesaba era obtener el reconocimiento internacional y, si bien el apoyo a los revolucionarios españoles podía servir para forzar a Fernando VII a abandonar su actitud hostil, no les convenía aparecer en el escenario europeo como patrocinadores de una nueva etapa de revoluciones.

A eso se vino a añadir, además, que la división entre los exiliados españoles se tradujo en la formación de dos juntas diferentes, la de Bayona, que reconocía la autoridad de Espoz y Mina, y la de Perpiñán, resultado de la fusión de un grupo encabezado por el viejo general Milans, con Bertrán de Lis, Borrego y Baiges, y de una serie de partidarios de Torrijos, como Valdés, al cual seguirían Chacón y López Pinto (que tenían el apoyo de La Fayette y que recibieron en secreto dinero de la corte de Francia), sin olvidar a los miembros de otra junta, integrada por el coronel José Grases, con hombres como el republicano Ramón Xaudaró, Isidro Conill, etc., que llevaban ya mucho tiempo conspirando, en unas circunstancias bastante confusas, que incluían intentos de acuerdo con los ultras exiliados.

Había además otros dirigentes que parecían ir por su cuenta, como Joaquín de Pablo, «Chapalangarra», o Méndez Vigo. «Todo este aparato era digno de ser mirado como cosa de burlas —añade Alcalá Galiano— pues tantos generales y oficiales superiores […] contaban con poco más de dos mil soldados para hacerse dueños de España; pero se prometían ser auxiliados por sus parciales dentro del reino, creyéndolos con número, poder y buena voluntad superiores a lo que realmente tenían; ilusión común en los desterrados[4]».

Lo que les faltaba sobre todo a los organizadores de las expediciones pirenaicas era el dinero. Falló un empréstito que Bertrán de Lis había proyectado en nombre de la junta de Perpiñán, y los recursos dados bajo mano por La Fayette y por la corte de París duraron poco; sólo Mendizábal supo encontrar el apoyo financiero de banqueros que deseaban recuperar lo que habían invertido en los empréstitos de las cortes que Fernando VII se había negado a reconocer; pero todo esto era, en resumidas cuentas, insuficiente para pagar los hombres, los abastecimientos y las armas que se necesitaban para una empresa semejante.

El cambio de actitud del gobierno español respecto de la nueva monarquía francesa, al prestarse a reconocerla, primero, y negarse más adelante a dar apoyo a las tentativas de los legitimistas que querían entrar en Francia desde territorio español, modificó la situación. El gobierno de Fernando VII rechazó todas las propuestas de los seguidores de Carlos X para utilizar el territorio español como base para una invasión de Francia. Se dijo a Zea, que era el embajador en Londres, que comunicase a Carlos X por medio de un agente confidencial, «de palabra y de ningún modo por escrito», que Fernando querría ayudarle, pero que en las circunstancias en que estaba España, y con el gobierno francés vigilando, no se podía arriesgar a esa aventura. En diciembre se dijo a la duquesa de Berry, madre del pretendiente, duque de Burdeos, que no era «posible ni conveniente» que viajase a España.

La consecuencia fue que el gobierno de París ordenó que se disolvieran las concentraciones que se estaban preparando en la frontera, lo que hizo que los movimientos de invasión previstos se precipitasen. «El general Mina —dice Olózaga— que tanto favor alcanzó en Francia en los primeros días del reinado de Luis Felipe, se vio pronto en la frontera perseguido por los gendarmes y obligado a penetrar en España antes de tiempo y sin ninguno de los elementos indispensables para sublevar la Navarra[5]».

Empezó Valdés, entrando en Navarra el 14 de octubre de 1830 con unos 400 hombres —muchos de ellos extranjeros que se habían apuntado para hacer fortuna y que desertaron en los primeros momentos, al ver que las cosas iban mal dadas—, seguido de otro grupo mandado por Joaquín de Pablo «Chapalangarra», con quien iba el poeta Espronceda, cuyo intento se frustró como consecuencia de la muerte de Chapalangarra a manos de los realistas: su cabeza fue exhibida en una plaza de Pamplona y Espronceda cantó su muerte en un poema en que evoca la tristeza y la indignación por haber visto «la turba de esclavos / que sus hierros afianzan, / de infame triunfo orgullosos, / alejarse en algazara».

Poco después, el 20 de octubre, Espoz y Mina, con Jáuregui, «el Pastor», cruzó precipitadamente la frontera. «Nada estaba completamente arreglado —dice en sus memorias—, ni los hombres, ni los vestuarios, ni las armas; pero atropellé por todo», para dar apoyo a Valdés, que, a consecuencia de las deserciones, estaba a punto de retirarse. Ocupó Vera, donde el día 24 se presentó Valdés, pero la escasez de las fuerzas de que disponían no les permitía ocupar ninguna población de manera permanente. Las tropas del gobierno español que mandaba Llauder hicieron retroceder a los grupos de Valdés y Butrón hasta obligarles a retirarse a territorio francés, donde entraron para seguirles masacrando, y Mina y Jáuregui, con no más de doscientos hombres, acabaron también derrotados. Mina tuvo que esconderse en una cueva, donde estuvo a punto de ser descubierto, y llegó a Francia después de una penosa huida bajo la lluvia.

Simultáneamente, el 19 de octubre, se produjo la primera de una serie de tentativas de invasión por Cataluña: un grupo de unos 130 hombres con una docena de caballos, que llevaban las banderas tricolores de España (roja, amarilla y morada) y Francia, entraron en la Jonquera y en Agullana, mandados por el coronel Baiges y por dos hijos del general Milans, que estaba físicamente incapacitado para intervenir personalmente. Intentaron en vano conseguir que los campesinos del entorno se les sumaran y, ante su indiferencia, y habiendo de enfrentarse al ataque de las tropas realistas, se apresuraron a volver a Francia. No tuvieron mayor éxito otras tentativas de días posteriores, que revelan la mala organización y los desacuerdos entre los participantes, ni otra del primero de noviembre por el Pirineo aragonés y por el Valle de Arán, con Gurrea, seguido el día 6 por Perena.

El propósito de todos estos intentos de invasión, realizados con tan escasos medios, era el de aguantar hasta que se produjese el levantamiento de los liberales del interior comprometidos. Pero esta respuesta fue muy escasa. La única repercusión inmediata de alguna importancia que parece haberse producido en el resto de la Península fue el movimiento encabezado por Antonio Rodríguez, «Bordas», en Orense, que fue reprimido con rapidez: la Gaceta comunicaba el 21 de octubre, refiriéndose a este levantamiento de Galicia, que «todos los rebeldes han sido muertos en la fuga o fusilados sobre la marcha».

Faltando la respuesta del interior, estos intentos habían de fracasar por fuerza. La Gaceta, que explicaba que el gobierno francés obligaba a todos los que podían volver a Francia a internarse lejos de la frontera, decía el 20 de noviembre: «la Península toda goza una completa seguridad, sin que […] hubiese en territorio español un enemigo armado[6]».

No fue porque el gobierno les opusiera una gran resistencia. La situación de miseria del estado le impedía organizar tropas para enviarlas a la frontera. Todo lo que podían hacer, decían los funcionarios de hacienda en septiembre de 1830, era ampliar el número de regimientos de milicias provinciales, pero no había recursos para enviar tropas de línea. Cuando leemos las noticias de la Gaceta es fácil darse cuenta de que la mayor parte de las fuerzas que se mencionan en los combates contra los invasores son voluntarios realistas o cuerpos locales, con escasa participación del ejército de línea. De hecho, al retirarse a Francia, Valdés, que a pesar del fracaso mantenía las esperanzas insurreccionales —«Nada puede disuadirle de la creencia de que con mil hombres España hubiera sido conquistada»—, reconoció que habían tenido suerte de no haber tropezado con el ejército, que les habría aniquilado.

El primero de octubre el gobierno español había recordado la vigencia del decreto que condenaba con durísimas penas, en muchos casos con la de muerte, cualquier participación en un intento de revuelta. Los insurgentes capturados eran fusilados de inmediato: como decía la Gaceta el 6 de noviembre, «con todos se ejecuta la ley de 1.º de octubre, que los condena a muerte». El 18 de marzo siguiente se establecieron de nuevo comisiones militares para juzgar con rapidez y energía los delitos políticos señalados en el anterior decreto. «Por el solo hecho de tener correspondencia epistolar con cualquiera de los individuos que emigraron del reino a causa de hallarse complicados en los crímenes políticos del año veinte al veintitrés, se impondrá la pena de dos años de cárcel y doscientos ducados de multa». Si, encima, la correspondencia «tuviese tendencia directa a favorecer sus proyectos contra el estado», podían ser condenados a muerte[7].

El problema de la amenaza de invasiones liberales no era el único que debía resolver el gobierno de Madrid. Hemos hablado ya antes de las conspiraciones carlistas, la más grave de las cuales estuvo a punto de estallar casi al mismo tiempo que se producían las invasiones liberales por los Pirineos. Aparte, desde 1827, y en relación con el aumento del contrabando, volvía a haber un agravamiento del bandolerismo en Andalucía y en Extremadura, que explica que en 1828 se publicasen una serie de reales órdenes sobre esta cuestión, que son de las que no se daban a conocer al público.

En julio de 1830 el joven Disraeli, que viajaba por el sur de España, explicaba en sus cartas que aquellas comarcas estaban llenas de bandoleros que «no hacen violencia a nadie, pero os vacían los bolsillos». En otoño había grandes partidas de bandoleros a caballo, elemento indispensable para el contrabando: José María, con 62 hombres a caballo «con casacas encarnadas y pantalón gris», estaba en la Barca de Espiel; los Botijas de Torrecampos, con 42 hombres uniformados y a caballo, entraban por Extremadura en dirección a los Montes de Toledo, y otra partida que había empezado con 14 hombres a caballo, los veía aumentar hasta 33. Las órdenes de perseguirles y darles muerte debían resultar ineficaces, ya que en otoño del año siguiente, 1831, se nos vuelve a decir que toda la baja Andalucía es víctima de «escandalosos robos y atentados» y que José María sigue secuestrando gente para pedir rescate y roba caudales destinados a la hacienda real[8].

La situación seguía siendo grave en 1832, cuando, el 15 de mayo, el asalto del correo de Burgos por cuatro bandoleros de Lerma y Madrigalejo, da lugar a que el capitán general de Castilla la Vieja, en respuesta a la queja del ministro de Gracia y justicia, denuncie la «repetición de escesos semejantes», atribuyéndolos al hecho de que no se cumplían las leyes que ordenaban perseguir y castigar a los bandoleros, de manera que «los delincuentes corren en la impunidad, dispuestos a la continuación de crímenes iguales o quizá mayores al abrigo de la protección que se les dispensa, se arrojan con mayor audacia a la perpetración de tales, satisfechos de que no serán castigados; se retiran a sus pueblos, de donde salen armados después de haberse comunicado el punto en que han de reunirse cuando tienen noticia de las personas que caminan indefensas para despojarlas de sus fortunas, y aún el propietario es asaltado en su misma casa[9]».

Lo peor, no obstante, seguía siendo la situación de una hacienda en crisis. Los esfuerzos para mejorar el sistema de presupuestos habían conseguido que el de 1830 fuera mucho más realista, ya que por primera vez incluía la partida que correspondía a la Caja de amortización de la deuda (que significaba más de una cuarta parte del gasto total) y la de los gastos y sueldos del ministerio de Hacienda. Como este presupuesto «realista» implicaba un déficit de más de cien millones con respecto a los ingresos previstos, se proponían a la vez una serie de aumentos en algunos tributos y la creación de otros nuevos (un impuesto sobre las herencias o un derecho de hipotecas). Desgraciadamente, estas «mejoras» de los ingresos no dieron resultado y el sistema se disponía a funcionar, como de costumbre, enmascarando los déficits con la creación fraudulenta de deuda (entre 1823 y 1833 el estado vendió cerca de tres mil millones de deuda exterior, aunque el líquido en metálico que recibió no alcanzase los 740 millones). Todas estas medidas fallaron como consecuencia del aumento de los gastos a que obligaba la necesidad de hacer frente a la amenaza liberal, del fracaso tanto de los aumentos como de los nuevos impuestos decretados en diciembre de 1829 y de la dificultad de seguir colocando la deuda en el exterior, una vez que se había denunciado el fraude que representaban las emisiones españolas.

Esta situación desesperada empujó al gobierno a hacer uno de aquellos negocios sucios a los que se había acostumbrado en esos años. Con la excusa de hacer una conversión de la deuda para pagar 187 millones que quedaban pendientes de viejos empréstitos de Holanda —sólo con este argumento se aceptó que el gobierno español vendiese deuda pública en el mercado de Amsterdam—, se colocaron títulos por 540 millones. Como diría García Carrasco, un procurador de las cortes del Estatuto real: «Una acción tan fraudulenta no la hace ningún gobierno que no esté corrompido, como la facción que dominaba a este país[10]».

El temor a una posible infiltración revolucionaria parecía justificarlo todo. El subprefecto de Bayona, barón de Huart, traicionó a su gobierno e informó a los agentes de Fernando VII —contra la promesa de que, si los suyos le echaban, le darían dinero para ocuparse de una ferrería que poseía en los Pirineos de Navarra— de que los franceses simulaban que impedían actuar a los liberales españoles, y así se lo decían al cónsul español, pero en realidad les dejaban hacer. Cuando, el 25 de septiembre, enterados de la duplicidad del gobierno francés, los ministros pedían más recursos para enviar tropas al norte, los funcionarios de hacienda contestaron que no había dinero para más.

A un López Ballesteros que ya no sabía qué hacer, y avisaba de «que se carecía de todo recurso para hacer frente a tan estraordinarias atenciones», no se le ocurrió otra cosa que proponer una solución que difícilmente podía dar resultados a corto plazo. Una exposición firmada el 10 de octubre de 1830 partía del hecho de que no quedaba ya otra fuente de ingresos disponible que la de los impuestos, «por no ser practicables por ahora los recursos que nos prestaban las operaciones de crédito» que se hacían en París y en algunas plazas de los Países Bajos. Todo lo que se podía hacer, en consecuencia, era «fomentar el producto de las contribuciones reales» y, como esto dependía de la prosperidad de los súbditos, había que crear un nuevo ministerio del Interior que se ocupase de todo lo referente a la administración civil y política del estado y favoreciese el crecimiento económico; la otra medida, complementaria de esta, sería la centralización en el ministerio de Hacienda de «la recaudación, la distribución y la contabilidad de todos los tributos y rentas públicas», porque, como había dicho Sainz de Andino en una memoria dirigida al rey en 1829, «en el estado, como en una casa particular, no debe haber más que una caja, un bolsillo y una administración que debe abrazar todos los ingresos y todas las salidas, y de otro modo no puede haber vigilancia económica, ni orden alguno».

Por lo que se refiere al nuevo ministerio, decía la misma memoria de Sainz de Andino que he mencionado, lo que importaba sobre todo era reunir en un único organismo toda una serie de atribuciones relativas a la administración y al gobierno civil que «en España se hallan de tiempo inmemorial confundidas y esparcidas […] en los departamentos de Estado, Hacienda, Justicia, Guerra y Marina», lo que implicaba no sólo una gran confusión, sino mucha ineficacia.

El rey ordenó el 5 de noviembre al ministro de Estado, González Salmón, que en ocho días se le presentase un proyecto de decreto para crear el nuevo ministerio, pero era evidente que la tarea era demasiado compleja para resolverla en un plazo tan corto y que algunos ministros no tenían ganas de dar facilidades, ya que no querían ceder ni sus atribuciones ni los ingresos que controlaban. El resultado fue que se pusieron a elaborar memorias sobre esta materia, que coincidían en sostener que la de la centralización podía ser una buena idea, pero que no era este el momento para ponerla en práctica.

La más coherente en este sentido era la memoria presentada por Calomarde, que planteaba la creación del nuevo ministerio como un objetivo a largo plazo, que debía empezar con una nueva división de España —él dice «de la Península», con el habitual menosprecio por Portugal— en provincias y distritos, pero que, por otra parte, sostenía que «no es conveniente hacerla en el día», porque la nueva entidad implicaría un aumento considerable de los gastos. También resultaba inconveniente por una razón «puramente política»: la desconfianza por todo lo que pareciese asociado al tiempo de las cortes —y el nuevo ministerio recordaría por fuerza el de Gobernación del trienio—, que daba lugar a que se recibiese «con manifiesta violencia toda novedad, habiendo llegado hasta el extremo de haber atribuido a los ministros de S. M. una cierta tendencia a reformas que alterarían nuestro sistema político. Por falso que sea esto último no puede negarse que tal era la opinión, ni menos aún que con ese pretexto corrió la sangre española en Cataluña». Arriesgarse a repetir una conmoción similar era suicida; «si la administración de algunos ramos exije modificaciones, esperemos días más tranquilos para ejecutarlas».

López Ballesteros insistió en vano el 16 de diciembre de 1830, diciendo que las dos medidas que había propuesto eran indispensables, «so pena de caer en la bancarrota que amenaza a la España a fines de este año», ya que era posible que no se pudiesen pagar los intereses de la deuda, y eso podría justificar incluso una invasión por parte de Francia. El rey decidió pasar la discusión de este tema al consejo de Estado, donde se debatió durante los meses de febrero y marzo de 1831, y se hizo visible una vez más el enfrentamiento entre el ala ultra (con el infante Carlos, el obispo Abarca, el duque del Infantado, Calomarde o el ministro de Estado González Salmón), que se oponía a la creación del ministerio, y el bando moderado (el infante Francisco, el general Castaños o los ministros López Ballesteros, Salazar y Zambrano), que le daba apoyo. Con la paradoja de contar también con el voto favorable de un personaje ultra como el marqués de Villaverde.

Villaverde pensaba que era bueno que hubiese una autoridad unificada en las provincias, huyendo de la confusión de autoridades y jurisdicciones. No quería, evidentemente, resucitar un poder como el de los viejos «jefes políticos» liberales, que relegaría a los capitanes generales «al puro mando de las armas» y, al destruir «el espíritu militar», daría lugar «a que pueda introducirse cierta tendencia a la ciudadanía o “bourgeoisie”, que ha destruido el trono de Carlos X». Un ministerio del Interior podría estructurarse, sin necesidad de crear nuevos funcionarios, contando en las provincias con los intendentes, que son los que pueden combatir «este espíritu constante de la industria, particularmente manufacturera, de, a pretexto de fomento, fundar sus ganancias en monopolios y privilegios: esta tendencia particular del siglo a sustituir una nueva despiadada aristocracia mercantil a la antigua, necesaria y generosa de la propiedad». Es justamente la radicalidad de su reaccionarismo lo que sitúa a Villaverde en esta línea, que le parece necesaria para combatir la tendencia a la «bourgeoisie» y para evitar un crecimiento industrial del tipo del de Inglaterra.

En contra del proyecto se pronunció el obispo Abarca, que comenzó diciendo: «El obispo de León no hará jamás traición a un monarca, a quien ama más aún de lo que respeta», lo que no impediría que fuese el primero de los asistentes en sublevarse abiertamente contra Fernando VII. Y lo completó con un panorama apocalíptico al sostener que esta medida «nos inundaría de males, abriendo la puerta y allanando los obstáculos a la revolución, que por este medio y acaso por éste sólo, podría triunfar legalmente a su salvo». La solución del problema de la dispersión de jurisdicciones consistía, según él, en traspasar al ministerio de Gracia y justicia, es decir, a Calomarde, facultades que ahora dependían de otros y dejar en sus manos «los negocios del gobierno político de los pueblos». Él compartía el horror a la revolución, pero también tenía miedo de lo que algunos periódicos estaban diciendo cuando sostenían «que se preparan para España cambios y reformas que se verificarán sin efusión de sangre y que nos pondrán en armonía con lo que se dice luces del espíritu del siglo». «Yo me estremezco», dirá, pero estaba convencido de que el rey impediría este tipo de reformas.

Los ultras no querían saber nada del «espíritu del siglo». Como había escrito Arias Teijeiro en su diario, en agosto de 1830: «Los periódicos ingleses, etc. ya cuentan con que aquí va a haber lío, con que el rayo de luz que ha brillado en Francia por necesidad iluminará aquí. ¡Qué diría la Europa si viese todo lo contrario! Por segunda vez se quedaría admirada, sin comprendernos». Con el esfuerzo de todos ellos España podría seguir manteniéndose al margen del tiempo que marcaba la evolución europea.

Ante este panorama en que los ultras le recordaban constantemente los riesgos de la revolución, el rey hizo marcha atrás y el 7 de marzo ordenó que no se volviese a hablar más del ministerio del Interior. No será hasta después de la crisis de La Granja cuando se vuelva a discutir el tema.

El año 1830 había acabado sin que se publicase el presupuesto para 1831, porque, con el aumento del gasto militar, no había forma de cuadrar las cifras. El presupuesto aparecería finalmente en mayo de 1831, y sería el último de este reinado, pero era una propuesta poco creíble, que fijaba un déficit de 108 millones sobre la base de omitir unos gastos militares extraordinarios que se podían eliminar sobre el papel de las cuentas, pero que habría que pagar.

López Ballesteros no quería hacer más contratos fraudulentos con Aguado, pero la necesidad de recursos, y la codicia de los que intervenían en estas negociaciones, pudo más y la siguiente operación, en febrero de 1831, se hizo dejando al ministro al margen. Aguado había viajado a Madrid en compañía de Rossini para proponer otro negocio sucio, que esta vez incluía como pretexto una conversión de la deuda de las cortes. El rey explicó la operación a Ballesteros el 21 de febrero por la mañana y éste le convenció para que no la aceptara. Más adelante, en aquel mismo día, Aguado y el director de la Caja de amortización, Encima y Piedra, volvieron a ver al rey y lo convencieron en otro sentido. «Muchos del estamento sabrán quién manejó este negocio [fue, con toda evidencia, Encima y Piedra] […], y también sabrán algunos la suma que le valió a la persona que anduvo en el negocio», dirá García Carrasco. «Esta emisión del 3 por 100 se contrató por un decreto autógrafo, y para mayor seguridad de la facción se extendió una carta que dice: “Hoy, 21, Ballesteros: a pesar de lo que quedamos convenidos esta mañana, me he decidido a que tú pases el adjunto decreto a Aguado, para que con la mayor reserva lo ponga en execución. Y, si en algún tiempo te reconvinieren sobre esto, te autorizo para que enseñes y te escudes con este decreto. Te vuelvo a encargar el mayor secreto, pues no lo hemos de saber más que tú, Aguado, Piedra y yo. F.”».

Con este tipo de expedientes se tapaban los agujeros, pero no se resolvían los problemas. Las actas del consejo de ministros están llenas en la primavera de 1831 de planteamientos angustiados ante la necesidad de disponer de recursos para hacer frente a los gastos militares; pero el rey, que no ha dudado en amparar los negocios sucios de Aguado, se opone en cambio a aceptar cualquier medida que pueda implicar cambios legales o institucionales. En su búsqueda desesperada de dinero los ministros llegaron a escuchar los proyectos de un prestamista francés que se ofrecía a «proporcionar durante los cinco años los fondos que pueda necesitar el real erario», hasta que descubrieron que era un simple especulador. En la noche del 26 de junio el director del Tesoro tuvo que plantear al gobierno la dura realidad, al decir «que ha encontrado el tesoro enteramente exhausto y sin medios para atender a los gastos y pagos corrientes de los meses de julio, agosto y septiembre[11]».

Desde principios de 1831, además, la amenaza de la insurrección liberal recomenzaba en el sur, por iniciativa de José María de Torrijos y del grupo de exiliados instalados en Gibraltar. Atacaron inicialmente La Línea a fines de enero de 1831, pero no consiguieron los refuerzos que esperaban y se vieron obligados a retirarse. Esta había sido tan sólo una primera tentativa frustrada, de modo que los planes de invasión siguieron adelante, vinculados a una gran conspiración interior, que organizaba una junta central de Madrid, encabezada por Agustín Marco-Artu, oficial de ingenieros y arquitecto. El 21 de febrero Salvador Manzanares, impaciente, se pronunció en Los Barrios con un pequeño grupo de 44 hombres, en su mayor parte artesanos y campesinos de la zona de Algeciras, confiando en el apoyo que le había de enviar Torrijos, por una parte, y en la ayuda de los liberales del entorno, en especial los de la Serranía de Ronda, que se le habían ofrecido repetidamente. El golpe falló y los liberales no sólo no recibieron la ayuda prometida, sino que fueron traicionados y atacados por los «serranos»: Manzanares murió el 8 de marzo. De los supervivientes, siete pudieron huir y acabaron volviendo a Gibraltar. Desde Adra, y con la advertencia de que los revolucionarios y contrabandistas perseguidos —porque en la opinión popular unos y otros eran vistos de manera parecida— acostumbran a poder contar «con la ayuda de gran parte de la población e incluso de las fuerzas armadas», se nos dice que «la noche del 3 de marzo, sabiendo el comisionado de policía que en unas chozas debajo de la plaza se esconden tres fugitivos de la Serranía de Ronda, intenta caer de sorpresa, para lo que se acompaña de un celador y dos realistas», pero estos dos lo dejan correr y los perseguidos huyen. Los que fueron capturados murieron fusilados pocos días después[12].

En este mismo 3 de marzo en que se produjo esta operación en Adra, cinco días antes de la muerte de Manzanares, estalló por fin el movimiento que se estaba preparando en Cádiz, iniciado con el asesinato del gobernador, Antonio del Hierro, y secundado por la insurrección de la brigada de la marina de San Fernando, que ocupó Vejer, pero que tampoco encontró respuesta en el entorno, de manera que los rebeldes fueron derrotados el día 8. Condenados a muerte por haber dado «el infame grito de libertad», algunos pudieron huir al norte de África donde, para salvar la vida, debieron convertirse al islam[13].

El fracaso del movimiento de Cádiz y la muerte de Manzanares llevaban a la Gaceta de Madrid a «anunciar el término de las tentativas revolucionarias en la Península», con un balance de «quince expediciones hechas por diferentes puntos y por diversos gefes desde al año de 24». No lo veía del mismo modo Torrijos, que no se desanimó y que escribía a su esposa el 10 de marzo: «Con todo debemos esperar que todo se compondrá, y que en los otros puntos que nos habían ofrecido romper, lo harán». Pensaba que lo que le faltaba para poner en marcha un levantamiento de considerables proporciones era sólo dinero: «De todas partes —escribe el 14 de marzo— vienen ofreciendo hacer el rompimiento. Si tuviéramos dinero lo haríamos ventajosísimamente: aun sin él algo haremos y suplirá el celo a lo que falte de recursos».

Mientras tanto, la red interior de la conspiración de Marco-Artu, que dependía sobre todo de Mina y que parece estar relacionada con toda una serie de juntas diseminadas por gran parte de España, fue denunciada a Calomarde —o mejor «vendida», porque la delación fue espontánea y a cambio de dinero— por el médico Maximiliano González, lo que provocó una caída de liberales de Madrid, como el comerciante Francisco Bringas, el joven Salustiano de Olózaga, que consiguió escapar de la cárcel, o el librero Antonio Miyar. Este último era un liberal que había podido volver del exilio en 1826 y que mantenía correspondencia con Francia en relación con su negocio de librería. Tal vez fuesen estas cartas, y el hecho de ir a ver a Marco-Artu, que le había llamado, lo que determinó una condena a muerte que no parece haber tenido otros fundamentos. La respuesta inmediata fueron las ejecuciones en Madrid de Juan de la Torre, acusado de haber dado un «viva la libertad», y del librero Miyar. Arias Teijeiro se deleitará con estas muertes: «Ahorcan a Juan de la Torre, que ha muerto muy contrito y como buen católico. Si no saben estos hombres las felicidades que les damos…». En el caso de Miyar no tiene suficiente con asistir al juicio sino que va a la librería para deleitarse con el dolor de la familia: «A la 1 voy a comprar el “Propagador” en su casa para ver qué caras, y en efecto, muy triste la del viejo». El día en que le ahorcaron había muchas tiendas cerradas en Madrid.

Por cierto que entre las satisfacciones de Arias hay que contar, durante esos días, aparte de las ejecuciones de liberales, el castigo del cielo al rey, que había salido a la calle «¡en un domingo de ramos!», en «una berlina francesa muy bonita, con pescante de color guinda, en vez de un coche morado o de semana santa […]. Dios los castigó: en la calle Mayor a la vuelta se quedó la berlina sin ruedas […] ¡Nuevo aviso del Señor!». Otra alegría se la proporciona la mala salud de la infanta Isabel, la primera hija de Fernando VII: «la chica no sólo encendidilla de usagrillo, sino que una fuente en un brazo[14]».

En mayo se ejecutó en Granada a Mariana Pineda, condenada a morir a garrote vil por haberle encontrado en casa un «tafetán […] morado, de dos varas y tercia poco más de largo, y vara y cuarta de ancho, con un triángulo de color verde fijado en el centro, y algunas letras a los lados de él; unas bordadas de seda color carmesí, y otras trazadas y sin bordar, y un vendo corrido a las orillas del tafetán con hilos pendientes, que demostraban estar recién quitado del bastidor de bordar […]; los papeles […] eran tres con letreros con tinta encarnada, sus letras de igual tamaño que las bordadas, y decían: Libertad, Igualdad, Ley».

Un tío de Mariana, Pedro García de la Serrana, había sido encarcelado por sus ideas liberales, como lo había sido un primo suyo, el militar Fernando Álvarez de Sotomayor, a quien parece que Mariana ayudó a escapar de la cárcel. La sospecha de su implicación en esta fuga habría sido la causa de la vigilancia que Ramón de Pedrosa, jefe de policía y alcalde de Casa y corte en Granada, estableció sobre la joven viuda, a quien finalmente se le encontró la bandera que había hecho bordar y que le costó la muerte a garrote en el Campo del Triunfo. Habiendo llegado a Granada pocas semanas después, el marqués de Custine nos asegura que la muerte de Mariana había sublevado a los habitantes de la ciudad y que «desde el día de la ejecución el terror reina en Granada[15]».

A pesar de la sucesión de fracasos que demostraban que estos intentos no obtenían la respuesta popular que habían esperado, Torrijos quería dar aún el golpe final. Los revolucionarios refugiados en Gibraltar, alimentados por sus ilusiones, sostenían que «el deseo de respirar libre el patriotismo empieza otra vez a manifestarse por todas partes». Y si bien sus amigos no encontraban en Francia la ayuda económica que necesitaban, ni conseguían el apoyo unánime de la emigración, que seguía tan dividida como antes de los fracasos de 1830, Torrijos seguía confiando en que lo que importaba era la respuesta de los liberales en el interior de España y que, para conseguirla, había que asegurar el «rompimiento en varios lugares a la vez, para obligar a los demás a que se decidan». Resultó inútil advertirle desde el interior que todo lo que no fuese desembarcar con 3000 o 4000 hombres y contar con un ejército extranjero entrando por otra frontera —Portugal o Francia— le llevaría al desastre. Su respuesta era que él sólo proporcionaba la chispa, que contaba con los millones de españoles y que «una explosión es inebitable[16]».

Mientras preparaba un desembarco hacia Málaga, en momentos en que los círculos de conspiradores liberales del interior estaban en plena desorganización por la acción represiva del gobierno español y por la infiltración de confidentes, empezó sus contactos con un supuesto colaborador de la ciudad de Málaga, «Viriato», que era el mismo gobernador, Vicente González Moreno, quien informaba al gobierno de «la combinación simulada con el rebelde Torrijos para atraerlo a estas costas».

Parece, según afirma su viuda, que en esta ocasión Torrijos, que no confiaba ya en «la esplosión que se le había hecho esperar de parte del pueblo español», pensaba que el movimiento triunfaría gracias al apoyo de una parte considerable del ejército, de acuerdo con las promesas que le había hecho «Viriato». El 30 de noviembre de 1831 Torrijos y unos sesenta hombres embarcaron hacia Málaga. Estaban convencidos de contar con su guarnición y con la mayor parte de las de otras localidades cercanas, y pensaban que, uniéndose a estas fuerzas, avanzarían sobre el campo de Gibraltar, en conexión con el alzamiento que allí se produciría. Las cosas fueron mal desde el primer momento, cuando, perseguidos por los guardacostas, se vieron obligados a desembarcar en Fuengirola, «enarbolando la bandera tricolor y gritando ¡Viva la libertad!», y tuvieron que huir hacia Alhaurín el Grande, combatidos por los realistas del entorno. Se refugiaron en una casa de campo donde fueron capturados a las ocho de la mañana del 5 de diciembre de 1831. González Moreno, que sería premiado con el nombramiento de capitán general de Granada y Jaén por sus méritos como represor, podía anunciar entonces que «los últimos restos de los revolucionarios españoles» se habían rendido.

La orden de ejecutarlos llegó rápidamente de Madrid y el 11 de diciembre, a las once y media de la mañana, se fusiló a los 49 hombres capturados, en dos turnos, en la playa de San Andrés. Entre los ejecutados había un grumete de quince años y un carpintero inglés que estaba haciendo reparaciones en la embarcación; ni el uno ni el otro tenían nada que ver con los revolucionarios, pero fueron igualmente fusilados, en un gesto de brutalidad que conmovería a la Europa civilizada[17].

Un siglo más tarde, durante la guerra civil que enfrentaba a la república democrática española contra el fascismo, en circunstancias bastante parecidas a las de 1831, Antonio Machado escribía: «Pensad en lo que han visto las costas de Málaga aquel día, en lo que han visto más de un siglo después, en lo que pueden ver todavía. La España joven, que mira hacia el futuro, vilmente asesinada; la infatigable primavera española, que tantas veces ha florecido con sangre, ahogada por el muérdago, consumida por la cizaña de la abyección y de la vejez. Porque González Moreno, el tigre de Málaga, traidor a su pueblo […], forma parte de una abominable tradición de felones y de verdugos, que todavía hoy no se ha extinguido en España. Todos sabemos cómo se llaman los González Moreno de nuestros tiempos[18]».

Capítulo 15
EL FIN DEL REINADO

El año 1831 acababa con el fusilamiento de Torrijos y de sus compañeros, con un agravamiento de los problemas financieros del régimen y con nuevas preocupaciones con respecto a Portugal. El 19 de diciembre por la noche y en los días siguientes hubo una sesión extraordinaria especial del consejo de ministros sobre cuestiones de hacienda en la que se resumía lo que se había estado discutiendo a lo largo de todo el año y se calculaba que el déficit podía llegar a ser de 176 millones. López Ballesteros pedía que se licenciasen los regimientos de milicias provinciales, mientras se aferraba una y otra vez a las dos soluciones que había estado proponiendo en los últimos tiempos: centralización en Hacienda de todas las rentas y creación, como estímulo para el crecimiento económico, de un ministerio del Interior o de Fomento. «Tal es la posición en que [me] encuentro; posición terrible, en la que un total desaliento y falta de esperanza me revelan que mis aislados esfuerzos son ya inútiles, en mi concepto, al servicio de V. M. e insuficientes para sacar al estado del atolladero a que ha llegado».

No menos dramático era el panorama que describía el director de la Caja de amortización: «Antes de los sucesos desgraciados de julio de 1830, la enfermedad daba más treguas, pero en el día, dice, han desaparecido todos los recursos». Apenas si tenía dinero para cubrir las obligaciones de enero y no sabía cómo podría atender las posteriores, en especial las de julio, cuando «será forzoso acudir al pago de toda la deuda estrangera». De su exposición se deducía «el lastimoso cuadro de desorden, de confusión y de miseria que ofrece la situación actual de la España». Tanto que en enero de 1832 el ministro de la Guerra protestaba por el hecho de que «van a quedar desatendidas las obligaciones militares de esta corte en el presente mes» y que el director general del tesoro había de recurrir a medidas como la de enviar letras a las provincias, «a descontar de las distribuciones de marzo y abril».

Los últimos meses de este gobierno, hasta la crisis de fines de septiembre de 1832, estuvieron constantemente ocupados por las angustias de la hacienda, con reuniones y más reuniones con los altos funcionarios del ramo y lamentos de un López Ballesteros incapaz de hacer otra cosa que gimotear. El 8 de abril el ministro presentaba al rey un escrito en que le pedía «que se digne permitir me retire a lamentarme de la desgracia que me cabe de no haber llegado a ver perfectamente planeado y establecido en España, como lo esperé, un perfecto sistema de hacienda». Si la situación ya era bastante mala hasta ahora, dice López Ballesteros, la aparición del cólera haría bajar todavía más los ingresos: «las medidas y providencias sanitarias reducirán a nada la renta de aduanas […], y los derechos de puertas, aunque arrendados en más de setenta millones, bajarán enormemente por falta de consumos y de consumidores», al alejarse éstos de las ciudades donde se pagan los derechos, lo que llevaría al arrendador a declararse en bancarrota o a reclamar judicialmente una rebaja. Él había pasado un año y medio avisando de la proximidad del desastre, pero no sólo no había conseguido que le hiciesen caso, sino que se encontraba enfrentado a «un movimiento oculto de intereses y partidos que todo lo enreda y confunde». «En el día confieso, y sobre mi conciencia y mi honor aseguro, que no hallo posibilidad de satisfacer los empeños y obligaciones del estado, ni de detener la bancarrota que está más cercana de lo que muchos creen, ni de buscar medios supletorios con que pueda entretenerse el tiempo, como sucedió hasta aquí». Era mucho más que la confesión de un fracaso personal: era el reconocimiento de la bancarrota de un sistema que, partiendo de la renuncia obligada a los cambios que proponía el liberalismo, se había esforzado por introducir un mínimo de reformas necesarias para la supervivencia, impidiendo que los ultras hiciesen otra vez marcha atrás, pero que ahora era incapaz incuso de «entretener el tiempo».

Ante la impotencia del ministro, se decidió traspasar las discusiones al consejo de Estado, y si bien éste manifestaba que «se felicitaría si, en tamaños apuros, logra poder indicar a su magestad algún sendero, por estrecho que sea, para salir de ellos», a la hora de la verdad se limitó a ir discutiendo el tema desde julio hasta diciembre sin aportar una sola idea para resolverlo.

Que la situación de las finanzas españolas era desastrosa lo comprobaría Encima y Piedra al suceder a López Ballesteros. Entre la dirección general del Tesoro y la de Rentas tenían un déficit de 170 millones, y a la Caja de amortización se le debían 274 millones más; si a esto se le añadía que se necesitaban 200 millones anuales para atender las obligaciones de la deuda, era impensable que se pudiesen cubrir los gastos ordinarios y hacer frente a los atrasos con unos ingresos netos que no pasaban de los 500 millones de reales[1].

Seguían preocupándoles también «los cada día más complicados y peligrosos asuntos de Portugal», que aparecen con frecuencia en las discusiones del consejo de ministros. Hay que recordar que Miguel, hijo de Carlota Joaquina y hermano de las dos indómitas princesas carlistas —un personaje que Oliveira Martins describe como: «hosco, violento, brutal, plebeyo […], supersticioso, beato, nulo como inteligencia, pero con un tono de nobleza […] pervertida por la educación»—, había subido al poder como regente, habiendo jurado la carta constitucional de 1826 y aceptado el compromiso de casarse con su sobrina María de la Gloria, pero que se dedicó a restaurar el absolutismo, disolvió las cortes y reprimió a los liberales a sangre y fuego, después de haber vencido su resistencia. Sólo España, Rusia, el Vaticano y los Estados Unidos reconocieron su gobierno, mientras que Francia e Inglaterra no lo hicieron.

De hecho España hizo mucho más que reconocer el golpe de estado de Miguel. Los diarios de Sá da Bandeira nos muestran el apoyo que daba a los absolutistas portugueses, hasta el punto de infiltrar soldados españoles para luchar al lado de los miguelistas, y la hostilidad con que se trató a los cuatro mil liberales portugueses refugiados en Galicia. El gobierno español quería asegurar el triunfo del absolutismo en Portugal, con el fin de no tener en sus fronteras un conflicto que se podía extender a su territorio. Pero, al margen de esto, el rey tenía también otras aspiraciones que los portugueses, de uno y otro bando, ignoraban: en junio de 1831 el ministro francés Sebastiani hacía llegar al embajador español una propuesta reservada sugiriendo que España «debía aprovecharse de la oportuna, única y preciosa ocasión que las actuales circunstancias ofrecían para redondear su territorio y reunir el Portugal a la España, dando al Sor. Dn. Miguel una indemnización en otra parte, por ejemplo ofreciéndole las islas Filipinas; que la Francia no se opondría a este proyecto y que tampoco creía que en Inglaterra encontraría dificultad». Fernando VII no hizo ascos a la propuesta, pero no se fiaba del todo de ella, de modo que pidió a los franceses que concretasen sus ideas e hizo que el embajador en Londres «insinuase» el proyecto al gobierno británico.

El disimulo y la prudencia con que Fernando VII había estado ayudando a los miguelistas —que llevó a la princesa de Beira a decirles que tendrían más y mejor apoyo cuando en España hubiese otro gobierno y otro rey— cambió cuando, en las nuevas circunstancias internacionales propiciadas por la revolución francesa de 1830 y por la subida al poder en Inglaterra de un gobierno whig, el conde Palmela dirigió un levantamiento liberal en las Azores. Pedro abdicó entonces la corona de Brasil en su hijo, se fue a las Azores, a la isla Terceira, con su hija y en febrero de 1832 se proclamó regente en nombre de María de la Gloria, con un mandato que habrían de confirmar las cortes constitucionales portuguesas cuando se reuniesen[2].

El gobierno español, temiendo el retorno del constitucionalismo junto a sus fronteras, reclamaba desde 1831 su derecho a intervenir en Portugal, ya que consideraba que «al más pequeño cambio en aquel reyno, acudirían a él todos los revolucionarios de Europa». Habían tenido ya suficiente experiencia con lo que había ocurrido en Francia y no querían encontrarse expuestos a otro contagio revolucionario. En octubre Palmerston, que reiteraba que los ingleses no pensaban reconocer a Miguel, hizo una advertencia al embajador español, Zea, con motivo de las noticias que decían que los españoles querían intervenir en Portugal. Dos meses más tarde le decía al embajador español que la mejor solución para España sería que las potencias asegurasen el trono a María Gloria, reconociendo a Miguel «un infantazgo correspondiente a su alto rango», y que, si España accediese a esta fórmula, podrían hacer que el partido de María renunciase a implantar un régimen constitucional y mantuviese las leyes tradicionales. Zea respondió que España nunca accedería a esta forma de deposición de Miguel; pero el motivo real de su rechazo era el convencimiento de que «el partido revolucionario, al que por necesidad se hallan ligados D. Pedro y sus secuaces, haría nula la garantía de las demás potencias[3]».

En enero de 1832 la situación había llegado a ser angustiosa y el gobierno español se proponía pedir apoyo a las potencias absolutistas para convencer a ingleses y franceses de que España tenía derecho a «precaver las turbaciones que pudiera experimentar por efecto de las disensiones y trastornos a que va a dar lugar la invasión de D. Pedro, usando, si necesario fuese, de las armas, y procurando pacificar al Portugal». Eran momentos de incertidumbre en el gobierno, porque el ministro de Estado González Salmón había muerto el 18 de enero y le había sucedido interinamente el conde de Alcudia.

Ante la inminencia del desembarco de Pedro se preparó, a las órdenes de Sarsfield, un cuerpo de ejército para proteger la línea de Portugal —que hubo que disolver en abril, por falta de recursos con que sostenerlo—, mientras que a la demanda de tropas españolas que hizo Miguel se le respondía con buenos consejos, recomendándole que se casase con su sobrina María Gloria, que decretase una amnistía y ofreciese una buena dotación económica a Pedro.

Una expedición con 50 embarcaciones y unos 8000 hombres, mandada por el almirante inglés Rose Sartorius, desembarcó al norte de Portugal el 9 de julio de 1832 y ocupó, casi sin resistencia, la ciudad de Oporto, que se vio sometida a asedio por parte de los miguelistas. Esta situación se mantuvo estabilizada cerca de un año, hasta que un nuevo desembarco al sur del país, en el Algarbe, el 24 de junio de 1833, y la victoria de las fuerzas navales que mandaba el almirante Napier permitieron a las tropas «pedristas» ocupar Lisboa el 24 de julio.

Había motivos suficientes para temer las repercusiones que los hechos de Portugal podían tener en España. De Andalucía se avisaba que había mucha excitación y que «el espíritu es generalmente malo en toda la Andalucía, sea por el número de constitucionales que abriga, o por la decadencia y miserable estado del país». Un «estado miserable» que pronto se agravaría con el cólera que traían los refugiados portugueses y que se convirtió en una preocupación constante en estos meses, en los que se temía sobre todo su entrada desde Francia; en un Suplemento a la Gaceta de Madrid se publicaba una traducción de las instrucciones para prevenir el contagio del consejo de Salubridad de París, donde se recomendaban toda una serie de medidas higiénicas y se intentaba tranquilizar al personal con barbaridades como la de afirmar que «el cólera es una enfermedad grave; más no obstante, es mayor el miedo que causa el esperarle que el riesgo que se corre cuando existe». En enero de 1833 se registraban casos de la enfermedad en Vigo, contagiados previsiblemente por las relaciones con Oporto; en el mes de agosto aparecía en Huelva (contagiada desde el Algarbe) y en septiembre estallaba en Badajoz, donde llegarían a contarse hasta 99 muertos al día.

Al producirse el desembarco de las fuerzas de Pedro cerca de Oporto el gobierno español decidió quedar a la expectativa, «sin complicar o empeorar más los negocios, ni comprometerse ligeramente por falta de la debida precaución». Poca cosa más se hizo hasta llegar a la crisis final, cuando la presencia en Portugal del infante Carlos y el apoyo que le daba Miguel, llevó a la intervención militar española en aquel territorio, ahora contra Miguel, y no en su favor[4].

Mientras tanto, el rey era feliz en su matrimonio. Había tenido la singular idea de celebrar, el 28 de marzo, «la grata memoria del feliz cumpleaños de la reina, mi muy amada esposa» aboliendo la pena de muerte en la horca y reemplazándola por el garrote (ordinario, vil o noble, según el crimen y la condición social del condenado) con el fin de conciliar «el último e inevitable rigor de la justicia con la humanidad y la decencia en la ejecución de la pena capital», y seguía preocupado por su sucesión, como muestra el hecho de que escribiese a Grijalva: «Pídele a la virgen [de Valverde] de todo corazón por tu ama, para que haga que se verifique el embarazo (pues lleva ya doce días de falta) y que dé a luz un varón. No se lo digas a nadie —añade—, ni a Zambrano». Pero lo que nació fue «una robusta infanta», su segunda hija, bautizada el 31 de enero con los nombres de María Luisa Fernanda.

Como era costumbre la familia real había pasado la primavera en Aranjuez, antes de irse a comienzos de julio a La Granja, donde se podían resistir mejor los calores del verano, mientras el infante Francisco y su esposa decidían viajar hacia Andalucía[5].

Carlos estaba de momento al acecho, ocupando con su familia y séquito una parte del palacio real, el que se denominaba «el cuarto del infante», y acompañando a Fernando en la gira por los «sitios reales», mientras esperaba su momento, convencido de que tenía derecho a heredar la corona. La hora de plantear su reivindicación sonaría muy pronto, en el transcurso de una tragicomedia que se desarrolló en La Granja en un par de semanas, del 14 de septiembre al primero de octubre de 1832.

Fernando padeció el 7 de julio el primer ataque de gota en la rodilla derecha que lo tuvo en la cama o convaleciente el resto del mes. Agosto pasó en principio sin novedad, hasta que hacia la noche del 26 tuvo un nuevo ataque de gota en la mano derecha, que se extendió a la rodilla y, finalmente, al pie. A pesar de que sus médicos —Pedro Castelló y Sebastián Aso— hablasen siempre de alivio, la noche del 13 al 14 de septiembre se dice que se ha «acatarrado» y la noche siguiente que ha tenido «un fuerte ataque al pecho […] que nos puso en el mayor cuidado». El nuncio Tiberi escribía al Vaticano que el rey tuvo, hacia el 24 de agosto, «un duro ataque de gota en la mano izquierda [según los comunicados de los médicos era en la derecha], rodilla y pie», y el 19 de septiembre añadía que «la gota amenaza el pecho». Para desviarla, los médicos martirizaron al paciente con sinapismos, cantáridas, sanguijuelas «y qué sé yo», puesto que se temía por su vida.

Esta situación explica que el 15 de septiembre se publicase una gaceta extraordinaria para decir simplemente que «ha dormido bien la mayor parte de la noche»; pero al día siguiente, 16, el agravamiento era evidente: a las cinco de la tarde los médicos decían que «ha pasado algunos ratos de fatiga que le han molestado bastante» y un comunicado extraordinario de las diez y media de la noche añadía que «ha experimentado dos ataques de fatiga, uno de los cuales ha sido bastante fuerte, por cuya razón consideramos que el mal subsiste en igual grado e intensidad». El 17 a las siete de la mañana los médicos decían que había pasado muy mala noche, «habiendo sufrido varios y violentos ataques de fatiga que le pusieron en el mayor conflicto»; hacia las cuatro de la madrugada se habían moderado los ataques, pero «sigue muy abatido y en bastante riesgo»; los comunicados hasta la noche del 18 seguirían insistiendo en la gravedad del rey[6].

Fue en estos momentos extremos, de los días 13 al 18 de septiembre, mientras parecía probable la muerte de Fernando, cuando empezaron las especulaciones sobre lo que había que hacer. Inicialmente Calomarde se reunió con el conde de Alcudia, ministro de Estado —los otros tres ministros estaban en Madrid—, y con el embajador de Nápoles, barón Antonini, con la asistencia de José González Maldonado, oficial mayor del ministerio de Gracia y justicia. Conociendo los términos del testamento que el rey había firmado en junio de 1830, se aceptaban de entrada sin discusión la sucesión de Isabel y la regencia de Cristina, pero se sugería que, una vez muerto el rey, Cristina podía ofrecer «espontáneamente» que Isabel se casara con uno de los hijos de Carlos. Ni en estos primeros momentos, ni en los días inmediatamente siguientes se propuso que fuera necesario negociar con Carlos[7].

Las cosas, sin embargo, cambiaron pronto. En La Granja, un lugar de comunicaciones difíciles con Madrid, Cristina se encontraba en aquellos momentos en compañía del infante Carlos y de su esposa, del ministro de Gracia y justicia, Calomarde, que tendría una actuación indecisa y equívoca —acabó echándose a llorar— y de un grupo de personajes partidarios de Carlos, encabezados por el ministro de Estado Antonio de Saavedra, conde de Alcudia —que, más adelante, sería representante del pretendiente carlista en la corte de Viena—, así como por un diplomático ultra, el barón Emidio Antonini, embajador de Nápoles, que se encontraba dividido entre su afecto por Cristina y las instrucciones de su rey para que se opusiese al cambio en las reglas de sucesión, argumentando que podía dar lugar a que, por causa de las alianzas matrimoniales, el trono de España pasase a otra familia que no fuese la de Borbón. Habría que añadir, para completar el aislamiento de Cristina, que «la guardia del rey estaba compuesta de gente devota a la facción y en toda la servidumbre de palacio se contaban pocas personas en cuya opinión se pudiera descansar».

Antonini parecerá el artífice principal de la conjura que se va a organizar y con esta fama ha pasado a los relatos tradicionales. Pero la publicación de la correspondencia del embajador de Austria, Brunetti, con Metternich, y el análisis de su actuación muestran que fue sobre todo éste quien, temiendo que el constitucionalismo pudiese reaparecer en España como consecuencia de la lucha sucesoria, consiguió neutralizar al resto del cuerpo diplomático para que no se aceptase la entronización de Isabel, si se producía la muerte del rey, y quien se puso más adelante a movilizar a Antonini y al embajador de Cerdeña, Clemente Solaro della Margarita, asustándolos ante la perspectiva de una guerra civil española que podía acabar por encender una nueva revolución liberal en Europa, convenciéndolos de que la única manera de evitarla era «destruir los derechos de uno de los pretendientes» y lograr que el rey revocase la Pragmática sanción. Con tanto éxito que, acabada la conjura, Solaro podrá alardear de que «tres italianos solos han participado con el conde de Alcudia en todo lo que ha ocurrido, en el misterio más profundo». El nuncio Tiberi, que estaba enfermo en esos días, permaneció en Madrid y se mantuvo al margen de la conspiración.

Por lo que se refiere a Calomarde, que más tarde diría que se encontraba en un estado «de terror pánico», su conducta se explicaría, en opinión de Martínez de la Rosa, y de muchos otros, por el hecho de que «no renunciaba a reconciliarse» con los apostólicos, a quienes había intentado aproximarse, hasta entonces con escasos resultados, ya que no acababan de fiarse de él. Arias Teijeiro, por ejemplo, decía el 21 de mayo de 1831: «N. dice que en otra entrevista se ha convencido de que no hay que esperar de Cal[omard]e, sea por flojedad, timidez u otra cosa[8]».

La primera iniciativa que se tomó en esta campaña fue la de proponer a Cristina, el día 17 por la mañana, que, con el fin de evitar una guerra civil, en que los partidarios de Carlos serían más fuertes, convenía que Fernando delegase en ella el despacho de los asuntos importantes con los ministros y que ella empezase a actuar dejándose aconsejar por el infante. «Bien se conoció que lo que querían era que Carlos fuese el que gobernase, porque me dijo Antonini que a todo lo que proponía Alcudia yo le preguntase a Carlos qué le parecía y que su dictamen fuese el que se siguiese», dirá Cristina más tarde, en el relato que escribió de estos acontecimientos. Pero en estos primeros momentos la reina todavía se fiaba de Antonini e hizo que el rey firmase esta delegación. Se pidió a Carlos que aceptase esta función de consejero y se le ofreció que actuase, después de la muerte del rey, como corregente con Cristina, pero lo rechazó, igual que hizo al día siguiente, cuando se le propuso que fuese él el único regente, ya que esto implicaba aceptar la Pragmática y la sucesión de Isabel. Fue en esta ocasión cuando, por primera vez, declaró que estaba dispuesto a combatir para defender sus derechos. Volvió a negarse cuando se le propuso que aceptase la regencia «hasta que se decidiese a quien pertenecía el reyno por medio de personas sensatas». Ni aceptaba el matrimonio de Isabel con un hijo suyo, porque «no podría mi hijo nunca recibir el trono por su mujer». El caso es que a Cristina tampoco le agradaba esta boda, pues diría que eso era «lo que más ha repugnado mi corazón por la mala educación, salud, figura de aquel niño, cosas que no me hacían esperar que la niña sería con él feliz, y que yo no podía sacrificarla».

Carlos dio a Alcudia en la mañana del día 18 su respuesta final a los intentos de negociación: rechazaba cualquier planteamiento que implicase la aceptación de la Pragmática y advertía amenazadoramente: «tengan ustedes entendido que toda la nación está por mi y también toda la Europa[9]».

Ante esta última negativa, una Cristina angustiada por las aterradoras previsiones que le hacía Antonini —«me dijo», escribiría más tarde a su hermano el rey de Nápoles, «que los jefes de las tropas [quiere decir de la guardia real de guarnición en La Granja] estaban a favor de Carlos, que se iba a derramar la sangre de muchos, y tal vez la de mis hijas, en lugar de decirme que sabía que muchos fieles estaban dispuestos a defenderme, como los mismos jefes de la tropa le habían encargado que me dijera, y que no había nada que temer»— acabó aceptando la anulación de la Pragmática. Reunidos los ministros, encargaron a González Maldonado que extendiera el decreto de anulación. Como éste se negó a escribir un texto «en el cual vehía la declaración de la guerra civil», se produjo una discusión en el transcurso de la cual, según Calomarde, «me tiré sobre el sofá diciendo: “Que lo ponga el ministro de Estado, pues yo no lo hago”. Se lebantó Alcudia y me dixo: “Usted tiene que ponerlo”». Calomarde lo hizo finalmente y quedaron en que a las seis de la tarde de aquel mismo día 18 irían los cuatro ministros (es decir, el gobierno en pleno, dejando a un lado al ministro de la Guerra, Zambrano, a quien se había encargado que regresase a Madrid a velar por el orden público) a las habitaciones de Fernando para presenciar la firma del decreto.

Cristina había exigido «que si se hacía este decreto, debía hacerse muy secreto, bajo pena de vida quien lo hubiese revelado, por lo cual dijeron que no se enviaba a Madrid al Consejo [al consejo de Castilla, que era el encargado de registrarlo y publicarlo], y que bastaban los tres ministros por testigos». La reina pensó después que Alcudia, que no estaba en el momento de redactarlo, «quería que fuese público para enteramente anular la ley», y se dolió de que Antonini le hubiese preguntado en aquellos momentos «qué haría yo; si me iría de España[10]».

A las seis de la tarde Fernando firmó el decreto ante sus ministros, advirtiéndoles: «Pero cuidado, que esto no se ha de publicar ni ejecutar hasta mi fallecimiento». Las discusiones posteriores sobre la validez del decreto son tan diversas como inútiles. Hablar de la intangibilidad de las «leyes fundamentales» —¿quién y cómo decidía cuáles eran fundamentales?—, plantear que si era una decisión de las cortes, sólo podían anularla otras cortes, discutir la validez de la Pragmática y otras sutilezas por el estilo es una tarea sin sentido. En la monarquía absoluta española la voluntad del rey era la ley, sin que hubiese instancia alguna que la limitase, ya que, como dirá Encima y Piedra, las cortes celebradas en Castilla después del reinado de Carlos V «no han sido más que una pura ficción o simulacro para cohonestar o sancionar algunos actos arbitrarios[11]».

Mientras el embajador de Austria proporcionaba a Carlos las ideas para su primera proclama «real» y los cortesanos comenzaban a acudir a la residencia del infante a felicitarlo, en Madrid se decía que el rey había muerto y que lo tenían embalsamado mientras esperaban que viniesen tropas de Portugal para dar apoyo a Carlos, que había sido «proclamado rey sobre los escudos de una soldadesca tomada por el vino y entregada a sus insanos furores», y se aseguraba que se estaban escribiendo listas de proscripción en las que figuraba «la gente más principal y granada». Los partidarios del infante, que se disponían a asaltar el poder de inmediato, quisieron que se publicase el decreto, a pesar de la promesa que se había hecho de esperar a la muerte del rey, pero el decano del consejo de Castilla, José María Puig, al cual Martínez de la Rosa califica como «digno magistrado, encanecido bajo la toga en todos los grados de nuestra respetable magistratura por espacio de cuarenta años», supo ver «la nulidad legal del documento que se le mandaba publicar, y resolvió no publicarlo hasta que el rey hubiese fallecido o sanado».

Pero pasaron los días sin que el rey muriese, contra lo que todos habían previsto. El 19 los médicos —que ahora habían aumentado hasta el punto de que eran siete los que firmaban los comunicados— hablaban de estabilidad dentro de la gravedad; el 21 afirmaban que parecían haber disminuido «los síntomas alarmantes de pecho y cabeza», si bien continuaba la gravedad y los diagnósticos decían que seguía «en el mismo estado y peligro». Empezaba, sin embargo, a dormir más tranquilo por las noches y desde el 29 de septiembre se hablaba ya de mejoría.

La madrugada del 22 habían llegado de Andalucía los infantes Francisco de Paula y Luisa Carlota y las cosas empezaron a cambiar en aquel ambiente siniestro de La Granja donde, dirá Encima y Piedra, se tenía la sensación de «estar en un campo enemigo […], esperando por momentos el fallecimiento del monarca para hacerse dueño del rico botín que tenía a la vista».

Los partidarios de la reina comenzaron a reanimarse y Fernando, a medida que recuperaba fuerzas, tomaba conciencia de lo que había ocurrido y se disponía a ponerle remedio. Al saberse en Madrid la recuperación del rey, hubo una clara muestra de alegría popular, además de una movilización de gente de las clases dirigentes, que empezaron a emprender el camino de La Granja: «Iban acudiendo en tropas a San Ildefonso gentes de Madrid y de toda la comarca. Viose allí lo más granado de la corte y del reino y la flor de la grandeza española. Los aposentos de los reyes, abandonados poco antes a la soledad y al silencio, hervían ya con una muchedumbre de súbditos leales y rendidos cortesanos, mientras que los del infante, henchidos días atrás de gente y de tumulto, ofrecían a la vista un aspecto de desolación lúgubre y silencioso[12]».

El primero de octubre el rey destituyó al gobierno en pleno —parece que fueron Grijalva, López Ballesteros y Salazar quienes le convencieron de la necesidad de un cambio total— y lo reemplazó por otro presidido por Zea Bermúdez, con Cafranga en Gracia y justicia en sustitución de Calomarde —y como ministro de Estado interino, mientras Zea volvía de la embajada de Londres—, Victoriano Encima y Piedra en Hacienda, Monet en Guerra y Laborde, que no llegó a incorporarse (estaba en La Habana y se decidió que era mejor que siguiese allí) y fue reemplazado por Ulloa, en Marina.

Calomarde, que había marchado de inmediato a Olba (Teruel), supo que se le quería confinar en Menorca —por iniciativa de la reina, «sabedora […] de la conducta indiscreta que había observado después del 1.º de octubre último» y de su deslealtad— y huyó a Francia «disfrazado de religioso bernardo y acompañado por dos frailes». Desde allí escribiría unas justificaciones que sólo sirvieron para que le liberasen los bienes que tenía secuestrados, pero con la prohibición de volver a España. Se ofreció entonces a los carlistas y acabó instalándose en Toulouse, donde murió en 1842.

El día 6 Fernando autorizaba a la reina a despachar los asuntos mientras estuviese enfermo y en poco más de una semana (del 4 al 13 de octubre de 1832) se cambió a tres capitanes generales ultras (Liñán, José O’Donell y Fournás, a los que más adelante seguirían España, Aimerich, González Moreno, Eguía y San Juan) y al superintendente general de policía, y el 20 se concedió una primera y moderada amnistía, que sirvió para liberar a un gran número de personas «que —dice Amarillas— probablemente hubieran subido al patíbulo». Por su actuación en lo que se refiere al decreto de derogación de la Pragmática, Puig fue elevado de decano a gobernador del consejo de Castilla. A comienzos de noviembre se creaba el ministerio de Fomento, para el cual se nombró a Ofalia.

Fue Cafranga quien en esta etapa de interinidad, mientras se esperaba la llegada de Zea, puso en marcha las primeras medidas que implicaban un cambio político notable, al menos en comparación con lo que habían sido los años anteriores. La Gaceta del 9 de octubre venía a ser algo así como el manifiesto de la nueva situación, que parece lógico asignar a la inspiración de Cafranga. En ella se publicaban las destituciones de los viejos ministros y el nombramiento de los nuevos, la «habilitación» de la reina para despachar los asuntos, y las primeras decisiones de ésta, que eran un indulto a los presos y el restablecimiento de las universidades. Dos gacetas extraordinarias del mismo día confirmaban además que el rey había salido definitivamente de peligro[13].

El 18 de octubre la corte volvía a Madrid, en medio de la alegría de la población. Palafox escribía a su hermano dos días más tarde: «No te puedes figurar el entusiasmo general que hubo; salió a recibirle todo el pueblo de Madrid. ¡Qué vivas, qué llorar las gentes, qué bendiciones! Y ahora, con el decreto de la amnistía general amplia y completa están todos llenos de placer y de gozo. Esto ha sido una transformación completa. Si sigue así, me parece que se restañarán para siempre todas las llagas abiertas».

El nuncio Tiberi observaba que el estado de salud del rey no era muy bueno: tenía diarrea y las piernas hinchadas, y «por los movimientos del rostro se nota que no está exento de convulsiones». No admitía audiencias privadas ni se ocupaba de los asuntos, que estaban en manos de la reina. Esto era, precisamente, lo que preocupaba al nuncio. Pensaba que Cristina era persona de convicciones religiosas: «es incapaz de olvidar el preciado título de católica; muestra la más tierna y generosa vocación hacia la Virgen; envía ayudas a las iglesias; está bien alejada de las ideas liberales, y es enemiga de gobiernos constitucionales», escribía el 14 de diciembre de 1832. Pero pocos días después, el 18 de enero de 1833, se mostraba angustiado por su participación en la marcha de las cosas: «la sorprenden, la asustan, la engañan y presta sin querer su mano a cosas atroces».

El 15 de noviembre la reina publicaba un manifiesto en que se hacía una especie de balance del viraje que había sacado la política «de entre el abismo de entorpecimiento y abandono en que la habían sumido el genio del mal, la parcialidad y la ignorancia». Mientras tanto se disolvían regimientos provinciales que no inspiraban confianza, se cambiaban mandos militares intermedios y se excluía del ejército a una serie de oficiales ultras, que serían los primeros en sumarse a la revuelta carlista.

El 24 de noviembre los ministros empezaban a discutir la conveniencia de anular el decreto de revocación de la Pragmática, ya que, aunque no se había publicado, «su contenido es notorio y se ha circulado a los agentes estrangeros y existen copias certificadas por […] Calomarde». El 2 de diciembre aparecía Zea en el consejo, asumiendo la función de dirección que correspondía al ministro de Estado, y el día 5 presentaba un proyecto de decreto para que se publicasen las actas de las cortes de 1789. Discrepaba de él en este punto Cafranga, que pensaba que lo que había que hacer era convocar unas cortes que jurasen a la princesa y que esta era la única manera de eliminar las dudas que ofrecían las actas de 1789, cosa que el ministro de Estado dejó en todo caso para más adelante, ya que consideraba la convocatoria de cortes «peligrosa en las actuales circunstancias». La consecuencia más inmediata de estas discrepancias sería que Zea se desembarazase, al cabo de poco más de una semana, de Cafranga y de Monet, a quienes encontraba demasiado liberales para su política de «absolutismo ilustrado». Seguiría más adelante rehaciendo el ministerio para acomodarlo a su inmovilismo: el 25 de marzo de 1833 hizo salir a Fernández del Pino (que había reemplazado a Cafranga en la crisis de diciembre), Ulloa y Encima y Piedra.

Lo que se decidió en relación con la revocación de la Pragmática fue organizar un acto que debía celebrarse el 31 de diciembre de 1832, con la presencia obligada de obispos, ministros, diputación de la nobleza, etc., para anular solemnemente el decreto que nunca había sido publicado, con un texto en el cual el rey condenaba «la horrible trama» de La Granja y declaraba «que el decreto firmado en las angustias de mi enfermedad fue arrancado de mí por sorpresa; que fue un efecto de los falsos terrores con que sobrecogieron mi ánimo, y que es nulo y de ningún valor[14]».

Los cambios que se habían producido en el gobierno alarmaron a los ultras y alegraron a los liberales, y sacaron a la luz la división de la sociedad española. En Barcelona, por ejemplo, esto se pudo ver cuando llegó una primera noticia, falsa, de la muerte del rey, dada con demasiada precipitación por los conjurados de La Granja. El cónsul francés informaba: «el clero no oculta su preferencia por el infante Carlos y prepara, según se dice, movimientos en su favor». Quince días más tarde se refería a la reacción ante los cambios que se estaban produciendo: «los clérigos están bastante irritados de la revolución ministerial que acaba de producirse; predicen en voz alta el triunfo próximo de la irreligión y presentan el decreto de reapertura de las universidades como un insulto a la nación». De paso se denunciaban conjuras explícitamente carlistas en los conventos de Barcelona y de Palma de Mallorca, donde a mediados de noviembre se nos informa de una batalla a golpes de sillas, mesas y bancos entre frailes mallorquines favorables y hostiles al carlismo. Los voluntarios realistas de Reus, irritados por la publicación de la amnistía, se dedicaban a principios de noviembre a la caza, captura y exterminio de liberales, mientras que Tarragona aparecía más dividida: «En el barrio nuevo de esta ciudad, cercano al puerto […], hubo por la noche, y como por encantamiento, una espléndida iluminación espontánea. Pero en la ciudad propiamente dicha, más inclinada a los apostólicos, no hubo ni una sola luz».

Algo parecido se pudo ver en tierras de Murcia. Mientras en la liberal y arruinada Cartagena se nos dice que «cada noche las calles principales se llenan de pasquines que llaman al pueblo a las armas y anuncian el próximo restablecimiento de la constitución», en Lorca, a comienzos de abril de 1833, el comandante de los realistas «reunió a sus soldados para hacerles conocer la orden que manda que todo voluntario realista que no tenga seis reales de ingresos sea eliminado de las listas y obligado a devolver las armas y el equipo, y que aquellos que tengan los ingresos fijados por la orden del rey y quieran alistarse de nuevo deban someterse al mismo servicio que las tropas de línea, etc». Apenas acabada la lectura, una serie de frailes que se habían mezclado entre las filas de los soldados replicaron: «Los voluntarios realistas devolverán las armas el día que nosotros nos quitaremos los hábitos eclesiásticos. Habiendo dicho eso, todos juntos hicieron resonar el aire con los gritos de “¡Viva el rey absoluto!”, marcharon a embriagarse a las tabernas y se dispersaron por el pueblo insultando a todos los que les parecían liberales[15]».

Mientras tanto en Barcelona el conde de España retrasaba una semana la publicación del decreto de amnistía, y lo hacía leer por el pregonero de la carne de cordero y por un corredor público al que no se le entendía lo que hablaba. No era posible, no obstante, frenar la marcha de las cosas con recursos parecidos. El conde era, lógicamente, uno de los capitanes generales cambiados y para reemplazarlo se dirigía hacia Barcelona el general Llauder. Los ultras intentaron tenderle una emboscada entre Esparraguera y Martorell para asesinarlo, pero la falta de información sobre su itinerario y la escolta de mozos de escuadra que le protegía lo evitaron, del mismo modo que la oposición de los oficiales de la guarnición hizo imposible el propósito de los ultras de ocupar las fortalezas de Barcelona antes de la entrada del nuevo capitán general.

Llauder llegó a la ciudad el 19 de diciembre de 1832 y fue recibido de manera entusiasta por la población. Los representantes de los colegios profesionales y de los gremios le pidieron permiso para reunirse y felicitar al rey por su restablecimiento y por «los memorables decretos de apertura de universidades, creación del ministerio de Fomento y especialmente el de amnistía general».

En contrapartida, los barceloneses aprovecharon la oportunidad para insultar al conde de España. Según el testimonio que nos ha dejado un anónimo miliciano nacional barcelonés, que se conserva en el manuscrito 737 de la Biblioteca de Cataluña: «la gente le llamaba ladrón en la portezuela del coche y hasta le escupían, y él y su hijo, dentro del coche, se tapaban la cara con el sombrero […] y todo era silbar y gritar “¡ladrón, pillo, tunante!” y escupirle. Y, al bajar del coche, casi lo matan, que hasta las mujeres cuyos maridos hizo matar se le echaron encima, que le escupían y estaban como fieras para matarlo […] y subió casi muerto, que si hubiese tenido vergüenza había de morir de repente[16]».

No tuvo más remedio Llauder que darle protección en la Ciudadela y embarcarle a escondidas hacia Mallorca, de donde escapó, parece que en un barco sardo, para refugiarse en Génova. El cónsul de España en aquella ciudad describe así la entrevista que mantuvo con él: «Manifestó al principio de su entrevista síntomas de no estar en su cabal juicio, pero que después de haberse recobrado algún tanto, le indicó que en un momento de acaloramiento se había ausentado de Mallorca sin licencia de S. M. por temor de ser asesinado». El futuro le daría la razón, ya que murió asesinado; pero no por los liberales, sino por sus mismos compañeros de causa y de creencias[17].

Sería el propio rey, que el 4 de enero reemprendía su actividad política, quien apremiase a sus ministros a preparar la reunión de cortes en que se había de jurar a su hija Isabel como heredera, mientras éstos justificaban el retraso diciendo que, como hacía cuarenta y cuatro años que no se reunían las cortes, nadie sabía cómo debían organizarse, y menos todavía cómo había que celebrar la jura de una princesa. Hubo que nombrar una comisión de expertos, en la que fue decisivo Tomás González, que había sido archivero en Simancas y que presentó un proyecto basado en viejos documentos sobre la jura de princesas herederas de la corona. Mientras tanto se publicaba el Testimonio de las actas de las cortes de 1789 como un suplemento de la Gaceta, acompañado en los días siguientes de comentarios que sostenían que la «ley sálica» era una imposición extranjera. El 4 de abril se ordenaba que la jura de la princesa se hiciese el 20 de junio, y se convocaba a «las ciudades y villas de voto en las cortes» para que acudiesen, y el 10 de mayo se daba la lista de los obispos y nobles que estaban obligados a asistir[18].

Era esta una situación extraña. Carlos seguía, como si nada hubiese ocurrido, viviendo en el palacio y asistiendo a las sesiones del consejo de Estado, que presidió hasta la del 4 de marzo de 1833, mientras había partidas de sublevados por los alrededores de Madrid y noticias alarmantes sobre conspiraciones de realistas por todas partes. En Bilbao, a fines de 1832, había aparecido un pasquín diciendo: «A las armas carlistas. Viva la religión, viva Carlos V y don Miguel, vivan sus defensores valientes, viva el marqués, Espalza y Martí, viva Calomarde, viva Alcudia, vivan los netos del cuartel de la Ronda. Muera la Francia y la Inglaterra y muera la puta napolitana, muera el gotoso, muera Cafranga, muera el corregidor, muera Castelló, mueran los pancistas, Unceta, Gurbista y Gómez, y mueran todos los negros». Son fáciles de identificar el «gotoso» —el rey— y la «puta napolitana». Don Miguel es, naturalmente, el soberano de Portugal, el marqués es el de Valdespina, un personaje ultra que sería clave en el alzamiento de Bilbao a favor del infante Carlos, los «netos del cuartel de la Ronda» son «una asamblea de amigos gastrónomos» absolutistas. Pero tal vez lo más significativo sea la asociación que se hace de Alcudia y de Calomarde, a quien ahora reconocen explícitamente como uno de los suyos, y su contraposición a Cafranga, el único ministro presentado como enemigo.

En los procesos que se iban haciendo por alborotos y conspiraciones empezaban ahora a aparecer los nombres de «personas reales». Una idea de la situación del país, vista desde la corte, nos la da el cuadro que el nuncio Tiberi describe en un despacho reservado de 18 de enero de 1833: «Añado además que se ha expulsado a doscientos veinte hombres de la guardia [real]; que se intenta desarmar a los realistas; que Santiago y León están en revuelta; que están cerrados en las prisiones públicas un consejero de Castilla, dos gentilhombres y un camarero del infante Carlos, dos generales, un oficial de correos, un tal Marcó del Ponte [sic, por Pont]; han arrestado a trece en Valladolid, otros en Toledo…». En lo que no se mostraba perspicaz era en hablar del «religioso e inocente infante [Carlos], que es siempre fiel al soberano y se opone a los que querrían situarlo en el trono». Resulta difícil creer en la sinceridad de la conducta de quien se negaba personalmente a actuar mientras viviese su hermano, pero no podía ignorar que su esposa y su cuñada, la infanta Francisca y la princesa de Beira, estaban organizando en sus propias habitaciones una red de juntas de conspiradores que preparaban un alzamiento general para llevarle al trono[19].

Los primeros intentos subversivos fracasaron. El más serio era tal vez el del coronel Campos y España, que debía ponerse al frente de un golpe para el que contaba con militares afectos y voluntarios realistas. Sin embargo, al ser descubierto se apresuró a denunciar a todos los participantes en la conspiración, delatando a dirigentes tan destacados como los generales Grimarest y Maroto o como los civiles condes de Prado y de Negri, personajes muy cercanos a Carlos.

Esto frustró este primer intento, del cual sólo cuajó, a mediados de enero de 1833, la insurrección de León, en que participaban voluntarios realistas y guardias de corps expulsados del cuerpo como consecuencia de haber participado activamente en los alborotos que se habían producido en Madrid la noche de 2 de enero (como el duque de Alagón confesó que no los podía controlar, se había expulsado del cuerpo a todos los sospechosos). Los sublevados, que encarcelaron al gobernador de León, a quien se había querido obligar a gritar «¡Viva Carlos V!», contaban con la complicidad del obispo Abarca y de cinco o seis canónigos.

La revuelta falló por la actuación rápida de las fuerzas del ejército de la guarnición de Valladolid, mandadas por el capitán general, duque de Castroterreño, y con esto se frustró el intento de iniciar un levantamiento general de los realistas de toda España, con la intención de establecer un gobierno provisional con una regencia en nombre de Carlos V. Un intento harto amenazador, ya que Juan José Marcó del Pont aseguraba que en 1832 contaban con un buen número de jefes militares y de «miles de personas a quienes se auxiliaba con dinero» para levantarse en armas a favor de Carlos. El corresponsal del cónsul francés de Bilbao en Valladolid comunicaba: «Los perturbadores [de León], al retirarse, han sublevado por el camino a todo el país hasta La Bañeza y Tineo, y se han visto aparecer dos o tres bandas armadas, en las cuales se veían algunos antiguos guardias de corps, pero los campesinos, reconociendo su debilidad, se han vuelto a sus casas».

El obispo Abarca que, tras el fracaso del movimiento, se vio obligado a esconderse y acabó huyendo a Portugal, enviaba al rey el primero de junio una carta en que decía: «Tenemos noticias de nuestra península desde el tiempo de los fenicios, es decir más de 18 siglos antes de la venida del Salvador, y ni en los días de estos comerciantes conquistadores […], ni en el tiempo de los romanos se hace mención alguna de muger que haya estado al frente de algún gobierno o reyno[20]».

La noche del 19 de marzo de 1833 hubo en Madrid «voces subversivas»; el 25 una notificación del superintendente de policía, Martínez de San Martín, informaba de las visitas que hacían al provincial de los jesuitas, padre Puyal, «varios sugetos conocidos por sus ideas en favor del partido carlista» y proponía que se les hiciera marchar de la capital (como se puede ver, el gobierno ya hablaba sin embudos de carlismo cuando todavía faltaba mucho tiempo para la muerte de Fernando).

Por cierto que, según explica Arias Teijeiro, el padre Puyal hacía grandes elogios de Carlos y decía: «la mujer, buena, pero tiene 30 años; la cuñada sí es otro Napoleón por su decisión y talento para tramoyar. Si se le preguntase quién pondría al frente para destruir la revolución, diría una y veinte veces: “la de Beira”».

Pero los problemas no los creaban tan sólo los carlistas, sino también los partidarios de la sucesión femenina, que ahora empezaban a llamarse «cristinos», a quienes traicionaba la impaciencia en algunos momentos. Así se explica que el consejo de ministros acordase, el día 27 de marzo, que no sólo marchasen de Madrid los que Martínez de San Martín denunciaba como carlistas, sino «también los demás corifeos de los partidos que, bajo diferentes títulos, hostilizan y conspiran contra el estado y soberana autoridad del rey». Dos días antes, el 25, se había cambiado a los ministros de Gracia y justicia y de Hacienda y se exoneraba al ministro de Marina, Ulloa, y muy especialmente al superintendente de policía Martínez de San Martín, que era enviado «de cuartel» a Badajoz y reemplazado por Matías Herrero, en un conjunto de destituciones realizadas por un Zea inquieto por la actitud demasiado liberal de estos funcionarios e inútilmente empeñado en congraciarse con los apostólicos.

La causa de la exoneración del superintendente de policía nos la revela el nuncio Tiberi, que habla en sus comunicaciones con Roma del desarme «de una fuerza, hasta ahora desconocida, en número de dos mil novecientos, sin contar muchos otros que se habían inscrito nominalmente, dependiendo del director general de policía Martín [sic] de San Martín, compuesta de antiguos presos y de gente de malas doctrinas», descripción que, en boca del nuncio, apunta naturalmente a liberales. La destitución de este y de algún otro funcionario y el exilio de algunos «grandes» conspiradores, añade, «ha hecho cesar todo temor de tumulto y la gente está bien tranquila».

Por si no estaba bastante clara la actitud del gobierno, el mismo día 25 de marzo se publicaba una «circular a los capitanes y comandantes generales de las provincias» que mandaba que se vigilase tanto a los «desleales o seducidos que quisieran renovar la conspiración de S. Ildefonso […] para transformar la ley fundamental sobre la sucesión en la corona de España» como a los que, con el pretexto de defenderla, «aspiran por su parte a innovaciones políticas en que se restrinjan los derechos saludables del trono[21]».

De hecho se puede considerar que en los últimos meses de la vida y reinado de Fernando VII, en el año 1833, la primera guerra carlista ya había empezado. La sucesión de conspiraciones y levantamientos que el país había conocido en los últimos años se estaba transformando gradualmente en una guerra civil. En Cataluña, por ejemplo, había partidas que protagonizaban acciones como la de marzo de 1833, en que ciento cincuenta voluntarios realistas de Sant Vicenç dels Horts se apoderaron de Molins de Rei; su jefe, Tey, pagó con la vida su fracaso.

En Santoña el 16 de junio de 1833, cuatro días antes de la jura de Isabel, aparecían pasquines incitando al ejército a luchar en defensa de «don Carlos», y calificando a Isabel de «princesita extranjera» (!) que pretendían imponer los «asesinos constitucionales enemigos de la religión y del altar».

En Orihuela y Murcia había un foco de conspiración dirigido por el canónigo Ostolaza, que acabó arrestado en el cuartel de marina de Cartagena; en Alicante la publicación del decreto de amnistía dio lugar a un enfrentamiento entre voluntarios realistas y paisanos. En Cartagena el regimiento provincial de Cuenca se declaraba «contra el principio de sucesión directa», etc.

Noticias de frailes que predicaban sermones subversivos (en Orihuela, en 1832, «un fraile ha predicado contra el gobierno de la reina y la sucesión de su hija») o que se unían a una partida armada (en Valencia el mismo año, se capturó a diez individuos de la partida de Josep Armengol, «incluyendo a su jefe y a un fraile capuchino que les acompañaba»), de movimientos puntuales de los voluntarios realistas, de proclamas y pasquines carlistas, se repetían por todas partes. Pero para que tuviesen alguna eficacia era necesario que se creara una dirección central que los coordinase. Había en estos días incluso reuniones de conspiradores españoles con legitimistas del sur de Francia que proyectaban organizar, a la muerte de Fernando, un levantamiento general desde Marsella a Portugal, contando con organizar un gran ejército de voluntarios realistas que dirigiría Merino y con establecer la corte de Carlos en Burgos o en Valladolid[22].

Por su implicación directa en las conspiraciones de estos días (su biógrafo carlista, el conde de Rodezno, reconoce que «se celebraban en las habitaciones de María Teresa juntas de oficiales y comprometidos») el gobierno se vio obligado a expulsar de España a la princesa de Beira, de manera que, para evitar el escándalo, se sugirió al rey de Portugal, Miguel, que pidiese el retorno a su país de la princesa, con la excusa de que, habiéndose casado ya su hijo Sebastián Gabriel —que lo había hecho con Amalia, hermana de la reina Cristina, muy a disgusto de su madre—, dejaba de tener sentido «la tutoría a que dio motivo su venida y permanencia en España». La de Beira se resistió y exigió la orden de marchar por escrito, pero el rey no cedió. El infante Sebastián, su hijo, pidió permiso para acompañarla, y también lo pidió Carlos para pasar con su esposa y familia a Lisboa. Pronto se vio, sin embargo, que su marcha no era sólo para acompañar a su cuñada.

Lo que quería Carlos era estar fuera del país cuando se produjese la jura de la princesa, para no participar en ella. El 21 de abril Fernando le exigió, a través de su embajador en Portugal, Luis Fernández de Córdova, que «manifestase explícita y directamente su propósito de concurrir a la jura», en que le correspondía ser el primero de los convocados. El 29 de abril Carlos contestó con una negativa, «hallándome bien convencido de los legítimos derechos que me asisten a la corona de España».

Forzando los plazos, la convocatoria de cortes se publicó el 7 de abril, de manera que la jura, que era el único objetivo de la reunión, se pudo celebrar el 20 de junio en la iglesia de San Jerónimo del Prado, en una ceremonia ostentosa —si bien los gastos de los procuradores los debían pagar las poblaciones que los enviaban— a la que siguieron diez días de fiestas: corridas a caballo en la Plaza Mayor, simulacros militares… El poeta Juan Nicasio Gallego, que acudía a la jura como representante por Sevilla, nos habla en una carta del Madrid de aquel tiempo, donde denuncia la mentira que hay bajo la falsa apariencia de riqueza: «pudiera creerse que reinan la abundancia y el esplendor de otros tiempos; pero pronto se echa de ver que no es así».

Nadie protestó por la jura de la infanta. «Ni los procuradores de las ciudades de voto en cortes, ni los grandes, ni los prelados, ni autoridad alguna, en todo el ámbito del reino, reclamó contra aquel acto, que no dio ocasión a la menor duda acerca de su legitimidad; y únicamente el infante D. Carlos rehusó prestar el juramento».

Cuando el rey de Nápoles se quejó, como decano de la familia de los Borbones, del cambio de las leyes sucesorias, Fernando le contestó que «no reconoce derecho en ningún soberano para juzgar de las leyes de España observadas constantemente por ocho siglos, sin ejemplo ninguno en contrario […], y restablecidas legalmente contra una alteración extranjera, importada con disgusto y resistencia de los españoles, que jamás ha tenido execución».

Al acto de la jura no acudió el arzobispo de Toledo y primado de la Iglesia española, el cardenal Inguanzo, alegando problemas de la vista; tampoco participaron, por diversos motivos, algunos otros obispos —entre ellos, lógicamente, el de León, fugitivo y escondido—, pero sí lo hizo el infante Sebastián Gabriel que, contra la opinión de su madre, volvió de Lisboa y juró (se arrepintió muy pronto; en 1836 pasó a mandar el ejército carlista; pero en 1858 volvió a reconocer a Isabel y a instalarse en Madrid, de donde le expulsó la revolución de 1868[23]).

En estos momentos, y sin aguardar a la muerte de su hermano, Carlos se había quitado la máscara, como se puede ver en la ridícula correspondencia que mantuvieron los dos hermanos, en la que Carlos iniciaba las cartas con «Mi muy querido hermano de mi corazón, Fernando mío de mi vida» y el otro le respondía «Hermano mío de mi corazón, Carlos mío de mis entrañas». Mientras Carlos enviaba copias de estas cartas a los obispos y magnates españoles y a las cortes extrajeras, por mediación de su agente Auguet de Saint-Sylvain, su esposa Francisca reclutaba partidarios para iniciar los combates.

Fernando ordenó a su hermano, a principios de mayo, que pasase a los Estados pontificios, para lo cual ponía una fragata a su disposición, y le prohibió que se quedase en Portugal. Los pretextos que puso Carlos para no obedecer a quien en aquellos momentos era su rey y podía, por lo tanto, exigirle obediencia, eran ridículos: «que tenía que arreglarlo todo y tomar disposiciones para sus particulares intereses en Madrid», «que, estando contagiado Lisboa, sería temeridad entrar allí para el embarque» (se le dijo entonces que podía embarcar en otro puerto, pero no hizo caso). El colmo de la desfachatez se produciría el 28 de mayo, cuando escribía a Fernando: «Te daré el gusto y te obedeceré en todo: partiré lo más pronto que me sea posible para los Estados Pontificios, porque tú lo quieres, tú que eres mi rey y mi señor, a quien obedeceré en cuanto sea compatible con mi conciencia; pero ahora viene el Corpus y pienso santificarlo lo mejor que pueda en Mafra». Se iban sucediendo las órdenes terminantes del rey y las excusas del príncipe, hasta que el 18 de agosto encontró el argumento supremo: se embarcaría en Lisboa, que había caído en manos de las tropas de Pedro, «cuando aquella ciudad fuese restituida al poder legítimo del rey [Miguel]». Un Fernando indignado por la burla le ordenaba tajantemente el 30 de agosto que se embarcase en el puerto que quisiera, pero «no puedo tolerar […] que mis órdenes se sometan a condiciones arbitrarias por quien está obligado a obedecerlas». Lo que no impidió que el 21 de septiembre Carlos respondiese una vez más con el argumento de que esperaría a que Miguel reconquistase Lisboa, cosa que no había de ocurrir nunca[24].

Intuyendo lo que podía significar con vistas a un cambio político más general, la jura de la princesa se recibió con entusiasmo en todas partes donde se quería el fin del despotismo. Robreño nos ha descrito en La Unión o La tía Sacallona en las fiestas de Barcelona, las fiestas populares que se hacían por todas partes con motivo de la jura de la princesa Isabel, asociándola a la amnistía recientemente concedida, «que ha roto las cadenas / de los amigos y de los hermanos / que estaban en los presidios». La relación oficial de fiestas publicada por el Ayuntamiento de Barcelona se hizo eco de esta participación popular en la celebración: «Hasta por las revueltas más recónditas de la capital elevábanse arcos, erigíanse estatuas […] y brillaba en tales preparativos cierta emulación […], indicio de una voluntad unánime». Entre las fiestas organizadas en estos días figuraba un simulacro de torneo caballeresco ideado por un capitán de caballería, Juan de la Pezuela, que viviría también en Barcelona los días finales del reinado de Isabel, en 1868, como capitán general de Cataluña. Cuando el 3 de octubre se supo con certeza en la ciudad la defunción de Fernando VII los liberales —nos dice el anónimo miliciano nacional al que nos hemos referido antes— recibieron la noticia con alegría: «muchos fueron a merendar en las afueras, y por la noche las fondas y los cafés estaban llenos de gente[25]».

Zea no estuvo a la altura de la situación en estos momentos finales del reinado, ya que el miedo al liberalismo le impidió ver que el auténtico peligro que les amenazaba era el de la contrarrevolución carlista, que reunía lo que Bayo denominaba «la cruzada […] contra las luces del siglo» con la acción de unas fuerzas populares urbanas y rurales contrarias al tipo de sociedad que se estaba consolidando en Europa con la afirmación del poder de los propietarios. Unas fuerzas que estaban representadas, sobre todo, por los voluntarios realistas, que eran, en palabras de Donoso Cortés, «un poderosísimo ejército abrasado con los furores democráticos», entendiendo lo de «democráticos» en la forma despectiva en que podía decirlo un político conservador.

La acción más urgente que hubiera debido emprender el gobierno en aquellos momentos, la neutralización de los voluntarios realistas, se había limitado hasta entonces a la supresión, el 26 de diciembre de 1832, con el pretexto de la muerte de Carvajal, de la inspección general de los voluntarios, que de nuevo quedaban sometidos a los capitanes generales, terminando con la independencia que habían obtenido con el reglamento de 1826. Tal era la insensatez de estos gobernantes que todavía a comienzos de agosto de 1833 declaraban estar «convencidos de la necesidad de conservar los cuerpos de voluntarios realistas» y formaban una comisión encargada de proponer mejoras en su organización y financiación.

Por suerte, la destitución de los mandos militares que se sospechaba que estaban de acuerdo con la conspiración carlista, y en especial la de los capitanes generales (Eguía, por ejemplo, fue reemplazado en Galicia por el camaleónico Morillo; González Moreno, el asesino de Torrijos, lo fue en Granada por el marqués de las Amarillas, etc.) llevó al mando a hombres que entendían lo que convenía hacer en aquella situación mucho mejor que Zea. Fueron precisamente los nuevos capitanes generales los que procedieron por su cuenta al control y neutralización de los realistas, avanzándose a un gobierno indeciso.

Como dice el marqués de las Amarillas, «los capitanes generales hubieron de suplir en beneficio de la causa, con inmensa responsabilidad suya, lo que el gobierno no hacía, y a ellos sólo se debe el que la guerra civil no se incendiase simultáneamente en todos los ángulos de la Península a la muerte del monarca». Una de las formas de acabar con los voluntarios era combatir los abusos que se habían introducido en el cuerpo. Amarillas nos dice: «Creí que bastaría con hacerlos entrar en su propio reglamento […] y no me equivoqué. Empecé por organizarlos en brigadas que di a mandar a jefes del ejército; hice entrar sus fondos en cajas que éstos vigilaban y prohibí todo gasto arbitrario; suprimí las músicas; averigüé los oficios o medio de vivir de los voluntarios para despachar a los proletarios, y sin hacer nada que no estuviese en el espíritu de la institución o en la letra de los reglamentos, lo que debía […] hacer más vigorosa la organización de aquella fuerza, la disgustó, la debilitó en gran parte».

De forma parecida actuaron Morillo. —«¡Qué sería de España entera si tan a tiempo no hubiese desarmado estos 40 000 realistas!»— y, en Cataluña, Llauder, que se jactaba de haber desarmado a los realistas «sin orden del gobierno» y de haber armado en contrapartida a los milicianos urbanos[26].

En Cantabria fueron sobre todo el ayuntamiento de la capital y los de Santoña, Laredo y Castro-Urdiales los que empezaron a tomar medidas de defensa y pidieron armas al gobernador para darlas a «propietarios, comerciantes y maestros de oficio». Será en buena medida la actitud decidida de estas «fuerzas vivas» la que explique que el levantamiento, en octubre de 1833, del teniente coronel Pedro Bárcena no encuentre apoyo, a pesar de la pasividad culpable del gobernador, que negó las armas que se le pedían, y del obispo, que no quiso opinar en materia del armamento de los ciudadanos, pero no hizo nada por oponerse a que algunos curas se sumasen a los rebeldes «con el Cristo en una mano y el puñal en la otra». La resistencia urbana y la tibieza del apoyo rural llevaron a los carlistas de Cantabria a un rápido fracaso, de modo que a fines de 1833 la amenaza parecía dominada[27].

La medida final de la supresión y desarme de los voluntarios realistas no se tomó hasta fines de 1833, cuando una parte de ellos se habían lanzado ya a la insurrección. De hecho, sería el panorama de revuelta general que describía el capitán general de Castilla la Vieja y su observación de que esto se debía al «mal espíritu que generalmente anima a los voluntarios realistas que, como dueños de las armas, pueden ir turbando por donde quiera el reposo», lo que llevaría finalmente al gobierno a mandar a los capitanes generales que desarmasen, totalmente o en parte, los batallones realistas de los cuales desconfiasen, empezando por los de Madrid, que debían serlo en su totalidad. Aunque sabemos que, por regla general, devolvieron muy pocas de las armas que tenían, como ocurrió en Santander, o las dejaron en depósito de manera que fuesen fácilmente recuperables, como en Morella.

El desarme no se pudo hacer en la capital de la monarquía sin resistencia. El nuevo nuncio, Amat, explica que el 27 de octubre, al ir a desarmar a los voluntarios de Madrid, los de artillería y de caballería lo aceptaron, pero los de infantería se resistieron y hubo un enfrentamiento en el que se impuso finalmente la tropa de línea, mandada por el general Bassa, con el apoyo de civiles que contribuyeron a detener por las calles a los realistas que se dirigían al cuartel para sumarse a la lucha. Los grupos que rondaban por la ciudad fueron aumentando —«hubo tiros y muertos por las calles», dice Amarillas—, se reforzó la guarnición de palacio y se enviaron tropas a la Plaza Mayor. «Al anochecer acudió la gente a la plaza del palacio real, donde la reina gobernadora apareció en una ventana con la reina hija en brazos […]. Entre los gritos de “viva la reina” por parte de los congregados, dice el nuncio, se oyeron voces de “viva la brava tropa constitucional”, “viva la constitución” […]; estos vivas se repitieron por la noche en algún café, añadiendo “mueran los breviarios”, es decir los sacerdotes, “mueran los ministros[28]”».

El 28 de septiembre de 1833 un suplemento a la Gaceta comunicaba que desde el 19 de julio el rey volvía a tener dolores y que ahora, «notando que la constitución del rey va debilitándose por la inapetencia y por las vigilias que hace mucho tiempo que padece», se había acordado dar conocimiento de su estado de salud. El domingo 29, poco después de mediodía, se produjo la muerte de Fernando VII. El general Castaños lo explicaba así al día siguiente: «A las dos de la tarde de ayer salí de palacio muy satisfecho con lo que los mismos médicos me habían dicho de que se notaba mejoría en la respiración de S. M. y que estaba comiendo con buen apetito. Y juzga mi sorpresa cuando, al sentarme a la mesa, me participaron la muerte del rey y la orden de ir a palacio con los dos camaristas más antiguos». Una Gaceta extraordinaria del mismo día explicaba los últimos momentos de Fernando: como se le había hinchado la mano derecha, «le aplicamos un parche de cantáridas al pecho y dos a las extremidades inferiores, sin perjuicio de las que en los últimos días le habían puesto en estos mismos remos y en la nuca […]. Mas a las tres menos cuarto sobrevino al rey repentinamente un ataque de apoplejía tan violento y fulminante que a los cinco minutos, sobre poco más o menos, terminó su preciosa existencia». «Y lo que es peor, sin sacramentos», añade malignamente el nuncio Tiberi.

Castaños nos explica lo que ocurrió a continuación. «Visité a la reina que, en lo poco que pudo hablarme, sólo me encargó asegurase la corona en su hija y, reunidos en junta en secretaría de Estado, fue la primera diligencia reconocer si había algún testamento, asegurando la reina que varias veces le había dicho su esposo que ya lo tenía hecho y que todo estaba corriente, mas fueron inútiles todas las pesquisas y, siendo preciso tomar alguna determinación, se formaron, con arreglo a las leyes, los decretos que se han publicado hoy, quedando la reina gobernadora durante la menor edad de su hija Isabel II».

Sabían, no obstante, que había un testamento hecho en junio de 1830 y lo estuvieron buscando, «hasta que esta tarde [la del día 30 de septiembre], por casualidad, se encontró en la mesa del rey un cajón secreto, en el que estaba». «No puede darse testamento más claro y espacioso […] —añade— pues en él se declara que la reina sea la única gobernadora hasta que el heredero o heredera cumpla los diez y ocho años; que tenga a su inmediación un Consejo del gobierno para los asuntos graves y de interés general, pero quedando la reina en libertad de adoptar cualquier dictamen, aunque no sea el de la mayoría» (ya se encargaría Zea de dar a este punto una interpretación restrictiva, según la cual el consejo sólo podía opinar acerca de aquello que la reina le consultase).

La composición del consejo, con su mezcla de ultras y moderados, sorprendió al mismo Castaños, en especial por el hecho de que figurase en él su sobrino, el marqués de las Amarillas. Todavía se sorprendió más el propio interesado, que nunca había tenido el favor del rey: «jamás en su vida me confió la menor cosa, nunca accedió a las propuestas de aquellos de sus ministros que quisieron emplearme, no le debí el menor favor, y al tiempo que me tenía ocioso y olvidado tantos años, me nombra en un testamento cerrado para ser uno de los siete españoles en quienes, al morir, fía el trono de su hija». ¿Cómo se explica esta elección? Seguramente, dice él mismo, por la confianza que el rey tenía en la rectitud de una persona que no utilizó en vida por debilidad, lo que completa con un juicio muy acertado sobre los límites del poder de los monarcas absolutos: «Porque los reyes absolutos, mucho más cuando deben su poder a las revoluciones de los pueblos, son esclavos del partido que los elevó a su aparente omnipotencia[29]».

El cadáver de Fernando VII, expuesto tres días al público en una sala del palacio real, en un ataúd cerrado, fue llevado al Escorial para su entierro solemne, acompañado de una numerosa comitiva de nobles y eclesiásticos. El séquito salió de Madrid el 3 de octubre por la mañana y tuvo que hacer noche en Galapagar, donde los alojamientos eran escasos, de modo que los frailes y los guardias de corps tuvieron que pasar la noche en la iglesia del pueblo, acompañando al féretro del rey. Según uno de los guardias de corps explicó unos años después a un viajero polaco, cuatro guardias «de los más pillos» compraron un barril de aguardiente, emborracharon a los frailes, jugaron con ellos a las cartas encima del ataúd del rey y les desplumaron todo el dinero que llevaban.

Ya en el monasterio del Escorial, donde el rey debía recibir sepultura, nos dice Bayo, «al bajar al panteón el féretro rompieron con él una grada de piedra, para que hasta su muerte causase ruinas[30]».

Capítulo 16
EL FIN DEL SISTEMA

El mismo día de la muerte del rey, el marqués de Miraflores, uno de los aristócratas que había ido a La Granja en 1832 para dar apoyo a la causa de la sucesión femenina, quiso exponer a la viuda —«la reina gobernadora», como se la llamaría habitualmente a partir de ahora— sus ideas sobre la necesidad de una reorganización política de España sobre la base de una alianza de las clases propietarias. Le costó verla, porque los médicos le habían recetado una sangría y reposo total. Pero, insistiendo con la infanta Luisa Carlota, pudo finalmente entrevistarse con ella a la una de la madrugada del día 30 de septiembre, mientras Fernando VII estaba todavía de cuerpo presente en el palacio, para esforzarse en hacerle entender la necesidad de cambios políticos, algo que ya le había planteado, en balde, en una memoria escrita meses antes.

La base de sus ideas era que el partido «democrático», es decir, el de los viejos revolucionarios liberales, no era peligroso en España; que el que realmente podía resultar funesto era el de los carlistas, pero que, para neutralizar a unos y otros, era necesario ponerse al frente del partido moderado, o sea del grupo que podía representar los intereses dominantes del país: «Más bien que partido es una masa nacional, compuesta de la mayor parte de los ricos propietarios, de todo el comercio, de gran número de individuos ilustrados del clero, del ejército en su gran mayoría y en fin de todo hombre que vale algo en el orden social: masa inmensa y masa respetable a la que únicamente se ha querido atacar con denominaciones inexactas y odiosas, pues a decir verdad no es ni liberal ni carlista, no es revolucionario: es sólo la reunión de los intereses esenciales del país que, aspirando sólo a ser bien gobernado, no […] aspira a que se mude la forma de gobierno, pero apetece seguridad individual, mejoras reclamadas por las necesidades primarias de los pueblos, reformas de la administración, orden, justicia y economía».

María Cristina se puso a llorar diciendo que ella tenía buenas intenciones, pero que no sabía qué hacer y que ya le había pedido a Zea Bermúdez que continuase al frente del gobierno, lo que implicaba la continuidad de la política de los últimos tiempos de Fernando VII[1].

Lo que cambiaría muy pronto sería la situación personal de la regente, que en estas cuestiones se mostró mucho menos tímida que en materia política. En diciembre de 1833, poco más de dos meses después de la muerte de Fernando VII, Cristina había querido ir a La Granja, aunque la comunicación del real sitio con Madrid era todavía más difícil en invierno que en verano. Palafox describió en una carta este viaje, en el cual la regente, al encontrarse con que la nieve no le permitía el paso, la hizo limpiar por la gente de los pueblos de los alrededores y al día siguiente, «a las cuatro de la mañana se metió en su coche y se fue otra vez, teniendo los caballos prontos por, si no podía pasar el coche, pasar el puerto a caballo; pero fue y anduvo todo el día sobre la nieve». Fue precisamente en este viaje, el 18 de diciembre de 1833, cuando se dice que la reina se declaró a Fernando Muñoz, un guardia de corps de veinticinco años de edad, hijo de unos estanqueros de Tarancón, y pocos días más tarde le propuso que se casaran. Se pidió licencia al nuncio, y el día 28, a las siete de la mañana —cuando sólo hacía diez días que se conocían— se casaron en secreto[2].

El gobierno seguía entretanto en pleno desconcierto. Tal vez hubiera sido posible que en aquellos momentos un paso adelante en el sentido que proponía Miraflores, acompañado de una «carta otorgada» al estilo de la que Luis XVIII había dado a los franceses, tal como se le había recomendado a Fernando VII que hiciera desde 1823, hubiese podido satisfacer a los liberales. Pero la regente no se atrevió y siguió con el mismo equipo de los últimos momentos del reinado de Fernando VII, depurado por Zea de los ministros que le parecían más «liberales», dispuesto a seguir una línea de «absolutismo ilustrado» que no contentaba a nadie y que no podía resolver ninguno de los gravísimos problemas a los que debía enfrentarse.

El 4 de octubre, Zea, que parecía más interesado en perseguir a los liberales que le podían haber dado apoyo que a los ultras que conspiraban en contra del gobierno de la reina, publicó un manifiesto, redactado por Reinoso, en que se le hacía decir a la regente: «Tengo la más íntima satisfacción de que sea un deber para mí conservar intacto el depósito de la autoridad real que se me ha confiado. Yo mantendré religiosamente la forma y las leyes fundamentales de la monarquía, sin admitir innovaciones peligrosas, aunque halagüeñas en su principio, probadas ya sobradamente por nuestra desgracia. La mejor forma de gobierno de un país es aquella a que está acostumbrado». El manifiesto no contentó a los carlistas, que lo consideraban un engaño, e indignó a los liberales, que veían frustrarse sus esperanzas de cambio. Como escribía García de León y Pizarro: «Los liberales, disgustadísimos con la reina, y casi se unirían a don Carlos, a causa del manifiesto en que anuncia no mudará el gobierno. […] El argumento de Cea para con la reina es que, si afloja lo más mínimo con los liberales, está perdida». Desde este momento, dirán los autores del Panorama español, «los carlistas estendieron su rebelión por todas partes y los liberales trabajaron en secreto para dar el triunfo a sus ideas[3]».

Una vez más el miedo al cambio llevaba a una inútil tentativa de detener el tiempo. Inútil, porque aquellos a quienes Zea pretendía contentar con esta política no era inmovilismo lo que querían, sino hacer marcha atrás, eliminando incluso los minúsculos «cambios» que habían realizado los gobiernos moderados desde 1823, y estaban ya lanzados a la revuelta para conseguir el retorno a un feliz pasado imaginario, que, como ocurre a menudo con los reaccionarios, pensaban que era la solución adecuada para que todos los problemas del presente dejasen de existir. Los ministros de la regente se podrían haber dado cuenta de ello, si no hubiesen estado obnubilados por sus prejuicios, ya que antes de que se publicase el manifiesto, en la noche del 2 de octubre, se había alzado en armas en Talavera Manuel María González, «administrador de correos procesado y suspenso», en un movimiento que fracasó y que la historiografía tradicional señala como el inicio oficial de una guerra carlista que, como hemos visto, hacía mucho tiempo que había empezado.

Difícilmente se podría haber pensado, para iniciar este conflicto, en un personaje más representativo de la confusión de los tiempos que este funcionario de correos sancionado. Liberal en 1820, había sido masón, miliciano nacional de caballería y alcalde constitucional de su villa natal del Toboso. Le salvó de las persecuciones posteriores el hecho de ser hermano del superintendente de policía del reino Mariano Rufino González, un ultra que no sólo consiguió el sobreseimiento de su causa, sino que logró que se le nombrase administrador de correos de Talavera, población donde se instaló con su mujer y sus cuatro hijos, uno de los cuales le acompañaría en la revuelta. Había cambiado de actitud política en los años siguientes, y sobre todo después de que su hermano fuese destituido y desterrado, momento en que debió aproximarse a los carlistas. Pero su levantamiento tuvo escasa trascendencia, ya que fue derrotado rápidamente al no hallar apoyo en los pueblos del entorno. La mayoría de quienes le habían seguido en los primeros momentos acudieron espontáneamente a rendirse y entregaron las armas —el gobierno quiso que a estos «se les ponga en libertad con apercibimiento y bajo la conveniente vigilancia de la policía»—, pero los que no lo hicieron, sino que continuaron la lucha, como Manuel María González y su hijo, lo pagaron con la vida, tal como determinaban las leyes vigentes[4].

El movimiento siguiente sería el de Bilbao, donde las milicias atacaron la Diputación a los gritos de «¡Viva nuestra religión! ¡Viva Carlos V!», en una acción que triunfó el 3 de octubre y que culminó con el establecimiento, el día 5, de una diputación rebelde presidida por el marqués de Valdespina. La revuelta se extendió rápidamente hacia Álava (donde se produjo, el día 5, el primer choque armado entre los rebeldes y el ejército, y donde el 7 los carlistas ocupaban Vitoria), hacia Guipúzcoa (donde San Sebastián se mantuvo como un reducto «isabelino» y la revuelta tuvo como centros Oñate, Azcoitia y Azpeitia) y la Rioja, donde Basilio Antonio García, pronunciado el 7 de octubre en Logroño, pudo poner a disposición del general Santos Ladrón hombres a caballo, provisiones y recursos.

Santos Ladrón, nacido en 1784 en Lumbier, había realizado una brillante carrera militar desde la guerra de la Independencia, casi siempre en tierras de Navarra y con una clara orientación realista. Fue de los primeros, en 1821, en sublevarse contra el régimen constitucional, luchó en 1823 al lado de los «cien mil hijos de san Luis» y acabó la campaña con el grado de mariscal de campo y como gobernador militar de Pamplona, de donde pasó más adelante a Cartagena. Incluido en la depuración de los mandos militares del año 1832, se le destinó «de cuartel» a Valladolid, de donde se apresuró a huir cuando supo que había muerto Fernando VII, para dirigirse a Logroño. Su prestigio contribuyó a que se reuniesen a su alrededor muchos jóvenes realistas; formó con ellos dos batallones y salió prematuramente a combatir contra las tropas de la reina, sin tiempo para haberlos preparado, tal vez porque pensaba que el hombre al que se tenía que enfrentar, el general Manuel Lorenzo, podía ponerse del lado de los carlistas. No fue así y en el combate de Arcos, el día 11 de octubre, «los carlistas comenzaron el tiroteo y, después de una resistencia más que regular, la mayor parte de ellos se dispersaron, y muchos fueron degollados o hechos prisioneros»; Santos Ladrón, caído debajo de su caballo muerto, y el teniente Iribarren fueron capturados y llevados aquella misma noche a la ciudadela de Pamplona. Se les aplicó la ley que condenaba a muerte a los rebeldes y fueron fusilados el 14 de octubre en la ciudadela. Su fracaso, que mostraba que era insensato combatir con voluntarios sin preparación contra un ejército profesional, era un anuncio de lo que le aguardaba a la revuelta carlista en esta primera fase.

El hombre que había de cambiar esta situación, y que transformaría la revuelta en una guerra, Tomás de Zumalacárregui, estaba entonces en Pamplona, retirado injustamente del mando e incubando su resentimiento. El mismo día en que se fusiló a Santos Ladrón se puso en contacto con los carlistas y poco después salió de la ciudad, eludiendo la vigilancia a que estaba sometido, para ponerse al frente de los combatientes de Navarra.

En tierras de Burgos se había pronunciado Merino, embarcándose una vez más en la guerrilla, a sus sesenta y cuatro años de edad, a pesar de que meses antes había reconocido la sucesión de Isabel. En enero de 1833 había acudido espontáneamente a «besar las reales manos» de la reina y a entregarle una felicitación en la que se comprometía a volver a luchar, si era necesario, para defender a «vuestra excelsa sucesora y primogénita». Pero no pudo resistir la tentación de volver al combate —premiada por el pretendiente con un nombramiento de teniente general— y se hizo cargo de un ejército de voluntarios realistas mal armados y no muy decididos, en medio de los cuales «se rodeaba siempre de una escolta de unos cuarenta hombres, despechados, capaces de cometer todas las fechorías, cosa que nunca agradó al general y que, sin embargo, tenía en ellos tanta confianza que les consultaba los graves negocios de la guerra que traía entre manos». El gobierno le temía muy especialmente, porque había conseguido reunir a muchos voluntarios y porque se creía que planeaba «dirigirse en masa entre el Duero y la cordillera que separa las Castillas, al apoyo de sus faldas, hasta la frontera de Portugal, con el fin de recibir y traer en triunfo a su caudillo que a este propósito se corrió desde Marbaón [sic, por Marvâo] por la misma frontera hacia Almeida[5]».

Otro foco de revuelta apareció en el Bajo Aragón, en el entorno de Alcañiz, protagonizado por oficiales indefinidos, buena parte de los cuales se habían visto implicados en el fracasado movimiento de Capapé, como Manuel Carnicer, un hombre que había dejado la escuela por el trabajo del campo, que se convirtió en soldado con la quinta de 1818, fue elegido para formar parte de la guardia real y participó en la intentona de la guardia de julio de 1822. Se sumó entonces a la guerrilla realista del Royo Capapé, donde llegó a teniente coronel, pero, acabada la lucha, tuvo que contentarse con el grado de teniente. Excluido del ejército en 1832, en la depuración de los guardias reales, no dudó en unirse a otros hombres que estaban en una situación parecida a la suya para formar una partida, proclamar al pretendiente y reunir sus fuerzas, más adelante, a las de los sublevados de Morella[6].

Morella se había convertido el 14 de noviembre de 1833 en el fugaz centro de una junta carlista encabezada por Rafael Ram de Viu, barón de Hervés, secundado por el coronel Carlos Victoria, gobernador militar de la plaza. Había en la ciudad dos núcleos de conspiradores muy diferentes, que se distinguían por unas denominaciones que expresan bien la diversidad social de los integrantes de la revuelta: «La primera era conocida por la tertulia del pantalón, por concurrir la clase noble y distinguida del pueblo […]; en la segunda se juntaban los más ardientes realistas, pero de menos instrucción, y por esto se la denominaba de alpargata». Los «del pantalón» discutían y planeaban, pero no se arriesgaban a iniciar el movimiento; fueron sobre todo los carlistas «de alpargata», realistas y antiguos guerrilleros de los años del trienio, los que impulsaron los planes de revuelta, en combinación con los insurrectos del Bajo Aragón, y los que acabaron forzando el pronunciamiento de las autoridades locales a favor de Carlos.

A Morella iban acudiendo realistas de las comarcas vecinas, «pero al paso que se aumentaban los voluntarios crecía la confusión y el desorden», agravados por el hecho de que los viejos combatientes de 1822 pretendían que se les reconociese la graduación que se habían otorgado entonces, lo que significa que había más jefes que soldados. En medio de este desconcierto, uno de los miembros de la junta buscaba un cabo que supiese leer y escribir correctamente, y se le ofreció un antiguo estudiante del seminario de Tortosa que, a punto de cumplir veintisiete años, había visto como el obispo Sáez se negaba a dejarle seguir la carrera eclesiástica y que, escapando de ser deportado a Barcelona, optó por unirse a los carlistas de Morella y empezar allí su carrera de guerrillero: era Ramón Cabrera.

Los combatientes aumentaban de día en día, en medio del mayor desorden, y la junta se encontraba falta de recursos, «sin poder racionar a una multitud informe que no sabía cuál era su batallón, ni reconocía jefe». La primera salida que intentaron, el 6 de diciembre, acabó en una retirada vergonzosa. En la noche del 9 al 10 de diciembre las fuerzas carlistas abandonaban Morella y perdían una tercera parte de sus miembros por el camino, a consecuencia de los muchos hombres que desertaban, «ocultándose entre los matorrales». Al día siguiente las tropas «cristinas» recuperaban la ciudad. Los rebeldes que seguían en la columna volvieron a fracasar ante Calanda y acabaron dispersándose. Carnicer se separó de ellos con su partida, mientras los dirigentes de la junta de Morella acababan fusilados: el coronel Victoria en Castellón y el barón de Hervés en Teruel. La revuelta había durado menos de un mes[7].

En Cataluña, donde la guerrilla filocarlista se puede considerar como un fenómeno permanente, se acostumbra a decir que el primer pronunciamiento posterior a la muerte de Fernando VII lo hizo José Galcerán en Prats de Lluçanès, con unos cincuenta hombres, algunos de los cuales acababan de regresar liberados de Ceuta, donde habían sido encarcelados por su participación en la revuelta de los Agraviados; pero este primer movimiento serio, seguido de otros menores en Horta y en Navarcles, fue rápidamente aplastado y se ha podido decir que «durante los años 1833 y 1834 no surgió en el Principado un movimiento carlista digno de tal nombre». Esta vez no hubo agitación en las tierras del Ebro, ya que la vigilancia del ejército impidió que se sublevase Tortosa, de donde el obispo Sáez se apresuró a huir. Los carlistas de estas comarcas optaron por unirse al movimiento de Morella, como hemos visto que hizo el joven Cabrera[8].

Mientras tanto el infante Carlos seguía en Portugal. Fue Luis Fernández de Córdova quien, como representante de España en Lisboa, le visitó en Santarem el 4 de octubre para comunicarle oficialmente la noticia de la muerte de su hermano, a la vez que le reiteraba, de parte de la regente, la orden de que se fuese a Italia, a la que Carlos respondió con una negativa y un «Ahora soy yo el rey». El pretendiente, que ya había publicado desde Abrantes un manifiesto en que decía que no ambicionaba la corona, pero que estaba obligado a reclamarla para defender «los derechos imprescriptibles de mis hijos y todos mis amados consanguíneos», llamó al día siguiente a Luis Fernández de Córdova y le dio cinco cartas, cuatro de ellas dirigidas a la familia real y una quinta para Zea Bermúdez, «mi primer secretario y del despacho», en la que le ordenaba publicar unos decretos en los que confirmaba a los ministros y a todas las autoridades, lo que lógicamente implicaba que se le aceptase como rey de España.

Al día siguiente el pretendiente pasó a Marvâo, una población en la raya de Extremadura, a poca distancia de Valencia de Alcántara, «para ponerse a la cabeza de las tropas que se habían de presentar y marchar sobre Madrid», con su «reina» cabalgando a su lado. Pero no había tropas realistas en la frontera y el general Rodil, el hombre que mandaba el ejército español al otro lado de ella, como capitán general de Extremadura, se negó a aceptar el ofrecimiento de pasarse a su bando que le hizo un enviado del pretendiente, el capitán Arroyo. Carlos estuvo once días detenido en Marvâo, esperando en vano que Rodil le proporcionase las tropas que necesitaba para marchar sobre la capital de la monarquía.

José Ramón Rodil, que tenía ahora cuarenta y cuatro años, era «muy pequeño de estatura, pero de una actividad física extraordinaria […]. Con su cara redonda, su rostro enteramente afeitado, sus pobladas cejas […], era singularmente parco en palabras». Había resistido en América defendiendo el Callao hasta comienzos de 1826, y en 1829 se encargó de crear el cuerpo de carabineros de costas y fronteras. Su papel de perseguidor del pretendiente, primero en Portugal y más adelante en Navarra, le convirtieron en un personaje odiado por los carlistas, que llegaron a quemarle en efigie.

El pretendiente se había equivocado por completo en su planteamiento. En lugar de querer marchar directamente hacia Madrid debería haber entrado en territorio español más al norte, por la línea de las actuales provincias de Salamanca y Zamora, para dirigirse a las fuentes del Ebro y hacia Burgos, e ir al País Vasco, donde estaba la mayor concentración de fuerzas sublevadas. El mando supremo en esta otra zona de la frontera estaba en manos del general Sarsfield, mucho más cercano a los ultras, en opinión del nuncio Tiberi, como parecía acreditar su pasado: en 1819 había impedido, en el Palmar, un primer intento de levantamiento de las tropas que se preparaban para pasar a América y en 1823 había luchado al lado de los franceses contra el ejército constitucional. Los carlistas intentaron más adelante convencerle para que se pasase a su bando, pero lo hicieron tarde y mal. Tampoco consiguieron movilizar a José O’Donell, que se encontraba confinado en Valladolid, tras haber sido destituido de la capitanía general de Castilla la Vieja, y que alegó su mala salud para excusarse. El «barón de los Valles» asegura que, si O’Donell hubiese aceptado, todos los jefes de Castilla la Vieja le habrían seguido, con el apoyo de 38 batallones de realistas que había en la provincia. «A esta fatal indecisión […] se debe atribuir la prolongación de la guerra[9]».

Después de haber perdido el tiempo en el intento de convencer a Rodil, el pretendiente se retiró de la frontera y pasó a establecerse en Castelo Branco, donde el obispo le cedió el palacio. Fue aquí donde el joven Fernando Fernández de Córdova, hermano del embajador, le llevó la respuesta de Zea a su manifiesto, que no sólo rechazaba su demanda de que lo proclamasen rey, sino que le advertía que, de acuerdo con las leyes vigentes —los decretos que se habían utilizado en diversas ocasiones contra los liberales, y ahora contra Santos Ladrón—, sufriría la pena de muerte sin ningún tipo de trámite ni juicio, si era capturado en territorio español. La respuesta de Carlos fue un nuevo manifiesto, firmado el 23 de octubre en Castelo Branco, en que, después de reivindicar una vez más sus derechos, proclamaba: «Llegó pues el caso de castigar severamente al actual ministerio y demás empleados que, desobedeciendo abiertamente mis mandatos, y abusando de mi indulgencia, siguen trabajando en contrario sentido, y de repeler con mano fuerte y poderosa la temeraria obstinación de cuantos dejasen de acogerse a mi clemencia[10]».

En Castelo Branco se le iban presentando «cada día mayor número de españoles, y especialmente militares, que venían a rendirle pleito homenaje ofreciéndole sus servicios», una situación que se prolongaría hasta noviembre, cuando un soldado del regimiento de provinciales de Logroño «dice que todo el regimiento se quiere pasar, pero que no pueden porque los jefes son muy malos; que cualquier día llegarán aquí cinco cabos del mismo regimiento que le dijeron que se iban a pasar». Pero Carlos tenía un problema. Mientras siguiese siendo un exiliado sin asentamiento en territorio español no podía esperar el reconocimiento de las potencias absolutistas europeas, por más que simpatizasen con él, como lo demostraría el buen número de austriacos y prusianos que acudieron más adelante a combatir en sus filas. Y sin reconocimiento no podía negociar un empréstito para hacer frente al gasto militar. La única zona del territorio español en que los carlistas habían conseguido asentarse era el País Vasco. Le urgía llegar allí, pero para eso necesitaba un mínimo de tropas que le permitiesen cruzar desde Portugal sin riesgo de ser capturado.

En noviembre de 1833 Carlos y su esposa se dirigían de nuevo a la frontera española, esta vez más al norte, a Miranda de Douro, a la altura de Zamora, seguidos a alguna distancia por la princesa de Beira, que viajaba con los hijos del pretendiente. Podemos seguir el itinerario por las cartas de la princesa de Beira en su recorrido de Castelo Branco a Guarda, a Vila Nova de Foz Côa y a Torre de Moncorvo. Allí se detenía a fines de noviembre su viaje y desde allí escribía a su hermana: «Bien creo que la afligiría viendo tan cerca de España y no poder entrar». Carlos había acudido a este lugar porque le habían dicho que se estaban reuniendo en Astorga unos mil doscientos hombres con los que podría contar. Pero la realidad era, como le diría Auget de regreso de un viaje España adentro, que Rodil estaba cerca de la frontera y se disponía a atravesarla para capturarlo. La llegada del obispo de León, a quien pocos días después Carlos nombró ministro universal de su reino fantasmal, cambió los planes e hizo que el pretendiente se dirigiese a Bragança, justo en el momento en que Rodil tomaba Miranda, entraba Portugal adentro persiguiéndolo y le hacía huir a Lamego, y más adelante hacia Viseu[11].

Carlos se encontraba en Portugal rodeado de generales y oficiales sin tropa, falto de dinero para reclutar soldados y desengañado de las promesas de quienes, como decía la princesa de Beira, «después de tanto hablar no hicieron nada». A fines de diciembre de 1833 contaba con unos ciento cincuenta oficiales y un batallón formado por unos ochocientos realistas gallegos y castellanos, sin posibilidad de reclutar más, por falta de recursos para equiparlos y darles alguna paga, por corta que fuera. Los oficiales que le acompañaban «sufrían las mayores privaciones porque nada se les daba, y llegaron hasta el extremo de verse en la necesidad de salir por las noches al campo a recoger de las huertas algunas patatas o legumbres para aplacar el hambre. Este hurto, necesario, les costaba reñidos choques con los portugueses, que se ponían en alarma desde el momento en que los españoles entraban en alguna población».

La única esperanza que le quedaba era entrar en Castilla la Vieja para contactar con las fuerzas de Merino: «Dios N. Sr. y su Madre Sma. —Escribía la de Beira— guíen a Martínez y le lleven hasta donde está Merino y que éste venga cuanto antes para que podamos entrar en España triunfantes». Carlos le pidió a Miguel que le dejase tres mil hombres para unirlos a los ochocientos de que disponía, atravesar la frontera e ir al País Vasco en una marcha rápida, pero el portugués estaba en una situación apurada y no le atendió. A estas alturas, además, el gran ejército que se había reunido alrededor de Merino se había ido deshaciendo y el viejo guerrillero acabó llegando a Portugal, no con las tropas que el infante esperaba, sino tan sólo con catorce fugitivos[12].

Desesperado ante su impotencia, Carlos aceptó la desquiciada sugerencia que le hicieron dos miembros de su entorno de que se presentase ante los hombres de Rodil, confiando en que la vista del «rey» les haría pasarse a su lado. Toda la familia se desplazó a Guarda, cerca de la raya de Salamanca, a la altura de Ciudad Rodrigo, mientras Carlos iba a la frontera, acompañado de cincuenta oficiales a caballo, para mostrarse a la vista de las primeras líneas de las tropas de Rodil. El movimiento no produjo el resultado esperado y Rodil se adelantó para capturarlo, obligando a Carlos y a los que le acompañaban a refugiarse en Almeida y, en vista de la dificultad de defenderse en aquella plaza, regresar hacia Guarda, desde donde dirigió una proclama a los soldados de Rodil en que les decía: «Escuchad la voz de la razón y de la naturaleza. Vuestro legítimo soberano os llama para que, abandonando a esos pérfidos que os aconsejan y os conducen contra compatriotas y hermanos, deis un día de gloria a vuestra patria. Cerca de vosotros me tenéis y el premio de tan noble proceder será la rebaja de todo el tiempo que os restare de servicio, concluidas las atenciones militares, y concederos con la licencia absoluta el sueldo que disfrutéis en las clases respectivas de soldado, cabo y sargento, prometiendo al que quisiera continuar en la carrera empleo inmediato o nuevas gracias. Dé fin ya el derramamiento de sangre inocente, y procuremos sólo la paz y felicidad general que tanto anhela el corazón. Palacio de Guarda, 17 de abril de 1834. Vuestro rey Carlos María Isidro de Borbón». No debía confiar mucho en el efecto que podía hacer esta proclama cuando, en lugar de quedarse «cerca de vosotros», se apresuró a huir hacia Chamusca. La familia «real» se salvó en esta ocasión por muy poco de ser capturada, pero su equipaje cayó en manos de las tropas españolas, incluyendo no sólo documentos sino también «cuanto poseían entonces S. M. y augusta familia, que por este motivo se vieron reducidos a las mayores privaciones, hasta el estremo de carecer de los objetos más indispensables, de modo que ni camisa tenían para mudarse». Según Bordas, las tropas españolas se apoderaron de «tres coches, tres carromatos, dos imprentas, una porción de correspondencia interesante [como las cartas de la princesa de Beira que hemos citado] y un inmenso equipage de la familia de D. Carlos y del obispo de León». Entre los documentos capturados había «varios papeles de las supuestas secretarías de Estado, Gracia y justicia, Guerra y Hacienda, a cargo de D. Joaquín Abarca, obispo de León: unos de letra, firma y rúbrica de D. Carlos, otros con iguales caracteres del citado obispo, y otros con la sola rúbrica de éste: decretos autógrafos de nombramientos de secretarios del despacho y de capitanes generales; copias y minutas de otros, con instrucciones dirigidas a insurreccionar las provincias, a recaudar contribuciones y a promover la deserción de las tropas, concesiones de grados en el ejército y de grandes cruces; anatemas y proscripciones de muerte y confiscación de bienes a todas las autoridades que permaneciesen fieles a la reina…»[13].

Mientras tanto las cosas iban mal dadas para los miguelistas portugueses, acorralados por los «pedristas», que contaban ahora con la ayuda de las tropas de Rodil, que colaboraban con ellos antes de que la Cuádruple Alianza les convirtiese oficialmente en aliados. Fue en estos momentos cuando Carlos le hizo una propuesta desesperada a su sobrino Miguel: que pusiese guarniciones en Santarem y Elvas, que se encerrase en aquella plaza y le dejase el resto de las fuerzas para ir hasta Sevilla, que se hallaba a unas cuarenta leguas de allí: «D. Carlos contaba con que toda la población de Andalucía se apresuraría a proclamarlo rey y a conducirle a Madrid y, luego que tomase posesión del trono, acudir al socorro de su sobrino».

Meses antes éste pudo haber sido un buen planteamiento. Rodil había avisado ya desde Zafra, el 28 de octubre, que si una pequeña fuerza portuguesa hubiese pasado a territorio español, habría podido dar la señal de un levantamiento global a favor del pretendiente. Llauder también opinaba que si Miguel hubiese puesto sus 18 000 hombres y 2000 caballos al servicio de Carlos en los momentos en que Pedro estaba asediado en Oporto, habría destrozado «el débil cordón de nuestras tropas en estado de observación» y se podría haber adentrado tranquilamente hasta Madrid. Ahora era ya demasiado tarde. Miguel dejó Santarem, con su ejército en plena desbandada, para retirarse a Evora, donde empezaron las negociaciones que llevaron a la firma de la convención de Evora Monte, el 27 de mayo de 1834. Un acuerdo que ponía fin a la guerra civil, obligaba a Miguel a alejarse definitivamente de la Península y le concedía una considerable pensión anual[14].

Lo más descorazonador para los españoles fue que los ingleses, lejos de permitir que sus tropas capturasen al pretendiente, aceptaron dejarle marchar. Influyó en ello, en parte, la negligencia del gobierno español, que en esos momentos no tenía representante diplomático en Portugal. El caso es que el primero de junio de 1834 Carlos se embarcó en el Donegal camino de Inglaterra con su familia, el obispo de León, y todo un ejército de criados, jardineros, cocineros, etc. Otros dos barcos llevaron a 300 combatientes carlistas, sobre todo oficiales, con más de ochenta criados de la real casa, mientras que unos 600 soldados quedaron internados en Portugal en durísimas condiciones. Un militar inglés que había participado en la guerra diría: «El 24 de mayo entramos en Estremoz, y el 26 se declaró acabada la guerra; pero a los dos jefes, don Miguel y don Carlos, se les permitió que se retirasen tranquilamente para que pudiesen volver a perturbar el mundo otra vez cuando se lo propusiesen». En el caso de Carlos, que sería responsable de una larga guerra civil con muchos muertos, esto era bien cierto. Lo que habían hecho los ingleses era dejar que Carlos y los militares que le acompañaban pudiesen acabar marchando hacia el País Vasco para continuar la guerra[15].

Entre tanto el gobierno de la reina se enfrentaba con muy poco acierto al desafío carlista, dispersando unas tropas insuficientes, sin llegar a definir con claridad los objetivos de la campaña. A la muerte del rey las tropas realmente disponibles sumaban poco más de 45 000 hombres efectivos, que debían hacer frente a la revuelta de unos 40 000 realistas en puntos muy diversos del país. Al mismo tiempo debían vigilar la frontera portuguesa, para impedir la entrada de Carlos. Así se explica que Sarsfield, que había sido enviado al norte en mayo de 1833 como capitán general y virrey de Navarra, y que estaba consiguiendo resultados bastante efectivos en aquel frente, hubiese de abandonar esta actividad cuando, en octubre, le encargaron que tomase medidas para controlar la frontera portuguesa, «sobre la cual se halla actualmente el infante don Carlos, escitando la guerra civil». A pesar de esto, las tropas del gobierno consiguieron recuperar las plazas que inicialmente habían dominado los carlistas: Logroño, Vitoria y Bilbao. Así «la fuerza enemiga, que no bajaba en unos y otros puntos de aquellas provincias de 15 000 hombres, se vio obligada a refugiarse a las montañas; donde lleva consigo la ventaja de pertenecer gran parte de ella a los realistas». Como hemos dicho ya, el ejército que se había reunido en torno a Merino —que, según Zarco del Valle, habría llegado a contar con más de 30 000 hombres— se había deshecho en medio del desánimo y de las deserciones. Cuando Gregorio González Arranz, el alcalde de Roa que había ido a luchar al lado de Merino, volvía a su pueblo, para acogerse al indulto que el gobierno había ofrecido a los que abandonasen las armas, un molinero amigo suyo le explicaba que «el pueblo está muy cambiado; hay una persecución muy grande y mucho odio contra los realistas […]; los liberales y los hijos de los que estuvieron presos en los años 1823 y [18]24 han recogido todas las armas de los realistas y se han alistado como guardias urbanos y nacionales». Los perseguidores de 1824 se convertían en los perseguidos de 1834.

En diciembre de 1833 la causa carlista parecía vencida, tanto en el norte como en Cataluña o en Morella. Pero esta derrota era engañosa. Seguían en pie las estructuras organizativas que los ultras habían creado en los diez años anteriores. Refiriéndose a Cataluña, Llauder decía en un comunicado que había una infraestructura eclesiástica organizada: «Las órdenes que salen del seno de la facción se transmiten, por lo que toca a los pueblos foráneos, al monasterio de benitos de san Feliu de Guíxols, en donde está la caja principal; de aquí pasan a los curas de los pueblos que con el nombre de “cabezas de conferencia” les están agregados, y éstos las comunican a otros eclesiásticos subalternos que también tienen sus agregados para la circulación; las cabezas de conferencia se reúnen para sus deliberaciones, no teniendo fijo el sitio, con cuyo sistema todo se hace a la vez y es imposible la interceptación de documentos». Muchos combatientes carlistas, que se habían retirado a sus pueblos o cruzado la frontera francesa después de las primeras derrotas, estaban a punto para cuando se les volviese a convocar. Lo que les faltaba eran armas, dinero, organización y, sobre todo, jefes militares que les dirigiesen de manera adecuada.

En aquellos momentos en que «los facciosos se hallaban más acobardados, llenos de apuros, faltos de armas y vestuario, escasos de esperanzas y casi tocando a su término, un hombre solo reanimó su valor […]; un hombre solo que con una boina y unas alpargatas llegó a unirse a los sublevados». Tomás de Zumalacárregui era en estos momentos un hombre de cuarenta y cinco años, que aportó a la causa del pretendiente disciplina y unos conocimiento militares superiores y acertó a transformar unas partidas de voluntarios en un ejército organizado. En menos de un año el cambio sería bien visible. Como decía el conde de las Navas en las cortes del Estatuto, el 2 de octubre de 1834: «A mediados de noviembre de 1833 en que la facción empezó a nacer […] no era más que una horda de desdichados. […] Hoy tiene batallones, y no pocos, tiene organización militar, ha conseguido victorias[16]».

Mientras tanto Zea había seguido con su inútil política de atracción de unos ultras que habían escogido ya el camino de la guerra civil y limitaba toda su actividad de reforma al nombramiento de Javier de Burgos como ministro de Fomento, en sustitución de Ofalia, al cual hizo dimitir con el argumento de que el cargo de ministro era incompatible con el de secretario del consejo de Gobierno que también tenía. Burgos, viejo afrancesado y hombre de confianza de Fernando VII en las turbias negociaciones financieras en Francia, no podía aportar demasiados cambios en el terreno político, ya que, como él mismo nos dice, «creía […] que los pueblos que, durante siglos, han vivido en las fangosas regiones del despotismo, no pueden sin riesgo respirar de repente el aura pura de la libertad» y que «sólo bajo la influencia de un régimen absoluto, ilustrado y paternal podían por entonces desarrollarse los elementos para mejorarlo y cambiarlo progresivamente, sin convulsiones ni trastornos».

Su idea era que había que «interesar a las masas, escitar su reconocimiento con beneficios materiales e inmediatos, e identificarlas con el gobierno». El método con el que quería conseguirlo era el de publicar «un gran número de decretos dando nueva forma a la administración del país, corrigiendo abusos, […] tomando, en fin, las medidas conducentes para hacer cesar, en cuanto posible fuese, todos los males del país, incluso el cólera morbo, que estaba a la sazón haciendo estragos en varias provincias de España».

Según él, todo esto produjo unos efectos magníficos: «Los pueblos veían esta marcha del gobierno con un entusiasmo unánime. La Gaceta de Madrid, llena todos los días de disposiciones benéficas, era, por dondequiera, esperada con impaciencia y devorada con ansia». Sólo los liberales lo miraban con indiferencia[17].

Cuesta entender que una persona medianamente inteligente pudiese creer que la simple publicación de todo este papeleo administrativo, que de momento no modificaba en absoluto la realidad de las cosas, tuviese efectos tan trascendentales en un país que, desde el reinado de Carlos III en adelante, estaba acostumbrado a leer reales órdenes y decretos que prometían cambiar el mundo y lo dejaban todo igual que antes. Por lo que se refiere al entusiasmo de los «pueblos», no se consigue verlo por ningún lado. Y la situación financiera del gobierno, cuya mejora era una condición necesaria de cualquier programa reformista, no sólo seguía siendo desastrosa, sino que las actas del consejo de ministros muestran con toda evidencia que el gobierno Zea-Burgos no tenía ninguna idea ni proyecto para resolverla.

El 29 de diciembre el superintendente interino de hacienda preveía que el déficit del año sería de 200 millones y declaraba «que del arqueo del tesoro verificado el día 18 resultaba una existencia de solos 97 000 reales, de los cuales estaban librados 60 000, apareciendo por tanto reducido el total de existencias del erario a 37 000 reales». Unas disponibilidades de 37 000 reales que reflejaban la realidad de un país con unos dirigentes tan alejados de la realidad como lo muestra que Zea se negase a considerar la propuesta del consejo de Gobierno de iniciar negociaciones para reconocer a los estados formados en las antiguas colonias americanas independizadas, con el argumento de que «nunca había estado más cerca la posibilidad de recobrar nuestras antiguas posesiones[18]».

El primer golpe les vino a esta gente de muy cerca. El 15 de noviembre de 1833 el marqués de Miraflores enviaba a la reina gobernadora una carta «que corrió por la España, si bien enteramente contra mi voluntad», según el marqués, y que el consejo de ministros condenó como «un escrito […] en el cual se hacen increpaciones virulentas y se vierten expresiones desacatadas y ofensivas contra el gobierno de S. M.». Miraflores denunciaba los muchos errores del gobierno: su actitud tolerante ante «treinta mil voluntarios realistas armados en contra de vuestra causa, y que no hace dos meses se les llamaba apoyo del trono, y a los partidarios de V. M., revolucionarios», la marginación en que Zea tenía al consejo de Gobierno instituido por Fernando VII, su incapacidad para hacer frente a la amenaza carlista. —«¿No es un hecho triste y vergonzoso que en tres provincias esté casi en completa quietud establecido el gobierno de Carlos V, y que en otros puntos tremolen sus banderas facciosos armados a su nombre?»—, que hubiese intentado destituir a los capitanes generales a los que acusaba de innovadores y que resultaban ser los que con mejor acierto luchaban contra la revuelta, para acabar afirmando que «existe un desacuerdo absoluto y una escisión completa entre los capitanes generales y el ministerio, con la cual no es posible gobernar bien» y advirtiendo a la reina sobre «el estado de exaltación en que se halla la opinión pública, por más que se diga que no existe».

Burgos se encargó más delante de dar la culpa de los enfrentamientos internos al consejo de Gobierno, haciendo un repaso demoledor de sus miembros: Amarillas, que según él manejaba a todos los demás, era un ambicioso sin escrúpulos; el marqués de Santa Cruz y el duque de Medinaceli, unos ignorantes; Castaños tenía «limitados alcances y […] escasa instrucción», Puig era un hombre de ochenta años que estaba resentido con Zea, etc. Burgos, tan sagaz en descubrir los defectos ajenos, no sabía ver, en cambio, la nulidad de Zea y su propia incapacidad[19].

El golpe siguiente lo darían dos capitanes generales, el de Castilla la Vieja, Quesada, y el de Cataluña, Llauder, «ambos conocidos por su dura antipatía a la libertad y por el vigor e incansable celo con que habían contribuido al triunfo del absolutismo en 1823 y a sostenerlo después». Llauder fue el primero que, el 24 de diciembre de 1833, envió a la reina una exposición en que, después de criticar a Zea, pedía a la regente «elegir un ministerio que inspire confianza, y al mismo tiempo decretar la más pronta reunión de cortes con arreglo a nuestras leyes». Se podía decir lo que se quisiera del pasado de Llauder, pero ahora estaba viviendo directamente los problemas del país, a diferencia de lo que les ocurría a Zea o a Burgos, y había demostrado que sabía cómo hacerles frente con el armamento de la milicia urbana, que le permitía controlar los intentos locales de los carlistas, y con la creación de los «tiradores de Isabel II», «cuerpos de hijos del país bajo la disciplina militar», que complementaban las escasas tropas con que contaba[20].

Pocos días más tarde, el primero de enero de 1834, era Quesada, un personaje de clara significación realista, cubano y miembro de la «sacarocracia» (la aristocracia de los propietarios de plantaciones e ingenios), quien escribía a la reina para agradecerle el título nobiliario que le había concedido, y atacaba de paso a Zea y su política. Las actas del consejo de ministros interpretan así el texto de Quesada: «Representa entre otras cosas contra el sistema que sigue actualmente el gobierno e insiste en la necesidad que hay de una representación nacional y de adoptar otras medidas contra los abusos de poder». Los ministros deliberaron largamente sobre este texto, que parece haberles producido una irritación muy especial, y prepararon una minuta de Real orden que hablaba de «contener la tendencia a la revolución que se descubre en algunos españoles, que por los beneficios con que los ha colmado S. M. [el subrayado está en el original] debieran dar el egemplo de la sumisión», y argumentaban que la regente, que era una simple depositaria de la soberanía en nombre de su hija, no podía hacer cambios como los que se le estaban pidiendo, y que, si los hiciera, la gente de orden se pasaría a los carlistas, ya que «el común de los españoles […] se estremecen a la idea de innovaciones».

Antes de llevar este texto a la firma de la regente los ministros enviaron la protesta de Quesada al consejo de Gobierno, esperando implicarlo en la sanción, pero los consejeros respondieron, el 17 de enero, que Quesada no había cometido ninguna falta, sino que se había limitado a expresar francamente su opinión como particular, y que lo que había que hacer era responderle que la reina estaba enterada de sus opiniones, que se reservaba tomar las medidas oportunas «de acuerdo con el consejo de Gobierno y el de los señores ministros» y que no sólo no aceptaba la dimisión que Quesada ofrecía en su exposición, sino que «al contrario, cuenta con su acrisolada lealtad[21]».

De paso, el consejo de Gobierno aprovechó el incidente para plantear a la regente la conveniencia de prescindir de Zea, «siendo su caída —dirá Alcalá Galiano— más que la de un hombre, la del sistema apellidado monárquico puro». Cristina consultó el reemplazo del jefe de gobierno con los ministros Burgos y Zarco del Valle y, finalmente, se decidió a nombrar a Martínez de la Rosa, político camaleónico y escritor romántico, que accedía al poder con el imposible objetivo de poner en marcha alguna forma de representación «nacional» que legitimase el régimen, «pero sin tratar lo más mínimo de variación de formas de gobierno». De paso se enviaba a Miraflores a Londres como plenipotenciario —«no se si para emplearme […]», dice él, o «para alejarme del teatro de los negocios interiores»—, donde el 22 de abril firmaría el tratado de la Cuádruple Alianza entre Gran Bretaña, Francia, España y Portugal[22].

La primera y esencial tarea del nuevo gobierno consistió en diseñar el nuevo marco de legalidad política, en una solución ideada por Martínez de la Rosa, por el ministro de Gracia y justicia, Garelly, y por Burgos, que seguía en el ministerio de Fomento en el nuevo gobierno. El resultado fue la invención de lo que Fermín Caballero calificaba como «la utopía más atrevida que los mortales vieron»: el Estatuto real, que no era ni una constitución, ni una carta otorgada ni nada que se le pareciese, sino unas reglas para la convocatoria de unas cortes que se hacía «con arreglo a lo que previenen la ley 5.ª, título 15.º, partida 2.ª y las leyes 1.ª y 2.ª, título 7.º, libro 6.º de la Nueva Recopilación», y que la regente publicaba con el propósito de «restablecer en su fuerza y vigor las leyes fundamentales de la monarquía». Si se recuerdan las dificultades que Fernando VII tuvo para organizar unas cortes meramente ceremoniales en 1833, es evidente que la pretensión de ampararse para fines más ambiciosos en la legislación tradicional era una fantasía.

Para justificar esta invocación del pasado, Martínez de la Rosa sostenía que el Estatuto se basaba en tres «principios vitales de todo gobierno representativo, consignados durante muchos siglos en la antigua legislación española: la intervención de las cortes en la imposición de contribuciones; la necesidad de la concurrencia de las cortes para establecer leyes, y para decidir los casos arduos, graves». Y que los males de la monarquía derivaban precisamente del hecho de que se hubiesen suprimido las viejas leyes saludables, como había ocurrido cuando «en la última edición de la Novísima Recopilación se arrancaron por manos pérfidas las dos leyes más ventajosas para la felicidad de esta nación […], relativas a no poderse imponer contribuciones sin la intervención de las cortes y a reunir éstas en casos arduos y graves». Parecía olvidar que ninguna de estas dos normas se cumplía desde mucho antes de la compilación de la Novísima.

Las cortes que ahora iban a reunirse no eran en realidad ni viejas ni nuevas, sino un híbrido insustancial. Constaban de dos cámaras, la de los «próceres» y la de los «procuradores». En la de los «próceres» figuraban, como representantes natos y hereditarios, los grandes de España, mientras que sus otros miembros —arzobispos, obispos y notables— serían vitalicios y elegidos por el rey. Los procuradores debían tener una renta propia anual de 12 000 reales y eran escogidos en una elección indirecta. En cada cabeza de partido se reunían los miembros del Ayuntamiento y un número igual de los mayores contribuyentes de la misma población que pudiesen acreditar una renta mínima de 6000 reales, los cuales escogían dos electores que irían a la capital de la provincia para, con los de los otros partidos judiciales, elegir a los representantes de la provincia al estamento de procuradores. En una población de unos 12 millones de habitantes los votantes no pasaban de 160 000. En el partido de Valencia, por ejemplo, había 32 electores, de los cuales 19 eran terratenientes, 3 militares, 4 abogados, 2 comerciantes y 4 figuraban como representantes de los ayuntamientos.

De acuerdo con el Estatuto el rey podía convocar y disolver las cortes cuando quisiera (una vez disueltas cesaba el mandato de los procuradores), pero había de convocar otras antes de un año. Las facultades de las cortes se reducían a votar los impuestos y a discutir las cuestiones que el rey les propusiera, lo que les daba una función meramente consultiva. Podían hacer propuestas de ley, pero éstas, que debían ser aprobadas por los dos estamentos, sólo tendrían validez si obtenían la sanción real, que no tenía ningún tipo de límites ni restricciones (a diferencia de lo que ocurría en la constitución de Cádiz).

Martínez de la Rosa añadió una escenografía de medievalismo romántico, destinada a reforzar la idea de continuidad con una tradición parlamentaria castellana que hacía tres siglos que estaba muerta, lo que incluía unos ridículos uniformes de gala para los «próceres», que Larra aseguraba que se parecían a los del rey de espadas de la baraja española y que la ley define cuidadosamente: «Manto ducal de terciopelo azul turquí con mangas anchas, como lo usaron los ricos homes de Castilla y de Aragón en los siglos XIV y XV, forrado de armiño con la epitoga también de armiño, el cual arrastrará algo por detrás; por encima de la epitoga adornará el cuello del prócer una gola, más subida por detrás que por delante. Bajo el manto llevará una túnica de glacé o tisú de oro, que bajará hasta cubrir la rodilla, y cuyas mangas ajustarán en el puño y estarán adornadas en este sitio por una guarnición estrecha de encaje; medias de seda blanca y zapatos de terciopelo azul con un lacito de cinta o galón de oro. En la cabeza llevará el gorro ducal, también de terciopelo azul, con vuelta de tisú de oro, y debajo del manto, la espada, pendiente de un cinturón de la misma tela que la túnica». Es evidente que a Martínez de la Rosa, que estrenaba en una misma semana el Estatuto real y el drama romántico La conjuración de Venecia, le importaban más la escenografía y el vestuario que el contenido[23].

De mayor trascendencia a largo plazo que esta «restauración» de las cortes serían los seis decretos de 24 de marzo de 1834, atribuidos a Garelly, que implicaban una reorganización general de la administración y anunciaban la transición a las formas organizativas del estado liberal, con la supresión de los consejos tradicionales y la creación del tribunal supremo y de un consejo Real como órgano consultivo técnico. Pero medidas como estas, que anticipaban caminos de futuro, no habían de tener ningún efecto inmediato en aquellos momentos difíciles y confusos[24].

Porque los momentos eran harto difíciles, y no se veía que el gobierno tuviese capacidad de hacerles frente. Se estaba en plena guerra carlista, con las partidas amenazando de nuevo el país, y mientras en las ciudades se volvía a formar espontáneamente la vieja milicia nacional para actuar en las situaciones de emergencia, el gobierno ponía inconvenientes: le cambiaba el nombre, se llamaría «milicia urbana» y no «nacional», sólo podría haberla en las poblaciones de más de 700 vecinos y en éstas los «urbanos» no podían pasar del 1 por 100 de los habitantes. Los candidatos debían tener «casa abierta en el pueblo» y poseer unos bienes de fortuna que implicasen pagar «al menos 100 reales al año de contribución directa». Si se presentaba más del 1 por 100, se debía escoger a «los mayores contribuyentes», pero si no se llegaba al número previsto en cada población, «no por eso se completará con individuos que no tengan las calidades prescritas». De acuerdo con estas reglas no podía haber más de 42 000 milicianos en España. La medida provocó tanta indignación que hubo que acabar dejando la cuestión en manos de los capitanes generales. En el reglamento de la «Fuerza cívica» de Barcelona, creada por el Ayuntamiento de la ciudad con la aprobación del capitán general, se pedía simplemente que los candidatos tuviesen bienes u oficio, pero no se fijaban niveles de riqueza ni se daba preferencia a los «mayores contribuyentes».

El resultado fue que las milicias, en cualquiera de sus denominaciones, llegaron a contar en toda España con 475 000 hombres, más de diez veces los que habría querido el gobierno, aunque sólo una tercera parte estuviesen armados; pero también dio lugar al hecho de que al lado de la milicia «urbana», más sedentaria, hubiese otra móvil, nutrida de las formaciones que no ponían exigencias de renta, que sería la que se utilizase para que se jugase la vida saliendo al campo a luchar contra los carlistas. Al fin y al cabo, como diría Alcalá Galiano con la cínica lucidez que le era habitual: «Necesitándose contener a los carlistas insolentes y amenazadores, se abrió la mano a recibir gente de las mismas calidades del opuesto bando para contrarrestar y enfrentar a temibles y parecidos enemigos[25]».

La situación se vio agravada todavía por la violenta reaparición del cólera en el verano de 1834 y por las reacciones que la epidemia provocó en Madrid. A fines de junio se daban los primeros casos en la capital, el gobierno se esforzaba por ocultarlos —Larra escribía «según los estados sanitarios que ahora nos da la Gaceta médica, resulta que sin haber habido cólera en Madrid, […] han muerto en él unas cuatro mil personas y pico, sin que se pueda saber cuál es el pico»— y los ministros huían hacia La Granja, mientras empezaba a correr el rumor de que la causa de la epidemia era que las fuentes habían sido envenenadas por mendigos y prostitutas. Este tipo de interpretaciones, favorecidas por la especial incidencia de la enfermedad en las capas populares, era habitual en estos tiempos en que el origen de la enfermedad era desconocido. En Manila la epidemia se atribuyó en 1827 a los frailes; en París en 1831, también a los frailes, y en 1833, a los taberneros; en Puebla de los Ángeles, México, se culpó a los fabricantes extranjeros y en muchos lugares se atribuía a los propios médicos, «utilizados por los ricos con el fin de disminuir la amenaza de los pobres» contagiándoles la enfermedad.

En Madrid el 15 de julio «tomó la epidemia un vuelo terrible, muriendo los enfermos a centenares»; el médico de Mesonero Romanos, que hasta aquel momento se negaba a aceptar que hubiese epidemia, acudió muy asustado a explicarle que «en aquel mismo día se calculaban hasta el número de mil y quinientos los atacados». Se empezó a decir que el envenenamiento de las fuentes era obra de mozos al servicio de los frailes y la multitud pasó a atacar los conventos los días 17 y 18 de julio, en una actuación en que participaron miembros de la milicia urbana y de la guardia real. El capitán general no pareció, al menos en los primeros momentos, demasiado preocupado por impedir los asaltos, que causaron la muerte de setenta y tres frailes[26].

Por si fuera poco, llegaban noticias de que el pretendiente, el infante Carlos, estaba ya en Navarra, al frente de su ejército, y la policía desmontaba un intento de conspiración liberal, la de la «Isabelina», en que aparecían complicados, entre otros, Aviraneta, Espronceda y el general Palafox. No convenía, sin embargo, que se aplazara el inicio de las sesiones de cortes, de modo que, apenas restablecido el orden, se procedió a su inauguración, el día 24 de julio, con la presencia de María Cristina, que venía de La Granja a sufrir el calor y los peligros del cólera, con el añadido de que iba fuertemente fajada para disimular que estaba embarazada de cinco meses del primer hijo de su matrimonio secreto con Fernando Muñoz.

La regente venía «a prestar el juramento prevenido por las leyes fundamentales de la monarquía», con la pretensión de que lo que se estaba haciendo era restablecer «las antiguas instituciones de estos reinos», y a pasar, a la vez, revista a una situación más bien negra, con el cólera, la matanza de frailes, la revuelta del infante Carlos —«que aun en vida de su rey, de su hermano, empezó a dar muestras de sus ambiciosos designios» y que, una vez muerto Fernando, «ha intentado por medio de la guerra civil arrebatar el cetro a su legítima heredera»—, la intervención en Portugal y, como único rasgo positivo, la Cuádruple Alianza, para acabar reconociendo que «el cuadro que presenta la situación interior del reino está lejos de ser tan halagüeño como vuestro patriotismo deseara», como consecuencia del «estado de sublevación de unas provincias, el desasosiego de otras, la escasez del erario, la plaga que está asolando a gran parte del reino».

El primero de agosto de 1834, en el borrador de su contestación al discurso de la corona, un texto que al final suavizaron, los procuradores pintaban con estas palabras la situación del país al final del reinado de Fernando VII y de la segunda restauración española: «“El cuadro que presenta la situación interior del reino”, nos ha dicho V. M., “está lejos de ser tan halagüeño como vuestro patriotismo deseara”. El estamento añadirá que sin duda es más triste todavía de lo que V. M. ha podido creer. Muchos años de un sistema atrabiliario, de una legislación errónea, de una administración ciega y de una reacción formidable contra los principios reconocidos como axiomas en toda buena organización social, nos han traído por una progresión descendente a un notable estado de depresión y de miseria[27]».

La descripción era correcta, pero el diagnóstico que la acompañaba era demasiado simplista. Lo que muy pronto quedaría claro era que si el inmovilismo de Zea había resultado nefasto, las tímidas reformas del sistema del Estatuto no bastarían para resolver unos problemas que eran mucho más graves de lo que pensaban los procuradores, porque no se trataba simplemente de poner remedio a diez años de una política equivocada, sino de enfrentarse a unas debilidades estructurales del propio sistema que venían de muy lejos y que en vano habían intentado reformar los liberales de 1812 o de 1820.

El gobierno de Martínez de la Rosa, cegado por el miedo, había optado por una simulación de liberalismo que pretendía legitimarse con una tradición inventada, ignorando que los problemas actuales eran muy distintos a los de la sociedad feudal de los siglos XIV o XV que se quería evocar con el vestuario de los «próceres». Pero la sociedad española no podía seguir inmóvil en medio de los estragos de una guerra civil, más social que dinástica, sin atender a las aspiraciones de progreso de una parte considerable de ella. El resultado final sería una revolución liberal de corto alcance, incapaz de vencer las taras originales, que marcó con sus insuficiencias el futuro del país.

Cada vez que se planteasen a la sociedad española el tipo de proyectos de cambio en profundidad que se necesitaban para resolver los problemas de mayor alcance, el vértigo que les producía a las clases dominantes la perspectiva de avanzar el reloj para ponerlo a la hora del tiempo que regía en el mundo de su entorno les llevaría a claudicar. La historia de la España contemporánea es la de una sucesión de revoluciones frustradas —en 1843, en 1854, en 1868 o en 1931—, seguidas de otras tantas restauraciones triunfantes —en 1844, en 1856, en 1874 o en 1936—, que condenaron al país a pagar las consecuencias del tiempo perdido por sus políticos.

Conclusión
HACIA EL NUEVO RÉGIMEN

Hemos partido del marco general de la Restauración europea —de los esfuerzos realizados para consolidar un orden social estable que evitase el retorno de la Revolución— y hemos visto las dificultades que han encontrado en España los partidarios de aplicar esta línea, incluso en su versión más moderada. En la perspectiva de los años de 1823 a 1834 la sociedad española se nos ha mostrado dividida fundamentalmente entre ultras y moderados y la historia que hemos explicado en estas páginas ha sido sobre todo la de sus enfrentamientos.

El esfuerzo de los ultras se dirigía a aislar España de Europa, con la esperanza de que de este modo pudieran mantenerla también al margen de la evolución de los tiempos, pero no todo se podía detener con la vigilancia de los voluntarios realistas y la intransigencia de la censura. Había cosas que quedaban fuera de su alcance: efectos de las transformaciones que se estaban desarrollando en la economía y en la sociedad europeas que no se detenían en las fronteras y que debían acabar produciendo aquí, a la larga, los mismos efectos de dislocación social que en el resto del mundo. Los ultras que velaban desde el consejo de Estado por impedir que se introdujesen ideas innovadoras, no podían evitar que los efectos de la crisis agraria agravasen la erosión de las viejas relaciones sociales en el campo: los métodos que estaban acostumbrados a utilizar ante los ciclos naturales de las cosechas —las rogativas al cielo y la caridad pública— no les iban a servir de nada frente a un nuevo tipo de conflictos. Ni entendían que las máquinas aplicadas en la industria podían resultar más destructivas para el mundo tradicional que los libros de Rousseau o de Voltaire. El resultado fue que la sociedad comenzó a cambiar, pese a sus esfuerzos: nadie hubiera podido imaginar en los días de la muerte de Fernando VII que en los años siguientes se verían en España matanzas de frailes e incendios de conventos.

La visión de la historia de esta época que ha acabado dominando es, en grandes líneas, la de los vencedores que construyeron el Nuevo régimen en sustitución del Antiguo que había quebrado: la historia escrita por una burguesía triunfante que se pretendía, además, «liberadora» y que fabricó el mito de la «revolución burguesa», identificada con las fuerzas del progreso y la racionalidad, como legitimación que disfrazaba el carácter esencialmente conservador y contrarrevolucionario —en términos de la herencia de 1789— de su proyecto.

La historia de la «década ominosa» debía reducirse, en esta mitificación que lo reduce todo al enfrentamiento entre absolutistas y liberales, a la de una «época de horror y de ignominia para la nación»: la última etapa de resistencia de las fuerzas del viejo orden antes del triunfo definitivo de la revolución liberal. Pero las cosas, como hemos visto, fueron bastante más complejas. Sólo Alcalá Galiano fue capaz en su tiempo de entenderlo y de analizar con lucidez las dos restauraciones españolas, señalando sus diferencias: «El reinado de Fernando VII desde 1814 a 1820 había querido ser una restauración cabal, y no logró lo que se prometía por ser empresa imposible. De diverso modo se emprendió a fines de 1823 la misma obra y no con mejor suceso, siendo […] la segunda restauración en gran parte continuar la revolución vencida, así en lo que ella copiaba, como en lo que iba preparando para lo venidero». Esta habría sido la tarea esencial de los moderados de estos años, que no consiguieron del todo lo que se proponían, pero impidieron que los ultras sacasen definitivamente al país «de en medio del tiempo[1]».

La «revolución» que siguió a la muerte de Fernando VII no cambió mucho las cosas: la España liberal que empezaba de nuevo en 1836, después de una transición de dos años de ambigüedad, instaló una monarquía con unas constituciones que no se cumplían y con nula participación política de las clases subalternas. Lo que se explica por el hecho de que el proyecto de los liberales, en España como en el resto de Europa, no tenía nada que ver con la democracia. Si las diferencias entre los hombres se habían establecido en el viejo régimen por su calificación estamental, ahora lo harían en función de la propiedad. Como dijo un procurador en las cortes del Estatuto real: «En el día la sociedad de Europa, en todas partes, se divide en dos grandes grupos: el de ricos o propietarios, hacendados y demás gente acomodada, y el de pobres o proletarios». Y la participación en la política correspondía sólo al primero de estos grupos. En la discusión de la constitución española de 1837, un patriarca del liberalismo de Cádiz como Argüelles, dijo: «Todo vecino que en España va, por ejemplo, a la guerra, hace el servicio de las armas, contribuye directa o indirectamente con el fruto de su trabajo, con el sudor de sus rostro ¿cree […] nadie que esto sea un título suficiente para que se le entregue el uso de un derecho como éste [el de votar]? Estoy seguro que no». La sociedad liberal se dividiría, como dijo Jaumeandreu, en «ciudadanos» y «habitantes»: los unos tenían los derechos políticos y civiles; los otros, sólo los civiles[2].

A que entre nosotros se haya mantenido hasta hoy la simplista interpretación tradicional ha contribuido el hecho de que se conservasen vivas las interpretaciones retrógradas de los apostólicos, defendidas por unos ultras, los de hoy, que comparten el horror por el liberalismo que llevó al general Franco a condenar en bloque el siglo XIX, «que nosotros hubiéramos querido borrar de nuestra historia», superando largamente en este terreno a Fernando VII, que sólo quiso borrar «los tres mal llamados años» del constitucionalismo. Unos ultras que en ocasiones se ven obligados a situarse fuera, no sólo del discurso de la modernidad, sino del de la racionalidad misma, inventando una especie de contrahistoria capaz de caracterizar los años de la segunda restauración diciendo que «hubo paz, orden, un resurgir económico y un aumento del índice demográfico en verdad sorprendentes. Hasta tienen aquellos años, cuajados de bailes, de corridas de toros, de funciones de ópera, una cierta amabilidad de matices, como no se recordaba tal vez desde la época goyesca». Afirmaciones delirantes, si pensamos que, por poner un solo ejemplo, no hay cifras demográficas fiables para unos años que han empezado con el exilio de los liberales, y con un aumento considerable de las muertes violentas, y han acabado con una epidemia de cólera[3].

La burguesía europea, uno de los agentes principales de la mutación de las reglas del juego social que permitieron consolidar el «nuevo régimen», tuvo el acierto de presentar su contrarrevolución como si fuese una continuación prudente y juiciosa de los cambios iniciados en 1789, una «revolución burguesa», cuando la realidad era que, desde el momento mismo en que habían conseguido las primeras victorias contra el Antiguo régimen y habían ganado las libertades que necesitaban —y, sobre todo, la del comercio que, una vez proclamada por la Revolución, no volverá a ser discutida—, estos burgueses se descubrieron conservadores y empezaron a pedirle al estado control social y protección contra sus trabajadores. Habían conseguido las condiciones que convenían a sus actividades económicas y, a la vez, el derecho de participación en la política como electores y elegibles, que hará de ellos la fuerza social dominante, ya que la ciudadanía «censitaria», definida por la posesión de propiedad, les daba la mayoría y ponía el estado en sus manos[4].

No era lógico esperar que estos hombres, que asumían por su cuenta la representación colectiva del tercer estado, adoptasen posturas revolucionarias. La visión que los convierte en protagonistas de la lucha por la libertad y el progreso —héroes de una primera etapa de liberación necesaria para conseguir más adelante objetivos más ambiciosos— es una falacia que han inventado ellos mismos. Como Guizot, jefe del gobierno francés e historiador, que escribía en sus memorias: «Soy de aquellos a quienes el impulso de 1789 ha elevado y que no aceptarán volver a descender. […] Nacido burgués y protestante, estoy profundamente dedicado a la libertad de conciencia, a la igualdad ante la ley y a todas estas grandes conquistas de nuestro orden social». La revolución de 1848 mostraría claramente cuán limitadas eran estas «grandes conquistas[5]».

Haber conseguido que se creyese que sus «revoluciones» eran de la misma naturaleza que la francesa de fines del siglo XVIII, reciclando sus símbolos y su retórica, fue uno de los engaños en los que se fundamentó el nuevo orden social. De hecho, uno de los grandes dramas del movimiento obrero en el siglo XIX fue el de creer en la vocación revolucionaria de la burguesía. Lo dijo un hombre de tanta lucidez como Walter Benjamin: «La ilusión según la cual la tarea de la revolución proletaria sería la de acabar la obra de 1789, en estrecha colaboración con la burguesía […], ha dominado la época que va de 1831 a 1871, de la insurrección de Lyon a la Commune. La burguesía no ha compartido nunca este error. Su lucha contra los derechos sociales empieza desde la revolución del 89 y coincide con el movimiento filantrópico que la oculta […]. Al lado de esta posición encubierta de la filantropía, la burguesía ha asumido siempre la posición franca de la lucha de clases. Desde 1831 reconoce en el Journal des débats: “Todo manufacturero vive en su manufactura como los propietarios de plantación entre sus esclavos[6]”».

Es necesario que superemos los tópicos establecidos y nos esforcemos en entender el mundo que surgió de estos conflictos como el resultado de unas actuaciones y unas circunstancias concretas, y no como un futuro necesariamente contenido en el pasado, como el resultado inevitable de un progreso definido en términos del orden establecido del presente. Pero para esto será necesario examinarlo también desde la óptica de los que no querían ni la conservación del viejo régimen ni la forma en que se estaba construyendo el nuevo: la de los sectores populares campesinos y urbanos que aspiraban a una sociedad más igualitaria y más democrática. El suyo era un proyecto tal vez difícil de definir, porque no tenían «teóricos» que lo racionalizasen —que hiciesen la función que cumplían los curas en el Antiguo régimen y que harán los intelectuales laicos del Nuevo—, pero era lo bastante real como para alimentar sus sueños y espolearlos en sus luchas. Es sobre todo en la Europa de los años que van de 1830 a 1848 cuando las fuentes nos permiten rescatar los proyectos alternativos que los vencedores no sólo impidieron que se realizaran, sino que procuraron sacar «de en medio del tiempo», como si nunca hubiesen existido. Partir de esta recuperación debería permitirnos explorar los caminos que llevaban

por el corredor que no tomamos

hacia la puerta que no abrimos…

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

FUENTES MANUSCRITAS

BARCELONA

ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN (ACA)

Real Audiencia, Expedientes (Expedientes vistos en el Real Acuerdo), 1824-1827: Registros 1423, 1424, 1425 i 1426 y cajas 24 a 78 (se citan normalmente por el número del expediente y el año a que corresponde).

Monacales-Universidad:

vol. 27, Llibre de resolucions de la molt reverent comunitat y vàrias notas, Contiene la «Breve relació» de fray Joan de Serrahima. Legajo 85, expediente de Pere Labèrnia. Legajo 143, memorial de Llauder.

ARCHIVO DEL AUTOR

Balsareny: Llibre de asuntos del comú que comensa lo any 1811.

El cura de aldea. Historia verdadera, escrita por Cristiano Simplicio, sacristán y pertiguero de la Iglesia de Isaourens, publicada por Alfonso Mahul. Traducida del idioma francés al castellano por P. A. M., cura del arzobispado de Toledo. Año de 1822. Manuscrito.

Esposición elevada a S. M. y puesta en sus reales manos por la Junta de Comercio de Cataluña en 29 de diciembre de 1827, proponiendo las medidas que convendría adoptar para el fomento de la agricultura, artes y comercio, copia manuscrita de la época.

Intendencia de policía del Principado de Cataluña, conjunto de circulares del año 1827.

Miraflores, Manuel Pando Fernández de Pineda, marqués de: Memoria sobre la situación política de España a la época de octubre de 1833, dirigida a S. M. la Reyna governadora por el marqués de Miraflores, conde de Florida-Blanca, en la actualidad en la biblioteca del Institut d’Història Jaume Vicens Vives, Universitat Pompeu Fabra.

Zabala, Fernando: Copia certificada de un cuaderno relativo a la vida y vicisitudes del señor don Fernando Zabala, San Luis Potosí, 1908 (fotocopia del original, en poder de su descendiente, Aingeru Zabala).

Documentación impresa y manuscrita diversa de los años 1823-1834, citada como «archivo del autor»; en la actualidad en la biblioteca del Institut d’Història Jaume Vicens Vives, Universitat Pompeu Fabra.

ARXIU DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Legajo 39, expediente de Josep Pla, miliciano voluntario de Vallhonesta.

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Manuscrito A-53, misceláneo, fols. 37-76: «Insurrección de Cataluña en 1827. Informe del fiscal de la audiencia y demás sobre la causa de dicha insurrección».

BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Manuscrito 250: Manuel Bayona, Diario.

Manuscrito 737, diario de un miliciano nacional, anónimo (hay una transcripción de Ollé Romeu, con el título de Successos de Barcelona, 1822-1835, Barcelona, Curial, 1981).

Manuscrito 1396, Anónimo, Memoria sobre el ministerio de Hacienda, 1825.

Fullets Bonsoms, n.ºs 8278, 8282 y 8290.

GIRONA

ARXIU HISTÒRIC DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA

Papeles diversos sobre voluntarios realistas, 1825-1833. VII. 2.2., legajo n.º 5.

IGUALADA

ARCHIVO DE LA FAMILIA TORELLÓ

Resumen de la pieza 1.ª sobre las muertes dadas a Juan Casanovas y Jayme Esteve en las inmediaciones de Vallbona (31 de marzo de 1829).

LLEIDA

ARXIU DE L’AJUNTAMENT

Actas de 1825.

Papeles sueltos, 1825, 1826, 1827

PAPIOL

ARCHIVO DEL CASTILLO DE PAPIOL

Legajo 3. Correspondencia de Valentín Llózer con Vicente Castillón.

SABADELL

ARXIU HISTÒRIC

Policía, 1824-1833 (dos volúmenes que reproducen todas las circulares recibidas de la subdelegación de policía de Mataró).

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

Tratado theológico inductivo a la obediencia debida al Rey y sus ministros, manuscrito encontrado en la masía Quintanes, de Sant Hipòlit, de fecha próxima a 1827, que una nota manuscrita de Lluís G. Illa, escrita en 1948, atribuye al «Dr. Josep Quintanas, pbre. Beneficiat de la catedral de Vich».

MADRID

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN)

Consejos, legajo 12 274.

Estado: legajos: 226 (caja 1), 2840, 2965, 3009, 5277 (expediente 71). Materiales referidos al consejo de Estado:

Libro 28 d, Actas (1823-1824).

Libro 31 d, Actas (enero-junio 1826).

Libro 32 d, Actas (julio-diciembre 1826).

Libro 53 d, Consultas y acuerdos (1826).

Libro 33 d, Actas (1827).

Legajo 183, Minutas (1827).

Libro 54 d, Acuerdos (1827).

Libro 38 d, Actas (1828-1829).

Libro 55 d, Consultas y acuerdos (1828).

Libro 56 d, Consultas y acuerdos (1829 [y 1830]).

Libro 39 d, Actas (1829).

Libro 40 d, Actas (1830).

Libro 41 d, Actas (1831).

Libro 42 d, Actas (1832).

Libro 43 d, Actas (1833-1834).

ARCHIVO DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (APG)

Actas del consejo de ministros:

I: 15 de febrero de 1824 a 12 de marzo de 1825.

II: 26 de marzo a 20 de septiembre de 1825.

III: Año de 1825 (23 de septiembre a diciembre de 1825).

IV: 19 septiembre de 1826 a 29 de diciembre de 1827.

VI: 1829.

VII: 1830.

[VIII: 1831. Para las actas de este año, que no estaban en el archivo en la época en que las consulté, he usado la versión impresa de Actas del consejo de ministros].

IX: 1832.

X: 1833.

XI: 1834-1836.

BIBLIOTECA NACIONAL

[Papeles referentes a la regencia del reino de España e Indias en el año 1823], manuscrito 1414.

ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (AMJ) Sección reservada: legajos 22 y 23.

Armario 16: legajo 48.

ARCHIVO GENERAL DE PALACIO, SECCIÓN HISTÓRICA Cajas 293 y 294.

PAMPLONA

ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN) Sección Guerra, legajo 28, carpeta 29 legajo 29, carpeta 42, legajo 30, carpeta 25, legajo 31, carpeta 2.

SANTANDER

ARCHIVO DIOCESANO Libro 650.

SEGOVIA

ARCHIVO GENERAL MILITAR (AGM)

Sección 90, división 90, legajo C. 67 (proceso de Capapé). Sección 10, legajo C-1115 (expediente).

SIMANCAS

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (AGS)

Sección Secretarías de Estado, legajos 8183, 8184, 8185 y 8187.

VALENCIA

ARCHIVO DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS

El comercio de ambos mundos redactado en general, Cádiz, 20 de junio de 1826 Caja 74 (1826) II Agricultura n.º 1.

PARÍS

ARCHIVES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES (AMAE)

Espagne: Correspondance politique, vols. 716, 717, 723, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 737, 744 y 745.

Correspondance commerciale: Barcelone, vols. 25 y 26.

Correspondance politique des consuls, vols. 1, 2, 4, 5, 7 (1830-1834).

ARCHIVES NATIONALES

Série F7 (Police générale), carton 12051, dossier 1699 c y carton 12022.

ARCHIVES DE VINCENNES

Reconnaissances militaires, D/1 50, Armée d’Espagne, 1826, liasse n.º 3, n.º 1367 y Espagne, sept/dec. 1827, liasse n.º 2.

ROMA

ARCHIVIO SECRETO VATICANO

Nunciatura de Madrid: 253 tXI, 254 tXI fas4b y 4c.

VIENA

STAATSARCHIV

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Notas

[1] «Ils sont perdus. Ils ne connaissent ni le pays, ni le temps. Ils vivent en dehors du monde et du siècle. Partout ils portent leur atmosphère avec eux, on ne peut les éclairer, ni même le tenter; c’est sans ressource!». <<

[2] Nesselrode, Lettres et papiers du […] comte de Nesselrode, V, p. 237. <<

[3] Sobre el sistema parlamentario de la restauración francesa, Rosanvallon, La monarchie imposible, y Barthélemy, Introduction du régime parlamentaire; Houssaye, 1814 y 1815, especialmente III: La séconde abdication. La terreur blanche; Higgs, Ultraroyalism in Toulouse, y Fitzpatrick, Catholic royalism in the department of the Gard, 1814-1852, esp. pp. 28-59. El episodio de los «cien días» —el segundo reinado de Napoleón después de su retorno de la isla de Elba— dificultó la transición al nuevo régimen, puesto que conllevó un endurecimiento de la represión: hubo proscripciones, nueve mil condenas políticas, ejecuciones y una serie de destituciones que afectaron a miles de funcionarios, jueces y enseñantes. En algunos lugares las cosas adquirieron dimensiones de guerra social: Lyon se había sublevado en favor de Napoleón, mientras que otras ciudades del sur lo hicieron en favor del rey, y en el oeste los azules (bonapartistas) dominaban las ciudades y los blancos (chouans), los campos. Sería sobre todo en el sur, donde los ultras desencadenarían el «terror blanco»: bandas de hombres y mujeres recorrían los campos e incendiaban las fincas de los bonapartistas o de los protestantes, que eran asesinados impunemente por las calles. Por lo que se refiere a los bienes de la nobleza, el Consulado les había devuelto los que no se habían vendido, exceptuando los edificios destinados a servicios públicos y los bosques y prados, que habían sido declarados inalienables. La monarquía restaurada empezó cediéndoles los edificios y los bosques, y esto alarmó a los compradores de bienes, que temían que acabasen reclamándoles también las tierras que habían adquirido. En 1825, con ocasión de los ataques que se hacían en Francia contra las brutalidades que ocurrían en España, y con la intención de replicar a dos folletos de Duvergier d’Hauranne y Salvandy, Gómez Hermosilla —Respuesta de un español a dos folletos publicados en París— haría una pintura negra del terror blanco francés de 1815, en especial en el sur, mostrándolo como un conjunto de horrores que no tenían comparación con los de España (pp. 32-36). Parece, no obstante, que Angulema había procurado contener los excesos en Francia, como lo haría más tarde en España. <<

[4] Decretos del rey don Fernando VII, I, p. 8. <<

[5] Las tres descripciones más completas del congreso —muy diferentes, por otra parte— son la que nos ofrece Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, pp. 609-661, basada en un profundo conocimiento de la documentación francesa y austriaca, la que deriva de la correspondencia mantenida entre el primer ministro Villèle y Montmorency, en el tomo III de las Mémoires et correspondance de Villèle, y la de Chateaubriand —«Le Congrés de Verone», en Œuvres, XIX—, la visión personal de quien, siendo embajador en Londres, había conseguido que le invitasen a sumarse a la delegación francesa, que mezcla sus recuerdos con alguna documentación y mucho egocentrismo, haciéndose el héroe de una representación en la que no pasó de ser un comparsa («un niño de cincuenta años que balbucea acerca de política», según Pozzo di Borgo, Chateaubriand, Correpondance, VII, p. 366); también Lettres à Madame Récamier, pp. 144-152. La frase de Chateaubriand sobre el congreso es de Mémoires d’outre-tombe, IV, p. 260; la cita sobre las reuniones de la condesa de Lieven de Clement, Chateaubriand, p. 298, y Lettres à Madame Récamier, p. 145. Por lo que se refiere a Alejandro I, Waliszewski, Le fils de la Grande Catherine; McGrew, Paul I of Russia, pp. 332-357; Troubetzkoy, Imperial legend, pp. 3358; Palmer, Alexander I, pp. 381-383. Sobre los demás participantes, Chateaubriand, Œuvres, XIX, pp. 29-32; Acton, I Borboni di Napoli, passim; Candeloro, Storia dell’Italia moderna, II, pp. 120-135; Mahan, Marie-Louise, pp. 253-265. Sobre María Luisa de Parma, Saint-Amand, Marie-Louise et le duc de Reichstadt, pp. 173-175 y passim; sobre Giuseppe Andreoli, el carbonario ejecutado en Módena, Vannucci, I martiri della libertá, pp. 290 y ss.; Bertier de Savigny, Metternich, pp. 367-369. Sobre la condesa de Lieven, Hanoteau a Metternich, Lettres du prince de Metternich a la comtesse de Lieven, pp. XXX y ss. y 313-387, y Gabriel de Broglie, Guizot, pp. 211 y ss. Sobre el ennoblecimiento de los Rothschild, Ferguson, The world’s banker, pp. 214-215 (sobre su participación financiera en la guerra de España, pp. 140-143). Sobre los negocios de Ouvrard, Chateaubriand, Œuvres, XIX, p 71 (p. 33 sobre el conde de España) y Ouvrard, Mémoires, I, pp. 289-295 y II, p. 30. Una valoración hiperbólica, y equivocada, de la actuación del conde de España, que habría sido el responsable de la intervención francesa —en la que nada tuvo que ver— en Oleza, El conde de España, pp. 117-122. <<

[6] Higgs, Ultraroyalism in Toulouse, pp. 149-150; Bertier de Sauvigny, La Sainte Alliance, pp. 212-217; Lambert, La charbonnerie française; Lehning, De Buonarroti à Bakounine, pp. 45-76; Galante Garrone, Filippo Buonarroti e i rivoluzionari dell’ottocento; Spitzer, Old hatreds and young hopes, pp. 266-272 (una cita literal de la p. 212); Roberts, The mithology of the secret societies, pp. 300-346 (y en esp. 318 y ss.); Berti, I democratici e l’iniziativa meridionales nel Risorgimento, pp. 131-355 (esp. 137-138); Emerson, Metternich and the political police, pp. 107-108; Zavala, Masones, comuneros y carbonarios, pp. 97 y ss. <<

[7] El texto de Castlereagh en British and foreing state papers, 1822-1823, Spain, p. 71. Cameron, Shelley: the golden years, p. 77; Chandler, England in 1819, passim. Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, p. 600 y III, pp. 964-966. España servía también de asilo a refugiados revolucionarios de otros países (Zavala, Masones, comuneros y carbonarios, pp. 95-96). <<

[8] No es este, naturalmente, el lugar para analizar un problema tan complejo como el de la crisis económica que siguió a las guerras napoleónicas. Por lo que se refiere a la agricultura, remito a Fontana, «La crisis agraria de comienzos del siglo XIX»; el texto citado es de Richmond, Narrative of the condition, pp. 1-2. Spitzer, The French generation of 1820, p. 67. <<

[9] Langeron, Decazes ministre du roi (que utiliza las notas que el rey escribía a su hombre de confianza); Beck, French legislators 1800-1834, pp. 7193; Girard, Les libéraux français, pp. 89-92; Ledré, La presse à l’assaut de la monarchie, pp. 35-36; Vimont, La prison politique en France, pp. 165-237. Los artículos de Chateaubriand en Œuvres, XVIII, pp. 3-158. La crisis de las cosechas de 1816 y 1817 se menciona en Crignon d’Azouer, Opinion […] sur le projet de loi, p. 7. <<

[10] Sobre estos acontecimientos hay una literatura inmensa: he utilizado Thompson, The making of the English working class; White, Waterloo to Peterloo; Charlesworth, An atlas of rural protest in England, pp. 104 y 146-148; Muskett, «The East Anglian agrarian riots of 1822». El número de ahorcados, de Gatrell, The hanging tree, pp. 616-617. El discurso de Byron, del 27 de febrero de 1812, en Hansard, Parliamentary debates, 1812, XXI, cols. 966-972. Byron, Selected letters and journals, pp. 149-150; Gilmour, The making of the poets, pp. 322-328; Lee, Aspects of British political history, pp. 28-31. Los versos de Shelley dicen: «The seed ye sow, another reaps; / The wealth ye find, another keeps; / The robe ye weave, another wears; / The arms ye forge, another bears». Las notas que su esposa, Mary Shelley, escribió años más tarde para aclararlos dicen que el poeta «creía que era inevitable un enfrentamiento armado entre las dos clases de la sociedad, y se ponía de todo corazón del lado del pueblo». <<

[11] Cookson, Lord Liverpool’s administration, pp. 180-181; Bamford, Passages in the life of a radical, pp. 141-158; Thompson, «Peterloo», en Making History, pp. 167-190; Gash, Aristocracy and people, pp. 102-108, y «“The state of the nation” (1822)», en Pillars of government, pp. 26-42. <<

[12] Emerson, Metternich and the political police, passim; Hughes, Crime, disorder and the Risorgimento; Blum, In the beginning, pp. 246-247; Goldstein, Political repression in 19th century Europe. Sobre las asociaciones de estudiantes, el asesinato de Kotzebue y sus consecuencias, Treitschke, History of Germany, III, pp. 168 y ss., 604-618, etc. <<

[13] Ante la locura tiránica del zar Pablo, Panin, el almirante Ribas (hijo de un dignatario español al servicio de Nápoles que se llamaba Miquel Ribas i Baions) y el conde Von Pahlen le dijeron al zarevich Alejandro que Rusia sólo podía salvarse con la abdicación de Pablo y su subida al poder, garantizándole, sin embargo, que nunca se haría daño físico al zar, a quien podían enviar al exilio. Alejandro les escuchó sin decir nada. Ribas murió y hacia 1801 las cosas estaban empezando a ser desesperadas y el círculo de los conspiradores, que sabían que si fallaban serían víctimas de la venganza del zar, iba en aumento. El 11 de marzo se había llegado a un extremo peligroso. Pablo sabía que se conspiraba y desconfiaba de sus dos hijos mayores. La cuestión se precipitó y los oficiales de la guardia le asesinaron con encarnizamiento, a pesar de que inicialmente sólo se trataba de hacerle abdicar. Se dijo que había muerto de un ataque al corazón y Alejandro I empezó a reinar (Troubetzkoy, Imperial legend, pp. 38-54, una cita de p. 65); Zamoyski, 1812, pp. 21-23, 62-63 (sobre la fundación de una logia con Kochelev y Galitzine), 527-528 y passim. Ley, La Russie, Paul de Krüdener et les soulevements nationaux, passim (citas literales de las pp. 50 y 63), un libro interesante porque se basa en los archivos de Krüdener; Capefigue, La baronne de Krudner, p. 106; Hartley, Alexander I (que plantea muy bien el tema de la nonata constitución); la tesis doctoral de Krupensky, The secret societies in Russia (noticias de las pp. 32-36, 43-49, 130-136 —sobre Alejandro y la masonería— y 140-141); Woodhouse, Capodistria; Wallotton, Metternich, p. 143-150; Wortman, Scenarios of power, p. 239; May, The making of the Monroe doctrine, pp. 68-69, e Ingle, Nesselrode and the Russian rapprochement, pp. 24-25. Una interesante visión del cambio regresivo de Alejandro, en relación al caso español y a la revolución de 1820, en Gil Novales, «Los temas españoles en la correspondencia de F. C. de La Harpe con Alejandro I (1785-1824)». Sobre las sociedades liberales, Informe presentado a S. M. el emperador de Rusia. Por coherencia con las fuentes que cito he optado por transcribir los nombres de los personajes rusos de la misma forma que ellos lo hacen cuando escriben en francés, que es la lengua que utilizan habitualmente. De vuelta del congreso, el 19 de enero de 1823, Alejandro pasaría la noche en Romanchina, la residencia de su ministro de Marina y amigo, el francés Traversay, que le diría a su hija: «Qué lástima ver a nuestro soberano sombrío, ausente y amargo; parece triste y desengañado» (Chatenet, Traversay, pp. 400-401). <<

[14] Castelot, Le duc de Berry et son double mariage, pp. 137-158; MarieAmélie, Journal, pp. 273-281; Boigne, Mémoires, III, pp. 25-32; Lucas-Dubreton, Louvel le régicide, pp. 89-123, y La duchesse de Berry, pp. 25-38; Malandain, «La conspiration solitaire d’un ouvrier théophilanthrope: Louvel et l’assassinat du duc de Berry en 1820»; Jacomet, La Palais sous la Restauration, 1815-1830, pp. 99-103; Vaulabelle, Historia de la restauración de los Borbones en Francia, IV, pp. 42-47; Lamartine, Historia de la restauración, III, pp. 547-569; Athanassoglou-Kallymer, Eugene Delacroix. Prints, politics and satires, 1814-1822, pp. 46-57; Langeron, Decazes ministre du roi, pp. 258-272; Chateaubriand, «Mémoires sur S. A. R. Monseigneur le Duc de Berry», en Œuvres, XII, pp. 143-248 (y en especial, pp. 209-211) y el artículo del 18 de febrero de 1820 en Œuvres, XVIII, pp. 153-154. La afirmación del rey sobre los ultras en Pozzo di Borgo, Correspondance, I, p. XXXIV; Mansel, Louis XVIII, pp. 393-396. <<

[15] Lepre, La rivoluzione napoletana del 1820-1821; Candeloro, Storia della Italia moderna, II, passim.; Acton, I Borboni di Napoli, pp. 752 y ss.; Pepe, Memoria relativa a los sucesos de Nápoles en los años 1820 y 1821; Emerson, Metternich and the secret police, p. 90; Gramsci, Quaderni del carcere, II, p. 838; Sabbatucci y V. Vidotto, eds., Storia d’Italia. 1. Le premesse dell’unitá, pp. 257-262. Nesselrode se equivocaba al suponer que la constitución española era desconocida en Nápoles: Ministerio de Asuntos Extranjeros de la URSS, Vneshniaia politika, V, p. 264 (en adelante se citará sólo por el título). En 1820 se publicaba en Londres una traducción de la constitución española con el siguiente título: The Spanish constitution proclaimed at Cadiz, march 19th, 1812; re-proclaimed at Cadiz, march 19th 1820; and adopted as the constitution of Naples and Sicily, july 4th, 1920, Londres, Benbow, 1820. Lo que no se puede negar, no obstante, es que la emoción suscitada por los hechos españoles ayudase a crear un clima favorable a los levantamientos, como dirá Byron en una carta escrita en octubre de 1820: «El asunto español ha puesto a toda Italia en plan de constituirse […]. No podéis imaginar el fermento que hay en las mentes de los hombres desde los Alpes a Otranto». <<

[16] Tengarrinha, «Regimes eleitorais da monarquia parlamentar», en Estudos de história conteporánea de Portugal, pp. 112-114; Mazour, The first Russian revolution, 1825, pp. 58-63; Ley, La Russie, Paul de Krüdener, p. 62; Dodolev, «Rusia y la revolución española de 1820-1823»; Romeo, «Il Risorgimento in Piemonte», en Dal Piemonte sabaudo all’Italia liberale, esp. pp. 18-45; Candeloro, Storia della Italia moderna, II, pp. 99-120; Notario, Il Piemonte sabaudo dal periodo napoleonico al Risorgimento, pp. 151-175; Carpi, Il Risorgimento italiano. Biografie storico-politiche di illustri italiani contemporanei; El Restaurador, II, p. 581; Mastellone, Il projetto politico de Mazzini, pp. 19-20; Smith, Mazzini, p. 14, y G. Mazzini, «A Carlo Alberto di Savoia», en Scritti politici, I, pp. 38-56. A pesar de su conducta anterior, los liberales italianos volvieron a confiar en Carlo Alberto cuando subió al trono en 1831, hasta que descubrieron que no sólo no amnistiaba a los hombres que le habían seguido en 1821, sino que quería eliminarles. Martínez de la Rosa, Política de España, II, pp. 115-116. <<

[17] Caron, Générations romantiques, pp. 223-282; Spitzer, Old hatreds and young hopes; Lambert, La charbonerie française; Pilbeam, Republicanism in Nineteenth-Century France, pp. 76-85; Sánchez Mantero, Las conspiraciones liberales en Francia, pp. 157-193; Canler, Mémoires de Canler, pp. 45-51, Brunet, La police de l’ombre, pp. 230-231; Garrioch, The formation of the parisian bourgeoisie, pp. 265-267. <<

[18] Una muestra del terror ultra, que vincula los intentos insurreccionales franceses a una visión delirante de la conspiración revolucionaria mundial, en Clausel de Couserges, Observaciones varias, pp. 65-68. Hoffmann, La peste à Barcelone; Carrillo y García Ballester, Enfermedad y sociedad en la Málaga de los siglos XVIII y XIX, pp. 45-46. <<

[19] Thompson, The Making of the english working class, pp. 769-780; Thompson, Wellington after Waterloo, pp. 28-36. Sobre las ejecuciones de los conspiradores de Cato Street, Gatrell, The hanging tree, pp. 298-312. <<

[20] La fuente fundamental ha sido Fraser, The unruly queen. Además, Cookson, Lord Liverpool’s administration, pp. 200-300; Gash, Lord Liverpool, pp. 149-169; Creevey, Thomas Creevey’s papers, pp. 181 y ss.; Smith, A queen on trial; Desquiron, Historia del proceso de la reina de Inglaterra; Emerson, Metternich and the political police, p. 43; Cumming, «Pantomime and pageantry: the coronation of George IV», en Celina Fox, ed., London world city, 1800-1840, pp. 39-50. Los detalles sobre la suciedad de Carolina y la repulsión física de su marido en David, Prince of pleasure, pp. 166-171. Sobre el consumo de láudano del príncipe, Davenport-Hines, The pursuit of oblivion, pp. 37-38. <<

[21] Krupensky, The secret societies in Russia, pp. 138-139. <<

[22] Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, pp. 315-473; Uhlír, «L’epilogo dell’intervento austriaco», en Historica (Praga), VIII (1964), pp. 8999; Villèle, Mémoires et corespondance, III, p. 35. <<

[23] Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, pp. 512-514, 526-528 y 593-594. Los versos de Byron: Don Juan, canto III, 86-14; Woodhouse, Capodistria, p. 198; Anderson, «Russia and the Eastern question», en Sked, ed., Europe’s balance of power, 1815-1848, pp. 79-97; Ingle, Nesselrode and the Russian rapprochement with Britain, pp. 15-29; Longford, Wellington, pillar of state, p. 101; Hinde, George Canning, pp. 383-389; Shaw y Kural Shaw, History of the Ottoman empire and modern Turkey, II, pp. 17-19. Sobre Byron y Grecia hay una inmensa literatura que es imposible citar aquí. Hay que contrastar la versión habitual de las atrocidades turcas contra los cristianos griegos con la de las atrocidades griegas contra los turcos, como en McCarthy, Death and exile. The ethnic cleansing of Ottoman muslims, 1821-1922. Los esfuerzos rusos por tener «una base» en el Mediterráneo se habían manifestado, en tiempos de Catalina II, por su aproximación a la orden de San Juan, en un intento de utilizar la isla de Malta (Freller, «In search of a Mediterranean base»). <<

[24] Brewer, The flame of freedom, pp. 26-35, 49-78 y passim; Veneshniaia politika, IV, p. 68 (27-III-1821); pp. 70 y 72 (30-III-1821); p. 114 (22-IV-1821) y pp. 118-119. Las palabras de lord Russell en Hansard: The parliamentary debates, X, 1243. <<

[25] Schütz, Die Europäische Allianzpolitik Alexanders I und der Griechische Unabhängigkeitskampf, 1820-1830, esp. pp. 67-81; Crawley, John Capodistrias: some unpublished documents, pp. 49-51; Castlereagh, Correspondence, dispatches, and other papers of Viscount Castlereagh, XII, pp. 443-446; Veneshniaia politika, IV, pp. 95, 327-329, 412, etc.; Stapleton, Some official correspondence of George Canning, I, pp. 177-181; Wortman, Scenarios of power, p. 242. <<

[26] Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, pp. 619-620; Schmieder, Prusia y el Congreso de Verona, pp. 97-110; Fourcassié, Villèle, p. 230. Como muestra de las advertencias del ministro de Hacienda al zar, véase la carta de Guriev a Nesselrode (6 abril 1821) en Veneshniaia politika, IV, pp. 79-81. Sobre los temores a las consecuencias de una intervención francesa, Porch, Army and revolution, pp. 9-10; Hinde, George Canning, p. 326; Chateaubriand, Œuvres, XIX, p. 50. <<

[27] Temperley, The foreign policy of Canning, pp. 53-54; Longford, Wellington, pillar of state, pp. 99-100; Azcárate, Wellington y España, p. 238; Thompson, Wellington after Waterloo, pp. 38-42; Creevey, Thomas Creevey’s papers, p. 233; British and Foreign State Papers, vol. 1822, 3, p. 74; Antoine d’Arjuzon, Castlereagh, pp. 463-470; «I met Murder on the way, he had a mask like Castlereagh» (Shelley, «The mask of anarchy, Written on the occasion of the massacre at Manchester», versos 5-6). <<

[28] Hinde, George Canning, pp. 326-331 y 422. Le preocupaban más los impedimentos que el gobierno español ponía al comercio inglés (incluyendo el contrabando desde Gibraltar) que la libertad de los españoles, de manera que quería que se bloqueasen los puertos de Puerto Rico y Puerto Cabello con el fin de obligar a los españoles a devolver la fragata Aurora, apresada el 6 de febrero de 1823 en una acción de corso. Una de las mayores preocupaciones del embajador inglés en Madrid durante la guerra de España fue la de obtener un buen convenio de reparaciones de los constitucionales y hacerlo aceptar luego por los absolutistas. Cosores, «England and the Spanish revolution of 1820-1823»; Fuentes, «El trienio liberal en la correspondencia del duque de Wellington»; Guerrero, «La política británica hacia España en el trienio constitucional»; Stapleton, Some official correspondence of George Canning, I, pp. 48-63: Temperley, The foreign policy of Canning, pp. 80-88; Lee, «The foreign policy of Castlereagh and Canning», en Aspects of British political history, 1815-1914, pp. 36-52; Bagot, ed., George Canning and his friends, II, pp. 138-156, 172-204 y 248-258; Jaramillo, Bolívar y Canning, 1822-1827, pp. 70-81; Hansard, The parliamentary debates, X, pp. 190-203, 708-71-1254, 1267-1270 (la justificación de Canning, por ejemplo, en pp. 708-712 y 1268-1269) y el discurso de diciembre de 1826 aquí mismo, XVI, p. 397. Indirectamente se cumplió el vaticinio de Thomas Moore que preveía que el palacio de hielo de la Santa Alianza se fundiría al calor del sol de España (Poetical works, pp. 513-516, «Fables for the Holy Alliance», I). La versión francesa de las negociaciones se puede encontrar en Robin-Harmel, Le prince Jules de Polignac, I, pp. 173-183 (Villèle tenía que aceptar las demandas de Canning, porque era consciente de que «No somos lo bastante fuertes para resistir a Inglaterra en el mar»). Sobre el tema americano en Verona, Filippi, ed.: Bolívar y Europa I: Siglo XIX, pp. 795-804. Sobre el asunto de la fragata Aurora, Cardona Bonet, El marinero, bandolero, pirata y contrabandista Roberto Cofresí, pp. 56-58. Para otro caso parecido, relacionado con Gibraltar, Pennell, «State power in a chronically weak state», pp. 356-357. <<

[29] Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, p. 593; Hoffmann, La peste à Barcelone, pp. 27-49. La carta de Hervey en Correspondence, despatches, and other papers of Viscount Castlereagh, XII, pp. 453-454. Sobre la regencia de Urgel, Comellas, Los realistas en el trienio constitucional; J. M. R., Memorias para la historia de la última guerra civil de España. Sobre las relaciones de la regencia con el gobierno francés, Archives du Ministère des Affaires Etrangères (en adelante, AMAE), París, Espagne, Correspondance politique, 717 (septiembre-diciembre 1822), fols. 190-196, 371-376, etc. <<

[30] La gestión de Montmorency es examinada con todo detenimiento por Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, pp. 609-629, por lo que se refiere a la «conferencia de Viena», y de ahí en adelante acerca de las negociaciones de Verona. Chateaubriand, «Congrés de Vérone», en Œuvres, XIX, pp. 45-46. La versión de las instrucciones de Villèle que doy es la que él mismo explicó a Canning y que éste reproduce en una carta a Jorge IV, Letters of King George IV, III, p. 168. Villèle, Mémoires, III, pp. 35-38. <<

[31] Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, pp. 646-652 y 661 (el mayor problema es que el autor sigue la documentación de Metternich y ve los problemas a través de sus ojos, ignorando, por ejemplo, la documentación rusa). Una visión detallada de las negociaciones, basada en la documentación prusiana, en Schmieder, Prusia y el Congreso de Verona, pp. 121-133; Chateaubriand, Œuvres, XIX, pp. 46-61; Vneshniaia politika, IV, pp. 594 y 599; Villèle, Mémoires, III, pp. 139-145; RobinHarmel, Le prince Jules de Polignac, pp. 169-171; Castries, Chateaubriand, pp. 312-313. La vida de Montmorency, y el problema de las relaciones con su esposa, se explica con todos los detalles en Boigne, Mémoires, III, pp. 101-109. <<

[32] Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, pp. 663-679. Parte de la información procede de una entrevista con Wellington, que conocemos por cartas reproducidas en British and Foreign State Papers, vol. 1822, 3, pp. 3-26; Temperley, The foreign policy of Canning, pp. 53-72. Montmorency se vio obligado a pedir a los aliados que esperasen a enviar las notas y, si bien la conferencia de los embajadores de las potencias que se reunió seguidamente en París lo admitió, Metternich sólo aceptaba un retraso de ocho días, mientras que el zar consideraba que no se podían modificar los acuerdos del congreso y que las notas se debían entregar en un plazo de tres días. Villèle hizo todavía una última prueba desesperada para apartarse de los acuerdos de Verona: en el consejo de ministros del 23 de diciembre se opuso al envío de la nota y a una eventual retirada del embajador francés en España, pero nadie le apoyó. Fourcassié, Villèle, pp. 236-238; Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, pp. 685-688; Decours, La dernière favorite. Zoé du Cayla, pp. 252-253; Mansel, Louis XVIII, pp. 401-412; Vitrolles, Mémoires, II, pp. 467-471; Rabbe et al., Biographie universelle et portative des contemporains, I, pp. 847-848. Sobre Chateaubriand y el ministerio, véase la justificación que da su esposa en Chateaubriand, Cahiers de madame Chateaubriand, pp. 113-114. No hemos hecho caso de las pretensiones de haber sido él el autor real de la guerra de España. Se puede ver que los rusos le tenían mucho menos en cuenta de lo que él creía, en Vneshniaia politika, IV, p. 619. Villèle le nombró para contentar a los ultras, a pesar de que el rey, que recordaba sus ataques a Decazes, no le tenía simpatía alguna. Complementariamente, Guillemin, L’homme des mémoires d’outre-tombe, pp. 195-202, Gonzálvez Flórez, «Chateaubriand y la guerra de España de 1823». <<

[33] Vneshniaia politika, IV, p. 617-622. <<

[34] La diputación de Tarragona enviaba el 22 de enero una proclamación al congreso condenando «las injuriosas notas diplomáticas» y ofreciéndose a defender «su libertad e independencia hasta derramar la última gota de sangre» (ejemplar del archivo del autor). Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, pp. 705-711; Chateaubriand, Œuvres, XIX, pp. 103 y ss. («Guerre d’Espagne de 1823») y XVII, pp. 30-50 («Discours sur l’emprunt des cent millions»); British and Foreign State Papers, especialmente en pp. 56-60; Miraflores, Documentos a los que se hace referencia en los apuntes histórico-críticos, II, pp. 172-189 (hay que rectificar en la página 183, la firma del ministro de Prusia que no es Banstorff sino Bernstorff); Fourcassié, Villèle, p. 244; Azcárate, Wellington y España, pp. 238-239; Fiévée, De l’Espagne et des consequences de l’intervention armée, pp. 44-45; Fernández de Córdova, Mis memorias íntimas, I, p. 41; Bastier, «Les manuscrits inédits de Louis de Bonald»; British and Foreign State Papers, p. 16; Martínez de la Rosa, «Espíritu del siglo», en Obras, VIII, pp. 347-349; Temperley, The foreign policy of Canning, pp. 68-72; Herriot, Madame Récamier et ses amis, pp. 257-259. <<

[35] Baylot, Le complot des sergents de La Rochelle, pp. 208-209 y 227-229; Chateaubriand da una serie de datos sobre la acción de las sociedades secretas bonapartistas en Œuvres, XIX, pp. 108-118; la frase sobre el Bidasoa es del «Discurso sobre la intervención» pronunciado en mayo de 1823 (Œuvres, XVII, p. 121); datos más exactos sobre los hechos del Bidasoa y sus protagonistas en Debidour, Le géneral Fabvier, pp. 215-252 (cita de p. 238); la versión de los franceses, en carta de Bellune, en Villèle, Mémoires, III, pp. 317-318; Castells, «La opinión liberal ante la invasión francesa: Cataluña (1823)»; Marliani, Historia política de la España moderna, p. 89; Bittard des Portes, Les campagnes de la Restauration, pp. 48-73; Vimont, La prison politique en France, pp. 249-253; Lafuente, Viajes de Fray Gerundio, I, pp. 33-34; Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, p. 743. Sobre la debilidad del carbonarismo francés, Spitzer, Old hatreds and young hopes, pp. 197-200; Porch, Army and revolution, pp. 11-13, y Gooch, Armies in Europe, p. 53. <<

[36] «Monsieur», el futuro Carlos X, escribía a Canning que la agitación de Francia era causada exclusivamente por los acontecimientos revolucionarios de España, y encontraba intolerable que los españoles se hubiesen atrevido a pedir que se retirase el ejército de observación de la frontera (Stapleton, Some official correspondence of Canning, I, pp. 81-83). Por su parte la condesa de Genlis, una escritora insoportable, que ahora, al final de una larga, agitada y no siempre ejemplar existencia, daba al público unas interminables memorias, escribiría: «Me siento orgullosa de haber vivido bastante para ver la gloriosa y memorable expedición a España, que producirá, seguramente, la salvación de Francia» (Comtesse de Genlis, Mémoires inédits de madame la comtesse de Genlis, VII, p. 285). Hunt, «The Eastern question in British naval policy and strategy, 1789-1913», en Vacalapoulos, et al., eds., Southeast European maritime commerce and naval policies, pp. 45-75; Dawson, The first Latin American debt crisis; Duc de la Force, Histoire et portraits, p. 178. <<

[1] En Viena se encuentran copias de estas cartas, comunicadas por los Rothschild a Metternich, Staatsarchiv, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, f. 154, n.º 8. Cito directamente de estos textos aunque la cuestión ha sido más o menos explicada por Bertrand Gille en Histoire de la maison Rothschild, I, pp. 197-200, y por Bertier de Sauvigny en Metternich et la France, II, pp. 729-733, y que la recoge, de rebote, Otazu en Los Rothschild y sus socios en España, pp. 3032. Metternich, informado por Salomon de Rothschild, hermano de James, se indignaba de este intento de «desviar el curso de la democracia pura hacia la democracia moderada», lo que significaba tanto, para él, como «salvar la revolución». La vertiente española del asunto resulta iluminada cuando se conocen las claves de la cuestión por las memorias de Alcalá Galiano, Obras, II, pp. 230-236, y por la controversia posterior entre Flórez Estrada y Calatrava, estudiada por Lancha en «La chûte du Triennat libéral en Espagne». También por Romero Alpuente, «Observaciones sobre la probable disolución del estado», en Historia de la revolución española, II, pp. 55-65. Véase, además, la biografía de Vicente Bertrán de Lis en Gil Novales, Diccionario biográfico trienio, pp. 86-87. <<

[2] Alcalá Galiano, «Memorias», en Obras escogidas, II, pp. 232-234; id., Historia de España, VII, pp. 214-216; Miraflores, Apuntes histórico-críticos, pp. 178-181; Dérozier, L’histoire de la Sociedad, pp. 50-54; Fernando VII, «Itinerario de la retirada», pp. 443-445 (sobre este «Itinerario», dictado por Fernando VII a su secretario Salcedo en 1824, Serrano y Sanz, Autobiografías y memorias, pp. VIII-IX, y Comellas, «Andalucía occidental en los informes de 1824», pp. 39-41). López Piñero, M. Seoane, p. 14; Gil Novales, Las sociedades patrióticas, I, pp. 738-746; Carta de un oficial que fue del egército llamado constitucional, pp. 30-31; «Manifiesto de la Asamblea de la confederación de comuneros españoles en marzo de 1823», en El reparador, Madrid, VI (1842), pp. 235-240. La expresión de Miñano en Aguilera, «Don Sebastián de Miñano y Bedoya», p. 66. La descripción del viaje es de Bayo, Historia de Fernando VII, III, p. 72. <<

[3] Capefigue, Récit des opérations de l’armée française, pp. 44, 55 y 115; Vaulabelle, Histoire des deux Restaurations, V, pp. 329-330; Bitard des Portes, Les campagnes de la Restauration, pp. 25-64; Sánchez Mantero, Los cien mil hijos de san Luis, pp. 37-75; Miraflores, Documentos, II, pp. 240-241; Circulares Junta provisional, pp. 5-7 (textos de la proclama de Angulema, escrita en realidad por Chateaubriand, del 2 de abril, y de la proclama de la Junta española, de 6 de abril). Circular de la Junta Provisional de Gobierno de España e Indias, Oyarzun, 9 de abril (ejemplar del archivo del autor). Sobre los abastecimientos militares franceses, Revue impartiale des opérations administratives de la campagne de 1823. Diario de las sesiones de cortes celebradas en Sevilla y Cádiz en 1823, p. 240; Hugo, Histoire de la campagne d’Espagne en 1823, I, pp. 107-108; Santoyo, El Dr. Escoriaza en Inglaterra, pp. 82-84; Villèle, Mémoires et correspondence, IV, p. 30; Chateaubriand, Œuvres, XII, pp. 393 y 418; Fourcassié, Villèle, pp. 245-248; Miraflores, Apuntes histórico-críticos, pp. 189 y 192; J. M. R., Memorias para la historia de la última guerra civil de España, II, pp. 250 y ss.; Arnabat, Liberals i reialistes, I, p. 270; Grandmaison, L’expédition française d’Espagne, pp. 99-100 (aunque el libro no es muy fiable); [Mora] Memorias históricas sobre Fernando VII, II, pp. 236 y ss. (sobre Cádiz); Ouvrard, Mémoires, II, p. 63; Lafuente, Viajes de Fray Gerundio, I, pp. 3334; Charon-Bordas, Cour des pairs, procès politiques, I, pp. 80-88. <<

[4] González Salmón, Resumen histórico de la Revolución, pp. 15-19 (he compulsado el texto de la primera edición de Cádiz, 1812, sin encontrar las cosas que el marqués de Villa-Urrutia —en Fernando VII, rey constitucional, p. 17— asegura que hay). El citado marqués, erotómano y antiborbónico, ha sido quien más ha divulgado este tipo de historias, como en La reina María Luisa, esposa de Carlos IV y La reina María Luisa y Bolívar, donde se pueden encontrar insinuaciones groseras sobre los «méritos» de Godoy, como en la página 10. Lo que dice Salmón es que el rey se entendía con Pepita Tudó —que estaba casada en secreto con Godoy— y que el favorito «tenía ligadas las manos de Carlos IV porque no manifestase la debilidad de haber sido infiel a su mujer», lo que no tiene pies ni cabeza y no puede creerse. Villalba Hervás, Ruiz de Padrón y su tiempo, p. 33, nota, da una información que o bien procede de un testimonio que tenía alrededor de cien años, o es de segunda mano y poco fiable. Sobre la propaganda de Fernando contra Godoy y contra sus padres, José Luis Gordillo, Todo el siglo es carnaval, pp. 7-12 (basado en unos artículos de Castro Bonel publicados en 1930 y 1931), y Pereyra, Los archivos secretos de la historia. Cartas confidenciales de la reina María Luisa y de D. Manuel de Godoy, passim; Pirala, Historia contemporánea, I, p. 559, nota, da la versión del asunto del equívoco Francisco de Asís, marido de Isabel II. El mejor biógrafo de Godoy, Emilio La Parra, descarta que hubiese ningún tipo de relación sexual entre el joven extremeño y la reina (Manuel Godoy, p. 75-78), como lo hace Rúspoli en Godoy. La lealtad de un gobernante ilustrado, que es una especie de vida de santo escrita por un descendiente del favorito. Se hace difícil entender, sin embargo, la persistencia de esta fama: las afirmaciones que difunde Fernando, los incidentes de los últimos días de la vida de Carlos y María Luisa o el asunto Almaraz, del que se hablará más adelante. <<

[5] Izquierdo, «Algunos datos para la historia clínica de Fernando VII», p. 547; id., Antecedentes y comienzos del reinado de Fernando VII, pp. 132-133; Arzadun, Fernando VII y su tiempo, p. 19. Ortiz de Zárate y Rizzi, «Fernando VII, el prognatismo y la disostosis cráneo facial de Crouzon»; Sáez, Oración fúnebre que en las solemnes y reales honras, p. 26 (la cita sobre la enfermedad infantil del rey); Hull, Charles III and the revival of Spain, pp. 299-304; Longares: «Las últimas cortes del Antiguo régimen en España». <<

[6] Izquierdo, Antecedentes, pp. 155-161 y 166-186; Manuel Godoy, Príncipe de Paz, Memorias, 1965, I, pp. 253-258; Escoiquiz, «Memorias», en Memorias de tiempos de Fernando VII, I, p. 5; Bermejo, Historia anecdótica y secreta de la corte de Carlos IV, I, pp. 46-61. <<

[7] Berte-Langereau, «Les marriages de Ferdinand VII», p. 387; Pitollet, «Notes sur la première femme de Ferdinand VII, Marie-Antoinette-Therèse de Naples»; Duquesa de Abrantès, Mémoires, V, p. 274; Manuel Izquierdo, «La alimentación de Fernando VII». <<

[8] La mayor parte de estas noticias proceden del trabajo de Pitollet citado en la nota anterior. También de Izquierdo, Antecedentes, pp. 217-223, y de Bermejo, Historia anecdótica y secreta, I, pp. 96-105. Una visión de los paseos eróticos nocturnos de Fernando en Mesonero Romanos, Memorias de un setentón (1880), pp. 154-157. Las inverosímiles afirmaciones sobre el envenenamiento de la princesa en Melchor Andarió (profesor de Cervera), Elogio del rey nuestro señor D. Fernando Séptimo, pp. 11-12. <<

[9] Rodríguez Moñino, «Relato de la caída de Godoy por un testigo presencial» (cita de la página 481). Sobre estas cosas véase, además de las versiones contradictorias que dan Godoy y Escoiquiz en sus respectivas memorias, los dos libros de Martí, El proceso de El Escorial y El motín de Aranjuez, y Morange, «El conde de Montijo», en Siete calas en la crisis. Además, Representación del príncipe de Asturias don Fernando; J. de A., Manifiesto imparcial y exacto; Andarió, Elogio […] Fernando Séptimo; Savine, La abdicación de Bayona; Izquierdo, Antecedentes y comienzo, pp. 539 y ss; Vauthier, «Les princes espagnols à Valençay»; Waresquiel, Tayllerand, pp. 383-386; Izquierdo, Antecedentes y comienzo, passim. Madame de Staël nos explica en sus carnets: «el príncipe de Asturias fue a descubrir al Sr. de Tayllerand que habían intentado hacer que se escapara. El Sr. Tayllerand tenía un ciervo que se había escapado y que volvió unos días más tarde llorando a la puerta para que le volviesen a prender. “Es así como lo ha hecho el príncipe”, decía […]. El príncipe repetía a menudo: “Yo amo mucho al emperador, estoy seguro de que no recibe mis cartas”» (Madame de Staël, Dix anées d’exil, p. 467). Fernando se despediría del cautiverio dando gracias a Tayllerand por su buen trato y por sus buenos consejos (Pozzo, Correspondance diplomatique, I, p. 9). Las palabras de Napoleón en Las Cases, Memorial de Santa Elena, II, p. 747. Las anécdotas sobre la estupidez del tío Antonio —al cual se referiría Fernando, sarcásticamente, como «mi tío el doctor», por el título «honoris causa» que éste había obtenido en Alcalá— son abundantísimas. Se pueden ver algunas, como ejemplo, en Bermejo, Historia anecdótica y secreta, II, pp. 50-51. <<

[10] Villa-Urrutia, Las mujeres de Fernando VII; las dos citas literales son de Mesonero Romanos, «Memorias de un setentón», en Obras, V, p. 93, y Marqués de las Amarillas, Recuerdos, II, p. 116; Haebler, María Josefina Amalia; Pirala, Historia de la guerra civil (3a ed.), I, pp. 145-146. La Oración fúnebre que en la muerte de Amalia hizo Antonio Sanz y Sanz nos dice, entre otras celebraciones de la religiosidad de la reina, que ha visto su reclinatorio con «la dilatada huella que había hecho la vehemencia de la respiración en la tabla donde descansaba su rostro» (p. 11). <<

[11] Amarillas, Recuerdos, II, pp. 19-22, 24, 41, 43-44, 82, 92-95, 114-115 y 156-158 (la frase citada está en la página 82). <<

[12] Las cartas de Ugarte a Ortiz de la Torre: «Papeles de Ugarte. Documentos para la historia de Fernando VII» (por ejemplo: pp. 224, 226, 227, 228, etc.). Las cartas a Grijalva en Arzadun, Fernando VII y su tiempo (pp. 207-223, 274, 287, 289). Según Luis Fernández de Córdova, él y Grijalva se habían puesto de acuerdo para ejercer una influencia moderadora cerca del rey (Fernández de Córdova, Memoria justificativa, p. 490). Sobre el mobiliario del palacio, Blanqui, Voyage à Madrid, pp. 126-127; Amarillas, Recuerdos, II, p. 128. <<

[13] Alcalá Galiano, Historia de España, VII, pp. 222 y 227, «Memorias» en Obras escogidas, II, p. 239; Martignac, Essai historique sur la révolution d’Espagne, I, pp. 1-2; Damas, «Memoires du baron Damas», p. 26; Gignoux, La vie du baron Louis, p. 205; Martínez Ruiz, «La propaganda oficial francesa y los Cien mil hijos de san Luis»; Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, p. 800. <<

[14] Campo, «Pamplona, tres lustros de su historia (1808-1823)»; Río, Orígenes de la guerra carlista en Navarra, pp. 315-337; Martín, Historia de la guerra de la división real de Navarra, p. 277; Druenne, Siège et prise de la Seo de Urgel; [Miñano], Histoire de la révolution d’Espagne, II, p. 488; Miraflores, Apuntes, p. 247; Ramírez Arcas, Vindicación del honor español, p. 331; J. M. y R., Memorias para la historia, II, pp. 373-404; López Pinto, «Bosquejo del estado en que se hallaba España a fines del año 1819», pp. 481-484; Camilo Jover, Reseña histórica de la ciudad de Alicante, pp. 145-154; El Restaurador, III, pp. 1321-1322 (18 diciembre 1823). «Para defender la independencia, basta una especie de orgullo nacional sostenido por un fanatismo ciego; para defender la libertad, es necesario que las luces del espíritu y la dignidad del alma nos hagan sentir la necesidad y querer los beneficios; esto sería esperar demasiado de los habitantes de un país sin […] una educación adecuada» (Ouvrard, Mémoires, II, p. 71). El texto sobre los precios de los bagajes, de un decreto que cito por su reproducción en Azcoitia el 4 de julio de 1823. No consiguieron lo que se proponían, ya que el 11 de octubre se denuncia «el escandaloso abuso» de pedir al ejército francés «unos precios tan subidos que […] han aumentado hasta una cantidad triplicada del valor que realmente tienen» (de una real orden de 11 de octubre). He visto también un «aviso al público», en castellano y francés, del 15 de marzo de 1824, en que la «división del Alto Ebro» fija las reglas para liquidar «las cuentas de los gastos hechos en 1823», sean por cuenta del ejército o del proveedor del general Ouvrard. Tengo también una liquidación de los suministros de víveres, líquidos, forrajes y leña hechos a los franceses en 1823 por un pueblo de Navarra, por los cuales los franceses pagan 1786 francos en julio de 1825 (los cuatro documentos están en el archivo del autor). Las noticias sobre la actuación de fuerzas liberales en la retaguardia se basan en un análisis de las informaciones publicadas en El Restaurador, aunque asegurándome de su exactitud por otras fuentes. Sobre Extremadura, I, pp. 447, 471 y 517, y II, p. 625; sobre el Empecinado, I, pp. 100-102, 125-126, 133-134, 153-154, 311, 463 y 542; II, pp. 590, 625, 656-662, 683-687, 729, 756-757, 895, 910-911, 934, 950-951; III, pp. 1031, 1074, 1102-1104 y 1158 (las noticias han sido, además, ampliadas y corregidas con Cassinello, Juan Martín «El Empecinado», o el amor a la libertad, pp. 300-310); sobre «Chaleco» y sobre otros hechos que reflejan el temor que se sentía en Madrid, Restaurador, I, pp, 12, 206, 366, 434, 470, etc.; las noticias sobre el País Vasco y sobre Alhama, de una orden de la regencia del 17 de junio (archivo del autor). Un comunicado francés de 25 de junio decía a la vez que estaban a punto de llegar a Cádiz y que sostenían duros combates en San Sebastián (donde se elogia a dos soldados franceses heridos «que han sufrido la amputación a los gritos de viva el rey»). El comunicado es de Madrid, del 25 de junio, y lo cito por una reimpresión de Vitoria del 28 de junio (archivo del autor). <<

[15] Alcalá Galiano, Historia de España, VII, pp. 212-213; Miraflores, Apuntes histórico-críticos, p. 192. Mientras Miraflores asegura que Morillo «apenas tendría […] 3000 hombres», Abel Hugo le atribuye «plus de quinze mille» (Histoire de la campagne d’Espagne, I, p. 121). En materia de efectivos y de bajas los historiadores militares de los dos bandos opuestos suelen discrepar. En el combate de Pont de Cabriana, por ejemplo, el general Hugo nos dice que los constitucionales tuvieron 600 bajas, que según Mina sólo fueron 200. Nunca se sabe si al decir «bajas» se hace referencia a muertos, heridos o presos, o a todo en conjunto. Y las exageraciones son evidentes. Respecto de la defensa de Olot en el convento del Carmen un autor moderno, y no muy fiable, nos dice que hubo «más de cien muertos», pero sólo existe noticia cierta de once (Pagés, Olot durant el trienni liberal, pp. 108-111). <<

[16] Sobre las campañas de Cataluña: Damas, «Mémoires», pp. 17-22; Galli, Memorias sobre la guerra de Cataluña; Espoz y Mina, Memorias; Matzluff, «L’incursion du général Mina en Cerdagne pendant l’expédition militaire des 100 000 fils de Saint-Louis»; Castells, «La opinión liberal ante la invasión francesa: Cataluña (1823)», y Arnabat, Liberals i reialistes durant el trieni constitucional, I, pp. 267-289 y La revolució de 1820, pp. 328-341. La derrota en Llers, de la cual tenemos una descripción en el n.º 43 «Extraordinario al Realista manresano» del 21 de septiembre, dio lugar a la rendición del castillo de San Fernando, en Figueres, donde los franceses entraron el 29 de septiembre, un día antes de la rendición de Cádiz (Díaz, El castillo de San Fernando de Figueres, pp. 137-142). Rotalde, La España vindicada, p. 109; Historia militar de D. Ramón María Narváez, p. 79. Sobre la campaña de Ballesteros, Alcalá Galiano, Historia de España, VII, pp. 233 y 249-253; Miraflores, Apuntes histórico-críticos, pp. 229-231; Ramírez Arcas, Vindicación del honor español, p. 302. Ramón de Santillán, que participó en la campaña, explicaba escandalizado que las tropas españolas habían empezado a retroceder sin ni siquiera haber visto a los franceses: «No han pasado los franceses el Bidasoa y no queda un solo soldado nuestro desde la frontera hasta Somosierra» (Santillán, Memorias, I, pp. 101 y ss.). La carta de Villèle en Mémoires, III, p. 353; Borrego, «El general Riego y los revolucionarios liberales», en La España del siglo XIX, I, pp. 385-405; Huber, Esquisses sur l’Espagne, p. 382; Restaurador, II, pp. 736-737, 847-848, 869-870, 942; III, pp. 1142-1143 y 1174-1175; Puigblanch en Opúsculos gramático-satíricos, I, p. 84; López Pinto, «Bosquejo del estado», p. 321; las noticias sobre la estancia de Ballesteros en el Puerto, en el Times del 7 de noviembre de 1823. Sobre los serranos preparados para asaltar Málaga, Borrego, «El general Riego», p. 395. <<

[17] Rodríguez Villa, Don Pablo Morillo, pp. 189-190, 193-194 y 226; Uslar Pietri, Historia de la rebelión popular de 1814, p. 192; Morillo, Contestación […] al dictamen que sobre su conducta militar; Miñano, Histoire de la révolution d’Espagne, II, pp. 394-397; Berazaluce, Sebastián de Miñano y Bedoya, p. 180, nota; Rotalde, España vindicada, pp. 93-96; un folleto del cual el Times del 24 de diciembre de 1824 transcribe fragmentos; Miraflores, Documentos, II, pp. 302-304; Alcalá Galiano, Historia de España, VII, p. 246; Hugo, Histoire de la campagne d’Espagne, I, pp. 342-368; Benito Vicetto, Historia de Galicia, VII, pp. 471-477; Meijide Pardo, Contribución al estudio del liberalismo, pp. 204-206; Vega de Mina, Apuntes para la historia del tiempo, pp. 313-362; Barreiro, Liberales y absolutistas en Galicia, pp. 73-79. Sobre la situación de Morillo después de su defección [Papeles referentes a la regencia del reino], Biblioteca Nacional, Madrid, manuscrito 1414, ff. 63-63 v. (carta de Salazar a Talaru, de 23 de agosto de 1823); Archivo de la Presidencia del Gobierno, Madrid (en adelante APG), Actas del Consejo de Ministros, VI, 1829, pp. 408-410; García Barros, Medio siglo de vida coruñesa, passim. Los franceses usaron la rendición de Morillo para incitar a Manso a «cooperar a tan dichoso resultado». Manso respondía el 31 de julio a Moncey, negándose a negociar y proclamando que el de España era un gobierno libremente elegido y legítimo, a diferencia de la regencia de Madrid, «sin otra legitimidad que el interés personal de los que la forman» (archivo del autor). <<

[18] Sobre O’Donnell, Rotalde, España vindicada, p. 103. Martignac dirá que es un hombre «dont l’indefinissable caractère embarrasse l’historien» (Essai historique, p. 179). Incluso Amarillas se hará eco de su bajeza moral (Recuerdos, II, p. 142). Los dos hijos del conde murieron en la guerra carlista, luchando con los liberales, mientras otros cuatro miembros de la familia O’Donnell lo hacían con los carlistas. La Bisbal fue capturado y sería el principal de los franciscanos, fray Cirilo de la Alameda, quien, pudiendo decidir si lo hacía matar o se le dejaba con vida, optó por perdonarle, de manera que, dirá Ouvrard, se salvó «por la generosidad o el menosprecio de un fraile» (Ouvrard, Mémoires, II, pp. 147-148). Sobre estos hechos, Ramírez Arcas, Vindicación del honor español, pp. 285, 293-295 y 303; Alcalá Galiano, Historia de España, VII, pp. 223-225; Capefigue, Récit des opérations, pp. 101-105 y 2.ª parte, pp. 78-84; Miñano, Histoire de la révolution, II, pp. 320-329, y Hugo, Histoire de la campagne d’Espagne, I, pp. 175-178. Sobre la familia O’Donnell se pueden encontrar noticias en Tuero-O’Donnell, Mariano Bennlliure o recuerdos de una familia, passim. Sobre la conducta de Zayas, que fue muy criticada, Miraflores, Apuntes histórico-críticos, pp. 202-205 y, sobre todo, la carta que Zayas escribió a Abel Hugo, reproducida por éste en su Histoire de la campagne, II, pp. 353-357. Le defiende y elogia Ouvrard en Mémoires, II, pp. 82-85, donde explica el sangriento asalto de Bessières, que costó la vida a más de «doscientas personas de la villa, de todas las edades y sexos». En sus memorias Amarillas se lamentará de la suerte que Zayas sufrió después de la segunda restauración del absolutismo, «privado de su empleo y distinciones en premio a su noble, recta y firme conducta». Murió poco después en Chiclana, «donde se refugió en su desgracia» (Recuerdos, II, p. 300). Los recuerdos de Eugenio García Ruiz (Historias, Madrid, 1876, I, p. 787) con respecto a los atropellos y saqueos que se produjeron en Madrid demuestran que el miedo de Zayas no era en vano (veremos más adelante lo que ocurrió en Brihuega). La escena de la frustrada entrada de Bessières también es descrita por Fernando Fernández de Córdova, Mis memorias íntimas, I, p. 46. <<

[19] Diario de las Sesiones de Cortes celebradas en Sevilla y Cádiz en 1823, pp. 15-35. Esta disposición no se encuentra en los volúmenes de la Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, y la cito por un ejemplar de la hoja suelta en la que fue impresa en el momento (está fechada en Sevilla el 3 de mayo de 1823), de mi archivo particular. Que Argüelles se opusiese sirve para mostrar hasta qué punto llegaba en aquellos momentos la división entre los liberales que habían seguido en las cortes; según un testimonio bastante informado, de los poco más de cien diputados que habían llegado a Sevilla, había 45 exaltados y 44 moderados («del partido de Argüelles»), al lado de otros que no podían considerarse ni liberales. Romero Alpuente, Historia de la revolución española, II, p. 347. El análisis de la composición de las cortes procede de J. López Quirós y P. Butler: «Authentic account of the deposing of Ferdinand, king of Spain, in 1823», en The Atheneum, 17 de noviembre de 1832, pp. 744-746. Además, Martínez de la Rosa, «Espíritu del siglo», libro X, en Obras, VII. Copons, Memorias, pp. 137-145, da una versión minuciosa, pero interesada, de lo que había ocurrido en el Alcázar durante estos días, donde queda claro que la guardia real obedecía lo que mandaban las cortes. Fernando VII, «Itinerario», pp. 451-452; Barrié, Biografía del mariscal de campo […] D. Juan Downie, p. 44. <<

[20] Sigo el artículo citado de The Atheneum, además de Alcalá Galiano, «Memorias», II, pp. 246-249, y Diario de Sesiones en Sevilla y Cádiz, pp. 241-242. <<

[21] Fernando VII, «Itinerario», p. 453; Argüelles, De 1820 a 1824. Reseña histórica, pp. 203-206; Alcalá Galiano, «Memorias», II, pp. 249-252, e Historia de España, VII, pp. 237-240; Diario de Sesiones en Sevilla y Cádiz, pp. 242-243. Sobre la actuación de la regencia, Emilio La Parra, El regente Gabriel Ciscar, pp. 233-244. Astur, Riego, pp. 456-462. Rotalde, La España vindicada, p. 46. <<

[22] Fernando VII, «Itinerario», pp. 453-454; Alcalá Galiano, «Memorias», II, pp. 252-254. Noticias sobre la conspiración de Downie en Ouvrard, Mémoires, II, pp. 153-155, y Copons, Memorias, pp. 143-147 (cita de la p. 145) y 172-192 (el manifiesto de Downie y la réplica de Copons). La Parra, El regente Gabriel Ciscar, pp. 241-242. <<

[23] La descripción de estas escenas se basa sobre todo en Velázquez y Sánchez, Anales de Sevilla de 1800 a 1850, pp. 295-300; Monsalud, El capitán general marqués de Monsalud, pp. 12-13, Guía de forasteros de la ciudad de Sevilla, 1832, passim (en especial, pp. 193-194); Fernández Albéndiz, «Sevilla 1823: el exilio real»; Álvarez Santaló, La población sevillana en el primer tercio del s. XIX, pp. 85-115; Álvarez Pantoja, Aspectos económicos de la Sevilla fernandina, I, pp. 10-11; Rodríguez Moñino, Historia de una infamia bibliográfica, pp. 20-23; Palafox, Autobiografía, pp. 124-126. Sobre el recibimiento que se le hizo a Angulema al pasar por Sevilla, a mediados de agosto, Asunción Díaz Zamorano, «El duque de Angulema en Sevilla: fiesta, esperanza y utopía». <<

[24] Fernando VII, «Itinerario», pp. 454-455; Haebler, María Josefa Amalia, pp. 187-189 (el soneto en pp. 186-187); Copons, Memorias, pp. 149-156 (citas literales de las pp. 153-154 y 156); Alcalá Galiano, «Memorias», II, pp. 258-259; Miraflores, Apuntes histórico-críticos, pp. 231-232; Mesonero Romanos, «Memorias de un setentón», en Obras, V, p. 135; Guichot, Historia general de Andalucía, VII, pp. 131-134. Riego se había agregado a las tropas que acompañaban al rey voluntariamente, sin tener mando sobre ellas (Astur, Riego, p. 462). La Parra, El regente Gabriel Ciscar, p. 243. La recuperación del poder, que a Fernando le debía parecer lógica y natural, le sería duramente criticada por sus amigos franceses. Escribiendo a Villèle, Chateaubriand calificaba la conducta del rey de «penosa», pedía que se ocultase en los periódicos y que, en caso de que se llegase a saber, lo presentasen al público «como una burla»; había que decir que el rey había rechazado el poder pero que las cortes hablaban y firmaban en su nombre (Fourcassié, Villèle, p. 474). <<

[25] Mesonero Romanos, Memorias de un setentón, p. 284; Alcalá Galiano, Historia de España, VII, p. 253; Le Brun, Vida de Fernando Séptimo, pp. 218-219; Haebler, María Josefa Amalia, pp. 190-194 (la cita, de pp. 192-193). Se puede observar la posición de las murallas, desde las cuales se veía el interior del edifico de la Aduana, en los grabados de Mariano de Retegui, Cádiz y sus famosas murallas. Copons, en Memorias, p. 156, asegura que fue él quien dio al rey la idea de hacer una torrecilla, como las que abundaban en las casas de Cádiz, con el fin de que pudiese ver más lejos, ya que la familia real no salía de su residencia. <<

[26] Stapleton, Some official correspondence of George Canning, I, pp. 97-108; British and Foreign State Papers, vol. 1822, 3, pp. 27-70; una carta cifrada de Yandiola, del 14 de agosto de 1823, en Archivo General de Simancas (en adelante AGS), sección Secretarías de Estado, legajo 8184; la correspondencia que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional (a partir de ahora AHN), Estado, legajo 2965, y las acusaciones que se hicieron contra la conducta de A’Court en el parlamento británico. Sobre A’Court, Butrón, «La quimera del “mezzo termine”. La contribución franco-británica a la caída del liberalismo peninsular»; Heredia, Escritos del conde de Ofalia, pp. 55-70 y 430-444; Ouvrard, Mémoires, II, pp. 144-146. Una síntesis de la correspondencia cruzada con Luyando en Peloni: «La invasión francesa en el trienio constitucional» y «Diplomacia española en el bloqueo de Cádiz: 1823». <<

[27] El mejor análisis del sitio de Cádiz, desde un punto de vista militar, es Martínez-Valverde, «Cádiz, mil ochocientos veintitrés: en defensa de la constitución del año doce», que es necesario complementar con el trabajo del mismo autor, «El ataque a Cádiz en 1823 y la influencia decisiva que para su éxito tuvo el dominio del mar». Por lo que se refiere al Trocadero, hay que recordar que estaba en mala situación desde 1812 (La abeja española, n.º 24, 5 de octubre de 1812, p. 42), cuando se crearon impuestos en Cádiz para reforzarlo (Colección de decretos y órdenes de las cortes, III, pp. 88-90 y 93-94) y que no parece que se hubiese hecho gran cosa, ya que en 1823 seguía mal (García León, La milicia nacional en Cádiz, pp. 126-128). La versión más realista de lo que ocurrió es la de Copons, Memorias, pp. 157-161; la visión heroica en Hugo, Histoire de la campagne d’Espagne, II, pp. 58-80, y en Bittard des Portes, Les campagnes de la Restauration, pp. 274-286; Sánchez Mantero, Los cien mil hijos de San Luis, pp. 76-79; Ouvrard, Mémoires, II, pp. 181-182; El Restaurador, II, pp. 670-671; la carta de Angulema (de 25 de agosto de 1823) en Villèle, Mémoires, IV, p. 327. Una carta de Chateaubriand de 30 de agosto —Lettres à Madame Recamier, p. 165— muestra también la inquietud del ministro que espera noticias. Datos interesantes en el Times del 13 de octubre de 1823 y noticias adicionales en Salaverry, «El asalto al Trocadero y la invasión de los Cien mil hijos de San Luis en Cádiz». Por lo que se refiere al eco público, Fernán Caballero («El último consuelo», p. 278, nota) dice que «en el año 1823 se hicieron en París sombreros y fabricaron telas llamadas Trocadero». Se quiso dedicar el arco de triunfo de l’Étoile a las victorias de Angulema, pero esta propuesta avergonzó, por excesiva, a los propios realistas (Louis Réau, Histoire du vandalisme, pp. 638-639). El 17 de julio el ministro José María de Pando envía noticias militares optimistas como consecuencia del movimiento de tropas del día anterior (AGS, Secretarías de Estado, legajo 8184). <<

[28] Este relato se basa en Copons, Memorias, pp. 162-167, por lo que se refiere a la actuación de los militares, en una larga y documentada narración en el Times de Londres el 6 de noviembre de 1823, con el título de «Last days of the constitutional government of Spain. Statement prepared by senors Ruiz de la Vega and Oliver, members of the Cortes, now in this country» (donde se transcribe parte de la correspondencia oficial cruzada con A’Court), en otro relato de los últimos días de Cádiz, publicado por el mismo periódico el 13 y 14 de octubre, en el de los últimos días del sitio de Cádiz realizado por sir Robert Wilson, que se encontraba allí, en un discurso a la cámara de los comunes, el 18 de marzo de 1824 —en Hansard: The parliamentary debates, X, pp. 1253-1254 (sobre Wilson en Galicia, Meijide Pardo en Contribución al estudio del liberalismo, pp. 157-161)—, en el Diario de Sesiones en Sevilla y Cádiz y en diversas comunicaciones del gobierno español con la embajada en Londres que se encuentran en AGS, Secretarías de Estado, legajo 8184. Sobre el intento francés de desembarco, Villèle, Mémoires, IV, p. 448. <<

[29] La carta de Angulema (del 17 de agosto) y la respuesta «oficial» de Fernando (21 de agosto) en AGS, Secretaría de Estado, legajo 8184, donde se encuentra también la propuesta de entrevista entre Fernando y Angulema. Una carta «oficial» posterior de Fernando (del 4 de septiembre) le propone un armisticio con el fin de discutir los términos de la paz y envía a Álava como plenipotenciario (AHN, Estado, legajo 2840). Algunos de estos documentos, con otros del mismo tema, se reproducen en los artículos de Hebe Carmen Peloni, sacados, en su caso, del legajo 3077 de Estado en el AHN. <<

[30] Fernando VII, «Itinerario», pp. 463-467. <<

[31] Alcalá Galiano, Historia de España, VII, p. 258; Villèle, Mémoires, IV, p. 365 (carta del 3 de septiembre de 1823). <<

[32] Sobre la gestión de Álava, Ouvrard, Mémoires, II, pp. 204-205; Miraflores, Apuntes histórico críticos, p. 244, nota; Fernando VII, «Itinerario», p. 471. Véase también Suplemento a la Gaceta de Madrid de 20 de septiembre de 1834, p. 2. <<

[33] Fernando VII, «Itinerario», p. 471. Sobre los primeros momentos de las capitulaciones y la emigración, Sánchez Mantero, Liberales en el exilio, pp. 1929, y «Gibraltar, refugio de liberales exiliados»; Llorens Castillo, Liberales y románticos, pp. 16-22. <<

[34] La descripción del vestuario es del folleto de Aparicio, Descripción sencilla y breve del cuadro, reproducido como apéndice en Montoto, El Puerto de Santa María en la liberación de Fernando VII, pp. 67-71 (debo el conocimiento de este opúsculo al amigo Guillermo Carnero). La tradición sobre la hostilidad familiar y «los vestidos de las cuñadas y reina en el Puerto de Santa María» se encuentra ya en 1828 en los Diarios de Arias Teijeiro, I, p. 20 (enero 1828). La transmite Antonio Pirala (Historia de la guerra civil, 1.ª edición, I, p. 11; 3.ª edición, I, pp. 16-17), la recoge Villaurrutia (Fernando VII, rey absoluto, pp. 75-76), y la reproduce todavía —en 1950(¡!)— el padre Federico Suárez (La pragmática sanción de 1830, pp. 11-12). <<

[35] Sobre los primeros momentos después de la derrota en Cádiz, Butrón, La intervención francesa y la crisis del absolutismo en Cádiz, pp. 25-52; Ouvrard, Mémoires, II, pp. 219-220; Alcalá Galiano, «Recuerdos de un anciano», en Obras escogidas, I, pp. 204-206; Mesonero Romanos, Memorias de un setentón, pp. 291-296. Noticias sobre Cádiz en los días siguientes a la caída en el Times del 7 de noviembre y sobre los refugiados en Gibraltar en el del 13 de noviembre de 1823. Sobre Valdés y Ciscar, La Parra, El regente Gabriel Ciscar, pp. 248-263; Fernández de Córdova, Mis memorias íntimas, I, p. 47. <<

[36] Sobre la rendición de Cartagena, Sáenz de Viniegra, Vida del general […] Torrijos, I, pp. 218-287, y López Pinto, «Bosquejo del estado»; sobre la de Alicante, Orga, Apuntes históricos de la milicia nacional, pp. 21-24. Con respecto a las condiciones que los franceses ofrecían en las capitulaciones —conservación del grado militar, libertad de vivir en España con garantías personales y para la propiedad, etc.—, véase Rees, «Un refugiado agresivo: Nicolás Santiago Rotalde y el gobierno francés de los años 1830», en especial pp. 211-213. Se les hicieron propuestas a los jefes militares catalanes con el fin de que se pasaran al bando realista en el mes de julio, con motivo de la rendición de Morillo (hemos hablado ya del caso de Manso). El texto citado de Milans, firmado en Tarragona el 9 de octubre, es también de otra hoja de mi archivo. Sobre la rendición de las plazas catalanas, cito el Tratado entre Mina, Moncey y la ciudad de Barcelona, que tal es el carácter de este singular documento, de un ejemplar original (archivo del autor); Espoz y Mina, Memorias, III, pp. 446-462; J. M. R., Memorias para la historia de la última guerra, II, pp. 337-422. Los dos testimonios de Barcelona que cito son del manuscrito anónimo de la Biblioteca de Catalunya, manuscrito 250, anotación del 9 de noviembre de 1823. Sobre la entrada en Tarragona y Reus, Anguera, Comportament polític, pp. 70-71, y Pons Anguera, Libro de varias cosas sucedidas en esta villa, p. 81. <<

[37] Sobre los suministros para el ejército, Revue impartiale des opérations administratives de la campagne de 1823. Garnier, Le drapeau blanc, p. 205; Knibiehler, Naissance des sciences humaines: Mignet et l’histoire philosophique au XIXe siècle, 1973, p. 83 (y en general pp. 81-84 para sus juicios desfavorables a la intervención en España). El manifiesto citado está firmado como Barón de Ur y lleva el título de Viva Dios, viva la virgen santísima…, delatando su probable origen clerical. La opinión de Canning, en Hansard, The parlamentary debates, 26 p. 364; la del gobernador del consejo de Castilla en AMAE, Espagne, Correspondance politique, 728, f. 184. Suplemento a la Gaceta de Madrid de 25 de septiembre de 1834, pp. 3-4; Chateaubriand, Œuvres, XII, p. 392, carta del 1 de noviembre de 1823 (la misma opinión en Caze, La verité sur l’Espagne, p. 32); Romero Alpuente, Historia de la revolución española, II, pp. 347-371. Los franceses creyeron en algún momento que los liberales querían pasar con el rey a Ceuta, Fourcassié, Villèle, p. 475. <<

[38] Suplemento Gaceta de Madrid, 20 de septiembre de 1834 (sesión del estamento de procuradores del 19 de septiembre); Villèle, Mémoires, IV, pp. 28 (carta del 7 de junio de 1823), 78, 326, 366 y 369; Corti, La maison Rothschild, I, pp. 288-293; Gille, Histoire de la maison Rothschild, I, p. 462; Wolff, Le financier Ouvrard, p. 191; Vaulabelle, Histoire des deux Restaurations, VI, pp. 429-430, nota. Marcel Marion, Histoire financière de la France depuis 1715, V, pp. 30-34, Fourcassié, Villèle, p. 249. Uno de los motivos, pero no el único, de la generosidad de los franceses era que tenían prisa por acabar la campaña. Según las previsiones militares francesas, «la mala estación —el invierno— habría forzado a nuestros barcos a alejarse; las enfermedades de otoño habrían diezmado nuestro ejército en los alrededores de Cádiz, donde no se puede sostener un asedio en regla durante el invierno», Revue impartiale des opérations administratives de la campagne de 1823, p. 37. <<

[39] Una ojeada comparativa a los dos procesos paralelos de las revoluciones napolitana y portuguesa nos permite entender mejor las causas del fracaso español. ¿A qué se debió el hundimiento del experimento revolucionario napolitano de 1820-1821? ¿Cómo se puede entender que un movimiento que había obtenido el apoyo general de la población cayera con tanta facilidad? Parece que la revolución perdió muy pronto su impulso inicial y que defraudó las esperanzas que había suscitado, al no enfrentarse con los problemas que realmente interesaban a las masas. Las clases dirigentes de la revolución, la burguesía agraria y las capas medias, velaban por sus intereses y no fueron capaces de plantear unos objetivos que pudiesen movilizar a los campesinos pobres, que en los primeros momentos no se habían manifestado a favor del rey y de la tradición, como lo habían hecho en 1799, cuando los guerrilleros de la Santa Fe habían acabado con las esperanzas de los republicanos. Los liberales de 1820 se limitaban a una propaganda de palabras, porque parecían creer que la lucha por una libertad vaga y abstracta era suficiente para ganarse el apoyo del conjunto de la población. En el parlamento, dice el embajador A’Court —experto en contrarrevoluciones—, se dedicaban a discutir encarnizadamente «si Dios era o no el legislador del Universo». En Sicilia, por ejemplo, donde los campesinos se sumaron al movimiento de 1820 con su propia lucha contra los derechos feudales, una burguesía terrateniente preocupada por defender el sagrado derecho de propiedad ante las reivindicaciones populares perdió la oportunidad de hacer causa común con ellos. Cuando el parlamento napolitano aprobó la abolición del feudalismo, era ya demasiado tarde.

Además de esta división entre los propietarios —aristócratas y burgueses— y los campesinos, había otra entre los propios liberales, que acabaría haciendo nacer dos partidos antagónicos, separados de manera irreconciliable: el de los moderados y el de los demócratas. La falta de homogeneidad de la coalición liberal la debilitó en luchas internas y, al obligar a los sectores más radicales a transigir con los moderados para evitar una ruptura, les impidió aproximarse a las masas con una política más avanzada y conseguir el tipo de movilización colectiva que había salvado, treinta años antes, la Revolución francesa del ataque conjunto de la reacción europea.

Por lo que se refiere a la revolución portuguesa, el triunfo del liberalismo en España fue la causa que estimuló a los revolucionarios y despertó en los moderados la conciencia de que era necesario hacer cambios. Como escribiría en sus memorias Xavier de Araüjo: «Después de la proclamación de la constitución en España […], la revolución en Portugal era inevitable: ¡no podíamos seguir por más tiempo siendo una colonia de Brasil ni gobernados por extranjeros!». El país vivía en una compleja crisis surgida desde el momento de la invasión napoleónica con la marcha de la corte a Brasil (dejando la administración en manos de las autoridades militares británicas), la autorización de instalar industrias en América y el tratado comercial de 1810, que daba todo tipo de facilidades a las importaciones inglesas, no sólo en Brasil sino en el mismo Portugal. La ruina del comercio colonial y de la industria portuguesa ayudan a entender la participación burguesa en el movimiento revolucionario. Hay que añadir, además, el malestar agrario de las zonas del centro y el sur del país, como consecuencia de la caída de los precios de los cereales, provocada por la importación de granos extranjeros, que afectaba a la vez a los productores y a los perceptores de rentas, así como la agitación de los trabajadores que pedían mejoras salariales. Coincidían en ese momento grupos sociales con intereses muy diversos, que difícilmente se podían conciliar a largo plazo: nobleza metropolitana (dejada en un lugar subalterno por la cortesana de Río), oficiales del ejército (que veían dificultada su promoción por la presencia de oficiales ingleses en lugares superiores), alta magistratura, burguesía, campesinos, trabajadores…

Una vez en el poder, la burguesía hizo una política coherente con sus intereses específicos, procurando liberarse de la dependencia económica de Inglaterra e integrar Brasil en un mercado «nacional» (propósito frustrado al independizarse éste en 1822). Pero fue menos decidida en otros aspectos, como en el de la liquidación del feudalismo con la reforma de los «forais», que se quedó a medio camino: la ley de junio de 1822 se contentaba con reducir a la mitad las pensiones y foros, con la contrapartida de convertir en rentas fijas en dinero algunas que hasta entonces se pagaban en parte de frutos. La pérdida del mercado americano y la penetración de las mercancías inglesas estaba produciendo la reestructuración de toda la economía hacia la producción agraria, en una línea que tendería a poner en primer término la conservación de la propiedad. O, mejor dicho, su metamorfosis, que se efectuaría a costa, en buena medida, de los intereses de los pequeños campesinos, lo que explica que de la actitud expectante, al principio de la revolución, pasasen finalmente a dar su apoyo a la contrarrevolución.

De momento, y ante la amenaza que significaban la entrada de las tropas de Luis XVIII en la Península y la revuelta ultra del conde de Amaral, los liberales portugueses decidieron avanzarse a las circunstancias y dieron el golpe de la Vilafrancada, en junio de 1823, sustituyendo la constitución por una carta otorgada a la francesa y restableciendo la censura previa con el fin de silenciar los periódicos liberales (es decir, hicieron lo que los franceses hubieran querido que hiciesen los españoles). El 15 de junio de 1823 el rey Juan enviaba a Angulema una carta en la que le comunicaba «la gran y feliz mudanza que tuvo lugar en este reino por la unánime voluntad de todas las clases de la nación», con motivo de la cual había sido restituido «al libre ejercicio de las regias facultades inherentes al trono». De paso le pedía que controlase «los cuerpos realistas españoles» que, poco disciplinados, se podían sentir tentados a no respetar la frontera portuguesa. Dos meses más tarde, en agosto, la princesa Carlota Joaquina escribía a Angulema cartas delirantes en las que le pedía que invadiese Portugal, que estaba dominado por los masones, y que exterminase a los revolucionarios, sin hacer caso de las propuestas conciliadoras del rey. De otro modo, «estamos todos con la cabeza fuera en poco tiempo». Parece mentira que una mujer de la experiencia de la princesa ignorase que Portugal estaba dentro de la esfera de influencia británica y que Angulema nunca se habría atrevido a intervenir allí.

En el caso de Nápoles el análisis se ha realizado con Lepre, La rivoluzione napoletana del 1820-1821, pp. 313-318; Berti, I democratici e l’iniziativa meridionale nel Risorgimento, pp. 173-180; Renda, Risorgimento e classi popolari in Sicilia, pp. 38-43; Salvemini, Scritti sul Risorgimento, pp. 38-43; Acton, I Borboni di Napoli, pp. 763-765. En el de Portugal he utilizado una amplia bibliografía, pero también, de manera muy destacada, las orientaciones que he recibido del amigo José Tengarrinha, de quien he utilizado, «Contestaçâo rural e revoluçâo liberal em Portugal» (en J. Tengarrinha, História de Portugal, pp. 187-215); la introducción a Fernandes Tomás, A revoluçâo de 1820; Estudios de história contemporánea de Portugal; Da liberdade mitificada a liberdade subvertida, y Movimentos populares agrários em Portugal. Un libro fundamental para mí ha sido el de Aleixandre, Os sentidos do império. Además, Silbert, Do Portugal de antiguo regime ao Portugal oitocentista, passim; Pereira, Revoluçâo, finanças, dependéncia externa, pp. 20-21, 36-38, 87, 228-252, etc.; Livre cámbio e desenvolvimento economico; «Estado e sociedade. Pensamento e acçao política de Mouzinho da Silveira», en Jose Xavier Mouzinho da Silveira, Obras, I, pp. 19-129 (una cita de p. 119); Das revoluçoes liberais ao Estado novo, y, como editora, Liberalismo na Península Ibérica na primeira metade do século XIX. Santos, Geografia e economia da revoluçâo de 1820, pp. 53, 108, 110-115, 133, 137-138, 166-169, 174-177. Utilizando las serie de precios de Vitorino Magalhâes Godinho (Prix et monnaies au Portugal, 1750-1850) se puede ver que el precio del trigo en Lisboa baja más de un 50 por 100 entre 1811 y 1820. Azevedo, Condiçôes económicas da revoluçâo de 1820, pp. 158-164; Sá, A crise do liberalismo; Cruz, Liberais moderados e constitucionalismo moderado; Trigoso de Aragâo Morato, Memórias, pp. 169-179; Torgal, «A contra-revoluçâo e a sua imprensa no vintismo: notas de una investigaçâo»; Monteiro, «Lavradores, frades e forais: revoluçâo liberal e regime senhorial na comarca de Alcobaça, 1820-1824»; «Revoluçâo liberal e regime senhorial: a “questiao dos forais” na conjuntura vintista», y «Notas sobre nobreza, fidalguia e titulares nos finais do Antigo regime». Las cartas del rey Juan y de Carlota Joaquina a Angulema se encuentran en AHN, Estado, legajo 2840. El tema de Brasil se ha analizado a partir de Novais, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (véase, en especial, pp. 298-302), y Barman, Brazil. The forging of a nation, 1798-1852, en especial pp. 65-96. Sobre Portugal y la invasión francesa, Butrón, «Las relaciones franco-portuguesas durante la intervención de los cien mil hijos de san Luis» y «La quimera del “mezzo termine”. La contribución francobritánica a la caída del liberalismo peninsular». <<

[40] Huber, Esquisses sur l’Espagne, p. 146; Galli, Memorias sobre la guerra de Cataluña, p. 210; Gutiérrez de Acuña, A los habitantes de la provincia de Cádiz, su gefe superior político (1823), que contiene un ataque a la actuación de las sociedades secretas (archivo del autor). Gil Novales, Las sociedades patrióticas, I, pp. 743-751; Alcalá Galiano, Historia de España, VII, pp. 225-230 y 250. <<

[41] Sobre la actitud de los propietarios en las cortes, Fontana, La quiebra de la monarquía absoluta, pp. 183-184. En Chinchilla el ayuntamiento ordenó que «los pudientes» presentasen los títulos de propiedad de los bosques y pastos que ocupaban —que podían ser de propiedad comunal—, y se encontró con que el «jefe político» de la provincia —el cargo que posteriormente se conocería como «gobernador civil»— ordenaba que se les dejase en paz. Mientras tanto, «uno de semejantes propietarios talaba a toda prisa sus montes, receloso quizá de que se aclarase no ser de su propiedad» (Diario de las actas y discusiones de las Cortes, legislatura de 1820 y 1821, IV, p. 47, sesión del 18 de agosto de 1820). Sobre la desamortización del trienio véase, sobre todo, González de Molina, Desamortización, deuda pública y crecimiento económico; Moral Ruiz, Hacienda y sociedad en el trienio constitucional y «La presión fiscal en el Trienio Constitucional, 1820-1823»; González Alonso, La nueva ley agraria, pp. 283-287; Torras, Liberalismo y rebeldía campesina; Ferrer, «Problemes econòmics que es plantegen a Tarragona enfront d’una revolució liberal». Las opiniones de Talaru en Villèle, Mémoires, IV, pp. 483-485. Sobre la explotación del malestar campesino contra el liberalismo, por ejemplo, en Enterro solemne de la constitució de Cádiz: «en lloch de alivios en las contribucions, ellas se varen triplicar» (p. 56); «en lloch d’alivios, auments de contribucions» (p. 60). En F. J. P. D., Constitució sens màscara, p. 34, nota 59, se argumenta que las contribuciones en dinero arruinan a los campesinos, mientras que «lo delme may ha fet […] empenyar, ni atrassar cap casa». También un romance titulado Canción nueva poniendo a la memoria las obligaciones de nuestro estado y condición…, de autor posiblemente clerical —que elogia al «Frayle de la Trapa» e incita a los realistas a matar a golpes de bayoneta «al primero que se mueva»— dice que la constitución entró «muy amorosa» con la promesa de abolir el diezmo y añade: «por la mitad del diezmo / que os han franqueado / ricos avaros de España / todos la havéis jurado». Las memorias de un campesino de Masquefa, en Soler Becerro, «Les memòries del dissortat», p. 123 (aunque el título del artículo dice que las memorias llegan hasta 1815, esta cita se saca de unas noticias de 1813 a 1826). <<

[42] Citado en Berti, I democratici e l’iniziativa meridionale, p. 174. <<

[43] Huber, Esquisses sur l’Espagne, pp. 340-342. Por su parte Marx analizó así las causas de esta derrota: «La población revolucionaria de las ciudades, aislada de la masa de la nación, se vio obligada a confiar exclusivamente en el ejército y en sus jefes para combatir a los grandes, la clerigalla rural, el poder de los monjes y frailes, y la corona, que representaba a todos estos elementos retrógrados de la sociedad. Esta posición que asumía el ejército en el campo revolucionario, junto a su aislamiento de las masas, lo convertía en un instrumento peligroso para quienes lo manejaban e inofensivo, en cambio, para el enemigo que había de aplastar. De hecho, las capas superiores de la burguesía, los llamados moderados, se convirtieron muy pronto en indiferentes a la revolución, que más tarde acabarían traicionando, con la esperanza de que la intervención francesa les permitiría establecer su poder y gozar tranquilamente de los frutos de una nueva sociedad, sin dejar que los plebeyos participasen en ello». Hay elementos interesantes en este análisis, pero tiene algunos errores puntuales (parte de los «grandes», por ejemplo, se comprometió con el régimen constitucional y Fernando les marginó después) y la visión de conjunto está condicionada, y simplificada, por el proyecto de futuro en el que se inscribe este examen del pasado: por el programa de la «revolución», tal y como lo veía y lo entendía Marx en los momentos en que escribió este texto. Karl Marx, «Spanien-Intervention», en Marx-Engels, Werke, vol. 10, p. 633 (he usado la traducción catalana de este texto hecha por Jaume Torras en Recerques, 6 [1976], pp. 7-11, con una corrección que él mismo me ha señalado). Sobre la situación de la «grandeza», marginada por el rey después de 1823, AMAE, Espagne, Correspondance politique, 737, ff. 255-258. <<

[1] Fernando VII, «Itinerario de la retirada…», p. 471; Biblioteca Nacional, Madrid, manuscrito 1414 (Papeles referentes a la regencia), ff. 65 y 65 v. Ouvrard, Mémoires, II, pp. 209-212; Martínez Valverde, «Cádiz, mil ochocientos veintitrés», p. 339. <<

[2] Sobre la regencia de Urgel y el gobierno francés el trabajo fundamental es el de Arnabat, «La regència d’Urgell i el reialisme català», y sólo marginalmente Comellas, Los realistas en el trienio constitucional. Villèle explica que la regencia de Urgel tenía tras de sí intereses turbios, como los de Ouvrard, que quería conseguir un empréstito para ella, y que contaba con el apoyo del alto clero español y de algunos gobiernos extranjeros que querían «impedirnos ejecutar nuestros pretendidos proyectos constitucionales para España». El interés de los franceses consistía, por ello, en eliminarla para no encontrarse con un impedimento a su actuación (Villèle, Mémoires, III, p. 457). Existe un interesante cuadro del medio que rodea la regencia de Urgel en Thiers, Les Pyrénées —debo a Jaume Torras el conocimiento de este texto—. Su presidente, Bernardo Mozo de Rosales, había obtenido el marquesado de Mataflorida comprando uno de los cuatro títulos que Fernando VII había dado en 1814 a los frailes de Atocha para que reparasen el convento con lo que obtuviesen vendiéndolos. Las negociaciones para constituir la nueva junta en Boyer, Martignac, pp. 141-143, que trabaja con la documentación de Martignac. La real orden de Burgos, de una reproducción impresa en Oviedo el 14 de julio (archivo del autor). Sobre el conflicto con la junta de Cataluña, Martí i Coll, Mataró i els agraviats, pp. 1523 y 93-96; más adelante se plantea el caso de Navarra. Las disposiciones de la junta de Oyarzun se pueden consultar en Circulares de la Junta provisional de Gobierno de España e Indias. Utilizo bastantes ejemplares originales y la reimpresión realizada el mismo año en Manresa por Pedro Juan Periu, además de los dos números primeros (no sé si existen otros) del Boletín de la Junta provisional de gobierno de España e Indias, impresos según parece en Burgos a mediados de mayo de 1823, donde, aparte de publicar disposiciones y nombramientos, no se hace gran cosa más que describir la marcha de la junta de pueblo en pueblo, en medio de fiestas y discursos, seguida con un día de retraso por la entrada del duque de Angulema, «para evitar en los pueblos cortos la incomodidad de tanto alojamiento» (Boletín, n.º 1, pp. 2-3). Estos ejemplares proceden del Archivo General de Navarra, Pamplona, sección Guerra, legajo 28, carpeta 29. <<

[3] Boyer, Martignac, pp. 148-153; Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, pp. 725-728, 762-773 y 780-785; Chateaubriand, Œuvres, XII, pp. 254-259 (he verificado la fecha de la carta con la edición de París, 1863), y pp. 134-135, 392-293, etc. (por lo que se refiere a las opiniones sobre España). La política francesa en Madrid sería dirigida por Martignac hasta la llegada del embajador Talaru (Caze, La verité sur l’Espagne, pp. 21-22), después de que Martignac rechazase permanecer como embajador en España (Boyer, Martignac, pp. 161-162). La constitución de la junta, Gaceta extraordinaria de Madrid del martes 27 de mayo de 1823, en sendas reimpresiones de Tolosa y Oviedo. Una disposición dada por la junta en Valladolid el 9 de mayo se reimprime y publica en Oviedo el 30 de junio, sin hacer mención alguna de la regencia, que hacía más de un mes que había tomado posesión (archivo del autor). Villèle, Mémoires, III, pp. 418-507, es la fuente principal acerca de las complicadas negociaciones para la instalación de la regencia; todos los textos que se intercambian entre Angulema y los consejos, así como las proclamas publicadas por Angulema, en copias autentificadas con la firma de Sáez, se encuentran en Staatsarchiv, Viena, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, f. 154, n.º 7, «Régence d’Espagne». Están también reproducidos en British and Foreign State Papers, vol. 1822, 3, Londres, 1828, pp. 80-86. Además, Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, pp. 777-778. El alcance político de la intervención está perfectamente explicado en las consideraciones generales del libro de Capefigue, Récit des opérations, pp. 246-256. Que se consiguió crear la confusión que se pretendía lo muestra el hecho de que Clausel de Cousergues crea que los dos consejos eran los que habían designado la regencia y que Angulema la había reconocido (Observaciones varias, p. 136). La opinión de Metternich sobre la regencia, en Bertier de Sauvigny, II, p. 779; sus intentos frustrados de proponer al rey de Nápoles como regente, y como eventual sucesor de Fernando, si éste perdía la vida, en Schmieder, Prusia y el Congreso de Verona, pp. 166-170 y 227-230. La visión de una España ni absolutista ni liberal, tutelada políticamente por Francia, es también la que da Fiévée, De l’Espagne et des consequences de l’intervention armée, pp. 44-45. <<

[4] Villa-Urrutia, Fernando VII, rey absoluto, pp. 77-78 —una carta de Calomarde a la infanta Carlota confirma que Fernando VII había encargado que Irujo fuese ministro de Estado, «pero un clérigo estúpido ocupa su lugar» (Lema, Calomarde, p. 64)—. El primer nombrado había sido Vargas Laguna, que seguía en el Vaticano, y Sáez sólo era interino (Decretos Fernando VII, VII [1823], p. 7); pero Vargas renunció, porque prefería permanecer en Roma, y Sáez le sustituyó (id., p. 83 [7 de agosto]). Miñano, Histoire de la révolution d’Espagne, II, p. 381; Lledó, Eusebio Bardaxí Azara, pp. 206-212. La carta de Sáez comunicando su nombramiento al embajador de Francia, el 10 de agosto de 1823, en Biblioteca Nacional, Madrid, manuscrito 1414, Papeles referentes a la regencia del reino, fol. 27. Circulares de la Junta provisional de gobierno, pp. 8-10 y 18-20 (utilizo también ejemplares de los originales de estas circulares, de mi archivo; la del 9 de abril comunicando la formación de la junta, está impresa en doble hoja conjuntamente con la orden de cambiar a los funcionarios); la regencia consultó al consejo Real y publicó una nueva y más extensa disposición sobre «separación y reposición de empleados» el 27 de junio de 1823 (ejemplar del archivo del autor); más en general, Decretos, órdenes y reglamentos expedidos por la Regencia del reino, pp. 16-17, 61-63, etc. La reestructuración de los partidos judiciales y de las alcaldías mayores ha sido estudiada por Burgueño en De la veguería a la província, pp. 151 y ss. <<

[5] Biblioteca Nacional, Madrid, manuscrito 1414, Papeles referentes a la regencia, ff. 9-21; Miraflores, Documentos a los que se hace referencia en los Apuntes, II, pp. 294-295; Vimont, La prison politique en France, p. 173: durante el «terror blanco» de 1815, en el sur de Francia, Angulema había mandado que «los culpables fuesen castigados y los inocentes puestos en libertad». Los documentos coetáneos muestran la impotencia de las autoridades españolas en este terreno: una disposición de la Chancillería de Valladolid, del 16 de junio de 1823, ordenaba que nadie circulase por las calles después de las diez de la noche, hora en que debían cerrar «todas las tabernas, casas de juego y demás oficinas públicas», a la vez que prohibía los insultos, malos tratos o detenciones por motivos de opinión o de partido. No habría sido necesario hacer nada más, si una medida como esta hubiese sido respetada (archivo del autor). <<

[6] Biblioteca Nacional, manuscrito 1414, f. 30 v. y ff. 37-45v; Decretos, órdenes y reglamentos expedidos por la regencia del reino, II, pp. 9-10. Noticias de incidentes con las autoridades francesas que liberan presos en Restaurador, I, pp. 301-302, 350-353; III, 1030-1031, etc. Sobre la irritación producida en los aliados, Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, pp. 789-792. <<

[7] Gómez Hermosilla, Respuesta de un español a dos folletos, p. 37; Biblioteca Nacional, manuscrito 1414, f. 62; Montoya, Intervención del clero vasco, pp. 248-265, 384-390 y 397-402. La reclamación de Vizcaya, que sólo aceptaba que Llauder fuera capitán general estrictamente del ejército o que «limite su capitanía general a la provincia de Guipúzcoa», de una larga exposición dirigida al ministro de la Guerra el 4 de julio de 1823 (archivo del autor). Sobre Santander, Fernández Benítez, Burguesía y revolución liberal, pp. 111-112 (tomo detalles adicionales de su tesis doctoral, pp. 272-273). Sobre Navarra, Río, Las últimas cortes del reino de Navarra, pp. 85-91, y Orígenes de la guerra carlista en Navarra, pp. 373-432; Archivo General de Navarra, Guerra, legajo 29, carpeta 42, carpeta 10 (sobre las «contestaciones de la Diputación del reino con el Trapense»), carpeta 3 (sobre «la sedición militar ocurrida en los tres batallones de voluntarios realistas del reino que ocupaban la línea del bloqueo de Pamplona; que su obgeto era suprimir la Diputación y restablecer la Junta guvernativa que había cesado»), carpeta 2 y carpeta 4; Martín, Historia de la guerra de la división real de Navarra explica todo el final de la campaña como si no hubiese pasado nada; Gambra, La primera guerra civil de España, pp. 133-134, nota; Miraflores, Apuntes histórico-críticos, p. 223. <<

[8] Estos dos testimonios son de Martignac, Essai historique sur la révolution d’Espagne, pp. 388-389, y del anónimo Álbum de un soldado durante la campaña de España en 1823, p. 63 (acompañado de un grabado, sacado de un apunte original del autor, que ilustra la escena). Sobre el caballo maravilloso, Carnavon, Viajes por la Península ibérica, pp. 82-83. Sobre la agitada vida de Marañón, Toda, La destrucció de Poblet, pp. 106-118; J. M. y R., Memorias para la historia de la última guerra civil de España, I, p. 137; Montoya, Intervención clero vasco, pp. 331-439; Feliu, La clerecia catalana, pp. 146-149, 159-160 y 164. Y, naturalmente, la documentación conservada en Navarra. Su fama duró mucho. Dos canciones del Ripollès, que deben ser la primera de 1823 y la segunda posterior, repiten que el «frare Trapense / ja és arribat; / n’ha vingut de la Rússia / molt ben armat» (Cançoner del Ripollès, pp. 170-171). Sobre la vida que se llevaba en el priorato de Santa Susana, Carta de un hijo a su madre sobre su conversión y profesión… y Breve noticia de los exercicios en que se ocupan los monjes… Sobre los endemoniados de Bràfim, Torras, «Peasant counter-revolution?», pp. 70-71. <<

[9] Carta del conde de España a la diputación, donde se describe una entrevista con Marañón el 21 de marzo, en Archivo General de Navarra, Guerra, legajo 29, carpeta 1.ª. Las noticias sobre su vida posterior son de una carta de Vicente Castillón en Archivo del castillo de Papiol, legajo 3. La orden de la junta, dada en Burgos el 28 de abril, la cito por una reproducción de Oviedo del 3 de julio (archivo del autor). <<

[10] Miraflores, Documentos a que se hace referencia en los Apuntes, II, pp. 299-301. AMAE, París, Espagne, Correspondance politique, 723, ff. 233-234. J. Sarrailh había dado noticia de estas informaciones policiacas en La contre-revolution sous la régence de Madrid, pero parece que nadie, excepto Alonso Tejada, se haya querido hacer eco de ello posteriormente. <<

[11] Miraflores, Documentos…, II, pp. 295-296; Restaurador, II, pp. 567-568; Villèle, Mémoires, IV, pp. 327-329, y III, p. 423; Restaurador, I, p. 515; Bibl. Nacional, manuscrito 1414, ff. 66 y v.; Fourcassié, Villèle, pp. 251-252. <<

[12] Decretos, órdenes y reglamentos regencia, I, pp. 27-29, pp. 33-39, II, pp. 10-11 y 11-17. Cito también por una impresión de las órdenes de la regencia hecha por la Chancillería de Valladolid (archivo del autor): Arnabat, Liberals i reialistes durant el trieni liberal, II, pp. 23-29, examina los conflictos suscitados por la renovación de los ayuntamientos en el corregimiento de Vilafranca. Los problemas de Igualada ocupan un buen número de expedientes (ACA, Audiència, expedientes 1401, 1467 y 1564 de 1824, y 61, 62, 63 y 64 de 1825, etc.) y se encuentran expuestos en Martínez de Presno, Revolució liberal, pp. 184-194. El otro ejemplo que se cita es de ACA, Audiència, expediente 503 de 1824. El tema no era exclusivo de Cataluña, ya que lo encontramos en Navarra o en Andalucía (Río, Las últimas cortes del reino de Navarra, pp. 91-99; Estepa, Aportación al estudio de la disolución del régimen señorial, pp. 111-113, y Gómez Rodrigo, Un vizcaíno para el gobierno de Santander, pp. 55-59. Hace consideraciones interesantes sobre esto, Urquinaona, España bajo el poder arbitrario de la congregación apostólica, pp. 61-68. <<

[13] Brea, Carlistas de antaño, pp. 94-96; Guía de Hacienda 1823, pp. 49-59 (decreto del 9 de junio y circular del 14 de julio de 1823). <<

[14] El decreto de restablecimiento a la situación de antes de 1817 en Decretos, órdenes y reglamentos, pp. 33-39. Sobre la moneda, Sardà, La política monetaria, pp. 64-69, y el discurso de Toreno en el estamento de procuradores el 6 de septiembre de 1834, en Suplemento a la Gaceta de Madrid, 7 de septiembre de 1834, p. 4. Los efectos se debieron ver muy pronto, cuando el mismo ministro de Hacienda tuvo que prohibir, el 27 de junio de 1823, la circulación de los «medios luises de plata […], por el sumo desgaste que tiene dicha clase de moneda, excluida en la tarifa de la junta provisional de gobierno», si bien resolvía «que se observe provisionalmente la citada tarifa de la junta […], promoviéndose el expediente para su rectificación» (archivo del autor). <<

[15] Fontana, Hacienda y estado, pp. 55-59; Villèle, Mémoires, IV, pp. 484-485. Sobre la desastrosa gestión de Erro véase lo que dice Villèle en una carta del 19 de junio de 1823 (id., IV, pp. 92-93), también en p. 75. Ouvrard, Mémoires, II, p. 30, habla también de la escasa capacidad de Erro para la gestión de la hacienda. Biblioteca Nacional, manuscrito 1414, f. 77. Guía Hacienda 1823, pp. 236-240. Gille, Histoire de la maison Rothschild, I, p. 116. <<

[16] Sobre los antecedentes de Ouvrard en España y su interés por los temas americanos, véase Zylberberg, Une si douce domination, pp. 523-543. Las fantasías americanas de Ouvrard, que llegaron a incluir el proyecto de que la familia real pasase a México para fundar un imperio, siguiendo el ejemplo de lo que los portugueses habían hecho en Brasil, se pueden ver a lo largo de sus Mémoires. Se ha utilizado también Wolff, Le financier Ouvrard, pp. 179-197 y 286-287. <<

[17] Para todo lo que se dice aquí sobre la hacienda remito a Fontana, Hacienda y estado, donde todas estas cosas se explican con detalle y con el aparato de notas correspondiente. Sobre el empréstito Guebhard, pp. 128-132. Hay una carta explicativa de Guebhard en el Times del 15 de noviembre de 1823 y una serie de artículos de rechazo indignado los días siguientes (18 y 19 de noviembre, por ejemplo). Sobre la supervivencia de este empréstito en los negocios de Aguado, véase el discurso de Fleix en Suplemento a la Gaceta de Madrid del 27 de septiembre de 1834, p. 3; los aspectos más turbios de la operación, que implican directamente a Burgos, aparecen en una declaración de Toreno a las cortes del Estatuto real (Suplemento a la Gaceta de Madrid del 19 de septiembre de 1834, p. 7). <<

[18] Los documentos referentes a este proyecto, con otro parecido, sin fecha y de 1800 millones, que hacen separadamente los Rothschild, se encuentran en Viena, Staatsarchiv, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, f. 154, n.º 8 («Rothschild. Darlehen für Spanien 1823»). Sobre estos y otros proyectos parecidos véase, Bertrand Gille, Histoire de la maison Rothschild, I, pp. 112-114, de donde procede la cita de Metternich; Ferguson, The world’s banker, p. 141, y López Morell, La casa Rothschild en España, pp. 53-55. <<

[19] Elías Ortiz de la Torre, «Papeles de Ugarte», pp. 131-137 y 219 (carta del 27 de septiembre de 1823). Villèle, Mémoires, IV, p. 323; Brancato, Don Pedro I de Brasil posible rey de España, pp. 118-121. La real orden «moralizadora» la cito por una reimpresión de Guipúzcoa (archivo del autor). Un raro libro del conde de Lammerville, Considérations politiques et financières sur la situation des Espagnes comparativement à celle de la France, dedicado nada menos que al infante Carlos, da por sentado que la mejora de la hacienda exige la creación en España de una estructura representativa tradicional basada en un equivalente de los «états provinciaux» franceses. <<

[20] Sobre la entrevista con Angulema, Villèle, Mémoires, pp. 438-439; Ouvrard, Mémoires, II, pp. 212-213. Sobre Sáez: Biblioteca Nacional, manuscrito 1414, f. 72, comunicación de Sáez a Talaru, fechada el primero de octubre de 1823, en el Puerto de Santa María; Montoto, El Puerto de Santa María en la liberación de Fernando VII, pp. 29-30; Moreno y Mórrison, «Don Víctor Damián Sáez y Sánchez-Mayor, ministro universal de España en 1823». En el sermón, Oración fúnebre […] por el alma de […] doña María Luisa de Borbón, alaba sobre todo la beneficencia y el arrepentimiento de la reina, a falta de otras virtudes. Un ejemplo de la incompetencia de Sáez como ministro de Estado: el 22 de octubre hizo enviar desde Sevilla una carta al rey de Inglaterra, a través de Canning, olvidando las reglas de la diplomacia, lo que dio lugar a que Canning se la devolviese (AHN, Estado, legajo 2965). <<

[21] Fernando VII, «Itinerario de la retirada…», p. 471. Bayo, Historia Fernando VII, III, pp. 160-162; Miraflores, Documentos, II, pp. 338-340; Circulares de la Junta Provisional de Gobierno, p. 6; Decretos Fernando VII, VII, pp. 147-149. El decreto de primero de octubre fue solemnemente confirmado por el real decreto de 25 de septiembre de 1823 (VII, pp. 254-257), que sería el texto que Fernando tomaría como referencia cuando, en 1825, quisiera reafirmar su voluntad inmovilista (Gaceta de Madrid, 12 de mayo 1825, p. 225). Iba acompañado del nombramiento provisional, mientras durase el viaje de retorno a Madrid, de Víctor Sáez como secretario de todos los asuntos del despacho (al cual se añadiría, el día 4, el nombramiento de confesor real, Decretos, VII, pp. 151-152) y del decreto de Jerez sobre el destierro de la capital y los «sitios reales» (VII, pp. 150-153). Villèle, Mémoires, IV, p. 439 (2 de octubre de 1823); Robin-Harmel, Le prince Jules de Polignac, I, p. 177; Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, p. 863. Véase, por ejemplo, en Amarillas, Recuerdos, 1979, II, pp. 277-281, o en Lafoz, Palafox, pp. 155-161, la indignación de dos de los afectados por el alejamiento. En Madrid se añadió al decreto de 4 de octubre la obligación de todos los afectados de ir inmediatamente a sacar el pasaporte para abandonar la corte. <<

[22] Como muestra del tipo de celebraciones que se hacían se pueden ver las descritas en la Memoria de los regocijos públicos… de Valencia con una serie de poesías eufóricas, como la de una monja trinitaria que concluye elocuentemente: «¡Viva el Rey y tenga el mando!», las de Gandía, con procesiones, desfiles y comparsas (García Frasquet, El teatre al País valencià, pp. 19-20) o las celebraciones eclesiásticas en Santander, descritas por Fernández Benítez, Burguesía y revolución liberal, p. 111. El decreto sobre el examen de «todas las obras elementales», en Decretos Fernando VII, VII (un volumen que contiene los decretos de la junta y de la regencia en unión de los primeros del rey), pp. 164-165. <<

[23] Fernando VII, «Itinerario», pp. 471-473; Bayo, Historia Fernando VII, III, pp. 171-183; Chateaubriand, Œuvres, XII, p. 402; Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, p. 865; El Restaurador, II, n.º 92, 9 de octubre de 1823, pp. 828-829; Martínez Villergas, Paralelo entre la vida militar de Espartero y la de Narváez, pp. 57-58; Beaumatin, «Ordre et désordre au début de la Década Ominosa», en Vigier, Repression et prison politiques; Santos, Causa del general don Rafael del Riego, pp. 23-24, 42-44, 99-102 y 104; Astur, Riego, pp. 488-550. La noticia de la captura de Riego, de una copia de la comunicación hecha en Jaén el día 16, de mi archivo. La lista de los que le han capturado en Gaceta de Madrid, 11 de septiembre de 1824, p. 465. Restaurador, II, n.º 79, pp. 721-724 (24 septiembre 1823), n.º 81, pp. 737-738 (26 septiembre) y n.º 108, pp. 966-968 (28 octubre 1823). Ramírez Arcas, Vindicación del honor español, p. 344. Sobre las diversas versiones de la muerte de Riego, su comportamiento y el del público, junto con el misterio de su supuesta retractación, véase Gil Novales, Rafael del Riego, pp. 204-205 nota, y, sobre todo, su artículo «Prisión y muerte de Riego», donde analiza las abundantes versiones posteriores de la muerte, y denuncia todos sus mitos. Conviene añadir, sin embargo, los datos que da Borrego en «El general Riego y los revolucionarios liberales», en La España del siglo XIX, I, pp. 398-405 (corrigiendo la errata de que los oficiales capturados con Riego eran tres y no dos). La descripción de la captura por el comandante de realistas de la Carolina en El realista manresano, n.º 56, 13 de octubre de 1823, pp. 2 y 3. Sobre el prestigio heroico de Riego y su influencia en los liberales rusos, y en especial en los futuros «decabristas», Alekseev, Rusia y España, pp. 139-140. En marzo de 1975, todavía, un notario de una población asturiana fue detenido por la Guardia Civil por haber escrito en una pipa de sidra una dedicatoria «Al ilustre don Rafael Riego» (La Vanguardia, Barcelona, 30 de marzo de 1975, p. 9). <<

[24] Fernando VII, «Itinerario», p. 473. Se puede ver una descripción de la entrada en Restaurador, pp. 1081-1082 (14 noviembre 1823) y otra, más extensa y detallada, con todos los versitos de los monumentos, en Manuel Rodríguez Carreño, Manifiesto de la gloriosa entrada de nuestro amado soberano el señor don Fernando VII …; Le Brun, Vida de Fernando Séptimo, p. 209. <<

[1] Feliu, La clerecia catalana, pp. 169-178; Colección eclesiástica española…, XIV, pp. 105-158 («Rápida ojeada de la persecución del clero en algunas diócesis»); Arnabat et al., La llibreta d’en Xaconín, nos proporiona un testimonio de las motivaciones y rencores de los realistas; Revuelta, Política religiosa de los liberales en el siglo XIX, pp. 364-367; Aragonés, Los frailes franciscos de Cataluña, donde encontraremos 600 páginas de padecimientos; sobre St. Feliu de Guíxols, ACA, Audiència, expedientes, caja 32 (485); la descripción truculenta de 1826 en Nota de los asesinatos de que se ha podido tener noticia, p. 18. Las acusaciones que se hacían a Vinuesa en Acusación fiscal; la defensa de éste en Vinuesa, Manifiesto, donde rechaza las acusaciones de haberse beneficiado de dinero público durante la guerra de la Independencia y de haberse encontrado en su casa «instrumentos de corrupción, que la modestia me impide expresar» (asegura que «ni por el confesionario» sabía que existiesen «semejantes instrumentos»). En junio de 1824 se ahorcó a cuatro «reos del asesinato de D. Matías Vinuesa» (Gaceta de Madrid, 17 de junio de 1824, p. 311). Los datos sobre Burgos en Restaurador, I, pp. 487-489, n.º 51 (24 agosto 1823). Sobre el realismo de Burgos, véase lo que dicen el Restaurador, IV, pp. 173-174, que menciona pueblos con más voluntarios realistas que vecinos, y Sánchez Diana, Burgos durante el reinado de Fernando VII, p. 29 (y 31-36). <<

[2] March, El día diez y siete de noviembre de 1822, que contiene una relación detallada de los muertos en las pp. 11-15 (uno de ellos, un jesuita americano, de ochenta años de edad), Relación sucinta, p. 6 y passim; fray Silvestre de Barcelona, Monumento fúnebre-gozoso, que aclara que los clérgios eran: un canónigo, cuatro seculares, un jesuita, dos carmelitas y los siete capuchinos aludidos en el título y nos dice que, cuatro días más tarde, unos milicianos nacionales de Igualada habían escarnecido los cadáveres cantándoles el «trágala», pp. 1314. Sobre los hechos de La Coruña y su represión posterior, Bayo, Historia Fernando VII, III, pp. 121-122; Fuente, Historia de las sociedades secretas, II, pp. 114-118; Gaceta de Madrid del 25 de noviembre de 1824, pp. 599-600. Que los ahogados fuesen jefes de una partida lo sostiene Barreiro, Liberales y absolutistas en Galicia, pp. 74-75. Los fusilamientos de Castellví de Rosanes en J. M. Ollé i Solà, «Les lluites del segle XIX en el llibre d’òbits»; el del párroco de l’Arboç en Gaietà Vilaplana, Notes històriques, p. 266, y J. Colomé, Els mons d’Isidre Mata del Racó, p. 186. El intento de exculpar a los asesinos de Strauch lo recoge la esposa de Mina —en Espoz y Mina, Memorias, II, pp. 16-19, nota— como había hecho refiriéndose a los ahogados de La Coruña en En honor de Mina. Memorias íntimas, publicadas en apéndice en Juana Vega de Mina, Apuntes para la historia del tiempo…, pp. 343-344. La afirmación que sigue es de Galli, Memorias sobre la guerra, pp. 138-139. Una visión hagiográfica de Strauch en fray Ramón de Jesús, Oración fúnebre, pp. 27-49; otra más reciente, del tiempo en que se preparaba su frustrada beatificación, en J. Comella, ed., Crónica de las solemnidades (la noticia sobre la participación del barón de Meer en el asesinato en pp. 18-19); noticias sobre su proceso en Saiz Castellanos, Manifiesto […] acerca de la muerte; Puigblanch, poco amigo de Mina, dirá: «no parece cabe duda en que el obispo de Vich hizo méritos para la persecución que padeció; pero tampoco la hai de que no fue según lei su castigo» (Opúsculos gramático-satíricos, p. 123). El análisis más ponderado en Figuerola, Esglèsia i societat. La muerte de los curas de Piera y de Vallbona, del Archivo Torelló, Igualada: «Resumen de la pieza sobre las muertes dadas a Juan Casanovas y Jayme Esteve en las inmediaciones de Vallbona», testimonio de Melcior Constansó, tejedor de Igualada, dado el 31 de marzo de 1829. La de los fusilados de Valldoreix, en Esteve Busquets i Molas, Entre vinyes i telers, pp. 77-79. <<

[3] Restaurador, I, pp. 2-3, n.º 1 (1 julio 1823), III, p. 1294, n.º 149 (14 diciembre 1823), I, pp. 364-365, n.º 38 (9 agosto 1823) y IV, p. 131 (18 gener 1824). González Arranz, Memorias del alcalde de Roa, pp. 33-34; Duvergier de Hauranne, Coup-d’oeil sur l’Espagne, p. 18. Este folleto tuvo una réplica pagada por el gobierno [Gómez Hermosilla]: Respuesta de un español a dos folletos publicados en París, donde se decía «¿Qué en Roa hubiese algunos muertos de ambos colores en un tumulto?, ¿qué es esto, pregunto, al lado de las mil cuatrocientas víctimas de solo el departamento del Gard?» [p. 35]. Sobre Zaragoza utilizo la tesis de licenciatura inédita de Francisco Sorribes, Zaragoza 1823-1833 según los Diarios de Faustino Casamayor, sobre Mallorca, Llabrés, Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX, II, pp. 160-181. Hernández y Ferrer, dentro de Beltrán y Rózpide, Isidoro de Antillón, p. 104; J. M. de Jaime, Isidoro de Antillón y Marzo, pp. 263 y ss; Fernández Clemente, Eloy, «Isidoro Antillón: política y economía en un diputado liberal», en Josep Fontana, Història…, II, pp. 999-1022. Véase también la biografía que se publica en Isidoro de Antillón, Noticias históricas de don Gaspar Melchor de Jovellanos. El texto de Belvís de la Jara en Jiménez de Gregorio, Historia de Belvís, p. 154. El despacho del nuncio, del 3 de enero de 1824, está reproducido en Alonso Tejada, Ocaso Inquisición, p. 86, nota. <<

[4] Biblioteca de Catalunya, manuscrito 737; Archivo de la familia Torelló, Igualada; Danés, Història d’Olot, VIII, p. 1400; AMAE, Espagne, Correspondance politique, 731, f. 288. En febrero de 1827 un vecino de Balsareny denunciaba que los realistas «li havien tirat la casa en terra y li havian robat molta cosa» (Llibre de asuntos del comú que comensa lo any 1811, s. f., 2 de febrero de 1827). <<

[5] Miraflores, Apuntes histórico-críticos, p. 209; J. M. Cuenca, «La Iglesia española en la crisis del Antiguo Régimen», pp. 17-18, nota. En «Don Opas», J. J. de Mora pinta a esta gente actuando al grito de «¡Viva la religión! Vamos robando». Restaurador, I, p. 103, nota; n.º 12 (12 julio 1823); B. Capefigue, Récit des opérations, pp. 89-93. <<

[6] Restaurador, I, pp. 153-154, n.º 19 (19 julio 1823), y I, p. 310, n.º 31 (2 agosto 1823). Montoya, La intervención del clero vasco, p. 401; Río, Orígenes de la guerra carlista, pp. 339-372; Sauch, Guerrillers i bàndols civils, p. 181. <<

[7] González Arranz, Memorias del alcalde de Roa, pp. 37-38. Por lo que se refiere a Burgos, Sánchez Diana, Burgos durante el reinado de Fernando VII, pp. 33-35. Restaurador, I, p. 113, n.º 13 (13 julio 1823), y II, pp. 941-947, n.º 105 (24 octubre 1823); en una fábula política titulada «El lobo y los pastores» se aclaraba que la compasión «es con las ovejas, no con su enemigo», id., I, p. 142. Cuenca, Estudios sobre la Sevilla liberal, p. 157. Comportamientos parecidos se habían dado en Francia en los inicios de la restauración: véase Agricol Perdiguier, Mémoires d’un compagnon, p. 86. <<

[8] Circulares de la Junta provisional de gobierno de España e Indias, pp. 26-27 (28 abril 1823), confirmada por la regencia en circular de 31 de mayo y reiterada el 12 de julio (Decretos, órdenes y reglamentos expedidos por la regencia, I, pp. 19-20 y 86-88). Colldeforns, Les parròquies barcelonines, pp. 143-149, 181-183 y 210-213. Una visión global de las destituciones de los obispos, con detalles sobre sus personalidades, en Barrio, «Las relaciones hispano-romanas», pp. 112-116. Además, Cuenca, Sociología de una élite de poder, p. 81. Hay que señalar que el Vaticano, que se había negado rotundamente en 1822 a aceptar la petición del gobierno constitucional de que obligase a renunciar a algunos obispos beligerantes contra el régimen, aceptó ahora mansamente las destituciones hechas por el absolutismo, con motivos igualmente políticos (Revuelta, Política religiosa, pp. 369-370). Teruel, Obispos liberales, passim; Barrio Gozalo, «La política vaticana y el nombramiento de obispos». Sobre Posada, Higueruela, «El catolicismo liberal de don Antonio Posada», y Mas Galvaô, «El exilio en Francia de un obispo liberal». Sobre González Vallejo, Llabrés Noticias y relaciones, II (1821-1840), pp. 199-200. El número de los exclaustrados en Sáez Marín, Datos sobre la iglesia española, p. 443. La anulación de sus disposiciones testamentarias, ACA, Audiència, expediente 129 de 1824. El expediente 375 de este mismo año se ocupa del caso de una monja benedictina secularizada de San Daniel de Gerona. José Ma Romero, Muñoz Torrero, passim. Habría situaciones conflictivas como la de Taradell, donde una parte de la población reclamaba el retorno del párroco que, tildado de liberal, había sido encerrado en el convento de carmelitas descalzos de Vic, mientras los realistas se oponían a ello, en una divergencia que llegó a plantearse a tiros en la propia población (ACA, Audiència, registro 1424 [1825], expediente 937). <<

[9] Sarmiento Pérez, «Procesos de eclesiásticos» y «Visitas pastorales»; Cuenca, «Proceso de curas liberales»; Conejero, El clero liberal; Serra de Manresa, Els fra-menors caputxins, pp. 121 y ss.; Barbastro Gil, El clero valenciano (sobre la persecución de los secularizados, pp. 237-242) y Revolución liberal y reacción; Ferrer i Bosch, «Una réplica al període liberal: Jaume Creus», pp. 13-16; Higueruela, El clero de Toledo, pp. 128-129; Recuenco, «Represión en Cuenca»; Rodríguez de Gracia, Lustros de represión, pp. 72-102; Gutiérrez García-Brazales, «El cardenal Inguanzo»; González Muñiz, El clero liberal español, I, pp. 360-386, sobre las represalias contra los curas liberales en Asturias, incluyendo el proceso contra el canónigo Miguel Riego, hermano del general. Sobre la renuncia forzada a los beneficios, incitada en algunos casos por las denuncias de aspirantes a ocuparlos, Bladé, El prior Penna, passim. El texto de El cura de aldea, de un ejemplar manuscrito de mi archivo. El caso de Claudio González Zúñiga, en su Historia de Pontevedra, pp. 343-346. Una visión liberal coetánea de la reacción religiosa de 1823, Castillo, Frailismonía, II, pp. 236 y ss. Sobre la descristianización de Barcelona, Josepa Ballbé, Compliment pasqual a Barcelona a principis del segle XIX. He utilizado, además, las transcripciones de la correspondencia de Avellà, guardada en el archivo del Obispado de Barcelona, que amablemente me proporcionó Josepa Ballbé, a quien, desgraciadamente, la muerte le impidió concluir su tesis doctoral. <<

[10] Una estimación de la proporción de los curas que participaron en las luchas contra el régimen constitucional la tenemos para Galicia, de acuerdo con las nóminas que dio Ignacio Manuel Pereyra, vicepresidente de la junta apostólica de Galicia, en una exposición de enero de 1824, reproducida en Barreiro, Liberales y absolutistas en Galicia, pp. 183-232 (el autor calcula que los curas son el 37 por 100, en pp. 80-84; no es convincente, en cambio, deducir de la lista de «los oficiales pertenecientes a la Real División del Miño» que no ha habido participación popular, puesto que hay que suponer que en este ejército realista había, además de oficiales, soldados). Cuenca, D. Pedro de Inguanzo, pp. 308-309; Archivo Diocesano de Santander, libro 650, fols. 214-217 (este material me ha sido proporcionado por Tomás Martínez Vara). La noticia sobre Manacor, de Munar, Història de Lloret de Vista Alegre, pp. 124-125, nota. <<

[11] Sobre la legislación represiva en estos años, Peset, «Legislación contra liberales». El primer texto citado en Decretos Fernando VII, VII, pp. 168-169. Decretos Fernando VII, VIII, pp. 64-69 (creación de comisiones militares). Sobre esto existe un libro bastante malo de Pegenaute, Represión política en el reinado de Fernando VII: las comisiones militares. <<

[12] De una bibliografía inmensa sobre el tema me limitaré a señalar las fuentes que he usado de manera más directa. Para José María el Tempranillo, Santos, El bandolerismo en Andalucía, Bernaldo de Quirós, El bandolerismo andaluz, pp. 100-134 y, sobre todo, Rodríguez Martín, José María «El Tempranillo», pp. 247-302; para Juan Caballero, Historia verdadera y real de la vida y hechos notables de Juan Caballero Pérez; para Jaime el Barbudo, Torras, «Notes entorn de la figura de Jaume el “Barbut”», donde se encontrará citada la amplia bibliografía sobre este personaje (en parte literaria, como las «Escenas de la vida de Jaime el Barbudo» de Garrido); Historia verdadera del famoso guerrillero; Escudero, «Jaime “el Barbudo”: un ejemplo de bandolero social», y Ramos Vidal, Bandolerismo en la comarca del Vinalopó. He seguido, no obstante, por lo que se refiere a la fecha y la forma de su muerte, a Frutos Baeza, El ciudadano Fortún, p. 271. Sobre Navarra, Idoate, Rincones de historia de Navarra, II, pp. 598-618. Sobre Extremadura, Flores del Manzano, El bandolerismo en Extremadura, pp. 87-103, sobre Galicia, López Morán, El bandolerismo gallego, pp. 266-269, y sobre los contrabandistas, Arxiu Històric de Sabadell, Policía, 1823-1833, circular del intendente de policía de Cataluña, 10 de agosto de 1823. Las dos citas de la Audiencia de Cataluña que se hacen proceden de ACA, Audiència, expedientes 203 y 1302 de 1825. <<

[13] Sobre la arbitrariedad de la práctica penal, Gómez de la Serna, «Sobre la alarma causada por algunos crímenes recientes», p. 1642. Las referencias a condenas concretas son de Gaceta de Madrid, 12 de febrero de 1825, p. 71; 22 de febrero 1825, p. 92; 3 de marzo de 1825, pp. 107-108; 5 de marzo de 1825, p. 111; 8 de marzo de 1825, pp. 115-116 y 17 de septiembre de 1825, p. 451. He analizado con mayor detenimiento estas condenas en Fontana, «Represión política y violencia civil en 1823-1833». Luis Fernández de Córdova, Memoria justificativa, p. 497. Los años 1824 y 1825 registran en la prisión madrileña del Saladero 39 y 34 ejecuciones respectivamente, cuando el término medio de los años 1814-1824 había sido de unas ocho al año, que descendió hasta cinco en los del trienio constitucional, según cifras calculadas a partir de las de Torres Campos, La pena de muerte, p. 36. Sobre el código penal, la tesis de licenciatura inédita de Joan Anton Mellon, Actitudes ideológicas en las Cortes del Trienio liberal: la discusión del Código penal. Para que se entienda lo que significaba una condena en los presidios de África, véase Salillas, Evolución penitenciaria de España, II, pp. 141-149. El texto de Sainz de Andino, en Escritos, II, pp. 2869, citas de pp. 30-31. <<

[14] Las referencias de la Gaceta se pueden ver en el trabajo mío que cito en la nota anterior, menos en el caso de José Guerrero, que es del 10 de febrero de 1825, p. 71. El caso de Francisco de la Torre en AMAE, París, Espagne, Correspondance politique, vol. 729, ff. 74-75; el de Mallorca en Llabrés, Noticias y relaciones, II, p. 195. Sobre las cárceles, Arxiu de l’Ajuntament de Lleida, Papeles sueltos, 1825; APG, Actas consejo de ministros, IV (1826-1827), p. 273 (12 mayo 1827) y Juan Caballero, Historia verdadera y real, p. 27 (con una buena descripción de la vida en la cárcel). La supresión de las comisiones, Gaceta de Madrid, 11 de agosto de 1825, pp. 383-384. Tan sólo la comisión de Castilla la Nueva dejaba pendientes 157 causas con 651 encausados (Gaceta, 5 noviembre 1825, p. 35). ACA, Audiència, expedientes n.ºs 534 y 1222 de 1825 y 16 de 1826. A la arbitrariedad de los tribunales correspondía la del funcionamiento de las prisiones. Tresserra dice: «Nuestra célebre caja de rematados de Málaga, y nuestro no menos famoso presidio de Ceuta, se regían bajo órdenes enteramente arbitrarias de los gobernadores políticos o corregidores, que reunían el carácter de jueces de rematados, y en África por los gobernadores militares, que nombraban un oficial de la guarnición jefe de los presidiarios, y cada uno obraba con los penados, y con los intereses aplicados a ellos y a sus necesidades, de la manera que les parecía» (Tresserra, Los misterios del Saladero, p. 462). <<

[15] La distribución del ejército francés en enero de 1825 en Gaceta de Madrid, 18 de enero de 1825, p. 31. <<

[16] Las palabras de Chaperón, pronunciadas cuando Córdova se oponía al trato que daba a la esposa de un liberal —hecho que se cita en otro lugar, y que acabó con Córdova en la cárcel—, en APG, Actas consejo de ministros, II (1825), pp. 54-56 (18 abril 1825). La información de Boislecomte en AMAE, Espagne, Correspondance politique, vol. 728, ff. 177-178. Sobre la forma en que se habían hecho los padrones acusatorios, véase Urquinaona, España bajo el poder arbitrario, pp. 56-57 (la historia de una de tantas erratas en pp. 194-195), o Bayo, Historia Fernando VII, III, pp. 186-187. Sobre la obsesión de Fernando VII por los masones, Morales, «La represión de la masonería», que califica el decreto de primero de agosto de 1824 de «summa antimasónica». Entre los pocos capaces de creerse los documentos de esta represión paranoica figura Fernández Álvarez, Las sociedades secretas, que se toma seriamente las listas e índices de supuestos masones que se encuentran en los Papeles Reservados de Fernando VII del Archivo del Palacio Real, vols. LXVI y LXVII. Los masones que realmente había en Madrid, en Diego García, «Aproximación al estudio de los posibles masones en 1823». Un documento coetáneo de esta paranoia lo tenemos en la serie de tres artículos «Noticia de las sociedades secretas organizadas en España hasta el año 1823», en Gaceta de Madrid, 25, 27 y 29 de mayo de 1824, pp. 271-272, 276 y 279-280. <<

[17] Sobre los diputados que habían votado la deposición temporal del rey, Guimerá Peraza, Jose Murphy, pp. 146, 163 y 176-180. En el Arxiu de l’Ajuntament de Lleida, Papeles sueltos 1826, hay una de esas circulares con orden de captura que reproduce los 68 nombres de los diputados. Para estas primeras informaciones se han utilizado, además de Bayo —Historia Fernando VII, III, p. 197—, Sánchez Mantero, Liberales en el exilio y «Gibraltar, refugio de liberales exiliados»; Llorens, Liberales y románticos; Vauchelle-Haquet et Dufour, «Les Espagnols naturalisés français», pp. 31-51; Monasse, «Les refugiés politiques»; Rubio et al., «Aproximación sociológica al exilio liberal», más las informaciones que María Rosa Saurín da sobre «el triángulo Londres, Bruselas, París» en Manuel Pardo de Andrade, pp. 321-324. Una visión de conjunto en Carles Rahola, Els emigrats polítics en la història. El decreto de primero de agosto en Colección de decretos, IX (1824), pp. 120-124, y Gaceta de Madrid, 10 de agosto de 1824, pp. 401-402. <<

[18] Díaz-Jiménez Molleda, Epistolario inédito, passim. Sobre Gallardo, que El Restaurador (18 enero 1824, p. 130) aseguraba que había sido apresado por la policía en Madrid, Rodríguez Moñino, Historia de una infamia bibliográfica, pp. 69-77; Sainz Rodríguez, Gallardo y la crítica de su tiempo, pp. 112-115 y, sobre todo, Pérez Vidal, Bartolomé J. Gallardo. Sátira, pensamiento y política, pp. 325-332, y La sátira en la obra de Bartolomé José Gallardo, II, pp. 508-551. La carta citada, de Marqués Merchant, Don Bartolomé José Gallardo, pp. 160-161. Las noticias sobre Flórez Estrada, de Ruz Márquez, Adra siglo XIX, pp. 111-114, y Lancha, Álvaro Flórez Estrada, p. 193. Rebello da Silva, Memoria sobre la vida política y literaria de D. Francisco Martínez de la Rosa, pp. 83-84, y Pérez de la Blanca, Martínez de la Rosa y sus tiempos, pp. 215-229. <<

[19] Baticle, Goya, pp. 310-323; Núñez de Arenas, L’Espagne des lumières au romantisme, pp. 191-242; Sánchez Cantón, «Goya refugiado», en Goya, I (1954), n.º 3, pp. 130-134; sobre Duaso, personaje interesante y complejo, que fue censor un tiempo y dirigió la Gaceta hasta principios de 1827, Pardo Canalis, «Bosquejo histórico de don José Duaso», en especial pp. 270-272 («Duaso y Goya») y el estudio introductorio de Fernando López Castellano a la edición de los Vicios de la contribución directa; Marqués del Saltillo, Miscélanea madrileña […] Goya en Madrid: su familia y allegados (especialmente pp. 61-62); Canellas, Francisco de Goya. Diplomatario, pp. 385-386 y 512-513; Fernández de Moratín, Epistolario, p. 586; Alonso Tejada, «Últimas actuaciones de la Inquisición»; Zapater, Goya. Noticias biográficas, pp. 125-126; Fauquel y Villanueva, Goya y Burdeos, 1824-1828, passim. Reproduzco fragmentos de una descripción de los grabados de toros de Burdeos hecha por Matheron en 1858, que se encontrará en la p. 174. Los versos de Blas de Otero, de «España» en Todos mis sonetos, Madrid, Turner, 1977, p. 72. <<

[1] La visión tradicional de los absolutistas pone en el bando «apostólico» sólo al clero, la milicia realista y la plebe, y en el «moderado», a «los grandes, los generales antiguos, los diplomáticos, los hombres de letras y los afrancesados» (Rico y Amat, Historia política y parlamentaria, II, p. 358). En Salamanca, según noticias que me proporciona Ricardo Robledo, la primera autoridad realista que se constituyó en 1823 fue una junta auxiliar en la que figuraban los superiores de los dominicos, capuchinos y franciscanos, que actuó de forma paralela al ayuntamiento, como mínimo hasta finales de año. <<

[2] Una lista de las autoridades citadas por los textos propagandísticos de estos años nos da una serie de títulos que han sido publicados en España por primera vez entre 1808 y 1818: Abate Barruel, Memorias para servir a la historia del jacobinismo; Francesc X. Dorca, Verdadera idea de la sociedad civil; L. Hervás y Panduro, Causas de la revolución de Francia en el año de 1789; Adeodato Turchi, Colección de las homilías más interesantes; fray Rafael Vélez, Preservativo contra la irreligión, y, del mismo autor, Apología del altar y del trono, con las cartas de Alvarado y la anónima La voz de la naturaleza sobre el origen de los gobiernos. Sobre la filiación y orígenes de este pensamiento, véase Herrero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, y Martínez Albiach, Religiosidad hispana y sociedad borbónica. Sobre el papel del grupo afrancesado en estos años, López Tabar, Los famosos traidores, pp. 271-353. Resulta ridículo, en cambio, tratar el embrollo reaccionario del realismo de los años veinte como el origen coherente de «una teoría comprensible, clara y bien definida», que sería la del carlismo, como hace Alexandra Wilhelmsen en La formación del pensamiento político del carlismo (cita de p. 583). <<

[3] Las cifras de eclesiásticos en Vicente de la Fuente, Historia eclesiástica, VI, p. 203. El texto del canónigo Manuel Delgado es de un Sermón de 24 de octubre de 1824. Tomás Bou, Quatre conversas entre dos personatges dits Albert y Pasqual, p. 81 (sobre esta obra véase, Corts i Blay, L’arquebisbe Fèlix Amat [1750-1824], pp. 492-493). F. J. P. D., Constitució sens màscara, pp. 3-4. Anónimo, Enterro solemne de la constitució, p. 5. <<

[4] ACA, Audiència, registro 1424 (1825), expediente 1033 y caja 39, y expediente 154. El romance «Apuntes políticos…» está transcrito en Joaquim Marco, Literatura popular en España, II, pp. 556-557. Bruno de Lumeras, canónigo de Barcelona, repite prácticamente la misma enumeración, pero añade a los liberales el ejército y los traficantes que se enriquecen con el «payés manufactor». <<

[5] Quejas por resistencia a los pagos, limitándome a Cataluña y al año 1824, ACA, Audiència, registro 1423 (1824), expedientes 255, 347, 358, 610, 677, 713, 867, 931, 1149 y 1495. Hay, además, en ciudades como Barcelona o Reus, un retroceso de la práctica religiosa que se puede medir en el cumplimiento pascual. En los dos lugares se encuentran casos de ciudadanos que, obligados a presentar los boletines de comunión de cada cuaresma, los compraban a mujeres que iban a comulgar muchas veces al día y revendían después las cédulas parroquiales (Ballbé, Compliment pasqual a Barcelona, y Bofarull, Costums que’s perden y recorts que fugen, p. 411). Sobre el diezmo, Canales, «Diezmos y revolución burguesa». <<

[6] El caso recibió publicidad por la real orden del 24 de junio de 1824 (Colección de decretos, VIII, pp. 434-436). Cito por ACA, Audiència, registro 1423 (1824), expediente 544 y caja 32. <<

[7] F. J. P. D., Constitució sens màscara, pp. 3, 4 y 14. El texto de El Restaurador es de un «Diálogo entre Malrasca y Juachín» (I, p. 484, 23 agosto 1823) —el de «las tías», II, p. 98—. F. Suárez, ed., Informes sobre el estado de España, p. 173: Segona conversa que tingueren lo Bonosi y lo Xacó, p. 18; véase también la metamorfosis del «Trágala» liberal en «Cágala» (Minguet, El general Elío y su tiempo, II, pp. 57-58). Sobre las deformaciones de Voltaire: el texto original en Œuvres complètes, XII, p. 474; la «traducción» en Consideraciones sobre la naturaleza del gobierno constitucional, p. 54. Para un conocimiento de la difusión de Voltaire, Lafarga, Voltaire en España, 1734-1835. Enterro solemne de la constitució, p. 52; la cita del diputado general de Álava se puede encontrar en Gaceta de Madrid, 31 de mayo de 1825, p. 262. <<

[8] Restaurador, II, p. 771 (1 octubre 1823); Bou, Quatre conversas, pp. 136 y 171-172; P. F. M. R. D. (Padre Fray Mariano Roquer, dominico) Cartas del liberal arrepentido, p. 217. Este libro era una especie de continuación de otro del mismo autor, El liberal arrepentido. Sobre el autor, Vinaixa, La postguerra del francès, pp. 76-77. Una cita del padre Casanovas (Balmes, II, p. 20) la tomo de Santiago Olives, Bergnes de las Casas, helenista y editor, p. 20. Enterro solemne de la constitució, pp. 47-48. M. Cabrerizo, Memorias de mis vicisitudes políticas, p. 81, nota. <<

[9] Bou, Quatre conversas, p. 4; Roquer, Cartas liberal arrepentido, pp. 137-141, 247 y 305, que es el autor citado por extenso; Restaurador, II, p. 948 (24 octubre 1823). Relación de las solemnes exequias […] en memoria de […] D. Antonio Coll, el sermón fúnebre, de donde saco la cita, es del dominico fray Francesc Xarrié, p. 4. V. de la Fuente, Historia eclesiástica de España, VI, p. 206. <<

[10] Sobre Simón López, Barbastro Gil, Revolución liberal y reacción, pp. 100-116; Delgado, ed., Guerra de la Independencia. Proclamas, bandos y combatientes, pp. 346-358; Restaurador, III, pp. 1262-1263 (10 diciembre 1823); Marc Baldó, «Els inicis de l’ominosa dècada al País valencià». La cita del nuncio procede de Teruel, Un intento frustrado de creación de un episcopado liberal, I, pp. 472-473. En la «relación» enviada al Vaticano en 1827 se lamenta de que no se haya restablecido la Inquisición y explica que se ha esforzado en devolver las costumbres desviadas «a su antiguo esplendor» (Cárcel Ortí, Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas, II, pp. 1256-1300; cita de p. 1298). Herrero, Los orígenes del pensamiento, pp. 251-256. He dado una lista de obras prohibidas —que he elaborado personalmente a partir de León Carbonero y Sol, Índice de los libros prohibidos por el Santo oficio de la Inquisición— en J. Fontana, «Repressió ideològica i censura». Para comprender mejor la índole de las obras teatrales que se incluyen en ella conviene compararlas con la lista que da Zabala, El teatro en la Valencia de finales del siglo XVIII, pp. 275-356. El ataque de López contra el teatro en Diario de las discusiones y actas de las Cortes, 1811, IX, pp. 335-336. El corregidor de Valencia se quejó al consejo de ministros de que el arzobispo había prohibido «con excomunión mayor una multitud de comedias de uso corriente y permitido» (APG, Actas consejo de ministros, VI [1829]—, p. 347, 19 de septiembre de 1829). Sobre el canónigo Despujol, Alonso Tejada, Ocaso de la Inquisición, pp. 116-117. Sobre el teatro en esos años, Josep Yxart, El arte escénico en España, I, pp. 16-20; sobre la vida teatral en Madrid durante la «década ominosa», Gies, The theater in nineteenth-century Spain, pp. 67-95. Lo que se dice de Avellà procede de sus cartas, cuya transcripción me fue proporcionada por Josepa Ballbé. <<

[11] Estas consideraciones se basan en el análisis de las listas de prohibiciones sacadas de Carbonero y Sol (los obispos que prohíben lo mismo que otros, por ejemplo, en p. 691). Sobre los conflictos con el gobierno, APG, Actas consejo de ministros, VI (1829), pp. 137-138 (19 abril 1829). Ferrer del Río, Historia del reinado de Carlos III, I, pp. 418-419 (nota), sobre una prohibición conflictiva anterior, en Jaén. Masdeu debería haber estado más allá de cualquier sospecha por su Discurso sobre las pretensiones de la Francia. Noticias sobre censura en Toledo en Rodríguez de Gracia, Lustros de represión, 1983, pp. 110-114. No todas las prohibiciones habrían sido recogidas por Carbonero. Aunque fuesen, en teoría, limitadas al ámbito del obispado —esto las distinguía de las generales que hacía la Inquisición— y que no todos los obispados fuesen igualmente activos (hay una primera tanda de prohibiciones de 1823 en Toledo, dos hechas en 1824 en Palencia y Oviedo, una primera oleada de prohibiciones de Valencia en 1825, otra de Toledo en 1827 y la gran purga teatral valenciana de 1829), había muchos obispos que tenían la costumbre de prohibir todo lo que condenaban los otros. Feliu asegura que la junta de la fe de Tarragona, organizada por Creus, publicó un edicto en el que añadía setenta y cinco nuevos títulos a los que ya figuraban como prohibidos por la Inquisición antes de 1820 (La clerecia catalana, p. 183). <<

[12] AHN, Estado, libro 54, Acuerdos del Consejo de Estado, 1827, sesión del 20 de septiembre de 1827, sin paginar. En Lugo se nos dice que circulan libros prohibidos con cubiertas falsas (Rodríguez, Los liberales lucenses, pp. 121-122). <<

[13] Segona conversa Bonosi i Xacó, p. 27. La superioridad de la Inquisición sobre la policía la razona Asensio, La iglesia triunfante, I, pp. 178 y ss. La opinión del arzobispo de Granada, y otras parecidas, en Suárez, ed., Informes sobre el estado de España, pp. 167, 187-188, 207, 215-216, 261 y 291. La cita de González en Suplemento a la Gaceta de Madrid, II, p. 205, 3 de febrero de 1835. Voltaire, «Traité sur la tolérance», en Œuvres complètes, V, p. 515. <<

[14] La representación de los obispos en Barbastro, Revolución liberal y reacción, pp. 255-258. La compilación citada se encuentra en Restaurador, III, pp. 1057-1060 (9 noviembre 1823), con una adición en p. 1104. Renuncio a glosar estos textos, ya que lo hizo Alonso Tejada en su excelente libro Ocaso de la Inquisición, pp. 59-64. Restaurador, III, pp. 1013-1014, por lo que se refiere al inquisidor de Murcia. Diversas citas de Serafín procurador de los pueblos, pp. 261-267. <<

[15] La representación, fechada el 24 de noviembre de 1823, en Gaceta de Madrid, 3 de enero de 1824, p. 5. Las noticias sobre Barcelona de Restaurador, III, p. 1270 (noticia del 3 de diciembre de 1823), y IV, pp. 106-107 (noticia del 6 de enero de 1824, donde se muestra a un militar realista arriesgando su vida por las calles de Barcelona, amenazado por el «furor del populacho»), de comunicaciones, testimonios y noticias reproducidas en Barraquer, Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX, I, p. 1246, pp. 1193-1194 (de las memorias de Tomàs Illa) y 1250-1251, y de las cartas de Avellà. La carta de Vicente Castillón a Josep Llòzer —escrita en Tarazona, el 11 de abril de 1824—, en Archivo del castillo de Papiol, legajo 3. <<

[16] Tejada, Ocaso de la Inquisición, especialmente en pp. 67-82. Es poco útil, en cambio, Martí Gilabert, La abolición de la Inquisición en España, y totalmente inútil, del mismo autor, Iglesia y estado en el reinado de Fernando VII. Utilizo las noticias que sobre el tema dan las cartas, ya citadas, de Castillón a Llòzer, del Archivo del castillo de Papiol, legajo 3. Sobre nombramientos eclesiásticos y concesiones de grandes cruces para premiar lealtades, Restaurador, III, p. 1303 (16 diciembre 1823), y IV pp. 146-147 (27 enero 1824). Las representaciones citadas son de Gaceta de Madrid, 20 de enero de 1824 (p. 38), 8 de junio de 1824 (p. 293) y 8 de junio de 1824 (p. 89, firmada por 52 mujeres). <<

[17] Sobre esto, Tejada, Ocaso de la Inquisición, pp. 146-184. Para el caso de Tarragona, Ferrer i Bosch, «Una rèplica al període liberal: Jaume Creus». El arzobispo Creus murió el 17 de septiembre de 1825 —según se dijo en la época, del disgusto que sintió al recibir la orden de prohibición— y fueron los vicarios generales de la diócesis quienes enviaron a los párrocos una comunicación en que decían: «con la muerte de S. Exc. ha cesado el Tribunal de Fe que se había establecido en esta diócesis» (Salas, Biografía de l’Excm. i Rvdm. Dr. D. Jaume Creus i Martí, p. 75; Bofarull, Anales históricos de Reus, II, p. 191; Adserá, Tarragona capital de provincia, p. 261; Bofarull, Don Joan Romagosa, p. 117). Las discusiones en el consejo de ministros en APG, Actas consejo ministros, II (1825), pp. 117 (sobre Tarragona), 340 (sobre Orihuela), 381-385 (prohibición). Jiménez Monteserín, «La abolición del tribunal», en Pérez Villanueva y Escandell, Historia de la Inquisición, I, pp. 1485-1486. El texto de Boislecomte en AMAE, Espagne, Correspondance politique, 732, ff. 275-281. <<

[18] Rubio y Gali, Mis maestros y mi educación, p. 27. Domecq hará observaciones parecidas en 1834, que muestran la impotencia del gobierno y cita la frase de un «celebre viagero estrangero» que decía que «España era el país más libre del mundo porque en ella cada uno hacía lo que le daba la gana» (Suplemento a la Gaceta de Madrid de 30 de agosto de 1834). <<

[19] El desmentido del nuncio en AMAE, Espagne, Correspondance politique, 739, ff. 104-107. En noviembre de 1824 el embajador francés Boislecomte quiso informarse a través de un alto personaje eclesiástico, que le contó la consabida historia de una junta de la «Purísima Concepción» extendida por todas las provincias, con la que mantenían comunicación «los ministros Calomarde y Villela, la mayor parte de los prelados eclesiásticos regulares y seculares, jueces, magistrados y algunos generales realistas» y que tenía el apoyo de autoridades provinciales y de guerrilleros como Bessières y el Trapense. Su centro era Despeñaperros y su jefe eclesiástico, el arzobispo de Santiago, Vélez. Esta fábula llegó a engañar por un tiempo al embajador, que empezó a tomar en serio noticias aisladas a las que antes no había querido hacer caso alguno, incluyendo rumores tan sensacionales como el de que los realistas y liberales se habían puesto de acuerdo para hacer «una revolución a favor del infante don Carlos» (id. 730, ff. 55-60, 19 de noviembre de 1824). Los Misterios, publicados por Riera y Comas en 1864, llevaban el subtítulo de «Novela histórica, interesante por su plan y su objeto, adecuada a los sucesos políticos de estos tiempos en España» y se ocupaban con toda riqueza de precisiones imaginarias del «Ángel exterminador» en el volumen I, pp. 503-508. <<

[20] Sobre los cuerpos armados creados en las diversas provincias vascas, Ortiz de Orruño, «La militarización de la sociedad vasca: los naturales armados, 1823-1833»; Fernández Cucala, «Un acercamiento a las brigadas de paisanos armados de Vizcaya»; Barahona, Vizcaya on the eve of carlism, pp. 69-74 y, sobre todo, 136-166; Portillo, Los poderes locales en la formación del régimen foral, pp. 45-71, cita de p. 67. La cosa llevó a enfrentamientos como los de San Sebastián en 1827 entre «foralistas», que gritaban «¡Viva el rey! ¡Vivan los fueros!» y «realistas» que les oponían «¡Viva el rey absoluto! ¡Vivan los voluntarios! ¡Fuera los fueros!» y «antes ver echas cenizas las Provincias, que existir con fueros» (Tellechea, Nacionales y realistas). Las noticias sobre la fundación del cuerpo de voluntarios de Ezcaray proceden de una exposición de Ezcaray publicada en El Restaurador, II, pp. 851-852 (11 octubre 1823). Decretos regencia, I, pp. 40-42 (10 junio 1823); también en un ejemplar de la orden original, reimpresa en Oviedo (archivo del autor). Entre el reglamento de Ezcaray y el de la regencia está el citado de Burgos, que esta ciudad dirigió a la junta provisional de gobierno, que se encontraba entonces en esta ciudad castellana, con el fin de solicitar su aprobación. Suárez, «Los cuerpos de voluntarios realistas. Notas para su estudio», hace poco más que una glosa de las medidas legales. Gallego, «Los cuerpos voluntarios realistas. Un aspecto de la crisis del Antiguo Régimen en España»; Vañó Silvestre, «Bocairente: los servicios de los voluntarios realistas»; López Morán, El bandolerismo gallego, pp. 266-269 (sobre su escasa eficacia en Galicia); Fernández Benítez, Burguesía y revolución liberal, pp. 113-117 (sobre Cantabria, caso del que se hablará más adelante). En Navarra, no obstante, las cortes de 1828 y 1829 consiguieron que se anulasen las disposiciones legales sobre voluntarios, como contrarias a sus fueros, y crearon un cuerpo de «voluntarios de Navarra» con un extenso reglamento propio, siguiendo con retraso el camino que las diputaciones vascas habían emprendido desde el principio (Cuadernos de las cortes del reino de Navarra: Cuadernos de las leyes y agravios, II, pp. 425-426 y 476-491). Lo de «absolutísimo» en AMAE, París, Espagne, Correspondance politique, vol. 728, f. 52. <<

[21] Decretos regencia, I, pp. 31-32 (8 junio 1823). Las quejas sobre la oposición a la policía en «El superintendente general de policía del reyno a todos los empleados en el mismo ramo», 14 de septiembre de 1824 (archivo del autor). El superintendente general prohibió a los jefes de los realistas que siguieran extendiendo «pasaportes» manuscritos a sus subalternos (Circular del «Gobierno militar y político de Lérida», del 9 de enero de 1825. Arxiu de l’Ajuntament de Lleida, Papeles sueltos, 1825). <<

[22] En la misma exposición de Ezcaray citada antes (Restaurador, II, p. 852). Ya veremos que esta aspiración reaparece en diversas ocasiones y se consigue finalmente en 1826. <<

[23] La exposición es del Restaurador, III, p. 1267 (10 diciembre 1823). Las cifras de 1832 en Gallego, «Los cuerpos voluntarios realistas», p. 110. La cita de Llauder, de Memorias, p. 59. Por lo que se refiere a Navarra, Río, «La formación del cuerpo de voluntarios realistas». Lo referente a Cádiz de AMAE, Espagne, Correspondance politique, 730, f. 145. Los voluntarios de la villa de Tarija se presentan como «bien instruidos por su cura párroco» (Gaceta de Madrid, 24 de junio de 1824, p. 321). Las resistencias a actuar en Torres, «Documents sobre el batalló de voluntaris reialistes de Tàrrega». <<

[24] No encuentro la real orden de 1824 en la Colección de decretos, pero la saco de una orden de la capitanía general de Andalucía, de 10 de marzo de 1825, que recuerda su vigencia; una circular del 22 de febrero de 1828 de la «Superintendencia general de propios y arbitrios» de la provincia de Sevilla pide que se hagan constar «el arbitrio o arbitrios con que cuenta para el equipo, armamento y sostén anual de los voluntarios realistas, con expresión de lo que cada uno haya producido por arrendamiento en el año próximo pasado, y lo que en recaudación por falta de licitadores» (archivo del autor, documentos procedentes del municipio de Tocina). Arxiu de l’Ajuntament de Lleida: «Junta de fomento y equipo de voluntarios realistas de Lérida», manuscrito, en Papeles sueltos 1825; prohibición de la lotería en Actas de 1825 (sig. 6, reg. 14, s. f.), 1 de marzo de 1825. Comunicación de la Intendencia de Cataluña (19 agosto 1826), en Papeles sueltos 1826; real orden comunicada por la Intendencia de Cataluña (1 agosto 1827), en Papeles sueltos 1827. Con el añadido de ACA, Audiència, expedientes, n.º 32 de 1826 por lo que se refiere al pago de las municiones. Tenemos un reparto de la subdelegación de Girona, del año 1831, en que se marcan las cantidades que deben pagar los pueblos y aldeas, pero que deja en blanco las localidades mayores (Blanes, Cassà, La Bisbal, etc.), que debían pagar de otro modo (Arxiu Històric de l’Ajuntament de Girona, VII. 2.2., legajo n.º 5). Sobre Adra, Adra. Siglo XIX, pp. 121-122. La noticia sobre Bocairent procede del trabajo de Vañó citado antes. Sobre el peligro de la violencia de los realistas, denunciado por los obispos, Suárez, Informes sobre el estado de España, pp. 156, 244 (de donde sale la cita que se hace, pp. 368-369). Sobre la hostilidad de los pueblos y su resistencia a pagar, Gaceta de Madrid, 11 marzo de 1826, p. 121. Al principio los ayuntamientos tenían que pagar las municiones que sacaban de los almacenes de artillería. Se acostumbraron más adelante a sacarlas gratis y cuando una real orden pretendió, a fines de 1825, que las volviesen a pagar, el capitán general de Valencia dijo que, si se hacía esto, la tarea de persecución de los contrabandistas y bandoleros quedaría abandonada, de manera que hubo que rectificar y dejar que se les facilitasen las municiones, aunque en cantidades moderadas. <<

[25] ACA, Audiència, expedientes, n.º 1217 de 1825; Bofarull, Costums que’s perden, p. 393, y Gras y Elías, Recuerdos de mi tierra: Pedro de Rovellat, p. 114. También hay afiliaciones oportunistas, como la de Larra, que cumple como voluntario realista a la vez que escribe, en privado, versos liberales (Escobar, «Larra durante la ominosa década»). <<

[26] La cita de Blanqui, de M. Núñez de Arenas, «La España de 1826», en L’Espagne des lumières au romantisme, pp. 187-193. La de Miñano, de I. Aguilera, «Don Sebastián de Miñano y Bedoya», p. 339. El informe de Boislecomte, en AMAE, París, Espagne, Correspondance politique, 728, ff. 97-110. La composición social de los voluntarios de Madrid se puede ver en las listas que publica Juan Sisinio Pérez Garzón en Milicia nacional y revolución burguesa, pp. 356-363 y, sobre todo, p. 347, y en «Absolutismo y clases sociales». Los listados de que disponemos para Girona en 1833 nos muestran que los aspirantes a entrar en el cuerpo, escasos en estas fechas, son gente de origen social modesto, mientras que en las filas de los oficiales y los sargentos vemos que los capitanes son militares retirados, hacendados (a menudo se añade «nobles») y un «comerciante con arraigo»; los niveles van bajando con la graduación, de manera que en el nivel de los sargentos se encuentran gente de oficios diversos (carpinteros, confiteros, sastres, albañiles, molineros) e incluso un criado, Arxiu històric de l’Ajuntament de Girona, VII. 2.2., legajo n.º 5. Hemos visto más arriba la imagen despectiva que se da de la composición social de los de Reus. En Cantabria, el estudio realizado por Miguel Ángel Sánchez Gómez, La quinta brigada de voluntarios, pp. 154-187, da un predominio de pequeños campesinos y artesanos (canteros, herreros, carpinteros…) entre los voluntarios y de campesinos (incluyendo propietarios medianos y ricos), funcionarios, etc., entre la oficialidad. <<

[27] Sobre el sur de Francia, David Higgs, Ultraroyalism in Toulouse, pp. 7273, y W. H. Sewell, jr. «Social change and the rise of working-class politics in nineteenth-century Marseille», en especial pp. 76-77. J. Mañé i Flaquer, «Los absolutistas en España», en Colección de artículos, p. 399. <<

[28] Algunas líneas sobre el análisis de la crisis agraria las he planteado en J. Fontana, «La crisis agraria de comienzos del siglo XIX». Sobre Bornos, Trueba, «Cartas bornesas»; García Castañeda, Don Telesforo Trueba, pp. 56-58. Tal vez convenga recordar que en 1822 el marqués de las Amarillas ha encontrado en Bornos tropas que se distinguían «por su indisciplina o exaltación», que deben haber dejado un recuerdo negativo en los vecinos (Amarillas, Recuerdos, II, pp. 253-254). La imagen idílica, en Fernán Caballero, Un verano en Bornos. Por lo que se refiere a los precios europeos del trigo, utilizo los de Beveridge, que se puede ver que se corresponden bastante con las series españolas de Rafael Barquín, Garrabou et al., Tomás Martínez Vara y M. Pilar Nogués. En cuanto a los salarios, véanse los materiales recogidos en el volumen coordinado por Martínez Carrión, El nivel de vida en la España rural. En 1835, en las cortes del Estatuto real, Álvarez García da como cosa sabida, sin que nadie le replique, «que las fincas valen ahora menos que antes de la guerra de la Independencia» (Suplemento a la Gaceta de Madrid, II, p. 851, 20 de mayo de 1835). En Ibiza se justifica la mala situación del clero, entre otras cosas, «por las malas cosechas, el bajísimo precio de los granos, la escasez de numerario» (Macabich, Historia de Ibiza, II, p. 44). Que la crisis fuese general lo dice el consejero de Estado de Prusia Thaer: «este mal se descubre en todas partes, tanto en Inglaterra como en Rusia, en América como en Alemania» («Del estado agrícola en el tiempo presente», en Mercurio de España, agosto de 1824, p. 358). Los datos del archivo familiar Brugués me han sido proporcionados por Pere Pascual. <<

[29] El texto sobre los «pactos feudales», de Haller, De la constitución de las Cortes de España. Segona conversa Bonosi i Xacó, p. 3. Una muestra de las quejas episcopales con respecto al pago del diezmo, Carta pastoral del ilustrísimo señor D. F. Pablo Colmenares obispo de Lérida (1827), «Todas las calamidades y desdichas que sobrevienen a veces a los pueblos y naciones enteras, no dudan muchos santos atribuirlas a la falta de paga de los diezmos», p. 10. Sobre los efectos de las malas cosechas de 1823 y 1824, Espadas, «Abasto en el Madrid de Fernando VII». Las noticias del tiempo de Porcet, Llibre de politiqueses, de quien es la larga cita final (p. 146), de Jordà, El «Repertorio…» de Mn. Salvador Babot, y de otras fuentes parecidas (el diario de Bayona, etc.). <<

[1] Escudero, «La creación de la Presidencia del Consejo de Ministros». Y, sobre todo, los trabajos de Ruiz Alcain y Bermejo Cabrera en el volumen colectivo de García Fernández, ed., 1812-1992. El arte de gobernar, pp. 24-68. El decreto de constitución en Decretos Fernando VII, VII, pp. 192-193. No habrá de extrañar que los ultras de El Restaurador se dedicasen seguidamente a criticar el establecimiento del consejo de ministros, puesto que creían que era una «innovación», por más que tuviera precedentes desde 1714 (Restaurador, III, pp. 1192-1196, 1200-1204, 1208-1212 y 1216-1220, del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 1823). Carta del embajador francés, Talaru a Villèle, de 17 de octubre de 1823 (Villèle, Mémoires, IV, p. 482). Vneshniaia politika, V, pp. 130-133 y 296-297. <<

[2] Villèle, Mémoires, IV, pp. 187-188, 190-191, 240-241, cartas de 3, 4 y 18 de julio de 1823. Sobre la oposición de Austria, Prusia y Rusia, ibid., pp. 105-106. Martignac, Essai historique sur la révolution, pp. 138-140. Amarillas, Recuerdos, II, pp. 274-275. <<

[3] Temperley, The foreign policy of Canning, p. 62. Villèle, Mémoires, IV, pp. 105-106 (carta de 21 de junio de 1823). Como ejemplo de la obcecación de Chateaubriand, véase la carta que aparece impresa con fecha de 29 de diciembre de 1823 —pero que es anterior, probablemente de poco después del 19 de noviembre, ya que en ella se comenta, como hecho reciente, la creación del consejo de ministros— (Œuvres, XII, pp. 409-410, véase también la p. 406). También, en el mismo lugar (pp. 403-405) la carta que La Ferronnais le escribe desde San Petersburgo el 30 de noviembre de 1823. La exposición de los propósitos políticos rusos la hago de acuerdo con un «Aperçu général de nos relations politiques» del 28 de junio de 1824, aprobado por el emperador, que se encuentra en Vneshniaia politika, V, pp. 497-501. Las informaciones biográficas sobre Pozzo proceden esencialmente de la introducción que un descendiente suyo, el conde Charles Pozzo di Borgo, escribió para la edición de la Correspondance diplomatique, I, pp. III-XLIII, y de McErlean, Napoleon and Pozzo di Borgo, passim. Las opiniones de Metternich sobre Pozzo en Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, pp. 869-871. Sobre Ugarte, Vidal-Abarca et al., Fausto de Otazu, I, pp. 97-98. El favor real se le acabó, no obstante, en 1825, cuando se le alejó de Madrid, enviándole como embajador a Italia. <<

[4] Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, II, pp. 862-864; Chateaubriand, Œuvres, XII, pp. 345 y 385 (carta del 21 de octubre de 1823). <<

[5] Chateaubriand, Œuvres, XII, pp. 402 (carta del 25 de noviembre de 1823); 380-381 (15 octubre 1823); 382-383 (17 octubre 1823); 410 y 411-412 (17 enero 1824). Caze, La vérité sur l’Espagne, pp. 48-49. <<

[6] El Restaurador, III, pp. 1118-1119 (19 noviembre 1823); Bayo, Historia Fernando VII, III, p. 185; Villaurrutia, Fernando VII, rey absoluto, p. 90. <<

[7] Gille, Histoire Rothschild, I, p. 117; M. Llauder, Memorias documentadas, pp. 23-24. Sobre el tema de la Congregación y el anticlericalismo conservador francés: Bertier de Sauvigny, La Restauration, pp. 314-315, 384-386 y passim; Casanova, Montlosier et la parti prêtre, pp. 40-51 y 329-331; las citas son de Montlosier, Mémoire à consulter sur un système religieux, pp. 31-32 y 313. Bayo, Historia Fernando VII, III, p. 132; la conversación con Infantado de un informe de Boislecomte en AMAE, Espagne, Correspondance politique, 728, ff. 39-48. <<

[8] Ortiz de la Torre, «Papeles de Ugarte», pp. 219-220. Se puede comprender que Bayo, que ignoraba esta reunión, opinase que el nuevo gobierno se había hecho con la lista de ministros que había proporcionado la embajada francesa (Historia de Fernando VII, III, p. 189); pero no que el propio Ortiz de la Torre diga que Pozzo obró «de acuerdo con el embajador francés», cuando el mismo papel que él publica dice que éste no sabía nada. <<

[9] Restaurador, III, p. 1224 (4 diciembre 1823). <<

[10] Baumgarten, Geschichte Spaniens, I, p. 595; Chateaubriand, Œuvres, XII, p. 406 (carta del 11 de diciembre de 1823). Los que entendieron en seguida que el cambio era obra de Pozzo fueron el nuncio Giustiniani (Tejada, Ocaso de la Inquisición, pp. 72-73 y 82) y los ingleses: el Times publicaba el 26 de diciembre que el nuevo gobierno había sido «llevado al poder, se supone, por las intrigas de Pozzo di Borgo». En algunos medios se sospechaba que la actuación de Pozzo estaba motivada por una operación financiera con la deuda española en la Bolsa de París, para la cual convenía un gobierno que se prestase a reconocer los empréstitos de las cortes, y que Casa-Irujo y Ofalia se habían comprometido a hacer lo posible en este sentido (Caze, La vérité sur l’Espagne, pp. 47-48). Miñano, que es quien nos dice que «el rey ha estado gravemente enfermo estos días», anticipaba también el cambio de gobierno (Aguilera, «Don Sebastián de Miñano y Bedoya», p. 212, en p. 217, lo referente a la salud). <<

[11] APG, Actas del consejo de ministros, VI (1829), p. 250, sesión de 4 de julio de 1829 (los ministros rememoran las condiciones en que se les obligó a aceptar el gobierno para justificar la mala situación del país en aquel momento). <<

[12] Sobre la refundación del consejo de Estado, Suárez, El Consejo de Estado, 1792-1834, pp. 52-53, donde el autor da datos sobre la institución, pero no se da cuenta de qué va la cosa. Las actas del consejo de diciembre de 1823 y enero de 1824 —AHN, Madrid, Estado, libro 28, Consejo de Estado. Actas originales, 1823-1824— parecen mostrar que estas eran las reuniones en las que se debatían los temas, aunque hay algunas de los ministros solos, como aquella de la que se ha conservado una acta aislada, del 3 de enero de 1824 (Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, Actas del consejo de ministros. Fernando VII, I, pp. 3-6). No consta que hubiese actas entre el 19 de noviembre, fecha de creación del consejo de ministros, y el 2 de diciembre de 1823. Tal vez había actas sueltas, como esta del 3 de enero o la de la reunión extraordinaria del rey con Pozzo que, no por casualidad, se encontraba entre los papeles del secretario del consejo. <<

[13] Sobre el manifiesto de los obispos de 5 de diciembre, Tejada, Ocaso de la Inquisición, pp. 88-89. Se hace eco de él también el Times de 23 de diciembre, con noticias de Madrid que dicen que el domingo siguiente frailes y curas denunciaron desde el púlpito los peligros que corría la religión. La entrada de Sáez de Tortosa en Manifiesto de las demostraciones de júbilo que la […] ciudad de Tortosa, un folleto lleno de versos en los que los términos «negro», «masón», etc., abundantemente utilizados, son impresos cabeza abajo (como, más adelante, pondrían los agraviados el retrato de Fernando VII). <<

[14] Estas reuniones nos son conocidas por el «Memorándum confidencial de las conferencias que, con espresa autorización de Su Majestad, he tenido con los señores embajadores y ministros de las cortes de Francia, Austria, Rusia y Prusia, sobre el proyecto de amnistia o indulto», reproducido en Heredia, Escritos del conde de Ofalia, pp. 353-372 (cita de p. 364). <<

[15] AHN, Estado, libro 28, Actas consejo de Estado, 1823-1824, sesión de 29 de diciembre de 1823, sin paginar. Los textos del Restaurador en II, pp. 921-924 (21 octubre 1823), III, pp. 1249-1252 (7 diciembre 1823), 1257-1260 (8 diciembre), 1280-1284 (12 diciembre), 1297-1300 (14 diciembre), 1312-1316 (17 diciembre) y 1322-1324 (18 diciembre); las citas proceden del primero y último de los artículos citados. Durante el trienio constitucional Carlos había intentado hacerse «popular» (Amarillas, Recuerdos, II, pp. 136-137); la noticia sobre su equipaje en García Mercadal, Palafox, p. 374. <<

[16] Bermúdez de Castro, marqués de Lema, Calomarde, p. 67. En sus conversaciones con diplomáticos extranjeros, que hemos citado con anterioridad, Infantado exceptúa sólo a Calomarde de la condena general de los ministros. <<

[17] Los artículos empiezan con uno que no tiene título en Restaurador, IV, pp. 124-128 (17 enero 1824) —la cita que se hace procede de éste, p. 128. Sigue, desde el 24 de enero, una serie con el título de «El moderantismo o el sistema de los moderados explicado filosóficamente», que se desarrolla en IV, pp. 174-176 (24 enero), 181-184 (25 enero) y 201-204 (28 enero), y otra «Sobre algunos puntos pendientes» en pp. 208-212 (29 enero) y 216-220 (30 enero), que permanecerá inacabada al suspenderse el periódico. <<

[18] AHN, Estado, libro 28, Actas consejo de Estado, 1823-1824, sesiones del 21 y el 28 de enero de 1824, sin paginar. <<

[19] Véanse, por ejemplo, «Del desaliento de los realistas», Restaurador, IV, pp. 109-112 (15 enero 1824) y el artículo del cual se cita un fragmento (IV, p. 220, 30 enero 1824). <<

[20] El texto sobre la suspensión del consejo de Estado en APG, Actas consejo ministros, II (1825), p. 361, sesión de 27 de agosto. El 30 de enero de 1824 se prohibía la publicación de cualquier otro periódico político que no fuese la Gaceta y el Diario de Madrid. Subsistían los del comercio, agricultura y artes, que tuvieron la vida difícil, porque se les exigía que no tratasen «de materias que tengan relación con la política ni con la religión» y eran estrechamente vigilados. Por lo que se refiere al Restaurador, un aviso del 3 de febrero, firmado por fray Manuel Gómez de Negrete, explicaba a los suscriptores que cesaba «de Real orden». Rumeu de Armas, Historia de la censura, pp. 189-192; González Palencia, Estudio histórico sobre la censura gubernativa, III, pp. 111-127. <<

[21] La mitificación de López Ballesteros debe mucho al libro de Natalio Rivas Luis López Ballesteros, gran ministro de Fernando VII, bien intencionado, pero no muy acertado, en especial por lo que se refiere a las cuestiones de hacienda, que son, precisamente, aquellas por las que habría que valorar al personaje. Tampoco ha sido mucho más afortunado con los volúmenes de documentos que le ha dedicado el padre Suárez y, en cuanto a la biografía de Emilio González López, es totalmente inútil. La única aportación reciente valiosa es el libro de Jean-Philippe Luis, L’utopie réactionaire, que valora adecuadamente su gestión administrativa. <<

[22] Lamentablemente, lo que se puede utilizar para la biografía de Calomarde no va mucho más allá de Calomarde, discurso de ingreso en la Academia de la Historia de Salvador Bermúdez de Castro, marqués de Lema; lo que nos dice Mor de Fuentes en Romey, Historia de España, IV, pp. 417-418, nota; la larga biografía que en 1843 le dedica Cárdenas en el volumen IV de Pastor Díaz y Cárdenas, Galería de españoles célebres contemporáneos, y un excelente, aunque tal vez demasiado generoso, artículo de Eloy Fernández Clemente, «El turolense Calomarde». Otros productos, como la pequeña biografía de Luciano de Taxonera, son poca cosa más que refritos de los tópicos usuales en la literatura de la época, donde Calomarde comparte con el rey la condición de personaje odiado tanto por los liberales como por los absolutistas. Incluso en un texto serio como el que Manuel Jiménez Catalán le dedica en Memorias para la historia de la Universidad, pp. 407-412, se nos dice que se oponía al cuarto matrimonio de Fernando en una fecha en la que todavía vivía la tercera esposa y nadie pensaba, por tanto, en la cuarta. Sobre los asuntos portugueses de 1816, Resnick, «A family imbroglio: Brazil’s invasion of the Banda Oriental». El Discurso económico político […] en el que se demuestra la cantidad de trigo y demás granos frumenticios que en cada año de este último quinquenio se ha cogido en el reyno de Aragón…, Madrid, Ortega, 1800, precedido por una dedicatoria halagadora a Godoy, es un trabajo interesante. Es uno de los esfuerzos más logrados para calcular las cosechas a partir de los datos de los 3452 perceptores de diezmos de Aragón. Añade a esto el cálculo de la población para hacer especulaciones sobre las salidas del grano sobrante, en unas páginas en que promueve la libertad de comercio interior y alaba la desamortización eclesiástica de Godoy, hecho que debían ignorar los ultras que en estos años le aceptaban como el más próximo a ellos de todos los ministros (de la portada sacamos su nombre como Tadeo Francisco, en lugar de Francisco Tadeo, como se le acostumbra a llamar); sobre este texto, Herranz, «Estudio crítico sobre los economistas aragoneses», en La cátedra de economía civil y comercio de Zaragoza, pp. 64-65. Sobre los casamientos portugueses, Fontana, La quiebra de la monarquía absoluta, p. 138. Los datos sobre el nombramiento de obispos proceden de Cuenca, Sociología de una élite de poder, pp. 90-95 y 310-316. Presas, Cronología de los sucesos más memorables, p. 104. Las opiniones sobre su realismo, en Ruiz de Luzuriaga, Cuatro verdades, pp. 88 y 91. <<

[23] Los datos biográficos de Villela proceden de su necrología, publicada en la Gaceta de Madrid del 30 de junio de 1827, pp. 311-312. Sobre el consejo de Castilla en estos años, Cabrera, El Consejo real de Castilla y la ley, pp. 165-178. Sobre la renovación impulsada por Villela, Luis, L’utopie réactionnaire, pp. 84-86. Las opiniones de Infantado en AMAE, Espagne, Correspondance politique, 728, ff. 39-48. <<

[24] Baumgarten, Geschichte Spaniens, I, p. 596; Restaurador, IV, pp. 221-222. Noticias muy parecidas sobre «carlismo» se publicaban en estos días en el Times de Londres. <<

[25] Díaz-Pintado, Revolución liberal y neoabsolutismo en la Mancha, p. 266. <<

[26] El informe de Boislecomte es el que he venido citando de AMAE, Espagne, Correspondance politique, 728, ff. 39-48. Da noticia de papeles y documentos que demostrarían la existencia real de unas conspiraciones en las que está implicada Carlota Joaquina y que tienen como objetivo llevar a España a su hijo Miguel y ponerle al frente de 8000 hombres para «restablecerlo todo en España tal como debe ser» e invadir después Portugal para ahogar la revolución que avanza. No cree, en cambio, que Carlos esté personalmente implicado en ello. <<

[1] Decretos, órdenes y reglamentos expedidos por la regencia del reino, pp. 31-32; Sarrailh, La contre-révolution sous la régence de Madrid, pp. 5157; Ximénez de Sandoval, Las instituciones de seguridad pública en España, pp. 45-47; Fuentes, «Datos para una historia de la policía política en la década ominosa»; Turrado, La policía en la historia contemporánea de España, pp. 83-102; Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional, pp. 90 y ss.; Morange, «José Manuel del Regato. Notes sur la police secrète de Ferdinand VII». De escasa utilidad es, en cambio, el libro de Pegenaute, Trayectoria y testimonio de José Manuel del Regato. Al suprimirse el ministerio del Interior y pasar las atribuciones de policía al de Gracia y Justicia, la disposición resultaba tan confusa que el propio resumen de la Colección de decretos interpreta que se ordenaba suprimir «la Superintendencia general de Policía» (VII, pp. 166-167), lo que no era cierto, ya que el 26 de noviembre Arjona era nombrado «Superintendente de vigilancia pública» (VII, p. 203). El decreto de creación del nuevo cuerpo, de 8 de enero de 1824, en pp. 25-28 y en Decretos de Fernando VII, VIII, pp. 49-63. Aunque el 20 de febrero se publicaba su reglamento, el decreto mismo hacía ya una minuciosa relación de las atribuciones de la policía, a las cuales me refiero en el texto. El 23 de mayo se insistió en reafirmar las facultades concedidas al nuevo cuerpo, contra las interferencias de otras autoridades (ibid., p. 365). Sobre Arjona y su gestión véase, Braojos, Don José Manuel de Arjona, pp. 94-109. <<

[2] Las diferentes atribuciones del cuerpo se especifican en un bando del intendente de policía de Cataluña, de 24 de diciembre de 1825 (ejemplar del archivo del autor) y se desarrollan en la alocución que hace al tomar posesión el intendente de Mallorca, el 17 de junio de 1824, donde se empieza destacando los aspectos constructivos: «Fomentar la prosperidad pública y privada; procurar el ornato, la comodidad, la salubridad…». Llabrés, Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX, II (1821-1840), pp. 103-194. Un bando del nuevo intendente de policía de Cataluña, Francisco Enríquez, recuerda el 24 de diciembre de 1825 la obligación de facilitar los datos del padrón y de renovar las cartas de seguridad y las licencias de fondas y cafés, así como las de tenencia de armas (archivo del autor). Estas atribuciones son examinadas en Turrado, La policía en la historia, pp. 92-97. Sobre el concepto de policía y su función en el estado moderno, Nieto, «Algunas precisiones sobre el concepto de policía». Además, Gaceta de Madrid, 1 de mayo de 1824, p. 227; Archivo General de Navarra, Guerra, legajo 31, carpeta 6, anexo 2. Sobre la reunión de matrimonios separados, Arxiu Històric de Sabadell, Policía, 1823-1833, real orden comunicada por el intendente de policía de Cataluña, 20 de junio de 1825. <<

[3] Las «facciones» se indicaban con una descripción escrita de los rasgos característicos. Las citas son de las memorias de un campesino de Sant Boi de Llobregat, Porcet, Llibre de politiqueses i curiositats, pp. 246-247, que añade: «Y no se podía ir a ningún lugar sin llevar dicha carta encima». La utilización de la policía con finalidades políticas contrarrevolucionarias había llegado a su paroxismo en Francia en estos mismos años, cuando se puso en manos de dos personajes ultras, Franchet y Delavau, miembros de la sociedad secreta de los «Caballeros de la fe». A lo que hay que añadir que, al margen de la oficial, había en Francia como mínimo otras nueve policías paralelas, cada una de las cuales tenía su propia red de informadores. Riberette, «De la police de Napoléon à la police de la congregation», en Aubert, Ende, Goyart et al., L’état et sa police en France, 1789-1914, pp. 35-58. Hay y Snyder, eds., Policing and prosecution in Britain, 1750-1850; Emsley, Policing and its context, 1750-1870, pp. 53-75; Bunyan, The history and practice of the political police in Britain. <<

[4] El decreto de primero de mayo —que, según Bayo (Historia Fernando VII, III, pp. 220-222) y Quin-Mora (Memorias Fernando VII, III; pp. 68-69) habría tardado veinte días en publicarse para dar tiempo a la policía a arrestar a los que estaban exceptuados, tarea que me parece demasiado compleja como para pensar que la policía pudiera hacerla en veinte días— en Suplemento a la Gaceta de Madrid, de 20 de mayo de 1824, y Colección decretos, VIII (enero-junio 1824), pp. 325-333. Pocos días más tarde se reafirmaba con insistencia el mandato del 15 de mayo y se ordenaba acelerar la represión. La real orden de 4 de junio, de un ejemplar reproducido por la Chancillería de Valladolid (archivo del autor). Pocas semanas después el rey se manifestaba harto de las «quejas y recursos» de los que se consideraban afectados por el indulto y de las consultas de los tribunales que, «por el temor de comprometerse o con el deseo de acertar», cometían abusos, y ordenaba que los tribunales se limitasen a aplicarlo literalmente. A los indultados no se les debían negar pasaportes (salvoconductos de circulación interior) «no siendo para Madrid ni Sitios Reales sin expreso permiso» (Gaceta de Madrid, 22 de junio de 1824, p. 317; Colección de decretos, VIII, pp. 384-385). La Real orden de 15 de mayo, que no figura en la Colección de decretos, la utilizo a partir de una disposición de la Audiencia de Sevilla de 10 de julio de 1824 (archivo del autor). El indulto de los delitos cometidos contra los liberales, en Colección de decretos, IX (julio-diciembre 1824), pp. 1-2. <<

[5] Sobre la depuración de funcionarios hay que utilizar el estudio fundamental de Luis, L’utopie réactionaire, en especial pp. 60-154; además, Merinero, Purificaciones de empleados públicos, donde se analiza sobre todo el caso de Extremadura. Los textos legales aludidos: Decretos regencia, pp. 61-63; Decretos Fernando VII, VII, p. 173 y VIII, pp. 291-292 (respecto del servicio del rey, Ruiz de Luzuriaga, Cuatro verdades, p. 86, nota). Las críticas de Arias a López Ballesteros son numerosas: Diarios II, pp. 6, 60, 87, 102, 106, 112 (la cita mencionada), 133, 175, 207, 275, etc. <<

[6] Buena parte de las informaciones de estos párrafos proceden del extenso informe de Boislecomte, hecho a partir de lo que le había comunicado el ministro de la Guerra, que se encuentra en AMAE, Espagne, Correspondance politique, 728, ff. 97-110. La licencia, de sargento para abajo, en Decretos Fernando VII, VII, p. 153. El 27 de septiembre se decidió también suprimir todas las escuelas militares, ya que «se entrometieron sus individuos a hablar en lo interior de sus aulas o clases de cuestiones políticas» (Decretos, VII, pp. 134-137). La disolución de los «depósitos militares» en Gaceta de Madrid, 11 marzo 1824, pp. 135-136. Los estudios sobre el ejército en estos años son escasos, en contraste con los dedicados a las fuerzas armadas durante el constitucionalismo (Pablo Casado, M. Ballbé, Roberto L. Blanco, etc.). Entre las pocas cosas que se pueden consultar, José Cepeda Gómez, El ejército en la política española, pp. 192-195. En diciembre de 1823 se manda que los miembros de las milicias provinciales vuelvan a sus lugares de origen, para integrarse en los 16 regimientos que permanecerán. El 18 de enero de 1824 se ordena que los que estén diseminados en medio de los realistas se presenten a los jefes provinciales. Gaceta de Madrid, 29 de enero de 1824, p. 53. Sobre la guardia real, Fernando Fernández de Córdova, Mis memorias íntimas, I, pp. 59-61. Sobre el número de los militares exiliados en Francia, Rubio et al., «Aproximación sociológica al exilio liberal». <<

[7] El 30 de abril se había ordenado reclutar una quinta de 36 000 hombres, que servirían seis años, «para principiar a organizar el nuevo ejército», Gaceta de Madrid, 11 mayo 1824, p. 243. <<

[8] Sobre la situación de los «indefinidos», Quin, Memorias históricas Fernando VII, III, pp. 82-87; conde de Carnavon, Viajes por la Península ibérica, pp. 32-33; Santullano, Del hierro y del fuego, I, pp. 85-93, con noticias de «la abundancia de peticiones hechas a los ayuntamientos para que se hurgara en la vida de los militares». Los cuatro casos citados proceden de Santillán, Memorias, I, p. 123-132; Manuel Bayona, Diario, Biblioteca de Catalunya, manuscrito 250; M. de Monsalud, El capitán general marqués de Monsalud, pp. 14-15; José Mañas, «Eduardo Saavedra, ingeniero y humanista», pp. 25 y 27. He estudiado, además, los papeles de purificaciones que se conservan en el Arxiu de l’Ayuntament de Lleida, Papeles sueltos, entre julio de 1825 y julio de 1826. <<

[9] Sobre este punto, Escudero, La Real junta consultiva de gobierno, pp. 97-165. <<

[10] Estos ejemplos proceden de Vida y hechos de los principales cabecillas facciosos. Un análisis más amplio y matizado en Sauch, Guerrillers i bàndols civils, pp. 211-213, donde podemos ver casos excepcionales, como el de Chambó, que, a pesar de su analfabetismo, conservó el grado de brigadier. <<

[11] José Ramón Alonso, Historia política del ejército español, pp. 218-227; Teijeiro, La Real hacienda militar de Fernando VII, tesis doctoral inédita, pp. 303-312. Pennell, «State power in a chronically weak state: Spanish coastguards as pirates, 1814-50». La cita de Fernando Fernández de Córdova es de Mis memorias íntimas, I, p. 47. APG, Actas consejo ministros, II, pp. 253-255 (2 julio 1825). <<

[12] Sobre estas cosas, véase Fontana, Hacienda y estado, pp. 56-61. Algunas noticias sobre Pinilla en Fontana, «José López Juana Pinilla: Una gran figura de la Hacienda española del siglo XIX». Sobre Santillán y la reforma de 1845, Estapé, La reforma tributaria de 1845, y Vallejo, Reforma tributaria y fiscalidad. <<

[13] El texto citado de APG, Actas consejo ministros, I (1824-1825), pp. 1-2. <<

[14] Para todas estas cosas remito al capítulo III de Hacienda y estado, pp. 5580, donde se analizan detalladamente estos puntos y se dan las justificaciones documentales. Los textos fundamentales, sin embargo, se pueden encontrar en la Guía de hacienda de 1824, pp. 120-216. Como muestra de la continuidad en el terreno de los derechos de puertas se puede ver que el 28 de abril de 1824 se publica en Barcelona una «Razón de los derechos que pagan los vinos», añadida a un ejemplar de la tarifa de los derechos de puertas de 1817-1818, que se conservan globalmente, excepto este añadido, el cual tiene como objeto hacer más diferencias (entre vino blanco, tinto, malvasía, vinagre y aguardientes) en lo que antes eran simples menciones de «vino común» y «vino generoso» y fijar el impuesto en cargas y no en arrobas. Sobre la importancia que tenía el comercio de bacalao, se pueden encontrar noticias abundantes en Aingeru Zabala, Mundo urbano y actividad mercantil, passim. La cita de Santillán de Memorias, I, p. 141. <<

[15] Existe un excelente estudio sobre la reforma de la administración, Luis, L’utopie réactionnaire, que dedica atención al personal, en buena media «afrancesado», que rodea a Ballesteros (pp. 204-217). Doy las referencias sobre los textos legales de 1824 y 1826 en Fontana, Hacienda y estado, pp. 76-80. Además, Fernández Pirla, El tribunal mayor de cuentas y Guía hacienda de 1828, pp. 549-600; la instrucción sobre el cobro de rentas por los ayuntamientos en Colección de decretos, XIII (1828), pp. 233-248, y Guía hacienda de 1828, pp. 371-394, la utilizo también en el ejemplar que debía ser del Ayuntamiento de Tocina, donde se añaden las notificaciones del intendente de Sevilla, Arjona, y las respuestas del Ayuntamiento a lo largo del año 1828 (archivo del autor). <<

[16] González Palencia, Estudio histórico sobre la censura gubernativa en España, I, pp. XIV, XCIII-XCIV, CXLVII-CXLVIII, 284-287 y 326-329; Rumeu de Armas, Historia de la censura literaria gubernativa en España, pp. 173-185; Decretos de Fernando VII, XV, pp. 278-285; Domergue, Censure et lumières dans l’Espagne de Charles III y Tres calas en la censura dieciochesca; Roura, «Libertad de imprenta y libertad de expresión al final del Antiguo régimen». Sobre Walter Scott en España, Olives, Bergnes de las Casas, p. 25. Sobre los efectos de la censura y el exilio en la literatura española, Llorens, El romanticismo español, pp. 193-226, y Montesinos, en Introducción a una historia de la novela en España en el siglo XIX (cita de la p. 96). De 1827 encuentro la noticia de una versión dramatizada de Atala o Los amores del desierto. Hay una preocupación considerable por impedir la entrada de libros extranjeros, y en especial la de los periódicos que editan los exiliados españoles (véase, por ejemplo, Arxiu Històric de Sabadell, Policía, 1823-1833, circulares de 13 de junio, 10 de julio y 17 de noviembre 1825). <<

[17] Sobre esta época, véase sobre todo Viñao Frago, Política y educación en los orígenes de la España contemporánea, pp. 70-77 y 261-277. Sobre el «Instituto Militar Pestalozziano», Pestalozzi, Doctrina de la visión de las relaciones de los números, I, con un grabado de Goya. Gil de Zárate, De la instrucción pública en España, I, pp. 95-99, encuentra motivos de elogio en el hecho de que, con todos sus defectos, estos planes han iniciado el camino hacia la centralización de la enseñanza, que proseguirán después los liberales moderados. Una visión interesante, si bien parcial, de la enseñanza en el trienio constitucional en Florensa, L’ensenyament a Catalunya durant el trieni. Utilizo textos de Serafín procurador de los pueblos (1823), p. 287, y Restaurador, III, p. 1227 (4 diciembre 1823). Bau, Historia de las Escuelas Pías de Cataluña, pp. 616-617. Sobre la actitud del gobierno, Decretos Fernando VII, VIII, pp. 282-283 (25 marzo 1824). No debemos creer, sin embargo, que las actitudes españolas con respecto a la enseñanza fuesen excepcionales. En la Inglaterra de estos años, donde el gobierno tampoco gastaba mucho en enseñanza pública, la atención que se daba a los niños de las clases humildes no era mejor (leer la Biblia y gracias) y había, por el contrario, una conciencia más clara del hecho de que la enseñanza dada a los pobres resultaba peligrosa desde un punto de vista social (Hopkins, Childhood transformed, pp. 128-145). <<

[18] Peset, La universidad española. Siglos XVIII y XIX, pp. 138-142; Baldó, «La Universidad de Valencia bajo el signo del absolutismo»; Profesores y estudiantes en la época romántica, «El impacto liberal-burgués en la universidad de Valencia» y La Universitat de València, pp. 121-126 y 131-136; Santullano, Del hierro y del fuego, I, pp. 95-111. El decreto de septiembre de 1823 en Decretos Fernando VII, VII, p. 128 (el de 1818 en id., V, pp. 611-614); he utilizado también un ejemplar original del de 1823 en reimpresión de Guipúzcoa (archivo del autor). ACA, Audiència, expedientes, 1824, expediente 841. Las noticias sobre La Laguna, de Berthelot, Primera estancia en Tenerife, pp. 52-53. El texto del marqués de las Amarillas está citado en Peset, Garma y Pérez Garzón, Ciencias y enseñanza en la revolución burguesa, p. 3. Barreiro, El carlismo gallego, pp. 4345. Los títulos dados entre 1820 y 1823 tuvieron que cambiarse porque se había omitido el juramento «de defender el misterio de la Purísima Concepción de la Virgen María» (Decretos Fernando VII, VIII, pp. 11-13, 134-135 y 293-295). Sobre la piedad «milagrosa» de los estudiantes de Granada, Gaceta de Madrid, 11 de enero de 1825, p. 19. Los textos legales correspondientes a estos puntos: «Reglas que han de observarse para que se restituya a las universidades y demás establecimientos literarios del reino la sana enseñanza», Decretos Fernando VII, IX, pp. 106-111 (21 julio 1824), y Gaceta de Madrid, 7 de agosto de 1824, pp. 397-398, y Plan literario de estudios y arreglo de las universidades del reino (también en Decretos Fernando VII, IX, pp. 230-296). Los autores de los planes, en Gaceta de Madrid, 9 de febrero de 1825, p. 87; Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, VI, pp. 144-145, atribuye un papel principal a fray Manuel Martínez. Las citas sobre Cervera de Poesías con que la Universidad de Cervera celebra…, p. 7, y Gaceta de Madrid, 3 de mayo de 1827. Del nivel de la universidad regida por Dou da suficiente idea la supresión de la clínica en los estudios de medicina que se explica en Vila, Reseña histórica, científica y literaria de la Universidad de Cervera, pp. 307-309. Le Brun, Vida de Fernando séptimo, pp. 246-247. Estimaciones cuantitativas de los estudiantes universitarios en Guereña, «Pour une histoire de la statistique scolaire». <<

[19] Sobre las exigencias religiosas a los estudiantes, La Fuente, Historia eclesiástica de España, VI, p. 206. La decadencia de estos años en Robledo, «Quiebra de la universidad», pp. 226-231. Sobre el cierre de 1830, APG, Actas consejo de ministros, VII (1830), p. 332 (25 diciembre 1830), y Peset, La universidad española, pp. 142-143, y con respecto al escándalo por las ventas de títulos, pp. 397-400. Sobre Valencia, véanse los trabajos de Baldó citados con anterioridad. Sobre la instalación de la escuela de tauromaquia de acuerdo con «la memoria presentada por el conde la Estrella», Guía Hacienda. Parte legislativa, correspondiente a 1830, pp. 266-268. Que al rey le gustasen los toros y el conde de la Estrella le quisiera halagar, como sostiene Bayo (Historia Fernando VII, III, p. 41), o que fuese el rey quien quería complacer al conde, como quiere Natalio Rivas (Narraciones contemporáneas, p. 54), cambia poco la cosa. <<

[20] El texto de este informe está reproducido como apéndice en Simón Palmer, La enseñanza privada seglar de grado medio en Madrid, pp. 367-371. Sobre esto, véase el libro ya citado de Viñao Frago, Ruiz Berrio, Política escolar de España en el siglo XIX, pp. 67-70 y 185-224, y Martínez Bonafé, Ensenyament, burgesia i liberalisme, pp. 37-40. <<

[21] Plan y reglamento general de escuelas de primeras letras; Ruiz Berrio, Política escolar de España, pp. 60-65; Sanz Díaz, «El proceso de institucionalización de la primera enseñanza en España». Método de oposiciones y exámenes para la provisión de todas las escuelas de primeras letras del reyno, p. 3 (art. 6.º). Restaurador, III, pp. 1238-1239. Para contrastar esta situación con los intentos renovadores del trienio liberal, véase Sáenz-Rico, La educación general en Cataluña durante el trienio constitucional. Soler y Espinós, Enseñanza de niñas (la descripción de lo que se les enseñaba es de Vidal de Valenciano, «Barcelona de 1820 a 1840», p. 144). En el expediente de Pere Labèrnia —ACA, Monacales (Universidad), legajo 85— consta que para recibir el título de «preceptor de latinidad» en 1828 tuvo que acreditar «su buena conducta y rectitud de opiniones durante la dominación anárquica». <<

[22] Mercurio de España, marzo de 1825, pp. 205-207. Comunicación de la «Junta de inspección de escuelas del principado de Cataluña», que se encuentra en el Arxiu de l’Ajuntament de Lleida, Papeles sueltos, 1825. <<

[23] Anes, «Las sociedades de amigos del país en la restauración de la monarquía absoluta», p. 67 y passim; González Martínez, La Real Sociedad Económica de Amigos del País de León, pp. 106-110; Mellado et al., Diccionario universal de historia y de geografía, VII, suplemento, p. 41 (s. v. Arias, Antonio Sandalio). No se decidieron, sin embargo, a prescindir por completo de una herramienta reformista como esta, que había sido pensada para la consolidación de la sociedad tradicional, de modo que en diciembre de 1823 Ofalia pidió al consejo de Castilla que hiciese un estudio a fin de reorganizarlas. La sociedad económica de Madrid quedó medio paralizada desde el día en que el corregidor se presentó a una sesión y trató de presidirla; las de Cataluña se disolvieron y las de otros sitios sufrieron suertes muy diferentes; pero la mayor parte parecen haber quedado inactivas. En 1834, al restablecerse las sociedades económicas, el subdelegado de Fomento de Córdoba señalaba la utilidad de recuperar unas sociedades «que el genio del mal arruinó en grave perjuicio de sus habitantes» (Luque, Entre el vapor, p. 163). Sobre las academias médicas militares véase ACA, Audiència, expedientes, 1824, n.ºs 914, 938, 1053 y 1164. Balari y Jovany, Historia de la Real academia de ciencias y artes, pp. 32-33; Soldevila, Barcelona sense universitat, p. 164; Carrera Pujal, La enseñanza profesional en Barcelona, pp. 90 y 94; Rucabado et al., Història de l’ensenyament comercial a Barcelona, p. 31. En 1827 se prohibía, además, «el egercicio del magnetismo animal» y se mandaba «que se forme causa a todos los que los usan», debido al hecho de que en Cádiz «los partidarios de esta patraña son tachados por sus ideas revolucionarias» (Arxiu de l’Ajuntament de Lleida, Papeles sueltos, 1827, ejemplar de la real orden de 31 de mayo de 1827, que no está reproducida en la Colección de decretos). <<

[1] Decretos regencia, pp. 40-42; Federico Suárez, «Los cuerpos de voluntarios realistas»; Pérez Garzón, «Absolutismo y clases sociales: los voluntarios realistas de Madrid (1823-1833)». El texto del reglamento se cita por la versión oficial del Ministerio de la Guerra firmada por Cruz el 26 de febrero de 1824 (archivo del autor). <<

[2] El texto del oficio del 27 de marzo se puede encontrar en Suárez, Informes sobre el estado de España (1825), p. 211; los textos de la Gaceta son de 6 de abril de 1824 (pp. 185-186) y de 22 de abril del mismo año (p. 213). Quin, Memorias Fernando VII, III, pp. 72-75. <<

[3] La cita de Boislecomte es del informe de 30 de agosto de 1824, antes mencionado, en AMAE, Espagne, Correspondance politique, 728, ff. 97-110. Las listas a las que me refiero son las que publica Pérez Garzón en Milicia nacional y revolución burguesa, pp. 356-363. Disponemos de otras listas para diversas localidades que dan composiciones parecidas (por ejemplo, las de Rubio Ruiz para Cervera, «Els cossos de voluntaris reialistes»). <<

[4] Colección de decretos, IX (julio-diciembre 1824), pp. 176-178; Reglamento para los cuerpos de voluntarios realistas del reino (cito por una reimpresión de Girona, Agustí Figaró [1826]). Oficiales y jefes cobrarían lo mismo que se fijaba a los del ejército, sobre la base de un dinero que había de salir de los «propios» de los pueblos. <<

[5] Estas noticias provienen, sobre todo, de los «Diarios» de Faustino Casamayor, según la síntesis que de ellos hace Francisco Sorribes en su tesis de licenciatura inédita, Zaragoza 1823-1833 según los Diarios de Faustino Casamayor: los voluntarios realistas. <<

[6] Las noticias biográficas, y la versión «tradicional» del levantamiento que se da más abajo, proceden de Vicente de la Fuente, Historia de las sociedades secretas, II, pp. 162-164 y 483-484. Vicente de la Fuente nos dice que le han informado sus amigos Gaspar Bono, un cura de Alcañiz que conocía a Capapé y que estuvo al lado de su viuda cuando ésta murió, y mosén Oroz, realista y compañero de conspiración del «Royo». La fecha de nacimiento, sacada de los libros parroquiales, en Joaquín Buñuel, Galería de alcañizanos ilustres y de destacadas personas populares, p. 84. Por lo que se refiere a su derrota en Almonacid, Vinaixa, La postguerra del francés, pp. 206-208. En las representaciones que dirige a la regencia, hacia junio de 1823, y al rey, el 3 de diciembre, se autotitula «mariscal de campo de los reales ejércitos» (Archivo General Militar [AGM], Segovia, sección 1.ª, legajo C-1115). <<

[7] Esta versión más sensata es la que nos da Vicente de la Fuente. Otra mucho más truculenta, y llena de rasgos inverosímiles, la podemos encontrar en Le Brun, Vida de Fernando séptimo rey de España, pp. 251-254, sazonada con escenas entre Fernando y Carlos, cartas que nunca han existido, etc. <<

[8] Lo que sigue proviene del proceso, en AGM (Segovia), sección 9, división 9, legajo C. 67, que no parece haber sido consultado por los investigadores. Tengo que agradecer a Juan Francisco Fuentes que me diese la pista de su existencia, a Ángel García Sanz, las gestiones que hizo para conseguirme autorización para consultarlo, y a Antonio Gómez Mendoza, que me hiciese, con posterioridad, fotocopias de la parte esencial —el extracto de la causa— de este voluminoso legajo. Las acotaciones con citas de Fernando VII son de las cartas de Ugarte publicadas por Ortiz de la Torre en el Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, XVI (1934), pp. 8-32, 127-143 y 217-245. Algunos detalles interesantes se han sacado de diversas exposiciones de Capapé citadas por Pedro Rújula, Rebeldía campesina y guerra civil en Aragón 1821-1840, pp. 344-346. <<

[9] Amarillas, Recuerdos, II, p. 281. En casa de Bessières residía un capitán francés, Carlos Eduardo Imbert, que no se privaba de enseñar el uniforme que ya tenía preparado, con distintivos de coronel. <<

[10] Ortiz de la Torre, «Papeles de Ugarte», citas de las pp. 224-230. El decreto que pedía misiones «que escitando en los extraviados el arrepentimiento de sus pasadas faltas y el perdón de las ofensas en los agraviados hagan de esta nación una sola familia», en Gaceta de Madrid, 3 de junio de 1824, p. 285. <<

[11] APG, Actas consejo ministros, I (1824), pp. 77-79; Heredia, Escritos del Conde de Ofalia, pp. 50-51; Eggers, Francisco de Zea Bermúdez y su época, p. 90. La conversación de Ugarte con Oubril en Vneshniaia politika, V, pp. 546-547; Caze, La vérité sur l’Espagne, pp. 62-64. La noticia de la exoneración en Gaceta de Madrid, 17 de julio de 1824, p. 364, dada brevemente y en la última página, como quitándole importancia. <<

[12] Heredia, Escritos del conde de Ofalia, pp. 381-417. La idea de que el cambio de gobierno signifique un enfrentamiento con los franceses y una aproximación a los rusos, remachada por los biógrafos de Zea cuando dicen que fue el embajador ruso quien recomendó a Zea al rey, es equivocada. El propio Fernando nos ha explicado su entrevista con el embajador ruso que, para empezar, se produjo seis días después de destituir a Ofalia, y sabemos que le llevaba este consejo de Pozzo di Borgo: «que no mudase de ministros, pues si al principio no eran buenos, lo serían con el tiempo, y que yo debía hacerme obedecer de ellos sin necesidad de quitarlos. Que cuando él había llegado a Madrid [el embajador Oubril] se había encontrado con la novedad de la mudanza de Ofalia; que él no quería saber los motivos. Yo no respondía nada a esto». Ortiz de la Torre, «Papeles de Ugarte», pp. 233-234. Esto se corresponde con las instrucciones que el embajador recibió en San Petersburgo, antes de partir hacia España, en que se le recomendaba actuar siempre de acuerdo con los embajadores de la Alianza, y en especial con el francés, y con la forma en que Oubril se comportó al llegar a España, dando cuenta a sus colegas de sus entrevistas con Ugarte, a quien el rey le había designado como persona de confianza con la que había de tratar (Vneshniaia politika, V, pp. 417-419 y 546-550). Inicialmente Zea rechazó el cargo —«no me considero con las luces y experiencia…»— y decía a Salazar que lo que le retenía en Londres era evitar que «las potencias» reconociesen algunos de los países americanos «disidentes» (AGS, Secretarías de Estado, legajo 8185). Por su parte Canning había conversado con Zea antes de su marcha y decía: «le he abierto los ojos sobre los franceses y asegura ahora que sólo mira hacia Inglaterra» (Stapleton, Some official correspondence of George Canning, I, p. 151, carta de 30 de julio de1824). Lo cual no impidió que, al pasar por París, prometiese al gobierno francés «monts et merveilles» (Caze, La vérité sur l’Espagne, p. 66). <<

[13] Gaceta de Madrid, 17 de julio de 1824, p. 416. Noticias complementarias en el Suplemento a la Gaceta de Madrid del 21 de agosto, pp. 425-426, en la Gaceta extraordinaria del 24 de agosto —hay dos el mismo día— (toma de Tarifa), en la extraordinaria de 30 de agosto (con la lista de los ejecutados), Gaceta de Madrid de 31 de agosto (hechos de Almería y noticias complementarias), 4 de septiembre (relato de un testimonio de los hechos de Tarifa, en pp. 447-448), 7 de septiembre (fusilados de Almería). Una versión más breve en Mercurio de España, agosto de 1824, pp. 325-326. Datos abundantes sobre la delación de Huson en AMAE, Espagne, Correspondance politique, 728, ff. 68-71. Véase, además, el informe de policía francés de 21 de agosto de 1824 publicado por Braojos en Don José Manuel Arjona, pp. 581-583; parece que también había dado noticias de ello Regato (Morange, «José Manuel Regato», pp. 501-502). Caze dirá que «nous repoussions à Tarifa une invasion constitutionnelle, que, sans nous, eût eu des suites incalculables» (La vérité sur l’Espagne, pp. 66-67). <<

[14] En lo que hace referencia a estos acontecimientos sigo el relato, documentado y preciso, de Irene Castells en La utopía insurreccional del liberalismo, pp. 84-101. Además, AMAE, Espagne, Correspondance politique, 727, ff. 348-350 («Apperçu géneral des évenements qui se sont passés dans le midi d’Espagne du 27 juillet au 10 aout 1824») y 728, ff. 51-56, 68-71 (un informe dirigido al cónsul francés en Cádiz, el 12 de agosto, por un agente francés en Gibraltar, que se ha citado en la nota anterior) y 73-74, con algún detalle añadido de los informes dados en la Gaceta y un documento del Archivo General de Palacio que publica Iris M. Zabala en Masones, comuneros y carbonarios, pp. 279-300. Hay bastantes más detalles, sacados de los que dio Regato, en Pedro Pegenaute, Trayectoria y testimonio de José Manuel del Regato, pp. 304-309, pero son de dudosa fiabilidad. Estos días se encontraban en Gibraltar los marineros de una fragata rusa, futuros participantes en la insurrección «decabrista» de 1825, que pudieron vivir la tragedia de cerca (Alekséev, Rusia y España, pp. 140-142). Sobre los enfrentamientos de las autoridades con los contrabandistas de Almería, Gaceta, 31 de agosto de 1824, p. 447; la «conversión» al islamismo, Gaceta, 7 de septiembre, p. 459. Sobre Cugnet de Montarlot uso los datos que dan Irene Castells e Iris Zavala, más la biografía que publica la Biographie universelle et portative des contemporains, de Rabbe et al., II, pp. 1145-1146. El testamento, en el resumen que hace el embajador francés Boislecomte, en AMAE, Espagne, Correspondance politique, 728, f. 182 v. La «Carta de Benigno Morales a Félix Mejía», que se dice escrita por éste mientras esperaba que le fusilasen en Almería, y que se publicó por primera vez en Filadelfia en 1825, se puede consultar en Fuentes, ed., Si no hubiera esclavos no habría tiranos, pp. 168-172. Respecto de la conversión al islamismo era en todo caso un recurso para salvarse de las garras del gobierno español y de la muerte que les esperaba. La historia de uno de estos grupos la explicó López y Espila en Los cristianos de Calomarde. <<

[15] El decreto represivo del 14 de agosto en Decretos Fernando VII, IX, pp. 152-153, y Gaceta, 28 de agosto de 1824, p. 439. Antes, en la Gaceta del 20 de agosto, pp. 427-428, se había publicado otro que, aunque hacía referencia específica a los «sucesos de Tarifa y Jimena», era de carácter general (lo utilizo también a través de uno de los ejemplares publicados en Sevilla por el capitán general Juan Caro). No significaba un gran cambio en la práctica. Por ejemplo, una conspiración en un pueblo de Murcia, descubierta el 9 de diciembre de 1823, acabó con dos hermanos de Alcantarilla, José y Antonio Molina Balibrera, condenados a pena de muerte a garrote (Gaceta, 22 de marzo de 1825, p. 140). Las relaciones de ejecutados de 1824 en Gaceta, extraordinaria de 30 de agosto (los de Jimena y Tarifa), 7 de septiembre, p. 459 (los de Almería), 23 de septiembre, pp. 488-489 (la segunda tanda de Tarifa), 28 de septiembre, p. 497 (los de la comisión de Cartagena). Sobre el caso Iglesias, APG, Actas consejo ministros, I (1824-1825), p. 336; Heredia, Escritos del conde de Ofalia, pp. 413-415 («Sobre el proceso de Pablo Iglesias»); el relato de su muerte se puede ver en Diego San José, Martirologio fernandino, pp. 211-221, que reproduce el texto coetáneo de Francisco Rodríguez de la Vega. <<

[16] Gaceta, 27 de enero de 1825, p. 48; 10 de febrero de 1825, p. 71; 12 de febrero de 1825, p. 76. No he hecho un seguimiento exhaustivo de estas noticias, de manera que es posible que haya más, sin tener en cuenta los que debieron morir sin formalidades judiciales. <<

[17] Las destituciones de Cruz y Arjona en Gaceta, 28 de agosto de 1824, p. 441. Como observa Braojos, a Arjona se le dio una muestra de estima al concederle, al mismo tiempo, plaza en la Cámara de Castilla. La proclama de Mariano Rufino González, de 14 de septiembre de 1824, de un ejemplar original (archivo del autor). <<

[18] APG, Actas consejo ministros, I, pp. 239-301 (30 diciembre 1824 y 1 enero 1825). <<

[19] APG, Actas consejo ministros, II, pp. 59-61 (20 abril 1825); más secuelas en pp. 93-94 (4 mayo 1825). La real orden exculpatoria en Gaceta, 26 de abril de 1825, p. 197. <<

[20] Estos datos proceden del expediente de Capapé, en AGM, Segovia, sección 1.ª, legajo C-1115. La fecha de la muerte figura en la portada de la carpeta del expediente. Resultan sorprendentes las fantasías que explican los diversos biógrafos de Capapé sobre su suerte, en especial los que dicen haber tenido noticias de la familia o íntimos del guerrillero. La última, y lamentable, biografía del rey, el Fernando VII de María Teresa Puga, tiene el descaro de decir de Capapé: «Detenido con otros y sometido a juicio, fue absuelto» (p. 194, nota). <<

[1] Este texto se puede ver reproducido en Gaspar Feliu, La clerecia catalana durant el trienni constitucional, pp. 215-218. <<

[2] Utilizo diversas ediciones de este texto que se encuentran con los papeles del proceso en Archivo General del Ministerio de Justicia —a partir de ahora AMJ—, sección reservada, legajos 22 y 23. Sobre este panfleto existe un excelente artículo de Juan Francisco Fuentes: «El folleto “Españoles: Unión y alerta” (1824)». <<

[3] La primera mención de este texto parece encontrarse en una carta que un oficial de la secretaría del infante Carlos envió en marzo de 1824 a un ultra de Sevilla, el cura Juan Garzón (que, interrogado por la policía, dirá que el papel le ha sido entregado por Blas Ostolaza, decano de la catedral de Murcia). Esta enigmática carta empezaba de manera espectacular: «Amigo mío: Su Majestad sólo tiene ya por amigos a la mínima parte de los acomodados, pues los más son masones. Todos los realistas se van desapareciendo de ésta sin pasaporte y quizá con malas ideas. En Cataluña hay cuatro partidas grandes de realistas que andan degollando cuanta gente pueden haber a las manos. Yo entiendo (reservado) que Su Alteza [el infante Carlos] tiene noticia de una Junta que aquí se ha formado, la qual va nombrando otras en las capitales para contrarresto a la conspiración de negros de que se ha hablado al rey». Siguen referencias a la junta, presidida por un eclesiástico al cual se ha nombrado canónigo de Córdoba (parece ser Martín Bravo), y se asegura que ellos —se supone que el entorno del infante— reciben propuestas de conspiración, pero que están escarmentados y que «para meternos en ella sería bajo otras reglas». Es en esta misma carta donde se menciona la existencia de un papel que corre manuscrito, con «un plan del Grande Oriente y una junta de masones para la nueva constitución. Éste lo he leído, lo tiene D. F. R., a quien lo he remitido. Es largo, con 18 máximas, y al entregar la adjunta a mi primo, póngase Vuesamerced de acuerdo con él para pedirlo a R. […]. Es el que sigue el ministerio a la letra para la reacción». Y añadía al final: «Tengo encargo del Jefe [el infante Carlos, muy probablemente] corra copiado el papel».

El mencionado papel, que circulaba manuscrito, se titulaba Ultimas juntas de las logias y trabajos que deben poner en execución masones, comuneros y demás sectarios y, en la versión que corría en el mes de abril, «contenía treinta y tantas máximas». Se identificaba la política reformista del gobierno como el resultado de un plan masónico. Por los elementos internos parece que hubiera sido redactado a fines de enero o comienzos de febrero y, en apariencia, es el mismo que circuló después impreso como la versión corta de Españoles: Unión y alerta.

Esta primera versión debía animar a los redactores posteriores a preparar dos más extensas y noveladas. La fundamental sería una de setenta artículos, a los cuales se agregó después una segunda tanda de cincuenta máximas más, para formar la última y más amplia redacción: Españoles: Unión y alerta. Extracto de un papel cogido a los masones, cuyo título es como sigue: Máximas e instrucciones políticas que el Grande Oriente Español ha mandado poner en ejecución a todas las logias de la masonería egipciana. La primera parte de esta versión extensa la componían setenta «máximas» que se pretendía que habían sido aprobadas por la gran logia de Cádiz el primero de septiembre de 1823. Eran previsiones que los masones hacían para reorganizarse una vez hubiesen sido derrotados por los absolutistas, con planes para infiltrarse en el gobierno y promover «el establecimiento de una política general muy diferente del planeado por la regencia». Se impediría que se restableciese la Inquisición, «que en muy poco tiempo podría desbaratar todos nuestros planes». «Se procurará con arte sembrar la discordia en la familia real». Uno de los medios más eficaces para conseguir esta división familiar sería hacer que el rey «disuelva las tropas de línea realistas, que han tenido y tendrán patronos muy poderosos aun en la casa real». Se procuraría que un indulto protegiese a los masones y, mientras se decía a la gente que se creaban comisiones militares para perseguir a los revolucionarios, se procuraría que no hiciesen nada «y paguen los llamados realistas los efectos de su exaltación, si promovieren ruidos o alarmas contra los constitucionales». Naturalmente que, para poder mantener engañada a la gente y que no se diesen cuenta de que gobernaban los masones, se dejaría que fuesen arrestados y procesados «ligeramente» algunos liberales menores; de este modo se conseguiría que «se de gusto a cuatro bobos».

Se eliminarían todos los periódicos existentes, y en especial El Restaurador, y se reemplazarían con otros masónicos que al principio harían ver que sólo se ocupaban de ciencias, artes y comercio, pero que poco a poco irían difundiendo las ideas de la secta. Se dibujaban también los planes de infiltración en el ejército y en la Iglesia, con el apoyo de los jansenistas, y el de destrucción de la institución de los voluntarios realistas, a los cuales se provocaría para que cometiesen excesos con la finalidad «de que se mande disolver o se le ponga un reglamento que la arruine». Las normas 48 a 51 explicaban que era necesario que los masones se ganasen a Ugarte (el nombre no aparece, pero la descripción es suficientemente clara: «se escogerá entre las personas que se vendan por más realistas una de poco talento y menos instrucción, a quienes profese el monarca afecto y deferencia, pues de estos favoritos nunca faltan a los reyes») y le engañasen para utilizarle como instrumento contra el gobierno realista y para poner unos ministros que fuesen personas «aunque disimuladas, defensoras de nuestro sistema». Uno de los medios más eficaces de la revolución estaba en la hacienda: «se mudará todo el sistema que ahora rige, se restablecerá el antiguo con muchas modificaciones, se promoverán nuevos impuestos […] y se dispondrán largas oficinas, juntas y direcciones que, aumentando el número de los empleados, empobrezcan a la nación al paso que la exasperen».

La eficacia de esta fábula residía, precisamente, en el hecho de haber inventado un texto que se aseguraba que databa de primero de septiembre de 1823, y que predecía todo lo que había ocurrido en los meses posteriores, desde la destitución del primer gobierno ultra, en diciembre de 1823, al reglamento de voluntarios realistas del 26 de febrero de 1824. Con lo cual se podía convencer a un público crédulo de la verdad de una conspiración que se veía confirmada por acontecimientos supuestamente posteriores (los elementos internos hacen pensar que este texto fue escrito en marzo de 1824).

A estas setenta se añadieron posteriormente otras cincuenta «máximas» que se dice que han sido acordadas en un congreso masónico celebrado en Gibraltar el primero de abril de 1824. Las cincuenta máximas «de Gibraltar» son interesantes porque mencionan cosas que no recoge ninguno de los otros textos: los masones harían correr «que los realistas descontentos están conspirando para proclamar a Carlos V de España, destronando a Fernando VII», y procurarían perjudicar en todo lo posible a la reina Carlota de Portugal y al infante Miguel; se incendiarían conventos, se organizaría una expedición a México con el fin de poder hacer entrar en el ejército a militares liberales, etc. El inventor de la fábula, no obstante, se excedía añadiéndole una inverosímil conspiración diplomática internacional encaminada a imponer a Fernando una carta.

Una cosa es la redacción de estos textos —el primero de los cuales parece haber sido inspirado en el entorno del infante Carlos— y otra su difusión pública, que fue más tardía. De acuerdo con las investigaciones efectuadas por Matías Herrero Prieto, la primera impresión, correspondiente al texto corto de 33 puntos, se hizo el 9 de septiembre de 1824 en Badajoz, por iniciativa del capitán general Gregorio Laguna, en una tirada de 600 ejemplares, que se distribuían de manera gratuita. El capitán general había puesto un añadido final donde se aludía a los hechos de Tarifa.

Este mismo texto se reimprimió en Málaga, con la ayuda, financiación y consentimiento del gobernador, de un coronel del ejército y de un comandante de realistas, y en Jerez de la Frontera, por orden en este caso del corregidor y a partir de un ejemplar del de Badajoz que había recibido un canónigo por correo. En Córdoba se hizo otra impresión, a instancias de un hacendado de Aguilar de la Frontera y con autorización del corregidor; bastantes ejemplares de esta edición se enviaron a Madrid. Una última edición del texto breve, de origen desconocido, decía en algunos de los ejemplares que era copia de un papel que habían enviado desde Sevilla al marqués de Cuevas, brigadier y comandante de armas de Écija, el 24 de abril de 1824. Hubo, además, numerosas copias manuscritas que circularon ampliamente. A finales de diciembre de 1824 y comienzos de enero de 1825 empezó a difundirse la primera edición del texto de setenta artículos, que se hizo circular por el correo con una cubierta falsa que decía «Real Servicio», como si fuese un papel oficial que no necesitaba franqueo. Se había realizado en Murcia y había sido financiada por el tesorero de rentas de la provincia (Herrero sospechaba que también estaba involucrado Ostolaza y creía que Murcia era uno de los centros de la conspiración). El subterfugio de fingir que se trataba de correo oficial permitió que se enviase de Murcia, Alicante y Tarancón a Madrid, y que otros ejemplares fuesen reexpedidos desde la capital hacia las provincias.

Poco después se tiró en Córdoba, en la Imprenta Real, editado por el administrador de correos y autorizado por el alcalde mayor Francisco Argandoña, el texto más extenso de ciento veinte máximas, que se vendió abiertamente en Córdoba, Sevilla, Málaga y Écija (Herrero pensaba que el autor del añadido podía ser un racionero de la catedral). La última edición conocida es una reproducción corregida de erratas de la versión extensa de Córdoba que se hizo en Granada, en la Imprenta del ejército, a instancias del intendente de policía Manuel de Stàrico, animado por el arzobispo de Granada, a quien se le entregaron trescientos ejemplares del folleto. Un canónigo de Orense intentó hacer también una edición en Santiago, sin llegar a conseguirlo. <<

[4] APG, Actas consejo ministros, I, p. 315 (9 enero 1825), II, p. 4 (26 marzo 1825), II, pp. 77-78 (27 abril 1825), II, p. 134 (18 mayo 1825) y II, p. 146 (25 mayo 1825). Finalmente se decidió que el texto de Matías Herrero era «algo difuso» y se redactó otro. <<

[5] Gaceta de Madrid, 2 de junio de 1825, p. 263; Francisco Candel, La azarosa vida del deán Ostolaza, pp. 159-165; Ignacio de Aguilera, «Don Sebastián de Miñano y Bedoya», p. 341. <<

[6] Arxiu Històric de Sabadell, Policía, 1824-1833, comunicaciones de la Subdelegación especial de policía del distrito de Mataró de fechas 8 de abril y 17 de agosto de 1825. Sobre la producción de papeles seudomasónicos véase Juan Francisco Fuentes, «El folleto “Españoles: Unión y alerta” (1824)», esp. pp. 40-43. Por otro lado la credulidad ante las fábulas no sólo es cosa del pasado. En 1970 un tal marqués de Valdelomar afirmaba que Fernando VII había sido manipulado por la masonería desde octubre de 1823 a abril de 1825, hasta que, leyendo los papeles del proceso de «Unión y alerta», se dio cuenta del engaño en que se le había mantenido e hizo un giro completo en su política. En un segundo libro, en 1972, hacía todavía revelaciones más sensacionales: «La formación del partido carlista de oposición a la corona fue conseguida por la masonería por seducción mental provocada por la táctica alucinante indirecta, de efectos prácticamente irresistibles» (Fernando VII y la masonería […]. Tácticas alucinantes, p. 38). <<

[7] El primer texto está incluido en un bando del subdelegado de policía de Mataró, del 1 de febrero de 1825, que copio de los volúmenes del Arxiu Històric de Sabadell, y que no he sabido encontrar en la Gaceta de Madrid ni en la colección de decretos. El segundo, en Decretos Fernando VII, X, pp. 117-118 (y Gaceta, 21 de abril de 1825, p. 189). El bando de Recacho en Gaceta de Madrid, 26 de mayo de 1825, pp. 249-250. Utilizo también un ejemplar original de este bando (archivo del autor). Sobre la destitución de González y el nombramiento interino de Recacho, APG, Actas consejo ministros, II, pp. 71-74, de 23 abril de 1825, y p. 105, de 7 de mayo de 1825. <<

[8] Sobre Reus, Pons Anguera, Libro de varias cosas sucedidas en esta villa y algunos parages de Cataluña, p. 84; el 18 de octubre registraban casas de liberales «por ver si tenían armas y al mismo tiempo iban por ver si hallarían alguna cosa de contrabando» (p. 85). La frase citada es de ACA, Audiència, expediente 1164 de 1824. Lo que hace referencia a Olot, en Pagès i Pons, Olot durant l’ominosa dècada, I, pp. 74-75 (el texto se cita tal como figura en esta obra, seguramente traducido del castellano, con la falta de cuidado habitual en el autor). Las denuncias de barcos fantasmas revolucionarios son frecuentes: a comienzos de septiembre de 1824, por ejemplo, ven «un bergantín sospechoso con dirección a Rosas», que resulta ser un barco inglés de comercio (ACA, Audiència, expediente 851). Sobre uno de estos miedos de desembarco, en Arenys y hacia octubre de 1824, Gelabertó, Revolució liberal i guerra civil a la Marina de la Selva, p. 65. <<

[9] Archivo General de Navarra, Sección de Guerra, legajo 30, carpeta 25. Año 1824. «Cartas de la ciudad de Viana comunicando a la Diputación del reino las reuniones, alarmas y sospechas que daban los liberales; las cuadrillas que habían aparecido; las medidas que habían tomado para exterminarlos y las que convendría tomar». Rújula, Rebeldía campesina y primer carlismo, p. 71, nota, cita otro ejemplar de la misma carta, del Archivo Municipal de Alcañiz. <<

[10] AMAE, Espagne, Correspondance politique, 731, ff. 290-293 (22 febrero 1825) y 732, ff. 204-208. <<

[11] APG, Actas consejo ministros, II, p. 63 (20 abril 1825), los rumores inquietantes, dirigidos a los voluntarios realistas, parecían proceder de una junta que dirigía el administrador de correos de Cervera Joaquín del Castillo (II, pp. 108-109, 7 de mayo de 1825). Noticia sobre introducción de fusiles y sobre compras de armas y municiones en Toulouse, en Arxiu Històric de Sabadell, Policía, 1823-1833, circular del 21 marzo 1825 y comunicación al intendente de policía de Cataluña, 7 de junio de 1825. Las noticias sobre Tortosa proceden de la vida del padre Perciva en Vida y hechos de los principales cabecillas facciosos…, pp. 211-213. AMAE, Espagne, Correspondance politique, 731, ff. 290-293 y 360-361. Carrera Pujal, Historia política de Cataluña en el siglo XIX, II, p. 193. Un informe de Campo Sagrado —de ACA, Audiència, expediente 957 de 1824— asegura que en el corregimiento de Tortosa reina la discordia. APG, Actas consejo ministros, II, pp. 152-154 (26 mayo 1825). Los informes de Llauder en ACA, Audiència, expedientes 427, 535 y 600, y Memorias documentadas, p. 25 y doc. 8 del apéndice. Sobre «Cerezo», Fuentes «Manuel Ruiz del Cerro: impresor liberal, agente absolutista». Las noticias posteriores sobre Miguel Ferré en Suárez, Agraviados, IV, pp. 191-192. <<

[12] Los conflictos de Málaga, con participación del marqués de Valdeflores, se agudizarían todavía más. Como se había llegado a «heridas y muertes», el nuevo gobernador mandó que los voluntarios no llevasen armas fuera del servicio (APG, Actas consejo ministros, II, p. 172, 4 de junio de 1825), lo que dio lugar, en la noche del 20 de junio, a una concentración de realistas, convocados falsificando la firma del gobernador (id., II, p. 239, 29 de junio 1825). <<

[13] APG, Actas consejo ministros, II, p. 126 (13 mayo 1825); p. 131 (18 mayo 1825); pp. 152-154 (26 mayo 1825); pp. 198-202 (15 junio 1825). <<

[14] Gaceta de Madrid, 14 de junio de 1825, p. 290 y 28 de junio, p. 307. La opinión de Gómez Negrete, que considera liberales tanto a Zambrano como a Salazar, en Suárez, Agraviados, III, p. 328. Eggers y Feune de Colombí, Francisco de Zea Bermúdez, explican la caída de Aimerich en términos de corrupción. La opinión de Llauder, en un borrador incompleto (faltan las dos primeras hojas) y sin fecha de un memorial que se encuentra en ACA, Monacals (Universitat), legajo 143. <<

[15] Gaceta de Madrid, 18 de junio de 1825, p. 294. La narración de los acontecimientos que hace al público el intendente de policía de Cataluña añade que «este acontecimiento, aunque menos grave, había ocurrido días antes en otro rancho en uno de los regimientos de la Guardia real, que dio motivo a que se diese por orden la prohibición de volver a guisar con cabezas tan malsanas» (Arxiu Històric de Sabadell, Policía, 1823-1833, notificación del intendente de policía de Cataluña, 27 de junio de 1825). <<

[16] APG, Actas consejo ministros, II, pp. 219-223 (18 junio 1823); pp. 239-240 (29 junio 1825); pp. 253-254 (2 julio 1825). En Segovia la noticia del supuesto intento de envenenamiento de Madrid se combinó con unos pasquines de provocación que decidieron a los voluntarios a inspeccionar la correspondencia de los que suponían liberales, lo que hacían arrebatándoles las cartas de la mano cuando las iban a recoger al correo (de una comunicación manuscrita del «Gobierno militar y político de la plaza de Lérida» del 22 de julio de 1825. Arxiu de l’Ajuntament de Lleida, Papeles sueltos, 1825). Se podría pensar que la propuesta hecha por Calomarde el 26 de mayo de suprimir a la policía una serie de facultades «meramente municipales o judiciales» tenía como objeto reforzar su capacidad para el mantenimiento del orden (II, pp. 154-155), pero es dudoso. La orden para que marchasen de una vez de la corte funcionarios y eclesiásticos en Gaceta, 28 de junio de 1825, p. 307. <<

[17] Gaceta de Madrid, 11 de agosto de 1825, p. 383; Actas consejo ministros, II, pp. 55-56 (18 abril 1825); II, p. 59 (20 abril 1825); II, pp. 282-283 (10 julio 1825). La satisfacción del rey de Francia en Actas consejo ministros, II, p. 246 (1 julio 1825). <<

[18] Restaurador, III, n.º 123, 14 de noviembre, p. 1081. S. Olózaga, Estudios sobre elocuencia, pp. 328-345, las citas literales en pp. 335 y 344-345. Ortiz, «Papeles de Ugarte», p. 226, carta de 25 de mayo de 1824. González Arranz, Memorias del alcalde de Roa, pp. 40-55, la cita textual de pp. 54-55. Cassinello, Juan Martín, «El Empecinado», pp. 311-330; el testamento «legal» del Empecinado, que se conserva en la Chancillería de Valladolid, está transcrito en las pp. 324-327. Algún detalle en Martínez, «Diario de Valladolid», reproducido dentro de Almuiña, ed.: Valladolid. Diarios curiosos (1807-1841), pp. 470-471. La noticia de la ejecución la dio la Gaceta de Madrid de 25 de agosto de 1835, p. 410, en una breve nota donde se decía que sus servicios durante la guerra de la Independencia, generosamente pagados, los había dilapidado con sus crímenes. Sobre la actuación de este personaje en la guerra de la Independencia, el juicio positivo de Moliner Prada (La guerrilla en la guerra, pp. 137-138) contrasta con el despectivo de Esdaile (Fighting Napoleon, pp. 189-191 y passim), empeñado en ver sólo oportunismo y delincuencia en los guerrilleros. <<

[19] Vasco, «D. Francisco Abad Moreno (Chaleco)». <<

[20] Catalina García, Diario de un patriota complutense, pp. 44 nota, 48, 61, 70 y passim; Ortiz Armengol, Aviraneta y diez más, pp. 69-86; Moliner, La guerrilla, pp. 116-137. <<

[21] AMAE, Espagne, Correspondance politique, 732, ff. 204-208. <<

[22] La tempestad de Madrid, Gaceta de Madrid, 4 de agosto de 1825, p. 374. Actas consejo ministros, II, pp. 262-263 (5 julio 1825); II, pp. 275-276 (9 julio 1825); II, p. 291 (12 julio 1825); II, p. 322 (25 julio 1825); pp. 329-333 (30 julio 1825). Los hechos de Teruel en una circular de la capitanía general de Cataluña del 27 de mayo de 1826 (Arxiu de l’Ajuntament de Lleida, Papeles sueltos, 1826). Una carta de Castillón del 9 de junio de 1825 (Archivo del Castillo de Papiol, legajo 3). <<

[23] APG, Actas consejo ministros, II, pp. 255-256 (2 julio 1825). Más adelante, habiéndose iniciado ya la revuelta, López Ballesteros diría que lo que hacía falta era activar la causa de Capapé, «por ser la misma que la de Bessières» (id., II, p. 356, 26 de agosto de 1825). Cuando la guerra de los Agraviados, Zambrano la vinculará también a los movimientos de Capapé y Bessières. <<

[24] APG, Actas consejo ministros, IV, p. 377 (15 septiembre 1827). Carvajal se jactaba de haber conseguido mantener quieto a Bessières mientras él era capitán general de Castilla la Nueva; pero perdió el contacto con él cuando le trasladaron a Valencia, «en donde oyó decir que una indiscreta orden de una persona exaltada que S. M. conoce» precipitó «a aquel desgraciado general». <<

[25] Todo el material policiaco, y de la nunciatura, sobre este asunto está bien sintetizado en el libro de Alonso Tejada, Ocaso de la Inquisición, pp. 127-141. <<

[26] Sobre la nueva campaña en favor del restablecimiento de la Inquisición, el citado libro de Alonso Tejada es una fuente esencial. Las noticias sobre Brihuega son de AMJ, armario 16, legajo 48, pliegos 51 y 39. Sobre la conspiración, hay también informaciones procedentes de los legajos 12 292 y 12 293 de la sección Consejos del AHN, que han sido estudiadas por Alonso Tejada, Ocaso de la Inquisición, pp. 128-141, a quien sigo en estos puntos (también un comunicado de Recacho, transcrito en las pp. 243-248; cita de la p. 245). Eggers y Feune de Colombí, Francisco de Zea Bermúdez, p. 98. Un personaje ultra como el barón de Eroles, Joaquín Ibáñez Cuevas, que se había hundido física y mentalmente y estaba «tomando aguas» en la Fuensanta, en La Mancha, salió inmediatamente en dirección a Madrid para ofrecer su apoyo al rey contra los rebeldes. Pero «sus potencias intelectuales y sensitivas yacían estenuadas» y murió en Daimiel el 22 de agosto (estos datos provienen de su necrología, publicada con bastante retraso en la Gaceta de Madrid —5 de noviembre de 1825, pp. 535-536—, de diversos expedientes de la Audiencia de Cataluña de 1824 y 1825 y de Costa y Arán, Oración fúnebre, citas de p. 23). <<

[27] Sobre la conspiración republicana, Fuentes, «La conspiración republicana de Barcelona (1821)», y Arnabat, La revolució de 1820, pp. 213-214; en junio de 1823, en un Manifiesto que hace a la nación española, Bessières diría que sólo se trataba de calumnias. Sobre su fracasado intento de entrada en Madrid, Historia contemporánea de la revolución de España, III, pp. 8-11 (la versión de Bessières de estos mismos hechos se puede ver en el manifiesto que se publicó como suplemento en El realista español del 11 de junio de 1823). La proclama de Chinchilla en Restaurador, 2 de septiembre de 1823, pp. 552-553. Sobre la batalla de Brihuega, Gaceta de Madrid, 14 de febrero de 1824, pp. 8586; 19 febrero, p. 98; 26 de febrero, pp. 111-112; y 29 de abril de 1824, p. 236, sobre las celebraciones realistas. Sobre la derrota de Aranda y la toma de Medinaceli, Santillán, Memorias, I, pp. 93-101 y 124-130, y II, pp. 269-291. La proclamación de la constitución en Brihuega en Miscelánea de comercio, artes y literatura, Suplemento del miércoles 22 de marzo de 1820, p. 2. En 1823 el gobierno proponía la subasta de las fábricas de Guadalajara y Brihuega (AGS, Secretarías de Estado, legajo 8183). Para el conocimiento de la localidad, véase Antonio Pareja, Brihuega y su partido, pp. 255-288 y 311-336; Antonio Niño, Organización social y actividades productivas en una villa del Antiguo régimen: Brihuega, pp. 121-138. Las noticias sobre el siglo XVI y la emigración a Puebla, en Idal Altman, Transatlantic ties in the Spanish empire. Brihuega, Spain and Puebla, México, 1560-1620. <<

[28] AMJ, armario 16, legajo 48, pliego 86. <<

[29] AMJ, armario 16, legajo 48, pliego 55. <<

[30] AMJ, armario 16, legajo 48, pliego 7 y cordel 82; Gaceta de Madrid, 18 de agosto de 1825, p. 395, y 23 de agosto de 1825, pp. 403-404. <<

[31] Gaceta de Madrid, 23 de agosto de 1825, pp. 405-406. El relato de la ejecución de los masones de Granada en Gallego Burín et al., Granada en el reinado de Fernando VII, pp. 133-134. <<

[32] Gaceta de Madrid, 25 de agosto de 1825, p. 409 y 27 de agosto, p. 414; AMJ, armario 16, legajo 48, pliego 57. <<

[33] Gaceta extraordinaria de Madrid, 28 de agosto de 1825, y comunicación del superintendente de policía, del 27 de agosto, que cito por la transcripción que hace de ella el subdelegado de Mataró y que se encuentra entre los papeles del Arxiu Històric de Sabadell, Policía 1824-1833. También se publican las fechas de la captura y muerte de Bessières en una proclama de 30 de agosto del capitán general de Aragón, Luis de Bassecourt, que acaba diciendo: «Revolucionarios, aprended saludables lecciones en el egemplar castigo de un aventurero» (Ejemplar del Archivo General Militar de Segovia). Las comunicaciones entre España y Zambrano en Oleza, El conde de España, pp. 166-167. Dos sargentos de realistas, que eran criados personales de Bessières y habían estado encarcelados con él, pidieron en 1830 el indulto desde el presidio de Ceuta, donde todavía se hallaban encerrados (AMJ, armario 16, legajo 48, pliego 19). <<

[34] AMJ, armario 16, legajo 48, cordel 82. <<

[35] González Salmón explicaría dos años más tarde: «La plaza de Tortosa fue primeramente el objeto principal de atención de los hombres turbulentos, cuando, según los partes de agosto y setiembre de 1825, apareció con circunstancias notables el intento, que se refería dispuesto para el 27 de agosto, de entrar en la plaza de Tortosa por los medios de la seducción y de la fuerza, y romper allí la sedición», Decretos Fernando VII, XII, pp. 182-192; Gaceta de Madrid, 4 de septiembre (pp. 421-423), y Diario de Barcelona, 10 de septiembre (pp. 2017-2024); AMAE, Espagne, Correspondance politique, 732, ff. 204-208. El subdelegado de policía de Mataró ordenaba: «todo el que bajo cualquier pretexto y aparentando realismo propale ideas alarmantes, hable contra el gobierno de S. M., de sus actuales ministros y demás autoridades constituidas, se le considerará de hecho como cómplice en el atentado del traydor Bessières». Por su parte el obispo Sáez tendría el descaro de escribir, pocos días después, que en Tortosa había habido siempre paz y orden, y que tanto él como las restantes autoridades de la ciudad y los voluntarios realistas se habían apresurado a oponerse a los «criminales proyectos» preparados para el día 27 de agosto. Sauch, Guerrillers i bàndols civils, pp. 217-219; Vinaixa, en el volumen colectivo editado por Sánchez Cervelló, El carlisme, pp. 69-70. AMAE, Espagne, Correspondance consulaire Barcelona, vol. 26, ff. 51-52. <<

[36] AMAE, Espagne, Correspondance consulaire Barcelone, vol. 26, ff. 5152, y Correspondance politique, 739, ff. 114-115; Suárez, Informes sobre el estado de España, p. 406; AMJ, armario 16, legajo 48, pliegos 14, 24, 35, 46, 48, 66, 74, 75 y 77. Sobre Mataró, Arxiu Històric de Sabadell, Policía, 1824-1833. Sobre Navarra, informe de Pablo Modet en AGN, sección de Guerra, legajo 31, carpeta 2. El anónimo de Galicia fue rechazado al saberse que su autor era el subdelegado de policía de Vigo, al cual se acusaba de ser un antiguo liberal. <<

[37] AMJ, armario 16, legajo 48, pliegos 5 y 76. En Llabrés, Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX, II, p. 234, se puede ver la singular manera en que la noticia llegó a Mallorca. <<

[38] AMJ, armario 16, legajo 48, pliego 83. Hay también reclamaciones hechas por los que habían sido expulsados de Madrid, como M. Rufino González, que dan lugar a largas discusiones en el consejo de ministros en diciembre de 1825. <<

[39] AMJ, armario 16, legajo 48, pliego 83. Hay también reclamaciones hechas por los que habían sido expulsados de Madrid, como M. Rufino González, que dan lugar a largas discusiones en el consejo de ministros en diciembre de 1825.

Los liberales, incluso los realistas moderados, no tuvieron ninguna duda con respecto a lo que significaba la insurrección de Bessières. Vivían demasiado cerca de los ultras para sorprenderse de esto. El dietario del anónimo miliciano nacional de Barcelona veía claro que Bessières y sus cómplices —«muchos obispos y abades y canónigos y frailucos»— tenían el objetivo de «matar a Fernando y proclamar a su hermano Carlos» (Biblioteca de Catalunya, Manuscrit 737, p. 40). Miñano decía que la conspiración «era más seria de lo que a primera vista parecía: no se trataba sólo del transtorno en los primeros empleados, sino del degüello numeroso de todos los que propenden a la moderación» (Aguilera, «Don Sebastián de Miñano y Bedoya», p. 345); Arias Teijeiro, Diarios, II, p. 326.

Los ultras, en cambio, empezaron muy pronto a hacer circular el mito de que era el propio rey quien la había promovido, leyenda que se basaba tal vez en las afirmaciones que había realizado Bessières, cuando, con el fin de animar a los voluntarios realistas a sublevarse, sostenía que el movimiento era contra los franceses y que estaba autorizado por Fernando VII. Encontramos esta versión en 1829 en el libro de Armand Durfort, que nos dice que Bessières era un defensor del rey al cual se hizo pasar falsamente por rebelde y que fue fusilado por el conde de España, que era su cómplice (Durfort, Révélations d’un militaire, P. 33-34).

La primera versión completa de la leyenda nos la proporcionó en 1833 un ultra, Ruiz de Luzuriaga, que menciona en diversas ocasiones a Bessières como un hombre leal que fue engañado y lo explica así: «Su empresa fue ordenada por el propio Fernando VII: los preparativos todos se estudiaron y combinaron en el Buen Retiro, casa llamada de los pájaros, administrada por el más fiel criado del rey, don Eusebio Arias, incapaz de mezclarse en aquella operación sin espresa orden de su amo; el mismo Arias, y los no menos distinguidos y fieles criados del rey don Ignacio Solana y don Pedro Terrones […] salieron a las provincias del centro y norte de España a juntar y combinar, de acuerdo con el soberano, auxilios para el acierto de Bessières».

Muchos años más tarde, Pirala, en la tercera edición de su Historia de la guerra civil, pretende descubrirnos por primera vez toda la verdad, a partir de un manuscrito donde un descendiente de Bessières la ha explicado «con honrada convicción» (pero que no es más que la versión Luzuriaga —muy poco fiable igual que todo su libro— aderezada con algunos incidentes dramáticos). Según Pirala, el rey, Calomarde y el secretario Martínez de Salcedo habrían buscado «un general de concepto para ponerle al frente de una insurrección que sirviera de pretexto para paralizar las reclamaciones de Francia en contra del brutal despotismo que en España se ejercía» (pero, como hemos visto, en esos momentos lo que estaban haciendo los franceses era felicitar al gobierno español por su conducta). Bessières fue escogido y el rey llamó a un amigo del general, el tesorero de palacio Pedro Terrones, diciéndole que estaba prisionero de sus ministros y de los franceses, que pretendían imponerle un régimen representativo, de manera que, para salvar al país, era necesario que Bessières y algunos otros valientes se alzasen en armas y le librasen de aquellos malos ministros. Terrones habló de ello con Bessières, «asombróse el general de la situación del monarca», y se ofreció a hacer lo que se le pedía. El rey se excusaba de entrevistarse con él porque estaba controlado por los ministros, pero habría aprovechado un día de corte para decirle, al pasar por delante suyo: «Supongo que continuarás trabajando en lo que Terrones te ha dicho; no dejes de hacer cuanto él te prevenga». Bessières preparó el golpe, lo dio y se encontró con que la guardia real no se le sumaba, contra lo que le habían prometido, y que, pocos días después, se le declaraba traidor. Se entregó confiado a las fuerzas que le perseguían y optó, finalmente, por morir sin «revelar los grandes secretos que poseía» (Ruiz de Luzuriaga, Cuatro verdades, pp. 89-90. Pirala, Historia de la guerra civil, tercera edición, I, pp. 26-30). La reconstrucción de los hechos que hemos intentado, valiéndonos de las fuentes más inmediatas disponibles, hace inverosímil esta leyenda. <<

[1] APG, Actas consejo ministros, II, 1825, pp. 353-355 (26 agosto 1825). Suárez —Consejo de Estado, p. 57— creía que podía haber sido Ballesteros quien hubiese ideado la junta, pero las actas del consejo de ministros lo desmienten, porque Ballesteros y Salazar se oponen y piden que se convoque el consejo de Estado. Escudero, Real junta consultiva de gobierno, pp. 21-22, supone que ha sido Zea. Lo que se lee en las actas sólo permite pensar que ha sido Zambrano. <<

[2] Decretos Fernando VII, X, pp. 373-279; Gaceta de Madrid, 15 de septiembre de 1825, pp. 445-446. Por lo que se refiere a la junta, hay que seguir a Escudero, La Real junta consultiva de gobierno y, complementariamente, del mismo autor, «Memoriales privados sobre la situación de España en el reinado de Fernando VII», y Los orígenes del consejo de ministros, I, pp. 423-438, y II, pp. 13-157. La afirmación de Salazar en APG, Actas consejo ministros, II, 1825, p. 363 (27 agosto 1825). <<

[3] Los datos sobre esta junta y las respuestas dadas se encuentran en Suárez, Informes sobre el estado de España. Sobre amenazas revolucionarias, pp. 157, 173-174, 180, 279, 376-378, 401-406, 428, 439-446, 448-459; sobre la necesidad de restablecer la Inquisición, pp. 167, 187-188, 207, 215-216, 261, 291, etc. Las citas del obispo de Guadix y de Inguanzo, en pp. 179-181 y 320; la de Castrillón, en p. 291; la del arzobispo de Granada, en p. 165. Sobre la destitución de Zea, Temperley, The foreign policy of Canning, p. 98. <<

[4] El texto se encuentra reproducido en Suárez, Informes sobre el estado de España, pp. 460-465. Los datos biográficos de Infantado hay que irlos buscando en diversos sitios. Él mismo nos ha dejado una especie de autobiografía hasta 1821 en Manifiesto del duque del Infantado en enero de 1821, pp. 10-34. La entrevista con Boislecomte, en AMAE, Espagne, Correspondace politique, 728, ff. 42v.-45v. La cita de Rocafuerte, en Rocafuerte y su obra diplomática, pp. 238-239. <<

[5] APG, Actas consejo ministros, III, 1825, pp. 186-187; Colección legislativa de la deuda pública, VII, p. 509. El tema fue estudiado, sin entenderlo, por Natalio Rivas, Luis López Ballesteros, pp. 121-139. He procurado explicarlo en Fontana, Hacienda y estado, pp. 145-152. Las palabras de Toreno, en Suplemento a la Gaceta de Madrid, 19 de septiembre de 1834, p. 7. <<

[6] Suárez, El consejo de Estado, pp. 63-78; Gaceta de Madrid, 31 de diciembre de 1825, p. 629. <<

[7] El discurso de Infantado, pronunciado el día 15, en Suplemento a la Gaceta de Madrid de 17 de enero de 1826. Las exposiciones de felicitación están en Gaceta de Madrid: de Pamplona y Cáceres, 31 de enero 1826, pp. 51-52; de Vascongadas y Valladolid, 2 de febrero 1826, pp. 55-56; de Cuenca, 4 de febrero de 1826, p. 60, etc., y así, sucesivamente, hasta el mes de julio. <<

[8] AHN, Estado, libro 31 d, ff. 14v-17v y 161v-162 (sobre la Inquisición); Martignac, Essai historique, pp. 141-142. Todo el tema, con la campaña de los franceses contra el restablecimiento de la Inquisición, y la ambigua postura del Vaticano, está muy bien estudiado en Tejada, Ocaso de la Inquisición, pp. 167-190. <<

[9] AHN, Estado, libro 31 d, ff. 43-59; Gaceta de Madrid, extraordinaria del 26 de febrero de 1826, p. 97; del 28 de febrero, pp. 101-102; del 4 de marzo, p. 110; del 14 de marzo, pp. 115-116; del 23 de marzo, p. 141 (ejecución de «Jaramalla»); Ruiz Alemán, «La tentativa liberal de los hermanos Bazán»; Castells, Utopía insurreccional, pp. 101-112; Camilo Jover, Reseña histórica de la ciudad de Alicante, pp. 157 y 63-64 del apéndice; Ródenas Vilar, «Crisis de subsistencias y crisis política en Alicante…», p. 166, nota. <<

[10] AHN, Estado, libro 31 d, ff. 58v-59. Hay un examen muy minucioso de los papeles en el libro 53 d, pp. 63-65, que no aporta, sin embargo, nada nuevo. Los miembros del consejo de Estado que examinan los papeles opinan que no deben publicarse, excepto este último de «política de la rebolución», que piensan que merece la pena hacer público «con notas oportunas fiadas a una mano diestra». <<

[11] Rodríguez de la Torre, Los terremotos alicantinos de 1829, pp. 65-66; Bayo, Los terremotos de Orihuela; Boix, Historia de Valencia, III, pp. 214-217. <<

[12] AHN, Estado, libro 53 d., pp. 73-74 (10 abril 1826). <<

[13] La discusión de este asunto se extiende del 6 al 28 de abril de 1826 y se puede ver entre los folios 77 y 174 de Estado, libro 53 d. He estudiado esta cuestión en Hacienda y estado, pp. 91-98, y omito aquí las referencias puntuales que se dan en aquel libro. Por lo que se refiere al texto fundamental, la «Memoria» de López Ballesteros, digamos que hay una copia en AHN, Estado, legajo 226, caja 1, pero que ha sido publicado dos veces: por Canga Argüelles en Diccionario de Hacienda, II, pp. 657-736, y por Suárez en López Ballesteros y la Hacienda, III, pp. 15-208 (con mayor cuidado que otros documentos publicados por el mismo equipo). <<

[14] AHN, Estado, libro 53 d. «Consultas y acuerdos del consejo de Estado», 1826, pp. 16-23, 35-43, 85-102, 223-227. <<

[15] Reflexiones apologéticas, cita literal de la p. 17. La prohibición de este texto en ACA, Audiència, expediente 1612 de 1825. <<

[16] Reglamento para los cuerpos de voluntarios realistas del reino, cita literal de la p. 38. <<

[17] Lleida, Arxiu de l’Ajuntament, Papeles sueltos, 1826. <<

[18] Olózaga, Estudios sobre elocuencia, política, pp. 361-367; Noguera López, La última víctima de la Inquisición. El maestro de Ruzafa, pp. 76-77; Alonso Tejada, Ocaso de la Inquisición, pp. 148-150, 179-187 y 248-249 —con una observación poco feliz en la p. 150—; Cárcel Ortí, «La Inquisición valenciana en el siglo XIX y la ejecución de Cayetano Ripoll», de donde saco las citas del informe del vicario general de Valencia. La fuente más valiosa, sin embargo, es el texto que recoge los testimonios orales de los que conocieron a Ripoll, escrito por Tomás Giménez Valdivieso, «Cazalla», en 1894, que cito a partir de la reedición: El maestro Ripoll. El texto del Times procede del número de 24 de agosto de 1826. Para entender el interés del Times en Ripoll hay que recordar que los años inmediatamente anteriores se habían visto conmovidos en Gran Bretaña por los procesos contra quienes difundían el deísmo entre las capas populares, como Richard Carlile, y por las protestas contra estos procesos por parte de hombres como Stuart Mill o David Ricardo, que consiguieron la liberación de Carlile y el fin de los procesos por impiedad en 1825. Conviene tener en cuenta que la sentencia de Ripoll no era estrictamente eclesiástica, ya que estaba firmada, entre otros, por Francesc Berga, «alcalde del crimen» y oidor de la audiencia (C. Rahola, La pena de mort a Girona, II, p. 8). El relato de Mérimée en una de las «Cartas dirigidas desde España al director de la “Revue de París”» (de noviembre de 1830), en Mérimée, Mosaïque, pp. 287-310. Sobre el texto de Mérimée, y sobre el contexto de esta ejecución, véase el artículo de Almela, «La Carmen de Mérimée era valenciana». Haliczer, Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia, pp. 560-561. Hay detalles interesantes, en algunos casos señalados como históricos, en la versión novelada de Sánchez del Real, ¡A la horca los negros! Sobre el contexto de los procesos por impiedad de Gran Bretaña en esos años, véase el espléndido libro de Levy, Blasphemy, pp. 339-399. <<

[19] Burgos, Exposición dirigida a S. M. el Sr. D. Fernando VII, citas de las pp. 30, 37 y 44; López Tabar, Los famosos traidores, pp. 302-305 (cita de p. 303); Bayo, Historia Fernando VII, III, pp. 227-233. Burgos, que había sido afrancesado con José I, servía ahora a los absolutistas y pretendería más tarde pasar por liberal. Gallardo lo denunció implacablemente en Las letras, letras de cambio, recordándole que era «hombre de todos los tiempos y ginete de ambas sillas» (p. 119) y acabó expulsado de manera ignominiosa de las cortes del Estatuto real el 18 de octubre de 1834 (Caballero, El gobierno y las cortes, pp. 93-99). <<

[20] Los planes políticos presentados a Fernando VII, en Puyol, La conspiración de Espoz y Mina, pp. 142-158. Olavarría presentó años más tarde a la regente María Cristina un plan de regeneración y modernización de España, firmado en Bayona el 9 de agosto de 1833, que aspiraba a extinguir la mendicidad, corregir «el temperamento díscolo y adusto de sus naturales», mejorar la condición física y moral «de las clases artesanas, que componen en España las cuatro quintas partes de su población», introducir las nuevas tecnologías (una de las partes más interesantes del libro es una minuciosa enumeración de máquinas y procedimientos) y «aclimatar a nuestro suelo» producciones exóticas. El plan tiene un aire entre utopía reaccionaria y proyecto saintsimoniano (Olavarría, Memoria dirigida a S. M. en 9 de agosto de 1833). <<

[21] Puyol, La conspiración de Espoz y Mina; Seco, Tríptico carlista, citas de las pp. 31 y 36; Llorens, Liberales y románticos, pp. 99-103. <<

[22] López Tabar, Los famosos traidores, pp. 306-308; Alonso Tejada, Ocaso inquisición, pp. 193-194. <<

[23] Jorge IV, Letters of king George IV, III, pp. 164-170 (de una carta de Canning en la que explica al rey la entrevista con Villèle en que éste le leyó el texto de la carta de Carlos X, insistiendo en que se trataba de una redacción espontánea del propio rey, sin que se le hubiesen sugerido los términos en que se expresaba). <<

[24] Sobre las dificultades económicas del rey, Arzadun, Fernando VII y su tiempo, pp. 207 y ss. Ya hemos mencionado la opinión que de la pobreza del mobiliario de las habitaciones del rey expresó el economista francés Adolphe Blanqui que las visitó en 1826, en el transcurso de un viaje por España durante el cual era vigilado por la policía (Intendencia de Policía del Principado de Cataluña, Ordenes circulares, año de 1826, n.º 35, 15 de septiembre de 1826, en el Arxiu de l’Ajuntament de Lleida, Papeles sueltos, 1826). Puyol, La conspiración de Espoz y Mina, pp. 156-158. <<

[25] Gaceta de Madrid, 19 de agosto de 1826, p. 401. La versión de Ruiz de Luzuriaga sobre la dimisión de Infantado en Cuatro verdades de un lego, p. 92. La negativa del rey a pasarles los asuntos de Cataluña en APG, Actas consejo ministros, IV, p. 232 (8 abril 1827). La actuación del consejo de Estado en 1827 se puede seguir en AHN, Estado, libro 33-d (Actas del consejo de Estado, año de 1827); legajo 183 (Minutas del consejo de Estado, año 1827) y libro 54-d (Acuerdos del consejo de Estado, 1827). <<

[26] Gaceta de Madrid, 19 de agosto de 1826, p. 395, y 12 de septiembre de 1826, pp. 435-436; APG, Actas consejo ministros, IV (1826-1827), pp. 61-63 (3 noviembre 1826) y 141-146 (17 enero 1827); Macaulay, Dom Pedro, pp. 191-192; Ciordia, «España en la segunda crisis constitucional portuguesa»; Moral Ruiz, «Realistas, miguelistas y liberales»; Fernández Martín, El general don Francisco de Longa; Rodezno, La princesa de Beira, pp. 49-55; Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, III, pp. 1040-1051; Hinde, George Canning, pp. 413-425; Jorge IV, Letters of king George IV, III, p. 166; Gash, Lord Liverpool, pp. 240 y ss.; Vneshniaia politika, VI, pp. 551-553, 558, 617-618, 627-630, 680-681 y 689-690. Decretos Fernando VII, XI, pp. 149-150. El discurso de Canning, en Hansard, Parliamentary debates, XVI (1826-1827), 350-368 (12 diciembre 1826), citas literales de las columnas 391 y 368. <<

[27] De la misma carta de Canning a Jorge IV citada con anterioridad, p. 169. <<

[1] AMAE, París, Espagne, Correspondance politique, 731, ff. 239-240. Sauch, Guerrillers i bàndols civils, pp. 219-222. Noticias sobre la «conspiración de septiembre de 1826», que añaden al nombre del coronel Josep Rambla, que era su dirigente principal, los del teniente Josep Borrás, alias «el Negret», de Jeroni Príncep y de Joan Queral, oficiales de voluntarios realistas, en una circular de la Intendencia de Policía de Segovia, año 1826, n.º 43, que he consultado en el ejemplar que se guarda en el fondo Carandell de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los datos restantes proceden de documentos judiciales reproducidos en Suárez, Agraviados de Cataluña, II, pp. 189-190, III, pp. 403-407 y IV, pp. 201-202. Sobre los inicios en el País Valenciano, Boix, Historia de la ciudad y reino, III, pp. 212-213. Las noticias de los embajadores en Lisboa y París de ACA, Audiència, expedientes 153 y 187 de 1827. <<

[2] Archives de Vincennes, Reconnaissances militaires, D/1 50, Armée d’Espagne, 1826, legajo n.º 3, n.º 1367. Sobre Romagosa, que acabaría considerado como un traidor por los sublevados, ACA, Audiència, expediente n.º 238 y, en general, Bofarull, Don Joan Romagosa i Pros, esp. pp. 112-132. <<

[3] El Manifiesto lo publicó por primera vez Suárez en «El manifiesto realista de 1826», a partir de una versión manuscrita y con erratas. Alonso Tejada encontró una copia impresa en AHN, Consejos, legajo 12 274 y dio noticia de él, así como de algunos documentos policiacos, en Ocaso de la Inquisición, pp. 196-197. Suárez cambió entonces su interpretación y publicó los documentos encontrados por Alonso Tejada en Agraviados de Cataluña, I, pp. 322-327 (lamentablemente, y como ocurre a menudo en sus ediciones, con erratas de transcripción). Entre tanto lo comentaba Seco en Tríptico carlista y, posteriormente, Aróstegui daba el mejor estudio, el único plenamente satisfactorio, en «El manifiesto de la “Federación de realistas puros” (1826)», aparecido en un volumen que, por lo que me comunica el autor, nunca llegó a distribuirse normalmente, y con un inconveniente añadido: que Aróstegui se remite a una primera transcripción fiel del texto impreso, en apéndice, y que esta transcripción no aparece, sino que ha sido reemplazada por una reproducción fotográfica que comprende poco más de la mitad del texto. He usado directamente el Manifiesto a partir del único ejemplar impreso conocido, que se encuentra en el mencionado legajo 12 274. <<

[4] Sobre este personaje y su familia (hay una especie de división del trabajo en que Vicente actúa como moderado, y como realista si conviene, mientras que su hermano Manuel actúa incluso como republicano), Ardit, Revolución liberal, pp. 120-125 y passim, y Romeo, Entre el orden y la revolución, pp. 200-293. APG, Actas consejo ministros, IV, pp. 244-245 (14 abril 1827), 287 (29 mayo) y 302 (23 junio). Pegenaute, Trayectoria Regato, pp. 344-350 y 518. Sobre una posible financiación inicial liberal de los amotinados, Durfort, Révélations d’un militaire, pp. 49-50; las declaraciones de Josefina Comerford, en Suárez, Agraviados, IV, pp. 153-158, y el texto mencionado, atribuido a Andreu y Sans, en Noticia de la última guerra civil de Cataluña, pp. 69-70. <<

[5] La fuente principal de estas noticias es un conjunto de informes reservados que se encuentran en AHN, Estado, legajo 5277, expediente 71 (informes del conde de Alcudia desde Londres en 1826 y 1827, de Zea Bermúdez, también desde Londres, en 1829-1830, del prefecto de París Mangin en 1830, etc.). Más las noticias del informador valenciano Domingo Simó, citadas por Eloy Benito Ruano, «De la emigración política en el siglo XIX», pp. 179-180. Sobre Simó, véase Claude Morange, Siete calas en la crisis, p. 182, nota. Las noticias sobre Mazon en Archives Nationales, París, F7 (Police général), carpeta 12 051, dossier 1699 c y carpeta 12 022. Sobre la demanda de volver a España, APG, Actas consejo ministros, IV, pp. 244-245 (14 abril 1827), 287 (29 mayo) y 302 (23 junio). <<

[6] La frecuencia con que la Audiencia de Cataluña se ocupa del Manifiesto demuestra que su difusión debía ser considerable. ACA, Audiència, expedientes n.ºs 64, 86, 120, 276 y 412 del año 1827. Una circular de la Intendencia de policía de Cataluña, del 15 de julio de 1827, del archivo del autor, se refiere a la circulación de las cartas de la «Confederación Católica apostólica Romana Austral». Sobre esto, APG, Actas consejo ministros, IV, pp. 276-277 (19 mayo 1827). En 1869 el marqués de Iturgoyen decía que el superior de los jesuitas de Madrid le había explicado que en 1827, al encontrar una proclama «carlista», la había llevado al infante Carlos y que los dos habían ido a llevarla a Fernando, que habría tranquilizado a su hermano diciéndole que confiaba en su inocencia. En sus términos literales la anécdota es poco verosímil, y la acaba de estropear la «revelación» de que Fernando era masón y que tenía en palacio «el Grande Oriente Español (cuyo nombre [¡!] sé y callo por consideración a su familia), desempeñando éste un empleo inferior, aparentemente, en palacio, pero dominando al rey cuando se encontraban solos». El sentido general de la historia, no obstante, con las protestas de inocencia de Carlos y la fe en él de su hermano, debe reflejar una realidad conocida en los ambientes del palacio real. El artículo del marqués de Iturgoyen se habría publicado en La Regeneración de Madrid el 15 de mayo de 1869. Se reproduce, con el título de «Cuestión dinástica», en Biblioteca popular carlista, V, noviembre de 1895, pp. 84-92, que es donde lo he leído. Se llegó a pensar en «revelar al público estos enredos por medio de la Gaceta», pero al final no se hizo. <<

[7] Decretos Fernando VII, XII, pp. 182-192; «Memoria histórica de la gloriosa expedición del rey nuestro señor a Cataluña en 1827», en Suárez, Agraviados, IV, pp. 193-332 (pp. 202-205); Biblioteca de Catalunya, folletos Bonsoms n.º 1751; AMAE, Espagne, Correspondance politique, 744, ff. 124-125 y 745, ff. 32-35; el extenso relato de Zambrano del 31 de septiembre de 1827 (Decretos Fernando VII, 1827, pp. 182-192) está reproducido en Diario de Barcelona, 10 de septiembre de 1827, pp. 2017-2024. Sauch, Guerrillers i bàndols civils, pp. 222-227; Sánchez Cervelló, El carlisme, pp. 73-75. Una circular de la Intendencia de policía de Cataluña, del archivo del autor, anuncia el 7 de abril la captura y ejecución de Llovet, y la captura o la derrota de toda una serie de jefes de partida: Trillas en Porrera, Planas en Vallcebre, Dinat en Figueres, etc. Los dos primeros serán ejecutados. Sobre el indulto, la disposición de Campo Sagrado del 9 de mayo, que utilizo en el ejemplar de los Papeles sueltos del Ayuntamiento de Lleida. Una carta de López Ballesteros a Ofalia, de 21 de abril, coincide también con las expresiones citadas, que son de Zambrano, al decir que «el movimiento ha sido dado por militares ambiciosos llenos de ignorancia, de la clase de los que llaman ilimitados: nadie los ha seguido que valga algo» (Heredia, Escritos conde de Ofalia, pp. 760-761). Fuente indispensable para esta primera fase en las comarcas tarraconenses es Anguera, Els malcontents del corregiment de Tarragona, pp. 11-39. La cita de Pau Porcet, de Llibre de politiqueses, p. 248; APG, Actas consejo ministros, IV, pp. 213 (21 marzo 1827), 224 (31 marzo), 227-229 (7 abril), 231-232 (8 abril), 239 (14 abril). Mañé i Flaquer recordaba en 1856 «que en algunas de sus banderas llevaban el retrato del rey Fernando cabeza para abajo, por lo que en el país se conoce aquella sublevación por “la del rey cap per avall”» (Mañé i Flaquer, Colección de artículos, p. 408). Pero el cónsul francés en Barcelona observa, en el mes de agosto de 1827: «Hace algún tiempo obraban en nombre de Carlos V y ahora se ofenden de ser designados carlistas. Sus banderas llevan el nombre de Fernando VII y de la Santa Inquisición. Somos realistas, decían hace tres días a uno que les interrogaba, pero realistas agraviados». <<

[8] AMAE, Espagne, Correspondance politique, 745, ff. 8 y 22, y 742, f. 141 v. La carta, en Anguera, Els malcontents, p. 35. Pons Anguera, Libro de varias cosas, p. 90, nos da la misma cifra de dinero como pago por el reclutamiento y sueldo de los agraviados. Sauch, Guerrillers i bàndols civils, pp. 227-242; Sánchez Cervelló, El carlisme, pp. 74-75. <<

[9] Cito la proclama firmada en Manresa el 25 de agosto de acuerdo con el texto del ejemplar que se guarda en el Arxiu Històric de la Ciutat de Manresa y que me proporcionó Jaume Torras. También es él quien descubrió la colección de El catalán realista —del cual se llegaron a publicar 13 números, del 14 de septiembre al 2 de octubre de 1827— y la reprodujo íntegra en su libro sobre la guerra de los Agraviados, de cuyas páginas 51-53 tomo diversas noticias. Sobre la entrada en Reus de los seguidores del «padre Puñal», Anguera, Comportament polític, pp. 75-79; Aguadé, Joan Rafí Vidal, pp. 83-98, Bofarull y Brocà, Anales de Reus, II, pp. 194-195, y Bofarull, Costums que’s perden, pp. 396-401; Torné, Los veinte años de inscripción, p. 60. Sobre el sitio de Girona, Clara, «El setge de Girona en la guerra dels Malcontents». Las noticias locales podrían multiplicarse casi indefinidamente: en Molins de Rei con Gemma Tribó, en Sallent con Sánchez y Agustí, Notícia del cólera, pp. 119-129, en Mataró con Martí i Coll, Mataró i els agraviats, etc. La proclama de Jacinto Castañ en AHN, Estado, legajo 3009. <<

[10] La reestructuración de la policía, Gaceta de Madrid, 18 agosto 1827, p. 393; Suplemento a la Gaceta de Madrid de 11 septiembre 1827 (se vuelve a publicar en la Gaceta el 18 de septiembre, p. 447). No conocemos la proclama de Abrès más que a través de Pirala, que la da íntegra e insiste en su autenticidad. Hay que decir que todos los elementos internos —y una sintaxis que esta vez no es clerical y que difícilmente podía haber inventado Pirala— la hacen verosímil. He corregido una errata evidente: «consejeros de Estado», en lugar de «confesores de Estado». Pirala, Historia de la guerra civil, I, p. 36 (en la tercera edición, de 1889-1891, I, pp. 55-56). El recuerdo de los decretos de 1825 por Zambrano, que no está en Decretos Fernando VII, de un ejemplar de los Papeles sueltos del Arxiu de l’Ajuntament de Lleida. Sobre la muerte «impenitente» de Jep dels Estanys, Alonso Tejada, Ocaso de la Inquisición, p. 204. La marcha del rey está anunciada en un Suplemento a la Gaceta de Madrid del 19 de septiembre donde dice que saldrá «en posta el día 22 del presente mes para la plaza de Tarragona, acompañado de una corta comitiva y de mi ministro de Gracia y Justicia». Debía ser por estas mismas fechas cuando Jacinto Castañ firmaba un Aviso a los buenos españoles en que reproducía una supuesta carta de Safont, dirigida desde Madrid a su padre —«don José Safón del comercio de Barcelona»— en que decía que «el gobierno es nuestro y de la sociedad» y que «mi amo Riera y el señor Remisa están entendidos con los ministros y en particular con el de Hacienda, el que de consiguiente lo puede todo». El texto terminaba con una incitación de Castañ a «vengar los agravios que sufre nuestra santa religión, a mejorar la suerte de nuestro amado rey don Fernando 7.º y a defender nuestra cara patria dejándola libre de sus hijos espúreos». <<

[11] AMAE, Espagne, Correspondance politique, 745, ff. 12-13, 184-193 y 203; Rubio, Revolución y tradición, pp. 35-36. <<

[12] AMAE, Espagne, Correspondance politique, 745, ff. 262-263; Archives de Vincennes, D/1 54, Espagne, sept./dic. 1827, legajo n.º 2. <<

[13] AMAE, Espagne, Correspondance politique, 745, ff. 127-128 y 132-133; Segura, Morella y sus aldeas, III, pp. 485-490; Sánchez Cervelló, Conflicte i violència a l’Ebre, p. 44. <<

[14] El análisis de la composición social se basa esencialmente en Jaume Torras, «Societat rural i moviments absolutistes». Complementariamente Suárez, Agraviados, IV, pp. 220-226 (de donde procede la cifra «oficial» de combatientes; la otra está sacada de Jaume Torras); Ramon Arnabat, «Notes sobre l’aixecament dels malcontents», pp. 119-125; Gemma Tribó, «Els malcontents a Molins de Rei». El intento de Núria Sauch en Guerrillers i bàndols civils, se refiere a los combatientes de la primera guerra carlista. <<

[15] Dictamen separado de Miguel Castells en Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, «Insurrección de Cataluña en 1827», manuscrito a-53; AMAE, Espagne, Correspondance politique, 745, ff. 23-25, donde al cónsul francés se le ocurre la insensatez de que podía ser Mataflorida, que estaba exiliado. Por lo que se refiere a las acusaciones que hacían responsable a Calomarde de haber instigado el movimiento —por ejemplo García de León y Pizarro, Memorias, II, p. 3— es fácil ver que no tienen fundamento; un ultra como Arias Teijeiro se le muestra francamente hostil en 1828, en momentos en que el ministro aragonés controla de hecho el gobierno. La caracterización de los tres jefes de partida la saco de un extenso e interesante informe francés del mes de agosto de 1827 en AMAE, Espagne, Correspondance politique, 745, ff. 37-41. Una muestra del desconcierto que provocó el movimiento la tenemos en el periódico ultra francés La Quotidienne. Hasta el 27 de septiembre de 1827 sostuvo que el movimiento era obra de los liberales; hizo un viraje en esta fecha para reconocer que eran realistas y criticarles entonces, porque «hay que saber sufrir cuando se vive bajo un gobierno legítimo», y terminó más adelante justificándolos. <<

[16] Tratado theológico inductivo a la obediencia al rey, manuscrito coetáneo encontrado en una masía de Sant Hipòlit de Voltregà, cuyo conocimiento debo a Joaquim Albareda. Un personaje tan reaccionario como Vicente de la Fuente dirá: «Respecto a la intervención del clero en el alzamiento de Cataluña, la historia no ha levantado aún el velo de aquellos sucesos lo bastante para poder hablar con claridad […]. Que en aquel alzamiento tuvieron parte algunos individuos del clero constituidos en dignidad, parece indudable; pero algunos clérigos no son el clero» (Historia eclesiástica de España, VI, p. 204). <<

[17] Las fuentes esenciales más accesibles son los documentos publicados por Suárez, Agraviados —en especial la «Memoria histórica» mencionada— y por Torras, La guerra de los agraviados, y las actas del consejo de ministros, en especial las intervenciones de Zambrano el 14 de julio de 1827 (IV, pp. 303-304), 28 de julio (pp. 322-323), 11 de agosto (pp. 344-348), 18 de agosto (pp. 355-357), 25 de agosto, 8, 13, 15, 22 de septiembre, etc. <<

[18] AMJ, armario 16, legajo 48. Se trata del interrogatorio, hecho el 25 de febrero de 1825, de los dos vecinos de Cornudella citados, que confiesan haber estado en contacto con La guardia y haber hecho diversos viajes con motivo de estas conspiraciones. Habían ido a Madrid y a El Escorial en octubre, donde debieron tener contactos con Bessières. <<

[19] ACA, Audiència, expediente 451 de 1824; expediente 1517 de 1825; expediente 282 de 1827. Suárez, Agraviados, II, pp. 227-228. Los textos de La Quotidienne de 1827 los debo a una transcripción hecha por Núria Sales. <<

[20] Hacia Barcelona huyen los alcaldes mayores de Granollers, Agramunt e Igualada o el corregidor de Puigcerdà; el alcalde de Olot, al encontrar cortado el camino hacia Barcelona y Figueres, huye a Francia; el corregidor de Talarn se va del pueblo con los papeles. ACA, Audiència, expedientes 511, 531, 594, 607, 636 y 663 de 1827. Sobre el viaje de la Audiencia, más exactamente del «acuerdo», ACA, Audiència, expediente 664 de 1827. El viaje se hacía por orden del rey (López de Vinuesa, Discurso, p. 4). Decretos Fernando VII, XII, pp. 169-174. Hay que considerar hiperbólica la afirmación que se hace en la «Memoria histórica» de que la medida de hacienda significaba «una considerable baja en las contribuciones» (Suárez, Agraviados, IV, p. 209). <<

[21] Suárez, Agraviados, IV, pp. 233-239; Arzadun, Fernando VII, p. 226 (sobre la producción «poética» de la reina Amalia), 232-233 (sobre el viaje); Poesías con que la universidad de Cervera celebra las virtudes. Sobre el mapa, Cabrerizo, Memorias, pp. 138-139; Suplemento a la Gaceta de Madrid del 17 de septiembre de 1834, p. 7; sobre la duración del viaje, Uriol, Historia de los caminos de España, II, pp. 103-105; un estado de las carreteras de 1834 dice que la «de Madrid por Valencia y Barcelona a la frontera de Francia tiene ciento setenta y siete leguas y no está concluida, faltándole varias obras y trozos de consideración y un puente muy necesario en el Júcar» (Suplemento a la Gaceta de Madrid de 19 de agosto de 1834). Boix, Historia de Valencia, III, pp. 213-214, sobre el paso por Valencia. Sigo el viaje a través de la Gaceta de Madrid de los días 27 y 30 de septiembre y 2 y 4 de octubre. Sobre la supuesta entrevista con Rafí Vidal en Vinaròs y el paso por el cuello de Balaguer, Aguadé, Joan Rafí Vidal, pp. 117-122. Sobre la estancia en Tarragona, Rovira, JosepFrancesc Ixart, pp. 57-60. Un ejemplar de la proclama del 28 de septiembre —«Catalanes, Ya estoy entre vosotros…»— en AHN, Estado, legajo 3009 y Gaceta extraordinaria de Madrid, 4 de octubre de 1827. La Gaceta publica en septiembre y octubre una serie de pastorales de obispos de Cataluña que condenan la revuelta. Sobre el fin de la guerra, Torras, Guerra de los agraviados, pp. 7278 y 150-151. <<

[22] Informe de Reiset al ministro de la Guerra, firmado en Barcelona el 11 de noviembre de 1827. AMAE, Espagne, Correspondance politique, 745, ff. 245-247. Sobre las cartas de Amalia, Cabezas, José Cafranga, pp. 116-123. <<

[23] Suárez, Agraviados, IV, pp. 258-260. Interesa señalar que la calificación de «romántica» que se aplica a la Comerford procede del texto original de esta «Memoria histórica» coetánea (las respuestas del interrogatorio en Agraviados, IV; pp. 153-158). Los textos del Diario de Barcelona en los que se daba noticia de las ejecuciones están reproducidos en Castillo, La ciudadela inquisitorial, pp. 283-286. Las declaraciones de Bosch i Ballester, Rafí Vidal, Olives, Bericat, Pallàs y Narcís Abrès, así como las de mosén Corrons, se pueden ver en Suárez, Agraviados, IV. Sobre Rafí, además, Aguadé, Joan Rafí Vidal, pp. 169-184. Joaquín del Castillo dirá: «La clemencia del soberano indultó de la pena de muerte a los que se echaron a sus reales pies; los cuales sin embargo fueron fusilados por orden del conde de España, interín el rey pasó a Valencia, para que de este modo no se descubrieran sus crímenes y los de Calomarde, contraviniendo así a las reales disposiciones» (La ciudadela inquisitorial, p. 282, nota). Téngase en cuenta que Castillo era un liberal avanzado. <<

[24] Los relatos más documentados sobre la estancia de la familia real en Roma y sobre los últimos días de su vida son el de Emilio La Parra, Manuel Godoy. La aventura del poder, pp. 433-448, en la que es, sin ningún tipo de dudas, la mejor biografía de Godoy, y el de Enrique Rúspoli, Godoy, que es un libro documentado, pero desquiciado, en el que hay que ir pescando las noticias en medio de un relato sentimental, ridículamente empeñado en santificar a Godoy. Además, Pérez de Guzmán, Estudios de la vida; Villa-Urrutia, La reina María Luisa, p. 182, sostiene que Carlos IV se enteró en estos momentos, por su hermano, de su «conyugal desgracia»; Cames, Marie-Louise roi d’Espagne, pp. 379-387. A pesar de su título, Smerdou, Carlos IV en el exilio, no tiene el menor interés. La Parra no parece creer en ningún tipo de relación entre la reina y Godoy, como tampoco Izquierdo —Antecedentes y comienzos, pp. 111-126—, pero el problema es que sí lo creía su hijo Fernando VII. Y mucha otra gente. <<

[25] Gaceta de Madrid, 12 de agosto de 1824, p. 407; Archivo Secreto Vaticano, Nunciatura de Madrid, 253, t. XI. <<

[26] Villa-Urrutia, Fernando VII rey constitucional, p. 17 (cita un artículo del vizconde de San Javier que no he podido consultar); Arzadun, Fernando VII y su tiempo, pp. 230-231 y 235; Suárez, Agraviados, III, p. 330; Arias Teijeiro, Diarios, I, p. 14. A Pérez Navarro le da el nombre de Luis, pero Ana María Berazaluce le identifica con un José. Las noticias oficiales sobre el viaje en Gaceta de Madrid de 1 y 3 de noviembre. Un largo relato del viaje de la reina, con versos incluidos, el 6 de noviembre, pp. 538-540. En Valencia estuvieron hasta el 19 de noviembre. Hay una detallada, y un tanto novelada, versión de esta historia en Diego San José, Martirologio fernandino, pp. 149-209. <<

[27] Suárez, Agraviados, II, p. 360 (de una exposición de Juan de la Dehesa del día 16 de abril de 1828); la segunda cita es de una Exposición al rey, de la Junta de Comercio, en copia manuscrita del archivo del autor. En términos parecidos, pero todavía más duros, se expresa Urquinaona, que habla también de la «idiotez sin igual» de la gente de la montaña (Urquinaona, España bajo el poder arbitrario, p. 142. <<

[28] [Durfort], Révélations d’un militaire français, p. 36; AMAE, Espagne, Correspondance politique, 732, f. 204 («Escrito enviado por el superintendente» [de policía], mayo-junio de 1825). <<

[29] Relación de la entrada de los Reyes nuestros señores en la ciudad de Barcelona; la carta a Grijalva en Arzadun, Fernando VII y su tiempo, p. 236; la descripción del testimonio es del Diario de Manuel Bayona (Biblioteca de Catalunya, manuscrito n.º 250), aunque ha sido necesario hacer algunas correcciones a su complicada ortografía para hacer inteligible el texto. <<

[30] Relación de la visita que se dignaron hacer SS. MM. a la Real casa Lonja en 18 de diciembre de 1827, la cita de p. 8; Máscara real para la noche del 6 de enero de 1828, la cita, de p. 7. Todas las cartas de Fernando a Grijalva que se citan se han tomado del libro de Arzadun, pp. 236-255. <<

[31] Esposición elevada a S. M. […] en 29 de diciembre de 1827, proponiendo las medidas que convendría adoptar para el fomento de la agricultura, artes y comercio, archivo del autor. <<

[32] Mesonero Romanos, Memorias de un setentón, pp. 334-335. Noticia detallada de la exposición, de los «géneros» catalanes presentados y de los premios concedidos en Guía mercantil de España. Año de 1829, II, pp. 174-192. <<

[33] Lérida durante el reinado, p. 13; Poesías con que la Universidad de Cervera celebra las virtudes de nuestros reyes y señores…, p. 16; Pou, Carlos V de Borbón, pp. 1-3. Años más adelante, sin embargo, en plena guerra carlista, el cura Vicens Pou dedicaba su Carlos V de Borbón, rey legítimo de las Españas a la Universidad de Cervera, diciendo que a nadie podía dedicarla mejor, dada la inequívoca relación entre esta institución y la causa carlista. <<

[1] Manifiesto […] Zaragoza, passim; Idoate, Rincones de la historia de Navarra, III, pp. 51-56; Lasa, Tejiendo historia, pp. 24-25; Ojeda, Miranda de Ebro, pp. 190-191. <<

[2] Arias Teijeiro, Diarios, I, p. 112. <<

[3] Castillo, La ciudadela inquisitorial, pp. 286-288; Oleza, El primer conde de España, pp. 188-191; Sagarra, La primera guerra carlina, I, pp. 3165 (cita de p. 35); Fuente, Historia sociedades secretas, II, pp. 508-509; Pirala, Historia de la guerra civil (3.ª ed.), I, pp. 319-321. Lo de la carga de platería en Ortiz Armengol, Aviraneta y diez más, pp. 84-85. La genealogía y la hoja de servicios de Carlos de España se pueden consultar en Vilar y Pascual, Real despacho, pp. 83-98. La comunicación del 24 de abril de 1828 en AHN, Estado, legajo 3009. Las noticias sobre contrabando de los franceses en Suárez, Agraviados, IV, p. 248. Sobre la canción «las habas verdes», véase Oleza, El conde de España, p. 172. <<

[4] Sumo los datos que da en su texto Oleza, El conde de España, pp. 183-186, en un libro apologético. No es lícito disculpar sus atrocidades, como hacía Vicente de la Fuente, diciendo que total sólo eran unos cuantos «liberales catalanes» fusilados, o añadiendo la estupenda noticia de que «he preguntado a varios realistas catalanes y barceloneses [sic] acerca de sus impresiones en aquel tiempo y me han asegurado que no tuvieron terror ninguno en 1827 y 28» (Historia sociedades secretas, II, p. 188). Por cierto, este mismo autor, que afirma no fiarse en absoluto de las noticias que da Castillo, le plagia descaradamente y se equivoca al sumar. Tal es la calidad de la erudición del que Oleza califica de «culto historiador y catedrático». Saco también datos de la biografía que figura en Biografías de los generales, pp. 67-97, un texto posiblemente escrito, o al menos inspirado, por Castillo Mayone; Cucalón, Panteón de los mártires, III, pp. 73-110 («Mártires de Cataluña»). Fernando Fernández de Córdova, Mis memorias, I, p. 109. En las cortes de 1837 un grupo de diputados catalanes evocó «los multiplicados asesinatos cometidos por el tirano de Cataluña, el exconde de España, no menos que las tropelías y dilapidaciones ejercidas en las personas y bienes de muchos patriotas» y consiguió que se decretase la construcción de un monumento conmemorativo (Diarios sesiones 1836-1837, pp. 4314-4315 y 6093). <<

[5] Chao, La guerra de Cataluña, p. 97 de la «sección biográfica»; Arias Teijeiro, Diarios, I, p. 141. <<

[6] Suárez, López Ballesteros y la Hacienda, III, pp. 209-210; Guía de Hacienda de 1826, pp. 78-81; Guía de Hacienda de 1827, pp. 149-150 y 162-170; Guía de Hacienda de 1828, pp. 172-173. <<

[7] AHN, Estado, libro 54 d, consulta de 31 de agosto de 1827. <<

[8] APG, Actas consejo ministros, V, 1828, pp. 92-96; Fontana, Hacienda y estado, pp. 108-111; Guía de Hacienda, 1828, pp. 172-173. <<

[9] Fontana, Hacienda y estado, pp. 118-119 y 139-140. <<

[10] Fontana, Hacienda y estado, pp. 145-152. <<

[11] Por ejemplo, APG, Actas consejo ministros, V, 1828, pp. 52-53. <<

[12] Prados, Comercio exterior y crecimiento económico y De imperio a nación; Prados y Amaral, eds., La independencia americana. Sobre la dificultad de establecer las cifras del comercio exterior, Cuenca, «Statistics of Spain’s colonial trade» y «The United States balance of payments with Spanish America», aparte de la cuestión, generalmente negligida, de lo que significó la pérdida de los fletes (Klein y Barbier, «Recent trends»). Complementariamente, Pascual y Sudrià, «Quiebra colonial y ajuste monetario», y Fernández de Pinedo, «La recuperación del comercio español con América». <<

[13] Sobre las nuevas direcciones del comercio vinícola catalán en estos años, Valls, La Catalunya atlàntica, pp. 317-368; Romano, «Algunas consideraciones»; la memoria vasca de 1830, en Garmendia, Gremios, oficios y cofradías, pp. 47-50; Uriarte, Estructura, desarrollo y crisis, pp. 238-247. <<

[14] Custine, L’Espagne, pp. 365-366 (sobre este libro, Muhlstein, Astolphe de Custine, pp. 222-231). Véase también, por otro lado, Sá da Bandeira, Diário da guerra civil, I, p. 65. Sobre Cartagena, AMAE, Espagne, Correspondance politique des Consuls, 2, ff. 227-229. <<

[15] Sobre esto, Antonio Miguel Bernal, España, proyecto inacabado. Costes/beneficios del imperio; Fernández, Últimos reductos españoles en América; Rodríguez, Ayacucho; Rodil, Memoria del sitio del Callao, cita de p. 198; Moxó, Memoria militar, p. 23. <<

[16] Sobre la flota, Piniella «La crisis definitiva de las comunicaciones»; Bertrán de Lis, «Representación», cita de p. 9. La situación se discute en las cortes del Estatuto, donde Vázquez Figueroa, ministro de Marina, hace una descripción patética del estado de la marina (Suplemento a la Gaceta de Madrid de 16 de agosto de 1834). Noticias sobre corsarios «colombianos» en Fortes, Navegantes, corsarios y piratas, pp. 226-238. Sobre los tiempos de transmisión de noticias a través del Atlántico, Reed, The power of the news, p. 29. Las noticias sobre América en Gaceta de Madrid, 3 de febrero de 1825, p. 54; 5 de marzo de 1825, pp. 111-112; 15 de marzo de 1825, p. 125; 17 de mayo de 1825, p. 236; 21 de mayo de 1825, pp. 242-243, etc.; AGS, Secretaría de Estado, legajo 8187; Fernández Almagro, La emancipación de América, pp. 132-137; Gaceta de Madrid, 3 de julio de 1824, pp. 239-240. <<

[17] Gaceta de Madrid, 3 de julio de 1824, pp. 239-240; El comercio de ambos mundos redactado en general, Cádiz, 20 de junio de 1826, p. 1 (ejemplar del Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia). El periódico estaba dirigido por un singular personaje mexicano, Juan López Cancelada, sobre el cual se puede consultar la introducción de Guillermo Flores Margadant a Juan López Cancelada, Defensa de la Nueva España. Otros testimonios de estas convicciones en Fernández Almagro, La emancipación de América, pp. 140 y ss. <<

[18] Múnera, El fracaso de la nación, p. 222; Guardino, Peasants, politics and the formation of Mexico’s national state y «Barbarism or republican law?» (cita de p. 187); Pérez Viejo, «La construcción de las naciones»; Jacobsen, Mirages of transition; Mallon, Peasant and nation. <<

[19] APG, Actas consejo ministros, IV (1827), pp. 242-243, 282 y 290; y V (1828), pp. 10, 55, 195, 285 y 331-332; VI (1829), pp. 184-185. AHN, Estado, libro 38 d, Actas consejo de Estado, 1828-1829, ff. 38 y 38 v. La «Memoria» de Aviraneta en J. L. Franco, Documentos, pp. 345-358 (cita de p. 357). <<

[20] Leturia, Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, pp. 288-349, y «León XII y Bolívar»; Ramos, Del Archivo secreto vaticano, pp. 73-112; APG, Actas consejo ministros, VI, 1829, p. 181. En marzo de 1831, no obstante, se comprobó que de los cinco «vicarios apostólicos con carácter episcopal» que el Papa había nombrado para México, ninguno figuraba en las listas dadas por Fernando (Actas consejo ministros, 1831, p. 77). Para una visión general de los problemas de relación del Vaticano con los gobiernos europeos en estos años, Atkins y Tallet, Priests, prelates and people, pp. 89-92. <<

[21] Gaceta de Madrid, 27 de octubre de 1829, pp. 564-566 y 12 de enero de 1830, pp. 18-19; Franco, Documentos, p. XCVI y Política continental, pp. 396-399; Flores Caballero, La contrarrevolución, pp. 135-140; Anna, Forging Mexico, pp. 224-226; Bulnes, Las grandes mentiras, pp. 1-90; Historia documental de México, II, pp. 192-193; Costeloe, La primera república federal, pp. 222-226; Fernández, Últimos reductos españoles, pp. 269-279; Ortiz-Armengol, Aviraneta, pp. 350-374; Castillo Puche, Memorias íntimas de Aviraneta, pp. 161-179; también la biografía del mismo personaje por Ana María García en Burdiel, Liberales, agitadores…, pp. 129-153. Sorprendentemente, los españoles iban a repetir lo que Bolívar había proyectado unos años antes con el fin de derrocar a Itúrbide, cuando éste se proclamó emperador de México. Bolívar se proponía organizar una revolución en Cuba, de donde zarparía una pequeña flota de corsarios, mandada por un francés, el comandante Courtois, que desembarcaría en Tampico y avanzaría con sus tropas hacia la capital. La muerte de Itúrbide hizo que se abandonase el proyecto (Bousingault, «Documento sobre la expedición», p. 100). <<

[22] APG, Actas consejo ministros, VII, 1830, p. 58 (3 marzo 1830). La preocupación de los británicos por la independencia de las colonias americanas de España respondía sobre todo a los intereses de sus industriales y comerciantes. Éstos, que habían puesto unas grandes esperanzas en los mercados de los nuevos países de la América latina, empezaron presionando a su gobierno con mítines «a favor de la independencia de los nuevos estados de América», en los que se afirmaba sin ningún tipo de tapujos cuál era el motivo de su preocupación: el comercio con la América española «ha sido limitado en extensión y hecho inseguro en sus operaciones debido al carácter dudoso de la relación política subsistente», lo que hacía necesario que se reconociera su independencia (Noticias del mitin de Liverpool, del que saco las citas, en The Times, 7 de junio de 1824; en las semanas siguientes aparecen referencias a otros mítines parecidos en Manchester [19 junio 1824] y Leeds [1 julio 1824]. Sobre este tema Redford, Manchester merchants, p. 100; y la respuesta de Canga Argüelles, Breve respuesta a la representación de los comerciantes de Londres).

Como es bien sabido, las esperanzas que se habían puesto en estos mercados no se realizaron. Lo había avisado Flórez Estrada, que advirtió a los británicos que no sacarían más de América de lo que ya obtenían a través de España, porque para aumentar los beneficios era necesario que comprasen a los americanos sus propios productos, mientras que a los británicos lo único que les interesaba era obtener oro y plata.

Convencidos de que estos países eran una tierra de promisión, los ingleses hicieron préstamos arriesgados a gobiernos que no gobernaban mucho y que administraban mal. Buena parte de la culpa sería de la prensa británica, que creó ilusiones injustificadas en los inversores, haciéndoles creer que aquellos países vivían en paz y en orden, y les animaron a participar en aventuras todavía más arriesgadas que la compra de deuda pública. Como aquellas tierras tenían fama de ser fabulosamente ricas en recursos naturales, se esperaba que se podrían hacer grandes negocios con ferrocarriles, canales y, sobre todo, minas. Los prospectos de una compañía minera aseguraban que en el interior de Argentina el oro se encontraba por el suelo en forma de pepitas y que sólo había que agacharse para cogerlo. La euforia inversora llegó a tal punto que en 1825 las acciones de las nuevas empresas «americanas» multiplicaban su valor por diez sin haber llegado a dar resultado alguno, e incluso cuando las minas que se suponía que debían proporcionar los beneficios ni siquiera estaban en explotación.

Había sociedades para pescar perlas en Colombia —la Colombian Pearl Fishery Association, entre cuyos directores había dos lords y un diputado, que vio multiplicarse por doce el precio de salida de las acciones— o para intercambiar mercancías británicas por diamantes, esmeraldas y amatistas que —según decía el prospecto de otra compañía— abundaban en el interior de Brasil, de manera que bastaba con llevar algunos tejidos ingleses para persuadir a los inocentes nativos para que diesen un capazo de piedras preciosas a cambio. El entusiasmo y la ingenuidad de los inversores eran tan grandes que otra compañía, la General South American Mining Association, sacó a la venta dos millones de libras en acciones sin ni siquiera molestarse en explicar a los inversores qué clase de minas iban a explotar, ni dónde estaban sus concesiones. Los prospectos se limitaban a recordar que «era bien sabido que América del Sur abundaba en minerales valiosos y que contenía reservas inagotables de oro, plata, mercurio, cobre y otros minerales». Los británicos lo tenían claro; si los españoles se habían enriquecido en aquellas tierras, era lógico que lo hiciesen también ellos, que eran mucho más listos.

La burbuja especulativa estalló en 1826. Las minas no daban beneficios y los gobiernos a los que se habían hecho préstamos eran insolventes. Los millones de libras invertidos se perdieron. Uno de los principales negociadores de esta deuda, que participaría todavía en dos o tres crisis internacionales antes de arruinarse en una especulación a finales del siglo XX, era la banca Baring (Dawson, The first Latin American debt crisis; Chiapella, El destino del empréstito Baring).

Pero si las inversiones habían fracasado, el comercio era otra cosa. Y al ver que los resultados del tráfico no respondían a las esperanzas que se habían puesto en ellos, los comerciantes británicos pensaron que el fracaso de sus exportaciones a los mercados latinoamericanos se debía al hecho de que el miedo a una intervención española obligaba a los gobiernos americanos a hacer fuertes gastos militares y que esto sólo se podría evitar eliminando el temor a nuevas expediciones españolas, lo que explica las advertencias amenazadoras del gobierno británico.

Los gobernantes españoles no hicieron mucho caso de estas amenazas. Durante el verano de 1830 se examinaba en el consejo de ministros un nuevo proyecto de reconquista de México, cuando la revolución francesa de julio obligó a los ministros a preocuparse de otras cuestiones y a dejar de lado los proyectos americanos. Las dificultades financieras, que se agudizaron como consecuencia del esfuerzo militar a que obligaron los nuevos movimientos, llevaron a López Ballesteros a proponer en 1831 que se intentase sacar dinero de los nuevos países, aunque sólo fuese transfiriéndoles deuda, a cambio de reconocer su independencia. Sin éxito, ya que todavía no se había abandonado la ilusión de la reconquista.

Las relaciones con los nuevos países americanos tardarían en consolidarse. El primer tratado de paz y reconocimiento de las viejas colonias independizadas fue el firmado con México en 1836; seguiría el de Ecuador en 1840, el de Chile en 1844, de Venezuela en 1845 y de Bolivia en 1847. Con Argentina no llegaría hasta 1859, con Perú en 1865. Paraguay y Colombia esperaron a 1880, cuando ya llevaban setenta años de vida independiente, y Honduras no lo hizo hasta 1894.

Tampoco se puede decir que el sueño de la reconquista se abandonase del todo, en especial por parte de aquel sector tradicional que consideraba, de Menéndez Pelayo al general Franco, que la pérdida del imperio americano era el resultado de un complot masónico. Aparisi y Guijarro se hacía la ilusión de que el restablecimiento de la monarquía «tradicional» —es decir, absoluta— española con el triunfo del carlismo podía llevar a los países americanos a pedir reincorporarse a una especie de protectorado español, y el general Franco hacía cálculos, antes de acabar la guerra civil, para encontrar dinero para «la reconquista espiritual de América» (Costeloe, Response to revolution; Anna, España y la independencia de América; Kaufmann, La política británica y la independencia de la América Latina; Amarillas, Recuerdos, III, p. 48; Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, VI, pp. 159-164; J. de Boor [F. Franco], Masonería, p. 42). <<

[23] Gaceta de Madrid, 17 de enero de 1824, p. 36, y 27 de enero de 1824, p. 52. <<

[24] APG, Actas consejo ministros, II, 1825, pp. 64-65. <<

[25] APG, Actas consejo ministros, VI, pp. 17-21, 237-238, 244-271. El problema se analiza globalmente en Fontana, Hacienda y estado, pp. 148-152. Sainz de Andino, Escritos, II, p. 24. <<

[26] Arzadun, Fernando VII y su tiempo, pp. 265-271; Habler, María Josefa Amalia, pp. 236-247. Amalia parece haber sido un personaje estimado; dos oraciones fúnebres impresas en Mahón (Fábregas, La virtud en el trono, y Papelcudi, Oración fúnebre) insisten en la imagen de virtud de la reina. El panfleto carlista de Ruiz de Luzuriaga, Cuatro verdades, apunta «la especie, aunque horrorosa, que corre con valimiento», de que los revolucionarios podían haber matado a la reina, que murió «casi de repente de enfermedad violenta, desconocida, por lo menos no detallada o clasificada públicamente por los facultativos». No merece ningún crédito. <<

[27] APG, Actas consejo ministros, V, p. 205 (6 junio 1828); Arzadun, Fernando VII, p. 272. <<

[28] Lema, Calomarde, p. 91; Arzadun, Fernando VII, p. 278; Bayo, Historia Fernando VII, II, pp. 130-133; Villa-Urrutia, Fernando VII rey constitucional, pp. 192-194; Sucinta relación de las honras (de Barcelona y de Cervera); [Ceremonial para el bautismo de príncipe]. <<

[29] Fuente esencial de estos párrafos es Izquierdo, La cuarta boda de Fernando VII, passim. La decisión de la boda se dio a conocer en una real cédula de 26 de septiembre. Además F. Fernández de Córdova, Mis memorias, I, pp. 114-116; Villa-Urrutia, La reina gobernadora, pp. 19-27; Las alhajas de la corona, pp. 47-54; Arias Teijeiro, Diarios, II, pp. 55-56; una descripción puntual de las fiestas en Relación de la entrada; Quintana, Cristina, p. 15. El accidente de Miguel y el problema sucesorio que planteaba, en Oliveira Martins, Portugal contemporâneo, I, p. 167. <<

[30] Arzadun, Fernando VII y su tiempo, pp. 293-298 y 351-355; AHN, Estado, libro 43 d, Actas del consejo de Estado, 1883-1834 (14 octubre 1833). ¿Por qué se revocó el Auto acordado precisamente en 1789? ¿Y por qué se dejó en secreto? En la interpretación que da Bacallar en su historia de Felipe V esta ley exigía, además, «con circunstancia y condición que fuese este príncipe —es decir, el heredero de la corona— nacido y criado en España». Esto ha dado pie a una interpretación que sostiene que, al venir de Nápoles para reinar en España, Carlos III estaba preocupado porque sus hijos habían nacido en Italia; pero se tranquilizó cuando vio que eran bien recibidos en Barcelona y lo escribió a Tanucci en 1759. Éste le contestó que valía mucho más este recibimiento que el voto de las cortes. No paró, sin embargo, hasta hacer jurar príncipe de Asturias a su hijo en unas cortes, muy poco después. Por las dudas que pudiesen subsistir respecto de la interpretación de la ley habría sido bastante comprensible que Carlos IV, en el momento de subir al trono, propusiese que las cortes de 1789 derogasen el Auto acordado de 1713, lo que fue aceptado por unanimidad. Hay que decir, no obstante, que al plantearse la derogación, en ningún momento se habló de otra cosa que de la sucesión femenina.

Que no se publicase en el momento parece haberse debido simplemente al hecho de que en octubre de 1789, mientras todavía se estaban celebrando las cortes, el rey de Francia Luis XVI, cuyos intereses se veían afectados por este cambio en las reglas de sucesión, envió una carta en que se quejaba del trato que estaba recibiendo de los revolucionarios y declaraba nulo todo lo que se había hecho en Francia desde julio. Era inoportuno sacar a la luz en aquel momento el tema, que tampoco tenía urgencia. Que no se hubiese publicado explica que Juan de la Reguera mantuviese el Auto acordado en la Novísima recopilación, publicada en 1805, ya que desconocía el cambio que se había aprobado en 1789, como lo desconocía Martínez Marina al hacer la crítica de esta compilación. No me referiré a la infinita literatura que discutió después la legalidad o no de la publicación de la Pragmática en 1830; pero quiero recordar que, en el proyecto de testamento hecho en vida de Amalia, al justificar la anulación del Auto acordado de 1713, Fernando sólo menciona como motivo, en segundo término, el hecho de que «accede» a lo que los procuradores votaron en las cortes de 1789 y da como primer argumento, y fundamental, para justificar la derogación que lo hace «usando de mi soberano poder en que no reconozco superioridad en la tierra». Pragmática-sanción; AHN, Estado, libro 40 d, Actas consejo de Estado, 14 de abril de 1830; Testimonio de las actas de cortes de 1789 (las actas completas de estas cortes fueron publicadas en el volumen 17 de la Colección de documentos inéditos para la historia de España); Beaume, Naissance de la nation France, pp. 358-359 y 388-392; Bacallar, Comentarios de la guerra de España, pp. 238-239; Ferrer del Río, Historia Carlos III, I, p. 239 nota y p. 271; Muriel, Historia de Carlos IV, I, pp. 10-12; Longares, «Las últimas cortes del Antiguo régimen en España», pp. 161-162; Suárez, La pragmática sanción de 1830; Donoso Cortés, «Memoria sobre la monarquía», en Obras completas, I, pp. 65-75 (cita de p. 73); Martínez Marina, Juicio crítico de la Novísima recopilación. Sobre Reguera y la Novísima en relación con la ley sucesoria, Ruiz de Luzuriaga, Cuatro verdades, pp. 60-63. Para las protestas de los círculos «carlistas», Arias Teijeiro, Diarios, II; p. 149. <<

[31] Colección decretos, VII, XVIII (1833), pp. 248-253; Amarillas, Recuerdos, III, pp. 34-35; Burgos, Anales Isabel II, I, pp. 147-150. <<

[32] AHN, Estado, libro 40 d, 30 de agosto, 11 de octubre y 3 de noviembre de 1830; Arzadun, Fernando VII, pp. 301-305; Arias Teijeiro, Diarios, II, p. 5 (1 enero 1830), 17 (10 enero), 61 (3 febrero), 67 (6 febrero), 130 (13 marzo), 141 (22 marzo), 146 (26 marzo), 163 (5 abril), 180 (17 abril), 212 (15 mayo), 276 (1 julio), 323 (23 agosto), etc. Martínez de la Rosa, Bosquejo histórico, II, p. 161. Suárez Verdeguer ha escrito: «No la protestó don Carlos. No, sin embargo, porque aceptara una ley que ya era inevitable, sino porque el hacerlo hubiera supuesto el reconocimiento de esta ley». Razonamiento singular, según el cual todas las leyes que se publican sin que las proteste nadie no existen, porque nadie las ha reconocido. La verdad es que, mientras se mantuviese toda la compleja trama de revuelta e intimidación, la simple publicación de la ley de 1789 no significaba nada decisivo, como se vería muy pronto en La Granja. <<

[33] APG. Actas consejo ministros, VII, pp. 225-226 (25 septiembre 1830) y Arias Teijeiro, Diarios, II, pp. 386-387. En febrero de 1831 los desterrados piden, en vano, que les dejen volver a la corte (Actas del consejo de ministros, 1831, p. 44). <<

[34] APG, Actas consejo ministros, VIII, 1831, pp. 38-40. <<

[35] APG, Actas consejo ministros, VII, pp. 178-190 (5 y 8 agosto 1930). Donoso Cortés, «Exposición al rey don Fernando VII», en Obras completas, I, pp. 57-64. Véase el análisis que de la actitud de Donoso hacen Jesús Millan y M. Cruz Romeo en «Liberals i burgesos alhora? Els “respectables” en la nació liberal», en Josep Fontana, Història i projecte, II, pp. 925-939. <<

[1] Aparte del doble voto, se anuló la renovación anual de una quinta parte de la cámara y se estableció que la duración de ésta sería de siete años. Sobre los últimos días y la muerte de Luis XVIII, Lever, Louis XVIII, pp. 555-558; Decours, La dernière favorite, pp. 330-338; Poniatowski, Louis-Philippe et Louis XVIII, pp. 462-466; Marie-Amélie, Journal, pp. 313-329; Comptesse de Boigne, Mémoires, III, pp. 152-160; Mansel, Louis XVIII, pp. 423-428. Una vez muerto el rey, madame du Cayla se separó de su marido, se dedicó a la agricultura y creó una nueva raza de ovejas —bautizada «du Cayla»— cruzando ovejas inglesas y españolas con unas de Nubia que le había regalado el pachá de Egipto. Carlos X le concedió una pensión de 50 000 francos, que la ayudaron a mantener el lujoso tren de vida que llevaba en Saint-Ouen, el palacio que le había regalado Luis XVIII, donde murió en 1852. <<

[2] Fourcassié, Villèle, pp. 322-332; Waresquiel y Yvert, Histoire de la Restauration, pp. 374-380; Bertier de Sauvigny, La Restauration, pp. 370-386; Franke, «La loi de l’indemnité de 1825»; Raillat, Charles X. Le sacre de la dernière chance; Marie-Amélie, Mémoires, pp. 334-337; Guillet, La rumeur de Dieu, pp. 77-89; Casanova, Montlosier et la parti prêtre; Montlosier, Mémoire à consulter; Lenôtre, Les Tuileries, pp. 220-224. <<

[3] Fourcassié, Villèle, pp. 333-388; Bertier de Sauvigny, Restauration, pp. 388-396 y Metternich et la France, III, pp. 1113-1164 (cita de p. 1164); Waresquiel y Yvert, Histoire de la Restauration, pp. 387-400; Bertier, Souvenirs d’un ultra-royaliste, pp. 210-233 y 248-276; Barthélemy, Introduction du régime, pp. 101-104; Dupin, Mémoires, II, pp. 11-12. <<

[4] Gilmore, La république clandestine, pp. 69-73. <<

[5] Un extenso y documentado análisis del ministerio se encontrará en Boyer, Martignac, pp. 183-333, y un relato minucioso de la vida parlamentaria durante las sesiones de 1828 y 1829, en Dupin, Mémoires, II, pp. 19-112. Bertier de Sauvigny, La restauration, pp. 409-423 (dos citas de pp. 410 y 421-422); Rosanvallon, La monarchie impossible, pp. 93-98; Ferdinand de Bertier, Souvenirs d’un ultra-royaliste, pp. 277-289. <<

[6] Las negociaciones de los ultras en Ferdinand de Bertier, Souvenirs, pp. 290-308. Sobre la vida de Polignac, Robin-Harmel, Le prince Jules de Polignac, si bien tomo la mayor parte de los datos de las biografías de Rabbe, V, pp. 593-595; la opinión de Pozzo, en Bertier de Sauvigny, Metternich et la France, III, p. 1301; Pasquier, Mémoires 1830, p. 12, y Boigne, Mémoires, citas de pp. 264 y 270; Barthélemy, Introduction du régime, pp. 104-106; Dupin, Mémoires, II, pp. 113-114. Sobre la traición de Bourmont, Hamilton-Williams, The fall of Napoleon, p. 229. <<

[7] Waresquiel y Yvert, Histoire de la Restauration, pp. 443-449; Pasquier, Mémoires, pp. 47-54; Dupin, Mémoires, II, pp. 115-134; Pinkney, The French revolution of 1830, pp. 46-50; Pilbeam, The 1830 revolution in France, pp. 34-36. Mansell, Paris between empires, pp. 226-232. Sobre la expedición a Grecia, Bittard, Les campagnes de la Restauration, pp. 379-520; Lauvergne, Noticias de la Grecia; y Brewer, The flame of freedom, pp. 319-334; Hovasse, Victor Hugo, I, pp. 405-438. <<

[8] Sigo en esto la versión de Panzac, Les corsaires barbaresques, pp. 197-199. 246-247, 273 y 276-277, que se aparta totalmente de la tradicional, y ClancySmith, Rebel and saint, pp. 65-70. Sobre la deuda española y las dificultades del gobierno para pagarlo, APG, Actas consejo ministros, IV, pp. 18-20, 32-33, 41-42 y 47-49 (7, 11, 21 y 28 de octubre respectivamente). Una circular de la Intendencia de Policía de Cataluña explicaba en mayo de 1827 que la regencia de Argel «arrojó […] sus corsarios al mar, los cuales nos hicieron varias presas», pero que se ha hecho ya la paz (archivo del autor). Sobre la operación americana proyectada por los Bacri, Azara, Memorias, pp. 456-459. <<

[9] La primera versión es la que da Khodja en Le miroir, pp. 157-158; la de la carta del dey, de diciembre de 1827, la tomo de Hamdani, La vérité sur l’expédition d’Alger, pp. 62-63. <<

[10] Las versiones tradicionales francesas insisten en la gravedad del insulto hecho a Francia, calificando el incidente de «injure» (Charléty, La restauration, p. 361), «outrage» (Bittard, Campagnes de la restauration, pp. 558-560), «insulte» (Bertier de Sauvigny, La restauration, p. 438), etc. Una curiosa relación de la conquista de Argel, narrada en forma de novela, pero con notas documentales sobre los acontecimientos, que se publicó en Valencia en 1830, Orosman y Zora, o la pérdida de Argel. Novela histórica de 1830, recoge la versión de la ofensa al gobierno francés (por ejemplo en pp. 242-245). <<

[11] Un relato minucioso de los hechos militares, del lado francés, en Bittard, Les campagnes de la restauration, pp. 558-743; he utilizado también la visión de los vencidos que nos dan Hamdani, La vérité sur l’expedition d’Alger y, sobre todo, Khodja, Le miroir. Sobre el robo de los recursos públicos de la regencia, Khodja, Le miroir, pp. 178-184; Hamdani, La vérité, pp. 229-300. Sobre el contexto internacional, Schroeder, The transformation, pp. 668-670; ClancySmith, Rebel and saint, p. 71. <<

[12] Bertier de Sauvigny, La restauration, pp. 432-435; Waresquiel y Yvert, Histoire de la restauration, pp. 448-456; Pasquier, Mémoires, pp. 59-83; Bertier, Souvenirs d’un ultra-royaliste, pp. 360-365; Boigne, Mémoires, p. 320. <<

[13] Marie-Amélie, Journal, pp. 394-395; Pinkney, The French revolution of 1830, pp. 73-76; Bertier de Sauvigny, La révolution de 1830, pp. 26-55, Mansell, Paris between empires, pp. 226-237. <<

[14] Pinkney, The French revolution, pp. 84-88; Boigne, Mémoires, p. 313; Pasquier, Mémoires, pp. 88-91; Gilmore, République clandestine, pp. 98-102; Hamilton-Williams, The fall of Napoleon, pp. 123 y 292; Stanhope, Conversations with Wellington, p. 74. <<

[15] Pinkney, The French revolution, pp. 90-93; Bertier de Sauvigny, La révolution de 1830, pp. 57-67; Mansell, Paris between empires, pp. 237-239. La cita de Cabet, de Gilmore, République clandestine, p. 101. <<

[16] Pasquier, Mémoires, pp. 93-94; Dupin, Mémoires, II, pp. 138-139; Boigne, Mémoires, pp. 323-324 y 329; Pinkney, The French revolution, p. 108; Mansell, Paris between empires, pp. 239-242; Gilmore, République clandestine, pp. 104-109. <<

[17] Bertier de Sauvigny, La révolution de 1830, pp. 67-133; Pinkney, The French revolution, pp. 109-129 y 252-273; Pilbeam, The 1830 revolution, pp. 6165; Blanc, Historia de diez años, I, pp. 163-200; Mansell, Paris between empires, pp. 242-246; Newman, «What the crowd wanted»; Lamartine, Historia de la restauración, IV, pp. 562 y ss.; Bourset, Casimir Perier, pp. 186-194; LucasDubreton, La manière forte, pp. 29-40; Pasquier, Mémoires, pp. 102-194; Boigne, Mémoires, p. 370. <<

[18] Pinkney, The French revolution, pp. 143-153; Pasquier, Mémoires, pp. 110-144; Blanc, Historia de diez años, I, pp. 200-307; Marie-Amélie, Journal, pp. 397-400; Bertier de Sauvigny, La révolution, pp. 160-200; Dupin, Mémoires, II, pp. 142-149; Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, V, pp. 221-222 (sobre las ilusiones que se hacía el pobre Chateaubriand, Pasquier, p. 291, y la carta en apéndice en Boigne, Mémoires, p. 439); Mansell, Paris between empires, pp. 251-257; Gilmore, République clandestine, pp. 117-120. <<

[19] El nombramiento de lugarteniente que se ofrecía a Orléans estaba pensado para tranquilizar a los republicanos, ya que se trataba de un antiguo cargo honorífico, que no parecía tener implicaciones para el futuro. Pinkney, The French revolution, pp. 143-179; Bertier de Sauvigny, La révolution de 1830, pp. 200-269; Pamela Pilbeam, The 1830 revolution, pp. 150-186; Dupin, Mémoires, II, pp. 149-154 (cita de p. 150); Rosanvallon, La monarchie impossible, pp. 105-121; Marie-Amélie, Journal, pp. 398-401; ibid., pp. 153-192; Pasquier, Mémoires, pp. 207-213; Gilmore, République clandestine, pp. 120-129; Cartron, Louis XIX, pp. 232-242. La historia de la captura de la duquesa de Berry, en versión legitimista, en Lacombe, Berryer et la monarchie de juillet, pp. 80-94. <<

[20] Bertier de Sauvigny, La révolution de 1830, pp. 270-290; Pinkney, The French revolution, pp. 181-195; Antonetti, Louis-Philippe, pp. 597-615; Pasquier, Mémoires, pp. 192-207; Dupin, Mémoires, II, pp. 160-166; Rosanvallon, La monarchie impossible, pp. 281-358; Bled, Les lys en exil, pp. 11-27; Pilbeam, The 1830 revolution, pp. 150-186, y Republicanism, p. 99; Nettement, Henri de France, pp. 29-36; Broglie, Guizot, pp. 109-124; Louessard, La révolution de juillet, pp. 151-158 y 187. Tomo la cita de Stendhal, de «Lucien Leuwen», de Gilmore, République clandestine, p. 133. <<

[21] Schroeder, Transformation of European politics, pp. 670-691. <<

[22] Zawadzki, A man of honour, pp. 234-258. <<

[23] Troubetzkoy, Imperial legend, pp. 133-161; Bondeson, The great pretenders, pp. 121-150 («The emperor and the hermit»); Troyat, Alexandre I, pp. 371-399; Palmer, Alexander I, pp. 400-417; Vida privada, pp. 94-138; Hosking, Russia, pp. 171-182. <<

[24] Mazour, The first Russian revolution, passim; Heller, Histoire de la Russie, pp. 686-695; Wortman, Scenarios of power, pp. 264-279; Informe presentado a S. M. el emperador de Rusia, p. 144. Entre los condenados había, «65 oficiales que habían estado en Borodino y otros 52 que habían luchado en defensa de su patria en 1812» (Zamoyski, 1812, p. 552). <<

[25] Zawadzki, A man of honour, pp. 300-321. Sobre el cólera, Chevalier, Le choléra, donde hay un trabajo de Netchinka, Sivkov y Sidorov sobre Rusia, y buena información sobre la epidemia de 1832 en París, cuando se duplicó el número de muertos de los años 1817-1822; existe un folleto interesantísimo, Memoria descriptiva de cólera-morbo epidémico, publicado en 1832 por Antonio Falp, un médico, al parecer catalán, que era cirujano mayor de los hospitales de Varsovia y de las guardias imperiales rusas, que explica lo que ocurrió en Varsovia (pp. 47-54) y observa que los muertos han sido muchos menos entre «la clase de los oficiales» que entre «la de soldados». <<

[26] Candeloro, Storia dell’Italia moderna, II, pp. 160-242; Piccioni, I moti carbonari del 1831; Ruffini, Le cospirazioni del 1831, passim; Hughes, Crime, disorder and the Risorgimento; Mack Smith, Il risorgimento italiano, pp. 69-96; Caravale y Caracciolo, Lo stato pontificio, pp. 615-625. <<

[27] Nipperdey, Germany, pp. 323-333; Palmer, Metternich, pp. 246-262; Schroeder, The transformation, pp. 699-705. <<

[28] Rude, L’insurrection lyonnaise de novembre 1831; Moissonnier, La révolte des canuts; Pinkney, The French revolution, pp. 214-217; Magraw, A history of the French working class, I, pp. 58-66. <<

[29] Hinde, George Canning, pp. 432-461; Longford, Wellington (ed. 1975), pp. 196-209; Thompson, Wellington, pp. 70-81; Holmes, Wellington, pp. 270-274; Gash, «The duke of Wellington and the prime ministership, 1824.30», en Gash, ed., Wellington, pp. 117-138; Hilton, Corn, cash, commerce, pp. 269-301; Gambles, Protection and politics, pp. 45-55. Un análisis minucioso y formal, interno, del funcionamiento del gobierno en Jupp, British politics. <<

[30] Longford, Wellington, pp. 210-246; Gash, Aristocracy and people, pp. 134-142; K. A. Noyce, «The duke of Wellington and the catholic question», en Gash, ed., Wellington, pp. 139-158; Thompson, Wellington, pp. 82-98. <<

[31] Brock, The great reform act, pp. 15-49, hace una excelente descripción de la decadencia y corrupción del viejo sistema; Molesworth, History of the reform bill, pp. 44-48 (una denuncia de los abusos en el discurso de lord John Russell, pp. 103-119); Dinwiddy, From luddism, p. 45. <<

[32] Longford, Wellington, pp. 282-300; Thompson, Wellington, pp. 101-109; Brock, The great reform act, pp. 86-118; Molesworth, History of the reform bill, pp. 54-65. <<

[33] Smith, Lord Grey, p. 259. <<

[34] Una descripción del malestar del país en estos momentos se encontrará en Molesworth, History of the reform bill, pp. 75-95. Thompson, Formación clase obrera, II, p. 434. Sobre las revueltas campesinas, entre otros, Hobsbawm y Rude, Captain Swing; Dunbabin, Rural discontent; Charlesworth, An atlas of rural protest, pp. 151-154; Archer, By a flash, pp. 89-101, etc. <<

[35] Sobre la formación de una cultura política popular en estos años, James Vernon, Politics and the people; sobre la colaboración de la pequeña burguesía y los trabajadores en las campañas por la reforma, Taylor, Popular politics, pp. 41 y ss. Mitchell; Lord Melbourne, pp. 119-128, cita de p. 123. <<

[36] Brock, The great reform act; Taylor, Popular politics, p. 47; Gash, Pillars of government, p. 56. <<

[1] «Un changement dans la forme politique de l’Espagne me paraît désormais inévitable. L’ordre des choses actuel peut durer plus de temps que je ne pense: sa prolongation dépend de la vie du roi, et encore bien plus de l’état des finances. Mais à la première secousse un peu forte, vous verrez un bouleversement total et que ne peut avoir lieu sans de grands malheurs» (Custine, L’Espagne sous Ferdinand VII, p. 614). <<

[2] La obra fundamental sobre el exilio inglés es la de Llorens, Liberales y románticos, a la que se puede añadir el capítulo «En la emigración» de su El romanticismo español (pp. 33-191), y Sanz Testón, Liberales asturianos exiliados en Inglaterra (con abundantes noticias sobre el canónigo Miguel de Riego); sobre el exilio francés, Rubio et al., «Aproximación sociológica al exilio liberal»; Sánchez Mantero, Liberales en el exilio, sin olvidar viejos trabajos como los de Mathorez o Sarrailh. También la segunda parte, «Los trabajos y los días del emigrado José de Espronceda», en Espronceda y su tiempo de Marrast. Habría que citar además los trabajos biográficos sobre otros emigrados, como Jardí, Antoni Puigblanch, Juan L. Carrillo, Juan Manuel de Aréjula, etc. Las críticas de Puigblanch a Canga Argüelles y a Mina en Opúsculos, I, pp. CXI-CXIII. La noticia de la llegada de Mina a Porstmouth en The Times, 3 de diciembre de 1823 (el periódico sigue ocupándose de él en días siguientes), con detalles complementarios en Vega de Mina (Apuntes, pp. 348-360) y en el texto autobiográfico publicado en 1825 en Londres (Espoz, Breve extracto, pp. 102-107). La muerte de María Teresa del Riego, en el Times del 22 de junio de 1824. Para una revisión de las valoraciones sobre Mina y su papel como dirigente en el exilio, con una amplia reseña de la bibliografía que se le ha dedicado, Ramón del Río, «Espoz y Mina, el maldito», en Josep Fontana, Història…, II, pp. 1023-1032. Borrow asegura que Alcalá Galiano hablaba y escribía muy bien el inglés y que esto le permitió ganarse la vida escribiendo para revistas y diarios, una ocupación a la que pocos otros exiliados en Inglaterra pudieron dedicarse (The Bible in Spain, p. 132). <<

[3] Olózaga, Estudios sobre elocuencia, p. 296. Hay noticias sobre los agentes y espías al servicio de Fernando VII en los diversos trabajos de Gil Novales (por ejemplo, en Las sociedades patrióticas, II, pp. 801-802; sobre Ramón César de Conti, en II, pp. 900-901; sobre Vicenta Oliete, en II, pp. 895-896, sobre Asensio Nebot, etc.), de Morange, Siete calas, «José Manuel Regato», pp. 151-205; de Pegenaute, Trayectoria Regato; de Lancha, Flórez Estrada, p. 194; de Zavala, Masones, comuneros, pp. 279-300; de Benito Ruano, «De la emigración política», de Saurín, Manuel Pardo de Andrade, pp. 330-333; etc. Las noticias sobre Oro en Guereña, La prostitución, pp. 104-105; una memoria que evidencia el trabajo de delator de Baiges está reproducida en Sánchez Mantero, Liberales en el exilio, pp. 195-202. Sobre Miñano, Berazaluce, Sebastián de Miñano, pp. 270-285; y Suárez, López Ballesteros, I, pp. 251-253. Es una lástima que Morange se haya limitado a estudiar el primer Miñano (Paleobiografía, 1779-1819), con la idea de que el segundo estaba ya bien estudiado por Berazaluce. Sobre Paulina Méndez Vigo, Llorens, Liberales y románticos, pp. 7072. Sobre la frustrada expedición de la «Mary of London», Alcalá Galiano, Historia de España, VII, pp. 294-296, y Sanz Testón, Liberales asturianos, pp. 117-120. Brancato, Don Pedro I de Brasil, posible rey de España e Irene Castells, «Los orígenes del iberismo». <<

[4] La obra fundamental sobre estos intentos es la de Irene Castells, La utopía insurreccional del liberalismo, que seguiré básicamente en estas páginas, con detalles adicionales tomados de su contribución en Burdiel, Liberales, agitadores…, pp. 76-98. Utilizo también el Espronceda de Marrast, el trabajo de Alberto Gil Novales «Repercusiones españolas de la revolución de 1830», las memorias de Espoz y Mina («Expedición a España en 1830, llamada de Vera», en la edición de Atlas de las Memorias, II, pp. 141-222), las de Alcalá Galiano (y su Historia de España) y la vida de Torrijos escrita por su viuda. El cuadro de las diversas juntas y de las disensiones entre Mina y Torrijos está muy bien analizado en Castells, Utopía insurreccional, pp. 113-165; sobre estos últimos momentos, en plena preparación de la invasión, pp. 166-179, además de Alcalá Galiano, Historia de España, VII, pp. 294-302; Reig, Vicente Salvá, pp. 157-163 (con referencia al papel de Rotalde, sobre el cual Rees, «Un refugiado agresivo», Hispania, 150 [1982], pp. 207-219), etc. Sobre Mina y Torrijos en el exilio, Llorens, Liberales y románticos, pp. 92-124. Sobre el complicado entramado de las juntas de Perpiñán, Garcia Rovira, «Històries de l’exili», en Josep Fontana, Història…, II, pp. 1047-1057. El pánico del gobierno español le hacía ver fantasmas como el de creer que Mina tenía ofrecimientos de ayuda de muy arriba, «habiendo indicado Soult que aún no ha renunciado enteramente a visitar su antigua residencia de Sevilla». <<

[5] Castells, Utopía insurreccional, pp. 166-176; Marrast, Espronceda, pp. 145-150; Actas consejo ministros, 1831, pp. 23-24, 49, 63, 70-71, 203-204 y 263-264. Sobre la financiación, Janke, Mendizábal, pp. 43-52; Reig, Vicente Salvá, pp. 163-168; Olózaga, Estudios sobre elocuencia, p. 297. <<

[6] Espoz y Mina, Memorias, II, pp. 149-182; Núñez de Arenas, «Españoles fuera de España. La expedición de Vera en 1830 según documentos inéditos de policía», en L’Espagne des lumières, pp. 243-291; Lasa, Jáuregui el guerrillero, pp. 247-248; Iribarren, Espoz y Mina el liberal, pp. 377-387; Marrast, Espronceda, pp. 150-154; Decretos Fernando VII, 15 (1830), pp. 371-373. El poema «A la muerte de don Joaquín de Pablo (Chapalangarra)», en Espronceda, Poesías, pp. 137-140. La Gaceta de Madrid daba una imagen triunfal de los combates contra los expedicionarios: 19 de octubre, p. 515; 21 de octubre, pp. 519-520 (sobre el levantamiento de Orense); 23 de octubre, pp. 523-524; 28 de octubre, pp. 526-528 (muerte de Chapalangarra); 28 de octubre, p. 529 (fusilamiento de los presos de Galicia); 30 de octubre, pp. 533-534 (invasión de Cataluña, encabezada por Baiyes [sic], el hijo de Milans i Brunet); 2 de noviembre, p. 542 (se da la invasión por derrotada); 4 de noviembre, p. 546 (derrota de la invasión por Cataluña); 6 de noviembre, pp. 549-550 (huida de Mina y de Jáuregui); 9 de noviembre, p. 553; 11 de noviembre, pp. 557-558; 13 de noviembre, pp. 559-560 (intento de entrada por Aragón) y pp. 561-562; 16 de noviembre, p. 563 (Aragón) y pp. 565-566; 20 de noviembre, pp. 573-574 (fusilados en Aragón); 4 de diciembre, p. 600 (nueva tentativa en Cataluña). Sobre el intento por Cataluña, Garcia Rovira, «Històries d’exili»; Feito, Evaristo San Miguel, pp. 121-131, nos dice que Milans, «baldado y medio mudo», parecía «un cadáver recién desenterrado»; fueron sus hijos los que entraron con las tropas. En relación con la junta de Perpiñán estaban los conspiradores de Valencia (Boix, Historia Valencia, III, pp. 221-222). <<

[7] Fontana, Hacienda y estado, pp. 175-177. Sobre las comisiones militares, Decretos Fernando VII, XVI (1831), pp. 127-132, y Actas consejo ministros, 9 de marzo de 1831, pp. 67-68 y 19 febrero, p. 47. Gaceta de Madrid, 9 de noviembre de 1830, p. 550. La disposición de primero de octubre en Biblioteca de Catalunya, Fullets Bonsoms, 8290. En la misma serie, folletos 8278 y 8282, se encontrarán disposiciones del conde de España destinadas a convencer a los hombres que habían luchado con el barón de Eroles para que formasen unos «batallones católicos y reales». <<

[8] Flores, Bandolerismo en Extremadura, pp. 98-103; sobre los recuerdos de Disraeli, Cardenal, Comentarios y recuerdos, pp. 67-69. Las noticias de 1830 de Actas consejo ministros, VII, 27 de septiembre de 1830, p. 232; las de 1831 de Actas consejo ministros, VI (1831), pp. 205, 208-209 y 243. Sobre los bandidos andaluces en 1831 y sobre José María, en concreto, Custine, L’Espagne, pp. 531-538, 644-645 y passim; Rodríguez Martín, José María «El Tempranillo», pp. 247-302. Sobre el indulto del Tempranillo y de los otros, APG, Actas consejo de ministros, IX (1832), pp. 171-172 (16 junio), y Santos, Bandolerismo en Andalucía, 2, pp. 71-137. <<

[9] De una disposición del capitán general, firmada en Valladolid el 26 de junio de 1832, del archivo del autor, que reproduce la real orden de Gracia y Justicia, que no aparece en la Colección de decretos, donde la única disposición del ministerio publicada en este mes es una real orden «prohibiendo a los seglares la venta de mortajas de la orden de S. Francisco» (Colección de decretos, XVII, 1832, pp. 103-104). <<

[10] El presupuesto para 1830 en Guía hacienda 1829, pp. 413-429; los aumentos de impuestos y la creación de nuevos, en pp. 429-533. Los cálculos sobre el volumen de la deuda, de la memoria ministerial de Toreno, reproducida en Suplemento Gaceta de Madrid de 9 de agosto de 1834. Sobre estas cuestiones, Fontana, Hacienda y estado, pp. 173-177 (y pp. 155-157 por lo que se refiere a la deuda de Holanda). El discurso de García Carrasco en Suplemento Gaceta de Madrid de 19 de septiembre de 1834, pp. 6-8. <<

[11] APG, Actas consejo ministros, VII (1830), p. 224 (25 septiembre); pp. 234-235 (29 septiembre); pp. 249-250 (16 octubre); pp. 274-275 (6 noviembre); Sainz de Andino, Escritos, II (memoria de 1829); p. 161 (sobre la unidad de caja); pp. 69-83 (sobre el ministerio del Interior, cita de p. 75) y III; pp. 2737 y 211-304 (las citas de Calomarde, pp. 219-220); AHN, Estado, libro 41d Consejo de Estado 1831, del 14 de febrero al 7 de marzo de 1831; Actas consejo ministros 1831, pp. 119-130, 140-142 y 148-151. Arias Teijeiro, Diarios, II, p. 332. Sobre el ministerio de Fomento, en una perspectiva más larga, Nieto, Los primeros pasos, pp. 211-221. La regencia había creado en 1824 un ministerio «de lo Interior», confiado a José Aznárez, que se suprimió el primero de octubre, ya que «este sistema […] no pudo conformarse con la existencia de esta mejora, mirándola como una innovación peligrosa. […]. Por lo tanto, refundió este ministerio en los demás, dejando todas las cosas como antes» (Moscoso en Suplemento Gaceta de Madrid del 6 de agosto de 1834; también el mismo en la del 19 de agosto de 1834). Las cuestiones de hacienda se analizan con más detalle en Fontana, Hacienda y estado, pp. 173-183. Las que hacen referencia al empréstito de 1831, el último de Aguado y del reinado, demasiado complejo para sintetizarlo aquí, en pp. 157-161. El discurso de García Carrasco en Suplemento Gaceta de Madrid del 19 de septiembre de 1834, pp. 7-8. El texto de la nota de Fernando VII, no obstante, no es el que da García Carrasco, sino el que saco de una lectura directa de la reproducción fotográfica que publica Natalio Rivas en Luis López Ballesteros, que se ocupa de este asunto en las pp. 127-136, sin enterarse de qué va. <<

[12] Castells, Utopía insurreccional, pp. 179-199; Sáenz de Viniegra, Vida Torrijos, I, pp. 397-428; Gaceta extraordinaria de Madrid del sábado 12 de marzo de 1831, p. 117, donde se elogia la traición de los serranos; Llorens, Liberales y románticos, pp. 135-136; Actas consejo ministros, 1831, pp. 60-61; Aguado, El duque de Ahumada, pp. 115-116; Ruz, Adra siglo XIX, p. 128. <<

[13] Castells, Utopía insurreccional, pp. 199-206; Sáenz de Viniegra, Vida Torrijos, I, pp. 429-437; Gaceta extraordinaria de Madrid del sábado 12 de marzo de 1831, p. 117, donde el capitán general de Andalucía asegura haber hecho 400 prisioneros; Cambronero, Torrijos, pp. 181-182. Una breve descripción del movimiento de Cádiz en Arnaud, Aventuras de un renegado español, I, pp. 1524; el cuerpo de la obra, igual que el de la de López y Espila, Los cristianos de Calomarde, se dedica a explicar los padecimientos de los fugitivos que tuvieron que convertirse al islam para salvar la vida. <<

[14] Gaceta extraordinaria de Madrid del sábado 12 de marzo de 1831, p. 117; Sáenz de Viniegra, Vida Torrijos, I, pp. 439-442; Castells, Utopía insurreccional, pp. 189-190; Fernández de los Ríos, Olózaga, pp. 163-193; Gil Novales, Del Antiguo al nuevo, pp. 177-221, con la composición de algunas de las juntas y noticias sobre su relación con otros movimientos españoles y europeos; Arias Teijeiro, Diarios, III, pp. 64, 69 y 86-87. Sobre los problemas de piel que Isabel tenía desde pequeña, Burdiel, Isabel II, pp. 95-99, y Amarillas, Recuerdos, III, p. 45. Sobre Miyar, Cucalón, Panteón de los mártires, III, pp. 317-336, sobre su ejecución, Custine, L’Espagne, pp. 73-74; sobre el asesinato del gobernador de Cádiz y los días de terror que siguieron, ibid., pp. 387-390 y 365. <<

[15] Rodrigo, Mariana Pineda; Ortiz de Villajos, Doña Mariana Pineda; Gallego, Granada en el reinado de Fernando VII, pp. 109-115; Cucalón, Panteón de los mártires, III, pp. 185-242; Custine, L’Espagne, pp. 615-617. <<

[16] Castells, Utopía insurreccional, pp. 207-226. Irene Castells es la única persona que ha podido consultar los papeles de Torrijos, la mayor parte de los cuales, procedentes de la biblioteca de Cánovas del Castillo, fueron vendidos en 1910 por los herederos de éste a un librero de Leipzig, Karl W. Hiesermann, que los vendió a su vez al hispanista norteamericano Archer M. Huntington, el cual se los llevó a la Hispanic Society de Nueva York, donde han estado desde hace cerca de un siglo, prácticamente inconsultables (es necesaria la autorización de los descendientes para hacerlo, y el último de Torrijos desapareció en Yugoslavia durante la segunda guerra mundial). En Sáenz de Viniegra, Vida de Torrijos, I, pp. 440-474, se transcriben las cartas que escribe a su esposa. <<

[17] Castells, Utopía insurreccional, pp. 207-251; Sáenz de Viniegra, Vida de Torrijos, I, pp. 477-568; Cambronero, Torrijos, pp. 188-222. La captura de Torrijos recibe una atención extraordinaria en la Gaceta de Madrid. Las primeras noticias se dan en una Gaceta extraordinaria de 8 de diciembre, p. 663 (de donde proviene lo que hace referencia a la «bandera tricolor»), otra extraordinaria de 15 de diciembre, p. 677, da la lista de los fusilados y todavía hay un extenso Suplemento al artículo de oficio […] del martes 20 de diciembre, pp. 687-691, donde se reproducen una serie de relatos de los participantes en la persecución y captura. El nombramiento de González Moreno como capitán general en Gaceta de Madrid, 3 de enero de 1832, p. 4. <<

[18] Antonio Machado, «Torrijos y sus compañeros», cita de p. 61. <<

[1] Actas consejo ministros, 1831, pp. 266-278; para no multiplicar las citas de las actas del consejo de ministros de 1832 remito a Fontana, Hacienda y estado, pp. 186-190. El escrito de dimisión de López Ballesteros, de 8 de abril de 1832, en Archivo General de Palacio, Madrid, sección histórica, caja 293. Las discusiones en el consejo de estado en AHN, Estado, libro 42 d, sesiones del 12 de julio al 24 de diciembre de 1832. Finalmente el 10 de abril de 1833, después de haber pasado meses sin ocuparse del tema, convencidos de que con el tiempo que había transcurrido se debían haber tomado nuevas medidas, los consejeros preguntaban al rey, por intermedio del nuevo ministro de Hacienda, Antonio Martínez, si seguía interesando su dictamen y avisaban que, en tal caso, habría que enviarles la documentación adicional que pudiese existir. «Situación del real herario en 1.º de enero de 1833, firmado por el ministro de Hacienda Sr. Encima y Piedra». Archivo General de Palacio, Madrid, sección histórica, caja 294. <<

[2] Utilizo como base el viejo libro de Oliveira Martins, Portugal contemporáneo (cita literal de I, p. 106), actualizándolo con Mattoso, Historia de Portugal, V, pp. 74-94, y Brancato, Don Pedro I de Brasil, pp. 365-393 (cita literal de p. 392). Para el contexto general de las relaciones con España, Ciordia, «España en la segunda crisis»; sobre los conspiradores españoles en 1828, Moral Ruiz, «Realistas, miguelistas y liberales», pp. 248-250. <<

[3] Actas consejo ministros, 1831, pp. 199-202 (8 octubre); 253-254 (7 diciembre); 280-282 (21 diciembre). APG, Actas consejo ministros, IX (1832), pp. 17-18 (18 enero); pp. 24-25 (19 enero). Cuando los ingleses plantearon la posibilidad de una conferencia internacional sobre Portugal, parecida a la que se había realizado sobre Bélgica, Zea recibió instrucciones de Madrid para resistirse tanto como fuera posible: les daba miedo cualquier cambio que pudiese llevar el liberalismo. <<

[4] APG, Actas consejo ministros, IX (1832), p. 10 (11 enero); pp. 49-52 (18 y 22 febrero); pp. 58-60 (25 febrero); p. 65 (3 marzo); p. 128 (21 abril) sobre disolución del cuerpo de la frontera de Portugal; pp. 182-190 (7-14 julio). Hay una necrología de González Salmón en Gaceta de Madrid de 11 de febrero de 1832, pp. 73-74; el nombramiento de Alcudia, firmado el 30 de enero, no se publica, no obstante, en la Gaceta hasta el 16 de febrero (véase también AHN, Estado, libro 42d, 20 de febrero de 1832). Amarillas, Recuerdos, III, pp. 25-34, sobre el cólera en Andalucía. La «instrucción popular» sobre el cólera en Suplemento a la Gaceta de Madrid del 14 de abril de 1832. Noticias en Suplemento a la Gaceta de Madrid del 23 de agosto de 1834. Pérez Moreda, Las crisis de mortalidad, pp. 392-395. El cólera de Badajoz en Rodríguez Flores, Morir en Badajoz. El cólera de 1833. <<

[5] Arzadun, Fernando VII y su tiempo, pp. 300-305; Suplemento a la Gaceta de Madrid de 31 de enero de 1832, y Decretos Fernando VII, XVII (1832), pp. 11-12 y 57-58. Francisco de Paula y su esposa iban a Córdoba, de donde saldrían para pasar a Sevilla el 17 de julio, allí tomaron el vapor río abajo para llegar al Puerto de Santa María el 20. Volvían el 27 a Sevilla para proseguir viaje hacia Málaga y Granada, pero se apresurarían a partir hacia La Granja en septiembre, al tener noticia de la enfermedad del rey; el día 2 hicieron el viaje de El Escorial a La Granja. Los datos sobre este viaje proceden del seguimiento que se ha realizado en la Gaceta de Madrid. <<

[6] Por lo que se refiere a la salud del rey se ha hecho un seguimiento de las noticias de la Gaceta de Madrid entre julio y diciembre de 1832. Las noticias sobre la primera enfermedad en las Gacetas del 10 al 31 de julio; durante el mes de agosto, en cambio, no se dan noticias sobre la salud real. Reaparecen hacia el 30 de agosto y las más dramáticas, en ocasiones en que se dan comunicados médicos hasta cuatro veces al día, son las que se publican los días 18 y 20 de septiembre. La del 22, con noticias del 19 y 20, habla ya de estabilidad. Las citas del nuncio son de Cárcel, Correspondencia Tiberi, pp. 689-692. <<

[7] Hay dos narraciones minuciosas de los acontecimientos de estos días, la de Federico Suárez, Los sucesos de La Granja, de la cual conviene aprovechar, sobre todo, los documentos que publica en el apéndice (los «apuntes» de González Maldonado, las declaraciones y cartas de Calomarde, etc.) y, mucho mejor que ésta, la de Julio Gorricho, «Los sucesos de La Granja», que aporta la correspondencia del embajador de Austria, Brunetti con Metternich (por poner un ejemplo: el análisis de Gorricho de los acontecimientos del día 14, pp. 285-289, desmonta las fantasías de Suárez en pp. 84-88). <<

[8] Gorricho, «Sucesos», pp. 291-392 y 324. Notas biográficas de los tres diplomáticos implicados, muy escasas las de Brunetti, en las pp. 292, 297 y 299, notas. La política napolitana que debía defender Antonini en Urquijo, Relaciones entre España y Nápoles, pp. 26-31. Sobre la actuación posterior de Alcudia al servicio del pretendiente, Melgar, Pequeña historia, pp. 41-42. Sobre la guardia y los sirvientes, Encima y Piedra, De los sucesos, p. 40. El miedo de Calomarde, en la carta reproducida en Jiménez-Landi, Una ley de sucesión, pp. 401-493; sus lloros, en el texto de Grijalva que da Gorricho en la p. 437. Martínez de la Rosa, Bosquejo histórico, II, p. 337. Por lo que se refiere a las comunicaciones entre Madrid y La Granja, Ángel García Sanz me ha proporcionado un documento del Archivo Municipal de Segovia, legajo 869, del año 1774, que dice: «siendo preciso que el día que Su Majestad y Altezas vengan al Real Sitio de San Ildefonso estén prevenidos en el puerto de la Fuenfría y sitio que dizen Quebrantaherraduras ochenta y dos hombres para sostener de las cuerdas los coches de Su Majestad y Altezas…». No parece que hubiesen mejorado mucho desde entonces, como se verá en el capítulo siguiente, al hablar de un viaje de invierno de María Cristina. <<

[9] Gorricho, «Sucesos», pp. 302-317; utilizo el relato de Cristina en la edición de Jiménez-Landi, Una ley de sucesión, pp. 389-395 (citas de pp. 390, 392 y 394). Donoso, «Historia de la regencia», en Obras completas, II, p. 848; Burdiel, Isabel II, pp. 55-58. <<

[10] Donoso, «Historia de la regencia», en Obras completas, II, p. 849; Gorricho, «Los sucesos», pp. 315-326 (la carta de Cristina a su hermano, de 13 de febrero de 1833, en p. 321; el testimonio de Brunetti, en p. 323). Tomo las citas del relato de Cristina del de Gómez Maldonado y de Calomarde de los apéndices en Jiménez-Landi, Una ley de sucesión, pp. 383-395. <<

[11] Gorricho, «Sucesos», pp. 335-338; Encima y Piedra, De los sucesos, pp. 29-30. Muestras de esta inmensa literatura sobre la ley de sucesión son, por ejemplo [Pou], Carlos V de Borbón, rey legítimo de España, de 1837, que argumenta que el auto acordado de 1713 era una ley fundamental, pero no puede demostrar que hubiese sido aprobada en cortes, y que se contrapone en esto a Zea, La verdad sobre la cuestión, de 1839, que sostiene la ilegitimidad del auto acordado, igual que Donoso en su «Memoria sobre la monarquía», etc. <<

[12] Donoso Cortés, «Historia de la regencia», en Obras completas, II, pp. 853-861; Encima y Piedra, De los sucesos, p. 40; Doublet, Vie de S. M. D. Carlos V, p. 32; Martínez de la Rosa, Bosquejo histórico, II, p. 337. Sobre las actitudes políticas de Francisco de Paula y de su esposa, Moral Roncal, «Los límites de un mito liberal». Sobre la infanta, su enemistad con las dos princesas portuguesas y la bofetada que le había dado años antes a Calomarde —no ahora, como quiere el mito, cuando su actuación parece haber sido de escasa importancia—, Burdiel, Isabel II, pp. 48-49 y 59-60. <<

[13] Gorricho, «Sucesos», pp. 347-355; Decretos Fernando VII, XVII (1832), pp. 221-222, 224-225, 232-233, 239 y 244-248. Gaceta de Madrid, 9 de octubre, 13 de octubre (nombramiento de Puig y destituciones de Vives y de Eguía, compensado con el título de conde de Casa Eguía), 16 de octubre (destituciones de Fournás, González Moreno y O’Donnell, Sampere, Santos Ladrón y Romagosa), 20 de octubre (decreto de amnistía), 23 de octubre (decreto de amnistía, repetido para corregir una errata; destitución de Marcelino de la Torre como superintendente de policía), 1 de noviembre (instrucciones para la aplicación del decreto de amnistía), 10 de noviembre (creación del ministerio de Fomento). Las depuraciones militares se pueden seguir con comodidad en Bullón, Primera guerra carlista, pp. 25-32, y los cambios ministeriales en Urquijo, Gobiernos y ministros españoles (los de estos meses en p. 35). A O’Donnell le había querido procesar Cafranga por «una circular que se supone pasó […] a los gefes de los cuerpos de su mando exortándoles a que proclamasen a Carlos 5.º, si llegase el caso de fallecer S. M. en San Ildefonso» (APG, Actas consejo ministros, X [1833], p. 28). Real cédula […] por la cual se concede la amnistía más general y completa… Las diversas justificaciones de Calomarde en Suárez, Los sucesos, pp. 322-341; Lema, Calomarde, pp. 105-110; sobre sus justificaciones y peticiones desde Francia, APG, Actas consejo ministros, X (1833), pp. 170 (24 mayo) y 184 (2 junio); Bayo, Historia Fernando VII, III, p. 373; Amarillas, Recuerdos, III, p. 16. Sobre las limitaciones de la amnistía, Luis, L’utopie réactionaire, pp. 156-159; una valoración más positiva en Garcia Rovira, La revolució liberal, p. 36. Se acostumbra a decir que Calomarde, una vez en el exilio, fue marginado por los carlistas, pero Brea, en Políticos del carlismo, asegura que «el señor de Calomarde fue el presidente de la junta carlista que se constituyó en Toulouse (Francia), la cual estuvo en constantes tratos y comunicación con muchas juntas carlistas de España y del extranjero», en una actuación que suscitó la reclamación del gobierno español y llevó al francés a expulsarle; se fue entonces a Roma, pero volvió a Toulouse al acabar la primera guerra carlista (p. 56). <<

[14] Cárcel, Correspondencia Tiberi, pp. 696, 700 y 713; García Mercadal, Palafox, pp. 358-359: el «manifiesto» de la reina en que capitaliza su participación en las nuevas medidas y proclama que «también soy española por origen, por elección y por cariño», en Gaceta extraordinaria del 15 de noviembre de 1832; APG, Actas consejo ministros, IX (1832), pp. 248-249 (10 noviembre); 270-271 (24 noviembre), 273 (2 diciembre), 274-280 (5 diciembre) y 283-284 (26 diciembre); Decretos Fernando VII, XVII, pp. 313-316, y Gaceta de Madrid del 1 de enero de 1833. Sobre la gestión de Cafranga es fundamental, de hecho único, el libro de Cabezas, José de Cafranga (para estas cuestiones, pp. 137-156). <<

[15] Noticias extraídas de AMAE, Espagne, Correspondance politique des Consuls, 2, ff. 227-229 y 5, ff. 4-5, 33-36, 55-56, 65-66, 98-99, 117-118, 125 y 270. <<

[16] Llauder, Memorias, pp. 37-44; Jordà, «La crisis de l’antic règim a Catalunya», pp. 32-34; Biblioteca de Catalunya, Manuscrito 737, sin paginación; Castillo dedica a Llauder su poema Exclamaciones de un expatriado en el que denuncia el terror vivido anteriormente. Lasanta diría en las cortes del Estatuto que estaba en Barcelona cuando cesó España y que la gente estaba tan atemorizada que sólo las mujeres dieron «algunas muestras de su contento» (Suplemento a la Gaceta de Madrid de 25 de septiembre de 1834, p. 3). <<

[17] APG, Actas consejo de ministros, X (1833), p. 72 (24 febrero 1833); Llauder, Memorias, pp. 43-44. Felicitación a SS. MM. De los colegios y gremios, p. 4. El 5 de enero de 1833, a la vez que se nombraba nuevo capitán general de Mallorca, se cambiaban los gobernadores de las plazas de Barcelona, Tarragona, Girona y Tortosa. <<

[18] APG, Actas consejo de ministros, X (1833), pp. 99-100 (insistencia del rey en el tema de las cortes); es también el rey quien, el 19 de marzo, manda que se discuta el decreto para mejorar la situación de los individuos incluidos en la amnistía (pp. 104-109). Colección de decretos, 18 (1833), pp. 68-72. El Testimonio de las cortes en Suplemento a la Gaceta de Madrid, de 22 de enero de 1833; artículos contra la ley sálica, por ejemplo, en Gaceta, 7 de febrero de 1833, p. 72; 2 de abril, polemizando con la Gaceta de Francia y La Quotidienne, etc. En un suplemento a la Gaceta del 18 de abril de 1833 se publicaba una larga «Noticia de las fiestas de la coronación de Carlos IV y jura del príncipe de Asturias» de septiembre de 1789. Los decretos de convocatoria en Gaceta extraordinaria del 7 de abril y en Gaceta de Madrid del 14 de mayo de 1833 (el texto ha sido aprobado en consejo de ministros el día 5 y ha sido el rey quien ha ordenado que se publique el domingo 7); APG, Actas consejo ministros, X (1833), p. 117. El Ceremonial aprobado por el rey […] para el acto solemne de la jura se publicaría también en el Suplemento a la Gaceta de 18 de junio (lo cito, no obstante, por una edición separada), mientras que el «Simulacro militar» que formaba parte de las fiestas, fijado inicialmente para el primero de mayo, acababa desarrollándose en un texto publicado como suplemento a la Gaceta del 22 de junio. <<

[19] APG, Actas consejo ministros, X (1833), noticias de conspiraciones en pp. 1-2 (1 enero), 3-6 (3 enero), 16 (9 enero); 21 (13 enero) con la «prisión de varias personas notables de esta corte, señaladas como gefes de una junta conspiradora»; 24-25 (17 enero); 30-33 (22 y 25 enero) sobre el movimiento insurreccional en León, etc. En pp. 82-83 (3 marzo) la advertencia de Matías Herrero. La presencia de Carlos en el consejo de Estado en AHN, Estado, libro 43d. Cárcel, Correspondencia Tiberi, p. 713; Bullón, Primera guerra carlista, pp. 39-45; Pirala, Vindicación Maroto, pp. 27-32. El pasquín de Bilbao en AMAE, Espagne, Correspondance politique des Consuls, 5, fol. 52; Llauder en Memorias, pp. 37-38, da una versión ligeramente diferente («Viva Calomarde y Alcudia»), que omite la mención de la «puta napolitana»; sobre Valdespina, Brea, Carlistas de antaño, pp. 126-128, y Galería militar contemporánea. Biografías, I, pp. 38-42. <<

[20] La versión establecida de los acontecimientos de León es la de Panorama español, I, pp. 79-87, que reproduce Pirala. Además Bullón, La primera guerra carlista, pp. 41-45, y «Relación de los servicios…», p. 84, y APG, Actas consejo ministros, X (1833), pp. 31-33. La fuente más directa que utilizo son las noticias de un corresponsal de Valladolid, reproducidas en AMAE, Espagne, Correspondance politique des Consuls, 5, ff. 198-199. Además, Bayo, Historia Fernando VII, III, pp. 380, 384 y 387-390. <<

[21] APG, Actas consejo ministros, X (1833), pp. 83 (3 marzo 1833), 101-102 (20 marzo 1833), 109-110 (27 marzo); AHN, Estado, libro 43d, 1 abril 1833; Cárcel, Correspondencia Tiberi, p. 731; Pirala, Historia guerra civil/3, I, pp. 137-140; Bullón, Primera guerra carlista, pp. 12-15; Gaceta de Madrid, 26 de marzo de 1833, Bayo, Historia Fernando VII, III, p. 390. Por lo que se refiere a los ministros reemplazados, se nombró a Juan Gualberto González y Antonio Martínez, en lugar de Francisco Fernández del Pino y de Victoriano de Encima y Piedra, que eran, sin embargo, despedidos de manera honorable. Una descripción truculenta de los «cristinos» y de su actuación, desde un punto de vista carlista, en Sánchez, Historia de Don Carlos, I, pp. 33-34. Sobre el padre Puyal, Arias Teijeiro, Diarios, II, p. 319. <<

[22] AMAE, Espagne, Correspondance politique des Consuls, 5, ff. 226-227 y 270, y Llauder, Memorias, p. 47; Bayo, Historia Fernando VII, III, p. 414; Fernández Benítez, Burguesía y revolución liberal, pp. 123-124; Pirala, Historia guerra civil/3, I, pp. 143-144; APG, Actas consejo ministros, IX (1832), pp. 249-262, noticias sacadas de las actas de los días 10 a 17 de noviembre. <<

[23] Rodezno, La princesa de Beira, pp. 59-65; la boda de Sebastián Gabriel —Gaceta de Madrid, 29 de mayo de 1832— dará lugar a que el embajador de Nápoles, barón Antonini, ofrezca en Aranjuez «un espléndido banquete» y «un baile, cuya memoria se conservará largo tiempo» —Gaceta de Madrid, 5 de junio de 1832, p. 278—. Arzadun, Fernando VII y su tiempo, pp. 367-370; APG, Actas consejo ministros, X (1833), pp. 95-96 (12 marzo 1833) y p. 169 (24 mayo) sobre los gastos de los procuradores; Martínez de la Rosa, Bosquejo histórico, II, pp. 338 y 163; Cuenca, D. Pedro de Inguanzo, pp. 323 y ss.; Cárcel, Correspondencia Tiberi, pp. 755-757, y Correspondencia Amat, pp. 27-28. Noticias sobre los actos y proclamaciones del obispo de León en Correspondencia Tiberi, pp. 733-734, 750-751, 757-759, 767 y 769-770. La carta sobre las mujeres en el gobierno en pp. 758-759 nota. Que la conducta de Sebastián Gabriel no era clara desde el primer momento nos lo dice Llauder, que le tuvo que parar los pies en Barcelona (Llauder, Memorias, pp. 37-38). Sobre la conducta de Carlos, véase la relación, basada en documentos oficiales, que hace el ministro de Gracia y Justicia, Garelly, en las cortes del Estatuto (Suplemento a la Gaceta de Madrid, 13 de agosto de 1834). <<

[24] La actitud de Carlos desobedeciendo las órdenes de su hermano se puede seguir en la documentada memoria de Garelly citada en la nota anterior. La correspondencia entre los hermanos se puede leer, entre muchos otros lugares, en Bayo, Historia Fernando VII, III, pp. 395-414, o en Panorama español, I, pp. 13-18. Sobre la estancia de Carlos en Portugal, de la cual nos ocuparemos en el capítulo siguiente, Fernando Fernández de Córdova, Mis memorias íntimas, I, pp. 134-135; Luis Fernández de Córdova, Memoria, p. 412; Sánchez, Historia de Don Carlos, I, passim, y Bullón, «Don Carlos en Portugal», APG, Actas consejo ministros, X (1833), p. 224 (15 julio). <<

[25] Robreño, Obras poéticas, 2, p. 283; Relación de los festejos públicos, p. 9; Pezuela, Programa de la justa y torneo. En contraste, resulta curioso ver los equilibrios que tiene que hacer en el sermón para el funeral oficial del rey el canónigo de Barcelona Bertran i Ros (Elogio fúnebre), que elogia en Fernando cualidades tan difíciles de encontrar en él como su frugalidad (!) y su clemencia (p. 9). <<

[26] Donoso, «Historia de la regencia», en Obras completas, II, pp. 866-867; Amarillas, Recuerdos, III, pp. 21 y 24-25; Llauder, Memorias, pp. 49-50. Listas de jefes depurados en Bullón, La primera guerra carlista, pp. 25-32. Sobre la conservación de los voluntarios, APG, Actas consejo ministros, X (1833), p. 251 (2 agosto 1833). <<

[27] Agüera, Memoria sobre las ocurrencias, cita de p. 19; M. A. Sánchez Gómez, La quinta brigada, pp. 123-147, y El primer carlismo montañés, pp. 810; Fernández Benítez, Burguesía y revolución liberal, p. 123. <<

[28] Bayo, Historia Fernando VII, III, p. 414; APG, Actas consejo ministros, X (1833), pp. 334-335 (21 octubre); Colección de decretos, XVIII (1833), pp. 263-264 y 449-452; Sánchez Gómez, La quinta brigada, p. 124; Segura, Morella y sus aldeas, IV, pp. 26-27; Cárcel, Correspondencia Amat, p. 23, y Correspondencia Tiberi, pp. 794-795; Amarillas, Recuerdos, III, p. 44; Panorama español, I, p. 25. <<

[29] Arzadun, Fernando VII y su tiempo, pp. 351-355; Suplemento a la Gaceta de 28 de septiembre de 1833 y Gaceta extraordinaria de 29 de septiembre; Cárcel, Correspondencia Tiberi, p. 787; también Cárcel, Correspondencia Amat, pp. 5-11 (en el tiempo en que coinciden los dos nuncios). Sobre el testamento que preparaba Reinoso, Obras, I, pp. CXLVIII-CLI (cita de la «Vida de Reinoso» de Antonio Martín Villa); Amarillas, Recuerdos, III, pp. 34-35 y 39-45; Burgos, Anales Isabel II, I, p. 148. La regente comunica el testamento al consejo de Estado, confirma el gobierno y el consejo de Castilla, y nombra el nuevo Consejo de gobierno, integrado por el cardenal Marcó —que como estaba en Roma, y el suplente designado inicialmente por el rey había muerto, fue reemplazado por el arzobispo de México, Pedro José Font—, el marqués de Santa Cruz, el duque de Medinaceli, el general Castaños, el marqués de las Amarillas, José María Puig y Francisco Javier Caro —por enfermedad, le reemplazó el suplente designado por el rey, Garelly—; como secretario, el conde de Ofalia. El consejo se constituyó el 5 de octubre y celebraría sus sesiones «en el salón del real palacio donde se celebran las sesiones del consejo de Estado» (AHN, Estado, libro 43d, 14 de octubre de 1833). El testamento está reproducido en Colección decretos, XVIII (1833), pp. 249-253. APG, Actas consejo ministros, X (1833), 1.ª sesión del 8 de octubre. Nieto, Los primeros pasos, pp. 188-191. <<

[30] Hay una detallada descripción del entierro en Gaceta de Madrid, 10 de octubre de 1833, pp. 532-534; la anécdota de la noche en Galapagar en Dembowski, Dos años en España, I, p. 138. El autor dice: «Este hecho es histórico; me lo ha contado uno de los cuatro guardias de corps». Bayo, Historia Fernando VII, III, p. 437. <<

[1] Miraflores, Memorias para escribir la historia, I, pp. 9-13; Vida política, pp. 13-14; el primero de octubre Castaños escribía «la reina sigue en cama, habiendo sido preciso sangrarla dos veces» (Arzadun, Fernando VII y su tiempo, p. 356). Las citas textuales de Miraflores son de Memoria sobre la situación política, manuscrita. <<

[2] Villa-Urrutia, La reina gobernadora, pp. 153-160; la carta de Palafox en García Mercadal, Palafox, p. 370; Burdiel, Isabel II, pp. 68-69. El asunto se presta a todo tipo de maledicencias, como las de Gordillo en Todo el siglo es carnaval, pp. 58-66. Lo más inmoral de este matrimonio, no obstante, fue la forma en que ambos contrayentes se las ingeniaron para acumular una considerable fortuna. <<

[3] Colección de decretos, XVIII (1833), pp. 245-247, y Gaceta de Madrid, 5 de octubre de 1833; Reinoso, Obras, I, pp. CLII-CLV; García de León y Pizarro, Memorias, II, pp. 14-15 y 51; Panorama español, I, pp. 22-23. Este documento creó el primer enfrentamiento entre Zea y el consejo de Gobierno, que se quejó, por boca de Castaños y de Puig, de que Zea lo hubiese publicado sin consultarles. Zea se justificaba con el hecho de que el documento era del día 4 y el consejo Gobierno había tomado posesión el día 5 (Burgos, Anales Isabel II, I, pp. 179-180. Amarillas Recuerdos, III, p. 55) reprocha a Zea que hablase en nombre de la reina comprometiéndola a no hacer ningún cambio, cuando era evidente que en algún momento habría que hacerlo. Segura, Morella y sus aldeas, IV, p. 26. <<

[4] Suplemento a la Gaceta de Madrid, 5 de octubre de 1833; Pirala, Historia guerra civil, 3.ª ed., I, pp. 156-158; Cárcel, Correspondencia Amat, p. 12; APG, Actas consejo ministros, X (1833), p. 344. En una carta del 4 de octubre Zarco del Valle se limita a decir: «En Talavera proclamaron unos cuantos a Carlos V, capitaneados por un hermano de Rufino González, mas parece que, habiendo pasado a Coleta [debe ser una mala lectura por “Calera”], fueron mal recibidos» (Arzadun, Fernando VII y su tiempo, p. 360). <<

[5] Pirala, Historia de la guerra civil 3, I, pp. 158-177; Bullón, Primera guerra carlista, pp. 223-245; Barahona, Vizcaya on the eve of Carlism, pp. 212-221; Burgo, Para la historia, pp. 32-38; Coverdale, The Basque phase, pp. 120-152; Ollero, La Rioja ante la primera guerra carlista, I, pp. 31-75, y «El alzamiento carlista»; Río, Revolución liberal, pp. 23 y ss.; Pan-Montojo, Carlistas y liberales, passim; Rubio Pobes, Revolución y tradición, pp. 37-50. Las primeras noticias sobre los levantamientos en Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra se publican en la Gaceta el 12 de octubre (p. 538), 15 de octubre (pp. 541-542) y extraordinaria del 16 de octubre; Brea, Carlistas de antaño, pp. 29-31, etc. Sobre Santos Ladrón, su documentada biografía en Galería militar contemporánea, I, pp. 3-9; sobre la batalla de los Arcos, Panorama español, I, p. 23. La felicitación de Merino a la reina en Gaceta de Madrid, 22 de enero de 1833, con una errata que corrijo con la versión de su biografía en Galería militar contemporánea, I, pp. 21-32. Sobre Merino en este tiempo, Codón, Biografía y crónica, de carácter apologético, pp. 127 y ss., y González Arranz, Memorias del alcalde de Roa, pp. 118-136 (cita de p. 125). El plan de Merino, según lo cuenta Zarco del Valle, Suplemento a la Gaceta de Madrid del 30 de agosto de 1834. Sobre la reacción de Zumalacárregui, Madrazo, Historia militar y política, pp. 113-122. También en Santander fueron los voluntarios realistas, mandados por Pedro Bárcena, quienes quisieron seguir el ejemplo de Vizcaya, pero tuvieron poco éxito en estos primeros momentos (Fernández Benítez, Carlismo y rebeldía campesina, pp. 19-23). <<

[6] Rújula, Rebeldía campesina y primer carlismo, pp. 138-160, Contrarrevolución, pp. 179-187, y «Movimientos contrarrevolucionarios», pp. 101-105. Sobre la figura de Carnicer, Vidas y hechos de los principales cabecillas, pp. 1548, que contrasta con la imagen que da del mismo personaje Brea en Carlistas de antaño, pp. 214-216. <<

[7] Merece la pena estudiar el caso de Morella a través del minucioso relato de Segura Barreda, Morella y sus aldeas, IV, pp. 24-49, porque nos permite entender la complejidad de la preparación del movimiento y la confusión que se produjo en su organización. Las memorias de Miquel y Polo nos confirman que «no era de extrañar la rebelión de Morella, porque apenas habrá otro pueblo en España más fanático, más ignorante y más absolutista» (p. 143). Además, Salvador, «El levantamiento carlista». Brea, Príncipe heroico, pp. 70-72. Sobre la negativa de Sáez a ordenar como sacerdote a Cabrera, y sobre su mala vida, hay consentimiento general; una visión terrible, sesgada, de su juventud en Ayguals de Izco, El tigre del maestrazgo, pp. 13-122 (Cabrera había hecho asesinar al hermano de Ayguals en Alcanar junto con otros sesenta y dos milicianos nacionales). He seguido, además, la excelente síntesis de Rújula, Ramón Cabrera, pp. 24-31. <<

[8] Santirso, Revolució liberal i guerra civil, pp. 79-98 (cita de p. 80); Nogales, Una visió de la primera guerra, pp. 93-96; Anguera, Déu, rei i fam, p. 88-110, y «El primer carlisme a Catalunya», p. 24; Bofarull, Historia de la guerra, I, pp. 63-66, etc. Por lo que se refiere a las tierras del Ebro, Sauch, Guerrillers i bàndols civils, pp. 245-248 y 255-258. <<

[9] Sánchez, Historia de don Carlos, I, pp. 82-85; Fernando Fernández de Córdova, Mis memorias íntimas, I, p. 141; Valles, Un capítulo, pp. 57-59, 68-69 y 79-83; Suplemento a la Gaceta de Madrid del 13 de agosto de 1834; Galería militar, biografías, II, pp. 214-217, sobre Sarsfield, y pp. 3-50, sobre Rodil; Pirala, Historia guerra civil/3, I, pp. 177-180; Tiberi, Correspondencia, p. 791; Ochoa, Capitan general Rodil, pp. 196-198; Melgar, Pequeña historia de las guerras carlistas, pp. 105-110 («El general Rodil quemado en efigie»). Zarco del Valle aseguraba que le habían dado a Sarsfield orden de «reunir un cuerpo de seis mil hombres de su confianza, y que con ellos vaya al encuentro del infante don Carlos, si en actitud hostil se presentase en aquella frontera, no teniendo reparo en penetrar en Portugal, si para conseguirlo fuese necesario» (Arzadun, Fernando VII y su tiempo, p. 355). Sarsfield murió en 1837 en Pamplona, asesinado por sus soldados (Río, «Peseteros y radicales»). Bullón, Primera guerra carlista, pp. 233-238. <<

[10] Fernández de Córdova, Mis memorias íntimas, I, pp. 141-145; Sánchez, Historia de don Carlos, I, pp. 85-89; Historia imparcial, pp. 266-270. Los manifiestos de Carlos se pueden ver en el apéndice documental del volumen III de la Historia del tradicionalismo español de Melchor Ferrer, pero hay que usar estos textos con mucha cautela, tratándose de una obra en la que en un solo documento de unas pocas páginas he podido encontrar 60 erratas, algunas de las cuales modificaban totalmente el sentido del original. <<

[11] Sánchez, Historia de don Carlos, I, pp. 110-111; Valles, Un capítulo, pp. 84-85; Répide, La lámpara de la fama, pp. 78-106. <<

[12] Sánchez, Historia de don Carlos, I, pp. 111-112; Valles, Un capítulo, pp. 86-87; Répide, La lámpara de la fama, pp. 96 y 103; Pirala, Historia guerra civil/3, I, pp. 170-176 y 299; González Arranz, Memorias, pp. 118-136. <<

[13] Sánchez, Historia don Carlos, I, pp. 114-116; Valles, Un capítulo, pp. 102-103; Ochoa, El capitán general Rodil, pp. 201-203; Bordas, Hechos históricos, p. 112. La descripción de los documentos encontrados la hace Garelly en las cortes (Suplemento a la Gaceta de Madrid del 13 de agosto de 1834). <<

[14] Sánchez, Historia de don Carlos, I, pp. 18-126; Valles, Un capítulo, pp. 111-115; Oliveira Martins, Portugal contemporâneo, I, pp. 339-341; Llauder, Memorias, p. 75. <<

[15] Bullón, «Don Carlos en Portugal»; Ferreira, Memórias de un miguelista, pp. 223-224; Rodil, Manifiesto, pp. 10-11; Galería militar, biografías, II, pp. 23-31; Sánchez, Historia don Carlos, I, pp. 127-132; Valles, Un capítulo, pp. 117-123; Pirala, Historia guerra civil/3, I, pp. 299-303; Shaw, Personal memoirs, II, p. 115. Gil de la Cuadra se quejó en las cortes del Estatuto real del hecho de que, mientras a Miguel se le obligó a hacer renuncia formal de sus derechos, «nuestro pretendiente nada renunció ni nada estipuló. Al príncipe español le hemos visto separado del teatro de la lucha por una mano extrangera, y sin que hubiese allí una persona o agente del gobierno español, encargada de obligarle a renunciar sus pretendidos derechos y admitir sus estipulaciones» (Suplemento a la Gaceta de Madrid, del 3 de agosto de 1834). <<

[16] La mejor descripción del estado del ejército real a la muerte del rey nos la da la memoria presentada por el ministro de la Guerra, Zarco del Valle, en las cortes del Estatuto (Suplemento a la Gaceta de Madrid del 30 de agosto y del 31 de agosto de 1834). La cifra nominal de sus efectivos sería: 55 000 soldados y 19 000 de las milicias provinciales, pero si se descontaban los quintos que se estaban instruyendo, los veteranos no pasaban de 45 000. De la misma fuente saco el relato de los primeros meses de campaña en el norte (30 de agosto, p. 3). Pirala, Historia guerra civil/3, I, pp. 180-183; Galería militar, I, pp. 215-217; Bullón, Primera guerra carlista, pp. 233-239 y 245; Zaratiegui, Vida Zumalacárregui, pp. 45 y ss; Henningsen, Zumalacárregui, pp. 36-41; Chao, La guerra de Cataluña, p. 52; Panorama español, I, pp. 28-29. El discurso del conde de las Navas en Suplemento a la Gaceta de Madrid del 2 de octubre de 1834, p. 4. <<

[17] Burgos, Anales Isabel II, I, pp. 169-176. Cuando hubo que tratar del reemplazo de Ofalia, el consejo de ministros propuso cuatro nombres: Burgos, López Ballesteros, Moscoso y López Pelegrín. La reina escogió a Burgos (APG, Actas consejo de ministros, X [1833], pp. 332-333). Nieto, Los primeros pasos, pp. 78-79. <<

[18] APG, Actas consejo de ministros, X (1833), p. 402. Para hacerse cargo del desconcierto del gobierno en esta materia sólo hay que ver las numerosas e inútiles reuniones sobre cuestiones de hacienda, el paso del problema al consejo de Gobierno (APG, Actas consejo de ministros, X, 1833, p. 324, 12 de octubre), la devolución de éste a los ministros (pp. 338-339, 25 de octubre), los proyectos de negociar con Aguado y la desaprobación del director de la Caja de amortización (octubre-diciembre, pp. 339-340, 346-347, 369-376), las discusiones de enero de 1834 que llevan a la creación de una nueva comisión, etc. (APG, Actas consejo de ministros, XI, 1834, pp. 2, 5, 14, 18-19). Lo que se refiere a Zea y las colonias, en Amarillas, Recuerdos, III, p. 48, que añade «¿Podrá creerse tal obcecación?, pues así hablaba sobre cuestión tan grave y tan decidida por la fuerza misma de las cosas, aquel ministro al que algunos tienen por un gran hombre de estado». <<

[19] Miraflores, Memorias para escribir la historia, I, pp. 17-20; APG, Actas consejo de ministros, X (1833), p. 364 (el ministro de Fomento, Ofalia, «se encargó de amonestarme», dice Miraflores; sobre el efecto que produjo este documento); Llauder, Memorias, p. 73. La semblanza de los consejeros de gobierno en Burgos, Anales Isabel II, I, pp. 182-187. La visión del conflicto desde el punto de vista de los consejeros, en Amarillas, Recuerdos, III, pp. 41-43 y 47-48. <<

[20] Llauder, Memorias, pp. 70-78 (sobre la formación de batallones urbanos y sobre los primeros movimientos carlistas en Cataluña, pp. 50-66); Amarillas, Recuerdos, III, p. 56; Burgos, Anales Isabel II, I, pp. 202-203; la exposición se reproduce en pp. 345-351, aunque con erratas evidentes, como la de fecharla en diciembre de 1834. El gobierno desconfiaba profundamente de Llauder, como se puede ver en APG, Actas consejo de ministros, XI (1834), pp. 4 y 8, días 6 y 10 de enero de 1834. Una valoración positiva de la actuación de Llauder en Chao, Guerra de Cataluña, pp. 52 y ss. <<

[21] Burgos, Anales Isabel II, I, pp. 203-205 y 352-357; APG, Actas consejo de ministros, XI (1834), pp. 10-12 y 21; Tomás, El sistema político del Estatuto, pp. 35-43. Las complicadas relaciones de Quesada con el gobierno Zea, y con el ministro Cruz en concreto, se explican en Galería militar contemporánea, I, pp. 68-82; una carta de Zarco del Valle, del 4 de octubre de 1833, nos dice que Quesada, «de gran prestigio en la guardia, y aun en Madrid […] hace tiempo no era amigo de los ministros, contra los cuales había hablado. Los ministros habían intentado en vano sacarle de aquí». Encontraron ocasión enviándole a reemplazar a Amarillas en Andalucía, para que éste pudiese integrarse en el consejo de Gobierno. Se resistió, pero «después de las cinco de la mañana, cuando iba a arrancar de palacio el convoy fúnebre [de Fernando VII] hacia El Escorial, recibió Quesada la orden del ministro; tuvo con Zea una acalorada discusión» y contestó renunciando a la capitanía general y a los otros cargos «en razón de su mal estado de salud» (Arzadun, Fernando VII y su tiempo, pp. 358-360). <<

[22] Burgos, Anales Isabel II, I, pp. 210-216; Miraflores, Memorias para escribir la historia, I, pp. 26-30; Amarillas, Recuerdos, III, pp. 58-60; Alcalá Galiano, Historia de España, VII, p. 323. La bibliografía sobre Martínez de la Rosa era hasta ahora escasa —Rebello da Silva, Memoria sobre la vida (1863); Sarrailh, Un homme d’état espagnol (1930); Sosa, Don Francisco Martínez de la Rosa (1930) o el estudio sobre su teatro de Pedro Ojeda, El justo medio (1997)—, la situación mejora con el libro de Pérez de la Blanca Sales, Martínez de la Rosa y sus tiempos. Sobre el tratado de la Cuádruple alianza, Vidal, La política exterior de España, pp. 51-87; Miraflores, Memorias reinado Isabel II, I, pp. 31-145, y Vida política, pp. 20-37. Miraflores observa que a un grande de España como él se le enviaba siempre como embajador; pero en aquellos momentos, como no había embajador británico en Madrid, no podía ir a Londres con este cargo y se contentó con la designación de ministro plenipotenciario. <<

[23] Las dos referencias más habituales sobre el régimen del Estatuto son Tomás Villarroya, El sistema político del Estatuto real, y Fermín Caballero, El gobierno y las cortes del estatuto (cita de p. XII). Utilizo los textos legales correspondientes a través de Las cortes de España, passim. El texto del Estatuto se encuentra también en Decretos Isabel II, XIX, pp. 187-193; las reglas para la elección de los procuradores en pp. 271-284. Las tesis historicistas de Martínez de la Rosa en Suplemento a la Gaceta de Madrid del 3 de agosto de 1834, contestando a las críticas del duque de Rivas, y 6 de agosto de 1834. Una opinión más favorable que la mía en Burdiel, La política de los notables, pp. 38 y ss. Villa-Urrutia, La reina gobernadora, p. 96 nota. Hay un buen análisis del funcionamiento del proceso electoral en una provincia, la de Lugo, en Viveiro, Política, eleccións e fidalgos, pp. 27-52. Larra haría una crítica elogiosa de «La conjuración de Venecia» que acababa diciendo: «Un Estatuto Real […] y un drama lleno de mérito; y esto lo hemos visto todo en una semana» (Larra, Fígaro, p. 203). Rebello da Silva (Memoria sobre la vida…, p. 104) opina que el error de Martínez de la Rosa consistió en ofrecer una fórmula intermedia que pudiese atraer a los hombres menos exaltados de cada uno de los bandos, «por medio de concesiones en desarmonía con la verdad de los principios». Ni los unos ni los otros lo aceptaron. <<

[24] Sobre la renovación de los organismos del estado, Nieto, Los primeros pasos, pp. 206-210. Los «seis reales decretos que contienen el arreglo de los tribunales supremos de la nación, con las atribuciones y demás que les corresponde», en Decretos Isabel II, XIX, pp. 158-166. <<

[25] Caballero, El gobierno y las cortes, pp. LIV-LVII; «Real decreto para la formación» (también en Decretos Isabel II, XIX, pp. 71-80); Ruiz de Morales, Historia de la milicia nacional, pp. 312-313; Instrucción reglamentaria para los individuos de la fuerza cívica, archivo del autor; Alcalá Galiano, Historia de España, VII, p. 329. <<

[26] Sobre el cólera, además de la bibliografía citada con anterioridad, Vidal, «La epidemia de cólera de 1834 en Madrid»; Pérez Moreda, Las crisis de mortalidad, pp. 390-404. La cita de Larra, de Fígaro, p. 225; en un artículo anterior decía: «si el mal está en Madrid, la autoridad lo tiene callado, y así que nadie lo sabe»; Mesonero Romanos, Memorias, pp. 410-414 (cita de p. 412). El 3 de julio de 1834 la junta de Sanidad de Madrid publicaba una instrucción con consejos como el de «tomar algún baño general en agua templada, a fin de limpiarse toda la piel, teniendo cuidado de no esponerse al aire frío al salir» (¡en julio!). Los que no se sintiesen capaces de tomar «algún baño» debían, como mínimo, «lavarse con frecuencia cara, manos, brazos y pies» (junta de Sanidad, Amenazada la salud de los habitantes…). Sobre la matanza de los frailes, Garcia Rovira, La revolució liberal, pp. 91-110; Fontana, La revolución liberal, pp. 5765; Lerdo, El pecado de sangre; Herrera, Defensa de […] San Martín (era el capitán general de Madrid), etc. También hubo un gran número de muertos por el cólera en Valencia, donde la mortalidad máxima se produjo en agosto (Brines, «La epidemia de cólera de 1834»). <<

[27] Sobre la «Isabelina», Garcia Rovira, La revolució liberal, pp. 151-162; Marrast, Espronceda, pp. 292-299; Lafoz, José de Palafox, pp. 168-185, etc. Palafox (Memorias, pp. 108-119) lo niega todo; Larra bromearía acerca de esta cuestión: «ya sabe vuesa merced cómo estaban presos dos individuos sobre aquello de la grandísima conspiración que dicen que ha habido; como no les han encontrado delito, los han desterrado uno a Badajoz y otro a Zaragoza» (Larra, Fígaro, p. 225). En las cortes Martínez de la Rosa tuvo que defenderse de los ataques del conde de Las Navas por el encarcelamiento del «venerable duque de Zaragoza» y aseguró que «el gobierno encontró los planes, los sellos, las proclamas, el nuevo régimen de gobierno que había de establecerse…» (Suplemento a la Gaceta de Madrid, del 7 de septiembre de 1834, pp. 7-8). El fruto del embarazo de Cristina —una niña, Amparo— nacería el 17 de noviembre (Burdiel, Isabel II, p. 71). Los textos de las cortes en Suplemento a la Gaceta de Madrid del 25 de julio de 1834 («Sesión regia»); 2 de agosto (proyecto de respuesta de los procuradores); el texto final edulcorado (se ha eliminado, por ejemplo, la expresión que decía que la legislación vigente era «absurda»; Larra, Fígaro, p. 225), en el Suplemento de 7 de agosto. Alcalá Galiano, Historia de España, VII, pp. 333-334. <<

[1] La primera expresión es del conde de Las Navas, político progresista, no demasiado inteligente, en las cortes del Estatuto real (Suplemento Gaceta de Madrid, II, p. 784, 7 de mayo de 1835). El texto de Antonio Alcalá Galiano en Historia de España, VII, p. 263. <<

[2] Jaumeandreu, Catecismo razonado, p. 12; la afirmación de Domecq en las cortes del Estatuto en Suplemento Gaceta de Madrid, 9 de septiembre de 1834, p. 2; la de Argüelles en Diario de sesiones del congreso de los diputados, Cortes constituyentes 1837, I, p. 790. <<

[3] Francisco Franco, Discurso del 21 de junio de 1950 en el Ayuntamiento de Baracaldo. Comellas, Trienio constitucional, p. 438. Dejando a un lado, además, el mal gusto de mencionar a un Goya que murió en el exilio huyendo del terror ultra. <<

[4] Leveque, Une société provinciale, p. 263, nos recuerda que «la burguesía tiene en su favor el número: representa, con el añadido de los campesinos más prósperos, más del 90 por ciento del cuerpo electoral censitario». <<

[5] Guizot, Mémoires, I, p. 27. <<

[6] Walter Benjamin: Paris, capital du XIXe siècle. Le livre des passages, París, Editions du cerf, 1989, p. 45. <<